Anarquismo argentino transnacional: cooperación y conflicto, 1917-1940

Actas II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea Madrid, 20-22 de junio de 2012, Madrid

Universidad Complutense de Madrid Universidad Autónoma de Madrid

ISBN: 978-84-8344-356-9 Dep. Legal: M-8813-2013 1 

PRESENTACIÓN

Los días 20, 21 y 22 de junio se celebraron en Madrid las II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea, fruto de la colaboración de las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, dentro del marco del programa interuniversitario de Doctorado de Historia Contemporánea. El encuentro tuvo la virtud de servir como espacio para la formación e intercambio de ideas entre doctorandos, investigadores y profesores de doce universidades. El formato de las jornadas incluía sesiones teóricas y prácticas. En las primeras los participantes debatieron sobre el estado actual de la disciplina, problemas teóricos y metodológicos o la relevancia de nuevas aportaciones. En las sesiones prácticas, los doctorandos presentaron sus comunicaciones, seguido de un debate sobre las conclusiones, hipótesis o reflexiones teórico-metodológicas derivadas de la comparativa entre investigaciones. Para ambas sesiones, contamos con la colaboración, como moderadores de las mesas, de jóvenes docentes e investigadores de la universidad española: Rubén Pallol Trigueros, Jorge Marco Carretero, Carolina Rodríguez López, Carlos Sanz Díaz, Florencia Peyrou Tubert y Óscar Martín García. Las actas incluyen las comunicaciones presentadas en estas sesiones prácticas. Los textos están divididos en seis apartados o capítulos temáticos que se corresponden con las distintas mesas de las Jornadas, y reflejan, en buena medida, las principales líneas de investigación en la disciplina histórica. Su temática plantea las principales hipótesis y resultados de la investigación en curso, o las preguntas marco que guían un problema histórico para una época. Las comunicaciones responden a un trabajo avanzado en la elaboración de las tesis doctorales, y habiendo sido supervisados por sus respectivos directores, cumplen los estándares de calidad, originalidad e interés científico para su publicación. Madrid, a 2 de julio de 2012

El Comité Organizador: Miguel Artola Blanco Cristina Luz García Gutiérrez José Miguel Hernández Barral María Migueláñez Martínez Irene Moreno Moreno Vanessa Núñez Peñas Francisco J. Rodrigo Luelmo Andrés Sánchez Padilla

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ÍNDICE

Presentación

2

Índice

3

Mesa 1. Historia local Historia local e historia autonómica: veinticinco años de historia de Aragón (1970-1995), por Eduardo Acerete de la Corte

6

El Ayuntamiento de Valencia, de la dictadura a la democracia (19691979): líderes, proyectos y rupturas, por Juan Carlos Colomer Rubio

22

Apuntes metodológicos para trabajar la democratización de Madrid (1973-1983), por Marcos Marina Carranza

33

Pensar la ciudad. Fuentes y metodología para la construcción de una historia social de Madrid en el primer tercio del siglo XX, por Santiago de Miguel Salanova

48

Mesa 2. Movilización y conflicto en el periodo de entreguerras Introducción, por Vanessa Núñez Peñas

65

Obreras. La identidad política de las mujeres del BOC y del POUM, por César Castañón Ares

67

El cardenal Isidro Gomá frente al estatismo falangista, por Miguel Ángel Dionisio Vivas

80

Propagandismo católico y movilización de masas en los años 20, por Juan Carlos García Funes

90

¿Una cultura de guerra franquista?, por Pablo Gómez Nogales

106

Sobre el origen y el funcionamiento de la comisión de compras de París: un balance crítico, por Miguel Íñiguez Campos

118

La guerra civil española, la teoría de la acción colectiva y la CNT. Discurso político e identidad colectiva en el anarcosindicalismo castellano (1937-1938), por Isaac Martín Nieto Anarquismo argentino transnacional, 1917-1940: cooperación y conflicto, por María Migueláñez Martínez

132 145

3 

Mesa 3. Historia cultural Introducción, por Carolina Rodríguez López

160

Identidad nacional en los libros de texto de la Comunidad Autónoma Vasca. Líneas generales de investigación y estudio de caso: Las primeras Orientaciones Pedagógicas democráticas del Ciclo Medio de EGB elaboradas por el Estado, por Maud Debiève

163

Estereotipos nacionales. Interrogaciones en torno a una investigación, por Andrea Fernández-Montesinos Gurruchaga

177

El boom de la cultura popular urbana: , hipótesis para una investigación sobre la cultura en la Transición española, por Álvaro Mateos Arévalo

192

El concepto “generación” en la generación del 56. Usos políticos y cuestiones metodológicas, por Irene Moreno Moreno

207

Mesa 4. Historia de las Relaciones Internacionales Introducción, por Carlos Sanz Díaz

221

Orígenes de la información diplomática en España. El control informativo como agente de la política exterior, por Juan Manuel Fernández Fernández-Cuesta

226

Otro estudio de la adhesión de España a la Comunidades Europeas: contextualización de la problemática, por Vanessa Núñez Peñas

239

Identidades nacionales, identidades europeas. Convergencias y divergencias (1914-1932), por Guillermo J. Pérez Casanova

253

“Spain is the host, not the hostage”. La Conferencia de Seguridad de Madrid (1980-1983), por Francisco J. Rodrigo Luelmo

266

Las relaciones bilaterales en el estudio de la política exterior: el caso de España y Estados Unidos (1865-1898), por Andrés Sánchez Padilla

278

Mesa 5. Identidades políticas e identidades sociales Introducción, por Irene Moreno Moreno

289

Sociabilidad y cultura política. El caso del republicanismo madrileño en los comienzos de la Restauración, por Óscar Anchorena Morales

291

Élites y alta sociedad. Un problema de definición, por Miguel Artola Blanco

306

Lo histórico y lo forestal en las ordenaciones resineras españolas del siglo XX, por Juan Luis Delgado Macías

321 4 

Los enemigos de la Revolución. La crítica política y social a través de la publicación satírica “La Flaca”, por Ainhoa Gilarranz Ibáñez

335

Cambio y decadencia: elementos de definición del poder social de una élite a comienzos del siglo XX, por José Miguel Hernández Barral

350

La monarquía isabelina y la cultura republicana en el Sexenio a partir de los ensayos historiográficos de Antonio Altadill (18681870), por David G. Pérez Sarmiento

358

Movimientos sociales en el tiempo presente. ¿Hacia un cambio de paradigmas? Miradas y reflexiones desde la historia sobre la conflictividad social actual, por Juan Ignacio Rádic Vega

373

Mesa 6. Dictaduras y transición Introducción, por Óscar Martín García

388

La “historia desde abajo” y el género como categorías analíticas para el estudio de procesos de transición: la transición a la democracia en España, por Elena Díaz Silva

392

El estudio de la resistencia armada antifranquista. Problemáticas de treinta y cinco años de investigaciones, por Alejandro Rodríguez Gutiérrez

404

El “intelectual colectivo de la transición” y la cuestión nacional: discursos de España en El País (1976-1978), por David Sánchez Cornejo

415

Comunistas y socialistas en la transición chilena: Análisis de su comportamiento político (1980-1990), por Sebastián Sánchez González

429

5 

HISTORIA LOCAL E HISTORIA AUTONÓMICA: VEINTICINCO AÑOS DE HISTORIA DE ARAGÓN (1970-1995)

Eduardo Acerete de la Corte Universidad de Zaragoza

A comienzos de la década de los setenta la sociedad española presentaba un recobrado interés por las demandas regionalistas, aunque no presentaron en todo el Estado un nacimiento y desarrollo similar. A su vez, los historiadores, nunca ajenos a esa sociedad, volvieron la vista a las singularidades comunitarias del pasado; a la realidad pretérita de las regiones históricas. Para comprender los cambios en los estudios locales y regionales, estructuraremos la presente comunicación en dos partes diferenciadas. En primer lugar, delimitaremos la evolución institucional de la historiografía con los consiguientes cambios en sus prácticas, principalmente en la década de los setenta y comienzos de los ochenta. Apuntaremos sucintamente los cambios habidos en las principales instituciones que, en Aragón, albergaban la investigación histórica: por un lado, la Institución “Fernando el Católico”, dependiente del C.S.I.C.; por otro, la Universidad de Zaragoza. En segundo lugar, atenderemos a la producción de obras y al desarrollo de la Historia de Aragón. Esto, lo haremos estableciendo dos delimitaciones cronológicas. La primera, irá desde 1970 hasta 1981; la segunda, desde 1981 hasta 1996 (Fernández Clemente, 2000).

1. Delimitación institucional de la historiografía y la Historia de Aragón hasta 1981 A mediados de la década de los sesenta encontramos dos cambios institucionales que se focalizan en lugares concretos del panorama historiográfico aragonés. Por un lado, la creación de los Departamentos, en sustitución de la antigua estructuración en torno a las cátedras, posibilitó que apareciesen cambios en la Universidad1. Por otra parte, la crisis de los centros de estudios locales dependientes del C.S.I.C. Ambos

1

“Orden del Ministerio de Educación y Ciencia del 28 de mayo de 1966” (4 de junio de 1966), Boletín Oficial del Estado, pp. 8423-8424.

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cambios supusieron la alteración del modelo historiográfico imperante desde la posguerra y la modificación de sus prácticas. Lo cual conllevó la apertura de un proceso de normalización distinto en la labor de los historiadores. En el caso zaragozano, para ver la dinámica y evolución que implicó la creación de los Departamentos, atenderemos al cuadro que sigue. En él, observamos al menos tres características de la evolución institucional. La primera de ellas es que, salvo dos excepciones, los Departamentos giraron en torno al antiguo catedrático hasta la jubilación de éstos, convirtiéndose su creación en poco más que un cambio de nomenclatura que dependía de la voluntad de quien ocupaba la cátedra. Los únicos dos casos en que esto varió no fueron otros que en la Historia Antigua y la Historia contemporánea. En Antigua, al separarse las materias de la antigua cátedra en dos entes distintos, mientras sólo se contaba con la cátedra de Antonio Beltrán Martínez, encontramos que a su dirección se adscribieron el prehistoriador Ignacio Barandiarán Maestu y, a su salida, Guillermo Fatás Cabeza. Aunque, al crearse el Departamento, fue el antiguo catedrático quien asumió las dos direcciones. El otro caso es el del Departamento de Historia Contemporánea que, con la vuelta de Juan José Carreras, ya catedrático, vería salir de su dirección a Carlos Corona que se encontraba inmerso en un proceso de obsolescencia y aislamiento hasta su jubilación (Longares, 1987, pp. XVXVII). La segunda característica es que la docencia, en su mayoría, fue cubierta con jóvenes investigadores, doctorandos o recién doctorados, cuyo elemento mayoritario común en sus tesinas de licenciatura y tesis doctorales fue el predominio del enfoque local en la delimitación del objeto de estudio. Un hecho que generó, a su vez, un modelo de práctica historiográfica local en la Universidad de Zaragoza y sirvió para establecer las bases de los estudios sobre Aragón en la segunda mitad de la década, como podremos observar al comparar el cuadro con la relación de nombres de las principales obras que comentaremos. En tercer lugar, la creación de los Departamentos fue pareja a la creación de un Fondo para la Investigación a cargo del Ministerio de Educación y Ciencia. Estos fondos sirvieron en la Universidad de Zaragoza para financiar diversas publicaciones dependientes de los Departamentos. Con ellas, el grueso de las publicaciones históricas comenzó a cambiar. Las revistas departamentales recogieron los primeros resultados de las investigaciones de los jóvenes investigadores y, junto a la publicación directa de tesis y cuadernillos, consolidaron un nuevo canal de difusión de los estudios históricos. 7 

La inserción de canales de publicación en la Universidad, se sumó a otro hecho institucional. Los centros e instituciones de estudios locales entraron en un periodo de crisis en la década de los sesenta. El agotamiento del modelo de práctica historiográfica local en torno a esos centros, sumado a la crisis de reproducción de sus miembros y la obsolescencia de la práctica histórica2 de quienes los conformaban, alejándose en muchos casos de las aperturas teóricas y metodológicas que se produjeron en la Universidad, marcó también la realidad de la historiografía. Y así, la Institución “Fernando el Católico” de Zaragoza, vio entre sus miembros un proceso de autoaislamiento con respecto a parte de los nuevos investigadores y docentes (Alares, 2008). Cuadros de la Institución que no eran otros que las principales cabezas del mundo académico universitario del tardofranquismo aragonés. 2

2

Distinguiremos entre práctica histórica y práctica historiográfica y seguiremos la definición de práctica histórica como el modo en que el historiador “piensa un objeto, delimita sus contornos, establece las cuestiones relevantes a las que dar respuesta, asume un método, acude a las fuentes, aplica técnicas y obtiene información. Es en su práctica histórica en la que el historiador asume explícita o implícitamente su adscripción familiar, disciplinar, epistemológica, metodológica, se imagina a sí mismo, imagina a sus iguales o sus antagonistas. O lo que es lo mismo, aúna determinadas concepciones de Historia, métodos, crítica de fuentes y visibilidades del gremio”. En cambio, en la práctica historiográfica “el historiador confiere un formato disciplinar a su obra. Su trabajo de investigación adquiere un lugar entre los demás trabajos de investigación, y sus ideas acceden al mercado general de ideas que las dotan de significado. El historiador hace público su trabajo, y lo hace de un modo determinado en un lugar determinado. Publica un extenso volumen, un corto artículo o hace públicas sus ideas en un congreso; publica en una revista especializada o en una de divulgación; en el órgano de difusión de una institución local o de una escuela disciplinar, en una revista estatal con o sin evaluación externa...”, expuesta por Marín (2005, pp. 175-176).

8 

DEPARTAMENTO

DIRECTOR

CATEDRÁTICOS

AGREGADOS

Ignacio Barandiarán (1967-1976) Antonio Beltrán (1966-1969)

Ignacio Barandiarán Maestu (1969-1976)

Guillermo Fatás (1966-1979)

Antonio Beltrán (1966-1968)

Antonio González Blanco (19781979)

Manuel Martín Bueno (1975-1978)

Luis A. García Moreno (1981-1982)

Guillermo Fatás (19795-)

Francisco Marco Simón (1977-)

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Historia de la Antigüedad3

ADJUNTOS

Francisco Beltrán Lloris (1980-) Pilar Utrilla (1979-1980)6

José Moya Valgañón (1967-1969) Gonzalo M. Borrás Gualis (1969-1976) Carmen Lacarra Ducay (1969-)

Francisco Abbad (1966-1972) Historia del Arte7

Francisco Abbad (1966-1972

Federico Torralba (1972-1983)

Federico Torralba (1972-1983)

Gonzalo Borras Gualis (1982-) Mª Carmen Lacarra Ducay (1984-)

Gonzalo M. Borrás Gualis (19781982)

María Isabel Álvaro Zamora (1978-) Manuel García Guatas (1978-) Carmen Rábanos Faci (1982-) Ángel Azpeitia Burgos(1983-) Carmen Morte García(1983-)

3

No facilita información para el curso 1976-1977. Entre paréntesis, año de inicio en el cuerpo y final. Aquellos que acaban con un guión es porque continúan a la altura de 1984, último año del período que hemos acotado del que disponemos información 5 Guillermo Fatás figura para el curso 1979-1980 como profesor encargado de agregación 6 Pilar Utilla es agregada interina, en 1980-1981) plaza habilitada hasta la cobertura de la vacante por concurso-oposición. 7 Por orden del 30 de noviembre de 1982 (12 de enero de 1983), Boletín Oficial del Estado, es creada la Sección de Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, dejando así de estar integrada en la Sección de Historia. 4

9 

Rafael Olaechea (1967-) Carlos E. Corona Baratech (1967- Carlos E. Corona Baratech (19651981) 1985)

Historia Contemporánea8

Juan José Carreras Ares (1981-)

Juan José Carreras Ares (1981-)

Juan José Carreras Ares (1969-1977) Jesús Longares Alonso (1982-)

José Antonio Ferrer Benimeli (1969-) Carlos Forcadell Álvarez (1982-) María de los Desamparados Giménez Giménez (1982-)

Juan José Carreras Ares (1975-1977) Historia Económica

Eloy Fernández Clemente (19751982)

Carlos Forcadell (1978-1981)

Carlos Forcadell (1977-1978)

Luis Germán Zubero (1983-)

Eloy Fernández Clemente (1982-)

Jaime Torras Elías (1980-1982)

9

Historia Medieval

José Mª. Lacarra y de Miguel (1966-1977)

María Isabel Falcón Pérez (1977José María Lacarra de Miguel (1965- 1981) 19777) Bonifacio Palacios Martín (19801981) Antonio Ubieto Arteta (1977-) Esteban Sarasa Sánchez (1981-1982)

María Luisa Ledesma Rubio (19671977) (197810-) María del Carmen Orcástegui (1977-) Jose A. Sesma Muñoz (1981-) Maria Isabel Falcón Pérez (1981-) Esteban Sarasa Sánchez (1982-)

8

No facilita información para los cursos 1976-1977, 1977-1978, 1979-1980. No facilita información para el curso 1976-1977. 10 Como adjunta encargada de agregaduría. 9

10 

Antonio Serrano Montalvo (1967197311) Juán José Andreu Ocáriz12 (1967-) Historia Moderna

Fernando Solano Costa (19671983)

Fernando Solano Costa (1965-1983)

José Antonio Armillas Vicente (1975-) Guillermo Redondo Veintemillas (1980-) José Antonio Salas Ausens (1982-)

Ángel San Vicente Pino13 (1967-) Paleografía y epigrafía

Ángel Canellas López (1966-1983)

Ángel Canellas López (1965-1983)

Carmen Ansón Calvo (1975-1980)

Amparo Cabanes Pecourt (1983-)

Rosa María Blasco (1980-1981) Cristina Monterde Albiac (1981-)

11

Fechamos en 1973 el final de la adjuntía de Antonio Serrano Montalvo, pero es preciso dejar constancia de que la Guía Académica para el curso 1972-1973 no ha sido localizada en ninguna de las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, por lo que se produce un vacío que, salvo este caso, en nada altera el cuadro, ya que no hay más modificaciones en el personal docente. Además, existe un vacío documental para el curso 1968-1969, pues las Memorias anuales de la Universidad de Zaragoza concluyen en 1967-1968, y las Guías académicas comienzan en 1969-1970. Sucede lo mismo con el curso en que acotamos, 1984-1985, para el cuál no existen guías académicas localizadas. 12 En el curso 1983-1984, Juan José Andreu sería el encargado de cátedra tras la jubilación de Solano. 13 En 1978, adjunto encargado de agregaduría.

11 

Concepción Blasco Bosqued (1967-1969) Miguel Beltrán Lloris (1970-1973; 19741976)

Prehistoria y Arqueología

Antonio Beltrán Martínez (19661984)

Antonio Beltrán Martínez14 (19651984) Manuel Martín Bueno (1981-)

Pilar Casado López (1973-) José Antonio Hernández Vera (19761978)(1981-) Manuel Martín Bueno (1978-1980) Jorge J. Eiroa García (1979-1982) Teresa Andrés Rupérez (1982- ) Pilar Utrilla Miranda (1982-1983)

Elaboración propia a partir de las Memorias y Guías docentes de la Universidad de Zaragoza 1965-1985.

14

La cátedra ocupada por Antonio Beltrán hasta 1981 fue la de Arqueología, epigrafía y numismática, hasta que en ese año se adscribió a la recién creada cátedra de Prehistoria.

12 

En este contexto institucional comenzaron a gestarse diversas obras sobre la historia de Aragón. Más allá de los trabajos que vieron la luz en las publicaciones departamentales en la Facultad de Letras, donde se aprehendía la historia local y regional de Aragón, los principales impulsos vinieron desde otros lados. Un grupo de jóvenes historiadores vinculados al periódico quincenal antifranquista y con cierto corte aragonesista, Andalán -“la generación de Andalán”, en palabras de Eloy Fernández Clemente (2000, p. 27)-, comenzaron desde las páginas de la publicación a elaborar artículos que introducían y difundían la Historia de Aragón. Parte de este grupo, además, recayó en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y con la base de Andalán, fue desde el Departamento de Historia Económica de esta Facultad desde donde surgieron las primeras obras de entidad sobre la historia social, económica y política del Aragón contemporáneo. Un Departamento que, por la definición de sus prácticas y sus características diferenciales con el resto de departamentos, adquirió el carácter de contrainstitución, siguiendo a Gurvitch, en los años finales del franquismo y durante la transición. Desde aquí, los estudios sobre Aragón, en la década de los setenta, comenzaron a plantear una variación en el objeto de la historia local aragonesa así como en la definición de su sujeto. Es un hecho que ya se había producido en la historiografía valenciana en la década de los sesenta y primeros setenta, a partir de las obras de Joan Reglá. Aunque esto había sido también apuntado en los cincuenta en las obras sobre Cataluña de su maestro, Jaime Vicens Vives. El objeto de estudio iba a ser, en la obra de Reglá, Valencia y los valencianos el sujeto de su historia. Comenzó así a darse una entidad propia y específica a las distintas regiones (Ruiz Torres, 1996; Salvador, 1998), más cuando en procesos como la historia medieval y moderna, habían existido entidades políticas diferenciadas, bien como reinos independientes en los años de la historia medieval peninsular o como entidades políticas propias, diferenciadas y con una organización específica hasta la llegada de los Borbones. La definición y construcción de un nuevo objeto histórico, con un sujeto específico no contemplado como parte de la “nación” española sino con unas características concretas y que necesitaban ser historizadas, provocó uno de los cambios mayores dentro de los estudios locales. La vieja idea que atendía a las provincias y las regiones, donde la historia local estaba al servicio de la patria y atendía a los principales hitos de su historia en relación con la Historia de España, fue sustituida, desde las Universidades, por el estudio de la región en sí misma entre los años sesenta y los 13 

ochenta. Al menos en tres casos, Cataluña, Aragón y Valencia15, esta nueva orientación de los estudios locales marcó parte de la historiografía y, llegados los estatutos de autonomía, los trabajos emprendidos en los años finales del franquismo y en la transición, ocuparon un lugar propio en las historiografías de cada Comunidad Autónoma. El surgimiento de las autonomías generó, para el estudio de la historiografía, un problema doble. Por un lado, las nuevas autonomías necesitaron de una legitimidad que, como casi siempre sucede, recayó en la Historia, en la búsqueda de raíces y en la explicación de la singularidad comunitaria. Por el otro, impulsaron y financiaron estos estudios una vez creadas, sin dejar nunca de atender al intento de legitimar históricamente su propia existencia. Un proceso que, como apunta Gonzalo Pasamar (2004, pp. 364-372), estuvo marcado no sólo por las propias autonomías sino por el “apoyo de entidades financieras y periódicos regionales” y “las apuestas de ciertas editoriales” que permitieron la renovación de los estudios históricos locales. Hay que tener en cuenta, además, que los cambios en las historias regionales se produjeron en un contexto político, a finales de los sesenta y principios de los setenta, donde la demanda regionalista, en todas sus formas, comenzó a aparecer en amplios espectros políticos, desde el ilegal Partido Comunista a las autoridades del régimen que comenzaban a sentirse inquietas por su futuro. Un proceso político y una movilización social que demandó a su vez una argumentación, desde la que pudieron nacer intereses profesionales que dieron a luz los primeros estudios sobre Aragón y que posibilitaron el crecimiento de estos trabajos en la década de los ochenta. Década esta que, conforme las nuevas estructuras autonómicas se consolidaron, vio complicarse el espectro historiográfico español en las distintas Universidades no sólo por la progresiva especialización de la historia sino también por el surgimiento de historias nacionalistas o autonómicas (Serrano y Ramos, 2002). Y fue, también, una historia local distinta a la practicada desde los Institutos locales, la realizada por quienes comenzaban a asentarse en la Universidad zaragozana16.

15

Ejemplos de cómo en los años sesenta este fenómeno se produjo en Cataluña nos lo dan, por ejemplo, la dirigida por Ferran Soldevilla en cinco volúmenes entre 1963 y 1974, Història dels Catalans, donde participaron diversos discípulos de Vicens, o la Història de Catalunya dirigida por Joan Reglà, entre 1969 y 1972, así como los estudios que emprendería la escuela de modernistas formada por Joan Reglá en la Universitat de València, entre los setenta y los ochenta. 16 En la puesta de manifiesto de las singularidades de Aragón que permitieron demarcarlo como objeto del estudio y a los aragoneses como sujeto también incidieron estudios que no fueron realizados directamente por historiadores. Así, trabajos como los de Jesús Delgado sobre el Derecho aragonés, que también quedó

14 

En Aragón, más allá de los primeros pasos dados a lo largo de la década de los setenta por los diversos departamentos en el desarrollo de estudios sobre Aragón, encontramos un primer esbozo de esta nueva historia con la publicación de la síntesis Los Aragoneses, en 197717. En él participaron quienes durante los primeros diez años de nuestro estudio habían leído su tesis doctoral, principalmente, en la Universidad de Zaragoza, o guardaban relación directa con ella. Así encontramos a Eloy Fernández Clemente, Gonzalo Máximo Borrás, Guillermo Fatás, Estaban Sarasa, Carlos Forcadell o JoséCarlos Mainer. A parte de que todos ellos fuesen jóvenes historiadores y ninguno de los catedráticos de Filosofía y Letras apareciese en la relación nominal de los compositores de la obra, se nos hace muy visible otro dato: y es que, el modernismo fue cubierto por Eloy Fernández Clemente. No es extraño, si observamos que el libro, publicado en 1976, es anterior al proceso de producción de tesis doctorales sobre Aragón, desarrolladas básicamente y leídas entre 1975-1985. Y también es indicativo del leve retraso que, en comparación con los estudios sobre Historia de Cataluña, sufrió la renovación de la historia moderna de Aragón. Pues no fue hasta finales de la década de los setenta cuando el cambio en el sujeto y el objeto de la historia local en el modernismo variase hacia las características que hemos expuesto. Y esto se produjo de la mano de esos investigadores que a la altura de 1976 comenzaron a producir las primeras tesis sobre el pasado moderno de Aragón y que presentaron sus síntesis entre finales de los setenta y principios de los ochenta18. Pero es un cambio, como tantos de los referidos, gestado en la década de 1965-1975 y que dio sus frutos, como ya hemos dicho, en los años siguientes. Pero más allá de los nombres que fueron artífices de la historia de Aragón en los parámetros que hemos referido arriba, nos presenta otra singularidad. Los estudios sobre Aragón, y la presente síntesis es una muestra de ello, albergaron los principales aspectos de la renovación historiográfíca de la Universidad de Zaragoza. La Historia Antigua

recogido en Los aragoneses, o los del filólogo Francho Nagore sobre los dialectos del aragonés, incidieron en la delimitación de las especificidades de los aragoneses como un sujeto de la historia. 17 Se había intentado llevar a cabo unas Jornadas centrada en el estado de los estudios, con el primer congreso de “Estudios aragoneses”, en junio de 1978, que acabaron rodeadas de problemas y no permitieron avanzar en los estudios sobre Aragón hasta las jornadas de 1977. Sobre esto Andalán, nº 92, p. 9 y en el número siguiente, las deficiencias del congreso, Andalán, nº 93, pp. 8-9. El congreso de 1978 en VV.AA. (1979). 18 Clave de este proceso, con la aparición de una síntesis en 1977, en la colección Aragón de la Librería General, fue la obra de Colás y Salas (1977), donde el mismo título, con un “bajo” y no un durante, indicando cierto sometimiento, se hace indicativo del contenido y los cambios en la obra, en la que Aragón es un ente político específico y concreto bajo la monarquía hispánica y los aragoneses el sujeto de esa historia.

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desgajada de la Arqueología clásica, aunque siga refiriendo datos de yacimientos, y centrada en la problemática de los pueblos prerromanos y la romanización, estudiando el proceso, en la parte cubierta por Guillermo Fatás,; la incorporación de aspectos económico sociales desde el medievalismo al contemporaneísmo, así como la interdisciplinariedad con textos del economista Jose Antonio Biescas y

Carmen

Granell- introducido el primer epígrafe de su estudio bajo el título “El país”-, son algunos de los aspectos que debemos referir. Un conjunto de rasgos generacionales e historiográficos que en adelante alentarían la conformación de una memoria profesional distinta, con reconocimientos y olvidos voluntarios. Estos olvidos voluntarios se observan también en las actas de las primeras jornadas dedicadas a los estudios sobre Aragón, con las que cerramos este apartado. Aquellas jornadas, adquieren a la luz de la historia de la historiografía, el carácter de contrainstitución, al igual que pasase con el Departamento de Historia Económica de Zaragoza. En dichas jornadas, la ausencia de gran parte de los antiguos catedráticos de los departamentos zaragozanos, quienes representaban no sólo al fenecido poder político de la dictadura en las mentes de los jóvenes investigadores, sino también una concepción de la institución universitaria muy alejada de los parámetros democratizadores y unas propuestas temáticas y metodológicas que estaban siendo superadas, es sintomático de ese carácter contrainstitucional. Ejemplo de una forma de resistencia cultural- como las líneas de investigación del Departamento de Historia Económica- a las pautas predominantes en la Facultad de Letras y a los límites políticos que el franquismo imponía, así como muestra de un proyecto nuevo para las prácticas de los historiadores. Y queda por referir una colección, de iniciativa privada, en la que se fueron recogiendo todos estos estudios. La colección Aragón de la Librería General de Zaragoza, que comenzó en 1976 y se extendió hasta 1987, publicó a lo largo de estos años diversos estudios sobre Aragón que permitieron la difusión de los principales avances investigadores sobre el pasado aragonés y la creación de una base para el desarrollo de una futura memoria autonómica. Así, las principales características de esta etapa de la historia de Aragón fueron al menos cuatro; la extracción académica y el lugar secundario dentro de su estructura de quienes emprendieron su estudio; la renovación de las prácticas, tanto histórica como historiográfica, que se evidencia en tres aspectos; la renovación metodológica y

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temática, la delimitación del sujeto y el objeto de estudio y la aparición de nuevos circuitos de publicación y discusión.

2. Apuntes sobre la institucionalización y difusión de la Historia de Aragón: 1981-1996 En pleno debate sobre los estatutos de autonomía, la realidad de las obras sobre Aragón comenzó a cambiar. Optamos en parte por ello, en establecer el punto de cesura en 1981, aunque le sumamos tres hechos no menos importantes. El primero no fue otro que la vuelta de Juan José Carreras Ares al Departamento de Historia Contemporánea de Zaragoza. Éste, que perteneció a la generación de Andalán, que desde Económicas había comenzado a realizar y reorientar temática y metodológicamente los estudios históricos sobre Aragón en la Universidad de Zaragoza, asumió la dirección del Departamento de Historia Contemporánea. Con su llegada, un conjunto de jóvenes doctorandos o recién doctorados, comenzaron a redefinir las líneas de investigación del Departamento. Una de las claves de esto, sería la introducción, con los puntos de renovación apuntados anteriormente, de la Historia de Aragón en los parámetros renovadores que se establecieron años atrás en Económicas. Por otro lado, en 1981 se comenzó a publicar, con financiación de la Caja de Ahorros de Aragón y La Rioja, una historia de Aragón dirigida por Antonio Ubieto19. Reseñamos este momento como clave, puesto que desde entonces los antiguos catedráticos de la Universidad de Zaragoza comenzaron a participar en los proyectos de difusión de la Historia de Aragón al lado de quienes lo llevaban haciendo desde mediados de los años setenta 20 . Y, en último lugar, es desde 1981, prolongándose durante toda la década, el momento en que los centros e instituciones de estudios locales comienza un proceso de readaptación al nuevo marco democrático, produciéndose no sólo su renovación personal, sino también la renovación de las prácticas. Así, se fue trazando el largo camino de la institucionalización de la Historia de Aragón. A la reorientación de los centros e institutos locales, se sumaron las lecciones

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Una comunidad en discusión necesita de unos referentes que la legitimen y, así, no es extraño que la obra de Antonio Ubieto versase sobre los orígenes de Aragón y la formación territorial o las divisiones administrativas, entre otros aspectos, a lo largo de sus tomos (Ubieto, 1981-1989) . 20 Si bien lo apuntado hasta el momento es la tónica general en los estudios históricos, bien es preciso aclarar que, en el caso del medievalismo, los estudios sobre Aragón habían tenido un peso principal bajo la pluma o dirección de José María Lacarra y Antonio Ubieto. Hecho indicativo es también que la historia de Aragón apareciese en 1978 ya en los planes de estudio de la licenciatura de Historia en la Universidad de Zaragoza. B.O.E. 4-X-1978, p. 23112. Además, un año antes, Agustín Ubieto ya había publicado Historia de Aragón en la Edad Media: Bibliografía para su estudio, Anubar: Zaragoza, 1980.

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que en los distintos departamentos se iban a impartir sobre el pasado aragonés y que cristalizaron en la incorporación al plan de estudios de 1996 de una Historia Moderna y Contemporánea de Aragón como materia obligatoria, una vez las competencias educativas se hubieron transferido a la Comunidad Autónoma. Y como indicativo de este proceso de institucionalización, tanto en la Institución “Fernando el Católico” como en la docencia universitaria, encontramos una obra publicada en 1989. En Historia de Aragón. Generalidades (VV.AA., 1989), se recogían las charlas impartidas en un curso organizado por la IFC sobre la historia de Aragón en 1986-1987. En él, encontraremos a quienes a la altura de 1986 todavía permanecían en la cátedra universitaria con algunos de los nombres que aparecían en el ya referido Los Aragoneses. Pero este tipo de obras de corte universitario, no fueron quizá las que mayor difusión y repercusión encontraron en la sociedad aragonesa. Al contrario, fueron las obras de divulgación histórica, encargadas a los miembros de la comunidad universitaria por las Cajas de Ahorros o la prensa regional, las que mayor difusión y conocimiento tuvieron en la sociedad aragonesa. Un conjunto de obras que comparten algunas características comunes, de las que apuntaremos, al menos, cuatro. En primer lugar, estas obras inciden en la definición comunitariaextendiendo en algunos casos el apelativo de aragoneses incluso a la prehistoria (Beltrán, 1991, p. 2) -, en la limitación de sus orígenes e identificación de sus fronteras administrativas. Por otro lado, en ellas se combinan, desde el principio, a los cabezas de las cátedras universitarias con quienes desde tiempo atrás venían desarrollando la historia de Aragón. Esto nos lleva a otro hecho, que no es sino la conjunción de diversas concepciones metodológicas, sin un predominio claro de ninguna como sí sucede en las obras universitarias, donde lo económico y social adquiere tintes hegemónicos, o en los trabajos de divulgación de la década de los setenta. Por último, el fondo de la Historia de Aragón se encuentra revertido, con respecto al periodo anterior, en otro punto. Si en la Historia de Aragón se habían conjugado las renovaciones metodológicas e interpretaciones y los intereses sociales de un grupo de historiadores, apuntando directamente a la línea de flotación de las líneas investigadoras y políticas de quienes regían la comunidad universitaria, en la década de los ochenta esto se invierte. Queda invertido porque en ella, en pleno proceso de transición, encontraron cabida para su “readaptación” historiográfica y social los nombres que desde su puesto político universitario habían sido la encarnación del régimen. 18 

Pero, además, sirvieron para generar una memoria colectiva que definió y consiguió identificar a los aragoneses, al igual que legitimó a la nacida comunidad autónoma. Apareciendo, de esta manera, una suerte de historia autonómica tal y como la define Gonzalo Pasamar, bien nutrida económicamente y en donde el uso público de la historia se hace patente. Así, podemos recorrer un largo camino por diversas obras como Aragón en su historia, de 1980, la Colección CAI 100, o la Historia de Aragón editada por el periódico regional Heraldo de Aragón21. Tal vez, tan solo la colección que Guara Editorial elaboró entre 1985-1987, continuase más en la línea de aquella otra, ya referida, de la Librería General. Aunque, claro está, si observamos tanto la dirección de la colección como la nómina de autores que completaron sus números monográficos, nos damos cuenta de la heterogeneidad integradora para la readaptación académica y política que define a las obras sobre Aragón en la década de los ochenta. Hasta aquí, hemos ido conteniendo las principales conclusiones y líneas de evolución de la Historia de Aragón como intento de someterlas a debate e investigación. Un objetivo, con el que pretendemos incitar al análisis de la historia regional y local en el proceso de construcción de historias comunitarias, tanto para comprender el peso que ocuparon los enfoques locales como para ver, en un convulso período político, las repercusiones y el trasfondo social de este tipo de obras.

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EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA (1969-1979): LÍDERES, PROYECTOS Y RUPTURAS

Juan Carlos Colomer Rubio* Universitat de València

1. Introducción: el estudio de los ayuntamientos franquistas como avance en el conocimiento sobre la Transición Todo final de régimen político autoritario e inicio de una etapa democrática incluye un necesario debate: ¿de qué forma se transitó?, ¿cuándo se inició el cambio?, ¿qué actores lo favorecieron?, ¿qué elite política pervivió?; multitud de interrogantes que han sido debatidos desde los propios inicios de la crisis del franquismo y Transición a la democracia española. Dicha discusión, iniciada por grupos de investigación vinculados a la sociología y politología, tuvo su continuidad en determinados sectores de la historiografía y se plasmó en importantes obras que han constituido referentes en el estudio de las transiciones y la democratización. Pero, en los últimos años, estamos asistiendo a un replanteamiento general del debate. El progresivo distanciamiento del historiador de los marcos teóricos planteados por científicos sociales y la apertura de nuevos archivos y centros de investigación, ha llevado a una reformulación de la explicación en torno a la génesis y desarrollo del cambio político en el Estado español en los años setenta. Así, la incorporación de las instituciones locales, concretamente los consistorios municipales, ha permitido profundizar en el estudio del proceso democratizador a escala local (Nicolás, 1982; Larraza, 2005; Marín, 2000, 2005; Martín, 2006, 2008; Quirosa-Cheyrouze y Fernández, 2010; Sánchez y Ponce, 2011). Por tanto, inserto en un proyecto de tesis doctoral más amplio, planteamos una investigación de la institución de referencia para gran parte de la ciudanía que convivió con el régimen desde un primer momento: los ayuntamientos franquistas. Por medio de ellos se pretendía controlar las diferentes localidades e instaurar y vertebrar las nuevas políticas del Estado apoyadas por una elite afín. Además y paralelamente a todo lo anterior, los ayuntamientos, como el que presentamos en este working paper, reflejaron los diferentes proyectos confrontados en la dictadura y la particular visión de la política *

El autor es beneficiario del programa de becas FPU del Ministerio de Educación.

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que tendrán sus dirigentes. Sus líneas de actuación, las divergencias fruto del contexto de incertidumbre generado por la progresiva decrepitud del dictador y la división de su entorno serán analizados, presentando unas posibles hipótesis y conclusiones parciales a la investigación sobre el consistorio municipal valenciano en la Transición. Así veremos que, para el caso del Ayuntamiento de Valencia en el ámbito cronológico de 1969-1979, se producirá una ruptura política de la elite al frente pasando de un falangismo “caudillista” encabezado por Adolfo Rincón de Arellano -alcalde de 1958 a 1969- a una gestión “profesionalizante” de la mano del tecnócrata Miguel Ramón Izquierdo -al frente del consistorio de 1973 a 1979-. Esta ruptura será la clave que va a marcar el desarrollo de estas páginas: la cesura de la elite al frente, reflejo de una situación general de la dictadura, será factor explicativo de la forma de cambio en los setenta en el País Valenciano. El primero, Adolfo Rincón de Arellano, “camisa vieja” y colaborador inicial de Falange y cuya vida va más allá de la gestión local de uno de los municipios más importantes de España, intentó administrar determinadas relaciones, interviniendo, de alguna manera, en la construcción de un nuevo mapa político posible tras Franco. El segundo, Ramón Izquierdo, fuerte regionalista, contribuyó a generar un discurso compatible con el marco democrático lo que le permitió, no sin cierta problemática, mantenerse políticamente tras el fallecimiento del dictador. Ambas trayectorias circunscritas al periodo 1969-1979 y rescatadas en este working paper ayudan a completar un vacio historiográfico y, paralelamente, explican el proceso transicional basado en la incertidumbre, la cierta improvisación y el mantenimiento, con mayor o menor éxito, de discursos, prácticas y personal político de la etapa anterior.

2. “Una izquierda del régimen”. Falangismo y poder municipal (1958-1969) El proyecto político de la Falange jugó un papel fundamental en la construcción y evolución de las diferentes instituciones locales. Un proyecto que se fue forjando a partir de la amalgama de los intereses conservadores previos a la guerra, combinado con una elite de “camisas viejas” impulsoras de este conjunto político. Este grupo de poder, representado por antiguos combatientes y jóvenes impulsores de la FET-JONS, acabó por ser el sector “más renovador” -en el caso del territorio valenciano- de las políticas sociales y de la gestión local. Pero lo cierto es que la desunión de la clase dirigente del régimen fue debilitando progresivamente este grupo y propició su caída en torno a 1969. De este proyecto político de la dictadura se eligió a determinados hombres para que 23 

ocupasen cargos locales y, de paso, frenar el peso creciente de otros grupos monárquicos o nacionalcatólicos. Un juego de intereses en las diferentes localidades que se puede rastrear perfectamente, como veremos a continuación, si optamos por un análisis microhistórico. Con la elección de Adolfo Rincón en 1958 como alcalde de Valencia se optaba por un excombatiente en la guerra, que había ocupado diferentes puestos locales y frenar, de paso, el creciente peso del importante grupo monárquico en la ciudad. Este alcalde, con una amplia capacidad de adaptarse al medio político, pues ya había impulsado la Falange en la ciudad antes de la guerra, pudo realizar una carrera ascendente dentro del mundo de la política valenciana y española. De hecho, su personalidad ideológica estuvo fuertemente imbricada, como venimos señalando, por la personalidad de los impulsores de Falange, José Antonio y Ramiro Ledesma, de los que era amigo personal. Siempre consciente de la necesidad de una revolución nacional pendiente, su labor política se impregnó por la renovación social, intentando dotar de un estilo propio a su acción de gobierno.

“Franco a mí me aguantaba muchas cosas que yo no sé cómo me aguantaba, porque usted calcule que yo en la presidencia de la Diputación hice lo que no ha hecho nadie en España que es la ‘redepuración’, o sea, volver a meter prácticamente a todos los que habían tirado por rojos después de la guerra […] Los volví a meter a todos”1.

Pese a todo, su posición ideológica fue derivando hacia la Falange de Franco, que acosada por los militares, la Iglesia, tradicionalistas y monárquicos, se había mostrado dispuesta a renunciar a elementos esenciales de su propio discurso fascista con la esperanza de desactivar tal acoso. Todo ello a costa de perder ilusión en sus bases y jugando a la carta del caudillaje franquista. Falange permaneció frente a todos reafirmándose como española, católica y tradicional (Ellwood, 1984 y Saz, 2003, pp. 369-370).

“Los curas que había en las prisiones eran curas tradicionalistas y claro, ellos echaban la culpa de la represión a Falange […] Si los curas que había en las cárceles eran curas que

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Entrevista a Adolfo Rincón de Arellano realizada por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de València. En adelante, DHC-AO/CU133.

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también sacudían a Falange, pues claro, estaban creando un ambiente hostil. O sea, una campaña bien organizada”2.

Será esa imagen de resistencia, unido a la forja de una personalidad crítica con el régimen, aunque sin llegar a cuestionarlo abiertamente, la que forjará la personalidad de Rincón de Arellano y su gestión.

“Opino que así como los pertenecientes a una religión deben admitir toda la vida los dogmas, en política no puede ocurrir lo mismo, las circunstancias cambian. No se puede pensar ahora como en 1933 o 1936. Yo soy fiel a las líneas fundamentales: la unidad de España y una acusada conciencia social. […] Incluso el concepto de Patria, la concepción orteguiana de José Antonio, requiere ser adaptada al tiempo que vivimos”3.

Rincón de Arellano representante de aquel falangismo autentico a la espera de la revolución nacional pendiente que salió de la guerra civil (Gómez Roda, 1995), fuertemente influido por la lectura de la “Dotrina del Fascismo” de Mussolini, sus contactos personales con Primo de Rivera y su formación en Roma, donde pudo empaparse del fascismo italiano, son claves que permiten comprender las políticas públicas de su mandato municipal basadas, desde su percepción personal, en “una visión acertada de los tiempos”. Dentro de esas líneas de renovación debemos señalar la empresa autogestionaria SALTUV que respondía los ideales falangistas de entidad corporativa y que tenía por objeto la gestión del transporte público de la ciudad. La novedad es que la organización se conformó como una sociedad donde los trabajadores eran propietarios de dos acciones de la misma convirtiendo la experiencia en un autentico colectivo autogestionado dónde el control y presencia del Ayuntamiento era casi inexistente. Junto con ello tenemos el desarrollo de un urbanismo futurista, poco respetuoso con el entorno natural, donde subrayamos dos grandes proyectos: El “Plan Sur” y la urbanización del paraje natural de “El Saler”. Ambos planes centraron multitud de titulares y representaban la política de expansión urbanística descontrolada del franquismo. Además, las dos ejecuciones supusieron una lucha interna continua de los

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(DHC-AO/CU133). Entrevista a Adolfo Rincón de Arellano en el número de diciembre de 1969 de la Revista Índice.

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miembros de la elite municipal con los barrios, asociaciones vecinales y movimientos que abrieron la puerta a la reivindicación ciudadana en la Transición. Adolfo Rincón de Arellano fue el alcalde del franquismo que más perduró en el cargo hasta su dimisión en 1969. Su sucesor y continuista, Vicente López Rosat, explicitaba su salida de la siguiente manera:

“Adolfo Rincón de Arellano estuvo al frente del Ayuntamiento alrededor de once años. Hubo un motivo concreto para su dimisión, y es que había tenido un choque personal y político muy fuerte con el que era subsecretario del Interior, un catalán cuyo nombre no recuerdo ahora. Pues bien, resulta que Franco hizo en 1969 un cambio de política, y nombró mucha gente del Opus. Rincón de Arellano había hecho recientemente unas declaraciones bastante críticas con el Opus. El subsecretario le llamó la atención, cosa que Adolfo le sentó muy mal. Entonces se produjo un enfrentamiento considerable” (Zabala y Marí, 1999, pp. 95).

Su dimisión, debida al peso que fue gozando en la ciudad determinados miembros del régimen vinculados al Opus Dei, el nombramiento de Garicaño Goñi como ministro de la Gobernación, en sustitución del veterano militar Camilo Alonso Vega, y el ascenso de Cruïlles de Peratallada como subsecretario del Ministerio, llevaron a un conflicto abierto entre las partes. El propio Rincón afirmaba:

“Creo que una cosa es estar en desacuerdo con el gobierno y otra muy distinta enfrentarse con el Régimen. Yo puedo estar en desacuerdo con un gobierno, pero no estoy en contra del Régimen. Pienso que es imprescindible montar una izquierda del sistema político español”4.

La evolución de Rincón de Arellano, en palabras de Dionisio Ridruejo, era la de esa Falange real contrapuesta a la “hipotética”, una falange que ostentó desde un primer momento el poder, tiñendo de “azul” una serie de medidas pragmáticas, generalmente conservadoras y paternalistas y en ocasiones populistas (Miguel, 1978). Aunque con Rincón encontramos un componente más: la política como forma de vida que le llevaría a no vacilar presentando una dimisión ruidosa en un régimen no acostumbrado a ello y con un proyecto político que consideraba plausible para la realidad social del momento. Y la clave del asunto es que los falangistas como Rincón no fueron siempre el sector del

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DHC-AO/CU133.

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gobierno influyente, sino más bien el “social”, el que atendía a las demandas y los problemas, pero nunca el que recogía o administraba el dinero, el que marcaba las líneas de la política económica y presupuestaria. En Rincón encontramos una queja recurrente a las políticas sociales que se estaban realizando y, en definitiva, a un franquismo como él no había soñado (Primo de Rivera, 1983, p. 185). Pese a la ruidosa salida de Rincón, el proyecto falangista había invadido el consistorio en los últimos años y muchos de los concejales se adscribían a dicho proyecto. Ello llevo a buscar a un sustituto continuista, Vicente López Rosat, en una línea aperturista que “se adelantó al espíritu del 12 de Febrero” con el establecimiento de plenos públicos, visitas a los barrios para conocer su problemática interna y una actitud más contestaría con sus superiores. A excepción de su antecesor, prontamente se enemistó con el gobernador civil que aprovechó las primeras manifestaciones vecinales multitudinarias para cesarlo en su puesto. Con su salida, en 1973, se cierra una etapa en la construcción de la dictadura en Valencia pues, a partir de ese momento, se abrirá la puerta a una nueva elite de orígenes e intereses diferentes y cuya forma de entender la política tendrá gran repercusión sociopolítica en el futuro.

3. “Valencians! mai catalans”. Miguel Ramón Izquierdo y el regionalismo bien entendido (1973-1979) El proyecto revolucionario de Rincón de Arellano se truncó con el ascenso de una nueva elite de intereses y orígenes divergentes a partir de 1973. Lo cierto es que el peso de la élite no proveniente del falangismo inicial no había dejado de aumentar en todo el franquismo. Su creciente peso en el régimen fue una realidad, sobre todo a finales de los setenta con el triunfo del proyecto de sucesión a la Jefatura del Estado, elaborado por Carrero Blanco que truncaba con las aspiraciones de este falangismo autentico. Para la ciudad de Valencia habrá que esperar a finales de 1973 para comprobar este relevo. Con Miguel Ramón Izquierdo nos encontramos con un claro exponente de la elite económica de la ciudad en los años 60. Este edil no era un “camisa vieja” ni tampoco había participado de la construcción del proyecto falangista. Se autodefinía como un servidor del Estado mostrando un “escaso caudillismo” a diferencia de los alcaldes anteriores. De hecho, su trabajo municipal era complemento de su tarea como jurista, decano del Colegio de Abogados y presidente de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación (Pérez Puche, 1979, 1998).

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Por tanto, estaríamos ante un gestor municipal, prácticamente despegado de cualquier grupo político y cuya gestión se basó en el servicio al Estado y lo que supuso mayor novedad: el reconocimiento de la supuesta realidad regional valenciana desde la municipalidad, fomentando un regionalismo que repercutió socialmente y atrajo a una amplia base social. Además su gestión continuó la senda de determinados grandes proyectos urbanísticos que lograron aumentar su prestigio e influencia social. Aunque a diferencia de los dos alcaldes anteriores, sus políticas urbanísticas se alejaban de la esencia futurista y revalorizaban el entorno natural. Sirva de ejemplo la paralización de la urbanización del entorno natural de “El Saler” y la devolución del lecho del cauce del rio Turia a la ciudad -ambas situaciones ya centraban las demandas de la ciudadanía años atrás-, que contribuyeron a fortalecer su imagen de precursor de la democracia, por el contacto “asiduo” y “reticente” que mantuvo con las asociaciones de vecinos de gran influencia en esos años. Pero escuchar las reclamaciones realizadas por estos grupos, en clara respuesta a la presión “por abajo”, no resultó una constante en su mandato. Pues, aunque avanzará en políticas urbanísticas y sociales solicitadas por las mismas, nunca hasta el punto de configurar con ellas una comisión conjunta de gobierno local y de ningún modo dejó de ser visto como ilegitimo de origen para ocupar el cargo en tiempos de democracia tras la Ley de Reforma Política. La prueba más evidente es que nunca se desvinculó ideológicamente de los presupuestos de la democracia orgánica (Las Provincias, 6 de marzo de 1983). Y durante su mandato hubo muestras inquebrantables de adhesión y recuerdo constante al régimen anterior, como se desprende de los homenajes que tras la muerte de Franco se sucedieron en el pleno municipal:

“Hacer constar la profunda aflicción de la corporación Municipal interprete del sentir del pueblo valenciano por el fallecimiento de Francisco Franco, caudillo de España, en esta triste hora de nuestra patria […] en el propósito de permanecer fieles a su ejemplo de patriotismo, hombría de bien y virtudes cristianas […] Hagamos ahora lo que Franco quisiera: trabajemos todos por España”5.

Lo que de verdad nos interesa de su mandato y supondrá una ruptura con los alcaldes anteriores, repercutiendo y condicionando la propia Transición valenciana, será su pretendida defensa de unos valores “intrínsecamente valencianos” –recalcado con 5

Archivo Municipal de Valencia, Acta pleno extraordinario 20 de noviembre de 1975.

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insistencia a diferencia de mandatos anteriores–. Esto creó una memoria colectiva de un alcalde anticatalanista y por consiguiente “verdadero valenciano” frente a los intereses foráneos. Derivado de las críticas vertidas por asociaciones y grupos políticos por su escasa legitimidad por ocupar el cargo en tiempos de democracia, resurgirá con fuerza su defensa del “idioma valenciano” y de los símbolos y tradiciones “patrias” siempre en relación y acatamiento extremo de los principios del Movimiento mientras los hubo, constituyendo así la característica fundamental de su mandato. Todo ello se extrae de varios de sus discursos públicos en las tomas de posesión de 1973 y 1976, esta última tras el proceso electoral interno derivado de la Ley de Régimen Local aprobada en 1975. En ambos enfatizó la idea de fomentar un “regionalismo bien entendido como formula seria”. Todo esto vio la luz en la fundación, siendo todavía alcalde, de “Unió Regional Valenciana”, partido de escaso éxito electoral, pero base de “Unión Valenciana” de gran rédito político en la democracia una vez el discurso regionalista triunfó socialmente gracias, en parte, a la carismática figura de Vicente González Lizondo. De este modo, URV, defensora del secesionismo lingüístico, de la bandera tricolor, y del topónimo “Reino de Valencia”, dará lugar al valencianismo conservador basado en esencias regionales muy incentivadas en la época anterior desde la municipalidad. Consecuente con su origen acusará al centro y a la izquierda de “sustituir la identidad valenciana por la catalana” al querer imponer unos símbolos y una lengua distinta y extraña a la identidad de los valencianos. Dicha defensa del regionalismo calará hondo en la ciudad generando un autentico movimiento anticatalanista, conocido como “blaverismo” que condicionará el proceso estatutario y autonomista. La pervivencia del discurso regionalista auspiciado desde la municipalidad franquista pervivirá políticamente en la democracia y marcará el mandato del último alcalde franquista de la capital, sobre todo entre 1977-1979. (Colomer, 2012; Cucó 2002)

4. A modo de conclusión

“Junto a la mengua en el consenso sobre el ‘modelo español’ de democratización, se ha producido también una mayor voluntad de cuestionar los límites de ese modelo. Cuando los teóricos de la democratización a finales de los noventa pasaron de estudiar la Transición a

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estudiar la consolidación democrática, empezaron a discutir la calidad del régimen democrático que emergió de dicha vía de Transición” (Radcliff, 2010, pp. 276-277).

Como afirmaba la historiadora Pamela Radcliff, este modelo de “idílica Transición” debe ser repensado. Posiblemente habría que empezar analizando el proceso desde otras perspectivas y enfoques, entre ellos el notable peso que pudo tener la sociedad civil en diálogo con el personal político que lideró las instituciones municipales, primer ámbito de referencia política de la ciudadanía, unido a las políticas municipales que condujeron a determinados grupos políticos y líderes a la naciente democracia -e incluso a negarla-. Todo ello es lo que hemos ido realizando en este working paper que hoy presentamos. De la forma en la que se hizo la Transición, sobre todo en los pueblos y ciudades, nos permitirá reconstruir todas las variables y caras de este proceso. Pues, con la premisa de tener controlado el Estado para luego democratizar el municipio, se fueron retrasando los procesos electorales de las municipalidades creando la problemática del mantenimiento del personal anterior en unas instituciones fundamentales para el desarrollo político. Alcaldes, concejales, secretario de pleno e incluso algún asesor municipal… pasarán, prácticamente sin solución de continuidad, a nuevas fuerzas democráticas, ya fuera en el centrismo de la propia UCD o en los nuevos grupos regionalistas creados ex profeso -similar fue el caso de Hipólito Gómez de las Roces en Aragón, fundador del Partido Aragonés Regionalista y presidente de la Diputación de Zaragoza en el franquismo-, gracias a la preparación del terreno político que habían realizado años anteriores. Pero lo fundamental es la desunión de la elite dirigente, aglutinada en diferentes proyectos políticos enfrentados, y que resultó clave para el progresivo distanciamiento social y desintegración de la dictadura. Esa división provocó un claro enfrentamiento sobre de qué manera atender las diferentes demandas sociales planteadas. Estas dudas fueron solventadas por la dictadura, primero con violencia y después con el progresivo recambio de la elite al frente -gobernadores civiles y alcaldes, sobre todo- que cerraron la puerta a cualquier vestigio democrático en las municipalidades hasta 1979. Así, los últimos consistorios franquistas no abrieron sus puertas a cierta liberalización. Esto fue debido a que su interés no radicaba en un avance hacia la democracia que pudiese desestabilizar el sistema, desvirtuándolo. Eran gestores, debían evitar la quiebra de las arcas municipales, favorecer los intereses de determinadas familias y, principalmente, no atentar contra los principios del Movimiento mientras los hubo. 30 

Resulta, por tanto, fundamental analizar e intentar responder, como hemos hecho, el propio papel de las instituciones municipales en el tardofranquismo y ver como el poder omnímodo de los alcaldes, unido al desarrollo de políticas y prácticas concretas, indisociables a la formación ideológica de los mandatarios locales, muchas de ellas pensadas en “ganar la paz”, marcarán el propio devenir del proceso transicional. Además, las tensiones de los proyectos políticos presentes en los consistorios irá desgastando la dictadura hasta que suceda el “hecho biológico” Unos proyectos que se pueden observar en las políticas concretas y en la actitud política de los alcaldes. La confrontación de los diferentes programas, que tienen en lo local su máxima representación, explicita el progresivo desgaste de la dictadura. Algo que será aprovechado por los opositores al régimen para canalizar sus demandas democráticas y posibilitó, al final, su transformación.

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APUNTES METODOLÓGICOS PARA TRABAJAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Marcos Marina Carranza Universidad Autónoma de Madrid

1. Introducción Desde hace unos años, están apareciendo cada vez más publicaciones e investigaciones que analizan en clave histórica el proceso de transición a la democracia en España. A medida que avanza el tiempo, nuevas áreas de estudio se incorporan a estos trabajos, con el fin de proporcionar una imagen lo más global posible del desarrollo del cambio político, de sus causas y de sus consecuencias. Una de esas áreas de estudio, la local, representa hoy en día un vacío historiográfico de gran importancia, impidiendo que se conozca la manera en que se democratizó el poder municipal. Las páginas que siguen se dedicarán a esbozar una propuesta para estudiar la transición a la democracia desde esta perspectiva, a partir del caso de la ciudad de Madrid, capital del Estado. No será, por tanto, una comunicación en la que se expongan las conclusiones de una investigación ya llevada a cabo o en curso, sino que habrá que remontarse a la fase inicial de aquélla. Se pretende, de este modo, sentar las bases de un proyecto de investigación, para lo cual habrá que justificar el tema, seleccionar unas fuentes históricas susceptibles de ser examinadas, definir un marco metodológico en el que asentar toda esta labor y plantear unas hipótesis de partida. El objetivo final es establecer unas pautas de trabajo a través de las cuales se pueda analizar la democratización del Ayuntamiento de Madrid, subsanando en parte esa ausencia de conocimiento sobre la cuestión a la que se aludió con anterioridad.

2. El tema: delimitación y justificación En los últimos años se está viviendo un auge de las publicaciones dedicadas a analizar el proceso de transición a la democracia que tuvo lugar en España tras la muerte de Franco y la liquidación que la dictadura que encabezó desde finales de la década de 1930. Esta creciente atención parece estar provocada por razones vinculadas a la práctica historiográfica, en tanto que ha sido el momento fundacional del actual 33 

régimen democrático (Aróstegui, 2007), de modo que vincula a la perfección las variables "pasado" y "presente", intentando explicar la segunda por medio de la primera. A ello se une un interés de marcado acento social, puesto que cada vez con mayor frecuencia están apareciendo voces críticas con aquel proceso, denunciando los fallos e imperfecciones de la actual democracia española y achacándolos a la manera en que tuvo lugar el cambio político. Ambos motivos han servido de estímulo para que los historiadores profundicen en el proceso de democratización. Superada una primera fase en la cual estos estudios fueron realizados por especialistas en otras áreas como la ciencia política o la sociología, están siendo los profesionales de la historia quienes se dedican a profundizar en su desarrollo, convirtiéndolo en uno de los actuales puntales de la investigación historiográfica española (Gallego, 2008; Juliá, Pradera y Prieto, 1996; QuirosaCheyrouze, 2007; Tusell, 1991; Tusell y Soto, 1996; Sartorius y Sabio, 2007; Soto, 2005; Ysàs, 2010). Junto a las obras de carácter general están surgiendo otras que abordan aspectos concretos del cambio político o vinculados con éste, como, por citar algunos ejemplos, la incidencia de los movimientos sociales, el papel de colectivos como la Iglesia o el Ejército, la utilización del pasado (concretamente la Guerra Civil) o la influencia ejercida por el contexto internacional. Este intento por enriquecer el análisis del proceso de transición a través de la irrupción de nuevas áreas de estudio y de la aplicación de variadas perspectivas teóricometodológicas constituye la mejor manera de acercarse a un fenómeno histórico que debe ser estudiado en toda su extensión y complejidad, siendo el único camino para poder interpretarlo y comprenderlo en su totalidad. Uno de estos posibles campos de investigación sería la democratización del poder municipal, cuestión que hasta la fecha ha concentrado escasa atención por parte de la historiografía (Quirosa-Cheyrouze y Fernández Amador, 2011; Encinas, 2008; Fernández Amador, 2008; García García, 1996; García Ruiz, 1999; Larraza, 2005; Marín, 2005; Martín García, 2006; Parra Verdú, 2006), pero sin la cual no puede entenderse en su totalidad el paso de la dictadura a la democracia. El gobierno local es la instancia política más próxima al ciudadano, por lo que un minucioso análisis del mismo no solo proporcionará información de especial relevancia para conocer cómo llegó la democracia a este ámbito, sino que asimismo arrojará luz sobre la relación existente entre las autoridades municipales y la población en el marco del naciente régimen de derechos y libertades. 34 

Subsanar el vacío historiográfico que representa esta materia dará pie, por tanto, a conocer cuáles fueron los ritmos de la democratización a nivel local, identificando y analizando tanto los cambios como las continuidades existentes entre los últimos Ayuntamientos franquistas y los primeros de la época democrática. Esta labor se realizará a partir de la información procedente de la ciudad de Madrid, oportunamente comparada con lo sucedido en otras ciudades del país. En cualquier caso, en el apartado dedicado a exponer las hipótesis de partida se ampliarán los objetivos de estudio. Toda vez que se ha centrado la cuestión en la que se quiere profundizar, el proceso de transición a la democracia en el ámbito local, hay que insertar en dicho tema las dos variables que definen la práctica historiográfica: el espacio y el tiempo. El marco geográfico seleccionado corresponde a la ciudad de Madrid. Dado que ostenta la capitalidad del Estado y es la localidad más grande del mismo, se cree que del análisis de la implantación de la democracia en este municipio se podrán extraer diversas conclusiones que permitan avanzar en el conocimiento del cambio político en clave local que tuvo lugar en el conjunto del país. Por lo tanto, deberá combinarse la perspectiva singular del caso madrileño con la global, estableciendo paralelismos y comparaciones con otros ejemplos, hecho que enriquecería notablemente los resultados finalmente obtenidos. Respecto a la dimensión temporal, se ha seleccionado un arco cronológico que arranca en el año 1973, cuando cesó como alcalde Carlos Arias Navarro, y que concluye en el año 1983, fecha en que terminó el primer mandato del socialista Enrique Tierno Galván y se celebraron las segundas elecciones municipales democráticas. Por lo tanto, quedan incluidas las postrimerías de la dictadura franquista, el proceso de transición a la democracia como tal y la consolidación del nuevo régimen político, con vistas a poder dar respuesta a las diferentes hipótesis de investigación planteadas.

3. Las fuentes El siguiente apartado se destinará a hacer una relación de las posibles fuentes históricas que pueden ser empleadas para estudiar la democratización del Ayuntamiento de Madrid. Para organizar dicha exposición, se diferenciarán las fuentes primarias de las secundarias, explicando en cada caso las posibilidades de investigación que abren.

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3.1 Fuentes primarias El principal archivo de referencia será el Archivo de la Villa de Madrid. En él se custodia toda la documentación generada por el gobierno municipal desde la época medieval, si bien lo que interesa conocer es todo lo relacionado con el Ayuntamiento de la capital durante el periodo seleccionado. Las fuentes más ligadas al estudio del proceso de democratización serían las actas de las reuniones del Pleno y de la Comisión de Gobierno, las Resoluciones y los Decretos de la Alcaldía para la ejecución de los acuerdos tomados, y los Presupuestos municipales. En conjunto, todas ellas arrojarán luz sobre la actividad de la corporación madrileña, las decisiones tomadas por ella y el tipo de políticas puestas en marcha. La mayoría de la documentación está perfectamente clasificada y, en principio, puede consultarse sin grandes problemas. En el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se alojan algunos expedientes administrativos del Ayuntamiento, así como los documentos fruto de las relaciones de éste con la Diputación Provincial de Madrid. Se trata, por tanto, de un recurso de menor valor, pero que puede tenerse en cuenta también para analizar la convivencia entre las dos instituciones, la municipal y la regional, y su influencia en la democratización de la capital. La utilización del Diario de Sesiones de las Cortes permitirá comprobar los debates parlamentarios en torno a la situación de las ciudades españolas durante el periodo estudiado. Aunque será un elemento que no guarda una relación directa con el objeto de estudio, sí que posibilitará ver de qué manera se insertó la cuestión local en las primeras Cortes democráticas y, especialmente, en los debates constituyentes, aportando así una idea general sobre el panorama municipal durante el proceso de transición a la democracia. Por tanto, serían susceptibles de ser consultados los Diarios de Sesiones en los que se discutió acerca de la tramitación de la legislación en materia local y los de la Comisión Constituyente. Más allá de las fuentes archivísticas propiamente dichas, otro elemento susceptible de ser empleado será la legislación que afectó a la democratización del poder municipal. La necesaria armonización de la realidad local al proceso de cambio político tuvo su traducción en la actividad legislativa, de manera que fueron elaborándose determinadas leyes para regular la paulatina llegada de la democracia a las entidades municipales. Su consulta permitiría ver, por un lado, en qué acabaron plasmándose los debates parlamentarios en el seno de las Cortes constituyentes. Al

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mismo tiempo, daría pie a analizar los pasos que dio el gobierno en aras de democratizar el poder local, atendiendo especialmente a la convocatoria de las elecciones municipales de abril de 1979, ampliamente reclamadas por la oposición (principalmente por el PSOE y por el PCE) y retrasadas por Suárez y su gabinete hasta que la Constitución hubiera sido aprobada. De todas formas, su manejo no servirá tanto para profundizar en la dinámica de la política municipal madrileña, sino más bien para contextualizar el proceso de democratización del poder local. El abanico legislativo arranca con la Constitución de 1978, especialmente con aquellos artículos que hacen referencia directa a la administración municipal. También incluye la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local (Ley 41/1975, de 19 de noviembre de 1975), que reguló el poder local durante este periodo. Por último, habría que considerar la normativa referida a las elecciones municipales celebradas en 1979, concretamente el Real Decreto-ley 17/1976, por medio del cual se aplazaron las elecciones municipales y provinciales, el Real Decreto 117/1979 por el que se convocaban los comicios, y la Ley de Elecciones Locales (Ley 19/1978, de 17 de julio de 1978), que reguló el procedimiento electoral. La prensa constituye otro material de gran importancia y utilidad en el trabajo del historiador. Por un lado, permite conocer el transcurso de los acontecimientos y, en segundo término, da la posibilidad de analizar la opinión generada por tales hechos y la manera en que se trasladó al público lector. Se concederá mayor prioridad a las ediciones madrileñas de los principales periódicos del país, tanto de aquellos que publicaron durante la dictadura franquista como las cabeceras que nacieron al compás del proceso democratizador. Con ello, existirá la posibilidad de contar con la información ofrecida por diarios de muy distinta adscripción ideológica, ofreciendo variopintas visiones de los acontecimientos narrados. De este modo, la muestra englobaría a publicaciones toleradas por el régimen franquista como ABC o Ya, y a otras de reciente creación, como por ejemplo El País o Diario 16. Como contrapunto, y a fin de disponer de la lectura de una cabecera representante de la ideología franquista, se utilizaría El Alcázar. Por último, habría que considerar la posibilidad de efectuar entrevistas orales. Se trataría de una oportunidad de tener contacto directo con la experiencia de algunos de los protagonistas de los acontecimientos, contrastando su visión de los hechos con lo aportado por las fuentes documentales. Este hecho convierte a las fuentes orales en un

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recurso muy útil siempre que se aborden temas relativamente recientes, en los cuales aún haya protagonistas vivos. Estas entrevistas se dirigirían hacia grandes figuras de la política madrileña del momento (alcaldes, concejales, portavoces municipales, etc.). Habría que tener siempre presente escoger una muestra plural ideológicamente, evitando así posibles sesgos de información y contando con diferentes puntos de vista. Por otro lado, huyendo de una historia exclusivamente de élites, habría que valorar seriamente la posibilidad de entrevistar a líderes del movimiento vecinal, incorporando su relato y viendo el tipo de relaciones que las asociaciones establecieron con las autoridades políticas.

3.2 Fuentes secundarias Expuestas las fuentes primarias, cabe detenerse en las fuentes secundarias disponibles en torno al sujeto de estudio. Con anterioridad se señaló parte de la bibliografía disponible. La principal aportación sobre la cuestión municipal durante el proceso de transición a la democracia es el libro escrito por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador (2011), en el cual se sintetizan las claves más importantes del cambio político desde la óptica local (como, por ejemplo, la administración municipal durante la dictadura franquista, la caracterización de la etapa pre-democrática, la actuación del movimiento vecinal y de los grandes partidos políticos, o la constitución de los Ayuntamientos salidos de las elecciones de 1979). Otra obra sobre esta temática es un artículo elaborado por Fernando López Agudín (1980), en el que predomina el factor descriptivo sobre el analítico y que cuenta con el inconveniente del tiempo transcurrido desde su publicación. Junto a ambos trabajos, pueden mencionarse aquellos que anteriormente me referí sobre la democratización de determinadas ciudades españolas. En otras publicaciones también aparecen pequeñas referencias a esta cuestión. Esto sucede con las obras que tratan con carácter general el proceso de cambio político, pudiendo aprovecharse igualmente aquellos libros sobre la evolución histórica de la ciudad de Madrid (Juliá, Ringrose y Segura, 1994; Revilla, Hidalgo y Ramos, 1994). En el apartado bibliográfico pueden incluirse otras publicaciones que abordan diversas cuestiones que, de una u otra manera, influyeron en la llegada de la democracia a los Ayuntamientos españoles. En ese sentido, cobran especial relevancia aspectos como las elecciones municipales de 1979 (Capó 1991, Vallès y Sánchez i Picanyol,

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1995; Delgado, 1997, 2010; Quirosa-Cheyrouze, 2009) o el movimiento vecinal (Bordetas, 2010; Domènech, 2010; Fandiño, 2000; Ortega López, 2004; Castells, 1977; Pérez Quintana y Sánchez León, 2008). Para contextualizar, pueden sumarse obras que traten sobre el poder local durante la dictadura franquista (Canales Serrano, 2006; Nicolás, 1999) o acerca de la democratización del mundo rural (Herrera González de Molina, 2009). A todo lo anterior debe añadirse la literatura biográfica. Numerosos protagonistas de estos acontecimientos políticos han puesto por escrito sus experiencias vitales en sus memorias, obras que por lo tanto resultan de gran utilidad para una investigación histórica. Son especialmente interesantes las autobiografías de dos antiguos alcaldes madrileño, Juan de Arespacochaga (1994) y Enrique Tierno Galván (1982). A ambas se pueden añadir las memorias de Raúl Morodo (2001), político socialista que colaboró con el primer alcalde democrático de Madrid, y de uno de sus rivales políticos, Luis Guillermo Perinat, marqués de Perinat (1996). Aparte de ellas, podrían ser consultadas dos biografías escritas sobre el propio Tierno (Galván Machín Romero, 2004; Novella, 2001).

4. El marco teórico y metodológico Toda investigación histórica debe insertarse en un determinado marco teórico y metodológico. El hecho de que haya habido un pequeño acercamiento a una cuestión como la democratización del poder municipal en España es uno de las principales razones que motivan un trabajo como éste, buscando subsanar el vacío historiográfico que rodea al tema. A su vez, es necesario adoptar los rasgos definitorios de aquellas corrientes más ligadas con el objeto de estudio, intentado sacar el máximo provecho de sus técnicas y de su marco conceptual para lograr unos mejores resultados. El análisis del proceso de transición a la democracia a través del Ayuntamiento de Madrid se adscribe con suma facilidad a la historia política. La premisa básica que guía la investigación será adentrarse en un fenómeno de cambio político, que permitió la sustitución de una dictadura franquista por un régimen democrático, por medio de determinados elementos (cambios y continuidades entre ambos sistemas, personal político, decisiones tomadas y ejecutadas por las autoridades locales, etc.). Con ello no se persiguen fines historicistas centrados únicamente en la narración de los acontecimientos, sino que se optará por primar un enfoque explicativo, anclado en la

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relación entre causas y consecuencias, y en el ejercicio comparativo entre dos modelos de gobierno municipal (el dictatorial y el democrático), encontrando las semejanzas y diferencias entre ambos. De este modo, tendrán cabida aspectos propios de la nueva historia política, que ha supuesto la revalorización del acontecimiento como objeto de estudio, superando la marginación a la que le había sometido la escuela de Annales (Miranda Rubio, 1994; Hernández Sandoica, 2004). Algunos de estos elementos serían, por ejemplo, la relación entre la minoría gobernante y la mayoría gobernada, el análisis electoral (centrado en los comicios de 1979) o los paralelismos entre la implantación de la democracia en Madrid y la llegada del nuevo régimen político en el resto del Estado. Asimismo, toda aproximación a la realidad del asociacionismo vecinal, movimiento de gran importancia en los años finales de la dictadura franquista y en los primeros del sistema democrático, requerirá la adopción de mecanismos propios de la historia social. Gracias a ello, lo social y lo político dejarán de ser dos esferas separadas, convirtiéndose en dos facetas de la realidad con estrechos vínculos entre sí, especialmente intensos en un proceso de cambio político abordado a escala local. Otra

tendencia

historiográfica

de

enorme

interés

para

estudiar

la

democratización del Ayuntamiento de Madrid sería la historia del tiempo presente. En páginas precedentes ya se aludió al carácter de acto fundacional de la sociedad española de hoy en día que tiene el proceso de transición, lo que permite aplicar sobre él todos los procedimientos de trabajo propios de esta disciplina, en especial dos claves de análisis que pueden aportar interesantes resultados. La primera de ellas es el concepto de incertidumbre. Es inevitable que en un proceso histórico como la transición española a la democracia, marcado por la ausencia de un diseño del cambio de régimen (con los consiguientes momentos de improvisación) y por la presión ejercida por la sociedad civil, hubiera elementos decisivos del mismo que no estuviesen totalmente perfilados hasta su conclusión 1 . La configuración del nuevo poder municipal democrático constituye un ingrediente más de este fenómeno, que puede ser considerado incluso como una incertidumbre más, en la línea de que no habría una democracia plena hasta que no se hubiese establecido en todas las instancias del Estado. En ese sentido, cobra gran relevancia el debate entre la oposición, que

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Según Álvaro Soto (2005, pp. 33-36), las tres grandes incertidumbres del proceso de transición a la democracia fueron la organización territorial del Estado, el involucionismo militar y la debilidad del sistema de partidos.

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exigió la convocatoria de unas elecciones que democratizasen las corporaciones locales, y el gobierno, que las pospuso hasta la aprobación de la Constitución de 1978. La segunda herramienta extraída de la historia del tiempo presente es el ejercicio de la comparación. Por mucha importancia que se le quiera dar, la democratización del Ayuntamiento de Madrid no es un proceso único y excepcional. Por este motivo, debe en todo momento analizarse teniendo en cuenta el cambio político que tuvo lugar en otras ciudades, y a su vez con el que se llevó a cabo en el conjunto de las estructuras políticas del país. En otras palabras, habría que vincular los municipios entre sí, y las dimensiones estatal y local del proceso de transición. Aislar el caso madrileño solamente significaría empobrecer los resultados de la investigación y que ésta llegase a conclusiones parciales. Más allá de opciones teóricas, todo trabajo historiográfico debe asentarse sobre un armazón metodológico que permita cumplir los objetivos de partida marcados, validando o negando las hipótesis inicialmente planteadas. Cuestiones como una profunda selección de fuentes, la precisión conceptual o el rigor analítico son determinantes para conducir al éxito a cualquier investigación.

5. Las hipótesis de partida Estudiar el proceso de democratización del Ayuntamiento de Madrid supone cubrir el vacío historiográfico que a día de hoy rodea al cambio político en el ámbito municipal. De esta laguna de conocimiento quedan excluidos casos aislados de ciudades que sí han sido trabajadas, pero que en ningún caso se corresponden con las principales localidades del país. Para suplir esta carencia, se ha optado por establecer un conjunto de interrogantes, algunos relacionados entre sí, que constituyen el punto de partida sobre el cual arrancará la investigación. Una de las labores más importantes del trabajo del historiador es identificar los cambios y las continuidades habidos en los procesos históricos, en relación con las etapas inmediatamente anteriores a su desarrollo. Por esta razón, una primera pregunta que cabría resolver es si el proceso de transición a la democracia comportó algún tipo de transformación en la realidad política del consistorio madrileño. Habría que comprobar si la implantación de un nuevo régimen político implicó que, en la práctica cotidiana, hubiese elementos que sufrieran algún tipo de alteración. En otras palabras, apreciar si la democracia trajo aires nuevos al Ayuntamiento. El análisis de las fuentes dará la

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posibilidad de comprobar qué cambios estuvieron ligados al establecimiento del sistema de derechos y libertades, concretando la naturaleza de los mismos y su verdadero alcance. Junto al estudio de las rupturas al que se acaba de aludir, habría que detenerse en aquellos elementos de la corporación franquista que pudieron permanecer durante la etapa democrática. Así, habría que comprobar si hubo tales persistencias y la importancia tuvieron para, finalmente, compararlas con las transformaciones que se produjeron. En este juego de continuidades y cambios en la realidad municipal de la ciudad de Madrid cobran especial relevancia dos cuestiones. La primera de ellas relaciona la liquidación de la dictadura franquista con la renovación del personal político que ostentó los principales cargos en el Ayuntamiento de la capital. Resulta de interés abordar si personas que ejercieron algún puesto municipal durante la dictadura franquista estuvieron presentes en los primeros años de vida del consistorio democrático. La propia manera en que se desarrolló el proceso de transición invita a pensar que hubo casos en que así sucedió, como de hecho ocurrió en la composición de las Cortes constituyentes. El otro posible vector de análisis afecta a la labor de los gestores madrileños. Cabría preguntarse si el cambio político se tradujo en la puesta en marcha de nuevas medidas por parte de las autoridades municipales. Aquí entrarían en liza diferentes aspectos, como las decisiones tomadas por la coalición formada por socialistas y comunistas que se puso al frente de la alcaldía después de las elecciones de 1979, si ésta tuvo que sacar adelante proyectos aprobados por equipos de gobierno anteriores, o una comparación entre las medidas impulsadas desde el Ayuntamiento durante las postrimerías de la dictadura franquista y la etapa pre-democrática. Todo ello, el último término, permitiría analizar las transformaciones y las pervivencias en la gestión municipal a través de la práctica política cotidiana. Aparte de esta dialéctica entre cambios y continuidades, podría tratarse la posible interacción entre las autoridades municipales y el asociacionismo vecinal. Con ello podría verse si la población, por medio del movimiento social más importante por aquellas fechas, tuvo alguna incidencia en el cambio político y en el tipo de decisiones tomadas desde la corporación madrileña, constituyéndose como grupo de presión. Incluso, de existir tal influencia, habría que calibrar hasta qué punto se produjo. Daría la

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posibilidad, al mismo tiempo, de cuantificar hasta qué punto las asociaciones fueron una cantera de políticos municipales durante los primeros años de la democracia. Una última cuestión a trabajar podría ser el establecimiento de semejanzas y diferencias entre la democratización del Ayuntamiento de Madrid y la desarrollada en otras ciudades españolas. Mediante el estudio comparado podría llegarse a comprobar si existieron pautas de actuación comunes o diferentes entre diversas ciudades. A su vez, daría la oportunidad de confirmar, rechazar o matizar las conclusiones que han propuesto otros estudios al contrastarlas con el caso madrileño. De este modo, mediante el entramado de interrogantes que se ha planteado, se intentará llevar a la práctica el principal objetivo de investigación, esto es, analizar la forma en que se democratizó el Ayuntamiento de Madrid. Un estudio basado en la identificación de los cambios y continuidades habidos entre la realidad local en tiempo del régimen franquista y durante la etapa democrática, que habrá de relacionarse con otros casos del mismo periodo. Un trabajo que, además, habrá insertarse en el proceso de transición que tuvo lugar a nivel estatal, esclareciendo los ritmos que caracterizaron al cambio político que tuvo lugar en el poder municipal y comprobando si las pautas que definieron a aquél tuvieron su correlato en las instancias locales.

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PENSAR LA CIUDAD. FUENTES Y METODOLOGÍA PARA UNA HISTORIA SOCIAL DE MADRID (1880-1930) Santiago de Miguel Salanova Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción Desde los coloquios celebrados a finales de la década de los ochenta (Bahamonde y Otero Carvajal, 1986, 1989), Madrid se ha transformado en una disciplina científica de notorio arraigo en el panorama historiográfico nacional. Su análisis se ha alejado del aroma costumbrista que le impregnó durante las décadas anteriores para ser abordada a partir de postulados científicos, en medio de un sentir generalizado por abrirle un hueco entre las principales corrientes historiográficas del momento. Como consecuencia, la historiografía madrileña ha experimentado un notable salto cualitativo coincidente en origen e intereses temáticos con el que dio la española tras el franquismo. Trabajos de referencia sobre su trayectoria histórica y otros abiertos a nuevas vías de investigación vieron la luz desde entonces. El ahora ya vasto conocimiento de la ciudad para la época contemporánea es deudor de los estudios realizados durante las tres últimas décadas sobre aspectos como la aparición de las nuevas elites burguesas (Bahamonde, 1981), las relaciones sociales en la época liberal (Bahamonde y Toro, 1978), los comicios electorales (Tusell, 1969), el movimiento obrero (Álvarez Junco y Pérez Ledesma, 1982), la economía urbana (Bahamonde, 1980; Nielfa, 1985), el modelo demográfico (Fernández, 1985; Carbajo Isla, 1987), el planeamiento urbanístico (Bonet, 1978), las transformaciones del modelo de ciudad (Ruiz Palomeque, 1976), los mercados laborales, (Sarasúa, 1994; Candela, 1997), características de grupos sociales (Díez de Baldeón, 1986), cultura y alfabetización de la sociedad (Tiana, 1992). En las últimas décadas, nuevas formas de concebir el estudio de las ciudades han dado lugar a investigaciones que suponen originales aportaciones para la descripción de los procesos de cambio sociales, demográficos y económicos. Estas investigaciones han convertido a la ciudad en producto y agente del período de modernización en la gestación de la sociedad contemporánea y en punto nodal desde el que fluyen nuevas pautas sociales (González Portilla, 2001, 2009; Otero Carvajal, Carmona y Gómez, 48 

2003; Oyón, 2008). Grupos de investigación en Historia Urbana y Demografía Histórica de País Vasco, Jaén, Cádiz, Barcelona y Madrid ahondan en la profunda renovación de la que han sido objeto durante los últimos años los estudios asociados a la España contemporánea, partiendo de la incorporación de nuevos objetos de estudio tratados desde la ampliación de la escala interpretativa de análisis y desde técnicas vinculadas a la antropología histórica (Pareja, 2011).

2. Construyendo la Historia Social de Madrid 2. 1. Objetos de análisis y pertinencia de la investigación Respaldado por el éxito que en los últimos años han tenido dentro de la historiografía española los estudios de historia urbana que han elegido como marco preferencial de desarrollo “la ciudad en la evolución de su espacio y en las dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales que inciden en la configuración de la misma” (Bahamonde, 1993, p. 48), la investigación planteada se enmarca dentro de un primer objetivo de ofrecer una exhaustiva visión de las transformaciones sociales, económicas y demográficas acaecidas en Madrid durante el período 1860-1939 (Carballo, Pallol y Vicente, 2008; Pallol, 2009; Vicente, 2011).

Plano 1. Casco antiguo a principios del siglo XX (parte norte en azul)

Elaboración propia sobre Méndez (1909). 49 

El marco espacial elegido no deja de ser relevante en cuanto a que representa la capital política y económica del país y la segunda aglomeración urbana sólo por detrás de Barcelona en 1930. La cronología seleccionada coincide con el momento de más intenso cambio en Madrid hasta culminar en la modernización palpable en vísperas de la Guerra Civil. La reforma de la Puerta del Sol, el Ensanche, la Gran Vía y los proyectos de renovación urbanística planteados durante el primer tercio del siglo XX convirtieron a la capital en el principal centro difusor de las transformaciones y cambios experimentados en los núcleos urbanos españoles. Y de forma paralela, su transición demográfica, la renovación de sus mercados laborales y la movilización política de sus habitantes certificaron el abandono del alarmante estado de atraso en el que se encontraba a mediados del siglo XIX, a años luz de ciudades como Londres o París. La elección de la parte norte del casco antiguo madrileño como objeto de investigación se entiende en base a las transformaciones sociales, políticas, económicas, demográficas y culturales que percutieron sobre un espacio de evidente aroma mesocrático. Por un lado, asistió a un importante vaciamiento poblacional con la progresiva desaparición de viviendas e inquilinos que cedieron el testigo a oficinas, bancos, ministerios y funcionarios (Baker, 2009). Por otro lado, fue objeto de una profunda especialización financiera y comercial, favorecida por la subida del alquiler de los pisos y por la salida de capas medias y populares hacia zonas menos hacinadas y más asequibles del ensanche, de la parte sur del casco antiguo y del extrarradio (De Miguel, 2011). Era evidente la pretensión por enterrar la ancestral imagen del centro como área degradada y de asentamiento incontrolado para sanearlo y homologarlo con los núcleos centrales de las grandes capitales europeas. Madrid tenía que convertirse, por fin, en una metrópoli de relevancia en el panorama continental. La integración del trabajo referido a una zona específica en el contexto de los demás distritos y barrios estudiados (ensanches y Latina) es un objetivo fundamental de la investigación proyectada, de cara a lograr un alcance global de la ciudad. El establecimiento de un diálogo comparativo permite descubrir las realidades que estas zonas compartieron como espacios urbanos subordinados a una entidad socioeconómica superior como Madrid, siendo los aspectos más relevantes en este sentido la segregación socio-espacial vertical y horizontal, los flujos migratorios recibidos y las redes formales e informales que incidieron en ellos y el funcionamiento del mercado laboral (Carballo, Pallol y Vicente, 2010). Y para estudiar detalladamente la realidad social que define a cada uno de estos espacios resulta fundamental la ampliación de la escala interpretativa 50 

de análisis, al permitir la emergencia de nuevos temas históricos, nuevos sujetos y nuevos métodos de análisis que han visto en los espacios locales un provechoso área de experimentación, sobre todo para el período 1868-1936, por coincidir en él la consolidación de la sociedad y del Estado Liberal con los complejos procesos de emergencia de la sociedad de masas (Otero Carvajal, 2007).

2.2. El padrón municipal de habitantes y su importancia en la reconstrucción histórica de la Historia de Madrid en la edad contemporánea La principal información empírica para la construcción de la historia social de la ciudad de Madrid viene dada por el Padrón Municipal de Habitantes. Su vaciado sistemático mediante la introducción de sus variables en una base de datos informatizada ha permitido obtener el retrato de 246.000 individuos para la parte norte del casco antiguo madrileño (90.000 en 1881-1882, 85.343 en 1905 y 69.703 en 1930). Este volumen de población, junto al ya recogido para el ensanche y para la parte sur del casco antiguo, permitirá la visión de algo más de un 50% de una ciudad que superaba el medio millón de habitantes en 1905 y que alcanzó tres décadas después la simbólica cifra del millón de almas. Los padrones municipales permiten la reconstrucción histórica del mercado laboral madrileño, su transformación demográfica, los flujos inmigratorios, su segregación socio-espacial o el grado de alfabetización de sus habitantes gracias a las variables que integra, entre las que encontramos: alquiler mensual o anual pagado por la vivienda, nombre y apellidos de cada persona que habitaba el inmueble, así como su edad, estado civil, lugar y fecha de nacimiento. Al mismo tiempo integra datos referidos a profesiones, salarios (diario, mensual o anual), lugar de trabajo, industria desarrollada en una vivienda, alfabetización y tiempo de residencia en Madrid. Algunas de estas variables prevalecen a la hora de elaborar análisis de mayor relevancia científica. Un caso evidente lo encontramos en los procesos migratorios. Algunos estudios ya han puesto de manifiesto que la periodicidad del padrón (publicación quinquenal desde 1890) y su carácter estático (lo ocurrido durante esos cinco años permanece oculto) provocan que no se recoja el momento en que nuevos individuos entraban o abandonaban una comunidad, produciendo una cierta subestimación de los flujos migratorios en familia y de las migraciones temporales (García Abad, 2005). Este objetivo sólo podría conseguirse en el período anterior a

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1890, en el cual los padrones se publicaban anualmente. Sin embargo, la escasa calidad que la fuente presenta en algunas de sus ediciones y la inabarcable cantidad de habitantes a introducir descartan esta posibilidad.

Figura 1: Detalle de hoja de empadronamiento municipal de 1905

[Padrón municipal de 1905, Archivo de Villa de Madrid (AVM), Estadística]

A pesar de las limitaciones señaladas, el hecho de que el padrón de habitantes presente datos demográficos directos (lugar de procedencia y tiempo de residencia) y permita reconocer la tipología familiar de los habitantes ayuda a realizar análisis sobre tipología migratoria, tipos de desplazamientos, migraciones relacionadas con el mercado matrimonial, procesos de asentamiento y redes de parentesco y solidaridad que influyen en los movimientos. De esta manera, los padrones se convierten en una fuente demográfica de irrefutable relevancia. Datos como el precio de alquiler de la vivienda o el nombre del barrio al que se desplazaban los habitantes de un inmueble permiten comprender aspectos fundamentales como la segregación urbana horizontal (mayoritaria en el caso del ensanche) y vertical (más frecuente en los barrios centrales); y la movilidad intra-urbana,

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teniendo en cuenta si los que se desplazan son o no inmigrantes, su cualificación laboral y la tipología del barrio en el que se integran. En el mercado laboral madrileño es donde más posibilidades y obstáculos ofrece el análisis de los datos contenidos en los padrones. Juan José Morato ya avanzó algunos al señalar que muchos obreros tendían a auto-clasificarse como jornaleros en base a la forma en la que eran retribuidos, sin tener en cuenta su oficio; que muchas mujeres, aun trabajando, se definían sistemáticamente como integrantes del campo “sus labores”; y que muchos contribuyentes se limitaban a escribir en la casilla correspondiente a profesión “industrial” (Morato, 1903). También el Ayuntamiento de Madrid declaró el carácter incompleto de algunos datos laborales, relacionado con la resistencia mostrada por los interesados a la hora de declarar sus verdaderas profesiones:

“Así se observa el considerable número que existe de jornaleros, que seguramente tienen un oficio determinado, y al formalizar sus hojas de empadronamiento se niegan a consignar otra clase de oficio que no sea el de jornalero, otro tanto acontece con las mujeres, que a pesar de tener un oficio conocido; la inmensa mayoría consigna como única profesión la de sus labores o quehaceres domésticos, no pudiendo por tanto precisarse de una manera concreta y cierta el número de individuos correspondientes a cada oficio” (Ayuntamiento de Madrid, 1917, p. 86).

Estos obstáculos pueden resultar de vital importancia en un estudio basado en una población reducida, sin embargo, el volumen de datos obtenido minimiza el margen de error obtenido y permite una visión fehaciente de la realidad laboral madrileña. Además, el cruce de los datos profesionales con la industria ejercida en el inmueble (muchos dependientes y aprendices de tiendas y talleres artesanales se declaraban “jornaleros”), con los datos individuales de las Guías comerciales de Madrid de Bailly Bailliere o incluso con la clase de contribución industrial pagada por un industrial que no determine su función permiten corregir a la mínima expresión posible los datos inexactos del padrón. Más difícil resulta proporcionar una imagen fiable del mercado laboral femenino. Las bajas cifras de población activa femenina que nos ofrece el análisis del padrón de habitantes evidencian una clara ocultación del trabajo femenino, generalizada para todas las fuentes desde el último tercio del siglo XIX y a principios del XX. La moral social imperante, basada en el ideal burgués de división de los espacios públicos para hombres 53 

y espacios privados para mujeres, dio pie a una nueva función social de la mujer que se regía por el discurso de la domesticidad (“ángel del hogar”) (Nash, 1993). Asimismo, los apriorismos culturales que actuaron sobre la contabilización de la actividad laboral impiden hablar de un proceso de masculinización del mercado laboral tal y como en principio evidencia la clasificación socioprofesional realizada a través del padrón de habitantes (Arbaiza, 2000). Para el caso de Madrid, el subregistro laboral femenino supone una característica representativa del padrón de habitantes de 1905, siendo su impacto menor en los padrones de 1881-1882 y de 1930. No cabe duda de que el trabajo femenino supuso una importante contribución en la actividad productiva en la España de finales del siglo XIX (Castillo, 1985). Además, el análisis de los salarios de las clases populares cruzado con el precio del alquiler de la vivienda en la que residían y con los gastos destinados a alimentación y ropa nos lleva a garantizar el ejercicio de determinadas profesiones por parte de la mujer de cara a aumentar el presupuesto familiar.

2.3. Otras fuentes y posibilidades de investigación Al margen del padrón municipal de habitantes, son numerosas las fuentes que se pueden utilizar para reconstruir la realidad social del Madrid contemporáneo. En cuanto a las documentales, los registros de defunciones y nacimientos ofrecen pistas sobre la evolución del modelo demográfico madrileño y los componentes de su crecimiento poblacional. Las actas matrimoniales, con datos referidos a profesiones de las dos partes, abrirían caminos en pos de establecer análisis referidos a la movilidad social, ampliamente tratada en la historiografía europea durante los últimos años (Maas y Van Leeuwen, 2010). La documentación electoral resulta clave para comprender la adscripción política de Madrid y de sus veintitrés secciones, la extracción social de los candidatos presentados a las convocatorias, los interventores y hombres de confianza con los que contaban, las protestas derivadas de las votaciones en función de la existencia de las frecuentes irregularidades del sistema electoral de la Restauración, porcentajes de voto y abstención y movilización del electorado. En definitiva, interesantes vías para el conocimiento de las bases de los nuevos movimientos sociales y políticos surgidos al calor del desarrollo de la sociedad de masas y de la era industrial (Pallol, 2009).

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Dejando a un lado las licencias de obras del Ayuntamiento de Madrid, útiles para entender la transformación urbanística de la zona estudiada con la reforma de la Puerta del Sol, la construcción de la Gran Vía o la apertura de inmuebles dedicados a nuevos servicios que aparecen como inequívocos signos de la progresiva terciarización de la ciudad, y los legajos de la sección de Beneficencia, de gran interés a la hora de descubrir formas de asistencia social, dos fuentes se antojan como imprescindibles para comprender ciertos aspectos de la realidad social y económica madrileña. Por un lado, la prensa, cuya revalorización como fuente histórica resulta indudable a raíz de las amplias posibilidades de análisis surgidas en los últimos años gracias a la digitalización de cientos de publicaciones. El seguimiento diario que estos rotativos presentaban de acontecimientos vinculados a la vida política, social, económica y cultural convierten a la prensa en fuente primaria de primer orden, si bien la intencionalidad, el subjetivismo y la adscripción política de cada diario pueden dar lugar a una visión fraccionada de la realidad, sólo subsanada mediante el contraste con otras fuentes y con la propia realidad histórica. En el caso de la investigación planteada, la construcción de la Gran Vía y su impacto en la opinión pública madrileña, la introducción de ciertas formas de ocio y la observación de su creciente importancia en función del número de páginas y de publicaciones específicas dedicadas a aquellas, aparecen como posibles objetos de estudio que ayuden a formar una visión más amplia del espacio urbano estudiado. En segundo término, la fotografía se nos abre como un relevante documento social que da testimonio de aspectos poco conocidos de la realidad social y económica madrileña. Ha existido una marcada tendencia a escapar del análisis de realidades complejas a través de la fotografía y no se ha dado en el panorama historiográfico español un intento por convertirla en un elemento más del discurso histórico (Riego, 1993). Al igual que cualquier otra fuente, la fotografía nos aporta un conocimiento nada desdeñable sobre numerosos aspectos de la ciudad en la época estudiada. La consulta de archivos fotográficos como Alfonso, Santos Yubero, Moreno y Ruiz Vernacci dan muestra de aspectos como la importancia del trabajo infantil, la existencia de mercados laborales informales, las características del empleo femenino artesanal o las marcadas diferencias existentes entre las clases sociales en condiciones de habitabilidad. Finalmente, dentro de las fuentes primarias resultan de gran validez los expedientes judiciales de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción para los diez distritos de Madrid localizados en el Archivo General de la Administración. Su 55 

trascendencia va más allá de meras estimaciones sobre las formas de delito y su evolución en el Madrid del primer tercio del siglo XX. La presencia en estos expedientes de declaraciones formuladas por los inspectores de vigilancia, por las víctimas de los delitos, por los que delinquen y sus familiares y amigos y por testigos presenciales de los actos nos aportan datos muy relevantes sobre formas de vida cotidiana ocultas en cualquier otra fuente histórica, sobre la subordinación de la mujer al hombre a través de delitos como la prostitución, la violación o el estupro o sobre la movilización social de partidos políticos y organizaciones obreras en tiempos de clandestinidad. De inexcusable valor son las novelas y las fuentes bibliográficas coetáneas a la época de estudio para ofrecer imágenes sobre aspectos relativos a la vida cotidiana, a la historia social y a las tendencias de mentalidades colectivas que escapan al control del padrón de habitantes. Los escasos datos referidos a las formas y ritmos de vida existentes en los archivos la convierten en un instrumento de referencia inexcusable para una investigación de estas características, si bien la información que nos brinda no debe ser tomada siempre como verídica debido a la influencia ejercida por el subjetivismo y por la imposición de criterios propios de los autores. Entender la significación de las novelas, aislar los temas y estudiar su lenguaje son requisitos ineludibles para mantener su validez en el campo de la investigación histórica. Para finalizar, la literatura higienista aporta una gran cantidad de información sobre las condiciones de vida de Madrid en los decenios interseculares, en especial en relación a cuestiones como la demografía, la mortalidad, las subsistencias, la sanidad, la higiene, la limpieza de las vías públicas o la insalubridad de las viviendas en ciertos barrios y distritos. Nombres como Méndez Álvaro, Rafael Eslava, César Chicote, Mariano Melgosa o Philip Hauser resultan fundamentales a la hora de entender aspectos relativos al retraso demográfico de la capital, a su escasez de subsistencias y a la delincuencia y la prostitución que caracterizaban a ciertas áreas urbanas.

3. Nuevas metodologías para el estudio del mercado laboral madrileño: HISCO

“La comparativa de estudios sobre mercados laborales a nivel internacional se ha visto obstaculizada por la ausencia de un consenso a la hora de codificar las categorías profesionales desde distintos países, idiomas o épocas de cara a construir una 56 

codificación profesional común que permita utilizar las mismas categorías de rangos sociales. Los problemas que quedan al descubierto por las dificultades de interpretación son particularmente evidentes en campos como la estratificación y la movilidad social, donde el status de un individuo determinado por su ocupación es fundamental. El debate no es actual. Hartmut Kaelble ya anticipaba este obstáculo en su clásico estudio sobre movilidad social en Europa y América en perspectiva comparada” (Kaelble, 1985).

Para solucionar este dilema, a principios de la pasada década se adaptó el sistema clasificatorio ISCO (International Standard Classification of Occupations) desarrollado en 1968 como versión intermedia respecto a las de 1958 y 1988. Compuesto por 1.506 categorías ocupacionales, cada una de las cuales contenía un código de cinco dígitos que permite el agrupamiento en categorías más amplias (los tres primeros referidos a “unit groups”, los dos primeros a “minor groups” y el primer dígito a los “major groups”), ISCO68 se regía por el principio de que la agrupación de cada título profesional respondía a criterios relacionados con los diferentes sectores económicos existentes (ILO, 1969). No obstante, su estructura era de escasa ayuda para la creación de un esquema de clases sociales. La nueva versión HISCO resulta más provechosa para una reagrupación en función de las líneas económicas y sociales dibujadas por los títulos profesionales (Van Leeuwen, Maas y Miles, 2002). Su esquema está formado por nueve “major groups” y por una serie de variables útiles para conservar la información cualitativa que nos proporciona el Padrón Municipal de Habitantes, ya sea de tipo social o laboral: STATUS (económico, laboral o educativo), RELATION (información residual sobre aquellos individuos que no tienen una ocupación en el momento de redactarse el Padrón pero que señalan relación con el mercado laboral) y PRODUCT (información relacionada con los productos distribuidos por los propietarios de comercios). Dos códigos terminan por completar su estructura: “-1”, usado siempre que no exista información que pueda relacionarse directamente con una actividad laboral (pobre, estudiante, vagabundo, rentista); y “-2”, reservado para aquellos casos en los que no se determina ocupación alguna.

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Figura 2. Modelo estructura HISCO aplicada al mercado laboral madrileño HISCODE DENOMINACIÓN HISCO 0

PROFESIONALES LIBERALES Y TÉCNICOS CIENCIAS NATURALES

1

PROFESIONALES LIBERALES Y TÉCNICOS CIENCIAS HUMANAS

2

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CUELLO BLANCO

4

EMPLEADOS DE COMERCIO

5

EMPLEADOS SECTOR SERVICIOS

6

AGRICULTURA, CAZA Y FORESTALES

7

TRABAJADORES PRODUCCIÓN 1

8

TRABAJADORES PRODUCCIÓN 2

9

TRABAJADORES PRODUCCIÓN 3

-1

SIN CLASIFICACIÓN HISCO (STATUS, RELATION OR PRODUCT)

-2

SIN IDENTIFICAR

Tras un primer ejercicio de aplicación de la clasificación HISCO al mercado laboral madrileño (Pallol, Miguel y Díaz, 2011), los resultados fueron satisfactorios a la hora de establecer una comparativa de la población activa madrileña en cada distrito y barrio analizado. Se pueden achacar problemas relativos a la forma de adaptar los sistemas de clasificación disponibles en la época contemporánea a una realidad histórica muy distinta como la preindustrial, a la aparición de individuos que declaran varias profesiones o a la preservación de información referida al status social y a las relaciones sociales que con frecuencia acompañan a las ocupaciones profesionales declaradas. Algunos trabajos, aportando nuevos criterios a la clasificación HISCO, han constatado como ésta no sólo garantiza una menor pérdida de información, sino que al mismo tiempo gana en términos de comparación entre países y períodos históricos (Botelho, Van Leeuwen, Maas y Miles, 2007). Por otro lado, la información laboral ofrecida por el Padrón Municipal de Habitantes no delimita claramente la barrera existente entre status laboral, industria y ocupaciones demasiado específicas y los problemas se magnifican al considerar el

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contexto cultural específico de un lugar en concreto. La terminología laboral supone otro problema, pues el contexto de 1905 y 1930 es muy distinto al de 1881-1882, de tal manera que una misma ocupación puede darnos una información muy diferente de la persona que la ejerce. Títulos como peluquero zapatero, que pasa de artesano o particular a trabajador asalariado dentro una fábrica o taller, varían dependiendo del contexto temporal e industrial de Madrid en que nos hallemos. Tampoco el rol de un trabajador parece claramente descifrable a través de HISCO. Algunas nuevas clasificaciones derivadas de HISCO ya han aludido a este problema, considerando que lo ideal sería mantener la información sobre los roles supervisores y productores de los trabajadores, de forma que los individuos se agrupasen dependiendo del objeto de la investigación. Finalmente, cambios decisivos en según qué profesiones teniendo en cuenta el proceso de industrialización deben ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar HISCO al mercado laboral madrileño, así como la ambigüedad mostrada por ciertos individuos a la hora de dar parte de su ocupación en el padrón o censo. La adaptación de HISCO al mercado laboral madrileño se antoja obligada no sólo a la hora de compararlo con sus homólogos europeos, sino también con los que se presentan a nivel nacional. Grupos de investigación de Historia Urbana de Madrid, Barcelona, País Vasco, Jaén o Cádiz han sentado las bases para el establecimiento de unos criterios que permitan una perspectiva comparada de procesos de cambio social y económico de largo alcance. Sin embargo, no resulta banal la toma de decisiones propias por parte de los investigadores en función del conocimiento adquirido sobre un determinado contexto geográfico ni el aprovechamiento de otras pautas a la hora de clasificar ya planteadas (Roberts, Woollard, Ronnander, Dillon y Thorvaldsen, 2003).

4. Primeras conclusiones La utilización del padrón municipal de habitantes en conexión con las fuentes señaladas y la aplicación de la clasificación profesional HISCO evidencian en el sector norte del casco antiguo la existencia de unos primeros signos de modernidad económica a principios del siglo XX. Si bien seguía persistiendo una estructura económica muy tradicional, heredada del último tercio del siglo XIX, sus habitantes presentaban una mayor variedad en sus profesiones y una mayor adscripción dentro de las mismas al sector servicios en comparación con otras zonas de la ciudad. Los barrios centrales eran

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el punto nodal desde donde Madrid desarrollaba con mayor claridad su función de capital del capital español y pese a la existencia de rasgos arcaicos propios de una economía preindustrial, otros como el progresivo desarrollo de su comercio y el inicio de su vaciamiento poblacional para dejar paso a nuevos inmuebles destinados a oficinas nos hablaban de una incipiente terciarización de la zona estudiada.

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MESA 2 MOVILIZACIÓN Y CONFLICTO EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS

Vanessa Núñez Peñas Universidad Complutense de Madrid Comité Organizador

La mesa de Movilización y conflicto en el periodo de entreguerras, coordinada por Jorge Marco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en procesos de violencia política y represión durante la guerra civil y el franquismo, fue escenario para la puesta en común de los trabajos de siete jóvenes investigadores procedentes de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. La diversidad de sus trabajos, dada tanto por sus objetos de estudio como por los diferentes estadios de sus investigaciones, motivó que los debates se caracterizaran por la variedad, la alta participación y la calidad de las intervenciones. Durante la primera sesión, marcadamente teórica, se discutió sobre una amplia bibliografía especializada, nacional e internacional, con textos de Julio Aróstegui, Eduardo González Calleja, Sandra Souto, Rafael Cruz, Gutmaro Gómez Bravo, Mark Mazower, Eric Hobsbawn, Donald Bloxham y Robert Gewartth, entre otros. Fueron muchas las cuestiones que surgieron e hilaron los debates de este primer encuentro, prestando especial atención a la crisis del liberalismo en el periodo de entreguerras, la violencia, la movilización y resistencia, las identidades cruzadas que se dan en los individuos, o la necesidad de adoptar un enfoque interdisciplinar en los modelos de análisis. Algunas de estas líneas enlazaban directamente con los textos de los comunicantes, de modo que en la segunda sesión se retomaron algunos de los debates planteados con anterioridad y se complementaron con nuevas intervenciones. Por ejemplo, en relación al debate planteado sobre la interdisciplinaridad, Miguel Ángel Dionisio, a partir de su texto El cardenal Isidro Gomá frente al estatismo falangista, destacó la importancia de conjugar la historia con la antropología para detenerse en la 65 

importancia de los individuos. La necesidad de atender a las experiencias individuales surgió en varias ocasiones y por diferentes motivos; entre ellos, ante la pregunta de qué lleva a un individuo a confluir en una organización, o la coexistencia de identidades cruzadas. En esta línea, César Castañón, planteó en su texto Obreras. La identidad política de las mujeres del BOC y el POUM, la nueva identidad asumida por la mujer desde su participación en la movilización y la resistencia. Sobre movilización hablaron Isaac Martín Nieto, autor de La guerra civil española, la teoría de la acción colectiva y la CNT. Discurso político e identidad colectiva en el anarcosindicalismo castellano (1937-1938), quien se centró en la teoría de la acción colectiva, y Juan Carlos Funes, que con su contribución Propagandismo católico y movilización de masas en los años 20 trató de dar a conocer la movilización de la derecha, hasta ahora mucho menos trabajada que la movilización de las izquierdas. Y la cuestión de la violencia fue retomada con la intervención de Pablo Gómez Nogales, ¿Una cultura de guerra franquista?, quien planteó su inculcación y la brutalización de la sociedad desde el discurso de las elites. Por otro lado, la comunicación de María Migueláñez Martínez, titulada Anarquismo argentino transnacional, 1917-1940: cooperación y conflicto, sirvió de base para plantear la construcción de mitos desde procesos de rivalidad y cooperación en la actividad internacional del movimiento libertario argentino, y la de Miguel Íñíguez Campos, Sobre el origen y el funcionamiento de la comisión de compras de París: un balance crítico, para subrayar las diferencias cuantitativas y de ritmo que caracterizaron el suministro de armamento al bando republicano durante la guerra civil española. La puesta en común de inquietudes, fuentes, hipótesis y resultados entre todos ellos, con la colaboración de un especialista en la materia como Jorge Marco y la participación de otros investigadores que acudieron a la mesa como oyentes, dio como resultado un profundo y completo debate que podía haberse extendido mucho más, y que con seguridad tendrá continuidad en futuros encuentros.

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OBRERAS. LA IDENTIDAD POLÍTICA DE LAS MUJERES DEL BOC Y EL POUM

César Castañón Ares Universitat Autònoma de Barcelona

La comunicación que aquí presentamos forma parte de una investigación sobre el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y sus orígenes políticos, fundamentalmente el Bloc Obrer i Camperol (BOC). Nos hemos formulado un objetivo doble, por un lado abrir las investigaciones sobre algunos aspectos de la Segunda República y la guerra civil que consideramos, han sido poco estudiados -como son los niveles de politización de las mujeres y el papel que desempeñan en el devenir general de este periodo-; por otro ofrecer un nuevo enfoque de análisis, a través del género, que nos permita aportar argumentos innovadores en uno de los debates centrales de la historiografía actual, el referido a la naturaleza del sistema político republicano y los orígenes de la guerra civil (García, 2006). En este caso nos dedicaremos a analizar un aspecto concreto: los mecanismos de construcción de la identidad femenina dentro de las organizaciones políticas citadas. Antes de entrar en materia consideramos interesante ofrecer algunos datos que nos ayudan a situarnos en el contexto histórico concreto y a la vez justifican el tema de esta comunicación. Son de sobra conocidos los cambios cualitativos que la Segunda República produjo en el plano del reconocimiento jurídico de la mujer. La proclamación de igualdad de derechos, el sufragio femenino, el divorcio o la igualdad salarial son, sobre el papel, algunos de los resultados de la crisis política (Nash, 1995; Aguado, 2005). A esto debemos añadir que a lo largo de toda la Restauración se desarrolla un importante tejido de socialización femenina, en forma de Ateneos, Clubes y asociaciones de diferente orden (Sánchez, 1998; Ramos, 2005; Tavera, 2011). Sin embargo no aparecerán hasta la década de 1930 la “secciones femeninas” como forma de organizar a las mujeres dentro de una corriente política. En la mayoría de los casos estas aparecen después de aprobada la Constitución republicana, como una reacción ante la ampliación del electorado y con el objetivo de conseguir el voto de las mujeres. 67 

Este es el caso, por ejemplo, de las secciones femeninas de la Lliga Catalana o de Esquerra Republicana. El BOC es una de las excepciones a esta norma, ya que a partir de marzo de 1931 sus mujeres tendrán un espacio en La Batalla, órgano de prensa del BOC publicado semanalmente en Barcelona, a través normalmente de una sección denominada Tribuna Femenina, y en agosto de ese mismo año se constituye el primer Grupo Femenino del BOC, en Lleida. Bien es cierto que la aprobación del sufragio universal por las Cortes republicanas se hará sentir en la prensa del BOC, que no sólo trata el tema, sino que, desde julio de 1932, amplía su presencia femenina en la prensa con una página denominada La Batalla Femenina, que aparecerá mensualmente desde entonces. A esto debemos sumar que en abril de 1932 se constituyó la Sección Femenina del BOC, con un secretariado y una serie de actividades de propaganda y formación propias. Después de algunos altibajos, fruto del proceso de construcción del POUM, en septiembre de 1935, la cuestión femenina quedará en el aire hasta septiembre de 1936, momento en el que se funda el Secretariado Femenino del POUM (SFPOUM). La actividad de este nuevo grupo quedará plasmada en un periódico, Emancipación, que a pesar de su escasa duración (dejará de publicarse después del enfrentamiento de mayo de 1937), contiene información de gran interés para el tema aquí tratado.

1. Género e historia En la medida en que nos disponemos a realizar un estudio de género debemos definir, precisamente, como utilizaremos esta categoría, en que aspectos nos servirá para incidir en los debates historiográficos actuales y complejizar los paradigmas de comprensión del pasado. Para esto nos basaremos en la definición realizada por Joan W. Scott (1990) en un artículo clásico. Consideramos el género como una relación de poder subyacente, que no aparece en la realidad social como tal género, sino a través de manifestaciones simbólicas o jurídicas; que se reproduce a través de las diferentes instituciones sociales: la familia, la educación, el mercado de trabajo o la política, configurando a su vez identidades subjetivas a partir de criterios de exclusión/inclusión. Dicha relación de poder se construye a partir de una serie de diferencias biológicas, que articulan un esquema de organización binario de la sociedad, el sexo. Así, el género establece una noción de realidad que ordena nuestra percepción de las personas, limitando nuestro campo ontológico (Butler, 2010). Para historiar esta definición

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debemos tener en cuenta la relación entre lo “real”, es decir, las interpretaciones sensibles directas que recibimos a través de los documentos históricos, y las interpretaciones teóricas que, desde el presente, realizamos las y los historiadores de dichas percepciones. En este sentido no existe una diferencia historiable entre sexo y género. Lo que apreciamos en los documentos, al menos en los de los años 30, es una sola categorización binaria, la de hombre/mujer, sexos, a los que se atribuyen funciones sociales y culturales propias de cada uno en base a diferencias biológicas. Son precisamente los movimientos de mujeres los que alteran el significado de las categorías hombre/mujer, construyendo con ello nuevas definiciones del sexo. Por tanto, analizar la historia desde una perspectiva de género es observar cuales son los mecanismos de producción y reproducción de este, como funcionan dichas relaciones de poder en el momento de organizar sistemas políticos y económicos. El estudio de las fuentes primarias producidas por mujeres del BOC y el POUM nos permitirá profundizar en las razones de estas diferencias y cómo influyen en las relaciones de género. A este respecto entendemos que uno de los elementos clave para poder analizar el impacto que las mujeres han tenido en los procesos políticos es la división entre espacio público y privado. Nos encontramos con un esquema de género que, como observaremos, apenas ha variado a lo largo del último siglo, afectando tanto a la sociedad que estudiamos como a la historiografía actual. Encontramos en este plano una relación de identidad entre espacio público y política, es decir, sólo consideramos posiblemente político aquella actividad que se desarrolla en el espacio público y posteriormente definimos la política como las actividades públicas. Para superar esta limitación, resulta necesario

“...relacionar las micromotivaciones y los macroprocesos que se producen no sólo en el medio laboral en sentido estricto, en las relaciones de producción, en la dinámica electoral y en los comportamientos políticos, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana” (Ramos, 1995, p. 86).

2. El tratamiento de las fuentes La mayoría de fuentes a las que nos referiremos han sido elaboradas por mujeres, siguiendo con ello la conceptualización de género ya explicada. El uso de fuentes primarias femeninas nos permite, en este sentido, observar las diferencias entre la percepción de la realidad de las fuentes masculinas, tradicionalmente utilizadas por la 69 

historiografía, y las femeninas, que como observaremos, no sólo abordan temas diferentes, sino que ofrecen nuevas perspectivas sobre aspectos centrales para la historiografía. No pretendemos analizar la identidad femenina como un fenómeno estático, ni construir una plantilla conceptual que podamos aplicar en diferentes situaciones. Por el contrario intentaremos historiar cuales son los saltos, las intersecciones y las contradicciones en las interpelaciones al sujeto social mujer (Fraser, 1998); analizar la herencia, resignificación y adaptación de elementos identitarios procedentes de imaginarios culturales anteriores, en un marco que, ni siquiera en la década a la que nos referimos se corresponde a una foto fija, sino que está influido por las convulsiones sociales y políticas, así como por tensiones en el interior de las propias organizaciones analizadas. En otro orden de cosas, aunque siguiendo la misma línea, nuestro objetivo pasa por comprender la articulación dialéctica entre las condiciones objetivas, culturales y materiales, que nos permiten hablar de un grupo social mujeres y las formas de subjetivación política llevadas a cabo por el colectivo de mujeres que estudiamos, las secciones femeninas del BOC y del POUM. La forma en la que mujeres pertenecientes a una determinada organización política apelan al conjunto o a una parte de las mujeres, cuáles son los temas en los que el discurso de las mujeres bloquistas y poumistas se centran, de qué manera se integra la identidad obrera propia de dichas organizaciones con la llamada a las mujeres y en qué medida ésta se produce hacia un sujeto que no es el de “mujer” en abstracto, sino que está mediado por otros condicionantes sociales, por imaginarios de clase, aunque también étnicos. En definitiva se trata de considerar “que la identidad femenina no era tanto un hecho histórico evidente por sí mismo, como la evidencia –de momentos particulares y discretos en el tiempo– del esfuerzo de algunas o de algún grupo por identificar y con ello movilizar a una colectividad” (Scott, 2006, p.115).

3. Obreras: Construcción de una identidad política “La sección femenina del Bloque Obrero y Campesino responde a esa necesidad de unir los anhelos liberadores de la obrera a los del trabajador. Nuestra sección femenina quiere llevar a las mujeres trabajadoras los ideales comunistas, quiere agruparlas en sus filas para que ellas adquieran un fuerte espíritu de clase que las hará invencibles”1. 1

María Recasens (21 de julio de 1932). Importancia de la Sección Femenina del BOC, en La Batalla, 101.

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Esta cita recoge el que, a nuestro parecer, es el objetivo estratégico del BOC por lo que respecta a su sección femenina. No se trata, para el BOC, de construir un movimiento estrictamente femenino, ni tampoco feminista, pero si de trabajar activamente por la politización y el encuadramiento de las mujeres, a las que se reconoce como un sujeto de características propias. Encontramos una apelación identitaria poco habitual en la propaganda de otras organizaciones políticas, la de “obrera”, que delimita un espacio de referencia y de actuación. Son habituales en su prensa los artículos dirigidos “A las mujeres proletarias”2 o A la “mujer trabajadora”3. Mientras que, incluso en una situación de movilización de las mujeres hacia el espacio productivo, como fue la guerra civil, organizaciones como Mujeres Antifascistas apelaban al carácter de madres y esposas de las mujeres (Nash, 1999), quizá con resultados movilizadores mucho más fructíferos, las mujeres del BOC y del POUM se dirigían a un colectivo notablemente más reducido, el de las mujeres que podían pensarse a si mismas como parte de la clase obrera. También encontramos, no obstante, algunas llamadas a la movilización de las mujeres de los trabajadores. Esta demarcación identitaria viene acompañada de un rechazo genérico del concepto de feminismo y de los colectivos que lo reivindican, catalogándolos como burgueses y menospreciando sus intereses por “sentarse en el parlamento”4 y la vanidad con la que tratan a las obreras5. Estas posiciones suelen ir acompañadas de la crítica a las limitaciones de las reformas impulsadas por los poderes republicanos, en base a una lectura emancipista que sitúa la contradicción capital-trabajo como el eje a partir del cual obtener la liberación de la mujer que, a través de la independencia económica rompería los esquemas de la división sexual del trabajo en las diferentes instituciones sociales6. Frecuentemente esta posición elude e incluso niega que en la familia obrera también se reproducen los elementos de subordinación y discriminación que critica de la sociedad capitalista, evitando con ello la autocrítica que, como veremos, aparece por otras vías. No es materia de esta comunicación profundizar en debates sobre los usos y abusos del concepto de feminismo, pero nos vemos obligados a realizar dos concreciones sobre el asunto para evitar malentendidos. En primer lugar no 2

Grupo Femenino del BOC (19 de mayo de 1932). A las mujeres proletarias, en La Batalla, 92. (20 de febrero de 1937) Editorial. En Emancipación, 1. 4 Ana (1 de octubre de 1931). Por las mujeres y contra el feminismo. En La Batalla, 60. 5 Herminia Català (1 de mayo de 1931). Nosotras y el marxismo. En La Batalla, 39. 6 Anastasia Tejedor (19 de marzo de 1931). Este es el momento. En La Batalla, 33. 3

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consideramos que el término sea un buen referente de análisis, sus límites son difusos y están definidos por las opciones políticas de cada momento histórico; en este sentido no podemos definir como feminista más que a quien consigue reivindicarse como tal, por encima de la búsqueda de contenidos esenciales en el termino. En segundo lugar debemos tener en cuenta la existencia de una cultura política femenina, que tiene sus orígenes en el último tercio del siglo XIX y pervive a los vaivenes de sus diferentes expresiones orgánicas, cuyos valores se conservan y desarrollan a través de espacios culturales, frecuentemente al margen de opciones políticas concretas, como Clubes, Ateneos, Mutuas... 7 Se trata de una expresión que no tiene que denominarse necesariamente feminista, pero que impregna las diferentes opciones políticas de carácter popular, tanto en su vertiente republicana como en la marxista y la anarquista. Este es un elemento central, que desarrollaremos más adelante, para entender las raíces de la identidad femenina que nos ocupa. La línea política que hemos descrito en las líneas anteriores era sin duda la oficial en el BOC y el POUM, marcada por la dirección política formada íntegramente por hombres, y también la que aparece mayoritariamente en los textos. Sin embargo encontramos no pocos ejemplos que se salen de este marco para defender la necesidad de un movimiento femenino, que en algunos casos se autocalifica como “feminista”8, y cuyo discurso se centra en la opresión sexual, instando a las mujeres a tomar la libertad que “hasta hoy ha sido reservada a los hombres solamente”9, dejando en un segundo plano las cuestiones de clase. A este discurso se suman las críticas, poco frecuentes pero presentes, al trato que los hombres del partido dan a sus mujeres y a las militantes en general. Expresiones como: “Compañero, reflexiona, no impongas a tu mujer un trato fascista”10 son sólo un ejemplo de la situación, habitualmente expresada a través de artículos sin firmar. Estas son algunas muestras de la existencia de un pensamiento que, en materia de género, va más allá de lo que se acostumbra a denominar “feminismo obrerista”, pero que no encuentra un espacio claro en las organizaciones políticas. La imagen de la “obrera” a la que se recurre no es, a nuestro parecer, un simple recurso estético para cambiar de sexo el discurso de clase e intentar movilizar un sector social que, en el caso catalán, agrupaba a una masa poblacional superior a la media del estado. La apelación a la “obrera” es una forma de redefinición de la clase, de alteración 7

Ver cita 3. Herminia Català (18 de abril de 1931). Inquietudes feministas. En La Batalla, 37. 9 Ibídem. 10 (29 de mayo de 1937). El comunismo y la familia. En la Emancipación, 5. 8

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de los elementos de significación que esta presenta. Se manifiesta, en este caso, como la voluntad de no representarse como mujeres; aunque también, en cierta medida, la voluntad de ser hombres, como se aprecia en consignas del tipo “toda mujer tiene un deber: elevarse al nivel del hombre”11. La lucha por la participación de la mujer en el espacio público, la ruptura con los roles sexuales normativos y la línea de separación que intentan marcar con los movimientos autodenominados “feministas”, es también la lucha por afirmarse como algo distinto de la mujer, entendida como cuidadora y “ángel del hogar” (Nash, 1999), y encuentran ese referente identitario en una afirmación de clase en femenino que produce nuevas contradicciones, no tanto derivadas de sus condiciones materiales de existencia o de su posición en relación a los medios de producción, como de la construcción simbólica de la clase desde presupuestos masculinos.

3.1 Imágenes para una identidad Un elemento clave en la construcción de una identidad colectiva es la identificación retrospectiva, la búsqueda de referentes en un tiempo y un espacio más o menos lejano, a partir de los cuales se forjan lo que, en los términos planteados por Joan Scott denominaremos la fantasía, un medio “a través del cual las relaciones reales de identidad entre pasado y presente son descubiertas y/o forjadas” (Scott, 2006, p.116). Siguiendo esta línea observaremos de que manera los ecos de realidades de un tiempo pasado, o de un espacio lejano, son adaptadas con mayor o menor distorsión por las mujeres del BOC y el POUM para cristalizar en esa fantasía, que como veremos, es a la vez referente identitario y horizonte emancipador. El primer aspecto al que nos referimos en este punto son los artículos dedicados a mujeres ilustres del movimiento obrero internacional. En las páginas de la prensa analizada, escritas por mujeres, encontramos semblanzas biográficas de mujeres como Louise Michel, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontai o Margarita Zimbal12. De todas ellas se destaca su labor como militantes políticos, dirigentes del movimiento obrero en algunos casos, activas defensoras de la liberación de la mujer o luchadoras antifascistas en otros. En todos los casos se destaca su actividad pública, fuera del hogar y de los roles tradicionalmente asignados a su sexo, es decir, 11

Libertad García (25 de junio de 1931). ¡Mujeres, a luchar!. En La Batalla, 47. La Batalla, 45 (4 de abril de 1924); La Batalla, 108 (1 de septiembre de 1932); Emancipación, 1 (20 de febrero de 1937).

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precisamente aquellos elementos que las separaban de los significados normativos del término mujer y que actúan como referentes identitarios, modelos a seguir. Este es un fenómeno que se produce también en los ámbitos comunista y anarquista, en estos casos con figuras más cercanas como Dolores Ibárruri, Lina Odena o Federica Montseny, aunque los rasgos que se potencian en estos casos no siempre son los mismos. La excepción a esto es la figura de Nadia Krupskaya, la compañera de Lenin, de quien se destaca su labor de apoyo y soporte del político ruso, aspecto interesante si tenemos en cuenta que mujeres destacadas en las filas del POUM, como Teresa García Banús, Teresa Carbonell o Carlota Durany, fueron a su vez esposas de dirigentes del partido. El segundo tema que tratamos aquí son las referencias a las mujeres en Rusia, que actúa en este caso como horizonte emancipador. La Unión Soviética se presenta como la civilización que “supo emancipar a la mujer, que durante siglos y siglos se la miró como un ser inferior” 13 , se asocia, como apuntábamos antes, la superación de la contradicción capital-trabajo, del capitalismo, con la liberación de la mujer, haciendo especial hincapié en la igualdad laboral entre sexos y en la protección social a la enfermedad, el embarazo y la infancia 14 . Este aspecto, una vez iniciada la guerra, funciona también como un elemento de solidaridad internacional, expresado de manera inmediata en mujeres como Katia Landau, Mary Low o Mika Echebéhère, que llegan de diferentes puntos del planeta y facilitan la identificación con un movimiento más amplio, internacional. No hace falta decir que tanto las semblanzas biográficas como las imágenes de las mujeres soviéticas no se construyen con la voluntad de historiar la realidad pasada o de analizar sociológicamente el presente, sino con un objetivo político. Estos elementos ponen de manifiesto el potencial que tenía la URSS no sólo para agrupar a los trabajadores sobre un proyecto político, también para construir identidades colectivas sobre presupuestos de emancipación femenina.

3.2 El programa femenino No nos dedicaremos a analizar en profundidad el programa femenino del BOC y el POUM, excepto en aquellos puntos en los cuales consideramos que nos ayuda a entender aspectos identitarios. Debemos tener en cuenta en este apartado la postura del BOC en el momento de la llegada de la Segunda República, que les costó a sus 13 14

Anastasia Tejedor (7 de mayo de 1931). Hay que organizarse. En La Batalla, 40. Grupo Femenino del BOC (sin fecha). A las mujeres trabajadoras. En La Batalla, 83.

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militantes la ruptura definitiva con la línea oficial del comunismo. En los momentos previos al 14 de abril exhortan al proletariado a completar la tareas de la revolución burguesa: “república, cuestión de la tierra, las relaciones entre Iglesia y Estado, la solución del problema de las nacionalidades, la liberación de la mujer...” 15 . Por el contrario, después de la proclamación de la república critican que “con cuatro mejoras nos engañarán una vez más, y nosotros, comunistas, siempre enemigos de los términos medios, no debemos contentarnos” 16 . Con esto queremos poner de manifiesto que, aunque desde presupuestos marcados por un análisis de clase determinado, el BOC se inscribe en términos generales en la tradición política progresista y popular de la Catalunya del primer tercio del siglo XX. Esta vinculación se acentúa si observamos el programa femenino que el BOC presentó para las elecciones a Cortes constituyentes de junio de 1931. En el se incluyen reivindicaciones en favor de la igualdad laboral, la protección social de la mujer en supuestos de embarazo y enfermedad, la jubilación a los 50 años, la creación de “casas-cuna” (guarderías), la abolición de la servidumbre doméstica, el derecho al voto femenino, el divorcio, la separación iglesia y estado...y se critica la mayor opresión a la que las mujeres se encuentran sometidas.17 A primera vista parece un programa que, con algunas excepciones, podría haber firmado la Unión Republicana Femenina de Clara Campoamor, pero a diferencia de las posturas mantenidas por ese colectivo y por su principal animadora, el programa del BOC se centra en los problemas del trabajo y de las trabajadoras. No encontramos en este programa referencias al acceso de la mujer a la universidad o a puestos de trabajo de alta formación, pero sí que podemos observar demandas de educación “única y gratuita”, sin embargo no es nuestro objetivo valorar lo moderno o lo válido de estas reivindicaciones, que por otra parte eran fáciles de proponer desde un partido que se mantenía fuera del gobierno. Lo que si debemos valorar es que la existencia de un programa de estas características a la altura de 1931 pone de manifiesto dos cosas, por una parte la existencia de un pensamiento político en torno a la cuestión femenina notablemente desarrollado; por otra, la resignificación que la mujeres del BOC hacen de ese pensamiento para encajarlo en la identidad obrera en la que, como hemos expuesto anteriormente, se incluyen. Resulta difícil seguir pensando que en el estado español no existió en las primeras décadas del siglo XX una cultura política femenina más allá del 15

(26 de marzo de 1931). El Bloque Obrero y Campesino ante las próximas elecciones municipales. En La Batalla, 34. 16 Anastasia Tejedor; “Hay que organizarse”... 17 Grupo Femenino del BOC (4 de junio de 1931). A las mujeres que trabajan. En La Batalla, 44.

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catolicismo y de presupuestos conservadores, o que no hubo un feminismo político previo al debate sobre el sufragio femenino en las Cortes republicanas. Por el contrario podemos seguir afirmando que no existió un “sufragismo” fuerte, pero resulta necesario investigar las especificidades del movimiento femenino previo a la Segunda República, sin el cual es imposible entender el nivel de concreción política demostrado por el BOC en 1931.

3.3 La inmigración y el factor étnico En este último apartado nos gustaría introducir un factor que ha sido poco tratado por la historiografía, pero que tiene una notable influencia en la formación de identidades. Debido a que los estudios más avanzados sobre la materia se dedican a la ciudad de Barcelona y las organizaciones que analizamos en esta comunicación tienen su principal núcleo de actividad en esta ciudad, nos centraremos en ella. La ciudad de Barcelona en particular, y su cinturón industrial en general, se caracterizan durante el primer tercio del siglo XX y en concreto durante los años de entreguerras (1917-1936), por recibir un contingente migratorio impensable hasta el momento. Entre 1920 y 1930 la ciudad pasa de tener poco más de 600.000 habitantes a superar el millón (Arango, 2007), y en esta última fecha residen en ella más de 400.000 personas nacidas fuera de Catalunya (Termes, 1985). A priori estos datos no son demasiado relevantes para el tema que nos ocupa, sin embargo Jose Luis Oyón ha observado que existe una relación notablemente directa entre la procedencia de los habitantes de la ciudad y su nivel de vida, los barrios en los que residen los obreros catalanes y los no catalanes, las condiciones laborales y de vivienda a las que están sometidos unos y otros o los índices de analfabetismo, mucho menores entre la población catalana (Oyón, 2007). Estos datos nos permiten delimitar, aunque de manera generalista debido al estado poco avanzado de este tipo de investigaciones, el tipo de militantes del BOC y el POUM en términos de procedencia étnica y de ocupación. Según los datos ofrecidos por Oyón, el 80% de los militantes de estas organizaciones son de procedencia catalana y más del 50% son obreros de cuello blanco o superiores y viven en familias nucleares. Esto significa, a su vez, que mayoritariamente residirán en los barrios de la denominada “Barcelona popular”, zonas a las que los trabajadores inmigrados apenas podían acceder debido al precio de la vivienda. Es en estos barrios en los que se encuentran la mayoría

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de los espacios de socialización populares (Ateneos, Mutuas, Cooperativas...) y en los que, probablemente, se socializaron muchas de las militantes del BOC y el POUM. En nuestra opinión este aspecto, que la historiografía de género y la historiografía en general han trabajado en menor profundidad, ofrece potencialidades en la construcción de identidades son, a nuestro parecer, amplísimas.

4. Conclusiones El análisis de la identidad política de las mujeres del BOC y el POUM, explicado en las páginas anteriores, nos permite extraer algunas conclusiones en dos sentidos. En primer lugar, en el plano más concreto, observamos las tensiones en el seno de estas organizaciones, los diferentes significados que tenía la militancia política y el papel que el género jugaba en su construcción. Los aspectos analizados: la construcción de una fantasía identitaria propia, a través de las imágenes del pasado; la apelación a un sujeto propio, la “obrera” y la consiguiente resignificación de los símbolos a través de los que se define la pertenencia a la clase obrera; y la adaptación a unas condiciones políticas concretas de la tradición de movilización femenina previa; ponen de manifiesto la existencia de una movilización política femenina durante la Segunda República, que no nos permite hablar de las mujeres como actores pasivos de los procesos políticos, pero que tampoco nos debe llevar a tratar a las mujeres como un solo sujeto. Debemos, en este sentido, analizar la experiencia y las especificidades de los diferentes colectivos de mujeres que participan de los procesos de cambio político acontecidos tanto durante la Segunda República como en el ciclo de entreguerras en general. En este mismo sentido queremos evidenciar la necesidad de los análisis comparados. Por una parte a escala estatal, la formación de las diferentes secciones femeninas de los partidos políticos que se produce en los primeros momentos de la Segunda República son un terreno prácticamente inexplorado por la historiografía. Profundizar en los procesos de construcción de identidades políticas de estos grupos, pero también en sus concreciones programáticas o en sus formas de acción política y social puede ayudarnos a comprender el papel que las mujeres tuvieron en las experiencias de cambio político desarrolladas en la década de 1930 en España. Asimismo,

la

comparación

con

experiencias

internacionales

probablemente

desmitifique algunos aspectos de la especificidad española, que también proliferan en el campo de la movilización femenina, especialmente por lo que se refiere al papel de esta

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en las primeras décadas del siglo XX y a las razones de la aprobación del sufragio femenino. En segundo lugar, como esperamos haber puesto de manifiesto a lo largo de esta comunicación, el uso del género como categoría de análisis histórico resulta clave para avanzar en la comprensión de determinadas realidades, para desarrollar narrativas alternativas capaces de dar respuesta a problemas historiográficos actuales. Por un lado, porque a través de este análisis podemos explicar los mecanismos de construcción de la diferencia sexual, los elementos de significación sobre los que se construyen roles normativos a partir del sexo. Podemos analizar, también desde esta perspectiva, el papel que juega el sexo como organizador de las relaciones sociales, condicionando los límites de la política y la cultura, y delimitando nuestras formas de percepción de la realidad. Por otro lado, en referencia a los temas generales que ocupan esta comunicación -las identidades y la movilización política en el periodo de entreguerras-, encontramos fundamental profundizar en las investigaciones sobre el papel desempeñado por las mujeres en el campo político, no sólo en aquellos casos en que ellas participan de los espacios considerados tradicionalmente políticos, sino en base a su influencia desde la posición subalterna que ocupan, las transformaciones que, a través de su acción, se producen en la significación de elementos identitarios, como la clase o la nación -aunque en nuestro caso nos hayamos limitado a analizar los significados de clase.

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EL CARDENAL ISIDRO GOMÁ FRENTE AL ESTATISMO FALANGISTA: LOS PRIMEROS PROBLEMAS

Miguel Ángel Dionisio Vivas Universidad Autónoma de Madrid

Tras el desencadenamiento de la guerra civil uno de los principales problemas que se planteó en el denominado bando nacional fue el de la futura configuración del Estado surgido del conflicto. Los militares sublevados no tenían un modelo predefinido y dada la heterogeneidad de los mismos era difícil aventurar si se mantendría una república de tipo conservador autoritario o se restablecería la monarquía, y en este caso, si supondría la restauración de Alfonso XIII o la instauración del pretendiente carlista. En este contexto Falange, en proceso de vertiginoso crecimiento, pronto pretendió establecer su modelo de Estado, inspirado en el alemán, al mismo tiempo que, dado el apoyo de Hitler a Franco, se producía una mayor influencia e injerencia de Alemania en la política española. Frente a esta pretensión, la Iglesia española, encabezada por el arzobispo primado de Toledo, el cardenal Isidro Gomá, opondría su propio modelo, basado en la tradicional identificación entre el catolicismo y la nación española, buscando contrarrestar el influjo nazi-fascista que se escondía tras el proyecto falangista (Raguer, 2001). El cardenal Gomá entendió que este influjo suponía una auténtica amenaza, dado su carácter estatista y su paganismo anticristiano, a la restauración de la España católica, única posibilidad para él si se quería ser fiel a la esencia más profunda de la nación. Por ello el primado advirtió a la Santa Sede de dicho peligro y desde el primer momento se opuso, con todas sus fuerzas, a la progresiva influencia falangista. Esta oposición no trascendió a la opinión pública, quedando soterrada ante el objetivo esencial de ganar la guerra, pero generó fuertes tensiones, que aflorarían en serios conflictos en la primera posguerra, dando finalmente, tras unos primeros momentos de predominio falangista, el triunfo al sector católico, a partir del viraje de Franco ante el fracaso del Eje y la necesidad de presentar una imagen más aceptable a los Aliados vencedores (Tusell, 2005, pp. 43-114). 80 

Testigo y protagonista de los primeros momentos del enfrentamiento fue el cardenal Gomá (Rodríguez Aisa, 1981). Su actuación queda reflejada en una serie de informes, enviados por él a la Secretaría de Estado vaticana, cuyo contenido vamos a presentar, fruto de nuestra investigación doctoral en el Archivo Vaticano, donde se conservan, y que nos muestran cuál era la visión que tenía el prelado toledano, en ese momento, y hasta la llegada del primer diplomático pontificio tras el estallido de la guerra, Ildebrando Antoniutti, representante oficioso de la Santa Sede ante el Gobierno de Franco. Los documentos reflejan la perspectiva del primado, y si bien son sólo un aspecto parcial de la realidad, nos permiten conocer cuáles eran los miedos y prevenciones de la Iglesia ante Falange.

1.

El desencadenante: la reacción al discurso de Hedilla

Falange, acéfala tras el fusilamiento de José Antonio, era dirigida, a comienzos de 1937, por Manuel Hedilla, dirección impugnada por varios de los falangistas más ligados a la memoria del fundador. En este contexto, Hedilla pronunció un discurso en el que podían atisbarse algunos peligros de cara a la plena restauración católica de España y así lo entendió la Santa Sede, cuando Il Messaggero lo reprodujo en Italia. En abril de 1937 el cardenal Gomá escribía al Secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli para informar de las gestiones realizadas ante Franco, tras dichas declaraciones1. El propio Gomá compartía los temores vaticanos acerca de que en el futuro las relaciones jurídicas de la Iglesia con el Estado no lograran el grado de concordia que era de esperar de la tradición católica del país, tal y como se habían llevado durante los gobiernos de la monarquía, y como debían derivarse del carácter y espíritu religioso del “Movimiento”. Los temores no provenían solo de la lectura de dichas declaraciones, sino también de la actitud de reserva que había observado en algunas autoridades, y de la atmósfera en que hubo de tratar algunos asuntos. Tenía también la presunción de que algunos personajes que ocupaban cargos importantes no encarnaban el sentido del movimiento nacional, y podían influir en la alta dirección política. Con todo, el primado pensaba que se podían hacer algunas consideraciones que atenuaran dichos temores; opinaba que en esos momentos las preocupaciones de la guerra lo absorbían todo, quedando las cosas de la política y de gobierno del Estado relegadas a segundo plano, tomando la orientación que les imprimían quienes después no iban a ser llamados a 1

Archivo Secreto Vaticano (en adelante ASV) A.E.S. Spagna Periodo IV, pos. 892, fasc. 275, ff 75-79.

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dirigirlas. El mismo criterio del Jefe del Estado estaba condicionado por las circunstancias excepcionales que se estaban viviendo, lo que le llevaba a disimular o transigir en ciertos aspectos, a la espera de recobrar la plena autonomía en el régimen interior del país. Además, seguían dándose disposiciones favorables al espíritu cristiano del país. El cardenal, aprovechando el paso de su obispo auxiliar, Gregorio Modrego, por Salamanca, le encargó que se entrevistara con el Jefe del Estado. El criterio de este, expresado en nota que Gomá copiaba de lo que decía monseñor Modrego, era que las declaraciones de Hedilla no tenían ninguna autoridad. El primado destacaba que el 18 de abril, dos días después a la conversación con el auxiliar, Franco había pronunciado un discurso en el que se mostraba su voluntad decidida sobre la unificación. Pensaba que para el futuro, Franco, hijo sumiso de la Iglesia, ofrecía suficientes garantías como gobernante y consideraba que el discurso de Hedilla no contenía la verdadera posición de toda la Falange respecto a la Iglesia. Y ello por la escasa autoridad, tanto intelectual como política de Hedilla; por su falta de representación de un grupo militar y político que se encontraba sin cabeza, así como por su falta de entronque con la Jefatura del Estado, que se había manifestado disconforme con las palabras que pronunció en el discurso. Y sobre todo, porque, a juicio del cardenal, su espíritu era contrario al de la inmensa mayoría de los españoles, especialmente de los tradicionalistas. Pero si bien no había que tomar en cuenta las palabras “más o menos hitlerianas” de Hedilla, no dejaban de ser un síntoma sobre el que habría que estar alerta. El cardenal indicaba a Pacelli que interrumpió en este punto la redacción del informe, pues le habían dado a leer íntegro el discurso pronunciado por Franco y el Decreto de Unificación, promulgado por el Caudillo el día 19 en Salamanca. Por este tanto Falange Española como el Requeté se integraban, con todos sus servicios y elementos, bajo la jefatura de Franco, en una sola entidad política de carácter nacional que, momentáneamente, se denominaría Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Refiriéndose al discurso, el cardenal Gomá lo contextualizaba dentro del momento que se estaba viviendo, dadas las cuestiones internas que dividían a la Falange y a los requetés, lo cual resultaba un peligro para la unidad de esfuerzo, tan necesaria. Era indudable que cada uno de los dos grupos trataba de invadir, en provecho propio, el campo político. Si esto se hubiese producido hubiera llevado la dirección del país en un sentido distinto al de la mayoría del país. Para Gomá el contenido doctrinal político del discurso era más bien escaso, un bosquejo de la ruta histórica seguida por España en los 82 

últimos cuatro siglos y una afirmación de los anhelos de continuidad tradicional, incorporando lo nuevo que fuera adaptable al país. El fondo del discurso revelaba la convicción íntima de Franco de que la religión católica, que había formado el alma nacional, debía seguir informando el nuevo Estado. Junto a ello, aparecían algunas expresiones que revelaban el espíritu de Falange y las tendencias de la mística fascista. En relación al Decreto de Unificación, el cardenal estaba convencido de que habría de producir viva polémica entre los políticos. Parecía que se daba en él preeminencia a la Falange, lo cual haría que los tradicionalistas quedaran molestos. Los miembros de los otros partidos, como Renovación y Acción Popular, al quedar disueltos, se sentirían defraudados. Subrayaba a Pacelli dos aspectos del discurso: la rotunda afirmación de que el espíritu católico era el que debía seguir informando la vida nacional y la indicación de un posible cambio de régimen. De la mayoría de los jefes militares podía afirmarse que eran buenos cristianos, incluso alguno ejemplo de piedad. En el pueblo se había dado una reacción religiosa, que influía en las altas esferas del Gobierno. Había una mayor recepción de los sacramentos, con más asidua asistencia a los actos religiosos. Entre las tropas se rezaba el rosario, con asistencia a la misa dominical y recepción de los últimos sacramentos en caso de muerte. Asimismo existía un afán de instrucción religiosa entre los soldados. El mismo fenómeno se daba en las milicias voluntarias, tanto de los requetés como de los falangistas; de los primeros nadie dudaba del espíritu religioso, en cambio sí de la Falange. Pero entre los dirigentes se habían multiplicado últimamente las declaraciones en el sentido de que la Falange era y sería católica. Confirmaba ese espíritu en el pueblo la entereza de los familiares de los que se hallaban en el frente, que tenía su principal fuerza en que todos los que luchaban lo hacían por la causa de la religión. Pero no todo era positivo. El cardenal señalaba como en algunas ciudades que no habían sufrido, o lo habían hecho por poco tiempo, la dominación marxista, no se daba esa reacción religiosa, y temía que la lección de la guerra se olvidara pronto. Concluía el cardenal refiriéndose a las tendencias políticas nacionales. El movimiento militar, tras años de política distanciada del espíritu de país y que sólo buscaba el medro personal y de partido, se había encontrado a la nación dividida en dos grandes campos, el dominado por la ideología marxista en sus distintos grados, y el de ideas conservadoras, que iba desde el tradicionalismo monárquico al republicanismo moderado. En las izquierdas se daba mayor sentido de unión y de empuje, aunque la victoria de Franco supondría su desaparición. Quedaba, pues, la cuestión de qué rumbo 83 

tomarían las cosas al finalizar la guerra. Cuando eso se produjera aparecería la dificultad de fundir las tendencias y ordenarlas en el sentido de un Estado fuerte en el orden religioso, social y económico. Gomá opinaba que la ideología de Franco era sana, aunque faltaba probar que hubiera talento y fuerza para traducirla en el hecho de la vida nacional. Pacelli comunicó al Papa las noticias transmitidas por el primado. Pío XI expresó su complacencia por los sentimientos nobles que animaban a los hombres de Estado españoles. Pero existían, junto a las actuaciones favorables a la Iglesia, una serie de hechos inadmisibles, causa de preocupación. El Papa esperaba que el Gobierno, que, por su devoción a la Iglesia daba motivo de una particular confianza, introdujera las modificaciones necesarias, de modo que las diferentes normativas se ajustaran a las normas canónicas y a las disposiciones de la Santa Sede.

2.

Tras el Decreto de Unificación

El día 24 de abril volvió el cardenal Gomá a escribir otro informe, el nº 61, con nuevos datos de carácter político2. El segundo apartado se refería al reciente Decreto de unificación. Para el primado, aún era difícil hacerse cargo de todo su alcance. Respecto al origen del mismo, origen que podía prejuzgar los fines perseguidos y la orientación que podía tomar la política, había quien aseguraba que no era ajena la influencia de Alemania en dicha unificación, con la finalidad de dar predominio a la Falange. El cardenal pensaba que estos datos no eran motivo bastante para adjudicar a la influencia extranjera el decreto. Por datos que había recogido del Cuartel General, que le merecían todo crédito, Franco, para evitar tendencias autónomas en las milicias, sobre todo en Falange, tenía en mente la idea de la unificación, pero debido a los enfrentamientos, con derramamiento de sangre, entre las dos tendencias de la Falange, hubo de apresurarla3. De este modo no sólo resolvía el pleito interior de la misma, sino que fundía en una todas las milicias, haciendo desaparecer los cuadros de mando de las mismas, integrándolos en los mandos militares. Así quedaba asegurada y reforzada la unidad de espíritu y de acción de todas las fuerzas. Gomá señalaba que el Decreto, en general,

2

ASV A.E.S. Spagna Periodo IV, pos. 892, fasc. 276, ff. 20-29 Los enemigos de Hedilla se habían reunido el 16 de abril en Salamanca, destituyéndole. Esto produjo unos violentos altercados, en los que se produjo una muerte. El 18 Hedilla era nombrado Jefe Nacional, pero el Decreto de Unificación supuso que la Jefatura pasara a Franco; Hedilla, opuesto a lo que consideraba el fin efectivo de Falange, fue condenado a muerte, aunque finalmente se le conmutó la pena por reclusión perpetua. 3

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había sido bien recibido. La supresión de Renovación Española y de Acción Popular resultó muy dolorosa para los que la formaban, entre quienes se contaban hombres de gran prestigio en el mundo de la política, las letras, las finanzas. Esta supresión suponía que se alejaba la posibilidad de la restauración monárquica de Alfonso XIII. El juicio acerca de la unificación dependería de la Junta Política que se constituyese. La presencia de los tradicionalistas era un elemento de equilibrio frente a las tendencias de la Falange. En esta se daba una tendencia natural a imitar el nazismo alemán y el fascismo italiano. El cardenal se detenía a comentar algunos de los veintiséis puntos de Falange, aquellos que tocaban cuestiones relacionas con la Iglesia. Advertía del fuerte unitarismo, que se acentuó por lo ocurrido en Cataluña y el Vizcaya. Ponía sobre aviso de las posibles injerencias estatales en el ámbito de la educación, e incluso la interpretación del Estado y de la Patria fuera de los límites del derecho natural podría conducir a una política que conllevara vejámenes tanto para los ciudadanos como para la Iglesia. Respecto al punto 26, si bien señalaba que en su primera afirmación contenía un propósito consolador y en consonancia con la historia del país y con el pensamiento de la mayoría de los españoles, en su segunda parte, al hablar de intromisiones que menoscabaran la dignidad del Estado, introducía con ello una fórmula insidiosa, que el cardenal temía que produjera muchos males, y que de momento ya había generado muchos recelos. La alusión a la integridad nacional podría aludir a la actividad de los eclesiásticos nacionalistas catalanes y vascos. En el Decreto se suprimió el último punto, el 27, del programa inicial de Falange, en el que esta aspiraba a la hegemonía en el futuro Estado. Quedaba saber si por el Decreto quedaba reconocida esta superioridad o si, dentro de la unificación impuesta por Franco, la conquistaría la agrupación que contara con mejores medios de gobierno o mayor simpatía en el país. El primado consideraba que el momento era sumamente delicado, y que lo era sólo un síntoma, pudiera convertirse en un factor que pesara en la vida nacional. El día 10 de mayo, durante una entrevista en Burgos en la que trataron diversos asuntos, Franco explicó al cardenal de modo detallado el proceso de unión de los tradicionalistas y de la Falange, especialmente lo referente a esta4. Se había constatado que ciertos elementos de la misma, en contacto con el socialista Prieto y con Miguel Maura, querían hacer de Falange un partido político permeable a los elementos

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Informe nº 72: ASV A.E.S. Spagna Periodo IV, pos. 892, fasc. 277, ff. 4-6.

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socialistas y comunistas, que, ante la perspectiva de triunfo de los nacionales, se acogían al Falange para, más tarde, desviar el movimiento o hacerlo ineficaz. La situación había llegado a ser de suma violencia, llegando al derramamiento de sangre. Gomá informaba cómo Hedilla, considerado culpable, había sido destituido de su cargo. En opinión del prelado el espíritu de la vieja Falange estaba en franca decadencia, y que por la prudente selección de los individuos integrantes del Secretariado directivo, se convertiría en un gran cuerpo auxiliar del Ejército, sin matiz político alguno, y sin más influencia política que la que consintiera, de acuerdo con el Jefe del Estado, el Secretariado, en el que predominaba el sentido tradicionalista. El cardenal recalcaba una declaración muy interesante de Franco, en el que éste afirmaba que no consentiría en España tendencia alguna que se concretara en racismo pagano de inspiración nazi. En opinión del Generalísimo, cada país tenía su tradición y su historia; las raíces españolas eran profundamente católicas y a su juicio, no se podía apartar del camino que eso imponía. Ante la protesta del cardenal por unos comentarios realizados en la radio, desde Salamanca, por unos técnicos alemanes, sobre la Encíclica Mit brennender Sorge, Franco le dio la seguridad de que no se volverían a producir hechos análogos. El Jefe del Estado le habló asimismo sobre la masonería, que no estaba dispuesto a tolerar en España. La persecución contra la misma iba a ser implacable, y cuando lo permitieran las circunstancias, sería declarada fuera de la ley. Si esto no se hacía aún era para no crear más dificultades, debido a la previsible reacción de la masonería internacional, aunque ya, de una manera discreta, se estaban depurando a sus miembros en las organizaciones oficiales y en el Ejército. El 25 de junio, el cardenal se refirió nuevamente a la situación política, en tanto que podía reflejarse en la religiosa, al remitir el Informe nº 96 señalando que existían motivos de preocupación de cara al futuro, si no se lograba reprimir la desviación que se estaba iniciando, con respecto a los comienzos del movimiento nacional 5 . Cada día aparecía más claro que la unificación fue impuesta a Franco por Italia y Alemania. Según sabía el cardenal, por informes de una autoridad militar del Cuartel General, dicha unificación era condición sine qua non para aportar ayuda militar. Dicha unificación había sido prematura, pues ni la Falange ni los requetés estaban preparados para ello. A pesar de los esfuerzos realizados por el Secretariado encargado de la dirección de la fusión, no se estaba consiguiendo gran cosa, ante los esfuerzos de ambas

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ASV A.E.S. Spagna Periodo IV, pos. 901, fasc. 307, ff. 22-28.

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organizaciones de prevalecer la una sobre la otra, ahondándose las diferencias que las separaban. Dentro del mismo Secretariado se había originado un estado de tensión que inutilizaba sus esfuerzos, lo cual no podía ser de otra forma dada la distancia enorme que separaba la ideología, la historia y las tendencias de ambas agrupaciones. Al cardenal le preocupaba el hecho de que la ventaja se fuera inclinando hacia Falange, entre otras cosas porque la labor de los dirigentes falangistas estaba siendo mucho más tenaz que la de los tradicionalistas. La muerte inesperada de Mola había agravado la situación, pues, aunque era de espíritu menos cristiano que Franco, en cambio, estaba cada vez más identificado con los tradicionalistas, además de que con su sagacidad política hubiera podido encauzar las tendencias divergentes de ambos grupos, una vez acabada la guerra, y libre de las influencias extranjeras. Gomá consideraba que gran número de falangistas, sobre todo los reclutados en el norte, eran excelentes cristianos, que junto a los requetés podrían contrarrestar la tendencia más laicista de los otros. Pero la cuestión se agravaba por la influencia alemana. En las altas esferas del Gobierno había la convicción de que Alemania estaba haciendo un gran esfuerzo, por todos los medios, de captación del espíritu nacional. El embajador alemán había expuesto al obispo de Salamanca su idea de que el estado no debía ser confesional; era algo exclusivamente terreno, en cuya formación concurrieran todos con absoluta unanimidad, cosa que era imposible si estaba presente el factor religioso. Lo preocupante era que esta teoría empezaba a cundir entre la gente del Gobierno. El primado aducía varios ejemplos concretos de esta influencia, y veía en todos ellos la actuación tendenciosa del embajador de Alemania. Consecuencia de todo ello era la formación de un criterio poco favorable a la Santa Sede. El cardenal se reafirmaba en su juicio sobre Franco, al que consideraba católico convencido, pero al mismo tiempo señalaba la amargura que el Jefe del Estado sentía por no haber sido reconocido de iure por la Santa Sede. Otro motivo de preocupación, y que mostraba el espíritu que existía en el Gobierno, eran las declaraciones hechas por José Antonio Sangróniz durante una comida, en presencia de varios diplomáticos; en ellas hubo frases desconsideradas para el Papa y, entre otras cosas, señaló que el Gobierno designaría a los obispos, pues querían una Iglesia nacional. El cardenal opinaba que este estado de recelo y de prevención se desvanecería en cuanto se pudiera valorar en su justa medida la labor de pacificación realizada por la Santa Sede y las pruebas de amor que había dado a España y estaba convencido de que la situación sería pasajera, y que concluiría en cuanto los alemanes se marcharan, pues desaparecería así el principal elemento de perturbación, 87 

aunque era preciso obrar con prudencia y vigilancia, ya que se estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de la historia del país. Tras la llegada a España de monseñor Antoniutti como delegado pontificio, el cardenal observó una actitud más favorable a la Santa Sede y a las cosas de la religión. La presencia de Antoniutti y la elevación a oficial de la representación oficiosa en Roma habían producido una satisfacción general. En su Informe nº 122 señalaba que el Secretario político general de Falange, Serrano Suñer, se había dirigido a él, proponiéndole la organización de la asistencia religiosa de las Juventudes falangistas; en el mismo sentido el cardenal recibió indicaciones del encargado de asuntos religiosos de Falange6. Con motivo del reconocimiento oficial de la Santa Sede, el Secretario General de Falange le envió un telegrama en el que reafirmaba el catolicismo romano del pueblo español, y expresaban su filial adhesión al pontífice. Otro hecho significativo era la organización de unos cursillos para maestros, que se celebraron en todas las capitales de provincia, con un plan en el que predominaba el sentido católico más puro. Al mismo tiempo se había restaurado oficialmente la enseñanza de la religión en las escuelas, formulándose los correspondientes programas, para cuya elaboración se pidió la colaboración de la jerarquía. Todo ello revelaba una buenísima voluntad por parte de los dirigentes. Pero el cardenal no las tenía todas consigo, y consideraba que no se habían desvanecido los temores de una orientación estatal única y obligatoria, con el peligro de que cambiara el criterio a seguir si variaban las personas. Los temores del cardenal Gomá no eran infundados, como se demostró a lo largo de los años posteriores, con los problemas surgidos a raíz de la publicación de la encíclica Mit brennnender Sorge, la Ley de Prensa y el Convenio Hispano-Alemán. Acabada la guerra, el creciente estatismo falangista llevó no sólo a conflictos con la Iglesia, como el derivado de la supresión de la Federación de Estudiantes Católicos (Granados, 1969, pp. 229-247), sino incluso a la censura de la carta pastoral del cardenal Gomá Lecciones de la guerra y deberes de la paz (Dionisio Vivas, 2009). Todo ello hizo que el cardenal muriera con la amargura de considerar que todos sus esfuerzos habían resultado un fracaso y que el modelo que se imponía en España era el que volvía su mirada a Berlín.

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ASV A.E.S. Spagna Periodo IV, pos. 901, fasc. 307, ff. 55-58.

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Bibliografía

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Tusell, J. (2005). Dictadura franquista y democracia. Barcelona: Crítica.

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PROPAGANDISMO CATÓLICO Y MOVILIZACIÓN DE MASAS EN LOS AÑOS 20

Juan Carlos García Funes Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción

A continuación se presentan los primeros pasos de la investigación del propagandismo católico durante la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. El objetivo propuesto es el análisis de la labor de los propagandistas católicos en torno a su difusión de la doctrina social católica y su búsqueda de la movilización social, concretamente en torno a la dictadura primorriverista. Como desarrollo parcial de la investigación planteada se han trabajado los principios doctrinarios del catolicismo social y su concepción de la llamada cuestión social. Además, desde una aproximación a concepciones tales como el origen de la autoridad y la organización política de la sociedad, se ha realizado un seguimiento del concepto de dictadura en el discurso de los propagandistas católicos. Estos aspectos se han estudiado principalmente, en una primera aproximación, desde los discursos de Ángel Herrera Oria (principal ideólogo propagandista) y El Debate, como una de las principales publicaciones orquestada por dichos propagandistas (dirigido por el propio Herrera). Las técnicas y la metodología aplicadas en estos estudios han sido tomadas principalmente de la historiografía que ha trabajado la dictadura de Primo de Rivera (orígenes, desarrollo, apoyos sociales), el Movimiento Católico en su globalidad su camino hacia la Acción Católica, y el catolicismo social y político1, además de acudir a trabajos provenientes de la Historia de la Propaganda, y del tratamiento de la prensa periódica.

1

Para una sintética e imprescindible aproximación a las precisiones conceptuales en torno al Movimiento Católico y su evolución en la España contemporánea se recomienda acudir a Montero (1993). En este texto trabajamos sobre la concepción del Movimiento Católico como “concepto globalizador de manifestaciones sectoriales de la acción de los católicos en la sociedad contemporánea”.

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En este texto nos limitaremos a plasmar las principales reflexiones teóricas y metodológicas de los inicios de la tesis doctoral más que mostrar los detalles de la investigación en sí misma, con la intención de aportar enfoques y posturas de posible debate en las Jornadas Doctorales 2012 para las que está preparado. Para poder hacer extensivo el debate, la temática específica de la investigación será transversal pero abarcaremos algunos de los principales pilares de la investigación en cuanto a teoría y metodología para los estudios de la propaganda y la movilización social. Dos partes serán fundamentales: una reflexión teórica y metodológica sobre el estudio del catolicismo social y otra sobre la propaganda, con los principales conflictos para su estudio. A ellas, acompañarán algunas de las principales conclusiones fruto de la investigación en desarrollo.

2. Reflexión teórica y metodológica sobre el catolicismo social

En 2009, la Universidad de Murcia publicó las actas Mundos de Ayer. Investigaciones históricas contemporáneas del IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. En el mismo hubo una mesa que, a propuesta de Julio de la Cueva y Feliciano Montero, fue dedicada específicamente a Catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, con la que los autores apostaban por contribuir a la redefinición de la tradicional historia de la Iglesia española en términos de “historia religiosa”. Estos autores hicieron un balance de los espacios escasamente explorados y alertaron de auténticos vacíos historiográficos. Julio de la Cueva, en 1991 ya había trazado un “desierto historiográfico” en referencia a los estudios sobre anticlericalismo español; y doce años después, Feliciano Montero recalcaba este retraso, así como el desfase en los estudios sobre catolicismo en España. El estudio propuesto parte de los enfoques ofrecidos por estos autores, así como del intentar por cubrir algunos de los vacíos por ellos señalados. Se pretende arrojar luz sobre el catolicismo social desde el análisis propagandístico en los años veinte, una horquilla temporal escasamente abordada según estos autores; asimismo, se visualizan algunos enfoques descuidados en los estudios de la relación dialéctica entre la movilización secularizadora o laicizadora, (a continuación matizaremos los términos) y la movilización católica, dirigiendo más detenidamente la atención hacia la vertiente propagandística del catolicismo social.

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También se apunta hacia la apertura de vías y la aportación de herramientas para ampliar el debate en torno la principal perspectiva y propuesta interpretativa trazada por estos autores: la “secularización conflictiva”, concepto doblemente conflictivo: por un lado, porque desde los años ochenta el paradigma interpretativo de la secularización ha entrado en crisis y se encuentra en constante debate; por otro, quienes se adentren a estudiarlo deben hacer un esfuerzo consciente por comprender la dialéctica entre las actividades contrasecularizadoras o reconfesionalizadoras de unos actores y los esfuerzos secularizadores de otros. En cuanto al debate sobre el paradigma interpretativo de la secularización, Montero y De la Cueva afirman que incluso grandes defensores de la tesis secularizadora como Peter Berger (1999) o Harvey Cox (1999), consideran que la actual situación de desecularización global refutaría la validez del antaño paradigma que apelaba al éxito secularizador y lo reduciría a la categoría de mero mito. Para reforzar esta línea, se proponen análisis del cambio religioso más ligados a los datos históricos que a las generalizaciones sociológicas, para elaborar un nuevo modelo interpretativo. Estos autores defienden críticamente la utilidad del término y el concepto de secularización, introduciendo algunos matices y cautelas en su empleo: el primer matiz gira en torno a nuestro asunción de observar que los siglos XIX y XX no son, ni de declive irrefrenable de la religión en el mundo occidental, ni de conservación inmutable del monopolio espiritual y social de la Iglesia. Para ellos, la historia demuestra un panorama de pluralidad y competición entre diversas ofertas religiosas y seculares, algunas de las cuales asumieron el papel de verdaderas religiones laicas. El segundo matiz consiste en desechar la clásica consideración de la secularización como proceso mecánico e irreversible, derivado únicamente de la actuación de fuerzas impersonales y procesos abstractos. El papel de los individuos, grupos e instituciones, resulta esencial en la resistencia o desarrollo de los procesos secularizadores. Relacionado con esta segunda matización, estos autores aclaran el segundo plano de conflictividad respecto a la secularización, acudiendo a Jean Bauberot para la distinción entre secularización y laicización. El autor francés viene analizando la noción de laicidad en sus diversas significaciones y su relación con el concepto de secularización en el contexto europeo, planteando algunas cuestiones en relación a la función de la religión en la configuración del espacio público y con los poderes del Estado (Bauberot, 2004).

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El término secularización haría referencia al proceso por el que lo religioso pierde pertinencia social, aunque provocada por el propio desarrollo de la dinámica social, sin mayor confrontación entre las esferas de lo político y lo religioso. Mientras que laicización serían las tensiones explícitas entre diferentes fuerzas sociales (religiosas, culturales, políticas, incluso militares) que puede tomar la forma de un conflicto abierto para que desde los poderes públicos se impongan determinadas soluciones relativas a la religión como institución social. Entendida como laicización, la secularización no sería, pues, un mero proceso sociológico de progresivo y mecánico cambio religioso, carente de conflictividad, sino un terreno de disputa política y cultural, donde individuos, grupos y movimientos laicizadores y contrasecularizadores entran en confrontación, cuyos avances y retrocesos llevan a la estimulación opuesta. Por tanto, aquello que habitualmente se ha dibujado como un enfrentamiento entre clericalismo y anticlericalismo (aunque consideremos imprecisas en ocasiones estas etiquetas) resulta de alto interés para este estudio. Los autores que se han acercado a la cuestión religiosa en la Restauración se han desenvuelto en su mayoría en un contexto historiográfico determinado, el de los años ochenta y noventa. A pesar del descuido de la historia religiosa, se ha avanzado notablemente en el conocimiento de diversos terrenos: las relaciones entre la Iglesia y el Estado, incluidas las relaciones diplomáticas entre el Estado español y la Santa Sede; el episcopado, el clero y las congregaciones religiosas; el movimiento católico, la acción católica y el catolicismo social y político; el anticlericalismo, el discurso anticlerical y la protesta anticlerical, incluida la Semana Trágica; el librepensamiento y la masonería; el mundo de la enseñanza confesional y laica. Con esto, algunos espacios están aún por abarcar dentro de los estudios de la relación entre la movilización católica y la movilización laicizadora: -

Una historia cultural del catolicismo y del conflicto religioso en España (historia intelectual o historia de las ideas, como una historia de corte más antropológico o que tenga más en cuenta la renovación metodológica impulsada por los llamados giros cultural y lingüístico).

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Una historia más social, que permitiera evaluar el impacto real entre la población de los esfuerzos de recatolización o de los procesos socio-políticos de secularización.

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La comparación internacional y de las relaciones y vinculaciones transnacionales de católicos y laicistas.

Además de estos vacíos historiográficos, las reevaluaciones pueden dirigirse hacia la profundización en los siguientes desafíos: -

El supuesto (y asumido) fracaso de la incorporación de España a la modernidad. O expresado de otra forma, el debate en torno a la normalidad o anormalidad dentro del contexto europeo de la historia de España contemporánea. En este asunto se señalan dos perspectivas: la fracasista, por la que la Iglesia Católica habría jugado un papel retardatario del proceso de modernización de España; la tesis de la débil nacionalización de España, que lleva ya unos años siendo objeto de grandes críticas, debido a los impulsos contradictorios del presupuesto de la responsabilidad de la Iglesia en la débil construcción nacional española. Quienes vienen quebrando esta tesis de la débil nacionalización, apuntan a que la confrontación entre clericales y anticlericales habría sido también un conflicto en torno a la definición nacional de España, y habría ayudado a impulsar la creación de una conciencia nacional; pudiéndose pensar que si no en su favor, se pudo haber creado un conciencia nacional tan sólo por efecto reactivo.

A la historia religiosa le quedaría, según los autores, un espacio cronológico por ahondar, el del período de la dictadura de Primo de Rivera, e incluso el de la dictablanda, ya que como vamos observando, no es una horquilla temporal favorita de la historiografía general ni de la historiografía del conflicto entre catolicismo y laicismo, aunque sí que se van encontrando trabajos, desde los que pretendemos partir. La importancia y urgencia de profundizar en este período reside ya no sólo en el conocimiento de los años veinte en sí, sino en la intención de llegar a una mayor comprensión profunda de la confrontación religiosa a partir de 1931, que sí que ha sido más abordada por la historiografía, sorprendentemente, cuando el desequilibrio de estudios es notable entre los años veinte y treinta, inclinándose la balanza de producción historiográfica notablemente hacia los años treinta. La Segunda República y la Guerra Civil son la fase más candente del enfrentamiento, y la más estudiada, aunque principalmente se han estudiado más las relaciones Iglesia-Estado y las políticas religiosas de la República. El estudio del catolicismo social no ha quedado de lado en estos períodos, pero en mayor medida que en los años veinte, motivo por el cual pretende abordarse en la investigación en marcha. 94 

El conflicto entre los movimientos secularizadores y laicizadores concurre por una serie de diferentes etapas. Aquí se hará referencia a las que tocan más de cerca este estudio. Desde 1898 a 1913 se observa un período de renacimiento de la confrontación entre catolicismo y laicismo tras la relativa calma del anterior cuarto de siglo, el cual asistió a una espectacular recuperación eclesiástica. La interacción acción-reacción entre movimientos laicizadores y/o anticlericales y la movilización recatolizadora entró en una conflictiva dinámica. En la Gran Guerra y los años veinte, tuvo lugar primeramente una tregua entre los contendientes (fruto de un relativo agotamiento de la movilización laicista y anticlerical ante la ausencia de resultados), que dio paso a un predominio del catolicismo durante una década. La Dictadura de Primo de Rivera supuso que el triunfalismo católico hallaría en ella su cauce político. También existen algunos espacios abandonados, tales como la sociodemografía histórica de la religión y la secularización, o el impacto social de la recatolización, ya que se ha estudiado con más dedicación el impacto de las políticas laicizadoras republicanas; este aspecto conviene tenerlo en cuenta para poder relativizar las generalizaciones que remarcan la reacción católica a las ofensivas secularizadoras de las fuerzas y autoridades republicanas. La demanda historiográfica entraña una exigencia de refinamiento analítico que habrá de pasar, necesariamente, por considerar la pluralidad de respuestas católicas. Un faro que debe guiar el estudio constantemente es el hecho de no concebir como monolíticas las respuestas procedentes del Vaticano, de la Jerarquía, del clero secular, de las congregaciones e institutos religiosos y de las asociaciones católicas de todo tipo (políticas, sindicales, profesionales, educativas, asistenciales, piadosas, etc.): dentro de las mismas instancias encontraremos actitudes dispares; tampoco debemos preconcebir sus posturas ante las mismas directrices ni sus posicionamientos ante la dictadura primorriverista, que analizando la bibliografía, ya observamos como variables. Entre los pasos previos de esta tesis doctoral en curso se ha abordado el diario El Debate como agente activo creador de un imaginario colectivo sobre determinados asuntos, tales como la concepción del orden social, el origen de la autoridad, la concepción (y refutación) de las soluciones obreristas a la “cuestión social” y la disección de esta misma, el concepto de “dictadura” o la construcción de la imagen de Primo de Rivera. Los católicos movilizados en torno a los periódicos y revistas que impulsaron, se conformarían como productores no sólo de acción, sino como 95 

productores de sentido para todo el asociacionismo católico, en su impulso recatolizador ante los avances obreristas y las propuestas laicizadoras. Resumiendo, nuevos enfoques y nuevas perspectivas deben estar presentes en este estudio. El estudio paralelo de los dos movimientos que se perciben recíprocamente como excluyentes; el análisis desde abajo de la confrontación; un intento por buscar un enfoque desconfesionalizado, al margen de prejuicios y preconcepciones que puedan quedar heredadas de este conflicto histórico; y la mirada al contexto comparado europeo para entender mejor la supuesta especificidad del caso español y comprender las influencias y relaciones con otros casos nacionales2.

3.

Reflexión teórica y metodológica sobre propaganda y prensa

La función de los órganos de prensa plantea algunos problemas metodológicos en el tratamiento tanto de la prensa como fuente histórica y como medio de comunicación social en sí mismo, que no entraremos a abarcar aquí plenamente3. Enfrentarse al análisis de la labor de El Debate se torna una tarea compleja. Este diario generó la primera Escuela de Periodismo de España. Fundada en 1926, e inspirada en la escuela de la Universidad de Columbia (la de Missouri fue la primera). Ángel Herrera movilizó a tres propagandistas que se desplazaron a Nueva York para inspirarse en el modelo de la Universidad de Columbia, del que copiarían la estructura básica que implantarían y desarrollarían en la Escuela, siendo los comienzos de los estudios periodísticos en España. Las innovaciones técnicas que trazó este diario deben ser estudiadas en paralelo con otros diarios, especialmente considerando las transformaciones que los propagandistas adelantaron en la prensa española, fruto de los nuevos métodos propagandísticos que aprehendidos de estos viajes a universidades estadounidenses. Principalmente, interesa conocer en qué medida estas novedades técnicas apuntalaron la obra de los propagandistas y si éstas contribuyeron a un auge movilizador.

2

En este último sentido se puede apostar por llenar el vacío en cuanto a las dimensiones transnacionales de un conflicto que no sólo era español, realizando trabajos comparativos con publicaciones con similar intencionalidad a la de El Debate, como el caso de la rama de la Acción Católica en Francia, la Fédération nationale catholique y sus publicaciones Les catholiques et le Rotary o France catholique. 3 Como ejemplo, entendiendo la prensa como modelo cultural, autores como Robert Marrast conciben que un diario o una revista puede presentarse como la adaptación, repetición o plagio más o menos confeso de una publicación previa o contemporánea; por otro lado, puede ser originario por sí mismo de uno o más imitadores; y en un sentido amplio, puede contribuir a importar, perpetuar o modificar un determinado tipo de periodismo.

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En el estudio planteado se trata de establecer las bases para el análisis de todos los elementos, pero atendiendo especialmente a las herramientas para conocer en profundidad los emisores (los propagandistas católicos), acudiendo a los medios (el diario El Debate, como ejemplo específico) como fuente primaria para llegar a la detección del mensaje, y con ello, la posibilidad de plantear en un futuro estudio, las repercusiones que dicho mensaje pudo tener. En cuanto al estudio de la propaganda, J.M. Domenach (2001) apuntó hacia la necesidad ineludible de un estudio multidisciplinar de la misma, ya que considera que la propaganda es polimórfica y usa recursos casi infinitos, aspecto que compartimos. Tal y como afirma Pizarroso (1999), la Historia del Pensamiento Político, la Historia, de la Filosofía, de la Literatura, del Arte, nos ofrecen valiosos ejemplos de propaganda política a lo largo del tiempo. Primeramente debe considerarse la complejidad definitoria de la propaganda, pero resulta imprescindible como principal estadio del análisis. Ante la existencia de múltiples definiciones de este fenómeno, se acudirá a la que Pizarroso considera como más precisa, sencilla y neutra, proveniente de Violet Edwards, adoptada por el Institute for Propaganda Analysis e inspirada por Harold D. Lasswell, quien realizó la primera reflexión teórica de amplias dimensiones en torno a la propaganda: “Propaganda es la expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos, deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines predeterminados y por medio de manipulaciones psicológicas” (Edwards, 1938, p. 40).

Considerando la propaganda como fenómeno comunicativo, los procesos comunicativos se pueden dividir sustancialmente en dos: información y persuasión. Como fenómeno comunicativo, en realidad la información pura y aislada no existe en el medio social pues emana siempre de una intencionalidad; por ello tendríamos que hablar de persuasión. No toda comunicación es necesariamente persuasiva, pero el sujeto que informa pretende siempre, en el fondo, una respuesta del receptor y todo proceso comunicativo cuyo objetivo es la respuesta, es definido como persuasión. “Persuasión no es otra cosa que el proceso comunicativo cuya clave está en la respuesta del receptor, es decir, aquél que pretende promover una dependencia interactiva entre emisor y

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receptor mediante la formación, reforzamiento o modificación de la respuesta del receptor. Es, pues, un proceso comunicativo cuya finalidad u objetivo es la influencia. Un mensaje persuasivo se conforma según una conducta deseada por el emisor para que sea adoptada voluntariamente por el receptor” (Pizarroso, 1999, p. 146).

En esta línea, la persuasión como fenómeno comunicativo sería inherente a la Humanidad, pero la propaganda no existe sino en un medio social complejo; inherente sería también a la organización estatal. La propaganda sería pues propaganda política, civil, estatal, o contrapropaganda. Por otro lado, religión y política, organización religiosa y organización estatal, son inseparables en su origen y en buena medida de su desarrollo histórico “La Historia misma no es otra cosa, en su origen, que un fenómeno propagandístico y, de hecho, lo sigue siendo inevitablemente hoy en día de manera más o menos explícita. En realidad casi nos atrevemos a defender que no existe ningún proceso de comunicación en la realidad que no tenga un componente persuasivo” (Pizarroso, 1999, p. 146)

Como apunta Antonio Pineda, la postura de Pizarroso es panpropagandista. Los límites teóricos extremos a los que podría llevarse el concepto de la comunicación propagandística vienen marcados por dos posturas: panpropagandismo o monismo propagandístico, y despropagandización. En torno a la primera postura estarían aquellas posturas que conciben que, en un ámbito de comunicación determinado, todo es propaganda. Por otro lado, despropagandización hace referencia a aquellas posturas que conciben que en un ámbito de comunicación determinado, nada es propaganda, apuntando que, por ejemplo, en un sistema político determinado no existen muestras de un fenómeno transhistóricamente reconocible como propaganda. El panpropagandismo sería el límite superior de la teoría del fenómeno propagandístico y la despropagandización el límite inferior. Pineda caracteriza el panpropagandismo o monismo propagandístico como una idea de cierta influencia en la teoría de la propaganda, pero rechazable desde una perspectiva teórica pluralista. La perspectiva pluralista no comparte la negación funcionalista de la propaganda y no incurre tampoco en la perspectiva excesivamente simplificadora del monismo. Los progresivos estudios que presentamos parten del panpropagandismo y del seguimiento de los trabajos de Pizarroso como analítico del fenómeno propagandístico.

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Los trabajos de este autor giran en torno a la comprensión de la noción de propaganda como fenómeno comunicativo, el establecimiento de una tipología (modelos y formas) y el conocimiento de las reglas básicas de su aplicación, para los estudios de coyunturas específicas, y asimismo, para el análisis de determinadas campañas en la práctica. Como bagaje historiográfico y metodológico previo al desarrollo del estudio propuesto, deben trabajarse los análisis de los conceptos de persuasión, comunicación política y propaganda, así como los modelos y formas de esta última; además, debe atenderse a los diferentes modelos de propaganda dependiendo de diversos factores: según el modo de aproximación al receptor (lógica o emocional), según el tempo (agitación-propaganda o propaganda de integración), según el emisor, según el mensaje (explícito, implícito y subliminal), según el sentido (vertical u horizontal), según el contenido (propaganda de guerra, política, religiosa), la contrapropaganda, la censura… El conocimiento de las técnicas y reglas de la propaganda son útiles para el objetivo propuesto ya que ayudan a la detección de las diferentes herramientas utilizadas por los propagandistas. Las reglas de propaganda, tales como la simplificación, la propaganda del enemigo único, de la exageración y de la desfiguración, etc., son algunas reglas que se deben aprehender para poder realizar un correcto análisis de la propaganda desplegada por los propagandistas. No es nuestra intención hacer extensivas hacia el conjunto del Movimiento Católico (y ni siquiera al total de los propagandistas católicos) las conclusiones extraídas del estudio de El Debate, ya que una eficiente investigación debería abarcar otros medios de expresión del catolicismo social, pero valoramos como fundamental su análisis por la importancia otorgada por el propio catolicismo a esta publicación, y los arduos empeños de los propagandistas en hacer de ella su publicación más puntera. Tras su análisis, podemos afirmar que los propagandistas utilizaban un modo que denominaremos lógico-emocional de aproximación al lector. Las explicaciones de sus actuaciones, sus ánimos de actuación e implicación al lector o las justificaciones de sus argumentos, aluden constantemente a una derivación de la aplicación lógica de la doctrina católica en su conjunto, algo que se extrae tanto desde la lectura de sus editoriales, principales fuentes de la aproximación que aquí se ofrece, como desde la noticias y otras unidades redaccionales del diario. El sustrato emocional que también conforma la aproximación viene dado por una constante apelación al sentir y actuar del buen católico, en la que los propagandistas aportan un subliminal influjo de

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culpabilidad al lector que pudiera desviarse del análisis lógico y moral ofrecido por el diario al lector: la doctrina social católica. En cuanto al tempo de la propaganda en El Debate puede considerarse una propaganda de integración, más que agitación-propaganda, como otros diarios de su época, principalmente la obrerista. Como hemos comentado anteriormente, son los propagandistas quienes fundarán en 1926 la Escuela de Periodismo de El Debate, que introduce la profesionalización de la labor del periodista en España, formándole en nuevas técnicas importadas en gran medida de universidades estadounidenses; los propagandistas eran iniciados en estas nuevas técnicas de periodismo y las dirigirán hacia la elaboración de una propaganda integradora y la difusión de la doctrina católica, batallando en la política española, pero desde un lenguaje y una precaución que en publicaciones contemporáneas se observa en menor medida. Una de las principales misiones del diario, como hemos podido comprobar a lo largo de sus páginas era la convergencia de los sectores católicos en cuanto a ser portavoces del catolicismo español (aunque en ocasiones renegaran de ello)4, y a la vez, unificar a las derechas españolas en torno a un programa social bajo el influjo eclesiástico. El vehículo del mensaje transmitido por los propagandistas podía ser más o menos explícito, implícito y subliminal, dependiendo de la temática y de la intencionalidad coyuntural que tuvieran; la dirección del mismo era horizontal y vertical: iba dirigido tanto hacia políticos profesionales y jerarquías del momento como a diversos grupos sociales, aunque dedicaba una especial atención a los que consideraba elementos directores de cada clase. El mensaje constante de El Debate gira en torno al deber de los católicos de defender el altar también en la política y no abstenerse, ya que de hacerlo, serían pasajeros y espectadores de la realidad que les había tocado vivir. La misión encomendada desde El Debate a los elementos directores del catolicismo social giraba en torno a la responsabilidad de forjar destacados católicos que encabezaran las diferentes ramas del asociacionismo católico. Al pretender gestionar la dirección de la masa, concebían como necesaria una masa católica unida, activa y movilizada.

4

En El Debate 13/1/1915: “(…) no nos abrogamos la representación de nadie ni hablamos en nombre de nadie, sino por cuenta propia. Si alguna vez decimos: “los españoles” o “los católicos”, indica simplemente nuestra opinión de que la mayoría de los españoles y la casi totalidad de los católicos piensan en la materia como nosotros”.

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El carácter de contrapropaganda puede adscribírsele también a El Debate tanto en cuanto se presentaba como un diario encargado de dar la batalla a las soluciones obreristas en lo doctrinario, queriendo evitar que el obrero acudiera al influjo de sus tesis y de su modelo de acción, o intentando desvincular a aquellos que ya integraran sindicatos o asociaciones obreras, atrayéndolos hacia el sindicalismo católico. La misión de contrarrestar las doctrinas obreras y el influjo del pensamiento del s. XIX en las masas, era patente en las líneas elaboradas por los propagandistas. El Debate cumplía, por tanto, con la labor de contrapeso y batalla doctrinaria que León XIII animaba a dar a todos los católicos frente a las posturas laicistas y las tesis obreristas, principalmente la socialista. En cuanto a las técnicas y reglas de propaganda, hemos podido comprobar cómo se alejan de algunos elementos destacados como la simplificación, la propaganda del enemigo único, la exageración o la desfiguración. No eran extrañas las editoriales o noticias repartiendo culpabilidades y responsabilidades sobre las cuestiones que trataban, incluso no dudaban en alertar de los errores cometidos por los propios católicos. Aunque sí detectamos una postura más absoluta, sin reservas, contra los políticos profesionales, el Parlamento y el sistema canovista al completo, principalmente a inicios de la década de los veinte, y sin lugar a dudas tras el golpe de Estado. Fueron pocos los políticos que salieron bien parados por completo en las páginas de El Debate una vez instaurado el Directorio militar. Acudiendo a un discurso de Ángel Herrera en la Asamblea de la Prensa Católica celebrada en Toledo el 13 de junio de 1924, en que exponía algunos de los criterios del periodismo católico profesionalizado y dedicó especial atención a la parte informativa y la redacción, pueden observarse los criterios que debían cumplir los periodistas católicos. El espíritu de innovación periodística con el que se fundaba el periódico apoyándose en la introducción de nuevas técnicas en la prensa española era un argumento de enaltecimiento del propagandismo católico por parte de Herrera Oria. En palabras de Herrera: “El Consejo editorial es una institución nueva en la orientación de los diarios. Es de una enorme utilidad, pues siguiendo detenidamente todas las cuestiones, está al tanto de la palpitante actualidad, que estudia y examina con toda la atención en lo que se refiere a la doctrina, y así puede enjuiciar con verdadera competencia y al mismo tiempo con toda

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rapidez. El gran diario es el vigía del orden social, y cada día aumenta su importancia en la vida pública”.

Para Herrera, los periodistas católicos debían ser verdaderamente católicos y patriotas, acatando la autoridad y la disciplina que debía existir en toda publicación católica.   4.

Avance de conclusiones

En estas conclusiones adelantaremos algunos de los primeros resultados, aún sin haber presentado en estas páginas el desarrollo concreto de la investigación. En la profundización en el diario El Debate como uno de los vehículos de propagandismo católico se observa la doctrina católica como prisma desde el que se analiza la sociedad. La complejidad de la adaptación de la doctrina emanada desde finales del siglo XIX en contraste con las transformaciones que la sociedad iría sufriendo desde las primeras décadas del siglo XX, conformarían un reto ante la brevedad de tiempo en que se elaborarían las publicaciones. Al avanzarse algunos primeros pasos en torno al orden y la cuestión social desde el discurso mantenido por los propagandistas, se observa la necesidad de interpretar lo más fielmente posible la doctrina pontificia con la realidad del tiempo y el espacio en que se desarrollaba su actividad. Los diferentes análisis de la huelga, bien como método de protesta específica o como una herramienta para una consecución revolucionaria, son un ejemplo de ausencia en la encíclica Rerum Novarum (que no entra en el posicionamiento sobre la licitud de la misma) de un posicionamiento específico ante determinadas coyunturas. El estudio de las dificultades que conllevaba la adaptación de la doctrina social católica con el análisis diario de la realidad española puede conformar un punto interesante sobre el que seguir investigando. Una correcta contextualización de la conflictividad social española, junto con los aspectos que tratamos, dirigirán la investigación hacia un análisis de la refutación doctrinaria que realizaban los propagandistas de las tesis materialistas y las diferentes soluciones obreristas a la cuestión social. Desde el enfoque de la dialéctica entre laicismo y clericalismo tratado en el enfoque metodológico, ofrecido por Bauberot y seguido por De la Cueva y Montero, se intentará comprender si la recesión del proceso secularizador que estos autores señalan para el período escogido (que respondería a una

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tregua entre los contendientes y a un relativo agotamiento de la movilización laicista y anticlerical) puede confirmarse, o si el impulso del catolicismo social que llevará a su predominio en los años veinte es fruto de sus grandes avances a nivel propagandístico y movilizador. La búsqueda del tratamiento del concepto de dictadura en las páginas de El Debate, así como el que está pendiente de realizar en otras publicaciones avanza el interés de realizar un estudio más amplio, acabando en la crisis de la Dictadura de Primo de Rivera. En el período estudiado se observa una progresiva transformación del concepto de dictadura esperada por los propagandistas católicos. Desde una inicial apuesta por una dictadura emanada desde la legalidad del sistema parlamentario, como una medida a tomar ante un período de crisis, se observa una cierta deriva hacia el anhelo de una dictadura que estableciera el Gobierno fuerte, ampliamente requerido desde sus páginas, aunque para ello se esquivasen los canales legales para el establecimiento del mismo. Al margen de una crítica constante a la corrupción política del caciquismo en el parlamentarismo español, los posicionamientos ante la dictadura en sí, y posteriormente ante la dictadura establecida de hecho en el golpe de Estado de Primo de Rivera, invitan a un seguimiento de las relaciones entre el Pontificado y las jerarquías eclesiásticas en cuanto a las directrices del acatamiento del poder dado, impulsadas desde las cartas a los franceses por parte de León XIII. La apuesta por el golpe de Estado puede ser estudiada como una transgresión a estas directrices, aspecto que conviene investigar con cautela. Por ahora se ha analizado el concepto de dictadura El Debate y los discursos pronunciados por Ángel Herrera, pero resultaría de interés el acercamiento al establecimiento del Partido Social Popular, su programa y los mítines pronunciados en sus actos, para realizar una comparativa entre la difusión doctrinaria y la práctica política impulsada por algunos de los propagandistas en su decisión de ofrecer batalla desde el catolicismo en las urnas. Visualizado en lo desarrollado hasta el momento el discurso antiparlamentario de este partido, es posible orientar la investigación hacia la confluencia de la doctrina plasmada en el diario y el desarrollo de este partido político que pretendió un primer intento unificador del catolicismo en el terreno político. Intentando evitar la visualización del catolicismo como monolítico, aunque en lo estudiado por ahora hemos visto una confluencia estrecha entre la doctrina pontificia, el iderio herreriano y las páginas de El Debate, en el futuro se pretende trabajar el impacto 103 

que las campañas movilizadoras y los esfuerzos por la innovación propagandística tuvieron en el catolicismo en general, y por extensión, en el conjunto de la masa a la que intentaban atraer hacia el corpus de su doctrina social.

Bibliografía

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¿UNA CULTURA DE GUERRA FRANQUISTA? Pablo Gómez Nogales Universidad de Zaragoza

En el siglo XX se produjo el nacimiento de una nueva forma de combatir propia de las sociedades industrializadas en las que las masas habían hecho aparición, la guerra total. Ésta se caracterizó por la movilización de toda la población, de ahí que sólo fuera posible sostenerla en una economía industrializada. No sólo se movilizó a las poblaciones para luchar en el frente sino que aquellos que no podían empuñar un arma fueron requeridos para poner en marcha una producción masiva que sustentara el esfuerzo bélico. Este tipo de conflicto supuso un aumento exorbitante del número de víctimas (Hobsbawm, 1995). Varios factores explican este proceso. Por un lado, el desarrollo tecnológico que permitió el desarrollo de armas con un potencial mortífero desconocido; por otro lado, la guerra sufrió un proceso de “democratización” cuyo resultado más evidente fue que las fronteras entre combatientes y civiles se borraron, convirtiéndose los segundos en un objetivo militar de primer orden. Este proceso de democratización de la guerra hunde sus raíces en la idea decimonónica de la nación en armas, según la cual los civiles, aunque no son combatientes, tampoco son inocentes en los conflictos que implican identidades nacionales o doctrinas ideológicas para las que el ciudadano puede ser considerado como el objeto o la fuente al mismo tiempo (Horne, 2002). Al mismo tiempo, este tipo de guerras constituyen un espacio de transformación social y cultural que influyen de forma decisiva en la construcción de la nación y en la definición de la ciudadanía. En España, durante la última década hemos asistido a una renovación historiográfica en los estudios sobre la Guerra Civil, marcada por la integración de la perspectiva cultural1. En este sentido, la utilización de categoría culturales desarrolladas en otros ámbitos historiográficos, como brutalización o cultura de guerra, se ha revelado como un recurso especialmente sugerente. Entre los aspectos positivos cabe destacar las posibilidades de comparación de la Guerra Civil española con otros conflictos totales como la Primera Guerra Mundial o la capacidad del concepto de cultura de guerra para abordar de forma conjunta la retaguardia y el frente, el proceso militar y el proceso 1

Los mejores ejemplos son Núñez Seixas (2006), Cruz (2006), Rodrigo (2009). Un buen balance en Ledesma (2009).

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cultural, social y político. Sin embargo, la adaptación de esta categoría de análisis a la historiografía española ha generado problemas. Por un lado, no existe una definición clara de lo que se entiende por cultura de guerra. Por otro lado, hasta el momento ha sido más usual invocar la existencia de una cultura de guerra que dotar al concepto de un contenido empírico. Finalmente,

la perspectiva comparada puede ocultar las

diferencias entre conflictos que aunque compartan ciertas características son muy diferentes entre si. Por eso es necesario reflexionar acerca de las diferencias entre la I Guerra Mundial y la Guerra Civil española y adaptar, en consecuencia, el uso del concepto para el caso español2. El concepto de cultura de guerra que aquí voy a manejar hace referencia a un conjunto de elementos culturales y discursivos puestos en marcha para la adaptación de la población a una situación de guerra y violencia de masa. Incluye la formación de la opinión pública y de los imaginarios sociales, la construcción del enemigo, la gestión del sufrimiento, de la muerte y del duelo y, por supuesto, su memoria (Audoin-Rouzeau, Becker, 2003). Es importante señalar que es un resultado de la guerra y la violencia y no su matriz. Así mismo, la cultura de guerra no sería algo impuesto desde arriba, por las élites, si no que se trataría de un proceso improvisado de negoción de los significados de los acontecimientos en curso desde distintas esferas de actuación y por parte de distintos actores sociales y políticos. Este punto es especialmente controvertido, pues debemos estudiar cómo se negocian los significados de una forma bidireccional de “arriba abajo” y de “abajo a arriba” pero la principal fuente de la que disponemos son los discursos elaborados por las elites. Por eso mi propuesta es centrar nuestro foco de atención tanto en los discursos como en la movilización colectiva, entendida esta como una forma de competición por esa asignación de significados a la que hacíamos referencia (Cruz, 2006). El objetivo de mi investigación es estudiar la creación de una cultura de guerra franquista a través del estudio de la ciudad de Zaragoza. Además, pretende ser una reflexión acerca de la importancia de las realidades locales y regionales, en la creación de un discurso sobre la nación. En cuanto a la cronología, nos debemos situar en las primeras semanas que siguieron al golpe de los militares.

En ese momento de

improvisación militar y política, los distintos actores colectivos e individuales que actuaban en la retaguardia rebelde, encontraron espacios para competir por el poder, por

2

Una completa crítica de la categoría cultura de guerra en Ledesma (2012).

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la definición del conflicto y por la apropiación de determinadas identidades colectivas y la exclusión de otras. Sin embargo, pese a estar marcado por la nueva situación, la interpretación de la guerra no se realizó partiendo de la nada, sino que se vio marcada por la existencia de culturas políticas previas que incluían una interpretación común de la sociedad y de su historia, además de una serie de normas y valores compartidos. Un conjunto de elementos expresados por medio de redes de sociabilidad, símbolos y rituales (Berstein, 2008). En esta investigación partimos de la tesis de Ismael Saz, según la cual la derecha española estaba dividida en dos culturas políticas, la nacional-católica y la falangista, que compitieron por definir el significado de los acontecimientos e imponer un proyecto político (Saz, 2003). Pero tras el 18 de julio se abrió un nuevo contexto para la evolución de estas culturas políticas. Hubo unos meses de dispersión del poder (Cruz, 2006) y una ampliación del espacio de movimiento de los distintos actores políticos facilitadas por varios factores: la gestión de las tareas de seguridad y de violencia política, trampolín para algunos partidos como F.E. de las JONS; la configuración del frente, que partió Aragón en dos y se convirtió en una frontera simbólica que separaba dos mundos irreconciliables y la situación de Zaragoza respecto al mismo que le situó en una posición clave para influir en la definición del conflicto (Maldonado, 2007). La representación política, un aspecto en el que cabe atender a dos dimensiones. Por un lado, el acceso a las instituciones, que favoreció a los representantes de las elites tradicionales en detrimento de partidos como FE de las JONS, si bien es cierto que también obtuvo representación (Cifuentes, Maluenda, 1995). Por otro lado, la movilización en la calle, un espacio privilegiado para influir en la definición de significados y la selección de símbolos. Este último aspecto resulto, quizás, decisivo. La cultura política nacional-católica disponía de un amplio repertorio de actuación ensayado intensamente durante el periodo republicano. Tras el golpe de Estado se puso de nuevo en marcha. El acontecimiento que marcó el inicio de una verdadera movilización católica fue el bombardeo de la Basílica del Pilar por parte de la aviación republicana el lunes tres de agosto de 1936. Pese a que ninguno de los artefactos llegó a detonar el ataque fue percibido por los católicos como una agresión sacrílega y siguiendo el “fervoroso llamamiento” del alcalde de Zaragoza, López de Gera, a los católicos zaragozanos para que expresaran su

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indignación ante “el mayor agravio que puede inferirse a un pueblo de espíritu noble y levantado, cristiano y patriótico” se lanzaron a la calle3. Ese mismo día se organizó en Zaragoza una manifestación encabezada por las autoridades locales. Entre los asistentes se encontraban “el comandante general de la División, don Germán Gil Yuste; el general Álvarez Arenas; el arzobispo, don Rigoberto Doménech; el alcalde don Miguel López de Gera; el presidente de la Diputación, don Luis Orensanz; el gobernador civil, señor Lasierra; (…) el rector de la universidad, Gonzalo Calamita, (…), además de otras representaciones de Falange y Acción ciudadana”.

Los manifestantes partieron de la plaza Aragón y recorrieron el Paseo de la Independencia, la Plaza de la Constitución, la calle Alfonso y la Plaza del Pilar para terminar dentro del templo. En un acto solemne “hacía su entrada la bandera nacional para postrarse a los pies de la Patrona de Aragón”. En el curso de la manifestación, en medio de “estruendosas ovaciones”, los asistentes repetían el grito: “Viva España y Viva la Virgen del Pilar”4. El bombardeo del Pilar motivó igualmente la movilización de católicos de otras localidades. Durante los días y semanas posteriores, las organizaciones católicas de distintas ciudades pusieron en marcha su repertorio movilizador y organizaron numerosos actos de desagravios en Burgos, Logroño, Vitoria, Pamplona o Santiago. La corporación zaragozana recibió numerosas cartas de pueblos y ciudades de la retaguardia rebelde expresando su repulsa frente al ataque. Igualmente, durante las siguientes semanas e, incluso, meses, numerosas delegaciones de ciudades y pueblos de visitaron la basílica mariana en actos de reparación5. Desde estos días de agosto, la presencia de la Iglesia en la vida pública se fue haciendo cada vez más intensa. La jerarquía católica volvió a estar presente en lo Actos Oficiales y los seglares se mantuvieron en un estado de movilización casi continua a través de “misas multitudinarias”, procesiones, donativos económicos y suscripciones para reparar los daños causados por la “barbarie roja” (Maluenda, Cifuentes, 1995).

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Miguel López de Gera (3 de agosto de 1936). Comunicado del alcalde realizado por Radio en Zaragoza. En Heraldo de Aragón (a partir de ahora citado como HA). 4 El bombardeo del Pilar en pp. 49-50. HA y EN, 4 de agosto de 1936. 5 Las noticias sobre actos de desagravio por los atentados del Pilar son constantes en EN y HA durante los días que siguen al atentado. Por ejemplo HA, 6 y 7 de agosto, EN, 10 y 11 de agosto.

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Por su parte, los militares rebeldes, que en un primer momento no contaban con la defensa de la Iglesia entre las causas de su golpe contra el gobierno, se mostraron sensibles a la movilización y pronto correspondieron con gestos dirigidos a la opinión católica. A partir de agosto no fue raro ver a los cabecillas de la rebelión en las religiosas en homenaje a la Virgen del Pilar. El primero fue Emilio Mola quien el 10 de agosto “ofreció toda la tropa a la Virgen del Pilar”6. El 17 de agosto fue Cabanellas quien “se postró ante la Virgen vestida con el manto con las insignias de capitán general”7. Les seguirían el general José Cavalante y el fundador de la legión, Millán Astral, quien declaró “Jefa de las legiones a la Virgen del Pilar”8. Ya en el mes de octubre, López de Gera y el arzobispo Doménench “invita(ron) al jefe del Gobierno del Estado, general Franco, a que presida la procesión de Nuestra Señora del Pilar”, aunque finalmente no pudo acudir9. A un nivel inferior, la unión cada vez más estrecha entre el ejército o las milicias civiles, ya fuesen las de Acción Ciudadana, las de Falange o el Requeté, y la Iglesia católica quedó plasmada a través de la proliferación de las “misas de campaña”, “bendiciones de banderas” y visitas de la tropa a la Virgen del Pilar10. Todos estos hechos tuvieron su reflejo en el ámbito de los discursos. Como en el resto de la España rebelde los miembros de la jerarquía católica y una parte de la gran burguesía zaragozana pusieron sus plumas al servicio de los golpistas. Estos personajes formaban un grupo homogéneo que durante el primer tercio del siglo XX habían construido una imagen de Zaragoza como una ciudad profundamente católica y conservadora, apoyando un proyecto político hecho a la medida de sus intereses. El discurso que crearon enlazaba con los miedos de las clases medias rurales y un sector de las urbanas, profundamente católicas y apegadas a la propiedad. La interpretación de la guerra se articuló en torno a dos líneas principales: la primera y, sin duda, la más importante, era la de la guerra como una “Cruzada patriótica y religiosa en defensa de la “Civilización Occidental” – una noción que se relacionaba con la religión católica, pero igualmente con la nación española, con la propiedad y la familia tradicional – frente a la

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EN y HA, 11 agosto 1936. EN y HA, 18 agosto de 1936. 8 EN y HA, 22 de agosto de 1936 y EN y HA, 26 de agosto respectivamente. 9 EN y HA, 4 de octubre de 1936. 10 Tanto en EN como HA y Amanecer, diario falangista (a partir de ahora citado como A) son casi diarias las noticias sobre bendiciones de banderas y misas de campaña. 7

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“barbarie marxista” 11 . La segunda, era la interpretación de la guerra como lucha regional. La construcción de la identidad propia se basó en la idea de “pueblo católico” desarrollada con fuerza durante la República. Conjuntamente, se utilizaron estereotipos regionalistas anclados en la tradición que describían al aragonés como el depósito de la verdadera identidad española12. El enemigo –la Anti-España– era definido por oposición como un extranjero, anticatólico y, por tanto, ajeno a la tradición española. Como en el caso de la identidad propia, también aquí se utilizaban estereotipos procedentes de la tradición regionalista, en especial la retórica anticatalanista13. Por su lado, la Falange, que había experimentado un gran crecimiento desde el 18 de julio y tenía una presencia mediática importante a través del diario Amanecer intentó elaborar un discurso diferente, fuertemente populista, con referencias a los obreros y desligado de la Iglesia católica aunque no tanto de la religión. Sin embargo, se encontró con obstáculos para romper con el discurso nacional-católico, en especial por la falta de un auditorio sensible a su mensaje. Poco a poco los elementos más radicales de su discurso quedaron diluidos y se mezclaron con otros de procedencia nacional-católica. Sin embargo, como veremos más adelante, se mantuvieron diferencias a lo largo de toda la guerra, si bien es cierto que se debieron más a una lucha por la ocupación de puestos de poder que a la manifestación de una verdadera fractura en los apoyos sociales de los sublevados. Este discurso incluía una serie de símbolos que resumían los significados del conflicto y que tenían una gran carga afectiva para la mayoría de la población. Algunos de estos símbolos fueron aceptados por todas las fuerzas que convivían en la retaguardia rebelde zaragozana, en especial la Virgen del Pilar. Este culto, en origen de carácter local, durante el siglo XIX se configuró como un mito nacional y con un alto contenido militarista14.

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Los artículos que describen el conflicto en estos términos comienzan a aparecer en los tres principales diarios zaragozanos las primeras semanas de agosto. Como ejemplo ver EN, 12 octubre de 1936, HA, 18 de julio de 1937 y A, 20 de noviembre de 1937. 12 Sobre el desarrollo de la comunidad nacional como pueblo católico ver Cruz, 2006. La utilización del regionalismo dentro del discurso nacionalista de los sublevados ha sido estudiada en Nuñez Seixas, 2006. 13 EN, 29 de julio, artículo donde se describe la llegada de los “catalanes” y la destrucción que provocan 14 La virgen del Pilar es un mito al que se recurre con una altísima frecuencia. Los artículos más completos se publican a raíz del bombardeo de la basílica o del día del Pilar. EN, 4 de agosto de 1936 y 12 de octubre de 1936, HA, 4 de agosto de 1936 y 12 de octubre de 1936. Incluso en A, 12 de octubre de 1936.

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Hubo más discusión en torno a otros símbolos. El caso más llamativo es la competición establecida entre los “mártires” del terror rojo, miembros del clero caídos en la retaguardia republicana y los “caídos” falangistas, voluntarios muertos en el frente. Estas figuras revestían una gran importancia por su carácter funcional: a través de ellas se operó la inversión del sentido de un golpe de Estado de naturaleza agresiva, para pasar a ser defensivo. Además, tanto “mártires” como “caídos” eran utilizados como encarnación de la visión de nación de cada una de las culturas políticas de la derecha española y servían como un ejemplo de muerte trascendente, ya que su sacrificio debía servir para revivir la nación española15. Ambas figuras se podían adaptar a los diferentes marcos: el nacional, donde José Antonio Primo de Rivera, el más importante de los caídos era la figura de referencia. El regional, donde entre otros el obispo de Barbastro, Florentino Asensio ocupó un puesto importante por su relevancia social. Y, finalmente, el local, pues en los distintos pueblos aragoneses se ensalza a los falangistas “caídos” o se recuerda a los “mártires” de la patria y la religión16. Merece la pena detenerse un momento en el caso de los “mártires”, pues considero que el mayor arraigo de la cultura política nacional-católica entre la población española permitió que se terminase imponiendo a los “caídos” como referencia del duelo colectivo. Así, se convirtió en uno de los símbolos con una mayor capacidad de movilización y su memoria ha llegado muy viva hasta nuestros días gracias al respaldo del régimen franquista y de la Iglesia católica. Su atractivo radicó en que la figura del mártir se apoyaba en el entramado discursivo de la “persecución religiosa” que remonta sus orígenes más cercanos a los años de la República y que encajaba perfectamente con la definición del conflicto en clave católica. Los relatos sobre la “persecución religiosa” nutrieron la división absoluta entre amigos y enemigos. Para ello se valieron de una contraposición simplista de imágenes fuertemente estereotipadas. Enlazando con el relato de la “Cruzada”, que daba sentido a la guerra, se encontraban aquí, frente a frente, la Iglesia católica, símbolo de la nación española y su completa negación, el “rojo”. La Iglesia, a través de sus representantes, constituía un ejemplo de comportamiento, por su sacrificio en el altar de la patria y la 15

Entre los numerosos ejemplos del duelo por los caídos podemos destacar A, 18 de agosto de 1937, 28 de agosto de 1937 y el 4 de abril. 16 Para el caso de José Antonio, ver EN, HA y A, 20 de noviembre de 1937. Sobre el obispo de Barbastro HA y EN, 13 de septiembre de 1936 y 28 de noviembre de 1936 respectivamente. Como ejemplo de duelo local por los “caídos” ver A, 6 de mayo de 1937 el artículo en memoria de José María López, falangista habitante de Báguena, en la ribera del Jiloca, muerto en Alcubierre.

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religión. Mientras, el segundo, era descalificado por su carácter extranjero y su comportamiento criminal, cumpliendo un papel central de una cultura de guerra: la diabolización del enemigo y la justificación de su eliminación17. La agresión contra la Iglesia constituía una alegoría del combate establecido entre los representantes del bien y del mal, de la “civilización occidental” y los de la “barbarie oriental” y entre una visión del mundo “espiritual” y otra “materialista”18. Siguiendo este esquema, los “mártires” eran descritos como un modelo de conducta en la vida y en la muerte. Personas sencillas y pobres, pertenecientes al pueblo. De carácter pacífico y dedicadas a asistir a las personas; a trabajar por la salvación de sus almas sin hacer distinción entre ricos y pobres, y desde luego, sin verse envueltos en las disputas políticas. Además, también habían cumplido un papel esencial en la sociedad como protectores de la civilización y la cultura. Al describir de esta forma a los eclesiásticos, los relatos de la “persecución religiosa” mostraban la injusticia de la revolución que, guiada por el odio a la religión, se ensañaba contra personas inocentes19. Y ejemplo en su muerte. Porque tras la llegada de la revolución a los distintos pueblos y ciudades los curas asumieron su responsabilidad como representantes de la comunidad y se presentaron ante los revolucionarios anunciando “¡Aquí estoy!” “¡Yo soy el cura!”. Sin dejar que nadie sufriera por ellos aceptaron su martirio “pues sabiendo que va a ser inmolado como víctima en el altar de la Religión y de la Patria”. Un martirio inspirado por Cristo. Los eclesiásticos morían dando testimonio, aquel hombre, el cura, “bendito y ungido del Señor abre a las balas su pecho, pónese en cruz y grita con entusiasmo: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España!”. Su actitud les convertía en un ejemplo de sacrificio por todo lo que había en juego en la “Cruzada”: una lucha entre el bien y el mal, la civilización y la barbarie, por defender la cultura, la Religión y la Patria española. El asesinato de eclesiásticos suscitaba estas preguntas a un periodista de El Noticiero: “¿Por cuál delito de los enumerados me condenáis a muerte? ¿Por uno de ellos quizás, o por todos a la vez? Por cualquiera de ellos, yo siempre represento la civilización, la cultura, la

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Muchos autores han puesto de relieve cómo la clasificación de los enemigos y su inclusión en categorías estereotipadas alimenta los procesos de violencia colectiva. Entre otros, Traverso, 2003; Bartov, 1992. 18 HA, 1 de septiembre de 1936, y HA, 9 septiembre de 1936. 19 Una descripción del sacerdote en estos términos en EN, 15 de agosto de 1936

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paz, el bien, (...) ¡Así mueren los mártires, como han muerto nuestros sacerdotes! ¡Honor y memoria perennes para ellos!”20.

La actitud de los curas era una garantía de “la salvación definitiva de España” a través de “esta sangre generosamente vertida por los sacerdotes-mártires"21. Frente a los eclesiásticos, los relatos mostraban, como si de un espejo invertido se tratase, al temible “rojo”. Vulgar delincuente, representante de la anti-patria y símbolo de todo con lo que se quería acabar: la revolución, el desorden social y el ateísmo. Existían muchos referentes históricos con los que comparar a los revolucionarios españoles, los “rojos” de los que hablaban los relatos sobre la revolución. Hugo García (2009) señala que los “rojos” descritos en las historias difundidas en la retaguardia franquista se correspondían con los estereotipos dominantes en el pensamiento conservador de la época y en la propaganda antialemana difundida por los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Como ya advirtiera Ucelay Da Cal (1990), la mayoría de los testimonios tenían como referente el “mito de los bárbaros” forjado por la literatura romántica francesa durante el siglo XIX a partir de los escritos de los émigrés blancos de 1789, de orígenes sociales similares a los de evadidos españoles y enfrentados a un enemigo que reivindicaba muchas de las ideas de los revolucionarios franceses (Rudé, 1988). Los revolucionarios eran descritos como “bárbaros, cuya ferocidad proviene de unos instintos alimentados de odio”22. Además, se hacía hincapié en la extracción social de los milicianos y su carácter extranjero, “gente advenediza de toda Europa, reclutada de los más bajos fondos sociales”23. En el grupo de revolucionarios siempre había hueco para las mujeres y para los extranjeros. Por ejemplo, en el testimonio aportado por unos fugitivos que llegaron a Zaragoza tras vivir los primeros días de la revolución en Caspe se remarcaba que “con los revolucionarios llegaron mujeres y extranjeros (…) algunas mujeres, las cuales son las que más se distinguieron por su fiereza y por sus rapiñas, como así también algunos extranjeros, especialmente franceses” 24 . La insistencia en la presencia de mujeres suponía una reacción conservadora frente a la transgresión de los modelos tradicionales de género durante los años de la Segunda República. Las mujeres que nos muestran

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Las citas anteriores en HA, 13 de agosto de 1936. EN, 30 julio de 1936. 22 HA, 19 de agosto de 1936. 23 HA, 6 de diciembre de 1936. 24 EN, 5 de agosto de 1936. 21

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estos relatos, generalmente descritas como prostitutas procedentes del barrio chino de Barcelona, son totalmente opuestas al prototipo femenino del “ángel del hogar”25. Existían otros referentes mucho más cercanos tanto geográfica como temporalmente, de los cuales la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias era el principal. Y la interpretación conservadora y católica de esta revolución recuerda mucho a la que harían de la de 1936 (García, 2009). Por otro lado, la tradición católica española ofrecía un rico repertorio de imágenes y estereotipos que podían ser utilizados en la construcción de una imagen deshumanizada del enemigo. “Peores incluso que los orientales del siglo VIII y que los occidentales herejes, todos ellos iconoclastas (...) todo lo arrasan, todo lo pisotean, todo lo echan abajo y todo lo destruyen”26. El discurso de la “Cruzada” era el contexto ideal para la utilización de estas imágenes. Por último, se recurrió a la explotación del sentimiento regionalista, siempre y cuando no entrase en conflicto con el nacionalismo español. En el caso de los relatos de la violencia esto se tradujo en una exacerbación de la retórica aragonesista, fuertemente tradicionalista y católica. Y, sobre todo, en la utilización del sentimiento anticatalanista y de la imagen de Barcelona como el foco revolucionario que había “envenenado” al pueblo español. Como ejemplo, véase la narración de los primeros días de la revolución en Caspe, donde “después de los encarnizados combates de los primeros días del Movimiento se apoderaron las hordas de la ciudad, ésta se vio invadida por las columnas de hampones que enviaba Cataluña para ensangrentar el suelo aragonés”27. A la luz de este modesto análisis podemos adelantar algunas conclusiones. El inicio de la Guerra Civil en España puso en marcha un proceso de adaptación cultural similar al que se ha observado en otros países durante la Primera Guerra Mundial y que dio lugar a lo que algunos historiadores han denominado cultura de guerra. Esta incluía una interpretación general del conflicto y de los bandos enfrentados y estaba encaminada a facilitar la adaptación de la población a la violencia de masas propia de los conflictos totales. En el caso de los sublevados españoles la definición del significado de la guerra estuvo marcada por una competición entre las dos culturas políticas de la derecha española, la nacional-católica y la fascista por imponer sus definiciones del conflicto y 25

Sobre el prototipo de la perfecta casada NASH, 1995. La procedencia de las revolucionarias en HA, 5 agosto de 1936 26 HA, 3 de marzo de 1938 27 HA, 18 de marzo de 1936

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sus símbolos. Un proceso que estaba relacionado con la competencia política. Hubo fuertes puntos de convergencia entre ambas, en especial el antiliberalismo y el militarismo. Igualmente, la Virgen del Pilar fue un símbolo compartido por toda la derecha zaragozana. Sin embargo, hubo también importantes diferencias. Como hemos visto se estableció una competición en torno a la victimización. Finalmente, el mayor arraigo del catolicismo en la población que apoyó el golpe favoreció la imposición de una interpretación de la guerra en clave nacional-católica.

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SOBRE EL ORIGEN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE COMPRAS DE PARÍS: UN BALANCE CRÍTICO

Miguel Íñiguez Campos Universidad Complutense de Madrid

En la presente comunicación se quiere exponer un balance de lo que significó la comisión de compras de París en cuanto a su funcionamiento y los problemas a los que tuvo que enfrentarse desde su creación en septiembre de 1936 hasta su disolución el 16 de diciembre de ese mismo año. Para su elaboración se han empleado informes originales1 tanto de los miembros que la conformaron como de diversos delegados que con ella se enfrentaron2. A finales de diciembre de 1936 Luis de Araquistáin, embajador en París desde septiembre de 1936, elaboró un informe “sobre el origen, la constitución, funcionamiento y disolución de la comisión de compras de París” 3 . En él quería justificar por qué estableció la comisión de compras de París una vez tuvo conocimiento de la creación de la Comisaría de Armamentos y Municiones a las órdenes del ministro de Marina y Aire. En cuanto a los motivos y circunstancias señalados por Araquistáin que le llevaron a la creación de la comisión de compras, tras su toma de posesión como embajador en la capital gala el día 24 de septiembre, señala, en primer lugar, la atmósfera y desprestigio que pesaba sobre la organización previa a la que él creó4 . Dicha situación había que sanearla, pues la atmósfera se estaba volviendo verdaderamente irrespirable en torno a los servicios de compras "por obra de la 1

Todos los informes han sido consultados en el Archivo de la Fundación Indalecio Prieto (AFIP en adelante). Quisiera agradecer a sus miembros, en especial a Alonso Puerta, el permitirme consultar sus fondos y la amabilidad mostrada. 2 Si bien es cierto que la comisión de compras ha sido un tema tratado por la historiografía, entendemos que faltaba una síntesis global que analizara los problemas tanto internos como externos a los que tuvo que enfrentarse, dejando al margen el material bélico y sanitario ofertado y adquirido. Algunas obras que han tratado sobre la comisión véase: Howson (2000); Viñas (2006) y Miralles (2010). 3 El informe puede consultarse en: AFIP. Carpeta París. Comisión de compras. Comisión técnica. Subcarpeta comisión de compras. 4 Según señala en su informe, de esta situación ya se dio cuenta antes de salir de España. Pese a lo dicho, también señala que confiaba en la diligencia y buena fe de los compañeros que desarrollaban previamente la labor del abastecimiento de armamento.

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muchedumbre de negociantes profesionales o espontáneos a quienes no había sido posible complacer en sus afanes de lucro y que, defraudados y resentidos, no cesaban de ir y venir entre Paris [sic] y España, difamando a cuantos habían intervenido en el comercio de referencia". El otro motivo fue para intentar unificar y coordinar todos los esfuerzos que se hacían de forma dispersa. Recién llegado a París se vio rodeado de "despechados" diciéndole que "disponían de los más variados y cuantiosos materiales, pero que no querían ningún trato con la antigua comisión". Ante esta avalancha Araquistáin se dio cuenta rápidamente de que la primera comisión no podía seguir funcionando del modo en que lo estaba haciendo hasta su llegada y como tampoco era posible que él personalmente la sustituyera, decidió "ampliar la comisión de compras propiamente dicha organizándola en forma democrática y con plenas facultades de control sobre todas las operaciones que se organizaran, único modo de restablecer el crédito moral y de comprobar la eficiencia de los servicios de compra". En este punto coincide tanto con Alejandro Otero como con Jiménez de Asúa. Otero señaló en su informe5 que desde finales de julio un pequeño grupo de hombres de diversas profesiones (profesores, periodistas, políticos y militares) se congregaron en torno a la embajada de París. Unos habían salido de España antes de que comenzase la rebelión militar, otros llegaron por orden de Madrid al poco. Todos tenían el mismo objetivo: conseguir armas para la República. Muchos iban con su ilusión y entusiasmo, muy pocos con algunos millones que los respaldasen. Lo que unía a todos era “una supina ignorancia” en el mercado negro de armamento. También señala que pulularon por París "una avalancha de individuos y comisiones de Madrid y provincias que exigen, provocan, insultan y sobre todo distraen nuestra atención y roban nuestro tiempo. Todos creen poder comprar armas. Que se les entregue dinero y ya veremos. Y muchos reciben el dinero y se van para volver al cabo de días o semanas con menos dinero. Algunos ni los más afortunados volvieron de largos viajes habiendo comprado unas cuantas tiendas de campaña viejas, algunas cantimploras o algún pedazo de hierro viejo".

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El informe puede consultarse en: AFIP. Carpeta París. Comisión de compras. Comisión técnica. Subcarpeta comisión de compras. "Informe del Señor Otero".

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La mayoría volvía a la embajada a rendir malamente cuentas a la caja y regresaban a España a "ocultar sus fracasos entre insidias y falsedades". En ello coinciden todos los que por allí pasaron y elaboraron informe de lo que hicieron y vieron. Uno de los más firmes detractores de la comisión y de de los Ríos y de Asúa, Daniel Ovalle6, en las dos horas y media que estuvo esperando en la embajada contempló un vaivén interminable de gente de todas clases, alguno de los cuales Ovalle identificó, pues los conocía bien. Era gente que en Francia se la conocía con el nombre de "debrouillarde" (ingenioso) 7 . Incluso vio al hijo de José Giral tratar con "debrouillards" y advirtió al señor Giral, quien nada hizo al respecto. En su opinión, los encargados de la embajada no estaban organizados para realizar con éxito una misión como la que les habían encargado. Viendo el desbarajuste reinante en la embajada, sugirió que se debía alquilar una oficina "con el fin de cortar radicalmente ese vaiven [sic] de gente en la embajada, el libramiento de mercancías a la misma e infinidad de cosas que en este recinto se hacen y no debian [sic] hacerse; la embajada debe ser para lo que es y no una oficina comercial cuya razón social se la llama secreto a voces". Asúa, por su parte, señaló8 que era imposible enumerar a todos "los delegados y delegadillos que con petulancia o concuspicencia" llegaron de España para la compra de armas, pero sí describió la actitud de algunos. Los primeros en llegar fueron los representantes de la Generalidad catalana, los señores San Juan y Cuito, personas calificabas de perfectamente honorables y de buena fe, pero que no obtuvieron nada. Viajaron por Alemania, sin conocer el idioma y sin tener en cuenta las dificultades que aparecían en todas partes a la hora de comprar armamento. Ni siquiera se preocuparon de visar sus pasaportes, motivo por el cual fueron detenidos en Colonia, acabando en la cárcel y “siendo objeto de verdaderas vejaciones”. Otra persona que por allí pululó y que menciona Asúa fue el coronel Antonio Bolaños, quien llevaba poderes directos del Gobierno de Madrid. A su juicio, iba con la creencia que comprar armas era como comprar lentejas y naranjas. Convencido de que en Francia no iba a conseguir nada se trasladó a Bruselas donde estuvo un mes. En

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Según Howson era alcalde de Getafe (Howson, 2000, p.126). Era gente que no disponía de mercancía en absoluto, pero, a juicio de Ovalle, se podía perder un tipo precioso con ellos o se pasaban pedidos que luego no se podían librar, o, en caso de librarse, no se correspondían con el pedido original, o si lo era, era a precios más elevados 8 El informe puede consultarse en: AFIP. Carpeta París. Comisión de compras. Comisión técnica. Subcarpeta comisión de compras. "Informe de Jiménez de Asúa". 7

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opinión de Asúa las gestiones las llevaba a cabo con verdadero desinterés y sus resultados los explicaría el propio Bolaños en un informe. El mayor interés para Asúa estuvo con los representantes de Cataluña, de la cual fueron a París "comisiones y comisiones, delegados y delegados de la Generalidad o de los partidos de esa región. Los unos querian [sic] hacer obra particular y muchos traian [sic] el objetivo de conseguir comisiones, todos los han hecho infinito daño hasta el punto de que persona tan seria como el Sr. Salas ha dicho en su último viaje a los consejeros de la Generalidad que es absolutamente necesario retirarles de aqui [sic] porque no hacen nada y perjudican mucho".

Otro nombre que aparece es el del citado Daniel Ovalle, que en opinión de Asúa fue uno de los que más contribuyó a acrecentar la espesa atmósfera que sobre de los Ríos y él se creó. Asúa decía de Ovalle que se creía "un Napoleón injerto en negociante". Cuando se le informó de las dificultades que existían en Francia y Bélgica, tanto a nivel gubernamental como de empresas privadas, para la compra de armas, afirmó que con él todas las dificultades se resolverían. No fue así, y Ovalle se dedicó a cuestiones sanitarias. Después de marcharse, Ovalle quiso que los compañeros socialistas franceses firmasen un documento en contra de de los Ríos, a lo que se negaron porque "sabian [sic] como [sic] se trabajaba aquí y las dificultades que hemos encontrado a pesar de nuestra abnegación y desinterés". Ovalle dejó una cuenta considerable9. También señaló Asúa que por diferentes partes de Europa estuvo un tal Valero Caminero el cual se dirigió a París en un coche de la Dirección General de Seguridad tras no haber conseguido nada fuera de Francia. En dicha ciudad se pasó "días y días en el coche de la Dirección y dándose una vida magnífica. Andaba preguntando y sirviéndose de chofer como intermediario que casa podian [sic] venderle aviones, y como ya su conducta era por demás desagradable se dijo reiteradamente a Madrid que se ordenara al Sr. Valero que fuera a España y para lograrlo hubimos de esperar muchos días".

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Asúa adjuntó al informe una copia de dicha factura. La diferencia a favor de Ovalle fue de 343.013,70 francos belgas, los cuales estaban pendientes de justificar cuando elaboró el informe.

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A tal punto llegó la situación que Delvigne tuvo que decir a de los Ríos que si se quería sacar algún material, era absolutamente necesario que salieran de Bélgica todos los españoles. Todo se lo expusieron a Enrique Ramos, a la sazón ministro de Hacienda, tanto la vez primera como la segunda que fue a París. En numerosas ocasiones suplicaron y ordenaron a Madrid que retirase todas las comisiones y todos los delegados, sin que tuvieran eficacia alguna. Incluso cuando Asúa redactaba el informe, aún continuaban llegando delegados, dándose todos ellos una vida espléndida, ya que algunos comisionados se hospedaban en los hoteles más lujosos, mientras ellos vivían en modestísimas pensiones por las que pagaban entre 30 y 40 francos todo incluido. Las regiones más prolíficas enviando comisionados fueron los vascos y los catalanes, a los cuales el propio Araquistáin aconsejó que se organizaran en una delegación única de acuerdo con sus respectivos gobiernos y que designaran a un representante para que llevase a la comisión central las necesidades de sus regiones para que ésta, previa autorización del Gobierno central, las atendiese en la medida de sus posibilidades. Posteriormente Asturias y Valencia solicitaron estar representadas también y se acordó con el resto del Comité complacerles, pero poniendo un tope con ello a la representación regional en el comité de control, "para no comprometer la eficacia del organismo mediante una extensión excesiva en el número de sus componentes". Araquistáin también invitó a la CNT y a la UGT a que designasen a un representante en el comité de control, "no sólo por estimar que ello era legítimo […], sino útil". Asúa señaló que las comisiones provenientes del País Vasco fueron honradísimas, desinteresadas y útiles, pues en vez de trabajar por su cuenta trabajaron junto a la embajada y Toribio Echevarría y el Sr. García Larache les prestaron asistencia y trabajos inapreciables. También hubo tensiones entre los representantes oficiales y muchos de los comisionados que de diferentes puntos fueron llegando. Sirva de muestra un botón: Ovallle, el día 22 de agosto y después de bastantes trámites, firmó un contrato de compra de 275 ametralladoras por valor de 1.996.000 francos belgas. Ya se habían remitido al vendedor la tercera parte del valor (665.000 francos belgas), de acuerdo a las condiciones firmadas en el contrato cuando Otero le pidió examinar el contrato y tras ello le dijo que no se obtendría ese material porque el vendedor se opondría a ello "por ser uno de los bandidos mayores" de Lieja. Ovalle le respondió que "preferia [sic] tratar con esos bandidos mejor que con muchas personas decentes que ya conocía y que ami [sic] no me contara cuentos". Al final se perdió el dinero y no se obtuvo ningún 122 

material. El contrato, de acuerdo con lo recogido por Otero10, se basó en la compra de unas “ametralladoras viejas, descalibradas y sin permiso de exportación. A entregar en cuatro semanas. Había pagado ya a cuenta 600.000 francos belgas”. Para constituir el nuevo organismo Araquistáin designó a Alejandro Otero (alma y cuerpo de la organización anterior), como núcleo ejecutivo de la comisión. Para presidir la comisión eligió a Antonio Lara, hombre a su juicio de gran tacto, característica esencial en un organismo de constitución tan compleja, e invitó a las delegaciones regionales y sindicales existentes en París para que nombraran una representación en el consejo o comité de control, el cual quedó constituido como complemento de la primera. ¿Por qué decidió invitar a participar a organizaciones regionales y sindicales? A su juicio, era necesario acabar con la legión de comisionados que a diario caían sobre París, los cuales iban enviados por cierta región o provincia, partido o sindicato o, simplemente, por su cuenta, "creyendo que aquí [París] nadie hacía nada y que ellos solos, por su sagacidad y diligencia, podrían lograr en un abrir y cerrar de ojos lo que otros no conseguían durante semanas y meses". En la gran mayoría de los casos esos "ilusos" se volvían como habían venido, solicitando a la embajada los gastos de estancia y el viaje de vuelta. Unos a otros se hacían la concurrencia entre sí y a los que estaban de forma permanente en París, no daban cuentas a nadie de sus gestiones, actuaban indiscretamente, siendo el resultado el encarecimiento de la mercancía y el escándalo público. Araquistáin también se defendió de aquellos que tachaban a la comisión de excesivamente numerosa y deliberante, señalando que ésta trabajó intensamente, sin delimitar las horas de la jornada y sin un día de descanso, lo cual mostraba que “lejos de ser numerosa, era, al contrario, insuficiente para tan gigantesca tarea”. Achacaba al desconocimiento del funcionamiento interno las críticas referidas a que perdía de tiempo “en una especie de asamblea deliberante continua”, pues la mayoría de los miembros del comité de control, aparte de su tarea específica, desempeñaba otras funciones relacionadas con las operaciones requeridas como la organización de los transportes terrestres y marítimos, continuos viajes para verificar

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Otero también señaló que Ovalle, cuando llegó a Bruselas lo hizo “enfurecido y con grandes poderes” y con varios millones asignados en París. En la primera entrevista que mantuvieron en la capital belga, Ovalle acusó a Bolaños, Rodrigo y Otero de obstaculizar la compra de armas.

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ofertas o iniciar o ultimar un negocio, gestiones cotidianas encaminadas a lograr un permiso de exportación, vencer trabas ministeriales o tratar con los bancos… En este punto coincide con Asúa, quien afirmó que desde que llegó trabajaban diariamente entre doce y catorce horas, con multitud de problemas y obstáculos, por lo que en gran parte cada jornada acababa siendo estéril. En su opinión el fracaso o el retraso a la hora de enviar armamento no puede imputarse a la estupidez de los encargados11. En opinión de Araquistáin en España no se tenía una idea exacta, siquiera aproximada del esfuerzo que suponía sacar adelante una operación "que la mayoría de las veces son imaginarias o fraudulentas, hasta que la mercancia [sic] llega a España después de vencer innumerables obstáculos, como la comprobación de que la mercancía existe en efecto y que es de la calidad requerida, el logro de un permiso de exportación, cosa dificilísima por causa del pacto de nointervención; el fletamento de un barco con la tripulación de confianza, el estudio de si conviene más que el transporte se haga por tierra o por mar, y en este caso qué mares y entre qué puertos”.

Uno de los que cargó duramente fue Daniel Ovalle12, quien en su informe señala que la primera sensación que tiene y que transmite a Prieto es la de frialdad con la que a su juicio perdían el tiempo los compañeros destinados en París cuando lo que les seguía haciendo falta "es ganar ese tiempo para enviar cuanto antes el material necesario a la tropa y a las milicias". Por otro lado, el trabajo de la comisión se vio dificultado, además de por obstáculos inherentes a este tipo de comercio, por otros que provocaron que su labor se convirtiese en prácticamente imposible debido a las trabas que impusieron las legislaciones de algunos países, el pacto de no intervención y la prensa desafecta a la República. Pese a esto, Araquistáin hacía hincapié en la pulcritud y orden que habían guiado todas las operaciones. A su juicio, el balance “moral y comercial” que hizo de la comisión fue “rendimiento máximo posible y

transparencia absoluta en todas las

actuaciones”. 11

Asúa afirma para justificar su afirmación que creía acreditada “tener alguna inteligencia superior a la de los delegados y delegadillos que han ido viniendo”. 12 El informe puede consultarse en: AFIP. Carpeta París. Comisión de compras. Comisión técnica. Subcarpeta comisión de compras. En la primera página del informe se puede observar el nombre de Ovalle tachado. La lectura de este informe deja claro que él fue el autor del mismo.

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En un informe fechado el 7 de septiembre13 cuyo autor no ha sido identificado pero sí sabemos que estaba vinculado a la delegación vasca, se señalaba que la dificultad para lograr armas en los momentos inmediatos al golpe estribaban en dos razones: por un lado a una prensa adversa, servida por el celo vigilante de los enemigos de la República, la cual dificultó los primeros pasos que se dieron para la adquisición de armas en Francia, determinando la dilaciones de las que no se acababa de salir nunca. Por otro lado, destacó la prohibición decretada en todos los países europeos productores de material bélico, de exportarlo directa o indirectamente a España. El comandante Juan Aboal 14 , al igual que el resto, sí sintió los efectos de la entrada en vigor de la no intervención: "todo se cerraba, no era posible adquirir material de ningún género, incluso fusiles, ametralladoras y municiones, mercancía bien modesta, no se podia [sic] pensar ni remotamente en adquirir material de más envergadura (cañones, tanques, material antiaéreo, id telefónico etc.), sin embargo las ofertas seguian [sic] llegando, pero la realidad se imponia [sic], la mercancia [sic] ofrecida no aparecia [sic] por ninguna parte, se perdia [sic] el tiempo en cabildeos y cuando el asunto tratado era aprobado por nuestra parte, los interesados desaparecian [sic] y no se sabian [sic] más de ello”.

En el informe de Corpus Bargas 15 se recogen dos problema, contra los que tuvieron que luchar en su labor los encargados de conseguir aviones, uno específico de ellos, el otro compartido con el resto de encargados: por un lado el agotamiento del número de aparatos para su compra y, por otro y en especial, la acentuación que sufrió la política de neutralidad por parte de las autoridades francesas. Su tarea se vio complicada en muchas ocasiones por los propios compradores republicanos, los cuales llegaban enviados por las diferentes regiones, iban por separado y se ocultaban de la comisión oficial a la hora de hacer las compras. Finalmente estos comisionados perdían días o incluso semanas en descubrir que la comisión oficial era la única eficaz para realizar con éxito estas labores. Sin embargo, la comisión rápidamente 13

El informe puede consultarse en: AFIP. Carpeta París. Comisión de compras. Comisión técnica. Subcarpeta comisión de compras. "Armas y municiones". 14 El informe puede consultarse en: AFIP. Carpeta París. Comisión de compras. Comisión técnica. Subcarpeta comisión de compras. "Informe detallado de la comisión realizada en París durante el periodo de 21 de julio a 15 de octubre, en que por orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina y Aire regrese a Madrid". 15 El informe puede consultarse en: AFIP. Carpeta París. Comisión de compras. Comisión técnica. Subcarpeta comisión de compras. "Informe de la sección de Aviación. Informe del Sr. Corpus Bargas".

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tenía noticia de que habían llegado nuevos compradores al mercado, por lo que tenían que invertir un tiempo precioso en averiguar si se trataban de amigos o enemigos, “cosa no siempre fácil”. Incluso algunos enviados regionales les habían obligado a comprar algunos aparatos poco eficientes que ellos no hubieran comprado. En cuanto a las dificultades en la gestión política, Asúa señala como una de las mayores la falta de noticias sobre la situación en España, pese a pedir al Gobierno por diversas vías que se les procurase todo género de detalles de la ayuda que recibían los sublevados 16 . También se quejaba de que los despachos cifrados que enviaban solicitando que se precisara el material sanitario necesario nunca eran respondidos. Más grave para la gestión política en París era la falta de noticias detalladas de “las atrocidades cometidas por los rebeldes” en los territorios que ocupaban, a la par que la prensa de derechas divulgaba e incluso inventaba en relación con los fusilamientos contra los sublevados que provocaba que los representantes del Gobierno tuvieran que permanecer en silencio por la falta de datos. A las dificultades de carácter internacional ya señaladas, Araquistáin también señaló algunas de índole nacional. A su juicio dos fueron las fundamentales: la primera fue la inexistencia de un plan nacional de compras, pese a que en reiteradas ocasiones la comisión solicitó al Gobierno un proyecto de adquisiciones de acuerdo a las necesidades de la campaña, fijando un orden de prioridades de acuerdo a la urgencia y la cantidad requerida de cada tipo de armamento. La inexistencia de dicho plan obligó a la comisión a actuar casi siempre por iniciativa propia, vacilando entre una oferta u otra, por ignorar cuál era más necesaria en cada instante y por no disponer de los fondos necesarios para adquirir ante la duda todo lo que se ofrecía, por lo que en ocasiones se desdeñaba mercancía que al día siguiente se reclamaba con toda urgencia, cuando, como había ocurrido alguna vez, estaba vendida al enemigo, o habían aparecido nuevas dificultades, traduciéndose esto en pérdida tanto de tiempo como de oportunidades. El otro gran problema se encontraba en los fondos enviados desde España, los cuales llegaban con irregularidad y “con notoria insuficiencia”, lo que también ayudaba a la lentitud de las operaciones. En opinión de Araquistáin, desde el primer momento se debían de haber colocado bien en París o en otro punto de Europa una suma de 1.000 ó 16

Sin ir más lejos, poco más de una semana antes de redactar el informe, el propio Asúa había solicitado a Álvarez del Vayo documentación sobre la ayuda recibida por los rebeldes, pues Blum le había solicitado un rapport. La documentación solicitada consistía en fotografías de las placas de las matrículas de los aviones, de los pasaportes de los pilotos. No recibieron nada. Además, la comisión que envió el Gobierno, compuesta por la Pasionaria, Domingo, Lara, Salmerón y Recaséns Siches llegó sin ningún dossier y con menos noticias de las que ellos disponían.

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2.000 millones de francos para atender con celeridad a las necesidades de la guerra. Los envíos de cantidades parciales y sin periodicidad alguna, a las que había que añadir la tardanza en el transporte y en las autorizaciones del Banco de Francia, provocaron en algunas ocasiones que la comisión estuviera hasta semanas sin poder ultimar ninguna compra por falta de fondos disponibles, aunque en el mes de octubre las remesas fueron “copiosas” 17 , desde el 9 de noviembre, fecha en que se recibió una cantidad “importante”, transcurrió un mes sin que llegase nada. Araquistáin señaló en su informe que era un error pensar que con una cantidad así era suficiente para adquirir durante mucho tiempo todo el material necesario. A su juicio, el error estaba en creer que los fondos recibidos se destinaban exclusivamente a adquirir material bélico y en el desconocimiento u olvido de que una proporción considerable del numerario disponible quedaba inmovilizada en acreditativos o depósitos bancarios para responder de operaciones que no siempre se realizaban. Además, había que atender otros gastos que no eran exclusivamente material bélico, pero que sí eran indispensables para mantener la guerra, como por ejemplo accesorios mecánicos, gasolina, productos farmacéuticos, fletes, material rodante, ambulancias, víveres, propaganda… También criticó que se censurase el empleo de los créditos documentarios o acreditativos para responder de las operaciones, juzgándolos como abusivos o innecesarios. A su juicio se juzgaba en dicho sentido porque se desconocía la dinámica de ese tipo de comercio, en el cual ningún presunto vendedor firmaba un contrato sino se depositaba previamente el valor de la mercancía, por lo que sólo quedaban dos opciones: o se renunciaba a la mercancía o se hacía el depósito, aunque con frecuencia dichos depósitos resultaban inútiles porque la mercancía era inexistente, es decir, era una estafa, o porque no se reunían las condiciones estipuladas, o porque era imposible exportarla desde el país en el que estaba, o, que el supuesto negociante sea un agente de los rebeldes y que mediante ofertas tentadoras que luego resultaban fallidas, inmovilizase a la comisión una suma elevada con el objetivo de hacerla perder el tiempo y comprometer las cantidades solicitadas. Estas circunstancias no podían saberse a priori. La falta de dinero alguna vez malogró alguna buena operación o significó lesión económica punitiva para la Oficina. Los precios fueron muy diversos, ya que al jugar 17

En el informe de la sección de contabilidad, se recogió que entre octubre y noviembre se recibieron 660 millones de francos.

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con los mismos stocks, cada nueva demanda, esto es, cada nueva comisión llegada desde España, iba acompañada de la movilización de intermediarios con la consiguiente subida de los precios. Las operaciones clandestinas se tenían que hacer sin contrato solvente y a todo riesgo. Otro inconveniente fue la forma en que se enviaba el oro18. En cuanto a las culpas de los fracasos, Asúa afirmó en el informe que: “No vale la pena cargar todas las culpas sobre nosotros. Es preciso haberse enterado de cuantos[sic] obstáculos aquí encontramos y de no haberlos aumentado con el silencio de la falta de información y con la inexistencia en metálico. No en la cuestión política, pero sí en la cuestión de la compra de material, las mayores dificultades habidas y la culpa principal del fracaso relativo, se debe al número de delegados y delegadillos que han caido [sic] sobre Bélgica, Francia y otros países […]”.

Araquistáin defendía que la comisión no había sido objeto de ninguna operación fraudulenta debido a su carácter corporativo con el que había funcionado y controlado la gestión de todos, achacando los descalabros económicos a actividades e individuos ajenos a la comisión. A su juicio, la disolución de la comisión era un error que traería “serias consecuencias para el Tesoro nacional y para la marcha de la guerra. Se inutiliza un laborioso aprendizaje de tres meses y se prescinde de un organismo que ahora empezaba a dar su máximo rendimiento. La Comisión había logrado desembarazarse de la plaga de locos bien intencionados y de bandoleros de toda especie que pululan en torno de este tráfico y que, rechazados aquí, caerán, si no han caído ya, sobre la Comisaría de Valencia”.

También afirmó que la comisión había logrado ponerse en relación directa con varios fabricantes de material bélico, eliminando intermediarios inútiles, costosos y/o peligrosos y estaba a punto de organizar el servicio más importante para ese tipo de operaciones: el de los transportes marítimos, mediante la constitución de una flota marítima propia, con tripulantes afines y en colaboración con la Federación Internacional de Marinos y con los sindicatos relacionados con los transportes terrestres y con el trabajo de aduanas.

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Asúa afirma que de los Ríos había dicho en muchas ocasiones que se “necesitaban centenares de millones”.

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En su opinión creía que era necesario la existencia en París de un organismo que centralizase los esfuerzos y organizase el comercio de guerra en Europa e incluso en otros continentes, aunque fuese “con otros hombres, si se quiere, en otra forma, si la anterior no agradaba”, pues el sistema de las delegaciones había sido y sería funesto, ya que “enviar uno o varios hombres a un país cuya lengua y ambiente político generalmente desconocen, con la pretensión de que adquieran determinado material, está expuesto casi siempre a seguro fracaso”. En su opinión era un error pretender que fueran los españoles los que hicieran las compras directamente, yendo de un país a otro, ya que “la llegada de un viajero con pasaporte español o apenas hablando otra lengua que la española suscita inmediatamente las sospechas de la policía y la curiosidad delatora de la prensa del país desafecta a la República […] y no hará ningún movimiento que no sea registrado y denunciado públicamente cuando así convenga a nuestros enemigos nacionales e internacionales. Y como ocurre casi siempre, tendrá que salir de estampía y con las manos vacías.”

Finalizaba Araquistáin su informe dando su opinión acerca de la necesidad de mantener, de una u otra forma, un sistema de control colectivo, al margen del realizado por el Gobierno “para evitar maledicencias y, en lo posible, errores graves, más frecuentes, como es natural, en las gestiones individuales”. Sin este control, Araquistáin, si le iban a mantener como embajador, ponía como condición que se le inhibiese totalmente de las operaciones de compras, dejando a la Comisión de Armamento y Municiones toda la responsabilidad de cuanto se hiciese en ese sentido en Francia y en los restantes desde París. Reconoció que la firma del contrato con la Société Européenne d´Etudes et Enterprises fue un error, el cual se debió más bien a "la inexperiencia de unos hombres que, procedentes de profesiones muy distintas, se vieron obligados, bajo apremios angustiosos además, a intervenir en un tráfico de tan extremada complejidad que hasta los más linces y expertos están siempre expuestos a los mayores quebrantos y contratiempos".

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Conclusiones

En las páginas precedentes hemos planteado, a través de diversos informes redactados por diferentes personas que por diversas vías estuvieron vinculados con la comisión de compras el origen de ésta y su funcionamiento hasta su disolución en diciembre de 1936. De los informes podemos sacar una serie de conclusiones. Los máximos dirigentes republicanos quedaron bloqueados y sin una respuesta clara al verse sorprendidos por el golpe de Estado. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la embajada de París relacionados con la defección del cuerpo diplomático contribuyeron no sólo a que se acrecentaran los problemas, sino a que aparecieran nuevos. La adquisición de armamento fue la cuestión clave y sobre la que pivotaron el resto de iniciativas y sobre la que aparecieron los problemas. Entre éstos, uno de los principales fue la afluencia masiva de delegados o comisionados tanto del Gobierno central, como de las diferentes regiones autónomas, sin olvidar los diferentes partidos y organizaciones sindicales causó graves daños y pérdida tanto de material como de tiempo, pues la acumulación de iniciativas aisladas provocó el entrecruzamiento de gestiones que dificultó las operaciones, al mismo tiempo que encarecían la mercancía. Otras dificultades que se encontraron en el plano internacional fueron, aparte de las propias del mercado negro, las diversas legislaciones aprobadas por diversos países con el fin de que material bélico llegase de manera directa o indirecta a España, hasta que entró en vigor la no intervención, el gran dogal republicano. Tampoco hay que olvidar las campañas de prensa orquestadas por los medios de derecha y de extrema derecha. En el ámbito de la aviación, el agotamiento de los aparatos disponibles y el tiempo de construcción también fueron importantes En el ámbito de los errores propios de la República dos son los fundamentales: por un lado el no elaborar un plan nacional y establecer una comunicación clara con la embajada y la comisión de compras y el permitir a tanto comisionado y aventurero pulular por París y otras ciudades europeas. El otro error está en el envío de fondos, los cuales se hicieron en cantidades parciales y sin periodicidad alguna, sin olvidar las trabas encontradas en algunos bancos franceses para movilizarlo con prontitud.

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Bibliografía

Howson, G. (2000). Armas para España. La historia no contada de la Guerra Civil española. Barcelona: Península.

Miralles, R. (2010). El duro forcejeo de la diplomacia republicana en París. Francia y la guerra civil española. En Ángel Viñas (coord.), Al servicio de la República, (pp.121154). Madrid: Marcial Pons.

Viñas, Á. (2006). La soledad de la República. Barcelona: Crítica.

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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LA CNT. DISCURSO POLÍTICO E IDENTIDAD COLECTIVA EN EL ANARCOSINDICALISMO CASTELLANO (1937-1938)

Isaac Martín Nieto1 Universidad de Salamanca

Los principales objetivos de este texto han determinado en buena medida su estructura y naturaleza. En él se encuentran dos partes claramente diferenciadas: la primera, dedicada a una breve discusión en torno a las teorías de los movimientos sociales; la segunda, al análisis de una serie de actas de reuniones celebradas por la CNT durante la guerra civil. Tanto la brevedad de la primera parte, que sobrevuela con ligereza sobre las teorías de la acción colectiva para detenerse solamente en las de la movilización de recursos y de la construcción de la identidad colectiva, como la debilidad de la base documental de la segunda parte, restringida en realidad a cuatro folletos, tienen su explicación en que este trabajo de naturaleza esencialmente ensayística está pensado más para provocar el debate teórico y metodológico que para demostrar de forma empírica tesis alguna sobre el anarcosindicalismo castellano durante la guerra civil. Hecha esta imprescindible precisión acerca de la naturaleza específica del texto, puede pasarse al núcleo del mismo.

1. La guerra civil y las acciones colectivas Julio de 1936 supuso un cambio fundamental en las formas de acción colectiva de los movimientos sociales. En las zonas en que fracasó el golpe militar, las organizaciones sindicales armadas comenzaron un proceso revolucionario que consistió en la ocupación de una cuota importante de poder político y económico mediante el despliegue de un conjunto descoordinado de insurrecciones locales y la creación de múltiples comités revolucionarios en ciudades y pueblos de toda la zona leal a la República. Desde estos organismos la CNT controlaba las armas, reclutaba las milicias y, en fin, organizaba el enfrentamiento bélico. No obstante, instituciones que sólo podían hacer cumplir su autoridad en ámbitos estrictamente locales, o a lo sumo provinciales o regionales, no eran suficientes para establecer relaciones relativas de 1

Beneficiario de una Ayuda para la Formación de Personal Investigador de la Universidad de Salamanca.

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poder respecto al resto de grupos políticos y conseguir la hegemonía en el seno de la coalición defensora de la República. En septiembre, los cenetistas abandonaron el Comité Central de Milicias Antifascistas que desde Barcelona dirigía la guerra en el frente aragonés e ingresaron en el Gobierno regional de Cataluña. Al mes siguiente, los anarcosindicalistas aragoneses crearon el Consejo Regional de Aragón. Finalmente, en noviembre, cuatro miembros de la CNT fueron nombrados ministros de la República. Las relaciones del anarcosindicalismo con el sistema político cambiaron de forma inesperada. Los líderes de un movimiento social de protesta formado por grupos desprovistos de acceso regular al ejercicio del poder político y cuyas acciones sociales estaban hasta entonces en buena medida dirigidas al enfrentamiento con el Estado habían decidido apostar por la estrategia de ocupar un espacio central en las instituciones políticas republicanas. A nadie se le escapaba que ese cambio, más allá de las incongruencias entre la nueva estrategia y la ideología política del anarquismo, repercutiría con fuerza en el repertorio tradicional de acciones colectivas que los anarcosindicalistas habían utilizado con anterioridad. Y no solamente porque las formas de movilización propias de un grupo extraño al poder político han de sufrir necesariamente transformaciones en el momento en que dicho grupo pasa a integrar la coalición gobernante sino, sobre todo, porque casi todos los grupos políticos participaban en el sistema republicano a partir del otoño de 1936. De aquí que los enfrentamientos públicos quedaran totalmente deslegitimados, a lo que contribuía el marco interpretativo que articularon los defensores de la República frente al enemigo, que estaba basado en un discurso de unidad política. La lucha por la hegemonía, sin embargo, acabaría deteriorando las bases políticas en que descansaba esa realidad y los enfrentamientos fueron ocupando un espacio cada vez más significativo en las relaciones políticas. Las acciones colectivas contenciosas utilizadas por los diferentes grupos políticos en esa lucha, manifestaciones y mítines principalmente, buscaban reafirmar su propia identidad frente al enemigo y respecto del conjunto de la coalición antifascista. No obstante, la identidad colectiva no sólo se conforma a base de acciones contenciosas. Existe otro tipo de acciones colectivas que puede ayudar a comprender los enfrentamientos políticos durante la guerra civil. Aunque no puedan ser consideradas sensu stricto acciones de naturaleza contenciosa por tener un carácter eminentemente privado, las reuniones asociadas al funcionamiento interno y a los procesos de toma de decisiones de las organizaciones políticas y sindicales, como congresos, plenos o 133 

conferencias, pueden servir, o al menos eso es lo que se tratará de demostrar más abajo en el caso de la CNT, para analizar los procesos de creación de identidad colectiva en los movimientos sociales. Para ello, dada la situación del anarcosindicalismo respecto al sistema político durante la guerra, se hará necesario plantear primero de forma sumaria algunos enfoques que los especialistas en la acción colectiva han elaborado sobre las relaciones entre movimientos sociales, política y cultura.

2. La política, la cultura y las acciones colectivas La política aterrizó en las teorías de los movimientos sociales de la mano de autores como Charles Tilly, Doug McAdam y Sidney Tarrow, generalmente adscritos a la conocida como teoría de la movilización de recursos. Según esta perspectiva de análisis, una de las claves de la explicación de los movimientos sociales se encuentra, más allá de la relevancia de los recursos organizativos, que no interesan tanto aquí, en la naturaleza de los regímenes políticos y en los cambios que sufren. El concepto analítico utilizado para estudiar las relaciones entre los movimientos sociales y la política es el de oportunidades políticas, que pueden definirse como la capacidad del grupo protestatario de influir en la distribución del poder, capacidad que respondería, más que a las características del movimiento social, a los cambios operados en el propio sistema político (Tarrow, 1997, pp. 147-178). Volviendo a la guerra de España, el concepto de oportunidad política sirve a la perfección para explicar el proceso revolucionario de los primeros meses del conflicto pero muestra carencias importantes a la hora de analizar las formas de movilización de un movimiento social que pasa a ocupar el poder. La división de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de la República provocada por la rebelión militar puede interpretarse como una crisis política de gran alcance que favoreció la movilización de trabajadores y campesinos al socavar de manera profunda el monopolio de los medios de coerción por parte del Estado republicano. No obstante, cuando se intenta extender el análisis de la revolución al repertorio de movilización que la CNT utilizó durante y después de su escalada al poder empiezan a aparecer los problemas. Porque el concepto de oportunidad política resulta muy eficaz para estudiar los orígenes de las revoluciones y de los ciclos de protesta pero, a su vez, se muestra extremadamente inoperante a la hora de analizar las movilizaciones promovidas desde la élite política.

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Por otro lado, los planteamientos de Robert Michels y Tarrow sobre el desarrollo de las organizaciones en relación con el potencial de movilización disponible y con la entrada de los dirigentes del movimiento social en las instituciones de gobierno tampoco sirven para explicar las acciones colectivas de un grupo político perteneciente a la élite gobernante (Pérez Ledesma, 1994, pp. 92-93). Primero, porque establecen una relación directa entre la jerarquización y la institucionalización de un movimiento social, conexión que no está tan clara en el caso del anarcosindicalismo porque la oligarquización de la CNT había comenzado antes de la guerra y la entrada en el Gobierno y porque la aceleración del proceso durante el propio conflicto bélico está relacionada más con las condiciones generales impuestas por la guerra que con la ocupación del poder político en sí. La segunda razón radica en la conexión que Tarrow establece entre la pérdida de potencial de movilización y la institucionalización, vínculo tras el que subyace la idea de que los dirigentes del movimiento social carecen de razones para movilizar a sus bases una vez conseguido el acceso al poder, lo cual, de ser cierto, haría totalmente innecesaria cualquier reflexión sobre las movilizaciones sociales durante la guerra civil. En suma, tanto el concepto de oportunidad política como la matizada ley de hierro resultan inservibles para estudiar las relaciones del repertorio de acciones colectivas de un movimiento social con la política. Un historiador de relevancia que ha propuesto una forma de resolver el problema que aquí se plantea es Rafael Cruz. La perspectiva teórica de este autor parte de la necesidad de repensar la visión de la política, predominante hasta hace poco entre las teorías de los movimientos sociales, como dividida en dos esferas, una institucionalizada y otra ajena a ella, y trabajar con otro concepto de la misma que reconozca al menos tres ámbitos: la política pública, la política de enfrentamiento y la ciudadanía. La primera estaría identificada con la política institucionalizada, la compuesta por las instituciones estatales y los grupos que en ella actúan. La segunda correspondería a una parte de la política pública en la que se desarrollan las acciones colectivas contenciosas o de enfrentamiento, es decir, aquéllas que expresan públicamente unas reivindicaciones que afectan a la distribución del poder en el amplio sentido del término. Y, finalmente, la tercera la constituyen los intercambios de derechos y obligaciones entre el Estado y los ciudadanos (Cruz, 2006, pp. 7-12). Si se acepta que a la hora de analizar la movilización social durante la guerra civil desde esta perspectiva teórica la esfera política de la ciudadanía carece de relevancia, la clave de la explicación ha de encontrarse en la política pública y, especialmente, en la 135 

de enfrentamiento. Porque ambas se encuentran inextricablemente relacionadas. La profunda crisis de autoridad que afectó a la política pública como consecuencia del fracaso del golpe militar provocó una situación revolucionaria de soberanía múltiple en la que los diferentes grupos y poderes se enfrentaron en un proceso de competencia política por la hegemonía política y cultural. En el plano político, los enfrentamientos giraban en torno al control de los medios de coerción, a la dirección de las operaciones bélicas, a la organización del reclutamiento y al ejercicio de la violencia en la retaguardia. En el cultural, lo que se ponía a discusión era la legitimidad social sobre las definiciones e interpretaciones comunes sobre la naturaleza de la guerra, sus protagonistas y sus objetivos. Esta lucha por la hegemonía estuvo representada en la calle por la movilización social, expresión del enfrentamiento de estrategias e identidades de los diversos grupos políticos (Cruz, 2006, pp. 262-264). Porque “los gobiernos y los dirigentes de organizaciones con representación en las instituciones políticas […] en muchas ocasiones se suman a aquellos dirigentes de grupos disidentes para promover actuaciones en forma de movilización pública” (Cruz, 2006, p. 9). Política, cultura y acción colectiva son, por tanto, los elementos fundamentales de esta propuesta teórica para analizar los enfrentamientos de los diferentes grupos políticos durante la guerra civil. Resuelto en gran medida el interrogante relativo a las relaciones de los movimientos sociales con la política gracias a este breve recorrido, falta todavía por despejar la duda en torno a la relación de la cultura con la política de movilización más allá de una concepción de las acciones colectivas como interacciones de identidades enfrentadas en el espacio público. Porque las movilizaciones que implican enfrentamiento suelen combinarse con otras acciones colectivas que no tienen lugar en público ni están orientadas por lo general a la expresión de reivindicaciones u objetivos, aunque sea así en ocasiones, sino que sobre todo cumplen la función de reafirmar la propia identidad colectiva. Estas acciones colectivas privadas adquieren un lugar de relevancia en cualquier análisis de las movilizaciones sociales si se trae a colación la explicación que Alberto Melucci dio a la característica discontinuidad de los nuevos movimientos sociales. Este sociólogo italiano identificó esta discontinuidad con la existencia de dos fases diferenciadas en todo movimiento, una de latencia y otra de visibilidad. Mientras que en la primera los recursos solidarios y culturales son elaborados y expresados en las redes de organización, en la segunda el movimiento despliega sus acciones colectivas de enfrentamiento haciendo visibles su estrategia y sus 136 

reivindicaciones. No obstante, no constituyen estas fases ámbitos separados o paralelos sino que son totalmente complementarios, pues en la segunda etapa se difunde y pone en práctica lo que ha sido construido en la primera (Melucci, 1985, pp. 800-801). Existe una relación directa, por tanto, entre las acciones colectivas privadas y las acciones colectivas contenciosas que introduce ambos tipos en la esfera analítica de la política de enfrentamiento de un movimiento social. De aquí que una explicación de la movilización social durante la guerra civil pase necesariamente por otorgar una posición significativa a un análisis de esas acciones colectivas privadas.

3. La Confederación Regional del Trabajo del Centro durante la guerra civil (1937-1938) La CNT desarrolló durante la guerra civil toda una serie de acciones colectivas de naturaleza privada en que los dirigentes de la central sindical libertaria reafirmaban su identidad colectiva, reforzaban la estructura de su discurso político, recordaban a los miembros del movimiento quiénes eran y quiénes eran sus enemigos, y explicaban cuál era el método idóneo para vencer a sus contrarios, tanto los del otro lado de la trinchera como los que combatían junto a ellos. En estas acciones colectivas privadas los líderes libertarios fabricaban los recursos culturales que utilizaban para interpretar la guerra y que la movilización pública a su vez consolidaba o desechaba. Estas acciones consistían fundamentalmente en las reuniones que la CNT celebró a todos los niveles organizativos, desde los ámbitos local, comarcal y provincial hasta el regional y el nacional. Las fuentes primarias que servirán de base documental para demostrar lo que aquí se defiende están relacionadas con un ámbito espacial y un marco cronológico reducidos: Castilla la Nueva entre agosto de 1937 y marzo de 1938. En ese período de tiempo, la Confederación Regional del Trabajo del Centro celebró varias reuniones de carácter general que congregaron a los delegados sindicales que enviaban las diversas Federaciones Locales, Comarcales y Provinciales desplegadas por las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real, así como a los representantes de las Federaciones Regionales de Industria que agrupaban a los sindicatos de la zona organizados en un mismo sector económico. Las actas que aquí se utilizan son las referentes a los Plenos Regionales de agosto, septiembre y diciembre de 1937 y de marzo de 1938.

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Para David Antona, secretario del Comité Regional de la CNT, la guerra podía interpretarse mejor si se comparaba con la Revolución Francesa. Como en el París de 1793, la victoria sería imposible si no se salvaban las “esencias revolucionarias” de la lucha, si se malograba “nuestra revolución”, que era “la primera de tipo social que se produce en la Historia”. De ahí la importancia de que los revolucionarios tomaran nota y, como habían hecho en Francia, eliminaran a sus enemigos “de dentro y de fuera”. Los de dentro eran esos “elementos llamados antifascistas”, esos enemigos del “pueblo” que se oponían a la formación de los Frentes Populares Antifascistas, estrategia que los libertarios consideraban el “verdadero exponente del sentir popular”, por lo que oponerse a ella o tratar de obstaculizarla era igual a no atender los deseos del pueblo. Los enemigos de fuera eran el “fascismo indígena e italoalemán”, que en el fondo se correspondían con los enemigos de siempre, con las “castas privilegiadas”. Contra estos enemigos del pueblo se luchaba en una guerra sin espacio para la negociación porque confrontaba dos mundos simbólicos irreconciliables, el fascismo y el “pueblo trabajador”, entre los que no había posibilidad de entendimiento. De un lado, los criminales fascistas, la “destrucción” y la “muerte”; de otro, los defensores de “la libertad en el mundo” y de “la independencia de España”2. En este paralelismo retórico con que fue clausurado el Pleno de marzo de 1938 están contenidos los principales ingredientes del discurso político que los dirigentes de la Confederación Regional del Trabajo del Centro utilizan para expresar su estrategia política y para interpretar la guerra en un período marcado por la exclusión política de la CNT. Ausentes del Gobierno de la República y de la Generalitat tras las crisis respectivas de mayo y junio de 1937 y destruido el Consejo de Aragón en agosto, a la altura del otoño de ese año los libertarios estaban en buena medida marginados del poder político y así continuaron por lo menos hasta el nombramiento de un ministro cenetista la primavera siguiente. Ante esta situación, la estrategia de la CNT, dada la inexistencia de alternativas políticas viables, se levantó sobre dos puntales fundamentales: la unidad con la UGT y la vuelta al Gobierno. El lenguaje de los dirigentes de la Regional Centro al servicio de esa estrategia política empleaba todo un conjunto de símbolos que condensaban el significado de su discurso. Los de la Libertad y la Independencia estaban entre los de mayor relevancia.

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Confederación Regional del Trabajo del Centro (CRT/C, 1938), p. 96. Los enemigos de dentro, en p. 94; el “pueblo trabajador”, en p. 95.

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Lo que dividía España en dos eran “las trincheras de la Libertad” 3 en las que los “hombres libres de la CNT” se sacrificaban generosamente “en bien de la humanidad nueva que está surgiendo” 4 . Mientras al otro lado del frente la población luchaba “obligada por las pistolas de Falange […]; secuestrada, encadenada”5, los libertarios morían por “la España nueva”, por la “España libre” 6 . Libre e independiente. “No olvidemos que somos algo muy importante, con lo cual deberá contarse, en todo momento, el día en que España recobre su independencia jurídica, económica y política”7. El centro de esa constelación simbólica lo ocupaba sin embargo la Revolución. Al fin y al cabo, si se perdía la revolución se perdía la guerra, o en otras palabras, “el triunfo de la guerra […] es el triunfo de la Revolución”8. Un símbolo acosado por los “espías de la contrarrevolución” que campaban a sus anchas en las organizaciones antifascistas, una revolución perseguida por el Gobierno, que pretende anular “las conquistas económicas del proletariado”9. Esos espías eran “elementos desleales a la República y a la Revolución”, “miles de elementos fascistas puestos hoy a resguardo de toda persecución” por la “oposición contumaz y sistemática del Partido Comunista, JSU, Agrupación Socialista e Izquierda Republicana” a investigar los antecedentes de los llegados a los partidos y los sindicatos tras el 19 de julio10. A este acoso se sumaban las “persecuciones al pueblo” y la “anulación brutal de sus conquistas” por parte de un Gobierno que no comprendía que “la moral del pueblo” era fundamental para ganar la guerra. De hecho, el deterioro de ese “entusiasmo popular” es lo que explicaba las derrotas militares sufridas por la República desde la caída de Largo Caballero11. Los líderes de la Confederación Regional del Trabajo del Centro se consideraban portavoces de ese pueblo perseguido, identidad colectiva que solía asimilarse bien a categorías de naturaleza complementaria, como “pueblo trabajador” o “productores”, o bien a algunas propias del lenguaje de clase, como “proletariado”, que a veces incorporaba referencias nacionales, como en “proletariado español”12. En nombre de 3

CRT/C (1937c), p. 17. CRT/C (1937c), p. 80. 5 CRT/C (1937c), p. 79. 6 CRT/C (1937c), p. 80. 7 CRT/C (1937c), p. 15. 8 CRT/C (1937a), p. 9. 9 CRT/C (1938), pp. 19 y 21. 10 CRT/C (1937a), p. 9. 11 CRT/C (1938), p. 21. 12 “Pueblo trabajador” y “proletariado”, en CRT/C (1938), pp. 95 y 21 respectivamente; “productores” y “proletariado español”, en CRT/C (1937c), pp. 80 y 20 respectivamente. 4

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este pueblo reclamaban los libertarios la vuelta al poder de la CNT convencidos de que sólo cuando se constituyera un Gobierno que interpretara el “sentir popular”, es decir, un Gobierno en el que ellos estuvieran representados, se podría ganar la guerra y la revolución13. Como genuinos representantes del pueblo, los cenetistas eran depositarios de sus más elevadas cualidades morales, tales como el heroísmo, la tenacidad, la serenidad, el afán de justicia o la fraternidad, aunque el lugar privilegiado en el discurso libertario lo ocupaban el sacrificio y el martirio. El símbolo de la sangre, unido al referente patriótico, ocupa en efecto una posición central en este lenguaje popular. Son los miembros de la CNT los que “riegan con su sangre generosa esta España traicionada”, los que continuarán en el combate “hasta la muerte para que España, toda España, se salve, liberando a los españoles de las garras de todos los tiranos, para que toda la sangre derramada haya sido fecunda”, y los que harán lo imposible por consolidar las “conquistas revolucionarias”, para garantizar “que la tierra de España no se ha enrojecido en balde”14. Los principales enemigos del pueblo en el discurso político de los dirigentes del anarcosindicalismo en Castilla la Nueva son el Partido Comunista y el fascismo. Los comunistas buscan “la eliminación total del movimiento libertario”15 haciendo uso de métodos que reflejan su bajeza moral. A diferencia de los militantes de la CNT, los comunistas se dejaban llevar por sus “apetitos bastardos” y sus “ambiciones personales”16. De hecho, los anarcosindicalistas habían salido del Gobierno como fruto de “las maniobras turbias del Partido Comunista”, que no dudaba en calumniar públicamente a los libertarios o provocarles a la violencia, como en la Barcelona de mayo o en el Aragón de agosto17. En cualquier caso, lo que retrata con mayor precisión la condición del Partido Comunista según los libertarios es que “pone por encima de todo las mezquindades de secta o de partido” impidiendo con ello “el triunfo antifascista”, como cuando se convierten en encubridores de los enemigos del pueblo al oponerse a la depuración de las organizaciones políticas y sindicales, o como cuando se

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CRT/C (1937a), p. 8. CRT/C (1938), p. 22. La “sangre generosa” y la “sangre derramada”, en CRT/C (1937c), pp. 17 y 79 respectivamente. 15 CRT/C (1937b), p. 10. 16 CRT/C (1937c), p. 80. 17 Las “maniobras” y la violencia, en CRT/C (1937b), p. 10; las calumnias, en CRT/C (1937a), p. 8. 14

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muestran dispuestos a desatar “otra guerra civil interna” en su lucha por el “monopolio político y sindical” en las localidades de la región18. El otro gran enemigo del pueblo y de la CNT es el fascismo, que sobrevuela España en forma de “bestia” amenazante, que es la “tiranía” y el “pasado”. Según el discurso libertario, la implantación del proyecto fascista y de “su sentido totalitario de las cosas” supondría devolver España a “épocas de barbarie”. Porque si hay alguna característica que ambos enemigos del pueblo trabajador compartan es sin duda su conexión con el pasado. Mientras el fascismo representa la “España de la cruz y de la espada” que pretende resurgir nuevamente, las prácticas políticas desplegadas por los “núcleos y células de determinado Partido” en los pueblos castellanos constituyen un “nuevo caciquismo”, al que se encuentran los campesinos sometidos de la misma forma que en el pasado lo estuvieron “a la barbarie de una clerecía rupestre, ignorante y bestial, a unos terratenientes feudales, o semifeudales, y a una Guardia Civil compendio del totalitarismo bestial y sin entrañas”19. Contra estos enemigos, el pueblo podrá contar con la CNT y con su Revolución. Contra el nuevo caciquismo y contra el fascismo, en fin, contra los enemigos del pasado, el pueblo trabajador tendrá como baluarte a la CNT, que seguirá expandiendo su revolución llevando “la buena nueva, la nueva revolucionaria, al campo castellano”, extendiendo sus Sindicatos y Colectividades, que serán “la savia fecundante de la España del mañana”, de la España del futuro20. Contra las maniobras turbias del Partido Comunista y frente a las pretensiones totalitarias del fascismo autóctono y forastero, los libertarios levantarán su patria, que es la de “las fábricas” y la de “los campos colectivizados, la de los que sufrieron siempre, la de los que el 19 de julio glorioso ofrecieron sus vidas y siguen ofreciéndolas hoy para que en España” brille el “sol de la justicia”21. La única garantía de que la sangre no haya corrido en vano, de que las colectividades no sean acosadas y de que las conquistas revolucionarias no sean anuladas la encuentran los dirigentes de la Confederación Regional del Trabajo del Centro en la vuelta al Gobierno y en la unidad proletaria. La formación de un Gobierno 18

La “guerra civil interna”, en CRT/C (1937c), p. 17. Las “mezquindades” y el encubrimiento, en CRT/C (1937a), pp. 8 y 9 respectivamente. 19 Este “nuevo caciquismo” comunista, en CRT/C (1937c), pp. 17 y 20; de donde también proceden la “bestia”, la “tiranía” y el “pasado” (p. 80). El fascismo en el discurso libertario, su conexión forastera y la “España de la cruz y de la espada”, en CRT/C (1938), p. 96. 20 CRT/C (1937c), p. 80. 21 CRT/C (1937c), p. 20.

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que incorpore a la CNT es lo mismo que un Gobierno que conecte con el pueblo, cuyo entusiasmo es la llave del “triunfo antifascista”. Lo contrario supone “buscar el fracaso en forma deliberada”. Por tanto, hay que defender las conquistas del pueblo trabajador para ganar la guerra y no existe mejor forma de hacerlo que mediante la unidad proletaria entre la UGT y la CNT. La constitución de Comités de Enlace, la firma de las bases de unificación y la celebración de actos conjuntos de propaganda servirán para estrechar “los lazos de amistad y comprensión entre todos los trabajadores”, consolidar “nuestras conquistas revolucionarias” y garantizar que estas conquistas permanecerán “el día en que hayamos logrado liberar por completo a España”22. Aunque en el discurso libertario aparecen expresiones provenientes del lenguaje de clase y del lenguaje de pueblo, esto no quiere decir que sean totalmente intercambiables y equivalentes. La conflictividad interna del lenguaje popular libertario se pone de manifiesto a la hora de señalar las soluciones a la injusticia de la exclusión política de la CNT y de las persecuciones a la revolución. Los libertarios interpelan a un grupo en concreto dependiendo de la naturaleza de su objetivo. Cuando reclaman la vuelta al Gobierno la categoría de referencia es el pueblo. El pueblo y sus clamores y sentires. En cambio, cuando defienden la unidad sindical, a quien se dirigen los anarcosindicalistas es al pueblo trabajador, a los trabajadores de la UGT y de la CNT, que deben consolidar la unidad proletaria en defensa de sus conquistas revolucionarias. No obstante, el lenguaje de pueblo predomina sobre el de clase. La conexión entre el pueblo y el proletariado está fundamentada en la combinación de ambos términos y en la subordinación del segundo al primero. De este modo, cuando los dirigentes de la CNT castellana denunciaban que el “entusiasmo popular” se reducía a causa de la “anulación brutal” de las “conquistas económicas del proletariado” estaban en realidad sosteniendo que esas mismas conquistas pertenecían al pueblo, que eran “sus conquistas”23.

4. Conclusión El análisis del discurso político empleado por los líderes de la CNT castellana en las reuniones orgánicas celebradas entre agosto de 1937 y marzo de 1938 permite considerar este tipo de acciones colectivas privadas como prácticas culturales destinadas 22

Todas las citas extraídas de CRT/C (1938), pp. 21, 22 y 95, salvo el “triunfo” y los lazos entre los trabajadores, que proceden de CRT/C (1937a), pp. 8 y 10 respectivamente. 23 CRT/C (1938), p. 21.

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a la reafirmación de la identidad colectiva libertaria. Estos rituales simbólicos y el lenguaje utilizado en ellos servían a la perfección para difundir las interpretaciones de la guerra y las estrategias políticas elaboradas por los dirigentes cenetistas, fortalecer los sentimientos de pertenencia al movimiento libertario y consolidar la cohesión del anarcosindicalismo regional. La asistencia de los delegados sindicales a este tipo de eventos y la difusión de los marcos de significado elaborados en ellos a través de su expresión en plenos provinciales, comarcales y locales son factores que, si se ponen en relación con la consolidación de una cultura política libertaria de marcado carácter anticomunista, podrían explicar algunas acciones políticas en que el anarcosindicalismo castellano tuvo un protagonismo central, como la ruptura con el Gobierno de Negrín y el apoyo al golpe militar del coronel Segismundo Casado en marzo de 1939. En cualquier caso, estas reuniones cumplían la función esencial de fabricar las herramientas simbólicas y los recursos culturales que la militancia libertaria dispondría para la movilización social y la acción política durante la guerra civil.

Fuentes

Confederación Regional del Trabajo del Centro (1937a). Acta del Pleno de Locales, Comarcales y provinciales celebrado en Madrid el día 28 de agosto de 1937. Madrid: Ediciones de la Comisión de Propaganda del Comité Regional del Centro. Archivo General de la Guerra Civil (Salamanca), Biblioteca, F-1683 bis.

Confederación Regional del Trabajo del Centro (1937b). Acta del Pleno Regional extraordinario de Locales, Comarcales, Provinciales y Federaciones de Industrias celebrado en Madrid el día 12 de septiembre de 1937. Madrid: Ediciones de la Comisión de Propaganda del Comité Regional del Centro. Archivo General de la Guerra Civil (Salamanca), Biblioteca, F-01682.

Confederación Regional del Trabajo del Centro (1937c). Actas del Pleno Regional de Comarcales y Federaciones Regionales de Industria celebrado en Madrid los días 28 y 29 de diciembre de 1937. Madrid: Ediciones de la Comisión de Propaganda del Comité Regional del Centro. Archivo General de la Guerra Civil (Salamanca), Biblioteca, F00150 bis.

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Confederación Regional del Trabajo del Centro (1938). Actas del Pleno Regional de Comarcales y Federaciones Regionales de Industria, celebrado en Madrid los días 28 y 29 de marzo de 1938. Madrid: Ediciones de la Comisión de Propaganda del Comité Regional del Centro. Archivo General de la Guerra Civil (Salamanca), Serie PolíticoSocial, carpeta 1039 de Madrid, legajo 2329, expediente 1.

Bibliografía

Cruz, R. (2006). En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936. Madrid: Siglo XXI.

Melucci, A. (1985). The Symbolic Challenge of Contemporary Movements. Social Research, 52 (4), pp. 789-816.

Pérez Ledesma, M. (1994). “Cuando lleguen los días de la cólera” (Movimientos sociales, teoría e historia). Zona Abierta, 69, pp. 51-120.

Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza.

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ANARQUISMO ARGENTINO TRANSNACIONAL, 1917-1940: COOPERACIÓN Y CONFLICTO.

María Migueláñez Martínez Universidad Autónoma de Madrid

Entre 1917 y 1940 el anarquismo argentino estuvo marcado, más si cabe que en periodos anteriores, por la transnacionalidad de sus militantes, de sus ideas, de sus centros propagandísticos, e incluso de los enemigos y acontecimientos políticos que lo asediaron en este periodo tan convulso de su historia. La expansión del fascismo y del comunismo, la represión policial o la llegada a Argentina de nuevas oleadas de exiliados ácratas -principalmente españoles e italianos- animaron a la cooperación internacional y a la construcción de redes formales e informales de relaciones que permitieran la propia supervivencia del movimiento. Un avance de las hipótesis de este trabajo permitirá abrir un debate más amplio sobre la idoneidad de una aproximación al mismo desde la historia sociocultural y la historia transnacional. En definitiva, las relaciones de cooperación y conflicto que el anarquismo argentino establece con el exterior en este periodo no se entienden sin recurrir al mundo del símbolo y de las representaciones de sí y del otro.

1.

Cooperación y conflicto en el anarquismo argentino: introducción

El movimiento anarquista rioplatense despertó, desde fechas muy tempranas, el interés de los investigadores sociales. No obstante, éste tuvo un papel protagónico en la escena argentina desde finales del siglo XIX: condujo mayoritariamente al movimiento obrero local, dirigiendo sus principales gremios, sociedades de resistencia y federaciones, y desplegó una serie de prácticas culturales orientadas a la educación, al uso del tiempo libre, a la propaganda y, en general, a todos los aspectos de la vida de los trabajadores en las grandes ciudades. Allí, como en muchos otros lugares, el relato comenzó a ser abordado por los propios militantes anarquistas, como Diego Abad de Santillán (2005). Proliferaron después los estudios de historiadores y sociólogos, muy limitados en un primer momento a la relación del movimiento anarquista con el movimiento obrero organizado. Finalmente, desde principios de la década del 90, el campo se ha beneficiado de muchos de los aportes de la nueva historia cultural, gracias

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a lo cual se ha conseguido trascender ese estrecho vínculo con el movimiento obrero y se han comenzado a iluminar muchos de los aspectos que mencionaba más arriba y que hicieron del anarquismo una cultura alternativa para los trabajadores. Destacan en este campo los trabajos de Juan Suriano, sintetizados en su libro Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910 (2001; Suriano, 1997). En general, los trabajos existentes coinciden en señalar que 1910 (fecha del Centenario, en torno a la cual se inauguró un proceso de intensa represión del movimiento) fue el principio del fin de la etapa heroica del anarquismo argentino. Este recorte temporal está bien delineado en Juan Suriano (2005), que señala cuatro principales motivos por los cuales el anarquismo perdió arraigo social: 1) la intensa represión a la que fue sometido el movimiento, a partir de leyes como la de Residencia, en 1902, o la de Defensa Social, en 1910; 2) la aparición de otras fuerzas en pugna, como el sindicalismo revolucionario y el comunismo; 3) las grandes querellas en el interior del movimiento libertario; y 4) los cambios en el contexto político y social, entre ellos la ampliación de la participación política a partir de 1912, la mayor intervención del Estado en los conflictos de los trabajadores y la cada vez mayor interpelación a la clase obrera por parte de los gobiernos radicales. Mi tesis doctoral quiere, retomando muchos de los aportes de Juan Suriano, profundizar en un periodo posterior al que estudia el autor: el de entreguerras. Si bien coincido con el historiador argentino en que todos estos procesos mermaron la capacidad de arraigo social del anarquismo, obligándolo a una constante redefinición de sus tácticas y de su identidad, no comparto la idea de que representaran su fin. Efectivamente, la clase obrera en el periodo de entreguerras se debatiría entre la asunción de posturas conciliadoras o la asunción de posturas confrontacionistas, pero estas últimas continuarían desempeñando un papel importante, y, en ellas, el anarquismo, con una capacidad todavía grande para liderar grandes campañas propagandísticas y huelguísticas. Y sobre todo entiendo que es necesario profundizar en el estudio del periodo post-Centenario para dar cuenta del proceso, de los desafíos que encaró el movimiento, su supervivencia y sus adaptaciones. Con un añadido: esa explicación no puede obviar, creo, las dinámicas transnacionales a las que estuvo sometido el movimiento, que hasta ahora han recibido una escasa, o nula, atención1.

1

En este sentido, mi proyecto de investigación doctoral bebe de una serie de artículos y libros de reciente publicación que reflexionan sobre los aspectos transnacionales del anarquismo en determinados países o regiones, vinculados a procesos de migración, propaganda transfronteriza, estrategias de exilio o

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Esto se hace más necesario si se tiene en cuenta que muchos de los retos que en el periodo amenazaron a la continuidad del anarquismo y le obligaron a una redefinición identitaria, se presentaron de manera transnacional, fueron transversales a todo el universo libertario, y se afrontaron, también, de manera transnacional, a través de la cooperación y los continuos cruces de frontera. Así, el movimiento libertario argentino fue testigo del ascenso del fascismo y de las deportaciones que siguieron al "Terror rojo" en fechas muy similares en varios países (Estados Unidos, España, Italia o la propia Argentina), siendo Buenos Aires ciudad receptora de muchos de estos exilios o re-exilios. Además, la represión desatada en la propia Argentina, sobre todo después del golpe de estado de Uriburu, en 1930, obligaría a todos a buscar refugio en otros territorios, entre ellos Uruguay, donde continuarían con gran parte de sus actividades propagandísticas. Entre medias, además, se formarían organizaciones, como la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), en 1922, o como la Internacional Sindical Roja (ISR), en fechas similares, con las que establecerán contactos los distintos grupos ácratas del hemisferio occidental, y se buscaría aumentar las relaciones con otros movimientos europeos y americanos para hacer circular propaganda y con ello mantener viva la llama del ideal. Hay que tener en cuenta, por último, que acontecimientos producidos más allá de las fronteras argentinas, como la Revolución de Octubre, amenazaron, al menos por un tiempo, las bases ideológicas del ideario libertario local, pero otros, como las campañas de solidaridad por la libertad de Sacco y Vanzetti o la Guerra Civil española, les reafirmaron en su identidad al movilizar todos sus esfuerzos propagandísticos. No es casualidad, por tanto, que los límites temporales de mi proyecto de investigación remitan a dos de las grandes fechas simbólicas de la izquierda internacional: el inicio de la Revolución bolchevique y el final de la Guerra civil española. El activismo ácrata del Río de la Plata formó parte, por tanto, de un movimiento transnacional mucho más amplio. Un análisis enfocado en lo que ocurre al interior sólo nos permitiría acceder a una parte de la historia. Aunque mi tesis doctoral se circunscribe a todo el periodo de entreguerras y al amplio conjunto de círculos, grupos y publicaciones anarquistas argentinas que participaron en actividades transfronterizas de propaganda, el presente texto se limita a reflexionar, a grandes trazos, sobre las relaciones que con la AIT establecen dos de los principales pilares libertarios del país pampeano: la Federación Obrera Regional construcción de organizaciones internacionales (Bantman, 2006; Bantman y Berry, 2010; Shaffer, 2009; Turcato, 2007).

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Argentina (FORA), central anarcosindicalista, y el diario La Protesta, que hasta principios de la década del 30 tuvieron, a nivel internacional, una actuación coordinada y que, juntas, se arrogaron la tarea de representar más allá de las fronteras al conjunto del movimiento anarquista argentino, aunque esto siempre fue motivo de disputa al interior del mismo. La actuación de la FORA y de La Protesta, al interior y al exterior, venía avalada por más de veinte años de luchas ininterrumpidas, a pesar de los muchos procesos de persecución a los que estuvieron sometidas. La Protesta Humana había sido creada en 1897. En noviembre de 1903 pasó a denominarse simplemente La Protesta, y en 1904 empezó a salir diariamente, lo que conseguiría -pese a algunas intermitencias- hasta 1930. Su periodicidad y su duración en el tiempo la convierten en una experiencia única en el movimiento anarquista de todo el mundo. Algunas claves del éxito de La Protesta apuntan a su temprana vinculación con el sector organizador que daría lugar a la FORA en 1904 y a la adquisición de una imprenta propia en 1905, lo que les aseguraba la independencia, el auto-sustento, la recaudación de fondos a través de actividades editoriales y su posterior distribución para sustentar a otras pequeñas publicaciones, y lo que les abocaría al conflicto con otros grupos que no gozaban de una posición tal. Lo que la historiadora Luciana Anapios (2012) ha identificado como el problema de la prensa en la década de 1920 alude a estas rivalidades por el control de los medios de propaganda, y, por ende, por el control del poder al interior del movimiento anarquista, y no es ajeno a los procesos de cooperación y conflicto que se desarrollan a nivel internacional. La FORA, por su parte, había nacido en fechas muy similares, 1901, como Federación Obrera Argentina, con la participación plural de socialistas y anarquistas. En 1904, con la salida de los socialistas, adquirió el adjetivo de Regional, y en 1905 adhirió al "comunismo anárquico", que no abandonaría nunca. Aunque la central anarcosindicalista tenía su propio periódico, La Organización Obrera, desde su comienzo contó con La Protesta como portavoz permanente, al tiempo que ésta cada vez recogía más noticias sobre el movimiento obrero (Anapios, 2012; Suriano, 2001). Juntas dieron lugar a un modelo de organización y propaganda que se creía modélico y que en la década de 1920 participó activamente de todos los procesos que tenían lugar más allá de sus fronteras naturales, tratando, de paso, de exportar su cosmovisión. Esbozar las grandes líneas de actuación internacional de foristas y protestistas me permitirá reflexionar brevemente sobre los procesos de cooperación y conflicto que 148 

tuvieron lugar durante estos contactos internacionales y que en gran medida funcionan como el hilo conductor de mi tesis doctoral. Efectivamente, la solidaridad, con su fuerte carga simbólica, funcionó desde el primer momento como elemento aglutinante del movimiento. Por ejemplo: la ayuda a los exiliados rusos o italianos que huían de la represión bolchevique y fascista, respectivamente, jugó un papel principal en la reactivación de los contactos y en la refundación de la AIT. Y desde Buenos Aires no paraban de llegar envíos de dinero para los distintos Comités de Ayuda. Pero la cooperación nunca estuvo exenta de conflicto, y los argentinos se mostraron especialmente disconformes con las actitudes y las prácticas de sus pares europeos. En la década del 20, los anarcosindicalistas argentinos desplegaron un papel especialmente intransigente en la defensa de la idea y la organización anarquistas, y sostuvieron intensas polémicas con todos aquellos grupos que, según su opinión, se habían desviado del camino a seguir. Para el periodo estudiado, ellos se consideraban la auténtica vanguardia del mundo libertario, que en otros lugares, de forma destacada en Europa, estimaban orillado en posiciones reformistas y políticamente neutrales. En mi opinión, como trataré de exponer, las polémicas funcionaron como una faceta más de la intensa propaganda desplegada por el movimiento argentino. “Si no polemizáramos -sosteníancon quienes creemos equivocados o desviados del camino por obra de influencias perniciosas, ¿en qué forma podría llevarse a cabo la necesaria obra de cultura y de capacitación del proletariado?”2. Cooperación y conflicto, solidaridad y rivalidad funcionan como herramientas especialmente útiles para la forja de identidades colectivas. Este estudio adhiere, por tanto, a un enfoque cultural, considerando que en la ideología y en la identidad de los distintos grupos sociales media siempre un conjunto de representaciones del mundo, muchas veces complejas y contradictorias, que son de enorme interés para el análisis. Se puede tomar prestado el concepto de luchas de representación de Roger Chartier (1992), concebidas éstas en términos simbólicos y no sólo en términos económicos o políticos, para analizar cómo unos y otros grupos tratan, a nivel internacional, de imponer su modelo, su visión del mundo y de la organización del movimiento. La atención se dirige, por tanto, al papel que jugaron los propios militantes en la puesta en marcha y circulación (transnacional) de marcos conceptuales que permitieran dotar al movimiento de una identidad sólida y compartida. Y dentro del papel que se concede a

2

(17 de mayo de 1923). Elementos de crítica. La Protesta.

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los militantes, es necesario tener en cuenta experiencias individuales de gran calado, como las de Emilio López Arango y, sobre todo, Diego Abad de Santillán, ambos de origen español, que en estos años ocupan la dirección de La Protesta.

2.

Los años 20: cooperación y conflicto entre Europa y América

Tras varios intentos fallidos, la AIT, heredera del ala libertaria de la vieja Internacional de 1864, renacía en Berlín en diciembre de 1922. Al acto asistía, como único representante directo del continente americano, Diego Abad de Santillán, delegado de la FORA y colaborador del importante diario anarquista La Protesta de Buenos Aires. Desde entonces y hasta finales de 1926, Abad de Santillán formaría parte del Bureau de la AIT, estableciendo su residencia en Berlín. Desde Buenos Aires no quisieron desaprovechar la oportunidad de contar con un representante suyo en el centro del movimiento anarcosindicalista internacional y se esforzaron en estrechar relaciones con los grandes líderes del mismo, conseguir colaboraciones para sus periódicos y editoriales, y reforzar los lazos entre los compañeros europeos y los americanos, para convertirse, así, en el enlace entre ambos continentes. Los artículos aparecidos en el propio diario, y en su Suplemento Semanal (hasta 1926) y Quincenal (hasta 1929), y la intensa correspondencia que durante estos años mantuvo Diego Abad de Santillán, conservada en el Instituto Internacional de Historia Social, en Ámsterdam, permiten reconstruir el proceso3. Más allá de los procesos de solidaridad que permitieron la reanudación de los contactos a través de la AIT, las relaciones con los movimientos europeos estuvieron marcadas, en esta primera mitad de la década de 1920, por el conflicto y las polémicas continuas. El afán polemista de protestistas y foristas se desplegó en muchos frentes, que podemos resumir en tres. En primer lugar, los libertarios argentinos denunciaban la indefinición ideológica de la AIT, que constantemente respondía, según ellos, a las intrigas que tejían los elementos sindicalistas y bolcheviques argentinos, admitiéndoles e invitándoles a participar en los congresos 4 . Desde La Protesta se advertía que estos grupos, “no

3

Instituto Internacional de Historia Social, Ámsterdam, Holanda (IIHS), Sección “Archivo Diego Abad de Santillán” (ADAS), Correspondencia (C). A partir de aquí citaremos IIHS, ADAS, C, seguido de la carpeta correspondiente. 4 Denunciaban constantemente las intrigas de la Unión Sindical Argentina (USA), sindicalista, y de la Alianza Libertaria Argentina (ALA), de tendencia anarcobolchevique. Para las distintas tendencias, véase Anapios (2012, pp. 82-104).

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pudiendo solidificarse en el interior, buscan por todos los medios una existencia internacional”, y que el peligro real está en que realizan esa propaganda “en nombre del anarquismo”5. Tras mucho polemizar, lograron arrancar una resolución unánime de la AIT que advertía de estos peligros6 y consiguieron que su II Congreso (marzo de 1925) aprobara una resolución por la que el Secretariado de la AIT se comprometía a mantener relaciones con una única organización en cada una de sus secciones7. Esto, que fue interpretado y transmitido por foristas y protestistas como un triunfo internacional, nos advierte de cómo muchas de las luchas de representación que tenían lugar al interior del movimiento local se trasladaban a la escena internacional, buscando reconocimiento. Y de cómo desde un principio la FORA y La Protesta se arrogaron la tarea de representar al conjunto del anarquismo argentino, lo que allí siempre representó un elemento de confrontación. De nuevo, aspectos locales y transnacionales tienen un correlato. Un segundo elemento de confrontación vino por la total oposición de la FORA y La Protesta a que la AIT estableciera relaciones con Moscú, con la ISR. Aunque, en general, a la altura de 1922, las organizaciones nucleadas en Berlín habían rechazado unirse a la Sindical Roja, la situación en Holanda y en Francia había obligado a la aprobación, durante el I Congreso de la AIT, de una cláusula por la que se reconocían abiertas las conversaciones con Moscú para una posible unificación de las fuerzas revolucionarias. Los delegados argentinos fueron los más firmes opositores a esa política de frente único y con ello pretendieron lanzar también un mensaje al proletariado argentino. Ellos, que en un principio habían acogido con entusiasmo la Revolución rusa (de lo que es ilustrativo que, por un breve lapso de tiempo, la FORA cambiara su nombre por el de Federación Obrera Regional Anarquista Comunista FORAC-), pronto se dieron cuenta del error y desde 1921 comenzaron a denunciar sus deslices y excesos. En ese momento, la reconstrucción de su identidad revolucionaria anarquista pasó a ser una prioridad, y encontró en la esfera internacional un lugar propicio para hacerlo. De ahí la proliferación de artículos8. 5

Abad de Santillán, D. (4 de febrero de 1924). Informe de la Argentina al Congreso de Insbruck y (2 de marzo de 1925). La unidad de clase y sus derivados. La Protesta. Suplemento Semanal. 6 Abad de Santillán, D. (4 de febrero de 1924). Ejemplar dedicado al Congreso de Insbruck. La Protesta. Suplemento Semanal. 7 Harían uso de esta resolución a lo largo del tiempo y cada vez que se les presentara un problema de estas características. La AIT, por su parte, nunca dejó de expresar la conveniencia de que los elementos próximos del proletariado argentino se reunieran en una única organización. Véase, por ejemplo: (12 de agosto de 1928). Informe sobre las actividades del secretariado de la AIT para el tercer congreso en Lieja. La Protesta. 8 Entre los artículos en los que se oponían a la actuación de la AIT con respecto a la ISR, véase: Abad de Santillán, D. (22 de febrero de 1923). El congreso sindicalista internacional de Berlín. La Protesta. Para

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En tercer lugar, la que quizás fue la gran batalla ideológica librada por La Protesta y la FORA en el periodo se delineó en torno al papel que debían representar los anarquistas en el movimiento obrero. En este sentido, el modelo argentino opuso una dura resistencia al modelo sindical que, según ellos, preconizaban los compañeros europeos y los Trabajadores Industriales del Mundo estadounidenses (IWW en inglés), lo que le llevará a polemizar, en las páginas protestistas, con militantes históricos de la talla de Luigi Fabbri o Errico Malatesta, así como con los anarcosindicalistas franceses, portugueses y, fundamentalmente, con los cenetistas españoles. Desde Buenos Aires se define y se defiende un modelo de “sindicalismo anarquista” o modelo de “trabazón” (aprobado en estos términos en su IX Congreso, celebrado en abril de 1923) que se opone, en sus propias palabras, al “sindicalismo neutro, apolítico” que procede de Europa, y al industrialismo, “que basa la razón de ser de las organizaciones obreras en simples preocupaciones económicas” 9 . Esto es: el sindicato, para los argentinos, se concibe como un instrumento más de lucha, pero siempre que esté inspirado por ideas libertarias y que su fin último sea, por tanto, la emancipación social. Lo que no se puede tolerar, dirán, es que los anarquistas se comporten como “sindicalistas dentro de los sindicatos”. “Ahí está -continúan- la razón de nuestra divergencia con los camaradas de Europa; estos desean un sindicalismo, desde el reformista al anarco-sindicalista; nosotros queremos un movimiento sindical puramente anarquista”10. Una gran parte de las páginas dedicadas a esta última polémica se dirigieron contra la actuación de algunos de los líderes de la CNT española, los cuales se defendieron desde las páginas de Solidaridad Obrera (Barcelona, 1923-1924) y Solidaridad Proletaria (Barcelona, 1924-1925). Se les criticaba, principalmente, por sus concesiones al sindicalismo neutro, pero también, por sus “vicios y desviaciones burocráticos” y por su colaboración con distintas instancias gubernamentales. “Pestaña aparece hoy –afirmaba desde Buenos Aires Emilio López Arango- como el teórico del reformismo”, sacrificando “sus ideas a las ‘necesidades de la lucha’ o a los imperativos económicos de las masas inconscientes y tornadizas”. Este reformismo, continúa

el cambio de actitud con respecto a la Revolución rusa, véase, entre otros: (16 de enero de 1922). Estado y burocracia; (17 de abril de 1922). La lección de la Revolución Rusa, y (24 de septiembre de 1923). Los anarquistas y la revolución rusa. La Protesta. Suplemento Semanal. 9 (9 de marzo de 1923). Sindicalismo y anarquismo. La Protesta. 10 Abad de Santillán, D. (18 de marzo de 1923). El congreso sindicalista internacional de Berlín y los anarquistas. La Protesta.

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Santillán, se manifiesta en medidas que bien podríamos atribuir “a la Unión General de Trabajadores, y dentro de ese organismo a un Pablo Iglesias cualquiera”11. Asimismo, las críticas de los argentinos a la actuación de líderes como Pestaña, Carbó o Peiró me permiten enlazar con la primera de las polémicas, dado que iban dirigidas a denunciar las "intrigas internacionales" que supuestamente estos estaban tejiendo con los grupos sindicalistas y bolcheviques argentinos, enemigos de la FORA y La Protesta. Así, el hecho de que “en el congreso de la A.I.T., Eusebio E. Carbó (...) tom[ara] a su cargo la defensa de la USA y de la ALA”, sólo puede representar, desde esta visión, el deseo del delegado “de justificar las transgresiones de los sindicalistas que politiquean en España en los flancos de los partidos de izquierda”12. Los testimonios recogidos en las líneas que preceden son una pequeña muestra de los muchos que se publicaron en La Protesta sobre este tema, hasta el punto que se irguieron algunas voces calificando este tipo de propaganda de “monótona e insípida” y acusando al diario de “tener siempre la misma cara” y decir “siempre las mismas cosas, con las mismas palabras, resultando monótono hasta la saciedad”13. Pero, como decía más arriba, la repetición constante de ideas, mitos y símbolos unificadores forma parte del proceso de construcción identitaria, y las polémicas respondían a ese mismo objetivo: presentarse como un modelo a seguir dentro del anarquismo europeo y americano. De ahí las continuas referencias al movimiento argentino como faro del internacional. “Téngase en cuenta -afirmaban- que nuestra institución ocupa un lugar único en el mundo, por su definición ampliamente anárquica, y tiene interés en que ese principio se adopte como finalidad de todo movimiento reivindicador del proletariado universal”14. Así, frente a la decadencia de las ideas anarquistas en Europa: “(…) Instintivamente volvemos los ojos a América; de los países de lengua española nos llegan afirmaciones menos pretenciosas, pero más viriles; puntos de vista expresados con menos belleza literaria, pero con más juventud; impulsos íntimamente más seguros y más vitales. Indudablemente los países americanos de habla española constituyen hoy el baluarte 11

López Arango, E. (3 de diciembre de 1922). La ideología del sindicalismo. La Protesta; Abad de Santillán, D. (11 de mayo de 1923). Vacilaciones e inconsecuencia de la CNT de España. La Protesta. 12 (7 de junio de 1925). En torno a una polémica internacional. La Protesta. Para las referencias a la conexión de Pestaña con la ALA, véase, entre otros: Carta de Enrique Nido a Diego Abad de Santillán, 30 de mayo de 1924, IIHS, ADAS, C, carpeta 199; Abad de Santillán, D. (14 de junio de 1924). El primer padrino de la A.L.A. La Protesta. 13 Carta de Luis Juano Guerrero a Diego Abad de Santillán, 30 de diciembre de 1922, IIHS, ADAS, C, carpeta 137 y carta de Enrique Nido a Diego Abad de Santillán, 6 de agosto de 1925, IIHS, ADAS, C, carpeta 199. 14 (24 de junio de 1924). FORA. Concurrencia al II Congreso de la AIT. La Protesta.

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más sólido de las ideas anarquistas, tanto por lo que son hoy como por lo que son 15

susceptibles de ser” .

El presentarse, finalmente, como los artífices del cambio de estrategia en Europa también forma parte, en mi opinión, del proceso de construcción identitaria. A partir del II Congreso de la AIT (marzo de 1925) se publican una serie de artículos en los que se defiende la idea de que las doctrinas foristas y protestistas por fin se han impuesto en el panorama internacional. Un ejemplo de ello lo proporciona Abad de Santillán cuando alude al discurso de clausura del II Congreso de la AIT, celebrado en Ámsterdam en marzo de 1925, pronunciado por Rudolf Rocker y referido a la ruptura con la Sindical rusa, que, según él, podría ser considerado como “el ‘primer discurso quintista’ [en referencia a la FORA del V Congreso] pronunciado en Europa. "Todo esto (...) nos ha llenado de satisfacción; las circunstancias han obligado a reconocer espontáneamente nuestras ideas y líneas de conducta”16. Todo esto nos indica que hay otra forma de mirar a las polémicas internacionales. Las conflictivas relaciones entre Diego Abad de Santillán y los anarcosindicalistas españoles, por ejemplo, han sido objeto de atención por parte de la historiografía española (Casanova, 2004; Elorza, 1972; Navarro Comas, 2007), pero el foco se ha puesto en las discrepancias ideológicas, y no tanto en factores identitarios. Sin embargo, se perciben elementos subjetivos a los que es necesario prestar atención. Sin duda, los desafíos que enfrentaban al interior de Argentina hacía atractivo el poder presentar a los militantes un panorama internacional en el que se imponían las ideas que ellos preconizaban. Y, por otro lado, la distancia a Europa y la sensación de que sus pares europeos ignoraban y ninguneaban la lucha que se llevaba a cabo al otro lado del Atlántico también influía en su comportamiento. De ahí que se lamentaran continuamente de que el “otro europeo” no reconociera el importante papel de la FORA y La Protesta: “Sin duda, la mayoría de esos delegados creen que el proletariado de este país se chupa el dedo. No saben que nosotros, aún en el peor de los casos, nunca

15

Abad de Santillán, D. (2 de febrero de 1925). Consideraciones sobre la propaganda revolucionaria en América. La Protesta. Suplemento Semanal. 16 Abad de Santillán, D. (19 de enero de 1924). ¿Fuera del movimiento internacional? La Protesta. En 1905, la FORA celebraba su V Congreso, por el que se adoptaba oficialmente el comunismo anárquico como ideología inspiradora. Otros ejemplos en: (2 de septiembre de 1923). Cuestiones internacionales, la independencia del anarquismo. La Protesta; Abad de Santillán, D. (4 de febrero de 1924). La Protesta. Suplemento Semanal. Ejemplar dedicado a la Conferencia de Insbruck; (27 de abril de 1928). Apuntes para el X Congreso de la FORA. La Protesta.

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podemos fracasar: la FORA tiene medios para crear una Internacional Continental. Aún sola, triunfa”17. Así, cabe mencionar que fue en este contexto de polémicas continuas en el que cristalizó la idea de crear una Asociación Continental Americana de Trabajadores (ACAT), que, aunque adherida a la Internacional de Berlín, en parte, se proyectaba con la intención de “presentar una cuña a la AIT, demostrando a los sindicalistas europeos la importancia de la FORA en el plano internacional”18. A la motivación identitaria se unía otra de tipo práctica, y es que el segundo gran motivo para fomentar la acción coordinada de los libertarios en el continente americano apunta, de nuevo, a la percepción del avance del "enemigo", de los sindicalistas y de los comunistas, que no obstante estaban propiciando también sus propias organizaciones hemisféricas. De hecho, no resulta extraño que la ACAT y la continental asociada a la ISR (la Confederación Sindical Latinoamericana) nacieran ambas en la misma fecha, la primera quincena de mayo de 1929, una en Buenos Aires y otra en Montevideo. Por otro lado, la prensa anarquista denunciaba constantemente los intentos de los sindicalistas de Ámsterdam de crear su propia filial en el continente, lo que les resultaba un poco difícil, decían, porque en América rivalizaban con otra continental de cuño reformista, la Federación Panamericana del Trabajo de Samuel Gompers, que, con la connivencia del gobierno estadounidense, pretendía la conquista del continente para facilitar la propagación del sistema capitalista19. La rivalidad continental iba, por tanto, en aumento. En este contexto, se explica que protestistas y foristas intentaran por todos los medios estrechar los lazos con los anarquistas mexicanos reunidos en torno a la Confederación General de los Trabajadores (CGT), pues sólo un movimiento fuerte allí conseguiría frenar la penetración del “monroísmo obrero”20. En mayo de 1929 estaban presentes nueve organizaciones libertarias americanas cuando nacía en Buenos Aires la ACAT. La precedía una intensa actividad de propaganda, desplegada desde Buenos Aires, Berlín (donde se encontraba Diego Abad de Santillán) y México, y que incluía correspondencia, circulación de prensa y folletos, giras de conferencias, y un largo etcétera, que son objeto de estudio en mi tesis doctoral. 17

Carta de Jorge Rey a Diego Abad de Santillán, 3 de febrero de 1923, IIHS, ADAS, C, carpeta 231. Carta de Emilio López Arango a Diego Abad de Santillán, 4 de octubre de 1925, IIHS, ADAS, C, carpeta 165. 19 Sobre el avance de las internacionales de Ámsterdam y de Moscú en el continente americano, véase, entre otros artículos: (5 de enero de 1929). El movimiento obrero en América y (23 de marzo de 1929). Los hilos de Moscú en el movimiento obrero continental. La Protesta. 20 Véase, entre otros artículos: (20 de marzo de 1929). El movimiento obrero continental y (15 de mayo de 1924). Los peligros del monroísmo obrero. La Protesta. La cita en el segundo. 18

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Resulta importante mencionar que en la propaganda que circuló viajaban también las polémicas internacionales que sostenían los argentinos y la imagen de que las ideas foristas y protestistas se imponían en Europa. De alguna manera, también habrá que dar cuenta del nacimiento, durante este proceso, de nuevas organizaciones y grupos libertarios en Centro América, Ecuador, Perú o Bolivia, y tratar de explicar la influencia que en su nacimiento y desarrollo tuvo el anarquismo argentino y su propaganda transfronteriza21.

3.

Los años 30: sobrevivir a la represión. "Anarquistas de España: Esperanza del Mundo"22

La década precedente fue testigo de cómo, poco a poco y respondiendo a necesidades varias, se había ido conformando un bloque de países latinoamericanos que sostenía posturas comunes en los congresos de la AIT. Pero lo cierto es que la ACAT no logró sostener durante mucho tiempo estos esfuerzos propagandísticos. Su periódico, La Continental Obrera, apenas logró salir durante trece números, hasta mediados de 1931. La proliferación de dictaduras militares en el continente, incluida Argentina desde el golpe de Estado de Uriburu en septiembre de 1930, complicó todavía más el proceso. Los años treinta, por tanto, presentan una coyuntura muy diferente, marcada, más si cabe, por la represión y por el surgimiento de nuevas propuestas de acción y práctica libertaria. Efectivamente, el inmovilismo de la FORA ante el golpe militar, junto con el fusilamiento, confinamiento o deportación de muchos de sus militantes y los procesos por "asociación ilícita" que soportó, coadyuvaron a su declive, al mismo tiempo que los conflictos internos que habían desgarrado al movimiento libertario se relajaron y surgieron nuevas alternativas de organización que también son objeto de mi tesis, como la Federación Anarco-Comunista Argentina (FACA), intento de "organización específica" del anarquismo rioplatense, y la Asociación Obrera Spartacus, cercana, como su propio nombre indica, al espartaquismo alemán. El movimiento al interior de Argentina se encontraba volcado en estas fechas en la ayuda a sus presos y en las labores culturales que tanto lo habían caracterizado, principalmente en la prensa y en la 21

Sobre la publicación de las polémicas sostenidas por Abad de Santillán en otros países de América véase, por ejemplo: (30 de marzo de 1924). El anarquismo en el movimiento obrero. Humanidad (México, D.F.). Sobre la expansión del modelo anarquista argentino se pueden citar algunos datos: en 1926 se creó la Federación Obrera Regional Chilena (FORCH), la Federación Obrera Local de La Paz y se publicaron sendas Protestas en Bolivia y Colombia, bajo el influjo de la FORA y La Protesta de Buenos Aires, respectivamente. 22 Rótulo con que encabeza La Protesta su número 7849, septiembre 1936.

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edición de libros y folletos23. Y al exterior puso todas sus esperanzas en la Península Ibérica: “(...) España es hoy el único reducto en que la libertad sale a la calle venciendo fascismo y reacción capitalista. Mientras toda Europa cayó bajo la bota de tiranos; mientras América desde el Norte hasta el Centro y Sud [sic] soporta férreas dictaduras económicas y políticas que imposibilitan toda manifestación revolucionaria, surge la península ibérica como un faro en la oscuridad medioeval"24.

Desde el 14 de abril de 1931 la mirada internacional de La Protesta se volcó en los españoles, "fuente inagotable de gestas hermosas y grandes", apoyando el ciclo insurreccional de los anarquistas durante el periodo republicano y olvidando toda discrepancia anterior. Desde julio de 1936 todos los recursos y los militantes, muchos de ellos físicamente, se desplazaron a la Península Ibérica, "esperanza del mundo", allá donde no había logrado triunfar el fascismo por la resistencia del pueblo; allá donde ningún Uriburu podría haber triunfado, allá donde "se dio muestras de pueblo macho, de mujeres hembras! [sic]"25. La identidad libertaria se jugaba en esas jornadas de lucha, y La Protesta, dejando a un lado el afán polemista de años anteriores, se mostró indignada cuando otros grupos libertarios de Argentina se mostraron críticos con la entrada de los anarquistas en el gobierno republicano o los sucesos de mayo26. Sin embargo, una vez se resolvió el conflicto a favor del franquismo, La Protesta se vio obligada a buscar otros referentes y dio un nuevo giro hacia América. En definitiva, derrotado el anarquismo en la Guerra Civil española, los protestistas clamaron la necesidad de revitalizar la continental americana como única esperanza para el movimiento anarquista mundial. Las hojas de la publicación volvieron a llenarse de noticias sobre los anarquistas chilenos, mexicanos o guatemaltecos y por un tiempo

23

Para la labor editorial del anarquismo en el periodo de Entreguerras véase la investigación de Luciana Anapios (2012). 24 (1 de julio de 1936). Después del Congreso de la Confederación [Zaragoza, mayo de 1936]. La Protesta. 25 De entre los innumerables artículos en apoyo a España, las citas se han extraído, respectivamente, de: (1 de junio de 1934). De la España revolucionaria y (15 de agosto de 1936). España pelea. La Protesta. 26 Véase, entre otros artículos: Latelaro, E. (1 de octubre de 1937). La contienda española y el proletariado mundial y (1 de enero de 1938). El triunfo rápido de la Revolución Social en España hubiera sido posible si el proletariado mundial hubiese acudido en su ayuda. La Protesta.

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se volvió a publicar La Continental27. Todo esto revela procesos identitarios de ida y vuelta, adaptativos y complejos, sobre los que habrá que seguir profundizando. Y confirma, en mi opinión, la idoneidad de aproximarnos a los procesos transnacionales que vivió el anarquismo argentino en el periodo de entreguerras desde una perspectiva social y cultural.

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27

Véase, entre otros artículos: (19 de julio de 1939). AIT. Servicio de prensa y Latelaro, E. (1 de septiembre de 1940). Es imperioso reorganizar la ACAT. La Protesta. La Continental (consultada en el IIHS) volvió a salir en Buenos Aires entre 1939 y 1942, durante 7 números.

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MESA 3. HISTORIA CULTURAL Carolina Rodríguez-López Universidad Complutense de Madrid

Sabida la compleja traslación que en la historiografía española ha tenido el término cultural history [Burke (2008)] y conocidos los plurales caminos que los historiadores españoles venimos transitando en el campo de la historia cultural [Rodríguez-López (2011)], los trabajos que fueron presentamos en la mesa correspondiente en las Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea, celebradas en la Universidad Complutense de Madrid en junio de 2012, encajan bien en tales derroteros y ofrecen una interesante panorámica sobre las preocupaciones que una nueva generación de investigadores plantean en ese terreno. Centrados en los temas considerados propios de la historia cultural o asimilados a ella gracias a su vecindad [Burke (2012)], los cuatro trabajos sobre los que discutimos y conversamos ofrecen además, miradas de alcance amplio que nos permiten enlazar algunas de sus propuestas. Andrea Fernández-Montesinos Gurruchaga en su comunicación titulada “Estereotipos nacionales: interrogaciones en torno a una investigación” centra su análisis, preferentemente en el análisis del concepto estereotipo y en la viabilidad de éste (o no) a la hora de explicar cómo plasmó la prensa francesa la noticia del comienzo de la guerra civil española. La autora detecta en los ocho periódicos que estudia a lo largo de los meses de julio y agosto de 1936, algunas de las razones básicas que, asociadas al carácter de lo español, justificarían que una nueva guerra civil se hubiera desatado: la tendencia al pronunciamiento para dirimir conflictos políticos, la facilidad para organizar guerrillas, la determinación geográfica y climática para entender el gusto por la sangre y la violencia y el impulso racial propio del temperamento español, entre otros. La autora indaga en los orígenes románticos de estos estereotipos y señala cómo las imágenes estereotipadas de España que Francia vino manejando -al menos desde comienzos del siglo XIX- facilitan también saber qué decía Francia de sí misma, al mismo tiempo. Del concepto estereotipo a la autora le interesan todas sus dimensiones pero, sobre todo, preferentemente, cómo la existencia de esos estereotipos condicionó procesos de toma de decisiones políticas y cómo nos permiten comprender sistemas completos de 160 

valores. En una investigación de la que aún quedan etapas por completar convendría indagar –como así parece ser la intención de la autora- en aspectos concretos tales como el grado de incidencia de esas imágenes estereotipadas a la hora, por ejemplo, de comprender la decisión francesa de no intervenir en la guerra civil española. Por su parte, a Maud Debieve le interesa, sobre todo, entender qué tipo de historia sobre España y sobre el País Vasco se ha venido planteando en los diversos manuales de enseñanza de la materia que se usan en la Comunidad Autónoma Vasca –o cómo en ella se ha plasmado un planteamiento claramente nacionalista. En su comunicación titulada “La escritura de la historia del nacionalismo vasco en los libros de texto difundidos en la

Comunidad

Autónoma

Vasca

entre

1979

y

1998”

Debieve

indaga,

fundamentalmente, en la normativa (nacional y autonómica) relativa a los contenidos, estructura y uso de esos manuales, asunto de no fácil resolución. Una vez conocido el proceso político-administrativo que da lugar al diseño de los libros procedería profundizar más en dos aspectos que la autora ahora sólo esboza: qué libros son los que finalmente se usaron y qué contenidos específicos ofrecieron para la explicación de la historia de España y para la impartición de docencia sobre historia del País Vasco. Una mirada comparada a otras comunidades autónomas y un mejor anclaje en el amplio debate sobre el nacionalismo –en el que la autora ya comienza a adentrarse- ofrecerán sin duda interesantes resultados más acabados. El trabajo de Irene Moreno es, sin duda, el que se encuentra en una fase de elaboración más avanzada. Bajo el título “El concepto de ‘generación’ en la generación del 56. Usos políticos y cuestiones metodológicas” la autora se adentra en las posibilidades analíticas que el enfoque generacional ofrece a su investigación sobre la generación de escritores españoles que en torno al año 1956 se consolidaron como grupo opositor en plena dictadura franquista. Ellos mismos, como la autora señala, usaron con fines políticos e identitarios el concepto de generación y en ellos –como sujeto colectivo- se observan rasgos claros de cambio y ruptura con respecto al contexto político e intelectual en el que sus vidas venían desarrollándose. Funciona, por tanto, el enfoque generacional propuesto al que la autora añade el propio de la teoría de redes, por ejemplo y el análisis prosopográfico. Ambos servirán, sin duda, para evitar riesgos homogenizadores ya detectados en el enfoque generacional básico si lo que se quiere es avanzar un retrato completo del grupo de intelectuales abordados. Una mirada comparada a generaciones disidentes afines podría engarzar de manera clara y original este estudio con otros en boga en otras historiografías. Pensamos por ejemplo en 161 

intelectuales como Rudolf Bahro (en la RDA), Adam Michnik (en Polonia) o al grupo Carta 77 congregado en torno a Vaclav Havel en Checoslovaquia. Formados todos ellos –como Carlos Busoño y como Goytisolo- bajo regímenes dictatoriales todos ellos también articularon diversas fórmulas para zafarse de la presión política y sus caminos intelectuales en la disidencia bien merecerían también aquí atención. Estereotipos manejados ante un estallido bélico, imágenes exóticas de una España decimonónica a los ojos de un difícilmente clasificable fotógrafo inglés; estrategias y propuestas nacionalistas en el diseño de libros de uso escolar e indagación en la viabilidad del enfoque generacional para un estudio que va más allá de la historia intelectual es lo que el lector encontrará en las páginas que siguen.  

BIBLIOGRAFÍA Burke, P. (2008). Problems of Cultural History. En Burke, P.: What is Cultural History, (pp. 20-30).Cambridge: Polity. Burke, P. (2012). “Cultural History and its Neighbours”, Culture & History digital Journal, 1(1).doi: http://dx.doi.orh/10.3989/chdj.2012.006. Recuperado de http://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory/article/view Article/7/25.

Rodríguez-López, C. (2011). Cultural History in Spain. History of Culture and Cultural History: same paths and outcomes? En Rogge, J. (ed.). Cultural History in Europe. Institutions-Themes-Perspectives, (pp. 211-238). Bielefeld: Transcript Verlag.

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IDENTIDAD NACIONAL EN LOS LIBROS DE TEXTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA. LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE CASO: LAS PRIMERAS ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DEMOCRÁTICAS DEL CICLO MEDIO DE EGB ELABORADAS POR EL ESTADO

Maud Debieve Universidad Complutense de Madrid

En la España contemporánea, según Pérez Garzón, Manzano, Lopez y Rivière (2000), la historia, en su articulación como saber, desempeñó el papel de hacer españoles. En las últimas décadas del siglo XX, en el proceso de cambio que vive España de una dictadura a una democracia, había que concienciar a los nuevos ciudadanos sobre las transformaciones que ocurrían en su propio país, y sobre todo, formar a los jóvenes españoles. En este proceso, la educación en tanto que instrumento que dota al hombre moderno de una identidad (Gellner, 2008) desempeñará un papel importante debido a que establece los límites de la cultura en la cual el hombre se educó que se transforman en los límites del mundo en el cual sabe vivir. De esta forma y sirviéndose de la educación el Estado define los sustratos culturales homogéneos creando las condiciones para que dichos ciudadanos adquieran capacidades y hábitos en tanto que miembros de una sociedad. Para poder cumplir con esos objetivos, el Estado debe crear un entorno común, mínimo y único, en que los miembros de la sociedad puedan respirar, sobrevivir y producir y así asegurarse su lealtad. Tratándose de una sociedad determinada, debe ser un entorno en el que puedan hacerlo todos, es decir una misma cultura, entendida como el arte, la moral, el folklore y la religión, los derechos, las costumbres y creencias sociales, la política y la ideología, y los conocimientos que tiene que poseer el hombre como miembro de una sociedad. (Figes, 2010) Sin embargo desde los inicios de la actual democracia española y en razón de la presencia de los nacionalismos periféricos, el Estado se elaboró de tal forma que compartiera poderes y competencias en materia educativa con las Comunidades Autónomas. Entonces, aunque el Estado se haya reservado la competencia para determinar las enseñanzas mínimas, el País Vasco, Cataluña y Galicia obtuvieron 163 

competencias en Educación. En lo que se refiere al País Vasco, a partir de la aprobación del Estatuto de Guernica el 25 de octubre de 1979, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) podía determinar los contenidos de enseñanza y autorizar el conjunto del material didáctico que los profesores usarían en sus clases1 . Por lo tanto en el País Vasco, la tarea de hacer españoles iba a ser compartida entre el Estado y la CAV. A través de este trabajo procederemos, en un principio, a la introducción del marco general de la tesis doctoral en la que se enmarca esta presentación, seguido de la descripción de los fundamentos teóricos y de las fuentes primarias utilizadas, en este caso los libros de texto y los textos legales referidos a educación, publicados tanto por el Estado como por el Gobierno Vasco. Y finalmente presentaremos algunas conclusiones del análisis de las primeras Orientaciones Pedagógicas de la democracia para el ciclo medio de la Educación General Básica (EGB) elaboradas por el Ministerio de Educación y Cultura y en vigor hasta la reforma educativa de 1990. El conjunto de las orientaciones pedagógicas se redactó del mismo modo para todos los ciclos de la enseñanza obligatoria y a partir de éstas, la CAV compuso sus propios contenidos de enseñanza que permitieron la redacción y edición de los libros de texto específicos.

1.

Marco general: Descripción de la tesis doctoral

Este trabajo se enmarca en mi investigación doctoral cuyo propósito es estudiar la idea de conciencia nacional que se transmitió en la Comunidad Autónoma Vasca a través de los libros de texto autorizados por el Gobierno Vasco entre 1979 y 1998. La elección del período corresponde a una voluntad de análisis de los enfoques de los partidos políticos con respecto a la trasmisión de la historia y de la conciencia nacional. En efecto, si durante todo el período estudiado el Partido Nacionalista Vasco ocupó la presidencia del Gobierno Vasco, la Consejería de Educación fue dirigida por varios partidos: El Partido Nacionalista Vasco (04/1980-03/1987), el Partido Socialista de Euskadi (03/1987-02/1991 y 09/1991-01/1995) y Eusko-Alkartasuna (02/1991-09/1991 y 01/1995-12/1998). Entonces durante estos veinte años es posible confrontar los puntos de vista de varios partidos dentro de un gobierno en el que los primeros ejercían la mayoría, del mismo modo que se puede estudiar cómo la CAV adaptaba las reformas 1

En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30º de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. Estatuto de Autonomía del País Vasco, art.16.

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procedentes desde un Estado central dirigido por la Unión de Centro Democrático (1977-1982), el Partido Socialista Obrero Español (1982-1996), y en los dos últimos años por el Partido Popular (1996-2004). Si consideramos con Gellner (2008), que las naciones comparten un sistema de signos, ideas, modos de conducta y comunicación, en definitiva una cultura, y que la lengua es el instrumento que fija esta cultura, la aparición del Estado contemporáneo después de la Revolución francesa y sobre todo después de la revolución industrial, garantizó, porque lo necesitaba para su desarrollo, la difusión de la cultura de forma efectiva y uniforme. El principio del proceso de alfabetización controlado por el Estado facultó la creación de identidades generalizadas así cómo la definición de la nación mediante la cultura común, lo que permitió que el Estado asentara su poder asegurándose la legitimidad de sus ciudadanos mediante la formación de identidades colectivas que aceptaban su dominación. Por lo tanto el Estado tuvo que asumir la estructura educativa, por razones de coste, infraestructura, y porque la función educativa fue primordial para su proceso de legitimación. Cuando no existe convergencia entre las unidades culturales y políticas, es decir cuando los ciudadanos no sienten “comunión” cultural con sus dirigentes políticos, las identidades colectivas pueden cuestionar el marco del Estado nacional (Girardet 1996). Entonces, si consideramos que una de las definiciones del nacionalismo lo caracteriza como un principio político que sostiene una congruencia entre la unidad cultural y la unidad política, la tesis analizaría hasta qué punto los libros de texto reflejan esta congruencia con el Estado o con la CAV. Para Girardet (1996), existen tres tipos de nacionalismos. El primero se expresa como manifestación del carácter nacional y adquiere una significación política cuando se aplica a las reivindicaciones de nacionalidades sometidas a una dominación de naturaleza extranjera. Se caracteriza como un sistema de pensamiento basado en la afirmación de la defensa de los valores e intereses nacionales. El segundo, es un nacionalismo de tipo difuso cuya expresión se encuentra más allá de los partidos o agrupamientos que se reivindican de la etiqueta nacionalista. Y finalmente, un tercer nacionalismo organizado, estructurado, que se reclama de doctrinas netamente definidas y de las que algunos partidos claramente diferenciados se hacen intérpretes. Este es el nacionalismo de los nacionalistas. Este nacionalismo sería incomprensible si no coincidiera con la presencia del nacionalismo difuso, de opinión general a partir del cual se desarrolla y recibe sus 165 

temas, sus consignas y marcos de expresión. Si consideramos este último como sentimiento identitario repartido entre la población del País Vasco, podemos definir el nacionalismo de los partidos nacionalistas vascos como el segundo. Entonces, el nacionalismo del Estado, el que difunde los valores básicos compartidos por los ciudadanos y necesario al funcionamiento del Estado, podría entrar en conflicto con éste, y manifestarse en los libros de texto. Como dijimos anteriormente, la Consejería de Educación de la CAV tiene competencia para autorizar libros de texto y redactar y publicar en el Boletín Oficial del País Vasco los contenidos de enseñanza. De esta forma, uno de los propósitos de la tesis doctoral será determinar si evolucionan y cómo, primero en función de las reformas educativas, orientaciones pedagógicas y currículos escolares publicados en el BOE y segundo en función del partido en el poder en el País Vasco. Existen varias maneras de analizar la transmisión por la institución educativa de la historia del nacionalismo vasco. Una de ellas puede ser a través de entrevistas con los alumnos para ver los resultados de esta transmisión. Sin embargo, dado que los alumnos viven en un entorno social sensible a los discursos ajenos al de la institución escolar (familia, entorno y medios de comunicación), no se tendría una imagen exacta del resultado de esta transmisión. Se puede estudiar también el discurso de los profesores en clase como fuente oral, lo que dado la naturaleza misma de la fuente y las libertades de enseñanza y de cátedra acordadas por el Estado a los profesores, no reflejaría exactamente el contenido de la historia oficial. Por otra parte, los libros de texto, al ser por su propia naturaleza unas fuentes escritas controladas por el Estado y la CAV, aparecen como la manera más concreta de aproximarse al discurso oficial que el Estado quiere transmitir para la formación de sus ciudadanos.

2.

Descripción de las fuentes: libros de texto y textos legislativos referentes a la educación

Es en 1981 cuando encontramos las primeras disposiciones legales referidas a ordenación de Educación General Básica (EGB) y a enseñanzas mínimas. Las ordenaciones de la Educación Básica son Reales Decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado. En derecho, un Real Decreto (RD) es una disposición administrativa estatal de carácter general y de rango inferior a la Ley. Expresa una norma jurídica, el poder de creación de Derecho a los poderes del Estado, en este caso al poder Ejecutivo.

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No se aprueba por el Parlamento por razones prácticas porque sirve para realizar regulaciones de materias concretas rigorosas y se considera que al Parlamento le resultaría imposible entrar en tantos detalles de una materia. Es una potestad que se atribuye por la Constitución a la Administración sin prejuicio de la legislación ordinaria. (González, 2010) Para el periodo anterior a 1990, existen dos clases de RD que se refieren a los contenidos de enseñanza. El primer tipo establece las Orientaciones Pedagógicas mínimas para todo el ciclo. Se puede encontrar una justificación de los nuevos contenidos y de su necesidad, y una parte compuesta por los anexos que organizan las enseñanzas del conjunto del ciclo en asignaturas y bloques temáticos. En segundo lugar, se publica otro RD que desarrolla la forma de ascender de curso, los procesos de evaluación, la aplicación de las Orientaciones Pedagógicas por curso y asignatura así como el tiempo que se dedicará a cada una de ella dentro de la semana escolar. El contenido de las Orientaciones Pedagógicas del primer tipo de RD y su desarrollo posterior determinan la estrategia educativa, la elaboración de los libros de texto y el comportamiento del profesor como agente de la sociedad transmisor de los objetivos que ésta considera necesaria para su funcionamiento. El primer RD de la democracia que se publicó en referencia a contenidos de enseñanza justificaba la nueva ordenación del sistema educativo de esta forma:

“La experiencia recogida durante su aplicación [Órdenes Ministeriales de la Ley de Educación de 1970], el progreso científico-pedagógico acontecido en estos años y las importantes transformaciones experimentadas en España aconsejaban una profunda revisión de la ordenación escolar para adecuarla a las nuevas necesidades y condiciones de la sociedad actual. […] Con esta regulación se pretende garantizar a todos los niños españoles una base cultural homogénea que puede ser ampliada y diversificada de acuerdo con las características propias de cada región o nacionalidad, en el ejercicio que les confieren sus respectivos Estatutos de Autonomía.”2

Al democratizarse, la sociedad española experimentó profundas e importantes transformaciones que indujeron nuevas necesidades en la formación de los ciudadanos que la componían y por lo tanto nuevos contenidos de enseñanza. Además, el Estado pretendía ofrecer a todos sus ciudadanos una base cultural homogénea, garantizada por 2

REAL DECRETO 69/1981 de 9 de enero, de ordenación de la Educación General Básica y fijación de las enseñanzas mínimas para el Ciclo Inicial.

167 

el contenido de las enseñanzas mínimas que se exponen en el RD sin perjuicio del consenso logrado durante la Transición que garantizó a las Comunidades Autónomas el derecho a desarrollar sus competencias en educación y a elaborar sus propios contenidos respetando las bases dadas por el Estado. Para completar estos principios, el Real Decreto que fija las enseñanzas del Ciclo Medio de la EGB publicado en el BOE de 16 de abril de 1982 añade la voluntad de “incorporar al hecho educativo los principios y valores establecidos por la Constitución3”. Con este propósito se detecta perfectamente la intención de enraizar la nueva base democrática del Estado en la sociedad. Con el objetivo de garantizar el respeto máximo a las decisiones del Estado dentro de los Centros, la segunda parte de los Reales Decretos enumera las instrucciones a las que deben atenerse los Profesores, Directores de Centros y toda la Institución Escolar. Establece el curso académico en el que se harán efectivos estos contenidos, precisa que las medidas afectarán a todos los alumnos del territorio español y el artículo 9 de los dos RD dispone: “Los libros y material didáctico del ciclo deberán atenerse a las enseñanzas mínimas establecidas en el presente Decreto”. Es decir, que además de establecer los contenidos mínimos que se van a enseñar, el Estado controla también el material de apoyo que los profesores usarán para hacer efectiva la transmisión de los mismos. De hecho se publica en el BOE la lista de los libros de texto autorizados por editorial, curso y año. Sin embargo, en el momento de recopilar estas fuentes, constatamos una diferencia muy importante entre los libros publicados y los libros autorizados, en efecto, sin tomar en cuenta las reimpresiones, hay una cantidad considerable de libros publicados que no aparecen en las listas de libros autorizados por el Gobierno y de las Comunidades Autónomas. En un trabajo reciente sobre los libros de texto en lengua castellana utilizados en la CAV, Carmen Camps Peman afirma:

“Una de las interrogantes que se plantean a la luz de los resultados de las investigaciones reseñadas es cómo llevan a cabo las distintas instancias de la administración educativa (M.E.C. y Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, en nuestro caso) los procesos de supervisión y autorización de materiales curriculares que, según la opinión de distintos expertos, no siguen las disposiciones propuestas por dichas instancias.” (2010, p. 120). 3

REAL DECRETO 710/1982, de 12 de febrero.

168 

Además a partir de 1992, ya no encontramos ningún RD publicado sobre autorización de libros de texto:

“Desde ese año de 1992, los responsables gubernativos, sean estatales o autonómicos, no controlan ni censuran, ni ven los textos y materiales hasta que se encuentran ya a la venta, y sólo previamente aprueban el plan editorial en el que se exponen los contenidos curriculares y trasversales, precisamente para cumplir esa tarea constitucional que debe desplegar el Estado, la de formar ciudadanos libres, democráticos y tolerantes.” (Sisinio et al. 2000, p. 13).

En efecto en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, el artículo 57.2 deja en mano de las Administraciones Educativas la elaboración de “materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado.” Asimismo, el RD que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria afirma que “El Ministerio de Educación y Ciencia fomentará la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del currículo y dictará disposiciones que orienten el trabajo de los profesores en este sentido4”. Es decir que a partir de la LOGSE y de la publicación de los currículos derivados de esta ley, el Estado ya no controla en absoluto el contenido de los libros de texto ni de la historia oficial transmitida en estos materiales antes de su publicación. En lo que se refiere a la elección de la asignatura de los libros de texto a analizar, consideramos que la Historia está incluida en las disciplinas que conforman el conjunto de las Ciencias Sociales entre la Geografía, la Psicología, la Antropología, la Pedagogía, el Arte, la Sociología, la Política y la Economía. A partir de la Ley General de Educación (1970) encontramos en los programas educativos el término Ciencias Sociales utilizado a partir del segundo ciclo de la EGB y en el ciclo superior. Con la LOGSE, la Historia y la Geografía vuelven a recuperar su nombre. Por lo tanto, el corpus utilizado para la tesis comprenderá los libros de texto de ciencias sociales a lo largo de los ciclos medio y superior de EGB (hasta 1990) y los libros de geografía e historia de ESO, considerando que: “ha sido una constante la utilización de la enseñanza de la geografía e historia para inculcar determinadas ideas o ideologías y más, si cabe, determinados sentimientos de identidad nacional, patriotismo, etc.” (Oyarzabal, 1994, p. 49). 4

REAL DECRETO 1345/1991 de 6 de septiembre.

169 

Queda por determinar la elección precisa de los libros de texto que se analizarán en el primer ciclo de la EGB y en los ciclos de educación primaria de la ESO, donde nuestras primeras investigaciones nos llevan a pensar que las asignaturas respectivamente tituladas Experiencia Social y Natural (primer ciclo EGB) y Conocimiento del Medio (Educación primaria LOGSE) podrían asimilarse a temas de Ciencias Sociales ya que además las editoriales proceden a la división de los libros en dos partes: Natural y Social. Finalmente y para cerrar esta presentación de las fuentes, hay que añadir que el desarrollo de la política autónoma de la CAV ha permitido una configuración del sistema educativo en varios modelos, A, B, D, X. El modelo A, contempla una enseñanza en castellano con el euskera como asignatura. El modelo B, imparte distintas materias en castellano y en euskera, de una forma equitativa, además de la enseñanza del euskera y del castellano. El modelo D, permite que todas las materias se impartan en euskera, excepto la asignatura del castellano. El modelo X, está reservado a los alumnos que van a tener una escolaridad en la CAV transitoria y quedan exentos del aprendizaje del euskera. Este modelo educativo se implanta a partir del año 82 y a lo largo de su evolución podemos constatar un aumento regular de los modelos D y B en detrimento del modelo A (Dávila, 2003). El corpus analizado en esta tesis comprenderá los libros de textos autorizados por el Gobierno Vasco intentando compararles, cuando sea posible, con los que autorizó el Ministerio de Educación para su uso en el conjunto del Estado. Para obtener un punto de vista más amplio antes de 1990 y un punto de referencia después de esta reforma nos basaremos en las cifras de ventas de libros de texto publicadas anualmente por la Asociación Nacional de Editores del Libro Escolar. Por razones de idioma, esta tesis analizará los libros de Ciencias Sociales, Historia, y Geografía publicados en castellano, teniendo así un panorama de los modelos A y B.

3. Primeras orientaciones pedagógicas de la democracia para el Ciclo Medio de la Educación General Básica elaboradas por el Ministerio de Educación y Cultura y en vigor hasta la reforma educativa de 1990. El punto de partida de esta tesis era que al tener las competencias en Educación, la CAV controlaba enteramente el contenido de la enseñanza en su seno, y que por lo tanto el poder político orientaba los contenidos educativos de la forma que más le conviniera.

170 

Según el historiador Marc Ferro (2004, p. 14):

“L’image que nous avons des autres peuples, ou de nous-mêmes, est associée à l’Histoire qu’on nous a raconté quand nous étions enfants. Elle nous marque pour l’existence entière. Sur cette représentation, qui est aussi pour chacun une découverte du monde, du passé des sociétés, se greffent ensuite des opinions, des idées fugitives ou durables, comme un amour… alors que demeurent, indélébiles, les traces de nos premières émotions”.

Por consiguiente, la idea general era que el poder ejercido por el Partido Nacionalista Vasco en la CAV orientaba el contenido de la Historia hacia un estilo nacional propio, transmitiendo a través de la enseñanza de la Historia unos mitos que desempeñan un papel relevante en la concepción de ideas políticas, desarrollo de la nación, de la identidad nacional y personal (Figes, 2010). No obstante, a medida que sigue avanzando el trabajo de investigación, esta idea de autonomía en la determinación del contenido educativo se va matizando teniendo en cuenta el papel destacable del Estado español en la elaboración de los programas educativos. Para ilustrar esta idea, presentamos aquí algunas conclusiones del análisis de las primeras orientaciones pedagógicas post-constitucionales en Ciencias Sociales para el Ciclo Medio de la Educación General Básica, publicadas en 1981. En el contenido del RD 710/1982 de 12 de febrero que fija las enseñanzas mínimas para el ciclo medio de la EGB se constata la organización de la asignatura de Ciencias Sociales en 7 bloques temáticos que son: - La localidad - La comarca - La región o nacionalidad - Iniciación al Estudio de España - Iniciación a la geografía general - Técnicas de trabajo - Comportamiento cívico-social Ya que los tres últimos bloques tratan aspectos propiamente metodológicos o enseñanza de conceptos generales presentaremos aquí las conclusiones del análisis de los cuatro bloques cuyo contenido está delimitado por la organización geográfica del territorio (localidad, comarca, región o nacionalidad, iniciación al estudio de España). En nuestra opinión, esta organización territorial desde el nivel más cercano al alumno nos revela la presencia de una idea preponderante de comunidad, mientras que en el 171 

bloque Iniciación al Estudio de España, cuya representación mental es más abstracta para alumnos de estas edades (Molero, 1999) se da más importancia a la idea de historia de personajes, a la creación de personajes míticos. En los puntos localidad, comarca, región o nacionalidad, se insiste sobre la transmisión de tradiciones y fiestas, leyendas, vida, cultura, folklore, hechos y manifestaciones lingüísticas. La mayoría de las veces, estos puntos se repiten para cada entidad territorial excepto para la Iniciación al estudio de España, en el que se mencionan únicamente las conmemoraciones nacionales. Si consideramos con Anne Marie Thiesse que la identidad colectiva necesita

“une histoire établissant la continuité avec les grands ancêtres, une série de héros parangons des vertus nationales, une langue, des monuments culturels, un folklore, des hauts lieux et un paysage typique, une mentalité particulière, des représentations officielles et des identifications pittoresques” (Thiesse, M. 2001, p. 14).

Podemos decir que la identidad colectiva que se transmite a los alumnos de ciclo Medio de EGB desde el Estado parte de una idea local y regional. El conjunto de elementos a transmitir por parte del profesor y a estudiar por parte del alumno, revela una idea de comunidad que comparte los mismos modos y formas de vida así como los mismos personajes de referencia sobre todo en los niveles territoriales de localidad, comarca y región o nacionalidad, los más cercanos físicamente al alumno. Si la idea de nación se inscribe en el principio de una comunidad atemporal cuya legitimidad reside en la preservación de una herencia, la idea de comunidad trasmitida por las orientaciones pedagógicas del ciclo medio ilustra perfectamente este principio pero no le transpone al nivel nacional, es decir que constatamos una idea muy débil de la transmisión de estos puntos en el bloque temático titulado Iniciación al Estudio de España. En lo que se refiere a la enseñanza de la historia, considerada aquí como narración de los hechos del pasado, en las orientaciones pedagógicas hay una voluntad de dar conocimientos sobre el pasado a los alumnos a fin de que puedan conocer los orígenes e historia de su localidad, así como la aportación del pasado a su región y los rasgos más destacados de las formas de vida del hombre en España durante la Prehistoria, la época romana en la Edad Media, la Edad Moderna y en la sociedad industrial. Es decir, se pretende dar una legitimidad temporal al entorno de los alumnos, del que 172 

podrán reconocer la manifestación en el presente, estudiando un monumento o huella representativa del pasado, a fin de darle una idea de continuidad a su entorno. La parte más amplia de conocimientos históricos a transmitir se refiere al bloque temático Iniciación al estudio de España y no tiene casi ningún elemento referido a la comunidad. Entonces, parece que existe una contradicción en el sentido en que los alumnos tienen que estudiar detenidamente las costumbres y tradiciones que les son más cercanas, mientras que la mayoría del estudio de la legitimidad del presente se refiere a la entidad territorial más lejana y por tanto más abstracta para ellos. Según Sisinio (2000, p. 21): “La selección de hechos y de personajes, desde su nivel más sencillo al más complejo, ya es toda una creación de referencias de identidad y de valores para el presente”. Entonces, al analizar los libros de texto se podrá deducir la imagen o las imágenes que el Estado desea que sus alumnos tengan del pasado en el presente. De igual manera se podrá también establecer si las referencias que se dan en los niveles territoriales local, comarcal y de la región o nacionalidad se corresponden con las de España o si entran en contradicción favoreciendo la emergencia de identidades y valores diferenciados. En lo que se refiere a la representación del Estado, si consideramos que es la especialización y concentración del mantenimiento del orden (Gellner, 2008), su presencia es bastante débil en las orientaciones pedagógicas del ciclo medio. En el bloque temático de la comarca, está totalmente ausente, pero en los demás niveles territoriales, los alumnos tendrán que saber identificar reconocer y respetar las diferentes instituciones que lo representan. En el nivel de las instituciones locales, tendrán que conocer el Gobierno de la localidad y del Municipio, el funcionamiento del Ayuntamiento y las formas de participación de los ciudadanos en el Gobierno de la localidad. Además, tendrán que conocer las principales instituciones de la provincia y región o nacionalidad, valorar sus funciones y habituarse a respetar las normas que emanan de las mismas. En el bloque Iniciación al Estudio de España deberán conocer, valorar y respetar las principales Instituciones del Estado establecidas en la Constitución (Monarquía, Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial, Fuerzas Armadas) y las funciones que les corresponden). Constatamos la presencia de toda la maquinaria institucional que los alumnos deberán respetar, y en la que tendrán la oportunidad de participar. Estos puntos aparecen como los últimos de cada bloque pedagógico. Por consiguiente, después de haber insistido en la idea de comunidad, el Estado establece que los alumnos tendrán que 173 

conocer las normas jurídicas por las cuales se regirá dicha comunidad, partiendo del nivel local hacia el nivel estatal. Por otra parte, las orientaciones pedagógicas insisten en la facultad de identificación y respeto de los símbolos de la localidad, de la región o nacionalidad, y de España: bandera, escudo e himno nacional. En los niveles locales, no se precisan los símbolos que los alumnos tendrán que identificar, es decir que aquí se deja a los profesores un margen bastante importante para establecer cuáles son los símbolos le la localidad, región o nacionalidad en la que se encuentran. Sin embargo, esta imprecisión también puede deberse a que en la fecha en la que se publicaron las orientaciones pedagógicas no todos los Estatutos de Autonomía estaban aprobados y por lo tanto, no todas las Comunidades Autónomas disponían de símbolos recogidos por la legalidad. La concepción de la nación se establece siempre en relación con la definición de un espacio territorial, evidenciado por una soberanía compartida y delimitado por fronteras establecidas jurídicamente (Girardet, 1996). Al tener conocimiento de los símbolos del Estado en esas edades tempranas, los alumnos aprenderán a discernir los límites territoriales del Estado y a aceptar la autoridad de las instituciones que lo representan dentro de esos límites. Al transmitir, dentro de una misma asignatura y por lo tanto dentro de un mismo libro de texto y con el mismo profesor, la idea de comunidad y la idea de que toda comunidad debe respetar, conocer y participar en las instituciones del Estado, éste se garantiza la legitimidad que necesita para su funcionamiento. A nuestro parecer, las orientaciones pedagógicas del Ciclo Medio delimitan para los niveles referidos a la organización territorial dos ideas principales. La primera gira en torno a una concepción de comunidad muy amplia, que comparte las mismas tradiciones, leyendas, fiestas y folklore, elementos definidores de la identidad nacional, pero con presencia muy fuerte en los niveles local, comarcal y de la región o nacionalidad, y más débil en el nivel del Estudio de España. Por otra parte, la idea de que esta comunidad comparte las mismas instituciones y los mismos símbolos, es decir que está regida por las mismas normas, está bastante repartida en función del nivel de Gobierno territorial. Es decir, que se dedica más importancia y más espacio dentro del RD a la descripción de las instituciones del Estado español que a las del Ayuntamiento o de la Comunidad Autónoma por ejemplo. Para completar este estudio, queda por estudiar las orientaciones pedagógicas propias del Gobierno Vasco y realizar un análisis comparativo entre éstas y aquellas para determinar si los contenidos de enseñanza 174 

elaborados por la CAV se adecuan a los que el Estado preconiza. En tercer lugar, habrá que estudiar y analizar la forma cómo se plasman esos contenidos en los libros de texto de las asignaturas correspondientes tanto en los libros que fueron destinados al conjunto del territorio español como a los que se destinaron específicamente a la Comunidad Autónoma Vasca.

Bibliografía

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La nación vasca posible, el nacionalismo democrático en la

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ESTEREOTIPOS NACIONALES: INTERROGANTES EN TORNO A UNA INVESTIGACIÓN

Andrea Fernández-Montesinos Gurruchaga Universidad Complutense de Madrid

1.

Introducción

“Le bruit courait hier soir à Madrid, sans qu’il soit possible d’en obtenir confirmation officielle, que des incidents auraient éclaté dans certains ports espagnols (…) ainsi que dans la région de Ceuta”1. Era el 18 de julio de 1936 y la prensa francesa recogía, aún con mucha vaguedad, el golpe de estado militar encabezado por Franco desde Marruecos. Al día siguiente, los periódicos Le temps y Le Petit Parisien se preguntaban desconcertados: “Que ce passe-t-il en Espagne?” 2 . Ese mismo día aparecían ya las primeras respuestas: “Un mouvement militaire a éclaté parmi la garnison de la zone espagnole du Maroc. Dans la péninsule, l’ordre n’a pas été troublé”3, o la versión más detallada de Le Petit Parisien:

“Sédition militaire au Maroc espagnol. Les mutins paraissent maîtres de tout le territoire. Le gouvernement de Madrid affirme cependant que le mouvement est strictement limité au protectorat. Suivant certains renseignements, des détachements de rebelles auraient débarqué sur la côte de l’Espagne. D’autre part, les troupes se seraient également soulevées aux Canaries.”4

Menos ambíguo se mostraba L’Humanité que señalaba claramente el origen de la insurreción: el fascismo: “Rébellion contre la République. Insurrection fasciste au Maroc espagnol” 5 ; en la misma línea, el titular de Le Populaire decía: “L’extrême tentative du fascisme en Espagne”6. Al día siguiente, 20 de julio, los titulares de varios 1

(18/07/1936). Actualités internationales. Le Figaro, p. 5. (19/07/1936). La situation en Espagne. Le Temps, p. 2 y (19/07/1936). Que se passe-t-il en Espagne?. Le Petit Parisien, p. 1. 3 (19/07/1936). Les événements d’Espagne. Le Temps, , p. 6. 4 (19/07/1936). Que se passe-t-il en Espagne?”, Le Petit Parisien, p.1. 5 Duclos, J. (19/07/1936). Rébellion contre la République. Insurrection fasciste au Maroc espagnol. L’Humanité, p.1. 6 Leroux, A. (19/07/1936). “L’extrême tentative du fascisme en Espagne”. Le Populaire, p. 3; el artículo no dejaba lugar a dudas: “On ne peut avoir aucun doute: la rébellion militaire qui vient d’éclater au 2

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periódicos hablaban ya de guerra civil7. Pero ¿cuál era la razón de esa guerra? Para responder a esta pregunta voy a dejar de lado las explicaciones ideológicas 8 (entendiendo ideología de manera tradicional –derecha, centro, izquierda- con todos sus posibles matices y derivaciones) para centrarme en las explicaciones basadas en el carácter nacional español y, más concretamente, en los estereotipos nacionales entendidos como “collective representations, loaded with positive or negative judgments about a nation or people which are linked to one’s own sense of national identity. National stereotypes are images about “the other” which are communicated by using ready-made generalisations, often with an emotional loading.” (Villain-Gandossi y Berting, 1994, p. 30) Es decir, representaciones colectivas, positivas o negativas, que se comunican a través de generalizaciones y elementos prefabricados que, con frecuencia, tienen una carga emocional y que, además, están relacionadas con la identidad nacional propia. El objetivo principal de esta comunicación es, por lo tanto, presentar una reflexión abierta en torno a la cuestión de los estereotipos nacionales utilizando como ejemplo ilustrativo las explicaciones que la prensa francesa dio de la guerra civil española entre los meses de julio y agosto de 1936. El estereotipo es una noción fundamental en la vida cotidiana de cada uno y como bien dice Stangor “Stereotypes matter because they are part and parcel of our everyday life -they influence our judgments and behavior towards individuals, often entirely out of our awareness (...). They become part of our everyday language.” (Stangor, 2009, p. 9). La principal fuente de este trabajo será la prensa a partir de una selección de 8 títulos de tirada nacional: desde la extrema izquierda comunista, L’Humanité; a la extrema derecha cercana al fascismo, Gringoire, antisemita y antiparlamentario, y Candide, defensor de las ideas de Maurras, pasando por periódicos conservadores, Le Temps, anticomunista, indulgente con la Italia de Musolini y la España de Franco, defensor de una fuerte alianza con Gran Bretaña, Le Figaro, moderado, partidario de los acuerdos de Munich, pero muy crítico con el peligro nazi, y Le Petit Parisien, de centro, aunque al parecer tuvo algún problema con sus reporteros liberales. A los que se añade un semanario humorístico, Le Canard Enchaîné, de izquierdas, anticolonialista, Maroc fait partie d’un plan offensif contre le régime républicain, plan auquel les droites travaillent depuis plusieurs mois.” 7 (20/07/1936). Le Petit Parisien, Le Figaro y L’Humanité, p. 1. Poco a poco se fueron sumando los demás: el día 23 Le Temps, Candide y Le Populaire y el 25 L’Illustration. 8 No voy a entrar en el debate de la diferencia o similitud entre la ideología y las representaciones sociales. Para ello ver Aebischer, Deconchy y Lipiansky (1992).

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anticlerical y pacifista, y uno ilustrado, L’Illustration, claramente hostil a la política del Frente Popular. Por otro lado, además de señalar el estereotipo francés de “lo español” también intentaré desentrañar qué podia decir Francia de sí misma al caracterizar a España con ciertas imágenes estereotipadas.

2.

El estereotipo: ¿un elemento útil y necesario?

Algunos autores señalan que el estereotipo tiene una o varias funciones en la comunicación entre las personas, incluso hay quien lo entiende como algo casi necesario para que el que escribe pueda conectar con su destinatario: “Peut-être que certains stéréotypes s’imposent doublement dans le récit de voyage, au moment de la perception de l’étranger, et au moment de la narration, comme mode identificatoire avec un certain destinataire.” (Baneth-Nouailhetas, 2003, p. 207) Esta propuesta interpretativa de Baneth-Nouailhetas para los relatos de viajes también puede aplicarse a los artículos periodísticos (fuente de esta comunicación) siguiendo la interpretación que propone H. Boyer del cliché: un nexo entre escritor y lector; es decir, que, a través del cliché, el escritor se pone en el lugar del lector para presentarle “un discours où l’inédit, l’imprévu, sont neutralisés par le familier, le déjà-lu.” (Boyer, 2004, p. 338) Boyer diferencia la “scription” (prêt-à-écrire, univocidad) de la “écriture” (creatividad, complejidad, ambivalencia), como dos modos o partes de los artículos periódísticos. Para él, la “scription” es el territorio del grupo, la “écriture” el del sujeto. El ejercicio de la “scription” consistiría en la utilización automática, mecánica, de una serie de elementos para narrar un acontecimiento; elementos compartidos que funcionan “comme élément structurant de la “nouvelle” et qui, cela va sans dire, la banalise, en l’intégrant dans une continuité culturelle, politique, historique, ...” (Boyer, 1988, p. 82) En esta misma línea parece encontrarse S. Maradon al afirmar que la función de los retratos de extranjeros en la novela es, precisamente, ser/representar “su” estereotipo: “fournir des personnages secondaires pittoresques, aisément reconnaissables, suggérant automatiquement un certain comportement lié à leur identité ethnique.” (Maradon, 1982, p. 8) Para Florent Kohler (2007, p. 25), el estereotipo representa un proceso a mitad de camino entre la imaginación y la percepción. Es decir, que el estereotipo juega un papel importante en la transmisión de ideas, conceptos, sentimientos… y, por lo tanto, supone una fuente de conocimiento o, por lo menos, un elemento que no se puede dejar de lado en el proceso cognitivo. En el estereotipo se produce la unión de factores

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cognitivos y emocionales, a los que Schaff (1994, p. 57) une un tercer factor: el pragmático, al defender que el estereotipo se encuentra, también, en la base de la acción humana, es decir, el estereotipo como fuente de práxis. Yendo un poco más lejos, siguiendo a Villain-Gandossi y a Berting, los estereotipos (nacionales) aparecen como parte del proceso de la construcción social de la realidad (Villain-Gandossi y Berting, 1994, p. 20). Así, facilitar la aprehensión de la realidad sería otra función del estereotipo; Baneth-Nouailhetas señala como algo inevitable este paso a través del estereotipo para percibir la realidad (Baneth-Nouailhetas, 2003, p. 193); por lo tanto, no siempre se le podría considerar sinónimo de ausencia de reflexión o falta de información porque en algunos casos el estereotipo es, precisamente, uno de los elementos que nos permiten asimilar la realidad que nos rodea. También parece estar de acuerdo con esto Bochmann (1994, p. 67) quien afirma que, con la ayuda de los estereotipos culturales, se comprenden los sistemas de valores de sociedades, comunidades o grupos sociales al ser elementos constitutivos de las conciencias socioculturales, es decir, políticos, económico-sociales, religiosos, étnicos o nacionalistas, sobre cuya base se organiza toda la actividad social. Esto no quiere decir que se aprehenda la realidad tal cual es, sino tal y como un grupo la percibe a través del velo de sus sistemas de valores, de sus representaciones sociales 9 . Como explica Lemoine para el caso de los relatos de viajeros: el “voyageur-descripteur, (...) révèle tout autant la réalité qu’il voit devant lui que celle qui se trouve en lui, qu’il se projette dans une topographie qu’il pense parcourir, mais réinvente.” (Lemoine, 2003, p. 19). Hay que tener en cuenta que las representaciones sociales (el estereotipo es uno de sus elementos10) aparecen siempre como verdaderas a los miembros de la sociedad en las que están en vigor (Jodelet, 1992, p. 20). Como explican Villain-Gandossi y Berting (1994, p.9) “All of us have inherited theories, frames of reference, frames for interpretation which one could at the end classify as prejudgements or prejudices in the sense that a case is already judged before it has been understood.”11 Pero, ¿quiere esto decir que son automáticos? A lo largo de la historia del estudio de los estereotipos y los prejuicios, los teóricos barajaron la idea de la facilidad de la acción de estereotipar, ya que responder sin ningún tipo de sesgo resultaba más difícil y requiere un mayor 9

“la stéréotype entre en résonance avec un rapport fantasmatique à la Vérité, historique, moral ou politique.” Baneth-Nouailhetas, E. (2003, p. 195). 10 “les RS sont des reformulations et des recréations, donc partiellement innovantes ou du moins différentes d’un “patron” ou d’un “modèle” initial. On ne peut donc les assimiler aux seules manifestations des préjugés et des stéréotypes qui y sont cependant inclus.”, SECA J.-M., (2011).

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esfuerzo. Sin embargo, a pesar de la supuesta facilidad de la activación del estereotipo existen circunstancias bajo las cuales la utilización de los estereotipos parece inaceptable y otras, en cambio, en las que resulta imposible no hacerlo; algunos estudios señalan la posibilidad de cambiar el estereotipo (algo árduo ya que va más alla de una simple decisión: requiere práctica) y la importancia del contexto para su activación (Devine y Sharp, 2009, pp. 61-69)12. Por lo tanto, el automatismo no parece tan claro. En el caso de las fuentes estudiadas para este trabajo, este automatismo, esta espontaneidad, podría parecer aún más lejos ya que se supone que un periodista relee sus artículos. Quizá tengan razón Baneth-Nouailhetas, H. Boyer y Florent Kohler al afirmar que el estereotipo es un vínculo que se establece entre autor y lector, un puente transitado tanto por la percepción de la realidad como por la propia imaginación del autor. Por otro lado, esto no tiene que hacer olvidar que, pese a todo, el estereotipo supone la reducción de realidades complejas a algunos elementos descriptivos simples. Esta es otra de sus funciones. Sin embargo, su caracter ambivalente hace que tenga un carácter positivo y negativo a la vez; por un lado, facilita la cohesión de grupo, por lo tanto es positivo e indispensable, por otro, inmoviliza y conduce al racismo, dejando así ver su vertiente negativa y peligrosa (Amossy, 1991, pp. 36-37). Esta es la función social del estereotipo, la que lo hace partícipe directo de la acción social, al cohesionar grupos y guiar acciones tanto hacia los de dentro como hacia los de fuera del grupo. Así, el estereotipo permite justificar una forma de relación con el otro además de ser el mecanismo defensivo de un sistema que siente amenazada su unidad por un sistema exterior (Baneth-Nouailhetas, 2003, p. 200; Boëtsch y Villain-Gandossi, 2001, pp. 2728 y Villain- Gandosi, 2001, pp. 17-18). El estereotipo, por tanto, tiene dos vertientes fundamentales: la social y la “literaria”, y en cada una de las cuales cumple una serie de funciones distintas. Desde un punto de vista social, actua como elemento de cohesión del grupo (con su vertiente negativa de rechazo del “otro”), además de facilitar la aprehensión de la realidad (a pesar de la reducción) e intervenir, así, en el proceso cognitivo; esto último le concede un lugar importante como guía de la acción social. Desde un punto de vista literario, el estereotipo parece servir de nexo entre escritor y lector o, al menos, dibuja personajes y situaciones que el lector reconoce sin esfuerzo alguno.

12

Ver también: Levy, Sheri R. y Milligan Hughes, J. (2009).

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3.

El inicio de la guerra civil en la prensa francesa. Estereotipos nacionales

En esta comunicación, aunque ya existan muchos trabajos y definiciones sobre el término estereotipo, me interesa destacar una bastante amplia, pero que resulta útil: “a set of beliefs about the personal attributes of a group of people” (Stroebe e Insko, 1988, p. 12). En el caso de este trabajo se trata de un país y, por lo tanto, de estereotipos nacionales de los que depende la identidad nacional. Las identidades nacionales, al ser construcciones sociales que permiten la vida social de una nación, dependen de estereotipos nacionales relacionados tanto con el propio grupo, como con otras naciones, especialmente las vecinas. En este sentido, los estereotipos nacionales tienen una función: ayudar a articular y delimitar las principales características de la nación, que, al estar construída socialmente, no puede reducirse solamente a hechos. Es decir, los estereotipos nacionales sobre otra nación dicen mucho del propio país. En este caso, Francia hablará de sí misma, sin pretenderlo, a través de las características que considera propias de “lo español”. Los estereotipos nacionales, como representaciones colectivas, son rígidas construcciones sociales de la realidad, sin un vínculo sistemático con la realidad social de las colectividades que describen, pero que son aceptados comos imagen certera de la realidad sin tener en cuenta posibles modificaciones debidas a distintos cambios sociales. Son compartidos por casi todos los miembros de una nación y transmitidos de generación en generación, están relacionados con las condiciones económicas y sociales del grupo y son expresión del pensamiento colectivo; las personas que se aferran a ellos no confrontan la realidad con sus construcciones, y cualquier prueba en su contra es entendida como una excepción que, en ningún momento, destruye el estereotipo (Villain-Gandosi y Berting, 1994, pp. 24-36). En el caso de mi investigación, voy a elegir dos características que la prensa francesa consideró, en los primeros momentos de la guerra, como características de “lo español”: la violencia y los pronunciamientos militares.

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3. 1. La Guerra civil: pronunciamientos y violencia “Une fois de plus la guerre civile sévit en Espagne. Un mouvement insurrectionnel a éclaté dans la nuit du 17 juillet aux îles Canaries et au Maroc et il s’est aussitôt étendu à la Péninsule. (...) Il a le caractère d’un pronunciamiento militaire dirigé contre le gouvernement de Front populaire. (...) Cette entreprise contre-révolutionnaire est, au reste, tout à fait dans les traditions espagnoles. Pour ne rappeler que les deux précédents les plus mémorables”13.

Así, la guerra civil a la que acaba de dar lugar el golpe de estado fallido del general Franco, es descrita como otra de las tantas que había sufrido España; es interesante la utilización de la expresión “une fois de plus” (otra vez) que hace hincapié, precisamente, en esa idea de encontrarse frente a un acontecimiento repetido; para subrayarlo aún más, el autor asegura que los pronunciamientos forman parte de las tradiciones españolas, como si se tratara de una manifestación cultural. Y además, rastrea en la historia pasada española para presentar ejemplos y, así, corroborar su afirmación. Pero, ¿era la situación de la España de 1936 la misma que la de 1874 o la de 1923? El autor no responde. Ni siquiera se hace esta pregunta. Este artículo de R. C. no fue el único que presentó la guerra como un pronunciamiento, ni el único que expresó su posible falta de sorpresa con la utilización de la expresión “otra vez”. Le Populaire presentó una España que, de nuevo, luchaba hasta la muerte: “L’Espagne est à nouveau le théâtre d’une lutte à mort entre les forces républicaines et celles de la réaction”14. A mediados de agosto era Gringoire el que describía un país que, de nuevo, se encontraba sobre sus ascuas ensangrentadas: “aux heures où l’Espagne meurtrie se retourne une fois de plus sur son gril ensanglanté”15. Parece como si se tratara de un capítulo más de una larga serie de guerras; tan sólo una más. El más rotundo fue Paul-Emile Cadilhac que escribía: “Ainsi les événements d’aujourd’hui ne doivent-ils pas nous surprendre. C’est l’éternelle histoire qui recommence” 16 .

La historia es eterna y la de España estaba cargada de guerras.

Justifica esta afirmación con un largo párrafo que no tiene desperdicio. Todo empieza con una evocación del Escorial:

13 14

R. C. (25/07/1936). La Guerre civile en Espagne, L´Illustration, p. 386. Leroux, A. (20/07/1936). L’Espagne républicaine se dresse contre la sédition fasciste. Le Populaire, p.

3. 15 16

d’Aguez, F. (14/08/1936). Portrait. Le général Franco. Gringoire, p. 3. Cadilhac, P.-E. (1/08/1936). Visages d’Espagne. L’Illustration, p. 415.

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“à évoquer ces rois qui gisent là, du plus ancien au plus récent, j’ai l’impression d’entendre comme un grand bruit d’armes sortir de ces tombes: des guerres, de querelles, des luttes fratricides. Ferdinand contre Charles IV, Marie-Christine contre les partisans de don Carlos, Isabelle et son règne marqué de feu et de sang, la première République de 1873 et ses convulsions, enfin, tout près de nous, après la halte des règnes de Alphonse XII et d’Alphonse XIII, des massacres, des batailles intestines, des attentats, des meurtres, tout un peuple occupé à s’entre-déchirer ... Ainsi les événements d’aujourd’hui ne doivent-ils pas nous surprendre. C’est l’éternelle histoire qui recommence. Déjà, en 1843, Théophile Gautier écrivait: “La Péninsule en est aux idées voltairiennes et libérales sur la féodalité, l’inquisition, le fanatisme. Démolir des couvents lui paraît être le comble de la civilisation.” Plus loin, il constatait avec étonnement: “L’étranger a vraiment peine à croire, lorsqu’il traverse la Péninsule, à la gravité des événements politiques et ne peut pas s’imaginer que ce soit là un pays désolé et ravagé par dix ans de guerre civile”. / En fait, depuis un siècle, l’Espagne semble vivre en familiarité avec l’émeute et la révolution. / Qu’en sortira-t-il? Sans doute, faut-il faire confiance à l’esprit de hiérarchie et d’ordre qu’a versé en elle le catholicisme, à l’esprit d’organisation, de respect de la famille et de la propriété qui lui a infusé la vieille Rome. Elle pourra traverser des tourmentes: il semble qu’elle saura un jour retrouver son unité et un chef”.

El pasado justifica y explica el presente. Hace un siglo que España vive entre revoluciones y motines, pero el autor tiene confianza en que algún día salga de esa espiral gracias al catolicismo que ha dotado al país de un respeto por las jerarquías, el orden, la organización y la familia. El autor parece colocarse en un lugar superior y observar, pero no solo observa el presente pensando en el pasado, sino que se permite intuir el futuro. Cadilhac ya se había colocado, unos días antes, en esta posición de narrador omnisciente al afirmar: “Nos compagnons n’en témoignent aucun ennui, mais je sais néanmoins qu’ils sont impatients de regagner Séville, où leurs places sont réservées pour une passionnante corrida”17. No parece que sus compañeros españoles le hayan dicho nada, pero él asume su sentimiento de impaciencia ante la posibilidad de llegar tarde a una corrida de toros. ¿Por qué? ¿Acaso el hecho de ser españoles implica el gusto por las corridas? Quizá sea un poco aventurado afirmarlo, pero de lo que no cabe duda es de que la imagen del torero era uno de los componentes fundamentales del

17

Cadilhac, P.-E. (25/07/1936). Visages d’Espagne. L’Illustration, p. 394.

184 

estereotipo de “lo español” en Francia18. En la misma línea encontramos un artículo de Le Populaire, aunque con un matiz distinto: “A la vérité, nous fûmes quelque-uns à ne pas être tellement surpris. Non pas seulement parce que les “pronunciamientos”, ou coups de main militaires contre les gouvernements libéraux constituent une tradition dans ce malheureux pays, mais parce que des troubles avaient déjà éclaté au Maroc et que les organisations ouvrières s’apprêtaient à y répondre par la grève générale”19. No niega que los pronunicamientos sean una tradición española, pero al mismo tiempo esgrime otros argumentos: huelgas, desórdenes en Marruecos. No todo parecía seguir igual, especialmente distintas aparecían las consecuencias: “L’ère est bien finie des “pronunciamientos” commodes, où il suffisait à un général de se “prononcer” en faveur de tel homme ou tel tel parti pour que l’équipe au pouvoir passât la main. Les insurgés d’aujourd’hui savaient qu’il faudrait lutter pour vaincre, et l’on voit que leurs adversaires ne mettent pas moins d’entêtement à ne pas déloger”20. También L’Humanité recurrió a la idea del pronunciamiento, pero en vez de afirmarla la rechazó: “Nous avons donc été mis en Espagne en présence d’un coup de force fasciste et réactionnaire minutieusement préparé, politiquement et matériellement, et qui n’a rien de commun avec les anciens pronunciamientos (coups d’État militaires)”21. Afirma la existencia de pronunciamientos en la historia de España pero sin sacar ninguna consecuencia. Es un acontecimiento nuevo: un golpe fascista. En esta cita, el periódico L’Humanité no utiliza estereotipos nacionales para explicar lo que estaba ocurriendo en España, aunque sí se hace eco del posible rumor de la época de que el 18 de julio era “tan solo otro pronunciamiento”. El diario Le Temps no habló de pronunciamiento, pero sí de guerrilla “La guerre civile menace de durer longtemps de l’autre côté des Pyrénées, l’Espagne étant le pays traditionnel de la guerilla”22. En otro artículo del mismo día, el periódico explica esta afirmación: “la lutte au sud des Pyréneés tend à prendre l’aspect d’une simple guerrilla: 18

Artículos que hacen referencia a las corridas: Lugne-Pok (24/07/1936). Le dernier train de Barcelone. Le Figaro, p. 1; (13/08/1936). Passer vos vacances en Espagne. Candide, p. 7; Dutrey, M. (28/08/1936). Frontière espagnole. Gringoire, p 2; Viollis, A. (18/08/1936). Le procès et l’exécution des ex-chefs insurgés de Madrid. Le Petit Parisien, p. 1; Viollis, A. (27/08/1936). En route pour le front de Cordoue. Le Petit Parisien, p. 1 y SALMON, A. (29/08/1936). Sur le front d’Irun les rebelles ont fait hier matin “donner” les troupes du “tercio”. Le Petit Parisien, p. 3. 19 Menguy, A. (6/08/1936). Quinze jours à Barcelone la victorieuse. Le Populaire, p. 4. 20 10/08/1936 .La guerre civil en Espagne. Le Temps, p. 6. 21 Marty, A. (1/08/1936). En Espagne comme pendant la grande révolution française: la liberté ou la mort! L’Humanité, p. 7. 22 (5/08/1936). Bulletin du jour. Où en est l’Espagne?. Le Temps, p. 1.

185 

et cela est, du reste, tout à fait conforme, à la fois, au caractère accidenté du pays et au tempérament individualiste de la race” 23 . Es decir, la geografía y la raza hacen de España un país predispuesto a la guerrilla. La geografía y la raza son elementos del carácter nacional de cualquier pueblo, no solo del español. Como afirmaba Fouillée en un libro de finales del siglo XIX: “Le caractère national est intimement lié au tempérament, qui lui-même est lié à la constitution héréditaire et aux traits ethniques, non moins qu’au milieu physique” (Lipianski, 1991, p. 146)24. España, por su geografía, parecía condenada a la guerra (o guerrilla), pero ¿cuáles eran las características propias de su raza?: la violencia: “Race à l’âme forte, mais violente, et qui ne connaît guère la pitié”25, o “je pensais que la réaction nationaliste contre les grèves et les troubles sociaux de tout genre ne pouvait être que spécifiquement espagnole, c’est-à-dire farouche, terrible, impitoyable” 26 . Interesante resulta la frase de alivio de Jean Vertex, corresponsal de Candide, al llegar a Francia y conocer que había huelgas en Marsella: “mais elles sont plaisantes, pittoresques, sans crimes: grèves françaises”27. En esta cita vemos como al hablar de la propia identidad se habla del “otro” y viceversa. España es un país violento que contrasta con la civilización “éclairée” propia de Francia. En un interesante libro de Lipiansky sobre la identidad nacional francesa se aprecia muy bien cómo una de las características del carácter francés es la moderación, muy unida a la razón y a la lógica, pero en ningún momento aparece ni la violencia, ni la falta de piedad (Lipiansky, 1991). Como explica R. Franck, “Au fond, l’image de l’Autre est une image prétexte pour parler de soi. Les défauts et les qualités de l’Étranger-type sont des faire-valoir des qualités que l’on s’arroge. (...) L’auto-image, créatrice d’identité, se nourrit de ces “xénotypes”.”” (Frank, 1994, p. 7). Otra comparación entre ambos países deja claro que la guerra violenta era algo propio de España: “Si les Espagnols ne peuvent avoir notre expérience du feu, ils savent, de tradition, mener parfaitement, des deux côtés, leur guerre fratricide et sans merci,

23

(5/08/1936). La guerre civile en Espagne. Le Temps, p. 1. La búsqueda de una relación entre las condiciones físicas y las realidades morales y psicológicas fue una constante del espíritu racionalista y una de las características de la cultura europea. Ya Montesquieu en De l’esprit des lois (1748) hacía una diferencia entre Europa y Asia argumentando que en Asia nunca se podría dar un régimen de libertad porque, al carecer de zonas templadas, las naciones que se oponen lo hacen siempre de fuerte a débil; en Europa, por el contrario, las zonas templada abundan y el enfrentamiento de pueblos se produce siempre entre fuerte y fuerte. Por otro lado, Asia, al tener mayores extensiones de terreno sin cortar por montañas o mares, es más favorable a la formación de grandes imperios de larga duración y no de pequeños estados como es el caso de Europa (Liauzu, C. 1992). 25 (7/08/1936). La guerre des deux Espagnes et ses répercussions. Le Petit Parisien, p. 3. 26 Oberlé, J. (06/08/1936). Candide, p. 1. 27 Jvertex, J. (13/08/1936). Candide, p. 16. 24

186 

hélas!” 28 Los franceses conocen la guerra, tienen experiencia por haberla sufrido (probablemente haga referencia a la I Guerra Mundial que tan honda huella dejó en las conciencias francesas), pero los españoles saben luchar porque es parte de su tradición. Las posibles cualidades militares de uno y otro bando quedaban así reducidas a una tradición nacional.

“Il faut retenir d’abord un trait du caractère espagnol dont l’influence est malheureusement très forte sur le conflit: l’Espagnol, une fois qu’il a commencé de se battre, se bat à fond, férocement et indéfiniment. Les forces de résistance de ce peuple sont extraordinaires, son sens de la mesure et son besoin de repos presque nuls. Ajoutons que l’esprit critique ne le travaille guère, ce qui veut dire, pour parler franc, que l’objectif du combat le préoccupe infiniment moins que le combat lui-même. L’Espagnol, sur ce point, est exactement le contraire de l’Anglais. Ajoutez aussi que l’Espagnol a perdu l’habitude de la guerre étrangère, des précautions qu’elle impose, des responsabilités nationales qu’elle implique. Il est, de tous les peuples de l’Occident européen (si l’on excepte l’Irlandais), le plus capable de poursuivre une guerre civile sans merci, à la façon du XVe et du XVI siècle. Cet anachronisme pourrait avoir des conséquences tragiques, car le reste de l’Europe a changé, et la solidarité européenne (on entend solidarité ici dans les deux sens) ne peut guère ne pas réagir aux événements ibériques”29.

Esta cita, además de dejar claro los rasgos del carácter español (ferocidad, resistencia extraordinaria, falta de reflexión, irresponsable, y anacrónico)

permite

catalogar los rasgos propios del francés, que serían los contrarios: mesura, raciocinio, claridad, orden, ligereza, … Todos rasgos señalados en el mencionado libro de Lipiansky sobre la identidad francesa. Esta relación entre la propia identidad y la del “otro” surge con mayor fuerza en momentos de grandes cambios sociales y politicos que provocan sentimientos de inseguridad; además, hay que tener en cuenta que cuanto más cercanos son los grupos (en este caso países vecinos) mayor es la posibilidad de riesgo de contaminación cultural; peligro aumentado si el país vecino está inmerso en una guerra civil (Berting, 2001, p. 41 y Ferrari, 2001, p. 87).

28 29

(17/08/1936). La lutte sans merci des deux Espagnes. Le Petit Parisien, p. 3. S. P. (12/08/1936). La tragédie espagnole. Marianne, p. 1.

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4. Conclusión La prensa francesa presentó la guerra civil española, entre julio y agosto de 1936, como una guerra más de la larga lista que recorría la historia de España; un acontecimiento especialmente violento por ser español. ¿Lo hizo así para entablar una unión con sus lectores, como explicaba H. Boyer, o porque los periodistas ponían algo de su propia idea de España, de su propia imaginación, como explicaba Kohler? Presentar la guerra como algo propio de España, ¿alejaba de Francia el temido fantasma de una nueva guerra mundial? ¿Era eso lo que querían leer los lectores? ¿Quería la prensa reforzar la idea de una Francia razonable, civilizada, alejada de esos horrores que les parecían propios del pasado? En su trabajo sobre representaciones sociales, Jean-Marie Seca (2011, pp. 89-90) explica cómo cosas extrañas, nuevas o conocidas pueden intercambiarse debido a la influencia de saberes y juicios emitidos por personas cercanas, pero también por la prensa, los políticos o expertos y así acabar asimilándose, integrándose. Esta integración puede operarse por una apropiación de lo nuevo clasificándolo en categorías y en sistemas de ideas ya conocidos; así se produce un movimiento de familiarización de lo extraño, de normalización. Se pasa así de un conocimiento indirecto sobre un fenomeno a su inmediata comprensión y a su interiorización. De esta manera, un objeto extraño, lejano, desconocido se convierte en familiar, accesible y conocido. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que las representaciones sociales de España en Francia en 1936 condujeran a la prensa a asimilar un acontecimiento nuevo, una guerra civil, a otros antiguos, pasados, que formaban parte del estereotipo nacional que los franceses atribuían a los españoles: el pronunciamiento y la guerrilla. Sin embargo, hay que tener cuidado en la crítica al uso de clichés o estereotipos ya que, como explica Émilienne Baneth-Nouailhetas (Baneth-Nouailhetas, 2003, p. 205), el rechazo total del cliché supone la existencia de una “verdad” esencial. En los clichés siempre hay algo de verdad, pero hay que evitar considerarlos como “la verdad” para así impedir que cieguen el juicio a la hora de comprender, interpretar o vivir cualquier acontecimiento, cotidiano o no.

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EL BOOM DE LA CULTURA POPULAR URBANA (AÑOS 70-80). HIPÓTESIS PARA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CULTURA EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

Álvaro Mateos Arévalo Universidad Autónoma de Madrid Universidad de Zaragoza

Empezaré esta comunicación haciéndome una pregunta abierta que espero sirva de tema de debate para esta mesa. ¿Qué enseñamos cuando enseñamos cultura?1 ¿Cuál es realmente el objeto de nuestra investigación? Para la cronología que yo trabajo, que es la de la transición española –como es sabido es el fenómeno de cambio que sucedió entre la dictadura de Francisco Franco y el establecimiento de la democracia- el tema de la cultura representa un reto y una brecha metodológica a la hora de comparar e interpretar los trabajos culturales que se han hecho2. Como también sabemos, España empezó a “transicionar” en el momento en que sus estructuras económicas y su horizonte mental comenzaron a occidentalizarse (Juliá y Mainer, 2000). Dos son los estímulos más comentados. Por un lado el progresivo desarrollo de la industria y el cambio de una estructura demográfica fundamentalmente agrícola a otra predominantemente urbana. Por otro, la occidentalización de nuestras costumbres y pensamientos a raíz del aumento del turismo y el auge de los intercambios culturales de carácter internacional sobre todo entre la parte más joven de la sociedad. Tras veinte años de lo que se ha denominó “desarrollismo” la revista Cuadernos para el diálogo en un número extra del año 1974 se preguntaba si existía una “cultura española” (Castillo del Pino et al. 1977, p. 9). Este tema, con el dictador ya muerto, volvía a ser el leitmotiv de una pequeña obra colectiva editada en la colección 1

El contenido de esta comunicación responde al trabajo de elaboración de hipótesis para un próximo proyecto de doctorado. En él se especulará con determinadas partes de un debate académico y serán analizados sobre todo aspectos o acontecimientos estudiados en el periodo de máster (Máster en Historia Contemporánea UAM-UNIZAR, año académico 2011-2012). 2 Mateos (2011a) es una reseña de los dos últimos monográficos de Ayer –revista de la asociación de Historia Contemporánea- dedicados al tema. Especialmente el segundo de ellos –número 81- está dedicado a los intelectuales en la transición y en general, a la revisión de la cultura en el periodo a través de esta óptica.

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Debolsillo en el año 77 y con el nombre La cultura bajo el franquismo. La pregunta era en todo caso la misma que he planteado hace algunas líneas. Si entendemos que la cultura es el patrimonio de significados y significantes, el proyecto de humanidad y de desarrollo intelectual que rige a una sociedad o definiciones humanistas de corte similar, nos costaría mucho afirmar en el año 74 o 77 que existiera una cultura española después de la guerra civil. Nos sería más fácil y digerible insistir en que existió la destrucción de otra herencia cultural cuyo máximo exponente era la legalidad, la democracia y la II República Española. Del mismo modo podríamos decir que en la dictadura, el modelo cultural o la esencia de la cultura española se encajonó entre coordenadas rancias, reaccionarias y ultra conservadoras, y que al final de la experiencia dictatorial podríamos más bien hablar del fracaso de la implantación de ese modelo cultural. En este caso, los autores de esta obra colectiva -futuros sociólogos, historiadores, antropólogos, filósofos y demás- parecen dejar claro que la cultura, esa aspiración humanista y democrática, había quedado oprimida bajo el franquismo. De ahí el nombre del título: La cultura bajo el franquismo. Obviamente, no tratamos con esto de afirmar algo tan simple como que no habría existido cultura en la dictadura. Es indudable que existió cultura y también un modelo cultural con el que no se sentían identificados amplias partes de la sociedad. Este es el punto de partida. Hoy en día poseemos una historia de la transición que nos permite entender desde muchas y variadas perspectivas cómo se desarrolló el cambio y qué niveles de implicación existieron en la sociedad respecto a los acontecimientos más importantes del periodo. Yo me pregunto si las expectativas de estos grupos en auge durante el franquismo tardío –grupos de disidencia, desacato, desacuerdo, protesta y demás- se cumplieron en un sentido cultural. En otras palabras: ¿Sirvió la democracia para instaurar un tipo de cultura que no estuviera “bajo” re-presión? Es decir, ¿Es la cultura en la transición y en la democracia una herramienta de análisis aceptada para describir una sola realidad? Y en clave historiográfica me pregunto lo mismo: ¿Si en el año setenta y cuatro-setenta y siete –en referencia a la polémica cultura en o bajo el franquismo- la cultura se entendía como poco más que un árbol al que durante cuarenta años no se le dejó crecer, existe en años siguientes un tronco común al que abrazarse para poder hablar de cultura? La historiografía presenta un relato en el que la cultura –como ente único- se identifica sobre todo con la parte de la cultura que podemos denominar “alta cultura” 3, si bien, 3

No nos referimos aquí a trabajos particulares o focalizados en determinadas expresiones culturales o artísticas, sino antes bien, a aquellas obras que han pretendido hacer una historia global, o general de la

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algunas expresiones del momento –la llamada contracultura y en general las sucesivas explosiones de cultura popular que siguieron a ésta- no han encontrado tan fácilmente su sitio en este relato (Mir, 2011; Mateos, 2011a). Recordemos los debates que enunciábamos al comienzo de esta comunicación. Creemos poder afirmar que si la clase intelectual no se sintió identificada con una noción de tal término para el franquismo, tampoco se sentirá cómoda con el resultado cultural y artístico con el que se saldó la transición. La hipótesis de fondo es entender que cultura en el tardofranquismo y transición era igual a “modernización”, en un sentido humanista –digamos- y que en la transición aparecieron expresiones individuales y colectivas que no respondían a esta lógica, o que incluso la rechazaban o la tomaban como algo ambiguo. No por ello estas prácticas pueden ser entendidas fuera de lo que por cultura entendemos. Para poder ofrecer una narración que se extienda a todo el periodo de transición y consolidación democrática enlazaremos esto con nuestra propuesta de estudio de la efervescencia de cultura popular española que caracterizó la década de los ochenta. Noción número uno de cultura en la transición española: . Modernización igual a producción de conocimiento, de crítica, de difusión racional de información. En el caso español modernización es igual a debatir sobre la “recuperación de la modernidad española”; esa que se perdió en la sublevación del treinta y seis. Este debate era un debate sobre todo político e intelectual. Tenemos en la otra mano un hecho que quizá sea duro de aceptar para determinadas partes de la historiografía: hubo a gente que este debate le dio lo mismo. Es decir, aunque podamos aquí hacer una hipertrofia de él, lo cierto es que a determinadas partes de la sociedad con capacidad creativa y productiva le daba igual si lo que generaba era cultura, arte, o expresiones concretas de algún tipo de disciplina artística (Mir, 2011). En esta lógica se empezó a crear –a imitación de las modas y culturas juveniles de finales de los sesenta y setenta occidentales- la conciencia de que existía una contracultura española, una subcultura y otras variantes. Si nos fijamos, estos término eran útiles y válidos para escapar al debate estéril de si equis o equis manifestación artística era o no “cultura española” y qué significaba eso; significaba superar el debate politizado que existía a cultura en esos años. Más allá de obras que trabajan con la cultura en un plano político y por tanto mediante la movilización de la sociedad (Pérez, 1997), en los últimos años han aparecido otras que parecen obviar la cuestión política, si bien redundan en aquel discurso que naturalizaría la idea de cultura para hablar de alta cultura (Mainer y Julià, 2000, pp. 91-92). En el caso de la obra de Díaz (2006) se echan en falta un buen aparato crítico especialmente en aquellos apartados referidos a la cultura urbana y a las explosiones de cultura popular del momento (Díaz, 2006, pp. 270-274).

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finales de la dictadura sobre la producción artística y su compromiso político; superar el debate sobre la politización del arte. 4 Un punto de partida es común al debate intelectual que más arriba esbozábamos –el debate entorno al surgimiento y naturaleza de la contracultura-: se va en contra de una realidad cultural asfixiante como es la de la dictadura, pero en lugar de establecer un marco teórico con implicaciones políticas que den o no sentido a la obra, el debate intelectual y la crítica artística comienzan a valorar las prácticas colectivas e individuales desprovistas de un marco teórico o posicionamiento político determinado. Si usamos un concepto abierto del término cultura podríamos decir que cultura es “lo que hacemos” y “la manera en cómo lo hacemos” 5. Tal y como Jordi Mir García – profesor de la universidad Pompeu y Fabra- nos dice en su reciente artículo sobre el tema, estas expresiones y otras –lo que el denomina como pensamiento radical y pensamiento liberal- forman parte del horizonte de expectativas colectivas y por tanto, son una parte de la cultura. Trataré de no insistir más en este hecho. Lo que las tres cosas –contracultura, pensamiento radical y liberal- tienen en común es que escapan, y escapaban también en la época, al interés de la clase intelectual. O en todo caso formaban parte de ella como algo residual o marginal. ¿Qué entiende Jordi Mir que es el pensamiento radical y el pensamiento liberal? Básicamente, las propuestas de corte político que no estaban siendo vehiculadas en los programas y reivindicaciones de los partidos políticos y la oposición en general, a saber: feminismo, revolución sexual y el totuum revolutuum de teorías entre la filosofía y la crítica literaria que surgía con fuerza en lo marginal de los ambientes académicos y las publicaciones más excéntricas de pensamiento de la época. Esta parte de la cultura ha pasado desapercibida en la historiografía. Jordi Mir nos habla del tema en el artículo de Ayer del que vengo hablando y que les recomiendo que ojeen si les interesa hacer una historia no heterodoxa de su sujeto de estudio -si es que su sujeto de estudio es grosso modo la cultura en la transición española-. Pero no solo la aberración de la clase intelectual de la época marca su no aparición en la historia que poseemos de entonces. Hay desde mi punto de vista motivos de tipo metodológico 4

Quizá una de las obras clásicas en este sentido sería Marchán (2010). Aunque la primera edición data de 1972, en las reimpresiones y reediciones posteriores (como la que se cita aquí) se puede hacer un seguimiento al desarrollo del arte y la producción artística hasta el momento en el que abandona la relación con su contexto y se involucra sobre todo en su propio lenguaje, escapando de las relaciones lingüísticas (Marchán, 2010, 433-440). 5 Esta afirmación es una premisa del autor. Ante la ausencia de referencias teóricas concretas, se parte de un punto de vista abierto, en contraposición a la imagen de cultura de Mainer y Julià (2000, p. 91-92).

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que nos impiden contar la cultura de la transición de una manera unitaria, aun cuando tenga partes que respondieron al impulso de recuperación de la modernidad, y partes que lo hacían como rechazo a esas voluntades, o simplemente ignorando este debate. Si observamos cómo ha sido contada la cultura de la transición podemos agrupar una serie de términos a través de los cuáles esta noción ha sido operativa: “Cultura de la vida cotidiana” (Díaz, 2006) se refiere a los cambios en los repertorios materiales que reflejan las mutaciones de las estructuras familiares y que completan el mapa de lo intelectual de la cultura. “Cultura en el exilio” (Gracia, 2001, 2006, 2010), o “cultura” (Mainer et al. 2000; Díaz, 2006) sin más se refiere a la creación literaria, intelectual y crítica durante el periodo, solo que fuera de nuestras fronteras o dentro para intentar recuperar este patrimonio. También se habla para esto de “cultura del desacato” usando el término de Jordi Gracia –profesor de la Universidad de Barcelona, discípulo de Jose Carlos Mainer- o simplemente de “cultura bajo el franquismo”, como en origen parecía entenderse. También podemos hablar de “culturas políticas” (Molinero, 2006). Esto es, la manera en que la sociedad y sus organizaciones reflejan su grado de movilización, concienciación, organización –valga la redundacia- etc. Luego están las partes renegadas, las que no forman parte del relato hasta fechas muy recientes quizá porque carecen de una significación política más allá del apoliticismo; de la no-postura política; del pasotismo. Como se puede leer en las páginas de Ayer y usando las palabras del historiador Santos Juliá, hablamos de lo social ajeno a los “grandes proyectos” de cambio aun cuando en la práctica plantearan una revolución cultural. Yo apuntaría más y diría que si partimos de analizar la idea de introducir la contracultura en España, y acabamos conectándolo con la aparición de la posmodernidad y otro tipo de referentes más allá de la recuperación de la modernidad, lo que veremos es que la pequeña revolución cultural que plantearon estas prácticas fundamentaron en los años siguientes una amplia transformación de las estructuras de producción cultural6. Desde las intelectuales hasta sobre todo, las de masa. Dicho de otro modo, sucesivas explosiones de cultura popular acabaron por dinamizar nuevos modelos de difusión y formas de sociabilidad característicos de la democracia y siguientes generaciones de cultura juvenil basadas en expresiones despolitizadas. Esto parece iniciarse en los tiempos transicionales y es un tópico que dura prácticamente 6

Esta es si cabe, la hipótesis fundamental de esta propuesta. En este sentido se trata de poner en cuestión la abundancia de testimonios orales en torno a esta efervescencia cultural que fue el Madrid y España de los ochenta (Gallero, 1991) en consonancia a la escasa presencia de estas expresiones en la historiografía española (Mateos, 2011a).

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hasta el 15-M, momento en el que la re-politización de la juventud ha vuelto tras treinta años, a tener una fuerte presencia en la opinión pública del país. Seré breve y trataré en esta comunicación de continuar con el esfuerzo hecho por Mir e ilustrar en la línea de la historiografía del arte una secuencia de la parte de la cultura de la transición sin valor político, más allá del apoliticismo. Para esto tendremos en cuenta varios momentos clave: primero, en el contexto de represión final del franquismo aparece la contracultura: se trata de nuevas formas de expresión que encuentran una difusión alternativa. Aparece el movimiento del El Rrollo 7 con los fanzines y los cómics underground. Rápidamente a nivel musical y a través de medios independientes se empieza a estimular la oferta y demanda de este tipo de grupos entre la juventud española (Díaz, 2006, pp. 265-273). Esto ha sido conocido como “fase underground” (Gallero, 1991, pp. 8-15), puesto que la difusión de todo este material era mínima y ajena a los más importantes medios, sea televisión, prensa o radio. Son por regla general los aficionados y jóvenes artistas o estudiantes los que ante un mercado laboral culturalmente cerrado a las novedades, o una crítica artística focalizada en el debate político sobre el arte y la cultura buscan formas alternativas de crear y difundir otro tipo de materiales. 8 La clave sociológica –podemos decir- se encuentra en el amplio fenómeno de desencanto que sucedió a la sociedad en diferentes momentos de la transición.9 En este caso, la masificación urbana, el horizonte mental de que nada va a cambiar y de que todo será igual inflige una importante apatía a amplias partes de la juventud. Aparecen rápidamente pequeños grupos de música y otro tipo de expresiones minoritarias que vehiculan la experiencia compartida de este tipo de expresiones. El Rrollo deja de ser así un grupo de dibujantes amparados en editoriales marginales y pasa a ganar un carácter musical (Ordovás, 1977; Berástegui, 1978). Se escriben varios libros de pequeña difusión como aquél titulado De qué va el Rrollo, del célebre Jesús Ordovás y en general la prensa especializada –Disco Express y

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El Rrollo es como tal un movimiento con manifiesto incluido (El Rrollo, 1975, pp. 3-6) que nació en los últimos años de la dictadura. Como veremos este movimiento canalizó el desarrollo de contra culturas españolas incluyendo otras expresiones entre las que destaca la música (Ordovás, 1977). 8 Nos referimos aquí sobre todo al conjunto de testimonios orales sobre la época, del que es significativo Gallero (1991). 9 En general, la historiografía ha reducido la importancia de estos hechos dotando a la sociedad civil de una relevancia mayúscula en el proceso de transición. Hemos señalado aquí las obras de Molinero (2006) y Pérez (1997) así como Mateos (2011) para explicar y después relativizar estos hechos. En el lado opuesto, determinados autores como Morán (1991) y Vilarós (1998) han querido ver la desmovilización como factores explicativos de las claves culturales de la transición, y el efecto de “desencanto” como lógica cultural de las expresiones artístico-culturales del periodo siendo ampliamente ignorados o criticados por la historiografía que tratamos.

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Vibraciones- le dedican especial atención y espacio en sus páginas. Se habla del “Madridenrrollado”10, de los grupos de Rrollo y se populariza a través de las emisiones alternativas de radio y de algunas cadenas con mayor difusión11, la presencia de estos grupos y nuevas tendencias no sin numerosos problemas legales. El movimiento del Rrollo tiene su punto álgido en los últimos años de la década de los setenta. Se llegó a grabar una película documental sobre el tema con entrevistas y conciertos y podemos afirmar que esta etiqueta, este “banderín de enganche”12, implicó a un buen número de aficionados a la música, productores, críticos y en general gente dedicada a lo alternativo de la cultura. A medida que los hechos políticos de la transición evolucionan y se sucede el referendum y la aprobación de la Constitución, el interés político y la movilización de la sociedad es un importante tema de debate. Podemos afirmar que si bien ambos subieron en general, el desencanto volvió otra vez a aparecer con fuerza tanto después de la Constitución como después de la victoria electoral del PSOE en el año ochenta y dos. El movimiento del Rrollo, aun a pesar de su modesta difusión había conseguido hacer llegar a los jóvenes el fanzine como medio de expresión de ideas de carácter inmediato. La formación de una banda, la grabación de una maqueta y la difusión a pequeña escala parecía abrirse fuertemente paso en la oferta y demanda de cultura juvenil una vez que aparecen y parecen consolidarse las primeras discográficas independientes en el mercado. Una de las más memorables y de las que más apoyó al entorno e idea de El Rrollo fue la discográfica CHAPA. Durante la gestación de estos movimientos, existió como arriba decía, un debate intelectual sobre qué era y cuáles eran los límites de la contracultura. Este debate estaba nutrido por una serie de ensayos y traducciones en castellano de obras ya clásicas y artículos de prensa marginal (Mateos, 2011a, pp. 114115). Si hacemos el repaso a lo que se dijo en clave intelectual sobre el tema, constatamos cómo se trataba ante todo de una moda o un movimiento ciertamente anacrónico. A medida que el movimiento intentaba ganar su propia idiosincrasia perdía

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La revista Disco Exprés dejó de usar este nombre para la cartelera de conciertos de las principales ciudades con salas de música en vivo en el número 439, año 1977. 11 El desarrollo de la radio y los medios de comunicación es un tema bastante estudiado. Para lo que aquí afirmamos seguimos la interpretación de Ordovás (2003). Tengamos en cuenta además de ser un testigo privilegiado de la génesis, reconocimiento e institucionalización de estos movimientos nuevos, desarrolló toda una carrera como musicólogo y teorizador de esta época hasta su muerte. 12 El término fue usado por José Tono Martínez, primer vicedirector y segundo director de la revista La Luna de Madrid en el debate final de las jornadas sobre Posmodernidad y Transición: Sin fecha de caducidad, organizadas por la Asociación Historia Autónoma en la Universidad Autónoma de Madrid y Centro Social Auto gestionado La Tabacalera de Lavapiés el 12 de enero de 2012.

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el interés del debate intelectual y derivaba hacia la experimentación personal con drogas y otros medios. Correspondiendo con el segundo momento de desencanto, en los dos últimos años de la década de los setenta, la crítica musical parece tomar el relevo a los grupos en lo que a innovación se refiere, y empiezan a dar mayor importancia a las nuevas bandas que están surgiendo casi con exclusividad en Madrid y que responden a la creación de una “nueva ola” de pop, punk y demás que viene de EEUU e Inglaterra (España, 1981). Estos grupos, de los que el más representativo es Kaka de Luxe también hacían fanzines, o habían surgido de los entornos del mundo de los fanzines que se reunía en el rastro de Madrid (Gallero, 1991, pp. 154-159), solo que en lugar de hacer Rock and Roll o rock progresivo –como El Rrollo- decidieron imitar a los grupos en boga del panorama internacional y revalorizar la música comercial anglo-sajona de los cincuenta en sus nuevas vertientes y estéticas. Al tratarse de un estilo con un menor grado de politización e importado podríamos decir, a tiempo real, la “nueva ola madrileña” recibió un mayor grado de aceptación por parte de la crítica. Prueba de ello es el artículo de El País de Tena que lleva por título New wave (Gallero, 1991, p.66), en el que se nos habla de que un nuevo movimiento juvenil ha llegado a Madrid para hacer ver que por fin la gente “se mueve” en la capital. También la Radio Nacional llega a radiar un concierto homenaje al batería de Tos –que había muerto en un accidente de coche- en el que tocaron los grupos más célebres de este todavía panorama underground, consolidando ante la crítica y el público la idea de nuevo movimiento musical que surgía con fuerza. Pensemos que la difusión de El País no es comparable a la de Disco Expréss, por poner un ejemplo con el que poder comparar la difusión popular del Rrollo respecto a la “nueva ola”. Toda esta cultura popular que como veíamos arranca del apoliticismo y deriva en expresiones despolitizadas –aunque para algunos analistas contengan una importantísima carga semiótica (Fouce, 2002)- da el salto definitivo a la gran difusión de manos de las grandes discográficas. Alrededor de los años ochenta varias son las multinacionales que viendo el éxito comercial de las discográficas independientes -que podían llegar a vender cien mil discos de un grupo joven y desconocido por toda la geografía española- se suben al carro y crean sus discográficas satélite especializadas en captar “nuevos talentos”. Una de estas discográficas –MR, fundada por Ariola- será capitaneada por un tal Paco Martín, que era un dj de radio y discotecas (Mateos 2011b, p. 117). Al año de dirigirla escribe un libro llamado “La Movida” (Martín, 1982) en el 199 

que tal y como se había hecho con El Rrollo o con la “nueva ola” se nos dice qué grupos son “la Movida”, qué es “la Movida” –deja ya de ser algo underground y se anuncia como “el movimiento socio-cultural” más importante que ha habido en la historia del pop español- y cuándo surge. La fecha es vaga: se afirma que surge en la segunda mitad de los setenta y que llega hasta la fecha de publicación, por lo que Martín no establece rupturas entre la contracultura y las nuevas tendencias que están surgiendo. Tampoco existieron rupturas claras entre los grupos que integraban estas tendencias, y queremos investigar hasta qué punto no acabó esta lógica cultural, absorbiendo incluso la atención del propio debate intelectual propio de la descomposición del franquismo. El aumento de la difusión de grupos de música y su comercialización hizo a la vez que otros campos de la creación se vieran involucrados. El dibujante dejó de pensar en hacer fanzines y se centró en diseñar portadas de discos o de libros como los que hemos enumerado13. De repente el tejido productivo cultural se vio invadido por una gran cantidad de manifestaciones cuya definición era casi siempre tediosa. La sensación general llegados a este punto era que la vanguardia de la creación había dejado de reposar en la crítica y la recuperación de la modernidad y se hallaba escondida en alguna fisura social. Debemos tener en cuenta por tanto, que en el tercer momento de desencanto, que corresponde a la llegada al poder del PSOE en las elecciones generales del ochenta dos, existía ya todo un desarrollo de una nueva industria cultural con capacidad de dinamizar variadas partes de la creación artística. También, las vanguardias y su financiación pública obtuvieron mayor capacidad de maniobra una vez que habían demostrado ser rentables por sí solas, y una vez que el golpe de estado del año ochenta y uno parecía afianzar el establecimiento de la democracia. Es en ese momento cuando la alcaldía de Madrid en manos de Enrique Tierno Galván más parece estar interesada en ofrecer al extranjero una nueva imagen de España que nada tuviera que ver con la imagen de flamenco, toros, dios y castañuelas que heredábamos del franquismo. Para esto le venía de perlas todo el totuum revolutuum de “la Movida”, la cual no dudó en apoyar creando e implementando los concursos de Rock y música pop, permitiendo la apertura de salas de conciertos y financiando cantidad de proyectos a todos los niveles en los que estuvieran relacionados nuevos

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Un caso significativo son las portadas de los libros contraculturales de la editorial La Piqueta pero una vista rápida a la edición y diseño de trabajos musicales de la época bastaría para cerciorarse de este hecho. Podemos citar aquí el ejemplo conocido de la fotógrada Ouke-lele o del pintor Enrique Naya, conocido posteriormente junto con Juan Carrero como Las costus. (Manzanares, 2008).

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creadores 14 . En este tercer paso, como vemos, la innovación escapa ya del entorno musical exclusivamente y alcanza límites insospechados. Tres son para mí los grandes hitos de esta época que nos permiten conectar el boom de cultura popular de la contracultura con su institucionalización o salto a lo mediático: la aparición de la revista La Luna de Madrid15 de Borja Casani y José Tono Martínez, la aparición del programa de televisión La Edad de Oro16 de Paloma Chamorro, y la exposición Madrid, Madrid, Madrid (1974-1984)17 financiada por la Comunidad y Ayuntamiento y comisariada por Quico Rivas. Todas ellas tratarán en la primera mitad de los ochenta de consagrar y reconocer toda la efervescencia de cultura popular urbana que se dio con anterioridad y dotarla de un sentido de “transición cultural”, liderando una imagen de este hecho que nada tiene que ver con la “transición cultural” que nos cuenta la historiografía. La Luna, tal y como nos decía su vice director y segundo director José Tono en las jornadas sobre Posmodernidad y Transición que celebramos en la UAM y CSA La Tabacalera de Lavapiés era “un homenaje a los fanzines, porque todos había(mos)n hecho fanzines”. Ahora bien, en las primeras páginas de La Luna se producía un salto cualitativo: dejaron de hablar de “Movida” como término válido –aun cuando eran conocidos como “los de la movida”- y para poder hablar de la nueva cultura que estaba surgiendo –no sin la crítica y rechazo de gran parte de la intelectualidad18- hablaron de que era “posmodernismo”, o de que era “cultura posmoderna” entendiendo que el país había entrado en una fase ulterior a la recuperación de la modernidad; entendiendo que

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Se suele atacar con frecuencia estas acciones culturales que buscaban implementar una nueva imagen de España, (Mainer y Julià, 2000) o incluso glorificarlas o dotarlas de un papel importante para explicar las mutaciones de la cultura en aquella época (Bessière, 1992). No obstante, cabría desmitificar y desentrañar, así como crear modelos numéricos contrastables sobre la gestión cultural del ayuntamiento y comunidad de Madrid durante esos años para poder afirmar por encima de las interpretaciones hechas posteriormente, si estábamos o no frente a una efervescencia cultural artificial. En el caso de los concursos de música, que fueron un claro condicionante para popularizar nuevas formas de sociabilidad y por tanto un claro apoyo a estas nuevas expresiones, con frecuencia parecen protagonizadas por el ayuntamiento de Tierno, y sin embargo fue la UCD la primera en ofrecer este tipo de eventos y fue en Burgos donde primero se celebraron concursos de pop y rock. (Ayuntamiento de Burgos, 1997). 15 La Luna es una revista española que existió 1982 y 1988, con una frecuencia mensual y una media aproximada de sesenta páginas por número. Las tiradas oscilaban pero consiguieron vender hasta treinta mil ejemplares por número en sus mejores épocas, contando siempre con numerosas colaboraciones y en general personal no cualificado o profesional. 16 La edad de Oro es un programa de televisión emitido entre 1983 y 1985 en TVE. 17 El catálogo de esta exposición permanece inédito, si bien en Mateos (2011b, pp. 80-127) se ha recuperado parte del mismo. Concretamente todas las cronologías extraídas de las maquetas de impresión que fueron facilitadas al autor por el fotógrafo Miguel Trillo, en el curso de la investigación de Máster, en diciembre del 2010. También se ha hecho y se puede ver en esas páginas una cuantificación de temas y documentos del catálogo. 18 El debate en sus líneas generales fue recogido en Tono (1986, pp. 15-26).

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España había entrado en el mercado, en la sociedad de consumo, y que la nueva cultura o el nuevo arte no respondía más a la lógica de la modernidad. Si el debate sobre la contracultura era un debate marginal en tanto a su contenido –anacrónico- y su difusión –leído solo en algunos círculos- el debate de la posmodernidad alcanzó mayores glorias. Existen varias iniciativas académicas como el 23º Congreso Filósofos Jóvenes de Alcalá de Henares que dirigió Miguel Cereceda19 y de la que resultó la obra colectiva La Polémica de la posmodernidad (Tono 1986). Estimuló por tanto la posibilidad de analizar tanto teórica como culturalmente la nueva cultura democrática y a la par generó toda una crítica intelectual, todo un rechazo literario del que tenemos numerosos ejemplos hasta la actualidad20. Pero no solo generó un rechazo intelectual, sino también político. La idea de “Movida” ha sido equiparada a la de botellón en determinados tratados jurídicos (Requena, 2001) y la década de los ochenta es vista con mucha frecuencia como la década de la droga y el SIDA, de la generación perdida a costa del hedonismo predicado por todo lo nuevo que aparecía desde la transición y que La Luna parecía consumar. El segundo hito que he remarcado era la aparición del programa La Edad de Oro, que originariamente iba a llamarse “arte moderno” (Ordovás, 2003, pp. 52-53). En él se dieron cita tanto los grupos memorables del underground que ya habían desaparecido –estoy hablando de Kaka de Luxe– como nuevas bandas nacionales e internacionales que venían a tocar a la televisión en directo. Este programa contribuyó a consolidar el nuevo panorama musical despolitizado y a estereotiparlo como “música pop española” (Ordovás, 1986) antes que “nueva ola” o “música de la movida”, aun cuando muchos de los grupos que pasaron por el programa habían figurado en todas las listas sucesivas de nuevas etiquetas musicales. El carácter entusiasta del programa – habla de una “edad de oro”- es similar al de La Luna. Un “todo vale” parece caracterizarlos y se señala un recorrido común de todos los creadores que intenta no dejar a nadie por el camino. “Todo se puede reciclar”; “Hay que hablar de todo”. Este programa contribuyó también a ampliar la visión que se tenía de estos movimientos como meramente musicales invitando a todo tipo de artistas a compartir plató. Dado el estímulo que todas estas iniciativas creaban en la sociedad juvenil, a mediados de los ochenta la producción artística y cultural aparece muy diversificada, y

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Abril de 1986. El tema era “El fin de la modernidad”. Quizá la más próxima en el tiempo, humorística pero muy focalizada en criticar a “los posmodernos” y a la “posmodernidad española” es Posadas (1988).

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podemos encontrar “jóvenes creadores” en fotografía, pintura, moda, arquitectura, música, cine etc. Precisamente en el ochenta y cuatro el Ayuntamiento y la Comunidad deciden hacer una gran exposición con veintitrés millones de pesetas de presupuesto –la mitad para el catálogo- en la cual exponer toda la creación que ha supuesto la renovación cultural del país desde el final del franquismo21. El criterio usado para reunir tan dispar obra dio un resultado que a nadie gustó, puesto que lo que estaba por encima era el afán de comercialización de la creatividad, y por ello la crítica a la banalización de la misma que esto conlleva. No obstante, este último delirio es una prueba irrefutable de la evolución de la producción cultural popular de esta época y revela importantes miradas y perspectivas del periodo de transición. Al haber quedado el catálogo inédito siempre llevo conmigo una copia de las maquetas de impresión para poder visualizarlo y hacernos una idea del tamaño del boom que tan comúnmente se asigna a esta explosión de cultura popular. En él se puede ver una gran cronología que trata de crear un enclopédico retrato de lo que por cultura algunos entendieron en la transición. Desde luego se trata de un totum revolutum; una imagen de imágenes la cuales han recibido historia propia de manera fragmentada. Finalizaré comentando que todo este movimiento parece alcanzar su cénit a mediados de los ochenta, y que las iniciativas más importantes para su difusión se van agotando y desaparecen entre el año ochenta y cinco y el ochenta y ocho, momento en el cual tres grandes ciudades españolas se involucran de cara al año noventa y dos en nuevos proyectos internacionales que condicionarán la creación urbana y popular: Madrid será capital cultural europea, Barcelona sede de las olimpiadas, y la Expo se celebrará en Sevilla. A partir de aquí el “nuevo arte” y el “nuevo creador” abandonan lo mediático y parecen más bien hacerse sistémicos (Guasch, 2000, pp. 156-163).

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EL CONCEPTO “GENERACIÓN” EN LA GENERACIÓN DEL 56. USOS POLÍTICOS Y CUESTIONES METODOLÓGICAS

Irene Moreno Moreno1 Universidad Autónoma de Madrid

Con frecuencia, el término “generación” es empleado en la historiografía como una palabra más del lenguaje común, sin mayores precisiones teóricas o metodológicas. Su uso coloquial y normalizado hace que, a menudo, pasen desapercibidas la problemática, ventajas y posibilidades que se esconden tras un concepto que, de hecho, fue considerado por Ortega y Gasset como el “más importante de la historia” (Ortega y Gasset, 1923, p.20). En las siguientes páginas se indaga esta categoría de análisis desde dos puntos de vista fundamentales. En primer lugar, planteamos una serie de reflexiones teórico-metodológicas, resaltando algunas de las debilidades y posibilidades que el enfoque generacional ofrece al historiador. En segundo lugar, realizamos una incursión por el uso político e identitario que los escritores de la generación del 56 hicieron del concepto “generación”, a fin de dotarse de una identidad propia que les permitiera desmarcarse de la generación anterior, vinculada a la guerra y al franquismo, y romper con el papel de continuadores que les deparaba la dictadura. Partimos para ello de los temas y objetivos que interesan a nuestra tesis doctoral en curso, centrada en el estudio de los intelectuales de la generación del 56.

1. Sobre el concepto “generación” y el enfoque generacional. Algunas consideraciones Desde los primeros intentos de teorización en el siglo XIX, el tema de las generaciones ha sido cuestión relevante en las ciencias sociales y las humanidades. Más precisamente, fue durante décadas lo que podría considerarse tema estelar, y aunque en la actualidad ha perdido protagonismo en el debate académico, destaca el interés que continúa despertando entre los investigadores. En estos debates, aspecto hoy por lo común olvidado, España tuvo un papel protagonista, con aportaciones de primer orden a 1

Becaria del programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación. Dpto. de Historia Contemporánea. E-mail: [email protected]

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nivel internacional procedentes de autores como Ortega y Gasset o el también filósofo Julián Marías2. La relevancia adquirida por el concepto generación y el enfoque generacional tiene mucho que ver con el papel esencial que los autores le otorgan a la hora de explicar las razones del cambio en la historia, y las relaciones existentes entre el tiempo biográfico (el curso de una vida humana) y el tiempo histórico-social; cuestiones capitales del pensamiento sociológico. La generación, o más precisamente, la mudanza generacional, la sucesión de generaciones, es, desde este punto de vista, el elemento clave que explica y permite el cambio, la evolución y el progreso de la humanidad a lo largo de la historia. En general, se estima que el cambio histórico (en las mentalidades y en los distintos órdenes de la vida humana), se debe, particularmente, a la acción transformadora que la entrada en escena de una nueva generación (los jóvenes) ejerce en el conjunto del cuerpo social. Ello sin dejar de resaltarse que, en efecto, no es la juventud quien sola y en exclusiva posibilita el avance histórico, resultando clave en este punto la manera en que distintas generaciones, con sus diferentes sensibilidades y esquemas

mentales,

cohabitan

un

mismo

momento

histórico,

influyéndose,

interaccionando y transformándose mutuamente. Para Ortega, por ejemplo, es la coexistencia de varias generaciones en un mismo tiempo y un mismo espacio lo que permite que la historia cambie, se mueva, ruede, fluya, de tal forma, asegura, que si todos fuésemos coetáneos, esto es, de una única y misma generación, “la historia se detendría anquilosada, putrefacta, en un gesto definitivo, sin posibilidad de innovación radical ninguna” (Ortega y Gasset, 1933b, p. 38). En el mismo sentido, si el enfoque generacional es clave en la comprensión del cambio social, lo es también a la hora de explicar la conexión que existe entre tiempos individuales y tiempos históricos. La generación se convierte así en perfecta metáfora de la construcción social del tiempo, al situar los largos tiempos de la historia en relación a los tiempos de la existencia humana. Es la realidad intermedia que conecta nuestra vida, nuestro tiempo biográfico, con el tiempo histórico, social en el que vivimos; es el medio a través del cual dos calendarios distintos (el del curso de la vida y el de la experiencia histórica) se sincronizan (Leccardi y Feixa, 2011, p. 19). La 2

Desde un primer planteamiento en el siglo XIX por sociólogos como Comte o Dilthey, el estudio de las generaciones ha tenido un espectacular desarrollo, sobre todo, en el ámbito de las ciencias sociales. Entre los autores y obras que en distintas épocas se han ocupado del tema destacan: Mannheim (1928); Ortega y Gasset (1933, 1923); Marías (1949, 1977); Febvre (1929); o más recientemente: Ricoeur (1985); y Abrams (1982). Una visión rápida de la historia de la teoría de las generaciones en Leccardi y Feixa (2011).

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generación a la que pertenecemos se convierte así en realidad que inevitablemente nos determina, en elemento constitutivo de nosotros mismos. Como refiere Julián Marías, el hombre, en el mundo, tiene desde luego unas circunstancias particulares que vive y que van a ser las que en buena medida contribuyan a singularizar su actuación en él. Pero tiene, y aun pesando más sobre su realización como tal hombre, un contexto vital que recibe, un “mundo histórico” que:

“es en primer término, su generación, y tiene que enfrentarse con la realidad, para hacer su vida, desde ella. Las generaciones adquieren, vistas en este contexto, un inesperado cariz dramático. Porque la generación es un ingrediente constitutivo de cada uno de nosotros: yo no puedo vivir desde mí mismo, sino sólo dentro de mi generación” (Marías, 1949, p. 89).

Pero si hay consenso en destacar la trascendencia de esta categoría en el desarrollo socio-histórico, y en la vivencia personal de cada ser humano, la cuestión se complica a la hora de proponer una definición básica de esa realidad evidente, pero extraordinariamente difusa, que llamamos generación. ¿Qué es, por tanto, una generación? ¿Qué elementos la caracterizan? Sin entrar en el debate taxonómico, resulta muy sugerente para comprender su esencia, la metáfora del paisaje empleada por Ortega. Al decir del filósofo, observamos como si dos hombres mirasen un mismo paisaje situado el uno algunos metros más arriba que el otro. Se trata, pues, de una diferencia de altitud en la colocación: esa “diferencia de nivel vital” es lo que llama una generación (Ortega y Gasset, 1933a, p. 53). ¿Y quiénes integran las generaciones emergentes? ¿Qué las caracteriza diferenciándolas de sus predecesoras? Podemos partir de la afirmación del sociólogo Mannheim, para quien “los jóvenes que experimentan los mismos problemas históricos concretos forman parte de la misma generación” (Mannheim, 1928, cit. en Leccardi y Feixa, 2011, p. 14). Es una definición bastante general, que integra no obstante dos requisitos fundamentales: ser joven y compartir ciertas experiencias históricas. En este punto, conviene subrayar algo a lo que ya se aludió con anterioridad, importante a la hora de emplear este enfoque metodológico, a saber; que el cambio social, en efecto, se produce por la interacción de varios grupos de edad, y no sólo por la participación exclusiva de los jóvenes. Con este sentido, el poeta Carlos Bousoño, de la llamada generación del medio siglo, refería que: 209 

“[l]o que no dicen ni Ortega ni Marías es cómo nace esa nueva sensibilidad juvenil que por modo misterioso es, según estos autores, solitariamente innovadora; cómo y por qué los jóvenes reaccionan frente al sistema establecido de vigencias y usos mientras sus padres permanecen extraordinariamente ciegos para los inconvenientes que de tal sistema se deriven y, por tanto, no reaccionan en principio, al parecer, contra ellos” (Bousoño, 1981, p. 198).

Para a continuación citar precisamente al realismo social (corriente literaria característica de los intelectuales del 56) como prueba de la responsabilidad multi e intergeneracional en el cambio histórico:

“Todos los interesados por la literatura que han vivido el periodo de la posguerra pueden testimoniar hasta qué punto el realismo e incluso su forma más extremosa, la poesía social, fue realizada simultáneamente, aunque no del mismo modo, desde todas las generaciones3. […] no fueron los jóvenes sino los viejos del 27 quienes aportaron los primeros síntomas del cambio” (Bousoño, 1981, p. 198).

En consecuencia, podríamos añadir, es absolutamente necesario plantear el estudio de la generación del 56 considerando que forman parte de ella autores que ejercieron un verdadero magisterio sobre los más jóvenes, con quienes compartían unas mismas experiencias históricas a las que ofrecían respuestas similares, aunque por edad pertenecieran de hecho a generaciones anteriores, tales los casos de Gabriel Celaya o Blas de Otero, nacidos respectivamente en 1911 y 1916. Desde esta perspectiva, resultaría de gran interés, por ejemplo, analizar la manera en que estos escritores, como decimos integrantes de pleno derecho del grupo que nos ocupa, experimentaron la diferencia generacional, cómo ésta actuó en su posición dentro del grupo y en las relaciones con los jóvenes, y de qué forma la experimentaron éstos últimos; esto es: cómo era la relación entre “mayores” y “jóvenes” (¿relación de magisterio y compañerismo?) y, en general, de qué forma la diferencia de edad se manifestó en la configuración y funcionamiento de las redes de sociabilidad que sostenían al grupo. A la hora de caracterizar, pues, la categoría generación resulta asimismo interesante la propuesta del poeta Dámaso Alonso que Juan Goytisolo reproduce añadiendo la que es en su juicio la principal característica definitoria del grupo del medio siglo, al que él mismo pertenece:

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La cursiva aparece en el original.

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“En Poetas españoles contemporáneos, Dámaso Alonso enumera acertadamente las condiciones mínimas de lo que él entiende por generación: ‘coetaneidad, compañerismo, intercambio, reacción similar ante excitantes externos’. En el grupo literario en que nos ocupamos la oposición al Régimen ha actuado como elemento aglutinante y catalizador” (Goytisolo, 1976, p. 78).

También para otro crítico de la época, Juan Carlos Curutchet, este grupo “constituye verdaderamente una generación por cuanto sus novelistas han coincidido en postulados estéticos e ideológicos comunes”. Para el autor, en efecto, es la existencia de un “compromiso” de tipo político, que además se expresa en la producción literaria que caracteriza al grupo (esto es, el realismo social), el rasgo básico que diferencia a esta generación de su precedente, la de la primera posguerra (Delibes, Cela, etc.) (Curutchet, 1966, pp. 55-56, cit. en Sanz Villanueva, 1980, p. 72). Así pues, en nuestra investigación en curso compartiremos el sentido que en la historiografía francesa se da al término generación, y que remite no tanto a grupos de individuos nacidos en una determinada franja temporal, como a los formados por personas (intelectuales en nuestro caso) que han tenido una formación similar, incluyendo ahí las influencias recibidas del contexto histórico; y que se fija no tanto en la fecha de nacimiento de sus miembros, como en los acontecimientos relevantes que marcaron su juventud y su etapa formativa (Morente Valero, 2011, p. 70). Como se ha visto, edad parecida, compartir ciertas experiencias históricas y darles una respuesta similar, empatía y sociabilidad entre sus miembros y, en el caso concreto de los escritores del medio siglo, compromiso político antifranquista, son, pues, algunos de los ingredientes esenciales que componen la categoría generación4. Ciertamente, se trata de criterios de clasificación que presentan una gran dificultad de aplicación, si quisiéramos emplearlos para clavar a los autores en las diferentes generaciones, como si fuesen mariposas dentro de una caja de cristal, pero que resultan (como en consecuencia le ocurre al propio método generacional) útiles y esclarecedores. Es el punto de vista del propio Goytisolo, nada partidario de la etiqueta generación, pero a quien le parece real la existencia y práctica la clasificación de un grupo del medio siglo: “la generación del medio siglo es algo más que una etiqueta o reclamo de propaganda, y sus autores y sus

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Como puede apreciarse, se trata de vínculos trascendentales que hacen de la generación, en especial la generación intelectual, una forma de reunión que supera cualitativamente el simple grupo.

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obras pesan hoy en la vida literaria española con un peso real y específico” (Goytisolo, 1976, p. 78). En sus palabras, por otra parte, alude Goytisolo a uno de los peligros más evidentes de este enfoque, favorecedor siempre de “generalizaciones publicitarias, estereotipos y apropiaciones”, como también apunta el historiador de la literatura José Teruel (1999, p. 99) 5 . Efectivamente, la generalización constituye su riesgo más evidente, hasta el punto, sugiere el historiador Francisco Morente Valero, de que si esta perspectiva no es una línea de trabajo habitual entre los historiadores de los intelectuales en los últimos años, quizá sea “porque se considera que el elemento homogeneizador que, se quiera o no, subyace en el concepto de ‘generación’ resulta bastante contradictorio con la realidad de la gran heterogeneidad que acostumbra a caracterizar a los miembros de esas supuestas generaciones”, haciendo de este enfoque un instrumento de análisis más bien ineficaz (Morente Valero, 2011, p. 71). En ese sentido, conviene resaltar dos cuestiones fundamentales: de una parte, que no debe plantearse el estudio de una generación como si fuese la única existente y actuante en un lugar y tiempo concretos, siendo necesario, por el contrario, reflexionar sobre la relación que se establece entre las distintas generaciones en un mismo lugar y momento histórico. La participación de autores de distintas épocas en la realización del social-realismo, al que ya se ha aludido, es un buen ejemplo. De otra parte, que la categoría generación no implica unanimidad entre sus miembros, sino más bien unas respuestas similares, aunque plurales, a problemas comunes del momento histórico que comparten. Para el caso del grupo del medio siglo que nos ocupa, por ejemplo, ni todos sus integrantes interpretaron y representaron el compromiso de la misma manera, ni todos poseían, desde luego, una misma condición socio-económica, al igual que también era divergente su identificación con las distintas corrientes políticas del antifranquismo (comunismo, socialismo, etc.); tratándose, por tanto, de una realidad heterogénea. En consecuencia, este enfoque, con su énfasis en los acontecimientos históricos y en la conciencia o sensibilidades comunes, no debe implicar, necesariamente, olvido o desconsideración hacia las desigualdades y heterogeneidades que presenta cualquier grupo humano. Con parecido sentido, podemos citar la apreciación del historiador del arte Pinder, preocupado por lo que llamaba “no contemporaneidad de los

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En su artículo José Teruel analiza las distintas apropiaciones y posiciones que la posguerra española adoptó en torno a la generación del 98, probablemente la que más ha sido objeto de estereotipos y apropiaciones en la historia española.

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contemporáneos”, y que viene a referir, básicamente, que “[p]ara cada uno el mismo tiempo es un tiempo distinto”, esto es, que los integrantes de las distintas generaciones interpretan su época, su tiempo de una manera diferente, propia (Pinder, 1926, p. 21, cit. en Mannheim, 1928, p. 200) 6 . O dicho de manera sencilla, que la actual crisis económica, por ejemplo, no la vive igual un trabajador próximo a la jubilación que un joven, del mismo modo que el final del franquismo no lo experimentó igual un joven opositor recién llegado a la política que alguien que llevaba toda la vida en la lucha antifranquista. En fin, el concepto generación constituye, desde luego, un instrumento de análisis complejo que, como todos, hay que utilizar siendo conscientes de sus riesgos y debilidades, pero que, en efecto, según opina François Dosse en coincidencia con muchos investigadores, puede “resultar un instrumento operativo de esta nueva historia de los intelectuales” (Dosse, 2006, p. 47, cit. en Morente Valero, 2011, p. 70)7. Se trata por tanto, también desde nuestro punto de vista, de una categoría útil que (como otras categorías de análisis) nos permite sintetizar y hacer más manejable y comprensible, en nuestro caso, esa realidad compleja que fue la generación del 56 en el contexto del medio siglo, sin necesidad de obviar la heterogeneidad y complejidad que se esconde tras ella. La propia práctica historiográfica defiende esta operatividad pues, de hecho, pese a los debates que sigue suscitando el valor analítico del concepto, éste sigue siendo usado habitualmente por los historiadores, lo que es prueba, al menos, de su utilidad funcional (Morente Valero, 2011, p. 70)8. Asimismo, el historiador tiene la ventaja de poder beneficiarse de un enfoque multidisciplinar, que a buen seguro va a permitirle ampliar su perspectiva de análisis, tomando en consideración cuestiones que podían pasarle desapercibidas. En nuestro caso, por ejemplo, resulta de gran interés la idea de generación como creación o construcción identitaria, que veníamos explorando al corriente de nuestra investigación, y que refiere un interrogante, el de la relación entre generación e identidad, que ha centrado el interés de la sociología. A la indagación de 6

También Ortega realiza una interesante división entre “contemporáneos”, personas que viven en un mismo tiempo (pero que pueden ser de distintas generaciones), y “coetáneos”, gentes de la misma edad, es decir, de la misma generación. Asimismo, es interesante resaltar cómo los seres humanos identifican su existencia con un tiempo concreto correspondiente a su juventud, según expresa perfectamente la expresión corriente “en mi época…”, con clara alusión a la generación de pertenencia. 7 Dosse es uno de los grandes representantes de la historia de los intelectuales en la historiografía francesa. 8 Entre las obras recientes que emplean un enfoque generacional podemos citar las de Menéndez Alzamora (2006) y la de López Pina (ed.) (2010), obra que no obstante peca de alguno de los problemas a los que hemos aludido al presentar, por ejemplo, al grupo del 56 como responsable prácticamente exclusivo de la realización de la democracia en España. Por su parte, Jordi Casassas ofrece una síntesis de las circunstancias que deben concurrir para un uso justificado del concepto, en Casassas (2005), p. 103.

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esta idea, en el caso concreto de los jóvenes escritores de la generación del 56, dedicamos el siguiente punto.

2. Unidos en “ideología e intenciones”: la “generación del medio siglo” En el punto anterior, ya se aludió al estrecho vínculo que existe entre generación e identidad, y cómo la primera determina la segunda, llegando a ser, incluso “dramáticamente”, elemento constitutivo de nosotros mismos. Desde este punto de vista, el sociólogo Philip Abrams (1982) profundiza en la relación que se establece entre esas dos realidades, considerando que una generación en el sentido sociológico es el período de tiempo durante el cual una identidad se construye sobre la base de los recursos y significados que socialmente e históricamente se encuentran disponibles. Y subraya cómo las nuevas generaciones crean nuevas identidades y nuevas posibilidades de acción. En este sentido, resulta de gran interés el poder creador que posee el propio concepto. Como refiere el sociólogo Zygmunt Bauman, al “[i]gual que los conceptos de ‘nación’ o de ‘clase’, el término ‘generación’ es performativo —expresiones que crean una entidad con sólo nombrarla—, una llamada o un grito de guerra para llamar a filas a una comunidad imaginada o más precisamente convocada” (Bauman, 2007, p. 370, cit. en Leccardi y Feixa, 2011, p. 13). De este modo, es innegable el valor del concepto como argumento o estrategia de carácter político, susceptible de ser empleado conscientemente a fin de presentarse y actuar en el espacio público con una identidad propia, legitimidad y poder efectivo que confiere el hecho mismo de aparecer como nueva generación9. Es lo que en nuestro estudio denominamos uso político e identitario del concepto generación, para referirnos a la manera en que los escritores del medio siglo, de modo consciente, “crearon” su propia generación, haciendo precisamente del compromiso político antifranquista el rasgo más característico de su identidad; lo que les permitía romper con el papel de continuadores que les deparaba la dictadura y defender su propio proyecto político-social para España. Al igual que ocurre con la nación o la clase, la estrategia pasaba por crear lo que podríamos denominar “conciencia de generación”.

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En el punto anterior referimos el protagonismo de las generaciones en el cambio histórico, siendo asimismo evidente la relación entre juventud y futuro (de un país, sociedad, régimen, etc.). No es cosa menor, por tanto, presentase como nueva generación. En efecto, ganarse a la juventud implica, de alguna forma, garantizarse el futuro, siendo fundamental para cualquier político, gobierno o régimen político contar con su apoyo. Por ejemplo, el recientemente elegido presidente de Francia François Hollande se definió la misma noche de su elección como el “presidente de los jóvenes”. Es algo habitual.

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Las fuentes de la época muestran, en efecto, que el término fue muy común a lo largo de la dictadura; un concepto “familiar”, en palabras del escritor y editor José María Castellet, quien en un importante texto de 1955 defendía su uso aplicado a la última promoción de escritores jóvenes (de la que él mismo era parte), considerando su orientación ideológica (oposición al régimen) y formas de actuación (compromiso activo) como el principal rasgo que les diferenciaba de la generación anterior: “En todo caso, parece evidente que esta ‘última promoción’ parece, en principio, más preparada y con mayor empuje que su inmediata antecesora y, especialmente, más compacta, más unida en su ideología e intenciones” (Castellet, 1955, p. 90)10. Algunos años después, en 1960, el escritor y crítico literario Ricardo Doménech, refería más expresamente su voluntad de colaborar en la creación efectiva de una nueva generación capaz de tomar las riendas de España; y lo hacía desde el papel y medios que le correspondía como intelectual, esto es, a través de la palabra, nombrando y caracterizando a la generación para, de este modo, hacerla realidad:

“Bien, cuanto […] he venido exponiendo tiene un nombre. Se llama una generación en marcha. Sin duda que formular su nombre entraña un deseo y una esperanza. Pero hablo de hechos concretos. Y estos hechos concretos no arrojan otra conclusión que ésta: en el mundo del arte y del pensamiento ha sucedido eso que tenía que suceder, porque es una ley vital, tan inexorable como esperanzadora. Lo ocurrido es, sencillamente, que han llegado unos hombres nuevos. Y estos hombres nuevos, élite o minoría intelectual de una nueva generación, son los que llevarán el timón, así que pasen unos años” (Doménech, 1960, p. 11).

Nacía así el conjunto de artículos publicados en la revista Ínsula con el significativo título “Una generación en marcha”, en ocasiones precedido del rótulo “El tiempo joven”. Se trataba, pues, de un “diario de abordo”, que pretendía dar cuenta de los primeros frutos del grupo “para testimoniarlos, registrarlos, valorarlos, potenciar su vuelo. Y no es mal testimonio para empezar, dar fe de su existencia” (Doménech, 1960, p. 11). Por su parte, y con una expresa intencionalidad política, el periodista José María Sanjuán publicaba en 1966, con gran repercusión, su artículo “¿De quién es el futuro?”, 10

Fue Castellet quien, de hecho, acuñó por entonces y con éxito el nombre de “generación del medio siglo”, que hoy sigue utilizándose para referirse a los intelectuales de la posteriormente también llamada “generación del 56”.

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en el que la realización de la democracia en España aparecía íntimamente vinculada a la nueva generación y el inevitable relevo generacional. Jóvenes, democracia y futuro se presentaban como realidades interdependientes, eslabones de una misma cadena, que negaban al régimen todo sentido y posibilidad de supervivencia. Juventud significaba, pues, democracia; de ahí que fuera tan importante el relevo generacional que con fuerza demandaba el autor:

“Una fórmula rígida ha impedido los relevos, haciendo que en 1966, los hombres de 1936 no solamente sigan todavía jugando su papel, sino que aspiran a seguir jugándolo, abierta o soterradamente en el futuro […] sin permitir que los demás, es decir, las generaciones nuevas, no ya impongan, sino esbocen y analicen posibles y, sobre todo, democráticas fórmulas de gobierno [… ] Pero España, que no ha dado paso al verdadero y honesto juego generacional, cuenta, sin embargo, hoy, con una generación de hombres verdaderamente nuevos […] Porque no debe olvidarse —y esto es algo fundamental— que la España del futuro será, sobre todo y ante todo, la España de los hombres de 1966, no la de los hombres de 1936” (Sanjuán, 1966 [1968], p. 2).

En la misma dirección, el autor publicaba en 1967 el texto “Hacia una nueva conciencia”, en el que acuñaba el término “generación de la nueva conciencia”, que obtuvo una gran difusión: “Yo, a esta generación nueva, desprovista de privilegios, europea en su cabeza y libre y democrática en su caminar, la he llamado ‘nueva conciencia’” (Sanjuán, 1967, p. 3)11. Y dónde volvía a pedirse un relevo generacional que, consecuentemente, de hecho, significaba fin de la dictadura y comienzo de la democracia. Por supuesto, el régimen fue consciente de lo mucho que se jugaba en este punto. Son numerosos los textos que reflexionan sobre la “desorientación” de la juventud, tratando de desarticular las interpretaciones acerca de la nueva generación defendidas desde las izquierdas. Fue una preocupación permanente de la dictadura. Partiendo de cierta autocrítica, un texto de José María García Escudero, en 1947, propone como solución ser comprensivos con las posturas de los “hermanos menores” y tratar de reintegrarlos a la causa, en lugar de echarles de casa o darles la espalda, tal y como, mayoritariamente, se estaba defendiendo desde otras instancias del régimen. Por supuesto, se trataba de que aportaran “su nota peculiar”, sin llegar a perder “el ancho y 11

Fue objeto de expediente de censura.

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viril camino de 1936” (García Escudero, 1947, p. 3). Desde una postura mucho más intransigente, el artículo del año 1953 titulado elocuentemente “Los cuervos no nos sacarán los ojos. (Réplica a los irresponsables que hablan alegremente del fracaso de una generación)”, condenaba a “estos marisabidillos que estudiaron sus carreras aprovechándose de la sangre derramada por los que hoy desprecian”, si bien, consideraba, aún no estaba todo perdido pues “[p]or fortuna, sólo una pequeña parte de nuestra pollada nos ha salido cuervos; se les distingue, aún en sus aleteos vacilantes, en el ala negra, las garras afiladas y la pasión carnívora” ([Anónimo], 1953, cit. en Bonet, 1988, p. 126). E, igualmente, es significativo el mensaje que Franco pronunció ante las Cortes, en 1966, con motivo del proyecto de la Ley Orgánica del Estado, donde destaca el empleo del término “generación”, y se trata asimismo de desactivar la idea de una juventud vinculada a las izquierdas, porque además, se incide, también en la obra del régimen ha colaborado la juventud: “Durante estos treinta años han colaborado en la realización de esta tarea generaciones distintas, […] Generaciones que arribaron a la vida de la nación terminada nuestra contienda, y […] alumbraron una forma de ser que ha cambiado radicalmente el rumbo de la vida de España en sus horizontes y sus afanes. A ellos también, mi gratitud”. El destino para ellos era, pues, la continuación del legado franquista: “hemos de continuar con fe la obra emprendida entregándonos de generación en generación la antorcha encendida del resurgimiento” (Franco, 1966, p. 33). Publicado en el ABC un día después del citado texto de Sanjuán “¿De quién es el futuro?”, parece una respuesta directa a la representación de la generación joven desarrollada por las izquierdas. La dialéctica era clara: generación continuista frente a generación rupturista; dictadura frente a democracia.

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MESA 4. HISTORIA DE LAS RELACCIONES INTERNACIONALES.

NUEVAS MIRADAS SOBRE LA HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA

Carlos Sanz Díaz1 Universidad Complutense de Madrid Zentrum für Zeithistorische Forschungen Potsdam Coordinador de la Mesa

Los estudios que encontrará el lector agrupados bajo el paraguas de la Mesa 4Historia de las Relaciones Internacionales, dentro de estas Jornadas Doctorales en Historia Contemporánea organizadas por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid los días 20 a 22 de junio de 2012, compendian varias de las direcciones por las que avanza actualmente la investigación en esta especialidad en España. Aunque no agotan, naturalmente, la variedad y complejidad de cuestiones que ocupan a los historiadores internacionalistas hoy por hoy, todas ellas son representativas de la forma en que jóvenes y no tan jóvenes historiadores que se encuentran en fases diferentes del proceso de realización de sus tesis doctorales están afrontando las cuestiones fundamentales que acechan a todo investigador. Como demostraron los debates que surgieron durante las dos sesiones de discusión en torno a varios textos teóricos y a las comunicaciones que aquí se compendian, algunas controversias clásicas, lejos de estar agotadas, continúan gozando de buena salud. Entre ellas, la más importante posiblemente sea la que gira en torno al papel de los Estados como actores de las relaciones internacionales. Si la especialidad de la historia de las relaciones internacionales se construyó originariamente sobre la base del llamado “paradigma estatocéntrico”, este modelo fue sometido a una fuerte revisión desde los años setenta del siglo XX, bajo la influencia combinada de las teorías 1

Proyectos I+D HUM 2007-62337/HIST “La transición ibérica: Portugal y España. El interés internacional por la liberación española (1974-77) desde el impacto del 25 de Abril en Portugal” y HAR2009-13630 “Dimensión internacional de la transición española (1973-1982): protagonistas y memoria histórica”.

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del transnacionalismo y la interdependencia desarrolladas por teóricos como Keohane y Nye y de la creciente atención de los propios historiadores a fuerzas, factores y actores situados al margen de la esfera estatal, como las empresas multinacionales, las internacionales de partidos y sindicatos, las religiones e iglesias, y todo tipo de organizaciones no gubernamentales. Esta tendencia resultó reforzada por la aceleración e intensificación del proceso histórico de globalización a partir precisamente de los años setenta y, sobre todo, de los noventa del pasado siglo. En este contexto se vaticinó repetidamente la desaparición de los Estados de la escena internacional, vaciados como estarían de contenido hacia arriba por procesos de integración supranacional, hacia abajo por la acción fragmentadora de fuerzas identitarias y lealtades locales de ámbito subestatal, y en todas direcciones por las “perforaciones de la soberanía” provocadas por todo tipo de fuerzas y fenómenos transnacionales como los movimientos globales de capital, las migraciones transnacionales, las redes mundiales de criminalidad, los desafíos mediombientales, los flujos de información a través de internet o las múltiples expresiones de actividad de una sociedad civil cada vez más globalizada. Este diagnóstico de la condición histórica de nuestro presente se ha reflejado en el ámbito de la historiografía de las dos últimas décadas con una multiplicación de propuestas, como la de la historia global, la historia transnacional y la entangled history o histoire croisée, que exploran los múltiples flujos y canales que han conectado históricamente a las sociedades al margen del Estado y a través de las fronteras internacionales. 2 Al mismo tiempo, múltiples especialidades historiográficas que tradicionalmente han estado centradas en procesos y actores no estatales, como la historia económica, la historia social o la historia cultural, han experimentado un proceso de internacionalización de sus objetos y sus métodos. Y también de forma simultánea, la tradicional historia de las relaciones internacionales –más o menos identificada en determinados ámbitos historiográficos con la historia internacional y con la historia de la política exterior- ha ido abriéndose en las últimas tres décadas a enfoques y temáticas como las descritas, y a otras específicamente derivadas del nuevo interés por las identidades, el género o la cultura y su vertiente inter- y transnacional, bien apreciables en la producción académica de un país como Estados Unidos que, en

2

Hugo Fazio Vengoa, “La historia global y su conveniencia para el estudio del pasado y del presente”, Historia crítica edición especial, Bogotá, noviembre 2009, pp. 300-310, http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/629/index.php?id=629 (30.03.2012)

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buena parte, marca la tendencia que siguen especialistas del resto del mundo.3 No es de extrañar que, ahora que todo parece ser transnacional y que los estudios internacionales lo abarcan todo, algunos especialistas procedentes de la historia de las relaciones internacionales –y más aún, de lo que en el contexto anglosajón ha continuado llamándose, sin mayor conflicto, diplomatic history- perciban una situación de fragmentación interna y de falta de coherencia en una subdisciplina en la que se habrían ido desdibujando las señas de identidad centrales esenciales: el estudio de la diplomacia gubernamental, el análisis de las decisiones que configuran la política exterior, la preocupación medular por el poder, la centralidad de la política, y la polarización última en torno a la guerra y la paz como posibilidades últimas de relación entre los países en el seno de la sociedad internacional. Un diagnóstico de la situación, correcto o erróneo, desde el que se explican propuestas como la de Kenneth Weisbrode de integrar las aportaciones realizadas en las últimas décadas a la historia diplomática desde las ciencias sociales mediante el estudio de los diplomáticos como mediadores e intérpretes entre sociedades y culturas y el análisis de las redes oficiales y oficiosas de relaciones e influencias

que

aquellos

tejen,

como

una

vía

para

renovar

temática

y

metodológicamente la historia internacional sin invadir otras áreas vecinas de especialización y recuperando un sentido de coherencia pretendidamente perdido.4 En qué medida este tipo de debates se reciben y contribuyen a conformar las investigaciones historiográficas en los distintos contextos académicos –que, pese a la mencionada internacionalización, continúan teniendo un sustrato

esencialmente

nacional- es algo que depende de múltiples factores, entre los que destacan las tradiciones académicas, la densidad de la comunidad de especialistas y la posición y fortaleza relativa su campo de estudio en relación con otras ramas de la historiografía. Si los trabajos que aquí se presentan sirven como indicios sobre las direcciones que sigue la investigación en España, habrá que concluir que los jóvenes historiadores de las relaciones internacionales distan de dar por liquidado el interés por el Estado y por la política exterior española como objeto de conocimiento histórico, un hecho coherente con la forma en que se configuró desde sus orígenes la especialidad en nuestro país y 3

Un estado de la cuestión en Thomas W. Zeiler (2009), “The Diplomatic History Bandwagon. A State of the Field”, The Journal of American History, 95(4), pp. 1053-1073, consultable en http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic957867.files/Zeiler%20-%20Diplomatic%20History%20Bandwagon.pdf; véase la replica de Jessica C.E. Gienow-Hecht (2009), “What Bandwagon? Diplomatic History Today”, The Journal of American History, 95(4), pp. 1083-1086. 4 Kenneth Weisbrode (2008), “The New Diplomatic History. An Open Letter to the Membership of SHAFR, http://www.shafr.org/passport/2008/december/Weisbrode.pdf.

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con el insuficiente conocimiento que todavía tenemos sobre muchos aspectos fundamentales de la inserción de España en la sociedad internacional contemporánea, y que abarcan desde cuestiones relativas a los instrumentos de la acción exterior del Estado y el proceso de toma de decisiones hasta la participación de España en procesos internacionales de cooperación e integración, entre otros muchos. Aspectos que merecen la atención de investigadores jóvenes y veteranos, no por falta de sensibilidad hacia los vientos de renovación que animan la especialidad, sino por la constatación de la falta de una base historiográfica suficientemente amplia y sólida a partir de la cual desarrollar temáticas y enfoques ulteriores. La reivindicación del papel del Estado, junto con el de un género clásico como es del estudio de las relaciones bilaterales, resulta así explícita y central en la aportación de Andrés Sánchez Padilla sobre las relaciones entre España y Estados Unidos entre 1865 y 1898, que se articula en torno a tres cuestiones: las migraciones entre los dos países, las trabas a la penetración económica norteamericana en España y las disputas internacionales sobre los derechos de autor. Igualmente resulta central el Estado en la investigación de Juan Manuel Fernández Fernández-Cuesta acerca de los orígenes de la información diplomática en España y el control informativo como factor de la política exterior, un estudio que alumbra un aspecto poco conocido de la historia del propio Ministerio de Estado, posteriormente de Asuntos Exteriores, como es el del contexto y antecedentes de la Oficina de Información Diplomática. También se centran en el análisis de la política exterior del Estado las investigaciones de Vanessa Núñez Peñas sobre las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas desde una perspectiva intracomunitaria (1975-1986) y de Francisco José Rodrigo Luelmo sobre la Conferencia de Madrid sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (19801983), dos trabajos que comparten, además la perspectiva multilateral, el marco cronológico de los años de transición y consolidación democrática, línea fronteriza ya bien consolidada de la investigación historiográfica internacionalista en España en virtud de la posibilidad de acceso –no exento de trabas y limitaciones poco justificablesa las fuentes documentales españolas y de otros países y organismos internacionales. La apertura a problemáticas que enlazan la historia internacional con la historia intelectual y de las ideas es bien visible en la aportación de Guillermo J. Pérez Casanova, que certifica con su investigación en curso sobre las convergencias y divergencias entre las identidades nacionales y las identidades europeas en España entre 1914 y 1932 –y con el recurso a la sugerente propuesta del europeísmo banal derivado 224 

del nacionalismo banal de Michael Billig- la permanente actualidad de las controversias acerca de ideas y conceptos como el de nacionalismo y europeísmo, poliédricos y susceptibles de múltiples y variables lecturas mutuamente determinantes, en permanente diálogo con el contexto histórico en el que surgen y con aquel desde el que se releen y actualizan, el que constituye el horizonte temporal y experiencial de nuestro presente y nuestra contemporaneidad. Seis miradas, en definitiva, las que aquí se presentan que atestiguan la vitalidad y la renovación de una especialidad todavía joven en España, que en el corto plazo se enfrenta no solo a retos epistemológicos como los apenas esbozados aquí, sino también a otros desafíos de orden más práctico, compartidos en gran medida por la historiografía española en su conjunto, y que se derivan de las incertidumbres institucionales y de financiación de la investigación, que tan bien conocen los autores de estos trabajos.

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ORÍGENES DE LA INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA EN ESPAÑA. EL CONTROL INFORMATIVO COMO AGENTE DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Juan Manuel Fernández Fernández-Cuesta Universidad Complutense de Madrid

1.

Introducción

En el sentido en que hoy la conocemos, los principales gobiernos occidentales implementaron las bases de su comunicación institucional hace casi un siglo, como parte de la propaganda oficial planificada por los ejecutivos –totalitarios y democráticos- en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Encontramos su origen en los regímenes dictatoriales –la Rusia soviética y, después, Italia y Alemania-, a los que siguieron, en los años inmediatos, las principales naciones con instituciones representativas –Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otras-. En razón de sus planteamientos ideológicos, los gobiernos adoptaron modelos teóricos distintos. Sus acusadas diferencias iniciales se fueron diluyendo en su aplicación práctica. Así se observa, especialmente, en tiempos de excepcionalidad -en un periodo bélico, por ejemplo-, donde los intereses del Estado se superponen a cualquier otro bajo los auspicios de la seguridad y la defensa nacionales. En materia informativa, las restricciones impuestas por la Administración, aunque aspiren a justificarse con tales argumentos, colisionan frecuentemente con los principios básicos del Estado de Derecho5. De hecho, todos los gobiernos, en el contexto de un conflicto bélico, intentan silenciar la crítica y controlar la información para transformarla en un arma favorable a sus intereses. Mattelart (1993, p. 18) lo resumió diciendo que “la comunicación, para lo que sirve, en primer lugar, es para hacer la guerra”.

5

Valga un ejemplo más reciente. En Estados Unidos, los ataques terroristas del 11-S promovieron la aprobación de la USA Patriot Act, firmada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001, que restringió derechos ciudadanos y autorizó la violación de las comunicaciones privadas en la guerra contra el terrorismo. La cuestión ha reavivado el tradicional debate sobre los límites y el control de la información y su relación con la política exterior. Un resumen de las posiciones en Domke (2006). La perspectiva española, en Casero Ripollés (2009).

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Ya el presidente Lincoln, el gran defensor de los derechos civiles, suspendió la libertad de prensa en 1865; y el presidente Wilson invocó ante el Congreso sus poderes especiales para entrar en la guerra mundial, al tiempo que creaba, en 1917, la Oficina para la Información Pública, que ejerció la censura y la propaganda6. Un año después, el gobierno británico instauró su ministerio de Información, a fin de coordinar la acción poco eficaz de las diversas agencias de propaganda oficial7. En el lado totalitario, Lenin ya había impuesto en la Unión Soviética su doctrina sobre la prensa, entendida como elemento de propaganda, agitador político y organizador colectivo8. Años más tarde, también la Italia fascista y la Alemania nazi desarrollaron complejas y eficaces estructuras de propaganda, que se mostraron esenciales para el mantenimiento del Estado totalitario.

2.

Orígenes de la comunicación institucional en España

En la década de los años veinte aparecen en España los primeros intentos oficiales por crear un departamento encargado de suministrar la información emanada de las instituciones del Estado. Como en otros países, su origen es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pues la neutralidad española no dejó al país al margen de las transformaciones que el conflicto provocó en la política y la sociedad de su tiempo. Por el contrario, la guerra alimentó los debates políticos e intelectuales de la España del final de la Restauración, desarrollados a través de la prensa, principalmente. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera suspendió los derechos constitucionales y estableció un férreo sistema de censura9. Seguramente fue el primer gobernante español que supo valorar la incidencia social de los medios de comunicación y mostró gran interés por ejercer su control (Ruiz Acosta, 2001, pp. 577-586). En 6

El Committee on Public Information, dirigido por el periodista George Creel, nació con la finalidad de transformar el estado de la opinión pública americana en favor de la implicación en la guerra. Funcionó entre abril de 1917 y noviembre de 1920 y contó con medios y presupuestos extraordinarios. Se considera el antecedente de la Office of War Information, creada por Roosevelt el 13 de junio de 1942. En el campo teórico, el estudio de esta experiencia permitió a Harold D. Lasswell el inicio de los Mass Communication Research, con su obra Técnicas de propaganda en la guerra mundial, publicada en 1927. 7 El primer titular del Ministerio de Información británico fue lord Beaverbrook, entre el 10 de febrero y el 4 de noviembre de 1918. Continuó su labor lord Downham hasta enero de 1919. Entonces, se suprimió el departamento, que reapareció al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 4 de septiembre de 1939. Para su estudio general, véase Messinger (1992). 8 Su pensamiento en torno al papel de la prensa en apoyo de los principios revolucionarios se expone en Ulianov, V. I. ‘Lenin’ (1979). 9 Gaceta de Madrid, Real Decreto de 18 de diciembre de 1923. Previamente, el dictador había suprimido la Constitución de 1876 (Gaceta de Madrid, Real Decreto de 15 de septiembre de 1923) y suspendido la Ley de Imprenta de 1883. Ya el 16 de septiembre de 1923, todos los diarios y revistas aparecieron con la advertencia de que habían sido “visados por la censura”.

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consecuencia, institucionalizó la práctica de la comunicación gubernamental, pues entendió que la labor del Ejecutivo tenía que ser presentada diariamente a los ciudadanos. Una de sus primeras medidas fue la creación de la Oficina de Prensa de la Presidencia, a cuyo frente situó a uno de los vocales de su Directorio, el general Adolfo Vallespinosa10. La Oficina centralizó la información procedente de todos los departamentos ministeriales y creó un gabinete para la distribución de noticias orientadas a mejorar la información sobre España en el extranjero y, al tiempo, ocuparse de la actividad de los periodistas internacionales llegados a nuestro país. El desarrollo de ese gabinete dio origen a la Oficina de Información del ministerio de Estado11. Era la primera vez que Exteriores asumía tareas de control plenas sobre la información que, procedente de la Administración, se difundía al exterior. Su objetivo era “dar a conocer en el extranjero la mejor imagen de España, subrayando sus aportaciones artísticas y culturales” (Campos Zabala, 2005, p. 97). También acreditaba y supervisaba la labor de los corresponsales extranjeros. Siguiendo el modelo del gobierno italiano, el periodista Rafael Sánchez Mazas – amigo personal del dictador- propuso en 1929 una ambiciosa modernización del servicio12. Explicó que

“(...) los gobiernos necesitan una información detallada, cuidadosa, esmeradísima y concienzuda de las orientaciones políticas de los periódicos nacionales y extranjeros; y (que también) es indispensable influir discretamente aunque enérgicamente en la dignificación y elevación de la prensa facilitando así, por medio indirecto pero eficaz, el progreso de la cultura patria”13.

A finales de ese año la Oficina de Información y Prensa del ministerio de Estado desplegaba ya una gran actividad. Según se indica en un informe interno, recibía 38 10

El general del Cuerpo Jurídico Adolfo Vallespinosa Vioz (1865-1935) ocupó la vocalía de Gracia y Justicia entre el 17 de septiembre de 1923 y el 3 de diciembre de 1925. A su salida del Directorio fue miembro del Consejo de Estado. En diciembre de 1932, la Comisión de Responsabilidades del Congreso le juzgó por su participación en el golpe de 1923, decretando su puesta en libertad, junto a la mayoría de sus antiguos compañeros (ABC, 8 de diciembre 1932). 11 Gaceta de Madrid, Real Decreto del 21 de diciembre de 1925. 12 Rafael Sánchez Mazas (1894-1966). En 1929 acababa de regresar a España tras permanecer en Italia desde 1922 como corresponsal de ABC. En Roma informó con rendida admiración del ascenso del fascismo. En 1933, fue uno de los fundadores de Falange Española y, en 1938, ministro sin cartera del primer gobierno de Franco. Su más reciente biografía es Saiz Valdivieso (2010). 13 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (en adelante, AMAEC), leg. 1783, exp. 11.

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periódicos nacionales (20 de ellos, editados en Madrid) y otros 85 extranjeros (19 franceses,

seis

ingleses,

cuatro

alemanes,

cuatro

norteamericanos,

32

hispanoamericanos…), así como más de un centenar de revistas entre españolas y extranjeras. También publicaba el boletín quincenal Información española, “de gran tiraje y unas 40-50 páginas”, que se enviaban a embajadas, consulados, cámaras de comercio, asociaciones de hispanistas, universidades y principales periódicos de cada país. Incluía noticias y artículos de temas económicos, culturales, artísticos…, “que den en su conjunto una visión integral de la vida española en sus múltiples manifestaciones de orden, trabajo, prosperidad y progreso”. La Oficina también ejercía la censura a fin de “controlar las noticias procedentes del exterior, evitando así no solo la publicación de ciertos informes tendenciosos sino también impidiendo que lleguen al conocimiento de las Redacciones de los periódicos”14. La caída de la Dictadura interrumpió la progresión de su Oficina de Información del departamento de Estado. En materia informativa, los primeros tiempos de la nueva administración republicana se caracterizaron por la desorganización. El gobierno decretó periodos de censura y aplicó duras sanciones (Checa Godoy, 1989). El 22 de octubre de 1931 aprobó la ley de Defensa de la República, que establecía, en su artículo primero, que “son actos de agresión a la República”, entre otros, “la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”. El propio presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, defensor del principio de la libertad de prensa, no gustaba de la proximidad de los informadores, tal como reconoció en su Diario15.

3. Estudio de caso: El control informativo frente al aislamiento internacional, en 1946 Aún en plena guerra civil, el régimen de Franco aprobó, el 22 de abril de 1938, una Ley de Prensa siguiendo el modelo fascista italiano de 1925. La nueva ley anunciaba en su preámbulo que pretendía “devolver a España a su rango de Nación unida, grande y libre”, y convertir al periodista, que había de jurar “fidelidad integra y 14

“Oficina de Información y Prensa del Ministerio de Estado”, documento de ocho páginas, sin fecha, que detalla su estructura, organización y medios, en AMAEC, leg. 1783, exp. 11. 15 Se obstinaba en mantener alejados a los reporteros de sus dependencias oficiales, porque “no quiero que lo achabacanen todo”, escribió en la entrada correspondiente al 16 de diciembre de 1931, en Azaña (Santos Juliá, ed.) (2000).

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total a los principios del Estado Nacionalsindicalista”16, en “un apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación” (Terrón, 1981; Sinova, 1989, y Sevillano Calero, 1997). Para ejercer la profesión periodística era requisito indispensable la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas17. Franco figuraba con el número uno; seguido de Serrano Suñer, con el dos, y del ministro del Movimiento, José Luis Arrese, con el tres. Este rígido marco jurídico no impidió que afloraran las tensiones. Desde un primer momento, los diferentes grupos ideológicos reunidos en la doble capital “nacional” (Salamanca y Burgos) hicieron visibles sus intereses, claramente contrapuestos en materia informativa 18 . Asistimos a un permanente enfrentamiento entre los falangistas que, en torno a Ramón Serrano Suñer, daban forma al nuevo Estado totalitario; y los militantes católicos, que, procedentes de la CEDA, pretendían recuperar su papel rector del pensamiento conservador, obedeciendo el mandato eclesiástico (Tusell, 1984; Tello, 1984; Montero, 1986; Sánchez Jiménez, 2000; y Juliá, 2000). En esta permanente controversia aparece un tercer sector, el de los funcionarios del Servicio Exterior, que, de forma abrumadoramente mayoritaria, abandonaron a su gobierno y se ofrecieron a colaborar en las relaciones internacionales del nuevo Estado19. Según Viñas (2010, p. 296), “de los casi 390 diplomáticos de antes del 18 de julio de 1936, sólo 55 permanecieron leales a la legalidad constitucional”.

3.1. El frente exterior: la embajada en Washington En los primeros días de 1946, año en que la Organización de las Naciones Unidas aprobó, en su primera Asamblea General, el aislamiento del régimen de Franco, el gobierno emprendió una profunda reforma del ministerio de Asuntos Exteriores, al que acababa de acceder Alberto Martín Artajo, un reconocido representante del activismo católico. A sus 38 años, se convertía en la figura ascendente de la política española 16

En el Archivo General de la Administración (en adelante, AGA) se conservan los carnets profesionales emitidos en virtud de la ley de Prensa de 1938, en los que el titular debía jurar “ante Dios, por España y su Caudillo” la fidelidad al régimen: AGA, Presidencia, 52/13.856, entre otros. 17 Permaneció vigente hasta la Resolución de la Secretaría de Estado para la Información de 1 de julio de 1982. 18 Las principales familias o corrientes dentro del régimen estaban formadas por los militares, los falangistas y los activistas católicos, a los que habría que añadir el grupo de los monárquicos, presentes también entre los militares y los católicos, o los grupos tradicionalistas o requetés. Todas pugnaban por conseguir mayores cotas de influencia ante Franco, cuyo liderazgo, al menos formalmente, no era discutido. Para el estudio de la lucha por el poder entre los diferentes sectores del franquismo, véase De Miguel (1975); Tusell (1987) y Sánchez Recio (2008). 19 La relación completa del servicio diplomático del Cuartel General de Franco en Salamanca, en AMAEC, leg. 1031, exp. 90.

230 

(Tusell, 1984). En ese momento, el sistema político de Franco se enfrentaba a la batalla de su supervivencia por la fuerte presión que ejercían sobre él las potencias ganadoras de la guerra mundial, dispuestas a acabar con la anomalía española, a través de su exclusión de los nacientes foros internacionales. Para oponerse a ello, el régimen hará de los medios de comunicación el mejor vehículo de su propaganda, especialmente en sus campañas hacia el exterior. El acceso de Martín Artajo al Palacio de Santa Cruz convertirá a la información en un instrumento insustituible de la política exterior española. En ese periodo no se afrontarán acciones en el ámbito internacional sin el concurso de una política informativa que la respalde (Eiroa San Francisco, 2009). La llegada de Artajo al ministerio supone la incorporación a la política exterior de las asociaciones católicas –el propio ministro había sido nombrado por Franco, en 1940, presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas-. Estas asociaciones actuarán como un balón de oxígeno para la defensa del régimen en el exterior. Por ejemplo, Asuntos Exteriores protegerá y subvencionará la participación española en los congresos de Pax Romana, la organización católica, fundada en 1921, que pretende influir en la vida pública formando élites que defiendan las tesis del Vaticano (Sánchez Recio, 2005, pp. 213-256). Cuando sus miembros salen al extranjero, encabezados por Joaquín Ruiz Giménez, presentan al régimen en los círculos internacionales con su cara más amable o menos dictatorial. Así, la catolicidad oficial española y el anticomunismo radical serían el eje de la política internacional del gobierno en esos años. De su mano, el régimen de Franco intentaría abrirse alguna puerta en un mundo que, siguiendo las resoluciones de la ONU, le era mayoritariamente hostil 20 . Para el embajador español en Washington, Juan Francisco Cárdenas, la posición de la ONU había sido inspirada por “los enemigos de España”, como calificaba al secretario general del organismo, Trigve Lie, y al presidente de la Asamblea, Paul Henri Spaak21.

20

La primera (Res. 32/I), se aprobó en Londres el 9 de febrero y en ella se insistía en la no admisión de España en la ONU y se condenaba expresamente al régimen por no representar al pueblo español (once países todavía reconocían en ese momento al gobierno republicano de Giral). La segunda (Res. 39/I), aprobada en Nueva York el 12 de diciembre, calificaba como “fascista” al gobierno de Madrid por “su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general”. 21 Telegramas nº 1109 del 11 de noviembre 1946 y nº 1158 del 10 de diciembre 1946, en AGA, Exteriores, 54/8.769.

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Ciertamente, el nuevo sistema internacional se estaba diseñando sin la participación española. El gobierno se había quedado aislado y había que organizar una respuesta, aunque ésta sólo pudiera basarse en poco más que la retórica. El 26 de junio de 1945, tres semanas antes de salir del ministerio, Lequerica ya envió una Circular a los jefes de Misión dando instrucciones sobre cómo enfrentarse dialécticamente a la campaña internacional contra al gobierno español. Desde entonces, la táctica sería siempre contestar a las acusaciones; y no se modificaría con el cambio de titular en Exteriores. Así lo seguirá haciendo Alberto Martín Artajo, ejecutor ejemplar de las instrucciones que recibe de Carrero o de Franco. Nada más acceder a su despacho en el Palacio de Santa Cruz, envía, el 11 de agosto de 1945, un documento de once páginas a todas las embajadas y misiones contra “la intensa campaña de difamación que viene siendo objeto España, (que) requiere máximo esfuerzo para poner en su punto verdades tan oscurecidas y tergiversadas, no solo en medios oficiales sino en todos los que puedan considerarse importantes”. En su Circular desarrolla los puntos que habrán de servir de argumentación para elaborar una respuesta22. Los intentos por frenar la oleada de críticas internacionales estaban centrados en la embajada española en Estados Unidos, que ya se había mostrado muy activa en la contraofensiva propagandística realizada en los años anteriores (Moreno Cantano, A., 2009, pp. 93-117). Su titular, Juan Francisco de Cárdenas, es una figura clave para activar a los círculos católicos estadounidenses en beneficio del régimen23, que hubo de soportar directamente la acritud de la Administración, y especialmente del secretario de Estado Cordel Hull, contra el régimen de Franco (López Zapico, 2012, pp. 323-324). Su labor ante los políticos y los medios de comunicación estadounidenses resultó especialmente ardua, como confesaba en carta a su ministro Lequerica, el 18 de enero de 1945: “Continuo siempre mi labor cerca de senadores, diputados y periodistas, machacando la verdad, esperando que algún día unos y otros nos crean y otros se hagan cargo de la realidad” 24 . En esta tarea le apoyaba desde Nueva York el diplomático Miguel Echegaray, nombrado en 1937 subdelegado de Prensa y Propaganda de la representación española. 22

El texto de las Circulares en Archivo de la Presidencia del Gobierno (en adelante, APG), Jefatura del Estado, leg. 1668/5. 23 Fue embajador en Washington en dos etapas. La primera con la República, entre 1932 y 1934, y la segunda como representante del gobierno de Franco, desde abril de 1939 hasta marzo de 1947. 24 Texto íntegro de la carta en AMAEC, leg. 2421, exp. 3.

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Al mismo tiempo, los funcionarios de la embajada seguían de cerca los pasos del “grupo de Giral” y, en particular, los del antiguo embajador republicano Fernando de los Ríos, orientados a promover el aislamiento del gobierno franquista (reconocido por la Administración Roosevelt el 1 de abril de 1939). Informaban a Madrid de las gestiones realizadas por Negrín, Álvarez del Vayo o Isabel Oyarzábal en Nueva York y San Francisco, llegando a asegurara que los dirigentes republicanos “han vertido máximo ensañamiento y mala fe”25. La embajada volvió a editar el boletín Spain (suspendido en 1942), una publicación de 24 páginas, dirigida a fomentar la opinión favorable al gobierno de Franco en los ambientes culturales católicos y conservadores26. Las tareas de prensa eran responsabilidad de uno de los periodistas españoles más destacados de la historia del franquismo, Manuel Aznar, amigo personal de Franco, que llegó a Estados Unidos a finales de 1945 y permaneció en el puesto hasta enero de 1948 27 . A pesar de sus esfuerzos, las relaciones de la embajada con el departamento de Estado eran casi inexistentes. Los generales norteamericanos destacaban el valor estratégico de España, en vísperas de que se proclamase la Guerra Fría, pero ningún diplomático quería recibir a un representante del gobierno de Franco28. El panorama empezó a cambiar con el trabajo de José Félix de Lequerica, el anterior ministro de Exteriores, antiguo embajador ante el régimen colaboracionista de Vichy 29 . A pesar de las resistencias iniciales de la Administración norteamericana, Lequerica se fue abriendo paso en los ambientes que más comprensión podían mostrar hacia el gobierno franquista (Cava Mesa, 1989). Con reconocida habilidad y el empleo de grandes cantidades de dinero -que constantemente demandaba para desesperación del ministro (Suárez Fernández, 2001, p. 451) -, Lequerica armó el llamado lobby 25

Telegrama nº 1105 de 9 de noviembre 1946, en AGA, Exteriores, 54/8.769. El primer número de esta nueva etapa es del 20 de febrero de 1946. Reproduce, entre otros, artículos publicados en las revistas británicas The Spectator y The Tablet, y en su contraportada invita a sus lectores estadounidenses a hacer turismo en España, con el siguiente eslogan publicitario: “Visit Spain. Enjoy a delightful spring in the most beautiful cities of Europe”. En APG, Jefatura del Estado, leg. 1670/12. 27 Manuel Aznar Zubigaray (Etxalar, 1894 - Madrid, 1975). Durante diez años ocupó relevantes puestos diplomáticos. Fue embajador de España en la República Dominicana, Argentina, Marruecos y representante en la ONU. Como periodista, dirigió, entre otros medios, El Sol y La Vanguardia y presidió la agencia EFE. Cronista de guerra, corresponsal e historiador militar. Ideológicamente, empezó militando en el nacionalismo vasco hasta que, durante la guerra civil, destacó como propagandista del franquismo. 28 “No podíamos aspirar a ser recibidos por un funcionario de rango superior, o relativamente elevado. Nuestro máximo contacto posible llegaba hasta un secretario de Embajada”, recordaba Aznar en La Vanguardia, el 14 de enero de 1973. 29 José F. de Lequerica (Bilbao, 1891–1963). Ejerció como embajador de hecho desde el 31 de octubre de 1948. Su nombramiento fue oficial el 4 de enero de 1951, permaneciendo en el cargo hasta 1954. 26

233 

español, un caso-modelo en la ejecución de una política de relaciones públicas aplicado a la diplomacia. Su objetivo era el levantamiento de las sanciones internacionales y la aceptación de España en las Naciones Unidas, lo que se consiguió en los años siguientes. Para ello, siguiendo la práctica habitual en Estados Unidos, contrató los servicios de un despacho de abogados especializado en el asesoramiento de congresistas, dirigido por Charles Patrick Clark, a quien, con un generoso contrato, asignó a la consejería de Relaciones Culturales de la embajada, cuyo titular era Pablo Merry del Val. A José Félix de Lequerica, personaje tan controvertido en la diplomacia del periodo, no se le debe sustraer el mérito de haber sido el primer embajador español en comprender, en un sentido moderno, el alcance de los medios informativos como agentes cooperadores de la acción diplomática.

3.2. El frente interior: la Oficina de Información Diplomática Si en el exterior la acción de la diplomacia española se centraba en los esfuerzos desplegados en el entorno de la embajada en Washington, en el interior el gobierno carecía de un organismo que coordinara la réplica oficial a las acciones contrarias al régimen franquista. Martín Artajo lo iba a crear en Asuntos Exteriores. Fue la Oficina de Información Diplomática (OID)30. Antes de acometer la reforma de Exteriores, la Jefatura del Estado había esperado a la conclusión de la guerra mundial, como se explica en el texto de presentación de la ley, en el que se lee que, ahora, “es llegado el momento de reajustar el órgano directivo de nuestra política exterior, a fin de acrecentar su eficacia”. No obstante, el ministerio franquista de Asuntos Exteriores había sufrido ya dos reformas internas, aunque de menor calado: una, en 1938 (BOE del 31 de enero); y otra, en 1942 (BOE del 3 de febrero). Entre las novedades de 1945 destaca la creación de la dirección general de Relaciones Culturales, que “… velará especialmente por el mantenimiento de nuestros vínculos espirituales con los pueblos hermanos de América”. En torno al concepto de la Hispanidad se articulan los esfuerzos principales de la diplomacia española, a fin de contrarrestar el aislamiento internacional de España (Delgado Gómez-Escalonilla,

30

Ley de 31 de diciembre de 1945 sobre Organización de los Servicios del ministerio de Asuntos Exteriores, en BOE del 2 de enero de 1946.

234 

1988). El antiguo Consejo de la Hispanidad se transforma en el Instituto de Cultura Hispánica, una de las iniciativas más relevantes de la política exterior española en ese periodo. La reorganización fue profunda y alcanzó a casi todos los niveles del ministerio. La OID nació con la finalidad primordial de servir de asesoramiento al ministro de Asuntos Exteriores en materia informativa. En su artículo 19 se lee que “la Oficina de Información Diplomática tendrá a su cargo los servicios de información sobre las cuestiones que puedan interesar al Departamento, tanto a los organismos centrales como a sus representaciones diplomáticas”. En la práctica, se entendía que el esfuerzo de información y. especialmente de contra-propaganda, se realizaría a través de la OID. Por si quedasen dudas, el ministro envió una Circular a “todos los jefes de Misión” en la que advertimos el carácter defensivo y replicante con que había nacido la Oficina. Artajo les avanzó que la OID les serviría material informativo, “(...) con objeto pueda en todo momento difundir verdad España por medio boletines adecuados y rectificar o completar noticias tendenciosas o deficientes”31. El primer responsable de la OID fue el abogado y posterior monje benedictino Luis María de Lojendio, que accedió al puesto con el nombramiento de jefe técnico (18 de enero de 1946). Ocupó el cargo hasta el 23 de enero de 1958. Fue su titular durante doce años; los mismos que Martín Artajo al frente del departamento 32 . Lojendio provenía del sector católico, como su ministro. Durante la guerra, estuvo destinado en el gabinete diplomático del jefe del Estado, en Burgos, a las órdenes de José Antonio Sangróniz. Lojendio se esforzó por ofrecer al mundo, a través de su contacto con los medios extranjeros, una imagen gubernamental anticomunista, católica y de rasgos menos totalitarios; más grata, en definitiva, a quienes habían ganado la guerra mundial. Al dejar su puesto, el aislamiento español había terminado. En el esquema internacional de la Guerra Fría se consideraba ya al régimen de Franco como un aliado seguro y sin complejos de la estrategia de contención anticomunista liderada por Estados Unidos.

31

Circular nº 67 de 14 de marzo de 1946, en AMAEC, leg. 1769, exp. 5. Luis María de Lojendio Irure (San Sebastián, 1907 – Leyre, 1987). Al ser revelado en la OID abandonó sus actividades públicas e ingresó en la Orden benedictina en 1960, de la que fue nombrado abad en diciembre de 1968. Como prior del monasterio del Valle de los Caídos, recibió el cadáver de Franco para su inhumación en esa basílica el 22 de noviembre de 1975. Murió a los 80 años en el monasterio de Leyre (Navarra).

32

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OTRO ESTUDIO DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Vanessa Núñez Peñas1 Universidad Complutense de Madrid

El contexto español en el que se llevaron a cabo la solicitud de adhesión y las posteriores negociaciones estaba claramente caracterizado por los cambios internos que hicieron posible la transición, unos cambios que Leopoldo Calvo-Sotelo llegó a definir de taquicardia política por el ritmo con el que estos se producían, y que contrastaban enormemente con la pesada maquinaria comunitaria. Sin embargo, el interés emocional puesto por los españoles en Europa no tardó mucho en chocar de frente con el funcionamiento real de la Comunidad Económica Europea, cuyos complicados engranajes se vieron entorpecidos además en los últimos años setenta y primeros ochenta con las trabas de la crisis económica y los problemas de adaptación tras la primera ampliación. Desde España se tardó poco en identificar el origen de todas las dificultades, o al menos de ponerle nacionalidad: Francia. Las declaraciones de algunos dirigentes del país vecino, primero desde el partido comunista, posteriormente por su presidente Giscard d’Estaing, avivaron los discursos que ponían el acento en el miedo francés a la agricultura española como principal obstáculo a uno de los pocos objetivos que conseguía un apoyo unánime entre los españoles: ser europeos. Sin embargo, el estudio de este capítulo de la historia reciente de España en clave europea, desde una perspectiva mucho más amplia y utilizando las fuentes comunitarias, nos ofrece una idea diferente de los motivos por los que unas negociaciones consideradas como el camino necesario hacia la normalización política de la España democrática se alargaron contra todo pronóstico.

1

 Beneficiaria de una Beca de Formación al Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Proyecto de Investigación HAR2009-13630 “Dimensión internacional de la transición española (1973-1982): protagonistas y memoria histórica”. 

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Por motivos de espacio sería imposible analizar todo el proceso, de modo que nos centraremos en los primeros meses, aún antes de comenzar las negociaciones de adhesión propiamente dichas. Con ello queremos hacer ver que los problemas surgieron desde el principio, mucho antes de que se produjera el conocido giscardazo en junio de 1980. Antes incluso de que se presentara la solicitud formal, el Parlamento Europeo planteó ya un debate en profundidad relacionando la nueva ampliación con la necesidad de reestructurar la Comunidad, y en los meses siguientes, durante la elaboración del Dictamen de la Comisión, pudieron identificarse las posiciones de cada uno de los países miembros al respecto. El interés de la Comisión en identificar claramente las diferentes actitudes nacionales se explica en tanto en cuanto la institución encargada de llevar a cabo las negociaciones era el Consejo, marcadamente intergubernamental. Para España, como también veremos brevemente, permitía definir la estrategia de negociación con Bruselas.

1. Del optimismo inicial al pesimismo de la complejidad En diciembre de 1976, mientras que en España se aprobaba la Ley para la Reforma Política, tenía lugar en Bruselas un acto protocolario con motivo de la presentación de las credenciales de Raimundo Bassols como nuevo jefe de la Misión de España ante las Comunidades Europeas. En su reunión con el presidente de la Comisión, François-Xavier Ortoli, y del Consejo, en ese momento el holandés Max van der Stoel, el embajador Bassols presentó los avances logrados en la reforma política y el objetivo de presentar la solicitud de adhesión a las Comunidades tan pronto como la situación lo permitiera. Manifestó igualmente su esperanza de que la voluntad española fuera correspondida en su momento con “idéntica voluntad política de admisión por parte de las Comunidades Europeas”, pues de otro modo no sería fácil resolver las dificultades técnicas que evidentemente surgirían durante la negociación. La respuesta recibida podría definirse como de cautela y reserva. El presidente Ortoli se detuvo en justificar los problemas que a nivel decisorio habían surgido tras la primera ampliación de la CEE y la sensación de alarma que había cundido entre los Estados miembros al pensar que nuevas adhesiones podían multiplicar los problemas ya existentes, mientras que van der Stoel habló de la existencia de un periodo de reflexión en las Comunidades. En palabras del propio Bassols:

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“El problema se plantea por razones que están aflorado a la superficie. En la actual confusión comunitaria las decisiones son difíciles y se resienten casi siempre de la presión descarada de los países grandes. Los países pequeños, tipo Benelux, están amenazando a los grandes con entorpecer la entrada de nuevos miembros para evitar que ésta sea una Babel comunitaria. Podría ser que lo que están pretendiendo es un cambio de concesiones consistente en que admitirían la entrada de nuevos miembros si la regla de la unanimidad que rige las decisiones de las Comunidades fuera sustituida por una regla de 2

mayoría que diese a los pequeñitos mayor influencia” .

Cuando Marcelino Oreja como ministro de Asuntos Exteriores presentó unos meses después en Bruselas la solicitud formal de ingreso, a finales de julio de 1977, se hicieron de nuevo evidentes algunas de las dificultades por las que tendría que pasar el proceso de adhesión. Desde Madrid se confiaba en cerrar las negociaciones antes de que acabara la primera legislatura de la democracia, pero en Europa ya habían saltado las alarmas ante la idea de una ampliación que podía traer peores consecuencias que la primera; sobre todo por la diferente situación económica y política de los tres nuevos candidatos —no olvidemos que Grecia y Portugal ya habían presentado sus solicitudes de adhesión en junio de 1975 y marzo de 1977 respectivamente—. Bruselas y las capitales de los Nueve se convirtieron en un hervidero de debates, estudios e informes sobre las posibles consecuencias que para el proyecto europeo traería una Comunidad de Doce, poniendo el foco de atención en el impacto económico, la eficiencia de las políticas comunes y el buen funcionamiento institucional. Por este motivo el Parlamento Europeo encargó a Jean Durieux en el mes de julio de 1977 un informe en el que se identificaran los posibles problemas a venir 3 , e inquietudes que fueron trasladas al propio Marcelino Oreja en el momento en el que se presentó en Bruselas la candidatura oficial apenas unos días después4. El documento solicitado a Duriex no tenía la intención de ofrecer un estudio exhaustivo de las consecuencias de la ampliación, sino simplemente crear un debate entre el Consejo y la Comisión por un lado, y los diferentes grupos parlamentarios por 2

Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE): legajo R15571. Despacho del embajador Raimundo Bassols al Ministro Marcelino Oreja. Bruselas: 15 de diciembre de 1976 3 Archivo Central del Consejo Europeo (AC-CONS): fondo CM5 ADH3: traitement par l’assemblée du dépôt éventuel d’une demande d’adhésion par l’Espagne. Nota informativa C/58/77 sobre la reunión de la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria. Bruselas: 14 de julio de 1977. 4 Archivo Histórico de la Comisión Europea (AH-COMM), BAC 147/1991, dossier número 137. Resumen de K. D. Ebermann del encuentro mantenido entre Roy Jenkins y Marcelino Oreja. Bruselas: 27 de julio de 1977.

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otro. No obstante, presentado a finales del mes de agosto, la mecánica de trabajo que estableció sirvió de inspiración a todos los informes y documentos de trabajo que posteriormente se recopilaron en el conocido como Fresco, sobre todo en lo referido a la estructura de preguntas-respuestas como eje principal de los debates que debían acompañar esta nueva fase de la integración europea. Del análisis de dichas cuestiones pueden identificarse tres grandes líneas de interés: los efectos políticos e institucionales de una nueva ampliación, la consecución de los verdaderos objetivos de la Comunidad Europea, y el proceso de toma de decisiones y competencias de cada una de las instituciones comunitarias durante las negociaciones5. Durieux consideraba que una ampliación de la Comunidad debía servir como base para un fortalecimiento político, institucional, social y económico de Europa en las tres vertientes implicadas: la comunitaria propiamente dicha, la conformada por los nueve Estados miembros a nivel nacional, y la de los tres nuevos candidatos; una triple oportunidad que obligaba a todos los implicados a reflexionar sobre los problemas, buscar soluciones y afrontar las negociaciones —que ya entonces se vaticinaban largas y complejas— de la manera más objetiva posible y lejos de reacciones emocionales que desplazasen el interés común de todos detrás de intereses concretos nacionales. El contexto internacional en el que se insertaba este periodo de reflexión no era el más propicio, pues la crisis económica y los problemas de adaptación de la Comunidad tras la primera ampliación habían reforzado las posturas egoístas de los Estados miembros. Enrich Hauser, periodista del periódico local de Bonn General Anzeiger, describía de la siguiente forma los debates que en el otoño de 1977 instituciones y Estados miembros protagonizaban sobre la situación interna de la Comunidad y los pronósticos ante una nueva ampliación:

“Los trece comisarios de la Comunidad son visitados con frecuencia por un fantasma. No tiene rasgos humanos, pero muchos temen que tenga incluso manos y pies. El fantasma se relaciona con las solicitudes de ingreso de Grecia, España y Portugal, y presenta los siguientes rasgos: la Comunidad de los hasta ahora nueve Estados miembros ha llegado en 1984 a constar de doce, pero ya no existe el mercado común agrario, la unión aduanera sólo existe hacia el exterior, en política interior Francia, Gran Bretaña, Irlanda y los tres nuevos estados han adoptado limitaciones a la importación en prejuicio de los vecinos, y en 5

Centro Archivístico y Documental del Parlamento Europeo (CARDOC), PE0 AP RP/POLI. 1961 A00479/78. Report on the prospects of enlargement of the European Community (PE 49.972). Bruselas: 26 de agosto de 1977.

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consecuencia, la República Federal ha suspendido sus pagos a los fondos de la Comunidad”6.

La única nota discordante dentro de esta sombría imagen parecía protagonizarla, en palabras del propio Hauser, el nuevo presidente de la Comisión, Roy Jenkins, partidario de fortalecer internamente la Comunidad antes de que explotara o sucumbiese ante la sorpresa de unos gobiernos europeos que esperaban pasivamente el final del temporal. Sin embargo, como él mismo reconoció en sus memorias, durante sus primeros meses en Bruselas se sintió superado por los problemas, puenteado por los presidentes nacionales, y observado desde el escepticismo por la opinión pública7. Los tácticos de la demora se habían hecho fuertes en Bruselas y apostaban por dejar pasar el tiempo, quizá pensando en que los problemas se solucionarían solos, o quizá esperando que los nuevos candidatos —por lo menos Portugal y España— se cansaran y retiraran sus solicitudes de adhesión. Un ritmo que contrastaba con la taquicardia política que la transición a la democracia había acostumbrado a la clase política y a la opinión pública españolas, y que se vio afectado durante los primeros años de la década de los ochenta por el recrudecimiento de la crisis económica y política en un continente europeo al que, al mismo tiempo, se le demandaba una identidad y una posición bien definida en el sistema internacional de la segunda guerra fría. Y aunque en las siguientes páginas sólo se analice el contexto de adaptación comunitaria, es necesario tener en cuenta los otros dos escenarios apuntados aquí brevemente: el de la transición española y el conflicto bipolar. De lo contrario, el proceso de ampliación y reforma de la Comunidad Europea quedaría descontextualizado.

2. Los debates para la elaboración del Dictamen de la Comisión como introducción a la problemática de las negociaciones

Bajo estas circunstancias, el Consejo aceptó a finales de septiembre la solicitud española, anunciando la puesta en marcha de los procedimientos previstos para la apertura de negociaciones con un país candidato. Por otra parte, en esa misma nota se ponía sobre aviso de que no podría haber diferencias respecto a los mecanismos 6

Hauser, E. (7 de octubre de 1977). Por Bruselas se pasea el fantasma de las solicitudes de ingreso». General Anzeiger, p. 2. Traducción de la embajada de España en Bonn disponible en AGMAE, legajo R12558, expediente 3. 7 Jenkins, R. (2006). A Life at the Centre. Londres: Politico’s, pp. 456-463.

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adoptados ya previamente con los otros dos países candidatos (Grecia y Portugal), y lo que es más importante para lo que aquí nos ocupa, que durante las negociaciones el Consejo tenía la obligación de preocuparse por mejorar las instituciones comunitarias y su funcionamiento8. El primer paso a dar entonces para poder abrir las negociaciones propiamente dichas era que la Comisión presentase un Dictamen sobre las consecuencias de la ampliación, un trabajo para lo cual se necesitaba de la colaboración de España. Con el objetivo de coordinar ambas delegaciones, apenas unos días después de haber aceptado la solicitud de manera formal viajaron a Madrid dos de los funcionarios de la Comisión encargados de elaborar el Dictamen, de Kergorlay y Duchateau. Desde España se temía que si el pronunciamiento de la institución comunitaria sobre la solicitud se retrasaba demasiado, la diferencia de fechas que nos separaba con Grecia y Portugal fuera aún mayor; pero a los problemas comunitarios se sumaba la indefinición de la posición española. Tal y como informaba el propio Duchateau tras las entrevistas mantenidas en Madrid con Marcelino Oreja y Fernández Ordóñez, el gobierno español no había nombrado todavía al responsable de las negociaciones y el calendario de las reformas internas, en especial las de carácter económico, dificultaba que las reuniones para preparar el Dictamen comenzaran antes de finales del mes de noviembre9. Las referencias durante las semanas siguientes a las dificultades de coordinar el trabajo con la delegación española son numerosas, tanto desde Bruselas como desde Madrid. A pocos días de acabar el año, una nota elaborada por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales se lamentaba de que todavía no se hubieran identificado claramente a los responsables definitivos de la negociación con la Comunidad, no estando resuelto el debate interno sobre crear un Ministerio diferenciado al de Asuntos Exteriores, o una Secretaría de Estado dependiente ya de Santa Cruz, ya de uno de los ministerios económicos

10

. Por parte comunitaria, esta misma

preocupación se hizo pública en febrero de 1978 ante la preparación de una visita de

8

El último punto de la nota del Consejo decía concretamente “que, pendant la procédure des négociations, le Conseil aura à se préoccuper des posibilites d’améliorer les institutions communautaires et leur fonctionnement ». En AC-CONS, fondo CM5 ADH3: Traitement par le Conseil et par le Coreper de la demande d’adhésion formulée par l’Espagne le 26/7/1977. Relevé des décisions prises par le Conseil lors de la 469ème session. Bruselas: 20 de septiembre de 1977. 9 AH-COMM: BAC 250/1980, dossier número 675 (1977). Nota de Pierre Duchateau. Bruselas: 10 de octubre de 1977. 10 AGMAE, legajo R12558, expediente 3. Informe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales sobre el Dictamen de la Comisión de la CEE sobre España. Madrid: 20 de diciembre de 1977.

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Lorenzo Natali a Madrid a mediados del mes como comisario encargado de las cuestiones para la ampliación11. De hecho, fue precisamente durante su estancia cuando el gobierno de Adolfo Suárez nombró finalmente a Leopoldo Calvo-Sotelo Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas12. Una vez identificado el interlocutor, la Comisión comenzó a trabajar con el nuevo Mister Europa español y su equipo los cuestionarios que se venían preparando los últimos meses para estudiar las consecuencias de la adhesión de España, presentando el 19 de abril el famoso Fresco13. Se trataba de un primer documento en el que se recogían todos los debates abiertos el último año sobre las consecuencias de la ampliación y un primer paso en firme para la elaboración del Dictamen solicitado por el Consejo. Para el propio Natali representaba una línea de acción ambiciosa y voluntarista que permitiría a la Comunidad salir del dilema entre el sí político y el pero económico e institucional14; para cada uno de los países miembros de la Comunidad, la oportunidad de presentar sus propios objetivos y expectativas de esta nueva fase de la integración europea. A este respecto, en una nota enviada por Umberto G. Stefani a los miembros de la Comisión sobre la reunión del Comité de Representantes Permanentes (COREPER) para el estudio del Fresco, el delegado italiano identificaba los principales problemas subrayados por cada una de las delegaciones y que serían presentados por los Nueve en el próximo Consejo15. Las delegaciones holandesa y francesa hicieron especial hincapié en los periodos transitorios; Alemania a la financiación de la Comunidad; a Irlanda le preocupaba que los nuevos países recibieran más recursos en detrimento de los ya Estados miembros; Italia se mostró especialmente preocupada por los problemas agrícolas; Luxemburgo por el peligro de crear dos tipos de Estado dentro de la Comunidad; Dinamarca se mostró especialmente reticente a modificar el proceso de toma de decisiones, y entre la larga lista de la delegación británica, se mencionaban aspectos institucionales, industriales, financieros e incluso de idiomas.

11

Mr Natali in Spain on 13 and 14 February (accession problems) (3 de febrero de 1978). Europe: Bulletins Quotidiens, Bruselas, p. 5. 12 Real Decreto 135/1978 por el que se nombra Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, sin cartera, a don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. Boletín Oficial del Estado, número 36, 11 de febrero de 1978, pp. 3437-3437. 13 AH-COMM: BAC 250/1980, dossier número 17 (1978). Reflexions d'ensemble relatives aux problèmes de l'élargissement (COM (78) 120 final). Bruselas: 19 de abril de 1978. 14 AGMAE, legajo R14584, expediente 2. Telegrama número 158 de Antonio Fournier sobre unas declaraciones de Lorenzo Natali sobre el Fresco. Bruselas: 20 de abril de 1978. 15 AH-COMM: BAC 147/1991, dossier número 74 (1978). Note de Umberto G. Stefani sur la 896ème Reunión du Comité des Représentants Permaanents : Réflexions d’ensemble de la Commission en vue de préparer les débats du prochain Conseil (SI (78) 341), Bruselas: 27 de abril de 1978.

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En las reuniones posteriores del COREPER se incidió mucho en la necesidad de reforzar la Comunidad ante la perspectiva de una nueva ampliación, reclamando a la Comisión la responsabilidad necesaria para afrontar los nuevos retos de la mejor forma posible y haciendo hincapié en la necesidad de reformar la Política Agraria Común (PAC), el presupuesto y los fondos regionales16. Por otro lado, la necesidad de una reforma de las instituciones, los procesos de toma de decisiones, e incluso los Tratados de Roma, eran motivo de gran desunión entre las nueve delegaciones17. A estos debates se sumaban otras dificultades técnicas de la Comisión para poner punto y final al Dictamen sobre la adhesión de España, como problemas con las traducciones de las respuestas españolas a los cuestionarios comunitarios y otras “razones de carácter material” de las que de Kergorlay se lamentaba a Raimundo Bassols a comienzos de julio de 197818. El Dictamen final sería presentado el 29 de noviembre, y muy en la línea de las discusiones previas, planteaba la oportunidad política y económica que la adhesión de España suponía para el proceso de construcción europea19. Desde una óptica económica, se señalaba que la potencialidad del mercado español tendría efectos beneficiosos sobre los intercambios intracomunitarios y facilitaría el acceso a los mercados latinoamericanos. En contra, se identificaban como principales puntos negativos la gran diferencia existente entre la economía española y la economía comunitaria, así como el contexto de crisis internacional existente desde 1974. Los sectores más conflictivos de la adhesión serían los de industria (desmantelamiento aduanero, reestructuración y materia fiscal), agricultura (posible sobreproducción), pesca (urgente reorganización y reconversión de la flota), plano social (emigración, paro y éxodo rural), plano regional (sobre todo para el sur de Francia y el Mezzogiorno italiano), y política exterior de la Comunidad (aumentaría el papel de la CEE de primera potencia mundial en el sector comercial, pero las relaciones con los países terceros de la cuenca mediterránea se verían afectadas). 16

AH-COMM: BAC 147/1991, dossier número 74 (1978). Note de Umberto G. Stefani sur la 905ème Reunión du Comité des Représentants Permanents : Echange de vues sur la "Fresque". Bruselas: 3 de julio 1978. 17 AH-COMM: BAC 250/1980, dossier número 17 (1978). Note de C. J. Audland sur la 907ème Reunión du Comité des Représentants Permanents : the Fresco : institutional problems, Bruselas: 24 de julio 1978. 18 AGMAE, legajo R14584, expediente 3. Despacho número 326 de Raimundo Bassols sobre la fase del Dictamen de análisis de los problemas de adhesión. Bruselas: 5 de julio de 1978. 19 AC-CONS, fondo CM5 ADH3: Avis de la Commission en date 29/11/78 sur la demande d’adhésion de l’Espagne. Avis de la Commission au Coseil concernant la demande d'adhésion de l'Espagne (COM (78) 630). Bruselas: 29 de noviembre de 1978.

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Por parte española, el mismo día que se conocía el Dictamen, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales elevaba al ministerio un análisis muy crítico sobre el documento, resaltando que se insistía excesivamente en la mala coyuntura económica de todas las partes implicadas, la demasiada relevancia que se daba al hecho de que se estaba negociando con la décima potencia industrial, la exageración de las potencialidades del sector agrario español, y la insistencia en resucitar el viejo tema de que el Acuerdo Comercial Preferencial de 1970 estaba desequilibrado a favor de España20. Tras un análisis más exhaustivo, unos días después se concluyó que el Dictamen equivalía a un sí político, pero también un verdadero catálogo de las dificultades o problemas que la adhesión suponía para la Comunidad21.

3. La influencia de las políticas nacionales de los Nueve Dado que la institución comunitaria responsable de negociar con España la adhesión era el Consejo, y por ende los nueve Estados miembros, pocos días después de conocer el Dictamen de la Comisión se solicitó a los embajadores españoles destinados en esas nueve capitales un informe, que aunque complementario a la información periódica que sobre temas relacionados con las Comunidades Europeas ya se mandaba a Madrid desde hacía meses, analizara sistemáticamente posibles implicaciones recíprocas e interconexiones entre las principales cuestiones de política interna de esos países y los principales temas de actualidad de las Comunidades, tales como la ampliación, una posible reforma institucional, tensiones en torno a la política agrícola común y pesquera, la elección del Parlamento por sufragio universal, y otros problemas sectoriales específicos22. El objetivo de reunir toda esa información, se explicaba en la misma circular en la que se daban las instrucciones pertinentes, era elaborar una visión de conjunto sobre las posibles tensiones existentes en los países europeos a nivel gubernamental, parlamentario, sindical, empresarial y de opinión pública, relacionados directa o indirectamente con las Comunidades, a fin de preveer posibles obstáculos en las negociaciones y ponderar debidamente las posiciones de cada una de las partes 20

AGMAE, legajo R14584, expediente 5. Nota sobre el informe de la Comisión al Consejo de las Comunidades sobre la petición española de adhesión. Madrid: 29 de noviembre de 1978. 21 AGMAE, legajo R14584, expediente 5. Nota informativa sobre el Dictamen de la Comisión de la CEE sobre la adhesión de España. Madrid: 11 de diciembre de 1978. 22 AGMAE, legajo R17894, expediente 1. Circular número 706 de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Madrid: 16 de diciembre de 1978.

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implicadas. Aunque los servicios españoles no contaban con el grueso de la documentación comunitaria en la que se reflejaba claramente la actitud de cada uno de los países miembros, sí habían comenzado a llegar algunas informaciones parciales a raíz de entrevistas mantenidas por funcionarios comunitarios con los dirigentes europeos. Por ejemplo, Emilio Garrigues informaba a Marcelino Oreja poco después del nombramiento de Calvo-Sotelo de una entrevista entre Jenkins y Giscard en Bonn en la que el presidente francés reconocía la necesidad política de la ampliación al sur, pero hablaba de hacerlo con la pausa y prudencia debida 23 , y desde Luxemburgo, el embajador José Luis Los Arcos daba cuenta de una reunión de Lorenzo Natali con el Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros del Gran Ducado en la que este último confirmaba el interés de su país en favorecer la ampliación, pero reconociendo los problemas económicos del momento, las diferencias Norte-Sur y la influencia de las elecciones francesas24. La prensa internacional también había comenzado a hacerse eco de la diferencia de opiniones que surgía en algunos países. En este sentido, la prensa británica se mostraba especialmente preocupada por las adaptaciones que algunos socios europeos comenzaban a plantear para asimilar la nueva ampliación desde el punto de vista financiero e institucional25, y en la francesa se hablaba de la división política del país surgida tras las declaraciones de Giscard d’Estaing en apoyo a la adhesión de España y la creciente movilización de los agricultores franceses (especialmente los vinicultores de Languedoc-Roussillon) 26 . El Partido Comunista de Francia se mostró desde el principio radicalmente contrario a aceptar la adhesión de España; los socialistas puntualizaban que en las condiciones de desequilibrio en las que se encontraba la economía francesa y europea en general sería un riesgo, pero reconocían que España debía entrar en algún momento en la Comunidad. Para Giscard, en cambio, la adhesión de nuevos países mediterráneos era una oportunidad para Francia, sobre todo porque

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AGMAE, legajo R14582, expediente 1. Despacho número 67. Bonn: 23 de febrero de 1978. AGMAE, legajo R14582, expediente 1. Carta de Los Arcos a Marcelino Oreja. Luxemburgo: 25 de febrero de 1978. 25 Bonn considers aid for EEC applicants (3 de marzo de 1978), Financial Times, p. 34; Britain opposes EEC's moves to restrict veto (3 de marzo de 1978) The Guardian; Solidarity at a price (18 de marzo de 1978), The Economist; A picture of a community (1 de abril de 1978), The Economist, p. 45; Europe must think about tomorrow (3 de abril de 1978), The Guardian, p. 10. 26 Non au Marché commun élargi (21 de julio de 1978), L’Humanité; Giscard plaide pour l’élargissement du Marché commun (26 de julio de 1978 ), Le Figaro; L’elargissement de la CEE. Le Midi. L’entrée de l’Espagne Dans le Marché commun, (9 de agosto de 1978 ), Le Matin; Les etats-majors des partis face à l'elargissement de l'Europe. De la haute politique aux calculs électoraux (11 de agosto de 1978), Le Matin; Oui à l'Europe du Sud (16 de agosto de 1978 ), Le Matin. 24

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obligaba a llevar a cabo la necesaria reforma de la PAC y permitía empezar a ocupar un papel de liderazgo dentro del proceso de construcción europeo, cuestiones hasta entonces monopolizadas por los países del norte (en especial Alemania). En el caso de Francia, la información que llegaba a Madrid era tan abundante que se decidió no mandar el informe solicitado a todas las embajadas por considerar que ya sobraba papel al respecto y poco podía añadirse a todos los telegramas, despachos y cartas enviados los últimos meses27. En cambio, los análisis que se hicieron sobre el resto de países fueron más exhaustivos y acertados, sobre todo si los comparamos con la información que barajaba la propia Comisión. De Dinamarca se destacaba su extrema cautela frente a cualquier intento de salirse de los tratados o modificarlos, calificando a su delegación de muy desconfiada ante cualquier incremento de las competencias de las instituciones comunitarias, pero señalando que entre la clase política se apoyaba generalmente la ampliación, y sólo había cierta oposición entre los empresarios28. Se hablaba también de un apoyo británico, pero claramente identificado con un objetivo económico y con las dificultades que inevitablemente la ampliación acarrearía para el proyecto de unificación política y económica de Europa planteado por el llamado eje París-Bonn29. En el caso irlandés, la mayor preocupación residía en la posibilidad de que parte de los fondos comunitarios que disfrutaban se diversificara entre más países. Por ello eran generalmente positivos a la ampliación, pero planteaban la necesidad de negociar recompensas. Por otro lado, se defendía la reforma de las instituciones comunitarias, pero no de una PAC que entonces beneficiaba claramente a sus producciones30. Desde otro de los países más pequeños, Bélgica, se defendían también las reformas destinadas a reforzar las instituciones comunitarias, planteando incluso una idea claramente federalista, y apoyando la ampliación sin reservas31. Como ya se ha dicho, curiosamente la obsesión que se tenía con Francia distorsionó en cierta medida el análisis de sus posiciones, objetivos europeos y política

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AGMAE, legajo R17894, expediente 1. Carta de Cádiz Deleito a Javier Casanova. París: 20 de diciembre de 1978. 28 AGMAE, legajo R17894, expediente 1. Despacho número 42 de Abaroa. Copenhague: 9 de enero de 1979. 29 AGMAE, legajo R17894, expediente 1. Despacho número 172 de Perinat. Londres: 26 de enero de 1979. 30 AGMAE, legajo R17894, expediente 1. Despacho número 7 de Mazarambroz. Dublín: 5 de enero de 1979. 31 AGMAE, legajo R17894, expediente 1. Informe enviado por Aguirre de Cárcer. Bruselas: 4 de enero de 1979.

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nacional, pecando en muchos casos de una acumulación desmesurada de información, pero no de un estudio en profundidad de lo que podía significar. Desde el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas sí se elaboró un voluminoso informe sobre Francia, y aunque se llegaba a reconocer la influencia que para las relaciones hispano-comunitarias tendría la situación política del país galo (especialmente la preparación de las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal y de las elecciones presidenciales francesas de 1981), el análisis de su política exterior estaba impregnado de viejos tópicos32. En este sentido, se señalaba como la principal de sus características el chauvinismo que tradicionalmente les había llevado a defender la independencia y el margen de maniobra de su política exterior, cuyo máximo representante era De Gaulle, seguido de un mercantilismo profundo que definía la política exterior en función de los intereses económicos. Se criticaba igualmente la falsa idea que tenían en París de contar con la mejor diplomacia del mundo, lo que les llevaba a buscar un papel protagonista en todos los ámbitos internacionales y querer tutelar intelectualmente a otros países. Estas características, interpretaba el informe, explicarían el interés de Giscard d'Estaing en liderar un tercer bloque capaz de romper la bipolarización de las relaciones internacionales vigente en los años setenta y ochenta, lo que indudablemente acabaría por influir en la negociación española. Si Francia veía la posibilidad de reforzar su postura como líder de la integración europea con la entrada de España, las negociaciones serían más fáciles. En contra, uno de los principales problemas parecía ser el peso de nuestra política exterior con los países árabes, el Mediterráneo y América Latina; lo que se vinculaba con el interés de ciertos medios diplomáticos franceses en presionar políticamente para que desde Madrid se reconociera el Estado de Israel, una posibilidad de equilibrar la imagen de España entre a los países árabes.

4. Conclusiones

A pesar de que la documentación a la que los historiadores tenemos acceso hoy sobre la actitud de las instituciones europeas y sus países miembros ante la adhesión de España supera las posibilidades que tenían en el momento de las propias negociaciones los representantes españoles, la información que en Madrid barajaban era abundante y 32

Secretaría de Estado para la Unión Europea (SEUE), 1016.1.III ESP 6) Francia. Estudio sobre Francia, su lugar en la Comunidad Europeas y las relaciones comerciales con España. Madrid: 1979.

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permitía hacer un examen en profundidad de la situación. No obstante, la situación política interna, inevitablemente marcada por el proceso de la transición y los prejuicios que en muchos casos seguían latentes entre los funcionarios españoles, procedentes en su mayoría del régimen anterior, empañaron muchos de los análisis que sobre la realidad europea se necesitaban para definir una estrategia de negociación óptima. Un sondeo de la opinión pública europea elaborado por la Comisión sobre la ampliación de la Comunidad en el verano de 1978, en plena preparación del Dictamen, relacionaba las principales objeciones con el miedo a la paralización de las instituciones comunitarias en primer lugar, seguido de la preocupación por la inestabilidad política de los países candidatos, su capacidad económica, la emigración, las consecuencias para los fondos sociales y regionales, el coste para los contribuyentes, la competencia industrial y agrícola, y en último lugar, las consecuencias para países terceros (especialmente mediterráneos)33. Por lo general, se destacaba en este mismo sondeo, el nivel de interés por la ampliación era relativamente bajo, despuntando sólo en determinados sectores donde la preocupación parecía mayor. Como se ha visto, también la prensa internacional, a la que se tenía fácil acceso, y la documentación que los servicios diplomáticos españoles enviaban periódicamente a Madrid desde sus países de destino, daban cuenta de los debates que a nivel nacional y comunitario se producían sobre la ampliación y la necesidad de adaptar previamente la Comunidad y los países miembros a la adhesión, ya no sólo de España, sino también de Grecia y Portugal. El análisis de la prensa podía ser utilizado para sondear la opinión pública de cada uno de los países, permitiendo incluso identificar aquellos sectores de la sociedad que eran más favorables a la adhesión, los que la rechazaban, y los motivos de cada uno de ellos. Incluso, dado que tradicionalmente ha sido fácil vincular las diferentes publicaciones periodísticas con una corriente política determinada, la posición que adoptaría cada uno de los partidos políticos en sus asambleas nacionales y en el Parlamento Europeo podía preverse a partir de la lectura de los titulares. En definitiva, desde el principio del proceso fue posible contextualizar clara y correctamente las negociaciones para poder diseñar una estrategia a la medida de las necesidades. Sin embargo, la persistencia de ciertos prejuicios de una clase política y una sociedad inmersas en su propio cambio, fueron en los primeros años de la transición unos obstáculos difíciles de salvar. España tenía prisa por entrar en el club europeo, 33

AH-COMM: BAC 147/1991, dossier número 5 (1978). Campagne d'information sur l'élargissement: sondage de l'opinion publique. Bruselas: 23 de agosto de 1978.

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sobre todo por razones de política interior, pero la agenda comunitaria y cuestiones de política interior de cada uno de los Estados miembros influyó inevitablemente en el desarrollo de las negociaciones. Hasta que no se comprendió la importancia de esta realidad en su totalidad, con sus múltiples interconexiones, la estrategia estuvo incompleta.

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IDENTIDADES NACIONALES, IDENTIDADES EUROPEAS. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS (1914-1932)

Guillermo J. Pérez Casanova Universidad de Alicante

El proyecto de tesis que estoy realizando lleva por título provisional “El europeísmo español, 1914-1936”. El principal objetivo de mi investigación es analizar la construcción de la idea de Europa en España entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Guerra Civil española, si bien es posible que el marco cronológico se acorte hasta los inicios de la Segunda República. Una cuestión tan amplia como el europeísmo español ha sido, paradójicamente, poco tratada por la historiografía especializada. No nos referimos a los estudios sobre la integración del Estado español en las Comunidades Europeas, sino a la etapa anterior, a los precedentes que ya advertían un interés sobre la cuestión europea. En este sentido, el año 1914, tal y como tendré ocasión de desarrollar en esta comunicación, se convirtió en un momento clave para la aparición de un movimiento europeísta en España que, a pesar de no estar vertebrado ni organizado, anticipó algunos de los elementos que todavía hoy se pueden encontrar en la imagen que se ha construido de Europa. Por otro lado, el estudio de este europeísmo embrionario también presenta dificultades, entre las que sobresale su ambivalente relación (convergente y divergente) con el nacionalismo y las identidades colectivas. Esta cuestión será el eje de este working paper, que se ocupará de algunos de los planteamientos e hipótesis provisionales de mi proyecto de tesis y, de modo general, de los principales problemas teóricos y metodológicos de este campo de investigación.

1. Definición de la idea de Europa No es fácil delimitar qué se entiende por Europa1, ni siquiera en la actualidad. El Tratado de la Unión Europea (1992) no la define en ninguno de sus artículos, aunque recuerda en su preámbulo que es necesario sentar unas bases sólidas para la 1

A lo largo de la comunicación utilizaré de forma indistinta los términos Europa, idea de Europa y europeísmo que, a pesar de no ser exactamente sinónimos, forman parte del mismo léxico.

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construcción de la Europa del futuro. El Tratado de Lisboa (2007), una modificación del anterior, añadió una referencia al legado cultural, religioso y humanista que conserva Europa, basado en valores como la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Aunque en ningún momento se define o se explica qué se concibe por Europa, estos dos ejemplos ponen de manifiesto los principales elementos de la idea de Europa: el compromiso con la herencia liberal-demócrata, el recuerdo del pasado –y el uso de la memoria– y una vocación teleológica con la mirada puesta en el futuro. Entendida como sinónimo de integración y de proyecto común, Europa, como idea, es una construcción histórico-cultural. Como han señalado algunos autores, se puede equiparar con un proceso histórico que conduce a un mismo fin: la integración política y económica de Europa a través de instituciones liberales y democráticas (Voyenne, 1970). Esta interpretación de la idea de Europa implica asumir y aceptar la continuidad de una herencia cultural o sustancia europea que, en lo esencial, ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos (Boon y Delanty, 2007). Esta continuidad de un supuesto proyecto europeo encierra un deseo de legitimar la construcción europea después de la Segunda Guerra Mundial. No es casualidad, en este sentido, que el interés por la historia de Europa coincidiera con los orígenes de las Comunidades Europeas. En este punto, Stuart Wolf (2003) se pregunta abiertamente si la Comisión Europea, a través de las directrices de su política cultural, está tratando de algún modo de edulcorar el pasado conflictivo de Europa. A modo de ejemplo extremo, citaré una definición de Europa en 1952:

“Europe is a community of peoples who share in a common spiritual tradition that had its origins three thousand years ago in the Eastern Mediterranean and which has been transmitted from age to age and from people to people to until it has come to overshadow the world” (Dawson, 2009, pp. 21-22).

En las antípodas de esta interpretación de la idea de Europa se encuentra Gerard Delanty (1995), que considera que nunca ha existido un ideal europeo inmutable y anterior incluso a su definición. Siguiendo a Hobsbawm o Anderson, el desarrollo histórico de la idea de Europa sería un ejemplo clásico de tradición inventada, con sus propios mitos, tal y como se explicará más adelante. Así pues, hablar de Europa como invención en realidad significa enfatizar que ha sido construida en un proceso histórico (Delanty, 1995); esto quiere decir que queda ligada a una interpretación historicista, 254 

pero al mismo tiempo se descarta cualquier continuidad finalista entre la Grecia clásica (a la que tradicionalmente se le atribuye la creación del concepto “Europa”) y el último proyecto europeísta protagonizado por los Estados miembros de la UE. Según Tony Judt (1996), la Europa actual ha propiciado un discurso mitificado alejado de la realidad histórica, en el que los elementos que definen la idea de Europa –desde la libertad a la democracia– son más europeos que el mismo continente. Como se puede ver, muchos de los problemas presentados, así como las distintas lecturas que se han realizado de la idea de Europa, arrojan varios interrogantes: ¿es posible definir Europa? Las diferentes interpretaciones –sin olvidar los mitos y las tradiciones inventadas– no ofrecen una respuesta plenamente satisfactoria, si bien se pueden identificar elementos comunes que integran la idea de Europa en la teoría nacionalista. De hecho, parece inevitable afirmar que pueden existir tantas Europas como naciones europeas, debido sobre todo al peso de éstas en el europeísmo desde los primeros compases del siglo xx.

2. Europa y nación Si regresamos al marco cronológico trazado, comprobaremos que la Gran Guerra cambió la fisonomía de Europa. En 1919 poco quedaba de aquel continente donde sólo unos años antes coexistían tres grandes imperios. El florecimiento de nuevos territorios nacionales, a modo de otra primavera de los pueblos, cambió la fisonomía del continente europeo y, al mismo tiempo, la estrategia de los proyectos europeístas. La idea de una Europa unida, aunque todavía estaba poco desarrollada, se puede considerar una causa directa de la Primera Guerra Mundial (Pegg, 1983). Los proyectos utópicos del siglo xix –el discurso de Víctor Hugo sobre los Estados Unidos de Europa 1849 es una buena muestra de ello– dejaron paso a formulaciones más realistas, como la Unión Paneuropea de Coudenhove-Kalergi o el Memorándum de Federación Europea de Aristide Briand. La teoría nacionalista sufrió un importante descrédito durante la contienda mundial. Este cambio de opinión estuvo acompañado por la influencia de grupos pacifistas y europeístas que, a pesar de ser minoritarios, gozaron de prestigio en algunos países2. La idea de una Europa unida se configuró como un medio para alcanzar la paz

2

En el caso de España, el escritor e intelectual Eugeni d’Ors promovió con escaso éxito un Comité d’Amics de la Unitat Moral d’Europa.

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en el continente, pero a partir de la entrada en guerra de los EEUU de América, el universalismo –que se materializó en el proyecto wilsoniano de la Sociedad de Naciones– ganó terreno al europeísmo e incluso al incipiente internacionalismo obrero. Sin embargo, el Estado-nación no tardó en erigirse como el verdadero protagonista de la mayoría de proyectos pro europeos que se llevaron a cabo. El análisis de las iniciativas de Coudenhove-Kalergi y Briand muestra la diferencia entre un discurso centrado en ensalzar los valores –y los beneficios– de una futura unión europea con elementos y políticas supranacionales; y la práctica, que se materializó en el compromiso explícito de no alterar –ni siquiera superar– la soberanía nacional de los Estados miembros (Chebel d’Appollonia, 2002). Precisamente, la cesión de soberanía por parte de Estados y las tensiones que se derivan de ello es un rasgo que se ha mantenido en todas las experiencias integradoras a lo largo de los siglos XX y XXI. Así pues, europeísmo y nacionalismo han estado constantemente entrelazados, hasta el punto que se pueden identificar dos tipos de nacionalismo europeo: uno de raíz anti-nacional, impulsado desde arriba, que trata de contrarrestar el poder de los Estadosnación. La Unión Paneuropea sería uno de los casos. Por otro lado, también nos encontramos con un nacionalismo europeo pro-nacional, enraizado en los nacionalismos surgidos en el siglo xix que defendían una estructura europea supranacional precisamente para defender los intereses de los nuevos Estados (Chebel d’Appollonia, 2002). De esta cuestión se pueden inferir algunas cuestiones, como la preponderancia de la nación en el discurso europeísta ya en la década de los años 1920. Quizás la dificultad para crear una identidad común europea tenga su raíz en la convergencia de intereses entre nacionalismo y europeísmo, aunque a veces pueda parecer lo contrario. Esto explicaría, en nuestra opinión, el fracaso de una tercera vía europeísta durante 1920 y 1930 (sobre todo en la primera década), periodos en los que un discurso pro europeo cargado de elementos pacifistas y liberal-demócratas trató de hacer frente a los extremos representados por el fascismo-autoritarismo y el comunismo. Más que de una ideología, el europeísmo debe entenderse como un adjetivo o atributo de los discursos nacionalistas, ya fueran próximos al pensamiento reaccionario (o incluso al fascismo) o a posicionamientos reformistas o democráticos. En el caso concreto de España se puede ver con mayor claridad. Para finalizar en esta cuestión, no se puede dejar de lado un tipo de nacionalismo, casi invisible por su cotidianidad, que se ha convertido en uno de los 256 

principales objetos de estudio en la historiografía especializada en el nacionalismo. Nos referimos, por supuesto, al nacionalismo banal. Michael Billig (2006), su principal teórico, afirma que todavía no se ha logrado que el Estado-nación sea sustituido por una forma de gobierno nueva, postnacional y cosmopolita; ni siquiera la Unión Europea ha conseguido esto en la actualidad, entre otras cosas porque no es en ningún caso una fuerza antinacional. Billig enlaza la identidad nacional con el subconsciente, y esto explica que la nación siga vigente tanto en los discursos políticos como en el día a día de la ciudadanía. En un intento de expandir este concepto, algunos autores han hablado de un “europeísmo banal”, basado, por ejemplo, en la existencia de mapas, símbolos, mitos o banderas, todos ellos relacionados con Europa (Hirschhausen y Patel, 2010). Se trata de una línea de investigación todavía poco desarrollada, pero que sin duda puede ayudar a resolver algunas incógnitas en mi proyecto de tesis, como la posible existencia de este europeísmo banal o cotidiano en España. En resumen, Europa y nación, o europeísmo y nacionalismo, comparten varias características, como la necesidad de inventar mitos y tradiciones. Incluso se puede apreciar una coincidencia en la estructura del europeísmo, ya que coincide con las premisas del nacionalismo de Mazzini o Renan. Es cierto que se ha intentado construir una cultura común europea, pero en todos los proyectos europeístas siempre se ha acabado imponiendo la voluntad de querer pertenecer a una superestructura diferenciada, pero compatible, con los límites del Estado-nación.

3. El europeísmo español En el caso del Estado español podemos encontrar varios ejemplos de esta interrelación entre europeísmo y nacionalismo. Como es sabido, el llamado Desastre del 98 causó un fuerte impacto en los círculos políticos e intelectuales del Estado. De hecho, contribuyó a modernizar y a reformular el nacionalismo español, que desde ese instante se fragmentó en dos grandes corrientes que ya empezaban a vislumbrarse en el siglo XIX: por un lado, un nacionalismo conservador y abiertamente anti europeísta; por otro, un nacionalismo de tipo liberal-democrático que encontró en la idea de Europa su referente para modernizar y transformar el Estado y la sociedad. Andrés de Blas (1994) identifica, además, otra consecuencia del Desastre: la consolidación de movimientos

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nacionalistas de tipo cultural en Cataluña y el País Vasco. Más adelante me ocuparé de las concomitancias entre el catalanismo político y el europeísmo. El regeneracionismo se había introducido en la agenda de la intelectualidad y, como se ha señalado antes, Europa se convirtió en un concepto clave que equivalía “a la negación de cuanto compone la España actual” (Fernández Sebastián y Fuentes, 2008 p. 515), tal y como rezaba el artículo de presentación del semanario Europa, promovido en 1910 por Ortega y Gasset. Ya con la Gran Guerra iniciada, Ortega se embarcó en otra empresa similar, aunque esta vez la revista se tituló España, nombre que en absoluto fue casual, ya que reforzaba los intereses del filósofo madrileño y otros intelectuales: tratar de europeizar a España para modernizarla y equipararla así con otros países. Un análisis de los discursos del nacionalismo, conservador por un lado y liberaldemocrático por otro, puede llevar a la conclusión que el primero rechazaba de pleno la europeización de España, ya que Europa, como idea-fuerza, era considerada una amenaza para las esencias de la nación española. Por el contrario, el nacionalismo liberal no dudaba de los beneficios que traería “Europa” o, mejor dicho, una parte de ella. No hay que olvidar que al hablar de Europa o de europeización, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, se estaba pensando en países y regímenes políticos como los de Gran Bretaña o Francia. Esta distinción en las actitudes respecto a Europa no es posible aplicarla en los modelos teóricos nacionalistas. Aunque en un primer momento pueda parecer que el europeísmo está mucho más vinculado con un nacionalismo voluntarista, lo cierto es que la europeización también se ha defendido desde postulados culturalistas o incluso esencialistas. De nuevo, el ejemplo de Ortega y Gasset es esclarecedor: la dimensión culturalista del pensador madrileño está presente incluso en su juventud. Por eso, “es inaceptable presentar a Ortega como si el suyo sólo fuera un modelo de nación y nacionalismo cívico”, pero “tampoco basta con señalar que en realidad esto es falso porque el suyo es un modelo cultural” (Archilés, 2009, p. 117). Este ejemplo nos advierte de la coexistencia entre ambos modelos durante todo el periodo que abarca este escrito. Nación y Europa ocuparon espacios contiguos en la prensa, la intelectualidad y en los discursos políticos, aunque como ya he comentado, esta relación no siempre fue entendida en clave positiva. El ejemplo de Ortega –que ni mucho menos fue la única

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referencia en esta cuestión– muestra, en fin, que lo verdaderamente importante era entender la nación como un proyecto común, vivo, asimilable al plebiscito diario del que hablaba Ernest Renan. Por otro lado, su concepción de la relación entre España y Europa no fue ni mucho menos estática. De hecho, su idea de Europa puede asimilarse a una creencia, una realidad o empresa vital (Sevilla, 2001). La clave, en mi opinión, está en intentar entender el peso que tuvieron en cada momento ambos conceptos. Dicho de otra manera para el caso de Europa: el europeísmo de Ortega entre 1914 y 1922 no puede ser el mismo que el de La Rebelión de las Masas, aunque tampoco se puede hablar de una ruptura (Ardao, 1984). Pero, como ya he avanzado, Ortega y Gasset no es el único europeísta en este periodo, y tampoco es el objeto de esta comunicación. Sin embargo, se pueden extraer algunas conclusiones que se pueden extrapolar a otros intelectuales o políticos relacionados con el reformismo: en primer lugar, Europa se configura como una creencia, una idea etérea, estable, aunque fue cuestionada durante los momentos de crisis. Hay muchos ejemplos en la prensa de la época, sobre todo cuando estaba a punto de desencadenarse la guerra en todos sus frentes:

“Europa, lo que simboliza Europa, lo que vemos en Europa, es lo que va a ser vencido en la guerra, si la guerra se produce. Europa, si estalla la guerra europea, no va a ser ya un ideal” (Domingo, 1914, pp. 1-2)

En segundo lugar, las ideas de nación española y de Europa actúan como vasos comunicantes; en el caso concreto de Ortega están, además, en plano de igualdad, ya que tan necesaria era la españolización de Europa como la europeización de España. Sin embargo, en este sentido sí se aprecian diferencias sustanciales, sobre todo en lo que concierne al discurso sobre la inferioridad de España o su irrelevante papel internacional. Por su parte, como ya se ha dicho, la intelectualidad conservadora también ejerció una oposición frontal a Europa.

“Mientras España sea dependiente y servil, ese espíritu europeo, flotante y espumoso; ese europeísmo un tanto arcaico, lleno de prejuicios liberalistas y bañado de elocuencias de club revolucionario; ese europeísmo, en tanto nos prestemos a la imitación y la obediencia nos otorgará su olímpico y protector desprecio” (Salaverría, 1914, p. 1). 259 

Una de las conclusiones provisionales que se pueden adelantar respecto a este apartado es que, en mi opinión, la Primera Guerra Mundial configuró dos culturas políticas diferenciadas por su postura ante la influencia europea. En el caso del catalanismo, resulta paradigmático en el uso de Europa en su discurso político3. Fue también durante la Gran Guerra cuando empezó a explotarse esta vía. El apoyo explícito de los sectores más reformistas a países como Gran Bretaña y, sobre todo, Francia implica un deseo de internacionalizar las demandas autonomistas (o independentistas). Incluso desde las posturas más conservadoras de la Lliga Regionalista, el partido hegemónico, se afirmaba que la guerra era “el triunfo del valor unitivo, cohesionante del nacionalismo y la autonomía” (D’Abadal et. al, 1916, p. 3). La contienda abría, por decirlo de alguna manera, las puertas a una reordenación de Europa –y, por extenso, del mundo– en la que tanto el nacionalismo, el republicanismo federal y hasta el incipiente socialismo tendrían su voz. Europa, por tanto, dejó de verse sólo como un referente situado en un plano ideal. Durante y después de la Gran Guerra, diversas voces intentarán que el Estado español se integre de una manera efectiva con la nueva realidad mundial. Una de ellas fue la Unión Democrática Española, que promovió la democratización de las estructuras políticas españolas para acceder a la todavía proyectada Sociedad de Naciones (De Unamuno et al., 1918). De nuevo, esta iniciativa fue secundada por algunos de los integrantes de la Generación del 14. En la década siguiente se observa que el europeísmo, lejos de afianzarse y asentarse, se fue alejando paulatinamente del elemento nacionalista. El interés por la Sociedad de Naciones es un claro síntoma de que el universalismo estaba ganando protagonismo, sobre todo en la primera mitad de la década de 1920. Por otro lado, entre 1928-1930 los proyectos europeístas de Coudenhove-Kalergi y Aristide Briand, antes mencionados, tuvieron una cierta repercusión, sobre todo en la intelectualidad, en algunos sectores del corporativismo e incluso en el seno del directorio civil de Primo de Rivera (Eduardo Aunós, Ministro de Trabajo, fue el presidente del grupo español de la Unión Paneuropea). Ambos ejemplos compartían el deseo de organizar una Europa unida (en una especie de confederación o cooperación intergubernamental, aunque se utilizaron varios

3

Por su mayor desarrollo político y social, nos hemos ocupado solamente del nacionalismo periférico catalán.

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nombres) para lograr el mantenimiento de una paz demasiado frágil y, al mismo tiempo, impulsar una unión económica en el continente. A pesar de las críticas a los nacionalismos –algo que es patente en la Paneuropa de Coudenhove-Kalergi (2002)– y al compromiso de no minar las soberanías nacionales, las objeciones principales fueron precisamente en ese sentido. El gobierno español, aunque acogió con simpatía el Memorándum de Briand, expresó sus dudas sobre las posibles intromisiones de la futura federación europea en la soberanía nacional. Por otro lado, también se mostró preocupado por las repercusiones que tendría esta unión europea en la política hispanoamericana que la Dictadura de Primo de Rivera estaba promoviendo (Menchén Barrios, 1985). Precisamente, el hispanoamericanismo se había convertido en uno de los puntales de la política nacionalista del régimen primorriverista, que intentaba mejorar las relaciones diplomáticas y económicas con las antiguas colonias americanas, al tiempo que trató de impulsar un imperialismo cultural del que España fuera la cabeza visible. La dictadura de Primo de Rivera rompió cualquier tipo de lazo con la intelectualidad europeísta, y buena prueba de ello es que en los movimientos pro europeos o pro Sociedad de Naciones que se organizaron en España, el único vínculo con la anterior década fue Rafael Altamira. No hay que olvidar tampoco que Briand y Coudenhove-Kalergi le dieron una especial importancia a las cuestiones económicas, sobre todo después del crack bursátil de 1929, por lo que, como se ha avanzado antes, nacionalismo y europeísmo parecieron tomar caminos separados. La única excepción, además de algunos intelectuales republicanos y opositores del régimen, lo encontramos en los orígenes de los movimientos fascistas españoles. Intelectuales como Ernesto Giménez Caballero lanzaron un mensaje “europeísta” que consistía en vincular un proyecto de regeneración nacional con otro a escala continental. El objetivo no era otro que “armonizar rasgos europeístas (…) con valores estrictamente autóctonos” (González Calleja, 1993, p. 166). De nuevo se puede observar el interés por integrar a Europa en España y viceversa. En realidad, más allá de las ideas de Giménez Caballero, en la política exterior de Falange se observa más interés por Hispanoamérica, Marruecos o el iberismo (la federación entre España y Portugal siempre estuvo de algún modo presente) que por la idea de Europa propiamente dicha. En definitiva, «el tenue “europeísmo” desplegado por el fascismo español da buena muestra de la posición marginal que nuestro país mantenía en el concierto político continental» (González Calleja, 1993, p. 170). Y, en 261 

mi opinión, se debería añadir que, muy posiblemente, esta falta de interés por el europeísmo sea una herencia del nacionalismo reaccionario y conservador que ya se oponía frontalmente a la idea de Europa.

4. Conclusiones Para finalizar este pequeño trabajo, me gustaría dejar a modo de conclusión algunas reflexiones y preguntas abiertas que, por su carácter transversal, serán del interés del público. En primer lugar, la idea de nación debe entenderse como un concepto en constante evolución. La historiografía está en la actualidad más centrada en la historia transnacional: el concepto de nación está en revisión y se están proponiendo nuevas categorías de análisis, pero por muy cuestionado que esté, no se puede menospreciar la importancia que el nacionalismo tuvo durante la Gran Guerra y el periodo de entreguerras. Un enfoque transnacional implica superar, ver más allá del propio Estadonación, pero en mi opinión esto no significa que deje de ser un concepto válido. La prueba está precisamente en el periodo analizado: junto a una de las edades de oro del nacionalismo también florecieron alternativas supranacionales y movimientos que, con mayor o menor intensidad, pusieron en cuestión algunos presupuestos teóricamente intocables de la nación. La historia transnacional, pues, es una herramienta especialmente útil para analizar periodos en los que confluyan, al tiempo, discursos nacionalistas favorables y proyectos que de una forma u otra trataban de limitar la soberanía nacional de los países. En segundo lugar, en mi opinión el concepto de Europa debe entenderse como una construcción cultural e histórica interrelacionada con la realidad nacional de los Estados que se consideran europeos y que quieren formar parte de una identidad común. Esta última cuestión, la existencia de la identidad europea, es uno de los principales problemas que me he encontrado. ¿Es posible? ¿Se puede desligar de la identidad nacional? La mayoría de los estudios sobre nacionalismo hablan de la importancia de las experiencias de nación para configurar una identidad colectiva (Archilés, 2007). En el caso de la imagen de Europa, es difícil encontrar experiencias de Europa más allá del impacto relativo que supuso la Primera Guerra Mundial. Por este motivo, la identidad

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europea terminaría integrándose –subordinada– en un conjunto más amplio: la identidad nacional y sus diferentes discursos. Por supuesto, esto no quiere decir que el paradigma del Estado-nación (o la nación cultural o étnica) englobe todos los aspectos y problemas del europeísmo. El proyecto de tesis tampoco deja de lado otros enfoques bajo el prisma económico, estrictamente intelectual, sociológico, político-institucional, del pensamiento o, por supuesto, de las relaciones internacionales, pero es cierto que la relación entre europeísmo y nacionalismo tiene reservado un espacio relevante. Para finalizar, se puede concluir que la inmensa mayoría los discursos y actitudes europeístas durante el período analizado, por muy rupturistas que pudieran parecer, nunca dieron la espalda a la nación, y éste, bajo mi punto de vista, es el principal punto de partida para abordar este asunto.

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265 

“SPAIN IS THE HOST, NOT THE HOSTAGE”. LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD DE MADRID (1980-1983)

Francisco José Rodrigo Luelmo Universidad Complutense de Madrid

El 1 de agosto de 1975, treinta y cinco jefes de Estado y de Gobierno firmaron el Acta Final de Helsinki, texto que culminaba tres años de intensas negociaciones diplomáticas en el seno de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, una reunión que supondría un punto de inflexión en la época de distensión de la Guerra Fría. Este texto se basaba en dos puntos principales: confirmación del statu quo europeo y respeto por los Derechos Humanos. El Acta de Helsinki convocaba una serie de reuniones de seguimiento para examinar si se cumplían todos los preceptos acordados. La primera Conferencia de follow-up se celebró en Belgrado, entre 1977-1978. La reunión fracasó estrepitosamente por el contexto internacional, marcado especialmente por la represión de los grupos disidentes surgidos en el bloque comunista tras la firma de 1975; ello, a ojos de los occidentales, suponía una flagrante violación de los acuerdos de Helsinki. El disenso hizo que la reunión de Belgrado concluyera con una mera declaración política, que convocaba a todos los Estados participantes a una segunda Conferencia de seguimiento en Madrid en 1980. El presente ensayo tiene como objetivo analizar en qué consistió la primera reunión internacional que se celebró en territorio español desde la Conferencia de Algeciras de 1906. Ello lo haremos estudiando la reunión preparatoria, en otoño de 1980; luego, la propia Conferencia, que se celebró durante tres años (casi tanto como la reunión de Helsinki), haciendo especial énfasis en el papel de España; y por último, examinaremos el Mandato Final de Madrid, acuerdo que puso fin a la Conferencia. 

Becario predoctoral del Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación (referencia AP2008-00299), adscrito al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI), Referencia CAM: CCGO7 UCM/HUM-2974. Código grupo: 941072. Este trabajo también ha sido posible gracias al Proyecto de Investigación del MINECO (antiguo MICINN) Dimensión internacional de la Transición española (1973-1982): protagonistas y memoria histórica, referencia HAR2009-13630/HIST.

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Los fondos posteriores que afectan a la Conferencia de Madrid están momentáneamente vetados para la investigación por decisión del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, acogiéndose al RD 1708/2011, de 18 de noviembre (por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regulan los archivos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y su régimen de acceso)1 y al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, por el que se otorga carácter de “secreto” a catorce materias para fondos documentales posteriores a 19682. Por ello, para realizar este ensayo hemos tenido que recurrir a la documentación oficial de la CSCE, depositada en la Oficina del Secretariado de la OSCE en Praga; a fuentes hemerográficas, principalmente de ABC, El País y La Vanguardia; y a la bibliografía especializada en la CSCE, que es muy escasa en lo que se refiere a esta reunión. También ha sido una referencia fundamental la entrevista que llevamos a cabo, en el marco de las investigaciones del GHistRI, el 29 de julio de 2010 con Javier Rupérez, jefe de la primera delegación española en la CSCE de Madrid.

1. El camino tortuoso hacia la Conferencia de Madrid Tras el fiasco de Belgrado, la CSCE se encontraba al borde del precipicio. El único éxito acaecido en la capital yugoslava fue la decisión de continuar el proceso, y precisamente en Madrid (Rupérez, 1986, p. 96). El contexto internacional no era, desde luego, el más propicio: la invasión soviética de Afganistán en 1979 y el boicot occidental a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 no auguraban nada bueno. Camino de la capital de España, se celebraron tres encuentros especializados de la CSCE sobre Arreglo Pacífico de Controversias en Montreux (Suiza), en 1978; Cooperación Mediterránea en La Valletta, en 1979; y el Foro científico de Hamburgo (Alemania), que tuvo lugar en 1980, meses antes de la Conferencia de Madrid. En los tres casos, las negociaciones se desarrollaron por los cauces adecuados, y si bien en el caso de Montreux no hubo acuerdo, las reuniones entre expertos en la capital de Malta y en la ciudad hanseática limaron las asperezas antes de Madrid por tratarse de cuestiones más técnicas que políticas. El caso es que las prioridades entre ambos bloques eran bien

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Publicado por el Ministerio de la Presidencia en el Boletín Oficial del Estado, número 284, de 25/11/2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.pdf 2 González, M. (3 de junio de 2012). Exteriores blinda todos sus documentos, El País. Recuperado de http://politica.elpais.com/politica/2012/06/03/actualidad/1338750887_077908.html

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diferentes: el Pacto de Varsovia sólo quería hablar de desarme; Occidente se oponía a ello y proponía, por el contrario, profundizar en el tema de los Derechos Humanos. El 8 de septiembre de 1980 comenzaron en el Palacio de Congresos de La Castellana de Madrid las sesiones preparatorias de la segunda reunión de seguimiento de la CSCE. Durante la Conferencia de Belgrado, Javier Rupérez, en calidad de jefe de Gabinete del ministro Marcelino Oreja, había dado la orden de apostar por acoger la siguiente sede de la CSCE para que se interpretase como “un espaldarazo” a España y a su proceso de cambio hacia la democracia3. Los Estados occidentales habían apoyado incondicionalmente la candidatura de Madrid sobre las de Helsinki, La Valletta o Viena; el Pacto de Varsovia acabó aceptando “a regañadientes”, creyendo que con ello el Gobierno español desistiría de sus intenciones de ingresar en la OTAN para no perder su viso de neutralidad como anfitrión4. Así pues, el proceso de Helsinki se jugaba su continuidad en Madrid: si fracasaba como en Belgrado, entraría en vía de extinción. España tenía que demostrar sus habilidades diplomáticas en las reuniones previas, entre septiembre y octubre de 1980. El país estaba inmerso en su proceso de cambio, no sólo de política interior sino también exterior. En primer lugar, Adolfo Suárez llevó a cabo el que sería su gran cambio de gobierno, sustituyendo a Marcelino Oreja por José Pedro Pérez-Llorca en Exteriores el día antes del inicio de la reunión preparatoria. Además, el Gabinete de UCD había decidido ya ingresar en la OTAN, algo que se materializó más tarde, ya con Leopoldo Calvo-Sotelo en el Palacio de La Moncloa. España estaba vinculada desde 1953 al sistema defensivo occidental en virtud de sus acuerdos con Estados Unidos. Pero durante los años de mandato de Adolfo Suárez, el Ejecutivo español “coqueteó” con la opción neutralista. Sin embargo, la Conferencia de Seguridad de 1980 indicó, por primera vez de forma real y práctica, que el Gabinete Suárez, por impulso del sector atlantista de UCD, había tomado la decisión de vincularse definitivamente a Occidente: la gran novedad de la Conferencia de Madrid es que España pertenecía, por primera vez, al “caucus occidental” de la CSCE; en Helsinki y Belgrado, las diferentes delegaciones hispanas se habían adscrito al grupo de “Estados independientes”, junto a la Santa Sede. Asimismo, por primera vez en todo el proceso 3

Entrevista con Javier Rupérez. Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales. Madrid, 29 de julio de 2010. 4 López Muñoz, I. (18 de marzo de 1978). Madrid, sede de la Conferencia de Seguridad si antes no ingresa en la OTAN, El País. Recuperado de http://elpais.com/diario/1978/03/18/internacional/259023612_850215.html

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de la CSCE, España presentaba propuestas conjuntas y coordinaba oficialmente sus proposiciones con otros países, un síntoma del giro de la política exterior española, cuyo objetivo era buscar la normalidad y la homologación internacional. También, el Gobierno de Madrid había decidido hacer de un acuerdo antiterrorista europeo una de sus banderas en la Conferencia, tal y como declararon el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el que sería jefe de la delegación española en la CSCE, Javier Rupérez, en la presentación del Libro Blanco del Gobierno español sobre el grado de cumplimiento del Acta Final de Helsinki5. Sin embargo, las reuniones preparatorias estuvieron a punto de hundir la Conferencia de Madrid antes de su inicio. Los representantes de los treinta y cinco Estados participantes no eran capaces de acordar la agenda y el orden del día de la Conferencia. La delegación española, que ofició de mediadora, consiguió que todos los países aceptaran que se pudiera examinar el grado de cumplimiento del Acta Final de Helsinki y, al mismo tiempo, se pudieran plantear temas nuevos. También se aprobó que la reunión no tuviera un límite de tiempo.

2. 1980-1983: tres años de tormento negociador El ministro español de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, inauguró la Conferencia de Madrid al filo de la medianoche del 11 de noviembre de 19806. Al día siguiente, tomó la palabra en el Palacio de Congresos de La Castellana el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quien señaló que “tal vez España sea uno de los países signatarios del Acta Final de Helsinki que (…) haya conocido una evolución más profunda en sus estructuras políticas. España se ha convertido en una democracia de corte occidental a través de un proceso de transición gradual y pacífico. Esta evolución sólo ha sido posible gracias a la colaboración, bajo el impulso de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, de los partidos políticos representados en el Parlamento y del pueblo español”. Tras una serie de guiños a las naciones iberoamericanas y mediterráneas, el jefe del Ejecutivo no podía dejar pasar la oportunidad que le brindaba este foro internacional para, en plena ofensiva de la banda asesina ETA, demandar mayor colaboración internacional para luchar contra el terrorismo, al que calificó como “la más 5

Presentado en Madrid el “libro blanco” sobre la Conferencia de Seguridad, El País (5 de septiembre de 1980). Recuperado de http://elpais.com/diario/1980/09/05/internacional/336952806_850215.html 6 “Reunión de Madrid de 1980. Acta de la Primera Sesión, celebrada en el Palacio de Congresos, Madrid, el martes, 11 de noviembre de 1980, a las 23:50 horas. CSCE/RM/VR.1”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/126.

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odiosa y brutal forma de atentar contra el derecho fundamental de toda persona a la seguridad y a la vida”. En lo referente al propio desarrollo de la Conferencia, Suárez hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos, porque, advirtió, “incurriríamos en graves responsabilidades históricas si enterramos el Acta de Helsinki”7. En una sesión del plenario, el jefe de la delegación española, Javier Rupérez, pronunció en inglés la frase que da título a este ensayo: España era “el anfitrión, no el rehén, de la CSCE”8 y que definía cuál era el papel que iba a llevar el Gobierno de Madrid durante la Conferencia: este país no podía hipotecar, según el diplomático y entonces diputado de UCD, sus “opciones vitales”, pues la consecución de la candidatura para la CSCE no valía la subordinación de otros objetivos en su proyección política y exterior (Rupérez, 1986, p. 101). España presentó cinco propuestas propias y cuatro con otros países. Se puso en marcha una comisión interministerial que coordinaba a todos los departamentos a los que concernían las proposiciones. La más importante y destacada fue sobre el terrorismo, anunciada por Adolfo Suárez en el discurso inaugural de la Conferencia, y que pretendía obtener un acuerdo europeo contra esta lacra. Elaborada conjuntamente por los Ministerios de Justicia e Interior, la propuesta contó con el apoyo inicial de Turquía, y una vez se suavizaron los términos alusivos a la extradición y al asilo territorial, se añadieron al copatrocinio Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Alemania occidental; el único país del caucus occidental que no la apoyó fue Francia por la alusión a los “santuarios de terroristas”, pero tampoco se opuso9. España también presentó una propuesta “sobre la profundización de la distensión”, la cual tendría que sufrir una nueva reforma e incluso el cambio de título para recibir el apoyo del bloque occidental 10 . Tercera propuesta importante: sobre emigración, basada en un informe del Instituto Español de Emigración respecto a las

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“Reunión de Madrid de 1980. Acta de la Segunda Sesión, celebrada en el Palacio de Congresos, Madrid, el miércoles, 12 de noviembre de 1980, a las 13:00 horas. CSCE/RM/VR.2”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/126. 8 Entrevista con Javier Rupérez. Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales. Madrid, 29 de julio de 2010. 9 “Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por las delegaciones de la República Federal de Alemania, España, los Estados Unidos de América, Italia, Portugal, Reino Unido y Turquía sobre el terrorismo. CSCE/RM/14. Madrid, 11 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/123. 10 “Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por la delegación de España sobre el mejoramiento de la seguridad y el desarrollo de la cooperación entre los Estados participantes a la luz de las disposiciones del Acta Final. CSCE/RM/37. Madrid, 18 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/123.

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pensiones de los emigrantes y que se completó con otra referencia sobre la cooperación entre países emisores y receptores de emigración, con el objetivo de mejorar la situación de los trabajadores que salían de sus respectivos países; el apoyo de los países de la CEE fue unánime, y al final España y Portugal presentaron el texto conjuntamente11. España registró otras propuestas en el ámbito de Información (conjuntamente con Austria y Suiza, para optimizar la circulación de la información y perfeccionar el status de los periodistas) 12 ; transportes en el Mediterráneo 13 ; Contactos Humanos (con los Nueve, Estados Unidos, Canadá, Grecia, Islandia y Noruega) 14 ; Derechos Humanos (con Estados Unidos y Canadá, para convocar una reunión de expertos sobre el tema)15; respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales presentadas en el Principio VII del Acta Final (con todo el bloque occidental)16; y arbitraje comercial (con los Nueve, Grecia y España)17. Coincidiendo con el transcurrir de la Conferencia de Madrid, la política española vivía, además, unos momentos especialmente convulsos: en enero de 1981 Adolfo Suárez presentó su dimisión, y al mes siguiente, se produjo el intento de golpe de Estado del 23-F, y que coincidió con la celebración de la Conferencia. Esa misma tarde, proseguían los trabajos de las comisiones. A las 18:00 saltó la voz de alarma: un contingente de la Guardia Civil había asaltado el Congreso de los Diputados español. Los embajadores acreditados ante la CSCE estuvieron informados pero no tenían 11

“Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por las delegaciones de España y Portugal sobre la mano de obra migratoria. CSCE/RM/E.1. Madrid, 9 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/124. 12 “Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por las delegaciones de Austria, España y Suiza sobre Información. CSCE/RM/3. Madrid, 9 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/124. 13 “Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por la delegación de España sobre cooperación en materia de transportes en la región del Mediterráneo. CSCE/RM/M.3. Madrid, 15 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/125. 14 “Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por la delegación de Luxemburgo así como por las de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, República Federal de Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Noruega, España, el Reino Unido, y los Estados Unidos de América. CSCE/RM/11. Madrid, 10 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/122. 15 “Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por las delegaciones de Canadá, España y Estados Unidos de América relativa a una reunión de expertos sobre Derechos Humanos. CSCE/RM/16. Madrid, 12 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/122. 16 “Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por la delegación de Luxemburgo, así como por las delegaciones de la República Federal de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Turquía. CSCE/RM/19. Madrid, 11 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/122. 17 “Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por la delegación de Luxemburgo, así como por las de la República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino Unido. CSCE/RM/E.18. Madrid, 9 de diciembre de 1980”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/124.

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interlocución por parte de la Administración española, entre otras razones, porque el jefe de la delegación anfitriona, Javier Rupérez, estaba también en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo en calidad de diputado de UCD. El periodista Juan Roldán (1984, p. 230) indica que los diplomáticos extranjeros acreditados ante la CSCE incluso ofrecieron asilo en sus Embajadas a periodistas y políticos españoles en caso de que el golpe triunfase. El Ejecutivo de UCD había utilizado las primeras sesiones del encuentro de la CSCE en Madrid para sondear las posibilidades de España de adherirse a la OTAN. Ello, aún a costa de debilitarse su papel mediador al inclinarse definitiva y oficialmente por el bloque occidental para disgusto soviético. Pero, al menos, la delegación española había conseguido bajo el Gobierno centrista cerrar los temas menos polémicos del texto final de Madrid. Cuando llegó 1982 había un acuerdo prácticamente negociado en el 80% de los puntos, pero quedaban pendientes los asuntos más complicados. El 16 de diciembre de 1981 los países neutrales y no alineados habían presentado las propuesta RM-39, sobre la cual se asentaría el Mandato Final de la Conferencia casi dos años después 18 . Precisamente, ese 1982, supuso un auténtico “punto de inflexión” para la Conferencia de Madrid. Desde enero de 1981, Ronald Reagan era el nuevo inquilino de la Casa Blanca, lo que supuso un endurecimiento todavía mayor de la política de su antecesor, Jimmy Carter, hacia el bloque socialista. Y en diciembre de ese año la dictadura comunista del general Jaruszelski había declarado en Polonia la “ley marcial” en Polonia, persiguiendo sin piedad al sindicato disidente “Solidaridad”. El 9 de febrero de 1982 se celebró una sesión del plenario a la que asistieron multitud de ministros occidentales y neutrales y que, casualidades de la historia, tuvo que ser presidida por el representante de Polonia; en la reunión se vertieron críticas muy duras al régimen de Varsovia y a todos los países comunistas por la represión generalizada que se había llevado a cabo contra los movimientos disidentes surgidos al albor del Acta Final de Helsinki. Así, entre febrero y octubre de 1982, los trabajos de las comisiones se suspendieron. La explicación oficial que se dio es que había que preparar el Mundial de

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“Reunión de Madrid de 1980. Propuesta presentada por las delegaciones de Austria, Chipre, Finlandia, Liechtenstein, San Marino, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Proyecto de documento de terminación de la reunión de Madrid de 1980 de los representantes de los Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, convocada sobre la base de las disposiciones del Acta Final relativas a la continuidad de la Conferencia. CSCE/RM/39. Madrid, 16 de diciembre de 1981”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/123.

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fútbol que iba a celebrarse en breve en España, y se necesitaba el Palacio de Congresos de La Castellana como Centro Internacional de Prensa. 1982 fue un año decisivo también para la participación de España en la Conferencia de Madrid. En julio, la delegación cambió de manos: Javier Rupérez marchaba a la recién creada Representación Permanente ante la OTAN. Le sustituía otro diplomático experto en el proceso de Helsinki, Juan Luis Pan de Soraluce, que ya había encabezado la delegación española en la reunión de Belgrado, y que se mantuvo en el cargo hasta el final del encuentro de Madrid. El Gabinete Calvo-Sotelo no varió la línea seguida hasta entonces en la Conferencia de Madrid. En marzo de 1982 se celebró un intenso debate parlamentario en la Comisión de Asuntos Exteriores, en el que el ministro Pérez-Llorca defendió la continuación de la reunión en la capital de España a pesar de las turbulencias internacionales. El presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, se mostró reticente al Acta Final de Helsinki, aduciendo que favorecía a la Unión Soviética y se preguntó sobre la utilidad de la Conferencia; el jefe de la diplomacia española replicó al líder conservador que, aunque compartía su escepticismo, la interrupción de la reunión sería “muy negativa” para la situación internacional. El portavoz socialista, José Miguel Bueno, acusó al Gobierno español de no adoptar un papel neutral como anfitrión, sino todo lo contrario (Roldán, 1984, pp. 231-232). Y en mayo de 1982 se produjo la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte, con la enconada oposición de la izquierda y de importantes sectores de la opinión pública Pocos meses más tarde, en octubre, España votaba un histórico cambio de gobierno que llevaba al PSOE de Felipe González al poder. Ello afectaba de lleno a la política exterior del país anfitrión de la CSCE, marcada profundamente por el controvertido debate sobre la adhesión a la OTAN. Con los socialistas en el poder, España ejerció de nuevo un rol mediador entre bloques por las reservas que el nuevo Gobierno mostraba hacia la Alianza Atlántica (Fuentes, 1989, pp. 149-150). El 8 de febrero, el flamante ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, se dirigía por primera vez al plenario de la Conferencia de Madrid. En su alocución, el nuevo jefe de la diplomacia española afirmó que la participación de España ya no sería “tan sólo la del país anfitrión y la de un país integrado en el bloque occidental, sino que, si para ello fuésemos requeridos, estamos dispuestos a aportar nuestra dedicación y nuestro esfuerzo para buscar un terreno de entendimiento entre las posiciones hoy en día contrapuestas” y, en un guiño a la URSS, se mostró favorable a la Conferencia sobre el

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Desarme que pedía Moscú, ofreciendo incluso Madrid como posible sede 19 . El Ejecutivo socialista había decidido días antes congelar la entrada de España en la estructura militar de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el Gobierno González nunca abandonó el caucus occidental. En marzo de 1983 llegó el momento decisivo. Los países neutrales y no alineados presentaron un texto revisado de la propuesta RM-39 de 1981 20 . Los soviéticos anunciaron que lo apoyaban pero la delegación norteamericana no daba su brazo a torcer. Gracias al arduo trabajo de Morán y Pan de Soraluce, y del propio Felipe González, el Mandato final de la Conferencia surgió de un texto propuesto por el presidente del Gobierno español a los jefes de delegación en el Palacio de La Moncloa en junio de ese año, y que el Palacio de Santa Cruz quiso vender a los medios como de “exclusiva autoría española” 21 . La nueva propuesta de España, que no consta en el registro oficial de la Conferencia al ser presentada oralmente, y que tomaba como columna vertebral la propuesta RM-39 revisada, añadía nuevos puntos, tales como: aceptar la invitación de Suiza para comenzar en abril de 1986 en Berna una reunión de expertos que analizase cómo promover la puesta en marcha de las disposiciones del Acta Final de Helsinki sobre contactos humanos; retrasar a enero de 1984 la Conferencia de Desarme que exigía la URSS y que rechazaba Estados Unidos, si bien la sesión preparatoria podría iniciarse en octubre 1983; y una serie de cambios y matices lingüísticos de distinta naturaleza22. Al final, todos los países acabaron aceptando el texto español. Con esta decisiva actuación de González quedó demostrada la fundamental participación de España en la Conferencia de Madrid, como país anfitrión y mediador, salvando este encuentro del fracaso en múltiples ocasiones, y posibilitando que la CSCE siguiese adelante a pesar de la difícil situación internacional. Todavía quedaban tres meses para la clausura 19

(9 de febrero de 1983). Morán ofrece la mediación española para la distensión internacional, La Vanguardia, p. 11. 20 “Madrid Meeting 1980. Proposal submitted by the delegations of Austria, Cyprus, Finland, Liechtenstein, San Marino, Sweden, Switzerland and Yugoslavia, Draft concluding document of the Madrid Meeting 1980 of representatives of the participating States of the Conference on Security and Cooperation in Europe, held on basis of the provisions of the Final Act relating to the follow-up to the Conference ; Non-paper - Pages refer to document CSCE/RM/39/Revised. Madrid, 15 March 1983”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, E/121. 21 Caño, A. (18 de junio de 1983). Felipe González presenta a los embajadores de la CSCE una propuesta para finalizar la Conferencia de Madrid. El País. Recuperado de http://elpais.com/diario/1983/06/18/internacional/424735205_850215.html 22 “Draft Concluding document of the Madrid Meeting of representatives of the participating States of the Conference on Security and Co-operation in Europe, held on the basis of the provisions of the Final Act relating to the follow-up to the Conference. 1983”. OSCE Office of the Secretariat in Prague, “Non Paper Documents”.

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definitiva, y la negativa de Malta (una vez más) a firmar el texto hasta que no se tratase de forma específica la seguridad en el Mediterráneo y el derribo de un avión civil surcoreano por la URSS, pusieron en peligro el final de la reunión en Madrid. Pero el final feliz que todos esperaban acabó llegando.

3. El Mandato Final de Madrid: el relanzamiento de la CSCE Tras tres años de reuniones, la Conferencia finalizaba el 9 de septiembre de 1983 con el discurso de clausura del Rey Juan Carlos I23 y con la firma del Mandato Final de Madrid24. Este texto contemplaba importantes progresos respecto al Acta Final de Helsinki en la “cesta I” de Helsinki (Seguridad). Por ejemplo, era la primera vez en la historia que se condenaba a nivel multilateral el terrorismo, a iniciativa como vimos antes, de España; el Mandato pedía reforzar la necesidad de combatirlo acabando con los “santuarios” de terroristas como con la petición a los Estados participantes de que dejasen de apoyar actividades subversivas para derrocar violentamente al Gobierno de un país. En segundo lugar, se contemplaba el respaldo a las libertades sindicales y de asociación, lo cual se interpretó como un apoyo a Solidaridad y a todos los movimientos disidentes del Este, convocándose además, un encuentro especializado en Derechos Humanos en Ottawa para mayo de 1985; también aparecía la defensa de la libertad religiosa Asimismo, había una importante novedad en el apartado de cuestiones militares: se convocaba para Estocolmo en 1984 una “Conferencia sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad y sobre el desarme en Europa” en el marco de la CSCE, accediendo en buena medida a las peticiones soviéticas. Y pese a no ser trascendentes, los párrafos militares retrasaron el acuerdo de Madrid porque los occidentales rechazaban de plano incluir cuestiones de desarme en el proceso de Helsinki y por la inicial falta de acuerdo sobre en qué zona territorial aplicar las medidas de confianza propuestas.

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Vera, J.M. (10 de septiembre de 1983). “El mundo ansía progresar en el camino del diálogo”. Esperanzador discurso del Rey en la clausura de la Conferencia de Madrid. ABC, p. 25. 24 “Documento de clausura de la Reunión de Madrid de representantes de los Estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, convocada sobre la base de las disposiciones del Acta Final relativas a la continudad de la Conferencia. Madrid, 6 de septiembre de 1983”, OSCE Office of the Secretariat in Prague, S/135.

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El “cesto II” (Economía, Ciencia y Tecnología, Emigración, etc.), en el cual España tuvo un especial protagonismo como pudimos ver anteriormente, los acuerdos fueron muy sencillos y sirvió de “válvula” para que en los momentos de parálisis de la Conferencia, se diera la impresión de que la reunión continuaba (Fuentes, 1989, p. 154). Respecto a la cuestión mediterránea, los Estados participantes decidieron continuar con los foros especializados e incluso se abría la puerta a celebrar reuniones de expertos sobre seguridad en el Mare Nostrum. Se produjeron avances en cultura y educación, así como sobre todo en el terreno de la Información y en el ámbito de contactos humanos. Por último, sobre la continuidad de la CSCE, el texto de Madrid promovió múltiples foros especializados y convocó la tercera Conferencia de follow-up para Viena en el año 1986.

4. Conclusiones La Conferencia de Madrid supuso la regeneración de un proceso, el de Helsinki, en peligro de extinción tras la anterior reunión de Belgrado. El reto no era nada fácil para el país anfitrión, España, que había querido obtener dicha condición para venderlo como un respaldo a su proceso de transición a la democracia entonces tambaleante por su contexto interno. Además de acoger su primera reunión internacional en casi ochenta años, este país atravesaba importantes turbulencias, tanto a nivel de política interna como de su acción exterior, por el debate sobre su posible ingreso en la OTAN. Sin embargo, el Gobierno español, tal y como recoge el título de este ensayo, no acabó siendo “el rehén” de la Conferencia, pese a las presiones soviéticas, que había aceptado Madrid como sede con la esperanza de que España no acabase entrando en la OTAN. Las negociaciones en Madrid atravesaron momentos muy difíciles. La estrategia practicada por ambos bloques en Conferencia de Belgrado parecía repetirse en la capital de España. La reunión estuvo a punto de fracasar con la declaración de la “ley marcial” en Polonia en diciembre de 1981 y, de hecho, los trabajos de las comisiones estuvieron suspendidos durante varios meses en 1982. A pesar de que se mantuvo en el caucus occidental, el papel mediador de España como anfitrión varió durante el transcurso de la Conferencia. Dos gobiernos de distinto signo (UCD y PSOE) desempeñaron la organización de la Conferencia de Madrid. Bajo el Ejecutivo centrista, y con un claro alineamiento con Occidente, que se consumó con el ingreso en la OTAN en mayo de 1982, se salvaron las negociaciones más sencillas y 276 

se utilizó la Conferencia para hacer alta diplomacia. Con el cambio de gobierno en 1982, los socialistas tomaron más distancias con el bloque occidental. Así, basándose en una propuesta presentada meses antes por los países neutrales y no alineados, el presidente Felipe González realizó una intervención decisiva proponiendo una solución de compromiso que acabó convirtiéndose en el texto final de la Conferencia. Un texto, el Mandato Final de Madrid, que contenía importantes novedades como la convocatoria de una Conferencia de Desarme, y que demostraba que el Acta de Helsinki podía evolucionar y ser adaptado a las circunstancias del momento. En definitiva, la Conferencia de Seguridad de Madrid fue un éxito del proceso de la CSCE, pero también resultó satisfactoria para la diplomacia española, que jugó un papel importante a la hora de su resolución final.

Bibliografía Fuentes, J. (1989). El círculo de Helsinki, Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores.

Roldán, J. (1984). La Conferencia entre bastidores, en Cooperación y Seguridad en Europa: la Conferencia de Madrid. Madrid: Fundación Banco Exterior, pp. 217-235.

Rupérez, J. (1986). España en la OTAN. Relato parcial. Madrid: Plaza y Janés.

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LAS RELACIONES BILATERALES EN EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA EXTERIOR: EL CASO DE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS (1865-1898)

Andrés Sánchez Padilla Universidad Complutense de Madrid

1. El retorno del Estado El estudio de las relaciones internacionales ha sufrido numerosos cambios conceptuales desde los años setenta. Uno de los más sobresalientes es la pérdida de relevancia del Estado como objeto de estudio. Las corrientes de las ciencias sociales que enfatizan la dimensión cultural de la sociedad internacional han coincidido en devaluar el papel de las relaciones interestatales. En parte, estas tendencias han respondido a los propios cambios de la realidad internacional: la progresiva globalización de los contactos e intercambios económicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente desde la década de 1970; la aparición y desarrollo de actores colectivos no estatales (organismos supranacionales, empresas multinacionales, organizaciones no gubernamentales); la ampliación de la agenda de problemas de los Estados a asuntos como la cultura, los derechos humanos o el medioambiente. El giro cultural de las ciencias sociales ha afectado profundamente la agenda de investigación de las relaciones internacionales. En algunos países, como Estados Unidos, ha determinado el debate historiográfico. De esta manera, el análisis se ha desplazado de la interpretación de los acontecimientos a la exégesis de las percepciones y los discursos de los sujetos de estudio. Este planteamiento ha sido a veces una excusa perfecta para no hacer el esfuerzo de bucear en la compleja documentación de los aparatos burocráticos. La devaluación del Estado parte de dos supuestos implícitos. Por un lado, una concepción profundamente ingenua del Estado 1 : se acepta literalmente la ficción jurídica que define el Estado como una entidad territorial unitaria, igual pero 1

Aunque muy popular, especialmente entre los periodistas.

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completamente independiente de sus semejantes; sin embargo, la historia de las relaciones internacionales se ha dedicado en gran medida a estudiar la desigualdad y la dependencia entre naciones. Por otro lado, se asume una teleología presentista: el desarrollo de la globalización y el consiguiente debilitamiento de los Estados ha llevado a numerosos científicos sociales a pensar que estamos asistiendo a un fenómeno único en la historia que conduce inexorablemente a la desaparición de los Estados, posiblemente sustituidos por otras entidades como los organismos supranacionales o las “civilizaciones” (Iriye, 2004, pp. 221-222). Pero la globalización es un fenómeno histórico, y por tanto, reversible. El Estado no parece merecer demasiada atención. Sin embargo, no es la primera vez que vivimos una globalización de los intercambios económicos. La impresionante liberalización de las barreras del mundo atlántico antes de 1914 no evitó que el siglo XX haya sido testigo del mayor desarrollo estatal –para bien y para mal- de la historia. Y los acontecimientos de los últimos años ponen de manifiesto que los Estados no tienen intención de desaparecer en un futuro próximo.

2. El rol de las relaciones bilaterales La historia de las relaciones internacionales ofrece testimonio del protagonismo del Estado como objeto de estudio, aunque la retórica de muchos historiadores no sea consistente con su trabajo. Los cambios conceptuales en el estudio de las relaciones internacionales han llevado a subrayar en todos los casos la necesidad de superar el paradigma estatocéntrico. Sin embargo, en la práctica casi todos los estudios en países como España siguen girando de una manera o de otra en torno al Estado. Muchos siguen haciendo vieja historia diplomática con otra retórica. Otros han priorizado el análisis de dimensiones de la política exterior tradicionalmente ignoradas por los historiadores diplomáticos. Y algunos se han concentrado en la influencia de actores no estatales en la política exterior. Pero incluso en este último caso el énfasis no recae en esos actores, sino en su importancia para explicar la acción del Estado. Lo cierto es que esta ampliación del análisis de la política exterior ha hecho cada vez más difícil ofrecer síntesis coherentes. Las relaciones bilaterales pueden servir doblemente ese objetivo. Por un lado, permiten reinterpretar la política exterior de dos Estados a través de sus interacciones en común. Por otro lado, pueden servir para

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prestar atención a fenómenos o procesos transnacionales, sin por ello menospreciar o estereotipar el rol de la política. Partiendo del ejemplo de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XIX, podemos observar varios fenómenos que aparentemente tienen poco que ver con la política exterior de ambas potencias, pero que podrían ser analizados de otra manera desde la acción del Estado. Incluso en una época de liberalización de los intercambios internacionales en el mundo atlántico, el rol de los Estados era crucial. A continuación no trataré de ofrecer los resultados de una investigación, sino de reflexionar sobre tres fenómenos que cruzaron las fronteras entre España y Estados Unidos: los emigrantes españoles en Norteamérica; las empresas multinacionales norteamericanas en la Península; y los problemas ligados a la protección internacional de la propiedad intelectual en ambos países.

3. La emigración transatlántica El estudio de la emigración española a América ha sido objeto de innumerables trabajos, aunque la emigración a los Estados Unidos ha recibido considerablemente menos atención (Rueda Hernanz, 1993). Sin embargo, el interés por la interacción entre emigración y política exterior –con la excepción del caso mexicano (Lida, 1999, PiSuñer Llorens y Sánchez Andrés, 2001)– se ha circunscrito al siglo XX. En la segunda mitad del siglo XIX el desplazamiento de personas a través del Atlántico era considerablemente más costoso debido a la dificultad y lentitud de las comunicaciones, pero la política migratoria era mucho más laxa que en la actualidad. Sin embargo, es demasiado ingenuo asumir que los Estados no jugaron ningún papel en la regulación de los intercambios de población. Precisamente por la dificultad de los desplazamientos, el rol de los Estados era decisivo para incentivar e incluso dirigir los movimientos migratorios. La política migratoria de Estados Unidos en el siglo XIX ofrece un testimonio elocuente. Para que se produjese el desplazamiento de millones de europeos hacia Estados Unidos fue necesaria la cooperación de las autoridades a ambos lados del Atlántico. Si Estados Unidos absorbió la llegada masiva de inmigrantes europeos fue porque su gobierno fomentó esa inmigración debido a la demanda de mano de obra de

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la economía norteamericana. Y si esos emigrantes pudieron desplazarse fuera de sus fronteras fue porque sus Estados nativos autorizaron esa pérdida de población. El final de la inmigración europea a Estados Unidos tampoco fue sólo una cuestión cultural. Progresivamente, el gobierno estadounidense fue percibiendo desfavorablemente la integración de los nuevos inmigrantes en la economía y la sociedad de Estados Unidos. En consecuencia, fue imponiendo diversas trabas legales que culminaron, después de la Primera Guerra Mundial, en restrictivas cuotas para cada país con el objetivo de reducir o detener los flujos migratorios europeos. La relación bilateral entre España y Estados Unidos ofrece un estudio de caso de este fenómeno. Es notorio que la inmigración española a los Estados Unidos nunca llegó a alcanzar el volumen de otras colonias europeas (como la italiana, la irlandesa o la griega) y tampoco pudo compararse con la ingente emigración española hacia América Latina. Pero desde el primer tercio del siglo XIX un número de emigrantes españoles decidió, por diversas razones, desplazarse a los Estados Unidos, y su volumen fue creciendo según transcurrieron las décadas. El cénit de la emigración española en Norteamérica llegó en las primeras décadas del siglo XX, pero su crecimiento se detuvo drásticamente a partir de 1921, debido a que la restrictiva legislación migratoria estadounidense primaba a los países que ya tuviesen una colonia numerosa. La emigración española a Estados Unidos se detuvo sobre todo por la voluntad del gobierno norteamericano de detener los flujos migratorios europeos. Está claro que la demanda de mano de obra por parte de países hispanoamericanos como Argentina, Uruguay, Brasil o Cuba desvió gran parte de la oferta migratoria al sur del continente. Por otro lado, no se puede negar que la barrera cultural suponía un obstáculo muy poderoso en Estados Unidos, pero no había impedido la llegada masiva de inmigrantes alemanes, italianos o griegos. La ausencia de redes familiares, producto de una emigración históricamente temprana, es un argumento de más peso. Pero hay otro factor que no se tiene en cuenta: el papel que ambos Estados, España y Estados Unidos, jugaron en fomentar o disuadir esa migración. El gobierno estadounidense no ejerció ningún tipo de discriminación hacia la emigración de ciudadanos españoles a su territorio, como sí ocurrió en el caso de la emigración china a partir de la década de 1880. La escasa colonia española en Norteamérica no suponía ningún problema social. ¿Pero cuál fue la intervención del gobierno español? La emigración a América nunca fue especialmente bien vista por parte de los gobiernos de la Restauración porque 281 

se entendía como una pérdida de recursos para el país, pero sí se fomentó oficialmente la emigración a Cuba mientras fue territorio español. Sin embargo, esa actitud no se extendió a los emigrantes españoles en Estados Unidos. A pesar de que su número fue creciendo constantemente cada año, la atención de los diplomáticos y cónsules españoles hacia ellos fue, en el mejor de los casos, escasa. Estados Unidos despertaba profundos recelos entre las elites españolas de las que salían los diplomáticos y dirigentes de la política exterior. Su modernidad y su sistema democrático generaban un rechazo inmediato entre las minorías dirigentes (Fernández de Miguel, 2010). Pero por encima de todo, el poder de Estados Unidos suponía una amenaza en todo momento a la soberanía española sobre la isla de Cuba. Por todo ello, nunca existió interés en la administración exterior del Estado español por fomentar el acercamiento entre ambas sociedades. El único interés que despertó la colonia española en Estados Unidos fue su utilidad política contra la también creciente emigración nacionalista cubana2. Sólo los cónsules españoles en Nueva York y Nueva Orleans –ciudades donde se concentraba la mayoría de la emigración española-, entendieron el valor de los emigrantes como embajadores de España en un país de importancia creciente para la economía española, y la necesidad de mantener y proteger la identidad cultural de los emigrantes. El Cuarto Centenario del Descubrimiento de América, que sirvió para un acercamiento temporal entre España y Estados Unidos, fue la ocasión para intentar organizar la asociación de la colonia española en torno al Círculo Colón-Cervantes3. Sin embargo, estos esfuerzos no encontraron ningún apoyo oficial en Madrid y cuando acabó el centenario no recibieron continuidad.

4. Las multinacionales en la Península La presencia de empresas multinacionales en nuestros días es muy visible. Sin embargo, al igual que la propia globalización, no son un fenómeno nuevo ni reciente (Jones, 2005). Y muchos de los problemas asociados a la expansión de empresas más allá de sus fronteras nacionales tuvieron expresión antes de 1914.

2

El mejor ejemplo fueron los periódicos neoyorkinos en español subvencionados por los gobiernos restauradores, La Política y Las Novedades. 3 Baldasano a O’Donnell, (19 de abril y 15 de octubre de 1892), Archivo General de la Administración, Asuntos Exteriores, Caja 54-1283; Baldasano a Cánovas (13 de mayo de 1892), Archivo General de la Administración, Presidencia, Caja 51-3613.

282 

Por la naturaleza de sus actividades, las empresas multinacionales han sido consideradas como actores que escapan a la lógica estatal. Pero, al igual que hoy en día, antes de 1914 las empresas multinacionales se movieron en un mundo de economías nacionales cuya apertura estaba determinada por cada gobierno a través de instrumentos como los aranceles a las importaciones y los impuestos al capital extranjero. El estudio de la interacción entre el gobierno y las multinacionales estadounidenses no es exactamente una novedad historiográfica. Pero la mayoría de los trabajos se han centrado en América Latina, donde la ayuda estadounidense a sus empresas fue acompañada de intervenciones militares. Sin embargo, el grueso de las inversiones estadounidenses nunca estuvo en el continente americano, sino en Europa, y sólo recientemente algunos historiadores han empezado a prestar atención a la colaboración entre el gobierno y las multinacionales norteamericanas en el Viejo Continente, con resultados muy interesantes que llaman la atención sobre la importancia de las relaciones interestatales en el desarrollo de esas multinacionales (Frank, 2009). Si el estudio de las multinacionales norteamericanas en territorio europeo resulta muy prometedor, su relación con España parece extraña a primera vista. De acuerdo con Adoración Álvaro y José Antonio Montero, el número de empresas norteamericanas en España antes de 1918 era muy reducido y su relevancia económica, limitada (Álvaro Moya, 2011; Montero Jiménez, 2011). Pero esa situación no era casual. En realidad, las empresas norteamericanas se habían empezado a interesar por el mercado español mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Si no se habían introducido o si habían tenido que abandonar sus inversiones, fue debido a la hostilidad del gobierno español. La documentación diplomática norteamericana da cuenta del creciente interés de las empresas estadounidenses desde el último tercio del siglo XIX por el mercado español. Sin embargo, su expansión definitiva, al igual que en el resto de Europa, no llegaría hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando la primacía norteamericana en Europa serviría para abrir las barreras políticas que muchos Estados habían levantado contra la “invasión” norteamericana. El caso español no fue excepcional. Los gobiernos restauradores eran conscientes de la importancia del capital extranjero para el desarrollo de la economía nacional, pero las necesidades fiscales de un Estado extremadamente débil se cebaron sobre las empresas norteamericanas más exitosas en la Península. Después de la pérdida de las últimas colonias ultramarinas en 1898, se acentuó el modelo proteccionista de desarrollo. Empresas como Singer consiguieron sobrevivir mediante su camuflaje legal 283 

(Davies, 1976, pp. 130-137). En cambio, las empresas aseguradoras que habían dominado el mercado desde 1880 (The New York Life Insurance, The Equitable Life Assurance Society), se vieron obligadas a abandonar la Península después de la Primera Guerra Mundial debido a la exigente presión fiscal (Pons Pons, 2005). Otras, como la petrolera Standard Oil, tuvieron que asociarse con productores españoles para empezar a introducirse en la primera década del siglo XX en un mercado vedado por la protección arancelaria. A pesar del creciente poder de las empresas norteamericanas, el gobierno español detuvo su expansión en la Península durante tres décadas por la debilidad relativa del gobierno estadounidense para apoyar a sus empresas. Sólo cuando el gobierno estadounidense empezó a ejercer su poder en Europa -a raíz de su decisivo papel en la victoria aliada en la Gran Guerra-, pudieron las empresas estadounidenses invertir masivamente en la Península. No obstante, ni siquiera entonces dejaron de surgir problemas por la reticencia constante de los gobiernos españoles ante la expansión de la inversión estadounidense (Montero Jiménez, 2011, pp. 315-349).

5. El copyright internacional Los problemas internacionales generados por la protección de los derechos de autor fuera de las fronteras nacionales son un tema de actualidad, pero tampoco son nuevos. Si bien hoy en día la atención se centra en el copyright sobre productos como la música o el cine, antes de 1914 el principal problema era la garantía de los derechos de las obras literarias. La publicación y traducción de obras literarias más allá de las fronteras nacionales es un tipo de intercambio cultural. Pero las obras literarias, al igual que la música o el cine, también son un negocio. La garantía de este negocio son los derechos de autor, protegidos desde muy temprano por los Estados-nación. Sin embargo, la protección de los derechos de autor más allá de las fronteras nacionales fue un fenómeno mucho más tardío porque requería del acuerdo entre Estados. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando las obras literarias cruzaban las fronteras nacionales dejaban de estar protegidas por la legislación doméstica. Sin acuerdo entre los Estados para reconocer recíprocamente su legislación de protección al copyright, el negocio editorial perdía una parte muy importante de los beneficios que generaban las obras literarias. A partir de las últimas décadas del siglo XIX, la 284 

protección de los beneficios de las obras literarias nacionales se convirtió en una preocupación de la política exterior de muchos Estados. Las potencias europeas empezaron a firmar acuerdos bilaterales y acabaron organizando conferencias multilaterales que llegaron a acuerdos internacionales para proteger los derechos de autor. Pero los países del otro lado del Atlántico no formaron parte de esas convenciones. La ausencia de una legislación internacional vinculante entre los dos extremos del mundo atlántico hizo florecer la piratería editorial. Fue el caso de España y Estados Unidos. Sin embargo, hasta 1891 los Estados Unidos estuvieron más preocupados por garantizar el respeto a sus patentes que en proteger los derechos de los escritores estadounidenses. Las editoriales estadounidenses se beneficiaban enormemente de la publicación sin copyright de autores extranjeros (especialmente británicos) y su influencia política era muy superior a la de los escritores (Ninkovich, 2009). En cambio, la creciente exportación de maquinaria norteamericana a Europa se veía perjudicada por la ausencia de reconocimiento de las patentes estadounidenses. España, por su parte, estaba preocupada por recuperar los beneficios que generaba la publicación de sus obras literarias en los países de América Latina (Delgado GómezEscalonilla y Figueroa, 2008, pp. 7-8), y no tanto por los derechos de sus obras literarias en Estados Unidos: la traducción de autores españoles era un negocio muy limitado. Juan Valera, diplomático y novelista, se sensibilizó ante el problema cuando intentó introducir su obra en el mercado estadounidense sin conseguir los beneficios editoriales de su publicación (DeCoster, 1954, pp. 221-222). Pero nunca hubo esfuerzos oficiales. España tampoco mostró interés por la protección de las patentes extranjeras, pues muchos negocios se beneficiaban de la piratería industrial. Estados Unidos llevó la iniciativa para regular tanto el copyright como las patentes. Primero consiguió que las patentes estadounidenses fueran reconocidas en España mediante el tratado de 19 de junio de 1882 (Olivart, 1890-1906, VIII, pp. 227228). La presión de la American Copyright League y grandes editoriales como Harper & Brothers –ahora perjudicadas por la piratería de pequeñas editoriales- cambiaron la posición estadounidense a partir de 1891. También lideraron el movimiento para llegar a acuerdos de reciprocidad en la protección de los derechos de autor con países como

285 

España4. La presión estadounidense consiguió su objetivo con el canje de notas de 6 y 15 de julio de 18955.

6. Conclusiones A la vista de estos tres ejemplos se pueden plantear, más que conclusiones, unas reflexiones provisionales. Los fenómenos internacionales, por muy alejados que se encuentren de las prioridades estratégicas de la política exterior, tienen que atravesar las fronteras estatales. A partir de ese momento entran en el radio de acción de los Estados que cruzan. La complejidad de la sociedad internacional no se puede reducir a las relaciones interestatales, pero también sería un error relativizar todo aquello que no pueda ser analizado como un fenómeno cultural. La misma complejidad y amplitud de la sociedad internacional dificulta la profundidad del análisis de fenómenos por encima de toda frontera territorial o temporal. Las relaciones bilaterales ofrecen la oportunidad de analizar algunos de esos fenómenos internacionales a menor escala porque también forman parte de la política exterior de muchos Estados. Frank Ninkovich ha señalado el error de muchos partidarios del giro cultural al ignorar la política exterior porque de ese modo no se puede entender una parte de la evolución del mundo contemporáneo6. Dado que los Estados no tienen intención de desaparecer ni dejar de influir en la vida de sus ciudadanos en el futuro próximo, puede que sigan mereciendo parte de nuestra atención.

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4

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288 

MESA 5. IDENTIDADES POLÍTICAS E IDENTIDADES SOCIALES

Irene Moreno Moreno Universidad Autónoma deMadrid Comité Organizador

Siguiendo el esquema de trabajo de las Jornadas, la mesa sobre “Identidades políticas e identidades sociales” se desarrolló en dos sesiones, los días 21 y 22 de junio, bajo la dirección de la profesora Florencia Peyrou, de la Universidad Autónoma de Madrid. La primera sesión, de carácter teórico-metodológico, se centró en la reflexión y debate de algunos temas clave en el estudio histórico de las identidades políticas y sociales, a partir de una selección de textos de especialistas como Miguel Ángel Cabrera, Karen E. Cerulo o Rafael Cruz. Las reflexiones se centraron en el empleo del concepto “cultura/s política/s” en la investigación histórica, y en algunos de los principales problemas que su uso y estudio plantean al historiador. Si hace algunos años los investigadores denunciaban la carencia de reflexiones teóricas y análisis detallados sobre dicha categoría y perspectiva de análisis, en los últimos tiempos, por el contrario, son numerosos y notables los esfuerzos de clarificación y definición llevados a cabo. En este sentido, frente a las definiciones encorsetadas y los intentos de descripción esencialista, durante los debates se destacó la conveniencia de hacer un uso “flexible” del concepto, en relación a los objetivos y enfoques de cada investigación, sin necesidad de ajustarse estrictamente a la definición o enfoque de análisis propuesto por determinado autor o corriente historiográfica. Asimismo, entre otras cuestiones, se subrayó que las culturas políticas, en efecto, son permeables, y que sus fronteras son difusas, de tal modo que no cabe estudiarlas y concebirlas como realidades perfectamente definidas, homogéneas y únicas en un determinado lugar y momento histórico. En la segunda de las sesiones, el debate giró en torno a las comunicaciones presentadas por los doctorandos participantes, en las que se planteaban algunos de los principales problemas teórico-metodológicos que sus autores habían encontrado en el curso

de

sus

investigaciones.

Los

textos

comentados

fueron

temática

y

cronológicamente diversos. Así por ejemplo, se trató el análisis de la sociabilidad y la 289 

cultura política en el caso del republicanismo madrileño en los comienzos de la Restauración; el estudio de la monarquía isabelina y la cultura republicana en el Sexenio a partir de los ensayos historiográficos de Antonio Altadill; las posibilidades y problemas de interpretación que las ilustraciones, como fuente histórica, presentan al historiador, y la manera en que éstas representaban al enemigo político en la publicación La Flaca; los problemas de definición del poder social de la nobleza a comienzos del siglo XX, y de los conceptos “élites” y “alta sociedad”; el estudio de los movimientos sociales en el tiempo presente; o la necesidad de un enfoque transdisciplinar en el análisis de la técnica resinera española en la época contemporánea. Sin perder el hilo de las reflexiones teóricas planteadas en la sesión anterior, el debate y comentario crítico de las comunicaciones contó con la participación destacada de los propios doctorandos.

290 

SOCIABILIDAD Y CULTURA POLÍTICA. EL CASO DEL REPUBLICANISMO MADRILEÑO A COMIENZOS DE LA RESTAURACIÓN.

Oscar Anchorena Morales Universidad Autónoma de Madrid

Las coordenadas espacio-temporales que enmarcan la presente comunicación señalan a la ciudad de Madrid del primer decenio tras la Restauración de 1874, coincidente con el reinado de Alfonso XII. El objetivo de este trabajo consiste en condensar en algunas estructuras generales las investigaciones que actualmente llevo a cabo acerca de la sociabilidad, la movilización y la cultura política del republicanismo madrileño en la Restauración, en concreto en el periodo de 1875 a 1885. La cultura política constituye un objeto historiográfico relativamente novedoso en España, aunque profusamente tratado en los últimos años. El republicanismo ha sido redefinido también en fechas recientes como un movimiento político y social de amplio arraigo popular y protagonismo central en la dinámica histórica española de los siglos XIX y XX. Las redes de ciudadanos republicanos poseerían en la ciudad de Madrid, de acuerdo con la hipótesis central de mi investigación, una fortaleza notable durante el periodo de la Restauración, algo que ha sido relativamente desatendido por la historiografía. El republicanismo en Madrid debe analizarse atendiendo a su singularidad política: capital del Estado, sede de los poderes públicos y punto de confluencia de numerosos intereses de grupo. Su estudio cobraría un papel especial en virtud de su capitalidad y de ser consecuente objetivo primario de cualquier intento de cambio o subversión del orden político e institucional en España. La primera década de la Restauración constituye, a mi entender, el escenario de un proceso complejo en lo tocante a la sociabilidad republicana en Madrid. Éste podría resumirse como la reconstrucción y reorganización conflictivas tras el fracaso y la dispersión que suponen el triunfo del golpe militar monárquico. Los republicanos atraviesan unos primeros años de desconcierto y división interna, en un contexto político general de importante represión y de restricción de derechos políticos y de posibilidades de acción. Con posterioridad a 1881 comienza a extenderse y a

291 

fortalecerse la red de sociabilidad republicana, que logrará resistir los ataques conservadores al final del periodo de este estudio, 1884-1885. La cultura política republicana de comienzos de la Restauración ha sido descrita con gran acierto por De Diego (2008), quien ha delineado los límites del suelo axiológico republicano y tratado las diferencias concretas existentes en el mismo. Siguiendo la definición que dan Berstein (2003) y otros (Rioux y Sirinelli,1997), la cultura política incluye no sólo lo que cabría englobar como ideología o credo político sino un conjunto articulado de símbolos, relatos míticos, narraciones históricas, pronósticos de futuro, además de un modelo institucional y social propio. La caracterización de la cultura política republicana española ha sido polémica a cuenta de la taxonomización en una o varias culturas diferentes. En mi opinión, la clasificación de las culturas políticas republicanas en demosocialismo, demoliberalismo y socialismo jacobino (Miguel, 2007) no encuentra suficientes apoyos para considerarse de aplicación al Madrid de la primera década restauracionista. Sin duda los republicanos discrepaban en cuestiones de credo y de procedimiento, pero tales diferencias son mucho menos significativas que las coincidencias entre ellos. Los espacios de sociabilidad y de reivindicación política son compartidos sin grandes estridencias entre las diferentes corrientes republicanas de Madrid. Así, en las conferencias y banquetes republicanos encontramos representantes de todas las fracciones: federales (piístas y figueristas), progresistas, posibilistas e independientes. Las posiciones que mantienen en la prensa poseen igualmente parecidos importantes. Cabría situar en una posición menos integrada a los republicanos posibilistas, afines a Castelar y cercanos al liberalismo monárquico, aunque tampoco se ve qué elementos justificarían una eventual consideración del posibilismo como cultura política separada de la republicana.

1. La sociabilidad republicana en Madrid, 1874 - 1885: redes y actividades.

La clasificación que se haga del régimen de la Restauración viene necesariamente conectada con los fenómenos de estudio prioritarios. En el caso del movimiento republicano –en Madrid como a nivel nacional–, el reinado de Alfonso XII ha sido calificado como época de persecución y “clandestinidad” (Artola, 1991, p. 371) para el republicanismo. En estos primeros años abundaron los exilios y destierros de aquellos republicanos percibidos como peligrosos por las nuevas autoridades, así como 292 

la promulgación de numerosos decretos y leyes que restringían con fuerza los derechos de participación y acción política. El tejido asociativo republicano era en Madrid muy nutrido hasta su desmantelamiento, iniciado tras el golpe de Pavía y agudizado con el de Martínez Campos. Durante la República existían clubes republicanos de varias tendencias y los dirigentes de los Comités de distrito del Partido Republicano de Madrid (la ciudad se dividía en diez distritos con diez barrios cada uno) superaban ampliamente los dos centenares (Pérez, 2001, p. 59). La política dictatorial de los primeros gobiernos colocó en trance de desaparecer a las estructuras republicanas: asociaciones (proscritas), periódicos

(censurados

y

perseguidos

judicialmente)

y

partidos

o

comités

(clandestinos). Los años de acoso gubernativo y de desunión interna alcanzan un punto de inflexión hacia 1881 con la llegada de los liberales al poder. En el trienio que sigue a la formación del primer gobierno de Sagasta se produce un salto cualitativo en la sociabilidad republicana en Madrid basado en la aparición de nuevos diarios1; en la posibilidad de celebrar asambleas nacionales de partidos republicanos, hasta entonces únicamente los castelarinos habían recibido autorización; y, en la reapertura de círculos o casinos republicanos, clausurados en los albores de la Restauración. Las disposiciones del nuevo régimen afectaron a los derechos de asociación, reunión, manifestación y libre expresión. Los republicanos fueron excluidos de las elecciones desde el primer momento, a excepción de los fieles a Castelar. Sin ánimo de profundizar en la Monarquía de Sagunto creo que se la puede calificar como “liberalismo oligárquico” (Tusell, 1989, p. 33) apoyado en el “fraude organizado” (Pro, 2006, p. 183) de las elecciones. El marco general de un cambio de régimen suele ser restrictivo para las libertades y la participación política. La Restauración no supone una excepción a ello, alarga el periodo dictatorial durante un lustro aproximadamente, más allá de la promulgación de la Constitución y del fin de los conflictos militares. La ordenación de la política se basa en la represión ejecutiva directa –la deportación o exilio– y en disposiciones legales que regulaban los derechos políticos en una clara dirección: limitar su ejercicio y perseguir especialmente la actividad republicana.

1

En 1881 comenzaron a publicarse El Mundo Moderno, La Vanguardia y El Patriota, federales; y El Motín, independiente. En 1883 aparecen El Pacto, La Montaña y La Marsellesa, federales; y el independiente Las Dominicales del Librepensamiento.

293 

El exilio y la deportación de republicanos, sobre todo federales, había comenzado con la República presidencialista nacida del Golpe de Pavía el 3 de enero de 1874. Se mantuvo, al menos, hasta 1876. Suele destacarse la expulsión sumaria de Ruiz Zorrilla y varios generales republicanos el 5 de febrero de 1875 (González, 2005, p. 31). Sin embargo, también notorios republicanos como Estévanez, Benot, Ramón Cala o Fernando Garrido tuvieron que exiliarse en Portugal (Reyes, 1988, p. 73) o fueron deportados a las posesiones ultramarinas2 en el año 1874. La limitación de derechos propia de momentos excepcionales se mantuvo más allá de las disposiciones provisionales de 1875. Así, los decretos sobre imprenta se mantienen hasta la Ley de 1879; los que regulan las reuniones hasta la Ley de 15 de junio de 1880; y para la legalización de las asociaciones políticas hay que esperar hasta 1887. Además, la situación de hostigamiento se agravaba por la interpretación de las leyes que hacía el gobierno. Las reuniones son restringidas fuertemente por la Circular de 7 de febrero de 1875, convertida en Ley el 2 de enero de 1877, que actuó con claridad sobre las asociaciones políticas: “Quedan prohibidas por ahora […], y las Autoridades no consentirán en manera alguna la continuación de las existentes, ni la constitución de otras nuevas” 3 . La Ley de Reuniones de 15 de junio de 1880 requería notificación previa y la presencia de un delegado de la autoridad en las de más de 20 personas. Éste las podía disolver si se pronunciaban discursos contra el rey, vivas a la República y si se exhibían lemas o banderas que fomentaran la sustitución de la monarquía por otra forma de gobierno4. La restricción de libertades fue especialmente clara en la prensa. Así, hasta 1879 rigieron varios decretos de imprenta: de enero, mayo y diciembre de 1875. Este último añadió tribunales de imprenta al marco general de asuntos que se podían tratar. El texto perseguía también las injurias a la religión o a las autoridades. El castigo era la multa y suspensión temporal del periódico, incluso su supresión si reincidía. El decreto de 29 de enero de 1875 declaraba: “Se prohíbe de modo terminante y absoluto atacar directa o indirectamente, ni por medio de alegorías, metáforas o dibujos al sistema monárquico-constitucional, así como toda 2

García Ruiz y Sagasta, en el Mº de Gobernación, fueron los artífices de la deportación de miles federales y cantonales. (Pi y Margall & Pi y Arsuaga, 1902, p. 761). 3 Circular del Mº Gobernación, 7 de febrero de 1875, Artículo 4º. Gaceta de Madrid, nº 39, p. 340, 8 de febrero de 1875. 4 Arts. 182 y 186 del Código Penal de 31 de agosto de 1870. Gaceta de Madrid, nº 243, p. 9, 31 de agosto de 1870.

294 

alusión a los actos, a las opiniones o a la inviolable persona del Rey [Artículo 2º]. Se prohíbe también proclamar y sostener ninguna otra forma de gobierno que la monárquico-constitucional 5

[Artículo 3º]” .

La persecución contra los delitos de imprenta tenía una trascendencia especial en aquel tiempo, pues todo intento de acción política carente de medios propios de difusión parecía “inimaginable” (Suárez, 2000, p. 62). La censura y la represión ejercida por el gobierno contra la prensa republicana fueron de gran envergadura. Baste mencionar algunos ejemplos. El periódico La Discusión estuvo prohibido desde fines de 1874 hasta el mes de junio de 18796; El Globo, posibilista y poco beligerante, fue suspendido entre julio 1876 y febrero de 1877; El Solfeo, federal dirigido por Antonio Sánchez, desapareció durante el primer semestre de 1878 7 ; y El Manifiesto, nacido con el Partido Democrático Progresista en abril de 1880, fue suprimido poco después por el Tribunal de Imprenta (Suárez, 2000, p. 76). Las condenas a 20 días de suspensión, al secuestro de los ejemplares y al pago de multas constituían una situación muy común: El Pueblo Español, condenado en febrero de 18768; La Unión, continuador de El Solfeo, en 18799; El Demócrata, posibilista dirigido por Carvajal, y El Fígaro, denunciado en cuatro ocasiones por el fiscal de imprenta y que recibía su segunda condena, suspendidos en febrero de 1880 10 , son algunos de los muchos condenados por los tribunales de imprenta. El caso de La Unión podría ser ilustrativo de aquella coyuntura. Nacido en 1878 del acuerdo de todos los republicanos para ejercer de portavoz y unificar los esfuerzos de todas las fracciones11, fue condenado a 20 días de suspensión el 22 de diciembre de 188012. En el proceso ante los Tribunales de imprenta intervino en su defensa el mismo Pi y Margall, quien argumentaba que las doctrinas federales resultaban compatibles con la Monarquía y, por tanto, la actividad de La Unión era acorde a la Ley (Pi y Margall & Pi y Arsuaga, 1902, p. 102). Pese a ello, el resultado fue su supresión definitiva y su 5

Ley de regulación de la libertad de imprenta de 29 de enero de 1875. Gaceta de Madrid, 30, p. 247, 30 de enero de 1875. 6 La Discusión. (14 de junio de 1879). 7 El Solfeo. (2 de junio de 1878). 8 El Solfeo y El Globo. (11 de febrero de 1876). Este último informa de una multa de 125 ptas. Impuesta a La Nueva Prensa por distribuir ejemplares del suspendido El Pueblo Español. 9 El Globo. (13 de febrero de 1879), 1215. 10 La Unión (15 de febrero), La Discusión (12 de febrero) y El Liberal (17 de febrero de 1880). 11 La Unión, (27 de julio de 1878), 1. 12 El Globo, (22 de diciembre de 1880), 1892.

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reemplazo por El Mundo Moderno, cuyo primer número apareció el 15 de febrero de 188113. En un marco legal tan constreñido, la sociabilidad y la movilización republicanas estuvieron seriamente dificultadas. Las actividades en que los republicanos podían confluir y participar de una cierta identidad colectiva eran escasas y estaban siempre marcadas por el disimulo, la coartada o la ilegalidad. Las actividades en que se pudieron reunir con mayor tranquilidad los republicanos de a pie fueron principalmente las siguientes: funciones teatrales con evidente contenido político; acontecimientos culturales o festivos, como conferencias u homenajes festivos a la República francesa; banquetes de conmemoración de la proclamación de la República –los once de febrero–; ocasiones sociales de particulares republicanos, fundamentalmente entierros y funerales. A continuación, haré un repaso rápido de algunas muestras de ellos. Las actividades de movilización y aculturación republicanas se deben disfrazar al presentarse públicamente. Y el mejor elemento para ello en la España decimonónica eran los espectáculos teatrales, la diversión más popular y accesible para muchos ciudadanos. Los republicanos encontraron combustible para mantener la llama de la causa en obras teatrales alusivas, cargadas de simbolismo y mensajes indirectos. Tal es el caso de La Marsellesa, una zarzuela ambientada en la Francia de la Primera República cargada de símbolos, himnos y referencias republicanas que se estrenó por primera vez en febrero de 1876, con “temor de que fuera censurada”14. El éxito ese año será tan grande, según diversos medios republicanos y liberales15, que se representará durante varios años en las primeras semanas de febrero, con la intención evidente de que coincidiera con la conmemoración de la República 16 . Pere Gabriel atribuye la misma intención política a las funciones en Barcelona (Gabriel, 2003, p. 45). Las figuras eminentes del republicanismo en Madrid encontraron cauces de expresión política a través de conferencias y cursos en asociaciones e instituciones culturales avanzadas, que sí gozaron del permiso gubernativo, aunque su auditorio fuera más restringido. Así, se pudo escuchar a Figuerola hablar sobre las constituciones de Suiza y de EEUU en la Escuela de Ciencias Políticas de la Institución Libre de

13

El Globo y El Liberal (15 de febrero de 1881). El Solfeo. (3 de febrero de 1876). 15 El Globo, El Solfeo, incluso Los Lunes de El Imparcial dedican espacio a La Marsellesa. 16 Por ejemplo, en 1879, La Unión, (9 de marzo de 1879), 155. En el año de 1883, La Marsellesa “hizo furor como siempre”, durante los días 11 a 13 de febrero, con el teatro lleno y el público entusiasmado. El Liberal. (11-14 de febrero de 1883). 14

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Enseñanza 17 , a Alvarado en una conferencia sobre la democracia en el Ateneo de Madrid18 o asistir a un curso de Historia Contemporánea a cargo del diputado Labra19, entre otras muchas actividades llevadas a cabo por los republicanos más conocidos dentro y fuera de las Cortes. Un acontecimiento que revela, en mi opinión, el cauce indirecto y poco institucionalizado de la movilización republicana en Madrid, y la naturaleza de los encuentros que servían como escuela política y espacios de sociabilidad en que estrechar los compromisos, se produjo el 18 de diciembre de 1879. Unas inundaciones en el Levante español provocaron considerables daños. La prensa francesa organizó en París una gran verbena con desfile, espectáculos y otras actividades para recaudar dinero para los damnificados en España. La prensa española quiso corresponder a la solidaridad francesa organizando una jornada de agradecimiento en España, engalanando balcones y calles y simbolizando la gratitud ante el embajador galo en Madrid, Jean Jaurés. El gobierno prohibió la participación –habitual en otros actos lúdicos o conmemorativos– de las bandas militares de música y tampoco accedió a decorar los edificios públicos en señal de reconocimiento. La actitud de obstrucción del gobierno conservador agitó los ánimos republicanos. Una multitud acudió a la embajada francesa, saludó al embajador y lanzó vivas a la República, lo que produjo un detenido. La concentración marchó posteriormente por el centro de la ciudad, desde la Puerta de Alcalá hasta Sol, Arenal, Carrera de San Jerónimo y Victoria, hasta los cafés Francia y París, en el pasaje de Matheu. Acudieron seguidamente a las redacciones de los periódicos que habían organizado el acto: El Imparcial, El Globo o El Liberal. La multitud iba “cantando La Marsellesa”, lanzando vivas a la “prensa francesa y española”, a la “raza latina” o a la “República francesa”. Tras un largo recorrido por el centro de Madrid volvieron a Sol, donde fueron dispersados por agentes del cuerpo de orden público. Hubo 6 detenidos, 2 de ellos franceses, que fueron liberados al poco tiempo20. Los banquetes conmemorativos de la proclamación de la República, el 11 de febrero de 1873, constituyeron durante años el acontecimiento político y social republicano por excelencia, ya que no se permitió la organización de asambleas ni 17

El Liberal, (14 de febrero de 1880), 259. El Globo, (14 de febrero de 1880), 1581. 19 El Globo, (14 de febrero de 1878), 856. 20 Relato basado en los diarios El Liberal, 203; La Unión, 377; y El Imparcial, 4.503, del 19 de diciembre de 1879. 18

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reuniones de los partidos republicanos hasta 1879. En los once de febrero se recordaban las virtudes de la República frente a los desastres de la Monarquía, se reivindicaba su obra, se lamentaba su destrucción, se vaticinaba su pronto regreso y se llamaba a la lucha conjunta de todos los republicanos por encima de sus diferencias de partido, credo o procedimiento. La unidad era un apelativo constante en todas las conmemoraciones republicanas, sin embargo, prácticamente nunca en este periodo se celebró un acto unitario de aniversario de la República. Las situaciones sociales que propiciaban alguna manifestación colectiva solían venir motivadas por acontecimientos de carácter privado e individual. Los momentos más visibles en estos años fueron los cortejos fúnebres y entierros de republicanos de gran prestigio social. Un caso notorio fue el entierro del General Lagunero, el 20 de diciembre de 1879. El tránsito del cortejo fúnebre se convirtió en una expresión colectiva de claro contenido político, de nuevo agudizada por la actitud obstruccionista del gobierno. Los asistentes a la comitiva que acompañó al féretro a un cementerio de las afueras, regresaron a Madrid en manifestación que fue disuelta por la fuerza en la Puerta del Sol21. La situación política se modifica en febrero de 1881 con la caída del gobierno conservador, apenas unos días antes de la celebración del día de la República, 11 de febrero. Las nuevas autoridades permitieron la celebración de los banquetes republicanos conmemorativos, revocando la prohibición del ministro saliente: Romero Robledo. Este año de 1881 comienza una progresión en la movilización republicana en Madrid. Aumentan tanto el número de asistentes a los actos republicanos como la variedad de los mismos. El trienio 1881 – 1884 fue escenario de un fortalecimiento claro de la red de militantes y simpatizantes republicanos de Madrid, en todas sus dimensiones. El tejido social republicano se hizo más denso con la fundación de varios diarios que llegarían a ser muy importantes, la aparición de los primeros casinos o ateneos republicanos, así como la reorganización estructural de los partidos, que empezaron a celebrar asambleas locales y nacionales y a recomponer legalmente sus órganos de dirección. La llegada de los liberales supuso la primera conmemoración autorizada del 11 de febrero y la celebración una gran reunión pública en Madrid. Pasaron de congregarse en banquetes cuyo número en conjunto no alcanzó nunca el centenar a lograr una

21

Me he basado en El Liberal, La Unión y El Imparcial de los días 19 - 21 de diciembre de 1879.

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movilización social inédita que reúne a unas 300 personas en cinco establecimientos de la capital y a más de un millar en torno a la casa de Martos. La reunión más numerosa la convocaron los federales, figueristas y piistas unidos aún, en la Fonda Barcelona. Asisten entre 115 y 150 comensales22, cifra que se eleva a 200 personas en el momento de los brindis. En los discursos intervienen figuras como Rubau Donadeu o Casalduero. Al término del acto se cursan telegramas de felicitaciones a Figueras, Salmerón, Zorrilla o Estévanez. Además, fue nombrada una comisión para ir al domicilio de Pi y Margall con el mismo objetivo. Los republicanos progresistas, organizaron una serenata en “recuerdo querido y dichoso de un suceso…glorioso” y en honor de su principal líder en España, Cristino Martos, aún próximo al republicanismo. Esto constituye, si no me equivoco, la primera gran reunión celebrada en Madrid al aire libre desde la Restauración. Ante su casa en la calle del Sauco se congregaron entre 60023 y 2.00024 “demócratas de todas las clases” que participaron con “entusiasmo mudo y orden admirable” de las piezas que interpretó la orquesta del Sr. Bretón, el aria de I Puritani marca el comienzo hacia la media noche. El homenajeado recibió muchas visitas y telegramas de felicitación de distintos lugares y ofreció a los asistentes un lunch en la calle. El acto terminó de madrugada. La prensa resaltó el orden y entusiasmo de los asistentes y criticó la presencia “innecesaria” de numerosa fuerza de orden público25. La red asociativa republicana en Madrid empezó a recuperar el pulso, liberada de la vigilancia y la persecución anteriores. Así, empezaron a aparecer, en 1881, noticias de actividades en centros asociativos como la Tertulia democrático-progresista, convertida más tarde en el Casino democrático-progresista. En este periodo se fundó también un casino o Centro republicano federal. Los numerosos diarios que aparecieron llegaban en una coyuntura de mayor flexibilidad de la censura y una menor persecución por delitos de imprenta. El bienio final del reinado de Alfonso XII, 1884 – 1885, está marcado por la política restrictiva de un nuevo gobierno conservador. En lo tocante al republicanismo se reavivaron los anteriores mecanismos de control y represión: la prohibición a los partidos, el celo contra los periodistas y la obstrucción de las actividades. Sin embargo, el resultado de esos meses no fue el retroceso a la situación de clandestinidad y 22

El Liberal, 590, y El Globo, 1943 (12 de febrero de 1881). El Globo .(12 de febrero de 1881). 24 La Discusión. (12 de febrero de 1881). 25 El Liberal, El Globo y La Discusión. (12 de febrero de 1881). 23

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debilidad de 1880. El tejido social republicano había logrado un grado de fortaleza suficiente para resistir el endurecimiento del clima político. Sin duda la red articulada sobre los casinos o centros republicanos y sobre decenas de periódicos dispuestos a cooperar entre sí colocó al movimiento republicano de Madrid en una nueva situación política y social. El ataque del gobierno Cánovas a los republicanos no se hizo esperar. Sólo en el periodo comprendido entre el 9 y el 24 de febrero de 1884 se presentaron denuncias contra los diarios La Montaña, Las Dominicales del Librepensamiento, El Cencerro, El Porvenir, El Progreso o El Motín 26 . La Asamblea federal prevista para marzo fue prohibida27, al igual que el mitin en el Teatro Alhambra anunciado para el 10 de febrero. Los banquetes en recuerdo de la República, el 11 de febrero, fueron prohibidos expresamente. La red de sociabilidad republicana respondió con fuerza al hostigamiento por parte de las autoridades. La conmemoración de la República se hizo con muchos banquetes de menos de 20 comensales para eludir la necesaria autorización. Además, atrajeron a mayor cantidad de público a las reuniones tras la cena en los casinos republicanos, uno progresista y otro federal 28 . Las redacciones de los periódicos sirvieron como nodos organizativos. En este sentido destaca la reunión entre varias redacciones en preparación de una coalición de la prensa que cristalizaría uno años después. La reunión celebrada en casa de Luis Blanc, director del diario federal La Montaña, con medio centenar de asistentes29, es un intento de construir una primera coalición de la prensa entre todas las sensibilidades republicanas. La propuesta proviene de los diarios El Porvenir, de matiz progresista, y La Montaña, federal. La secundan las redacciones de Las Dominicales del Librepensamiento, El Gorro Frigio, La Marsellesa y El Motín. Al año siguiente, 1885, de nuevo confluyeron en la residencia de Luis Blanc los impulsores de esta coalición y nombraron, tras el banquete de conmemoración de la República, una comisión con el encargo de organizar la coalición de la prensa republicana de Madrid.

26

El Globo y El Motín de 10 de febrero de 1884; Las Dominicales del Librepensamiento, (24 febrero de 1884), 53. 27 El Motín, (24 de febrero de 1884), 8, Año IV. 28 La República, nº 10 y La Discusión. (12 de febrero de 1884), 1363. 29 Se consignan los nombres de los firmantes de los telegramas que se envían a Pi y a Salmerón. Las Dominicales del Librepensamiento, (17 de febrero de 1884), 52.

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Las ideas principales que he querido mostrar en estas páginas comparten el rasgo común de sustentar la evolución en organización y en fuerza visible del movimiento republicano en Madrid durante la primera década de Restauración. La tolerancia liberal permitió la expansión y el fortalecimiento del tejido social republicano: los periódicos, los casinos y ateneos, los actos de propaganda. El intento conservador de limitar dicha expansión refrendó la sensación republicana de apoyo y potencia mayores, algo que destacan la prensa republicana pero también la liberal monárquica.

2. Consideraciones sobre la cultura política republicana, 1875 – 1885.

La cultura política republicana es susceptible de varias interpretaciones. En mi opinión, en el decenio primero de la Restauración se puede detectar una única cultura política republicana, al igual que durante el periodo isabelino. En este sentido coincido con Peyrou (2008) y con De Diego (2008). Las diferencias ideológicas o procedimentales, que las hay, son mucho menores que las coincidencias en discursos, símbolos y formas de pensar. Las divergencias y conflictos conocidos por la historiografía responden más a enfrentamientos programáticos y personales de los máximos dirigentes que a diferencias profundas en creencias, prácticas y objetivos en el colectivo republicano. Los datos que respaldan esta interpretación se encuentran en los discursos periodísticos de conmemoración de la República, en la presencia de miembros de todas las fracciones en la mayoría de acontecimientos y en la organización conjunta de algunos de ellos. Así, el federal Rispa y Perpiñá o el progresista Llano y Persi, acudían en representación de sus corrientes a muchos de los actos organizados 30 , donde coincidían con Azcárate, Carvajal o Labra. El acto federal en 1881 en la Fonda Barcelona terminó con el envío de telegramas de felicitación y recuerdo a Salmerón, Zorrilla o Estévanez, todos de la fracción progresista31. Ya he mencionado la coalición de la prensa organizada desde 1884 por un diario federal y otro progresista y apoyada por diarios de todas las tendencias. El décimo aniversario de la proclamación de la República, en 1883, resulta un momento idóneo para destacar algunas características de la cultura política republicana 30

Rispa cena con los federales en Los Leones de Oro y asiste a la velada en el Casino democrático– progresista; Llano y Persi preside ésta y asiste después al homenaje a Salmerón en casa de Labra. Las Dominicales del Librepensamiento, (15 de febrero), 105, y El Liberal, (13 de febrero de 1885), 2038. 31 El Liberal, 590, y El Globo, 1943, (12 de febrero de 1881).

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de principios de la Restauración. La fecha fue planteada por los periodistas republicanos de Madrid como una ocasión para explicar el programa político, tanto doctrina como procedimientos; para reivindicar la actuación del año 1873, exponer qué significó la República; para resaltar cuáles eran sus diferencias con el régimen restauracionista; y para dibujar ante el lector el porvenir que se acercaba. No hay que decir que el planteamiento republicano consistía en mostrar la superioridad moral y en beneficios del sistema republicano sobre la Monarquía de Sagunto. Al calor de tales intenciones aparecieron los escritos y artículos más extensos hasta entonces acerca de estas cuestiones, cuyo examen detenido proporciona, a mi juicio, una información valiosa sobre la cultura política republicana del Madrid del momento, en el sentido de que muestra su visión del pasado, su interpretación de la situación presente y de lo que habría de traer el futuro, así como el lenguaje simbólico que dedican a correligionarios y a enemigos. Los artículos consignan inicialmente el recuerdo de la “fecha gloriosa” del 11 de febrero de 1873: “Hoy hace 10 años…que España realizó el acto más grande y de más trascendentales consecuencias de nuestra historia moderna. Hoy hace 10 años que se proclamó la República” 32 . Una República que caracterizan como la única forma de gobierno que puede garantizar los derechos humanos; que integra en el pueblo el poder soberano; y, que infunde dignidad y nobleza en los ciudadanos, quienes desechan entonces el “hábito de creer en la necesidad de seres superiores” 33 . Junto a estas descripciones más políticas aparecen también los rasgos morales o virtudes de la República, único régimen “en que la dignidad del hombre y la prosperidad del Estado pueden hallar cumplida realización”, “en que se cifran la gloria y el honor del país”34. Frente a esta exaltación republicana, la Monarquía aparece como un régimen basado en el “principio autoritario y en el prestigio personal”, caracterizada como “mercenaria” y “egoísta”, y desplegada a lo largo de la historia como una alianza entre “los despotismos del trono y del altar, concertados en su nefanda obra de opresión”35. La comparación de la República frente a la Monarquía venía seguida de la reivindicación de la obra de la República de 1873. Lo que destacaban los diarios era la forma incruenta en que se produjo la proclamación de la República: “la idea que se

32

Las Dominicales del librepensamiento. (11 de febrero de 1883), 2. El Liberal. (11 de febrero de 1883), 1306. 34 Las Dominicales del librepensamiento. (11 de febrero de 1883), 2. 35 Ibídem. 33

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impuso pacífica y legalmente, sin apelar a la fuerza y sin que hubiera derramamiento de sangre…el cambio más tranquilo de cuantos se han verificado en nuestra patria”36. Constituyó la República consecuencia natural de la Revolución de 1868 y una respuesta a la crisis planteada por la abdicación de Amadeo I. El patriotismo de los republicanos y de los radicales, que en 1873 supieron vencer sus diferencias y unirse “fraternalmente por la patria”, salvó al país de la anarquía37, según esta interpretación. La República había sido destruida por sus enemigos, “vilmente atropellada y muerta…por un soldado oscuro”38, esta era la tesis principal de la visión republicana del fracaso del 73. Las críticas a la propia actuación de los republicanos aparecían seguidamente. Para unos, los excesos revolucionarios fruto de errores juveniles y de ímpetus descontrolados 39 ; para otros, las divisiones internas y las traiciones de republicanos falsos y de radicales sin escrúpulos40, habían facilitado la destrucción de la República a manos de los monárquicos y de sus generales conspiradores. Los diez años desde la pérdida de la República eran tratados de manera unánime, como una “década de duros trabajos y crueles pruebas”41 impuestas a la democracia republicana, aunque algunos insistían en la ventaja que daba a los enemigos el “exclusivismo de secta” en que se hallaban encerrados muchos republicanos o la benevolencia hacia liberales falsos que practicaban otros42. La situación presente era un momento en que la República de nuevo se hallaba cercana, el desgaste de los monárquicos se acrecentaba de día en día y hacía patente que “la Restauración ha llegado al otoño de sus estaciones”43. Además, los republicanos de 1883 contaban con experiencia y madurez ganadas en la década transcurrida. Únicamente faltaba la unión para garantizar que el 11 de febrero se repetiría. Y tal era el mensaje esencial para el futuro inmediato: dejar a un lado las rivalidades y los odios irracionales, aprender de la historia y forjar la unión, o la coalición, según quién lo dijera, para ganar de nuevo la República. La exhortación para la confianza en el mañana y el trabajo en el hoy no podía ser más clara:

36

El Globo. (11 de febrero de 1883), 2666. Las Dominicales del librepensamiento. (11 de febrero de 1883), 2. 38 Ibídem. 39 El Globo, (11 de febrero de 1883), 2666. 40 Las Dominicales del librepensamiento, (11 de febrero de 1883), 2. 41 El Globo. (11 de febrero de 1883), 2666. 42 El Motín, (25 de febrero de 1883), 8, Año III. 43 El Globo, (11 de febrero de 1883), 2666. 37

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“Adelante, pues, republicanos. Que el recuerdo de nuestro triunfo el 11 de febrero de 1873 fortifique nuestro amor y nuestra fe en la República y nos persuada de que sólo la coalición que 44

entonces la dio vida puede en el porvenir hacerla de nuevo surgir para ventura de la patria” .

Por encima de todo, en la conmemoración republicana se apelaba a la unidad y a la colaboración. En todos los brindis se pedía más unión entre fracciones. Los periódicos del décimo aniversario se recordaban la importancia de la coalición y la fraternidad republicanas, e incluso con algunos demócratas más ambiguos hacia la forma de gobierno. En este trienio en que se ha producido una diferenciación clara en el seno del federalismo y la integración en la monarquía de parte de los republicanos progresistas, resuenan con fuerza llamamientos a la unión o a la coalición electoral, ordenada por “la voz de la razón” y “único remedio a nuestros males, única esperanza de la patria”45 más allá de simplemente el fin de los odios personales. Estas peticiones pronto se traducirán en propuestas específicas, en llamamientos directos, y, finalmente, en los primeros ensayos de coaliciones.

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44 45

Las Dominicales del librepensamiento, nº 2, 11 de febrero de 1883. Idem.

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ÉLITES Y ALTA SOCIEDAD. UN PROBLEMA DE DEFINICIÓN. Miguel Artola Blanco Universidad Autónoma de Madrid

1. Introducción

La primera mitad del siglo XX resulta un periodo idóneo para estudiar las transformaciones sociales del mundo occidental. El declive del liberalismo clásico, las dos guerras mundiales, la Gran Depresión, la pujanza de los movimientos revolucionarios de la clase trabajadora y el fascismo –por citar los procesos más importantes– produjeron la quiebra de la sociedad liberal. En el caso español, un simple vistazo a la cronología confirma este hecho. En unas pocas décadas se sucedieron cuatro regímenes (Restauración, dictadura de Primo de Rivera, II República y franquismo), cada uno de los cuales tenía un proyecto social que negaba en buena medida los anteriores. La Guerra Civil, entendida como una lucha entre grupos y clases sociales, se sitúa como el acontecimiento fundamental de este periodo, un punto de inflexión del cambio social. El problema que busco abordar en este trabajo es la definición de las élites a partir de una exposición crítica de los conceptos manejados por la comunidad académica. Con ello, busco explorar los diferentes significados que los historiadores han otorgado a dichos conceptos, si bien en algunos contrastaré su definición con la proporcionada por los contemporáneos. Mi explicación seguirá la lógica que ha seguido la historiografía durante las últimas décadas, centrándome en primer lugar en la definición de las élites en términos económicos, para posteriormente trascender y centrarme exclusivamente en la esfera social y cultural.

2. Los empresarios como élite

El investigador que se acerque en la actualidad a los estudios sobre las élites económicas en la edad contemporánea se encontrará con una abundante literatura en la que prima la utilización del concepto de empresario. La generalización de este término es un fiel reflejo de la consolidación de la historia empresarial como disciplina durante 306 

las dos últimas décadas. El éxito de este género historiográfico deriva precisamente en que desde una perspectiva autónoma se ha identificado nombres, números y redes empresariales, en definitiva, se ha puesto rostro a los sujetos que detentaban el poder en las empresas, superando así una especie de mistificación que existía sobre el poder económico en los estudios clásicos de la historia social.

Sin embargo, a medida que se profundiza en la historia empresarial se detecta un problema en la definición de estos sujetos, es decir, el lector no obtiene una respuesta clara a la pregunta de quiénes son los empresarios. Por situar una cuestión clave, el poder de los empresarios en que se basa: ¿En la propiedad del capital o en la toma de decisiones? La pregunta puede parecer trivial, pero resulta esencial para definirles como grupo de poder y no en términos meramente descriptivos. Por supuesto, sería exagerado decir que la cuestión ha pasado desapercibida entre los investigadores. Más bien puede decirse que la historia empresarial ha operado bajo la definición implícita de que los empresarios son los actores encargados de la toma de decisiones, dejando en un segundo plano la consideración sobre el control del capital y otras formas de poder. De esta manera, no sólo se enlaza con la definición clásica de Schumpeter (1944), que consideraba a los empresarios como puros innovadores, sino que también se les presenta como el producto de la empresa moderna: una sociedad anónima, con un capital elevado repartido entre distintos actores y que tiene una dirección profesionalizada (Chandler, 1987). Así, una obra de referencia como el diccionario sobre los cien empresarios españoles sitúa como criterio de selección de los mismos el “haber desarrollado iniciativas empresariales innovadoras” (Torres, 2000, p. 20).

El problema con esta definición surge cuando se intenta trazar su cronología, un trabajo del que apenas se ha hecho una aproximación en el caso español. Sin duda, esta laguna se explica en parte por la adscripción de ciertas investigaciones al paradigma de la historia económica neoclásica, que no tiene reparo en aplicar conceptos y categorías formadas desde el presente a cualquier época histórica. Así, según esta escuela, el empresario se da por supuesto con la aparición de la llamada economía de mercado, y el análisis puede limitarse a otros factores como la persistencia de una mentalidad tradicional, su aportación en términos de capital humano o su formación (Tortella, 1994; Tortella, Quiroga y Moral-Arce, 2011). En cambio, otros estudios han mostrado un mayor interés por esta dimensión histórica de los conceptos, aún cuando su trabajo se 307 

ha centrado preferentemente en la gran empresa como institución, es decir señalando su aparición en la segunda mitad del siglo XIX, sus características en España y sus distintas fases a lo largo de su historia (Carreras y Tafunell, 1993). Por último, fuera del ámbito económico, los empresarios han sido profusamente estudiados por Cabrera y del Rey (2002), que han señalado las características de su acción política, pero sin siquiera esbozar una definición que les delimite como grupo.

Más allá de estas referencias, la historia de los empresarios como sujeto social está todavía por escribir, y es una tarea ciertamente urgente. Para ello, posiblemente lo primero que deba hacerse es una deconstrucción del mismo, es decir, desnaturalizar su existencia como algo dado por la aparición del capitalismo o de las empresas. Para definirles deberían fijarse una serie de condiciones como la separación entre propiedad y gestión económica, la consiguiente presencia de sujetos que cumplen el perfil de ser simples gestores, y la existencia de un discurso que valore la innovación y el capital humano como un elemento del desarrollo económico. Si se aplican estos criterios, creo que resulta aventurado decir que el empresario como sujeto histórico no existió en el siglo XIX, y su presencia resulta muy tenue en el primer tercio del siglo XX. El concepto de empresario estaba ausente, pues se refería únicamente al propietario de un local de espectáculos (teatro, plaza de toros, etc.) y las definiciones contemporáneas no son tan fácilmente asimilables como a veces se ha querido defender (del Rey 2008). Las categorías de industrial, comerciante o patrono, implicaban que el sujeto ejercía una actividad en la que disponía del capital o empleaba trabajo ajeno. Eran definiciones en las que la propiedad y control del capital recaían en una sola persona, es decir, no había espacio para una dirección profesionalizada o un emprendedor ajeno al accionariado.

Pero más allá de la cuestión de las categorías, ¿acaso no puede decirse que el empresario surgió como producto de la gran empresa? Como he señalado anteriormente, la historia empresarial sitúa sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX, y considera que era una institución plenamente consolidada en el primer tercio del siglo XX. Sin embargo la relación entre gran empresa y empresario se antoja más compleja de lo que parece, principalmente porque el proceso de consolidación de una dirección que pudiese valerse no sólo por su participación accionarial estuvo lejos de ser automática. En las grandes empresas, los consejos de administración continuaron siendo la pieza fundamental para la toma de decisiones, y su composición durante las dos primeras 308 

décadas del siglo XX estuvo hegemonizada por banqueros, políticos, rentistas o abogados. En esencia, resulta difícil identificar un grupo que pudiese valerse únicamente por lo que denominamos capital humano y que fueran exclusivamente administradores profesionales. El poder en la cúspide de las grandes empresas dependía todavía del capital económico, de los contactos a nivel social y de la influencia política (Artola Blanco, 2010).

La consolidación de una dirección autónoma, que no independiente, con respecto a los accionistas se fue produciendo de forma incipiente en las décadas de 1920 y 30, pero los cambios tardaron en consolidarse. El mejor caso puede verse en los grandes bancos, es decir, en el corazón del sistema. La dirección de los mismos fue progresivamente cambiando a manos de unos individuos que no tenían una posición accionarial importante, tampoco representaban a un grupo de interés ni tuvieron una carrera política significativa. Eran la primera generación que se dedicaba exclusivamente a tareas de dirección en una gran empresa. Los ejemplos resultan muy claros: Pablo de Garnica en Banesto, Andrés Moreno en el Hispano, Valentín Ruiz Senén en el Banco Urquijo, Ignacio Villalonga en el Banco Central (Tortella y García Ruiz, 1999). Para mediados de siglo sí puede decirse que en las grandes empresas se había consolidado plenamente este grupo. Sin embargo, conviene subrayar que, al contrario de lo ocurrido en otros países de referencia como EEUU (Burnham, 1960), su presencia nunca fue decisiva para la definición del concepto empresario. En España, dado el peso numérico de las grandes y medianas empresas familiares, y acorde con el sesgo conservador y católico del régimen franquista, fueron los empresarios que poseían su negocio y se jactaban de mantener una relación paternal con sus empleados, los que fueron situados como el prototipo del empresariado.

Lo expuesto no implica un puro rechazo del concepto empresario, pero sí permite dotar de un mínimo significado histórico a este concepto, y evitar que sea utilizado de forma arbitraria para toda época y lugar. Según la definición que he expuesto, el empresario no puede ser la principal categoría con la que identificar a las élites de la sociedad liberal, sino que es necesario abrirse a otros conceptos y perspectivas.

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3. El análisis socioprofesional

Las diferencias en el universo económico de la sociedad liberal con respecto al mundo actual resultan evidentes a medida que se desciende en el nivel de análisis. En aquel momento la actividad en muchos sectores no se nucleaba en torno a empresas, un hecho que remarca las diferencias sociales y económicas. Por ejemplo, ¿cómo deben denominarse a las terratenientes absentistas? ¿Y a los grandes propietarios urbanos? Algunos autores, influidos por la historia empresarial y con el objetivo de remarcar la “racionalidad” de estos sujetos, han intentado trasladar los mismos conceptos de empresa y empresarios. Así, no han faltado historiadores que han considerado a la aristocracia terrateniente como “empresarios de rentas agrarias” (Bahamonde, 1986, p. 374). Por los factores que he expuesto anteriormente, resulta obvio que este tipo de formulaciones son un puro anacronismo, que desvirtúan la identificación de las élites de la sociedad liberal.

Existen sin embargo otras perspectivas que merecen ser analizadas. En ese sentido, creo que la historia urbana supone una alternativa sólida dada su larga tradición en la historiografía europea y el renovado interés que ha despertado en España. Su base metodológica reside en hacer un estudio más cercano a la perspectiva de los sujetos, pues no se focaliza la historia de un grupo social en un solo ámbito, sino en todas las manifestaciones que derivan de la vida urbana (vida económica, sociabilidad, organización del hogar, etc.). ¿Cuál es la aproximación a las élites en estos estudios? En el caso español, la historia urbana ha hecho un amplio uso de las categorías socioprofesionales, utilizando como una de sus fuentes de referencia los padrones y censos elaborados por el Estado (Carballo, Pallol y Vicente, 2008). Sobre ellas resulta relativamente sencillo establecer una jerarquía en términos de estatus, ocupación o renta, y de ahí poder acotar a las élites. El problema con esta perspectiva es que si bien las categorías provienen de las fuentes de la época, ello también implica asumir el sesgo establecido por aquel que las define: el Estado (Noiriel, 2007). El inconveniente más fácilmente identificable es la falta de homogeneidad de las propias categorías, un hecho que se expresa tanto cronológicamente (variación de las mismas en el tiempo), pero también conceptualmente, debido a los distintos objetivos con que fueron concebidas: recaudación fiscal, clasificación laboral, censo electoral, etc. (Gribaudi y Blum, 1990).

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El mayor error sería el de naturalizar estas categorías, entendiendo que forman sujetos homogéneos siempre que las fuentes mencionan su existencia.

Por ejemplo, en el Madrid de aquella época, la categoría de abogado, se utilizaba profusamente y se refería no sólo a los que ejercían tal actividad en un despacho, sino también a personas como el marqués de Espeja que “posee la carrera de Abogado, sin ejercicio”, o al conde de Romanones dedicado exclusivamente a la política y a la gestión de sus negocios1. Para hacer frente a esta imprecisión, los estudios más recientes han tratado de pulir el sentido de las definiciones empleadas a partir de una homogeneización temporal y espacial de las mismas, así como su interrelación con otras variables como la renta (Van Leeuwen, Maas y Miles, 2002). Sin embargo, el mayor problema no deriva en el carácter impreciso de estas definiciones, sino en si realmente se puede identificar como sujetos históricos a los grupos clasificados según estas categorías. Por retomar el ejemplo anterior, el reto no reside en cribar el perfil de los abogados, eliminando aquellos a los que por renta o actividad no forman parte del grupo, sino problematizar si en la época estudiada los abogados eran un actor que puede ser identificado. Como tal entiendo, que al referirnos a un grupo socioprofesional puede señalarse no sólo la actividad que desempeñaba, sino también si gozaba de un estatus reconocido por el resto de actores, su posición estaba asociada a unos valores e intereses, existían asociaciones que les permitían desarrollar una acción en común, etc.

Por profundizar en este problema situaré un concepto utilizado frecuentemente en los estudios sobre las élites: los propietarios. Éstos aparecen repetidamente en diversas fuentes: censos de población, padrones municipales, pero también en documentos individuales como las actas de diputados o los registros notariales. Acotar su actividad resulta más difícil de lo que aparentemente denota el término, pues si bien se incluía a aquellos que poseían bienes inmuebles, también se aplicaba en ocasiones a los rentistas de fortunas mobiliarias y a banqueros. Además, la propia definición de su actividad no puede desligarse de otras connotaciones extraeconómicas. En un sentido general, los propietarios generalmente se definían por gestionar su patrimonio de forma que se primara su conservación. Más aún, en el ámbito de la política, el liberalismo decimonónico erigió la propiedad como elemento central para definir los derechos 1

La referencia al marqués de Espeja en Archivo Histórico del Banco de España, Operaciones, legajo 303. La definición de Romanones en AVM, Estadística, padrón de 1925.

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políticos (sufragio, derecho a ser elegido, etc.), reforzando las diferencias de este grupo con respecto al pueblo y las clases medias. Finalmente, tal como ha expuesto María Sierra (2010), dentro de las culturas políticas, las opciones moderadas defendieron que los propietarios eran el mejor baluarte del orden conservador frente al carácter inestable de comerciantes e industriales.

Si los propietarios resultan fácilmente identificables en el siglo XIX tanto por su actividad, su posición y sus valores, en cambio, para la primera mitad del siglo XX su perfil fue diluyéndose progresivamente. La cuestión clave no reside en un deterioro de su posición económica, pues la propiedad siguió estando concentrada en una minoría, sino en los cambios que se habían operado ante el advenimiento de la sociedad de masas. En estos momentos, identificarse exclusivamente como propietarios o rentistas resultaba inconveniente dado que tales conceptos habían quedado asociados a la acumulación y el inmovilismo, cuando no con el rentismo, el parasitismo y la ociosidad. La mejor prueba de este cambio puede observarse en el medio rural, donde la nueva definición de agricultor identificaba a los propietarios rústicos en términos similares que los industriales: supervisaban las actividades, introducían innovaciones, y por supuesto, tenían una organización que les representaba: la Asociación de Agricultores de España (Pan-Montojo, 2007). En cambio, en el mundo urbano no hubo tal mutación. Los conceptos de propietario y rentista pervivieron, pero fueron vaciándose de sentido o se utilizaron únicamente para referirse a aquellos que vivían de sus propiedades urbanas. Sin embargo, más allá del mercado inmobiliario, los propietarios fueron perdiendo su cohesión, y como tales no perfilaron sino levemente la identidad de las élites de la capital.

Por supuesto, el problema de las élites no queda resuelto con el estudio de los propietarios como grupo. Junto con éstos existían otras categorías socioprofesionales (comerciante, banquero, ingeniero, etc.) que fueron utilizadas por grupos dominantes, y como tal, su significado debería ser problematizado. Sin embargo, mi impresión es que ninguna de ellas pretendió tener un sentido hegemónico en la definición de las élites en el mundo urbano, sino al contrario, fueron utilizadas en un tono marcadamente corporativo.

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4. Las élites en la vida social

Como he señalado hasta este momento, las definiciones en torno a los empresarios y grupos socioprofesionales están fundamentadas en la actividad económica de las élites. Como contrapunto a esta visión, quisiera plantear una definición de las élites a partir de una perspectiva social y cultural. En la historia social esta perspectiva resulta bien conocida desde la obra de E.P. Thompson (1981), que explicó la formación de la clase obrera no como el producto de cambios económicos (extensión de las relaciones salariales, industrialización, etc.), sino como el proceso histórico por el que la experiencia dio sentido a las formas de explotación. En los grupos dominantes resulta obvio que su identificación no estuvo asociada con la explotación económica, un hecho que era conscientemente negado o aparecía alejado de su práctica diaria, sino en cómo reconocerse como una élite social. Por tanto, por un momento obviaré la cuestión de los recursos y el poder económico, y centraré mi análisis en el proceso de adquisición de un estatus superior en la vida social. Realmente, no es una problema ajeno a lo esbozado anteriormente, sino complementario. Por tomar los conceptos de Pierre Bourdieu (1988), las élites parten con un elevado capital económico, pero buscan convertir o adquirir un capital en la esfera cultural, social y simbólica. En otras palabras, el poder de las élites no puede únicamente restringirse a su patrimonio y rentas, sino que éstas conscientemente aspiraban a la distinción como medio de identificación y reproducción social.

Desde esta óptica hay dos conceptos que han sido profusamente utilizados para definir a las élites: burguesía y aristocracia. Ambos conceptos son relativamente amplios, pues refieren a una posición elevada sin que quede estrictamente asociada en términos de actividad, renta u ocupación. Además, son conceptos que trascienden de lo económico, y refieren a la impronta sobre la vida social a partir de un patrón de comportamiento o de unos valores. Los ejemplos resultan numerosos: la familia burguesa, la sociedad aristocrática, etc.

El concepto de burguesía es sin duda el que mayor acepción tuvo en la historiografía de las décadas de 1960 y 1970. Su existencia era concebida como el fruto inevitable de la revolución burguesa, un proceso entendido como el hito fundacional de la contemporaneidad, la modernización y la construcción del Estado liberal (Pérez 313 

Garzón, 1980). Desde entonces el concepto de burguesía ha ido progresivamente abandonando el relato histórico, debido principalmente a la crisis del paradigma de la revolución burguesa (Pérez Ledesma, 1999). Ello no ha impendido que desde la historia social se haya abordado la identificación de la burguesía como sujeto histórico, dando como resultado una conocida obra colectiva de Kocka (1993) que mostró las diferencias entre países europeos. En el caso español, el esfuerzo por marcar diferencias con la anterior generación de historiadores ha producido la ausencia de estudios en este sentido y simplemente se ha señalado la dificultad para localizar a la burguesía como sujeto histórico en el siglo XIX (Cruz, 2000).

A pesar de este rechazo por parte de la comunidad académica, el concepto de burguesía no debe descartarse a la ligera. Los conceptos que han podido plantearse como alternativa, tales como notables o clases acomodadas, al final, no hacen sino reproducir una definición muy parecida. Además, no debe olvidarse que a lo largo del primer tercio del siglo XX, el concepto de burguesía estaba plenamente asentado en el imaginario social, si bien contó con una diversidad de significados que tenían una serie de connotaciones económicas, políticas o incluso morales (Pérez Ledesma, 2008). Dentro de este abanico de definiciones, creo que no se ha valorado suficientemente el sentido que daban al universo burgués las familias pertenecientes a las élites y, sobre todo, si consideraban que era un grupo del que se debía aspirar a formar parte. Las referencias en los escritos de las élites no son demasiado abundantes, pero sí suficientes para definir una imagen en términos generales. Como punto de partida la descripción del duque de Maura (1932) permite delimitar los orígenes y fronteras de la burguesía:

“Desde fines de siglo [XIX] nuevas posibilidades económicas alumbraron, en las regiones periféricas, riquezas considerables, mineras, fabriles y agrícolas, de regadío y exportación, con el consiguiente desarrollo del comercio, la navegación y la banca, y procrean una tercera clase social, nueva en la Península […] Se la puede denominar burguesía, para diferenciarla de la aristocrática o pudiente tradicional y de la mesocrática, que en España sigue viviendo merced a la nómina consignada en algún presupuesto” (Maura, 1932, p. 42).

Como puede verse, el duque de Maura definía a la burguesía como un grupo relativamente novedoso, con una base en determinadas actividades económicas, que

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además se diferenciaba de las viejas clases medias y de los grupos que formaban la cúspide de la sociedad: la aristocracia. Ésta reuniría a “los grandes propietarios rurales, […] los propietarios urbanos y rentistas de fortuna mobiliaria, y los que en el ejercicio de cualesquiera profesiones liberales, conquistaron renombre y holgura económica” (Maura, 1932, p. 42).

Pero además, las élites identificaron a la burguesía desde una óptica cultural. Monte Cristo, el cronista con mayor reconocimiento en aquel momento, hizo en una ocasión una breve referencia sobre la importancia del arte que daba cuenta de la posición de la burguesía: “Sólo hay una cosa eterna: el arte. Por eso vemos que en los palacios aristocráticos, lo mismo que en las modestas casas burguesas, a través de las generaciones guárdanse los objetos de artísticos como si fueran reliquias” (Monte Cristo, 1923). En ese texto, aristocracia y burguesía aparecen como dos actores distinguidos que preservan el arte, pero que ostentan posiciones distintas. El epíteto de “modestas” es el más revelador, pues en una crónica de sociedad ello no remitía a una cuestión de renta o patrimonio, sino que en términos de capital cultural o simbólico, la burguesía se encontraba en una situación de inferioridad con respecto a la aristocracia. En conclusión, la burguesía era reconocida como un grupo social, pero las élites de Madrid las situaban, tanto en términos económicos como culturales, en una posición inferior a la suya. Según su perspectiva, la primacía quedaba en manos de la aristocracia. Entonces, ¿qué era la aristocracia? ¿Qué permitía que se distinguiera como el grupo más elevado? Para aclarar su significado conviene de nuevo partir de la definición de la historiografía y contrastarla con la expuesta por los contemporáneos.

En la historia social clásica, la aristocracia aparecía como la compañera necesaria de la burguesía, primero como enemiga de la revolución, pero posteriormente como su aliada en el establecimiento de un orden conservador (Martínez Cuadrado, 1973). En cambio, en las últimas décadas, a medida que ha caído en desuso el paradigma de la revolución burguesa, se ha consolidado una perspectiva sobre la aristocracia como un sujeto con entidad propia. Los estudios sobre la aristocracia al final han terminado por eclipsar a los de la propia burguesía, pues abarcan aspectos tan diversos como las estrategias matrimoniales, su organización económica o la acción política. Sin embargo, en relación a nuestra problemática, todos estos estudios apenas

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han problematizado el concepto aristocracia, que suele entenderse como sinónimo de nobleza.

La pregunta que irremediablemente surge es si los contemporáneos, y particularmente las élites, guardaban esa misma definición. Dentro de los diversos significados del concepto aristocracia (González Cuevas, 2008), había uno que se asemejaba al utilizado por la historiografía, es decir, se entendía que ésta era “la clase noble de una nación”. Sin embargo, existía otra definición que postulaba la existencia de la aristocracia como las élites o grupos dominantes en la sociedad. Las continuas referencias a diversas aristocracias, las “consabidas aristocracias del poder, el dinero y el talento” en palabras del marqués de Vinent, Antonio de Hoyos (1931, p. 99), dan prueba de una visión plural del grupo que englobaba a las élites políticas, económicas e intelectuales, y no sólo a la nobleza o aristocracia de sangre. Además, dentro del universo mundano de la capital existía una visión más restringida (Artola Blanco, 2012). En este ámbito, aristocracia era sinónimo de alta sociedad, y como tal, mantenía una serie de usos sociales claramente identificables: residencias aristocráticas, fiestas aristocráticas, un patrón de consumo conspicuo, etc. La definición de uno de sus representantes más autorizados, el duque de Alba, no podía ser más precisa. Según él, el grupo al que pertenecía “adquirieron también el gusto para saber gastar su dinero, cosa de la que carecen las clases que son solamente capitalistas, pero no aristocráticas” (Alba, 1943, p. 28).

En esencia, en la Restauración, la aristocracia era el grupo dominante en la esfera social no sólo por el factor que generalmente se ha aducido: la ostentación de un título nobiliario. La definición que acabo de esbozar entendía a la aristocracia a partir de tres criterios complementarios. Incluía a aquellas familias que tenían una posición económica en sectores tradicionales o actividades respetables (propiedad urbana, rústica, finanzas), estaban integrados en la alta sociedad (asistían a fiestas, formaban parte de los clubs más selectos) y hacían gala de un patrón de consumo conspicuo en muy diversas esferas (tipo de residencia, organización del servicio doméstico, patronazgo de las artes).

Por supuesto, esta definición de la aristocracia llevaba implícita una perspectiva que realzaba la posición de la nobleza. Sin embargo, de forma paralela y siguiendo una 316 

lógica distinta, los nobles, y particularmente los grandes, mantuvieron un discurso y unos valores basados en criterios distintos: su vínculo con la historia de España y su compromiso con la monarquía. Como grupos, nobleza y aristocracia podían coincidir en reunir a los mismos sujetos, pero no debe obviarse que se reconocían a partir de criterios distintos. Al final, la aristocracia, como grupo con unas fronteras más permeables, fue la que sirvió como modelo de los buenos usos y la distinción durante la Restauración.

5. Conclusiones

El breve repaso de las distintas aproximaciones al universo de las élites conducen a una idea principal: no hay un único concepto con el que definir a este grupo, sino que el historiador depende del fenómeno que quiera analizar. Un estudio exclusivamente económico debería basarse principalmente en el concepto de empresario y en las clasificaciones socioprofesionales, tomándolas no de forma acrítica, sino como categorías que fueron construyéndose para identificar a un grupo. En cambio, para estudiar la proyección de las élites en la vida social, dichas categorías tienen una evidente limitación y resulta preferible utilizar otros conceptos como los que he señalado (burguesía y aristocracia). Al final la diversidad de opciones no debe ser vista como un problema, sino que incide en la necesidad de establecer un mayor contacto entre áreas y disciplinas históricas. La complejidad del cambio histórico durante este periodo deriva en que sea imposible la existencia de un único aparato conceptual. Al contrario, al ser un mundo en transición, encontramos viejos y nuevos conceptos cuyo significado fue cambiando a la par que lo hacía la sociedad.

Fuentes Archivo Histórico del Banco de España Sección Operaciones. Legajo 303 Archivo Villa de Madrid, Sección Estadística, padrón de 1925

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LO HISTÓRICO Y LO FORESTAL EN LAS ORDENACIONES RESINERAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XX

Juan Luis Delgado Macías Universidad Autónoma de Madrid 1.- Prólogo Las siguientes son unas reflexiones aún en proceso de formación surgidas a partir de mi investigación doctoral sobre la técnica resinera española en la época contemporánea. El objetivo que persiguen es por un lado intentar observar, tomando como nexo las ordenaciones forestales resineras, hasta qué punto lo histórico ha penetrado en lo forestal y viceversa, y por otro lado, tratar de ejemplificar cómo entiendo un estudio transdisciplinar que sirva de base para discutir sus alcances y sus límites. Desde mi punto de vista toda investigación histórica es transdisciplinar por naturaleza. La cuestión es cómo conjugar saberes distintos y muchas veces lejanos, como podría parecer el caso de la ciencia forestal y la histórica. Sin embargo, precisamente en estos campos y en todos los campos existe un punto de encuentro absoluto: el tiempo. Ya Koselleck nos recordaba en 1975 (pp. 58, 89) que el tiempo en general es el tema genuino de la historia moderna y que durante el siglo XIX la historia se reveló como el sector que guiaba la investigación en la naturaleza, pues ya ésta había abandonado su status de inmutabilidad para convertirse en una entidad viviente, dinámica, cuya historicidad “podía ahora servir también como característica estructural de la historia humana”, según señalaba Herder a finales del siglo XVIII (Cit. en Koselleck, 2010, p. 88). Por su parte, Marx y Engels lo volvieron a enunciar, pero con otras palabras, al decir que ellos sólo conocían una ciencia, la ciencia de la historia, en donde se abarcaría la historia de la naturaleza y de los hombres: “Más no han de separarse ambos lados; mientras existan los hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionarán mutuamente” (Cit. en Koselleck, 2010, p. 105)1.

1

Ciertamente esta afirmación, con el paso del tiempo, dentro de las investigaciones históricas, ha parecido más un deseo que una realidad.

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2.- La ciencia forestal en España y la historia

Esta novedosa forma de pensar las ciencias, fermentada durante el siglo XVIII, arrastró, como no podía ser de otra manera, a la también recién estrenada ciencia forestal. El hecho de que esta ciencia, más completa y formal que la anterior arboricultura, tuviera su origen en Alemania no puede pasar desapercibido, primero, porque ahí también se comenzaron a establecer los nuevos presupuestos teóricos de la historia, y segundo, porque fue el modelo que siguieron los ingenieros de montes españoles desde su aparición a mitad del siglo XIX. Desde entonces los ingenieros formados en este país, al menos en el plano teórico, parecen transmitir una sentida consideración por la historia, especialmente por la historia natural de los bosques. Sin embargo, tan impregnados por el ideal de progreso, el interés no se remarcaba en estudiar las causas del estado actual de los montes sino que dando por sentado que todo lo hecho en el pasado había llevado, según afirmaban, a la penosa situación del momento, el objetivo se centraba en la acción para el futuro. Y como en materia forestal los cambios se producen lentamente adoptaron la perspectiva temporal a largo plazo precisamente en la Ordenación. “Pero las vicisitudes políticas de la época y la escasez de funcionarios y de dotaciones presupuestarias hacen que pese a una serie de intentos fallidos la acción dasocrática no comience sino hasta finales de siglo” (Madrigal, Montero, 1999, p. 25). Fue de esta manera que su implicación con el análisis histórico tuvo mayor importancia: cuyo origen verdaderamente racional lo situaban a partir del trabajo que ellos mismos estaban comenzando a realizar, sobre todo a partir del trabajo tan significativamente histórico de las ordenaciones. Primero es necesario recordar que la ordenación es uno de los pilares de la actividad forestal (el otro es la selvicultura). Su objetivo es optimizar y mantener la capacidad productiva del monte a lo largo del tiempo. Para entendernos: la ordenación consiste en un estudio minucioso de los aspectos legal, natural, forestal y, ya entrado el siglo XX, económico, de un monte o grupo de montes específico, para posteriormente en base a esa información organizar su explotación en el largo plazo: la duración del turno de transformación (desde 80 hasta 140 años en el caso resinero), pero dividiendo la planificación por decenios. Así, al transcurrir los primeros diez años, se realiza la revisión del proyecto inicial para evaluar si los pronósticos se cumplieron, y en consecuencia, proponer la modificación o continuidad de los principios adoptados. 322 

3.- La historia forestal según los forestales

Ya en la segunda mitad del siglo XX, con más de un siglo de trabajo a cuestas, fueron los mismos ingenieros quienes empezaron a echar la vista atrás para diagnosticar el punto donde se encontraban las masas forestales tratadas científicamente. En este sentido, no es baladí que el primer ingeniero de montes que decidiera escribir una historia de los montes españoles fuera alemán. En su libro Los montes de España en la historia Erich Bauer abarca un panorama desde la época romana hasta el siglo XIX, del que resalta la actuación de las primeras generaciones de ingenieros de montes. Al margen de esta intención propagandística, el libro parte de unas premisas bien intencionadas con el conocimiento histórico contemplando, teóricamente, el contexto político, social y cultural. Sostiene que: “en varios sentidos, la economía forestal se basa en la historia: La vida de la mayoría de los árboles dura un siglo o más, correspondiendo a diferentes generaciones humanas. Así los tratamientos selvícolas, ya sean positivos o negativos, han influido hasta el presente, constituyendo una experiencia valiosa para el futuro” (Bauer, 1980, p. 13).

De esta manera, prosigue: “Si hacemos uso del método histórico, los tratamientos selvícolas de nuestros antecesores llegan a tener carácter de ensayos forestales a gran escala que proporcionan valiosas experiencias [pues] el hombre se inclina generalmente a olvidar y menospreciar el trabajo de sus antecesores, lo que trae como consecuencia que sea preciso desarrollar los mismos ensayos repetidamente, [ya que la] historia forestal, en muchos casos, puede aclarar la calidad y la cantidad de los aprovechamientos y su efecto sobre el bosque, que es diferente, según la orografía, suelo y clima, [entendiendo que] una de las grandes tareas forestales actuales es encontrar la armonía entre la acción humana y la naturaleza.” (Bauer, 1980, pp. 14-15).

Sin embargo, a pesar que desde aquella publicación las investigaciones sobre historia forestal han ido creciendo exponencialmente, ya sean por parte de ingenieros de montes, geógrafos o historiadores, lo que ahora me interesa resaltar es el método histórico que los forestales han aplicado para analizar la marcha de la ordenación, pues junto a ellos, considero que tanto los proyectos de ordenación como las sucesivas

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revisiones son documentos “valiosísimos tanto como reflejo de la situación socioeconómica de la época como para el seguimiento de algunas de sus directrices” (Del Campo, 2005, p. 253). A finales del siglo XX se formó dentro de la Sociedad Española de Ciencias Forestales el Grupo de trabajo de Ordenación de montes para examinar el desarrollo de las ordenaciones ya que varias de ellas estaban por concluir o habían concluido su ciclo de duración, y poner en claro las expectativas, especialmente ante el estancamiento de elaboración de nuevas ordenaciones. Desde mi óptica la finalización de los mismos significa tres cosas: la primera, el seguimiento que ha tenido la ordenación a través del tiempo; la segunda, el interés de los ingenieros de montes por analizar en perspectiva histórica el desarrollo de tales proyectos, así, el análisis que llevan a cabo sobre el trabajo de sus predecesores ofrece una perspectiva distinta sobre el estudio de las ordenaciones, es decir, un estudio llamado propiamente de historia forestal en los dos sentidos del término: como historia del monte y como historia de la ciencia aplicada; y finalmente, como resultado de lo anterior, la relevancia que estos estudios implican para entender mejor el devenir político, económico y científico de un grupo concreto como los ingenieros de montes, y en la medida de lo posible, también el devenir de las sociedades rurales de perfil forestal. Uno de los ingenieros de montes que más incidencia ha tenido en la eclosión de estos estudios ha sido Miguel Allué. Para él la ordenación es una “labor de análisis y recapitulación” y por tanto, no sólo se ha dedicado a realizarlos, sino que también se dio a la tarea de formar, junto a José Ceballos, una especie de manual condensado en un pequeño artículo de apenas siete páginas para los ingenieros que vayan a realizar el estudio histórico de una ordenación (Allué, Ceballos, 2001). Los autores proponen un método que guarda algunas semejanzas con los objetivos del historiador especialmente en lo referente a poder “establecer una mínima presunción de causalidad entre las iniciativas y los efectos” (Allué, Ceballos, 2001, p. 36). Por otro lado, aconsejan “leer entre líneas o atisbarse más allá de los argumentos de los autores de los documentos a examinar, resultando imprescindible un sólido conocimiento estacional de la masa y una información dasométrica y selvícola suficiente” (Allué, Ceballos, 2001, p. 36). 324 

Pero también advierten que tales documentos complican el trabajo por obedecer a normativas que han variado notablemente a lo largo del tiempo, y que los datos numéricos recogidos sólo podrán tener carácter cualitativo y no cuantitativo, pues acreditarán tendencias pero nunca serán un fiel reflejo de lo acontecido en la masa forestal. Su propósito es claramente realizar una historia técnica del monte, pero aislándolo de todo contexto2 y tomando como única fuente necesaria sus documentos, y también la:

“única fuente de información acerca de los criterios de gestión más adecuados para una cierta masa forestal se encuentra precisamente en los acontecimientos que se desarrollan en ella. Estos acontecimientos constituyen la respuesta del monte a iniciativas que se pusieron en marcha por parecer en principio adecuadas, pero cuya bondad es preciso comprobar” (Allué, Ceballos, 2001, p. 35).

El objetivo final de todo esto, dicen, es formular un cuerpo de doctrina que sea útil para su aplicación sin grandes riesgos en montes de características similares. Un aspecto interesante es la importancia que le dan igualmente al estudio de los proyectos de ordenación fracasados, puesto que lo relevante, dicen, es que tanto los errores como los aciertos se encuentren debidamente documentados, creciendo el interés en función del nivel de detalle de sus datos, de la novedad de los planteamientos, de la importancia de sus aportaciones científicas o técnicas, del grado de cumplimiento de los objetivos y de manera destacada si se ha finalizado o no el turno de transformación. Desde luego que por pedir no quede, pero aquí demuestran el enfrentamiento al eterno problema de las fuentes y de la existencia o no de datos o información que siempre esperanzado uno espera que aparezca. Las fuentes van a ser una de las grandes limitaciones para poder realizar los estudios de las ordenaciones históricas, como estos autores las bautizaron, explicando que consisten en todo aquél proceso de antigüedad suficiente cuyos registros permitan análisis y conclusiones. Con antigüedad suficiente se están refiriendo a un periodo aproximado a la media centuria en el que la masa forestal empieza a presentar los signos de la intervención, y con registros, a que existan por lo menos los de un periodo equivalente a la antigüedad requerida. Por ejemplo, un estudio comparativo entre 2

Únicamente advierten del contexto cuando se acuda a publicaciones sobre ordenaciones de principios de siglo XX pues tenían un objetivo promocional de las mismas. Se refieren a libros o artículos aparecidos en la Revista de Montes pues ni los proyectos de ordenación ni las sucesivas revisiones se publicaban.

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montes de Soria y de Teruel se pudo llevar a cabo porque sus autores pudieron consultar como mínimo cinco revisiones (más o menos 50 años de ordenación) para poder observar con suficiente detalle y perspectiva la evolución histórica del proyecto.

4.- Las ordenaciones según la historiografía forestal

Han sido pocos los historiadores que han escrito sobre la génesis y desarrollo de las ordenaciones, abordando el tema principalmente desde una perspectiva política y social. El último ha sido Iñaki Iriarte (2005) y también el único que las ha estudiado específicamente, pues el resto únicamente se han aproximado. Este autor enfatizó que supusieron una innovación organizativa muy importante dentro del complejo cambio institucional de la época. Por su parte, el Grupo de Estudios de Historia Rural (1994,1999) advirtió el carácter impositivo de su aplicación especialmente ante los ayuntamientos propietarios de montes públicos. Por otro lado Vicente Casals (1988, 1996) resaltó que las ordenaciones representaron la institucionalización del monte y también el triunfo de la praxis sobre la teoría en el acontecer de la ciencia forestal española; entre tanto, Josefina Gómez Mendoza (1992), vinculando ciencia y política, señaló los problemas derivados de la discusión de quién debía ser el encargado de elaborar los proyectos de ordenación, si los empresarios privados, los ayuntamientos o la propia administración forestal. Poco antes José Ignacio Jiménez Blanco (1991) había puntualizado que en realidad las ordenaciones abarcaron un porcentaje muy minoritario de los montes públicos, y finalmente fue Jesús Sanz (1985, 1986) –miembro del Grupo de Estudios de Historia Rural- quien primero analizó las ordenaciones en perspectiva histórica, considerándolas como la representación de la modernización del monte, provocando impactos negativos sobre algunos ecosistemas y logrando aumentar la producción, aunque quizá lo más importante de este trabajo haya sido indicar que realmente fue el comportamiento de los precios lo que ha marcado la dirección técnica de la gestión forestal –aspecto que aún no ha sido profundamente estudiado. Todos destacaron la participación de las empresas privadas en la elaboración de las ordenaciones entre 1890 y 1910, porque así lo permitía la legislación, señalando el perjuicio que ello supuso para los ayuntamientos como entidades propietarias de los montes. Y ninguno, a excepción de Iriarte por las razones expuestas, intentó entender las consecuencias a largo plazo de esta circunstancia. 326 

Estas investigaciones no obstante llegan como máximo hasta el primer tercio del siglo XX, y sólo Gómez Mendoza y Casals se ocuparon de analizar las Instrucciones para realizar ordenaciones de 1930, que sustituyeron a las decretadas en 1890. Ambos destacaron el cambio de paradigma forestal que esta nueva ley representó, transitándose de la silvicultura de influencia alemana, centrada en la madera, a una claramente mediterránea más acorde con los recursos nacionales: resina, corcho, frutos, etc.

5.- Las ordenaciones resineras

Este tránsito fue recogido por Rafael Uriarte en su artículo sobre explotación forestal e industria resinera (2000), señalando la importancia legislativa que ello significaba pues fue hasta entonces cuando se dedicó atención normativa a la ordenación forestal resinera, si bien además subraya la referencia que sobre ella se hace en 1924 en las Instrucciones para la formación de proyectos de ordenación de montes por cuenta de los municipios (derogadas en 1929). La oportunidad dada a los ayuntamientos de formar ellos mismos sus proyectos de ordenación venía derivada del fracaso de otorgar la autoría de los mismos a particulares y que la Administración forestal empezó a advertir desde 1908, siendo hasta la dictadura primorriverista en que el municipalismo reinante concedió a los ayuntamientos tal derecho (Gómez Mendoza, 1992, pp. 227-229). En el ámbito resinero esto resulta de especial relevancia pues como el mismo Uriarte señala (2000, p. 669) “se trataba de un aprovechamiento en el que la contribución del patrimonio público fue siempre decisiva”, correspondiendo tal patrimonio casi por completo a los ayuntamientos. Sin embargo, el acercamiento de este autor al estudio de las ordenaciones forestales resineras se limita a describir las diferentes legislaciones que con relación a ellas se decretaron hasta la década de 1930, adhiriéndose a la corriente historiográfica que reconoce como negativa la participación empresarial favoreciendo la explotación del bosque y por tanto, considerando negativo su impacto en los montes mismos por su marcado carácter productivista, sustituyendo el bosque natural por masas de monocultivos forestales. Desde mi perspectiva estas conclusiones requieren matizarse. En primer lugar, como varios autores han señalado además de los efectos negativos, las ordenaciones lograron aumentar la productividad, situación que sin el concurso de los empresarios no se hubiera podido llevar a cabo puesto que durante el esplendor resinero de cambio de siglo fueron ellos quienes proyectaron la ordenación de la práctica totalidad de montes 327 

públicos susceptibles de resinarse; además, la elaboración de proyectos de ordenación disminuyó drásticamente desde que se vetó a los empresarios en 1908 y 1918, y solamente hasta la década de 1950 empezaron nuevamente a realizarse esta vez por iniciativa estatal. En segundo lugar, si bien es cierto que en las buenas épocas resineras, precisamente en el primer tercio del siglo XX, la repoblación se prefería realizar con la especie de pino resinero (pinus pinaster) en lugar de otras especies de pinos, también es cierto que la biodiversidad en estos montes era muy limitada y por tanto el impacto ecológico derivado por la preferencia de una especie sobre otra fuera igualmente limitado, siendo quizá más importante el impacto socio-económico pues en el momento de gloria resinera la economía rural fue tan beneficiada como perjudicada cuando el precio de la resina cayó en picado, mientras que de haber mantenido un equilibrio entre las especies de pinos quizá se hubiera paliado la crisis resinera, por ejemplo, con el aprovechamiento del fruto del pino piñonero (pinus pinea). Para los ingenieros de montes que han estudiado las ordenaciones resineras el resultado que éstas han arrojado ha sido en general muy positivo. En primer lugar destacan la enorme importancia que tuvo para la actual conservación de los montes resineros la coyuntura entre los buenos precios de la resina y la oportunidad que la Administración forestal otorgó a los empresarios privados para realizar los proyectos de Ordenación. Para ellos es muy importante señalar la ausencia de los montes resineros (y alcornocales y piñoneros) en las Instrucciones de 1890 porque ello significó fusionar el modelo español de origen alemán para montes maderables, conocido como ordenar transformando, con el modelo francés para la ordenación de montes resineros. El problema era básicamente lograr integrar un plan de resinación dentro del turno de transformación de la masa forestal; problema que sin embargo no se dejó vislumbrar hasta que con el paso del tiempo se empezó a observar que el periodo contemplado para destinar una parte de la masa a la regeneración era insuficiente, y que la duración estimada para que el tronco de un pino alcanzara el diámetro adecuado para empezar a resinarlo resultaba también insuficiente. Este inconveniente se detectó casi de inmediato –a partir de la 2ª Revisión, aproximadamente en la década de 1920- por lo que se procedió a aumentar el tiempo del turno original de 80 años, a 100, 120 o 140 años. Pero también los forestales se empezaron a dar cuenta de que un monte resinero no podía aceptar un tratamiento de masa sino que requería un trato individualizado. Aunque aún no estoy en condiciones de afirmar si esta característica complicó la tarea de los ingenieros, sí puedo decir que algunos de ellos se concentraron en buscar 328 

alternativas a los planes de resinación usualmente aplicados para encajarlos en turnos de transformación acordes con aquéllos. Se investigaba sobre la práctica de resinación misma pero no sobre sus efectos en el desarrollo volumétrico de la masa, ni la influencia concreta del espaciamiento en las producciones individuales o por hectárea –aspectos propiamente forestales (Allué, et al, 1999, p. 142). Es decir, la resinación tenía clara preferencia sobre la ordenación, sin embargo, este riguroso desarrollo:

“no sólo no se tradujo en dificultades operativas para la implantación de la ordenación, sino que se convirtió desde el principio en un factor de vertebración que facilitó la sincronía con la marcha ordenada” (Allué, García, 2001, p. 101).

En sintonía con lo anterior, Miguel Allué y el resto de gente con la que ha trabajado, han destacado el giro forestal que las ordenaciones resineras experimentaron a mitad del siglo XX cuando ya era más fácil observar la respuesta de la masa a las decisiones tomadas previamente. Este giro consistió en planificar los turnos de corta en tramos y no en tranzones como se venía realizando desde finales del siglo XIX3, lo que facilitaba el crecimiento del pino y la regeneración de la masa, además se prescindió: “por primera vez de la actuación por unidades superficiales, planteando el aprovechamiento de cada pino de manera individual, de acuerdo con su diámetro y estado de resinación” (Allué, Allué, 1995, p. 310). Los últimos autores citados, concentrados en estudiar montes segovianos, han destacado que en general la marcha de la ordenación a lo largo del siglo XX se ha desarrollado gracias a la colaboración entre las entidades propietarias y la administración forestal, así como a la escasa conflictividad social y al marcado acento forestal de las comunidades locales (Allué, et al., 1999, p. 150). Sobre este aspecto es necesario apuntar que si no hubo problemas entre ayuntamientos y administración en el siglo XX fue porque tuvieron lugar durante el último tercio del XIX, siendo además unos problemas profundos derivados de la intromisión de los forestales en la gestión de los montes que venían desarrollando los pueblos segovianos desde mucho tiempo atrás y que no fue sencillo para la gente abandonar, como lo muestra el caso paradigmático del monte denominado Común

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Los montes resineros se dividían en tantas secciones se admitieran, cada sección se dividía en tantos cuarteles se admitieran, pero lo importante para la resinación era que cada cuartel se dividía en cuatro tramos y cada tramo en cuatro tranzones, que fueron hasta entonces la unidad mínima dasocrática.

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Grande de las Pegueras, propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, donde la resistencia de los lugareños a aceptar los dictados forestales impidió que éstos pudieran introducirse con la normalidad que hubieran deseado los ingenieros; estudiar este revés aún no ha sido interés de ninguno de ellos. Por otro lado, el fracaso que sí ha sido examinado fue el de la ordenación del monte en 1897, propiedad del ayuntamiento de Villacastín, Segovia. La causa fue la insistencia de los ingenieros en repoblar con pinos resineros superficies cuyo suelo impedía el normal desarrollo de esta especie y que indujo a que fuera la misma entidad propietaria la que solicitara la suspensión de este repoblado en 1960, sin embargo esta petición no se aceptó y los ingenieros de montes siguieron redactando planes de resinación hasta 1974, año en que se abandonó por completo en ese monte (Ceballos, Allué, 2001, p. 167). Ahora bien, si miramos el análisis de las ordenaciones efectuadas en la provincia de Soria, la conclusión es un tanto distinta. Antes se mencionó un estudio comparativo entre montes de Soria y Teruel, pues bien, este trabajo tiene la peculiaridad de haber utilizado métodos estadísticos para diagnosticar una parte muy concreta: la respuesta de las existencias de árboles y las medidas de éstos originada por las ordenaciones y los métodos de corta, de la cual, no obstante, pudieron extraer unas conclusiones generales de sumo interés:

“Realmente la mejora y la persistencia de estos montes no sólo se deben a la gestión realizada por los proyectos de ordenación y sus sucesivas revisiones (Del Campo, 1995), sino también a factores socioeconómicos ocurridos durante este centenario [específicamente en la segunda mitad del siglo], como es el caso de la desaparición del mercado resinero, la disminución en la demanda de leña, las restricciones impuestas al pastoreo (la cual ha ayudado al éxito de la regeneración) y el aumento del uso por parte de la población como sitio para actividades de recreo y descanso dándole un mayor valor desde el punto de vista ecológico y social” (Osorio Vélez, et al, 2003, p. 317. El subrayado es mío).

Otros autores por su parte, apuntando a la autorización dada a los ayuntamientos para gestionar sus montes en la década de 1920, señalaron que en el caso de la Mancomunidad de ayuntamientos de Almazán y agregados la gestión fue realmente nefasta, porque todos querían obtener los mismos beneficios de montes con 330 

características distintas (Lucas, et al, 2003; Bonilla, L.M., et al, 2003). De todos los artículos que he consultado sobre ordenaciones históricas resineras los de esta provincia son los únicos que destacan la mala gestión de los ayuntamientos. Al contrario, del Campo, en su trabajo sobre el monte Dehesa Común de Solanillos (1995), propiedad de la Diputación Provincial de Guadalajara –cuya responsabilidad de gestión recaía en el Distrito forestal de la provincia-, indica que la propiedad de los montes es una de las cuestiones que más condicionan su desarrollo (junto con la demanda de productos forestales) pues dice, según quien sea el propietario los objetivos serán distintos, si una empresa la maximización de beneficios, si una entidad pública la persistencia de la masa y la pluralidad de beneficios –justamente el caso de este monte (Pallarés, A., et al, 2001).

6.- Epílogo Sucintamente me gustaría referirme a la necesidad de tender puentes entre disciplinas porque como hemos visto en este caso particular, los forestales intentan explicar el monte únicamente desde el monte mismo y los historiadores intentan explicar las sociedades relacionadas con el monte pero sin contar con el monte. Por supuesto se dan casos de excepción, los cuales han intentado salir de su zona de seguridad para adentrarse en terrenos y lenguajes desconocidos, pero igualmente necesarios para entender y explicar una historia. Por otro lado, una diferencia fundamental entre forestales e historiadores es la praxis del conocimiento histórico. A la pregunta ¿para qué nos sirve conocer esto? la respuesta será muy distinta. Y aunque la conexión del historiador con el presente es indiscutible no siempre le queda clara a la opinión pública, porque no siempre se explicita adecuadamente, algo que a mi entender nos aleja de la sociedad. En este sentido, creo necesaria la insistencia por parte del gremio de historiadores de saltar hacia otros campos, científicos o artísticos, para colaborar con ellos, entablar un diálogo, encontrar metodologías comunes, y en la medida de lo posible lograr contar una historia más completa4. Pues si el tiempo es el tema genuino de la historia, considero un deber transmitir los presupuestos teóricos y metodológicos de cómo estudiar los cambios y las permanencias, aunque también es cierto para los 4

También es cierto que en ocasiones es la reticencia de otros gremios para que sean historiadores quienes cuenten su historia, pues argumentan que personas ajenas no podrán entender la esencia de su profesión o actividad.

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historiadores lo que Radkau y Schäfer dijeron de los forestales: “que un ingeniero forestal sea experto en selvicultura no siempre es obvio” (1987, p. 175), así, que un historiador sea experto en transmitir no siempre es obvio. Bibliografía Allué, M. / Allué, C. (1995). Notas sobre la marcha ordenada del monte ‘Pinar Viejo’ (Coca, Segovia): II. Análisis general de la marcha ordenada, algunas consideraciones sobre la ejecución de la posibilidad maderable en el periodo 1901-1990 y expectativas futuras. En Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 1, (pp. 307318). ISSN: 1575-2410 Allué, M. et al. (1999). Un siglo de Ordenación y Selvicultura en la Tierra de Pinares Segoviana. En Madrigal, A. (coord.). Ciencias y técnicas forestales. 150 años de aportaciones de los ingenieros de montes, (pp. 121-155). Madrid: Fundación Conde del Valle de Salazar. Allué, M. / Ceballos, J. (2001). El estudio de las ordenaciones históricas. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 11, pp. 35-41. ISSN: 1575-2410 Allué, M. / García, C. (2001). Análisis general de la marcha ordenada del monte El Pelayo (Cuéllar, Segovia). Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 11, pp. 93-102. ISSN: 1575-2410 Bauer, E. (1980). Los montes de España en la historia. España: Ministerio de Agricultura.

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LA IMAGEN DEL ENEMIGO EN LA PUBLICACIÓN LA FLACA: LAS DIFICULTADES DE INTERPRETAR LAS ILUSTRACIONES

Ainhoa Gilarranz Ibáñez Universidad Complutense de Madrid

Las imágenes ayudan a conocer parte de la historia, sirven para aumentar el conocimiento sobre los elementos que rodean al ser humano, la política, la cultura o la sociedad. Las ilustraciones y fotografías han sido utilizadas tanto por los contemporáneos que las realizaron como posteriormente por los investigadores que han querido estudiar el momento en el que esas imágenes fueron originadas. Forman una importante fuente histórica que no siempre se emplea como elemento principal en los trabajos historiográficos, su uso es en la mayoría de los casos más decorativo que explicativo. Parece ser que los investigadores no se toman en serio el testimonio de las imágenes y son pocos los que “consultan los archivos fotográficos, comparados con los que trabajan en los depósitos de documentos y manuscritos o impresos” (Burke, 2005, p.12). Durante el siglo XIX la pintura de historia tuvo un gran impulso entre los artistas españoles que estudiaban los acontecimientos pasados para plasmar casi a la perfección el suceso ocurrido en sus lienzos.

“La importancia de una correcta plasmación de los detalles no se basa solamente en la necesidad de crear una buena obra, sino de convertirla en un instrumento moralizante para una nueva época. Los temas del pasado retoman como ejemplos vivos de un modelo de conducta de cara a la sociedad española del siglo XIX…” (Álvarez, 2010, p. 529).

El papel de las imágenes funciona como medio para transmitir una idea de nación a la población del XIX, entre otros objetivos, pero no son las grandes obras pictóricas las únicas que cambian sus funciones en este siglo. El desarrollo tecnológico permite que en las publicaciones periódicas aumente la aparición de imágenes junto al texto. En muchas ocasiones, las pinturas encargadas por los monarcas pasan a la prensa 335 

gracias a la técnica litográfica y su difusión aumenta desde los círculos más privados de la realeza a la población:

“Federico de Madrazo pintó en 1833 el cuadro La enfermedad de Fernando VII (Madrid, Palacio Real) que, sobre todo gracias a la difusión de la imagen litografiada con el título El amor conyugal, contribuyó decisivamente a poner de relieve la entrega personal a su esposo de la que sería nombrada ese mismo año, tras enviudar, reina gobernadora…” (Reyero, 2005, p. 40).

La popularidad de las litografías y posteriormente el uso de las fotografías creó un formato de prensa concreto en el que las imágenes son más importantes que el texto, las publicaciones graficas. Este tipo de revistas comenzaron a elaborarse a finales del XIX y llegaron a su punto álgido durante los años 30 del siglo XX. A través de ellas, la población conocía los acontecimientos no sólo de manera textual sino también gráfica, ampliando el espectro de ciudadanos que accedían a las noticias sin necesidad de saber leer pues con su mirada contemplaban los sucesos más relevantes que eran captados a través de los ilustradores y/o fotógrafos de los periódicos del momento. En el momento en el que un investigador decide emplear el arte como forma de explicar su hipótesis, se puede llegar a un problema: el no estar acostumbrado al formato y a los significados que componen una obra pictórica. Por ello, el objetivo de este artículo es explicar los primeros pasos a realizar si se decide hacer preguntas a una pintura en vez de a un documento histórico. Este artículo tiene el objetivo de desarrollar el análisis de las ilustraciones y litografías que aparecieron en la prensa del siglo XIX como ejemplo de aplicación de esta metodología. El siglo XIX es especialmente significativo a este respecto ya que una buena parte de la realidad política se conocía a través de las publicaciones ilustradas, en particular los rostros de los dirigentes y gobernantes.

1. Pasos metodológicos para el análisis de una litografía

En el estudio de las imágenes se debe ser cauteloso con las conclusiones a las que se puede llegar. Un análisis superfluo bajo prejuicios puede inducir al error de leer entrelíneas algo que realmente el artista no quería comunicar o el investigador puede dar como válida y real la representación de un acontecimiento que no existió o que ha sido 336 

modificado. Entonces, lo primero que debe preguntarse un investigador ante una obra artística sería: ¿de qué manera puede ser utilizada una imagen como testimonio histórico? Son tres los puntos clave que responden a esta pregunta. El primero de ellos es la idea de que las obras pictóricas ofrecen aspectos de la sociedad y se convierten en el testimonio de la realidad social, además de completar la información que los textos pueden haber omitido. Obras y artistas han sido estudiadas no por su faceta artística sino por la información histórica que reflejan. El segundo punto hace referencia al tratamiento de la ilustración como fuente para estudios históricos. El investigador no debe olvidar que se enfrenta a un documento subjetivo, pues el arte no siempre es un reflejo de la realidad. Para terminar, la tercera idea reflexiona sobre el concepto de distorsión, pues el mero hecho de modificar la realidad en una imagen ofrece información sobre la sociedad que la envuelve y profundiza en los tipos de mentalidad e ideología se desarrollaban en ese momento (Burke, 2005, p.37). Una vez planteado el papel de la imagen como fuente para la historia se deben hacer nuevas preguntas sobre la función de la obra dentro de un contexto histórico. Para ello, Susan Woodford (1985) propone cuatro formas de mirar un cuadro: En primer lugar, se puede preguntar con qué objetivo se ha realizado la obra. Puede haber sido un encargo de un monarca para representar su poder o ser recordado, una obra diseñada para una exposición o para ser publicada en un medio de comunicación. En este último caso podemos encontrar diferentes objetivos para la imagen de una publicación y atender a una finalidad informativa, decorativa o propagandística. En la segunda, hay que preguntarse lo que cuenta la pintura sobre la sociedad en la que fue creada. La tercera y última forma de ver una obra es analizar el grado de realismo que tiene. Muchas ilustraciones con gran carga realista han permitido a los historiadores estudiar ciertos paisajes y su evolución con el paso del tiempo. El grado de realidad en los dibujos permite a los ilustradores jugar con las ideas, y expresar un pensamiento que de otro modo no podría realizarse. El último modo de ver una pintura es a través de su diseño. El uso del color y las formas aporta información sobre lo que el artista quería expresar y la manera en que llega a la sociedad. Para el caso de las imágenes que son publicadas en los medios de comunicación es importante analizar su relación con el texto, aunque las ilustraciones en prensa sufrieron una evolución durante el siglo XIX, siendo muy dependientes del texto en los inicios. A partir de 1850 su relación evoluciona hasta constituirse como un elemento 337 

completamente independiente. Cada uno de los niveles o grados de dependencia entre el texto y la imagen aparece desarrollados por Antonio Manuel González Castiñeiras (1998) en Introducción al método iconográfico. Existen dos diferencias claras entre la relación texto e imagen. Por un lado, hay que observar la relación entre la ilustración que se analiza y el texto exterior a ella, es decir si el dibujo gráfico presenta una escena que forma parte de una noticia, un editorial o una columna publicada en el mismo periódico. Por otra parte, hay que atender al texto que aparece en la imagen en sí, pues muchas de estas litografías son imágenes con títuli, es decir, acompañadas de palabras o frases que aclaran su contenido. Dentro de la primera categoría se debe observar el grado de independencia de esa imagen con respecto al texto: si se trata de una imagen que acompaña de manera decorativa al texto o sirve para describir un suceso y aclarar los acontecimientos al lector. Lo que produce una relación caracterizada por “la subordinación de la pintura al texto que ilustra. Esta técnica es muy común en la pintura mitológica e histórica y en los libros de cuentos” (Morales, 2004, p. 19), además de constituir los inicios de la noticia ilustrada. En la segunda categoría aparecen las imágenes mnemotécnicas, figuras que suelen formar parte de obras científicas medievales que utilizan signos lingüísticos y artísticos para aumentar la capacidad de memoria en sus lectores. Además se pueden encontrar en las ilustraciones gráficas el uso de letras y signos “con una función anecdótica o decorativa, emblemática o mágica” (Morales, 2004, p.20). Tras el análisis de la relación entre texto e imagen, es necesario realizar un estudio del dibujo como elemento independiente. Un primer paso sería catalogar la ilustración por temática. Analizar en profundidad cada una de las tipologías de las imágenes en prensa es complicado y no hay espacio suficiente para ello en este artículo. Por ello, se han sintetizado las principales temáticas que pueden aparecer.

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Imágenes informativas: su objetivo era dar una estampa sobre un acontecimiento concreto sin posicionarse políticamente, se trataban de apoyos visuales para el texto noticioso. Las publicaciones de información general, como La Ilustración Española y Americana, solían mostrar este tipo de litografías.

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Imágenes paisajistas: relacionadas con el término pintoresco 1 su principal

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cometido era la decoración. A menudo eran publicadas como láminas que coleccionaban los suscriptores de la revista. -

Imágenes costumbristas: difundidas ampliamente entre los sectores burgueses de la sociedad del XIX y sus publicaciones. En ellas se muestran la cotidianeidad de la sociedad a través de escenas del día a día protagonizadas por los tipos2 que existían dentro de la población.

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Imágenes políticas: en muchas ocasiones eran retratos sobre la figura política que acompañaba al texto de la noticia. En la prensa de humor se añadía un factor de la sátira con el que criticaban un acontecimiento, grupo o figura relacionada con la política.

El siguiente paso es analizar los elementos que forman la imagen. La metodología utilizada dentro de la iconografía, definida como “la disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes, o como han señalado algunos autores, la escritura en imágenes” (Rodríguez, 2005, p. 2) conforma la mejor opción para realizar este paso. Para realizar el análisis iconográfico serán de ayuda los tres niveles establecidos por Edwin Panofsky (1984) a la hora de enfrentarse al estudio de una obra de arte: El primero es el nivel preiconográfico que consiste en la observación primaria de la obra. Se realiza una descripción de todos los elementos que aparecen sin ser relacionados los unos con los otros ni con aquello que les envuelve. Este nivel pretende que el observador identifique aquello que aparece en la pintura, absolutamente todo, hasta los detalles más pequeños, pero aún no se interpreta su relación o su significado. Sólo hay que identificar los elementos que forman parte de la obra. El segundo nivel es el iconográfico. Momento en el que el analista intenta relacionar los elementos con parte de su tradición cultural. Identificar lo que aparece representado en la obra con alguna fuente cultural y desentrañar la temática de la pintura.

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El término paisajista “sirve para englobar un conjunto muy amplio y variado de paisajes –naturales y artísticos” que poseen unas cualidades estéticas o plásticas singulares. Y por otro, identifica una manera peculiar y educada de mirar e interpretar el paisaje, de leerlo, y en el caso de los artistas, de transformarlo, valorando sus componentes, seleccionando, modificando, restando u añadiendo allá donde se considera necesario con el objeto de crear una composición agradable o bella” (Llorens, 2007, p. 161). 2 “Por tipo de entiende la representación de un personaje, un grupo social, profesional o político. De tal manera que resulten perfectamente distinguibles los rasgos que convencionalmente definen a tales individuos en cuanto miembros del grupo” (Bozal, 1979, p. 75).

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Por último se realiza un nivel iconológico cuyo objetivo es profundizar en el concepto y las ideas que aparecen en la obra. Se trata de encontrar los pensamientos ocultos que el artista quería representar. Este nivel es el más complicado, hay que ser cauteloso para no llegar a conclusiones equivocadas. El historiador debe estar preparado para realizar una investigación de la pintura dentro su contexto cultural, político y social. Parecida a la metodología de Panofsky, Raúl Eguizábal (2002) lleva a cabo otros niveles para estudiar una serie de carteles del siglo XIX que se expusieron en la Biblioteca Nacional: En primer lugar se atiende al concepto y a la tipología de la ilustración. En esta parte se estudiará: el mensaje de la ilustración (si se trata de una sátira política, social o económica), los códigos que pudieran aparecer (si dentro de la ilustración hay texto o hay algún tipo de lenguaje no recogido de forma verbal sino a través de simbología). La situación comunicativa (las particularidades que recoge

la

ilustración por ser para prensa, diferente de si se tratase de una ilustración decorativa o publicitaria). El segundo paso es de análisis e interpretación. Esta parte se divide de la siguiente forma: - Observación de los elementos constitutivos de la ilustración. Se realiza un breve comentario sobre todos los elementos que componen la ilustración, tanto escritos como iconográficos. - Estudio de los elementos iconográficos. En este apartado se describen los personajes, los símbolos, y si es posible el reconocimiento de espacios. - Por último se presta atención a la autoría del dibujo. Pueden darse tres casos: imágenes firmadas por el ilustrador habitual de la publicación, imágenes no firmadas o ilustraciones firmadas por un autor no habitual en la revista.

La unión de ambos métodos permite que el análisis de la ilustración sea completo. El tratamiento de los mismos temas ilustrados en revistas de ideologías diferentes será un punto de reflexión importante en este estudio. Se debe utilizar la terminología correcta sobre aquello que se observa. No se debe mezclar la personificación, con un símbolo o una alegoría. Si el historiador inexperto en el estudio de las ilustraciones sigue la metodología que se ha explicado en las páginas anteriores, no hay razón por la que no deba de resultarle sencillo el análisis de una imagen. Una observación correcta permite la utilización de la imagen en un trabajo historiográfico 340 

que enriquecerá el estudio y abre nuevos caminos para conseguir respuestas dentro de la investigación. 2. Un caso práctico: Los enemigos del alma revolucionaria

Para demostrar que la metodología explicada es eficiente dentro del estudio de las imágenes publicadas se ha analizado una litografía publicada en la cabecera satírica La Flaca, perteneciente a la segunda mitad del siglo XIX. A esta cabecera se la ha otorgado el título de ser la primera publicación que presentaba asiduamente cromolitografías, un estilo de litografías cuya principal característica era que se imprimían a color. En el caso práctico la autora de este artículo ha decidido mostrar el análisis de la litografías como si el mismo fuese un historiador novel que no ha analizado imágenes, así se explica paso a paso al lector cómo el estudio llega a unas conclusiones concretas a partir de la ficha metodológica con la que se ha analizado la litografía Los enemigos de la revolución3.

2.1 Primera mirada hacia la obra pictórica

¿Cuál es el objetivo de la obra? Se trata de una ilustración publicada en un medio de comunicación. Uno de sus primeros objetivos sería la llegada a un número masivo de lectores. Forma parte de una cabecera satírica, por lo tanto, se pretende que el lector al mirarla obtenga una experiencia humorística, no se pretende informar sobre un acontecimiento, sino que se da una visión caricaturesca de un conjunto de personajes. Las litografías satíricas son parte del pensamiento político de la cabecera y con su publicación se expresa visualmente un mensaje ideológico que llegaba a la población a través de este dibujo.

¿Qué relación tiene con la sociedad? La litografía fue publicada el 31 de junio de 1869 en el ejemplar número 15 de la publicación La Flaca. La fecha aporta muchas pistas sobre la sociedad del momento. Un año antes de ser publicada se llevó a cabo la Revolución Gloriosa que provocó la salida del trono de la monarca Isabel II y el inicio del Sexenio Revolucionario. Durante estos seis años, España gozó de una libertad de expresión que anteriormente no había

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El lector puede visualizar esta litografía en las últimas páginas del artículo.

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vivido. La promulgación de una nueva Constitución en 1869 y en concreto su artículo 17, dedicado a la libertad de prensa, ayudó a la proliferación de cabeceras periodísticas de diversa temática e ideología. La prensa satírica, también reconocida bajo el término de joco-seria, fue uno de los estilos periodísticos que más se desarrollaron durante estos años y alcanzará su esplendor tras septiembre del 68. Sus ilustraciones marcaron un antes y un después en el uso de la imagen dentro de las publicaciones. El interés por la prensa satírica reside en que las ilustraciones de revistas de información general como La Ilustración Española y Americana o La Ilustración de Madrid no presentan elementos, estilos o formas originales, que sin embargo el dibujo satírico de estos años sí poseía (Bozal, 1979, p.132).

¿Qué grado de realidad ofrece la imagen? Se trata de una ilustración caricaturesca en la que la única realidad que aporta es la existencia real de tres figuras pertenecientes al ámbito político de 1869. Los dibujos no mantienen las proporciones del cuerpo, aunque conservan un rostro similar al de la persona que representan. Esto se debe a que ilustrador deseaba que los lectores de la cabecera reconocieran las figuras de las que se burlaba la imagen.

¿Qué aporta su diseño? Se trata de una imagen realizada para formar parte de una publicación por lo que sus dimensiones están adaptadas al tamaño de una página periodística. El hecho de que aparezca en una cabecera aporta el dato del desarrollo tecnológico que existía en la segunda mitad del siglo XIX. Que una revista como La Flaca, de periodicidad semanal, pudiese ofrecer a sus lectores una ilustración a color en cada ejemplar resalta la evolución en materia de impresión que se desarrolló desde 1850 en adelante.

2.2 El estudio de la imagen en relación con el texto que le acompaña

Para este apartado es necesario estudiar tanto la ilustración como el ejemplar que la contiene. Para ello, el investigador puede dirigirse a la hemeroteca que contenga el ejemplar y visualizarlo físicamente, pero también existen muchos fondos que han sido digitalizados. Este es el caso de los números de La Flaca, que pueden encontrarse en las

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hemerotecas virtuales de la Biblioteca de Catalunya (ARCA), de la Biblioteca Nacional de España y en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Una vez obtenido el ejemplar correspondiente a la litografía Los enemigos del alma revolucionaria, el investigador da cuenta de la ausencia de referencias en los textos informativos sobre la temática de la ilustración que se analiza. Se entiende que la litografía es un elemento independiente que no apoya ninguna información u opinión publicada en el ejemplar. En cuanto al texto que forma parte de la litografía, puede decirse que se trata de una imagen con título. La breve frase colocada en la parte superior del dibujo la dota tanto de un título, como aporta la información necesaria al observador para saber qué es lo que se está viendo y qué representan las tres figuras que aparecen ilustradas. Por otra parte encontramos tres palabras que definen a cada uno de los personajes protagonistas: mundo, demonio y carne.

2.3 El análisis iconográfico

El método del descarte es la mejor manera de catalogar la ilustración analizada. Hay cuatro secciones básicas (paisajista, costumbrista, política e informativa) a la que puede pertenecer. A primera vista podemos descartar dos de ellas, la paisajista y la informativa, pues en el dibujo no hay intención ni de mostrar un espacio natural determinado, ni acompaña a ninguna noticia informativa. Quedan dos posibilidades, que sea una ilustración costumbrista o política. Al observar la imagen no se encuentra ningún tipo de referencia a una actividad cotidiana o un tipo español que suelen ser protagonistas de los dibujos costumbristas. Por lo tanto nos queda la opción de la ilustración política, una idea que se reforzará tras el análisis iconográfico basado en tres niveles:

Nivel preiconográfico:

Aparecen tres figuras dentro de escenas independientes. La primera de ellas, superior izquierda, se trata de un hombre sentado junto a una mesa de ajedrez. Las piezas del juego no son las tradicionales sino que han sido modificadas con los rostros de personas. El hombre viste de traje y su cuello lo decora un collar con la insignia del Toisón de Oro. Un simio aparece en la escena acompañando a la figura principal. Al 343 

fondo de la imagen aparece un retrato y el letrero de Embajada. En la parte inferior de aparece la palabra Mundo. La segunda escena, superior derecha, es protagonizada por otro hombre. Su ropaje se compone de una capa roja y una túnica decorada con una calavera. Porta en su cinturón una espada en la que aparece escrita S.Daniel. En los bordes de su vestimenta aparecen escritas varias palabras como robo, deportación y fusilamiento. El hombre intenta asustar a una mujer apostada junto una cruz que viste un gorro rojo y una toga en la que aparece la palabra revolución. En esta imagen también aparece una palabra en la parte inferior, Demonio. El último dibujo ocupa la segunda mitad de la litografía. En esta ocasión en primer plano aparece la figura de una mujer de grandes dimensiones, sentada. La fémina viste un vestido azul y varias joyas (tiara, pendientes, collar). Aparece rodeada de tres hombres, uno de ellos con traje militar, otro con traje de chaqueta, y un tercero, que se encuentra arrodillado frente a ella, viste pantalones a rayas y una capa corta en la que aparece la palabra Zarzuela. Como en las anteriores escenas, en la parte inferior aparece una palabra, en esta ocasión es Carne.

Nivel iconográfico:

Aunque en la imagen no aparece la firma del principal ilustrador de La Flaca, Tomás Padró, cuya rúbrica era Aº Wº, el trazo del dibujo identifica la litografía como obra de este pintor catalán. Al adentrarse en cada una de las imágenes, se observa que los protagonistas forman parte de la alta sociedad española, en concreto del mundo político y de la monarquía. El personaje de la parte superior izquierda no es otro que Salustiano Olózaga, presidente del Consejo de Ministros en 1843 y Ministro de la Gobernación en el momento de publicarse la litografía analizada. Es importante destacar las figuras que aparecen como piezas de ajedrez, algunos de los rostros que se pueden identificar son el príncipe Alfonso XII, el duque de Montpensier y Carlos VII, todos ellos candidatos al trono de España tras la salida de Isabel II. La imagen superior derecha ha sido más complicada de analizar. La figura en primer plano no tiene ningún icono que le identifique plenamente con alguien del mundo político del Sexenio. Al ver la escena, puede pensarse que se trata de alguien del círculo carlista al querer atemorizar a la joven, que simboliza el sentimiento republicano 344 

de la revolución con ese tocado frigio. Sin embargo, al observar los principales personajes del entorno del carlismo que aparecen en La Flaca no se asimila a ninguno. Pero sí que encontramos otras ilustraciones en las que aparece un hombre como el semejante al de esta litografía y que da una pista para concretar la figura política de la que se trata. La imagen publicada en el ejemplar número 100, del 3 de septiembre de 1871, ofrece una caricatura con el mismo rostro del hombre que espanta a la Revolución en Los enemigos del alma revolucionaria. La ilustración de septiembre del 71 representa el escudo de España modificado al gusto del dibujante de La Flaca, en la parte inferior de la izquierda se exhibe una caricatura parecida a la de la ilustración analizada en este trabajo. La caricatura tiene un gorro frigio por lo que puede incluirse dentro del movimiento republicano, y observando las fotografías de los principales miembros de este partido puede deducirse que la figura de la litografía hace referencia a Emilio Castelar. Aunque ha de decirse que en este caso, la representación no parece tan clara como en la imagen de Olózaga o de la tercera protagonista que aparece en la litografía que no es otra que Isabel II. Aunque sus facciones son ridiculizadas, tienen un nivel de realismo que permite al observador identificar en la ilustración la figura de la Reina.

Nivel iconológico:

¿Quiénes son los enemigos del espíritu de la revolución de 1868 para La Flaca? La litografía presenta sus principales candidatos para este puesto. Por un lado el papel de Salustiano Olózaga y su intento de encontrar un pretendiente monárquico que sustituya en el trono a Isabel II. Tras la salida de la Reina de España a causa de la Gloriosa, la búsqueda de su suplente fue el encargo principal del Gobierno provisional, Olózaga era por entonces Ministro de la Gobernación y quien se encargó de encontrar un nuevo monarca para España. El simple hecho de buscar un Rey es algo contrario a la ideología de la publicación satírica. La Flaca desde su primer número se posiciona ante el lector y aunque asegura ser neutral, “cortés” y “comedida” 4 , su tendencia republicana se irá intuyendo en los ejemplares posteriores. 4

La Flaca, 1 (Marzo 1869), p.1 “LA FLACA es un periódico que sin ser político, comercial, industrial y noticiero, jocoso ni serio, tendrá un poco de todo. LA FLACA no es republicana, ni demócrata, ni progresista, ni unionista, ni menos nea. LA FLACA es española, y sobre española catalana. Es la amiga del hombre honrado, la amiga del trabajo. LA FLACA no adulará a unos ni rebajará a los otros; se hallará siempre al lado de la razón y de la justicia; defenderá lo que juzgué digno de defensa y censurará lo que

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¿Por qué el segundo enemigo de la Gloriosa puede ser Emilio Castelar? El partido Republicano tuvo muchos problemas internos, esa fue una de las causas por las cuales la Primera República tuvo una vida tan corta. Dentro de esta ideología existían varias vertientes y la que apoyaba Castelar, un ideal republicano moderado, no era la que compartían los autores de La Flaca que defendían un régimen republicano más cercano a la línea de Pi y Margall. El papel de la monarquía fue determinante para la evolución de la cabecera jocoseria que humillaba constantemente a las figuras de la Casa Real, por eso no es de extrañar que una de las enemigas del alma revolucionaria sea la propia Isabel II. A pesar de que la reina tuvo que marcharse de España, tras el estallido de la Gloriosa en 1868, no quiere decir que sus intentos por volver a conseguir el poder fueran nulos. Desde el extranjero intentó que su familia volviese a ocupar el trono de España y son muchas las litografías de La Flaca que hacen referencia a su persona y a la de su hijo Alfonso.

2.4 Ideas concluyentes

Con esta litografía el historiador se acerca a una parte de la ideología existente dentro de las disputas políticas que se desarrollaron durante el Sexenio Revolucionario. A través de la imagen analizada, La Flaca selecciona los tres elementos que según su opinión han dañado el cambio que podía haberse dado en España tras la Gloriosa. El enfrentamiento entre los pretendientes al trono, la falta de acuerdo entre los miembros del partido republicano y la tradición monárquica son los adversarios principales del sentimiento que provocó la revolución del 68. Todo ello englobado bajo tres palabras; mundo, demonio y carne que suelen ser utilizadas dentro del círculo del cristianismo como los males que alejan al ser humano de Dios. En esta ocasión, Tomás Padró las utiliza para hacer referencia a las piezas que se oponen y dificultan el desarrollo de los principios de la Gloriosa.

3. Conclusiones

En este estudio se explica un método práctico para poder utilizar las imágenes como fuente histórica. Tras el análisis de la litografía Los enemigos del alma merezca ser censurado (…) Por eso LA FLACA se propone ser cortés, comedida, no tanto por lo que se debe a si misma cuanto por lo que se debe a sus lectores».

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revolucionaria puede indicarse que la ilustración satírica proporciona al investigador una interesante y vívida mirada sobre la sociedad del Sexenio Revolucionario. Por otra parte, la publicación de este tipo de imágenes da a entender el grado de libertad que existió después del estallido de la Gloriosa revolución. No sólo el historiador tiene el texto de la Constitución de 1869 para explicar la disminución de la censura por parte del Estado, sino que tiene pruebas como este tipo de litografías para explicar la sociedad de mediados del XIX. Por otra parte, la distorsión que aparece en las imágenes satíricas permite conocer el pensamiento contemporáneo y parte del debate ideológico que se desarrollaba en las calles de la España de medidos de siglo. La Flaca presentaba en sus ilustraciones un conjunto de figuras dotándolas de una serie de atributos que en otro tipo de documentos no podían expresarse. El pensamiento de que el clero abusaba de su poder o de la incompetencia de la monarquía en esos años, según la opinión de la cabecera política, se podía difundir a través de los dibujos en sus páginas. Sin embargo, una ideología tan radical en pocas ocasiones aparece en documentos escritos. El análisis de las imágenes en prensa, en concreto de las satíricas, muestra un nuevo enfoque sobre la política del siglo XIX, alejado de los eufemismos que pueden encontrarse en textos oficiales o correspondencia personal de las figuras políticas. La imagen llega clara a un público numeroso perteneciente a la clase media del país. Se trata de un debate dentro de otro, mientras las grandes figuras políticas discutían sobre el futuro de España, el propio pueblo era cómplice de un cruce ideológico desarrollado en las páginas periodísticas, que en esta ocasión dejando a un lado el intercambio verbal o escrito, usaban la imagen para reflejar sus ideas, por muy radicales que fuesen.

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[Imagen 1: Los enemigos del alma revolucionaria, publicada en el ejemplar Nº 15 de la publicación La Flaca. (Fuente: Biblioteca Nacional de España)].

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Bibliografía

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CAMBIO Y DECADENCIA: ELEMENTOS DE DEFINICIÓN DEL PODER SOCIAL DE UNA ELITE A COMIENZOS DEL XX.

José Miguel Hernández Barral Universidad Complutense de Madrid

No fue el único, pero quizá se pueda señalar a Arno Mayer como el principal culpable del interés por la nobleza en cierta historiografía europea de los ochenta y noventa. En su libro La Persistencia del Antiguo Régimen dibujaba un panorama en el cual la presencia de elementos de carácter económico y político, pero también social y cultural, con un origen estamental (Mayer, 1984)1 definió las sociedades europeas hasta 1914. Su análisis podía ser discutible –de hecho, me sitúo muy lejos de sus planteamientos de fondo- pero aportaba una visión novedosa que permitía enfocar esos años desde otra perspectiva. Estaba en conexión con la puesta en duda del éxito de la burguesía y sus revoluciones en el XIX, un debate muy vigente en nuestro país en aquellos momentos (Álvarez Junco, 1985). De alguna forma, Mayer era un revulsivo: en España no se había hecho mucho caso a la nobleza exceptuando los estudios de Tuñón de Lara y Martínez Cuadrado y las notables sugerencias de Vicens y Jover (Tuñón de Lara, 1967; Martínez Cuadrado, 1973; Vicens, 1961; Jover, 1976). De la mano de Mayer parecía que la nobleza podía saltar al ruedo. Sin embargo, pronto surgieron los problemas. El primero de ellos procedía del propio análisis de Arno Mayer. Su apuesta por subrayar lo que se heredaba del pasado congelaba el cambio, transmitía una imagen más acertada del periodo, pero quizá con una quietud excesiva. El segundo problema se derivó de los estudios nacionales que siguieron el trabajo del autor americano, aunque no estuvieran directamente vinculados con sus interpretaciones. Obras como las de Ángel Bahamonde para la economía de la nobleza en el XIX y las de Pedro Carlos González Cuevas para su participación en la política de comienzos del XX concluían con un diagnóstico muy parecido: la nobleza española en esos momentos estaba en franca retirada en esos ámbitos (Bahamonde, 1985; González Cuevas, 1998). Por tanto, resulta que para España el adjetivo que mejor definiría a la nobleza no sería el “feudal” de Mayer, sino otro bien distinto: decadente. 1

A Mayer le encantaba un adjetivo muy revelador para hablar de esos orígenes: feudal.

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Por lo tanto, aquel cambio sin el cambio de Mayer y la visión decadente propuesta en los trabajos de la historiografía nacional parecen dos enfoques a partir de los cuales –y también frente a los cuales- se podría plantear una investigación. Aquí estaban las hipótesis apuntadas, un buen medio para ponerlas en duda serían los Grandes de España. Este grupo señalado dentro de la nobleza española resulta algo singular en la nobleza europea. En primer lugar, confirmaba algo propio de la nobleza nacional: la identificación entre la clase nobiliaria y aquellos que ostentaban un título. No era así en toda Europa, por ejemplo en Rusia era una categoría que se extendía a toda la familia del título en cuestión. Esta equiparación entre noble y título tenía una consecuencia importante al ejercer el Rey como única fuente de esa gracia. Por otra parte, no tenía por qué ser así y menos en España donde existía una tradición importante de nobleza no titulada. En segundo lugar, los Grandes eran un grupo señalado dentro de esa nobleza, diferencia que en otros países era la historia del título la encargada de definir. Por tanto, esos 360 títulos para el reinado de Alfonso XIII eran una buena forma de aproximarse con todas las paradojas que se quieran a un grupo que representaba el pasado en unos momentos de intenso cambio social. Como se ve las posibilidades que ofrece la nobleza son múltiples: compararla con otras realidades europeas, una puesta en entredicho de las interpretaciones más o menos consolidadas, conectar esa presencia de la nobleza con la imagen de la monarquía en el momento… Sin dejar de lado estas opciones –de hecho las respuestas siempre se comunican-, la intención de este trabajo es centrarse en el peso que tuvo su poder social basado en unos elementos de distinción exclusivos hasta la llegada de la II República. El fin de ese poder se fraguó como una mezcla entre la renuncia personal a sus elementos de distinción, la aparición de nuevos grupos de prestigio que ostentaban un poder social basado en distintos –o sustraídos- elementos de poder y el abandono por parte de algunos de sus anteriores y principales “altavoces” de aquel sólido prestigio. 1. De elementos de distinción. Desde mi punto de vista, la prensa fue un foco principal de la distinción social de la nobleza, y muy especialmente de la Grandeza, hasta el fin del reinado de Alfonso XIII. La sección “De sociedad” que la mayoría de los periódicos contenían era el principal escaparate de este grupo. Los redactores de esas noticias, los llamados “cronistas de sociedad”, eran los encargados tanto de definir quién aparecía o no en sus artículos y, algo de igual o mayor relevancia, qué era digno de ser relatado en sus páginas. Así, 351 

hombres como Monte Cristo, en El Imparcial primero y luego en Blanco y Negro, o Leon Boyd, en el Heraldo de Madrid, no sólo señalaban a la Grandeza como gran protagonista de esa sociedad de bodas, fiestas y muertes. También transmitían que la diferencia estaba en la familia, la Historia y la residencia, asociada esta última con el arte que representaba y contenía. A partir de una fecha que podría ser 1922 o 1923, el peso de los Grandes comenzó a ser menor como referente social. Aparecieron menos en los periódicos, la prensa se detuvo en otros temas –deportes, cine- en los cuales no tenían cabida y aquellos elementos que les habían diferenciado se comenzaron a encontrar en otras personas sin título nobiliario. Aún así, siguieron muy presentes algunos Grandes señalados como los grandes entre los Grandes: duque de Alba, duque de Medinaceli, duque del Infantado, marqués de Santa Cruz… Hay distintos motivos que se pueden entrever tras su disolución progresiva en una “alta sociedad” aparte de los apuntados. Sin duda, otro aspecto principal sería el crecimiento de las ciudades de provincias donde cada vez tenían menos poder y la explosión de un Madrid que era corte pero que se estaba convirtiendo en metrópolis en muchos sentidos. Al hablar de algunos de los Grandes que parecían aferrarse con mayor éxito a su papel privilegiado, los nombres mencionados eran sospechosos. Y lo eran por algo muy sencillo: en cada uno de esos casos –Alba, Medinaceli…- su preponderancia social se encontraba inseparablemente unida a una situación económica muy desahogada y a una cercanía al Monarca que sin duda tenía connotaciones políticas. De esta forma daba la impresión de que nos estábamos traicionando a nosotros mismos, pues aquel pretendido elemento distintivo que era la Grandeza sólo se sostenía apoyado en unos fundamentos “duros” de poder: las pesetas y el escaño o la cercanía con el Rey. Sin embargo, los Grandes demostraron que tras la reordenación de sus patrimonios durante el siglo anterior, seguían siendo moderadamente ricos. Quizá otros les superaban a esas alturas pero aún podían mantener un tren de vida desahogado. El campo era una fuente de ingresos todavía bastante rentable, explotada prácticamente siempre a través de un impresionante entramado de administradores y empleados de todo tipo. También aparecían otras fuentes de riqueza. Algunos patrimonios, aunque no fueran los más, estaban bien provistos de acciones de algunas importantes empresas, también internacionales. En política se podía ver un escenario parecido. Sin duda los Grandes no eran protagonistas de la situación crítica del régimen liberal, ni lo fueron durante la 352 

dictadura de Primo 2 . Estaban en retirada e incluso se podría decir que se veían superados por la coyuntura económica y política. Y, sin embargo, se aferraron a su posición sin declinar del todo una responsabilidad que muchos entendían como inherente a su título. Quizá aporte algo de luz a su condición de referentes en decadencia su papel en los numerosos ennoblecimientos concedidos a comienzos del XX, en especial a partir de 1914. Por una parte, la existencia de un número considerable de personas que buscaban recibir un título nobiliario hablaba del atractivo que tenía la categoría nobiliaria. En general se ha hablado de ese ansia de títulos como de una estrategia de los “burgueses” por ganar respetabilidad. Incluso se ha analizado esto como uno de los grandes fracasos de esas nuevas burguesías que, de alguna forma, recurrían a moldes viejos para legitimar su prestigio (González Cuevas, 1998, p. 35)3. Sin embargo, lo que no se había subrayado hasta ahora fue el intento de algunos Grandes por tutelar esos ennoblecimientos, casi siempre en un sentido restrictivo. Esta pretensión fracasó hacia 1920 cuando el Rey impuso definitivamente su juicio como único elemento decisivo en las concesiones de títulos. De alguna forma el resultado seguía siendo el mismo: aquellos “burgueses” (léase banqueros, políticos e industriales y sitúense en País Vasco y Cataluña) habrían ganado el pulso. Sin embargo, fue una victoria que los Grandes vendieron cara. La principal víctima no fue otra que la Historia. Ésta había sido el elemento clave sobre el cual algunos Grandes habían hecho girar su discurso contrario a ciertos ennoblecimientos que no demostraban una continuidad en el tiempo de los méritos alegados. También se acogieron a la Historia para facilitar las rehabilitaciones de títulos, como algo que suponían opuesto a la creación de uno nuevo. El conflicto de los ennoblecimientos situaba plenamente a España en un contexto europeo, incluso mundial. Las nuevas jerarquías emergentes, hijas del crecimiento económico o del éxito político se fijaban en las jerarquías supuestamente del pasado. Esto lo llamó Hobsbawm “la fabricación en serie de tradiciones” y, aunque encajaba

2

Esta afirmación resulta sin duda muy problemática por un simple dato: Primo era Grande de España. Sin embargo, y por no alargarnos, parece obvio que el papel de Primo como dictador tiene mucho más que ver con otros factores al margen de su condición de Grande. 3 Así lo afirmaba Santos Juliá y lo repetía Pedro Carlos González Cuevas. Vid. González Cuevas, P. C. (1998), p. 35, recogiendo la afirmación de Juliá: "La importancia de este proceso de ennoblecimiento es difícilmente soslayable. La cooptación de los núcleos burgueses a los rangos nobiliarios resultó ser uno de los factores que impidieron la identificación de la burguesía española como clase nacional vinculada a un proceso que fuera al mismo tiempo industrializador y democratizador, e imposibilitó su ascenso a clase social hegemónica"

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con Mayer, apuntaba elementos distintos (Hobsbawm, 2002). Christopher Bayly, fijándose en ambos pero con la vista puesta no sólo en Europa, ha insistido en que el recurso a esas jerarquías no se puede entender exclusivamente en clave negativa, como un recurso de última hora: su decadencia no era inexorable. Bayly se refirió sobre todo a monarquías pero su apunte parece pertinente también en el caso de las noblezas de algunos países europeos y España no fue una excepción (Bayly, 2010, p. 501 y ss.). No eran invenciones ni tuvieron un despliegue comparable a países como Gran Bretaña, pero en España se cuidaron una serie de ceremonias de corte y la Grandeza procuró ejercer su papel en las mismas. Ese puesto siempre tenía la misma jerarquía: secundario de lujo. El papel protagonista era para el Rey, estaba claro, pero en el siguiente escalón nadie podía contestarle el puesto a la Grandeza. Esto se veía en las capillas públicas, también en las coberturas de Grandes, algunas de las principales ceremonias periódicas que tenían lugar en la corte (González Cuevas, 2003; Moreno Luzón, 2012). En esta última ceremonia, los Grandes dejaron claro otra cosa en los discursos que pronunciaban ante el Rey. La Historia y la familia, la continuidad era su elemento favorito para distinguirse, para justificar su posición como miembros de la Grandeza. En aquellos discursos se incorporaron algunos otros temas (el trabajo, el ejército, el campo…) pero nunca sustituían del todo esos elementos de exclusividad tan singulares4. El final lo conocemos. Si no fue tan negativo para los Grandes como para la Monarquía, supuso el inicio de un periodo completamente distinto a la hora de abordar los problemas de este grupo social (y también la visión que se tenía de ellos). 2. Distinción, estrategias de exclusividad y capital nobiliario. A lo largo de esta comunicación se ha procurado subrayar la importancia de los Grandes de España como grupo de prestigio en la España de la segunda mitad del reinado de Alfonso XIII. No sólo se trata de señalar que merece la pena seguir teniendo en cuenta a estos nobles para abordar el periodo desde una perspectiva más acertada. Sin duda esto sería un avance. Por una parte tras los principales temas destacados (referente social, aferramiento a su papel privilegiado en economía y política, postura ante ciertos ennoblecimientos y cuidado del ceremonial) se encuentra la idea clara de que no sólo hubo persistencia, también resistencia al cambio. Esa resistencia no fue una 4

Se pueden estudiar a partir de los conservados en el Archivo General de Palacio o a través de la prensa, especialmente La Época que solía recogerlos íntegros.

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simple contemplación, también buscó formas –que podían ser nuevas, viejas o reformuladas- de perpetuar su situación privilegiada. Al fin y al cabo se trataba de distinguirse y en esto eran especialistas los nobles. La distinción en la nobleza española surgía de algo tremendamente injusto y, a la vez, eficaz: el nacimiento. Las estrategias puestas en marcha para evitar esa limitación fueron infinitas y muy antiguas. Sin duda el matrimonio y el acceso a un título nuevo eran las formas de acceso a esa distinción más típicas (Pro, 1995). Sin embargo, fue muy singular el esfuerzo de los Grandes por conservar esa distinción proporcionada por el nacimiento, insistiendo en una “ficción de la continuidad” apoyada en la familia (Bourdieu, 2007). En el caso de este grupo social privilegiado, la Historia fue otro factor que se puso en juego de una forma clara. Sin embargo, es el cambio, la disolución de esos elementos distintivos lo que nos parece especialmente relevante para el estudio de la formación –y pérdida- de identidades sociales. Al analizar el peso de la Grandeza en la España alfonsina parece que las posibilidades son amplias, al poder trasladarse el modelo a otros grupos sociales en decadencia o sustitución. En este sentido son de gran utilidad las propuestas conceptuales de Pierre Bourdieu sobre el capital social, cultural y simbólico formado por elementos de distinción. El análisis de Bourdieu se centraba en la diferenciación de clases medias en el contexto de la Francia post II Guerra Mundial (Bourdieu, 1988, 1996). Sin embargo, y a pesar de las distancias, su insistencia a la hora de hablar de una serie de elementos que diferenciaban sin tener una explicación económica dura resulta tremendamente adecuado para nuestro objeto de estudio. Puede parecer simple la interpretación de Bourdieu, escasamente “mensurable” (a pesar de su método de estudio), pero no nos lo resulta especialmente para el caso de grupos sociales como la nobleza, en los que influían aspectos muy poco tangibles y que, de hecho, era en esos elementos de distinción (nacimiento/Historia, familia/continuidad) donde procuraba hacerse fuerte. La decadencia de estos Grandes fue un proceso de cambio social que se puede entender en esa clave de pérdida de exclusividad, explicada en la pérdida de reconocimiento de los elementos de distinción que formarían ese “capital nobiliario” al que algunas veces se refirió Bourdieu. De alguna forma el sociólogo francés fue un tanto tramposo al no dejar muy claro cómo se perdían, cómo se disolvían los elementos

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constitutivos de un habitus (Elías, 1993)5. En algún momento se refirió a la pérdida del reconocimiento por parte del resto de la sociedad de su condición distinta. Sin embargo, tampoco llegó a concretar los motivos del fin del reconocimiento. Los Grandes de España en su decadencia compuesta de renuncia, superación y disolución en una sociedad con otras “distinciones” serían una respuesta a la incógnita dejada por Bourdieu. Y, también, insistimos, un modelo interesante para comparar con otros grupos de prestigio en decadencia.

Bibliografía Álvarez Junco, J. (1985). A vueltas con la revolución burguesa. Zona Abierta, 36-37, (pp. 81-106). Bahamonde, Á. (1985). Crisis de la nobleza de cuna y consolidación burguesa (18401880). En Bahamonde, Á. y Otero Carvajal, L. E. (eds.), Madrid en la sociedad del siglo XIX, (pp. 326-375). Madrid: Consejería de Cultura. Bayly, C. (2010). El Nacimiento del Mundo Moderno, 1780-1914. Madrid: Siglo XXI. Bourdieu, P. (1988). La distinción. Madrid: Taurus. Bourdieu, P. (1996). Cosas dichas. Barcelona: Gedisa. Bourdieu, P. (2007). Postface. En Lancien, D. et Saint Martin, M. de (eds.), Anciennes et nouvelles aristocraties de 1880 a nous jours, (pp. 385-397). Paris: Maison des Sciencies de l’Homme. Elías, N. (1993). La sociedad cortesana. Madrid: Fondo de Cultura Económica. González Cuevas, P. C. (1998). Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936). Madrid: Tecnos. González Cuevas, P. C. (2003). El Rey y la Corte. En Moreno Luzón, J. (ed.), Alfonso XIII. Un político en el trono, (pp. 190-209). Madrid: Marcial Pons. Hobsbawm, E. (2002). La fabricación en serie de tradiciones: Europa, 1870-1914. En ídem y Ranger, T. (eds.), La invención de la tradición, (pp. 273-318). Barcelona: Crítica. 5

El término habitus procede de Norbert Elias. El préstamo no deja de ser interesante ya que el sociólogo alemán dedicó su atención destacada a la sociedad de la corte, aunque en este caso a del XVII.

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Jover Zamora, J. M. (1976). Política, diplomacia y humanismo popular. Madrid: Turner. Martínez Cuadrado, M. (1973). La burguesía conservadora (1874-1931). Madrid: Alianza. Mayer, A. (1984). La persistencia del Antiguo Régimen. Madrid: Alianza. Moreno Luzón, J. (2012). Alfonso el Regenerador. Monarquía escénica e imaginario nacionalista en perspectiva comparada (1902-1913). Seminario de Historia, Fundación Ortega-Marañón,

Documento

de

trabajo

2012/3.

Recuperado

de

http//:

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LA MONARQUÍA ISABELINA Y LA CULTURA REPUBLICANA EN EL SEXENIO A PARTIR DE LOS ENSAYOS HISTORIOGRÁFICOS DE ANTONIO ALTADILL

(1868-1870)

David G. Pérez Sarmiento1 Universitat de València

1. Introducción Hace ya bastantes años, Ranajit Guha (2002) denunció en un ensayo sobre la historiografía colonial y postcolonial india lo que él consideraba era la preferencia que el estatismo -“los reyes, los gobernantes y los personajes ilustres”, aclara Josep Fontana (2010, p. 162) - había tenido en las investigaciones académicas indias. Claro está que Guha refiere a una problemática muy alejada de la que voy a hablar aquí. No obstante, no creo errar si asevero que existen ciertas similitudes con algunos estudios del republicanismo. Los trabajos sobre esta temática historiográfica, a mi juicio, han desarrollado habitualmente un enfoque demasiado estatista, ya sea en los ensayos escritos bajo los pretéritos y superados paradigmas historiográficos, como en menor medida la historia que hoy día se hace2. En tanto que los sujetos históricos estudiados han sido, quizás con excesiva frecuencia, los grandes líderes: los Pi, Garrido, Castelar..., lo que Rafael Cruz denominó "ideólogos menores" (Cruz, 1997, p. 34), aquéllos que realizaron una gran e inestimable labor como publicistas en el seno de una cultura política, han recibido una menor atención, pese a su importancia en tanto que difusores y socializadores de la cultura republicana. Lo beneficioso del descenso de la mirada radica en que de ese modo se puede llegar a entender mejor cómo esta cultura irradió en los sectores sociales menos cultos, en aquellos que leían a los ideólogos menores. No obstante, como historiador interesado en 1

El autor participa en el proyecto de investigación La Monarquía liberal en España: culturas, discursos y prácticas políticas (1833-1885), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI 2008-02107); y disfruta de una beca FPI del mismo ministerio (BES-2009-028029). 2 El concepto pretéritos y superados paradigmas historiográficos es mío. Con él hago referencia a las aproximaciones realizadas para su estudio. Para tener una idea de esos paradigmas, puede consultarse los trabajos de Àngel Duarte (2001, 2005 y 2008).

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el republicanismo, sería irrespetuoso si no reconociese el valor de la necesaria renovación lograda en los últimos años a partir de debate que en los history media han librado Román Miguel y Florencia Peyrou desde 20053. Aunque no es mi pretensión entrar en este sugerente debate, considero imprescindible hablar de cultura (política) siempre que se hable de republicanos, porque es una categoría analítica, pese a su problemática teórico-práctica, muy tentadora para referirse al movimiento político, y para evitar que algunas de sus familias/ sectores/ subculturas resten al margen del conjunto. Por este motivo desarrollaré, brevemente, lo que entiendo por cultura (política) republicana. Posteriormente ofreceré mi particular ejemplo sobre esa problemática a partir del desarrollo de uno de los elementos que a mi juicio permite hablar de unidad cultural: la crítica al presente/ pasado histórico inmediato. Para concluir mostraré de qué manera se expresa al respecto un autor como es Antonio Altadill, particularmente en El último Borbón (1868-1870)4.

2. Breve apunte sobre el concepto de cultura política

Puesto que me he propuesto desarrollar uno de los elementos específicos que conforman lo que concibo por cultura política, considero ineludible aclarar qué entiendo por tal, más cuando dicho concepto ha sido y es susceptible de tanta polémica académica, más allá del republicanismo. La noción teórica de cultura política que empleo engloba a un colectivo de personas que participan de una serie de elementos compartidos en el plano de la lectura del pasado histórico, la crítica del presente y del pasado inmediato, el horizonte de expectativas -utopía de futuro-, unas bases sociales vertebradas en un mismo espacio y en unas mismas redes de sociabilidad, y unos mismos símbolos y representaciones. Por esta definición no entiendo la cultura como una caja de herramientas o toolkit, sino una suerte de molde flexible que limita, condiciona y determina la percepción sobre la vida y la muerte que tienen aquellos que forman parte de una cultura de carácter político5. 3

Sus ensayos de 2007 y 2008, respectivamente, son solo una parte del mismo, si bien el compendio de las perspectivas que cada uno de ellos tiene al respecto. 4 Aunque en la portada figura el nombre de Antonio Guzmán de León, éste sólo escribió la última cuarta parte, como ambos reconocen en el epílogo (Altadill y Guzmán de León, 1868-1870, p. 1843). 5 El concepto de cultura política que aquí utilizo bebe de las aportaciones de Serge Berstein, JeanFrançois Sirinelli, Roger Chartier y William H. Sewell -a quién agradezco su amabilidad y diligencia-. El concepto de toolkit, de Ann Swilder (1984). La idea de molde, de Justo Serna y Anaclet Pons (2005, p. 7). La idea de cultura entendida como todo aquello relacionado con la vida y la muerte concebida por las personas, de Ana Armero (2010).

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La cultura política es muy flexible -que no frágil o rompible-, porque está sujeta a la constante transformación a la que se ve sometida, a menudo de forma involuntaria, como consecuencia de la dinámica de la experiencia vital de sus prosélitos, así como por la interacción de estos, bien con la misma, bien con otras culturas. Ello la convierte en una estructura de débil coherencia interna, es decir, en la que no tiene cabida la ortodoxia y la estricta uniformidad. Las variaciones internas o la transformación de alguno de sus supuestos casi siempre guardan relación con los diferentes grados de radicalismo, y por las estrategias a seguir para la consecución de ese horizonte de expectativas compartido. Estas transformaciones, experimentadas a nivel personal -por la lectura de un publicista desconocido por los compañeros, por ejemplo-, sólo pueden irradiar a un colectivo mayor, hasta formar un grupo más o menos amplio, más o menos coherente, constituir una subcultura o restar como una alteración marginal, a través de los mecanismos de transmisión del conocimiento y de las redes y espacios de sociabilidad, y con el tiempo -sobre todo en sociedades en las que no existe la inmediatez de la transmisión del conocimiento. En función de esta categorización, sintética y provisional, de la cultura política, y siguiendo la recomendación de Carlos Vittar (2011), quién ha dicho que en todo estudio sobre las dinámicas culturales ha de priorizarse los elementos de consenso sobre los de disenso, concluyo que el republicanismo decimonónico español constituyó una cultura política, y, como no puede ser de otra manera, internamente heterogénea. Estos republicanos compartían una misma visión de la "historia nacional" (Álvarez Junco, 2001, p. 196; Peyrou, 2002), una lectura crítica del presente -al doctrinarismo político, problemas sociales del capitalismo, forma de gobierno (desde 1856)...-, un horizonte de expectativas -desde 1856, emancipación social, intelectual y política-, estrategias cortoplazistas -federalismo, ciudadanía participativa, consagración de los derechos y libertades...-, unas mismas bases sociales -clases populares, profesionales liberales y pequeña burguesía-, espacios de sociabilidad -partido demócrata, después republicano, clubs obreros, ateneos y asociaciones populares- y unos mismos símbolos y representaciones sociales -banderas, himnos, monumentos, lugares públicos, lengua, vestido, insignias...-.

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3. Crítica al presente/ pasado inmediato. La monarquía

La Revolución de Setiembre 1868 inauguró una etapa en la que la soberanía nacional y el sufragio universal, junto con la libertad de expresión, entre otros derechos y libertades, debían ser los rasgos definitorios. En este nuevo tiempo quedó definitivamente sancionado el mito que convirtió a Isabel II y los Borbón, inmorales por naturaleza, en enemigos de la nación. No obstante, aunque hegemónica en el espacio público desde entonces, esta construcción no fue creada ex professo para justificar la ruptura revolucionaria. Hundía sus raíces en los albores de su reinado. De hecho, ha sugerido Isabel Burdiel (2008, pp. 104-111) que fue su madre María Cristina, en el otoño de 1843, entonces en el exilio, la primera en airear los trapos sucios de la familia y en ridiculizar a su hija, asociándola con la inmoralidad -pregonando que había sido violentada por Salustiano de Olózaga-, con el objetivo de controlar la política nacional, así como las prerrogativas de su hija; y como ella, actuaron los moderados. No obstante, aunque fueron éstos los que más rentabilidad política sacaron a esa representación y a esa práctica durante el reinado de Isabel II, los republicanos se beneficiaron a posteriori de la misma, y de otra construcción que, en especial desde el Bienio (Fuentes, 2000, pp. 60-64), empezó a extenderse profusamente, bien a través de la prensa, el teatro y el folletín cuando la censura lo permitía -o se vadeaba-, bien clandestinamente, a través de las redes y espacios de sociabilidad y medios de comunicación demócratas. Según este último constructo, se catalogó a Isabel II, y progresivamente el Trono, como una persona y una institución, respectivamente, enemigas del pueblo. La matanza de la noche de San Daniel, en 1865, sancionó definitivamente esa imagen de la reina como enemiga del pueblo, inmoral, cruel y desagradecida a los ojos de la nación. En los primeros meses del Sexenio, la Revolución fue asumida como una liberación nacional, pero también personal y espiritual, y en el marco de la nueva libertad consagrada, los publicistas, bien monárquicos, bien republicanos, se lanzaron a una campaña para recordar quién había sido verdaderamente la reina y porqué fue necesaria la Revolución. Es decir, extendieron hasta el paroxismo el mito de Isabel II como reina inmoral, cruel, desagradecida, corrupta y tiránica a través de todo medio de expresión a su alcance: prensa (Vilches, 2007, pp. 241-244), teatro (Castilla, 1977; Fuente Monge, 2008), folletín, ensayos historiográficos, sátiras... No obstante, ha asegurado Marició Janué (1992) que el pueblo se mostró jubiloso con la caída de la reina y colaboró, activa y voluntariamente en el derribo de todo símbolo borbónico y monárquico. 361 

Sin embargo, una diferencia ha de destacarse, como seguro ya sabrá y/o se habrá percatado el lector, sobre todo el interesado en republicanismo y en el Sexenio, no todos los publicistas del momento tuvieron el mismo objetivo en denunciar el reinado isabelino. Los monárquicos revolucionarios -unionistas, progresistas y cimbrios- tan sólo pretendían desautorizar y deslegitimar la monarquía específicamente isabelina. Los monárquicos intentaron identificar a Isabel II con prácticas corruptas e inmorales, pero no quisieron contagiar a la institución. Quizás una de las pruebas más evidentes y conocidas sea Los Borbones en pelota, cuyos autores no quisieron acabar con la legitimidad simbólica de la monarquía, sino tan sólo con la de Isabel II. Mientras que para los republicanos, por el contrario, fue una necesidad ir más allá de la crítica a Isabel II, es decir, hasta llegar a la monarquía como forma de gobierno, lo cual incluía no sólo a la reina, sino también los políticos monárquicos, es decir, todo el sistema político sustentado en torno a ellos. Quisieron convertir en sinónimos completos monarquía e inmoralidad, pero también absolutismo, para prevenir a la población de una posible salida monárquica a la Revolución. En

este

contexto

aparecieron

ensayos

de

carácter

historiográfico

que

(re)construyeron la historia republicana del reinado de Isabel II: El último Borbón (Altadill, 1868-1870), Historia del reinado del último Borbón (Garrido, 1868-1869), Los borbones ante la revolución (Henao, 1868), Historia filosófica de la revolución española de 1868 (Rubio, 1869), La revolución española en el siglo XIX (Alba, 1869), La monarquía sin monarca (Altadill, 1869-1871) entre otras. Conforme la enemistad entre monárquicos revolucionarios y republicanos se fue agrandando, estos últimos fueron incluyendo a los primeros entre los denunciados en su publicística, y el peso de la misma se fue concentrando más en ellos que en la reina. Un buen ejemplo de ello fue la evolución del relato narrativo en sus ensayos, pues si bien en las primeras obras/ capítulos los monárquicos revolucionarios –Mendizábal, Espartero, el Serrano de 1847 (sólo Altadill)…– eran vistos benévolamente, conforme avanzaron los meses, sobre todo a la altura de 1869 –desde la primera mitad–, esa imagen fue enturbiándose hasta el punto de ser considerados más despóticos y más responsables que los mismos moderados y la reina de los males de la nación.

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4. Aproximación biográfica a Antonio Altadill Antonio Altadill y Teixidó nació en Tortosa el 17 de abril de 18286. Tras dejar inacabada la carrera de leyes en Barcelona, en 1849-1850, se trasladó a Madrid, donde vio representadas entre 1854 y 1856 tres obras teatrales de tono socialista, las dos primeras co-escritas con Enrique Pérez Escrich7. De regreso a Barcelona tras la clausura del Bienio, desde 1859 empezó a publicar novelas de folletín y algún ensayo -Garibaldi en Sicilia (1860-1861)-, primero de carácter abiertamente antimonárquico y republicano, y desde 1861, moralista por los imperativos de la censura. En los años 1860 estuvo vinculado al grupo republicano barcelonés, formado por Narciso Monturiol, Ceferino Tresserras, Inocencio López, Valentín Almirall, Anselmo Clavé, Adolfo Joaritzi... la llamada Tertulia del Café Suizo. Durante el Sexenio tuvo un papel político activo como abanderado y dirigente del sector intransigente del republicanismo barcelonés, y participó en la insurrección federal de 1869. Sin embargo, aunque siguió manteniendo su intransigencia, desde 1871 se vio superado por otros grupúsculos, y se fue vinculando cada vez más a Pi, y al que apoyó, sugiere Anselmo Clavé, en las disputas de éste contra el Castelar presidente de la República8.Con ella fue gobernador civil de Guadalajara primero, y después de Murcia él era el gobernador cuando estalló el cantón cartagenero. En 1875 se exilió de nuevo -la primeva vez fue en 1867- a Francia, pero retornó en 1877. No obstante, ya desde el Sexenio, aparte de algunas obras políticas, la mayoría de su producción se centró en temas exclusivamente moralistas. Murió en enero de 1880 a consecuencia de una pulmonía.

5. El último Borbón

Sus años como moralista de folletín (1861-1867) le resultaron fecundos en tanto que le permitió adquirir el bagaje necesario para adaptar la idea de virtud en el espacio

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Arxiu General i Històric de la Universitat de Barcelona [AGHUB.] / Expedients acadèmics / Expedient Acadèmic de Antonio Altadill y Teixidó / ES CAT-AUB 01 Altadill Teixidó, Antoni / Partida de naixement. 7 AGHUB/ Expedients acadèmics/ Expedient Acadèmic de Antonio Altadill y Teixidó/ ES CAT-AUB 01 Altadill Teixidó, Antoni. La voz de las provincias (1854), Jorge el artesano (1854) y La Pasión de Jesús (1855-1856). 8 Arxiu Nacional de Catalunya [ANC]/ Fons Personals/ Josep Anselm Clavé/ Relacions Exteriors/ Correspondència enviada/ Carta a la seva muller i filla/ 20.09.1873/ ANC1-700-128.

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privado -virtud negativa- a los nuevos tiempos, y de las nefastas consecuencias de su falta en lo público -virtud positiva- (Altadill, 1860-1861, 1861-1862, 1863-1864, 1865a, 1865b, 1865-1867). Si únicamente la virtud permitía al ciudadano vencer el materialismo -recuérdese que era socialista- e imponerse a la diosa fortuna, la concepción positiva de la misma le llevó a considerar responsable de la postración de la nación a la monarquía, por carecer de la virtud como guía moral suprema. Esta idea la desarrolló en sus folletines políticos del Sexenio: los ensayos El último Borbón y La monarquía sin monarca, y la novela La canalla (Altadill, 1868-1870, 1869-1871, 18701872). En El último Borbón Antonio Altadill realizó su exégesis de las causas que habían llevado a la deposición de una reina antes considerada iris de libertad, por cuyo trono el pueblo español se había alzado en armas para defenderlo. Juzgó que entre el pueblo español y el trono sólo existió un fino y frágil lazo de unión, que dependía de la predisposición de la Corona a asumir el principio de libertad que definía la naturaleza del pueblo español:

"–¿Y tú qué dices á esto? preguntó uno al mozo Pedro; ¿persistes todavía en la idea de abandonar á tu madre para defender á una reina que será peor que el rey que ahorcó á tu padre? –Mi idea es la misma, dijo Pedro resueltamente. Yo defenderé á Isabel por la libertad. –Pero si Isabel ó su madre que es lo mismo en nuestro caso, se declarasen por la tiranía... –Entonces defenderé así mismo la libertad, prescindiendo de la reina. –Pues en eso estamos todos" (Altadill, 1868-1870, p. 19)9.

Véase este otro fragmento: "La experiencia había demostrado que doquiera que se levantara una bandera de progreso y de libertad verdadera, allí acudía el pueblo" (Altadill, 1868-1870, p. 1166)10. Que en la década de 1830 los españoles luchasen a favor de Isabel II contra el carlismo no se debió a nada más que a la creencia que Isabel abanderaría la causa de la libertad y la suya sería una monarquía liberal; aunque muchos, sin embargo, premonitoriamente ya parecían dudarlo, como se ha visto en la primera cita. Por este motivo Antonio Altadill quiso dejar claro desde el capítulo primero la sensación de

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Las cursivas son mías. La cursiva es mía.

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profunda decepción y pesar que sintieron los españoles con motivo de la ingratitud de una reina por quienes habían dado su vida:

"Entre el pueblo se halla un brazo y en el hojal ostenta la cinta de San Fernando. El veterano no ha cesado de mirar a la reina. Al verla partir, levanta el brazo que le queda libre -es un mutilado- y exclama: -¡Anda y no vuelvas ni tú ni los tuyos!... ¡Dios no te tome en cuenta la sangre que nos has costado!" (Altadill, 1868-1870, pp. 11-12).

Quién exclama '¡Anda y no vuelvas! es el Pedro citado más arriba. Como evidentemente no podía exclamar ese '¡Anda y no vuelvas! el espíritu de un veterano fallecido, porque los publicistas republicanos ansiaban dotar a sus trabajos del mayor realismo posible, para aumentar las dosis de ejemplaridad, puso esas palabras en boca de un veterano mutilado, porque era su clara intención demostrar el abismo cultural existente entre pueblo y trono. La razón primera, pero no última ni más importante, de la ingratitud era que la reina había preferido satisfacer sus intereses personales antes que los nacionales; y aquéllos no eran otros que sus livianos placeres, los propios del pretérito comportamiento socio-moral aristocrático. Es decir, la falta de virtud en lo privado, que en el caso de la reina repercutía perjudicialmente en lo público. La razón de ello se debía al abismo cultural existente entre la Court y la Country, pues la cultura de la primera era la del viejo orden: no la libertad. Con sorna habló el autor respecto el nacimiento de uno de los retoños de Isabel y de la estirpe-cultura de los Borbón:

"Puede ya darse por asegurada -la dinastía-; y, sin separarse de la línea recta, tendrá un descendiente que perpetúe, si es varón, las glorias y el paternal gobierno de Carlos IV y de Fernando VII, y si es hembra, las virtudes de María Luísa, de Cristina y de Isabel" (Altadill, 1868-1870, p. 1068).

Como puede verse, Antonio Altadill identificó a Isabel II con los últimos Borbón, precisamente aquellos que no se habían distinguido por su virtud: Carlos IV y Fernando VII, María Luisa y Cristina. Reyes ineptos y reinas inmorales. La referencia a la línea recta y las virtudes correspondía al comportamiento de moral aristocrática de la reina, la familia real y la corte. Esa moral aristocrática que se definía precisamente por su inmoralidad. Dicho de otro modo, no es que careciesen de moral, sino que no 365 

obedecía la propia de la sociedad isabelina, burguesa, aquella que tenía -o debía tenercomo guía suprema la virtud. Esa línea recta y esas virtudes refería a los valores aristocráticos, los que eran propios del comportamiento de la corona, de todas las Coronas mejor dicho: la mentira, el latrocinio, la libidinosidad, el lujo, la crueldad y la ingratitud, además del despotismo. Antonio Altadill -y como él los republicanos- definió la monarquía isabelina, así como la forma de gobierno monárquica, como sinónimo del vicio, la corrupción y el despotismo. Mientras que para los revolucionarios monárquicos sólo la monarquía de Isabel II era corrupta y despótica (la monarquía del vicio, la corrupción y el despotismo), para los republicanos toda monarquía era sinónima de vicio, corrupción y despotismo. Los republicanos, y en este caso Antonio Altadill, se esforzaron por difundir la imagen de la monarquía inmoral por sus perjuicios nacionales. Junto con ese otro constructo que la convertía de facto en anti-española. El autor, en su monarquía inmoral isabelina imaginada, hizo especial hincapié en las relaciones extramatrimoniales de la pareja real, y especialmente de la reina, evidentemente no sólo quería denunciar la ruptura de lo que ellos entendían como el sacramento del matrimonio –era anticlerical, no anti-cristiano, como muchos otros–: "El público hizo suposiciones más ó menos ofensivas á la virtud de la reina antes de casarse; después de casada ya no supone, afirma con datos positivos que Isabel II sigue un ejemplo harto repetido en las princesas de su familia para que parezca extraño. Isabel aparece ya á los ojos de España entera, despojada del título más legítimo de la dama al respeto y la consideración, y con un sello en la frente que hace indigna á la reina de la veneración de sus súbditos" (Altadill, 1868-1870, p. 946).

En contraposición a la inmoralidad de la reina, el autor quiso dotar a su obra de un áurea de moralidad y virtud. Ello era fruto de una mentalidad, la de los republicanos, profundamente dicotómica y maniquea, en tanto que el opuesto a la monarquía sólo podía ser la república, y que a la inmoralidad y la falta de virtud sólo le cabía su opuesto, la moralidad y la virtud. Véase el siguiente fragmento:

"Largo espacio en verdad ocuparía la 'tal discordia' en nuestras páginas, sino fuera porque lo necesitamos para otros asuntos, y porque no es posible entrar en ciertos

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detalles si ofender á la misma moral harto maltratada en el reinado de Isabel de Borbón, y que nosotros hemos de dejar á salvo" (Altadill, 1868-1870, p. 946).

El objetivo perseguido por el autor denunciando la inmoralidad era poner en solfa algo que a su juicio era uno de los peores males de la institución monárquica: la capacidad que una persona foránea al entramado constitucional tenía para controlar las regias prerrogativas, con lo que eso suponía de perjuicio de los intereses nacionales, aprovechándose de las inmoralidades domésticas: "Un favorito mandaba en palacio y diría la política disponiendo ostensiblemente de los destinos de la nación" (Altadill, 1868-1870, p. 945). Para confirmar esta idea y evitar ser tachado de subjetivo, el autor se atrevió a citar las palabras de un publicista moderado, Andrés Borrego, para sentenciar de qué modo la figura del favorito real perjudicaba a la nación:

"Una influencia de un nuevo género, desconocida hasta entonces, produjo la primera mutación política que después de las reales bodas, vino á revelar á España que en adelante debía tenerse en cuenta un elemento nuevo de gobierno que iba á alterar las naciones condiciones del régimen constitucional" (Altadill, 1868-1870, p. 945)11.

Los republicanos consideraban que la monarquía tendía al absolutismo. Primero porque esa siempre fue su esencia, y nadie se preocupó en educar a la dinastía: "Por temperamento y por tradición de familia era más inclinada al régimen absoluto que al liberal" (Altadill, 1868-1870, p. 60). Si bien la responsabilidad de no educar a la reina para comportarse constitucionalmente no le correspondía a ella -"Y si es necesaria la educación á los hombres en general; ¿cuánto más á los príncipes destinados á regir naciones? El mal padre hace la desgracia de una familia; el rey malo hace la desgracia de una nación" (Altadill, 1868-1870, p. 191)- toda la nación se podía ver afectada. Esto no quiere decir que los republicanos exculpasen a la reina, o que pudiera existir una buena monarquía. Antes lo contrario, porque la más pequeña flaqueza personal podía perjudicar la nación. Si bien la monarquía tendía al despotismo de manera innata, más si su comportamiento era inmoral y su representante carecía de una educación adecuada, los políticos monárquicos también contribuyeron a ello en parte debido al mismo 11

El autor cita, sin referenciar completamente, la obra de Andrés Borrego, De la organización de los partidos en España.

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funcionamiento monárquico del Estado: favoritos, camarillas… Ese régimen era de por sí propicio al ejercicio exclusivo de un poder que podía llegar a ser absoluto en tanto que carecía de checks and balances –el parlamento no era representativo y las elecciones estaban manipuladas–:

"Cierto que con un rey que no tuviera los vicios que llamaremos de raza de los Borbones, no hubieran los monárquicos contribuido tan poderosamente á la ruina, á la vergüenza en que se ha visto la nación; pero no puede negarse que con otro género de monárquicos no habría tampoco la monarquía podido llegar á los excesos á que llegó la de Isabel [...] Es innegable que los monárquicos han hecho más daño al trono que la misma Isabel. Ellos fomentaron las inclinaciones de la niña que se convirtieron en desordenadas pasiones de la mujer; ellos hicieron estériles las ventajas que después del régimen absoluto de Fernando tenía el trono constitucional y aumentaron sus vicios y defectos" (Altadill, 1868-1870, pp. 971 y 970-971)12

En absoluto quiso exculpar a la reina. Pero si bien con el triunfo revolucionario la reina aparecía como la culpable -“¿Qué ha hecho Isabel II al pueblo español que recibiéndola al nacer como su más hermosa esperanza, la miró luego como á un ídolo y la arroja ahora con semejante desprecio?” (Altadill, 1868-1870, p. 12)-, a la altura de 1869 el interés de los republicanos era acusar a la coalición monárquica. Sin embargo, lo que estaban afirmando los republicanos, con tales acusaciones, era que todo régimen monárquico estaba condenado al fracaso en tanto que los políticos monárquicos eran todos de la misma índole, porque en el fondo el régimen monárquico favorecía ese tipo de conductas: “Desgraciadamente, y esta es una verdad triste, pero verdad, los graves males de treinta y seis años, que ha sufrido este noble país, han estado tanto en la reina como en los amigos del trono; quizá y sin quizá en éstos más que en aquellos" (Altadill, 1868-1870, p. 971).

6. Conclusión

Sería interesante comprobar hasta qué punto coincidían y diferían las historias republicanas, pero si se lee la Historia de Garrido, se puede comprobar que en absoluto 12

En este momento del libro, que relata los hechos de de los años 1840, ya se entrevé una creciente crítica hacia el progresismo.

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diferían en exceso. Los republicanos quisieron deslegitimar la forma monárquica de gobierno atacando la monarquía isabelina y sobre todo a los políticos monárquicos, por fomentar la inmoralidad de la Corona con el objetivo de controlar el poder y ejercerlo de forma despótica. Claro está, juzgaba Altadill y los republicanos, que esto sólo era posible si no se respetaba la voluntad de la nación, si existía un abismo entre la Court y la Country, puesto que si de la nación dependiese, la libertad, asociada en una concepción dicotómica y maniquea con la República, caracterizaría la nación:

"El patriotismo, la idea noble y generosa del bien del país estaban desterrados de las esferas del gobierno de esta nación que tanta sangre había derramado, que tan heróicos sacrificios había hecho para conquistarse un lugar digno entre los países libres y civilizados de Europa. Las ambiciones extrañas, las influencias misteriosas, las groseras pasiones, las miras de intereses los más indignos, he aquí los móviles que agitan la política en las altas esferas del gobierno, mientras el pueblo, quebrantado aun con los desastres de la pasada guerra no tenía punto de reposo, agobiado cada día con mayores cargas, cada día peor tratado, y nunca seguro del momento presente ante el miedo de los desastres con que amenazaba el desorden que reinaba en las esferas del gobierno" (Altadill, 1868-1870, pp. 992).

Archivos

Arxiu General i Històric de la Universitat de Barcelona Arxiu Nacional de Catalunya Biblioteca de Catalunya

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MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL TIEMPO PRESENTE ¿HACIA UN CAMBIO DE 1

PARADIGMAS? MIRADAS Y REFLEXIONES DESDE LA HISTORIA

Juan Ignacio Radic Vega2 Universidad Autónoma de Madrid

1. Presentación.   Si nos detuviésemos un momento a observar la realidad social del tiempo presente, no tardaríamos en percatarnos de la creciente conflictividad social que lo está caracterizando. En todas partes del mundo –desde Grecia hasta Chile, pasando por New York o Túnez-, con importantes matices, la actividad colectiva propone –de una u otra manera- que asistimos a tiempos de importantes cambios o al menos a una reivindicación de fondo, que busca transformar muchas de las estructuras que rigen y norman a nuestras sociedades. Si Túnez3 fue el punto de partida de las revueltas árabes4, la debacle económica propiciada por la crisis de los mercados y las medidas – fundamentalmente neoliberales- adoptadas por los gobiernos europeos para salir de ella, ha llevado a una masiva indignación, expresada en una activa movilización en los países desarrollados 5 . De igual forma ha ocurrido en América Latina. Desde diversas perspectivas y contando con masivo apoyo de la sociedad, distintos movimientos sectoriales han cuestionado el modelo socioeconómico vigente, la legitimidad de instituciones y los modelos de sociedad construidos por la democracia liberal. Ante este escenario parece pertinente preguntarse si es posible que este conflictivo presente, pueda ser algo más que la expresión de una disconformidad puntual, sectorial, aplicable sólo a un contexto nacional de crisis económica o/y

1

Agradezco al profesor Pedro Martínez Lillo las charlas compartidas sobre el convulso tiempo presente al que asistimos. 2 Contacto: [email protected] 3 La inmolación de Mohamed Bouazizi se ha establecido como hito desencadenante, no obstante, Chomsky y otros autores han insistido en señalar su inicio en octubre de 2010 con la movilización saharaui de El Aiún (Thawra, 2012) 4 Contrastamos los términos de revolución árabe, o primavera árabes, denominaciones elaboradas desde Europa y con una intencionalidad política más o menos definida, las que nos parecen inadecuadas. 5 Los más emblemáticos son los ocurridos en Grecia, España, aunque el fenómeno se extendió en Estados Unidos, Israel y Reino Unido.

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renovación democrática. ¿Resulta legítimo plantear que estas manifestaciones, puedan representar algo más profundo como un cambio en las condiciones estructurales que nos toca vivir? Si bien la presente comunicación reconoce la existencia de importantes diferencias y contrastes entre las distintas manifestaciones que sacuden al tiempo presente, planteamos como hipótesis que pese a ellas existen puntos en común –lazos vinculantes- que manifiestan el agotamiento y falta de legitimidad que poseen los modelos políticos, económico y social que caracteriza nuestra época. Un modelo global que, corrupto por los abusos del mercado y la deslegitimación de la clase dirigente, ha fracturado las bases en que se funda y sostiene la democracia representativa. Es desde esta perspectiva, e insistiendo que es una primera aproximación general a cada uno de estos acontecimientos, que iniciamos este trabajo. 2. Posibilidades y límites del estudio histórico del presente La emergencia de esta perspectiva historiográfica y epistemológica preocupada del estudio del presente, tiene relación con los profundos cambios vividos por el mundo en las últimas décadas, sobre todo en lo que dice relación con la percepción del tiempo (Cuesta, 1993, p. 11) y su marcada aceleración fruto del proceso de modernización (Bauman, 2002). Los avances tecnológicos y la intercomunicación global han modificado nuestra percepción espacio-temporal, transformando con ello la subjetividad respecto de las brechas dialógicas y dialécticas del tiempo: hoy más que nunca el presente se convierte de forma abrupta en pasado o, de igual forma, el futuro, sin darnos cuesta ya está siendo presente.  Edgar Morin, en ese sentido, insiste en la necesidad de trabajar sus tres dimensiones –pasado, presente y futuro- al unísono, es decir, en el presente, cuestión que rompe la lógica de entender la relación del historiador con el tiempo como fundamentalmente presente-pasado. La historia –señala- tiene que ser considerada como la ciencia que sitúa en el tiempo todo lo que es humano (Figallo, De Ceretto, 2009, p. 39).  Este cambio teórico se relaciona a conceptos de renovado significado basados en nuevas raíces epistémicas relacionadas a los elementos que han ido caracterizando a la realidad del mundo contemporáneo. En esa línea, el propio término contemporaneidad ha retomado la consistencia de su significado. Simplificado en una etapa más de la simplista división de la historia/tiempo, se tendió a olvidar la complejidad que representa el concepto, su significado y el trasfondo que representa como percepción de los sujetos, coétaneos a ciertos acontecimientos –como lo fueron la Revolución 374 

Francesa o la II Guerra Mundial- respecto a estar viviendo un nuevo tiempo histórico, o en otras palabras, encontrarse frente a una etapa completamente distinta (Aróstegui, 2004:32). La posibilidad de estar situado en una intersección de la historia –entre un antes y un después completamente distinto, marcado por acontecimientos específicos que se transforman en verdaderas bisagras del tiempo histórico- reposicionó el valor de estos análisis al aportar lecturas posibles de y desde ese mismo tiempo, relegitimando también el valor de la subjetividad y el acontecimiento (Cuesta, 1993, p. 17). De igual forma ha ocurrido con la complejidad como concepto que ha desbordado el tiempo contemporáneo de la historia. Desde esta perspectiva, la complejidad del tiempo presente se relaciona a las enormes diversidades que conforman los relatos de la actualidad, plagado de matices culturales, sociales y del propio sujeto que lo describe (Figallo, De Ceretto, 2009, p. 9). Relatos elevados desde distintas partes y que escapan a la mera simplificación de la explicación parcial. La intención que busca asumir el pensamiento complejo del tiempo presente, la complejidad de lo real, dice relación con alcanzar un conocimiento que no esté mutilado o parcelado por un quehacer científico, sino por intentar reconocer la complejidad en la heterogeneidad de los aspectos históricos, humanos y sociales que componen el conjunto. En ese sentido, aunque los fundamentos epistemológicos de esta corriente historiográfica se concentren en un tiempo vivo, aun en construcción, su vocación multidiciplinar a la hora de encarar los procesos y problemas que presenta analizar el tiempo presente, ha representado un enorme avance en el conocimiento y problematización de los objetos analizados. La relevancia que adquieren el tiempo, la temporalidad y el análisis de las transformaciones que se producen en el tiempo vivido para el estudio del presente, son otra característica de este enfoque, incluyendo una cuestión fundamental: la posibilidad de analizar desde la compleja trama que constituye la temporalidad, los procesos de cambio –en el tiempo- que se producen en un periodo determinado. En nuestro caso particular, esto representa la posibilidad de aproximarnos a las realidades complejas – múltiples, diversas pero con semejanzas- que acaecen en el tiempo presente globalizado, tomando como referencia la posibilidad –cierta- de historiar el presente, utilizando las herramientas de las distintas ciencias sociales y asumiendo tanto las posibilidades como los límites que este enfoque puede entregarnos, sobre todo en los referido a la incertidumbre que representa historiar procesos en pleno desarrollo, aún en construcción.

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Parece válido entonces, que si queremos aproximarnos a los significados que pueden tener las protestas sociales actuales, tengamos en consideración las sensaciones y significados que estas tienen para sus propios actores (Aróstegui, 1998, p. 15). En este sentido, conocer las interrogantes que surgen en los actores –directos e indirectos- en la propia inmediatez de los acontecimientos, contribuye a comprender mejor desde qué perspectivas e intereses se construyen las representaciones y sensibilidades del presente en sus protagonistas y qué diagnóstico elaboran de él, en un contexto de complejidad y exceso de información. En otras palabras, resulta posible aproximarse a las estructuras culturales que definen y establecen los marcos de interpretación y acción de la realidad en un contexto determinado. Esto –en nuestra opinión- resulta fundamental, si consideramos que mucho de nuestro quehacer responde a un saber acumulativo, en el cual las interpretaciones que se construyen desde el presente que se analiza, se constituyen en una contribución para la comprensión de la propia época en que se desarrollan los acontecimientos analizados (Cuesta, 1993, p. 5). 3. Movimientos sociales como herramienta de análisis Los numerosos ejemplos de acción colectiva contenciosa a lo largo del tiempo han entregado importantes lecciones acerca de las preocupaciones y motivaciones que aquejaron a las sociedades que las produjeron. Han representado, por tanto, una importante herramienta analítica que ayuda a definir qué caracterizó los reclamos y reivindicaciones de un grupo o incluso de una sociedad concreta y los temas y espacios de conflictividad que la caracterizaron. De igual forma, los movimientos sociales, han facilitado la emergencia de tensiones existentes entre los miembros de esa sociedad. El conflicto –considerado como uno de los motores centrales del cambio socialhabitualmente presiona las estructuras de poder al someter a juicio las inercias que pueden producir la opresión o/y la exclusión. De esa forma, inserta el debate público y el sentir de un sector de la población en el campo político, propiciando el reacomodo de las relaciones que se mantienen entre el Estado, el mercado y la sociedad organizada. Es desde perspectiva, que los movimientos sociales juegan un importante papel político, cuestión no siempre reconocida, dada su naturaleza compleja, disruptiva y escasamente institucionalizada (Jerez, 2009, p. 7). En el último tiempo, los estudiosos de los movimientos sociales han establecido marcos más o menos comunes sobre los elementos que componen y caracterizan a cualquier acción colectiva. La importancia del proceso político en que se desenvuelven 376 

y los cambios que se producen en dicho sistema, así como las estructuras organizativas en los movimientos organizados, resultan tan importantes como los marcos culturales y los procesos identitarios que se construyen entre un grupo de personas que decide protestar (Mcadam, Mccarthy, Zald, 1999). Para nuestro caso particular, y con el objetivo de elaborar una reflexión sobre el trasfondo en que se suceden las protestas actuales, utilizaremos la perspectiva preocupada por los procesos políticos en los cuales se desenvuelven las actividades de protesta social, sobre todo por la forma en que interpreta este tipo de acciones (Tarrow, 1997, p. 21). Desde esta perspectiva, existe un acuerdo generalizado de entender la relevancia que representan los movimientos sociales, por constituirse habitualmente en un “vehículo familiar y por lo general viable de la política popular” (Tilly, Wood, 2010, p. 30). Es decir, su expresión responde a la manera que tienen los sujetos de una sociedad determinada –o en su defecto, un grupo organizado de ellos- de expresar su sentir político respecto a las situaciones que les toca vivir. La emergencia y consolidación de este tipo de acción colectiva es por tanto, la expresión de la soberanía popular (Tilly, Wood, 2010, p. 82), cuestión que redunda de una u otra forma en la democratización del sistema en el que se insertan (Jerez, 2009, p. 21). Desde esta óptica entonces, sostenemos la necesidad de pensar las motivaciones políticas y el tipo de crítica que se está elaborando en los distintos focos de protesta que invade al tiempo presente y que pone de manifiesto la existencia de un malestar generalizado que, aunque materializado en reivindicaciones concretas y particulares a cada caso específico, representan la expresión de una crisis generalizada, de época, que pone en tela de juicio los valores e instituciones que han sostenido la vida política y social a nivel mundial, desde el término de la II Guerra Mundial (Judt, 2010, pp. 17-24). Estas protestas, en nuestra opinión, materializan un cambio que está marcando un antes y un después en la historia de nuestro tiempo, al poner de manifiesto la pérdida de credibilidad de los ciudadanos hacia sus sistemas políticos de representación (González, 2012, p. 9). 4. La conflictividad social actual: desde Tahir a Santiago de Chile. Cuando en diciembre de 2010 comenzó el estallido social en una pequeña localidad al sur de Túnez, nadie pensó que el malestar producido por la inmolación de un humilde vendedor de frutas vejado por la policía, podría tener las repercusiones que tuvo en toda la región del norte africano. De forma abrupta y decidida la sociedad civil 377 

–fundamentalmente joven, revoltosa, desocupada y enormemente frustrada- (Bassets, 2012, p. 331) estalló en un grito de protesta que exigía cambios de fondo en una realidad política, económica y socialmente deteriorada durante largos años por la corrupción, la opresión y el empobrecimiento de sus ciudadanos. El acto tuvo un efecto dominó en toda la región al presentar una serie de elementos comunes en toda la región; no solo costó la salida de Ben Ali, sino desató una ola de protestas en toda la región que tuvo como consecuencias inmediatas la salida de Mubarak en Egipto, la muerte del dictador Libio, Muamar el Gadafi, además de aceleradas reformas políticas en Marruecos y Argelia y la agudización del conflicto en países como Yemen y Siria. La principal particularidad del caso árabe en relación a otras protestas recientes, fue que se produjeron bajo regímenes dictatoriales de más de treinta años de duración – bajo la égida militarismo, autoritarismo y nacionalismo- que contaba además con el apoyo implícito de Europa. Las protestas que sacudieron a toda la región rompieron la dinámica social imperante, representando un cambio fundamental en la subjetividad de los actores. Masivamente agolpados en calles y plazas, los ciudadanos coparon diariamente el espacio público en demanda de cambios, pese a la violencia con que los regímenes intentaron controlar la situación. Efectivamente, como señalan varios expertos (Martínez, 1997, p. 97), el descontento existente por largo tiempo en los distintos países árabes (Amín, 2011, p. 18), se materializó gracias a una serie de componentes que se encontraban en estado de latencia (Rodríguez, 2012, p. 13). Estos factores se sumaron a otros de larga data y sirvieron para desencadenar una violenta y decidida acción colectiva. Al respecto, podemos señalar que las redes sociales cumplieron un papel fundamental en varios sentidos (Tilly, Wood, 2010, pp. 189-195). Por un lado, permitieron acceder a la información sobre la realidad de la situación cuestión que generó nexos vinculantes entre un extenso grupo de personas que crearon significados compartidos (Mcadam, Mccarthy, Zald, 1999, p. 24), permitiendo fijar objetivos políticos concretos por los cuales luchar (López García, 2011, p. 7). Por otro lado, Facebook y Twitter facilitaron la expansión y posterior intensificación de los conflictos que, según Tarrow, son característicos de los ciclos de protesta (1997, p. 263). Finalmente, permitieron una organización capaz de sortear la férrea represión y censura que opusieron los distintos regímenes. La particularidad del contexto en que se produjeron estas protestas, ha llevado a muchos a señalar –sobre todo a variados analistas y políticos a este lado del 378 

Mediterráneo- que respondían a una explosión democrática, que buscaba librarse del yugo de longevos sistemas dictatoriales. Esta lectura –correcta solo en parte- ha permitido establecer un manto de diferencias con las movilizaciones sociales que desde 2009, se comenzaron a producir en distintas partes de Europa, planteando a la vez un posicionamiento sumamente hipócrita desde el mundo europeo (Zizek, 2011). Si bien es cierto que el reclamo democrático ha sido uno de los ejes transversales del movimiento, no es menos cierto que las democracias europeas poco hicieron a lo largo de los últimos treinta años por defender la causa democrática en esos países. Por eso, creemos que si bien las protestas del norte de África responden a una lucha por la democracia lo han sido también inherentemente contra el sistema de dominación vigente, en el cual Europa y occidente en general ha jugado históricamente un papel preponderante (López García, 2011; Amín, 2011). En Europa, en tanto, el desencadenante de la acción colectiva lo desempeñaron un conjunto de elementos que materializaron la idea generalizada de corrupción del sistema, luego de los abruptos recortes en el gasto público que implicaron las medidas de ajustes impuestas por los organismos continentales. Siguiendo la novedosa estrategia observada en varios países árabes, miles de jóvenes –principalmente españoles y griegos- coparon las plazas públicas 6 de sus países como medio de protesta ante el creciente y extendido malestar existente hacia la clase política y las formas – antisociales- en que se planteaban las soluciones a la crisis. Las acampadas y manifestaciones que pudieron observarse, representaron la escenificación de un quiebre entre la ciudadanía, cansada de ser marginada de las grandes decisiones y la elite política, cada vez más alejada del sentir de sus representados (Múñoz, 2011). Las evidentes muestras de agotamiento de los gobiernos europeos por controlar el pánico especulativo de los mercados y su incapacidad por combatir una crisis económica provocada por los desajustes de un sistema financiero corrupto, jugaron un papel preponderante en la gestación del malestar. Todos estos factores –resumidos en la idea del deterioro profundo de la política- permitieron una transformación en la subjetividad de las personas, desencadenando una activa movilización de protesta. Una de las características centrales presentada por el movimiento europeo, es la autonomía alcanzada respecto de las instituciones tradicionales (sindicatos y partidos).

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El valor simbólico de Puerta del Sol o la Plaza Sintagma en Atenas es evidente. Lugares tan emblemáticos, asociados con el poder oficial representan el discurso dominante que les da significado. La toma de estos espacios representa una reapropiación de ese espacio.

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Como señala Carlos Taibo (2011, pp. 49-57) para el caso español, al movimiento lo conformaron dos almas; una constituida por una mayoría menos movilizada y consciente, que se pronunció ante el colapso que representó la crisis económica y otra, más activa políticamente, con una fuerte influencia autonomista/anarquista, que desde la marginalidad y un discurso radicalmente crítico con las formas en que se conduce el mundo, ha planteado –en la última década, por lo menos- nuevas formas de concebir la política y la organización social. Estos espacios de autonomía –señala Vattimo- (2012, pp. 18-19) posibilitan la construcción de un nuevo hombre, que lo hace fuera del juego político, buscando la transformación revolucionara del modelo de sociedad liberal que se impone en los metarelatos de la historia de occidente. En suma, estos movimientos están compuesto fundamentalmente por jóvenes agobiados por una crisis económica, desilusionados de las formas de hacer política que se imponen en la actualidad, que proponen una nueva forma de entender la política, las relaciones entre el Estado y la sociedad que posibiliten constituir y resignificar el concepto de democracia. Distinto es el caso latinoamericano, aunque –creemos- presenta varios elementos comunes que permiten establecer ciertos paralelismos sobre el trasfondo que posibilita la emergencia de estas protestas. Si bien los movimientos sociales en esta región se han venido produciendo desde hace más de una década –fruto de los efectos que las políticas neoliberales impuestas en la década de 1980 tuvieron en las sociedades del continenteel tenor de la crítica y las reivindicaciones buscadas, no dejan de tener como centro, un cambio estructural en la forma de concebir el Estado. El reclamo por una mayor democratización que permita mayor inclusión y a la vez reconozca la diversidad que caracteriza al continente, es quizá el aspecto novedoso que presentan los movimientos latinoamericanos (Chávez, 2009, p. 32). Luego de décadas de desarticulación de los espacios de conflicto fruto de las políticas neoliberales que se extendieron por casi toda la región, la presión social ha permitido resquebrajar el ordenamiento liberal de comprensión de la sociedad, para agregar nuevas miradas y perspectivas. Si en Brasil el movimiento campesino Sin Tierra MST, ha resultado fundamental en las luchas por el establecimiento de un Estado plurinacional, el posicionamiento indígena en países como Bolivia, Ecuador o Chile, ha permitido consolidar el cuestionamiento a la lógica liberal capitalista fomentando así el paulatino reconocimiento de la diversidad que conforma a los distintos Estados de la región. Quizá el movimiento boliviano –fundamentalmente indígena- ha sido el caso más emblemático del continente, al propiciar desde la protesta social primero y desde el 380 

poder institucional luego, la refundación del Estado liberal imperante en el país7. El objetivo ha sido adaptar las instituciones establecidas tras la independencia, los requerimientos y características de la población, intentando acabar con el sistema elitista de dominación que ha existido históricamente (Mignolo, 2006). Desde otra perspectiva, resulta interesante observar el caso chileno. En el último año asistimos a una movilización estudiantil que apunta a terminar con el lucro en la educación –convertida en un rentable negocio- responsable directo del alto nivel de endeudamiento de las familias chilenas. El masivo apoyo ciudadano, permitió que los reclamos iniciales vertebraran un discurso integral que iba más allá de la reivindicación sectorial. El trasfondo en el que se ha producido este movimiento estudiantil, está caracterizado por un país que aún mantiene estructuras impuestas por la dictadura militar y que lo convirtieron en la década de 1980 en el laboratorio de la ortodoxia neoliberal. La educación, así como el sistema de pensiones y salud, está regulada en la práctica fundamentalmente por el mercado. Quien tiene dinero paga: su salud su educación, su vejez. Las demandas estudiantiles han apuntado precisamente al meollo del modelo chileno: la enorme desigualdad que subyace y constituye las distintas esferas de la vida (Jackson, 2011, p. 14). La protesta estudiantil aún cuando reivindicativa de una cuestión sectorial ha puesto de manifiesto la necesidad de una transformación profunda de los fundamentos ideológicos que subyacen a la práctica política y los mecanismos institucionales con que se rige el país y que han estructurado un sistema elitista y desigual. Es por eso que varios autores han insistido que los movimientos sociales producidos desde 2010 8 , responden a la manifestación de una crisis estructural en la capacidad del Estado para entender y asumir las demandas –nuevas e históricas- que exige la ciudadanía. Demandas, que son la manifestación de un problema de fondo: la paulatina pérdida de legitimidad que el modelo de democracia existente en Chile tiene frente sus ciudadanos (Garcés, 2012, p. 17).

7

Emblemático por su carácter y relevante por su capacidad de acceder al poder, el movimiento social boliviano no es el primero en emerger en la región con estas características. El caso de Chiapas es quizá el primer hito de esta nueva mirada crítica elaborada desde América Latina. 8 Desde marzo de 2010, se han sucedido cuatro importantes movimientos reivindicativos además del estudiantil: dos de carácter regional, uno indígena (Mapuche) y uno de carácter ciudadano, movilizado por rechazar la aprobación una central hidroeléctrica en la Patagonia.

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4. Protesta y malestar popular global ¿hacia un cambio de paradigmas? La noción de paradigma nos sitúa en el universo de las ideas, representaciones y percepciones compartidas, resultado de todo un impulso cultural, histórico y civilizacional (Morin, 1993). Cambios de esta magnitud provocan necesariamente modificaciones en el núcleo organizador que los aglutina el cual se configura mediante teorías, ideologías, una mentalidad o/y una visión de mundo. Así, toda revolución paradigmática produce una nueva cosmovisión, una renovada visión del mundo (Gómez, 2003, p. 173). La globalización y todo el proceso de intercomunicación generado por las tecnologías de la información, ha provocado profundos cambios en las formas que tenemos de aproximarnos a la realidad de la que somos parte. La globalización económica –en tanto- ha privado paulatinamente a los sujetos y pueblos “de su capacidad de poder político” (Todorov, 2012, p. 186). La corrupción, pero sobre todo el sometimiento de la política a los designios del mercado, abren una profunda brecha entre la teoría y la práctica democrática. Algunos autores insisten en la idea que esta crisis económica es síntoma de algo más

profundo,

de

una

crisis

múltiple:

económica,

alimentaria,

energética,

medioambiental, demográfica y política (González, 2012, p. 10). Esto último se materializa en el acelerado desgaste que viven las principales instituciones con que se ha construido el mundo contemporáneo; desde el estado-nación y las constituciones republicanas que la rigen (Negri y Hardt, 2009, p. 13), pasando por la familia, el trabajo, la educación y la política. Todas se diluyen o se hacen líquidas, como diría Bauman. Es, en definitiva, la propia idea de comunidad la que parece desmoronarse, provocando de paso una profunda crisis de los sistemas representativos. Este hecho significa un cuestionamiento profundo, sistémico. Con esto, no queremos decir que la democracia como ideal esté necesariamente en decadencia. Más bien el vacío existente entre teoría y práctica ha dado pie a la emergencia de nuevas lecturas e interpretaciones de la realidad, en las cuales las miradas críticas sobre el sistema democrático liberal advierten de la posibilidad cierta de estar más bien ante un modelo de dominación claro y eficiente que frente a un entramado burocrático, representativo de los intereses de la mayoría. Si coincidimos que la realidad presente de la democracia liberal en su conjunto, se caracteriza por su debilidad ante el dominio capitalista neoliberal, podemos entender que exista mayor 382 

conciencia ciudadana –en todo el planeta- acerca de lo que representa realmente este modelo: “bajo la visión racionalista de una sociedad que se desarrolla bajo la libertad económica capitalista, la democracia es absolutamente utópica… es irreal. No puede tener lugar porque implica la posibilidad de desarrollo social allá donde hay un orden que en realidad no se discute” (Vattimo, 2012, p. 18). En efecto, observamos cómo los mecanismos diseñados para la construcción y resguardo de lo público se desmantelan. El Estado, la justicia y la propia economía como dice Todorov “dejan de ser medios para el desarrollo de todos y forman parte ahora de un proceso de deshumanización” (Todorov, 2012, p. 186). En este breve recorrido observamos que se están produciendo variados movimientos de protesta en todo el mundo. Algunos con reivindicaciones políticas orientadas a la obtención de derechos y otros de carácter defensivo que buscan proteger los logros sociales alcanzados en el tiempo. También, de la existencia de movimientos que plantean la necesidad de cambios en las estructuras que nos rigen, las que no parecen capaces de incluir la diversidad ni responder a la complejidad de los desafíos que requieren las sociedades actuales. Lo interesante de este fenómeno que se levanta desde la multitud global, es que pese a los matices, los contextos y las diferencias, todos expresan la necesidad de un cambio de fondo en el orden existente. Un cambio en las formas de inteligir y representar los intereses y preocupaciones de la sociedad por parte del poder central. Este quiebre, sumado al masivo descontento existente consolidan entre los sujetos una conciencia de alteridad en el propio mundo. Todo lo anterior plantea la necesidad de repensar la política y los modelos de sociedad que se entrevén en el mediano plazo. Justifican, al mismo tiempo, la pertinencia de interrogarse acerca de la posibilidad cierta de estar frente a un cambio en los códigos y normas que han imperado en el último tiempo, sobre todo a partir del análisis de las nuevas miradas que emergen desde la ciudadanía global. Nuevas sensibilidades e intereses, expresadas sobre todo en la juventud, principal protagonista de los brotes de rebeldía. Que reclama mayor inclusión. Esta multitud (Negri y Hardt, 2009, p. 178), habla de una nueva concepción de la ciudadanía, que escenifica su llamado en la reivindicación que exige la construcción de mecanismos que posibiliten una mayor participación ciudadana, autónoma y libre del control que establecen las estructuras globales. Existe, en este sentido, cada vez mayor conciencia entre los propios sujetos de todo el mundo, que ése es el único mecanismo posible para construir sociedades más participativas, justas e inclusivas. 383 

5. Consideraciones finales. Cuando nos interrogamos acerca de la posibilidad de estar asistiendo a un cambio de paradigmas en el mundo global, lo hacemos entendiendo que gran parte de los focos de protestas que emergen en la actualidad exigen cambios de fondo en las formas de gobernar. Asistimos a una época de transformaciones estructurales en las formas que tenemos de concebir e imaginar la realidad existente en la que nos toca convivir. La conflictividad social actual, representa lo que los teóricos sindican como una expresión de protesta y no como un movimiento social en sí mismo, siendo el espíritu y la crítica visión compartida de la realidad, las raíces desde las que se sostiene un movimiento social mucho más extenso en el tiempo y el cual se encuentra aún en proceso de conformación, desarrollo y maduración. Sin embargo, pese a estos límites, observamos que la crítica que persistentemente se reproduce en distintas partes del globo, tiene relación con un agotamiento en la sociedad civil por las formas en que se piensa –desde el poder- la vida, el Estado, la economía y la democracia. En nuestra opinión este desgaste se ha producido por dos factores que, en paralelo, están minando las bases de sustentación en las que se ha construido la modernidad. El primero de ellos, se refiere al colapso generalizado que ha generado la desenfrenada lógica capitalista que en su versión neoliberal ha corrompido todos los espacios comunes de interacción social, socavando incluso la legitimidad de los fundamentos éticos desde los cuales se construyó la paz europea tras la guerra; el Estado como garante constitutivo de la comunidad (Hassel, 2010, p. 14). A ello se suma el paulatino descrédito de líderes cada vez menos preparados para los desafíos que se presentan. Así lo demuestra la incapacidad que la política y los gobiernos europeos están teniendo para contener el asalto neoliberal al que asistimos. En segundo lugar, asistimos a un cambio generacional fundamental para explicar el tiempo presente. La globalización en todas sus dimensiones y sobre todo con la revolución de las comunicaciones, ha transformado nuestra noción del tiempo/espacio. La libertad de información de la que disponemos ha formado a una sociedad civil distinta, cada vez más autónoma, que pide a gritos nuevas formas de intelección de la realidad. En muchos casos la performatividad de estas acciones no responde a las tradicionales, siendo movimientos desjerarquizados y con un importante grado de autonomía (Negri y Hardt, 2009, p. 177). Los intereses y preocupaciones de estos jóvenes ya no son las mismas, 384 

por lo tanto las respuestas no pueden ser las de antes. Es importante reconocer que se ha producido un cambio de sensibilidad en las nuevas generaciones. Que, como señala Todorov, se debe a un proceso normal de evolución de las mentalidades, consecuencia de lentos pero permanentes cambios, producidos de forma subterránea (2012, p. 189). En ese sentido, tanto por la crisis de los marcos referenciales éticos y los modelos políticos sociales construidos en los últimos doscientos años, como por la consolidación de nuevas sensibilidades y formas de inteligir el mundo de las nuevas generaciones, creemos, en definitiva, que efectivamente estamos insertos en un profundo proceso de cambio. Del cual –de momento- sólo hemos visto su sombra.

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MESA 6. DICTADURAS Y TRANSICIONES

Óscar J. Martín García. Instituto de Historia. CSIC

Esta mesa recoge interesantes aportaciones que abordan diversas temáticas relacionadas con la resistencia armada antifranquista, la movilización femenina durante los años sesenta y setenta, las estrategias de comunistas y socialistas en la oposición al régimen de Pinochet y, finalmente, la cuestión nacional en el diario El País durante el cambio a la democracia en España. Otras comunicaciones sobre historia local y cultural que han sido presentadas a este Congreso también encajan cronológicamente con el largo periodo de la dictadura franquista y de la transición democrática. Pauta que parece apuntar al continuado interés de los jóvenes historiadores por el pasado reciente de nuestro país que, sin embargo, no está llevando aparejada una paralela reflexión teórica acerca de la Historia del Presente en España. Por otra parte, también comienza a percibirse cierta tendencia historiográfica a pasar de las generalizaciones y modelaciones macro-sociológicas que caracterizaron los primeros estudios sobre la transición, a otros marcos de observación

que priorizan acercamientos a pequeña

escala. Corriente que está permitiendo complejizar el análisis del proceso de cambio social y político que tuvo lugar en la España de los años setenta. Uno de los trabajos que el lector podrá encontrar a continuación examina las diferentes fases por las que ha atravesado la investigación de la lucha guerrillera en España, desde las primeras aportaciones parciales y de carácter militante, allá por los años de la transición, hasta los últimos estudios enmarcados en el actual proceso de recuperación de la memoria histórica. Varios

han sido los problemas que han

complicado la labor historiográfica en este terreno durante las tres últimas décadas, como el silencio impuesto por la violencia represiva de los vencedores en la guerra, la escasez de documentación escrita, la dificultad de acceso a las fuentes o la desaparición de archivos importantes. Obstáculos que, sin embargo, no han impedido la aparición en los últimos años de sólidas y solventes monografías que han renovado el estudio de la

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guerrilla antifranquista1, un área en el que parecen abrirse caminos prometedores con la utilización de nuevas fuentes, como las procedentes de los archivos militares. Otra de las comunicaciones presentadas a esta mesa analiza la movilización femenina durante el segundo franquismo a través de las asociaciones vecinales y de las agrupaciones de Amas de Casa. Ambos tipos de asociaciones se crearon al albur de la Ley de Asociaciones de 1964, la cual pretendía ampliar la base social del régimen e integrar desde el punto de vista político a las nuevas fuerzas nacidas de las profundas transformaciones socioeconómicas que vivía el país. Pero en vez de aumentar la aceptación social del franquismo, dicha medida abrió nuevos cauces para la contestación social. Los canales de representación abiertos por la Ley de 1964 fueron sumamente estrechos, pero contribuyeron a aumentar y diversificar el fenómeno asociativo, facilitando – a su vez- la emergencia de plataformas cívicas más plurales e independientes, desde las que fue posible la defensa pública de determinados valores e intereses. El acercamiento historiográfico a los espacios sociales autónomos de la injerencia del Estado autoritario creados por diversas asociaciones vecinales y de Amas de Casa, parece abrir una nueva vía para el estudio de la construcción de la ciudadanía democrática bajo el franquismo final2. Esta línea de investigación también puede ayudar a complementar la rica investigación sobre la movilización ciudadana y la conflictividad social durante el tardo-franquismo 3 . En la última década se han publicado interesantes obras que demuestran que la presión social desde abajo debilitó a la dictadura franquista y, consecuentemente, contribuyó de manera decisiva a crear las condiciones políticas para el cambio democrático en España. Pero estos trabajos no suelen añadir la movilización de las mujeres al discurso de la lucha general por la democracia. Sigue pesando la retórica oficial creada durante la transición, que no reconoció al movimiento feminista como un agente activo del cambio social y político experimentado por el país, presentando sus logros como concesiones desde arriba por parte del Estado o simplemente como transformaciones relegadas a la esfera de lo individual y privado. De esta forma se consiguió excluir a las feministas de un relato colectivo de la transición, al cual aún no han sido completamente incorporadas4. 1

Ver por ejemplo, sin ánimo de exhaustividad, la selección de textos recogida en Aróstegui y Marco (2008). 2 Esta es la propuesta que se hace en Radcliff (2011). 3 Sólo por citar un par de ejemplos, entre otros muchos: Domenech (2008) y Quirosa-Cheyrouze (2011). 4 Así se expresa en los trabajos recogidos en Martínez Ten; Gutiérrez y González (2009).

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El tercer texto presentado a esta mesa aborda un tema interesante: el papel de los medios de comunicación en la construcción y reelaboración de los discursos e identidades nacionales durante los procesos de cambio de régimen. En su caso, trata del resurgimiento de la cuestión nacional que tuvo lugar en España durante los años del cambio democrático. Esta comunicación analiza de forma pormenorizada la posición de El País ante la reestructuración territorial de la España posfranquista. Más concretamente, sus páginas examinan la evolución de este diario dentro del debate sobre los conceptos de nación y nacionalidad. Así se aborda con detalle una de las parcelas de la discusión pública y publicada que, acerca del modelo de organización territorial del Estado, emergió con fuerza después de la muerte de Franco. Uno de los temas que, a su vez, marcaron la agenda política, el debate periodístico y la reflexión intelectual durante el desmantelamiento de la dictadura en España. El autor decide, con tino, adentrarse en el complejo estudio de la cuestión nacional a través de las páginas de dicho diario, el más influyente y el más vendido en la España de la transición, para constatar un cambio en su discurso nacional en paralelo a la evolución política del país y a las necesidades del consenso que impregnaron la elaboración de la Constitución. Finalmente, el último trabajo –desde el punto de vista cronológico- incluido en esta mesa aborda el estudio de la reorganización clandestina, desde principios de los años ochenta, del Partido Comunista y del Partido Socialista en el Chile pinochetista. Ambas fuerzas de izquierdas habían conformado la columna vertebral de la Unidad Popular que elevó a Salvador Allende a la presidencia de este país en 1970. Sin embargo, la reestructuración de comunistas y socialistas como parte de la oposición a la dictadura siguió caminos diferentes, tanto en el interior como en el exilio, desde el punto de vista estratégico e ideológico. Esta comunicación analiza con detalle y precisión los factores que provocaron la evolución diferenciada que durante la década de los ochenta se aprecia entre la socialdemocracia y el comunismo chileno, la cual marcó el papel jugado por ambos partidos en el proceso de transición democrática. Así, este trabajo abre el camino al estudio comparativo con otras situaciones similares como el caso español, en el que PCE y PSOE adoptaron diferentes tácticas y plataformas organizativas durante los últimos años del franquismo. Las relaciones internacionales parecen aportar un campo de estudio privilegiado para entender mejor la competencia política entre comunistas y socialistas en los momentos de declive y disolución de los regímenes autoritarios padecidos en el sur de Europa y América latina. De hecho, varios trabajos recientes sobre la “transición 390 

ibérica” han puesto de relieve los importantes flujos de ayuda económica, asistencia técnica y apoyo político que recibieron socialistas portugueses y españoles por parte de la socialdemocracia internacional y de los gobiernos europeos, con el fin de aislar a los comunistas y asegurar un cambio democrático moderado, gradual y convergente con los intereses occidentales en el marco de la Guerra fría5. En definitiva, se puede decir que, en líneas generales, los trabajos que componen esta mesa introducen nuevos enfoques y materiales documentales que contribuyen a enriquecer el estudio de las dictaduras y de los procesos de democratización en España y América Latina. Además, varias de las comunicaciones que siguen a continuación se insertan directamente, o de forma colateral, en algunos de los debates más vivos que existen en la actualidad sobre los sistemas autoritarios y sus procesos de erosión y desmantelamiento. Es en todo caso de agradecer el esfuerzo que hacen algunos de estos jóvenes autores por reflexionar sobre la evolución y construcción historiográfica e intelectual de su propio objeto de estudio. Se percibe en los textos siguientes la saludable tendencia a enmarcar la investigación, sus planteamientos y objetivos, dentro de un determinado estado de la cuestión y de las más generales discusiones en el seno de la disciplina.

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5

Ver, entre otros ejemplos, Óscar J. Martín García y Manuel Ortiz Heras (coords.), Claves internacionales en la transición española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2010; Antonio Muñoz Sánchez, “Europeizar es democratizar. El SPD y la España del tardofranquismo”, Historia del Presente, 17 (2011/1); Encarnación Lemus, Estados Unidos y la Transición española. Entre la Revolución de los Claveles y la Marcha Verde, Madrid, Sílex, 2011;

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LA “HISTORIA DESDE ABAJO” Y EL GÉNERO COMO CATEGORÍAS ANALÍTICAS PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS DE TRANSICIÓN: LA FORMACIÓN DE LAS BASES SOCIALES PARA LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA.

Elena Díaz Silva Universidad Autónoma de Madrid

1. Introducción La mayoría de los estudios que han analizado la transición a la democracia en España se han centrado en las agentes políticos (“élites autoritarias”), económicos (“modernización económica y social”), ignorando el papel protagonizado por las “masas”, la sociedad civil que comenzaba a dar signos de recuperación desde la década anterior y que ejerció la suficiente presión social para que las élites dieran el paso decisivo para el desarrollo del proceso transicional (Saz Campos, 2011. p. 35). A su vez, la mayor parte de los estudios que tienen en cuenta el papel desempeñado por la sociedad, y que han utilizado la perspectiva “desde abajo” ha ignorado un hecho determinante, la incorporación de las mujeres a los movimientos sociales y al esfuerzo por derrocar la dictadura y, como veremos, no solo a través de las organizaciones “tradicionales”: organizaciones políticas o sindicales, a las que tradicionalmente se ha adjudicado el protagonismo en la formación del movimiento de oposición al régimen. Dentro de los movimientos sociales, algunos historiadores reivindican el protagonismo del movimiento vecinal o ciudadano, un nuevo frente abierto para el régimen y que ejemplifica mejor que ningún otro movimiento, esos síntomas de recuperación civil que comienzan a vislumbrarse desde mediados de la década de los sesenta. Las mujeres se incorporaron a la lucha en los barrios, pero también crearon sus propias estructuras organizativas y plataformas de reivindicación y lucha, nos centraremos en el movimiento de las amas de casa, y la problemática que suscita su estudio.

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2. La historia de la “historia desde abajo” Consultando uno de los muchos manuales, y grandes obras que podemos encontrar sobre historiografía y metodología, podemos encontrar el término de “historia desde abajo”, una “forma de hacer historia” (Sharpe, 2003) consideraba todavía hoy día y en determinados círculos, como subversiva. La renovación historiográfica en este sentido vino de la mano del historiador Edward Thompson quien, por primera vez, formuló su teoría publicada en 1966 en The Times Literary Supplement, y a la que había bautizado con el nombre de “History from below”. Efectivamente, visto desde la perspectiva de la Escuela de los Annales, el análisis de los acontecimientos y procesos históricos desde la perspectiva de las clases populares, o de la “gente corriente”, como diría Eric Hobsbawm (2002), era una revolucionaria forma de hacer historia, ya que la “gente corriente”, no se encontraba entre las élite militar, política, económica, cultural o social, sino más bien al contrario, formaba parte de la amplia base de la pirámide. Sharpe mencionaba a uno de los primeros y principales ejemplos del empleo de esta perspectiva, la correspondencia privada que un soldado raso, William Wheeler, había mantenido con su esposa durante el trascurso de la Batalla de Waterloo. Dichas cartas habían sido recopiladas por el historiador especializado en historia militar, Liddell Hart, y publicadas en 1951 bajo el nombre: The Letters of Private Wheeler 1809-1828.

La “historia desde abajo” no sólo se oponía a la “vieja” historia: la historia tradicional o política, centrada en los grandes actores o protagonistas que copaban la narrativa histórica, también suponía una subversión metodológica ya que implicaba el empleo de otro tipo de fuentes, lo que en ocasiones añadía mayor dificultad a la tarea del historiador: desde la correspondencia personal de la “gente corriente”, que podía contener información anecdótica o cotidiana y que hasta entonces se consideraba que carecía de importancia, hasta los testimonios orales, utilizados en el estudio de la historia del tiempo presente, en la que los sujetos objeto de estudio aun siguen vivos. La reivindicación del protagonismo de la “gente corriente” y su inclusión en el discurso histórico permitía no solo ofrecer otra perspectiva sobre el desarrollo de los acontecimientos, sino abrir otros campos de investigación hasta entonces desconocidos.

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De esa forma, la perspectiva de la “historia desde abajo” está ligada al desarrollo de la historia social, la historia cultural, y al resto de disciplinas que habían nacido bajo el paraguas de la renovación historiográfica.

La utilización de esta perspectiva resulta vital para analizar los cambios sociales y las movilizaciones que provocaron o son consecuencia de cambios políticos o económicos. La respuesta social y colectiva a determinadas situaciones implica necesariamente la utilización de una perspectiva y metodología diferente a la historicista o positivista centrada en los grandes personajes o las élites.

Precisamente ese ha sido el discurso mayoritario en las obras que han analizado el proceso de transición a la democracia en España. La utilización de la visión “desde abajo” para analizar el proceso de transición a la democracia en España ofrece otro panorama: después de la larga “travesía en el desierto” durante los años centrales del franquismo, el movimiento de oposición al régimen comienza a reorganizarse en torno a nuevas bases sociales populares: la sociedad civil, la “gente corriente”. El movimiento en los barrios o movimiento vecinal, será clave para entender lo que reclama y reivindica la historia social y la perspectiva de la “historia desde abajo”: el protagonismo del sujeto colectivo en la mayor parte de las transiciones a la democracia.

3. La lucha en los barrios: espacio donde se cruzan la clase y el género

El proceso de urbanización y proletarización que tuvo como consecuencia las transformaciones económicas tras la aplicación de los planes de desarrollo, lo que a su vez dio lugar al conocido como “milagro español”, se encuentra en los orígenes del movimiento vecinal, un movimiento heterogéneo, que fue capaz de incorporar a personas de diferentes ideologías e incluso clase social, y que ha sido analizado para el caso de Madrid por Manuel Castells (2008). La movilización en los barrios comparte unas características que son comunes a toda España: la inmigración del campo a la ciudad, la creación de una masa de asalariados y mano de obra “barata” que comienza a asentarse en los extrarradios de las grandes ciudades las cuales experimentan, a su vez, un considerable crecimiento urbano y demográfico. El análisis de la movilización en los barrios durante el tardofranquismo no

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puede desligarse por lo tanto, de este proceso de aumento de la clase obrera, ligado al desarrollo económico y la industrialización.

En los orígenes del movimiento vecinal se encuentra también la aprobación de la ley de asociaciones,1 que forma parte del proceso aperturista y modernizador que inician los tecnócratas, y que va en paralelo con el aumento de la represión hacia todos los grupos opositores, las dos respuestas del régimen a los primeros síntomas de recuperación de la sociedad civil, crecientemente politizada y movilizada (Saz Campos, 2011).

En un primer momento, las asociaciones de vecinos se constituyeron como plataformas de lucha contra los poderes locales que ignoraban las necesidades de los vecinos asentados en las nuevas poblaciones y barrios que encontraban prácticamente en la marginalidad teniendo en cuenta la falta de servicios básicos como alumbrado público, colegios, centros de salud, centros deportivos, una adecuada red de transporte e incluso la falta de viviendas. A la creación de estos núcleos urbanos sin servicios básicos había contribuido, no solo la ineficacia de los poderes locales (ayuntamientos) y estatales, sino también la codicia de un sector constructor/ promotor inmobiliario que no desaprovechó la oportunidad que ofrecía la oleada de emigrantes desplazados desde las poblaciones rurales en busca de trabajo y una vida mejor en las ciudades, y que dio lugar a una gran especulación, y un alza desmesurado del precio del suelo y de la vivienda. Las protestas de las asociaciones de vecinos también iban dirigidas contra el Gobierno, y las condiciones de vida impuestas por el desarrollismo: los bajos salarios y el alza de precios, sobre todo de los alimentos, que se agudizó durante la crisis del petróleo.

Por otro lado, las asociaciones de vecinos ofrecieron el paraguas legal necesario que permitiría a las organizaciones políticas y sindicales ampliar sus bases sociales infiltrándose en las asociaciones e incorporando a los vecinos y vecinas de los barrios, tanto a la lucha contra la dictadura, como a la lucha de la clase obrera contra el capitalismo. La estrategia del “entrismo”2 y la propia evolución de los vecinos y su

1

Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de asociaciones. BOE núm.311 de 28 de diciembre de 1964. La infiltración en el movimiento vecinal fue iniciativa del PCE, y de otros partidos de extrema izquierda maoístas y trotskistas. Destaca Manuel Castells (2008, p. 76-78) cómo los líderes vecinales y militantes 2

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progresiva concienciación política, a la que se accedió, como diría Manuel Castells (2008), de una forma “natural” y no “ideológica”, es decir como una ampliación de sus reivindicaciones ciudadanas, convertirá al movimiento vecinal en una nueva y eficaz plataforma de lucha contra la dictadura, escuela de democracia (“porque la gente que no era política descubrió que la democracia era una necesidad, no una consigna de rojos”, Castells, 2008, pág. 26) y un enclave democrático3.

Aunque en los últimos años el interés por parte de la historiografía hacia los movimientos sociales y ciudadanos ha sido renovado, desde mediados de los años setenta contamos con las primeras obras que analizaban los movimientos vecinales de los que destacamos la obra ya clásica de Manuel Castells (1974). Mencionamos entre otros, el número 16 de Historia del presente, coordinada por Xavier Domènech (2011), y dedicado al movimiento vecinal, y la historia social de la transición. Por otro lado, destacamos el estudio de Ricard Martínez i Muntada (2008): “El movimiento vecinal en el tardofranquismo: acción colectiva y cultura obrera”, en el que su autor hace referencia a un documento de origen policial, titulado: “Plan barrios: estudio sobre la subversión en los barrios”, que data de 1975, y en el que se afirmaba: “La subversión en los barrios y en el ámbito laboral son las dos principales palancas que emplean los grupos de oposición para conseguir derrocar el Régimen actual español” (Martínez i Muntada, 2008, pág.1.) El informe hacía alusión, tal y como lo recoge Martínez i Muntada en su artículo, a la existencia de una creciente movilización en los barrios organizada en torno a las asociaciones de vecinos, y que tenía los siguientes objetivos:

-Separar al pueblo de la autoridad. -Convencer a la población de la necesidad de derrocar al Régimen actual. -Paralizar la vida ciudadana cuando convoque la Huelga General. -Crear órganos paralelos de poder. (Martínez i Muntada, 2008, pág.1)

políticos tuvieron que llevar a cabo un esfuerzo durante los primeros años por mantener la autonomía de los movimientos vecinales frente a las presiones que sufrían por parte de los jefes de sus partidos para instrumentalizar el movimiento. 3 Término para designar un espacio democrático institucionalizado inserto dentro de un régimen autoritario, y que actuaría como canalizar las aspiraciones de democratización de la sociedad actuando como palanca de transición a la democracia. Sobre la cuestión, léase la obra de GILLEY (2010): “Democratic enclaves in authoritarian regimes”.

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Además de la clase, lo que reivindicamos en este trabajo es la inclusión de otra variable en el estudio de la aparición y la evolución, así como en las características de este movimiento vecinal, la variable género, tal y como ha sido planteado por Joan Scott (1990). Ésta ha sido introducida en algunos de los trabajos que analizan el movimiento ciudadano y desde dos perspectivas: por un lado, analizando la participación de las mujeres en los movimientos vecinales, quedando su identidad diluida (“invisibles e incapaces de expresar demandas a partir de su estatus como mujeres”, Radcliff, 2008, pág. 58) en la generalidad del concepto vecino o ciudadano4, o bien, representando la especificidad femenina a través del análisis del movimiento de las amas de casa, marginadas, de alguna forma, del movimiento ciudadano, y de la Historia de la transición, a pesar de su importancia, como señalaba Pamela Radcliff: “Su vinculación con el Movimiento, junto con el ‘anacronismo’ que conllevaba la imagen del ‘ama de casa’ tan apegada al ‘antiguo régimen’ como a la sociedad tradicional, volvieron casi imposible que los progresistas vieran en esas asociaciones una forma de ‘escuelas de democracia’”. (2008, p. 58)5.

Entre los estudios que han utilizado una perspectiva de género para analizar el movimiento vecinal, destacamos el artículo de Claudia Cabrero Blanco, “Género, antifranquismo y movimiento vecinal en la Asturias del Desarrollismo y tardofranquismo”, publicado en el número 16 de Historia del Presente; el de Giuliana Di Febo (1990): “La lucha de las mujeres en los barrios en los últimos años del franquismo. Un ejemplo de utilización de la ‘Historia de género’”, y el de Temma Kaplan (1999), “Luchar por la democracia: formas de organización de las mujeres entre los años cincuenta y los años sesenta”. La mayor parte de los estudios que han analizado los últimos años del franquismo, y el proceso de transición a la democracia desde una perspectiva de género señalando el protagonismo de las feministas como agentes democratizadores que han contribuido a la creación de las bases sociales necesarias para la transición a la

4

Para Radcliff: “al igual para el caso de vecino, normalmente asimilado al concepto de ‘cabeza de familia’, “la categoría aparentemente ‘universal’ del obrero-ciudadano estaba en la práctica saturada de connotaciones identitarias masculinas” (Radcliff, 2008, p. 60). 5 Sobre la problemática para la inclusión en el discurso de la transición de las asociaciones de amas de casa y su invisibilidad, léase de la misma autora: “Citizens and Housewives: The problem of female citizenship in Spain’s transition to democracy”, publicado en Journal of Social History, en 2002.

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democracia, provienen de la historiografía feminista y militante, que ha analizado la reorganización del movimiento feminista durante el tardofranquismo y la transición, destacando: Españolas en la transición, de excluidas a protagonistas. 1973-1982, escrita por mujeres militantes miembros de la Asociación “Mujeres en la transición democrática” (1999); y “El movimiento feminista en España en los años setenta”, obra coordinada por Carmen Martínez Ten, entre otras autoras, y publicada en 2009.

La conexión existente entre el movimiento vecinal y el movimiento de las amas de casa durante el tardofranquismo con la reorganización del feminismo de segunda oleada en España, objeto de mi investigación, me ha permitido acercarme a esta parcela de la historia que ha sido hasta hace poco obviada, olvidada en definitiva, por la mayor parte de la historiografía que ha analizado nuestro proceso de transición a la democracia. Consideramos que para llevar a cabo un estudio con los objetivos propuestos sería necesario responder a las siguientes preguntas: ¿qué papel juegan las amas de casa en la reorganización del movimiento feminista durante los años setenta? ¿Y en la formación de una nueva identidad colectiva feminista y/o femenina?, ¿qué papel juegan como parte del movimiento de oposición al régimen, en la creación de esas bases sociales de transición a la democracia? Teniendo en cuenta que, tradicionalmente, se ha considerado a las mujeres como una fuerza contrarrevolucionaria y reaccionaria, ¿Cuál fue el proceso que llevó a las amas de casa españolas a incorporarse a la lucha contra la dictadura y contra el patriarcado?

En los orígenes de la incorporación de las mujeres al movimiento ciudadano se encuentran los cambios sociológicos experimentados por la sociedad española en proceso de transformación y conversión en una sociedad de masas, consecuencia a su vez de los cambios socio-económicos. La masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, sobre todo de mujeres casadas y/o madres, desde los años sesenta provocará cambios muy importantes, cambios en la autorepresentación, una redefinición de la maternidad, de la familia, y un cambio en las relaciones de género fundadas ahora sobre bases más igualitarias. Sin embargo, las mujeres que desempeñaban un trabajo remunerado, llámese extradoméstico o “productivo”, no dejaron por ello de ser las principales responsables del mantenimiento y cuidado de la familia y de la comunidad. La división de tareas y de 398 

espacios (público/masculino y privado/femenino), se mantuvo en grandes líneas a pesar de dichos cambios. De hecho, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, tuvo como consecuencia otro fenómeno: la aparición de la doble jornada laboral. La presión social para que las mujeres no abandonasen sus responsabilidades domésticas y familiares en aras de la promoción personal/profesional se hará cada vez más evidente, a través de los medios de comunicación, y sobre todo en la prensa femenina, encargada de la difusión de un modelo de mujer a imitar que primaba la maternidad y las responsabilidades familiares a cualquier tipo de actividad, fuese del tipo que fuese: política, laboral o cultural. La dificultad de compatibilizar ambas facetas creaba una sensación de malestar entre las mujeres que creían estar traicionando su naturaleza o función esencial y providencial, la obligación de no fracasar en ninguna de las dos facetas, dio lugar al conocido síndrome de la superwoman. De igual forma, estos cambios sociológicos crearon una presión entre los hombres6, ya que a pesar de la ampliación o generalización de la clase obrera, lo cierto es que el ideal burgués de familia no se había visto modificado en el ideario colectivo. Para la mayor parte de la población, lo “normal” era que el hombre (como cabeza de familia) ganase lo suficiente para que la mujer no tuviese que trabajar fuera del hogar, lo que podía poner en riesgo la estabilidad familiar y el orden social, en última instancia. Amas de casa a tiempo parcial o completo las mujeres se encontraban insertas, más que en ninguna otra estructura u organización política/sindical, en el movimiento vecinal que se desarrolla en los barrios o la vecindad. Nos centraremos en el caso de las asociaciones de amas de casa y su problemática. Lo cierto es que la organización de las primeras asociaciones de amas de casa no respondió a un objetivo subversivo o de oposición a la dictadura, sino más bien al contrario, parecía reafirmar la “conciencia femenina” (Kaplan, 1999), y el sistema de género, lo cual es lógico teniendo en cuenta que su nacimiento estuvo ligada a los intentos aperturistas y “democratizadores” del régimen, y su intento por canalizar y monopolizar esta recuperación ciudadana, a la que hacíamos mención con anterioridad.

6

Si la feminidad, como construcción cultural, se encontraba en revisión en estos años, del mismo modo lo estará la masculinidad.

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Según la teoría de Kaplan:

“La conciencia femenina se centra en los derechos del género, en los intereses sociales y en la supervivencia. Quienes tienen conciencia femenina aceptan el sistema de géneros de su sociedad; de hecho, esa conciencia emana de la división del trabajo por sexos, que asigna a las mujeres la responsabilidad de conservar la vida. Pero al aceptar esta tarea, las mujeres con conciencia femenina exigen los derechos que estas obligaciones llevan consigo. La acción colectiva para asegurar aquellos derechos que resultan de la división sexual del trabajo, tiene a veces consecuencias revolucionarias puesto que politiza las redes de relaciones de la vida cotidiana”. (Kaplan, 1999, p. 91).

Defensoras del rol doméstico, las primeras de las asociaciones de amas de casa nacieron con la vocación de fomentar las redes de solidaridad informal y apoyo mutuo entre las mujeres de clase media y obrera en los barrios: un espacio privilegiado para las amas de casa, tradicionalmente considerado como femenino, una prolongación de sus hogares, donde las mujeres desempeñaban sus funciones también como una prolongación de sus deberes de madre y esposas, y en beneficio de la comunidad. La reivindicación de la subida de los alimentos, la congelación de los salarios y por ende, de la política económica del Gobierno, consiguió politizar su lucha, que hasta entonces se consideraba que actuaba en los márgenes de lo cotidiano. Sin entrar en contradicción con el modelo de movilización femenina relacionada con las prácticas y formas de vida cotidianas que plantea Kaplan, la situación política en España (la existencia de una dictadura, la ausencia de derechos y libertades democráticas), otorgan al movimiento de las amas de casa unas características que la distinguen de los movimientos que se desarrollan en otros contextos. Además de nuevos espacios de socialización, algunas de estas asociaciones de amas de casa se convirtieron en una de “escuela de ciudadanía”, de resistencia y oposición al franquismo, tan importante como las redes de solidaridad tejidas en torno a las cárceles (y en el interior de las mismas), por las familiares de los presos políticos. La subversión al mundo femenino por parte de las organizaciones políticas clandestinas se convirtió en una preocupación para el régimen 7 , que veía como los 7

“Documentos básicos que ven marcando la línea de actuación de la subversión al mundo femenino” 1968-1970. Archivo General de la Administración, fondo de la Sección Femenina: (3)51.43. Anexo 1. Caja 512. En el dossier aparece un listado con las publicaciones “dedicadas directa o indirectamente a la infiltración en el mundo femenino”, entre las que se encuentran Mundo Obrero, La mujer y la Lucha (Boletín del Movimiento de Mujeres Democráticas), Horizonte (Boletín de la Unión de Juventudes

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cambios sociológicos y económicos experimentados alejaba a las mujeres del ideal doméstico que siempre habían defendido, apoyado en una educación impartida por la Iglesia católica y las mujeres de la Sección Femenina, dirigida hacia el matrimonio y la maternidad. A mediados de los años sesenta se fundaba el movimiento democrático de mujeres (MDM), ligado ideológicamente al Partido Comunista pero con pretensiones de unificar el esfuerzo de todas las mujeres españolas, de toda clase y condición e incluso credo, contra la dictadura y contra el patriarcado. El MDM llevará a cabo un proceso similar al llevado a cabo por las Comisiones Obreras en el sindicato único, al infiltrarse en las asociaciones de amas de casa, lo que provocará una radicalización de sus reivindicaciones, una progresiva toma de conciencia política y también, feminista (Abad Buil, 2005; Arriero Ranz, 2005, 2011). La infiltración de las militantes del MDM en las asociaciones de amas de casa creará una diferenciación entre las propias asociaciones, algunas seguirán ligadas ideológicamente al régimen, como es el caso de la Federación Nacional de Asociaciones de Amas de Casa. Las más radicales, sin embargo, como las castellanas o las independientes, comenzarán a denunciar la ausencia de derechos y libertades democráticas, y la política económica del gobierno (las subidas de los precios) adoptando una estrategia de lucha basada en los encierros, boicots, manifestaciones, y todo tipo de actividades subversivas. La progresiva toma de conciencia política de las amas de casa, así como la infiltración de comunistas en el movimiento, provocarán una evolución muy interesante en algunos de estos grupos, sobre todo en Madrid, donde encontramos las manifestaciones más radicales o disidentes en el trascurso del Año Internacional de la Mujer, cuando algunas de ellas fueron ilegalizadas.

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Contemporánea

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EL ESTUDIO DE LA RESISTENCIA ARMADA ANTIFRANQUISTA. PROBLEMÁTICAS DE 35 AÑOS DE INVESTIGACIONES

Alejandro Rodríguez Gutiérrez Universidade de Santiago de Compostela

En el presente artículo, pretendemos hacer un repaso teórico por las diferentes particularidades que han envuelto a las investigaciones sobre la resistencia armada antifranquista, centrándonos fundamentalmente en el Noroeste de la Península Ibérica, más concretamente en la que afecta a las zonas de León y Galicia, donde la lucha armada contra el Régimen tuvo un desarrollo particular y en la que hemos planteado el desarrollo de nuestra tesis doctoral. Para ello, analizaremos una serie de cuestiones centradas en la aportación documental que presenta, su temática central o la intención y el momento en que se publican y desarrollan estas investigaciones. Así mismo, a lo largo de este, pretendemos también desgranar cada una de las fases que han caracterizado las investigaciones y que han marcado, en buena medida, su desarrollo. Un segundo bloque, a modo de conclusión y de planteamiento comparativo con las anteriores, lo estableceremos en torno a una primera aproximación a la investigación que venimos desarrollando, encaminada a la obtención del título de doctor en historia contemporánea, y en la que plantearemos los objetivos, algunas de las vías analíticas y las fuentes fundamentales que para el desarrollo de la misma venimos consultando desde el inicio de este proyecto.

1. Una primera etapa de argumentación ideológica

Con la muerte del dictador Franco el 20 de noviembre de 1975 comenzaba el proceso de transición a la democracia y, con ello, será notable la ruptura del silencio y del miedo que este proceso provoca en quienes habían padecido la represión y la persecución por mantenerse o mostrarse fieles al gobierno elegido democráticamente el 16 de febrero de 1936. La apertura y dignificación de lugares de enterramiento clandestino, las peticiones de justicia para los crímenes contra la humanidad cometidos

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por el régimen golpista del 18 de julio, etc.1, son algunos ejemplos de ese intento de recuperar un pasado oculto por la dictadura. También en el caso de la guerrilla antifranquista es este el momento en que se empieza a conocer con mayor profundidad el desarrollo de esta lucha clandestina contra el Régimen, aunque ya antes de la muerte del dictador existen algunas obras publicadas. Algunas

de

estas

obras

son

publicadas

por

el

propio

Régimen,

fundamentalmente por quienes habían llevado a cabo la labor primordial de lucha contra el Ejército irregular de la República hasta los años 50, la Guardia Civil. Tanto Cossías (1956) como Francisco Aguado Sánchez (1975, 1976) eran miembros de este cuerpo militarizado del Estado y contaban entre sus manos con una ingente documentación que el propio cuerpo había ido almacenando, fuentes muchas de ellas que siguen inaccesibles o en manos privadas hoy en día. Estas obras tienen un claro carácter sectario, vinculado con el discurso legitimador que el propio Régimen había creado durante los años 40, en la que las caracterizaciones de estos grupos de hombres y mujeres que con las armas se resistían a aceptar el resultado final de la guerra civil se centran en su condición de bandoleros o atracadores. A pesar de que desde las mismas obras se aprecia claramente la vocación política y antifranquista de estos grupos, prevaleció en estas obras ese discurso centrado en reforzar ante la opinión pública la demonización y el miedo hacia estos grupos que la dictadura había utilizado en su momento, en su mayoría mediante adjetivos y no mediante hechos contrastados o contrastables. Sin embargo, estas obras que podríamos encuadrar en un período de exclusión, según las apreciaciones de Kalyvas2, tendrán también su contrapunto en las obras que se publicaron en los años finales de la dictadura – desde el exilio – y en los años de la transición democrática. Serán también obras marcadas por un claro carácter politizado de sus autores, que tratan de remarcar la condición antifranquista de ciertos sectores de la izquierda del momento, con el fin de crear un pasado heroico y contribuir al reforzamiento de la identidad de una parte de la oposición al franquismo (Sorel, 1970; Vidal Sales, 1976). Estas obras hay que caracterizarlas, grosso modo, como historia de las élites dirigentes de las organizaciones políticas, algo que se ha venido criticando 1

Es notable y paradigmático el caso del cementerio clandestino de La Barranca, en Lardero, La Rioja, donde familiares de los asesinados entre septiembre de 1936 y enero de 1937 (unas 2000 personas), lograron dignificar este lugar. También es destacable el intento de creación del Tribunal Cívico Internacional de Crímenes Franquistas, en la línea del Tribunal Rusell, cuyos miembros fueron detenidos en Madrid el 28 de noviembre de 1978 y acusados de reunión ilegal. 2 Kalyvas, S. N., (22 de noviembre de 2006). “Cuatro maneras de recordar un pasado conflictivo”, El País.

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desde entonces y que sirvió para ocultar y silenciar la realidad de la lucha armada contra el franquismo por parte de estas mismas organizaciones, algo que se confirmó durante el proceso democrático. Son obras, en definitiva, de desprestigio social y político del enemigo. De todos modos, hemos de referenciar una de las obras que abrirán la espiral de una nueva etapa. A pesar de tener también un claro sesgo ideológico y de contribuir en gran medida al mantenimiento de los mitos populares creados tras largos años de silencio, desinformación y ocultamiento, el volumen de testimonios orales recogidos por Pons Prades (1977) es digno de mención.

2. El paso a los estudios históricos

En lo que podríamos encuadrar como una segunda fase de las investigaciones sobre la guerrilla antifranquista, que comienza a partir de los años 80, fundamentalmente, hay que resaltar la regionalización de los trabajos, pero también hay que enmarcarlos dentro de un doble juego. Por un lado y, siguiendo la misma línea de Kalyvas, es esta la etapa del silencio por parte del Estado y de las organizaciones políticas que forman parte del juego democrático. Este olvido no sólo afecta a quienes formaron parte de la resistencia al franquismo, sino también de los miles de republicanos y antifascistas desaparecidos, represaliados, exiliados, etc. y forma parte del conocido como pacto del olvido que se fraguó durante la transición y que se vio impulsado y reafirmado tras el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Sin embargo, será en esta fase en la que, a nivel regional - insistimos en que pretendemos centrar este análisis en Galicia y León – se publiquen las que, hasta hoy, son muy probablemente las obras más completas y rigurosas sobre la guerrilla antifranquista en la zona. Para la zona que nos ocupa, son dos los autores cuyas investigaciones serán fundamentales para quien quiera abordar la temática guerrillera en el Noroeste, Heine (1980) y Serrano (1986, 1989). Estas obras provocarán, durante mucho tiempo y por circunstancias que más adelante veremos, un cierto parón para la historiografía en el estudio de la resistencia en León y Galicia. En ambos casos, son obras que disponen de un volumen de datos importantísimo para la época de la que estamos hablando, en la que las fuentes documentales del propio Régimen franquista aún son inaccesibles – excepto, recordemos, para los miembros del Régimen que habían escrito anteriormente –. Por ello, cobran especial valor cuando nos adentramos en el análisis de sus fuentes. En la inmensa mayoría, además de contar con la prensa y las publicaciones periódicas 406 

editadas y censuradas por la dictadura, cuentan con una fuente de información fundamental, la historia oral. En esta época, entre finales de los 70 y finales de los 80, hay que pensar que buena parte de los protagonistas de la resistencia – evidentemente, aquellos y aquellas que habían logrado sobrevivir a la represión ejercida por parte del Estado franquista – seguían vivos y, en muchos casos, con ganas de hablar y de dar a conocer una lucha que permaneció oculta durante décadas. La labor de recopilación y análisis que por aquel entonces llevaron a cabo ambos autores provoca, como mencionamos, que estas obras se conviertan en referencia y que, hasta hoy en día, prácticamente ninguna de las investigaciones con la misma temática haya podido aportar nuevos datos y nuevas conclusiones 3 . Como contrapunto, como también mencionamos, la escasez de fuentes documentales de peso, ya que los procesos abiertos por la justicia militar franquista no podían ser consultados y la documentación de la Guardia Civil estaba – y está – desaparecida en su gran mayoría. Como contrapunto, la labor documental de ambos se centró en rastrear registros civiles – con la consabida problemática que estos tienen –, boletines oficiales de las provincias, prensa, etc.

3. La memoria de los vencidos

El siguiente paso en estas obras, al menos en lo que a la zona de análisis se refiere, dio paso a otra menos prolífica historiográficamente hablando. Desde finales de los 80 y hasta bien entrado el nuevo siglo, las obras que aparecen no podemos calificarlas como investigaciones históricas4, sino que están mucho más próximas a la memoria de la guerrilla antifranquista. Con una temática totalmente alejada de los planteamientos analíticos de la historia social o de la violencia política, durante largos años las historias de vida, las aportaciones locales basadas casi en exclusiva en aportaciones orales secundarias u obras con una buena aportación documental pero centradas en batallas y conflictos poco o nada relevantes de cara a un análisis histórico, han sido las que han predominado en el campo de la resistencia armada en León y Galicia 5 . Como planteamiento ante las mismas, nos encontramos con una doble 3

Es más, buena parte de las obras que desde entonces se han publicado, han pecado de repetir los mismos errores en los que estos habían caído varios años antes. 4 No resulta fácil encontrar el término adecuado para definirlas. Podríamos hablar de trabajos de memoria documentada, aunque este término no sea excesivamente adecuado. 5 Con esto no queremos decir, ni mucho menos, que estas obras no sean necesarias e importantes para romper la barrera de silencio e impunidad que durante décadas ha marcado la democracia emanada de la transición con respecto a la dictadura franquista. Entre otras muchas obras, algunos ejemplos

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cuestión. Por un lado, es de alabar que estas obras han aportado datos, testimonios o hechos de gran valor y utilidad para investigaciones posteriores. Pero, por otro, en muchos casos han contribuido a la consolidación de los mitos y las leyendas populares que el propio silencio impuesto por los vencedores ha dejado en el recuerdo de la lucha armada antifranquista, es decir, la antítesis de lo que ha de ser un trabajo de historia.

4. Un paso más. La apertura de los archivos militares y el proceso de “recuperación de memoria histórica” Sin embargo, con el paso de los años6 se ha permitido la apertura y la consulta de una fuente que se revela fundamental para cualquier investigación ya no sólo sobre la resistencia armada antifranquista, sino en cuanto a la represión ejercida por los alzados y por la dictadura de manera “legal”, como son los procesos abiertos por la justicia militar en cada uno de sus tribunales7. Ya desde finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, en trabajos que tocaban de manera lateral la cuestión de la resistencia comienza a vislumbrarse ese cambio y la importancia que a partir de ese momento tendrá esta fuente para quienes requieran información sobre la represión de los vencedores en la guerra8. Desde entonces, han sido un gran número de investigaciones las que han contado con esta documentación fundamental, pero prácticamente ninguna ha utilizado la misma para ofrecer un estudio analítico profundo sobre la realidad social de la resistencia. Sin embargo, esta documentación se ha utilizado para continuar con el relato de batallas y actos violentos en lugar de plantear estos análisis anteriores. En cuanto a los esquemas y análisis organizativos, planteamientos y objetivos propios de la guerrilla, relaciones entre grupos guerrilleros y/o con organizaciones políticas, formas y zonas de actuación, etc. continuamos con los mismos planteamientos que en los años 80 Serrano y Heine habían planteado, pero con la diferencia de que esta documentación nos permite profundizar en ello, ya que gran cantidad de documentación oficial de los

representativos de estas serían: (Reigosa, 1989, 1992, 1995; Ferreras Estrada, G. 2002; Macías, S. 2005; Martínez López, 2002; Neira Vilas, 1991). 6 En concreto, de los 50 años establecidos por la ley de acceso a los archivos de los tribunales militares. 7 Por ejemplo, en Galicia en el período 40-50 nos encontramos con los siguientes tribunales de manera estable: Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Ferrol, A Coruña, Vigo y Pontevedra. 8 Las obras de las que hablamos son las obras de Prada Rodríguez (2004) y Mº Jesús Souto Blanco (1999), que abordaron el alzamiento y la represión en las provincias de Ourense y Lugo, respectivamente, durante los años de la guerra civil.

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grupos guerrilleros la hemos recuperado a través de estos procesos militares 9 . Así mismo, nos permite cuestionarnos y poder analizar una cuestión fundamental y de la que hasta hoy en día no teníamos constancia de su profundidad con tal concreción, como son las redes sociales de apoyo y sustento que reciben estos grupos de resistencia, a través de los cuales podremos observar cuáles son los procesos sociales que se viven en los primeros años del franquismo, analizar que parte o partes de la sociedad del momento apoyan al Régimen, a la resistencia o se mantienen en la zona gris de la que nos habla Scott, etc. De todos modos, sí que han aparecido algunas obras de especial relevancia y que han venido a cubrir, en cierto modo, estas deficiencias de los estudios anteriores y que, además, se convierten en referencias excepcionales para los investigadores por su aportación documental. Las obras de Máiz, Abad Gallego o Rodríguez Gallardo se presentan como obras novedosas y con aportaciones de relevancia. Eso sí, ninguna de ellas es una obra general en la que se analice el movimiento guerrillero en el Noroeste en toda su profundidad, sino que son aportaciones concretas, a una zona limitada, pero con especial repercusión. La temática, como decimos, es variada, encontrándonos desde la biografía de una de las protagonistas de la lucha armada y de la reorganización política en la provincia de Lugo (Rodríguez Gallardo, 2005), al análisis profundo y documentado de una zona concreta en todo el período 1936-1950 (Abad Gallego, 2005), pasando por una recopilación de las causas militares abiertas por el Tribunal militar de Ferrol entre los años 1936 y 1955 (Máiz Vázquez, 2004). Estos trabajos, además, son coetáneos con un momento decisivo y fundamental para los descendientes de los perdedores de la Guerra Civil como es el comienzo y desarrollo del proceso conocido como de recuperación de la memoria histórica. Este, que trae consigo un mayor interés por parte de la sociedad sobre el pasado reciente y la violencia derivada de la Guerra Civil, trae consigo un aumento considerable de las publicaciones y las investigaciones. Además, provoca en el campo de estudio de la resistencia armada antifranquista en León y Galicia una mayor regionalización y/o localización de estos estudios. Destacan, dentro de los estudios promovidos por diversos colectivos vinculados a este proceso, los centrados en muchos casos en el análisis que la importancia que la resistencia tuvo en determinadas regiones o comarcas, también una

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Uno de los escasos ejemplos sería una parte de la tesis de Ana Cabana, quien aborda un tema fundamental como es el análisis teórico de las redes de enlace al servicio de la resistencia clandestina. Ver Cabana Iglesia, (2006).

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cierta individualización de la lucha, hablando de protagonistas concretos de esta lucha armada (Otero Roberes, Sobrino Ceballos y Manuel Domínguez Ferro 2001; Marco 2006; Pereira Martínez y Freire Vilariño 2003). Estos, habitualmente, suelen ser trabajos cuyos objetivos y planteamientos no son los de ofrecer un análisis histórico de una realidad social como fue la lucha armada, sino el de relatar una serie de hechos, datos y/o personas de relevancia en un momento histórico concreto y los cuales fueron silenciados durante décadas por quienes utilizaron la violencia como método de control social. De todos modos, son estas microhistorias las que nos ayudan a comprender mucho mejor una historia más general, más amplia. Además, la labor de recopilación de testimonios, de consulta y publicación de la documentación relevante o la simple puesta en circulación de información, son siempre relevantes para cualquier ámbito de estudio y, como no podía ser de otro modo, también para la historia. Por tanto, como hemos tratado de articular, las investigaciones sobre la resistencia armada antifranquista en el Noroeste han ido variando con el transcurso de los años. En un primer momento, las obras de carácter estatal y con una clara ideologización política marcaron los últimos años de la dictadura y la transición democrática. Además, eran trabajos con una doble vertiente documental, como era la propia de la Guardia Civil y la propia de las organizaciones guerrilleras, según fuese su autor. Una segunda etapa, en la que ya sí observamos la regionalización propia de estos estudios desde entonces, se produce a través de una serie de jóvenes historiadores por aquel entonces, quienes optan por dar un paso más allá e investigar de manera concreta la importancia y el desarrollo propios de la resistencia en esta zona de Léon y Galicia. Sus obras, aún contando con relativamente poca documentación histórica, sí que contaron con un factor determinante para corroborar el valor y la importancia de sus obras, como son los testimonios directos de los protagonistas de los hechos. Estas obras, en muchos casos, siguen siendo referencia hoy en día. Esta fase prolífica dio paso a otra en la que las investigaciones abandonan el campo de la historia, siendo obras de memoria de diversa temática las que se impondrán durante un tiempo y que, aunque resulten valiosas para aportar algunos datos, no podemos calificar como obras analíticas y de interpretación de un proceso histórico. Además, esta fase podemos decir que, hasta cierto punto, se alarga en el tiempo con el nacimiento del proceso conocido como de recuperación de la memoria histórica que, entre otras muchas cosas, promueve la investigación y el conocimiento de nuestro pasado más reciente y silenciado. De todos modos, hay investigaciones que sí cumplen con las premisas de analizar y desgranar 410 

determinadas cuestiones sobre la historia de la resistencia armada en Noroeste del estado y que provienen de muy diversos ámbitos, no sólo desde la historiografía. Una reflexión sobre todo este proceso, podría llevarnos a la conclusión de que la importancia que las memorias orales tuvieron para la consolidación de obras de gran calado, se vieron contrarrestadas por la escasa documentación existente, mientras que el paso del tiempo cambió por completo las tornas, siendo muy escasas las aportaciones orales de primera mano y sufriendo un considerable aumento las fuentes para su estudio, como veremos10.

5. Nuevos planteamientos. La resistencia armada antifranquista como objeto histórico a analizar

En una última parte de este artículo, pretendemos realizar un acercamiento tanto documental como temático sobre el desarrollo que pretendemos en nuestra tesis doctoral. En primer lugar, como comentábamos anteriormente, la apertura de la documentación almacenada en los archivos intermedios de las diferentes regiones militares ha supuesto, pensamos, un antes y un después en el estudio de la lucha armada antifranquista. Podemos hablar de que para el período 1939-1955, en las cuatro provincias gallegas y en las zonas limítrofes de las provincias de León y Zamora, tenemos constancia de la existencia de alrededor de tres mil procesos judiciales con mayor o menor relación con este fenómeno de resistencia11. Además, su importancia no sólo reside en ese número, sino que a través de todo este volumen documental podemos detenernos en un análisis mucho más profundo de la importancia y la complejidad social que hay detrás de este movimiento. Una primera intención, basándonos en esta fuente de manera exclusiva, nos llevaría a un análisis tanto de las redes de enlace construidas por la guerrilla armada, como a los métodos y formas de actuación de la misma en relación a los distintos actos de violencia de los que tenemos constancia. También con la misma fuente, aunque no de manera exclusiva, nos llevaría a realizar un análisis de las propias organizaciones guerrilleras, en la que cuestiones como objetivos, 10

No son todas las que hemos mencionado, las investigaciones escritas hasta el momento. Sin embargo, sí pensamos que son las más representativas a la hora de establecer y observar los diferentes procesos. Además de las investigaciones a nivel regional, también han continuado apareciendo obras de carácter estatal u otras relacionadas con esta zona. Así mismo, congresos y ponencias han sido habituales en los últimos 10 años, también con publicaciones de importancia como resultado. 11 Hablamos tan sólo de las conocidas como causas militares. A este número habría que añadir las diligencias previas, los expedientes, las informaciones, etc.

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planteamientos teóricos de la lucha armada (planteamiento de alternativas políticas, influencia y/o relación con otras organizaciones políticas o de resistencia, etc.), planteamientos prácticos, etc. serían de análisis. Así mismo, otras fuentes también cobran una especial importancia, en muchos casos almacenada en fundaciones u entidades privadas y que nos aportan memorias o documentación de los protagonistas de la resistencia armada en esta zona y que nos servirá para ampliar el conocimiento y análisis de algunas partes del proyecto. Una segunda parte dentro del desarrollo de nuestra tesis doctoral y, quizá, el más novedoso (al menos así lo planteamos) es el de analizar de manera comparativa los campos planteados para la parte de la lucha armada en León y Galicia en su relación con el resto de movimientos europeos de resistencia a las invasiones y a las dictaduras de corte fascista en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. La organización principal en la que pretendemos centrar nuestro análisis, la Federación de Guerrillas de LeónGalicia, a través de la bibliografía antes reseñada, tenemos constancia de que tiene una serie de características diferenciadoras de la inmensa mayoría de organizaciones guerrilleras del resto del Estado. Desde su fecha de surgimiento, a finales del año 194112, pasando por cuestiones como su integrismo político13, las formas de actuación14, sus planteamientos teóricos, la base social de apoyo, etc., pensamos que la comparativa sea, cuanto menos, posible. El objetivo último para plantearnos esta perspectiva comparativa, parte de la hipótesis en la que planteamos que la resistencia armada antifascista 15 desarrollada por la Federación de Guerrillas de León-Galicia hay que englobarla dentro de los fenómenos de resistencia que se desarrollan en Europa durante esos años. Por tanto, en conclusión, planteamos en nuestra tesis doctoral un campo complicado, en el que muchas personas han investigado a lo largo de los últimos 40 años y en el que no resulta fácil obtener nuevos avances y nuevos planteamientos. Sin embargo, planteamos para nuestra tesis no sólo una mayor profundización en parte de la temática que se ha venido desarrollando hasta ahora, sino también una ampliación, la 12

Tomamos como fecha de creación la de la firma del primer reglamento que esta organización tendrá, fechado en diciembre de 1941 en la “Ciudad de la Selva”, en Casaio (Ourense). 13 En sus órganos de representación están buena parte de las organizaciones políticas de la izquierda antifranquista del momento y, en ocasiones, todas las mayoritarias (socialistas, comunistas y anarquistas) 14 Basadas en las formas de un ejército irregular, según denominación propia, el “Ejército de la República”. 15 Utilizamos el término fascista de manera literal, tal como lo hacían en su momento los propios escritos de la organización armada antifranquista, no como definición estricta del Régimen impuesto por los vencedores de la Guerra civil.

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que pretendemos realizar en base a las nuevas fuentes de información que hoy en día poseemos para el desarrollo de nuestra investigación. Así mismo, pensamos que el situar el desarrollo de la lucha armada ante una comparativa con el resto de resistencias antifascistas que se desarrollan en la Europa de la Segunda Guerra Mundial y que son coetáneas con la española16, nos aportará una visión mucho más amplia y más clara en cuanto a las diferentes hipótesis planteadas en el proyecto. Estas, centradas fundamentalmente en cuestiones no sólo de carácter y comportamiento político, sino que también pretendemos aportar el análisis social necesario para comprender los diferentes fenómenos políticos y sociales que se desarrollan a lo largo del siglo XX en el Estado español en general y en el Noroeste del mismo en particular.

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Y mucho más si nos centramos exclusivamente en la Federación de Guerrillas de León-Galicia, cuyo desarrollo podemos centrar entre 1941 y 1946.

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Editorial Siglo XXI. Serrano, S. (1989). Crónica de los últimos guerrilleros leoneses. 1947-1951. Valladolid: Ámbito Editorial. Máiz Vázquez, B. (2004). Resistencia, guerrilla e represión. Causas e Consellos de Guerra. Ferrol, 1936-1955. Vigo: A Nosa Terra. Marco, A., (2006) “Consuelo Rodríguez López, "Chelo": mulleres na guerrilla antifranquista”, en Andaina, nº 45, pp. 20-27. Martínez López, F. (2002). Guerrillero contra Franco. La guerrilla antifranquista de León (1936-1951). Otero Roberes, C., Sobrino Ceballos, J. y Domínguez Ferro, M. (2001), “Fuxidos na fraga, episodios da guerrilla antifranquista nas terras do Eume”, en Cátedra, nº 8, pp. 205-234. ISSN: 1133-9608. Pereira Martínez, C. y Freire Vilariño, I. (2003). “A Guerrilla antifranquista na Capela a través dunha familia : os Freire”, en Anuario Brigantino, nº 26, pp. 295-319. ISSN: 1130-7625. Pons Prades, E. (1977). Guerrillas españolas. Barcelona Planeta. Prada Rodríguez, J. (2004). Ourense, 1936-1939: alzamento, guerra e represión. Sada: Ediciós do Castro. Souto Blanco, M.J. (1999). La Represión franquista en la provincia de Lugo (19361940). Sada: Ediciós do Castro. Reigosa, C. G. (1989). Fuxidos de son. Vigo: Xerais de Galicia. Reigosa, C. G.; (1992). El regreso de los maquis. Madrid: Ediciones Júcar. Reigosa, C. G. (1995). La agonía del león. Madrid: Alianza Editorial. Rodríguez Gallardo, A. (2005). Letras armadas. As vidas de Enriqueta Otero. Santiago de Compostela: Fundación 10 de marzo. Vidal Sales, J. A. (1976). Después del 39. La guerrilla antifranquista. Barcelona: ATE. 414 

EL "INTELECTUAL COLECTIVO DE LA TRANSICIÓN" Y LA CUESTIÓN NACIONAL: DISCURSOS DE ESPAÑA EN EL PAÍS (1976- 1978)

David Sánchez Cornejo Universidad Autónoma de Madrid

Durante la transición a la democracia en España se produjo un vigoroso resurgimiento de la cuestión nacional y del debate sobre el modelo de organización territorial del Estado, problemas que se arrastraban desde la segunda mitad del siglo XIX y que el franquismo cerró en falso con su política nacionalizadora basada en una ideología excluyente y autoritaria y con una sistemática centralización del aparato estatal. Este debate también se reflejó en la prensa que, en el marco del paradigma modernista -modelo teórico predominante en la historiografía y la sociología recientes sobre el nacionalismo-, constituye un agente clave a considerar en los procesos de construcción y reelaboración de los discursos nacionalistas y de las identidades nacionales (Deutsch, 1966; Anderson, 1993). Pese a la competencia de los medios audiovisuales y, en especial, de la televisión, que ya habían privado a la prensa del papel preponderante del que disfrutó hasta bien entrado el siglo XX, durante los últimos años del franquismo se produjo una eclosión de revistas que reflejaban y alimentaban el cambio sociológico y las demandas de cambio político que se estaban produciendo en el país (Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Cambio 16, …) y, ya en la Transición, aparecieron nuevos diarios que continuaron esa tarea. Uno de ellos fue El País, cuyo primer ejemplar se publicó el 4 de mayo de 1976 y que, con su decidido apoyo al proceso democratizador, rápidamente se convirtió en el diario más influyente en la clase política y en el de mayor difusión en España, con unas ventas que alcanzaron una media de 296.000 ejemplares en 1982 (Seoane y Sueiro, 2004), llegando a ser definido como el “intelectual colectivo” de la Transición por el filósofo y entonces columnista habitual del periódico José Luís López Aranguren. Bajo la dirección de Juan Luís Cebrián El País también se convirtió en referente y portavoz de una nueva generación de españoles con nivel cultural medio-alto y caracterizados como la “progresía” de la época por sus actitudes políticas y estilo de vida, debido principalmente a los posicionamientos, a menudo transgresores, del periódico en cuestiones sociales y a una creciente afinidad 415 

con el PSOE en el debate partidista. Sin embargo, el perfil ideológico de los promotores del diario y de sus primeros accionistas era muy heterogéneo, englobando a algunas personalidades consideradas reformistas del franquismo como Manuel Fraga, y a intelectuales liberales seguidores de Ortega y Gasset -principalmente José Ortega Spottorno y Julián Marías-, quienes se irían apartando progresivamente de un diario cuya línea editorial evolucionaba en un sentido diferente al esperado por ellos, incluyendo también a algún representante de la izquierda no vinculado inicialmente al PSOE -como Ramón Tamames o Raúl Morodo- e, incluso, a nacionalistas periféricos como Jordi Pujol. Estos rasgos contextualizan una investigación acerca del discurso que El País adoptó durante la Transición respecto a la cuestión nacional en España, centrando la atención en el elemento central de este debate: la polémica definición de los conceptos nación y nacionalidad, sus posibles significados y su aplicación a la realidad española.

1. La posición inicial de El País: afirmación de la nación española y rechazo a las nacionalidades

Desde que planearon su creación en los últimos años del franquismo los promotores del periódico lo habían caracterizado como una “publicación de ámbito nacional”, bautizándolo como El País, un nombre que fue elegido por descarte de otras opciones pero que, tras la aparición del diario, fue interpretado desde otros medios como contrapunto progresista al término patria, cuyas connotaciones afectivas y su reiterado uso por la dictadura suscitaban el rechazo de quienes no se identificaban con el régimen (Seoane y Sueiro, 2004). Pero si, bajo el impulso de la oposición antifranquista, la creciente utilización del término país en el lenguaje habitual de la época desplazaba a otros que habían quedado marcados por su instrumentalización por la dictadura -incluyendo al mismo nombre España-, desde el comienzo de la Transición se produjo un debate político y cultural de más profundo calado en torno a los conceptos de nación y nacionalidad, sobre su significado y su aplicabilidad a España y a los territorios en los que existían fuertes nacionalismos subestatales. Si el régimen franquista había afirmado enfáticamente la idea de nación española en cuanto sujeto titular de la soberanía política y le atribuía unos rasgos culturales homogéneos, en las postrimerías de la dictadura no solamente los partidos nacionalistas subestatales que habían logrado sobrevivir a la 416 

política represiva dirigida contra ellos, sino buena parte de la oposición antifranquista que operaba en todo el Estado, lo concebían como un conglomerado de naciones/nacionalidades y regiones, lo que llevaba aparejadas unas exigencias de modificación sustancial de su planta política y una afirmación de su diversidad cultural y lingüística. Quedaban así en evidencia los efectos contraproducentes que para la nacionalización española tuvo su instrumentalización por el franquismo y las dificultades de la oposición cuyo referente era el Estado en su conjunto para reconstruir un discurso nacionalista de signo liberal o democrático, alternativo al nacionalismo de la dictadura y a los nacionalismos rivales del español. El País entró de lleno en este debate por medio de un resonante editorial publicado el 1 de septiembre de 1976, titulado “Autonomías y nacionalidades”, y motivado por la negativa del principal órgano de la oposición política catalana, el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, a acudir a una reunión convocada en Madrid por la plataforma opositora de ámbito estatal, Coordinación Democrática, siguiendo las consignas del entonces presidente de la Generalitat en el exilio Josep Tarradellas, que prefería una negociación directa y bilateral de las fuerzas políticas catalanas con el gobierno español para restablecer las instituciones catalanas de autogobierno. Tras criticar duramente esa decisión, el editorial fijó la atención en que “De repente, en este país hemos comenzado a hablar y escribir de las nacionalidades del Estado español”, un uso que el diario rechazaba apelando al repaso de “algunas nociones del bachillerato”. La argumentación desarrollada presuponía identificar nacionalidad con nación, e incluía una aguda crítica a los discursos nacionalistas objetivistas que, a diferencia de los voluntaristas -caracterizados por enfatizar el elemento de la voluntad política de la población-, fundamentan la existencia de una concreta nación en la mera presencia de determinados rasgos etnoculturales compartidos por el grupo en cuestión: “Si de lo que hablamos es de entes de derecho, resultado de una serie de pactos históricos, cuyo resultado es la soberanía plenaria y legítima, no existen en la Península Ibérica más que tres nacionalidades, a saber: España, Portugal y Andorra.” (Álvarez Junco, Beramendi y Requejo, 2005) Seguidamente, el editorialista se posicionaba abiertamente ante la connotación más polémica del término: “Si con la nacionalidad se propone el levantamiento de fronteras allí donde se den unas condiciones étnicas, lingüísticas, geográficas o históricas, Europa occidental puede generar en este momento más de un centenar de nacionalidades”. 417 

Siendo el elemento central de cualquier discurso nacionalista -ya sea voluntarista u objetivista- que "la nación se concibe siempre como un sujeto colectivo de soberanía legítima" (Álvarez Junco et al., 2005, p.p. 91-92), siendo una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana (Anderson, 1993, p. 23), El País asumía claramente el postulado básico del nacionalismo español en su primera aproximación al tema. Pero el mismo editorial asumía también argumentos objetivistas del discurso nacionalista español tradicional cuando, después de constatar que “antes de la España del siglo XV no existieron en este país nacionalidades de ninguna especie a menos que tengamos por tales a unas monarquías patrimoniales ajenas a las elementales líneas del Estado moderno”, consideraba que “La realidad del Estado español tiene quinientos años como entidad colectiva”. Se afirmaba, además, que “No se encuentran, […] precedentes de Estados modernos que hayan puesto a votación la integridad de su territorio ni de naciones que hayan regresado a la fórmula federal a partir de una situación unitaria clásica”, y se rechazaba que Cataluña pudiera ejercitar el derecho de autodeterminación de los pueblos incidiendo en la arbitrariedad de la elección del sujeto titular de tal derecho: “Si Cataluña fuera libre de optar, de espaldas a la realidad, por su autodeterminación ¿Por qué negar igual derecho al Ampurdán respecto de Cataluña? ¿Por qué negárselo a Figueras respecto del Ampurdán?”. El contenido y las formas de este editorial -que también aludía a “un periferismo disgregador, cantonalista y paleto”, pese a considerar al centralismo como “torpe y justamente odiado”, y apostar por “repartir la autonomía de regiones del Estado español”- provocaron respuestas de rechazo de diversas personalidades de la política y la cultura catalanas, también indignadas entonces por unas declaraciones a la revista París-Match del recién nombrado Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en las que este cuestionaba la relevancia del catalán y el vasco como lenguas de cultura. El 3 de septiembre El País publicó un nuevo editorial sobre el tema, en primera página y en versión bilingüe, titulado “Los países catalanes/Els països catalans”, en el que reiteraba los argumentos ya expuestos, expresando su desacuerdo con el término nacionalidad como “símbolo de nación-Estado”, y el día 4 el periódico publicó una aclaración al comienzo de la sección de Cartas al Director para intentar cerrar la polémica. Pero las reacciones adversas que ambos editoriales suscitaron se plasmaron en varios artículos de opinión –algunos de ellos publicados en El País- y cartas de lectores al director del periódico que, a su vez, reflejaban los planteamientos entonces

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dominantes en el catalanismo, y también entre amplios sectores de la oposición antifranquista. Terciaron en el debate intelectuales y políticos como Josep Benet, Jordi Maragall, Jordi Pujol, Juan Beneyto o Carlos Santamaría Ansa, cuyas réplicas al posicionamiento de El País tenían en común una expresa afirmación del carácter plurinacional del Estado español, sin llegar a definir en términos precisos el significado de tal diversidad nacional ni cómo habría de articularse políticamente1. Otros autores, como el historiador Jaume Sobrequés, incidieron en la acusación de coincidencia con los planteamientos franquistas de los editoriales del diario madrileño, mientras que el editor Carlos Barral y el abogado y político catalanista Miquel Roca respondieron al polémico editorial de El País afirmando enfáticamente la existencia de nacionalidades anteriores a la modernidad. Roca extrajo, además, una clara consecuencia política de su afirmación nacionalista al aludir al derecho de autodeterminación en el artículo publicado en Destino en su número de 9/15 de septiembre de 1976, expresivamente titulado "El país no es El País". No obstante, resaltaba que la concreción práctica de tal derecho elegida por los partidos catalanistas era la reivindicación autonómica en los términos establecidos por el Estatuto de 1932, atribuyendo a “los amigos demócratas de Madrid” la reivindicación de un Estado federal, y señalando que la plataforma de la oposición estatal, Coordinación Democrática, había asumido el término “nacionalidades” y lo recogía en su declaración constitutiva2. La generalización de una terminología propia de los nacionalismos subestatales entre buena parte de la oposición antifranquista también motivó, desde una perspectiva ideológica opuesta, un artículo de opinión publicado el 7 de septiembre en El País por Carlos Robles Piquer, diplomático y político vinculado a la derecha de Manuel Fraga, bajo el título “Falta una palabra”. La palabra en cuestión era España, sustituida o postergada en el lenguaje de los organismos unitarios de la oposición y de algunos de sus líderes más destacados -como Felipe González- por el término Estado español, compuesto por unas nacionalidades y regionalidades respecto de las cuales no era 1

Benet, J. (4 de septiembre de 1976). Desde Cataluña, con preocupación y tristeza. El País; Maragall, J. (12 de septiembre de 1976). Otra vez Cataluña: ¿Quien nos entenderá?. El País; Pujol, J. (2 de octubre de 1976). Nacionalismo no incompatible. El País; Beneyto, J. (7 de octubre de 1976). Estado y Nación. El País; Santamaría Ansa, C. (31 de octubre de 1976). En torno al nacionalismo vasco. El País. Recuperado de http://www.elpais.com. 2 Barral, C. (177/18-24 de septiembre de 1976). Refrescar el Bachillerato. Cuadernos para el Diálogo, p. 47; Roca, M. (9/15 de septiembre de 1976). El país no es El País. Destino, p. 17.

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infrecuente hacer alusiones a su posible autodeterminación. Robles Piquer expresaba así “la grave duda que muchos españoles albergamos de que la que creíamos ser una nación formada en varios siglos de vida y obra en común, resulte ser ahora un mosaico de naciones y no sólo de regiones”, situación que provocaría “un riesgo cierto para la convivencia futura” que debía ser conjurado por la oposición proclamando “su amor por una Patria común cuya organización es modificable, pero cuya unidad no puede ser puesta en tela de juicio”3.

2. El viraje hacia el consenso: España como “nación de naciones” El debate ideológico se mantuvo en los términos señalados hasta la celebración de las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, cuyos triunfadores fueron la heterogénea plataforma de partidos liderada por Adolfo Suárez (Unión de Centro Democrático) y el PSOE -ya entonces apoyado por El País-, mientras que la derecha liderada por Manuel Fraga (Alianza Popular) y el PCE quedaron muy por debajo de sus expectativas, obteniendo también representación parlamentaria diversas formaciones nacionalistas vascas y catalanas. Una vez constituido el nuevo gobierno de Suárez se inició el período constituyente, en el que una ponencia compuesta por siete representantes de las principales fuerzas políticas elaboró un texto que sería sometido a sucesivos debates y modificaciones en las Cortes, siendo precisamente la cuestión nacional y, singularmente, la inclusión del polémico término nacionalidades en el artículo segundo del texto la que originó los debates más ásperos. Inicialmente El País no se posicionó de forma explícita sobre esta cuestión, como había hecho en el editorial de 1976 -el director del periódico, Juan Luís Cebrián, ya había reconocido en una entrevista que le hizo el escritor Baltasar Porcel, publicada en los números de las dos últimas semanas de noviembre de 1977 en Destino, que aquel editorial había sido “desgraciado, sobre todo en el tono”-, pero sí lo hizo uno de los impulsores y colaboradores del diario, el filósofo Julián Marías, en varias páginas de opinión que dedicó a comentar el texto del anteproyecto elaborado por la ponencia constitucional publicado el 5 de enero de 1978. En su artículo del 15 de enero, titulado “Nación y “nacionalidades””, Marías censuraba que en el texto no se mencionase a la “Nación española”. El filósofo equiparaba esta omisión a una negación de dicha nación, 3

Robles Piquer, C. (7 de septiembre de 1976). Falta una palabra. El País. Recuperado de http://www.elpais.com.

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cuya existencia sostenía, frente a la “soberbia” o “inconsciencia” de los ponentes, apoyándose en argumentos objetivistas en la línea del editorial publicado dos años antes: la caracterizaba como primera nación de la historia -cuyo mítico comienzo retrotraía también al periodo de los Reyes Católicos, identificándola con la “Monarquía española”- y modelo para todas las demás naciones, y expresaba, como única referencia voluntarista en su discurso de afirmación nacional, un retórico deseo de “computar” la opinión de los españoles sobre la ausencia del término en el texto propuesto por la ponencia constitucional. Dicho texto incorporaba también, sin embargo, el término nacionalidades, que Julián Marías rechazaba abiertamente, señalando la discriminación que implicaría frente a unas regiones igualmente aludidas en la propuesta pero, sobre todo, alertando sobre el significado que se le pretendía dar “en el uso de algunos políticos y periodistas en los últimos cuatro o cinco años” como una comunidad social o política que conformaría una “subnación”. Dicho significado violentaría el uso lingüístico normativo del término en sus dos principales acepciones (Álvarez Junco et al., 2005, p.p. 33-36): “condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación” y “estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación”, lo que Marías atribuía tanto a una errónea interpretación de la obra Las Nacionalidades de Pi i Margall como a la importación de un impreciso significado que el pensador liberal británico John Stuart Mill había atribuido al término como designación de una comunidad4. El artículo de Julián Marías en El País provocó una polémica similar a la suscitada por el editorial de 1976 sobre el mismo tema, y se plasmó igualmente en diversas respuestas de intelectuales y políticos publicadas por el periódico. La primera de ellas provino del escritor catalán Maurici Serrahima -con quien Marías ya había mantenido una polémica sobre la identidad de Cataluña en 1967- a través de un artículo publicado el 22 de enero en el diario barcelonés La Vanguardia y titulado “Nacionalidad y nación”. Serrahima defendió la distinción constitucional entre unas nacionalidades “aspirantes a la autonomía” -a las que, sin embargo, atribuía “una personalidad política completa”

en base a criterios objetivistas, enumerados

canónicamente como la posesión de “una historia, una lengua, una cultura, un modo de ser propios”-, y unas regiones a las que negaba “una plena personalidad como pueblo diferenciado”, pese a contar con “características propias suficientes para distinguirlas de 4

Marías, J. (15 de enero de 1978). Nación y “nacionalidades». El País. Recuperado de http://www.elpais.com.

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las demás”. Pero el escritor equiparaba además el concepto nacionalidad al de nación, justificando la elección del primero de dichos términos en el texto constitucional en que supuestamente evitaría su polémica identificación con la idea de “Estado soberano”5. Serrahima reiteró sus argumentos a través de otro artículo que publicó el 9 de junio en El País bajo el título de “La nación catalana”, en el que defendía un significado del término nación que identificaba con el estatus de Cataluña anterior a la centralización borbónica y que no la equiparaba con el Estado, como habrían interpretado los “jacobinos”, lo que a su juicio permitiría integrar a Cataluña como una nación dentro del Estado español6. También el periodista y político mallorquín Josep Meliá, y Josep Benet -ya por entonces senador electo por Barcelona- publicaron sendos artículos en El País, en los que realizaban un gran despliegue de citas eruditas para intentar demostrar la antigüedad del uso del término nacionalidad dentro y fuera de España. Meliá afirmaba en el publicado el 31 de enero de 1978 con el título "Julián Marías y el concepto de nación" la sinonimia de nacionalidad con un concepto de nación concebida como “fenómeno étnico”, en contraposición al “fenómeno político” que constituiría el Estado, lo que le permitía caracterizar a Cataluña y Euskadi como naciones y eludir el problema del significado político del término, que era, sin embargo, el eje del debate sobre su inclusión en el texto constitucional7. Benet también asimilaba el término nacionalidad a las comunidades étnicas en su artículo "Sobre el término “nacionalidades”, aún", publicado el 30 de junio de 1978, pero lo distinguía de la nación, a la que definía como “estado político soberano e independiente”8. Por su parte el senador Joaquín Satrústegui publicó el 24 de enero en El País un artículo titulado “Nacionalidades y regiones”, en el cual rechazaba la “alarma” que Julián Marías habría suscitado con su crítica a la inclusión de las nacionalidades en el texto constitucional, asimilando el significado de las mismas a la acepción del término nación recogida en el diccionario de la Academia Española como “conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común” y no a su acepción política de “conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno”. Pero Satrústegui iba más lejos y hacía valer su 5

Serrahima, M. (22 de enero de 1978). Nacionalidad y nación. La Vanguardia, p. 7. Serrahima, M. (9 de junio de 1978). La nación catalana. El País. Recuperado de http://www.elpais.com. 7 Meliá, J. (31 de enero de 1978). Julián Marías y el concepto de nación. El País. Recuperado de http://www.elpais.com. 8 Benet, J. (30 de junio de 1978). Sobre el término "nacionalidades", aún. El País. Recuperado de http://www.elpais.com. 6

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condición de miembro de la Comisión Negociadora de la Oposición Democrática o “Comisión de los nueve”, que agrupaba a las principales fuerzas de la oposición antifranquista -incluyendo a nacionalistas catalanes, vascos y gallegos- hasta 1977, para definir el significado político que había que otorgar a las nacionalidades, señalando que, en un documento interno suscrito por dicho organismo, el proclamado “carácter plurinacional y plurirregional (sic) de España” se relacionaba con una exigencia de “descentralización del Estado”, que “las nacionalidades vasca, catalana y gallega” materializaban en el “pleno restablecimiento” de los estatutos republicanos o la recuperación de “mecanismos institucionales” tradicionales de esos territorios9. También terció en la polémica el filólogo Antonio Tovar con el artículo “Nacionalidades”, publicado el 8 de abril en El País, en el que aludía al origen de los conflictos nacionalistas en España, vinculado a “nuestra tradición de centralismo relativamente tardío, no intentado de modo sistemático hasta el siglo XVIII, y también a la ineficacia de nuestro Estado liberal, que no creó una escuela pública “nacional” (y, por de pronto, muy insuficiente) hasta 1903”, lo que anticipaba planteamientos sistematizados posteriormente por historiadores como Borja de Riquer o José Álvarez Junco para articular la tesis de la débil nacionalización española en el siglo XIX. Si Tovar creía que en una Europa unida se podría resolver el “problema de las “regiones””, ante la dificultad de tal empresa asumía que en España “la única solución no está en la imposición, sino en los pactos, la política, los arreglos y las transacciones”, y discrepaba de la oposición de Julián Marías al término nacionalidades considerando que no era una palabra “más peligrosa que otras”, una afirmación que respaldaba con el ejemplo del reconocimiento de diversas nacionalidades en la, por entonces aparentemente sólida, Unión Soviética, para terminar reduciendo el problema político subyacente a la mejora de la “eficiencia del Estado” a través de las autonomías10. Si en los artículos anteriores la defensa del término nacionalidades implicaba eludir o minimizar el significado político de estas, el senador catalanista Alexandre Cirici resaltó dicho significado en su artículo “Sobre el tema nacionalitario (sic)”, publicado también por El País el 25 de febrero de 1978. El senador nacionalista caracterizaba a Cataluña como nación tanto en sentido étnico como político desde la Edad Media, y afirmaba que “de 1714 a 1931, Catalunya fue una entidad nacional

9

Satrústegui, J. (24 de enero de 1978). Nacionalidades y regiones. El País. Recuperado de http://www.elpais.com. 10 Tovar, A. (8 de abril de 1978). Nacionalidades. El País. Recuperado de http://www.elpais.com.

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incluida por un hecho de fuerza en el Estado castellano” y que “en 1931 la República dio por primera vez la oportunidad a los catalanes de integrarse voluntariamente en un Estado común, junto a los otros pueblos peninsulares”. Cirici señalaba así su aspiración de articular España como un Estado plurinacional “nacido no de la imposición, sino de la libre decisión de las naciones que están en él”. Consideraba, en cambio, la aplicación a Cataluña del término región como “un insulto”, al concebirlo como un “nombre puramente geográfico, no político”, pese al precedente de la Constitución republicana de 1931 -que permitía el acceso a la autonomía de las Regiones de un Estado integral- y del Estatut de Núria de 1932 -que definía a Cataluña como región autónoma- (De la Granja, Beramendi y Anguera, 2003)11. Julián Marías respondió tempranamente a sus críticos en otro artículo publicado el 29 de enero en El País, titulado “El consenso”, en el que reiteraba sus argumentos contra la incorporación del término nacionalidades al texto constitucional, pero introducía una sugerencia para satisfacer a los disconformes con la mera mención a las regiones: añadir el término países, que el filósofo consideraba “una palabra estrictamente circunstancial, cuya significación es concretada por el contexto” y a la que atribuía una aceptación social evidenciada por el uso habitual de expresiones como “País Vasco”, “País Valenciano”, o Països Catalans. Marías, que era también senador por designación real presentó y defendió una enmienda en idéntico sentido en la cámara alta que, pese a su razonable argumentación, no prosperó (Sánchez Cornejo, 2003). Pero en este artículo criticaba especialmente que “se considere mérito de una Constitución su ambigüedad, es decir, que pueda ser semillero de constantes disputas, que no haya manera de saber si algo es anticonstitucional o no”, y que fuera interpretado como consenso el hecho de que el texto elaborado por la ponencia constitucional “no le guste a nadie”12. Tal posición chocaba con la opinión dominante del momento, que vinculaba las actitudes dogmáticas susceptibles de

dar lugar a imposiciones y “trágalas”

constitucionales con experiencias históricas traumáticas (singularmente la Segunda República y el régimen franquista) cuya repetición se deseaba evitar, lo que favorecía que los grandes debates del periodo constituyente se fueran canalizando a través de negociaciones, pactos y cesiones recíprocas entre unas fuerzas políticas muy heterogéneas en sus planteamientos ideológicos y en su grado de representatividad. 11

Cirici, A. (25 de febrero de 1978). Sobre el tema nacionalitario. El País. Recuperado de http://www.elpais.com. 12 Marías, J. (29 de enero de 1978). El consenso. El País. Recuperado de http://www.elpais.com.

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El País recogió las posiciones políticas de partida organizando en su sede un debate sobre diversos aspectos del texto presentado por la ponencia constitucional, y el 8 de febrero de 1978 publicó el titulado ““Nación” y “nacionalidades”, problema delicado en el anteproyecto constitucional”. Para dicho debate reunió a diversas personalidades de la política y la cultura, pero sin incluir a representantes de los nacionalismos subestatales. En este debate el jurista Manuel García Pelayo y el diputado de AP Gonzalo Fernández de la Mora propugnaron seguir la tradición constitucional autóctona, en el sentido de que el nuevo texto aludiera a la nación española y no meramente a España como titular del poder constituyente, aunque solo Fernández de la Mora se declaró abiertamente “contrario al término y al significado “nacionalidades” en la Constitución”. Por el contrario el diputado del PCE Ramón Tamames prefería el término España -alegando con argumentos históricos que era menos controvertido que nación española, y que había permitido que los estatutos de autonomía republicanos aludieran a regiones y no a nacionalidades-,

mientras que el filósofo Elías Díaz

abogaba por una alusión al pueblo español en vez de a una nación “de la que, por otra parte, salen y han salido nada beneficiosos nacionalismos”. Ambos coincidían con el jurista Alfonso de Cossío en defender la inclusión del término nacionalidades en la Constitución por razones de conveniencia política y asumían apriorísticamente también su compatibilidad con “la nacionalidad común española”. El País organizó otro ciclo de debates sobre el anteproyecto constitucional que reunió a expertos constitucionalistas y políticos de diversas tendencias -incluyendo en este caso a nacionalistas periféricos-, y publicó el 15 de febrero el referido a la organización territorial del Estado: “Consenso sobre la necesidad de las autonomías y la descentralización”. Este debate también reflejó la disparidad de planteamientos existente respecto a los polémicos conceptos nación y nacionalidad y su significado en el texto constitucional ya que, mientras el jurista Juan Ferrando Badía criticaba un uso de ambos en la norma fundamental y recordaba que “según la doctrina clásica, toda nación tiene derecho a convertirse en Estado”, el nacionalista vasco Javier Arzallus valoró la presencia de las nacionalidades en el anteproyecto como “acertada y progresiva” y, sin llegar a definirlas, reclamaba una “renovación del pacto foral” suscrito por “los vascos” con “los monarcas absolutos”, mientras que otro jurista, Gumersindo Trujillo, admitía el concepto de nacionalidad, que definió en términos imprecisos como “el deseo de un pueblo que no está organizado como nación y aspira a

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tener personalidad política”, criticando en cambio que “al proyecto le faltan cautelas jurídicas ante posibles intentos separatistas”. Tal diversidad de posiciones se correspondía en buena medida con las de las fuerzas políticas en los debates parlamentarios sobre la definición constitucional de España. En ellos, tanto Alianza Popular como algunos partidos nacionalistas periféricos equiparaban los conceptos de nacionalidad y nación y les atribuían su contenido de comunidad política soberana, lo que servía al partido de la derecha para exigir la incorporación al texto de la nación española y la supresión de la referencia a las nacionalidades, y a los nacionalistas subestatales para proponer lo contrario. Por su parte, los partidos de izquierda y la mayoría de los parlamentarios de UCD asumían la referencia constitucional a las nacionalidades pero, a raíz de la fortísima contestación que suscitaba, fueron elaborando una construcción doctrinal ad hoc que las integraba como “naciones culturales” definidas con criterios objetivistas y privadas de contenido político dentro de una nación española sustentada en similares criterios, a la cual, sin embargo, se atribuía la titularidad de la soberanía y cuya unidad e indivisibilidad fueron enfáticamente proclamadas como fundamento mismo de la Constitución. Esta construcción teórica -cuya inconsistencia y contradicciones internas han sido resaltadas por Bastida (1998)- pretendía integrar planteamientos nacionalistas radicalmente antagónicos, y fue recogida finalmente en el artículo segundo de la norma fundamental con el apoyo de la mayor parte del arco parlamentario, pero motivó la abstención o el voto en contra del texto constitucional de algunos representantes de AP y nacionalistas periféricos, siendo valorada por el propio ponente constitucional Jordi Solé Tura como “una verdadera síntesis de todas las contradicciones existentes en el período constituyente” y como “un auténtico empate entre concepciones diferentes de la nación española” (Solé Tura, 1985, pp. 100-101). Al igual que dicho ponente, El País sintetizó esta contradictoria definición constitucional en la fórmula “España, “nación de naciones”“, título de un artículo publicado el 19 de noviembre de ese año dentro de una serie que trataba de explicar el contenido de la nueva norma fundamental, y en el que señalaba también que la incorporación del término nacionalidades “no sólo rompe, por lo demás, con la legislación centralista del franquismo, sino que supera la propia organización territorial delineada por la Constitución de la República de 1931”. Para entonces el diario había cambiado radicalmente su propio discurso inicial sobre la cuestión nacional, como explicitó en su editorial de 14 de mayo de 1978, titulado “Nación, nacionalidades y regiones”, y en

el que El País apoyaba 426 

abiertamente la incorporación de las nacionalidades al texto constitucional en los términos consensuados por las fuerzas políticas mayoritarias. Se afirmaba así que “Los argumentos filológicos sobre el término “nacionalidades” pertenecen al campo de la discusión académica y carecen de relevancia a la hora de debatir cuestiones políticas”, justificando el polémico término en que “catalanes y vascos vienen utilizándolo para designar a sus propias comunidades históricas, caracterizadas por un idioma, una cultura, un sentimiento de identidad colectiva y una voluntad de lucha para hacer valer sus reivindicaciones”. Se criticaban, por el contrario, “los recelos y las susceptibilidades” que explicarían el acompañamiento de los adjetivos “indisoluble” e “indivisible” a la mención de una unidad de España que el periódico concebía como “un hecho que no necesita retórica para mostrar su evidencia”, puesto que: “siglos de convivencia en común, la existencia de un mercado qué proporciona salidas protegidas arancelariamente a la producción de la periferia y mano de obra barata a sus industrias, y la constante acción unificadora de la Administración en todas las áreas de la vida ciudadana valen más que un millón de palabras”.

De acuerdo con su nuevo discurso El País descalificaba la postura de AP, identificándola con “los nostálgicos del franquismo” que “siguen siendo incapaces de reconciliarse con los hechos y de comprender los fenómenos históricos y sociales a cuya represión contribuyeron durante largos años”, así como la del Partido Nacionalista Vasco, al que reprochaba su “doble alma”:

“si la razón les enseña que el independentismo es una perspectiva ilusoria y -desde la aparición de ETA- la consigna movilizadora de sus más enconados enemigos políticos, el temor a perder base electoral les hace retroceder a la hora de llevar hasta las últimas consecuencias su postura”.

De este modo El País confirmaba un giro completo de su discurso sobre la cuestión nacional desde unas posiciones iniciales de clara afirmación de una idea de nación española única en cuanto comunidad política soberana a la asunción del modelo constitucional de España como “nación de naciones”, en aras de un consenso que, sin embargo, dicha contradictoria definición no ha podido suscitar hasta la actualidad.

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Bibliografía Álvarez Junco, J., Beramendi, J., y Requejo, F. (2005). El nombre de la cosa. Debate sobre el término nación y otros conceptos relacionados. Madrid: CEPC. Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica. Bastida, X. (1998). La nación española y el nacionalismo constitucional. Barcelona: Ariel. De la Granja, J. L., Beramendi, J., y Anguera, P. (2003). La España de los nacionalismos y las autonomías. Madrid: Síntesis. Deutsch, K. (1966). Nationalism and social communication. An inquiry into the foundations of nationality. Cambridge, Mass.: The MIT press. Sánchez Cornejo, D. (Noviembre 2003). Los senadores reales y el debate sobre la organización territorial del Estado en los trabajos parlamentarios de la Constitución de 1978. La Transición a la Democracia en España. Historia y fuentes documentales, Guadalajara. Seoane, M. C., Sueiro, S. (2004). Una historia de El País y del Grupo Prisa. Barcelona: Plaza&Janés. Solé Tura, J. (1985). Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación. Madrid: Alianza.

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COMUNISTAS Y SOCIALISTAS EN LA TRANSICIÓN CHILENA: ANÁLISIS DE SU COMPORTAMIENTO POLÍTICO (1973-1990) Sebastián Sánchez González* Universidad Autónoma de Madrid

1. Introducción

El Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS) fueron los dos ejes articuladores más importantes de la coalición de izquierda conocida como Unidad Popular (UP) que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile en 1970. Luego de su derrocamiento a través de un golpe militar en 1973 ambos partidos entran en una crisis que termina por estallar a comienzos de los años ochenta. Tanto en el exilio como dentro del país, ambos partidos comienzan a reestructurarse y organizarse para derrotar a la dictadura. En este proceso buscamos analizar los comportamientos políticos de ambos partidos identificando sus diferencias estratégicas, tácticas e ideológicas para comprender su rol en el proceso transicional, en el que se evidencia un distanciamiento claro en comparación al período de la UP, que dará origen a la coalición de centroizquierda

conocida

como

Concertación

encabezada

por

socialistas

y

democratacristianos, mientras el PC quedará excluido de estos pactos quedando confinado a lo que se conoció como izquierda extraparlamentaria. En primer lugar, al analizar la historia comparada de comunistas y socialistas se hacen evidentes dos tendencias dentro de su relación: la cooperación y el conflicto1. Uno de los últimos ejemplos de cooperación comunista-socialista lo encontramos en la Unidad Popular, que luego de su derrota en 1973 dará paso a una crisis global de la izquierda originando virajes y redefiniciones en el ámbito teórico, ideológico y político, modificando sus comportamientos estratégicos y tácticos. El presente trabajo busca elaborar una hipótesis de trabajo sobre los comportamientos políticos de comunistas y socialistas en el proceso transicional *

Máster en Historia Contemporánea, UAM. Profesor de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. 1 Se constatan dos períodos de intensa discordia entre estos partidos antes de 1973 en los períodos 19321935 (a partir de la República Socialista y el segundo gobierno de Alessandri) y 1941-1956 (quiebre del Frente Popular, Ley de Defensa de la Democracia). Por otra parte encontramos tres momentos de cooperación expresados esencialmente por pactos de tipo político-electoral: el Frente Popular (19351941), el Frente de Acción Popular (FRAP 1956-1969) y la Unidad Popular (UP 1969-1970).

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chileno, para comprender el distanciamiento del pacto histórico socialista-comunista y su cambio por la alianza del PS con la Democracia Cristiana que dará origen a la Concertación como coalición gobernante en la postdictadura y a la generación de una izquierda extraparlamentaria encabezada por el PC. Para comprender el quiebre de la izquierda chilena consideramos necesario analizar cinco factores explicativos tanto en el plano nacional como internacional. a) Los análisis de la derrota de la Unidad Popular y las discusiones sobre la vía violenta-armada al socialismo. b) El viraje del PC hacia la Política de Rebelión Popular de Masas. c) El quiebre del Partido Socialista y el proceso de “renovación”. d) El proceso de crisis del modelo soviético y el “socialismo real”. e) El rol de la socialdemocracia internacional.

2. Los análisis de la derrota del PC y la evaluación de la vía armada

Luego del 11 de septiembre de 1973 la izquierda sufrió un duro golpe. La vía chilena al socialismo había fracasado y junto con ella la izquierda entró en una crisis que no sólo se verificaba en la cruenta represión que sufrió en los años venideros, sino en un proceso de autocritica que la llevará a cambios sustantivos tanto en el ámbito teórico-ideológico como político. Unos de los primeros factores que pretendemos analizar son los análisis de la derrota donde sobresale la evaluación de la vía armada por ambos partidos, presentándose como un factor de cambio en las colectividades del PS y el PC. En el caso del PC, en el primer período que siguió al golpe de Estado la culpa de la derrota se le arrogaba a la ultraizquierda que encabezaba el MIR, gran parte del Partido Socialista, el MAPU que dirigía Oscar Garretón y un sector de la Izquierda Cristiana. Estos primeros análisis del Partido Comunista eran consecuentes con su visión estratégica afincada en el gradualismo y la democracia, que desde los años treinta había configurado en los comunistas una cultura política legalista alejada de la vía armada como camino al socialismo. En esta perspectiva señalaban como causas del golpe al accionar de la ultraizquierda y su política extremista, la que junto con las conspiraciones de la derecha y del gobierno norteamericano habían motivado el desplazamiento hacia la oposición a amplias capas de la ciudadanía inclinando a su vez a las FF.AA hacia la contrarrevolución (Corvalán Marquéz, 2001). 430 

A partir del mencionado diagnóstico el PC postuló una adicional ampliación de las alianzas. Propuso la formación de un gran Frente Antifascista del que debían formar parte la izquierda y los democratacristianos, e incluso aquellos sectores de la derecha que estuvieran dispuestos a actuar en contra de la dictadura. Una propuesta como ésta que incluía izquierda, centro y derecha era posible dado que el propósito del Frente Antifascista era la restauración de la democracia. Esta táctica refleja el horizonte estratégico del PC en la defensa primordial de la democracia, no sólo para derrotar la dictadura sino para cualquier construcción de socialismo. No obstante, a pesar de estos análisis iniciales, en la primera reunión del Comité Central en agosto de 1977 en Moscú, los análisis de la derrota se orientaron principalmente hacia el problema militar, siguiendo una tendencia del movimiento comunista soviético de la época. Como lo señala Luis Corvalán (1997, p. 193), secretario general del PC entre 1958 y 1990:

“Cuando salí al exilio, en Moscú estaba en boga la opinión de Leonid Ilich Brezhnev acerca de por qué había sido derrocado el gobierno de Allende. “Toda revolución debe saber defenderse” había dicho el Secretario General del Partido soviético. Estas palabras sonaban como una explicación sencilla y clara de nuestra derrota. Las habían hecho suyas los dirigentes comunistas chilenos que allí residían. Yo también las hice mías, más o menos mecánicamente, irreflexivamente. Después me di cuenta que, como más tarde escribiera Rodney Arismendi, no basta con que las revoluciones sepan que deben defenderse, sino también cómo defenderse y que puedan defenderse”.

Estas reflexiones iban encaminadas a lo que después será denominado el “vacío histórico” en la política del PC, que implicaba la carencia de una posición en el terreno militar. El Partido Socialista, por ejemplo, contaba con la experiencia de las Milicias Socialistas en los tiempos del Frente Popular. Por el contrario, el PC sólo había comenzado a preocuparse débilmente de la preparación militar a mediados de los años sesenta y con mayor seriedad en el gobierno de la Unidad Popular2. 2

En 1963 el PC considera que sus enemigos políticos podían recurrir incluso a las armas para recuperar sus posiciones en caso de una victoria de la izquierda, por lo que ese año comenzaron a preparar militarmente a miembros del Partido. Se constituyeron entonces los llamados Grupos Chicos compuestos cada uno por no más de cinco militantes. Sus miembros, que fueron alrededor de mil según cifras de Corvalán, aprendieron a manejar armas automáticas de distinto tipo y adquirieron conocimientos de táctica y estrategia militares. También se constituyeron las Comisiones de Vigilancia de las que formaron parte más o menos dos mil militantes que sabían manejar armas cortas y se prepararon para la defensa personal, la lucha callejera así como la custodia de locales y dirigentes del PC. También se llegó a

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En suma el gran cambio en el PC comenzó a gestarse el año 1977 en el pleno del Comité Central celebrado en Moscú en agosto de ese año. Los principales lineamientos de este pleno quedaron contenidos en el informe del secretario general Luis Corvalán (1982) titulado “La revolución chilena: sus grandes méritos y las causas de su derrota”. En este texto el PC comienza a deslindarse explícitamente de algunas de las principales tesis de la vía chilena al socialismo y del programa de la UP defendidas por ellos y Salvador Allende, inclinándose cada vez más a la explicación del vacío histórico en la política militar del PC y evaluando la posibilidad de una vía armada, que era completamente contraria a su ethos político histórico. De hecho en las conclusiones del informe se plantea que:

“el concepto de correlación de fuerzas favorable es, entonces, más rico y más complejo. Comprende también la moral de combate, el nivel de organización, la capacidad de movilización, la homogeneidad del pensamiento de la coalición y, obviamente, de una manera relevante, el componente militar” (Corvalán, 1982. p. 177).

Estos análisis desembocan finalmente en un viraje del PC a través de una estrategia denominada Política de Rebelión Popular de Masas que buscaba una salida rupturista a la dictadura luego de 1980.

3. El viraje del Partido Comunista: La Política de Rebelión Popular de Masas

El golpe de Estado de 1973 no sólo marcó el fracaso de la Unidad Popular, sino también el fracaso de una estrategia heterodoxa del Partido Comunista Chileno que había venido elaborando por décadas, impulsando una vía gradualista, etapista e institucional con altos componentes de legalismo que caracterizaron la historia del PC. Esta estrategia combinaba la transformación del Estado desde su interior mediante su democratización permanente, en conjunto con cambios estructurales de la economía y la potenciación de sujetos populares, en el marco de amplias alianzas bajo la forma de la lucha no armada (Corvalán Marquéz, 2001). De hecho, los más claros ejemplos tácticos

disponer de una cantidad limitada de armas, pero por supuesto todo ello era marcadamente insuficiente para enfrentar el levantamiento militar que derrocó a Allende en 1973. Véase Corvalán (1997).

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de esta estrategia de los comunistas chilenos fueron el Frente Popular, el FRAP y la UP la que posteriormente sería llamada la “vía chilena al socialismo”. Por el contrario los análisis del “vacío histórico” comenzaron a generar un viraje hacia tácticas insurreccionales propias de una vía armada y una salida rupturista. Por esta razón comienza a analizarse la opción militar para derrocar a la dictadura de Pinochet3. Siguiendo estas nuevas directrices se planteó el derecho a la rebelión del pueblo utilizando “todas las formas de lucha” incluyendo la violencia aguda para desestabilizar al régimen militar. A raíz de estos planteamiento el PC intentó llenar el “vacío histórico” de su política militar a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una suerte de brazo armado del PC, que desarrolló una política militar activa con capacidad operativa en una línea insurreccional que se denominó “Sublevación Nacional”. No obstante, esta política fracasó con el atentado fallido a Pinochet en 1986 y el descubrimiento de arsenales en el norte junto con el desbaratamiento de las operaciones de internación de armas y la Operación Albania. No obstante esta anomalía dentro del comportamiento político del PC al plantear “todas las formas de lucha” terminará en una escisión histórica dentro del comunismo chileno, donde “El Frente” comienza a actuar con autonomía respecto del Comité Central en 1987 (Álvarez, 2009). El viraje teórico, estratégico y táctico del PC que siguió luego del año 1977 y que se concretó con la Política de Rebelión Popular de Masas enunciada en 1980 colocaba la lucha por fuera y en contra del sistema institucional de la dictadura, reasumiendo el concepto de ruptura revolucionaria por sobre el proceso, lo que marca definitivamente el fin del predominio del gradualismo en el PC. De hecho, muchos aspectos del nuevo esquema teórico y táctico del PC hacían imposible la articulación entre socialismo y democracia, lo que difería de la vía chilena al socialismo y a sus concepciones anteriores a 1973. Es importante mencionar que el PC mantuvo tesis sobre la necesidad de establecer alianzas amplias incluyendo al centro, pero estas alianzas deberían darse dentro de la lucha multifacética planteada por la Rebelión Popular de Masas. Por supuesto esta suerte de involución que intentó armonizar la ortodoxia teórica con la práctica partidista resultó infructuosa planteándose como uno de los factores principales de la crisis del PC a finales de los ochenta que marcará sus tendencias al aislamiento que lo dejarán por fuera de la Concertación de Partidos por la Democracia. 3

Dentro de los argumentos del PC para una salida rupturista es importante señalar el proceso de institucionalización de la dictadura especialmente ejemplificado en la Constitución de 1980.

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El PC que había construido una cultura política legalista con una estrategia democrática y una táctica de alianzas dentro de la izquierda como una forma de llevar al socialismo por una vía no violenta, dio un giro que lo posicionó en las teorías y estrategias ortodoxas del marxismo de corte soviético. Lamentablemente este giro se dio en un contexto en el que el PS abandonaba el marxismo-leninismo y su ethos revolucionario afincándose más en las nuevas ideas provenientes del proceso que será conocido como “renovación socialista”, abandonando el proceso de izquierdización que una parte de sus dirigentes y militantes habían venido pregonando desde comienzos de los setenta. Es importante señalar que el aislamiento que sufre el PC en la transición se debe en gran parte a este aspecto de la validación de la lucha armada a través del FPMR. Aunque éste finalmente se escindiera del PC, proporcionó un argumento de peso para alejarlo de la nueva coalición triunfadora de la transición. Por otra parte no podemos dejar de considerar los principios de la Guerra Fría, en los cuales los comunistas no eran considerados parte de un proceso democrático. Más allá de que la Guerra Fría terminara en 1990, es importante considerar su efecto en la exclusión del PC chileno de la futura Concertación de Partidos por la Democracia. De acuerdo a lo anterior, la relación cooperación-conflicto entre comunistas y socialistas dentro del período de transición se vuelve un poco más difusa que en los momentos anteriores dado la división interna del PS que confluirá en la separación entre una corriente “rupturista” pro PC y una corriente “renovada” más cercana a la Democracia Cristiana. De hecho será esa ruptura la que marcará el escenario del período transicional de la postdictadura, donde se hacen evidentes los aspectos de conflicto dentro de los dos partidos, por una nueva diferencia ideológica que surge de la renovación socialista y que se erige como triunfante en el posterior proceso de unidad socialista en 1990.

4. Los análisis de la derrota del PS: El Secretariado Interior y el Secretariado Exterior hacia el quiebre de 1979

Hacia los años 1978 y 1979 el Partido Socialista pasaba por momentos complicados, no sólo por los efectos de la represión y el exilio, sino por la incipiente división entre los socialistas, fenómeno que incluso puede rastrearse incluso antes de la

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Unidad Popular, pero que a fines de los años setenta presentaba un nuevo cariz en cuanto a su viraje ideológico conocido como “renovación”. Es importante señalar que después del 11 de septiembre el Partido Socialista se había desmembrado sufriendo una escisión factual de la colectividad. De hecho, la represión intensificó las tensiones internas que ya se habían reflejado en el Congreso de Chillán de 19674. Prontamente luego del golpe de Estado, algunos dirigentes habían buscado asilo en embajadas y otros habían sido encarcelados o asesinados. El Comité Central trabajosamente se reconstituyó bajo la dirección de Carlos Lorca y Exequiel Ponce, logrando funcionar al interior del país. Al mismo tiempo se creó un secretariado exterior bajo la responsabilidad del secretario general Carlos Altamirano. Sin embargo, ni este secretariado ni el nuevo Comité Central fueron reconocidos por todos los militantes y dirigentes (Corvalán Marquéz, 2001). El secretariado interno y el secretariado exterior también tenían ideas distintas acerca de las causas de la derrota de la UP. El Comité Central emitió el llamado “Documento de Marzo de 1974” donde sostenía que las causas de la derrota habían residido en la ausencia de una real unidad socialista-comunista, sumado a que ninguno de los partidos obreros fue capaz de unificar a la izquierda y al pueblo. De acuerdo a este diagnóstico el documento de marzo propuso como objetivo generar un partido homogéneo, con ideología proletaria basada en el marxismo leninismo. Al mismo tiempo diseñó una estrategia para derrocar a la dictadura, para lo cual propugnó la creación de un frente antifascista de las fuerzas populares luchando por la democracia con una perspectiva socialista5, opción similar a la del PC en un primer momento. Por su parte, desde el exterior Carlos Altamirano realizó su propio diagnóstico en un libro que tituló “Dialéctica de una derrota” publicado en 1977. En él señalaba que la causa principal del fracaso de la UP había residido en la incapacidad de sus partidos miembros de prever el desenlace inevitable por la vía armada y la incapacidad de defender militarmente el proceso. A partir de este análisis Altamirano propuso una “estrategia de poder” orientada a una revolución de carácter socialista por la vía violenta. Sumado a esto propuso una “alianza táctica” de la izquierda con el Partido 4

En ese XXII Congreso del PS, se aprobó el uso de la “violencia revolucionaria”, haciendo directa alusión a la vía armada, al mismo tiempo que se escogía como secretario general al senador Aniceto Rodríguez quien se presentaba como el candidato más moderado del socialismo, situación que muestra algunas de las tensiones ya existentes dentro del partido. 5 Comité Central del Partido Socialista (1974). “Documento de Marzo (1974). Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria”. Cuadernos de Orientación y Pensamiento Socialista, 2 (2003). Recuperado de internet (http://www.salvadorallende.cl/Cuadernos/Cuadernos2.pdf).

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Demócrata Cristiano, distinguiéndola de la “alianza estratégica” que ponía en el centro a la unidad entre el PC y el PS como unidad de la clase obrera. A estos dos análisis principales se sumaban el de otros grupos socialistas más pequeños emanados del proceso de escisión y fragmentación del Partido luego del golpe de Estado. Entre los más radicalizados encontramos al grupo “La Chispa” y “Consenso” que responsabilizaban del golpe a la dirección reformista de la UP y del propio PS. Otros grupos socialistas menos estructurados vieron en la propia radicalidad del proceso impulsado por la UP la causa de la derrota, especialmente en cuanto no había sido capaz de establecer alianzas más amplias hacia el centro, por lo que propiciaban la recuperación de la democracia basándose en una unidad con el centro político representado por la Democracia Cristiana (Corvalán Marquéz, 2001). En 1975 la dirección interior compuesta por Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca y Exequiel Ponce había desaparecido a manos de la DINA de Pinochet dando un duro golpe al socialismo. En el extranjero, Carlos Altamirano seguía dirigiendo la “secretaría exterior” y en 1978 durante una conferencia socialista que se denominó “conferencia de Argel”, celebrada en Berlín por motivos de seguridad, Altamirano abandonó la postura de que Allende había sido depuesto debido a la ausencia de una “política militar” como había pregonado anteriormente. Además, en lugar de defender la clásica alianza de la izquierda con el PC, Altamirano creía ahora que los socialistas debían buscar un acuerdo a largo plazo con los democratacristianos de centro (Muñoz, 2009). Las nuevas ideas expuestas por Altamirano generaron una pugna dentro del socialismo. Los nuevos líderes del secretariado interior no estaban de acuerdo con el diagnóstico de Altamirano y rechazaban la idea de aliarse con la democracia cristiana a expensas de los comunistas. Por esta razón, en abril de 1979 la dirección interior cesó a Altamirano como secretario general y le sustituyó por Clodomiro Almeyda dando origen al quiebre del Partido Socialista.

5. El quiebre de 1979 y el proceso de renovación socialista

En abril de 1979 la crisis que asolaba al PS estalló violentamente, cuando Clodomiro Almeyda apoyado por la dirección interior y un grupo mayoritario del PS reivindicó la definición marxista-leninista de la colectividad, la unidad comunistasocialista y las posiciones elaboradas en los plenos del Comité Central remontables 436 

hasta cierto punto a los planteamientos del Documento de Marzo de 1974 (Corvalán Marquéz, 2001). Por otra parte estaban los sectores que asumían lo que ya había sido definido como “renovación”. El Secretario General del Partido, Carlos Altamirano, intentando apoyarse en sectores de la socialdemocracia internacional apareció como el líder de esta posición, adhiriéndose a la idea de la convergencia de la “vertiente socialista”. Se produce entonces un enfrentamiento entre el llamado “PS Almeyda” y el sector renovado encarnado por el Partido Socialista de Chile llamado también “de Briones”, posteriormente “de Núñez” y finalmente “de Arrate”. Por supuesto también existían variadas agrupaciones más pequeñas que se irán plegando al sector renovado del partido (Suizos, PS XXIV Congreso, Humanista, MAS-USOPO) a través de los distintos grupos de Convergencia (Unitaria, Universitaria, Secretariado para la Convergencia, entre otras). Dentro de los socialistas que se encontraban dentro de Chile y que posteriormente formaran parte de la renovación socialista, destaca el “grupo de los jueves” encabezado por el sociólogo Enzo Faletto, en el cual participaban Ricardo Lagos Escobar, Ricardo Núñez, Luis Alvarado, Rodrigo Alvayay, Eduardo Ortíz y Heraldo Muñoz. Este grupo que se reunía en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Vector, discutía sobre la situación política del país, pero también realizó un nuevo análisis crítico a la derrota del gobierno de Allende, determinando sus fallas para desde ahí desarrollar una estrategia efectiva para enfrentarse a la dictadura, basándose en análisis concretos de la realidad de ese momento y no en conceptos ideológicos preconcebidos. Dentro de esos análisis se planteaba nuevamente que la radicalización del Partido Socialista fue en buena medida responsable de la caída de Allende (Muñoz, 2009). Por otra parte, la muerte, la represión y el exilio habían hecho que estos socialistas reevaluaran el valor del Estado de derecho, que algunos habían criticado en el pasado, oponiendo la “democracia formal” a la “democracia real”. Como señala Heraldo Muñoz (2009), en esa época muchos socialistas empezaron a leer la obra del filósofo político Norberto Bobbio, quien sostenía que quien estuviera comprometido con el cambio social debía defender ante todo el Estado de derecho, que sin duda debía ser enriquecido con nuevos contenidos, pero sin olvidar que si esos nuevos contenidos no se inscribían en las estructuras del Estado de derecho, estas acabarán convirtiéndose en un nuevo instrumento de desigualdad y de opresión. 437 

El proceso de renovación socialista también trajo consigo una problemática relacionada a la concepción orgánica del partido. Por un lado, el Documento de Marzo de 1974 postuló en su momento una concepción leninista del Partido, cuyo aliado natural era el Partido Comunista. No obstante, diversos sectores rechazaron esta opción por considerarla “apartista”, burocrática e incluso estalinista. Se le veía de hecho funcional a un tipo de socialismo autoritario y como expresión de influencia del PC sobre el PS. En contraposición se sostenía un concepto de partido laxo, conformado por distintas corrientes que llagaran a consenso, que integrara a diversos sectores progresistas y avanzados, relacionándose de manera nueva con los movimientos sociales. Enfatizaba a su vez las alianzas con el centro, especialmente con la Democracia Cristiana rompiendo el eje con el PC (Corvalán Marquéz, 2001). Por el contrario como señala Muñoz (2009) en sus memorias, algunos socialistas empezaron a defender estructuras de partido más abiertas, que fueran capaces de incorporar nuevos desafíos, además de la lucha de clases, como la igualdad de género, la protección del medioambiente y la descentralización del poder. En estos grupos principalmente intelectuales se produjo un gradual cambio en la problemática de su reflexión, que consistió en un reemplazo de los temas de la revolución y el socialismo por los de la recuperación de la democracia. En septiembre de 1982 se celebró en Francia el Seminario de Chantilly que significó un verdadero cambio en el perfilamiento político-ideológico de la renovación involucrando a todos los sectores socialistas renovados más el MAPU y la IC, pero al no existir aun un acuerdo entre estas fuerzas de izquierda, se decidió dar un paso a la formación de un Comité Político de Unidad, el que en septiembre de 1983, en meses posteriores al inicio de las protestas nacionales contra la dictadura militar, se transformó en Partido Socialista de Chile confluyendo en él el MAS-USOPO, el Grupo Convergencia 19 de Abril, el PS Humanista, el grupo de Los Suizos, un pequeño sector proveniente del PS Almeyda y una serie de intelectuales independientes. Además este grupo del Partido Socialista de Chile formó un Bloque Socialista donde participaba también el MAPU y la IC. Aunque posteriormente en 1985 gran parte de la dirección del MAPU-OC se integró al PS renovado (Corvalán Marquéz, 2001). Ideológicamente la renovación socialista traía consigo una ruptura con el viejo ethos revolucionario marxista y clasista del Partido, que todavía hacía suyo el PS Almeyda. Las nuevas formulaciones apuntaban a articular las ideas de democracia y

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socialismo6, asumiendo que el socialismo no era un tipo de sociedad, sino un proceso democratizador, que por lo tanto reemplazaba la idea de revolución por la de superación permanente de las contradicciones del capitalismo. Al mismo tiempo rompía el eje socialista-comunista y lo cambiaba por el eje socialista-democratacristiano con el fin de superar la división clásica del sistema político en Chile conocida como “los tres tercios”, con izquierda, centro y derecha compitiendo con proyectos distintos. Se conformaba entonces en 1983 la Alianza Democrática -antecedente de la posterior Concertación- compuesta por la Democracia Cristiana, el Partido Radical, la Izquierda Radical, los socialistas renovados y algunos ex miembros de partidos de derecha disidentes del gobierno militar. Mientras tanto los sectores del PS que no había entrado en el proceso de renovación, es decir, los dirigidos por Clodomiro Almeyda, conformaron con el PC, el MIR y otras fuerzas menores, el Movimiento Democrático Popular (MDP). A finales de los ochenta el sector renovado del PS no sólo había equilibrado a los almeydistas sino que los había superado. Uno de los aspectos que impulsó el crecimiento de los renovados fue la propuesta democratacristiana encaminada a conformar una concertación de partidos por la democracia que permitiera una salida pactada del régimen militar, que implicaba también un ofrecimiento al PS para formar parte de una futura alianza de gobierno. Paralelamente se producía el fracaso de la salida rupturista propiciada por el PC y los socialistas almeydistas. Finalmente en 1990 se llevó a cabo el Congreso de Unificación que logró volver a articular al PS renovado con el PS almeydista dando nuevamente origen a un único Partido Socialista de Chile que más que renovado había sufrido un cambio completo de identidad según lo sostiene Corvalán Marquéz (2001).

6. Los aspectos internacionales

Es importante señalar que tanto los análisis como los virajes de estos dos partidos, están influenciados por determinados aspectos internacionales como factores exteriores. Por ejemplo, las polémicas sufridas al interior del PS en el período 19731979 obedecían de algún modo a las realidades internacionales con que la dirigencia pasó a verse en contacto directo. En particular con las relaciones con la 6

Aunque estas ideas no eran reflexiones nuevas en la izquierda sino que pueden rastrearse por lo menos hasta los años treinta. Véase: Sánchez González (2008).

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socialdemocracia internacional y con el “socialismo real”. De hecho muchos dirigentes socialistas encontraron asilo en países del bloque soviético e incluso el Secretariado Exterior funcionó durante varios años en Berlín Oriental. Los dirigentes socialistas pudieron visualizar entonces de primera mano el estancamiento y crisis de la URSS, asumiendo que ese modelo era insostenible, fomentando la crítica de ciertos dirigentes del PS en la relación democracia-socialismo. Entonces la dirigencia del PS especialmente la del exterior comenzó a revalorizar algunas ideas de la socialdemocracia y a recepcionar otros elementos ideológicos como los del eurocomunismo entonces en boga. Como lo señala Jorge Arrate (1987), el impacto de estas ideas y el contexto de crisis del bloque soviético, sumado a los cambios producidos en Chile por la refundación capitalista llevada a cabo por la dictadura condujeron a muchos dirigentes socialistas en el exilio a la revisión del concepto unitario de la izquierda fundado en el eje PS-PC. En este contexto para muchos socialistas el Partido Comunista les pareció demasiado vinculado a un proyecto estilo soviético o “de socialismo real” y a todo aquello que parecía estar en crisis. Es importante señalar en este punto la convocatoria el año 1979 del senador socialista italiano Lelio Basso al que será conocido como “Seminario Ariccia I” organizado principalmente por el dirigente socialista Raúl Ampuero. En Ariccia se planteó la tesis de las dos izquierdas: la socialista y la comunista. La primera era caracterizada como democrática, nacional y autónoma, cuya expresión era el PS, pero extrañamente también otras organizaciones de la izquierda como el MAPU, la Izquierda Cristiana e incluso el MIR, que se caracterizaron por sus discursos e ideas violentas e insurreccionales. La otra vertiente era expresada por el PC y caracterizada como originada por la Revolución Rusa y estrechamente vinculada a la Unión Soviética. El seminario de Ariccia buscaba superar la dispersión de la vertiente socialista para fomentar la convergencia que permitiera crear un nuevo sujeto político que condujera a la izquierda. Para lograr esto buscaba la prescindencia de concepciones como el leninismo a la adhesión a ciertos paradigmas del socialismo real, por lo que buscaba deslindarse del PC redefiniendo sus relaciones con él y propiciando un acercamiento de los grupos socialistas a través de una Convergencia Socialista. Internacionalmente el crecimiento y fortalecimiento que tuvo el PS renovado a finales de los ochenta provino también del apoyo norteamericano, donde la presencia del embajador estadounidense en Chile Harry Barnes es indudable, y europeo a través de la Internacional Socialista y los cambios producidos en el PSOE y su llegada al poder 440 

en España7, los cuales propiciaban un tipo de salida pactada con el régimen militar que dará origen a la transición pactada, oponiéndose a la salida rupturista encabezada por el PC, a lo que se suma la crisis del socialismo real y el posterior derrumbe de la URSS y todo el bloque soviético.

7. A modo de conclusión

Con el golpe militar de 1973 se abrió un período de profunda crisis en la izquierda chilena que se manifestará claramente en los sectores de la renovación socialista, tanto del mismo PS como del MAPU y la IC que se integran a ellos. Por otra parte el PC abandona parcialmente su vía gradualista y legalista para propugnar todas las formas de lucha en contra la dictadura incluyendo la vía armada insurreccional. Sostenemos a nivel de hipótesis que son estos dos aspectos señalados, la renovación socialista y la Política de Rebelión Popular de Masas expresada en el XX Congreso del PC, las que marcan las controversias de ambos partidos en la transición chilena, tanto como su presencia dentro de la Concertación de Partidos por la Democracia en el caso del PS y la exclusión dentro del sistema electoral del Partido Comunista. Esto explica uno de los principales déficit de la izquierda actual en estos dos partidos: la cohesión y la cooperación. El Partido Comunista abandonó su estrategia encaminada a lograr el socialismo por una vía pacífica incorporando una táctica insurreccional ajena a su cultura política. Hecho que le pasará la cuenta dejando por fuera de la nueva coalición política que representa la Concertación, esto incluso cuando el Frente Patriótico se deslinde posteriormente del PC transformándose en autónomo. El viraje hacia “todas las formas de lucha” será un argumento de peso para excluir al PC de las nuevas coaliciones que propiciaban una salida pactada de la dictadura. Mientras el PS dio un viraje desde sus posiciones más extremistas (incluyendo los primeros análisis de Altamirano) hacia su proceso de renovación que revalorizaba la democracia como medio de construcción del socialismo. La buena recepción de las ideas socialdemócratas y de nuevos pensamiento en la teoría democrática como el de Bobbio hicieron del PS una colectividad mucho más cercana a una coalición con la DC, especialmente en el contexto de una transición

7

Por ejemplo es sabido el aporte financiero del PSOE al Partido Socialista en la transición.

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democrática que se había resuelto por la vía pactada. Mientras el PC sufrió un proceso involucionista que apostó por una salida rupturista que tenía muy pocas opciones como demostró su pronto fracaso y que lo dejaría marcado hacia proyectos y teorías que se derrumbaban junto con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, dejándolo sin aliados con peso político, sin teorías explicativas y sin proyecto político.

Bibliografía

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