Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña 2011

Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2011

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad de Guadalajara

Directorio del Anuario

Coordinador General Dr. Jaime Antonio Preciado Coronado Consejo Editorial Dr. Luís Fernando Ayerbe Universidad Estadual de Sao Paolo, Brasil Dr. Heriberto Cairo Carou Carou Universidad Complutense de Madrid, España Dr. Jaime Eduardo Estay Reyno Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mtro. Carlos Oliva Campos Universidad de La Habana, Cuba Dr. Ignacio Medina Núñez Universidad de Guadalajara-iteso Dr. Alberto Rocha Valencia Universidad de Guadalajara Dr. Germán Sánchez Daza Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2011

Jaime Antonio Preciado Coronado (Coordinador)

Proyecto financiado por el CONACyT en Investigación en Ciencia Básica, Clave 128955: “Dimensiones, estrategias y alternativas de la integración autónoma de Latinoamérica y el Caribe. Desafíos para el caso mexicano (2010-2012)”

Participan: Cuerpo Académico Consolidado, cac-214: “integración, gobernabilidad y desarrollo en américa latina y el caribe” Cuerpo Académico en Formación, caf-236, “sociología política y desarrollo en américa latina”

Los puntos de vista aquí expresados son responsabilidad de los autores y no necesariamente coinciden con los planteamientos del Conacyt. Primera edición, 2014 d.r. © 2014, Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Guadalajara, Jalisco, México d.r. © 2014, University Press of the South New Orleans, LA 70119 USA d.r. © 2014, Ediciones de la Noche Guadalajara, Jalisco, México isbn: 978-1-937030-40-7

Contenido

Acerca de los autores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integración regional latinoamericana y caribeña: Reajustes y nuevos horizontes en la segunda década del siglo xxi . . . Jaime Antonio Preciado Coronado

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Dimensión económica La integración económica latinoamericana y caribeña en 2011 . Jaime Eduardo Estay Reyno

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Mercosur 2011: sin avances significativos ni retrocesos apreciables . . Lourdes Ma. Regueiro Bello

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La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración. . . . . . . . . . . . . . . Carlos Otto Vázquez

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La Comunidad del Caribe (Caricom) frente a dos de sus “socios tradicionales”: Estados Unidos y Canadá en el siglo xxi . . Laneydi Martínez Alfonso

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Centroamérica en 2011: año de consolidación y búsqueda de nuevos acuerdos comerciales . . . . . . . . . . Cruz Álvarez Padilla

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Dimensión política La celac, la integración regional y la autonomía de América Latina y el Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Alberto Rocha Valencia

Centroamérica intensifica su dependencia y su subordinación a los poderes hegemónicos. . . . . . . . . . . . . Ximena Isabel de la Barra Mac Donald

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El difícil y tortuoso camino neoliberal de la integración centroamericana . 159 Daniel Villafuerte Solís El Grupo de los Tres: Claroscuros de una experiencia de integración latinoamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esperanza Martínez Ortiz

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Non progredi est regredi. Estado de la integración suramericana en 2011 . Daniel Efrén Morales Ruvalcaba

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Del Acuerdo del Pacífico a la Alianza del Pacífico Latinoamericano. Elizabeth Vargas García

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Los Estados Unidos y América Latina – 2011. . . . . . . . . . . 199 Gary Francis Prevost Dimensión política exterior Apuntes para el debate sobre las políticas exteriores latinoamericanas y caribeñas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Carlos Oliva Campos Diplomacia de resultados: A política externa de Dilma Rousseff em 2011. 221 Luiza Rodrigues Mateo Venezuela y la integración latinoamericana-caribeña en 2011: Balance de un año de una agenda de bajo perfil . . . . . . . . . . 241 Rafael Duarte Villa Argentina frente al desafío de minimizar los efectos negativos de la crisis internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Sandra Colombo e Ignacio Frechero Malvinas, petróleo, pesca y soberanía en el marco de la integración latinoamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Carolina Crisorio

alba, unasur

y celac: El regionalismo latinoamericano en la percepción de think tanks de Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . Luis Fernando Ayerbe

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Dimensión cultural El poder de la cultura . . . Ignacio Medina Núñez

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Ecuador: Trayectorias de lucha de los afros y revolución ciudadana. . . 287 Nicolas Rey La otra integración: Derechos humanos y migración infantil en territorio mexicano. El caso centroamericano . . . . . Ramón Gómez Zamudio

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Dimensión geopolítica América Latina en el mundo en 2011 . . . . . . . . . . . . . 309 Heriberto Cairo Carou y Jerónimo Ríos Sierra Geopolítica de los movimientos sociales latinoamericanos: Espacialidades, ciclos de contestación y horizonte de posibilidades . . . . . . . . . 323 Breno Bringel y María Almudena Cabezas González Violencia e inseguridad en América Latina en 2011 . . Jerónimo Ríos Sierra y Heriberto Cairo Carou

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Interconexión y dilemas geopolíticos de la integración energética latinoamericana: 2011. . . . . . . . . . . . . . . . Pablo Alejandro Uc González

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Dimensión ciencia y tecnología Políticas de ciencia y tecnología: Los trasfondos de la coordinación. . . 371 Germán Sánchez Daza Los estudios sobre la innovación en la región . . . . . . . . . . . 383 Álvaro Pedroza Zapata y Juan Mejía Trejo

La producción científico-tecnológica en tecnologías de la información y comunicación en Iberoamérica. Balance y perspectivas a partir del informe de la ricyt 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Fernando Julio Piñero y Romina Loray Dimensión turismo 2011: Un año complejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Alfredo Argentino César Dachary y Stella Maris Arnaiz Burne Dimensión educativa El movimiento estudiantil de 2011 y la crisis del modelo educativo chileno. Jorge Abel Rosales Saldaña

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Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina, 2011-2012. . . . 457 Pablo Pineda Ortega Dimensión histórica Francisco Morazán y la desintegración centroamericana . Sergio Guerra Vilaboy Documentos en Internet sobre integración . . Compilados por Alicia González Rojano

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Acerca de los autores

Cruz Álvarez Padilla Académico adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la unam. Se agradecen las observaciones realizadas al trabajo por la maestra Berenice P. Ramírez López, investigadora titular de tc del Instituto de Investigaciones Económicas, unam. Stella Maris Arnaiz Burne Doctora en Antropología por la Université Laval, Québec, Canadá. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Profesora investigadora de tiempo completo titular C en el cedestur del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Luis Fernando Ayerbe Coordinador del Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais de la Universidade Estadual Paulista (ieei-unesp). Ximena Isabel de la Barra Mac Donald Consultora independiente e integrante del grupo Diálogo Suramericano, Santiago de Chile. Breno Bringel Doctor en Ciencia Política y profesor del Departamento de Ciencia Política iii de la Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: [email protected]. María Almudena Cabezas González Profesora asociada de Geografía Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: [email protected].

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Acerca de los autores

Heriberto Cairo Carou Profesor titular de Geografía Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: [email protected]. Alfredo Argentino César Dachary Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Leiden, Holanda. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Profesor investigador de tiempo completo titular C y director del cedestur del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Sandra Colombo Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (ceipil) - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Carolina Crisorio Investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Vicepresidenta de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (adhilac). Rafael Duarte Villa Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo (Brasil). Jaime Eduardo Estay Reyno Profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla y coordinador en dicha Facultad del Doctorado en Economía Política del Desarrollo; coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (redem, http://www.redem.buap.mx). Ignacio Frechero Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (ceipil), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Ramón Gómez Zamudio Profesor investigador en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (deila) de la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: [email protected].

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Acerca de los autores

Alicia González Rojano Facultad de Economía, buap, México. Sergio Guerra Vilaboy Historiador, profesor titular de Historia de América Latina y Director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (adhilac) y académico de número de la Academia de la Historia de Cuba. Ph. D. por la Universidad de Leipzig (Alemania). Romina Loray Investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (ceipil) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (uncpba), Argentina. Correo electrónico: [email protected]. Laneydi Martínez Alfonso Profesora e investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (cehseu), de la Universidad de La Habana. Máster en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía y máster en Estudios Caribeños por la Cátedra Caribe, ambos de la Universidad de La Habana, Cuba. Esperanza Martínez Ortiz Doctora en Estudios Científico Sociales, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara Ignacio Medina Núñez Doctor en ciencias sociales y profesor en el iteso (Universidad Jesuita de Guadalajara) y en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: [email protected]. Juan Mejía Trejo Profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, cucea, Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: [email protected]. Daniel Efrén Morales Ruvalcaba Doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: [email protected].

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Acerca de los autores

Carlos Oliva Campos Profesor investigador del Departamento de Historia, Universidad de La Habana, Cuba. Álvaro Pedroza Zapata Profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Correo electrónico: [email protected]. Pablo Pineda Ortega Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara. Profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la UdeG. Fernando Julio Piñero Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (ceipil) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (uncpba), Argentina. Correo electrónico: [email protected]. Jaime Antonio Preciado Coronado Coordinador general de la Red de Investigación sobre la Integración Latinoamericana y Caribeña (redialc). Agradece al equipo que contribuyó para la redacción de este documento: Pablo Alejandro Uc González, Luis Adrián Guzmán, Anahí Rodríguez Martínez. Gary Francis Prevost Profesor investigador del Instituto Saint Benedict de la Universidad Saint John, Minnesota, Estados Unidos. Lourdes María Regueiro Bello Profesora investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional (cipi) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cuba. Nicolás Rey Profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (sni-conaciyt), nivel 1. Correo electrónico: nicolartiste@ yahoo.com. Jerónimo Ríos Sierra Candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: [email protected]. 12

Acerca de los autores

Alberto Rocha Valencia Profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Luiza Rodrigues Mateo Mestre em Relações Internacionais pelo ppg San Tiago Dantas (unesp, unicamp e puc-sp), professora de Relações Internacionais na Universidade Estadual da Paraíba (uepb). Correo electrónico: [email protected]. Jorge Abel Rosales Saldaña Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara. Profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la UdeG. Germán Sánchez Daza Investigador del Equipo de Estudios Internacionales de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Integrante de la Red de Estudios de la Economía Mundial (redem). Pablo Alejandro Uc González Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (unicach). Elizabeth Vargas García Profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Carlos Otto Vázquez Economista. Profesor de posgrado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Correo electrónico: [email protected]. Daniel Villafuerte Solís Profesor investigador del Centro de Estudios Mexicanos Centroamericanos, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

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Integración regional latinoamericana y caribeña: Reajustes y nuevos horizontes en la segunda década del siglo xxi

Jaime Antonio Preciado Coronado La Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y Caribeña (redialc) presenta los acontecimientos correspondientes a 2011, en la presente edición del Anuario de Integración Latinoamericana y Caribeña, analizados desde una perspectiva multidimensional. La organización multidisciplinaria sobre la que se despliega el contenido del presente anuario facilita el entendimiento del estado de la integración latinoamericana y caribeña, al exponer, por un lado, la posibilidad de revisar los principales referentes macroeconómicos y macropolíticos que proyectan los diferentes mecanismos y procesos de integración regional interestatal. Por otro lado, se analizan los efectos que la integración tradicional está generando sobre otras escalas de organización socioespacial que han derivado en alternativas sociales, políticas e interpretativas sobre la integración latinoamericana. Esta breve introducción al anuario 2011 presenta, en primer lugar, algunos de los puntos centrales del debate en torno a la integración regional, escenarios y puntos neurálgicos que arrojan las tendencias del año en estudio. Enseguida se exponen las proyecciones sur y norte-latinoamericanas de la integración, enfatizando la participación de México en el proceso de convergencias y tensiones del escenario regional, así como algunos referentes importantes sobre la coyuntura electoral en la región y las relaciones interamericanas a escala hemisférica. Posteriormente se realiza un balance de los movimientos sociales contestatarios a las prácticas estatales-corporativas que, más que integrar, buscan 15

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desarticular. Finalmente, se presentan sucintamente los contenidos que componen este trabajo. 1. Puntos neurálgicos del proceso de integración regional Si existe un punto central sobre el estado de la integración latinoamericana de 2011 en el nivel de los mecanismos interestatales, este ha sido la firma constitutiva de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac) en Caracas, Venezuela, en el mes de diciembre. La relevancia de la celac no solo se encuentra en el hecho de haber logrado reunir a treinta y tres países de la región y sin la presencia de Estados Unidos (Estados Unidos) y Canadá, sino también en la proyección de un nuevo esquema de concertación latinoamericana post panamericano. Ello se ve reflejado en la incorporación de Cuba, la creación de un mecanismo de consulta urgente que permitirá a la comunidad la emisión de declaraciones consensuadas entre todos los países miembros sobre temas extraordinarios o imprevistos; una facultad con proyección continental que hasta ahora había permanecido limitada a las funciones de la Organización de Estados Americanos (oea). La nueva “comunidad”, que parece heredar el funcionamiento de concertación del Grupo de Río, enfrenta, sin embargo, la tarea de establecer una sólida plataforma para la integración autónoma latinoamericana. Cabe señalar también que, a pesar de que existen ciertas contraposiciones entre la capacidad de concertación de la celac frente a la institucionalidad de la oea, o incluso de la Unión Sudamericana de Naciones (unasur), la estrategia de integración autónoma latinoamericana se ha caracterizado a lo largo de la última década por su capacidad para hacer un uso ‘inteligente’ y pragmático de todas las plataformas de integración vigentes. Por un lado, para hacer efectivo el poder regional contra-hegemónico frente a Estados Unidos —fundamentalmente desde la región sudamericana mediante estrategias de defensa de la autodeterminación, derivadas de la concertación entre las agendas de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (alba-tpc) y la unasur— y, por otro lado, porque la complementariedad, aunque limitada a ciertas agendas estratégicas y una todavía retórica institucionalidad, ha sido más efectiva que la confrontación entre mecanismos. Esto ha permitido que se configure un virtual espacio común entre las contrapuestas tendencias del norte latinoame16

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ricano —entre las que se destaca la persistente proyección geopolítica y de control comercial de Estados Unidos sobre México y Centroamérica, y la consolidación del Arco del Pacífico con perfil neoliberal—, y de las proyecciones sur-latinoamericanistas, encabezadas por la estrategia integracionista del mercosur, la unasur y la alba-tpc. La cohesión, la fragmentación y las tensiones generadas entre los procesos de integración pueden ser leídas a partir de las principales tendencias en los mecanismos subregionales, identificadas al sur y el norte latinoamericano. Este escenario se traza por la creciente consolidación de la unasur como esquema de consonancia entre el mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (can), y base institucional que se armoniza coyuntural y estratégicamente con la proyección y el discurso programático de la alba-tpc. Además, la nueva institucionalidad sur-latinoamericana ha garantizado la resolución de los conflictos regionales internos y los diferendos entre los países miembros sin intervención extrarregional: el proceso separatista en Bolivia (2007-2008), los procesos de desestabilización interna en Ecuador (2010), el permanente conflicto fronterizo Venezuela-Colombia, etcétera. Por su parte, la otra senda de integración regional se ha perfilado de nuevo hacia el norte y el Pacífico, y está basada en la apertura intensiva de los mercados nacionales a los mercados globales. Su expresión más contundente se encuentra en la Alianza del Pacífico Latinoamericano, integrada por México, Colombia, Perú y Chile —y potencialmente Costa Rica—, firmada en Lima, Perú, en mayo de 2011. Esta iniciativa promete un mercado integrado con las bolsas de valores de los países y la eliminación de las tarifas aduaneras después de 2020, así como la triangulación de los intereses geoestratégicos y comerciales del capital estadounidense en el gran escenario geopolítico del Pacífico. Frente a tal reconfiguración en los escenarios de integración regional, Latinoamérica enfrenta una orientación no homogénea que cuestiona su cohesión, y amplía el desafío para consolidar su capacidad autonómica ante el escenario de reconfiguración de los poderes hegemónicos del sistema internacional y las nuevas relaciones internacionales. 2. Proyección sur-latinoamericana La proyección institucional de mayor alcance en la perspectiva surlatinoamericana sigue estando encabezada por el desenvolvimiento 17

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de la unasur, el mercosur y la alba-tpc. En 2011, mercosur, alcanzó la creación del Grupo de Diálogo de Alto Nivel con el fin de avanzar en la incorporación de nuevos miembros, entre ellos Bolivia y Ecuador, actualmente miembros asociados, para así alcanzar la plena adhesión de ambos países al mecanismo regional en los próximos años. Mientras, la iniciativa de Uruguay para la incorporación plena de Venezuela permaneció estancada por la falta de aprobación por parte del Congreso Nacional de Paraguay. Por su parte, en este año se aprobó el Plan Estratégico de Acción Social del mercosur, articulado en diez ejes para alcanzar el desarrollo social. Mientras, en el nivel extrarregional se reinició el diálogo con los países de la Unión Europea, suspendido en 2004, y se firmó un acuerdo de libre comercio con Palestina. Por su parte, 2011 fue un año importante para la unasur, al entrar en vigor el tratado constitutivo, lo que la convirtió en una entidad jurídica. Tras la muerte de Néstor Kirchner, en 2011 se eligió como nueva secretaria general de unasur a María Emma Mejía, ex canciller colombiana. En el mes de julio se llevó a cabo una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la unasur, en Lima (Perú). Mientras, en la reunión del v Consejo ordinario de unasur, celebrada en el mes de octubre en Asunción, el gobierno paraguayo recibió la presidencia pro tempore. 2011 fue un año menos activo para el alba-tpc en comparación con los mecanismos antes mencionados, pero que no se haya realizado ninguna cumbre no significa que la agenda extraoficial, es decir, la de los movimientos sociales autónomos que se insertan dentro de este marco integrador, no haya sido participativa. 3. Proyección del norte latinoamericano: México y Centroamérica frente a la integración regional Para México, la segunda década del siglo xxi ha representado un escenario de nuevas opciones estratégicas sustentadas en la integración latinoamericana, aunque su posicionamiento siga atado a una integración profunda de dependencia y asimetría con América del Norte. La creación de la celac en 2010 en Quintana Roo, México, significó una opción clave para la proyección latinoamericana de sur a norte, y a la vez un espacio de negociación fundamental para México frente a la devastadora integración con los países de América del Norte. La creciente afectación 18

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a la economía mexicana, resultante del tlcan y la creciente pérdida de soberanía alimentaria, se ha empalmado con los nuevos ejes de integración al proyecto de seguridad norteamericano, expresado en la Iniciativa Mérida. Convertido en una zona de guerra e intermitente espacio de resguardo a la reactivación de la economía de guerra de Estados Unidos, México es además un colchón migratorio (fundamentalmente del flujo proveniente de Centroamérica) que se ha sumado a la grave crisis humanitaria que enfrenta el país. México continúa siendo el principal receptor de la exportación estadounidense en la región, y las asimetrías entre los socios del tlcan siguen siendo muy grandes. “En el año 2011, la cuarta parte de las importaciones de Estados Unidos vinieron de Canadá (14%) y México (12%), mientras que vendió a ambos países un tercio del total de sus exportaciones, en una proporción mayor a Canadá (19%) que a México (13%)” (cidob, 2012), mientras que “la concentración de las ventas a Estados Unidos por parte de sus vecinos continúa siendo muy alta, ya que representan el 79% del total de las exportaciones de México y el 72% de las de Canadá” (cidob, 2012). De allí que el tlcan siga siendo el eslabón que condiciona la integración económica mexicana hacia América Latina. De cualquier manera, la proyección constante hacia Centroamérica se manifiesta a través de la continuidad del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla Gutiérrez, que en su xiii emisión adoptó la Declaración de Mérida, orientada a fortalecer la interconexión eléctrica y la modernización del corredor Pacífico. Por su parte la firma del Acuerdo de Yucatán planteó la creación de un fondo de infraestructura financiado por México orientado a sustituir el histórico pacto de San José. Cabe destacar también que en el mes de noviembre se firmó el Tratado Único de Libre Comercio entre México y Centroamérica, que unifica los convenios de libre comercio que México mantenía con Costa Rica desde 1995, con Nicaragua desde 1998 y con el grupo ca-3 (Honduras, El Salvador y Guatemala) desde 2001 (AméricaEconomía, 2013). Por otro lado, el escenario nor-latinoamericano adquiere una dimensión geopolítica clave solo a través de la Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad (carsi, su sigla en inglés), pactada en 2011 entre Estados Unidos y los países centroamericanos, que implica el redimensionamiento y la extensión de la Iniciativa Mérida de México hacia toda la región. En este marco, el proyecto Mesoamérica, orientado al fortalecimiento subregional entre México y Centroamérica, aparece socavado por una fructífera apertura a empresas transnacionales orientadas a la 19

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explotación minera y energética, y una agudización de la fragmentación social. 4. Coyuntura electoral y relaciones interamericanas Como parte del escenario coyuntural latinoamericano, el contexto electoral de 2011 marca algunas orientaciones importantes para explicar la continuidad o los reajustes en los procesos de integración regional. En este sentido, sobresalen las elecciones generales en Haití, en el mes de marzo, de las que resultó ganador Michel Martelly. En Nicaragua, Daniel Ortega, del fsln, logró la reelección presidencial en el mes de noviembre, lo que consolida la posición del país centroamericano dentro de la alba-tpc y la capacidad de gestión del sur-latinoamericano en dicha “frontera subregional”. En Perú, Ollanta Humala ganó las elecciones presidenciales al frente del partido ‘Gana Perú’, en una segunda ronda electoral efectuada en el mes de junio, lo que ha proyectado un virtual acercamiento al liderazgo brasileño en Sudamérica y unasur, pero sin una ruptura a las tendencias proyectadas por el Arco del Pacífico. Por su parte, en Guatemala la elecciones generales celebradas en el mes de septiembre llevaron al poder presidencial al exgeneral Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, lo que asegura la tendencia de un proyecto regional centrado en la seguridad gestado por Estados Unidos. En Santa Lucía se celebraron elecciones en el mes de noviembre, de las que resultó elegido Kenny Anthony como primer ministro por el Labour Party. También en noviembre se celebraron elecciones generales en Guyana, que refrendaron la posición del Partido Progresista del Pueblo encabezado por Donald Ramotar. Mientras, en el mes diciembre las elecciones generales en Jamaica llevaron a la presidencia a Portia Simpson Miller, líder del Partido Nacional Popular. Finalmente, cabe señalar que en Ecuador se llevó a cabo el referéndum de reforma constitucional en el mes de mayo del que resultó victorioso el proyecto del presidente Rafael Correa, mientras que en Brasil, en el mes de enero, Dilma Rousseff relevó en el ejecutivo a un referente clave en el proceso integracionista sudamericano: Luiz Inácio Lula da Silva.

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a. Relaciones internacionales interamericanas A lo largo del año 2011, la Organización de Estados Americanos (oea) ha conservado una importante presencia en el acompañamiento de los procesos electorales de varios de los países de América Latina (al menos en el 90% de los procesos electorales antes señalados), a través de sus Misiones de Observación Electoral. No obstante, a pesar de su histórico desempeño y la presencia institucional en la región, otras instituciones, como unasur, se han convertido también en referentes de observación electoral fundamental, con una legitimidad incluso mayor en los países sudamericanos. No obstante, la oea sigue siendo el referente de “regulación” en los escenarios de crisis definidos por la onu, como es el caso de las misiones especiales creadas para la mediación en contextos de crisis política y humanitaria, como son los casos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (mapp/oea), y la Misión de Estabilización en Haití bajo el mandato de las Naciones Unidas (minustah). En este último caso, la oea ha desempeñado un papel protagónico en el acompañamiento del proceso electoral desde el año 2010 hasta 2011, y como interlocutor ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la continuidad de la minustah. A escala hemisférica, en el mes de junio se acordó la reincorporación de Honduras al seno de la oea, tras su expulsión como consecuencia del golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en 2009. En ello fue determinante la mediación de los gobierno de Colombia y Venezuela. En tanto, las misiones de apoyo al establecimiento de los procesos de paz en Colombia y Haití continuaron durante 2011. Contenido del Anuario 2011 En la presente edición del Anuario de Integración Latinoamericana y Caribeña, la Red de Investigación sobre la Integración Latinoamericana y Caribeña (redialc) presenta los acontecimientos correspondientes a 2011, los que analiza desde una perspectiva multidimensional. La organización multidisciplinaria sobre la que se despliega el contenido del presente anuario facilita el entendimiento del estado de la integración latinoamericana y caribeña, y proporciona, por un lado, la posibilidad de revisar los principales indicadores macroeconómicos y macropolíticos de los diferentes mecanismos y procesos integradores; por otro lado, la 21

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posibilidad de entender los efectos que la integración tradicional están generando sobre otras escalas, y de qué manera la sociedad está respondiendo. En esta entrega se analizan nueve dimensiones diferentes, la primera de las cuales es la dimensión económica de la integración, coordinada por Jaime Estay Reino. Estay introduce la dimensión con el trabajo: “La integración económica latinoamericana y caribeña en 2011”, cuyo autor analiza, en primer lugar, el comportamiento de la economía en los países desarrollados y en los emergentes, y en segundo lugar la situación de los procesos de integración de América Latina y el Caribe, con énfasis en lo ocurrido con la puesta en marcha de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), a lo largo de 2011, cuya constitución fue acordada en febrero de 2010. En dos textos se exploran los esquemas suramericanos. En el primero: “mercosur 2011: sin avances significativos ni retrocesos apreciables”, de Lourdes María Regueiro Bello, se expone el desempeño económico de los diferentes países que integran el mercosur, la agenda interna y las relaciones que se dan dentro del mercosur, así como las que establece este con terceros. El eje de trabajo del mercosur durante el 2011 fue el Programa de Consolidación de la Unión Aduanera y la atención a las asimetrías internas. Asimismo, se resalta el lugar que China viene ocupando como protagonista en la región, así como la negociación pendiente con la Unión Europea con vistas a lograr un Acuerdo de Asociación birregional. El segundo texto: “La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración”, de Carlos Otto Vázquez, presenta, por un lado, la evolución de los principales indicadores que dan cuenta del comportamiento económico y comercial favorable de los países de la can en dicho periodo; por otro lado, da cuenta de otros aspectos relevantes del funcionamiento de la Comunidad Andina ocurridos en 2011, tanto en el ámbito interno como en el de sus relaciones con el exterior; se resaltan los esfuerzos tendientes a trasladar el crecimiento económico obtenido hacia un mejoramiento de la dimensión social de la integración Por otro lado, el estado de la integración centroamericana y caribeña se revisa en dos textos. En el primero: “La Comunidad del Caribe (caricom) frente a dos de sus “socios tradicionales”: Estados Unidos y Canadá, en el siglo xxi”, de Laneydi Martínez Alfonso, se aborda desde una perspectiva histórica la relación triangular Estados Unidos-Canadá- caricom, y hace un balance de las divergencias y convergencias que se dan 22

Integración regional latinoamericana y caribeña: Reajustes y nuevos horizontes en la segunda década del siglo xxi

desde la década de los setenta hasta la fecha y que han llevado a Estados Unidos a convertirse en el “policía malo” y a Canadá en el “policía bueno”. En el segundo texto, “Centroamérica en 2011: año de consolidación y búsqueda de nuevos acuerdos comerciales”, de Cruz Álvarez Padilla, se presenta de manera breve el panorama económico de la región, y después se pasa a describir la forma en que fueron suscribiéndose los acuerdos y tratados comerciales en 2011. En primer lugar se desarrollan los acuerdos y negociaciones de tipo bilateral, entre los que sobresalen los suscritos entre los países centroamericanos y Perú; en segundo lugar, se presentan las negociaciones realizadas en bloque, en especial las efectuadas con México, orientadas a unificar los tratados firmados entre ellos. La dimensión política de la integración es tratada por un grupo de trabajos que coordina Alberto Rocha Valencia, quien da seguimiento, en “La celac, la integración regional y la autonomía de América Latina y el Caribe”, a la forma que va tomando esta Comunidad a través de la revisión de la política-diplomática en el nivel ministerial en 2011 y de la definición de sus rasgos más importantes. Por otra parte, el encuadre centroamericano se aborda en dos trabajos: “Centroamérica intensifica su dependencia y su subordinación a los poderes hegemónicos” de Ximena de la Barra, y “El difícil y tortuoso camino neoliberal de la integración centroamericana” de Daniel Villafuerte; en ambos se analizan los acontecimientos más relevantes ocurridos en la región durante el año 2011, con énfasis en los movimientos sociales que han tenido éxito en derrotar al capitalismo transnacional, y se realiza un balance del estado del Proyecto Mesoamérica, enfatizando, por el lado de la seguridad, la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (carsi), y por el lado económico-comercial la firma del tlc México-Centroamérica y los efectos negativos del nafta-dr y del ada con la ue, cuya lógica es facilitar la explotación y expropiación de los recursos periféricos por los capitales norteamericanos y europeos. Daniel Efrén Morales Ruvalcaba analiza el estado de la integración suramericana en 2011 en “Non progredi est regredi”, texto en el cual el autor hace una valoración del estado de la unasur y sus órganos complementarios a través de un balance en materia política, económica, social, de seguridad y defensa, energética, y de infraestructura. Para Morales Ruvalcaba, la integración suramericana ha logrado superar el impasse. Las formas de integración que van más allá de la vecindad geográfica se abordan en los siguientes trabajos: en “El Grupo de los Tres: Claroscuros de una experiencia de integración latinoamericana”, donde Es23

Jaime Antonio Preciado Coronado

peranza Martínez Ortiz hace una revisión de carácter histórico de esta experiencia integracionista entre México, Colombia y Venezuela, en la que expone los antecedentes, su principales actividades, el porqué de su posterior crisis, así como su situación actual: no cabe duda de que, con la salida de Venezuela en 2006, el G3 pasó a ser un simple acuerdo comercial sin expectativas entre México y Colombia. Por otro lado, Elizabeth Vargas nos muestra en “Del Acuerdo del Pacífico a la Alianza del Pacífico Latinoamericano”, que no ha sido posible llevar a cabo el esquema hibrido que se pensaba caracterizaría al Arco del Pacífico Latinoamericano, actualmente estancado, pues predominan las formas de integración antisistémica y de regionalismo abierto, como lo muestra la creación por parte Colombia, Chile, Perú y México de la Alianza del Pacifico Latinoamericano. Finalmente, Gary Prevost expone en “Los Estados Unidos y América Latina – 2011”, que la política de los Estados Unidos en América Latina durante el año 2011 siguió el patrón establecido durante los dos primeros años del gobierno Obama: poca prioridad, con excepción de México y la Cuenca del Caribe, con énfasis en la seguridad desde un enfoque multilateral. Carlos Oliva Campos coordina la dimensión que relaciona las políticas exteriores y el proceso de integración latinoamericano, introduciendo el análisis de la región, abordado en cincos estudios de caso. En primer lugar, Luiza Rodriguez Mateo anota, en “Diplomacia de resultados: A política externa de Dilma Rousseff em 2011”, que, si bien se observa una continuidad en la política externa brasileña (con énfasis en la articulación política y económica regional pero con importancia para las grandes potencias, China y Estados Unidos), existen cambios en esta política durante el primer año de mandato de Dilma Rousseff, debido a que la diplomacia se vuelve más institucional, técnica y pragmática, y menos populista e ideológica, y enfatiza la defensa de los derechos humanos y la lucha por la erradicación del hambre en el mundo. En segundo lugar, Rafael Duarte Villa expone, en “Venezuela y la integración latinoamericana-caribeña en 2011: balance de un año de una agenda de bajo perfil”, que la enfermedad del presidente Chávez restringió la política externa venezolana a una profundización de la iniciativas realizadas anteriormente en materia de integración regional, dado que la diplomacia presidencial y el poder que tiene esta en Venezuela es excepcional, y que la aparición de una agenda social externa activa, es el único cambio relevante. En tercer lugar, Sandra Colombo e Ignacio Frechero explican, 24

Integración regional latinoamericana y caribeña: Reajustes y nuevos horizontes en la segunda década del siglo xxi

en “Argentina frente al desafío de minimizar los efectos negativos de la crisis internacional”, que la fuerte apuesta de Argentina en los esquemas de integración latinoamericana a través de la constante búsqueda del fortalecimiento de la integración de las cadenas productivas, del perfeccionamiento de la unión aduanera y de la diversificación de su mercado, ha paliado los efectos negativos de la crisis financiera internacional. También correspondiente a la política exterior argentina, pero en un aspecto en concreto, Carolina Crisorio detalla en “Malvinas, petróleo, pesca y soberanía en el marco de la integración latinoamericana”, los vértices del conflicto político-diplomático entre Argentina y el Reino Unido por el control de las Malvinas, y cómo este conflicto escaló en el 2011 a la arena regional. Luis Fernando Ayerbe cierra la dimensión con el trabajo titulado “alba, unasur y celac: el regionalismo latinoamericano en la percepción de think tanks de Estados Unidos”, en el cual el autor hace una revisión de los documentos de los think tanks de Estados Unidos en que se menciona a las organizaciones regionales latinoamericanas; Ayerbe encuentra que, para los republicanos, la principal preocupación es la pérdida de influencia de Estados Unidos y la emergencia de nuevos polos de poder en la región, mientras que para los demócratas, si bien estas preocupaciones están presentes, se descartan amenazas al orden hemisférico por parte de la izquierda latinoamericana, y se señala la necesidad de trabajar en la construcción de alianzas que exploten las diferencias entre los liderazgos de Venezuela (alba) y Brasil (unasur). Carlos Fuentes estuvo convencido de que la cultura latinoamericana tiene una gran riqueza que puede fomentar nuestra imaginación para actuar en política en la búsqueda de otros mundos mejores posibles, y por eso Ignacio Medina Núñez, coordinador de la dimensión cultural de la integración, a manera de homenaje a este gran escritor, presenta en “El poder de la cultura”, las reflexiones sobre La gran novela latinoamericana, el último libro de Fuentes. Por otro lado, Nicolás Rey, en “Ecuador: Trayectorias de lucha de los afro y la revolución ciudadana”, nos ayuda a entender, a partir del estudio de las movilizaciones de los afros, a veces en alianza con los indígenas, el reciente rediseño de la integración regional desde los pueblos con su propio modelo de desarrollo ciudadano y su búsqueda de una América Latina más incluyente. Por último, Ramón Gómez Zamudio nos bosqueja en “La otra integración: Derechos humanos y migración infantil en territorio mexicano. El caso centroamericano”, las principales variables de la migración centroamericana en

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nuestro país y la violación de los derechos humanos, haciendo hincapié en la explotación sufrida por menores de edad. En la dimensión geopolítica de la integración, a cargo de Heriberto Cairo, se revisa la geopolítica de los movimientos sociales latinoamericanos, de los energéticos y de la violencia e inseguridad. En “América Latina en el mundo en 2011”, Heriberto Cairo y Jerónimo Ríos introducen la dimensión explicando cuáles fueron los principales cambios y continuidades en las relaciones intrarregionales y extrarregionales, estas últimas principalmente con la Unión Europea y los brics, mientras que en “Violencia e inseguridad en América Latina en 2011”, los mismos autores abordan los principales condicionantes y las expresiones dominantes de la violencia en América Latina, tanto en su dimensión directa con el Estado como en su dimensión social (indirecta-estructural), así como la respuesta a esta problemática: la militarización de la seguridad ciudadana. Para poder entender geopolíticamente a los movimientos sociales, Breno Bringel y Almudena Cabezas parten de un enfoque espacio-temporal en “Geopolítica de los movimientos sociales latinoamericanos: espacialidades, ciclos de contestación y horizonte de posibilidades”, mostrando los subciclos contemporáneos de movilización e identificando inflexiones y cambios en los patrones de acción colectiva. La situación energética regional es abordada por Pablo Uc en “Interconexión y dilemas geopolíticos de la integración energética latinoamericana en 2011”, en el cual se abre el debate sobre la integración energética (modelo de desarrollo extractivista vs gobernabilidad energética) a través de la revisión y el contraste de las cifras que exponen la situación actual, los avances y los límites de la interconectividad energética (principalmente eléctrica y gasífera). En la dimensión de ciencia y tecnología, coordinada por Germán Sánchez Daza, se presenta el debate que se produjo en 2011 entre los tomadores de decisiones sobre la función que deben llevar a cabo la ciencia y la tecnología en la región. En “Políticas de ciencia y tecnología: los trasfondos de la coordinación”, Sánchez Daza expone los resultados de las dos principales reuniones de funcionarios de ciencia y tecnología de alto nivel que se produjeron en 2011, en las cuales se hizo acento en la innovación, a la que se consideró como el fundamento del crecimiento económico y el bienestar. Álvaro Pedroza Zapata y Juan Mejía Trejo abordan las principales dimensiones y tendencias de los sistemas regionales de innovación (sri) en América Latina en “Los estudios sobre innovación 26

Integración regional latinoamericana y caribeña: Reajustes y nuevos horizontes en la segunda década del siglo xxi

en la región”. Finalmente, Fernando Piñero y Romina Loray hacen una lectura crítica del informe de la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (ricyt) 2011 a la luz de la dinámica de la ciencia y la tecnología en “La producción científico-tecnológica en tecnologías de la información y comunicación en Iberoamérica. Balance y perspectivas a partir del Informe de la ricyt 2011”; texto que presenta la evolución de la investigación y la inscripción de patentes en tecnologías de la información y las comunicaciones a escala mundial e iberoamericana. En la dimensión turística de la integración, Alfredo César Dachary y Stella Maris Arnaiz Burne nos presentan por medio de cifras, en “2011: un año complejo”, las principales tendencias del turismo en América Latina y el Caribe: hacia dónde se expande el mercado en crecimiento, qué tipo de turismo se está desarrollando en las diferentes regiones, de dónde proviene la inversión, cuáles y de qué tipo son los proyectos emergentes, etc. En general, el texto trata de cómo América Latina y el Caribe, en el sector turismo, lograron enfrentar con éxito la crisis financiera internacional y las diferentes coyunturas nacionales que se presentaron en 2011. En la dimensión educativa de la integración, de reciente incorporación, se presentan dos trabajos. El primero corre a cargo del coordinador de esta dimensión, Jorge Abel Rosales Saldaña, y trata sobre educación gratuita, de calidad y sin fines de lucro: “El movimiento estudiantil de 2011 y la crisis del modelo educativo chileno”; no cabe duda de que los jóvenes chilenos dieron un ejemplo de lucha por la defensa y la reivindicación de sus derechos. Por otro lado, Pablo Pineda Ortega expone, en “Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina en 2012”, el estado de la educación superior en México, para así poder pasar al análisis de la relación entre educación —principalmente la superior—, bienestar social y desarrollo económico, y finalmente realizar una crítica al esquema institucional de las universidades públicas del país. Finalmente, le damos la bienvenida a la dimensión histórica de la integración, la cual estará coordinada por Sergio Guerra Vilaboy, que nos presenta, en “Francisco Morazán y la desintegración centroamericana”, una breve descripción de cómo la Capitanía General de Guatemala pasó, en primer término, a formar parte del Imperio Mexicano, para después proclamar su independencia absoluta como Provincias Unidas del Centro de América, y finalmente desintegrarse en las cinco repúblicas de América central.

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Por último, pero no menos importante, y gracias a la colaboración de Alicia Gonzales Rojano, se presenta un conjunto de “Documentos en Internet sobre Integración”, trabajos que complementan los estudios abarcados en el presente Anuario, y que ayudan a entender el estado de la región.

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Dimensión económica

La integración económica latinoamericana y caribeña en 2011

Jaime Eduardo Estay Reyno 1. La economía mundial e internacional durante 2011 Durante el año 2011, la economía mundial continuó inmersa en la crisis iniciada en 2008, la cual, luego de atenuarse transitoriamente durante buena parte del año 2010. Ello llevó a anuncios prematuros de que se había logrado salir de esa crisis, pero ella volvió a tomar fuerza en el año 2011 y particularmente desde mediados de dicho año, si bien con efectos diferenciados entre los distintos países y grupos de países. Al igual que en el bienio anterior, en 2011 dichos efectos estuvieron concentrados en los países desarrollados y, dentro de estos, particularmente en varios de la Zona Euro. En tal sentido, en el gráfico 1 se observa tanto el menor crecimiento ocurrido en 2011 respecto del año anterior para los distintos países y agrupaciones allí presentadas, como la situación de la Zona Euro, para la cual el crecimiento de la producción fue cercano a cero en el segundo y el tercer trimestres, y fue negativo en el cuarto. Ese deterioro de la actividad económica, también en el año 2011 se ha acompañado con la continuidad de altas tasas de desempleo en la mayoría de los países desarrollados. Según se presenta en el gráfico 2, dichas tasas han fluctuado alrededor del 10% en los países de la Zona Euro, y alcanzaron en el último trimestre de 2011 niveles superiores al 22% en España, y cercanos al 15% en varios de los restantes países de dicha Zona, si bien para los Estados Unidos han disminuido a niveles cercanos al 8%. 31

Jaime Eduardo Estay Reyno

Gráfico I Comportamiento trimestral del pib

Fuente: ocde Key Tables from oecd.

Al respecto, y en términos más globales, en el Informe sobre tendencias mundiales del empleo, publicado por la Organización Internacional del Trabajo en enero de 2012, se presenta el siguiente balance: Al despuntar 2012 el mundo se encuentra ante un grave problema de desempleo y déficits generalizados de trabajo decente. Tras tres años de una situación de crisis continua en los mercados de trabajo del mundo, y ante la perspectiva de un mayor deterioro de la actividad económica, hay un retraso en el empleo mundial equivalente a 200 millones de puestos de trabajo —un incremento de 27 millones desde el inicio de la crisis.

Y en el siguiente párrafo, en relación con el desempleo juvenil se plantea: En 2011, 74,8 millones de jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 24 años estaban desempleados, cuatro millones más que en 2007. La tasa de desempleo juvenil mundial, del 12,7%, sigue situada en un punto porcentual por encima del nivel anterior a la crisis. A escala mundial, los jóvenes tienen casi tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos (oit, 2012, p. 9).

Así también, durante 2011 los desbalances en las finanzas públicas han seguido concentrados en los países desarrollados, con niveles de deuda de los gobiernos centrales y de déficit fiscal que, según se ve en el gráfico 3, son muy elevados y notoriamente superiores a los del promedio 32

La integración latinoamericana y caribeña en 2011

Gráfico II Tasas de desempleo

Fuente: ocde. Stat Extracts.

mundial y al promedio de las llamadas “economías emergentes”. Así, para 2011, como porcentaje del pib la deuda del gobierno central es casi el triple en los países desarrollados en comparación con las economías emergentes (105% vs 37%), y la diferencia es incluso mayor respecto del déficit fiscal (-1.8% vs -6.6%). Gráfico III Balance fiscal y deuda del gobierno central (porcentaje del pib)

Fuente: fmi. Base de datos de Monitor Fiscal, octubre de 2012.

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Ese deterioro que sobre todo en los países desarrollados ha estado presente en 2011 en el crecimiento de la actividad económica, el empleo y las finanzas públicas, en el ámbito del comercio internacional se ha acompañado por una fuerte disminución de los volúmenes de exportación, los cuales, según se ve en el gráfico 4, tuvieron una caída absoluta en el primer trimestre del año, la que fue seguida de muy bajos crecimientos en el resto del año. Gráfico IV Comportamiento trimestral de los volúmenes de exportación (tasas de crecimiento respecto del periodo previo)

Fuente: unctadstat.

En lo que respecta al comportamiento de los precios en dicho comercio, en el gráfico 5 se presenta la información para los principales grupos de productos. En él se observa que, como parte de una tendencia previa a incrementos de precios sustancialmente mayores para los productos primarios en comparación con la manufacturas, durante 2011 los precios de estas se mantuvieron casi constantes (en un nivel de 150 con base 2000 = 100), en tanto el precio de los combustibles y de los restantes productos primarios tendió al alza hasta abril de 2011 (llegando a un máximo de 415 y de 275 en ese mes, respectivamente, con base 2000 = 100), y disminuyeron sobre todo los segundos en los meses siguientes. En suma, en el comportamiento de la economía mundial a lo largo del año 2011 se fue acentuando el deterioro, y con él no solo las evidencias de continuidad de la crisis iniciada en 2008, sino también los temores 34

La integración latinoamericana y caribeña en 2011

Gráfico IV Comportamiento trimestral de los volúmenes de exportación (tasas de crecimiento respecto del periodo previo)

Fuente: unctadstat.

de nuevas y profundas caídas para el futuro inmediato. En tal sentido, el Fondo Monetario Internacional, bajo el título de “La recuperación mundial se estanca, los riesgos a la baja se intensifican”, en la actualización de su informe Perspectivas de la economía mundial, publicada en enero de 2012, plantea que “La recuperación mundial está amenazada por una agudización de las tensiones en la zona del euro y fragilidades en otras regiones. Las condiciones financieras se han deteriorado, las perspectivas de crecimiento se han ensombrecido y los riesgos a la baja se han intensificado”; más adelante agrega: “las perspectivas de crecimiento mundial empeoraron y los riesgos se agudizaron marcadamente durante el cuarto trimestre de 2011, al entrar la crisis de la zona del euro en una nueva fase peligrosa” (fmi, 2012, p. 1). En esa misma dirección, en el informe sobre Situación y perspectivas de la economía mundial, publicado en enero de 2012 por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (un/desa, 2012), las previsiones de crecimiento del pib mundial para 2012 son de apenas un 2.6%, y para la Zona Euro el pronóstico de crecimiento es de un 0.4%. En dicho informe de las Naciones Unidas, el apartado inicial del Sumario ejecutivo se titula “La economía mundial se encuentra al 35

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borde de otra gran recesión”, y en el párrafo de arranque del primer capítulo se presenta la siguiente síntesis: Tras dos años de recuperación anémica y desigual de la crisis financiera global, la economía mundial se tambalea al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la producción ha disminuido considerablemente durante el año 2011, especialmente en los países desarrollados. El pronóstico de base prevé un crecimiento anémico continuo durante 2012 y 2013. Este crecimiento está lejos de ser suficiente para hacer frente a la crisis de puestos de trabajo continuado en las economías más desarrolladas y frenará el crecimiento de ingresos en los países en desarrollo. Incluso este panorama sombrío puede ser demasiado optimista. Una crisis seria, global renovada se avecina debido a las deficiencias persistentes en las principales economías desarrolladas en relación con los problemas sin resolver en las secuelas de la Gran Recesión de 2008-2009 (un/desa, 2012, p. 1).

2. La situación de América Latina y el Caribe y sus procesos de integración En el contexto mundial recién esbozado, las economías de América Latina y el Caribe, en términos generales también durante el año 2011 —al igual que en los años inmediatos previos—, se mantuvieron sin sufrir los impactos más severos de la crisis mundial, si bien durante ese año la actividad económica regional creció a ritmos inferiores a los de 2010. Dicha situación puede ser vista en el cuadro 1, en el cual se observa ese menor ritmo de crecimiento tanto en la producción global como en el pib por habitante, y en el que se entregan también las cifras referidas al movimiento de capitales, a la deuda externa y a la transferencia neta de recursos entre la región y el resto del mundo, así como los montos de reservas internacionales brutas. Esa mejor situación respecto de los países desarrollados, así como el menor crecimiento ocurrido en el año 2011, desde luego que se han plasmado de manera heterogénea entre los distintos países de la región; según se ve en el cuadro 2, en el año 2011 el crecimiento trimestral del pib se movió en un rango que va de tasas inferiores al 2% en El Salvador, hasta tasas cercanas o superiores al 10% en Panamá, a lo que cabe agregar las bajas tasas de crecimiento que a lo largo del año se fueron acentuando en la economía brasileña, las cuales para el último trimestre llegaron a un mínimo de 1.4%.

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La integración latinoamericana y caribeña en 2011

Cuadro 1 América Latina y el Caribe: Comportamiento de algunos indicadores 2009 Tasas anuales de crecimiento - pib -1.9 - pib por habitante -3.0 Millones de dólares - Inversión extranjera directa 70740 - Otros movimientos de capital extranjero -1523 - Transferencia neta de recursos -27114 - Deuda externa bruta 815411 - Reservas internacionales brutas 514785

2010

2011

5.9 4.8

4.3 3.1

75004 66746 27195 970573 610494

125851 53547 37709 1079898 723125

Fuente: cepal (2012b).

Cuadro 2 17 países de América Latina y el Caribe: producto interno bruto (tasas trimestrales de crecimiento, respecto del trimestre anterior)     Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep. Dominicana Uruguay Venezuela

2010 2011 (a) Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 6.8 11.8 8.6 9.2 9.9 9.1 9.3 7.3 3.2 3.8 3.7 5.7 5.6 4.2 5.4 5.5 9.3 8.8 6.9 5.3 4.2 3.3 2.1 1.4 2.8 7.1 7.7 6.7 9.9 6.3 3.7 4.5 3.7 4.6 2.9 4.7 5 5 7.4 6.2 7.1 5 3.1 3.5 2.7 3.6 5 5.4 0.4 2.5 4.5 7 8.8 8.5 7.8 6.1 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7 1.6 1.6 1 3.3 3.6 1.4 3.4 3.6 4.4 4.3 3.3 4.7 7.8 5.3 4.4 4.4 3.1 4.3 3.9 2.1 7.7 0.3 7.5 5.3 1.9 7 4.6 7.1 6.2 8.7 7.8 9.9 12.2 11.4 10 13.6 14.3 10.8 13.7 6.9 4.9 3.3 2.7 6.2 10 9.6 9.3 8.9 6.9 6.6 5.5 7.5 7.5 7.7 8.3 4.3 3.6 4.7 5.2 8.8 10.3 7.6 6.5 6.3 4.9 7.5 3.4 -4.8 -1.7 -0.2 0.5 4.8 2.6 4.4 4.9

(a) cifras preliminares Fuente: cepal (2012).

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En lo que respecta al comercio internacional de la región, para el periodo 2009-2011 los montos anuales de exportaciones e importaciones, así como los principales destinos y orígenes geográficos de dichos montos, se presentan en el cuadro 3. Allí se observa que en el año 2011, si bien los montos totales crecieron menos que el año anterior, aun así tuvieron incrementos importantes, de 23.3% en las exportaciones y de 21.7% en las importaciones, y en el caso del comercio con China dichos incrementos, tanto en 2010 como en 2011, fueron los mayores de todos los grupos y países considerados en el cuadro, y alcanzaron en 2011 porcentajes de 32.4 y de 26.2, respectivamente. Cuadro 3 América Latina y el Caribe: comercio con principales socios, 2009-2011(a) (en millones de dólares corrientes y en porcentajes)  

Millones de dólares 2009

2010

Exportaciones totales - Estados Unidos - Unión Europea - Asia

677249 277693 90915 102936

864091 1064214 350806 419224 109456 137984 147278 185415

(China) (Otros países de Asia)

(48211) (71908) (95211) (7.1) (8.3) (8.9) (49.2) (32.4) (54725) (75369) (90204) (8.1) (8.7) (8.5) (37.7) (19.7)

- América Latina y el Caribe - Resto del mundo Importaciones totales - Estados Unidos

130949

164528

197061

19.3

19.0

18.5

25.6

19.8

74757 634333 194997

92024 124530 830727 1011945 248728 304172

11.0 100 30.7

10.6 100 29.9

11.7 100 30.1

23.1 30.8 27.6

35.3 21.7 22.3

- Unión Europea - Asia (China)

92550 115835 137969 14.6 13.9 13.6 25.2 19.1 158255 225475 272531 24.9 27.1 26.9 42.5 20.9 (75765) (112201) (141609) (11.9) (13.5) (14.0) (48.1) (26.2)

(Otros países de Asia) - América Latina y el Caribe - Resto del mundo

(82491) (113274) (130922) (13.0) (13.6) (12.9) (37.3) (15.6) 134048 166616 204396 21.1 20.1 20.2 24.3 22.7 54483

2011

Composición Tasas de porcentual crecimiento 2009 2010 2011 2010 2011

74072

92877

100 41.0 13.4 15.2

8.6

100 40.6 12.7 17.0

8.9

100 39.4 13.0 17.4

9.2

27.5 26.3 20.4 43.1

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23.3 19.5 26.1 25.9

25.4

(a) Incluye datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, el Perú, el Uruguay, Venezuela y la Comunidad del Caribe (caricom). Fuente: Basado en cepal (2012a, p. 106).

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La integración latinoamericana y caribeña en 2011

En dicho cuadro se ve que, tanto en el destino de las exportaciones como en el origen de las importaciones de la región, los mayores incrementos en el periodo 2009-2011 han correspondido a Asia, y en particular a la participación de China en las importaciones, que pasó de 11.9 en 2009 a 14% en 2011. También en el cuadro se observa que la participación del comercio intrarregional como porcentaje del comercio total de la región tendió a disminuir durante el trienio, al pasar de 19.3 a 18.5% para las exportaciones y de 21.1 a 20.2% para las importaciones. En ese contexto, de continuidad de la crisis mundial y del desenvolvimiento económico y de las relaciones comerciales de la región recién esbozado, durante el año 2011 los distintos mecanismos de integración latinoamericana y caribeña tuvieron un desempeño variado, el cual se revisa en los siguientes capítulos de la primera parte del presente Anuario. En dichos capítulos se analizan para 2011 los avances en la suscripción de acuerdos y tratados comerciales bilaterales y multilaterales por parte de los países centroamericanos; los pasos dados en la agenda interna, en las negociaciones externas y en el fortalecimiento de la institucionalidad del mercosur; los avances, tanto en el proceso de consolidación institucional —particularmente con la aprobación de los Objetivos andinos de desarrollo social—, como en las relaciones con el exterior por parte de la can y, para el caso, de la caricom, se revisan y comparan los modelos de política exterior de Estados Unidos y de Canadá hacia los países de dicha Comunidad. Paralelamente al desempeño de esos distintos esquemas, en 2011 un hecho de la mayor relevancia para la integración regional estuvo referido al proceso de puesta en marcha de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), cuya constitución fue acordada en febrero de 2010. En lo que queda del presente texto reseñaremos lo ocurrido con dicho proceso a lo largo de 2011. Durante la mayor parte del año, dicho proceso consistió principalmente en el cumplimiento del Programa de trabajo de Caracas, el cual fue definido en julio de 2010 por los Ministros de Relaciones Exteriores, atendiendo a los mandatos y tareas derivados de la Declaración de Salvador de Bahía (diciembre de 2008), el Plan de Acción de Montego Bay (noviembre de 2009) y la Declaración de Cancún (febrero de 2010). En el transcurso de 2011, el cumplimiento de dicho Programa implicó la realización de distintas reuniones de nivel ministerial, entre las cuales destacan:

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• La Reunión Sobre Crisis Financiera Internacional y Comercio Exterior, el 18 y el 19 de mayo de 2011, la cual centró sus discusiones en temas como las medidas de mitigación aplicadas por cada país ante la crisis mundial, las posibles respuestas a coyunturas similares en el futuro, las propuestas para el fortalecimiento de los mecanismos de regulación, la reforma de las instituciones financieras internacionales y la creación de nuevas entidades e instrumentos a escala regional, y la proposición de un conjunto de acciones para prevenir y enfrentar de manera coordinada en la región escenarios futuros de crisis. • La Reunión de Ministros de Energía, el 12 y el 13 de mayo de 2011, en la que se discutieron temas como petróleo, gas, energía alternativa, deficiencia energética y acuerdos para el desarrollo de la infraestructura, así como los mecanismos que se utilizarán para impulsar la integración energética; de ella resultó la firma de un documento que incluye veinte acuerdos y dos propuestas en el tema energético, para ser entregados a los jefes y las jefas de Estado para la siguiente reunión cumbre de la celac. • La Reunión de Ministros sobre Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza, el 24 y el 25 de marzo de 2011, de la cual se desprendió una propuesta de 45 puntos y tres recomendaciones referidas al tema de la reunión. • La Reunión de Ministros de Ambiente, el 29 de abril de 2011, en la cual se llegó a acuerdos que persiguen impulsar iniciativas de preservación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales en la región y se decidió proponer a los jefes de Estado y de gobierno la creación de un grupo de trabajo encargado de abordar la temática en la región, así como la elaboración de una agenda ambiental regional. • La Reunión sobre la integración de la infraestructura de transporte, telecomunicaciones y fronteras en Latinoamérica y el Caribe, el 28 de marzo de 2011, en la cual se intercambiaron experiencias para reducir la “brecha de infraestructura”, que limita el crecimiento económico de las naciones de la región y se elaboraron recomendaciones a los jefes de Estado y de gobierno en las áreas de transporte carretero, ferroviario y marítimo, telecomunicaciones y desarrollo de fronteras. • La Primera Reunión Regional de Mecanismos Latinoamericanos y Caribeños de Asistencia Humanitaria, el 30 y el 31 de mayo de 2011, que se realizó con los propósitos de revisar el cumplimiento de los mandatos de los jefes de Estado y de gobierno referidos a la adminis40

La integración latinoamericana y caribeña en 2011

tración de situaciones de desastres naturales y de formular propuestas para dicho cumplimiento. • La Reunión Regional sobre Protección a los Migrantes, el 27 y el 28 de junio de 2011, como resultado de la cual se suscribió la Declaración de Lima sobre Protección a los Migrantes, en la que se elevaron a los jefes de Estado y de gobierno recomendaciones sobre el tema de la reunión. Además de esas reuniones, atendiendo al mandato del Programa de Trabajo de Caracas referido a la “Cooperación entre los Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración”, durante 2011 i) se realizaron en la aladi dos reuniones sobre la Dimensión Económico-Comercial de la Integración —el 2 y el 3 de marzo de 2011 y el 6 y el 7 de abril del mismo año—, como resultado de las cuales se acordó un conjunto de propuestas; ii) se realizó en el sela una reunión el 5 de mayo de 2011, relacionada con el área productiva de la integración, cuyos principales acuerdos se refirieron a la futura conformación de una agenda de cooperación para el desarrollo productivo y a la identificación de algunos criterios de estructuración de dicha agenda, y iii) se realizó el 10 y el 11 de junio de 2011, con la Secretaría Ejecutiva de la alba como facilitadora, la reunión de mecanismos referida a la dimensión social e institucional de la integración, como resultado de la cual se exploraron posibilidades de propuestas, iniciativas o proyectos comunes y complementarios sobre la integración social y se formuló un conjunto de recomendaciones. Sobre la base de ese conjunto de trabajos preparatorios, en la reunión cumbre celebrada en Caracas los días 2 y 3 de diciembre de 2011, con asistencia de los 33 jefes de Estado y de gobierno de los países de la región, comenzó formalmente su existencia la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; en esa cumbre se acordaron tres textos básicos: la “Declaración de Caracas”, los “Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la celac” y el “Plan de Acción de Caracas 2012”. En lo que respecta a la “Declaración de Caracas” (Jefas y jefes de Estado y de gobierno, de América Latina y el Caribe, 2011), en ella se identifican y reconocen los antecedentes de la celac —en particular el Grupo de Río y las cumbres realizadas en 2008 y 2010— y se definen los principios que inspiran a la Comunidad y los objetivos básicos que se buscan con su creación, además de definirse los lugares y las fechas de las siguientes cumbres de la Comunidad: Chile en 2012, Cuba en 2013 y Costa Rica en 2014. 41

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En lo que se refiere a los “Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la celac” (Jefas y jefes de Estado y de gobierno, de América Latina y el Caribe, 2011a), en ellos se establece que la celac estará conformada por los siguientes órganos —quedando pendiente para futuras reuniones lo referido a la posible creación de una Secretaría General de la Comunidad—, para cada uno de los cuales se definen sus atribuciones, sus funciones y la periodicidad de sus reuniones: • La Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno como máxima instancia de decisión de la celac; • la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, como segunda instancia de decisión; • la Presidencia Pro Témpore, como órgano de apoyo institucional, técnico y administrativo de la Comunidad; • la Reunión de Coordinadores Nacionales como vínculo entre los Estados miembros y la Presidencia Pro Témpore; • las reuniones especializadas, para atender áreas de interés por parte de funcionarios de alto nivel, y • la Troika para asistir a la Presidencia Pro-Témpore, constituida por el Estado que asuma dicha Presidencia, por el que lo precedió en esa responsabilidad y por el que lo sucederá en esa función; queda pendiente la solicitud de los países anglófonos del Caribe de tener un representante permanente ante la Troika. En el documento de Procedimientos se establece, además, que las decisiones deberán ser adoptadas por consenso en todas las instancias —si bien en las siguientes reuniones de la celac se evaluará lo referido al sistema de toma de decisiones de la Comunidad—, se estipula que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sucederá para todos los efectos tanto al Grupo de Río como a la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (calc), se define un mecanismo de consulta urgente que permita emitir pronunciamientos ante hechos imprevistos, y se asignan a la celac atribuciones de relacionamiento e interlocución de la Comunidad con otros países y grupos regionales en materia de diálogo político, concertación de posiciones en foros multilaterales, impulso a la agenda de la región en foros globales y posicionamiento de América Latina y el Caribe ante hechos relevantes. En lo que respecta al “Plan de Acción de Caracas 2012”, este consta de un conjunto de decisiones ubicadas en los siguientes nueve ámbitos 42

La integración latinoamericana y caribeña en 2011

temáticos (Jefas y jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe, 2011b): 1. Crisis financiera internacional y nueva arquitectura financiera. En relación con este tema, el Plan de Acción incluye generar herramientas para mejorar las capacidades de financiamiento del comercio intrarregional y para prevenir, mitigar y controlar tanto las crisis dentro de la región como los impactos provenientes de fuera de ella; fortalecer y profundizar los procesos de integración; avanzar en el diseño de una nueva arquitectura financiera regional “sustentada, entre otros, en los principios de justicia, solidaridad y transparencia”; impulsar el rediseño de las instituciones financieras internacionales, y promover “foros de reflexión con miras al fortalecimiento de las instituciones financieras regionales y avanzar en la construcción de nuevos instrumentos, mecanismos y esquemas financieros, que reduzcan los niveles de vulnerabilidad externa de la economía regional”. 2. Complementariedad y cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración, en relación con lo cual se procura fortalecer la complementariedad y cooperación entre dichos mecanismos, así como la coordinación entre sus instancias de dirección. También en relación con este tema se plantea que el diálogo entre esos mecanismos continuará estructurado en cinco ámbitos: Económicocomercial, Productivo, Social, Cultural y Energía. 3. Infraestructura para la integración física del transporte, las telecomunicaciones y la integración fronteriza, respecto de la cual el Plan de Acción 2012 considera reforzar el apoyo a las iniciativas de infraestructura física regional que están en marcha y acelerar la convergencia de los sistemas de regulación y control del tráfico multimodal, carretero, aéreo, marítimo-portuario, fluvial y ferroviario, así como contar con una estrategia para el desarrollo y la integración de la infraestructura física, de la conectividad y de las regiones fronterizas en la región, para disminuir la brecha de infraestructura que la caracteriza. 4. Desarrollo social y erradicación del hambre y la pobreza. En relación con este tema, se considera la conformación de un foro de nivel ministerial encargado de abordar los temas sociales de la región en el seno de la Comunidad, que permita fomentar la articulación, armonización y complementación de las políticas públicas nacionales en materia social y que se encargue de la elaboración de un plan de acción regional de políticas públicas en materia social, al que desde 43

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5. 6.

7.

8. 9.

2012 se agregarán propuestas de planes de acción que permitan implementar los acuerdos plasmados en la Declaración de Caracas. Así también, se atiende ea diseño de programas regionales de alfabetización y pos alfabetización, así como para la erradicación del hambre. Ambiente, que incluye la conformación de un grupo de trabajo sobre el tema en el seno de la Comunidad, “el cual se encargará de la elaboración de un proyecto de agenda ambiental regional”. Asistencia humanitaria, en relación con la cual el Plan de Acción incluye la conformación de un grupo de trabajo que servirá de enlace para la convergencia, la coordinación y la complementariedad de los distintos esfuerzos y procesos que sobre el tema se desarrollan en la región. Protección al migrante, para lo cual el Plan de Acción incluye “fomentar el desarrollo de una estrategia regional que facilite la integración de los migrantes a las sociedades de acogida, promoviendo facilidades para la inserción legal, laboral, productiva y cultural, en consonancia con las legislaciones nacionales, con miras a promover una posición conjunta en los diálogos birregionales”. Cultura, respecto de la cual se plantea realizar una reunión ministerial en el área de cultura e identidades. Tecnologías de la Información y Comunicación. En relación con este tema, el Plan de Acción plantea que las instituciones nacionales encargadas de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información coordinen con sus contrapartes de los países vecinos el uso de las redes eléctricas para tender infraestructura de telecomunicaciones entre ellos, así como explorar la posibilidad de instalar plataformas de interconexión para el acceso de servicios de telecomunicaciones para favorecer el desarrollo de la telefonía rural y la universalización de la banda ancha.

Como se puede observar, tanto los trabajos previos a la Cumbre de Caracas como los propósitos, los acuerdos y el Plan de Acción que acompañaron al inicio de las actividades de la celac ocurrido en dicha Cumbre mantienen la amplitud temática que desde las definiciones iniciales ha acompañado a la puesta en marcha de la Comunidad, a lo que se agregan desde luego, como elementos también positivos, la pertenencia a dicha Comunidad de los 33 países latinoamericanos y caribeños y la ausencia en ella de potencias ajenas a la región. 44

La integración latinoamericana y caribeña en 2011

Si bien todo ello se acompaña de una notoria heterogeneidad política y de estrategias entre los países participantes, que con seguridad se irá reflejando en diferencias respecto del tratamiento de distintos temas relevantes —y se acompaña además de los muy estrechos vínculos que varios países mantienen con los Estados Unidos, país para el cual con seguridad la celac no es precisamente objeto de su preferencia—, hasta la fecha el saldo que arroja el inicio de actividades de la Comunidad es claramente positivo, y ella mantiene su potencialidad como nuevo órgano regional que pudiera abrir paso a niveles de concertación e integración superiores a los que históricamente han estado presentes entre los países de América latina y el Caribe. Bibliografía cepal (2012), Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2012. ___ (2012a), Panorama de la inserción internacional de América Latina y El Caribe, 2011-2012. ___ (2012b), Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, diciembre. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (un/ desa) (2012), World Economic Situation and Prospects, enero. Fondo Monetario Internacional (fmi) (2012), Perspectivas de la economía mundial. Actualización de las proyecciones centrales, enero. Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, de América Latina y el Caribe (2011), Declaración de Caracas “En el bicentenario de la lucha por la independencia. Hacia el camino de nuestros libertadores”, Venezuela, 2 y 3 de diciembre. ___ (2011a). Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la celac, Venezuela, 2 y 3 de diciembre. ___ (2011b). Plan de Acción de Caracas 2012, Caracas, 2 y 3 de diciembre. Organización Internacional del Trabajo (oit) (2012), Global Employment Trends 2012.

45

Mercosur 2011: sin avances significativos ni retrocesos apreciables

Lourdes María Regueiro Bello Introducción El año 2011 no puede señalarse como sobresaliente en el desempeño del Mercosur, la actividad económica durante el año dio señales de desaceleración y la agenda externa mostró menos dinamismo que en años anteriores. No obstante, podría señalarse que hubo pasos en el fortalecimiento de la institucionalidad del bloque, especialmente en temas referidos al Programa de Consolidación de la Unión Aduanera y Atención a las Asimetrías, y como tema relevante podría plantearse el avance en una concepción integrada de la dimensión social del Mercosur. 1. Desempeño económico Durante el año 2011 todos los países del bloque experimentaron tasas de crecimiento positivas; se destaca Argentina, que registró la segunda tasa más alta de crecimiento en América Latina después de Panamá. Sin embargo, este comportamiento fue diferente entre unos y otros países del Mercosur. Las tasas de crecimiento de Brasil y Paraguay se desaceleraron. El enlentecimiento brasileño estuvo relacionado con el impacto de un menor dinamismo del gasto primario del gobierno central, acción que estuvo dirigida a contener la expansión de la demanda interna y las presiones inflacionarias. En el caso de Paraguay, cuya tasa de crecimiento en 2010 fue de las más altas, después de una tasa negativa en 2009, el crecimiento 47

Lourdes María Regueiro Bello

fue favorecido por una excelente cosecha de soja, mientras la desaceleración reflejó el menor dinamismo del sector ganadero, afectado por un brote de fiebre aftosa y por la desaceleración de la economía mundial, que afectó las exportaciones paraguaya y por un limitado desempeño del sector de la construcción. Para el segundo semestre se produjo una desaceleración casi generalizada del crecimiento en los países del bloque, asociada a la caída de las expectativas y a la desaceleración del dinamismo exportador. Otro elemento relevante a considerar es el deterioro de la balanza comercial (bienes y servicios), excepto para Venezuela, que muestra un superávit creciente en relación con el año anterior. En relación con el balance comercial, es importante tomar en consideración el diferente comportamiento de la balanza de bienes y la de servicios entre los países. Argentina: el saldo de la balanza de bienes y servicios se reduce de 2010 a 2011, pero es positiva. El saldo de la balanza de bienes es positiva y la de servicios negativa (cepal, 2012). Brasil: al igual que en 2010, el saldo de la balanza de bienes y servicios es negativa, pero en 2011 muestra una reducción del déficit, el saldo de su balanza de bienes es positiva, mientras la de servicios es negativa (cepal, 2012). Paraguay: el saldo de la balanza general es negativo con una leve reducción en relación con 2010; en este caso, la balanza de bienes es negativa y la de servicios positiva (cepal, 2012). Uruguay: su balanza general es positiva, aunque muestra una sensible reducción del superávit entre 2010 y 2011; la de bienes es negativa con déficit creciente, y la de servicios positiva, con superávit decreciente (cepal, 2012). Venezuela, que aún en 2011 está cumplimentando el proceso de incorporación al bloque, tiene una balanza general superavitaria con crecimiento del superávit en relación con 2010; el saldo de su balanza de bienes mostró superávit creciente, mientras la de servicios mostró un déficit creciente en relación con 2010 (cepal, 2012). La tasa de desempleo urbano en el 2011 se redujo en todos los países del bloque en relación con 2010. 2. Relaciones intra Mercosur El Mercosur no ha vuelto a alcanzar los niveles de comercio intrarregional que logró en el año 1998, pero, dadas las circunstancias, no debe interpretarse como un mal desempeño; en ese sentido, el mcca continúa

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Mercosur 2011:sin avances significativos ni retrocesos apreciables

siendo el esquema con mayor nivel de intercambio interno seguido por el Mercosur y la caricom. Tabla 1 Mercosur: Indicadores económicos seleccionados, 2010 Argentina 2009 2010 2011

0,9 9,2 8,9

2009 2010 2011

7,7 10,9 9,5

2009 2010 2011

66 710 81 689 99 431

Brasil Paraguay Uruguay Variación del pib% -0,3 -4,0 2,4 7,5 13,1 8,9 2,7 4,4 5,7 Índice de precios al consumidor 4,3 1,9 5,9 5,9 7,2 6,9 6,5 4,9 8,6 Exportaciones de bienes y servicios* 180 723 7 295 8 648 233 515 9 993 10 737 294 250 12 305 12 808 Importaciones de bienes y servicios* 174 679 7 448 7 967 244 202 10 671 10 093 302 395 12 969 12 705

2009 49 375 2010 68 571 2011 88 464 ied neta * 2009 3 307 36 033 2010 6 090 36 917 2011 7 183 67 690 Reservas internacionales* /** 2009 47 967 238 520 2010 52 145 288 575 2011 46 376 352 012 Tasa de desempleo urbano 2009 8,7 8,1 2010 7,7 6,7 2011 7,2 6,0

Venezuela -3,2 -1,5 4,2 26,9 27,4 29,0 59 830 67 602 94 666 50 370 49 661 62 365

194 340 483

1 512 2 349 2 629

-4 374 -1 462 4 875

3 861 4 169 4 984

7 987 7 743 10 302

35 830 27 911 29 892

8,2 7,0 6,5

7,6 7,1 6,3

7,9 8,7 8,3

*millones **Bruta Fuente: (cepal, 2011, 2012.

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Lourdes María Regueiro Bello

Tabla 2 Comercio intralatinoamericano del Mercosur 2009-2011 (millones de dólares)

Exportaciones totales Intra Mercosur % Resto Am. Latina y Caribe % Importaciones totales Intra Mercosur % Resto Am. Latina y Caribe %

2009 215 428 32 698 15,2% 29 966 13,9% 193 517 13 822 7,1% 13 822 7,1%

2010 282 656 44 151 15,6% 37 429 13,2% 280 866 49 109 17,5% 20 713 7,4%

2011 348 931 52 782 15,1% 42 126 12,1% 351 039 58 218 16,6% 26 891 7,7%

Fuente: (sela, 17 al 19 de octubre de 2012, pp. 38 y 48. Por la parte de las inversiones intra Mercosur, tampoco fue un año de movimientos significativos; por el contrario, en la región latinoamericana en general se produjo una caída de los flujos totales hacia el exterior, lo cual no debe interpretarse como paralización del proceso de internacionalización de las empresas latinoamericanas, sino que este ha mostrado otra arista. En el caso de las empresas brasileñas, por ejemplo, han dado mayor importancia a las inversiones en el mercado interno, así en el país se han desarrollado adquisiciones de activos de empresas extranjeras, especialmente europeas. La adquisición más relevante en el bloque se produjo en el sector financiero, con la adquisición del Banco de la Patagonia por parte del Banco do Brasil. La utilización de monedas locales constituye un instrumento de impulso de las relaciones intrarregionales. Así, la aplicación de este instrumento en el comercio argentino-brasileño se expandió en relación con el año 2010 en términos del número de operaciones y del monto de las exportaciones de Brasil a Argentina, mientras las importaciones crecieron en la cantidad de operaciones realizadas, pero no así su monto. En 2011 se mantuvo la marcada diferencia en el número de operaciones de exportaciones e importaciones brasileñas, tendencia observada desde el comienzo de la aplicación de este instrumento de financiamiento del comercio en el año 2008.

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Mercosur 2011:sin avances significativos ni retrocesos apreciables

Tabla 3 Brasil: Exportaciones e Importaciones a través del sml con Argentina

Mes/2011 Enero Febrero

Exportaciones Importaciones No. Operaciones Valor en R$ No. Operaciones Monto en R $ 381 117.880.706,87 4 648.033,13 322 137.816.979,78 1 25.603,11

Marzo

329

119.783.948,09

5

650.072,24

Abril

399

116.782.724,59

2

357.151,76

Mayo

465

150.228.712,17

3

1.516.804,93

Junio

397

151.589.937,33

1

188.290,12

Julio

420

119.831.358,20

3

582.921,31

Agosto

443

148.495.650,48

4

248.985,62

Septiembre

496

154.304.633,40

4

241.231,95

Octubre Noviembre

435 424

124.968.922,43 121.543.850,94

5 5

651.039,19 479.735,61

Diciembre

462

177.722.569,31

13

3.147.026,72

Total 2011 Total 2010

4973 3410

1.640.949.993,59 1.263.095.927,87

50 41

8.736.895,69 9.082.715,05

Fuente: (Brasil, n.d.). Argentina y Brasil clasifican entre los diez primeros países del mundo por la aplicación de medidas proteccionistas. Argentina viene desarrollando una política de restricción a las importaciones especialmente dirigida hacia aquellos países con los cuales tiene déficit comercial, y una de las medidas generalizadas ha sido el empleo de licencias no automáticas de importación (bid-intal, diciembre de 2012). En el caso de Brasil, las medidas estuvieron dirigidas a fortalecer el desempeño de la industria nacional a través de la ampliación del financiamiento público y la creación de incentivos fiscales como exoneración de las exportaciones y mecanismos de reintegros; en este sentido, merece ser destacada una medida de apoyo al productor nacional: la exención de impuestos a los productos industrializados. Las medidas brasileñas están dirigidas a apoyar la recuperación de la industria y contener el proceso de primarización de las exportaciones (bid-intal, diciembre de 2012). En una situación marcada por la crisis, el desarrollo de políticas de protección del mercado interno, especialmente de las fuentes de empleo y el desarrollo de políticas industriales, se produjeron diferendos comer51

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ciales. Los diferendos más relevantes entre Argentina y Brasil se dieron en el sector automotor, en el textil, calzado, línea blanca, etc. (bid-intal, diciembre de 2011). Una buena parte de estas medidas estuvieron asociadas a la reacción argentina ante el déficit comercial. Por su parte, en lácteos, las medidas proteccionistas de Brasil (cuotas y restricciones voluntarias de las exportaciones) han afectado las exportaciones argentinas y uruguayas (bid-intal, diciembre de 2011). En el caso de Paraguay, este país, alegando argumentos relacionados con la protección del medioambiente, restringió las importaciones de determinados detergentes en polvo, lo que ha afectado las exportaciones argentinas, país que reclama contra la medida por inconsistente (bid-intal, diciembre de 2011). 3. China, un socio importante La importancia de China como socio comercial del bloque tiende a crecer, como ilustra la siguiente tabla: Tabla 4 Posición de China en el comercio de los países del Mercosur Exportaciones Mercosur a China Argentina Brasil Paraguay Uruguay 2000 6 12 15 4 2011 2 1 23* 2

Importaciones de Mercosur desde China Argentina Brasil Paraguay Uruguay 4 11 3 7 2 2 1 3

*Según la fuente, este comportamiento puede estar dado por el hecho de que las exportaciones paraguayas hacia China salen a través de otros países del Mercosur, ya que estimaciones alternativas ubican a China como segundo destino de las exportaciones paraguayas.

Fuente: (bid-intal, diciembre de 2012, p. 35).

Continúa siendo una preocupación la estructura del comercio de los países del Mercosur con China, por el peso que en él tienen los productos primarios; a las preocupaciones anteriores se agregan las derivadas de previsiones que anuncian una ralentización de la economía china hacia fines de la década.

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4. Agenda interna En los últimos años se observa importantes avances en la agenda interna del Mercosur, a pesar de que existe una percepción de crisis en el bloque. Entre las medidas que podrían contribuir a dar consistencia a la cohesión social del bloque están las relacionadas con la atención a las brechas sociales; precisamente en ese sentido está formulado el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur. Los ejes son los siguientes: erradicar el hambre, la pobreza y combatir las desigualdades sociales; garantizar los derechos humanos, la asistencia humanitaria y las igualdades étnica, racial y de género; universalizar la salud pública; universalizar la educación y erradicar el analfabetismo; valorizar y promover la diversidad cultural; garantizar la inclusión productiva; asegurar el acceso al trabajo decente y a los derechos de previsión social; promover la sustentabilidad ambiental; asegurar el diálogo social, y establecer mecanismos de cooperación regional para la implementación y el financiamiento de políticas sociales (cmc, 2011a). Cada uno de estos ejes deriva en directrices, y estas a su vez en objetivos prioritarios que cubren una amplísima gama de temas que van desde la redistribución del ingreso hasta la participación. Lógicamente, el logro de estas metas es sumamente complejo, y si bien la voluntad política para conseguirlas es importante, no puede desconocerse que alcanzar los objetivos priorizados planteados requerirá no solo el financiamiento, sino también un cambio cultural. Realmente, el alcance de estos objetivos formaría parte de un programa de transformación social que no parece viable que sean alcanzados bajo las actuales estructuras económicas de los países miembros. En 2007 fue creado el Instituto Social del Mercosur, en 2011 el Consejo del Mercado Común (cmc) definió cómo se estructuraría el presupuesto para su funcionamiento por parte de los estados miembros, quienes canalizarían ese presupuesto a través de los ministerios de desarrollo social u otras entidades encargadas de estos temas. La distribución acordada es la siguiente: Argentina: 24%, Brasil: 39%, Paraguay: 24% y Uruguay: 13% (cmc, 2011) El tema de las asimetrías continúa en el centro de las decisiones del órgano máximo del Mercosur; se creó un grupo de trabajo para la superación de las asimetrías como parte de la instrumentación del programa de consolidación de la unión aduanera, con el cual se plantea abrir un espacio de formulación estratégica del Mercosur para la superación de 53

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las asimetrías, con la participación del ámbito académico y gubernamental (cmc, 2011b). El énfasis del mencionado grupo estará en el fortalecimiento de los mecanismos vigentes para la superación de las asimetrías, la evaluación de la situación en que se encuentran las iniciativas planteadas por los países miembros desde el 2003 y la elaboración y presentación de iniciativas en materia de asimetrías y mediterraneidad, así como el apoyo a iniciativas de los países del bloque (cmc, 2011b). Teniendo en cuenta de que en enero de 2012 debe entrar en vigor la primera etapa de la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común y distribución de la renta aduanera, se creó un grupo ad hoc de alto nivel para la reglamentación de este proceso, el cual deberá entregar sus propuestas en diciembre de 2011 (cmc, 2011c). También se estableció un grupo ad hoc para la elaboración del Código Aduanero del Mercosur, cuyo proyecto de reglamento se debe someter a la consideración del cmc en la última reunión del 2013 del Grupo Mercado Común (cmc, 2011e). En la última reunión del año 2011, el cmc, atendiendo al deterioro de las condiciones económicas internacionales, acordó la adopción de una medida que permite la elevación del Arancel Externo Común aplicado a los bienes extrazona, para un máximo de cien posiciones arancelarias; esta flexibilización se establece por un período de doce meses, prorrogables por un tiempo igual si persisten las condiciones que dieron lugar a su aplicación y no existe oposición por parte del resto de los miembros del bloque (cmc, 2011h). Para cerrar este punto es importante destacar que el cmc, mediante la Decisión 38, decidió aceptar la disposición del gobierno de Ecuador a iniciar los trabajos que permitan su plena incorporación como miembro del bloque. A tal efecto se constituyó un grupo de trabajo ad hoc para definir los términos en los cuales se hará ese proceso: los resultados se deberán presentar al cabo de 180 días (prorrogables por igual tiempo) al cmc (cmc, 2011g). 5. Negociaciones con terceros Al igual que en el año 2010, el ritmo de las negociaciones externas del Mercosur estuvo marcado por los efectos de la crisis internacional y la tendencia a proteger los mercados internos que se produce en esa fase del ciclo.

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Mercosur 2011:sin avances significativos ni retrocesos apreciables

Como fue plasmado en la edición anterior del Anuario, la temática del relacionamiento externo fue identificada como parte componente del Programa de Consolidación de la Unión Aduanera, y en función de ello se creó el Grupo de Relacionamiento Externo del Mercosur (grelex), órgano auxiliar del Grupo Mercado Común (gmc), que tendrá entre sus funciones las siguientes: asesorar al gmc en las negociaciones externas del Mercosur en materias económico-comerciales, dar seguimiento a los acuerdos económico-comerciales suscritos, coordinar y dar seguimiento a las negociaciones en el proceso de adhesión de otros países al bloque, elaborar y actualizar los textos base de las distintas disciplinas incluidas en los acuerdos económico-comerciales con terceros países y grupo de países, y preparar y actualizar las presentaciones Mercosur a ser empleadas en diálogo con terceros países y grupos de países en el ámbito de sus competencias (cmc, 2011d). El tratamiento de las negociaciones externas como un componente de la consolidación de la unión aduanera y la creación del grelex dan cuenta de una intencionalidad dirigida a elevar la institucionalidad del bloque a través de una concepción integral de carácter regional de las negociaciones con terceros. Negociaciones Mercosur-ue: La negociación pendiente más relevante del Mercosur es con la Unión Europea; sin embargo, parece que esa negociación ha alcanzado un punto límite, en el cual, si no se avanza en temas concretos del acceso a los mercados de bienes, servicios, inversiones y compras gubernamentales, va a ser muy difícil concluir los puntos candentes en el aspecto normativo. Los puntos controversiales se dan en el ámbito normativo y tienen que ver con: restricciones a las exportaciones (bid-intal, diciembre de 2012), aspecto en el que la Unión Europea insiste actualmente en todas las negociaciones internacionales, como vía para lograr un acceso irrestricto a determinados mercados, frente a la práctica de algunas economías emergentes de poner cuotas a las exportaciones de determinados productos estratégicos; en el tema de las medidas de apoyo interno a los productores agrícolas, el Mercosur plantea avanzar en las negociaciones birregionales más allá de lo aceptado en la omc, pero el bloque europeo se opone; Mercosur exige la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio entre las dos regiones, mientras la ue acepta esta exigencia solo para aquellos productos que ya tienen tarifa cero, lo que no es tolerable para el Mercosur; en la tarifa base, el bloque del sur plantea que aquellos productos cubiertos por el sgp europeo transiten 55

Lourdes María Regueiro Bello

hacia una tarifa preferencial, por su parte, la ue defiende el uso de la tarifa de nmf para todos los productos; en materia de reglas de origen se ha avanzado, pero se mantienen diferencias importantes para su definición en el sector textil, el automotor y en la pesca; en defensa comercial las diferencias mayores están en las salvaguardas bilaterales; en compras gubernamentales han existido muy pocos avances desde el inicio de las negociaciones, la propuesta europea sobre este particular es abarcadora, pero el Mercosur no ha terminado la renegociación del protocolo en esa materia, además en los países del bloque suramericano se ha convertido en práctica habitual utilizar las compras gubernamentales como instrumento de política industrial, por lo cual no se deben producir cambios en esa área; en relación con las normas y regulaciones técnicas, la Unión Europea quiere hacer extensiva su normativa al Mercosur y este no lo acepta; para las normas sanitarias y fitosanitarias, la ue quisiera un acuerdo entre los dos bloques y no bilaterales con cada uno de los miembros del Mercosur, quien no puede negociarlo como bloque, pues no existen normas armonizadas al respecto; en servicios e inversiones las controversias se concentran en la exigencia europea del acceso a los servicios de transporte de cabotaje e hidrovías, lo cual es inaceptable para el Mercosur; uno de los temas donde ocurren más divergencias es el de propiedad intelectual, cuyo foco son los derechos de autor y las indicaciones geográficas (bid-intal, diciembre de 2012). Ciertamente, 2011 no era un año favorable para involucrarse en las negociaciones, por ser año electoral en Argentina. No obstante, existen tres elementos que apuntan al interés del Mercosur de hacer avanzar el acuerdo birregional. El primero es el hecho de que en 2014 expiran las preferencias del sgp europeo, lo que implicaría la pérdida del acceso preferencial para productos manufacturados. El segundo viene dado por el positivo desempeño de las economías del Mercosur en relación con otros países y regiones del mundo, lo que los hace atractivos para los empresarios europeos y a la vez es una coyuntura propicia para defender los intereses del bloque. Y el tercero está referido al interés de los dos socios menores de avanzar en negociaciones con países desarrollados (bid-intal, diciembre de 2012). En resumen, en el contexto de la crisis, Europa parece menos inclinada a considerar concesiones que satisfagan las demandas del Mercosur, y por parte de este existe un escenario peculiar en el cual los países con mayor peso en el bloque están implementando políticas industriales, en las que la liberalización de los bienes industriales en general podría re56

Mercosur 2011:sin avances significativos ni retrocesos apreciables

sultar contraproducente con los objetivos de política interna, a lo que se suma la apreciación cambiaria de las monedas del bloque, que favorecería las importaciones europeas de estos bienes. Por tanto, más allá de las declaraciones políticas al respecto, la marcha de estas negociaciones no se definirá al menos hasta que no se adviertan síntomas de recuperación de la economía global. Mercosur-Estado de Palestina: fue aprobado el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de Palestina en su versión en inglés (cmc, 2011f). Mercosur-Israel: este acuerdo debía ser ratificado por los países miembros del Mercosur de forma bilateral, con su ratificación por parte de Argentina en marzo de 2011, todos los miembros cumplieron esta formalidad (bid-intal, diciembre de 2011). Mercosur-Canadá: durante el año 2011 se iniciaron las conversaciones sobre la conveniencia de iniciar las negociaciones para la creación de un área de libre comercio. La aceptabilidad de un acuerdo de este tipo pasaría por la comprensión canadiense de las limitaciones del Mercosur para involucrarse en un acuerdo tipo tlcan (nafta) en temas como el de las compras gubernamentales, la negociación a través de listas negativas en áreas como compras gubernamentales, liberalización de servicios e inversiones, compromisos en materia de propiedad intelectual que trasciendan los asumidos en la omc, así como la inclusión de disciplinas tales como normas laborales, medioambientales y comercio electrónico (bidintal, diciembre de 2012). Si bien los canadienses mostraron flexibilidad para adecuarse a los requerimientos del Mercosur no existe decisión de lanzar las negociaciones (bid-intal, diciembre de 2012). Es importante resaltar que el acuerdo con Canadá podría representar un importante atractivo para el bloque suramericano, por el nivel adquisitivo de la población de ese país y por el hecho de que los actuales niveles de comercio son muy bajos, lo que abre la posibilidad de ampliar las exportaciones al país del norte. Sin embargo, en cualquier negociación no debe olvidarse que Canadá es uno de los principales inversionistas en los proyectos de minería a cielo abierto que se desarrollan en Suramérica, y por ese motivo recibe la crítica de los movimientos medioambientalistas y otros movimientos sociales. En este sentido es relevante subrayar que entre las principales exportaciones del Mercosur a Canadá se encuentran las piedras preciosas, los metales, los combustibles minerales y el petróleo (bid-intal, diciembre de 2011).

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Lourdes María Regueiro Bello

Como puede apreciarse, en 2011 no se registra el activismo internacional que ha caracterizado al bloque en otros tiempos, lo que es un reflejo, como se planteó anteriormente, del deterioro del contexto internacional. Conclusiones Si bien la culminación de las negociaciones con la ue no se visualiza como algo posible en el plazo más inmediato, no puede desconocerse la presión que podría significar sobre este proceso la expiración de las preferencias del sgp europeas; por tal razón no se deben subestimar las probabilidades de que las posiciones del Mercosur se aflojen en algunos puntos, lo cual dependerá de las proyecciones del sector privado, especialmente brasileño, sobre el tema. A lo largo de su existencia el Mercosur ha dado cuenta de su capacidad para enfrentar las divergencias externas, rearticular consensos actuando en el ámbito bilateral, armonizar posiciones sobre determinados temas de la agenda global y regional. Sin embargo, en su momento fue más lento para incorporar el tema de las asimetrías, lo cual ha sido un factor de permanente insatisfacción por parte de los socios menores del bloque. Entre las demandas que con mayor persistencia han mantenido Uruguay y Paraguay han estado las relativas a negociar acuerdos con los países desarrollados, en tanto sus economías son más abiertas y requieren consolidar las preferencias de acceso a dichos países, aunque ellos no sean sus mayores socios comerciales. En el presente, la Alianza del Pacífico, que funcionará bajo las reglas del tlcan, es una propuesta que tiene “encanto” para determinados sectores empresariales y académicos, y dentro del Mercosur los países pequeños son proclives a sucumbir a su atractivo. Si esto sucediera, el eje de integración liderado por Brasil se vería desafiado dentro del propio Mercosur, ya que las exigencias de la pertenencia a la Alianza erosionarían los compromisos del arancel externo común en un momento en el cual el eje de la política interna del Mercosur es la consolidación de la Unión Aduanera. Durante el 2011 se reforzaron las señales que dan cuenta de la tendencia de que la convergencia con unasur ocurra a través de la ampliación del Mercosur, lo que reafirma a este bloque como la plataforma geopolítica brasileña para el ejercicio de su liderazgo suramericano.

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Mercosur 2011:sin avances significativos ni retrocesos apreciables

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Lourdes María Regueiro Bello

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La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

Carlos Otto Vázquez Para los países de la Comunidad Andina 2011 implicó un año de consolidación del proceso de recuperación económica y de fortalecimiento en el ámbito institucional en materia de integración regional, luego del complejo y turbulento escenario internacional derivado de la crisis económica y financiera global de 2009. En 2011, los países andinos mostraron un comportamiento favorable en materia económica que se expresó en el incremento del producto interno bruto y en la elevación importante de las exportaciones, lo cual se complementó con un aumento sustancial en los flujos de inversión extranjera directa ingresados en la región y con un alza en los montos de remesas recibidas, además de que todos los países de la Comunidad cumplieron con las metas de convergencia macroeconómica en materia de inflación, deuda pública y déficit fiscal. El buen desempeño económico y comercial se acompañó de un avance en el proceso de consolidación institucional; 2011 fue declarado como el Año Andino de la Integración Social, en correspondencia con lo cual se aprobaron los Objetivos Andinos de Desarrollo Social, así como la Estrategia Andina de Desarrollo Social, al tiempo que se adoptaron medidas para identificar y dar seguimiento a un conjunto de indicadores socioeconómicos y de vulnerabilidad financiera, con el propósito de avanzar en el proceso de convergencia gradual de políticas macroeconómicas a escala comunitario y de prevenir potenciales situaciones de riesgo en materia económica y financiera en los países de la región.

61

Carlos Otto Vázquez

Teniendo en consideración los elementos señalados, hemos dividido en dos grandes apartados el presente balance de lo sucedido con la Comunidad Andina en el año 2011: en el primero de ellos se presenta la evolución de los principales indicadores que dan cuenta del comportamiento económico y comercial de los países de la can en dicho periodo, mientras que en el segundo apartado se da cuenta de otros aspectos relevantes del funcionamiento de la Comunidad Andina presentes en 2011, tanto en el ámbito interno como en el de sus relaciones con el exterior. 1. La evolución económica y comercial de los países de la can en 2011 Como parte del desempeño económico de los países de la Comunidad Andina en 2011, es importante señalar el favorable comportamiento que tuvo el producto interno bruto en la región, el cual creció al 6.4% en dicho año. Como se puede apreciar en el cuadro 1, este incremento fue posible debido al crecimiento generalizado que presentó el pib en todos los países de la Comunidad: 5.2% en Bolivia, 5.9% en Colombia, 8.1% en Ecuador y 7.0% en Perú. Ese comportamiento vino a consolidar el avance que se había dado en 2010 en la región, cuando el pib de la Comunidad creció en el 5.5% y evidenció el buen desempeño que han mostrado las economías del área, ya que el pib andino ha alcanzado niveles de crecimiento superiores al 5% en cinco de los seis últimos años, con excepción del2009, en que se hicieron presentes los efectos más nocivos y adversos de la crisis económica y financiera internacional. Cuadro 1 Comunidad Andina Comportamiento del producto interno bruto (Tasa de crecimiento anual) País/Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bolivia Colombia Ecuador Perú

4.8 6.7 4.8 7.7

4.6 6.9 2.0 8.9

6.1 3.5 7.2 9.8

3.4 1.5 0.4 0.9

4.1 4.3 3.6 8.7

5.2 5.9 8.1 7.0

Comunidad Andina

6.5

6.7

5.9

1.5

5.5

6.4

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina (sgcan), Cuentas nacionales, Resolución 1052.

62

La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

Para tener un panorama más claro de la evolución de los niveles de actividad económica de los países de la can, resulta interesante comparar el comportamiento del pib andino con el de otros países y regiones. En tal sentido, en el cuadro 2 se puede ver que el crecimiento del producto comunitario en 2011 fue superior al incremento del producto mundial, al pib de las economías avanzadas, al pib estadounidense, al producto de la Zona Euro —y dentro de dicha zona al de los países de mayor peso relativo: Alemania, Francia, España e Italia—, así como también fue claramente superior al de países como Japón, Reino Unido y Canadá. Cuadro 2 Comunidad Andina Comportamiento del producto interno bruto frente a otros países y regiones (Tasa de crecimiento anual) Región/Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Comunidad Andina

6.5

6.7

5.9

1.5

5.5

6.4

Producto mundial

5.3

5.4

2.8

-0.6

5.1

3.8

Economías avanzadas

3.0

2.8

0.1

-3.5

3.0

1.6

Estados Unidos

2.7

1.9

-0.3

-3.1

2.4

1.8

Zona Euro

3.2

3.0

0.4

-4.4

2.0

1.4

-Alemania

3.9

3.4

0.8

-5.1

4.0

3.1

-España

4.1

3.5

0.9

-3.7

-0.3

0.4

-Francia

2.5

2.3

-0.1

-3.1

1.7

1.7

-Italia

2.2

1.7

-1.2

-5.5

1.8

0.4

Japón

1.7

2.2

-1.0

-5.5

4.5

-0.8

Reino Unido

2.6

3.6

-1.0

-4.0

1.8

0.8

Canadá

2.8

2.2

0.7

-2.8

3.2

2.4

Fuente: (fmi, octubre 2012).

En el mismo cuadro su puede observar también que el pib andino ha crecido en los últimos seis años a ritmos superiores a los de los países y regiones señalados, y que incluso para 2009, en el epicentro de la crisis económica y financiera global, la Comunidad Andina alcanzó a presentar un crecimiento moderado de su producto, en un contexto internacional en el cual todos los países y regiones que estamos considerando tuvieron un comportamiento negativo en la evolución de su pib, lo cual se acom63

Carlos Otto Vázquez

pañó de problemas de distinto orden e intensidad, particularmente en los países de la Zona Euro y en los Estados Unidos. El buen desempeño económico de los países de la can se produjo a la par de un incremento en el índice de precios al consumidor, el cual, como se puede ver en el cuadro 3, alcanzó el 4.6% para la región andina, debido al incremento en la inflación del 6.9% en Bolivia, del 3.7% en Colombia, del 5.4% en Ecuador y del 4.7% en Perú. Si bien en niveles todavía manejables y dentro de rangos considerados aceptables en las metas de convergencia macroeconómica de los países andinos, la inflación en el área tendió a incrementarse por segundo año consecutivo, lo que evidencia tanto las dificultades existentes en lo interno en materia de control de precios, como también los esfuerzos adicionales que es necesario implementar, en un escenario externo de volatilidad financiera y de precios elevados de los alimentos, que empuja a un alza en los niveles de crecimiento de la inflación. Cuadro 3 Comunidad Andina. Índice de precios al consumidor (Tasa de variación respecto del año anterior) País/Año can

Bolivia Colombia Ecuador Perú

2006 3.3 4.9 4.5 2.9 1.2

2007 5.8 11.7 5.7 3.3 4.9

2008 8.2 11.8 7.7 8.8 7.3

2009 1.6 0.3 2.0 4.3 0.1

2010 3.3 7.2 3.2 3.3 2.1

2011 4.6 6.9 3.7 5.4 4.7

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Índice de precios al consumidor armonizado, Decisión 646.

El crecimiento del producto en los países andinos se produjo a la par de un importante incremento de las exportaciones, las cuales alcanzaron un máximo histórico. En el cuadro 4 se puede ver que, mientras en 2010 las exportaciones andinas se situaron en 98,000 millones de dólares, para 2011 dichas exportaciones superaron los 131,626 millones de dólares, lo que representó un aumento superior al 34%. El incremento en los niveles exportados tuvo un carácter generalizado, y fue Colombia el miembro de la can cuyas exportaciones aumentaron en un mayor porcentaje, con el 42%, seguido de Bolivia, con un alza superior al 30%, así como de Ecuador y Perú, que presentaron incrementos en sus exportaciones que oscilaron en alrededor del 29% respecto del año inmediato anterior. 64

La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

Cuadro 4 Exportaciones de los miembros de la Comunidad Andina (millones de dólares) País/Año

2006

2007

2008

2009

2010

can

64,478 4,198 24,387 12,663 23,231

76,802 4,814 29,898 14,234 27,857

93,654 6,688 37,626 18,432 30,907

77,680 5,249 32,784 13,539 26,109

98,003 131,626 6,714 8,779 39,552 56,174 17,251 22,292 34,486 44.381

Bolivia Colombia Ecuador Perú

2011

Incremento 2011/2010 34.3% 30.8% 42.0% 29.2% 28.7%

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Comercio exterior de bienes (sicext), Decisión 511.

El aumento de las exportaciones totales de los países de la Comunidad durante 2011 se vio estimulado por el alza en las exportaciones intracomunitarias, las cuales alcanzaron también un máximo histórico y se situaron en 9,187 millones de dólares, lo que representó una elevación de 17.6% respecto del año 2010. Como se puede observar en el cuadro 5, en el incremento del comercio intracomunitario sobresalió el caso de Ecuador, ya que sus exportaciones a los demás países del área crecieron en un porcentaje superior al 30%, mientras que para el caso de Bolivia, Colombia y Perú, las exportaciones intraandinas aumentaron en niveles que oscilaron entre un 10% y un 15%, respecto del nivel que dichas exportaciones tuvieron el año anterior. Cuadro 5 Comunidad Andina. Exportaciones intracomunitarias (en millones de dólares) Países/Año can

Bolivia Colombia Ecuador Perú

2006 5,150 411 1,987 1,748 1,003

2007 5,998 395 2,148 2,243 1,214

2008 7,004 479 2,456 2,491 1,579

2009 5,774 535 2,116 1,586 1,538

2010 7,810 636 3,063 2,127 1,984

2011 2011/2010 (%) 9,187 17.6% 714 12.3% 3,428 11.9% 2,770 30.2% 2,275 14.7%

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Comercio exterior de bienes, Decisión 511.

65

Carlos Otto Vázquez

El menor ritmo de crecimiento de las exportaciones intracomunitarias, respecto del porcentaje de aumento de las exportaciones totales, propició que el comercio intraandino presentara uno de sus niveles más bajos de los últimos años, al representar solamente el 7.0% del comercio total. En el cuadro 6 se hace patente el bajo nivel de las exportaciones intracomunitarias respecto de las exportaciones totales, de donde se infiere la menor importancia relativa que ha venido teniendo el comercio intraesquema para empujar el mantenimiento de los niveles de actividad económica en los países de la región. Cuadro 6 Comunidad Andina Exportaciones intracomunitarias como porcentaje de las exportaciones totales (en millones de dólares y en porcentajes)

Exportaciones totales Intracomunitarias Porcentaje del total

2006 64,478 5,150 8.0%

2007 76,802 5,999 7.8%

2008 93,654 7,005 7.5%

2009 77,680 5,774 7.4%

2010 98,003 7,810 8.0%

2011 131,626 9,187 7.0%

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Comercio exterior de bienes, Decisión 511.

La disminución del comercio intracomunitario como parte de las exportaciones totales no fue generalizada entre los países de la can, pues, como se puede observar en el cuadro 7, la proporción que representaron las exportaciones de Ecuador al resto de los países de la Comunidad como parte de sus exportaciones totales se incrementó ligeramente, al pasar del 12.3% al 12.4%. Para el caso de Bolivia, las exportaciones intraesquema pasaron de representar el 9.5% a representar el 8.1% de las exportaciones totales. En lo que respecta a Colombia, el comercio intraandino cayó del 7.7% al 6.1%. En lo que se refiere a Perú, país que de forma permanente ha mostrado los niveles más bajos de comercio intracomunitario, este representó solo poco más del 5% de sus exportaciones totales.

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La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

Cuadro 7 Comunidad Andina Participación de las exportaciones intracomunitarias en las exportaciones totales por países (en porcentajes) Países/Año can

Bolivia Colombia Ecuador Perú

2006 8.0 9.8 8.1 13.8 4.3

2007 7.8 8.2 7.2 15.8 4.4

2008 7.5 7.2 6.5 13.5 5.1

2009 7.4 10.2 6.5 11.7 5.9

2010 8.0 9.5 7.7 12.3 5.8

2011 7.0 8.1 6.1 12.4 5.1

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Comercio exterior de bienes, Decisión 511.

En lo que respecta al destino de las exportaciones, así como al origen de las importaciones de la Comunidad Andina, en el cuadro 8 se puede ver que Estados Unidos sigue siendo el principal país de origen y destino del comercio de la can, pues concentra en 2011 el 28.7% y el 21.5% de las exportaciones e importaciones totales de la Comunidad. Para el caso específico de las exportaciones, el segundo mercado de importancia lo conforma la Unión Europea, con más del 15%, seguido de China, la Comunidad Andina y el Mercosur. En lo que corresponde a las importaciones, en el cuadro se puede ver el mayor peso que ha venido adquiriendo China en el acceso al territorio andino, desplazando incluso a la Unión Europea como segundo proveedor; las importaciones provenientes del país asiático han pasado a representar casi el doble de las importaciones realizadas en el nivel intra can. En tercer lugar como lugar de origen de los bienes y servicios consumidos en el espacio andino se ubica la Unión Europea, seguida del Mercosur y de la misma can. Además del incremento en el producto interno bruto y del crecimiento de las exportaciones, en 2011 se produjo una importante elevación en el flujo de inversión extranjera directa en la región andina, la cual superó los 22,000 millones de dólares, y representó un aumento de más del 50% respecto del año anterior. Dicho monto, como se puede ver en el cuadro 9, permitió consolidar la tendencia ascendente en el flujo de ied que se presentó en 2010, después de la fuerte caída en este indicador en 2009 a consecuencia de la crisis económica global. 67

Carlos Otto Vázquez

Cuadro 8 Comunidad Andina Año 2011 Principales mercados de destino/origen País Estados Unidos Unión Europea China Comunidad Andina Mercosur Suiza Chile Canadá Venezuela Japón Panamá Rep. de Corea Resto Total exportado

Exportaciones fob 37,770 20,040 9,294 9,187 7,462 7,189 5,130 4.875 4,335 3,541 3,360 2,371 17,072 131,626

% del total Importaciones cif % del total 28.7 27,148 21,5 15.2 15,332 12.1 7.1 18,782 14,9 7.0 9,999 7,9 5.6 13,568 10,7 5.5 778 0.6 3.9 3,184 2.5 3.7 1,934 1.5 3.3 2,249 1.8 2.7 4,237 3.4 2.6 1,995 1.6 1.8 3,771 3.0 13.0 23,258 18.4 100.0 126,235 100.0

Fuente: Secretaría General de la Comunidad andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior, Decisión 511.

Cuadro 9 Comunidad Andina Flujo de inversión extranjera directa (en millones de dólares)

can

Bolivia Colombia Ecuador Perú

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010 % del total 10,975 15,688 19,809 12,959 14,985 22,494 50.1% 100.0% 582 953 1,302 687 915 1,033 12.9% 4.6% 6,656 9,049 10,583 7,201 6,760 13,234 95.8% 58.8% 271 195 1,001 312 164 568 246.3% 2.5% 3,467 5,491 6,924 4,760 7,147 7,659 7.2% 34.0%

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre la base de información oficial de los bancos centrales de los países miembros.

Como se puede apreciar en el cuadro, el aumento en la inversión extranjera directa se produjo de manera generalizada. El mayor aumento proporcional se dio en Ecuador, con una elevación de la ied superior en 68

La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

casi el 250% respecto de lo ingresado el año anterior, seguido de Colombia, donde la inversión casi se duplicó en relación con los montos ingresados en 2010, en tanto que en Bolivia y Perú los incrementos fueron relativamente menores. En el mismo cuadro también se puede ver que Colombia y Perú son los países de la Comunidad Andina que continúan concentrando la mayor parte de la inversión extranjera directa que llega a la región, tendencia que ha persistido a lo largo de los últimos años y que puede continuar en los próximos, si se tienen presente los tratados comerciales suscritos por estos dos países con Estados Unidos. Otro rubro en el que también se produjo una recuperación lo constituyó el ingreso de remesas recibidas por los países andinos, pues se logró revertir la tendencia a la baja que se había presentado en los dos años previos, para alcanzar un monto superior a los 10,500 millones de dólares, lo que representó un incremento del 5.3% en relación con el año anterior. Como se puede ver en el cuadro 10, el aumento en las remesas ingresadas tuvo un carácter generalizado, de forma que en todos los países de la can estas tendieron a crecer, si bien a ritmos moderados, que fluctuaron entre el 3.6%, para el caso de Colombia, y el 7.8% para el de Bolivia. Cuadro 10 Remesas recibidas por los países de la Comunidad Andina (millones de dólares) País/Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

can

9,224 569 3,890 2,928 1,837

10,733 1,020 4,493 3,088 2,131

11,198 1,097 4,842 2,822 2,437

10,242 1,023 4,145 2,736 2,339

10,019 939 4,023 2,523 2,534

10,549 1,012 4,168 2,672 2,697

Bolivia Colombia Ecuador Perú

Variación 2011/2010 5.3% 7.8% 3.6% 5.9% 6.4%

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, basado en información oficial de los bancos centrales de los países miembros.

Del cuadro presentado se desprende la importancia que las remesas recibidas tienen para Bolivia y Ecuador, las economías de menor desarrollo relativo dentro de la can, ya que las remesas llegaron a representar en 2011 un monto cinco veces superior al de los flujos de inversión extranjera directa que ingresaron en ese año en Ecuador, en tanto que para Bolivia los montos de las remesas fueron equivalentes al de los flujos de 69

Carlos Otto Vázquez

que llegaron en el año a ese país. Para las economías de Colombia y Perú, si bien el ingreso de remesas es importante por el impacto que tienen en las familias de menores ingresos, el monto de dichas remesas significó solamente alrededor de una tercera parte de los flujos de ied que llegaron a dichas economías, por lo que su peso relativo en las cuentas nacionales de ambos países fue menor. ied

2. Otros aspectos relevantes del funcionamiento de la Comunidad Andina en 2011 Además de lo sucedido en materia económica y comercial en los países de la can, durante 2011 se produjeron acciones e iniciativas políticas relevantes, tanto en la dinámica interna de funcionamiento de la estructura institucional comunitaria, como en lo referido a las relaciones de los países de la Comunidad con el exterior, lo cual se presenta en este segundo apartado. Por lo que hace a la dinámica interna de funcionamiento de la Comunidad, uno de los aspectos más importantes lo constituyó la realización en Lima, el 28 de julio de 2011, del Décimo Octavo Consejo Presidencial Andino, máximo órgano del Sistema Andino de Integración, encargado de la dirección y las decisiones políticas dentro de la can, y al que asistieron los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, Colombia, Juan Manuel Santos, Ecuador, Rafael Correa, y Perú, Ollanta Humala. La reunión de Lima envió un mensaje de disminución de los diferendos entre los países andinos, después de más de cuatro años sin que se efectuara un Consejo Presidencial, debido a frecuentes tensiones, conflictos, roces y desencuentros que habían marcado la relación entre los países de la Comunidad Andina en los años previos. La existencia de posturas divergentes, y en muchos casos encontradas, en temas centrales como el referido a los rumbos y contenidos de la integración subregional, se había manifestado de manera particular entre Colombia y Perú, por un lado, y Bolivia y Ecuador, por el otro, los primeros en busca de un mayor acercamiento económico, comercial, político e incluso militar con Estados Unidos —y que suscribieron en consecuencia tratados de libre comercio con dicho país—, y los segundos tomando clara distancia tanto de las posturas políticas fijadas por Estados Unidos en sus relaciones con América Latina y el Caribe, como del contenido neoliberal inmerso en los tratados promovidos por la potencia del norte. 70

La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

En la Declaración de Lima (Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Andina, Declaración presidencial de Lima, 28 de julio de 2011), emanada del xviii Consejo Presidencial, los mandatarios expresaron su compromiso de: fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración, convencidos de sus importantes aportes a la integración latinoamericana, así como nuestra coincidencia en la necesidad de emprender un proceso de revisión de la estructura institucional y funcionamiento del Sistema Andino de Integración.

Además de ello, los presidentes reafirmaron su interés en avanzar en el proceso de convergencia y diálogo con los diferentes mecanismos regionales y subregionales de integración, y en especial con Mercosur, unasur y la aladi; destacaron el esfuerzo hecho por Bolivia para impulsar la “Nueva Agenda Estratégica Andina” durante el periodo en que desempeñó la presidencia pro tempore de la can, y saludaron el traspaso de la presidencia pro tempore de Bolivia a la República de Colombia, la que ejercerá dicha función durante la segunda mitad de 2011 y la primera mitad de 2012. A pesar de las buenas intenciones, poco tiempo después de realizado el Décimo Octavo Consejo Presidencial, el 8 de noviembre de 2011, a solicitud de Ecuador, se efectuó una Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, con el fin de dar solución a la demanda ecuatoriana de permitir el libre flujo del transporte en el territorio andino. En la Cumbre, llevada a cabo en Bogotá, los presidentes de los cuatro países hicieron un llamado para “dar cumplimiento irrestricto a la normativa comunitaria, particularmente a las disposiciones relativas al libre tránsito de transporte terrestre”. Junto a lo anterior, los mandatarios expresaron en la Declaración de Bogotá (Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Andina, 8 de noviembre de 2011) su decisión de llevar a cabo la reingeniería del Sistema Andino de Integración, solicitaron al Secretario General de la can para que, de manera conjunta con la Secretaría General del Mercosur y la Secretaría General del unasur, identifique elementos de complementariedad con miras a una futura convergencia de los tres procesos. Además acordaron realizar de manera anual una reunión del Consejo Presidencial Andino para dar seguimiento al proceso andino de integración, y decidieron trabajar en la definición de una postura común para la Cumbre de Rio + 20, con el propósito de preservar la Amazonía, así 71

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como en el impulso a la integración energética regional que permita provechar las potencialidades de la región en ese campo. Además de los consejos presidenciales, como señalamos en la introducción de este artículo, 2011 fue declarado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores como el “Año Andino de la Integración Social”. Con la decisión tomada se busca que el conjunto de países miembros, así como los diferentes órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, impulsen y difundan políticas activas de inclusión y cohesión social que permitan prevenir la pobreza, atenuar las desigualdades sociales y fomentar el reconocimiento y la protección de los derechos sociales de los ciudadanos para fortalecer la dimensión social de la integración, universalizando el acceso a la educación, la atención a la salud, la vivienda, el empleo, la seguridad social, la cultura y el deporte. Con el fin de integrar acciones conjuntas en ocasión del Año Andino de la Integración Social, el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social aprobó en su séptima reunión, efectuada en Lima, los Objetivos Andinos de Desarrollo Social (oandes), los cuales constituyen compromisos a cumplir por parte de los países miembros de la Comunidad, y tiene como plazo máximo el año 2019, en que se cumplen 50 años de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, que dio origen a la can. Los Objetivos Andinos de Desarrollo Social son once, a los que corresponden 38 metas comunes, cuantificables, que pretenden contribuir a enfrentar la pobreza; a ello se agrega una Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social (eaces), aprobada por los ministros, que establece líneas de acción, así como programas y actividades prioritarias a ejecutar en los próximos años. Los Objetivos Andinos de Desarrollo Social aprobados por el Consejo Andino, así como sus respectivas metas, son los siguientes: • Objetivo 1: Erradicar la pobreza y reducir las desigualdades económicas y sociales. Metas 1. Reducir en un tercio la pobreza extrema monetaria. 2. Reducir en al menos un 40% la pobreza total monetaria. 3. Reducir en al menos 10% el coeficiente de Gini del ingreso per capita de los hogares. 4. Reducir a la mitad la incidencia de la pobreza monetaria de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 72

La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

• Objetivo 2: Garantizar la protección y promoción de los grupos en situación de vulnerabilidad Metas 5. Erradicar las formas delictivas y peligrosas del trabajo infantil. 6. Reducir en 50% los casos de violencia de género y generacional. 7. Incrementar en 80% la tasa de atención de las personas con discapacidad y adultos mayores y en 80% la ocupación de las personas con discapacidad. • Objetivo 3: Alcanzar la seguridad y la soberanía alimentarias Metas 8. Reducir en 50% la desnutrición crónica infantil. 9. Reducir a la mitad la prevalencia de anemia infantil. 10. Reducir en 10 puntos porcentuales el porcentaje de población con sobrepeso y obesidad. 11. Incrementar en 50% la participación de la producción de la subregión andina en la disponibilidad de alimentos básicos. • Objetivo 4: Garantizar la salud de la población con acceso universal a servicios de salud de calidad. Metas 12. Reducir en al menos un tercio la mortalidad infantil y neonatal. 13. Reducir en al menos un tercio la mortalidad materna. 14. Incrementar a 100% la cobertura de los servicios de salud. 15. Reducir la transmisión del vih de madre a hijo a menos del 2% y la incidencia de sífilis congénita a menos de 0.5 casos por 1,000 nacidos vivos. 16. Mantener la letalidad por dengue grave a menos del 2%. 17. Disminuir en al menos un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en el grupo de edad de entre 30 y 70 años. 18. Reducir en un tercio el porcentaje de embarazo adolescente. • Objetivo 5: Garantizar la educación universal de la población con calidad, equidad y el uso de tecnologías de información. Metas 19. Erradicar el analfabetismo. 20. Lograr la cobertura universal de educación primaria y secundaria e incrementar en 50% la cobertura de educación inicial. 21. Mejorar en 50% el desempeño en matemáticas y comprensión lectora.

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•

•

•

•

22. Incrementar en 80% el número de escuelas con conectividad a Internet. 23. Incrementar en 40% el acceso a educación superior de los jóvenes en situación de pobreza. Objetivo 6: Promover el pleno empleo, la inclusión económica y productiva y el trabajo digno y decente. Metas 24. Reducir en 10 puntos porcentuales la población subempleada. 25. Reducir en un tercio la tasa de desempleo. 26. Incrementar en 50% la cobertura de la seguridad social de la pea ocupada. Objetivo 7: Reducir las inequidades sociales que afectan a los pueblos indígenas y afrodescendientes promoviendo su participación. Metas 27. Mejorar en 50% el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad) de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 28. Alcanzar que el 100% de la población indígena y afrodescendiente cuente con documento de identidad. Objetivo 8: Afianzar la interculturalidad, la identidad andina y latinoamericana. Metas 29. Mantener el uso del 100% de las lenguas vivas autóctonas. 30. Promover el incremento en 50% el número de turistas que provienen de países andinos y latinoamericanos. 31. Incrementar en 50% la exhibición de bienes y productos culturales audiovisuales andinos y latinoamericanos en los circuitos públicos y privados del espacio comunitario. 32. Aumentar al 30% el acceso de la ciudadanía a los bienes patrimoniales y culturales. Objetivo 9: Promover el desarrollo social en las áreas deprimidas, predominantemente rurales y de frontera Metas 33. Reducir la tasa de pobreza y pobreza extrema monetaria en el 40% en el área rural. 34. Mejorar en el 50% el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad) de las poblaciones de frontera.

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La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

• Objetivo 10: Incrementar la inversión social. Metas 35. Promover el incremento de la participación del gasto público social en el Presupuesto Nacional. 36. Incrementar la participación del gasto público en ciencia y tecnología en al menos el 1% del pib. • Objetivo 11: Promover la prevención, gestión y reducción de los impactos del cambio climático y los desastres naturales sobre las poblaciones en situación de pobreza y alta vulnerabilidad. Metas 37. Que al menos el 70% de las poblaciones en situación de pobreza y alta vulnerabilidad estén organizadas y capacitadas en prevención de los impactos sociales del cambio climático y los desastres naturales. 38. Asegurar que las entidades públicas, privadas y la población organizada con competencias sobre el tema gestionen de manera articulada los riesgos de desastres naturales y consecuencias del cambio climático. La Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social consta de las siguientes cinco líneas de acción: 1. Suma de esfuerzos y capacidades públicas, privadas y sociales, para posibilitar resultados consistentes y sostenibles en el objetivo de superar la pobreza y las desigualdades. 2. Desarrollo de programas y proyectos sociales comunitarios que contribuyan a los objetivos. 3. Fortalecimiento de capacidades y cooperación horizontal entre los países andinos en el área social. 4. Institucionalización del Sistema de Gestión Social Andina. 5. Convergencia de objetivos, metas y políticas sociales que permitan avanzar en la dimensión social de la integración andina, sudamericana y latinoamericana. También como parte del proceso de fortalecimiento institucional, y estrechamente vinculado al acontecer económico de la can, durante 2011 la Comisión de la Comunidad Andina decidió, en su Periodo Ciento Seis Ordinario, efectuado el 27 de mayo de 2011, adoptar veinte indicadores socioeconómicos (ise), con el propósito de avanzar en la armonización gradual de políticas macroeconómicas a través de la definición de crite75

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rios de convergencia. Los indicadores establecidos, que contarán con una metodología común para el cálculo de cada uno de ellos, formarán parte de los programas de acciones de convergencia (pac) y serán objeto de seguimiento y monitoreo por parte del Grupo Técnico Permanente, que deberá incluir un análisis al respecto en sus informes periódicos. Los indicadores socioeconómicos adoptados por la Comisión son: 1. Incidencia de pobreza: que relaciona con la población total de referencia el número de personas que tienen un nivel de gasto de consumo o ingreso per capita por debajo de la línea de pobreza. 2. Incidencia de pobreza extrema: que relaciona con la población total de referencia el número de personas que tienen un nivel de gasto de consumo o ingreso per capita por debajo del valor de la línea de pobreza extrema o indigencia. 3. Coeficiente de la brecha de pobreza: que relaciona con el valor de la línea de pobreza la diferencia de los gastos de consumo o ingreso per capita de los pobres. 4. Coeficiente de Gini: medida de desigualdad que relaciona la distribución de los ingresos de la población con la distribución de la población de referencia. 5. Índice de desarrollo humano: que sintetiza el nivel de desarrollo humano del país sobre la base de tres índices: i) Índice de esperanza de vida al nacer; ii) Índice de educación (tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta de matriculación); e iii) Índice de producto interno bruto (pib) per capita. 6. Tasa de desnutrición crónica de niños menores de cinco años: que relaciona con el total de niños menores de cinco años el número de niños menores de esa edad con retardo de crecimiento de talla para la edad. 7. Tasa de población afiliada a algún sistema de salud: que relaciona con la población total de referencia el número de personas cubiertas por algún tipo de sistema de salud. 8. Tasa de analfabetismo global: que relaciona con la población total de ese grupo de edad el número de personas de quince años y más que no saben leer ni escribir. 9. Promedio de años de estudio de la población de quince años y más: que relaciona con la población total de ese grupo de edad el número total de grados aprobados por la población de quince años y más.

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10. Tasa bruta de participación o tasa de actividad: que relaciona con la población total en edad de trabajar el número de personas en edad de trabajar que se encuentran trabajando o buscando activamente un trabajo. 11. Niveles de desempleo y subempleo de la pea: que relaciona con la población económicamente activa (pea) los niveles de desempleo y subempleo del mercado de trabajo. 12. Tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo: que muestra el nivel de participación en el mercado de trabajo de las mujeres en edad de trabajar. 13. Porcentaje de hogares con acceso a agua potable por red pública: que relaciona con el total de hogares de referencia el número de hogares cuyas viviendas cuentan con servicio de agua potable conectado a red pública dentro o fuera de la vivienda. 14. Porcentaje de hogares con acceso a un sistema adecuado de eliminación de excretas: que relaciona con el total de hogares de referencia el número de hogares cuyas viviendas cuentan con sanitario conectado a alcantarilla o pozo séptico. 15. Porcentaje de hogares con servicio eléctrico: que relaciona con el total de hogares de referencia el número de hogares cuyas viviendas cuentan con energía eléctrica en su interior. 16. Zonas protegidas para preservar la biodiversidad/superficie total: que relaciona con la superficie total del país el total de área de las zonas protegidas del país para preservar la biodiversidad. 17. Producto interno bruto per capita: indicador que relaciona el pib en dólares con la población total del país. 18. Tasa de crecimiento del pib per capita: que relaciona en valores constantes la variación del pib per capita de un año con el del año anterior. 19. Gasto social como porcentaje del gasto público total: que relaciona con el gasto público total ejecutado en el año de referencia la magnitud de recursos ejecutados por el gobierno para la prestación de servicios sociales y el financiamiento de planes y programas destinados a mejorar los niveles de vida de la población. 20. Gasto social como porcentaje del pib: que relaciona con el pib en el año de referencia la magnitud de recursos ejecutados por el gobierno para la prestación de servicios sociales y el financiamiento de planes y programas destinados a mejorar los niveles de vida de la población.

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El monitoreo constante de los indicadores socioeconómicos, los cuales se deberán informar anualmente a la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fechas de corte al finalizar cada año, permitirá conocer el avance de las condiciones de vida de la población de los países de la can, e identificar los ámbitos de mayor rezago donde es necesario aplicar programas y proyectos especiales que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad y atraso. Además de los indicadores socioeconómicos señalados, y como parte del esfuerzo comunitario para avanzar en la armonización de políticas en materia económica en el espacio andino, la Comisión de la Comunidad Andina decidió adoptar, por medio de la Decisión 765 del 30 de septiembre de 2011, doce indicadores de vulnerabilidad financiera (ivf), cuya medición por parte del Grupo Técnico Permanente permitirá descubrir con anticipación eventuales situaciones de riesgo en el ámbito financiero, en un entorno mundial caracterizado por la vulnerabilidad y la incertidumbre financiera. Los indicadores seleccionados por la Comisión fueron los siguientes: 1. Depósitos totales/pib: Indicador que mide el tamaño relativo de los depósitos del sistema financiero respecto del tamaño de la economía. 2. Créditos totales/pib: Indicador convencional de profundización financiera que mide el tamaño relativo del crédito del sistema financiero respecto del tamaño de la economía. 3. Depositantes/población total: Indicador de bancarización que mide el acceso de la población a desarrollar actividades sociales y económicas a través del sistema financiero. 4. Capital regulatorio/activos y contingentes ponderados por riesgo: Indicador de solvencia que mide la suficiencia de capital y la capacidad de las instituciones del sistema financiero para absorber pérdidas. 5. Capital contable/activos totales: Indicador que mide el apalancamiento financiero, es decir, el monto en que los activos se encuentran financiados por fondos propios. 6. Cartera pesada/cartera total: Indicador que mide la calidad de la cartera de los créditos del sistema financiero. 7. Distribución sectorial de la cartera: Indicador que mide el grado de concentración por sectores, calculando la participación relativa de cartera por sector económico respecto de la cartera total. 8. Rentabilidad de los activos: Indicador que mide la rentabilidad del sistema financiero por los activos que posee. 78

La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

9. Rentabilidad sobre capital contable: Indicador que mide la importancia de las utilidades en relación con el capital. 10. Gastos operacionales/margen financiero neto: Indicador de eficiencia que muestra el porcentaje que representan los gastos operacionales respecto de los ingresos derivados de la intermediación financiera. 11. Liquidez a corto plazo: Indicador que sirve para conocer el grado en que los bancos cuentan con recursos suficientes para atender un retiro de depósitos o un cambio en las condiciones de los mercados de fondos. 12. Intermediación financiera: Indicador que mide la capacidad del sistema financiero para colocar los recursos captados. También como parte de la dinámica de funcionamiento interno, en el año 2011 continuaron las acciones de reestructuración del Sistema Andino de Integración sobre la base de los Principios Orientadores y la Agenda Estratégica Andina, aprobados en 2010 y que guían el rumbo del proceso de integración subregional, al tiempo que en el plano administrativo el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en forma ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, ratificó mediante la Decisión 747, del 27 de abril de 2011, a Adalid Contreras Baspineiro como Secretario General interino de la Comunidad Andina. Por último, y para finalizar el 2011, la Comisión de la Comunidad Andina acordó, por medio de la Decisión 771, del 7 de diciembre de 2011, extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2014, para la entrada en vigor del Arancel Externo Común, ante los constantes desacuerdos, roces, conflictos y tensiones surgidos entre los países miembros de la can al abordar esta materia. En lo que se refiere a las relaciones externas de los países de la can, en 2011 se desplegaron acciones e iniciativas tanto respecto de la política exterior común de la Comunidad Andina, como también en lo referido a las relaciones bilaterales de los países que forman parte de este mecanismo subregional de integración. Un primer elemento a destacar de la política exterior de los países de la Comunidad tiene que ver con la participación de los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en la reunión cumbre que dio origen a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), celebrada el 2 y 3 de diciembre de 2011 en Caracas, Venezuela, y en la que participaron los presidentes de los 33 países de la región.

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Concebida como un mecanismo de concertación política, cooperación e integración que busca la unidad de los Estados de América Latina y el Caribe, la celac constituye el máximo foro de representación política en la búsqueda de posiciones comunes y de acciones concertadas para hacer frente a los desafíos externos y avanzar en los consensos necesarios que permitan superar las diferencias de distinto orden que están presentes en los países del área, debido a la diversidad de posturas existentes respecto de los diferentes proyectos de desarrollo, como en relación con las estrategias de inserción y vinculación que es necesario impulsar en el escenario internacional. Como parte de su participación en la plenaria de la cumbre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, apeló a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos y expresó su satisfacción porque “después de 500 años de resistencia, los países históricamente oprimidos se reúnen para buscar su liberación a través de la integración”, en tanto que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló la importancia de conformar la celac y llamó a crear un nuevo sistema interamericano, ya que la oea “está capturada por intereses de los Estados Unidos”. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, después de señalar que la cumbre era un ejemplo para el mundo, agregó que la reunión iba a generar la posibilidad de que América Latina y el Caribe caminen con paso firme hacia la integración. En la “Declaración de Caracas” emanada de la cumbre (Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, 3 de diciembre de 2011), los presidentes de la región expresaron su decisión de avanzar en el proceso de integración política, económica, social y cultural, para que la celac sea el mecanismo regional de integración adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y el Caribe, y se comprometieron a instruir a los mecanismos y organismos regionales a promover la cooperación, la articulación, la coordinación y la complementariedad entre ellos, para contribuir a alcanzar los objetivos de la integración. También como parte de las relaciones externas de los países de la can, y a cinco años de que Venezuela denunciara el Acuerdo de Cartagena, formalizando con ello su salida de la Comunidad, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en forma ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, determinó, por medio de la Decisión 746, del 27 de abril de 2011 (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en forma ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, 27 de abril de 2011), mantener vigentes las preferencias 80

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arancelarias previstas en el Artículo 135 del Acuerdo de Cartagena a las importaciones originarias de Venezuela. Cada uno de los países andinos deberá aplicar dicha disposición hasta la entrada en vigor de un acuerdo comercial bilateral suscrito entre cada país miembro de la Comunidad y Venezuela. En lo que corresponde a las relaciones externas de los países de la Comunidad con otras regiones, durante 2011 continuaron las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio entre Colombia y Perú con la Unión Europea, después del fracaso en el intento previo por suscribir un amplio acuerdo de asociación comercial, político y de cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina como bloques. En lo que hace al tlc, se espera que sobre la base del ritmo que llevan las negociaciones, sea a mediados de 2012 cuando se pueda proceder a la suscripción de dicho tratado, para su posterior ratificación por parte de los respectivos parlamentos. Por otra parte, en lo que se refiere al avance de las negociaciones entre Colombia y Estados para que pueda entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio firmado por ambos países en noviembre de 2006, en abril de 2011 los negociadores de ambas naciones acordaron un “Plan de acción relacionado con los derechos laborales”, que es parte de las nuevas exigencias impuestas por el congreso de Estados Unidos para proceder a la ratificación del Tratado. Una vez que las metas estipuladas en el Plan de acción sean cumplidas por la parte colombiana a satisfacción del congreso norteamericano, y de no aparecer nuevas demandas, el Tratado podría entrar en vigor a mediados de 2012, es decir, casi un sexenio después de haber sido firmado por los negociadores de ambos países. Por último, y también como parte de las relaciones externas de los países de la Comunidad Andina, interesa mencionar la entrada en vigor, el 1º de agosto de 2011, del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea, así como también la entrada en vigor, el 31 de diciembre del 2011, del Protocolo para acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio entre Perú y Tailandia, si bien en los meses siguientes se espera proseguir las negociaciones en temas como inversión, servicios, propiedad intelectual y compras intergubernamentales, entre otros, para proceder a la firma de un tratado ampliado en el transcurso del 2012. El avance mostrado en ambos tratados amplia el acceso de Perú a los mercados asiáticos y viene a sumarse al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y China el 29 de abril de 2009.

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Conclusión Del recuento realizado en relación con lo ocurrido en la Comunidad Andina en 2011, se puede observar que en los países miembros de este mecanismo de integración se mantuvo el proceso de recuperación económica que se había presentado el año anterior, lo cual se acompañó de un incremento importante en el monto de las exportaciones, así como en los flujos de inversión extranjera que ingresaron a la región. Este escenario de consolidación se produjo teniendo como contexto un marco internacional claramente adverso que se expresó en una caída generalizada de la actividad productiva en varios países y regiones del mundo —particularmente en algunos países de la Unión Europea y en Estados Unidos—, así como en un ambiente de creciente incertidumbre respecto de la evolución económica y financiera global. En ese contexto, es notable la continuidad del crecimiento económico en el espacio comunitario andino, y el hecho de que el ámbito institucional siga su proceso de avance y consolidación mediante esfuerzos tendientes a trasladar el crecimiento obtenido hacia un mejoramiento de la dimensión social de la integración, con miras a garantizar y universalizar el derecho de los pueblos andinos a la protección de la salud, el acceso a la educación, el otorgamiento de la seguridad social y el empleo digno. El establecimiento de los Objetivos Andinos de Desarrollo Social, con objetivos y metas puntuales a cumplir en un plazo específico, y la implementación de la Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social, con líneas de acción claramente delimitadas, apuntan en la dirección correcta al intentar poner la integración andina al servicio de las necesidades sociales y propiciar la instrumentación de políticas de convergencia comunitarias. De la misma forma, los avances en la identificación y el seguimiento de un conjunto de indicadores socio económicos, así como la construcción de indicadores de vulnerabilidad financiera en la Comunidad, son una expresión del esfuerzo de la institucionalidad andina para apoyar la ejecución de acciones que permitan dar cuenta del estado efectivo de las variables en materia social, al tiempo de contar con los instrumentos indispensables en el ámbito financiero que posibiliten conocer de escenarios potenciales de riesgo, en un escenario caracterizado por la oscilación en los mercados financieros y por el incremento de los efectos adversos que dichos mercados pueden tener en las economías de los países de la región. 82

La Comunidad Andina en 2011: recuperación económica y avances en el proceso de integración

Por último, en el plano de las relaciones externas, un hecho que no debe dejar de subrayarse lo constituye la creación y puesta en marcha de la celac; dentro de ella, interesa destacar la activa participación de los presidentes de los países andinos en el apoyo a este importante foro político de coordinación de esfuerzos de los países latinoamericanos y caribeños. En esa lógica de conjunción de esfuerzos con otros mecanismos y órganos de integración a escala regional y subregional —como la celac, la unasur, el Mercosur y la alba—, que la can podrá potenciar sus posibilidades en la búsqueda de soluciones a las exigencias que le impone el escenario internacional y, sobre todo, a las demandas compartidas de los pueblos de los países andinos. Bibliografía Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en forma ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina (2011), Decisión 746, 27 de abril. Fondo Monetario Internacional (fmi) (2012), Perspectivas de la economía mundial. Washington, octubre. Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe (2011), Declaración de Caracas. “En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia. Hacia el Camino de Nuestros Libertadores”, Caracas, 3 de diciembre. Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Andina (2011), Declaración presidencial de Lima, Lima, 28 de julio. ___ (2011), Declaración presidencial de Bogota, Bogota, 8 de noviembre. Secretaría General de la Comunidad Andina, Bancos centrales de los países miembros. ___ Comercio exterior de bienes, Decisión 511. ___ Cuentas nacionales, Resolución 1052. ___ Índice de Precios al Consumidor Armonizado, Decisión 646. ___ Sistema Integrado de Comercio Exterior, Decisión 511.

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La Comunidad del Caribe (Caricom) frente a dos de sus “socios tradicionales”: Estados Unidos y Canadá en el siglo xxi1

Laneydi Martínez Alfonso Introducción Resulta innegable el reconocimiento de la existencia de una relación triangular que agrupa a Estados Unidos, Canadá y las naciones de la Caricom. Estados Unidos constituye un actor fundamental habida cuenta de las relaciones de hegemonía y dominación que ejerce en el hemisferio, lo cual ha influido considerablemente sobre la proyección externa de Canadá hacia los países de la Caricom. En el actual contexto de cambios hemisféricos y globales se presenta como relevante una mirada comparada a las relaciones de dos socios tradicionales como Estados Unidos y Canadá hacia los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), desde una perspectiva triangular en el período 1973-2011. Históricamente, los países de la Caricom han privilegiado sus relaciones con los que denominan sus socios tradicionales: Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, en el marco de una visión anglocéntrica de sus prioridades externas. En particular, los dos últimos, por su cercanía geográfica y sus, aunque diferenciados, contactos históricos con el Caribe, han ocupado un espacio fundamental en la matriz de relacionamiento externo de los países de la Caricom. Con ello, este esquema se ha suscrito a los también tradicionales instrumentos y modalidades de vínculo 1.

Una versión breve de esta investigación ha sido editada para la editorial del cedem, Universidad de La Habana.

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externo: el comercio, la inversión y la asistencia externa. No obstante las diferencias entre estos dos países en la arena internacional —Estados Unidos como potencia hegemónica y Canadá como potencia intermedia—, ambos y en especial Estados Unidos a través de sus políticas, han influido sustancialmente en las formas en las cuales el Caribe ha intentado insertarse en la economía mundial. Basado en los fuertes vínculos económicos, políticos, de seguridad e ideológicos con Gran Bretaña, el pasado colonial compartido de Estados Unidos, Canadá y los países de la Caricom ha sido, históricamente, un factor de fortalecimiento de una visión triangular de las relaciones en la región. Después de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de Estados Unidos como una potencia mundial diseñó un contexto de relaciones de hegemonía-dominación-dependencia en el marco de la llamada Guerra Fría, lo que posteriormente, unido a la condicionalidad de tercera frontera, ha tenido implicaciones diversas para la proyección externa de este país hacia el Caribe. Por su parte, Canadá ha enfrentado tradicionalmente el dilema de la integración con Estados Unidos por un lado, y la necesidad de afirmar una política externa independiente por otro. El Caribe, históricamente, ha percibido a Canadá como un socio “menos amenazante”, “más benévolo”, de mayor “credibilidad” y “confiabilidad” que Estados Unidos. Los líderes canadienses han reclamado, incluso, la existencia de una “relación especial” entre Canadá y el Caribe, cuyas bases han comenzado crecientemente a ser cuestionada desde muy diversas aristas. Por un lado, los cambios a escala mundial han estado asociados a una reconfiguración económica y política de los poderes mundiales, lo cual incrementó la vulnerabilidad económica y política de las naciones caribeñas en un contexto internacional interconectado y cambiante. Por otro, ha habido un reforzamiento creciente de la dimensión transnacional de muchos fenómenos que afectan a la subregión caribeña —asociado a la creciente desterritorialización e invisibilidad de algunos actores ligados a la seguridad desde su marco más amplio, y que toma su especificidad en aspectos como el narcotráfico, el terrorismo, las migraciones, el funcionamiento de instituciones financieras no bancarias en la región, entre otros— y que constituyen desafíos sistemáticos a la institucionalidad regional y, por consiguiente, a la gobernabilidad, como ha sido concebida de manera tradicional en la región caribeña. Asimismo, destaca la participación creciente de los países de Caricom en diversos foros de concertación política y cooperación con socios no tradicionales como parte de 86

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los cambios en el hemisferio que en algunos casos excluyen de manera explícita a Estados Unidos y Canadá. Todos estos elementos redimensionan las relaciones de Caricom con estos dos países, considerados entre sus socios tradicionales, a luz de nuevos cambios hemisféricos y globales. El presente trabajo pretende comparar los modelos de política exterior de Estados Unidos y Canadá hacia los países de la Caricom desde una perspectiva histórica, en la búsqueda de puntos de convergencias y divergencias. Este tema resulta especialmente relevante para el desarrollo futuro de este esquema en un contexto en que los crecientes desafíos hemisféricos y globales han forzado a una revisión de sus estrategias de relacionamiento externo, como parte de una transición aún en proceso. 1. Estados Unidos-Caricom (1973-2012) The Caribbean region is a vital strategic and commercial artery for the United States. Make no mistake: the well-being and security of our neighbors are in our vital interest. Ronald Reagan (Departamento de Estado, 1982)

a. 1973-1989: el área del Caribe como prioridad en la política exterior de Estados Unidos Desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la confrontación ideológica Este-Oeste marcó profundamente la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos y la Cuenca del Caribe. En esta última, la Revolución Cubana fue expresión y objeto de dicha confrontación, visto este proceso desde Estados Unidos como una influencia creciente desde Moscú en el Caribe. Desde inicios de los sesenta, los países de habla inglesa del Caribe fueron adquiriendo su independencia formal de Gran Bretaña (Jamaica y Trinidad y Tobago en 1962, Guyana en 1966, Bahamas en 1973 y Granada en 1974). La crisis de los años setenta, en particular 1973, las problemáticas del orden económico global, afectaron significativamente a estos nuevos Estados, y resultó en mayores niveles de desempleo, inflación crónica y problemas de balanza de pagos, y elevados niveles de endeudamiento. En 1975, la emergencia en Jamaica del gobierno de Michael Manley, y los cambios introducidos por él en la política interna (reformas socioeconómicas en diversos ámbitos sociales como la salud, la educación, la 87

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agricultura, etcétera) y exterior (su amistad con Cuba, su defensa de un nuevo orden internacional, su participación en el Movimiento de Países No Alineados mnoal, etcétera) y su influencia en el resto del Caribe anglófono, tuvieron implicaciones importantes en el comienzo de un viraje progresivo en la política exterior estadounidense hacia el Caribe anglófono. En general, ello se vio reforzado por la influencia de los hechos históricos de los sesenta, y a partir de tres tendencias fundamentales: un reforzamiento del nacionalismo económico en el proceso de autoconstrucción de Estados nacionales en el Caribe, un renovado estímulo al regionalismo caribeño y, tercero, la búsqueda de una diversificación de sus relaciones internacionales. Aunque de manera aislada, los primeros acercamientos oficiales del gobierno de James Carter (1977-1981) fueron fundamentales en la posterior construcción de un nuevo rumbo de política hacia el Caribe.2 Dichos acercamientos colocaron su enfoque en iniciativas oficiales en función de al menos dos temas fundamentales: derechos humanos y modernización. Dicha administración intentó proyectar una imagen “mejorada” de Estados Unidos, con un espacio relativo de mayor apertura al diálogo, en un contexto de obtención progresiva de las independencias por parte de las naciones caribeñas, por lo cual existía un marco de necesidad de reconocimiento político y diplomático de otros países. El rápido crecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares e incluso comerciales de los países del Caribe insular anglófono con Cuba fue percibido desde Estados Unidos como un riesgo de pérdida de influencia en el área.

2.

El número de funcionarios gubernamentales de Estados Unidos asignados a la región se expandió durante la administración Carter. El Departamento de Estado, designó por primera vez un vicesecretario asistente a cargo, específicamente, de dar seguimiento a las relaciones entre Estados Unidos y el Caribe. Posteriormente, a mediados de 1979 y asociado a los vínculos de Cuba con la Unión Soviética y su posible influencia sobre el resto del Caribe, se creó la Contigency Joint Task Force. Este grupo de trabajo, con sede en Key West, Florida, consistió en un equipo de 75 personas, con representativos de al menos cuatro de los servicios. Su misión principal estaba dirigida a monitorear los desarrollos en el Caribe, conducir ejercicios de entrenamiento y elaborar planes de contingencia para el uso de fuerzas militares de Estados Unidos en el área. Este fue un componente fundamental del llamado US Forces Caribbean Command. Asimismo, la administración Carter dobló la asistencia económica hacia el Caribe, y pasó de 96 millones en 1977 a 184 millones en 1981. En 1977, Estados Unidos lideró el establecimiento del Caribbean Group for Economic Cooperation and Development, un consorcio de 31 ayudas de dieciséis instituciones financieras, como el fmi. Dicho consorcio canalizó más de 300 millones al Caribe desde 1978. Como complemento, Carter lanzó una entidad del sector privado denominada Caribbean and Central American Action, que fue apoyada por 51 corporaciones estadounidenses y equipos de la fed y del servicio de relaciones exteriores, para trabajar en mejorar los vínculos de Estados Unidos con la región del Caribe (Lowenthal, 1990).

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No es hasta 1982, con el gobierno de Ronald Reagan, que hay un pronunciamiento formal de política hacia el Caribe por parte de Estados Unidos, con el anuncio de la Caribbean Basin Initiative (cbi). El intento de unir dentro de un mismo concepto Cuenca del Caribe, América Central y Caribe fue evidentemente influenciado por preocupaciones ideológicas y estratégicas desde Estados Unidos. Sin embargo, este concepto impuso una visión geopolítica arbitraria que guio las políticas, que no tuvo en cuenta ni las estructuras subregionales de integración, ni las características y particularidades de dichos subgrupos. Esta conceptualización artificial asumía un grado de comparabilidad cultural, política y socioeconómica que no existía entre estas naciones y, por consiguiente, le dio un tratamiento político como entidad única (Erisman, 1984). Aunque a primera vista pareciera que la cbi hacía un énfasis económico que indicaba un cambio en los focos iniciales de seguridad y preocupaciones militares, su contenido no dejaba dudas sobre la significación que Estados Unidos le concedía a la seguridad en el Caribe. En este sentido, varios ministros de política exterior de los países de la Caricom mostraron su insatisfacción con el potencial impacto fragmentador en el área, resultado de la implementación de la cbi de la manera que se formuló originalmente.3 La política de Reagan partió del criterio de que el gobierno anterior había sido débil al permitir lo que denominaron expansionismo soviético en el Tercer Mundo, asociando la situación en Centroamérica y las Antillas como muestra de ello (Alzugaray, 2004). Durante esta administración, la política de Estados Unidos hacia esta área sirvió de manera frecuente como test case para las políticas de Washington en el Tercer Mundo. Reagan, en un discurso en febrero de 1982 ante la oea, explicitó la importancia que le era concedida al Caribe: “Let our friends and our adversaries understand that we will do whatever is prudent and necessary to insure the peace and security of the Caribbean area” (Departamento de Estado, 1982). La política de Reagan hacia el Caribe4 estuvo permeada por el conflicto Este-Oeste a partir de la percepción que identificaba las amenazas

3. 4.

Caricom Secretariat (1981), Report of Caricom Ministers of Foreign Affairs, en Belice. En este sentido, algunos autores argumentan que la llamada Doctrina Reagan se basaba en que “si la Unión Soviética puede ayudar e incitar a la subversión en nuestro hemisferio, entonces Estados Unidos tiene un derecho legal y un deber moral de ayudar a resistirla”. Esto no solo está en nuestro interés estratégico; es moralmente correcto. En esta misma línea, muchos consideran la invasión a Granada como método de dicha doctrina en el Caribe, en un contexto de una política de militarización de la subregión (Alzugaray, 2004).

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asociadas a la influencia del comunismo en el área y en el mantenimiento de gobiernos aliados a los intereses de Washington. Esta administración utilizó una perspectiva en la construcción de su política exterior hacia el Caribe que provocó percepciones erróneas asociadas a la Guerra Fría. La intervención en Granada demostró al mismo tiempo la inhabilidad del presidente para comprender las raíces de la inestabilidad en el Caribe, así como su capacidad para generar divisiones en el interior del área caribeña. Aunque el presidente consideró la influencia de Cuba como la causa principal de los cambios políticos en el área, por otra parte desestimó el potencial desestabilizador de los masivos problemas socioeconómicos de la subregión. En 1982, la cbi proveyó 350 millones de dólares de ayuda desde Estados Unidos, con 750 millones proyectados en los siguientes tres años. Adicionalmente, permitió a una parte importante de las exportaciones del Caribe entrar libre de impuestos por doce años a Estados Unidos. En muchos casos el criterio central de asignación de recursos dependía mucho más de las posiciones hacia Cuba y Estados Unidos de los países receptores, que de las necesidades de desarrollo de estas sociedades. Así, esta iniciativa está dirigida al afianzamiento inmediato de su influencia política y no es una estrategia para el desarrollo económico y social.5 Según Erisman (1984), alrededor del 87% de los bienes importados de los países de la Cuenca del Caribe ya entraban libre de aranceles bajo el Sistema Generalizado de Preferencias. Como resultado, la iniciativa solo afectaría al 8% de los productos embarcados a Estados Unidos desde el Caribe. Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa fue la promoción de la inversión privada en la Cuenca del Caribe, proveyendo de incentivos fiscales o impositivos para las compañías norteamericanas que operaban en el área y con la negociación de acuerdos de protección de inversiones.6 Sin embargo, esta tampoco fue suficiente, pues las necesidades de inversión en infraestructura, en función de apoyar el desa-

5.

6.

Como recuerda Alzugaray (2004), “la lógica de acciones de Reagan en la Cuenca del Caribe partía de la idea de que lo que estaba sucediendo en la subregión era parte esencial del conflicto global y, que, por ser el traspatio norteamericano, era allí donde Estados Unidos tenía una correlación de fuerzas favorable y por tanto, mayores posibilidades de enfrentar al adversario” Como expresaba Lowenthal (1990), la icc, a pesar de ser presentada como un programa integral de cooperación y ayuda, en realidad tenía como criterio fundamental “reforzar la presencia de Estados Unidos a lo largo y ancho del Caribe y América Central: militar, política, económica y cultural.”

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rrollo de la industria, eran mucho mayores que lo que Estados Unidos estaba dispuesto a dar. En este contexto, el comercio de este país con las naciones de Caricom se concentraba en cuatro países: Bahamas, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. La insistencia en condicionar la ayuda y la participación en la iniciativa a gobiernos con posiciones “aceptables” (bajo la mirada de Estados Unidos) en el nivel internacional, desconocía el derecho de los países del Caribe de perseguir sus propias políticas exteriores independientes. En general, los intereses de Estados Unidos en el área se habían concentrado, en esta etapa, en temas de economía y seguridad. En términos de seguridad, enfocado en el llamado conflicto Este-Oeste y definida usualmente en términos de mantener fuera influencias políticas y militares “externas”, lo que implicaba una continuidad de objetivos desde la Doctrina Monroe (1823) y el Corolario Roosevelt (1904). Así, el tema de la “contención al comunismo” se convirtió en el elemento articulador en torno al cual se construyó la estrategia global y la política exterior hacia el Caribe. Otros temas de interés para los caribeños, como la deuda, la pobreza, la violencia, el narcotráfico, las capacidades técnicas e institucionales, entre otros, eran tratados como secundarios. b. 1990-2000: degradación en la jerarquía de prioridades, la dilución hemisférica El fin de la llamada Guerra Fría o el de la denominada bipolaridad provocó un proceso de transición en la política exterior de los Estados Unidos, a partir de la desaparición de la identificada como principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y, por consiguiente, la idea de la contención del comunismo. Este contexto estuvo caracterizado por una intensificación del proceso de globalización, de dominio del capital financiero, de creciente liberalización de mercancías y capital, de reducción de la función del Estado, de creación de cadenas productivas globales, de fuerte irrupción de organismos financieros internacionales como fuente de crédito para países de la región bajo condicionantes de política económica, entre otros. En este contexto, los espacios hemisféricos y globales adquirieron mayor auge. En el Caribe, el ambiente político estuvo marcado por la reforma económica, y varios países se involucraron en programas de ajuste estructural que incluyeron la aplicación de políticas de liberalización comercial y financiera. En este contexto, las opciones de políticas nacionales de estos países se construyeron bajo la influencia 91

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de políticas de crecimiento dominadas por el comercio, en particular las exportaciones.7 Con el gobierno de Bush padre, el lanzamiento de la Iniciativa para Las Américas en 1990 y la primera etapa de negociación del tlcan marcaron las estrategias estadounidenses hacia el hemisferio. En este contexto, puede argumentarse la no existencia en este período de una política definida y específica hacia los países de Caricom, sino de una dilución de su aplicación en los marcos de las políticas hemisféricas y globales. Durante el gobierno Clinton, estas políticas —de donde la llamada Cuenca del Caribe era subsidiaria dentro del espacio latinoamericano más amplio— estuvieron dirigidas hacia cuatro temas: la promoción del libre comercio y las inversiones, la democracia, los temas de seguridad y las migraciones.8 A inicios de los noventa, Estados Unidos y los países de la Caricom firmaron un acuerdo marco de comercio e inversión (1991), un tipo de acuerdo que Estados Unidos ha establecido con varios países incluso fuera del hemisferio, cercano a los llamados Trade and Investment Framework Agreement, aunque menos estructurado. La firma de un acuerdo de esta naturaleza proveyó de un marco estratégico para el diálogo sobre comercio e inversión entre Estados Unidos y Caricom, en función de discutir temas de interés mutuo y favorecer oportunidades de comercio e inversión. Sobresale la creación de un Consejo Estados Unidos-Caricom sobre Comercio e Inversión, dirigido a monitorear las relaciones económicas bilaterales e identificar oportunidades de comercio e inversión.9 La firma por Estados Unidos del tlcan suscitó importantes fricciones con el Caribe, a partir de la pérdida de preferencias comerciales por 7. 8.

9.

Aunque comenzaron desde finales de los ochenta, buena parte de las reformas de ajuste estructural en el Caribe, que implicaron diferentes modalidades de liberalización comercial, reforma tributaria y financiera y privatizaciones, se concentraron entre 1990 y 1996. Como recordó Alzugaray (2004), la estrategia económica de estas tres administraciones contenía los intereses tradicionales de la política exterior económica norteamericana: abrir los mercados mundiales a los productos norteamericanos, un clima próspero para inversiones de empresas norteamericanas, y hegemonizar las negociaciones comerciales y financieras internacionales en función de la agenda de Estados Unidos. De este documento se destacan fundamentalmente dos elementos. En primer lugar, la firma del acuerdo por parte de Caricom constituyó un franco reconocimiento y compromiso con los postulados del libre comercio promovidos desde Estados Unidos, tanto en las negociaciones bilaterales como en el marco de la omc, enmarcado en el contexto de la Iniciativa para Las Américas: Recognizing the objectives of the Enterprise for the Americas Initiative to foster economic growth through liberalized trade and investment. En segundo lugar, este fue un acuerdo en el que las partes son tratadas básicamente como iguales, y solo en un acápite se hace una leve referencia a las particularidades económicas del Caribe: Recognizing the importance of Trade and Investment to the economies of Member Status of Caricom, which are small and undiversified.

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parte del resto de los países beneficiarios de la cbi, ante las concedidas a México con el tratado de libre comercio. Aunque la postura inicial de varios países de Caricom en relación con las negociaciones hemisféricas de un tratado de libre comercio fue de una gran reticencia, su posición real se reflejó en la firma de todos los miembros de este organismo del Plan de Acción de Miami en 1994. Lo cierto es que el interés de países como Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica, en este sentido, difería notablemente del de otras naciones de Caricom, y esto tuvo un reflejo en posiciones diferentes ante las negociaciones. No obstante, existía entre los caribeños una amplia preocupación de no quedar aislados frente a las tendencias que se imponían en el continente. Sin embargo, esta posición fue variando en la medida en que se hizo más evidente las posibilidades de negociar de manera diferenciada para las pequeñas economías dentro del tratado. Aunque la Declaración de Miami reconoció la posibilidad de que diferentes países asumieran niveles distintos de compromiso dentro del marco del alca, las negociaciones tuvieron una lenta evolución (Byron, 2001). La lucha por lograr el nafta Parity no tuvo resultados hasta 2000, debido a las demoras del Congreso de Estados Unidos en adoptar la legislación que en algún grado compensara a los países caribeños. En 2000, la Caribbean Basin Trade Partnership Act (cbpta), aunque cubre un grupo más amplio de productos caribeños, solo siete países del Caricom clasifican en los criterios de elegibilidad. Este acuerdo incluyó especialmente productos basados en el petróleo y algunos productos semiindustriales, especialmente importante para países como Trinidad y Tobago.10 Al margen de estas iniciativas, la cbi i y ii continuaron siendo los instrumentos principales de la política comercial de Estados Unidos hacia los países del Caribe, conducidas fundamentalmente a través del Consejo de Comercio e Inversión (cci). Estas iniciativas se vuelven permanentes con la Caribbean Basin Economic Recovery Act (cbera) de 1990, también conocida como cbi ii. La cbi original se aplica a un reducido grupo de productos, aunque abarca una mayor cantidad de países de Caricom.

10. Además, incluía requerimientos de elegibilidad adicionales, entre los que se encontraban aspectos bien diversos: desde haber implementado todos los compromisos de eliminar todas las formas de trabajo infantil, formar parte de estrategias internacional anticorrupción, hasta cooperar con Estados Unidos en iniciativas contra narcóticos. Este último elemento, al igual que en períodos anteriores, intenta conectar una vez más los temas económicos y en particular de comercio con temas de seguridad, desde una visión de este concepto que comenzaba a reclamar de manera creciente la inclusión de temas “no tradicionales” como narcotráfico y migraciones, entre otros.

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En el marco de las relaciones políticas, la Declaración de Principios Bridgetown en 1997, entre Estados Unidos y los países de Caricom, constituyó un referente clave en la articulación de temas de interés común con este país.11 En sentido general, la Declaración de Principios y el Plan de Acción de Bridgetown 1997 reconocieron en el nivel retórico el estrecho vínculo existente entre el comercio, el desarrollo económico, la seguridad y la prosperidad. En este sentido, el Plan de Acción resultante de este encuentro incluyó dentro de sus contenidos no solo el acápite de Justice and Security sino también sobre Trade, Development, Finance and the Environment, al articular en una misma agenda ambas dimensiones.12 Adicionalmente, su ejecución posterior estuvo lejos de satisfacer sustancialmente las necesidades de financiamiento de los países de Caricom (Sullivan, 2006).13 Durante la década de los noventa se destaca una notable disminución de la asistencia externa de Estados Unidos hacia el Caribe, con una cifra de dos mil millones (3,2 mil millones en la década de los ochenta). De ellos, solamente Haití recibió el 54% del total; en segundo lugar se encuentra Jamaica, con 507 millones (25%), y a continuación República Dominicana, con 352 millones (17%) y la oeco con 178 millones (9%). Esta asistencia externa estuvo concentrada en los acápites de “asistencia al desarrollo”, “fondo de apoyo económico” y “ayuda alimentaria”, entre otros. Sobresale también una disminución de la asistencia militar, la cual estuvo por debajo de los 60 millones (Sullivan, 2006). Del análisis del comercio entre Caricom y Estados Unidos se evidencia su crecimiento acelerado, especialmente desde 1994. Igualmente, se destaca la enorme brecha existente entre las exportaciones y las importaciones de los países de Caricom y los Estados Unidos, en una estructura que favorece especialmente a este último; ello es reflejo del efecto de la cbi y la cbi ii. En particular, se destaca la importancia de Trinidad y Tobago dentro del comercio total del área con Estados Unidos. La evolución de la inversión extranjera directa entre 1990 y 2000 muestra que, aunque esta aumentó

11. Dicha declaración en términos oficiales se anunció como dirigida a: “to strengthen our cooperation in responding to the challenges of the coming millennium, in a spirit of partnership and mutual respect”. 12. No obstante, puede decirse que la cumbre no condujo a ningún entendimiento sustancial entre ambas partes (Alzugaray, 2004). 13. A finales de los noventa, buena parte de la ayuda se concentró fundamentalmente en temas de facilitación de comercio, protección del medioambiente, entrenamiento técnico y académico, microempresas, entre otros.

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significativamente, su estructura estuvo altamente concentrada en Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas. Vale señalar en particular el caso de Trinidad y Tobago, el cual pasó a recibir del 18% al 36% de los flujos de ied que recibe la región en apenas una década, con una disminución ligera de la participación de varios países de la oeco y Surinam dentro del porcentaje regional. En síntesis, entre 1990-2000, y a diferencia de la época de Reagan, la Cuenca del Caribe, y en particular los países de Caricom, no constituyeron una prioridad para la política exterior estadounidense. El fin de la Guerra Fría trajo consigo una dilución de las particularidades de estas economías en el ámbito de las políticas hemisféricas y globales. Los temas económicos ascendieron en jerarquía dentro de los intereses norteamericanos en la región. Sin embargo, Estados Unidos ha privilegiado los acercamientos sobre temas comunes, de manera bilateral y no por bloque. Las negociaciones comerciales con Estados Unidos produjeron varias muestras de división en los marcos de la Caricom, a partir de una diferenciación de intereses entre estos países, según la estructura y tamaño de las economías. Los beneficios potenciales de los programas de preferencias unilaterales tendieron a concentrarse en unos pocos países y productos, lo que limitó la promoción de exportaciones y las posibilidades de diversificación, y resultó en una elevación de la presencia de empresas norteamericanas en el área. Con el tiempo, estos beneficios se han ido erosionado, en la medida en que Estados Unidos ha firmado tratados de libre comercio con el resto de los países de la Cuenca del Caribe, así como asumiendo compromisos en otros programas de preferencias (Hornbeck, 2010). c. 2001-2012: los nuevos desafíos del siglo xxi La administración de George W. Bush en 2001 retoma la concepción del Caribe como Tercera Frontera, haciendo referencia a esta subregión como un lugar adyacente a Estados Unidos después de Canadá y México. Con este enfoque lanza en abril de 2001, la Iniciativa de la Tercera Frontera (Third Border Initiative), que consistió en un paquete de programas para fortalecer la cooperación y la colaboración diplomática en áreas de economía, salud, educación y cumplimiento de la ley.

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Con posterioridad a los sucesos del 11 de septiembre de 2001,14 la Iniciativa de la Tercera Frontera (itf) se extendió para enfocarse fundamentalmente en aspectos que afectaran la seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo la itf, los llamados Economic Support Funds desde Estados Unidos a la subregión fueron empleados principalmente para ayudar a “modernizar” algunas de las instituciones en los países del Caribe, asociadas a la seguridad, lo cual era interpretado desde Washington como una forma de mejorar su propia seguridad. En este contexto, Estados Unidos intenta persuadir a los países de América Latina y del Caribe de apoyar sus iniciativas de seguridad, de defender la seguridad nacional de este país (Hernández, 2010:45), de donde la itf formaba parte integrante. Los fondos de esta iniciativa fueron utilizados, fundamentalmente, para apoyar programas de seguridad fronteriza, portuaria, lo que se complementó con la Container Security Initiative,15 entre otros. Estos fondos beneficiaron a países como Antigua y Barbuda, Barbados, Granada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Adicionalmente, se priorizó el apoyo a la seguridad portuaria, con un plan especial para los países de la oeco. En el 2003, los fondos de la iniciativa ascendieron a tres millones de dólares, cinco millones en 2004, y alcanzaron su pico más alto en 2005 con 8,9 millones. Luego disminuyen en 2006 y 2007 a 2,97 y tres millones, respectivamente (Hornbeck, 2010). Bajo el gobierno Bush se desarrolló lo que se denominó liberalización competitiva, a partir de la negociación selectiva y bilateral de tratados de libre comercio, en un ambiente menos propicio para las negociaciones del tratado de libre comercio hemisférico. En 2002 se publicó el borrador de Lineamientos para el Tratamiento de Diferencias en Niveles de Desarrollo y Tamaño de las Economías, los cuales enfatizaron en generar condiciones de flexibilidad para acomodarse a las características diversas de los países, transparencia, simplicidad para su aplicación y adopción de medidas complementarias, aún insuficientes (Byron, 2001).

14. Los ataques del 11 de septiembre de 2011, en opinión de varios especialistas, significaron un viraje en la dirección conservadora y propiciaron “el despliegue, la ampliación y la consolidación de una plataforma ideológica” que se “focaliza en un “nuevo” enemigo —el terrorismo—, que viene a ocupar el lugar del eje articulador de la política exterior que durante la Guerra Fría constituía el comunismo internacional” y “retoma elementos de continuidad en torno a la supuesta defensa de la seguridad nacional” (Hernández, 2010: 10-11). 15. De esta iniciativa se beneficiaron fundamentalmente, República Dominicana, Jamaica y Bahamas.

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En el año 2004, sobresale la Declaración Conjunta Estados UnidosCaricom- República Dominicana sobre la Iniciativa de la Tercera Frontera. En ella los países del Caricom y República Dominicana reiteran una vez más su compromiso con el libre mercado y otros intereses de Estados Unidos en el área relacionado con los derechos humanos, el cumplimiento de la ley, entre otros.16 Vale destacar dentro de esta iniciativa, como parte del aprendizaje de experiencias anteriores, un primer intento por colocar bajo la sombrilla de un mismo programa, diversos temas que integran diversas áreas de interés y, por tanto, se nota un clara intención de buscar mayores niveles de aprobación de dicha iniciativa entre los caribeños, desde la promoción de los intereses de Estados Unidos en el área. Asimismo, se deja abierto el espacio para nuevas áreas de cooperación en el futuro y se declara como uno de los principales instrumentos el uso de la asistencia y el financiamiento externo de Estados Unidos hacia la región, elemento que en economías altamente dependientes del financiamiento externo constituye un factor fundamental.17 En particular, las menciones dentro de la declaración conjunta en relación con el programa de lucha contra el vih y el sida, en apoyo a la educación y el manejo desastres naturales, aunque en la práctica tuvieron niveles de financiamiento insuficientes, cumplieron el objetivo de mostrar en la retórica un discurso más multidimensional, con más potencialidades de influencia en los gobiernos del Caribe.18 Esto se corresponde con una estrategia que tiene sus antecedentes desde la Declaración de Bridgetown (1997), y que tiene sus puentes en esta y otras iniciativas posteriores desde Estados Unidos. 16. En este sentido, la declaración reconoce: “Our cultural ties, social and economic links, shared tradition of democracy, mutual respect for the sovereignty and territorial integrity of individual states, and out commitment to good governance, the rule of law, human rights, individual freedoms and open economies” (US State Department, 2004). 17. “The Third Border Initiative aims to focus US and Caribbean engagement through targeted programs that comprise both new and ongoing activities designed to enhance cooperation in the diplomatic, security, economic, environmental, health and education arenas without prejudice to additional areas of collaboration that may be agreed upon in the future, it provides the opportunity to focus funding and assistance on those areas where we see the greatest increased need” (US State Department, 2004). 18. También en el 2004, a raíz de las tormentas que azotaron al Caribe, el Congreso norteamericano aprobó el monto de 100 millones en fondos suplementarios de emergencia para la recuperación de Haití (32 millones de dólares), Granada (42 millones) y Jamaica (18 millones), y dos millones para otros países del área. Entre 2000 y 2006, la ayuda al Caribe fue alrededor de 1,6 mil millones de dólares, debido al aumento de la asistencia del vih y el sida, especialmente para Haití y Guyana, en la reconstrucción de desastres. El 51% de la ayuda económica estuvo dirigida a Haití.

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El año 2007 fue especialmente importante en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y el Caribe. La celebración de la Copa Mundial de Críquet implicó la elaboración de un conjunto de planes de seguridad regional de gran alcance como parte de este nuevo acento en temas de seguridad regional. Asimismo, la realización en ese año de la Conferencia de Washington constituyó un momento cumbre en el acercamiento bilateral de Estados Unidos y los países de Caricom. Esta conferencia incluyó entre sus actividades un encuentro entre los jefes de Estado y de gobierno del Caribe y George W. Bush, una reunión entre los ministros de relaciones exteriores y la entonces secretaria de Estado Condoleeza Rice, encuentros entre la delegación de Caricom y miembros del Congreso norteamericano, entre otros. Paralelamente, funcionaron tres foros: el Foro de la Diáspora, el Diálogo del Sector Privado y el Foro de Expertos. El tema de la diáspora dentro de esta conferencia es un aspecto fundamental, pues concede una importancia sin precedentes a su influencia no solo en el desarrollo de los países de Caricom, sino incluso en sus relaciones con Estados Unidos. En términos comerciales, vale destacar que durante este período no solo se mantienen las iniciativas unilaterales de del cbera (1983) y el cbtpa (2000), sino también a esta última le fueron concedidas varias extensiones en el período por parte del Congreso, inicialmente hasta 2008, luego hasta 2010, y más recientemente hasta 2020. Sin embargo, numerosos especialistas concuerdan en que los posibles beneficios de cbera y cbtpa se vieron nuevamente erosionados a partir de la firma, por parte de Estados Unidos, del tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana, conocido por cafta-rd por su sigla en inglés. A pesar de que hubo un aumento del comercio entre Estados Unidos y los países de Caricom entre 2000 y 2006 bajo el cbtpa, desde el año 2006 es visible una disminución de este comercio registrado bajo esta ley, asociado a la firma de este tratado (Hornbeck, 2010). En el año 2000, las importaciones de Estados Unidos desde países de Caricom estaban dentro de las categorías de mineral fuels el 16,4%, knit apparel el 23,8% y woven apparel el 19% del comercio. Sin embargo, desde 2008 la primera categoría absorbe el 44,8% del comercio, mientras que una nueva categoría quimical products recoge el 11,2% (Hornbeck, 2010), especialmente vinculado con la producción trinitaria. Del comercio bilateral de Estados Unidos con los países de la Caricom entre 2001 y 2012 se destaca el balance positivo del comercio bilateral en los últimos años desde la perspectiva de Estados Unidos. Vale señalar que 98

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este comercio en el período estuvo concentrado en un 80% por Trinidad y Tobago, en una tendencia, aunque cualitativamente similar a períodos anteriores, cuantitativamente mucho mayor. Efectivamente, Trinidad y Tobago continúa siendo el principal beneficiario de las exportaciones hacia Estados Unidos de los países de Caricom en las categorías de petróleo y gas natural, metanol y otros productos químicos, entre otros. En segundo lugar se destacan Jamaica y Barbados, los países de la oeco quedan sub-representados en este comercio bilateral. En términos relativos, los mayores beneficiarios de cbera y cbpta fueron en el período Haití, San Kitts y Nevis, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas y Santa Lucía. Así, aunque Trinidad y Tobago es el principal beneficiario en volumen, en términos relativos estas iniciativas tienen un menor peso que para el resto de las economías caribeñas en su comercio bilateral con Estados Unidos. Las exportaciones de Caricom como grupo bajo esas iniciativas representaron el 38,34% del total de exportaciones con Estados Unidos. En el año 2009 el porcentaje de las exportaciones de América Latina y el Caribe a Estados Unidos en relación con el pib era de 27,10%, 13,19% para el Caribe, 8,57% para América Central, 5,07% para Chile, 3,94% para los países de la Comunidad Andina y 1,23% para los países del Mercosur. Estos datos muestran cómo, a pesar de que en términos de volumen absoluto las exportaciones del Caribe a Estados Unidos son menores que otras subregiones, en términos relativos de importancia para el pib los países del Caricom son los segundos en la región para los cuales el comercio con Estados Unidos es sumamente relevante (cepal, 2010). En el ámbito financiero de las relaciones bilaterales, la Inversión Extranjera Directa desde Estados Unidos tuvo como principales beneficiarios en el período a Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago (Sullivan, 2006). No obstante, el flujo en forma de asistencia se concentra fundamentalmente en Haití, donde ha ido creciendo paulatinamente, especialmente desde 2005. También en términos de asistencia bilateral sobresalen Jamaica y Guyana, esta última especialmente como una de las principales beneficiarias del programa de lucha contra el vih y el sida. En los casos restantes, la asistencia bilateral es mucho menor. Resaltan en este contexto los fondos especiales para el mantenimiento de algunas iniciativas regionales enfocadas en los países de la oeco, la Iniciativa de la Tercera Frontera y el acápite llamado Caribbean Regional, referido en buena medida al Banco de Desarrollo del Caribe (Sullivan, 2006).

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2. Canadá-Caricom (1973-2012): ¿relaciones especiales? Canadians have long harbored a touchingly romantic and often dangerously naive view of their own role in the Caribbean. We have generally seen it as being both larger and more benevolent slice than it really was (Chodos, 1977, p. 22 citado por Douglas, 1990)

a. 1973-1989: el Caribe como prioridad de política exterior El gobierno de Pierre Trudeau condujo una revisión de la política exterior desde 1968 que cambió sustancialmente la orientación de dicha política durante toda la década posterior y hasta mediados de los ochenta (Stevenson, 2000).19 En este contexto, el punto de mayor divergencia en política exterior de Canadá respecto de Estados Unidos, ha sido el mantenimiento de relaciones políticas, diplomáticas y económicas con Cuba. En el año 1979 las relaciones entre Canadá y los países de la Caricom alcanzaron un momento relevante, a partir de la realización en Jamaica de la Conferencia Canadá-Caricom. En esta reunión se firmó el Trade and Economic Cooperation Agreement y se acordó establecer el Joint Trade and Economic Committee (jtec), este último como un mecanismo que facilitara las consultas regulares. Esta conferencia constituyó la primera reunión de alto nivel entre Canadá y el Caribe del Commonwealth desde la reunión de Ottawa en 1966. En 1981, en Jamaica, el entonces Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores de Canadá, Mark MacGuigan, anunció las bases de esta nueva política en dos niveles fundamentales. En su discurso colocó los temas económicos como prioritarios, aunque no únicos, y prestó atención a las necesidades particulares de los Estados del Caribe Oriental (oeco). Asimismo, declaró que proveería ayuda en forma de financiamiento a la balanza de pagos para apoyar a los Estados de la Caricom que habían concluido programas de ajuste con el fmi, y se comprometió a trabajar para mantener la estabilidad política, económica

19. Algunos autores incluso caracterizan este período como el comienzo de una época de cambio en la orientación de la política canadiense hacia el Caribe, en función de lo que denominan como un “constructive internationalism”, que intentaba diferenciarse, en algunos aspectos, de la política exterior de Estados Unidos, tratando de captar mejor las necesidades del Caribe dentro de sus políticas (Basdeo, 2002).

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y social del Caribe.20 En este sentido, la condicionalidad de la ayuda en balanza de pagos prometida al Caribe estuvo sujeta a la aplicación “completa” de programas de ajuste, lo que colocaba a Canadá como contribuyente a la aplicación de estas políticas en la región, en un contexto de crisis económica y vulnerabilidad. Desde 1984, el gobierno de Brian Mulroney promovió una agenda de política exterior concentrada en Estados Unidos, cambió sustancialmente el “centro de gravedad” de la política canadiense y la reorientó hacia la negociación de un acuerdo de libre comercio, lo que condujo una mayor integración de la política comercial de ambos y una identificación de focos comunes de política exterior. En 1980, solo el 1,7% de las exportaciones de los países de la Caricom21 tenía como destino Canadá, con lo que alcanzaba apenas un 4,4% en 1990. Asimismo, las importaciones de la Caricom desde Canadá representaban alrededor del 4,6% del comercio total en 1980 y apenas un 5,4% en 1990 (Braveboy-Wagner, 2007). La variable comercial no se erigía como la de mayor importancia en las relaciones bilaterales y, por consiguiente, no fue un factor determinante exclusivo en la formación de la política exterior de Canadá hacia el Caribe. No obstante, en 1985, el entonces primer ministro Brian Mulroney anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa política de Canadá hacia el Caribe el CaribbeanCanada Trade Agreement (caribcan). Esta iniciativa era un paquete de preferencias que concedían entrada de productos caribeños al mercado canadiense sin aranceles, excepto los textiles y el metanol.22 Aunque fue anunciada como una iniciativa distinta a la propuesta por Estados Unidos en relación con preocupaciones de seguridad, era evidente que respondía a un seguimiento de las políticas de Washington posteriores al lanzamiento de la Caribbean Basin Initiative (cbi) desde una perspectiva canadiense (Guy, 1990).23 Como instrumento, reforzó los patrones preva20. En este sentido, vale ampliar que MacGuigan anunció que el énfasis de su política estaría en los temas económicos y comerciales como prioritarios en la relación, aunque no exclusivamente. Otros temas bilaterales abordados fueron: desarrollo de recursos humanos, migración, programas de apoyo institucional, liberalización comercial, globalización, medioambiente, temas relacionados con la deuda, democracia y derechos humanos. 21. No incluye en este caso a Haití, Bahamas ni Antigua y Barbuda. 22. Antes del caribcan, se estimaba que el 93% de las exportaciones del Caribe entraban libres de aranceles a Canadá; con este acuerdo esta cifra alcanzó el 99,7% (Deere, 1990). 23. Muy similar a la legislación de la cbi, y ampliamente motivado por razones ideológicas asociadas a la emergencia de la región como área de confrontación en el contexto de la Guerra Fría, el caribcan prometía “to spur economic development in the region by fostering increased economic integration of the Caribbean to Canada and United States”. Asimismo, el acuerdo no exoneró a los exportadores caribeños de una amplia gama de barreras no arancelarias que

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lecientes con anterioridad de las relaciones de subordinación económica del Caribe. Aunque el caribcan ha continuado siendo una pieza central y modelo en las relaciones bilaterales, lo cierto es que esta iniciativa no ha generado en sí misma mejorías sustanciales en las relaciones comerciales entre este país y el Caribe, pues el intercambio se había mantenido en bajos niveles de importancia en el período. Las inversiones canadienses en el Caribe, por su parte, aumentaron significativamente en especial a partir de los años cincuenta. Este país invirtió en la subregión más que en ningún otro país o región subdesarrollada, específicamente en el sector bancario, de seguros y explotación de recursos naturales (Douglas, 1990).24. Un actor importante de esta inversión y la compañía más grande operando en el Caribe era la empresa canadiense Aluminum Company of Canada (alcan), que colocó en ese período alrededor de 160 millones de dólares en Jamaica y 100 millones en Guyana, asociados a la extracción de minerales en particular bauxita (Douglas, 1990). Asimismo, las compañías canadienses de seguros controlaban alrededor del 70% de los negocios del área (Levitt, 1982).25 La influencia de la banca canadiense en el Caribe, históricamente, ha sido tal que ha influido en la formulación de las políticas monetarias y en la evolución de los sistemas regulatorios vinculados a ello (Guy, 1990). En particular, el Royal Bank of Canada tenía una presencia extraordinariamente amplia en el Caribe. En 1970 se estimaba que los bancos canadienses controlaban el 60% de la banca comercial de Trinidad y Tobago. Para el resto del Caribe anglófono esta cifra oscilaba entre el 60% y el 90% (Hudson, 2010: 35). Este banco fue uno de los más agresivos y empresariales de los que operaban en todo el Caribe anglófono, el hispano y Haití, a partir de una estrategia combinada de fusiones y adquisiciones de las instituciones existentes y expansión de filiales.26

regulaban la importación de bienes a Canadá y el componente de inversión y cooperación industrial benefició mayoritariamente a Canadá (Basdeo, 2002). 24. Se estima que en los años sesenta la inversión canadiense en la región se encontraba sobre los 550 millones de dólares, de los cuales al menos la mitad estaba en Jamaica (Douglas, 1990). 25. Empresas como Sun Life, Montreal Trust Company, Royal Trust y Nova Scotia Trust han dominado la industria de seguros industriales en el Caribe anglófono, con inversiones incluso en securities de los gobiernos (Guy, 1990). Asimismo, las empresas canadienses también eran muy activas en el negocio de la energía eléctrica en el Caribe, al ser propietarias de alrededor del 40% de la capacidad de generación de Jamaica y del 100% de la de Barbados a finales de los sesenta y principios de los setenta. 26. Existen múltiples ejemplos de la época donde se generaron manifestaciones tanto pacíficas como violentas contra diferentes filiales del Royal Bank y otros bancos en el Caribe: la llamada

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En el control financiero de Canadá sobre el Caribe pueden citarse al menos tres elementos de especial relevancia: la participación activa de Canadá en el apoyo financiero a instituciones regionales del Caribe (como el Banco de Desarrollo del Caribe y otros), la entrada de Canadá como miembro pleno (desde 1972) al Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y el lugar que ha ocupado en el suministro de programas de crédito en el Caribe desde esta y otras instituciones internacionales y, finalmente, la importancia de la Canadian International Development Agency (cida) (1968), a través de sus diversos programas en la región, como pieza clave en el financiamiento canadiense de programas de desarrollo y oportunidades de negocios para empresas canadienses en el Caribe (Guy, 1990). La asistencia al desarrollo se erigió como un pilar fundamental en las relaciones bilaterales. Entre 1982 y 1987, la asistencia total de Canadá hacia el Caribe se multiplicó por dos, al pasar de 28,5 millones de dólares a 57 millones. Sin embargo, incluso en ese contexto de mayores niveles de ayuda, la asistencia canadiense era solo un cuarto del nivel aportado por Estados Unidos a las islas caribeñas en el mismo período (Deere, 1990).27 En el ámbito militar, aun cuando luego de la Segunda Guerra Mundial Canadá apoyó a Gran Bretaña con presencia militar en la región, con posterioridad a ello no solo retiró sus tropas del área sino también se mostró sistemáticamente reticente a operaciones militares, tanto en el contexto de la crisis de los misiles como en el de la invasión a Granada.28 En este sentido, el foco de Canadá en la asistencia al desarrollo estaba asociado al deseo de no mostrar una imagen de na-

February Revolution en Trinidad y Tobago en 1970, el ataque en 1968 a las oficinas de este banco y otras instituciones financieras en Kingston, Jamaica y en Haití en 1967. 27. Otro elemento relevante en las relaciones entre Canadá y el Caribe, al menos desde la década de los cincuenta, fue la migración. Especialmente desde los sesenta, Canadá fue percibido, principalmente por el Caribe anglófono y Haití, como un destino migratorio deseable (Douglas, 1990), y se establecieron comunidades significativas en Montreal, Toronto y Winnipeg, entre otros. 28. No obstante, es importante destacar que en 1982, antes de la invasión de Granada, aun cuando Canadá había expresado su reluctancia a involucrarse en una opción militar, la asistencia técnica en el ámbito militar fue expandida para incluir el área marítima-costera de guardafronteras. La asistencia canadiense en seguridad al Caribe, aunque limitada, continuó durante toda la década de los ochenta, aunque a partir de los noventa cambió sus formas. Asimismo, barcos canadienses fueron enviados a Haití a finales de los ochenta, supuestamente dirigidos a “to support the country´s -Haiti- democratic efforts” y en numerosas ocasiones la Royal Canadian Mounted Police (rcmp) ha otorgado entrenamiento a las fuerzas policiales haitianas (HostenCraig, 1999). De cualquier manera, también bajo Trudeau, en 1983, en Santa Lucía él expresó su respeto a la soberanía y la autodeterminación de las naciones en términos de del derecho de cada país a seguir el patrón ideológico que sus pueblos decidan. Así, Canadá continuaba siendo

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ción con ambiciones neo-imperialistas o sub-imperialistas en el área, con una proyección cautelosa hacia el Caribe en relación con lo militar, bajo la sombra de Estados Unidos (Douglas, 1990). Dentro de los países miembros de la Caricom, Canadá ha tenido una presencia fundamental en Haití, país con el que posee relaciones muy estrechas y con el que ha existido un interés a largo plazo de asistencia financiera. Canadá ha tenido una participación clave en este país, con una agenda mucho más diversificada y orientada al desarrollo que la estadounidense. Desde finales de la década de los sesenta y durante los años ochenta, el Caribe se erigió como una región de la mayor prioridad e interés para Canadá, expresados en un diverso rango de instrumentos con preeminencia de la asistencia al desarrollo en muy diversos temas. b. 1990-2000: la entrada de Canadá al contexto hemisférico La intensificación del proceso de globalización, la post Guerra Fría, la renovada importancia de los bloques regionales bajo la influencia del regionalismo abierto, así como la agenda de liberalización comercial y financiera en un contexto de influencia del Consenso de Washington, trajeron consigo la transformación y la reorientación de la política exterior canadiense y sus desafíos. El fin de la Guerra Fría condujo a que Canadá estableciera una agenda global mucho más amplia en el marco del llamado a un “nuevo internacionalismo” como base de la orientación de su política exterior desde temas emergentes. La revisión general de la política exterior canadiense de 1994 devino reorientación hacia una nueva agenda en las Américas.29 El aumento del interés de Canadá en el hemisferio estuvo en función del comercio y el crecimiento, la política comercial internacional, la geopolítica de la integración, así como la gobernanza regional. En este contexto, el área de América Latina y el Caribe re-emergía para Canadá como una posibilidad real de “reequilibrar su situación geoestratégica y comercial en relación con Estados Unidos” (Dosman, 1994). Sin embargo, el Caribe en sí mismo dismi-

visto como un “benefactor no amenazante y atractivo” en muchos países del Tercer Mundo, incluyendo el Caribe (Mahler, 1999). 29. La agenda de Canadá en Las Américas se basaba en: el fortalecimiento de instituciones de la sociedad civil, la democratización de los gobiernos de América Latina y el Caribe, la promoción de un Estado reducido, la privatización de la producción, la desregulación de los servicios, el logro de un acceso mejorado a los mercados latinoamericanos y caribeños y la obtención de oportunidades ampliadas para la inversión extranjera.

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nuyó en su significación geopolítica y geoestratégica para Canadá (Hall y Benn, 2000).30 Desde el lado caribeño, el fin de la Guerra Fría trajo consigo un aumento de las preocupaciones en torno a las posibilidades de marginación dentro de la orientación de política de Canadá y otros socios tradicionales, lo que estimuló mayores esfuerzos y acercamientos tanto a Canadá como a Estados Unidos. Este proceso se vio acompañado de un tránsito político significativo en el Caribe, que pasó de una era de poscolonialismo nacionalista o de liderazgo ideológico al auge de un pragmatismo y un liderazgo de tradición realista y neorrealista en su orientación de la política exterior, que favoreció el diálogo político bilateral (BraveboyWagner, 2007). Este panorama, en el contexto de Estados pequeños, elevó al máximo las preocupaciones caribeñas en cuanto a la posibilidad de quedar fuera de los procesos en curso a escala global y hemisférica (Guy, 1990). No obstante, el gobierno canadiense ratificó su compromiso con el Caribe desde este nuevo contexto, en la Cumbre de Barbados en 1990.31 Un elemento esencial resultante de esta reunión fue la iniciativa del primer ministro de condonar 182 millones de dólares de deuda a varios Estados caribeños, lo que benefició especialmente a Jamaica, que debía alrededor de 93 millones. Significó, además, que en el futuro la ayuda se otorgaría, fundamentalmente, en forma de financiamiento no reembolsable. Un punto de partida importante del nuevo lugar de Canadá en el hemisferio tuvo que ver con la incorporación de este país como miembro de la Organización de Estados Americanos (oea), lo cual se reflejó en una ampliación de su enfoque hacia un espectro más continental, pero que también implicó un nuevo espacio de interacción con el Caribe sobre bases regulares y estructuradas (Guy, 1990).32 La oea, aun con sus múltiples debilidades históricas, fue percibida por Canadá como un va-

30. Durante la década de los noventa, el presupuesto del departamento fue recortado alrededor de diez veces. En consecuencia, Canadá se vio obligada a revisar y concentrar en metas específicas sus objetivos de política exterior, en función de una mayor efectividad diplomática. 31. Como resultado de esta Cumbre, el gobierno canadiense, en la persona de Mulroney, se comprometió a otorgar un financiamiento de diez millones a la uwi y un fondo adicional de 2,5 millones de dólares para fortalecer la seguridad de los aeropuertos. Asimismo, prometió un aumento del 5% de la Ayuda Oficial al Desarrollo al Caribe en los dos años siguientes. 32. Efectivamente, en los noventa Canadá despliega una “diplomacia de potencia media” en el hemisferio, a partir de un incremento de sus iniciativas, en particular en temas de seguridad y gobernabilidad, comercio e inversión, medioambiente, derechos humanos, entre otros (Dosman, 1994).

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lioso instrumento para alcanzar sus metas de política exterior, un espacio donde convergían temas de interés. En este período, Canadá comienza a extender préstamos y asistencia técnica hacia los países del hemisferio y apoya más activamente a instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) en actividades de cooperación técnica, alivio de la pobreza, reforma judicial, sociedad civil y política comercial (Dosman, 1994). No obstante, es de señalar que Canadá apoyó la implementación de las políticas del Consenso de Washington en la región, aun desde su posición de potencia intermedia, con una presencia relanzada en este nuevo contexto. La entrada de Canadá en el tlcan33 también significó un momento importante en la ampliación hemisférica de las prioridades en su concepción de la política exterior. No obstante, las relaciones del Caribe con este país no se vieron fuertemente afectadas por su participación en esta iniciativa (Braveboy-Wagner, 2007), pues el comercio bilateral se mantenía en niveles poco significativos. De hecho, el caribcan fue sustancialmente expandido en los noventa sin que ello haya influido extraordinariamente en el comercio bilateral. En 1998, Canadá aprueba una legislación que expande la cobertura de productos del caribcan, incluyendo productos como metanol, lubricantes y otros productos de gran interés, especialmente para Trinidad y Tobago. Este último fue su mayor beneficiario, aunque en alguna medida también lo fueron Jamaica, Guyana y Surinam (Lewis, 2002). Desde mediados de los noventa, Jamaica y Trinidad y Tobago acordaron conjuntamente negociar su entrada al Área de Libre Comercio para Las Américas (alca), y varios otros países de Caricom valoraron los diferentes escenarios de su entrada tanto en el tlcan como en el alca (Lewis, 2002).34 En una reunión del jtec de 1996 en Ottawa se extendió 33. Efectivamente, el tlcan significó un nuevo momento de las relaciones de Canadá con otros Estados de América Latina, región que era percibida por Canadá como una fuente de comercio potencial, así como de apoyo internacional por el la función que algunos de estos países desempeñaban para el logro de sus prioridades globales (Dosman, 1994, p. 5). Canadá era visto por algunos países de la región no solo como miembro de la comunidad hemisférica a partir de su entrada en la oea, sino también como un país de mayor peso, que serviría de contrapeso al predominio de Estados Unidos en el hemisferio, en el marco de la defensa tradicional de Canadá del multilateralismo. 34. En agosto de 1995, a partir de recomendaciones del Senado en Canadá, se produjo un informe sobre libre comercio en las Américas donde se recomienda al gobierno canadiense generar planes para apoyar la integración regional en Caricom, así como apoyar el Trato Especial y Diferenciado (ted) para los países de este bloque que intenten unirse al tlcan. Esto se expresa en un apoyo de Canadá al ted tanto sobre bases individuales como en forma de ayuda técnica

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la vigencia del caribcan por diez años; igualmente, en 1997 el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, se comprometió en Granada a continuar asistiendo técnicamente a los países de Caricom para preparar su entrada al libre comercio. La década de los noventa reforzó la asistencia como el elemento más importante en las relaciones del Caribe con Canadá, a los que se agregaban otros como el turismo, la migración y el sector financiero (Douglas, 1990). Los programas de cida en la subregión se enfocaron en estrategias de cinco años en tres sectores fundamentales: agricultura, desarrollo industrial y turismo. Esta ayuda se ha canalizado a través de tres tipos de programas: los bilaterales, los multilaterales y los programas especiales.35 A inicios de los noventa, Guy (1990) afirma que alrededor de un 60% de la ayuda canadiense al Caribe estaba atada a compras en Canadá.36 Asimismo, el apoyo canadiense al Caribbean Development Bank (cdb) fue en los noventa de cien millones, más de diez veces su suscripción inicial de capital a ese banco (en 1971). Canadá contribuyó, además, con un 25% del Special Development Fund (sdf) de este banco, dirigido a conceder préstamos a los países caribeños menos desarrollados (Guy, 1990). En Haití, adicionalmente, Canadá participó en la intervención de 1994 y se ha establecido como mediador y uno de los mayores donantes de asistencia humanitaria a este país. Basdeo (2002) califica la relación Canadá-Caribe en este período como de un “constructive partnership” que, si bien parte de una visión que mantiene la visión altruista de Canadá de la región, intenta calificar este nuevo momento y la amplitud de las relaciones. Esto fue percibido como un intento desde Canadá de captar en sus políticas, de una mejor manera, las necesidades y los reclamos

para la implementación de las reformas necesarias para ser elegibles para el tlcan o el alca. Apoyar a estos países en su entrada al libre comercio era visto por este país como una tarea tanto individual como regional. El jtec tendría la responsabilidad de otorgar este apoyo. 35. En muchos de estos programas se otorgan préstamos con condiciones menos rígidas y diversos tipos de provisiones. En algunos casos no se aplica interés durante un período de gracia; se han otorgado de diez a 50 años de repago. No obstante, en este último caso, a los beneficiarios de la ayuda se les exige realizar gastos asociados alrededor de un 80% con industrias canadienses, aun cuando sean menos competitivas que en otros países. 36. Ya desde 1981, en un informe de Kari Levitt sobre las relaciones económicas entre Canadá y el Caribe se denunciaba la condicionalidad de realizar la mayor parte de los gastos de los montos de ayuda con compras a industrias canadienses, lo que impedía un uso más eficiente de la ayuda. La industria canadiense se presentaba ya desde entonces como menos competitiva que las estadounidense, japonesa y europea, lo que dañaba profundamente las potencialidades de la cooperación y beneficiaba a los productores canadienses (Levitt, 1981).

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del Caribe desde una noción más multidimensional que la del enfoque estadounidense. Durante los noventa, cida37 mantuvo su ayuda sostenida a los países de la oeco y los programas de asistencia con bases integradas en diversas islas.38 Sin embargo, también en este período se incrementa la competencia con países de otras regiones por ser receptores de la asistencia canadiense. Desde la perspectiva de la mayoría de los países del Caribe, la ayuda económica canadiense trae beneficios “sin ningún diseño abierto o encubierto” para subvertir la posición del gobierno en cuestión (Griffith, 1999). Si bien el objetivo principal no pretende subvertir la estabilidad política en la región, sino mantenerla, tampoco es posible desconocer que esta ayuda no solo tiene condicionamientos, sino además no está divorciada de sus intereses económicos, de seguridad y política exterior en el área. No obstante, es importante destacar la función de contrabalance de Canadá frente a Estados Unidos, como opción diferenciada de política exterior para la Caricom, a partir de un enfoque canadiense de política más cercana a una visión de desarrollo. c. 2001-2012: el retorno de la “seguridad” Luego del 11 de septiembre de 2001, la presencia internacional de Canadá y su diplomacia comenzaron un proceso de cuestionamiento sobre la autopercepción del lugar que este país debía ocupar en el contexto internacional. Tanto Paul Martin como Stephen Harper entendieron cuán importante era tener una efectiva política comercial vinculada a la política exterior, y ambos primeros ministros actuaron para fortalecer la capacidad del dfait para servir a los intereses canadienses. La naturaleza cambiante de la percepción de amenazas a la seguridad, crecientes de manera trasnacional, unida a los ataques terroristas del once de septiembre en Estados Unidos, desplazó al gobierno de Canadá hacia una posición de seguimiento en tendencia de la orientación hacia la seguridad en su política exterior. En un contexto en que Canadá y el Caribe

37. Las prioridades de cida a mediados de los noventa se dirigían a: apoyo a la estabilidad política, liberalización económica, equidad social y manejo ambiental y, de manera transversal, temas de género (Hosten-Craig, 1999). 38. Estas áreas fueron: agricultura, desarrollo rural, salud, educación, desarrollo comunitario y local, entre otros. Asimismo, la asistencia tenía orientaciones de apoyar a las ong en la región, como asociaciones deportivas, profesionales, religiosas, así como otras gubernamentales, entre los que se encontraban los Parlamentos y otros departamentos y agencias de los gobiernos.

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habían compartido visiones de la seguridad con bases multidimensionales en la década de los noventa, un mayor foco en temas como narcotráfico, crimen organizado y gobernabilidad, y una orientación externa más alineada a los intereses de política exterior estadounidenses en el área, han comenzado a gestarse.39 El enfoque en temas de seguridad no ha encontrado rechazo en el Caribe, pues el reforzamiento creciente de la dimensión transnacional de muchos fenómenos que afectan a la subregión —asociado a la creciente desterritorialización y la invisibilidad de algunos actores ligados a la seguridad— constituyen elementos que desafían la institucionalidad y la gobernabilidad regionales.40 A inicios del siglo xxi, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (dfait) de Canadá no enfrentó los mismos desafíos fiscales de los años noventa y ha colocado un mayor enfoque en nuevos desafíos.41 En 2007, el gobierno canadiense anunció un nuevo compromiso con la región de América Latina y el Caribe, al colocarla como una prioridad máxima internacional, de donde el Caribe es simplemente subsidiaria. Canadá fue líder en el cdb para movilizar recursos para el Special Development Fund, una ventana de préstamos concesionales para enfrentar los desafíos de la crisis económica. Este país, además, abona la membresía de Haití al cdb para que pueda tener acceso al apoyo del banco (dfait, 2011). Adicionalmente, fue uno de los primeros países en condonar la deuda externa de Haití, luego del terremoto de 2010. Este último país ha concentrado la mayor parte de los esfuerzos canadienses, lo que se encuentra en plena coherencia con la “nueva” autopercepción que promueve el actual gobierno. En este contexto, el Caribe se encuentra en una competencia por la asistencia donde se encuentra en clara desventaja en relación con América Latina.

39. A ello ha contribuido el corrimiento político canadiense hacia la derecha, que en esencia compartía muchos de los valores que ha sostenido el conservadurismo en Estados Unidos. 40. Esta situación es reconocida por documentos oficiales de la dfait (2011) como el Evaluation of the Americas Strategies, el cual destaca como un tema fundamental el crimen organizado y el narcotráfico en el Caribe, con énfasis en el caso de Jamaica. 41. Algunos de ellos están relacionados con temas de paz y seguridad, promoción del comercio y la inversión, y avance en la implementación y el cumplimiento de las leyes del derecho internacional y los derechos humanos, en un contexto de nuevos desafíos. En este sentido, Canadá abrió una oficina regional en Panamá, Regional Office for Peace and Security (rops), que contenía uno de los cuatro programas de este país contra las drogas, el crimen organizado y el terrorismo, con foco en Centroamérica y el Caribe, mostrando el nuevo compromiso de Canadá con temas emergentes del actual contexto.

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Laneydi Martínez Alfonso cida, por su parte, ha descentralizado su Programa Regional del Caribe hacia Barbados, desplazando funcionarios y responsabilidades de programación hacia este lugar. Dicha descentralización debe ser completada durante el presente año (2012) y se espera que en el futuro las programaciones se realicen desde esta sede. Canadá ha apoyado un rango de esfuerzos para el alivio de los efectos de los desastres naturales en la región en este período, con la implementación de diversas iniciativas regionales.42 Adicionalmente, en temas normativos, Harper anunció en 2009 la concesión de unos 7,2 millones de dólares durante tres años, para una reforma del sistema de justicia criminal en Trinidad y Tobago, un proyecto en colaboración con Gran Bretaña. También durante este año, un proyecto de cida-Caricom proveyó donaciones financieras a la Secretaría General de Caricom para el desarrollo de negocios en la región, en la medida en que esta avanzaba hacia el Single Market and Economy (csme). En la actualidad, a pesar del discurso canadiense de un momento de re-engagement en sus relaciones en el hemisferio, existe un cuestionamiento sobre lo que Canadá pueda proveer a la región del Caribe, en el marco reciente (2011-2012) en que están teniendo lugar grandes recortes presupuestarios. Un elemento fundamental en las relaciones han sido las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con la Caricom, las cuales han sido extremadamente lentas, debido en parte a la percepción en la región caribeña de que la negociación de los Acuerdos de Asociación Económica (epa, su sigla en inglés) con la Unión Europea, no han tenido impactos positivos en términos de crecimiento e incremento de las exportaciones (dfait, 2011, p. 42). Por consiguiente, existen preocupaciones de que esto pueda repetirse en el caso de las negociaciones con Canadá. Bajo el gobierno de Harper, instituciones como el Royal Bank of Canada han “retornado” aceleradamente al Caribe. El Royal Bank of Canada ha comprado en 2007 y 2008 filiales de bancos radicados en el Caribe, que cuenta con una amplia red regional, las cuales no solo le otorgaron presencia a este banco en ocho países y territorios, sino también lo ele-

42. Estas incluyen su contribución al Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility en el Banco Mundial, así como alrededor de 13,5 millones de dólares al Caribbean Disaster Risk Management Program, donde Haití ha reforzado su importancia. Asimismo, la Public Health Agency of Canada trabaja en la actualidad con agencias caribeñas y con la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar una Agencia de Salud Pública Caribeña.

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varon movió del lugar diecinueve al cuarto como mayor banco en la región, y el segundo en el Caribe anglófono, luego de Scotiabank (Hudson, 2010).43 La presencia económica de Canadá en el Caribe continúa siendo amplia, no solo en el área de los servicios financieros y de seguros.44 De manera creciente, el gobierno de Canadá está teniendo una participación más activa en el ámbito militar y de seguridad a escala global, con su apoyo a corporaciones. Engler (2012) califica la política exterior de Harper como “militaristic and corporate oriented”, y encuentra en ella crecientes y amplias coincidencias con Estados Unidos. El involucramiento de Canadá en Haití a través de la presencia militar, y de una dirección de parte de su ayuda al fortalecimiento de armamentos y fuerzas militares del Estado haitiano, forma parte de estas tendencias. En 2009, la Caricom atrajo alrededor del 10% de la ied canadiense, por lo que permanece como un destino aún relativamente importante. Sin embargo, existen grandes diferencias en el Caribe en cuanto a la recepción de la ied proveniente de Canadá.45 Hasta 2009, el 40% de la ied canadiense estaba invertida en el sector de las finanzas y los seguros. Otros sectores dominantes son la minería, la extracción de petróleo (15%) y la administración de compañías (10,3%) (Caricom, 2010a). La negociación de un nuevo acuerdo Canadá-Caricom que reemplace al caribcan forma

43. En 2007, el Royal Bank of Canada compró el 50% de las acciones del Fidelity Merchant Bank, radicado en Bahamas, dedicado al manejo de la riqueza y los servicios financieros en países del Caribe como Barbados, Bahamas, Islas Caimán y Turcos y Caicos. En 2008, el Royal Bank of Canada compró la sede de Trinidad y Tobago de esta institución, por 2,28 mil millones de dólares, en un acuerdo cash-and-stock por parte de los accionistas. La compra otorgó la nueva filial del banco, denominada Royal Bank of Canada Caribbean, tiene más de 13,7 miles de millones en activos, 130 filiales y 7,000 empleados que atienden a 1,6 millones de clientes (Hudson, 2010). Sin embargo, como señala Hudson (2010) en la actualidad existe poco conocimiento e interés por esta arista neocolonialista desde Canadá, a diferencia de la década de los setenta. 44. En marzo de 2008, The Economist reportaba: “Canadian firms make Chemicals in Trinidad and drill for natural gas offshore, mine nickel in Cuba and gold in Surinam, seek oil at Guyana and run cable television in the Bahamas and Jamaica” (citado por Engler, 2009, p. 10) Un ejemplo ilustrativo de esta presencia se refleja en que la canadiense Newfound Land’s Fortis tiene un monopolio sobre la electricidad en este país. Esto se expresa también en el sector turístico con la Commonwealth Holiday Inns of Canada y la CN Realty, las cuales fueron ampliamente responsables de la introducción de Holiday Inns en Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Granada, Barbados y Trinidad y Tobago. Acompañando esta presencia, en 2008 otra organización patrocinada por cida, la Trade Facilitation Office, arregló misiones comerciales al Caribe con el objetivo de expandir el turismo médico en las islas. 45. Los países que durante el 2009 atrajeron mayor inversión fueron: Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago. Estos dos últimos en particular han negociado tratados de inversión bilaterales. Adicionalmente, ya habían sido firmados tratados para evitar la doble tasación de impuestos con Barbados (1980), Jamaica (1978) y Trinidad y Tobago (1995).

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parte importante de las negociaciones bilaterales actuales.46 Las exportaciones al mercado canadiense entran fuera de aranceles bajo la iniciativa del caribcan, por lo tanto, no existe la posibilidad de acceso a una mayor ganancia derivada de un acuerdo comercial. Sin embargo, una relajación de las reglas de origen podría beneficiar a los países de la Caricom. Estos países están interesados en negociar un capítulo del acuerdo con Canadá sobre agricultura y pesca. El coted, por intermedio de los ministros de agricultura de Caricom, ha identificado prioridades en la búsqueda de mecanismos de apoyo para asistir la seguridad alimentaria regional, la gestión del agua y la pesca. Al mismo tiempo, otros temas de relevancia, como inversión y exportación de servicios profesionales, son de interés de Caricom para ser negociados en un eventual acuerdo con Canadá.47 Según la Secretaría de Caricom: “los instrumentos existentes para el comercio y la cooperación —con Canadá— están limitados en su alcance”, por lo que es necesario negociar su renovación y su adecuación a las necesidades actuales del Caribe. En este contexto, aunque con permanencia de una gran gama de instrumentos y de percepción de diferencias en su política en relación con Estados Unidos, Canadá pareciera haber dejado atrás en la práctica la consideración de “especiales” a sus relaciones con los países de la Caricom, probablemente con la excepción de Haití.

46. Dos sectores claves para la Caricom en la negociación de acuerdo con Canadá son el de la agricultura y la pesca. Los países miembros de este esquema presentan un sector agrícola caracterizado por una combinación de pequeñas y medianas empresas, con baja competitividad y sometido por tanto a una gran presión. Los productos pesqueros presentan innumerables barreras a la entrada a Canadá debido a medidas técnicas y de seguridad. Algunas de las mayores importaciones de Caricom desde Canadá son de pescado y productos derivados, papas, carne de cerdo, productos de trigo y otros, frijoles, semillas, concentrados de leche, carne de pavo, carnes de vacuno saladas y misceláneas de preparación de alimentos. Las importaciones de pescado ascienden a alrededor de diecisiete millones de dólares. 47. En este último tema, la Caricom ha identificado áreas de interés potencial, como los servicios legales, de contabilidad, de arquitectura e ingeniería para la negociación bilateral, por lo que intenta negociar mejores condiciones de acceso de profesionales caribeños en la exportación de servicios a Canadá (Caricom, 2010b).

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3. Estados Unidos y Canadá en sus políticas hacia la Caricom: ¿policía bueno, policía malo? a) Convergencias Desde una mirada histórica se puede identificar un grupo importante de convergencias en los acercamientos y las políticas de ambos países, que se pueden resumir de la siguiente forma: • El mantenimiento de vínculos económicos y políticos tanto de Estados Unidos como de Canadá en las diferentes etapas del período analizado (1973-2012), con énfasis particular en el contexto de la Guerra Fría, donde el Caribe era identificado como prioridad número uno de la política exterior de ambos países. En particular, el lanzamiento, con pocos años de diferencia, primero de la Caribbean Basin Initiative por Estados Unidos, y luego de la Caribbean-Canada Trade Agreement (caribcan), es un ejemplo altamente ilustrativo de un relativo seguimiento de la política exterior de Canadá de la conducida por Estados Unidos en el Caribe anglófono. • Durante los noventa se identifica un proceso de degradación de los países de Caricom en la jerarquía geográfica de las prioridades de política exterior estadounidense y canadiense en relación con el período anterior, aunque en diferente medida, con un mayor enfoque de ambos hacia el contexto más amplio de América Latina y el Caribe. • Promoción por parte tanto de Estados Unidos como de Canadá, desde diversas posturas, de la aplicación en los países de la Caricom de medidas neoliberales asociadas al libre comercio y las finanzas en un contexto de reducción de la importancia del Estado (bajo la influencia del Consenso de Washington), a través de la implementación de programas de ajuste y estímulo a la liberalización. De manera compartida, tanto Estados Unidos como Canadá, a través de su retórica política, de negociaciones comerciales y condicionalidades de su ayuda, contribuyeron a la aplicación del neoliberalismo en el Caribe anglófono. Aunque de dos maneras bien diferentes, ha habido un esfuerzo tanto de Estados Unidos como de Canadá de hacer avanzar sus intereses económicos y de seguridad en los países de la Caricom. Ambos han reforzado de manera continuada la inserción subordinada y dependiente de los países de la Caricom a la economía mundial. • Otro elemento institucional de coincidencia entre Estados Unidos y Canadá es la utilización de la oea como un actor fundamental en 113

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el avance de sus intereses económicos, políticos y de seguridad en el área del Caribe anglófono. En este sentido, la entrada de Canadá en la oea en 1989 marcó un momento también de conformación de coincidencias con Estados Unidos en su política exterior hacia la región, y dentro de esta el Caribe. Los diversos mecanismos y órganos de la oea, desde una perspectiva histórica, han marcado la dirección de los vínculos políticos, especialmente en temas de seguridad. • Es necesario señalar que el tema de la seguridad regional, si bien ha tenido prioridades diferentes dentro de los instrumentos de política de Estados Unidos y Canadá hacia los países de la Caricom, ha sido un factor presente en ambas políticas durante todo el período analizado (1973-2012). Canadá ha tenido un accionar complementario al de Estados Unidos e incluso Gran Bretaña en materia de seguridad en el Caribe en numerosas ocasiones. De manera reciente, existe una tendencia a un mayor acercamiento o coincidencia en temas de seguridad entre Estados Unidos y Canadá, lo que se ha expresado en el enfoque de instrumentos de ambos países hacia el Caribe. En este sentido, la Caribbean Basin Security Initiative de Estados Unidos ha estado acompañada de una creciente retórica y práctica canadiense a través de la asistencia con enfoque en temas de seguridad que no pueden ser desconocida. • Haití es probablemente el país donde confluyen las mayores convergencias en política exterior y donde el accionar de Estados Unidos y Canadá, desde dos enfoques diferentes, adquiere mayores niveles de complementación, en temas de comercio, inversión, asistencia económica, cooperación y particularmente seguridad (tanto desde su visión tradicional con énfasis en temas militares y de fuerza militar, policial y guardacostas, como de crimen organizado, drogas, estabilidad política, gobernabilidad, entre otros). No obstante, Canadá tiene una agenda mucho más diversificada en Haití, en la cual han influido sustancialmente las formas de inserción de la diáspora caribeña en este país. b) Divergencias A continuación se presentan algunas de las divergencias principales en relación con la política exterior hacia el Caribe. • Imagen. Desde una perspectiva histórica, una primera divergencia es la proyección de una imagen de política exterior esencialmente 114

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diferente. La tendencia hegemónica de Estados Unidos en su política exterior, y en particular hacia los países de la Caricom, está asociada siempre al avance de sus intereses económicos, políticos y de seguridad. Los países de la Caricom se enfrentan, en este sentido, a un actor que reconocen fundamental para sus intereses (primer socio comercial, inversionista, principal interlocutor en temas de seguridad, entre otros), y mismo tiempo perciben con pragmatismo y relativa desconfianza. Por el contrario, en el caso de Canadá existe una percepción en el Caribe de este país como un actor más benigno y de mayor confiabilidad que Estados Unidos. Canadá ha tenido éxito en la proyección de esta imagen, aun cuando de manera reciente esta imagen ha ido cambiando, en la medida en que la nueva administración canadiense ha orientado progresivamente sus objetivos de política exterior en coincidencia con los de Estados Unidos. Temporalidad. Un elemento relevante de diferenciación en las políticas exteriores de Estados Unidos y Canadá hacia el Caribe radica en que, debido a razones tanto históricas como políticas, los momentos de mayor interacción de Estados Unidos y Canadá, excepto por la década de los ochenta, no han coincidido. Las llamadas “relaciones especiales” de Canadá con el Caribe son ciertamente anteriores al salto en las prioridades dado por el contexto de la Guerra Fría a Estados Unidos. Enfoque de la diplomacia. Si bien Estados Unidos ha estado marcado por un realismo y un neorrealismo político de matriz conservadora, Canadá, por su parte, ha privilegiado en primer lugar una diplomacia de internacionalismo constructivista más afín no solo a los principios de política exterior, sino más concretamente a sus intereses y necesidades socioeconómicas y políticas. Esto ha implicado mejor compresión y captación en las políticas de Canadá en el período analizado de las necesidades del Caribe que Estados Unidos. Caso Cuba. Las relaciones de Canadá con Cuba son probablemente el punto de mayor divergencia con Estados Unidos en política exterior y un importante punto de convergencia con el Caribe. El mantenimiento de buenas relaciones diplomáticas entre Canadá, los países de la Caricom y Cuba ha sido un factor de unidad, reflejo de una posición política caribeña más cercana a las posiciones de Canadá que a las de Estados Unidos. Enfoque regional y temático. Canadá, en los diferentes instrumentos empleados en su política hacia el Caribe, y a diferencia de Estados 115

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Unidos, explicita un mayor intento por reconocer, negociar y financiar iniciativas que beneficien no solo a los países individualmente, sino, fundamentalmente, al Caribe desde su proyecto regional: Caricom y sus diversos órganos. Estados Unidos, sin embargo, ha privilegiado un enfoque bilateral en los diversos instrumentos e iniciativas. Asimismo, los temas prioritarios para Estados Unidos en su política exterior hacia el Caribe, aunque han oscilado en dependencia de las etapas históricas, han estado enfocado fundamentalmente en temas de seguridad, entendidos desde enfoques diferentes. Por su parte, para Canadá, si bien los temas de seguridad han permanecido con una gran importancia dentro de la política exterior hacia el Caribe, lo cierto es que los económicos y de desarrollo han tenido un peso más preponderante. • Predominio de instrumentos de política exterior. Para Estados Unidos, la seguridad y el comercio (las iniciativas comerciales) han constituido los nodos de las relaciones político-diplomáticas con los países de la Caricom. En el caso de Canadá, la asistencia económica y técnica ha constituido el núcleo central de las relaciones bilaterales, lo que corresponde a acercamientos históricos diferenciados al área. Las prioridades de los programas de asistencia externa de Canadá hacia la Caricom han mostrado las tensiones entre objetivos altruísticos de la política exterior canadiense, como el desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza por un lado, y, por otro, los intereses comerciales y fundamentalmente financieros y de política exterior de Canadá. • Nociones de seguridad. Las nociones de seguridad de Canadá y Estados Unidos han diferido en su concepción general y en particular en su proyección hacia el Caribe. Si bien Estados Unidos ha privilegiado sistemáticamente un enfoque vinculado a sus intereses de seguridad y más recientemente de seguridad nacional, Canadá, por su parte, ha sido un socio importante en las Américas en la promoción de un concepto de seguridad más afín con la perspectiva multidimensional de la seguridad que defiende la Caricom con prioridad, de la seguridad humana. La política exterior de Estados Unidos hacia los países de la Caricom ha buscado, sin artilugios sofisticados, avanzar sus intereses económicos, de seguridad y político-diplomáticos, en ocasiones sin entender con claridad las necesidades y reclamos desde estos países ni interesarse en ellos, y en otras etapas con aprendizaje y manipulación de sus necesidades. En 116

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la actualidad, Estados Unidos, desde una visión estratégica enfocada al mantenimiento de su posición hegemónica en el área, busca consolidar un cordón de seguridad que consolide y garantice esos intereses en el Caribe. Canadá, si bien durante mucho tiempo mantuvo, una “relación especial” con los países del Caribe, en la actualidad ello transita aceleradamente hacia un escenario en el cual, excepto por la dirección de la asistencia, el resto de sus temas pasa por los intereses corporativos canadienses y el nuevo viraje hacia un enfoque de seguridad. Ha habido un proceso de desdibujamiento de las bases “especiales” de estas relaciones, que hoy de manera casi exclusiva se sostienen en algunas formas de la asistencia. No obstante, aun cuando existen diferencias de enfoque y estilo en los programas y las formas de acercamiento a los países de la Caricom desde Estados Unidos y Canadá, aún persiste una visión mejorada de Canadá. Sin embargo, es necesario reconocer que este país ha estado transitando progresivamente hacia un cambio en algunas de sus principales posiciones de política exterior desde mayores puntos de coincidencia. A partir de este análisis, es posible identificar a Estados Unidos desde una política de “policía malo”, o sea, desde una posición percibida por el Caribe como agresiva y amenazante, con una actitud en general abierta de defensa de sus intereses desde su posición de potencia hegemónica. Por su parte, tradicionalmente Canadá ha reflejado una política de “policía bueno”, que se muestra comprensivo y apoya al Caribe, desde una proyección diferente de la de Estados Unidos, y ha actuado, en ocasiones, de manera complementaria y esencialmente no confrontativa con Estados Unidos en relación con la Caricom, y en otras en una función compensatoria, sin dejar de apoyar sus intereses corporativos mineros y financieros en el área. En este sentido, se destaca cómo esta coherencia de “policía bueno” y “policía malo”, ha estado evolucionando hacia posiciones integradas y generando desafíos importantes para los países de la Caricom. Bibliografía Alzugaray, Carlos (2004), De Bush a Bush: balance y perspectivas de la política externa de los Estados Unidos hacia Cuba y el Gran Caribe, Buenos Aires, clacso.

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Centroamérica en 2011: año de consolidación y búsqueda de nuevos acuerdos comerciales

Cruz Álvarez Padilla

Una vieja leyenda maya cuenta que, en el principio de los tiempos, Ixmucane, Abuela Diosa del Maíz, lanzó unos granos a las aguas del Caribe, de los que después germinaron islas. Detrás vino el dios de los vientos, Kukulkán, sopló sobre ellas y forjó así el arco de las Antillas. De esa forma nació el Caribe en la cosmogonía quiché: del trabajo y el aliento de los dioses centroamericanos, como una prolongación de las tierras continentales, cual signo de unión espiritual, más allá de las fronteras, los idiomas y las geografías. Hoy, seis siglos después de aquella leyenda, los países de América Central y del Caribe buscan nuevos caminos para rescatar los años míticos, cuando se creía que las dos áreas eran una, atadas por designios ancestrales. Palabras del presidente Mauricio Funes de El Salvador, en los trabajos de conclusión de la iii Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (sica) y de la Comunidad del Caribe (Caricom), agosto de 2011.

Durante 2011, los países centroamericanos1 buscaron consolidar la integración regional y el intercambio comercial con nuevos mercados

1.

Cuando se habla de países centroamericanos se hace referencia a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (sica), fundado el 13 de diciembre de 1991 mediante el Protocolo de Tegucigalpa y que, tras un proceso protocolario, entró formalmente en funcionamiento el 1ro de febrero de 1993. El sica también considera a Panamá, Belice y Republica Dominicana —nación asociada—; México, Argentina, Chile y Brasil, y desde 2011 Perú, son países observadores regionales del sica, y Australia, España, Taiwán, Alemania, Italia y Japón observadores extrarregionales. Su sede se encuentra en El Salvador. Además del sica, la integración regional tiene

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nacionales y regionales, a través de la suscripción de acuerdos y tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales, como una alternativa para enfrentar la amenaza de una nueva crisis económica internacional que afectaría el crecimiento de sus principales socios comerciales: los Estados Unidos de América, el Mercado Común Centroamericano y la Unión Europea. Ello afectaría su desarrollo económico y social, debido a la alta dependencia económica y comercial con esos socios. La integración regional se ha planteado como una ruta que conduce al desarrollo económico y social, a pesar de las guerras y los problemas políticos enfrentados desde su creación. En 2010 se fortaleció con su relanzamiento, con los acuerdos tomados en la xxxvii Reunión de Jefes de Estado del sica efectuada el 22 de julio de ese año en San Salvador; para ello se planteó un plan de acción centrado en cinco áreas prioritarias: estabilidad democrática, integración económica, inclusión social, prevención de riesgos ante efectos del cambio climático y fortalecimiento institucional. En julio de 2011 se reúnen los integrantes del sica para evaluar los avances y retrocesos del proceso de integración a un año de la firma de los acuerdos. Entre las conclusiones de la evaluación se destaca el reconocimiento al proceso de integración iniciado con la creación del Mercado Común Centroamericano en 1961 y al alto comercio intrarregional, pero se hace necesario seguir avanzando para alcanzar una integración económica y aduanera regional. La consolidación y la búsqueda de nuevos mercados para el intercambio comercial profundizan el proceso de integración regional, lo que permitiría alcanzar mayores niveles de crecimiento que se traducirían en la reducción de la pobreza y en mejores estándares de bienestar social de los ciudadanos centroamericanos. El presente artículo describe la forma en que fueron suscribiéndose los acuerdos y tratados comerciales en 2011. En primer lugar se desarrollan los acuerdos y negociaciones de tipo bilateral, entre los que se destacan los suscritos entre los países centroamericanos y el Perú, que se negocian en conjunto, incluido Panamá y sin la participación de Nicaragua, para después ser suscritos de manera bilateral por cada uno de los participantes, y los acercamientos comerciales con los países asiáticos, en especial China, Taiwán y Corea del Sur. En

al Banco Centroamericano de Integración Económica, con sede en Tegucigalpa; el Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, en Guatemala, y la Corte Centroamericana de Justicia, en Managua, además de distintos consejos, comisiones y foros ministeriales.

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Centroamérica en 2011: año de consolidación y búsqueda de nuevos acuerdos comerciales

segunda instancia, se presentan las negociaciones realizadas en bloque, en especial las efectuadas con México orientadas a unificar los tratados firmados entre ellos; además, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y con la Comunidad del Caribe. Antes de desarrollar lo anterior, se presenta de manera breve el panorama económico de la región. 1. Panorama económico centroamericano Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como organismos regionales como el Sistema Económico para América Latina y el Caribe y el Banco Económico Centroamericano, coinciden en que en los años posteriores a la crisis de 2008 la región centroamericana no ha alcanzado los niveles de crecimiento anteriores a ella. La región ha presentado un crecimiento heterogéneo y asimétrico tanto entre países —Costa Rica es el más dinámico, seguido por Honduras y Nicaragua y, rezagados, Guatemala y El Salvador— como entre sectores económicos, entre los cuales el agropecuario y la maquila son los más dinámicos. Después de la crisis económica internacional, la recuperación regional ha sido lenta por la alta dependencia económica y comercial con los Estados Unidos de América, que viene experimentando un lento de crecimiento, y porque la región no cuenta con recursos necesarios y suficientes para aplicar políticas anticíclicas, encaminadas a retomar la senda de crecimiento previa a la crisis. A lo anterior se suma el aumento del crimen organizado, la corrupción, la debilidad de las instituciones y la falta de competitividad. Esto último es expresión de la insuficiente infraestructura básica, los bajos niveles educativos y la no creación de nuevas empresas. Además, la región centroamericana se enfrenta a serios problemas inflacionarios ocasionados, principalmente, por el aumento internacional de los precios del petróleo y de los alimentos básicos. Para enfrentarlos, los organismos internacionales recomiendan instrumentar medidas orientadas a reducir la dependencia de las importaciones de crudo a través de la búsqueda de energías alternativas y, en el caso de los alimentos, aprovechar el potencial agrícola que permita producir alimentos básicos para satisfacer el consumo interno y parte de la demanda externa Esto último permitiría aprovechar de manera positiva los altos precios de los alimentos básicos. Para ello se deben resolver los problemas derivados de

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la falta de infraestructura y de los desastres naturales ocasionados por el cambio climático. Junto a lo anterior, los países centroamericanos deben vencer, al menos, tres grandes desafíos: a) en lo fiscal, cada uno debe resolver sus desequilibrios fiscales a través de medidas tributarias y asignación eficiente del gasto, lo que hace necesario efectuar reformas hacendarias; b) en lo comercial, diversificar el destino de las exportaciones orientándolas, principalmente, a los países asiáticos que muestran a corto y mediano plazos economías dinámicas crecientes, y c) en lo financiero, desarrollar un sistema financiero capaz de convertirse en el pivote del desarrollo con un banco central rector de la política monetaria. Si se logran resolver estos desafíos, las economías centroamericanas dejarán de depender de los recursos externos generados por las remesas, la inversión extranjera directa y el turismo; ello permitirá retomar la senda de crecimiento y se expresará en mejores condiciones de vida de la población. En el presente artículo se centra la atención en lo comercial. Durante 2011 el comercio exterior logró niveles históricos, al alcanzar 27,698 millones de dólares americanos (mda) en las exportaciones, lo que representó un crecimiento del 19.6% con relación a 2010, y 53,784 mda en las importaciones, lo que representó un crecimiento del 20.6% con relación al mismo año. Ello representó un déficit comercial de 26,086 mda superior en el 21.7% respecto de 2010.2 Los países centroamericanos contribuyeron en las exportaciones en la siguiente proporción: Costa Rica 36.9%, Guatemala 25.5%, El Salvador 15.3%, Honduras 14.4% y Nicaragua 8.2%. Si esta estructura se compara con la de 2008 se observa que Costa Rica es quien perdió mayor participación, mientras Nicaragua se mantuvo y aumentaron su participación Guatemala, El Salvador y Honduras. En cuanto a las importaciones, se tiene la siguiente participación porcentual: Costa Rica 29.6%, Guatemala 27%, El Salvador 17.3%. Honduras 16.7% y Nicaragua 9.4%. En comparación con 2008, Costa Rica y Honduras perdieron participación, aumentaron las de Guatemala y Nicaragua y se mantuvo la de El Salvador. A continuación se presenta

2.

Los principales productos de exportación fueron: café, té, yerba mate y especias; frutos comestibles; máquinas, aparatos y materiales eléctricos; azúcares; grasas y aceites animales o vegetales; plásticos y sus manufacturas. Por el lado de las importaciones: combustibles minerales, aceites y productos de su destilación; máquinas, aparatos eléctricos y sus partes; reactores nucleares, calderas, máquinas y artefactos mecánicos; vehículos automotores; plásticos y sus manufacturas; productos farmacéuticos y papel y cartón. La distribución del intercambio comercial se registra de acuerdo con la clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano.

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cómo en 2011 se fue consolidando el intercambio comercial de la región, a través de acuerdos y tratados suscritos de manera bilateral y multilateral. 2. Acuerdos bilaterales a. Costa Rica Después de cuatro rondas de negociaciones, iniciadas en noviembre de 2009, el 25 de mayo Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en suscribir un Tratado de Libre Comercio (tlc) con Perú que entrará en vigor en 2012.3 Con este tratado, el país tico alcanza ocho tratados comerciales que rigen para catorce socios comerciales. El tlc reducirá los aranceles cobrados en un lapso de entre cinco y diez años del 80% del intercambio comercial. Entre los productos peruanos beneficiados se encuentran: carne de pavo, sardinas, leche evaporada, alcachofas, ajos, mangos, mandarinas, limones, uvas, páprika, medicamentos, papel, tapas de aluminio, mermeladas, azúcar en bruto y partes de muebles. Quedaron excluidos productos sensibles para el Perú, tales como lácteos, carne de pollo, carne de cerdo, arroz, papa, maíz amarillo. Por el lado tico, entre los productos beneficiados se encuentran: palmito, chocolates, cacao y té; plásticos, papel higiénico, tapas de metal y otros derivados del papel; fueron excluidos del convenio 84 productos sensibles para Costa Rica, entre ellos están: café, papa, cebolla, arroz, productos derivados de cerdo y pollo. El intercambio comercial entre Costa Rica y Perú en 2011 ascendió a 60 mda; de ellos corresponden 45 mda a las importaciones y 15 mda a las exportaciones, que representaron el 0.14% y el 0.28% de su respectivo total tico. El 1 de agosto de 2011 entró en vigor el tlc entre Costa Rica y China.4 A pesar de ello, los importadores ticos esperan moderadas compras a ese país, debido a que en el mercado ya se cuenta con muchos produc3. 4.

Para Perú será el segundo tlc firmado de manera bilateral, el primero fue suscrito con Chile en 1998. Costa Rica restableció relaciones diplomáticas con China en junio de 2007, y es el único país centroamericano que tiene relaciones diplomáticas y una embajada del país asiático. En 2008 ambos países iniciaron las negociaciones para el tlc. El intercambio comercial entre 2000 y 2010 se multiplicó por catorce, al pasar de 90 millones de dólares a casi 1,300 millones. Este crecimiento responde a la participación de Costa Rica en la cadena global de valor de microprocesadores “en la que también China ocupa un lugar importante”, y no a un patrón de exportación de recursos naturales e importación de manufacturas.

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tos chinos y se espera un pequeño aumento en las exportaciones debido a lo difícil de negociar con ellos, principalmente por su idioma y sus tradiciones de negociación, así como por la distancia y el tamaño de la oferta. Al término de 2011, China se colocó como el segundo socio comercial, al intercambiar 1,482 mda, de ellos 200 mda en las exportaciones y 1,282 en las importaciones, lo que representó el 1.9% y el 8%, respectivamente, de los totales ticos.5 Con la entrada en vigencia del tlc, el 65% de los productos costarricenses de exportación ingresó de manera inmediata libre de arancel en China, mientras el 29% se desgravará en un plazo de cinco años, 2% en diez años y 1% en quince años; el 3% restante fue excluido del convenio. Por su parte, China exportará a Costa Rica de manera inmediata libre de arancel el 63% de sus productos, el 4% con plazos de desgravación de cinco años, 22% en diez años y 2% en quince años, y el 9% restante quedo excluido. Los principales productos comprados a China son, según procomer (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica), textiles, que representan el 13% del total; calzado, el 6%. El 17% corresponde a aparatos de radio y televisión, llantas, circuitos integrados y microestructuras eléctricas, juguetes, teléfonos, laminados de hierro o acero, computadoras y motocicletas, y el 64% se incluye en el rubro de otros, que abarca los productos traídos directamente por los almacenes chinos. De los productos exportados, el 60% corresponde a productos agrícolas, de estos el 75% son alimentos perecederos; estos difícilmente podrán aumentar su volumen exportable, por lo difícil de transportarlos a distancias largas, y a que se enfrentan a la competencia de proveedores cercanos, como Filipinas e Indonesia. El 40% restante son productos de electrónica, dispositivos médicos, industria aeronáutica y aeroespacial y dispositivos de filmación; de ellos, el 90% corresponde a circuitos integrados y otros componentes para computadoras, casi todos producidos por Intel, lo que provoca que lleven poco contenido costarricense. 5.

El valor del intercambio comercial de Costa Rica, expresado en millones de dólares americanos y en porcentajes, con los primeros cinco países, por el lado de las importaciones son: Estados Unidos de América (7,449, 46.8%), China (1,482, 9.3%), México (1,076, 6.8%), Japón (546, 3.4%) y Colombia (446, 2.8%), lo que representa el 69.1% del total que asciende a 15,921 mda, Panamá el noveno lugar (286, 1.8%), Nicaragua el 18 (121, 0.76%), Países Bajos el 26 (84, 0.52%) y Hong Kong el 32 (59, 0.37%). Por el de las exportaciones son: Estados Unidos de América (3,755, 36.7%), Países Bajos (730, 7.2%), Panamá (543, 5.3%), Hong Kong (506, 5%) y Nicaragua (439, 4.3%), que representa 58.5% del total que asciende a 10,219 mda; México ocupa el lugar ocho con (313, 3.1%), China el lugar 13 (200, 2%) y Japón el 20 (89, 0.9%).

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Cabe señalar que el tlc con China representa para algunos sectores industriales ticos una competencia desleal, que se enfrentan a productos importados de baja calidad, fabricados a costos cinco veces menores debido a la mano de obra barata y a la ausencia de garantías sociales en China, además de que en ese país se ofrecen “subsidios encubiertos a la producción” y a que existen empresas estatales que bajan los costos de producción y precio. Lo anterior fue expresado por el asesor económico de comercio exterior de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Es importante señalar que los demás países centroamericanos enfrentan esta misma situación. En noviembre se iniciaron negociaciones con Canadá para modernizar el tlc suscrito el 23 de abril de 2001 y vigente a partir del 1 de noviembre de 2002, con el objetivo de modernizar la normativa del acuerdo y brindar mayores oportunidades a exportadores e importadores de ambos países; se espera que el proceso concluya en 2012.6 En 2011, Canadá ocupó el lugar dieciséis como país de origen de las importaciones, al participar con el 1% del total, y el lugar veintiuno como país de destino de las exportaciones, al participar con el 0.8% del total. Los productos más exportados son banano, azúcar de caña en bruto, conductores eléctricos, piñas, artículos y aparatos de prótesis, llantas, café, instrumentos y aparatos de medicina, agujas, catéteres y cánulas, ropa interior femenina de algodón y juntas o empaquetaduras de caucho. Mientras trigo, abonos químicos, metales manufacturados, los productos más importados, por parte de los ticos. A lo largo del año se establecieron contactos con Singapur, Corea del Norte y con los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (aelc) —que agrupa a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza—, con el propósito de diversificar el intercambio comercial y aprovechar las ventajas derivadas de esos países, a través de tlc. Por ejemplo, con Corea del Sur se plantea aprovechar la complementariedad de las economías, dado que la oferta coreana se concentra en bienes industriales como aceites de petróleo, vehículos y productos de alta tecnología, y la costarricense en productos agrícolas como café, piña y alimentos preparados.

6.

Canadá y los países centroamericanos iniciaron negociaciones para establecer un tlc entre ellos; en 2002 entró en vigencia el de Costa Rica. En julio de 2006, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras reanudaron las negociaciones. Solo Honduras logró suscribirlo en 2010, mientras El Salvador, Guatemala y Honduras continúan negociando.

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Se reconoce que el intercambio comercial con Corea del Sur es muy pequeño. En 2011, Costa Rica exportó 42 mda, que representó el 0.41% del total, e importó 210 mda, que representó el 1.31% del total. Entre las exportaciones sobresalen los siguientes productos: procesadores y controladores, partes y accesorios de computadoras, artículos y aparatos de prótesis, partes destinadas a aparatos emisores o receptores de radiodifusión, plantas vivas y piña; entre las importaciones están principalmente los automóviles. b. El Salvador En febrero se suscribe el protocolo para establecer un tlc con Colombia que entrará en vigor una vez sea ratificado por sus asambleas legislativas respectivas. Las negociaciones se realizaron en el marco del tlc suscrito el 20 de febrero de 2008 entre Colombia y el Triángulo del Norte que se encuentra vigente para Guatemala a partir del 13 de marzo de 2009, El Salvador el 1 de febrero de 2010 y Honduras el 27 de marzo del mismo año. En 2011, Colombia ocupó el lugar doce como país de origen de las importaciones salvadoreñas, al participar con el 1.9% del total, y el lugar 35 como destino de las exportaciones, al participar con el 0.1% del total7. En mayo se reiniciaron las negociaciones para concretar el tlc con Perú, en cual se consideran las propuestas de los empresarios en el sentido de proteger a los productores de textiles, plásticos y jugos. En 2011, Perú ocupó el lugar 32 como país de origen de las importaciones, al participar con 0.29% del total, y el lugar 36 como país de destino de las exportaciones, al participar con el 0.1% del total. En septiembre se firmó con Cuba, después de tres rondas de conversación realizadas durante el año, un Acuerdo de Alcance Parcial (aap) con el propósito de aumentar el intercambio comercial entre ambos países que ha sido muy limitado, no alcanza los cinco mda anuales. Las negociaciones se realizaron en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas 7.

El valor del intercambio comercial de El Salvador con los primeros cinco países, expresado en millones de dólares americanos y en porcentajes, es por el lado de las importaciones: Estados Unidos de América (3,445, 39.9%), Guatemala (979, 10.5%), México (739, 8%), China (498, 5.3%) y Honduras (378, 4.1%), que representan el 68% del total ascendente a 9,328 mda. Costa Rica ocupó el sexto lugar (293, 3.1%) y Nicaragua el lugar 11 (196, 2.1%). Mientras, por el lado de las exportaciones, los primeros países son: Estados Unidos de América (1,420, 33.5%), Guatemala (733, 17.3%), Honduras (666, 15.7%), Nicaragua (294, 7%) y Costa Rica (213, 5.1%), que representa el 78.8% del total que asciende a 4,240 mda. México ocupa el octavo lugar, con (83, 2%) y China el lugar 43 (2, 0.04%).

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entre ambos países, suspendidas por 50 años, a instancia del presidente Mauricio Funes. El aap incluye productos avícolas, de pesca, frutas tropicales, semillas oleaginosas, grasas y aceites comestibles, atún, chocolates, productos de panadería, preparaciones de frutas y hortalizas, jugos, ron, vodka, tabaco, cemento, medicamentos, productos de higiene, plásticos, papel y cartón, calzado, hierro, acero y herramientas, entre otros. Se buscó fortalecer, después de tres años de vigencia, el tlc firmado entre El Salvador y Taiwán, que ha permitido un mayor dinamismo en el flujo comercial de ambos países. El azúcar es el principal producto salvadoreño de exportación, informó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (fusades), que también señala que el tratado se ha desaprovechado: al no diversificar las exportaciones con los 5,688 productos libres de arancel incluidos en el tratado y el potencial exportable de Taiwán en la región asiática. Taiwán ocupó el lugar trece tanto de importaciones como de exportaciones, al participar en el total con 1.5% y el 0.8%, respectivamente. c. Guatemala En abril se suscribe el Acuerdo Parcial de Complementación Económica con Ecuador, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi), después de un breve lapso de negociaciones. Con ello se desgravaron 700 partidas arancelarias de forma paulatina con el propósito de incrementar las relaciones comerciales entre ambos países. A lo largo de 2011, Guatemala importó 165 mda, que representan el 1.1% del total, y exportó solo 11 mda que representa el 0.16% del total.8 El Acuerdo abarca el intercambio de azúcar, camarón, flores y plantas; mango, confitería, conservas, salsas, caucho, hortalizas medicamentos, jabones, pinturas, artesanías y algunas manufacturas de plástico. También productos de cuero, acero y hierro; algunas fabricaciones de textiles y confección, refrigeradoras y manufacturas de línea blanca. Quedaron exclui8.

El valor del intercambio comercial de Guatemala, expresado en millones de dólares americanos y en porcentajes, con los primeros cinco países, por el lado de las importaciones son: Estados Unidos de América (5,925, 40.8% ), México (1,671, 11.5%), China (902, 6.2%), El Salvador (715, 4.9%) y Colombia (569, 3.9%) que representan el 67.3% del total que asciende a 14,535 mda, Costa Rica el sexto lugar (451, 3.1%), Honduras el octavo (311, 2.2%) y Nicaragua el 31 (63, 0.43%); mientras por el de las exportaciones son: Estados Unidos de América (1,810, 25.6%), El Salvador (1,041, 14.8%), Honduras (773, 10.5%), Nicaragua (427, 6.1%) y Costa Rica (403, 5.8%), que representa el 62.5% del total que asciende a 7,062 mda; México ocupa el sexto lugar con (368, 5.2%), China el lugar 27 (26, 0.36%) y Colombia el 28 (23, 0.32%).

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dos bananos, café, licor, granos básicos y carne, por ser productos sensibles. Se espera para el año 2016 la firma de un tlc entre ambos países. Después de las negociaciones entre los equipos técnicos, el 6 de diciembre se firma en la capital guatemalteca el tlc con Perú, que entrará en vigor una vez sea aprobada por las asambleas legislativas respectivas. Con el tratado de busca fortalecer el intercambio comercial entre los dos países. Se establece que el 80% de las exportaciones guatemaltecas tendrán acceso libre de arancel al mercado peruano a partir de su aprobación y en un plazo de cinco años. Los productos de exportación —que tendrán acceso preferencial— son los del sector textil, confección, refrigeradores, dulces, chocolates; pinturas, jabones, medicamentos, cosméticos; frutas, hortalizas, conservas y caucho. Entre los productos excluidos se encuentran el azúcar de caña y café. Guatemala permitirá el ingreso del 84% de la oferta peruana libre de arancel en el mismo periodo. Durante 2011, Guatemala importó 87 mda. Lo que representa el 0.59% del total, y exportó 43 mda que representa el 0.6% del total. Se plantea la posibilidad de negociar un tlc con Corea del Sur, país al que exportó, en 2011, 124 mda, que representan el 1.7% del total; sobresalen los siguientes productos: azúcar, café, hilos e hilaza, melaza, aluminio y chatarra. Importó 181, mda que representan el 1.3% del total; los más sobresalientes son los materiales textiles, vehículos, derivados del petróleo, hierro y acero. Luego de 11 años de infructuosas negociaciones para establecer un tlc con Canadá, Guatemala, dadas las trabas puestas por los canadienses, evalúa la posibilidad de desechar la negociación. El intercambio comercial en 2011 entre ambas naciones ascendió a 240 mda; a las exportaciones corresponden 146 mda, y a las importaciones 94 mda, representaron el 2.1% y 0.6% de sus respectivos totales. d. Honduras En mayo se aprueba la reincorporación de Honduras al sica y con ello recupera su membresía en la oea, que le había sido retirada por casi dos años a consecuencia del derrocamiento de Manuel Zelaya por el golpe de Estado de 2009. Con ello se abre la posibilidad de retomar las negociaciones comerciales a escala nacional y regional. Entre las primeras negociaciones para elevar el flujo comercial del país se encuentra la realizada con Brasil a fin de tener un trato preferencial en dicho mercado.

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Brasil ocupó el lugar 36 de destino de las exportaciones, al participar con 0.12%, y el lugar 13 de las importaciones, con el 0.95%.9 Honduras formo parte de los países que negociaron con México la unificación de los tratados firmados entre ellos, en estas negociaciones buscó el acceso de los azucareros al mercado mexicano y el acceso por tierra de los vehículos centroamericanos que transportan las mercancías a territorio azteca; esto último ha sido un cuello de botella para el libre comercio. El 12 de agosto de 2011 concluyeron las negociaciones para el tlc entre Honduras y Canadá, en la ciudad de San Pedro Sula, en el cual sobresale el acuerdo sobre la cuota exportable de azúcar, que alcanza dos mil 500 toneladas. Cabe recordar que en Honduras se encuentra la fábrica maquiladora canadiense más grande, que ha generado una inversión de 400 mda; con el tlc se espera una inversión adicional de 250 mda, lo que beneficiará a la economía en general y, en especial, el aumento del número de trabajadores en dicho sector. El intercambio comercial con Canadá en 2011 ascendió a 126 mda, de ellos 31 mda corresponden a las importaciones y 95 mda a las exportaciones, que representan el 0.34% y el 2.4%, de sus totales respectivos hondureños. Además se propone en los primeros meses de 2012 iniciar las negociaciones para establecer un tlc con la Asociación Europea de Libre Comercio, con el objetivo de ampliar y entrelazar las economías, así como de promover el comercio y la inversión entre ambas regiones. e. Nicaragua A lo largo de 2011 se buscó consolidar los vínculos económicos y comerciales con Venezuela y con los demás integrantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (alba, constituido en 2007 e integrado por Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas). Estos países se han 9.

Por el lado de las importaciones, el valor del intercambio comercial de Honduras, expresado en millones de dólares americanos y en porcentajes, con los primeros cinco países, es: Estados Unidos de América (4,127, 46.1%), Guatemala (787, 8.8%), México (507,5.7%), El Salvador (486, 5.4%) y China (369, 4.1%), lo que representan el 70.1% del total ascendente a 8,952 mda. Alemania está en el décimo lugar (121, 1.2%), y Bélgica-Luxemburgo en el lugar 25 (31, 0.34%). Por el lado de las exportaciones es: Estados Unidos de América (1,280, 32.8%), Alemania (425, 10.9%), El Salvador (285, 7.3%), Bélgica-Luxemburgo (253, 6.5%) y Guatemala (240, 6.1%), lo que representa el 66.6% del total ascendente a 3,897 mda. México ocupa el octavo lugar con (110, 2.8%) y China el lugar once (83, 2.1%).

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convertido en los principales compradores de productos agropecuarios nicaragüenses. En particular, Venezuela se ha convertido en el segundo socio comercial, al intercambiar ambos países 1,067 mda en 2011, de los cuales 794 mda son importaciones y 303 mda exportaciones, que representan el 15.6% y el 13.3% de sus respectivos totales nicaragüenses.10 De las exportaciones, 75% corresponden a productos agropecuarios, tales como: café, ajonjolí, azúcar, cacahuate, soja, tabaco y banano. Los representantes técnicos de los gobiernos de Nicaragua y Ecuador negociaron un Acuerdo de Integración y Comercio Justo entre ambos países, considerando las asimetrías y la complementariedad productivas de ambas naciones, con el objetivo de fortalecer el “débil” intercambio comercial que asciende a 15 mda, donde 10 mda pertenecen a las importaciones y 5 mda a las exportaciones, que representan el 0.19% y el 0.21% de sus respectivos totales. Dicho acuerdo se negoció en el marco de los principios del Tratado de Comercio de los Pueblos, establecidos en la vii Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (alba), en Cochabamba, Bolivia, el 17 de octubre de 2009. El 31 de agosto entra en vigencia el tlc con Chile, después de doce años de negociación; con ello todos los países centroamericanos cuentan con un tratado bilateral con ese país.11 El tratado permite que el 96% de los productos que conforman la canasta exportable de Nicaragua puedan ingresar libres de arancel al mercado chileno. A su vez, el 67% de los productos chilenos podrán ingresar libres de aranceles a Nicaragua. Quedaron fuera del tlc el oro y la chatarra metálica, por ser productos sensibles para ambos países. Entre los productos nicaragüense exportados se encuentran carne, frutas tropicales, camarones, cacao, café, banano y ron; entre los importados sobresalen los alimentos procesados, medicamentos, vinos, manzanas y productos ferreteros. Se espera que a corto

10. El valor del intercambio comercial de Nicaragua, expresado en millones de dólares americanos y en porcentajes, con los primeros cinco países, por el lado de las importaciones es: Estados Unidos de América (947, 28.8%), Venezuela (794, 15.7%), China (465, 9.2%), Costa Rica (433, 8.6%) y México (406, 8.1%%), que representan el 60.4% del total ascendente a 5,047 mda. El Salvador ocupa el séptimo lugar (225, 4.5%) y Canadá el lugar 19 (36, 0.47%). Por el lado de las exportaciones el valor es: Estados Unidos de América (649, 28.5%), Venezuela (303, 13.3%), Canadá (273, 12%), El Salvador (199, 8.7%) y Costa Rica (117, 5.1%), lo que representa el 67.1% del total ascendente a 2,2817 mda. México ocupa el sexto lugar, con (117, 5.1%) y China el vigésimo (16, 0.7%). 11. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Chile se suscribió el 18 de octubre de 1999. Entró en vigencia para Costa Rica el 15 de febrero de 2002, El Salvador el 3 de junio de 2002, Guatemala el 23 de marzo de 2010 y Honduras el 18 de julio de 2008.

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plazo el intercambio comercial entre ambos países se incremente en un 20%. El flujo comercial en 2011 entre ambos países fue de 28 mda; para el caso nicaragüenses corresponden 20 mda a las importaciones y 8 mda a las exportaciones, para el 0.4% y el 0.35% de sus respectivos totales. Nicaragua fue el único país que no participó en las negociaciones conjuntas de los países centroamericanos para firmar un tlc con Perú. Este país ocupa el lugar 28 de origen de las importaciones, al participar con el 0.31% del total y el lugar 46 de destino de las exportaciones, al participar con 0.04% del total. Pero, por otra parte, busco consolidar los acuerdos de cooperación alcanzados con Brasil en materia de reforma agraria, manejo forestal, producción pecuaria y producción de cacao, entre otros. En este país se origina el 2.6% de las importaciones nicaragüenses y es destino del 0.04% de sus exportaciones. 3. Acuerdos multilaterales México buscó unificar los tres tlc suscritos con la región centroamericana: Costa Rica (1995), Nicaragua (1998) y Triángulo del Norte — conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras (2001)—, con el objetivo de crear una “normativa común, entre los países firmantes.12 Las negociaciones iniciadas en 2010 concluyeron el 22 de noviembre de 2011. En 2011, los países centroamericanos importaron 4,400 mda de México, lo que representó el 8.2% de las importaciones totales de la región, que ascendieron a 53,784 mda, mientras se exportaron 962 mda, lo que representa el 3.5% del total, ascendente a 27,698 mda.13 Entre las importaciones sobresalen alimentos infantiles, aguacate (palta), cebollas, cerveza de malta, harina de trigo, tequila, jarabe de glucosa, chocolates y alimentos

12. La región representa un mercado potencial de 42 millones de consumidores y es, como sica, la octava economía de América Latina. Mientras tanto, México representa un mercado de más de 110 millones de habitantes. 13. El valor del intercambio comercial de la región centroamericana con los primeros cinco países, expresado en millones de dólares americanos y en porcentajes, es, por el lado de las importaciones: Estados Unidos de América (22,094, 41.1%), México (4,400, 8.1%), China (3,517, 6.5%), Guatemala (2,485, 4.6%) y El Salvador (1,621, 3.1%), que representan el 63.4% del total ascendente a 53,784 mda. Honduras ocupa el lugar 11 (937, 1.7%) y Nicaragua el lugar 18 (449, 0.83%). Por el lado de las exportaciones, el valor es: Estados Unidos de América (8,915, 32.2%), Honduras (1,827, 6.6%), El Salvador (1,797, 6.5%), Guatemala (1,438, 5.2%) y Nicaragua (1,311, 4.7%), que representan el 55.2% del total ascendente a 27,698 mda. México ocupa sexto lugar (962, 3.5%) y China el décimo noveno (327, 1.2%).

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preparados, y en las exportaciones los componentes eléctricos, aceites, azúcar, confección, caucho y manufacturas. Panamá consolida su intercambio comercial con los países centroamericanos a partir de: a) el tlc suscrito con ellos el 6 de febrero de 2002 y que entra en vigencia, una vez aprobado por sus respectivos asambleas legislativas: con El Salvador el 11 de abril de 2003, Costa Rica el 23 de noviembre de 2008, con Honduras el 6 de enero de 2009, con Guatemala el 20 de junio y con Nicaragua el 21 de noviembre, y b) con su ingreso al sica. Durante 2011 Panamá ocupa el octavo lugar como país de origen de las importaciones centroamericanas, con 1,273 mda, lo que corresponde al 2.4% del total, y el noveno lugar de destino de las exportaciones, con 870 mda, lo que representa el 3.1% del total. Entre los productos exportados sobresalen los de las industrias químicas y alimentaria, y se importan productos de la industria química, máquinas y aparatos y materiales textiles. La Comunidad Andina (can), conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como países miembros, y Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros asociados, buscó consolidar los vínculos con el sica a través de la renovación del acuerdo de cooperación suscrito en noviembre de 2004 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que viven en dichas regiones. Los países centroamericanos comerciaron con esta región en 2011, en cuanto a sus importaciones, 2,410 mda, que corresponden al 0.45% del total, sus exportaciones fueron de 228 mda, el 0.82% del total. El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, incluido Panamá, se acordó en mayo de 2010 en Madrid, después de que se iniciaron negociaciones en octubre de 2007, y su proceso de revisión legal concluyó el 23 de marzo de 2011. Dichos acuerdos deberán ser firmados, ratificados y aplicados por los países firmantes una vez aprobados por sus respectivos parlamentos. El acuerdo se tradujo a 23 idiomas, a fin de poder ser sometido a los congresos respectivos. Entrado en vigencia, se tendrá un arancel externo que permitirá la libre circulación interna de bienes y servicios entre los países centroamericanos y la Unión Europea.14 Durante 2011, las exportaciones a la ue ascendieron a 4,041 mda,

14. La Unión Europea, nombre que se da a la Comunidad Económica Europea a partir de 1993, está conformada por 27 países hasta 2008: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,

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que corresponden al 14.6% del total exportado, y las importaciones fueron de 3,433 mda, que corresponden al 6.4% de las importaciones totales. En febrero de 2011 Belice se incorporó al tlc entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe (Caricom),15 firmado en 2004, con lo que se convierte en el cuarto país en hacerlo. En agosto de 2011 se efectuó en San Salvador la iii Cumbre de Jefes de Estado del sica y de la Caricom; en ella se abordaron temas de comercio, inversión y seguridad, entre otros. La ii Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno se había realizado cuatro años antes, el 12 de mayo de 2007, en Belice. El comercio entre los países de estas regiones ha venido aumentado en los últimos años, aunque su volumen aún es bajo. En 2011 las importaciones fueron de 244 mda, que representaron el 0.5% del total, y las exportaciones 353 mda, que representaron el 1.3% del total. Los países de la Caricom exportan petróleo, gas de petróleo, aceites, abonos y productos de hierro y acero a Centroamérica, que les vende medicamentos, plásticos, alimentos, bebidas y maderas, entre otros productos. A manera de conclusión La consolidación y la búsqueda de nuevos mercados de los países centroamericanos se han realizado con países y bloques con los que el intercambio comercial representa un porcentaje muy reducido de comercio. La zona se ha volcado principalmente a la región asiática por ser la más dinámica; sin embargo, se enfrenta al problema de la distancia, los hábitos alimentarios, las tradiciones culturales, el idioma y la competencia con otros proveedores. Por ello difícilmente la firma de acuerdos y tratados comerciales con estos países, a corto y mediano plazos, contribuirá al crecimiento y el desarrollo de la región centroamericana. Por lo anterior, es importante buscar mayor intercambio comercial con América Latina, en especial, de los productos tradicionales que permitan competir con las economías grandes. Para ello se debe aprovechar las ventajas que ofrece el ámbito geográfico y mejorar los procesos

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 15. La Comunidad del Caribe, creada en 1973, agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Montserrat.

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Cruz Álvarez Padilla

de producción. Se ha de tomar en consideración las consecuencias de los desastres naturales a que la región se ve sometida año tras año, así como aprovechar la demanda de productos no tradicionales y potenciar su comercio, mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la elevación de los niveles de escolaridad y el aumento de la infraestructura básica. Es importante seguir avanzando en la integración regional, a través de la integración económica y aduanera de la región, a fin de hacer frente, de manera conjunta, al lento crecimiento de sus principales socios comerciales y a las nuevas crisis económicas internacionales que puedan presentarse como consecuencia de los problemas que enfrenta la Eurozona y el probable “precipicio fiscal” de la economía norteamericana. Se debe ir resolviendo los problemas internos de cada uno de los países, para depender menos de los recursos externos derivados de las remesas, la inversión extranjera directa y el turismo. Bibliografía Secretaría de Integración Económica Centroamericana (sieca) (s/f), Estadísticas. Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica. Disponible en: www. sieca.int/site/Inicio.aspx. Consultado: diciembre de 2012. ___ (2012), Estado de la situación de la integración económica centroamericana. Disponible en: www.sieca.int/site/Inicio.aspx. Consultado: diciembre de 2012. ___ (2012a), Informe anual del comercio exterior de Centroamérica 2011. Disponible en: www.sieca.int/site/Inicio.aspx. Consultado: diciembre de 2012. Sistema Económico para América Latina (s/f), Prensa. Servicio informativo. Disponible en: www.sela.org. Consultado: diciembre de 2012.

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Dimensión política

La celac, la integración regional y la autonomía de América Latina y el Caribe

Alberto Rocha Valencia Las ideas de integración, autonomía y unidad recorren la región con toda claridad desde finales de los años noventa del siglo pasado. Este ideal, que fue ensombrecido y ocultado durante largo tiempo, ahora está de vuelta, después de haber navegado por las aguas torrentosas y peligrosas de los dos siglos de la hegemonía inglesa y la hegemonía norteamericana. ¿Qué está sucediendo en el mundo y en el continente americano para que América Latina y el Caribe hayan logrado reivindicar nuevamente su unidad y autonomía? ¿Por qué es necesaria una instancia institucional regional como la celac? 1. La iii Cumbre de América Latina y el Caribe, la xxii Cumbre del Grupo de Río y el diseño político-institucional de la celac La dinámica político-diplomática de nivel ministerial (reuniones de cancilleres y de ministros de algunos sectores) se intensificó y fortaleció, pues había que abordar temas regionales importantes y definir la institución que se quería construir (forma, principios y objetivos). En primer lugar se realizó la iv Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe (2 y 3 de julio de 2010), con la finalidad de elaborar el Programa de Trabajo de Caracas para la Implementación del Plan de Acción de Montego Bay (2010-2011). Después tuvo lugar la v Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe (25 y 26 de abril de 2011), con el propósito de preparar (condiciones y documentación) la Cumbre Presidencial de Caracas-Venezuela. 139

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Entre tanto, se implementaron varios encuentros de nivel ministerial y de representantes gubernamentales: Reunión de Representante de los Gobiernos (24 y 25 de marzo de 2011), para tratar el tema del desarrollos social; Reunión de Ministros del Medio Ambiente (25 y 29 de abril de 2011), para discutir sobre temas de preservación del ambiente y conservación de la biodiversidad; Reunión de Ministros de Energía (12 y 13 de mayo 2011), para ver el tema de la seguridad energética, y la Reunión de Ministros de Finanzas (18 y 19 de mayo de 2011), para trabajar el tema de una institucionalidad financiera independiente. Todas estas reuniones se realizaron en la ciudad de Caracas, Venezuela, y dicen mucho de la importancia político-diplomática de la próxima Cumbre Presidencial que tendría lugar en el mes de diciembre de 2011. Es notable el trabajo que desplegó el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, pues se buscaba seguir impulsando el proceso de unidad y autonomía que se había abierto en Bahía, Brasil, en el año 2008. Hasta esos momentos era evidente que este proceso contaba con una dinámica rápida e intensa. Toda América Latina y el Caribe caminaba con la mirada puesta en las posibilidades presentes y futuras de su región. La iii Cumbre de América Latina y el Caribe y la xxii Cumbre del Grupo de Río se realizaron el 2 y el 3 de diciembre de 2011. Los resultados de esta Cumbre son: la Declaración de Caracas, el Plan de Acción de Caracas 2012, los Procedimientos para el Funcionamiento Orgánico de la celac y unas veinte declaraciones sobre temas importantes de la región. En la Declaración de Caracas (iii calc, 2011) los mandatarios de los 33 países de América Latina y el Caribe dejaron establecidos los cometidos de la celac: • “Que (…) la celac avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural, haciendo un sabio equilibrio entre unidad y la diversidad de nuestros pueblos (…)”. • “Que (…) la celac se convierta en un espacio que reivindique el derecho a la existencia, preservación y convivencia de todas las culturas, razas y etnias que habitan en los países de la región, así como el carácter multicultural de nuestros pueblos, y plurinacional de algunos de nuestros países, en especial de las comunidades originarias que promueven y recrean la memoria histórica, los saberes y los conocimientos ancestrales”.

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La celac, la integración regional y la autonomía de América Latina y el Caribe

En la Declaración de Caracas quedó plasmada la definición de la celac: • “Que la celac, único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa a los 33 países de América Latina y el Caribe, es la más alta expresión de nuestra voluntad de unidad en la diversidad, donde en lo sucesivo se fortalecerán nuestros vínculos políticos, económicos, sociales y culturales sobre la base de una agenda común de bienestar, paz y seguridad para nuestros pueblos, a objeto de consolidarnos como una comunidad regional”. En el documento Procedimientos para el Funcionamiento orgánico de la 2011) se establece lo siguiente: • “Poner en marcha la celac, como mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños y como un espacio común que garantice la unidad e integración de nuestra región”. • Los órganos de la celac: 1. Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 2. Reunión de Ministras y Ministros de relaciones Exteriores. 3. Presidencia Pro Témpore y Troika. 4. Reunión de Coordinadores Nacionales. 5. Reuniones especializadas. • En este esquema institucional, las decisiones se tomarán por consenso en todos sus órganos y tienen el carácter de acuerdos políticos y constituyen mandatos. celac (iii calc,

El Plan de Acción de Caracas 2012 (iii calc, 2011), que resume los mandatos y decisiones de los 33 países, está organizado en nueve ejes: Crisis financiera internacional y la nueva arquitectura financiera; Complementariedad y cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración: económico-comercial, productivo, social, cultural y energía; Infraestructura para la integración física del transporte, las telecomunicaciones y la integración fronteriza; Desarrollo social y erradicación del hambre y la pobreza; Ambiente; Asistencia humanitaria; Protección al migrante; Cultura, y Tecnología de la información y comunicación. Además, en esta Cumbre se aprobó un conjunto importante de declaraciones sobre temas relevantes de la política regional. Citaremos cuatro de ellas, por su especial connotación política en la coyuntura que vive la región: 1. Declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional. 2. Comunicado especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. 3. Comunicado especial sobre las Islas Malvinas. 4. Comunica141

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do especial sobre el respaldo a la estrategia de seguridad de Centroamérica. Se trata de veinte documentos entre declaraciones y comunicados. 2. La celac, más allá de un foro político-diplomático y más acá de una organización política internacional América Latina y el Caribe solamente contaban con el Grupo de Río, un foro regional no bien consolidado institucionalmente y sin la fuerza política necesaria para procesar la voz del conjunto de los 33 países de la región. Un foro político-institucional importante, pero limitado a emitir recomendaciones dentro de la región y sin casi capacidad de proyección hacia el continente americano y el mundo. El Grupo de Río se comportaba como una instancia político-institucional subordinada a la Organización de Estados de América, oea, aunque es importante anotar su recuperación, fortalecimiento y activación diplomática desde inicios de los años 2000. Así, el Grupo de Río no logró trascender y copar la cima de la arquitectura institucional de los procesos de integración regional de América Latina y el Caribe, no contaba con el mandato específico para ello. Este era, pues, el déficit político-diplomático-institucional de la región. Este problema apareció cuando América Latina y el Caribe comenzaron a moverse como una región, sobre la base de sus procesos de integración, en busca de unidad, autonomía, posicionamiento continental y reconocimiento en el mundo. Se imponía la creación de una instancia político-institucional regional del más alto nivel, y se dio el paso hacia la celac. Veamos algunos de sus rasgos más importantes: En primer lugar, la celac es la cúspide institucional que le faltaba a América Latina y el Caribe; es decir, faltaba una instancia donde se dialogara, concertara y consensuara sobre las orientaciones y dinámicas (políticas, económicas, sociales, etcétera) fundamentales de la región. La celac es el logro político-regional más relevante que se ha concretado en América Latina y el Caribe, pues se ha dotado de una cabeza políticodiplomática y de una instancia de dirección a la región, en un contexto de respeto de la diversidad ideológica y política de los gobiernos de cada uno de los países. Y esta es la característica más importante de la celac. En segundo lugar, la celac es una instancia o mecanismo para impulsar los procesos de cooperación y de integración regional y subregional. La cooperación para vencer la desconfianza y propiciar el acercamiento 142

La celac, la integración regional y la autonomía de América Latina y el Caribe

y el mayor relacionamiento e intercambio entre los Estados y los pueblos de la región. Integración regional para vincular y hacer converger los diversos procesos de integración existentes. Hasta el momento no había una instancia semejante que realizara estas tareas en la región. El trabajo realizado por instituciones regionales como el Grupo de Río, el parlatino, el sela y la aladi era disperso y ellas no lograron imprimir una dinámica regional, aunque cada una hizo lo suyo hasta donde pudo. La celac, al remplazar al Grupo de Río, propiciará una coordinación de estos órganos regionales e incluso de los convenios regionales existentes. En tercer lugar, la celac nace con una connotación geopolítica manifiesta, puesto que explicita su pertenencia a un espacio común regional, donde los pueblos que la habitan despliegan una identidad latinoamericana-caribeña. La reivindicación de este espacio común implica un posicionamiento político regional, donde unidad y autonomía son temas centrales e ideas instituyentes y generadoras de la comunidad regional. En cuarto lugar, la celac, como mecanismo, es una institución regional naciente y mínima, de naturaleza intergubernamental. Es naciente por que representa un primer paso y un primer logro. Es mínima porque sus órganos son iniciales e intergubernamentales (pueden fortalecerse y avanzar) y además son los justamente necesarios para comenzar. Intergubernamental quiere decir que el consenso es regla imperativa para la toma de decisiones. Es del todo claro que esta institución mínima dependerá de las dinámicas que desplieguen los presidentes y cancilleres, de las iniciativas de su presidente temporal y rotativo, de la capacidad ejecutiva de la Troika (conformada por el presidente en turno, del presidente saliente y del presidente futuro) y de la capacidad de relacionamiento (entre lo regional y lo nacional) de los coordinadores nacionales. En fin, una institución regional mínima en la cúspide de un proceso complejo de integración regional, subregional y bilateral, que no data de ahora sino de los años sesenta del siglo pasado. Este punto de partida que puede verse a corto plazo como una fortaleza del proceso regional, ¿podría, un poco más adelante, transformarse en una debilidad? En quinto lugar, la celac es también una instancia de representación, relacionamiento e interlocución de la región con países, regiones y grupos diversas del mundo. Hasta el momento había primado la dispersión y la puesta por delante de la voz de cada país, de cada grupo subregional y de cada institución regional. En esta dispersión los intereses nacionales de los países terminaban siempre imponiéndose ante las dinámicas de cooperación e integración. Ahora se estaría introduciendo inicial y 143

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suavemente el principio del interés regional, que pone por delante los intereses de la comunidad regional que se está pretendiendo impulsar. En sexto lugar, con la celac se inicia un proceso regional amplio y dinámico organizado en nueve ejes de acción. De estos nueve ejes, solamente nos detendremos en el segundo, que trata de “Complementariedad y cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración”, pues consideramos que esta es una temática decisiva para que el proceso integrador regional logre pasar del nivel subregional (en el que se encuentra) al nivel regional. En este eje se anota lo siguiente: “Fortalecer la complementariedad y cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración y profundizar la coordinación entre las secretarías y presidencias pro tempore”. Estas acciones son en lo económico-comercial, lo productivo, lo social, lo cultural, en lo energético. Ahora, es necesario anotar que la participación de los gobiernos es voluntaria en la implementación de estas iniciativas, lo que demuestra también una debilidad en este proceso. 3. La celac como expresión de un consenso político regional: un punto de llegada y de partida La conformación de la calc es un logro político-diplomático de primer orden. Es el punto de llegada de un proceso regional que comenzó a finales de la década de los noventa con el arribo al gobierno de Venezuela del presidente Hugo Chávez. Desde entonces, como hemos anotado en el inicio de este trabajo, convergieron y se combinaron varios procesos específicos regionales que provocaron la dinamización y emergencia de la región. En consecuencia, la región avanzó en su proceso de integración regional y subregional que le permitió ganar mayor autonomía (soberanía regional) y fortalecer su unidad política (cumbres presidenciales subregionales y regionales). La autonomía se expresó como un posicionamiento diferente ante los Estados Unidos, pero también respecto de los Estados miembros de la Unión Europea. Así, alc se distancia relativamente y fundamentalmente del centro que la había mantenido subordinada por largo tiempo y, a la vez, busca redefinir sus relaciones con este centro y con la misma ue. En estos momentos se inician las relaciones y los intercambios con China, en un contexto internacional y mundial de crisis y cambios.

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La celac, la integración regional y la autonomía de América Latina y el Caribe

La celac, como punto de llegada, es resultado de un consenso político amplio, expresión de la pluralidad y la tolerancia políticas de los gobiernos de la región. En otras palabras, se logró un consenso porque hubo unidad, y viceversa. La celac fue posible porque los mandatarios de la región supieron leer los signos de los tiempos latinoamericanos y caribeños: América Latina y el Caribe se reconfigura, reposiciona y autonomiza. ¿Va por la segunda etapa de su emancipación después de dos siglos? ¿Va por su descolonización definitiva? Un consenso político regional permitió la creación e institucionalización inicial de la celac. ¿Cómo se gestó dicho consenso? Algunos dirán que este camino ya tiene más de dos siglos de duración y recordarán a Simón Bolívar, Martí, San Martín, y algunos más de nuestros próceres de la primera emancipación. Otros recordarán las revoluciones cubana, boliviana, nicaragüense, y algunos los movimientos políticos que trataron de cambiar la situación subdesarrollada y periférica de la región. Y en todos ellos hay mucho de verdad. Nosotros solamente diremos que este proceso comenzó en los años noventa con las luchas de los movimientos sociales contra el neoliberalismo (el Consenso de Washington y sus gobiernos representativos) y el neopanamericanismo (y sus Cumbres de las Américas y su proyecto alca). De allí en adelante, el proceso fue in crescendo, aparecieron, sumaron y combinaron todos los otros procesos. Pero, en el nivel gubernamental este consenso fue impulsado por los gobiernos progresistas o de izquierda moderada de América Latina y el Caribe. Recordemos que el Grupo de Río, ante los conflictos regionales internos, tuvo que desplegar sus capacidades político-diplomáticas (conflicto trilateral entre Colombia, Ecuador y Venezuela; conflicto interno en Bolivia, y el derrocamiento del presidente Zelaya en Honduras), lo que terminó revelando sus debilidades. Hacía falta una instancia político-institucional regional con alcances regionales, capacidades políticodiplomáticas y fuerza para impulsar la dinámica regional. Entonces se iniciaron las cumbres presidenciales de América Latina y el Caribe. Así, se inició la toma de posición política respecto de la instancia e institución que hacía falta para que el proceso de autonomización avance en la región. Diversas personalidades emitieron sus puntos de vista, a favor o en contra. También los presidentes de los países de la región emitieron sus ideas y se posicionaron en función de ellas. Los presidentes de cada país de la región emitieron una pluralidad de ideas favorables, críticas y contrarias. Esta pluralidad de ideas y de posturas políticas fue

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el condicionante mayor del consenso que se logró en la América Latina y el Caribe.

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Cumbre de

Es posible anotar que tres posturas políticas lograron tomar forma en la pluralidad de ideas: • La primera postura: en un inicio plantearon conformar una organización interestatal internacional que sustituya a la oea, sin Estados Unidos y Canadá. La oea es considerada como un instrumento de la gobernabilidad/gobernanza de los Estados Unidos y Canadá en conjunto del Continente de las Américas. Por lo tanto no es una organización que apuntale los intereses de los países de la región y menos que se ocupe por resolver sus problemas. Simplemente es un instrumento de dominación, y como tal había que reemplazarla. Esta postura, de viaja data, volvió a resurgir. Los presidentes que impulsaron este posicionamiento fueron Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Evo Morales, Raúl Castro, Daniel Ortega, entre otros, todos destacados protagonistas de la alba. Pero, esto solamente fue al inicio. Después fueron moderando sus posturas y se dispusieron al diálogo constructivo. En la iii calc trabajaron para buscar y llegar a un acuerdo. Lo contrario habría sido un fracaso de repercusiones inmensas para América Latina y el Caribe. • La segunda postura: el balance respecto de la oea es que todavía es una organización internacional continental importante para el ejercicio de la gobernabilidad/gobernanza en el continente de las Américas. En consecuencia, no está en la orden del día la discusión para sustituirla por otra de tipo regional. La oea, si bien es una institución instrumentalizada por los Estados Unidos para velar por sus intereses nacionales en el continente, es una organización internacional funcional para abordar los temas y problemas de la agenda continental. Además, esta institución es un vínculo real para todos los países de la región que tienen firmados acuerdos o tratados con los Estados Unidos y Canadá. Pueden haber críticas en estos países respecto de la oea, pero a escala gubernamental se impone un cierto realismo permisivo. No ha llegado la hora. Pero los gobernantes de estos países, entre ellos Felipe Calderón, Ricardo Martinelli, Sebastián Piñeiro, Juan Manuel Santos y Laura Chinchilla, estaban dispuestos, para llegar a algo, a un acuerdo, para crear como mínimo una instancia institucional. Estos presidentes no son ajenos a la nueva dinámica y de la nueva imagen de América Latina y el Caribe, 146

La celac, la integración regional y la autonomía de América Latina y el Caribe

todo lo contrario, son muy afines a los sucesos que tienen lugar en la región. La postura de este grupo de países puede resumirse como que la celac sea un foro internacional y no una organización similar a la oea; esto es, un mecanismo de diálogo y concertación similar al Grupo de Río, pero no una organización internacional con personal y burocracia. Esta es la postura para crear una instancia institucional mínima, capaz de formular la voz de la región y llevarla al mundo. • La tercera postura: El balance respecto de la oea es sumamente crítico y es compartido con los países de la alba que impulsaron la primera postura. También se piensa que la oea es una institución del viejo orden continental americano y panamericano; como tal, una organización vieja y obsoleta. Pero se impone un realismo crítico, es decir alcanzar lo posible en un contexto todavía plagado de adversidades. Y lo posible significaba asumir que la oea es vieja y caduca, pero no se encuentra en ruinas, como tampoco los Estados Unidos en una situación de declive catastrófico. La oea todavía seguirá actuando por algún tiempo y los Estados Unidos seguirán ejerciendo cierta primacía en el continente y en el mundo. Pero se considera como fundamental seguir impulsando el proceso de integración regional y de autonomización de la región como una apuesta a corto, mediano y largo plazos. Hacer lo posible ahora para lograr situaciones mejores mañana y alcanzar lo deseable pasado mañana. Toda una estrategia. Pues bien, la postura fue la de crear algo más que un simple Foro Político y algo más que el Grupo de Río, pero sobre todo dejar el proceso abierto para avanzar si llegara el momento. En esta postura se agruparon todos los presidentes de los países que conforman el Mercosur: Dilma Rousseff, Cristina Fernández, José Alberto Mujica y Fernando Lugo. Esta tercera postura fue la mediadora entre a las otras dos. Entre el no y el sí a la oea se tendió un puente, por donde el sí emprendía la marcha hacia el no. En un punto inicial de ese puente se encontraba la celac. El puente, el común denominador compartido entre las tres posturas, permitió el acuerdo favorable para dotar a la celac de determinada forma. Entonces, la celac no es simplemente una sigla entre tantas en la región, es algo más; no es una organización interestatal internacional e intergubernamental, por el momento; es un foro político internacional constituido por un conjunto de órganos y procedimientos para formular la voz de la región y llevar a cabo acciones comunes regionales; es un 147

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foro político regional-internacional con potencialidades para seguir evolucionando de acuerdo con la dinámica política regional; es una instancia para procurar dotar de una orientación política a la región, definir su agenda y abordar los problemas regionales. La celac, por ahora, ha sido dotada de una institucionalidad mínima, pero esta institucionalidad tiene la potencialidad de evolucionar y crecer. La celac es la instancia esperada para llevar adelante la coordinación-convergencia de los procesos de integración regionales como el parlatino, la aladi y el sela; y también subregionales como el Mercosur, la can, el sica, la Caricom, la unasur y el Foro de Tuxtla Gutiérrez. A modo de conclusiones • La celac es un hito de llegada y uno de partida en el proceso de conformación de América Latina y el Caribe como una región autónoma y próspera. • La celac responde al proceso endógeno que se desenvuelve en la región y cuya demanda era contar con una instancia institucional propia sin la presencia de los Estados Unidos y de la Unión Europea. • La celac por ahora es un foro de diálogo y concertación regional y algo más. • La celac reúne las condiciones mínimas para constituirse en una instancia de orientación, coordinación y convergencia de los procesos de integración regionales y subregionales. • La celac podría convertirse en la instancia que ayude a la superación de la dispersión y la divergencia de los procesos de integración regionales y subregionales. • La celac tiene como misión fundamental conectar a los Estados y pueblos de América Latina y el Caribe en el proceso de integración regional con el propósito de configurar un espacio regional propio y configurar nuestra comunidad regional.

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La celac, la integración regional y la autonomía de América Latina y el Caribe

Bibliografía Cumbre de América Latina y el Caribe, i (2008), Declaración de Salvador, Bahía, 16 y 17 de diciembre. Disponible en: www.celac.gob.ve/index.php. Cumbre de América Latina y el Caribe, ii (2010), Declaración de Cancún, Cancún, 23 de febrero. Disponible en: www.celac.gob.ve/index.php. ___ (2010a), Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, Cancún, 23 de febrero. Disponible en: http://portal2.sre.gob.mx. Cumbre de América Latina y el Caribe iii (2011), Declaración de Caracas, Caracas, 3 de diciembre. Disponible en:www.celac.gob.ve/index.php. ___ (2011a), Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la celac, Caracas, 3 de diciembre. Disponible en: www.celac.gob.ve/index.php. ___ (2011b), Plan de Acción de Caracas, Caracas, 3 de diciembre. Disponible en:www.celac.gob.ve/index.php. Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo-calc, ii (de 2009), Plan de Acción de Montego Bay, Montego Bay, 6 de noviembre. Disponible en: www.celac.gob.ve/index. php. Rocha Valencia, Alberto (2010), “La integración regional como vía para alcanzar la autonomía de América Latina”, Contextualizaciones Latinoamericanas, núm. 2, enero-junio, Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, Universidad de Guadalajara, Guadalajara. Disponible en: www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx.

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Centroamérica intensifica su dependencia y su subordinación a los poderes hegemónicos

Ximena Isabel de la Barra Mac Donald La convergencia de vulnerabilidades múltiples (sociales, ambientales, institucionales, políticas, etcétera) determina la precariedad de la región. A ello se suma la situación de inseguridad ciudadana (ostenta la tasa de homicidios más alta del mundo), la violencia vinculada al narcotráfico, la militarización y la dependencia respecto de los poderes hegemónicos. Lo que hemos descrito en anuarios anteriores continúa exacerbándose. El narcotráfico y el crimen organizado han ido penetrando los sistemas judiciales, los cuerpos policiales y los partidos políticos (Coronado, 2011), lo que debilita todavía más la ya precaria institucionalidad, e incrementa el endeudamiento externo para cumplir con la Estrategia de Seguridad de Centroamérica acordada con los Estados Unidos. El año 2011 agregó nuevas formas de subordinación, como son las nuevas bases aeronavales estadounidenses en las costas de ambos océanos en Panamá y las bases militares Honduras; la ratificación por parte de El Salvador del Asocio para el Crecimiento; la incorporación de Estados Unidos como observador regional del Sistema de la Integración Centroamericana (sica, 2011); el retorno de la contrainsurgencia de los 80 en Guatemala, etc. Este conjunto de circunstancias apunta hacia la mexicanización de la guerra contra el crimen, cuyas consecuencias nefastas son ampliamente conocidas. Responde, además, a la intención de aplastar a la resistencia popular contra la explotación de los recursos regionales estratégicos por parte de las transnacionales. Por eso es que el Plan Mérida, que incorpora a México y Centroamérica al proyecto de seguridad 151

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de Estados Unidos, será tan inútil para combatir el narcotráfico como lo ha sido el Plan Colombia. Con el Plan Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (carsi), Estados Unidos ya no solo ha incorporado a México dentro de sus fronteras, también ha fagocitado definitivamente a Centroamérica. No es de extrañar, en consecuencia, que no haya prosperado la propuesta de los presidentes centroamericanos de legalizar la droga para evitar la violencia que acompaña su tráfico ilegal, y, en cambio, se haya impuesto la carrera armamentista que sirve doblemente a los propósitos norteamericanos: por una parte, aumenta todavía más la vulnerabilidad de la población por la vía de un gasto social supeditado al gasto armamentista, y, por otra, contribuye a enriquecer a los fabricantes de armas norteamericanos. Por lo mismo, la Unión Europea (ue) también se declara interesada en aportar al carsi. Centroamérica mantiene un déficit del 32% con respecto del total de su intercambio comercial. La región coloca en Estados Unidos —su primer socio comercial— y en la ue —su tercer socio comercial— el 44% de sus exportaciones, y adquiere el 45% de sus importaciones (cepal, 2011). Se mantiene la tendencia falaz de considerar que la competitividad es la clave para provechar las esperadas ventajas de la integración comercial, lo que no hace más que exacerbar la vulnerabilidad social, dado que la variable de ajuste siempre resulta siendo la componente laboral. Se percibe al mercado europeo como un trampolín potencial tanto para mejorar la inserción internacional de la región como para evitar una dependencia excesiva respecto de las nuevas potencias emergentes. Por eso se continúa dando impulso a los acuerdos de asociación, especialmente en su componente comercial. Sin embargo, es en el mercado intrarregional —actualmente el segundo en orden de importancia— donde Centroamérica mejor puede protegerse frente a la crisis global. Si bien Centroamérica es de poca importancia comercial para Estados Unidos, es importante para su geoestrategia de dominación. En cambio, la dependencia de Centroamérica respecto de Estados Unidos en materia de comercio, inversión extranjera y remesas es manifiesta, como quedó demostrado con los impactos negativos de la crisis en el país del Norte sobre la región. Cinco años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos (cafta-dr) solo aumentaron las brechas comerciales a favor de Estados Unidos. La balanza comercial alimentaria, por ejemplo, es progresivamente deficitaria para la región, ya que sus productos no pueden 152

Centroamérica intensifica su dependencia y su subordinación a los poderes hegemónicos

competir con los norteamericanos, que son subsidiados. Todo esto conduce a la desestructuración de unidades productivas cuyo régimen de producción se basa en la circulación mercantil simple y no implica relaciones capitalistas de explotación (Quiñónez, 2012). Para la ue, Centroamérica no tiene un lugar comercial relevante; sin embargo, la ue sigue siendo un mercado importante para Centroamérica (sela, 2011a; sieca, 2012), que mantiene un superávit comercial con ella, aunque Costa Rica y Panamá se llevan la mayor tajada. La presencia de empresas europeas sigue siendo considerable, especialmente en servicios públicos y manufacturas. La crisis europea, sin embargo, la hace perder peso como socia comercial, y crea la perfecta excusa para el recorte de los presupuestos destinados a la cooperación para el desarrollo. Más todavía, la ue está imponiendo la firma del Acuerdo de Asociación (ada) como condición previa a estas ayudas, lo que no es de extrañar, dado el conocido carácter condicionado de la cooperación europea. Los errores del cafta no han servido para tener un mejor ada, especialmente considerando que este último se erige sobre la premisa cafta parity (las condiciones del cafta se adoptan como piso mínimo en las negociaciones). Se trata más bien de un cafta plus, con todos los inconvenientes del cafta más varios adicionales. La lógica tácita de ambos tratados es la de facilitar la explotación y expropiación de los recursos periféricos por los capitales norteamericanos y europeos. A esto, y a las vulnerabilidades impuestas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ciadi), se debe que la componente inversión extranjera directa (ied) represente una de las partes más peligrosas de estos tratados. Las privatizaciones y la concesión de servicios públicos básicos (cepal, 2011a) explican el gran incremento de ied durante 2011, aunque la mayor parte corresponde a Panamá y Costa Rica. El 35% de esa ied se destina a la industria maquilera y de los call centers, que los gobiernos centroamericanos incentivan con subsidios a pesar de su naturaleza explotadora de la clase trabajadora. También existen incentivos gubernamentales para la ied destinada a la minería extractiva, que ha experimentado un gran crecimiento, a pesar de que va contra los derechos del medio ambiente y el de las personas (cepal, 2011a). Surgen también los secuestros de ambientalistas y de activistas en contra de la explotación minera y se recrudece la represión contra quien se oponga a la voracidad de las trasnacionales (Quiñónez, 2012). La cláusula contenida en el ada que garantiza la no discriminación entre las partes, así como el acceso a la prestación de los distintos sec153

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tores de servicio y a la inversión en ellos, en un contexto de asimetrías estructurales, de hecho discrimina en contra de los más débiles. Hasta la cepal, siempre cuidadosa de los intereses de sus donantes, advierte que una región no debe crecer a costa de la otra, sino que hay que compartir. Los retrasos en la firma de ese acuerdo de ninguna manera se deben a la oposición de los afectados, ya que esta ha sido ignorada por todas las partes. Se deben más bien a asuntos de procedimiento, tales como la lentitud en la verificación jurídico-lingüística en los múltiples idiomas involucrados, y a asuntos de fondo como el hecho de que Panamá no haya completado su proceso de integración económica con Centroamérica. El acuerdo permitiría continuar con los países centroamericanos que lo ratifiquen en la eventualidad de que algún parlamento lo rechazara; sin embargo, en el caso de los europeos, deben ratificar todos los parlamentos, o de lo contrario se suspendería, aunque no ha surgido ningún candidato a frenarlo. Si bien la ue podría seguir las negociaciones excluyendo a Panamá, perdería un socio importante, por ser Panamá la puerta de entrada de los productos europeos. Por eso la ue condiciona al ada a la concreción de la unión aduanera y a una jurisdicción común. A Europa le interesa acelerar las negociaciones porque quiere evitar desventajas para sus empresas frente a las competidoras estadounidenses amparadas en el cafta. La urgencia también se debe a la percepción de que, de momento, los grandes negocios los hace China, cuyo proceso de firma de un tlc con Costa Rica solo tardó un año. Los gobiernos centroamericanos también negocian con urgencia porque en diciembre de 2011 se agotaba la vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias (sgp+) otorgado por la ue a Centroamérica para la exportación de ciertos productos de interés específico para Europa. Ven ventajas en el ada por sobre el sgp+ porque este abarca todos los productos y no solo los de interés europeo. La ue ha accedido a establecer un puente por dos años, hasta diciembre de 2013, con la esperanza de que antes de esa fecha el Acuerdo ya haya entrado en vigor. Finalmente, en octubre de 2011 la Comisión Europea aprobó el ada, lo que significa un primer avance en el proceso conducente a su firma, que efectivamente ocurrió en 2012. Aunque se hizo hincapié en la naturaleza integral del acuerdo (político, cooperación al desarrollo y comercial), el énfasis terminó colocándose en la suscripción de un acuerdo de libre comercio. El iv Informe del Estado de la Región advierte que el Sistema de la Integración Centroamericana (sica), que tiene un ámbito de acción más amplio, y que podría haber hecho uso de ello, solo se ha concentrado en los temas de 154

Centroamérica intensifica su dependencia y su subordinación a los poderes hegemónicos

integración comercial extrarregional y de seguridad, abandonando otras urgencias. Señala, además, que su capacidad institucional para promover el desarrollo humano, incluyendo la capacidad institucional de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (sieca), es muy débil. No podría ser de otra forma, dada la debilidad institucional de los estados parte (Programa Estado de la Nación, 2011). La crisis política generada tras el golpe de Estado en Honduras y el conflicto político entre Nicaragua y Costa Rica, en lugar de encontrar en el sica un espacio de búsqueda de soluciones, provocó la reducción al mínimo del funcionamiento de sus órganos políticos. Igualmente, fueron mediadores externos quienes lograran el acuerdo Lobo-Zelaya, para que Nicaragua restableciera relaciones con Honduras y aceptara su retorno tanto al sica como a la oea (sela, 2011). Como era de anticipar, no se ha cumplido ninguna de las condiciones impuestas para lograr dicho acuerdo —asamblea constituyente, libertad y seguridad para los políticos retornados, reconocimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (fnrp) (Estado de la Nación, 2011)— con lo que los golpistas y violadores de derechos humanos se legitiman y se mantienen en la impunidad. A pesar de estas debilidades, se aborda la negociación con Europa desde una posición conjunta con vocerías rotatorias, aunque sin un proceso de elaboración de una estrategia de negociación regional previa. Peor aún, Centroamérica negocia no solo desde una posición de desventaja comparativa, sino también desde una posición de dependencia hacia la ue, por ser la cooperación europea la mayor fuente de financiamiento del sica. Por su parte, los movimientos sociales, que están teniendo éxito en derrotar a algunas trasnacionales —como es el caso de la expulsión de Unión Fenosa de Guatemala y la derrota del proyecto de Infinito Gold en Costa Rica— no han podido incidir en las negociaciones de los tlc. Sin embargo, continuaron la movilización para detener la firma del Acuerdo, y llegaron a solicitar al Parlamento Europeo que se abstuviera de aprobarlo, asunto que no prosperó. El Manifiesto de Organizaciones, Redes y Movimientos Sociales de América Central y la Región Europea, emitido el 16 de marzo de 2011, denuncia que: • los acuerdos son abismalmente asimétricos • lejos de favorecer, afectan los procesos de integración regional en curso • liberalizar el acceso a recursos naturales y sectores estratégicos limita las posibilidades de desarrollo y coarta la soberanía de los Estados • los acuerdos negociados con la ue pueden agudizar los conflictos existentes en Colombia, Perú y la región centroamericana 155

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• los acuerdos negociados no privilegian la defensa y protección de los derechos humanos sobre el libre comercio • los acuerdos negociados limitan las posibilidades de participación de la sociedad civil en su implementación • los acuerdos negociados desconocen los estudios de impacto socioambiental En similares términos se pronunció el Sindicato Unitario de América Central el Caribe y México (csu) (Observatorio ca-ue, 2011), que denuncia que, por tratarse de un proceso cerrado y antidemocrático, ningún punto de sus propuestas ha sido considerado en las discusiones. Agrega que se ha omitido abordar el tema de las migraciones y demanda el “redimensionamiento y fortalecimiento de la institucionalidad pública en cada uno de nuestros Estados” (csu, 2011a). En su Agenda Sindical del Trabajo Decente, el csu, denuncia la esencia inhumana que encierra el neoliberalismo del tlc y del ada y de los gobiernos que los suscriben, que han ignorado sus propuestas de trabajo digno. Agrega que: Los gobiernos de la subregión, con excepción de Panamá, dedicaron sus esfuerzos a la negociación y aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como dr-cafta, que, si bien tiene un capítulo dedicado a los derechos laborales, la verdad es que será operativo solo en la medida en que provoque problemas al comercio, no así a las personas que trabajan, por lo que el movimiento sindical no vislumbra ninguna ganancia para la clase trabajadora con la entrada en vigor de dicho tratado(csu, 2011).

Respecto del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (pm), que incluye entre otros la Red Internacional de Carreteras Centroamericanas (ricam), el Sistema de Interconexión Eléctrica (siepac) y la Autopista Mesoamericana de la Información (ami), y que se plantea que mejorará el potencial de intercambio de Centroamérica y potenciará el desarrollo (sela, 2011b), las organizaciones de la sociedad civil, que entienden el desarrollo de otro modo, afirman que este proyecto solo beneficiará a las transnacionales y pondrá en riesgo a las comunidades indígenas y al territorio. De haber alguna ventaja en estos tratados, es la de haber aglutinado las redes de la sociedad civil en su lucha contra ellos, y de haber incentivado el acercamiento y la homologación de normas entre los países, lo que incentivará el comercio intrarregional. Todavía hay más en materia de integración regional centroamericana. Para sieca, con una visión netamente comercial de la integración, la 156

Centroamérica intensifica su dependencia y su subordinación a los poderes hegemónicos

respuesta ante las crisis económicas es “más integración”, diversificación de socios comerciales, incremento del comercio intrarregional, y cooperación y apoyo mutuo con otros bloques comerciales semejantes (sieca, 2011). En este contexto se enmarca la firma el 22 de noviembre del tlc único entre México y Centroamérica, que busca converger en un solo tlc los tres que tiene México con los países de la región. Al compartir un marco jurídico único se mejora el acceso preferencial para algunos de los países miembros. Cabe recordar que existe una amplia brecha comercial a favor de México (cepal, 2011). También se espera que se incremente la inversión mexicana en Centroamérica, aunque es conocida la naturaleza especulativa de la ied. En ese mismo contexto se enmarcan los trabajos conjuntos sicaCaricom que incluyen la elaboración de un acuerdo comercial y la cooperación en materia de seguridad ciudadana y violencia de género, de prevención y manejo de desastres y de gestión conjunta de los recursos pesqueros migratorios del mar Caribe. Las negociaciones de un tlc Centroamérica -Perú (excluyendo a Nicaragua) también responden a esta intención de ampliar la integración. El proceso centroamericano de integración regional está plagado de contradicciones. En 2011 cabe destacar, por ejemplo, las contradicciones entre una ue que lidera una campaña por deslegitimizar la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua y que enmudece respecto de los derechos humanos comprometidos —que en teoría conciernen al ada—, ante el hecho de que Guatemala vuelva a ser gobernada por un genocida. Cuando se trata de los verdaderos intereses europeos, como los comerciales, las inversiones, la competitividad en las compras estatales, etc., no hay inconveniente para la ue en firmar dichos acuerdos. Contradictorio resulta también acusar al gobierno de El Salvador de ser un gobierno de izquierda —como si eso fuera negativo— con el hecho de que su Presidente, aunque en el plano retórico afirma que la mejor arma para combatir la delincuencia es invertir en políticas sociales, decida no integrarse al alba, no asistir a la primera reunión de la celac, y esté haciendo todo por lucir bien ante los Estados Unidos, incluso más que otros países de la región (envío de tropas a Afganistán, instalación de la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ilea) en Comalapa, ratificación del Asocio para el Crecimiento —único país centroamericano “beneficiado”—, lo que provocó la renuncia del ministro de Seguridad Publica y su reemplazo por un general retirado, etcétera). ¿Cuidando las remesas? ¿Miedo de ser la próxima Honduras? ¿Condicionalidades im157

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puestas por Estados Unidos para seguir recibiendo fondos carsi? ¿Oportunismo? Definitivamente, eso no es ser de izquierdas. Resta por ver si la contradictoria adhesión de los países centroamericanos a la celac resulte positiva para esta última, dado que estos países están profundamente comprometidos con los mecanismos de dependencia cuya hegemonía la celac intenta superar. Bibliografía (2011), El estado actual de la integración centroamericana. ___ (2011a), La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Coronado, Jorge (2011), Estrategia de seguridad, política fiscal y endeudamiento, alai. csu (2011), Agenda Sindical del Trabajo Decente del csu. Disponible en: http:// observatoriocaue.com/html/centrodocumentacion/archivos2011/ csu 20111029trabdec.pdf. ___ (2011ª), Una discusión entre lo económico y lo social; entre una exclusiva acción intergubernamental y una participación activa de los pueblos. Disponible en: http://observatoriocaue.com/html/centrodocumentacion/ archivos2011/20110722csu.pdf. Estado de la Nación (2011), Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras. Disponible en: http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/centroamerica. Observatorio ca-ue (2011), Los sindicatos centroamericanos mantienen su oposición al acuerdo de asociación. Disponible en: http://observatoriocaue.com/ html/centrodocumentacion/archivos2011/csuagosto2011.pdf. Programa Estado de la Nación (2011), Estado de la región en desarrollo sostenible 2010. Quiñónez, Alberto (2012), Situación de la clase trabajadora a seis años del caftadr. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/148009.pdf. sela (2011), Las asimetrías en los procesos de integración de América Latina y el Caribe. ___ (2011a), Las relaciones América Latina y el Caribe – Unión Europea: Resultados de la Cumbre de Madrid e impactos de la crisis económica en Europa. ___ (2011b), Infraestructura física para la integración en América Latina y el Caribe. sica (2011), Declaración conjunta de la xxxviii Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana (sica). sieca (2011), Crisis de deuda y segunda amenaza recesiva mundial. ___ (2012), Relaciones comerciales entre Centroamérica y la Unión Europea. cepal

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Daniel Villafuerte Solís Introducción El individualismo, la eficiencia y competitividad pregonada y puesta en práctica por la filosofía del neoliberalismo llevan en sus entrañas la dificultad de una integración regional en un espacio marcado por profundas desigualdades estructurales, la pobreza, la exclusión y la violencia. En esta breve comunicación nos proponemos analizar los hechos y acontecimientos más relevantes ocurridos en la región centroamericana durante el año 2011, destacando los aspectos relacionados con la seguridad regional y el avance de los macroproyectos, como el Proyecto Mesoamérica y el Plan Mérida, cuya expresión regional es la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. 1. La integración bajo el signo de la seguridad En el contexto del neoliberalismo, la región vive una situación caracterizada por la dificultad de la integración económica, social y política. La competencia por los mercados aleja la posibilidad de construir una comunidad de naciones centroamericanas y pertenecer a ella: en momentos de crisis, cada país define sus propias estrategias y, en general, más que un acercamiento entre ellos se prefiere estrechar la relación con los mercados, en especial con Estados Unidos. Si bien la competencia económica los separa, el tema de la seguridad parece ser que los convoca a unir voluntades y recursos. 159

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En efecto, caracterizada como una de las regiones más violentas del mundo, donde se combinan la pobreza estructural y la falta de empleo con la presencia de las redes del narcotráfico y las pandillas juveniles, el tema que convoca y reúne a los gobiernos centroamericanos es la violencia y el crimen. En 2011, según informes de la onu, Honduras y El Salvador tenían las tasas de homicidios más altas en la región centroamericana, con 85.6 y 76.3 por cada 100,000 habitantes, respectivamente; Guatemala, con una tasa menor, fue de 38.6. Según la percepción de la onu, esto se debe a una mayor presencia de los cárteles del narcotráfico que han huido de México y Colombia. Hay otros factores que se han puesto sobre la mesa de discusión; por ejemplo, en el caso de Honduras, cada persona tiene derecho a portar cinco armas de fuego legalmente, lo que favorece el crecimiento de la violencia. No obstante, la agenda de seguridad no nace de los gobiernos nacionales, sino más bien se impone desde los intereses de la Casa Blanca. La preocupación del gobierno norteamericano no son los crímenes que ocurren en la región, ni el número de víctimas mortales, el interés primordial radica en que se trata de una región de paso de buena parte de la droga que consume la sociedad estadounidense, así como de transmigrantes que buscan el sueño americano. Un fragmento del discurso del Secretario Adjunto para el Hemisferio Occidental, del gobierno de Estados Unidos deja claro este interés: Una agenda de seguridad compartida y bien definida por los Estados miembros de sica y Estados Unidos admite que a través de la cooperación y colaboración estamos en mejor posición para proteger a nuestros países, a nuestras economías, a nuestras instituciones y a nuestros ciudadanos. Lo que empezó con el Plan Mérida enfocado más bien en México, lo hemos ahora redimensionado con lo que es denominado la Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad (ircas) o lo que denominamos en Inglés carsi —the Central American Regional Security Iniciative (Valenzuela, 2010).

El tema de la seguridad ocupó un lugar central durante el 2011; el 22 junio se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. De ella se derivó la llamada Declaración de Guatemala, que marcó el inicio de un grupo de actividades para conformar una agenda de seguridad en la región. De esta declaración se pueden destacar los siguientes puntos: • Que la Estrategia de Seguridad de Centroamérica constituye un hito histórico que marca el inicio de una nueva etapa en los esfuerzos 160

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para consolidar a Centroamérica como una región segura, en paz, libertad, democracia y desarrollo. Con esa convicción, los participantes adoptan dicha estrategia y se comprometen con su puesta en práctica. • Que la violencia en Centroamérica se ha incrementado como resultado de la confluencia de factores externos y de problemas estructurales internos que agravan dicha situación, y en este contexto la comunidad internacional reconoce el principio de la responsabilidad compartida y diferenciada para enfrentar esta amenaza transnacional sobre nuevas bases de cooperación y una más efectiva coordinación. • Su decisión de revisar y armonizar las estrategias nacionales de seguridad con el fin de ajustarlas y fortalecerlas de acuerdo con la estrategia regional y desarrollar las sinergias necesarias en las dimensiones locales, nacionales e internacionales (Declaración de Guatemala, 2011). En congruencia con la Declaración, las instituciones de la integración entraron a desempeñar un papel protagónico en el tema de la seguridad; en este sentido resultan ilustrativos algunos fragmentos del discurso pronunciado por el Secretario General del sica, que recrean las percepciones sobre la violencia, el crimen y la inseguridad que justifican la puesta en marca de la Estrategia de Seguridad: • Ahora Centroamérica enfrenta nuevos retos y amenazas de organizaciones criminales que, como antiguos filibusteros, nos roban nuestra libertad y pretenden volvernos rehenes en nuestros propios hogares, que les han quitado a nuestros hijos en las plazas y parques, amenazando sus escuelas y asesinando a más de medio centenar de centroamericanos todos los días. • Hace poco más de un año, cuando nos planteamos por primera vez el reto de celebrar una conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad Centroamericana, apenas vislumbrábamos que estábamos iniciando una nueva gesta integracionista, que involucraría a todos los países centroamericanos. • Es tan trascendental esta conferencia internacional, que hemos tenido la fortuna de reunir en un solo acto a todos y cada uno de los jefes de Estado y de gobierno de los países del sica, así como de los países vecinos de la región. Esta reunión simboliza el mensaje de unidad y entrelazamiento al que he hecho referencia (Alemán, 2011).

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En la Declaración Conjunta de la xxxvii Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del sica, realizada en San Salvador, El Salvador, el 22 de julio de 2011, en el punto ocho, se reitera: • Instar a la comunidad internacional a continuar con su importante respaldo político y efectiva cooperación financiera, técnica y tecnológica para la ejecución de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y su Plan de Acción con Costos, así como fortalecer el desarrollo de acciones coordinadas con la región, conforme a los acuerdos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica. El 16 de diciembre se llevó a cabo la xxxviii Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana, en San Salvador. De la declaración conjunta podemos subrayar los siguientes puntos en materia de seguridad: • Destacar los avances logrados en materia de seguridad democrática, en particular de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Centroamérica, celebrada en la Ciudad de Guatemala en junio pasado. • Reiterar nuestro compromiso con el espíritu y los principios de la Declaración de Guatemala, del 22 de junio del presente año, especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad compartida y diferenciada, la integralidad de la Estrategia de Seguridad Centroamericana y la urgente necesidad de que los países amigos y organismos internacionales concreten los ofrecimientos de recursos adicionales y de otra índole. • Aprobar la admisión de los Estados Unidos de América como observador regional del sica y de la República Francesa como observador extrarregional. Los proyectos prioritarios en materia de seguridad están referidos a la seguridad fronteriza, al incremento de la capacidad de detección del narcotráfico y el crimen organizado por aire, mar y tierra, así como al incremento de la capacidad de movilidad para la interdicción e interceptación aérea, marítima y terrestre en el combate al delito (sica, 2011). En julio de 2011 es asesinado en ciudad de Guatemala Facundo Cabral, un hecho que refuerza el tema de la seguridad y de las redes del crimen organizado. El hecho también muestra la naturaleza del Estado guatemalteco en descomposición, del cual se desprende la idea de que el Estado y sus instituciones deben ser fortalecidos con recursos provenien162

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tes de gobiernos amigos, en particular de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se logra precisar las ayudas, y esto es parte del comunicado de la reunión del sica de diciembre, que alude a la falta de concreción de los ofrecimientos. 2. La integración económica y el Proyecto Mesoamérica En el ámbito comercial, un hecho importante ocurrido en 2011 fue el cierre de las negociaciones del tlc México-Centroamérica: en el mes de octubre se concluyeron y en noviembre fueron firmados los acuerdos, el Senado mexicano los ratificó en diciembre. No se trata de un nuevo tlc, sino de la unificación de acuerdos que se habían firmado entre México y cada país de la región; el primero fue con Costa Rica, en 1995, luego con Honduras en 1998, y con los países que forman el llamado Triángulo del Norte en 2001. Lo nuevo es que ahora el 98% de las reglas establecidas en los acuerdos previos fueron unificadas y se contará con un solo certificado de origen, con lo que se espera que las empresas reduzcan costos administrativos al exportar e importar. Sin lugar a dudas, hay dos hechos importante que contribuyeron a crear un clima propicio para la negociación del acuerdo: el primero fue el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos a mediados de 2011, al incorporarse plenamente a la política internacional; el segundo es el proceso electoral de Guatemala para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano, así como a las corporaciones municipales, la primera vuelta en septiembre y la segunda en noviembre. De todas maneras, los términos y la lógica neoliberal del tlc no cambió. Los intercambios han crecido con la firma de acuerdos comerciales; sin embargo México ha mantenido un superávit con la región centroamericana que en 2011 fue de casi 1,558,000,000 de dólares, por arriba de los 1,350,000 registrados en 2005 (véase inegi, 2012). La estructura productiva de los países de la región y las asimetrías con México hacen que Centroamérica se mantenga con un déficit crónico en su balanza comercial. Por otra parte, en el marco del Proyecto Mesoamérica —y como hechos destacados durante 2011, derivados de los mandatos presidenciales de la xii Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, llevado a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, a finales de octubre de 2010— figuran las siguientes acciones: 163

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• En materia energética, la infraestructura del proyecto siepac se encuentra en la etapa final de construcción y han sido puestos en operación los diferentes tramos de la línea para interconectar los sistemas eléctricos de América Central. • Como parte de la interconexión eléctrica Panamá-Colombia, ambos países, a través de las empresa isa de Colombia y etesa de Panamá, suscribieron un acuerdo para financiar el proyecto que requerirá una inversión de 420,000,000 de dólares; y cada país aportará el 50% del valor del proyecto. • En materia de transporte, fue estructurado y acordado el programa regional de inversiones para modernizar los 3,244 kilómetros del Corredor Pacífico, que incluye mejoras en los tramos viales, seguridad vial y optimización de los pasos de frontera. • El Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías (tim) se encuentra operando en las fronteras desde México hasta Nicaragua, y a la fecha registra más de 100,000 operaciones (Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, 2011). Se trata de proyectos que abonan al tránsito de mercancías y de información necesaria para el proceso de acumulación de capital, pero que no van en la dirección de atenuar la pobreza y las grandes desigualdades de la región. Uno de los ejes fundamentales de la reproducción social de amplios sectores de la sociedad región es justamente la migración internacional y, sin embargo, no existe ninguna consideración al respecto. Cuando se firmó el cafta (Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana) se argumentó que con este acuerdo se lograría disminuir la migración; a la vuelta de varios años de vigencia la migración sigue en ascenso, al grado de que las remesas han llegado a representar más del 20% del pib de algunos países, como Honduras y El Salvador; en esa tendencia va Guatemala. El Proyecto Mesoamérica es un buen negocio para las grandes empresas transnacionales interesadas en la región y para los organismos financieros, pero no para los grandes sectores de la sociedad que históricamente han permanecido excluidos. Por ejemplo, entre préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, así como desembolsos propios, en el 2011 se operó una cifra cercana a los 670,000 de dólares, solo para la red de carreteras. Además, el Proyecto Mesoamérica permitirá el desarrollo de muchos proyectos de inversión de carácter estratégico. Por ejemplo, en el caso 164

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de Guatemala, se encuentra en puerta la construcción de 25 hidroeléctricas privadas, el mayor monto de inversión está programado para el departamento de Quiché con 3,435,000,000 de dólares, entre ellas se destacan los proyectos Usumacinta, Xacbal y Palo Viejo; no menos importante resulta el departamento de Alta Verapaz, con una inversión de 1,641,000,000 de dólares, donde sobresalen los proyectos Xalalá, Renace y Chulac. También están los proyectos mineros en los departamentos de Huehuetenango, Baja y Alta Verapaz, así como en la región orientan, donde se ubican Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso. Las promesas del desarrollo con los tlc y el Proyecto Mesoamérica no se han cumplido; por el contrario, se observa un escenario tendencial donde sigue perfilándose la migración internacional como uno de los ejes de subsistencia de miles de familias centroamericanas. En el 2011 fueron deportados de Estados Unidos 30,855 guatemaltecos (Dirección General de Migración), 17,962 hondureños (Dirección General de Migración y Extranjería) y 25,845 salvadoreños (El Mundo, 6 de enero de 2012). Las remesas en 2011 alcanzaron 3,648.7 millones de dólares para El Salvador, 4, 126.7 millones para Guatemala y 2,861 millones de dólares para Honduras.1 La suma de remesas de los tres países ascendió a 10, 636,000,000 de dólares, lo que contrasta notoriamente con los 2,384,000,000 de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (Véase cepal, 2012). Conclusión Se podría afirmar que, como saldo de todas las acciones emprendidas en 2011, resultado de procesos anteriores y que seguirán en los próximos años, la región se ha integrado con Estados Unidos, en una lógica de negociación bilateral con todas las pautas del neoliberalismo y con un marcado énfasis geopolítico. A pesar de compartir un espacio, la región ha carecido de la fuerza política para configurar una identidad y su consecuente integración territorial con sus componentes económico, social y político. El neoliberalismo se ha encargado de desvanecer el territorio a través de proyectos que en lugar de unir socavan la precaria unidad centroamericana y enfrenta unos pueblos con otros. Hoy los proyectos de mayor envergadura, liderados por el capital transnacional, son la minería

1.

Con información del Banco Central de cada país.

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y la producción de energía eléctrica, además se fomenta la producción de cultivos para la generación de agrocombustibles, lo que tenderá a generar conflictos, como ya ocurre en Honduras y Guatemala, y a profundizar la crisis agroalimentaria. Bibliografía Alemán, Juan Daniel (2011), Discurso del Secretario General de sica, en ocasión de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de seguridad de Centroamérica, Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana, Ciudad de Guatemala. cepal (s/f), Inversión extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011. Disponible en: http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/46570/P46570.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/topbottom.xsl. Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica (2011), Informe ejecutivo del Proyecto Mesoamérica 2010-2011, xiii Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, Mérida. Declaración de Guatemala (22 de junio de 2011), Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, Ciudad de Guatemala. Disponible en: http://www.sieca.int/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cac he/17990000004005/17990000004005.swf. Consultado: 10 de septiembre de 2012. Dirección General de Migración y Extranjería, Honduras. Disponible en: http:// www.migracion.gob.hn/. Dirección General de Migración, Ministerio de Gobernación, Guatemala. Disponible en: http://www.migracion.gob.gt/. El Mundo (2012), Estados Unidos inicia deportaciones de salvadoreños, El Salvador. Disponible en: http://elmundo.com.sv/ee-uu-reinicia-deportaciones-de-salvadorenos Consultado: 25 de septiembre de 2012. Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Disponible en:http://spanish.nicaragua.usembassy.gov/sp_100507_valenzuela_dialogo_sica_eeuu.html. Consultado: 25 de octubre de 2012. inegi (2012), Banco de Información Económica. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. sica (2011), Perfiles de Proyecto, Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, Ciudad de Guatemala. Valenzuela, Arturo (2010), Discurso del Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, durante el iii Diálogo sica-Estados Unidos sobre asuntos de Seguridad, Ciudad de Panamá. 166

El Grupo de los Tres: Claroscuros de una experiencia de integración latinoamericana

Esperanza Martínez Ortiz El Grupo de los Tres se gestó a partir de las experiencias del Grupo de Contadora. Tuvo un prometedor nacimiento, unos resultados desiguales en distintas dimensiones, para finalmente decaer ante la salida en 2006 de Venezuela, uno de los tres miembros. En este trabajo se recupera su historia y la situación que presenta en el 2011, mediante un análisis que visualiza a este Grupo, no simplemente como un Acuerdo de Libre Comercio, sino además como un proceso de integración latinoamericana que tuvo una destacada dimensión política en su origen. 1. Antecedentes Con el nombre de Grupo de los Tres, G3, se ha conocido en la historia de la integración latinoamericana al conformado por Colombia, México y Venezuela, cuya semilla se sembró en la década de los años ochenta del siglo xx cuando estos tres países identificaron intereses comunes en la zona de Centroamérica y el Caribe. Centroamérica era escenario de conflictos desde los años setenta, y en su territorio esas naciones tenían presencia, aunque de manera diferente. La actuación de México en la región había tenido algunos tropiezos, en especial cuando en 1981 México y Francia reconocen en las Naciones Unidas, como fuerzas representativas, a las organizaciones salvadoreñas. México se enfrenta a críticas en sectores del país y en el exterior. Su posición en la región se ve afectada, y en esa circunstancia algunos analistas 167

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encuentran la raíz del interés de México en buscar aliados, para volver a entrar en la región centroamericana.1 En 1982 México somete a la consideración regional una iniciativa para enfrentar el conflicto centroamericano sobre una base multilateral, con varios canales de acción. El llamado, ante indicadores de mayor enfrentamiento, es respondido por Colombia, Panamá y Venezuela. En enero de 1983 estos cuatro países firman en Contadora un acuerdo con ese objetivo. Se efectúan reuniones en Cancún, y se hace una propuesta de alternativas a los cinco países centroamericanos para reducir tensiones. Se llama a la comunidad internacional a apoyar a la región en el Documento de Objetivos. Se trabaja también en otras propuestas, como en el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación Centroamericana, y en su revisión. Se firma un compromiso, junto con Venezuela, para suprimir el suministro del petróleo a países del acuerdo que inicien acciones bélicas contra otros Estados del área. Los países de América Latina, por su parte, van manifestando en distinta medida su apoyo a las acciones de Contadora. En 1985 los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anuncian su voluntad de ponerse a disposición del Grupo de Contadora para sus objetivos, conformando de esta manera el Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora, o Grupo de Lima. En agosto de 1985 se reúnen formalmente en Cartagena y da origen al Grupo de los Ocho, constituido por los países del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo. Estas actividades llevarán después a la conformación del actual Grupo de Rio, Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política - Grupo de Rio, en cuya acta constitutiva, emitida en Rio de Janeiro el 18 de diciembre de 1986, se expresa el reconocimiento de la labor del Grupo de Contadora y se le da un claro lugar como su antecedente. La gestión del Grupo de Contadora se encuentra enmarcada dentro del campo de la mediación de tipo político, que buscó y logró prevenir una guerra en Centroamérica, que hubiera podido extenderse con sus indeseables consecuencias. Se constituyó en un valioso aporte, por ser una iniciativa latinoamericana creada para solucionar un problema de la misma región, y fue la primera iniciativa de este grupo de países para

1.

René Herrera y Mario Ojeda entre otros. Diego Cardona en entrevista concedida a esta autora en Bogotá en agosto de 2002, afirma que “México tenía que inventarse un mecanismo para poder volver a Centroamérica en compañía de alguien, y ese mecanismo fue G3, hijo de Contadora”.

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El Grupo de los Tres: Claroscuros de una experiencia de integración latinoamericana

enfrentar una crisis internacional. No estuvo exenta de dificultades, tales como la abierta oposición de los Estados Unidos, o el haber tenido que trabajar en tres versiones del Acta de Paz, en consenso con los países directamente involucrados en la crisis: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, tuvo un relativo éxito diplomático, por haber sido capaz de abrir el canal de comunicación entre estos cinco países y comenzar a esbozar salidas negociadas en contra del despliegue de las estrategias militares. El Grupo de Contadora proporcionó además el escenario de acercamiento entre 1982 y 1985, para que México, Venezuela y Colombia pudieran analizar las implicaciones que en sus respectivos países pudiera tener la situación política de América Central. Era la primera experiencia en el plano diplomático de colaboración sobre temas comunes, entre los tres países, cuyas relaciones con anterioridad se habían caracterizado más por sus disparidades que por sus convergencias, aunque compartían algunos rasgos comunes, al haber adoptado, como muchos países de la región, los mismos esquemas de apertura, reformas económicas y del Estado, liberalización, etcétera (Ramírez, 2000, p. 104). 2. Actividades del Grupo de los Tres Conseguida formalmente la paz del istmo con los acuerdos de Esquipulas, se va configurando el Grupo de los Tres a través de distintas actividades, entre las cuales sobresalen: • Febrero de 1989, declaración conjunta en San Pedro Sula, Honduras, donde los tres países se comprometen a mediar entre la entonces Comunidad Europea y Centroamérica en la recuperación socioeconómica de las naciones del istmo. Anuncian la conformación del Grupo de los Tres. • En marzo de 1989, en Puerto Ordaz, Venezuela, los cancilleres de los tres países acuerdan fijar posiciones conjuntas ante terceros y trabajar para lograr la cooperación y la complementación de sus economías. En el documento producido en esa ciudad, y en reuniones sucesivas, se establecieron como principales objetivos del Grupo, a) la realización de esfuerzos dirigidos a la integración económica por ramas de actividades específicas en lo bilateral y, conforme las condiciones lo fueran permitiendo, en lo trilateral, en el contexto de las tareas conjuntas para la integración de América Latina, y b) conso169

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lidar la cooperación económica, cultural, científica y técnica de los tres países hacia Centroamérica y el Caribe, con el fin de fortalecer el desarrollo de ambas regiones, especialmente la de América Central, para dar impulso al entonces incipiente proceso de pacificación de esta subregión. • En septiembre en Nueva York, y en octubre de 1990, en ocasión de la Cumbre del Grupo de Río, en Caracas, los presidentes de la época de los tres países, Carlos Salinas de Gortari, César Gaviria y Carlos Andrés Pérez, establecen una coordinación anual del Grupo a través de una secretaría pro tempore a partir de 1991, año en el cual también se organizan los grupos de alto nivel (gan) sobre diversos temas. • A través de reuniones de cancilleres y vicecancilleres, así como de presidentes de los países asociados, realizadas siempre dentro del marco de otros foros, como las Conferencias Iberoamericanas, se producen distintos resultados. Uno de ellos es la firma en 1994 del Acuerdo de Libre Comercio, que comienza a regir en enero de 1995, y que pretendía conformar una zona de libre comercio a través de un programa de desgravación lineal y automática del 10% que culminaría en 2005. De otra parte, las relaciones entre los países que conforman el Grupo, a pesar de su relativa vecindad y comunidad de intereses económicos y culturales, se habían establecido históricamente en forma precaria, y en ocasiones conflictiva, características que configuran también sus relaciones con los países centroamericanos y del Caribe. Las relaciones entre México y los diversos países centroamericanos, tradicionalmente, han estado enmarcadas en los problemas que genera la migración de ciudadanos de todos los países centroamericanos y aun de otras nacionalidades, que utilizan el ingreso por la frontera de México con Guatemala en su viaje hacia el Norte en búsqueda del “sueño americano”. Para México, de alguna manera, en la frontera con Guatemala se ha dado la prolongación de sus propios problemas internos sociales y económicos. En la etapa independentista, especialmente Colombia y Venezuela, tuvieron estrechos lazos con la región, en particular con los países caribeños, a través de las actividades de Simón Bolívar, quien era consciente del valor que representaba el Caribe insular para la causa patriótica. Su estancia en Haití y Jamaica así lo demuestra, además de los vínculos comerciales y políticos que se desarrollaron con la región. 170

El Grupo de los Tres: Claroscuros de una experiencia de integración latinoamericana

Por su parte, Colombia ha mantenido disputas territoriales con Nicaragua y ha sostenido intermitentes relaciones diplomáticas con Cuba, en las cuales el tema de la guerrilla ha sido determinante. Igualmente el tema del narcotráfico ha ocupado las agendas de sus encuentros. Venezuela proporcionó históricamente a Centroamérica y al Caribe algunas facilidades petroleras que estuvieron vigentes hasta 1980 cuando se incorpora México a este mecanismo mediante la declaración suscrita en San José de Costa Rica. Las divergencias, contradicciones e incluso conflictos, no impidieron que durante la década de los ochenta Colombia, México y Venezuela encontraran que sus intereses en el área eran suficientemente valiosos y trascendentes como para conformar el Grupo de Contadora, que constituye la base del Grupo de los Tres. Entre Colombia, México y Venezuela hubo históricamente diferentes grados de acercamientos previos, aunque entre Colombia y Venezuela, dada su proximidad geográfica, siempre han sido más densos. Estos países tenían como elementos para relacionarse en el Grupo de los Tres aspectos comunes caracterizados por haber emprendido para esa época algunas políticas económicas similares, como las reformas impulsadas por organismos internacionales, la apertura y la liberalización, las reformas del Estado y el impulso a la firma de acuerdos comerciales para insertarse en la economía mundial. Esas convergencias, así como la experiencia de concertación política en el Grupo de Contadora, permitieron orientar al Grupo hacia un intento de integración económica, a pesar de las asimetrías innegables, básicamente entre las economías de México, y de Colombia y Venezuela. El desenvolvimiento del Grupo estuvo impactado por las permanentes fricciones entre estos últimos dos países, originadas en la existencia de su frontera común. En relación con el intercambio comercial, en la década de los ochenta, la balanza comercial había sido negativa para Colombia y Venezuela en relación con México, con unos saldos negativos que se incrementan al final de esa década. Por su parte, Colombia y Venezuela habían mantenido un mayor intercambio, aunque con comportamientos cíclicos. Era evidente la importancia mutua que representan sus economías, en contraste con el interés marginal que para México representaban los mercados de esas naciones suramericanas (Garay, 1994, p. 68). El inicial énfasis dado a la cooperación, y luego a la concertación política a comienzos de la década de los noventa, fue evolucionando hacia otro período caracterizado por la importancia que fueron alcanzando las 171

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dimensiones económica y comercial. Este período se materializó con la firma del Acuerdo de Libre Comercio en junio de 1994. Diversas causas originaron esa transición, entre otras porque la situación política centroamericana cambió con los acuerdos de paz y el proceso de democratización del área. Igualmente, la tendencia generalizada de todas las economías, de dar tratamiento prioritario a los aspectos comerciales y económicos dentro de sus relaciones internacionales. También influyeron en esta transición la propia crisis interna de los países involucrados, tales como los problemas económicos mexicanos en 1995, y las dificultades de gobernabilidad originadas en crisis de los partidos y en la credibilidad.2 Otro aspecto que influyó en esta variación de las prioridades fue la coincidencia con la negociación del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos, tlcan. En 1993 México cambia el equipo negociador que lo representaba en los avances dentro del Grupo de los Tres, y lo sustituye por el que había utilizado para negociar el tlcan. Esta decisión hizo evidente la dirección que México quería imprimir a las conversaciones mercantiles del G3. Ocasionó también que los otros grupos de trabajo quedaran rezagados, con lo cual se le dio una prioridad muy clara al grupo comercial. Es estas circunstancias, y a pesar de haber cambiado su énfasis inicial, la firma del tratado de comercio fue un resultado concreto y cumplió en ese momento con algunas metas. Comenzó su vigencia en enero de 1995. 3. Crisis En ocasión de haber cumplido diez años de su surgimiento, el Grupo de los Tres fue sometido a una evaluación por parte del llamado Comité trilateral de reflexión, siglo xxi, conformado por expertos de los tres países, quienes analizaron y diagnosticaron que el acuerdo había logrado resultados concretos en la dimensión política y también en términos económicos. Como resultado de esa evaluación, los gobiernos de los tres países determinaron relanzar el acuerdo, con reuniones, decisiones y declaraciones, la más significativa de las cuales fue la realizada en Caracas en

2.

Así lo afirma el analista Jorge Valencia, quien retoma las declaraciones del excanciller colombiano Rodrigo Pardo, así como Socorro Ramírez y el Documento final del Comité de Reflexión siglo xxi del Grupo de los Tres.

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abril de 2001. Sin embargo, sus decisiones no fueron cumplidas, no se impulsaron actividades allí decididas y en el contexto se fueron produciendo otros hechos que fueron dificultando todavía más su desarrollo. Hubo algunas actividades, como la instalación de los gan de educación en noviembre de 2001, y el de prevención y atención a desastres y calamidades, en febrero de 2002, así como reuniones del grupo de medio ambiente, acciones que, aunque indican actividad, no alcanzaron a configurar la pretendida reactivación. Sin embargo, siguió produciendo resultados en cuanto al intercambio comercial entre los tres países. En 2004 se reunieron los cancilleres de los tres países y manifestaron el interés mutuo en continuar integrados bajo este esquema; destacaron posibles acciones conjuntas y la forma como podían, desde el punto de vista político, tener una participación importante en el área del Gran Caribe, como había sido el caso de la cooperación en Haití, y de proyectos en salud, educación y cultura. Anunciaron ajustes en la velocidad de la reducción arancelaria en sectores específicos, especialmente en lo relacionado con el sector automotor. Se planteó, además, la posibilidad de colaborar en el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y facilitar el trámite de visas. Al cumplir diez años del Acuerdo de Libre Comercio, hubo sectores que calificaron de positivo el resultado comercial de este grupo. En noviembre de 2004 los presidentes de los tres países anunciaron su decisión de aceptar la solicitud de Panamá e iniciar los trámites que permitieran su inclusión dentro del convenio del G3, anuncio que hicieron durante la xxviii Cumbre del Grupo de Rio, que se realizaba en Rio de Janeiro (Brasil). Se dijo incluso que en el futuro se denominaría el grupo de los 4 y que era volver a los orígenes naturales del Grupo de Contadora. De otra parte, se habían producido las necesarias actualizaciones legislativas para poner en práctica algunas cláusulas del tratado. En los años siguientes se hicieron evidentes las tensiones entre los gobiernos de Venezuela y sus homólogos de México y Colombia, visibles en distintas coyunturas, pero con el común denominador de reflejar la beligerante postura del presidente Chávez frente a diferentes acciones de Estados Unidos. En 2005, durante la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, las posiciones contrarias de Fox y Chávez desenca-

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denaron la crisis. Fox defendió el alca3 y luego del encuentro criticó a Chávez, lo que provocó que el gobernante venezolano lo calificara como “cachorro del imperio”. Días después pide a Fox “no se meta conmigo, caballero, porque sale espinao”. El 14 de enero deciden retirar a sus respectivos embajadores y reducir la relación a nivel de encargados de negocios. Con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fueron numerosos los desacuerdos, como el ocasionado en la detención a finales de 2004, de un integrante de las farc, Roberto Granda, efectuada ilegalmente por autoridades colombianas dentro del territorio venezolano. Ante la protesta del gobierno venezolano, se desata una crisis que hubiera podido ser mayor: llegó a producirse el cierre de fronteras, la suspensión de los negocios bilaterales y el retiro del embajador venezolano en Bogotá. Sin embargo, la crisis fue superada rápidamente con la promesa de emprender nuevas acciones y proyectos binacionales. En esta breve exposición de hechos que antecedieron a la crisis final del Grupo de los Tres se puede mencionar también que, a comienzos de mayo de 2006, Chávez, en su alocución dominical, anunció el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, can, y amenazó con hacer lo mismo del G3, como consecuencia de su crítica a los tratados de libre comercio que Colombia y Perú han firmado con Estados Unidos. Esta decisión la concretó finalmente el 21 de mayo, cuando anunció la intención de Venezuela de también salirse del G3, con el fin de fortalecer su ingreso al Mercosur. Las críticas del presidente Chávez al acuerdo incluyen la afirmación de que está “conformado bajo el esquema más puro del neoliberalismo”, que no beneficia a su país ni a la integración sudamericana que pretende impulsar, pues el rumbo no está en el norte, sino en el sur, según afirma. En México se producen declaraciones de Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores, minimizando las consecuencias de la salida de Venezuela, país que sería reemplazable, ya que de cualquier manera Perú, Ecuador o Panamá podrían ingresar a este esquema. El mismo funcionario afirma también que la salida de Venezuela del Grupo de los Tres no significará un gran impacto económico para México, aunque ofrece que el gobierno estará atento para que las empresas nacionales no resientan esa decisión. Sin embargo, no hay mayor reacción.

3.

Propuesta de libre comercio para el continente americano auspiciada por los Estados Unidos.

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El gobierno y la opinión pública mexicana estaban en esos días más preocupados por el anuncio de la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos. En su país, el presidente Chávez tuvo algunos opositores a esta decisión, principalmente por parte de los empresarios que se ven afectados. Afirman dirigentes de la Asociación Venezolana de Exportaciones, avex, que “estamos abandonando más del 70% de las exportaciones venezolanas que van a esos países con los cuales se rompió el tratado de libre comercio”, “Venezuela se queda prácticamente aislada del comercio internacional, buscando mercado por la vía del Mercosur”. También esa organización menciona la pérdida de 300,000 empleos como consecuencia de la salida de Venezuela tanto de la can como del G3.4 En julio de 2006 se firmó un convenio de adhesión de Venezuela al Mercosur, trámite que enfrentó distintos obstáculos en su ratificación. El ingreso formal solo sería aprobado en julio del 2012, cuando Venezuela entra a formar parte como miembro pleno de este acuerdo. En el portal informático del Grupo de los Tres, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, actualizado el 17 de agosto de 2007, reseña como últimas actividades del grupo las realizadas en julio de 2005 en Panamá, ciudad donde se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de los países. En México, en agosto de 2005, se reunieron los expertos en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, del Grupo de Alto Nivel de Educación. En el mismo portal, en 2011, se informa que, dado que Panamá fue aceptado como integrante del Grupo en 2004, “su incorporación al tlcG-3 aún se encuentra en proceso, dado que debe negociar los términos de su asociación para la liberación comercial con los países del Grupo”. A pesar de que el gobierno mexicano considera que el retiro de Venezuela forma parte de los alcances de su soberanía, anuncia que los Estados parte del Acuerdo de Libre Comercio, Colombia y México deberán ajustar lo necesario en relación con las ventajas que tenía Venezuela. Informa también el interés de México en evaluar junto con Colombia las opciones para incluir a otros países y consolidar el ingreso de Panamá. Sin embargo, ese ingreso no se ha concretado y, por el contrario, existe información oficial5 de la existencia de una negociación diferente

4. 5.

Ver periódico El Universal, Caracas, 30 de mayo de 2006. Ver página web del Ministerio de Comercio de Colombia.

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entre Colombia y Panamá para concretar un acuerdo de libre comercio entre ellos. 4. Situación actual En la actualidad, por tanto, las estipulaciones originales del Acuerdo del Grupo de los tres siguen teniendo vigencia como tratado bilateral entre México y Colombia. La información del ministerio colombiano de Comercio e Industria (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia) señala que, como consecuencia de la vigencia de ese acuerdo, ahora vigente entre los dos países: “Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado totalmente, quedando algunas subpartidas por desgravar y otras subpartidas excluidas del programa de liberación, pertenecientes en su gran mayoría al sector agropecuario”. Por tanto este proceso de integración del G3 comenzó con una amplia aspiración de concertación política, y en determinado momento varió para alcanzar un significativo resultado comercial y económico a través de la firma de un acuerdo de libre comercio. Este tratado produjo resultados en las balanzas comerciales y logró otros resultados en algunos de los campos en que trabajó hasta la salida de Venezuela en 2006. Su vigencia ha continuado para reglamentar las relaciones comerciales entre México y Colombia, con alguna expectativa de que ingrese otro miembro. Estas expectativas se han diluido ante la negociación de distintos acuerdos que están pendientes entre Colombia y Panamá, así como por la negociación de la Alianza del Pacífico. Sobre las expectativas de la reincorporación de Venezuela se puede afirmar que no existen, por lo menos a corto plazo. Las relaciones entre Venezuela y Colombia sufrieron hasta el año 2010 de una grave tensión, que llevó a su rompimiento en julio de ese año. A partir de la posesión del nuevo mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, esa tirantez de distendió y se reanudaron las conversaciones sobre varios temas de interés. Se han firmado acuerdos para mejorar la cooperación en áreas como la seguridad fronteriza, el comercio y el intercambio energético. A pesar de las menores tensiones entre los gobiernos, el venezolano ha privilegiado su interés hacia naciones como Brasil, Argentina, China o Irán. El intercambio comercial entre esos dos países no ha logrado recuperar el dinamismo y los niveles antes existentes. Las exportaciones desde Co176

El Grupo de los Tres: Claroscuros de una experiencia de integración latinoamericana

lombia casi desaparecieron, pues pasaron de 6,000,000,000 de dólares a 1,000,000,000 de dólares. Se trató de una experiencia significativa dentro de la integración latinoamericana, ya que surgió de iniciativas autónomas de la región, que tuvo logros concretos, como la mediación política en Centroamérica y un impulso al intercambio comercial. Sirvió de escenario de concertación para diferentes temas de interés estratégico entre los países miembros. Continúa con una vigencia limitada a dos países y a temas comerciales, pero al examinar su historia, sus características y su desarrollo se pueden encontrar productivas. Bibliografía Garay, Luis Jorge (1994), América Latina ante el reordenamiento económico internacional, Bogotá, Universidad Nacional. Herrera René, Ojeda Mario (1983), La política de México hacia Centroamérica, México, El Colegio de México. Martínez Ortiz, Esperanza (2003), Dificultades en la integración del Grupo de los Tres: una experiencia para América Latina, Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia (s/f), Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, Acuerdos comerciales y de inversión. Disponible en: http:// www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=11963. Consultado: 21 de agosto de 2012. Ramírez, Socorro (2000), “Precarios resultados del pragmatismo: diez años del Grupo de los Tres”, Anuario de la integración regional en el Gran Caribe, 2000, núm. 1, Nueva Sociedad. Valencia Restrepo, Jorge (1999), Comentarios sobre el Grupo de los Tres, Centro de Estudio para el Desarrollo Económico, cede, Bogotá, Universidad de los Andes.

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Non progredi est regredi. Estado de la integración suramericana en 2011

Daniel Efrén Morales Ruvalcaba Introducción Aunque iniciada a finales de 2009, la llamada crisis de la deuda soberana europea se ha prolongado y recrudecido en los meses subsiguientes, empujando a la Unión Europea hacia la más profunda crisis política, económica y social de su historia. En términos teóricos e ideológicos, este evento ha reavivado el inagotable debate entre escépticos y apologéticos de la integración regional: los primeros, los intergubernamentalistas, argumentan que es a través de la actuación individual y diferenciada de cada Estado-nación como se alcanza el bien de la colectividad (Soros, 2012), por lo que propugnan la búsqueda y defensa de los intereses nacionales como mecanismo para tornar más eficiente la integración regional; los segundos, los supranacionalistas, bajo la premisa non progredi est regredi (Durão, 2011), responden a sus detractores diciendo que “los costes políticos, económicos y financieros de la renacionalización serían enormes” (Fischer, 2011), por lo que la profundización de la integración y el mejoramiento de las instituciones supranacionales son la principal garantía para evitar futuros cataclismos socioeconómicos. Este debate ha tenido ecos en la unasur. Desde el inicio de la integración suramericana, en 1993, han transcurrido tres etapas: 1993-1999, 2000-2004 y 2005-2007 (Rocha y Morales, 2012). A partir de 2008, la unasur ha entrado en un momento de maduración, estructuración y despliegue. No obstante, a pesar del dinamismo que caracteriza esta última etapa, los últimos años han sido complicados: la crisis económico-financiera mundial, la crisis de la Zona Euro, los cambios de presidente en 179

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varios países de la región, el intento de golpe de Estado en Ecuador, el fallecimiento del secretario general Néstor Kirchner, entre otros eventos, llevaron a la unasur a una suerte de impasse durante 2010. En la integración suramericana ha predominado una visión intergubernamentalista del proyecto, enmarcada en “la tradición del multilateralismo defensivo, arraigado en la defensa de la soberanía nacional y la no injerencia en asuntos internos” (Oyarzún, 2010, p. 3). No obstante, frente al impasse de 2010 y ante los nuevos retos, se planteó la disyuntiva: ¿Cómo seguir avanzando: privilegiar al Estado-nación o fortalecer a la región en su conjunto? ¿Defender los intereses nacionales o robustecer los intereses regionales y sus instituciones? El objetivo de este documento es vislumbrar la forma como evolucionó la integración suramericana, mediante la valoración del estado de la unasur y sus órganos complementarios en el período enero-diciembre de 2011. 1. Integración en materia política Como parte de los sucesos más importantes acontecidos en Suramérica durante 2011 en el ámbito político, es fundamental mencionar los relevos presidenciales en cuatro países de la región: primeramente, el 1o de enero trascendió por la salida de Luiz Inácio Lula da Silva —entusiasta integracionista suramericano— y el arribo a la presidencia de Dilma Rousseff, quien, a pesar de ser miembro del partido oficial (Partido dos Trabalhadores, pt) y continuar con el mismo plan de gobierno, ha buscado una inserción internacional de Brasil más pragmática, marcando con ello algunos matices respecto de su predecesor; el segundo cambio acontecido es en Perú, cuando el 28 de julio Alan García —mandatario que se caracterizó por buscar a Estados Unidos como socio estratégico y dejar en segundo término las relaciones con los países vecinos y miembros de la región— es relevado por el líder de la oposición, Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), quien penosamente ha fallado en la promesa de emprender la gran transformación de Perú y ha desilusionado al mantener el panamericanismo como eje importante de su política exterior; en tercer lugar, en Argentina las elecciones presidenciales del 23 de octubre se tradujeron en la reelección —en la primera vuelta y con una amplia mayoría— de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria, fpv), comicios que han ratificado el proyecto de gobierno inaugurado en 180

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2003 con Néstor Kirchner, y en cuarto lugar el relevo de Bharrat Jagdeo el 3 de diciembre en Guyana por su correligionario Donald Ramotar, que ha brindado continuidad al gobierno del Partido Progresista del Pueblo (en el poder desde 1992). En un balance de las dirigencias nacionales en 2011 respecto de la integración suramericana, es posible mencionar como claros impulsores de la integración a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela; y, en una postura ambigua y todavía poco contundente, a Chile, Colombia1 y Perú.2 En ese sentido, ha sido justamente la coincidencia de voluntades políticas en la mayoría de los países suramericanos lo que, en buena medida, ha coadyuvado a que la región no pierda por completo su cohesión y dinámica. El 11 de marzo, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la unasur se reunió en Quito para oficializar la entrada en vigor el Tratado Constitutivo de la unasur (al haber sido ratificado ya en esos momentos por todos sus socios, con excepción de Brasil y Paraguay) y nombrar a la dupla María Emma Mejía (Colombia)/Alí Rodríguez (Venezuela) para ocupar la titularidad de la Secretaría General por dos años (el primer año correspondería a la excanciller colombiana y el segundo al ministro venezolano). Aunque simbólicos, estos serían los primeros pasos para la sacar al proceso integrador suramericano del atolladero en que se encontraba. Cabe anotar que varias semanas después Hugo Chávez, otro de los principales patrocinadores de la integración suramericana, presenta graves problemas de salud, por lo que decide trasladarse a Cuba para ser operado de emergencia a consecuencia de un absceso pélvico. Este he-

1.

2.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la relación de Colombia con Estados Unidos ha sido reestructurada. Como explica Socorro Ramírez, el nuevo gobierno “ha sido realista al asumir que ni a Colombia le conviene relacionarse con el mundo solo a través de Estados Unidos, ni los estadounidenses están en condiciones de seguir manteniendo el mismo nivel de apoyo al país” (Ramírez, 2012, p. 42). Estos ajustes han llevado a Colombia a reencontrarse con su región y a comenzar la recomposición de las deterioradas relacionales con sus vecinos (especialmente con Venezuela y Ecuador). Raúl Zibechi considera que, en el plano de las relaciones internacionales, Perú ha sido colocado en el centro de una disputa hegemónica regional “clave tanto para Estados Unidos como para Brasil. Perú participa en la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y México, que es la principal cuña de Washington en la unasur y la celac. Para Brasil la alianza política y militar con Perú es decisiva para consolidar su salida al Pacífico, ruta de su cuantioso comercio con China” (Zibechi, 2012). Así, más allá de la voluntad política, son los factores sistémicos y geoestratégicos los que han venido limitando y condicionando notablemente las relaciones externas del nuevo gobierno peruano encabezado por Ollanta Humala.

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cho alejó por completo al presidente venezolano de la escena política —durante casi todo el mes de junio de 2011— y lo obligó a romper con su agenda de gobierno, incluso a cancelar la i Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (programada para el 5 y el 6 de julio) y una reunión extraordinaria ad hoc de las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de la unasur, de las cuales sería anfitrión. No obstante el alejamiento de Hugo Chávez, el segundo y contundente paso para la superación del impasse de 2010 se daría con la celebración de una reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la unasur en el contexto del cambio de mando presidencial en Perú, el 28 de julio de 2011. Ahí se retomó el propósito de avanzar tanto en la convergencia en materia comercial como en la construcción de “un modelo de integración cultural, social, económica y política con prioridad en la formulación de política públicas dirigidas a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y procurar la participación ciudadana” (Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la unasur 2011, p. 1). De esta forma, el desarrollo económico y social se colocó en el centro de la agenda regional. Tres meses después, el 29 de octubre de 2011, fue celebrada la v Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la unasur en Asunción. Esta junta trascendió, básicamente, por dos hechos significativos: el primero fue la aprobación del proyecto de decisión sobre la creación del Consejo Electoral de la unasur, órgano que ha sido incorporado a la institucionalidad de la Unión y que aspira a convertirse en observador de los comicios en los países por los que sea invitado (ejercicio similar al que realiza la oea); en segundo lugar, el traspaso de la presidencia pro tempore de la unasur por parte de Guyana —con Bharrat Jagdeo al frente— a Paraguay y su dirigente Fernando Lugo. 2. Integración en materia económica Uno de los pasos más importantes que ha dado la unasur para avanzar en la integración económica de la región ha sido la instalación del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas (csef) el 11 de agosto de 2010. De acuerdo con su estatuto, el csef está conformado por las ministras y los ministros de Economía así como por las presidentas y los presidentes de los bancos centrales de los países miembros, quienes adoptarán sus 182

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acuerdos por consenso. Como parte de los objetivos del csef se menciona contribuir al desarrollo social y humano; construir un sistema económico equitativo, justo y sustentable; diseñar mecanismos concretos que coadyuven a la superación de asimetrías; facilitar la integración financiera y la cooperación en materia comercial y sectorial, entre otros (Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, 2010, pp. 1-3). Un par de meses después de creación, el csef celebró su primera reunión el 12 de agosto de 2011 en la ciudad Buenos Aires. En su declaración oficial, el Consejo acordó: 1. Trabajar para viabilizar medidas de cooperación técnica en lo que al manejo y movilización de reservas internacionales se refiere (asunto ad hoc con la idea del Fondo de Reserva Común Suramericano); 2. Impulsar el uso de monedas de la región en las transacciones comerciales intrarregionales; 3. Recomendar la reevaluación del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos aladi e invitar a los países miembros de la unasur a analizar la iniciativa del Sistema Único de Compensación Regional (sucre) u otros sistemas de compensación y unidad de cuenta regional para cursar transacciones; 4. Acelerar —los países suscriptores del convenio constitutivo— el lanzamiento del Banco del Sur e invitar al resto de los países de la unasur a sumarse a la iniciativa; 5. Fortalecer la Corporación Andina de Fomento (caf); 6. Incentivar el comercio intrarregional, así como el uso sustentable de los recursos naturales y la generación de empleos. Todo lo anterior, bajo el compromiso de “profundizar y generar espacios propios de cooperación, acumulación y reproducción económica” (Consejo Suramericano de Economía y Finanzas 2011, p. 1). Estas acciones, estudiadas y debatidas más a detalle en la segunda reunión del csef que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2011 en Buenos Aires, son muestra de la disposición y la voluntad política de los líderes suramericanos para retomar ambiciosas propuestas que buscan contribuir no solo a “la mejora en la distribución del ingreso y el progreso en la calidad de vida” (Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, 2011, p. 2), sino también —y de manera muy importante— a incrementar la autonomía de la región respecto de organismos financieros internacionales (como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional) con intereses disfrazados.

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3. Integración en materia social De manera paralela a la evolución de la dimensión económica, la integración en materia social fue impulsada con mucha fuerza en 2011. Es preciso recordar que una de las estrategias más importantes para mitigar los efectos de la crisis económico-financiera de 2008/2009 fue adoptar iniciativas comunes orientadas a priorizar la creación de empleos y la protección social. Así, en la reunión extraordinaria celebrada el 28 de julio en Lima, las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de la unasur ordenaron al Consejo Suramericano de Desarrollo Social (csds) implementar su Plan de Acción 2009-2011 y establecer una agenda de acciones sociales prioritarias orientadas a reducir las asimetrías en la región y romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Por su parte, el Consejo de Suramericano de Salud (css) se congregó el 7 de diciembre de 2011 en Montevideo con el objetivo avanzar en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. En materia social, el órgano más dinámico de la unasur fue —especialmente durante el segundo semestre de 2011— el Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (coseccti) que celebró su tercera reunión el 22 de noviembre en Montevideo. Este encuentro trascendió por la idea brasileña de crear un Concejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la unasur y los avances para el diseño de la Hoja de Ruta 2012. Unas semanas más tarde, el 6 de diciembre, se encontraron en Quito los altos delegados del Grupo de Trabajo Especializado en Cultura (gtec), quienes acordaron interesantes propuestas, como la elaboración de un foro de contenidos culturales de televisión; la realización del congreso de la unasur “¿Cómo construir la integración suramericana desde la cultura?”; avanzar en la propuesta del intercambio de experiencias de gestión cultural comunitaria; la invitación de Argentina a los países miembros a colaborar con el Centro de Producción e Investigación Audiovisual, y la solicitud a las autoridades cinematográficas de cada país a evaluar la posibilidad de generar un Acuerdo de Mercado Común Cinematográfico de la unasur. Evidentemente el trabajo de coseccti está sumamente cargado de contenidos y relevantes propuestas que no se limitan a la problemática social, sino desbordan en lo económico y demandan un seguimiento político mucho más puntual. En ese sentido, la sugerencia de Brasil —durante la iii Reunión de Ministras y Ministros del Grupo de Trabajo Espe184

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cializado de Cultura que tuvo lugar el 7 de diciembre en Quito— ha sido dividir el coseccti en tres consejos independientes: uno de educación, uno de cultura y otro de ciencia, tecnología e innovación. 4. Integración en materia de seguridad y defensa En materia de seguridad, ciertamente el Consejo de Defensa Suramericano (cds) no pretende ser una alianza clásica tipo otan, y sus objetivos distan mucho de la conformación de un ejército regional (a pesar de haber aumentado en la región en el 5.8% el gasto en defensa durante 2010, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, sipri). Empero, aunque el cds estará más enfocado en la coordinación de posturas y acciones entre los países suramericanos, esto no debe opacar el hecho de que se trata del primer intento de regionalismo en materia de seguridad ensayado en Suramérica. Más aún, en años previos, este órgano ha fungido a modo de catalizador en la integración suramericana (Morales, 2011) y contribuido significativamente a cohesionar la unasur y a ampliar los márgenes de autonomía de la región en su conjunto. Aunque en el año 2011 la importancia del cds se vio relativamente reducida por la centralidad que ocuparon los asuntos económicos y sociales, esto no restó dinamismo al trabajo realizado por los ministros de Defensa. Así, el 12 y el 13 de mayo el cdcs celebró en Lima su tercera reunión ordinaria, donde convinieron —entre otros puntos— avanzar en la elaboración de un “Protocolo de paz, seguridad y cooperación”, saludar la inauguración del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (ceed), resaltar la importancia de que el Plan de Acción 2012 incluya la protección de la biodiversidad y sugerir al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores la programación de una reunión interministerial para analizar las amenazas del crimen trasnacional y otras nuevas amenazas a la seguridad regional. Varios meses más tarde, el 10 y el 11 de noviembre, el cds tuvo su primera reunión extraordinaria en la misma ciudad. En la declaración final destaca la aprobación del Plan de Acción 2012, la voluntad para desarrollar trabajos conjuntos para el fortalecimiento de la industria y la tecnología de la defensa regional, la propuesta para estudiar la factibilidad de una agencia espacial suramericana y su satisfacción por los avances en la aplicación de medidas de fomento de la confianza y seguridad.

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Sin lugar a duda, más que convertir a Suramérica en un polo de poder militar, el principal reto del cds en los años venideros será la autogestión de América del Sur como una zona de paz y la autodeterminación de las estrategias y los modelos de seguridad y defensa. En su opinión, María Emma Mejía, Secretaria General de la unasur, ha expresado: “Creo que la idea convencional de la seguridad fronteriza dará paso en el futuro a una noción regional donde la preservación de la democracia y la defensa de los recursos serán temas capitales. […] Los últimos conflictos regionales se resolvieron sin disparar un tiro y la actitud que he observado en los doce ministros de Defensa de unasur es la de preservar, por encima de las diferencias, una zona de paz” (Gualdoni, 2011). 5. Integración en materia energética La dimensión energética ha sido una de las menos evolucionadas en la unasur. En el año 2011 hubo avances, aunque estos estuvieron limitados a la integración eléctrica en la Comunidad Andina de Naciones (can). En otros términos, los logros fueron geográfica y temáticamente acotados. Bajo una lógica de subregión, altos funcionarios del sector energético de Chile y la can (Colombia, Ecuador y Perú) se reunieron el 25 de febrero de 2011 en Lima con el propósito de confluir voluntades políticas para progresar en la interconexión eléctrica. El mecanismo para lograrlo no sería regional o subregional, sino consistiría en formular acuerdos bilaterales específicos. Al mes siguiente, del 31 de marzo al 2 de abril, se encontraron los ministros y altas autoridades encargados del sector eléctrico de Chile y los países miembros de la can (ahora ya con la participación de Bolivia) en Galápagos, donde se logró crear el Consejo de Ministros para el desarrollo del Corredor Eléctrico Andino —máxima instancia de regulación en este rubro—, además de conformar el Grupo de Planificación para la programación de las interconexiones internacionales y el Grupo de Regulación para tratar la normatividad de los intercambios de electricidad en los acuerdos bilaterales. Colombia fue designada coordinadora de ambos grupos y Venezuela —potencia energética suramericana y antiguo socio de la can— fue invitada a incorporarse a este proyecto. Después de Galápagos, tendrían lugar dos reuniones más durante el año 2011: una en Lima y otra en Bogotá (que contó con la participación de Paraguay y Venezuela en calidad de observadores), el 22 de julio y el 15 de noviembre respectivamente. Lo más trascendente de 186

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ambas reuniones fue la programación de actividades y obras a realizar, así como el estudio de los mecanismos para su financiación. No obstante los logros registrados en 2011, la unasur encarará en delante tres retos urgentes en cuanto a integración energética se refiere: primero, avanzar sostenidamente en la construcción de infraestructura para la interconexión; segundo, definir marcos regulatorios supranacionales para la cooperación en este sector y, tercero, lograr el involucramiento y el compromiso de los doce países del subcontinente, especialmente de las potencias energéticas (Venezuela y Brasil). 6. Integración en materia de infraestructura El 30 de noviembre de 2011 tuvo lugar en Brasilia la ii Reunión del Consejo de Suramericano de Infraestructura y Planeación (cosiplan). En esta ocasión, las ministras y los ministros reiteraron su compromiso para seguir impulsando la integración de la infraestructura física regional, reconocieron la importancia de un Plan de Acción Estratégico a corto y mediano plazos (2012-2022), celebraron la consolidación de la Agenda de Proyectos Prioritarios (api) con 31 proyectos estratégicos con un costo por más de US14,000,000,000 (todos ellos como parte del proyecto iirsa) y crearon tres grupos de trabajo (uno sobre integración ferroviaria, otro sobre mecanismos de financiamiento y garantías, y el último sobre telecomunicaciones) que coadyuvarán con las labores del Consejo. Cabe destacar que, un día antes de la segunda reunión del cosiplan se encontraron los ministros de Comunicaciones. Ellos reconocieron que el actual nivel de desarrollo de las telecomunicaciones y su infraestructura constituyen “un obstáculo creciente para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación ciudadana y reducir las asimetrías al interior de la región suramericana” (cosiplan 2011, p. 2), por lo que subrayaron la inclusión de una directriz que estimule el desarrollo y el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación como parte del Plan de Acción Estratégico. En este sentido, algunos de los proyectos apuntan a la integración de redes nacionales de investigación en el sector, la construcción del Anillo Óptico Suramericano, la expansión de las interconexiones entre los países de la región, el tendido de cables submarinos, la instalación de redes de fibra óptica, entre otros. 187

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Al igual que el tema de la interconexión eléctrica para el sector energético, el sector comunicaciones pudiera ser impulsor de la integración en materia de infraestructura. En ese sentido, los retos pudieran ser similares: involucrar a todos los socios de la región y conseguir que los logros alcanzados en un sector “desborden” hacia otras dimensiones. Conclusiones A raíz de la crisis europea, la plausibilidad de la integración regional ha sido fuertemente cuestionada en los años recientes. De forma coincidente, la unasur entró en 2010 en una suerte de impasse. No obstante, todo indica que la integración suramericana ha logrado continuar y avanzar, y ha reafirmado la forma “intergubernamental creciente y dinámica” (Rocha y Morales, 2008, p. 201) en que se encuentra, caracterizada por la preponderancia de las élites políticas nacionales, la centralidad de las instituciones políticas de decisión-ejecución, la presencia secundaria de instituciones económico-comerciales y administrativas, la existencia de otras instituciones de tipo social, aunque en situación germinal, y el déficit democrático es general. Ante al planteamiento de si fue la defensa de los intereses nacionales o el robustecimiento de los intereses/organismos regionales lo que ha permitido continuar con el proceso de integración en 2011, la respuesta sería inmanente a la actual forma político-institucional de la unasur. Además de ello, la coincidencia de voluntades políticas, los trabajos realizados en cada una de las dimensiones y el dinamismo mostrado por algunos sectores en específico contribuyeron a que la unasur en su conjunto no regresara sino que progresara. Así, la integración suramericana muestra hoy enormes posibilidades de evolucionar mucho más, gracias a que la tasa de beneficio (en términos económicos, políticos y sociales) sigue siendo muy elevada para los Estados participantes.

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Elizabeth Vargas García Es posible considerar diferentes tipos de integración, como se ha visto a lo largo de la historia; sin embargo, lo que caracteriza a la integración regional es la existencia de condiciones que permiten avanzar en los diferentes temas hasta lograr acuerdos con los que, se supone, las partes involucradas saldrán beneficiadas. En el continente americano se encuentran esquemas de integración tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Mercado Común Centroamericano (mcca), la Comunidad Andina de Naciones, la propuesta del alba, la Unión de Naciones Suramericanas (unasur) y el Arco del Pacífico Latinoamericano, entre otros. Estas agrupaciones se sitúan como procesos de integración en los distintos niveles y comparten la característica de obedecer a distintos intereses, de tal modo que los podemos catalogar en tres grandes vertientes: a) Las que pertenecen al esquema de lo que se conoce como regionalismo abierto b) Las que se encuentran en lo que se conoce como integración antisistémica c) Las que proponen un modelo híbrido de integración regional (Briceño, 2010, pp. 44-45) Sin embargo, y para efectos de este análisis, aun cuando esta tipología nos arroja luz sobre los esquemas de integración que se desarrollan en el continente, también nos lleva a analizar que aquello que se pensaba hacia 2010, como la posibilidad para que se consolidara una integración 191

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regional de carácter híbrido en el subcontinente latinoamericano, es poco probable que se genere. Es decir, con la emergencia del Foro sobre la Iniciativa del Arco del Pacífico Latinoamericano, y sus once integrantes con ideologías y tendencias políticas divergentes, se llegó a considerar que un tipo de integración híbrida (aquellos países o grupo de países que, aunque tienen divergencias ideológicas, comparten un objetivo común que los lleva a establecer un acuerdo) podría llevarse a cabo; sin embargo, con la creación de la Alianza del Pacífico llegamos a corroborar que en esta parte del continente conviven las posturas divergentes en cuanto a este tema se refiere. Esto es: que sigue vigente el regionalismo abierto, así como la integración antisistémica, y que ese esquema de integración combinada y alternativa no ha sido posible llevarla a cabo. 1. Los antecedentes: la conformación del Arco del Pacífico Latinoamericano El Arco del Pacífico Latinoamericano surgió en la ciudad de Cali, Colombia, en el año 2007, a instancias del presidente peruano Alan García. Su emergencia formal quedó signada con la Declaración de Santiago, en la que nueve países intervinieron: Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y México. Poco después se sumaron Nicaragua y Costa Rica. El Arco, según se asienta en la Declaración Final de la Primera Cumbre de San Salvador (30 de octubre de 2008), se concibió de tres formas: como una instancia articuladora tanto en lo político como en lo económico; como un espacio de convergencia, cooperación e integración en el espacio latinoamericano (cuya característica básica distintiva es estar posicionados geográficamente como Estados ribereños del Pacífico), y como la instancia que vincularía esta región con la de Asia-Pacífico. Sus objetivos iniciales se concentran en dos, que son: identificar acciones conjuntas que alienten la cooperación entre los países latinoamericanos que se encuentran situados en la cuenca del Pacífico, el objetivo de elevar el comercio y las inversiones, además del aprovechamiento del mercado del Asia-Pacífico y del mejoramiento de la competitividad (pronacom).

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Del Acuerdo del Pacífico a la Alianza del Pacífico Latinoamericano Presentar recomendaciones sobre la mejor forma de promover la convergencia entre los acuerdos comerciales y esquemas de integración vigentes en la cuenca del Pacífico latinoamericano; recabar un inventario de los regímenes de inversión y de los acuerdos de protección y promoción de inversiones existentes en la cuenca del Pacífico latinoamericano, sugerir iniciativas prioritarias en materia de facilitación del comercio, infraestructura y logística, encaminadas a aumentar los flujos comerciales y de inversión tanto en la región como con los demás países de la cuenca del Pacífico; e, identificar los mecanismos más idóneos para promover propuestas de cooperación económica y técnica con los países asiáticos para mejorar la competitividad (pronacom).

Sin embargo, un balance político del estado de la integración del Arco del Pacífico Latinoamericano en 2012 da como resultado un proceso que, lejos de mostrar cohesión y un camino hacia la consolidación, muestra más bien una fractura que responde a las posturas divergentes de los países que lo conforman, con lo que demuestra que ese esquema híbrido que se pensaba sería el Arco prácticamente está en un largo proceso que no logra convencer a sus miembros, dadas las distintas visiones con que se concibe la integración y, por ende, los intereses que se quieren alcanzar. Esas tendencias de los Estados miembros del Arco finalmente se hicieron patentes, y así tenemos que, de los once países, dos de ellos, Ecuador y Nicaragua, optaron por negociar y alinearse con Venezuela en la Alternativa Bolivariana de las Américas (alba); por su parte, los países centroamericanos: El Salvador, Guatemala y Honduras, como países miembros del Triángulo del Norte y acordes con sus principios, lo que buscan es la liberalización del comercio, la integración de los mercados financieros y de capitales con la meta de convertirse en una unión aduanera para complementar sus economías unas con otras y desarrollar ventajas competitivas, como bloque y entre ellas tres (Universidad icesi), al mismo tiempo que se encuentran relacionados con los Estados Unidos a través del cafta (Central America Free Trade Agreement), del cual forman parte también Costa Rica y República Dominicana. Se puede argumentar que se encuentran en otro tipo de proceso, un tanto ajeno a los requerimientos del Arco del Pacífico (Kahjat, 2011). Cuatro más de ellos, fieles al neoliberalismo y al regionalismo abierto, conformaron la Alianza del Pacífico Latinoamericano.

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2. El surgimiento de la Alianza del Pacífico Latinoamericano De acuerdo con los intereses y objetivos coincidentes, tanto políticos como económicos, de Colombia, Chile, Perú y México, estos países llevaron a que, bajo el marco del Arco, se estableciera entre ellos cuatro la Alianza del Pacífico Latinoamericano (apl), cuyo objetivo es la conformación de un área de integración profunda que aliente, a su vez, la integración regional, así como mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de esas economías. Asimismo, se busca avanzar de manera progresiva hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas (La Nación, 2011). Con la declaración de Lima quedó establecida la Alianza el 28 de abril de 2011. En la primera etapa se ha dado prioridad a las áreas de movimiento de personas de negocios y la facilitación para el tránsito migratorio; se incluyen cooperación policial, comercio e integración; facilitación del comercio y la cooperación aduanera, servicios y capitales; la posibilidad de integrar las bolsas de valores, la cooperación y los mecanismos técnicos de solución de diferencias, así como la creación de grupos técnicos para cada una de estas áreas (Declaración presidencial sobre la Alianza del Pacífico, 2011). Del mismo modo, la apl busca en conjunto vincularse para expandir el comercio con la región Asia-Pacífico. Entre los cuatro integrantes de la apl suman una población de 207 millones de habitantes, un pib de 2.1 billones de dólares y un pib per capita aproximado a los 13,000 dólares. Las exportaciones conjuntas representan el 55% del total de América Latina y el Caribe (infolatam, 2012). Se dice que parte de los trabajos de la Alianza están enfocados en recoger las experiencias y dificultades que se tienen con el Arco del Pacífico, y, debido a las divergencias de intereses de sus miembros, se generan posturas en la misma vía. Las opiniones diversas corroboran las tendencias de la integración que se acotaron como parte inicial de este trabajo, y nos dan pauta para esquematizar cómo se están dinamizando las relaciones internacionales en esta parte del mundo, al tomar como punto de referencia el Arco del Pacífico (ap) y como corroboración de estas tendencias la Alianza del Pacífico (apl). De acuerdo con el escenario descrito, se identifican dos grandes vertientes en torno a la integración latinoamericana: la primera se esboza en torno a países con democracia representativa, son partidarios del libre comercio, conciben la integración bajo un esquema de regionalismo abierto, han establecido acuerdos de libre comercio con los Estados Uni194

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dos y buscan insertarse todavía más en la globalización y mirar de cara al futuro previsible comerciando con la región Asia-Pacífico. La segunda tendencia está marcada por gobiernos con tendencia de izquierda, son gobiernos personalistas y autocráticos, hay una presencia fuerte del Estado en la política económica, se ve con franco recelo o como enemigo a los Estados Unidos y se tiene una concepción de los acuerdos de integración distinta a los del regionalismo abierto. Ambos posicionamientos conviven en la región que a lo largo de las últimas seis décadas ha transitado y experimentado distintos esquemas de integración, sin que alguno haya llenado las expectativas de su conformación (Vieira, 2011). En este mismo escenario se identifica a Brasil, bajo una tercera tendencia, no ubicable en ninguna de las dos anteriores. Brasil se personifica como el líder indiscutible del Mercosur y de la unasur. El primero de estos dos mecanismos es económico, el segundo es político; de forma que Brasil representa la expresión del poder brasileño en la región; es decir, la unasur “se presenta como una manera de ratificar o construir el peso regional de Brasil como potencia en el subcontinente” (Berenztein, 2010). La propuesta de la unasur es integrar la política, la energía, la economía y el medio ambiente de toda la América del Sur en un esquema de institucionalización bajo. Es una organización regional que está en proceso de conformación y sus funciones son aún potenciales como mecanismo de concertación política. Es decir, la unasur se encuentra en la vía para consolidarse como un espacio multilateral de coordinación y cooperación política interestatal, que no considera la integración económica y comercial supranacional (Borda, s.f.). Esto nos permite ver la proyección del liderazgo brasileño desde unasur como contrapeso al liderazgo de Estados Unidos, lo cual lo lleva a acercarse al alba. De hecho, la intención de Brasil es posicionarse como líder regional capaz de dialogar a través de la unasur con todos los gobiernos del subcontinente. Así el primer esquema, el neoliberal, conformado por los países que integran la Alianza del Pacífico, como son México, Perú, Colombia y Chile, y en calidad de observadores para sumarse como posibles miembros Panamá y Costa Rica, llega para terminar con el repliegue táctico de la política exterior de los gobiernos neoliberales del continente, después del fracaso del alca en 2005. Esto nos lleva a corroborar la alineación que estos países tienen con el gigante del Norte y a pensar que el avance neoliberal siempre tiene ases bajo la manga.

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Sin embargo, se puede vislumbrar que, si bien se acepta que existe una vinculación muy marcada hacia los Estados Unidos por parte de los integrantes de la apl, y que esta es una estrategia de los gobiernos y de las grandes transnacionales del norte para avanzar sus mercados hacia la parte sur del continente y contrarrestar el avance del Mercosur, la unasur y el alba, también se opina que al mismo tiempo se está fraguando una desagregación por parte de estos países para tratar de diversificar su comercio con los países de Asia-Pacífico. Lo anterior tiene sentido al revisar los objetivos de la apl, que si bien los básicos ya fueron descritos, los secundarios están determinados a estrechar los vínculos del comercio y la inversión con los países del AsiaPacífico, especialmente con China. Conclusiones • El Arco del Pacífico Latinoamericano se encuentra en un proceso de “estancamiento”, dadas las deserciones de Ecuador y Nicaragua y su inserción en el alba. Los países centroamericanos, como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se encuentran en otro tipo de procesos no coincidentes del todo con los del Arco; los otros cuatro países son los que desean establecer una integración profunda que mire hacia Asia-Pacífico. Panamá que, sería el país restante, se encuentra en calidad de observador de la apl. • Bajo este parámetro, en la región latinoamericana tenemos tres posicionamientos diferenciados de lo que queremos y entendemos por integración. Uno que mira hacia la integración no capitalista; otro que busca vincularse con Estados Unidos a través de un proceso centroamericano de consolidación como bloque, y un tercero que, bajo los objetivos comunes de ideología neoliberal y en consonancia con la tendencia norteamericana de avanzar hacia el sur del Continente, busca a la vez afianzarse y vincularse con la región Asia-pacífico. • Estamos lejos de hacer convivir los intereses comerciales cuando las ideologías políticas son la base de la participación. Por lo tanto, la integración híbrida no se conforma como una realidad latinoamericana.

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Del Acuerdo del Pacífico a la Alianza del Pacífico Latinoamericano

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Los Estados Unidos y América Latina – 2011

Gary Francis Prevost La política de los Estados Unidos en América Latina durante 2011 siguió el patrón establecido durante los dos primeros años del gobierno Obama. La región continuó siendo una prioridad relativamente baja para el presidente Obama, ya que los acontecimientos ocurridos en otras partes del mundo, incluyendo la Primavera Árabe y la permanente guerra en Afganistán y Pakistán, acapararon la atención fundamental. Sin embargo, polemizar sobre si la prioridad del gobierno de los Estados Unidos estaba centrada en algún otro lugar no significa que América Latina no le resultase importante. Como en tiempos pasados, la región continuó siendo un socio comercial importante y un eslabón crucial en la estrategia de seguridad nacional de Washington. De acuerdo con el curso trazado por el gobierno Obama en 2009 y 2010, el enfoque primario de sus nuevas iniciativas estuvo en el área de seguridad, tipificada por sus más estrechas relaciones de seguridad con México. Decir que América Latina no constituyó una prioridad para la política exterior de los Estados Unidos no significa que no recibiera atención. La secretaria de Estado, Hilary Clinton, realizó numerosas visitas a la región y el presidente Obama realizó una incursión por Brasil, Chile y El Salvador. El testimonio de Arturo Valenzuela, entonces subsecretario de Estado, ante el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Casa Blanca, resultó particularmente revelador en su presentación sobre las prioridades del gobierno para América Latina en esos momentos y la retórica en que están enmarcadas. Ante todo, se plantea que los Estados Unidos será el líder del Hemisferio Occidental. Esa no199

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ción de este país como líder hemisférico se remonta a la declaración de la Doctrina Monroe a comienzos del siglo xix y la creación de organizaciones hemisféricas bajo el dominio de los Estados Unidos (Unión Panamericana) a finales de ese siglo. La declarada hegemonía de los Estados Unidos se puso de relieve en la creación, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Organización de Estados Americanos (oea) y del Pacto de Río. Más recientemente, el gobierno Clinton lanzó el proceso de las Cumbres de las Américas en 1994 para poner en marcha un esfuerzo, a la larga fallido, de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (alca). Mientras que el deseo de los Estados Unidos de dominar el hemisferio ha sido una constante, la retórica y las estrategias que emanan de Washington han variado con los años, en ocasiones con mayor énfasis en la cooperación y la asociación. Este enfoque fue enunciado por primera vez en la Política del Buen Vecino propuesta por el presidente Herbert Hoover e implementado por Franklin Roosevelt en los años treinta. Barack Obama, en contraste con su predecesor inmediato, George W. Bush, describe las políticas de los Estados Unidos en la región en términos de reminiscencias de Franklin Roosevelt. El cambio de retórica de la era Bush resulta irónico, porque las políticas de Obama no han cambiado en esencia de las del gobierno que lo precedió en la era posterior al 11 de septiembre de 2001. Valenzuela comenzó sus comentarios de febrero de 2011 citando el discurso de Obama en la Cumbre de las Américas de 2009 en Trinidad y Tobago: “No hay socio principal o socio menor en nuestras relaciones: simplemente existe un compromiso basado en el respeto mutuo y los intereses comunes y los valores compartidos” (2011). En un discurso de mayo de 2008 en el que esbozaba sus perspectivas para América Latina, Obama había declarado: “Lo que es bueno para América Latina, es bueno para los Estados Unidos” (Sweet, 23 de mayo de 2008). Valenzuela continuó haciendo énfasis en que el gobierno Obama estaba comprometido a trabajar mediante estructuras multilaterales, no solo bilaterales. Este compromiso con la Organización de Estados Americanos, las Cumbres de las Américas y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras organizaciones, fue visto como un cambio potencial de la era Bush en el que, a raíz del fracaso de los esfuerzos del alca, parecía que Washington recurriría fundamentalmente a las relaciones bilaterales, especialmente en América del Sur, con países considerados amistosos para los Estados Unidos. Ese enfoque fue tipificado por la negociación de tratados de libre comercio con Chile, Perú, Panamá y Colombia a raíz del fracaso 200

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de las negociaciones del alca. El tercer principio de las relaciones de los Estados Unidos con América Latina enunciado por Valenzuela estaba en el espíritu de la declaración de Obama sobre la prosperidad compartida en 2008. Valenzuela añadió que, desde su punto de vista, América Latina solo prosperaría si se atenía “a la consolidación de radiantes instituciones democráticas” (2011). Él amplió sobre el tema de las instituciones democráticas refiriéndose al concepto de “democracias de mercado”, un término que utilizaría posteriormente para hacer un alerta sobre ciertos gobiernos democráticamente electos en la región, en particular Venezuela, y como es lógico, utilizar la categoría de democracias de mercado para etiquetar a Cuba como un país alejado de esto y justificar la vieja política de buscar el derrocamiento del gobierno cubano mediante el aislamiento diplomático y económico. El discurso de Valenzuela también hizo énfasis en la revelación a principios de 2011 del proceso de Revisión Diplomática y de Desarrollo Cuatrienal (qddr) para fortalecer el liderazgo de los Estados Unidos en el hemisferio mediante el “poder civil”.1 Se identificaron cuatro prioridades en los esfuerzos por lograr el poder civil: crear instituciones efectivas para un gobierno democrático, promover las oportunidades sociales y económicas para todos, garantizar un futuro con energías limpias, y garantizar el bienestar y la seguridad de todos nuestros ciudadanos. En términos de retórica, este enfoque resulta progresista de acuerdo con la posición de política interna del gobierno Obama y el Partido Demócrata. Sin embargo, en realidad, el énfasis primario de las iniciativas de política exterior del gobierno Obama en 2011, al igual que en 2009 y 2010, estuvo dirigido al tema de la seguridad y justificado por una visión mucho más oscura del hemisferio que la presentada por Valenzuela al inicio de sus observaciones. Al explicar que el pequeño compromiso de la administración en la ayuda exterior a América Latina para el desarrollo se realizaría en el tema de la seguridad, Valenzuela señaló: “La encuesta de opinión de 2010, realizada por la empresa de sondeo de opinión pública Latinobarometer, confirmó uno de los preceptos clave de la política del gobierno Obama hacia el hemisferio: que la mayor preocupación de los

1. El qddr es “una evaluación general de cómo el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid) pueden ser más eficientes, responsables y efectivos en un mundo en el que los poderes emergentes, la creciente inestabilidad y las transformaciones tecnológicas crean nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades” (Departamento de Estado de los Estados Unidos, Documento del qddr).

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ciudadanos en todo el hemisferio es alcanzar el bienestar y la seguridad, y combatir el alza del crimen internacional” (2011). Esta lectura de la opinión pública de América Latina resulta selectiva y sirve a los intereses propios, ya que la mayoría de la clase trabajadora latinoamericana está centrada en su bienestar económico, pero revela en definitiva las prioridades de Washington. El enfoque sobre la seguridad justificado por la anterior cita reveló el énfasis primario de la interacción de los Estados Unidos con la región. Aunque el énfasis sobre la seguridad fue para toda la región, el centro primario de atención fueron México y la Cuenca del Caribe, las áreas más próximas al territorio de los Estados Unidos, y para estar a tono con las perspectivas sobre seguridad de los Estados Unidos, que se remontan a más de un siglo. México y la Cuenca del Caribe necesitan ser analizadas por separado a pesar de caer bajo una política generalizada. El énfasis de Valenzuela en el combate contra el crimen internacional puede demostrarse en la ayuda de los Estados Unidos a la seguridad de México en el marco de la Iniciativa Mérida: $1,6 mil millones en ayuda, que cubre el envío de once helicópteros, incluidos tres Blackhawks, entregados a la Marina de México en septiembre de 2011; $612,000,000 millones en equipos, programas de instrucción y entrenamiento para 10,300 investigadores de la Policía Federal de México y personal de correccionales, así como más de 2,600 fiscales y autoridades judiciales. Valenzuela hizo énfasis en que los Estados Unidos estaban profundizando sus lazos burocráticos de larga data con las autoridades policiales y militares mexicanas. Además de la Iniciativa Mérida, el Pentágono está volando drones desarmados por los cielos de México aparentemente para ayudar a localizar traficantes de drogas. Más allá de estos vuelos de vigilancia, el presidente Obama y el presidente Calderón, de México, acordaron abrir un centro para incrementar el intercambio de información entre los especialistas antinarcóticos de los Estados Unidos y México. Por otra parte, la Agencia Antinarcóticos (dea) de los Estados Unidos tiene una creciente presencia de baja intensidad dentro de México, mayormente sin el reconocimiento formal del gobierno mexicano. Las ampliadas relaciones de seguridad también cayeron bajo un escrutinio no esperado en 2011, como resultado de los cables diplomáticos revelados por Wikileaks. Aun cuando el presidente Obama y los miembros de su gabinete alabaron las iniciativas anticrimen de Calderón, había ruido entre bambalinas. En los cables a Washington, el embajador de los Estados Unidos, Carlos Pasqual se refirió al Ejército de México como “opuesto al riesgo”, y señalaba los esfuerzos del embajador 202

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para que las agencias mexicanas rivalizaran unas contra otras. Como resultado de las filtraciones, Pasqual fue sustituido en su puesto por E. Anthony Wayne quien, entre otros cargos, ha servido como embajador adjunto en Afganistán, donde supervisó la seguridad y los esfuerzos antidrogas. Una relación de seguridad tan fuerte entre los Estados Unidos y México ha sido la aspiración de Washington por mucho tiempo, pero durante décadas los gobiernos mexicanos de ideas más nacionalistas del Partido Revolucionario Institucional (pri) se resistieron a dicha apertura. No obstante, la llegada al poder del más conservador Partido de Acción Nacional (pan) en 2000 le ofreció a el gobierno Bush, en la era post 11 de septiembre de 2001, la oportunidad de forjar esos lazos tan deseados. Las relaciones entre los funcionarios de seguridad se profundizaron de forma obvia en 2011, pero las consecuencias de sus estrategias orientadas al cumplimiento de la ley no resultaron positivas para la nación mexicana. Al comienzo de la militarización de la campaña contra los traficantes de drogas en 2007, el número de muertes relacionadas con la droga fue superior a 2,000. Para 2009, ascendían a más de 6,500. En 2010, la cifra saltó a más de 11,500 y en 2011 se acercó a las 13,000 (Reforma, Contador de ejecuciones).2 Los años de militarización de los esfuerzos de la lucha contra las drogas no habían generado resultados positivos tangibles, pero el gobierno Calderón, que había prometido la derrota de los cárteles antes de concluir su mandato en diciembre de 2012, y el gobierno Obama, han dado pocos indicios de que haya un cambio de política a la vista. Esta falta de voluntad para cambiar el curso de los acontecimientos se dio a pesar de que los estimados de aprobación de Calderón cayeron por debajo del 50% a finales de 2011, y su partido parecía dirigirse a una segura derrota en las elecciones presidenciales de 2012. Obviamente, el énfasis en la seguridad no estaba limitado a México en 2011. Los dos principales instrumentos regionales que se fortalecieron durante el pasado año fueron la Iniciativa de Seguridad para América Central (anteriormente parte de la Iniciativa) y la recién lanzada Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe. Valenzuela habló de ambos programas de la siguiente manera: “Estos programas son vitales para que nuestra estrategia acabe con el poder, la violencia y la impunidad de las organizaciones y bandas criminales y de la droga en la región,

2.

Reforma es uno de los principales periódicos de México, y publicó un “Contador de ejecuciones” semanal que contabiliza las muertes relacionadas con el narcotráfico.

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y fortalecer el papel de las instituciones judiciales y para la aplicación de la ley” (2011). La Iniciativa para la Seguridad Regional de América Central (casri) es vista por el gobierno de los Estados Unidos como una “respuesta a las amenazas de la región y al desarrollo de las estrategias y programas existentes”. De acuerdo con una publicación oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Iniciativa Regional para la Seguridad de América Central: Una asociación compartida), la casri tiene cinco objetivos: • Crear calles seguras para los ciudadanos de la región. • Acabar con el movimiento de los criminales y el contrabando dentro y entre las naciones de América Central. • Apoyar el desarrollo de gobiernos centroamericanos fuertes, capaces y responsables. • Restablecer la presencia y la seguridad estatal efectiva en las comunidades en riesgo. • Fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación en seguridad y de imposición de la ley entre las naciones de la región. Para alcanzar estas metas, se destinaron $165 millones en asistencia de los Estados Unidos a una gama de programas en la región, que incluyen: • Ayuda a las fuerzas de seguridad y de aplicación de la ley para hacer frente al tráfico de narcóticos y armas, las pandillas, el crimen organizado, las deficiencias en la seguridad en las fronteras, así como para desestabilizar la infraestructura criminal, como es el lavado de dinero y las rutas y redes de tráfico. • Mejoras en la capacidad de los actores e instituciones de los sectores de la seguridad pública, la aplicación de la ley y la justicia para brindarles las habilidades, la tecnología y la experiencia en sistemas para enfrentar las amenazas de la región. • El patrullaje de las comunidades, la prevención de las bandas y los programas sociales y económicos para los jóvenes en riesgo en las áreas afectadas negativamente por el crimen. Estas metas y estos programas se justifican para países clave de la región como Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica por el hecho de que la región está enfrentando una situación de rápido deterioro de la seguridad que ha llevado la seguridad ciudadana a niveles significativamente deprimidos y a la exclusión social de amplios sectores de la pobla204

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ción. La casri también está construida a partir del análisis de que los narcotraficantes continúan estableciendo rutas de distribución hacia y a través de América Central. Las rutas de tráfico están, por tanto, conectadas a una mayor disponibilidad de armas de fuego en la región y a su incrementada utilización en la comisión de delitos. La casri también se centra en el aumento de las actividades gansteriles en las que las bandas controlan eficazmente barrios enteros intimidando tanto a la policía como a los residentes locales mediante la extorsión y el soborno. La actividad gansteril se incluye, entonces, dentro del rubro más amplio de “espacios no controlados” y del potencial para “estados fracasados” posteriores al once de septiembre. Nadie negaría que los países de América Central, especialmente Guatemala y El Salvador, hayan visto un incremento en la actividad criminal y gansteril en los últimos años, pero la respuesta a estos retos, como se hace en México fundamentalmente dentro del marco de la seguridad, pasan por alto el contexto social más amplio de la intensificada violencia y no ofrecen soluciones a más largo plazo para Centroamérica, tal como lo demuestra la caótica y devastadora situación en el México actual. No se ofrecen soluciones a largo plazo, pero los hacedores de políticas de los Estados Unidos, al menos a corto plazo, están complacidos con fomentar vínculos más fuertes con los sectores más conservadores de los países centroamericanos, con su policía y los funcionarios militares. Estos vínculos se consideran cruciales en momentos en que los intereses de los Estados Unidos en la región pudieran estar amenazados por el alza de fuerzas populares o radicales, como ocurrió en Honduras bajo el mandato de Manuel Zelaya antes del golpe de estado de 2009 por las élites conservadoras hondureñas que, en última instancia, servían a los intereses de Estados Unidos, incluyendo la separación del país de la progresista Alianza Bolivariana para los Pueblos de América liderada por Venezuela. Costa Rica ha sido un caso particular de la casri. Ese país, a pesar de ser un cercano aliado de los Estados Unidos durante mucho tiempo, ha sido receloso de la seguridad basada en la cooperación durante décadas desde la eliminación del ejército de Costa Rica hace más de sesenta años. El gobierno de Costa Rica se ha mantenido contrario al establecimiento de una base militar de los Estados Unidos en suelo costarricense, pero en el contexto del programa de interdicción de las drogas de la casri los costarricenses han aceptado la presencia permanente de operaciones navales de los Estados Unidos en sus costas, un acuerdo que no hubiera sido posible antes del once de septiembre. El único país centroamericano que ha presentado serias reservas sobre 205

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la casri, y que no ha cooperado totalmente con sus proyectos es, como es lógico, la Nicaragua dirigida por el fsln. Obviamente, la dirección del fsln busca relaciones amistosas con Washington y sí se compromete en un número limitado de iniciativas para la seguridad, pero sus vínculos más estrechos en 2011 fueron con la Alternativa Bolivariana, la cual le ofrece a Nicaragua una mayor ayuda económica que los Estados Unidos. 1. La Cuenca del Caribe El año 2011 también fue testigo del desarrollo de la hermana gemela de casri, la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe (cbsi). En 2011 se asignó un financiamiento de $139 millones por dos años para la iniciativa, la cual se lleva a cabo con las naciones miembro de la Caricom y la República Dominicana. Los documentos oficiales del Departamento de Estado vinculan formalmente la cbsi con la casri, la Iniciativa Mérida con México y la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia, la perpetua manifestación del Plan Colombia vigente ya desde hace más de una década. El gobierno Obama presenta este conjunto de iniciativas, especialmente el lanzamiento formal de casri y cbsi, como el cumplimiento de compromisos contraídos por el presidente Obama en abril de 2009 en la v Cumbre de las Américas, en Puerto España, Trinidad, para profundizar la cooperación en materia de seguridad regional. La ironía de ese compromiso del presidente Obama es que la fortalecida cooperación en seguridad no era la primera prioridad de los presidentes latinoamericanos en Trinidad, sino el aumento de la ayuda de los Estados Unidos a la región para enfrentar los problemas sociales y económicos y, coincidentemente, poner fin a los intentos de los Estados Unidos de aislar a Cuba dentro del hemisferio. A pesar de esto, se avanzó en los proyectos de los Estados Unidos basados principalmente en la seguridad, incluida la cbsi. Como bien se expresa en un resumen formal del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe), la cbsi está conformada por cinco programas para reducir sustancialmente el tráfico ilícito, incrementar el bienestar y la seguridad públicos y promover la justicia social: • Coordinación de la seguridad marítima y aérea. Apoyar la coordinación regional marítima y aérea mediante el mejoramiento del alcance de los radares en lugares estratégicos y el intercambio de la información obtenida por ellos. Suministrar equipos y entrenamien206

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to que permitan a los gobiernos caribeños llevar a cabo operaciones marítimas y aéreas para identificar las amenazas y responder a ellas, participar en operaciones efectivas y audaces y mantener esas capacidades de forma confiable y con regularidad. Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de la ley. Incrementar la efectividad en la aplicación de la ley mediante la profesionalización de la policía, la capacitación anticorrupción, el mantenimiento del orden basado en la comunidad y el intercambio de información balística y dactilar. El equipamiento y la capacitación permitirán incrementar la capacidad de uso de polígrafos en la región, desarrollar la experticia en la preparación especializada en la aplicación de la ley y apoyar a las unidades especializadas en la conducción de complejas investigaciones, iniciativas antigansteriles y el combate contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Prohibición de armas de fuego y seguridad en fronteras y puertos. Brindar soporte técnico, mejoras tecnológicas y capacitación en técnicas para interceptar narcóticos, armas, grandes volúmenes de dinero en efectivo y otros artículos de contrabando en los aeropuertos y puertos marítimos, y el fortalecimiento de los controles de comercio estratégico mediante la capacitación para fortalecer las capacidades de seguridad en las fronteras. El financiamiento también contribuirá a la prohibición de las armas de fuego y el manejo seguro de los arsenales de armas y municiones. Reforma en el sector judicial. Reformar y fortalecer los sistemas judiciales juveniles mediante sentencias alternativas y servicios de rehabilitación. Los asesores judiciales regionales brindan asistencia técnica a jueces y fiscales, asesoría en reformas legales y el desarrollo de un grupo de trabajo para enfrentar asuntos cruciales del delito. El financiamiento contribuirá con las evaluaciones y preparación de las prisiones para ayudar a los gobiernos anfitriones a aliviar el hacinamiento y mejorar las condiciones de esas instalaciones. Prevención del delito y jóvenes en riesgo. Incrementar las oportunidades educacionales y brindar capacitación en el desarrollo de la fuerza de trabajo y la capacidad empresarial para jóvenes en riesgo como una alternativa al delito y otros comportamientos dañinos. El financiamiento también contribuirá a la reducción de la demanda de drogas mediante la capacitación de profesionales en tratamientos y rehabilitación.

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El enfoque hacia la seguridad fue heredado del gobierno Bush, pero aceptado de manera entusiasta por el gobierno Obama. Consciente de que el comportamiento del anterior gobierno era visto como unilateral, especialmente por los aliados, el nuevo gobierno hizo énfasis en su enfoque multilateral y se comprometió con la cooperación en programas sobre el cumplimiento de la ley y la legalidad con la Unión Europea, España, Canadá y las Naciones Unidas. El énfasis de la política de los Estados Unidos en la seguridad, aunque resultó más efectiva con México, Centroamérica y el Caribe, no se limitó a esa parte de la región. Justificada en parte por las duras críticas de Venezuela y el liderazgo de Hugo Chávez, el gobierno Obama desarrolló más fuertemente los ya existentes vínculos de seguridad con Colombia y su nuevo presidente, Juan Manuel Santos, amparada en una nueva iniciativa nombrada Diálogo Cooperativo de Alto Nivel, lanzada en octubre de 2010, con la que Washington buscaba incrementar sus bases militares en Colombia. Las presiones sobre Colombia resultaron cruciales para la estrategia de los Estados Unidos en la región, ya que los gobiernos progresistas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú mostraban poco interés en cooperar en los temas sobre seguridad porque estos habían sido urdidos en Washington. No obstante, en el caso de Colombia, los esfuerzos de los Estados Unidos para incrementar su presencia militar encontraron un importante escollo cuando la Corte Suprema de Colombia suspendió la implementación del acuerdo ampliado sobre las bases. A finales de 2011 no estaba claro si esta importante iniciativa de los Estados Unidos se llevaría a cabo. A pesar de ello, el gobierno Santos continuó estando abierto a las iniciativas de los Estados Unidos sobre seguridad, a diferencia de los cercanos gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que continuaron siendo muy escépticos hacia sus intenciones sobre la seguridad y respondieron a las críticas de Washington a sus gobiernos. Las relaciones Estados Unidos- Bolivia permanecieron particularmente tensas en 2011, ya que el gobierno de los Estados Unidos fue muy crítico con las políticas antidrogas de Bolivia, en lo que fue contrario incluso a los elogios de las Naciones Unidas por los esfuerzos de Evo Morales en combatir el tráfico de cocaína, bajo su lema de: “Coca sí, cocaína no”. Las relaciones Estados Unidos-Ecuador se mantuvieron relativamente frías, ya que el presidente Rafael Correa continuó con su agenda nacional progresista y solidificó la posición de Ecuador dentro de la Alianza Bolivariana, un proyecto rechazado por Washington a pesar de su obviamente positivo programa de iniciativas para la salud y la 208

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educación. El gobierno Obama, en nombre de la oposición conservadora contra Correa, criticó las supuestas limitaciones de la libertad de prensa en el país. En realidad, la falta de popularidad de Correa en Washington proviene fundamentalmente de su rechazo a renovar el acuerdo para la base naval de los Estados Unidos en Manta y su rechazo a negociar un tratado comercial bilateral con los Estados Unidos. El enfoque de los Estados Unidos hacia América Latina en 2011 estaba basado esencialmente en la seguridad, pero esto no implicó que desestimaran sus intereses económicos a largo plazo. En 2010, el comercio total de mercancías entre los Estados Unidos y América Latina y el Caribe alcanzó los $524,000,000,000 y el 40% de las mercancías de la región fluyó hacia los Estados Unidos, lo que convirtió a América del Norte en el mayor destino de las exportaciones de la región. El hemisferio occidental, incluyendo Canadá, absorbe el 42% de las exportaciones de los Estados Unidos y el comercio total con el hemisferio es superior a los $1.5 millones de millones. En concordancia con la estrategia trazada por el gobierno Bush a continuación del fracaso del alca en alcanzar tantos acuerdos de comercio bilaterales como fuese posible, más el Acuerdo de Libre Comercio para América Central (cafta-dr), el gobierno Obama llevó al Congreso de los Estados Unidos a finales de 2011 la ratificación final de los tlc ya negociados con Colombia y Panamá. La rectificación de estos acuerdos se ha demorado varios años en el Congreso de los Estados Unidos por preocupaciones válidas sobre los derechos humanos en ambos países. El movimiento obrero de los Estados Unidos y sus aliados estaban especialmente concentrados en la larga historia de represión contra los activistas sindicales y de derechos humanos, particularmente en Colombia. El gobierno Obama había dado algunas señales de reconocimiento a estas preocupaciones en los primeros dos años de su mandato, pero, cuando surgió una nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes a partir de las elecciones de 2010, Obama se vio obligado a sacar adelante los tratados de forma bilateral a pesar de que no había evidencias de mejoras en las condiciones de los derechos humanos en ninguno de esos países. La adopción de estos tratados por Obama, además de su apoyo a la ratificación del tlc con Perú en 2009, demostró definitivamente que Obama era un político del Partido Demócrata sacado del mismo molde que su mentor Bill Clinton, totalmente comprometido con los acuerdos comerciales de estilo neoliberal a pesar de la oposición a esos acuerdos desde las filas de su propio partido. La ratificación de los acuerdos con Panamá y Colombia, que dio paso a 209

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nuevas inversiones de los Estados Unidos en esos países, elevó a doce el número de países en el hemisferio con tlc con los Estados Unidos. Antes de los dos acuerdos adicionales, los diez países con tlc representaban el 84% del comercio de los Estados Unidos en la región. Esa cifra alcanza ahora el 90%. El nafta por sí solo representa la zona comercial más grande del mundo con más de $750,000,000,000 en intercambio comercial. Los Estados Unidos son además el más grande inversionista en la región, responsable de aproximadamente el 37% de inversión directa extranjera (fdi). Como indicador de la importancia de la región para la economía de los Estados Unidos en 2011, el presidente Obama pidió doblar las exportaciones de los Estados Unidos a la región en los próximos cinco años. La terminación de los tlc con Panamá y Colombia tuvo una importancia simbólica para este fin. En ese sentido, Brasil también es un objetivo importante para incrementar las inversiones y exportaciones de los Estados Unidos. Con ese propósito, el secretario Valenzuela le restó importancia a los esfuerzos de los Estados Unidos para elevar el perfil de las relaciones bilaterales Estados Unidos-Brasil refiriéndose al hecho de que Brasil fue el primer país de la región en asociarse con los Estados Unidos en su recién lanzada Asociación para la Energía y el Clima de las Américas. Valenzuela también alabó el compromiso de Brasil con los proyectos de asistencia al desarrollo en la región, especialmente en Haití (2011). Como funcionario del gobierno de los Estados Unidos responsable para la región, resultó natural que él restara importancia a la prioridad de Brasil para los Estados Unidos, pero el sentido real de dicha prioridad quedó demostrado por la presencia de la secretaria de Estado Hilary Clinton en la toma de posesión de la presidenta Dilma Rousseff, no del propio Obama o ni siquiera del vicepresidente Joe Biden. La realidad de la poca prioridad de los Estados Unidos para América Latina continuó teniendo interesantes consecuencias en la región en la medida en que en 2011 avanzaron tres proyectos regionales que excluían directamente a los Estados Unidos, la Unión de Naciones de América del Sur (unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), y la Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe (celac). La alba emergió como una alternativa al ya difunto proyecto del alca. Siempre ha sido reconocida como un proyecto político liderado por Venezuela y Cuba para reducir la influencia de los Estados Unidos en la región. Ha sido mayormente el marco para los proyectos solidarios entre sus miembros, financiado de forma significativa por las exportaciones petroleras de Venezuela, pero en 2011 propuso su propia moneda 210

Los Estados Unidos y América Latina – 2011

mercantil para sustituir las transacciones en dólares y otros actos de tácita dependencia de la economía de los Estados Unidos Las otras organizaciones, celac y unasur, se destacan por sus Estados miembros. En el caso de la celac su membresía la componen todas las naciones soberanas del Caribe y América Latina, unos 33 países, que de forma efectiva excluye a Canadá y los Estados Unidos de sus reuniones y acuerdos. Como tal, la celac representa un reto directo a la Organización de Estados Americanos (oea) y a las Cumbres de las Américas, que excluyen a Cuba de entre sus miembros. La celac fue lanzada formalmente en 2011 y, aunque permaneció como una fuerza mayormente simbólica sin un secretariado permanente, representa un ejemplo positivo de solidaridad latinoamericana. La unasur, por otra parte, es quizás el mejor intento de América del Sur por combinar los acuerdos comerciales ya existentes en un bloque unificado, siguiendo el modelo de la Unión Europea. Fue lanzada formalmente en mayo de 2008 a iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, para integrar el ya existente Mercado Común de América del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina de Naciones (can). En diciembre de 2010, Uruguay se convirtió en la novena nación en ratificar el tratado de la unasur, y le dio total legitimidad a la unión en 2011. Una meta crucial de unasur es la significativa reducción de los aranceles para 2014 y su completa eliminación para 2019. Esas son metas ambiciosas en el contexto de una complicada competencia económica en la región y de diferentes niveles de desarrollo. Además, se ha constituido un Consejo de Defensa de América del Sur bajo la sombrilla de la unasur y también hay proyectos de cooperación en las áreas de inmigración y energía. Lo que resulta más importante para este capítulo sobre las relaciones Estados Unidos-América Latina en 2011 es que los proyectos alba, celac y unasur tienen sus raíces en un esquema que combina los renovados sentimientos nacionalistas en la región bajo gobiernos fundamentalmente de izquierda y la relativa desatención de la región por parte de los hacedores de políticas de los Estados Unidos durante la última década desde el once de noviembre de 2001. Las relaciones históricas de dependencia de América Latina pueden alterarse a más largo plazo, pero estos acontecimientos recientes resultan muy nuevos para hacer tal predicción. No obstante, está claro que el papel dominante de los Estados Unidos en los asuntos mundiales está siendo desafiado en muchas direcciones, lo que les da a las naciones latinoamericanas la oportunidad 211

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de labrar potencialmente una nueva era de relaciones interamericanas que no esté centrada necesariamente en Washington. Bibliografía Departamento de Estado de los Estados Unidos (s/f), Iniciativa regional para la Seguridad de América Central: Una asociación compartida. Disponible en: mwww.state.gov. ___ (s/f), Documento del qddr. Disponible en: www.state.gov. ___ (s/f), Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe, Disponible en: www.state.gov. Sweet, Lynn (2008), Obama Latin America Speech in Miami: Renewing U.S. Leadership in the Americas, Chicago Sun Times. Reforma (s/f), Contador de ejecuciones. Valenzuela, Arturo (2011), Testimonio ante el Subcomité del Hemisferio Occidental sobre Relaciones Exteriores, Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

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Dimensión política exterior

Apuntes para el debate sobre las políticas exteriores latinoamericanas y caribeñas

Carlos Oliva Campos La Dimensión de Políticas Exteriores del Anuario de la integración de América Latina y El Caribe surgió como una necesidad del desarrollo de la Red de Investigación sobre la Integración Latinoamericana y Caribeña (redialc) durante su segundo lustro de existencia. Encontró su fundamentación en el enfoque multidimensional con que los miembros de esta Red asumimos los procesos de integración en nuestra región, enriquecido igualmente con los enfoques multidisciplinarios que aplicamos. Por otra parte, los miembros de nuestra Dimensión asumimos como un precedente fundamental el proyecto de Anuarios de Políticas Exteriores Latinoamericanas, auspiciado por el Programa de Seguimiento de las Políticas Exteriores Latinoamericanas (prospel), de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (cerc), ambos de Santiago de Chile. Ese ambicioso proyecto, que funcionó entre mediados de los años 80 y los 90, agrupó a un importante grupo de estudiosos de las relaciones internacionales de la región, como Alberto van Klaveren, Heraldo Muñoz, Manfred Wilhelmy, Luciano Tomassini, Mónica Hirts, Juan Carlos Puig y Roberto Russell, entre otros. De hecho, el sustancial legado de tan reconocidos académicos pasó a ser uno de los grandes desafíos a enfrentar, aunque nunca se pensó siquiera en una reedición de ese proyecto, sino en la necesidad, para fortalecer los enfoques multidisciplinarios del Anuario, de investigar la enorme responsabilidad de las cancillerías latinoamericanas y caribeñas con los procesos de integración regional. 215

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Un balance preliminar de estos años de trabajo nos daría la satisfacción básica de haber investigado con empeño y dignidad, buscando los resultados científicos que perseguíamos. Pero nos daría, igualmente, suficientes elementos de juicio para precisar sobre lo realmente alcanzado y la distancia que nos separa de los niveles de especialización a que aspiramos. Consideramos haber enfrentado una primera etapa de trabajo, caracterizada por un resultado panorámico del problema objeto de investigación; privilegiando los estudios de caso de países que asumimos como centrales en la región y Estados Unidos. Para ello, hemos sido pragmáticos y algo voluntaristas, siendo conscientes de que bajo el actual formato, por razones de espacio —y es obvio mencionar todas las responsabilidades profesionales que cargamos en nuestras instituciones de origen—, fueron excluidos otros casos individuales también importantes, además de quedar ausente el tratamiento de subregiones como América Central y el Caribe, este último abordado solo en una ocasión. Dicho así, parecería que estamos pretendiendo colocarnos sobre un eje que conduzca a la impracticable tarea de abordar todas y cada una de las políticas exteriores de los países de América Latina y el Caribe. Pero preferimos interpretar el momento como apropiado para que los miembros del grupo de trabajo iniciemos un proceso de reflexión y análisis que nos permita encausar el trabajo en función de nuevos objetivos de investigación. Las anteriores conclusiones y otras que deben aportar los miembros del grupo de trabajo pueden servirnos como argumentos para iniciar esa puesta al día al interior de la Dimensión y así preguntarnos sobre cuáles pueden ser los nuevos rumbos. 1. Un camino de interpretación de la actual realidad regional Resulta realmente improbable encontrar un abordaje objetivo y científico en la actualidad que no marque notables diferencias con anteriores etapas históricas de las políticas exteriores latinoamericanas y caribeñas. Sin desconocer que en las agendas de las cancillerías de la región —más allá de las formulaciones nacionales—, se mantienen al menos cuatro temas de muy larga data: Estados Unidos, autonomía, subdesarrollo y diversificación de la dependencia. No obstante, para legitimar nuestros esfuerzos, apreciamos cómo el tratamiento de los procesos de integra-

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Apuntes para el debate sobre las políticas exteriores latinoamericanas y caribeñas

ción regional pasó a ocupar un lugar central en las políticas exteriores de la región. Estados Unidos ha sido desde hace más de un siglo el principal actor externo para todos sus vecinos del hemisferio. ¿Cómo y cuánto ha podido cambiar esa sujeción en la post Guerra Fría? ¿Qué países han logrado reducir esa sujeción? Son algunas de las interrogantes-objetivos a que debemos aportar las mejores respuestas. La autonomía, que en tiempos de la Guerra Fría se abordaba, fundamentalmente, desde el plano político, en la post Guerra Fría ha incorporado nuevos contenidos en correspondencia con una agenda global que ha debido abrir espacios a temas que antes estaban soslayados —o silenciados—. Sobran razones para entender por qué la batalla por reducir los márgenes del subdesarrollo ha sido y continúa siendo un tema central para cualquier cancillería latinoamericana y caribeña, más allá de los avances económicos alcanzados por algunos de nuestros países. Porque las razones no apuntan solamente al plano externo, sino también a la cara interna del fenómeno, con las tremendas implicaciones sociales que origina. Por último, resta por mencionar la también permanente batalla por diversificar, desde una perspectiva, y reducir, desde otra, los márgenes de dependencia externa de los países de la región respecto de las potencias centrales del sistema internacional, así como el desarrollo de alternativas que incrementen los niveles de inserción a escala global. Y, ¿quién puede dudar que la integración regional es el escenario para el cual apuestan y se están preparando nuestros países? Hace algunos años, Heraldo Muñoz afirmaba que: La guerra entre Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas, el conflicto centroamericano y la crisis de la deuda, entre otras situaciones, han puesto de relieve tanto la importancia de los esfuerzos por discernir los factores que afectan la conducta exterior de los Estados de la región, así como la necesidad de acometer análisis permanentes, serios y bien fundados acerca de las políticas exteriores de América Latina y el Caribe (1992, p. 407).

¿Cuántas lecciones no quedan resumidas en esas pocas líneas? La guerra de las Malvinas evidenció la “traición” estadounidense al sistema interamericano que habían construido después de la Segunda Guerra Mundial, al espíritu y la letra de la Doctrina Monroe, a la dictadura militar argentina —lo menos interesante— y, sobre todo, abrió un proceso de rupturas con la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas que se tradujo en la apertura gradual de nuevos caminos para nuestros países. 217

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El conflicto centroamericano nos legó el germen del Grupo de Río a través de los grupos de Contadora y de los Ocho. También las sombras de los Acuerdos de Esquipulas. Pero de estas convergencias surgen dos instancias de integración que van más allá de lo comercial, las cuales trascienden hacia tres procesos de concertación política, diplomática y de cooperación internacional: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celac, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos, alba-tpc, y la Unión de Naciones Suramericanas, unasur. La crisis de la deuda externa fue una señal de alarma colectiva, que no dejó nichos ideológicos sin remover. Del enfrentamiento a tan complejas realidades nuestras cancillerías aprendieron a mirarse más entre sí; entendieron la importancia de las concertaciones políticas y los esfuerzos colectivos; la utilidad de la diplomacia de cumbres, y la necesidad de pensar más como región frente a los grandes poderes globales. Otros dos destacados investigadores de la región, Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlián, identificaron con el inicio de la post Guerra Fría la existencia de cinco modelos de política exterior en la región, y los denominó: el acoplamiento, el acomodamiento, la oposición limitada, el desafío y el aislamiento (Russell y Tokatlián, 2009, p. 229). Al margen del carácter unidireccional de estos modelos —solo orientado en la perspectiva de las relaciones con Estados Unidos—, ellos presentan rasgos que nos ayudan a adelantar algunas ideas a debatir en la dimensión de políticas exteriores en la integración. La primera es la diversidad de escenarios de política exterior frente a Estados Unidos. La segunda es la multiplicidad de proyecciones internacionales que emergen desde nuestra región. La tercera, la variedad de interacciones que se generan entre nuestros países. La cuarta, la voluntad política para cooperar, colaborar, concertarnos políticamente e integrarnos en los niveles que han podido alcanzarse, más allá de las complejidades que generan los escenarios antes descritos. No es mi intención acuñar como definitivos esos modelos identificados por Russell y Tokatlián, pero sí reconozco su utilidad para proyectar lo que podrá ser nuestra nueva metodología de investigación. Por eso volvemos sobre ellos, en una síntesis de lo que definieron sus autores: • El acoplamiento: Se refiere a aquellos países fuertemente alineados con Estados Unidos en todas las esferas de las relaciones, con una proyección distante hacia los procesos de integración económica, sin 218

Apuntes para el debate sobre las políticas exteriores latinoamericanas y caribeñas

• •

•

•

que ello obstaculice su participación en algunos de los acuerdos estadounidenses de libre comercio. El acomodamiento: Definido como “el acompañamiento selectivo y puntual a Estados Unidos”. Respecto de la integración regional, no son proclives a participar en mecanismos colectivos. La oposición limitada: Definida como el manejo de posiciones alternas con Estados Unidos; a saber: “desacuerdo y colaboración, concertación y obstrucción, deferencia y resistencia”. Estos países ven la integración regional como algo esencial, debido a que les ayuda a incrementar sus capacidades de negociación frente a Estados Unidos. El desafío: En este caso, los autores emplean los términos distanciamiento y rechazo para caracterizar sus relaciones con Estados Unidos. Plantean que abogan por una integración regional “holista”, entendida en una multiplicidad de dimensiones —económica, política, diplomática, cultural y militar—, en contraposición a la “integración desde arriba” impulsada por Estados Unidos. El aislamiento: Descrito como un apoyo a Estados Unidos, evitando señalarse tanto ante los nacionales como ante externos. Actúan de manera oportunista frente a la integración regional, sin pretender alterar el statu quo ni confrontar a Estados Unidos.

Con toda intención, se ha enfatizado en las posiciones de las políticas exteriores con respecto de los procesos de integración regional, escenario en el cual debemos concentrarnos en el futuro. Estoy convencido de que podemos abrir un análisis sobre estos cinco modelos, con ojo crítico y desde la perspectiva con que redialc ha venido desarrollando sus ideas sobre la integración regional. Enfocar nuestras contribuciones más específicamente sobre el eje políticas exteriores-integración regional nos permitirá alcanzar un producto científico que responda, en mayor medida, a los objetivos de investigación de nuestro Anuario. A partir de que logremos definir nuestra propia metodología, debemos revisar cómo especializar las contribuciones individuales a los objetivos que nos estamos proponiendo. Hay presupuestos básicos que ayudan sustancialmente: el avance de las relaciones intralatinoamericanas, la voluntad política para alcanzar articulaciones multinacionales, y el desarrollo de nuevas capacidades de asociación internacional, por parte de algunos de nuestros países. Igualmente, saltarán las lógicas deficiencias y ausencias, por lo que debe ser un proceso beneficioso desde todo punto de vista. 219

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Tras diez años de trabajo, esquivando y manejando las dificultades a que siempre quedan expuestos los proyectos académicos independientes, y beneficiándonos hoy del financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, para regularizar los encuentros de trabajo y la actualización de nuestras publicaciones, nos debemos estos procesos de reflexión como el que propone la Dimensión de Políticas Exteriores del Anuario de la Integración de América Latina y El Caribe. Bibliografía Muñoz, Heraldo (s/f), El estudio de las políticas exteriores latino-americanas: temas y enfoques dominantes. Disponible en: http://www.revistapolitica.uchile. cl/index.php/REI/article/viewFile/15696/16167. Consultado: 17 de febrero de 2014. Russell, Roberto y Juan Gabriel Tokatlián (2009), “Modelos de política exterior y opciones estratégicas. El caso de América Latina frente a Estados Unidos”, Revista cidob d’afers Internacionals, núm. 85-86, mayo.

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Diplomacia de resultados: A política externa de Dilma Rousseff em 2011

Luiza Rodrigues Mateo Dilma Rousseff estampou a capa da edição de dezembro 2012 da revista Forbes: é a líder mais influente da America Latina, a terceira mulher mais poderosa do mundo (atrás somente da Chanceler alemã Angela Merkel e da Secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton) e a 22ª personalidade mais poderosa do mundo (Forbes, 2011). Sua posse na Presidência do Brasil, em janeiro de 2011, contou com a presença de 130 representantes internacionais de diversos países do globo. Em 21 de setembro, Dilma protagonizou um momento histórico: foi a primeira mulher a discursar na abertura da Assembleia Geral (ag) na sede da onu em Nova Iorque. Estes são alguns indicativos do status que a política externa brasileira (peb) goza no cenário internacional do século xxi. Principalmente com o governo anterior, de Luis Inácio Lula da Silva, o Brasil ganhou protagonismo em foros multilaterais onde encabeçou discussões sobre reforma econômica e temas como meio ambiente e redução da pobreza. O objetivo deste artigo é observar as principais linhas programáticas adotadas pela peb durante o primeiro ano da administração Dilma Rousseff, verificando os eixos de continuidade e mudança, particularmente nas relações com nosso entorno imediato, a América do Sul. A herança deixada pela gestão Lula (encabeçada no Ministério das Relações Exteriores pelo chanceler Celso Amorim) foi de grande projeção da peb — o Brasil passou a ser o porta-voz dos países emergentes—. Com o adensamento das relações no eixo sul-sul, o Brasil conseguiu criar novos espaços multilaterais para disputar mercado e poder. Exemplos são: a formalização do brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia e 221

Luiza Rodrigues Mateo

China), a criação do ibas (grupo composto por Brasil, Índia e África do Sul) e o adensamento das relações diplomáticas e comerciais com a África, Ásia e Oriente Médio. Neste sentido, também se destaca o protagonismo brasileiro na criação do G20 comercial, em 2003, unindo países em desenvolvimento frente aos interesses das economias ricas, sobretudo no setor agrícola. A agenda do G20 comercial defende o cumprimento dos mandatos liberalizantes (suspensão de subsídios) da Rodada Doha na Organização Mundial do Comércio (omc).1 O Brasil também avançou significativamente nas relações com a América Latina, donde se destacam a implosão da alca, o fortalecimento da unasul e do mercosul. Durante os oito anos de gestão Amorim, prevaleceu o princípio de cooperação e respeito à soberania dos países da região. O governo brasileiro respeitou a decisão boliviana na nacionalização dos hidrocarbonetos, reviu o Tratado de Itaipu com o Paraguai, condenou o golpe de Estado em Honduras e trabalhou pelo retorno de Cuba à oea. No plano econômico, a diplomacia comercial impulsionou o Brasil ao patamar de global player. O Estado serviu como instrumento estratégico na defesa dos interesses do capital privado nacional, que se expandiu principalmente para a América Latina. Na última década, a região acolheu grandes empresas brasileiras de mineração (Vale do Rio Doce), energia (Petrobrás), siderurgia (Gerdau), construção pesada (Camargo Correa e Odebrecht), cimento (Votorantim) e alimentação (Brasil Foods e jbs-Friboi), muitas das quais com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento (bndes). O governo brasileiro também defendeu ativamente os interesses comerciais de exportação de commodities (a exemplo da carne, etanol, sucos e algodão) junto aos mecanismos internacionais como a omc.

1.

Composto por 23 países de três continentes (África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, China, Cuba, Egito, Equador, Filipinas, Guatemala, México, Nigéria, Paquistão, Peru, Paraguai, Tailândia, Tanzânia, Uruguai, Venezuela e Zimbábue), o agrupamento representa 60% da população rural, 21% da produção agrícola, 26% das exportações e das 18% importações mundiais (Ministérios das Relações Exteriores, G-20 Comercial).

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Diplomacia de resultados: A política externa de Dilma Rousseff em 2011

1. Diplomacia de resultados Em traços gerais, a peb de Dilma parece dar continuidade àquela desenvolvida desde 2002, com pequenas nuances que refletem as diferenças de personalidade e as novas demandas da cena internacional. Com Dilma, a diplomacia brasileira perde o tom de pessoalidade (advindo do carisma de Lula) e se torna mais institucional, técnica, pragmática. Segundo Ariane Figueira (2001), Dilma imprime uma postura mais gerencial (menos populista) e mais racional (menos ideológica) à peb. Marco Aurélio Garcia, assessor internacional da presidência desde o primeiro mandato de Lula, afirma que a diferença se dá em termos de estilo: “Lula sempre se moveu a partir de suas intuições. As reuniões de cúpula da América do Sul com os países árabes e com a África, assim como a tentativa de mediação de um acordo com o Irã, foram ideias dele.” (citado por Oliveira e Celestino, 2012) Durante o ano 2011, Dilma se expôs menos que seu antecessor: visitou apenas quinze países e recebeu quatorze chefes de Estado em Brasília. No ano inaugural de seu primeiro mandato, Lula visitou 23 países e no segundo mandato, 30 países. Com uma postura low profile, Dilma parece utilizar menos o instrumento da diplomacia presidencial, reforçando o monopólio do Itamaraty na condução da peb. Para Paulo Roberto de Almeida (2011), este ano representou um importante retorno à unidade conceitual e operacional da diplomacia brasileira, que na era Lula estava muito politizada e fragmentada numa espécie de tríade constituída pelo presidente, pelo assessor especial em assuntos internacionais e pelo próprio chanceler. Durante o período de campanha, Dilma se comprometeu com a manutenção da atuação externa voltada à cooperação sul-sul (diversificação de parcerias na África, Ásia e no Oriente Médio), à integração sul-americana e à reforma do sistema das Nações Unidas (onu), por um Conselho de Segurança mais representativo e democrático. Ainda nesta fase, Dilma sublinhou aquele que seria o tema de destaque na condução da peb em 2011, e uma das inflexões que diferem sua gestão da anterior: o compromisso com os direitos humanos. Afirmando que os direitos humanos não são negociáveis, Dilma traz consigo a carga emocional da vítima, já que foi torturada durante o regime militar brasileiro. Em entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, criticou não somente o governo iraniano (no caso da punição de mulheres adúlteras com apedrejamento), mas também a pos223

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tura da diplomacia brasileira coordenada por Amorim, que se absteve na votação de resoluções condenatórias aos abusos de direitos humanos cometidos pelo Irã (Citado por Weymouth, 2010). Em seu discurso de posse no Congresso Nacional, Dilma reafirmou seu compromisso com objetivos clássicos da peb: “promoção da paz, respeito ao princípio de não intervenção, defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo”. Outro tema de destaque no pronunciamento da presidente foi a luta pela erradicação da fome no mundo, que ganhou propulsão com a eleição de José Graziano para diretor geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (fao, na sigla em inglês) em junho de 2011. A escolha dos nomes para cargos de comando da peb também reforça o vetor de continuidade imprimido por Dilma. Antônio Patriota foi indicado para o Ministério das Relações Exteriores (mre) —um diplomata de carreira com experiência em Washington, onde serviu como embaixador entre 2007 e 2009—. Compondo o mesmo grupo “nacionalista” do ex-chanceler Celso Amorim, Patriota ocupou cargos de confiança no mre nos últimos quatro anos: foi chefe de gabinete de Amorim em 2004, subsecretário geral político de 2005 a 2007 e secretário geral das relações exteriores (segundo cargo na hierarquia do mre) de 2009 a 2010. Outra importante sinalização de continuidade foi a permanência de Marco Aurélio Garcia no cargo de assessor da presidência para assuntos internacionais. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Patriota afirmou que a continuidade caracterizará a peb em 2011, apenas com ajustes em “nuances, ênfases e desafios”. Para o atual chanceler brasileiro, a elevação do perfil internacional do Brasil se deveu à abertura de novas embaixadas e construção de novas coalizões (como ibas), ao aprofundamento da integração sul-americana, às novas frentes de trabalho na África, Oriente Médio e no mundo em desenvolvimento, e ao trabalho voltado para governança sistêmica, com a promoção de mecanismos mais representativos e legítimos em alinhamento com a nova distribuição de poder na geopolítica mundial. O ministro apontou, ainda, a importância da relação com países mais desenvolvidos (como Estados Unidos da América e China), com ênfase nos projetos de ciência e tecnologia, na diversificação da pauta comercial (Patriota, 2011). Os discursos enunciados por Dilma e Patriota neste primeiro ano revelam uma leitura do sistema internacional propício ao diálogo, à cooperação e ao protagonismo brasileiro. Nas palavras do chanceler, se trata 224

Diplomacia de resultados: A política externa de Dilma Rousseff em 2011

de uma “multipolaridade benigna”. Esta leitura se traduz na agenda do mre em 2011 —uma tentativa de balancear esforços nas relações sul-sul e articulação com grandes potências, enfatizando também a presença nos foros multilaterais de decisão. Neste sentido, as viagens internacionais são um importante indicativo das prioridades da peb e, neste caso, destaca-se a primeira viagem internacional de Dilma, à Argentina. O encontro com Cristina Kirchner reforçou o papel simbólico argentino enquanto tradicional parceiro na América do Sul, essencial para a coordenação em foros regionais, como o mercosul e a unasul. Segundo Dilma, “Não é por acaso que fiz questão de que meu primeiro contato com o exterior fosse com a Argentina. Considero os dois países cruciais para transformar a América Latina no século xxi”. Em Buenos Aires, Dilma fez um discurso enfatizando temas de crescimento econômico e inclusão social. O encontro resultou em quatorze acordos e outros documentos conjuntos: convênios de integração energética (biocombustíveis e uso de matriz nuclear), projetos voltados à ciência e tecnologia, habitação e saneamento básico. Um plano de ação conjunta foi firmado com o objetivo de massificar o acesso à Internet banda larga nos dois países. Além disso, as duas presidentes se comprometeram com a criação de uma comissão bilateral de cooperação e desenvolvimento fronteiriço, a começar pela construção de uma ponte sobre o rio Iguaçu, ligando as cidades de San Pedro (Argentina) e Paraíso (Brasil), e pela construção da hidrelétrica binacional de Garabi. Após rápida passagem em Portugal, onde Dilma acompanhou a homenagem feita a Lula na Universidade de Coimbra, a terceira visita internacional da presidente foi à China, de 11 a 16 de abril. O evento revela a disposição do governo brasileiro em se aproximar das grandes potências, e a importância comercial da China —que hoje representa o maior importador de produtos nacionais (principalmente agrícolas e extrativistas). O incremento das relações com o gigante asiático é fundamental para a economia brasileira: o comércio com a China movimentou mais de US$ 56,4 bilhões em 2011 e, ainda que a balança comercial seja superavitária (em pouco mais que US$5 bilhões), o Brasil continua muito dependente da exportação de commodities para o país de Hu Jintao (mdic, 2011). Outros temas na mesa de negociação é o reconhecimento brasileiro da China enquanto economia de mercado e o apoio da China para sua luta por um assento permanente no cs da onu. 225

Luiza Rodrigues Mateo

Outro encontro presidencial de relevância em 2011 foi a visita de Barack Obama ao Brasil, entre 19 e 20 de março, ainda no terceiro mês do governo Dilma. Os Estados Unidos deram sinais de aproximação com o Brasil já no começo do ano, com o envio da Secretária de Estado Hillary Clinton à posse de Dilma.2 Segundo Riordan Roett, do Centro de Estudos da América Latina na Johns Hopkins University, a vinda de Hillary é uma novidade e simboliza a importância do Brasil na agenda americana (citado por Corrêa, 2011). Esta percepção emana também da sociedade civil americana. O centro de pensamento estratégico Council on Foreign Relations sugeriu ao governo americano que estreite relações com Brasil “líder da América do Sul” apoiando, inclusive, sua candidatura a um assento permanente no cs da onu. O relatório de julho de 2011 recomenda a criação de uma autoridade de primeiro escalão dedicada exclusivamente à política brasileira, um Office for Brazilian Affairs no Departamento de Estado (cfr, 2011). A visita de Obama materializou, portanto, um ensejo de reestruturar a política bilateral Brasil-Estados Unidos da América, recentemente desgastada pela iniciativa brasileira de mediar as negociações sobre o programa nuclear iraniano. Em Brasília, Obama assinou acordos para aprofundar relações em setores como educação, desenvolvimento tecnológico, comércio, transportes e energia. É importante mencionar, todavia, a frustração com a relutância norte-americana em apoiar oficialmente a candidatura brasileira por um assento permanente no cs da onu. O presidente americano apenas mencionou seu “apreço à aspiração do país”. Segundo Ariane Figueira (2011), a aproximação com Estados Unidos da America não significa um abandono do paradigma autonomista, mas um novo cálculo estratégico que revela o pragmatismo da peb sob o comando de Patriota. Exemplo disso foi o posicionamento do Itamaraty, um dia após a visita de Obama, em nota pedindo o cessar dos ataques contra a Líbia, dissonante dos interesses de Washington.

2.

Além de Hillary Clinton, o embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, Thomas Shannon, e o diretor para a América Latina do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Daniel Restrepo, prestigiaram a cerimônia. Geralmente, os Estados Unidos enviam um ex-ministro para o evento de posse do novo presidente em Brasília.

226

Diplomacia de resultados: A política externa de Dilma Rousseff em 2011

2. Direitos humanos Muitos analistas apontaram a defesa dos direitos humanos como fator diferenciador da peb de Dilma em 2011. Esta percepção se ancora na ênfase retórica dada por Dilma em diversos discursos presidenciais e na reprovação dos países violadores dos direitos humanos em diversas instâncias das Nações Unidas. Sobretudo, destaca-se a votação brasileira favorável à proposta de enviar um relator especial ao Irã para investigar as denúncias de violações de direitos humanos, tramitada no Conselho de Direitos Humanos (cdh) da onu em 24 de março. A atitude brasileira em Genebra teria inaugurado uma nova fase, menos condescendente, nas relações Brasil-Irã. Durante a gestão Lula, o Brasil se absteve em votações que condenavam o Irã e foi contra resoluções para impor sanções ao país. O posicionamento mais firme da diplomacia Dilma-Patriota parece quebrar o ritmo de aproximação com o país do Oriente Médio, alimentado nos anos anteriores por uma sequência de encontros - visita de Ahmadinejad ao Brasil em 2009 e visita de Lula à Teerã em 2010. Em entrevista, Celso Amorim criticou a votação brasileira no cdh da onu no caso Irã: “Se quisermos ser absolutamente coerentes, temos que mandar um relator especial para o Irã, outro para Guantánamo, outro para ver a situação dos imigrantes na Europa”. Segundo o ex-chanceler, o voto brasileiro gera uma ruptura na possibilidade de diálogo: “Você tem duas opções: ou conversa, ou condena” (Amorim, 2011). Conquanto o voto de março tenha rompido a sequência histórica de quase dez anos, a evolução da postura brasileira (em votações na onu) no tocante aos direitos humanos foi dúbia. A avaliação feita pela organização não governamental (ong) Conectas, em audiência do “Comitê brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa” de março de 2012, aponta críticas quanto à posição titubeante do Brasil nos casos Irã, Síria e Mianmar. O relatório da ong também critica a não adoção de instrumentos internacionais importantes, como a Convenção da onu que garante os direitos de trabalhadores migrantes, e a rejeição de medidas cautelares outorgadas pela Comissão de Direitos Humanos da oea quanto à construção da usina de Belo Monte. No caso iraniano, apesar do voto favorável à relatoria do status de direitos humanos proposta no cdh, o Brasil se absteve em votação de resolução que condenou as violações iranianas, na Assembleia Geral da onu em Nova Iorque (dezembro de 2011). A postura do Brasil no caso 227

Luiza Rodrigues Mateo

Mianmar é idêntica ao caso Irã, com voto favorável à investigação dos crimes de direitos humanos no cdh, mas abstenção em votação de resolução na ag. Nos casos da Síria e Líbia, o Brasil se absteve sistematicamente nas eleições do cs, em resoluções para autorizar o uso da força —predominou o histórico da peb de respeito aos princípios de soberania e não intervenção—. Ainda assim, o Brasil votou favorável às resoluções (tanto na ag quanto no cdh) que condenavam violações aos direitos humanos na Síria, e apoiou a retirada dos representantes líbios do cdh da onu. Para o diplomata Ricardo Seintenfus, o Brasil se absteve no cs por não acreditar no argumento das grandes potências de ir à Líbia para defender direitos humanos (brics Policy Center, 2011). Já para o analista Alexandre Ragir, o não enfrentamento com estes países desestabilizadores se deve a interesses econômicos brasileiros: na Líbia, interesses na área de energia (Petrobrás) e construção civil (Oderbrecht projetando um novo terminal no aeroporto de Trípoli), e no Irã a exportação de carnes. O país comandado por Ahmadinejad é hoje o segundo maior comprador de carnes do Brasil, consumindo cerca de 20% dos US$2 bilhões exportados anualmente (Ragir, 2011). Na prática, o Brasil segue, como no governo anterior, não disposto a sacrificar sua política de diversificação de parcerias em prol da defesa dos direitos humanos. 3. O contexto latino americano Conforme destacado anteriormente, a ênfase na articulação política e econômica regional continuou sendo uma prioridade da peb durante o ano de 2011. Em discurso pela cerimônia de formatura de 109 diplomatas do Itamaraty, em abril, Dilma enfatizou o papel da América do Sul: “Não há espaço para discórdias e rivalidades. Nós sabemos que os destinos da America do Sul e o nosso estão indelevelmente conectados. Nossa região, com um crescimento médio de 7,2% em 2010, transformou-se em um pólo dinâmico de crescimento comercial” (Rousseff, 20 de abril de 2011). Para entender como a diplomacia brasileira operacionalizou seu projeto de integração regional, destaca-se sua agenda em duas esferas de cooperação: a latino-americana com a celac (Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos) e a sul-americana com a unasul (União de Nações Sul-Americanas) e mercosul (Mercado Comum do Sul).

228

Diplomacia de resultados: A política externa de Dilma Rousseff em 2011

a. celac Entre 2 e 3 de dezembro ocorreu a “Cúpula de Caracas” na Venezuela, servindo como em iii Cúpula da calc (Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração e Desenvolvimento) e xxii Cúpula do Grupo do Rio. A ocasião também celebrou o início formal da celac, processo que remonta à “Declaração da Cúpula da Unidade” realizada na Riviera Maya (México) em fevereiro de 2010.3 No plano retórico, a peb conferiu importância à celac, que segundo Dilma “demonstra a consciência elevada da região sobre seu papel geopolítico e econômico no mundo” (citado por Passos, 2012). Em Caracas, a presidente afirmou na abertura da reunião: O Brasil olha confiante para o seu futuro porque nós vamos, de forma determinada, perseguir a articulação entre nós, tanto do ponto de vista multilateral como também do ponto de vista bilateral. Vamos perseguir essa articulação, essa coordenação e integração no mercosul, na unasul e aqui neste fórum, que nós consideramos uma das grandes façanhas dos países da nossa região, que é a celac. Juntos seremos mais fortes, juntos podemos crescer de forma solidária e mutuamente benéfica (3 de dezembro de 2011).

O posicionamento da presidente brasileira traduziu a vontade de adensar a integração regional, focando na cooperação e no desenvolvimento econômico latino-americano. O comércio do Brasil com países da América Latina e Caribe aumentou quatro vezes entre 2002 e 2010, quando atingiu os US$78 bilhões. No ano de 2011 o intercâmbio comercial somou US$ 95 bilhões, conforme descrito na tabela a seguir:

3.

Com esta reunião de Cúpula, os Chefes de Estado e de Governo da América Latina e do Caribe decidiram formar um novo mecanismo de concertação política e integração para abrigar os trinta e três países da América do Sul, América Central e Caribe. A celac assume o patrimônio histórico do Grupo do Rio (cooperação política) e da calc (desenvolvimento e integração). A ideia é que os dois mecanismos se fundam de forma gradual, mantendo suas agendas e métodos de trabalho paralelos até a consolidação da celac.

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Luiza Rodrigues Mateo

América Latina e Caribe: evolução do intercâmbio comercial com o Brasil, 2006 a 2011. US$ bilhões Descrição Exportações brasileiras para al e Caribe % no total do Brasil Importações brasileiras para al e Caribe % no total do Brasil

2006

2007

2008

2009

2010

2011

37,5

41,8

51,2

35,7

48,0

57,2

26%

26%

26%

23%

24%

22%

16.8

21,4

28,5

22,7

30,9

37,8

18%

18%

16%

18%

17%

17%

Intercâmbio comercial Brasil-al e Caribe % no total do Brasil

53,3

63,2

19,6

58,4

78,9

94,9

23%

22%

21%

21%

29%

20%

Saldo comercial Brasil-AL e Caribe

19,6

20,4

22,7

19,2

17,1

19,4

Fonte: (mre, abril de 2012). O Brasil, visto por especialistas como o “líder natural” da nova comunidade, tentou minimizar os riscos de rivalidade entre a celac e a Organização dos Estados Americanos (oea), percepção alimentada pela fala do presidente venezuelano Hugo Chávez: “A oea representa o velho, o caduco”. Enfatizando a necessidade de conter a hegemonia norte-americana na região, Chávez sugeriu que a celac irá substituir gradativamente a oea como mecanismo de solução de conflitos intra-regionais. Para evitar o desconforto nas relações hemisféricas, a diplomacia brasileira insistiu: “Nossa preocupação não é trabalhar contra nenhum organismo e sim a favor da região”, em fala de Antônio Simões, subsecretário-geral de América do Sul, Central e Caribe no Itamaraty (citado por Jardim, 2012). A Declaração de Caracas, que sintetiza as medidas acordadas pelos 33 países membros da celac entre 2 e 3 de dezembro, inclui uma “cláusula democrática” —texto que prevê ações coletivas sobre o país cujo governo for vítima de uma alteração da ordem constitucional, inclusive a expulsão imediata do país vítima de golpe de Estado—.4 Os vinte documentos anexos à Declaração de Caracas dispõe mecanismos de cooperação regional, onde se destaca o intercâmbio de experiências para a

4.

O compromisso com a democracia passa a ser uma marca das cúpulas regionais, especialmente após os eventos em Honduras (deposição de Manuel Zelaya em 2009) e Equador (tentativa de golpe em 2010).

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criação de programas sociais como o Fome Zero, programa brasileiro aludido como modelo de êxito (mre, 2011). b. unasul O ano de 2011 também marcou a oficialização da União de Nações Sul -Americanas (unasul), que congrega Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Em 11 de março, com a décima ratificação (do congresso uruguaio), entrou em vigor o Tratado Constitutivo da unasul.5 Nesta data, a Reunião Extraordinária de Conselhos de Ministros celebrou o lançamento da pedra inaugural na sede da organização em Quito, Equador. Cabe ressaltar que a unasul ganhou o status de observador na ag da onu em outubro do mesmo ano. A unasul é uma organização complexa, com oito conselhos ministeriais: Energia; Saúde; Defesa; Infra-estruturar e planejamento; Desenvolvimento social; Problema mundial das drogas; Educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação; Economia e finanças. Cada um dos eixos temáticos realiza reuniões periódicas para discutir e executar projetos. Em 2011, se destacaram as atividades do Conselho de Defesa e Economia. Em 15 de maio o Conselho de Defesa da unasul se reuniu em Lima, Peru. Na ocasião, Nelson Jobim (então Ministro da Defesa brasileiro), defendeu a adoção de uma estrutura comum de dissuasão para manter a soberania e defender as riquezas da região (como os aquíferos Guarani e da Amazônia). Segundo Jobim, os países sul-americanos têm “vulnerabilidades sérias” em seus meios de defesa. Exemplo disso seria a dependência da compra de imagens tiradas por satélites geoestacionários (para fins civis e militares) de países extra-regionais. No fim do ano, em 11 de novembro, o Conselho de Defesa da unasul se reuniu novamente em Lima, onde discutiram um projeto comum para equilibrar gastos militares e medidas que “garantam o respeito à soberania, integridade e inviolabilidade” dos países da região, segundo Maria Emma Mejia (secretária geral da unasul). Na reunião, os ministros de defesa dos doze países membros decidiram pela cooperação militar com exercícios combinados em áreas fronteiriças e operações para manuten-

5.

O Tratado Constitutivo da unasul foi aprovado durante a Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo em Brasília, em 3 de maio de 2008.

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ção da paz, além da definição de planos de formação e treinamento em defesa. Também foi aprovado o Plano de Ação 2012, voltado ao desenvolvimento da indústria regional de defesa, a partir de grupos de trabalho para desenvolver e produzir tecnologias próprias, a começar por um avião de treinamento básico e um veículo aéreo não tripulado. O Plano também previu a criação da Agência Espacial Sul-Americana. O interesse brasileiro no incremento dos sistemas de defesa sul-americanos é grande, principalmente devido à exportação de produtos militares, já que entre 2000 e 2010, os países da região absorveram 56% do comércio brasileiro neste setor. Cabe ressaltar, ainda, a reunião do Conselho Econômico e de Finanças da unasul, em 12 de agosto de 2011 na cidade de Buenos Aires. A reunião foi protagonizada por Roberto Faletti (vice-ministro da economia argentino) que insistiu na necessidade de “avançar em mecanismos multilaterais de pagamentos para sustentar o comércio e proteger o volume de reservas” na região. Em média, o comércio sul-americano movimenta US$120 bilhões anualmente. As medidas práticas elencadas foram suporte técnico para fortalecer Bancos de Desenvolvimento (como a Cooperação Andina de Fomento) e principalmente a operacionalização plena do Banco do Sul. Hugo Chávez lançou a ideia do Banco do Sul ainda em 2007, com o pronto apoio dos presidentes do Equador (Rafael Correa) e da Bolívia (Evo Morales). Em 2009, sete países da unasul (Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela) assinaram o Convênio Constitutivo. Em 2011, com a ratificação do congresso uruguaio, o Banco do Sul passou a existir juridicamente. Todavia, sem a ratificação do Paraguai e sobretudo do Brasil, o Banco do Sul não poderá funcionar plenamente. Isso porque o Brasil compõe, junto com Argentina e Venezuela, a âncora financeira do banco —cada um deverá contribuir com US$2 bilhões para um funding total de US$7 bilhões—. O governo brasileiro entraria com US$400 milhões e completaria a cota nos próximos quatro anos. Em 2011, o Congresso brasileiro não discutiu os aportes e projetos para o Banco do Sul, mas a expectativa é de que esteja em funcionamento em meados de 2013. Com sede prevista em Caracas, o Banco do Sul estará voltado para a integração física, desenvolvimento econômico e redução da pobreza na região. Segundo Carlos Cozendey, secretário de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda: “Queremos o Banco do Sul como contraparte 232

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do bndes na região” (citado por Leopoldo, 2011). Contudo, a vocação do banco ainda não foi definida —enquanto fonte de investimentos para desenvolvimento (posição defendida pelo Brasil) ou fundo monetário para equilibrar a balança de pagamentos—. De qualquer modo, a integração financeira em torno do Banco do Sul deve fortalecer a América do Sul e aumentar o poder de barganha junto ao Fundo Monetário Internacional (fmi), Bando Mundial (bm) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (bid). c. mercosul Segundo o diplomata Luiz Felipe Lampreia (2011): “O palco histórico do Brasil e a âncora de nossa política externa é, desde sempre, a América do Sul. Aqui estão nossas principais prioridades e desafios”. Para o diplomata brasileiro, apesar do ambicioso projeto da unasul, o mercosul continua sendo o espaço mais tangível para integração sul-americana. Na dimensão política, o mercosul segue como eixo estreito de cooperação e integração física. Mas no plano econômico, prevalece a grande assimetria entre os países do bloco. A expansão do capital brasileiro na região é vista com receio. O ano de 2011 foi marcado pela tentativa de contornar a enchente de produtos chineses no bloco e pelo problema das barreiras unilaterais impostas a produtos manufaturados —uma longa lista de exceções à Tarifa Externa Comum (tec). Em 24 de maio, os secretários da Indústria e do Comércio Exterior da Argentina (Eduardo Bianchi) e do Brasil (Alessandro Teixeira) se reuniram em Buenos Aires para discutir o impasse sobre tarifações no mercosul. Desde o começo do ano, muitos produtos (principalmente carros e autopeças) vindos da Argentina ficaram parados na aduana brasileira, à espera da liberação de “licenças não automáticas” de importação.6 É importante lembrar que o setor automotivo é o mais importante no comércio bilateral, e no ano de 2011 representou 15,4% do total comercializado.7

6. 7.

Alguns produtos chegaram a ficar mais de 60 dias parados na fronteira, extrapolando, inclusive, o limite estipulado pela omc. Em 2011, o volume de transações comerciais Brasil-Argentina foi aproximadamente US$39,7 bilhões, representando 9% do total de exportações brasileiras (US$22.7 bilhões) e 7,5% do total de importações feitas pelo Brasil neste ano (US$16.9 bilhões) (mdic, Série Histórica Argentina, 1989-2011).

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A exigência de documentação adicional pelo governo brasileiro foi uma resposta às barreiras impostas sistematicamente pela Argentina para frear a entrada de nossos produtos (principalmente geladeiras, maquinário agrícola, calçados e alimentos). O interesse argentino é negociar acordos de “restrição voluntária” que, no entanto, ao delimitar cotas para importação de alguns produtos, ferem o espírito de livre comércio do mercosul. Durante a 41ª Reunião de Cúpula do mercosul, realizada em 29 de junho em Assunção, Dilma apontou a importância do Fundo para Convergência Estrutural do mercosul (focem) para amenizar assimetrias na região. Em seu discurso, a presidente defendeu a integração das cadeias produtivas e maior intercâmbio entre empresas, investimento em inovação tecnológica e a criação de um sistema de bolsas de estudos entre os países do mercosul. Dilma elogiou o crescimento econômico paraguaio (que superou os 15% em 2010) e defendeu o modelo de desenvolvimento brasileiro, caracterizado não apenas pelo crescimento do produto interno bruto (pib), mas preocupado com a distribuição da riqueza —desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável—. “Nosso modelo busca a prosperidade pela incorporação das grandes massas historicamente excluídas. A inclusão social tornou-se o motor da nossa economia, não o contrário [...]” (Rousseff, 29 de junho de 2011). A líder brasileira exaltou os investimentos dos países da região em proteção social e na importância do livre comércio para sua resposta política à crise financeira: “O mercosul tem sido uma plataforma fundamental e, em vinte anos, criamos e consolidamos a união aduaneira. Ainda que imperfeita, o comércio regional cresceu. De US$5 bilhões em 1991 para US$44,5 bilhões em 2010, cifra superior aos níveis pré-crise alcançados em 2008” (citado por Lima, 2011). O mercosul continua sendo um dos pilares do comércio exterior brasileiro. Sua importância se deve ao volume de exportações, que em 2011 somou US$27,8 bilhões (11% do total exportado pelo Brasil), ao fator superavitário da balança comercial (em US$8,5 bilhões) e principalmente à composição da pauta de exportações (maioria de bens de consumo duráveis) (mdic, 2011). Outro destaque da 41ª cúpula foi o anúncio da intenção de expandir o bloco com incorporação de Bolívia e Equador, até então membros associados do mercosul. A escolha destes dois países foi impulsionada pela inexistência de acordos de livre comércio com os Estados Unidos da 234

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América e União Européia, como é o caso dos demais membros associados, Chile, Peru e Colômbia. Na 42ª Reunião de Cúpula do mercosul, realizada em 20 de dezembro de 2011, foi anunciado o “Grupo de Diálogo de Alto Nível para promover a incorporação de novos membros plenos ao bloco regional” formalizando o processo de adesão de Bolívia e Equador e acelerando a entrada da Venezuela no mercosul, formalmente anunciada em julho de 2012. Na reunião de Montevidéu, Dilma defendeu a ampliação do bloco: “Precisamos de mais mercosul e mais parceiros no mercosul. Somamos a força de nossas economias. Esse processo é inadiável e não deve ser obstaculizado por interesses menores. Devemos fazer o maior esforço para trazer a Venezuela para o mercosul” (Rousseff, 20 de dezembro de 2011). No plano econômico, a presidente defendeu o aumento da lista de produtos incluídos na tec, o desenvolvimento de cadeias produtivas distribuídas entre países do mercosul, além de mecanismos comuns de proteção e ações articuladas antidumping para uma “gestão flexível, integrada e estratégica do comercio regional”. O Ministro da Fazenda brasileiro, Guido Mantega, propôs a cobrança de tarifa de importação de 35% para conter invasão de produtos estrangeiros (principalmente chineses) no bloco. De fato, ainda em maio foi divulgada uma lista de cem produtos que o mercosul importará, a partir de 2012, com esta tarifação (a máxima permitida pela omc). Em 2011, a tarifa média praticada no mercosul foi de 13%. Segundo Dilma, “A crise internacional, que reduz as demandas das indústrias manufatureiras nos países desenvolvidos e asiáticos, tem ensejado, junto com a prática da guerra cambial, sobre os países do mercosul, uma avalanche de importações predatórias que comprometem o crescimento e o emprego” (G1, 2011). A 42ª reunião do mercosul também formalizou o tratado de livre comércio com a Palestina, somando iniciativas do gênero iniciadas em 1998, quando o vínculo foi firmado com a Comunidade Andina. A diversificação de parcerias extrapolou o continente com os tratado de livre comércio com Israel (2007) e Egito (2010). No campo político, destaca-se a adesão do Protocolo de Montevidéu sobre Compromisso com a Democracia no mercosul (Ushuaia ii) que prevê medidas coletivas em caso de um golpe de Estado —“ruptura ou ameaça de ruptura da ordem democrática”—. Os países do mercosul se dispõem a realizar gestões diplomáticas que promovam o restabelecimento da democracia no país afetado ou, em último caso, aplicar me235

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didas que vão da suspensão nos órgãos do mercosul ao fechamento das fronteiras e à paralisação “do comércio, tráfego aéreo e marítimo, comunicações e fornecimento de energia”. d. Amazônia Em 22 de novembro de 2011 também ocorreu, em Manaus, a xi Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (otca) a fim de criar mecanismos institucionais e debate político (com seminários em cada país membro) para o relançamento oficial do otca (firmada em 1978), programado para setembro de 2012 na Bolívia. Os projetos almejados para a organização são: o monitoramento da cobertura florestal amazônica (com a criação de um Observatório Amazônico) e geração de conhecimento técnico para atender às demandas da região, através de intercâmbios acadêmicos e da criação da Universidade Regional Amazônica (proposta pelo Equador). A iniciativa brasileira para viabilizar o desenvolvimento regional é compartilhar o Fundo Amazônia com os oito países da região: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.8 Com recursos vindos do setor público e privado, o Fundo é destinado ao financiamento de projetos voltados à preservação do meio ambiente, ciência e tecnologia, infra-estrutura, saúde, turismo e inclusão social das populações amazônicas. Considerações finais Esta breve análise sobre os principais elementos da peb no primeiro ano da gestão Dilma (2011), aponta sinais claros de continuidade em relação à gestão Lula (2002-2010). A alta cúpula da diplomacia brasileira se reuniu com o ibas, os brics, e o G20. Impulsionou as relações latino e sul -americanas com a formalização da celac e da unasul e tentou contornar os desafios quanto à questão tarifária no mercosul. Dilma prestigiou a tradicional parceria com a Argentina em sua visita inaugural ao exte-

8.

O Fundo Amazônia destina-se à captação de recursos para o apoio a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e para a promoção da conservação e do uso sustentável (atividades econômicas) das florestas na Amazônia. O Fundo foi criado em 2008 e é gerido pelo bndes.

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rior, e renegociou com o Paraguai o pagamento do excedente de energia elétrica de Itaipu.9 Dentre as diferenças, destaca-se uma roupagem mais discreta, impessoal ou técnica da peb em 2011. Dilma viajou menos, mas não perdeu oportunidade de sublinhar a importância das lutas contra a fome e pelos direitos humanos. Dilma se reuniu com as Mães e Avós da Praça de Maio (manifestando apoio às vítimas da ditadura militar argentina) e aprovou 2012 como “Ano da Erradicação da Pobreza Extrema e da Fome no mercosul”. A caracterização de sua peb como uma “diplomacia de resultados” é uma alusão, portanto, ao balanceamento entre o idealismo e pragmatismo traduzido, por exemplo, pelo endurecimento retórico nas relações com “países problema” como o Irã, simultâneo à negociação para ampliar os mercados compradores. Este balanceamento se reflete, também, nas relações brasileiras com o norte e o sul. Concomitantemente, a peb manteve a política sul-sul e renovou o diálogo com as potências mundiais. Dilma visitou Hu Jintao em Pequim e recebeu Obama em Brasília. Estreitou, nestas oportunidades, os laços comerciais e barganhou o apoio destes países à candidatura brasileira a um assento permanente no Conselho de Segurança da onu. Dividindo espaço com desafios nacionais de grande monta, Dilma conseguiu, através de discurso menos ideologizado e da consolidação de parcerias, manter o status brasileiro de nação emergente com voz ativa nos foros multilaterais de negociação. O Brasil permaneceu, em 2011, acionando temas como a democratização de organizações internacionais, almejando a maior representatividade dos países em desenvolvimento, e os ajustes do sistema financeiro e comercial global, utilizando a “âncora regional” para propulsionar seus interesses. Bibliografia Almeida, P. R. (2011), “Continuidade e mudança na política externa brasileira”. Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais. Disponible en: http://mundorama.net/2011/04/01/continuidade-e-mudanca-na-politica

9.

Em maio de 2011, o congresso brasileiro aprovou um aumento no valor de US$120 milhões para US$360 milhões, pelo excedente de energia comprado do Paraguai.

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Venezuela y la integración latinoamericana-caribeña en 2011: Balance de un año de una agenda de bajo perfil

Rafael Duarte Villa El año 2011 no fue exactamente de gran activismo por parte de la política exterior venezolana en el ámbito regional latinoamericano y caribeño ni en el ámbito global. La capacidad de iniciativa y de propuesta de agenda se vio bastante limitada. Probablemente ese “bajo perfil” de la política exterior venezolana en 2011 pueda ser explicado si tomamos en cuenta la enfermedad del presidente Chávez. En un país en que la diplomacia presidencial, y el poder de decisión que esa diplomacia tiene, son excepcionales, la enfermedad del presidente acabó restringiendo la agenda y las iniciativas regionales y globales a una profundización de aquellas que ya habían sido diseñadas en años anteriores, particularmente las referidas a la integración regional. El dato nuevo quizás haya sido dado por la aparición de una agenda social externa más asertiva. 1. Dinámica de la integración regional En 2011 la perspectiva de Venezuela de ingresar en el Mercosur de manera definitiva todavía era bastante distante. En aquel año, los países miembros del Mercosur crearon en Montevideo una comisión para acelerar la incorporación de Venezuela al bloque subregional. Para aquel entonces el problema principal era la negativa del Senado paraguayo a aceptar el ingreso venezolano.

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El más interesado en lograr el ingreso como miembro pleno de Venezuela era Uruguay, que consideraba que dicho ingreso “contribuiría a mitigar las notorias asimetrías de los países socios”. Ya percibía el país austral la entrada de Venezuela como una oportunidad para los socios menores del Mercado Común del Sur. Por detrás de esa perspectiva también estaba la crítica, de acuerdo con la cual las asimetrías entre las principales potencias económicas del Mercosur (Argentina y Brasil) frente a los pequeños (Paraguay y Uruguay), sumada a las trabas comerciales y las actitudes proteccionistas, estarían minado el potencial del bloque (Paullier, 2011). Sin embargo, la diplomacia presidencial del presidente Chávez no desconoció que la piedra angular del ingreso de Venezuela era Brasil. En reunión en Brasilia con la presidente Dilma Rousseff, nuevamente aludió al ingreso de Venezuela al Mercosur no como un “capricho, [y sí como] un destino” (El Nacional, 7 de junio de 2011). De esta manera, a finales de 2011, el presidente uruguayo (Mujica) apoyaba la posibilidad de modificar la legislación para permitir el ingreso de Venezuela. Los parlamentos de Argentina, Brasil y Uruguay aprobaron el ingreso de Venezuela al bloque (El Nacional, 11 de ddiciembre de 2011), mientras que el Congreso de Paraguay continuaba postergando la decisión. A finales de ese año, el Congreso paraguayo, dominado por el Partido Colorado, argumentaba políticamente que la naturaleza del régimen de Chávez sería un impedimento para que el Congreso de ese país aprobase una variante legal para favorecer el ingreso de Venezuela (El Nacional, 14 de diciembre de 2011). La entonces oposición paraguaya se negaba a ratificar el protocolo con el argumento de que en Venezuela no existía una democracia plena. Pese a esa oposición del Congreso paraguayo, la cumbre de Montevideo de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), del 20 de diciembre de 2011, se centró en el proceso de adhesión de Venezuela al Mercosur y los debates sobre los proteccionismos dentro del grupo (efe, 2011). A pesar de los obstáculos en el front del Mercosur, la diplomacia venezolana tuvo éxito en 2011 en materia de integración. A finales de 2011 se reunieron en Caracas los jefes de Estado y de Gobierno de 33 países, los cuales formalizaron el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac). Este foro regional, continuador del Grupo de Río y de la Cumbre de América Latina y del Caribe (calc), fue creado en febrero de 2010 con el propósito de promover la integración 242

Venezuela y la integración latinoamericana-caribeña en 2011: Balance de un año de una agenda de bajo perfil

y el desarrollo en los países de Latinoamérica. La primera sesión de la Cumbre de la unidad de América Latina y el Caribe se celebró en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, en México. En los días 2 y 3 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la Primera Cumbre de la celac en Caracas. La última sesión de la reunión fue encabezada por el presidente venezolano Hugo Chávez. En ella se aprobó la Declaración de Caracas y un plan de acción. Igualmente se dieron a conocer diversos comunicados sobre temas que se incorporan a la agenda del grupo. También es de recordar que, a diferencia de la Organización de Estados Americanos (oea), al bloque de países de la celac no pertenecen ni Estados Unidos ni Canadá. La importancia geopolítica de la celac se refleja en el hecho de que, con una extensión de más de veinte millones de kilómetros de territorio y una población sumada de alrededor de 550 millones de habitantes, al menos desde el punto de vista de la simbología política, el grupo se transforma en un foco importante de poder para la negociación internacional frente a otros grupos y países. Sin embrago, y muy probablemente, la diplomacia venezolana tiene pocas posibilidades de administrar un panorama regional político tan disímil como el latinoamericano, con gobiernos de ideologías políticas tan variadas. En este sentido tómese en cuenta que el plan de acción, como comentó el propio presidente Chávez, contiene el compromiso de las naciones que forman la troika, y esos países (Chile, Cuba y Venezuela) son muy heterogéneos en el espectro político latinoamericano. No obstante, el pragmatismo parece dominar esta nueva alianza latinoamericana y caribeña. Nada más ilustrador al respecto que las palabras del presidente de Uruguay, José Mujica, quién señalo: “La batalla es fenomenal. Tenemos que estar juntos, los de izquierda, derecha y centro. El peor servicio que podemos hacer es no tener gestos de unidad. Seremos adultos si lo hemos comprendido” (rnw, 2011). Probablemente el principal resultado de la cumbre de Montevideo se relacionó con la idea consensual sobre la defensa de la democracia y el orden institucional de los países miembros del bloque político. En este punto, los jefes de Estado aprobaron una “cláusula antigolpe”, tendiente a neutralizar situaciones como la de Honduras en 2009. Por esa cláusula democrática los países de la celac responderían de forma colectiva y enérgica a toda forma de ruptura del orden constitucional de alguno de sus miembros.

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Otro éxito que sumó la diplomacia venezolana fue que la Declaración de Caracas manifestó un fuerte rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde 1962. Según el documento, el bloqueo norteamericano viola el derecho internacional y no solo afecta la soberanía de Cuba, sino también la de toda la región. Además “causa daños cuantiosos e injustificables al bienestar del pueblo cubano y afecta la paz y la convivencia entre las naciones americanas”, señala la declaración (rnw, 2011). También es necesario señalar que la cumbre de la celac apuntó otros puntos consensuales, como las exigencias argentinas respecto de las Islas Malvinas, los derechos de los migrantes, la solidaridad con Haití y el desarrollo sostenible. Igualmente se expidieron comunicados acerca de aspectos tan variados como la postura de Bolivia y Perú sobre la coca originaria y ancestral, las crisis económicas mundiales y su impacto en Centroamérica, la lucha contra el terrorismo y la eliminación de las armas nucleares (rnw, 2011). Para el gobierno venezolano la celac es importante por cuatro razones: 1) En el ámbito histórico, permite la continuidad de la integración continental originaria de Simón Bolívar. 2) De manera inmediata, el bloque, conformado por 33 naciones, se convertiría en una oportunidad de concertación con el objetivo de erradicar la pobreza de la región, lograr la estabilidad energética y avanzar en el desarrollo social y económico. 3) Para Venezuela, con la celac ya “no tenemos a Estados Unidos, una nación cuyos gobiernos se han caracterizado a través de la historia por la injerencia y la creación de obstáculos al objetivo bolivariano y martiano de la unidad latinoamericana”. 4) Además de ir sustituyendo a la oea como foro privilegiado, el nuevo organismo profundizaría las experiencias previas de integración reciente, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba) y la Unión de Naciones Suramericanas (unasur) y el Mercosur (mppre, 17 de diciembre de 2011). En relación a la unasur, el año 2011 se dio sin mayores novedades, al contrario de años pasados de mucha actividad política. Se destacan dos hechos en los cuales tuvo activa participación la diplomacia venezolana. En primer lugar, la creación del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, ceed, de la Unión de Naciones Suramericanas, unasur, que se inauguró en la ciudad de Buenos Aires. Pensado como una necesidad geoestratégica, el ceed es el primer órgano permanente del Consejo Sudamericano de Defensa. El objetivo del ceed es consolidar Suramérica en materia de defensa. 244

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Un segundo aspecto destacado de la diplomacia venezolana en relación con la unasur fue la propuesta de creación, a mediados de 2011, de un organismo electoral que permita la observación electoral sudamericana, que en la práctica sustituiría al organismo electoral de la oea en cuanto a misiones de observadores electorales. El consejo de organismos electorales regional “permitiría evitar fraudes de elecciones, golpes de Estado en las naciones suramericanas y supervisar elecciones de manera general” (Asamblea Nacional, 2011). Paralelamente a esa iniciativa, Venezuela presentó en septiembre, ante el Parlamento Latinoamericano en Aruba, un documento cuyo objetivo fue la creación de una nueva arquitectura económica y financiera para América Latina y el Caribe. El documento es un subsidio para la construcción en América Latina de mecanismos de integración (mppre, 23 de octubre de 2011). 2. Venezuela y los aspectos comerciales, energéticos e tecnológicos de la integración A pesar de la baja diversificación de la economía venezolana, bastante dependiente del petróleo, el año 2011 contempló varias iniciativas interesantes de aproximación comercial y energética con algunos países latinoamericanos. Con el objetivo de intercambiar productos y ofrecer propuestas de encadenamiento productivo y comercial, los gobiernos de Venezuela y Argentina realizaron el Primer Encuentro Productivo Bilateral en Buenos Aires. Varias empresas venezolanas y argentinas como: Pdval, Corpivensa, Alven, Alentuy, Corporación Venezolana del Café y Venvidrio; exhibieron sus productos y servicios en el encuentro que se realizó durante los días 21 y 22 de noviembre. Este encuentro se realizó en el marco de la Comisión Binacional de Alto Nivel entre Venezuela y Argentina, coban (mppre, 21 de noviembre de 2011). Ya en el marco del alba, y con el fin de conocer los avances de los proyectos desarrollados a través del fondo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una delegación del Fondo de Desarrollo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (fonden) visitó Belice para evaluar las estrategias conjuntas. Los cuatro proyectos del Fondo alba Caribe tienen como objetivo reducir la pobreza: el Programa de Reforma de Salud mejora hospitales a través de la adquisición de 245

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insumos y nuevos equipos médicos, y de la reparación de infraestructura y rehabilitación de salas de emergencias. En materia educativa busca reparar y rehabilitar escuelas y colegios a lo largo y ancho del país, con un monto que alcanza el millón y medio de dólares. También, con una inversión de 750,000 dólares, se desarrolla el programa de viviendas, por medio de la construcción y reparación de viviendas para personas de escasos recursos. La aplicación del sistema de agua rural también forma parte de los planes de desarrollo, a través de la habilitación de un pozo y la construcción de una bomba de agua para la comunidad de Succotz ubicada en Benque Viejo del Carmen. El total de los recursos invertidos en Belice alcanza una cifra total de 26,000,000 de dólares entre el Fondo alba Caribe y el Convenio de Asistencia Económica No Reembolsable, lo que impacta directamente en toda la población del país, que alcanza la cantidad de 312,000 habitantes (mppre, 30 de octubre de 2011). Una de las iniciativas más incisivas de la diplomacia venezolana en 2011 se dio en el campo energético. En octubre se realizó el séptimo Consejo de Ministros de Petrocaribe. Según el Ministerio de Energías de Venezuela, a través de este mecanismo multilateral se suministra un total de 92,000 barriles por día de crudo y derivados a los países de América Latina y el Caribe. En 2011 existían constituidas once empresas mixtas entre pdv Caribe, filial de pdvsa, y las empresas estatales de cada estado miembro. Adicionalmente, la iniciativa multilateral cuenta con plantas de gas propias, así como con buques el Petión y el Sandino—. El raciocinio de la iniciativa venezolana es que el acuerdo de cooperación, que surgió en 2005, sería permitir que los países del Caribe no estén amarrados a la intermediación y subsanar las asimetrías existentes en la región. Solo los países del Caribe consumen 11,000 barriles de petróleo por día (mppre, 15 de octubre de 2011). En el mismo año 2011 siguieron los esfuerzos conjuntos con Brasil para concretar la participación de Petróleos de Venezuela (pdvsa) en la refinería “Abreu e Lima” en Pernambuco, Brasil, que abastecería de petróleo y gasolina a la región noreste de Brasil. En la opinión del propio presidente venezolano: “Tenemos el dinero a la mano, solo falta un requisito, es decir que el bndes (Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil) acepte las garantías que Venezuela está ofreciendo” (El Nacional, 7 de junio de 2011). En julio de 2011 Venezuela y Colombia abrieron la xviii Feria Agroexpo en la ciudad de Bogotá, la cual buscaba enfatizar el “nuevo relacionamiento comercial y de complementación productiva binacional”. 246

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Esta feria tuvo como marco los acuerdos firmados entre ambos países para la cooperación en caña de azúcar, el sector avícola y desarrollo en áreas de asistencia técnica e intercambio comercial de vientres bovinos. En el año 2011 se intensificó el pago de la deuda con los comerciantes colombianos, en un cronograma que se viene aplicando desde 2010 con la llegada del presidente Santos al poder. Debe agregarse en el aspecto político que el presidente venezolano ha desarrollado una agenda de compromisos que transciende los aspectos económicos, especialmente en materia de guerrillas y lucha contra el narcotráfico. En inicios de enero, el mandatario venezolano prometió al presidente Santos que entregaría al cabecilla del eln, Nilson Albín Terán Ferreira, alias ‘Tulio’, una vez cumplidos los procedimientos de captura. También en el año 2011 se adelantó la cooperación en relación al tema del narcotráfico. Con Uruguay también se firmaron convenios en materia social, ciencia, tecnología, salud, educación, comercio y agricultura, así como el estudio y la planeación de la ii Reunión de la Comisión Binacional de Seguimiento y Planeamiento Estratégico (cobiseplae), realizada por ambos países en mayo de 2011. Esos acuerdos son complementarios a los que el presidente Hugo Chávez firmó con José “Pepe” Mujica el 30 de marzo de 2011. En el encuentro de ambos presidentes se firmaron siete instrumentos de cooperación, entre los que destacan el acuerdo que permite a Venezuela ubicar y operar la posición orbital de 78 grados de longitud oeste, el satélite Venesat 1, y un acta compromiso (mppre, 31 de Mayo de 2011). En materia científica y tecnológica, uno de los mayores logros en las relaciones bilaterales se dio a través del cable que conecta a Venezuela con Cuba (en Playa Siboney), la oriental provincia cubana de Santiago. De acuerdo con la información oficial de ambos países, este proyecto multiplicará por 3,000 las transmisiones de datos, voz e imágenes que realiza Cuba hacia el exterior. Al mismo tiempo, los países beneficiados con la fibra óptica podrán transmitir en tiempo real programas educativos culturales, consultas médicas y teleconferencias, entre otras. De acuerdo con voceros oficiales venezolanos de la empresa de telecomunicaciones Gran Caribe, “el cable ya no es un proyecto, es una realidad (...) y con él se impulsa la integración social, cultural y económica de los países de la región” (mppre, 9 de febrero de 2011).

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3. La agenda social Uno de los trazos destacados de la actuación venezolana en el año 2011 fue la intensa agenda social con países latinoamericanos y caribeños. Ello compensó, en parte, la ausencia de iniciativas políticas y económicas más incisivas, características de la diplomacia venezolana en años anteriores. Incluyó asistencia médica, por medio de la llamada Misión Milagro, a pacientes de Bolivia, Chile, Costa Rica, Belice y Paraguay, así como ayuda humanitaria a países como Colombia, El Salvador, Guatemala y Santa Lucia. También incluyó participación en ferias culturales y exposiciones de libros en países como Colombia, Cuba y Perú, presentación de las misiones sociales para estudiantes brasileños, y presentación de logros de los gobiernos de Chávez en países como Belice y Santa Lucia. Este soft power de naturaleza social utilizado por Venezuela forma parte de los nuevos mecanismos de influencia política que países vienen haciendo en la post Guerra Fría (mppre). Consideraciones finales La política externa venezolana durante 2011 sintió la ausencia más activa de su principal formulador, el presidente Hugo Chávez. En este sentido, 2011 debe verse más como una extensión de iniciativas tomadas en 2010, especialmente en materia de integración regional. Siendo así, el esfuerzo de la diplomacia venezolana en el plano de la integración regional se concentró en consolidar lo que había sido construido en años anteriores, especialmente en lo que refiere a la unasur, el Mercosur y la celac. Con relación a ello debe ser observada una doble actitud de la diplomacia venezolana: por un lado, una firme actitud de consolidar los procesos regionales de integración pero, por otro lado: Queda patentado para Venezuela que los organismos internacionales y más aún regionales se han vuelto completamente inservibles. La unasur es el retrato de un proyecto de respuesta ideológica a una oea que no condena ni hace valer sus propias propuestas y bases de funcionamiento y creación. La firma de un protocolo democrático entre los miembros de la unasur, en desmedro de la Carta Interamericana Democrática de la oea, lo confirma (Herrera, 2011).

También podríamos decir que la creación del organismo de observación electoral de la unasur va en la misma dirección de debilitar organismos 248

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hemisféricos en favor de organismos subregionales tipo unasur y Mercosur. En lo que respecta al Caribe, la principal iniciativa venezolana para la subregión se continuó dando a través de Petrocaribe, que durante 2011 se afianzó como el principal mecanismo que traduce y transforma ayuda y cooperación energética en influencia política. Para América del Sur, y a pesar de las iniciativas en materia de integración de naturaleza multilateral, uno de los aspectos que más sobresalió en la política exterior venezolana de 2011 fue el de las relaciones bilaterales con países latinoamericanos, especialmente en lo que respecta a acuerdos comerciales, energéticos y tecnológicos. Un aspecto a ser destacado es la continuidad y la profundización de relaciones cooperativas con Colombia. Desde que el presidente colombiano Santos asumió el poder, además de ambos países haber reasumido el dinamismo comercial de otras épocas, ha existido fuerte cooperación en materia de seguridad, especialmente en políticas de inteligencia que han llevado a la captura de narcotraficantes y dirigentes de la guerrilla. Finalmente, resáltese que uno de los aspectos más innovadores de la política exterior venezolana en 2011 fue el uso de iniciativas sociales, del tipo asistencia médica y ayuda humanitaria a algunos países latinoamericanos, que generan un tipo de influencia o de poder político suave que es menos sensible a hipótesis de uso de poder duro y que crean menos resistencia, por parte de países latinoamericanos, a la cooperación con Venezuela. Bibliografía Asamblea Nacional (2011), unasur creará mecanismo electoral regional, Republica Bolivariana de Venezuela. Disponible en: http://www.asambleanacional. gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=34137%3Auna sur-creara-organismo-electoral-regional&catid=333%3Agenerales&Itemi d=248&lang=es) Consultado: 10 de diciembre de 2012. efe (2011), “Ingreso de Venezuela y proteccionismo dominaran cumbre del Mercosur”, El Mundo, Economía y Negocios, 18 de diciembre. Disponible en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/ingresode-venezuela-y-proteccionismo-dominaran-cu.aspx. Consultado: 28 de julio de 2012. El Nacional (2011), “Venezuela está destinada a ingresar a Mercosur – Chávez”, La guía de Venezuela, 7 de junio. Disponible en: http://www.guia.com. 249

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Sandra Colombo Ignacio Frechero Durante 2011, la situación económica internacional a tres años de la caída del Lehman Brothers continúa siendo incierta y complicada. La retracción del consumo y la inversión dificultan la recuperación, mientras que los paquetes de ayuda implementados en los países desarrollados acrecientan los déficits fiscales y las deudas públicas y restringen los márgenes de autonomía de los gobiernos, en especial aquellos situados en la periferia de la eurozona, como Irlanda, Portugal, Grecia, Italia y España. Los países emergentes, en contraposición a lo ocurrido en las últimas décadas del siglo xx, se encuentran en una situación más favorable que los desarrollados, con menores niveles de endeudamiento y mercados internos que les permiten amortiguar los efectos de la caída de la demanda agregada en sus países de destino1 (cei, 2011). En este contexto, la Argentina continúa mostrando un ciclo de vigoroso crecimiento que se inicia en 2003. El Producto Interno Bruto crece el 8,9%, la inversión bruta fija se incrementa el 16% y el consumo el 10,7% en relación con 2010; la deuda externa total asciende a 139,715 millones de dólares (31,2% del pbi), mientras que las reservas internacionales en el Banco Central alcanzan a 46,376 millones de dólares, lo que indica una disminución de 5,769 millones con respecto del año anterior. El ingreso de inversión extranjera directa (ied) a la Argentina fue de

1.

Los datos son demostrativos de esta situación: en 2011 el pbi mundial se incrementa el 4%, los países desarrollados crecen 1,6% y los países en desarrollo 6,4%.

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7,243 millones de dólares en 2011, un 3% más que en el año anterior, y la mayor parte (55%) corresponde a nuevos aportes de capital, 31% a la reinversión de utilidades y 14% a préstamos entre compañías (cepal, 2011). Por su parte, los indicadores sociales mantienen la tendencia favorable. Según datos oficiales, la tasa de desocupación se ubica en el 7,2% de la población económicamente activa, mientras que la pobreza alcanza el 6,5% y la indigencia el 1,7% de la población argentina. En cuanto al sector externo, las exportaciones ascienden a 83,951 millones de dólares (crecieron el 23% respecto de 2010), y las importaciones alcanzan 73,922 millones (aumentan el 31%)2. En consecuencia, el saldo comercial es positivo en 10,013 millones de dólares aunque inferior en el 13% al de 2010. La tabla siguiente presenta los principales socios comerciales de la Argentina durante el año 2011. Entre los destinos de exportación se destacan el Mercosur (24,7% de la participación) y la Unión Europea (16,9%), mientras que los principales orígenes de las importaciones argentinas continúan siendo Brasil (29% de participación), la Unión Europea (15,7%), el nafta (14,7%) y China (14,2%). Tabla 1 Principales socios comerciales de Argentina en 2011 Países y regiones

Mercosur Comunidad Andina Chile nafta Unión Europea China ASEAN Total Extra Mercosur Total

Exportaciones Millones de dólares 20,707 4.864

Participación / Total de exportaciones 24,7% 5,7%

Importaciones Millones de dólares 22,919 1,244

Participación / Total de importaciones 31% 1.6%

4,840 7,563 14,165 6,238 4,424 63,244

5,7% 9% 16.9% 7,4% 5.2% 75.3%

1,093 10,8 60 11,615 10,573 1,965 51,010

1.4% 14.7% 15.7% 14.2% 2.6% 69%

83,951

100%

73,938

100%

Fuente: cei

2.

De los integrantes del G-20, Argentina es el segundo país que más creció en importaciones entre el 2010 y el 2011, después de la India.

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Argentina frente al desafío de minimizar los efectos negativos de la crisis internacional

Hay algunos datos que merecen resaltarse. En principio, tanto las exportaciones como las importaciones superan ampliamente los valores registrados con anterioridad a la crisis mundial. En segundo término, este crecimiento ha sido impulsado por los países en desarrollo, especialmente los latinoamericanos y asiáticos. Por último, las manufacturas de origen industrial son el rubro predominante de las exportaciones, superando a las manufacturas de origen agropecuario, los productos primarios y los combustibles. El crecimiento de la economía argentina no se explica únicamente por el mejoramiento de los términos de intercambio en las economías emergentes, sino también a partir de una estrategia de desarrollo que desde 2003 ha privilegiado el mercado interno y la distribución del ingreso.3 Esta estrategia es convalidada por el voto popular el 23 de octubre de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner consigue no solo la reelección, sino también la consolidación de su liderazgo político al obtener más del 54% de los sufragios, mientras que la segunda fuerza obtuvo el 16,8% de los votos. En cuanto a su política internacional, el gobierno argentino mantiene como prioridad la integración económica y la cooperación política con los países de la región, en especial con Brasil, que se ha convertido en el principal aliado político, en el socio comercial más importante y en el primer inversor de Argentina.4 El triunfo de Dilma Rousseff permite profundizar la relación estratégica bilateral, expresada en la implemen-

3.

4.

En este marco, durante 2011 las políticas activas contracíclicas estuvieron orientadas a sostener un elevado ritmo de expansión del consumo interno tanto público como privado, favorecer el crédito, frenar la salida de divisas y agregar valor a la producción nacional. Entre las medidas implementadas para alcanzar estos objetivos se pueden mencionar: el sostenimiento de un dólar competitivo y diferencial para acompañar el crecimiento exportador; la extensión de los regímenes de licencias no automáticas de importación, sobre todo para aquellos bienes de consumo de los que existe oferta nacional; la ampliación del régimen de promoción a la industria, por ejemplo, el caso de la industria del software, que beneficia a empresas exportadoras; el establecimiento de líneas de crédito a largo plazo y tasa fija, destinadas a emprendimientos productivos o al consumo de producción nacional; la ampliación de la obra pública; la obligación para las empresas mineras y petroleras de liquidar en el mercado las divisas generadas por sus exportaciones, régimen del cual se encontraban exceptuadas. A estas medidas se debe sumar el estímulo de la demanda mediante aumentos salariales, planes sociales y subsidios a los servicios públicos. La presencia de Brasil se ha incrementado en la economía argentina durante la última década. En 2010, el país lidera el ranking de inversiones en Argentina, con 5,300 millones de dólares, dejando a China en segundo lugar, con 5,000 millones. Por otra parte, el desempeño industrial de Argentina depende en gran medida de Brasil, debido a que es el principal receptor de los productos manufacturados argentinos —vinculados mayoritariamente al sector automotor. 

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tación de políticas conjuntas para el desarrollo de la región y en un accionar coordinado en las negociaciones económicas y políticas internacionales. En febrero de 2011, ambas presidentas firman en Buenos Aires catorce convenios de cooperación e integración entre los que se destaca la decisión de construir, a través de sus organismos de investigación y desarrollo nuclear, dos reactores multipropósito, en lo que constituye un paso más en la alianza para el uso pacífico y soberano de este tipo de energía.5 En el mes de diciembre, en un contexto de derrumbe del crecimiento mundial, se decide la creación del Mecanismo de Integración Productiva (mip) bilateral con el objetivo de proteger y potenciar la integración de pequeñas y grandes empresas en todas las cadenas que tienen ya fuerte participación bilateral y las que aún no, como autopartes, textil, calzado, gas, petróleo, industria naval, aeronáutica, de defensa, entre otros. A su vez, la presidenta Rousseff se comprometió a permitir el acceso de empresas argentinas en las licitaciones de obras públicas en Brasil bajo igualdad de condiciones frente a sus pares locales, pasando de un criterio de “compre nacional” a uno de “compre regional”. De manera simultánea con esta buena sintonía política, se produce la decisión del gobierno argentino de reforzar los procedimientos aduaneros y comerciales tendientes a limitar o dificultar el ingreso de mercaderías desde el exterior con el objetivo de maximizar el saldo de la balanza comercial e impulsar la sustitución de importaciones, lo que provocó, como en años anteriores, represalias por parte de Brasil y un incremento de los conflictos en distintos sectores. Para enfrentar estas disidencias, junto a los acuerdos voluntarios de limitación de oferta, ambos gobiernos conforman una Comisión de Acompañamiento de las Licencias No Automáticas que tiende a robustecer el proceso de integración binacional. Además de la actividad diplomática con Brasil, la Argentina fortalece los procesos de integración binacionales con Venezuela, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay a partir de una numerosa agenda de re5.

Otros convenios tienen que ver con la cooperación técnica sobre políticas y programas de planeamiento urbano, vivienda e innovación tecnológica en producción habitacional; intercambio de energía eléctrica; construcción o mejoramiento de pasos de frontera entre Argentina y Brasil; colaboración en la producción y el uso de la bioenergía y los biocombustibles; acuerdo para la creación de una farmacopea regional; cooperación en el desarrollo digital inclusivo; creación del Foro de Empresarios Argentina-Brasil, con miembros de los sectores público y privado; acuerdo para fomentar en conjunto el crecimiento de las exportaciones —hacia terceros países— de bienes y servicios con alto valor agregado; proyectos de desarrollo local fronterizo y creación de la Comisión de Cooperación y Desarrollo Fronterizo (codefro).

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uniones de presidentes y ministros, con el propósito de firmar acuerdos de cooperación científico-tecnológica, ampliar el intercambio comercial, avanzar en la integración productiva y en la conectividad física necesarias para el crecimiento. A esto se suman varios acuerdos que la presidenta argentina firmó con el mandatario Felipe Calderón en su visita a México en mayo, entre los que se destacan un tratado de extradición; convenios de cooperación en minería, agricultura, ganadería, pesca y acuicultura; los protocolos para la creación de centros virtuales de biotecnología, nanociencia y nanotecnología, y un memorando de entendimiento sobre cooperación en la promoción de las inversiones bilaterales. El comercio entre ambos países presenta una tendencia positiva, ya que registra una tasa de crecimiento acumulada del 416%, que asciende de 584 millones de dólares en el año 2000 a 3,020 millones de dólares en el año 2011. Si bien Argentina muestra un déficit comercial bilateral de más de 1,000 millones de dólares, es receptora de más de 3,000 millones de dólares invertidos por empresas mexicanas, lo que la sitúa como el quinto país receptor de la ied total de México en América Latina. Los efectos de la crisis mundial sobre los países de la región y las respuestas necesarias para enfrentarlos son las temáticas predominantes en las reuniones de los organismos regionales como Mercosur, unasur y celac. En las cumbres del Mercosur se deciden acciones puntuales en el ámbito arancelario, como la elevación transitoria de las alícuotas del impuesto de importación por encima del Arancel Externo Común (aec) para los productos originarios de extrazona, y se resuelve coordinar las políticas macroeconómicas en las áreas fiscal, monetaria y financiera, por medio de grupos de trabajo permanentes (xli Cumbre del Mercosur, 29 de junio de 2011) (xlii Cumbre del Mercosur, 20 de julio de 2011).6 Además, se insiste en consolidar y fortalecer los instrumentos vigentes de superación de las asimetrías entre los países y regiones del bloque, y se acuerda fortalecer las cadenas productivas regionales ganando escala y competitividad. Como correlato de estas preocupaciones, en junio de 2011 se realiza en la ciudad de Asunción la primera reunión de ministros de industria del bloque —convocada a instancias de una propuesta

6.

Es necesario señalar que la coordinación macroeconómica entre Argentina y Brasil, si bien es declamada desde hace tiempo, aún no se ha conseguido, ya que en la Argentina la política es de maximización del crecimiento, mientras que el gobierno de Brasil mantiene el llamado esquema de metas de inflación.

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argentina— para consolidar procesos de agregación de valor en cadenas productivas regionales y pensar estrategias conjuntas contra la competencia desleal de países extrazona. En este encuentro los funcionarios argentinos insisten en la necesidad de avanzar hacia un Mercosur industrial para sustituir importaciones y sumar exportaciones; alientan la conformación de un programa de financiamiento para proyectos de integración productiva de las pequeñas y medianas empresas de los países miembros mediante el subsidio de tasa, y proponen la creación de un observatorio de política industrial del Mercosur para hacer el seguimiento de las políticas de sector. Por su parte, en agosto de 2011 el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas de la unasur,7 conformado por los ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales de los países que integran el bloque, se reúne en Buenos Aires con el objetivo de acordar medidas monetarias, financieras y comerciales a fin de adoptar una postura regional frente a la crisis internacional. En esa oportunidad, los gobiernos suramericanos de distintas vertientes político-ideológicas deciden promover el intercambio regional en monedas locales, sustituyendo el uso del dólar; formar un fondo de contingencia que actúe, en el caso de ataques especulativos, en defensa de las monedas y economías de la región, y articular el uso de reservas internacionales, promoviendo la autonomía financiera y canalizando el ahorro interno de los países suramericanos en favor de la capitalización de proyectos de inversión dentro de la misma área. En este marco, el Banco del Sur adquiere una importancia fundamental para financiar proyectos que impulsen el desarrollo regional en sectores claves de la economía orientados a mejorar la competitividad, y en sectores sociales para reducir la pobreza y la exclusión social. En septiembre de 2011, el Parlamento argentino ratificó por unanimidad el convenio para crear la nueva banca multilateral, luego que lo hicieran Venezuela, Ecuador y Bolivia.8 Asimismo, en la iii Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe (celac) realizada en Caracas, la presidenta

7.

8.

Es oportuno señalar que el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericana, firmado en Brasilia el 23 de mayo de 2008, entra en vigencia el 11 de marzo de 201, cuando se logra la ratificación legislativa de nueve de los doce países miembros. Los países que ya habían ratificado el Tratado eran Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Perú, Argentina, Surinam, Chile, Colombia y Uruguay. Brasil lo hizo en julio, y Paraguay en septiembre de 2011. La entrada en vigencia del Tratado Constitutivo del Banco del Sur se produce en abril de 2012, luego de que el parlamento de Uruguay aprueba el convenio de creación.

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Argentina frente al desafío de minimizar los efectos negativos de la crisis internacional

argentina subraya que la integración es el mejor mecanismo para preservar a la región de los efectos de la crisis, y que la integración debe realizarse a través de mecanismos y políticas concretas que fomenten el comercio intrazona y que impulsen la industrialización para reducir las importaciones desde fuera de América Latina. En la Cumbre del G-20 en Cannes, así como en los encuentros previos de los ministros de economía y de trabajo del grupo, donde se discuten políticas para mitigar la crisis económica, la Argentina plantea posiciones muy claras y alejadas de las sostenidas por algunos países centrales. En primer lugar, la Argentina vuelve a defender el fortalecimiento de las políticas de protección social y el empleo frente a la hegemonía del ajuste y las políticas que privilegian los intereses financieros. Por otra parte, se opone —en concordancia con los brics— a la regulación de los precios de las materias primas y propone, en cambio, el incremento de la producción mundial de alimentos. Tal como lo expresa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Cumbre del G-20, el problema no reside en los granos sino en la especulación financiera, nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo… [Es necesario] obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real sus recursos […] volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo no es capitalismo. Esto es un anarco-capitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie.

Para finalizar, durante 2011 en un mundo atravesado por la crisis económica y financiera internacional que impacta principalmente en el mundo desarrollado, la diplomacia argentina intensifica la vinculación con países de Asia —China, Qatar, Kuwait y Turquía— con la finalidad de diversificar los mercados y las exportaciones, y sostener el modelo interno que busca incorporar valor agregado a la producción nacional y promover la inclusión social. Frente a la demora en la recuperación de la economía mundial y a la incertidumbre de cuál será el desenlace de la crisis, la Argentina tiene a la región como plataforma política y económica para el mundo. La política exterior del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner muestra una fuerte identidad latinoamericana, al impulsar la construcción de acuerdos y consensos regionales en el marco de esquemas de integración como el Mercosur y la unasur, con la finalidad de avanzar en el perfeccionamiento de la unión aduanera, fortalecer la integración productiva y la industrialización, la reducción de las asimetrías y la agenda externa del 257

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bloque, destinada a su vez, a ampliar los mercados para las exportaciones y la alentar la reforma de la gobernabilidad global política, económica y comercial. Bibliografía Centro de Economía Internacional (cei). Disponible en: http://www.cei.gov.ar. ___ (2011), Panorama Económico Internacional, núm. 39, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. ___ (2012), Panorama Económico Argentino, núm. 69, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. cepal (2011), La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. xli Cumbre del Mercosur (2011), Documento final, Asunción. xlii Cumbre del Mercosur (2011). Documento final, Montevideo.

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Malvinas, petróleo, pesca y soberanía en el marco de la integración latinoamericana

Carolina Crisorio En 1774, el Reino Unido se retiró de las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico sur, reconociendo la soberanía de la corona española. Tras las guerras de emancipación, las Islas Malvinas pasaron a la administración de la Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1820 se envió la fragata La Heroína a notificar que se tomarían medidas para regular la caza y la pesca en la región y se tomó posesión formal de las Islas Malvinas. En 1823, el primer gobernador fue Pablo Areguati. Entre los primeros en recibir concesiones de tierras estaba Luis Vernet, quien en 1829 fue nombrado gobernador de las islas con el cargo de comandante. Su acción decidida en el control de la caza indiscriminada de mamíferos pinnípedos (focas, lobos y elefantes marinos) y el tráfico marítimo molestó a los Estados Unidos, que reclamaron la intervención del Reino Unido (1831). Finalmente, en 1833, en una clara acción de piratería, Gran Bretaña expulsó a la población local y se apropió de las islas, “casi 60 años después del retiro voluntario de 1774”. Desde ese momento, los sucesivos gobiernos argentinos reclamaron la restitución de las islas. En la segunda posguerra, el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514, en 1964, en la que se establecía que ambas partes debían sentarse a negociar para encontrar una salida diplomática a la descolonización de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.1

1. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales: Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Diplomacia Argentina en Naciones Unidas. 1945-1981, Buenos Aires, cari, 1981, p. 203.

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Durante la presidencia de Arturo Illia, el representante de la Argentina en el Subcomité iii especial, en su 307ª reunión del 11 de noviembre de 1964, recordó que los ingleses, al retirarse en mayo de 1774 del islote Saunders, dejaron una placa de plomo que decía “Be it known to all nations that Falkland’s island with this port”, lo cual para Rueda demostraba que “se menciona el posesivo singular, lo que demuestra, unido a la aceptación británica de la posesión española de Puerto Soledad, que las pretensiones inglesas estuvieron limitadas, en la época en que estuvieron en Puerto Egmont, a este establecimiento exclusivamente y no a todo el Archipiélago”. Todos los gobiernos argentinos civiles o militares, mantuvieron el tema dentro de los carriles diplomáticos. Sin embargo, bajo la última dictadura (1976-1983), el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, que ocupó la presidencia entre 1981 y 1982, frente a la política dilatoria de Londres, terminó generando una situación que fue aprovechada por el gobierno conservador de Margaret Thatcher para iniciar un conflicto bélico. El tema Malvinas se transformó en un foco de distracción para ambos contendientes. Por un lado, las políticas económicas neoliberales aplicadas en el Reino Unido despertaban resistencia y críticas internas. Por el otro, la dictadura argentina creyó que podría sofocar la resistencia a su política de terrorismo de Estado, que cobró 30,000 detenidos-desaparecidos y que impulsó una política de concentración económica con efectos socioeconómicos negativos.2 Luego de que se suspendieron las operaciones militares,3 Thatcher dividió en dos la jurisdicción, por un lado las islas Georgias, que fueron puestas bajo directa dependencia de Londres. Por el otro, las Malvinas e islas del Atlántico Sur. Tres décadas más tarde, la región se ha convertido en el principal escenario militar del Atlántico sur de los británicos y sus aliados de la Unión Europea (ue). En efecto, la base militar de Malvinas tiene una importancia creciente. Cuenta con campos de entrenamiento para las tropas que luego son utilizadas en los escenarios bélicos más

2.

Galtieri habría querido dar un golpe de efecto para forzar a los británicos a una negociación de restitución de las islas y no llegar a la guerra, pero chocó con el oportunismo beligerante de Thatcher. Eso explica que el gobierno nacional y los oficiales argentinos evitaran “perjudicar” los intereses británicos en las islas o en la Argentina continental. 3. A mediados de junio de 1982 tras las gestiones del papa Juan Pablo II se suspendieron las operaciones militares y las tropas argentinas se rindieron. El cese de las hostilidades se alcanzó a principios de la presidencia de Carlos S. Menem.

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Malvinas, petróleo, pesca y soberanía en el marco de la integración latinoamericana

candentes, como Irak. Posee centros de comando y control electrónicos, submarinos nucleares, aviones de combate (tifón), vickers vc10, Hércules C3 y helicópteros Seaking Har3, como también armamento misilístico (con un alcance de 2,500 km), destructores tipo 42 y 45, y buques costeros para patrullaje. Mount Pleasant cuenta con dos pistas aéreas transcontinentales y el corredor de dependencias militares más largo del mundo. También hay asentamientos militares en puerto Stanley y en Mare Harbour. La administración británica ha creado la Falkland Patrol que vigila durante las 24 horas del día las aguas que Londres considera propias y que Buenos Aires reclama para la Argentina. En segundo término, el accionar de la base militar de Malvinas se ha coordinado con la de la base británica de la Antártida que desde 2007 ha sido reconocida como territorio de ultramar por la ue y que en la actualidad es sede de destacamentos militares anglofranceses de ese bloque europeo. En las Georgias también se ha establecido un destacamento militar, no tan importante, pero que ayuda a conformar un triángulo en el que se desplazan navíos de guerra que protegen las actuales y potenciales actividades económicas en las islas y adyacencias. No solo desplegaron una importante flota aeronaval, sino también en 2010 se iniciaron pruebas misilísticas. Frente a la embestida diplomática argentina el Almirantazgo, si bien apoyó la renovación de la flota, protestó frente al anuncio del retiro de los Harriers porque pasaría una década antes de que pudieran ser reemplazados por nuevos aviones de combate. Todos estos gestos coloniales e imperialistas fueron oportunamente repudiados por el gobierno argentino en todos los foros internacionales: Naciones Unidas (onu), la Organización de los Estados Americanos (oea), el Grupo de los Veinte, Mercosur, unasur y Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (celac). El tema, además, se suele incluir en todos los contactos bilaterales que realiza el gobierno argentino con todos los países del mundo. A fines de 2010 el Ministro de Defensa británico, Liam Fox, declaró que tenían un plan para recuperar Malvinas en caso de la que la Argentina la invadiera. A esto el canciller argentino, Héctor Timerman, respondió: “No voy a entrar en ninguna provocación del ministro de Defensa inglés. Él dice ‘no las pienso perder’. Que no se haga problemas, nosotros no las pensamos atacar”, y agregó: “No voy a entrar en ningún tipo de agresiones. Ellos dispararon misiles 261

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(en maniobras realizadas el mes pasado) e hicimos la protesta donde había que hacerla” (Clarín, 2010). El gobierno argentino ha logrado un activo apoyo de los socios y asociados de Mercosur, como también de la unasur y recientemente de la celac. En septiembre de 2011, la presidenta argentina advirtió a Londres en la Asamblea General de las Naciones Unidas que existía la posibilidad de que Chile suspendiera los vuelos semanales a Malvinas si el gobierno británico no aceptaba sentarse a negociar. En octubre de ese mismo año, el ministro de Defensa, Liam Fox, afirmó que el gobierno británico garantizaría la seguridad de las islas y los kelpers. En la reunión de Mercosur realizada en Montevideo en diciembre de 2011, se aprobó una resolución que establecía que buques con bandera de las islas no tendrían la entrada permitida en los puertos de los países socios y asociados del bloque. Como respuesta, el canciller británico, William Hague, hizo declaraciones a la prensa diciendo que Brasil, Chile y Uruguay no se sumaban a esa medida, lo cual fue rápidamente desmentido por los tres países. En un clima cada vez más tenso, a principios de 2012 el gobierno de las islas impidió que un crucero recalara en los puertos de Malvinas porque viajaban algunos pocos pasajeros argentinos. Tres días después, el 18 de enero, el premier británico, Cameron, declaró que la firme postura argentina era “mucho más que colonialismo”. En esa misma línea, el 27 de enero de 2012 el ministro de Defensa británico, Gerald Howard, sostuvo que el Reino Unido estaba listo para defender el archipiélago ante cualquier agresión argentina. Estas declaraciones fueron rechazadas por el Senado argentino, que reiteró que la posición mayoritaria argentina era reclamar únicamente por vía diplomática la necesidad del diálogo (bbc, 27 de enero de 2012). La importancia de las islas desde el punto de vista económico se basa en la riqueza ictícola, que nutre la marina pesquera de naciones europeas y asiáticas bajo licencias otorgadas por los británicos, tema continuamente denunciado por Buenos Aires. En la misma línea se pronuncia el gobierno argentino, respecto de la exploración y explotación petrolera. Desde 2005, la Rockhopper Exploration plc ha realizado estudios sísmicos y otros trabajos. En abril de 2010 se anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la cuenca Malvinas Norte, con ayuda de la plataforma de perforación Ocean Guardian 262

Malvinas, petróleo, pesca y soberanía en el marco de la integración latinoamericana

trasladada desde Escocia. La Rockhopper y la Desire Petroleum plc están en el Alternative Investment Market (aim), dedicados a la exploración de petróleo y gas en la cuenca Malvinas Norte. La Desire publicó en su página en la web que los descubrimientos tendrían un valor potencial de más de 700 millones de dólares.4 En estas tareas colaboraron buques como el Maersk Traveller, Maersk Pacer y Toisa Invicible. Al mismo tiempo, al sur de las islas, la Borders and Southern Petroleum se atribuyó un área de alrededor de 20,000 km² a través de cinco licencias. La bhp Billiton —productora de aluminio, carbón, cobre, energía, mineral de hierro, manganeso, níquel, plata, minerales de titanio y uranio, además de petróleo y gas en diferentes lugares del mundo—, tiene desde 2007 catorce licencias de exploración y explotación de petróleo y gas “costa afuera” de las Malvinas, y cubre el 40% de las aproximadamente dieciocho millones de hectáreas sobre las que ilegalmente realizan su trabajo a una profundidad que oscila entre los 200 y 2,000 metros, mientras que su socia local, la Falkland Oil and Gas Limited (fogl) trabaja sobre el 60% restante. Por su parte, los países latinoamericanos se han negado a aceptar barcos con bandera británica de Malvinas. Han apoyado las protestas argentinas no solo por la militarización del Atlántico sur, sino también por el recambio paulatino por una marina más moderna. El entrenamiento que ha realizado uno de los posibles herederos del trono, William, en Malvinas coincidió con el viaje del destructor de clase 45 hms Dauntless, lo cual ha merecido el repudio argentino y de otros países de la región. En esos días, su hermano Harry visitó Brasil y recibió el repudio de manifestantes opuestos a la política colonial e imperialista británica. El Reino Unido continúa desoyendo a las Naciones Unidas y al reclamo creciente de los países de América Latina y el Caribe de sentarse a negociar el tema de la soberanía bajo el pretexto de que respetan la voluntad de los habitantes de las islas, los kelpers. Los kelpers rechazaron el ofrecimiento del gobierno argentino de establecer vuelos hacia las islas desde la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, en declaraciones recogidas por la bbc (26 de enero de 2012), sostuvo: “No les pedimos a los isleños que dejen de ser ingleses, 4.

Rockhopper Exploration, s.f.; Borders and Southern Petroleum plc, s.f.; Desire Petroleum plc, s.f.; bhp Billiton (s/f).

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como tampoco lo hacemos con cualquier otra persona de diferente nacionalidad que viva en nuestro país». Señaló: “Hay muchísimas empresas inglesas que trabajan e invierten en nuestro país. Están British Petroleum, hsbc Glaxo, British Telecom, Unilever, entre otras. Ellas están acá y no nos tienen miedo”. “El primer ministro [David Cameron] debería charlar con estas empresas para que le digan cómo son los argentinos”, agregó. Solo endureció el tono cuando se refirió a los recursos naturales en las islas: Están depredando nuestros recursos naturales; nuestro petróleo, nuestra pesca (...), hay petroleras sin control, con riesgo de derrames y pesca indiscriminada. Esta semana llegó una nueva plataforma petrolera contratada por dos empresas británicas que exploran crudo en el fondo del Atlántico Sur en el área controlada por el Reino Unido. La búsqueda del hidrocarburo en las profundidades del océano se aceleró en los últimos años, pero aún ninguna ha podido comprobar científicamente que las supuestas reservas existentes son posibles de extraer en un yacimiento de manera rentable.

En abril de 2012 la Cancillería argentina mostró uno de sus éxitos diplomáticos: En el marco de las acciones emprendidas por el Estado Nacional contra las empresas que realizan o pretenden realizar exploración y explotación ilegítimas de hidrocarburos en aguas del Atlántico Sur, cercanas a las islas Malvinas y en consecuencia parte integrante del territorio nacional argentino, esta Cancillería informa que ha recibido con satisfacción nota de respuesta de la conocida empresa British Petroleum”, comunicaron ayer desde el Palacio San Martín…“Al respecto, deseamos puntualizar que British Petroleum no participa en actividades de exploración de hidrocarburos en la región a la que refiere dicha nota, ni tiene planes de hacerlo en el futuro (Página 12, 2012).

El 1º de mayo de 2012, el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel solicitó una entrevista con David Cameron para promover el diálogo entre las partes. Su intención era entregar una carta suscrita junto a otros seis galardonados por el Nobel: Mairead Corrigan Maguire (Irlanda del Norte), Rigoberta Menchú Tum (Guatemala), Desmond Tutu (Sudáfrica), Jody Williams (Estados Unidos), Shirin Ebadi (Irán) y Leymah Gbowee (Liberia), a la que se sumaron importantes personalidades. La entrevista fue rechazada por Cameron, aunque otorgada por el Parlamento del Reino Unido. 264

Malvinas, petróleo, pesca y soberanía en el marco de la integración latinoamericana

El 2 de mayo la embajadora argentina, Alicia Castro, inquirió en una rueda de prensa al canciller británico William Hague: Viendo que Naciones Unidas y la comunidad internacional y un amplio grupo de ganadores del Premio Nobel de la Paz urgieron a ambos países a negociaciones para encontrar una resolución pacífica y permanente [al tema Malvinas], mi pregunta es: ¿Está usted listo para el diálogo? ¿Daremos una oportunidad a la paz? (La Nación, 2012).

Hague evitó dar una respuesta. En la reunión de principios de junio de 2012 en Bolivia, todos los miembros de la oea, incluidos los países anglófonos del Caricom votaron por unanimidad a favor de que el Reino Unido se siente a una mesa de negociaciones con la Argentina, tal como lo estipulan las dieciséis resoluciones del Comité de Descolonización. Frente a este foro, los británicos han informado extraoficialmente que irían a una mesa de negociaciones. Sin embargo, pocos días después Londres anunció la realización de un plebiscito en las islas a mediados de 2013 para consultar a los kelpers acerca del tema de la soberanía. Estando en agenda la visita de Cristina Fernández de Kirchner al Comité de Descolonización de la onu, la respuesta extraoficial fue: “Los efectos de esa consulta gozan a priori de nulidad insanable, puesto que son ciudadanos ingleses, trasplantados a un territorio usurpado por la fuerza, confirmando de qué manera desean continuar siendo súbditos de la corona inglesa”, señaló a bbc Mundo Juan Recce, directivo del Centro Argentino de Estudios Internacionales, quien es afín a la postura gubernamental sobre las islas.”(bbc, 12 de junio de 2012).

La crisis económica y financiera de los últimos años, surgida en el seno de los países más industrializados, ha buscado en la confrontación bélica no solo controlar recursos y territorios estratégicos sino también estimular el complejo militar- industrial. América Latina y el Caribe se encuentran frente a un escenario en el que las grandes potencias extrarregionales continúan conspirando para derrocar gobiernos realizando incursiones militares, y Malvinas es un capítulo colonial que se ha transformado en una amenazante base militar que temprano o tarde podría tentar a nuevas formas de agresión o mal disimuladas amenazas para disciplinar a la Patria Grande. Sin embargo, la firme actitud de Mercosur y unasur se está convirtiendo en instrumento de afirmación frente a las embestidas colo265

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nialistas e imperialistas. Del mismo modo, intentan ser un freno a los periódicos ataques a las democracias de nuestros países, como lo ha demostrado la drástica postura de estas y otras asociaciones, como la Alianza Latinoamericana para los Pueblos de Nuestra América (alba) y el Sistema de la Integración Centroamericana (sica) contra el reciente golpe de Estado en Paraguay en junio de 2012. Bibliografía (2012), “Cristina Fernández responde a acusaciones en disputa por las Malvinas/Falklands”, 26 de enero. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/ mundo/noticias/2012/01/120125_argentina_malvinas_falklands_cristina_ respuesta_vh.shtml. Consultado: 1 de cctubre de 2013. ___ (2012), “Funcionario británico dice que Argentina no tiene la capacidad de tomar las islas Malvinas/Falklands”, 27 de enero. Disponible en: http:// www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/01/120126_ultnot_malvinas_ falklands_ao.shtml. Consultado: 1 de octubre de 2013. ___ (2012), “El plan de Malvinas / Falklands para poner fin al conflicto con Argentina”, 12 de junio. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/06/120612_argentina_malvinas_falklands_referendum_vh.shtml. Consultado: 1 de octubre de 2013. bhp Billiton (s/f), Home. Disponible en: http://www.bhpbilliton.com/home/Pages/ default.aspx. Consultado: 1 de octubre de 2013. Borders and Southern Petroleum Plc (s/f), Home. Disponible en: http://www. bordersandsouthern.com/home/ Consultado: 1 de octubre de 2013. Clarín (de 2010), “De Timerman a Gran Bretaña: ‘No se hagan problemas, no pensamos atacar Malvinas’”, 5 de noviembre. Disponible en: http://www.clarin. com/politica/Timerman-Gran-Bretana-problemas-Malvinas_0_366563579. html. Consultado: 28 de septiembre de 2013. Desire Petroleum Plc (s/f), Home. Disponible en: http://www.desireplc.co.uk/ index.php Consultado: 1 de enero de 2013. La Nación (2012), “Alicia Castro sorprendió al canciller británico al preguntarle por Malvinas”, 2 de mayo. Disponible en: http://www.lanacion.com. ar/1469508-alicia-castro-sorprendio-al-canciller-britanico-al-preguntarlepor-malvinas Consultado: 1 de octubre de 2013. Página 12 (2012), “BP se bajó de la plataforma”, 11 de abril. Disponible en: http:// www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-191601-2012-04-11.html. Consultado: 1 de octubre de 2013. Rockhopper Exploration (s/f), Home. Disponible en: http://www.rockhopperexploration.co.uk/rockhopper.htm. Consultado: 1 de octubre de 2013. bbc

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alba, unasur

y celac: El regionalismo latinoamericano en la percepción de think tanks de Estados Unidos

Luis Fernando Ayerbe En este ensayo se analizan las percepciones de centros de pensamiento estratégico de Estados Unidos sobre la profusión de organizaciones latinoamericanas de los años recientes y su impacto para las relaciones hemisféricas, destacando la Alternativa Bolivariana para las Américas (alba), la Unión de Naciones Sudamericanas (unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac). Iniciamos el texto con un acompañamiento de los diferentes abordajes sobre las tendencias del multilateralismo regional a partir del final del gobierno de George W. Bush, y concluimos con el significado atribuido a la celac, constituida oficialmente en su primera Cumbre, realizada en Caracas en diciembre de 2011. La selección de think tanks estadounidenses incluye seis centros de reconocida interlocución con la política exterior del país: 1) American Enterprise Institute, cuyo coordinador del Programa Latinoamericano es Roger Noriega, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de George W. Bush; 2) Brookings Institution, que cuenta entre sus miembros con Susan Rice, actual embajadora en las Naciones Unidas; 3) Center for American Progress, cuyo exdirector del Programa Latinoamericano, Dan Restrepo, ejerce actualmente el cargo de director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional; 4) Center for Strategic and Internacional Studies, que busca posicionarse de forma más independiente con relación a los partidos Demócrata y Republicano, cuenta entre sus consejeros a Zbigniew Brzezinski, asesor de 267

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seguridad nacional del gobierno de Jimmy Carter, y tuvo como miembro a Otto Reich, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de George W. Bush; 5) Heritage Foundation, una de las principales referencias del pensamiento conservador, cuyo analista de política exterior, Ray Walser, ejerce la copresidencia de la campaña del candidato republicano Mitt Romney para los temas relativos a América Latina; 6) Inter American Dialogue, a diferencia de los demás, está orientado exclusivamente a los asuntos hemisféricos, con participación en su Consejo Directivo de exfuncionarios de gobiernos republicanos y demócratas, como Carla Hills, representante comercial de George H. W. Bush, y Thomas F. McLarty iii, enviado especial para las Américas de Bill Clinton. 1. Relevancia del multilateralismo latinoamericano para la política externa estadounidense Dos temas adquieren mayor realce en la vinculación que los think tanks seleccionados establecen entre las relaciones hemisféricas de los Estados Unidos y el papel de las organizaciones regionales: 1) Se reconocen diferencias entre el radicalismo atribuido al alba y la mayor moderación que pauta a unasur y celac, aunque gana relevancia el hecho de que las dos últimas, más amplias en términos de participación de países, también dejan fuera a Estados Unidos y tienden a debilitar la influencia de la oea, tradicional foro de establecimiento de agendas que envuelven el conjunto del hemisferio; 2) Se reconoce la disminución de la atención con la región, que en los últimos años quedó cada vez más alejada del centro de la política exterior estadounidense, lo que abrió el camino para la pérdida de influencia. Comenzando con el campo más próximo a los gobiernos republicanos, tanto el American Enterprice Institute (aei) como la Heritage Foundation focalizan la atención en el activismo de Hugo Chávez y su estrategia de debilitamiento de la influencia de Estados Unidos. Analizando los desafíos del presidente a ser electo en 2008, Roger Noriega coloca entre los realces el “imperialismo bolivariano” sustentado financieramente por el contexto de alza de los precios del petróleo, presentado como factor de fortaleza coyuntural aunque de limitado alcance estructural, y prevé un inevitable fracaso cuando el mercado se estabilice. Sin embargo, @CITA = For the time being, Chávez is on a roll, and U.S. diplomacy may be shrinking from the challenge. His brazen march toward dicta268

alba, unasur y celac:

El regionalismo latinoamericano en la percepción de think tanks de Estados Unidos

torship continues with very little comment from U.S. diplomats, who are struggling to look unperturbed but not indifferent. Constitutional shoving-matches in Bolivia and Ecuador have drawn little or no attention. Those who once joined the United States in speaking their minds in the defense of democratic values--Canada, Chile, Central American countries, and Colombia--have gone silent. Those who wished that the United States would work more collegially have failed to coax the Organization of American States (oas) to assume its rightful role in the multilateral defense of democratic order (Noriega, 2007). En la perspectiva de analistas de la Heritage Foundation, la estrategia bolivariana adquiere notoriedad en tres áreas importantes de la agenda estadounidense: economía, política de drogas y defensa. En el ámbito económico, Ray Walser remite al discurso de Chávez en la reunión de Jefes de Estado de los países del alba en noviembre de 2008, en Caracas, cuando llamó a terminar con: the ‘hegemony of the dollar’ and proposed creating a “solidarity-based commercial exchange system” centered on a single monetary zone and the establishment of a joint currency, the ‘sucre’, to be established within two to three years. Chávez pressed for alba members to loosen ties with the Inter-American Development Bank (iadb) because it exerts political pressure on loan recipients and endorsed Ecuadorian President Rafael Correa’s idea of conducting an audit or debt tribunal to determine which foreign debts are legitimate (Walser, 2009b, p. 10).

En declaración al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso en diciembre de 2009, Walser establece un paralelo entre la política de debilitamiento de la presencia de Estados Unidos patrocinada por el alba y la política de combate a las drogas: While alba purports to seek the integration of people’s regimes for the promotion of social justice and the benefit of the poor and marginalized, it also cloaks a consistent strategy of non-cooperation aimed at reducing U.S. access and influence in region. Booting the Drug Enforcement Agency out of Bolivia or Venezuela, closing the forward operating base at Manta in Ecuador, and expelling U.S. ambassadors on flimsy pretexts are all signs of a consistent effort to undercut past joint progress on the drug front. The Bolivarian leaders see their strength waxing whenever U.S. influence wanes (Walser, 2009c).

En el campo de la defensa, Walser y Ortiz destacan la aproximación entre Venezuela y Rusia, que se torna su mayor proveedor de armas, y el apoyo a las iniciativas de la unasur para la creación del Consejo de Defensa 269

Luis Fernando Ayerbe

Sudamericano, lo que coloca en evidencia la convergencia con Brasil, aunque deja claras las diferencias de abordaje de los dos países. Although Brazil and Venezuela are the project’s main promoters, they maintain contradictory views about the new body’s goals and implementation mechanisms. It is also worth noting that this regional security architecture is meant to be a Latin American-only club, thereby excluding the U.S., despite its undeniable role as an essential contributor to hemispheric security and stability. Under such conditions, unasur is bound to fail (Walser y Ortiz, 2008).

En documento posterior, Walser enfatiza el carácter diferenciado del ejercicio de liderazgo por parte de Brasil, paralelamente a la búsqueda de mayor autonomía regional, lo que modera el alcance de la influencia venezolana. Chávez recognizes he cannot entirely dictate the regional agenda for Latin America. He must, therefore, remain sufficiently flexible to support projects such as the recently created Union of South American States (unasur). He must also adjust economic and trade policies sufficiently to preserve membership in South America’s common market, Mercosur (Walser, 2009b).

La búsqueda de autonomía a través de esas organizaciones se refuerza por los efectos de la crisis financiera desatada en 2008, cuando Asia, y especialmente China, amplían su proyección en las relaciones económicas de la región. En ese cuadro de menor influencia estadounidense, Walser sugiere al gobierno Obama que no desdeñe los frutos que atribuye a la política consistente y de carácter bipartidista de las dos últimas décadas: From the Brady Plan for debt relief, democracy promotion under the National Endowment for Democracy umbrella, and the Enterprise for the Americas Initiative, all products of the Reagan -- Bush era, through the North American Free Trade Agreement (nafta), the Summit of the Americas process, and Plan Colombia under President Clinton to bilateral free trade agreements, the Millennium Challenge Corporation (mcc), and the Merida Initiative of the past Administration, one Administration after the next has built on the work of its predecessors. Latin Americans need to be gently reminded of these costly and extensive U.S. policy initiatives of the past twenty years when they begin complaining about U.S. inattention to the region (Walser, 2009a).

En el campo de los think tanks más próximos a gobiernos demócratas, si bien la preocupación con la pérdida de influencia y la emergencia de 270

alba, unasur y celac:

El regionalismo latinoamericano en la percepción de think tanks de Estados Unidos

nuevos polos de poder también está presente, se descartan amenazas al orden hemisférico originarias de la izquierda que gobierna importantes países de la región. Lo que se desea es que el gobierno de Estados Unidos trabaje en la construcción de alianzas que exploten las diferencias entre los liderazgos de Venezuela y Brasil, expresas en alba y unasur. Citando el descontento generado en 2009 por el anuncio de Colombia de la utilización por parte de Estados Unidos de bases militares en su territorio, que llevó a un mayor aislamiento de su principal aliado Álvaro Uribe, Diana Villiers Negroponte, de la Brookings Institution, cuestiona la postura del gobierno Obama de no tomar en cuenta a Brasil a la hora de promover esa iniciativa. The result of the announcement was strident ‘anti-gringoism’, which played into the hands of Hugo Chavez and his colleagues within alba, the Bolivarian Alternative for the America. It also left Brazilian President Lula, the founder of the South American Defense Force that deliberately excluded U.S. participation, irritated that he had not been consulted sufficiently ahead of time. Good neighborliness surely indicated a formal ‘heads up’ before U.S. aircraft acquired landing rights at airbases on Brazil’s northern border (Villiers Negroponte, 2009).

Michael Werz y Winny Chen, del Center for American Progress, refuerzan la percepción del Consejo de Defensa Sudamericano como iniciativa que explicita el objetivo de liderazgo brasileño, buscando “increase transparency in military expenditures, promote military cooperation among its member states, and resolve regional disputes” con la clara exclusión de los Estados Unidos, presionados a “renew its presence in a dramatically changed regional environment” (Werz y Chen, 2010). Evaluando los desafíos de un cuadro complejo de proliferación de mecanismos de interlocución subregional, un documento del Center for American Progress sobre las relaciones entre Brasil y Estados Unidos recomienda al gobierno Obama asumir la iniciativa de reforma de la oea, instancia privilegiada para el diálogo hemisférico y en la cual la búsqueda de convergencias con aliados como el Brasil se vuelve fundamental. While this dynamic works itself out across Latin America, a meaningful U.S. dialogue with Brazil, cognizant of the country’s nuanced approach to regional diplomacy, is crucial. Brazil is not inclined to take an overtly confrontational approach in its regional diplomacy—particularly if the United States is at the table—and will not want to be viewed as a lackey of the United States. At the same time, however, Brazil has a growing appreciation of the value of regional stability given the exposure of its

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Luis Fernando Ayerbe development bank and Brazilian multinational corporations to political risk throughout the Americas and around the globe (Meiman y Rothkopf, 2009).

La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sin la participación de Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que profundiza la percepción de pérdida de influencia estadounidense, coloca interrogantes sobre la operatividad de la nueva organización, en comparación con la oea, llevando en cuenta su capacidad de administrar la diversidad que caracteriza a la región. Con relación al primer aspecto, la manifestación unánime de los miembros de la celac a favor de retomar las negociaciones para el fin del exilio y el retorno del expresidente Manuel Zelaya a Honduras, es percibida por Johanna Mendelson Forman, del Center for Strategic and International Studies, como una señal de los cambios por los cuales viene pasando el Hemisferio; por otro lado, “whether we have entered a new age of multilateralism that looks south rather than north for leadership will only be determined by how countries in Latin America work collaboratively to address common problems in the future” (Mendelson Forman, 2011). Sin desconocer esos desafíos y la necesidad de que Estados Unidos promuevan la revitalización de la oea, Peter Hakim, del Inter American Dialogue, llama la atención hacia un aspecto poco destacado en los análisis sobre la creación de la celac: el acuerdo de integración económica entre México y Brasil anunciado por sus respectivos presidentes, lo que, en su opinión, podrá tener gran poder transformador. With a Brazil-Mexico accord in place, nearly every Latin American country would be linked up through the existing network of shared economic and trade agreements. Brazil would tie Mexico to its Mercosur partners Argentina, Paraguay and Uruguay, while Mexico would bring Brazil closer to its nafta partners, the U.S. and Canada. nafta and Mercosur are two sets of countries that have so far been unable to build productive trade ties. A robust Brazil-Mexican economic relationship could become the cornerstone of a new attempt to forge a hemisphere-wide trade agreement to replace the currently hopeless negotiations for the Free Trade Area of the Americas (ftaa) (Hakim, 2010).

En junio de 2011, respondiendo al portal argentino Infobae sobre cómo Washington evalúa el surgimiento de las nuevas organizaciones multilaterales en América Latina y el Caribe, Michael Shifter, del Inter American Dialogue, presenta una síntesis que nos parece ilustrativa del análisis que desarrollamos hasta aquí: 272

alba, unasur y celac:

El regionalismo latinoamericano en la percepción de think tanks de Estados Unidos

En general, Washington recibe bien estos nuevos mecanismos que están surgiendo en la región, porque son vistos como complementarios con la oea y otros foros de los que participan los Estados Unidos. Es preferible tener instituciones débiles que no tener ningún tipo de instituciones. Hay cierto escepticismo sobre cuán sólidos y coherentes pueden llegar a ser estos nuevos organismos regionales, especialmente ante las divisiones políticas entre los diferentes gobiernos. Incluso dejando de lado a los Estados Unidos, hay una gran desconfianza entre varios países de América Latina. Hasta ahora unasur cumplió una función positiva en algunos casos, como en la reducción de las tensiones entre Colombia y Venezuela, pero los desafíos institucionales son considerables. Washington sigue de cerca cómo evoluciona esto; es claro que la región cambió y que la influencia de los Estados Unidos declinó notablemente. Algunos podrán extrañar los viejos tiempos de hegemonía estadounidense, pero la mayoría está de acuerdo en que Washington tiene que entender y relacionarse mejor con estas nuevas realidades (Shifter, 2011).

Consideraciones finales Un elemento común verificado en los abordajes de los seis think tanks es la escasa relevancia atribuida a las organizaciones latinoamericanas como objeto específico de análisis, prevaleciendo su dimensionamiento como proyección de los intereses nacionales de países miembros, en que se destacan, por orden de prioridad, Venezuela (alba), Brasil (unasur, celac) y México (celac). Esto se reflejó desde el inicio de nuestra investigación, durante el proceso de inventario de fuentes, en que las escasas alusiones a los organismos regionales se dan dentro de estudios que toman como foco los países citados. Las referencias que aquí utilizamos prácticamente agotan las publicaciones de esas instituciones sobre el impacto de la actuación de las tres organizaciones en las relaciones hemisféricas. El caso de celac es paradigmático. Siendo la iniciativa más ambiciosa en términos de articulación y expresión de autonomía regional, fuera del Inter American Dialogue y el Center for Strategic and International Studies ya citados, desde 2010 hasta el momento en que escribimos este texto no existen menciones a esa organización en los otros think tanks.

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Luis Fernando Ayerbe

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Dimensión cultural

El poder de la cultura

Ignacio Medina Núñez Debemos continuar dando respuestas culturales a los problemas de nuestra vida cotidiana, política y económica. Fuentes, 2011, p. 69

El año 2011 estuvo marcado en todo el mundo por el movimiento de los Indignados;1 al mismo tiempo, durante el mismo año ocurrieron en el mundo árabe numerosas protestas y movilizaciones que llevaron incluso a la caída de regímenes como los de Túnez, Egipto y Libia. De esta manera, por ejemplo, para la revista Time, la figura de 20112 fue asignada al Protester. En el caso de los indignados, se trata de una reacción en contra especialmente de la especulación de los grandes grupos financieros que son, en gran parte, los responsables de la crisis internacional de endeudamiento y recesión que ha llevado a uno de los más altos niveles de desempleo y empobrecimiento de grandes sectores de población en numerosos

1.

2.

Stèphane Hessel había participado en 1948 en la elaboración y redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y publicó en los últimos años su texto Indignez-vous! y el de Engagez-vous!; ambas publicaciones son claves para entender las manifestaciones de 2011: “cuando algo nos indigna, nos convertimos en militantes, nos sentimos comprometidos y entonces nuestra fuerza es irresistible” (Hessel, citado por Ramonet, 2011). A finales del 2011, la revista Time señaló como figura del año (person of the year) a the protester, referido al ciudadano que, indignado o enfurecido por la insatisfacción relacionada con la forma de gobierno de su país, ha ocupado, reunido en multitud, las calles, para ejercer los derechos civiles de manifestarse públicamente, pero también para influir en la forma como los gobernantes están realizando su labor: “In 2011, protesters didn´t just voice their complaints; they changed the world” (Andersen, 2011).

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Ignacio Medina Núñez

países, y provocado protestas masivas en Grecia, España, Inglaterra, Estados Unidos. En el caso del mundo árabe, hay que documentar también la insurgencia de miles de manifestantes en contra de gobiernos autoritarios como fueron los casos de Túnez y Egipto (las llamadas Spring Revolutions), que luego se extendieron a Libia, Bahrein y Siria. Sin embargo, ni indignados ni movimientos de protesta han llenado de manera significativa las calles de las ciudades latinoamericanas; ello solamente ha ocurrido en países desarrollados, como Estados Unidos y naciones de la Unión Europea. Sin embargo, en una región caracterizada por la desigualdad y la pobreza, por un alto grado de violencia y delincuencia, por la realización de proyectos salvajes en cuanto a la extracción de productos primarios, por el desempleo y la expectativa de un futuro incierto en cuanto al desarrollo económico, no se ha producido una insurgencia masiva y violenta de ciudadanos frente a sus gobiernos —como lo fue en algún momento el despertar del México bronco—. En general, en América Latina solamente hemos estado viviendo la profundización de algunos movimientos ciudadanos que, dentro de las vías institucionales, buscan incidir tanto en la selección de sus gobernantes a través de las periódicas elecciones como en la búsqueda de una mejor forma de gobernar de los políticos para atender los intereses mayoritarios de la población y obligarlos a cumplir promesas de campaña; las reivindicaciones económicas y políticas son claras, pero sin un acompañamiento de movilizaciones masivas en las calles. Se sigue sintiendo en nuestra región el peso de las consecuencias de la crisis económica mundial y también el peso de los despotismos autoritarios en la manera de hacer política nacional o local, pero el camino hacia reformas profundas o hacia mejores niveles de desarrollo apenas se está gestando en el imaginario colectivo de la población. Por ello, es importante el planteamiento hecho en el último libro de Carlos Fuentes, publicado durante 2011, sobre La gran novela latinoamericana, que es lo que vamos a reseñar en esta ocasión al hablar de la vinculación entre temas de cultura e integración. Fuentes siempre manifestó con claridad su postura sobre el poder de la cultura, expresando gran parte de sus tesis desde la publicación de El espejo enterrado, en la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, en que muestra con orgullo la identidad de los latinoamericanos mediante la confluencia de los orígenes de la influencia occidental a través de los españoles, de todas las grandes tradiciones del mundo de los habitantes indígenas originarios

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El poder de la cultura

de este continente, y también de la negritud producto de tantas migraciones forzadas para alimentar de mano de obra los trabajos de la colonia. Si bien la realidad empírica todavía en el siglo xxi nos manifiesta una gran inestabilidad económica, y sobre todo esa fragmentación política donde la mayor parte de los países sigue encerrada en nacionalismos extremos, hay que insistir en la gran tradición del pensamiento bolivariano, donde la gran patria americana todavía puede soñarse en beneficio de la mayoría de esa población de cerca de 590 millones de latinoamericanos. El escritor hace una referencia muy interesante sobre los efectos del pensamiento político en Hispanoamérica por parte de tres grandes personajes del inicio de la modernidad europea del siglo xvi, correspondiente a tres grandes niveles de la realidad: el análisis de lo que es (Maquiavelo), de lo que debe ser (Tomás Moro) y de lo que puede ser (Erasmo de Rotterdam). “El realismo político y la energía de Maquiavelo; el sueño de una sociedad humana justa de Tomás Moro, y el elogio erasmiano de la postura irónica que permite a los hombres y a las mujeres sobrevivir sus locuras ideológicas. Los tres harán escalas en el Nuevo Mundo” (Fuentes, 2011, p. 48). ¿Cómo fue conocido el primero en nuestro continente? Maquiavelo terminó su texto en 1513 pero solamente fue publicado después de su muerte en 1532. Posteriormente, “la traducción española de El Príncipe de Maquiavelo fue publicada en 1552 y luego incluida en el Index de Libros Prohibidos — el Index Librorum Prohibitorum— por el cardenal Gaspar de Quiroga en 1584” (Fuentes, 2011, p. 40). Y es que por primera vez en la época moderna se plantea el desarrollo del mundo sin la intervención directa de Dios, lo cual pone a la acción humana como el centro del acontecer histórico, con capacidad de realizar la política y diversos proyectos de sociedad de acuerdo con intereses específicos de individuos o comunidades. No es que la religión en sí misma sea algo malo, pero, hablando específicamente de una interpretación particular de la religión católica, se puede ver que históricamente la concepción de un mundo donde solamente Dios es autor y causa única de todo lo que sucede en nuestras sociedades nos ha llevado a una alienación peligrosa, que deja de lado la responsabilidad humana en el devenir de la historia. La aparición de la época de la modernidad en el siglo xvi, si bien es un proceso muy complejo con diversas dimensiones, nos trae una nueva concepción del hombre donde la acción de los seres humanos es determinante para llevar la historia hacia una dirección determinada.

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Maquiavelo inaugura esta postura de análisis de la realidad empírica de la política proponiendo las habilidades del príncipe, del gobernante, en sus dimensiones del uso de la fuerza y de la astucia como claves en la lucha por el poder. Se puede decir, además, que el punto de partida de cualquier análisis no puede ser más que el enfoque sobre lo que está pasando en la realidad presente y que nos lleva a la visión de la política real presentada por Maquiavelo, en que todo se está decidiendo a partir de la posición determinante de El Príncipe. “¿Qué es El Príncipe, sino una alabanza de la voluntad y una negación de la providencia?” (Fuentes, 2011, p. 38). Esta fue ciertamente la razón de la prohibición del texto por parte de la Iglesia católica, pero, al mismo tiempo, a pesar de la ventaja de tener los pies en la tierra con la mirada en las condiciones de la realidad como es, también se presentaba la posibilidad de quedarnos encerrados en lo fáctico, en la realidad del presente de la política como pura lucha por el poder. Fuentes llega a ver la influencia de Maquiavelo en Hernán Cortez —aunque no lo haya conocido ni leído— con su voluntad de transformación del mundo indígena conquistado como un mundo de propiedad de los españoles, tal como lo reseña Bernal Díaz del Castillo; “finalmente esta es la historia de la colonización, del imperialismo, del genocidio y de la codicia” (Fuentes, 2011, p. 37). Pero la modernidad no solamente consistió en traernos al mundo de la realidad presente y fáctica de la lucha por el poder real en las nuevas naciones, independiente de esa concepción que pone a Dios3 como autor directo de todas las cosas; también tuvo la propuesta de la utopía, presentada como un modelo al que se podía aspirar: “Contrapuesta a esta libertad, se afirmó la de actuar sobre lo que debería ser: es la Utopía de Tomás Moro” (Fuentes, 2011, p. 19), que fue conocida en Europa a partir de 1516. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la visión de Moro tenía sus antecedentes inmediatos en la misma destrucción de las tierras recién descubiertas: “Colón le describe un paraíso terrestre a la reina Isabel La Católica en sus cartas. Utopía es objeto de una confirmación y, enseguida, de una destrucción” (Fuentes, 2011, p. 22); los rasgos del paraíso de la sociedad recién descubierta comenzaron a ser destruidos

3.

El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal ha opinado que, desde hace tiempo, Dios ha renunciado a ser Dios porque “se apartó y nos dejó para que hiciéramos el cambio solos. Nos dejó en libertad” (citado por Hermoso, 2012). Esta es una posición típica de la modernidad, en que Maquiavelo señala una concepción de la política donde todo va a depender de la fuerza del león y de la astucia del zorro.

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El poder de la cultura

casi de manera inmediata, sin que por ello se pierda la perspectiva de un sueño posible de construir. Es Vespucio quien, firmemente, hunde la raíz utópica de América. Utopía es una sociedad, los habitantes de Utopía viven en comunidad armónica y desprecian el oro: Los pueblos viven en arreglo a la naturaleza y mejor los llamaríamos epicúreos que estoicos… No tienen propiedad alguna sino que todas son comunes (Fuentes 2011, p. 22).

Por eso el descubrimiento de América no solamente fue el conocimiento de una nueva realidad que antes no existía en la mente occidental, sino también una aspiración. “La invención de América es la invención de Utopía: Europa desea una utopía, la nombra y la encuentra para, al cabo, destruirla” (Fuentes, 2011, p. 21). Para la época de la modernidad europea, sin embargo, es Tomás Moro quien representa el símbolo de esta corriente de pensamiento. Este abogado que fue canciller de Inglaterra por un tiempo bajo el reinado de Enrique VIII quiso descubrir en los relatos provenientes del nuevo mundo una sociedad basada en los derechos naturales, y por eso se dedica a hablar sobre la forma en que puede ocurrir la mejor situación en una república: De optimo rei publicae statu deque nova insula utopia; esta obra es la búsqueda de la mejor forma de gobierno que, como tal, no tiene lugar pero que es deseable para sustituir al mundo real. No existe pero podría materializarse en diversas características específicas, como el tener un horario de seis horas de trabajo al día para que el resto del tiempo los habitantes puedan dedicarse a su descanso o a actividades recreativas y de placer; no existen los gobiernos democráticos y buenos, pero puede haberlos cuando los gobernantes se dedican a favorecer los intereses comunes del pueblo; esta es la utopía de una sociedad alternativa, diferente de la que existe realmente y que podría convertirse en imaginación creadora para impulsar una voluntad de transformación, aunque muchos la han dejado solamente en el mundo de los sueños, en el nivel de lo irrealizable. La utopía, de hecho, puede tener la dimensión de lo irrealizable, pero también ella misma ha inspirado proyectos fantásticos que han logrado transformar el mundo real; el sueño tiene la posibilidad de alienarnos pero también, como ha mencionado Gastón Bachelard, tiene la posibilidad de lanzarnos a la transformación del mundo fáctico en que vivimos, tal como lo analiza Miguel Ángel Sánchez (2009) al caracterizarlo como la voluntad de imaginar o el oficio de ensoñar, uniendo las características de la ciencia con la imaginación del poeta y el poder de un verdadero artista. 281

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¿Cómo llegó Moro a Hispanoamérica? “La Utopía de Moro, como nos lo ha enseñado Silvio Zavala, es el libro de cabecera del obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, y le sirve de modelo para la creación de sus fundaciones utópicas, en Santa Fe y Michoacán, en 1535. También lo leyó el primer obispo de México, fray Juan de Zumárraga” (Fuentes, 2011, p. 49). De hecho, las experiencias que podemos encontrar en las misiones jesuíticas del Paraguay y en las comunidades promovidas por Vasco de Quiroga son fruto de esta imaginación utópica donde los indígenas también eran considerados como seres humanos, partícipes de la actividad productiva, pero también del gobierno de sus comunidades con resultados que fueron sorprendentes. Esto nos introduce en una tercera dimensión que Fuentes resalta a partir de la forma como analiza la herencia cultural de Erasmo. Éste había terminado su texto Elogio de la locura en 1509, pero fue introducido a la cultura de las Américas por hombres como Diego Méndez de Segura, el principal escribano de la expedición de Cristóbal Colón, quien al morir en 1536 en Santo Domingo, le dejó a sus hijos diez libros, cinco de ellos escritos por Erasmo; por Cristóbal de Pedraza, cantor de la catedral de México y futuro obispo de Honduras, quien introdujo a Erasmo en la Nueva España; y por nadie menos que Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires, cuyo inventario de propiedades, de 1538, incluye un libro por Erasmo, mediano, guarnecido de cuero (Fuentes, 2011, p. 21).

La influencia de Erasmo en América tuvo diversas vertientes en varias regiones geográficas del nuevo mundo: El Elogio de la locura se encontraba en la biblioteca de Hernando Colón, el hijo del Descubridor, en 1515, y la obra más influyente del sabio de Rotterdam en España, el Enchiridion, es traducida en 1526 y se transforma en el evangelio de un cristianismo interno y personalizado, en oposición a las formas puramente externas del ritual religioso (Fuentes, 2011, p. 49).

La interpretación que hace Fuentes sobre el legado de Erasmo se centra en una perspectiva dialéctica que propone la visión de alguien con los pies en la tierra pero con los ojos en visión de una sociedad mejor y posible de conquistar. “Políticamente, el pensamiento de Erasmo se tradujo en un llamado al reformismo razonable, desde dentro de la sociedad y de la Iglesia cristianas” (Fuentes, 2011, p. 20). “Erasmo traza en sus cartas una ruta intermedia entre la realpolitik y el idealismo, entre topía y u-topía: su ironía significa un compromiso sonriente entre la fe y la 282

El poder de la cultura

razón, entre el mundo feudal y el mundo comercial, entre la ortodoxia y la reforma, entre el rito externo y la convicción interna, entre la apariencia y la realidad” (Fuentes, 2011, p. 47). Muchas cosas podríamos comentar de los aportes de este libro, La gran novela latinoamericana, de 2011, pues se trata de un rápido y fructífero recorrido —no exhaustivo, sino lo que el autor llama un “libro personal”— sobre los aportes de esta literatura de tantas regiones americanas y que pueden expresar una “novela de la desesperanza”,4 como El Testigo, de Juan Villoro, o que nos pueden llevar también a “la gran tradición utópica del continente americano” (Fuentes, 2011, p. 437), algo también permanente en nuestra cultura. Entre estas dos vertientes de la cultura —la permanente contradicción entre el apego a la realidad empírica y la búsqueda de la utopía— tendrán que insertarse los proyectos posibles de lo que podemos llegar a ser, de lo que podamos llegar a construir en las próximas décadas. Y esta posible ruta intermedia entre lo real y lo utópico también deberá surgir de la cultura, de la elaboración de nuevas propuestas culturales que, como nuevos movimientos sociales, en la terminología de Alan Touraine, son los que pueden cambiar el mundo de una manera radical. La democracia, la emancipación y los grandes proyectos sobre la integración latinoamericana solamente existen actualmente en la imaginación, pero cuando se trata de una imaginación creadora, es posible que los ciudadanos empiecen a hacer política para producir en el futuro una realidad tangible que ahora solamente está en su pensamiento; “la imaginación nos revela nuestra realidad mediante la superación de la realidad” (Bachelard, 1994, p. 392), porque nos podemos elevar de la pesadez de lo fáctico al planteamiento de lo posible. También Carlos Fuentes lo menciona de otra manera: “Lo que imaginamos es, a la vez, posible y real” (Fuentes, 2011, p. 60); es el intento de buscar un término medio entre lo real y lo utópico para encontrar lo que puede ser desde la perspectiva de las acciones personales y colectivas. Es necesario superar lo que nos ha dejado el neoliberalismo, que es una castración de la imaginación, cuando gentes como Margaret That-

4.

Es la mirada puesta en una realidad que a veces pretende aplastarnos cuando contemplamos lo difícil que es en nuestra región construir equidad, combatir la corrupción y construir un sistema político democrático con políticos que sirvan al pueblo en vez de servirse a sí mismos: “¿Democracia? Para transar. ¿Tranquilidad? Para morirse de aburrido. ¿Historia? No realidad sino, apenas, pobre remedio para la realidad” (Fuentes, 2011, p. 435).

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cher difundieron la consigna del tina (There Is No Alternative), con la idea de que la población debía resignarse a aceptar el mundo tal como es, en donde el ser humano queda atrapado en la inmediatez de lo existente. La posibilidad de imaginar otro mundo y comprometerse con un nuevo proyecto de sociedad es lo que nos lleva, como menciona Bauman, a la búsqueda de una nueva política: “el arte de la política, cuando se trata de política democrática, se ocupa de desmontar los límites de la libertad de los ciudadanos para permitirles establecer, individual y colectivamente sus propios límites, individuales y colectivos” (Bauman, 2006, p. 12). O, como señalan Hessel y Morin (2011), en la reforma de la política y en la revitalización de la democracia es donde podemos encontrar el Chemin de l´espérance: se trata de construir una nueva política regenerando la existente; hay que imaginar y aplicar la “política del buen vivir” para todos. “Hay una cosa de la que estamos convencidos; tenemos necesidad hoy de una nueva política, de una política del querer vivir y revivir que nos quite la apatía y la mortal resignación. Esta política del querer vivir tomará los rasgos de una política del buen vivir” (Hessel y Morin, 2011, p. 61). Y si queremos referirnos a nuestra región, ciertamente hay indicios en múltiples experiencias nacionales y locales sobre nuevas formas de hacer política en América Latina. Sin embargo, la decisión sobre el futuro está en la libertad de los ciudadanos, los cuales siempre tendrán la oportunidad de decidir si se resignan a vivir como Prometeo encadenado o si se organizan para intervenir activamente en el mundo de las decisiones públicas. La cultura, especialmente la literatura, nos cultiva la imaginación. Y aunque puede tener una perspectiva desesperanzadora o alienante, también es fuente de creación de los mundos posibles a construir cuando nos alienta a participar en la política pública en una lucha por un mejor futuro: “La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez” (Weber, 1982). Es por ello que apostamos por esta opción tomando como base la herencia de la cultura latinoamericana, pero con proyectos de desarrollo, integración y justicia social, en la forma como Carlos Fuentes en esta publicación de 2011 quiso expresar con bastante claridad:

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El poder de la cultura En Latinoamérica poseemos una continuidad cultural que es nuestra mayor riqueza de cara a la fragmentación y desorganización económica y política, y esta cultura fue creada por una sociedad civil, por hombres y mujeres que también viven vidas políticas y económicas. La cuestión de América Latina hoy es ¿podemos hacer sentir el peso de la autenticidad de la cultura sobre la vida de la ciudad, sobre nuestras vidas políticas y económicas? (Fuentes 2011, p. 69).

Apostamos, entonces, por una respuesta afirmativa a este planteamiento. Bibliografía Andersen, Kurt (2011), “Person of the year”, Time USA Magazine, 14 de diciembre. Disponible en: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2101745_2102132,00.html. Bachelard, Gaston (1994), La tierra y los ensueños de la voluntad, México, Fondo de Cultura Económica, Breviarios. Bauman, Zygmunt (2006), En busca de la política, Fondo de Cultura Económica de Argentina. Fuentes, Carlos (2011), La gran novela latinoamericana, México, Alfaguara. Hessel, Stéphane y Edgar Morin (2011), Le chemin de l´ésperance, París, Fayard. Hermoso, Borja (2012), “Hace tiempo que Dios renunció a ser Dios”, El País, España, 1 de julio. Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/28/actualidad/1340895621_265337.html. Ramonet, Ignacio (de 2011), “¡Indignaos! Stéphane Hessel, una vida de novela”, Le Monde Diplomatique, abril. Disponible en: www.lemondediplomatique. cl. Sánchez, Miguel Ángel (2009), Bachelard: la voluntad de imaginar o el oficio de ensoñar, Universidad de La Sabana, Bogotá, Siglo del Hombre Editores. Weber, Max (1982), “La política como vocación”, en Escritos políticos ii, México, Folios.

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Ecuador: Trayectorias de lucha de los afros y revolución ciudadana

Nicolas Rey En nuestra historia reciente, América Central y América del Sur han conocido cambios profundos en el plano político con la llegada al poder de la izquierda, que oscila entre una “Nueva Izquierda” y un “Socialismo del siglo xxi”. Este proceso, amplificado sobre todo desde los años noventa, contrasta con las décadas perdidas de los años setenta y ochenta, marcadas por gobiernos militaristas o autoritarios, en el poder en varios países del continente, en un contexto de inestabilidad económica. Con la caída del muro de Berlín y el proceso de desaparición de los llamados y supuestos países comunistas durante los años 1990, la atención de los Estados Unidos hacia lo que consideran su patio trasero, según la doctrina Monroe, bajó momentáneamente un poco, lo que favoreció en estos años la consolidación de las izquierdas al poder en América Latina. En esa dinámica, la elección en 1998 del militar Hugo Chávez en Venezuela, y luego su compromiso para reforzar bloques opuestos a la hegemonía política y económica estadunidense (el alba) y que buscan una mejor integración regional de América del Sur fuera de la influencia del Tío Sam (la unasur), ha sido bastante importante. Para desarrollar su Socialismo del siglo xxi, Chávez supo apoyar movimientos y líderes que se impusieron hasta llegar en la segunda mitad de los años 2000 a las jefaturas de los Estados vecinos, como Evo Morales en Bolivia, representante sindical e indígena, o el mestizo Rafael Correa en Ecuador, doctor en economía. Ecuador, por muchos años considerado como una República bananera, por el simple hecho que los Estados Unidos, presentes a través de la United Fruit, influían en las políticas interiores para proteger sus intereses, lo que siguieron haciendo luego con el petróleo, empezó a recoger su soberanía con la elección del universitario Correa. Pero ese 287

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cambio es el resultado de movilizaciones de los grupos indígenas, los trabajadores, los excluidos, de la sociedad civil, que habían logrado llevar al poder o destituir a tantos presidentes anteriores.1 En 2008, en una nueva etapa de la “Revolución Ciudadana”, se organiza un referéndum, que desemboca, gracias a una amplia aprobación popular, en una nueva Constitución, basada en el concepto del buen vivir en un Estado plurinacional e intercultural. La comunidad afro, que, por ejemplo, había sido menos considerada que la indígena en términos de derechos colectivos hasta ahora, ha podido, en la Constitución de 2008, conquistar avances significativos, gracias a su movilización, y a la dinámica emprendida por las organizaciones indígenas para que las leyes evolucionen hacia un Estado más incluyente... Lo que nos interesa en este artículo, luego de haber realizado un trabajo de campo en Ecuador durante el verano del 2011, es precisamente este proceso de evolución jurídica hecho posible por el encuentro entre movilizaciones sociales y étnicas, o cómo entender, a partir del estudio de las movilizaciones étnicas, en este caso de los afros a veces en alianza con los indígenas, el rediseño reciente de la integración regional, desde abajo (los pueblos) hacia arriba (el Estado), que pueda extenderse hacia una América Latina más incluyente, con su propio modelo de desarrollo ciudadano... 1. Reconocimiento y aportes de los afros en término de derechos e interculturalidad, en el proceso de la Revolución Ciudadana No es un secreto que en América latina tanto los afrodescendientes como los pueblos originarios sufren de niveles de educación bajos, y de una inserción inestable y precaria en el sector laboral, a pesar de las recientes luchas exitosas por sus derechos (cf. Rangel, 2008). Esa situación se debe a un factor central de reproducción social (cf. Bourdieu y Passeron, 1970), al cual se agrega una discriminación étnica en países donde los mestizos y blancos siguen acaparando los mejores espacios de decisión 1.

Lucio Gutiérrez, apoyado por el movimiento Pachakuti en una rebelión en el año 2000 que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad, llegó al poder en 2002 con la promesa de luchar contra la corrupción. El movimiento Pachakuti y militantes de izquierda bloquearon en abril de 2005 la capital del país porque se sintieron traicionados por este presidente, que reveló ser más corrupto que anti-corrupción. Su movilización desembocó en la destitución de Gutiérrez.

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y de poder (cepal, 2000), herencia de una dominación que se remonta a la época colonial, a pesar, por ejemplo, de la participación determinante y poco recompensada que tuvieron los afros para derrotar los imperios europeos y proclamar las independencias en América Latina (cf. Sonia Víveres más adelante, y Rey, 2005). De hecho, los representantes del movimiento afroecuatoriano tienen una conciencia política muy marcada que denuncia una visión folklorista limitante, pero difundida, en particular por los medios masivos y en textos escolares,2 del “negro que baila bien y es chistoso” o, peor, “delincuente”. Ven el baile no como “algo estéticamente y culturalmente bonito” sino como una expresión artística y corporal de su identidad, en una dinámica histórica de resistencia. Medina nos da elementos para explicar por qué eso persiste (2006, p. 37): La inmensa mayoría de la población ecuatoriana desconoce la historia del pueblo negro y sus aportes a la consolidación y el desarrollo nacional en los planes económico y cultural, en gran medida por su ausencia en los textos educativos que se manejan en el país. Durante siglos los negros han sido prácticamente “invisibilizados” y, lo que es peor, menospreciados y estigmatizados con estereotipos negativos. Las importantes manifestaciones étnico-culturales de los afrodescendientes con frecuencia se ven solamente como expresiones folklóricas “simpáticas” o “extrañas” y nada más...

Así, dejamos una visión culturalista o estereotipada para entrar en un nivel más elevado, de universalidad, donde podemos considerar en serio los aportes de los afros a la construcción de las naciones de América y el Caribe, desde su participación determinante en las independencias, hacia los procesos de construcción de sociedades interculturales. Por eso, la Constitución de 2008 puede ser considerada como un gran avance, porque hemos pasado de un Estado pluricultural y multiétnico en la Constitución de 1998, a la definición en la nueva Constitución de un 2.



En el libro Representaciones de los afroecuatorianos en medios masivos y en textos escolares, resultado de una investigación sistematizada en varios canales nacionales y textos de educación básica escolar, las comprobaciones son graves: - “Las imágenes repetidas una y otra vez de las personas afroecuatorianas esposadas, transportadas en vehículos de la policía o en situaciones de indagación por hechos delictivos contribuye a la construcción mediática de identidades peligrosas. Esta construcción legitima la desigualdad, la exclusión y la represión a partir del racismo” (flacso, 2010, p. 61). - “El proceso de representación que desarrollan estos textos escolares muestra las siguientes características generales: Referencias escasa y basadas en estereotipos y lugares comunes, que los definen como trabajadores del campo, bailarines y futbolistas. [...] Ausencia de contexto político para entender procesos organizativos y propuestas sociales de este sector que evidencien su participación en la sociedad nacional” (flacso, 2010, p. 85).

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Estado plurinacional e intercultural, lo que permite insistir en los intercambios culturales y aportes de los diferentes pueblos a la construcción de una nación de todos, abierta entre sus componentes, y no segmentada. Además, juntando plurinacional e intercultural en la definición del Estado dentro de la Constitución de 2008, se denota la intención de cambiar la estructura estatal para que la interculturalidad, ya presente en la Constitución de 1998, no se quede solo “en el texto”, sino sea compartida en todos los niveles del país, lo que pasa por la transformación del Estado mismo, desde adentro, donde han persistido mecanismos de acaparamiento del poder por los blancos y mestizos desde la época colonial, para alcanzar el pluralismo jurídico y político (cfr. Consejo Nacional de Planificación, 2009, y Puente Hernández, 2005): El Estado puede reconocer la interculturalidad, y declararse como Estado intercultural, pero esa declaración no tiene fuerza normativa y capacidad vinculante para transformar a las instituciones y al derecho. La experiencia ecuatoriana ha demostrado que para que el Estado intercultural tenga fuerza normativa es necesario que se declare como Estado plurinacional, solo de esta manera la interculturalidad deja de ser un enunciado, como lo fue en la coyuntura de 1998, y se convierte en un proceso político (Chuji Gualinga, 2008).

En esa dinámica, el Estado, en asociación con organismos internacionales y organizaciones de los pueblos afroecuatorianos, indígenas y montubios, realizó una gran campaña nacional de promoción de la autoidentificación étnica para el censo de 2010, llamando así a una participación activa de la población, no para disponer de estadísticas “frías”, sino para impartir políticas públicas sociales dirigidas hacia los más necesitados: La estadística con enfoque étnico cultural no se reduce al ámbito numérico. Implica reflexionar el peso que los “números” tienen frente a la formulación de políticas públicas, en contra de la invisibilización, el racismo, la exclusión y la marginación. Por lo tanto, las estadísticas son importantes para los pueblos y nacionalidades, porque permiten definir qué tipo de política pública social se debería implementar (inec, 2011, p. 10).

Jhon Antón Sánchez, destacado intelectual afro comprometido, apunta (2010, p. 3) sobre los significativos avances logrados por los afrodescendientes bajo la Revolución Ciudadana para sus derechos colectivos, con

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una mejor visibilidad en puestos de poder,3 políticas de acciones afirmativas en el sector laboral (Decreto 60), o relacionadas con el tema de las reparaciones de la esclavitud, etc. Pese a esos avances evidentes, el autor observa que la discriminación racial sigue bastante viva, lo que impide concretar una baja significativa del desempleo en la comunidad afro particularmente afectada. Entonces, Antón, como muchos representantes de los sectores movilizados en la sociedad, considera que: 1. Una primera conquista es haber logrado que sean inscritos en la Constitución unos avances en derechos para los afros. 2. Pero falta luego, en un segundo tiempo, concretar/aplicar de manera eficiente estas nuevas buenas disposiciones. Así, podemos considerar que el Estado plurinacional e intercultural es a la vez el fin y el medio para alcanzar una sociedad donde la ciudadanía sería más igualitaria. En otras palabras, la Revolución Ciudadana, que se apoya sobre un Estado plurinacional e intercultural, es un proceso siempre en marcha, que va progresando en diferentes etapas, desde las luchas de los sectores sociales y étnicos, hacia la formalización de nuevas leyes en la constitución y su aplicación. Y en esa última fase, los representantes comprometidos (líderes sociales y de las comunidades, intelectuales) no bajan la guardia, para que la Revolución Ciudadana no deje de ser una realidad: Sin duda nos encontramos en medio de una coyuntura favorable para mejorar la garantía de los derechos humanos en el pueblo afroecuatoriano. Las condiciones de sistema político son favorables. Es importante generar medidas institucionales más concretas para hacer cumplir el componente afroecuatoriano del plan de desarrollo para el buen vivir. Asimismo se requiere mayor seriedad institucional a la hora de aplicar el Plan Nacional contra la Discriminación Racial. El Decreto 60 requiere ser divulgado y negociado con las empresas privadas. Y, por último, se considera que la concreción del Consejo Nacional para la Igualdad del Pueblo Afroecuatoriano debe acelerarse, pues ya se cumplen dos años que la Constitución lo estableció, y aún el Gobierno Nacional no avanza en este punto. Sin duda estas recomendaciones

3.

Los afroecuatorianos Alexandra Ocles y Roberto Cuero fueron nombrados, respectivamente, ministra de Pueblos y gobernador del Guayas, donde dominaba una visión oligárquica. El organismo estatal creado en 1998 en la dinámica de la Constitución de ese mismo año, la codae (Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano), que sufrió varias denuncias por clientelismo en lugar de servir a la causa de toda la comunidad afro (cf. Medina, 2006, p. 74), vivió un cambio positivo con el nombramiento de José Chalá Cruz, figura carismática del movimiento afro, como secretario ejecutivo, y un incremento presupuestal en el 2010 que pasó de 700,000 dólares a 5,000,000.

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Nicolás Rey no pretenden ser un recetario, pero sí se proponen como puntos clave para hacer realidad el Estado plurinacional e intercultural (Antón, 2010, p. 6).

2. Coincidencias y diferencias entre luchas de los indígenas y de los afros en Ecuador En Ecuador, el movimiento afro se fortaleció y estructuró también gracias a la integración de afrodescendientes dentro de los organismos indígenas más representativos, como la conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). La comunidad afro todavía carece de una organización unitaria fuerte a escala nacional, a diferencia del caso de los indígenas, aunque sigue consolidándose. Su estructuración se encuentra más definida en lo local, con posturas diferentes según si el área es rural o urbana: • En el primer caso, el campo, predomina la problemática territorial relacionada con la ancestralidad en el lugar. Ahí, los afros lucharon para que se les reconociera sus derechos en asentamientos que ocuparon desde la colonia y donde, a lo largo del tiempo, pudieron consolidar actividades, identidad y cultura. • En el segundo, lo urbano, la movilización y la visibilidad de los afros, en particular en las grandes ciudades, como Quito y Guayaquil, son más recientes, sobre todo a partir de los años sesenta, marcados por una fuerte migración rural. Los afroecuatorianos se movilizan en las urbes sobre todo para la ciudadanía, y es más cerca en las grandes ciudades de los espacios de decisión/poder dominados por los blancos y mestizos. En lo urbano, a diferencia del campo —donde tienen asentamientos ancestrales que fueron el lugar de desarrollo de su cultura y de una cierta solidaridad en territorios bien identificados—, pueden sentirse más perdidos y amenazados de perder su identidad, por lo que se convierte este tema en una de las reivindicaciones preponderantes en la ciudad. Los afrodescendientes en lucha desarrollaron acciones en temáticas comunes al movimiento indígena (territorio, acceso al agua) y luego a otros sectores de la sociedad civil (lucha para la ciudadanía y la democracia), pero también tienen reivindicaciones más relacionadas con su propia historia, como lo relativo a las reparaciones de la esclavitud. Todas esas dimensiones resaltan de la entrevista que nos dio Sonia Víveres, 292

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coordinadora para la región andina de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, en la sede de la organización Azúcar, que preside: El movimiento afro comparte con el movimiento indígena, aunque de manera diferente, la lucha para la tierra, el agua y el territorio, en particular en los asentamientos afrodescendientes tradicionales fronterizos con Colombia. Ellos trabajan mucho con la movilización masiva; en cambio los afrodescendientes hemos intentado hacer propuestas a través de encuentros, no tenemos esa posibilidad de movilización porque no tenemos una organización nacional fuerte..., estamos creciendo. Por un lado, seguimos buscando la participación plena en los espacios de decisión, de poder, y por otro lado se tiene que resolver la exclusión política y económica, con la construcción de una ciudadanía plena, con la participación desde la sociedad civil, porque la democracia no es únicamente el voto en las urnas. [...] El trabajo social para mí desde veinte años con el movimiento indígena hizo que entendiera que existen diferencias entre los seres humanos y hay que luchar para la igualdad. Yo no quiero esperar que sean mis hijos o nietos que vean los cambios, sino quiero verlos, sentirlos. Entré a hacer un trabajo técnico en sistemas de computación en el movimiento indígena, y así poco a poco me involucré en las propuestas políticas. El trabajo en las organizaciones sociales no es un trabajo burocrático, no se limita a cumplir un horario, más bien es un trabajo que tiene objetivos, metas, y se mide con productos. Cuando salí del movimiento indígena, decidí seguir desde mi particularidad de mujer afrodescendiente. Empezamos con un proyecto de la conaie, “autogestionario cultural para la población negra e indígena”, en 1993. Ahí se creó Azúcar y empezó a trabajar con el tema de autoestima, luego de identidad y de cultura de un pueblo. En 2000 Azúcar se cambió a fundación, lo que permitió realizar los sueños de nuestra organización, porque ya tuvimos nuestro espacio. En el 2006, la Interamerican Foundation cree en Azúcar y auspicia el proyecto “Casa Cultural” para visibilizar la existencia de un pueblo y su riqueza cultural, y no solamente mirándonos desde la música y la danza con una visión folklorista de los otros..., sino a través de la historia y de la construcción de una identidad: la música y la danza son más que expresiones de la cultura, son elementos políticos de resistencia. En el 2008 fui elegida coordinadora para la región andina de la red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. No trabajamos solo con mujeres, sino desde las mujeres para el pueblo en su globalidad, y desde el pueblo afro. La estructura social más fuerte es la familia (Sonia Viveres, Quito, 18 de julio de 2011).

En cierto sentido, los avances de los afros son percibidos por muchos como muy inferiores a los éxitos de las potentes organizaciones indígenas, hasta ser considerados como “subalternos”; cuando las luchas afros en muchos aspectos son distintas y muy específicas de su historia rela293

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cionada con la esclavitud y las reparaciones que se puedan exigir de las autoridades: Tampoco tiene sentido hablar de la construcción de una sociedad intercultural sin comprender que esta articulación y convergencia culturales tienen que enfrentar la permanencia, aún hoy, de la racialización del poder social — el patrón de poder racializado— y asumir la diferencia afro no como apéndice de la indígena, sino desde su realidad histórica y lucha específica. En contraste con las constituciones pasadas, la nueva Carta Política piensa al afroecuatoriano como parte sustantiva de la nación, aunque la inclusión de su diferencia no se destaca en la amplitud que propuso el codae.4 Aunque esta Carta asume la lucha en contra de la discriminación y a favor de la acción afirmativa, no hace referencia a la etnoeducación. Pero tal vez lo más preocupante es el hecho de que los derechos colectivos (Art. 57) permanecen como derechos concebidos desde y para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y los afroecuatorianos solo pueden gozar por extensión de estos derechos: “para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución” (Art. 58). Al parecer, aún falta el reconocimiento pleno y la comprensión de la diferencia afro (Walsh, 2009, p. 146).

Desde mi punto de vista, en lugar de considerar las conquistas de los afros “subalternas” o por debajo de los logros alcanzados por los indígenas, considero que la fuerte dinámica generada por las movilizaciones de los pueblos originarios, dentro de las cuales muchos afrodescendientes se integraron, les permitió fortalecer su estructuración y su estrategia para que sean mejor reconocidos sus derechos colectivos, sin olvidar que ellos siempre han desarrollado su propia experiencia, con reivindicaciones muy específicas a su comunidad, como expresan respectivamente enseguida Sonia Víveres y Alexandra Ocles, exministra de pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana: La Constitución de 2008 reconoce a los afroecuatorianos como pueblo. Se eliminó de la Constitución el llamarnos negros. También en nuestra Constitución se logran los temas de las reparaciones y de acciones afirmativas. Las reparaciones no son financieras, sino nos referimos al trato con igualdad y equidad, en diferentes aspectos: la salud, la educación, los derechos económicos, sociales y culturales, con la expresión de la herencia africana, el acceso a una vivienda digna, a un trabajo digno y dignamente remunerado. Buscamos así erradicar de la sociedad la huella que dejó la esclavitud y la visibilidad de un pueblo que contribuyó a las luchas libertarias y en la construcción de la ciudadanía (Sonia Víveres, Quito, 18 de julio de 2011).

4.

Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano.

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Ecuador: Trayectorias de lucha de los afros y revolución ciudadana En la Constitución de 2008 pudimos insertar temas como uno, las acciones afirmativas, dos, las reparaciones para las víctimas del racismo como planteado en 2001 en Durban, y tres, la educación intercultural, cuando la bilingüe indígena/español tenía ya quince años de experiencia, pero esa vez con la mirada también desde los pueblos afro y montubio recientemente reconocido. En el punto dos no existe una ley, lo que existe es un plan, el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación. Para el punto tres hay una ley de educación pero falta una de etnoeducación para una construcción pedagógica desde un subsistema que parte de la cosmovisión afro y debería integrarse en el sistema educativo para todos si pretendemos hablar de educación intercultural. Y, sobre el punto uno, se logró el artículo once sobre las acciones afirmativas. Pero falta construir una ley para implementarlas. Yo sí creo en las cuotas porque permiten acceder a la educación, a la salud, al empleo, donde hemos sufrido. No es por ser afro que se le regala el espacio, sino es equiparar el acceso, generar ciertas condiciones para balancear, equilibrar un sistema que ha sido inequitativo. En las universidades tenemos pocos estudiantes y profesores. Las cuotas funcionaron para la participación de las mujeres en la esfera política, pero depende también de cómo se ubican ellas en la lista (Alexandra Ocles, Quito, 15 de agosto de 2011).

Así, para concluir, los pueblos en lucha no bajan la guardia, conquistando poco a poco más derechos, en varias etapas, entre la calle y las urnas: primero, apoyan a los candidatos que pretenden llevar al poder las reivindicaciones ciudadanas, luego, presionan para que desemboque en leyes, exigiendo, en un tercer paso, que esas nuevas leyes sean aplicadas. En este proceso, Rafael Correa supo proponer espacios a las comunidades, en particular afros, pero sus representantes, como lo hemos visto en este artículo, no dejan de vigilar, desde dentro y fuera de las instituciones, para que los derechos colectivos de todos, y los suyos en particular, relacionados con su historia y su sociología propias, no solamente les sean beneficiados como ciudadanos, sino que eso participe en la consolidación de un Estado más incluyente, reforzando el modelo de integración regional de América latina. Y, a pesar de sus contradicciones y luchas internas, o también gracias a eso, se da la revolución ciudadana... Bibliografía Antón Sánchez, Jhon (2010), “Condiciones sociales del pueblo afroecuatoriano en el periodo de la Revolución Ciudadana”, Sistema Nacional de Información Inter Étnica, núm. 1. Quito. Bourdieu, Pierre y Jean-Claude Passeron (1970), La reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement, París, Editions de Minuit.

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Castro Torres, Mary y Henry Medina Vallejo (2006), Afroecuatorianos. Un movimiento social emergente, Quito, Ediciones Afroamérica. cepal (2000), La brecha de la equidad: una segunda evaluación, Santiago de Chile. Chuji Gualinga, Mónica (2008), “Diez conceptos básicos sobre plurinacionalidad e interculturalidad”, alai, América Latina en Movimiento: Disponible en: http://alainet.org/active/23366&lang=es. Consejo Nacional de Planificación (2009), Plan nacional Para el Buen Vivir, 20092013, Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, versión resumida, Quito, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. flacso Ecuador (2010), Representaciones de los afroecuatorianos en medios masivos y en textos escolares, Quito. inec (2011), Los pueblos por autoidentificación cultural, Quito. Puente Hernández, Eduardo (2005), El Estado y la interculturalidad en el Ecuador, Quito, uasb, Abya-Yala. Rangel, Marta (2008), “Discriminación étnico-racial, género e informalidad en Ecuador”, en María del Carmen Zaballa Argüelles (comp.), Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe, Bogotá, Siglo del Hombre Editores/clacso Coediciones. Rey, Nicolas, (2005), Quand la Révolution, aux Amériques, était nègre: Caraïbes noirs, negros franceses, et autres «oubliés» de l’Histoire, Paris, Karthala (pref. Elikia M’Bokolo). Walsh, Catherine (2009), Interculturalidad, Estado, sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador, Abya Yala.

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La otra integración: Derechos humanos y migración infantil en territorio mexicano. El caso centroamericano

Ramón Gómez Zamudio Es imposible ponerle puertas al hambre. Sanjuana Martínez Aquí el crimen organizado circula con licencia. Vivimos en un clima de miedo. Tenemos mucho miedo por los voluntarios. Ya no sabemos cómo cuidarlos. Y los migrantes siguen igual de invisibles y desprotegidos. Hay una situación de sangre y muerte. Pedro Pantoja Coordinador de la Casa del Migrante “Belén”, en Saltillo

Los otros son el infierno... “Sin Salida”, obra de teatro de Sartre, concluye con esta respuesta a la pregunta: ¿dónde está el infierno? De habérsele preguntado a un migrante centroamericano que transite por territorio mexicano, muy bien podría responder: “México es el infierno”. Hoy, es bien sabido el carácter trágico que para un migrante centroamericano implican las rutas de trayecto que lo acercan a la frontera con los Estados Unidos. El temor infundido por los Mara Salvatrucha, 297

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sobradamente fundado, es hoy un percance menor, al compararlo con el que infunden los delincuentes comunes, los traficantes de personas, los Zetas y los representantes de las corporaciones policíacas y de otras instituciones federales, estatales y municipales de la frontera vertical más transitada del mundo: México. La violación de sus derechos más fundamentales se ha transformado en una constante. Convertidos en mercancías, en cuerpos mutilados y extorsionados, el terror se ha institucionalizado en el territorio de quienes debieran velar por sus vidas, por su integridad, por un tránsito digno y seguro. La peor parte se ensaña con mujeres y con niños. Conocido el costo, no obstante en ello vaya la vida, se deja todo. Todo: familia y amigos, pero no se renuncia ni al presente ni al futuro; por ello, buscar trabajo, procurar seguridad, aunados al dolor de exiliarse por motivos económicos con la ilusión del retorno, sustentan las promesas de pan, de vestido, de educación, de una vida mejor. Todo esto se enmarca en la decisión de emigrar; decisión que nace de la desesperación y muchas veces de la miseria; miseria partera de familias fragmentadas, de sueños frustrados, de cuerpo mutilados y de dignidades violadas; pero también de esperanzas. Hacia 2010, se calcula en más de 200 millones el número de migrantes internacionales; de estos, alrededor del 25% procuran como destino América del Norte -Estados Unidos, como tradicional empleador; apenas un 4% apunta su destino a algún país latinoamericano, aunque este porcentaje comienza a crecer y a diversificarse. Así, Argentina alberga a peruanos, a paraguayos y a bolivianos en sus sectores económicos más desprotegidos; Brasil, a paraguayos y a bolivianos; Costa Rica, a hondureños, a salvadoreños y a guatemaltecos; El Salvador, a hondureños; Venezuela, a bolivianos y peruanos. No obstante esta dinámica migratoria intrarregional, la magneto de la opulencia y de los sueños sigue marcando al Norte. Brazos fuertes, jóvenes —hombres, mujeres y niños—, mentes fáciles para el aprendizaje y de mucho valor, parecen perfilar el coraje y la desesperación de quienes conforman el flujo migratorio. 1,500 migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses que, día a día, ingresan a México, dan cuenta de los pendientes que la región aún tiene con sus connacionales. Se pierde mucho y de lo mejor. En este cuadro, también México expulsa alrededor de 1,000 connacionales por día. Los “daños colaterales” —para estar a tono con la cínica expresión de los modernos demógrafos oficialistas— que genera el flujo a lo largo de su tránsito, parecen operar bajo una macabra lógica: 298

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“sembremos el terror y la muerte a lo largo y ancho de la travesía; que solo los más aptos, los que sobrevivan al infierno, tengan acceso al sueño americano, pues necesitaremos de su fortaleza para el trabajo arduo, intenso y prolongado”. En el estado de Chiapas, frontera con Guatemala, a plena vista de efectivos del ejército, de las policías federales, estatales y municipales, los indocumentados centroamericanos se ven obligados a trabajar como tragafuegos, vendedores ambulantes y recolectores de desechos en basureros, además de que algunos menores prestan servicios sexuales en plazas y son extorsionados por la policía. Ocasionalmente, se puede apreciar una escena en la que, sobre las rodillas, el soldado, el policía, se “entretiene” con mujeres, generalmente migrantes. La migración internacional en América Latina y el Caribe tiene un sello que la distingue de la de otras regiones: la creciente participación de las mujeres. La invisibilidad de las mujeres migrantes está asociada a su desprotección, pues en gran parte del mundo se reconoce que las mujeres sufren de manera más aguda las vicisitudes que afectan a los migrantes y que, junto con los niños, son objeto de abusos que les son casi exclusivos. En este contexto se tejen historias invisibles, historias mutiladas, historias marcadas por la tragedia. Son las historias no contadas pero que se enmarcan en una dimensión de género y en un rango de edad: las mujeres y los niños migrantes, quienes, por su condición de mayor vulnerabilidad, parecen estar constituyéndose en un botín de tipo distinto al que representan los hombres. La rapacidad de la delincuencia organizada encuentra en las mujeres, en las niñas y en las adolescentes, y en los niños migrantes, otra veta a explotar: más útiles como cocineras, las mujeres son secuestradas, previa violación y tortura de sus cuerpos, para realizar tareas domésticas en los centros donde se retiene, tortura y asesina a los migrantes. Muchas de ellas, preparadas de antemano a la violación de que podrán ser objeto, toman anticonceptivos para evitar un embarazo a mitad del camino. Con ellas, las historias de violación igual identifican como perpetrador del acto delictivo al delincuente con uniforme como al que no lo porta. Del total de migrantes que pasan por México, el 47.5% son mujeres; de estas, alrededor del 60% son violadas o abusadas sexualmente. Las mujeres migrantes centroamericanas que transitan por México se pueden clasificar en tres grandes grupos: 1. las que llegan para trabajar de manera temporal en los municipios o regiones fronterizos. Comprende a las trabajadoras agrícolas temporales, las del servicio doméstico (y otros “servicios”) y las comercian299

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tes. Su estancia en el territorio mexicano es transitoria, debido a que dependen mucho de los ciclos agrícolas de la región; 2. las que van de paso con el propósito de cruzar por el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. En efecto, en este grupo, las mujeres transmigrantes se caracterizan porque su estancia en la región es breve: todo depende de los recursos económicos de que dispongan para proseguir su viaje. Varias de las trabajadoras sexuales se ubican en este grupo, ya que se dedican a esta actividad para obtener el dinero necesario para continuar su viaje. Algunas de ellas pueden tardar años para juntar el dinero suficiente que les permita proseguir hacia Estados Unidos; 3. las que desisten de seguir con su propósito inicial, por lo que optan por regresar a su país de origen o por quedarse en México, donde se establecen de manera indefinida. 1. Niños y adolescentes migrantes Alrededor de veinte mil niños no acompañados cruzan anualmente la frontera de México con Guatemala; más de un tercio del total de migrantes centroamericanos son mujeres, tanto solteras como casadas. La valentía de quienes miran al Norte en busca de un futuro mejor se torna en audacia, pues todos ellos saben del precio que, eventualmente, tendrán que pagar por su trayectoria hacia los Estados Unidos: agresiones, extorsión, violaciones y hasta la muerte. Las maras son una amenaza constante y omnipresente; los traficantes de personas, “coyotes”, frecuentemente coludidos con funcionarios y policías mexicanos, representan otro reto a superar; las autoridades de distintos niveles del gobierno mexicano, tanto en el ejercicio de su función como cuando transgreden los límites establecidos por esta, los acechan en cada punto de revisión, en cada pueblo y ciudad hasta que alcancen la frontera con Estados Unidos. Las promesas y las ilusiones pesan mucho en una balanza en la que no hay mucho que perder, pues en casa no se tiene nada. Su caso no es menos trágico que el que sufren las mujeres. Sobreviviendo como mendigos, los niños migrantes sobreviven como pepenadores de basura, las más de las veces; sin embargo, sus vidas corren en paralelo al de las adolescentes compañeras de ruta: la prostitución y el trabajo forzado. Violados en sus derechos más fundamentales, cuando tienen la “suerte” de ser asegurados por las autoridades mexicanas, los encierran por igual en centros de detención 300

La otra integración: Derechos humanos y migración infantil en territorio mexicano. El caso centroamericano

para adultos. Con mayor frecuencia, sin embargo, los separan de sus familiares —cuando migran acompañados de algún adulto—. Cuando tal especie de suerte no favorece su travesía, la migración infantil corre destinos más oscuros. Las historias de trabajos forzados en laboratorios clandestinos no suelen acaparar atenciones de la prensa; sin embargo, secreto a voces, se ha constituido en verdad callejera. También los utilizan como fuente de trabajo que se les explota en la mendicidad callejera, en las cantinas y en la organización de bandas de adolescentes que, cual escuela para el oficio de criminal, a muchos seduce por la perspectiva de obtención de dinero fácil. Objetos de comercio las más de las veces, sin embargo, la ruta más común es la prostitución para una clientela nacional e internacional. Niños y niñas adolescentes, por igual, parecen hoy eclipsados por la nota roja que permea la ruta migrante a lo largo y ancho de la geografía del territorio mexicano. 2. Los tratados, los derechos y los compromisos: una política proclive a la defensa de los derechos humanos El flujo migratorio proveniente de Centroamérica —principalmente de El Salvador, de Honduras y de Guatemala— ha intensificado su volumen durante los últimos veinte años. Teniendo en la mira a los Estados Unidos de Norteamérica, hombres y mujeres jóvenes emprenden una travesía que implica recorrer más de tres mil kilómetros de un extremo a otro entre la frontera norte y sur de México. En el mejor de los casos, historias excepcionales de tránsito exitoso, el viaje se realiza en unos tres meses; en el peor, el rastro se trunca en algún centro de detención para luego ser repatriado a su lugar de origen; o, peor aún, se pierde la vida entera o a pedazos en manos de la delincuencia organizada. México, a tono con las políticas de seguridad nacional estadounidenses y con las medidas de control implementadas en su frontera norte, se ha convertido en un país peligroso para todo aquel que intente utilizarlo como ruta hacia los Estados Unidos. La nota roja se ha apropiado de las historias de secuestro, de extorsión, de tortura y de asesinato que enmarcan las rutas de los migrantes centroamericanos. En estas historias, igual participan delincuentes comunes, policías de distintos niveles, agentes del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y el Ejército Mexicano. Grave de suyo por las implicaciones que conlleva un uniforme que se corrompe, las autoridades mexicanas de distintas instancias parecen estar coludidas 301

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estrechamente con la llamada “delincuencia organizada” en la comisión de estos delitos. Los gobiernos federales y estatales, impasibles ante la tragedia muda de los que terminaron sus días en fosas comunes o torturados en acciones de extorsión y de secuestro, apenas emprenden acciones —tardías las más de las veces— para afrontar este grave problema. Ante esta realidad que destaca la impunidad de manera cotidiana, las administraciones federales, particularmente la encabezada por el ahora expresidente Vicente Fox y el presidente Felipe Calderón (2006-2012), han signado y ratificado (aunque con algunas reservas en algunos casos, y, particularmente, en lo referente a las atribuciones discrecionales que abre el Artículo 33 Constitucional) un número de acuerdos y de compromisos con los contenidos de convenciones promotoras de la defensa de los derechos humanos de los migrantes, de las mujeres y de los niños. Se destaca, también, su participación en comisiones y en foros internacionales. Entre los más destacados —y entre los que mayor compromiso debían articular las acciones de los gobiernos mexicanos— están los siguientes: Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de todos sus Familiares. El actual gobierno ha enfatizado que uno de los ejes centrales de su política exterior es la promoción y la defensa de los derechos humanos. Una de las prioridades de México en los foros multilaterales de derechos humanos ha sido fomentar una mayor conciencia de la comunidad internacional sobre la condición de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes en el mundo. Se enfatiza la importancia de trabajar en la elaboración de estándares de protección efectiva a sus derechos. La realidad, sin embargo, es que, en materia de una aplicación efectiva de los acuerdos y de los compromisos internacionales en materia de defensa de los derechos humanos, el gobierno Fox y el de Calderón han sido particularmente negligentes e ineficientes en materia de atención a los múltiples formas en que: 1) se detiene, se encarcela, se tortura y se viola a trabajadores y trabajadoras migrantes centroamericanos al cruzar la frontera sur y en su tránsito hacia los Estados Unidos; 2) se extorsiona, se abusa y se trafica con los migrantes que permanecen en territorio mexicano; 3) se “asegura” y se deporta en condiciones humillantes y vio302

La otra integración: Derechos humanos y migración infantil en territorio mexicano. El caso centroamericano

lentas a quienes son identificados sumaria y arbitrariamente como “centroamericanos”. La política del avestruz, que ya no la Estrada, se erige, invisible, ante las víctimas de “no los veo ni los oigo”, que fue una triste expresión del expresidente Salinas, quien, en materia de oposición a sus adversarios políticos, aplicó la política “del juego de la piñata”: como que me amarran, como que no veo, pero bien que atino. 3. Emigrar: ¿México? ¿Estados Unidos? Los más de 1,000 ingresos diarios de migrantes no documentados que se registran durante los últimos años a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos no ocurren en función del binomio que pretende explicar este flujo mediante los factores de “expulsión” y los de “atracción”; ni mediante las deficiencias en el crecimiento económico de un país o región frente a los logros y éxitos del otro; ni, menos aún, mediante las decisiones de carácter personal que asumirían individuos arriesgados y emprendedores. Si bien es verdad que, bajo un análisis esquemático, a México y a Centroamérica les resulta cierto desempeñar un papel de economías de pobre desempeño (“periféricas”, ¨subdesarrolladas”, “en vías de desarrollo”, “emergentes” y demás eufemismos adscritos), de administración pública deficiente y corrupta y, por ende, con empleos insuficientes y mal remunerados, y que, por ello, se constituyen en polos de expulsión de mano de obra no empleada o empleada precariamente. Si, bajo este esquema, consideramos que a los Estados Unidos les corresponda el papel de economía moderna, sólida, con capacidad para la generación de empleos suficientes y bien pagados y que, por ello, se constituya en polo de atracción de la población laboralmente no atendida por países económicamente atrasados, también lo es el hecho de que habría más factores a considerar para poder explicar de manera comprehensiva este fenómeno, factores que trascienden el ámbito de lo local y de lo nacional. Así, la estructura y los contenidos de los tratados y acuerdos comerciales responden a una lógica que privilegia la ganancia por encima de los derechos humanos —migrantes o no—. En marcos de “cooperación” económica impulsados por los Estados Unidos, resulta abrumador corroborar cómo los tratados y los acuerdos comerciales contienen detallados capítulos de los derechos que se les otorga a las empresas extranjeras, los cuales contrastan con la total omisión de los derechos de los trabajadores. El Tratado de Libre Comercio de América 303

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del Norte (tlcan, en lo sucesivo), el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (rd cafta, en lo sucesivo) prescriben medidas que obligan a los países firmantes de los acuerdos respectivos a agilizar sus relaciones comerciales mediante la gradual reducción de aranceles a la importación y mediante acuerdos relativos a la aplicación de diversas normas fitosanitarias. Los pormenores referentes a qué productos y qué sectores serán objeto de su gradual introducción en los mercados respectivos ocupan textos de más de mil páginas en los idiomas de los países firmantes. Los detalles que previenen de los tiempos, de las formas y de las eventuales controversias resultantes de la complejidad de un acuerdo de magnitud que comprende a la población de medio continente no se dejaron al arbitrio. Como tampoco puede ser considerada arbitraria la decisión de no haber incluido en los Tratados referidos un tratamiento de la migración Centroamérica-México-Estados Unidos equiparable al tratamiento y la atención que merecieron todos los otros rubros. El modelo sobre el que eventualmente se pretendería abarcar a todo el continente con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (alca) omitía un capítulo sensible: el de la movilidad de la fuerza de trabajo no solo centroamericana y mexicana, sino también de toda Latinoamérica en caso de concretarse un acuerdo de alcance continental. Nos referimos, en concreto, a estrategias de política económica (y laboral) y de modelos de desarrollo orientados a crear condiciones para la conformación de mercados transnacionales. De este modo, los mercados de trabajo también adquieren dimensiones que responden a dinámicas de oferta y demanda a escala transnacional; oferta y demanda que, no obstante la retórica de la libertad con la que una y otra se autorregulan, están directa e indirectamente controladas por mecanismos políticos y económicos de poder. En este sentido, la voluntad personal de emigrar a donde se prevean mejores ingresos o condiciones de vida, teniendo en efecto el sustrato cognitivo-afectivo concomitante a la necesidad y la miseria, tiene, sin embargo, su explicación primera y última en un marco de referencia más amplio: los grandes acuerdos comerciales de alcance transnacional, macrorregional, diseñados al compás de la ampliación de mercados —de la globalización de la producción y del consumo. El tlcan, y el rd-cafta posteriormente, no solo no podrían detener la migración Centroamérica-México-Estados Unidos: sino también la propiciarían, como de hecho está ocurriendo a casi veinte años de instaura304

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do el primero, y a un año de formalizado el segundo. Por ello, con más de 45 millones de latinos residiendo en los Estados Unidos, y con índices de crecimiento que harán de esta población la cuarta parte del total dentro de poco más de veinte años, la migración es hoy realidad palpable en cada estado, en cada ciudad y en cada área rural norteamericana. Una mirada de amplio espectro no hace sino confirmar que, bajo las actuales condiciones y los acuerdos formalmente sancionados y bajo operación el tlcan y el rd-cafta, la migración de latinoamericanos y de mexicanos a los países del norte será, pues, una constante; una constante que proporciona ventajas al mercado laboral estadounidense; una constante que representa esperanzas de vida mejor a los migrantes. Constantes, todas ellas, enmarcadas en los discursos de su regulación, de su control y de su eventual —aunque falaz— contención. Bibliografía Alianza Social Continental (2008), “La crisis sistémica del capitalismo y las migraciones latinoamericano-caribeñas”, Adital. 18 de diciembre. Disponible en: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=36584. bbc Mundo (s/f), “La pesadilla empieza en México”, Fronteras de Dignidad. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/humanrights/pesadilla.shtml. Canchola, María (2010), “Personas migrantes centroamericanas en tránsito por México”, Análisis Político, año 4, núm. 1, septiembre – diciembre, Fundación Konrad Adenauer, Guatemala. Castillo, Miguel Ángel (2001), “Mujeres y fronteras: una dimensión analítica”, en Esperanza Tuñón Tablos (coord.), Mujeres en las fronteras: trabajo, salud y migración, Ecosur-Colson-Colef. ___ (2010), “México en la trayectoria migratoria de la población centroamericana”, Análisis Político, año 4, núm. 1, septiembre – diciembre, Fundación Konrad Adenauer, Guatemala. El Universal México (2011), “Alertan de falta de estrategia para “blindar” la frontera sur”, 17 de mayo. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/ estados/80427.html. Federación Internacional de Derechos Humanos (2008), Estados Unidos – México. Muros, abusos y muertos en las fronteras. Violaciones flagrantes de los derechos de los migrantes indocumentados en camino a Estados Unidos, núm. 488/3, marzo. González, Eduardo (2009), “Frontera vertical y rito de paso: centroamericanos migrando por México”, La Jornada, 23 de noviembre. 305

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Dimensión geopolítica

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Heriberto Cairo Carou Jerónimo Ríos Sierra 1. América Latina en 2011, continuidades y cambios Hoy por hoy, y pese al escenario mundial de crisis económica que viene desarrollándose en los últimos años, América Latina continúa haciendo valer una posición de relativa distancia en lo que respecta a sus consecuencias más nefastas. La reducción de la tasa pobreza viene siendo una constante en los últimos veinte años, pues, como informa cepal (2011), si en 1990 era del 48.4% y afectaba a 204 millones de personas, en 2011 era del 30.4% —170 millones de personas pobres—, esto es, tres millones de personas menos que en 2010. Pese a ello, la fuerte desigualdad social que impera en el continente sigue erigiéndose como uno de los grandes lastres al desarrollo de la región, pues, como revelaba el Informe de Desarrollo Humano del pnud (2011b), diez de los quince países más desiguales del mundo son latinoamericanos. Tanto es así, que en América Latina el índice de Gini es un 65% más elevado que en la media de los países más desarrollados, un 36% en comparación con los países del este asiático y de Europa Oriental, y un 18% más los países del África subsahariana. Una dinámica igualmente positiva que la tasa de pobreza se experimentaría a través del Índice de Desarrollo Humano1 (idh) elaborado por el pnud, cuya evolución positiva ha pasado de un valor de 0.624 en 1990,

1. El idh, un indicador creado por Naciones Unidas, parte de la ponderación de tres variables: el pib per cápita, el grado de alfabetización y la esperanza de vida al nacer, para tratar de medir el grado de desarrollo o subdesarrollo de una población dada.

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que ubicaba al continente latinoamericano en un nivel de desarrollo intermedio, a 0.731 en 2011 —tres centésimas más que en 2010—, lo que consolida a la región como un escenario de alto desarrollo (pnud, 2011a). Es de esperar que la situación, a grandes rasgos, siga mejorando en América Latina, a tenor de las expectativas de crecimiento económico que recaen sobre la región. Según la cepal (2011a), en 2011 las economías de América del Sur crecerán el 5.1%, mientras que México y América Central lo harán en el 4.3%. Pese a que se trata de un crecimiento un punto porcentual por debajo que en 2010, todo hace esperar, por otro lado, que en 2012 y 2013 repunten nuevamente las tendencias de crecimiento económico de la región (daes, 2012). Así, el binomio formado por estabilidad económica y mejora paulatina del panorama social seguirá favoreciendo que, incluso en el contexto de crisis, América Latina pueda desarrollar políticas públicas de lucha contra la pobreza, así como experimentar otras posibilidades, como la modernización sus fuerzas armadas, el incremento de su gasto militar y el fortalecimiento de sus mercados y su posición en un mundo cada vez con mayores centros de poder. Al margen de estos elementos, conviene señalar que 2011 fue un año electoral de suma importancia para América Latina, al producirse elecciones presidenciales en Perú, Guatemala, Argentina y Nicaragua. En Perú, el líder del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, se impuso por apenas dos puntos a la hija del controvertido Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y con él culminó un importante viraje ideológico. Pese a lo ajustado del resultado, la aprobación al gobierno de Humala ha rondado unos índices de popularidad cercanos al 60% a lo largo del año. En lo relativo a Guatemala, los resultados electorales del 11 de septiembre de 2011 supusieron un cambio en pos de la opción conservadora, habida cuenta de la victoria, por más de seis puntos, del otrora general del ejército guatemalteco, Otto Pérez Molina —quien ya había sido derrotado en los comicios de 2007 por el entonces presidente electo, Álvaro Colom— sobre el candidato de la lider, Manuel Baldizón. Por su parte, renovaron mandato político tanto Cristina Fernández en Argentina como Daniel Ortega en Nicaragua. Los comicios de octubre confirieron a Cristina Fernández un apoyo electoral sin precedentes en la democracia argentina, al obtener más del 54% de los apoyos y casi doce millones de votantes; esto es, cuatro veces más que la segunda fuerza del país. En lo referente a la victoria electoral de Daniel Ortega, este resultó elegido en noviembre de 2011 con el doble de votos que el partido de la oposición, el pli, si bien las irregularidades y los obstáculos 310

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identificados por la observación electoral internacional han trascendido a la opinión pública nacional e internacional, ha agitado a la oposición y ha conferido una crisis de legitimidad y transparencia que plantea para 2012, cuando menos, numerosas incertidumbres. Como se verá a continuación, y en consonancia con lo señalado hasta el momento, no es de esperar que con lo acontecido en 2011 se produzca viraje alguno en la proyección global de la región. Más bien, los principales acontecimientos del año han servido para redundar sobre las bases económicas, políticas e ideológicas que en la última década han reducido la tensión y el distanciamiento ad intra, y han favorecido la conformación de nuevas posibilidades regionales ad extra. Unas posibilidades alentadas por el “nuevo” regionalismo posliberal (Sanahuja, 2011) y por el distanciamiento creciente respecto de Estados Unidos, y que se imbrican dentro de la dinámica reciente de mayor relevancia, voz propia y protagonismo que el continente latinoamericano guarda en sus relaciones regionales con el resto del mundo. 2. América Latina y la Unión Europea en 2011 2011 ha sido un año de suma importancia en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, sobre todo habida cuenta de la necesidad de consolidar los éxitos de la vi Cumbre alc-ue, celebrada en Madrid en mayo de 2011, donde “la mayor parte de los avances alcanzados afectan a compromisos y objetivos ya contemplados en la estrategia de la Unión Europea de mediados de los noventa y en sus modificaciones posteriores” (Sanahuja, 2011, p. 17). Con ello, ha llegado a la relación entre América Latina y la Unión Europea un nuevo aire de optimismo que ha favorecido nuevas posibilidades en la búsqueda de una verdadera Asociación Estratégica Birregional —objetivo a conseguir desde la i Cumbre de Río, celebrada en 1999. Un asunto de gran valor, dada la suma de expectativas frustradas al respecto, para hacer frente, de paso, a unos posicionamientos escépticos cada vez mayores, que abogan por la necesidad de desarrollar un enfoque más realista y estrictamente bilateral, ajustado de mejor manera a las particularidades de los diferentes Estados de la región, así como a su endeble integración (Arenal, 2009; Malamud, 2010; Altmann, 2008; Altmann y Rojas, 2009; Maihold, 2008).

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Como derivación de los resultados de la referida Cumbre de Madrid, a lo largo de 2011 se ha venido trabajando en el Plan de Acción 2010-12 que, aparte de identificar los objetivos con mayor nitidez y favorecer el desarrollo de mecanismos de acompañamiento y fortalecimiento de los compromisos adquiridos entre ambas regiones, debiera servir como hoja de ruta óptima que engarce con la próxima cumbre de enero de 2013 celac-ue, clarificando la consecución de objetivos y su seguimiento, y mejorar la concreción de la agenda y el diálogo temático que la acompaña.2 Del mismo modo, se avanzó en relación con la Fundación al-cue, erigida sobre la base de un mayor y mejor conocimiento recíproco de América Latina y la Unión Europea, y prevista para acompañar a la voluntad expuesta en el Plan de Acción 2010-12, para favorecer la elaboración de “ideas concretas que contribuyan a una mayor densidad de la conectividad entre las dos regiones, especialmente en el plano cultural y social” (Peña, 2010, p. 15). Así, en enero de 2011 se decidió que la sede definitiva de la Fundación fuese la ciudad alemana de Hamburgo, y meses después, a partir de noviembre, empezó a funcionar de manera efectiva bajo la presidencia de la excomisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner. En lo relativo a las relaciones subregionales, en lo que tiene que ver con la región andina, tras la Cumbre de Madrid se decidió la constitución del Acuerdo Multipartes con Perú y Colombia, que trasciende por primera vez, en el seno de la región andina, la desgravación arancelaria, para incorporar, per se, elementos propios de los Acuerdos de Asociación Estratégica, como, por ejemplo, normas sanitarias y fitosanitarias, derechos de propiedad intelectual y competencia, así como un capítulo destinado a la relación del comercio y el desarrollo sostenible y a la inclusión de aspectos políticos, como el respeto por los derechos humanos y la no proliferación de armas masivas. El Acuerdo fue firmado el 24 de marzo de 2011, y se espera que la ratificación definitiva quede sellada a lo largo de 2012. Algunas voces han considerado que este Acuerdo Multipartes es la evidencia del éxito de la apuesta bilateral, si bien, sensu contrario, puede suponer más bien una fórmula alternativa de fortalecer la región andina por fuera de la

2.

Con la puesta en marcha de la celac el 3 de enero de 2011 esta pasará ser la entidad que represente a América Latina y el Caribe en su interlocución con la Unión Europea en lo que tiene que ver con las cumbres alc-ue. Por ello lo que debiera ser la vii Cumbre alc-ue ha sido rebautizada como i Cumbre celac-ue, que tendrá lugar en enero de 2013 en Santiago de Chile.

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esto es, sin renunciar a la estrategia propiamente subregional. Así puede entenderse, dado el interés mostrado por el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa por cómo el Acuerdo Multipartes concita desarrollo sostenible, fortalecimiento empresarial e integración regional. Sea como fuere, los posibles avances en 2012 quedarán sometidos a cómo se prospere en el tratamiento a las asimetrías regionales y las particularidades de la economía de Ecuador. Además, dependiendo de cómo prospere, esto puede suponer una motivación para el gobierno boliviano de Evo Morales, hasta el momento reacio a cerrar acuerdos “bloque a bloque”, por considerar estos acuerdos como una representación del espíritu neoliberal. En lo referente a la consecución del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea, igualmente obtenido en Madrid, este quedó rubricado, igual que el Acuerdo Multipartes, el 24 de marzo de 2011; esto es sumamente importante, habida cuenta de que conlleva la superación definitiva de lo que en su momento pudo suponer el golpe de Estado hondureño, en el verano de 2009, así como la superación a las reticencias de la presencia panameña dentro de la aplicación del Acuerdo y las reservas del gobierno de Honduras respecto del tratamiento de las asimetrías y de ciertos ítems comerciales (Sanahuja, 2011). Una vez ratificado —se espera que la ratificación se lleve a cabo en 2012, en el marco de la xxxix Cumbre de Gobernantes del sica—, el 91% de los productos de Centroamérica quedará introducido en el mercado europeo libre de arancel, por el 64% de los productos importados de Europa. Finalmente, en relación con el Mercosur, una vez reactivadas las negociaciones con la Unión Europea —paralizadas desde 2004—, lo cierto es que los resultados no han sido tan positivos y esperanzadores a la hora de favorecer y aproximar satisfactoriamente los intereses regionales. Tras la Cumbre de Madrid, en 2010 se celebraron tres rondas de negociación, complementadas a su vez por otras tres rondas que tuvieron lugar en el primer semestre de 2011 que no concluyeron en consenso alguno. Como ha informado la Comisión Europea (2012) en su informe anual sobre comercio internacional, a lo largo de 2011 fueron especialmente relevantes las políticas proteccionistas y las restricciones al transporte marítimo y la exportación de materias primas de Argentina y Brasil, así como las diferencias relacionadas con el emplazamiento que para sus manufacturas y las condiciones de servicios para las empresas europeas solicita la Comisión. En la contraparte latinoamericana, persisten las barreras sobre las subvenciones de la pac, así como la necesidad de incor313

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porar, ex profeso, un trato diferenciado para Uruguay y Paraguay. Por el momento, los “puntos calientes”, relacionados con aduanas, facilitación del comercio, barreras técnicas al comercio y mecanismos de resolución de conflictos, siguen sin plantearse hasta que no se produzcan acuerdos de base que, sea como fuere, exigirán del lado europeo terminar con las vestiduras de la “eurohipocresía” (Giddens, 2008) que representa sobre todo la pac en cuanto a la liberalización del comercio, y que hoy por hoy sigue siendo la principal razón de distanciamiento. 3. Desencuentros en la xxi Cumbre Iberoamericana de Asunción La xxi Cumbre Iberoamericana tuvo lugar en Asunción (Paraguay) los días 28 y 29 de octubre de 2011 bajo el lema “Transformación del Estado y Desarrollo”, y como una excelente oportunidad para construir miradas compartidas y concordar medidas específicas que propendan al desarrollo y permitan orientar la transformación del Estado (Rojas, 2011, p. 9). Sin embargo, lo cierto es que la Cumbre estuvo plagada de dificultades. Primeramente, por el importante grado de absentismo, que afectó a más de la mitad de los países invitados; fue especialmente notoria la ausencia de países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela. Después, por un conjunto de dificultades organizativas y el importante desencuentro entre el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y la representante del Banco Mundial, Paloma Cox. Finalmente, porque la propia Declaración Final aboga por la necesidad de fortalecer el Estado sobre la base de un mayor componente regulatorio en su relación con el mercado, si bien el trasfondo queda copado de generalizaciones y evidencia la dificultad del consenso y la divergencia de posiciones y desencuentros que afloraron en el transcurso de la Cumbre (segib, 2011). Pese a todo, y lejos de caer en el pesimismo, la Cumbre arrojó resultados positivos, como una mayor apertura de lo iberoamericano a la opinión pública y al mundo académico, lo que favoreció un mayor y mejor conocimiento del sentido y del alcance de la reunión. Igualmente se abrió la participación a diez organismos internacionales, como Banco Mundial, bid, caf, cepal, ocde o pnud, y se respaldaron proyectos iberoamericanos de cooperación tales como el Fondo de Recursos Hídricos y el Programa Iberhl (por medio de los Bancos de Leche Humana). A todo, cabría añadir, la inclusión de Haití como nuevo observador iberoamericano (Malamud, 2011). 314

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Sea como fuere, los resultados de este encuentro deberían servir para invitar a la reflexión en lo que a redefinir parte de este sistema de cumbres se refiere, dadas las recientes experiencias y desencuentros de las últimas cumbres. Así podría pensarse en una periodicidad bienal o en una simultaneidad con las Cumbres alc-ue, pero, desde luego, es necesaria una mayor y mejor coordinación de la agenda respecto de este tipo de encuentros. Quizá, con vistas a la próxima Cumbre, que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre de 2012, en Cádiz, sería pertinente pensar en la búsqueda de mayores niveles de concisión y concreción, pues, por ejemplo, mientras que la Declaración Final de Asunción resultó demasiado extensa, con 58 conclusiones, cabría añadírsele otros tantos (catorce) comunicados especiales, que en el fondo no hacen sino redundar en la repetición y desincentivar la consecución de compromisos y resultados concretos. Con todo, lo cierto es que, tras la Cumbre de Asunción, el compromiso y el buen estado en el que se encuentra la integración regional latinoamericana quedó de manifiesto en los siguientes tres encuentros regionales, todos con importantes avances, que tuvieron lugar en diciembre de 2011. Primero, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la unasur, celebrada en Caracas. Después, la cumbre de Mercosur, celebrada en Uruguay, donde se avanzó en la búsqueda de fórmulas jurídicas para la adhesión plena de Venezuela así como en compromisos en materia social o la firma del Protocolo de Montevideo —como salvaguarda del compromiso con los valores democráticos—. Finalmente, la Cumbre inaugural en Caracas, los días 2 y 3 de diciembre, de la celac, donde el encuentro de los jefes de Estado y de gobierno y los delegados de 33 países de América Latina culminó con la creación de un organismo que se erige como un foro político sin la presencia de Estados Unidos y Canadá y como un intento por desplazar del escenario regional latinoamericano a la Organización de Estados Americanos (oea). 4. Las relaciones con los bric El término bric fue acuñado por primera vez en 2001 por el economista del banco de inversiones de Goldman Sachs, Jim O’Neill, al identificar

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las cuatro economías dominantes en el mundo, en 20503 —Brasil, India, Rusia y China—, y sobre la base de un actual potencial emergente que, hoy por hoy, concita casi cuarenta millones de km2 y más de la mitad de la población mundial, además de una ingente cantidad de recursos naturales, una importancia geopolítica de gran trascendencia y un crecimiento notable en sus economías, por completo ajeno al contexto de crisis actual. Esto quedaría redundado además por una cuota de participación de los bric en la economía mundial, de prácticamente el 50%, así como en el comercio mundial de mercancías (15%) y de servicios (13%) (Turzi, 2011; cepal, 2012). Más allá de valorar las capacidades transformadoras del orden global actual, lo cierto es que los bric representan una nueva etapa del orden geopolítico de la post Guerra Fría en la que el “momento unipolar” (Krauthammer, 1990), “la primacía del poder norteamericano” (Jervis, 1993; Huntington, 1993), o el “dominio de la hiperpotencia” estadounidense (Cohen, 2004), quedan relegados de facto por un componente cada vez más multipolar (Layne, 2006), que no por ello supone alterar los pilares de la mundialización neoliberal (Katz, 2011). En este escenario, al menos de redefinición del protagonismo de los actores estatales, América Latina constituye un enclave geopolítico, económico y comercial de gran relevancia para China, Rusia e India. Buena prueba de ello se entiende, por un lado, con la visita de la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, al país asiático en abril de 2011 y la ronda de visitas que, en junio, llevó al vicepresidente chino, Xi Jinping, a Cuba, Chile y Uruguay. Por otro, a tenor de las palabras pronunciadas por Jinping en un discurso en la sede de cepal, donde destacó que “al entrar a la segunda década del siglo xxi, asistimos a renovadas oportunidades de desarrollo en las relaciones” entre China y América Latina y el Caribe (Jinping, citado por cepal, 10 de junio de 2011). Unas oportunidades que, por otro lado, comienzan a ser objeto de recelo y escepticismo en el seno del Banco Mundial (septiembre de 2011). Hoy por hoy, China es el socio comercial más importante de Brasil y Chile y el segundo más relevante para Argentina, Costa Rica,4 Cuba y 3. El fmi estima que, de acuerdo con el pib nominal, en 2050, las seis primeras economías del mundo serán, por este orden, China, Estados Unidos, India, Brasil, México y Rusia. La no incorporación en este grupo de otras posibilidades, como México o Corea del Sur, reside en el hecho de que ambas son actualmente miembros de la ocde. 4. El 1 de agosto de 2011 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio suscrito entre China y Costa Rica.

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Perú, si bien por el momento la relación entre ambas regiones es “interindustrial”. Es decir, comprendida por un intercambio de exportaciones chinas, principalmente, de bienes manufacturados, y de exportaciones latinoamericanas respecto de materias primas que dificulta tanto “el potencial de las alianzas empresariales sinolatinoamericanas como la inserción más eficaz de los países de la región en las cadenas productivas de Asia y el Pacífico” (cepal, 2011, p. 3). Pese a todo, el interés de China en la región hoy en día se traduce en un importante déficit comercial que puede acompañarse, a falta de ver cómo prosperan las relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea, del hecho de que entre 2014 y 2015, China se consolide como el segundo socio comercial, exportador e importador, de todo el continente. En 2011, las importaciones chinas han pasado a concentrarse en bienes de capital tales como productos electrónicos, maquinarias, equipos, piezas y partes, así como textiles y confecciones, y aunque en algunos casos los países más perjudicados, como Argentina, Brasil y México, han incoado investigaciones antidumping, en muchas ocasiones quedan desactivadas, dado el impacto económico del hegemón asiático sobre la región. Un impacto que en 2011 ha alcanzado los 22,700 millones de dólares —alrededor del 12% del total de la inversión China en el mundo— pero del que todavía es prematuro para conocer si nos encontramos o no ante una nueva fase en las relaciones económicas de China con América Latina donde los intercambios comerciales resulten acompañados de nuevas dinámicas de inversión, ya no solo en recursos naturales, sino también en manufacturas, infraestructura y servicios. Aunque con Rusia y con India el alcance de las relaciones es mucho menor, resulta igualmente cierto que, en los últimos años, la atención creciente sobre América Latina ha resultado constante. En 2011 el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, realizó una ronda de visitas que lo llevó a El Salvador, Perú y Venezuela, y que sirvió, nuevamente, para alentar la desconfianza de la Unión Europea y Estados Unidos hacia una presencia creciente en América Latina que, además de poner en evidencia la pérdida de influencia de estos dos actores sobre la región, cobra especial relevancia por el componente de venta de armas y transferencia de tecnología para el desarrollo de energía atómica que conlleva. Quizá esto último se explica en la medida en que, por un lado, Rusia no tiene mucho más que ofrecer y, por otro, sus cuotas de exportación armamentísticas necesitan nuevos horizontes, habida cuenta

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de que, tras la pérdida de importancia de China, ya no existen grandes compradores de armas rusas, con la salvedad de India y Argelia. Hoy por hoy, el principal socio de Rusia en América Latina sigue siendo Brasil, seguido de Venezuela, quien adquirió material militar en 2010 por un valor de 5,000 millones de dólares, Argentina y México. Pese a ello, aparte del sector armamentístico, las exportaciones rusas sobre la región abordan otras áreas como el sector del transporte, la energía nuclear e incluso la tecnología espacial, mientras que del lado de las importaciones — favorecidas por el Sistema General de Preferencias ruso en un 25% sobre el pago de arancel— estas guardan relación con el hecho de que Rusia sea uno de los mayores compradores de azúcar crudo, cítricos, carne y otros productos alimenticios (sela, 2011). Con todo, el interés de Rusia pasa por explorar nuevas vías de cooperación y acercamiento que vayan más allá de las relaciones comerciales y financieras, lo que ha sido una constante en 2011, donde se han continuado los trabajos por avanzar en materia de cooperación energética, metalurgia, extracción y transporte de hidrocarburos, exploración espacial y aprovechamiento de la energía nuclear con fines pacíficos. Todo con el fin de fortalecer unas relaciones económicas dominadas hasta el momento por el intercambio de bienes de escaso valor añadido. Por último, en lo que tiene que ver con India, las relaciones comerciales con América Latina se encuentran en una etapa inicial en la que el valor del intercambio comercial apenas alcanza los 10,000 millones de dólares, y los principales socios regionales son Brasil, Chile, México, Argentina y Colombia. Las exportaciones indias sobre el continente se concentran en manufacturas basadas en recursos naturales y manufacturas de alta, media y baja tecnología, mientras que las importaciones son recursos naturales, sobre todo, en crudo, minerales de cobre y aceite comestible. Dado el carácter incipiente de esta relación, los próximos años deberán servir para “consolidar y fortalecer los lazos, así como identificar y aprovechar las complementariedades y promover alianzas de negocios a fin de estimular su internacionalización y aumentar la competitividad” (cepal, 2012, p. 8). En tal tesitura, y dado que se espera que en los próximos años India incremente su consumo de productos básicos, América Latina deberá estar preparada para competir con otras regiones del mundo en ofrecer sus productos básicos, habida cuenta, sobre todo, del interés indio por diversificar al máximo sus proveedores.

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Conclusiones Con todo lo expuesto, y llegados a este punto, puede decirse que 2011 ha sido un año de consolidación y de continuidad en el viraje que, desde hace años, la región lleva experimentando. América Latina ha seguido mejorando su situación económica, con importantes niveles de crecimiento económico, así como reduciendo sus niveles de pobreza, y se espera que 2012 y, sobre todo 2013, mantengan tal favorable situación. Del mismo modo, se han consolidado importantes avances respecto de los compromisos adquiridos en la Cumbre alc-ue de Madrid, de 2010, de manera que, al igual, 2012 será fundamental en la consecución de objetivos y el favorecimiento de encuentros y diálogo que den continuidad al horizonte de mayor proximidad entre ambas regiones, y cuya próxima parada será la i Cumbre elac-ue enero de 2013. Para entonces, se espera que el Acuerdo Multipartes entre Colombia y Perú y la Unión Europea haya quedado ratificado, del mismo modo que el Acuerdo de Asociación Estratégica con Centroamérica y Panamá. Igualmente, 2012 será fundamental en lo que concierne a la xxii Cumbre Iberoamericana, a celebrar en Cádiz con motivo del bicentenario de la Constitución Liberal española de 1812, en ella será necesario abordar algunas de las problemáticas descritas que requieren renovar, cuando menos, el sistema de cumbres América Latina-Europea, como se comprende hasta el momento, en aras de hacerlo más eficaz, eficiente y productivo. También el próximo año será momento para atender si la importancia económica comercial, económica y geopolítica del continente sobre los bric incorpora nuevos componentes en su relación, y cómo estos se desarrollan, sobre todo en lo que tiene que ver con China, cuya proyección regional cada vez es mayor. En definitiva, cabe esperar que el próximo año, como este 2011, sea de consolidación y confirmación del nuevo escenario global en el cual, cada vez más, América Latina tiene mucho que decir y aportar. Bibliografía Altmann, J. (2008), “Las relaciones Unión Europea-América Latina: un balance de la situación actual”, Revista Española de Desarrollo y Cooperación, núm. extraordinario sobre la v Cumbre alc-ue, pp. 67-84. 319

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Geopolítica de los movimientos sociales latinoamericanos: Espacialidades, ciclos de contestación y horizonte de posibilidades

Breno Bringel María Almudena Cabezas González La difusión de protestas en diferentes partes del mundo durante el año 2011 reavivó la dimensión geopolítica de la contestación social. La denominada “primavera árabe” en el Norte de África y el mundo árabe y la territorialización de las protestas en Estados Unidos y el Sur de Europa llevaron a muchos autores a buscar respuestas renovadas a ¿cómo las protestas se difunden de un lugar para otro? ¿Qué función cumplen las redes sociales y las redes de movimientos sociales? ¿Cómo se adaptan los repertorios de acción colectiva y los enmarcamientos de la realidad en diferentes lugares a partir de las particularidades del tejido social, la existencia de culturas políticas diversas y variadas lógicas de contestación? ¿Cómo construir demandas cada vez más complejas y multidimensionales que permitan generar inteligibilidad entre luchas sociales de diferentes procedencias geográficas y temáticas? Todas esas preguntas, de gran centralidad en la última década, tienen una explícita dimensión espacial, aunque no siempre son exploradas a partir de herramientas analíticas provenientes de la geografía política y de la geopolítica. Por otro lado, son preguntas que se han popularizado principalmente a través del intento de explicar las experiencias de redes transnacionales, movimientos sociales globales y de algunas luchas recientes, principalmente en occidente. ¿Qué decir de América Latina como región? En este artículo nos gustaría sugerir y explorar tres hipó-

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tesis acerca del carácter geopolítico de los movimientos sociales latinoamericanos. La primera reflexión, de carácter más teórico-metodológico, está relacionada con cómo interpretar los movimientos sociales latinoamericanos a partir de una perspectiva espacializada y regional. Se sugiere que en las dos últimas décadas ha habido un fuerte despliegue geopolítico de los movimientos sociales en América Latina, debido a la convergencia de múltiples espacialidades que ha permitido vislumbrar cómo las resistencias en los lugares y los territorios se conectan a redes e iniciativas más amplias, multiescalares, que van de lo local a lo global (y viceversa), con un énfasis importante en lo regional, que ha contribuido a la consolidación de una nueva representación espacial regional. Lugares, territorios, escalas, redes y difusión aparecen aquí como nociones claves a ser exploradas. En un registro complementario, aunque diferenciado, nos gustaría sugerir que las luchas sociales en América Latina han pasado por diferentes ciclos de contestación en las últimas dos décadas. Esta dimensión temporal permite la (re)construcción de una historia espacializada de los movimientos sociales latinoamericanos. Aunque existe una tendencia en la literatura académica a dividir los ciclos de protesta en América Latina a partir de diferentes décadas (los años ochenta representarían así las protestas en la “década perdida”, los noventa frente a la “década neoliberal” y la primera década del siglo xxi un nuevo escenario más proactivo de convergencia con gobiernos progresistas de la “década progresista”), se propone una mirada más detenida a subciclos de movilización, en los que se puede identificar inflexiones y cambios en los patrones de acción colectiva, la identificación de nuevos marcos interpretativos, la generación de nuevos eventos y espacios regionales de convergencia, y el foco en determinados conflictos, demandas y ejes temáticos de actuación. Finalmente, en un tercer y último momento, nos centraremos de forma específica en el ciclo actual de protestas en América Latina, tratando de identificar sus principales características, enfatizando aquí también su dimensión espacial y regional. Ejemplos del año 2011 nos servirán para contrastar episodios específicos con escenarios más amplios, bien como para examinar si estamos ante una nueva inflexión en la geopolítica de la contestación en la región. Se sugiere, de este modo, que estos “eventos” de protesta recientes solo pueden entenderse si son considerados como “procesos” entendidos en su dimensión espacial a lo largo del tiempo.

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Geopolítica de los movimientos sociales latinoamericanos: Espacialidades, ciclos de contestación y horizonte de posibilidades

1. Espacialidades y dimensiones geopolíticas de la resistencia: algunos presupuestos teóricos Hay en la actualidad un creciente interés en la discusión de la espacialidad de las resistencias y de la contestación política y social. Sin embargo, como bien han señalado Leitner, Sheppard y Sziarto (2008), la mayoría de los análisis acaban privilegiando una espacialidad específica. Entre los geógrafos el énfasis principal ha sido puesto en las escalas, mientras que entre los sociólogos y politólogos con sensibilidad espacial las redes y los territorios han sido, en términos generales, las categorías privilegiadas. Esta elección obedece en la mayoría de los casos a un criterio analítico y ontológico, dada la dificultad de cruzar las diferentes espacialidades implicadas, pero reduce el potencial interpretativo al ofrecer una visión parcial de cómo el espacio importa en el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales. De este modo, el desafío central reside en prestar atención a la pertinencia de espacialidades particulares en contextos específicos, pero también a su coimplicación, que no significa simplemente una copresencia de espacialidades, sino también cómo cada una de ellas afecta a las demás e incide en la trayectoria y conformación de la contestación política y social. Por ello, en las líneas siguientes discutiremos brevemente la importancia de articular nociones clave como las de lugar, redes, territorio, escalas y difusión, para generar una interpretación teórica que permita analizar geopolíticamente las resistencias. La noción de “lugar” parece recuperarse en las últimas dos décadas de su marginalización histórica en la teoría social y política occidental (Lois, 2010). Los lugares ofrecen no solo una oportunidad de crítica al globalismo contemporáneo, sino “también son locus para nuevos tipos de actividades políticas radicales que reafirman las propiedades de la vida cotidiana frente al desarrollo abstracto de la modernidad capitalista” (Dirlik, 1999, p. 49). Este entendimiento de la política del lugar permite romper con la imagen del espacio como un escenario estático, y lo ubica bajo la influencia de relaciones de clase, género, etnia, raza y una nueva utopía de carácter explícitamente espacio-temporal (Harvey, 1989; Massey, 1994). No se trata del lugar como contexto, sino de un espacio de la organización y las producciones sociales; es decir, entendido como espacialidad de la base social (Soja, 1989); como un campo político e ideológico, abierto e híbrido, siempre provisional, donde se expresan relaciones sociales y de poder y donde se resiste a ellas (Bringel, 2007; Oslender, 2008). De este modo, se puede decir, llevando en serio a Agnew (1987), 325

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que el lugar es una noción central para articular los dispositivos microsociológicos a partir de los cuales se estructura la acción colectiva (la sociabilidad y la convivencia, las solidaridades al interior de un grupo o movimiento social, las deliberaciones y creaciones de marcos interpretativos, etcétera) con aquellos elementos estructurales establecidos por un orden macro que coloca posibilidades y restricciones a la acción (las dinámicas más amplias del sistema político, las configuraciones geoeconómicas y geoculturales que moldean la “estructura de oportunidades políticas”). Si el lugar puede contribuir a complejizar, de manera más dialéctica, la tensión ontológica entre acción y estructura y las habituales dicotomías entre lo micro y lo macro, también es una perspectiva reivindicada por los propios movimientos sociales en América Latina que, en gran medida, vienen reivindicando sus luchas como resistencias por el territorio, la cultura y el lugar (Escobar, 2008). Sin embargo, este entendimiento multidimensional del lugar debe ser asociado a las nociones de redes y territorio. Ambas nociones se han convertido en instrumentos fundamentales para los estudiosos de la contestación política y social, aunque habitualmente encontramos visiones muy distintas, e incluso opuestas, sobre qué se entiende por redes y territorio. Algunos autores priorizan la red como referente organizativo y de intersubjetividad entre los diferentes actores y movimientos sociales (Diani, 1998; Scherer-Warren, 2008), mientras para otros el territorio aparece como elemento privilegiado de análisis, como base de la propia existencia de determinados movimientos sociales, como los indígenas y campesinos, que luchan por la tierra y el territorio (Fernandes, 2000). Con frecuencia, la elección de una categoría analítica referencial se acaba traduciendo en diferenciación y oposición, cuando se contrasta una base más material y de cohesión estructural para la acción colectiva (territorio) frente a una mayor fluidez y a las interacciones contingentes de las formas organizativas y dinámicas contemporáneas de los movimientos sociales (redes). Sin embargo, lejos de constituirse en una disyuntiva excluyente — manifestada en el predominio de la fluidez sobre la estabilidad, de lo centrífugo sobre lo centrípeto, de lo topológico sobre lo topográfico, etcétera—, ambas dimensiones son complementarias y se deben analizar en continua tensión, dentro del proceso de espacialidad de la (contestación) política. De este modo, redes y territorios no son elementos excluyentes ni mucho menos separados. Cuando luchas sociales territorializadas se unen o crean una red flexible pasan a estar conectadas a lugares diferentes dentro de una gran variedad de escalas geográficas (locales, 326

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nacionales, regionales, globales) que son partes constitutivas y enlaces de diferentes longitudes en la red. Estas escalas son construcciones sociales en continua relación (tanto en términos de la acción colectiva en sí, como en la definición de aliados y enemigos o de percepciones y enmarcamientos de la realidad social) y no “niveles” distintos y separados de acción. Como señala, de forma precisa, Paul Routledge: “algunas redes son relativamente más localizadas, mientras otras son más globales en su alcance y la relación entre las redes y los territorios es mutuamente constitutiva: las redes están incrustadas en los territorios y, al mismo tiempo, los territorios se insertan en las redes” (2003, p. 336). Dentro de esta dinámica de continua interacción entre redes y territorios, los lugares son reconfigurados de forma continua. Esto contribuye a cuestionar algunas asociaciones poco acertadas entre redes y desterritorialización, basadas en oposiciones esencialistas (Massey, 2005) entre el espacio (como algo más general y fluido) y el lugar (como algo más particular y fijo). Por otro lado, esta imbricación de espacialidades contribuye a interpretar unas territorialidades cada vez más complejas (Porto Gonçalves, 2001), ya que aunque se suele asociar las redes a la velocidad, el territorio también es producido a través del movimiento y de procesos de desterritorialización, reterritorialización y disputas entre territorialidades. Dicha disputa se produce entre actores y proyectos que articulan una enorme diversidad de intereses, perspectivas y escalas. De ahí la importancia de analizar la política de escalas y las dinámicas de difusión como herramientas para reconstruir continuamente los múltiples lugares de enunciación de la (contestación) política, de difusión e intercambio de repertorios de protesta y marcos de propuesta, y de incidencia en las cada vez más diseminadas, y a veces oscuras y ocultas, esferas de decisiones y de poder. En definitiva, un análisis geopolítico de las resistencias no puede aislar, ceteris paribus, totalmente las variables/nociones aquí discutidas, ni tampoco dar mayor protagonismo al territorio, a las redes o a las escalas, como viene siendo habitual en las teorizaciones socioespaciales recientes (Jessop, Brenner y Jones, 2008). Por el contrario, hay que estar siempre atentos a cómo el activismo social contemporáneo se manifiesta en múltiples formas y dimensiones, por lo que aunque se opte por dividir analíticamente estas nociones, siempre hay que buscar sus interrelaciones. Solo así se podrá construir un enfoque territorial abierto y relacional que permita entender la imbricación entre escalas de intervención política, la construcción de identidades colectivas permeadas por un sentido global 327

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del lugar y los elementos, mecanismos y prácticas espaciales que posibilitan un activismo de carácter transnacional con acciones colectivas localizadas, aunque no necesariamente localistas. La conjunción de estos elementos permitirá diseñar de forma más precisa una interpretación teórica del mapa “antigeopolítico” (Routledge, 2003) de América Latina que viene desafiando las prácticas espaciales y representaciones hegemónicas del espacio, dibujadas por las élites políticas, algunos Estados, empresas transnacionales y una gran variedad de organizaciones e instituciones. 2. Ciclos de contestación en la América Latina contemporánea Abogar por una interpretación socio-espacial de la acción colectiva y los movimientos sociales no implica marginar la historia y el tiempo, obsesionándose con el espacio en una especie de “venganza postmoderna”. Por el contrario, el reto consiste en buscar convergencias a través de nuevas narrativas espacio-temporales que sean capaces, por ejemplo, de reinterpretar herramientas clásicas de las teorías de los movimientos sociales como los “ciclos de protesta” (Tarrow, 1991) no solo desde una perspectiva histórica/temporal, sino también a partir de la inserción e influencia de las prácticas espaciales en diferentes momentos históricos y a partir de múltiples historias locales. De forma paralela, el análisis de diferentes actores y dinámicas de contestación a lo largo del tiempo permite desarrollar una interpretación geopolítica de los movimientos sociales latinoamericanos que lleve en cuenta elementos micro y macro, asociando lugares, redes y escalas diversas de actuación. Los varios ciclos de contestación en América Latina remiten a diferentes momentos históricos y temporalidades. Nos interesa aquí señalar algunos elementos básicos de lo que consideramos el ciclo de contestación contemporáneo en la región, que empieza en 1989 y que podría estar llegando a su fin, o al menos a una nueva inflexión, en la actualidad, tal como discutiremos en la última parte de este texto. Este ciclo que empieza en 1989 puede, sin embargo, ser dividido analíticamente en subciclos de contestación, con diferentes elementos y configuraciones de los actores sociopolíticos y de las dinámicas de protesta en la región. En lo que sigue señalamos los rasgos principales de cuatro subciclos: el primer subciclo va de la Campaña 500 años de Resistencia Negra, Indígena y Popular, central para la articulación de los movimientos sociales en una escala regional, al Levantamiento Zapatista (1989-1994); el segundo 328

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abarca el periodo de la articulación inicial de la lucha contra el alca hasta la emergencia del Foro Social Mundial (1994-2001); el tercero se inicia en la confluencia propositiva entre el fsm y la emergencia de gobiernos progresistas en la región y se termina con la Cumbre de Mar del Plata en Argentina, que derrota al alca (2001-2005); el cuarto subciclo, a su vez, coincide con la crisis del Foro Social Mundial y el desmantelamiento de algunas redes y plataformas regionales, al mismo tiempo que con la mayor centralidad de la acción colectiva transnacional descentralizada y en redes temáticas (2005-2010). a. Primer ciclo (1989-1994) Pensada de forma inicial en enero de 1989 por organizaciones campesinas e indígenas latinoamericanas, la Campaña Continental 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular tenía como objetivo contrarrestar las lecturas oficiales y celebratorias del v Centenario de la conquista española y del “descubrimiento de América” que se darían previsiblemente en 1992, a partir de la denuncia y el afianzamiento de la unidad de los pueblos oprimidos por el colonialismo y sus luchas sociales. En sus tres años de duración, fue un marco, sin precedentes, en la coordinación más estable y duradera entre los movimientos sociales latinoamericanos. Funcionó mediante un proceso de descentralización en comités nacionales para valorizar las diferentes realidades y dinámicas de trabajo, aunque existió una articulación permanente de las diferentes iniciativas, cuyo momento cumbre fueron los encuentros continentales para profundizar en una visión unitaria. El éxito de la campaña varió según los países, pero quizás lo más relevante sea que en octubre de 1992 no se disolvió en el iii Encuentro Continental realizado en Managua (Nicaragua), sino se decidió constituir un “Movimiento Continental Indígena, Negro y Popular” de carácter “amplio, pluralista, multiétnico, plurinacional, pluricultural, anticolonial, antiimperialista, solidario, autogestionario, democrático, en contra de todas las formas de explotación, opresión, racismo y discriminación” (León, 1997). Aunque, en un sentido estricto, el término “movimiento” quizás no sea el más adecuado para definir lo que quedaba después de Managua, su utilización tenía el sentido de ir más allá de campañas e iniciativas puntuales y seguir avanzando en esta iniciativa inédita de sinergias y confluencias entre los movimientos sociales de la región. En este sentido, frente a la intensa articulación de ong paralela a la Cumbre de la 329

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Tierra, conocida también como “eco-92” o “Río 1992”, “Managua 1992” fue un espacio y un momento fundamental para crear y profundizar los canales de comunicación y resistencia entre los movimientos sociales de toda América Latina.1 Finalmente, también cabe destacar que la puesta en marcha de la Campaña Continental 500 años ocurrió el mismo año que la caída del Muro de Berlín, que implicó una reconfiguración de la izquierda en todo el mundo. Lo que puede parecer una mera coincidencia en la práctica no lo fue, dado que, bajo el lema “Unidad en la diversidad” y un horizonte que tensionaba con ciertas prácticas del denominado socialismo real, se produjeron convergencias históricas entre movimientos de la región a partir de una “internacionalización directa basada en mecanismos de difusión relacionales” (Bringel, 2011). Esto supone que los movimientos del campo lograron crear a partir de la Campaña Continental 500 años un espacio propio y autónomo de articulación, donde ya no eran simplemente invitados, representados o mediados por terceros, sean estos partidos, sindicatos u otros actores. A partir de ese momento, se abre un escenario de convergencias y solidaridades en el espacio regional distinto al anterior, porque el énfasis deja de estar en la captación de afiliados y en la creación de estructuras para su coordinación, para centrarse en los mecanismos y dinámicas que permitan una interacción fluida entre diferentes movimientos y organizaciones, con una articulación mucho más flexible y relacional. b. Segundo ciclo (1994-2001) El escenario de convocatorias y convergencias unificadas a escala continental abierto por el ciclo anterior es uno de los más importantes precedentes de lo que vendría a partir de este ciclo, con la lucha contra el alca en la región y otras movilizaciones vinculadas globalmente al movimiento antiglobalización (Bringel y Echart, 2010). Este ciclo es especialmente relevante en la construcción de un tejido regional contestatario y tiene dos hitos de partida centrales que coexisten en el año 1994: el primero es el levantamiento zapatista que desde un lugar específico de la Selva Lacandona articula discursos, actores y acciones alrededor de toda 1.

Veinte años después, y con un escenario bastante distinto tanto en la región como en el mundo, se celebraría la Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro, de forma paralela a la Cumbre Oficial “Rio+20”. Para un análisis histórico y global de dicha Cumbre, véase Bringel (2012).

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América Latina y el mundo; el segundo es la creación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (cloc) que, como dinamizadora regional de La Vía Campesina, dota de una importante organicidad e identidad a los movimientos rurales en la región. En este mismo año 1994 se presentó la creación del alca, durante la celebración de la i Cumbre de las Américas en Miami, con el objetivo de crear un área de libre comercio que abarcaría desde Alaska a la Patagonia, exceptuando a Cuba. Sin embargo, hasta la celebración de la ii Cumbre de las Américas (Santiago de Chile, abril 1998), el alca no era más que un proyecto vago. Entonces dan comienzo las negociaciones formales para su consecución, y aunque estas se convierten en un proceso complejo que genera una actividad diplomática febril, el proceso de negociación es altamente azaroso, y finalmente no llega a consolidarse en el formato que se había proyectado. La emergencia de un discurso y unas prácticas políticas alternativos al alca desde el campo de los movimientos y organizaciones sociales en este ciclo va a encontrar su máxima expresión en la formación de la Alianza Social Continental (asc), una gran coalición social transnacional en cuyo proceso de formación es fundamental el aprendizaje que supone la activación de redes y coaliciones en el marco de la formación de redes formales e informales previas, que habían generado ya una intensa dinámica transnacional, que aglutinó diversas experiencias y luchas localizadas en escalas más amplias de acción colectiva. c. Tercer ciclo (2001-2005) Las negociaciones del alca son el detonante de una actividad social regional capaz de aglutinar en una misma coalición continental a movimientos, organizaciones y redes sociales, de muy distinto rasgo espacial y con diferentes demandas y objetivos, y de generar un ciclo de protestas regionales sostenidas durante el período 2001-2005, de dimensiones desconocidas. Aunque los actores privilegiados de este nuevo ciclo de protesta son los movimientos campesino-indígenas, asalariados del sector público, estudiantes y pobladores de las ciudades, es llamativa la particular importancia que adquieren los procesos de convergencia regional transnacional que, por su amplitud geográfica y poder de convocatoria en términos de movimientos y colectivos sociales, constituyen una experiencia sin precedentes. De esta forma, la amenaza continental del alca va a consolidar las experiencias de articulación hemisférica y regional donde 331

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confluyen sindicatos, mujeres, estudiantes, ong, partidos políticos, colectivos antimilitaristas, ecologistas, organizaciones campesinas y agrarias e indígenas (Seoane, Taddei y Algratini, 2006). Muchos de estos actores acaban encontrándose también en el Foro Social Mundial, que emerge como un importante espacio de convergencia global en 2001, aunque dinamizado principalmente por los actores sociopolíticos latinoamericanos, al menos en sus tres primeras ediciones realizadas en Porto Alegre. Durante este ciclo la polarización social y los conflictos se extendieron considerablemente en América Latina. La crisis de diciembre de 2001 en Argentina sirvió como hito en el proceso de las luchas populares emergentes, a través de las masivas protestas del “Argentinazo” que dieron lugar a una posterior organización efímera pero potente de los trabajadores desocupados y fracciones de la pequeña burguesía, centrada en las fábricas recuperadas y en una estructura asambleísta. Del “que se vayan todos” argentino a las insurrecciones de 2002 en Venezuela ante el intento golpista de la derecha, pasando por el papel protagónico que adquieren los movimientos campesinos e indígenas, la protesta y la propuesta crecían al ritmo de las innovaciones organizativas y de la proliferación temática de los Foros Sociales, enfrentándose al incremento de la militarización social y de las fronteras (con diferentes manifestaciones que denuncian, por ejemplo, el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá), además de a la criminalización de la contestación en unas sociedades con una complejidad social cada vez mayor. Asimismo, se observa una tensión creativa en la relación entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas emergentes en este ciclo, algunos de los cuales pasaron a asumir cierta radicalidad programática, afín a los intereses y demandas populares. Esta correlación de fuerzas entre la izquierda política y social y la consolidación de los lazos de resistencias lleva a que la Cumbre de Mar del Plata, realizada en noviembre de 2005, se convirtiera en el escenario idóneo para el lanzamiento de una agenda mucho más ofensiva de los movimientos sociales. Las protestas en la ciudad argentina, además de enterrar el alca, denunciaban la nueva estrategia estadounidense de los tratados bilaterales y rechazaban cualquier “integración alternativa” que no contara con los pueblos como sujetos activos. De este modo, se puede decir que en estos dos últimos ciclos los actores sociales dirigen su atención y la centran en los procesos institucionales de regionalización, y de forma decisiva y creciente van a luchar por su sentido y orientación, desarrollando, en paralelo a las negociaciones del alca una articulación 332

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regional y continental basada en el rechazo a la globalización neoliberal. El proyecto del alca, en particular, contribuye a reforzar el discurso de la identidad latinoamericana y, de alguna manera, a revitalizar la matriz histórico-política generada por los dos grandes mitos regionales: el latinoamericanismo y el panamericanismo, y sus hermanos siameses, el nacionalismo y el imperialismo; en las distintas formas de conexión entre estos marcos interpretativos se insertan los significados del regionalismo para una variedad de actores regionales. d. Cuarto ciclo (2005-2010) El entierro del alca no significó la muerte del libre comercio. El “nuevo fantasma” que recorrió la región fueron los tratados bilaterales, impulsados no solo por los Estados Unidos, sino también por la Unión Europea (Cairo y Cabezas, 2011). Emerge, en este momento, un novedoso tipo de redes transnacionales que, en este caso, iban más allá de América Latina, y la conectaban con redes, organizaciones y movimientos de otras regiones. Un ejemplo es el ambicioso proceso de resistencia birregional construido entre organizaciones de Europa, América Latina y el Caribe, que se iniciaría formalmente en 2004, de forma paralela a la Cumbre Oficial de Jefes de Estado de la ue y América Latina, bajo el nombre “Enlazando Alternativas” (Cairo y Bringel, 2010). El diagnóstico común era que los tratados comerciales provenientes de la ue no son menos dañinos que los de Estados Unidos, por lo que necesitan ser desmontados a partir de una convergencia de fuerzas sociales de ambos lados del Atlántico. Pero, por otro lado, al descentrar los proyectos de libre comercio al ámbito bilateral e interestatal, y no ya de América Latina como región (en lo que parecía ser una reedición más de la clásica estrategia “divide y vencerás”), emergen nuevos desafíos y escenarios. Hasta Mar del Plata los procesos de integración y la resistencia al libre comercio en América Latina tuvieron, como ya hemos visto, al alca como eje central de gravitación. Las principales redes continentales de resistencia funcionaron a buen ritmo, aunque la capacidad de formación y movilización dependió no solo de la estructura de oportunidades políticas internacional, sino también de la nacional (marcada por la coyuntura política y social, las diferentes estructuras de movilización y las diferentes posturas gubernamentales sobre el alca) y del potencial de las subredes dinamizadoras en el ámbito nacional. En este sentido, el proceso estuvo marcado por ritmos desiguales, ya que, por ejemplo, el potente 333

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despliegue de las redes brasileñas no fue el mismo que el trabajo más modesto de las articulaciones realizadas en países donde los movimientos tienen menor capacidad de movilización. Con la “resaca” de Mar del Plata, emergió el desafío de repensar la resistencia frente a un escenario emergente de tratados de libre comercio específicos, ¿se implicaría la red brasileña en la lucha contra el tlc entre Estados Unidos y Costa Rica, por ejemplo? ¿Con el mismo énfasis que en la campaña continental? ¿Hasta qué punto la victoria contra el alca representó una convergencia sólida y duradera entre movimientos sociales de la región? A grandes rasgos se podría decir que hay un cambio de patrón de movilización en la acción colectiva durante este ciclo. En primer lugar, hay que señalar la dificultad de mantener una alta intensidad de conflictividad social por un largo periodo. En segundo lugar, se puede hablar del agotamiento de algunos espacios de convergencia, como el Foro Social Mundial, y el desmantelamiento de algunas redes regionales, como la Alianza Social Continental, centrales en el ciclo anterior. Tras la convergencia regional en torno al rechazo al alca, las redes constituidas han continuado activas, aunque no todas las fuerzas sociales y políticas que se movilizaron en la etapa de resistencia al alca continuaron sus actividades en una lucha más fragmentada contra el libre comercio. En tercer lugar, se puede hablar de un repliegue subregional, seguido de una mayor descentralización de la acción colectiva y de la constitución de redes temáticas más sólidas. Los elementos señalados no llevan a una crisis de los movimientos sociales latinoamericanos, sino a su rearticulación a partir de nuevas demandas, redes articulatorias y adaptaciones a los nuevos contextos nacionales, regionales y globales. Hay que subrayar en este ciclo un nuevo contexto donde algunos gobiernos progresistas ya no tienen relaciones tan fluidas con los movimientos sociales como en los ciclos anteriores. Además, la irrupción de la crisis financiera en el centro del sistema-mundo en 2008 tiene importantes consecuencias para América Latina y sus luchas, aunque se puede distinguir tendencias diferenciadas en la geopolítica de las resistencias del Norte y del Sur. En el primer caso, principalmente en los países del Sur de Europa y de Estados Unidos, la mayoría de las protestas con ramificaciones y difusiones supranacionales enfrentan las consecuencias más directas de la crisis económica (paro, mayor precarización laboral y deterioro en las condiciones de trabajo; desmantelamiento de los servicios públicos, principalmente la educación y la sanidad; etcétera). Esto lleva a que las diversas expresiones de la “indignación” se 334

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dediquen más a la defensa de los derechos conquistados históricamente que a la conquista de nuevos derechos. Asimismo, a pesar de algunas articulaciones, campañas y acciones de carácter propiamente regionales en Europa (lo que ha incluido incluso una huelga continental), las protestas están más influenciadas por coyunturas y debates locales/nacionales. Ya en el segundo caso, y muy en particular en América Latina, asistimos a procesos contradictorios de democratización y desdemocratización en el sentido de Tilly (2007), aunque, en general, existe una tendencia más fuerte a la conquista de derechos. La crisis global redimensiona geopolíticamente las luchas sociales del Sur Global de manera distinta a las del Norte. El foco, en este caso, no está tanto en las consecuencias directas de la crisis financiera, sino en las implicaciones de las diversas crisis globales interrelacionadas, como la ecológica, la energética o la alimentaria. Esto quiere decir que la disputa por los recursos naturales y servicios estratégicos, los bienes comunes, los modelos de desarrollo y el control del sistema financiero están en el centro de las discusiones y los conflictos en América Latina hoy. Dentro de estos campos de conflictos se ha producido un mayor protagonismo de determinados movimientos y redes temáticas como, por ejemplo, aquellos que, frente a la radicalización del agronegocio a través de la financierización de la alimentación, siguen construyendo discursos y prácticas socioespaciales que apuestan por la soberanía alimentaria. 3. ¿Hacia un nuevo ciclo? El año 2011 y horizontes de posibilidades A pesar de la tendencia a la descentralización subregional y temática de la acción colectiva transnacional en América Latina en los últimos años, todavía existen “redes latentes” (Melucci, 1999) que se activan en el momento en que haya necesidad de ello. Esto es posible por el potente aparato comunicativo, las redes de afinidad y de solidaridad, y la proliferación de un conjunto de iniciativas que, aunque “invisibles” en su trabajo cotidiano, adquieren una considerable expresión y visibilidad en momentos de intensificación del conflicto social. Sea como fuere, el escenario que se inaugura con esta segunda década del siglo xxi es bastante más complejo y multidimensional que el de diez años atrás con el cambio de siglo. Algunos movimientos sociales con larga trayectoria de lucha en la región, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil - mst, cercano a su trigésimo aniversario, sugieren que 335

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estamos llegando al fin de un ciclo largo (Bringel, 2013a): ciclo este que se inició con las luchas contra sendas dictaduras en el subcontinente y que, tras momentos más reactivos (los años 90) y proactivos (la década pasada), llega a una inflexión de relaciones más difíciles con los gobiernos progresistas, que no han roto totalmente con el neoliberalismo, pero han incorporado de manera difusa, problemática y parcial, muchas de las reivindicaciones populares a las agendas y prácticas sociopolíticas. En muchos campos, el debate político se polariza y emergen muchos matices que en los ciclos anteriores eran dejados provisionalmente de lado en pro de avances y alianzas tácticas y estratégicas. La emergencia de este nuevo escenario todavía no ha llevado a que la nueva década sea catalogada como las anteriores con una etiqueta abarcadora. Ello dependerá, en gran medida, de la correlación de fuerzas sociopolíticas y de su respectivo despliegue geopolítico y geoeconómico regional y global en los próximos años. No obstante, si nos ceñimos, como es el interés general de este Anuario, a los acontecimientos del año 2011, con una mirada retrospectiva y prospectiva, podemos distinguir dos planos de análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales que articulan prácticas y discursos en una dimensión latinoamericana más allá de la localización específica de muchas de sus reivindicaciones y escalas de actuación. El primer plano incide principalmente en una dimensión interna, de construcción de proyectos, acciones, articulaciones y redes poco visibles para un observador externo. A su vez, el segundo plano consiste en aquellas acciones colectivas externalizadas a la sociedad y al sistema político, con demandas concretas y acciones directas (sean manifestaciones, huelgas, ocupaciones, marchas o un amplio abanico posible de repertorios) que interpelan al imaginario colectivo de la sociedad, los gobiernos y otros aliados y, principalmente, adversarios/enemigos políticos. Si en el primer caso el foco principal es la intervención en el interior de las relaciones sociales, en el segundo caso hay una apuesta más explícita de externalización del conflicto social y de disputa política más allá de las acciones entre militantes de uno o varios movimientos y que permiten construir socialmente las identidades colectivas, las demandas, las redes y las escalas de acción. Al distinguir estos dos planos de actuación, que en la mayoría de los casos son difíciles de aislar, queremos reforzar la idea de que “en varias de sus dimensiones, los movimientos sociales son como icebergs, con muchas de sus acciones transcurriendo por debajo de la superficie visible” (Bringel y Echart, 2008, p. 461). Desde esta perspectiva, lo que en 336

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no pocas ocasiones muchos autores identifican como una “crisis” de los movimientos sociales, puede representar simplemente un mayor énfasis en el trabajo interno ante determinada “estructura de oportunidades políticas”, o un cambio en sus dinámicas organizativas y de articulación. Se argumenta, en esta parte final del texto, que el año 2011 es ilustrativo de esta tendencia por varios motivos. En primer lugar, se observa que, tras varios ciclos de intenso conflicto social en América Latina, ha habido cierta “rutinización” de la protesta. En segundo lugar, dicha normalización de la protesta y el hecho de haber logrado relaciones más fluidas con varios de los gobiernos progresistas instalados en la región, llevó a complejas relaciones de polarización, dicotomización y, en otros casos, institucionalización de la acción colectiva. En tercer lugar, este escenario de geometría variable ha alterado equilibrios, consensos y relaciones no solo entre movimientos sociales y gobiernos, sino también entre los propios movimientos y otros actores de la sociedad civil. Todo ello no quiere decir que haya habido una desmovilización de los actores sociales en América Latina durante el año de 2011, sino que, en un escenario de menor intensidad de protestas, ha habido muchas reconfiguraciones internas en las prácticas sociales de los movimientos sociales de la región. Entre las protestas y acciones más “visibles” de los movimientos sociales en la región durante el año de 2011 están las acciones de los movimientos estudiantiles, con destaque Chile. Los movimientos ciudadanos de carácter pacifista también tuvieron cierto protagonismo en 2011, con sendas marchas por la paz en países como México, Colombia y Brasil, que insistieron en el debate sobre la violencia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Asimismo, el año 2011 vivió también una profundización de resistencias socioambientales, tales como comunidades contra la minería, grandes obras de infraestructura así como resistencias a los monocultivos de soja, caña y forestación. Conflictos específicos de 2011, como el polémico proyecto de construir una carretera que cruzaría el Territorio Indígena y Parque Nacional de Isiboro Sécure (tipnis) trascienden la especificidad boliviana y apuntan a una tendencia más amplia en la región de complejización de las relaciones entre movimientos sociales y gobiernos progresistas y, en un sentido más amplio, entre Estado y sociedad, así como de la confluencia entre tendencias y matrices políticoideológicas contradictorias, inflexiones neoliberales y la combinación de la movilización callejera con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

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Buena parte de estas luchas se deben a la agudización del capitalismo financiero en el centro del sistema-mundo, lo que conllevó el desplazamiento de muchos intereses geoeconómicos y de actores políticos y económicos hacia América Latina. De este modo, el estancamiento del centro del sistema-mundo coincide con cierto crecimiento económico neodesarrollista de América Latina y, aunque la “ola de indignación” de Europa, el Norte de África y de Norteamérica llegó a la región, en el caso de América Latina el eje del conflicto y los sujetos fueron distintos. Así como las luchas del movimiento obrero de mediados del siglo xix y de los “nuevos movimientos sociales” europeos de los sesenta difícilmente podrían encajar con las luchas que se tejían en “Nuestra América” en estos momentos, dada la inexistencia de un sujeto obrero en el siglo xix y las particularidades de las luchas revolucionarias, guerrillas y demandas materiales de mediados del siglo xx, los estallidos revolucionarios de occidente y del norte de África del 2011 suenan con otros ecos en América Latina. En occidente varios autores hablan de la emergencia de un nuevo sujeto social: el precariado o cognitariado. Son sujetos que tienen el conocimiento como su principal medio de producción y la inteligencia como su herramienta de trabajo. Ya en América Latina se podría hablar de una persistencia de la centralidad de lo popular en las luchas sociales, aunque esta reconfiguración del sujeto social basado en el conocimiento es también interesante para el caso latinoamericano, dado que se puede observar una creciente autorreflexividad y apuesta por la construcción de conocimiento popular. Estos elementos son centrales para analizar la dimensión más invisible del “iceberg movimentalista” latinoamericano de 2011, ya que han proliferado iniciativas interesantes basadas en el intercambio de conocimientos y en la construcción colectiva de saberes, en la formación política, en el desarrollo de dispositivos contrainformativos y comunicativos compartidos y, en definitiva, en la construcción de proyectos alternativos de sociedad que trascienden el sectorialismo y el localismo para aglutinar diferentes lugares, actores y visiones de mundo, reconstruyendo, a su vez, la identidad latinoamericana de las redes y los movimientos sociales de la región en tiempos de enemigos menos aglutinadores como el alca. Un primer ejemplo pueden ser las brigadas de movimientos populares que se han desplegado por la región durante el año 2011 y que han incidido en objetivos diversos, como los derechos humanos, la soberanía alimentaria, la formación política, la agroecología, la educación popular, etc. Diversos movimientos sociales rurales (principalmente campesinos) de casi to338

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dos los países latinoamericanos enviaron militantes a una brigada a Haití que, tras el olvido mediático posterior al terremoto, trataron de compartir sus experiencias y conocimientos en ámbitos diversos, desde semillas a la formación política. Nos interesa señalar especialmente que estas experiencias, muchas veces invisibles para ojos externos, son centrales para la construcción de redes de afinidad y de una identidad latinoamericana e internacionalista que trasciende luchas particulares, al conectar escalas, proyectos y resistencias (Bringel, 2013b). En esta misma línea, otros ejemplos importantes de 2011 son los intentos de profundizar en la construcción de la articulación del alba de los movimientos sociales y por la integración de los pueblos o las iniciativas conjuntas entre movimientos del campo y de la ciudad, feministas e indígenas, que tratan de superar las relaciones más efímeras de ciclos anteriores típicas de los espacios de convergencia puntuales para construir relaciones y proyectos comunes más duraderos. Por otro lado, aquellos movimientos que se erigieron como actores centrales en los ciclos analizados en el texto (los zapatistas de Chiapas, el mst brasileño, los piqueteros de Argentina, los aimaras de Bolivia), bien como aquellas redes y espacios transnacionales de convergencia regional y global (tales como las redes contra el alca, los encuentros hemisféricos, el fsm, entre otros) han perdido protagonismo e impulsan en esta nueva década un amplio debate sobre los desafíos centrales para las luchas sociales de la región. Muchos de estos movimientos, que participaron de los ciclos anteriores de lucha, tratan de articular diversas espacialidades (escalas) y temporalidades (memorias de corto, medio y largo plazo) para las luchas futuras, evitando que experiencias y luchas pasadas caigan en el olvido. Otros acontecimientos se podrían destacar para la coyuntura latinoamericana de 2011.2 Sin embargo, nos ha parecido más relevante en este cambio de década dar menos protagonismo a los acontecimientos en sí, para tratar de captar procesos, tendencias, temporalidades y espacialidades más amplias. Las cronologías del conflicto social y el estudio de los movimientos sociales, de forma general, padecieron durante mucho tiempo un importante sesgo, al analizar los “eventos de protesta” (Tilly, 1978) muchas veces aislados en el tiempo y en el espacio. En este texto hemos abogado por un enfoque espacio-temporal de los movimientos 2.

Véase a este respecto la cronología del conflicto social realizada por el Observatorio Social de América Latina (osal) de clacso y, en particular, el texto de Oliver y Savoia (2012).

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sociales que permita entenderlos geopolíticamente. El recorrido teórico e histórico realizado sirve para ubicar algunos acontecimientos de la coyuntura de la nueva década en diferentes coordenadas temporales y espaciales. Aunque se han podido encontrar algunas tendencias, todavía es pronto para decir si estamos, de hecho, ante un nuevo ciclo en la región que pasa página al anterior. De todos modos, lo que sí se puede afirmar es que los movimientos populares en la región están a la vanguardia en la construcción de una identidad latinoamericana crítica y autónoma por más que se redefina continuamente a partir de los diversos ejes de conflicto social. Bibliografía Agnew, John (1987), Place and Politics. The Geographical Mediation of State and Society, Boston, Allen y Unwin. Bringel, Breno (2007), “O lugar nos movimentos sociais e o lugar da geografia nas teorias dos movimentos sociais”, Boletim Goiano de Geografía, Instituto de Estudios Socio-ambientales, Goiânia, vol. 27, núm. 2, pp. 35-49. ___ (2011), “El estudio de los movimientos sociales en América Latina: reflexiones sobre el debate postcolonial y las nuevas geografías del activismo transnacional”, en Yamandú Acosta et al. (org.), Pensamiento crítico y sujetos colectivos en América Latina: perspectivas interdisciplinarias, Montevideo, Ediciones Trilce, pp. 35-55. ___ (2012), “Cúpulas, cúpulas paralelas e contracúpulas: a Cúpula dos Povos em perspectiva histórica e global”, Dossiê Temático Rio+20 e a Cúpula dos Povos, noviembre de 2012, Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina (netsal), Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (iesp-uerj), pp.6-17. ___ (2013a), “The agenda for Emancipation: Interfaces between National Politics and Global Contestation”, en Jan Nederveen Pieterse y Adalberto Cardoso (ed.), Development, Inequality and Emancipation in Brazil, London/ New York, Routledge. ___ (2013b), O mst e o internacionalismo contemporâneo, en prensa. Bringel, Breno y Enara Echart (2010), “10 anos de Seattle, o movimento antiglobalização e a ação coletiva transnacional”, Ciências Sociais unisinos, São Leopoldo, vol. 48, núm. 1, pp. 28-36. ——— (2008), “Movimentos sociais e democracia: os dois lados das ´fronteiras`”, Caderno crh, vol. 21, núm. 54, pp. 457-475. Cairo, Heriberto y Breno Bringel (2010), “Articulaciones del Sur global: afinidad cultural, internacionalismo solidario e Iberoamérica en la globalización contrahegemónica”, Geopolítica(s), vol .1, núm. 1, pp. 41-63. 340

Geopolítica de los movimientos sociales latinoamericanos: Espacialidades, ciclos de contestación y horizonte de posibilidades

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Violencia e inseguridad en América Latina en 2011

Jerónimo Ríos Sierra Heriberto Cairo Carou El propósito principal de las siguientes líneas no es otro que el de abordar, de una manera generalista, el alcance y sentido que el intrincado binomio formado por violencia e inseguridad ha tenido lugar dentro de América Latina en el pasado 2011, que condiciona y dificulta los procesos de integración regional. Pero también, como veremos, ofrece un escenario para iniciativas de integración regional e intervención exterior. Si bien es cierto que la violencia política, lato sensu, o la violencia interestatal representan dimensiones marginales en el continente, la violencia vulgarmente denominada “social” adquiere una relevancia mucho mayor. Esta se comprende, en buena parte, por la concurrencia de factores tales como el tráfico de drogas, el fácil acceso a las armas de fuego o la debilidad institucional del Estado de Derecho, por lo que se convierte en una preocupación de gran relevancia en gobiernos y población de América Latina. Una preocupación que, por otro lado, parece haber cristalizado en una tendencia creciente de militarización de la seguridad pública y de presencia de las Fuerzas Armadas en aspectos de la seguridad ciudadana que, pese a todo, dista mucho de ser el instrumento óptimo con el cual revertir tan preocupante situación. 1. Violencia y Estado en América Latina La dimensión de la violencia en su relación directa con el Estado puede admitir dos proyecciones. Una ad intra, con el Estado como protagonista, 343

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que la ejerce para con sectores concretos de su sociedad; y otra ad extra, derivada de posibles conflictos de índole interestatal. En cuanto a la primera posibilidad, predominó en la etapa de los gobiernos militares en América Latina, cuando el Estado fue responsable directo de cientos de miles de muertes, extorsiones y desapariciones forzadas. Sin embargo, con el advenimiento de la democracia a la región, el Estado como escenario de violencia política y de disputa del poder por otros grupos armados quedó relegado especialmente a dos casos: Perú y Colombia. En cuanto al caso peruano, hoy en día apenas perdura una reducida facción —a los sumo, de 200 combatientes— de la guerrilla maoísta, Sendero Luminoso, presente todavía en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (vrae), en el suroeste del país. Tal es su debilidad, que a lo largo de 2011 apenas protagonizó tres actos de relevancia, en los que murieron once militares, y su actual líder, José Flores Hala, “Artemio”, solicitó una tregua militar a inicios de diciembre de 2011 por su precaria situación. El gobierno de Ollanta Humala no dudó en desestimarla, invitando a pensar en posibles avances para su desarticulación definitiva en el próximo año 2012. En el caso de Colombia, si bien es cierto que los avances y los recursos para fortalecer la seguridad y la fuerza pública han sido ingentes desde 2002 —lo que ha permitido llevar a cabo operativos como la “Operación Odiseo”, que en noviembre de 2011 terminó con el líder de las farc “Alfonso Cano”— la superación definitiva del conflicto hoy por hoy parece quedar muy lejos. Con todo, las farc siguen disponiendo de cerca de 8,000 efectivos, a los que habría que añadir otros 2,500 del eln y otros 7,000 de las bacrim —herederas de buena parte de las estructuras paramilitares desmovilizadas entre 2003 y 2006—. Además, el conflicto sigue siendo relevante en 23 de los 32 departamentos del país y en más de la tercera parte de los 1,100 municipios de Colombia (Ríos, Brocate y Bula, 2012). Solo en 2011 murieron más de 500 personas por causa directa con el conflicto, y se produjeron más de 300 acciones armadas, un total de 1,389 infracciones contra el dih o los ddhh —la cifra más alta de los últimos siete años (cinep, 2012)— y casi 260,000 desplazamientos forzosos (codhes, 2012), lo que muestra el verdadero alcance de la violencia actualmente en Colombia. A todo ello cabría añadir otros dos escándalos de violencia como los “falsos positivos” y la “parapolítica”. Los primeros son ejecuciones 344

Violencia e inseguridad en América Latina en 2011

de civiles realizadas por miembros del ejército que posteriormente son presentados a la sociedad como guerrilleros abatidos, con el propósito de engrosar las cifras del conflicto y legitimar el gasto en seguridad y defensa. Pese a que desde 2008 estos casos se habían reducido drásticamente, en 2011 se ha experimentado un nuevo repunte, al registrar cinep (2012) un total de dieciocho casos y 57 víctimas frente a los siete casos y doce víctimas de 2009, y los dieciséis casos y 23 víctimas de 2010. Hasta septiembre de 2011, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1,622 casos que involucraban a un total de 2,788 víctimas, si bien solo se habían obtenido 77 condenas, en buena parte por el papel obstaculizador que hasta el momento ha desarrollado la justicia militar. Por su parte, la “parapolítica” resultó ser un escándalo que saltó a la luz en 2008, presentando la existencia de importantes vínculos entre grupos armados, especialmente narcotraficantes y paramilitares, con partidos políticos y grupos empresariales, y cuya confluencia de intereses ha terminado por trascender de la esfera local al ámbito departamental y a instituciones nucleares del Estado, como el Congreso o el Senado. Hasta el momento han sido investigados 120 congresistas y más de 40 han sido condenados, y se estima que, derivada de las elecciones municipales y departamentales de noviembre de 2011, la persistencia de la “parapolítica” colombiana puede haber tenido continuidad en al menos 119 municipios que, según la Defensoría del Pueblo, estuvieron expuestos a un alto riesgo de violencia electoral o injerencia por parte de grupos sucesores de los paramilitares. En lo relativo a la violencia interestatal, esta apenas ha sido relevante en el continente a lo largo del siglo pasado, al haber predominado, más bien, concretas disputas fronterizas. El último foco de tensión interestatal fue en 2008, resultado de la “Operación Fénix”, por el cual, con el objetivo de dar baja al líder de las farc “Raúl Reyes”, la fuerza armada colombiana bombardeó el territorio fronterizo ecuatoriano donde él se encontraba, lo que trajo una importante crisis entre Ecuador, Venezuela y Colombia. Sin embargo, 2011 ha dado continuidad al clima de diálogo y entendimiento que, por ejemplo, en 2010 protagonizaron figuras como Juan Manuel Santos o José Mujica en la región. La llegada en julio de 2011 de Ollanta Humala a la presidencia de Perú ha permitido mejorar las relaciones diplomáticas con Venezuela. De la misma manera, Honduras ha conseguido normalizar su situación tras el golpe de Estado del verano de 2009, una vez que en mayo de 2011 fue readmitida en el seno de la 345

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Organización de Estados Americanos —con 32 votos favorables y solo el voto en contra de Ecuador—, y quedó rubricado el “Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras” entre Porfirio Lobo y Manuel Zelaya. América Latina se caracteriza por ser una región pacífica y sin riesgos de conflictos interestatales, más, si cabe, gracias al regionalismo postliberal emergente en el continente (Sanahuja, 2008), que, sobre todo a través de la unasur y su Consejo de Defensa Suramericano (cds), ha priorizado la búsqueda de puntos de encuentro para desarrollar fórmulas de resolución pacífica de conflictos (Ruz, 2011) y hacer de América Latina una “zona de paz, a través del diálogo y el consenso en materia de defensa, seguridad y la cooperación regional y multilateral”.1 Así queda de manifiesto a tenor de las prioridades atendidas en 2011 por la iii Cumbre del cds y el iv Encuentro de la Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa, donde se aprobaron medidas tales como la creación del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa, la conformación de una metodología para la Medición de Gastos de Defensa, la aprobación de Medidas de Fomento a la Confianza y Seguridad, la puesta en marcha de un “Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación” de la unasur y la constitución de una Secretaría Técnica Permanente del mismo cds. 2. Algunos condicionantes de la violencia en América Latina: exclusión social, narcotráfico y tráfico de armas Dentro del fenómeno vulgarmente denominado como “violencia social”, en el caso latinoamericano, cobra especial relevancia la concurrencia de factores como la inequidad, la exclusión social, la ausencia de oportunidades económicas o el narcotráfico y el tráfico de armas, que devienen causa y consecuencia de una debilidad del Estado de Derecho evidente en buena parte del continente. En su relación con la violencia, es de esperar que factores como la pobreza, la exclusión, la marginalidad o el desempleo reproduzcan una compleja tesitura que favorezca la eclosión de prácticas violentas. Buena prueba de ello lo representan países como Honduras, Nicaragua, Guatemala o El Salvador, donde más de la mitad de la población vive bajo 1.

Véase: http://www.unasurcds.org/index.php?option=com_content&view=category&id=57%3 Aespanol&Itemid=189&layout=default&lang=es.

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el umbral de pobreza y con ingentes niveles de exclusión social que favorecen la aparición de grupos sociales de referencia paralelos, como las “maras”, que, además de albergar la violencia como obtención de recursos, representan autoprotección y evidencian la ausencia de mecanismos de control y regulación por parte del Estado. Además, a ello cabría añadir el problema de la desigualdad. Según el Informe de Desarrollo Humano del pnud de 2011, América Latina es la región más desigual del mundo —diez de los quince países más desiguales del mundo son latinoamericanos—; son especialmente relevante los casos de América Central, Brasil y Colombia, quienes presentan algunas de las mayores tasas de homicidio de todo el hemisferio occidental. Igual sucede con la importancia del narcotráfico, de especial relevancia en América Latina por su proyección trasnacional, su nivel de sofisticación y su preocupante capacidad de penetración dentro del poder público. Según el Informe World Drug Report de 2012, de Naciones Unidas (2012, p. 36), cuyos últimos datos para la región son de diciembre de 2010, Perú, Bolivia y Colombia concentran el cultivo mundial de coca, con una superficie que asciende a 149,100 hectáreas —9.700 hectáreas menos que en 2009— y que produciría potencialmente, a falta de estimaciones ajustadas, entre 800 y 900 toneladas de cocaína pura por año. Este asunto es especialmente relevante en la agenda de seguridad regional estadounidense, que no ha reparado en poner en marcha ingentes programas de cooperación, fundamentalmente policial-militar en Centroamérica —por ser el tránsito del 90% de la droga que llega a Estados Unidos—, en Colombia —por tratarse del primer mercado productor de cocaína del mundo— y en México —por correr el riesgo de consolidarse como un narcoestado—, con el que compartiría una frontera de más de 3,300 km2 (Ríos y Brocate, 2012). Con Colombia el principal instrumento de asistencia a este efecto ha sido el Plan Colombia, diseñado en 1999 entre los gobiernos de Pastrana y Clinton, y que ha favorecido la llegada a Colombia, por la continuidad de sus programas, de más de 8,000 millones de dólares, principalmente para la lucha contra el cultivo ilícito y el narcotráfico. Solo en 2011 el montante de la ayuda ascendió a 55 millones de dólares para ayuda militar y otros 240 millones para combatir el narcotráfico.2

2. http://www.infolatam.com/2011/02/15/ee-uu-recorta-la-ayuda-militar-y-contra-el-narcotraficoa-mexico-y-colombia/.

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Bajo la misma lógica tuvo lugar la Iniciativa Mérida —dotada inicialmente con 1,400 millones de dólares—, resultante del acuerdo entre Bush y Calderón. En 2011 cumple su cuarto año de ejecución, con 260 millones de dólares para ayuda militar y otros 296 para combatir el narcotráfico en forma de dotación de equipos y capacitación.3 Sin embargo, las dudas en torno a su eficacia surgen cuando se observa el número de muertes violentas. Si en 2006 perdían la vida en relación con el crimen organizado alrededor de 2,200 personas, en 2011 las cifras se habrían multiplicado por seis. De la misma manera, la consolidación de Centroamérica y el Caribe como importantes lugares de tránsito de la droga con destino a Estados Unidos ha provocado la ampliación de la Iniciativa Mérida tanto para el Caribe como para América Central. Si la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe —Caricom y República Dominicana— contó en 2010 con 37.1 millones de dólares, en 2011 los recursos se ampliaron hasta los 73 millones. Por su parte, la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central, que recibió cerca de 200 millones de dólares en 2010, en 2011 obtuvo 101 millones con la promesa de incrementar el gasto nuevamente para el año 2012. La importancia desestabilizadora del crimen organizado y su relación con la violencia ha promovido otros escenarios de encuentro como, por ejemplo, la Declaración del ca-4 derivada de la Reunión de Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, celebrada el 22 de mayo 2011. En ella se abordaron los temas del narcotráfico, tráfico ilegal de armas, trata de personas y otros delitos conexos, en parte motivados por la muerte de 27 campesinos guatemaltecos a manos del cártel mexicano de los Zetas. Igualmente tuvo lugar la Conferencia Intergubernamental de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, celebrada un mes después en Managua, con la finalidad el profundizar en programas de coordinación que permitan hacer frente al crimen organizado y la delincuencia común.4 Pese a todo, el esfuerzo de Estados Unidos por desarrollar políticas reactivas basadas en la cooperación policial-militar y el fortalecimiento institucional no parece ser la mejor estrategia a seguir, como ha reco-

3. http://photos.state.gov/libraries/mexico/310329/23jan12/2011%20Major%20Deliveries%20 ES-2.pdf. 4. Véase: http://www.sieca.int/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cac he/17990000004005/17990000004005.swf

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nocido la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia en su informe de 2011. En él, además de plantear el debate de la legalización, se aduce la necesidad de desarrollar políticas preventivas centradas en entender el problema de la droga como un problema de salud pública más que como una mera razón policial, aparte de abogar por la despenalización, la reducción de daños y la descriminalización (cldd, 2011, p. 33), si bien este elenco de posibilidades, en el fondo, exigiría de un marco internacional, por el momento inexistente, que incluya y armonice las posiciones de los principales países productores y consumidores de drogas del mundo (Banco Mundial, 2011). Un último factor muy a tener en cuenta —dentro de otros tantos que por razones de espacio no pueden ser atendidos— lo representaría el acceso a las armas de fuego por parte de la población civil. Existe una clara relación entre la violencia, el tráfico de armas de fuego y el narcotráfico, en tanto que las drogas financian la compra de armas que, a su vez, sustentan la guerra entre grupos por el control del territorio y de las rutas del crimen organizado, lo que debilita sobremanera la misma esencia del Estado. A esta relación cabría añadir el hecho, por ejemplo, de que existiría un ingente remanente de armas en Centroamérica que nutriría los grupos armados tanto de Colombia como de México. Solo en Centroamérica se estima que circulan al año entre tres y cuatro millones de armas, especialmente en Guatemala (54%), Honduras (14%) y El Salvador 8%, de las cuales alrededor del 60% deriva del mercado ilícito. Esta accesibilidad explicaría, según unodc (2011), la elevadísima tasa de correlación con los homicidios que evidenciarían Honduras (96%), El Salvador (88%), Guatemala (84%), Colombia (80%) y Brasil (76%), así como el hecho de que América Latina sea la región del mundo con mayor tasa de correlación entre muertes violentas y armas de fuego, con 15.5 casos por cada 100,000 habitantes; esto es: el doble que África, o cuatro veces más que Europa (Costa, 2012). 3. Expresiones dominantes de la violencia en la sociedad latinoamericana En octubre de 2011 se publicó el primer informe Global Study on Homicide de unodc, según el cual en el año anterior se registró en el mundo un total de 468,000 homicidios, de los cuales 144.000 (27%) se concentraron en el continente americano, y una tasa de homicidios por cada 100,000 349

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habitantes de 15.6, muy alejada de la media global (6.9), y solo superada por el continente africano (17.4). México y los siete Estados de América Central presentan una tasa media de homicidios de 36.9 muertes por cada 100,000 habitantes, y son especialmente preocupantes las tasas de Honduras (82.1), El Salvador (66.0), Belice (41.7) y Guatemala (41.4), muy alejadas de Panamá (21.6), México (18.1), Nicaragua (13.2) y Costa Rica (12.1). La región andina presentaría 22.9 muertes por cada 100,000 habitantes, con registros como los de Venezuela (49.0), Colombia (33.4) y Ecuador (18.9), que contrastan con los datos de Perú (5.9) y Bolivia (8.9). El Cono Sur se trataría de la región menos violenta, con 9.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, y que podrían ser menos sin la elevada cifra de Brasil (22.2) que contrasta con los niveles de Paraguay (12.1), Argentina (5.5), Uruguay (6.1) y Chile (3.7). Otra expresión de la violencia muy a tener en cuenta sería el secuestro. Según la Fundación País Libre (2012), solo entre 2005 y 2009 se produjeron en América Latina más de 16,000 secuestros, casi el 70% de los secuestros del mundo, con la preocupante frecuencia de un secuestro cada tres horas. Solo en México, a lo largo de todo 2011 se registraron 2,979 secuestros, de los cuales 112 terminaron con la muerte de la víctima, en lo que supone un incremento del 384% respecto del año 2006.5 Si a estas cifras se añade el conocido como “secuestro exprés”,6 el promedio diario de secuestros alcanzaría la cifra de 45 casos diarios, especialmente relacionados con la trata de personas, sobre todo de ciudadanos centroamericanos, que los cárteles mexicanos reclutan para engrosar su actividad narcotraficante. Del mismo modo, en Venezuela, el segundo país con mayor número de secuestros de América Latina, en 2011 se produjeron 1,150 secuestros —una media de cinco secuestros diarios de los cuales, se estima, cuatro de ellos fueron de modalidad “exprés”—. Muy lejos quedaría el tercer país en número de secuestros, Colombia, que, si bien hace

5. 6.

Véase: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=812162 En México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela y Argentina se llama secuestro exprés al tipo de secuestro conocido en Colombia, “paseo millonario”; en Perú como “secuestro al paso”, y en Brasil como “secuestro relámpago”. Las víctimas son elegidas de forma casual, y su privación de libertad puede durar de dos horas a dos días, si bien, la mayoría de las veces no son informados.

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una década superaba los 3,000 casos, en 2011 experimentó 298 casos, 16 más que en 2010.7 Otras prácticas mucho más cotidianas, incluso normalizadas, que representarían un importante escenario donde la seguridad jurídica y la atención del Estado deben cobrar mayor fuerza, serían la violencia doméstica y los linchamientos. Respecto de la violencia doméstica, esta sigue quedando en muchas ocasiones relativizada cuando no invisibilizada a tenor de la estructura social patriarcal imperante en buena parte del continente. Así, el último estudio presentado por onu Mujeres (2011) revelaría que en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador o Perú, entre una cuarta parte y una tercera parte de las mujeres reconocerían haber sido víctima de un caso de violencia física, psicológica o sexual. Igualmente, entre un 35 y un 40%, en países como Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Bolivia o Guatemala habría sido objeto de otro tipo de prácticas violentas, como el matrimonio de impúberes. También persisten prácticas de violencia como el linchamiento, que, además de poner en entredicho los mecanismos garantes del imperio de la ley, tiene especial trascendencia en países como Bolivia, donde entre enero y noviembre de 2011 se produjeron veinte casos de linchamiento, nueve muertos y 30 heridos, o México, donde hubo un total de 50 intentos y tres muertes en todo 2011. Pese a todo, esta práctica violenta sería especialmente relevante en Guatemala —el país del mundo con mayor número de víctimas por esta razón—, que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, registró 234 víctimas entre enero y noviembre de 2011, es decir, el doble (115) que en el año 2000. 4. Preocupación por la delincuencia y militarización de la seguridad ciudadana Con lo expuesto hasta el momento, es de esperar que la preocupación por la inseguridad resulte especialmente relevante en América Latina. Así quedó de manifiesto en la iii Reunión de Ministros de Seguridad

7.

Según el Ministerio de Defensa, la delincuencia común fue responsable del 60% de los secuestros producidos en 2011 (177) mientras que las farc lo fueron del 26% (77); el eln del 10% (31), y las bacrim del 4% (13).

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Pública de las Américas, celebrada los días 17 y 18 de noviembre de 2011 en Trinidad, y que tuvo como ejes principales el fomento de la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de toma de decisiones en el ámbito policial, el desarrollo de mecanismos de mayor transparencia y rendición de cuentas, la inclusión de una perspectiva de género y de derechos humanos en la actividad policial, y el apoyo a la profesionalización, la especialización policial y el fortalecimiento de los sistemas de información policial.8 Igualmente se refleja en los datos del Latinobarómetro para el año 2011, donde el 28% de los latinoamericanos identificaría la delincuencia como el problema de mayor importancia —el doble que hace tres años—9 y el 33% de los encuestados reconocería haber sido víctima de un delito o conocedor de alguno contra un familiar en el transcurso de los últimos doce meses. Tal vez tras esta preocupación por el alcance de la violencia y la inseguridad en América Latina se entienda el proceso creciente de militarización de la seguridad ciudadana, que puede interpretarse dentro del sentido de las “nuevas guerras” (Kaldor, 2001) contra el narcotráfico que Estados como Colombia, o más recientemente México y Brasil, están llevando a cabo en los últimos años. En esta misma lógica de militarización de la seguridad, en Honduras se puso en marcha recientemente la “Operación Relámpago” como instrumento policial-militar con el cual mitigar la delincuencia en las zonas más conflictivas del país. El resultado, según informó el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no ha podido ser peor. En los cinco meses de ejecución, desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 30 de marzo de 2012, se han producido 2,752 muertes violentas, más de dieciocho diarias, lo que evidencia la incapacidad de este tipo de programas por reducir el impacto del crimen organizado, la extorsión y el sicariato.10

Véase: http://www.oas.org/csh/spanish/MISPA-III.asp En once de los dieciocho países encuestados, el problema más relevante es el de la inseguridad; por ejemplo, por encima de los problemas de índole económica. Así se considera en Venezuela (61%), Costa Rica (45%), El Salvador (40%), Uruguay (40%), México (39%), Argentina (34%), Panamá (33%), Ecuador (33%), Guatemala (30%), Honduras (30%) y Perú (20%). Véase: http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf. 10. Véase: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Honduras-18.11-muertesdiarias-durante-la-operacion-relampago. 8. 9.

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En Guatemala, los comicios celebrados el 11 de septiembre de 2011 pusieron igualmente de manifiesto la importancia de la seguridad como factor de movilización electoral y político, al enfrentarse dos discursos igualmente reaccionarios. Por un lado, el de Manuel Baldizón, a favor de incorporar inmediatamente la pena de muerte, y por otro el de Otto Pérez Molina, finalmente vencedor, quien prometió “mano dura” frente a la delincuencia, y cuyas primeras medidas han sido el despliegue de fuerzas policiales y militares en las regiones de mayor conflictividad y el incremento de presencia militar en las zonas fronterizas con México. En Perú, Ollanta Humala no derogó los controvertidos Decretos Legislativos —1094, 1096 y 1096— que en 2010 aprobó su predecesor, Alan García, y que tenían el objetivo de instaurar un nuevo código penal militar donde quedasen archivados los supuestos crímenes contra los ddhh que no tengan sentencia en un plazo inferior a tres años; reconocer competencias al ejército en materia de seguridad ciudadana, criminalizando además la protesta social, e instaurar un modelo tradicional de justicia militar. Dada la elevada conflictividad social producida en el último año, que según la Defensoría del Pueblo ascendió a 223 conflictos, no es de esperar pasos significativos en la derogación de este elenco normativo de militarización de la seguridad. Un último ejemplo significativo lo representaría Venezuela, donde se ha continuado con la tendencia de “creciente militarización de la sociedad” (Jacome, 2011b, p. 2) al entrar en vigor el Decreto 8.096 que desde marzo de 2011 modifica, por cuarta vez, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de 2005, con el objetivo de consolidar la función de la Milicia Nacional Bolivariana en “la construcción del socialismo”, al asumir competencias de policía administrativa y de indagación, disponer de armamento y obtener un mayor protagonismo dentro del orden interno, la seguridad ciudadana y la observación electoral (Jácome, 2011). Todo ello con el fin de favorecer que los cuerpos militares sustituyan cada vez más a los civiles en los diferentes espacios de defensa y seguridad. Conclusión De acuerdo con lo sugerido, la violencia en América Latina representaría un importante lastre al desarrollo institucional del Estado de Derecho latinoamericano, al llevar consigo un importante impacto político, 353

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económico y social que puede suponer, por ejemplo, el 8% del pib de países como Guatemala, Honduras o El Salvador. Sin embargo, a la hora de abordar su solución hasta el momento sigue predominando un componente policial-militar, eminentemente reactivo que, aparte de por influjo estadounidense en la región, ha llevado consigo un proceso de militarización creciente que dista mucho de ser el mecanismo óptimo con el que revertir tan inextricable situación. Atender verdaderamente el problema de la violencia en América Latina dista de fórmulas de rápida y fácil aplicación en la medida en que, al igual que el problema de la inequidad social, se trata de un reto generacional para cuya superación, como reconoce el Banco Mundial (2011), se deben imbricar diferentes elementos de índole preventivo. Resulta necesario apostar por políticas de prevención de la violencia que garanticen el acceso a la escuela, la finalización de estudios, la mitigación de la violencia en las escuelas, la reducción de la disponibilidad de armas, así como el consumo de drogas y alcohol, además de promover mecanismos de educación correctiva, reinserción social y capacitación laboral. Igualmente, debe reformarse el sector judicial en pos de optimizar la administración y la impartición de justicia, desarrollar mecanismos de mayor transparencia de las instituciones judiciales, así como instrumentos de rendición de cuentas y garantías de asistencia judicial para los más desfavorecidos, potenciando los instrumentos de atención y protección a las víctimas del delito. No obstante, todo ello, por la proyección trasnacional de prácticas como el narcotráfico o el tráfico de armas, exigiría de mayor y mejor coordinación en los enfoques regionales e internacionales, donde todavía persiste una perspectiva de urgencia, cortoplacista, alentada por el componente reactivo de la mitigación de la violencia. No obstante, se han generado puntos de encuentro de gran interés para la integración regional, como la mencionada Declaración del ca-4 y la Conferencia Intergubernamental de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Continuar estos esfuerzos sería muy importante para resolver una situación cada día más dramática. En suma, a la vista del contexto actual, lejos de pensar que en los próximos años mejore la situación de la inseguridad en América Latina, lo que posiblemente acontezca sea todo lo contrario; es decir: un escenario cada vez mayor de militarización de la seguridad ciudadana en la

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Violencia e inseguridad en América Latina en 2011

región, que dista mucho de ser el mecanismo óptimo con que abordar la superación del problema. Bibliografía Banco Mundial (2011), Crimen y violencia en Centroamérica. Un desafío para el desarrollo, Washington. cinep (2011), Informe especial. ‘Falsos positivos 2010’: Clamor por la vida y la justicia, Bogotá. ___ (2012), Informe especial. Conflicto armado en Colombia durante 2011, Bogotá. codhes (2012), Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisible, Bogotá. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010), Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, Washington. Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2011), Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma. Disponible en: http://www.drogasedemocracia.org/Arquivos/livro_espanhol_04.pdf. Consultado: 28 de julio de 2012. Corporación Latinobarómetro (2011), Informe de 2011, Santiago de Chile, octubre. Costa, Gino (2012), “La situación de la seguridad ciudadana en América Latina”, Inter-American Dialogue Working Paper, Citizen Security in Latin America, Latin America Working Group, febrero de 2012. Disponible en: http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/GinoCostaSpanishFINAL. PDF. Consultado: 20 de mayo de 2012. Fundación País Libre (2012), El secuestro en América Latina, Bogotá. Disponible en: http://www.paislibre.org/site/index.php?option=com_content&view =article&id=1612:secuestro-en-america-latina&catid=9&Itemid=130. Consultado: 28 de julio de 2012. Human Rights Watch (2012), World Report 2012. Estados Unidos. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2012.pdf. Consultado: 28 de julio de 2012. Jácome, Francine (2011a), “Venezuela, 2010: entre los desafíos de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana”, en H. Mathieu y C. Niño (ed.), Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2011, Bogotá, Fundación Friedrich Ebert, pp. 175-190. ___ (2011b), Fuerza Armada, Estado y sociedad civil en Venezuela, Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales- ilis. Kaldor, Mary (2001), Las nuevas guerras, Barcelona, Tusquets. López, Claudia (2011), “Conflicto, crimen organizado y procesos de construcción de Estado en Colombia”, en H. Mathieu y C. Niño (ed.), Seguridad 355

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Interconexión y dilemas geopolíticos de la integración energética latinoamericana: 2011

Pablo Alejandro Uc González Introducción Según las declaraciones asentadas en las cumbres y documentos de los principales mecanismos de integración regional latinoamericana (unasur, Mercosur, alba, celac), en la última década, la matriz energética de la región ha experimentado una tendencia de transformación orientada a generar alternativas de explotación energética sustentables. En dicho proceso, la capacidad de gestionar decisiones supranacionales desde las propias instituciones de integración regional resulta vital. No obstante, aun cuando la revisión de los datos concretos sobre las tendencias de la matriz energética exponen un incremento relativo en la interconexión energética intrarregional, también evidencia la contundente permanencia e incluso la intensificación de la dependencia a las fuentes convencionales: petróleo, gas natural, carbón e hidroelectricidad a gran escala. Por otro lado, tras el presuntuoso viraje a fuentes alternativas basadas en hidroenergía, que presumen países como Brasil, Paraguay y Argentina, subyace una aguda conflictividad social y crecientes estragos ecológicos derivados de los grandes proyectos de represas tales como la binacional paraguayo-brasileña Itaipú; la brasileña Belo Monte; la represa el Chaparal, en El Salvador; el Proyecto Multipropósito Baba, en Ecuador; el Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira; el Proyecto Binacional Yacyretá, de Argentina y Paraguay; el Proyecto Hidroeléctrico 357

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Chan-75, de Panamá; el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, de México, entre otros (Kopas y Puentes, 2009). De ahí la importancia de analizar desde una perspectiva crítica la diferencia entre los avances de la integración energética, entendida como mera conectividad energética, y como proceso de integración entre sociedades, Estado y múltiples escalas geográfico-sociales basada una gobernabilidad energética, así como las paradójicas consecuencias de fragmentación que los proyectos energéticos interestatales, en negociación con el capital transnacional, han generado. En este sentido, este breve análisis de la retrospectiva 2011 sobre integración energética regional se concentra en dos asuntos. El primero es la revisión y el contraste de cifras que exponen la situación actual, los avances y los límites de la interconectividad energética, fundamentalmente en Sudamérica. El segundo expone un conjunto de planteamientos orientados a ampliar las variables del debate sobre integración energética para la segunda mitad del siglo xxi. 1. Las cifras de la conexión energética bajo la lupa De acuerdo con los datos de la dinámica energética global de 2011, el 2.5% de aumento en el consumo de energía global —respecto de 2010—, se debe al incremento que proviene de los países en emergencia —con China a la cabeza: 71% del consumo total—, y una caída por parte de los países miembros de la ocde —considerados por las instituciones internacionales como “desarrollados” (bp, 2012)—. Paradójicamente, si se considera la tendencia general de la región latinoamericana, es posible identificar que, a pesar del incremento “general” en la producción de petróleo, etanol y biodiesel (13.1%),1 gas (6.7%) y carbón (1.8%), la región en realidad consume, del total global, el 9.3% de petróleo, etanol y biodiesel; es decir: menos de lo que produce; el 6.9% de gas, que implica la insuficiencia neta de su producción, y 1.1% de carbón (opec, 2012). Un elemento que los estadísticos de instituciones regionales, como la cepal y la olade, han resaltado la tendencia del incremento de las exportaciones intrarregionales, las cuales alcanzaron una tasa de crecimiento del 19,3% en 2011, en comparación con 2010, aunque esta tasa de 1.

Con las excepciones de México, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina y Venezuela, que disminuyeron su producción anual respecto al año 2010 (bp, 2012, p. 8).

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crecimiento sigue siendo menor que el promedio del crecimiento de las exportaciones hacia el mundo. La tasa de crecimiento más alta la alcanzó el Mercosur (21,8%). México y Venezuela, por su parte, expandieron su comercio con el resto de la región a tasas superiores que la del promedio regional. Después de los minerales (37%), la energía ocupó el segundo lugar más importante en las exportaciones de commodities de la región, con un 31% del total de ellas (cepal, 2011). Al elaborar una lectura más fina de estas tendencias, las cifras de la opep destacan que, de los 4,556 miles de barriles diarios (mbd) que Latinoamérica exportó en el año 2011, 3,406 se dirigieron a América del Norte —de los cuales 3,357mbd fueron específicamente a Estados Unidos—; 455mbd a Europa occidental; 455mbd a Asia —de los cuales 269 fueron específicamente a China (opec, 2012)—. Del contraste de las cifras entre producción y exportaciones de crudo es posible deducir que de los 9,823 mbd producidos en 2011 se exporta el 46.38%, y el resto se utiliza para consumo interno y exportaciones intrarregionales. Las tendencias de exportación por parte de los principales productores de petróleo en la región evidencian que en materia de hidrocarburos, y en particular de petróleo (la fuente generadora de energía más utilizada en el planeta), la matriz de exportación, aunque sigue en gran medida anclada a los principales polos consumidores del mercado mundial, comienza a manifestar una reorientación a los mercados regionales. Este es el caso de Venezuela, que aun cuando históricamente ha dedicado la mayor parte de sus exportaciones petroleras a Estados Unidos,2 según las cifras de 2011, de los 1,553 mbd dedicados a la exportación, 419 se dirigieron hacia América del Norte, 323 a Asia y Pacífico, 87 a Europa y 724 a Latinoamérica. Por su parte, de los 334 mbd que Ecuador exporta, 207 se dirigieron a América del Norte, 11 a Asia Pacífico y 116 a Latinoamérica. En el caso de México, la sostenida orientación pronorteamericana es evidente en los datos del mismo año: 1,205 mbd fueron enviados Estados Unidos, 145 a Europa, 86 a Asia Pacífico y tan solo 27 a Latinoamérica.

2.

En 2005 el comercio total entre Venezuela y Estados Unidos fue de 40,373 millones de dólares; es decir, un 146.4% más que en 1998. Mientras que en 2007 Venezuela envió 1.387 miles de millones de barriles de petróleo diarios (mmbpd) hacia Estados Unidos, que lo convirtió en su tercer proveedor por encima de México, envió 197 mbpd a China, 98 mbpd a Cuba, otros 98.6 mbpd a los países de Petrocaribe, 44 mbpd a Uruguay, 18.6 mbpd a Paraguay y un total de 595 mbpd a Latinoamérica en general (Lander y Navarrete, 2007, p. 30; pdvsa, 2005).

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Gráfico 1

Fuente: cier (2011), Información del sector energético en países de América del Sur, América Central y El Caribe: 2009, Comisión de Integración Energética Regional.

a. Interconexión eléctrica Por su parte, desde el amplio espectro de la interconexión de energía eléctrica, los datos recolectados por la Comisión de Integración Energética Regional (cier, 2011) para el año 2009/10 —desplegados en detalle en el gráfico 1— reflejan que, en la participación por país en la importación de energía eléctrica en América del Sur, Brasil abarca el 75.9%, Uruguay 2.9%, Chile 2.6%, Ecuador 2.2%, y Venezuela 0.6%. En la participación por país en la exportación de energía eléctrica Paraguay emite el 88.6%, Argentina el 4.5%, Brasil el 2.9%, Colombia el 2.7% y Venezuela apenas el 0.6%. Un escenario que expone no solo el avasallante consumo energético de Brasil y la enorme oferta que Paraguay ofrece a la región, sino también la potencialidad activa de mecanismos de integración como el Mercosur y la unasur, y la creciente interdependencia energética en los anillos de interconexión en el Cono Sur. Un rasgo de la interconexión, a la cual todavía se halla limitada gran parte de la idea de integración energética, es la existencia de interconexiones bilaterales que, sin embargo, bosquejan un esquema de las condiciones estratégicas y la potencialidad de integración que posee, al menos, el territorio del Cono Sur. Al revisar programáticamente las centrales eléctricas existentes, como se ilustra en el mapa 1, se puede establecer lo siguiente: De las veintitrés conexiones más importantes en 360

Interconexión y dilemas geopolíticos de la integración energética latinoamericana: 2011

Mapa 1 Centrales e interconexiones eléctricas internacionales

Fuente: cier (2011), Información del sector energético en países de América del Sur, América Central y El Caribe: 2009, Comisión de Integración Energética Regional.

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operación, tres son entre Colombia y Venezuela,3 tres entre Colombia y Ecuador, una entre Ecuador y Perú, y una más entre Bolivia y Perú, en lo que corresponde a parte de la región andina y a la geografía, hasta 2006 cuando Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones (cier, 2011). Cabe señalar, sin embargo, que a finales de 2011 se estableció la iniciativa para la creación del corredor ‘energético andino’ entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a la cual podría unirse Venezuela para el año 2012 (AméricaEconomía, 14.12.2011). Por su parte, en la región más austral en que se dibuja la geografía del Mercosur, Brasil posee dos conexiones con Paraguay, dos con la Argentina y dos con Uruguay,4 mientras que la Argentina posee tres interconexiones con Paraguay, tres con Uruguay y una con Chile. La densidad de la interconexión en esta subregión expone la potencialidad creciente del anillo energético del Mercosur. Finalmente, existen varias centrales y proyectos estratégicos que reflejan la proyección de un gran segundo y tercer anillo energético en el Cono Sur, que conectan a Chile con la Argentina y Bolivia, a Venezuela con Brasil y Argentina, y al Perú con Bolivia. Mientras la geopolítica del alba consolida un eje energéticopetrolero entre Cuba y el Gran Caribe, Venezuela, Ecuador y Bolivia, los espacios de interconexión eléctrica bosquejan la potencialidad de un anillo ampliado en todo el Cono Sur a través de la unasur. b. Interconexión gasífera En la misma línea de análisis sobre la interconexión, vale la pena identificar la red de gasoductos y reservas de gas natural. Para finales de 2010, se han registrado veinte gasoductos internacionales en operación, de los cuales nueve son entre Argentina y Chile, cuatro entre Argentina y 3.

4.

En la relación bilateral Colombia-Venezuela sobresale el hecho de que ambos países suscribieran en noviembre de 2011 una docena de convenios de cooperación entre los que se destacan acuerdos energéticos. Dentro de ellos se estableció el desarrollo de un oleoducto entre la Faja del Orinoco y Puerto Cumaco en Colombia, que le dará a Venezuela una salida al Pacífico en momentos en que incrementa sus envíos de crudo a China hasta alcanzar un millón de barriles por día (bpd) en 2014. Además, se ha considerado la participación de la petrolera colombiana Ecopetrol junto a la estatal Petróleos de Venezuela (pdvsa), en campos maduros en el Lago de Maracaibo y el estado suroccidental de Apure, y la extensión del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte hacia Ecuador y Panamá (AméricaEconomía, 29.11.2011). Se destaca además que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acordó en mayo de 2011 con su colega de Uruguay, José Mujica, la construcción de una línea de interconexión eléctrica de 500 kilómetros, además de un puente, una hidrovía y una línea ferroviaria (AméricaEconomía, 30.05.2011).

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Bolivia,5 dos entre Argentina y Brasil, tres entre Argentina y Uruguay, dos entre Bolivia y Brasil, y uno entre Colombia y Venezuela (cier, 2011). No solo se destaca el hecho de que la Argentina funcione como un eje de articulación primaria en la red de gasoductos del territorio, sino además la creciente interdependencia a través de infraestructura energética entre los países sudamericanos. Esto no quiere decir que su existencia genere una perspectiva con solidez institucional, ya que, en repetidas ocasiones, por ejemplo, Brasil ha manifestado la necesidad de incrementar su autodeterminación energética, ante la aparente inestabilidad política boliviana. Mientras que la Argentina ha condicionado el abastecimiento gasífero a Chile en momentos en que su seguridad energética nacional se encuentra frágil o amenazada. De allí que la conectividad tenga que ser evaluada en términos del amplio concepto de seguridad energética regional. En lo relacionado con la participación de los países en el uso de energías renovables, a lo largo de la primera década del siglo xxi, las fuentes hidroeléctricas han sido las de mayor impacto: el 100% en Paraguay, 84% en Brasil, 72% en Colombia, 69% en Venezuela, 66% en Uruguay, 60% en Perú, 50% en Ecuador, 38% en Bolivia y 29% en Argentina. La energía térmica ha sido de gran importancia en Argentina: 71%; Bolivia: 62%; Chile: 56%; Ecuador: 50%. En otras fuentes, como la biomasa, tiene participación Brasil: 5%; Chile: 2%, y Uruguay y Bolivia: 1%, y la eólica apenas tiene una presencia en Chile, con un 2% (cier, 2011, p. 10). La exposición de los datos anteriores demuestra que la tendencia a concebir la región como espacio preferencial para el incremento del comercio interregional, en particular a través de la exportación-importación de energía, ha aumentado a lo largo de la última década. Es cierto que en gran medida estos impulsos han sido motivados o fortalecidos por los propios mecanismos de integración regional y la coyuntura de fortalecimiento a la construcción de una interdependencia en materia estratégica, y no solo ideológica. Sin embargo, es importante reconocer que esta tendencia también se debe tanto al alza internacional de los precios de las fuentes energéticas (a pesar de las caídas producidas entre 2008 y 2009) como al robustecimiento y la intensificación de las perspectivas desarrollistas y neoextractivistas, tanto en países con perfil político medianamente progresista y con fuerte control estatal sobre la economía 5.

El más reciente es el Gasoducto de Integración Juana Azurduy (gija), que entró en operaciones en mayo de 2011 (AméricaEconomía, 07.05.2011).

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(desde Venezuela, Ecuador y Bolivia hasta Brasil y Argentina), como en los países con un persistente proyecto neoliberal (México, Chile, Perú y Colombia). Mapa 2 Principales gasoductos de América del Sur

Fuente: cier (2011), Información del sector energético en países de América del Sur, América Central y El Caribe: 2009, Comisión de Integración Energética Regional.

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2. Abrir el debate sobre integración energética latinoamericana: dilemas geopolíticos Desde el análisis de la década 2010 se hizo evidente que las iniciativas con un perfil de concertación y complementación integracionistas y autonómicas de América Latina en materia energética, respecto de los países centrales y el sistema-mundo, se habían estancado. A saber, grandes iniciativas regionales, tales como el Gasoducto del Sur, la Alianza Energética Andina, el Acuerdo Marco de Complementación Energética, el Anillo Energético, el Gasoducto Binacional Colombia-Venezuela, la macro-proyección regional de Petroamérica/alba; etcétera (Uc, 2011). La fundamentación de la integración regional por parte de las instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que dicen impulsar la integración energética regional, se sustenta en interpretar a la energía como un commodity o mercancía, capaz de ser vendida bajo los parámetros del mercado. En paralelo, esto convierte a las fuentes de energía en meros espacios de explotación, desterritorializándolos de su contexto social y cultural y anulando a la naturaleza como un espacio fundamental para la reproducción social armónica de las comunidades que lo habitan (Del Carmen, 2009). De ahí que la lectura geopolítica de la integración energética regional requiera el reconocimiento de dos dimensiones conflictivas, que en conjunto permitan reconocer a la práctica espacial de la integración como un proceso complejo, con bases institucionales sensibles a los debates sobre gobernabilidad energética, impactos ecológicos y sustentabilidad. La primera dimensión tiene que ver con la incorporación-cooptación de las proyecciones de integración a las perspectivas más recientes del modelo de desarrollo extractivista, considerando que en los últimos años ha habido una creciente adecuación de los esquemas integracionistas energéticos al paradigma de interconectividad —trazado en los grandes esquemas de infraestructura inter y transnacionales, como la iirsa—, y una consecuente intensificación de la explotación de fuentes de energía primaria que llevan a una exponencial ampliación de los espacios de explotación energética por parte de las empresas (estatales y transnacionales de capital público y privado) sobre territorios ricos en reservorios energéticos, sin tomar en cuenta procedimientos políticos fundamentales para las poblaciones, tales como la consulta, el diálogo-negociación y la construcción de consensos entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

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Esto ha llevado a interpretar la integración energética como una práctica espacial que parece basarse más en la explotación generalizada de fuentes estratégicas, tanto tradicionales —combustibles fósiles, mineros y madereros—, como “alternativas” —tales como el agua para la generación de hidroenergía, o los propios alimentos que funcionan como base para la producción de biocombustibles—, que en una integración profunda entre los múltiples actores sociales, entornos ambientales, gobiernos y empresas, basada en la gobernabilidad energética. En esta práctica, la dirección de las decisiones se restringe a los niveles de negociación interestatal y transnacional, y se omiten los actores locales y regionales y sus consecuentes escalas no estatales que, sin embargo, son fundamentales para conceptualizar una integración amplia y multiescalar. Así lo demuestra el hecho de que las principales fuentes de exportación y del crecimiento del pib de los Estados nacionales de la región se sustenten en la exportación de commodities energéticos (cepal, 2011). Y que, paradójicamente, el aumento de dichas exportaciones responda, todavía, más al abastecimiento de la demanda energética internacional (tanto de los países centrales como emergentes) que de la propia demanda regional. Un caso por demás ilustrativo de esta situación se ha visto reflejado en Bolivia a partir del conflicto por la construcción de la carretera que atraviesa el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Securé (tipnis), corazón de la Amazonía boliviana y de las reservas naturales y la biodiversidad más importantes del Cono Sur. Se trata de un espacio trazado previamente en el proyecto de la iirsa y que ha intentado concretarse durante el segundo gobierno de Evo Morales. La omisión de la consulta a los pueblos originarios del tipnis por parte del gobierno boliviano no solo llevó a una movilización nacional en defensa del territorio que ha derivado en una creciente escalada de conflictos entre el gobierno y los pueblos originarios, sino además evidenció los costos de pensar la integración, con grandes intereses de ampliar la interconexión energética, sin la consideración de los habitantes, sus formas de gobierno y de relacionamiento con el entorno, y de las escalas territoriales no estatales (Paz, 2011). De tal manera que la integración energética participa más de una tendencia desarrollista que intensifica el extractivismo, que de una integración profunda entre poblaciones, gobiernos y territorios subregionales. La segunda dimensión es la de seguridad y gobernabilidad energética, que consiste en reinterpretar las opciones de la integración energética 366

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bajo una perspectiva más amplia de sustentabilidad energética intrarregional, considerando para ello no solo el debate sobre fuentes energéticas alternativas, sino también el propio proceso de participación de los actores no estatales (organismos de la sociedad civil, universidades, formas de uso y preservación energética de pueblos originarios, etcétera) en la reorientación y la reinterpretación de la matriz energética regional, y la propia manera de asumir y construir la integración. Se trata de considerar en paralelo tanto las prácticas (en este caso instituidas por los propios Estados nacionales, las empresas petroleras estatales y transnacionales, y los esquemas interestatales de integración) como las contra espacialidades producidas por actores que resisten a la explotación y el despojo de sus tierras y experimentan una proyección espacial que violenta la sustentabilidad de sus entornos a escalas locales e incluso regionales. Lo que podría llegar a ser una contra-representación al tipo de integración energética latinoamericana que se potencia, paradójicamente, mediante los mecanismos supranacionales vigentes (Larraín, 2008). Frente a este escenario, la integración energética regional requiere enfrentar y debatir estos nuevos dilemas geopolíticos. Bibliografía BP (2012), Statistical Review of World Energy, junio. Disponible en: http://www. bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481§. Consultado: agosto de 2012. cepal (2012), Comercio exterior de bienes en América Latina y el Caribe, boletín núm. 6, primer trimestre de 2012. cier (2011), Información del sector energético en países de América del Sur, América Central y El Caribe: 2009, Comisión de Integración Energética Regional. Disponible en: http://www.cier.org.uy/d06-sie/index.htm§. Consultado: agosto de 2012. Del Carmen, Amalia (2009), A integração energética na América do Sul: instrumentos jurídicos e institucionais para projetos gasíferos regionais, Brasil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Kopas, Jacob y Astrid Puentes Riaño (2009), Grandes represas en América, ¿peor el remedio que la enfermedad? Principales consecuencias ambientales y en los derechos humanos y posibles alternativas, Bogotá, aida. Lander, Edgardo y Pablo Navarrete (2007), La política económica de la izquierda latinoamericana en el gobierno, Venezuela-Ámsterdam, Havens Center, Rosa Luxemburg Stiftung, Transnational Institute. 367

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Dimensión ciencia y tecnología

Políticas de ciencia y tecnología: Los trasfondos de la coordinación

Germán Sánchez Daza En el mes de noviembre de 2011 se efectuó la “Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología”, impulsada por la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (comcyt), dependiente de la oea, cuyos temas centrales de discusión fueron la adopción de una visión sobre la función de la ciencia y la tecnología en el desarrollo y la competitividad de la región, así como la aprobación de un plan de acción que incluyera mecanismos de cooperación hemisférica. Además, durante el periodo del presente Anuario, en el marco del Diálogo Regional de Políticas (de la Red de Innovación, Ciencia y Tecnología) el bid impulsó tres reuniones de altos funcionarios de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe; en la primera de ellas se concretó la iniciativa Políticas de Innovación en Latino América y el Caribe (pilac), cuyo objetivo central es “es establecer mecanismos de diálogo y trabajo conjunto para compartir experiencias y conocimientos sobre las políticas públicas en un área de relevancia estratégica para la región: la innovación”. A la par de estos espacios regionales, hay que mencionar otros, como la Cumbre Iberoamericana y la Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea (eu-lac), que se suman a organismos como la ocde, el Banco Mundial y la unesco, que están incidiendo tanto en construcción de visiones y perspectivas como en la de políticas en ciencia y tecnología, por lo que es necesario analizar sus resultados y consecuencias. A continuación haremos un recuento de las dos iniciativas mencionadas inicialmente, para después hacer una breve discusión. 371

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1. Hacia una visión “común”: Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología En el marco de las Cumbres de las Américas de la oea, y como continuidad de la reunión llevada a cabo en México en el año 2008,1 se efectuó esta Tercera Reunión, que tuvo como objetivos centrales la discusión del documento “Hacia la visión 20/25: Ciencia, Tecnología e Innovación para las Américas” (Gobierno de Panamá y octi, 2011) y la definición de un plan de acción. Previamente se hizo una valoración de lo alcanzado en estas reuniones, que están organizadas por la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (comcyt), señalando los siguientes logros en la región (oea-cidi, 2011a): • fortalecimiento de los organismos rectores en el sector —por ejemplo, Argentina, Colombia y Costa Rica tienen el nivel de secretaría o ministerio de Estado, • inclusión del sector como parte relevante en los planes nacionales de desarrollo, • fortalecimiento institucional del sector a través de reformas en las normas y legislaciones de los países. Sin embargo, de acuerdo con el Presidente de la comcyt, el cambio más significativo en la evolución de las políticas científicas en la región es que: Los países de la región están diseñando e instrumentado políticas de innovación para responder a la demanda de los sectores económicos y mejorar la competitividad en mercados globales. Estas políticas promueven la participación del sector privado como socio estratégico en el proceso de innovación científica y tecnológica (oeacidi, 2011a, p. 3).

En este mismo sentido, sobresale que en varios países miembros se está llevando a cabo la revisión, la actualización y la acreditación de los planes de estudio —en ciencias e ingenierías—, a fin de incorporar competencias globales y habilidades emprendedoras. Entre los retos que se señala están la activación de los sistemas de información científica y tecnológica, así como el bajo nivel de inversión.

1.

La primera reunión se efectuó en 2004, un análisis de lo realizado se puede ver en nuestros Anuarios de 2004 y 2008.

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Políticas de ciencia y tecnología: Los trasfondos de la coordinación

En este contexto se discutió el documento “Hacia una visión 20/25…”, definido como una hoja de ruta para “…fomentar la cooperación hemisférica, fortalecer las alianzas y aplicar los conocimientos sobre ciencia, tecnología e innovación para resolver necesidades básicas y promover el desarrollo socioeconómico y la prosperidad” (octi-oea, 2011). Estructurado sobre cuatro ejes o pilares, con objetivos para el año 2025: 1. innovación: desarrollar en las Américas una cultura de innovación basada en la ciencia y la tecnología que fomente la integración, la iniciativa empresarial y el pensamiento creativo en el mundo académico, en los sectores público y privado y en la sociedad en general; 2. formación y educación de recursos humanos: aumentar, al menos en un 50%, el número de mujeres y hombres egresados de programas en ciencias, tecnología e ingeniería y en educación técnica, y mejorar sustancialmente los programas de estudio en estas disciplinas para responder a las necesidades cambiantes de la industria, especialmente las mipymes, y de comunidades específicas; 3. infraestructura nacional de la calidad: asegurar que todos los Estados miembros de la oea tengan acceso a servicios de infraestructura de la calidad internacionalmente reconocidos, a fin de fomentar la competitividad, la innovación, el comercio y la seguridad del consumidor; 4. desarrollo tecnológico: fortalecer la cooperación interamericana en materia de ciencia, tecnología e innovación en las áreas prioritarias seleccionadas, para lograr un desarrollo tecnológico más efectivo y rápido en la región. En el documento se determinan metas y se sugiere un conjunto de indicadores de seguimiento y resultados. Lo que se logra dilucidar a lo largo de ese texto es que ubica como central a la innovación, en virtud de que se considera que es el “motor del crecimiento y del desarrollo económico”. Con esta premisa, las metas enunciadas tienen que ver con la manera en que se puede mejorar el impacto de cada pilar sobre los procesos de innovación. Veamos un ejemplo de cada pilar. En el primer caso, se fijan metas relacionadas con el establecimiento del sistema nacional de innovación, la elaboración de políticas y estrategias relacionadas con él. En el relativo a la formación y educación de recursos humanos, destaca tanto el papel de la cooperación internacional como el alcanzar reformas del sistema educativo, a fin de que se logren culturas innovadoras, cuadros especializados, así como 373

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alianzas entre sectores; de manera particular se considera que “Los actuales programas de estudio de ciencia, tecnología e ingeniería deben promover la flexibilidad curricular, la colaboración entre los sectores académico, público y privado, el desarrollo de capacidades empresariales y gerenciales, y asimismo contribuir al desarrollo de una cultura de innovación inclusiva” (octi-oea, 2011, p. 7). El logro de instituciones nacionales que garanticen calidad y seguridad en los productos y servicios que se elaboran en un país, basadas en la innovación, puede incidir en el acceso a nuevos mercados y la creación de empleos, se plantea en el tercer pilar. Finalmente, en el cuarto, destacamos que se recuperan seis áreas estratégicas definidas por la misma oea y se plantean metas relacionadas con la cooperación y la difusión a escala internacional. En el plan de acción aprobado (denominado Plan de Acción de Panamá) se señalan los compromisos adquiridos y las formas de trabajo; para el caso de los ministros y autoridades del sector se señalan siete áreas de acción, entre ellas la promoción y el seguimiento de políticas y regulaciones, así como la promoción del incremento en inversión y financiamiento en las áreas prioritarias de la ciencia, la tecnología y la innovación. Todo ello en los niveles hemisférico, nacional y regional. La comcyt queda como coordinadora y mediadora con los organismos de cooperación internacional (ver octi-oea, 2011b). Asimismo, se conformaron cuatro grupos de trabajo (uno por cada pilar) que buscarán dar concreción a la Visión 20/25. Para concluir esta breve reseña, destacamos dos comentarios del Informe Final de la Reunión que muestran algunos aspectos de la discusión (ver octi-oea, 2011c, p. 8 y 10). En primer lugar, en el tema de los indicadores se afirma que …se expuso que es necesario encontrar indicadores adecuados y otras maneras de evaluar la producción de ciencia y tecnología de las universidades más allá de los utilizados en ciencias básicas y evolucionar hacia una cultura de producción científica basada en la calidad y no en cantidad. Se enfatizó la necesidad de utilizar indicadores para medir el impacto de la innovación y las tecnologías en la solución de necesidades sociales tales como seguridad alimentaria y eficiencia energética (cursivas nuestras).

Segundo, “Ecuador tomó la palabra para solicitar que se incorpore a la Visión 20/25 el tema de la sabiduría ancestral de los pueblos mediante un vector de diálogo de saberes”. A pesar de lo escueto de las minutas, estos dos comentarios nos indican temas que están a debate: el tipo de 374

Políticas de ciencia y tecnología: Los trasfondos de la coordinación

evaluación de la producción científica, el impacto social de la innovación y el valor de los saberes ancestrales. 2. Coordinación frente a preocupaciones ¿comunes?: bid y el diálogo de políticas Teniendo como antecedentes los trabajos que desde hace ya varias décadas ha venido haciendo el bid en el ámbito de las políticas de ciencia y tecnología (al respecto ver Sánchez, 2009), en el mes de octubre de 2010 se efectuó la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de América Latina, en la cual participaron representantes de primer nivel de quince países: entre sus resultados se encuentra la “Declaración de Buenos Aires” (Red, 2010), en la que se expresan cinco compromisos: aprovechar las capacidades y los recursos para hacer frente a las preocupaciones globales, balanceándolos con los intereses nacionales y regionales; coordinar políticas; fortalecer la cooperación internacional; dar la relevancia adecuada a la ciencia y la tecnología, y conformar un plan de acción. Como consecuencia de este último compromiso, en el mes de marzo de 2011 se efectuó otra reunión bajo el título de “Diálogo sobre Políticas Públicas para la Innovación en América Latina”, en la que diecinueve países aprobaron la iniciativa “Políticas de Innovación en Latinoamérica y el Caribe” (pilac), cuyo objetivo central es establecer espacios de diálogo y trabajo conjunto sobre experiencias y conocimientos de políticas de innovación (Red, 2011a). Posteriormente se llevaron a cabo dos reuniones más: en junio, en Washington, se toma como eje de debate los “Incentivos para la inversión privada en i+d y en innovación empresarial”, en tanto que la reunión efectuada en la ciudad de Belice, en el mes de diciembre, se enfoca en la innovación en el sector servicios y el caso de los países caribeños. La reunión de marzo, realizada en la ciudad de Guanajuato, marca un punto de inflexión en las actividades impulsadas por el bid —ahora bajo el manto del Diálogo Regional de Políticas y la acción de la Red de Innovación, Ciencia y Tecnología—, cuyo eje fundamental es la iniciativa pilac, a partir de la cual se articularán los planes de acción en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Veamos su contenido central. El documento que contiene la propuesta parte de considerar que la innovación puede impulsar el bienestar y el crecimiento económico (creando empleos) y es uno de los fundamentos para la salida de la crisis 375

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económica actual; además considera que la región podría aprovechar la relevancia de la innovación a través de políticas que la impulsen. Se plantean cuatro objetivos: 1. servir como plataforma para el análisis de las experiencias en materia de políticas de innovación; 2. divulgar los estudios y análisis comparativos sobre la materia; 3. promover la incorporación de la innovación en las políticas y los programas de la región, y 4. facilitar la formulación y realización de proyectos de cooperación entre los países de la región y las instituciones internacionales. Se trata de un espacio de “alto nivel”, que involucra a los tomadores de decisión y diseñadores de políticas en la materia, además de representantes de instituciones como bid, cepal, ocde y segib. Asimismo, se establece una reglamentación mínima. Entre los temas de interés que se relacionan y que no agotan el campo de pilac están: elaboración de diagnósticos de los sistemas de innovación, fomentar la innovación en el sector empresarial, organización de agendas de políticas, incentivos para los negocios de desarrollo tecnológico e innovación, función de las universidades y centros públicos de investigación en la innovación, medición de capacidades y resultados, internacionalización de la investigación y desarrollo (i+d) y la cooperación. Según Villa (2011), la propuesta permitirá el intercambio de experiencias y el análisis de las políticas de innovación y la incorporación de este proceso en las mismas políticas públicas, logrando su coherencia y la articulación con los organismos internaciones que actúan en el campo de la innovación, además de que se identificarán proyectos conjuntos para enfrentar los desafíos que enfrenta la región. Concretando estas resoluciones, en la reunión de Washington (Red, 2011b) se discutió sobre los incentivos para la inversión privada en i+d, sobre los instrumentos más adecuados para promoverla. Se pueden identificar dos tipos de conclusiones de la reunión: a) las relativas a la mejora de los incentivos financieros como instrumentos para impulsar la innovación, en las que se mencionan las distintas fases de su evolución (desde la formulación hasta su seguimiento y evaluación), b) la necesidad de focalizar a los beneficiarios, indicadores y datos. Otro tema que se discutió en junio fue la relativa a los temas de diálogo, que fue elaborado por una comisión conjunta entre bid, cepal, segib y ocde (quien coordinó la propuesta); definió como prioritarios: los 376

Políticas de ciencia y tecnología: Los trasfondos de la coordinación

incentivos fiscales, las modalidades de financiamiento, las políticas de propiedad intelectual y el mejoramiento de estadísticas e indicadores.2 Finalmente, la reunión de los países del Caribe se centró en la revisión de experiencias sobre innovación en el sector servicios, en particular en la relevancia de las tic y en el turismo. Se señaló que es necesario profundizar en la dinámica del sector, de las empresas, a fin de poder implementar políticas adecuadas (ver Red, 2011c). 3. ¿Coordinación e intereses comunes? Los debates implícitos La revisión de estos esfuerzos por coordinar políticas y estrategias nos muestra que existe un elemento común: el acento en la innovación, considerándola como fundamento del crecimiento económico y el bienestar. En consecuencia, y tomando en cuenta la manera en que se desarrollan los procesos de innovación en la economía contemporánea, la investigación científica y el desarrollo tecnológico deberán estar orientados hacia la generación de nuevos productos y procesos. En este sentido cobran importancia no solo los recursos y los resultados de las actividades de i+d+i (esta última de innovación), sino también las características de los mismos procesos de generación y transmisión de conocimientos y de aprendizaje, tanto en el ámbito regional como en el global. Estos aspectos son reconocidos en los eventos que hemos reseñado; sin embargo, existen elementos que limitan o condicionan las propuestas que se elaboran. Revisemos brevemente los datos que nos arrojan dos estudios sobre la innovación en la región. En 2011 el insead publicó su cuarta edición del Índice global de innovación, en el cual se hace una clasificación de más de un centenar de países en relación con un conjunto de variables que conforman dicho Índice (insead, 2011). Agrupadas en dos subíndices, en el de “Inputs de innovación” se consideran la calidad de las instituciones, las capacidades de investigación y de educación, la infraestructura física, la sofisticación del mercado y de las empresas, en tanto que en el de “Resultados de innovación” se integran los resultados científicos y de la creatividad.

2.

Los otros temas presentados en el documento eran: diagnóstico de los sistemas de innovación, cooperación internacional en i+d+i, pequeñas, medianas y grandes empresas motores de la innovación, educación superior e institutos públicos de investigación, competencias para la innovación, gobernanza horizontal de la política de innovación, y la evaluación de su impacto.

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En otras publicaciones de este Anuario hemos realizado las críticas a este tipo de Índices; sin embargo, en esta ocasión solo lo recuperamos porque ilustra claramente el lugar en que se ubican los países de la región en los procesos de innovación de acuerdo con las visiones dominantes. En el cuadro 1 mostramos los datos correspondientes a los países latinoamericanos y de tres países industrializados que sirven de referencia. Se puede considerar que la región está aún bastante rezagada en relación con los países con mayor industrialización. Solo Chile, Costa Rica y Brasil se encuentran entre los primeros cincuenta países; sin embargo, Chile tiene un Índice que representa el 60% del de Suiza, clasificado como el primer lugar. Cuadro 1 Índice global de innovación, 2011 País Suiza Estados Unidos de América Canadá Chile Costa Rica Brasil Argentina Guyana Uruguay Colombia Trinidad y T. Paraguay Panamá México Perú Guatemala El Salvador Jamaica Ecuador Honduras Venezuela Nicaragua Bolivia

Índice 63.82 56.57 56.33 38.84 37.91 37.75 35.36 34.83 34.18 32.32 32.17 31.17 30.77 30.45 30.34 29.35 29.14 28.88 28.75 27.81 27.41 25.78 25.44

Fuente: insead, 2011.

378

Lugar 1 7 8 38 45 47 58 61 64 71 72 74 77 81 83 86 90 92 93 98 102 110 112

Políticas de ciencia y tecnología: Los trasfondos de la coordinación

Sobresale que en el subíndice de “Inputs de innovación” los países latinoamericanos tienen un menor valor, explicado por la calificación en los pilares “instituciones” y en el de “investigación y capital humano”. Por lo demás, se observa que Canadá y Estados Unidos se ubican entre los primeros lugares, no muy lejos de Suiza. Por otro lado, en 2011 la ricyt publicó su informe El estado de la ciencia, en él se puntualiza que hay una tendencia a la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas en Latinoamérica; se destacan las siguientes conclusiones: • se han incrementado significativamente los esfuerzos en estas actividades, • sin embargo, su participación a escala mundial sigue siendo pequeña, • existe una concentración en las economías de mayor tamaño, • la participación de las empresas es relativamente bajo, en comparación con países industrializados, • aún está pendiente la generación de políticas macroeconómicas que fomenten la i+d, • hay un incremento en los graduados, prevaleciendo las áreas de ciencias sociales y humanidades; sobresale que esto no sucede en el nivel de doctorado, • las publicaciones de los investigadores se ha duplicado, • el número de patentes solicitadas ha sido estable en los últimos diez años, y es muy bajo. Además, en el estudio sobre las tendencias de la integración de la región al mercado mundial encuentran dos elementos centrales que caracterizan al patrón de especialización comercial: primero, se ratifica la creciente primarización de las exportaciones, con una pérdida de importancia de los bienes de alto y medio contenido tecnológico; segundo, paradójicamente, el comercio intrarregional aumenta su relevancia y, en particular, se comercian productos diferenciados con relativo alto contenido tecnológico, lo cual indicaría la relevancia de la integración regional. Asimismo, en el informe se discute en torno a las visiones sobre la innovación y la función que desempeñan la ciencia y la tecnología en los procesos de desarrollo; se cuestionan las políticas implementadas, sobre su valoración de los impactos sociales. Después de argumentar en torno a la complejidad que implican los procesos de innovación y hacer una breve revisión de las políticas científicas y tecnológicas en la región desde

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las décadas de los sesenta se plantea preguntas que son centrales en estos momentos: ¿Cómo se construye una sociedad del conocimiento en los países de Iberoamérica? ¿Qué ciencia y qué tecnología se necesitan para apoyar el logro de una solución a los problemas y demandas de estas sociedades? ¿Cómo se hace para aprovechar las oportunidades y eludir los riesgos? ¿Cómo hacer para consolidar una capacidad científica y tecnológica que sirva como instrumento de desarrollo, cohesión social y ciudadanía?” (ricyt, 2011, p. 3).

La respuesta la encuentra en la formulación de nuevas políticas y estrategias públicas que sirvan como herramientas para el desarrollo de los países. Esta argumentación puede ser válida para discutir y cuestionar la función que tienen los esfuerzos por coordinar las políticas y que han sido reseñados en los apartados anteriores. Es decir, las preguntas que se hacen los autores de la ricyt se pueden plantear de manera directa a los objetivos y resultados de las reuniones realizadas en los espacios promovidos por la oea y el bid, quienes están interesados por promover las visiones “optimistas” sobre la innovación y su vínculo directo con el crecimiento y el “bienestar”, bajo una visión privatizadora y con nulas preocupaciones por los impactos sociales. En este contexto cabe señalar el lugar que ocupan los organismos internacionales, que se muestran como promotores e impulsores de esas visiones. Al respecto, sobresale la crítica que realizó la viceministra de Cuba en la reunión de marzo en Guanajuato, y que la prensa logró dar cuenta, la afirmación era contundente: “estos organismos no deciden las políticas de nuestros países” (Avilés, 2011). Estas críticas, unidas a las observaciones que aparecen en algunas de las minutas de las reuniones y a las presentaciones de algunos países sobre sus políticas científicas y tecnológicas, nos muestran que, si bien hay una perspectiva dominante, existen cuestionamientos que reivindican la búsqueda de nuevas políticas vinculadas con un modelo de desarrollo distinto del neoliberal. Como ejemplos de esta búsqueda están, en primer lugar, la experiencia del modelo de Cuba, y en la actualidad lo que se ha venido implementando en Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde, si bien se reconoce la relevancia de la ciencia y la tecnología en la economía

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contemporánea, se tiene que esta deberá de ser guiada por los objetivos del desarrollo económico y social, que no son idénticos al crecimiento.3 Bibliografía Avilés, Karina (2011), “Cuba cuestiona influencia de ocde y cepal en Plan Guanajuato de ciencia”, La Jornada, México, 26 de marzo. Gobierno de Panamá y octi (2011), Hacia la visión 20/25: ciencia, tecnología e innovación para las Américas: cooperación hemisférica para la competitividad y prosperidad en una economía del conocimiento, Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, Ciudad de Panamá, noviembre. insead (2011), The Global Innovaction Index 2011, insead-wipo. octi-oea (2011), Hacia la visión 20/25: ciencia, tecnología e innovación para las Américas, Presentación en la Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, Ciudad de Panamá, noviembre. ___ (2011b), Plan de acción de Panamá, Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, Ciudad de Panamá, noviembre. ___ (2011c), Informe final de la Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, Ciudad de Panamá, noviembre. oea-cidi (2011a), Informe general del presidente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (comcyt), oea, Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, Ciudad de Panamá, noviembre. Red de Innovación, Ciencia y Tecnología (2010), Declaración de Buenos Aires, Red de Innovación, Ciencia y Tecnología, bid, Buenos Aires. ___ (2011a), Iniciativa de políticas de innovación en Latinoamérica y Caribe, Red de Innovación, Ciencia y Tecnología bid, Guanajuato, marzo. ___ (2011b), Minuta, Reunión de Diálogo Regional de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, Washington, junio. ___ (2011c), Policy Dialogue in Belize City on Innovation in the Service Sector in the Caribbean Región, Press Releas, diciembre. ricyt (2011), El estado de la ciencia, ricyt. Disponible en: www.ricyt.org. Sánchez, Germán (2009), “Ciencia y tecnología en América Latina”, clacso buap, Argentina-México. Villa, José E. (2011), Diálogo sobre políticas públicas para la innovación en América Latina y el Caribe, Presentación en Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de América Latina, Guanajuato, marzo.

3.

Al respecto se puede ver nuestro Anuario correspondiente al año 2009, en el que se analiza la política científica tecnológica de Bolivia.

381

Los estudios sobre la innovación en la región

Álvaro Pedroza Zapata Juan Mejía Trejo Introducción Este trabajo hace referencia a los esfuerzos que viene desarrollando la ocde, tanto de manera individual como en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid),1 así como con la cepal, y que han servido para avanzar en la caracterización de los Sistemas Regionales de Innovación (sri) de países de la zona, así como para proponer pautas de desarrollo basado en el impulso de una economía productora y consumidora de conocimiento e innovaciones. En este ámbito, se busca proponer las dimensiones principales y sus tendencias en el contexto de Latinoamérica (la). 1. De los sistemas de innovación nacionales a los regionales La literatura creciente en sistemas nacionales de innovación (sni) proporciona una comprensión más profunda de los determinantes del pro-

1. El bid está llevando a cabo dos operaciones piloto con el fin de promover el desarrollo de los sistemas de innovación subnacionales. La primera experiencia se está desarrollando en Brasil (br-T1120), la otra se está llevando adelante en el Estado de México (ME-M1059), de la República Mexicana. La experiencia resultante de estas dos iniciativas servirá para complementar los resultados obtenidos en estos estudios y ampliar los conocimientos sobre el funcionamiento de los sri en al y acrecentar el potencial de las políticas subnacionales de innovación.

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Álvaro Pedroza Zapata y Juan Mejía Trejo

ceso de innovación (Freeman, 1987; Lundvall, 1992 y 2007; Nelson, 1993; Edquist, 2001). Estos conceptos, desarrollados inicialmente como constructos teóricos para entender las relaciones entre los agentes del sistema y las transacciones entre ellos, también han tenido un carácter práctico desde el momento en que los gobiernos los han utilizado para desarrollar políticas y acciones encaminadas a su fortalecimiento. Debido a los problemas de escala y complejidad manifestados en la geografía económica a escala subnacional, se evolucionó hacia los sistemas regionales de innovación (Cooke et al., 1997). Menéndez, Fernández y Jiménez (2011) ofrecen, desde la óptica estructuralista-evolucionista, una revisión crítica del concepto de sistema regional de innovación (sri) como marco teórico conceptual para el estudio de los procesos de innovación en al. El concepto, elaborado a finales de los años ochenta en y para Europa, ha sido utilizado en los últimos veinte años como instrumento para el análisis de la innovación en un territorio y como fundamento para la definición de políticas regionales. Se apoya en la importancia creciente de las tecnologías emergentes y de punta, y las nuevas condiciones de competencia global, por lo que su aplicación ha estado orientado a países de elevado nivel de desarrollo, tanto económico como científico y tecnológico, por lo que su aplicación a un área geográfica tan distinta como lo es América Latina y el Caribe exige tener en cuenta las diferencias existentes, puesto que nos encontramos con países donde las regiones son espacios en los que la dimensión funcional o administrativa prevalece sobre la sociocultural. Se publicaron dos investigaciones importantes:2 Llisterri y Pietrobelli (2011), con los trabajos en los sri de Brasil (estados de Santa Catarina y Ceará), Chile (regiones de Araucanía y, por separado las de Los Ríos y Los Lagos), Colombia (departamentos de Antioquia y Valle del Cauca) y México (estados de Guanajuato y Querétaro); Jiménez y Almario (2011), con los trabajos en Colombia (Bogotá Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca), México (estado de Jalisco); Nicaragua (sni), El Salvador (sni), Bolivia (sni) y Brasil (estado de Rio Grande do Sul). Las limitaciones en la disponibilidad de datos suficientes en cantidad y calidad no permiten profundizar los hallazgos, pero sin duda se ha

2.

La coordinación de ambas investigaciones y la elaboración de las conclusiones estuvieron a cargo de un grupo de trabajo de Ingenio (centro de investigación dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, csic, y la Universidad Politécnica de Valencia, upv, España).

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Los estudios sobre la innovación en la región

iniciado una vía de análisis que podrá brindar importantes resultados a mediano plazo. Los estudios de caso sobre las características de los sri proponen un conjunto de conclusiones interesantes, que se presentan de forma sintética a continuación: 2. Los agentes y sus interrelaciones De forma amplia, un sri está integrado por varios subsistemas de agentes implicados en un aprendizaje colectivo, así como por las vinculaciones que existen entre ellos (Fernández de Lucio y Castro, 1995). Uno de ellos, responsable de la generación de conocimiento y en el que se encuentran integrados universidades y demás centros públicos y privados de investigación; un segundo, con el que se explotaría dicho conocimiento y en el que estaría integrada la estructura de producción (fundamentalmente las empresas); un tercero, integrado por agentes que apoyan la innovación, entre los que se encuentran los centros tecnológicos y las empresas de bienes de equipo y servicios avanzados, y un cuarto, por aquellos que financian las actividades de innovación. Sobre los diferentes subsistemas actuarían los organismos gubernamentales y las agencias de desarrollo y constituirían, a su vez, un quinto subsistema del sri. Los diferentes elementos deberían estar vinculados entre sí e interactuarían para propiciar las dinámicas de los procesos de innovación. Según Menéndez, Fernández y Jiménez (2011), en la mayoría de los territorios estudiados las relaciones entre los agentes científicos y los empresariales son débiles e inferiores a las que se producen entre empresas; estas últimas son mayores que las relaciones entre los agentes empresariales y los científicos, sobre todo donde existen clústeres dinámicos. El reconocimiento de las debilidades de las relaciones entre los agentes científicos y los empresariales ha hecho que los policy makers hayan puesto en práctica instituciones e incentivos económicos para fomentar las relaciones y, consecuentemente, la innovación en los territorios estudiados. Este es el caso de las múltiples estructuras de interfaz y de centros de apoyo a la innovación empresarial. En este sentido, la creación de estructuras de interfaz ha de contar, de manera continua, con los medios humanos y materiales suficientes para afrontar las dificultades del medio en el que desarrollan sus actividades.

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Álvaro Pedroza Zapata y Juan Mejía Trejo

3. La geografía es relevante Los estudios realizados (Llisterri y Pietrobelli, 2011; Jiménez y Almario, 2011) demuestran que la geografía es relevante para la innovación; esta no se produce de igual forma en cualquier territorio de un mismo país, sino que las inversiones en innovación tienen un mayor rendimiento en los sri que reúnen determinadas capacidades para generar, asimilar y emplear el conocimiento. Se identifican diferentes niveles de desarrollo de los sri en un mismo país, asociados con las fronteras político-administrativas (estados, regiones, departamentos o provincias). Sin embargo, tanto las macrorregiones como las microrregiones o espacios subregionales, y las áreas metropolitanas, ocupan también un lugar destacado en el conjunto de relaciones que componen los sistemas territoriales de innovación. La alta concentración de instituciones y actividades de generación de conocimiento, de capital humano y de empresas con mayor valor añadido en las grandes ciudades hace que esos conglomerados urbanos constituyan un fenómeno particularmente relevante en al. Lo contrario se aplica a las zonas rurales. La diversidad de niveles territoriales (regional, subregional, municipal y nacional) supone un riesgo de fraccionamiento y dispersión de los esfuerzos orientados a promover la innovación. En un reciente estudio de la ocde (2011) se revisan varios de los posibles componentes de una política regional de innovación, así como un grupo de diversas estrategias alternativas identificadas en los distintos tipos de regiones. Un punto fundamental consiste en promover políticas basadas en las capacidades existentes y apoyar una transformación realista de la especialización productiva de la cual se parte. No obstante, no parece posible definir las políticas de innovación regional en hojas de ruta o paquetes de medidas que resulten válidos para todas las regiones. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que las recomendaciones de política se deben adaptar a cada entorno en particular. 4. Instituciones, gobernanza y descentralización Existe una gran heterogeneidad entre los países de América Latina en materia de institucionalidad para la innovación y su posicionamiento en la estructura de poder del gobierno. Según ocde/cepal (2011), solo cinco países poseen un ministerio de innovación: Argentina, Brasil, Costa Rica, 386

Los estudios sobre la innovación en la región

Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. En los demás prevalecen modelos diferentes: consejos nacionales de innovación directamente dependientes de la Presidencia de la República, como ocurre en los casos de Chile y Nicaragua, entre otros, o consejos nacionales dependientes de distintos ministerios (industria o educación, en general), como en México y Perú. Hay modelos institucionales con variados grados de complejidad e intensidad en cuanto a la frecuencia de las interacciones entre los distintos actores. El sistema de mayor densidad institucional es el de Brasil, donde al Ministerio de Ciencia y Tecnología se suman, con un papel determinante y una alta coordinación en el plano de definición de estrategia y ejecución, el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (bndes) y diversos organismos encargados de la ejecución de programas, como la Financiadora de Estudios y Proyectos (finep) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (cnpq), que financian respectivamente programas de innovación en las empresas y programas de i+d. También se requiere la creación o el fortalecimiento de instituciones para el análisis de datos y la toma de decisiones. Al mismo tiempo, es necesario crear incentivos para utilizarlos en la evaluación y el rediseño de las políticas públicas. Los países de América Latina se encuentran todavía en una fase incipiente en la creación de instituciones para el análisis de políticas. El más avanzando en esta materia es Brasil, donde el Instituto de Investigación Económica Aplicada (ipea), afiliado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, y el Centro de Gestión de Estudios Estratégicos (cgee), afiliado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, constituyen espacios institucionales para análisis de impacto y retroalimentación de las políticas públicas. Fernández de Lucio, Rojo y Castro (2003) proponen una definición de los sistemas de gobernanza de acuerdo con la función que desempeñan el Estado propiamente dicho, el mercado, el asociacionismo y la propia sociedad civil, así como los mecanismos o modos de intermediación de esas cuatro formas de gobernanza ente sí. Bilbao-Osorio (2009) provee una idea de región, en términos de política económica, como aquel territorio dotado de una cierta capacidad de autogobierno y con cohesión cultural, que propician la vinculación entre la gobernanza y el sistema económico, lo que abre las puertas a su utilización para el diseño de políticas. La debilidad de las instituciones y la gobernanza de los sri repercuten en la todavía insuficiente estabilidad y capacidad de gestión de las entidades responsables de implementar las políticas regionales de 387

Álvaro Pedroza Zapata y Juan Mejía Trejo

ciencia y tecnología. En general, las capacidades locales para realizar diagnósticos de calidad y diseñar e implementar políticas de innovación son todavía incipientes, salvo en algunos casos en que se ha acumulado una experiencia de varias décadas (algunos estados en Brasil, por ejemplo). Esa debilidad obstaculiza la asignación de recursos a las regiones, así como la posibilidad de que los gobiernos regionales consoliden los programas de innovación que más se ajustan a las condiciones productivas locales. La capacidad de convocatoria de las autoridades regionales de ciencia y tecnología se encuentra a veces diluida por la falta de articulación de las políticas públicas implementadas por otras áreas de gobierno, como las de promoción de exportaciones e inversiones exteriores directas, o las encargadas de promover el desarrollo de capacidades laborales y de capital humano. Los modelos de descentralización política y presupuestaria de cada país son factores condicionantes de la conformación de cada sri. En Llisterri y Pietrobelli (2011) se han observado dos tendencias: por un lado una tendencia a la descentralización de las políticas de innovación, que deriva la responsabilidad de su implementación hacia las regiones; por otro lado, se registra una progresiva tendencia por parte de las regiones a asumir la responsabilidad del diseño y la ejecución autónoma de las políticas regionales de innovación emanadas desde el territorio. En los trabajos publicados en Jiménez y Almario (2011), aun cuando se ha encontrado que las políticas de innovación que se aplican tienen carácter marcadamente nacional, desde hace un par de décadas se están produciendo paulatinamente intentos de descentralización (ejemplos: en Colombia, las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología de 1990 y los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología en 2000; los consejos estatales de Ciencia y Tecnología en México y, en Brasil, las Agencias de Desarrollo con presencia activa en varios estados). En la práctica, estos representan más bien mecanismos de transferencia de recursos presupuestarios que delegación de poder político. Así, aunque se propugna cierto proceso de localismo de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, se observa que el entramado político administrativo en la mayoría de los países estudiados sigue siendo centralizado. Las intenciones de regionalización se han concretado en acciones de cooperación para la administración de programas y fondos nacionales de programas dirigidos al fortalecimiento de las capacidades regionales. Sin embargo, los intentos de ajustar las prioridades regionales con las 388

Los estudios sobre la innovación en la región

nacionales se encuentran en una fase muy incipiente. En países como Colombia o México, la competencia interdepartamental o interestatal por la captación de fondos nacionales es uno de los procedimientos de asignación de recursos a las prioridades regionales, función en la que los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología desempeñan una función importante. En Nicaragua y El Salvador, por su tamaño, la política cuenta con un marcado carácter nacional; al igual que en Bolivia, a pesar de contar con una estructura político-geográfica dividida en regiones. En el caso de México, existen intentos para diseñar iniciativas y llevar a la práctica políticas de ciencia, tecnología e innovación desde los estados, sin que se haya podido apreciar resultados adicionales apreciables. 5. Recursos humanos Según la ocde/cepal (2011), los recursos de apoyo al conocimiento son escasos y están más bien orientados a la formación y a la capacitación técnica que a la investigación y la promoción de desarrollos tecnológicos para el sistema productivo regional. Las capacidades tecnológicas no alcanzan la masa crítica ni el nivel de desarrollo necesario para acortar las brechas respecto de los centros de excelencia global. El capital humano que presenta las mejores capacidades técnicas y de liderazgo se ve con frecuencia atraído por los grandes centros urbanos de cada país, donde se ofrecen las mejores oportunidades. Hay un desfase entre la oferta y la demanda de recursos humanos calificados para la innovación. Se necesita tanto incrementar la calidad y la cantidad de recursos humanos para la innovación, como crear incentivos para su absorción en las organizaciones. Además, se requiere apoyar la formación de los recursos humanos para la gestión de las políticas de innovación y desarrollo productivo. Por ejemplo, Argentina y Uruguay se caracterizan por tener un alto nivel de formación y necesitan avanzar hacia una coordinación entre las políticas educativas y las de desarrollo productivo para mejorar la competitividad del sector productivo; en Brasil se apunta hacia un fortalecimiento de la intensidad tecnológica de su matriz productiva, mientras que los países más pequeños sufren un proceso intensivo de “fuga de cerebros” y necesitan atraer capital humano cualificado.

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6. La información y las encuestas de innovación La importancia de los factores que inciden en la diferenciación de los sri y en su desempeño ha resultado difícil de estimar y cuantificar, por no disponerse de la información suficiente para elaborar indicadores sólidos que los representen convenientemente. Mientras se va mejorando la disponibilidad de la información adecuada, es necesario llevar a cabo estudios cualitativos suficientemente sustentados por encuestas sobre el terreno, para comprender mejor el comportamiento de los agentes en las dinámicas de innovación de los diferentes territorios. En América Latina y el Caribe se está consolidando la experiencia en el desarrollo de encuestas de innovación (Cimoli, Primi y Rovira, 2011). Estas son herramientas relevantes para profundizar el conocimiento sobre la conducta innovadora en las empresas, evaluar los obstáculos a la inversión en innovación y determinar el impacto de las políticas públicas. Sin embargo, en América Latina y el Caribe es necesario avanzar en la comparabilidad de las encuestas de innovación. Este proceso exige tiempo e inversión en el fortalecimiento institucional, y se necesita de un dialogo entre hacedores de política, expertos e institutos de estadística. La comparación entre encuestas es compleja y requiere esfuerzos de homologación (oecd, 2009). Esto se vuelve complicado, debido a que las encuestas siguen modelos diferentes (las de Brasil, Chile y México se realizan sobre la base del Manual de Oslo, mientras que las de Argentina, Colombia y Uruguay siguen el de Bogotá). Al tratarse de un fenómeno reciente en la región, solo algunos países efectúan encuestas regularmente y las utilizan como retroalimentación en las políticas (Primi y Rovira, 2011), y la comparabilidad entre ellas es aún baja. En particular, solo Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay efectúan con regularidad las encuestas, mientras que México lo hace esporádicamente y Costa Rica, Panamá, Perú y República Bolivariana de Venezuela están iniciando esta tarea. De acuerdo con las encuestas nacionales de innovación, las empresas más pequeñas experimentan inconvenientes, como el acceso a los mercados de créditos, menor posibilidad de diversificar riesgos, problemas de escala y barreras a las exportaciones, que reducen sus posibilidades de invertir en actividades de innovación (López y Orliki, 2006). Para dinamizar la innovación en las pymes se necesitan políticas públicas que eliminen o reduzcan los cuellos de botella que ellas enfrentan. Las encuestas también reflejan que, en América Latina, las empresas tienen un bajo nivel de cooperación, en especial con los institutos de 390

Los estudios sobre la innovación en la región

investigación científica y tecnológica. En México solo el 4,5% de la empresa innovadora colabora con los institutos en proyectos de i+d y, en los países donde esta propensión es mayor, como Argentina y Uruguay, el porcentaje no supera el 12% (Primi y Rovira, 2011). Esto se deriva principalmente de la especialización sectorial (con la mayoría de empresas en sectores de baja intensidad de conocimiento) y de la falta de cultura e incentivos para una mayor colaboración entre los institutos de investigación y el sector privado. 7. El cambio tecnológico América Latina en su conjunto enfrenta grandes retos para alcanzar los niveles de competencias y capacidades necesarias para insertarse exitosamente en la economía global del conocimiento. Se observan avances importantes aunque circunscritos a ciertos sectores, territorios o clústeres. El cambio tecnológico —especialmente el referido a tecnologías de la información y comunicación (tic), biotecnología, nanotecnología y nuevos materiales— reconfigura el espacio de la innovación e incrementa la complejidad y las formas de innovar. Estas tecnologías exigen inversiones cuantiosas en materia de investigación y desarrollo y en actividades complementarias (servicios tecnológicos y empresariales, capacitación, infraestructura y desarrollo empresarial, entre otros). Esto supone grandes desafíos para los gobiernos de la región, el sector productivo y el de investigación. Plantea la necesidad de una evolución en las políticas públicas y en las capacidades institucionales para apoyar la innovación, así como en los presupuestos asignados a la innovación, por parte tanto del sector público como del privado. Bibliografía Fernández de Lucio, I.; Rojo, J. y E. Castro (2003), Enfoques de políticas regionales de innovación en la Unión Europea, Madrid, Academia Europea de Ciencias y Artes. Fernández de Lucio, I. y E. Castro (1995), “La nueva política de articulación del Sistema de Innovación en España”, comunicación presentada en el vi Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica, altec’95, Concepción. 391

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Jiménez F. y F. Almario (ed.) (2011), El papel de las instituciones de educación superior en los sistemas de innovación latinoamericanos, Universitat Politècnica de València, alfa –Consorcio Proyecto cesar. López, A. y E. Orliki (2006), Innovación y mecanismos de apropiabilidad en el sector privado en América Latina, eclac (cepa l)-wipo. Llistierri, J. y C. Petrobelli (2011), Los sistemas regionales de innovación en América Latina, España, Banco Interamericano de Desarrollo. Menéndez, A.; Fernández I. y F. Jiménez (2011), “Conclusiones finales”, en F. Jiménez y F. Almario (ed.), El papel de las instituciones de educación superior en los sistemas de innovación latinoamericanos, Universitat Politècnica de València, alfa –Consorcio Proyecto cesar, Comisión Europea, pp. 127-194. ocde/cepal (2011), Perspectivas económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado para el desarrollo, oecd Publishing. oecd (2009), Innovation in Firms: A Micro-Economic Perspective, oecd, Paris, France. ___ (2011), Regions and Innovation Policy. oecd Reviews of Regional Innovation, París: ocde. Primi, A. y S. Rovira (2011), “Innovation and Cooperation in Latin America: Evidence from National Innovation Surveys in a Comparative Perspective”, en M. Cimoli, A. Primi y S. Rovira (ed.), R&D cooperation in Latin American Innovation Strategies: Empirical Evidence and Policy Implications from National Innovation Surveys, eclac (cepal)-idrc.

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La producción científico-tecnológica en tecnologías de la información y comunicación en Iberoamérica. Balance y perspectivas a partir del informe de la ricyt 2011

Fernando Julio Piñero Romina Loray Introducción Durante 2011 se ha publicado el informe de la ricyt titulado La investigación y el desarrollo en tecnología de la información y las comunicaciones en Iberoamérica. Situación actual y tendencias. Este documento es el cuarto aporte acerca de un conjunto de contribuciones sobre los sectores más dinámicos en cuanto a la producción y el desarrollo científico-tecnológico. Asimismo, los años anteriores estuvieron dedicados al análisis de la nanotecnología, la biotecnología y la ciencia y tecnología en alimentos (2008, 2009 y 2010). Continuando con la misma estructura analítica y metodológica, la ricyc ha realizado la elaboración de un informe sobre la situación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) en Iberoamérica. El informe de 2011 utiliza una vez más los indicadores de producción científica y patentamiento, y en este caso particular toma el período 2000-2010, a escala tanto mundial como regional. Por tanto, el objetivo de este trabajo es realizar una lectura crítica del informe a la luz de la dinámica de la ciencia y la tecnología actuales. 393

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En primer lugar, se presenta la evolución de la producción científica y la colaboración internacional, a escala mundial e iberoamericana. Luego se analiza la evolución del patentamiento en tecnologías de la información y las comunicaciones a escala mundial e iberoamericana, los principales titulares de patentes en tic y los campos de aplicación de las tic. Por último, se presentan algunas consideraciones finales sobre el trabajo expuesto. Una de las razones principales para resaltar este tipo de análisis es que los efectos de las tic exceden ya no solo a las disciplinas específicas del campo, sino también al resto de las disciplinas consolidadas. Asimismo la difusión de estas tecnologías da lugar al surgimiento de otras áreas del conocimiento, donde convergen los propios aportes de las tic con otras disciplinas, tanto sociales como naturales (Schiavo, 2007). Por consiguiente, una vez más nos preguntaremos si los datos de producción científica y patentamiento explican el desarrollo de esta área del conocimiento. Como también intentaremos responder sobre la continua insistencia de los informes de la ricyt en el análisis iberoamericano, a pesar de la extensa heterogeneidad entre los países que conforman este espacio geográfico y cultural. 1. La evolución de la producción científica en tecnología de la información y las comunicaciones (tic) en el mundo y en Iberoamérica El informe de la ricyt (2011) parte del reconocimiento de que la principal fuente de información para dar cuenta de la producción científica es la utilización de bases de datos bibliográficas, en especial; por la calidad en cuanto a su conformación, se utiliza el Science Citation Index (sci),1 ya que posibilita el análisis de la producción científica perteneciente a la corriente principal. Según los datos de esa base, la producción científica mundial en tic alcanzó durante el período 2000-2010 un total de 429,089 documentos, lo que representa el 3,2% del total de registros de todas las áreas científicas. Al respecto resulta interesante destacar que, si bien los guarismos muestran una baja participación de las publicaciones en el área de las tic, el campo disciplinar está en plena expansión. De hecho, durante el 1.

Para la elaboración del informe, la ricyt utilizó la base de datos International Science Citation Index versión Web of Science.

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período que toma el informe se produjo un crecimiento levemente superior al 70%. Al respecto se destaca que la producción científica en tic está concentrada en cinco países que aportan en conjunto más del 50% de los documentos que integran la base sci. Así mismo, vale resaltar que los Estados Unidos aportan, en 2010, casi un cuarto de los registros a la base (24,1%), lo que manifiesta una pérdida relativa en su participación, muy importante, ya que a inicio del período analizado en el informe (año 2000) esa potencia representaba el 31,8% de los registros. Una mención especial merece el caso de China, que aumentó su participación relativa en la producción en tic un 11%, y alcanzó el 15,3% de los registros en 2010. Los otros países que lideran el ranking son Japón, Inglaterra y Alemania. En cuanto a la producción iberoamericana, en tic las tendencias son similares, aunque los valores porcentuales de crecimiento son sensiblemente mayores y casi duplican el crecimiento mundial. En efecto, mientras que la producción mundial se multiplicó por 1,7, la producción iberoamericana lo hizo por 3,1. El crecimiento de la participación de la producción en tic en la sci se debe principalmente al aporte de España, Brasil, Portugal, México y Argentina. De estos países se destaca especialmente la participación de España y Brasil, que concentran más del 75% de la producción científica en tic. Al respecto vale mencionar que, si bien Brasil es el país latinoamericano con mayor participación porcentual, esta ha disminuido a lo largo del período analizado en torno al 6%, al pasar del 23,5% en 2000 al 17,5% en 2010. Esa disminución relativa en la temática se debe al aumento relativo de la participación de Portugal, México y Argentina. Sin lugar a dudas, una porción importante del crecimiento de la producción científica se explica a partir de las actividades de colaboración internacional. En ese sentido, el informe de la ricyt (2011) pone en evidencia que la publicación en coautoría con actores de otras regiones constituye una tendencia cada vez más marcada y que a la vez propicia un aumento en la productividad científica regional y estimula el intercambio de conocimientos. En general, el informe muestra la existencia de tres tendencias bien marcadas. Una de ellas da cuenta de la más clásica forma de producir conocimientos, esto es las publicaciones sin colaboración internacional. Específicamente en el campo de las tic, prevalecen a lo largo de toda la década las producciones sin coautorías internacionales. Sin embargo, se han ido incrementando en la región la presencia de colaboración in395

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ternacional. Ello se ve reflejado, por ejemplo, en 2010, donde la tercera parte de los documentos totales son el resultado de la colaboración internacional. Otro dato revelador de esa tendencia a la colaboración es el balance general de la década, que registra un alza del 31,1% durante dicho período. También se destaca, aunque en menor medida, la tendencia a la colaboración iberoamericana como así también a la colaboración ibero-internacional. La primera de ellas es más intensa, pero crece más lentamente que la segunda, que durante el período analizado duplica los valores de la colaboración iberoamericana. En el caso iberoamericano se verifica que los grandes motores del crecimiento de la colaboración internacional son Argentina, México y Portugal, con un crecimiento porcentual que oscila entre el 53% y el 41%. Se destaca que, si bien España y Brasil lideran el desarrollo científico en el área de las tic, no son actores relevantes en términos de la colaboración internacional en el campo de estudio. Finalmente, del informe se infiere que los aspectos vinculados a la colaboración internacional constituyen uno de los motores del desarrollo del campo de las tic hacia el futuro. 2. La evolución del patentamiento en tecnología de la información y las comunicaciones (tic) en el mundo e Iberoamérica Con la intención de dar cuenta de la evolución de las actividades dirigidas a la creación de nuevos productos y procesos, se reconoce como importante el análisis de las patentes, a sabiendas de que dichos procesos no solo son una herramienta para la protección de los resultados de i+d, sino también en muchos casos forman parte de una estrategia comercial de los propulsores. Por otro lado, muchos autores (Castells, 2006; Rullani, 2000) dan cuenta de la necesidad de establecer parámetros de análisis distintos cuando hablamos de tecnologías como las presentadas por el informe ricyt (2011), como también la importancia de reconocer la implicancia de la aplicación de tecnologías convergentes, como las tic, y la configuración de un nuevo sector de la economía, al que suelen mencionar como sector informacional o de la información. Desde acá pueden observarse nuevas formas de producir conocimiento que se suman a las ya tradicionales, como también nuevas formas de replicar esos espacios de conocimiento. 396

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La ligereza de la información digital permite que pueda reproducirse y transmitirse a más bajos costos que la información analógica. Así, un rasgo distintivo de la información digital es que tiene costos marginales de producción cercanos a cero, características que podemos denominar replicabilidad de la información digital, la cual puede traducirse fácilmente entre sí, y las mismas tecnologías digitales pueden operar con sus diversas formas (Zukerfeld, 2010). Como en los últimos informes de la ricyt, este ha optado por utilizar la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (wipo), que ofrece los documentos registrados a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (pct). En este sentido, dicho organismo estima que la selección de esta fuente de información se debe a la búsqueda de calidad y al objetivo de obtener una mirada más precisa sobre los avances tecnológicos de punta, tanto a escala mundial como a escala regional. Los datos de patentamiento gestionados a través del pct a escala mundial para el decenio 2000-2010 muestran tres etapas claramente marcadas: el primer trienio da unas 40,000 patentes anuales aproximadamente, mientras que el período que finaliza en 2006 muestra un crecimiento del 36%, para luego estancarse y decaer en la última etapa. Si bien el período finaliza con un 26% más de patentamiento que al inicio de los años 2000, se puede observar una desaceleración en el nivel de patentamiento, aunque las razones de ello no se exponen. De acuerdo con la situación iberoamericana, se percibe un crecimiento positivo en los diez años en estudio. Un aumento creciente del 73% de 2000 a 2010, que llega a un total de 342 patentes anuales de titulares iberoamericanos en el último año. Como se puede apreciar en el gráfico 1, los valores comparativos entre el número de patentes mundiales y las iberoamericanas relativiza altamente el peso de estas últimas. No obstante, es necesario resaltar que el aumento del patentamiento se mantuvo por encima de la media mundial. Con 13,067 registros en 2000 y 27,081 en 2008, Estados Unidos se ubica en el primer lugar de titularidad de patentes tic en el mundo. Por detrás se ubica Alemania, con 3,291 patentes en tic para 2010, con un 2005 sobresaliente de 5,895 registros. Pero para 2010 el segundo lugar fue ocupado por Japón, el cual en diez años triplicó sus registros y llegó a los 11,589 patentes tic en el último año de la serie. Situación similar merece calificar a China y Corea, los cuales multiplicaron por más de 50 397

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Gráfico 1 Patentes mundiales en tic y total de titularidad iberoamericana

Fuente: ricyt, 2011.

y 10 veces los registros, respectivamente. En el caso de Corea, pasó de registrar 402 patentes en 2000 a 4,982 en 2010 y desplazó a Alemania hacía el cuarto lugar. China en 2000 tenía solo 54 patentes tic, en 2010 le correspondían unos 3,172 registros. Mientras que por años la estrategia de los principales países del sureste asiático fue la utilización de conocimiento patentado en otras latitudes sin pagar las regalías correspondientes de propiedad intelectual y derechos exclusivos, en los últimos años se presencian cambios en las estrategias comerciales de las que ahora son grandes empresas asiáticas en relación con algunas políticas públicas. Estas últimas están dando grandes incentivos para la innovación, seguidos de beneficios para quienes pretenden proteger sus invenciones y capitalizar aquello que en los orígenes fue la fuente de crecimiento, como ha sido el modelo de copiado. En realidad, analizar el desarrollo tecnológico en el contexto de las tic es mucho más complejo. David y Foray (2002) explican que la diferencia está en que el conocimiento es un bien económico no excluyente y no rival en el consumo. Es decir, no rival porque los agentes pueden utilizarlo en el mismo tiempo y en diferentes lugares sin disputarse la posesión, y parcialmente excluyente en la medida en que los propietarios del 398

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conocimiento (titulares de las patentes o licenciatarios) tienen dificultad en controlar su uso y la transferencia no autorizada de ese conocimiento. Por lo tanto, la copia ilimitada es relativamente fácil y de bajo costo; o sea, que su difusión y reproducción se realizan con costos tendientes a cero (Rullani, 2000). En la propia imitación se incurre en costos de aprendizaje del nuevo conocimiento y su adaptación, pero dicho proceso da lugar a nuevas externalidades, en tanto que la imitación se convierte en el mecanismo más poderoso de difusión del nuevo conocimiento (Aboiles y Soria, 2008). Desde la perspectiva del productor, esta realidad genera incertidumbres en la apropiación de los beneficios derivados de los esfuerzos de creatividad e inventiva, de lo que se desprenden los grandes controles desde los organismos correspondientes y una revalorización en las últimas décadas del patentamiento y de la protección de derechos exclusivos. Por último, en el caso de las tic, esta situación es más acentuada. Dentro de la estructura de costos, el esfuerzo intelectual es muy superior a los insumos físicos (Aboiles y Soria, 2008). En lo que respecta a Iberoamérica, España y Brasil son los referentes con más patentes en tic de la región, pero con una marcada diferencia entre estos dos primeros países. En este sentido, para los diez años de la serie, España se presenta como el líder regional de patentamiento en tic. De todas formas, se destaca una cierta estabilidad en el crecimiento en los primeros cinco países; así se observa en Portugal, México y Panamá, a pesar de ser un caso emblemático. A pesar de que la región se presenta por encima de la media en patentamiento en tic, los números de registros son comparativamente muy reducidos. Si consideramos las patentes de los países iberoamericanos según su titular, a España le corresponden 1,555 registros y la sigue Brasil, con 330. Los cinco se completan con Panamá,2 que tiene 146; México, 115, y Portugal, 91. El resto, incluidos Argentina y Chile, se ubican por debajo de los 30 registros (gráfico 2).

2.

El caso de Panamá es particular, porque el total de los registros de patentes en tic corresponde a la filial de la empresa estadounidense Schlumberger, lo que da lugar a tener en cuenta no solo el desarrollo tecnológico de la empresa, sino más bien el tipo de estrategia empresarial o comercial de la firma.

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Gráfico 2 Patentes de los países iberoamericanos según su titular

Fuente: ricyt, 2011.

Cuando se analizan los registros de las patentes tic según el país iberoamericano de la invención, por un lado observamos la desaparición de Panamá, y por otro se desacata la alta concentración de todas las patentes de inventores iberoamericanos (el 95% de los registros de patentes está conformado por España, Brasil, México y Portugal). 3. Principales titulares de patentes en tic A escala internacional, en el campo de las tic, los principales titulares pertenecen al sector privado, entre los que se destacan, en orden decreciente Philips, Panasonic, Ericsson, Nokia, Matsushita, Motorola, Cualcomm, Sony, Huawei y LG. En cambio, a escala regional, los patrones de titularidad difieren abiertamente más allá de las abruptas diferencias cuantitativas en cantidad de registros. Dentro de los titulares españoles la agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic) es la que más patentes publicadas tiene en este período 2000-2010 (26); así también, muchas de las universidades españolas cuentan con gran parte de los registros iberoamericanos, a los que solo se les suman los registros de una empresa 400

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estadounidense en Panamá, por lo que la configuración de los patrones de titularidad iberoamericanos está determinada por el sector público estatal y algunas empresas españolas apostadas en la temática. 4. Los campos de aplicación de las tic El informe ricyt (2011), a través de la utilización de los códigos internacionales de clasificación de patentes, procura acercarnos a los campos de aplicación tecnológica de las patentes registradas. A continuación se detallan las más relevantes en orden de importancia decreciente a escala mundial: técnica de las comunicaciones eléctricas, metrología, elementos eléctricos básicos, y cómputo. Respecto de Iberoamérica puede decirse que se repiten los mismos campos, aunque en orden alterado; así también aparece bioquímica, con algunos registros. Asimismo, todos los campos de aplicación en tic en la región se presentan con tendencia creciente. El campo de aplicación metrología, primero a escala regional, concentra el 45% de las patentes en tic en Iberoamérica, y se respetan prácticamente los mismos valores para España (42%), Brasil (40%), Portugal (50%) y México (44%). Analizando con más detalle la clasificación de las patentes, el informe ricyt (2011) da cuenta de otros cinco campos de aplicación: investigación o análisis de materiales por determinación de sus propiedades químicas o físicas representa el 51% de las patentes iberoamericanas; transmisión de información digital representa el 16%, dispositivos semiconductores y eléctricos de estado sólido no previstos en otro lugar representa el 12%, transmisión de imágenes y procesos de medida en los que intervienen enzimas o microorganismos, composiciones o papeles reactivos registra el 10%. De este modo, cada uno de los países de la región presenta una especialización temática similar a la iberoamericana en esta clasificación. Al anterior aporte el referido informe suma una herramienta de estudio complementaria; este es el caso del análisis de conglomerados, el cual da cuenta de un panorama mucho más detallado del entramado de las tic a partir de los registros de patentes, y lo hace clasificándolas por grupos. Respecto de la aplicación de estas técnicas a escala mundial, las relaciones y los vínculos entre los grupos parecen estar más consolidados. Cuando se traslada el análisis a un conjunto de patentes menor, como es el caso de las de origen iberoamericano, el nivel de consolidación es el mismo que aquellos citados a escala mundial. 401

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Consideraciones finales Desde un principio valoramos la iniciativa y el esfuerzo de la ricyt para la realización de estos informes, como también la utilización de herramientas que posibilitan el acercamiento a información específica sobre los sectores más dinámicos de la ciencia y la tecnología. En este caso particular, el informe da cuenta de un campo de investigación científica y desarrollo tecnológico que es transversal a los sectores más dinámicos y por tanto es necesario considerar su amplitud. Al tratarse de un conjunto de tecnologías que intervienen en la creación y activación de nuevas industrias y mercados, la diversidad de impactos es compleja de medir. Asimismo, continuar analizando sectores comparativamente con Iberoamérica no es relevante, del mismo modo que también hoy resulta dificultoso comparar estos aspectos entre los propios países de América Latina. No queremos decir con esto que las comparaciones sean innecesarias, sino que, en este caso particular, son meramente descriptivas y poco críticas. El presente científico y tecnológico de los países de la región es resultado de procesos internos —que van más allá de la propia ciencia y tecnología— y, aunque con algunos rasgos comunes, son procesos particulares. Po lo tanto, el hecho que se sigan utilizando como parámetros de análisis los papers indexados en la sci y las patentes de la wipo resulta anacrónico e insuficiente para este tipo de tecnologías y para las realidades de muchos de los países de América Latina. Los estudios comparativos por medio de indicadores convencionales, y en relación con los países más industrializados, no dan cuenta de la situación de los sectores analizados, ni del total del complejo científico y tecnológico de nuestros países. De este modo, nos parece relevante empezar a ocuparnos de las realidades internas de nuestros países, porque es ahí donde es necesario acortar las brechas del acceso al conocimiento y es necesario conocer dónde estamos y hacía dónde es oportuno dirigir nuestra ciencia y tecnología. Es desde este lugar donde puede pensarse en profundizar la cooperación en el ámbito científico y tecnológico con los países de la región.

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La producción científico-tecnológica en tecnologías de la información y comunicación en Iberoamérica. Balance y perspectivas a partir del informe de la ricyt 2011

Bibliografía Aboiles, J. y M. Soria (2008), Economía del conocimiento y propiedad industrial. Lecciones para la economía mexicana. Castells, M. (2006), “Introducción”, La era de la información, t. i, La Sociedad Red, México, Siglo XXI, [primera ed. 1997]. David, P. y D. Foray (2002), “Fundamentos económicos de la sociedad del conocimiento”, Comercio Exterior, vol. 5, núm. 6, junio. Rullani, E. (2000), “El capitalismo cognitivo ¿un déjà- vu?”, en Emanuel Rodríguez y Raúl Sánchez (comp.), Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva, Traficantes de Sueños, Madrid. Schiavo, E. (2007), “Investigación científica y tecnológica en el campo de las tic: ¿conocimientos técnicos, contextuales o transversales?” Rev. Iberoam. Cienc. Tecnol. Soc., vol. 3, núm. 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto. Zukerfeld, Mariano (2010), Capitalismo y conocimiento: Materialismo cognitivo, propiedad intelectual y capitalismo informacional, tesis doctoral, vol i, “Introducción general”, cap. i y vi.

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Dimensión turismo

2011: Un año complejo

Alfredo Argentino César Dachary Stella Maris Arnaiz Burne El de 2011 fue un año de grandes acontecimientos en el mundo, cuyos tres ejes abarcan más allá de la mitad del planeta. Grandes acontecimientos son el centro de este complejo espacio de tiempo de 365 días: el despertar del mundo árabe y sus revueltas sociales, que inicialmente fueron populares pero que hoy han tomado otro cariz a consecuencia de la actividad política de las conservadoras petromonarquías árabes y sus aliados y sostén, la dupla Estados Unidos - Europa y su escudero y ariete, el Estado sionista de Israel. En medio de las luchas sociales, el presidente de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, y su secretaria de Estado y otros miembros del ejército mostraron al mundo, como tradicional partido de futbol americano, el asesinato a sangre fría del líder de Al Qaeda, que no se resistió y fue fusilado por el comando de asalto. La ética de la venganza se sublima junto a la promoción de la violencia y los mensajes de amedrentamiento a otros pueblos, luchadores e ideas por parte del país que se autoproclama el gran defensor de la “libertad”. Japón, la antigua segunda potencia económica del mundo, hoy rebajada de categoría ante el empuje del emergente Estado chino y del subcontinente indio, tuvo una crisis de origen natural, un gran terremoto y un tsunami que pusieron al descubierto el estado de la corrupción y falta de control en este moderno país que hace alarde del orden, la ética y la conservación, tres elementos que fallaron este 2011. La crisis del euro es para unos un ajuste interno de países centrales dentro de sus sociedades, para otros una “desocialización social”, una proletarización de las clases medias (Estefanía, 2012, p. ii). Así se cierra 407

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el círculo, al poner en evidencia que los “milagros” no existen, ni el irlandés, ni el islandés, ni el italiano, ni el español; los otros ya eran economías en decadencia: Portugal y Grecia. El primer ministro irlandés, Brian Cowen, se convierte en la primera víctima de la crisis de la deuda en Europa, con la derrota de su partido en las legislativas. En marzo, el primer ministro socialista portugués, José Sócrates, dimite, luego viene la larga caída de la social democracia, solo oxigenada con el triunfo de Francois Hollande en Francia y el nacimiento de una izquierda real en Grecia. En América, los acontecimientos también son significativos, como el caso del líder Fidel Castro, que a los ochenta y cinco años abandona su último cargo de poder, la jefatura del gobernante Partido Comunista, mientras en Chile los estudiantes marchan por primera vez, dando inicio a las masivas protestas en más de dos décadas en ese país, a favor de una educación pública gratuita y de calidad, en un conflicto que aún no se resuelve. El ex militar Ollanta Humala es investido como nuevo presidente de Perú, mientras en Argentina la presidenta Cristina Kirchner logra su reelección para otro mandato de cuatro años, y en la República Oriental del Uruguay el Parlamento aprueba un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), derogando en los hechos la denominada Ley de Caducidad aprobada en 1986, y el líder sandinista Daniel Ortega es reelegido presidente de Nicaragua. En América del Norte el clima es diferente. México, agobiado por una guerra interna contra el narcotráfico que lleva ya las víctimas a los 50,000 para unos y mucho más para otros; mientras, el ejército estadounidense abandona Irak, nueve años después de invadirlo y derrocar al dictador Saddam Hussein. Asociados la Unión Europea y Estados Unidos buscan el surgimiento de nuevos escenarios bélicos, ya que las guerras contra Irak y Afganistán se encuentran agotadas, en un escenario de crisis del sistema pensando en que la industria militar parece ser la única capaz de sacar a los países de la Unión Europea y al propio Estados Unidos, expresión que David Harvey denomina acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Esta visión de un tiempo que no pasa, de una hegemonía que no se gasta, lleva al presidente Obama a sostener que, en 2010, Estados Unidos sufre guerras y se inspira en el servicio de las mujeres y los hombres que luchan en ellas. Nos castiga una crisis económica devastadora y estamos decididos a ver que su legado sean nuevos cimientos para la prosperidad, 408

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y nos ceñimos por un credo que nos ha guiado en el país y ha servido de ejemplo para el mundo. La grandeza de Estados Unidos no es algo que esté asegurado; el lugar de cada generación en la historia es una pregunta sin respuesta. Sin embargo, continúa Obama, aunque nos prueben los nuevos desafíos, la pregunta de nuestro futuro nadie la va a responder por nosotros, la responderemos nosotros. Y en un nuevo siglo cuya trayectoria es incierta, Estados Unidos está listo para ser el líder, una vez más (Rebelión, 2011). Durante 1971, en Estados Unidos había una verdadera lucha interna y una generación contra la guerra de Vietnam, los emergentes problemas ecológicos, los derechos de las minorías, además en medio de la Guerra Fría; eso llevo a que el presidente Richard Nixon anunciara la llamada “Guerra contra las Drogas” para perseguir la producción, la distribución y el consumo de sustancias alucinógenas dentro de Estados Unidos, lo cual terminó siendo un verdadero fraude, ya que ellos mismos encargaron la producción a los grupos de México con anuencia del Estado (Hernández, 2010). La militarización en la guerra a las drogas y la contrainsurgencia han dejado a Colombia con el peor récord en derechos humanos del hemisferio. Se han afectado las relaciones diplomáticas, ya que muchas naciones vecinas ven en la presencia militar de Estados Unidos y su involucramiento en la guerra a las drogas de Colombia como una amenaza a la autodeterminación de la región, otros frentes y amenazas bélicas. En México, la situación se repite hacia Centroamérica, como zona donde se replican las bandas y carteles, y hacia Estados Unidos, que es el mercado consumidor principal. El largo y complejo camino a una hegemonía compartida lleva a Estados Unidos a enfrentar al mundo que ya no ve en el dólar ni en el país el principal centro del poder y reserva del sistema; ello complica la nueva década y esto tendrá repercusiones en todos los niveles; en nuestro capítulo es evidente en los procesos migratorios, el turismo, la economía criminal y la integración regional, todas variables que se articulan en esta compleja coyuntura mundial y continental. 1. El turismo en Latinoamérica y el Caribe El turismo ha dejado de ser una actividad ocasional o de excepción, asociada a las épocas de bonanza económica, para transformarse en un 409

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producto de consumo masivo, hoy profundizado por el uso intenso de los sistemas de crédito; por ello, pese a que se podría pensar que su comportamiento comienza a cambiar, al final no se orienta a reducirse sino a diversificarse y atomizarse en un conjunto de viajes cortos a lo largo del año. Pese a la profundidad de la crisis económica de los países emisores que ya afecta a escala mundial, en 2011 el turismo tuvo un ligero auge; según la Organización Mundial del Turismo (omt), llegó a los 980 millones de turistas, cuyos gastos fueron superiores a los de 2010 en 1.4% hasta llegar a los 1,030 millones de euros (omt, 2012). Cuadro 1 Entrada de turistas a escala mundial 2008-2011. Principales destinos (En millones) Países Francia Estados Unidos China España Italia Reino Unido Turquía Alemania Malasia México Total mundo

2008 79.2 57.9 53.0 57.2 42.7 30.1 25.0 24.9 22.1 22.6 918.0

2009 76.8 55.0 50.9 52.2 43.2 28.2 25.5 24.2 23.6 22.3 883.0

2010 77.1 59.8 55.7 52.7 43.6 28.3 27.0 26.9 24.6 23.3 940.0

2011* 79.5 62.3 57.6 56.7 46.1 29.2 29.3 28.4 24.7 23.4 983.0

*Datos provisionales. Fuente: omt, Barómetro, julio de 2012.

Según el Barómetro de la omt, el incremento del turismo en relación con el ingreso en el 2011, por regiones, fue el siguiente: América +5.7%; Europa +5.2%; Asia y el Pacífico +4.3%; África +2.2% y el gran perdedor por los problemas políticos fue el Oriente Medio con un –14%, aunque los ingresos mayores se dieron en Europa, seguida de Asia Pacífico. Los países miembros del bric (Brasil, Rusia, India y China) se siguieron destacando por su desempeño, incremento del gasto como emisor de 18,000 millones a 73,000 millones de euros; Rusia pasó de 6,000 millones a 32,000 millones de euros; Brasil de 5,000 millones a 21,000 millones y la India de 3,000 millones a 14,000 millones de euros. 410

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Cuadro 2 Ingresos por turismo 2008-2011. Principales destinos (En miles de millones) País Estados Unidos España Francia China Italia Alemania Reino Unido Australia Tailandia Turquía Total mundo

2008 110.4 61.6 56.6 40.8 45.7 39.9 36.0 24.7 18.2 22.0 942.0

2009 94.2 53.2 49.5 39.7 40.2 34.6 30.1 25.4 16.1 21.3 853.0

2010 103.5 52.5 46.9 45.8 38.8 34.7 32.4 29.8 20.1 20.8 928.0

2011 116.1 59.9 54.5 48.5 43.0 38.8 35.9 31.4 26.3 23.0 1,030.0

Fuente: omt, Barómetro, julio de 2012.

En 2011, la contribución total del sector turístico (en el continente americano, generalmente no integran el rubro que es su motor, la industria de la construcción) llegó a ser de 1,9 billones de dólares, o sea, el 8.6% del pib regional, frente al 6% del pib que generó la industria automotriz y el 7% que generaron la minería y la industria química juntos (Caribbean New Digital, 21/05/12). Respecto de la generación de empleos, este sector es el de mayores resultados, ya que la industria del viaje y el turismo generan en América quince millones de empleos, frente a los 2.5 millones de la industria minera y el 2.5 millones de la industria química. En uno de los segmentos de mayor significación, el de reuniones y convenciones, América Latina comienza a destacarse en 2011, cuando se llegó, pese a la crisis, a un elevado nivel, con 10,000 eventos, 800 más que en 2010, según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (icca) (icca, 2012). Por países en la lista de los 20 Top de la icca, en Latinoamérica aparecen tres países en diferentes niveles. Brasil en el séptimo lugar mundial, con 334 eventos, seguido de Argentina en el puesto número 18, con 186 eventos; por último, en el número veinte está México, con 175 eventos.

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En cuanto a ciudades de eventos y convenciones solo aparece Buenos Aires, Argentina, en el puesto 16, con 94 eventos; el resto de las capitales no figura en la lista de los 20 Top por ciudades. En 2011 el sector turismo, según un documento presentado por la omt para la Reunión de Ministros de Turismo, llegó a generar 255 millones de empleos, lo que es igual a uno de cada ocho empleados en el planeta, en una actividad que apenas lleva seis décadas de expansión en el mundo. En la gran región que abarca Latinoamérica y el Caribe, los comportamientos son muy diferenciados. Así, el Caribe insular, Centroamérica y México tienen una gran dependencia de los emisores externos; en cambio, en América del Sur los turistas nacionales y regionales tienen una participación muy importante. 2. México, Caribe y Centroamérica Las áreas de Centro y Norteamérica tienen muchos elementos en común, aunque diferentes, y asimétricas medidas en lo general y en el turismo en lo particular. Forman parte de la Asociación de Estados del Caribe, que engloba a esta región y además a México, Colombia y Venezuela, miembros del G3, por compartir en el turismo el gran patrimonio y espacio turístico de fama mundial, el Mar Caribe. En el 2011, el Caribe insular logra 21 millones de turistas, lo que significó un alza del 4.2% respecto del año anterior, según la omt, y esta región insular apenas recibe el 2.1% del turismo mundial, dentro del 15.9% que reciben las América, aunque a la cabeza de este negocio en este año está Europa, con 51.3%, seguido de Asia, con el 22.1% y luego América (Forniels, 2012). Para el 2011, en el Caribe insular hay tres países que son las economías turísticas por excelencia. Ellos son: Santa Lucía, cuyo 31% de su pib lo genera el turismo, Bahamas y Antigua y Barbuda, en las cuales los turistas generan, con el gasto turístico, el 29% del pib de estos países (cepal, 2011). En América Latina, en general, los ingresos por turismo equivalen al 1.8% del pib, en una medición de la Comisión Económica para América Latina (cepal), hablando de gasto turístico (solo lo que gasta el turista extranjero) difiere del impacto económico del clúster de turismo, por lo que contrasta con las ideas de las cuentas satélite, que le dan al turismo 412

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una participación media de un 8%, como en el caso de México, República Dominicana y Argentina. Un nuevo actor ha ingresado en esta región, primero como inversionista y luego como uno de los grandes emisores mundiales. Se trata de China, que ha pasado de ser un emisor de diez millones de turistas en 2009 a emitir 65 millones en 2011, y que ha generado una megainversión China en Bahamas, en el área de turismo y ocio. Un complejo vacacional, el casino, el centro de convenciones y su hotel adjunto constituyen el núcleo del mega resort Baha Mar, que se levanta en Nassau a un costo de 2,6 mil millones de dólares. Tiger Wu, presidente de China State Construction América (filial regional de la mayor constructora del país asiático) dijo que este importante paso en el que se crea la enorme superestructura finalizará en el 2013. También avanzan otras obras como parte del enorme complejo, financiado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Caribbean New Digital, 05/04/2012). Las dos islas unidas en la Federación de San Cristóbal y Nieves (en inglés Saint Kitts and Nevis) forman parte de las Islas de Barlovento. La isla de St. Kitts ha sido incluida en los planes de expansión que por 1,000 millones de dólares ha emprendido el desarrollador hotelero y residencial Range Hospitality, sobre la base de Dubái; que, según fuentes de prensa del Oriente Medio, prevé un proyecto turístico en la isla caribeña como parte de un programa de inversiones para los próximos tres a cuatro años. En St. Kitts no se han dado detalles, pero se destacó que incursionar en el destino caribeño representa un cambio en la orientación de la firma, centrada en la construcción en países árabes y en sitios de importancia religiosa, y que ha desarrollado proyectos en ciudades como Bagdad, La Meca y Medina (Caribbean New Digital, 19/03/2012). El Caribe insular ha desarrollado un sentido de unidad entre los países que lo conforman, por lo que los viajes regionales son una de las vías para hacer más fuertes estas relaciones. Por ello, el ministro de Turismo de Jamaica propone el programa “Caritravel… Solo para usted”, diseñado para promover los viajes intrarregionales. Este proyecto fue presentado en el Congreso Juvenil de Turismo (Tourism Youth Congress), que es parte integral de las conferencias anuales de la Organización del Turismo del Caribe (cto) y reúne a jóvenes de los países miembros de la organización de entre catorce y diecisiete años, que debaten en una estructura similar a la de una reunión de la junta de directores de la entidad 413

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regional, compartiendo sus ideas sobre la situación actual y el futuro del sector turístico. Se propone facilitar a los ciudadanos de los países de la región descuentos en las tarifas aéreas a los destinos caribeños, reducir impuestos y crear programas de fidelidad que ofrezcan recompensas por viajar a través del Caribe. Para “reducir aún más los costos”, Caritravel, como alternativa, propone también un mayor uso del mar como medio de comunicación más barato, y se podría implementar un sistema de ferri entre Jamaica y Cuba o Islas Caimán, similar a los existentes entre islas del Caribe Oriental. La propuesta se refiere a la frecuente necesidad de viajar a Estados Unidos como destino intermedio en la ruta hacia otra isla del Caribe, algo que implica el requerimiento de una visa; por ello se buscarían formas para hacer posible mantener esos itinerarios dentro del Caribe, eliminado la necesidad de una visa estadounidense, y promover realmente la libertad de viaje dentro de la región. La oferta de sol, playa y arena destacará la especificidad de cada destino para mostrar la diversidad y riqueza cultural de la región, pero también tomará en cuenta el calendario de eventos culturales para impulsar los viajes, incluidos, por ejemplo, los festivales musicales; además se hará énfasis en los mercados nicho, como el turismo comunitario, en el que las personas pueden contar con acomodación más asequible (Caribbean New Digital, 17/09/2011). Un grupo de inversionistas presentó en 2011 a las autoridades de Saint Martin, en el Caribe Oriental, un proyecto de hospital, el International Medical Center (imc), que estaría dedicado al turismo médico y sería construido a un costo de 128.5 millones de dólares, y otro grupo, Advanced Orthopedic, sobre la base de Florida, había expresado este año su interés en abrir una clínica multidisciplinaria con el objetivo de atender a residentes y visitantes internacionales. Sandra Papale, directora del proyecto del International Medical Center (imc), sostiene que el objetivo es crear un centro médico de clase mundial, que sirva a las necesidades de clientes internacionales con procedimientos de primera clase y especialistas y cirujanos de prestigio internacional; según fuentes del proyecto, el centro combinaría las instalaciones médicas con otras de tipo resort, para que pacientes y familiares puedan disfrutar de las bondades que ofrece la isla. El representante de imc declaró que el objetivo es traer el mundo a St. Martin e introducir la isla como un hub para el turismo médico, que 414

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brinde servicios a los mercados de las América y Europa e incluso a Asia y Medio Oriente. Los impulsores del proyecto señalan que el International Medical Center St. Martin incluiría una larga lista de servicios médicos: diagnósticos, cuidados pr-operatorios, cuidados cardiovasculares (invasivos y no invasivos), oncología, radiología, tratamientos ortopédicos (desde columna a prótesis de cadera y rodilla), investigación en células madre, cirugía cosmética y plástica, urología, odontología (incluida cosmética), hidroterapia, fisioterapia e imagenología, así como cámara hiperbárica y farmacia. La economía de St. Martin se beneficiará con el flujo de visitantes que generará el imc, pues los pacientes y acompañantes tomarán vacaciones antes, durante o después de los tratamientos y procedimientos dijeron representantes del proyecto. En Georgetown, Guyana, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, sufrió un accidente al aterrizar un avión de Caribbean Airlines en julio de 2011, y ello incidió en el turismo del Caribe y la empresa aérea Caribbean Airlines. Persad-Bissessar consideró que las autoridades de los quince países de la Comunidad del Caribe (Caricom) deben establecer medidas para minimizar el impacto negativo del accidente en el turismo. Si bien los 157 pasajeros y seis tripulantes sobrevivieron al accidente, es tal la situación de competencia que un hecho de este tipo podría manejarse en detrimento del turismo hacia el Caribe insular. Caribbean Airlines es la aerolínea nacional de Trinidad y Tobago y sucesora de la desaparecida West Indies Airways, y es la principal proveedora de transporte turístico en Guyana (El Mexicano, 31/07/2011). El sector de las telecomunicaciones está creciendo en el Caribe insular, pese a ser mercados muy restringidos por el impacto que generan los turistas y las propias necesidades de estas sociedades en crecimiento. Según el onceno informe de Communication Proprietary Ltd., que fue publicado por Research and Markets on the Caribbean, los desarrolladores en el Caribe siguen apostando a esta región. La recuperación y el crecimiento de este mercado comienzan a darse en 2011, y se prevé un buen crecimiento en 2012 y 2013, principalmente en el sector móvil, ya que el 70% de los turistas compran tarjetas para los celulares (Caribbean New Digital, 27/02/2012). Centroamérica, históricamente conocida por el turismo de baja intensidad, como es el caso de Costa Rica y Belice, además del cultural basado en el mundo maya, ha iniciado una nueva aventura con el desarrollo 415

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del turismo médico. Esta actividad mundial ya se ha posicionado en 2011 y genera unos 60,000 millones de dólares, y logra ocupar el 2.5% de los viajes de avión en el mundo. Según un estudio elaborado por Calvet y Asociados, que toma como fuente encuestas de la Medical Tourism Association (mta), en el caso de Centroamérica, Costa Rica sería el país que destacaría como líder en la región, seguido de Panamá y El Salvador. Para el director ejecutivo del Consejo para la Promoción Internacional de la Medicina de Costa Rica (promed), el turismo de salud genera cerca de 298 millones de dólares al año y se prevé que pueda aportar 900 millones de dólares para el 2014, e incrementar desde los 36,000 pacientes de 2010 hasta los 100,000 en 2014. En Panamá, el turismo médico también ha aumentado en los últimos años, en buena parte, gracias a la labor de la Autoridad de Turismo de Panamá. El Salvador, en cuanto a turismo médico se refiere, tiene un elevado nivel de especialización, su calidad y la competitividad de sus precios, y el país ha inaugurado recientemente su Centro Internacional del Cáncer (cic), que recibió un 11% de pacientes extranjeros de todos los atendidos en 2011, y espera aumentar la cifra para este año 2012. Guatemala recibió 1,500 turistas de salud durante 2011, según la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (agexport), y para 2012 la comisión espera que el número de turistas médicos aumente hasta los 5,000, con unos ingresos de 58 millones de dólares. Honduras se prepara para colocarse como destino del turismo médico y el Instituto Hondureño de Turismo (iht) trabaja por mejorar la infraestructura hospitalaria y la tecnología médica que permitan posicionar al país en este nicho de mercado. En el caso de Nicaragua, se está creando una Asociación de Turismo Médico que agrupe centros médicos, turoperadores y administración, contando con el respaldo del Instituto Nicaragüense de Turismo; esta estrategia conjunta tiene como objetivo aumentar la afluencia de turistas de salud de los 1,980 pacientes de 2011 a 16,100 pacientes en 2012 (Arecoa, 11/06/2012). Las grandes compañías hoteleras como, AM Resorts, Trust Hospitality, Hard Rock y Hilton Worldwide han abierto recientemente o están abriendo nuevos hoteles en Centroamérica, en las zonas de sol y playa o en las ciudades capitales, como es el caso de Ciudad de Panamá, donde Hard Rock International abrió a mediados de abril la primera fase del 416

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Hard Rock Panamá Megapolis, primer hotel en Latinoamérica bajo esta marca. El Hilton Worldwide abrirá en 2012 un nuevo hotel bajo la marca Waldorf Astoria, también en la capital istmeña. AM Resorts ha invertido en la playa de El Jobo, en Guanacaste, Costa Rica, para instalar un hotel de lujo, el Dreams Las Mareas Resort y Spa debe estar concluido a fines de 2013, y en Honduras la empresa Trust Hospitality, bajo la marca Desides, en las playas de Bahía de Tela desarrollará el ecohotel de lujo Los Micos Beach and Resort, cuya segunda fase debe estar concluida en 2013 (Caribbean New Digital, 9/5/2012) El turismo desde Latinoamérica hacia el Caribe crece cada año aproximadamente un 8%, según datos revelados en el reciente evento Routes Americas 2012, en Nassau, donde se conoció que las aerolíneas latinoamericanas invirtieron catorce mil millones de dólares en nuevos aviones solo en 2011. El director de la Asociación de Transporte Aéreo de Latinoamérica y el Caribe (Latin American and Caribbean Air Transport Association, alta) dijo a la prensa bahamesa que, por ejemplo, los arribos a Nassau a través de Copa crecieron 38% en 2011, según datos de las autoridades locales de turismo. Es importante que Bahamas cuente con Copa, pues la aerolínea cubre los mercados de Sudamérica. Ello permitirá a las islas acceso a todo ese tráfico, que verán cómo el producto turístico bahamés es bienvenido en esos países. El Ministro de Turismo de Bahamas, Vincent Vanderpool-Wallace, expresó su deseo de contar con dos vuelos diarios de Copa para cubrir la demanda latinoamericana hacia el destino. Los mercados de Latinoamérica emergerán en un primer momento como principales fuentes de turistas, pero subrayó que aerolíneas como Copa o tam Airlines tienen hoy relativamente pequeña cuota de mercado en el Caribe, en comparación con las compañías estadounidenses, pero un gran futuro de expansión (Caribbean New Digital, 27/02/2012). México es el socio más fuerte del Caribe insular y de Centroamérica. Este país bioceánico, con más de 11,000 kilómetros de costa y 3,000 km de frontera terrestre con Estados Unidos, tuvo un gran crecimiento en el Caribe a partir de Cancún y se consolidó con la Riviera Maya en este mar y la Riviera Nayarit en el Pacífico. Sin embargo, en la segunda mitad de la primera década, y a partir de la crisis interna generada por la guerra no declarada contra el narcotráfico y la propia crisis mundial que afecta a sus dos principales emisores,

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Estados Unidos y Canadá, México no ha podido seguir avanzando hacia la meta de ser la quinta potencia turística mundial. En 2011, México recibió 23.7 millones de turistas extranjeros, según un informe de Banamex Citi, que establece que dicha situación se ve favorecida por una apreciación del peso mexicano frente al dólar, y que permitiría alcanzar al sector de turismo los 12,434 millones de dólares en 2011 frente a los 11,872 millones de dólares logrados en 2010. De esa última cantidad, el 83% fue generado por turistas y el 17% restante por visitantes que llegan y parten el mismo día, o quienes visitan México en crucero. Esta estimación es de un superávit por 4,894 millones de dólares para 2011, lo que implicará un avance del 6.7% frente al superávit de 4,588 millones de dólares obtenido en 2010. Sin embargo, el estudio destaca la caída en la participación de México en el mercado mundial de turismo, que pasó de 2.45% en 2009 a 2.40% en 2010 (AméricaEconómica, 21/02/2011). Según el estudio realizado por el Servicio de Estudios Económicos del grupo bbva, en 2011 el crecimiento del sector turismo fue del 5.9%, su participación en el pib fue del 2% y la aportación real al crecimiento fue del 0.1% (bbva, 2012). Esta situación contradictoria de cifras e impacto real del turismo a veces sobredimensionado deriva de una visión “de mito”, según el Servicio de Estudios Económicos de bbva. En el período analizado y agregando la coyuntura, se pueden identificar tres etapas, hasta el año 2000 con mayor dinamismo, pero al mismo tiempo mayor pérdida de participación; 2001 a 2008 con una tendencia hacia la estabilidad, y la coyuntura 2009 - 2010 con la contracción y la recuperación de la actividad. Entre 1993 y 2010, la actividad productiva total en el país creció casi un punto por arriba de la actividad turística, 2.4% y 1.6% respectivamente, desde luego, en un período de diecisiete años se acumula un diferencial no despreciable (bbva, 2011, p. 37).

La iniciativa privada generó en el 2011 una inversión en el sector un 5.5% mayor que en 2010, según plantea la Secretaría de Turismo de México. Estas inversiones se dirigieron a proyectos para aumentar y fortalecer la infraestructura turística del país, y fue de 3,720.66 millones de dólares (sectur, 21/02/2012). Esta inversión se distribuyó de la siguiente manera: un total de 1,911.97 millones de dólares se orientaron a 370 obras de alojamiento y 135.85 millones de dólares se ejercieron en 334 proyectos de alimentos y bebidas, entre las principales inversiones. 418

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Del total de la inversión privada ejercida en el 2011, su 79.93% fue realizada por capital nacional y un 19.14% por inversiones extranjeras, de Estados Unidos, España, China y Reino Unido. A escala regional, se ha visto en 2011 que, si bien la crisis ha afectado a los diferentes países, hay un intento de reingeniería del turismo siguiendo las nuevas tendencias que plantean los nuevos intereses de los turistas mundiales. Sobresale la presencia del turismo médico como una opción de turismo muy especializado, que antes fue patrimonio de los países más desarrollados, pero hoy se desplaza a la periferia ante la viabilidad del traslado de tecnologías y recursos humanos para combinarlo con lugares de atractivo turístico. El otro elemento que hay que destacar en la región en 2011 es la presencia cada vez más significativa de China, aunque focalizándose en determinadas áreas de inversión, hotelería, centros de convenciones, y a corto plazo una mayor presencia en las líneas aéreas con equipos de última tecnología, dada las grandes distancias a cubrir. 3. Sudamérica Sudamérica ha tenido una primera década del siglo xxi con importantes logros, además de consolidar la democracia y una mayor independencia de Estados Unidos, ante la emergencia de China como un mercado más importante que el norteamericano y en momentos en que gobiernan la mitad de los países funcionarios con ideas diferentes a las del neoliberalismo y la hegemonía norteamericana. En Sudamérica está uno de los motores del bric, Brasil, hay un mercado regional en expansión, el Mercosur, al cual en 2012 se le sumó Venezuela, lo cual amplía y cambia la correlación de fuerza en favor de una mayor independencia de América del Sur. Los dos grandes compromisos asumidos por Brasil, el Mundial de Futbol de 2014 y las Olimpíadas del 2016, han sido determinantes en un giro hacia las actividades de los viajes y el turismo, de frente a estas fechas, en las cuales se espera un reposicionamiento de Brasil y Sudamérica como un gran destino alternativo. En 2011, Trip Advisor propuso a los usuarios valorar los destinos que se destacan por su gastronomía, y entre los diez mejores en América Latina salió elegida como la primera ciudad destino la capital de Argentina, 419

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Buenos Aires, por sus vinos y la gastronomía. En segundo lugar quedó Machu Picchu, en tercer lugar fue Río de Janeiro, seguido de Cartagena de Indias en Colombia y Bariloche, Argentina cierra con el quinto lugar, en el sexto lugar está Santiago de Chile, seguido por Florianópolis en Brasil y Bogotá, la capital colombiana, el puesto noveno es Lima, capital de Perú y el décimo Sao Pablo, capital económica de Brasil (Arecoa, 03/05/2012). En este marco de expansión, el comercio electrónico ha tenido en 2011 un crecimiento en Latinoamérica de más del 42%, según un estudio realizado por Visa, que enumera factores que contribuyen a ese proceso, como el auge económico y la confianza de los consumidores, el aumento del acceso a Internet, la penetración de móviles y las redes sociales. Los crecimientos estimados son superiores al 25% en 2012 y 2013, hacia 2015 la mayor presencia de Smart phones y Tablets generará aún más actividad, según lo que plantea el vicepresidente global de productos de Visa, las ventas online aumentarán mucho más cuando las tarjetas de débito tengan una mayor aceptación entre los consumidores de la región que no tienen acceso a las tarjetas de crédito. Brasil sigue liderando las estadísticas en este terreno y encabezó las ventas en 2011 con el 59.1%, seguido por México (14.2%), el Caribe (6.4%), Argentina (6.2%), Chile (3.5%), Venezuela (3.3%), Centroamérica (2.4%), Colombia (2%) y Perú (1.4%), indica la investigación comisionada a AméricaEconomía Intelligence, que destaca que en 2009 los ingresos totales de venta de comercio electrónico a consumidores estuvieron alrededor de los 22,000 millones de dólares; en 2011 la cifra escaló a 43,000 millones de dólares (Caribbean New Digital, 16/05/2012). En Sudamérica, el turismo intrarregional es la diferencia fundamental con otras regiones, incluido el mismo Caribe y Centroamérica, pero es una tendencia histórica, al extremo que hay íconos históricos del turismo referentes fundamentales en los imaginarios de los sudamericanos, desde Río de Janeiro y su carnaval, hasta Punta del Este y sus playas o Bariloche y su nieve. En el 2011, en Brasil los sudamericanos llegaron a ser uno de cada dos turistas que arribaban, con el 48.4% del total, o sea, 2.6 millones de turistas, de un total de 5.43 millones de visitantes que arribaron al país, que fue un 10% más que el año 2010. Sobresale en esta cifra la caída del turismo italiano, que era el tercer grupo de extranjeros que visitaba Brasil y su puesto fue ocupado por el vecino Uruguay. El número de turistas

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rusos creció en un 40%, chinos un 47% más y la India tuvo un crecimiento del 14% (Arecoa, 04/05/2012). El Mercosur superó los 15,000 millones de dólares en turismo en el 2011, impulsado por Brasil, el líder del bric en Latinoamérica, y Argentina un destino tradicional del turismo. Brasil recibió, en 2011, 5.4 millones de turistas que generaron una derrama de 6,700 millones de dólares, que son un 3.3% del pib nacional (Arecoa, 30/11/2011). En lo interno en Brasil, país continente, en 2011 se registraron 72 millones de arribos, lo que superó a 2010, que había generado 67.5 millones de turistas interiores. En este mismo año se dio un incremento del 33% en el turismo de lujo, lo que llevó a que se introduzca la categoría hotel boutique en Brasil, que para esa fecha ya tenía 35 hoteles en esa categoría. Accor, la cadena francesa que maneja varias marcas de fama, tiene en Brasil 150 establecimientos; en 2011 abrió nueve hoteles en Brasil, con un total de 1,300 habitaciones y tiene previsto llegar a los 250 establecimientos en 2015, de cara a los Juegos Olímpicos de 2016 (Caribbean New Digital, 21/02/2012). Al estar ubicado Brasil como la octava economía mundial, su posicionamiento también ha crecido en los viajes de hombres de negocio, y en 2011 quedó en el noveno lugar, con 28,000 millones de dólares, según el ranking de Business Travel Spending (bts) (Caribbean New Digital, 22/05/2012). Argentina, la segunda economía del Mercosur, ha sido pionera en el turismo y es un país que tiene un alto desarrollo de turismo interior nacional, por lo que el internacional es la meta de la administración en este nuevo siglo. El país recibió en 2011 un total de 5.7 millones de turistas, que son el 7% del pib, con un crecimiento del 8% respecto de 2010. En 2011 se remodeló la terminal de cruceros del puerto de Buenos Aires, a fin de poder brindar mejores servicios a los pasajeros, y el costo de la obra fue de 25 millones de dólares. En la temporada 2011-2012 (noviembre-marzo) operaron 33 cruceros, con 166 arribos, y se movieron 425,000 pasajeros, un 22.5% más que en la temporada 2010-2011 (Arecoa, 12/05/2012). Estas y otras obras han ayudado a que la ciudad de Buenos Aires sea la mejor posicionada en Latinoamérica como centro urbano para atraer capitales para el sector turístico. Este ranking fue encargado por el banco multinacional Citigroup, y fue elaborado por The Economist, que midió a 120 ciudades del subcontinente. 421

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Buenos Aires es seguida por São Paulo, Santiago de Chile, MéxicoDF, Río de Janeiro, Panamá, Lima y Bogotá, entre las más significativas; a escala mundial los niveles más altos son de las ciudades de Estados Unidos y Europa con Nueva York y Londres a la cabeza. Argentina fue el primer país en Latinoamérica en tener parques nacionales y vincular la conservación con el turismo, por ello llama la atención un nuevo producto que vincula El turismo de la naturaleza con la aventura, definido como “la Huella Andina”, que consiste en un megasendero de extenso recorrido del país, a lo largo de 560 kilómetros por el Lago Albuminé, Neuquén, el Lago Baguilt, Chubut, y a su vez pasa por cinco Parques Nacionales: Lanín, Los Arrayanes, Nahuel Huapí, Lago Puelo y Los Alerces. El gran sendero integra servicios turísticos en localidades como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Traful, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche, Villa Mascardi, Valle del Manso, El Foyel, El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Villa Lago Rivadavia, Villa Futalaufquen, Esquel y Trevelin (Turismo de América, 09/02/2012). El desarrollo general de este sendero es la primera experiencia en el Marco del Proyecto Senderos de Argentina, una iniciativa liderada por el Ministerio de Turismo de la Nación (mintur) en conjunto con la Administración de Parques Nacionales (apn) y el Consejo Federal de Turismo (cft), cuyo objetivo final es contar con una red de senderos interconectados en todo el territorio del país. En forma paralela, pero orientada a generar fuentes de empleo e ingresos entre los pueblos originarios, el gobierno nacional creó la Red de Turismo Comunitario, que fue diseñada por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico y se enmarca en el programa de conservación del patrimonio. La experiencia del Chaco y la Huella Andina son dos extremos de turismo alternativo, adecuados a las nuevas tendencias del turismo, y una opción muy interesante, ya que se convive con una experiencia autogestionada, que propone el respeto por tradiciones, saberes y cosmovisiones, en síntesis, una experiencia muy diferente para el urbanita moderno (Caribbean New Digital, 21/05/2012). La República Oriental del Uruguay es un país con una larga historia de turismo, y allí está una de las ciudades turísticas modernas más emblemática: Punta del Este. El turismo en 2011 representa el 7% del pib, con 2,200 millones de dólares de ingresos.

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En la temporada 2010-2011 arribaron 171 barcos, con 278,627 pasajeros, la mayoría de ellos, un 70%, entre argentinos y brasileños, y Del resto un 13.1% de Estados Unidos y un 10.9% europeos (Shaw, 2012). La temporada de cruceros 2011-2012 cerró con 213 naves, o sea, un incremento del 4% respecto de la temporada anterior, que significó el desembarco de unos 300,000 cruceristas, sin contar las tripulaciones, en los puertos de Montevideo y Punta del Este. Si se compara el último quinquenio, que se inicia con la temporada 2004-2005, con la temporada 2010-2011, el incremento de los cruceros ha sido del 128%. La temporada 2011-2012 se inició con el arribo el 17 de noviembre de 2011 de dos cruceros y se cierra el 15 de mayo de 2012. Punta del Este es un balneario de alta performance, considerado un lugar “exclusivo”; ha iniciado un proyecto para romper con la estacionalidad que le da el corto verano, que es desde mediados de noviembre a fines de febrero o mediados de marzo, según las temporadas. Para ello se plantea una inversión de 30 millones de dólares en el nuevo Centro de Congresos y Convenciones en las cercanías del Jaurel, cercano a Punta del Este y la formación de un buró para su operación. Asimismo, la Universidad de la República está construyendo un campus en Punta del Este, lo cual le permitirá tener vida en los meses de otoño e invierno, con la presencia de estudiantes (www.puntadeleste.com). Chile es otro de los países de Sudamérica con una larga historia de turismo, con su ciudad balnearia de comienzos del siglo xx, Viña del Mar, junto a la ciudad portuaria de Valparaíso. En 2011, Chile tuvo un ingreso en divisas de 2,316 millones de dólares generados por los visitantes extranjeros, al comparar estos con los rubros de exportación del país se puede afirmar que en ese año el ingreso de divisas era de la siguiente manera: (Turismo Informe Anual, 2011) • Exportaciones de cobre, primer lugar con 44,438 millones de dólares. • Exportaciones del sector frutícola con 4,274 millones de dólares. • Exportación de celulosa, papel y otras con 3,692 millones de dólares. • Exportación de salmón y truchas con 2,917 millones de dólares. • Turismo con 2,316 millones de dólares. • Exportación de productos forestales y muebles, 2,222 millones de dólares. • Exportación de vinos, 1,705 millones de dólares. Entre enero y octubre de 2011, el transporte aéreo movió 10,632,449 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que, comparado con 423

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igual período en el año 2010, arroja una diferencia de 1,700,000 pasajeros, que es el 19.1% de crecimiento. Dividiendo los vuelos entre internos e internacionales, tenemos que el internacional, que era cerca de la mitad de los pasajeros, 4,920,155, tuvo un crecimiento en 2011 de 19%, y los vuelos nacionales, que movieron 5,712,294 pasajeros, tuvieron un crecimiento similar de un 19.2% (Arecoa, 30/11/2011). La larga geografía de Chile, más de 4,000 km de extensión, se divide en cinco zonas para las llegadas de turistas: • Zona sur recibe el 10% • Zona austral el 14.5% • Zona norte el 23.4% • Zona centro el 52.1% Chile cerró el año 2011 con un crecimiento del 11% en referencia al 2010, o sea, 3,069,792 solo de turistas extranjeros, y llegaron: vía aérea el 39.2%, vía terrestre el 58.3% (turismo fronterizo) y marítima el 2.5%. De ellos, el 59% eran provenientes de países limítrofes, el 17.3% del resto de América, el 11.9% de Europa, el 8% de América del Norte, el 2.2% del resto del mundo y el 1.3% de Asia. Los nacionales que fueron a realizar turismo dentro del país en el 2011 fueron 3,978,081 y los chilenos que salieron del país fueron 3,724,118, estos últimos han tenido un alza del 10.6%, y de este total de chilenos al exterior el 86.3% fue dentro de Sudamérica, el 7% a América del Norte, el 3.6% a Europa y el 0.9% al Caribe. Para 2011, Chile había hecho un gran esfuerzo para recuperase del grave sismo que lo afectó dos años antes, y en ese camino se pacta la fusión de la empresa brasileña tam y la compañía chilena lan, alianza que las transformaría en el tercer grupo con el mayor ebitda (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones) del mundo. Los 1,505 millones de dólares en ebitda que consiguieron lan-tam en 2009, fueron superado solo por dos grupos de aerolíneas en el mundo: Air France-klm, con 1.596 millones de dólares, y Lufthansa, con 2,054 millones de dólares. Southwest, la elogiada aerolínea de bajo costo, obtuvo un ebitda de 1,300 millones de dólares (América Económica, 2010). Los cruceros son también una importante fuente de ingresos de Chile, dado el gran atractivo del sur Chile por la gran extensión y difícil comunicación, lo que hace de estos cruceros una oferta excepcional. En la temporada 2011-2012 se dio, luego de los problemas del sismo y sus 424

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repercusiones en las zonas costeras, un proceso de recuperación del mercado de cruceros que generó un total de 319 recaladas, lo que superó en el 29% las anteriores 248 recaladas. Según la Corporación de Puertos del Cono Sur, entidad que agrupa a los puertos de cruceros de Chile, el número de pasajeros que llegan en estas embarcaciones tuvo un incremento en esta temporada 2011-2012 de un 22%, con un total de 287,239 viajeros. El puerto líder fue el de Valparaíso, con un arribo de 77,870 pasajeros; en segundo lugar en el sur chileno, en Tierra del Fuego, se ubicó Punta Arenas, con 75,938, y en tercer lugar quedó Puerto Mont con 54,134 viajeros (Caribbean New Digital, 21/05/2012). Perú es otro de los países íconos del turismo moderno, especialmente en el área cultural, derivado de haber sido el asiento de la cultura más desarrollada de Sudamérica, los incas, y por ello su producto cultural bandera es la ciudadela inca de Machu Picchu, descubierta a comienzos de siglo xx. Machu Picchu está reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la unesco desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu, y desde el 7 de julio de 2007 fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación de cien millones de votantes en el mundo entero. Sin embargo, esta maravillosa ciudadela ubicada en las alturas, a 2,438 metros sobre el nivel medio del mar, no ha sido tratada con el respeto que se merece por la masividad del turismo y la necesidad de algunas empresas de hacer grandes ventas. Hoy este sitio está amenazado de perder la calidad de Patrimonio de la Humanidad de la unesco. Una comisión ha implementado un plan de salvamento, cuyos resultados se presentarán en Lima en 2012. Arequipa, la ciudad blanca, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco, con lo cual el Perú se transforma en un verdadero centro de la cultura de los países originarios en Sudamérica. En una década, el Perú ha aumentado en 150% el ingreso de turistas extranjeros, de 1,063,606 en 2002, a 2,597,803 en 2011, incremento que ha dado una tasa media anual del 13% (mincetur, 2012). Pero el ingreso de divisas generado por el turismo receptivo se ha triplicado, ya que en 2002 era de 837 millones de dólares y en 2011 fue de 2,912 millones de dólares. 425

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Además del gran patrimonio cultural, incluidas las figuras gigantes de la pampa de Nazca, Perú tiene la mayoría de los ecosistemas de Sudamérica y, por ello, un gran desarrollo del turismo de la naturaleza asociado a sus habitantes y cuidadores históricos, los pueblos originarios. Para 2011, el ingreso de visitantes nacionales y extranjeros en las áreas naturales protegidas ha ido en aumento, como se ve en el cuadro siguiente: Cuadro 3 Número de visitantes a las áreas naturales protegidas de Perú. 2011 Área natural protegida PN Huadcaran PN Tingo María RN Lachay RN Salina y Aguada Blanca RN Titicaca RN Tampopata RN Paraca SN Huayllay SH Bosques de Pomara

2011 126,820 42,354 23,709 3,086 184,745 29,031 133,920 11,353 18,837

Fuente: Ministerio de Ambiente Servicio anp, 2012.

La meta de Perú en el turismo para 2012 fue presentada por el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (apavit), Publio Santander, quien asegura que las agencias plantean facturar en 2012 un total de 675 millones de dólares, que serían un 8% más que en el 2011. Los avances de Perú en el sector turístico están basados en el hecho de que este sector es el tercer generador de divisas en el Perú y que en 2011 aportó 3,000 millones de dólares (Arecoa, 27/02/2012). Ecuador, otro ícono del turismo, tiene uno de los productos bandera más conocidos en el mundo, las Galápagos, un referente mundial de la conservación y los viajes científicos junto a los de ocio de naturaleza. En el 2011, Ecuador recibió en los primeros once meses (enero-noviembre) un total de 1,027,686 visitantes, lo que representa un crecimiento del 13.9% respecto de noviembre de 2010; según las proyecciones de la Secretaría de Estado, 2011 cerró con 1,100,000 extranjeros. Este país es uno de los más biodiversos del planeta, pese a no ser de gran territorio (283,561 km2), por lo que su plan de mercadotecnia 2010426

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2014 se orienta a posicionar al país entre los líderes del turismo sustentable, que en su primer año de aplicación, 2010, logró cerrar con 1,027,098 turistas (Arecoa, 06/12/2011). Si bien el gran atractivo de Ecuador ha sido reconocido mundialmente, ocurre que, al igual que la mayoría de los países sudamericanos, hay un gran turismo transfronterizo. Colombia genera uno de cada cuatro turistas, 235,516; seguido de Estados Unidos, con 215,979 en 2011. La nueva imagen de Ecuador elaborada a partir de la naturaleza y los pueblos originarios, cuyo eslogan es “Ecuador ama la vida”, y del hecho de que en la Constitución de Ecuador se reconocen los derechos de la “Pachamama o madre naturaleza” como un ente activo y parte de la sociedad, posicionan a este país como el líder regional del turismo natural, para otros el ecoturismo. La ruta del agua de la Amazonía involucra distintas zonas, incluido el parque nacional Yasuni y la Ruta de los Andes; ellos son parte de esta nueva estrategia de un país que enfrenta el manejo de los ecosistemas con una racionalidad frente a las petroleras y mineras que lo requieren a costos impensables. Ecuador tiene abierto al turismo un total de 24 áreas naturales protegidas, que van desde parques nacionales hasta reservas biológicas, ecológicas, geobotánicas, faunísticas, refugio de vida silvestre y áreas nacionales de recreación, que fueron visitados en 2011 por 609,593 visitantes (mma-dnanpyvs, 2012). Colombia es un país dotado de grandes recursos para el desarrollo del turismo; su ícono en el turismo cultural histórico es Cartagena de Indias, y en el de la naturaleza Providencia y San Andrés, centros mundiales de buceo. Debido a su largo conflicto interior, el desarrollo del turismo ha sido muy lento, aunque sostenido. En los últimos seis años, el país ha tenido un incremento del 50% de viajeros que provienen del extranjero, de 1,053,344 en 2006 a 1,582,110 en 2011, con una marcada estacionalidad en favor de los meses de verano de enero a mayo, y la segunda parte del año de junio a diciembre con muy bajos arribos (Dirección Información Comercial, 2012). Sin embargo, los ingresos en cuentas de viaje y transporte de la balanza de pagos se han duplicado desde 2001, con 1,483 millones de dólares, hasta 2011, con 3,083 millones de dólares, según los datos que proporciona el Banco de la República. En cuanto al origen de los extranjeros, el 20.1% eran norteamericanos, el 14.5% venezolanos, 6.9% ecuatorianos y 5.9% argentinos, entre los más significativos. 427

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Cerca del 70% de los extranjeros ingresaron vía aérea por el aeropuerto internacional de Bogotá, seguidos muy atrás por los aeropuertos de Medellín, Cartagena y Cali; el resto por los tres puestos fronterizos terrestres de Rumichaca, Cúcuta y Paraguachón. De ahí que el destino principal de estos turistas extranjeros sea Bogotá en un 54%, seguido por Cartagena con un 11.2%, Medellín con un 9.6% y San Andrés 2.9%. Durante el año 2011 se movilizaron un total de 21,592,000 pasajeros, lo que representó un crecimiento del 7% respecto del año 2010. Lo anterior se fundamenta principalmente en el aumento de frecuencias aéreas directas y en las buenas relaciones que Colombia está consolidando a escala internacional. Los cruceros en el 2011 trajeron a los principales puertos de Colombia 315,304 visitantes, casi veinte mil más que en 2010, cuando fueron 296,049. El programa de turismo pretende reposicionar a este en 2014, a partir de una nueva imagen del país que lo hace seguro, pese a que los conflictos continúan vigentes. Colombia tiene una gran conectividad aérea con Estados Unidos, con Panamá que es un hub clave en la redistribución de vuelos a Centroamérica y el Caribe, y con su vecino Ecuador. Según el informe presentado por la Oficina de Promoción, Turismo y Exportaciones de Colombia, en la actualidad el país tiene 722 frecuencias internacionales directas que lo conectan con veinte países y están en estudio 80 nuevas rutas nacionales e internacionales para dar conectividad a quince ciudades más de Colombia. Conclusiones. 2011: ¿un año de auge del turismo en plena crisis? El turismo es uno de los modelos que tiene el sistema capitalista, que es eficiente en el proceso de recuperación del capital invertido, más aún en la actualidad, cuando los grandes hoteles se abren y se venden a la vez como habitación y tiempo compartido, la mayoría de las veces con los servicios socializados en los todo incluidos. La locomotora del turismo es la industria de la construcción, que exige grandes inversiones, lo cual no es posible en medio de la crisis, ya que el crédito, principal aportador de capital, se ve restringido ante la propia crisis del sector bancario.

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Salvo el caso de Brasil, que con un empuje excepcional impulsó la construcción en 2011, el resto de los Estados redefinió, planificó e hizo eficiente su infraestructura, a la vez que abordó el mercado mundial en las áreas donde cada uno tiene fortalezas, y el resultado fue evitar la caída del sector, como ocurrió con el resto de los sectores en algunos países y en otros con el auge de los precios de los commodities se lograron salvar en ese año. El Caribe ha comenzado a enfrentar las amenazas exteriores naturales, como las consecuencias del cambio climático; Centroamérica y México tienden a un turismo de burbuja, dada la inseguridad que se da en gran parte de estos países, lo cual reduce el número y la calidad de los turistas. En Sudamérica, los países tradicionalmente líderes se han mantenido: Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile y Argentina, a los que se suman Bolivia, Colombia y Venezuela en diferentes niveles. Perú redefinió el turismo en Machu Picchu, camino a salvar la distinción que le dio la unesco como Patrimonio de la Humanidad, al igual que Ecuador en las Galápagos y sus selvas amazónicas amenazadas por la explotación petrolera. Chile pudo recuperase de los grandes daños del sismo de 2010, y no solo reconstruyó sino también generó confianza en los viajeros a sus zonas más bellas y complicadas desde este punto de vista. Brasil inició un largo proceso camino al 2014 y 2016, que no solo implica más hoteles sino también más infraestructura, más seguridad y nuevos atractivos para las grandes contingentes que llegarán. Argentina mantuvo sus tendencias, muchas basadas en el turismo de compras de sudamericanos en Buenos Aires, pero se redujo el flujo de europeos. El plan de turismo es un hecho importante que se siguió trabajando en 2011. Uruguay sigue en un proceso de diversificar su producto bandera, el gran destino de Punta del Este, a partir de la náutica, el turismo estudiantil en temporadas invernales, casinos y turismo de naturaleza. En general, en el sector turismo América Latina logró enfrentar con bastante éxito la difícil coyuntura mundial y las coyunturas nacionales que se combinaron para hacer a veces más difícil el desarrollo de esta actividad. El turismo de cruceros siguió creciendo, junto al de aventuras y otros nuevos segmentos que emergen. El Mercosur se va integrando con nue-

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vos reglamentos y leyes que reducen la fricción y el manejo de las fronteras con lo que se logra mayor turismo transfronterizo. El año 2011 fue complejo, ya se verá si estas tendencias fueron coyunturales o ya centraron la actividad en la nueva situación mundial. Bibliografía América Económica (s/f), “México: ingreso del turismo aumentarán en el 2011 por mayor gasto promedio de visitantes”. Disponible en: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mexico-ingresos-de-turismo-aumentaran-en-2011-por-mayor-gasto-promedio-de-visita. Consultado: 21 de febrero de 2011. ___ (s/f), “Megafusión: aerolíneas lan y tam se unen y crean latam Airlines Group”. Disponible en: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fusiones-adquisiciones/prensa-brasilena-anuncia-inminente-fusionentre-lan-y-tam. Consultado: 14 de agosto de 2010. Arecoa (2012), “Centroamérica se posiciona como destino de turismo médico”, 11 de junio. Disponible en: http://www.arecoa.com/destinos/centroamericase-posiciona-como-destino-de-turismo-medico/. ___ (2012), “Argentina termina actual temporada de cruceros con cifra record”, 12 de mayo. Disponible en: www.arecoa.com. ___ (2012), “Los sudamericanos supusieron en 2011 uno de cada dos extranjeros que recibió Brasil”, 4 de mayo. Disponible en: www.arecoa.com. ___ (2012), “Buenos Aires encabeza la lista de los mejores destinos sudamericanos”, 3 de mayo. Disponible en: www.arecoa.com. ___ (2012), “Agencias de viaje peruanas buscan vender US$ 657 millones en 2012. apavit”, 27 febrero. Disponible en: www.arecoa.com. ___ (2011), “Más de un millón de extranjeros. Ecuador registra 13.9% de incremento turístico”, 6 diciembre. Disponible en: www.arecoa.com. ___ (2011), “Chile registra incremento en el tráfico de pasajeros”, 30 de noviembre. Disponible en: www.arecoa.com. ___ (2011), “Brasil alcanza record en llegadas de turistas”, 30 de noviembre. Disponible en: www.arecoa.com. Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (icca) (s/f), Informe 2011. Disponible en: http://www.iccaworld.com/. bbva Research (2012), Situación regional sectorial México, Servicio de Estudios Económicos del Grupo bbva Bancomer, mayo, México. ___ (2011) Situación regional sectorial México, Servicio de Estudios Económicos del Grupo bbva Bancomer, enero, México.

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2011: Un año complejo

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Dimensión educativa

El movimiento estudiantil de 2011 y la crisis del modelo educativo chileno

Jorge Abel Rosales Saldaña Introducción En 2011 irrumpió en la escena política el movimiento estudiantil chileno demandando “educación gratuita, de calidad y sin fines de lucro”. El movimiento duró seis meses de lucha, sacudió a todo Chile y tuvo fuertes repercusiones en la opinión pública del mundo, ya que se convirtió en un ejemplo para las organizaciones estudiantiles de muchos países. Fue una expresión masiva del malestar social acumulado durante décadas, no solo por la desigualdad, el endeudamiento y la desprotección que causa el modelo educativo, sino también por las consecuencias políticas y económicas de todo el sistema impuesto a sangre y fuego por los militares en 1973. La protesta estudiantil de 2011 vino a demostrar la falencia del sistema político, porque el problema educativo no es un tema económico o de falta de recursos, sino un problema de la democracia chilena. Los estudiantes confrontaron los intereses de la clase política y de los dueños de los establecimientos de educación privados que se han enriquecido, junto con los accionistas de los bancos que lucran con los créditos de miles de jóvenes endeudados. Con la lucha callejera y el debate público se evidenció la crisis terminal del “modelo chileno” político y económico, que se estremeció desde sus cimientos por esta masiva movilización social y cultural de carácter antineoliberal. El movimiento estudiantil forma parte de un proceso histórico relevante, porque Chile parecía que estaba al margen de las convulsiones sociales latinoamericanas y mundiales. Este movimiento social por la 437

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educación significa para todos una contribución importante a la transformación de la sociedad chilena en las últimas décadas, en la cual, a pesar de la redemocratización y de cuatro gobiernos de centroizquierda, el sistema político no tuvo grandes cambios, y en algunos aspectos se profundizó el modelo económico heredado de la dictadura. Una característica relevante es que el movimiento estudiantil no se inició como un cuestionamiento global al régimen político, sino partió de demandas particulares para reformar el modelo educativo en crisis. Luego se extendió al incorporar reivindicaciones de reforma estructural para alcanzar una nueva constitución política, la democratización del país y la renacionalización de los recursos naturales, especialmente de las minas de cobre, en manos de grandes corporaciones trasnacionales. Las movilizaciones no lograron sus objetivos centrales, pero duraron hasta noviembre de 2011, después de que el gobierno de Sebastián Piñera anunció importantes concesiones a los estudiantes. Los líderes del movimiento actuaron con responsabilidad y decidieron suspender los paros y las marchas para no poner en riesgo el año escolar y para no provocar el colapso de las universidades. Las reivindicaciones estudiantiles tuvieron mucho éxito en la sociedad chilena, al grado de que en varias encuestas nacionales hasta un 80% de la población apoyaba las demandas del movimiento, reconocimiento que se extendió al ámbito internacional por la justeza de sus demandas, por los métodos pacíficos y originales de protesta, y el liderazgo indiscutible de Camila Vallejo, quien puso su rostro e inteligencia al servicio de una causa progresista y popular. El objetivo central sigue en pie, pues no es una tarea fácil construir el derecho constitucional y un nuevo sistema de educación pública, democrática, pluralista, gratuita y de calidad, para el desarrollo integral e igualitario del pueblo chileno. Sin embargo, el movimiento avanzó hacia soluciones concretas que surgieron del ámbito estudiantil, a través del debate democrático entre todas las corrientes y agrupaciones políticas, con el propósito de lograr reformas profundas en la estructura educativa y en el sistema político. 1. Crisis del modelo educativo Uno de los grandes objetivos que se planteó la dictadura militar y tecnocrática de Pinochet para implantar la “revolución empresarial”, fue 438

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el desmantelamiento del sistema educativo chileno, que se caracterizaba por un predominio del sector estatal, el cual llegó a aportar en 1970 hasta el 7% del producto interno bruto (pib), y lo redujo hasta el 2.4% en 1990. Antes del golpe militar, el sector público concentraba hasta el 90% de la matrícula, y la educación obligatoria y gratuita se consideraba un derecho en función de la movilidad social de todos los chilenos. En el período de Salvador Allende, la educación superior duplicó la inscripción, al pasar de 79,000 universitarios en 1970, a 158, 347 en 1973. Pero lo más importante es que, mediante becas y subsidios, se hizo un gran esfuerzo por cambiar la condición esencialmente elitista y clasista que caracterizaba la educación universitaria desde décadas atrás, en la cual hasta el 98% de los alumnos de la Universidad de Chile provenían de las clases medias y altas, y apenas el 2% eran hijos de obreros (Palma, 2002, p. 3). El actual modelo educativo chileno tuvo su origen en 1981, con el denominado proceso de municipalización de la educación, posteriormente consolidado con la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (loce), que consagraba el concepto de “libertad de enseñanza” en detrimento del derecho universalmente reconocido a la educación. Mediante la loce se traspasaron más de 3,000 escuelas públicas del nivel nacional a la administración municipal, las que reciben un subsidio que se determina por la asistencia a clases de los alumnos. No obstante, muchos municipios corresponden a pueblos pequeños que no cuentan con el personal ni con las instalaciones para mantener el servicio con un estándar de calidad aceptable. Paralelamente, la Ley Orgánica garantizaba el financiamiento de los establecimientos privados con recursos públicos, tuvieran o no fines lucrativos. De este modo se creó un sistema de educación básica compuesto por escuelas públicas municipales, establecimientos privados de paga y otro tipo de educación privada subvencionada por el Estado, con la posibilidad de que esta educación podía tener fines de lucro (Ministerio de Educación, 1990). Sospechosamente, la loce se publicó el 10 de marzo de 1990, un día antes de que Pinochet dejara la presidencia del país. Esa Ley Orgánica establece que en la educación el Estado tiene la función de regulador y protector, y delega la responsabilidad de educar a las familias y a las corporaciones privadas. También se da libertad casi total para la apertura de centros educacionales, con la exigencia de requisitos mínimos y sin establecer medidas reguladoras básicas. La ley permite la libertad de empresa en la educación, a través de “sostenedores” privados que pueden crear establecimientos tanto de educación básica como del nivel 439

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superior, aunque el lucro no se admite en el nivel universitario. Además, la ley pinochetista margina a los estudiantes de la toma de decisiones en los centros escolares. De acuerdo con lo que se define en la loce, las escuelas privadas que cuentan con apoyo financiero del Estado pueden cobrar cuotas a los alumnos a través de un esquema de financiamiento compartido. A la vez, estos establecimientos subsidiados pueden seleccionar a sus alumnos, prerrogativa que no tienen las escuelas públicas municipales. Dicha selección favorece a los alumnos de las familias mejor acomodadas y discrimina a los niños y adolescentes de las familias de menores recursos. Rodolfo Schmal y Paulina Royo explican que, a partir de la crisis económica que experimentó Chile en 1982, se redujo la subvención a estos centros escolares, lo que afectó directamente el presupuesto familiar y provocó descenso en la inscripción en las escuelas públicas municipales y deterioro en el servicio. “El resultado es que los pobres se educan en las escuelas municipales, los no tan pobres en las escuelas privadas subvencionadas sin financiamiento compartido, los sectores medios en las escuelas privadas subvencionadas con financiamiento compartido, y los sectores más adinerados en las escuelas y colegios privados pagados” (Schamal y Royo, 2012). Se calcula que en el sistema educativo chileno, estructurado bajo la lógica del mercado, la educación privada para la clase alta representa el 7% de la población y tiene un valor entre 300 y 500 dólares mensuales; la educación para las clases medias es semiprivada y alcanza al 50%, y la educación para los pobres es municipal y gratuita, y cubre el 40% restante de la población escolar, como establece el profesor Mario Garcés, historiador de la Universidad de Santiago (Garcés, 2011). Ante tal modelo segregacionista, las demandas más consistentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (confech) han sido: a) el incremento del financiamiento gubernamental a los establecimientos públicos, para que se termine con el autofinanciamiento; b) la democratización de las instituciones, que restaure la participación estudiantil y el cogobierno en las escuelas, y c) la eliminación de las restricciones al acceso, impuesto por los gobiernos de la Concertación. “Con esta última demanda se atacaba a la Prueba de Selección Universitaria, que perpetúa la desigualdad de clase para el acceso al sistema terciario y a la educación superior” (Ouviña, 2012, p. 15). En este sentido, si consideramos el movimiento estudiantil de 2001 como parte de un proceso social y político que busca cambiar el sistema 440

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institucional clasista heredado por la dictadura y continuado por los gobiernos de la Concertación, el año 2001 es el momento de inflexión, ya que comenzó en el mes de marzo con movilizaciones y paros de los estudiantes de secundaria y universitarios de la educación privada por conflictos con el pasaje escolar en Santiago. Estas manifestaciones, denominadas “el mochilazo”, lograron movilizar a 17,000 estudiantes secundarios en Santiago y paralizar a 400,000 alumnos en la región metropolitana. Sin conseguir la totalidad de su pliego petitorio, este movimiento consiguió mejoras en la tarifa y el pase escolar, y que este sea administrado por el Ministerio de Educación (Historia de la confech, 2011). Pero sin duda fue la “revolución pingüina” de 2006 el antecedente directo del movimiento encabezado por Camila Vallejo en pro de una educación pública, gratuita y de calidad. Los “pingüinos”, que derivan su nombre de los tradicionales uniformes oficiales de las secundarias, se levantaron en contra del modelo educativo excluyente y elitista, que provoca una mayor desigualdad social y una mayor marginación de los sectores mayoritarios y populares, y exigieron mejoras en la educación básica y una mayor responsabilidad del Estado en esa función esencial. Organizado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (aces) el 30 de mayo de 2006, el movimiento “pingüino” movilizó a 800,000 estudiantes de 900 liceos que se sumaron a la convocatoria de Paro Nacional. El movimiento provocó la renuncia del recién nombrado ministro de Educación, Martín Zilic, y puso a debate público el tema educativo y la generación de la nueva Ley General de Educación (lge), que fue promulgada en 2009, en reemplazo de la loce. Ante las manifestaciones y los paros, el gobierno de Michelle Bachelet propuso a los estudiantes la instalación de mesas de negociación en el Ministerio de Educación, y posteriormente otorgó medio millón de almuerzos adicionales; inversiones cuantiosas para mejoras de la infraestructura de las instalaciones escolares; más becas para estudiantes de escasos recursos; pase escolar nacional y gratuito para los más necesitados, que podría ser utilizado todos los días de la semana sin límite de horario, y el pase gratuito al nivel medio superior para 155,000 estudiantes, equivalentes al 80% más pobre del país (Institute for Research and Debate Governance, 2007). Pero a pesar de esos logros importantes aunque parciales, los diversos actores sociales que se movilizaron en 2006 pusieron en tela de juicio la nueva Ley General de Educación, porque no cambió la esencia del problema de la privatización y el lucro en la educación superior, sino más bien afinó el modelo mercantilista de educación. La lge no logró alterar 441

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mayormente las bases conceptuales y los fundamentos ideológicos sobre las cuales se construyó el sistema educativo bajo la antigua loce. Se critica también a los gobiernos de la Concertación por incurrir en un tipo de realismo y pragmatismo que no hacía más que reproducir las lógicas verticalistas y de amarre político con la derecha sobre-representada en el parlamento. “Esto es así dado que el gobierno de Bachelet no tuvo voluntad política para buscar una solución de fondo y terminó pactando con los sectores conservadores, que no son representativos de la mayoría social” (Schmal, 2012). Otro aspecto importante que se hace notar es que, al entrar en negociaciones con el gobierno, los representantes de los “pingüinos” de alguna forma fueron cooptados y dejaron de movilizarse. Esto posteriormente fue capitalizado por el movimiento de 2011 para no ceder tan rápido y presionar más al gobierno con marchas y mítines masivos que ya no eran exclusivamente estudiantiles, sino generaban el apoyo mayoritario de la opinión pública e incluían la participación activa de otros sectores sociales y laborales, de los profesores, directivos y rectores de las universidades públicas tradicionales agrupados en el cruch (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas). Uno de los principales argumentos de los detractores del modelo chileno es que la educación que se ofrece es cara y mala (Atria, 2013). En efecto, Chile es el país de la ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) donde la educación superior pública es más cara, incluso del mundo, seguido por Corea del Sur. Si se considera a las universidades privadas, solo en Estados Unidos el costo es más alto. Estudiar en un centro educativo superior chileno vale por encima de los 6,000 dólares al año, en un país donde el sueldo mínimo es de 382 dólares al mes. Tener un hijo estudiante universitario supone gastar el 40% del ingreso familiar. El Estado chileno aporta solo el 16,1% de los costes en educación superior, por lo que Chile es el país de la ocde donde los estudiantes pagan más de su propio bolsillo. Se calcula que solo una de cada cinco familias puede hacerse cargo de los pagos sin pedir préstamos a una tasa superior del 6%. Según la encuesta laboral que la Dirección del Trabajo de Chile realizó en 2008, el 54% de los trabajadores chilenos gana hasta 513 dólares mensuales, y el 6,4% percibe sueldos sobre los 2,052 dólares. No obstante, un estudiante de clase media que curse medicina en una universidad pública, donde la educación es pagada, egresará con una deuda bancaria

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de 50,000 dólares a pagar en varios años, que puede ser equivalente a contraer una hipoteca bancaria para adquirir una vivienda mediana. En el nivel universitario, “El alto nivel del endeudamiento de los estudiantes se aproxima al 174% de su sueldo anual estimado, y los índices de morosidad llegan al 50%”, como estableció el economista de la Universidad de Chile, Marcel Claude, quien se desempeñó como asesor del movimiento estudiantil y en 2013 se convirtió en candidato independiente a la presidencia de Chile, propuesto por el Partido Humanista e Izquierda Unida. El mismo Marcel Claude considera que el problema central de la institucionalidad educativa actual es la privatización. En Chile el Estado aporta el 56% de la educación básica y las familias un 44%; mientras que en los países de la ocde el Estado aporta 85% y las familias el 15%. Con el aporte del Estado, muchas instituciones lucran. En el nivel universitario el costo de la educación es un 72% del ingreso per capita; en cambio, en los países de la ocde es un 44% (Claude, 2011). Para la derecha de inspiración pinochetista no existe ninguna crisis del modelo educativo, sino el problema de la educación se debe solamente a la lucha ideológica que ha existido desde la década de los 60, y que continúa hasta estos tiempos sin ninguna utilidad. Además, desde los sectores más conservadores se insiste en que la cobertura educativa que se hace mediante el sistema privado impide que se sature el mercado de mano de obra y solo los que puedan pagar egresan con un trabajo establecido, aunque esto ocasione el estancamiento de los sectores más pobres (Tolerancia Cero, 2011). Otro aspecto que justifican los políticos del oficialismo tiene que ver con la calidad educativa y el rechazo a una reforma tributaria progresiva para dotar al Estado de mayores recursos. La senadora designada Ena von Baer, exvocera del presidente Piñera, no solamente defendió públicamente desde su bancada el lucro en el sector educativo, sino además votó en el parlamento para que la aportación del Estado para financiar en parte los créditos estudiantiles fuera directamente a las instituciones educativas con fines de lucro, argumentando que eso estaba relacionado con el logro de un mejor desempeño y la calidad educativa. Cuando se debatió el tema de una posible reforma tributaria para generar más recursos para la educación, la senadora ultraconservadora defendió a las empresas más poderosas de Chile, diciendo que una mejor alternativa sería endeudarse en el extranjero, en lugar del aumento de impuestos. El gobierno también reclama a los estudiantes opositores el no reconocer los avances de la educación superior en términos de cobertura, 443

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expansión de la oferta curricular. Existen en el país, 61 universidades, 44 institutos profesionales y 119 centros de formación técnica reconocidos, los que en total imparten más de 6,000 programas de estudios. Estas instituciones concentran una matrícula de aproximadamente 600,000 estudiantes, por lo que el acceso a la educación superior ha aumentado significativamente entre los años 1990 y 2006, pasando del 15,6 al 38, 3% (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008, p. 6). Por su parte, la carismática líder de las protestas estudiantiles de 2011, Camila Vallejo, ha señalado que el afán de lucro es lo que desvirtúa el objetivo central de las instituciones de educación superior, que es, además de la docencia, la investigación, la extensión y la innovación, porque lo que les interesa a los sostenedores es mantener y ampliar su margen de ganancia, aumentando las cuotas y reduciendo los costos y ampliando la inscripción sin considerar la pertinencia de las carreras que se ofrecen. El lucro en la educación básica y media es legal, pero en la educación superior está fuera de la ley. Por esa razón, atacar el afán de lucro en la educación es atacar el corazón mismo del sistema en su conjunto, ya que la acumulación de capital, la sed de ganancias, es la esencia misma del sistema capitalista, del modelo neoliberal que tiene en el caso chileno su expresión más acabada en el ámbito latinoamericano. De este modo, a la crisis del modelo educativo se agrega la falta de legitimidad del esquema económico chileno. Las movilizaciones del año 2011 vincularon a los estudiantes con la ciudadanía no solo con los temas de la educación, que siempre constituyeron el centro del problema, sino además con una crítica radical a todo el modelo neoliberal, cristalizada en las consignas “No al lucro” y “No más lucro” (Mayol, 2013). Por esa razón, dice Camila Vallejo, “para la derecha ceder en el tema del lucro en educación es ceder en todas las demás áreas, como la salud, la previsión, el ámbito laboral, en los servicios básicos y en el área productiva. Porque es un problema político el tema del lucro, es porque se trata de las ganancias de los particulares” (Videos cep, 2011). Con esta visión integral irrumpe el movimiento estudiantil de 2011 en el escenario chileno. Es la expresión masiva del malestar social acumulado durante décadas, y ese malestar se asocia no solo a los rasgos económicos del modelo que ocasiona mayor desigualdad, endeudamiento y desprotección de los estudiantes, sino también a los significados políticos y culturales de todo el sistema impuesto por el ejército en 1973. La protesta estudiantil vino a demostrar la falencia del sistema político,

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porque el problema educativo no es un tema económico o de falta de recursos, sino un problema de la democracia chilena. Los estudiantes se presentaron ante una sociedad callada y temerosa, acostumbrada a someterse ante las decisiones de otros y a no levantar la voz ante la injusticia y la desigualdad. Por eso se puede afirmar que uno de los principales resultados del movimiento estudiantil es que generó un salto cualitativo en la subjetividad de la sociedad chilena, un proceso de toma de conciencia a través del debate público y la confrontación sobre la base de argumentos bien fundamentados y estructurados. A partir de ello, se pueden esperar trasformaciones futuras que desarrollen la potencialidad de cambio en la sociedad chilena. 2. La generación que perdió el miedo Los estudiantes movilizados en 2011 han sido llamados los “hijos de la democracia”, “los indignados chilenos”, la “generación que perdió el miedo”, porque no tienen temor para protestar y luchar por la dignificación de la política y por un país más igualitario e incluyente. Es una generación que no tiene el trauma de la represión de la dictadura militar, síndrome que caracteriza todavía a la mayoría de los adultos, que sufrieron directamente la persecución y los asesinatos del régimen de facto o fueron testigos de ellos. Las movilizaciones y los debates estudiantiles en pro de una educación pública, gratuita y de calidad, estuvieron encabezadas por líderes de la izquierda chilena, entre los que sobresale la emblemática dirigente Camila Vallejo Dowling, joven, inteligente y guapa, que egresó de la carrera de geografía y dirigió la Federación de Estudiantes de Chile (fech) entre 2010 y 2011. Muy apreciada por la opinión pública no solo del país sino también del medio internacional, se le reconoce a Camila Vallejo su carisma y su habilidad para discutir y polemizar, porque es directa, pausada y clara en sus ideas. Es muy tolerante pero firme en sus argumentos, y comprometida con los principios ideológicos de una izquierda moderna, ya que es una de las principales dirigentes de las Juventudes del Partido Comunista Chileno, organización donde militan sus padres, que también son universitarios (Vallejo, 2013). Junto con otros líderes de las universidades públicas y de algunas privadas, que siempre actuaron como bloque unificado, democrático y autónomo de los partidos y del oficialismo, Camila Vallejo y Francisco 445

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Figueroa, presidenta y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (fech), estructuraron las demandas para enfrentar el constante aumento del costo de las matrículas y las cuotas, por lo que plantearon el aumento del presupuesto estatal al sector educativo, a la vez que exigieron la democratización de la estructura universitaria en el marco de un cuestionamiento al modelo de universidad-empresa, a la mercantilización de la educación y al afán de lucro. El pliego petitorio del movimiento estudiantil está contenido en el documento titulado: “Principios para una reforma a la educación superior”, que fue elaborado en abril de 2011. Los estudiantes se plantean como objetivo principal: Construir un proyecto de educación garantizado constitucionalmente como un derecho social universal en todos sus niveles, fundado en un sistema de educación pública, democrática, pluralista, gratuita y de calidad, orientado a la producción de conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y a la satisfacción de las necesidades de Chile y de sus pueblos (Info Derecho Universidad de Chile, 2011).

Para lograrlo, se programó un calendario de movilizaciones y paros que tenían como objetivos inmediatos: Frenar la reforma privatizadora del gobierno en materia educativa y posicionar las demandas transversales: educación gratuita, fin al lucro, democratización, fin al endeudamiento y al autofinanciamiento y acceso equitativo al servicio educativo (Historia de la confec, 2011). Las manifestaciones callejeras comenzaron con una primera marcha que se realizó en Santiago el 12 de mayo, y que fue convocada a través de dos videos que se difundieron ampliamente por las redes sociales. Según los organizadores, esta primera manifestación sumó 20,000 participantes y otros 50,000 en varias regiones del país. El 16 de junio una nueva marcha en Santiago convocó a más de 100,000 estudiantes y profesores, tanto de escuelas secundarias como de instituciones de educación superior. En las regiones del país, otros miles de estudiantes marchan también por las calles. La marcha del 30 de junio fue la más numerosa, pues participaron 200,000 manifestantes. Paralelamente, el movimiento se replicaba en las principales capitales de las regiones y provincias, al punto que se estima que en la manifestación del 30 de junio, en todo el país, se movilizaron unas 400,000 personas. Durante el mes de junio se sumaron a las protestas los estudiantes de secundaria, de establecimientos privados y maestros del Colegio de Profesores (sindicato), quienes también levantaron 446

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demandas propias. En esa oportunidad, familias completas se sumaron al acto. Hubo música en vivo, obras de teatro, malabaristas y carros alegóricos que caracterizaron una jornada llena de alegría y optimismo. La mayoría de las universidades estaban en huelga y la demanda de educación gratuita se posicionaba con fuerza en la opinión pública, gracias a la originalidad de unas manifestaciones antes no vistas que causaron simpatía en la sociedad (Historia de la confec, 2011). Fueron movilizaciones históricas, ya que en los últimos veinte años ninguna había sido tan grande por su masividad. En esta ocasión se involucraron todos los actores de la comunidad académica de las universidades; es decir: estudiantes, académicos, funcionarios y rectores de las universidades públicas. También participaron decididamente los estudiantes de secundaria y el sindicato de profesores. El movimiento logró incorporar a las familias de los estudiantes y a la ciudadanía en general, incluso generando frentes sociales más amplios de apoyo en los sectores laborales y en las organizaciones no gubernamentales. El movimiento de 2011 sobresale por su creatividad y alegría a la hora de protestar. Cada semana los estudiantes estuvieron ensayando nuevas formas de expresión a través de besatones, bailes, música, malabaristas, corridas, carnavales, obras de teatro, etc. Además de las masivas, pacíficas y festivas marchas, la innovación fue un factor clave en el apoyo que generó el movimiento en la sociedad, llegando a tener, según los sondeos que se realizaban por los medios de información, más del 80% de aprobación ciudadana a sus demandas. Atrajo mucho la atención de los medios la representación de tres mil alumnos de secundaria, que vestidos de zombis bailaron Thriller, de Michael Jackson, frente al palacio de La Moneda, para lanzar el mensaje: la educación pública chilena es un “muerto viviente”. También el público se impresionó cuando el exministro de Educación, Joaquín Lavín, decretó el adelanto de las vacaciones para romper el paro y las ocupaciones de los centros educativos. “Los estudiantes se burlaron y llegaron con sus bronceadores, trajes de baño, lentes de sol, sombrillas y toallas de playa a apostarse en las calles y parques que se transformaron en las playas artificiales de la protesta” (Bravo Vargas, 2011). A pesar de eso, los medios tradicionales y oficiales no dejaron de destacar la violencia y los desmanes como el factor central del movimiento. Frecuentemente ciertos periodistas sobredimensionaban hechos aislados que protagonizaban grupos radicales al enfrentarse con la policía, dejando de lado las justas demandas por la educación gratuita, laica y de 447

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calidad, así como por la democratización del país, incluida una nueva constitución política. Es importante resaltar que, a medida que el movimiento estudiantil fue ampliando su influencia en la opinión pública chilena e internacional, se empezaron a levantar demandas no estrictamente educativas, pero que forman parte integral de la solución de fondo. Entre esas exigencias se destacan: a) la reforma tributaria progresiva como solución al problema del financiamiento de la educación, en el entendido de que la educación es una inversión social; b) la reforma constitucional para democratizar el país, otorgándole un nuevo papel al Estado para lograr una mayor igualdad, mejor distribución de la riqueza y del poder político, y c) la renacionalización de los recursos naturales, especialmente del cobre, para evitar el saqueo de los recursos nacionales y tener recursos fiscales para financiar el desarrollo. En respuesta a las presiones de los estudiantes y de amplios sectores de la sociedad chilena, el gobierno de Sebastián Piñera anunció el 7 de julio el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (gane), que se puede sintetizar en los siguientes trece puntos: 1) un fondo para la educación por 4,000,000,000 de dólares, 2) baja en el costo del crédito con aval del Estado, a tasas de interés del orden del 4%, para quedar en el 2%, 3) reemplazo del crédito con aval del Estado, 4) acceso a becas para los alumnos pertenecientes al 40% más pobre que tengan buen desempeño, 5) perfeccionamiento de la Ley del Fondo de Crédito Solidario y reprogramación de los créditos morosos, 6) mejoramiento del sistema de admisión, 7) un sistema de acreditación de carreras más exigente y riguroso, 8) un sistema de información completo, oportuno y veraz, 9) creación de la Subsecretaría de Educación Superior, 10) creación de la Superintendencia de Educación Superior para mayor fiscalización y transparencia, 11) un nuevo trato a las universidades estatales, 12) nueva institucionalidad para el sistema universitario, y 13) creación de tres fondos concursables para alcanzar metas de interés nacional y regional (Gobierno de Chile, 2011). El mensaje político del presidente Piñera fue interpretado no como un gran acuerdo nacional, sino como una respuesta parcial a las demandas estudiantiles, y como un intento de debilitar al movimiento, al no tomar en cuenta a las agrupaciones estudiantiles organizadoras de las movilizaciones y paros. Y el mismo día del anuncio del gane, en vez de acatar la consigna del presidente que exigió el fin de las huelgas y el inicio del diálogo, numerosos grupos estudiantiles salieron a las calles y ocuparon las plazas públicas para rechazar el ofrecimiento oficial. 448

El movimiento estudiantil de 2011 y la crisis del modelo educativo chileno

Días antes del anuncio del gane, a los líderes estudiantiles les había irritado la táctica seguida por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, de minimizar la dimensión de las movilizaciones: “Los que marcharon no representan a todos los estudiantes, sino a los que estudian en las universidades tradicionales, que no son más del 30% de los universitarios y que reciben los mayores recursos del Estado”, discurso que fue reforzado por varios editoriales de prensa en el sentido de que el movimiento estudiantil no representaba a la mayoría ciudadana y se habría sobreideologizado y abandonado las reivindicaciones educativas. Era claro, pues, que el gobierno marginaba de cualquier negociación a los demandantes y sus exigencias de soluciones de fondo. Las movilizaciones no lograron sus objetivos centrales, pero duraron hasta noviembre de 2011, cuando los estudiantes decidieron replegarse para no poner en riesgo el año escolar, para no perder las becas que el gobierno amenazaba con suspender y para no provocar el colapso de las universidades. El gobierno también amenazó con darle curso al proyecto de la “Ley Hinzpeter” que criminalizaba al movimiento, lo que constituye una violación a los derechos humanos. Lo cierto también es que el movimiento estudiantil no solo se limitó al ámbito educativo sino también “significó una crítica demoledora de la institucionalidad y de las prácticas políticas del Chile posdictatorial” (Grez Toso, 2012). Una de las principales demandas de los jóvenes que salieron a las calles hasta noviembre de 2011 era terminar con el lucro de la educación, porque este sistema “generó un sistema de mafias que se adueñaron del sistema educativo”. Integrante de esa mafia era el propio ministro de Educación, Joaquín Lavín, copropietario de la Universidad del Desarrollo, miembro supernumerario del Opus Dei y destacado chicago boy en la época pinochetista. Al hacerse pública la denuncia de que el excandidato presidencial, que estuvo a punto de ganar, Joaquín Lavín, tenía intereses creados y violaba la ley, ya que era a la vez accionista de una universidad privada con fines de lucro y dueño de la inmobiliaria que le rentaba el edificio a esa universidad, no tuvo más remedio que renunciar a su encargo el 17 de julio de 2011. En plena crisis política provocada por el movimiento estudiantil, que estuvo exigiendo la renuncia de Lavín, el gobierno designó como nuevo ministro a Felipe Bulnes, extitular de Justicia, que solo duró en el puesto hasta diciembre, y que a decir de los líderes de la confech, “fue puesto para quebrar el movimiento estudiantil, pero fracasó” (Villamil, 2012). 449

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Para el año 2012 el gobierno chileno no esperaba grandes movilizaciones porque según el actual ministro de Educación, Harald Beyer, “hay una agenda educacional sobre la mesa y varios proyectos en carpeta, por lo que no veo razones de peso para iniciar una nueva movilización masiva como en 2011”. En este contexto, el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2012, Gabriel Boric, ha observado que el diagnóstico de las deficiencias del sistema ya pasó, y que lo que ahora corresponde es pasar a la fase de las propuestas. En las elecciones internas de la fech, Gabriel Boric, postulado por la agrupación Creando Izquierda, obtuvo 4,073 votos (30.52%) mientras que Camila Vallejo fue la candidata de Izquierda Estudiantil, pero no logró reelegirse, al lograr 3,864 votos (29.30%). Sin embargo, Camila Vallejo sigue siendo una de las cabezas más visibles entre 35 dirigentes de 25 universidades que movilizaron a centenares de miles de estudiantes en 2011 (Berreno, 2011). Camila Vallejo, que se desempeñó en 2012 como vicepresidenta de la fech, ha declarado que el movimiento que ella lideró fue a la baja no solo por el desgaste y los ofrecimientos del gobierno de Sebastián Piñera, sino por el cambio de prioridades de la dirigencia de la fech: “uno no puede culpar a los estudiantes, nadie podía esperar que se mantuvieran las convocatorias del 2011, sino que también tiene que ver con la falta de voluntad política de poder congregar a las organizaciones sociales”. Para la líder estudiantil lo que ahora se requiere es “diversificar en el discurso, generar más consenso entre las distintas visiones dentro del movimiento por la educación, y no privilegiar a una organización por sobre otra, porque eso hace al discurso menos representativo”. En 2013, Camila Vallejo se postuló como candidata a diputado por el Partido Comunista Chileno, que se alió a la campaña de Michelle Bachelet, quien aspira a un segundo período presidencial. Ahora la indiscutible líder de las protestas de 2011 ha tenido que hacer a un lado las críticas que lanzó a Michelle Bachelet cuando fue presidenta del país, en el sentido de que ella y los demás gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia no tuvieron “el coraje para tomar las riendas y hacer modificaciones profundas al sistema educativo” (Ingrassia, 2011). Por otro lado, la proyección internacional del movimiento chileno y su liderazgo no tiene precedentes, porque los medios de información y las redes sociales se encargaron de mantener la atención pública mundial y coincidió con otros muchos movimientos sociales que se sucedieron en varios países de Europa, Medio Oriente y América Latina. Los re450

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presentantes estudiantiles fueron recibidos con muestras de entusiasmo en varias universidades prestigiosas, donde recibieron reconocimientos e impartieron conferencias para explicar el contenido de sus demandas y trasmitir sus experiencias a otros estudiantes que seguían el desarrollo de la lucha estudiantil. En México, por ejemplo, a mediados de junio de 2012 y al calor de las campañas presidenciales, los organizadores del movimiento “yo soy 132”, de la Universidad Autónoma Metropolitana, invitaron a Camila Vallejo y a otros líderes estudiantiles chilenos a exponer sus experiencias en el movimiento. Pero mientras que en los medios de comunicación tuvieron una buena cobertura, no faltaron los comentarios de algunos analistas mojigatos en el sentido de que “ya vienen los comunistas chilenos a asesorar a los estudiantes mexicanos”. El caso es que la delegación chilena brindó abundantes conferencias de prensa, en las que siempre tuvieron que aclarar que no venían a México a intervenir en el proceso electoral ni en las decisiones políticas del movimiento estudiantil mexicano. En la Universidad Autónoma Metropolitana, la líder chilena causó expectativa al declarar que “no basta con que simplemente la juventud se movilice, se debe transformar en un movimiento social amplio que integre a diferentes sectores de cualquier sociedad…, la juventud en el mundo debe encabezar los movimientos de transformación social” (Montalvo, 2012). Incluso, en noviembre de 2012, la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Camila Vallejo y Noam Titelman, respectivamente, fueron invitados a Estados Unidos para recibir el premio Letelier-Moffitt de derechos humanos, otorgado por el Institute for Policy Studies, en reconocimiento al movimiento estudiantil chileno en su conjunto. Vale resaltar el simbolismo de este premio para quienes luchan por los derechos civiles, porque fue instaurado en homenaje a Orlando Letelier, economista chileno y diplomático durante la presidencia de Salvador Allende, asesinado en Washington con una bomba colocada en su auto por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, que seguían órdenes del gobierno militar de Augusto Pinochet en 1976. Las reivindicaciones estudiantiles tuvieron mucho éxito en la sociedad chilena, al grado de que en varias encuestas nacionales del 71% al 80% de la población apoyaba las demandas, reconocimiento que se extendió al ámbito internacional por la justeza del movimiento y el liderazgo indiscutible de Camila Vallejo, quien, por votación popular entre los lectores en 2011, fue reconocida por el periódico conservador inglés The 451

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Guardian, como “el personaje del año”. Igualmente, la revista americana Time escogió al “manifestante” chileno como el “personaje del año”. Se valora a escala mundial la masividad de las marchas, que en promedio tuvieron 60,000 manifestantes. Asimismo, se aprecian positivamente las demandas y la originalidad de los métodos de lucha, ya que no solo fue un movimiento de indignados, sino también se avanzó hacia propuestas de solución concretas y articuladas, que surgieron del seno de la sociedad chilena con el propósito de lograr reformas profundas en la estructura educativa y en el sistema político. A manera de conclusión: resultados del movimiento Después de meses de movilizaciones y debates, se pueden reconocer importantes resultados del movimiento estudiantil de 2011, ya que se introdujeron mejoras al modelo educativo, como el aumento del presupuesto, las becas nuevas y la baja de las tasas de interés de los créditos, a pesar de que lo que se buscaba era una reforma estructural de la política educativa. En efecto, no se logró el objetivo central, que era cambiar el modelo educativo a través de un nuevo esquema de financiamiento, una regulación completa a los establecimientos privados y un fortalecimiento de la educación pública a través de la democratización del papel del Estado. Pero, visto desde el exterior, es evidente que los estudiantes alcanzaron importantes logros relativos: habrá proyectos de ley que regulen el lucro, un nuevo estatuto para las universidades, propuestas para incrementar el aporte del Estado a las universidades públicas, una redefinición del crédito fiscal para los estudiantes de escasos recursos, etc. El asunto de fondo, sin embargo, es que la mayor parte de estas medidas no modifican estructuralmente el sistema educativo nacional, sino solo atienden aspectos parciales, algunos de urgente resolución, que estaban causando una verdadera crisis social. Uno de los beneficios para un sector del movimiento fue disminuir del 6% al 2% la tasa de interés que pagaban más de 300,000 estudiantes, principalmente de las universidades privadas, que deben pagar ahora unos 5,000 dólares anuales, mientras que por los intereses acumulados del crédito bancario, otorgado con el aval del Estado a cada estudiante, antes acababan por pagar 8,000 dólares anuales (Villamil, 2012).

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El movimiento estudiantil de 2011 y la crisis del modelo educativo chileno

Pero quizás el resultado más importante de este movimiento social ha sido evidenciar el enorme peso político y económico del pinochetismo que regresó al poder con Joaquín Piñera, y la subordinación de los políticos de la Concertación a algunos de sus mandatos, como lo demuestra la misma perpetuación de la política educativa y del modelo económico impuesto por la dictadura. Otro tanto puede decirse de la toma de conciencia, por parte de la sociedad, de la enorme pérdida económica que han implicado las políticas privatizadoras diseñadas por la dictadura, mantenidas por los gobiernos de la Concertación y continuadas por el gobierno actual. Hoy, ante los argumentos oficiales sobre la falta de recursos públicos para financiar la educación, han vuelto a cobrar vigencia las demandas de renacionalizar los bienes de ese país, o cuando menos de incrementar los impuestos a las grandes empresas, especialmente a las grandes compañías mineras en manos de extranjeros, que tienen abultadas ganancias y saquean los recursos nacionales. La propuesta de una reforma fiscal progresiva que afecte a las corporaciones transnacionales del cobre convence a influyentes actores sociales, pero todavía no cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas dominantes. También los estudiantes tienen como avance el haber experimentado nuevas formas de hacer política. Sus expresiones más visibles son los colectivos para tomar decisiones desde abajo, la práctica de la asamblea democrática en un ambiente de tolerancia y la elaboración conjunta de propuestas. Por eso se puede afirmar que uno de los resultados importante del movimiento es el aprendizaje de la democracia directa y participativa, que se ejerce cotidianamente en las tomas de las universidades y liceos, en las asambleas que se multiplicaron y en los cientos de agrupaciones que se formaron. Este aprendizaje y la formación política de los jóvenes podrían estar realizando una transformación cultural y social a largo plazo, y aportando una generación de nuevos ciudadanos preocupados por la transformación de la sociedad. Incluso, el movimiento estudiantil se ha visto obligado a hacer política con creatividad y a innovar en sus formas de lucha y de expresión pública, lo que le ha valido la simpatía de la opinión pública y el apoyo mayoritario de la sociedad, que experimentó un salto cualitativo en la subjetividad, un proceso de toma de conciencia a través del debate público y la confrontación con el sector conservador. A partir de ello, podrían esperarse cambios profundos en la nación chilena.

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En ese sentido, los líderes del ala radical interpretan el movimiento estudiantil en el contexto más amplio de una posible revolución política, hacia una transformación del sistema mediante una nueva constitución y la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que no es casualidad que varios de los líderes estudiantiles se hayan postulado como candidatos de representación popular por el Partido Comunista. Incluso hay quienes piensan que Camila Vallejo puede capitalizar su popularidad y llegar a ser diputada y posteriormente candidata a presidente de la República de Chile. La viabilidad de la transformación del movimiento social en movimiento político es posible sobre todo considerando que hay universidades donde influyen líderes del Partido Comunista, de los partidos de la Concertación, del Partido Socialista, radicales y demócrata cristianos. Opera en las instituciones educativas una amplia gama de grupos independientes y de colectivos de izquierda relativamente nuevos, que convergen en puntos fundamentales de la reforma al modelo educativo y del cambio de sistema económico y político. Finalmente, lo que el movimiento estudiantil de 2011 evidenció es la crisis terminal del “modelo chileno” político y económico, que se ha visto sacudido desde sus cimientos por esta protesta social de carácter antineoliberal. Ahora aparecen con fuerza las demandas de transformación estructural, que tienen que ver con la construcción de un sistema político democrático y el fin del sistema binominal que permite la sobre-representación de la clase política. La lucha actual se traduce en la demanda del cambio de la constitución que dejó en herencia Pinochet, a través de una asamblea constituyente que instaure los derechos sociales, y que estos sean financiados a través de una profunda reforma tributaria y la nacionalización de los recursos naturales. Con ese horizonte se perfila una verdadera revolución política a la que aspiran las fuerzas sociales progresistas de Chile. Bibliografía Atria, Fernando (2013), La mala educación. Ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile, Santiago, Catalonia. Berreno, Jorge (2011), “Camila Vallejo, la joven revolucionaria de la primavera chilena”, Elmundo.es, 24 de septiembre. Disponible en: www.elmundo.es/ america/2011/09/24/noticias/1316895764.html. 454

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Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina, 2011-2012

Pablo Pineda Ortega Introducción Sin ninguna duda, las bases para alcanzar un crecimiento sostenido en economías con sustanciales rezagos, como son las latinoamericanas, pasan por el fortalecimiento de su sistema educativo porque la actual es, y lo será cada vez más en los años por venir, una economía global sustentada en el conocimiento. Más en general, la educación de un pueblo tiene señalados efectos en el desarrollo social, reflejado este en un concepto más amplio de ciudadanía y en mayor participación y equidad social, así como en el incremento de la competitividad que permite elevar el bienestar y el progreso económico (cepal, 2007, p. 157). En ese sentido, las acciones en el sector educativo emprendidas por los gobiernos nacionales en Latinoamérica se vuelven claves para perfilar el avance de sus países en el futuro mediato, pues es claro que estas acciones no tienen efectos visibles a corto plazo. Lo cierto es que existe ya una generalizada conciencia sobre las bondades de una acción consistente y sostenida en este sector en la región, y ello ha significado que en prácticamente todas las naciones latinoamericanas fluyan recursos crecientes a dicho sector, mayormente gubernamentales, pero también en cantidades importantes por parte de la iniciativa privada. 457

Pablo Pineda Ortega

Sin embargo, lo anterior no ha significado que se atiendan a plenitud las enormes demandas educativas, y, si bien se ha avanzado de forma importante en la ampliación de la cobertura para la educación básica, su calidad misma muestra serias limitaciones, en tanto que en educación superior los rezagos son sustanciales en prácticamente toda la región. De manera particular, en este ensayo se analizan dos rasgos sobresalientes de este nivel educativo en el momento actual en México que contribuyen a entender sus insuficiencias: en primer lugar, su señalado sesgo regresivo y una importante faceta que lo explica: el marco institucional de sus instituciones; en segundo lugar, el rezago que dichas instituciones presentan en materia de cooperación internacional, lo que a la postre dificulta los esfuerzos de integración regional en curso. En ese orden de ideas, en el ensayo se analiza el estado que guarda la educación superior en México en el momento actual sobre la base de estos aspectos, y para ello en el siguiente apartado se discute la estrecha relación que existe entre educación, progreso económico y bienestar social, en tanto que en el siguiente se analiza cómo la educación superior en el país tiene un sensible componente regresivo; en la cuarta parte se explora una de las razones más importantes que explican esta circunstancia, que se refleja también en su relativa incapacidad para internacionalizarse. Por último, en las conclusiones se destacan los hallazgos de mayor relevancia de este estudio. 1. Educación, desarrollo económico y bienestar social El desarrollo económico de un país va de la mano de su sistema educativo, y quizá el mejor ejemplo de esto para naciones que, como la mexicana, eran consideradas subdesarrolladas en los primeros lustros de la segunda mitad del siglo pasado, lo sea Corea del Sur, pues el fortalecimiento del sistema educativo de ese país a mediano plazo contribuyó de manera importante a convertirlo hoy día en una verdadera potencia económica, al grado que su ingreso nacional bruto per capita hoy asciende a 28,231 dólares anuales, 2.2 veces el de nuestro país. En este orden de ideas, nótese cómo el país asiático alcanzó el segundo mejor puntaje en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (pisa) en 2009, solo por debajo de Shanghái-China, en tanto México queda en un remoto lugar 48, por debajo de la otra nación latinoamericana que aparece entre los primeros cincuenta países, Chile, que ocupa el lugar 44 (México ocupa). 458

Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina, 2011-2012

Ahora bien, concebida la educación no solo como una condición para un desarrollo económico sostenido, sino también como un importante componente del bienestar social, nótese que los dos países considerados ocupan, a tono con el pisa, lugares también distantes en el Índice de Desarrollo Humano, idh, con Corea en el duodécimo lugar, y México en el sexagésimo primero; lo anterior permite suponer que, en efecto, el bienestar humano va de la mano con el desempeño del sistema educativo, al tiempo que se ve favorecido por él (idh 2013, p. 145).1 Como es bien sabido, la prueba pisa se realiza solo a estudiantes de quince años, y en consecuencia la información derivada de ella debe complementarse con otros datos de relevancia para entender mejor cómo la educación se correlaciona con el desarrollo económico y el bienestar social. Nótese en el siguiente cuadro cómo dos importantes expresiones del avance en el sistema educativo también se asocian de manera directa a estos factores en tres grupos seleccionados de países: el mundo desarrollado (países con desarrollo humano muy alto), la región latinoamericana, y los países más pobres (países con desarrollo humano bajo). Cuadro 1 Escolaridad, desarrollo humano e ingreso per capita, países seleccionados País Noruega Australia EU Chile México Perú Congo Kenia Bangladés

Años promedio Años esperados de escolaridad de escolaridad 12.6 17.5 12.0 19.6 13.3 16.8 9.7 14.7 8.5 13.7 8.7 13.2 5.9 10.1 7.0 11.1 4.8 8.1

idh

0.955 0.938 0.937 0.819 0.775 0.741 0.534 0.519 0.515

inb

per capita

48,688 34,340 43,480 14,987 12,947 9,306 2,934 1,541 1,785

Fuente: idh, 2013, p. 146.

1.

Podría decirse que se trata aquí de un argumento circular pues uno de los componentes del idh lo es justamente el educativo, pero nótese que él es solo uno de ellos y asume una ponderación menor.

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Una vez más observamos que la educación se vincula de manera estrecha con ambos, el desarrollo humano y el nivel de ingreso, por lo que, sin duda, el sistema educativo de un país desempeña una función clave para la mejoría sostenida de su bienestar; lo es no solo porque una mayor cualificación académica promedio contribuye de manera importante a elevar la competitividad y el posicionamiento económico de un país (reflejado en el inb per capita), sino también porque abona en favor de su bienestar (medido por el idh). Estas verdades evidentes, sin embargo, no resuelven dilemas más específicos sobre temas controversiales y mucho más cercanos a la vida cotidiana de educandos y educadores. Nótese así que, habida cuenta de que los recursos para la educación siempre serán insuficientes, no queda claro en qué momento de la vida demográfica y del desarrollo económico de un país sea prioritario, por ejemplo, privilegiar la educación básica sobre la superior, o la tecnológica sobre la humanista, ni tampoco es fácil decidir, por ejemplo, entre la asignación prioritaria de recursos a la salud o a la atención de los grupos vulnerables, por sobre la destinada a la educación. No obstante lo anterior, con frecuencia sí es fácil saber “por quién doblan las campanas”; esto es, a favor de quién o qué sectores se asignan los recursos públicos para la educación, y cómo desde la perspectiva de la equidad tales asignaciones puedan tener un componente regresivo, y desde la perspectiva de la eficiencia puedan tener un grado variable de desperdicio. 2. La educación pública como instrumento de equidad social: avances sí, pero no en educación superior Uno de los indicadores más representativos del estado que guarda la educación en un país lo es su nivel de alfabetización; en el caso de México, este indicador no muestra un desempeño muy distinto al de otras naciones con desarrollo similar en Latinoamérica, donde solo Chile ha logrado avances sobresalientes; mientras la tasa de alfabetización en nuestro país es de 93, los valores de países seleccionados son los siguientes: Brasil, 90; Chile, 99; Colombia, 93 y Costa Rica, 96 (bm, Indicadores). Ahora bien, la naturaleza federal del régimen político mexicano, pero sobre todo su señalado desigual desarrollo regional, vuelve relevante analizar el comportamiento diferenciado de sus regiones. En ese orden de ideas, en el siguiente cuadro aparecen datos de relevancia en 460

Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina, 2011-2012

entidades federativas seleccionadas, las primeras las de mejor desempeño socioeconómico, así como Guerrero e Hidalgo, que se encuentran entre las entidades de mayores rezagos en el país. Nótese en primer lugar que el promedio de escolaridad ha mejorado en los últimos seis años, si bien de manera muy modesta, y visto en la perspectiva internacional (cuadro 1) México no pareciera estar mal posicionado, si bien se ha insistido mucho que en el nivel de educación básica, más que la cobertura, el problema mayor lo es su calidad. Se destaca asimismo que la dispersión de los valores que presentan las entidades citadas no es significativa, lo que muestra que el esfuerzo de los últimos lustros en la ampliación educativa —otra vez, al menos en educación básica— ha rendido frutos. Estos logros, sin embargo, no han abatido de manera importante el analfabetismo y, aunque en las entidades mayormente urbanizadas y con más elevado idh este tiene valores relativamente bajos, como en el Distrito Federal, en las entidades con fuerte dispersión demográfica e importante presencia indígena, como lo es Guerrero, los avances son poco alentadores. Cuadro 2 Promedio de escolaridad e índice de analfabetismo. Estados seleccionados Entidades DF Jalisco México Guerrero Hidalgo

Promedio de escolaridad (grados) 2007 2012* 10.9 11.6 8.8 9.6 9.1 10.0 7.3 8.3 7.8 8.9

Índice de analfabetismo (%) 2007 2012* 2.3 1.8 5.0 3.7 4.8 3.9 18.7 15.7 11.9 9.3

*El año 2012 es estimado. Fuente: Anexo estadístico del eje social del vi Informe de Gobierno, Felipe Calderón, p. 45.

Ahora bien, vista en su conjunto la cobertura en los tres niveles genéricos de educación, así como su desempeño diferenciado entre entidades (cuadro 3), se aprecia que nacionalmente se ha avanzado en la educación básica en los años recientes, e inclusive ya se alcanza la cobertura universal de este importante derecho social.

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Cuadro 3 Cobertura por grupos de edad y entidad federativa (ciclos escolares)2 Entidades

Básica (4-15 años)

Nacional DF Jalisco México Guerrero Hidalgo

2007-8 94.7 104.9 96.4 96.1 101.6 100.8

2012-13* 101.5 113.9 105.1 101.1 114.2 108.9

Media superior (16-18 años) 2007-8 2012-13* 55.2 65.1 95.4 108.4 54.1 68.6 54.9 64.6 49.4 62.6 63.2 75.9

Superior (19-23 años) 2007-8 26.7 50.2 26.3 19.4 19.5 24.5

2012-13* 34.6 75.2 33.5 26.7 23.3 33.8

*El ciclo 2012-13 es estimado; el dato de la educación básica se deriva de la información proporcionada en cuadro de p. 47. Fuente: Anexo estadístico del eje social del vi informe de Gobierno, Felipe Calderón, p 46-7.

En lo que respecta a la educación media superior, sin embargo, se observa un rezago importante, en tanto que, de cada diez jóvenes en edad de cursar este nivel de estudios, menos de siete disponen de un lugar en el sistema educativo, y solo el Distrito Federal cuenta con una cobertura total. El caso más preocupante lo representa sin duda el nivel de la educación superior, donde, de cada diez jóvenes en edad de estudiar en el país, menos de cuatro tienen la oportunidad de hacerlo; si bien la cobertura aumentó de manera no trivial en el pasado sexenio, al elevarse de 26.7% a 34.6, el reto sigue siendo muy importante y nada indica que se pueda atender a corto plazo. Como se sabe, aunque la cobertura que alcanza el Distrito Federal es muy superior a la de las demás entidades, su caso se cuece aparte, porque el presupuesto de sus dos más grandes instituciones de educación superior proviene íntegro del gobierno federal. ¿Es el caso mexicano distinto al de otras naciones latinoamericanas con desarrollo similar?, sí, sin duda, y, a diferencia del comparativo anterior en materia de alfabetización, en este otro indicador México sí muestra un rezago mayor, pues Chile tiene una inscripción escolar del 66% de su población

2.

“Este indicador sustituye al de atención a la demanda. Los porcentajes de atención mayores a 100 se presentan, generalmente, debido a que el indicador se construye a partir de dos fuentes de información diferentes: los registros de la matrícula escolar y las estimaciones del número de niños y niñas en edad escolar” Anexo estadístico, p. 47.

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Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina, 2011-2012

en este rango de edad, en tanto que Colombia y Costa Rica lo tienen del 43%, por citar solo unos casos (bm, Indicadores). Ahora bien, si los rezagos en la cobertura de los niveles medio superior y superior son, como se aprecia en el cuadro 3, muy inquietantes, las proyecciones de crecimiento de la población en estos dos rangos de edad indican que el incremento de la demanda continuará. Nótese así en la gráfica 1 cómo, en efecto, aunque decreciente, la tasa de crecimiento de tales rangos continúa positiva y lo será hasta 2018, en tanto ambos, el rango de 0-4 años y el de 5-14 años, ya vienen mostrando tasas negativas; aunque sin duda es deseable, no será fácil la reasignación de recursos humanos y materiales de todo el sector educativo al nuevo entorno. Gráfica 1 Proyecciones de población en edad escolar (variación porcentual)

Fuente: pnud, 2011, p. 111.

En la gráfica 1 se aprecia que el más inquietante reto en materia educativa existe en los niveles medio superior y superior, pues es en ese rango de edades donde la evolución de la pirámide poblacional del país prevé mayor demanda educativa. Aunque el llamada bono demográfico permite suponer que las oportunidades de crecimiento sean mayores, esto está en buena medida sujeto a que se pueda atender tal demanda en dicho rango, lo cual, desde luego, atraviesa por la capacidad del país para canalizar crecientes recursos públicos a ese propósito. Lo cierto es que el esfuerzo no es menor, y de ello da cuenta el hecho de que el gasto público en educación en México sea de los más altos de la ocde, y así en 2007 tal gasto representó el 23.5% del gasto público total, que se compara favorablemente, por ejemplo, con Alemania (10%), Es463

Pablo Pineda Ortega

tados Unidos (14%) o Francia (poco más del 10%) (pnud, 2011, p. 113). Este bonancible escenario, sin embargo, se matiza mucho al considerar la raquítica capacidad recaudatoria del Estado mexicano (los ingresos tributarios vienen fluctuando entre el 9% y 11% del pib -cgpe3), pues, a la postre, si bien los recursos públicos para la educación son sobresalientes, ellos resultan limitados vistos como proporción del producto total: Mientras el gasto total en educación en Francia y Polonia, que también es superior al promedio de los países de la ocde, representó cerca del 50% y el 40% de su pib, respectivamente, en México esta proporción apenas se acercó al 25% (pnud, 2011, p. 112). No obstante lo anterior, el esfuerzo persistente del Estado mexicano en educación ha significado que se amplíe la cobertura escolar (cuadro 3) y, visto desde una perspectiva amplia, este ha tenido un claro carácter progresivo en el sentido de que en el periodo que va de 1992 a 2006 se ha incrementado la participación del gasto educativo destinado a los deciles más pobres; a juicio del pnud (2011, p. 119), en efecto, mientras que en 1992 el 20% más pobre de la población recibía el 15.6% de dicho gasto y el 20% más rico recibía el 23.8%, para el último año los valores ya eran, respectivamente, 22.4% y 15%, una modificación no despreciable pero aún insuficiente. De hecho, las verdaderas dimensiones de esta insuficiencia se aprecian mejor cuando se analiza la atención educativa recibida por grupos de edad y nivel de ingreso, pues es claro que la población más pobre tiene mucho menos probabilidades de cursar estudios superiores. En ese tenor, véase el escenario que se presenta en la gráfica 2, donde de manera apretada se destacan los siguientes puntos:4 a) En el nivel primario sobresale la elevada cobertura de que se dispone (si bien aquí no aparece el 100% por el año del dato, antes se dijo que en la actualidad ya se tiene la cobertura total). Sobresale, asimismo, que de manera muy significativa esta cobertura es atendida por el Estado en los primeros seis deciles, lo que destaca el carácter progresivo del gasto educativo en este nivel educativo.

3.

4.

La estimación para 2013 es que los ingresos tributarios asciendan a solo el 9.7% del pib, si bien el gasto público total podrá representar alrededor del 23.3% del producto, porque los ingresos petroleros ascenderán al 7.4% del pib y habrá, asimismo, otros ingresos no tributarios importantes (cge, 2012, p. 129). La información del cuadro es de 2006 pero arriba se dijo que los cambios en el pasado inmediato no son tan significativos como para suponer que la estructura actual sea muy distinta.

464

Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina, 2011-2012

b) En el nivel secundario ya se observan insuficiencias en la cobertura, y se destacan dos puntos: no es claro que el nivel de ingresos determine qué decil pueda acceder a este nivel educativo (el nivel económico no parece ser un factor decisivo para estudiar este ciclo), y solo en el decil más rico se aprecia una cobertura importante ofrecida por el sector privado. c) En el nivel medio superior se aprecia con cierta claridad cómo — en promedio— el nivel de ingreso determina si se habrá de cursar este ciclo educativo, y ya en el penúltimo decil se observa que existe una significativa provisión de la cobertura por parte del sector privado, que crece de manera sostenida desde el sexto decil. Lo anterior muestra, en efecto, cuán importante es el desahogo financiero que proporciona al Estado la provisión educativa del sector privado, y que le permite a este ofrecer educación en los dos ciclos previos. d) Es solo en el nivel superior donde, sin ninguna duda, la inequidad del gasto público en educación se vuelve del todo clara, y donde, si acaso en el decil más rico, esta tendencia se modifica mínimamente (se interrumpe el crecimiento del gasto público conforme se sube de decil), lo que se vuelve posible por la fuerte cobertura brindada por el sector privado. De lo anterior se concluye que, no obstante los avances en la cobertura educativa de los últimos lustros, las limitaciones financieras del Estado mexicano para ofrecer educación se aprecian particularmente en el nivel medio superior, pero sobre todo en el superior. Lo anterior se debe a que es ahí donde no solo hay señaladas insuficiencias para atender la demanda generada por los jóvenes que se encuentran en esta edad del ciclo educativo, sino también porque el esquema actual, según se aprecia en la última gráfica, permite que se eduque mayormente la población de más elevados ingresos, sea por servicios proveídos por el propio Estado, sea por las universidades privadas. A partir de lo anterior es claro que el presupuesto público en el nivel superior muestra un sesgo regresivo, pero es necesario señalar que, ya de suyo, atender la demanda educativa en este nivel implica dificultades especiales. En particular, en este nivel los costos por alumno son superiores y, como se dijo, también influye el que sea justamente este rango de edad el único que presente una tasa positiva de crecimiento (gráfica 1). Adicionalmente, es en tal rango donde las familias de escasos recursos se

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Pablo Pineda Ortega

ven obligadas a ingresar a sus jóvenes al mercado laboral, lo que con mucha frecuencia prácticamente les impide la continuación de sus estudios. Gráfica 2 Cobertura del sistema educativo nacional de la población en edad escolar, 2006

Fuente: pnud, 2011, p. 118.

Para paliar en alguna medida esta circunstancia, la política social del país ha instrumentado estrategias de transferencias económicas condicionadas, de las cuales la de mayor relevancia lo es el programa Oportunidades; como se sabe, este concibe un apoyo monetario para un máximo de tres hijos que cursen educación media superior, y que fluctúa, para cada uno, entre 785 y 1,020 pesos mensuales (62 a 80 dólares), amén de apoyos similares para los chicos que cursen ciclos inferiores; el universo de beneficiados de este programa en 2012 abarca 5.3 millones de familias, en tanto que el número de beneficiarios de becas en el nivel medio superior asciende a 851,135 jóvenes (Informe trimestral, 2012, p. 466

Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina, 2011-2012

299). Son acciones de este tipo las que han conducido a señalar que en América Latina, y especialmente para los niveles de educación básica “las desigualdades socioeconómicas de origen están perdiendo progresivamente su gravitación en el tránsito de los niños y jóvenes por el sistema educativo” (cepal, 2007, p. 158). Sin embargo, y como refleja la gráfica, es claro que para el nivel de educación superior estos y otros apoyos han resultado insuficientes, y ello se explica, amén de la exigüidad de los recursos canalizados al sector, por ciertos hechos estilizados de la gestión de las instituciones de educación superior públicas en México, algunos de los cuales no son en modo alguno ajenos a otras experiencias latinoamericanas. 3. ¿Qué razones subyacen a la inequidad de la educación superior en el país y a su incapacidad de fortalecer su cooperación internacional? Ya se dijo que, en promedio, el costo por alumno en educación superior es más elevado que en otros niveles educativos, y, si bien esto es cierto —por la naturaleza misma de este ciclo que no solo demanda profesores mejor calificados sino también mayor equipamiento e infraestructura—, subyacen también otros componentes del costo que tienen que ver con consideraciones de distinta naturaleza. Lo anterior querría decir que, si se logran abatir estos costos no inherentes al proceso educativo, la política de financiación a la educación superior no tendría un tinte tan regresivo como aparece en la gráfica 2; de hecho, no es casual que, si en su conjunto la sumatoria de gasto público y privado a la educación superior aparece muy regresiva, excluyendo el gasto privado la gráfica ya no tiene tanto ese carácter. En breve, los componentes del costo que vuelven tan caro este ciclo educativo, y que en consecuencia lo vuelven sumamente restrictivo —si se abaten los costos per capita el mismo recurso alcanzaría para atender un número de alumnos mucho mayor— se han hecho posibles por el peso político que las instituciones de educación superior (ies) públicas han alcanzado. Esto es así porque, más allá del legítimo interés público que ellas representan, se han constituido en un poder de facto que se explica, entre otras razones, por la captura de sus burocracias por una élite política que las gobierna en lo interior, pero que también ha logrado

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capturar otros espacios de decisión externos, que son los que proveen de recursos crecientes.5 Lo anterior no deja de ser paradójico porque, siendo ellas —o deberían ser— el espacio para el pensamiento libre y la reflexión crítica, y que habría de reflejarse en un mayor desarrollo institucional, algunas de las expresiones más emblemáticas de este desarrollo, tales como la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, tienen una relativamente pobre presencia en ellas. Dicho en otros términos, no obstante su vocacionamiento fundacional, las ies son espacios de poder político de facto que, como tales, encarecen sus servicios al operar un manejo discrecional del presupuesto. La mayor expresión de esta circunstancia —encarecimiento de la educación— deriva tanto de deficiencias en la legislación (explicadas por la referida captura de espacios de decisión: el Congreso federal y los locales), como de distorsiones del marco institucional actual. Dentro de las primeras sobresale particularmente la insuficiente reglamentación para la designación de funcionarios, lo que libera a la élite de cada institución para colocar a sus cuadros y subordinarlos a un proyecto de grupo más que a uno institucional, así como la relativa laxitud con que cuentan para la asignación del presupuesto. De entre las segundas se destaca la tergiversación del espíritu original de la llamada “autonomía universitaria”, que buscaba preservar el pensamiento libre del control político que los órganos del poder pudieran imponer, pero que a la postre ha sido utilizada para calificar como intervencionistas a aquellas voces que demandan mayor transparencia y rendición de cuentas en las ies. Este fenómeno se ubica en esa delgada línea que separa el apego a la legalidad de lo que no lo es, pues en realidad se aprovechan los resquicios que deja una débil e insuficiente legislación que da origen a lo que algunos llaman arbitraje regulatorio. Con todo, el escenario que se tiene, entonces, es una abultada burocracia de insustancial desempeño, manejo discrecional de recursos a tareas que difícilmente pueden ser calificadas como sustantivas, y una vida institucional fustigada por los protagonismos de actores que desbordan sus atribuciones formales. Al final del día, y debido a que estas libertades en el quehacer universitario absorben re-

5.

En este orden de ideas, Gacel retomando a Malo señala: “Las discusiones sobre el papel y funciones de la universidad siguen, en lo general, centradas en discusiones ideológicas y políticas, como la autonomía, su organización, su gobierno o su financiamiento, y no en torno a problemas científicos, académicos o sociales sustantivos” (Gasel, 2007, p. 3).

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Equidad educativa y cooperación internacional en las universidades públicas en México, un referente para América Latina, 2011-2012

cursos valiosos, el costo educativo per capita se dispara y las crecientes transferencias fiscales no logran atender la elevada demanda educativa que, indefectiblemente, sigue aumentando, según se puede apreciar en la gráfica 2. Es necesario agregar, sin embargo, que las debilidades institucionales que permiten esta circunstancia no son privativas de las ies, y nótese que las leyes locales que refieren los cinco campos que pueden ser considerados pilares del gasto público —manejo de la deuda pública, transparencia, registros contables, esquemas de fiscalización, y legislación que regula la distribución de recursos no etiquetados al interior de los estados—, y que es donde las ies han mostrado una mayor discrecionalidad, alcanzan una evaluación muy deficiente. En efecto, el cidac realizó un estudio en el que evalúa las leyes en tales campos y la calificación promedio de las 32 entidades federativas para cada una de ellas es la siguiente (se considera que solo una calificación de 60 o más es aprobatoria): contabilidad: 31, transparencia: 88, coordinación fiscal: 41, fiscalización: 77 y, finalmente, deuda: 47. De este modo, el deficiente marco legal para el ejercicio del gasto público en cada entidad federativa —y que es sobradamente aprovechado por los gobernadores, como ha sido ampliamente documentado en la prensa mexicana— también aporta su granito de arena para facilitar el margen de discrecionalidad con que vienen operando las ies. Esta atmósfera institucional en que operan las ies tiene asimismo efectos no deseados en los esfuerzos más amplios de nuestras naciones en favor de una mayor integración regional, pues dicha atmósfera ha impedido que se avance más rápido en materia de cooperación internacional en nuestras universidades. No se afirma que iniciativas en este campo no existan, y de ello dan cuenta, entre otros, los esfuerzos que la anuies emprende, así como las iniciativas conjuntas entre universidades en lo particular, amén, desde luego, de las incipientes áreas de cooperación internacional que ya existen en un número creciente de ies, sino que, en su conjunto, estas iniciativas tienen una pobre presencia en la vida cotidiana de tales instituciones. En lo sustantivo, esto se explica por la resistencia que aún existe hacia las experiencias del exterior, que tienen su origen en la añeja desconfianza hacia lo extranjero, además de que aún no se logra apreciar la globalización como una oportunidad sino como una amenaza al statu quo (Gacel, 3). En ese orden de ideas, el reto es mayúsculo, y los esfuerzos emprendidos hasta ahora, aunque cada vez mejor focalizados, continúan aún relativamente dispersos. 469

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Conclusiones La educación se ha revelado en el mundo de hoy no solo como el principal motor del crecimiento económico, sino también como el mayor sustento del desarrollo social. Es claro que la educación ya venía cumpliendo esta importante función en las generaciones pasadas, pero la creciente globalización y el acelerado desarrollo tecnológico de nuestros días han acentuado esta pauta, y con ello han obligado a las naciones a reorientar sus esfuerzos en este campo. Para el caso de la región latinoamericana, los avances en este sentido son especialmente sensibles, en materia tanto de alfabetización como de crecimiento sustancial de la cobertura en el nivel educativo básico, aunque en el nivel medio superior, y sobre todo en el superior, los retos son enormes, y solo Chile presenta datos alentadores en él. De manera particular México presenta un pobre desempeño en materia de educación superior y, aunque no se podría generalizar a toda la región latinoamericana, lo cierto es que algunos de los aquí llamados hechos estilizados de la operación del sistema de universidades públicas en México son razonablemente representativos de un número de países latinoamericanos. Este modus operandi se refleja en ese insuficiente alcance de la oferta de educación superior en la región, y que continuará creciendo en el futuro inmediato, según las similares características de la pirámide poblacional de nuestras naciones. En breve, estos hechos refieren el actual esquema institucional de las universidades públicas en el país, según el cual ellas mantienen un elevado margen en el manejo de los escasos recursos fiscales para su operación, lo que ha conducido a que un creciente porcentaje de dichos recursos sean asignados a actividades que no necesariamente atienden la mayor prioridad del sector: el incremento de la cobertura educativa. Esta prioridad es aún más importante, ya se dijo, por la enorme demanda que genera la actual estructura demográfica del país, pero sobre todo porque la desatención educativa actual tiene un fuerte componente regresivo, y sin ninguna duda le compete al Estado revertir, mediante una acción mejor concertada de las ies, pero que no se ha podido alcanzar. Finalmente, este marco institucional en nuestras universidades ha impedido consolidar una visión internacionalista de su quehacer, por lo que han relegado al segundo plano los esfuerzos que en este campo podrían contribuir, aun en mínima medida, a una mejor integración regio-

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nal. No se afirma que no haya esfuerzos en nuestras ies en este campo, sino que ellos no han logrado institucionalizarse plenamente. Bibliografía Banco Mundial (s/f), Indicadores socioeconómicos. Disponible en: http://datos. bancomundial.org/indicador/SE.ADT.LITR.ZS. Calderón, Felipe (s/f), Anexo estadístico del eje social del vi informe de Gobierno, Gobierno de la República. Centro de Investigación para el Desarrollo (2011), Ranking de normatividad estatal de gasto público, ¿por qué gastan así?, México. cepal (2007), Panorama social de América Latina”. cgpe (2013), Criterios generales de política económica. cnn México (2010), “México ocupa el lugar 48 de 65 en la evaluación de conocimiento de la ocde”. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2010/12/07/mexico-en-el-lugar-48-de-65-en-evaluacion-de-conocimientos-internacional. Consultado: 13 de mayo de 2013. Fundación Konrad Adenauer (2012), Índice de desarrollo democrático, 2011 y 2012, México. Gacel, Jocelyne, y Ricardo Ávila (2008), “Universidades latinoamericanas frente al reto de la internacionalización”, Casa del Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Informe sobre desarrollo humano México (2011), Equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados. Sedesol (2012), Programas de subsidios del ramo administrativo 20, Tercer Informe Trimestral 2012, Gobierno de la República, México.

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Dimensión histórica

Francisco Morazán y la desintegración centroamericana

Sergio Guerra Vilaboy Casi todos los países latinoamericanos tienen figuras emblemáticas que simbolizan la epopeya de sus independencias contra el colonialismo, reverenciadas en el imaginario popular de generación en generación, como verdaderos padres de sus respectivas patrias. Basta solo mencionar los nombres de Toussaint Louverture, Miguel Hidalgo, Bernardo O´Higgins, José Artigas, José de San Martín, Simón Bolívar o José Martí, para que los asociemos con los artífices de determinaciones nacionales. En los países de América Central, ese sitio le corresponde en propiedad al general hondureño Francisco Morazán. A diferencia de las otras personalidades latinoamericanas mencionadas, la trascendencia de Morazán y su reconocimiento histórico no se debe a su participación específica en la emancipación de España, sino por su labor posterior, en los años de existencia de la Federación del Centro de América (1823-1840). Imbuido de lo mejor del pensamiento ilustrado, el general hondureño luchó desde muy joven para llevar adelante las tareas pendientes de la emancipación y, al mismo tiempo, impedir la desmembración del gran Estado centroamericano en pequeñas repúblicas. Esos convulsos primeros momentos de vida independiente de América Central estuvieron marcados por lo tempranos apetitos recolonizadores de Inglaterra y Estados Unidos sobre la región y las enconadas luchas entre liberales y conservadores. Las sangrientas confrontaciones intestinas se producían no solo en el ámbito de la federación, sino incluso a escala de sus pequeños estados Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y, en menor medida, Costa Rica—, contexto en el que Morazán se convirtió en el adalid —y luego en mártir— de la unidad centroamericana y en abanderado de transformaciones sociales y políticas que per475

Patricia Guadalupe Sandoval Martínez

mitieran el desarrollo centroamericano, lo que lo enlaza directamente al proceso nacional liberador abierto en 1810. La singular importancia histórica de Morazán se relaciona, a fin de cuentas, con las especificidades de la evolución colonial de América Central. Aquí, el avance de la conquista española no estuvo motivado como en otras partes de Hispanoamérica —sobre todo México y Perú—, por la existencia de fabulosos yacimientos de oro y plata, pues el único aliciente lo constituyó la tierra y la explotación de las numerosas poblaciones indígenas, indispensables para el fomento de enormes haciendas autosuficientes. Para lograrlo, los conquistadores y encomenderos sojuzgaron a la población autóctona y aprovecharon buena parte de su organización social. Pese al despojo e inhumanos sistemas de expoliación implantados por los invasores europeos (repartimientos, encomiendas, mandamientos), muchas comunidades indígenas lograron preservarse en ciertas zonas de Centroamérica, y mantuvieron sus tradiciones y cultura. Así se conservó la sociedad aborigen al lado de la española, más tarde también la criolla y la ladina (mestiza). Las comunidades autóctonas se convirtieron en una gran reserva de fuerza de trabajo —y tierras— para una economía sustentada en los servicios personales y tributos de los aborígenes, cuya mayor recaudación provenía, a fines de la etapa colonial, de los abundantes pueblos de origen maya: Guatemala (50%), Chiapas (18%) y El Salvador (14%). De este modo, la zona septentrional de América Central, donde se asentaba la población indígena más numerosa y de mayor desarrollo económico social relativo, devino el eje de la colonización centroamericana y, desde muy temprano, su área medular. En esas condiciones se vertebró la Capitanía General de Guatemala (1542) —integrada por las provincias de Chiapas (con Soconusco), Guatemala (que incluía Sonsonate y San Salvador), Honduras, Nicaragua y Costa Rica—, considerada por la ausencia de minerales preciosos una colonia de menor importancia. Volcadas sobre las costas del Pacífico — dada la mayor hostilidad climática del litoral Atlántico, dominado por poblaciones más atrasadas e insumisas (caribes, zambos y misquitos)—, el también conocido como Reino de Guatemala se caracterizó por la débil vinculación con los circuitos comerciales coloniales y el aislamiento entre sus provincias. A principios del siglo xix, la Capitanía de Guatemala se había convertido en un verdadero baluarte de esa sociedad precapitalista —con un estratificado sistema de privilegios y de relaciones serviles, amparado en un régimen jurídico de raigambre feudal—, en la que sobresalía la aristocracia criolla conservadora. 476

Perspectivas de los programas educativos en la integración del Mercado Común del Sur...

Temerosa de un levantamiento de las masas explotadas de indígenas y mestizos —como el que había sacudido Nueva España con Hidalgo y Morelos—, la aristocracia criolla de la Capitanía General de Guatemala mantuvo su fidelidad a las autoridades tradicionales durante todos los años de la crisis española iniciada con la invasión napoleónica. En ese lapso, solo hubo conatos aislados de rebeldía, entre ellos el ocurrido en El Salvador, el 5 de noviembre de 1811, o la frustrada conspiración del convento de Belén, en Guatemala (1813). Estimulados por la sublevación de Hidalgo, los salvadoreños se apoderaron el 5 de noviembre de 1811, y durante un mes, del gobierno local, en reclamo de menos impuestos y la suspensión de restricciones burocráticas. El movimiento fue secundado por los habitantes de la provincia ganadera de Nicaragua, y en menor medida por los de la ganadera y minera de Honduras, entre 1811 y 1812. Un motín similar al anterior se repetiría en El Salvador en 1814. Tanto en El Salvador como en Nicaragua el incipiente movimiento revolucionario fue apaciguado por la élite criolla conservadora. En la provincia salvadoreña el movimiento era encabezado por el cura José Matías Delgado (1767-1832) y el hacendado Manuel José Arce (17871847), quienes entonces apostaban al posible beneficio de las reformas liberales gaditanas. En Nicaragua, el proceso tenía a la cabeza al intendente León Juan Argüello y el sacerdote Tomás Ruíz. La resistencia popular a las tropas realistas se prolongó en Granada hasta el 21 de abril de 1812. Una conspiración, al parecer dirigida a proclamar abiertamente la independencia de España, abortó en el convento de Belén (Guatemala) el 23 de diciembre de 1813. El complot, que congregó a eclesiásticos, oficiales de milicias e intelectuales criollos, como el ya mencionado sacerdote nicaragüense Tomás Ruíz y el alférez guatemalteco José Francisco Barrundia (17841854), tenía conexión con José María Morelos y planeaba imitar el movimiento revolucionario novohispano al levantar las milicias locales y sublevar a los mayas de los Altos y Verapaz. El 24 de enero de 1814 la población salvadoreña se levantó de nuevo contra las autoridades españolas. Guiadas por el capitán Pedro Pablo Castillo y el propio Manuel José Arce, el movimiento se irguió en protesta por las arbitrariedades y los despotismos del cuerpo de voluntarios y del intendente. Los amotinados llegaron a organizar milicias armadas de palos y machetes, aunque las oportunas concesiones del poder colonial aplacaron en esta ocasión el conato revolucionario.

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Pero los sucesos desencadenados en el vecino virreinato de Nueva España, a partir de la proclamación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, causaron un enorme impacto en toda la América Central. La mayor repercusión se produjo en la provincia capital, Guatemala, que por su abundante población indígena y sus características socioeconómicas repetía la estructura del sur de México (Oaxaca y Yucatán). Al igual que hizo la aristocracia criolla de Nueva España, la élite señorial guatemalteca, beneficiada con grandes mayorazgos y la explotación servil del indio, mantuvo una incondicional fidelidad a España para alejar cualquier contagio revolucionario. Solo algunos hacendados salvadoreños dedicados a la producción de índigo, que conformaban el sector propietario más vinculado a la economía mercantil en el istmo, fueron capaces de buscar otra alternativa. Detrás de la actitud revolucionaria de los hacendados y comerciantes criollos de El Salvador se encontraban las restricciones coloniales al principal rubro de exportación de la capitanía y las afectaciones derivadas de su extrema dependencia de los comerciantes monopolistas de la ciudad de Guatemala, adueñados de las rutas, los mercados y el financiamiento de los cultivos. Junto a intelectuales liberales, pequeños comerciantes y otros exponentes de las capas medias criollas, los grandes propietarios salvadoreños protagonizaron las principales protestas y conspiraciones anteriores a la coyuntura de los años veinte. Sin embargo, estos sectores radicales, nucleados en El Salvador y Honduras, estaban aislados y no consiguieron alterar la desfavorable correlación de fuerzas, ni hacer avanzar la lucha por la independencia, hasta que la rancia aristocracia señorial de la provincia capital decidió actuar por su cuenta y seguir el ejemplo de la élite novohispana. A favor de ese proceso de transición por una vía incruenta, concertado con las autoridades españolas, actuaron el triunfo liberal en España y los acontecimientos del vecino virreinato de Nueva España, del que siempre la capitanía había dependido. Para decidir sobre el futuro de la colonia, el capitán general, Gabino Gaínza, convocó el 15 de septiembre de 1821 a un cabildo de notables y acaudalados propietarios, entre ellos el arzobispo Ramón Cassaus, el marqués Mariano de Aycinena —él único con título nobiliario en la capitanía—, Mariano Beltranena, José Cecilio del Valle (17801834) y los curas José María Castillo y José Matías Delgado. La reunión quedó bajo el control de los gazistas, grupo conservador monárquico formado por representantes de los terratenientes enfeuda478

Perspectivas de los programas educativos en la integración del Mercado Común del Sur...

dos guatemaltecos —su vocero era el periódico El amigo de la Patria, editado por el hondureño José Cecilio del Valle, contrario a la independencia—, que contaba con el apoyo de las autoridades españolas, comerciantes monopolistas y artesanos de la capital. Estos últimos estaban preocupados por la demanda liberal de comercio libre y se sentían perjudicados con la apertura del intercambio con los ingleses por Belice. El surgimiento de las primeras agrupaciones políticas centroamericanas fue posible por la coyuntura abierta en la metrópoli por la revolución de Riego en 1820 y la reimplantación de la Constitución de Cádiz. En ese contexto apareció en Guatemala la llamada Tertulia Patriótica, que reunía a intelectuales y comerciantes en casa del ya mencionado cura español José María Castillo. Entre los miembros de este grupo liberal, conocido como cacos o fiebres, que cada vez más se inclinaba a la independencia de España, figuraban Pedro Molina (17771854), José Francisco Barrundia, Manuel Montúfar (1791-1844) y Vicente García Granados. Desde el 24 de junio de 1820 publicaron el periódico El Editor Constitucional, al que siguió después El Genio de la Libertad, donde criticaban a Fernando VII y abogaban por las libertades ciudadanas. Pero la dirección de los acontecimientos en la América Central estuvo en sus comienzos en manos de los ricos criollos guatemaltecos, encabezados por el marqués Mariano de Aycinena, aliados a las autoridades españolas y al propio capitán general Gabino Gaínza. En medio de ruidosas manifestaciones por las calles de la capital, que exigían la independencia, alentadas por el ala liberal de la propia élite criolla, encabezada por el cura salvadoreño José Matías Delgado y el teniente de milicias guatemalteco José Francisco Barrundia, el cabildo capitalino no tuvo otra disyuntiva que aprobar, el 15 de septiembre de 1821, la separación de España. El acta de independencia, redactada por el intelectual moderado hondureño José Cecilio del Valle, reconocía que, “oído el clamor a viva la Independencia que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en las calles, Plaza, Patio, corredores y Antesala de este Palacio”, se optaba por la ruptura con España “para prevenir”, según indicaba el documento, “las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” (citado por Dalton, 1965, p. 58).1

1.

Véase también: Castillo, 29 de noviembre de 1969, p. 44.

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Para acorralar a los exaltados patriotas de El Salvador y Honduras, cobró fuerza entre la aristocracia conservadora de Guatemala la idea de anexar la capitanía al recién fundado Imperio Mexicano, pues la colonia carecía de un ejército propio que pudiera defender el statu quo. Por ese motivo, el 5 de enero de 1822, Gaínza, en su nueva condición de Jefe Político Supremo de las Provincias del Centro de América, aceptó el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba —firmado el 24 de agosto de 1821, por el representante de España, en esa ciudad novohispana reconociendo al Imperio Mexicano—, disolvió la junta constituida en la capital y solicitó a Agustín de Iturbide la ocupación militar del istmo. Casi todos los núcleos elitistas centroamericanos respaldaron en principio el plan anexionista: consideraban el sistema monárquico la mejor garantía a sus privilegios. En Nicaragua, el propio obispo Nicolás García Jerez se adelantó a los acontecimientos y, el 13 de octubre de 1821 ordenó jurar fidelidad a Fernando VII como “Emperador americano” (Tijerino, febrero-junio de 1990, p. 69). Lo mismo hizo el ayuntamiento de Quezaltenango el 15 de noviembre. La anexión a México, de acentuada inspiración conservadora, coincidió con las propias ambiciones de Iturbide. El gobernante del recién creado régimen imperial mexicano comunicó a Gaínza que una división de su Ejército Trigarante marchaba hacia Centroamérica “para proteger la causa de la religión, independencia y unión” y oponerse a la “manía de innovaciones republicanas”, pues “el interés actual de México y Guatemala es tan idéntico e indivisible que no pueden erigirse naciones separadas e independientes sin aventurar su existencia y seguridad” (Vega, 1987, p. 65). De esta manera, la proclamación de la separación centroamericana de España se realizó “desde arriba”, sin confrontación armada ni participación popular; vinculada al proceso contrarrevolucionario que había conducido al establecimiento de un régimen monárquico independiente en México. Con la anexión de la antigua capitanía general de Guatemala, la jurisdicción del Imperio de Iturbide se extendió desde Texas hasta la frontera con Panamá. José Martí, que conoció Guatemala medio siglo después, dejó una exacta evaluación de este proceso de corte conservador: Guatemala, la residencia del Capitán General, era la más poderosa y la más rica —y por ello provocaba la envidia y el odio—. En esa situación, se proclamó la independencia, sin esa vigorosa agitación tan necesaria en las nuevas épocas políticas para sacudir y lanzar lejos de ellas el polvo de las épocas muertas.

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Perspectivas de los programas educativos en la integración del Mercado Común del Sur... La Independencia, proclamada con la ayuda de las autoridades españolas, no fue más que nominal, y no conmovió a las clases populares, no alteró la esencia de esos pueblos —la pureza, la negligencia, la incuria, el fanatismo religioso, los pequeños rencores de las ciudades vecinas: solo la forma fue alterada (1961, t. xv, pp. 9-10.).

Los proyectos anexionistas de las élites criollas de México y Guatemala, aliadas a los círculos peninsulares, desataron airadas protestas en toda Centroamérica —incluso Costa Rica solicitó ayuda a Simón Bolívar—, aunque la mayor resistencia se vertebró en El Salvador, la provincia más vinculada al comercio de exportación. Encabezados por el cura Delgado, los salvadoreños proclamaron la independencia, tanto de España como de México, y abolieron la esclavitud, institución que no constituía en ninguna parte de la región centroamericana el sostén de la economía. En toda el territorio había entonces unos mil esclavos, 700 de ellos concentrados en la plantación azucarera de San Jerónimo de Verapaz. El improvisado ejército formado por el salvadoreño Manuel José Arce con los peones e indios de las haciendas fue derrotado por las experimentadas tropas mexicanas del general italiano Vicente Filísola el 9 de febrero de 1823, tras perder los combates de Guazapa y Guayabal. Pero las noticias de la caída del Imperio de Iturbide, ocurrida diez días después, junto a los levantamientos y protestas en varias provincias centroamericanas, despejaron el camino a la apertura de un congreso propio en Guatemala, el 24 de junio de 1823, el cual no tardó en proclamar la independencia absoluta de las Provincias Unidas del Centro de América (1 de julio). El 22 de noviembre de 1824, los diputados emitieron la Constitución de la República Federal de Centroamérica —la provincia de Chiapas quedó unida a México— y cinco meses más tarde escogieron al primer presidente en la persona del salvadoreño Arce. Hay que agregar que, cuando se encontraba en Estados Unidos, a donde había viajado en busca de ayuda tras la derrota sufrida ante las fuerzas de Filísola, el prócer salvadoreño Manuel José Arce, próximo a ser el primer mandatario centroamericano, se comprometió con los emigrados cubanos en Filadelfia con un plan para lograr la independencia de Cuba. El plan se basaba en conseguir el respaldo de América Central y México, país este último que debía contribuir con un millón y medio de pesos procedentes de un reciente empréstito. Con ese propósito, Arce salió de New York hacia México el 18 de octubre de 1823. En carta al ministro colombiano Pedro Gual, para presentarle a la comisión de cubanos (Gaspar Betancourt Cisneros, Fructuoso del Casti481

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llo, José Aniceto Iznaga y el rioplatense José Antonio Miralla) que marchaba a Bogotá para buscar también el apoyo de Bolívar, fechada el 21 de noviembre de 1823 en Maracaibo, el quiteño Vicente Rocafuerte dejó testimonio de estos planes cuando escribió: Acabo de llegar a este país; y el principal objeto de mi venida ha sido ver este puerto, y anunciar a Ud. una especie de diputación de la Isla de Cuba, compuesta de los señores Arango, Iznaga, Betancourt y Castillo, que a nombre de los jóvenes cubanos vienen a pedir protección a la República y suplicar los libres del yugo godo. Los acompaña también un joven residente en La Habana: este se llama Miralla, quien por su talento y viveza tiene un gran influjo en aquella ciudad. El negociado ha tomado origen de Filadelfia, entre Salazar, el General Dn Manuel José Arce y yo. Hablando del Castillo de San Juan de Ulúa, se me ofreció decir que el único modo de rendirlo, era conquistar la isla de Cuba y fijar allí el nuevo sistema de Independencia, aprovechándonos del gran partido que se ha formado a favor nuestro, desde dos años a esta parte. La idea gustó mucho al General Arce, quien contestó que tenía listos en San Salvador los cuatro mil hombres que componían el ejército que él mandó y levantó contra las tropas de Iturbide; que solo le faltaba el dinero y algunos oficiales de artillería, para realizar la expedición; que para este objeto se podría conseguir en México un millón y medio de pesos, pues acababa el nuevo gobierno de efectuar en Londres un empréstito de 22 millones de pesos, por medio de la Casa Mignoy y Echevarría, de Veracruz. Salazar, entonces nos dijo, que la República, podría también cooperar a la conquista de Cuba; porque calculaba que las plazas de Maracaibo y Puerto Cabello quedarían evacuadas en todo noviembre, y que sería muy útil a la República, enviar fuera de su territorio, parte de la mucha tropa que le sobraría; que mientras más fuerzas presentásemos, menos resistencia harían los españoles, y mayor estímulo tendría el fuertísimo partido de cubanos independientes. Después de una larga discusión, resolvimos: que el electo Presidente de Guatemala [se refiere a la recién creada Federación Centroamericana, SGV], el General Arce, iría a tomar posesión de su empleo, pasando por la ciudad de México, conferenciando con sus jefes y proporcionándose el dinero necesario para alistar 4 o 5,000 hombres. Que los cubanos y habaneros que se hallan en los Estados Unidos promoviendo la independencia, y buscando inútilmente auxilios en esos helados países, se pusieran en camino para Santa Fe de Bogotá con cartas de recomendación para usted. El General Arce salió de New York para Tampico, el 18 pasado. Yo debí irle acompañando; pero como también salía una goleta que venía a cargar cacao aquí, para seguir inmediatamente a Puerto Alvarado, me suplicó el General viniera a esta plaza, a tomar razón de los oficiales útiles que podría haber y examinar el aspecto del país y espíritu del pueblo. Es probable llegue a México a fines de diciembre. Estoy persuadido de que se realizará la expedición contra Cuba, en todo el curso del próximo febrero (Ponte, 1960, pp. 114-116)2

2.

Debe tomarse en consideración que en esos días México había solicitado ayuda militar a Colombia para rendir la fortaleza de San Juan de Ulúa.

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Sin embargo, las rémoras y problemas no resueltos en el conjunto de la América Central, a los que alude Martí en el texto mencionado anteriormente, determinaron, junto con otros factores, la no consecución de esta noble empresa libertadora. En última instancia, la debilidad intrínseca en la formación de la Federación de Centro América, tras la caída del Imperio de Iturbide (1823), fue el caldo de cultivo de las guerras civiles que dominaron todo el periodo posterior, hasta el colapso de la república unida y su fragmentación (1839-1840). A ese inexorable destino se llegó por el violento enfrentamiento entre conservadores y liberales, los dos sectores en que se desvertebró la clase dominante criolla según sus diferentes intereses e ideologías. Las luchas entre el poderoso sector conservador y los emergentes grupos liberales no solo generaron conflictos dentro del estado de Guatemala, sino también en todo el ámbito geográfico de América Central. En un primer momento (1828), la unidad centroamericana y un moderado programa de transformaciones liberales lograron imponerse sobre lo que el propio Martí definió como “la teocracia arraigada en las masas indias y el núcleo soberbio de su clase principal” (22 de septiembre de 1894, p. 108), gracias al tesón de un general hasta entonces desconocido: Francisco Morazán. Las principales causas de las guerras civiles que llenaron el breve periodo de existencia de las Provincias Unidas del Centro de América se relacionan, de una manera u otra, con las contradicciones entre la aristocracia señorial —cuyo baluarte era el Estado de Guatemala, capital de la extinguida capitanía—, aliada a la iglesia en defensa de los privilegios heredados de la época colonial, y los sectores emergentes, menos comprometidos con el viejo régimen —dedicados a la producción de índigo y algunos otros pocos productos de exportación—, asentados en el Estado de El Salvador o en otras áreas de Centroamérica. No obstante sus apreciables diferencias en cuanto a ideología e intereses económicos, ambos sectores estaban ligados por un denominador común: su status de privilegio sobre las masas indígenas y ladinas. Los primeros conflictos internos estallaron por el problema de jurisdicción administrativa entre el gobierno del primer presidente de la Federación, Manuel José Arce, extendido hasta 1828, y el ejecutivo del Estado de Guatemala, encabezado de 1824 a 1827 por Juan Barrundia. Las pugnas se agravaron con la destitución de Barrundia y su relevo por Cirilo Flores.

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Para tratar de evitar nuevos roces con el gobierno central, Flores buscó refugio en Quezaltenango, villa donde estaba el más fuerte núcleo del balbuceante liberalismo guatemalteco. Aquí las contradicciones con el clero se avivaron; Flores fue asesinado en 1827 por fanáticos religiosos, y ocupó entonces su puesto un miembro de la élite conservadora, Mariano de Aycinena, quien presidiría el gobierno de Guatemala hasta 1829. Las crecientes luchas entre el sector más conservador de la élite criolla y el ala liberal no solo generaron conflictos en Guatemala, sino también en todo el extenso ámbito de la Federación. Ante las arbitrariedades del presidente Arce —que había impuesto a Aycinena en el gobierno guatemalteco—, los liberales salvadoreños y hondureños se sublevaron e invadieron Guatemala. Tras la derrota liberal en Arrazola, la guerra se volcó sobre el territorio salvadoreño, atacado el 12 de mayo por los efectivos federales guiados por el general conservador Manuel Arzú. Después de algunos vaivenes, la lucha se inclinó a favor de los rebeldes gracias al arrojo y el genio militar de un general hondureño hasta entonces desconocido: Francisco Morazán. El 6 de julio de 1828 Morazán ganó la batalla de la hacienda de Gualcho y liberó la angustiada plaza de San Salvador. A continuación, reorganizó a sus partidarios en el Ejército Aliado Protector de la Ley y pasó a la ofensiva en enero de 1829; asestó un golpe demoledor a las fuerzas del gobierno federal, comandadas por el general conservador Antonio de Aycinena, lo que le abrió las puertas de Guatemala (abril). Tras su victoria, Morazán emprendió la tarea de consolidar el triunfo liberal. Los principales jefes conservadores fueron encarcelados; en Guatemala, el gobierno estadual volvió a manos de Barrundia, mientras su hermano José Francisco ocupaba, a título provisional, la dirección de la Federación, en sustitución del depuesto presidente Arce. De inmediato se adoptaron algunas disposiciones anticlericales, entre ellas la abolición del fuero eclesiástico y la supresión de órdenes religiosas. Después Morazán fue electo presidente de la Federación, cargó que ostentaría durante diez años. El artífice de la primera reforma liberal en Guatemala fue Mariano Gálvez, quien en 1831 ocupó la máxima magistratura de ese Estado. A partir de su segundo mandato, iniciado en 1836, dictó un conjunto de reformas, entre ellas la supresión del diezmo, el restablecimiento del registro civil y la abolición de la llamada Ley de la Vagancia (1829), que obligaba a los indios a trabajar en las haciendas. Sin embargo, las leyes agrarias de Gálvez, tendientes a la ampliación de la pequeña propiedad 484

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campesina, no solo afectaron a los grandes terratenientes enfeudados, sino también los derechos ancestrales de los aborígenes sobre sus tierras comunales. La amenaza que pendía sobre los resguardos estimuló las protestas de las masas indígenas, movimiento que fue capitalizado por la aristocracia conservadora y el clero. Al final se produjo un gran levantamiento en el oriente de Guatemala, nutrido fundamentalmente por indígenas, a cuyo frente figuraba un joven caudillo ladino: Rafael Carrera. La rebelión conservadora fue contrarrestada por los efectivos de Morazán, así como por los pocos seguidores del presidente Gálvez. Acosados por las huestes de Carrera y por una parte de los propios liberales, Gálvez buscó refugio en México. Entretanto, en Quezaltenango se constituyó, el 2 de febrero de 1838, como último recurso para detener a los conservadores, el Estado de Los Altos. Aquí Carrera aplastó dos veces a los liberales. En 1840, la segunda vez, al grito de ¡Viva la religión y mueran los extranjeros!, los seguidores de Carrera entraron a sangre y fuego en Quezaltenango y fusilaron en masa a decenas de sus adversarios. El triunfo conservador en Guatemala, sin duda el Estado más poderoso del istmo, puso en crisis la existencia de la Federación, que no tardó en desintegrarse en las actuales cinco repúblicas de América Central: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La propia Guatemala rompió el ya inexistente pacto federal el 17 de abril de 1839. Ese dramático final fue sellado con la derrota de Morazán por las fuerzas de Carrera el 19 de marzo de 1840. Tras nuevos enfrentamientos entre liberales y conservadores centroamericanos en los años siguientes y un frustrado intento de reunificación que costó la vida al propio Morazán el 15 de septiembre de 1842, el general Carrera quedó convertido en el hombre fuerte no solo de Guatemala —incluso su presidente—, sino también de toda América Central. Esta atribulada historia explica que Francisco Morazán quedara en el imaginario de la región como lo más avanzado del pensamiento de su época, pues pretendió modificar el atrasado e injusto orden económico social, e incluso jurídico, heredado de la época colonial y, al mismo tiempo, preservar la independencia nacional y la precaria unidad centroamericana. Pero sus aspiraciones chocaron con la extendida sublevación conservadora y del clero, encabezada por el hábil caudillo iletrado Rafael Carrera, que incluso logró concitar cierto apoyo indígena a su causa. La derrota de Morazán a manos de las fuerzas de Carrera en 1840, y su ejecución dos años después, culminó ese fatal desenlace. José Martí, 485

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que conoció personalmente la realidad centroamericana, también nos dejó su evaluación de este trágico giro de los acontecimientos: “Morazán fue muerto y la unión se deshizo, demostrando una vez más que las ideas, aunque sean buenas, no se imponen ni por la fuerza de las armas, ni por la fuerza del ingenio. Hay que esperar que hayan penetrado en las muchedumbres” (1961, t. xv, p. 10.). Bibliografía Diaz Castillo, Roberto (1969), “Proclamación de la independencia de Centroamérica: necesidad de un estudio sistemático sobre la contienda ideológica de los años 1821-1823” Política y Sociedad, 29 de noviembre, Universidad de San Carlos de Guatemala. Dalton, Roque (1965), El Salvador (monografía), La Habana, Enciclopedia Popular. Martí, José (1961), “Notas sobre Centro América”, en José Martí, Obras completas, vol. xv), La Habana, Tierra Nueva. ___ (1984), “Patria”, en José Martí, Obras completas, vol. xx, Nueva York. Ponte, Francisco J. (1960), José Antonio Miralla y sus trabajos, La Habana, Archivo Nacional de Cuba. Tijerino, Frances Kinloch (1990), “Cleto Ordoñez. Boceto biográfico de un caudillo popular independentista”, Revista de Historia, febrero-junio, Instituto de Historia de Nicaragua, núm. 1. Vega, Josefa (1987), Agustín de Iturbide, Madrid, Ediciones Quórum.

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Compilados por Alicia González Rojano

Páginas de organismos de América Latina Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), http://www. alianzabolivariana.org/ alba – Tratado de Comercio de los Pueblos (alba-tpc), http://www.alba-tcp.org/ Asociación Latinoamericana de Integración (aladi), http://www.aladi.org/ Banco Centroamericano, http://bancocentroamericano.com/ Banco del alba, http://www.bancodelalba.org/ Banco del Caribe, http://www.bancaribe.com.ve/ Banco Interamericano de Desarrollo (bid), http://www.iadb.org/ Caribbean Agribusiness, Caribbean Agriculture is our Business, http://www. agricarib.org Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), http://www. cepal.org/ Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), http://www.celac.gob.ve/ Corporación Andina de Fomento (caf) Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19 Diálogo a fondo, el blog del fmi sobre temas económico de América Latina, http://blog-dialogoafondo.org/ Fondo Latinoamericano de Reserva (flar), https://www.flar.net/contenido/default.aspx Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa), http://www.iirsa.org/ Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (intal), http://www. iadb.org/es/intal/intal,1081.html 487

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PetroCaribe, http://www.petrocaribe.org/ Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, http://www.proyectomesoamerica.org/ Secretaría de Integración Económica Centroamericana (sieca), http://www. sieca.int/general/default.aspx Secretaría de la Comunidad del Caribe (Caricom), http://www.Caricom.org/ Secretaría del Mercado Común del Sur (Mercosur), http://www.Mercosur.int/ Secretaría General de la Comunidad Andina, http://www.comunidadandina.org/ Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (unasur), http:// www.unasursg.org/ Sistema de la Integración Centroamericana (sica), http://www.sica.int/ Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (sela), http://www.sela.org/ Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (sucre), http://www.sucrealba.org/

Otras páginas Centro de Formación para la Integración Regional (cefir), http://cefir.org.uy/ Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (fedaeps), http://fedaeps. org/ Mercado Integrado Latinoamericano, http://www.mercadomila.com Observatorio de la Integración Sudamericana (O_Sur), http://www.observatoriodelsur.org.pe/ Observatorio Económico de América Latina (obela), http://www.obela.org/ Observatorio unasur, http://www.observatoriounasur.org/ Revista América Latina en Movimiento, http://alainet.org/ Revista América Siglo xxi, desde Venezuela para todo el continente, http://www. americaxxi.com.ve/ Universidad Federal de Integración Latinoamericana (unila), http://www.unila. edu.br/

Documentos de interés Institución: Mercado Común del Sur (Mercosur) Liga: http://www.Mercosur.int/ Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso) - Ecuador Liga: http://www.flacso.org.ec/ Institución: Observatorio Internacional de la Deuda Liga: http://www.oid-ido.org/ 488

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Documentos Título: Comercio exterior global: enero - diciembre 2012 (por países) Autor: aladi Institución: aladi Fecha de elaboración: Febrero 2013 Formato: pdf Liga: http://www.aladi.org/nsfaladi/titulare.nsf/vwtitularweb/256EA610BCEC837603257B0A0051076B Título: Memoria de las intervenciones realizadas en el seminario: “Comercio, Integración y Cambio Climático” Autor: aladi Institución: aladi Fecha de elaboración: Julio 2012 Formato: pdf Liga: http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/2F0F34B2212E935E03257AA 70051E3B3/$FILE/Libro_Seminario_Cambio_Climatico.pdf Título: Seguridad alimentaria y comercio intrarregional de alimentos en la aladi Autor: aladi Institución: aladi Fecha de elaboración: Octubre 2012 Formato: pdf (libro enviado por solicitud) Liga: http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/vwestudiosydocumentosweb/ AC7B9862547B5BF903257AC300511822 Título: unasur: proceso y propuesta Autor: Lourdes Regueiro y Mayra Barzaga Institución: fedaeps Fecha de elaboración: Julio 2012 Formato: pdf Liga: http://fedaeps.org/biblioteca/unasur-proceso-y-propuesta Título: Avances revolucionarios en América Latina Autor: Rémy Herrera Institución: fedaeps Fecha de elaboración: Abril 2012 Formato: pdf Liga: http://fedaeps.org/biblioteca/avances-revolucionarios-en-america

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Título: Revista América Latina en Movimiento núm. 482. Para las nuevas izquierdas: ¿Qué otra economía? Autor: América Latina en Movimiento Institución: América Latina en Movimiento Fecha de elaboración: Febrero 2013 Formato: pdf Liga: http://alainet.org/publica/482.phtml Título: alba, celac y los crujidos del planeta Autor: Luis Bilbao Institución: Revista América siglo xxi Fecha de elaboración: Febrero 2013 Formato: pdf Liga: http://www.americaxxi.com.ve/revista/articulo/93/alba-celac-y-los-crujidos-del-planeta Título: Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina 2012 Autor: Banco Interamericano de Desarrollo Institución: Banco Interamericano de Desarrollo Fecha de elaboración: Diciembre 2012 Formato: pdf Liga: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37335820 Título: Educación para la transformación Autor: Marcelo Cabrol y Miguel Székely (editores) Institución: Libros, Banco Interamericano de Desarrollo Fecha de elaboración: Octubre 2012 Formato: pdf Liga: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37259235 Título: Derechos de pueblos afrodescendientes en la can Autor: Secretaría General de la Comunidad Andina Institución: Secretaría General de la Comunidad Andina Fecha de elaboración: Noviembre 2012 Formato: pdf Liga: http://www.comunidadandina.org/Upload/2012112294446Folleto_Afros.pdf Título: Respuesta conjunta al problema mundial de drogas Autor: Proyecto de Cooperación can-ue, pradican Institución: Secretaría General de la Comunidad Andina Fecha de elaboración: Junio 2012 Formato: pdf Liga: http://www.comunidadandina.org/Upload/2012622164243Pradican_2012.pdf 490

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Título: Gestión ambiental en los países de la Comunidad Andina Autor: Revista de la Integración, núm. 9 Institución: Secretaría General de la Comunidad Andina Fecha de elaboración: Septiembre 2012 Formato: pdf Liga: http://www.comunidadandina.org/Upload/20121022162610revista9.pdf Título: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2012 Autor: cepal Institución: cepal Fecha de elaboración: Noviembre 2012 Formato: pdf Liga: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/48594/BalancePreliminar2012.pdf Título: Panorama social de América Latina 2012 Autor: cepal Institución: cepal Fecha de elaboración: 2013 Formato: pdf Liga: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/48455/PanoramaSocial2012.pdf Título: La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental Autor: cepal Institución: cepal Fecha de elaboración: 2013 Formato: pdf Liga: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/48080/UnionEuropeaRev1.pdf Título: Integración social en Centroamérica. Situación al 2012, tendencias y propuestas Autor: Carlos Roberto Pérez, Humberto Soto de la Rosa y Andrea Pellandra Institución: cepal Fecha de elaboración: 2013 Formato: pdf Liga: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/49126/IntegracionSocialenCentroamerica.pdf

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Título: Perspectivas económicas para América Latina y el Caribe Autor: Regional Economic Outlook update, Western Hemisphere Departament, fmi Institución: fmi Fecha de elaboración: Octubre 2012 Formato: pdf Liga: http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2012/whd/wreo1012s.pdf Título: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: 2013. Una mirada hacia América Latina y el Caribe Autor: cepal, fao, iica Institución: Banco Mundial Fecha de elaboración: 2012 Formato: pdf Liga: http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2012/perspectivas.pdf Título: Comercio exterior centroamericano, Boletín: Enero – septiembre 2012 Autor: sieca Institución: sieca Fecha de elaboración: Enero 2013 Formato: pdf Liga: http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=3&DocumentoId=3106 Título: Boletín de Integración sela, núm. 181, diciembre de 2012 Autor: sela Institución: sela Fecha de elaboración: 2013 Formato: pdf Liga: http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pagems=74931&item_ id=108899 Título: Las cifras de la deuda 2012 Autor: cadtm Institución: Observatorio Internacional de la Deuda Fecha de elaboración: Diciembre 2012 Formato: pdf Liga: http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/Las_cifras_de_la_deuda_2012-_ CADTM.pdf

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Título: Reporte de economía y desarrollo Autor: caf/Banco de Desarrollo de América Latina Institución: caf/Banco de Desarrollo de América Latina Fecha de elaboración: junio 2012 Formato: pdf Liga: http://publicaciones.caf.com/media/17942/red_book_2012_13-junio.pdf Título: Carta Mensual Autor: intal Institución: intal - iadb Fecha de elaboración: Febrero 2013 Formato: pdf Liga: http://www.iadb.org/intal/Cartamensual/Cartas/Portada.aspx?CartaMensual=ef144b03-d52b-421a-a851-68c543839f85&lang=es Título: unasur-olade. Un espacio que consolida la integración Autor: Secretaría General del unasur Institución: unasur Fecha de elaboración: Junio 2012 Formato: html Liga: http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=415&Itemid=347 Título: Potenciar el éxito de América Latina Autor: Christine Lagarde Institución: fmi Fecha de elaboración: Diciembre 2012 Formato: html Liga: http://blog-dialogoafondo.org/?p=2488 Título: Una cuestión relativa: El mundo en desarrollo se está replanteando qué significa ser pobre Autor: Martin Ravallion Institución: fmi Fecha de elaboración: Febrero 2013 Formato: html Liga: http://blog-dialogoafondo.org/?p=2640

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Título: Nuevas Bases para Negociaciones de Servicios Financieros en el Mercosur Autor: Grupo Mercado Común, Mercosur Institución: Mercosur Fecha de elaboración: 2012 Formato: pdf y Word Liga: http://gd.Mercosur.int/sam%5Cgestdoc%5CPubWeb.nsf/1496A11B179A422783257B1F0050580E/$File/ g m c _2012_ATA04_ANE11_DI43_PT_ SGT-4%20Novas%20Bases%20-%20Diretrizes.pdf Título: Informe Semestral del Foro Consultivo Económico-Social Autor: Grupo Mercado Común, Mercosur Institución: Mercosur Fecha de elaboración: 2012 Formato: pdf y Word Liga: http://gd.Mercosur.int/sam%5Cgestdoc%5CPubWeb.nsf/A7C857B43C576C5283257B1F00508AF6/$File/Informe%20del%20FCES%20al%20 cmc%20PPTA%20Mendoza%20Junio%202012.pdf

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Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2011 se terminó de imprimir en diciembre de 2014 en los talleres de Ediciones de la Noche Madero 687, Zona Centro Guadalajara, Jalisco. El tiraje fue de 500 ejemplares. www.edicionesdelanoche.com