Al sur del paraíso. Neoliberalismo y violencia social en Argentina (1976-2001)

Al Sur del Paraíso: marco crítico comprensivo de las formas de violencia
social en la Argentina entre 1976-2001.



Introducción: La Argentina: sociedad violenta.
La etapa iniciada en 1976 corresponde a una "formación de sociedad estatal
que asienta en la violencia su fundamento", que provisoriamente denominamos
el "estado neoliberal".

Se trata entonces de comprender la violencia social en tanto que concepto
de la teoría social, desarrollar un marco teórico que de cuenta del mismo y
sus implicancias y potenciales comprensivos de las transformaciones en la
relación estado-sociedad civil.

Dicho marco debe encuadrarse entonces en el período objeto de estudio del
presente proyecto y aportar una comprensión de las causas, características
y consecuencias del desarrollo de la violencia social en la formación
económica, social y política argentina
en dicho lapso.

Ello teniendo en cuenta que, dado el marco conceptual adoptado, la
violencia social es inevitable en un grado u otro en toda sociedad y más en
las formaciones económicas y sociopolíticas periféricas latinoamericanas,
dadas sus peculiares condiciones estructurales, históricas y culturales de
desarrollo. Sin embargo, el aumento de las distintas formas de violencia
social que se manifiestan en el período son relevantes para la
investigación dado que, como veremos, están relacionadas con la crisis de
legitimidad y con la brecha entre constitución real y constitución formal,
que constituyen supuestos teóricos de la misma.

Los esquemas narrativos de la historia reciente en lo político, lo social y
lo económico revelan un malestar socio cultural persistente que es síntoma
de una sociedad violenta.

Las narraciones sobre la transición democrática teniendo como momento
fundacional situado en la transición democrática iniciada en 1983 dejan
paso a análisis (más sobrios) de la historia reciente que arrancan del
punto de inflexión que significó la crisis del RSA Mercado Internista
Sustitutivo de Importaciones y la irrupción del autodenominado "Proceso de
Reorganización Nacional", entre 1975/1976. A partir de ahí se analizan los
drásticos cambios sociales producidos y sus secuelas para los procesos de
democratización, y la economía.

Se pasa entonces del análisis de la transición democrática a los intentos
de comprensión de una democracia adjetivada. Al mismo tiempo, esta nueva
secuencia narrativa aparece profundamente teñida por la constatación de la
violencia social del período


El hecho de ser la Argentina una sociedad violenta ha devenido entonces un
lugar común en los análisis socio políticos. Normalmente ellos se centran,
con destacables excepciones[1], en el drama de las violaciones masivas de
derechos humanos y sus consecuencias políticas y culturales. Más
recientemente, en la corrupción, las manifestaciones de la protesta social
y su criminalización, e incluso los estallidos sociales, entre otras formas
de violencia social. Pero más allá de lo visible y manifiesto es necesario
un enfoque crítico, complejo, relacional y abarcativo de las diversas
formas de violencia social.

Con ese fin hemos diseñado un marco teórico que nos permita visualizar en
el desarrollo de este informe las interrelaciones entre las formas de
violencia estructural, simbólico-cultural y directa en relación al régimen
social de acumulación y al régimen político como dimensiones fundamentales
de la relación estado-sociedad civil que entendemos como un complejo o
formación política. Al mismo tiempo, por el lado de la comprensión
relacional de la violencia social, entendemos que esta tiene ganadores y
perdedores y que la clase política argentina ha tenido corresponsabilidad
en la generación de la misma.



Marco teórico:

Violencia social: un marco comprensivo.

Existe un consenso universal acerca de esenciales condiciones que los seres
humanos deben satisfacer para lograr un mínimo sostén biológico,
psicológico y espiritual. Estas condiciones son las que se conocen como
"necesidades básicas humanas", de ahora en adelante, NBH. Las mismas se
clasifican en aquellas relacionadas con la supervivencia, las relativas al
bienestar, las constituyentes de identidad y por último, las de
libertad[2].

La sociedad en sentido amplio, abarcativo de las formaciones económica,
social y política y como veremos, en un determinado período histórico o
corte, los regímenes políticos y social de acumulación, entendidos aquí,
respectivamente, como las estrategias y el conjunto de instituciones que
vehiculizan la dominación sociopolítica y la acumulación de capital,
establecen una desigual distruibución y un diferencial acceso a los
"recursos" o "bienes públicos" que permiten satisfacer las NBH.

De esta forma se produce una relación entre grupos sociales que obtienen
más recursos (aventajados) y otros que obtienen menos recursos
(desaventajados)[3]. Grupos aventajados y desaventajados constituye una
clasificación genérica y relativa que deben especificarse de acuerdo a la
relación social específica y los grupos sociales concretos a analizar.
(clases y fracciones de clases, clase o elites políticas/ ciudadanía,
géneros, etc.).

Con el fin de detectar los procesos y relaciones que producen la violencia
social en el período examinado en la "formación" argentina, adoptamos un
concepto relacional y ampliado de violencia social que va más allá de los
hechos de violencia, estos es, la violencia personal, visible entre
personas o grupos.

¿Qué entendemos entonces por violencia social? La violencia, siguiendo a
Johan Galtung significa "un agravio o insulto inevitable a las necesidades
humanas básicas y más generalmente a la vida, disminuyendo el nivel real de
satisfacción de las necesidades por debajo de lo potencialmente posible.
Las amenazas de violencia son también violencia" [4].

Desde esta perspectiva, la violencia existe en las relaciones sociales
cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus
realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus
realizaciones potenciales. Cuando se aumenta o no se reduce la distancia
entre lo potencial y lo efectivo. Es decir, cuando se produce sufrimiento
humano objetivamente evitable.

El nivel potencial de realización es aquello que es posible con un nivel
dado de recursos y conocimientos. Si el conocimiento o los recursos son
monopolizados por un grupo o clase, o si se utilizan para otros propósitos,
entonces el nivel efectivo cae por debajo del nivel potencial y existe
violencia en el sistema. Es evidente que no se trata sólo del conocimiento
y los recursos en abstracto, sino de cómo se articulan en el flujo social
de la actividad humana. Cómo se producen y acumulan las capacidades y
medios de actuar. Cómo se definen, jerarquizan e imputan las necesidades y
sus satisfactores[5].

Nuestro objetivo entonces en el marco de la presente investigación es
analizar desde esta perspectiva los procesos de violencia social en sus
relaciones con los regímenes político y de acumulación en la Argentina
durante el período bajo examen para detectar en ellos los factores que
incentivan los altos grados de violencia social que persisten en nuestra
sociedad.

La consideración relacional de la violencia muestra que ella es un vínculo,
una forma de relación social por la cual uno de los términos realiza su
poder acumulado impidiendo o recortando al mismo tiempo la realización de
la potencialidad somática o mental de la otra parte. Luego, la violencia
como observable depende siempre de un contexto de relaciones sociales que
hace más visibles unas formas que otras. Siempre existen formas de
violencia no visibles, o mejor dicho, invisibilizadas[6].

La clasificación de la violencia social de Galtung da cuenta de una
comprensión que se hace cargo de la complejidad y multiplicidad de formas
en que ésta puede aparecer. Por otra parte, generalmente se trata de
"multiviolencias", en el sentido de que se pueden separar sus formas
solamente en términos analíticos, pero su análisis en las situaciones
concretas muestra cómo estas manifestaciones aparecen siempre entrelazadas,
reforzándose mutuamente. Las formas de violencia social, para el sociólogo
noruego, se pueden clasificar en las siguientes:

-Deliberada o no deliberada. Esta distinción está dirigida a determinar la
culpa/intención en la producción de la violencia social. Es la tradición de
los sistemas éticos occidentales judeocristianos que constituyen éticas
dirigidas contra la violencia deliberada. Son muy permeables a
invisibilizar la violencia estructural y han tenido, como veremos, una gran
influencia cultural en el paradigma occidental de los derechos humanos[7].


-Manifiesta o latente. Según sea más o menos fácilmente observable. Pero
además, la violencia latente se define por su tendencia a manifestarse en
cualquier momento en una situación inestable por cambio de la relación
potencialidad/efectividad. El nivel de realización efectiva no está
suficientemente protegido contra los factores de deterioro latentes que la
amenazan.

-Personal o estructural. Según exista un actor claramente identificable o
no. En el segundo caso, la violencia está edificada dentro de la estructura
y se manifiesta como un poder desigual, como oportunidades distintas. Los
medios y las capacidades para la actividad social están desigualmente
distribuidos, pero sobre todo está desigualmente distribuido el poder de
decisión sobre esos medios y recursos. Se produce en tramas de relaciones
sociales que provocan y reproducen explotación, heteronomía, exclusión,
fragmentación y marginalización de individuos y grupos sociales. Según sea
el criterio de análisis, los contextos de relaciones analizados desde esta
perspectiva pueden ser locales, nacionales o globales, pudiendo hablarse,
en este último caso, según Galtung, de imperialismo.

-Física o psicológica. Según se afecte la realización somática por debajo
de su potencial, ej. restringiendo el movimiento (encerramiento, sujeción),
infligiendo daños y sufrimientos corporales, etc. o disminuyendo las
potencialidades mentales (adoctrinamiento, mentira sistemática, amenazas,
lavado de cerebro).

-Con objetos o sin objetos. Por objetos de la violencia debemos entender a
los objetos, o bien a los individuos o grupos destinatarios de la misma. A
qué o a quiénes afecta la violencia. La situación de la violencia sin
objeto es pensable en aquellos ejemplos en que se utiliza la amenaza, se
despliegan o exhiben medios de violencia. Genera la amenaza de violencia
directa aunque esta no exista actualmente, y genera violencia psicológica
en forma de temor. También en las acciones que destruyen objetos como forma
de atemorizar por más que no resulte daño para individuos o grupos.

De esta clasificación, nos interesan en especial tres dimensiones de la
violencia que son relevantes en su relación con el régimen político y el
régimen social de acumulación en la Argentina durante el período examinado:
la violencia directa, la estructural y la simbólica/ cultural. Esta última,
es aquella que invisibiliza, naturaliza, deshistoriza y/o justifica a las
otras dos. Es como una especia de lente que filtra la visibilidad y los
tonos con que percibimos las manifestaciones de la violencia estructural y
de la directa.

En este sentido, Joaquín Herrera Flores vincula la violencia social a las
posiciones subordinadas en los procesos de división social, sexual, étnica
y territorial del hacer humano, que se manifiestan como explotación,
opresión y exclusión. Desde el punto de vista cultural la violencia opera
como el bloqueo de la posibilidad y capacidad de reacción humano ante esos
entornos o contextos sociales violentos en las relaciones sociales,
psíquicas y ambientales con los otros, con nosotros mismos y con la
naturaleza, y se manifiesta en síntomas de malestar cultural que pueden
realimentar el circuito de la violencia[8]. En síntesis, la violencia
cultural es el bloqueo de la capacidad de genérica de reaccionar y actuar
sobre los contextos opresivos. Esta forma de violencia produce un bloqueo
ideológico del circuito de reacción cultural (entendido como ese conjunto
de relaciones que hace que los seres humanos reacciones culturalmente para
explicar, interpretar e intervenir sobre las mismas) , cuando cosificamos
determinados productos culturales y los elevamos a la única forma posible
de reacción cultural. Estos productos son "fetichizados" o "reificados" al
querer separarlos de las redes de relaciones en los que están insertos.
Asimismo, cuando a determinados y específicos conjuntos de relaciones se
los considera inmutables y eternos, se los naturaliza desgajándolos de la
acción humana que es la que los crea y transforma. Se trata de procesos
ideológicos homogeneizadores que ocultan un conjunto de intereses
particulares, aunque se presentan como universales y absolutos, no
sometidos al circuito cultural que los produjo y en el que están
insertos[9].

De ahí que la violencia cultural se hace visible en la forma de la teoría
crítica y de la praxis social crítica. Es decir, un abordaje relacional e
integral de la violencia social supone una práctica teórica valorativa
orientada a la reducción o eliminación de la misma que integra en la
investigación científica las dimensiones de criticismo, empirismo y
constructivismo[10].

Cuando estas tres dimensiones de la violencia (estructural, cultural,
directa) se entrelazan en una relación de causa-efecto, conforman lo que se
denomina el círculo vicioso de la violencia.

Es posible relacionar las formas de violencia, principalmente las
directamente observables sea como "hechos sociales" empíricos verificables
(violencia directa), sea a través de fuentes secundarias como indicadores
estadísticos (violencia estructural, aunque también la violencia directa a
través por ejemplo de las estadísticas sobre delitos o la crónica de los
enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, etc.), con las
NBH.

Al relacionar los tipos de NBH (supervivencia, bienestar, identidad,
libertad) y la violencia, en sus dimensiones estructural y directa,
obtenemos las siguientes manifestaciones de la misma:

Cuadro nro. 1: Necesidades Humanas Básicas y formas de violencia social que
las vulneran.[11]

"Necesidades/ "Supervivencia"Bienestar "Identidad "Libertad "
"Violencia " " " " "
"Estructural "Pauperización"Explotación. "Desocializaci"Desmovilizaci"
" ". " "ón. "ón. "
" "Genocidio " "Resocializaci"Fragmentación"
" "económico. " "ón. ". "
" " " "Corrupción. " "
" " " "Clientelismo." "
"Directa "Asesinato. "Estallido "Discriminació"Censura. "
" "Masacre. "social. "n. "Secuestro. "
" "Genocidio. "Cesantías. "Tortura "Represión. "
" " "Robo. "psicológica. "Detención. "
" " "Tortura " "Desaparición "
" " "física. " "forzada. "
" " "Ataque " "Atentado. "
" " "físico. " "Amenaza. "

Estas manifestaciones de las formas de violencia social directa y
estructural que obstaculizan, bloquean o directamente son antagónicas con
el grado de satisfacción de las NBH constituyen entonces indicadores de
violencia social, de los que ensayamos breves definiciones preliminares de
aquellas que es menester precisar y que son especialmente relevantes a los
efectos de esta investigación:

Pauperización: proceso por el cual el acceso a los bienes sociales
satisfactores de necesidades es estructuralmente desigual, por lo tanto los
grupos más desaventajados se ven de hecho sometidos a niveles de
desnutrición o mortalidad evitable por enfermedades.

Genocidio económico: cuando la situación anterior alcanza a porciones
significativas de la población que ven afectadas sus posibilidades de
supervivencia y el acceso desigual a los bienes sociales satisfactores de
necesidades es mantenido en el tiempo por las políticas económicas.

Matanza: provocar la muerte a un colectivo o grupo.

Genocidio: cuando la muerte provocada a un colectivo o grupo social es
intencionalmente decidida y planificada en función de motivos políticos,
ideológicos, religiosos o étnicos.

Explotación: proceso por el cuál los grupos desaventajados viven en
condiciones permanentes de pobreza, estando integrados en una relación de
trabajo por la que no reciben un salario equivalente al producto de su
trabajo, sino uno que apenas permite la reproducción de la fuerza de
trabajo. Este constituye el sentido marxista de la explotación. Pero la
misma se puede tomar en un sentido más genérico como aquella situación en
la que el bienestar de una parte de la población, los grupos
desaventajados, viven en condiciones permanentes de pobreza. Estas
condiciones son observables a través de los indicadores de NB
insatisfechas, condiciones de trabajo y precariedad laboral, desocupación,
distribución de la riqueza, y relación entre niveles salariales y costo de
vida.

Estallido social: modalidad de reclamo social colectivo de altos niveles
de espontaneidad que provoca destrozos materiales y otras formas de
violencia directa.

Cesantías: pérdida de puesto de trabajo como consecuencia de la
reestructuración administrativa de los sectores públicos o privados.

Corrupción: entendida como una relación entre intereses privados y/o
políticos y la función pública, por la cuál los funcionarios son
influenciados e impulsados, por medio de estímulos económicos o de otro
tipo, a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema
para favorecer dichos intereses.

Clientelismo: entendido como aquel intercambio desigual de recursos
mediante el cual los grupos aventajados (económicos o políticos),
satisfacen necesidades de aquellos peor posicionados en la estructura
social a cambio de sus servicios en forma de apoyo electoral, movilización,
etc. Este proceso se vincula con la servidumbre y dependencia y se
contrapone a la idea de la ciudadanía como ejercicio de autonomía.

Discriminación: desprecio y marginación de individuos en función de su
diferente condición socioeconómica, sexual, étnica, ideológica, religión,
nacionalidad, etc.

Desmovilización: entendido como proceso por el que de diversas maneras se
eliminan o restringen las posibilidades de manifestarse políticamente en
grupos, organizados o no. Una de las formas posibles es por medio de la
criminalización de la violencia social..

Fragmentación: entendido como proceso por que se atenta contra la creación
y/o recreación de solidaridades, afectándose la posibilidad de organización
social y política.


El análisis de la formación económica y sociopolítica desde la perspectiva
de la violencia social.

Dichas formas e indicadores de violencia social deben vincularse con sus
determinantes socioeconómicos y políticos en los períodos determinados en
el marco teórico general del proyecto, resultando de esta forma cuatro
períodos históricos:
a) El autodenominado "proceso de reorganización nacional" (1976-1983).
b) La "transición democrática" (1983-1993), en la que se consolida un
régimen político peculiar que debió ser conceptualizado como democrático
"con adjetivos": delegativo, de baja intensidad, etc.
c) El de la constitucionalización formal de dicho régimen, a través del
"Pacto de Olivos" y la reforma constitucional de 1994. Acentuándose la
brecha entre constitución formal y la constitución real en términos de la
formación socioeconómica y el régimen social de acumulación adoptado.(1994-
1997)
d) El cuarto, de estancamiento y crisis final de los regímenes políticos y
de acumulación que se inicia en 1998 y tiene su punto crítico de inflexión
en diciembre de 2001, y cuyas tendencias se proyectan hasta la actualidad.

Dado el carácter relacional del enfoque teórico adoptado las afinidades
electivas entre las tendencias de la formación económica y social y la
formación política se desarrollarán a través de los conceptos de régimen
político (RP) y régimen social de acumulación (RSA)[12].

El primero constituye el conjunto de pautas explícitas y no explícitas, que
determinan la forma y canales de acceso a los principales cargos del
estado, las características de los actores admitidos y excluidos y los
recursos y estrategias que se pueden emplear para ganar dicho acceso.
Institucionaliza además las formas de control al poder público.

El segundo constituye el conjunto de instituciones y prácticas que inciden
en el proceso de acumulación de capital, estableciendo una específica
estructura de clases y fracciones de clases. Es decir, la interfase de las
estrategias macro y micro económicas del estado y los agentes privados de
la formación económica- social.

Cabe consignar que tanto el RP como el RSA deben contextualizarse en el
marco de las relaciones de fuerza del estado ampliado (Antonio Gramsci),
según la célebre forma de los Quaderni, EA= SP + SC o "hegemonía acorazada
de coerción"[13], es decir, la unidad relacional contradictoria de estado o
sociedad política y sociedad civil, que llamamos Formación Política (FP)
(Juan Carlos Rubinstein[14]) o "complejo estado-sociedad civil", (Robert W.
Cox[15]).

Ello en el entendimiento que la historización de la configuración en
términos de relación de fuerzas de la FP o "complejo estado-sociedad civil"
implica una disputa entre los grupos sociales y políticos por la
definición, jerarquización, imputación y distribución de los medios
económicos de satisfacción de las necesidades, de los medios políticos de
influencia y de los medios de producción de cultura e información en
sentido amplio.

De ahí que tanto el RP como el RSA, constituyen conceptos pertinentes en
tanto concretan los marcos institucionales y estratégicos de los actores
sociopolíticos en torno a dichos recursos y relacionan las tendencias del
estado y la sociedad civil.

Es decir, la FP o "complejo E-SC" se configura como un espacio relacional
de disputa por los bienes sociales satisfactores de necesidades y al mismo
tiempo como una cierta economía de las distintas formas de violencia. La
dimensión de violencia es ineliminable en términos absolutos, pero al mismo
tiempo el grado de violencia social puede relacionarse con las formas y
estrategias de la dominación en el RP y de la acumulación de capital en el
RSA.

De forma tal que el camino a seguir propuesto consiste en analizar los
cambios en dichos regímenes y su incidencia en los principales indicadores
y variables de la violencia social en los distintos períodos históricos
delimitados en el marco teórico general del proyecto.

En general, como introducción al análisis histórico del período, puede
señalarse que el mismo estuvo marcado por el signo de los cambios en el
sistema mundial dados por el fin de la guerra fría, la crisis de
acumulación en los países centrales que puso en jaque al estado de
compromiso social o "estado de bienestar", la revolución científico
tecnológica, denominada también "3ra. revolución industrial", los cambios
en la gestión económica que ella hizo posibles, en el ciclo de producción,
distribución, comercialización, consumo, en la gestión de la fuerza de
trabajo, la financierización de la economía, con el predominio de la
valorización financiera del capital.

Estos cambios hicieron posible la deslocalización y/ o subcontratación de
las actividades productivas intensivas en uso de la fuerza de trabajo hacia
estados periféricos de la economía mundial, y la formación de verdaderas
corporaciones transnacionales que diseñaron una ingenieria reticular
económica financiera para minimizar los costos fiscales, sociales y
ambientales en cada segmento de la red y maximizar de esa forma la tasa de
ganancia, generando al mismo tiempo complejos mercados transnacionales
inter e intraempresarios.

En general la globalización económico financiera como relanzamiento de la
acumulación de capital permitió una economía de centralización-
concentración de las ganancias, y al mismo tiempo de socialización de las
pérdidas en la forma de costos sociales y ambientales del nuevo paradigma,
o lo que en la jerga económica se conoce como externalidades negativas.

El desenganche del dólar respecto al respaldo de la moneda estadounidense
por decisión de la administración Nixon a principios de la década de los
70, la desregulación de los mercados financieros, la crisis de
endeudamiento externo que, a partir, de 1978, siguió al período de gran
liquidez del sistema financiero internacional que supuso el auge de los
entonces denominados "petrodólares", el nuevo papel que en ese contexto
jugaron el FMI y el BM en tanto prestamistas en última instancia, como
promotores de programas de ajuste estructural que condicionaban su ayuda
financiera a la liberalización y desregulación de las economías de los
países fuertemente endeudados bajo los lineamientos neoliberales que habían
quedado plasmados, junto con las estrategias políticas y militares para
imponerlos en los documentos de Santa Fe I, Santa Fe II y finalmente
sintetizados como repertorio de políticas económicas en el denominado
"Consenso de Washington"[16], facilitaron la financierización de una
economía mundial que con optimismo abrazó el credo de la globalización.

Dicha globalización, entendida como una nueva etapa de la acumulación de
capital cambió las pautas de articulación entre economía y política y con
ello, las pautas de inclusión y exclusión social. Consecuencia: el
crecimiento de las desigualdades y de los bolsones de pobreza y
marginalidad.

Sin embargo, mientras en los países centrales no se desmanteló totalmente
el estado de "compromiso social" o de "bienestar", en las regiones de
capitalismo periférico la globalización se expresó en el desguace radical
del estado social en su versión "nacional-popular", el que más allá de sus
limitaciones y tergiversaciones políticas había intentado producir cierta
cohesión social, en un contexto de sociedades heterogéneas, desiguales y
dependientes.

En América Latina la proliferación de dictaduras fundamentadas en la
doctrina de la Seguridad Nacional-Seguridad continental, la generalización
de las prácticas de contrainsurgencia, dieron paso a un cambio en la
estrategia de Washington en su diplomacia hacia el subcontinente. Al mismo
tiempo que la liberalización y desregulación financiera yla construcción de
el construcción de un régimen internacional favorable a esa modalidad de
acumulación que Peter Gowan ha demominado "Régimen Dólar Wall Street"[17],
se produce la promoción de democracias formales y el endeudamiento externo
cuya continuidad y paliativos se ven condicionados por la realización de
programas de ajuste estructural.

La salida de las dictaduras se aceleró por la crisis de la deuda externa y
la manifiesta incapacidad política de la mayoría de ellas para generar un
consenso amplio en la población (con la excepción parcial de Chile) y no
por imperio de movimientos de resistencia que forzaran su salida, por lo
cual las transiciones se producen en circunstancias de debilitamiento de
las organizaciones populares que podrían haber influído en la
profundización de la democratización[18] .

La restauración democrática en América Latina va a ser entonces
contemporánea de la caída a nivel mundial del modelo de acumulación que
permitía una autonomía relativa de las economías nacionales respecto del
mercado mundial, con base en compromisos de clase y arreglos
neocorporativos que sustentaban las trabas puestas al movimiento
internacional de bienes y capitales.

De esta forma, el condicionamiento, por el gran capital, cada vez más
grande, de las políticas adoptadas por los gobiernos democráticos, se
expresa en un menú restringido de opciones de política económica a
instrumentar por el estado, conocido como "Consenso de Washington" que es
una síntesis de las políticas promovidas desde la ideología del
neoliberalismo.

Relevante a los efectos de esta investigación es constatar cómo el
neoliberalismo, en tanto que ideología hegemónica del orden mundial
emergente, no solamente es consensuada entre las elites del capitalismo
global, sino que también es disciplinaria. Sus mentores e impulsores la
presentan como no teniendo alternativas, there is no alternative, mientras
que sus impugnadores, más recientemente, la califican de "pensamiento
único" o "régimen globalitario". En ambas denominaciones se manifiesta la
profunda violencia simbólica-cultural de que es portadora esta ideología en
el sentido de operar un bloqueo del circuito de reacción cultural
inhibiendo la capacidad de explicar, interpretar e intervenir sobre las
relaciones sociales.

La capacidad de presión estructural del capital a través de las
organizaciones internacionales y la homogeneización del entorno global,
mantiene a los estados crecientemente constreñidos en su libertad de
maniobra. Estaríamos ante una capacidad material disciplinaria de las
fuerzas que impulsan la ideología hegemónica, de ahí que se hable de
neoliberalismo disciplinario. Los gobiernos compiten por desregular, bajar
los estándares sociales, laborales, ambientales y las cargas fiscales para
generar un "clima favorable" hacia las inversiones. E incluso, dentro de
los estados, diferentes regiones compiten para atraer inversiones[19]. La
competencia desreguladora para atraer inversiones, a su vez, realimenta la
capacidad de negociación y presión del capital y fomenta la "carrera hacia
abajo", para remover los obstáculos o distorsiones a la libertad del
mercado y la movilidad del capital.

La capacidad de veto sobre las políticas domésticas, por parte del capital
productivo, se manifiesta en su capacidad de posponer inversiones o de
desplazar sus instalaciones e inversiones directas hacia entornos más
favorables, la del capital financiero se expresa en su capacidad de fluir
buscando ganancias extraordinarias. El resultado de esta movilidad del
capital productivo y de la "hiperkinesis" del capital financiero, para las
economías vulnerables, se expresa en graves crisis de balanza de pagos bajo
tipo de cambio fijo, o en la desvalorización de la moneda bajo tipo de
cambio flotante. Pero además, como veremos más adelante, las enseñanzas de
las crisis financieras que marcaron el cambio de siglo en América Latina,
SE asiático y Rusia, demuestran que los países que hayan cumplido con la
ortodoxia exigida por el neoliberalismo disciplinario, como han sido los
casos de México y Argentina, no están exentos ni de fugas masivas de
capital, ni de ataques especulativos contra sus monedas y que el mito
neoliberal de la virtud per se de la inversión extranjera directa, en el
largo plazo, si dicha inversión no cumple con determinadas condiciones,
puede llevar a una crisis de balanza de pagos, como atestiguan los casos de
Tailandia y Malasia.

Los efectos de las crisis financieras, de las devaluaciones, las subidas de
la tasa de interés, la recesión, el desempleo y el recorte del gasto
público, benefician el capital transnacional y a las corporaciones
financieras que apoyan operaciones especulativas en detrimento de las
burguesías domésticas pequeñas y medianas, de los trabajadores, y marcan
nuevas condiciones de vulnerabilidad y disciplina para los estados que
deben negociar ayudas de las organizaciones multilaterales para salir de la
crisis. Las bancarrotas, reestructuraciones y fusiones, trabajan
sistemáticamente para el beneficio del capital productivo y financiero
transnacional que raramente se ve perjudicado por las recurrentes crisis.
Por el contrario, durante las crisis pueden procurarse ganancias
extraordinarias por medio de la especulación y luego de las crisis, el
disciplinamiento provee entornos más amigables para comprar empresas y
hacer inversiones altamente rentables[20].

Todo esto debe llevarnos a reflexionar más profundamente sobre las formas
en que se ejerce la dominación ideológica en el contexto de la
globalización. Como hemos mencionado, la fórmula gramsciana del estado
ampliado (SP+SC o hegemonía acorazada de coerción), no debe entenderse como
una opción del tipo, o bien la dominación es consensual, y por lo tanto
hegemónica, o bien es coercitiva y por lo tanto no hegemónica. Por otra
parte, la mera aquiescencia u obediencia y la ausencia de oposición, no
pueden tomarse simplemente como consenso hegemónico activo.

Como explica Paul Ricoeur[21] , criticando la idea de la dominación
legítima en Max Weber, entre la pretensión de legitimidad del dominante y
la legitimación o "creencia en la legitimidad", otorgada por el dominado,
existe siempre una brecha. Como siempre la pretensión de legitimidad del
dominador excede la legitimación obtenida se produce una brecha. Ese vacío
puede ser llenado de muchas formas, excediendo la gama de posibilidades, la
dicotomía simple entre la proliferación ideológica y la obtención del
consenso[22], y en el otro extremo la coerción. En este último caso,
estaríamos ante el nudo poder y la pretensión de legitimidad fracasaría,
pero antes de llegar a ese extremo, hay distintas posibilidades de obtener
un consenso pasivo, un bloqueo del circuito de reacción cultural fundado en
la mera aquiescencia, que, sin embargo, deje intacta la relación de
dominación.

Entre estos dos extremos, como sabía Gramsci al analizar en base a
coyunturas y relaciones de fuerzas históricas las distintas posibilidades
de hegemonía regresiva y progresiva, cesarismo progresivo y regresivo,
revolución pasiva y transformismo, existe toda una gama de posibilidades
para llenar el espacio entre la hegemonía y la coerción. Y especialmente,
lo que le interesaba a Gramsci, era la posibilidad de expandir esa tensión
relacional entre los grupos dominantes y los subalternos hasta hacerla
inconmensurable, por estrategias basadas en las situaciones concretas, sea
de "guerra de maniobras", sea de "guerra de posiciones", que generarían una
contra hegemonía, aboliendo o modificando radicalmente, la relación previa.


Un análisis de un campo relacional de hegemonía trasciende las visiones
idealistas, que han sido cultivadas desde la ciencia política y la
sociología "ortodoxas", y a veces por intelectuales y fuerzas políticas "de
izquierdas". Como dice Göran Therborn, estas posiciones parten de la
suposición de que los miembros de una sociedad se relacionan de una manera
consciente, homogénea y coherente con un determinado régimen. De forma tal
que "o bien un régimen tiene legitimidad, o bien no la tiene; la gente
obedece o bien por consentimiento normativo, o bien por coacción física; o
bien la clase o clases dominadas poseen una concepción del cambio
revolucionario; o bien aceptan el status quo o se contentan con reformas
parciales...De esta forma no se presta una atención sistemática a la
interdependencia de la fuerza y el consentimiento, o a la existencia e
interrelación de diferentes tipos de conocimiento, o a la amplia gama de
preocupaciones y deseos humanos contrapuestos, o a la posibilidad de una
motivación discontinua, coyuntural"[23].

Para evitar estas opciones simplistas, Therborn ha desarrollado una
tipología de los mecanismos de sometimiento por su efecto de dominación
ideológica, que nos dan un marco para pensar como opera la violencia
simbólica-cultural del neoliberalismo disciplinario en el seno de la
globalización hegemónica. El sociólogo sueco desarrolla esta tipología
basándose en los efectos de dominación y obediencia que producen. Los ejes
de la tipología son, de un lado las formas de interpelación ideológica
basados en lo que existe/no existe, lo que es bueno/malo, y lo que es
posible/imposible. La segunda dimensión se refiere a la posibilidad o no de
existencia de alternativas. Los seis tipos de dominación resultantes,
operan en el contexto de la globalización en la medida en que la ideología
hegemónica interpela a grupos sociales significativos en los distintos
países. Su importancia relativa varía según sea el país central o
periférico y según sea el colectivo social interpelado. Esos mecanismo
muestran el carácter disciplinario de la ideología neoliberal y pueden
sintetizarse en el siguiente esquema[24]:





Cuadro 2: formas disciplinadotas de la ideología según Therborn.
"Modo de "Régimen alternativo:"¿es posible?. "
"interpelación " " "
" "Sí "No. "
"Lo que es/no es "Adaptación "2. Sentido de la "
" " "inevitabilidad "
"Lo que es "3. Sentido de la "4. Deferencia "
"bueno/malo "representación " "
"Lo que es "5. Miedo "6. Resignación "
"posible/imposible " " "


1. La adaptación, se refiere a una especie de conformidad que permite que
los dominadores sean obedecidos, pues los dominados consideran que para
ellos hay otros rasgos del mundo más importantes que su actual
subordinación o la lucha por un régimen alternativo[25] . La estabilidad
en el trabajo ante el riesgo de perderlo, o la necesidad de conseguirlo,
por ejemplo, en el caso de los precarios o desempleados. El ocio, el
consumo, la familia, la religión (cuando no implica compromiso social) o el
deporte. Las causas de la adaptación pueden ser múltiples y varían entre
clases sociales y sociedades, pueden ir desde una determinada distribución
social del conocimiento, hasta la construcción de modelos y valores
sociales que sirven de referencia dentro de los parámetros del orden
existente.


En el caso de las elites de un estado periférico, la adaptación puede venir
de la sensación de que intentar cambiar o resistirse a los consensos
globales en relación con lo que se consideran las políticas "sustentables"
en el contexto de la condicionalidad y la "gobernancia global" puede traer
una pérdida de apoyo externo o unos costos sociales y de legitimidad
internos más fuertes que los que surgen de la implementación de las
políticas neoliberales. También porque el gobierno está más ocupado en
otras cuestiones u objetivos políticos que en modificar las alternativas
que le deja la globalización, etc.


2. El sentido de la inevitabilidad, se refiere a la obediencia por
ignorancia de cualquier tipo de alternativa[26]. Surge de la desafección y
marginación política de sectores que se sienten ajenos al sistema político
que implementa las políticas neoliberales ya que consideran que no es
posible cambiarlo o que es en vano intentar hacerlo, sin que por ello lo
consideren justo. Este tipo de conductas se produce en los sectores
marginados por el sistema económico y político que no participan de la
política electoral, como por ejemplo, sucede en los Estados Unidos y otros
muchos países, tanto del centro como de la periferia. Pero también se
produce entre la juventud y otros sectores sociales. La pérdida de fe en la
capacidad o voluntad transformadora del estado, los partidos políticos y
los políticos, verificada además por la uniformidad de los discursos
reducidos a variantes más o menos centristas de la retórica neoliberal, los
periódicos escándalos de corrupción, etc., refuerzan esta ajenidad. En el
caso de las políticas originadas en instancias supraestatales y globales,
esta sensación de desafección y de ajenidad, y por lo tanto de
inevitabilidad, se refuerza dada la lejanía y la dificultad de
visualización de las instancias decisorias.


3. Cuando se obedece a los dominadores porque se considera que su
dominación es buena para los dominados, estamos ante el sentido de
representación[27]. Obviamente no hay que subestimar la capacidad de
generar consenso del neoliberalismo, en primer lugar, entre los grupos que
se benefician de sus políticas, pero también en aquellos sectores sociales
que han internalizado los valores de individualismo posesivo, el
consumismo, la naturalización y hasta deseabilidad de las desigualdades
sociales, etc., o que toman a los sectores sociales más aventajados como
grupo de referencia, considerando sus conductas como modélicas. A ello
contribuyen también componentes míticos de la ideología neoliberal más o
menos omnipresentes en los aparatos ideológicos y el consumo de productos
culturales, como una idea reduccionista de libertad, el american way of
life, el self made man, etc., la confusión que a veces se produce entre las
literaturas de liderazgo y gestión empresaria, competitividad y las de
autoayuda para "autosuperarse" en una vida llena de oportunidades, ser un
líder, etc.


En relación con las elites gobernantes, económicas, profesionales de los
estados periféricos, por su posición de clase, pautas de socialización y
educación, en muchos casos comparten los modos de vida, la visión del
mundo y los intereses de, o toman como grupo de referencia a, las elites
del capitalismo transnacional global, visualizando a las políticas
neoliberales como la forma correcta y deseable de inserción de sus países
en el mercado mundial y el "concierto de las naciones".


4. La deferencia, se refiere a la consideración de los dominadores como una
casta aparte, poseedora de cualidades superiores que son necesarias para
dominar y que sólo los dominadores poseen. En este caso estamos ante un
mecanismo de dominación carismática típico de sociedades precapitalistas.
En el contexto del capitalismo globalizado sólo restaría margen para
situaciones de este tipo cuando se producen situaciones de sincretismo
cultural por las que el capitalismo se arraiga en una cultura que sostiene
este tipo de legitimación, como sería el caso, por ejemplo, de la
trasposición de la lealtad a los mayores y ancestros y a la familia
patriarcal, a la empresa, como por ejemplo, sucede en Japón y otros países
asiáticos. O también en la cultura política latinoamericana, el caudillismo
que se expresa en el apoyo delegativo en los "líderes" o referentes
políticos.


5. El miedo. El miedo no solamente funciona cuando esta apoyado por la
posibilidad de la coacción o represión física[28]. En el contexto de la
globalización, el miedo se manifiesta como inseguridad económica, como
incertidumbre acerca del futuro, como miedo a perder el trabajo o no poder
conseguirlo. Las políticas de flexibilización laboral actúan como un
mecanismo disciplinador de los trabajadores. En el caso de las economías
periféricas y vulnerables, el temor a perder inserción en los flujos de
capital, sea de préstamos o de inversiones, quedando marginadas del mercado
mundial, actúa como un poderoso mecanismo disciplinario para que los
gobiernos se ajusten a las políticas neoliberales y muestren un "clima
favorable" a los negocios.

6. La resignación. Deriva de consideraciones sobre lo que es posible en una
situación determinada, pero mientras que la obediencia por miedo está
vinculada a una determinada relación de fuerzas y es compatible con el
mantenimiento de la creencia en una alternativa para el futuro, la
resignación connota una visión pesimista sobre las posibilidades de
cambio[29]. La obediencia deriva más de la creencia en la imposibilidad de
poner en práctica una alternativa mejor, que de la fuerza represiva del
poder existente. En los sectores gobernantes eso se traduce en una actitud
posibilista que prefiere la seguridad de la gestión del modelo vigente ante
la inexistencia de alternativas.

A estas dimensiones, es posible agregar muchas otras, como por ejemplo, la
culpa, que consiste en una internalización de los valores y explicaciones
sociales que provee la ideología hegemónica y por lo tanto la
autoinculpación de los individuos y/o grupos sociales, que consideran que
sus padecimientos surgen del hecho de no ser ellos mismos competitivos,
eficientes, etc.

La cooptación, consiste en la internalización y asunción de los mensajes de
la sociedad de consumo, o de las ventajas que una determinada situación de
obediencia pueden reportar, sea para grupos sociales o sectores de las
elites gobernantes en los países periféricos. Las expectativas
insatisfechas luego de haber perseguido este camino sin éxito, pueden
llevar a la frustración, el resentimiento e incluso la acción colectiva
anómica, que no identifica causas ni responsables de la situación y no
afectan la continuidad de la hegemonía[30].

Por supuesto que aquí se trata de trazar las líneas gruesas de los
mecanismos disciplinarios de la globalización hegemónica y el
neoliberalismo, pero hay que destacar que en la periferia del sistema
mundial, en muy pocos casos el programa de la globalización neoliberal
llegó al poder por el consenso, por ejemplo, expresado en mecanismos
electorales. Estos casos se han dado fundamentalmente en el centro del
sistema mundial, donde tienen su epicentro la globalización hegemónica y su
ideología legitimadora y donde se concentran social y espacialmente, sus
beneficios.

En la periferia, donde las consecuencias, riesgos y costos humanos y
sociales del consenso neoliberal se dejan sentir con mucha más fuerza, la
capacidad hegemónica del proyecto de la globalización se concretó en formas
más disciplinarias. Cuando el proyecto del neoliberalismo fue implementado
por gobiernos que habían cosechado triunfos electorales, ello se debió al
previo colapso del estado, y/ o a la corrupción política y/o a la difusión
de la ideología hegemónica entre las elites y sectores sociales domésticos,
produciendo la identificación entre lo público y lo ineficiente y/o
corrupto, tal el caso de los países de Europa del Este y su transición
fugaz del capitalismo burocrático de estado con dictadura de partido o
"socialismo realmente existente", al capitalismo salvaje con dictadura de
mercado, que es también el "realmente existente", o en algunos países de
América Latina ante la búsqueda de alternativas a la crisis de acumulación.


En muchos casos, el terreno para el neoliberalismo disciplinario fue
impuesto o preparado por gobiernos autoritarios o dictaduras militares que
habían minado la capacidad de resistencia de la sociedad (como en el caso
de América Latina), o a través de golpes de mercado que obligaron a los
estados a aceptar las políticas de ajuste de las organizaciones
multilaterales como el FMI y el BM, o a través de la debilidad para
resistir el poder estructural o la presión directa del capital
transnacional, o también muchas veces, por gobiernos legitimados en las
urnas con programas de tipo populista, socialista o cualquier otra variante
no neoliberal, que una vez en el poder se deshicieron de sus promesas
preelectorales para convertirse al consenso hegemónico, sea por
corrupción, cooptación, adaptación, miedo o resignación.

Podemos concluir, luego de este necesario excurso, en que durante la
expansión del proyecto de la globalización hegemónica y la ideología que lo
sustenta del centro a la periferia, en muy pocos casos en este último
espacio se logró un consenso activo o la percepción de un liderazgo
intelectual y moral que expresara intereses universalistas, situación que
se dio, y se da, fundamentalmente en el centro del sistema mundial. Como
vemos, en la periferia la imposición del proyecto de la globalización
estuvo más próximo a la disciplina de la coraza hegemónica y las "nuevas
condicionalidades".

Veremos cómo en las distintas etapas del proceso argentino que son objeto
de esta investigación, esta dimensión violenta y disciplinaria se apoya en
el hecho del íntimo entrelazamiento entre economía y política durante el
Proceso de Reorganización Nacional, verdadero relanzamiento de la
acumulación de capital sobre la base de la valorización financiera y la
aplicación de las políticas neoliberales que sienta las bases del
disciplinamiento social, la cooptación y la aquiescencia pasiva y difusa de
la sociedad.

En este marco se produce una tendencia a la refuncionalización del aparato
estatal. Más que desmantelamiento o desregulación de la economía. La
desregulación implica re regulación o mejor dicho, la desregulación no
existe sino que hay que preguntar cómo y para qué y sobre todo para quiénes
se regula.

El fenómeno histórico de la dependencia, llegó para decirlo con términos de
Guillermo O´Donnell: "a un grado y tipo de dependencia que no soñaron ni
siquiera los más pesimistas textos sobre la dependencia escritos hace
algunas décadas"[31].

Este escenario se gestó durante la "década perdida" de los 80, signada por
la crisis del RSA anterior y todas sus secuelas sociales. Con todo, como
señala entre otros, Svampa, "el reconocimiento de la crisis no habilitaba
como única salida, y mucho menos como la más adecuada a los intereses de la
mayoría de la sociedad, aquella que finalmente habría de adoptarse, a
saber, la solución neoliberal"[32] . La salida neoliberal convergió en un
nuevo RP produciendo una fuerte mutación y reconfiguración de la sociedad.

La dinámica de fragmentación y polarización social adquirió tal virulencia
que durante gran parte de la década de los 90 hubo grandes dificultades en
dotar de un lenguaje político a las experiencias de descolectivización, en
la cual se entremezclaban distintas trayectorias y situaciones, además de
sentimientos contradictorios y ambivalentes respecto de la nueva condición
social. Se configuró "…un nuevo "campo de fuerzas societal" (Edward P.
Thompsom), que designa un proceso atravesado por dos grandes tendencias,
suerte de polos magnéticos que arrastran de manera irresistible a los
diferentes grupos sociales hacia uno u otro extremo, hacia la adquisición
de posiciones ventajosas o hacia la descalificación social;"[33] . En
América Latina se acentuaron de esta forma las desigualdades existentes, al
mismo tiempo que se generaron nuevos procesos de exclusión.

Lejos de ser un movimiento pasajero, la continuidad y la profundidad de
estos procesos de polarización y fragmentación configuraron a la Argentina
como una sociedad excluyente caracterizada por la desigualdad social y
económica.

Desarrollo del análisis de la violencia social en relación al RSA en el
período.

Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Durante décadas en la Argentina impero un régimen social de acumulación
basado en l a industrialización sustitutiva de importaciones junto con un
régimen político inestable, que oscilo entre un modelo de integración
nacional popular, cuya máxima expresión fue el primer peronismo (1946-
1955), gobiernos militares de facto y gobiernos electos en procesos de
democracia restringida por la proscripción del peronismo.

Sin embargo, y pese a los vaivenes de las coyunturas políticas que
afectaron de forma endémica la estabilidad del RP, se consolidaron las
siguientes tendencias en el RSA
1-Un RSA que vinculaba el desarrollo a la sustitución de importaciones y la
estrategia mercado internista.
2-El Estado como agente y productor de cohesión social mediante el gasto
público social. Ampliación de la esfera de la ciudadanía a través de los
derechos sociales.
3-Tendencia a la homogeneidad social, visible en la inclusión de una parte
importante de la clase trabajadora, así como en la expansión de las clases
medias asalariadas.

La sustitución de este modelo por otro centrado en el mercado, atravesó por
distintas etapas y momentos:

El inicio del desmantelamiento del RSA anterior se produce con el "Proceso
de Reorganización Nacional": por un lado mediante el terrorismo de estado
exterminó y disciplinó a vastos sectores sociales movilizados, por otro
lado puso en marcha un plan de reestructuración económico-social con
profundas repercusiones en la estructura social y productiva. La nueva
política se basó en la importación de bienes y capitales y en la apertura
financiera. Interrupción y retroceso de la industrialización sustitutiva y
endeudamiento público y privado (deuda externa de 13000 a 46000 millones de
dólares).

Sentó las bases de un sistema de dominación centrado en los grandes grupos
económicos nacionales y los capitales transnacionales, que finalmente
terminarían de concretarse en 1989, a partir de la alianza entre estos
sectores dominantes y el peronismo triunfante.

El PRN por un lado contó con circunstancias favorables a nivel de la
economía mundial, dadas, como vimos, por el inicio de la valorización
financiera como principal vector de la acumulación de capital. Pero al
mismo tiempo, la profunda violencia social en sus distintas formas,
producida y enquistada en la sociedad durante este gobierno militar hace
que sea pertinente hablar de una verdadera rebelión de las elites, o
revancha clasista contra todos los avances sociales de la época anterior,
que tiño de sangre a nuestro país bajo la justificación ideológica de la
doctrina de la seguridad nacional. Fue expresión de la voluntad expresa de
destruir las identidades de los actores sociales que protagonizaron las
movilizaciones sociales de las décadas anteriores, y terminar de esa forma
con el ciclo de lo que ha dado en llamarse el empate hegemónico que
determinó desde el final del intento peronista, la alternancia entre
gobiernos electos débiles y gobiernos militares. Esta acción planificada y
determinada comprende el aniquilamiento del amplio espectro de militantes y
organizaciones que conformaban las conducciones de los sectores populares,
como la interrupción de la industrialización sustitutiva que sustentaba la
lucha social y estaba vigente desde los años 30.

Los cambios impactaron en la estructura social argentina, produciendo su
"latinoamericanización": cabe recordar que en 1974, la distribución de la
riqueza era similar a la de muchos países desarrollados: los ingresos del
10% más rico eran 12,7 veces mayor que el del 10% más pobre[34].

Los casi 25 años de régimen democrático –constitucional aparecen claramente
vinculados a la implementación de un proyecto neoliberal a través de la
ofensiva de las clases dominantes. El parentesco entre el shock económico
de Celestino Rodrigo, la política económica de Martinez de Hoz, los
programas de ajuste y estabilización de la economía y la reforma del estado
en gobiernos democráticos, que comienzan a discutirse y esbozarse desde
1985 y se implantan definitivamente en 1989, especialmente la
convertibilidad, no obedece a semejanzas formales, ni puede reducirse a
coincidencias ideológicas de distintos "fundamentalistas del mercado". Por
el contrario, como explica Daniel Campione, unas son el presupuesto
necesario de las otras: la acción represiva de la dictadura militar,
explícitamente orientada a "derrotar a la subversión" …encaminada
fundamentalmente a desarticular la organización obrera y popular y más aún,
las bases materiales de la misma, fue el modo de viabilizar los cambios del
RSA y del RP que luego se emprenderían[35].

De ahí que el PRN sea un factor explicativo de gran importancia en la
redefinición de la estructura económica, de la sociedad civil y el sistema
político en Argentina. Se trata, en términos de Basualdo, de la mayor
derrota popular del siglo XX. El gobierno militar interrumpe la
industrialización e impone un comportamiento basado en la valorización
financiera. Como vimos, no se trata de un fenómeno excepcional a nivel de
las tendencias de la acumulación mundial de capital que se dan de forma
simultánea y relacionada en ese momento. Pero en nuestro caso, las
circunstancias y mediaciones de causas internas la muestran como una
tendencia exacerbada. La "financierización" de la economía fue inversamente
proporcional a su desindustrialización: en 1983 el PBI industrial era
inferior en aproximadamente 10% al de 1973, y su participación en el PBI
global se había contraído en un 14%, pasando de 28, 4% (1973) al 24, 5%
(1983).

La reforma financiera de 1977 converge con la apertura del mercado de
bienes y capitales, y a partir de allí los productos importados erosionan,
vía precios, la producción interna y, mediante la apertura financiera,
irrumpe el fenómeno del endeudamiento externo ya no sólo del sector público
sino también del sector privado, específicamente del capital
oligopólico[36]. El endeudamiento externo juega un rol fundamental para la
consolidación de la valorización financiera. Los grupos económicos locales
y las empresas transnacionales no se endeudan para realizar inversiones
productivas sino para obtener renta mediante colocaciones financieras, en
tanto la tasa de interés interna supera largamente la tasa de interés
internacional, para finalmente fugar los recursos al exterior y reiniciar
el ciclo. Por eso, la fuga de capitales al exterior es la otra cara de la
moneda del endeudamiento externo.

En este contexto, el origen de los recursos transferidos al exterior
durante la valorización financiera no se ubica en la deuda externa sino en
la brutal redistribución del ingreso en contra de los asalariados que puso
en marcha el Proceso desde el mismo momento del golpe militar en 1976. Los
beneficiarios de esa redistribución regresiva del ingreso son un reducido
conjunto de grupos económicos locales, como Pérez Companc, Macri, Loma
Negra, Roggio, etc., junto a otro conjunto restringido de conglomerados y
empresas extranjeras (Techint, Bemberg, algunas automotrices, etc.) y
finalmente la banca local y acreedora[37].

Esta etapa, tanto por la profunda conmoción del RSA y del RP, como por la
generalización de la violencia social en sus diversas manifestaciones.
Desapariciones forzadas, seguidas de secuestro, matanzas y asesinatos,
implementadas en forma masiva hasta rozar el genocidio por motivos
políticos[38] para desestructurar y disciplinar las bases sociales que
podrían oponerse a la política así implementada. Por otra parte, se buscaba
afectar masivamente no sólo la supervivencia y la libertad de los cuadros
militantes sino también su identidad, por medio de la amenaza, la
desmovilización y fragmentación.

Desde el punto de vista del RSA la relación capital/trabajo se ve afectada
por la profunda regresividad en la distribución del ingreso y un proceso de
creciente exclusión social. Al interior del sector industrial,
inmediatamente después de instalado el gobierno militar y suprimido el
derecho de huelga, en un solo año (1976) el salario real disminuyó un 32.7%
y los costos laborales, un 35. 7%. Los costos laborales de las firmas
descendieron prácticamente a la mitad respecto a 1970. Al mismo tiempo, la
productividad de la mano de obra creció en un 37.6%[39]. La magnitud del
excedente captado por el empresariado industrial en su conjunto se
incrementó, en el decenio en un 69%[40].

Por otra parte, es necesario mencionar los significativos cambios
espaciales en la producción industrial generados por los regímenes de
promoción industrial adoptados en el período, y de los que los grandes
grupos económicos sacaron grandes beneficios.
Así entre 1970 y 1980 los datos de los respectivos censos rebelan por un
lado una caída del empleo asalariado en las zonas de concentración
tradicional: Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. Dicha caída fue
compensada por la absorción de mano de obra en las nuevas localizaciones
generadas por dichos planes de promoción industrial (Neuquén, San Luis,
Tierra del Fuego, Misiones, La Rioja). En tanto esta expulsión en los
lugares de concentración industrial tradicional provino de grandes
establecimientos y altas tasas de organización y afiliación sindical.
Mientras que la absorción por parte de los nuevos espacios proviene de
establecimientos medianos y pequeños, geográficamente dispersos, con baja
agremiación y con alta inestabilidad en el empleo[41]. Estos cambios
suponen el reforzamiento en la tendencia a la desmovilización y
fragmentación de la fuerza de trabajo industrial en el período.


Se produce en efecto, un salto cualitativo en la explotación de los
trabajadores con una expulsión severa y sostenida de mano de obra. Se
sientan las bases de la pauperización, es decir, el crecimiento de los
niveles de pobreza relativa y absoluta que desde entonces, no dejan de
crecer, hasta el momento terminal de la crisis de 2001/2002.

Desde el punto de vista del RP el gobierno militar represivo se hacía
necesario para sostener estos cambios en el RSA. Por otra parte, se
producen secuelas profundas en los sectores populares: se pierden prácticas
y redes de identificación basadas en la acción colectiva y la solidaridad,
que resultan desestructuradas. El terror implementado sistemáticamente
desde el estado genera secuelas psicológicas en sus víctimas directas e
indirectas de largo alcance.

En esta etapa cobran protagonismo y se forman algunos de los "tanques de
pensamiento" que en este contexto podemos denominar como "aparatos
pretendidamente privados de hegemonía", o "aparatos ideológicos" que
buscan instalar las políticas económicas adecuadas al nuevo patrón de
acumulación, así como la formación y también la cooptación de intelectuales
orgánicos para reproducir el mismo. Así, por ejemplo, la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), creada en 1964, y la
Fundación Mediterránea, creada en 1977, bajo la dirección de Domingo
Cavallo y que responde en principio a la iniciativa de la empresa
agroindustrial cordobesa Arcor, que, durante la dictadura se constituye en
uno de las grandes grupos económicos nacionales, o el CEMA en 1979, que
aportó la famosa "tablita" de Martinez de Hoz y fue presidido por el ex
militante del Frente de Izquierda Popular y graduado de la Universidad de
Chicago, que fuera también último ministro de economía de la gestión de
Carlos Menem[42]. Así, si la Doctrina de la Seguridad Nacional instalada en
la práctica y en las instituciones de las fuerzas armadas y de seguridad,
confirmó el aserto de Althousser[43] en el sentido de que los aparatos
represivos e ideológicos de estado funcionan por medio de una articulación
entre represión e ideología, y nunca de forma puramente ideológica o
represiva, cuando se aborda esta etapa de la historia reciente argentina,
normalmente se olvida el papel del disciplinamiento económico y la
instalación de la ideología que buscó la reproducción consensual del nuevo
patrón de acumulación atravesando tanto las políticas económicas del
estado, como los actores y aparatos ideológicos "privados".

Este análisis, en definitiva, revela que la propia regulación de la
economía generada a través de la intervención del RSA era parte
constitutiva y expresa de la Doctrina de la Seguridad Nacional, marcando la
nueva y estrecha articulación de RP y RSA como mediaciones centrales de la
formación política argentina. No existió en realidad "agotamiento del
modelo de sustitución de importaciones" ya que lo que expresamente ocurrió
fue una ruptura deliberada de dicho patrón de acumulación. El hecho de que
la economía haya sido parte de la doctrina de seguridad de un estado que
implementó el terror de manera sistemática, ayuda a entender las formas de
violencia social que, una vez finalizado el período dictatorial, se
prolongarían inscriptas en la propia dinámica del RSA en la forma de
pauperización, mayor explotación, cesantías y desempleo masivo.
La violencia social se instituye como mecanismo sistemático y permanente de
erosión de las expectativas puestas en la democracia. Sus manifestaciones
se hacen especialmente perceptibles durante las hiperinflaciones de 1985 y
1989/90, así como también el crecimiento del desempleo y la recesión a
partir de 1995 hasta la crisis terminal de 2001/2002. Se dan entonces, las
condiciones para que, se produzcan, como veremos, la aquiescencia pasiva a
la imposición de las políticas económicas propias del nuevo modelo de
acumulación, así como la progresiva cooptación de la clase política y la
erosión constante de su legitimidad.

La Hipótesis auxiliar del "transformismo" de la clase política.

La retirada del gobierno de facto deja planteado un interrogante que es
clave para comprender las formas y manifestaciones de la violencia social
que perduran en los gobiernos electos posteriores y que ha sido formulada
por Basualdo[44] de la siguiente forma: "Es indudable que la terminación de
la dictadura plantea a los sectores dominantes un desafío de notable
trascendencia que consiste en la manera de llevar a cabo, ahora bajo un
régimen constitucional, un control político que posibilite el desarrollo
del nuevo patrón de acumulación. Se trata de un problema crucial para el
afianzamiento de los sectores dominantes porque ya no podrían recurrir a la
dictadura pero tampoco, debido al carácter excluyente del proceso
económico, se podían plantear como objetivo el consenso social basado en la
incorporación de algunas de las restantes fracciones sociales". Es decir,
¿de qué manera los sectores dominantes consolidan el nuevo patrón de
acumulación garantizando al mismo tiempo un nivel de oposición controlado y
sustentable por parte de los sectores populares? O dicho en otros
términos: ¿cómo se puede mantener la gobernabilidad democrática en el
régimen político al mismo tiempo que se reproduce un régimen social de
acumulación de profunda injusticia social y por lo tanto, estructuralmente
violento?

Agotada la represión e interrumpido el RSA basado en la sustitución de
importaciones, la formación argentina fue redefinida, tanto en su régimen
político como en la sociedad civil, de una forma negativa. Por tal, debemos
entender, más que la pretensión de construir consenso, el impedimento de la
organización de los grupos subalternos, inhibiendo su capacidad de
cuestionamiento, por medio de la incorporación y cooptación de las
conducciones políticas y sociales de los sectores populares. De esta forma
se logra fragmentar y desmovilizar a los sectores subalternos, no pudiendo
generar una alternativa política y social que cuestione las bases del nuevo
patrón de acumulación. Pero al mismo tiempo se genera un déficit crónico de
legitimidad política.

En este aspecto, lo propio del período que se abrió en 1983, y sobre todo a
partir de 1987, es el acercamiento cada vez mayor entre los sectores
económicamente dominantes y los partidos políticos mayoritarios, con la
consiguiente aceptación por aquellos de las nuevas reglas del juego. Este
proceso tenía como trasfondo: a-un nuevo mandato democrático que recorría
el continente avalado por los Estados Unidos y los organismos
internacionales, b-La convicción de que la corporación militar había dejado
de ser el canal más apropiado de sus intereses económicos[45].

De ahí en más, la acción de estos sectores se orientará hacia la
colonización de los dos grandes partidos, a través de la infiltración del
discurso económico liberal, como eje de la solución de los problemas
económicos argentinos.

En 1983 las políticas neoliberales eran sostenidas sólo por los grandes
grupos económicos y partidos minoritarios de centro derecha, a fines de los
80 el candidato radical Angeloz los hizo suyos y sacó casi un 40% de los
votos, y la implementación fue realizada por el gobierno de Carlos
Menem[46].

El análisis de la forma en que el discurso neoliberal fue asumido y puestas
en prácticas sus políticas por los partidos populares tradicionales (PJ y
UCR), resulta ser una clave para la comprensión de aspectos fundamentales
de la violencia social en la historia reciente argentina. En efecto, como
hemos visto, las múltiples formas de la violencia (estructural, directa,
simbólica), implican una relación social entre grupos favorecidos y grupos
desfavorecidos por los procesos (que aquí venimos entendiendo en la forma
de sus mediaciones entre estado y sociedad civil, como RP y RSA) en los que
se produce y reproduce la misma.

La respuesta de Basualdo se basa en una categoría tomada también, del marco
de análisis gramsciano, se trata del "transformismo"[47] de la "clase
política"[48] argentina. Para este autor, la especificidad argentina en
el desarrollo del proceso transformista está dada por similitudes y
modalidades diversas dentro de la matriz básica que caracteriza al
transformismo.

Una de las más importantes, es que la inexistencia en Argentina de un
partido político propio de la derecha con posibilidades de hacerse
electoralmente con el gobierno, ni consolidado como para ejercer la
conducción ideológica. Este hecho, que en la etapa del "empate hegemónico"
(1955-1976), se expresaba en los intentos de modificar el RSA a través de
la recurrencia a los golpes de estado y a las democracias restringidas, ya
que sólo de esta forma sus propios intelectuales accedían al aparato de
estado. En la etapa subexamine, a partir de la transición democrática, las
fracciones hegemónicas del capital van construyendo una práctica cada vez
más sólida de cooptación económica e ideológica de las dirigencias de los
partidos políticos de gobierno y de oposición, así como de las
organizaciones relevantes de la sociedad civil. En especial, la fracción de
los grupos económicos locales, debido al proceso de concentración del
capital, que le permite dominar grupos económicos, conglomerados y
empresas oligopólicas localizadas en diversas actividades económicas, están
en condiciones de ejercer un poder estructural, que les facilita su
vinculación con diversos sectores de la sociedad política y de la sociedad
civil.

Otra diferencia, es el balance entre cooptación por dirección ideológica y
por ventajas y privilegios económicos. En el caso del transformismo
argentino, los factores de este segundo tipo tendrán igual o más
importancia que los primeros. Se trata de la corrupción y los altos
ingresos relativos que perciben los integrantes del sistema político, en un
contexto social caracterizado por un agudo disciplinamiento de los sectores
populares vinculado a la concentración del ingreso.

El avance de la concentración del ingreso durante los gobiernos
constitucionales estuvo estrechamente vinculado con la creciente incidencia
que exhiben los sectores dominantes en general y el capital concentrado
interno en particular. Sin embargo, "el hecho decisivo para la conformación
del transformismo argentino consiste en que esa subordinación es acompañada
y alimentada por el surgimiento de negocios comunes entre los sectores
dominantes y el sistema político a costa de los intereses públicos. Se
trata de los denominados retornos, es decir, de la corrupción como factor
orgánico del sistema de poder, mediante la cual se articulan el capital
oligopólico y el sistema político en detrimento del conjunto social"[49].

Por otra parte, la violencia aparece no sólo como producto de este proceso,
sino también en su origen, como su condición de posibilidad. Este aspecto
es destacado por Claudio Lozano en su comentario al ensayo de Basualdo que
venimos analizando, y es pertinente citarlo aquí porque relaciona
directamente esta cuestión del transformismo con la violencia social del
período[50].

En efecto, es necesario enfatizar la capacidad de disciplina y coacción
económica que han revelado los sectores dominantes. Estas exhiben nuevas
modalidades durante los períodos de recesión y crecimiento del desempleo.
La violencia sobre los cuerpos, la violencia de la moneda y la violencia
del desempleo constituyen la trilogía por la cual los sectores dominantes
han mantenido un sistema de permanente coacción sobre el conjunto de la
sociedad argentina. Este marco fue fundamental para posibilitar el proceso
de cooptación que describe Basualdo.

Este disciplinamiento que se conjugó en la creencia de que "no hay
alternativas", o de que "es necesario evitar lo peor". Se trata de un
cierto imaginario que, internalizado por los integrantes de la "clase
política", justificó las intervenciones sobre el poder judicial y el
indulto para garantizar la impunidad de los represores (obediencia debida,
punto final). Era lo que supuestamente debía hacerse para obtener la paz
social a cambio de la impunidad que consolidara la continuidad democrática.
Lo mismo sucedió con la política de la convertibilidad por el temor a la
inestabilidad económica, un nuevo proceso hiperinflacionario, etc.
Igualmente, se fundamentó hasta el gobierno de la Alianza la necesidad de
precarizar las condiciones laborales como única estrategia para combatir la
desocupación, incluso recurriendo para ello a la compra de votos en el
senado. Y esto aún en contra de las promesas electorales levantadas por los
candidatos presidenciales triunfantes en 1983, 1989 y 1999 respectivamente.

Desde esta perspectiva, para Lozano, la coacción, violencia ejercida
política y económicamente por parte de los sectores dominantes, es la clave
del disciplinamiento social y la integración económica que es la garantía
de su reproducción.

De esta forma se expulsó cualquier apuesta fuerte de cambio del análisis y
del accionar político. El desplazamiento de la noción de transformación,
entronizó como clave principal la cuestión del "gestionismo". Según esta
visión, el accionar político se circunscribe a administrar lo que hay,
gestionar lo que existe de forma eficaz y eficiente, y sin correr el riesgo
de modificarlo. De forma coherente, la clase política y la dirigencia
social en general, abandonó progresivamente la práctica de agregar
intereses en la arena del conflicto social, y de formación de cuadros
político sociales, reduciendo su actividad a procurar ocupar los espacios
institucionales por medio de "referentes" y transformándose en meras
maquinarias electorales. Esta cultura del gestionismo, el electoralismo y
los "referentes" desplazó el debate de proyectos alternativos de sociedad,
reforzando la desmovilización y distanciamiento entre la clase política y
las bases de sus organizaciones políticas y sociales. "En síntesis, los
elementos aquí planteados abonaron la tendencia a colocar en un lugar tabú
la cuestión del poder en la sociedad y fundamentaron de manera creciente
concepciones donde la idea de gobernabilidad fue asociándose
progresivamente con el logro de relaciones armónicas con los sectores
dominantes"[51].

En términos del análisis de la violencia social esta hipótesis significa
que la clase política participa de los beneficios que supone la violencia
estructural edificada en el RSA a los que accede por su posición
privilegiada en el RP. A nuestro juicio, las formas de dicha participación
son tres: corrupción, identidad relativa de intereses y privilegios
económico-corporativos y clientelismo. Cuestiones estas en las que no nos
extenderemos dado que este informe tiene por objeto solamente el análisis
de un marco de explicación y comprensión de la violencia social en el
período, pero que no podíamos dejar de mencionar someramente ya que explica
de qué forma la clase política argentina al mismo tiempo que se benefició
del nuevo RSA, desarrollando intereses parcialmente convergentes con las
fracciones dominantes del capital, al mismo tiempo, colaboró en la gestión
de manifestaciones diversas de la violencia social, tales como la
pauperización, explotación, cesantías, clientelismo, desmovilización y
fragmentación de los sectores representados por los partidos tradicionales
(PJ, UCR) y sus diversas formas de diáspora y reagrupación, cuando estas
mismas prácticas generan una crisis crónica de legitimación (FG, FrePaSo,
Alianza) que culminara en el 2001 al fragor de la crisis con la consigna
entonces popularizada de "que se vayan todos". Este tipo de prácticas no
constituyen episodios coyunturales, sino que dada su generalización, son
estructurales y propias de la nueva forma de articulación entre RP y RSA
que se consolida en el período bajo examen.

Violencia social y cambios en el RSA en los gobiernos electos.

A partir de 1982, se inicia en América Latina lo que se conoce como la
década de la "crisis de la deuda externa". Comienza con la moratoria
mexicana y se caracteriza por una sistemática escasez de financiamiento
para los países de la región. En el contexto de esta restricción, el
desenvolvimiento de la economía argentina alternará períodos de crecimiento
débil, de estancamiento y sufrirá, por momentos, fuertes recesiones .

Se consolidará el patrón de valorización financiera con una fuerte fuga de
capitales al exterior que acompañará el crecimiento del endeudamiento
externo y de los intereses correspondientes. La economía es conducida por
los grupos económicos locales, los conglomerados extranjeros y la banca
acreedora beneficiarios de una redistribución regresiva de ingresos que
pierden los asalariados. En forma directa, porque se reducen sus ingresos,
e indirectamente por el carácter crecientemente regresivo de la estructura
de ingresos impositivos, así como por la orientación que asumen las
transferencias estatales[52].

La clases dominantes, sólo podían mantener sus ganancias depredando los
niveles de ingreso en las clases subalternas, trasladando los "costos del
trabajo" a los precios y convirtiendo el proceso de acumulación en un juego
de suma cero. Ello en cuanto aún no estaban definidas las bases de la
reformulación del RSA: regulación monetaria, régimen salarial, régimen de
la competencia. La llamada "puja distributiva" que se traslada a los
índices inflacionarios erosiona el salario real y su capacidad adquisitiva
preservando la tasa de ganancia de los sectores concentrados formadores de
precios[53].

La falta de difusión de indicadores socioeconómicos durante el régimen
militar, a lo que siguió el deterioro de las condiciones de vida de
porciones importantes de los sectores populares y medios, explican que
recién a mediados de los 80, se tomó conciencia de los cambios producidos,
el incremento de la "pobreza estructural", así como el surgimiento de una
"nueva pobreza" que afectaría a los sectores medios y medios-bajos.

Así el 30% de los hogares de ingresos bajos pasó del 12,4% al 7,3% en 1989,
los ingresos medios, en los cuales se comprende el 60% de los hogares,
pasaron del 60,7% en 1974 al 51,1,% en 1989, finalmente el 10% de hogares
con ingresos altos, pasaron de concentrar el 27% en 1974 al 41,7% en 1989.
El total de nuevos pobres pasó de 4,2% en 1980 a 12,3% en 1987[54].

De esta forma, las promesas y la efervescencia democrática chocaron con la
realidad de la estructura social heredada, la concentración del poder
económico y la crisis de la deuda externa. En ese contexto, el nuevo
gobierno no contó con el coraje político ni supo generar las alianzas
sociales necesarias para revertir el esquema. Su debilidad preparó el
terreno para muchos de los procesos que se darían después.

En la nueva situación, los acreedores externos y el capital concentrado
interno, constituido por los conglomerados extranjeros y los grupos
económicos locales, pasan a controlar el proceso económico sobre la base de
la sobreexplotación de los trabajadores y la capacidad de influir y
condicionar al estado para realizar sus intereses. El proceso de
acumulación que lideran ya no está condicionado por el consumo popular ni
por las fronteras nacionales, impulsando, como vimos, la disolución del
capital industrial local pequeño y mediano.

De esta forma, las expectativas iniciales despertadas por el primer
gobierno constitucional se irán disipando y dejando paso a un cierto
desencantamiento y perplejidad, resultará cada vez más evidente "La
disociación entre, por un lado, una democracia representativa, orientada
hacia la consolidación del marco institucional y el respeto de las reglas
de juego entre los partidos políticos y, por otro, una democracia
sustantiva, basada en la articulación entre solidaridad y demandas de
justicia social…"[55].

¿De qué forma fue posible que durante el primer gobierno constitucional
prosiguiera el proceso de valorización financiera? Es decir, ¿de qué forma
será posible la inédita situación en Argentina que permite compatibilizar
un régimen constitucional electo por el pueblo con un patrón de acumulación
crecientemente desigual y excluyente?

En un principio, el gobierno de Raúl Alfonsin asume un diagnóstico que no
tiene en cuenta o no registra los profundos cambios generados por el
proceso de concentración del poder económico y el agravamiento de la
desigualdad y fragmentación sociales heredados del Proceso. Más allá del
fenómeno de la restricción externa producto del endeudamiento externo, no
se visualizaban otros fenómenos estructurales económicos y sociales que
serían, a partir de allí, una pesada secuela de la violencia social con que
el gobierno dictatorial había minado el suelo de la naciente
institucionalidad. Se pensaba, más allá de la gravedad de la deuda externa,
en términos del funcionamiento típico de la economía argentina durante la
segunda etapa de la industrialización sustitutiva de importaciones[56]. Una
vez fracasado el intento de Grinspun, y en medio de la puja distributiva y
el estancamiento de la economía la gestión es asumida por el hasta entonces
Secretario de Planificación Juan Vital Sorrouille. El diagnóstico sigue
siendo el mismo, pero la solución que se propone al estrangulamiento
externo es diferente: despliegue de un modelo exportador y reactivación de
la inversión y del ahorro interno. Tales los fundamentos expuestos en el
documento que dará base al Plan Austral. Sin embargo, y pese a que durante
la campaña electoral Raúl Alfonsin había prometido distinguir e investigar
la "deuda legítima de la ilegítima", no hubo mención alguna a la fuga de
capitales, ni a quiénes la habían realizado, y mucho menos, propuesta de
política para frenar la misma, que continuaba drenando la economía
argentina.

Al mismo tiempo la capacidad de influencia y veto de los grupos económicos
locales, llamados en esta época "capitanes de la industria" y los
conglomerados extranjeros ponían un condicionamiento estricto y tensaban
más los términos de una ecuación que era ya de por sí difícil de cerrar:
orientación exportadora, atracción de inversiones y ahorro interno son
difíciles de compatibilizar con reactivación del mercado interno y consumo
popular. El aspecto heterodoxo del ajuste que supuso el Plan Austral, se
limitó a fijar el tipo de cambio de la nueva moneda creada, intento que iba
a ser efímero, y congelamiento de las principales variables
macroeconómicas: precios, salarios y tarifas para desindexar la economía.
Siendo que los niveles salariales llegaban a esa situación profundamente
deteriorados en su poder adquisitivo.

Comienza también en esta época una vinculación fluida de operadores
políticos y miembros del equipo económico, con los grupos nacionales y los
conglomerados transnacionales, que en opinión de Basualdo, supondrán los
orígenes del transformismo argentino, una vez fracasados los intentos de
concertación social y acuerdos corporativos intentados durante la primera
etapa del gobierno de Alfonsín[57]. Estos actores económicos eran los
mismos que se beneficiaron ampliamente de la política económica del Proceso
y que habían conseguido mantener sus privilegios en el primer gobierno
constitucional (promoción industrial, transferencia de su endeudamiento al
estado, orientación favorable del poder de compra del estado, agregándole
otras vinculadas a la nueva orientación exportadora: incentivos a las
exportaciones, etc.)[58].
Durante esta etapa comienza a crecer el predicamento de los "operadores
políticos" como por ejemplo, Enrique Nosiglia y José Luis Manzano, con
vínculos fluidos en relación a los grupos económicos nacionales y
transnacionales.

Así las cosas, ya para julio de 1987, en el lanzamiento del "Plan
Primavera", el ministro de economía asumía un diagnóstico mucho más
rupturista y que evidencia la internalización y asunción de la disciplina
ideológica del neoliberalismo: "…ni las tendencias inflacionarias ni los
obstáculos al crecimiento son resultados de episodios o de fenómenos
aislados y coyunturales, como tampoco son responsabilidad de un sector en
particular…lo que los argentinos experimentamos…es la crisis de un modelo
populista y facilita, de un modelo cerrado, en fin, de un modelo
centralizado y estatista"[59] . Se asume entonces un nuevo diagnóstico y
una nueva solución: la necesidad de reestructurar el estado, privatizar
empresas públicas y encarar la apertura importadora.

Sin embargo, a la hora de explicar como se llega a la crisis de 1989 que,
lejos de ser una más, supuso una ruptura profunda y jugó un papel
fundamental en el disciplinamiento social necesario para el replanteo
profundo del RSA. Ella marca un punto de inflexión en la formación
política argentina. Desde el punto de vista jurídico institucional en el
RP, anticipa el traspaso del poder de un gobernante democrático a otro
también electo, luego de muchos años de inestabilidad institucional; pero
al mismo tiempo ha quedado en la historia por las distintas formas de
violencia social que se articularon en esa coyuntura.

Como manifestaciones sociales de la violencia podemos señalar los
estallidos sociales y saqueos a comercios en busca de artículos de primera
necesidad y la declaración del estado de sitio con un saldo de 2000
detenidos y 14 muertos. En el plano político la crisis fagocitó tres
ministros de economía, dos gabinetes y precipitó la renuncia del entonces
Presidente de la Nación, seis meses antes de la terminación de su mandato
constitucional. En el plano económico, la inflación del año 1989 trepó a
4923,6% y el pico inflacionario producido entre mayo y julio de ese año,
significó una transferencia equivalente al 5% del PBI (4000 millones de
U$S) desde los sectores medio/ bajos a los más concentrados de la
economía[60]. De esta forma, se consolidó y profundizó un cambio regresivo
en la distribución de peso socioeconómico en los distintos grupos de la
sociedad consistente en el agravamiento de la concentración económica y el
empobrecimiento acelerado de los sectores medio-bajos y bajos de la
estructura social.


Dicha crisis, fue impulsada en gran parte por los grandes actores
económicos (el golpe de mercado) vinculados a los intereses financieros de
los acreedores externos, determinarían el retiro anticipado de Raúl
Alfonsín [61]. ¿Cómo se explica que frente al giro ideológico de la
política económica hacia las recetas neoliberales a partir de 1987 se
produjera esta situación?

Aquí cabe recurrir a siguiente distinción: la heterogeneidad y tensiones
entre las fracciones del capital que se consolidaron como dominantes en
este período: por una parte, como vimos los grupos económicos nacionales y
los conglomerados transnacionales con una creciente incidencia en las
políticas económicas del primer gobierno constitucional, por la otra, la
fracción postergada ligada al capital bancario y financiero transnacional
en la forma de la acreencia de la deuda externa. En este sentido, es
necesario recordar que el estado argentino entra en una moratoria de hecho
de su deuda externa a partir de 1988. De esta forma, se produce un desfase
entre el funcionamiento del estado y del régimen político en relación al
proceso de valorización financiera. En efecto, un estado claramente
condicionado y favorable a los intereses de la primera fracción, pero que
postergaba los intereses de la segunda, no cumplía con su papel de
armonizador de las disputas de las distintas fracciones de capital para
asegurar la reproducción de la acumulación en el mediano, largo plazo, es
decir, su papel estructural de "capitalista colectivo ideal"[62]. Esta
situación generó una crisis que se prolongaría incluso luego de la crisis
de 1989 a los dos primeros años de la gestión de Carlos Menem, quien en un
principio mantiene el sesgo favorable a la fracción de los grupos
económicos nacionales y conglomerados transnacionales, integrando como
ministro de economía a un cuadro del grupo Bunge y Born.

De esta forma, la crisis de 1989 no es solamente una crisis de legitimidad,
sino también una crisis de acumulación del capital producida por la disputa
de las fracciones del capital hasta ese momento postergadas –las que se
corresponden con los intereses de los acreedores de la deuda externa-y que
busca reestructurar el estado y el régimen político a su favor como
condiciones para consolidar el RSA sustentado en la valorización
financiera. Cabe recordar que a partir de 1988 y en 1989, se dispara la
fuga de capitales, la retirada de depósitos del sistema bancario y se
produce una corrida cambiaria a favor del dólar, en forma paralela al
crecimiento de los índices de precios. Se produce la negativa de los
organismos multilaterales de crédito de cualquier refinanciamiento o
rescate financiero de la Argentina, imposibilitada de hecho de seguir
pagando el servicio de la deuda, al mismo tiempo, que cuando el gobierno
asume las propuestas de privatización del sector público, reforma del
estado, etc., estas propuestas son bloqueadas por la oposición peronista en
el congreso. De esta forma el mecanismo para superar el desfase o
disyunción entre estado-RP y la necesidad de consolidar el RSA, -por medio
de la incorporación de la fracción del capital dominante postergada-, será
la propia crisis por sus efectos sociales e ideológicos disciplinarios.

La combinación de estancamiento e hiperinflación que se dispara en 1989,
crea las condiciones sociales más propicias para que prolifere una
ideología "liberalizadora" de reforma del estado y de la economía por su
cara disciplinaria que genera como vimos formas de aquiescencia difusa,
miedo, resignación, adaptación, sentido de la inevitabilidad, situados
entre el consenso activo y la coacción abierta. En 1989, los índices de
pobreza treparon al 47, 3% y la tasa de indigencia, al 17, 5%. Asimismo,
sólo en ese año el total de nuevos pobres alcanzó el 23, 3%[63]. De esta
forma se generó un cierto sentido común de la inevitabilidad de, o la
resignación o necesidad de adaptación frente a, aquellas posturas que
afirmaban la necesidad de una apertura del mercado y un achicamiento
radical del estado.

Además, la experiencia de la hiperinflación, que tomando una expresión de
Claudio Lozano podemos denominar la "violencia de la moneda", con la
disolución de los vínculos sociales y de las referencias de la normalidad
del intercambio económico, dejaría profundas huellas en la conciencia
colectiva, reforzaría los comportamientos colectivos anómicos (estallidos
sociales, saqueos), o de individualismo salvaje en la búsqueda de
soluciones a esa situación traumática a la que se vieron arrojados millones
de argentinos sin contenciones sociales o políticas. De ahí que se generara
un persistente reclamo de estabilidad, que poco tiempo después, ya durante
el gobierno de Carlos Menem, sería capitalizado a través de la
convertibilidad como parte de una serie de políticas que transformarían el
RSA y consolidarían definitivamente el patrón de acumulación financiera de
capital[64].

La huella de los acontecimientos de 1989 marcará en adelante profundamente
la cultura política argentina consolidando una percepción distinta sobre la
política, el estado y su gestión, caracterizada por la baja de los índices
de participación, una mayor distancia y apatía frente al espacio público.
Este cambio en la cultura política empieza a hacerse notorio antes de la
crisis, pero ella lo refuerza drásticamente.

La crisis allana el camino para un nuevo rol del estado y un nuevo estilo
de liderazgo, gestión y legitimación políticas, así como de funcionamiento
de las instituciones estatales. La legitimidad del nuevo estilo, tras un
período de pérdida de gobernabilidad, se sustenta sobre todo en la eficacia
decisional en desmedro de los controles y las intermediaciones
institucionales, y fundamentalmente en la valorización de la estabilidad de
las variables económicas en el marco del lanzamiento de un nuevo régimen
social de acumulación y cambios en el régimen político. La Argentina era
una sociedad empobrecida y atravesada por nuevas desigualdades que
invitaban a hacer una lectura sintomática de la crisis del RSA, sin
embargo, la gran mutación se consumaría durante los períodos de Carlos
Menem, entre 1989 -1999. En todo este contexto, de agudización de la
ingobernabilidad, crisis del estado, crisis de la representación política,
inestabilidad económica, etc., "los apoyos a la tolerancia social a las
reformas y a la estrategia menemista provinieron …de la necesidad de huir
de un presente insoportable y, a partir de entonces, del temor de volver a
esa situación extrema"[65].

Aunque su campaña electoral se fundó en ejes populistas, Menem terminó
construyendo una nueva alianza político-económica que le permitió dar causa
a la demanda de ejecutividad, mediante una estrategia neoliberal, orientada
a la deslegitimación y desmantelamiento completo del modelo nacional-
popular, sin que por ello las promesas electorales o la supuesta vocación
popular del partido justicialista se convirtieran en un verdadero
obstáculo.

La entrada en un nuevo orden neoliberal puso fin a la recurrente distancia
existente entre el sistema de poder económico-social y el sistema político,
que tantos analistas señalaron como una de las fuentes de la inestabilidad
y polarización política en la Argentina. "La larga etapa de los "empates
sociales", que había caracterizado al país de desde 1956, signada cada vez
más por la acentuación de la crisis del modelo nacional-popular e ilustrada
por las feroces pujas entre diversas concepciones de la economía, la
sociedad y la política, parecía haber llegado a su fin. Se habría una nueva
época, marcada a la vez por la polarización y fragmentación social, así
como por la hegemonía de los grupos económicos en alianza con el partido
mayoritario"[66].

El PJ abandonó su alianza estratégica con los sectores sindicales
corporativos, para aliarse a los grandes grupos económicos y los
representantes políticos del neoliberalismo vernáculo. Se forjaron así los
apoyos políticos e ideológicos a la reforma del estado, abandonando al
mismo tiempo la política de concertación social, al tiempo que se asumía
un estilo decisionista de gestión[67].

Desde el principio, como vimos, la gestión e Menem busca consolidar una
alianza con los grupos económicos de capital interno incorporando como
Ministro de Economía a uno de sus cuadros. Pero inmediatamente se renueva
entonces la presión de los acreedores externos para lograr reformas
estructurales. Esta presión surte efecto: se ponen en marcha una serie de
reformas destinadas a modificar drásticamente la estructura del sector
público y la orientación de las transferencias de los recursos estatales.
La Ley de Emergencia Económica, estaba destinada a eliminar la variada gama
de subsidios, reintegros impositivos y distintas transferencias
implementadas por el sector público. Por su parte, la Ley de Reforma del
Estado, dispuso la intervención de las empresas estatales, fijando el
cronograma y los criterios para la transferencia de los activos públicos al
sector privado, entre lo que se encontraba la conversión de la deuda
externa. Esta ley estableció que las empresas podían privatizarse mediante
decretos del Poder Ejecutivo, y que los acreedores del Estado y/o sus
empresas podrían capitalizar sus créditos, lo que permitió la posterior
capitalización de títulos de la deuda externa por parte de capitales
extranjeros y también grupos económicos locales. Además se reformó el
sistema tributario de forma de asegurar los ingresos fiscales, pero al
mismo tiempo de forma regresiva, se generalizó la aplicación del impuesto
al valor agregado y se aumentó la alícuota del mismo, se gravaron los
patrimonios y se redujeron las alícuotas del impuesto a las ganancias[68].
En 1989 el incremento del tipo de cambio y de las tarifas públicas provoca
una nueva estampida de hiperinflación que genera el recambio de la
conducción económica. En 1990, se comienza la negociación en el marco del
Plan Brady para sacar a Argentina de la situación de cesación de pagos de
la deuda externa que había comenzado en 1988, proceso que culmina en 1992,
comenzando a partir de allí un nuevo proceso de endeudamiento. En 1991,
Domingo Cavallo se hace cargo del Ministerio de Economía y lanza el Plan de
Convertibilidad.

La política de convertibilidad consolidó una serie de modificaciones del
RSA, entre ellas, la paridad del dólar y el peso, la restricción de la
emisión monetaria, la reducción de las barreras aduaneras, la
liberalización del comercio exterior y el aumento de la presión fiscal.
Fueron suprimidos los principales mecanismos de control del estado sobre la
economía, al tiempo que se liberalizó la economía.

Con las reformas neoliberales, la estabilización económica y la
revaluación de la moneda se consiguió una legitimidad de resultados basada
en algunos efectos económicos de base endeble y alcance parcial: la
recuperación del crédito y el consumo de las clases medias[69]. Esta
política permitió en los primeros años de aplicación del plan de
convertibilidad (1991-1994) un descenso de la pobreza del 47.9% en plena
hiper de 1989 al 19,7%, la recuperación de la inversión extranjera y el
crecimiento[70].

Pero la adopción de la convertibilidad supuso el abandono de una política
monetaria autónoma, lo cual acentuó la dependencia estructural del país
frente al mercado internacional y sus sobresaltos coyunturales y no
permitió tampoco desarrollar un nivel de competitividad suficiente. Se
trató de un modelo de "modernización excluyente", impulsando la dualización
de la economía y la sociedad. Durante la década del 90 mientras que la PEA
creció un 28%, el desempleo creció 156,3% y el subempleo, 115,4%. Se
incrementó la productividad con escasa generación de empleo y deterioro
creciente de las condiciones de trabajo. Asimismo, el nuevo modelo modificó
la inserción de la economía en el mercado mundial, la apertura de las
importaciones condujo a la reprimarización de la economía: las PyMES
tuvieron dificultades para enfrentar la competencia, con lo cual las
exportaciones se concentraron ahí donde sus precios se expresaban
directamente en dólares (petróleo, gas, producción agrícola) y donde el
valor agregado y la generación de empleo eran prácticamente inexistentes .

En los primeros años se presentó la novedad de la coexistencia de
crecimiento económico y aumento de la desocupación, sin embargo, el punto
de inflexión lo marcó el año de 1995, a partir del que el crecimiento se
estanca, por una combinación de factores externos e internos (efecto
"tequila", y tope de la expansión de la capacidad de consumo interno). Así,
en 1995 la proporción de hogares pobres creció en un 25%. Con la recesión
se incrementó la desocupación: 1990 6%, 1996 18,8%, mayo 2002 21,5%,
después de la crisis del régimen de convertibilidad. La pobreza saltó en
2002 al 54,3%[71].

La reforma y reestructuración del estado se operó a través de una fuerte
reducción del gasto público, la descentralización administrativa y el
traslado de competencias (salud y educación) a los niveles provincial y
municipal, así como una serie de reformas orientadas a la desregulación y
privatización de los servicios hasta ese momento administrados por el
estado. Estas reformas significaron un cambio profundo en el rol del estado
en relación con la sociedad desde el punto de vista económico, teniendo
como resultado una matriz social caracterizada por una fuerte dinámica de
polarización y por la multiplicación de las desigualdades. Al mismo tiempo,
la desregulación de los mercados, acompañada por nuevas formas de
organización del trabajo, produjo la entrada en una era caracterizada por
la flexibilización y la precariedad laboral y una alta tasa de desempleo.

Gobernabilidad y gestión de la violencia social: crisis de legitimación

La consolidación de una "nueva matriz estatal", se basó en tres dimensiones
mayores: patrimonialismo, asistencialismo y el reforzamiento del carácter
represivo institucional[72]. Las principales leyes emergencia económica,
reforma del estado, ley de "empleo", ley de reforma del régimen de
accidentes de trabajo, etc., fueron votadas por la oposición.

Simultáneamente, se produjo una verdadera normalización del sistema
político en torno a un consenso "centrista" que aceptaba las líneas básicas
de la reforma del estado y el modelo neoliberal. Esta normalización de la
democracia queda confinada en el régimen político electoral, desvinculada
de cualquier intención de transformación social. El cuerpo electoral sólo
escoge a quien va a tomar las decisiones, pero sin ninguna incidencia
efectiva en el sentido y orientación de las mismas. En definitiva, mientras
la política en lo socioeconómico era reducida a la gestión de lo existente
y crecían los niveles de pobreza, exclusión y desocupación, el
transformismo de la clase política argentina sólo permitía intentos de
diferenciación respecto al oficialismo a partir de la condena de la
corrupción, y el discurso republicano[73].

La creciente desafección política, la apatía de los sectores populares y de
clase media, muchos de ellos empujados a una nueva pobreza, los procesos de
desmovilización y de fragmentación social no son solamente producto de una
aquiescencia pasiva a un sistema del que no se desea participar. Van a
identificar una autoexclusión de un orden político con el que buena parte
de la ciudadanía experimenta una pérdida de identificación. Hay una perdida
de calidad ciudadana en lo social y económico que se proyecta hacia la
creciente apatía y desafección política. Así, por ejemplo, en las
elecciones a convencionales constituyente de 1994 el voto en blanco y la
abstención electoral llegaron al 34. 9% del padrón, ocupando el segundo
lugar a nivel nacional y el primero en algunas provincias[74]. Es evidente
que este proceso se vincula con aquellas formas de violencia social como la
desmovilización y fragmentación, que afectan la libertad en su faz positiva
o activa, y la identidad. Como sostiene Rajland, "el ciudadano está
sufriendo un doble proceso de exclusión de la política, por
desciudadanización social y por ajenidad en cuanto a los niveles de
participación decisoria"[75].

La deseada y buscada "Gobernabilidad", en esas condiciones actúa como un
verdadero obturador de las pretensiones de transformación democrática. Ella
pasa por la búsqueda de autonomización y una imposible legitimación del
sistema político respecto de sus bases estructurales. De ahí que se suscite
una relación directamente proporcional entre
gobernabilidad/fragmentación/desmovilización/desciudadanización. La
política en vez de tener como objetivo, en el contexto de una sociedad
marcadamente desigualitaria y socialmente desestructurada, la reducción en
términos absolutos de la violencia estructural, directa, simbólico-
cultural, se transforma en un instrumento para gestionar de forma
sustentable o gobernable la violencia cotidiana.

En ese contexto, la clase política debe hacer pasar a sus miembros por el
canon de la "Elegibilidad" de los políticos que se estrecha en los límites
infranqueables del modelo. Y si el desgaste de los líderes y sus gobiernos
es grande, debe saber procurar nuevas figuras de recambio legitimables que
aseguran la continuidad, con retoques cosméticos, si cabe, de las mismas
políticas. Tal el consenso centrista en torno al modelo de la
convertibilidad que se prolongó con la victoria electoral de la Alianza
quedaron demostrados los límites de capacidad legitimatoria del
transformismo de la clase política argentina en el marco de una política
económico social que deglutía cualquier posibilidad de seguir generando
consensos en el marco de la convertibilidad y el estancamiento económico.La
tasa de desempleo llegó a más de un 24% a fines del 2002.


Violencia social y desempleo.

El proceso de cambios descriptos tuvo consecuencias especialmente graves a
partir de la consolidación del RSA basado en la valorización financiera. En
efecto, una vez consolidada la nueva matriz de la formación política
argentina en lo económico social y normalizado el RP, las consecuencias de
las políticas se hicieron sentir en el "mercado de trabajo", como reconocía
uno de las investigaciones colectivas más importantes que por entonces se
realizaron sobre el problema, en los siguientes aspectos: a) un aumento de
la desocupación abierta y de la subocupación horaria, b) el aumento de la
incertidumbre de los desocupados acerca de la continuidad de la relación
laboral –lo cual, entre otros efectos, llevó a disminuir el poder de
negociación de los trabajadores empleados, favoreciendo la reducción de sus
ingresos-, c) un crecimiento de la cantidad de puestos de trabajo
precarios, generalmente "en negro", así como aquellos de carácter autónomo
que brindan bajos ingresos o donde estos fluctúan muy ampliamente; y d) que
muchos trabajadores acepten desempeñarse en puestos de trabajo que
requieren una formación y/o experiencia menores que la que ellos tienen. El
desempleo, el subempleo y la precariedad, llevan, especialmente cuando
estos fenómenos son soportados por aquellas personas que mas contribuyeron
al sustento de sus familias, a que los ingresos de los hogares muestren una
elevada variabilidad, haciéndolos poco predecibles. La variabilidad y la
elevada incertidumbre impactan significativamente en la calidad de vida de
los hogares que cuentan con una escasa dotación de capital o pasibles de
endeudamiento, quedando expuestos a una clara situación de vulnerabilidad,
la cual se expresa en el escaso margen con que cuentan estas familias para
hacer frente a situaciones imprevistas, tales como la enfermedad de alguno
de sus miembros, pérdida de trabajo, etc. Peor aún el impacto que el
desempleo o el deterioro de la inserción laboral tiene en aquellos hogares
que obtienen de su participación en el "mercado de trabajo" ingresos por
debajo del valor de una canasta básica de bienes y servicios, es decir,
pobres, ya que no tienen ninguna posibilidad de absorber situaciones de
desempleo o de mayor inestabilidad[76].

En términos de violencia social, no sólo deben computarse los que hacen a
la pauperización y mayor explotación de la fuerza de trabajo ocupada, sino
también los que hacen a la identidad, ya que el trabajo, además de ser la
principal fuente de ingresos de la gran mayoría de los hogares, es una de
las actividades que más fuertemente organiza la cotidianeidad en los
sujetos y las familias, es un factor muy importante de socialización de las
personas, y las provee de todo un mundo de relaciones y valoraciones
personales. La creciente desocupación y las formas marginales de empleo
debilitaron los lazos de integración y no existieron mecanismos de
compensación y seguridad social ante los riesgos que esa situación produjo.


En la conformación de este panorama, las decisiones políticas del estado
tuvieron una responsabilidad primaria, ya que reconfiguraron el RSA
modificando profundamente el rol del estado en la economía, y la regulación
de las relaciones de trabajo, generando las condiciones; avaladas por la
mayoría de la clase política de los dos partidos mayoritarios, con contadas
y honrosas excepciones, para la reproducción de condiciones de desempleo
masivo y sus consecuencias disciplinarias y de aumento de la tasa de
explotación para la fuerza de trabajo ocupada, pauperizadoras,
desmovilizadoras y fragmentadoras para los desocupados y subempleados.
Dicha centralidad del estado estuvo sustentada en la forma en que ejerció
sus funciones regulatorias de manera directa o indirecta, por medio del
derecho o a través de su propiedad de sectores de infraestructura,
producción y servicios, incidiendo en los niveles de empleo, salariales,
las modalidades de la relación laboral.

En especial, dos de las políticas encaradas entonces, y visualizadas en el
consenso hegemónico como imprescindibles para relanzar la acumulación del
capital en el marco de la valorización financiera impactaron en la
generación de las violencias sociales vinculadas al desempleo masivo y
continuaron la ofensiva que desde el proceso, las fracciones dominantes del
capital iniciaron para disciplinar a los grupos subalternos y mejorar su
tasa de ganancia: la reforma del estado y la flexibilización laboral. En
definitiva, el estado argentino jugó un rol activo en la redefinición de
las relaciones de fuerzas entre el capital y el trabajo, y por extensión
consiguió disciplinar al conjunto de las clases subalternas con la
complicidad por acción u omisión de una clase política "transformista".

Conviene entonces distinguir estos dos vectores de las políticas públicas
implementadas, comenzando con la llamada reforma del estado y siguiendo con
la desregulación o flexibilización laboral.

Respecto a la primera, cabe decir que el programa de privatizaciones
enajenó la casi totalidad de las empresas estatales en un período inferior
a cuatro años. En este período se transfirieron a operadores privados la
empresa nacional de telecomunicaciones, la aerolínea de bandera, la mayor
parte de los ramales ferroviarios, los subterráneos de la ciudad de Buenos
Aires, la producción y distribución de electricidad y gas, el servicio de
agua potables y cloacas del Gran Buenos Aires, áreas petroleras primarias y
secundarias, empresas petroquímicas, canales de televisión y se concedieron
rutas para ser explotadas mediante el cobro de peajes, además de venderse
un elevado número de empresas manufacturareras. Todo ello en condiciones de
fuerte de subvaluación de los activos y habiendo transferido al sector
público los pasivos de las mismas: los ingresos por privatizaciones fueron
aproximadamente 19500 millones de dólares, 14000 en efectivo y 5500 en
títulos de la deuda externa. Los pasivos transferidos al estado por parte
de las empresas que fueron privatizadas alcanzaron aproximadamente 20000
millones de dólares. En el contexto invocado entonces de "emergencia
económica" generado por la crisis (recordemos que las privatizaciones
tuvieron como marco normativo las leyes 23696 y 23697 de Reforma del Estado
y Emergencia Económica, respectivamente, votadas por los dos partidos
mayoritarios PJ y UCR en 1989), los marcos regulatorios para la prestación
de los servicios públicos privatizados fueron establecidos por el PEN
mediante decretos de seguridad y urgencia y en ausencia de regulación
antimonopólica, de defensa de usuarios y consumidores y de órganos de
regulación específicos –que se constituyeron y funcionaron con
posterioridad a la transferencia de la propiedad a los sectores privados-.
Toda esta reseña, que no hace directamente al objeto de este informe: la
violencia social, es necesaria sin embargo para comprender que como
consecuencia de la subvaluación de los activos estatales y de la deficiente
regulación de los mercados generados, el gobierno transfirió además de una
porción significativa de la riqueza social y una masa crítica de poder
económico y regulatorio a un grupo muy reducido de actores económicos. Como
consecuencia, las privatizaciones de sectores de infraestuctura generaron
nuevos mercados oligopólicos y monopólicos en condiciones de escaso riesgo
empresario para las prestatarias que percibieron a partir de entonces
niveles extraordinarios de ganancias no ligadas a la innovación sino a
ventajas de orden jurídico aseguradas. Como la dolarización e indexación de
las tarifas (la inflación en los Estados Unidos durante el período superó a
la registrada en Argentina), en un contexto de estabilidad de los precios
domésticos, y la redefinición de las condiciones de explotación de la
fuerza de trabajo en esos sectores[77].

Como paso previo a la privatización de las empresas públicas el gobierno
autorizó el despido de los empleados estatales por medio de las citadas
leyes de reforma del estado y emergencia económica. Los despidos masivos
que realizó el estado mediante la implementación de programas de
racionalización de personal, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas,
cesantías y liquidaciones de entes públicos, como la redistribución del
ingreso a favor del capital al interior de dichos sectores, contribuyeron
significativamente a promover mayores niveles de subordinación de la fuerza
de trabajo al capital.

La política de despidos estuvo orientada, en una primera etapa, a
incrementar la rentabilidad de los negocios a transferir al capital privado
y fue financiada fundamentalmente por el Banco Mundial. La misma involucró
al 50% del empleo total existente, es decir, más de 110000 ocupados entre
1991 y 1993. Dicho proceso se vería acentuado por la política de expulsión
de la fuerza de trabajo instrumentada por las empresas ya privatizadas. Las
mismas despidieron aproximadamente 33000 asalariados entre 1993 y 1998
(cifra que representa el 33 % del empleo total generado por las mismas),
como producto de la incorporación de nueva teconología ahorradora de fuerza
de trabajo, del incremento de la intensidad en el uso de la fuerza de
trabajo, del incremento de la intensidad en el uso de la misma (habilitado
por la nueva regulación laboral) y del proceso de tercerización que
desarrollaron. Como consecuencia del proceso privatizador, la ocupación
generada por las ex empresas públicas pasó del 2, 3% al 0, 1% de la
población económicamente activa, según información de Las Memorias y
Balances de las empresas y del INDEC[78].

Las clases subalternas de la sociedad permanecieron ausentes del proceso de
decisión sobre la reforma del estado y las privatizaciones del patrimonio
público, condicionadas por la violencia de la crisis económica y el clima
político que impuso como única alternativa frente al abismo la retirada del
estado de la economía y su reemplazo por la iniciativa privada. Si bien
existió consenso pasivo suficiente para avalar el proceso, construido tanto
a partir del deterioro acumulado de la calidad de los servicios públicos
como por el discurso mediático promovido por los sectores afines
ideológicamente como por los que a la postre resultarían beneficiarios del
mismo, lo cierto es que el gobierno en particular y la clase política en
general, excluyeron los mecanismos de consulta con vistas a la
transformación. La relación de fuerzas obtenida por el disciplinamiento
económico social, la cooptación y debilidad de la oposición, le permitieron
al gobierno imponer decisiones ya tomadas con relación al proceso de
privatización y re regulación de las relaciones laborales. Estas
decisiones, sin embargo, no hubieran podido llevarse a la práctica sin el
apoyo ideológico y financiero que proporcionaron los organismo financieros
internacionales: entre 1991 y 1993 el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo otorgaron créditos a la Argentina por 300 y
350 millones de dólares, respectivamente, para apoyar los programas de
privatización y reestructuración del sector público[79].

En cuanto a la llamada desregulación o flexibilidad laboral, hay que decir
que el uso de los términos en el discurso político no es inocente. Ya que
lo que en verdad se produjo fue una verdadera re regulación a favor del
capital en la relación social de trabajo, poniendo entre paréntesis una
serie de débiles principios tuitivos compensatorios de la parte más débil
que sobrevivían en nuestra legislación laboral.

La relación social de trabajo ya estaba flexibilizada a favor del capital.
En efecto, la ley de contrato de trabajo 20744 de 1974, establecía la
continuidad, como lo decía el mensaje del PEN, de "nuestro marco socio
económico de vigencias", sin introducir cambios al sistema básico de
relaciones entre el capital y el trabajo que siguió teniendo a la empresa
privada como pilar con el empresario depositario del poder decisorio como
director y organizador sin participación alguna de los trabajadores,
conforme lo prescribe el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Fue posible en el marco de las relaciones de fuerzas entonces vigentes, sin
embargo, compensar esta debilidad introduciendo un conjunto de de
presunciones tendientes a cubrir deficiencias probatorias a favor de los
trabajadores, y a prevenir el fraude laboral. Se incorporaron normas que
establecían tibios mecanismos de contralor sindical y de injerencia de la
autoridad de aplicación a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las
obligaciones del empresario. Protecciones contra el ejercicio ilegítimo del
ius variandi, es decir la modificación de las características estructurales
del contrato de trabajo por parte del empleador de forma unilateral. Pese a
que en ese entonces, la relación de fuerzas era más favorable a la clase
trabajadora organizada no se llego a incluir la estabilidad propia (14 bis
CN), que negara la eficacia extintiva del despido injustificado.
En esta misma línea transaccional entre capital y trabajo, se inscribe la
consagración del sistema de trabajo por equipo que termino siendo de turnos
rotativos, sin necesidad de acreditar, por parte de los empresarios
necesidades objetivas que justifiquen dicha modalidad, lo que ya en 1974
flexibilizaba la duración de la jornada a favor de la parte patronal[80].
Asimismo, las sanciones disciplinarias reservaban al empleador un amplio
poder. De esta forma, se consagraba con amplitud en esa legislación el
respeto a la teoría de la soberanía patronal, revelando el carácter
asimétrico de la relación de trabajo: el empresario en el sistema social
vigente asume un poder punitivo y sancionador que en otras relaciones
contractuales está reservado al poder estatal[81].

El Proceso de Reorganización Nacional, opero una desmembración salvaje de
la LCT, complementada con la prohibición y criminalización del derecho de
huelga y la hibernación del derecho colectivo del trabajo a través de la
suspensión de la negociación colectiva, la intervención de los sindicatos y
un proceso de represión que tuvo como uno de sus principales víctimas a los
trabajadores y dirigentes sindicales: según el informe de la CONADEP, 30,
2% de los desaparecidos denunciados ante la misma eran obreros y 17, 2%
empleados[82].

La regla estatal 21297 mutiló la LCT eliminando todos los tibios mecanismos
de control sindical tendientes a asegurar las obligaciones del empleador,
restringió las facultades de la autoridad de aplicación, derogó o modificó
las normas de prevención del fraude laboral y consagratorias de principios
de protección del trabajador: in dubio pro operario (art. 9), usos y
costumbres más favorables al trabajador (art. 17), jornadas de trabajo y
régimen de descanso (213, 214), vacaciones (168 y ss.). Introdujo la
posibilidad de contratación a través de agencias de servicios eventuales
autorizadas por la autoridad de aplicación (actual art.29), se ampliaron
las posibilidades de modificación unilateral de las condiciones de trabajo
por parte del empleador o ius variandi (71, actual 66). De la misma forma
mejoró la posición de los empleadores en materia de remuneraciones, poder
disciplinario, redujo los plazos de prescripción de las acciones laborales
de cuatro a dos años y facilitó la extinción del contrato, agravando la
inestabilidad relativa, que como vimos, consagraba ya desde su origen la
LCT.

El gobierno constitucional iniciado en 1983, mantuvo el régimen normativo
básico de las relaciones de trabajo impuesto autoritariamente en 1976, con
excepción de la eliminación del tope de la remuneración de la indemnización
por despido (art. 48 de la ley 23. 697).

El gobierno de Carlos Menem profundizó estas tendencias operando una
reforma de la legislación que terminó la desestructuración de los
principios del derecho de trabajo, por medio de las sgtes. leyes: el
decreto de reglamentación de la huelga de los servicios públicos (2184/90),
las normas de limitaciòn de la negociación colectiva salarial, la reforma
de la ley de accidentes del trabajo (Ley 24.028) y la Ley de Riesgos del
Trabajo (24557), las leyes de reforma del contrato de trabajo (24465 y
25013), la ley de PyMES 24467. Según Ricardo J. Cornaglia, estas normas, y
otras complementarias, terminaron por afectar los principios generales del
derecho del trabajo, y ello básicamente y de forma sintética, oponiendo un
principio de regresividad como centro articulador de la llamada "reforma
laboral"[83]. Para este especialista en derecho social, estas reformas
fueron el corolario de un proceso de desindustrialización nacional,
profundizando la dependencia, destrucción de la pequeña y mediana empresa,
enajenación y entrega del patrimonio nacional, debilitamiento y
desactivación del movimiento obrero y salvaje concentración económica, en
un grupo elegido desde el poder, de beneficiarios externos e internos del
proceso de privatización.

Las cifras al respecto son elocuentes:

Desde 1950, la participación de los asalariados en el PBI descendió del 50%
a menos del 25%.

El consumo popular de alimentos ente 1980-1999 se redujo en un 34%.

Entre 1974 y 1999, la industria manufacturera perdió un 45% de puestos de
trabajo.

En el conurbano bonaerense, a noviembre de 1999 se consideraban pobres el
47, 2% de los habitantes y de ese sector, el 69% eran nuevos pobres o
pauperizados.

El 38 % de los trabajadores no tenía cobertura social, tres millones y
medio de asalariados a nivel nacional.

A comienzos de la década de los 90, UNICEF denunció que de los 20000 niños
menores que morían anualmente en Argentina , la mitad lo hacen por
enfermedades o causas fácilmente evitables, vinculadas a la situación de
pobreza. Y que el 35% de la población infantil se encontraba en situación
de riesgo porque sus necesidades bàsicas estaban insatisfechas[84].

En este contexto histórico caracterizado por un ordenamiento normativo
laboral escasamente limitador del poder empresario, con el agravante en
muchos casos del incumplimiento de las normas, debida a estructuras
sindicales sumamente debilitadas en su poder de presión y negociación y un
estado imposibilitado de ejercitar eficazmente la policía del trabajo "la
reforma vino a desregular a la baja, atacando los magros instrumentos
protectores del derecho del trabajo"[85].

Las sucesivas reformas introducidas en la normativa del trabajo, y
especialmente la promoción de diversas modalidades de contratación por
tiempo determinado, debilitaron la lógica protectoria del derecho laboral .
De este modo, el creciente universo de trabajadores precarios en negro se
ve ahora engrosado por aquellos que, si bien están registrados, lo están en
puestos sumamente inestables. El achicamiento absoluto del ámbito formal de
las relaciones de trabajo, la pérdida de derechos y garantías por parte de
los trabajadores, su progresiva desafiliación a la seguridad social y la
crisis que ésta atraviesa se conjugan para mostrar el debilitamiento de los
lazos de integración social que sufre esta sociedad y la consecuente
vulnerabilidad que crecientemente enfrentan sus miembros. En una sociedad
en que el trabajo asalariado opera como la base de los mecanismos de
cohesión social, la crisis del mismo es la principal fuente de obstáculos a
la distribución social de sus recursos[86].

La inexistencia de redes sociales y estatales de protección frente al
desempleo, hizo pender sobre la cabeza de los sectores sociales medios y
bajos perjudicados, la amenaza del riesgo de privación absoluta. Frente a
tal escenario, las estrategias e imágenes que tienen los desocupados pasan
por la centralidad del mercado: en la explicación causal del problema, en
la eventuales estrategias a realizar, o en los procesos de estigmatización.
Se destaca la visión de la desocupación como un riesgo colectivo pero
desocializado, una vez que afecta a individuos atomizados, competitivos
entre sí por los puestos de trabajo existentes y a los que sólo les resta
desplegar estrategias en el mercado. Esa situación refuerza el proceso de
disciplinamiento tanto de los trabajadores ocupados ante el miedo de perder
su trabajo, como a los desocupados a aceptar condiciones laborales que bajo
otras circunstancias no aceptarían[87].

La flexibilidad laboral, con el pretexto de crear empleos, desestabilizó al
trabajador y rebajó las indemnizaciones por despido, permitiendo a los
empleadores la más barata rescisión del contrato de trabajo. Fue una
verdadera ley de desempleo. De esta forma se configuró una verdadera
situación de desenganche en relación al trabajo y a la inserción
relacional. Esquematizando se pueden establecer tres valores en cada uno de
los ejes: trabajo estable-trabajo precario-no trabajo, e inserción
relacional fuerte-fragilidad relacional-aislamiento social. De este cruce
se obtienen tres zonas, a saber, la de integración (trabajo estable y
fuerte inscripción relacional), la zona de vulnerabilidad (trabajo precario
y fragilidad de los soportes relacionales), y la zona de marginalidad
–desafiliación (ausencia de trabajo y aislamiento relacional). Estas tres
zonas son de fronteras porosas y explica la contiguidad entre los fenómenos
de violencia social propios de la explotación y la pauperización, así como
la inestabilidad y precariedad laboral con la desocupación masiva, y los
procesos de fragmentación y desmovilización que afectan las identidades
populares y las posibilidades de una acción colectiva eficaz para hacer
frente a esa situación que se prolongan durante toda la primera parte de
los años 90[88].

Falta sin embargo, una explicación por el lado de la violencia simbólica
que operó un bloqueo el circuito de reacción cultural, planteando como
única salida la re regulación de las relaciones de trabajo en beneficio del
capital[89]. Ello fue posible por medio de una naturalización de dichas
políticas. El contexto histórico explicado hasta aquí, convergió, como
explica Vasilachis de Gialdino[90]durante la primera mitad de los años 90
con los discursos políticos y mediáticos para producir esa sensación de
inevitabilidad y de que no había otra salida que la emprendida por los
caminos de diseño neoliberal, por medio de las siguientes representaciones
sociales, que se generalizaron e instalaron en el sentido común durante las
discusiones de la ley de empleo y de riesgos del trabajo:

a) La definición de la situación de la actividad empresaria como
"contexto catástrofe", en la que los empresarios "soportan" y quedan
"indefensos" frente a la "industria" de los juicios laborales. Por
este discurso los empresarios aparecen como sujetos pasivos de la
acción de otros sujetos elididos, que no son otros que los
trabajadores, sus organizaciones y representantes legales. Titulares
tales como: "Grave: alientan la industria del juicio"[91], "aluvión de
demandas laborales"[92], "no existe en la Argentina ningún sector
industrial que pueda considerarse a salvo"[93] colaboran a la
instalación de este contexto catástrofe y a visualizar a los
trabajadores como los responsables de su creación, y no a las malas
condiciones de trabajo que ellos deben soportar.
b) Una imagen positiva de los empresarios, es construida en la
convergencia del discurso político oficial y los medios. Son
presentados como promotores de innovación e inversión, creadores de
puestos de trabajo y el destino económico del país atado al éxito de
su actividad[94].
c) Una imagen negativa de los sindicatos, de los trabajadores y de los
abogados como promotores de la traba a la actividad empresaria a
través de la industria del juicio.
d) Naturalización de los modelos causales o condicionales siguientes:
cambio de legislación = aumento del empleo y del crecimiento;
disminución de los costos laborales=aumento de la producción y la
competitividad; más litigios=más desempleo. Al difundirse esta
creencia, el desempleo es construido como amenaza implícita y el
cambio de legislación impulsado la condición para que la misma no se
efectivice.
e) La construcción de un modelo invertido del conflicto social, donde la
asimetría de la relación laboral parece jugar ahora a favor de los
trabajadores, sus organizaciones y representantes legales, mientras
que el contenido semántico de términos como "riesgo", "protección",
"amparo", "costo" parecen afectar o ser carencias de los empresarios
perjudicados arbitrariamente por la situación así redefinida. Una
verdadera inversión ideológica de los derechos laborales en perjuicio
de sus beneficiarios[95].


Estos modelos interpretativos se instalan en el sentido común por medio
de dos estrategias: 1) la reiteración, y 2) la falta de otras fuentes
alternativas de opinión y la carencia de otros marcos de interpretación,
operando de esta forma el bloqueo ideológico del circuito de reacción
cultural y naturalizando el tratamiento del empleo como el único posible,
con un claro carácter ideológico.


Conclusiones:

Es usual analizar las manifestaciones de violencia directa que se dieron en
el período sub examine (desapariciones, torturas, represión y
criminalización de la violencia social, estallidos sociales, etc.), pero
preferimos centrarnos en sus manifestaciones estructurales y simbólicas
vinculadas a los cambios en el RSA y los consensos políticos activos y
pasivos que fueron necesarios para llevar adelante semejante revolución
neoliberal en nuestro país. Para ello tomamos como eje la contigüidad que
se produce en torno a la reforma de la relación de trabajo y el empleo y
las formas de violencia social más difíciles de visualizar al principio de
la implementación de las reformas en esas áreas: explotación,
pauperización, cesantías, fragmentación, desmovilización. Recurrimos a la
hipótesis auxiliar de que la ofensiva en este sentido fue posible por una
convergencia de factores entre los que destacamos: la coyuntura económica
mundial favorable a la acumulación financiera de capital, el brutal
disciplinamiento social impuesto por el Proceso de Reorganización Nacional,
los efectos disciplinadores de la inestabilidad económica y las crisis
hiperinflacionarias, el transformismo de la clase política argentina, la
activa participación del estado a través de sus políticas públicas en la
modificación de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, y el
bloqueo ideológico del circuito de reacción cultural, instalando la
sensación de que no había alternativas a las políticas neoliberales en
materia de empleo, generado por la convergencia del discurso político y
mediático.



-----------------------
[1] Ver Feinmann, José Pablo. La sangre derramada. Ensayo sobre la
violencia política. Ariel. Buenos Aires. 1998, y Grüner, Eduardo. Las
formas de la espada. Miserias de la teoría política de la
violencia.Colihue. Buenos Aires. 1997.
[2] Grigera, Agustina, Ubago Moreno, Ignacio, Brajterman, Luis. Sociedad,
estado y violencia en la Argentina. Aproximación teórica. En: Izaguirre,
María Inés. (Editora). Violencia social y derechos humanos. EUDEBA. Buenos
Aires.1998. pg.216.
[3] Griguera, Ubago y Brajterman. En: Izaguirre,Inés. Ibid.pg.216.
[4] Galtung, Johan. Sobre la paz. Ed. Fontamara. Barcelona. 1985. pg.30.
[5] De esta forma, y haciendo una breve nota a pie de corte filosófico, la
violencia surge donde las personas en vez de componer una relación que
potencie mutuamente sus realizaciones somáticas y mentales en todos los
órdenes de la vida, se vinculan por formas de dominación, (lo que Galtung
llama influencia de un sujeto sobre otro). Me parece que existe una
similitud entre la explicación relacional y compleja de la violencia de
Galtung, y la teoría de las afecciones de Spinoza.

La potencia en Spinoza, tanto en su Tratado Político, como en su Ética, es
la capacidad de componer y organizar nuestras relaciones con los demás para
hacer cosas en común. "Nunca se sabe lo que un cuerpo puede", en la medida
en que ese cuerpo puede potenciar su hacer en común con otros cuerpos para
llegar a afecciones positivas y pasiones alegres.

La propuesta spinoziana, su apuesta por la posibilidad de la composición
está en las antípodas del individualismo posesivo y competitivo de Hobbes y
la represividad de los orígenes de la sociedad capitalista burguesa, y, es
aplicable tanto al amor y a la amistad, como a la fundamentación política
de los derechos y la democracia en la potencia común. Ver ….completar cita.

En la interpretación que hace Deleuze, en su obra "Spinoza: filosofía
práctica", de la ética spinoziana, esta funciona de forma relacional,
construyendo relaciones que, o bien componen la potencia de los cuerpos con
los otros cuerpos y los objetos, por lo que la relación será buena, o bien
funciona descomponiendo la potencia, reduciendo la realización de la
potencialidad de una de las partes, para la que, por lo tanto, la relación
será mala. Si bien es riesgoso comparar y vincular conceptos sociológicos
con conceptos filosóficos, creo que en general y por ende también en este
caso el ejercicio es pertinente, toda vez que aquellos conceptos de la
sociología no pueden desprenderse de ciertos supuestos básicos subyacentes
de índole filosófica acerca de la vida, las personas y sus relaciones.

Por otra parte, es necesario enfatizar que la conmensurabilidad no se da
entre potencialidad (Galtung) y potencia (Spinoza-Deleuze), sino entre esta
última y la realización. En efecto, mientras que la potencialidad se
predica del género humano en su actual estado de recursos y conocimientos,
la potencia sólo se predica de la singularidad en situación. Por lo tanto,
la pregunta es: en tal o cual situación, ¿las relaciones sociales favorecen
la realización somática o mental potencial?, lo que equivale a preguntar si
en esa situación se compone o se descompone la potencia.
Ver Deleuze, Gilles. Spinoza. Filosofía práctica. Tusquets. Barcelona.
2001.
Spinoza, Baruch. Tratado político. Madrid. Alianza. 1986.

[6] Izaguirre, Inés.(Comp.) Violencia social y derechos humanos. Op. Cit.
.pg.7.
[7] Aquí aparece otro aspecto de conmensurabilidad entre la concepción
galtuniana de la violencia y la teoría de las afecciones spinoziana
interpretada por Deleuze. En efecto, para éste, en Spinoza no existe el
Bien o el Mal, los sujetos no actúan como encarnaciones de esos entes
absolutos. Los sujetos componen su potencia o no, en cuyo caso sus
relaciones son buenas o son malas de forma inmanente a esas mismas tramas
sociales.
Esto marca una discontinuidad importante con la tradición cultural judeo-
cristiana que identifica actos intencionales de los sujetos que manifiestan
el Bien o el Mal en relación con una esfera trascendente, y que, como ha
puesto de relieve Galtung en su análisis de la cosmovisión de Occidente,
están en la base de la forma de percepción predominante de la violencia
social, como generalmente observable, intencional y personal, que ha
influido decisivamente en el paradigma de los derechos humanos, en tanto
que producto cultural occidental. Ver Deleuze, Gilles. Op.cit.

[8] Herrera Flores, Joaquín. El proceso cultural. Materiales para la
creatividad humana. Aconcagua Libros. Sevilla. 2005. pgs. 11/12.
[9] Herrera Flores, Joaquin. Ibid. Pg. 120.
[10] Ver al respecto, Galtung, Johan. Investigaciones teóricas. Sociedad y
cultura contemporáneas. Tecnos, Madrid. 1995. Pg 133 y ss.
[11] Construído en base a Grigera, Ubago Moreno y Brajterman,Luis.
Sociedad, estado y violencia en la Argentina. Op. Cit. Pg. 217. Sin
embargo, se han incorporado modificaciones y precisiones en las
manifestaciones de las formas de violencia social a los efectos de mejorar
la comprensión y conceptualización de las mismas.
[12] Nun, José. Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia.
En: Nun, José y Portantiero, Juan Carlos. (Comps.) Ensayos sobre la
transición democrática en Argentina. Puntosur. Buenos Aires. 1987.
[13] Gramsci, Antonio. Antología. Selección, traducción y notas de Manuel
Sacristán. Siglo XXI. México. 1985.
[14] Rubinstein, Juan Carlos. Argentina periférica y neofeudal. CEAL.
Buenos Aires. 1991.
Sociedad civil y participación ciudadana. Fundación Pablo Iglesias. Madrid.
1994.
Reflexiones en torno de la sociedad civil. Ed.Universidad Nacional de La
Plata. 1996.
Crisis de la sociedad civil. Neofeudalización y posfordismo. Trama. Madrid.
2002.
[15] Cox, Robert. W. Production, power and world order: social forces in
the making of history. Columbia University Press. 1987.
[16] Bajo este nombre, el economista estadounidense John Williamson
resumió en 1990 el "consenso tácito" que se había ido produciendo entre el
Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal, las instituciones
multilaterales (FMI, BM), importantes hombres de negocios y círculos de
intelectuales, acerca de las políticas pertinentes para América Latina en
los años 80. Expresado como discurso de ortodoxia científica dejaba de lado
toda posibilidad de crítica. De ahí que la expresión pensamiento único
lograra aceptación para expresar la fuerza de ese nuevo canon económico.
Sus recetas: 1)equilibrio del presupuesto público reduciendo el déficit
fiscal, 2) reconducción del gasto público primando la selección del
mercado, 3) reformas fiscales que redujeran los impuestos directos y
aumentaran los indirectos, 4) establecimiento de tipos de interés positivos
que atrajeran capitales y fomentasen el ahorro interno, 5)tipos de cambio
que permitieran orientar la economía hacia el exterior de manera
competitiva, 6) liberalización comercial con plena apertura de fronteras,
7) recepción de inversión extranjera directa, 8) privatizaciones del sector
público, 9) desregulación en lo referente al mercado laboral, a los
controles de las empresas y a los capitales y desaparición a las barreras
legales a los movimientos económicos (salvo de mano de obra), 10)garantías
a los derechos de propiedad. Ver Monedero, Juan Carlos. La trampa de la
gobernanza. Nuevas formas de participación política. Edición Cámara de
Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. México D.F. 2002. pgs. 72/73.
[17] Gowan sostiene que lejos de ser un proceso objetivo, existe toda una
estrategia de relanzamiento de la hegemonía de los Estados Unidos a partir
de la década de los 70, sustentadas en las decisiones que iban a conformar
el panorama de la globalización en sus aspectos económico-financieros: el
desenganche del dólar de su sustento en reservas monetarias, las políticas
de desregulación y liberalización de los principales mercados financieros
(Wall Street-Londres) a la que seguirían las restantes plazas financieras,
en el contexto de gran liquidez de capitales financieros (petrodólares), la
suba de la tasa de interés a fines de los 70´s disparó la crisis de
endeudamiento y transformó a la deuda en un mecanismo de disciplinamiento,
ejecutado por las instituciones económico financieras (FMI, BM),
refuncionalizadas para imponer la ejecución de programas de ajuste
estructural. Todo este proceso lo resume en el Régimen Internacional Dólar-
Wall Street (RDWS) en el que los Estados Unidos ejercen su hegemonía , por
medio de la valorización financiera, ejerciendo un verdadero privilegio o
derecho de señoriaje sobre la moneda de cambio en las relaciones
internacionales, y su influencia determinante en las instituciones
económico financieras internacionales, como en las usinas de pensamiento
económico internacionales. Ver
Gowan, Peter. La apuesta de la globalización. La geoeconomía y la
geopolítica del imperialismo euro estadounidense. Akal. Madrid. 2000.
[18] Campione, Daniel. ¿Qué democracia? Concentración capitalista y vida
política. En: Campione, Daniel, Rajland, Beatriz, Constante, Liliana Y
Unzué, Martín. Estado y sociedad. Algunas reflexiones sobre la política en
la Argentina actual. EUDEBA. Buenos Aires. 1999. pgs 12.
[19] Gill, Stephen y Law, David. Global hegemony and structural power of
capital. En: Gill. Stephen. (Ed.) Gramsci, historical materialism and
international relations. Cambridge University Press. Cambridge. pg. 105.
[20] En este sentido, las enseñanzas de la crisis asiática muestran como el
poder estructural del capital transnacional sale favorecido de este tipo de
situaciones. Ver Patomäki, Heikki. Democratizing globalization. The
leverage of the Tobin Tax. Zed books. 2001. pgs. 72/109. Khor, Martin.
Rethinking globalization. Zed books. Pgs. 85/95. Gowan, Peter. La apuesta
de la globalización. Op.cit. pgs. 139/150.
[21] Ricoeur, Paul. Ideología y utopía. Gedisa. Barcelona. 1994. Pgs.
227/230
[22] En este caso, la ideología cumple su función de legitimación y llena
la brecha, generando lo que Ricoeur denomina "Plusvalor ideológico", es
decir, el consenso necesario para la continuidad y reproducción de la
dominación.
[23] Therborn, Göran. La ideología del poder y el poder de la ideología.
Op.cit. pg. 82.
[24] Tomado de Therborn, Göran. Ibid. pg. 75.
[25] Therborn, Göran. La ideología del poder y el poder de la ideología.
Siglo XXI.Mexico. 1989. pg. 75.
[26] Therborn, Göran. Ibid, pg. 76.
[27] Therborn, Göran. Ibid. pg. 76.
[28] Therborn, Göran. Ibid. pg. 77. Por su parte, Marcos Roitmann explica
como se sujeta la crítica democrática a través de una autocensura inducida
por medio de la alarma social y la generación de una sensación de miedo,
situación que se expresa en el tratamiento por parte del stablishment , los
políticos y los medios a las alternativas, que, por ejemplo, en el caso de
la posible victoria de Lula, candidato del PT, en su primer confrontación
por la presidencia del Brasil, en 1989, llegó a la amenaza de apoyo de los
Estados Unidos a un golpe de estado en el documento de Santa Fe II. Ver
Roitman Rosenmann, Marcos. Las razones de la democracia. Sequitur. Pgs.
65/67.
[29] Therborn, Göran. Ibid. pgs. 77/78.
[30] Thwaites Rey, Mabel. La noción gramsciana de hegemonía en el
convulsionado fin de siglo. Acerca de las bases materiales del consenso.
En: Ferreira, Leandro, Logiudice, Edgardo y Thwaytes Rey, Mabel. Gramsci
mirando al Sur. Sobre la hegemonía en los 90. Kohen y Asocs. Buenos Aires.
1994. pgs. 65/66.
[31] O` Donnel, Guillermo. El capital financiero y el futuro de la
Argentina. Página 12. Edición 1/3/2001.
[32] Svampa, Maristella. La sociedad excluyente. La argentina bajo el
signo del neoliberalismo. Taurus. Buenos Aires. 2005. pgs. 10
[33] Svampa, Maristella. Ibid. Pg. 11.
[34] Svampa, Maristella. La sociedad excluyente. La argentina bajo el signo
del neoliberalismo. Taurus. Buenos Aires. 2005. pgs. 22/23.
[35] Campione, Daniel. ¿Qué democracia? Concentración capitalista y vida
política. En: Campione, Daniel, Rajland, Beatriz, Constante, Liliana Y
Unzué, Martín. Estado y sociedad. Algunas reflexiones sobre la política en
la Argentina actual. EUDEBA. Buenos Aires. 1999. pgs. 14/15..

[36] Basualdo, Eduardo. Sistema político y modelo de acumulación en la
Argentina. Universidad Nacional de Quilmes, FLACSO, IDEP. Bernal.2001. pg.
31.
[37] Basualdo, Eduardo. Sistema político y modelo de acumulación en la
Argentina. Ibid.. pg. 32
[38] Esta discusión, sobre la configuración de un verdadero genocidio, no
la abordaremos aquí, sino que nos centraremos en las manifestaciones de
violencia estructural y cultural-simbólica, menos usuales en el análisis
del período.
[39] Sin embargo, dicho crecimiento de productividad, a un promedio de un
5,7% anual, fue producto del fuerte disciplinamiento de la fuerza de
trabajo y de inversiones de reposición de capital con un alto componente
importado, favorecido por el deliberado atraso cambiario que se puso en
práctica. Por lo tanto, fue compatible con una pérdida de la capacidad de
innovación y un debilitamiento de la ingeniería local. Nun, José. Vaivenes
de un régimen social de acumulación en decadencia. En: Nun, José,
Portantiero, Juan Carlos. (Comps.) Ensayos sobre la transición democrática
en la Argentina. Puntosur. Buenos Aires. 1987. pg. 106.
[40] Nun, José. Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia.
Ibid. pgs.105/106.
[41] Nun, José. Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia.
Ibid. Pg. 107.
[42] Basualdo, Eduardo. Sistema político y modelo de acumulación en la
Argentina. Op.cit. pg.33.
[43] Althousser, Louis. Ideología y aparatos ideológicos de estado. Freud y
Lacan. Nueva Visión. Buenos Aires. 1988. pg. 30.
[44] Basualdo, Roberto. Sistema político y modelo de acumulación en la
Argentina. Op.cit.. pg. 15
[45] Acuña, Carlos H. Intereses empresarios, dictadura y democracia en la
Argentina actual (O sobre porqué la burguesia abandona estrategias
autoritarias y opta por la estabilidad democrática) En: Acuña, Carlos H.
(Comp.) La nueva matriz política argentina. Nueva Visión. Buenos Aires.
1995. pg. 268 y ss.
[46] Svampa, Maristella. Op. Cit. Pg. 31.
[47] Por "transformismo", Antonio Gramsci entendía una situación en que los
sectores dominantes excluyen todo compromiso con las clases subalternas,
pero mantienen la dominación, hoy llamada "gobernabilidad", sobre la base
de la integración de las conducciones políticas de las clases subalternas:
"Se puede decir que toda la vida italiana desde 1848 está caracterizada por
el transformismo, o sea, por la elaboración de una clase dirigente cada vez
más amplia dentro de los marcos fijados por los moderados…con la absorción
gradual, pero continua –obtenida por métodos de desigual eficacia- de los
elementos activos salidos de los grupos aliados y hasta de los grupos
adversarios y que parecían enemigos irreconciliabes". "La dirección
política se ha convertido en un aspecto de la función de dominación, porque
la absorción de las élites de los grupos enemigos lleva a la decapitación
de éstos y a su aniquilación por un período a menudo muy largo". Este
proceso desarrolla entre hegemonizantes y hegemonizados, un "sistema de
solidaridad…con vínculos de orden psicológico (vanidad, etc.) y, a menudo,
de casta (técnico-jurídico, corporativo, etc.) Ver Gramsci, Antonio.
Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Siglo XXI.
México D.F. pgs. 192, 285, 388.
[48] Por clase política entendemos al grupo de los expertos en la
influencia, o en la acumulación y maximización de influencia, por medio,
principalmente, de la institución de los "partidos políticos", que
llamamos vulgarmente "políticos" y que tienden a monopolizar el acceso a
las instituciones y roles decisorios políticos y jurídicamente vinculantes.
Al respecto, ver D¨Auría, Anibal. Análisis político. Poder, Derecho y
Democracia. La Ley. Buenos Aires. Pgs. 6/7.
[49] Basualdo, Eduardo. Op.cit. pg. 25.
[50] Comentario de Claudio Lozano. En: Basualdo, Eduardo. Op. Cit. Pgas.
126/128.
[51] Comentario de Claudio Lozano. Ibid. Pg. 127.
[52] Aspiazu, Daniel. Op.cit. pg. 37.
[53] Campione, Daniel. Op.cit.
[54] Svampa, Maristella. Op.cit. pg. Pg. 24.
[55] Svampa, Maristella. Op.cit. pg. 25.
[56]De ahí que la gestión económica del gobierno de Alfonsín, orientada por
Bernardo Grinspun, estuviera centralmente orientada a lograr tres
objetivos:
a) Una renegociación del servicio de los intereses de la deuda externa
con los acreedores externos y los organismos económico financieros
multilaterales que aliviara la carga de la misma, menguando la
restricción externa.
b) De esta forma, generar una cierta redistribución del ingreso a favor
de los asalariados para reactivar la producción interna, controlando
los principales precios para evitar la escalada inflacionaria, y
c) Redefinir el poder sindical que era, en ese momento, un bastión
central del partido de oposición.
Basualdo, Eduardo. Op. Cit. Pg. 41.
[57] Basualdo, Eduardo. Ibid. Pg. 45/46.
[58] Del inicio de cooptación económica de la clase política durante este
período, todavía incipiente, da cuenta la investigación periodística de
Horacio Verbitsky sobre las irregularidades en el proceso de adjudicación y
construcción del gasoducto de Loma de la Lata, entre Neuquén y Buenos
Aires. Construido por los tres mayores grupos económicos: Techint, SADE
(empresa del grupo Pérez Companc, y Macri). Los pagos realizados por la
financiera Santa María del grupo Techint, incluían a funcionarios y
políticos tanto radicales como peronistas, así como empresas competidoras
excluidas del negocio para que no protestaran. En total se pagaron en 1987:
11.527.000 dólares. El más alto porcentaje: casi 3 millones de dólares fue
desembolsado en agosto, es decir, un mes antes de las elecciones del 6 de
septiembre. Verbitsky, Horacio. De eso no se habla. En: Página 12,
5/12/1993.
[59] Reproducido en La Nación, 21/7/87, apud. Basualdo. Op.cit. pg. 50.
[60] Borón, Atilio y otros. El menemato. Radiografía de dos años de
gobierno de Carlos Menem. Ediciones Letra Buena. Buenos Aires. 1991. pg. 6.
[61] Rubinstein, Juan Carlos. Argentina periférica y neofeudal. Centro
Editor de América Latina. Buenos Aires. 1991.
[62] Como lo explica Nicos Poulantzas, la función política del estado en la
formación social capitalista es, en primer lugar, asegurar la cohesión y
unidad de la misma, al mismo tiempo que es el principal ámbito donde se
condensan sus contradicciones sociales. En el plano económico, jurídico e
ideológico el estado cumple esa función, asegurando la reproducción de las
relaciones de producción en el mediano/ largo plazo. Para ello debe
intentar conciliar y armonizar los intereses de las distintas fracciones
del capital, especialmente las dominantes,, al mismo tiempo que coopta,
disciplina o reprime a las restantes clases y fracciones. En ese sentido,
actúa como un capitalista colectivo para asegurar las condiciones de la
acumulación de capital en el mediano plazo. Ver Poulantzas, Nicos. Poder
político y clases sociales en el estado capitalista. Siglo XXI. México.
1985. pgs. 48/50.
[63] Svampa, Maristella. Op.cit. pg. 27.
[64] Svampa, Maristella. Ibid.. pg. 27.
[65] Palermo, Vicente y Novaro, Marcos. Política y poder en el gobierno de
Carlos Menem. Editorial Norma. Buenos Aires. 1996. pg. 325.
[66] Svampa, Maristella. Op. Cit. Pg. 32.
[67] Ver Medici, Alejandro. El decisionismo en el discurso y prácticas
jurídico-políticas del estado argentino. 1989-1998. Sus consecuencias para
la calidad de la democracia. Tesis de Maestría. Universidad Internacional
de Andalucía. Sevilla. 2001.
[68] Basualdo, Eduardo. Op. Cit. Pg. 59.
[69] Campione, Daniel. Op.cit. pg. 16.
[70] Svampa, Maristella. Op. Cit. Pg. 33.
[71] Svampa, Maristella. Ibid. Pg. 34.
[72] Svampa, Maristella. Ibid. Pg. 36.
[73] Campione, Daniel. Op.cit. pg. 17.
[74] Campione, Daniel. Ibid. Pg. 17.
[75] Rajland, Beatriz. La crisis de la teoría de la representación
política. Algunas hipótesis para pensarla desde la ficcionalidad y la
legitimación del poder dominante. En: Campione et.al. Op. Cit. Pg. 70.
[76] Beccaria, Luis y López, Néstor. (Comps.) Sin trabajo. Las
características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina.
UNICEF/LOSADA. Buenos Aires. 1996. pgs. 10/11.
[77] Forcinito, Karina. Notas sobre el papel del estado argentino en la
reestructuración regresiva de la relación entre el capital y la fuerza de
trabajo. El caso de los sectores de infraestructura privatizados durante
los años noventa. En: Vilas, Carlos M. et. Al. Estado y política en la
Argentina actual. Universidad Nacional de Gral. Sarmiento-Prometeo libros.
Buenos Aires. 2005. pgs. 94/97.
[78] Duarte, Mario. Los efectos de las privatizaciones sobe la ocupación en
las empresas de servicios públicos. En: Realidad Económica nro. 182,
Agosto-Set. 2001. Buenos Aires. Pg. 56.
[79] Forcinito, Karina. Op.cit. pgs. 102/103.
[80] Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires, in re: "Tortonese y otros
c/ Dalmine Siderca", "Malandra y otros c/ Dalmine Siderca". 1974.
[81] Krotoschin, Ernesto. Aspectos sistemáticos e ideológicos de la Ley de
Contrato de Trabajo, Derecho del Trabajo, t. XXXIV, 1975. pg. 853.
[82] Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Nunca Más.
EUDEBA. Buenos Aires. 1984. pgs. 296 y 375.
[83] Cornaglia, Ricardo J. Reforma Laboral. Análisis crítico. Aportes para
una teoría general del derecho de trabajo en la crisis. La Ley. Buenos
Aires. Pgs. 28/29.
[84] Cornaglia, Ricardo. Ibid. Pg. 30.
[85] Cornaglia, Ricardo. Ibid. Pg. 31.
[86] Beccaria, Luis y López, Néstor. Sin trabajo. Op. Cit. Pgs. 86/87.
[87] Kessler, Gabriel. Algunas implicancias de la experiencia de
desocupación para el individuo y su familia. En: Beccaria, Luis y López,
Néstor. Sin trabajo. Ibid. Pgs. 156/157.
[88] Galliani, Ricardo y Rosendo, Ernestina. Desocupación y violencia. En:
Izaguirre, Inés (Comp.)- Op. Cit. Pgs.194/195.
[89] Herrera Flores, Joaquin. El proceso cultural. Materiales para la
creatividad humana. Op. Cit.
[90] En esta investigación, Vasilachis analizó como convergieron los
discursos políticos y mediáticos de los principales diarios argentinos para
construir un consenso en torno a la reforma laboral y la cuestión del
empleo.
Vasilachis de Gialdino, Irene. La construcción de representaciones
sociales. Discurso político y prensa escrita. Un análisis sociológico,
jurídico y lingüístico. Gedisa. Barcelona. 1997.
[91] Ambito financiero. 6-8-1992.

[92] El cronista comercial. 10-8-1992.
[93] Ambito Financiero. 7-8-92.
[94] Vasilachis de Gialdino, Irene. Ibid. Pgs. 50/51.
[95] Vasilachis de Giladino, Irene. Ibid. Pgs.