AGUA, ESTADO Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS

GOBIERNO DE ESPAÑA

Julio Contreras-Utrera Jesús R. Navarro-García Sergio Rosas-Salas, coords.

2015

Agua, Estado y Sociedad en América Latina y España

Julio Contreras-Utrera Jesús R. Navarro-García Sergio Rosas-Salas, coords.

Agua, Estado y Sociedad en América Latina y España

AGUA, ESTADO Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA

JULIO CONTRERAS-UTRERA JESÚS R. NAVARRO-GARCÍA SERGIO ROSAS-SALAS (Coords.)

AGUA, ESTADO Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA Y ESPAÑA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS ASOCIACIÓN CULTURAL LA OTRA ANDALUCÍA

XALAPA, VER., 2015

Cubierta: Reserva Natural Integral de Muniellos, Cangas del Narcea e Ibias, Asturias (fotografía de Jesús R. Navarro-García) Edición al cuidado de Jesús R. Navarro García y Jorge Chinea Diseño y maquetación: Juan Gallardo (CSIC)

D. R. © Escuela de Estudios Hispano-Americanos-CSIC C/ Alfonso XII, 16, 41002 SEVILLA (España) La publicación de este libro se financió con recursos de PROFOCIE 2014, gestionados a través de la Universidad Veracruzana. Este libro ha sido arbitrado desde el Seminario Permanente del Agua, Territorio y Medio Ambiente (ATMA) del CSIC.

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, asertos y opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, sólo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones.

ISBN: 978-84-608-3069-6 Impreso en México - Printed in Mexico

Índice Prólogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GESTIÓN

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DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES EN TORNO AL AGUA E IMPLICA-

CIONES SOCIO-ECONÓMICAS

Pilar Paneque-Salgado: Estrategias de gestión de sequías en España: de la gestión de crisis a la gestión de riesgos. . . . . . . . . . . . . . . .

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Rafael Cámara-Artigas y Bilal Paladini-San Martín: Manejo del agua y de los recursos naturales en el asentamiento de Donha Antonia, Paraíba (Brasil): Cambios socioambientales y propuesta de ordenación de los recursos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Jesús R. Navarro-García: Una propuesta paisajística para el patrimonio termal en el Alto Guadaíra, España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Alice Poma y Tommaso Gravante: Emociones y empoderamiento en las luchas para la defensa del agua y el territorio. Un estudio comparado de tres conflictos en España y México. . . . . . . . . . . .

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AGUA, SALUD Y DESARROLLO Anthony Goebel-Mc Dermott y Ronny J. Viales-Hurtado: Inclementes y culpables: las lluvias en las relaciones socio-ambientales de la Costa Rica liberal. Impacto socioeconómico y respuestas institucionales (1860-1940). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Fabiano Quadros-Rückert: Águas poluídas no Rio Grande do Sul da Primeira República (1889-1930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Julio Contreras-Utrera: La fiebre amarilla en la ciudad de Veracruz durante la segunda mitad del siglo XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

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EL

Í N D I C E

PROTAGONISMO DEL

ESTADO

MODERNO Y DE LAS EMPRESAS EN LOS USOS DEL

AGUA Y EN LAS NORMATIVAS HIDRÁULICAS

Inmaculada Simón-Ruiz y Andrea Noria-Peña: El proceso de cerramiento del Desierto de los Leones, 1602-1618. . . . . . . . . . . . . . . 217 Juan Hugo Sánchez-García: La administración municipal del agua en los Valles Centrales de Oaxaca durante el Porfiriato. . . . . . . . . . 235 Sergio Rosas-Salas: Haciendas, pueblos y aguas: acuerdos locales e infraestructura hidráulica en Izúcar, Puebla (México), 1873-1909. 259 Esther Padilla-Calderón: El Porfiriato en una zona de frontera. Microhistoria de una concesión de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Juan Manuel Matés-Barco: El sistema moderno de agua potable en la España interior (siglos XIX y XX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Prólogo Al igual que ocurriera en 2013 y en 2014 una nueva publicación nace en este año 2015 alentada desde el Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente (ATMA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español. Si en las anteriores ocasiones las publicaciones fueron coeditadas con la Universidad de Guadalajara y El Colegio de Michoacán, y la brasileña Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, ahora la edición se hace a través de la mexicana Universidad Veracruzana, gracias al apoyo económico de los fondos federales mexicanos de PROFOCIE 2014. El libro Agua, Estado y Sociedad en América Latina y España es, por tanto, el cuarto libro promovido por ATMA y aparece coincidiendo con la consolidación de la revista Agua y Territorio —patrocinada por dicho Seminario Permanente— que en este año 2015 verá la salida de su número 6, tras tres años de trayectoria en la que busca hacerse un hueco como revista de referencia en el abordaje de temas hidráulicos desde las Ciencias Humanas y Sociales. Al igual que Agua y Territorio este libro pretende acercarse desde varias perspectivas científicas a enfoques sociales, económicos, territoriales e históricos vinculados al agua, incorporando temáticas que tienen que ver con el patrimonio, la salud, la memoria y las emociones, el paisaje, los modelos de desarrollo y medioambientales o las políticas públicas. Todos ellos se han articulado en tres bloques temáticos que engloban los doce artículos del libro: el de la gestión de los recursos naturales y culturales en torno al agua y sus implicaciones socioeconómicas, el del agua, la salud y el desarrollo, y por último el protagonismo del Estado moderno y de las empresas en los usos del agua y en las normativas hidráulicas. En estos tres grandes ejes se incluyen aportes de historiadores, geógrafos y sociólogos que abordan temáticas mexicanas, españolas, brasileñas y costarricenses. Como hemos dicho, Agua, Estado y Sociedad en América Latina y España ofrece una diversidad de enfoques sobre cuestiones que se abordan desde una perspectiva necesariamente amplia, como debe ocurrir con todas las temáticas

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PRÓLOGO

vinculadas al agua. A ello ha conducido la puesta en marcha de normativas europeas tan relevantes como la Directiva Marco del Agua o el Convenio Europeo del Paisaje y la realidad compleja de las sociedades actuales en la que múltiples factores afectan al agua como elemento indispensable para la vida y la economía de nuestras sociedades, así como para la identidad de no pocas comunidades humanas. La agricultura y otros sectores de la economía están detrás de muchos proyectos hidráulicos que hoy por hoy significan un grave error de gestión de recursos tan importantes para la Humanidad como el agua, afectando al patrimonio cultural vinculado a ella y ocasionando no pocos problemas ambientales y repercusiones en los afectados. El cambio climático y la progresiva toma de conciencia social exigen nuevos procesos participativos en los que la toma de las decisiones sea más amplia que hasta el momento y se superen las estrategias tradicionales de marcado carácter productivista que afectan a nuestros paisajes y a quienes los habitan, a veces de un modo muy directo, obligando a adoptar respuestas y movilizaciones. Los artículos de Pilar Paneque, Jesús R. Navarro, Rafael Cámara, Bilal Paladini, Alice Poma y Tommaso Gravante van en esta dirección holística en la que el medio natural, el hombre y el paisaje se integran en un todo muy vulnerable a las políticas poco meditadas y respetuosas con el medio natural y con los recursos hídricos, tan interconectados como ya sabemos entre sí y con las sociedades que dependen de ellos. El régimen de lluvias, la contaminación de las aguas y las enfermedades hídricas han tenido desde siempre una relación directa con las sociedades humanas y los ciclos económicos, sociales y ambientales en los que se han desenvuelto. En este sentido, las aportaciones que hacen los profesores Anthony Goebel Mc Dermott, Ronny J. Viales, Fabiano Quadros y Julio Contreras ofrecen una visión sugerente de lo que ocurría en Costa Rica, Brasil y México en este ámbito, acercándose a su estudio desde la historia ambiental y la historia de la salud. Los autores recogen los cambios experimentados en las relaciones establecidas entre las sociedades y los poderes públicos y el agua, abordándose cuestiones tan actuales como la contaminación del agua, la necesidad de incrementar las dotaciones de agua y la mejora de su calidad a través de los avances científicos que fue permitiendo la microbiología, la institucionalización de la ciencia y la expansión de las teorías higienistas en los estados y en sectores profesionales clave de las nuevas sociedades decimonónicas como los médicos e ingenieros, que afrontaron retos antiguos como el de la malaria, el cólera o las fiebres tifoideas con nuevos recursos científicos que no siempre estuvieron al alcance de todos los sectores sociales, sobre todo de los ajenos a los grandes ejes económicos y urbanos de los países de estudio. Este avance científico fue acompañado de un acelerado avance tecnológico en la ingeniería hidráulica y la gestión del abastecimiento y saneamiento del agua pasó a adquirir tintes complejos convirtiéndose en áreas cada vez más necesitadas de fuertes inversiones y buena cantidad de recursos.

PRÓLOGO

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La mayor o menor presencia del Estado, de la administración municipal o federal en los grandes proyectos modernizadores del abastecimiento o saneamiento del agua se convirtieron en cuestiones clave para no pocas zonas de América Latina y para no pocos sectores olvidados de la intervención pública (o privada), marcando en gran medida el proceso de centralización de la salud pública. En este sentido, las zonas rurales y las ocupadas por los sectores más humildes en las ciudades vieron postergada su entrada en la modernidad y fueron mucho más vulnerables ante las enfermedades relacionadas con la calidad del agua potable y con la existencia o no de planes de saneamiento, para los que las administraciones locales solieron tener grandes dificultades económicas hasta bien avanzado el s. XX. Estos trabajos dan paso a un tercer apartado titulado “El protagonismo del Estado moderno y de las empresas en los usos del agua y en las normativas hidráulicas”, que incorpora cinco artículos sobre México y España, de marcado carácter histórico y centrados sobre todo en un período muy rico en estudios hidráulicos como es el Porfiriato mexicano. Juan Hugo Sánchez-García, Sergio Rosas-Salas y Esther Padilla-Calderón abordan la administración del agua en entornos rurales en una época marcada por la fuerte intervención federal en la gestión del agua y al inicio del fin de un ciclo que había caracterizado toda la época colonial y gran parte del s. XIX: la administración municipal del agua, que acabó evolucionando a arrendamientos o cesiones de las aguas comunales y al progresivo acaparamiento de los recursos hídricos por las elites nacionales y los grupos de presión extranjeros. En el Porfiriato se hicieron muy visibles las problemáticas en torno al agua, a pesar de que se garantizara la propiedad del agua a los pueblos siempre que estuviera en su jurisdicción municipal. Los conflictos por el agua se dispararon al tiempo que el papel del Estado en los usos del agua se fue haciendo mayor como puede apreciarse en el trabajo de Esther Padilla-Calderón, suponiendo un transfondo centralizador de los recursos hídricos paralelo a múltiples formas de negociaciones y acuerdos que se llevaron a cabo entre las Haciendas y los propios pueblos, como señala en su trabajo Sergio Rosas, centrado en la localidad de Izúcar, demostrando que los acuerdos locales sobre el agua no cuestionaron sus repartimientos coloniales. Otro artículo, escrito por Inmaculada Simón y Andrea Noria, aborda los conflictos intramodales e intermodales que se originaron tras el cerramiento en el s. XVII del convento carmelita del Desierto de los Leones y la disminución del acceso al agua por las comunidades locales, conflicto que encierra dos modelos distintos de apropiación de los recursos (común y privado), todo un presagio de lo que el liberalismo santificará siglos más tarde. El volumen concluye con un artículo de Juan Manuel Matés sobre las empresas de abastecimiento de agua potable en algunas regiones españolas, señalando las relaciones entre el crecimiento demográfico y económico y el asentamiento de esas compañías durante los dos últimos siglos.

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PRÓLOGO

En definitiva, una rica muestra de lo que actualmente ofrecen los estudios del agua en México, España y Costa Rica desde algunas áreas tradicionalmente afines a ellos, como la Geografía o la Historia, pero también a la Sociología que en los últimos años se han abierto paso con fuerza en dichos estudios. Por último, quiero agradecer la disponibilidad que han tenido tanto la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC), como la Universidad Veracruzana y la Asociación Cultural La Otra Andalucía para que este libro se editara, sirviendo de buen ejemplo de cómo es posible seguir editando gracias al apoyo generoso entre instituciones académicas y asociaciones civiles frente a la inoperancia de la administración burocrática en la que se mueve la ciencia en nuestro país desde hace años. Sevilla, España, 1.º de septiembre de 2015. Jesús R. Navarro-García

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES EN TORNO AL AGUA E IMPLICACIONES SOCIO-ECONÓMICAS

Estrategias de gestión de sequías en España: de la gestión de crisis a la gestión de riesgos Drought Management Strategies in Spain: From Crisis Management to Risk Management1 Pilar Paneque-Salgado Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, España. [email protected] La política del agua en España ha vivido un intenso debate en el que se puede identificar la pervivencia del paradigma hidráulico tradicional, ya debilitado, así como la aparición de nuevos paradigmas de gestión. Con el cambio climático y la Directiva Marco del Agua como telón de fondo, los modelos y estrategias tradicionales de gestión de las sequías en España también han sido cuestionados. Este trabajo analiza la evolución del contexto normativo y de los modelos de gestión que afectan a las sequías, partiendo de precisiones conceptuales fundamentales para situar el debate en el marco de los riesgos y no de las crisis. Se defiende la necesidad de avanzar hacia políticas preventivas que superen inercias productivistas e incorporen cuestiones de fondo como la redimensión operativa de los caudales, la revisión y control del sistema de concesiones y la participación pública. Palabras clave: Directiva Marco del Agua; política de aguas; riesgo; sequía.

1 Esta investigación se inserta dentro de las actividades de los siguientes proyectos: “Directiva Marco del Agua y riesgos hídricos: gestión y mitigación de sequías (GESTISEQ)” (Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional I+D+i, CSO2011-29425) y “Desarrollo de un modelo de anticipación a las sequías basado en escenarios dinámicos (GUADALSEQ)” (Junta de Andalucía, Proyectos de Excelencia, P11-HUM-7922), ambos en vigor.

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PILAR PANEQUE-SALGADO

INTRODUCCIÓN La sequía, desde una perspectiva conceptual, se define en términos relativos como una anomalía pluviométrica negativa lo suficientemente intensa y prolongada como para generar impactos en la sociedad2. La sequía presenta, por tanto, un origen natural y un carácter extremo. Lo cierto es que la complejidad del fenómeno, cuyos límites geográficos y temporales son difíciles de determinar, condiciona que no exista una definición del término totalmente aceptada. La sequía presenta además variaciones espaciales y una clara dependencia del contexto en el que se produce3, por lo que se hace aún más difícil aceptar una definición universal4. Lo difuso del término alimenta cierta confusión entre los conceptos de sequía (temporal y natural), déficit hídrico (temporal y antrópico) y escasez (permanente y antrópica). Por déficit hídrico entendemos la falta temporal de agua en un sistema que puede llevar a restricciones de consumo, es decir, se produce en situaciones en las que la demanda supera los recursos disponibles. Así, si tenemos en cuenta que la sequía es una anomalía transitoria y suficientemente prolongada, el uso del concepto de déficit no tendría cabida siempre que existiera una correcta gestión y las demandas estuvieran adaptadas a las características climáticas de cada región. Por su parte, la escasez se refiere a una situación permanente de déficit hídrico5 y para su seguimiento se recomienda establecer un sistema de indicadores propio y diferenciado del sistema de indicadores de sequía6. Por otro lado, además de la definición conceptual de la sequía, se plantea también una definición operativa que permite abordar la identificación del fenómeno, de forma que pueda precisarse el inicio, la severidad y el fin de los distintos episodios. Esta es, por tanto, la definición de la sequía que se maneja en el desarrollo de estrategias de prevención y mitigación. Desde este punto de vista, de acuerdo a la propuesta realizada por Wilhite y Glantz7, en un marco espacial y temporal determinado las sequías pueden ser clasificadas en cuatro categorías: las sequías meteorológicas (reducción de las precipitaciones respecto a las medias registradas), las sequías agrícolas (reducción de la humedad del suelo), las sequías hidrológicas (reducción en la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas) y las sequías socioeconómicas (reducción de la disponibilidad de agua para satisfacer las demandas existentes). En relación con esta clasificación, ampliamente aceptada, hay que puntualizar que el interés por las sequías deriva en especial de su categorización socioeconómica (impactos, 2 3 4 5 6 7

Pita, 1997. Quiring, 2009. Wilhite y Buchanan-Smith, 2005. Mishra y Singh, 2010. Iglesias et al., 2007. Pita, 1997. Wilhite y Glantz, 1985.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE SEQUÍAS EN ESPAÑA

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daños, pérdidas, etc.), ligada a aspectos, a su vez complejos, como la vulnerabilidad y la percepción8. Esta precisión conceptual de partida resulta fundamental para contextualizar el debate en relación a las sequías en el marco de la gestión de los riesgos y no de las crisis, lo que implica la necesidad de anticipación y previsión. La tradicional aproximación de la gestión de sequías como crisis ha fracasado desde el punto de vista de la mitigación de impactos y ha sostenido prácticas que no han hecho sino aumentar la vulnerabilidad de los sistemas hídricos. Solo un enfoque centrado en la reducción de riesgos permitirá aumentar la resiliencia ante futuros episodios de sequía, cuya frecuencia, intensidad y duración podrían agravarse como resultado del cambio climático y los cambios pronosticados en cuanto a la variabilidad del clima9. POLÍTICAS TRADICIONALES: APROXIMACIÓN A LAS SEQUÍAS COMO SITUACIONES DE EMERGENCIA

De acuerdo con las precisiones conceptuales antes realizadas, la sequía no debería ser entendida como una situación de crisis. Sin embargo, el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señala que en España se han dado dos alternativas de gestión de las sequías10. La primera aborda estos episodios como situaciones de emergencia y, por tanto, considera que hay que hacerles frente movilizando recursos de carácter extraordinario. Precisamente, ha sido esta visión la que ha dominado la gestión de las sequías en España durante décadas. Se trata de un ‘enfoque reactivo’ basado en la implementación de medidas una vez comenzada la sequía y que, a menudo, da lugar a soluciones técnicas y económicas ineficientes, en cuyo diseño no existe evaluación de alternativas ni participación de los grupos de interés11. La segunda perspectiva —que trataremos en los epígrafes siguientes— aborda las sequías en el marco de la planificación general, haciendo un análisis del riesgo existente e introduciendo dichos episodios en la planificación como un escenario distinto. Se habla en este caso de ‘enfoque preventivo’ que incluye un proceso de planificación que persigue prevenir o minimizar los efectos de la sequía, facilitar la participación activa y poner en marcha un sistema de seguimiento y alerta temprana. Se trata de un enfoque más complejo pero más eficaz, dado que permite definir medidas de mitigación con antelación y mejorar la calidad de las intervenciones12. 8 9 10 11 12

Kallis, 2008. OMM y GWP, 2014. http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/Observatorio_Nacional_Sequia_2_legislacion.aspx Iglesias et al., 2007. Idem.

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PILAR PANEQUE-SALGADO

La consolidación del enfoque reactivo que ha dominado la gestión de sequías durante décadas debe contextualizarse en los profundos valores relacionados con la gestión del agua en España, que están ligados con el productivismo y la intervención en los sistemas hidrológicos a través de las infraestructuras13. La política hidráulica tradicional, al servicio fundamentalmente de los usos agrarios, ha generado importantes inercias que dificultan la conservación de los recursos, la gestión preventiva y la adaptación a la escasez que correspondería a espacios mediterráneos. Lo que el Ministerio denomina el “primer enfoque” se plasma en la Ley de Aguas de 1985 (ley 29/1985, de 2 de agosto) que se refiere a la sequía como una circunstancia extraordinaria y un estado de necesidad, urgencia o situación anómala. Con esta visión, en el artículo 56 se faculta al Gobierno a adoptar “las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiera sido objeto de concesión”. Se abre así, por tanto, la posibilidad de decretar medidas excepcionales sin necesidad de una justificación detallada ni los suficientes estudios de impacto. Según Brufao14, partiendo de la citada Ley de 1985, la legislación española aborda las sequías de forma contraria a la evidencia científica. La distancia entre la norma y el conocimiento científico se consolida en leyes posteriores que no abandonan el enfoque tradicional a pesar de la experiencia de la sequía de los años 1992-1995. Así, la ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan “medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía” introduce modificaciones respecto a la eficiencia en la gestión del agua (la falta de eficiencia puede ser causa de revisión de concesiones) y un endurecimiento de la disciplina sancionatoria en el caso de inaplicación de las medidas que se adoptan en caso de sequías extraordinarias (pudiendo caducar la concesión). Igualmente, la ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley de Aguas de 1985, hace mención expresa a las sequías para detallar las obras hidráulicas de interés general que tienen por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos15. Ese primer enfoque que aborda las sequías como situaciones de emergencia se mantiene en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio) que hace referencias a la sequía como “fenómenos catastróficos” que pueden justificar obras hidráulicas de interés general (art. 46.1.b), la modificación de condiciones de vertido (art. 104.2) o el otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas que permitan la extracción del recurso en acuíferos declarados sobreexplotados (Disposición adicional séptima). 13 Saurí y Moral, 2001. Swyngedouw, 1999 y 2007. 14 Brufao, 2012. 15 La Calle, 1997.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE SEQUÍAS EN ESPAÑA

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De manera particular, en el artículo 58, sobre situaciones excepcionales, se establece la posibilidad de que en circunstancias de sequías extraordinarias, el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca, adopte “las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión”. Este artículo detalla que la aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. CONSOLIDACIÓN DE MEDIDAS REACTIVAS: LOS DECRETOS DE SEQUÍA La consolidación de las medidas reactivas que han definido la gestión de la sequía en España en las últimas décadas se plasma en la publicación de los decretos de sequía por parte del Gobierno central. Así, desde la aprobación de la Ley de Aguas de 1985 se han publicado 15 reales decretos ley (RDL)16. Estos RDL han justificado obras de interés general ligadas, principalmente, a la construcción de infraestructuras, así como al uso de aguas subterráneas, la mejora de regadíos, la regulación de transacciones y las líneas de préstamos. Mención especial merece la justificación de la modificación temporal de los requerimientos ambientales establecidos en los planes hidrológicos, que abordaremos en el siguiente epígrafe. Además se han aprobado otros reales decretos, sin rango de ley, para cuestiones o territorios más concretos o para la aprobación de medidas administrativas17, así como otros decretos de ámbito autonómico18. En los mencionados RDL puede observarse el uso de una terminología alarmista que respalda la aprobación de medidas excepcionales, así como falta de concreción en el estado que lleva a decretar dichas medidas. En algunos casos se realizan precisiones respecto a las precipitaciones: “el año hidrológico 2004/2005 fue para una gran parte de la España Peninsular el más seco de una serie histórica de más de cien años. El presente año hidrológico ha sido, globalmente, un año con mayores precipitaciones que el anterior aunque también seco (un 16% por debajo de la situación de normalidad)” (RDL 9/2006); “Este año hidrológico fue el más seco que ha tenido lugar en España desde que comenzaron a registrarse las series sistematizadas de lluvias en 1947, con una precipitación media inferior en un 40 por ciento al valor medio normal” (RDL 8/2008). En cualquier caso, es importante destacar que los RDL se centran en el carácter climático de las 16 RDL 3/1992, RDL 8/1993, RDL 6/1994, RDL 4/1995, RDL 6/1995, RDL 7/1995, RDL 11/1999, RDL 20/1999, RDL 8/2000, RDL 10/2005, RDL 9/2006, RDL 9/2007, RDL 3/2008, RDL 8/2008 y RDL 14/2009. 17 RD 1419/2005, RD 287/2006, RD 233/2008, RD 355/2015, RD 356/2015. 18 Decreto 240/2005 en Andalucía; 97/2005 y 46/2006 en Madrid; 207/2005 y 93/2005 en Cataluña.

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sequías, obviando su caracterización socioeconómica que, como explicábamos en la introducción, debería llevar a abordar la cuestión de las demandas y las estrategias de gestión. Además, algunas de las medidas incluidas en los RDL, como la modernización de regadíos o la desalinización, no tienen un efecto inmediato para paliar las consecuencias de la sequía, ya que los resultados de estas intervenciones solo pueden valorarse en el medio plazo, una vez superado el episodio en cuestión19. Así, los RDL se convierten en una forma de justificar intervenciones para aumentar la oferta de recursos, que perpetúan la perspectiva de las sequías entendidas como situaciones de emergencias en un contexto de paradigma hidráulico tradicional. Un buen ejemplo de ello es precisamente el primero de los RDL mencionados, el 3/1992, también conocido como el ‘decreto de la metasequía’. Analizado más de dos décadas después, se demuestra que sirvió no para paliar los efectos de la sequía sino para justificar obras que respondían a la política infraestructuralista, como los embalses de Itoiz, Melonares o Biscarrués20, que han recibido una fuerte contestación social y crítica científica21. DIRECTIVA MARCO DEL AGUA Y GESTIÓN DE SEQUÍAS Desde la aprobación en el año 2000 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) (DMA), que tiene como objetivo central la consecución del buen estado ecológico de las masas de agua, en el contexto europeo no se ha cuestionado que su implementación siga ofreciendo los instrumentos necesarios para hacer frente a las sequías al incorporar el principio de precaución en la gestión y garantizar unas reservas de agua que permiten reducir la vulnerabilidad social y de los ecosistemas. La DMA —traspuesta al ordenamiento jurídico español por la ley 62/2003, de 30 de noviembre— introduce así la obligación de consolidar el enfoque preventivo y establece mecanismos y herramientas que permiten superar las políticas tradicionales de gestión del agua y, por tanto, de los riesgos hídricos. Las referencias explícitas a la sequía en este texto aparecen en el artículo 1, al definirse el objeto de la DMA —mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, promover un uso sostenible del agua, proteger y mejorar el medio acuático, reducir la contaminación del agua subterránea y evitar nuevas contaminaciones, así como contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías—, y en el artículo 4 referido a los objetivos ambientales que persigue dicha Directiva. Esta referencia a la sequía en el contexto del artículo 4 de la DMA tiene un especial significado y, de hecho, condiciona todo el debate posterior sobre la 19 Urquijo et al., 2015. 20 Brufao, 2012. 21 Arrojo, et al., 2011. Beaumont et al., 1997. Moral, 1998.

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gestión de estos riesgos hídricos. La clave se encuentra en que la obligación de alcanzar los mencionados objetivos ambientales no es absoluta y que en ello tiene un papel fundamental la sequía. No hay que olvidar que, como hemos comentado, los decretos de sequía pueden justificar la modificación temporal de los requerimientos ambientales establecidos en los planes hidrológicos. Efectivamente, existen determinados supuestos de carácter excepcional (artículo 4, apartados 4, 5, 6 y 7) en los que se permite prorrogar el plazo de cumplimiento, reducir el rigor de los objetivos, suspender temporalmente su cumplimiento y excluir la consideración de infracción de determinados incumplimientos22. Así, la DMA señala que el deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituye infracción si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes que no hayan podido preverse razonablemente cuando se cumplan las siguientes condiciones (artículo 4, apartado 6): ■

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Que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose ese estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos de la DMA en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias; Que en el plan hidrológico de cuenca se especifiquen las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como imprevistas o excepcionales, incluyendo la adopción de los indicadores adecuados; Que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcionales se incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la calidad de la masa de agua una vez que hayan cesado las circunstancias; Que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no hayan podido preverse razonablemente se revisen anualmente y, teniendo en cuenta las razones establecidas, se adopten, tan pronto como sea posible, todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a su estado anterior a los efectos de dichas circunstancias; Que en la siguiente actualización del plan hidrológico de cuenca se incluya un resumen de los efectos producidos por esas circunstancias y de las medidas que se hayan adoptado o se hayan de adoptar.

Por tanto, la primera condición que debe cumplirse para aplicar esta excepción en el caso de la sequía es que esta se deba “a causas naturales o de fuerza mayor”, de tal forma que no se consideren las sequías causadas por las actividades humanas. Pero realizar esta distinción jurídicamente no es una tarea fácil y necesita de un conjunto de indicadores que no estén relacionados con la acción antrópica. Señala la Directiva además que la sequía ha de ser “prolongada”, aun22 La Calle, 2007 y 2011.

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que no indica su alcance temporal, y también “excepcional o que no haya podido preverse razonablemente”23. Conscientes de la importancia de estas cuestiones, la Comisión Europea elaboró la Guía sobre las Excepciones a Objetivos Ambientales, como parte de la serie de guías que ha publicado para facilitar la Estrategia Común de Implantación de la DMA. Este documento, en relación a la necesaria definición de sequía como un fenómeno de “causa natural” —que distingue claramente de la ‘escasez’—, precisa que se refiere a eventos que nos llevan a realizar usos del agua que resultan en el deterioro del estado de los ecosistemas acuáticos. Respecto a la definición de la sequía como “excepcional o que no haya podido preverse razonablemente”, la Guía matiza que las medidas que se tomen en tales circunstancias excepcionales no comprometerán la recuperación de la calidad de las masas de agua, una vez que dichas circunstancias hayan desaparecido; que los efectos de dichas circunstancias excepcionales deben revisarse de forma anual y que deben ejecutarse las medidas necesarias para devolver la calidad de las masas de agua a su estado anterior tan pronto como sea posible; y que todos los efectos de las mencionadas circunstancias excepcionales y de las medidas ejecutadas o por ejecutar deben quedar incluidas en las revisiones de los planes hidrológicos24. La tercera cuestión que señala la DMA referida a las sequías hacía mención a que estas debían ser “prolongadas”, aspecto en el que la Guía de la Comisión también realiza avances aunque no se establecen temporalidades concretas, dada la variabilidad de situaciones y, por tanto, la dificultad de llegar a indicadores comunes en Europa. Sí se especifica que la gestión de sequías prolongadas debe conducir a una toma de decisiones en lo relativo a los usos del agua, incluidos los usos ambientales, aunque en todos los casos se deberá otorgar una alta prioridad a mantener los caudales ecológicos mínimos25. Además de las referencias explícitas a la sequía que hace la DMA y, especialmente, de la importante cuestión de la excepcionalidad, existen otros artículos relevantes desde el punto de vista de la gestión de estos riesgos. Así Kampragou et al.26 llaman la atención sobre la importancia de los artículos referidos a la caracterización de las masas de agua y su monitorización (artículos 5 y 8) para incorporar análisis de vulnerabilidad e indicadores de sequía; la recuperación de costes (artículo 9) para evaluar costes y beneficios, no solo financieros, de las medidas de mitigación; el programa (artículo 11) para incorporar medidas específicas para afrontar las sequías así como de ahorro y conservación; los planes hidrológicos (artículo 13) con los que deben estar integrados los planes de sequía; y la participación pública (artículo 14). 23 24 25 26

La Calle, 2007. European Communities, 2009. Idem. Kampragou et al., 2011.

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LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y PLANIFICACIÓN DE SEQUÍAS Como comentamos en las primeras páginas, en España ha existido un enfoque de gestión de sequías como situaciones de emergencia, que se contextualiza en la política hidráulica tradicional. Es cierto que, coincidiendo en el tiempo con la aprobación de la Directiva Marco del Agua y aún con muchas limitaciones, se identifica un segundo enfoque que aborda las sequías en el marco de la planificación, haciendo un análisis del riesgo existente e introduciendo dichos episodios en la planificación general como un escenario distinto. El contexto en el que se desarrolla este nuevo enfoque ya no viene solo marcado por el paradigma hidráulico, que se mantiene en la Ley del Plan Hidrológico Nacional (ley 10/2001, de 5 de julio) (LPHN), que tenía como obra emblemática el trasvase del Ebro. Desde finales de los noventa se identifican también el paradigma regionalista, en el que los gobiernos de distintas Comunidades Autónomas instrumentalizan los recursos hídricos, y el paradigma de la nueva cultura del agua, que persigue modificar las políticas tradicionales27. Todo ello se plasmará en el cambio de rumbo de las políticas hidrológicas que supuso la aprobación del Programa AGUA en 2004. Sin abandonar el objetivo tradicional de generar nuevos recursos, este Programa apuesta por la depuración, la reutilización y la construcción de plantas desaladoras frente a las grandes obras hidráulicas que favorecían los conflictos territoriales. Con objeto de mejorar la previsión de las sequías, la LPHN incluye la exigencia de elaborar Planes Especiales de Actuación en Situación de Alerta y Sequía (PES) así como Planes de Emergencia en Abastecimiento de más de 20.000 habitantes, que debían elaborar las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento: “El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas intercomunitarias, con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía, establecerá un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever estas situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía (…)” (artículo 27.1 de la LPHN). Se incorpora así, desde la perspectiva de la gestión de los riesgos, un esquema del proceso de planificación que responde, al menos parcialmente, a las recomendaciones de expertos internacionales de redactar planes de sequía que incluyan monitoreo, alerta temprana y predicción, evaluación de riesgo e impacto y mitigación y respuesta28. Los PES debían ser aprobados por los Organismos de Cuenca en el año 2003. Sin embargo, dichos planes no se aprobaron en esa fecha. Dado el retraso, 27 López-Gunn, 2009. López Gunn y De Stefano, 2014. 28 Wilhite, 1991. Wilhite et al., 2000.

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el Ministerio de Medio Ambiente publicó dos años después una Guía para la redacción de estos documentos29. Llama la atención que en la exposición de los motivos que llevan al Ministerio de Medio Ambiente a elaborar este documento no se aluda al incumplimiento de los plazos establecidos por la legislación por parte de los Organismos de Cuenca —desafortunadamente habitual en la planificación hidrológica española—, sólo a la necesidad de “unificar un procedimiento metodológico común de caracterización de la sequía hidrológica en España y de elaboración de los Planes Especiales con el fin de seguir criterios homogéneos de declaración e intervención en este tipo de coyunturas”30. Este retraso en la elaboración de los PES hace que ese mismo año deban aprobarse, con carácter transitorio y solo en algunas cuencas, Protocolos de Actuación, más simples, que toman como referencia la experiencia de la sequía 1990-1995. La realización de los Planes de Emergencia en abastecimientos de más de 20.000 habitantes, también previstos por la LPHN y que según esta deben tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los PES, acumuló igualmente un retraso importante. Estos Planes debían quedar aprobados en 2005, según lo indicado en dicha ley, pero es en 2007 cuando la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, publica la Guía para la elaboración de dichos Planes31. Además, hasta 2007 no se aprobaron los PES de cuencas intercomunitarias (orden MAM/698/2007) y aún más tarde los de cuencas intracomunitarias, razón fundamental por la que todavía está pendiente la elaboración de numerosos Planes de Emergencia en Abastecimientos y por lo que, más relevante si cabe, no existe integración entre estos planes especiales —aún hoy vigentes y ya desfasados— y la planificación general de cuenca, que ha sido aprobada posteriormente. DIFICULTADES PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA EUROPEA DE AGUAS Y DE LAS DIRECTRICES SOBRE ESCASEZ Y SEQUÍAS

Ante la creciente preocupación de la Unión Europea por los problemas ligados a la cantidad de agua, la Comisión de las Comunidades Europeas publica la Comunicación “Afrontar la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea”32, que expone siete orientaciones básicas para desarrollar futuras acciones ligadas a la plena aplicación de la DMA. Entre ellas destaca la necesidad de fijar un precio justo para el agua a través de una política de tarificación que se base en el análisis económico de los usos y del valor del agua y a la medición de los consumos; y, 29 30 31 32

MMA, 2005. Ibidem, 1. AEAS y MMA, 2007. CCE, 2007.

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hacer más eficiente el reparto de los recursos hídricos y su financiación, incidiendo en las políticas de ordenación del territorio. El grado de cumplimiento de estas orientaciones ha sido evaluado en tres ocasiones33 y sus resultados, siempre débiles, han incidido en la necesidad de la plena aplicación de la DMA por parte de los Estados miembros, en el entendido de que solo la adopción de los planes hidrológicos de cuenca y de los programas de medidas permitiría realizar un análisis detallado de las actuaciones necesarias para abordar los aspectos cuantitativos del agua. En 2012 la Comisión Europea publica el “Informe sobre la revisión de la política europea de lucha contra la escasez de agua y la sequía” en el que se analiza en qué medida los instrumentos previstos en la Comunicación de 2007 y en la DMA contribuyen a invertir la tendencia a la escasez de agua y a mitigar la vulnerabilidad a las sequías. Esta Comunicación reconoce la existencia de lagunas conceptuales relativas a la diferenciación entre sequía y escasez (a cuyo significado hicimos referencia en la Introducción) y a las relaciones causales entre factores, presiones, estados e impactos, lo que lleva a manejar indicadores insuficientes; en segundo lugar, lagunas de información sobre demandas, medidas, costes e impactos; así como, lagunas políticas y de gobernanza (a las que nos referiremos posteriormente). Este informe insiste, entre otros, en la necesidad de cobrar el agua a su justo precio, asignar el agua con más eficiencia, integrar los planes de sequía y los planes hidrológicos, fomentar una cultura de ahorro y mejorar aspectos ligados a la información disponible. Además, se llama la atención sobre el hecho de que los nuevos planes hidrológicos prevean grandes infraestructuras cuando aún no se ha explotado todo el potencial de las medidas de ahorro. Por otro lado, la Comisión Europea afirma que los ahorros llevados a cabo en los regadíos son insuficientes y que, además, la modernización ha dado lugar a aumentos de la superficie cultivada y no a menores consumos de agua. Todo ello, lleva a la Comisión a insistir, una vez más, en la necesaria coordinación de los planes hidrológicos con los de ordenación del territorio34. También el ‘Plan para salvaguardar los recursos hídricos en Europa’ (‘Blueprint to Safeguard Europe’s Waters’), cuyo objetivo último es determinar las estrategias, las medidas y los instrumentos de los que deban dotarse algunas de las áreas de la política de la Unión para poder garantizar un uso sostenible del agua en el medio y el largo plazo35, reconoce los escasos progresos logrados en la aplicación de los instrumentos establecidos en la Comunicación sobre sequías de la Comisión de 2007. Por ello, establece una serie de medidas adicionales para 33 Comisión de las Comunidades Europeas, 2008, 2010 y 2011. 34 Comisión Europea, 2012a. 35 Comisión Europea, 2012b.

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mejorar los aspectos cuantitativos de la gestión del agua y la eficiencia hídrica y contribuir así a los objetivos de calidad. Expertos de la Fundación Nueva Cultura del Agua36 llaman la atención sobre lo incompleto de las propuestas del Plan al no proponer una estrategia de aplicación de la DMA sobre planificación de recursos hídricos que exija a los Estados miembros actualizar sus previsiones de recursos en relación con las reducciones que se puedan ir registrando en las aportaciones naturales debidas al cambio climático. Asimismo, se incide en la necesidad de adoptar una estrategia común de aplicación de la DMA en relación a las sequías: delimitación de áreas de riesgo, planes de sequía y medidas de ahorro y de ordenación territorial. En el caso de España, aunque en los nuevos Planes Hidrológicos de Demarcación, y en todo el proceso seguido para su aprobación, se observan avances importantes37, lo cierto es que aún se detectan resistencias significativas al cambio que limitan la superación de los esquemas de gestión más tradicionales (propuestas de construcción de grandes infraestructuras, demandas crecientes para el regadío, etc.). SOBRE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE SEQUÍAS A la luz de la experiencia acumulada en España en la gestión y planificación de sequías, se hace necesaria una revisión de las medidas que contemplan las administraciones responsables de forma que se avance definitivamente hacia un enfoque preventivo. Previamente, con la DMA, las directrices de la Unión Europea sobre escasez y sequías y el cambio climático como telón de fondo, resulta fundamental redimensionar la disponibilidad operativa de los caudales, como ya han señalado expertos de la Fundación Nueva Cultura del Agua en el precitado informe38. Así, debe revisarse la consideración de la escorrentía media como base para evaluar la disponibilidad de caudales; al contrario, la planificación debería tomar como referencia base los años de escasez y no los años de pluviosidad media39. A partir de unos cálculos ciertos, que asuman la incertidumbre ligada al régimen de precipitaciones y a la variabilidad climática, podrán plantearse medidas adecuadas —aún lejos de ser las mayoritarias en los PES vigentes—, que prioricen la recuperación del buen estado ecológico de las masas de aguas, las estrategias de ahorro, eficiencia y gestión de la demanda y la participación pública

36 37 38 39

Fundación Nueva Cultura del Agua, 2013. Estrela y Vargas, 2012. Fundación Nueva Cultura del Agua, 2013. Arrojo, 1997.

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en el proceso de planificación, aspecto que trataremos de forma particular en el siguiente epígrafe (Tabla 1). Tabla 1. Medidas para la gestión y mitigación de sequías Medidas a desarrollar desde la planificación hidrológica Gestión integrada de acuíferos y recursos superficiales Ahorro y eficiencia mediante planes de modernización Revisión y actualización de concesiones Plan de reconversión del regadío Control del Dominio Público para regular extracciones y vertidos ilegales Revisión de precios y tarifas y aplicación del criterio de recuperación de costes Introducción de criterios de ecocondicionalidad en las subvenciones agrarias Condicionar el desarrollo urbanístico y territorial a los recursos disponibles Favorecer la regeneración y reutilización de retornos Captación, drenaje y gestión de aguas pluviales Programas de información, formación y educación Participación pública y real de las partes interesadas y del público en general Medidas a desarrollar en situaciones de sequía Establecer criterios para determinar umbrales (prealerta, alerta y emergencia) Diseñar estrategias escalonadas a través de procesos participativos Promover los Bancos Públicos de Agua Promover la regulación de intercambios de derechos entre usuarios Crear un adecuado sistema de seguros Fuente: Elaboración propia a partir de Arrojo, 1997, Iglesias et al., 2007 y Strosser et al., 2012.

La cuestión relativa a los intercambios de derechos entre usuarios merece especial atención, al ser quizás la más controvertida. No hay que olvidar que en España es precisamente un real decreto ley de sequía (RDL 15/2005) el que facilita los intercambios de uso de aguas y amplía la posibilidad de las transmisiones de derechos de aguas40, que ya fueron introducidos en la Ley de Aguas de 1999. Afirma el citado RDL que “se hace imprescindible en la fecha actual permitir que sea una realidad la posibilidad de llevar a cabo transacciones de derechos del uso 40 Estevan y La Calle, 2007.

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del agua. Aunque el volumen de transacciones previsto no es muy elevado, su importancia puede convertirse en crítica ante la crónica insuficiencia de recursos que han venido padeciendo en los últimos meses las zonas potencialmente receptoras de las transacciones”. De esta forma, en España los intercambios de agua son una realidad en las Cuencas del Júcar, Segura, Tajo, Alto Guadiana, el Trasvase Tajo-Segura y el Negratín-Almanzora41. Sin embargo, y aunque existe cierto consenso sobre los beneficios de la flexibilización del sistema concesional al tiempo que una fuerte crítica al actual sistema, no hay que obviar las reservas existentes en relación con la introducción de los mercados: concentración de recursos en los sectores y áreas de mayor productividad, daños ambientales y privatización ‘de facto’ de un recurso público42. LA CUESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Como hemos comentado, la Comisión Europea43 ha detectado lagunas relativas a la gobernanza en la planificación de las sequías, aspecto de especial relevancia para consolidar nuevos paradigmas de gestión del agua. Hay que recordar que la DMA establece en su artículo 14 la obligación de fomentar la participación activa, lo que afecta a toda la política de aguas y, por tanto, también a la política de sequías. Así, Espluga y Subirats afirman que la DMA “ha revolucionado la gestión del agua y ha abierto la puerta a una cierta tendencia de intensificación democrática mediante la inclusión de diversos grados de participación ciudadana”44. Desde la perspectiva de los riesgos que debe guiar la planificación de las sequías, el National Drought Mitigation Center de Estados Unidos propuso en la década de los noventa un esquema para guiar el proceso de planificación, que podría ser adaptado a distintos países o territorios según las capacidades institucionales y técnicas existentes. Esta propuesta destaca la necesidad —más allá de la elaboración de planes de sequía— de promover la participación para definir y resolver los conflictos, así como la necesidad de construir consenso y conciencia pública45. Para lograr este objetivo la participación debe ser activa y real en el sentido de conseguir “que la ciudadanía se involucre con acciones en el proceso de toma de decisiones” y en la que “las autoridades establecen un dialogo ético y efectivo con la ciudadanía cumpliendo con lealtad todos los deberes y garantías estableci41 42 43 44 45

Paneque y Beltrán, 2014. Moral y Silva, 2006. Comisión Europea, 2012a. Espluga y Subirats, 2008, 3. Wilhite, 1991. Wilhite et al., 2000 y 2005. OMM y GWP, 2014.

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dos en las normas”46. Además, se debe partir del liderazgo y la voluntad política de las administraciones con competencias en la materia, así como de la especialización y experiencia de los equipos encargados del diseño, gestión y facilitación de la participación47. Por otro lado, es importante facilitar la participación tanto de las partes interesadas como del público general. Se entiende por público cualquier persona física o jurídica así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa, y por público interesado aquél que resulta o puede resultar afectado por las decisiones adoptadas en materia ambiental o el que tiene un interés que invocar en la toma de decisiones. Dentro del público interesado se incluyen los usuarios del agua, término que designa a los titulares de concesiones48. Como partes interesadas en la planificación y gestión de sequías puede identificarse a agricultores de secano y regadío, consumidores urbanos y empresas de agua, sectores de la industria y el turismo, organismos de cuenca, agencias meteorológicas, administraciones, compañías de seguros, bancos, investigadores y expertos, y organizaciones no gubernamentales49. La competencia por los recursos hídricos aumenta a medida que se intensifican las condiciones de sequía y con frecuencia surgen conflictos. Estos conflictos no deben abordarse durante una crisis, por lo que resulta fundamental enfrentar las cuestiones clave que pueden generar tensiones en periodos de normalidad. Involucrar a las partes interesadas y al público en general de manera continua y desde fases tempranas brinda la oportunidad de desarrollar una comprensión de los distintos valores e intereses en juego, facilitando así la consecución de soluciones colaborativas. Asimismo, para construir consenso y conciencia pública, es necesaria la colaboración efectiva de los medios de comunicación50. En relación con los medios hay que destacar su papel en la construcción de discursos sobre sequías, que se refleja en la formación de coaliciones de actores y en la generación de opinión pública51. Son muchos los autores que han defendido la especial importancia que tiene el contexto discursivo en fenómenos de aparición lenta como las sequías, que además son difusos en el tiempo y en el espacio y que, por tanto, están más abiertos a distintas definiciones de problemas y soluciones52. No hay que olvidar, además, que los discursos se convierten en una vía indirecta de ejercer el poder53 y que, por tanto, la modificación de los discursos 46 47 48 49 50 51 52 53

La Calle, 2009, 68. Ballester et al., 2008. Ballester y La Calle, 2015. Iglesias et al., 2007. OMM y GWP, 2014. Moral, 2007. Paneque y Vargas, 2015. Wilkins y Patterson, 1990. Wilhite y Buchanan-Smith, 2005. Sonnett et al., 2006. Kallis, 2008.

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hegemónicos puede ayudar a superar determinadas creencias y valores referidas a los usos del agua. Las dificultades para la práctica real de la participación activa y la modificación de discursos está directamente relacionada con la consolidación de la ‘comunidad de política hidráulica’54, que defiende los enfoques más tradicionales. Así, el sector agrario, fuertemente legitimado55, las empresas eléctricas y las disciplinas ligadas a las ingenierías controlan la información y los procesos de decisión y copan los órganos de participación. A ello se une la falta de respaldo social y mediático a las organizaciones civiles —que se posicionan en clara desventaja a efectos de participación y capacidad de impactar en los medios de comunicación— así como la falta de nuevos perfiles disciplinares en la administración del agua (sociólogos, politólogos, etc.). CONCLUSIONES El conocido como ‘paradigma hidráulico tradicional’ ha guiado la política de aguas en España durante las últimas décadas, favoreciendo la construcción de grandes infraestructuras con el objetivo final de satisfacer crecientes demandas desde una perspectiva productivista. En este contexto los modelos y estrategias de gestión de las sequías se han situado en el marco de las crisis y no de los riesgos, lo que ha alejado dicha gestión del enfoque preventivo y de mitigación que desde los años ochenta recomendaba la comunidad científica. Así, la concepción de las sequías como situaciones de emergencia ha mantenido —de forma interesada— prácticas de gestión que han derivado en un aumento de la vulnerabilidad de los sistemas hídricos. Sin embargo, en España, desde hace dos décadas puede reconocerse la existencia de nuevos paradigmas de gestión del agua que han propiciado un intenso debate sobre cuestiones clave que están en la base del problema de la escasez del agua y la sequía en nuestro país: desgobierno del territorio, descontrol del sistema concesional y falta de mecanismos de participación pública activa y real. El paulatino tránsito desde el enfoque reactivo a enfoques más cercanos a la prevención en materia de sequías se observa muy parcialmente en la legislación española, que demuestra importantes resistencias a asumir las evidencias científicas. De la consideración de las sequías como situaciones extraordinarias y anómalas deriva la posibilidad de realizar importantes intervenciones —especialmente obras hidráulicas— que se declaran de ‘interés general’ y que, por tanto, no requieren ni justificación ni suficientes estudios de impacto. La manifestación 54 Pérez Díaz et al., 1996. 55 Moral et al., 2000. Paneque y Pedregal, 2000.

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más clara de que las sequías han reforzado las soluciones infraestructurales, que han contado con gran apoyo institucional y fuertes inversiones públicas, puede observarse en los decretos de sequía. La aprobación de la DMA en el año 2000 supone un punto de inflexión al introducir el principio de precaución en la gestión con objeto de garantizar reservas que reduzcan la vulnerabilidad social y de los sistemas hídricos. Además de plantear como objetivo último de la política de aguas la conservación y mejora del estado de las masas de agua, la DMA introduce cuestiones fundamentales para la gestión tanto de recursos como de riesgos (recuperación de costes, integración de planes, participación pública, etc.), que deben tener un reflejo tanto en la planificación general como en los planes de sequía. Sin embargo, sobre la aplicación de la DMA en relación con estos riesgos se abre un debate importante respecto al hecho de que la obligación de alcanzar los objetivos ambientales no es absoluta y que, entre otros supuestos, la sequía puede justificar la modificación de los requerimientos ambientales establecidos en los planes. De nuevo la sequía se convierte en una vía —a la que hay que prestar especial atención— para justificar prácticas incorrectas que afectarían tanto a cuestiones de calidad como de cantidad de agua. Al tiempo que la política europea de aguas se traspone a la legislación española (2003), la política hidrológica nacional experimenta un cambio de rumbo con la aprobación del programa AGUA (2004). Es también el momento en el que empiezan a redactarse los Planes Especiales de Sequía y los Planes de Emergencia que suponen un avance importante en la implantación del enfoque preventivo. Sin embargo, la Unión Europea ha llamado la atención en repetidas ocasiones sobre las carencias en la aplicación de directrices básicas para la gestión de la escasez y la sequía en el marco de la DMA, haciendo especial hincapié en los temas de tarifas y precios del agua, los mecanismos de asignación del recurso, las políticas de ordenación territorial y la mejora de la gobernanza. De manera particular, se incide sobre el hecho de que los nuevos planes hidrológicos prevean grandes infraestructuras y sobre el aumento de la superficie cultivada a la que ha dado lugar la modernización de regadíos. Se evidencia así, a pesar de los avances realizados, la existencia de frenos nucleares para la plena adopción del marco general de los riesgos. En este momento, cuando se están revisando tanto los planes hidrológicos como los planes de sequía, debemos llamar la atención sobre las manifestaciones más claras de dichos frenos; así, de forma especial, sobre la débil incorporación de la incertidumbre existente en un contexto de cambio climático, sobre la distancia manifiesta entre legislación y conocimiento científico y sobre las dificultades para superar los discursos hegemónicos y dar entrada a nuevos valores a través de mecanismos de participación pública.

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PILAR PANEQUE-SALGADO

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Manejo del agua y de los recursos naturales en el asentamiento de Donha Antonia, Paraíba (Brasil): Cambios socioambientales y propuesta de ordenación de los recursos naturales The Use of Water and other Natural Resources in the Settlement of Donha Antonia, Paraíba (Brazil): Socio-environmental Changes and a Proposal for Natural Resource Management Rafael Cámara-Artigas Bilal Paladini-San Martín Universidad de Sevilla. Sevilla, España. [email protected], [email protected]

El cultivo extensivo sobre la superficie que ocupaba la formación tropical de Mata Atlántica es la principal causa de fenómenos de erosión y pérdida de suelos así como de procesos de desertificación debido a la desaparición de la vegetación nativa, cuyas funciones ecosistémicas principales son: retener humedad en el suelo, reducir la evapotranspiración y permitir una lenta infiltración del agua de lluvia en las cabeceras de drenaje, que aflora aguas abajo formando los primeros segmentos de la red de drenaje. La presencia en Brasil de varios millones de campesinos sin tierra es una oportunidad para crear espacios de esperanza opuestos al agro-negocio. La creación de asentamientos de campesinos por parte del Estado expropiando fincas improductivas supone la asignación de parcelas a familias sin recursos cuyo objetivo es producir alimentos de forma orgánica para los mercados locales. Una de las oportunidades de estos espacios es diseñar hábitats humanos que tengan en cuenta una gestión sostenible de los recursos naturales por lo que la elaboración de cartografías de riesgo ante procesos erosivos y de pérdida de suelos es esencial para una posterior propuesta de ordenación en la que se establecerán áreas de protección total o de reserva donde se preservará la mata atlántica, áreas de conectividad entre los parches de mata y áreas de uso sostenible de los recursos naturales que no presenten riesgos de pérdida de suelos, en donde se podrá cultivar de forma orgánica y ecológica. Palabras clave: voçoroca; agronegocio; mata atlántica; riesgos; agrocombustibles.

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LA REFORMA AGRARIA EN BRASIL Y LOS ASENTAMIENTOS CAMPESINOS La Reforma Agraria en Brasil es, según el II Programa Nacional de Reforma Agraria de 2003 del INCRA1 (Instituto de Colonización y Reforma Agraria), un conjunto de medidas para promover la mejor distribución de la tierra mediante modificaciones en el régimen de propiedad y uso con el objetivo de atender los principios de justicia social, desarrollo rural sostenible y aumento de la producción. En su última actualización, a 19 de mayo de 2015, el INCRA2 afirma haber asentado a 968.887 familias, haber creado 9.256 asentamientos y haber reformado 88.314.875 ha. Los asentamientos son los espacios expropiados donde se instalan los trabajadores rurales y sus familias con el objetivo de producir alimentos para la autosuficiencia y el abastecimiento de mercados locales de forma orgánica y ecológica. En cuestiones ambientales el INCRA3 ha desarrollado un Plan Federal que contempla la recuperación ambiental, el monitoreo y la promoción de la gestión ambiental de los asentamientos. Según la Ley Federal Portaria MEPF n.º 88/99: “los asentamientos de la zona de Mata Atlántica deben presentar un 20% de área de reserva o preservación de la vegetación autóctona”.

Para ello, los asentamientos deben de presentar Proyectos de Desarrollo del Asentamiento (PDA) y/o Planes de Recuperación del Asentamiento (PRA) donde se contemplan dos líneas de actuación ambientales: ●

●

Actividades técnicas de recuperación y conservación de Áreas de Preservación Permanente y de Reserva Legal. Actividades de preservación de suelos.

Estos planes pueden ser desarrollados y ejecutados por organizaciones tanto públicas como privadas sin ánimo de lucro según la ley. Una de las cuestiones clave en asentamientos con riesgos de erosión será establecer las áreas de reserva en aquellos lugares susceptibles a la formación de voçorocas4, con el objetivo de que la vegetación autóctona proteja de la erosión las cabeceras de drenaje. 1 http://www.incra.gov.br/reforma_agraria (Consulta realizada el 1.º de mayo de 2015). 2 Idem. 3 Idem. 4 Las voçorocas son morfologías resultantes de procesos geomorfológicos de erosión que consisten en la formación de grandes barrancos causados por el agua de lluvia en suelos donde la vegetación ha sido eliminada y queda expuesta a los procesos de arroyada, y en la que cobran especial importancia los procesos de escorrentía subsuperficial que generan tubos de circulación subterránea denominados piping. Su génesis es rápida y puede ser de carácter catastrófico si está cerca de asentamientos humanos.

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La cuestión de la reforma agraria en el estado de Paraíba es un aspecto derivado del proceso histórico de colonización y ocupación del nordeste cuyos resultados fueron: la alta concentración de la propiedad de la tierra, la explotación del monocultivo de caña en el litoral, del algodón en el interior y la ganadería extensiva en las áreas con menos recursos5. En el estado de Paraíba han sido constituidos 278 asentamientos de campesinos sin tierra los cuales han contribuido para transformar el paisaje de algunas áreas donde predominaba el monocultivo y la ganadería extensiva, actividades que son paulatinamente sustituidas por la agricultura tradicional campesina basada en el policultivo y el trabajo familiar6. EL APA DE TAMBABA Y EL ASENTAMIENTO CAMPESINO DE DONHA ANTONIA Un APA (Área de Protección Ambiental) es una figura que se establece generalmente en extensiones amplias poco antropizadas y que presentan algunos elementos interesantes a conservar, sobre todo dentro de las zonas de vida silvestre (ZVS) ubicadas en las APAs. Las figuras de zonificación de las APAs son las siguientes: I.—Zona de Vida Silvestre: Preservación total de bienes de singular valor. II.—Zona de Conservación da Vida Silvestre. Presenta elementos no tan singulares y permite un aprovechamiento ligero de los recursos, aconsejándose permitir una regeneración y mejora del estado de los ecosistemas. III.—Zona de Influencia Ecológica. Zonas con influencia del mar, ríos y elementos hídricos. IV.—Zona de Ocupación Controlada. Zonas más degradadas que presentan posibilidades de expansión urbana.

El APA de Tamababa está localizada en la meso región del litoral sur de Paraíba7, en el municipio de Conde (distrito de Jacumã) y abarca las localidades costeras de Lagoa Preta, Praia de Tabatinga, Fazenda Bucatu, Praia de Coqueirinho, Praia de Tambaba e Praia de Graú. Posee una extensión de 3.270 ha aproximadamente, limita al este con la línea de costa y está delimitada por un polígono de diez lados que se corresponden con las cuencas hidrográficas de los ríos Caboclo (afluente del Gurugí), el Grau y el Mucatu, además de pequeños torrentes que desembocan en el Océano formando impresionantes acantilados8. 5 6 7 8

Nogueira, 2010. Idem. Mapa 1. Mapa 2.

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Mapa 1. Localización del APA de Tambaba9

Fuente: SUDEMA. Estado de Paraíba, Brasil

La idea de crear una Unidad de Conservación para proteger los ecosistemas amenazados por la rápida expansión urbana y por la especulación inmobiliaria surgió en 2001 por interés de la Superintendencia de Administración del Medio Ambiente de Paraíba (SUDEMA), que ya venía realizando estudios con ese fin en la región. Finalmente fue decretada como Unidad de Conservación el 26 de marzo de 2002 a través del Decreto Estatal n.º 22.88210. En virtud del gran número de propiedades particulares existentes en la región, la figura de protección elegida fue la de Área de Protección Ambiental, que según la legislación brasileña garantiza el uso sostenible del territorio y la preservación. Para ello, establece restricciones y normas para el uso y ocupación del suelo y asegura el derecho a la propiedad particular. A pesar de haber sido creada en 2002, el APA de Tambaba no posee una zonificación ambiental a día de hoy. Este documento es necesario para la elaboración de un Plan de Manejo con el objetivo de mitigar los impactos territoriales causados por un turismo desordenado, un acelerado proceso de explotación inmobiliaria y unas prácticas agrícolas inadecuadas11.

9 Almeida, 2006. 10 Idem. 11 Idem.

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Las principales actividades económicas del área de estudio son el turismo, la construcción y la agricultura. La producción de alimentos de temporada en el área de estudio durante los últimos años está en torno a treinta mil piñas/ha, 50.000 kg/ ha de caña de azúcar y 20.000 kg/ha de sandía. En cuanto a cultivos permanentes destacan el aguacate con una producción en torno a los dieciocho mil kg/ha al año, la banana con datos similares, el mango con 20.000 kg/ha al año y la papaya con 45.000 kg/ha al año12. Otros cultivos importantes son la patata, la mandioca, los cítricos, la fruta de la pasión o maracuyá, anacardo y guayaba. En producción pecuaria destacan la ganadería bovina con 6.000 cabezas y las aves con unas seiscientas mil. Por último, destacar la escasa importancia de la pesca, caracterizada como una actividad complementaria de los sectores más desfavorecidos y de algunos pescadores artesanales que venden sus capturas a restaurantes locales13. Por otra parte, el área de estudio a detalle, el APA de Tambaba engloba un total de seis asentamientos de campesinos sin tierra14 donde viven 511 familias a las cuales la Reforma Agraria de Brasil ha concedido parcelas de tierra en antiguas haciendas que eran consideradas improductivas y cuyos antiguos propietarios fueron indemnizados tras las expropiaciones. A parte de los asentamientos el único núcleo de población que encontramos en el área es Jacumá, el cual ha crecido considerablemente en las últimas décadas debido a la actividad turística y la construcción de urbanizaciones privadas y residencias. El Asentamiento de Donha Antonia (Paraíba, Brasil) se encuentra dentro del Área de Protección Ambiental (APA) de Tambaba. Fue constituido en 1996 y cuenta con una extensión de mil ha. en las que viven unas ciento diez familias15, unas diez mil personas, con una densidad de población que está en torno a los 87 habitantes/km2 con una tasa de crecimiento de 3,5% anual16. MEDIO FÍSICO La historia geológica de este sector incluye episodios tectónicos, oscilaciones climáticas y del nivel del mar ocurridas durante el Cenozoico y durante el Cuaternario17.

12 13 14 15 16 17

Idem. Idem. Mapa 2. http://www.incra.gov.br/reforma_agraria (Consulta realizada el 1.º de mayo de 2015). Almeida, 2006. Carvalho, 1982.

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Mapa 2. Asentamientos dentro del APA de Tambaba

Fuente: Almeida, 2006.

El bajo planalto costero fue formado por distintas fases de deposición que se desarrollaron durante el Terciario, desde el Oligoceno hasta el Plioceno medio, a partir de la erosión del material desagregado de los productos resultantes del intemperismo sobre el zócalo cristalino del Macizo de Borborema, y que dieron lugar al Grupo o formación Barreiras que descansa sobre el substrato del Precámbrico o localmente del Cretáceo18. En análisis sedimentológicos realizados 18 Idem.

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sobre la formación Barreiras se constató que las fuentes de sedimentos serían granitos, gneisses y esquistos, que son litologías predominantes en el Planalto de Borborema19. La formación Barreiras comprende sedimentos limo-arcillosos y arenosos mal seleccionados, con líneas de gravas, sin estratificación. Durante la deposición de esos sedimentos ocurrieron fluctuaciones climáticas entre el clima húmedo y el semiárido20. Es sobre esta formación Riacho Morno o Barreiras Superior sobre las que se forman las voçorocas. La formación Barreiras presenta suelos pobres en minerales ya que las bases de estos han sido profundamente lavadas cuando estaba cubierta por vegetación de mata atlántica. En las zonas no ocupadas por cultivos encontramos actualmente una vegetación compuesta por un manto herbáceo de gramíneas y un estrato arbustivo de individuos dispersos de porte bajo y con troncos retorcidos. Esta formación se asemeja a los campos cerrados del centro de Brasil21. La red hídrica está compuesta por pequeños ríos que presentan bruscos cambios en la dirección del caudal y algunas capturas. Los tributarios de estos son en general rectilíneos, cortos y desaguan en el canal principal formando ángulos elevados. Estos pequeños cursos que evacuan las aguas en las cabeceras de drenaje son los lugares propicios a la aparición de voçorocas. La red hídrica puede categorizarse como paralela y dendrítica. Las áreas circundantes a la de estudio presentan una red de drenaje sensiblemente menos densa pudiéndose catalogar como sub-dendrítica22. El área de estudio presenta una mayor variación de las pendientes (11% de media) y de la curvatura de las vertientes que las zonas aledañas (7% de media). Presenta igualmente vertientes convexas en los interfluvios así como trechos rectilíneos en las partes bajas de las laderas. Aparte de esto, las concavidades son también más pronunciadas en las cabeceras de los cursos de agua secundarios, lugares propensos a la formación de voçorocas. Estas concavidades son resultado de la incisión de la escorrentía superficial sobre la formación Barreiras o depósitos posteriores. Por todo ello, el modelo de las vertientes del Tabuleiro23 en la parte sur del litoral de Paraiba es predominantemente convexo lo que las hace propensas a ser seccionadas por surcos y largos regueros originados por la concentración del

19 Furrier, 2007. 20 Carvalho, 1982. 21 Furrier, 2007. 22 Rossetti, Valeriano, Bezerra, Brito-Neves y Góes, 2009. 23 Superficie conformada por relieves estructurales sedimentarios en el litoral de Paraiba, entre el mar y el escudo proterozoico.

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agua superficial. Las concreciones lateríticas de media pendiente actúan como una capa impermeable y hacen surgir las aguas subsuperficiales o acuífero libre24. El clima del litoral del estado de Paraíba se caracteriza por ser un tipo tropical lluvioso de tipo As’ (Clima tropical con estación seca durante el verano de su hemisferio según la clasificación de Köppen), con concentración de las lluvias en el otoño e invierno del hemisferio sur (meses de abril, mayo y junio), y una pluviosidad media anual en torno a los 2000 mm. Las temperaturas medias oscilan, a lo largo del año, entre 23 y 28 °C, con una temperatura media anual de 25 °C25. Las precipitaciones del litoral de Paraíba son explicadas por diferentes situaciones sinópticas que se traducen en una desigual distribución intraanual pero también interanual de las precipitaciones, teniendo lugar eventos lluviosos de magnitudes importantes en el período seco de verano. Por tanto, el desarrollo de regueros y voçorocas será más acuciado tras episodios de fuertes precipitaciones y será más frecuente en invierno, existiendo y siendo más efectivos durante el verano más seco. Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio son el cerrado y la mata atlántica. El cerrado es una formación vegetal que puede presentar cobertura cerrada como bosque (cerradão) con una altura de 5-10 metros, y que puede presentar coberturas más abiertas en forma de sabana arbolada o boscosa (campo cerrado) y sabanas herbáceas con menos del 15% de recubrimiento de leñosas arbóreas o arbustivas (campo limpo). Hay, pues, una gran diversidad de grados de cobertura caracterizados como cerrados en la literatura ya que los podemos encontrar desde el cerradão, con una cobertura de casi el 100%, hasta el campo sucio que no es más que un pastizal con escasa presencia de arbustos26. Constituye una formación vegetal con un régimen bioclimático mesófilo de subhúmedo a húmedo27, con especies perennifolias y algunas especies caducifolias en el cerrado subhúmedo, caracterizado por presentar sus especies constitutivas hoja mediana a pequeña, algunas coriáceas, y por la presencia de lianas y epifitas. Se desarrollan sobre suelos ferruginosos limo arcillosos y areno-limosos del Tabuleiro. La distribución de los diferentes subtipos de cerrado está también estrechamente relacionada con el drenaje y los tipos de suelo. Las áreas más elevadas están frecuentemente cubiertas por pastizales, que reflejan una gran incidencia de fuegos inducidos, y sabanas arboladas (campo cerrado). La velocidad —tanto del drenaje vertical como lateral— es muy alta, especialmente durante los eventos tormentosos, pudiendo la lámina de agua aproximarse a la 24 25 26 27

Carvalho, 1982. Neves, 2003. Imágenes 1 a 3. Cámara, 2004.

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superficie aunque sin afectar al desarrollo de la vegetación. Ladera abajo, la acumulación de agua favorece la formación de pastizales (campo limpio) por encharcamiento, aunque también pueden aparecer campos cerrados en áreas más drenadas o secas, y en los valles fluviales se forman bosques de ribera al amparo de suelos húmedos y ricos en nutrientes28. Imágenes 1 a 3. La vegetación de cerrado (imágenes 1 y 2) y de campo cerrado (imagen 3) se caracteriza por presentar árboles de altura media (5 a 10 m.) mayormente con hojas medianas a pequeñas, a excepción de unas pocas como el Anacardium occidentale y la Coccoloba sp.

Fotografías: B. Paladini.

La mata atlántica29, por su parte, es una formación de bosque de régimen bioclimático ombrófilo30 que recibe el nombre común de selva húmeda31. Su altura alcanza los 30 m. con presencia de epifitas y lianas. Sus especies se carac28 29 30 31

Furley, 1988. Imágenes 4 y 5. Cámara, 2004. Salazar, Zavala, Castillo y Cámara, 2004.

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terizan por tener hojas anchas de gran a mediano tamaño. Se desarrollan sobre suelos ferruginosos arcillosos y limo-arcillosos del Tabuleiro. La deforestación de las formaciones vegetales de mata atlántica que existían en el Tabuleiro en condiciones de suelos más propicios para su desarrollo, da lugar a la erosión del suelo al quedar desprotegido o al aporte de substrato arenoso por escorrentía, favoreciendo por esta razón y por las condiciones bioclimáticas más xéricas (3 a 4 meses de paralización vegetativa por causas hídricas) el desarrollo de vegetación cerrado en las de menos degradación y de campo limpo en las de mayor degradación. Es por ello que los lugares más propicios por humedad y aporte de limo arcillas sean los fondos de voçorocas. Cuando estas circunstancias confluyen se desarrolla una mata atlántica secundaria en una decena de años, que al cabo de 30 años puede alcanzar un estado óptimo, con hasta un 70% de especies de la mata atlántica no alterada. Imágenes 4 (izquierda) y 5 (derecha). Dos aspectos de la mata atlántica en Buraquinho, ciudad de Joao Pessoa, donde queda un fragmento importante de mata rodeado de tejido urbano. A la izquierda una visión desde fuera y a la derecha desde dentro. En este último caso puede observarse la liana que trepa por el tronco, que alcanza 25 metros de altura

Fotografías: B. Paladini.

Localmente, en los fondos de las cabeceras de gullies estabilizados se conforman humedales con herbáceas en las que predomina el Eleocharis sp. y bosques de ciénaga con Annona glabra como es el caso del asentamiento de Donha Antonia en el gully fitoestabilizado del río Gurují y en el gully de Lagoa Preta32 al sureste de la anterior y área de preservación del IBAMA. En algunos enclaves próximos a la costa encontramos manglares que se desarrollan en las desembocaduras de los ríos. 32 Imágenes 6 y 7.

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Imagen 6 (izquierda): humedal de Lagoa Preta con Eleocharis sp. Dominantes. Imagen 7 (derecha): Humedal del río Gurují con Annona glabra

Fotografías: R. Cámara, 2009

OBJETIVOS El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación ambiental del impacto socioeconómico de los procesos de deforestación en el litoral de Paraiba, haciendo una propuesta para la conservación fomentando el desarrollo sustentable de las comunidades locales afectadas por el riesgo de voçorocas. Los objetivos específicos a desarrollar a lo largo de la investigación son los siguientes: — Señalar los factores que determinan la aparición de voçorocas, su dinámica y su estabilización. — Identificar tipologías de voçorocas en base a los factores que las determinan para así caracterizar, localizar y clasificar estas morfologías en el área de estudio. — Desarrollar una cartografía de riesgos naturales asociados a procesos erosivos para establecer áreas de reserva (deben tener un porcentaje de un 20% de área de reserva según la legislación) en torno a las cabeceras de drenaje al ser las áreas propensas a formación de voçorocas. — Realizar una propuesta de restauración aplicando una metodología de estabilización de voçorocas ya existente. — Fomentar, a través de la ordenación del territorio, la conectividad de los ecosistemas de mata atlántica a través de los cursos de agua, y la vegetación de las voçorocas estabilizadas. — Establecer unas áreas núcleo con un grado de antropización mínimo así como áreas de aprovechamientos sostenibles de recursos naturales. — Señalar los principales conflictos que los intereses del capital (tanto el agronegocio como la construcción de urbanizaciones) provocan en las comunidades locales para demostrar que el establecimiento de asentamientos supone la creación de espacios más sostenibles ecológica y socialmente que los grandes

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latifundios agroexportadores, en especial aquellos destinados al cultivo de agrocombustibles.

METODOLOGÍA La hipótesis de partida es que los cambios de uso de suelo que suponen la eliminación de la cubierta de masa vegetal natural fomentan y aceleran los procesos de voçorocamiento al permitir la creación de flujos de agua superficiales concentrados en las zonas de evacuación de las vertientes y en aquellos medios que por su conformación geomorfológica están en condiciones de desarrollar estos sistemas de erosión como caminos no asfaltados. La elaboración de la cartografía se compone de dos grandes fases: — Cartografía de usos del suelo. Es conveniente considerar la cartografía histórica para conocer la evolución de la ocupación del territorio durante, al menos, el período en el que existen fuentes cartográficas. — Elaboración del mapa de pendientes y de la red de drenaje que, junto al mapa de usos del suelo, serán la base del mapa de riesgos naturales. Según la metodología desarrollada por Guerra33, las áreas que presentan pendientes de hasta 6,85° se consideran de peligrosidad baja ante procesos de voçorocamiento, entre 6,85° y 11,3° la peligrosidad es media y con más de 11,3° es alta. Para tener mapas de pendientes de los asentamientos fue necesario generar un mapa de pendientes con el módulo SLOPE en “ArcGis 10” a través del MDE. Mediante módulos de superposición con ArcGIS de áreas sin vegetación y regueros de vertiente y regueros en cabecera de voçoroca obtuvimos las áreas con riesgo ante procesos de formación de voçorocas o de avance de voçorocas respectivamente. Los lugares más susceptibles o vulnerables a desarrollar voçorocas son los campos de cultivo o aquellos otros usos del suelo que dejan la superficie expuesta y desprotegida ante la acción de los flujos concentrados de agua.

Las voçorocas fueron cartografiadas mediante fotointerpretación. Las áreas de cabecera de drenaje desforestadas a partir de la década de 1970 y que en la actualidad se encuentran recolonizadas por la vegetación se caracterizan por la presencia de paleo-voçorocas. En cabeceras no revegetalizadas encontramos voçorocas actuales que drenan el flujo subsuperficial. Dos categorías fueron establecidas: regueros, y vertiente con riesgo de formación de voçorocas. Los regueros se sitúan en las vertientes colectoras de menor orden y tributarias de vertientes que terminan en regueros que evacúan la arroyada de toda una vertiente y que en casos de deforestación pueden evolucionar a voçoroca mientras que los regueros en cabecera de voçoroca son zonas con peligrosidad por avance de estas si el terreno se encuentra desprovisto de vegetación. Por tanto, según la posición 33 Guerra, 1999.

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topográfica y la cobertura o uso del suelo encontramos vertientes que presentan riesgo por formación o por avance de voçorocas. Las fuentes cartográficas, fotográficas e imágenes de satélite utilizadas han sido: ●

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Cartografía topográfica 1.25.000 Ministerio do Interior – Superintendencia do desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) en base a la fotografía aérea de 1970. Vuelo fotogramétrico 1:40.000 sin orto-rectificar en blanco y negro de 1985. INTERPA. Gobierno estatal de Paraíba. Landsat ETM+ febrero 2002 (201/034 Resolución píxel 30m./pancromática 20m./píxel). Spot febrero 2002. Resolución 20 m./píxel./pancromática 10 m/píxel). MDE. Resolución 30 m./píxel34

Para realizar un seguimiento de las voçorocas del asentamiento Donha Antonia y conocer el avance de las mismas aplicaremos la metodología de Guerra 35 de colocar estacas alrededor de los bordes de la erosión. Las diferencias en cuanto a la gestión y preservación de áreas de riesgos de erosión y conservación de la biodiversidad entre las comunidades locales y los intereses del capital (agro negocio y modelo urbanístico especulativo) se comprobó con trabajos de campo. CONFLICTOS Y PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL Hay diversas actividades que fomentan la formación de voçorocas, como lugares susceptibles de ser afectados por procesos erosivos, sobre todo por los desvíos inapropiados de las redes de drenaje que canalizan los flujos de agua concentrándolos vertiente abajo. Otra de las prácticas más impactantes es la quema de matas pioneras o secundarias para la puesta en cultivo, ya que se destruye la capa superficial del suelo donde se encuentra el humus y se fomentan tanto la erosión como la lixiviación del suelo al quedar este desnudo y desprotegido. Estas matas presentan gran cantidad de imbaubas (Cecropia sp.) y mangabas (Hancornia speciosa) que son plantas pioneras, así como cajús (Anacardium occidentale) que se aprovechan por su fruto. El cultivo de coco es uno de los que más expuesta deja la superficie ante el impacto de las gotas de agua y por tanto facilita la formación de flujos superficiales concentrados de agua con el consiguiente desarrollo de surcos, regueros y voçorocas como en el caso de una de las voçorocas del asentamiento de Donha Antonia. 34 www.glcf.umiacs.umd.edu 35 Guerra, 1999.

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En los últimos años el gobierno estadual, a través del SUDEMA, ha realizado algunas acciones de conservación de los pocos fragmentos de mata existentes, creando unidades de conservación. La gran mayoría de los parches de mata que aún quedan no se corresponden con la formación en su estado de climax sino con reductos de bosques degradados o que se están regenerando generalmente en zonas que han sido loteadas para la construcción pero que la ocupación no se llevó a cabo. Las zonas con mayores pendientes también presentan algunos parches de mata. La vegetación natural de Mata Atlántica existente antes de la llegada de los colonizadores europeos al litoral Paraíba se ha reducido al 0,6%36, especialmente tras el desarrollo de las políticas PROALCOOL en los años 70 que favorecieron la expansión de la caña de azúcar37. Esta formación boscosa ha sido sustituida, por lo tanto, por la caña de azúcar principalmente y en menor medida por cultivos de bambú, piña38, mandioca, coco, maracuyá, manga y otros cultivos tradicionales. Imagen 8. Plantación de caña de azúcar sobre el Tabuleiro en las proximidades de João Pessoa

Fotografía: B. Paladini, 2009. 36 SUDEMA, 2004. 37 Imagen 8. 38 Imagen 9.

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Imagen 9. Cultivo de abacaxí (piña) que protege densamente el suelo

Fotografía: B. Paladini, 2009.

Del mismo modo, el avance de la caña de azúcar empujó a pequeños campesinos a roturar nuevas tierras para el cultivo de alimentos de subsistencia. Generalmente, las expropiaciones de tierras para ubicar asentamientos se ven acompañadas de conflictos de lucha por la tierra y de violencia, ya que los antiguos dueños no aceptan fácilmente la nueva realidad. Diferentes asociaciones apoyan a los campesinos en sus reivindicaciones y luchas como el laico MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) o la cristiana CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), perteneciente a la Iglesia Católica y ligada a la Teología de la Liberación. A pesar de las distintas corrientes, los campesinos poseían un objetivo en común: trabajar para sustentar sus familias y tener una esperanza de vida mejor donde pudiesen reproducirse como campesinos libres de la explotación de los grandes propietarios, controlando libremente su tiempo, espacio y fuerza de trabajo39.

39 Torres, 2009.

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En cuanto a la diferencia entre los dos modelos: familiar por un lado y exportador o agro negocio por otro, los datos indican que el 70% de los alimentos consumidos en Brasil son producidos por la agricultura familiar, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). A pesar de que sólo ocupan el 24% de la superficie de tierras cultivadas, constituyen el 84,4% de las empresas agrícolas y emplean al 74,4% de la población dedicada al sector primario. La agricultura familiar, por tanto, reparte riqueza y crea empleo. El modelo familiar es mucho más sostenible que el agroexportador pues su éxito está basado, al contrario que el modelo agroexportador, en mantener los agro ecosistemas estables a lo largo de los años utilizando insumos orgánicos, semillas adaptadas al terreno y clima locales, cultivos múltiples que crean sinergias entre las diferentes especies combinando incluso áreas de huerta con frutales y muchas veces recuperando prácticas agro forestales indígenas40. CARACTERIZACIÓN DE VOÇOROCAS: MAPA DE RIESGOS En el área de estudio podemos encontrar diferentes tipos de voçorocas y gullies en función de diversos factores: la posición topográfica, el uso del suelo o la cobertura vegetal y el tipo de génesis, procesos y dinámica evolutiva, incluyendo especialmente el papel desempeñado por los flujos subsuperficiales que circulan a diferentes profundidades. En el asentamiento Doña Antonia pueden observarse, a día de hoy, dos voçorocas muy próximas. Una localizada en la zona de evacuación de aguas, es decir, en una vertiente colectora. Esta voçoroca se originó cuando el flujo subsuperficial captó por sufusión el flujo superficial desarrollado sobre una formación arenosa desprovista de la vegetación climácica superpuesta a una capa limo arcillosa y de concreciones de hierro con menor capacidad de infiltración, lo que explica la presencia de un flujo de agua subsuperficial en el contacto de ambas. Por su parte, la voçoroca desarrollada sobre la carretera fue también originada tanto por los procesos erosivos superficiales como por la sufusión o colapsos producidos por el flujo subsuperficial. Aunque esta voçoroca se encuentre en una vertiente distribuidora o disipadora de la escorrentía, la carretera deja el suelo desprovisto de cualquier obstáculo por lo que las aguas de arroyada comienzan a concentrarse sobre ella. En los perfiles sedimentológicos se observa que ambas presentan perfiles de arenas y lateritas producidas por la lixiviación del hierro así como corazas de hierro que son las lateritas endurecidas por la recristalización del hierro. La voçoroca originada en la vertiente colectora presenta un caudal muy regular a lo largo del año por lo que suponemos que el flujo subsuperficial que 40 Toledo y Barrera, 2008.

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emana de sus pipings tiene un ciclo más largo temporalmente que el ritmo de precipitaciones estacionales. El análisis granulométrico del perfil de las dos voçorocas muestra un predominio de la fracción arena en todo el perfil de techo a muro, aumentando en la base la fracción limo arcilla. La presencia de gravas es escasa (2%) y a 1,251,75 m. desde el muro del perfil aparecen concreciones férricas discontinuas, no masiva, que marca un nivel impermeable, situándose los pipings de circulación subsuperficial por encima y por debajo de este nivel de concreción. Así mismo, entre 2,29 m y 2,88 m se encuentra otro nivel impermeable de limo-arcillas y gravas de cuarcitas subredondeadas, por encima del cual se halla otro nivel de piping de circulación subsuperficial, que actúa a través de pipings verticales capturando la escorrentía superficial en regueros y surcos. Imágenes 10 y 11. Avance en dos puntos de la voçoroca de la carretera

Fotografías: B. Paladini

En el año 1970 todavía no se había desarrollado la voçoroca porque el uso del suelo de la vertiente era mata y cerrado. La plantación de coco puede apreciarse en la foto aérea de 1985 aunque tampoco se observa por razones de escala la voçoroca existente hoy en día sobre la carretera. Según el testimonio de los moradores del área, la voçoroca de la vertiente colectora se desarrolló tras una intensa lluvia que produjo un sonido parecido a una explosión, originándose un desplome y un corrimiento de tierra. Por otra parte, los asentados afirman que la voçoroca del camino (voçoroca 2) sigue creciendo al no estar colonizada por vegetación41. La aplicación de la metodología de Guerra42 para medir el avance de la voçoroca mediante estacas dio los siguientes resultados: 41 Porto de Lima, 2005. 42 Guerra, 1999.

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Mapa 3. Usos del suelo del asentamiento campesino de Donha Antonia

Elaboración propia.

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Voçoroca 1. Se colocaron siete estacas en diferentes puntos a distancias de 10 metros el 13 de mayo de 2009. Cuatro meses más tarde, coincidiendo con el periodo más lluvioso, las estacas continuaban a la misma distancia y no se observaban bloques desprendidos dentro de la erosión. Voçoroca de la carretera. Presenta pequeños avances de centímetros en algunos puntos y de orden métrico en un punto donde se observa la caída de un bloque del talud vertical43. Imagen 12. Cultivo de mandioca que deja el suelo muy expuesto

Fotografía: R. Cámara, 2009.

Las unidades de vegetación del asentamiento de Donha Antonia44 muestran un mosaico en el que la vegetación de cerrado se encuentra muy fragmentada, aunque es la formación vegetal natural más abundante (191,23 ha), y se sitúa principalmente en los gullies45 no activos (fondos de valle), quedando muy pocos restos en el Tabuleiro, donde quedan formaciones de campo cerrado (91,03 ha) resultado de la sabanización antrópica del cerrado para aprovechamiento ganadero tradicional por lo que en la cartografía quedan representadas como sabanas 43 Imágenes 10 y 11. 44 Mapa 3. 45 Grandes surcos de erosión, barrancos.

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arboladas. No quedan aquí restos de mata atlántica y sólo en el fondo de algunos gullies no activos se desarrolla una mata atlántica secundaria (21 ha). En el Tabuleiro domina el aprovechamiento agrícola y ganadero tradicional46, utilizando una gran superficie del antiguo cultivo intensivo de cocotero, que era antes del Asentamiento campesino de aprovechamiento agrícola intensivo, y que fue la causa de la deforestación del área. Imagen 13. Sabana arbolada antrópica de cajú (Anacardium occidentales) en la que se realiza a la vez la explotación ganadera tradicional aprovechando la sombra del cajú (mejor que la del cocotero) y la recogida del fruto del cajú (anacardo)

Fotografía: R. Cámara, 2009.

En la cartografía de riesgos del asentamiento de Donha Antonia47 quedan recogidos los riesgos de avance de voçorocas en las cabeceras y márgenes de las mismas; y de formación de voçorocas sobre las vertientes sin vegetación. En el resto del Tabuleiro no existe un riesgo significativo por estos procesos, ya que no se han apreciado colapsos por sufusión en forma de dolinas. Se deben evitar, por lo tanto, las actividades humanas (de habitación o de uso para cultivos) en las áreas de riesgo de avance de las voçorocas.

46 Imágenes 12 y 13. 47 Mapa 4.

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Mapa 4. Riesgos del asentamiento campesino de Donha Antonia

Elaboración propia.

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PROPUESTA DE ORDENACIÓN La ordenación parte de las unidades ambientales y plantea unas directrices dirigidas a la preservación del territorio ante el riesgo de erosión por voçorocas, planteando la conectividad de las formaciones vegetales naturales y de los procesos aluviales en los gullies o fondos de valle, y la restauración vegetal de estos ámbitos para evitar la aparición de regueros y surcos que puedan colapsar y unirse a través de los pipings con la circulación subsuperficial. La zonificación queda recogida en un mapa de ordenación con orientación a los riesgos inducidos por avance de la voçoroca. Las categorías de ordenación identificadas son: A) Las áreas núcleo o de protección integral son ámbitos de excepcionalidad y singularidad ambiental con importancia para la sostenibilidad ambiental del territorio (procesos geológicos, integridad de los ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad). En nuestro caso se corresponde con las zonas de mata atlántica, de manglar y de cerrado. Las áreas de protección integral son los fragmentos de cerrado existentes en el Tabuleiro, ya que de mata atlántica no queda nada en el Tabuleiro ni en los valles. También están recogidos como áreas núcleos los humedales existentes en los fondos de las voçorocas, con especial atención a los de Lagoa Preta, que es área de Preservación del IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente). Las áreas de conectividad aprovechan estos fragmentos de vegetación de ribera aún existentes. B) Las áreas de protección ecológica como sabanas arboladas (campo cerrado) con aprovechamiento ganadero tradicional y cultivos tradicionales. C) Las áreas de protección especial agropecuaria con directrices de restauración son ámbitos transformados por la actividad antrópica que recuperados pueden servir para fomentar la conectividad entre ecosistemas de mayor envergadura geográfica (mata atlántica y cerrado en voçorocas no activas). En nuestro caso, las áreas de cabecera de drenaje que ha sido desforestadas y que por tanto presentan riesgo ante los procesos de erosión lineal y son propensas a la formación de voçorocas. Otras áreas de conectividad la constituyen sabanas arboladas y sabanas de cocoteros con aprovechamiento ganadero tradicional, en las que se puede favorecer el desarrollo de vegetación de cerrado. Las áreas de restauración se corresponden con las cabeceras de drenaje que han sido desforestadas en las que proponemos que la vegetación natural se recupere tanto para cumplir una función de conectividad como para evitar las erosiones lineales y procesos de voçorocamiento. D) Las zonas de aprovechamientos sostenibles son aquellas que presentan una mayor intensidad productiva, en nuestro caso las zonas cultivadas que no presentan riesgo ante los procesos de erosión lineal. E) Áreas de riesgos naturales con voçorocas activas y áreas susceptibles de progresión y avance de las voçorocas.

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El área cultivada y la cantidad producida de caña en el estado de Paraíba entre 1970 y 1985 se incrementó en un 388% y en un 370,9% respectivamente. En términos absolutos se pasó de producir 936.276 toneladas a 4.576.485 y de cultivar 19.698 ha a 92.76048. Algo similar ha ocurrido en el litoral de Paraíba y el asentamiento de Donha Antonia. DISCUSIÓN La transformación de las haciendas improductivas en asentamientos de campesinos supone nuevos cambios en el uso de la tierra. Los campesinos plantan cultivos de subsistencia y para el abastecimiento de los mercados locales como la mandioca, piña, maracuyá y otras frutas, yuca o patata en lugar de caña de azúcar ya que legalmente no pueden. El 60% de los productos son fuentes de carbohidratos: tubérculos y judías, siendo el resto frutas tropicales49. Tras crearse el asentamiento, el uso del suelo cambió de la caña de azúcar y el coco a múltiples cultivos de subsistencia, vegetación de cerrado con diferente grado de cobertura, praderas para pastos y áreas de recuperación de la mata. Antes de crearse el asentamiento, las situaciones laborales de los campesinos que hoy viven en Doña Antonia eran las siguientes50: — — — — — —

trabajadores fijos de la fábrica de caña de azúcar 9% asalariados eventuales de la fábrica de azúcar 9% albañiles 9% agricultores en régimen de aparcería 9% campesinos asalariados 28% pequeños propietarios 36%

No obstante, la apertura de nuevos caminos y carreteras tras la ocupación de la tierra con los asentamientos campesinos ha fomentado los procesos erosivos ligados a la formación de voçorocas al dejar el suelo completamente desprotegido. La principal carretera y única asfaltada que discurre por el área de estudio es la Pb-101 que ya existía en la década de los 70. El resto de la red son caminos y pistas sin asfaltar. Por otra parte, la creación del asentamiento supuso que los nuevos propietarios de la tierra, los campesinos, tomasen conciencia de los problemas erosivos que suponían los cultivos en zonas de cabecera de drenaje ya que colaboraron y participaron en un proyecto desarrollado por la Universidad Federal de Pa48 Torres, 2009. 49 Idem. 50 Idem.

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raíba para estabilizar una voçoroca en los años 2004 a 2006. Este proyecto fue beneficioso tanto para la Universidad como para los asentados ya que amplió el conocimiento y la experiencia de los investigadores y los campesinos aprendieron técnicas para evitar el desarrollo de voçorocas y regueros. La recuperación o estabilización de la voçoroca se realizó mediante prácticas de carácter vegetativo y mecánico. En la voçoroca estabilizada de Donha Antonia fueron plantados árboles frutales en torno a ella para mantener el suelo cubierto. En el fondo de la voçoroca se plantó bambú y otras especies para forzar la infiltración de las aguas. Así mismo en la zona de cabecera donde la erosión no se presenta como voçoroca sino como reguero y alrededor de la zona de captación de aguas también fueron plantados 50 plantones de bambú para dispersar los flujos de agua concentrados y hacer que esta se infiltrara, ya que las aguas de arroyada van concentrándose incrementando su energía y poder erosivos a lo largo de su desplazamiento desde el montante a las partes bajas de las vertientes. Es importante intervenir en toda la vertiente colectora de agua, no sólo en las partes bajas. La erosión del suelo es más efectiva donde el agua precipitada no puede ser infiltrada. El agua realiza entonces una trayectoria relativamente rápida y es capaz de cargar materiales del suelo por medio de la fuerza hidráulica de su flujo. Como el agua puede fluir en grandes cantidades sobre la superficie y ejercer fuerzas hidráulicas de grandes dimensiones la erosión puede ser muy importante, inclusive sobre pendientes moderadas51. Según Kirkby y Bracken52, la mejor forma de evitar la aparición de voçorocas es prevenir la incisión de la escorrentía superficial a través de una gestión integrada de la cuenca en su totalidad, manteniendo el tránsito natural de sedimentos hacia los ríos. La formación de gullies puede ser dificultada por medidas adoptadas a nivel de la cuenca o locales. Entre las medidas locales destaca la construcción de una estructura transversal al flujo de agua que fomente su infiltración. Las medidas a nivel de la cuenca deben de tener como objetivo reducir el poder erosivo de la arroyada. Respecto a comparar las características de los dos modelos agrícolas, familiar y agro negocio, ya se mostró que el primero se caracteriza por el policultivo ecológico basado en conocimientos tradicionales cuyo desarrollo no implica la degradación de los agro ecosistemas, además de crear y repartir riqueza y empleo. Por el contrario, el agro negocio busca maximizar los beneficios de una producción en masa basada en el monocultivo de amplias extensiones: soja, eucalipto, caña de azúcar, etc. Gran parte de este monocultivo está destinado a producir agro combustible, por lo que será interesante conocer los impactos de esta llamada 51 Guerra, 1999. 52 Kirkby y Bracken, 2009.

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alternativa al cada vez más escaso petróleo. Las repercusiones de los agro combustibles son las siguientes53: A) Económicas: los cultivos destinados a agrocombustibles encarecen el precio de los alimentos debido a la creación de una demanda extranjera hacia estos productos generadores de combustibles, con las consecuentes repercusiones sociales en las poblaciones de los países productores, ya que ocupan tierras destinadas a la producción de alimentos. Pero oficialmente el gobierno brasileño defiende que la producción de biocombustibles es una fuente de creación de empleo ya que los campesinos empleados en ella seguirían desarrollando su actividad tradicional, y por otra parte la transformación de los cultivos en biocombustibles se desarrollaría en el país, al contrario que con el petróleo, que se exporta sin que el valor añadido repercuta en la población brasileña. No opinan igual los detractores: en este nuevo escenario mundial, los países subdesarrollados —en especial de América Latina y África—, entregan tierras fértiles y mano de obra barata que trabaja en las grandes plantaciones donde se refinan los agro combustibles. Esto significa que los países empobrecidos se convertirían en la fuente de abastecimiento de esta nueva industria. Llenar un depósito de 40 litros con agro combustibles equivale, en calorías, a la alimentación de una persona durante medio año. Siguiendo las leyes del mercado, si el asunto se reduce a quien más pague, lo más probable es que la “comida” sea para el coche54. B) Paisajísticas: en el caso de que una plantación de agro combustibles se estableciera sobre el terreno donde antes había un cultivo destinado al consumo humano o ganadero, el impacto paisajístico sería irrelevante, sobre todo si el producto cultivado continúa siendo el mismo. Por el contrario, el impacto paisajístico sería considerable si se talaran bosques o se hicieran desaparecer praderas. El aumento de la superficie dedicada en Brasil a la caña de azúcar, que se prevé podría duplicarse en la próxima década, también puede estar contribuyendo a la deforestación. Al desplazar a la ganadería, el azúcar se suma a las presiones que empujan a los ganaderos a internarse en territorios como la Amazonía o el Cerrado, de gran diversidad biológica. “Aunque el alcohol se considere un combustible limpio, su proceso de fabricación es muy impactante, sobre todo por la quema de la caña y la explotación laboral de los macheteros”55. C) Medioambientales: allá donde se roturen bosques para establecer cultivos se perderán sumideros de CO2 y la biodiversidad de los bosques se verá amenazada debido a la reducción de su extensión. Los defensores de los agro combustibles manifiestan que estos son menos contaminantes que los derivados del petróleo y que disminuirían la cantidad de gases con efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Los detractores mantienen que esta disminución cuantitativa no será cualitativa ya que en algunos casos los gases generados serán más dañinos y en otros casos el ahorro no compensará la pérdida de reservas de carbono proce53 http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2008-01/17/17ene08.pdf 54 Ballenilla, 2007. 55 Bourne, 2007.

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dentes de los propios cultivos o de los bosques que hayan podido ser roturados. Además, algunos agro combustibles emiten óxido nitroso (N2O), un potente gas con efecto invernadero, muy contaminante y muy nocivo para la salud.

Por último, uno de los inconvenientes mayores de los agro combustibles es su profunda dependencia del petróleo. Su condición de producto subsidiario del crudo se debe a que como todo monocultivo intensivo-extensivo requiere grandes inversiones en capital: tractores que funcionan con gasóleo, fertilizantes y abonos que son todos ellos derivados del petróleo, transformación del producto en fábricas cuya energía generalmente es producida por la quema de combustibles fósiles, distribución del producto en medios de transporte que requieren petróleo, etc. La Tasa de Retorno Energético (TRE) del agro diesel de caña, entendida como el cociente entre la energía obtenida y la utilizada para obtenerla, puede ser ligeramente positiva si el abastecimiento de crudo se mantiene a precios bajos. Ballenilla56 ha calculado una TRE para el agro diesel de caña que varía entre 0,7 y 1,7.La posibilidad real de crisis geopolíticas, subidas del precio del crudo o la incapacidad de extraer petróleo de forma rentable debido al agotamiento de este recurso finito desaconsejan el uso de los agrocombustibles como fuente de energía. CONCLUSIONES —

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La voçoroca es una morfología que resulta de un proceso de erosión por sufusión en substratos arenoso-limosos que esta dinamizado por el desarrollo de pipings, y con niveles de evolución de costras férricas. Está vinculado a medios tropicales de estacionalidad contrastada, afectados por lluvias intensas en 24 horas. Su evolución está relacionada con procesos hidrológicos de flujo subsuperficial y su génesis puede ser muy rápida (colapso instantáneo) y de carácter catastrófico cuando afecta a lugares de habitación humana. Uno de los procesos más importantes desarrollados durante el siglo XX y que ha fomentado las voçorocas activas en la actualidad es la eliminación de la mata atlántica y del cerrado en el Tabuleiro. Los riesgos inducidos ligados a voçorocas están en función de la eliminación de la vegetación natural para la práctica de cultivos o ganadería que deja desprotegido el suelo, o de las infraestructuras de desagüe de urbanizaciones o caminos en el sentido de la pendiente de la vertiente. Todas estas acciones, en substratos areno limosos, favorecen la aparición de regueros y de surcos por sufusión, al ser capturada la escorrentía superficial por la subsuperficial. Los fenómenos de sufusión

56 Ballenilla, 2007.

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instantáneos están vinculados a volúmenes de precipitación altos en breve tiempo. La ordenación de los lugares afectados por riesgos de voçorocas deben atender a la conectividad de los sistemas naturales y a la restauración de los gullies no activos, para evitar el desarrollo de pequeñas voçorocas laterales (Donha Antonia y Lagoa Preta), y el fomento de las actividades humanas no intensivas en el Tabuleiro. Por lo expuesto anteriormente, y para evitar los efectos de la erosión lineal, se ha de intervenir en todo el conjunto de la vertiente, respetando los parches de cerrado y mata atlántica aún existentes en las zonas de cabecera de drenaje y estableciendo áreas de restauración en aquellas que estén desforestadas. Las voçorocas pueden servir como elementos de conectividad entre el cerrado del Tabuleiro, la mata atlántica y el manglar en el litoral, y constituye un aporte de agua potable a las comunidades locales de los asentamientos campesinos que se sitúan en su proximidad. Los asentamientos de campesinos sin tierra, a parte de asegurar una vida digna para los asentados, favorecen usos del suelo más sostenibles que los cultivos intensivos anteriores (coco, caña de azúcar...), y además la propia reforma agraria de Brasil sostiene que un 20% de la superficie de los asentamientos debe corresponder a áreas de reserva.

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Una propuesta paisajística para el patrimonio termal en el Alto Guadaíra, España 1

A Landscape Proposal for the Thermal Patrimony in Alto Guadaíra, Spain Jesús R. Navarro-García Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) FLACSO España “El paisaje es el lugar de la existencia” (Eduardo Martínez de Pisón)

La cuenca del Guadaíra ha sido desde hace muchos años foco de constantes protestas y reivindicaciones sociales motivadas por la intensa contaminación de sus aguas y por el abandono de su riquísimo patrimonio cultural vinculado al agua. Los planes que la administración ha puesto en marcha en la cuenca baja y media del río (centrados en las ciudades de Alcalá de Guadaíra y Morón de la Frontera especialmente) han paliado en cierta forma estos problemas pero la cuenca alta del río, deshabitada y sin los problemas antes citados, ha quedado fuera de estas políticas proteccionistas pese a su rico patrimonio natural y cultural, digno de protegerse y darse a conocer antes de su degradación. Dentro de esta cuenca alta del río Guadaíra se conserva un interesante enclave termal: el de Pozo Amargo, que constituye el caso más interesante del urbanismo balneario de la provincia de Sevilla a lo largo de su historia (aunque hoy pertenezca a la provincia de Cádiz). A partir de la gran importancia que tiene la integración del “agua termal” como recurso en el sistema productivo local estudiaremos de qué forma la recuperación del balneario puede ayudar a conservar el patrimonio cultural y natural del territorio del Alto Guadaíra. Palabras clave: paisaje; Guadaíra; Sevilla; España; termalismo

1 Unas primeras versiones de este trabajo fueron presentadas en el “VII Congreso Ibérico sobre gestión y planificación del agua”, celebrado en Talavera de la Reina, Toledo, del 16 al 19 de febrero de 2011, en el Congreso Andaluz “El Alto Guadaíra y el Corredor Verde Morón-Pozo Amargo-Coripe. Una alianza para su protección”, celebrado en Morón en la primavera de 2012, y en el “III Simposio Nacional sobre Patrimonio: el patrimonio del agua visto desde las regiones”, celebrado en Puebla, México, en octubre de 2011. Parte de este trabajo ha sido publicado con el título “Salud y paisaje: contribución desde el termalismo a la revitalización de zonas rurales (el caso de Pozo Amargo, Cuenca del Guadaíra)”, en Vária História, 27, 46, 557-580 (Dossier “Elementos materiais da cultura e Patrimônio”), Universidad Federal de Minas Gerais, julio-diciembre, 2011. Nuestro trabajo se enmarca dentro de las actividades científicas desarrolladas en el proyecto de excelencia “Andalucía-América Latina: intercambios y transferencias culturales” (HUM 03215), de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía).

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JESÚS R. NAVARRO-GARCÍA

POZO AMARGO: PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL2 Tengo que reconocer que la primera vez que pasé junto al abandonado Balneario de Pozo Amargo en el año 1986 no me percaté en su justa medida de la callada, precisa y sugerente belleza de estos rincones del Alto Guadaíra. Iba en aquella ocasión, ironías del destino, a la búsqueda de un afamado balneario malagueño. Tampoco me percaté entonces de que a escasos metros de la bellísima carretera que une Morón de la Frontera y Coripe, la carretera de interés paisajístico A8126, y apenas a 15 km de la primera ciudad, había un maravilloso ejemplo de conjunto arquitectónico de poco más de cien años de vida pero que cobija un manantial con más de doscientos años de tradición en el uso de sus aguas. Tradición surgida, sin duda, por la proximidad de este enclave al camino histórico que une el valle del Guadalquivir con la cuenca del Guadalete. Se trata de un núcleo aislado de población que nació para acoger a los bañistas del cercano balneario. Al cerrarse este último, las viviendas fueron vendidas a particulares, quienes hoy en día las utilizan como segunda residencia3. El complejo urbanístico de Pozo Amargo es un proyecto sencillo, inserto en la tradición, en la práctica de los baños de nuestro país. No estamos ante un ejemplo de la arquitectura refinada, burguesa y aristocrática, por llamarla de algún modo, de balnearios como los del norte peninsular (Cestona, Mondariz, Panticosa, Caldas de Bohí, Caldas de Malavella, Alhama de Aragón o Caldas de Oviedo, por citar sólo algunos de los más relevantes) pero sí ante el único ejemplo de cierto porte de la Andalucía Occidental interior. Sólo por ello, y por su ubicación entre dos zonas paisajísticas tan diferenciadas como la vega del Guadalquivir y las Subbéticas, es que este lugar merece ser protegido dentro de la estrategia protectora que se pretende en el curso alto del río Guadaíra, incluyendo sus recursos naturales y su rico patrimonio, del que Pozo Amargo es, sin duda, una de sus más ricas expresiones, reflejo de una síntesis perfecta entre el medio físico que le rodea (con el agua como base de la explotación) y la cultura de estas tierras (que, como vemos, incluía años atrás la tradición de los baños). La altura de las edificaciones, las dimensiones del recinto, los materiales utilizados, la tipología constructiva, la adaptación a la ladera que nos conduce sin querer al manantial y al balneario… nos hablan de equilibrio con el territorio. El lugar central reservado al manantial en el ordenamiento de la aldea, ubicado entre esta y el balneario, la configuración de esta gran plaza como lugar de encuentro de los bañistas, la existencia de un eje imaginario que une en línea recta la iglesia, el manantial y el balneario nos hablan del simbolismo que acompaña a toda instalación balnearia. Pero también nos indica las líneas directrices de lo 2 Sobre los paisajes de interés cultural como factor de calidad de poblaciones y territorios puede verse Rodrigo, Díaz, Fernández, Fernández, Hernández, Quintero, González y López, 2012. 3 Reina, 1994, 39-42.

UNA PROPUESTA PAISAJÍSTICA PARA EL PATRIMONIO TERMAL EN EL ALTO GUADAÍRA

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Fotografía 1. Tierras de labor próximas al río Guadaíra y al balneario de Pozo Amargo. Se vislumbra el serpentear del río y las manchas de encinar en las partes más inaccesibles para la maquinaria agrícola

Fotografía: M. Zapke.

que deberá ser cualquier tipo de actuación protectora del lugar: respeto, sencillez, armonía, equilibrio… Un proyecto holístico como el que se plantea en este piedemonte subbético tiene pleno sentido en un momento en el que el sector termal está superando el concepto tradicional de balneario considerado únicamente como centro de salud. Hoy en día el balneario se abre —aunque en cierta forma siempre estuvo abierto— a productos diferentes. Por ello, una intervención en Pozo Amargo, a nivel paisajístico y ambiental, tiene pleno sentido dentro de un plan de puesta en marcha del antiguo balneario. Somos conscientes de las posibles repercusiones negativas de una actuación poco respetuosa con el lugar. Por ello, se hace obligatorio recuperar las microhistorias escondidas en la aldea, abrir procesos sociales participativos para conocer los elementos idealizados y simbólicos4, recuperar a los anónimos creadores del paisaje de Pozo Amargo, asistir a los procesos y fases de su decadencia para no caer en propuestas alejadas de sus raíces históricas5. Unas raíces históricas que nos hablan de su carácter fronterizo, de la relevancia que esta circunstancia le 4 Rodrigo, Díaz, Fernández, Fernández, Hernández, Quintero, González y López, 2012. Martos y Martos, 2015. 5 Zapiain Aizpuru, 2011.

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dio en la época de la Reconquista (banda morisca), en las guerras carlistas y en la época del bandidaje y contrabando decimonónico. Debemos conocer cómo se forjaron en sus casas, en la plaza de la aldea, en su pequeña iglesia y en el balneario las raíces afectivas de sus gentes, el sentimiento de pertenencia y cómo este sentimiento ha ido evolucionando. En Pozo Amargo todavía podemos encontrar algo de lo que fue para poder reconocernos en él. Para ello nos falta recuperar el balneario, encontrar su función como poblado, su razón de ser. Un proceso de búsqueda de identidad que pretenden muchas villas termales al desear recuperar su personalidad perdida o difuminada por el paso del tiempo. Esta dignificación de Pozo Amargo sobre bases de sustentabilidad debe estar en la base de una propuesta coherente como la que se pretende para el Alto Guadaíra. Debemos ser capaces de recuperar, todos nosotros (autoridades, académicos, investigadores) el sentido de pertenencia a este rincón del Alto Guadaíra, contando para ello con las muy activas asociaciones de la cuenca. Si conseguimos reparar sentimentalmente estos paisajes habrá una parte del camino andada. Si conseguimos que la calidad visual, la belleza en definitiva, no se vea como un accesorio sin importancia sino como un valor esencial de las relaciones del hombre con su paisaje habremos dado también un paso adelante. A principios del siglo XX escribía Azorín, con su inconfundible perfección estilística, lo siguiente: “Pero el crepúsculo ha ido llegando. No puede darse una hora tan profunda, tan solemne como esta. Los robles, los castaños, las hayas, los plátanos, las acacias, que pueblan las laderas del valle, se ensombrecen; todo calla; el ingente peñón que cierra la cañada se recorta en el azul pálido del cielo; una sutilísima gasa vela el ambiente; pasan zumbando, rápidos, gruesos insectos; y sobre los remansos del hondo arroyo, corren, giran, vuelven en silencio, vertiginosos, los menudos girinos. Suena de pronto una campana que repercute en todo el valle; de dos en dos, de tres en tres van saliendo las señoras con sus mantillas y penetran en la ermita fronteriza a la casa. Se oye el run-run de un rosario; en el cielo ya fosco se destacan, sobre un lomazo de la cañada, uno o dos gráciles álamos; brillan las primeras estrellas...”6.

Si conseguimos trasladar al caminante, al viajero y al futuro bañista las sensaciones que experimentaba Azorín al contemplar y extasiarse con la belleza que rodeaba al balneario de Carranza, en Vizcaya, seguramente estaremos en el camino correcto y habremos tenido éxito en nuestra empresa. Pero antes de eso, conviene aproximarnos a lo que fue el balneario y el poblado de Pozo Amargo, a sus potencialidades y a sus realidades.

6 Azorín, 1929, 104-105. Para el concepto de paisaje en Azorín, véase Larrinaga, 2002, y Ortega, 2002.

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BALNEARIOS, SALUD Y PAISAJE Pese a que en ocasiones los manantiales de aguas mineromedicinales se ubicaran en lugares con problemas sanitarios (en este sentido es conocido el caso de Marienbad por las fiebres palúdicas, algo característico también del entorno del balneario de Pozo Amargo) lo habitual es que muchos de ellos se ubicaran en entornos naturales de gran belleza, una belleza incrementada a su vez por la acción del hombre, que creó zonas ajardinadas y construyó bellos edificios para albergar a los clientes y para disfrutar de los baños. La combinación de la belleza natural y del diseño humano tanto arquitectónico-urbanístico como en el ámbito del ajardinamiento ha venido permitiendo que el disfrute del agua junto a un entorno de grandes cualidades paisajísticas haya sido valorado desde que el hombre pudo disfrutar de los efectos benéficos del baño al aire libre. El hecho de que el Convenio Europeo del Paisaje recoja su importancia como factor esencial para incrementar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro continente no debe hacernos olvidar que ya desde el siglo XVIII, cuando los paisajes de los que serían más tarde grandes balnearios del continente empezaron a ser muy valorados, conocidos y disfrutados a través del paseo, este se erigió en una de las actividades más valoradas para complementar la acción benéfica de las aguas. Muchas de las obras clásicas escritas sobre balnearios a fines del s. XIX y principios del s. XX dedican una parte relevante de sus páginas a hablarnos sobre las cualidades paisajistas del lugar7. Por eso el paisaje de calidad pretende inundarlo todo: las habitaciones de los hoteles se abren a los jardines, a las alamedas, al río, a las montañas… Los jardines se llenan de bancos para descansar y disfrutar del murmullo del agua, de la brisa del viento, que arrastra música y aromas, y de una temperatura agradable en los veranos cálidos españoles… Los balnearios, los edificios complementarios a la explotación termal, los jardines y la ordenación urbanística de las villas termales deben crear un espacio apropiado para las terapias vinculadas al descanso, al relax y a la salud. La villa termal en su conjunto debe ser capaz de plantear a sus usuarios una “utopía posible” en la que al paisaje y al agua debe dárseles un importante peso. Su planificación urbanística debe ser respetuosa con el patrimonio hidrológico, arquitectónico y paisajístico para serlo con los bañistas atraídos por la calidad del agua, del entorno natural y cultural, pudiendo así incrementar su calidad de vida, su bienestar8. Por todo ello, consideramos que un plan como el que pretende justificar este libro, es decir la protección del Alto Guadaíra a través de la figura de Paisaje 7 Calavia, 1918. 8 Moyano y Priego, 2009.

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Protegido tiene mucho sentido en un ámbito con una tradición termal como la que atesora la aldea de Pozo Amargo en la que siempre caminaron juntos de la mano la salud, la tranquilidad y el disfrute del paisaje9, entendiendo la salud en el sentido amplio en el que lo hace la OMS, incorporando el uso de hábitos y estilos de vida beneficiosos. El termalismo tiene una dilatada trayectoria ofreciendo un concepto muy moderno de salud, uniéndola con el patrimonio cultural y la calidad paisajística, algo que tiene mucho que ver con el concepto de la armonía filosófica, social y ecológica entre el hombre y el paisaje10 como ya mencionara el geógrafo Élisée Reclus en el siglo XIX. Desde antiguo, los balnearios se entendieron como “ciudades ideales” y por ello con la Ilustración se trató de dotarlos aún más de modelos urbanísticos que facilitaran ante todo el bienestar de los agüistas. Una cierta preocupación por el paisaje y el entorno del balneario se fue abriendo paso como una terapia complementaria a la acción de las aguas. La utilización de estas instalaciones por la burguesía y la aristocracia obligó también, algo más tarde, en el siglo XIX sobre todo, a un mayor esmero en los cuidados urbanísticos, arquitectónicos y en la planificación de los espacios públicos, construyéndose ya instalaciones específicas (fuentes, parques, quioscos de música, casinos, etc.) cuya cantidad y calidad van a depender de la categoría del propio balneario11. UBICACIÓN DEL BALNEARIO DE POZO AMARGO Pozo Amargo está adscrito administrativamente a la localidad gaditana de Puerto Serrano12 y ubicado en el extremo sur de la pequeña y casi enteramente sevillana cuenca hidrográfica del río Guadaíra, en el piedemonte de las Subbéticas, rodeado de un paisaje caracterizado por cerros y lomas13. Próximo al nacimiento del río, su altitud está por debajo de los 360 metros, algo que nos habla bien a las claras de la escasa altitud que presenta la cuenca incluso en el curso alto del río, llegando en poco más de cien km a las marismas de la Depresión del Guadalquivir tras la importante actuación realizada en su tramo final14. Se trata de una cuenca muy vinculada al agua, tanto a la superficial como a la subterránea. Múltiples arroyos, afluentes del Guadaíra, recorren la cuenca sobre 9 Laboreiro, 1994. Luginbühl, 2008. Durand, 2010. Bedell, 2010. 10 Durand, 2010. Bedell, 2010. 11 Leboreiro, 1994, 101-163. 12 Reina, 1993, 34-39. Esta dependencia, relativamente reciente, de Pozo Amargo de un municipio gaditano no parece que fuera muy positiva para la aldea pues supuso romper la larga tradición que lo vinculaba a Sevilla, contribuyendo a incrementar la sensación de abandono, algo que ha favorecido sin duda la aparición del movimiento asociativo entre los vecinos, a quienes les une el sentimiento de residir en un lugar de especial valor patrimonial. 13 Mapa de los paisajes de Andalucía… 14 Del Moral, 1991.

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Fotografía 2. El paisaje de colinas del piedemonte subbético se enriquece a orillas del Guadaíra con la vegetación riparia y las explotaciones agropecuarias aledañas a Pozo Amargo

Fotografía: M. Zapke.

todo en su vertiente derecha, aunque el más importante de todos ellos —el río Guadairilla— lo haga por su izquierda en un sentido S-N, como lo hace el propio Guadaíra. Una orientación poco habitual en la cuenca ya que predomina la E-W de los múltiples arroyos que vierten al Guadaíra por su vertiente derecha y que al atravesar los blandos suelos sedimentarios neógenos de origen marino (margas, yesos…) dan lugar a una red hídrica con alta salinidad (arroyos Salado, Saladillo, Salado de Paradas, Salado de Mairena…) que entallan el relieve acolinado de la cuenca, suavizado a su vez por las prácticas agrícolas. Los sedimentos calizos y calcareníticos, origen de los hitos paisajísticos más relevantes de la cuenca, han dado lugar también a la formación de muchos acuíferos que, en el caso de los Alcores, permitió suministrar agua de calidad a la ciudad de Sevilla. Hoy en día, sin embargo, la cuenca ha perdido esta característica debido a la contaminación hídrica de origen urbano, agrícola, industrial y, en especial, de la industria de transformación agrícola de la aceituna. Sus poblaciones se abastecen de recursos externos a través de Emasesa, Aguas del Huesna y del Consorcio del Plan Écija pese a los importantes acuíferos que existen en la cuenca: Sevilla-Carmona, Arahal-Paradas-Morón y Sierra de Esparteros-Montellano, con recargas anuales de unos doscientos hm3 15. La única excepción es la aldea de Pozo Amargo, ubicada 15 Durán, 2003. Programa coordinado de recuperación y mejora…, 1999.

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como sabemos en la zona que el Guadaíra presenta una mejor calidad y en la que también el acuífero de Pozo Amargo permite recursos hídricos adicionales. Debe ser prioritario, por tanto, preservar ahora la calidad del agua subterránea de Pozo Amargo y la de toda la cuenca tras haberse centrado las actuaciones en mejorar la calidad de las aguas superficiales. A diferencia del resto de acuíferos de la cuenca, el de Pozo Amargo no se ubica en una zona muy poblada y, por tanto, difícilmente estará sometido a fuertes presiones y sobre explotaciones, aunque podría llegar a verse afectado por la contaminación de las aguas negras del poblado y de la procedente del uso agrícola16. Por su ubicación, la cuenca del río Guadaíra ha conectado desde la antigüedad dos realidades muy diferentes: las sierras del sur de la provincia hispalense y las del norte gaditano y malagueño con el valle del Guadalquivir, circunstancia que incrementa el valor de la cabecera del río y de la aldea de Pozo Amargo. Estas realidades tan diversas favorecieron en la zona del Alto Guadaíra fenómenos históricos complejos relativamente recientes como los del contrabando y el desarrollo del carlismo, así como en la época medieval los conflictos con el Reino de Granada. El Guadaíra, o “río del abasto”, sirvió también como “camino” por el que llegaban a Sevilla, la gran capital de la vega abierta al Atlántico a través de su puerto fluvial, suministros de primera necesidad como el agua, el pan, el trigo y el aceite procedente de los cultivos que se beneficiaban de las fértiles campiñas alomadas que aún recorren multitud de riachuelos de la compleja cuenca dendrítica del Guadaíra. Gracias a esta economía que conectaba realidades distintas, nació en torno al río que nos ocupa una rica muestra de arquitectura relacionada con el agua (molinos harineros, túneles de captación de agua, pozos, fuentes, pilares, abrevaderos, norias, acequias, etc.) que al perder su uso fue deteriorándose más y más17. Las explotaciones agrícolas de cereal y olivos alentaron la construcción de cortijos y haciendas en toda la cuenca suministrando materia prima a toda el área metropolitana18 e incrementando, de paso, su rico patrimonio arquitectónico. En la década de los noventa del siglo XX, el peligro a que el propio río pereciera a causa de la contaminación industrial y la originada por el tratamiento de la aceituna de mesa hizo que se implementaran una serie de medidas que no sólo estuvieron dirigidas a mejorar la calidad de sus aguas19 sino también a recuperar parte del patrimonio hidrológico existente en la cuenca media y baja del río. Ahora, casi veinte años después, se pretende potenciar el desarrollo rural de la cuenca alta mediante actividades económicas que utilicen los recursos existentes 16 En este sentido, la recuperación del manantial para uso médico supondría, a nivel simbólico, recuperar la imagen del río y dignificarlo… 17 Melero, 2007. Pozo, 2000 y 2002. Fernández, 2002. 18 Pozo, 2000 y 2002. Hidalgo y Fernández, 2006. Bernal, 2003. Campos, 2005. 19 Programa coordinado para la recuperación… Programa coordinado de recuperación… Ordóñez, s. f.: 111-118. La contaminación de la industria…., 2008, y “La industrialización medioambientalmente…”, 2006.

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en la zona20 y proteger sus cualidades ambientales y paisajísticas21 que no han dejado de destacar algunas periodistas como Paz Martín Ferrero, quien en 1992 destacaba la “riqueza paisajística, etnográfica y botánica del lugar”, así como las imágenes bucólicas de los valles con el ganado pastando o las chozas características del medio rural22. Se pretende así romper la tendencia de que los flujos hayan favorecido más a la cuenca baja del Guadaíra, incluso a la hora de recuperar un patrimonio que, a diferencia de las explotaciones balnearias y las salinas, carecen hoy en día de funcionalidad y viabilidad económica23. En octubre de 2011 el Aula Miguel Cala Sánchez, de Morón de la Frontera, la revista Mauror y el Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla presentaban un borrador de actuaciones a emprender a lo largo del 2011 y 2012 en las que tanto la Universidad de Sevilla, de Huelva, Cádiz y Pablo de Olavide, la Junta de Andalucía, Diputaciones Provinciales de Cádiz y Sevilla, como las alcaldías de Morón, Puerto Serrano y Coripe se comprometían a colaborar para crear una estrategia de puesta en valor y protección para el curso alto del Guadaíra y, de paso, alcanzar cuatro objetivos específicos: su inclusión en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) con la figura de “Paisaje protegido del curso alto del río Guadaíra”, la creación de un “Corredor verde Morón-Pozo Amargo-Coripe-Vía Verde de la Sierra”, la declaración como Bien de Interés Cultural de las Salinas del Concejo24 y de la aldea-balneario de Pozo Amargo en la categoría de Lugares de Interés Etnológico25. Estos objetivos parecen recoger el postulado que hizo ya en 2001 Eugenio Ruiz señalando la gran importancia del paisaje dentro de la consideración global del patrimonio rural y el carácter de recurso valioso para el aprovechamiento económico del territorio, gracias al hecho de ser una de las bases de su identidad26. Por todo ello, tiene sentido una propuesta de revitalizar el Alto Guadaíra27 en torno a la recuperación de las instalaciones termales de la aldea de Pozo Amargo —tras la preceptiva analítica de sus aguas—28, a la preservación de la 20 Melero, 2007, 23-31. 21 VI Congreso de Educación Ambiental, 2011. VII Aula Miguel Cala Sánchez, 2012. 22 Testimonio publicado en el Diario de Cádiz y recogido por Reina, 1993, 16. 23 A estas actividades hay que añadir la fabricación tradicional de cal que, actualmente, busca encontrar un hueco en el mercado artesanal de dicho producto (Carrillo, 2005). 24 Melero, 2007, 127-128. 25 En 1994, hace ya diecinueve años, José Reina señalaba como caminos a seguir la compra-venta del balneario, la expropiación por interés público, la firma de un convenio de explotación con sus actuales propietarios o la firma de un protocolo de colaboración entre los ayuntamientos de Puerto Serrano, Coripe y Morón para poner en funcionamiento el balneario (Reina, 1994, 48-49). 26 Ruiz, 2001, 6. Sobre el paisaje generado a partir de la existencia de manantiales: Herrera, 2008. 27 Junto al balneario se localiza el río Guadaíra, que es llamado en esa zona “arroyo de los baños”, tomando el agua de los manantiales que nacen en sus proximidades, incluido el de las aguas sulfurosas. 28 Aquí habría que mencionar los problemas que pueden derivarse del no tratamiento de las aguas negras de Pozo Amargo y de la contaminación procedente de los cultivos cercanos. Paz Martín señalaba en 1992,

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bella arquitectura tradicional, que se inserta perfectamente en el entorno, a su tradición calera29, su rico entorno paisajístico y ecosistémico, salpicado de hermosas policromías30, antiguas salinas todavía en uso, viejas canteras31 y restos arqueológicos apenas estudiados hasta el momento...32 Agua mineromedicinal, paisaje, sal, piedra, patrimonio arqueológico y etnológico, y cal constituyen los elementos primordiales de un proyecto que arranca de una vocación y base territorial, de una historia y de una cultura forjadas a lo largo de los siglos33, circunstancia que desde luego contribuye a un mayor compromiso de las gentes con una propuesta de desarrollo como esta34 y a cumplir, de paso, con la tarea que tenemos todos de salvaguardar la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes, el patrimonio histórico, hidrogeológico, socio-cultural y artístico que nos garanticen una mayor calidad de vida como síntesis que son de la actuación del hombre en su medio35. EL BALNEARIO DE POZO AMARGO: DOSCIENTOS AÑOS DE HISTORIA Y PAISAJE Aunque ya desde 1792 nos consta que el manantial de Pozo Amargo se utilizaba para aliviar diferentes dolencias y que había un reconocimiento de sus cualidades por los “facultativos”36, no había aún población estable en el lugar sino que los agüistas que acudían desde poblaciones cercanas y de la misma Cádiz para encontrar alivio a sus males37 se quedaban en el lugar por un tiempo limitado sin que se crearan instalaciones permanentes hasta un siglo después. Por tanto, el uso del manantial está documentado desde hace al menos doscientos veinte años. Fue precisamente en 1792 cuando un religioso llamado Martín Antonio del Santísimo Antonio Abad, realiza una solicitud formal al ayuntamiento de Morón para construir un balneario debido a la circunstancia de que viera bañarse juntos a hombres y mujeres, no hubiera ermita ni viviendas que permitieran cobijar a con no poca nostalgia: “Algunas de las casas están ruinosas y las que permanecen cuidadas invitan a desear la restauración de la zona, incluido el balneario, cuyo mantenimiento y uso parece ser que, según nos cuentan los lugareños, se lo llevaron los desastres de la guerra que no han podido olvidar” (Reina, 1993, 17). La recuperación del balneario constituye, a nuestro entender, la base de muchas de las facetas que tiene el proyecto de recuperación del Alto Guadaíra. Al respecto, véase la introducción que hace Sánchez Ferré, 2008, 181. 29 Gil, 2011. Melero, 2007, 124-127. Carrillo, 2005. 30 Ya el propio Madoz destacaba en 1840 los “yesos con distintas formas y colores, cubiertos de capas de tierra arcillosa parda rojiza” (Reina, 1993, 12). 31 Amo, 2008. 32 Sobre la conveniencia de una formulación teórica acerca del patrimonio rural y las políticas europeas en la materia: Ruiz, 2001. 33 La revista Mauror ha publicado una muestra representativa de este rico patrimonio. 34 Sobre el debate entre desarrollo y conservación: Garayo, 2001. 35 Benítez Lora, 2007, 4. 36 En la respuesta del Consejo de Morón, de 4 de octubre de 1792, se decía “de las expresadas aguas, que notoriamente elogian los facultativos”. 37 La villa termal tenía en 1981 unos cien habitantes, una treintena en 1993 y hoy menos todavía…

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Fotografía 3. Desde mediados del siglo XX el balneario ha sido fruto de la desidia. Hoy en día, tras haberse dedicado a usos poco vinculados al termalismo, se encuentra casi derruido

Fotografía: M. Zapke.

enfermos y familiares, que se veían en la tesitura de “habitar bajo los árboles o en campo raso”. Las primeras construcciones del balneario fueron entre 1843 y 1850, pequeñas y endebles, por lo que es fácil deducir que en el periodo anterior los baños debieron realizarse en unas condiciones muy precarias si atendemos a las referencias que tenemos de la época. Estas referencias nos hablan de que la población que se establecía en el lugar del manantial en el s. XIX vivía en chozas de madera y cañizo durante el verano38, y que los baños se reducían a un charco que retenía el agua embalsada, circunstancia que impedía el uso del agua internamente “por la suciedad del manantial”. El baño tampoco se realizaba cómodamente ni con el aseo debido como es fácil de imaginar39. Por tanto, el paisaje del lugar apenas debió variar si no es por la arquitectura efímera que surgiría en primavera y verano para poder cobijar a los 400-500 bañistas que utilizaban el baño, las empalizadas 38 Reina, 1993, 18. Una visión literaria pero muy real sobre la tipología de estos establecimientos puede encontrarse en Sampedro, 2000, 321-326. Sobre la casa de baños de Santaella, Córdoba, estamos preparando actualmente un pequeño artículo. Una pintura de mediados del siglo XIX sobre este establecimiento rural cordobés nos da una fiel idea de cómo eran estos establecimientos (puede verse en “Balnearios: agua y patrimonio”, http://www.termalismoactual.blogspot.com). 39 Reina, 1993, 27.

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para cuidar los animales con los que alimentarse o los espacios de huerta destinados a obtener productos frescos… La circunstancia de que no hubiera habitaciones para tomar los baños “con decencia” nos hace pensar en un entorno muy poco intervenido por el hombre a nivel constructivo, aunque el hecho de ser ya bastante conocido el lugar (hay ya reiteradas peticiones desde el Ministerio de Fomento y reales órdenes al respecto) pudo originar cierto flujo de usuarios que pasaran varias semanas en Pozo Amargo sin un mínimo de condiciones higiénicas y sanitarias y, lo que es más grave, sin una reglamentación que pudiera cortar esta situación anómala… Ese ambiente nos lo refleja perfectamente Pascual Madoz en su Diccionario… (1840) cuando habla de que unas cuatrocientas personas acudían a Pozo Amargo (suponemos que a lo largo de todo el verano) y que se veían en la necesidad de “albergarse en chozas pantanosas construidas a la sombra de los árboles de la expresada huerta. De aquí se sigue que si logran por una parte desterrar sus dolencias por la virtud del baño mineral, de otras suelen ser invadidas por pertinaces calenturas intermitentes, principalmente terciarias”40. O lo que es lo mismo, la llegada de población probablemente afectada por el paludismo ocasionaba procesos de contagio con la población sana a través de la picadura de mosquitos, que debían tener en un lugar como Pozo Amargo muchas facilidades para desarrollarse gracias a los cursos irregulares de los arroyos que originan el Guadaíra. A mediados del siglo XIX se encontraba el terreno bastante cultivado, aunque cubierto “de una abundante vegetación”, con una huerta de árboles frutales y hortalizas, con naranjos, limoneros y en especial nogales, quedando constancia de una antigua mina de cobre y la más conocida cantera de mármol rojo en sus proximidades. En 1898, unos cincuenta años después de la anterior descripción, cuando se había acabado la construcción del balneario y se estaba emprendiendo la de la villa termal, tenemos constancia de que “Una parte del terreno que recibe el beneficio del riego, con la extensión aproximada de 3 hectáreas de tierra, está destinada a huerta y poblado de eucaliptos, frutales y otras especies arbóreas, y el resto del terreno, en su mayor parte ha sido desmontado y poblado con olivos, almendros y otros plantíos”41. Parecen atisbarse algunos cambios respecto a lo que habíamos leído anteriormente. En primer lugar hay una mención específica de que se han hecho desmontes y, en segundo lugar, se menciona ya la existencia de 40 Ibidem, 18. 41 Debía ser la próxima a los dos desagües que daban al norte y sur del depósito repartidor que existía cerca del balneario para llevar las aguas a sus distintos departamentos. Estos desagües arrojaban el agua sobrante para ser utilizada en el riego de la finca (Reina, 1994, 15). Algo similar podemos ver en Carratraca, en donde a mediados del s. XVIII un grabado da fe del uso de las aguas sobrantes de los baños en las huertas (Castillo, 2008, 312).

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Fotografía 4. La Sierra de Pozo Amargo aún conserva una densa vegetación de indudable valor paisajístico y ambiental aunque su acceso es difícil por las vallas que delimitan las fincas privadas

Fotografía: M. Zapke.

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eucaliptos, árboles que tienen hoy en día poca presencia en el lugar. Siguen existiendo frutales y huertas lo que significa que hubo una gran continuidad de estos usos a lo largo del siglo XIX. Hoy en día han desaparecido totalmente, debiendo plantearse su recuperación en la actuación paisajística. En 1914 también el jefe del laboratorio de Medicina Legal de Sevilla, Leopoldo Murga, destacaba en uno de sus informes que estaba “rodeado de abundantes plantaciones que forman un bosque”42. La vida más moderna de Pozo Amargo, aquella vinculada a la existencia de alojamientos estables para los usuarios, empieza con la adquisición por parte de Vicente Casarrubios Ruano, ayudante de obras públicas, de 30 fanegas que correspondían a tres parcelas, cuyos propietarios eran el Estado (1885) y Manuel Moreno Cala (1891). Casarrubios —aunque era vecino de Málaga— había estado trabajando en el ayuntamiento de Morón hasta octubre de 1895, por lo que Pozo Amargo también estuvo vinculado por este motivo con la historia más reciente de esta localidad sevillana43. Casarrubios reunió las tres parcelas en una sola y construyó una serie de edificios en lo que se dio por llamar primero “Colonia de Santa Isabel”44 y desde mediados del s. XX Aldea de Pozo Amargo, haciendo que el trazado de la carretera Madrid-Cádiz por Algodonales pasara por el establecimiento balneario “por necesidad y requerimiento del público que asisten al beneficio de dichas aguas”; esto fue lo que hizo que se expropiaran los terrenos para la carretera en 1914, es decir años después de crearse el balneario. En 1898, concluidas definitivamente las obras del balneario, lo inscribió en el Registro de la Propiedad y luego pasó a sus hijos y nietos, que fueron los últimos propietarios que vieron el balneario en uso en 193045. Para inscribirlo tuvo que hipotecar el 42 Reina, 1993, 14. Juan José García López afirmaba en 1982 que “La abundante flora que rodea a las viejas instalaciones forman un extenso bosque, que otras veces contó con largas avenidas y glorietas artísticamente configuradas” (Reina, 1993, 15). 43 Históricamente ha pertenecido al término municipal de Morón hasta mediados del siglo XX. El primer propietario que nos consta del lugar es la Casa de Osuna y Ureña, que vende el lugar a una orden religiosa a fines del siglo XVI. Luego pasó al Ayuntamiento de Morón, quizás con la desamortización de Mendizábal, pasando luego a propiedad del Estado con la desamortización de Madoz a mediados del s. XIX (Reina, 1994, 26-28). La venta de nuevo a un particular no se produce hasta 1891, fecha en la que Vicente Casarrubios Ruano acaba de pagar parte al Estado y otra parte a particulares que habían adquirido previamente al Estado. 44 En honor a Isabel II o, más probablemente, a la esposa del sr. Casarrubios, pues sólo consta esta denominación tras la adquisición de las tres fincas. Algo que tendría pleno sentido si tenemos en cuenta que además su esposa fue curada de una enfermedad con las aguas de Pozo Amargo (Reina, 1994, 16-18). 45 En 1914 hizo también Murga una descripción del estado del balneario que conviene recordar aquí por su valor testimonial: “En un departamento independiente se encuentra instalado el balneario, formado de dos amplias galerías de baños calientes, sala de hidroterapia (inhalaciones, pulverizaciones y duchas) provistas de todas clases de aparatos con arreglo a los últimos adelantos de la ciencia, y también existen piscinas generales” (Reina, 1993, 14-15). Los biznietos Delgado Cala son los que venden el balneario (ya ruinoso) hacia 1950 a Francisco Reina, quien lo transformó en almacén de granos y zahúrdas, un uso demasiado trágico para la historia del balneario que se prolongó al menos hasta los años noventa, fecha en la que aún se conservaba la techumbre (Reina, 1993, 11). De él pasa a su hijo Antonio Reina Montoro, propietario en 1994 (Reina, 1994, 29-30 y 35). Hoy está prácticamente destruido.

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balneario al que fuera teniente fiscal de la Audiencia de Madrid José Ciudad y Aurioles en garantía de un préstamo de 10.000 pts., cantidad que debió necesitar para poner en marcha las instalaciones tras la previa y necesaria autorización ministerial y consiguiente declaración de utilidad pública46. Mucha de la tierra que rodeaba Pozo Amargo era propiedad del yerno de Vicente Casarrubios (Enrique Cala) y de sus otros dos hermanos (José María y Miguel Cala). Los Cala y Vicente Casarrubios constituyeron así una importante comunidad de intereses en el lugar, tanto por sus propiedades rústicas como por su posición privilegiada en el ayuntamiento de Morón pues, por ejemplo, Enrique Cala llegó a ser concejal y alcalde de dicha localidad. A la construcción del balneario (1898) le sigue, por tanto, de forma inmediata, la de los pabellones familiares47, que se alquilaban a los bañistas, y se ubican en una plaza de 60 metros de longitud por 54 de anchura, rodeada por tres aceras de casas, formando tres manzanas que constituyen los tres lados de dicha plaza. En 1898 la ubicada al poniente (llamada “acera alta” por encontrarse a mayor altura que las dos restantes) medía 495 m2 con la capilla en la parte central, dominando el conjunto urbanístico, con tres casas a cada lado, unas con dos y otras con tres habitaciones, además de corral, cocina y retrete. La manzana sur tenía seis casas con entradas por la plaza y tres habitaciones cada una. Diez casas pequeñas tenían acceso por la parte opuesta y la última de todas era la casa del propietario de la finca, la mayor de todas, con tres dormitorios, vestíbulo, cocina, despensa, cuarto de baúles, patio, trastero, encimera, retrete y jardín con frutales, flores y pozo de riego. Toda esta manzana tenía 535 m2. La manzana que da al norte tenía cuatro casas grandes con entrada por la plaza y ocho pequeñas a las que se accedía también por atrás. Al final de la manzana estaba la fonda que ocupaba dos casas grandes y cuatro pequeñas con salón comedor, salón de reuniones y bailes, café y tresillos, cocina, despensa, dormitorios para servidumbre y cuatro departamentos con dos/tres habitaciones…48 Cuando se crea la colonia de Santa Isabel se está acabando ya la época dorada del termalismo en Andalucía, que va de 1840 a 190049. En líneas generales, Andalucía tiene muchos puntos de agua declarados de utilidad pública pero sólo una mínima parte han llegado a utilizarse

46 La apertura sin la consiguiente aprobación conllevaba fuertes multas. 47 Reina, 1993, 28. 48 En los años noventa del siglo XX la aldea contaba con 24 viviendas particulares, de las que había seis abandonadas o destruidas, hoy rehabilitadas en su mayor parte. Tras la venta de las viviendas a particulares y la llegada de población estable a Pozo Amargo se tuvo que levantar un grupo escolar a mediados del siglo XX, funcionando hasta los años ochenta. El cierre de la escuela, el no armonizar el edificio con el conjunto arquitectónico y el ubicarse además en el centro de la plaza hicieron que se decidiera la destrucción de dicha escuela. Su pérdida no ha sido especialmente perjudicial para el poblado, quizás todo lo contrario, en lo que coincido con la opinión de Paz Martín, quien señalara en 1992 que fue “planteada en el medio de la plaza mayor” afeando el lugar (Reina, 1993, 17). 49 Ibidem, 28-29.

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Fotografía 5. Las viviendas de la villa termal se encuentran en bastante buen estado aunque han sufrido transformaciones desde su puesta a la venta en el siglo XX

Fotografía: M. Zapke.

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como balnearios50. De hecho, según Sánchez Ferré, sólo había seis establecimientos en la primera mitad del s. XIX que recibieran bañistas, aunque la cifra pasó a 30 balnearios con baños y hospedaje en la segunda mitad. En este período los balnearios andaluces llegaban a recibir más de doce mil agüistas durante el verano, destacando Carratraca, Alhama de Granada y Marmolejo. Ya a fines del XIX, coincidiendo con la construcción de las instalaciones de Pozo Amargo, el total de agüistas había caído a cifras inferiores a los cuatro mil….Desde entonces, la explotación de aguas mineromedicinales ha caído en picado: en 1903 había 31 establecimientos en funcionamiento, en 1928 sólo veinte y en la actualidad 12 que presten sus servicios de forma regular, y concentrados básicamente en Andalucía Oriental…51 Dentro de la tónica general de los balnearios españoles, que no contemplan por lo general el surgimiento de grandes villas balnearias como las del resto de Europa sino algunas de menor tamaño y de poco porte arquitectónico alentadas por la Corona, como el Real Sitio de La Isabela, que se construyó expresamente como una pequeña villa balnearia por Fernando VII52, y el de Trillo, fundado por Carlos III53, las instalaciones de Pozo Amargo son muy sencillas aunque lo peculiar de ellas es que se trata de un enclave creado ex profeso, sin población estable previa y que con el tiempo dio lugar a la aldea de Pozo Amargo. Como ha indicado el arquitecto Josep Sánchez Ferré nuestra atención por la arquitectura homologable a patrimonio cultural no debe hacernos devaluar la arquitectura termal de segundo orden “ni mucho menos propiciar su abandono dado el estimable valor urbano, su valor de uso o incluso sentimental que puede llegar a tener”54, como es el caso de la aldea de Pozo Amargo. Y ello sin olvidar que Pozo Amargo, aun siendo un humilde balneario de interior, disponía de unas instalaciones dirigidas a una clase social alta, como lo demuestra el tipo de materiales utilizados en la construcción, la pintura al óleo de las paredes, la utilización de pavimentos “Lafargue”, la construcción de capilla, biblioteca, salones, sala de baile y fiestas, etc. La dotación de estos servicios implica una especialización del espacio y su previo requerimiento por parte de los clientes, que es lógico tuvieran un estatus elevado. Alcaldes, diputados a Cortes y provinciales, militares, catedráticos, científicos, jueces, concejales, secretarios de juzgados, contadores de fondos municipales, terratenientes, etc. parece que estuvieron entre los clientes habituales en la tem-

50 Baeza, López y Corral, 2008. 51 Sánchez Ferré, 2008, 184. Castillo, 2008, 258-325. 52 Además de los propios monarcas también hubo otros miembros de la casa real que actuaron como promotores de reformas en balnearios, caso de Antonio Pascual de Borbón, hijo de Carlos III, quien emprendió obras de restauración del Real Sitio de La Isabela. 53 Sánchez Ferré, 2008, 182-183. Sánchez Ferré, s. f. 54 Sánchez Ferré, 2008, 181.

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porada oficial de baños que iba del 1.º de julio al 30 de septiembre (temporada de 1915) o 15 de octubre (temporadas de 1917 y 1923)55. Pozo Amargo coincide también con los primeros intentos de creación de cierto urbanismo ligado al desarrollo del termalismo en España, casos de La Toja56, Espluga de Francolí, Caldes de Malavella, Lanjarón…, aunque como acabamos de decir no se configuró ningún caso de Gran Villa termal —equiparable a Bath, Spa, Evian, Vichy, Baden-Baden, Marienbad, Aix-les-Bains, Wiesbaden, Karlsbad, Royat, Vitel, Homburg…)57 por la grave crisis económica que vivía el país. Mas bien las inversiones que se realizan hasta la guerra civil española obedecen a lo que se ha dado en llamar el capitalismo termal, que no es otra cosa que el comienzo de las urbanizaciones ligadas al fenómeno balneario como afirma Sánchez Ferré y a un proceso de captación de turistas más que de agüistas58, con unas implicaciones paisajistas y de ordenación del territorio evidentes. El cierre de Pozo Amargo acabará siendo también una operación inmobiliaria59 ya que la venta del balneario empieza precisamente por las casas-habitaciones y termina con todo lo demás60. El balneario propiamente dicho se vende en julio de 1950 —cuando ya casi todas las casas-habitaciones habían sido vendidas con un trozo de terreno de 600 m2 por delante y otros 20 por detrás como ejidos, que componen sobre todo las plazoletas de delante de las casas— a Francisco Reina Rasero, de quien pasó a Antonio Reina Montoro (nacimiento del agua, cañería y balneario). En 1950 el balneario aún contenía árboles frutales en la huerta que rodeaba las instalaciones61. Todo establecimiento termal debe articular su territorio en función de la población que recibe, tanto para dormir, comer, divertirse, etc. En este sentido, el espacio termal se ha venido llenando de nuevos edificios y paisajes que

55 Algunos nombres ilustres fueron Eduardo Bermúdez Plata, Magdalena Bermúdez Plata, general Cuesta, el liberal Manuel Fierro Izquierdo, Manuel García Caballero, Lucas Zamalloa Jaramillo, Carmen de los Reyes Plata Fierro, Carmen Auñón, José, Antonio y Pascual Álvarez Villalón, Eladio García, señores de la Hera Janer, Martín de Soto y Montestruque Auñón. 56 Alonso, Lindoso y Vilar, 2011, 59-99. 57 Moldoveanu, 1999. Rubio, 1853. Reig, 1985. 58 De esta época son los grandes hoteles de La Toja, Corconte, Guitiriz, Marmolejo… Las salas de baile, los casinos, los quioscos, los pabellones, los teatros fueron incorporándose a las instalaciones balnearias (Lanjarón, La Toja, Panticosa…). Sánchez Ferré, 2008, 184-185. Sánchez Ferré, s. f. 59 Sobre los motivos del cierre, véase Reina, 1994, 37-42. Este autor señala la caída de clientes con alto poder adquisitivo, los conflictos familiares entre los propietarios, la muerte del promotor del balneario Enrique Cala, la subida de los precios, la mala gestión y una gran crisis nacional y local. 60 Parece que quienes se quedaron con las viviendas fueron agricultores de la zona si nos atenemos a lo que dice José Reina (“La mayoría de sus habitantes se dedicaban a las faenas agrícolas de las grandes fincas: El Parroso, el Huerto Gaena, Gaena, El Risquillo, la Sanguijuela, el Congosto, Las Alcabalas, Balbuán…”) aunque el pequeño emplazamiento también daba para mantener algunas actividades como la de carpintero, panadero, tendero o zapatero. Tras la guerra civil la escuela se ubicó en el salón de bailes y la aldea llegó a tener incluso maestro (Reina, 1994, 34). 61 De aquí viene nuestro deseo de recuperar en esta parte, próxima al balneario, la tradición que parece que conservó siempre de huerta con vegetación arbórea vinculada a este uso agrícola.

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se han articulado gracias a las ideas de una sociedad determinada62. Por ello, cada balneario responde a esa sociedad que lo ha creado, a una cultura peculiar, a los anhelos y esperanzas de los que en ella viven63. Como Sánchez Ferré ha afirmado en esta línea, la arquitectura termal debe entenderse en el marco de una más amplia visión de la historia, dentro del complejo mundo en el que la arquitectura se produce. Una descripción de este tipo de establecimientos nos la ofrece Azorín en su obra Veraneo sentimental, cuando llega al balneario de Carranza, un balneario que pudiera compararse en tamaño al de Pozo Amargo: “Carranza es un balneario modesto, discreto (..) No hay luz eléctrica: todo es en la casa familiar y discreto. Unas bujías alumbran nuestras vidas en las horas nefastas. Sobre la ancha mesa del gabinete de lectura no destaca ni el más remoto rastro de papel impreso. No se sabe lo que hay que leer aquí (..) tengo un sentimiento de gratitud para el excelentísimo e ilustrísimo señor don Rafael de Guardamino, a quien no he conocido, y que fundó este balneario tan limpio, tan blanco, tan íntimo, tan discreto, donde la petición de un periódico como El Liberal causa un escándalo tremendo”64.

La arquitectura termal configura el paisaje de Pozo Amargo de una forma determinante. Las villas termales han sido el espacio de representación en el que toda una época se ha expresado65. Esas edificaciones han sido el escenario sobre el que se ha desarrollado una forma de entender la vida, sobre el que se albergaban las esperanzas de curación a través del agua del manantial… También Pozo Amargo es, sin duda, un fiel testigo de una época histórica y se enmarca en la trayectoria histórica y urbanística general que siguieron los balnearios en España desde la antigüedad clásica como lugares vinculados a la salud, a la higiene y a la socialización, así como a proyectos arquitectónicos y urbanísticos66. De las termas clásicas se pasó a un concepto mucho más moderno de balneario que arranca en España con la Ilustración y el avance de las teorías higienistas del s. XIX67. De hecho, es a fines del siglo XVIII cuando se quiere construir el balneario en Pozo Amargo y, aunque se trata de un balneario pequeño, el proyecto de edificación es ya paralelo al de los grandes planes de actuación en viejos balnearios peninsulares como el de Trillo o Sacedón. A partir de ahí, en Pozo Amargo vemos la huella de sus habitantes a lo largo del tiempo y de su acción sobre el paisaje: el termalismo en Pozo Amargo ha sido capaz de generar arquitectura. Un bello ejemplo urbanístico a las puertas de la Sierra Sur sevillana en el que se integraban casas 62 63 64 65 66 67

Leboreiro, 1994. Sánchez Ferré, s.f. (manuscrito). Azorín, 1929, 101-102 y 105. Sánchez Ferré, 2008, 181. Paseos por un espacio…, 145-173. Malissard, 2001. Alonso, Lindoso y Vilar, 2011. Larrinaga, 2010. Rodríguez-Sánchez, 1994.

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destinadas a atender a los usuarios (fonda, biblioteca, sala de fiestas) y para ser alquiladas por los enfermos y sus familias68. Este enclave se ha adaptado al paisaje que lo recibe, ha explotado la potencialidad del lugar como germen urbano y ha sido capaz de organizar en torno a ella un tipo de vida peculiar que ha girado siempre en torno al agua del río Guadaíra y en torno, sobre todo, al manantial de agua mineromedicinal. Como dice Sánchez Ferré, hay que integrar las acciones urbanísticas, ambientales y patrimoniales para poder sentar las bases de un modelo andaluz de turismo de salud moderno y competitivo, integrado en un ámbito de desarrollo rural sostenible. Y ese desarrollo ha de ser el motor para la protección ambiental de los entornos termales y el control de sus acuíferos, para valorar el patrimonio cultural y el paisaje que lo acoge, “condiciones todas ellas necesarias para conseguir un reconocimiento de la cultura del agua en Andalucía”. Este es el punto de partida de nuestra propuesta69. Una propuesta que está en consonancia con el cambio que se está produciendo en la demanda de termalismo, más interesada por un turismo cultural, de ocio activo (visitas educativas, agroturismo, actividades acuáticas, senderismo, rutas en bicicleta y ecuestres…) y gusto por la naturaleza, en la que la salud ocupa un puesto importante pero no exclusivo, que comparte con el recreo, el ocio y el esparcimiento en unas villas termales que atesoran, además del agua mineromedicinal, un rico legado histórico-cultural y unos parajes de gran belleza70. LA ACTUACIÓN EN POZO AMARGO Aunque cualquier actuación en Pozo Amargo debe pasar, obviamente, por la conservación de la calidad del agua del manantial71, nuestra idea es generar y aplicar políticas de tipo integral, que tengan en cuenta las necesidades de los ciudadanos de una forma global72. Por todo esto, la actuación en Pozo Amargo debe ser amplia y abordar un plan de actuaciones de diferente naturaleza, para cuya definición sería fundamental un debate previo teniendo en cuenta el ámbito político, el científico, el de los expertos y el de la sociedad civil…, todo ello dentro 68 En algunas villas termales como Puente Viesgo, en Cantabria, no pocos médicos del balneario aconsejaron estas construcciones (San Pedro, 1993, 94). 69 Sánchez Ferré, 2008, 186. Navarro García, 2012. 70 Larrubia y Luque, 2002, 115-118. 71 Dentro del contexto de una cuenca marcada por la contaminación cobra una gran relevancia la existencia del manantial de agua mineromedicinal y la necesidad de protección que tiene. Resulta paradógico que este lugar de la cuenca que tiene un indudable valor añadido por las características de su agua mineral sea el único poblado que carezca de tratamiento de aguas negras. 72 Así, deben desarrollarse actuaciones de uso público, fomentar la participación social, reactivar los sectores artesanales, desarrollar normativas de ámbito supramunicipal y municipal que controlen los problemas derivados de la escasa relación institucional con Puerto Serrano y crear un plan de divulgación y seguimiento de la actuación.

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del concepto de “sociedad reflexiva” por el que aboga el Convenio Europeo del Paisaje y dentro del concepto desarrollado por Relph del arraigo territorial (1976), hoy considerado fundamental para una relación armónica entre el espacio vivido y los grupos humanos. Nuestro planteamiento pretende ser holístico por tanto, siguiendo los lineamientos apuntados por Yves Luginbühl. Queriendo contribuir desde el paisaje a la acción beneficiosa de las aguas en un balneario como el de Pozo Amargo pretendemos, ante todo, conseguir que el paisaje adquiera una dimensión utópica, dimensión que es la que permite justamente establecer ese vínculo entre paisaje y bienestar73. Pero para que obtenga esta vertiente utópica el paisaje debe ser bello, una cualidad que permite a los seres humanos crear esa vertiente. Pero ¿qué se entiende por bello en un paisaje? Normalmente la belleza de un paisaje implica armonía, armonía que no se refiere tan solo al plano estético o formal, sino que se abre al plano de la armonía entre naturaleza y ser humano, también entre humanos (una armonía, por tanto, que es social, sumada paralelamente a la ecológica y a la filosófica): “Ha llegado otro momento supremo. Paraos un momento. Volved la vista. Esta calle se llama del Puente; es corta; pero hay a esta hora en ella una sugestión profunda. Apenas si transcurre alguien de cuando en cuando; las ventanas están abiertas de par en par, como para recibir la frescura matinal; los muros son negruzcos; oís los trinos de un comercio; en los miradores de cristales véis las mecedoras en reposo, y en el fondo de la vía, cerrando la vista, como una decoración de teatro, destaca airoso sobre la escalinata el torreón de la catedral, ancho, fornido, negro, con la redonda y blanca esfera del reloj en lo alto. Una grata sensación de íntima y profunda armonía —la armonía de las cosas— os hace permanecer inmóviles un momento”74.

Por tanto, para que nuestra acción paisajística tenga un efecto sobre el bienestar de visitantes y habitantes del lugar aquella debe ser armoniosa entre sus diferentes planos filosóficos, ecológicos y sociales75. La estética que proponemos a 73 Sobre cuestiones paisajísticas en algún balneario español puede verse el caso de Jaraba en Paseos por un espacio…, 2010, 19-51 y 63-79. Al igual que se pretende hacer en Pozo Amargo, en Jaraba se quiso integrar el paisaje con el diseño arquitectónico y utilizarlo como herramienta complementaria a la balneoterapia. 74 Azorín, 1929, 126. 75 De una forma prosaica, pero muy efectiva, Azorín refleja cómo un paisaje termal poco armonioso puede acabar con todo el encanto de un lugar dedicado a la salud de sus inquilinos: “Y el estrépito de martillazos, gritos, golpes, carreras continúa. Y las camas, los lavabos, los armarios son, pesadamente, subidos y bajados por la estrecha escalera. Y vosotros, rendidos del viaje, fatigados, soñolientos, os sentáis en un sofá del diminuto zaguán, mientras pensáis (..) que si por acaso estáis neurasténico y venís a tomar esta agua, recomendadas para la neurastenia, no podéis haber caído en un paraje más adecuado a vuestro achaque (..) Va llegando la noche; prosigue el estrépito de golpazos y gritos; un formidable guirigay de charlas, notas atronadoras del piano y carreras de chicos atruena la salita y el corredor (..) ¿Qué hacer? ¿Dónde están los salones de Cestona? ¿Dónde las galerías de Zaldívar? (..) Vosotros miráis y remiráis todos estos trastos llamativos y deleznables, y luego los ponéis en relación con este edificio [hace mención al balneario de Solares, en Cantabria], ejemplar y compendio de esta arquitectura hórrida que los modernos hemos inventado. Y consideráis in mente los pasillos angostos, con los abrumadores pisos de madera blanca barnizada, en cuyos salientes se recoge el polvo y la suciedad; y

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través de una recuperación paisajística y ambiental del entorno de Pozo Amargo, de su arquitectura y de su patrimonio, pretende conseguir un resultado armonioso que ofrezca a quien lo visite una satisfacción racional y espiritual, que le aporte una sensación de bienestar y el paisaje de Pozo Amargo sea la expresión misma de esa satisfacción. Si pretendemos implementar en Pozo Amargo una experiencia de recuperación del Balneario y de su entorno para incrementar la calidad de vida de los habitantes y usuarios es fundamental crear un “buen” paisaje, entendiendo que nivel de vida no es lo mismo que calidad de vida76. La calidad de vida no tiene una dimensión absoluta (que podría alcanzarse por la simple acumulación) sino relativa por lo que siempre es preciso ajustar entre lo que deseamos y lo que se dispone realmente, y el ajuste va a depender de las expectativas de la persona y de su contexto, del momento histórico, etc. El ajuste, el conseguir un equilibrio personal, social y ambiental son imprescindibles cuando queremos establecer estándares de calidad de vida. La calidad de vida es, por tanto, equilibrio, y por ello también la calidad de vida debe ser armónica con la sostenibilidad77. El paisaje debe contribuir, sin duda, a ello. Debe ser reflejo del equilibrio personal, social y ambiental y más si cabe en lugares como las villas termales que son destinos de turismo de salud. Como bien afirma Isabel Vela78 lo “ideal es diseñar entornos que inviten a la gente a comunicarse bien, generando espacios que faciliten la reunión de personas o que nos inviten a encontrarnos con nosotros mismos”. El proyecto en Pozo Amargo debe incrementar la calidad de vida de vecinos y visitantes, debe ser por tanto armónico y por eso mismo sostenible con el entorno. El modelo holístico de recuperación del Alto Guadaíra en el que se enmarca debería plantearse desde una perspectiva de uso del paisaje más que de un consumo del mismo, o como mínimo dentro del movimiento que ha dado en denominarse “slow movement”, dirigido a un consumo sostenible, restringido y de calidad, a lo que sin duda debe contribuir también el acceso a través de la carretera paisajística A-8126 por la que ahora se accede79, una carretera de movilidad lenta hecha para disfrutar del paisaje, que une las localidades de Morón (Sevilla) y Algodonales (Cádiz). La finalidad es preservar y recuperar el paisaje degradado del entorno termal y esto no debe ser a costa de una degradación similos water-closet sin ventanas, y las escaleras empinadas, y los balcones, hechos para ser vistos desde lejos, mas no para contemplar desde ellos el campo o la calle, con pesados antepechos de piedra que quitan la luz, en vez de la airosa obra de ferrería forjada; y las ventanas estrechas, con rebordes y cargazones que ensombrecen la estancia; y los techos bajos, y las puertas angostas, en cuyas jambas tropezáis al entrar o salir (..) ¡Deseáis oscuridad sedante que calme vuestros nervios, que os aporte brevemente el sueño reparador, y no podéis tenerla!” (Azorín, 1929, 91, 93, 96 y 97). 76 Levi i Anderson, 1975. 77 Pol, Castrechini y di Masso, 2008, 47-48. 78 Paseos por un espacio…, 19. 79 Pol, Castrechini y di Masso, 2008, 41-42. VV. AA., 2008. VV. AA., 2009, 392-399.

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lar para favorecer el acceso al establecimiento termal o para prestar servicios desproporcionados. Su consumo debe ser sereno y pausado. La finalidad es mejorar la armonía del lugar, el equilibrio del establecimiento con su entorno, y no acabar de destruirlo. En definitiva, ser capaces de incrementar su capacidad restauradora y, al mismo tiempo, incrementar el uso productivo y recreativo del lugar. Aunque el Alto Guadaíra no ha sido objeto por parte del movimiento asociativo ecologista y vecinal de una reivindicación tan intensa como el bajo y medio Guadaíra80, muy afectados como vimos al principio de este trabajo por graves procesos de contaminación y deterioro fluvial, es evidente que el Guadaíra en su conjunto es un ámbito territorial de gran valor patrimonial, tanto por sus cualidades intrínsecas como por las cualidades que se le atribuyen. Una actuación que no fuera respetuosa supondría incrementar la percepción social de haberse producido una pérdida paisajística, ambiental y patrimonial que no sería aceptable y supondría llevar los conflictos ambientales que se han producido en el bajo y medio Guadaíra al curso alto del río81. Los tipos de paisaje que encontramos en el entorno de Pozo Amargo entroncan con el paisaje bucólico-pastoril, con el de las huertas tradicionales, con el de las dehesas, con el bosque mediterráneo, con el encinar, con campos de cereal y olivar, con explotaciones extensivas de reses… con modelos que tienen pleno sentido en las sociedades europeas hoy en día pues evocan toda una cultura compartida por muchos de sus ciudadanos y que ha modelado la literatura, la religión, la pintura… Se trata de un paisaje al que habitualmente se le ha atribuido82 un efecto beneficioso para la salud y por lo tanto puede incrementar las repercusiones positivas en el turismo de salud aunque sólo fuera por el efecto placebo83. Al paisaje debemos sumarle la calidad de sus aguas cloruradas sódicas, la riqueza histórica que atesoran estas tierras fronterizas que han visto pasar a contrabandistas, bandidos, guerrilleros carlistas o cristianos y musulmanes en sus continuas 80 Esta circunstancia podría explicarse por la baja presión demográfica que tiene la zona y también por la relativa buena calidad que aún conservan las aguas superficiales y los acuíferos. La zona cuenta con agua subterránea procedente del acuífero de Pozo Amargo, del que se abastece la población. Además, el propio manantial de agua mineromedicinal aporta un caudal de 8.000 litros/hora que puede utilizarse para otros usos en caso de necesidad. 81 Al respecto, véase el interesante trabajo de Vallerani, 2008, en el que defiende la tesis de que la investigación geográfica es el papel del sujeto en la construcción de su relación con el territorio. Hay que tener en cuenta que la degradación ambiental en el Guadaíra alentó la movilización y que el río siguió viéndose como un elemento territorial de enorme trascendencia, como un factor destacado del patrimonio natural a conservar y como el impulsor del acervo patrimonial histórico y cultural. Sin embargo, antes de su deterioro, el Guadaíra fue un río cuyas orillas, parques y jardines propiciados por la Exposición de 1929 nutrieron el imaginario de muchos sevillanos como lugares lúdico-festivos que, con la llegada del ferrocarril a Alcalá, alcanzaron una dimensión bastante popular (Fernández Lacomba, 2002. García, 2006). 82 Estas atribuciones son siempre sociales, no individuales, y se mediatizan a través de representaciones sociales, valores, creencias y actitudes que configuran los estándares de lo que se llama calidad de vida (Pol, Castrechini y di Masso, 2008, 46). 83 Ibidem, 47.

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refriegas cuando la frontera indefinida entre ellos se situaba en el Alto Guadaíra. Punto de comunicación entre el valle del Guadalquivir y el mundo Atlántico que nos anuncia el Guadalete, necesariamente ha vivido a caballo de realidades complementarias y a veces opuestas, incrementando con el tiempo los perfiles que le han dado carácter y personalidad. El abandono que llega hasta el momento presente de estas tierras de frontera se manifiesta en su rico, olvidado e ignorado patrimonio arquitectónico84, vinculado a las explotaciones agroganaderas, y arqueológico, en sus salinas a punto de desaparecer y en su balneario hundido por el paso del tiempo. La calidad paisajística que aún atesora Pozo Amargo nos obliga a ser muy cautos y exigentes en un proyecto de mejora ambiental y paisajística. Debemos tener presentes los efectos negativos que puede generar una intervención sobre el entorno que aliente en los usuarios la sensación de riesgo, estrés y vulnerabilidad pues en Pozo Amargo nos encontramos con un paisaje que, siguiendo los criterios señalados por Kaplan y Kaplan, tiene unas cualidades bastante objetivas de coherencia y legibilidad, así como ciertas dosis de complejidad y misterio que pueden hacer del lugar un paisaje preferido y por tanto con capacidad restauradora elevada. La intervención tiene por objeto no salirse de estos cuatro parámetros: potenciar la coherencia del paisaje porque en ningún momento consideramos que el visitante pueda dejar de organizar cognitivamente el entorno; mantener la legibilidad del paisaje porque pretendemos que sea fácil interpretar los componentes del mismo y la orientación en él; asimismo, la actuación debería añadir algo de complejidad y misterio a través del plan de recuperación ambiental, sin que resulte por ello un paisaje inquietante. En definitiva, son unas características paisajísticas que resultan favorables a la especie humana y que, por tanto, podrían tener una importante capacidad restauradora en un establecimiento termal si nos dejamos llevar por los criterios innatos a la hora de definir los paisajes. Si seguimos las teorías que invocan el aprendizaje de los paisajes preferidos contamos con toda una larga tradición de cultura termal desde la antigüedad clásica: el identificarnos con toda esa cultura tan integrada en la cultura occidental favorece también la elección de los paisajes termales pues están apoyados por ese aprendizaje colectivo desarrollado desde siglos atrás. La cultura europea ha modelado una cultura termal milenaria que no es idéntica a la de otros lugares, y esto queremos que se perciba en nuestra actuación por más que el entorno sea el de una pequeña villa termal. El bañista debe poder percibir en el lugar las raíces de su propia cultura termal pero también las raíces históricas del lugar de nuestra actuación, los sabores, olores y matices de una tierra enclavada en su territorio y que responde a una historia, a

84 En este apartado hay que destacar las haciendas de olivar, almazaras y molinos de aceite, los cortijos de labor y agroganaderos, los molinos harineros, tahonas, hornos de pan y panaderías, las destilerías y las importantes infraestructuras hidráulicas (Melero, 2007, 41-121).

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una cultura que ha dejado su huella en el paisaje85. Los ciudadanos deben ser capaces de percibir el sentido de la obra colectiva acometida sobre el paisaje86 para que repercuta en su bienestar espiritual. El paisaje lo concebimos como resultado de un modelo consensuado de actuación87, respetuoso con el entorno natural, con el patrimonio histórico-arquitectónico y cultural, resultado en Pozo Amargo del uso productivo agrícola-ganadero y termal, del uso social de una colectividad que tras la explotación termal se ha identificado en mayor o menor grado con ese paisaje del Alto Guadaíra. Si la colectividad se implica en el nuevo paisaje que se quiere88, en la libertad de participar en él y encuentra la posibilidad, además, de disfrutarlo sin las limitaciones que hoy en día tiene, en libertad, sin vallado de fincas, pudiendo tener acceso al uso de las aguas mineromedicinales, etc. indudablemente el paisaje de Pozo Amargo aportará bienestar y disfrute89. La propuesta de creación de Paisaje Protegido supone que se parte de una valoración del patrimonio de la cuenca alta del Guadaíra y de que este forma parte de su identidad colectiva. Al papel histórico del cereal y la aceituna como productos naturales de la cuenca añadiremos ahora el agua mineromedicinal como impulsora del río en su cuenca alta. Pretendemos resaltar el bagaje socio-cultural y patrimonial que atesoran las instalaciones termales y el poblado de Pozo Amargo, el natural por su perfil paisajístico así como su capacidad de dinamizar el entorno rural que les rodea90, enlazando con la oferta lúdica que siempre ha supuesto el Guadaíra para los habitantes de la capital sevillana. En el caso de Pozo Amargo se puede aprovechar un recurso hoy infrautilizado (el agua mineromedicinal), recuperar y proteger el urbanismo de la Villa Termal y de resolver algunos de los graves problemas que hoy le aquejan: entorno degradado por la pérdida de vegetación de 85 Al respecto, deberían verse las múltiples memorias editadas desde hace ya unos cuantos años por la Real Academia Nacional de Farmacia (Alange, Fuente Amarga, Alhama de Aragón, Archena, Arnedillo, Blancafort, Bohí, Carabaña, Carratraca, Cervantes (Ciudad Real), Hervideros de Cofrentes, Corconte, Cuntis, Fitero, Fortuna, Alhama , Lugo, Caldas de Montbui, Puente Viesgo, La Toja, Manzanera, Montemayor, Tuy, Solán de Cabras…) que recogen informaciones sobre suelos, vegetación, clima, geología, hidrogeología… 86 En la línea de lo que describía Azorín, refiriéndose a Santander: “véis moverse a lo largo del tiempo la masa sólida y eterna, innominada, que ha puesto uno sobre otro estos bloques, y que ha levantado los parapetos de los muelles, y ha creado la ciudad, y ha surcado y desurcado los mares…” (Azorín, 1929, 121). 87 En este sentido, Eugenio Ruiz (2001) ha afirmado que “cualquier iniciativa estará condenada al fracaso si no cuenta con la aceptación y la participación de la sociedad implicada”. 88 No se trata de quitarle el lugar, su responsabilidad, a los políticos. Se trata, como bien apunta Yves Luginbühl, de intervenir en el debate e influir en las decisiones que han de tomar los políticos. Se trata de construir, por tanto, una reflexión lo más colectiva posible sobre el bienestar en paisajes concebidos e imaginados por quienes viven y disfrutan de las villas termales (Luginbühl, 2008, 34). Este proceder, que no hemos podido desarrollar en la praxis de esta propuesta, debería aportar muchos indicios para poder actuar en muchas villas termales andaluzas. En Pozo Amargo gran parte de la responsabilidad en la conservación del lugar ha recaído en sus propios vecinos y propietarios de las viviendas. En 1993 se creó una Asociación de Vecinos “Aldea Pozo Amargo” que trata de mantener un cierto control sobre las actuaciones de los propietarios, la defensa medioambiental del lugar y su adecentamiento. 89 Luginbühl, 2008, 24-25. 90 Molina, 2004.

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ribera, paisajes adehesados en clara regresión por la expansión del olivar y cereal con el consiguiente aumento de la erosión, un patrimonio cultural y arqueológico escasamente valorado y difundido, empobrecimiento faunístico por la presión agrícola, falta de tratamiento de las aguas negras vertidas, etc.91 Pozo Amargo tiene la gran ventaja, ¡aún!, de que las transformaciones sufridas en su paisaje rural y urbano no son tan irreversibles como en otros lugares de la cuenca del Guadaíra y en otros muchos paisajes europeos92. El manantial de aguas mineromedicinales aporta, además, un elemento básico y añadido para hacer del lugar un destino para el bienestar individual y social, facilitando de paso un crecimiento económico sostenible, una diversificación de su riqueza y unas mejores condiciones de vida a los habitantes de la cuenca alta93. Abordar un proyecto de rehabilitación paisajística y del medio natural94 del perímetro de protección de las aguas mineromedicinales y de su cuenca de visibilidad, y reabrir las instalaciones termales en un futuro no demasiado lejano contribuirían a preservar el rico patrimonio de la cuenca alta del río Guadaíra y a crear una interesante experiencia de recuperación ambiental y paisajística en torno al agua, la salud, el paisaje y el ocio95 amén de poder consolidar una oferta termal en Andalucía Occidental apenas existente hoy en día. BIBLIOGRAFÍA Alonso Álvarez, L.; Lindoso Tato, E.; Vilar Rodríguez, M. 2011: O lecer das augas. Historia dos balnearios de Galicia. 1700-1936. Vigo, editorial Galaxia. Amo Moreno, J., 2008: “Canteras de mármol en la Sierra de Cabra. Procesos de interacción entre arquitectura y naturaleza”, en IX Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación, vol. 3. Sevilla, 145-150. Azorín, 1929: Veraneo sentimental. Zaragoza, Librería General. 91 Programa coordinado de recuperación y mejora…, 1999. 92 La conservación en la actualidad del poblado y del manantial de Pozo Amargo —aunque no de su balneario—, nos permite hablar de que la expansión demográfica e industrial contenida hasta los años cincuenta del siglo pasado facilitó en cierto modo la conservación de los vestigios histórico-artísticos y antropológicos relacionados con el agua en la cuenca. El hecho de no estar próximo a grandes localidades ni a vías de comunicación muy frecuentadas también ha jugado a su favor, así como la circunstancia de haberse podido seguir utilizando las casas del poblado, tanto de primera como de segunda vivienda. 93 Garayo, 2001, 293. 94 La actuación paisajística en el entorno del balneario pretende aliviar esa homogeneización y ese empobrecimiento de los ecosistemas vinculados al agua en toda la cuenca del Guadaíra debido a la presión humana. La recuperación de los bosques de ribera y de las márgenes del río, las herrizas, el matorral mediterráneo, los encinares y alcornocales, debe ofrecer un valor añadido al entorno de Pozo Amargo. La expansión de las especies endémicas debe ir acompañada de un estricto control de especies invasoras, ornamentales y cañizos, de la recuperación de las poblaciones de anfibios, reptiles y aves asociadas a los cauces, de las aves esteparias (aguilucho cenizo, águila perdicera…), mamíferos (gamos, zorros, ginetas) y peces (anguila, barbos…). 95 Larrubia, 2002.

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Emociones y empoderamiento en las luchas para la defensa del agua y el territorio. Un estudio comparado de tres conflictos en España y México Emotions and Empowerment in the Struggles for Defending Water and Territory: A Comparative Study of three Conflicts in Spain and Mexico Alice Poma Tommaso Gravante UNAM FES Iztacala. México, D. F. México. [email protected], [email protected]

El artículo tiene el objetivo de evidenciar los procesos de empoderamiento que se dan como consecuencia de la participación en las luchas por la defensa del territorio. Analizando la experiencia de los habitantes de tres territorios amenazados por represas, mostraremos la transformación de conciencia y conducta que ellos experimentan y como está relacionada con el cambio social. Finalmente, el análisis mostrará que la dimensión emocional de estas experiencias es necesaria para comprender el cambio de los sujetos y, en general, todas estas experiencias de luchas desde abajo. Palabras clave: conflictos por el agua; emociones; empoderamiento; emancipación.

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INTRODUCCIÓN Los conflictos por el agua, y en el caso específico de este capítulo las resistencias contra represas, son experiencias en las que comunidades locales, gobiernos y empresas se enfrentan en luchas que desde la perspectiva de los afectados, son luchas por la vida, mientras que por parte del Estado y las empresas promotoras son obstáculos a su idea de progreso y desarrollo. En el mundo anglosajón, experiencias como estas han sido etiquetadas durante mucho tiempo como NIMBY (no en mi patio trasero), un enfoque que hace hincapié en el carácter egoísta y anti-progreso de los que se oponen a las infraestructuras1. La amplia literatura que critica este enfoque2, por contra, ha demostrado que las interpretaciones en términos de NIMBY son “formas de negar a la gente de abajo la capacidad de ser movida por algo más que intereses materiales”3. Esta literatura, además, evidencia la importancia de estos conflictos en el proceso de empoderamiento de las comunidades. Lake afirma que estas experiencias “reflejan el papel del lugar en la movilización y el empoderamiento de la resistencia de la comunidad en contra de los intereses del capital”4. Otra aportación que fortalece estas ideas es la de Krauss, que se centra en la lógica interna de las protestas comunitarias y en el proceso “a través del que ciudadanos ordinarios se hacen críticos”5. Como afirma la misma autora: “la apropiación de la ideología democrática se convierte en un instrumento de y para la politización y la transformación de sujeto pasivo a ciudadano activo”6. A partir de estas premisas, en este trabajo decidimos presentar un análisis del cambio cultural que experimentaron las personas de tres comunidades que se auto-organizaron para defender su territorio de la construcción de una presa en España y en México. Para analizar este cambio nos hemos apoyado en el análisis de la dimensión cultural y biográfica de la protesta7, que es una herramienta analítica que permite ver la protesta como experiencia transformadora, aspecto 1 Como evidencian Mcclymont y O’hare el termino NIMBY se utiliza ampliamente en el mundo académico, los círculos profesionales de planificación y en la lengua vernácula, para referirse a un grupo que se opone a un desarrollo determinado en un área local, debido a la percepción general negativa de las externalidades del desarrollo (2008, 322). Esa etiqueta se emplea como una acepción despectiva para referirse a los movimientos de protesta de base local o a los activistas individuales que se oponen a una instalación que proporcionaría, según sus promotores, desarrollo y ha sido empleada tanto para describir como para explicar las oposiciones locales (Devine-Wright, 2009). 2 Burningham, 2000. Della Porta y Piazza, 2008. Devine-Wright, 2009. Dear, 1992. Mannarini y Fedi, 2008. Freudenburg y Pastor, 1992. Gibson, 2005. Gordon y Jasper, 1996. Jasper, 1997. Krauss, 1989. Lake, 1993. McAvoy, 1998. Mcclymont y O’hare, 2008. Neveu, 2002. Wolsink, 2006. 3 Neveu, 2002, 61. 4 Lake, 1993, 88. 5 Krauss, 1989, 237. 6 Ibidem, 233. 7 Jasper, 1997.

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que no ha sido tratado en profundidad en el estudio de la protesta ambiental y los movimientos sociales8. Analizar la dimensión cultural y biográfica de estas luchas conlleva la necesidad de incorporar la dimensión emocional, ya que “generalmente la gente es motivada por la rabia, la indignación, el miedo, la compasión o el sentimiento de responsabilidad, y no por el optimismo en las posibilidades seguras de obtener concesiones políticas a través de la protesta extra-institucional”9. Dicho en otras palabras, nuestra propuesta analítica se fundamenta en la idea de que “los y las de abajo nunca actuaron con base en la racionalidad instrumental, como suelen creer ciertos cientistas sociales y los analistas que ven el mundo desde arriba. La gente común aplica en su vida cotidiana, de la que forman parte tanto las resistencias como los levantamientos, una racionalidad diferente, hilvanada de indignaciones, sufrimientos y gozos, que le lleva a actuar con base en su sentido común de dignidad y ayuda mutua”10. Por esta razón, nuestro trabajo estará basado en el análisis de la experiencia de los sujetos y de su dimensión emocional, para así analizar el cambio que ellos experimentan a través del análisis de dos procesos: la transformación de la conciencia y de la conducta11 y el empoderamiento, tanto personal como político. El trabajo está estructurado en cuatro epígrafes. En el primer apartado presentaremos el enfoque de la investigación, que hemos definido ‘desde abajo’, y que se caracteriza por centrarse en sujetos auto-organizados y en su experiencia. Luego, presentaremos brevemente el marco teórico que nos guió en el análisis, y que se centra en el estudio de la dimensión cultural y biográfica de la protesta12. En el tercer apartado describiremos las herramientas metodológicas de la investigación y los casos de estudio, sobre los que se basará el análisis presentado en el cuarto y ultimo apartado, dedicado a los procesos emocionales y el empoderamiento en los casos analizados. EL ENFOQUE DESDE ABAJO: CENTRÁNDONOS EN ‘LOS DE ABAJO’ Y EN SU EXPERIENCIA

El enfoque de la investigación desde abajo13, es decir no autoridad-céntrico, permite analizar la protesta no en función de las relaciones y las respuestas con las

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Della Porta y Diani, 1997. Klandermans y Roggeband, 2007. Snow, Soule y Kriesi, 2004. Polletta y Amenta, 2001, 305. Zibechi, 2012, 13. Piven y Cloward, 1977. Jasper, 1997. Poma y Gravante, 2015. Poma, 2013 y 2014a. Gravante, 2015.

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autoridades y/o el Estado, sino en relación con la experiencia de “los de abajo”14 y con su capacidad de acción-reflexión15. En cuanto a los sujetos de la investigación, la mayoría de los análisis sobre los movimientos sociales consideran como referentes a las organizaciones de dichos movimientos (SMOs, en su sigla en inglés), y aun cuando haya investigación cualitativa es normal que los sujetos entrevistados sean activistas y/o líderes de estas organizaciones. Pero estos sujetos son sólo la punta del iceberg de un movimiento, ya que como escribe Holloway “el cambio social no es producido por los activistas (…) es más bien el resultado de la transformación apenas visible de las actividades cotidianas de millones de personas. Debemos buscar más allá del activismo, para descubrir los millones y millones de rechazos y de otro-haceres, millones y millones de grietas que constituyen la base material del cambio radical posible”16. Por todo esto creemos necesario que sean incorporados a los análisis otros sujetos. A partir de estas premisas, los sujetos de nuestra investigación son habitantes de los territorios amenazados por obras hidráulicas, que decidieron auto-organizarse para defender su territorio. El hecho de centrarnos en sujetos auto-organizados que no tenían una experiencia previa, ni eran miembros o profesionales de organizaciones políticas o no gubernamentales, es una característica que influye en el análisis, ya que permite ver el proceso de empoderamiento de estos sujetos muy claramente. El enfoque desde abajo, además, no significa sólo incorporar los individuos al análisis, sino también considerarlos como agentes pensantes, que actúan, que sienten y que son sujetos políticos y sociales. Esta visión no es nueva en sociología ya que, por ejemplo, Garfinkel criticó a Parsons “por haber concebido un orden social en el que los actores actúan como idiotas culturales que sólo son capaces de reflejar el orden social y a los que no se les reconoce ningún protagonismo ni competencia en su construcción”17. En la misma línea, Jasper reconoce la importancia del sujeto en su capacidad creativa ya que “la protesta se genera a menudo cuando los individuos se sienten incómodos con la imagen dominante que les viene ofrecida”18 y empiezan a reelaborar nuevos imaginarios. Dicho de otra manera, el sujeto deviene autor de su experiencia al construir una interpretación de esa misma experiencia. Así que el enfoque desde abajo nos lleva a la necesidad de integrar en la práctica investigadora a los protagonistas de las protestas, sus historias y sus reelaboraciones; no simplemente para describir 14 Definidos por el investigador latinoamericano Raúl Zibechi como “ese amplio conglomerado que incluye a todos, y sobre todo a todas, quienes sufren opresión, humillación, explotación, violencia, marginaciones” (2008, 6). 15 Freire, 1970 y 1980. 16 Holloway, 2011, 13. 17 Bergua, 2007, 21. 18 Jasper, 1997, 66.

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los hechos, sino más bien con el objetivo de analizar los procesos de significación e interpretación que se dan desde la experiencia de la protesta, con el objetivo de comprender los procesos (micro y meso) de cambio social. Esta postura nos lleva a poner en el centro de nuestro análisis no sólo los significados y valores que las personas dan a su experiencia de participación en una protesta social, sino también sus emociones, ya que como destacó E. P. Thompson19: las personas no experimentan su propia experiencia sólo como ideas, también experimentan su propia experiencia como sentir. Como destacaron Piven y Cloward en su investigación sobre los movimientos de los pobres en EE.UU. “es la experiencia concreta que transforma el descontento en el sentimiento de injusticia contra un objetivo específico”20. El análisis de las experiencias nos permite vincular, por los menos, los cambios micro —del individuo— a los cambios meso —de la comunidad o colectivo de referencia de los protagonistas—, siempre considerando que la experiencia no se reduce al ámbito de lo individual, sino que la experiencia personal es parte de una construcción social, marcada por el sexo, la etnia y la clase social, la propia cultura, la lengua y la vida cotidiana21. Una vez que tenemos como punto de partida que la experiencia y las emociones no son un constructo meramente personal e individual, sino más bien social22, el otro aspecto que es necesario destacar es que la experiencia no debe entenderse como un elemento naturalizado, sino como un proceso dinámico. De esta manera, la experiencia no se encuentra determinada en el sujeto o en el grupo social de referencia sino que es el ser social (individual o colectivo) el que es el resultado de sus experiencias. Así que si pensamos a la experiencia como un proceso dinámico o como muchos micro-procesos que se yuxtaponen, esto se reflejará en términos metodológicos en realizar una recolección y análisis de los datos que se acerque más a una epistemología constructivista (experiencia como una interpretación) más que a una epistemología neo-positivista (experiencia como un conjunto de informaciones con respecto a una determinada realidad)23. Aunque se intuye que es una experiencia, sin duda en el momento del análisis nos puede surgir la duda de cuáles son las experiencias valiosas de ser analizadas. Con respecto a esto, nos resultan útiles las reflexiones desarrolladas por Wilhelm Dilthey24, que distingue entre una mera experiencia y una experiencia. Mientras una mera experiencia es simplemente la duración y la aceptación pasiva de sucesos, una experiencia se caracteriza por el proceso de significación que 19 20 21 22 23 24

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hace el sujeto, es decir, por la necesidad por parte del sujeto de encontrar algún significado a su experiencia. Además, las personas vinculan este significado a un determinado proceso emocional, en cuanto son las emociones las que permiten re-vivir o re-significar las experiencias pasadas. Siempre siguiendo las reflexiones de Dilthey, en estos procesos de significación de la experiencia vivida, el sujeto intenta unir el pasado con el presente. Las reflexiones de Dilthey son importantes también porque al considerar que la “estructura de la experiencia” no tiene un inicio o un fin, más bien una iniciación y una consumación, fortalece la propuesta que la experiencia es un proceso dinámico. Un último aporte de Dilthey que nos puede resultar útil en el análisis de la experiencia enmarcado en el estudio de la protesta es la distinción entre experiencia formativa y experiencia transformativa. Es decir, experiencias (formativas) que permiten al sujeto aprender y adecuarse a eventos externos como es el proceso de resiliencia en un conflicto, y experiencias (transformativas) que corresponden a la respuesta interna a estos eventos externos y que apuntan a momentos de ruptura como puede ser el cambio de valores o la construcción de un nuevo sentimiento de eficacia en los protagonistas25. Una vez presentado el enfoque del análisis, describiremos las herramientas teóricas y metodológicas a las que acudimos para nuestro análisis. En el siguiente apartado presentaremos la propuesta teórica de Jasper del estudio de la dimensión cultural de la protesta, para seguir explicando cómo metodológicamente nos acercamos a las experiencias narradas por los protagonistas, presentando brevemente los casos de estudio, y qué analizaremos en los datos recolectados. EL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN CULTURAL Y BIOGRÁFICA DE LA PROTESTA La investigación se basa en la propuesta de Jasper26 del análisis de la dimensión cultural de la protesta, que creemos un excelente punto de partida, ya que es el resultado de dos décadas de investigación en los movimientos sociales27. Fundamentándose en un muy profundo conocimiento de las teorías clásicas y en una personal sensibilidad y experiencia investigadora, el autor ha desarrollado una propuesta de análisis crítica que, como veremos, tiene muchos puntos de coincidencia con el enfoque desde abajo e introduce herramientas nuevas para el estudio de la protesta.

25 Piven y Cloward, 1977. 26 Jasper, 1997. 27 El autor en su trayectoria cuenta con un conocimiento profundo de experiencias de luchas de carácter ambiental, especialmente relacionadas con los movimientos antinuclear y por los derechos de los animales.

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Jasper, que critica muy profundamente la literatura clásica de los movimientos sociales28, reconoce que “durante largo tiempo, los estudiosos de la protesta fueron escépticos hacia cualquier cosa de interés que pudiese venir de la cabeza de la gente”29. El autor reivindica la importancia de estudiar estas experiencias porque “los movimientos de protesta son un buen lugar para buscar visiones morales colectivas (…) [y] son unos de los pocos lugares donde podemos ver personas elaborando nuevas sensibilidades morales, emocionales y cognitivas”30. La protesta adquiere así importancia porque es en la protesta donde se ponen en discusión los valores morales, independientemente del éxito o fracaso de la lucha. Jasper además reconoce la necesidad de salir de la visión tradicional de la protesta en su dimensión pública y observa que “los individuos resisten y protestan en muchas formas (…) y hay protesta aun cuando esa no sea parte de un movimiento organizado”31. Se hace así evidente cómo la tendencia de la literatura clásica de los movimientos sociales de mirar sólo hacia los “movimientos desarrollados y coordinados” haya invisibilizado todas las formas individuales de protesta, reduciendo la complejidad de estas experiencias e ignorando “el vórtice de actividad política que todavía existe a nuestro alrededor”32. Sobre la incorporación de la cultura al estudio de la protesta Jasper muestra cómo los estudiosos de la visión clásica “han reducido la cultura a pocas variables, para poderlas insertar en los modelos al lado de los factores más estructurales (léase “objetivos”)33 sin utilizar este nuevo punto de vista para repensar los resultados y teorías existentes”34. Al contrario, él reivindica una visión “culturalmente orientada” del estudio de la protesta porque “a través de la cultura (la nuestra y la de los demás) interpretamos el mundo, definimos nuestro mundo”35, abrazando una visión constructivista de la realidad, que con sus palabras se explica con “la idea según la que los humanos creamos todo lo que conocemos y del que tenemos experiencia, o por los menos los marcos de interpretación a través de los que filtramos toda nuestra experiencia”36. Esa idea, en la que “las tradiciones culturales proveen las herramientas y los patrones para la construcción de vidas que tengan sentido”37, nos lleva al concepto de “artful creativity”, la creatividad que “nos 28 Véase por ejemplo el capítulo 2 de Jasper (1997), Goodwin, Jasper y Polletta (2000) y también Goodwin y Jasper (1999 y 2004). 29 Jasper, 1997, XI. 30 Ibidem, XII. 31 Ibidem, 5. 32 Ibidem, 4. En este caso el autor contesta a los analistas que critican la falta de activismo político en los Estados Unidos, evidenciando que la elección de la mirada influye en lo que finalmente ves. 33 Paréntesis en el original. 34 Jasper, 1997, XI. 35 Ibidem, 10. 36 Idem. 37 Idem.

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permite cambiar el presente no sólo en la protesta, sino en la vida social”38 y que según Jasper es la raison d’être de la protesta. Esa capacidad del ser humano de cambiar se basa en la creencia de que los individuos sienten, piensan, producen y actúan, y que, como escribe Jasper, “no son meros portadores de estructura”39, sino que reelaboran, construyen, crean y cambian. Por esa razón, para comprender esta creatividad habrá que prestar atención al sujeto y a su biografía porque, como escribe el autor, “para entender por qué y cómo la gente se organiza para protestar contra algo que no le gusta tenemos que conocer lo que [las personas] valoran, cómo ven su lugar en el mundo, qué lenguaje utilizan [y] qué etiquetas utilizan”40. Jasper observa que las personas que viven experiencias de lucha “empiezan pequeños cambios, muchos de los cuales se difunden gracias al aprendizaje cultural”41, y así como podemos apreciar que ha ‘invertido’ su mirada hacia los sujetos, y a sus ‘pequeños cambios’, observamos que también reconoce la reflexividad de los sujetos cuando afirma, por ejemplo, que “la gente decide qué hacer y estas decisiones tienen importantes efectos”42. Pero estos elementos no son los únicos que acercan al autor a nuestro enfoque ‘desde abajo’. En la relación sujeto investigador-sujeto investigado, por ejemplo, el autor manifiesta una profunda sensibilidad y respeto hacia el sujeto investigado y estima hacia los que protestan, reconociendo el papel de los que luchan en la construcción de alternativas, en el cuestionamiento y reelaboración de valores y, finalmente, en la relación con el cambio social43, ya que, con las palabras del autor, “quien protesta es a menudo más sensible hacia los dilemas morales que los demás ignoramos, ellos a menudo dan origen a nuevas formas para comprender la complejidad de la vida humana (…) Ellos amplían nuestro lenguaje moral (…) los manifestantes pueden inspirar soluciones prácticas o técnicas a los problemas sociales (…) Son el canario de las minas para el cambio social, con la diferencia que cantan más que morir silenciosamente”44. En cuanto al concepto de cultura, el autor la considera como “un conjunto de creencias, sentimientos, rituales, símbolos, visiones morales y practicas culturales”45. Según esa visión la cultura comprende creencias cognitivas, respuestas emocionales y evaluaciones morales, y tiene un fuerte carácter dual, pudiéndose distinguir en implícita-explicita, individual-colectiva y estática-diná38 39 40 41 42 43 44 45

Ibidem, 11. Ibidem, 65. Ibidem, 11. Ibidem, XII. Idem. Ibidem, 2014b. Jasper, 1997, 13. Ibidem, 48.

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mica. La dimensión implícita de la cultura se reflejaría en las metáforas, las sensibilidades y las costumbres, mientras que en su manifestación explicita encontramos las ideas, las identidades, los principios morales, las emociones expresadas y el lenguaje. Esa última es la que ayuda a definir recursos y estrategias, ya que es en la dimensión implícita que se construye lo que James Scott46 ha llamado el “discurso oculto”. Es importante también entender que hay cultura tanto a nivel individual como colectivo, porque eso nos ayuda a comprender la relación entre sujeto y cambio social. Jasper escribe que “es el individuo el que puede tener una visión del mundo compleja, no una sociedad”47, pero aunque “sólo los individuos piensan, luego comparten estos pensamientos con el resto del mundo”48 dando vida a la que puede ser una nueva cultura porque, como hemos dicho, la cultura tiene también una faceta dinámica, es decir, puede cambiar y pueden crearse subculturas que en nuestros casos serán las subculturas del movimiento o una subcultura de resistencia. Jasper evidencia además la importancia de ver la cultura no sólo en su forma explicita y pública, sino de analizar la dimensión implícita, que no siempre coincide con la pública, porque “las personas pueden dar la vuelta y transformar las visiones culturales [dominantes]”49. Eso pone en evidencia la relación entre cambio social y sujetos ya que “son los individuos quienes crean [la cultura] y luego la comparten con el resto del mundo”50. Jasper, en su propuesta, evidencia la importancia del sujeto para el cambio y defiende la idea de que para entender el cambio hay que considerar no sólo la cultura sino también la biografía de los individuos, es decir todo “lo que pasa dentro de las cabezas de los individuos, especialmente las particularidades individuales que resultan de diferentes experiencias de vida”51. La biografía tiene que ver también con los procesos gracias a los cuales ciertos elementos de la cultura más amplia son seleccionados para usarlos en nuestro arsenal mental y emocional52, en otras palabras, somos lo que hemos vivido y lo que sentimos, conocemos y decidimos en base a experiencias pasadas. Además, “las peculiaridades personales son importantes porque permiten a muchas personas ver el mundo, o los datos, de manera distinta, de sentir diferente y de actuar diferente”53. Aceptar la importancia de la biografía permite acercarnos a la complejidad de los procesos sociales porque si la cultura o la identidad pueden unirnos, la biografía nos hace 46 47 48 49 50 51 52 53

Scott, 2000. Jasper, 1997, 48. Idem. Ibidem, 50. Idem. Ibidem, 397. Ibidem, 54. Ibidem, 224.

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únicos y puede explicar, por ejemplo, la sensibilidad54 que algunas personas tienen hacia ciertos temas y otras no, aun compartiendo cultura, subcultura y hasta una identidad colectiva. Finalmente, lo que resulta importante a la hora de entender el cambio es que “nuestras elecciones y acciones son finalmente formadas por un número infinito de peculiaridades personales y rasgos de personalidad del carácter”55 que no se pueden ignorar en el estudio de la protesta. La aportación de Jasper nos pareció clarificadora y por esta razón hemos querido dedicarle un apartado, para que el lector pudiese conocer la propuesta teórica sobre la que hemos construido nuestro análisis. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN En nuestra investigación, habiendo anclado el concepto de experiencia a las interpretaciones que los mismos protagonistas nos narran, la metodología propuesta además de ser cualitativa debe radicarse en la interpretación de la realidad social como un proceso y una construcción de los protagonistas, y en evidenciar el carácter subjetivo e idiográfico de la investigación56. Nuestra investigación, que es parte de una tesis doctoral57, se basa en cincuenta entrevistas —en algunas interviene más de una persona58— con una duración de entre cuarenta minutos y dos horas, según la disponibilidad del entrevistado. Las entrevistas, que fueron llevadas a cabo en las viviendas de los entrevistados o en lugares públicos como terrazas y jardines donde ellos se sintieran a gusto, han sido grabadas digitalmente, menos en algunos momentos particularmente emotivos, en los que nos pidieron interrumpir la grabación. Para analizar las experiencias y valores de las personas, encontramos sugerencias en la literatura sobre el uso de la narración en las entrevistas. Poggio59 evidencia la importancia de las narraciones tanto como objeto de estudio en las ciencias sociales, como herramienta indispensable de análisis e investigación. 54 “Una palabra que captura la estrecha conexión entre creencias morales y emociones” (Jasper, 1997, 156). 55 Ibidem, 214. 56 El enfoque idiográfico presupone considerar los sujetos no como variables, sino como un todo dentro de su contexto ecológico, social e histórico, que a través de narraciones -en las que emerge su visión e interpretación del mundo- nos permiten acceder a la comprensión de la realidad más allá de un individualismo metodológico (Saltalamacchia, Colón y Rodríguez, 1983 y Saltalamacchia, 1992). 57 Poma, 2013. 58 Al final del capítulo el lector encontrará una tabla con las entrevistas citadas de los tres casos de estudio, en la que hemos puesto el género de las personas entrevistadas, mostrando el grupo de pertenencia y la fecha (mes y año de la entrevista. Cualquier información adicional hubiera podido delatar la identidad de la persona, y tratándose de comunidades pequeñas, para garantizar el anonimato hemos decididito no publicar más datos. 59 Poggio, 2004.

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La autora afirma que “el cuento es vehículo de una verdad, la del sujeto, de su manera de mirar a la vida y de asociarle significados, valores y emociones”60. La importancia de la narración en las ciencias sociales ha ganado prestigio y las ideas expresadas por Barbara Poggio se pueden encontrar en muchos autores entre los que destaca Robert Atkinson, que escribe “el cuento nos entrega una experiencia vivida en su forma más pura (…). El cuento es una forma preciosa de conocimiento, un sistema de construcción de significado, que permite comprender lo que se considera único por algunos y universal por otros, y de cómo tanto lo único como lo universal son parte de un todo dinámico e interactivo”61. En cuanto a los casos de estudio de la investigación fueron: la lucha contra el embalse de Riaño (1986-1987), en la provincia de León en el norte de España; la lucha por la defensa del río Grande en Coín (2006-2007), en la provincia de Málaga en el sur de España; y la resistencia contra la presa de San Nicolás en San Gaspar de los Reyes (2004-2005), en el estado de Jalisco, en el norte-occidente de México. Los tres casos son muy diferentes entre sí, pero se han incorporado con el objetivo de confirmar si se había dado el cambio cultural que queríamos analizar en lugares y tiempos diferentes. Por eso elegimos dos casos actuales y exitosos, es decir que consiguieron parar la presa que amenazaba su territorio, Málaga (España) y Jalisco (México), y otro caso más antiguo, Riaño (España), que terminó con el desalojo e inundación de los pueblos. La lucha contra el embalse de Riaño fue elegida por ser un caso emblemático ya que representa el sufrimiento y el dolor proporcionado por una política autoritaria que, en nombre del progreso y del interés general, ha condenado a ocho pueblos a desaparecer bajo las aguas de un pantano. Hemos creído que, tanto por su carga emocional como por su simbolismo democrático, el caso de Riaño era el caso más interesante para ser incorporado al análisis. La presa de San Nicolás en México tenía en común con Riaño una vasta afectación, ya que preveía —en su proyecto— la inundación de los pueblos de San Gaspar de los Reyes y San Nicolás de las Flores, en el municipio de Jalostotitlán, y muchos ranchos y tierras fértiles del municipio de Teocaltiche, ambos en el estado de Jalisco. Desde hacía muchos años se hablaba de una presa en la comarca, pero fue en 2004 cuando la amenaza se hizo real. Algunos afectados de la zona empezaron a organizarse en un Comité local que consiguió parar la obra, con el apoyo de actores externos como el MAPDER (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos) o el comité CASA promovido por los hijos ausentes residentes en EEUU.

60 Ibidem, 12. 61 Atkinson, 2002, 113-114.

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El tercer caso, el conflicto por la defensa del río Grande, en España, involucró al pueblo de Coín (Málaga), que cuenta con unos veinte mil habitantes, y otros pueblos de la comarca, entre los que destacan Cerralba, por su cercanía con el río, y Pizarra, afectado directamente por abastecerse del río Grande. El proyecto preveía un azud (pequeña presa) desde el que hubiera salido una tubería para llevar el agua a Málaga, dejando el río con un caudal muy reducido. Ese proyecto afectaba de forma directa a las huertas tradicionales del pueblo de Coín, preveía la expropiación de tierras y afectaba a casas de campo para la construcción de las tuberías, cambiando también radicalmente el uso recreativo del río. Por todas estas razones los habitantes de Coín y de la comarca se volcaron en el conflicto, consiguiendo que en mayo de 2007 el proyecto de azud fuese oficialmente desestimado. Pasamos ahora al análisis de las emociones y el empoderamiento en los casos arriba mencionados. EMOCIONES Y EMPODERAMIENTO EN TRES EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA CONTRA REPRESAS

En nuestras investigaciones62 hemos podido observar que a raíz de la participación, las personas experimentan cambios en su manera de ver el mundo, en su escala de valores, en sus vidas, y que el análisis de la dimensión emocional es central para comprender estos cambios. El análisis de la dimensión cultural de la protesta incluye tres componentes de la cultura: la componente cognitiva, emocional y moral63. Siguiendo esta idea, el cambio cultural vivido por los sujetos sería el resultados de cambios en estas tres componentes, que no pueden separarse, pero que sí emergen analizando algunos procesos que las personas experimentan durante la experiencia de lucha. En nuestras investigaciones64 hemos seleccionado cinco procesos que hemos considerado relevantes en la producción del cambio cultural: el moral shock65, la elaboración de la amenaza y la identificación de los culpables, el injustice frame66 y por último la transformación de conciencia y de conducta67 que lleva al empoderamiento. En este apartado presentaremos estos dos últimos procesos que permiten comprender cómo la protesta cambia a la gente. Como veremos en el análisis hemos incluido los procesos emocionales que influyen en ellos, pues hasta ahora 62 63 64 65 66 67

Poma, 2013. Gravante, 2015. Jasper, 2014b. Poma, 2013. Gravante, 2015. Jasper, 1997 y 2011. Gamson, 1992. Piven y Cloward, 1977.

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no habían sido incorporados al análisis, ya que como recuerda Jasper68 Piven y Cloward escribieron en un periodo en el que los estudiosos de la protesta negaban las emociones. LA TRANSFORMACIÓN DE CONCIENCIA Y CONDUCTA Para el proceso de transformación de conciencia y conducta acudimos a la definición que proporcionaron Piven y Cloward69, que describieron la trasformación de conciencia que viven las personas que luchan, en tres distintos aspectos. Primero hay una trasformación en ‘el sistema’, es decir, aquellos aspectos del sistema que la gente conoce pierden legitimidad. Los autores explican que un gran número de hombres y mujeres que normalmente aceptan la autoridad de sus gobernantes y la legitimidad de las instituciones empiezan a pensar hasta cierto punto que estos gobernantes y estas instituciones son injustos y están equivocados. El segundo aspecto de la trasformación de conciencia se produce cuando las personas que son normalmente fatalistas, que consideran inevitable el sistema existente, empiezan a reivindicar derechos que implican demandas de cambio. Finalmente, las personas también desarrollarían un nuevo sentimiento de eficacia, que se produce cuando las personas que normalmente se consideran indefensas empiezan a creer que ellas tienen alguna capacidad de cambiar su condición. Los autores terminan diciendo que el cambio en la conducta es igual de sorprendente, y a menudo más reconocible, por lo menos cuando toma la forma de huelgas masivas, marchas o revueltas. Acerca del primer aspecto en el que se manifiesta la transformación de la conciencia y de la conducta, en nuestros casos de estudio hemos podido observar que esa pérdida de legitimidad de las autoridades empieza con el sentimiento de decepción y traición que los sujetos sienten, y en particular hacia los políticos, como se puede apreciar en este extracto: “es muy triste que te des cuenta que la gente que te representa, con la que debes contar un apoyo... es gente de veras bien tapada, ignorante, prepotente... pues todo lo que se pueda decir... Yo lo veo muy triste eso… que esta gente que te debe ayudar, la verdad... no lo haga...” (E.Sg.6).

Esa pérdida de legitimidad se produce a raíz del trato reservado a los que protestan, pero es también consecuencia de lo que a nivel popular se define como “añadir insulto a la injuria”, es decir, no sólo se engaña a la gente, sino que se 68 Jasper, 2014a. 69 Piven y Cloward, 1977.

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hace de manera continuada e insolente. Las razones que llevan a esa pérdida de legitimidad se encuentran en las actitudes de los representantes políticos que engañan a los ciudadanos, como muestra este testimonio: “allí te fallaron todos, pues la administración y todo eso te engañaba” (E.Ri.4).

La pérdida de legitimidad de los políticos se debe también a la práctica de los representantes institucionales de mostrar interés hacia el pueblo sólo en ocasión de los eventos electorales: “lamentablemente el gobierno cuando está sentado se olvida de todo, de dar explicaciones y de todo, y el pueblo sí que anda buscando la respuesta” (E.Sg.5).

Terminando con el primer aspecto de este proceso, hemos podido comprobar también que la pérdida de legitimidad hacia los políticos se traduce en la pérdida de legitimidad hacia el sistema democrático, como se puede apreciar en este testimonio: “Perdí la fe en la democracia... aquí en México tenemos una democracia carísima, pero como que no es democracia... yo siento que no es democracia aquí (…) antes sí creía yo que había democracia...pero con estas cosas que he visto... cómo le hacen no sé...” (E.Sg.7).

En sintonía con este hombre mexicano, un entrevistado andaluz afirmó que “la democracia es un día” (E.Co.1), frase con la que subraya que fuera del día de las elecciones los ciudadanos no son escuchados, mientras que en Riaño las expectativas y la esperanza que la democracia70 pudiese salvar a su valle y pueblos, se convirtieron en resentimiento y desconfianza, como afirma este entrevistado que tampoco ya cree en la democracia: “Después de lo vivido, para mí parece que [la democracia] no existe…” (E.Ri.2)

También la idea de progreso es puesta en discusión. Primariamente, el progreso es percibido como algo negativo para las personas que han vivido estas experiencias, ya que los proyectos a los que se oponían era presentados, en el discurso oficial de políticos y promotores, como elementos de desarrollo y progreso. Secundariamente, el progreso lleva consigo injusticia, ya que sólo es efectivo para los promotores de las obras, mientras que los habitantes de las zonas afectadas son perjudicados, como se puede leer en estos testimonios: “ lo que iban a hacer era destrozar nuestra tierra, y eso no es progreso, eso es progreso para unos cuantos, pero no es progreso para todo el mundo” (E.Co.4).

70 La presa de Riaño construida durante la dictadura de Franco, fue puesta en marcha por el primer gobierno socialista en 1987, a pesar de las promesas electorales de desestimación del proyecto durante las primeras elecciones democráticas de 1982.

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“en este caso la presa, sí, va a beneficiar a muchos, ¿pero a cuántos iba a fregar? Entonces cómo [puede ser] un progreso... cuando para ayudar a unos estás fregando a otros” (E.Sg.6).

Finalmente, como hemos destacado en otras investigaciones71, la pérdida de legitimidad del sistema se puede observar también en el proceso de deslegitimación de los medios de comunicación que son considerados instrumentos del poder, cuya información está manipulada, viene usada en contra de los colectivos que protestan y presentan una realidad en la que los afectados no se reconocen. Esa la experiencia de un afectado de Coín: “los medios de comunicación además nos hicieron un cerco informativo tremendo, nos costó mucho romperlo” (E.Co.2).

En los medios oficiales no hay espacio para los sujetos, para las luchas locales, como denuncia un fautor de la recuperación del Valle de Riaño72, pero en todos los casos de estudio los actores construyeron relaciones con medios locales permitiéndoles superar el cerco informativo: “ellos [el gobierno] querían manejar sus cosas a su modo, el gobierno, pero nosotros teníamos quién nos estuviera respaldando [más de un periodista local], sacando exactamente qué fue lo que pasó... no que fueran a envolverlos con puras mentiras” (E.Sg.5).

Otra consecuencia directa de la pérdida de legitimidad de los medios de comunicación es el éxito de los medios alternativos, como pueden ser las redes sociales, la plataforma Youtube o los blogs, en los que las personas hacen su propio medio: “hay los mass media que controlan toda la información y ellos son los que deciden lo que se publica y lo que no se publica. Entonces, por mucho que tú intentes, tienes que buscarte siempre medios alternativos” (E.Co.7).

Esa búsqueda de alternativas nos conduce a la segunda etapa de la trasformación de conciencia y conducta que describieron Piven y Cloward, que se produce cuando las personas empiezan a demandar derechos que implican demandas de cambio. Por ejemplo, en los casos de éxito, los entrevistados expresan la necesidad de un cambio, pidiendo mayor respeto y transparencia de la clase política hacia las personas: “el político tiene que hablar bien aunque no diga nada, debería cambiar eso, esa es otra cultura que debería de cambiar” (E.Co.7). 71 Poma y Gravante, 2014. Poma, Sierra y Gravante, en prensa. 72 “En la prensa todo el juego este que yo ahora he montado sólo sale el que puede y el que tiene influencias, pero no sale de verdad el fundamento y la importancia de ese fundamento… que cada persona tiene su lucha, no trasciende porque hay una barrera política” (E.Ri.1).

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En el caso de Riaño, a causa del fracaso, la demanda de cambios no es tan común. Aun así, después de veinticinco años un grupo de afectados que resistieron al desalojo e inundación de Riaño se ha auto-organizado en la “Asociación por la recuperación del Valle de Riaño” y sigue pidiendo justicia, como se puede leer en este extracto: “yo sigo creyendo que eso está pendiente de justicia de verdad, no de justicia de los jueces, otro tipo de justicia, la Justicia con mayúsculas” (E.Ri.1).

Como hemos podido apreciar en esta primera parte del análisis de los primeros dos aspectos de la transformación de conciencia, los cambios que las personas experimentan están producidos por lo que ellas sienten y piensan (componente emocional y cognitiva), produciendo efectos en la componente moral, como se pudo ver en la puesta en cuestión de la idea de democracia y desarrollo, o de la práctica de la delegación, que produce a su vez cambios en la conducta. Todos estos cambios son descritos por los entrevistados de los tres casos de estudio a través de una metáfora: el despertar. “me di cuenta de que en Coín había despertado todo el mundo” (E.Co.5) “fue como que todo eso también despertó más el pueblo” (E.Sg.9) “eso era la realidad, es que no teníamos ni idea de nada…y esta gente nos abrió los ojos” (E.Ri.5)

Ese despertar producido por la experiencia de lucha nos conduce al último aspecto de la transformación de la conciencia y la conducta, es decir, la emergencia de un “nuevo sentimiento de eficacia”, que se produce en las personas que se consideran políticamente impotentes y que a raíz de la experiencia de protesta comienzan a creer en su capacidad para cambiar las cosas, introduciéndonos esto al proceso de empoderamiento.

EL EMPODERAMIENTO El empowerment, inicialmente propuesto en el marco de la psicología de comunidad en los años sesenta, y muy pronto utilizado en distintas disciplinas, incluida la política, indica el proceso, individual y colectivo, de adquisición del poder, no como “poder sobre alguien” sino como “poder de”, como potencialidad73. En política el empoderamiento, que además Wood identifica como un beneficio emocional de la participación en un movimiento, que empieza con el “despertar” 73 Dallago, 2006.

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antes comentado, y puede continuar en un proceso de auto-emancipación consecuente a la toma de conciencia. Drury y Reicher74, así como Lake75 o Krauss76, reconocen que el proceso es uno de los resultados de los movimientos, que lleva a un cambio social, y que depende de las emociones experimentadas en la protesta. Por esta razón, entre las muchas definiciones de empoderamiento que se pueden encontrar en la literatura, hemos decidido referirnos al empoderamiento como “una condición socio-psicológica de confianza en las habilidades de uno que desafía las relaciones existentes de dominación”77. Aun siendo un concepto de amplia envergadura, estamos de acuerdo con los autores cuando afirman que siguen empleando este concepto “no sólo porque lo utilizan las mismas personas que están involucradas en los movimientos sociales78, sino porque captura aspectos de la experiencia —en particular las concomitantes alegría, entusiasmo y placer emocional— que la mera “eficacia”, una explicación del poder subjetivo como un calculo esencialmente racional, no hace”79. Finalmente, creemos que ese concepto resulta idóneo en nuestro análisis porque nos permite complementar el proceso de toma de conciencia antes descrito y porque incorpora dos niveles de cambio, el individual y el social. Como escribe Dallago “el concepto de empoderamiento subraya, en el ámbito político, la estrecha interdependencia que existe entre el cambio individual y el cambio social”80, como veremos a continuación analizando tanto la “dimensión política” como la “dimensión psicológica” o individual del empoderamiento81. Uno de los cambios observados en relación con el empoderamiento es la pérdida del miedo hacia la autoridad, como comenta este entrevistado: “Yo siento que desde entonces no le tengo miedo ni al gobierno, ni a nadie... son humanos también, y también tienen miedo igual que la gente” (E.Sg.4).

La superación del miedo o “fear abatment”82, es uno de los resultados de la participación en un movimiento y es un proceso colectivo que crea vínculos profundos entre las personas, algo que hemos mostrado en otros escritos83.

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Drury y Reicher, 1999, 2000 y 2005. Lake, 1993. Krauss, 1989. Drury y Reicher, 2005, 35. Ese aspecto lo subraya también Jasper, 1997, 11. Drury y Reicher, 2005, 54. Dallago, 2006, 11. Friedmann, 1998. Johnston, 2014. Poma, 2014a y 2014b. Poma y Gravante, 2015.

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En los casos de Coín y San Gaspar el empoderamiento se manifiesta también en la toma de conciencia de que el gobierno no es todopoderoso y del poder que tienen los ciudadanos: “somos ciudadanos que votamos, que damos decisiones para que estos gobernantes que son elegidos nos escuchen, que se haga valer este derecho que tenemos, a expresar nuestra libertad de expresión, nuestras inquietudes, nuestras inconformidades” (E.Sg.1).

En el caso de Riaño hemos podido observar que durante la resistencia surgieron experiencias de auto-organización, ya que los jóvenes que vivían en Riaño antes de los desalojos se empeñaron en mantener el pueblo que se estaba dejando morir, como muestra este extracto: “en estas épocas colaboré todo lo que pude, y de hecho yo estuve unos años al frente de la juventud, de presidente de una sociedad de mozos, (…) siempre mirando de atraer a la gente para que lucharan con nosotros” (E.Ri.2)

En los casos de Coín y San Gaspar el empoderamiento está fortalecido por el éxito del conflicto, mientras que en el caso de Riaño se experimenta durante la resistencia, pero no en relación con el resultado ya que perdieron su lucha. Aun así, en todos los casos las personas entrevistadas reconocen la importancia y legitimidad de la lucha, a pesar de sus resultados: “ha quedado la experiencia de saber de que te puedes manifestar y alguna vez hay alguien que te escucha” (E.Co.1) “hay que luchar en lo que se cree aunque la batalla esté perdida de antemano (…) había que seguir, tampoco se lo vas a poner fácil” (E.Ri.3) “a cada quién le daba consuelo luchar por lo que tú quieres... ya si no se logra, el consuelo tú lo tienes personal... si el pueblo hubiera decidido vender, a mi me había dado consuelo pensar que yo, hasta donde yo pude, yo luché por lo mío” (E.Sg.5).

Las personas empoderadas no sólo consideran la lucha como una vía legítima para defenderse y actuar contra las injusticias, sino que también reconocen la importancia de la unión para conseguir sus objetivos: “Aprendí eso sobre todo… que si nos unimos que tenemos mucha fuerza” (E.Co.6).

El empoderamiento se manifiesta también en la conciencia de la responsabilidad de los ciudadanos que, por ejemplo, en el caso de Riaño se manifestó en la toma de los ayuntamientos de la comarca por parte de jóvenes anti-presa poco antes de los derribos, y en otras ocasiones en la conciencia de que los mejores representantes de los ciudadanos son ellos mismos, aunque no tengan experiencia:

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“hubo otras ocasiones en que querían que nos representaran personas más preparadas, que sabían hablar (…) yo creo que tiene más valor la ponencia de una persona que está viviendo el problema que alguien que va a hablar muy bonito y exponer (...) creo que cuenta más el dicho de la persona afectada... aunque no lo puedan entender muy bien...” (E.Sg.7).

Durante estos conflictos el empoderamiento es también el resultado de la implicación de las personas en los comités o plataformas que se constituyen en las comunidades: “ves que de pronto tú tienes un apoyo que te da toda la fuerza del mundo para decir… bueno toda la fuerza y a la vez toda la responsabilidad y toda la carga que nosotros sentíamos, porque para nosotros era una cosa también tan sagrada que la gente nos apoyara” (E.Co.8).

El empoderamiento es una consecuencia del abandono por parte de las autoridades de sus responsabilidades, ya que las personas, conscientes de que nadie les podrá resolver sus problemas, deciden organizarse y luchar en contra del proyecto y eso produce el proceso de empoderamiento: “fue cuando nosotros sentimos que ante nadie, o sea ante nadie tenía valor lo que nosotros estábamos defendiendo, era una lucha de la comunidad nada más, sin ninguna autoridad, sin ningún partido político y sin ningún apoyo, ni religioso, ni de ningún lado, era rifárnosla nosotros solos, y así nos aventamos, se unió la comunidad, y salimos adelante” (E.Sg.9).

Concluyendo, el éxito de una lucha tiene el gran poder de devolver la esperanza de poder cambiar las cosas, que como hemos visto es uno de los resultados del empoderamiento: “aprendes sobre todo que es posible cambiar las cosas, si realmente entre todos queremos (…) y allí es donde está el cambio realmente (…) el confiar y decir ‘no todo está perdido’” (E.Co.3).

En cuanto a la dimensión individual del empoderamiento, hemos podido observar en nuestros casos de estudio que la experiencia de resistencia produjo cambios en las personas. Estos cambios individuales también se pueden considerar políticos, ya que personas empoderadas se convierten en sujetos políticos que reelaboran valores e ideas, como veremos a continuación. En cuanto a los cambios en la dimensión individual, los sujetos expresan que ahora tienen mayor confianza en sí mismos, como muestra el testimonio de este hombre:

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“fue como un momento que me hizo revalorarme, o sea descubrir quizás capacidades que no había desarrollado, o sea como que me revaloré a mí mismo (...) No me imaginaba el cambio que iba a traer esto en mí realmente (...) descubrí que yo podía también, podía tener la capacidad de hablar (…) fueron momentos que sí despertaron en mí otro tipo de persona que no era yo” (E.Sg.1).

El empoderamiento individual se observa también en la capacidad adquirida por los sujetos de hacer cosas que antes hubieran sido impensables, como subir a un tejado para defender su casa de un desalojo en el caso de Riaño o hablar en público: “fue una experiencia algo difícil... exponerte en público a hablar... sí es algo crítico para uno... nunca lo había hecho, tuve dificultades, pero a mi manera lo llegué a hacer...” (E.Sg.7).

Ese cambio se refleja en el aumento de la autoestima de las personas, pero también en su manera de estar en el mundo, como en estos casos: “soy más solidaria con todas las cosas… sobre todo con la gente que lucha por cualquier cosa, más comprensible con toda la gente, que yo antes… no” (E.Ri.5) “[He aprendido] a creer un poco más en el ser humano… cuando se sabe enseñar a la gente, educar, la gente se presta” (E.Co.7).

El conflicto también hace que se redescubra o revalorice la solidaridad, valor que, gracias al conflicto y a las personas que respaldan o se unen a la lucha, adquiere una gran importancia para las personas involucradas. En nuestros casos este valor redescubierto, porque nuevo no es, y que uno de los actores denomina ‘interdependencia solidaria’, se fundamenta en la experiencia positiva de colaboración y cooperación: “yo creo que esto es algo que todo ser humano debería de tener en mente «Qué puedo aportar a los demás» Por todos, porque a fin de cuentas es una interdependencia solidaria que debemos de tener, esto es un concepto importante para todos los seres humanos y sobretodo los que vivimos en una comunidad tan pequeña como esta, hermanar los lazos que tenemos... ya sea de amistad, de consanguinidad, de parentesco, eso seguirá siendo mi concepto: luchar por las causas justas” (E.Sg.1).

La reconfiguración de la escala de valores es un resultado de estas experiencias, que las eleva a luchas políticas, ya que los valores que se redescubren y toman fuerza están en contraposición con los valores hegemónicos, de individualismo y competitividad. Otro cambio, a nivel individual, consecuente al conflicto y que nos parece muy interesante, es el relativo a los prejuicios hacia determinados colectivos, como el ecologista, o más en general hacia quien lucha.

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La práctica de la resistencia permite conocer más en profundidad a personas que pertenecen a estos colectivos, a confrontarse y a encontrarse en el lugar de los que tienen que luchar para defender su territorio, que anteriormente no comprendían porque sólo los habían visto a través de los medios de comunicación, es decir, con las lentes de la ideología dominante: “muchas veces que ves en la televisión manifestaciones y dices ‘ah, gente borlotera, y esto y el otro’ yo decía primero, y ya hoy no, hoy digo ‘están bien, porque están defendiendo sus causas’ y es lo mismo que nosotros andábamos haciendo también” (E.Sg.9).

Los ecologistas en particular no gozan de buena reputación en España. En el campo, la gente los considera como un peligro, porque pueden denunciar irregularidades en las actuaciones y, a veces, sus valores medioambientales chocan con los hábitos y valores de la gente que vive del campo, pero la práctica y la colaboración puede romper este recelo, como afirma esta mujer: “Los ecologistas. Que no son tanto como yo pensaba, que son de otra manera (…) a mí me caían fatal (…) la idea que yo tenía de ellos… que eran unos ogros, que no te dejaban ni respirar casi (…) [pero] conocimos a gente ecologista muy maja… a mí sí me hizo cambiar la idea de que no se puede juzgar a la gente por la apariencia” (E.Ri.5).

También en Coín un hombre mayor nos confirmó que al principio no confiaba en los “peludos” de la coordinadora, por ser jóvenes y por ser ecologistas, que entraban en conflicto con la comunidad de regantes, pero afirma también que cambió de idea y que los estima mucho, ya que trabajaron muy bien: “al principio me parecían malos (…) [pero] se portaron los muchachos muy bien (…) cambiamos de idea” (E.Co.10d).

La experiencia del conflicto, poniendo personas muy distintas entre sí a trabajar codo con codo, teniendo un objetivo común, influye en el fortalecimiento de la base de la sociedad, muchas veces dividida a causa de creencias, valores e ideologías alimentadas por los discursos oficiales. De esta forma, a través de la experiencia del conflicto se va desarrollando una identidad colectiva antagónica a los grupos dominantes, es decir una profunda distinción entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’. Este proceso de auto-identificación favorece una “transformación socialpsicológica positiva” que además de favorecer el sentido de unidad y de soporte entre las personas, induce a los protagonistas a un empoderamiento colectivo84.

84 Drury y Reicher, 2009.

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Este último elemento hace que estas experiencias se conviertan en luchas políticas, en las que se empieza a poner en duda el sistema vigente. En nuestros casos, la puesta en discusión de los valores del capitalismo empieza por la defensa de la importancia de las relaciones humanas frente al bienestar económico, como se puede apreciar en este extracto: “vale más no tener nada y estar en casa, con tu gente, con tus amigos, que todo el oro que te pueden dar, a mí me hubieran podido construir el mejor chalet, en Benidorm, en León, en Madrid, donde fuera, que como la casa mía en Riaño no lo iba a cambiar” (E.Ri.2)

Las personas, gracias al conflicto, ponen en duda el concepto mismo de valor, que para el sistema es exclusivamente monetario, es decir, lo que no se puede cuantificar crematísticamente no existe, mientras que para las personas es algo inmaterial, relacionado con su identidad, recuerdos, sentimientos, etc., como refleja este extracto: “Dije ‘porque ustedes van a pagar las casas, las tierras, todo van a pagar. Y nuestras raíces, ¿cuándo nos la van a pagar? ¿qué precios tienen nuestras raíces de nosotros? Ningún precio tiene la raíz’” (E.Sg.10).

En Riaño, el hecho de haber perdido los pueblos, las tierras, los vínculos y las relaciones humanas, así como su medio de vida, ha puesto en evidencia el valor no monetario de lo que tenían, como se puede apreciar en este testimonio: “el que te echen de tu casa, te separen de tu familia, de tus amigos, de los vecinos de toda la vida, eso no hay dinero que lo pague” (E.Ri.2).

Este proceso de redefinición de los valores y la puesta en discusión del valor monetario tiene particular importancia ya que puede ser un camino hacia la puesta en discusión del mismo sistema capitalista, que se basa en el crecimiento infinito y en la acumulación de capital, mientras que las personas aprenden a vivir con lo que tienen, como expresó este entrevistado: “yo no tengo por qué renunciar a mi forma de vivir, si yo puedo vivir con 10, por qué tengo que coger 40, cuando yo sé perfectamente que estos 30 de más le van a faltar a otro. Yo no quiero renunciar a lo que tengo, ni yo abogo por tirarlo todo (…) si se tiene esto, hay que ir a por esto, si tú ni siquiera lo vas a disfrutar [lo demás]” (E.Co.6).

Por último, podemos afirmar que gracias a estas experiencias se llega a la revalorización de lo sentimental frente a lo material, o con palabras de Antonio Machado a no confundir valor y precio, como se puede apreciar en este testimonio:

EMOCIONES Y EMPODERAMIENTO EN LAS LUCHAS PARA LA DEFENSA DEL AGUA

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“el dinero es ciego, y el dinero te hace perder la noción de lo que de verdad vale lo tuyo, vale este muro, vale esta huerta, si pierdes esta noción estás jodido” (E.Ri.1).

Ese aspecto es muy importante, no sólo porque hemos apostado por las emociones para comprender la protesta, sino porque nos reconduce a la relación entre la dimensión técnica y moral de los conflictos socio ambientales. Los promotores de las obras y los que tienen el poder en general, se atrincheran en los argumentos racionales, técnicos y científicos para defender sus decisiones o actuaciones. Como acabamos de demostrar, hay cosas que aunque técnica o científicamente son correctas y factibles, no lo son desde el punto de vista moral o sentimental. Como afirmó uno de los padres de la Nueva Cultura del Agua en España, “no todo lo que técnicamente es posible, ni todo lo monetariamente pagable es permisible”85. El autor, desde su conocimiento de la hidrología y los mecanismos naturales, su amor y pasión por los ríos y su sensibilidad, declara que “el agua se ha convertido en una auténtica moneda de cambio de los poderes políticos y económicos que la tecnología es capaz de llevar desde el Pirineo a Cabo Trafalgar, porque los costes medioambientales, la oferta de calidad natural, la pérdida de los valores patrimoniales y de expectativa de las comarcas afectadas, no cuentan. —Y añade— Tampoco cuentan los derechos de las generaciones venideras”86. Por último, queremos destacar que el empoderamiento no está relacionado sólo con la eficacia, sino más bien con las emociones positivas y con la energía emocional87 que caracterizan la experiencia, desde la satisfacción de que es posible cambiar las cosas, consecuente al éxito del conflicto, como en los casos de Coín y San Gaspar: “al final, con lo que te quedas es con eso: ¡es posible! Si te lo curras, y crees en la historia, y tienes esperanza, y defiendes realmente porque crees en la historia, es posible que se pueda cambiar algo…yo me quedo con eso…” (E.Co.3).

Pero también tiene que ver con el consuelo de haber hecho todo lo posible para salvar el pueblo: “por lo menos lo intentábamos, queríamos intentarlo y que no nos quedara el remordimiento de no haber luchado por ello. Tengo la conciencia muy tranquila porque hice lo que pude y si no se salvó desgraciadamente fue porque no pudimos salvarlo, pero intentar lo intentamos, y te queda por lo menos esta satisfacción de haber luchado por ello” (E.Ri.2).

Para concluir, la elección de trabajar con personas ‘comunes y corrientes’ nos ha permitido observar el empoderamiento muy claramente, ya que como 85 Martínez Gil, 1997, 31. 86 Ibidem, 32. 87 Collins, 2012. Jasper, 2011.

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afirman sobre todo los entrevistados de Riaño y San Gaspar, tuvieron que partir desde cero, ya que no tenían ninguna experiencia previa, como afirma esta mujer: “éramos gente que no teníamos mucha idea de nada… hacía poco que había llegado la democracia y nosotros no sabíamos… y luchamos con lo que podíamos” (E.Ri.5).

Eso también ha influido en la carga emocional que acompañaba a estos procesos, ya que la puesta en juego es muy alta, el contendiente muy fuerte y las personas tuvieron que superar sus miedos y actuar, como afirmó esta mujer: “sabes que… ni habla uno puros disparates, porque te gana la emoción, te gana el coraje (…) y sientes tanto coraje contra la persona que les estás diciendo… no es uno tan bueno para hablar, pero sí se defiende uno” (E.Sg.9).

Terminamos aquí el análisis del empoderamiento que hemos observado en los tres casos de resistencia contra represas, que como se pudo leer en los extractos y narraciones es el resultado de la experiencia de las personas que sienten, piensan y actúan, y haciendo eso experimentan cambios a nivel individual y colectivo, que los convierten en sujetos políticos empoderados. CONCLUSIONES En nuestro trabajo hemos presentado un análisis del proceso de transformación y empoderamiento de los habitantes de tres pueblos amenazados por represas en España y México que se auto-organizaron para defender su territorio. Haber comparado la experiencia de los sujetos en tres experiencias de luchas diferentes en geografía, periodo, cultura y afectación nos ha permitido resaltar el cambio cultural que los sujetos experimentan a raíz de su participación en la protesta. Ese cambio, como hemos anticipado en la introducción del análisis, está producido por alteraciones en las componentes cognitiva, emocional y moral. Por ejemplo, vimos como la desconfianza y el sentirse engañados provoca una deslegitimación de la clase política que a su vez produce un alejamiento del valor de la delegación. La superación del miedo y la autoestima hacen que la gente se empodere y desarrolle un sentimiento de eficacia política; la recuperación de la esperanza permite que vean la lucha como una vía para defender sus derechos o territorio. Pero además pudimos observar que la experiencia que se constituye por sentir, pensar y actuar (componentes emocionales y cognitivas) produce un cambio en principios y valores como la democracia y el progreso (componente moral). Para resumir, considerando que la experiencia se constituye de emoción, cognición y moral, los cambios en estas tres componentes son los que producen un cambio cultural.

EMOCIONES Y EMPODERAMIENTO EN LAS LUCHAS PARA LA DEFENSA DEL AGUA

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Ese cambio cultural está delimitado a la vida de las personas y su entorno (nivel micro y a veces meso), pero es más complejo relacionarlo con un cambio cultural o social a nivel macro, aunque estamos de acuerdo con Hochschild88 que afirma que para que cambien las estructuras deben producirse cambios en lo que hacemos y en lo que sentimos. Siguiendo a la autora, un cambio de estructura requiere un cambio de cultura emocional89, aspecto que como afirma Jasper90 no ha sido analizado sistemáticamente en el estudio de la acción política, laguna que esperamos poder colmar en futuras investigaciones. Para concluir, nuestro estudio evidencia que la experiencia de protesta se convierte en una experiencia (transformativa), independientemente de los resultados de la misma. En otras palabras, la experiencia es un momento de ruptura durante la cual los sujetos empiezan a sentir nuevas emociones, reflexionar sobre el mundo, reelaborar ideas y valores, pudiendo emprender un camino de auto-emancipación. El reto para el futuro será seguir explorando el papel de la dimensión emocional en este proceso de cambio que caracteriza las experiencias de lucha. BIBLIOGRAFÍA Atkinson, R. 2002: L’intervista narrativa. Raccontare la storia di sé nella ricerca formativa, organizzativa e sociale. Milano, Raffaello Cortina Editore. Bergua Amores, J. Á. 2007: “La gente”, en Intersticios, Revista sociológica de pensamiento crítico, 1,1, 18-36. Burningham, K. 2000: “Using the Language of NIMBY: a Topic for Research, not an Activity for Researchers”, en Local Environmental: The International Journal of Justice and Sustainability, 5, 1, 55-67. Collins, R. 2012: “C-escalation and D-escalation: a Theory of the Time-dynamics of Conflict”, en American Sociological Review, 77, 1, 1-20. Dallago, L. 2006: Che cos’é l’empowerment. Roma, Carocci Editore. Dear, M. 1992: “Understanding and Overcoming the NIMBY Síndrome”, en Journal of the American Planning Association, 58, 3, 288-301. Della Porta, D. y Piazza, G. 2008: Le ragioni del no. Le campagne contro la TAV in Val di Susa e il Ponte sullo Stretto. Milano, Feltrinelli. Della Porta, D. y Diani, M. 1997: I movimenti social. Roma, Carocci. Della Porta, D. y Keating, M. 2008: Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge, Cambridge University Press. Devine-Wright, P. 2009: “Rethinking NIMBYism: the Role of Place Attachment and Place Identity in Explaining Place-Protective Action”, en Journal of Community & Applied Social Psychology, 19, 426–441. 88 Hochschild, 1996. 89 Hochschild, 1979 y 1996. 90 Jasper, 2011.

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EMOCIONES Y EMPODERAMIENTO EN LAS LUCHAS PARA LA DEFENSA DEL AGUA

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TABLA DE LAS ENTREVISTAS CITADAS SIGLA

Genero (H/M)

E.Sg.1

H

Miembro del Comité Pro San Gaspar

Noviembre 2010

E.Sg.4

H

Miembro del Comité Pro San Gaspar

Noviembre 2010

E.Sg.5

M

Miembro del Comité Pro San Gaspar

Noviembre 2010

E.Sg.6

M

Miembro del Comité Pro San Gaspar

Enero 2011

E.Sg.7

H

Afectado Teocaltiche

Enero 2011

E.Sg.9

M

Miembro del Comité Pro San Gaspar

Enero 2011

E.Ri.1

H

Resistente durante los desalojos de los ‘80

Agosto 2010

E.Ri.2

H

Resistente durante los desalojos de los ‘80

Agosto 2010

E.Ri.3

H

Resistente durante los desalojos de los ‘80

Agosto 2010

E.Ri.4

H

Resistente durante los desalojos de los ‘80

Mayo 2011

E.Ri.5

M

Resistente durante los desalojos de los ‘80

Mayo 2011

E.Co.1

H

Habitante Coín, Afectado material

Marzo 2010

E.Co.2

H

Habitante Coín, Afectado material

Marzo 2010

E.Co.3

M

Habitante Coín, asociación

Mayo 2011

E.Co.4

H

Habitante Coín

Mayo 2011

E.Co.5

M

Habitante Coín

Mayo 2010

E.Co.6

M

Habitante Coín

Mayo 2010

E.Co.7

H

Habitante Coín, asociación

Mayo 2010

E.Co.8

H

Habitante Coín Activista Local

Mayo 2010

E.Co.10d

M

Habitante Coín

Mayo 2011

Fecha entrevista

AGUA, SALUD Y DESARROLLO

Inclementes y culpables: las lluvias en las relaciones socioambientales de la Costa Rica liberal. Impacto socioeconómico y respuestas institucionales (1860-1940)1 Inclement and Culpable: Rainfall in the Socio-environmental Relations in Liberal Costa Rica. Socio-economic Impact and Institutional Response (1860-1940) Anthony Goebel-Mc Dermott Ronny J. Viales-Hurtado Centro de Investigaciones Geofísicas y Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Universidad de Costa Rica. [email protected], [email protected]

Este artículo establece algunas de las múltiples interacciones posibles entre la evolución de las precipitaciones, como uno de los factores climáticos de mayor incidencia histórica en las sociedades humanas, y la dinámica económica y socio-ambiental de Costa Rica, en un período en el que, al tiempo que se consolidaba como Estado-Nación y se definía de forma definitiva su rol agroexportador en el mercado mundial, se construían nuevas relaciones con el medio biofísico, guiadas por la dominante e incuestionable ideología del “progreso”. Palabras clave: Historia social del clima; régimen de precipitaciones; ambiente y sociedad; Estado liberal; Costa Rica.

1 El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación VI-805-A8-192 “El clima en la historia de Costa Rica: trayectoria y percepciones (1860-1940)”, adscrito al Programa de Estudios Sociales de la Ciencia, la Técnica y el Medio Ambiente (PESCTyMA) (VI-805-A4-906) del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, que contó con la colaboración de la Escuela de Historia. Es un homenaje póstumo a la licda. Flora Solano por su desinteresada colaboración y aportes, especialmente en lo que respecta a algunos de los datos meteorológicos de los primeros años del período estudiado y como un reconocimiento por su amplia colaboración en los más diversos proyectos y actividades académicas llevadas adelante en el marco de dicho programa.

128

ANTHONY GOEBEL-MC DERMOTT Y RONNY J. VIALES-HURTADO

INTRODUCCIÓN: EL CLIMA Y LA HISTORIA No existen dudas sobre las múltiples formas en que las condiciones climáticas alteran las actividades humanas. Su impacto socioeconómico, ambiental e inclusive psicológico ha sido objeto de análisis provenientes de las perspectivas y disciplinas más variadas. El clima, empero, dista mucho de ser estático, o a lo sumo permitir el análisis estrictamente desde la larga duración braudeliana. Desde las glaciaciones mundiales hasta los fenómenos de impacto local como los tornados, el clima ha incidido sobre la forma en que los seres humanos hemos estructurado nuestras propias sociedades. De manera análoga a otras dimensiones del mundo natural, y como parte de la “lógica” de la modernidad occidental construida trabajosamente en los siglos de las “revoluciones” —la científica, la energética, la intelectual y como corolario la industrial2— al clima se le ha procurado “dominar”, controlar3 y hasta capitalizar. Las sociedades dedicadas mayoritariamente a la agricultura han sido particularmente dependientes de los cambios climáticos de larga data, especialmente aquellos de carácter cíclico como el Niño y la Niña, así como de los fenómenos meteorológicos localizados y específicos. Las variaciones en los regímenes de precipitaciones, por ejemplo, han tenido —y tienen en la actualidad— un profundo efecto en el desarrollo de los más diversos cultivos estacionales, de la misma forma en que otros fenómenos no sólo afectan a la productividad agrícola, sino que también entrañan consecuencias sociales y demográficas, como es el caso de las inundaciones, huracanes y temporales4 que se pueden situar en un nivel de causalidad última o profunda de los desastres socialmente construidos. Por otra parte, la forma en que los diversos grupos e individuos han percibido al clima y los cambios climáticos, es histórica y por tanto historizable, y se relaciona con elementos diversos que van desde los conocimientos y concepciones que sobre el clima se tuvieran, hasta el grado de dependencia de las condiciones climáticas para el desarrollo de actividades productivas o para la supervivencia misma de colectivos sociales e individuos.

2 Para un sugestivo análisis sobre el tránsito de lo que se podrían denominar relaciones sociedad-naturaleza del Antiguo Régimen o pre-modernas a relaciones dominadas por la perspectiva materialista, secular, progresista y racional, inherentes a la modernidad occidental, donde el valor de la naturaleza fue reducido a sus posibilidades para satisfacer necesidades materiales humanas: Worster, 2006. 3 Para un sugestivo trabajo sobre las formas en que a través de la historia de la humanidad, distintos actores sociales han procurado controlar el clima: Fleming, 2010. 4 Esto se puede ver muy claro en el caso de Cuba, donde tras los devastadores huracanes de 1842, 1844 y 1846, buena parte de los productores de café decidieron invertir en la caña de azúcar, dado que si bien era igual de vulnerable que el café ante el embate de los huracanes podía ser replantada con mayor rapidez. Las condiciones laborales y las relaciones sociales en la plantación azucarera eran notoriamente más duras para la mano de obra esclava de la isla, lo que incidió en un incremento notable en su mortalidad (Miller, 2007, 122).

LAS LLUVIAS EN LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES DE LA COSTA RICA LIBERAL

129

En breve, diremos que el principal norte investigativo del presente trabajo se centra en dar cuenta, mediante un primer acercamiento, de algunas de las muchas posibles interacciones entre los cambios en el régimen de precipitaciones como uno de los factores climáticos de mayor influencia en las sociedades humanas, y la dinámica económica y socio-ambiental de Costa Rica. Esto en un momento histórico en el que, al tiempo que el país se consolidaba como Estado-Nación y terminaba por definir su rol como exportador de productos agrícolas al mercado mundial, se construían nuevas relaciones con el medio biofísico natural, guiadas por una incuestionable y hasta dogmática ideología del “progreso”. Este período coincide, en buena medida, y no por casualidad, con el proceso creciente de institucionalización de la ciencia en Costa Rica, relacionado, al menos en parte, con la imperiosa necesidad por parte de un Estado que promovía incesantemente la expansión y más tarde la diversificación de la agricultura comercial, de conocer con precisión las características de los regímenes de precipitaciones del país, ante el innegable impacto de las lluvias en el agro y el desarrollo infraestructural, ejes indiscutibles del proyecto económico liberal. Mapa 1. Costa Rica: Distribución de la precipitación promedio anual en el territorio (datos actuales).

Elaborado por el geógrafo Hubert Vargas Picado a partir de: Distribución de la precipitación promedio anual en el territorio, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin fecha.

130

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EL CONTEXTO: LLUVIAS, AGRICULTURA E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CIENCIA EN COSTA RICA El período 1887-1889 se puede citar como un momento clave en el período de institucionalización del quehacer científico en Costa Rica. La creación de instituciones científicas emblemáticas como el Museo Nacional (1887) y el Observatorio Meteorológico (1887) cuya creciente ampliación de funciones le llevó a constituirse en el Instituto Físico Geográfico Nacional (IFG) (1889), hito indiscutible del modelo científico impulsado por los gobiernos liberales del epílogo decimonónico, dejó en claro que la intervención decidida del Estado en el desarrollo de la ciencia, como un componente central de la ideología del “progreso”, era parte de la agenda de los gobiernos liberales. Más aún, de acuerdo con los planteamientos de Ronny Viales y Patricia Clare, dicha intervención formaba parte del “régimen de cientificidad” liberal, donde al igual que en otros países latinoamericanos, y a diferencia de los países con alto grado de desarrollo científico-tecnológico, el Estado y las transnacionales se convirtieron en los principales promotores del desarrollo científico, en el proceso de inserción de los Estados latinoamericanos en el mercado mundial. El desarrollo tecnocientífico latinoamericano se movió entonces entre dos polos fundamentales: Estado y mercado, y un sinfín de experimentaciones empíricas que entre ambos polos se dieron5. Así, la institucionalidad científica liberal en Costa Rica se desarrolló en un contexto donde el Estado, como parte interesada en el desarrollo tecnocientífico de acuerdo a su noción de progreso, se convirtió en el garante de una autonomía mínima para las redes y asociaciones científicas que en el país se conformaban, “liberándolas” del utilitarismo de una ciencia guiada exclusivamente por el mercado, al tiempo que se encontraba facultado para imponer —y de hecho imponía— el tipo de ciencia que se debía llevar adelante6 en función de los intereses “nacionales”. Con esto el Estado relevaba a la coacción económica en el desarrollo científico, o se erigía como expresión de la misma, a pesar de la pretendida liberación de la ciencia de las fuerzas del mercado7. No es de extrañar entonces, que como lo hemos procurado mostrar en trabajos anteriores, el peso de las actividades “científicas” del IFG se fue trasladando, a lo largo de su “vida” institucional, de la dimensión meramente especulativa, donde la ciencia era representada per se como un vehículo de “progreso”, a la dimensión utilitaria y pragmática, donde el valor del conocimiento científico se medía en función de sus aportes al desarrollo económico del país8. De esta manera, y especialmente en las postrimerías del siglo XIX y el amanecer del XX cuando el café atravesaba por una coyuntura 5 6 7 8

Viales y Clare, 2006, 152. Ibidem, 152-153. Ibidem, 153. Goebel, 2006.

LAS LLUVIAS EN LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES DE LA COSTA RICA LIBERAL

131

económica particularmente desfavorable derivada, entre otros aspectos, de las condiciones del mercado internacional —especialmente a partir de la sobreproducción brasileña de 18979— y el agotamiento del sistema agrícola tradicional, expresado en la merma de los rendimientos, el aumento en la incidencia de plagas y enfermedades y la pérdida de la fertilidad natural de los suelos10, la importancia atribuida a actividades como la investigación y experimentación agrícola, la sistematización de la meteorología y la extensión y diversificación de la agricultura —esto último con miras a integrar efectivamente el mercado interno11— era abrumadora en comparación con otras funciones del IFG, especialmente aquellas ligadas a actividades que no se tradujeran en beneficios económicos en el corto plazo. De hecho estas consideraciones meramente utilitarias fueron el motivo principal, tanto del primer cierre del IFG en 1899, como de la supresión de varias de sus secciones tras su reapertura en 1901, al punto que para 1905, el instituto funcionaba únicamente con las secciones Geográfica y la Meteorológica12. Para 1910, el Observatorio Meteorológico se había convertido en una división del Museo Nacional13, sellando así, al menos temporalmente, el destino del IFG. En suma, los cambios en la orientación programática de las instituciones científicas liberales —especialmente el IFG— fomentaron el desarrollo casi “exclusivo” de actividades de extensión agrícola, obviando paulatina y sistemáticamente el desarrollo de la investigación científica “pura”14. Es en este contexto que podemos situar el interés estatal por el clima, en tanto el conocimiento de los factores climáticos resultaba fundamental en la extensión, incremento de la productividad y diversificación de la agricultura. La “apuesta” liberal por un sector primario más productivo y diversificado era así, más que evidente. De hecho la experimentación agrícola estuvo mayoritariamente orientada al incremento de la productividad en las zonas ya ocupadas por cultivos, dadas las dificultades y elevados costos que representaba la ampliación del área cultivada. En este contexto, la preocupación estatal —y privada— por el conocimiento detallado de las condiciones climáticas, y especialmente el régimen de precipitaciones, distaba mucho de ser casual. Porque, en términos generales, la agricultura comercial costarricense, al menos hasta finales del siglo XIX, podría considerarse “tradicional” en términos ecológicos y energéticos. Si bien en el caso específico del café, el proceso de modernización que tuvo lugar entre 1880 y 1920, implicó, 9 Hall, 1982, 42. 10 Samper y Naranjo, 2006, 100. 11 Viales, 2001a. 12 Archivo Nacional de Costa Rica (en adelante ANCR) “Informe a la Secretaría de Estado en el despacho de Fomento” elaborado por Astúa Aguilar, José, en República de Costa Rica: Memoria de Fomento, 1905. 13 Eakin, 1999, 134-135. 14 Ibidem, 136.

132

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además de la generalización de la sombra regulada, la incorporación al suelo de cáscara de café y otros residuos orgánicos, así como la importación de guano, nitratos y otros fertilizantes para compensar la pérdida de nutrientes de los agotados suelos cafetaleros15, la visible preocupación estatal por sistematizar los datos climáticos y especialmente los referentes a las lluvias, era consecuente con la relativa dependencia de la agricultura de exportación costarricense de las condiciones edafoclimáticas, dadas sus escasas importaciones de insumos energéticos externos con miras a elevar los rendimientos productivos. En suma, al igual que en otros contextos histórico-geográficos, la agricultura costarricense, en la mayor parte del período, se encontraba ecológicamente limitada, en buena medida, por la dependencia de la lluvia y los nutrientes de los suelos como fuentes energéticas primarias. Por lo tanto, se podría afirmar que el mayor impacto ambiental generado por la agricultura de exportación en el período que aquí se analiza, estaba relacionado con su carácter extensivo y la consecuente simplificación de los ecosistemas16 que acompañaban a los procesos de reordenamiento del medio biofísico requeridos para su introducción y expansión, así como, en el caso específico del café, la contaminación sistemática de ríos y quebradas con las aguas mieles, en detrimento del consumo hídrico de diversas poblaciones cuyos habitantes interpusieron numerosas demandas en contra de los beneficiadores, generándose conflictos socioambientales de diversa índole17. En seguida, procederemos a analizar —a partir de los datos de precipitación de que disponemos para la ciudad de San José— la trayectoria de las precipitaciones registradas en la capital costarricense. En este sentido, se procurará establecer, a partir del cotejo de dichos datos, relaciones entre los fenómenos de El Niño y La Niña, y la evolución temporal de las precipitaciones, de acuerdo a la periodización que para dichos eventos realizaron Ileana Mora y Jorge Amador18. La importancia de realizar este análisis radica en el hecho de que San José es la única ciudad de la que disponemos de datos sobre precipitaciones para casi la totalidad

15 Samper y Naranjo, 2006, 100. 16 En este sentido, Guillermo Castro al analizar los cambios de mayor trascendencia en las relaciones sociedad-naturaleza en América Latina, destaca que la reorganización productiva que contempló la introducción y generalización de cultivos como el azúcar, el cacao, el café y el tabaco en las Antillas, el litoral venezolano y el nordeste brasileño, derivó en “la puesta en valor de nuevos territorios cuya ecología se vio radicalmente simplificada —al punto en que sostiene a una sola especie, que crece allí únicamente porque en algún otro lugar hay un mercado fuerte que la demanda…” (Castro, 1996, 164). Asimismo, no se puede obviar el hecho de que, dado que la biomasa más importante corresponde a la vegetación, es decir, al nivel trófico de los productores primarios, la simplificación de los ecosistemas producto del reordenamiento del medio biofísico, ha traído consigo sin duda, una disminución del rendimiento energético de los ecosistemas en términos ecológicos, cuya incidencia en las sociedades humanas —principalmente en el largo plazo— va a ser notoria, tanto en términos agroecológicos como ambientales. Para un análisis de la energía en las transformaciones ambientales, Deléage y Souchon. 1996, 15. 17 Rojas, 2000. Ramírez, 2003. Montero y Sandí, 2009. 18 Amador y Mora, 2000, 27-39.

LAS LLUVIAS EN LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES DE LA COSTA RICA LIBERAL

133

del período de estudio, lo que a su vez deja entrever la importancia económica y productiva atribuida a la capital costarricense y sus hinterlands. Aunque dada la variabilidad climática de Costa Rica —rasgo que además es inherente al istmo centroamericano19— los datos no son generalizables para el país, sí resultan de suma valía al acercarnos al comportamiento de las precipitaciones y su evolución en un período considerable, casi secular, lo que nos permite intentar, al menos de manera inicial y desde luego provisional, construir una tipología de las lluvias josefinas, basada tanto en su ritmo e intensidad como en la presencia o ausencia de los fenómenos de El Niño y la Niña. LA EVOLUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ Y SU COMPORTAMIENTO A LA LUZ DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS GLOBALES: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TIPOLOGÍA

Las fuentes consultadas nos muestran con claridad que el rasgo dominante en la evolución de las precipitaciones en San José es su carácter fluctuante. Así, tenemos que para el período analizado, se presentan reducciones e incrementos drásticos en la cantidad de lluvias, en el marco de una tendencia general de crecimiento lento (Tabla 1). En el Gráfico 1 hemos utilizado barras de error con desviación estándar que nos permiten dimensionar con claridad aquellos años que se alejan ostensiblemente del rango de tendencia. De esta manera, los extremos históricos en lo que respecta a la cantidad de lluvias registradas en San José son, como se observa con claridad, dos años con una cercanía temporal notoria. El año de 1884 es el que registra la menor cantidad de precipitaciones, con sólo 495 mm, mientras que apenas dos años después, el pluviómetro josefino registró 3.843 mm de lluvia, convirtiendo al año 1886 en el más lluvioso del período estudiado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el promedio de precipitaciones para todo el período es de 1.793,268 mm, el gráfico mencionado nos permite dimensionar otros años que se alejan, ostensiblemente, de la tendencia general arriba descrita. Así, tenemos que los años 1863 (1.119,378 mm), 1868 (1.087,374 mm), 1914 (1.221,200 mm), 1921 (837,800 mm) y 1930 (1.093,600 mm) registraron precipitaciones considerablemente inferiores al promedio, mientras que los años 1892 (2.500,400 mm), 1893 (2.467,400 mm) 1900 (2.133,800 mm), 1919 (2.355 mm), 1924 (2.281,800 mm), 1931 (2.313,200 mm), 1932 (2.399,100 mm) y 1938 (2.754,300 mm), presentaron precipitaciones notablemente superiores al promedio.

19 Pérez, 1999.

134

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Tabla 1. Datos de precipitación en la ciudad de San José de 1863 a 1940. Año

Precipitación [mm]

Año

Precipitación [mm]

Año

Precipitación [mm]

Año

Precipitación [mm]

1863

1.119,378

1883

Nd

1903

2.097,200

1923

1.317,200

1864

Nd

1884

495

1904

1.627,600

1924

2.281,800

1865

1.745,996

1885

1.768

1905

1.573,400

1925

1.658,500

1866

1.475,74

1886

3.843

1906

1.766,600

1927

2.091,600

1867

1.273,810

1887

1.766,400

1907

1.287,100

1928

2.271,600

1868

1.087,374

1888

1.403,800

1908

2.127,600

1929

1.375,700

1869

1.423,670

1889

2.121,000

1909

1.934,300

1930

1.093,600

1870

1.763,725

1890

1.823,400

1910

1.594,500

1931

2.313,200

1871

1.997,075

1891

1.654,300

1911

1.666,700

1932

2.339,100

1872

1.755,394

1892

2.500,400

1912

1.700,400

1933

2.268,900

1873

1.292,98

1893

2.467,400

1913

1.883,300

1934

1.518,900

1874

1.407,160

1894

1.478,600

1914

1.221,200

1935

2.135,200

1875

1.360,170

1895

1.951,200

1915

2.160,800

1936

1.968,300

1876

Nd

1896

1.641,400

1916

2.311,200

1937

2.057,200

1877

Nd

1897

1.901,700

1917

2245,800

1938

2.754,300

1878

Nd

1898

1.995,400

1918

1.521,800

1939

1.533,200

1879

Nd

1899

1.457,200

1919

2.355,000

1940

1.614,700

1880

Nd

1900

2.133,800

1920

1.659,500

1881

Nd

1901

2.291,300

1921

837,800

1882

Nd

1902

1.402,800

1922

1.566,300

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Meteorológico Nacional, “LAS SERIES PLUVIOMETRICAS DE COSTA RICA”, I. SAN JOSE; VALORES.DIARIOS DE 1888 A 1972. Estadisticas, San José, Costa Rica 1973. Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, Instituto Meteorológico Nacional, Año del centenario 1888-1988.”Catastro de las series de precipitaciones medidas en Costa Rica, San José, Costa Rica 1988. Gaceta oficial, Oficina de estadística. Datos comprendidos entre 1863 y 1886. Nd.: Información no disponible

LAS LLUVIAS EN LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES DE LA COSTA RICA LIBERAL

135

Gráfico 1. Datos de precipitación en la ciudad de San José (1863-1940) (mm)

Fuente: Ver tabla 1. Elaboración propia.

Ahora bien, al establecer elementos relacionales entre los fenómenos de El Niño y La Niña en la evolución temporal de las precipitaciones, de acuerdo a la periodización que para dichos eventos realizaron Ileana Mora y Jorge Amador20, nos encontramos con tendencias diferenciadas que nos permiten un acercamiento a la forma en que estos fenómenos incidieron en el régimen de precipitaciones, y a la vez esbozar un perfil de los “años Niña”, los “años Niño” y los años en que dichos fenómenos no se presentaron (Tabla 2). Tenemos así que para los años en que contamos con datos sobre la presencia de dichos fenómenos meteorológicos en nuestro período de estudio —teniendo claro que El Niño como categoría científica surge a finales de la década de 1890 y no ingresa en la escena científica mundial hasta mediados de la década de 192021— el evento El Niño estuvo presente en un total de 20 años y La Niña en 29, mientras que en 9 años se experimentó la incidencia de ambos eventos. Los años en que ninguno de estos fenómenos tuvo presencia en Costa Rica, suman un total de 1722 (Gráfico 2).

20 Amador y Mora, 2000. 21 Cushman, 2004, 65. 22 Amador y Mora, 2000, 34.

136

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Tabla 2. Precipitaciones en años afectados por eventos de El Niño, La Niña y en años sin dichos eventos (1884-1940)

Años

Precipitaciones Precipitaciones Años con El Niño con La Niña

Año

Precipitaciones Precipitaciones con La Niña Años sin eventos (cont.)

1885

1.768

1886

3.843

1923

1.317,200

1884

495

1888

1.403,800

1887

1.766,400

1924

2.281,800

1891

1.654,300

1889

2.121

1889

2.121

1925

1.658,500

1892

2.500,400

1896

1.641,400

1890

1.823,400

1928

2.271,600

1893

2.467,400

1897

1.901,700

1897

1.901,700

1929

1.375,700

1894

1.478,600

1904

1.627,600

1898

1.995,400

1930

1.093,6

1895

1.951,200

1905

1.573,400

1899

1.457,2

1931

2.313,200

1896

1.641,400

1906

1.766,600

1903

2.097,200

1938

2.754,300

1900

2.133,800

1911

1.666,700

1904

1.627,600

1939

1.533,200

1901

2.291,300

1912

1.700,400

1906

1.766,600

1902

1.402,800

1913

1.883,300

1907

1.287,100

1908

2.127,600

1914

1.221,200

1909

1.934,300

1927

2.091,600

1915

2.160,800

1910

1.594,500

1932

2.339,100

1918

1.521,800

1911

1.666,700

1933

2.268,900

1919

2.355

1916

2.311,200

1934

1.518,900

1920

1.659,500

1917

2.245,800

1935

2.135,200

1923

1.317,200

1918

1.521,800

1936

1.968,300

1925

1.658,500

1920

1.659,500

1937

2.057,200

1926

2.205,800

1921

837,800

1939

1.533,200

1922

1.566,300

Fuente: Ver tabla 1, y Amador y Mora, 2000, 34.

Una primera observación que consideramos pertinente hacer sobre la agregación que hemos realizado en virtud de la presencia, ausencia o confluencia de los eventos meteorológicos mencionados, consiste en el hecho de que el promedio anual de las precipitaciones en los “años Niño”, (1.734,345 mm), los “años Niña”, (1.849,090 mm) y aquellos en los que no se presentaron dichos eventos, (1.917,944 mm) no se distancia considerablemente del promedio general de precipitaciones para todo el período.

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Gráfico 2. Precipitaciones en años afectados por eventos de El Niño, La Niña y en años sin dichos eventos (1884-1940)

Fuente: Ver tabla 2, elaboración propia.

Sin embargo, el carácter extremo en el nivel de precipitaciones presente en los años afectados por dichos eventos es más que notoria. Así, los años afectados por La Niña presentan las mayores fluctuaciones del período. Estos incluyen los dos años más lluviosos (1886 con 3.843 mm y 1938 con 2.754,3 mm) y el segundo más seco (1921 con 837,8 mm). Por otra parte, los años afectados por El Niño se caracterizan por la presencia de oscilaciones menos marcadas que los afectados por La Niña, aunque con una tendencia visible a ser considerablemente más secos que el promedio, por lo que podríamos categorizar a dichos años como de “estabilidad a la baja” en lo que respecta al nivel de precipitaciones. Finalmente, los años que no se vieron afectados por El Niño y La Niña fueron particularmente lluviosos, sin alejarse ostensiblemente del promedio, por lo que podríamos atribuirle a estos una tendencia general de “estabilidad a la alta”. Ahora bien, si el régimen de precipitaciones josefino en el período analizado se caracterizó por la presencia de drásticas oscilaciones en la cantidad de lluvias, no resultando extraño que años en extremo húmedos fueran precedidos y sucedidos por años notablemente secos y viceversa, y si parece quedar claro con lo hasta aquí expuesto que los eventos El Niño y la Niña incidieron en la intensidad de las precipitaciones dotando de un cariz específico a los años en que estos fenómenos

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se presentaron —o en los que estuvieron ausentes— consideramos necesario y a la vez inevitable preguntarse: ¿Qué impacto social y económico tuvieron los rasgos climáticos recién expuestos? y ¿cuáles fueron las reacciones institucionales e individuales ante las afectaciones derivadas del incremento desmedido o la drástica disminución de las lluvias? En el apartado que sigue, procuraremos proporcionar al menos algunas respuestas provisionales a estas interrogantes, mediante el establecimiento de algunas interconexiones entre la información meteorológica y la dinámica social —en el amplio sentido del término— en perspectiva histórica. EL IMPACTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA RESPUESTA ESTATAL-INSTITUCIONAL En un decreto emitido por el Congreso el 28 de noviembre de 1906, sancionado por el Poder Ejecutivo en esa misma fecha, se autorizó al Ejecutivo para que como suplemento a la partida de eventuales de la Cartera de Fomento se inviertiera hasta la cantidad de 100.000 colones en la reparación de los daños sufridos por varias vías de comunicación con motivo de las últimas lluvias. Se brindó especial énfasis —de hecho se creó un artículo aparte— a la reconstrucción del puente sobre el Río Barranca en la línea férrea y carretera nacional, quedando el Ejecutivo autorizado para hacer los gastos que para ello fueren imprescindibles hasta la suma de 150.000 colones. En la justificación de dicho decreto se recordaba que “ninguna de las pérdidas enumeradas puede compararse (por el daño que el país en general por ella sufre, por la necesidad que se impone en repararla) a la pérdida del puente de la Barranca”, debiendo repararse dichos daños en la infraestructura nacional, “con antelación a cualesquiera otros que más o menos afectan los intereses puramente cantonales en cada provincia. La falta del puente que nos ocupa la siente a toda hora el movimiento, el comercio general del país”23. Apenas dos años más tarde, el 7 de noviembre de 1908, se emitía un decreto en términos similares. En este el Congreso autorizaba al Poder Ejecutivo para invertir la suma de 200.000 colones en la reparación de los serios daños infraestructurales causados por las lluvias. El cuerpo legislativo justificaba la emisión de este decreto basándose en el hecho de que los “…últimos temporales habidos en el pasado mes de octubre han causado daños de consideración en todo el país y especialmente en la línea férrea al Pacífico y en la provincia de Guanacaste. En la actualidad hay una comisión que tiene el encargo de calcular el tiempo y la cantidad de dinero necesarios para emprender las reparaciones de los desperfectos apuntados, pero como de todos modos hay urgencia en proceder ya a los trabajos y la suma que es menester emplear evidentemente no será menor de doscientos mil colones, ocurre desde luego el Poder Ejecutivo a ese Alto 23 ANCR, Congreso, 3.224, 1906. El destacado es nuestro.

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Cuerpo en demanda de un presupuesto adicional por esa cantidad, la cual ampliaréis, si fuere necesario, en su oportunidad”24.

Los decretos recién expuestos no parecen dejar duda sobre la magnitud de los daños generados por las lluvias en estos años, al tiempo que nos brindan una clara imagen de las prioridades estatales en la reconstrucción de los daños y el “protocolo” seguido en esta época para la atención de las emergencias derivadas de la incidencia de los factores climatológicos, en este caso las precipitaciones. Vale recordar que el Ferrocarril al Pacífico era uno de los proyectos centrales del Estado costarricense. Las elevadas expectativas que se habían generado en torno a su construcción, se relacionaban sobre todo con la necesidad de los grupos económicos dominantes del país, y en especial de la elite cafetalera, de establecer un contrapeso al monopolio del transporte ejercido por la Northern Railway Company25. El ferrocarril al Pacífico se inauguraría finalmente en el año de 191026. Resulta evidente que los daños causados a la vía férrea cuya construcción casi finalizaba, generarían retrasos y pérdidas económicas tanto al Estado como a la elite que resentía la excesiva “liberalidad” de los contratos ferrocarrileros del Caribe que ellos mismos habían promovido, y para la que la conclusión de la obra ferroviaria era sin duda una prioridad. En los años aquí analizados, donde las lluvias generaron fuertes daños en la vía férrea en construcción, ya se había finalizado el tramo entre San José y Santo Domingo de San Mateo (Orotina) donde se instaló una terminal provisional. De ahí, las mercaderías eran transportadas por un camino carretero hasta Puntarenas, lo cual se conoció como la “vía mixta”, que distó mucho aún de ser comercial; por tal motivo los exportadores siguieron optando por el Atlántico, aunque el costo total de los fletes fuera inferior por la vía de Puntarenas27. No es de extrañar, a la luz de este contexto y el carácter eminentemente estratégico que en este período ostentaba la ruta a Puntarenas, que la prioridad gubernamental en cuanto a la reparación de los daños ocasionados por las lluvias —derivados presumiblemente del desbordamiento de los ríos— se centrara en la reparación de la vía hacia el puerto del Pacífico, desatendiendo inclusive y de manera intencional, los daños en otras regiones del país como Naranjo, Palmares y San Ramón, entre otros, que reportaban numerosos daños derivados de las crecidas de los ríos aledaños, y cuyos funcionarios municipales clamaban incesantemente por ayuda económica al gobierno central28. Parece quedar claro que, aquello considerado prioritario para el Estado era, sin más, lo que afectara 24 ANCR, Congreso, 10.103, folio 3. 25 Botey, 1999. Ulloa, 1998. 26 Botey, 1999, 144. 27 Idem. 28 ANCR, Congreso, 3.224. Los reportes de daños en distintas zonas del país, provenientes tanto de autoridades locales como estatales que evaluaron sobre todo las averías en caminos y puentes, estimando asimismo los costos de su reparación, se pueden ver especialmente en los folios 5-35.

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directamente al comercio exterior costarricense, algo inherente al pensamiento liberal de la época, amén de los intereses económicos mencionados. No está de más mencionar, por otra parte, que el año de 1906 se vio afectado tanto por El Niño como por La Niña, cuya incidencia en el Pacífico costarricense parece haber sido notoria, mientras que en 1908 ninguno de estos eventos estuvo presente en el país, por lo que las fuertes lluvias que azotaron al país ese año estuvieron relacionadas con otro tipo de fenómenos o condiciones climáticas. Ahora bien, el carácter estratégico atribuido a los caminos y vías de comunicación en general, como ejes articuladores de un mercado interno en construcción29, y las puertas de salida del comercio exterior costarricense, no era nuevo, ni se había limitado a la necesidad de evitar contratiempos en la conclusión de la vía ferroviaria. Ya desde antes era habitual que funcionarios municipales o estatales residentes en zonas frecuentemente afectadas por las inundaciones, rindieran informes periódicos a la Dirección de Obras Públicas durante la estación lluviosa, en los que daban cuenta del estado de los caminos, puentes y pasos, y del nivel de los ríos que solían desbordarse. Así, en enero de 1867, Adalberto Johanning desde Angostura, informaba al director de Obras Públicas sobre los efectos de un temporal que había afectado a dicha zona durante cinco días30. Johanning destacaba que el caudal de los ríos se había incrementado notablemente y que el nivel de las aguas del río Reventazón estuvo cerca de alcanzar el “piso del puente”. Sin embargo, el único daño que la crecida había generado era el deslave del ingreso al puente, lo que dificultaba el paso de las carretas, y cuya reparación ya se había iniciado31. Más adelante, en junio de 1869, Joaquín Vega D. informaba de manera constante al director de Obras Públicas sobre las condiciones climáticas imperantes en San Mateo y lugares circunvecinos, el estado en que se encontraba el río Barranca y si el camino que comunicaba a Concepción con Chacarita había sufrido deterioros a causa de las lluvias. Los reportes de ese año, vale mencionar, fueron favorables, pues si bien Vega daba cuenta del carácter incesante de las lluvias en la zona y el incremento en el caudal del río Barranca, no reportó ninguna obstrucción significativa en el camino32. Los decretos hasta aquí reseñados no parecen dejar duda sobre la importancia asignada a los daños en la infraestructura por sobre cualquier otro perjuicio 29 Aquí suscribimos la tesis de Ronny Viales según la cual no existió en Costa Rica un mercado nacional integrado de bienes agropecuarios hasta después de 1950. Antes de esta fecha, de acuerdo a los datos de producción agropecuaria expuestos por el autor para los casos específicos de Guanacaste y la región Atlántica, lo que privó fue la especialización productiva regional, y a la vez una producción diferenciada para el mercado y el autoconsumo (Viales, 2008 y 2003). 30 ANCR, Fomento, 4.740, 1867, folio 1. 31 Idem. 32 ANCR, Fomento, 4.110, 1869, folios 7-7 vuelto y 9.

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producto de las inundaciones, y especialmente aquella relacionada, finalmente, con la vinculación del país al mercado mundial. La reacción estatal ante los efectos de las lluvias estaba guiada, entonces, por la valoración “macroeconómica” de su impacto, quedando la dimensión humana y social —especialmente en las regiones consideradas de escaso aporte a la economía nacional en su conjunto— relegadas a un segundo plano. Entonces, y a pesar de los matices contextuales que se pueden hallar en las políticas estatales llevadas adelante para la atención de los “desastres” causados, según los actores involucrados, por los rigores del clima, parece quedar claro que, desde la racionalidad liberal-capitalista decimonónica —aún presente en buena parte del siglo XX— el impacto de los eventos climatológicos no era considerado per se un problema social, sino más bien un conjunto de problemas individuales que cada afectado debía y/o podría solucionar según su capacidad, ingenio y méritos. El gobierno debía intervenir —o al menos dar prioridad— en aquellos daños infraestructurales considerados de interés público, esencialmente relacionados con la economía, a pesar de que, debemos señalar, los gobiernos liberales desarrollaron políticas asistencialistas de carácter general, donde la caridad privada de carácter filantrópico que gozaba de un importante rol en la solución de estos problemas sociales, fue cediendo paulatinamente su lugar a la creciente intervención directa del Estado en las políticas sociales de la más diversa índole33. De hecho, el gobierno hacía manifiesta su intención de contribuir a las reparaciones en las zonas afectadas, dejando en claro, eso sí, que la responsabilidad inmediata en la atención de los daños recaía sobre el gobierno local, y que el Estado intervendría en virtud de la precariedad de las finanzas municipales, así como por el hecho de que el aporte estatal en la reparación de los caminos en diversas zonas del país, era en última instancia, una “medida de bien nacional”34. En este sentido hemos de señalar que la desproporción en la asignación de recursos era más que notoria. En el decreto mencionado de 1906, por ejemplo, a la reconstrucción del puente de la línea férrea y la Carretera Nacional sobre el río Barranca se le asignó, como ya se hizo mención, la suma de 150.000 colones, mientras que para las reparaciones de los múltiples caminos dañados en diversas zonas del país, se destinaron únicamente 100.000 colones35. 33 Son numerosos los trabajos que desde la década de 1990 han reinterpretado, a la luz de nuevas fuentes y perspectivas de análisis, el rol del Estado “liberal” en la vida social, política y económica de Costa Rica, enfatizando en la noción de proceso y la existencia de condiciones y determinantes estructurales, que se habían obviado o minimizado en la historiografía tradicional, caracterizada por una excesiva sobrevaloración de las reformas económicas y sociales que se institucionalizaron en Costa Rica a partir de la década de 1940, no tanto en lo que respecta a su innegable peso en la consolidación del modelo de desarrollo social y económico costarricense, que se llevaría a cabo de forma decidida a partir de ese “momento” histórico, como en lo que respecta a la condición coyuntural y novedosa atribuida a dichas reformas. Sólo para mencionar algunos de los trabajos más destacables en esta línea de investigación, en ámbitos específicos como lo económico y lo social: Viales, 2005; 2001a; 2001b. Viales y Clare, 1999. Palmer, 1999. Goebel, 2003. Malavassi, 2003. 34 ANCR, Congreso, 3.224, 1906, folio 2. 35 Ibidem, folio 39.

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Finalmente, parece quedar claro que la respuesta estatal a los efectos causados por los eventos meteorológicos era por demás limitada y a la vez improvisada, pues no iba más allá de la asignación de fondos adicionales al rubro de “eventuales” de la cartera de Fomento. El país, al parecer, carecía de instituciones que atendieran los efectos de las lluvias y otros fenómenos naturales, por lo que se acudía a la conformación de comisiones legislativas constituidas exclusivamente para la evaluación de los daños producidos a raíz de un evento determinado, no gozando de un carácter permanente. Esta es una temática, debemos agregar, que merece ser estudiada en profundidad en futuras investigaciones. EPIDEMIAS Y ENFERMEDADES: LAS LLUVIAS Y LA SALUD PÚBLICA La inexistencia de instituciones y políticas consistentes, orientadas a la atención de las poblaciones y especialmente de los sectores populares, ante el peso abrumador de los intereses económicos en la atención de los daños, era, en nuestro período de estudio —o al menos en buena parte de él— más que evidente. Dada la desigualdad existente entre los grupos sociales, tanto en la asignación de los recursos naturales como en la recepción del impacto derivado de la transformación del medio biofísico36 que caracteriza a las sociedades modernas, no es de extrañar que la población pobre fuese la más afectada por los fenómenos hidrometeorológicos. De ello nos da cuenta una comunicación de Víctor Guardia de la Gobernación de Guanacaste, dirigida al ministro de Gobernación en octubre de 1893. Guardia resaltaba cómo a raíz de las fuertes lluvias que se habían presentado en todos los cantones de la provincia, habían aparecido “muchas fiebres y disenterías”, a tal punto que, según afirmaba el funcionario, el cincuenta por ciento de la población se encontraba enferma37. Señalaba, además, que dada la pobreza de la población, muchas personas fallecían por su imposibilidad de comprar los costosos medicamentos que requerían para su atención, aunado al hecho de que carecían de un médico que les atendiera, pues el que había sido contratado por el municipio liberiano como Médico de Pueblo, además de encontrarse enfermo, 36 Para Joan Martínez Alier los impactos ambientales no resueltos por las políticas económicas y la tecnología recaen de manera desproporcionada sobre los pobres generando movimientos de protesta y resistencia por los grupos sociales excluidos o marginalizados de la distribución ecológica, y que ven amenazada su propia supervivencia ante la imposibilidad de cubrir las necesidades materiales básicas para su sustento. Esta corriente que se distancia del ambientalismo “noratlántico” autoconsciente y organizado, es conceptualizada entonces por este autor como ecologismo popular o ecologismo de los pobres, y centra su atención más en la resolución de problemáticas socioeconómicas específicas y localizadas que en preocupaciones conscientes por los impactos ambientales futuros, a pesar de que en no pocas ocasiones y aunque no suelan llamarse ecologistas o autoconcebirse como tales, las demandas y protestas de estos grupos sociales, adquieren un carácter ecológico o ambiental (Martínez Alier, 2004). Una revisión crítica de este enfoque desde la disciplina histórica, resaltando el carácter contextual de los conflictos y proponiendo una ampliación categorial de los mismos, puede verse en Folchi, 2001. 37 ANCR, Policía, 14.929, 1893, folio 1.

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daba por finalizado su contrato a finales de octubre38. Ante tal desalentador panorama, Guardia solicitaba al gobierno como “medida humanitaria”, el envío de un médico permanente para la ciudad de Liberia y dos que se dedicaran a recorrer los demás cantones guanacastecos hasta finales de noviembre, en que el funcionario esperaba desaparecieran las epidemias39, asumimos que por el ingreso de la estación seca y el consecuente retiro de las lluvias. La comunicación de Guardia parece evidenciar la presencia de una asociación automática entre las lluvias y el incremento de las enfermedades. Era el carácter “inclemente” de las precipitaciones lo que generaba los males descritos, lo que convertía a la naturaleza, en este caso representada por las lluvias, en “culpable” de los problemas endémicos de las poblaciones guanacastecas. Esta concepción de una “naturaleza vil”, que atentaba contra la vida humana, vale resaltar, era muy propia de la visión moderna, progresista y marcadamente antropocéntrica del mundo natural, donde amén de la necesidad de insertar a la naturaleza en el mercado como única vía para otorgarle algún valor, esta debía ser puesta al servicio del ser humano y estar bajo su dominio. En este sentido, si el medio biofísico “atentaba” contra la sociedad —como en el caso de la supuesta generación de enfermedades a causa de las lluvias, y los denominados “desastres naturales”— esto implicaba, desde la lógica del “progreso”, que la naturaleza trasgredía las leyes que debían gobernarla, al entrar en “rebeldía” contra el dominio natural que el ser humano debía ejercer por derecho y deber sobre ella. Ahora bien, más allá de esta reveladora asociación automática lluvias-enfermedades, está claro que las precipitaciones per se no podrían considerarse responsables directas de los padecimientos mencionados. El hecho de que se mencione específicamente la presencia de la disentería, no parece dejar duda sobre el hecho de que buena parte de estas enfermedades eran causadas, en última instancia, por la inexistencia o deficiencia de medidas sanitarias básicas en centros urbanos en franco crecimiento. Esto, aunado a la segregación socioespacial, que se constituye sin duda en una de las principales formas de marginalización social y exclusión ecológica, que obligaba —y obliga— a grandes contingentes de familias pobres a asentarse en las zonas menos aptas para el desarrollo de la vida humana, se podría apuntar como factores que sin duda han de haber incidido en el incremento sustancial de los brotes de enfermedades como las mencionadas por Guardia. Salta a la vista, además, que la escasa presencia estatal en lo que respecta a políticas e instituciones de salud pública que trascendieran la ortodoxia del asistencialismo liberal40, tenía un mayor impacto en la salud de los habitantes que la sola presencia 38 Idem. 39 Ibidem, folio 1-1 vuelto 40 Francisco Comín nos brinda una conceptualización sobre la lógica general, el funcionamiento y la construcción histórica del Estado asistencial. Para este autor, en el Estado asistencial o residual, característico del Antiguo Régimen y heredado por los regímenes liberales decimonónicos, “sólo se accedía a sus prestaciones tras comprobar la pobreza del perceptor”. Históricamente, este Estado asistencial se caracterizó “por unos

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de las lluvias, aun siendo estas extraordinarias. Empero, si a alguien debía responsabilizarse del drama humano ocasionado por los padecimientos mencionados, sería a la implacable “furia” de la naturaleza, y no a las inconsistencias del modelo económico dominante, como se desprende con claridad de la comunicación del funcionario liberiano, si analizamos no solamente lo explicitado por Guardia, sino también el “opuesto implícito” subyacente en su discurso, que forman, en conjunto, la estructura profunda de significación en el texto analizado41. A pesar de lo anteriormente expuesto, no cabe duda de que las lluvias impactaban no sólo la salud de las poblaciones sino también otros ámbitos de su cotidianeidad, y contribuían a otorgarle un grado de especificidad a las relaciones que diversas comunidades sostenían con su ambiente. No podemos negar en este sentido, que dejando de lado cualquier determinismo ambiental, las características del clima tropical presentaron distintos retos, especialmente para los europeos y sus descendientes, a los que enfrentaron sus contrapartes de las regiones templadas del mundo Noratlántico, como lo han analizado en profundidad varios autores que han dado cuenta de las múltiples interacciones entre las enfermedades, la geopolítica, la demografía y la cultura, en varios países de la América tropical42. Estas especificidades que el clima otorgó a las relaciones sociedad-naturaleza en distintas regiones del planeta, también tuvieron eco a lo interno de distintos países en los que, como en el caso que nos ocupa, las diferencias climáticas entre las zonas altas y por ejemplo, las llanuras costeras, son más que notorias, especialmente en lo que respecta al régimen de precipitaciones. En este sentido, una comunicación emitida nuevamente en Liberia en el año de 1910, y dirigida al jefe de la Sección Técnica del Ministerio de Educación, nos da cuenta de las diversas formas en que las lluvias y sus consecuencias afectaban a las poblaciones guanacastecas43. Valiosa por demás en virtud de su vívido detalle descriptivo, esta información nos deja claro que las relaciones sociedadnaturaleza en Guanacaste, distaban mucho de ser idealizadas por el autor del documento al indicar que, en esa provincia: servicios sociales proporcionados a los indigentes, que antes de consumirlos tenían que demostrar que sus ingresos eran muy bajos y que estaban al borde de la miseria” (Comín, 1996, 121). A pesar de la pretensión generalizadora del autor con base en el estudio de varios países de Europa occidental, somos conscientes del carácter contextual de la aplicación de los preceptos básicos recién expuestos, especialmente en el ámbito latinoamericano. 41 Nos basamos aquí en la conceptualización de Algirdas Julien Greimas, que propone como una de las técnicas para “visibilizar” los sentidos ocultos tras el lenguaje verbal, al cuadrado semiótico, que se ubica dentro de estas técnicas de transposición formalizadas, lógicas, rigurosas, que posibilitan transcodificaciones cada vez más precisas y adecuadas, en las que se construye un lenguaje artificial adecuado para la descripción semiótica de la significación. Para una explicación detallada de la forma en que se operacionaliza esta técnica, Cardoso, 2001, 35-37. 42 Sin que la lista sea exhaustiva, podemos mencionar algunos trabajos sobresalientes en este ámbito: Miller, 2007, 112-119. McNeill, 1999. Sutter, 2005. Un estudio detallado de la historia de la malaria a nivel mundial se puede ver en Webb, 2009. 43 ANCR, Educación, 10.599, 1910, folios 1-4.

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“…desde mediados de setiembre hasta mediados de noviembre, algunas veces, el invierno se recrudece de tal manera que las lluvias son incesantes y torrenciales por cuyo motivo hasta los pequeños arroyos, secos en el verano, se tornan en corrientes amenazadoras y peligrosas; las veredas que en los caseríos rurales unen las diseminadas casas con el lugar céntrico, son cenagosas y casi intransitables; las calles de algunas poblaciones se inundan; el paludismo y otras enfermedades se desarrollan de manera alarmante preferentemente entre los escolares debido en parte a que se tienen que regresar de la escuela a sus casas mojados, bajo fuertes aguaceros, casi diariamente la asistencia escolar, como es de suponerse, disminuye muy considerablemente al extremo de quedar algunos planteles casi desiertos”44.

Las inundaciones derivadas de las incesantes lluvias alteraban de acuerdo a este documento, múltiples dimensiones en la vida de las comunidades guanacastecas: la sociabilidad, la cohesión social y la merma en el rendimiento y asistencia escolar por el incremento de las enfermedades en la población infantil, eran sólo algunas de las formas en que las características meteorológicas de la provincia incidían en la cotidianeidad de los pobladores guanacastecos. Es este último elemento el que ocupa mayoritariamente la atención del funcionario, cuyo principal interés es proponer al gobierno —en virtud de la especificidad del régimen de precipitaciones en Guanacaste, y como una forma de prevenir las enfermedades en los escolares y sus consecuencias en el rendimiento académico— se le permitiera confeccionar a dicha provincia un calendario escolar acorde con sus características climatológicas y que tomara en cuenta el impacto de las lluvias en la población estudiantil guanacasteca45. Así, el funcionario proponía que los exámenes se programaran del 15 de agosto al 15 de setiembre, con dos períodos de vacaciones. Las de fin de año, según el proponente, debían programarse entre el 15 de setiembre y el 15 de noviembre, mientras que las de medio período se ubicarían entre el 1° y el 31 de marzo46. Estas últimas, justificaba el autor del documento, eran “de suma necesidad para que maestros y alumnos, que tal vez no han podido ir al campo o al interior de la República, tengan oportunidad de verificarlo”47. Señalaba asimismo, que el mes de marzo era, en Guanacaste un mes de temperatura en extremo elevada, lo que incidía en el rendimiento tanto de estudiantes como de docentes, dada la incomodidad y las condiciones inapropiadas para el trabajo que las temperaturas elevadas generaban48. Parece quedar claro, con lo expuesto en los documentos aquí analizados, que las condiciones meteorológicas extremas eran dotadas de una connotación negativa en el esquema mental de diversos sujetos histórico-sociales, que clamaban por 44 45 46 47 48

Ibidem, folios 1-2. Ibidem, folios 2-3. Ibidem, folio 3. Idem. Idem.

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una mayor intervención del Estado en la solución de las diversas problemáticas sociales asociadas con los factores climáticos. Estas representaciones, debemos agregar, se basan en la construcción social de una percepción dicotómica de amplio espectro temporal, del clima y su relación con las sociedades humanas, donde las regiones “bondadosas” y “sanas”, asociadas en el caso costarricense y centroamericano con las altiplanicies centrales, contrastaban con las tierras “malsanas”, representadas mayoritariamente por las llanuras costeras49. No se puede obviar asimismo el hecho de que, especialmente desde el siglo XVIII, los europeos difundieron por América Latina sus ideas racistas, buena parte de ellas asentadas en un claro determinismo geográfico. Estas eran una suerte de teorías pseudocientíficas según las cuales el clima tropical no solamente “producía” seres humanos inferiores, sino que también era capaz de degenerar física y psicológicamente a los blancos, situados en la cúspide de la pirámide racial que ellos mismos habían construido50. En este contexto, no cabe duda de que para el jefe de la Sección Técnica del Ministerio de Educación, las lluvias, en específico, representaban aún un problema mayor: no solamente se constituían en un recordatorio constante de las “incomodidades” del clima tropical, sino que eran claramente un problema de salud pública, que alteraba profundamente diversos ámbitos de la vida social, especialmente en los sectores subalternos de las denominadas “tierras calientes”51. LLUVIAS, CAFÉ Y BANANO: UN PRIMER ACERCAMIENTO A LAS RELACIONES ENTRE LAS PRECIPITACIONES Y LA DINÁMICA AGROEXPORTADORA

Como ya se ha mencionado, las lluvias, junto con los suelos, eran dos condicionantes agroecológicos de importancia capital en la producción agrícola como 49 Alain Musset analiza a profundidad las percepciones de lo sano y lo malsano en las ciudades coloniales españolas. Este autor nos muestra con claridad como lo que representa un entorno natural y social “sano” o “malsano” es evidentemente una construcción social e histórica, relacionada con factores diversos entre los que podemos citar, para el caso de los europeos en las regiones tropicales, la idealización de su contexto histórico-geográfico de origen, así como su uso como medio de justificación —especialmente en el caso de los españoles— del “éxito o fracaso de sus asentamientos urbanos”. En lo que respecta al clima, este autor le atribuye un rol decisivo en el ordenamiento territorial de las regiones conquistadas, pues “van a buscar, para fundar sus ciudades, por una parte, los parajes que se conforman más con el modelo heredado de la antigüedad, y por otra parte los que corresponden a su experiencia del clima europeo, considerado como el mejor y más sano del mundo” (Musset, 1999. Goebel, 2008). 50 Miller, 2007, 106-112. 51 Según la clasificación de Koppen. En líneas generales dicha clasificación aplicada al ámbito costarricense, agrupaba las regiones climáticas del país en tres tipos a saber: Tierras frías (Microtermal): temperaturas medias anuales inferiores a 10° C, que corresponden aproximadamente a una altura superior a los 2000 m. Tierras templadas (Mesotermal): temperaturas medias comprendidas entre 22° y 10° C. Se sitúan entre los 2000 m y los 800 m en la Vertiente del Pacífico, y entre los 2000 y los 600 m en la Vertiente del Atlántico. Tierras calientes (Megatermal): Temperaturas medias superiores a los 22° C. Se sitúan desde los 800 o 600 m. según la vertiente hasta el nivel del mar. Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). 1950: Atlas Estadístico de Costa Rica, 12-13 y 34-37.

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un todo. Empero, vale decir, que la incidencia de la evolución de las precipitaciones en la producción es ciertamente desconocida. Por ello hemos querido realizar un acercamiento inicial a la correlación entre la trayectoria de las precipitaciones y la dinámica agroexportadora. Con este fin, hemos procurado determinar la relación existente entre las precipitaciones y las exportaciones de café y banano, como productos estrella del capitalismo agrario costarricense, específicamente en lo que respecta al volumen de lo exportado. Antes de proceder a analizar los datos consideramos conveniente hacer algunas aclaraciones y precisiones sobre los alcances y límites de relacionar ambas variables. Lo primero que hemos de señalar en este sentido es que, amén de la debilidad intrínseca del carácter espacialmente reducido de los registros de lluvias, derivada de reducir nuestro análisis a los registros de precipitaciones en la ciudad de San José, lo que a no dudarlo introduce un fuerte sesgo en nuestro cálculo, consideramos que, al estar distribuidas las precipitaciones en el valle central de forma relativamente uniforme, y al ser este la base del cultivo cafetalero en la mayor parte de nuestro período de estudio y allende este, consideramos que las relaciones obtenidas nos aproximan a una tendencia general entre ambas variables que difícilmente cambiaría aun reduciendo el grado de incertidumbre. No obviamos, de igual forma, que los kilos exportados no representan la totalidad del café producido, en tanto parte de la cosecha nacional estaba destinada al mercado interno e inclusive al autoconsumo, especialmente en los primeros años de nuestro período. Aun así, al estar dirigida la mayor parte de la producción cafetalera al mercado externo, como producto nacional por excelencia que había permitido la vinculación temprana y definitiva de Costa Rica en el mercado internacional52, o en otras palabras dada la vocación comercial y exportadora de la economía cafetalera en su conjunto, consideramos que, la relación lluviasproducción se vería indefectiblemente reflejada en la cantidad exportada. Así, la Tabla 3, nos da cuenta de la inexistencia de una relación entre los kilos de café exportados y las lluvias en el período 1893-1940, tomando como base, en el caso de las precipitaciones, las registradas en la estación de San José. Esto se confirma al obtener el coeficiente de correlación, cuyo valor es apenas de 0,1669. El coeficiente de determinación nos permite establecer aún con más claridad, la inexistencia de una relación entre las lluvias y los kilos de café exportados, ya que su valor es de 0,0278, lo cual implica que la variable “precipitaciones en San José” tiene una capacidad explicativa de apenas un 2% en la evolución de las exportaciones cafetaleras en el período estudiado.

52 Pérez, 1994, 40.

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Tabla 3. Exportación de café en kilos y precipitaciones en San José [mm] (1893-1940) Año

Exportaciones de Café (Kilos)

Precipitaciones en San José [mm]

Año

Exportaciones de Café (Kilos)

Precipitaciones en San José [mm]

1893

11.442.041

2.467,400

1918

11.451.719

1.521,800

1894

10.776.763

1.478,600

1919

13.963.473

2.355,000

1895

11.089.523

1.951,200

1920

13.998.150

1.659,500

1896

11.715.801

1.641,400

1921

13.336.381

837,800

1897

13.871.363

1.901,700

1922

18.616.803

1.566,300

1898

19.486.125

1.995,400

1923

11.088.400

1.317,200

1899

15.366.671

1.457,200

1924

18.210.760

2.281,800

1900

16.100.905

2.133,800

1925

15.352.863

1.658,500

1901

16.574.025

2.291,300

1926

18.249.045

2.205,800

1902

13.749.100

1.402,800

1927

16.153.980

2.091,600

1903

17.332.613

2.097,200

1928

18.841.798

2.271,600

1904

12.578.425

1.627,600

1929

19.676.115

1.375,700

1905

18.047.539

1.573,400

1930

23.536.645

1.093,600

1906

13.774.258

1.766,600

1931

23.014.687

2.313,200

1907

17.325.531

1.287,100

1932

18.499.038

2.339,100

1908

8.977.531

2.127,600

1933

27.777.939

2.268,900

1909

12.030.104

1.934,300

1934

19.062.662

1.518,900

1910

14.396.926

1.594,500

1935

24.238.534

2.135,200

1911

12.641.156

1.666,700

1936

21.326.158

1.968,300

1912

12.237.875

1.700,400

1937

7.305.482

2.057,200

1913

13.019.059

1.883,300

1938

24.981.132

2.754,300

1914

17.717.068

1.221,200

1939

20.244.531

1.533,200

1915

12.206.357

2.160,800

1940

18.704.132

1.614,700

1916

16.843.782

2.311,200

1917

12.267.203

2.245,800

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Meteorológico Nacional, “LAS SERIES PLUVIOMETRICAS DE COSTA RICA”, I. SAN JOSE; VALORES.DIARIOS DE 1888 A 1972.Estadisticas, San José, Costa Rica 1973. Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, Instituto Meteorológico Nacional, Año del centenario 1888 – 1988.”Catastro de las series de precipitaciones medidas en Costa Rica, San José, Costa Rica 1988. Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). Anuario Estadístico. Año 1934, Tomo 38, San José, Imprenta Nacional, 1935, y DGEC, Anuarios Estadísticos, 1935-1940.

LAS LLUVIAS EN LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES DE LA COSTA RICA LIBERAL

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Gráfico 3. Kilos de café exportados y promedio de precipitaciones en San José (mm) 1893-1940

Fuente: Ver Tabla 3. Elaboración propia.

En otras palabras, los incrementos o disminuciones en el nivel de las precipitaciones, incidieron muy poco en la cantidad de café exportada (Gráfico 3). Fueron entonces otros factores de la más variada naturaleza como las condiciones del mercado internacional, las enfermedades, el cambio técnico agrario orientado a prolongar la vida productiva de los cafetos y a mejorar los ciclos agroecológicos53, los cambios en los patrones de consumo en los principales países importadores, la diversificación de la estructura productiva y las variaciones en los criterios que definían la calidad del grano54, los que en conjunto definieron la ruta de las exportaciones de café costarricense. Lo anterior no implica, desde luego, que en años específicos los efectos de las lluvias excesivas o de la falta de estas no afectaran —como veremos más adelante— a los principales productos de exportación del país o a otras actividades del sector primario. Lo que sí parecen dejar claro las relaciones que hemos procurado establecer, es que en el período analizado, la merma o incremento de las exportaciones cafetaleras, teniendo como principal 53 Naranjo, 1997. Samper y Naranjo, 2006, 100-106. 54 Idem. Samper, 2002. Viales y Montero, 2010.

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determinante las variaciones en el régimen de lluvias, fue la excepción y no la regla. Los niveles de precipitación, aún con las visibles variaciones inter-anuales, parecen haber sido siempre funcionales y si se quiere idóneos para la producción cafetalera, pues dada la relación descrita, no podemos hablar de un nivel “óptimo” de exportaciones obtenido a partir de determinada “cantidad” de lluvias. Las exportaciones de café variaron, entonces, independientemente de los niveles de precipitaciones que se presentaron a lo largo del período. Resultados similares se obtienen al establecer la relación entre la trayectoria de las precipitaciones y las exportaciones de banano. Hemos de decir que en este caso son válidas las mismas observaciones que sobre los alcances y límites del análisis hiciéramos para el caso del café, aunque resulta indispensable hacer algunas aclaraciones y precisiones previas. En virtud de que en nuestro período de estudio el Caribe concentraba de manera abrumadora la producción de la fruta, la utilización de los datos meteorológicos de San José introduciría un sesgo mayor —tal vez insalvable— en los resultados de las operaciones estadísticas. Es por esto que hemos optado por cotejar los racimos exportados con los registros de las precipitaciones recopilados en la Estación Freeman, la más antigua con la que contamos registros para la región caribeña, o al menos parte de ella. Esto implicó, eso sí, una reducción del período analizado, que sería entonces para el caso del banano, el comprendido entre 1905 y 1934. Asimismo, hemos de señalar que no concluimos en 1940 debido a que a partir de 1935, la cantidad exportada se dejó de contabilizar en racimos, pasándose al pesaje en kilogramos, por lo que para evitar cualquier distorsión derivada de la necesidad de calcular el peso promedio por racimo, hemos decidido prescindir del último lustro de nuestro período en este análisis. Hechas estas precisiones y aclaraciones debemos decir que, como ya se mencionó, los resultados obtenidos del cotejo de ambas variables, no difieren mucho de los obtenidos para el caso del café y las lluvias josefinas. La relación entre las variables continúa siendo ostensiblemente débil. No obstante, hemos de destacar que es notoriamente más fuerte que en el caso del café, como se puede observar en la Tabla 4. Así, al obtener el coeficiente de correlación, este arroja un valor de 0,3901, mientras que el coeficiente de determinación es de 0,1522. En otras palabras, a pesar de que la relación continúa siendo débil, la evolución de las precipitaciones en la estación Freeman como variable independiente, tiene una capacidad explicativa de un 15% en la trayectoria de las exportaciones bananeras en el período 1905-1934, lo cual, partiendo de la premisa de que los fenómenos históricos son intrínsecamente multicausales, no resulta del todo despreciable.

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Tabla 4. Exportación de banano en racimos y precipitaciones en la estación Freeman, Cuencas Pacuare y Madre de Dios [mm] (1905-1934) Racimos de Precipitaciones Año banano expor- Estación Freeman tados [mm]

Racimos de Precipitaciones Año banano expor- Estación Freeman tados [mm]

1905

7.283.000

3.810,1

1920

8.652.473

3.431,6

1906

8.872.729

3.365,6

1921

8.318.851

2.644,1

1907

10.166.551

3.390,9

1922

7.171.619

4.516,1

1908

10.074.599

3.792,3

1923

7.454.114

4.175,7

1909

9.365.690

3.952,3

1924

8.087.201

2.524,7

1910

9.097.285

4.457,7

1925

8.348.972

3.002,2

1911

9.309.586

4.020,7

1926

8.560.910

2.494,1

1912

10.647.702

3.662,6

1927

7.869.175

3.683,0

1913

11.170.812

4.285,1

1928

7.323.481

3.754,2

1914

10.162.912

5.118,1

1929

6.112.170

2.773,6

1915

9.521.648

3.406,1

1930

5.834.045

3.020,0

1916

10.058.738

2.821,9

1931

5.079.944

2.534,8

1917

8.689.515

3.459,5

1932

4.313.379

3.383,4

1918

7.129.655

3.490,1

1933

4.293.383

2.692,5

1919

7.270.624

3.672,9

1934

3.210.169

3.195,2

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Meteorológico Nacional, “LAS SERIES PLUVIOMETRICAS DE COSTA RICA”, I. SAN JOSE; VALORES DIARIOS DE 1888 A 1972. Estadísticas, San José, Costa Rica, 1973. Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, Instituto Meteorológico Nacional, Año del centenario 1888-1988. Catastro de las series de precipitaciones medidas en Costa Rica, San José, Costa Rica, 1988. Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). Anuario Estadístico. Año 1934, Tomo 38, San José, Imprenta Nacional, 1935. Viales, 2001c, 75-78.

El mayor peso de las precipitaciones en la dinámica de las exportaciones bananeras no es extraño, especialmente si tomamos en cuenta que, como lo ha analizado Ronny Viales, tanto los cambios climáticos como la expansión del denominado “mal de Panamá” se constituyeron en los principales determinantes agroecológicos de la decadencia del cultivo bananero en el Caribe costarricense55. Algunos ejemplos expuestos por este autor para años específicos, nos dan cuenta del impacto de los eventos hidrometeorológicos en la producción bananera. Así, 55 Viales, 2001c.

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sólo en el año de 1912 se reportaron 292.561 racimos de banano perdidos a raíz de las fuertes lluvias e inundaciones, así como por la propagación del mal de Panamá a casi mil quinientas ha de terreno. En 1913, por otra parte, y producto solamente de las inundaciones y los “huracanes” se perdieron 149.773 racimos de banano y 54.645 “matas” de cacao56. Los elevados niveles de precipitaciones en la región caribeña costarricense y sus consecuencias, especialmente las inundaciones, parecen haber hecho al cultivo del banano más vulnerable a las variaciones en el régimen de lluvias. En otras palabras, contrario a lo que se analizó para el caso del café, el régimen de precipitaciones caribeño no parece haber sido siempre funcional al desarrollo del cultivo bananero. Esto queda aún más claro cuando analizamos con detalle algunos de los años de nuestro análisis, reforzando los informes de los funcionarios de la “compañía” sobre los impactos de los “huracanes” e inundaciones en el cultivo bananero, de los que nos da cuenta Viales. Así, por ejemplo, cuando en el año de 1909 E. Hitchcock, administrador de la UFCo., empezaba a informar sobre la merma en la cosecha de bananos producto de las inundaciones y el “mal de Panamá”, el promedio anual de precipitaciones registradas en la Estación Freeman había crecido de forma sostenida en el trienio comprendido entre 1907 (3.390,9 mm) y 1910 (4.457,7 mm), siendo este último año el tercero con mayor registro de precipitaciones para todo el período estudiado (Gráfico 4). Por otra parte, la merma en la cosecha parece haberse reflejado claramente en los racimos exportados, que descendieron de 10.166.551 en 1907, a 9.097.285 en 1910, es decir la nada despreciable cantidad de 1.069.266 racimos menos. A pesar de que en 1912 se reportó una pérdida de 292.561 racimos producto de los huracanes e inundaciones y la propagación de la enfermedad fungosa, el nivel de precipitaciones registrado en la estación Freeman fue relativamente bajo (3.662,6 mm) y las exportaciones se encontraban en franco proceso de recuperación. Esto nos recuerda que el nivel de precipitaciones es sólo un factor entre muchos otros que afectaron la dinámica agroexportadora y que los registros de Freeman no pueden ser considerados representativos de toda la región caribeña. Apenas dos años más tarde, en 1914 se registraban las mayores precipitaciones de todo el período (5.118,1 mm) al tiempo que las exportaciones bananeras descendían de su máximo histórico para todo el período, alcanzado en 1913 con 11.170.812 racimos, a 9.521.648 en 1915, es decir, poco más de un millón y medio de racimos menos. Con este análisis contextualizado de algunos de los factores agroecológicos cuyo impacto en la producción y exportación bananera parece innegable, hemos procurado mostrar que, a pesar de la relación débil existente entre las lluvias y las exportaciones bananeras, los incrementos en los niveles de precipitaciones 56 Ibidem, 91.

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parecen haber sido decisivos en la merma de la producción y comercialización de la fruta en algunos años. En otros el peso de las lluvias excesivas y sus consecuencias como las inundaciones, parecen haber tenido una escasa incidencia en la dinámica económica del cultivo bananero, siendo otros factores como el decrecimiento del área cultivada, el rendimiento de las tierras, la competencia de otras áreas productoras57, y el proceso inflacionario que experimentó la economía estadounidense desde 191458, los principales responsables del declive progresivo experimentado por la economía bananera en el Caribe costarricense hasta el traslado de la producción al Pacífico Sur del país, tras el año 193859. Gráfico 4. Exportaciones de banano en racimos y promedio de precipitaciones en la estación Freeman, Cuencas Pacuare y Madre de Dios (mm) 1905-1934

Fuente: Ver Tabla 4. Elaboración propia.

57 Ibidem, 89-90. 58 Ibidem, 84-90. 59 Ibidem, 89.

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ALGUNAS CONCLUSIONES Los factores climáticos, como elementos integrales del mundo natural, inciden, sin duda, en el desenvolvimiento de las sociedades humanas en sus más variadas dimensiones. Estas, a su vez, han construido históricamente formas específicas de relacionarse con su “entorno climático”, en las que la adaptación, asimilación y el dominio, se podrían sintetizar como las estrategias básicas que, en distintos contextos espacio-temporales, las sociedades han llevado adelante para tratar con su “socio” o eliminar a su “enemigo”. En este sentido, las precipitaciones, como elemento climático específico, no han sido la excepción. Aunque breve y evidentemente sujeto de ampliación empírica y profundización metodológica y conceptual, el presente trabajo ha buscado brindar una primera mirada a los tipos de relación que grupos sociales diversos sostuvieron con las precipitaciones, como parte integral de su entorno ambiental, en la Costa Rica del “progreso”, y su correspondencia con los ciclos hidrológicos que tuvieron lugar en este período. Hemos de decir, primeramente, que sobre todo en las postrimerías del siglo XIX, el conocimiento del ritmo e intensidad de las lluvias adquirió, sin duda, un carácter estratégico para el Estado y sus inseparables socias: las empresas transnacionales. La dependencia de las lluvias como fuente energética que aún tenían el café y el banano como “productos estrella” del modelo agroexportador costarricense, y el carácter estratégico que la extensión y diversificación agrícolas adquieren en este período, se podrían considerar como los principales impulsores de la institucionalización del quehacer científico en Costa Rica, en la que la sistematización de los datos meteorológicos va a ocupar un papel central. En este sentido, debemos señalar que, si bien la abundancia de información meteorológica de la capital contrasta con la dispersión y el carácter fragmentario de los datos en otras regiones del país, la reconstrucción de las series existentes ha sido, desde nuestra perspectiva, en extremo valiosa, pues nos ha permitido acercarnos a las variaciones y continuidades en ritmo e intensidad de las lluvias en el período seleccionado. Más aún, a partir de la correlación entre las precipitaciones y la presencia de eventos meteorológicos como La Niña y el Niño —valiéndonos sin duda de la innegable “ventaja diacrónica” que representa el dimensionar la presencia de dichos eventos aun cuando eran desconocidos por sus contemporáneos— hemos podido establecer, al menos provisionalmente, los perfiles de los años afectados por dichos eventos y su influencia en el régimen de precipitaciones de Costa Rica, pero especialmente en el josefino Si bien en términos generales las oscilaciones en el promedio de las lluvias no son particularmente notorias con o sin la presencia de dichos eventos, un examen más detallado sobre el comportamiento de las precipitaciones parece dejar

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155

claro que, tanto El Niño como La Niña extremaron, hacia la baja o hacia el alta los niveles de precipitaciones en todo el período mientras que los años carentes de dichos eventos fueron particularmente lluviosos y notoriamente estables. Las lluvias en el período estudiado fueron sin duda abundantes. Esto traería consecuencias económicas y sociales diversas, marcadas por la respuesta estatal ante las inundaciones que con frecuencia, al igual que en la actualidad, se presentaban en el país. En este sentido, diremos que los gobiernos liberales costarricenses parecen haber mantenido una notable fidelidad a los preceptos de “orden y progreso” que solían guiar su praxis política y económica. El lugar preeminente que ocupó la reconstrucción de la infraestructura básica dañada por las “inclementes” lluvias para asegurar la salida de los principales productos de exportación y el consecuente ingreso de los bienes importados como base de las rentas estatales, no parecen dejar dudas sobre las prioridades “macroeconómicas” del Estado. Amén del evidente interés de los gobiernos costarricenses por dinamizar la “economía nacional”, entendida esta como la vinculada a los intereses de la elite económica y política del Valle Central, hemos de señalar que los caminos vecinales, viviendas y más lejos aún, las necesidades sociales de diversas comunidades, especialmente las más distantes del “centro”, no sólo en términos geográficos sino en su desarrollo económico y social, ocupaban, de acuerdo a las fuentes consultadas, un lugar marginal en la improvisada agenda de atención de desastres del Estado costarricense. De hecho, y no sin algo de ironía, esta marginalización nos ha permitido dimensionar la precaria atención recibida por numerosas poblaciones rurales del país ante las frecuentes inundaciones que las asolaban, expresada en las solicitudes de auxilio que distintos funcionarios de los municipios y otras instancias locales o estatales dirigían al gobierno central, y en las que se detallaban no pocos de los padecimientos que muchas de estas comunidades enfrentaban en la estación lluviosa, dándonos cuenta, asimismo, del carácter específico de las relaciones sociedad-naturaleza en el ámbito local y regional. Inundaciones de comunidades enteras, enfermedades, problemas de asistencia escolar, parecen haber formado parte de la cotidianeidad de numerosas poblaciones rurales cuyos representantes, por un lado, clamaban por el auxilio estatal y la institucionalización de políticas que atenuaran los “males” generados por las lluvias, y por otro, insistían en culpar casi exclusivamente a estas últimas por las calamidades sufridas, lo que parece dar cuenta de la forma en que estos funcionarios suscribían sin vacilación los principios del “progreso” liberal, aun padeciendo sus consecuencias socioambientales. A pesar del innegable impacto de las lluvias en la dinámica socioeconómica del país en el período de estudio, una primera aproximación a las relaciones entre las exportaciones de café y banano como “productos estrella” del modelo agroexportador costarricense y las precipitaciones en el período analizado, parece darnos cuenta de que “estadísticamente”, las variaciones en los niveles de las

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lluvias guardaron una escasa relación con el auge o la pérdida de dinamismo en la comercialización de ambos bienes. Sin embargo, los rasgos agroecológicos y las características hidrometeorológicas del Caribe costarricense parecen haber incidido en que la relación entre las lluvias y los racimos de banano exportados sea para nuestro período de estudio, notoriamente más fuerte que la existente entre la exportación de café y la evolución de las precipitaciones. Lo anterior implica que los incrementos en los niveles de precipitaciones parecen haber sido decisivos en la merma de la producción y comercialización de la fruta en algunos años, mientras que en otros, factores como las condiciones del mercado internacional de materias primas, los procesos inflacionarios por los que atravesó la economía estadounidense, el rendimiento de las tierras, el decrecimiento del área cultivada y las propias estrategias de la UFCo dirigidas a sostener artificialmente los precios de la fruta, deben ser considerados como los principales responsables del declive experimentado por la producción y comercialización del banano, especialmente en las últimas dos décadas de nuestro período. Este análisis nos permite plantear que el establecimiento de relaciones entre variables económicas y socioambientales, se constituye en una herramienta de primer orden para poder esclarecer el papel de los sistemas naturales como condicionantes de la actividad económica, tanto en coyunturas específicas como en la definición de los rasgos estructurales de las diversas economías y sus posibilidades de transformación. A partir de esta consideración creemos que el realizar estudios orientados a dimensionar la incidencia de los factores climáticos en la evolución histórica de la economía costarricense, se torna tanto sugerente como necesaria si se quiere avanzar en el conocimiento de las interacciones entre los sistemas económicos y los sistemas naturales. BIBLIOGRAFÍA Amador, J. y Mora, I. 2000: “El ENOS, el IOS y la corriente en chorro de bajo nivel en el oeste del Caribe”, en Tópicos meteorológicos y oceanográficos, 7, 1, San José, C. R., 27-39. Botey, A. 1999: “El ferrocarril al Pacífico: un ente de regulación y desarrollo en crisis permanente (1880-1972)”, en Anuario de Estudios Centroamericanos, 25, 1, San José, C. R., 139-158. Cardoso, C. F. 2001: Ensayos. San José, C. R., Editorial de la Universidad de Costa Rica. Castro, G. 1996: Naturaleza y Sociedad en la Historia de América Latina. Panamá, Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA). Comín, F. 1996: Historia de la Hacienda pública, 1. Europa. Barcelona, Crítica. Cushman, G. T. 2004: “Enclave Vision: Foreign networks in Peru and the internationalization of El Niño research during the 1920s”, en Proceedings of the International Commission on History of Meteorology, 1, 1, 65-74.

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LAS LLUVIAS EN LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES DE LA COSTA RICA LIBERAL

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Águas poluídas no Rio Grande do Sul da Primeira República (1889-1930) Polluted Water in the Rio Grande do Sul during the First Republic (1889-1930) Fabiano Quadros-Rückert Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, Brasil. [email protected]

El propósito de este trabajo es abordar el problema de la contaminación del agua en el estado de Rio Grande do Sul en el período de la historia de Brasil conocido como la Primera República (1889-1930). El texto pone de relieve los debates producidos por el gobierno y la sociedad con la percepción de situaciones de contaminación del agua y explora las respuestas dadas al problema del agua contaminada. Se consultaron tres tipos de fuentes documentales para elaborar el texto: los documentos de la administración pública, la prensa y los trece proyectos de saneamiento diseñados por el ingeniero Francisco Saturnino Rodrigues de Brito para las ciudades de Río Grande do Sul. Palabras clave: contaminación del agua; saneamiento; Rio Grande do Sul; Primera República.

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INTRODUÇÃO Nos dois últimos séculos, o problema da poluição hídrica tornou-se um assunto relevante para o poder público e para a sociedade civil. A ciência do século XIX ofereceu contribuições para a percepção deste problema, sobretudo com o estudo de John Snow sobre a transmissão do Cólera, publicado em 18541 e, posteriormente, com o desenvolvimento da Microbiologia2. A preocupação com as águas ganhou espaço no discurso e nas práticas dos médicos, engenheiros e educadores adeptos do higienismo e foi um fator importante nos estudos sobre salubridade urbana3 e nos projetos de urbanização que marcaram a transição do século XIX para o XX. As mudanças na relação da sociedade com as águas foram graduais e marcadas de um lado, pela por aplicação do saber científico na captação, tratamento e distribuição, e do outro, pela crescente demanda por água potável que caracterizou o surgimento do sistema moderno de abastecimento4. Nos primeiros anos do século XX, a teoria da transmissão hídrica de doenças como Cólera e Febre Tifóide estava consolidada e o uso de exames laboratoriais para avaliar a potabilidade ou a contaminação das águas era um procedimento comum para médicos e engenheiros5. No plano da ciência, os avanços na compreensão das relações entre a poluição hídrica e a insalubridade foram expressivos e influenciaram na modernização do abastecimento de água; contudo, as práticas de poluição continuavam em curso e foram intensificadas pela expansão da Revolução Industrial. Criou-se assim uma situação ambígua: havia uma preocupação com a qualidade das águas e, ao mesmo tempo, um interesse pelos benefícios da indústria moderna —benefícios que implicavam na geração de mais resíduos e na contínua poluição hídrica. Dentro do contexto mais amplo de mudanças na percepção e no uso das águas que estava em curso na transição do século XIX para o XX, pretendo abordar neste texto o problema das águas poluídas no Rio Grande do Sul, estado localizado no sul do Brasil, no período que corresponde a Primeira República 1 Snow, 1999. 2 Sant’Anna, 2007. 3 Os estudos sobre salubridade urbana no século XIX e começo do XX são importantes fontes documentais para os historiadores interessados nas relações entre saneamento e saúde pública. Como exemplo, podemos citar a conhecida obra do inglês Edwin Chadwick, publicada em 1842 com o título Report on an inquiry into the sanitary condition of the laboring population of Great Britain (Chadwick, 1842); o Inquérito de Salubridade das Povoações Mais Importantes de Portugal, publicado em 1903 pelo Ministério de Obras Públicas de Portugal (MOP, 1903); e o relatório sobre Os Cortiços de Santa Ifigênia, realizado pelo governo de São Paulo em 1893 (Cordeiro, 2010). 4 Matés-Barco, 1999. 5 O uso de exames laboratoriais para análise da qualidade das águas foi incentivado pelos congressos internacionais realizados por médicos e engenheiros na segunda metade do século XIX e no começo do século XX; ele também foi difundido através de publicações técnicas realizadas por profissionais da medicina e da engenharia. Cabe ressaltar que a gradual adoção de procedimentos e parâmetros criados pela comunidade científica coexistiu com práticas antigas de avaliação da qualidade das águas (Sant’ Anna, 2007. Contreras-Utrera, 2011).

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(1889-1930). A proposta do texto consiste em explorar o envolvimento da sociedade e do poder público nas discussões referentes à poluição hídrica ocorridas em cidades sul rio-grandenses. Para desenvolver a proposta, consultei documentos da administração pública6, explorei a presença do assunto na imprensa7 e analisei os treze projetos de saneamento elaborados pelo engenheiro Francisco Saturnino de Brito para cidades do Rio Grande do Sul8. Antes de enfatizar o recorte temático e cronológico indicado pelo título do texto, é importante esclarecer que a preocupação com a qualidade das águas consumidas pela população no Rio Grande do Sul não foi uma criação do regime republicano, implantado no Brasil em 1889. Esta preocupação já existia no regime imperial e foi um fator importante para o surgimento das Companhias Hydráulicas —empresas autorizadas pelo governo para explorar o serviço de fornecimento de água. Depois do impacto da epidemia de Cólera que atingiu o Rio Grande do Sul em 1855, o governo decidiu ampliar o fornecimento de água na cidade de Porto Alegre, capital da Província9. Sob a influência de iniciativas para o abastecimento de água promovidas nas cidades de Recife (Pernambuco)10 e Salvador (Bahia)11, o governo sul rio-grandense encaminhou negociações com o empresário Francisco Antônio Pereira Rocha. Em 1861, a Província assinou um contrato concedendo ao empresário o direito de captar e distribuir as águas das nascentes do Arroio do Sabão; em contrapartida, Rocha assumiu o compromisso de instalar oito chafarizes na área central da cidade para vender a água nas condições fixadas pelo governo; cinco ano depois, a Companhia Hydráulica-Porto Alegrense inaugurou a sua rede de distribuição de água encanada na capital. Na década de 1870 surgiram duas novas empresas de abastecimento de água na Província: a Companhia Hydráulica Pelotense, instalada na cidade de Pelotas, 6 Os documentos referentes à administração pública consultados na pesquisa foram localizados nos seguintes acervos: Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Velhinho (AHPAMV); Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS); Museu Visconde de São Leopoldo (MVSL) e Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (SANEP). 7 A consulta na imprensa contemplou os seguintes jornais: A Federação; Correio Mercantil e Diário Popular. A consulta no jornal A Federação foi feita pela Internet, através do acervo digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ); os outros dois periódicos foram pesquisados no acervo da Biblioteca Pública de Pelotas (BPP). 8 Os projetos de saneamento para cidades do Rio Grande do Sul elaborados pelo engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito correspondem aos Volumes X, XI, XII e XIII da Coleção Obras Completas de Saturnino de Brito, publicada pelo Instituto Nacional do Livro em 1943 e 1944. 9 Acosta-Witter, 2007. Ferreira de Ávila, 2010. 10 Em Recife, capital da Província de Pernambuco, em 1838 ocorreu a criação da Companhia Hydráulica do Beberibe, uma empresa que reuniu investidores ingleses e membros da elite pernambucana interessados em explorar o abastecimento de água (Loebler-Campos, 2008). 11 Na cidade de Salvador, capital da Província da Bahia, em 1852 foi criada a Companhia Hydráulica do Queimado, empresa que recebeu autorização do governo provincial para explorar o abastecimento de água na respectiva cidade (Pereira Dos Santos, 1999).

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e a Companhia Hydráulica Rio-Grandense, instalada na cidade do Rio Grande, ambas criadas em 1871 a partir de negociações entre o governo provincial e o empresário Hygino Correa Durão12. A última empresa deste gênero que surgiu na Província foi a Companhia Hydráulica Guahybense que em 1886 recebeu autorização do governo para captar e distribuir as águas do Guaíba. Criada nos anos finais do Império, esta empresa inaugurou o seu sistema de abastecimento em 1891, quando a República já estava implantada no Brasil13. Durante os primeiros anos do regime republicano, a preocupação do governo do Rio Grande do Sul com o saneamento ficou restrita ao plano discursivo14, mas a partir de 1918, ano da criação da Comissão Estadual de Saneamento, o estado colocou em prática uma política de cooperação com as municipalidades para execução de projetos e obras de saneamento —cooperação que já estava prevista na Constituição Estadual de 1891 e nos Regulamentos da Diretoria de Higiene do Estado15. Considerando o processo de expansão das ações do poder público estadual na área do saneamento, o tema das águas poluídas será abordado em dois tópicos: o primeiro contempla os sinais da poluição hídrica registrados entre 1889 e 1918, o segundo, analisa a presença do tema nos projetos de Francisco Saturnino Rodrigues de Brito16. SINAIS DA POLUIÇÃO HÍDRICA NAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL (1889-1918) Em 1891, a população de Porto Alegre passou a ser atendida por duas empresas de abastecimento de água; neste mesmo ano, surgiu na imprensa local uma 12 Montagna Da Silveira, 2009. 13 Rückert, 2013a. 14 Como exemplo de uma preocupação com o saneamento restrita ao plano discursivo, cabe citar a declaração feita pelo Dr. Protásio Alves —Inspetor da Diretoria de Higiene de Estado— em 1894. Alves afirmou que: “Para diminuir-se a mortalidade: é necessário que sejam construídos já esgotos subterrâneos para o serviço da zona onde a população é mais densa, de sorte que a cidade fique livre das impurezas da sargetas e o littoral de toda espécie de inmundicies; é preciso que todas as casas tenham água boa e em abundância, o que só se conseguirá quando a municipalidade a distribuir, considerando-a um elemento tão indispensável a vida como o ar, que desde muito todos os códigos municipaes sabiamente medem dando o máximo para cada habitante, ao inverso das companhias hydráulicas […]. Relatório apresentado a 30 de agosto de 1894 ao Presidente do Rio Grande do Sul, Sr. Julio Prates de Castilhos, pelo Secretário Interino dos Negócios do Interior e Exterior Possidonio M. da Cunha Junior. Porto Alegre, Oficinas Tipográficas de A Federação, 1894, 96 (AHRS). 15 O primeiro Regulamento da Diretoria de Higiene do Estado foi implantado em 1895, posteriormente, em 1907 o governo implantou um novo Regulamento (Teixeira-Weber, 1999, 52). 16 Existem diversos estudos que exploram as ideias e o trabalho do engenheiro Francisco Rodrigues Saturnino de Brito; alguns destes estudos procedem da área da Arquitetura e Urbanismo (Andrade, 1992 y 2002); outros procedem da área da História (Teixeira y Peixoto-Faria, 2013 y 2014. Lopes, 2013). Cabe ressaltar que apesar da importância de Saturnino de Brito para a Engenharia Sanitária e para a urbanização no Brasil, ainda não foi produzida uma bibliografia capaz de contemplar a extensão da sua obra que inclui, além de 53 projetos de saneamento para cidades brasileiras, as publicações técnicas no Brasil e no exterior, os textos publicados na imprensa e as correspondências que ele escreveu e recebeu ao longo da sua vida.

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discussão sobre a qualidade das fontes hídricas existentes na cidade —discussão que também envolvia os interesses financeiros das duas companhias hydráulicas fixadas na capital do estado. O ponto de partida foi um texto anônimo publicado no periódico A Reforma que acusava a Companhia Hydráulica Guahybense de abandonar “os planos approvados” pelo governo e de pretender fornecer água do subsolo para a população. O texto foi reproduzido pelo jornal A Federação e publicado com o título “Questões Hydraulicas”, e dele procede à seguinte citação: “Em assumpto de fornecimento d’agua a questão principal é a qualidade d’ela. Quando o sr. Lima Brandão começou sua propaganda, proclamava a todos os ventos que a agua do rio Guahyba era 24% melhor (isto é, mais pura) do que a agua do arroio do Sabão e este argumento era um dos grandes cavalos de batalha na guerra á Hydraulica.[…]. Mas era impossível reunir o capital necessário para a execução dos planos aprovados pela câmara, e por isso foi preciso abandonar a preconizada agua do canal, esta agua que em 1885 era sem igual e merecia todos os elogios do sr. Lima Brandão, tornou-se agua abominável, muito pior do que a agua fornecida pelo arroio Sabão. […] E que crédito pode merecer ao público a agua filtrada junto á chácara do sr. Apolinário Porto Alegre, que a qualificam de optima, igual a da Fonte do Freitas? Negamos absolutamente a possibilidade de ser melhor a agua filtrada no terreno baixo e barrento do que a de um grande rio corrente […] Em todo o caso, o fornecimento d’agua filtrada do subsolo uma phase nova, em que não bastam as allegações dos directores da empreza. […] Há, como já dissemos, graves preconceitos scientíficos contra o uso de agua filtrada do subsolo, não sendo de vertente […] É assumpto gravíssimo que deve ser seriamente estudado, com audiência dos directores da hygiene pública […]17.”

Com uma forte crítica a intenção de captar água no subsolo estudada pela Companhia Hydráulica Guahybense, o autor do texto citado colocou em pauta a qualidade da água que seria fornecida pela nova empresa e expressou dúvidas quanto a viabilidade técnica e financeira da captação no subsolo. A defesa da Companhia Hydráulica Guahybense coube ao engenheiro Alfredo Nunes de Azevedo que, no dia 07 de janeiro de 1891, escreveu o artigo “Questão de águas”, argumentando que em um determinado momento a Guahybense cogitou a captação no subsolo, mas diante da superior qualidade das águas correntes, os acionistas optaram pela captação no Guaíba e sustentou que esta era uma decisão definitiva18. Cinco dias depois, Azevedo usou retomou o assunto, mas desta vez assumiu uma posição mais ofensiva em relação à empresa corrente. Ele citou documentos para comprovar que a água captada no Arroio do Sabão era insuficiente no verão e apresentava problemas decorrentes do excesso de barro 17 A Federação. Questões Hydraulicas, 07 de janeiro de 1891, 2 (BNRJ). 18 A Federação. Secção Livre. Questão de aguas, 07 de janeiro de 1891, 2 (BNRJ).

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na estação chuvosa. E ao afirmar que “a maior parte das moléstias do estomago, n’esta cidade, são devidas ao uso da agua da Hydráulica Porto-Alegrense” e, ele abriu precedente para a continuidade da discussão19. Em nome da Companhia Hydráulica Porto-Alegrense, o engenheiro Pereira escreveu uma resposta dosada em quatro artigos: (1º) no dia 16 de janeiro, ele apresentou documentos produzidos pela Comissão que analisou as águas do Arroio Sabão em 1866 para defender a qualidade da água fornecida pela empresa e afirmou que a Hydráulica Porto-Alegrense havia contribuído para reduzir as moléstias intestinais que afetavam a população20; (2º) no dia seguinte, expôs dados sobre a “composição hydrotrimétrica” da água do Arroio do Sabão e destacou a existência de estudos químicos que comprovavam a sua qualidade21; (3º) posteriormente, no dia 19 de janeiro, citou declarações de autoridades públicas que reconheciam o auxílio da água da Hydráulica Porto-Alegrense na contenção da epidemia de Cólera de 186722. Finalizando suas respostas, Pereira posicionou-se a respeito da capacidade da Companhia Porto-Alegrense atender a crescente demanda de água da cidade: “Como expliquei clara e positivamente, a falta d’agua que tem havido em algumas tardes na parte da cidade que é abastecida pelo reservatório á praça General Deodoro, provém unicamente de desperdícios e abusos, que ahi a companhia dispõe diariamente de um volume de’agua duas vezes e meia maior do que o que lhe deveria ser sufficiente em vista de seus compromissos ou do número de penas existentes n’esta parte da cidade. Repito o que asseverei em minha carta: são consumidos em menos de 10 horas 1.500.00 litros d’agua contra cerca de 600.000 por dia, que constituem os compromissos”23.

Depois de concentrar sua atenção na defesa da qualidade da água fornecida pela empresa da qual era membro, o engenheiro Alvaro Nunes Pereira escreveu uma série de artigos publicados no jornal A Federação citando estudos de diferentes procedências para sustentar sua tese de que o consumo das águas de rios poluídos contrariava os preceitos científicos da época24. É difícil dissociarmos o 19 A Federação. Questão de aguas, 12 de janeiro de 1891, 2 (BNRJ). 20 A Federação. Questão das águas III, 16 de janeiro de 1891, 2 (BNRJ). 21 Segundo Alfredo Nunes de Azevedo: “A analyse chimica da agua da Hydráulica foi feita em Paris por profissional habilitadissimo, sob a direção do grande engenheiro Mary” A Federação. Questão de aguas IV. A agua da Hydráulica Porto-Alegrense (BNRJ). No mesmo texto, Azevedo apresenta as conclusões do estudo químico feito pelo Sr. Guilherme Sturtz (um dos sócios da empresa). 22 A Federação. Questão de aguas V. A agua da Hydráulica Porto-Alegrense, 19 de janeiro de 1891, 2 (BNRJ). 23 A Federação. Questão de aguas VI. A agua da Hydráulica Porto-Alegrense, 20 de janeiro de 1891, 2 (BNRJ). 24 A Federação. Questão de aguas VII, 21 de janeiro de 1891, 2.—A Federação. Questão de aguas VIII, 22 de janeiro de 1891, p. 2.—A Federação. Questão de aguas IX, 23 de janeiro de 1891, 3.—A Federação. Questão de aguas X, 24 de janeiro de 1891, 2.—A Federação. Questão de aguas XI, 26 de janeiro de 1891, 2.—A Fede-

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empenho de Pereira para validar suas ideias do cargo que ocupava como engenheiro-gerente da Companhia Hydráulica Porto-Alegrense, pois o seu sucesso implicava no descrédito da empresa concorrente. Podemos inferir que ele escreveu defendo os interesses da sua empresa, contudo, devemos também considerar o fato de que no final do século XIX e, mesmo nas primeiras décadas do XX, parte da comunidade científica defendia a captação nas fontes e nascentes, locais em que as águas estariam supostamente protegidas da poluição gerada pelas atividades humanas. Outra corrente científica discordava da preferência pelas águas de fontes e nascentes e entendia que mesmo as águas de rios com elevados índices de contaminação podiam ser submetidas à purificação e tratamento químico e, posteriormente, consumidas sem risco para a saúde humana. A discussão registrada na imprensa porto alegrense como a “questão das águas”, envolveu adeptos de dois modelos de captação: um baseado na preferência pelas fontes e nascentes e outro baseado na valorização dos procedimentos de purificação das águas. Depois de atingir o auge nos meses de janeiro e fevereiro de 1891, a discussão foi perdendo força. E considerando as partes envolvidas, é fácil perceber que existiam interesses comerciais em jogo. O surgimento da Companhia Hydráulica Guahybense representava o começo de uma concorrência comercial e, consequentemente, surgiram desconfianças e hostilidades entre os investidores. Desconfianças a parte, a demanda pela água encanada estava em alta e havia espaço para o crescimento das duas empresas. A conjuntura mudou quando a administração municipal de Porto Alegre decidiu investir no abastecimento de água da cidade e encaminhou negociações com as empresas responsáveis pelo serviço. As negociações resultaram na encampação da Companhia Hydráulica Guahybense que em 1904 transferiu para a municipalidade as suas máquinas e a rede de canos; e na continuidade da existência da Companhia Hydráulica Porto-Alegrense, uma vez que está empresa não aceitou as condições de encampação25. Desta forma, a partir de 1904, havia em Porto Alegre um sistema misto de abastecimento com uma empresa privada atuando no serviço ao lado da municipalidade. Os tanques para decantação natural da água captada no Guaíba construído pela extinta Companhia Hydráulica Guahybense continuaram sendo usado pela municipalidade que instalou naquele local a Hydráulica Municipal. Para gerenciar o serviço, a Intendência criou uma repartição específica (a Seção de Hydráulica Municipal) e passou a realizar investimentos nas máquinas de captação e na expansão da rede, protelando as obras necessárias para qualificar o tratamento da água26. ração. Questão de aguas XII, 27 de janeiro de 1891, p. 2.—A Federação. Questão de aguas XIII, 30 de janeiro de 1891, 2.—A Federação. Questão de aguas XIV, 04 de fevereiro de 1891, 2 (BNRJ). 25 Relatório apresentado ao Conselho Municipal pelo intendente Dr. José Montaury de Aguiar Leitão na sessão ordinária de 1904. Porto Alegre, Officinas Tipographicas d’ A Federação (AHPAMV). 26 Rückert, 2013b.

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A partir de 1912, surge nos Relatórios da Intendência uma preocupação com a qualidade das águas fornecidas pela Hydráulica Municipal; neste ano, o intendente José Montaury posicionou-se a favor da modificação do ponto de captação e de investimentos no tratamento da água. O problema da contaminação do Guaíba pelas indústrias localizadas próximo do ponto de captação estava constado, contudo, faltavam os recursos financeiros necessários para providenciar a solução. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial os investimentos planejados para a Hydráulica Municipal foram interrompidos diante da elevação do preço das máquinas e equipamentos hidráulicos importados da dificuldade em realizar as negociações com os fornecedores europeus. Dentre os investimentos planejados, estava a aquisição dos filtros para o tratamento da água distribuída pela Hydraulica Municipal27. Em 1916, o intentende José Montaury informou ao Conselho Municipal sobre a necessidade de usar filtros rápidos28 nos tanques da Hydráulica, reconhecendo que o sistema de filtração pela decantação natural nos tanques de areia era lento e comprometia o atendimento da crescente demanda da cidade. Montaury considerava o uso dos filtros rápidos como um investimento na preservação da saúde da população e encaminho negociações com a empresa norte-americana Ulen & Cia, contratada em 1920 para elaborar o projeto de instalação dos filtros rápidos na capital sul rio-grandense. Entre 1920 e 1928, a modernização no sistema de filtros da Hydráulica Municipal foi protelada por motivos financeiros, mas o assunto continuou recebendo a atenção do poder público29. No Relatório apresentado ao Conselho Municipal em 1925, o Intendente Otávio Rocha informou sobre os exames químicos e bacteriológicos realizados com águas coletadas em três localidades da capital: (a) no ponto de captação da Hydráulica Municipal; (b) no Furado, área do Rio Guaíba que estava sendo cogitada para o novo ponto de captação; (c) no Arroio do Lage, junto ao Rio Jacuí. Com base nos exames, os técnicos ressaltaram que as águas do Furado eram de qualidade superior e concluíram que o ponto de captação usado pela municipalidade apresentava águas “suspeitas” que deveriam “sofrer um tratamento antes da distribuição à população”30. O risco de prejuízos para a saúde 27 Relatório e Projecto de orçamento para o exercício de 1916 apresentado ao Conselho Municipal na sessão ordinária de 1915, in: A Federação, 23 de novembro de 1915, 11 (BNRJ). 28 Os filtros rápidos foram criados pelos norte-americanos nas décadas finais do século XIX para acelerar com recursos mecânicos o processo de filtração nos tanques de areia. No começo do século XX, a tecnologia de filtros norte americana foi gradualmente substituindo os filtros lentos desenvolvidos na Europa. Segundo Juan Manuel Mátes, os filtros rápidos “se caracterizaban no sólo por la perfección con la que clarificaban el agua mediante el empleo de coagulante, sino también por la efectiva disminución de bacterias, que alcanzaba el 97 por cien” (Matés-Barco, 1999, 440). 29 Em 1921 o governo realizou uma série de exames sobre a composição das águas consumidas pela população de Porto Alegre, estes exames foram publicados pela Revista Egatea, com o título “Estudo das águas de Porto Alegre” (Egatea, VI, 5, Setembro e Outubro de 1921, 267-276). 30 Relatório apresentando ao Conselho Municipal pelo intendente Engº Octávio Francisco da Rocha em 15 de outubro de 1925. Porto Alegre, Officinas Gráphicas d’A Federação, 1925, 2 (AHPAMV).

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pública estava comprovado e a Intendência mobilizou-se para conseguir os recursos necessários para modernizar o sistema de filtração da Hydráulica Muncipal; desta forma, a partir de 1928, a população de Porto Alegre passou a consumir águas filtradas com tecnologia norte americana e submetidas a purificação com produtos químicos. No Rio Grande do Sul da Primeira República, a preocupação com as águas poluídas não era uma exclusividade de Porto Alegre. Outras cidades manifestavam o mesmo tipo de preocupação. Em Pelotas, ainda nos primeiros anos do governo republicano, surgiram na imprensa matérias com críticas à qualidade das águas fornecidas pela Companhia Hydráulica Pelotense. “Nestes últimos dias, tem sido levantadas na imprensa francas acusações contra a má qualidade da água da companhia Hydráulica está fornecendo á população, aludindo-se mesmo ao pouco cuidado que se nota no asseio do encanamento e reservatórios. Semelhantes acusações, como é natural, alarmaram o espírito do povo, que tem abandonado a água fornecida pela companhia, dando preferência a que vendem os carroceiros como vinda de fora […]31.

Diante das desconfianças geradas pela água da empresa, o Delegado de Higiene Pública, Dr. Anthero Leivas, coletou amostras do líquido no tanque da Hydráulica para submetê-las a exame no laboratório da Escola da Agronomia32. Não foi possível localizar nos documentos consultados os resultados deste exame. O que constatamos foi uma continuidade nas reclamações e uma iniciativa da empresa para comprovar com exames químicos a potabilidade das águas que fornecida33. A constante presença de matérias expressando preocupação com a qualidade das águas e denunciando irregularidades no fornecimento prestado pela Companhia Hydráulica Pelotense demonstram um crescente interesse da sociedade pelo assunto. E o interesse também existia em relação a contaminação dos mananciais de água pelas “materias fecaes”. Nos primeiros anos do século XX, Pelotas não possuía uma rede de esgoto e as “materias fecaes” eram periodicamente removidas em cubos por uma empresa que realizava o Serviço de Asseio Público —um serviço que incluía o transporte, o despejo em local afastado do centro e a devolução dos cubos limpos. A imprensa local considerava este sistema de remoção das “materias fecaes” anti-higiênico e inadequado e insistia na necessidade de uma intervenção da municipalidade. 31 Jornal Correio Mercantil, 23 de dezembro de 1890 (BPP). 32 Jornal Diário Popular, 29 de dezembro de 1890 (BPP). 33 Jornal Diário Popular, 24 de setembro de 1896 (BPP). Segundo o texto da matéria, o Delegado de Hygiene de Pelotas, Dr. Jose Calero, remeteu “ao laboratório chimico da casa da moeda, no Rio de Janeiro, o mais aperfeiçoado do Brazil”, amostras de água recolhidas diretamente do encanamento da Companhia Hydráulica Pelotense para “a analyse chimica quantitativa e qualitativa”.

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Em 1904, a Intendência de Pelotas encampou a empresa do Asseio Público e assumiu o controle do serviço. Para solucionar os problemas existentes, ela tornou obrigatória a adesão ao serviço na área central da cidade, investiu na aquisição de novos cubos e escolheu um novo local para o despejo das “materias fecaes”: o local escolhido foi a antiga Xarqueada Valladares, nas margens do Canal São Gonçalo. A intenção da municipalidade com a mudança no locar era preservar a salubridade da população, mas os fatos noticiados na imprensa pelotense da época lançam algumas dúvidas sobre os resultados da iniciativa. Em 1905, durante o primeiro ano da realização dos despejos do Asseio Público na antiga Xarqueada Valladares, surgiram sinais de um surto de Febre Tifóide naquela área da cidade. O Centro Médico de Pelotas discutiu o assunto na sessão realizada no dia 25 de maio de 1905, e nomeou uma Comissão para investigar os motivos do crescente número de Febre Tifóide ocorrido naquele verão. O jornal Diário Popular, na matéria intitulada “Higiene Pública”, editada no dia 25 de julho, informou a discussão dos médicos sobre a mudança no local do despejo dos cubos e os novos casos de Febre Tifóide na cidade. Três dias depois, o mesmo jornal publicou trechos da carta escrita pelo Dr. Francisco Simões apresentando novas informações sobre a reunião do Centro Médico. Simões afirmou que: “[…] é por todas essas considerações que vimos adduzindo, por essa serie numerosa de factos, pesquizas e conclusões, que a commissão acredita que a epidemia de febre typhoide na margem esquerda do S. Gonçalo se tenha se desenvolvido e propagado, á custa desse próprio rio, por intermédio da matéria fecal que transita em suas águas. E haverá que duvidar, quando os dejectos dos doentes de febre typhoide da cidade são encaminhados pelos cubos do Asseio Pelotense para o funil da antiga Xarqueada Valladares? Ou a virulência desse bacillo será attenuada ou extincta com a simples exposição da matéria fluctuante aos ardores dos raios solares? Parece que a lógica, em qualquer das hypotheses suggeridas, não pode quebrar a convicção da vehiculação e transmissibilidade da moléstia pelo agente que denunciamos. D’ahi torna-se qualquer ponto da margem, onde porventura existam detritos contaminados, isto é, dejectos de doentes accometidos de febre typhoide, um foco indiscutível de irradiação da moléstia. Finalmente, eliminada, em absoluto, como demonstramos no decorrer desta exposição, a diffusão da febre typhoide, na margem do S. Gonçalo, pela água de bebida, a commissão chega a seu termo, convencida de que pode affirmar que a epidemia recentemente desenvolvida na costa deste rio, tem como causa —a polluição de suas águas por detritos orgânicos, contendo germens de infecção ebertheriana, e como origem— o ponto de despejo das matérias fecaes, na Xarqueada Valladares34”.

O autor deste texto, o Dr. Simões Lopes, foi membro da Comissão que também foi composta pelo Dr. José Maria Moreira e o Dr. Drummond de Macedo. 34 Diário Popular, 28 de julho de 1905 (BPP).

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Com base nas informações fornecidas por estes três médicos, o Centro Médico de Pelotas produziu um documento encaminhado ao Intendente Cypriano Barcellos, relacionando o novo ponto de despejos fecais com o crescimento dos casos de Febre Tifóide. O Intendente respondeu apontando a ausência de exames bacteriológicos nos estudos feitos pela Comissão e comprometeu-se em providenciá-los para comprovar que o despejo do Asseio Público feito na Xarqueadas Valladares não provocou o surto de Febre Tifóide investigado pelo Centro Médico35. A acusação também foi rebatida pelo então Delegado de Higiene Municipal, Dr. José Calero, em uma matéria publicada no jornal Opinião Pública, no dia 02 de junho de 1905. Com bases nas estatísticas da Diretoria de Higiene, Calero alegou que os casos de Febre Tifóide registrados naquele ano, nas áreas próximas do São Gonçalo e no 2º Distrito da cidade, não estavam relacionados ao novo local do despejo do Asseio Público. Calero atribuiu o surto de Febre Tifóide as águas contaminadas de uma fonte chamada Prainha e informou que o problema estava solucionado com a interdição da fonte. Na condição de funcionário da municipalidade, Dr. Calero empenhou-se em defender os benefícios da instalação do Asseio Público na Xarqueada Valladares e, ao mesmo tempo, procurou interferir no trabalho dos funcionários encarregados do despejo e lavagem dos cubos com “materias fecaes”. Em um Ofício dirigido ao Intendente, datado de 1905, ele indicou procedimentos que deveriam ser observados pelos funcionários do Asseio Público. “Ilm. Sr. Dr. Cypriano Barcellos, digno intendente de Pelotas. Venho trazer ao vosso conhecimento que os empregados do Asseio Publico, ultimamente, não tem utilisado o funil e tubo de queda existente no extremo do trapiche da ex-Valladares, para os despejos do conteúdo dos cubos, e o fazem directamente, quase junto a praia. Esses resíduos devem ser lançados no seio da corrente ou o mais próximo della possível. O pretexto apresentado é de que o tubo não dá vazão a todos estes resíduos, a medida que nelle são lançados; esta desvantagem é justamente uma das utilidades do funil, pois que sendo lenta e intervallada a queda destes excretos, elles terão mais tempo de se dilluirem nas águas do S. Gonçalo, não formando os conglomerados tão pouco agradáveis. Peço a vossa atenção sobre a necessidade de ser o vasilhame lavado com interesse e meticulosamente, pois desta operação dependem os créditos do serviço e o combate da transmissão de certas moléstias por estes recipientes. Nesta quadra em que epidemias alarmantes tentam accometter-nos, lembramos a vantagem e necessidade de, depois de perfeitamente lavados nas águas do S. Gonçalo, serem esses recipientes novamente lavados em soluções anti-septicas concentradas e a desinfecção dos mesmos em quartos hermeticamente fechados, e durante o tempo necessário, pelos vapores de formol ou pelo gaz sulfuroso. E somente os cubos assim tratados não serão suspeitos para a população. Os encarregados do serviço de despejo e lavagem 35 Diário Popular, 27 de junho de 1905 (BPP).

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dos recipientes deverão ter roupas próprias para esse serviço, e lavar-se em água creolinada e mudar as vestes quando retirarem-se para suas casas. Essas roupas de serviço deverão ser fervidas antes de lavadas. Certo do interesse que tendes manifestado pelas questões referentes a saúde publica, confio na adoção destas medidas, que tenho a honra de apresentar. Saúde e fraternidade”36.

Percebe-se na citação destacada a importância atribuída pelo Dr. Calero ao processo de diluição das “materias fecaes” nas águas do Canal São Gonçalo e a sua preocupação em evitar que os funcionários do Asseio Público fossem transmissores de doenças. Importa ainda ressaltar que este documento é uma exceção no conjunto de matérias referentes ao Asseio Público localizadas na imprensa da época. Existiam muitas críticas da sociedade ao serviço, contudo, poucas vezes o governo usou a imprensa para registrar a sua opinião. A partir de 1904 a Intendência de Pelotas realizou investimentos para qualificar e expandir o Asseio Público, mas o serviço continuava recebendo críticas na imprensa que registrou a expectativa da sociedade pelotense pela construção da rede de esgoto. Na década de 1890 as duas tentativas para construir a rede de esgoto fracassaram, provocando frustração na sociedade e críticas quanto à competência do governo37. Em 1910 a Intendência empenhou-se novamente na construção da rede de esgoto contratando o engenheiro paulista Alfredo Lisboa para elaborar um projeto de saneamento adequado as demandas da cidade. Alfredo Lisboa dirigiu-se para Pelotas em 1910 para revisar os seus estudos sobre as condições topográficas e os recursos hídricos existentes na cidade38. Ele realizou novas medições sobre a vazão de água no Arroio Pelotas, no Arroio Quilombo e no Arroio Moreira, e informou sobre a composição química das águas existentes nos respectivos mananciais. A partir destes dois fatores (vazão e qualidade química) ele posicionou-se a favor da criação de um novo ponto de captação no Arroio do Quilombo e propôs a construção de uma barragem para regular o fluxo das águas. “A barragem terá por effeito reprezar as águas a grande distância, criando-se uma vasta bacia de decantação com a profundidade máxima de 3,5 m. Para a determinação das dimensões desta bacia e a desapropriação eventual de alguns terrenos marginaes, será necessário levantar uma planta cotada […]

36 Correio Mercantil, 22 de junho de 1905 (BPP). 37 Em 1887 a Câmara Municipal de Pelotas aprovou o projeto de saneamento apresentado pelo engenheiro Gregorio Howyan, posteriormente, ela contratou uma empresa para executar as obras, mas o contrato foi cancelado em 1895 porque a empresa apontou problemas técnicos no projeto. Em 1897, o engenheiro Guilherme Rodolph Ahrons apresentou um projeto de saneamento para apreciação da Intendência, mas este foi rejeitado com base no parecer emitido pelo engenheiro Alfredo Lisboa. 38 Alfredo Lisboa esteve pela primeira vez em Pelotas, em 1900, quando elaborou um parecer apontando problemas no projeto de saneamento do engenheiro Rodolph Ahrons.

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Sendo pouco numerosas as concessões feitas de lotes coloneas nas vertentes do Quilombo, a montante do local escolhido para a construção da barragem, e achando-se ainda ellas em grande parte em matta, é esta uma feliz circunstância para preservação e pureza das águas. Muito relevará, pois, que a Intendência Municipal não aliene os terrenos ainda desocupados e se esforce para que sejam poupadas as florestas existentes, exercendo rigorosa vigilância neste sentido”39.

A relação entre a existência de “mattas” nas vertentes do Arroio Quilombo e a “pureza das aguas”, assim como a recomendação para poupar “as florestas existentes” são dois aspectos relevantes na citação destacada. No Projeto de Alfredo Lisboa, percebe-se uma preocupação do engenheiro com a manutenção do equilíbrio ambiental na área de captação das águas —equilíbrio que deveria mantido com o esforço da municipalidade. Neste sentido, podemos afirmar que o trabalho dos engenheiros sanitaristas foi acompanhado de uma crescente preocupação com a degradação ambiental de uma determinada região. A qualidade da água que seria fornecida ganhou importância e, no caso específico de Pelotas, constatamos que a potabilidade das águas do Arroio do Quilombo foi comprovada por exames químicos em duas ocasiões (em 1900 e em 1910). E mesmo obtendo resultados positivos nos exames, Lisboa insistiu na necessidade de construir filtros para a purificação do líquido. “A água do Quilombo, captada pelo modo que descrevi, virá limpa de sedimentos em grane parte do anno, somente com as enxurradas, provenientes de chuvas caidas das encostas íngremes da bacia de repreza poderá conter matérias terrosas mais tênues, que não se depositaram. Os filtros, portanto, seriam por este facto, dispensáveis na estiagem fluvial. Não se conhecendo, porém, a quantidade de bactérias que possa a água do rio conter, nos diferentes estágios de fluxo, mormente quando reprezada pela barragem, circunstância essa que pode provocar o surgimento de alguma bactéria em consequência da estagnação produzida, é necessário dispor de um pequeno laboratório bacteriológico, o que de preferência poderia ser construído na esplanada que se formará entre os filtros e os reservatório”40.

O projeto de Alfredo Lisboa foi aprovado pela Intendência que encaminhou os procedimentos necessários para viabilizar a execução das obras. Um destes procedimentos consistia em obter a autorização do Estado para contrair um empréstimo bancário. A autorização foi assegurada através da Lei nº 109, de 21 de outubro de 1910, e as obras foram realizadas entre 1912 e 1916, sob a coordenação do engenheiro Florisbello Leivas. A partir de 1916, o abastecimento de água em Pelotas passou a contar com dois pontos de captação: um no Arroio Moreira, e outro no Arroio Quilombo. Depois de captada, a água permanecia nos tanques de 39 Lisboa, 1911, 71 (SANEP). 40 Ibidem, 80 (SANEP).

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decantação construídos em cada um dos pontos e era distribuída para a população sem tratamento químico. A POLUIÇÃO HÍDRICA REGISTRADA NOS PROJETOS DE SATURNINO DE BRITO O engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito elaborou projetos de saneamento para treze cidades do Rio Grande do Sul no período entre 1909 e 192741. Os projetos de Saturnino de Brito possuíam uma estrutural textual padronizada: inicialmente, o autor apresentava informações sobre a localização, o clima, o traçado das ruas, a população e os principais “melhoramentos urbanos” existentes; posteriormente, indicava as obras necessárias para o abastecimento de água e para coleta e descarte do esgoto. Durante a elaboração dos projetos, Saturnino de Brito dedicava uma atenção especial para três aspectos referentes aos recursos hídricos disponíveis em cada sítio urbano: (1) a localização dos mananciais, (2) o volume de água que eles possuíam; (3) e a qualidade destas águas. Dos três aspectos sobre os recursos hídricos contemplados nos projetos de Saturnino de Brito, o que nos interessa neste estudo é o terceiro, uma vez que ele contém informações sobre a poluição hídrica existente na época. O primeiro projeto que Saturnino de Brito elaborou no estado data de 1909 e foi direcionado para o saneamento da cidade portuária do Rio Grande; neste sítio urbano, o engenheiro encontrou um sistema de abastecimento de água que atendia aproximadamente 25% da população42. A água era captada no subsolo e distribuída pela Companhia Hydráulica Rio-Grandense, sem um sistema de decantação e sem um tratamento químico. O volume de água fornecido era insuficiente, a cidade não possuía uma rede de esgoto e apresentava elevados índices de mortalidade43. Durante a elaboração do projeto, Saturnino de Brito registrou sua preocupação com a precariedade do abastecimento de água que Rio Grande do possuía: “O que de mais grave se apresenta para o julgamento higiênico do abastecimento atual, é a coexistência do serviço coletivo e insuficiente feito pela Companhia com 41 As cidades sul rio-grandenses contempladas pelo trabalho de Saturnino de Brito no estado, foram: Rio Grande (1909), Santa Maria (1919), Cachoeira (1919), Cruz Alta (1919), Passo Fundo (1919), Rosário (1919), Santana do Livramento (1920), São Leopoldo (1922), Uruguaiana (1923), São Gabriel (1923), Iraí (1924), Alegrete (1927) e Pelotas (1927). 42 Em 1908, a cidade do Rio Grande possuía 5.616 prédios; destes, apenas 1.800 estavam conectados na rede da Hydráulica que distribuía 550.000 litros diários no inverno e 800.000 litros no verão para atender uma população de 40.000 habitantes. 43 As pesquisas realizadas pelos historiadores Paulo Sérgio Quaresma e Raquel Padilha da Silva apresentam sobre os problemas sanitários que a cidade do Rio Grande enfrentou nos primeiros anos do século XX (Andrade-Quaresma, 2012. Padilha Da Silva, 2009). Os dois autores abordaram a contradição entre o discurso da Intendência que considerava “estável” e “normal” o quadro sanitário da cidade e as informações registradas nos dados estatísticos e na imprensa local.

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o serviço individual, isto é, feito pelos habitantes que procuram no subsolo das superfícies habitadas o suplemento complementar; para a maioria das casas, esse é o único suprimento que podem recorrer. […]. Eis o grande perigo, evidentemente assinalado no quadro nosológico dos casos tíficos e das moléstias do aparelho intestinal”44.

Seguindo um procedimento comum nos seus projetos, o engenheiro recorreu a exames laboratoriais para avaliar a qualidade das águas existentes na cidade, encaminhando para a análise química amostras procedentes da Companhia Hydráulica Rio-Grandese, da Lagoa do Jacaré e do Poço da Lavanderia. Os resultados indicaram que o líquido fornecido pela Companhia era potável e apontaram anormalidades composição das águas da Lagoa do Jacaré e no Poço da Lavanderia — descartando a possibilidade de uso destes dois mananciais para o abastecimento da cidade45. Na opinião do engenheiro, Rio Grande poderia continuar sendo abastecida com águas do subsolo através de poços artesianos, desde que se realizasse um trabalho de conservação da área de captação e obras para qualificar a galeria de armazenamento existente no terreno da Companhia Hydráulica46. Em 1916, Saturnino de Brito passou a trocar correspondências com o Dr. Astrogildo de Azevedo que ocupava o cargo de Intendente da cidade de Santa Maria. Azevedo estava convicto da necessidade de obras de saneamento para a sua cidade e através de cartas informou Saturnino de Brito sobre os problemas sanitários que Santa Maria apresentava. “As desvantagens que provém de suas condições topográficas reúne em Santa Maria o inconveniente de achar-se distanciada dos grandes cursos d’água, sendo apenas margeada por insignificantes regatos. A água, em geral, de má qualidade, é fornecida por algumas fontes públicas e particulares […] Não existe aqui serviço organizado de remoção de imundícies. O lixo é amontoado nos quintais e os materiais fecais sofrem a exposição da superfície do solo ou, o que é pior, são lançadas em fossas cavadas na terra e desprovidas do mínimo de revestimento estanque. Nos quarteirões onde a população é mais densa, há casas sem quintal, apenas servidas por uma pequena área onde a fossa de latrina e o poço de beber visinham amistosamente […] Não será necessário grande penetração para concluir que dentro de poucos anos a febre tifóide e outras moléstias infecciosas terão conquistado aqui direitos irrecusáveis de domicílio47”.

Na condição de médico, Astrogildo de Azevedo estava ciente dos riscos que a população de Santa Maria enfrentava e por isso insistiu para que Saturnino de 44 Brito, 1943, X, 37. 45 Ibidem, 63-64. 46 O projeto de Saturnino de Brito para o saneamento da cidade do Rio Grande foi aprovado pela Secretaria de Obras Públicas do Estado em 1909, mas a sua execução foi protelada até 1918 (Pedroso, 2011. Ferreira, 2010). 47 Intendência Municipal de Santa Maria. Correspondências Expedidas. Caixa 193, Maço 359 (AHRS).

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Brito elaborasse o projeto de saneamento para a cidade48. Depois de trocar uma série de correspondências com Astrogildo de Azevedo e de concluir as obras que estavam em curso em Recife, em 1919 o engenheiro carioca dedicou-se a elaboração do projeto de saneamento de Santa Maria e registrou sua percepção sobre as precárias condições de abastecimento de água e esgoto da cidade. “Aqui, uma diminuta parte da população bebe água das fontes, que, aliás, não podem ser julgadas em condições higiênicas impecáveis —uma outra parte talvez menor, dispõe de cisternas ou “algibes”, que recebem as águas das chuvas caídas nos telhados, mas não se pode garantir que o serviço de colheita e de armazenamento dessas águas se faz sempre em boas condições para que elas não tragam as impurezas existentes nos telhados ou se mantenham imaculadas nos “aljibes”; a maior parte da população, porém, bebe água de poços contaminados ou contamináveis. Quanto aos esgotos: - consistem nas derivações para as “sangas” (passando de quintal para quintal, infiltrando-se no terreno seco), nas fossas absorventes e no depósito em “cubos” (defeituosas tinettes), que são removidos para descarga em local afastado da cidade. Em grande maioria as latrinas estão situadas em locais infectos e os papéis sujos aí ficam expostos às moscas e aos ares respirados pela população”49.

Para prover Santa Maria de um volume de água potável adequado para a sua demanda, Saturnino de Brito projetou um complexo de sistema de captação/distribuição composto por duas represas no Rio Ibicuí —uma para acumular as águas, distante cerca de 19 km do núcleo urbano, e outra para regular a sua distribuição em tempos de estiagem, está de menor porte e localizada nas proximidades da cidade. O plano de obras incluía a construção de uma rede adutora com capacidade de 50 litros por segundo; a instalação de filtros Ranzone; a construção de três reservatórios e a instalação de uma rede de distribuição subdividida em duas linhas para regular a distribuição da água nos diferentes níveis da topografia da cidade. Durante os estudos para a elaboração do projeto de Santa Maria, Saturnino de Brito enviou amostras de água do Rio Ibicuí para o laboratório do Dr. Pereira Filho, em Porto Alegre. Os exames realizados indicaram que a água apresentava boa qualidade, apesar do baixo grau hidrométrico. Para evitar danos nos condutos de ferro, ele sugeriu que fosse adotado o tratamento com cal ainda na represa e recomendou o uso de sulfato de alumínio para “prevenir o efeito de qualquer contaminação e para corrigir a turbidez na estação das chuvas”50. Depois de concluir o projeto de saneamento para Santa Maria, Saturnino de Brito foi contratado pelo governo estadual para elaborar projetos para as cidades de São Leopoldo e Iraí; posteriormente, outras nove cidades do Rio Grande do Sul também foram contempladas pelo trabalho deste engenheiro. 48 Tocheto De Oliveira, 2013. 49 Brito, 1943, XI, 21. 50 Ibidem, 36.

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Em São Leopoldo, a coleta de dados topográficos e hidrológicos incluiu a observação dos seguintes cursos de água: Arroio dos Corvos (considerado para captação impróprio pelo baixo volume de suas águas); o Arroio Thyesen (considerado impróprio pela elevada contaminação, apesar de possuir um bom volume de água) e o Arroio Kruse (indicado como a melhor opção pela sua localização elevada na topografia da cidade). Sobre as condições do Arroio Kruse, o engenheiro Antônio Siqueira —funcionário do governo estadual— registrou o seguinte quadro: “A anályse chimica dessas águas deu uma porcentagem muito elevada de matéria orgânica, que se atribui, no entanto, aos detritos que nele são lançados pelos moradores ribeirinhos, notadamente o proprietário de um matadouro, estabelecido a montante do ponto onde foram destinadas as águas para anályse. A grande vantagem que oferece o aproveitamento das águas desse arroio consiste na circunstância de que fica o seu leito a mais de 60 metros acima do nível da cidade, podendo-se canaliza-la, sem a dispendiosa instalação de bombas e máquinas elevatórias”51.

Captar água do lençol freático foi uma alternativa estudada mediante a análise química da qualidade das águas de dois dos poços que existiam em São Leopoldo em 1922: o poço do Seminário (profundidade de 102 m) e o poço da Fábrica de Fósforos (profundidade de 122 m). As análises indicaram variações de qualidade entre os dois poços e as águas que abasteciam o Seminário apresentaram indícios de contaminação. Depois de refutar a opção de captação por poços e de identificar problemas para a captação em arroios, Saturnino de Brito defendeu a viabilidade da captação e purificação das águas do rio dos Sinos, a respeito das quais fez a seguinte observação: “A água do rio (que se reduz a um córrego nas estiagens rigorosas) será submetida a um processo de purificação plenamente satisfatório. Embora se alegue que o rio dos Sinos recebe a montante afluentes com águas servidas (como por exemplo, o Weintz, que é um dos mais impuros), não há dúvida de que elas podem ser perfeitamente purificadas, e até esterilizadas ou ainda desinfetadas pelo processo de hipoclorito52, ou melhor pelo processo de cloro líquido, de uso atualmente generalizado nas cidades norte-americanas que se suprem de águas dos rios e dos lagos contaminados”53.

A observação de tendências procedentes do exterior, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, é uma das características dos trabalhos de Saturnino de Brito 51 Relatório apresentado ao Conselho Municipal de São Leopoldo pelo Intendente Mansueto Bernardi em 12 de outubro de 1922. São Leopoldo, Officinas gráficas de Rotermund & Cia., 1922, 64 (MHVS). 52 O “processo de hipoclorito” consiste no uso do cloro para purificação das águas; ele foi aplicado pela primeira vez em Middelckerke, Bélgica, em 1902. No século XIX o cloro já era usado para desinfecções e controle do odor de matérias orgânicas em decomposição, mas a sua aplicação no tratamento da água ganhou impulso a partir do trabalho do Dr. Alexander Houston (1865-1933) (Matés, 1999, 443). 53 Brito, 1944, XII, 110.

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que expressava grande interesse pelos debates e eventos produzidos pela comunidade científica internacional. No caso específico de São Leopoldo, a questão do tratamento químico das águas ganhou importância devido ao alto grau de contaminação que o rio dos Sinos e os seus afluentes apresentavam e pelos indícios de que esta contaminação já estava atingindo o lençol freático da região. Depois de receber o projeto elaborado por Saturnino de Brito em 1922, a Intendência de São Leopoldo priorizou o investimento na captação/tratamento e distribuição das águas do rio dos Sinos, protelando a construção da rede de esgoto até 194154. A demora na execução das obras da rede de esgoto foi atribuída à insuficiência de recursos, mas os documentos da Intendência indicam que os recursos do município estavam sendo direcionados para outras prioridades, como a abertura de estradas e a geração de energia elétrica. A poluição gerada por São Leopoldo (município com a maior concentração demográfica no Rio Grande do Sul dos anos 20) e o reduzido volume das águas do rio dos Sinos reforçaram a preocupação de Saturnino de Brito com o esgoto nesta cidade e por isso ele propôs a construção de uma estação de depuração de efluentes. Na concepção deste engenheiro, em alguns casos o tratamento dos efluentes era necessário, mas se o ponto de descarte do esgoto apresentasse um elevado volume de água, este recurso poderia ser dispensado. Nos projetos elaborados para as cidades de Cachoeira55 e Uruguaina, o engenheiro seguiu esta concepção e não recomendou investimentos na depuração do esgoto. A necessidade de preservação dos mananciais usados para captação também foi registrada por Saturnino de Brito durante os seus trabalhos no Rio Grande do Sul. Na cidade de Passo Fundo, ele constatou que a parte alta da Bacia Hidrográfica estava povoada por proprietários rurais e, consequentemente, havia risco de contaminação das águas captadas para consumo da população. Sobre este assunto, o autor escreveu: “Como é praticamente impossível desapropriar toda a bacia, a montante da represa de tomada, faz-se necessário o tratamento purificador, mesmo quando as águas estejam claras. Além disso, é preciso que a Intendência desaproprie uma certa zona para proteção do curso, estendendo-se da represa de tomada até 1 ou 2 km para a montante, e, de cada lado, indo até o divisor das águas, ou até o máximo que puder, estabelecendo, neste caso, valas interceptoras das águas que vierem da parte superior das encostas; entre as valas e o curso o campo deverá ser transformado em um bosque. O eucalipto não convém neste caso porque absorve muita água do terreno.

54 Rückert, 2013a. 55 Para a cidade de Cachoeira, localizada nas margens do Rio Jacuí, Saturnino de Brito propôs o descarte do esgoto sem tratamento e argumentou: “[…] temos um curso relativamente volumoso que poderá receber a descarga impura, ao menos durante as estações das águas abundantes e enquanto se não observar inconvenientes no recurso a este processo natural e simples” (Brito, 1943, XI, 152).

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Finalmente, a Intendência deverá promover a promulgação de atos severos no sentido de impedir que as águas sejam contaminadas a montante”56.

Para a cidade de Passo Fundo, o tratamento da água não era uma questão de escolha: era uma necessidade. Saturnino de Brito aplicou neste caso o princípio de que as águas superficiais estão sempre sujeitas a contaminação e, consequentemente, a existência de exames indicando a potabilidade de uma determinada água superficial, não anulava a possibilidade de uma futura contaminação. No que diz respeito à qualidade das águas subterrâneas, sua interpretação era outra. A contaminação do lençol freático poderia ocorrer em qualquer lugar, mas a composição do solo era um fator determinante para facilitar ou dificultar o processo de poluição. Saturnino de Brito acreditava que solos arenosos trabalhavam como “filtros naturais” na absorção da água, e no sentido oposto, solos rochosos possuíam fendas através das quais as impurezas da superfície alcançavam o lençol freático. No projeto de saneamento ele do Rio Grande ele abordou este assunto, destacando a pureza das águas extraídas no subsolo da península composta por extensas áreas de dunas. Uma situação diferente foi encontrada em Santana do Livramento —cidade localizada em um terreno “gretado”, na fronteira entre o estado do Rio Grande do Sul e o Uruguai. Em Livramento, cidade desprovida de rede esgoto na época da elaboração do projeto, Saturnino de Brito observou que os poços para abastecimento de água geralmente ficavam na parte mais elevada dos terrenos e as fossas nas partes mais baixas; mas a composição do solo possibilitava o contato entre o esgoto e as águas do poço —contato indesejado e prejudicial para a saúde da população. Observando a situação do abastecimento de água em Livramento, ele acrescentou: “Algumas pessoas compram a água para bebida (geralmente de proveniência não menos suspeita ou efetivamente condenáveis) e se limitam ao uso da água de poço para os banhos, lavagem dos utensílios, dos alimentos a ingerir crus, etc. E pensam que as suas famílias estão livres de perigos e a causas outras atribuem males provavelmente provenientes da água e do esgoto”57.

Para decidir como seria o sistema de abastecimento de água em Santana do Livramento, Saturnino de Brito analisou exames de amostras de água procedentes de cinco locais: (A) Fonte São Paulo, também conhecida como Fonte Dr. Simões; (B) Fonte Registro; (C) Poço da Fábrica de Massas Alimentícias Aragones; (D) Fonte da Fábrica de cerveja e água gasosa —Gasapina; (E) Poço do Frigorífico

56 Ibidem, 173-174. 57 Ibidem, 1944, XII, 32.

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Armour58. As águas procedentes dos locais A e B foram consideradas potáveis; as procedentes dos locais C e D apresentaram “anomalia da presença de matérias orgânicas em doses elevadas”, especialmente a da fábrica Gasapina que foi “considerada água de má qualidade”; completando o conjunto de exames, a água usada pelo Frigorífico Armour (local E), captada no “lençol subterrâneo, mas em região fora da cidade” apresentou boa qualidade. Para o abastecimento de água em Santana do Livramento, o engenheiro propôs a captação de águas no subsolo e indicou dois locais que apresentavam condições adequadas para um trabalho de prevenção da poluição do lençol freático. O mapa dos projetos de Saturnino de Brito no Rio Grande do Sul, também produziu dois interessantes registros de poluição hídrica gerada por indústrias: um foi observado pelo engenheiro na cidade de Rosário do Sul, outro na cidade de São Gabriel. Em Rosário, ele constatou que a Companhia Swift (grupo frigorífico norte americano) despejava suas “águas de lavagem” com todas as impurezas no banhado em frente à cidade, criando uma situação de risco para a saúde da população59. Na cidade de São Gabriel, a poluição hídrica estava sendo gerada pelas xarqueadas. “Existem duas xarqueadas a montante da cidade, uma a 6, outra a 12 km; o sangue despejado no rio pela mais próxima, as vezes tinge de vermelho as águas que passam pela cidade a ponto de não se fazer uso delas para a lavagem das roupas. Isto se deverá corrigir pelo tratamento das águas residuárias das xarqueadas e pelo aproveitamento industrial do sangue”60.

Como podemos perceber nesta citação, Saturnino de Brito acreditava que o saber técnico da Engenharia Sanitária poderia solucionar o problema da poluição hídrica gerada pelas xarqueadas, e sabemos que ele pensava o mesmo sobre a poluição provocada por frigoríficos e indústrias. Assim como outros engenheiros da sua época, ele posicionou-se a favor da criação de leis para coibir práticas nocivas à qualidade das águas, fossem estas práticas procedentes de empresas ou da sociedade civil. Nos projetos que elaborou para cidades sul rio-grandenses, Saturnino de Brito procurou aplicar o que havia de mais moderno na área do saneamento, tanto 58 As amostras procedentes dos locais A, B, C e D foram examinadas no Laboratório da Diretoria de Higiene de Porto Alegre; a amostra do local D foi examinada no Laboratório da Farmácia Franco Inglesa de Buenos Aires, em maio de 1918 (Ibidem, 47-48). 59 Sobre este assunto, é interessante registrar a crítica de Saturnino de Brito ao procedimento da empresa norte americana, no seu projeto de saneamento para Rosário, ele afirmou: “A Companhia Swift, preparadora de alimentos, sabe certamente que é defeituoso o seu serviço sanitário na parte relativa à descarga das águas servidas, dela podem resultar males de funestas consequências para a cidade […]. A Companhia deve ser obrigada a fazer o que teria de fazer se fosse estabelecida nos Estados Unidos da América do Norte […]” (Ibidem, 1943, XI, 217). 60 Ibidem, 1944, XII, 169.

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na parte da captação/tratamento e distribuição de água, quanto no que diz respeito à coleta e descarte do esgoto. Neste sentido, a importância atribuída por este profissional da engenharia ao exame laboratorial das águas, a sua preocupação com a conservação das nascentes e a atenção dedicada ao descarte do esgoto, contribuíram para o desenvolvimento de uma percepção científica sobre o problema das águas poluídas no Rio Grande do Sul da Primeira República. CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA “UMA HISTÓRIA SEM FIM” O problema da poluição das águas no Rio Grande do Sul não foi iniciado em 1889 e não foi concluído em 1930. O problema existia antes da Proclamação da República, intensificou-se no decorrer da industrialização do estado e permanece como um desafio para o governo e para a sociedade civil61. O que procurei abordar neste texto foi um conjunto de experiências relacionadas ao processo de percepção e enfrentamento do problema das águas poluídas. Os documentos consultados destacaram o envolvimento de médicos, engenheiros e autoridades políticas nas discussões sobre a poluição hídrica, e ao mesmo tempo, apontaram a existência de um interesse da imprensa. Isto nos permite inferir que a preocupação com as águas poluídas era compartilhada por um segmento mais amplo da sociedade sul rio-grandense da época. O uso dos exames laboratoriais para avaliar a qualidade dos mananciais existentes em uma determinada cidade, assim como a valorização do saber técnico dos engenheiros para a escolha do sistema de captação/tratamento e distribuição adequado para cada sítio urbano, foram elementos importantes para a configuração de uma abordagem científica do problema das águas poluídas. E considerando as fontes documentais consultadas, foi possível constatar que uma parte do trabalho da Engenharia Sanitária era direcionada para prevenir a ocorrência da poluição hídrica. Alfredo Lisboa e Saturnino de Brito, em diferentes momentos, recomendaram a conservação das nascentes e da mata ciliar nos mananciais usados para abastecimento das cidades e insistiram na importância de obras para coleta e descarte do esgoto. Sabemos que as recomendações feitas pelos engenheiros nem sempre foram atendidas e que alguns casos as obras projetadas foram proteladas pelo governo que alegava insuficiência de recursos. De fato, as obras de saneamento demandavam grandes investimentos públicos, mas os documentos da administração pública nos permitem afirmar que os recursos estavam sendo aplicados em outras prioridades.

61 Na perspectiva da História, o problema das águas poluídas no Rio Grande do Sul contemporâneo foi abordado pelos seguintes autores: Prestes, 2012. Harres y Rückert, 2011.

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As dificuldades do poder público sul rio-grandense para enfrentar o problema das águas poluídas, confirmam duas marcas tradicionais da política brasileira: (1) a morosidade na execução de obras consideradas necessárias pelo próprio governo; (2) e a ênfase no equilíbrio das finanças públicas como critério para decidir a prioridade nos investimentos. No caso específico do Rio Grande do Sul da Primeira República, importa ressaltar que a colaboração do governo estadual para obras de abastecimento de água e redes de esgoto, foi inexpressiva antes da criação da Comissão Estadual de Saneamento. Na ausência de investimentos do estado no período de 1899 a 1918, apenas as cidades de Porto Alegre e Pelotas promoveram a expansão e modernização dos serviços de saneamento. Outros municípios como Santa Maria, Rio Grande e São Leopoldo, logo após a Proclamação da República, manifestaram interesse pelo abastecimento de água e pela construção de redes de esgoto, mas não realizaram os investimentos necessários antes da criação da Comissão Estadual de Saneamento. Uma parte do problema das águas poluídas foi contemplada neste texto que intencionalmente valorizou a participação dos engenheiros na observação e enfrentamento do problema. A parte não contemplada, diz respeito ao estudo da relação entre águas poluídas e doenças. No decorrer da pesquisa coletei uma série de documentos sobre o quadro sanitário que o Rio Grande do Sul possuía na Primeira República, mas não foi possível elaborar a organização e a análise destes documentos. Nestas condições, o texto apresentado pode ser comparado com um projeto de saneamento, na medida em que ambos permanecem abertos para revisões, complementos e correções. BIBLIOGRAFIA Acosta-Witter, N. 2007: “Males e Epidemias: sofredores, governantes e curadores no sul do Brasil (Rio Grande do Sul, século XIX)”, tese doutorado, UFF, Niterói. Andrade, C. R. M. de. 1992: “A peste e o plano: o urbanismo sanitarista do Eng.º Francisco Saturnino de Brito”, dissertação mestrado, USP, São Paulo. Andrade, C. R. M. de. 2002: “Projetos e obras do engenheiro Saturnino de Brito para Campinas em fins do século XIX”, en Oculum. Ensaios. Revista de Arquitetura e Urbanismo, 2. Campinas, 10-23. Andrade-Quaresma, P. S. de. 2012: “Urbe em tempos de varíola: a cidade do Rio Grande (RS) durante a epidemia de 1904-1905”, dissertação mestrado, UFPEL, Pelotas. Brito, F. S. R. de. 1943: Obras Completas de Saturnino de Brito - Volume X. Projetos e Relatórios. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional-Instituto Nacional do Livro. Brito, F. S. R. de. 1944. Obras Completas de Saturnino de Brito - Volume XII. Projetos e Relatórios. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional-Instituto Nacional do Livro. Chadwick, E. 1842: Report on an inquiry into the sanitary condition of the laboring population of Great Britain. W. Londres, Clowes and Sons.

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La fiebre amarilla en la ciudad de Veracruz durante la segunda mitad del siglo XIX1 Yellow Fever in the City of Veracruz during the Second Half of the 19th Century Julio Contreras-Utrera Universidad Veracruzana. Sistema de Enseñanza Abierta, México. [email protected]

El agua es un elemento vital para la humanidad siempre que sea potable. Sin embargo, cuando está contaminada o en descomposición se convierte en una amenaza para la salud pública. Acorde con la corriente higienista, durante el siglo XIX, e incluso antes, el agua estancada en las calles, en los pantanos y en los alcantarillados descubiertos, fue vista como medio generador de enfermedades epidémicas y endémicas. Bajo estas ideas, el presente trabajo analiza el impacto de la fiebre amarilla en la ciudad de Veracruz; describe la relación que establecieron las autoridades políticas entre la insalubridad, el agua sucia y la enfermedad; muestra los diferentes sectores sociales afectados. Asimismo, se examinan las medidas higiénico-sanitarias promovidas por el Estado para la modernización del país, las cuales fueron asimiladas por las autoridades municipales para lograr el saneamiento de la ciudad de Veracruz y de esta manera erradicar las epidemias de la fiebre amarilla. Palabras claves: agua; fiebre amarilla; Veracruz; epidemias; higiene.

1 El presente trabajo fue presentado como ponencia en el Seminario de la red de Historia Demográfica “Fuentes y métodos para la Historia Demográfica”, llevado a cabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del 10 al 13 de septiembre de 2014. Agradezco las facilidades brindadas por la licenciada Lucila Mantilla y Orlando Sánchez, directora y encargado respectivamente del Archivo Histórico del Registro Civil del Estado de Veracruz (en adelante AHRCEV).

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ENTRE CHARCAS Y EXCRETAS HUMANAS Durante la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de Veracruz mantenía su aspecto insalubre lo cual iba en contra de la corriente higienista impulsada desde finales del siglo XVIII por el gobierno ilustrado. Las ideas de esta corriente siguieron vigentes en el México independiente2, no obstante que el país presentara una inestabilidad política, económica y social derivada de la lucha de facciones políticas que buscaron implantar sus ideas en torno a la consolidación del Estadonación. Los higienistas y médicos relacionaron el ambiente y la sociedad para entender las causas de las enfermedades epidémicas y endémicas que afectaban a la población. Los espacios malsanos fueron considerados como los principales medios transmisores de dichas enfermedades. El ideal era aquel en el que el aire y el agua circularan libremente eliminando los olores fétidos en las calles y en los espacios habitables. Como apuntamos, tal situación no sucedió en Veracruz. La ciudad mantuvo el aspecto insalubre que la caracterizó en la época colonial y a lo largo de la primera mitad de la centuria decimonónica. Las calles permanecieron en mal estado, no tenían el desnivel ni las alcantarillas que condujeran el líquido hacia fuera del recinto urbano. Los empedrados eran destruidos frecuentemente por el tránsito de las carretas, así como por el agua residual y pluvial. El arribo de la temporada de lluvias hacía que esta situación se agravara convirtiendo algunas de las vías públicas en lugares pantanosos y llenos de lodo, considerados como focos de infección. La muralla que dividía a la ciudad resultaba perjudicial tanto para los vecinos de intramuros como de extramuros. En ambas secciones, la insalubridad estuvo presente, aunque en mayor medida en la segunda, considerada como la periferia de la ciudad. El 5 de diciembre de 1867, los vecinos de la calle de La Playa y de la Plazuela de la Contaduría, sitios ubicados en intramuros, mostraron su enojo ante la corporación municipal porque llevaban años solicitando que estas áreas fueran empedradas. Decían que en la temporada de lluvias que se presentaba desde el mes de mayo, se formaban pantanos nocivos para la salud pública y contrarios al ornato de la ciudad. La calle era una de las principales de la ciudad, por ella transitaban los viajeros que llegaban a Veracruz por vía marítima y se dirigían a la estación del ferrocarril para ir a la ciudad de Orizaba. En opinión de los quejosos, los viajeros se llevaban una mala imagen de toda la ciudad de Veracruz al observar el pésimo estado de la vía pública3. En situación similar estuvieron las calles de San Sebastián y del Paseo ubicadas en la sección de extramuros. Igualmente, durante la época de lluvias estas 2 Staples, 2008, 17. Morales, 1994, 195. 3 Archivo Histórico Municipal de Veracruz, en adelante AHMV, 1868, caja 237, volumen 333.

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vías públicas se llenaban de charcas o, como decían los vecinos, se convertían en verdaderos pantanos, cuyas aguas corrompidas eran vistas como en otras ciudades del país, como una amenaza a la salud pública4. En octubre de 1878, el regidor Espinosa presentó al ayuntamiento un estudio sobre esta problemática realizado durante los años de 1876 y 1877. El concejal señaló que las aguas estancadas tardaban en desaparecer ya que se hacía por evaporación y que además, descomponían el empedrado, dificultaban la comunicación entre los vecinos y principalmente enfermaban de forma continua a sus residentes por los aires deletéreos que impregnaban la atmósfera5. En el marco de la misma teoría miasmática, autoridades municipales y vecinos señalaron cómo la atrasada infraestructura hidráulica y la falta de desnivel de las calles contribuyeron a la insalubridad de la ciudad de Veracruz. Pusieron de manifiesto los problemas en la salud pública causados por los olores fétidos provenientes de las aguas estancadas en los caños que servían para recoger las aguas pluviales y sucias de las casas. Las acequias eran, como decía en 1876 el médico sonorense Eugenio Pesqueira, “esa tripe fuente donde el hombre toma la vida y donde toma también la enfermedad y la muerte”6. El alcantarillado de Veracruz era deficiente y de mala calidad. Fue construido de piedra y estaba descubierto lo cual era considerado antihigiénico, repugnante a la vista y olfato de propios y extraños y perjudicial a la salud pública; era común que el agua sucia de las casas y de la lluvia que corría por las atarjeas se estancara en las calles bajas de la ciudad produciendo, por un lado, olores nauseabundos y, por otro, la descomposición del empedrado de dichas calles. Por ejemplo, en 1867, los habitantes de la calle De la Playa decían que el caño no tenía el desnivel necesario para conducir el agua residual de las casas y que constantemente era obstaculizada por las vías del ferrocarril urbano y en otras calles que eran más altas7. Nuevamente, esta situación giraba en sentido contrario a los preceptos de la higiene en los que se prescribía que la circulación del agua formaba parte de la limpieza y saneamiento de los centros urbanos8. El problema de la insalubridad en la ciudad de Veracruz se agravaba también por la precariedad de las letrinas y los hábitos antihigiénicos de los habitantes. Los vecinos depositaban sus excretas muy cerca de sus habitaciones, en bóvedas o en sumideros por donde pasaba el agua utilizada para lavar los escusados lo

4 AHMV, 1874, caja 273, volumen 370-371. En junio de 1874, los vecinos de estas calles se sentían relegados ante la indiferencia del ayuntamiento por no atender esta problemática. Decían que la sección de extramuros formaba también parte de la ciudad y por lo tanto tenían el derecho a las obras de saneamiento. 5 AHMV, 1873-1878, caja 259, volumen 364. 6 Citado por Félix, 2010, 125. 7 AHMV, 1868, caja 237, volumen 333. 8 Gálvez, 2003, 82.

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que traía como consecuencia que las heces fueran dispersadas en algún terreno aledaño produciendo gases que “[envenenaban] el aire”9. Los retretes utilizados en la ciudad de Veracruz eran una amenaza para la salud pública e iban en contra de la modernidad. Consistían en un hoyo cubierto con una bóveda de ladrillo. Tenían varios inconvenientes. En caso de que la bóveda estuviera rota, las materias excrementicias contaminaban el suelo, y si estos escusados no estaban construidos sólidamente, despedían aires deletéreos. En 1882, se decía que cuanto más grande fuera la letrina, mayor sería la capacidad de acumulación de heces, lo que traía como consecuencia una “mayor infección venenosa”10. De la misma manera que otros ingenieros sanitarios de Europa como Donato Spataro y Salvat Navarro11, en un escrito sin rúbrica enviado al ayuntamiento porteño en 1882, se calculó el impacto ambiental derivado de las heces humanas. El autor desconocido decía que si se tomaba en cuenta que la ciudad de Veracruz tenía 23.000 habitantes y cada uno defecaba diariamente en promedio tres libras (1,36 kilogramos), se generaban 69.000 libras de materia excrementicia12 (31.363,64 kilogramos) cada veinticuatro horas. Las deyecciones humanas constituían un problema generado no solo por los residentes de la ciudad sino también por la tripulación de las embarcaciones que llegaban a Veracruz. Era común que la bahía estuviera impregnada de olores fétidos causados por las materias excrementicias que flotaban en grandes cantidades y que en opinión de varios sectores de la población eran desagradables y peligrosas para la salud de los porteños13. Ahora bien, para varios médicos higienistas (entre ellos Eduardo Liceaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad en México durante 1885-1914), autoridades municipales y visitantes nacionales y extranjeros, la insalubridad prevaleciente en la ciudad de Veracruz fue una de las causas principales para la presencia de enfermedades endémicas y epidémicas tales como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, el paludismo, el cólera y las afecciones gastrointestinales. En 1882 se sostenía que en los centros urbanos sin aseo y en los que predominaban

9 AHMV, 1882, caja 316, volumen 431. 10 Idem. 11 A principios del siglo XX, Sparato calculó que cada persona producía al año 34 kilógramos de heces, 400 de orina, 110 de residuos de cocina y necesitaba 36.000 litros de agua para todos los servicios. Salvat señalaba que cada individuo generaba diariamente 150 gramos de residuos fecales y 1,250 litros de orina (Novo, 2001, 251). 12 El número de habitantes está exagerado. En 1882, el censo municipal de Veracruz reportó 12.536 habitantes, de los cuales 11.164 vivían en la ciudad y el resto en las rancherías de Vergara, Santa Fe, Pocitos y Boticaria, que conformaban el municipio de Veracruz. Si bien había menos habitantes como se decía en el documento sin rúbrica, podemos decir que era suficiente para contaminar el ambiente a través de sus excretas. 13 Ronzón, 2004, 84.

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los olores deletéreos causados por las inmundicias, sus habitantes sucumbían con facilidad ante las epidemias14. No obstante, conforme avanzó la ciencia y la medicina hacia finales del siglo XIX y principios del XX, la fiebre amarilla y otras enfermedades fueron explicadas también en base a las teorías de los gérmenes15. Esta interpretación estuvo basada en las investigaciones de Luis Pasteur y Roberto Koch en las que se mostraba que varios padecimientos tenían su origen en la presencia de microorganismos que vivían en el aire y en el agua16. En este sentido, en Veracruz se decía que las materias excrementicias depositadas al lado de las habitaciones o en los sumideros, eran arrastradas por el agua utilizada en el lavado de los escusados y que este agua llegaba incluso a parar en algún pozo de donde se abastecía la población17, de esta manera, el agua de consumo doméstico se contaminaba directamente o por medio de la filtración lo cual tuvo como consecuencia la presencia de enfermedades como la fiebre tifoidea e incluso el cólera. Cabe señalar que los pozos situados en las casas habitaciones, tenían el inconveniente de ser insalubres al convertirse algunas veces en albergue para ratas o animales muertos o bien para criadero de las larvas de los mosquitos transmisores del paludismo y de la fiebre amarilla18. La insalubridad de la ciudad de Veracruz fue también derivada de la escasez de agua de consumo doméstico. En la misma concepción higienista y sanitaria, esta carestía fue relacionada con las enfermedades epidémicas. Médicos e ingenieros sanitarios sugerían que la población tuviera acceso a agua constante, abundante y saludable. Hacia finales del siglo XIX, los técnicos estimaban que en los centros urbanos, cada habitante debía ser dotado por lo menos con 100 o 150 litros por día19. Sin embargo, la realidad en Veracruz fue diferente. La distribución del recurso hídrico era inequitativo lo cual reflejó una desigualdad social. Mientras los barrios situados en el centro de la localidad tenían un mejor abasto, los habitantes de la sección de extramuros carecían de agua. Tal situación provocó que las calles y las viviendas estuvieran sucias, pues como señalaban los vecinos, no había agua ni para el aseo personal20. Ante este panorama, Veracruz siguió siendo vista por los visitantes, principalmente extranjeros, como la ciudad más insalubre de México y del mundo. Debido a la insalubridad, a las altas temperaturas que allí se registraban y a las 14 AHMV, 1882, caja 316, volumen 431. 15 Alcalá, 2012, 75. 16 Agostoni, 2005, 168. Vale decir que la teoría de los gérmenes no sustituyó a la miasmática, permanecieron paralelas y en varias ocasiones se complementaron tal como lo han mostrado varios autores que estudian esta problemática. Véase por ejemplo, Agostoni, 2005, 173. Caponi, 2002, 1666. 17 AHMV, 1882, caja 316, volumen 431. 18 Ronzón, 2007, 114. 19 Heredia, 2013, 107. 20 Ronzón, 2007, 114.

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constantes enfermedades endémicas y epidémicas como la fiebre amarilla, la ciudad fue conocida como “la puerta del infierno” y “ciudad de la muerte”21. EL IMPACTO DE LA FIEBRE AMARILLA EN LA POBLACIÓN PORTEÑA Como hemos comentado, el mal estado sanitario en que se encontraba la ciudad de Veracruz hacia la segunda mitad del siglo XIX fue considerado por las autoridades políticas municipales y por los médicos higienistas como causante de las enfermedades gastrointestinales22 y de las epidemias del cólera y fiebre amarilla. Esta última era una enfermedad endémica, que en varias ocasiones se convirtió en epidémica, principalmente cuando a la ciudad arribaban personas contagiadas que viajaban tanto por tierra como por vía marítima en barcos mercantes procedentes de otros puertos del Golfo y del Alto Caribe: Nueva Orleans, Cuba, Tampico y Tuxpan23. Conviene señalar también, que la enfermedad fue transmitida del puerto de Veracruz a otras regiones marítimas, como sucedió en 1882. De Veracruz pasó al estado de Tamaulipas y de aquí a Browsville. En este mismo año, los estados de Tabasco y Campeche fueron invadidos por el terrible mal24. El verano era la época crucial debido a la presencia de las lluvias y a las altas temperaturas, que permitían que el mosquito Aedes aegipty se reprodujera con facilidad en las aguas estancadas de las calles y los pantanos cubiertos de mangles que rodeaban la ciudad25. Así, la enfermedad fue endémica y epidémica como sucedió en los años de 1878, 1881 y en los periodos de 1892-1894 y 1898-1900 (Véase tabla 1 y 2 y gráficas 1 y 2).

21 Ronzón, 2004, 62. 22 Hoy en día se sabe que la diarrea, la disentería y la gastroenteritis pueden ser causadas por otros agentes como, por ejemplo, la contaminación o el mal estado de algún alimento. 23 Ronzón, 2004, 61-62; Alcalá, 2012, 73. 24 Ronzón, 2004, 65-66. 25 González Maroño, 2004, 46; Ronzón, 2004, 62.

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Tabla 1. Presencia de fiebre amarilla y paludismo26 Año 1878 1881 1885 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1897 1898 1899 1900

Fiebre amarilla 191 353 17 4 2 40 169 232 125 195 4 123 522 230

Paludismo 46 84 2 87 39 73 141 81 103 72 66 102 135 114 101

El cuadro fue elaborado con base en la información obtenida en el Archivo Histórico del Registro Civil del Estado de Veracruz.

Gráfica 1. Defunciones por fiebre amarilla durante el periodo de 1891-1894

26 Las tablas y gráficas presentadas en este trabajo fueron reconstruidas con base en la información obtenida en el AHRCEV.

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Gráfica 2. Defunciones por fiebre amarilla durante el periodo de 1898-1900

Desafortunadamente, para 1878 y 1881 no contamos con el total de las defunciones causadas por esta enfermedad debido a que no encontramos todos los libros de defunciones que comprendieron estos años, no obstante consideramos que el número de muertos registrados fue un buen indicador pues como se observa en la tabla 2, estuvieron comprendidos en el verano que era el periodo del año en que la enfermedad atacaba más fuerte a la población27. Tabla 2. Defunciones por fiebre amarilla Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Año 1878 13 5 1 6 58 107 1

Año 1881

125 129 37 19 25 16 2

27 Del año de 1878, encontramos sólo los registros de las defunciones de los meses comprendidos entre enero y julio; de 1881 solo localizamos el reporte de los meses entre junio y diciembre.

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En términos generales, podemos decir demográficamente que las epidemias de fiebre amarilla de las dos últimas décadas del siglo XIX impactaron muy poco a la población porteña (Tabla 3). Sin embargo, no debe descartarse el terror y el miedo a contraer esta enfermedad, la cual dejaba desolación, tristeza y angustia entre los pobladores. Es posible que los nativos y los residentes de muchos años hubieran adquirido la inmunidad28 pero no así las personas que hacía poco que vivían en Veracruz. Hacia los años 80 varios viajeros resaltaban el miedo que sentía la tripulación de los barcos mercantes nacionales y extranjeros al saber que tendrían que permanecer en el puerto de Veracruz29. El terror estaba fundamentado pues al llegar a un clima tan insalubre, la probabilidad de que los tripulantes fueran picados por el mosquito y enfermaran era grande. De hecho, viajeros como el francés Desiré Charnay señalaba que, ante el arribo de un grupo de migrantes, la fiebre amarilla se convertía en epidemia30. Tabla 3. Porcentaje y tasas de mortalidad causada por la fiebre amarilla en la población porteña Año 1878 1881 1891 1892 1893 1894 1898 1899 1900

Defunciones 191 353 169 232 125 195 123 522 230

Por ciento 1,71 3,16 0,79 1,09 0,58 0,72 0,46 1,93 0,85

TBM por epidemia 17,11 31,62 7,91 10,86 5,85 7,22 4,56 19,33 8,52

El porcentaje y la TBM de los años de 1878 y 1881 fue deducido tomando en cuenta la población de 11.164 habitantes reportada en el censo de 1882. Para los años de 1891, 1892 y 1893 se tomó de referencia el censo de 1893 cuya población era de 21.371 habitantes y para el resto de los años se consideraron los 27.000 habitantes comprendidos en el censo de 1900. Los censos fueron tomados respectivamente del AHMV, Ronzón, 2004, y García, 1992, 93.

Hubo años críticos como los de 1878, 1881 y 1899 (Gráficas 3 y 4). En el primer año, la epidemia comenzó a principios del mes de junio y sus malos efec28 Ronzón, 2004, 63; Alcalá, 2012, 81. 29 AHMV, 1882, caja 316, volumen 431. 30 Ronzón, 2004, 62, 63. Argumento similar fue emitido en 1913 por el doctor Harald Seidelin, quien afirmaba que en la península de Yucatán la fiebre amarilla se convertía en epidemia ante el arribo de foráneos (Alcalá, 2012, 81).

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tos comenzaron a sentirse a partir del día 24 de este mes hasta el 31 de julio o quizá más tarde, pues como indicamos, sólo encontramos los registros de defunciones del primer semestre de dicho año. Durante el periodo comprendido entre el 24 de junio y el 31 de julio, en promedio 3,7 personas morían diariamente a causa de esta enfermedad. Gráfica 3. Impacto de la fiebre amarilla por día durante los años de 1878 y 1881

Gráfica 4. Impacto de la fiebre amarilla por día, 1899

En 1881, la epidemia duró seis meses. Los estragos empezaron a sentirse a partir del 15 de junio hasta el 11 de agosto, periodo en el que fallecieron en pro-

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medio 4,8 personas diariamente. Los meses de junio y julio fueron preocupantes por la gran mortandad. Después del 11 de agosto, hasta diciembre, las muertes continuaron, aunque no eran diarias (Gráfica 3). En el caso del año 1899, la fiebre amarilla se había mantenido como una enfermedad endémica desde agosto de 1898, no obstante, a principios del mes de mayo y durante el verano de 1899 se convirtió en una gran epidemia, posteriormente volvió a ser endémica hasta el mes de diciembre del año 1900 (Gráficas 2 y 4) o mucho tiempo después, ya que como señala José Ronzón, esta enfermedad siguió afectando a la población porteña durante la primera década del siglo XX. Igualmente, en este último lapso temporal, el verano continuó siendo la época crítica aunque hubo años en que el vómito negro se prolongó hasta el invierno31, tal como se ha mostrado en los años de 1898, 1899 y 1900. El trimestre comprendido de mayo a julio de 1899 fue un periodo crítico para los habitantes de la ciudad de Veracruz. Del total de fallecidos por fiebre amarilla, en el primer mes sucumbieron como promedio diario 4,6 personas, en el segundo 6,2 y en el tercero, 2,8. En este año, el jefe del Servicio Médico registró 1.268 enfermos de fiebre amarilla y de cada 100 enfermos, 41 murieron32. La población masculina fue la más afectada por las epidemias de fiebre amarilla suscitadas entre 1878-1900 (Gráfica 5). Esto se debió a que una gran parte de los habitantes trabajaba en el campo, lugar favorable para el desarrollo del mosquito Aedes aegypti, causante de la enfermedad. En este sentido, los jornaleros constituyeron el sector más severamente castigado. Como se muestra en la tabla 4, de acuerdo al número de fallecimientos por vómito negro registrados durante las nueve epidemias que localizamos, en promedio el 35,92% de los óbitos correspondió a dichos jornaleros. Le siguieron, los comerciantes, labradores33, zapateros, dependientes, albañiles, carpinteros, sastres, arrieros y panaderos, entre otros. En el caso de la población femenina, las mujeres dedicadas al lavado de ropa y a la preparación del maíz para elaborar la tortilla (sector social conocido como molenderas) constituyeron el grupo más afectado por las epidemias de fiebre amarilla. Estas mujeres estaban expuestas a la enfermedad al estar sus actividades vinculadas a lugares húmedos o con agua, propicios como señalamos, para la reproducción del mosquito causante de la enfermedad.

31 Ronzón, 2004, 75. 32 Idem. 33 Es posible que el término labrador se refiera a la persona que es propietaria de una parte de terreno. En el caso de jornalero puede entenderse como aquella persona que trabaja en el campo sin que la tierra sea de su propiedad.

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Gráfica 5. Muertes de fiebre amarilla por sexo

Tabla 4. Impacto de las epidemias en el sector de los jornaleros Año

Número de jornaleros fallecidos por fiebre amarilla

Total de defunciones por fiebre amarilla

Por ciento

1878

64

191

33,51

1881

106

353

30,03

1891

69

169

40,83

1892

92

232

39,66

1893

39

125

31,20

1894

55

195

28,21

1898

51

123

41,46

1899

191

521

36,66

1900

96

230

41,74

Podemos decir que las epidemias atacaron a gran parte de la población económicamente activa. Así, por ejemplo, de acuerdo a las edades, los individuos más afectados fueron aquellos que tenían de 19 a 35 años (Tabla 5). Esta situación preocupó mucho a las autoridades municipales y estatales ya que afectaba a la economía local. Fue por ello que trataron de erradicar este mal para contar con individuos sanos y de esta manera hacer del puerto de Veracruz un lugar competente dentro de la economía mundial.

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Tabla 5. Población afectada por las epidemias de fiebre amarilla (por edades) Edad 0 años 1 a 5 años 6 a 11 años 12 a 18 años 19 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años

1878 1881 1891 1892 1893 1894 1898 1899 1900 1 1 1 1 2 9 1 1 1 4 8 1 2 6 6 9 3 10 31 10 14 13 19 18 52 27 61 131 63 74 36 72 44 156 71 81 109 59 81 44 63 34 168 74 15 36 24 37 13 23 13 70 28

46 a 60 años

10

17

10

61 años en adelante

2

3

2

sin especificar

3

8

17

11

8

5

3 6

6

1

34

14

4 3

28

12

Como anotamos, la ciudad de Veracruz fue el lugar de encuentro con la muerte tal como lo describieron algunos viajeros. La adaptación al clima caluroso era importante para la sobrevivencia. En la epidemia de 1881, se conoció el tiempo de residencia de 169 individuos que fueron víctimas del vómito negro. De ellos, 119 hacía menos de un año que vivían en Veracruz y 48 habían llegado hacía pocos días a la ciudad, representando respectivamente el 33,7% y 13,59% en relación con los 351 fallecidos por la enfermedad. Situación similar sucedió en otros años de epidemia. Por ejemplo, en 1900 murieron 230 personas a causa de la fiebre amarilla, de estos, pudimos conocer la residencia de 102 individuos. De ellos, 84 hacía menos de un año que vivían en la ciudad de Veracruz, constituyendo el 36,52% de las defunciones por esa enfermedad. Entre las víctimas hubo españoles, italianos y estadounidenses. De los españoles, un dependiente hacía dieciocho días que vivía en Veracruz, un comerciante, cuatro meses, y un labrador, siete meses. De los italianos había seis personas, algunos procedentes de Nápoles, como jornaleros y cuya residencia estaba entre los cinco días y cinco meses. Se puede decir que los nuevos residentes que sufrieron los estragos de la fiebre amarilla procedían sobre todo de distintas partes del estado (Orizaba, Huatusco, Perote, Acatlán, Piletas, Martínez de la Torre, Camarón, Acayucan, etc.) y del país (Distrito Federal, estado de México, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Tlaxcala, etc.). El número de extranjeros muertos fue mínimo (Tabla 6). Los españoles y los italianos constituyeron el grupo más afectado. Los primeros procedían de Santander, Oviedo, Asturias y Barcelona, se desempeñaron como comerciantes, empleados, militares y marineros y como señalamos, algunos italianos eran originarios de Nápoles y se dedicaban al trabajo agrícola.

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Tabla 6. Número de extranjeros fallecidos durante las epidemias de fiebre amarilla Año España

Estados Inglaterra Italia Francia Cuba Noruega Grecia Alemania Hungría Unidos 2 2 1 1 1

1881

9

1891

7

1

1892

9

1

1893

4

1

1894

9

1

1898

3

1

1899

14

2

3

1900

8

2

2

1

1 2 1 1 17

1

De acuerdo con las defunciones registradas en la tabla 6, podemos decir demográficamente que la población extranjera residente en Veracruz resultó muy poco afectada. Si tomamos en cuenta los 1.162 extranjeros anotados en el censo34 de 1882 y los comparamos con los 16 individuos que murieron durante la epidemia de 1881, veríamos que el 0,96% de esta población fue afectada. Sin embargo, sucedió lo contrario con la población extranjera perteneciente a algún barco mercante. Por ejemplo, en 1883, arribó a Veracruz una flota de barcos noruegos, cuya tripulación fue duramente impactada por la fiebre amarilla a tal “grado que en algunas de las embarcaciones tuvo que ponerse tripulación mexicana para que pudiesen regresar” a su país35. Como indicamos, la afluencia de viajeros susceptibles de contagio mantenía al virus vivo lo cual hacía que la enfermedad se volviera epidémica36. Fue por ello que tanto en la ciudad de Veracruz como en otros lugares, el sentimiento xenofóbico estuvo presente al culparse a los extranjeros de la presencia de la fiebre amarilla. Ante esta situación, el Consejo Superior de Salubridad recibió varias solicitudes en las que se pedía se prohibiera entrar al país a los barcos procedentes de países o plazas infectadas por enfermedades contagiosas37. EL MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO Y LAS LETRINAS Considerado el medio ambiente como agente de las enfermedades epidémicas y endémicas, las autoridades municipales impulsaron la modernización de 34 35 36 37

AHMV, 1881-1883, caja 316, volumen 430. Carrillo, 2008, 224. García, 1992, 136. Ronzón, 2004, 80.

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la infraestructura y el saneamiento urbano. Bajo la idea científica, buscaron eliminar la insalubridad la cual generaba el aire malsano propagador de las citadas enfermedades. En este sentido, el mejoramiento de los servicios de alcantarillado y abastecimiento de agua doméstica y el empedrado de las calles, fueron medios para lograr el saneamiento de la ciudad lo cual repercutía en beneficio de la salud pública y el desarrollo de la sociedad porteña. En torno al alcantarillado, podemos decir que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, las autoridades políticas porteñas trataron de poner en función los preceptos higiénicos promovidos por los médicos e ingenieros sanitarios apoyando los proyectos para la modernización de la infraestructura hidráulica. Es decir, la construcción de caños cerrados en los que circulara agua en abundancia para arrastrar hacia fuera de la ciudad las inmundicias y las aguas estancadas. Este tipo de atarjea evitaría la emanación de gases nauseabundos y la filtración de agua en las calles, paredes y pisos de las habitaciones. De acuerdo a la teoría ambiental, se trataba de hacer desaparecer todo aquello que oliera mal, perjudicara el ornato y estuviera principalmente en contra del progreso. En este marco de ideas, el 29 de junio de 1861, el ayuntamiento retomó los proyectos elaborados en 1846, 1847 y 1848 consistentes en la construcción de atarjeas en las calles de la ciudad y en la funcionalidad de dos pozos que habían sido perforados en “el recinto” de la misma con el objeto de limpiar estos albañales38. El regidor obrero mayor, José Laparé, fue encargado para ejecutar estos proyectos. Propuso en principio construir una atarjea cubierta en la calle transversal situada en la Puerta Nueva hasta la calle de la Alhóndiga. Los albañales de las casas estarían conectados a esta atarjea y debían estar también cubiertos de la misma manera que la cloaca ubicada en el centro de la ciudad. Para efectuar esta obra, el concejal creyó necesario levantar y nivelar el centro de la calle con el fin de que el agua de los caños particulares fluyera hacia un sumidero que los conectaría con la atarjea principal39. El empedrado sería sustituido por adoquines. Por medio de esta mejora, se pretendió que el pavimento de la calle quedara plano para evitar que se descompusiera y que “la suciedad y pestilencia de los albañales [perjudicara] la salubridad pública”40. Paralelamente, el edil se dedicó a la limpieza de los dos pozos en los que se colocarían bombas para extraer el agua, la cual sería utilizada periódicamente para la limpieza de los caños que arrastrarían los desechos hasta la playa. En opinión del munícipe, la obra generaría un ahorro económico en las arcas municipales ya que se emplearían menos recursos para efectuar la limpieza de las calles41.

38 AHMV, 1861, caja 219, volumen 305-306. 39 Desconocemos en qué lugar de la ciudad estaba ubicada esta alcantarilla. Imaginamos que estaba en el centro de la localidad. 40 AHMV, 1861, caja 219, volumen 305-306. 41 Idem.

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La propuesta de iniciar la obra en la calle transversal de la Puerta Nueva pareció viable al ayuntamiento por lo que le sugirió al regidor Laparé que formulara el presupuesto de la obra para todas las calles de la ciudad. La idea era tener el costo total para acudir al gobierno del estado y solicitarle que subvencionara la obra por suponerse que era de un costo elevado. Sin embargo, Laparé sostuvo que por el momento no podía formar el presupuesto porque necesitaba saber la cantidad que invertiría en la calle proyectada para realizar la mejora. Una vez que tuviera el monto del gasto de la primera obra, podría hacer el presupuesto para todas las calles de la ciudad. Mientras se realizaba el presupuesto total, el gobierno del estado autorizó a la corporación municipal invertir la cantidad de 4.000 pesos para iniciar la mejora en la citada calle transversal42. Desconocemos si el proyecto general fue realizado. No obstante, el interés de las autoridades municipales por sanear la ciudad continuó en el transcurso de los años. El 9 de abril de 1875, el ingeniero Joaquín A. Gallo propuso al ayuntamiento utilizar el sistema de “albañales y cloacas subterráneas”43. Este sistema era considerado moderno ya que sería de fierro fundido y tendría registros con tapas atornilladas. Los registros facilitarían la limpieza del alcantarillado en caso de azolvamiento. Sin embargo, existía el inconveniente de la poca inclinación que tenía la ciudad de Veracruz. Para resolver este problema, Gallo sugirió la nivelación topográfica de las calles con el fin de conocer los terrenos más bajos en donde se construirían una o varias atarjeas principales que condujeran el agua sucia hasta el mar44. Paralelamente, en las calles transversales, el ingeniero propuso construir las atarjeas en forma de elipse “cuyo eje mayor [fuera] vertical”45, la idea de la curva era para facilitar el desagüe de los desechos y la limpieza de las alcantarillas. En el caso de que el agua no fluyera con facilidad debido al poco desnivel del terreno, el ingeniero sugirió la construcción de un depósito de agua limpia que sería bombeada diariamente hacia algunas de las atarjeas principales. La fuerza del agua serviría para arrastrar todo tipo inmundicia y por ende, como hemos anotado, los olores pestilentes serían eliminados. Los caños para las aguas sucias de las casas serían construidos en forma cilíndrica “ó de forma semejante á la atarjea principal”46. Estarían conectados a la atarjea que se construiría en la sección transversal de tal manera que se evitara el escurrimiento de líquidos y por ende la presencia de olores fétidos. En el mismo año, el ingeniero Joaquín Gallo recibió algunas sugerencias del regidor obrero mayor para que el proyecto fuera modificado. Se le solicitaba 42 43 44 45 46

Idem. AHMV, 1874-1876, caja 268, volumen 376. Idem. Idem. Idem.

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que el alcantarillado principal fuera construido de piedra ya que el fierro era un material muy costoso y debía traerse del extranjero. Asimismo, se le pidió que las atarjeas de las casas fueran rectangulares bajo el argumento de que los desechos no se atorarían como sucedería con la forma cilíndrica. No obstante estas observaciones, el proyecto quedó solo en la mesa de discusión del cabildo debido a la falta de recursos económicos para efectuarlo. Al siguiente año, 1876, el nuevo ayuntamiento dictaminó que la obra se llevara a cabo conforme al proyecto original47. La idea de efectuar el proyecto fue interesante, pero parece que no cristalizó. Sin embargo, los munícipes en turno mantuvieron el interés por el alcantarillado. El 15 de octubre de 1878, es decir, dos años después, el regidor obrero mayor, Espinosa, propuso un nuevo proyecto el cual consistía en la nivelación y construcción del alcantarillado en las avenidas principales de las secciones de extramuros e intramuros de la ciudad. El objetivo era formar calzadas “con una inclinación correspondiente tanto en el sentido transversal como longitudinal”48 para que las aguas fluyeran hacia el arroyo de Tenoya y la zanja de Bureau que eran dos puntos equidistantes de la ciudad y que serían utilizados como atarjeas principales. El concejal señalaba que el proyecto era costoso y difícil de realizar en todas las calles y avenidas de la ciudad. No obstante, sugirió que se efectuara paulatinamente, comenzando la construcción de caños laterales en las calles del Paseo, Cristo, Jazmín y San Sebastián, pertenecientes a la sección de extramuros. Consideraba que los alcantarillados en las partes laterales serían más económicos ya que se deteriorarían menos al estar lejos de las ruedas de los carruajes. El munícipe indicaba cómo a través de esta obra, el agua de las calles transversales tendría una mayor fluidez al verterse en las calles longitudinales. Destacaba además, que la salud de los habitantes de extramuros sería beneficiada al eliminarse las charcas que conservaban aguas pútridas49. Cabe recordar que era el área más insalubre de la ciudad por no llegar hasta allí los servicios públicos como el abasto de agua y el empedrados de las calles. La propuesta de Espinosa tuvo una respuesta favorable. El mismo día 15 de octubre, el presidente municipal, Domingo Bureau, señaló que había 1.000 pesos presupuestados para la construcción de empedrados en la sección de extramuros. De esta cantidad, autorizó el gasto de 220 pesos para pagar la mano de obra de la construcción de “mil varas cuadradas de empedrado en los caños de las calles del Cristo y del Cementerio”. Como se apuntó, el fin era llevar el agua sucia de las casas hasta el mar a través del arroyo Tenoya y Zanja de Bureau50. 47 48 49 50

Idem. AHMV, 1873-1878, caja 259, volumen 364. Idem. Idem.

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No obstante que el proyecto había sido visto con buenos ojos, no fue realizado completamente. Cuatro años más tarde, 1882, el mismo presidente municipal, Domingo Burea, recibió un escrito, del cual dijimos que no tenía rúbrica, en el que se presentaron diversas propuestas para el saneamiento urbano. El documento señalaba las condiciones climáticas y geográficas similares de las ciudades de Veracruz y Nueva Orleáns propicias para el desarrollo de la fiebre amarilla. Indicaba también que ante las frecuentes epidemias en Nueva Orleáns, la enfermedad se convertía en un “temible azote” causando constantes defunciones entre la población y perjudicando los intereses mercantiles. Resaltaba los esfuerzos conjuntos entre los habitantes y autoridades para llevar a cabo el saneamiento de la ciudad de Nueva Orleáns lo que tuvo como resultado la disminución considerable del número de víctimas, así como el incremento de la población y de la actividad mercantil. Se enfatizaba, además, la importancia de las medidas higiénico-preventivas consideradas eficaces, incluso para combatir el tifus y “las fiebres atribuidas generalmente á la impureza del aire”51 y a la suciedad de los albañales. El autor del escrito indicaba que estas providencias estaban acorde con los avances de la ciencia en materia de higiene y saneamiento y que habían contribuido a la mejora de la salud pública en Nueva Orleáns y en Memphis; si en la ciudad de Veracruz se aplicaban habría mejores resultados ya que no tenía condiciones de insalubridad tan deplorables como las de Nueva Orleans. En su opinión, la mejora de las condiciones higiénicas de Veracruz traería como consecuencia el incremento de las relaciones mercantiles. Bajo esta perspectiva, el autor del documento destacaba a las heces como las inmundicias más perjudiciales para la salud pública, Para erradicar este problema propuso que se llevaran lo más lejos de las casas, tal como lo recomendaban los médicos higienistas modernos en las grandes ciudades europeas y estadounidenses. Para ello recomendó, como se hizo en años anteriores, la construcción de caños en los que circularan grandes volúmenes de agua con el fin de conducir las excretas hasta el sitio denominado “Los Hornos,” ubicado a la orilla del mar. Este lugar era considerado idóneo porque allí las mareas eran constantes y se suponía que las excretas serían arrastradas mar adentro. Si bien esta propuesta contribuiría al saneamiento urbano, nuevamente la falta de recursos económicos impidió que se llevara a cabo. A este problema se sumaba la escasez de agua. ¿Cómo llevar agua abundante en los alcantarillados si varios barrios de la ciudad carecían de ella? Ante esta situación, el autor del escrito, propuso al presidente municipal la construcción de las letrinas basadas en los sistemas “Rochedale Pail-closet” y “Earth-closet”, los más usados en las grandes ciudades y recomendados por los médicos ya que el costo de su construc51 AHMV, 1882, caja 316, volumen 431.

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ción era económico y reunían condiciones sanitarias. En su opinión, eran seguros contra alguna infección, evitaban la absorción de los excrementos en los terrenos adyacentes y facilitaban el transporte de las heces a los lugares que dispusieran las autoridades municipales. El sistema “Rochedale Pail-closet” consistía en un depósito con su respectivo asiento “bajo del cual se colocaba una cubeta del tamaño de un medio barril de kerosene”52 con una capacidad de almacenamiento de 100 libras (45,36 kilogramos). El recipiente podría ser de fierro galvanizado “con capacidad de cien galones” [sic]53 como se utilizaba en algunas ciudades estadounidenses. Para evitar el mal olor de la letrina se recomendaba utilizar las cenizas que se producían en las casas. Una compañía se encargaría de cambiar la cubeta cada semana por otra que estuviera limpia y desinfectada. El costo por este cambio sería de 20 centavos por recipiente. La propuesta del sistema “Earth-closet” estuvo basada en las ideas del ingeniero Rodolfo Herring quien en junio de 1881 destacó sus beneficios ante la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles54. Dicho sistema consistía en “un asiento de limpia y fuerte construcción” debajo del cual se colocaba un medio barril de madera o de fierro. En el compartimiento superior del recipiente se colocaría tierra pulverizada o carbón vegetal que serían arrojados a las heces a través de una válvula que se activaba al momento de cerrar la tapa del asiento. Herring decía que este era el sistema que usaban principalmente los hospitales ya que su construcción y limpieza eran económicas55. En opinión del autor del documento sin rúbrica, el uso de los sistemas mencionados, mantendría a la ciudad de Veracruz limpia e higiénica y contribuiría a una mejora social al eliminarse los hedores considerados contrarios a la modernidad. Igualmente desconocemos si este proyecto fue realizado. No obstante, es pertinente decir, que dos años antes de que se presentara dicho proyecto, 1880, el ayuntamiento dispuso que la limpieza de las letrinas fuera realizada en el transcurso de la noche, por medio de barriles con tapas ajustadas. La idea era evitar los malos olores. En el transcurso de los años, la corporación municipal realizó contratos con empresarios locales para que los “los trenes de carretas inodoros,” mantuvieran limpia la ciudad. Por ejemplo, en julio de 1885, concesionó a Carlos J. B. Hemingway, socio de la compañía mercantil Wittenez Vila, para efectuar

52 Idem. 53 Idem. 54 Herring fue enviado a Europa por el ayuntamiento de Philadelphia a estudiar los sistemas de letrinas utilizados en las ciudades. Recomendaba el uso de este sistema de letrinas en las ciudades pequeñas o lugares aislados donde se carecía de agua ya que su limpieza sería fácil y económica y porque las excretas podrían ser usadas para fertilizar el campo. 55 AHMV, 1882, caja 316, volumen 431.

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la limpieza de las letrinas empleando un tren inodoro. Al parecer el sistema de letrinas se modernizó ya que su limpieza fue permitida hacerla durante el día56. PROPUESTA PARA MODERNIZAR LAS CALLES Como se ha comentado, la calle mereció también una atención de las autoridades municipales interesadas en llevar a cabo el saneamiento urbano de la ciudad. De acuerdo con las políticas sanitarias impulsadas por el Estado liberal para modernizar al país, la calle fue planeada como un espacio público funcional, higiénico y agradable. Debía estar limpia y libre para la circulación del agua, peatones y vehículos. El mejoramiento de la calle tuvo también como objetivo hacer de los centros urbanos espacios saludables e higiénicos. En este sentido, la construcción de empedrados fue impulsada para eliminar las charcas e inmundicias habidas en las calles. Como dijo el ingeniero Joaquín A. Gallo, el pavimento de la calle debía tener “una superficie lisa y elástica”57 y el material empleado tendría que ser impermeable. Habría que decir además, que el empedrado de las calles en Veracruz fue necesario, pues como indicamos, una gran parte no estaba pavimentada. En este marco de referencia, el ayuntamiento recibió varios proyectos. El 9 de abril de 1874, el ingeniero Gallo, quien realizó el proyecto para modernizar el alcantarillado, presentó su propuesta. Antes de mostrar el proyecto de nuevo modelo de calle para la ciudad de Veracruz, Gallo describió los métodos de empedrado denominados italiano, belga y pavé, este último llamado así por los franceses. En su opinión, estos fueron puestos en práctica en las capitales europeas, al mismo tiempo resaltó el uso de madera en calles de varias ciudades de los Estados Unidos, entre ellas Nueva York. De cada uno de los métodos, el ingeniero señaló sus características, el costo, ventajas y desventajas. En torno al sistema italiano el ingeniero decía que se utilizaba en las ciudades de Milán y Turín, consistía en la colocación de “dos hileras de lozas de bastante longitud, cada una [colocada] al tercio de la calle”58 y el resto del espacio rellenado de piedras. Por medio de este sistema, las ruedas de los carruajes circulaban con facilidad y el caballo podía hacer bien el tiro. Gallo opinaba que este procedimiento era económico siempre y cuando se tuviera cerca la cantera y fuera bajo el costo de extracción de la arenisca o basalto utilizados para formar los carriles de los carruajes. Respecto al método pavé, el ingeniero señalaba que era utilizado desde principios del siglo XIX y que consistía en el uso de piedra chica y redonda. En este

56 Contreras Utrera, 1992, 104. 57 AHMV, 1874-1876, caja 268, volumen 376. 58 Idem.

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empedrado se usaban “las graníticas cortadas en forma de cubo”59 o prisma de 20 centímetros por lado, las cuales eran colocadas perpendicularmente en el eje del camino y separadas entre sí en un centímetro que se cubría de arena. Hacía notar que este sistema no podría utilizarse en Veracruz por la escasez de piedra chica. En relación al sistema de madera, Gallo destacó los ensayos que se estaban haciendo en varias ciudades estadounidenses debido a sus ventajas al evitar el ruido y facilitar la limpieza de las calles. En contraposición, resaltó los inconvenientes que tenía la madera al ser un material susceptible de pudrirse o hincharse con rapidez, así como de alto costo. Señalaba también cómo en varias ciudades los pisos de madera eran cubiertos “con una gruesa capa de asfalto y piedrecilla mezclada”60 con el fin de que perduraran. No obstante, tenían el inconveniente de que el sol ablandaba esta sustancia y el piso quedaba suave lo cual dificultaba el tránsito de los carruajes. Por último, el ingeniero describió el método belga el cual consistía en la colocación de hileras de “lajas de piedra arenisca de” 30 centímetros de largo por 3 o 4 centímetros de ancho que formaran “un ángulo agudo con el eje de la calzada”61. En su opinión, las lajas de estas dimensiones, a diferencia de los paralelepípedos (prismas), evitarían la destrucción de la piedra y facilitarían la circulación de los animales al no estar expuestos a resbalarse tal como sucedía frecuentemente con el antiguo sistema de empedrado. El mismo ingeniero decía que, en caso de reparación, sólo se quitaría la parte de la laja en donde estuviera hundida la calle. Basado en estas características, el clima y la topografía de la ciudad de Veracruz, el ingeniero se inclinó por el sistema belga al considerarlo más económico y duradero. En su opinión, este método era el que se usaba en ese entonces en las principales ciudades europeas y estadounidenses. Por ejemplo, decía que en la ciudad de Nueva York se estaba usando para sustituir la madera en las calles y que hacía más de cien años, en algunas calles y plazas de la ciudad de Puebla se utilizaba con buenos resultados. Para llevar a cabo el proyecto, el ingeniero propuso que la cantera fuera traída de Puebla. Las losas medirían de 12 a 15 pulgadas de longitud por 3 pulgadas de ancho. Treinta y tres losas de esta medida formarían una vara cuadrada cuyo valor sería de 2,31 pesos “puestas en la estación”62 del ferrocarril de la ciudad de Puebla. En esta cantidad no estaba considerado el costo del flete hasta la ciudad de Veracruz. Gallo no dio más explicaciones sobre el costo total de la obra, pues

59 60 61 62

Idem. Idem. Idem. Idem.

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como dijo al ayuntamiento, en caso de que se aceptara el proyecto, despejaría todas las dudas al respecto. La corporación municipal vio con buenos ojos el proyecto del ingeniero Joaquín Gallo. Sin embargo, nuevamente no pudo hacer nada por la falta de dinero. Un año y medio después de haberse presentado dicho proyecto, 12 de septiembre de 1876, los munícipes en turno lo retomaron para ponerlo en práctica indicando que se iniciara “cuando [pudieran] disponer de la cantidad necesaria para la obra”63. Al parecer la obra quedó archivada. El día 22 de este mismo mes y año, el ayuntamiento recibió una nueva propuesta para mejorar las calles. El responsable era el señor José H. Troncoso, vecino de la villa de Medellín. Troncoso se comprometió a iniciar un “modelo” de la obra “en la encrucijada de la calle de La Pastora, esquina [de] la casa de Dn. Jorge de la Serna”64. El trabajo sería una muestra que consistía en construir el empedrado en forma inversa al que estaba hecho, es decir, con el “lomo al centro y los caños laterales”65. El empresario aportaría el material sin remuneración, a cambio pidió al ayuntamiento que contribuyera con el recurso humano (los presos sentenciados a obras públicas), el alquitrancillo, chapapote y herramientas. Concluida la obra, esta sería inspeccionada por el alarife o ingeniero que designara la corporación municipal y en caso de que a la institución le conviniera, se realizaría el presupuesto para todas las calles de la sección de intramuros, así como para las calles principales de la sección de extramuros. Interesado en la funcionalidad y la higiene de las calles, el ingeniero designado por el ayuntamiento sugirió a Troncoso que fueran niveladas tanto las calles longitudinales como las transversales y que tomara en cuenta la simetría, la amplitud y el declive conveniente de los caños con el fin de “recoger todas las aguas de la población sin ocasionar inundaciones en las encrucijadas o en cualquier otro punto”66. Asimismo pidió que los caños que fueran a construirse en la calzada fueran cubiertos. El 4 de octubre de 1876, el ayuntamiento concedió a Troncoso el permiso para iniciar la construcción de la calle bajo la condición de que la obra fuera realizada en la calle de La Noria67. Un mes más tarde, el empresario comunicó a la institución que no le convenía a sus intereses económicos ya que había hecho sus estudios en la calle de La Pastora e insistió que se le permitiera hacer la mejora en esta calle. El ayuntamiento se opuso bajo el argumento de que habría una economía si tal mejora se hacía en la calle de La Noria. Ante tal situación, la propuesta de Troncoso quedó archivada mientras la corporación municipal conseguía los 63 64 65 66 67

Idem. AHMV, 1873-1878, caja 258, volumen 363. Idem. Idem. Idem.

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fondos económicos68. De esta manera, otro proyecto quedó sin efectuarse. Es posible que el ayuntamiento realizara la mejora de las calles más adelante estableciendo contratos con empresarios locales que le propusieran obras de menor costo. LOS REMEDIOS Y LAS MEDIDAS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA Aun cuando el ayuntamiento realizó esfuerzos para llevar a cabo el saneamiento urbano, las epidemias continuaban matando personas. El desconocimiento de la etiología de la fiebre amarilla durante las dos últimas décadas del siglo XIX, condujo a la sociedad a acudir a remedios que incluían sangrías y purgantes69, siendo incluso sugeridos por algunos médicos nacionales y extranjeros que buscaron curar la enfermedad en la ciudad de Veracruz para ser acreedores del premio de 100.000 pesos que el gobierno del estado otorgaría al galeno que encontrara el antídoto. De esta manera, el ayuntamiento recibió varias recetas médicas de distintos galenos que aseguraban que su antídoto curaba la enfermedad. Por ejemplo, el 1.º de julio de 1881, año en que la población porteña sufría una severa epidemia, el doctor Alberto Galeno sostenía que el vómito prieto era causado por el derrame de bilis que envenenaba la sangre. Consideraba que los purgantes eran la principal solución ya que al actuar sobre el aparato biliar desalojaría a las bilis del conducto sanguíneo. Un mes y medio más tarde, 14 de agosto, el doctor FranK C. Shultis decía que había oído que una o dos libras de sal y raíz de culebra [sic] podrían suministrarse al paciente. El 5 de octubre, Rafael Durama envío un medicamento a la Junta de Sanidad para que fuera suministrado a los enfermos. Aunque no especificaba en qué consistía, Durama aseguraba que en San Juan de Los Llanos había sido utilizado con efectividad70. Por otro lado, las autoridades políticas locales y médicas de la federación, pusieron en acción providencias higiénico-sanitarias conforme a los avances de la ciencia. Como seguidor de los postulados del galeno cubano, Carlos Finlay, en los que se mostraba que el mosquito Aedes aegypti era el principal causante de la fiebre amarilla, el doctor Eduardo Liceaga y su equipo de doctores, iniciaron la campaña contra la fiebre amarilla en México. En 1903, el gobierno federal, con el apoyo del gobierno estatal, inició la campaña nacional contra el insecto en la ciudad de Veracruz. Esta fue elegida por encontrarse allí el principal puerto mexicano y por ser el lugar más antiguo y permanente de la endemia. Su elección respondió también por ser el enclave más importante de los inversionistas estadounidenses en América Latina71.

68 69 70 71

Idem. Ronzón, 2004, 89-90; Alcalá, 2012, 72. Lozano y Escamilla, 2000, 163-165. Carrillo, 2008, 236.

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Con el fin de hacer efectiva la campaña, la ciudad de Veracruz fue dividida por las autoridades sanitarias de la federación en cuatro distritos, encargados cada uno a un médico. Se realizaron mapas de las calles, numeración de las casas y censos de personas inmunes y no inmunes72. Las letrinas, cloacas, sumideros y todo sitio con agua estancada, fueron fumigados. Los enfermos contagiados por la fiebre amarilla fueron aislados en cuartos especiales de los hospitales y asilos con el propósito de evitar el contacto con el mosquito causante de la enfermedad73. Los pantanos, lagunas y charcos ubicados alrededor del puerto fueron cubiertos con petróleo o permanganato de potasio. De esta manera, el Aedes aegypti sería eliminado al destruirse los lugares donde se criaba y desarrollaba. Las cuarentenas en los puertos continuarían bajo la idea de ejercer un mejor control sobre este mal74. Gráfica 6. Comportamiento demográfico durante las dos últimas décadas del siglo XIX

Gráfica reconstruida. Los datos de nacimientos y defunciones fueron obtenidos del Archivo Histórico del Registro Civil del Estado de Veracruz. Los bautizos fueron extraídos de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Veracruz (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20130-901272?cc=1883382&wc=MCC1-VZ7:177342901,177342902,177044801, consulta realizada el 7, 8 y 9 de mayo de 2015).

72 Idem. 73 Connolly, 1997, 135-137; Ronzón, 2004, 102. 74 Idem.

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UN PEQUEÑO BALANCE DEMOGRÁFICO Cuando se escribe sobre las epidemias, es importante conocer la situación demográfica general del lugar estudiado. En este caso, surgieron las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron las tasas de natalidad y mortalidad durante las dos últimas décadas del siglo XIX? Esta pregunta respondió al interés de averiguar ¿Por qué la población porteña aumentó tanto, no obstante la presencia de epidemias y la permanencia de la insalubridad del espacio urbano en este periodo? Se ha anotado que la alta mortalidad de la población porteña era atribuida a la insalubridad de la ciudad, lo que generaba enfermedades endémicas y epidémicas. En el periodo de 1877 a 1900, la población aumentó en un 170% no obstante la presencia de epidemias como la fiebre amarilla y la tuberculosis, así como de enfermedades gastrointestinales. En el primer año, la ciudad tenía 10.000 habitantes y en el segundo, 27.000. En este mismo lapso temporal, las defunciones superaron a los nacimientos y bautizos (Gráfica 6). Si tomamos en cuenta los censos de población habidos entre 1877-1900 y los contrastamos con los nacimientos y los decesos generales, deducimos que la tasa bruta de mortalidad era más alta que la tasa bruta de natalidad. Aunque localizamos sólo los nacimientos de la última década del siglo XIX, se observa esta situación (Tabla 7) De acuerdo con Miguel E. Bustamante, durante el último tercio del siglo XIX, las tasas de mortalidad en la ciudad de Veracruz llegaban a 100 o más por cada 1.000 habitantes. Por ejemplo, señalaba respectivamente para 1877, 1881 y 1883, tasas brutas de mortalidad de 100,72‰; 112,42‰ y 111,40‰. En opinión del autor, los años de 1899 y 1900 fueron los menos críticos al registrar también respectivamente 50,55‰ y 78,29‰75. Bustamante destacó a las enfermedades gastrointestinales, el paludismo, la tuberculosis y la fiebre amarilla como las más letales sufridas por la población del puerto de Veracruz76. Como señalamos, pese a los inconvenientes de la insalubridad y las enfermedades endémicas y epidémicas, la población de la ciudad de Veracruz creció vertiginosamente durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Esto se debió al movimiento mercantil y a la demanda de mano de obra requerida para los trabajos de construcción y modernización del puerto. La ciudad ofrecía oportunidades de trabajo a los migrantes que buscaban una mejor calidad de vida. De hecho, a través de los registros de defunciones se observa la procedencia de personas de distintas partes del país y del extranjero. Aun cuando la ciudad era temida por las epidemias, era al mismo tiempo un imán que atraía a las personas en busca de trabajo y de nuevas oportunidades para la acumulación y diversificación de capitales. 75 Citado por Florescano, 1992, 71. 76 Idem.

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Tabla 7. Tasas brutas de mortalidad y natalidad Año

Defunciones

TBM

Nacimientos

TBN

1875

1.529

63,71

778

32,42

1880

1.366

56,92

1881

1.852

77,17

1883

1.910

79,58

645

30,18

1887

1.033

48,34

1888

1.089

50,96

1889

1.300

60,83

742

34,72

1890

1.320

61,77

705

32,99

1891

1.361

63,68

817

38,23

1892

1.488

69,63

755

35,33

1893

759

35,52

697

32,61

1894

1.618

59,93

715

26,48

1895

1.264

46,81

843

31,22

1896

1.438

53,26

775

28,70

1897

1.625

60,19

773

28,63

1898

2.086

77,26

783

29,00

1899

2.514

93,11

763

28,26

1900

2.030

75,19

767

28,41

1878*

1885*

* Años incompletos. Tabla elaborada con base en los datos del AHRECV. La TBM de los años 1878-1883 fue calculada con el censo de 1884 que reportaba 24.000 habitantes; la 1885-1893 con el censo de 1893 el cual registró 21.371 habitantes y la tasa de 1894 a 1900 fue computada con base en el censo de 1900 que tenía 27.000 habitantes. La TBN de 1889 a 1893 fue calculada con el censo de 1893 y la del periodo de 1894 a 1900 con el censo de 1900. Censo de 1884 y 1900, García Díaz, 1992, 93; censo de 1893, Ronzón, 2004, 66.

A MANERA DE CONCLUSIÓN Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, la ciudad de Veracruz continuó como un espacio urbano insalubre. La crónica escasez de recursos económicos impidió a las autoridades municipales modernizar la infraestructura para lograr el saneamiento urbano y, por ende, disminuir las altas tasas de mortalidad.

LA FIEBRE AMARILLA EN LA CIUDAD DE VERACRUZ

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La fiebre amarilla se mantuvo como una de las principales causas de muerte en la población porteña y en los viajeros que llegaban a la ciudad en busca de trabajo o para desarrollar sus actividades mercantiles. A lo largo de este periodo, predominó la teoría aerista a través de la cual las enfermedades endémicas y epidémicas fueron atribuidas a la fetidez causada por el ambiente insalubre. De acuerdo con esa corriente, y sin saberlo, las autoridades municipales y médicas combatieron al mosquito Aedes aegypti desde el momento en que promovieron la eliminación de las charcas y pantanos existentes en las calles y alrededores de la ciudad. Sin embargo, conforme avanzó la ciencia y la medicina, dichas enfermedades fueron también explicadas por la presencia de microorganismos patógenos. En este sentido, el combate contra la fiebre amarilla en la ciudad de Veracruz fue efectivo, principalmente en la primera década del siglo XX. En esta lucha fue relevante la participación del Estado, que a través del Consejo Superior de Salubridad contribuyó con las campañas sanitarias dirigidas por los médicos higienistas modernos. Los galenos mexicanos pusieron en práctica los conocimientos del médico cubano Carlos Finlay. La intervención del gobierno federal dio paso a la centralización de la salud pública. Por otra parte, a pesar de que las tasas de mortalidad fueron altas, la población porteña mostró un gran crecimiento, debido principalmente al flujo migratorio constante a la ciudad. Pese a los inconvenientes de la insalubridad y las constantes muertes, la ciudad de Veracruz ofreció trabajo a migrantes del interior del estado, del país y del extranjero. Igualmente, hacia finales del siglo XIX, el flujo migratorio aumentó debido a la modernización del puerto.

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EL PROTAGONISMO DEL ESTADO MODERNO Y DE LAS EMPRESAS EN LOS USOS DEL AGUA Y EN LAS NORMATIVAS HIDRÁULICAS

El proceso de cerramiento del Desierto de los Leones, 1602-16181 The Enclosure Process in Mexico´s Desierto de los Leones, 1602-1618 Inmaculada Simón-Ruiz Andrea Noria-Peña Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, Universidad Autónoma de Chile. Santiago, Chile. [email protected]. [email protected]

Entre los años de 1602 y 1618, en el Virreinato de la Nueva España, específicamente en el sitio conocido como el Desierto de los Leones, ubicado en las montañas próximas al Valle de México, se produjo un proceso de cerramiento en el que se vieron afectadas las comunidades cercanas y que fue el resultado del establecimiento en la región de un grupo de religiosos de la Orden del Carmen Descalzo. En ese espacio convivieron diversas comunidades y pueblos agricultores que se beneficiaban de las aguas y de los bosques de la zona. Los conflictos que condicionaron aquel contexto por la llegada de los religiosos, en cuanto al acceso y manejo de estos recursos naturales, se agrupan en intramodales e intermodales, de acuerdo a las herramientas metodológicas y conceptuales de la historia ambiental. El siguiente artículo se centra en la reacción de la población local frente a la ubicación de los frailes y el discurso que estos generaron para justificar el proceso de cerramiento que implicó su radicación en la zona, atendiendo sobre todo el conflicto generado en torno al agua. Palabras claves: Desierto de los Leones; México; siglo XVII; agua; cerramiento; carmelitas descalzos.

1 Esta investigación forma parte del proyecto de investigación FONDECYT nº 1140292, financiado por CONICYT.

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INMACULADA SIMÓN-RUIZ Y ANDREA NORIA-PEÑA

INTRODUCCIÓN Los inicios de la industrialización y el advenimiento del liberalismo fueron parte del proceso de cambio en las formas de apropiación y explotación de la tierra y del uso de los recursos naturales que comenzó a darse en el mundo occidental a finales del siglo XVIII. Son conocidas las implicaciones que el proceso desamortizador en las Américas tuvo sobre los comunales y existe un debate de gran calado en torno a los daños y/o beneficios que tuvo para las formas de producción y también para la vida de las personas implicadas en el cambio. Concretamente, para el tema de los bosques hay una amplia discusión historiográfica entre defensores de la “Tragedia de los comunales”, liderada principalmente por economistas, y los seguidores de la “Tragedia de los cerramientos” amparados por la Historia Social. En estas discusiones suele contemplarse de manera recurrente el enfrentamiento entre dos formas de entender la economía (la economía sin apellidos) y la economía moral y, más recientemente, entre el valor del uso de los recursos y el valor crematístico que se contempla ahora bajo el signo del ecologismo de los pobres. Antes, cuando estos estudios preocupaban especialmente a la historia social, se atribuía a los “pobres”, a los “vencidos” y a sus demandas, un contenido más “milenarista” y, quizás, ahora, con el desarrollo de las preocupaciones ambientalistas y de la historia ambiental, lo revistamos desde un contenido más ecologista, intentando con frecuencia encontrar paralelo en el pasado a preocupaciones del presente. No obstante, los procesos de cerramiento se dieron también en otros períodos afectando por igual a las comunidades del entorno. Con estos procesos, el acceso a recursos de uso común fue restringido de manera arbitraria y sin contar con el consenso ideológico ni el apoyo institucional con el que contó más adelante. Estudiaremos aquí un caso particular en el que se produjo dicho fenómeno, mucho antes de que se iniciara la revolución agrícola vinculada a la revolución industrial en el área. Los conflictos suscitados en torno a estos procesos se enmarcan desde la perspectiva de la historia ambiental, en conflictos intramodales e intermodales, de manera que los primeros serían aquellos en los que las partes en conflicto defienden el acceso a los recursos pero siempre desde la misma forma de valorar su uso (conflictos distributivos), mientras que los segundos (conflictos reproductivos) enfrentan maneras diferentes de tipos de usos2. El caso que destacamos se produjo en las montañas circundantes del Valle de México, a principios del siglo XVII, en un lugar conocido como el Desierto de Los Leones. Dicho espacio estaba ocupado a principios del siglo XVII por diversas comunidades, pueblos y agricultores que tenían acceso directo y gratuito a las aguas y los bosques del lugar. Así fue, hasta que la llegada de una comunidad 2 Guha y Gadgil, 1993.

EL AMURALLAMIENTO DEL CONVENTO DEL DESIERTO DE LOS LEONES, 1602-1618

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religiosa vino a modificar la situación desatando una serie de conflictos a raíz de la ocupación y cerramiento de una gran extensión de terreno en dicho lugar para la construcción y delimitación del convento. Con el amurallamiento del entorno del convento los antiguos usufructuarios quedaron sin acceso a los recursos y sin derecho de paso puesto que una de las máximas del convento fue prohibir tajantemente la entrada al recinto a cualquier persona ajena a la orden. Nos interesa ver la reacción de la población local en oposición a la radicación de los religiosos y también analizar el discurso generado por la comunidad para justificar su presencia y su actividad en un momento en el que no se contaba con el respaldo ideológico que más adelante prestó el liberalismo económico bajo el amparo de la revolución agrícola e industrial. Planteamos que la oposición de la población no vino dada tanto en contra de la radicación de los frailes, como en contra de su forma de asentamiento, que impedía el acceso a unos recursos (agua, tierra, pastos, madera…) a los que siempre se había tenido derecho de uso. En este caso los frailes no apelaron en su defensa a principios relacionados con la racionalidad económica, como pasó con los procesos de cerramiento amparados bajo el paraguas del liberalismo, sino a una racionalidad moral bajo la cual pretendían justificar su presencia en el bosque y el acotamiento de una importante zona circundante al convento. Dicha racionalidad aparecía explicada, como veremos, por un designio divino y, como tal, debía ser respetada por todos independientemente del perjuicio que pudiera ocasionar a sus moradores. Con ello pretendemos poner en evidencia cómo el discurso se conforma a partir de una necesidad y se justifica con argumentos entendibles y atendibles por una sociedad y una época determinada. Ese discurso aparece en este contexto atravesado por justificantes religiosos para una apropiación del territorio mientras que en épocas posteriores se enmarcará en la eficiencia productiva. En ambos casos se produce el enfrentamiento y las formas de lucha adquieren características muy similares por mucho que el discurso se vea trasformado y condicionado por el paradigma dominante. EL ASENTAMIENTO: DEL DESIERTO AL JARDÍN DE DIOS La Provincia de San Alberto de Nueva España, formada nueve años después de que un grupo de diez carmelitas desembarcara en el puerto de Veracruz, el 27 de septiembre de 1585, obtuvo las licencias para fundar su Santo Desierto, que en principio se pensó con un cometido misional y ya luego como un espacio de contemplación y oración, amén de las constituciones de la Orden del Carmen Descalzo3. 3 Guzmán Monroy, 2011, 92.

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La idea de la fundación de los santos desiertos arranca del propio mito fundacional de la orden carmelita. Esta tiene sus orígenes en Palestina, en el monte Carmelo, donde un grupo de seguidores del profeta Elías se radicaron en el siglo XII. La ubicación en lugares alejados de las poblaciones y aislados nace del principio de austeridad y oración que rige a la Comunidad desde entonces y que se ve favorecido por el silencio y la tranquilidad que propician la alabanza de la obra de Dios expresada en la naturaleza. Más adelante, dicha idea se vio reforzada por parte de la Orden del Carmen Descalzo en respuesta al Concilio de Trento (1545-1567) bajo la idea de retomar la vida eremítica de sus “padres primitivos”4. Según las crónicas, esta fue la idea que movió a los carmelitas a solicitar terreno para la ubicación del convento en Nueva España, si bien las licencias tramitadas en 1597 por el procurador fray Pedro de la Encarnación parece que en su momento se concibieron por la necesidad de edificar un lugar de tránsito para aquellos frailes que viajaban desde el Viejo Mundo hacia China o hacia las Californias en el marco de su programa de expansión por todo el orbe. Las diferencias con respecto a los objetivos fundacionales no son tan relevantes en el tema que nos ocupa. Es bien sabido que los carmelitas llegaron originalmente a Nueva España para evangelizar, entre 1595 y 1605, pero que pronto abandonaron esa labor y optaron por la contemplación y la recepción de otros frailes en su camino de peregrinación. Así, cuando se iniciaron los trámites para ubicarse ya en el Desierto de los Leones, para 1602, la provincia ya tenía un carácter eminentemente contemplativo al haber abandonado sus actividades misioneras5. El primer intento de ubicación fue en las inmediaciones de la ciudad de Puebla de los Ángeles. Una vez acogida en bien la idea de la creación del Santo Desierto, el prior del convento de la ciudad de Puebla de los Ángeles, Juan de Jesús María, comisionó a fray Juan de San Pedro y a fray Tomás de Aquino, a buscar un sitio adecuado para establecer el complejo urbanístico. Al pie de las faldas de la Sierra Nevada, en la provincia de Huejotzingo, cercano al pueblo de San Salvador, hallaron aquellos religiosos “…un admirable sitio cerrado6 y solitario con todo lo necesario para edificar el Yermo”7. No obstante, después de un largo conflicto entre las autoridades civiles y religiosas se desestimó la autorización y fue entonces cuando optaron por desplazarse a los bosques cercanos a la ciudad de México donde permanecieron durante poco más de doscientos años, hasta que se trasladaron a Nochistongo.

4 Ibidem, 93. 5 Ramírez Méndez, 2012, 195. 6 Aquí la idea de buscar un lugar cerrado no corresponde a un objetivo relacionado con aumentar la productividad sino con la necesidad de aislamiento respecto al resto de las poblaciones vecinas. 7 De la Madre de Dios [1640], 1922, 5.

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La elección de la nueva ubicación en las inmediaciones de la ciudad de México, está revestida, como no, de un halo de leyenda puesto que el cambio de Puebla a México aparece justificado por el cronista por una serie de sueños y visiones que tuvieron unas beatas, obviando el conflicto político al que hemos aludido con anterioridad. En 1922, Nicolás León recogía testimonios y “notas históricas” que describían la historia de la construcción del convento. Entre ellas, la más extensa y detallada es la de Fray Agustín de la Madre de Dios, extraída de su libro Thesoro escondido en el Monte Carmelo mexicano. Mina rica de ejemplos y virtudes en la historia de los carmelitas descalzos de la provincia de la Nueva España, manuscrito en el año 1640. Ahí cuenta cómo una vez que fue rechazada la solicitud para erigir el convento en Puebla se buscaron nuevos lugares: “Como con anterioridad, según refiere el cronista, había habido dos revelaciones o visiones de beatas que habían dicho se fundaría el Yermo en los alrededores de México, se pidió al Prior de este convento, que lo era entonces Fr. Rodrigo de San Bernardo, mandase unos religiosos hacia el rumbo de los montes de Santa Fe para ver si descubrían el lugar apropiado para ello8”.

Así que impelidos por una visión religiosa los frailes se desplazaron a las cercanías de la ciudad de México. Ahí, según narra fray Agustín de la Madre de Dios, quien a su vez recoge los datos de la descripción de quien fue el segundo visitador de la provincia y tercer provincial, fray Martín de la Madre de Dios, los encomendados religiosos que buscaban el lugar idóneo para sus fines encontraron en su deambular por el bosque a un indígena (vestido a la manera tlaxcalteca9) que les sirvió de guía durante una larga jornada al final de la cual: “Continuaron su camino y habiendo llegado junto a una frondosa encina, clavó el indio su báculo en tierra y les dijo: “Este es el sitio que tiene Dios escogido para que hagan penitencia los hijos de María,” y dicho esto desapareció. Los buenos frailes, bien fatigados descendieron por la cañada y llegaron, ya noche, al pueblo de San Mateo. A la mañana del siguiente día, fueron a la iglesia y vieron en un altar la imagen de San Juan Bautista, la cual era muy parecida en su fisonomía e indumentaria, a la del indio su guía. Esto, y el recordar el nombre que se dio él, les hizo comprender que el santo Precursor de Cristo había sido su guía10”.

Es interesante comprobar como ya desde la leyenda fundacional del convento nos encontramos con la vinculación al agua y también con la aparición de la 8 Ibidem, 10. 9 Aquí probablemente hay una confusión en la que se mezclan las leyendas fundacionales del proyectado convento cerca de Puebla y la del convento que se hizo efectivo en Cuajimalpa. 10 De la Madre de Dios [1640], 1922, 11.

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población indígena apoyando a los frailes, como buscando legitimar y queriendo ratificar la idoneidad de su presencia en la zona. Después de que los frailes fueran conducidos por el indígena no volvieron a verlo hasta que llegaron a la iglesia de San Mateo Tlatenango, donde lo encontraron en el altar representado en la figura de San Juan Bautista. Así, el mito fundacional se basa en una señal de Dios y es protagonizado por San Juan Bautista, quien purifica e ingresa a los nuevos cristianos a partir del agua del bautismo, y que está estrechamente vinculado a la figura del profeta Elías, en torno al cual se juntaron los fundadores de la orden en el Monte Carmelo. Luego de esta primera incursión, y de las señales de la Providencia, los religiosos regresaron a la ciudad y dieron cuenta de lo acaecido. Ante esto, otro grupo de religiosos se dirigieron al lugar para certificar el sitio. Fray Martín de la Madre de Dios, fray Rodrigo de San Bernardo, fray Juan de Jesús María y fray Juan de Jesús fueron los designados. Según continúa fray Agustín, las condiciones del terreno eran excepcionales: corpulentos árboles, despejado para los rayos del sol, buena madera y muchas flores. No obstante, sólo necesitaba el agua. Este contexto no los desanimó y decididos a conseguir el vital líquido: “…encumbraron los cerros adyacentes, logrando encontrar un abundoso arroyo del cual tomaban aguas los indios de S. Pedro Cuaximalpa. Vieron entonces que era fácil llevarla al sitio escogido para el eremitorio y como el declive era mucho y la tierra fofa, hicieron pronto y fácilmente una zanja, llevando por ella cuanta agua quisieron, al lugar mencionado11”.

En medio de todo este proceso, el virrey Juan de Mendoza y Luna recibió las autorizaciones pertinentes para la fundación y la merced del terreno a los religiosos, quienes, en conjunto con el oidor de la Real Audiencia, Juan de Quesada y Figueroa, visitaron el lugar referido, y las autoridades llevaron el pregón a los pueblos aledaños, para notificarles sobre la edificación del Yermo, para que, en caso de inconformidades, se dirigiesen al pueblo de San Mateo. Según la crónica carmelita de 1734, los labradores de las comarcas, españoles e indios principales, estuvieron conformes y firmaron que la obra no resultaba perniciosa para aquellos pueblos porque el lugar escogido era inhóspito, con muchos contratiempos por las tempestades y los leones12. Pero los religiosos tampoco temían al frío y los leones. Antes bien, los contemplaban como un obstáculo que había que vencer puesto que no eran sino cosa del demonio para impedir la santa obra:

11 Idem. 12 Ibidem, 13.

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“El animoso Fr. Antonio despreció todo lo aseverado y se rió del temor de los leones, diciendo que con un buen arcabuz los acabaría y sacando en consecuencia que aquellas dificultades eran obra del demonio para impedir tan santa obra”13.

No temieron tampoco, como hemos visto, a cambiar el curso del río marcado por la naturaleza (por Dios) y realizaron una importante labor de ingeniería para canalizar las aguas que recorrerían todas las dependencias del basto terreno ocupado por el convento14. Pero llevar a cabo las obras en un terreno boscoso y tan frío no fue tarea fácil. Por licencia del virrey firmada el 11 de diciembre de 1604, según narra fray Agustín de la Madre de Dios, se dio paso a la toma de posesión el día 16, ya para enero del año siguiente por parte de los religiosos fray Juan de Jesús María, José de la Anunciación, los hermanos fray Andrés de San Miguel y fray Antonio de la Ascensión, a los que poco tiempo después se incorporaron otros frailes: Diego de Jesús, los hermanos Francisco de la Madre de Dios y Juan del Espíritu Santo. Todos ellos trabajaron, según el cronista, codo con codo con la población indígena en la construcción: “Su primera habitación fué la sombra de la encina donde desapareció el indio conductor o San Juan Bautista. De su ramaje hicieron un toldo poniéndole encima un petate. La primera noche que allí pasaron sufrieron una terrible tormenta que unida al intenso frio de la estación los dejó medio muertos. Así permanecieron 25 días y después formaron dos enramadas, una para decir la misa y otra para habitación. Los indios entre tanto desmontaban el sitio para el convento y los frailes trabajan al par de ellos, padeciendo a más de la inclemencia del lugar, hambre y penurias en todo. Pasados unos meses, las enramadas se transformaron en chozas de adobe y zacate, a la vez que se trabajaba en el definitivo monasterio. Refieren los cronistas que en estos tiempos los demonios venían todas las noches, en forma de indios a mortificarlos”15.

El demonio aparece así, no solo bajo el manto de las inclemencias del tiempo, de la naturaleza y de las fieras, sino disfrazado bajo forma humana. Este testimonio, en el que se percibe la lucha de la población local para disuadir a los frailes, choca con la idea anterior en la que se decía que el asentamiento definitivo había sido autorizado solo después de que tras un pregón se hubiera reunido a la población vecina para consultarles si tenían motivos para oponerse a la radicación

13 Idem. 14 Guzmán Monroy, 2013. 15 De la Madre de Dios [1640], 1922, 13.

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de los frailes en la zona. Es evidente que había personas descontentas con la presencia de los religiosos a las que probablemente no se las consultó. Las inclemencias del tiempo y las fieras, así como la oposición de la población, fueron vistas como obstáculos puestos por el demonio para evitar que se llevase a cabo la santa obra. Se desoye conscientemente lo que el entorno evidencia argumentando que los guía un poder más fuerte: la voluntad de Dios de hacer una obra santa en ese lugar y no en otro como había demostrado la aparición del indio/Juan Bautista y también otras señales como las recibidas por las beatas anteriormente mencionadas. De esta manera, apariciones y visiones en sueños tienen más peso que la evidencia. EL PROCESO DE CERRAMIENTO A pesar de los contratiempos, el complejo urbanístico primario del convento se edificó bajo la dirección del andaluz carmelitano fray Andrés de San Miguel, entre 1601 y 1611. El convento y las ermitas fueron el resultado de esta primera construcción. Posteriormente, se completó entre 1611 y 1618, bajo el mandato de fray Juan de Jesús María. Para esta segunda etapa, se cubrieron con plomo las cubiertas del convento y algunas ermitas, también se realizaron calzadas y una gran parte de las obras hidráulicas que dotaron de agua a todo el complejo16. Para promover el sentido de aislamiento según los valores de la orden, este complejo arquitectónico, después de la construcción del recinto principal, fue rodeado por una imponente muralla, lo que permitió cumplir cabalmente la vida eremítica de sus fundamentos. Como el lugar elegido debía ser desértico en el sentido de despoblado, el objetivo esencial de la construcción de la muralla fue el de evitar que pudiese ser traspasada por personas ajenas a la orden, y mucho menos por mujeres. De esta forma, al construir una valla en un entorno natural convierten el paisaje natural en jardín (Carmen significa jardín en latín, Carmen es la virgen a la que mayor devoción tienen y la que da nombre a la orden). El bosque se trasmuta en naturaleza domesticada para la alabanza de Dios según reproduce de Tornel Olvera el ingeniero Antonio Sosa: “Habia glorietas espaciosas y limpias cabe los muros del monasterio, bajo la sombra de copudos árboles, a donde acudían en manadas los ciervos del bosque para recibir de las manos de los frailes sabrosas golosinas; había en el interior jardines floridos amorosamente cuidados, con artísticas fuentes siempre rebosantes de las aguas más puras. En la ermita de la entrada, hermosa pintura al fresco decoraba su frontis: era el bíblico Monte Carmelo, con las cuevas de los primeros eremitas, escondidas entre 16 Guzmán Monroy, 2011, 95.

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frondas de viejos algarrobos y de centenarios olivos. San Elías aparecía allí con su flotante barba blanca, empuñando en una mano su flamígera espada y sosteniendo un gran libro en la otra”17.

Alejadas entre sí, para propiciar el aislamiento y la meditación, se edificaron, en total, once ermitas. Todo esto se traduce en siete leguas (algo más de 33 km) ocupadas por los frailes, de espacio y recursos que fueron enajenados a la población local circundante. Esta construcción no habría tenido mayor trascendencia si realmente hubiera sido levantada en un lugar despoblado. Pero no fue así. La zona en la que se localizan el convento y sus dependencias pertenecía al Marquesado del Valle, al nieto de Cortés en el momento en que llegan los frailes a principios del siglo XVII. Además, en ella convivían diversos pueblos como el de Coyoacán, San Mateo Tlatenango, Cuaximalpa y San Bartolomé. También había campos labrados, moliendas, etc. De manera que no puede hablarse de un lugar despoblado, como se trasluciría de su elección por parte de los frailes como lugar de retiro. El marquesado del Valle estaba, a su vez, a cargo de un cacique, por delegación del propio Cortés. Cuando los frailes se radicaron en la zona, el nieto del conquistador se vio apremiado por las autoridades y, finalmente, accedió a autorizar a los frailes a que se instalaran en sus posesiones para realizar “la obra de Dios”. Pero después, cuando a finales del XVIII los frailes decidieron marcharse, el lugar quedó abandonado, sin ser devuelto a las comunidades y vecinos sino que los frailes intentarán vendérselo al gobierno virreinal sin mucho éxito, puesto que encontraron la oposición de los herederos de Cortés, que alegaban su derecho a reclamar la propiedad una vez que los frailes habían dejado de usufructuarla, y la de los herederos del cacique Iztolinque, quienes alegaban también derecho por haber sido usufructuarios y vasallos del marqués durante mucho más tiempo que los carmelitas. Solo después, cuando fue asumido su control por el ayuntamiento de México, para asegurarse del bienestar de los veneros de donde extraía la mayor parte del agua que se consumía en la capital, este cedió parte de los terrenos a las comunidades locales y terminó convirtiendo el resto en área protegida18. LA OPOSICIÓN Como mencionamos anteriormente, según el relato del cronista, a comienzos del proceso de asentamiento, las autoridades habían dado un pregón en el 17 Sosa, 1952, 84. 18 La historia posterior ha sido relatada en otras ocasiones y repetirla ahora sería salirnos del tema que nos ocupa (Simón Ruiz, 2010 y 2011).

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pueblo de Coyoacán y en los vecinos solicitando que presentasen quejas sobre la fundación del yermo carmelitano. Ya hemos visto que desde el principio hubo resistencia al asentamiento, algunos moradores hacían incursiones a las obras de levantamiento del convento para atemorizar a los frailes; también durante las reuniones convocadas por las autoridades habían intentado disuadir a los frailes alegando las dificultades asociadas a las condiciones de aquel ecosistema tan frío e inhóspito. Estas afirmaciones, desde el mismo momento en que se inician las labores de desmonte, provocan la oposición de la población local. No tenemos noticia de qué tan extendido fue el pregón que se hizo convocando a los vecinos ni qué voces fueron escuchadas por las autoridades virreinales antes de aprobar el asentamiento de los frailes. Tampoco sabemos con qué nivel de detalle se describió a los pobladores las dimensiones que tendría el nuevo recinto ni si se especificó a los lugareños que el recinto quedaría cerrado a cal y canto impidiendo, bajo pena de excomunión, a todo aquel que no fuera fraile el acceso a su interior, ya fuera para tomar agua, leña, frutos o palo caído, llevar al ganado a pastar o, simplemente, ejercer el derecho de paso. Tampoco sabemos si se había informado en aquella ocasión a los pobladores de las intenciones de modificar el curso del agua del Río San Borja para que surtiera adecuadamente a tan basto cenobio. Pensemos en todo ese espacio y en aquellos recursos vitales que pasaron a estar vedados para un nutrido grupo de comunidades e individuos que hasta entonces habían tenido acceso a ellos. El cronista señala, por ejemplo, que dentro del recinto quedaron unos tres millones de árboles custodiados por la muralla19. Es posible que la población no se opusiera abiertamente y de manera generalizada al asentamiento pero lo que es indudable, y las crónicas y las fuentes así lo atestiguan, es que no estuvo totalmente de acuerdo en la forma en la que se adquirió dicho asentamiento, que vino a romper el equilibrio imperante que permitía la subsistencia a diversos pueblos y también la agricultura20. Así, esa donación de tierras que hizo el gobierno virreinal pronto se convirtió en un foco de conflictos: los pueblos de indios, el marquesado del Valle, los labradores de Mixcoac y Tacubaya, por ejemplo, y hasta la ciudad de México llevaron a cabo enconados reclamos por el agua y la madera, principalmente21. Esas querellas se concentraron en una serie de peticiones ante la Real Audiencia de México, los reclamos fueron condensados en una crónica anónima de 1734 titulada “Fundación del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de Nueva 19 León, 1922, 20. 20 De ninguna manera queremos evidenciar que hubiera un equilibrio idílico ni que las relaciones fueran absolutamente armónicas. Únicamente queremos dejar constancia de que el statu quo fue alterado por esta nueva forma de asentamiento más que por la aparición de una nueva comunidad con la que había que compartir los recursos. 21 Simón Ruiz, 2010. Simón Ruiz, 2011. Guzmán Monroy, 2011, 99-100.

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España, su traslación del primer sitio al que hoy tiene”, que se encuentra en la Colección Gómez de Orozco del Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH)22: 1) El nieto de Cortés, Pedro Cortés, el Marqués del Valle: el lugar le pertenece a él por herencia del Marquesado. 2) Los pueblos de Coyoacán, San Bartolomé, San Pedro Cuajimalpa y San Mateo Xaltenango: solicitaron la revocación de la donación del terreno pues de ese lugar obtenían, principalmente, productos maderables. 3) Los labradores de Santa Fe, Tacuba, Tacubaya y los pueblos altos de México: los frailes les han desviado el agua y no les permiten tomar leña ni le dan acceso al ganado para pastar. Según relata Tornel Olvera, los habitantes de Santa Fe y Tacubaya aunaron sus fuerzas para buscar un defensor, Leonardo de Salazar, para exigir que los frailes les dejaran continuar con sus labores de apropiación de carbón y leña pues era este su único sustento23. 4) La ciudad de México y su Cabildo, la cuarta petición, se opusieron a la fundación por el acceso a la explotación de los recursos del sitio en beneficio de las poblaciones necesitadas que dependían de productos tales como la leña. Así, los problemas en torno a la ubicación se centraron en los recursos naturales estratégicos, en este caso con el agua y la madera. Dos regidores del Cabildo de México, en un documento fechado muy pronto, cuando todavía no se había finalizado tan siquiera la primera fase de las obras de construcción, el 23 de enero de 1606, resaltaban que: “Cae a las espaldas de la dicha serranía un gran monte, que es de la venta de doña Marina, Capuluac y Jalatlaco, donde siempre se ha usado traer mucha de la madera, carbón y leña […] y de mano izquierda los montes de San Jerónimo, Santa María Magdalena, barrios de Coyoacán que corren mucha tierra, de donde así mismo se trae y ha traído lo necesario a esta ciudad de leña, madera y carbón, donde hay basto para todo el tiempo […] En lo demás de malos tratos no hallamos sino decir que no dejan cortar la leña y madera y apacentar el ganado de los labradores”24.

Contrasta, así, la insistencia de los frailes en el acuerdo por parte de la población y en la supuesta austeridad de su obra y del recinto por ellos ocupado con la cantidad de recursos naturales de los que hicieron acopio a partir del cercado y el perjuicio ocasionado a la población de más de siete localidades afectadas. 22 Citado en Guzmán Monroy, 2011, 100-101. 23 Tornel Olvera, 1922, 23-24. 24 Crónica anónima de 1734, citada en Guzmán Monroy, 2011, 100-101.

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Y resulta también interesante destacar la unanimidad por parte de la oposición de las diferentes comunidades, que llegaron a unir fuerzas para presentar alegaciones ante las autoridades virreinales. Como señalábamos en una nota anterior, sería muy arriesgado hablar de armonía previa a la llegada de los frailes, pero de lo que sí podemos hablar es de unión de intereses y recursos a la hora de organizarse los pobladores (entre los que se encontraban un grupo variopinto de comunidades, pueblos, hacendados e incluso industriales a cargo del molino) en la defensa del acceso a los bienes comunes. Además de la oposición formal organizada a través de los alegatos presentados en la Audiencia, detectamos otras formas de oposición que, como señalábamos, iban desde las primeras muestras en las que “los demonios” aparecían disfrazados de indígenas a los frailes durante las obras de desmonte, hasta la vulneración de la muralla para acceder en busca de los recursos escamoteados como recoge Guzmán Monroy del informe elaborado por Fray Pedro del Espíritu Santo entre 1734 cuando los frailes comenzaron a buscar otro lugar para trasladar el cenobio. Este interés por trasladarse se basó, en buena medida, en las presiones de la población, que no dejó de oponer resistencia a las imposiciones de los frailes en los 200 años en que estuvieron radicados en la zona: “Que los indios por ahorrar camino, cruzan por los terrenos del convento rompiendo constantemente la cerca porque introducen sus ganados, además de que hurtan la madera y leña propiedad del convento (…) despreciando las Bulas de excomunión de los papas Clemente VIII y Gregorio XV, penetran las indias en la clausura, lo que es peligroso para la tranquilidad monástica y causa escándalo”25.

LOS USOS DEL AGUA Y LOS BOSQUES TRAS EL CERCAMIENTO La ubicación del convento en uno de los valles de México resultó ventajosa, no sólo por el acceso a la madera, también por los recursos hídricos disponibles. Según señala Nicolás León26, en ese territorio vierten sus aguas tres manantiales: Magdalena, San Juan y San Elías, que en realidad ascienden a veinte manantiales y dos ríos: el de San Borja y el de Santo Desierto. El cerro de San Miguel, ubicado en la sierra de las Cruces, en torno al cual gira el mito fundacional, es la fuente de donde nacen la mayor parte de esos manantiales que alimentan la región y los dos ríos mencionados27. Esta abundancia de recursos acarreó dificultades entre los religiosos, las poblaciones dependientes del ecosistema y las autoridades de la ciudad de México, como se vio en líneas anteriores. 25 Guzman Monroy, 2011, 103. 26 De la Madre de Dios, 1922, 14. 27 Guzmán Monroy, 2013, 55.

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La influencia de la orden religiosa permitió, a pesar de las querellas, el establecimiento y la exclusividad del área, con la excepción del agua. Los carmelitas no podían construir infraestructura hidráulica que implicara una retención del vital líquido. Por el contrario, debían dejarla fluir hacia las fuentes que abastecían al resto de las comarcas28. “…aunque nos hicieron merced de todas las tierras que poseemos, no se hizo de las aguas (…) fuimos condenados a que teniendo el uso de las dichas aguas como lo tenemos y las gozamos en todas las oficinas del convento, huertas y todo lo demás (…) no las podemos retener, ni encarcelar como cosa propia, sino que habiendo usado de ellas (…) todos sus remanentes vayan al río para que sirvan a los labradores fuera del sitio, con lo que se declaró en vista y revista que no tenemos la propiedad sino el uso29…”

Este contexto permitió al gran arquitecto de la orden, especialista en ingeniería hidráulica, fray Andrés de San Miguel, idear y materializar un eficiente sistema de distribución de agua: “La instalación hidráulica que permitió el abasto del convento, huertas y ermitas consistió en una muy bien planeada red de canales edificados a partir de los surtidores naturales de agua, y tenía tantas bifurcaciones como eran necesarias30”.

Tanto las bardas perimetrales del complejo hidráulico como una parte de la red de canales de abastecimiento fueron realizadas entre 1611 y 1618, estando de prior fray Juan de Jesús María; la cañería de barro se sustituyó por una de plomo entre 1633 y 163631. Según señaló el arquitecto, los frailes habían sido condenados a no poder “encarcelar” el agua pero nada se dijo en relación a las condiciones de uso del recurso. No obstante, como mencionamos con anterioridad, una de las primeras acciones realizadas por los frailes a su llegada al monte fue desviar las aguas del Río San Borja. Con dicha acción afectaron principalmente a los labradores de Santa Fe, Tacuba, Tacubaya y los pueblos altos de México, que presentaron querella inmediatamente ante la Real Audiencia. Con el desvío de las aguas y su utilización intramuros del convento contribuyeron también a disminuir el caudal y la presión de las mismas además de impedir su accesibilidad puesto que las murallas pretendían ser infranqueables en todos los sentidos.

28 29 30 31

Ibidem, 54. Fray Martín de la Madre de Dios [1713] citado en Ibidem, 54-55. Ibidem, 56. Idem.

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Otro altercado en contra de dicho recurso fue el provocado a partir de la tala desmesurada de árboles que rodeaban el convento. Se hizo tanto para la construcción del cenobio como para procurar frenar la humedad que en el lugar había. Las incidencias se empezaron a notar pronto y aunque no fueron los frailes los únicos responsables de la deforestación parcial de la zona, esta fue una de las razones por las cuales el Ayuntamiento de México quedó a cargo de la vigilancia de su vegetación, que era la que aseguraba la riqueza de los veneros que alimentaban de agua a la práctica totalidad de la ciudad de México desde 1786. Por esta razón el Desierto de los Leones fue exceptuado de las leyes de desamortización en 1856 al declararse destinado “exclusivamente para el servicio público”32, siendo expropiado más tarde por el gobierno de la república (1876) y declarado Parque Nacional en 1917, a pesar de que para aquellos años las fuentes de abastecimiento de la capital eran las aguas de Xochimilco y Chapultepec, principalmente. CONCLUSIONES El caso que se trabajó sobre el proceso de cerramiento realizado durante las primeras décadas del siglo XVII por los frailes carmelitas, en el sitio que se dio a conocer como Desierto de Los Leones, fue un conflicto intramodal, es decir, un conflicto distributivo por el acceso a los recursos naturales estratégicos de la región (hídricos y maderables); aun cuando dicha lucha se argumentó desde dos posturas diferentes: los usos efectivos, la explotación del medio como mecanismo de supervivencia, por un lado; y la justificación religiosa de los frailes en torno a la gloria de dios, por el otro lado. A pesar de que tanto los frailes como los antiguos usuarios compiten por la distribución de unos recursos destinados al uso y no a su reproducción, difieren —no obstante— en la forma de apropiación, lo que en cierto modo convierte al conflicto en uno intermodal puesto que los antiguos usuarios defienden el acceso comunal mientras que los frailes propugnan la propiedad privada, lo que viene a convertirse en dos modelos diferentes de economía. En efecto, las diversas comunidades que, antes de la llegada de los religiosos, hacían uso de estos recursos, se encontraron frente a una estructura material, un hermético complejo urbanístico, que generó un aislamiento no solo de la comunidad religiosa, en su búsqueda de una vida eremítica, sino también de los recursos estratégicos circundantes, lo cual implicó una disminución en el derecho al acceso de estos, principalmente del agua, pues si bien no podían retener aquel vital recurso, ya que no le dieron merced las autoridades, las infraestructuras hidráulicas dispuestas condujeron, inevitablemente, a una disminución del caudal y de su presión, además de generar una restricción en el acceso directo a los diversos afluentes. 32 Dávila León, 1935, 19.

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Ese complejo sistema urbanístico que dio lugar a un paulatino proceso de cerramiento y de capitalización de los recursos naturales de la zona, se corresponde con un despliegue material como responsabilidad de los frailes pero el contenido de fondo viene dado por las voluntades divinas, a juzgar por el mismo mito fundacional. Las murallas y el cerramiento simbolizaron un pensamiento dicotómico en torno a la naturaleza, como bien lo señala Ramírez Méndez: una naturaleza edénica y una externa, correspondiente a lo mundano33. No en vano, la leyenda fundacional del santo desierto se fundamentó en la voluntad de Dios, característico del pensamiento tradicional, que se vio necesitada de referentes materiales y simbólicos concretos como la figura de Juan Bautista, para posteriormente mantener y justificar el orden establecido. El acto de posesión del sitio, y de poder en torno al mismo, se reflejó en el proceso de cerramiento, que implicó, de igual manera, una cierta idea de orden a través de una espiritualidad de contemplación, abocada al acercamiento a la Divina Providencia por medio de un espacio prístino, como la naturaleza. De manera que un acontecimiento místico en el proceso fundacional, se articula como justificante para la misma y presenta, además, la potestad de apropiación del espacio político y jurídico en tanto argumentación religiosa. No se enfrenta un uso crematístico con un valor de uso. Quizás por esta razón no surge el discurso milenarista. No se apela a usos y costumbres ni a una necesidad de volver al pasado. No obstante, el discurso sigue siendo diametralmente opuesto entre los frailes y la población afectada. Si entre la población local existía una convivencia perfecta antes de los frailes no podemos dilucidarlo ahora pero sí que el conflicto los unió en contra de los recién llegados. Los pobladores se unieron para presentar una oposición más fuerte. Si no lo hicieron de manera violenta sí lo hicieron de manera continuada a través de los siglos. Su defensa era la de una economía moral. Pedían respeto a su forma de vida puesto que los frailes los estaban dejando sin recursos. No se produjo un enfrentamiento entre una economía moral y otra mercantil sino entre dos economías “morales” o una economía moral y otra religiosa aunque sí, insistimos, se perciben dos modelos distintos de apropiación de los recursos (común y privado). La oposición de la población no fue tan drástica cuando se asentaron sino, poco después, cuando se desvía el cauce de los ríos y se pone en práctica un modelo de asentamiento que rompe el statu quo. Así, también están revestidos los delitos y la oposición de un halo de resistencia simbólica y reacción política que fue propia años después de los fenómenos desencadenados a partir de la tragedia de los cerramientos34. Por otra parte, el conflicto no podría encuadrarse dentro del “ecologismo de los pobres” puesto que no sólo se ven afectados por el 33 Ramírez Méndez, 2012, 194. 34 Ortega, 2002. Sabio Alcutén, 2002.

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cerramiento las pequeñas comunidades campesinas sino grupos de labradores y el propio descendiente de Cortés. Ante estas quejas y amenazas, los frailes justificaron su posición apelando a las visiones, a los sueños y al mensaje divino y a la aceptación de los vecinos cuando se hizo el pregón. Por si eso no bastara, apelaron a su santa labor para erradicar las malas prácticas e insistieron en el tema de la idolatría practicada por los habitantes del lugar. Señalan, así, los cronistas que había una Cueva de los Ídolos donde aún a mediados del siglo XVII “…eran sacrificados los niños, víctimas seguramente ofrecidas a Tlaloc, dios de las lluvias”35. Más adelante, cuando se produzcan nuevos procesos de cerramiento a lo largo del país durante los gobiernos liberales también se procurará defender los ataques a los comunales apelando a las malas prácticas de los que los usufructuaban, aunque esta vez, será bajo la racionalidad económica en lugar de al amparo de los designios divinos como se hizo durante la Colonia. BIBLIOGRAFÍA Dávila León, R. 1935: “Al Cerro de San Miguel por el Desierto de los Leones”, en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 45, 1-32. De la Madre de Dios, A. [1640] 1922: “Thesoro escondido en el Monte Carmelo Mexicano Mina rica de ejemplos y Virtudes, en la Historia de los Carmelitas descalzos de la Provincia de la Nueva España”, en León, N. (comp.): El Santo Desierto de Cuajimalpa o Desierto de los Leones. Notas históricas y descriptivas para uso de los visitantes a ese lugar coleccionadas por el Dr. Nicolás León. México, Imprenta de Manuel León Sánchez, 5-14. Guha, R. y Gadgil, M. 1993: “Los hábitats en la Historia de la Humanidad”, en Ayer, 11, Madrid, 49-111. Guzmán Monroy, V. 2011: “Los recursos maderables del Santo Desierto de los Leones. Siglos XVII-XIX”, en Boletín de Monumentos Históricos, tercera época, 22, México, 92-111. Guzmán Monroy, V. 2013: “El sistema de distribución de agua en el Santo Desierto de los Leones”, en Boletín de Monumentos Históricos, tercera época, 27, México, 53-61. León, N. 1922: El Santo Desierto de Cuajimalpa o Desierto de los Leones. Notas históricas y descriptivas para uso de los visitantes a ese lugar coleccionadas por el Dr. Nicolás León. México, Imprenta de Manuel León Sánchez. Ortega, A. 2002: La tragedia de los cerramientos. Desarticulación de la comunidad en la provincia de Granada. Valencia, Biblioteca Historia Social. Ramírez Méndez, J. 2012: “La Provincia de San Alberto de Carmelitas Descalzos en la Nueva España. Del cometido misional al apostolado urbano, 1585-1614”, tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F. 35 León, 1922, 15.

EL AMURALLAMIENTO DEL CONVENTO DEL DESIERTO DE LOS LEONES, 1602-1618

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La administración municipal del agua en los Valles Centrales de Oaxaca durante el Porfiriato The Municipal Administration of Water in the Central Valleys of Oaxaca during the Porfiriato Juan Hugo Sánchez-García El Colegio de Jalisco. Guadalajara, México. [email protected]

Los ayuntamientos fueron fundamentales en la administración del agua en Oaxaca hasta bien entrado el siglo XX. Desde comienzos del siglo XIX gestionaron su uso y distribución con base en prácticas heredadas del periodo colonial. No obstante, a lo largo de esa centuria el Estado realizó esfuerzos para organizar la forma en que se arrendaban o cedían las “aguas comunales” a distintos actores. Durante el Porfiriato el gobierno estatal se enfocó en facilitar el desarrollo de actividades económicas como la agricultura y la minería. Dado esto, se expidió una Ley de Aguas que si bien es cierto que respetó la propiedad de los ayuntamientos, también es verdad que abrió la puerta a la centralización y al acaparamiento de los recursos hídricos de la entidad por un reducido grupo de políticos, empresarios e inversionistas extranjeros. Palabras clave: ayuntamientos; Oaxaca; agua; Porfiriato; centralización.

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INTRODUCCIÓN La historiografía ha señalado que el proyecto anticorporativo de los gobernantes oaxaqueños durante el siglo XIX tuvo como objetivo, entre otros, terminar con la amortización de los bienes corporativos. El fin de la propiedad comunal indígena se convirtió en la meta de las leyes de desamortización de mediados del siglo XIX. Pero en el contexto en que estas se pretendían aplicar, los pueblos eran el baluarte del funcionamiento del Estado: las unidades productivas más numerosas y los garantes de las finanzas estatales a través del pago de impuestos. Debido a estas particularidades regionales, la estructura agraria de los pueblos cambió lentamente, aunque, hacia finales del siglo, el proyecto liberal llegó a su máxima expresión al amparo de la estabilidad política1. En la revisión que han realizado los especialistas de los alcances, obstáculos y contradicciones del proyecto anticorporativo liberal, la tierra ha sido el elemento privilegiado de análisis. Se ha soslayado, no obstante, el estudio de otros recursos naturales que fueron fundamentales para la economía de los pueblos, como los bosques o el agua. Dado esto, el capítulo pretende brindar un panorama de la importancia económica, política y social de la administración municipal del agua durante el siglo XIX, pero especialmente durante el Porfiriato ya que fue en este periodo cuando fueron más visibles las problemáticas en torno a ese recurso. De esta manera se pretende contribuir con los estudios de la tenencia de la tierra, o como ha señalado un especialista sobre la temática, se estaría humedeciendo la historia agraria2. Algunas investigaciones han dado noticia de la administración local del agua en distintas regiones del país. Se ha reconocido el papel fundamental que jugaron distintos actores en el manejo de ese recurso, como las comunidades de regantes, los jueces de agua, los comisionados o los peones al servicio de las haciendas (el atopile en el caso de Atlixco)3. Aunque había algunas excepciones, era común que los ayuntamientos jugaran un rol primordial en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y en el reparto y defensa de los recursos hídricos4. Si bien es cierto que a partir de 1888 el gobierno federal trató de centralizar estas actividades, también es verdad que en muchas regiones su papel fue nulo. En Oaxaca, los ayuntamientos mantuvieron la propiedad del agua hasta bien entrado el siglo XX, a pesar de la creciente intervención del gobierno estatal. El espacio elegido para analizar el papel de los ayuntamientos en la administración del agua es la parte central del estado de Oaxaca. Conocida como los Valles Centrales, esta región tiene una larga historia en el uso y aprovechamiento 1 2 3 4

Arrioja y Sánchez, 2012, 42. Aboites, 2008, 48. Sánchez, 2002, 183. Castañeda, 2005, 92. Aboites, 1997. Birrichaga, 2005, 281.

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de los recursos hídricos, especialmente a partir del periodo colonial. Así, a lo largo de las siguientes páginas se aborda la disponibilidad del líquido en relación con las actividades económicas de los valles durante el Porfiriato. Enseguida se establece el lugar del agua en la legislación oaxaqueña sobre los bienes corporativos y se plantea una lenta centralización en la administración de los recursos hídricos. Para finalizar, se analizan las implicaciones de la Ley de Aguas de 1905 ya que impactó de forma importante en los usos del agua de distintos actores. EL ESPACIO: RECURSOS NATURALES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS Como señalé, la región conocida como Valles Centrales se ubica en la parte central del estado de Oaxaca. Se caracteriza por su uniformidad topográfica, en contraste con el resto de la geografía de esa entidad y por su alta densidad demográfica a lo largo de la historia. Específicamente, dicha región se conforma por valles que, pese a su relativa uniformidad geográfica, tienen recursos naturales distintos debido a pequeñas variaciones en la altura sobre el nivel del mar: el valle de Etla, los valles de Ocotlán y Zimatlán (el Valle Grande) y el valle de Tlacolula. El agua ha sido un elemento fundamental para las unidades productivas de los Valles Centrales. Por ello, es necesario presentar un panorama de los recursos naturales disponibles hacia finales del siglo XIX y cómo impactaron en la dinámica económica. Dos ríos principales drenaban la región. Por una parte, el río Atoyac nace en terrenos del pueblo de San Francisco Telixtlahuaca, en el Valle de Etla y recorre el valle de Ocotlán hacia el sur. Era importante para la agricultura ya que en algunas de sus porciones era factible establecer obras hidráulicas para las haciendas y pueblos. Por otra parte, el río Salado tiene sus orígenes en las montañas del pueblo de Mitla, en el valle de Tlacolula y lo recorre hasta unirse al río Atoyac en el valle de Ocotlán. Su papel en la agricultura fue relevante a pesar de tener una corriente menos caudalosa. Además de estos afluentes, los Valles Centrales se caracterizan por contar con arroyos intermitentes que nacen en los cerros que rodean la región; algunos fueron fundamentales para la agricultura y para la generación de fuerza motriz para los molinos de harina. Cabe señalar, en primer término, que el valle de Etla ocupa un lugar destacado en la existencia de recursos hídricos. Ubicado a 1.600 metros sobre el nivel del mar (msnm), está franqueado por altas montañas en donde se originan afluentes que desembocan en el río Atoyac. La poca altura de la tabla de este río permitía el establecimiento de la infraestructura hidráulica necesaria para el riego. Dado esto, el valle era famoso por producir grandes cantidades de maíz, frijol, trigo y una variedad de frutas y legumbres que se destinaban a los mercados locales, especialmente al de la ciudad de Oaxaca, que se encontraba a unos diecisiete kilómetros5. 5 Murguía y Galardi, 2012, 37. Velasco, 1891, 362.

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La producción de trigo muestra la importancia del agua para las unidades productivas de Etla. Además, los arroyos que descendían de los cerros, especialmente los de las secciones adyacentes de la Sierra Madre Oriental, eran fundamentales para el procesamiento del cereal ya que generaban la fuerza motriz para los molinos. Por ejemplo, el río de San Agustín Etla proveía del líquido a diversas zanjas y acueductos que movían los molinos tanto de los habitantes del pueblo como de particulares residentes en la ciudad de Oaxaca. Durante el Porfiriato se establecieron dos fábricas de hilados y tejidos que también aprovecharon esa riqueza hídrica: Vista Hermosa y San José. Además, a comienzos del siglo XX, se estableció una planta eléctrica para proveer de luz a la ciudad de Oaxaca. Por si esto no fuera poco, al iniciar la Revolución el agua potable para la capital del estado era llevada desde San Agustín6. Mapa 1. Los pueblos de los Valles Centrales hacia finales del siglo XIX

No está de más señalar que un recurso íntimamente relacionado con el hídrico era el forestal. El valle de Etla suministró a los mercados de la región abundantes cantidades de madera para construcción, para combustible, para la fabricación 6 Archivo General de Poder Ejecutivo del Estado (en adelante AGEPEO), Fomento, 1912. Esteva, 2012, 237.

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de muebles y para la construcción de carros y carretas. Los pueblos, a través de sus ayuntamientos, gestionaron la venta de dicho recurso y algunos particulares se convirtieron en intermediarios de los comerciantes y empresarios de la ciudad. No debe extrañar, por lo mismo, que algunos pueblos fueran conocidos por extraer leña y fabricar carbón, como San Sebastián de las Sedas, San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca o San Pedro Ixtlahuaca; por citar un ejemplo, hacia 1900, el 7,4% de los habitantes de este último pueblo se identificaba como carboneros. Esto se volvió mucho más evidente a partir de la llegada del ferrocarril en 1892 ya que la leña de Etla se convirtió en el combustible principal de la locomotora de vapor7. Por otra parte, el mismo río Atoyac en su trayecto hacia el sur resultaba fundamental para los valles de Ocotlán y Zimatlán. Ubicados a 1.500 msnm, a diferencia de Etla, el terreno cuenta con menos elevaciones y pocas corrientes perennes debido a la filtración del suelo. Según una noticia de 1901, de veintiocho ríos registrados en el distrito de Tlacolula solamente seis eran tributarios del río Atoyac8; esto quiere decir que la mayoría eran pequeños arroyos que se consumían por la porosidad del suelo, la evaporación o por los usos en la agricultura y como abrevaderos de ganado. No obstante la escasez de afluentes importantes, el agua freática era abundante. Esta región transitó a lo largo del siglo XIX de la producción de la grana cochinilla hacia la producción de maíz y frijol cuando el insecto dejó de representar ganancias; no obstante, las nopaleras se siguieron cultivando a menor escala para abastecer la manufactura local del vestido9. Las haciendas y algunos pueblos hacían un uso intensivo del agua para la siembra de caña de azúcar, alfalfa, chile, hortalizas y para la cría de ganado bovino y porcino. De esta manera, no extraña, por ejemplo, que la panela producida en esta región tuviera mucha demanda en la ciudad. Lo mismo se puede decir de las hortalizas ya que después de abastecer el mercado local se surtía el de la ciudad de Oaxaca. La carne de res y cerdo de Ocotlán también era famosa en los mercados locales; de hecho, el 15,83% de los matanceros de los Valles Centrales se encontraba en el Valle Grande10. Hacia finales del siglo XIX, una actividad que comenzó a consolidarse en los Valles Centrales fue la minería. Si bien es cierto que se desarrolló ya en el periodo colonial, también es verdad que su verdadero auge llegó hacia 1890. El valle de Ocotlán era especialmente rico en vetas de oro y plata, pero no era el único ya 7 Esteva, 2012, 19. Memoria administrativa presentada por el gobernador Emilio Pimentel, 1903, s/p; AGEPEO, Fomento, 12, 11, 1903, 23. 8 AGEPEO, Fomento, 18, 5, 1901. 9 INEGI, Carta topográfica, 1: 50.000, Villa de Zaachila (E14D57). Esteva, 2012, 463. Murguía y Galardi, 2012, 24. Nassos, 2012, s/f. 10 Esteva, 2012, 267. Suárez, 1901, 19. Maldonado y Morón, 1893, 23. Esesarte, 1909, 105. AGEPEO, Ocotlán, Fomento, 1885, 16.

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que la cuenca del valle de Tlacolula también destacó. No obstante, las minas más productivas se encontraban en Ocotlán, en la zona conocida como “Taviche”. La minería recibió diversos estímulos por parte del gobierno del estado, especialmente de tipo fiscal. Además, el ferrocarril que llegó a la ciudad de Oaxaca en 1892 estableció ramales hacia las zonas mineras. Debido a esto, uno de los objetivos de la Ley de Aguas de 1905 tuvo como objetivo facilitar a los mineros la adquisición del vital líquido, como veremos más adelante11. Por último, el valle de Tlacolula se encuentra a 1.600 msnm. Como señalé, su afluente más importante es el río Salado. Aunque existen diversos arroyos que se desprenden de las secciones de la Sierra Juárez no todos son sus tributarios debido a que se filtran en el subsuelo, creando ciénagas entre la ciudad de Tlacolula y la de Oaxaca. El agua freática no era explotada con suficiencia hacia comienzos del siglo XX, así que la disponibilidad del vital líquido también dependía mucho de la temporada de lluvias. Lamentablemente, en ocasiones el ciclo de las precipitaciones era insuficiente para humedecer el suelo. Además, existían algunas zonas con tierra y agua salitrosa que dificultaban la agricultura12. Dado esto, no sorprende que las unidades productivas que tenían agricultura de riego se ubicaran en las cercanías del río Salado. Los cultivos más importantes de este valle fueron el maíz, frijol, alfalfa y trigo. Al mismo tiempo, la explotación de zacate y maguey eran frecuentes debido a las condiciones hídricas. De hecho, la producción de pulque para abastecer el mercado local y el de la ciudad de Oaxaca databa de tiempos de la Colonia. La misma tradición puede señalarse sobre la cría de ganado lanar ya que varios pueblos se dedicaron a la elaboración de prendas de lana. No sorprende que, para 1900, el 48,42% de los tejedores de los Valles Centrales se concentraran en el valle de Tlacolula13. Si bien es cierto que el río Salado fue un foco de interés para la irrigación agrícola, también es verdad que los pueblos situados en las faldas de la Sierra Juárez hacían un uso intensivo de los ríos y arroyos que se originan en dicha elevación topográfica. Por ejemplo, el pueblo de Teotitlán del Valle contaba con el Río Grande para satisfacer distintas necesidades. Para comenzar, se utilizaba para el lavado de lana, zarapes e hilados, actividad económica ampliamente difundida en esa población. Además, se irrigaban cerca de ochenta terrenos de particulares, en donde se sembraba trigo, maíz, frijol y alfalfa. Por si esto no fuera poco, era utilizado para dar de beber al ganado e incluso algunos vecinos saciaban allí su sed14. Como se puede apreciar, el agua jugó un rol fundamental para distintas actividades productivas, tanto “tradicionales”, como “modernas”. Cabe destacar que 11 Chassen-López, 2010, 272. 12 INEGI, Carta topográfica, 1: 50.000, Tlacolula de Matamoros (E14D58). Kirkby, 1973, 25. Tamayo, 1982, t. XVIII, 416. 13 Murguía y Galardi, 2012, 26. Velasco, 1891, 316. 14 AGEPEO, Fomento, aguas, 1905.

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las unidades productivas de los Valles Centrales se enfocaron preferentemente en los cultivos tradicionales, de los cuales el que más exigió agua fue el cultivo del trigo, para abastecer a una población en crecimiento hacia finales del siglo XIX. Los molinos, como en el periodo colonial, jugaron un rol importante, especialmente en los valles de Etla y Tlacolula. La minería, aunque no era una actividad nueva, durante el Porfiriato alcanzó su apogeo y las haciendas de beneficio de metales exigieron grandes cantidades de agua. LA LEGISLACIÓN EN TORNO A LOS RECURSOS HÍDRICOS Como señaló William Taylor, desde el periodo colonial la tenencia de la tierra en los Valles Centrales fue diversa. Para empezar, una gran extensión del fértil valle de Etla y de Ocotlán (alrededor de Zimatlán) perteneció al Marquesado del Valle. En el mismo valle de Etla y en menor medida en el de Tlacolula, algunos caciques eran propietarios, hasta bien entrado el siglo XVIII, de considerables extensiones territoriales. Además, los pueblos controlaron una gran superficie de la tierra cultivable, lo que fue, entre otros, un factor para que las haciendas fueran propiedades de pequeñas dimensiones y financieramente inestables debido a la falta de un mercado amplio y diverso15. Dado esto, no es casual que las unidades productivas de esa región desarrollaran distintas estrategias para apropiarse de los recursos naturales, como la tierra. Los españoles, por ejemplo, adquirieron concesiones enfitéuticas del Marquesado del Valle y compraron tierras de algunos miembros de la nobleza indígena, quienes, además, solían pagar sus deudas hipotecando o cediendo el usufructo de sus tierras. También los pueblos se beneficiaron de las compras o donaciones. De hecho, muchos nacieron como asentamientos de terrazgueros; es decir, indígenas que arrendaban tierras y ofrecían servicios a los caciques16. La propiedad del agua, durante el periodo colonial, no puede desligarse de la propiedad de la tierra. En su base se encontraba el principio de que ambas eran patrimonio original de la Corona. No obstante, esta podía otorgar su gracia a quienes solicitaran tierra, aguas o molinos (mercedes). Cabe señalar que la propiedad del agua fue evidente en algunas mercedes otorgadas por la Corona a los pueblos, haciendas y caciques de los Valles Centrales. Según la legislación colonial, las mercedes de “tierras de pan llevar” implicaban derechos sobre el agua, pero no siempre para las que eran denominadas como tierras de “pan sembrar” y tierras de “pan llevar”. También existieron mercedes de aguas solas y mercedes de riego que fueron destinadas al fomento de cultivos como trigo y caña de azúcar. Además, pueblos y haciendas gozaron de mercedes para molinos de trigo17. 15 Taylor, 1998. 16 Idem. 17 Fernández, Endfield y O´Hara, 2004, 150.

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Si bien es cierto que los pueblos controlaron la mayor parte de la tierra, también es verdad que los españoles se apropiaron del agua a través de distintas estrategias. Para comenzar, ellos fueron los principales beneficiarios de las mercedes otorgadas por la Corona que implicaban derechos sobre el agua. Además, aunque las tierras con mayores recursos hídricos se encontraban en las cuatro villas del Marquesado, el marqués no tenía la propiedad del agua pero sí podía acordar censos enfitéuticos con los hacendados. Los caciques también concertaron este tipo de contratos con los españoles de manera reiterada, especialmente durante el siglo XVIII. Incluso algunos pueblos que obtuvieron mercedes para molinos cedieron, alquilaron o vendieron sus derechos a los españoles ante el poco éxito de sus empresas18. Esta estructura agraria colonial sufrió pocas modificaciones a lo largo del siglo XIX. Hubo cierta permanencia en la cantidad y dimensiones de las haciendas, en lo reducido de su mercado y en el alto nivel del endeudamiento de los hacendados, especialmente al finalizar dicha centuria19. Los pueblos, por su parte, mantuvieron una presencia destacada en el paisaje agrario; de hecho, a lo largo de dicha centuria, los Valles Centrales experimentaron un crecimiento demográfico tanto de indígenas como de mestizos que vivían en el campo. Dado esto, no extraña que los conflictos más graves y frecuentes por la tierra se dieran entre los mismos pueblos y no necesariamente con las haciendas20. Esto es palpable a la luz del proceso de desamortización implementado por el Estado entre 1856 y 1900. Ante el discurso desamortizador por parte de los grupos gobernantes, muchos ayuntamientos cedieron a los vecinos las parcelas individuales de común repartimiento que desde tiempo atrás ya usufructuaban como una estrategia para proteger las tierras comunales. Esto fue explícito cuando se trataba de terrenos limítrofes o en disputa con otros pueblos; es decir, los pueblos definieron sus límites municipales a través de la privatización de la tierra. Por otra parte, los ejidos y montes, que eran de uso colectivo, no formaron parte de la ola desamortizadora hasta 1890, cuando el gobierno del estado estableció que aquellos terrenos se debían privatizar21. No obstante, hacia 1894 el gobierno del estado invalidó esa medida probablemente debido a los conflictos y disputas por los ejidos y los bosques22. A todo esto, ¿qué dice la legislación oaxaqueña del siglo XIX sobre la propiedad del agua de los pueblos? Resulta complicado hacer un balance sobre la primera mitad de esa centuria debido a la escasez de estudios. No obstante, considerando lo que se ha planteado para la Colonia se pueden sugerir algunas 18 19 20 21 22

Ibidem, 192. Cassidy, 1990, 323. Reina, 2004, 117. Menegus, 2009, 56. Mendoza, 2011, 376. Colección de leyes y decretos, libro XVII, 1895, 272.

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ideas. Como señalé, los pueblos recibieron mercedes para utilizar agua desde la Colonia. La Corona estableció que los pueblos que se fundaban disfrutaran de agua para el abasto y ganados. Si esta no era suficiente se les permitía usar las aguas de los ríos que no estaban mercedadas ya que eran de uso común. Así, los pueblos podían establecer la infraestructura hidráulica necesaria para aprovechar el “agua comunal”, administrada por el cabildo indígena. Es importante señalar que mientras algunos pueblos podían tener excedentes de agua debido a su ubicación geográfica, otros debían arrendar el agua de los caciques, las haciendas y especialmente del Marquesado de Valle, que tenía jurisdicción sobre un territorio rico en recursos hídricos23. Esto nos permite sugerir que, al instaurarse el México independiente, las aguas de las que gozaban los pueblos tenían orígenes diversos. Posiblemente, aquellos pueblos que fueron arrendatarios del Marquesado del Valle y de algunos caciques obtuvieron la propiedad durante las primeras décadas del siglo XIX. Parece pertinente sugerir que los ayuntamientos y las repúblicas (herederas del cabildo indígena) obtuvieron el control del agua con base en las disposiciones emanadas de la Constitución de Cádiz de 1812 y luego de las de la primera Constitución oaxaqueña de 1825 ya que en dichos documentos se confirmó el control de los antiguos cabildos coloniales sobre los bienes comunales y sobre los propios y arbitrios24. Hasta donde se percibe, las referencias explícitas a la propiedad del agua no aparecen en la legislación oaxaqueña sobre los bienes comunales durante la primera mitad del siglo XIX. En la Ley orgánica para el gobierno y administración interior del estado, de 1857, solo se menciona que una de las atribuciones de los ayuntamientos era conservar los boques, montes y arbolados o en su caso reforestar inmediatamente después de la tala. Detrás de esto estaba, entre otras cosas, la preocupación gubernamental por la escasez de agua para usos domésticos de las poblaciones25. Así lo confirman las circulares que periódicamente se mandaban a los ayuntamientos en dónde se llamaba a los pobladores a no practicar la técnica de cultivo de roza, tumba y quema porque “las aguas se retiran, los manantiales se secan, las enfermedades se desarrollan y las familias sufren”. Se pedía que se evitara la tala de árboles en las cañadas, “con especialidad donde haya algún ojo de agua, por pequeño que sea”26. Fue con la ley de desamortización de 1856 que la propiedad del agua se volvió más explícita en la legislación. La Ley Lerdo no mencionó la desamorti23 Fernández, Endfield y O´Hara, 2004, 176. 24 No está demás señalar que los ayuntamientos se establecían en poblaciones con más de tres mil personas y las repúblicas en los pueblos con más de 500 habitantes, pero estas tenían las mismas atribuciones que los ayuntamientos (Arrioja, 2011, 204. Mendoza, 2011, 158). 25 Colección de leyes y decretos, libro II, 1851-1858, 367. 26 Ibidem, libro IX, 1877-1879, 260.

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zación de las aguas pero sí exceptuó los ejidos, los terrenos y edificios destinados al servicio público. En agosto de 1856, no obstante, el Ministerio de Hacienda determinó que las aguas públicas y las de los ríos no estaban incluidas en dicha ley, pero sí las estancadas y las que se ubicaban en “terrenos de corporaciones”27. Aunque es un tema que requiere de mayor investigación, hay evidencias de que algunos particulares también usaron la legislación liberal para adjudicarse el agua. Como señaló Margarita Menegus, el objetivo de la Ley Lerdo era garantizar la igualdad de las personas sin distinciones de raza, por lo que en el proceso de desamortización se equipararon los derechos de censatarios, comuneros y arrendatarios fueran o no vecinos de los pueblos28. Un caso que ilustra la desamortización del agua se dio en el Valle de Etla. A tan sólo cuatro meses de publicada la Ley Lerdo el español Agustín Aguirre solicitó, en octubre de 1856, la adjudicación de una fuente de agua que nacía en los terrenos comunales San Sebastián Etla. Aguirre la arrendaba por la cantidad de veinte pesos anuales para regar los terrenos de la hacienda San José, alias El Cacique. Los representantes “del común” de San Sebastián aceptaron la venta con la condición de que Aguirre les permitiera usar una parte del líquido para irrigar un terreno contiguo denominado “de la Virgen”, probablemente un terreno de cofradía. A partir de ese momento, el agua formó parte de la propiedad de la hacienda y así se consideró por los sucesivos dueños29. Se necesitan más investigaciones para saber si la adjudicación del agua a partir de 1856 fue frecuente o se trató de un caso aislado. Lo que parece evidente es que a partir de 1856 el gobierno del estado fue más explícito en torno a la administración del agua. En el reglamento del 25 de marzo de 1862, que fue realizado para llevar a cabo la desamortización, se recordó que ni pueblos ni adjudicatarios tenían derecho a desmontar o incendiar los aguajes y los bosques y sobre todo, que los “Municipios tienen derecho de poseer en común las aguas que hasta aquí han poseído y de arrendar los derrames después de que todos los vecinos respectivos no tengan necesidad de ellos” 30. Además, especificó que dichos derrames sólo podían arrendarse dentro de los límites del municipio; es decir, que una vez que las aguas estaban fuera de estos volvían a ser públicas y de uso común. Como se puede apreciar, se garantizó la propiedad del agua a los pueblos, siempre que esta estuviera en su jurisdicción municipal. Esto se confirmó en las siguientes normas sobre desamortización. A pesar de que el reglamento para el reparto y adjudicación de terrenos comunales de 1890, que estuvo vigente hasta 1894, incluía ejidos y montes, las autoridades municipales mantuvieron la prerrogativa para administrar y repartir las “aguas comunales”31. 27 28 29 30 31

Birrichaga, 2009, 47. Menegus, 2009, 116. AGEPEO, Fomento, Aguas, 1905. Colección de leyes y decretos, libro XVII, 1895, 281. Ibidem, 272.

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Esta medida respetaba privilegios y derechos adquiridos desde el periodo colonial. Además, legitimaba el papel del ayuntamiento como eje rector de la administración del agua, pero con la condición de privilegiar las necesidades de los vecinos. Así, los repartos de agua recayeron fundamentalmente en los funcionarios municipales y obviamente no estaban exentos de conflictos por las diferencias políticas o económicas. En 1885, el presidente municipal de Santo Domingo Tomaltepec, situado a las faldas de la Sierra Juárez, acusó a Melchor Martínez de impedir a Vicente Bautista el uso del agua del jagüey durante un día, “según es costumbre”. Al reclamarle a la autoridad municipal, Martínez no sólo lo ofendió sino que abofeteó al quejoso y advirtió que “no era yo [el presidente municipal] quien debiera disponer del agua sino él como muy hombre que es”32. En Tlalixtac, pueblo limítrofe con Santo Domingo Tomaltepec, que tenían una riqueza hídrica importante, los conflictos por el agua no eran extraños. En 1853, por ejemplo, se acusó al alcalde de repartir el agua con base en criterios de amistad o compadrazgo; a otros de plano les negaba el acceso al líquido. No era raro que se exigieran cuotas que iban desde medio hasta dos reales33. El presidente municipal en 1883, Justo Antonio Pérez, consideraba que el agua era un recurso valioso que sólo era aprovechado por los ricos del pueblo, quienes obtenían ganancias con el cultivo de semillas y alfalfa sin retribuir nada al ayuntamiento. Por lo tanto, consideraba justo que se instaurara una “contribución de riego” que iría de uno a dos reales. Obviamente los reclamos de los vecinos por lo que consideraban una medida innecesaria inclinó al gobierno del estado a rechazarla. Sin embargo, hacia 1889 el mismo Pérez insistió en retomar el arbitrio que propuso en 1883 ya que “[el ayuntamiento] es el legítimo dueño de esas aguas supuesto [que] bienen y nasen de sus hejidos”34. Posiblemente debido a esto, hacia 1890 varios vecinos informaban que habían reunido la cantidad de 400 pesos que prometieron al gobierno del estado como iguala por el uso del agua y que fue depositada en la tesorería municipal. Imponer cuotas al uso del “agua comunal” era tan complejo como arrendarlas a usuarios ajenos a los pueblos. Esto requirió de negociaciones y acuerdos constantes para evitar conflictos tanto internos como con otras unidades productivas. Cabe destacar que los acuerdos se privilegiaban antes que los conflictos. Así lo demuestra el caso del reparto de las aguas del río de San Juan, en el valle de Etla. Dicho río nacía en terrenos comunales del pueblo de San Juan del Estado, el cual arrendaba las aguas a la hacienda de San Isidro Catano, siempre ávida del recurso para sus sembradíos de trigo. Los dueños de la hacienda, sabedores de que los pueblos limítrofes también utilizaban el líquido, firmaron convenios con 32 AGEPEO, Gobierno de los distritos, Tomaltepec, 68, 11, 1885. 33 Ibidem, Tlalixtac, 61, 23, 1853. 34 Ibidem, 66, 18, 1883.

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los pueblos de Magdalena Apasco y Santa Marta Etla en donde se especificaron las cantidades de agua que cada uno podía disfrutar. Solo en caso de una sequía severa, la hacienda ejercía el derecho de desviar todo el caudal del agua. Se debe resaltar que, con base en estos acuerdos, San Juan del Estado engrosaba sus finanzas municipales35. No fue casual, por lo tanto, que hacia la década de los setenta del siglo XIX el gobierno del estado haya dado un paso más en la regulación de los recursos hídricos del estado. El gobernador Miguel Castro publicó un decreto, en 1873, titulado “De la servidumbre legal de las aguas”. Efectivamente, se pretendía normar un contrato entre particulares, o entre estos y corporaciones, que desde tiempo atrás se realizaba ante los escribanos y notarios para obtener el derecho de conducir agua a través de zanjas o acueductos construidos en fincas o predios de otros propietarios. De esta manera, el decreto de 1873 trató de asegurar la participación de autoridades locales y estatales en la elaboración de dichos contratos. Además, estableció lineamientos para garantizar que los propietarios afectados por las servidumbres fueran indemnizados por los daños, al mismo tiempo que estipuló como un derecho el establecimiento de zanjas o acueductos en terrenos ajenos o, en su caso, el uso de los ya existentes36. Pero el decreto de 1873 dice más sobre la administración del agua que lo señalado para las servidumbres. Estableció que los predios inferiores tenían derecho a recibir el agua, la tierra y la piedra que naturalmente corrían por los afluentes. Al mismo tiempo se permitió a los particulares realizar obras hidráulicas para almacenar agua pluvial o utilizar el líquido de las fuentes naturales que existan en sus terrenos, pero podía adquirirse la propiedad de las aguas sobrantes al momento de arribar a otro predio por un periodo de veinte años. Es más, el decreto ya habla de las aguas propiedad del Estado sin afectar “los derechos que sobre ellas hayan adquirido las corporaciones ó particulares por título legítimo”37. No obstante, dicho derecho debía ajustarse a los siguientes preceptos: nadie debía obstaculizar el transporte fluvial por los ríos ni el uso de las riveras; los propietarios de las aguas no podían impedir el uso del agua para el abasto de las personas o ganados; y los propietarios tampoco podían desviar el curso del agua si esto causaba daños a terceros38. Como se puede apreciar, hay una intención más clara de apuntalar el papel del Estado en los usos del agua. Asimismo se trató de definir y clasificar las aguas 35 Ciertamente estos acuerdos podían romperse cuando uno de los actores involucrados así lo decidía. En el caso del río de San Juan, el cambio de propietarios a comienzos del siglo XX trastocó esos acuerdos establecidos, por lo menos, desde mediados del siglo XIX, lo que contrajo una serie de disputas por el agua que sólo amainaron hasta la reforma agraria (Sánchez, 2012, 230). 36 Colección de leyes y decretos, libro VI, 1873, 6. 37 Ibidem, 3. 38 Idem.

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existentes en el territorio asignando a cada actor sus derechos y obligaciones, pero al mismo tiempo mantuvo los privilegios ganados. A pesar de que dicho decreto sobre la servidumbre de las aguas fue novedoso en el contexto local, es necesario apuntar que la influencia de la legislación española es evidente en el decreto de 1873. Al revisar la Ley de Aguas de 1866 encontramos una gran similitud en algunas de sus disposiciones sobre la propiedad del agua y, obviamente, los derechos de servidumbre. No obstante, hubo una selección precisa ante la complejidad de aquella ley. Lo que importa señalar, en todo caso, es que los grupos gobernantes oaxaqueños se preocupaban cada vez más por regular los recursos hídricos del estado. LA LEY DE 1905: ACCESO AL AGUA MUNICIPAL Y CONTROL DE CONFLICTOS Esta preocupación fue en aumento durante el Porfiriato. Como señalé, nuevos usos del agua se impusieron durante ese periodo, ligados a actividades económicas que eran respaldadas por las políticas del Estado. Por una parte, durante ese periodo se dio un auge de la agricultura comercial en regiones que podían considerarse periféricas en relación a los Valles Centrales. El café destacó por su importancia dentro de los productos de exportación; se cultivó en lo alto de la Sierra Madre del Sur, rumbo a la región de la Costa y en la región de la Cañada, al norte del estado. En la región de Tuxtepec el tabaco y el algodón se consolidaron como los productos más rentables. Tanto en esta zona como en el Istmo de Tehuantepec se alentó la producción de hule, plátano y caña de azúcar39. En los Valles Centrales, como señalé, predominaron los cultivos tradicionales para abastecer los mercados locales. No obstante, esta región experimentó un “boom” minero durante el Porfiriato. Hacia 1890 capitalistas norteamericanos invirtieron en la minería de los Valles, en muchos casos, asociados con oaxaqueños que trataban de diversificar su capital que estaba concentrado en la agricultura y el comercio. Este auge fue sólido hasta 1907, cuando la crisis internacional afectó sensiblemente al sector. De cualquier forma, la minería fue una actividad que requirió insumos importantes de agua para extraer los metales. Pocas minas, hacia finales del Porfiriato, podían presumir de usar el proceso de cianuración ya que predominaban las haciendas de beneficio40. A la luz de este proceso se generó una codificación amplia de las aguas del estado: la “Ley sobre el uso y aprovechamiento de las aguas del Estado”, de enero de 1905. Según el gobernador Emilio Pimentel, dicha ley era necesaria porque: “Hasta hoy la legislación especial de aguas es desconocida en el Estado y el uso y aprovechamiento de estas no ha tenido regla fija á que sujetarse, pues unos las 39 Chassen-López, 2010, 219. 40 Ibidem, 262.

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utilizan sin autorización alguna y considerándolas como bienes cuyo uso es común a todos, estimándose con el derecho de primer ocupante, otros ocurren a los Ayuntamientos de los pueblos proponiendo contratos de arrendamiento de las aguas mediante pensiones reducidas y un menor número hacen ante el Gobierno solicitudes formales de concesión”41.

Como se puede apreciar, había preocupación en el gobierno por lo que consideraba un estado anárquico respecto a los usos del agua. Ciertamente, uno de sus objetivos primordiales fue ejercer mayor control y vigilancia en las aguas municipales. Esto estaba justificado no sólo por la larga tradición que los ayuntamientos tenían en la administración de sus recursos hídricos, también se justificaba por la creciente demanda de agua por parte de particulares, empresas y otros ayuntamientos. Inspirada en diversas fuentes, la ley de 1905 confirmó algunos preceptos establecidos en la escasa legislación del siglo XIX42. Al mismo tiempo, detalló nuevos lineamientos a seguir en los usos del agua por parte de distintos actores. Para comenzar, estableció la jurisdicción del Estado sobre las aguas siempre y cuando no pertenecieran a particulares con títulos de propiedad. De esta manera, las aguas públicas eran de uso común y todos podían emplearlas para beber, lavar ropa u otros objetos, bañarse, abrevar ganados o pescar. Asimismo, el gobierno del estado estableció los lineamientos para realizar concesiones de aprovechamientos especiales de agua. Se dio preferencia al abastecimiento de poblaciones, al abastecimiento de ferrocarriles locales, a los riegos, al transporte fluvial y a la industria y, por último, a los viveros. Una innovación en las concesiones era que las solicitudes de mayor relevancia para la economía estatal tenían preferencia; es decir, no se respetaba el derecho del primer solicitante. Quienes se sintieran afectados por estas concesiones podían oponerse a su aprobación y debían ser citados a una junta de avenencia43. La relación entre la propiedad de la tierra y la propiedad del agua es clara: los dueños de los predios fueron considerados como los dueños de las aguas pluviales que almacenaran, los lagos, lagunas y charcos, así como de los manantiales y del agua subterránea que extraían en sus predios a través de pozos ordinarios. A diferencia de las normas anteriores, la ley de 1905 detalló el uso de las aguas subterráneas ya que estableció las distancias que debían existir entre las excavaciones para extraer agua; los pozos excavados en terrenos públicos por parte de particulares, previa autorización, adquirían la propiedad del agua, la cual no se 41 AGEPEO, Gobernación, 1904. 42 Si bien es cierto que la ley de 1905 tuvo su origen en las preocupaciones locales sobre los usos del agua, también es verdad que, como sucedió con el decreto sobre la servidumbre de aguas, “los sabios preceptos de la Ley Española” (de 13 de junio de 1879) fueron una fuente de inspiración decisiva. 43 Ley sobre el uso y aprovechamiento de las aguas del estado, 1905, 10.

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perdía a menos que no fueran encauzadas por acueductos construidos ex profeso. Esto solo era limitado si eran afectados los cauces de los ríos públicos, las aguas de servicio público y los aprovechamientos privados preexistentes44. Siguiendo la tradición, la ley de 1905 también respetó la propiedad de los ayuntamientos sobre el agua: “[…] Pertenecen á los pueblos las aguas que nazcan y las que hayan sido alumbradas á su costa en terrenos de aprovechamiento comunal y demás que los Ayuntamientos ó Agencias municipales posean para el servicio y objeto de su institución, las estancadas y las pluviales que caigan y se recojan en los mismos terrenos y las que hubieren adquirido por merced, donación ú otro título legal, así como las sobrantes de sus fuentes, cloacas y establecimientos pública. De estas aguas se destinarán preferentemente al abastecimiento de la población respectiva, las que puedan utilizarse al efecto”45.

Las “aguas municipales” debían usarse con base en ciertos criterios. Para comenzar, los usos domésticos eran la prioridad; enseguida, los baños y pequeñas industrias que no emplearan fuerza motriz; y en tercer lugar, los riegos de terrenos dentro de la jurisdicción municipal. Así, las aguas que fueran solicitadas por particulares para emplearse en la generación de fuerza motriz y en el riego de terrenos fuera de los límites municipales debían ajustarse a un reglamento municipal que cada ayuntamiento debía elaborar; en su defecto, debían analizarse minuciosamente por los jefes políticos de cada distrito antes de su aprobación. Los concesionarios debían pagar un canon y erogar los gastos de la construcción y mantenimiento de las obras hidráulicas. Al mismo tiempo, se encomendó a los ayuntamientos la vigilancia sobre dichas obras y la aplicación de las multas económicas a los vecinos que las dañaran. La libertad de los ayuntamientos para administrar el agua era relativa ya que el gobierno del estado estaba facultado para aprobar o negar las concesiones46. De esta manera se abrieron dos vías a los particulares y empresas para la apropiación del agua. Por una parte, podían solicitar las “aguas” públicas administradas por el Estado: buena parte de ellas eran las corrientes de los ríos principales de la entidad, como el Atoyac o el Salado, en los Valles Centrales. Esto representó un golpe duro para muchos pueblos que habían hecho uso de las aguas amparados en la costumbre “desde tiempo inmemorial”. Ahora, el gobierno estatal les exigía amparar sus usos en un “título de propiedad”. La respuesta que dio el ayuntamiento de Tecomavaca, del distrito de Teotititlán del Camino, ante la pregunta del gobierno del estado respecto a qué títulos los amparaba en el uso 44 Ibidem, 6. 45 Ibidem, 11. 46 Ibidem, 14.

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del río también llamado Salado, ilustra claramente los usos de muchos pueblos a lo largo del siglo XIX y vale la pena citarla: “[…] que no tienen ni han tenido títulos de ninguna clase, debido á que las tomas ó la toma que existe en este lugar, la arreglaron todos los que tienen terrenos en esta comunida [sic]; y que desde hace ya algún tiempo, hacen uso del agua sin que antes nadie les hubiera hecho preguntas de esta naturaleza y que como los terrenos han estado pagando su contribución hace ya algún tiempo y no teniendo otro medio de poderlos regar, se ha hecho uso de esa agua que corre desde el principio de su formación”47.

Como se puede apreciar, este ayuntamiento trató de justificar su uso en la “costumbre”, pero además, en su papel como propietarios de la tierra y contribuyentes fiscales. Lo cierto es que para el gobierno del estado esto no amparaba la propiedad del agua. En los Valles Centrales los pueblos que siempre habían usado las aguas de los ríos Salado y Atoyac se encontraron con problemas similares. Para comenzar, quienes argumentaban que tenían derechos de propiedad sobre el río Atoyac debieron esperar hasta 1912 para que el gobierno del estado analizara sus peticiones toda vez que hasta ese año dicho afluente fue declarado de jurisdicción estatal ante las dudas del gobierno federal. Después, estaba el problema de poseer “títulos”. Cuando Soledad Etla solicitó la ratificación de sus “títulos” de propiedad del agua del río Atoyac sólo pudo presentar la documentación relativa a un testimonio del juicio de restitución de aguas que en algún momento del siglo XIX entabló con la Hacienda de San Isidro Catano (aunque se desconoce la fecha exacta)48. Los vecinos del Rancho de Rojas que con base en acuerdos internos utilizaban las aguas del río Salado, en el Valle de Tlacolula, también se vieron sorprendidos por las nuevas disposiciones. En un primer momento solicitaron que se le otorgara al ayuntamiento “la propiedad, uso y aprovechamiento” de dicho río, así como los “derechos y prerrogativas” que estableció la ley de 1905 en torno al aprovechamiento de las aguas municipales; es decir, las aguas que nacían en terrenos comunales. No obstante, pronto consideraron que lo más correcto era solicitar la ratificación de títulos de propiedad toda vez que ya gozaban del usufructo. Para el gobierno del estado, no obstante, sus dichos no probaban nada hasta que fueran 47 AGEPEO. En la misma situación se hallaban varios pueblos que aprovechaban las aguas del río Salado. No es casual que los argumentos sean similares, pero destaca el hecho de que algunos pueblos como Nanahutipan y San Gabriel Casa Blanca trataron de justificar sus usos amparados en una supuesta cesión que les hicieron en la Colonia los caciques que eran propietarios de los terrenos en que se fundaron dichos pueblos. De esta manera, posiblemente trataron de aprovechar los lineamientos de la Ley de 1905 en donde se respetaba la propiedad adquirida por medio de mercedes o cesiones, pero les faltaban los documentos probatorios. Por lo demás, fue el gobierno federal quien inició la investigación de los usos del río Salado, posiblemente porque al constituir un límite natural con el estado de Puebla, entraba en la jurisdicción federal. 48 AGEPEO, Fomento, 20, 1, 1905.

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respaldados por algún documento. Los solicitantes sólo contaban con un permiso del gobierno para construir una presa de cal y canto sobre la margen del río, pero era insuficiente para demostrar la propiedad49. Al mismo tiempo que se permitió a particulares y corporaciones obtener concesiones de las aguas públicas al margen de los usos amparados por la costumbre, se legitimó el derecho de algunos ayuntamientos para administrar el agua. De esta manera, la novedad de la ley de 1905 fue que se establecieron las reglas a seguir tanto por quienes solicitaran concesiones de aguas municipales como por los mismos ayuntamientos. Esta medida era un esfuerzo por centralizar la administración del vital líquido en manos del Estado. Los ayuntamientos y los vecinos de los pueblos, de cualquier forma, continuaron jugando un papel fundamental para el éxito de las concesiones. EL AGUA DE LOS MOLINOS: EL RIO DE SAN GABRIEL ETLA Un caso que ilustra la complejidad de los usos de las aguas municipales se dio con motivo de la solicitud de José Núñez, de Villa Etla, para obtener la concesión de las aguas del río de San Gabriel Etla. El objetivo de Núñez era emplear el líquido para generar energía eléctrica y dar movimiento a dos molinos de trigo. Pero las aguas de dicho río, que poseían en común los pueblos de San Miguel Etla y San Gabriel Etla, eran empleadas para mover tres molinos de los hermanos Florentino y Severo Cervantes y regar los terrenos de algunos vecinos de San Gabriel. Fueron los hermanos Cervantes quienes encabezaron las oposiciones a la concesión. Para comenzar, avisaron al agente municipal de “la mala noticia” de la solicitud de Núñez. Después, cada uno redactó un oficio junto con un grupo de vecinos de San Gabriel (dieciocho en total) para explicar los motivos de su oposición50. Según los quejosos, la solicitud de José Núñez les quitaría el “uso que por tantos años hemos tenido sobre las relacionadas aguas, uso que además tuvieron nuestros antecesores desde tiempo inmemorial”51. Los hermanos Cervantes habían construido una toma y una zanja para conducir el agua a lo largo de seis kilómetros hacia sus molinos. Después de servir de fuerza motriz, el agua regaba los terrenos de cultivo. El proyecto de Núñez, por otra parte, pretendía desviar el cauce de la zanja a un lugar más elevado para poder aprovechar su caída. Aunque prometía realizar las obras hidráulicas necesarias para devolver la corriente a la zanja, sus opositores lo consideraban imposible dada la geografía de la zona. 49 Algunos vecinos de Rancho de Rojas, propietarios de terrenos, se vieron amenazados por la solicitud que realizó también en 1905 el dueño de la Hacienda de Guendulaín que requería importantes cantidades de agua para regar sus terrenos en los que, a medias con vecinos del mismo Rancho de Rojas, se cultivaba trigo. 50 AGEPEO, Fomento, 21, 1, 1905. 51 Idem.

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Como establecía la Ley de Aguas de 1905, el gobierno del estado llamó a las partes a una junta de avenencia. Allí, los opositores sostuvieron sus argumentos, pero además agregaron que el agua no solo era empleada como fuerza motriz y para riego, sino también para las necesidades domésticas, un “uso tan necesario para la vida”. Como se puede apreciar, estaban utilizando los preceptos de la ley de 1905 que estableció que los usos domésticos eran la prioridad al momento de la concesiones. Ante esto, José Núñez insistió en que no se resolviera su solicitud hasta que un perito certificara que había posibilidades de devolver a su cauce el agua de la zanja. Los resultados, sin embargo, se desconocen. Tres años después, en 1909, Núñez informó al gobierno que ya había llegado a un arreglo con las autoridades municipales de ambos pueblos, pero sobre todo, que los hermanos Cervantes vendieron sus molinos y ya no estaban interesados en oponerse a la concesión. El gobierno del estado, no obstante, no podía aprobar la solicitud hasta que el nuevo dueño de los molinos, Pedro Esperón, desistiera de la oposición, algo que no sucedió. Hacia 1912, Núñez renunció definitivamente a realizar su proyecto52. Lo que se debe destacar, en todo caso, es que el agua era considerada un recurso muy valioso. Además que, si los solicitantes querían tener éxito, era necesario tender alianzas con los vecinos que usaban el agua y con las autoridades municipales. Esto quedó demostrado en 1914, cuando Florentino Cervantes solicitó la misma concesión que no obtuvo José Núñez para generar fuerza motriz para mover un molino 300 metros debajo de los Molinos de San Gabriel. Su argumento fue que establecería una industria que beneficiaría al mercado local al reducir el precio de la harina de trigo. Esta vez fue la agencia municipal de San Miguel Etla la que primero se opuso porque a Cervantes se le olvidó mencionar que el agua que pretendía obtener nacía en el cerro que poseían en mancomún con el pueblo de San Gabriel. En este sentido, a ellos también debía pedirles autorización y sobre todo debía pagarles un canon equiparable al que recibiría San Gabriel53. Ese fue el menor de los problemas para Florentino Cervantes. También se opuso la albacea testamentaria de Pedro Esperón, Luz Esperón y Daniel Bennetts, dueño del Rancho San José, que se ubicaba río abajo. Además, según informó el secretario de fomento, el mismo José Núñez había reavivado su solicitud en 1913. Por si esto no fuera poco, hubo una clara división al interior del pueblo de San Gabriel, revelando tensiones y disputas entre los vecinos. Por una parte, se opusieron aquellos dueños de terrenos que alguna vez apoyaron a los hermanos Cervantes contra José Núñez, a través del agente municipal. Pedían garantías de que no se vería afectado el riego de sus terrenos. Por otra parte, otro grupo de “originarios y vecinos” ejerció presión en el gobierno del estado señalando que los beneficios económicos para el pueblo no podían despreciarse “por la oposición sistemática 52 Idem. 53 AGEPEO, Asuntos Agrarios, 4, 3, 1914.

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e irracional de unos cuantos vesinos que no quieren adelanto ni progreso, ni nada para el pueblo”54. Ante un panorama tan complejo, el gobierno del estado propuso a los involucrados que un ingeniero inspeccionara el lugar y rindiera un informe sobre los perjuicios de la solicitud de Cervantes. El dictamen del ingeniero Francisco Tort señaló que las cuatro tomas existentes para regar los terrenos de los quejosos no tendrían ninguna afectación ya que la toma que planeaba construir Cervantes se encontraba zanja abajo. Por lo demás, ni Luz Esperón ni Daniel Bennetts se presentaron a verificar la inspección del ingeniero como tampoco acudieron a la segunda junta de avenencia ante el gobierno del estado. Esto permitió que la solicitud de Florentino Cervantes fuera aprobada. Hacia noviembre de 1915 se elaboró el contrato en donde se estableció un canon de diez pesos mensuales que sería dividido entre San Miguel y San Gabriel Etla, copropietarios del agua55. Como se puede apreciar, los diversos actores involucrados en el manejo del agua ratificaban el usufructo o los derechos adquiridos sobre el recurso hídrico ante nuevos usuarios. Al oponerse a las concesiones podían ser incluidos en las negociaciones que arbitraba el gobierno del estado. Cabe destacar que los vecinos de las poblaciones jugaban un rol destacado en los conflictos y acuerdos en torno al agua. Ante lo que consideraban como una ineficiencia de sus autoridades municipales para defender sus derechos sobre el agua, solían tomar la iniciativa de forma coordinada. AGUA PARA LAS HACIENDAS DE BENEFICIO Este fue el caso de las autoridades de Teotitlán del Valle, en el distrito de Tlacolula. A ellas correspondió defender las aguas en contra del proyecto de los inversionistas estadounidenses Enderson H. Eddy y Philip T. Walsh, quienes solicitaron las aguas del Río Grande y del río El Milagro para hacer funcionar la hacienda de beneficio de la mina El Placer. Conscientes de que el agua del río era usada para el riego de terrenos (alrededor de ciento once vecinos sembraban trigo, alfalfa y maíz) y otros usos domésticos, como abrevadero para el ganado y el lavado de lana para la industria textil del lugar, los mineros aseguraban que la cantidad de agua que desviarían a través de un acueducto no mermaría de manera importante el caudal. Obviamente, las autoridades dudaban de esas aseveraciones toda vez que el agua escaseaba en el periodo de estiaje. El problema, además, era que ellos establecieron un impuesto por el uso del agua y por lo tanto debían garantizar el acceso de los vecinos56. 54 Idem. 55 Idem. 56 AGEPEO, Fomento, aguas, 1905.

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Como sucedió en el caso anterior, la primera solución acordada en la junta de avenencia auspiciada por el gobierno fue recurrir a un ingeniero para que realizara un análisis detallado del caudal de los ríos. Los resultados no fueron favorables para el ayuntamiento ya que el ingeniero Pedro Espejo determinó que el agua era suficiente para los usos de los vecinos y para desviar la cantidad de líquido que solicitaron los mineros. Inclusive, podían realizarse obras en algunas secciones del Río Grande para evitar las filtraciones, comunes en esa zona. Según el informe del ingeniero, el agua del río El Milagro no era usada por los vecinos, como afirmaron. Ante los datos técnicos aportados por Espejo, el ayuntamiento se vio forzado a negociar el retiro de su oposición con tal de que se garantizara a los vecinos el acceso al agua en la temporada de estiaje. Pidieron que los mineros se comprometieran a construir una presa de cal y canto para retener al agua y evitar las filtraciones en el trayecto del Río Grande. En caso de una grave sequía, debía darse preferencia a dichos vecinos. Las condiciones fueron aceptadas y después de todo esto parecía un triunfo del ayuntamiento de Teotitlán del Valle en beneficio de los vecinos57. Un grupo numeroso de vecinos, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la decisión del ayuntamiento, entre ellos, los poseedores de terrenos aledaños al río. Señalaron que los acuerdos tomados por la autoridad municipal afectaban gravemente sus “derechos adquiridos” ya que “desde tiempo inmemorial tenemos derecho en las aguas de cuya concesión se trata”58. En este sentido, desconocían la legitimidad del ayuntamiento para representarlos porque: “En la Autoridad Municipal no reconocemos derecho para disponer de lo que nos pertenece, porque en el caso presente cualquier innovación admitida por esa autoridad, vendría a traspasar las facultades que la misma tiene y a vulnerar derechos particulares perfectamente determinados por un considerable número de años que son la mejor sanción del uso y aprovechamiento que hacemos de las aguas del Río Grande cuya concesión se solicita […] No podemos admitir que la Autoridad Municipal disponga de lo que nos pertenece y de aquello que no puede negársenos…”59.

Al parecer, los mineros no hicieron efectiva la concesión otorgada por el gobierno del estado debido, quizá, a la oposición de los vecinos o a causa de la crisis internacional de 1907 que afectó al sector minero. Pero conviene señalar que la gestión de los ayuntamientos tenía sus límites en la oposición de los mismos vecinos, quienes consideraban que el agua era un recurso que no podía sustentarse en las normas que limitaban su uso. 57 Idem. 58 Idem. 59 Idem.

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COMENTARIOS FINALES La administración municipal del agua en los Valles Centrales muestra una arista poco desarrollada de los alcances, limitaciones y contradicciones del proyecto anticorporativo en Oaxaca. A pesar de que el agua era un “bien comunal” no fue objeto primordial de las leyes desamortizadoras de mediados del siglo XIX o por lo menos son pocos los casos conocidos sobre su enajenación a partir de la Ley Lerdo. Posiblemente esto se debe a que desde el periodo colonial se dirimieron los derechos y el usufructo sobre ese valioso recurso. Cabe señalar que, en los reglamentos y normas desamortizadoras expedidas hasta 1894, la adjudicación de la tierra fue minuciosamente detallada pero no se abundó sobre la del agua. Por el contrario, en dichos documentos se confirmó como una adscripción de las corporaciones e incluso se permitió a estas usufructuarlas en beneficio de las finanzas municipales. Habrá que buscar la explicación de esto en la permanencia de un esquema en el cual se trató de garantizar la subsistencia de los pueblos para que estos, a su vez, contribuyeran con las finanzas estatales. Por lo tanto, a pesar de que a comienzos del siglo XX el Estado tenía una noción más clara de la importancia de la administración de los recursos hídricos en la entidad, respetó las facultades de los ayuntamientos. La Ley de Aguas de 1905 tuvo como objetivo ordenar el acceso al agua municipal por parte de distintos actores y sobre todo evitar los conflictos que se suscitaban, los cuales generalmente terminaban en largos y costosos procedimientos judiciales. Para ello se instituyó la junta de avenencia entre los actores en conflicto y en su mayoría fueron mediadas por el gobernador del estado en persona. Si bien es cierto que la intervención del ejecutivo del Estado tiene un trasfondo centralizador de los recursos hídricos, también es verdad que los conflictos, las negociaciones y los acuerdos fueron una constante debido a la complejidad de los usos del agua en los Valles Centrales.

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LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL AGUA EN LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

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Haciendas, pueblos y aguas: acuerdos locales e infraestructura hidráulica en Izúcar, Puebla (México), 1873-1909 Haciendas, Villages and Water: Local Agreements and Hydraulic Infrastructure in Izúcar (México), 1873-1909 Sergio Rosas-Salas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, México. [email protected]

Este capítulo se concentra en la relación entre haciendas y pueblos por la posesión y el aprovechamiento del agua en la región cañera de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, México. Analiza la forma en que se resolvieron los conflictos por el dominio y el control del agua entre dos pueblos de Izúcar, San Luis Chalma y Ahuehuetzingo, y las haciendas cañeras propiedad de José y Ángel Díaz Rubín durante el régimen de Díaz. Se analizan dos casos: el acuerdo que José Díaz Rubín estableció con la junta auxiliar de San Luis Chalma entre 1887 y 1892 para garantizar la producción de la hacienda de Rijo, y el acuerdo que signó con Ahuehuetzingo en la primera década del siglo XX para ampliar los recursos hídricos de su hacienda de Atencingo. Destaca la negociación entre Díaz Rubín —hacendado e impulsor de la modernización tecnológica de la hacienda— y los diversos pueblos de la región. Se argumenta que los hacendados porfiristas de Izúcar no utilizaron la fuerza y la compra de tierras como el único mecanismo de posesión de las tierras y aguas, sino que debieron acudir a la negociación con los actores locales para tener acceso a los recursos hidráulicos. Palabras clave: Haciendas; pueblos; infraestructura hidráulica; historia social del agua; hermanos Díaz Rubín

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INTRODUCCIÓN Durante el régimen del presidente Porfirio Díaz en México (1876-1911), la expansión de las haciendas cañeras y la modernización tecnológica de los ingenios azucareros de Izúcar de Matamoros, Puebla, provocó una gran presión sobre los recursos hídricos de la región, que eran compartidos por haciendas y pueblos desde el siglo XVII, en una relación continuamente marcada por los conflictos y la negociación1. Entre 1873 y 1907, José Díaz Rubín, un empresario español que había reunido un capital suficiente en la ciudad de Puebla como para comprar tierras y aguas en el sur de aquel estado, adquirió dos de las haciendas más importantes de la región: Rijo y Atencingo. El nuevo dueño inició un proceso de acaparamiento de tierras aledañas a los núcleos originales de las haciendas, lo cual causó que los pueblos colindantes vieran en peligro la posesión de sus aguas e intentaran diversos mecanismos para la conservación de su dominio sobre los recursos hídricos2. Este proceso, ya estudiado a partir del análisis del reparto agrario, ha sido interpretado de diversas maneras. En su ya clásico estudio sobre el ejido cañero de Atencingo, David Ronfeldt sostuvo que la aplicación de la Ley Lerdo durante la segunda mitad del siglo XIX había permitido que el valle de Izúcar se convirtiera en una de las regiones productoras de azúcar más importantes del país. Sin embargo, la mayor producción no redundó en beneficio para el conjunto de la población del valle, sino que produjo un “capitalismo semifeudal” que “esclavizó” a la mano de obra local y sometió, con la violencia y la represión, a los pueblos de la región3. Por su parte, Francisco Javier Gómez Carpinteiro sostiene que si bien los pueblos y barrios mantuvieron el dominio de sus aguas, debieron vender la tierra a la nueva elite regional debido no sólo a su poderío económico, sino a sus buenas relaciones con el gobierno de Porfirio Díaz. El dominio de la tierra por las haciendas azucareras, que habían alcanzado su mayor extensión hasta entonces, no sólo causó conflictos por los cultivos —caña en lugar de verduras y árboles frutales—, sino que el control del agua fue cada vez más difícil para los pueblos, que debieron enfrentar no sólo la negociación forzada, sino el uso de la violencia por el mayor propietario de la región, William Jenkins, en su búsqueda de mayores recursos para la irrigación permanente4. El presente trabajo tiene la finalidad de contribuir al debate en torno al conflicto entre haciendas y pueblos por la posesión y el aprovechamiento del agua en la región cañera de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, México. Su objetivo es, en consecuencia, analizar la forma en que se resolvieron los conflictos 1 2 3 4

Castañeda González, 2004. Gómez Carpinteiro, 2007. Rosas Salas, 2011. Gómez Carpinteiro, 2002. Paré (coord.), 1979. Gómez Carpinteiro, 2003, 93-119.

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por el dominio y el control del agua entre dos pueblos de Izúcar, San Luis Chalma y Ahuehuetzingo, y las haciendas cañeras propiedad de los hermanos José y Ángel Díaz Rubín durante el régimen de Díaz y hasta los primeros años de la revolución mexicana. En consecuencia, se analizan dos casos concretos: el acuerdo que José Díaz Rubín estableció con la junta auxiliar de San Luis Chalma entre 1887 y 1892 para garantizar la producción de la hacienda de Rijo, y el acuerdo, hasta 1907, que signó con Ahuehuetzingo en la primera década del siglo XX para ampliar los recursos hídricos de su hacienda de Atencingo. En ambos casos destaca la negociación entre Díaz Rubín —como hacendado e impulsor de la modernización tecnológica de la hacienda— y los diversos pueblos de la región, al mismo tiempo que se muestra cómo la negociación tenía los límites que le imponía la necesidad de agua por parte de los hacendados. Pretendemos demostrar con el examen de estos elementos que los hacendados porfiristas de Izúcar no utilizaron la fuerza y la compra de tierras como único mecanismo de posesión de las tierras y aguas, sino que debieron acudir a la negociación con los actores interesados en el dominio de los recursos hidráulicos. Por otro lado, el caso también demuestra que los pueblos fueron también activos negociantes en la posesión del agua. Si bien partían ciertamente de una posición de desigualdad y recurrieron al apoyo del Estado nacional para conseguir el acceso al agua, utilizaron los mecanismos legales que puso a su disposición el régimen porfirista para obtener la mayor cantidad de beneficios posibles en torno al acceso al agua en la región. Al tomar a los hacendados como el elemento unificador de este caso, nuestro trabajo tiene como protagonista a la elite hacendada porfirista, la cual ha sido soslayada ante la figura de William O. Jenkins, el cónsul estadounidense de Puebla que a partir de 1921 construyó uno de los emporios azucareros más importantes del país5. En concreto, argumento que a través de la reconstrucción y mejora de la infraestructura hidráulica, José Díaz Rubín negoció con los pueblos de la región un mayor acceso al agua, a partir de su supremacía económica, lo que le permitió incrementar la monoproducción de caña, industrializar los ingenios azucareros de sus haciendas y crear acuerdos con las elites locales, las cuales también resultaban beneficiadas en los tratos con Díaz Rubín. Este trabajo coincide con lo que Rocío Castañeda González encuentra para el caso de Atlixco, respecto a que la base de los conflictos por el agua en la zona central y suroeste del estado de Puebla durante el Porfiriato, particularmente en torno al río Nexapa, no cuestionaron los repartimientos coloniales de agua, la base de los acuerdos entre regantes, pues estos fueron lo bastante flexibles hasta el cambio total de las condiciones para los cuales fueron diseñados6. Ello no implicaba la ausencia de conflictos, sino la resolución de ellos a partir de una 5 Ibidem. LaFrance, 2004. 6 Castañeda González, 2005.

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negociación que reconocía el acceso al líquido del conjunto de regantes con derecho a las aguas desde “tiempo inmemorial” —como dirían los interesados, según veremos—, o más concretamente, desde el siglo XVII. A partir de ello, mostramos que para el logro de objetivos claramente industriales, Díaz Rubín buscó el dominio del agua a partir de la compra de tierras y más aún, el acuerdo con los demás usuarios del río, particularmente los pueblos de Izúcar dedicados a la producción de huertas y frutas. Dado que el trabajo busca destacar este último punto, se destaca que el control del agua, fundamental para la expansión de las haciendas cañeras, se consiguió no sólo a través de recurrir al Estado nacional —que reconoció los derechos de uso del agua acorde con la Ley General de Vías de Comunicación de 1888—, sino gracias a la negociación con los actores locales. A través de un sistema de acuerdos con las autoridades municipales que reconocía el acceso compartido al agua, Díaz Rubín consiguió establecer un aprovechamiento del recurso hídrico ventajoso para sus haciendas, gracias a su continua expansión territorial —lo que le permitió el dominio de mayores cantidades de agua y, por tanto, la exigencia de mayores volúmenes de líquido con base en los repartos coloniales— y la reconstrucción de la infraestructura hídrica de la región. En su primera parte, este trabajo detalla la forma como Díaz Rubín consiguió garantizar el abasto suficiente de agua a la hacienda de Rijo entre 1887 y 1892, gracias a la reconstrucción de la data de agua de la junta auxiliar de San Luis Chalma. Esta, al ser destruida por los lugareños, les permitía tomar más agua de la acostumbrada en detrimento de la hacienda. El estudio de este caso destaca que Díaz Rubín garantizó su acceso al agua a través de los tratos con las autoridades municipales, quienes apoyaron la renovación de la infraestructura hidráulica local para garantizar el abasto de agua a sus propias comunidades, aceptando el predominio de mayores cantidades de agua por su posesión de tierras, lo que redundaba en una mayor concentración de agua en sus manos7. En ese sentido, la elite porfirista de Izúcar consiguió dominar buena parte de las aguas de la región no a través de la violencia, sino a través de la negociación y la supremacía económica. Para el dominio del líquido, hacendados y autoridades locales argumentaron a su favor derechos ancestrales, dominio jurídico y valor de los cultivos, llegando a un acuerdo a partir del reconocimiento mutuo de derechos, con base en los acuerdos establecidos en los repartimientos coloniales. Al aceptar la presencia del pueblo como un usuario legítimo y activo, así como al construir infraestructura hidráulica, Díaz Rubín obtuvo no sólo una materia prima para la agricultura, sino una base de apoyo entre las elites locales que en última instancia garantizó, a través del uso compartido del agua, un amplio acceso a los recursos naturales durante el régimen de Porfirio Díaz. 7 Ibidem, 80.

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En el segundo caso analizo los acuerdos de José Díaz Rubín con el pueblo de Ahuehuetzingo, los cuales descansaron en los que el dueño anterior, Carlos Díaz Teruel, había realizado ya en 1873 con los “vecinos del pueblo”. Si en aquella primera fecha se había concedido el derecho a construir una presa en el río de Matamoros después del puente que comunicaba a Ahuehuetzingo con Chietla, la villa más cercana y el centro mercantil de la región, la concreción de este proyecto de infraestructura hidráulica sólo fue posible hasta 1906, cuando Ángel Díaz Rubín construyó finalmente la presa y para llevar más recursos a Atencingo debió atravesar la plaza principal del pueblo. Para conseguir el permiso de los habitantes de Ahuehuetzingo, Díaz Rubín cerró el caño y mejoró las calles del pueblo. En ese sentido, este caso demuestra la continuada necesidad de acuerdos entre los hacendados y los pueblos de Izúcar para el acceso al agua, así como la importancia de la negociación entre actores locales para garantizar la irrigación. En conjunto, las negociaciones y el reconocimiento mutuo de la legitimidad consuetudinaria en el dominio del agua consiguieron soterrar el conflicto social, que se haría evidente en gran escala a partir del estallido revolucionario. Las fuentes de este trabajo fueron recabadas en el Archivo Histórico del Agua, en la ciudad de México, y el Archivo General de Notarías de Puebla, en esta última ciudad. RIJO Y CHALMA O LA RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO La primera gran compra de José Díaz Rubín en Izúcar de Matamoros fue la hacienda cañera de Rijo, la cual adquirió en 1878. Durante una década, el industrial español se dedicó a comprar terrenos aledaños a la finca, logrando reunir (en 1894) 183 terrenos más adquiridos a pequeños propietarios particulares, que se añadieron a la hacienda de Rijo para la monoproducción cañera, que nutría a su vez el ingenio de la hacienda, industrializado en aquellos años8. Ello obligó a diversos acuerdos por el agua entre él y los pueblos aledaños, uno de los cuales analizamos a continuación. El caso de Izúcar, por tanto, muestra, como bien ha observado ya Antonio Escobar Ohmstede, que la expansión de las haciendas en el centro de México llegó a un tope durante el Porfiriato, gracias a la aplicación de las leyes liberales de las leyes de Reforma, que además de desamortizar los bienes de manos muertas —como los de las comunidades indígenas—, tenía como objetivo central individualizar la propiedad9. Al mismo tiempo, demuestra que la infraestructura hidráulica construida fue uno de los pilares de su producción, y un elemento de constante negociación entre los diversos usuarios de los recursos hídricos10. 8 Archivo General de Notarías del estado de Puebla, en adelante AGNEP, notario Patricio Carrasco, 1894, 14 de agosto, ff. 75ss. 9 Escobar Ohmstede, 2007, 28. 10 Valladares de la Cruz, 2005. Escobar Ohmstede, 2009.

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El gran crecimiento de la hacienda de Rijo tenía fines claramente industrializadores. En ese sentido, José Díaz Rubín aparece como uno de los agentes centrales de la modernización agrícola y tecnológica en Izúcar. He mostrado ya que Rijo y Atencingo, propiedad del español, fueron uno de los primeros ingenios cañeros industrializados en la región, así como el ingenio de Raboso, propiedad de Dolores Marrón viuda de Illescas, que se capitalizó con un préstamo de Díaz Rubín, bajo hipoteca de la propia hacienda11. Así, el caso de Díaz Rubín es una muestra de un inmigrado español que tenía como ventaja no sólo las redes de inmigración a partir de las cuales pudo construir un capital propio, sino un “espíritu emprendedor” que revela una “mentalidad moderna”, pues ya dueño de un monto considerable de capital, Díaz Rubín procedió a invertirlo buscando la acumulación y ganancia. Como el caso de la familia Maurer en Atlixco, los Díaz Rubín revelan en Izúcar el desarrollo de una empresa moderna en un contexto tradicional dominado por haciendas establecidas durante el siglo XVI, y que en última instancia muestra a nivel microeconómico el desarrollo del capitalismo en México, un proceso que significaba, al mismo tiempo, la modernización de la sociedad mexicana12. Sin duda, este desarrollo con base en la expansión territorial de una elite propietaria capitalista chocó con actores antiguos en el uso de los recursos naturales, como los pueblos de la región, ya tuvieran categoría de municipios o de juntas auxiliares. En los documentos notariales y judiciales se escuchan las voces de los líderes locales, presidentes auxiliares o alcaldes de la región, quienes tenían la posibilidad de negociar con los hacendados. Diversos estudios revelan la importancia del ayuntamiento en las comunidades campesinas e indígenas como el defensor de la comunidad frente a los grupos de hacendados, terratenientes o empresarios interesados en los recursos hídricos que habían disfrutado las comunidades. Así, durante la mayor parte del siglo XIX la defensa de los recursos hídricos de las regiones partía de los títulos coloniales, que normaban la relación entre los distintos usuarios de las aguas de una región13. Sin embargo, a partir de 1880 la presión sobre los recursos hídricos empezó a incrementarse, al ritmo de los cambios que imponía el Porfiriato. El caso de Atlixco resulta un mirador valioso para nuestro estudio, pues Izúcar comparte el aprovechamiento del río Nexapa con aquella región. Como mostró Rocío Castañeda González, los sistemas de riego dependientes de los ríos Nexapa y Cantarranas eran descentralizados, pues no había autoridades que regularan el reparto del agua, su manejo y la resolución de conflictos. La base de los acuerdos entre regantes eran los repartimientos de aguas coloniales, que 11 Rosas Salas, 2011. 12 Torres Bautista, 1994, 11-12. Morales Moreno, 2010. 13 Sandré Osorio, 2005, 31.

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habían repartido las aguas de la región, particularmente del Nexapa, a partir de la proporcionalidad, es decir, a partir del reparto equitativo tomando como base las necesidades particulares de cada usuario. En este río, la división de las aguas hasta principios del siglo XX tuvo como base el reparto que de su corriente hiciera Juan González Peñafiel en 163514. A partir de él se distribuyeron las aguas con la medida de “surcos”, medida que ya para el siglo XIX tenía tan solo un valor para medir la ya referida proporcionalidad, y que aún entonces se medía gracias a la tecnología hidráulica. Así, entre el siglo XVII y los primeros años del siglo XX los conflictos sociales en torno al uso y la distribución del agua tuvieron que ver con la cantidad de agua que correspondía a cada usuario, sin representar un verdadero cuestionamiento a la forma en que se repartía el agua. En ese sentido, había un consenso que validaba los repartimientos coloniales como el origen legítimo del usufructo de las aguas, incluso de su propiedad, en el marco del cual se resolvían los conflictos por el agua. Como muestra el conflicto entre Díaz Rubín y Chalma que analizamos en este apartado, la base del conflicto giraba en torno a dos ejes: el respeto a los acuerdos consuetudinarios de reparto del agua en el seno de una organización descentralizada de riego, y el respeto a las medidas de la tecnología hidráulica coloniales a pesar de las nuevas intervenciones, pues estas garantizaban proporcionalidad en el acceso compartido del agua entre pueblos y hacendados, aspecto que no se discutió hasta el periodo que ahora analizamos. Si bien el sistema fue flexible, este caso revela que el incremento de la producción agraria en torno al azúcar y la industrialización de los ingenios cañeros, que exigían mayor productividad para hacer rentable la amortización del capital que representaba la compra de nueva tecnología, obligó a la firma de nuevos acuerdos, para garantizar el abasto de agua a las haciendas izucarenses. A diferencia del caso de la Laguna, en Izúcar los acuerdos tácitos entre usuarios siguieron funcionando hasta el final del siglo XIX, por lo que aún aparece desdibujado el papel del Estado nacional en la regulación de las aguas, aunque fuera creciente en el control sobre la infraestructura hidráulica15. Por su parte, las autoridades locales y estatales fueron simples testigos del acuerdo central, que fue entre particulares; así, en Izúcar el papel de uno y otros se limitaba a permitir los cambios en la infraestructura hidráulica y a dar fe de los acuerdos entre los regantes. El 30 de julio de 1887, José Díaz Rubín se reunió con Nicasio Ramírez, Victoriano Villarruel y Antonio Hernández, el primero presidente de la junta auxiliar de San Luis Chalma, para testimoniar que habían alcanzado un acuerdo “para la toma y conducción de sus aguas”16. Desde principios de mes, Ramírez manifestó 14 Castañeda González, 2005, 73, 87. 15 Romero Navarrete, 2007, 43-63. 16 AGNEP, notario Patricio Carrasco, 1894, 14 de agosto, anexos, f. 394. Escritura de composición de aguas. Izúcar, 30 de julio de 1887. Sigo esta documentación hasta nuevo llamado.

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que había hablado con Díaz Rubín respecto a los problemas de agua que habían surgido, “encontrándolo bien dispuesto a evitar toda contienda judicial”. El agua era la que se tomaba de los manantiales de los terrenos llamados Tlaxcala, la Ciénega, Tesale y Chicalco, al pie del cerro Tlalpanalteca a través de una acequia construida por el ingenio de Rijo desde “tiempo inmemorial”, de cal y canto, que corría por los campos de Chalma y tenía como fin “los Arcos del Arenal”, un punto en donde se unía la acequia con el río Atila o Xalatlaco. El agua era aprovechada para el regadío por Chalma y por Rijo. El conflicto no aparece explícito en la documentación emitida por el pueblo, pero el conjunto del expediente judicial lo muestra claramente. La acequia en cuestión, de cal y canto, tenía como finalidad llevar el agua desde los manantiales hasta Rijo, incorporando el agua al río Atila. En su curso, los cinco surcos del agua correspondiente a Chalma se separaban de la acequia principal a través de una toma, o data, que dirigía el agua hacia la comunidad. En los últimos años la data se había desgastado, permitiendo que pasara más que el surco original que se reconocía a Chalma: en lugar de los 17 x 42 centímetros que debía medir, tenía 64 centímetros por lado, lo que según el ingeniero José G. Pacheco, quien se encargó de común acuerdo de la reconstrucción de la data, dejaba pasar más agua de la acordada. Díaz Rubín argumentaba que en el último año la data se había destruido a propósito, por lo que amenazó con emprender una acción judicial en contra de la junta auxiliar. Después de negociar ambas partes, en julio de 1887 llegaron a un acuerdo. Según lo estipulado en el contrato, Chalma reconocía la propiedad de la acequia y las aguas a Rijo, comprometiéndose a mantener despejado el acueducto para el paso expedito de las aguas, y dejaba constancia de que era dueña de una parte del agua de los manantiales en las faldas del cerro Tlapanalteca, sin especificar medida. A cambio de ese cuidado, Díaz Rubín se comprometía a “seguir pagando como hasta ahora” 15 pesos anuales el 31 de diciembre. El acuerdo central se exponía a partir de la cláusula tres. Partiendo de la premisa de que “la toma en el acueducto que cae sobre el campo de Zahuatlán y da curso a las aguas de la Corporación se encuentra en deterioro”, se pondría una nueva toma, “con intervención de autoridad competente”, a costa de Díaz Rubín. Ambos usarían las aguas que les pertenecen “sin que en tiempo alguno puedan, ni Rijo ni Chalma, usar más que la de su pertenencia”. Para evitar contiendas, ambos debían estar vigilantes de que nadie tomara más agua de la que a cada quien se le asignaba, prestando especial atención a que no “se rompa el acueducto en ninguna parte de lo que forma su extensión”. La octava cláusula estipulaba que no se podría autorizar a nadie más el uso de las aguas, pues estaban ya comprometidas para los dos regantes. Por último, Díaz Rubín se comprometía a asumir los costos de las reparaciones a la infraestructura hidráulica, compartiendo el gasto de la limpia,

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que se haría a petición de Díaz Rubín con habitantes de Chalma17. El acuerdo se aprobó por la Junta Auxiliar el 4 de julio de 1887, y el distrito de Izúcar lo reconoció una semana después, el 13, haciendo lo propio el presidente municipal de Tlapanalá el 21. Para garantizar los acuerdos, estos fueron suscritos ante notario por ambas partes el 30 de julio. El acuerdo deja ver algunos aspectos que vale la pena destacar. En primer lugar, es evidente que se trata sobre todo de un acuerdo entre regantes, quienes tras una negociación privada informan a la autoridad política, quien avala lo acordado. En ese sentido, el convenio entre Chalma y Díaz Rubín en 1887 revela que el aprovechamiento hidráulico en Izúcar en la década de 1880 era sobre todo un asunto entre particulares, acorde con el sistema descentralizado de riego que se había diseñado en la región desde los repartos coloniales. En la misma lógica, es visible que el conflicto por la mayor toma de agua de Chalma se resolvió a través de un acuerdo que reconocía mutuamente como válidas y legítimas las posesiones de agua y tecnología hidráulica de ambos usuarios. Como revela la cláusula octava, la idea de que el agua estaba totalmente repartida permitió, como en el caso de Atlixco, garantizar el dominio del agua a los usufructuarios, evitando así la llegada de nuevos usuarios que romperían el antiguo equilibrio18. Por último, el acuerdo deja ver la importancia de la infraestructura hidráulica como un mecanismo visible para el reparto proporcional de las aguas: así como el conflicto surgió ante el crecimiento —intencionado o no— de la data de Chalma, su reconstrucción permitió su resolución. Al asumir como propios los gastos, Díaz Rubín garantizó que las aguas que reconocía y le reconocían como propias llegaran íntegras al río Atila, el cual finalmente las conducía a Rijo. En ese sentido, el gasto en infraestructura hidráulica y el pago por el cuidado de la acequia a Chalma permitió a Díaz Rubín el dominio consensuado de las aguas y, en última instancia, acuerdos que redundaron en el respeto a la infraestructura y la dotación hidráulica de su hacienda por parte de los lugareños, lo que le permitió garantizar los recursos acuíferos necesarios para el desarrollo de su empresa cañera agroindustrial. El dominio del agua por los hacendados azucareros durante el Porfiriato se revela así ya no como una empresa semifeudal ni como una simple concesión del Estado nacional porfirista a los hacendados regionales, sino como un acuerdo local fruto del reconocimiento mutuo de derechos sobre el agua y el cuidado entre regantes. Ya no es la violencia, sino la negociación —ciertamente, en posición de desventaja— la que permite a los hacendados el acceso a los recursos naturales de la región. 17 El contrato en cuestión permite conocer un aspecto que no está documentado en Atlixco: que la limpieza de la infraestructura hidráulica en este sistema de irrigación descentralizado se hacía con los habitantes de los propios pueblos, pero con el capital de los hacendados. El acuerdo aportaba recursos a las debilitadas arcas de las comunidades de la región. 18 Castañeda González, 2005, 78-79.

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¿Cuál era entonces el papel del Estado nacional en estos acuerdos? Las evidencias empíricas revelan una presencia muy tenue, pero creciente a partir de 1891, cuando empieza a resolverse el asunto, que había quedado en el tintero por tres años. Este se dio en dos sentidos: la incipiente ratificación de derechos sobre el agua por el Estado porfirista a partir de 1888, que llegó entonces a la región más como un rumor, y la vigilancia legal sobre los cambios en la infraestructura hidráulica. El primer punto se hace evidente a través de la acción de la junta auxiliar de Chalma precisamente en 1891. El 19 de septiembre de aquel año, el administrador de Rijo comunicó a Nicasio Ramírez, el presidente de la junta auxiliar de Chalma, que se prepararían los títulos de las haciendas de Rijo y Raboso para que las tierras y aguas fueran ratificadas por el gobierno. Tras la noticia, Ramírez convocó a una sesión extraordinaria de la Junta Auxiliar ese mismo día, la cual nombró un representante para que buscara los “títulos primordiales” en el Archivo de la Nación, pues de esa forma podrían, llegado el caso, defender sus tierras y aguas, y ayudar a Rijo a defender las suyas. Para garantizar el respeto a su dominio sobre el agua, se acordó también hablar con Díaz Rubín, para que se presionara al Juzgado de primera instancia a nombrar al inspector que daría fe de la construcción de la data de Chalma y la reconstrucción del acueducto. Este aceptó de inmediato19. Las haciendas, sin embargo, empezaron a ratificar sus derechos de agua ante el Estado nacional en torno a 1897, por lo que lo ocurrido en 1891 no pasó de un rumor. Sin embargo, reveló que pronto llegaría el Estado nacional como una arena de negociación para dirimir la posesión de las aguas, y que ya desde principios de la década de 1890 estaba presente en las decisiones locales, incentivando la concreción de los acuerdos particulares. En la segunda vertiente, la supervisión de los cambios en la infraestructura hidráulica, el Estado está más presente. Al fin, el 26 de febrero de 1892 se realizó la vista de ojos para reconstruir la data de Chalma en la acequia de Rijo. La visita confirmó el acuerdo de 1887, y ambos regantes insistieron en que debía permitirse ya el inicio de las obras, lo que se permitió el 8 de abril, con una nueva inspección, realizada por el ingeniero José G. Pacheco. En conjunto, la presencia del gobierno federal sirve como elemento que valida los acuerdos locales en torno al agua. Aquel día, Ramírez sostuvo ante Pacheco que recibían el agua “desde tiempo inmemorial”, y que en la reconstrucción de la data su única demanda era que se respetara la cantidad de líquido original. El ingeniero realizó las medidas y determinó que en el punto actual de la data se recibían más de los cinco surcos de Chalma. Asimismo, recomendó que se hiciera en otro punto, pues la reconstrucción se dificultaría, y se determinó hacerlo unos metros más adelante, pero en un 19 Sin embargo, las haciendas empezaron a ratificar sus derechos de agua hasta 1897. En ese año lo hicieron Rijo, Raboso y Atencingo, por ejemplo.

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terreno que ya no era propiedad de la junta auxiliar, sino de Florentino Miranda, “vecino de Tlapanalá”. De esa manera se podría reconstruir en su totalidad la data, y siendo la presión del agua menor, duraría más y, fundamentalmente, garantizaría el reparto proporcional de los cinco surcos de agua. Presentes este y los interesados, Díaz Rubín acordó comprar el terreno a un centavo la vara cuadrada, lo que aceptó Miranda. Se permitió entonces la construcción de la data. El 8 de agosto de 1892 se informó que la obra estaba concluida. En la nueva visita del inspector, realizada tres días después, el 11, se acordó otorgar título de propiedad de cinco surcos de agua a Chalma. Al confirmar que Díaz Rubín había comprado y pagado los terrenos a Miranda, este dijo que ya lo había hecho, “pero no al precio de un centavo según tenía convenido, sino que por deferencia del Señor Rubín y sin que el que habla le exigiera más, este le ha[bía] pagado a cinco centavos la vara”, por lo que había cobrado 11 pesos dos y medio centavos de plata, “por lo que engrosa a favor del Señor Rubín el más eficaz recibo, obligándose a la evicción y saneamiento”. En respuesta, Díaz Rubín dijo ante el inspector que además de darse por recibido del terreno, “lo cede en favor de la junta auxiliar de Chalma, a quien suplica lo acepte en nombre de la representación que lleva. El presidente en nombre de la Junta y del pueblo a quien esta representa digeron: que dan las gracias al Señor Díaz Rubín”. A fines de septiembre se dio a ambos título de posesión de las aguas respectivas. La conclusión de la obra y la relación de lo acordado entonces revela nuevos aspectos de los acuerdos locales en un momento de incipiente fortalecimiento del Estado nacional, a partir de su propia legislación. En este caso, el Estado nacional-gobierno federal funge como un actor que valida los acuerdos locales y reconoce el derecho consuetudinario de acceso a las aguas. En primer lugar, la insistencia de parte de Chalma de la posesión por “tiempo inmemorial” de sus surcos de agua permite reforzar que el argumento central para el usufructo e incluso la posesión de las aguas eran los repartimientos coloniales. Si bien la búsqueda de los títulos primordiales por la junta auxiliar resultó fallida, el derecho y el uso consuetudinario era una base segura para garantizar el respeto a la posesión de las aguas, reconocida por el mismo Díaz Rubín. En ese sentido, la argumentación descansaba en el reconocimiento tácito de derechos por los actores locales, pero al mismo tiempo la noticia de los deslindes y reconocimientos por parte del Estado nacional hicieron evidente la necesidad de unos y otros de dejar claros sus derechos al agua, a través de dos mecanismos complementarios: la infraestructura hidráulica y de la posesión de títulos de propiedad. Si la primera era la base del respeto tradicional a los usos del agua, y en ese sentido la reconstrucción de 1891 significó para Díaz Rubín y Chalma el finiquito de un mutuo reconocimiento a la posesión de las aguas, lo segundo era una necesidad que llegó con el Estado porfirista, un nuevo pero aún tenue actor en las relaciones locales en torno al agua. El caso en cuestión revela que aún en el primer lustro de la década de 1890 se da

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en Izúcar una revalidación de los acuerdos coloniales preexistentes, que serán en última instancia los reconocidos por el Estado nacional a partir de 1897, cuando haciendas y pueblos recurran a México para garantizar, con títulos de propiedad, el dominio de las aguas. En segundo lugar, la conclusión del asunto muestra la importancia que tenía para los actores locales el resolver los conflictos surgidos en torno al agua de forma negociada. Esta decisión evitaba conflictos más amplios. Además de que Díaz Rubín reconoció la propiedad privada del agricultor de Tlapanalá Florencio Miranda y compró sus tierras, poco más de dos varas cuadradas, el hacendado español aprovechó esta compra para presentarse como un “buen vecino” que no sólo respetaba el derecho de otros, sino que los beneficiaba a través de la concesión obtenida a través de la negociación. En ese sentido, Díaz Rubín revela el mismo modelo paternalista que industriales de la región practicaron, como los Maurer en Atlixco20, y que en última instancia les permitía evitar conflictos mayores. Sin duda, la lógica de la compra de esas dos varas en poco más de diez pesos no representó ningún sacrificio para un industrial que en una década compró 183 terrenos para su hacienda, además de la misma hacienda. Pero con ese desembolso casi simbólico en 1892 afianzó el acuerdo obtenido en 1887. Así, Díaz Rubín garantizó que la infraestructura hidráulica fuera supervisada por la junta auxiliar, al concederles en propiedad una pequeña porción de terreno, y al mismo tiempo se garantizó respeto a sus aguas al establecer relaciones clientelares de superioridad con las autoridades de Chalma. Estas consiguieron, por su parte, el reconocimiento de sus derechos al agua y garantizaron la inversión continua en una infraestructura hidráulica que ellos no podrían mantener ni conservar. Al final del lustro que corrió entre 1887 y 1892, la hacienda de Rijo y la junta auxiliar de San Luis Chalma consiguieron títulos de propiedad otorgados por la Secretaría de Fomento federal que les garantizaron ya no sólo el respeto mutuo de posesión de aguas, sino que hicieron del Estado nacional una arena para la resolución de conflictos y la validación de los acuerdos logrados. ATENCINGO Y AHUEHUETZINGO: PRESAS Y CAÑOS En marzo de 1898, José Díaz Rubín recibió los títulos de reconocimiento de derechos de uso de 18,218 litros por segundo del río Matamoros, que dedicaría a la producción cañera de su hacienda de Atencingo. A través de estos reconocimientos, dijo entonces, impulsaría el cultivo de azúcar y mejoraría la producción de los “trapiches”, que se habían convertido ya en un ingenio moderno21. En la 20 Torres Bautista, 1994. 21 Archivo Histórico del Agua, en adelante AHA, Aprovechamientos superficiales, caja 1.234, expediente 17.062, 1.

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carta que envió a la ciudad de México para obtener la concesión informó que había comprado la hacienda en agosto de 1897 a Carlos García Teruel, y que reconocía al pueblo de Ahuehuetzingo como el otro usuario de las aguas22. La argumentación a través de la cual solicitó el reconocimiento de derechos a la Secretaría de Fomento es interesante, pues señaló entonces que el dueño de San José Atencingo había aprovechado el agua para riego y como fuerza motriz “desde tiempo inmemorial” y “por lo mismo hace más de veinte años” apartaba las aguas del río Atoyac —que en ese tramo era conocido como río Matamoros— a través de una presa conocida como “presa de Cesped” o “presa de Atencingo”, construida de piedra después del puente de Chietla, a través de lo cual garantizaba el abasto. La presa era aprovechada por los vecinos de Ahuehuetzingo, pues con ella “aparta ese pueblo agua para sus terrenos y de esa agua que se lleva por la acequia del pueblo, toma Atencingo la que le sirve para el riego de sus campos de San Miguel y Palma Morada”23. En la escritura de compra, el agua medida ahora en litros por segundo fue identificada aún en 24 surcos, haciendo referencia al antiguo sistema de reparto colonial que insistía en un reparto equitativo en torno al agua. Así pues, también el reparto de aguas entre Atencingo y su pueblo vecino estaba mediado por los repartos coloniales y el reconocimiento mutuo como usuarios del río. Esta posición se había alcanzado y actualizado gracias a acuerdos establecidos en la década de 1870. El 2 de abril de 1873 Ciriaco Marrón, entonces dueño de Atencingo, y Tránsito Anzurez, por la junta auxiliar de Ahuehuetzingo, firmaron un convenio sobre uso de las aguas. Después de reconocer que tenían una constante disputa “[por] la concesión de agua que tiene [Atencingo] en la acequia” del pueblo, se procedió a un acuerdo que habían avalado los vecinos del pueblo. En este, las autoridades del pueblo accedieron a que el dueño de Atencingo construyera una presa en el río de Matamoros por el puente de Chietla. Lo hacían, según dijeron, “en obsequio de la paz y la tranquilidad”. Con ella la hacienda podría hacerse de sus 24 surcos de agua, con la obligación de devolver los derrames al río. Los vecinos de Ahuehuetzingo cuidarían de la data y la acequia de agua, y permitían que una acequia atravesara al pueblo para llevar el agua hasta los terrenos de la hacienda. A cambio, el hacendado otorgaría 25 pesos de plata anuales, así como cuatro panes de azúcar y ocho arrrobas de miel, además de hacer los puentes necesarios para mantener la comunicación del pueblo24. En 1897, cuando José Díaz Rubín ya era el dueño de Atencingo, la presa se reporta como construida. La presa tomaba 18,062 litros por segundo, y debajo de la presa había dos tomas: la de Atencingo y la del pueblo de Ahuehuetzingo. Esta 22 Ibidem, 4. 23 Ibidem, 5-6v. 24 Ibidem, 31-33.

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última atravesaba el canal de la presa de Atencingo, y tomaba 267 metros por segundo. El origen de su agua ya no era el río, sino los escurrimientos de los canales de Atencingo. Esta presa y sus canales eran la última obra hidráulica sobre el río Atoyac hasta que este saliera del estado de Puebla, pues 80 kilómetros más abajo entraba al estado de Guerrero y cambiaba su nombre por río de Mezcala. En 1897, al recibir la concesión federal, el gobierno federal dio testimonio de que el acceso al agua no generaba conflictos, y de hecho el reconocimiento de derechos de Díaz Rubín no fue rechazado por los vecinos de Ahuehuetzingo. En 1906, sin embargo, habían empezado de nuevo los conflictos entre la hacienda y el pueblo en torno a la infraestructura hidráulica. En marzo, el heredero de José Díaz Rubín, su hermano Ángel, fue llamado a una junta de avenencia con Sabino Quintero, Vicente Morales, Guadalupe Leal y Juan Cortés, dueños de los terrenos de Ahuehuetzingo atravesados por la acequia de Atencingo aprobada en 1873 por las autoridades del pueblo25. Según un informe de la misma Secretaría, el canal estaba descubierto en su mayor parte, “salvo dos trapos en túnel”, y atravesaba “la plazuela y calles del pueblo de Ahuehuetzingo”. En vista de los perjuicios que podían ocurrir, Díaz Rubín había aceptado embovedar la acequia, lo que redundaría en la mejora de las calles del pueblo. Cuando fuera necesario, se utilizaría tirante de fierro e incluso se cubriría el canal “con un techo de viguetas de acero y bóvedas de ladrillo”26. Esta decisión fue la que abrió paso a un conflicto con los dueños de los terrenos por donde pasaba la acequia, pues la alteración afectaría sus terrenos. En consecuencia, habían pedido que la acequia fuera retirada, lo que afectaría el abastecimiento del agua a Atencingo. Después del fracaso en las negociaciones, Ángel Díaz Rubín recurrió al gobierno federal para conseguir la expropiación de los terrenos y mantener el curso de la acequia como hasta entonces. Ese mismo marzo de 1906, el día 19, la Secretaría de Fomento concedió a la testamentaría de José Díaz Rubín la expropiación de los terrenos, pues con ello se garantizaba el cuidado de “las obras de aprovechamiento de las aguas” y el abastecimiento hídrico a Atencingo27. La razón de la expropiación, según el juicio entablado, era que los dueños se negaron a vender, “redondamente”, “voluntariamente… las partes de sus terrenos que era necesario ocupar para las obras que exigía el aprovechamiento de la concesión”28. La expropiación, finalmente, fue otorgada por el Ejecutivo federal el 1º de mayo de 1907. Dos años después Ángel inició las obras y las dio por concluidas en abril de 1909; con ello, el agua llegaba hasta “el lugar denominado Hoya del Muerto, en la hacienda de Atencingo”29. 25 26 27 28 29

Ibidem, caja 4.571, exp. 60.782, 146. Ibidem, 156. Ibidem, 148. Ibidem, expediente 60.784, 173-174v. Ibidem, expediente 60.782, 195.

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El caso aquí mostrado revela una lógica distinta de acuerdos y negociaciones a la que se hizo evidente en el caso de San Luis Chalma. De entrada, los acuerdos entre Atencingo y Ahuehuetzingo fueron realizados con anterioridad, pues ya se habían signado en 1873, cuando el entonces dueño Ciriaco Marrón planteó la necesidad de establecer una presa en el río Matamoros. Las autoridades del pueblo de Ahuehuetzingo concedieron su aval, e incluso permitieron que se construyera la acequia que atravesaría el pueblo a cambio de un pago anual y de obtener ellos mismos el abasto de los recursos hidráulicos necesarios para la producción agrícola en el pueblo. Sin embargo, el cambio de la situación establecida ya en la década de 1890 al iniciar el siglo XX exigía nuevos acuerdos entre los usuarios. Si bien en un primer momento el acuerdo fue posible toda vez que el pueblo y la hacienda reconocían al otro como un usuario legal y consuetudinario de las aguas, la flexibilidad de los acuerdos se rompió cuando se planteó la necesidad de construir una infraestructura hidráulica que afectaría los terrenos e impediría a los vecinos de Ahuehuetzingo el acceso al agua. Cuando en 1906 Ángel Díaz Rubín planeó cubrir la acequia que atravesaba el pueblo, los vecinos afectados rechazaron este cambio y, más tarde, se negaron a vender sus terrenos. Fue entonces cuando el hacendado recurrió al gobierno nacional. Este acto cambió la lógica de los acuerdos locales, pues hizo intervenir al Estado nacional como un actor más en la resolución de un conflicto entre los interesados, dejando de lado su papel como legitimador de los acuerdos logrados entre el pueblo y la hacienda. La justicia federal dio la razón a Díaz Rubín y expropió los terrenos de Ahuehuetzingo, convirtiéndose por lo tanto en un actor más en la resolución del conflicto. El sistema de acuerdos que había permitido el acceso al agua a pueblos y haciendas se vería afectado, así, con la intervención de un Estado Porfirista más poderoso gracias a su propia legislación. La flexibilidad de los acuerdos coloniales se veía así alterada al llegar un nuevo actor, el gobierno nacional, y se mostraba el nuevo perfil de la resolución de conflictos, gracias a la cercanía entre hacendados y gobierno. Acaso en este golpe de fuerza esté una de las razones del movimiento revolucionario, que fue especialmente violento con Atencingo, pues fue destruida casi totalmente por los zapatistas en 1914. Lo que se hizo evidente entonces es que la mecánica de acuerdos tradicionales para la posesión de los recursos naturales debía encararse ya con nuevas reglas. La infraestructura hidráulica había cambiado, y con ella se alteró la lógica de los acuerdos antiguos. En 1909, sin embargo, seguiría funcionando, por unos años más, el reparto basado en acuerdos y en el reconocimiento del otro como un usuario legítimo de las aguas. CONCLUSIONES El acuerdo entre José Díaz Rubín como dueño de Rijo y la junta auxiliar de San Luis Chalma entre 1887 y 1892 por un lado, y los acuerdos entre los

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dueños de Atencingo y el pueblo de Ahuehuetzingo han permitido analizar los mecanismos locales para alcanzar acuerdos entre pueblos y haciendas en torno al dominio y la distribución del agua, a través de la reconstrucción de la infraestructura hidráulica. Este caso muestra que a través de la reconstrucción y mejora de la infraestructura hidráulica, los hacendados de Izúcar negociaron con los pueblos de la región un mejor dominio de sus aguas, consideradas como tales por el conjunto de los actores sociales a partir de los repartimientos coloniales. A través del acuerdo con los actores locales, particularmente con la elite de la junta auxiliar de San Luis Chalma y los notables de Ahuehuetzingo, los hermanos Díaz Rubín consiguieron incrementar sus recursos hídricos, permitiéndoles pensar en un incremento de la monoproducción cañera y la industrialización azucarera de sus ingenios, particularmente de Rijo y Atencingo. Los acuerdos eran respetados y reconocidos porque también los pueblos resultaron beneficiados en ellos, pues garantizarán a unos y otros el acceso al recurso hídrico, teniendo ventaja el hacendado por la mayor concentración de tierra en sus manos. Los casos analizados muestran que en Izúcar aún en la primera década del siglo XX los acuerdos locales sobre el agua no cuestionaron los repartimientos coloniales del agua, que resultaron lo bastante flexibles hasta el cambio total de las condiciones para los cuales fueron diseñados. Así, garantizaron que los conflictos pudieran resolverse a través de una negociación que reconocía el acceso al líquido del conjunto de regantes con derecho a las aguas. A través de un sistema de acuerdos con las autoridades municipales que reconocía el acceso compartido al agua, los hacendados consiguieron establecer un aprovechamiento del recurso hídrico ventajoso para sus haciendas, gracias a su continua expansión territorial, circunstancia que les permitió el dominio de mayores cantidades de agua y, por tanto, la exigencia de mayores volúmenes de líquido con base en los repartos coloniales así como la reconstrucción de la infraestructura hídrica de la región. Esto no fue siempre fruto de la violencia. Cuando este acuerdo fue imposible de lograr, como ocurrió en 1907, los hacendados recurrieron al apoyo de la justicia federal para hacerse de los elementos necesarios que garantizaran su acceso al agua. De hecho, el acceso —compartido, si bien desigual— a los recursos hidráulicos de hacendados y autoridades locales de los pueblos durante el Porfiriato fue posible gracias a los acuerdos y las negociaciones que se establecieron entre unos y otros, en el entendido de que el uso de las aguas era reconocido por el conjunto de los usuarios del agua. Los límites de la negociación sólo ocurrieron cuando el sistema de negociación fracasó al negarse algunos vecinos de Ahuehuetzingo a vender las tierras a Ángel Díaz Rubín. En este marco, el Estado-gobierno nacional fungió como una arena de conflicto y más aún, como un aval a los acuerdos logrados por los actores locales apoyando, en los casos de crisis, la posición de los hacendados. En resumen, al llegar el siglo XX a Izúcar los conflictos entre haciendas y pueblos se resolvían localmente, privilegiando el acuerdo, a partir de un recono-

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cimiento común de los derechos sobre las aguas de unos y otros. El argumento más importante para la posesión de las aguas entre los actores locales aún no era el título de propiedad otorgado por el Estado, sino el uso inmemorial de ellas. En esta lógica, la infraestructura hidráulica tenía un papel fundamental, pues era el elemento visible, “inmodificable”, de la validez del reparto acuífero y del disfrute consuetudinario. La reconstrucción de acequias y tomas, como hemos visto, respetó y revalidó los acuerdos preexistentes, obteniendo a partir de ellos títulos de propiedad por un Estado que reconocía para la nueva realidad usos venidos de muy antiguo. BIBLIOGRAFÍA Castañeda González, R. 2004: “El reparto del agua de los ríos Cantarranas y Nexapa a fines del siglo XIX. De repartimientos coloniales a decimonónico”, en Palerm Viqueira, J. (coord.): Catálogo de Reglamentos de Agua en México. Siglo XX. México, Archivo Histórico del Agua-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Comisión Nacional del Agua (Disco Compacto interactivo). Castañeda González, R. 2005: Las aguas de Atlixco. Estado, haciendas, fábricas y pueblos, 1880-1920. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Archivo Histórico del Agua-Comisión Nacional del Agua-El Colegio de México. Gómez Carpinteiro, F. J. 2002: “Costumbres comunes, derechos individuales. Barrios y agua en Izúcar, Puebla”, en Relaciones, 89, Zamora, 19-51. Gómez Carpinteiro, F. J. 2003: Gente de azúcar y agua. Modernidad y posrevolución en el suroeste de Puebla. Zamora, El Colegio de Michoacán-Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gómez Carpinteiro, F. J. 2007: “Comunidades de agua en el Nexapa. Liberalismo y centralización en el control local de recursos hidráulicos”, en Gómez Carpinteiro, F. J. (ed.): Paisajes mexicanos de la Reforma Agraria. Homenaje a William Roseberry. Zamora, El Colegio de Michoacán-Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 133-165. Escobar Ohmstede, A. 2007: “Introducción. La ‘modernización’ de México a través del liberalismo. Los pueblos de indios durante el Juarismo”, en Escobar Ohmstede, A. (coord.): Los pueblos de indios en tiempos de Benito Juárez. México, Universidad Autónoma Metropolitana-Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 1-38. Escobar Ohmstede, A. 2009. “Estudio introductorio. Haciendas, pueblos y recursos naturales en San Luis Potosí”, en Escobar Ohmstede, A. y Gutiérrez Rivas, A. M. (coords.): Entretejiendo el mundo rural en el “Oriente” de San Luis Potosí, siglos XIX y XX. San Luis Potosí, El Colegio de San Luis-CIESAS, 19-98. LaFrance, D. 2004: “Revisión del caso Jenkins: la confrontación del mito”, en Historia Mexicana, 53, 4, México, 911-957.

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El Porfiriato en una zona de frontera. Microhistoria de una concesión de agua The Porfiriato in a Frontier Zone: Microhistory of a Water Concession Esther Padilla-Calderón El Colegio de Sonora. Hermosillo, México. [email protected]

El periodo denominado Porfiriato trajo consigo cambios sociales sustantivos para México. No pocos de estos estuvieron sustentados en leyes en gran medida novedosas, sobre todo porque implicaban una mayor intervención del nivel federal del régimen en aspectos que hasta entonces se mantenían bajo el dominio de instancias gubernamentales estatales o municipales, o de instancias civiles y privadas. Es el caso de los usos sociales del agua. Desde una perspectiva de microhistoria, este trabajo estudia el proceso seguido por una solicitud individual para obtener una concesión de agua para riego en el valle del Yaqui, en Sonora, en los últimos años del siglo XIX, durante el proceso de colonización porfirista. Se advierten interrelaciones entre procesos de escala nacional referidos al incremento del control federal sobre el uso del agua y sobre territorialidades fronterizas, y el desenvolvimiento local de un proceso de concesión de aguas en un territorio atravesado por significativas confrontaciones sociales. Palabras clave: Valle del Yaqui; Porfiriato; política de colonización; agua; concesión.

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INTRODUCCIÓN El Porfiriato trajo consigo cambios sociales sustantivos para el país, y no pocos de estos estuvieron sustentados en leyes en gran medida novedosas, sobre todo porque implicaban una mayor intervención del nivel federal del régimen en aspectos que hasta entonces se mantenían bajo el dominio de instancias gubernamentales estatales o municipales, o de instancias civiles y privadas. Es el caso de los usos sociales del agua. El gobierno de Porfirio Díaz actuó para incrementar el control federal sobre la gestión de este recurso, y con la expedición de la ley del 5 de junio de 1888 sobre vías generales de comunicación, se facultó a instancias federales para intervenir en procesos relacionados con la administración referida al usufructo productivo del agua1. Según esta ley, los lagos y ríos interiores —navegables—, eran vías generales de comunicación; asimismo, aquellos que servían para delimitar el territorio nacional o demarcar uno o más estados, serían vigilados por el presidente de la República. Los derechos preexistentes de particulares para usar y aprovechar ríos, lagos y canales serían respetados y confirmados, pero como usufructuarios debían confirmar sus derechos o solicitarlos ante el gobierno federal. El abogado Lanz Cárdenas ha señalado que esta ley era ambigua pues aunque establecía la jurisdicción de la federación sobre las aguas nacionales “carecía de derechos de propiedad”, es decir, de “facultades para traspasarlos o cederlos a otros”2. Dicha ambigüedad se resolvió paulatinamente, a medida que iban decretándose nuevas leyes en la materia, como las de 1894, 1896 y 19103. Otra política central del Porfiriato fue la de colonización, ya que se consideraba especialmente importante favorecer el desarrollo económico-social de las zonas del territorio nacional que se percibían vulnerables y subdesarrolladas pero con recursos naturales y humanos que podían ser explotados4. Estos territorios, también conceptuados como “fronteras internas”, eran marginales en aspectos demográficos, administrativos y productivos5. El territorio de Sonora reflejaba históricamente estas cualidades, en particular la región sur, que en el último cuarto del siglo XIX permanecía como un área poco desarrollada6: sus amplias y fértiles 1 Aboites, 1998. 2 Lanz Cárdenas, 1982, 359. 3 Ibidem, 359-433. 4 “[…] el grupo liberal surgido de la revolución de Tuxtepec (1876) adoptó el tema de la inmigración y colonización como un eje de la modernización del país. Así que, en la década de 1880-1890, se desarrolló un esfuerzo oficial por atraer inmigrantes europeos en calidad de colonos. Los fundamentos de esta política eran el estancamiento demográfico de México, la despoblación de sus costas y fronteras y la visión de grandes riquezas naturales explotables en buena parte del territorio nacional”. También se ha considerado que algunas condiciones geopolíticas y económicas de México determinaron el compromiso estatal de “promover, alentar y organizar la colonización interna” (Riguzzi, en Pacheco y Sánchez, 1997, 9). 5 Idem. 6 Tinker Salas, 2010, 15-256.

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llanuras costeras continuaban habitadas por los pueblos yaqui y mayo, a pesar de que desde la Colonia diversos actores sociales habían buscado despojarlos de sus territorios7. Pero en las últimas décadas del siglo XIX, el desarrollo económico de Sonora y los estrechos vínculos entre los gobiernos federal y estatal, volvieron atractiva y factible la vieja idea de apropiarse de manera definitiva de los valles de los ríos Yaqui y Mayo8. Fue entonces cuando se desarrolló la campaña del Yaqui para dar paso a la colonización. A nivel nacional, esta política siguió la vía gubernamental u “oficial”, o la vía privada, aunque en ocasiones se produjo una combinación de ambas9. En el valle del Yaqui se combinaron, siendo determinante la vía oficial, porque fue a través de la guerra contra los indígenas y de la presencia militar con fines de control y vigilancia, como se potenció ampliamente la apropiación del territorio yaqui, resueltamente defendido por los indígenas durante siglos. Entre los principales efectos de la colonización, se pueden mencionar el significativo despoblamiento indígena del valle del Yaqui y su repoblamiento, con militares, civiles mestizos e indígenas; la apropiación de tierras y el inicio del proceso de desarrollo hidroagrícola a gran escala; alteraciones en el desarrollo político-administrativo de los núcleos de población preexistentes y en los sistemas sociocultural y económicoproductivo de los indígenas10. Como señaló Aboites, las regiones colonizables no eran “terreno vacío”, estaban ocupadas “por población nativa”11. La ley que favoreció el deslinde de los terrenos baldíos y de propiedad nacional para el establecimiento de colonos, Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras, se promulgó en diciembre de 188312, y en 1884 el gobierno empezó a concesionar proyectos de colonización a particulares —principalmente extranjeros— en regiones alejadas del centro del país13. En el caso del valle del Yaqui, la colonización porfirista por la vía oficial, se desarrolló básicamente a partir de 1883 y hasta 1890. En estos años, los militares llevaron a cabo la refundación de los antiguos pueblos yaquis como colonias, al deslindar —como si fueran terrenos baldíos— las tierras próximas al cauce del río Yaqui, zona de asentamiento tradicional14. Cabe señalar que durante el periodo de dominio 7 Spicer, 1994. Dabdoub,1964. Revilla, 2012. 8 Tinker Salas, 2010, 15-256. Almada Bay, 2010, 149. 9 Padilla Calderón y Reyes, 2015, en prensa. Aquí se entiende por colonización “oficial”, de acuerdo con la denominación recibida en el periodo de estudio, a los proyectos encabezados y sostenidos directamente por el gobierno, mientras la vía privada da cuenta de los proyectos de colonización concesionados a particulares, en concreto, a empresas privadas. 10 Idem. 11 Aboites, 1995, 13. 12 González Navarro, 1960, 9-10. 13 Durante el porfiriato se celebraron numerosos contratos de colonización con empresas privadas. González Navarro, 1960, 1-54. Riguzzi, en Pacheco y Sánchez, 1997, 14. 14 Padilla Calderón y Reyes, 2015, en prensa.

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hispano esta población indígena se había concentrado en ocho comunidades en la ribera sur del río; los nombres mexicanizados de estos pueblos son: Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huírivis y Belem15 (Mapa 1). Mapa 1. Localidades yaquis, en el valle del Yaqui, Sonora, México

Fuente: elaboración propia, con base en el Archivo Histórico del Agua (en adelante AHA), Aprovechamientos Superficiales (en adelante AS), caja 2.765, expediente 38.682. Spicer, 1994, 186. En negritas se ha resaltado el nombre de los ocho pueblos tradicionales yaquis.

Además de deslindar tierras, los militares construyeron canales de riego en esta zona del valle. Luego, la tarea estatal de colonización de este territorio continuó mediante la instalación simultánea de las vías oficial y privada, al incorporarse al proceso en 1890, la Sonora & Sinaloa Irrigation Company, primera empresa particular de envergadura. Esta inició el deslinde ampliado de las tierras alejadas de las márgenes del río y la construcción de infraestructura hidráulica para posibilitar el riego en esta zona, hasta entonces inculta. En el Porfiriato se impuso el reconocimiento del agua como recurso que era propiedad de la Nación, asumiendo el Estado como ordenador del territorio la facultad de conceder su apropiación y uso. 15 Spicer, 1994, 1-31. Restor, 2010, 68.

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En este contexto modernizante, de colonización y de modificaciones en los modos de realizarse la gestión del agua, se inserta el presente estudio, que pretende ser un ejercicio de microhistoria16. Como sabemos, esta vertiente historiográfica —en particular desde la visión de Grendi— refiere a “un universo de análisis de escala reducida” sin perder de vista el contexto, teniendo presente que lo macro influye en lo micro, aunque no de manera lineal porque la realidad es heterogénea17. MANUEL OROZ EN EL VALLE DEL YAQUI Manuel Oroz era originario de Pinos Altos, localidad situada en el Distrito de Rayón en la región oeste de Chihuahua (Mapa 2). Era de oficio comerciante18, aunque no se trataba de uno pequeño sino de un mercader a la manera de los mencionados por García y Alva en su Álbum-Directorio…19: aquellos que proveían con diferentes insumos a las “negociaciones mineras”, como la de Pinos Altos, justamente. Comerciantes cuya actividad económica les había permitido acumular un capital dinerario tan sustantivo como para considerar la adquisición —en el caso de Oroz— de una amplia superficie en el recientemente deslindado valle del Yaqui20. Además de capital económico, Oroz tenía un capital social, que entre otros se expresaba en los vínculos que lo favorecían al momento de desarrollar su actividad económica y tomar decisiones referidas a esta. A fines del siglo XIX y principios del XX, Pinos Altos era una explotación minera productora de oro y plata, que acorde con la política económica del periodo, estaba concesionada a una compañía inglesa denominada Negociación Minera de Pinos Altos21. El administrador de esta compañía había impuesto a los trabajadores la obligación de gastar en la tienda de raya la mitad de sus salarios, esto provocó inconformidad y un amotinamiento de los mineros en enero de 1883, durante el cual murió el gerente de la compañía. La movilización fue reprimida con una partida de hombres armados al frente de la cual estaba el sonorense Carlos Conant, entonces presidente municipal de Ocampo, Chihuahua, a cuya jurisdicción pertenecía el mineral de Pinos Altos22. Dadas sus posiciones en la estructura social local, es factible que entre Manuel Oroz y Carlos Conant existiera algún vínculo. Además, cabe tener presente 16 Aquí entenderemos por “gestión”, las dimensiones técnica y administrativa con relación al usufructo productivo del agua (Castro, 2011). 17 Bandieri, 1996, 72-73. Serna y Pons, 1993, 106-111. 18 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 19 García y Alva, 2005, 222-226. 20 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 21 Almada, 1955, 329-330. García y Alva, 2005, 219-242. 22 Almada, 1983, 153. Aboites, 2010, 144-145.

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Mapa 2. Distrito de Rayón, Chihuahua, en el Porfiriato

Fuente: Wasserman, 1993.

que el Distrito de Rayón era limítrofe con Sonora y que “las comunicaciones de los chihuahuenses con el oeste, es decir, con los pueblos serranos y con los valles costeros de los actuales estados de Sonora y Sinaloa” han sido intensas. Ciertos investigadores han señalado que “más allá de las fronteras” entre estos estados, “la sierra es un muy complejo y antiguo mundo social conformado por relaciones comerciales y familiares”23. La presencia del sonorense Carlos Conant en esta región de Chihuahua no es accidental, tampoco lo es que el chihuahuense Manuel Oroz hubiera decidido radicar en Sonora años más tarde para realizar en el valle del Yaqui una importante inversión. Carlos Conant fue un personaje destacado en el proceso de colonización del valle del Yaqui. Antes de radicar en Chihuahua, había sido empresario minero 23 Aboites, 2010, 24. Sariego, 2008, 12.

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en la región de Quiriego, en Sonora, fue entonces cuando apoyó “activamente” el Plan de La Noria, encabezado como sabemos por Porfirio Díaz. Dado el desarrollo de esta confrontación, Conant y Díaz coincidieron en Chihuahua, donde se acogieron al indulto concedido por Lerdo de Tejada en 1872 a los pronunciados, y se rindieron junto a otros ante “las autoridades de Ciudad Camargo”. Insatisfecho con el resultado de este movimiento, Conant proclamó un año después —con otros sonorenses— el Plan local de Promontorios, contrario a la reelección del gobernador Pesqueira; y fue penado con diez años de destierro24. Entonces se radicó en Ocampo, Chihuahua, donde continuó su actividad minera y como señalé, fue presidente municipal en el Porfiriato. Regresó a Sonora en 1888, después de vender sus derechos mineros en la negociación de Santa Juliana25. Como se recordará, en 1888 había sido expedida la ley sobre vías generales de comunicación, que facultaba a instancias federales para intervenir abiertamente en la gestión del agua; dos años después Conant obtuvo la aprobación de un contrato-concesión con la Secretaría de Fomento para deslindar tierras y usar las aguas de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte26. En 1891, con Carlos Conant al frente de la Sonora & Sinaloa Irrigation Company, se continuó el proceso de deslinde de las tierras del valle, en particular de aquellas localizadas en la margen izquierda del río, pero alejadas de la ribera, y la construcción de infraestructura hidráulica para favorecer su desarrollo27. En febrero de 1894 Manuel Oroz y su hijo, del mismo nombre, llegaron al valle del Yaqui. Entre los dos se hicieron de una propiedad de 5.000 ha, de las cuales dos mil quinientas estaban en manos de Manuel Oroz padre y las restantes en las de Manuel Oroz hijo. José E. Gaytán —también chihuahuense28— adquirió un predio de 1.081,5 ha en la zona contigua a los terrenos de Oroz y su hijo. Ubicados en un área del territorio tradicional yaqui próxima al pueblo de Pótam, los predios de los Oroz colindaban con una de las propiedades del general Lorenzo Torres en esta región sonorense. Precisamente “instado por el general”, con quien tenía relaciones de amistad, Oroz empezó a visitar el valle del Yaqui y resolvió establecerse en este como colono, logrando que “otras cuarenta familias” del mismo distrito chihuahuense también emigraran29. Lorenzo Torres, nacido en Sinaloa, era otro de los militares amnistiados debido al Plan de La Noria. Como Conant con el de Promontorios, Torres se sublevó con el Plan de Álamos contra Pesqueira. Fue derrotado, pero su alianza con el general Vicente Mariscal lo favoreció. Desempeñó diferentes cargos como 24 25 26 27 28 29

Dabdoub, 1964, 259-267. Almada, 1955, 297-299. Almada, 1983, 152. Dabdoub, 1964, 257-293. Ibidem, 279-283. Almada, 1955, 330. AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256.

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miembro del ejército, en 1883 fue comisionado a la 1.ª Zona Militar, establecida en Culiacán y después en el valle del Yaqui, y enfrentó a yaquis y apaches. Aunque fue nombrado gobernador de Sonora para el periodo 1887 a 1891, desde diciembre de 1887 obtuvo licencia y estuvo al frente de tropas federales durante la campaña del Yaqui30. La guerra contra los indios fue bien aprovechada por militares de alto rango, quienes se adjudicaron “terrenos del Valle”. Lorenzo Torres por ejemplo, “adquirió terrenos muy ricos, cercanos al pueblo de Pótam” 31. Lloyd Mecham señala que los militares porfiristas cuyas carreras muestran el desempeño de diversos cargos en distintos estados, “eran indudablemente asistentes” de Porfirio Díaz32. Tal era el caso de Lorenzo Torres. Antes de que iniciara la campaña contra los yaquis, llegaron al territorio yaqui “comisiones de ingenieros” militares para “medir y deslindar” los límites de los ocho pueblos tradicionales indígenas, con la finalidad de que el territorio restante del valle se declarara como terrenos baldíos, y pudiera ser “concedido a particulares”33. Sin embargo, la firme defensa territorial de los yaquis encabezada por su líder, José María Leyva “Cajeme”, dificultó el proceso de deslinde, que fue retomado en 1887 por la Comisión Geográfico Exploradora, al morir este líder34. Entonces se asignó a cada uno de los pueblos tradicionales de la etnia, una superficie comunal de 7.000 ha35 y el resto del territorio empezó a venderse o concesionarse a particulares, individuos o empresas36. Debido a los efectos de la Campaña del Yaqui, en 1887 los pueblos indígenas tenían características distintas a las preexistentes. En Cócorit y Tórim la población era predominantemente mestiza, además, en Tórim se habían establecido el cuartel y el hospital militar. En Bácum y Vícam la población de indios había menguado sustancialmente, y hacia fines del XIX la cantidad de yaquis y “yoris” (no indios) era similar en estos pueblos. Belem y Pitahaya, Ráhum y Huírivis estaban desolados, mientras El Médano, El Añil y Los Guayabos habían crecido en población, tanto de indios, como de militares y civiles yoris. Hasta este año, Pótam se había mantenido habitado principalmente por indígenas, luego su población mestiza aumentó al asentarse ahí militares con sus familias37. El repobla30 Almada, 1983, 596-695. 31 Padilla Ramos, 2001, 28. 32 Lloyd Mecham, 1986, 153. 33 Figueroa, 1997, 156. 34 Hernández, 1985, 170; Hu-DeHart, 1990, 135-163. Spicer, 1994, 183-185. Dabdoub, 1964, 259-307. Cabe señalar que la Comisión Geográfico-Exploradora se formó en 1878 a partir de la Comisión de Cartografía conformada un año antes por el gobierno federal. La Comisión Geográfico Exploradora tomó el nombre de Comisión Científica de Sonora al establecerse en esta entidad (García, 1975, 492-502). 35 Dabdoub, 1964, 256. 36 En el pasado, la etnia yaqui “reconocía ser dueña del territorio comprendido entre el río Mátape y el Arroyo del Cocoraqui […], o sea, alrededor de 40.000 kilómetros cuadrados; como la quinta parte del estado de Sonora […]” (Fabila, 2012, 37). 37 Padilla Calderón y Reyes, 2015, en prensa.

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miento del territorio tradicional yaqui con nuevos colonos se vio favorecido por el despoblamiento indígena producto de la guerra, aunque debido a la situación política de ninguna manera fue masivo, por lo que extensas superficies del territorio de los antiguos pueblos yaquis fueron adquiridas por contados sujetos con poder económico o político, o simplemente apropiadas en algunos casos. Respecto de los predios de la familia Oroz, el asunto de su adquisición al gobierno, resulta hasta cierto punto incierto. Un documento de 1903 señala no haber constancia de la adquisición de las 5.000 ha en posesión de padre e hijo; tampoco de las 2.000 ha para las que se pedía una concesión de agua en 1902, aunque en julio de 1905, Lorenzo Torres informó que Manuel Oroz era propietario de 2.000 ha y en el mismo año se concluye que “como uno de tantos colonos” Manuel Oroz había comprado “terreno a la Nación”38. En 1910, Oroz informa ser propietario de 2.000 ha, habiéndolas adquirido “por compra […] al supremo Gobierno Federal” por conducto de la Secretaría de Fomento39. Así, parece factible que la propiedad efectiva de Manuel Oroz y su hijo fuera de 2.000 ha y no de 5.000. ¿Es posible que las tres mil hectáreas restantes le hubieran sido cedidas temporalmente por Luis Emeterio Torres? El jefe de la zona militar, general Luis E. Torres, informó en enero de 1894 a través de La Constitución, publicación del gobierno del estado de Sonora, que en ambas márgenes del río Yaqui había “muchos” terrenos cultivables y que él estaba autorizado “para ceder gratis todos estos terrenos por todo el tiempo necesario hasta la cosecha, a los que se presenten para solicitarlos”40. Los lotes de la familia Oroz lindaban al sur con uno de los predios de Lorenzo Torres y con la superficie conferida al pueblo de Pótam por la Comisión Geográfico Exploradora. Al oeste con la superficie de Huírivis, al este con el predio de José E. Gaytán, y al norte con el territorio de Pitahaya41. El predio de Gaytán, colindaba al oriente con los terrenos de la colonia Bacójori, establecida por los militares en un área de la superficie del pueblo tradicional de Vícam42 (Mapa 3).

38 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. Un informe de García Peña indica que el canal Marcos Carrillo había sido abierto para irrigar terrenos de la colonia Vícam, y que también permitía irrigar “algunos lotes de terreno nacional vendidos por la Federación a colonos que han venido a situarse con sus familias e intereses desde el vecino estado de Chihuahua” (Cuevas, 1989,117). 39 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 40 Cuevas, 1989, 92. 41 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. Debido a un cambio en el cauce del río ocurrido en la década de 1830 por motivo de una creciente extraordinaria, los yaquis que habitaban el pueblo de Belém se desplazaron hacia Pitahaya, donde pudieron producir ganado. La Comisión Geográfico Exploradora asignó a BelémPitahaya su respectiva superficie comunal. 42 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. La colonia Bacójori era “compartida por varios propietarios, siendo el principal de ellos don Lorenzo Torres”. Dabdoub, 1964, 254. En la documentación consultada, Bacójori aparece también como Bacójari. Mauro Valencia señala las siguientes formas para la denominación de este sitio “Bacójori, Babujori, Baabojori, Bacójari” (Valencia, 1995).

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Mapa 3. Superficie de la familia Oroz en el valle del Yaqui, 1894

Fuente: AHA, AS, caja 2.765, expediente 38.682.

¿UNA CONCESIÓN PARA MANUEL OROZ? El 6 de junio de 1894, como parte de los cambios institucionales con respecto a la gestión del agua, el gobierno porfirista expidió un decreto que permitía al presidente de México concesionar volúmenes de agua a particulares y compañías para usarlos en riego y como fuerza motriz en diferentes industrias, con el objetivo supuesto de obtener un “mejor aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal”43. Este decreto permitía superar en cierta medida la ambigüedad de la ley de 1888, pues el gobierno se facultaba como la entidad que determinaría el acceso a las aguas a través de concesiones. Manuel Oroz, estando al tanto de los cambios institucionales, y “teniendo preparada” una fracción de su lote para sembrar maíz y frijol y otra en preparación para sembrar trigo, solicitó a la Secretaría de Fomento “una concesión de agua” en 28 de junio de 1894, para irrigar las superficies que le pertenecían a él y a su hijo, así como la correspondiente a José E. Gaytán44. 43 Lanz Cárdenas, 1982, 383. 44 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256.

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En la solicitud informó de una toma de agua que atravesaba su terreno antes de llegar al pueblo de Huírivis y a los terrenos del general Lorenzo Torres. La toma era administrada por “la comisión de ingenieros de ese Ministerio”, así como por los vecinos de Huírivis y Bacójori, y por el mismo Torres. Oroz señalaba que siéndole indispensable el riego “porque sin este no […] produciría ni un solo grano de semillas” y estando listas sus tierras para la siembra, podría aprovechar esa toma de agua. Estaba dispuesto a aceptar las condiciones que se le impusieran y “contribuir con los gastos” para “el mejoramiento de la toma”. Gracias a Lorenzo Torres, Oroz sabía que el volumen de agua que corría por la toma estaba por dividirse “en sesenta acciones” que se repartirían entre los vecinos de Huírivis, Bacójori y el mismo Torres, y ya que la toma y algunos ramales cruzaban por su terreno, consideraba que incluirlo en la distribución no afectaría los intereses de los otros, “y sí lograríamos el engrandecimiento de nuestras propiedades”45. La toma del río Yaqui a la que se refería Manuel Oroz no era otra que el canal Marcos Carrillo. Este fue el primer canal construido en el valle del Yaqui como efecto del proceso de colonización, y “señala el principio de las obras de irrigación realizadas por la acción oficial”46. Su construcción empezó en 1889 por iniciativa del general Julio M. Cervantes, entonces jefe de la zona militar, quien con la finalidad de doblegar a los indígenas inició la apertura del canal, luego Cervantes fue sustituido por Carrillo y a este le correspondió continuar la obra. Dabdoub señala que el canal se inauguró en 1892, poco tiempo después de morir Marcos Carrillo, y se le dio su nombre47, aunque la obra no estaba concluida. De hecho, la construcción de los canales a cargo de la Comisión Geográfico Exploradora avanzó por etapas. El canal Marcos Carrillo derivaba agua sobre la margen derecha del río en un punto situado en el territorio de Tórim y aunque inicialmente se planeó construirlo para beneficio de los yaquis, la tierra que regaría ya no pertenecía a los indios cuando fue inaugurado; estaba en manos de personajes del Porfiriato sea de escala regional o nacional, como el coronel Lorenzo Torres48. Dos meses después de solicitar la concesión Manuel Oroz, el coronel García Peña informó que “los Sres. Oroz” ya tenían “riego en sus terrenos”49. Sin embargo, la solicitud de Oroz iba más allá, no sólo buscaba tener “riego en sus terrenos” como si “estuviera en posesión del agua”, sino obtener una concesión que le asegurara el acceso a este recurso para usufructuar sus tierras, por lo que la sección 1.ª de la Secretaría de Fomento, recomendó a García Peña ampliar su informe sobre el reparto de aguas del canal Marcos Carrillo, para conocer mejor 45 Idem. 46 Almada, 1983, 696. 47 Dabdoub, 1964, 252-253. 48 Idem. 49 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. El coronel Ángel García Peña, de origen chihuahuense, fungía entonces como jefe de la Comisión Geográfico Exploradora (Troncoso, 1982, 269).

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la situación y en su caso turnar la solicitud al área responsable de las concesiones y dar continuidad al trámite50. Oroz señaló que aun teniendo dificultades para irrigar, habían comenzado a cultivar sus predios en mayo de 1894. Enfatizó los esfuerzos para “hacer progresar esos terrenos poniendo al frente nuestras vidas e intereses”, señalando que en el ataque de los yaquis a la colonia Bacójori el 19 de diciembre del mismo año, su socio José E. Gaytán había protegido al general Cervantes y a sus soldados durante el desalojo que hicieron de las tierras de Julián Cuevas51. Los yaquis estaban en pie de lucha por la defensa de su territorio. El volumen de agua del río captado y conducido por el canal Marcos Carrillo, se dividía —según el plan de reparto propuesto por García Peña en 1893 y aprobado provisionalmente— en “60 acciones”, es decir, en sesenta fracciones en función del gasto del canal cualquiera que este fuera, de las cuales diez correspondían a la colonia Bacójori, veinticinco a los terrenos de Lorenzo Torres y doce y media a cada uno de los pueblos de Huírivis y Ráhum, aunque el canal aún no llegaba a los terrenos de estos pueblos52. El plan recomendaba irrigar los predios por turnos para evitar pérdidas de agua, por lo que los usuarios debían seguir este orden: 1) Bacójori, 2) norte de Pótam (Lorenzo Torres), 3) Huírivis, 4) Guamúchil (Lorenzo Torres), y 5) Ráhum. Se hacían dos riegos durante el ciclo agrícola, esto “teniendo en cuenta el reglamento de aguas expedido por la Junta Departamental en 7 de abril de 1843”, vigente en el estado de Sonora53. Aunque en estos años la jurisdicción de la mayor parte de los pueblos yaquis era federal debido al proceso de colonización, los militares decidieron considerar para la distribución del agua, algunos artículos del reglamento vigente en Sonora para este fin. No había una presa que asegurara la acumulación de agua del río ni un gasto constante en el canal, por lo que al diseñar el plan de riegos el criterio de distribución había sido la extensión de los terrenos y no el volumen de agua, que era variable54. Además, no obstante la existencia de un plan de reparto, los terrenos de Torres y “la gran mayoría de los de la colonia Bacójori”, estaban por encima del nivel del agua en el canal, por lo que sólo era posible aprovecharla para irrigarlos durante las crecientes55. En cambio, la elevación de los terrenos de Carlos Conant en el Bacójori56, y los de José E. Gaytán y Manuel Oroz, sí permitía aprovechar 50 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 51 Idem. 52 Idem. En 1891 se menciona la presencia de una empresa en Huírivis y Belem que explotaba —con fuerza de trabajo indígena— las salinas existentes en estos pueblos (Archivo General del Estado de Sonora, en adelante AGES, Oficialía Mayor, tomo 1.624, expediente. 6; Fondo Ejecutivo, Ramo Prefecturas, Tomo 625). 53 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 54 Idem. 55 Idem. 56 Al ser concesionario del proyecto de colonización e irrigación para el valle del río Yaqui (entre otros), Conant tenía derecho a adquirir hasta la tercera parte del total de la tierra deslindada, y pagarla con bonos de Deuda Pública no diferida: es una de las razones por las que poseía terrenos en ambas márgenes del río Yaqui (Dabdoub, 1964, 270-272 y 281-284).

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el agua del canal en diferentes momentos y no sólo durante las grandes avenidas. Estos predios estaban relativamente alejados de la margen del río y de la boca toma del Marcos Carrillo, y eran naturalmente bajos57. La altura de la compuerta determinaba que sólo durante las crecientes el canal recibiera el volumen necesario para irrigar todos los predios a que estaba destinado58. Cabe señalar que un ingeniero militar —de apellido Palomares— fue quien “sin previo estudio” inició la construcción del canal por órdenes de Cervantes59. Esto explica sus deficiencias. En el plano del mismo (Mapa 3) —elaborado por ingenieros militares— se observa marcado con un tono más oscuro “la parte [del canal] aprovechable hasta el momento”, que a decir de Manuel Oroz podría ampliarse si el canal se prolongaba hasta los pueblos de Huírivis y Ráhum, dada la altitud de estos sobre el nivel del mar. De cualquier modo, en los terrenos de Torres el agua conducida por el Marcos Carrillo sólo podía aprovecharse en tiempo de avenidas60, es decir dos veces al año, durante las lluvias del verano, entre junio y septiembre, y durante el invierno, en diciembre o enero61. Considerando lo anterior, para los Oroz —padre e hijo— resultaba legítimo que los predios de su propiedad y la de Gaytán pudieran ser considerados en el plan de distribución de las aguas del canal Marcos Carrillo, pues además de tener desmontadas y cercadas con alambre de púas 500 ha, un año después de presentar la solicitud contaban también con “herramientas y útiles modernos para agricultura” y con obras parcelarias necesarias para el riego. En 1895 Oroz insistía: para ampliar la superficie a cultivar “las referidas personas sólo desean la concesión definitiva de las aguas necesarias tomadas del canal Marcos Carrillo”62. De este modo, Oroz agregaba nuevos considerandos para inducir una resolución favorable a la concesión que solicitaba. Además, pedía una concesión “suficiente” para irrigar “la totalidad de los terrenos míos y de mi hijo”, es decir, para 5.000 ha63. Ante la solicitud, el ingeniero-coronel García Peña manifestó que el gasto en el canal era insuficiente para irrigar dicha superficie, y que sólo podía concederse el volumen necesario para regar el área que tenían bajo cultivo, aunque “con la antigüedad que les corresponde”, siempre y cuando se comprometieran a terminar los dos kilómetros del canal que quedaban pendientes64. Incluirlos como nuevos 57 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 58 AHA, AS, caja 1.051, expediente 14.808. 59 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 60 Idem. Es posible que debido a ello, Lorenzo Torres —aprovechando el antiguo cauce del río Yaqui— haya construido el canal Victoria, “con el cual darle riego a sus labores” (Dabdoub, 1964, 254-255). 61 Compañía Constructora Richardson, S. A., 1911. 62 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 63 Idem. 64 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. El señalamiento sobre “la antigüedad” refiere al Reglamento para la distribución y conservación de las aguas en los pueblos de Sonora de 1843, y significa que el orden para regar las tierras se establecía en base a la antigüedad de las propiedades (Padilla Calderón, 2012, 123).

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beneficiarios del canal Marcos Carrillo no constituía un problema, pero el asunto de la concesión sí tenía otras implicaciones; en mayo de 1897 Oroz no había recibido aún el título de concesión de las aguas solicitado tres años antes. Así lo manifestó desde Pinos Altos, y “en mérito de justicia” solicitó se le extendiera el título correspondiente65. Después de esto, el siguiente documento referido a la solicitud de concesión está fechado en octubre de 1902. Como puede suponerse, el desarrollo de la defensa territorial de los yaquis guarda una inevitable relación con el desarrollo de este proceso: cuando la movilización encabezada por el líder yaqui “Cajeme” fue dominada (1887), tuvo lugar una emigración masiva de yaquis, muchos de los cuales se sumaron desde su condición de emigrados a la guerrilla encabezada por Juan Maldonado, “Tetabiate”66. Esta forma de movilización yaqui culminó en su primera etapa con el acontecimiento conocido como Paz de Ortiz (mayo de 1897), cuando el gobierno mexicano se comprometió con los indígenas a retirar colonos y tropas federales de su territorio y a respetar sus formas organizativas67. Sin embargo, en términos llanos los acuerdos eran un ardid del gobierno; no fueron respetados y en 1899 se produjo un nuevo levantamiento yaqui68. La terminación del canal Marcos Carrillo había quedado suspendida en septiembre de 1896, cuando la comisión de ingenieros militares fue desplazada al valle del río Mayo “para el reparto de terrenos a los indígenas”. Así, para dar continuidad al proceso de colonización en el valle del Yaqui, el gobierno transfirió a los usuarios del canal las tareas de conclusión y mantenimiento del mismo en marzo de 1897. Manuel Oroz señaló que los usuarios se aplicaron “incontinenti” en la realización de estas tareas, que suspendieron “poco después a causa de los repetidos asesinatos y depredaciones de los indios sublevados”, quienes al rendirse al gobierno “se pacificaron” —a decir del chihuahuense, hasta 1898—, pero entonces en lugar de ver a los colonos emigrar de su territorio, los yaquis los vieron seguir con determinación obras que implicaban la explotación del río y de sus tierras, por lo que en julio de 1899, ante la evidente farsa, “se levantaron en armas con mayor ferocidad que antes” y a decir de Oroz, los usuarios del canal Marcos Carrillo abandonaron “todo en manos de los rebeldes”69. 65 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 66 Hu-DeHart, 1990, 153. Al morir Cajeme, el gobierno estatal dio por establecida la paz con la etnia Yaqui, y aunque el cese de hostilidades duró sólo unos meses, estos fueron suficientes para que el gobierno federal reemprendiera la colonización de la zona mediante la reorganización de la Comisión Geográfica Exploradora al mando de Agustín Díaz (Dabdoub, 1964, 125, 137-139). Aguilar Camín señala que cuando el ejército asesinó a Cajeme, las tierras del Yaqui fueron declaradas baldíos, así que los concesionarios podían subdividirlas y revenderlas (Aguilar Camín, 1984, 44). 67 Figueroa, 1997, 160. Spicer, 1994, 188. 68 Figueroa, 1997, 160-161. 69 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. La transferencia o entrega del canal “comenzado con fondos del Erario Nacional” a “los colonos y propietarios” para su conclusión y conservación, es parte de las acciones

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El gobierno no tardó en responder a este levantamiento: está documentado que la deportación de yaquis a Yucatán se inició en 1900, y que los años 1902 a 1908 fueron los más significativos de esta política70. Tetabiate murió en 1901 y la guerrilla yaqui se dispersó constituyendo grupos diferentes, encabezados, entre otros, por Ignacio Mori, Luis Espinosa y Juan María Sibalaume71. Oroz señalaba que “sacando fuerzas de flaqueza” los usuarios del canal Marcos Carrillo invirtieron 12.000 pesos en prolongar las excavaciones del canal y aprovecharon el agua de las crecientes de julio de 1902 para irrigar “con magnífico éxito”, obteniendo una “exuberante” producción de maíz y frijol que cosecharían en noviembre, y con “halagadoras esperanzas” respecto del trigo y el garbanzo que “exportamos a España, mediante precio ventajoso para nosotros”72. El antropólogo Edward Spicer señaló que la colonización del valle del Yaqui prosperó con rapidez en los años que siguieron a la Paz de Ortiz73, aunque parece más preciso señalar que esta progresó a partir del inicio de la deportación74. Respecto del proceso normativo relacionado con el uso del agua, el 18 de diciembre de 1902 se promulgó una ley que declaraba las corrientes federales como bienes de dominio público y uso común dependientes de la federación, siempre que tuvieran el carácter de navegables o que sirvieran como límites del país o de algunos estados, y los derechos debían confirmarse o solicitarse ante el gobierno federal. En este año, Manuel Oroz no sólo describía lo satisfactorio de su situación productiva, también informaba al ministro de Fomento su inconformidad ante decisiones colectivas relacionadas con el uso del canal Marcos Carrillo que le afectaban negativamente, pues para favorecer “la pequeñísima superficie de 300 hectáreas” que se encontraba inundada, se había acordado tapar temporalmente la boca toma del canal, lo que implicaba para quienes estaban en condiciones de aprovechar —sin inundarse— los sustantivos volúmenes de agua conducidos por el río para sembrar “trigo, garbanzo y otras semillas”, la imposibilidad de hacerlo75. De este modo, Oroz volvía a instalar en calidad de urgente, su necesidad de “tener un título de concesión de aguas del canal Marcos Carrillo, para regar una de privatización del proceso de colonización porfirista, que empezaron a efectuarse cuando erróneamente se consideró que los yaquis estaban —al fin— pacificados, es decir, dominados. 70 Padilla Ramos, 2001, 32-37. Hu-DeHart, 1990. Figueroa, 1997. Padilla Ramos, 2001. Claudio Dabdoub señala que aunque a diario se oían disparos en la región “en estos años el gobierno tenía prácticamente dominada la situación” contra los indígenas (Dabdoub, 1964, 303). 71 Figueroa, 1997, 160-161. 72 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 73 Spicer, 1994, 192. 74 Los levantamientos indígenas acaecidos en 1899, produjeron enfrentamientos armados en condiciones tan desiguales que generaron la fragmentación y dispersión de la “resistencia yaqui” (Spicer, 1994, 188-192. Figueroa, 1997, 160-161). Desde la perspectiva de Thomas R. McGuire, la paz de Ortiz “fue simplemente un interludio en una larga guerra […]” (McGuire, 1986, 21). 75 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256.

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extensión de (2.000) dos mil hectáreas” y amparar sus derechos “conforme a los trámites legales”. Argumentó haber llegado a Sonora desde Chihuahua, con los recursos necesarios para desarrollar la agricultura y haber traído consigo “varias familias cuyos jefes todos traían más o menos recursos”, además señaló haber establecido con las familias que lo acompañaron “el único molino harinero en el pueblo de Pótam, Río Yaqui”76. En 1903, su solicitud fue turnada a la sección 5.ª de la Secretaría de Fomento, en la que dos años después se acordó pedir a la “Comisión del Río Yaqui” que confirmara si Oroz poseía bajo cultivo un área de 500 ha “a inmediaciones del canal Marcos Carrillo”, y si aprovechaba o no el agua y en qué cantidad, a fin de tener elementos para tomar una decisión77. En julio de 1905, Torres informó que Manuel Oroz era propietario de 2.000 ha, de las que anualmente usufructuaba menos de la tercera parte con diferentes cultivos, empleando en ello un volumen de agua variable, difícil de determinar78. El personal de la sección 5.ª advirtió que la solicitud de Oroz había sufrido un considerable retraso en su tramitación “por diversas causas”, además de cambios en los requerimientos del solicitante, entre 1894 y 1902. El cambio más sustantivo se refiere a la extensión de la superficie para la cual solicitaba la concesión de agua. Esta pasó de 5.000 a 500 ha entre enero y septiembre de 1895, y luego a 2.000 a partir de noviembre de 190279. Debido a estos cambios y a la dilación en el trámite, la Secretaría de Fomento consideró conveniente que Manuel Oroz presentara una “nueva solicitud”80. No se recibió entonces en el ministerio de Fomento una respuesta de parte del interesado ni del general Torres, y en diciembre de 1907 se archivó el expediente81. También se observa que entre 1894 y 1902 la superficie a manos de Manuel Oroz padre, pasó de 2.500 a 2.000 ha, y que dejó de mencionarse la que poseía Manuel Oroz hijo. En 1910, en los preámbulos de la revolución mexicana, desde la Estación Oroz del Ferrocarril Cananea, Río Yaqui y Pacífico, Manuel Oroz volvió a insistir en su solicitud. “Como se servirá usted ver señor Ministro, desde cuando estoy gestionando tener el derecho que me corresponde de las aguas del Canal Marcos Carrillo”. Informó tener doce años siendo agricultor y vecino de Pótam, Río Yaqui, y propietario de 2.000 ha al norte de los ejidos del mismo pueblo; haber adquirido esta superficie “por compra […] al supremo Gobierno Federal” por conducto de la Secretaría de Fomento, y tener acondicionadas 1.000 ha, divididas en cuatro fracciones para cultivar garbanzo y trigo —ya en producción—, 76 Idem. Seguramente se refiriere al molino harinero que en 1905 García y Alva documentó como propiedad de Francis McDonald y Cía., aunque hacía “como doce años que trabaja” (García y Alva, 2005, 228). 77 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 78 Idem. 79 Idem. 80 Idem. 81 Idem.

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y maíz y frijol. Luis G. Montaño, Comisario de policía de Pótam, certificó esta información82. Manuel Oroz consideraba que la concesión de aguas le permitiría evitar los abusos de los que decía ser objeto, como el robo nocturno de agua “algunas veces hasta con armas en la mano”, el desinterés en la conservación del canal por parte de otros usuarios y la negación de algunos para ampliar el canal83. Desde su perspectiva estos “malos vecinos” estorbaban “el progreso” de la agricultura. En realidad estorbaban los intereses de Oroz y cuidaban los propios, pues la diferencia entre las superficies cultivables de Manuel Oroz y la mayoría de sus vecinos, era significativa: mientras él decía usufructuar 1.000 ha, sus vecinos usufructuaban 300 en conjunto. En 1909 el ingeniero Joaquín Palencia, inspector de Ríos, señaló que en la colonia Bacójori se irrigaban 300 ha, Lorenzo Torres 400, y Julián Cuevas, Manuel Oroz y José E. Gaytán 200 ha cada uno84. Independientemente de los argumentos que Oroz esgrimía, “la Sección” de la Secretaría de Fomento le pidió “presentar en forma su solicitud”85. La presentación “en forma” de una solicitud también estaba relacionada con ajustes en los procesos burocráticos producto de los cambios institucionales y de las transformaciones en el entorno tecnológico del país, por lo que Oroz con otro nivel de precisión, señaló en su nueva solicitud, requerir 1.500 litros por segundo de agua del canal Marcos Carrillo para regar las hectáreas bajo cultivo, e indicaba que el sitio de “derivación” del agua hacia su predio era el mismo que había sido marcado en el plano incluido en su solicitud de 1894, pues en 1910 seguía siendo hasta ese punto “el límite de la parte útil del Canal de referencia”86. El canal Marcos Carrillo continuaba por lo tanto, inconcluso. En diciembre de 1910 se publicó la Ley sobre Aprovechamientos de Aguas de jurisdicción federal. Esta precisaba que las aguas federales eran de dominio público y uso común y que sólo la federación tenía facultades para concesionarlas. Refrendó la preferencia para “los poseedores más antiguos” y estableció respecto a los usos del agua, evitar “daños a terceros” y cuidar el “interés público”87. El último comunicado de parte de Manuel Oroz al Ministerio de Fomento ocurre durante el periodo maderista de la revolución mexicana, y data de diciembre de 1912, pero en este, Oroz no se refiere a la solicitud de concesión ni tampoco lo dirige de manera individual a la Secretaría de Fomento88. El documento procede de un conjunto de agricultores del valle del Yaqui, Oroz entre ellos, que 82 83 84 85 86 87 88

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Lanz Cárdenas, 1982, 433. Romero, 2005, 88. AHA, AS, caja 4.599, expediente 61.234.

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irrigaban sus predios con el canal Marcos Carrillo. Entre estos puede mencionarse a José E. Gaytán, Antonio, Ignacio y Rafael Montaño, Joaquín Fontes, Juan y Antonio Bojórquez, José Rodríguez, A. Ayala, Salvador y Julián Cuevas, Jesús Cruz, Aureliano L. Torres y Lorenzo Torres. Solicitaban permiso para limpiar, desazolvar y ampliar la plantilla del canal, de dos a cuatro metros. Recibieron autorización para el desazolve, pero la ampliación del canal requería que presentaran una solicitud “arreglada conforme a los preceptos de la ley en la materia”89. Como se sabe, la promulgación de la ley sobre aguas de 1910, desencadenó a lo largo y ancho del país la tramitación de numerosas solicitudes para concesión de aguas. Así, en 1911 otros colonos del valle del Yaqui cuyos predios también estaban situados en la margen derecha del río, solicitaron concesiones, derivando las aguas “por el canal Marcos Carrillo”. Como parte del trámite hicieron publicar sus solicitudes en el Diario Oficial y en el Periódico del Estado de Sonora durante 1911 y 1912, y al no presentarse oposición a estas solicitudes, la sección 5.ª del Ministerio de Fomento les pidió en junio de 1913 proceder a comprobar la propiedad de sus tierras “para utilizar las aguas solicitadas”90. Pero no hubo respuesta, por lo que en 1916 se les consultó “si insistían en su solicitud”. Tampoco respondieron y los expedientes fueron archivados definitivamente en abril de 191791. Debido al desenvolvimiento de la revolución en Sonora y a las acciones de los yaquis a favor de la preservación de su territorio, en 1913 una parte sustantiva de los colonos asentados en los pueblos del río Yaqui, había emigrado92: los yaquis, incorporados en las filas constitucionalistas, habían recuperado el control de una parte sustantiva del territorio de la margen derecha del río, donde estaban las propiedades irrigadas por el canal Marcos Carrillo. Una cita en La frontera nómada93, indica que en el 7 de mayo de 1913 “los yaquis de Mori y Espinosa” habían formado “una columna de 1.600 hombres”, que “Sibalaume y su gente” estaban “acampados en el Guamúchil” —la hacienda de Lorenzo Torres—, y que tenía “destacamentos hasta estación Oros y por la costa hasta Médano, cuidando que no avancen federales hasta Tórin”94. Era “tiempo de revolución”95, y durante la administración del gobernador interino Ignacio L. Pesqueira —febrero a agosto 89 Idem. 90 AHA, AS, caja 4.598, expediente 61.207, caja 4.596, expediente 61.177. 91 Idem. 92 “[…] el año 1913 fue uno de los más intensos respecto de las confrontaciones y sus efectos en el proceso de desarrollo social del Valle del Yaqui. Fue este el año en que los grupos sonorenses se articularon más amplia y radicalmente al proceso revolucionario […] y también durante este año se produjeron -en función de los registros de información primaria- la mayor cantidad de acciones de los indios yaquis a favor de la preservación de su territorio, respecto del periodo de 1911 a 1919” (Padilla Calderón, 2013, 252). Spicer, 1994, 286-290. Dabdoub, 1964, 318. Figueroa, 1997, 371-372. Ramírez, 2005, 53-55. 93 Aguilar Camín, 1984, 336. 94 Idem. 95 La Campaña del Yaqui fue suspendida entre 1913 y 1915 debido al desarrollo de la revolución mexicana y a la intervención de los sonorenses en esta confrontación. En 1915 fue reinstalada por el gobierno estatal de

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de 1913— y la de José María Maytorena, fueron expropiados o intervenidos terrenos, cosechas y ganado a numerosas personalidades del Porfiriato, aunque no sólo a estas, como parte del aseguramiento económico que posibilitó la participación de los sonorenses en la guerra civil96. A pesar de que había llegado desde Pinos Altos, Chihuahua, al valle del Yaqui, con los recursos necesarios para desarrollar la agricultura y que había trasladado consigo a varias familias, Manuel Oroz no había conseguido la concesión de aguas solicitada por vez primera en 1894, a fin de amparar sus derechos —sobre el agua y sobre la tierra— “conforme a los trámites legales”. Su decisión de invertir en un territorio atravesado por tantas confrontaciones fue en verdad temeraria, aconsejada posiblemente por la ambición. El origen de ese extenso predio de 5.000 ha en posesión suya y de su hijo, había sido la expropiación, por medio de la guerra desigual entre indígenas y no indígenas. Sin embargo, la última palabra no había sido dicha y casi veinte años después de iniciada la campaña del Yaqui, los yaquis estaban nuevamente en posesión de esta zona de su territorio tradicional97. La defensa encabezada por el líder yaqui Tetabiate y luego por Sibalaume, Mori, Matus o Espinoza, como aliados eventuales de los constitucionalistas, rindió frutos98. REFLEXIONES FINALES En este trabajo he otorgado centralidad al análisis de un proceso localizado en un individuo, si bien he podido aprehender su desenvolvimiento observándolo no de manera aislada, sino por su interrelación con procesos acaecidos a una escala más amplia. El aplazamiento y finalmente la no resolución de la concesión de aguas para Manuel Oroz, pueden explicarse por una conjunción de elementos. Por una parte, ocurre la colonización de una zona de frontera con la complejidad del proceso de dominio del valle de los yaquis, en el que la guerra entre yaquis y no indios, parte nodal del proceso, determinó el camino y la forma que fue tomando el desarrollo social del valle y el dominio del territorio indígena por los no indios. Plutarco Elías Calles, para quedar nuevamente suspendida entre 1917 y 1920 (Spicer, 1994, 291-292. Figueroa, 1997, 372-373). 96 Desde marzo, el gobernador Pesqueira realizó acciones diversas tendientes a reforzar la participación de Sonora en la guerra contra Victoriano Huerta y en mayo creó la Oficina de Administración de Bienes de Ausentes, “mediante la cual intervino directamente haciendas, industrias, ranchos e inmuebles privados, y la convirtió en un mecanismo de acción hacia hacendados y propietarios desafectos o indiferentes al movimiento rebelde, pues eran obligados a colaborar financieramente o relevados de la administración de sus caudales si entorpecían la productividad de sus bienes” (INEHRM, 2014, 826-831. Radding, 1997, 266. Alarcón, 2008, 240-241). 97 AHA, AS, caja 4.601, expediente 61.256. 98 Aguilar Camín, 1984, 334-337. Spicer, 1994, 286-291. Dabdoub, 1964, 318. Figueroa, 1997, 371-372. Ramírez, 2005, 52-54.

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Este proceso colonialista tuvo su origen en el periodo español, pero el Porfiriato constituye la etapa determinante. En esta hay una clara interrelación a escala nacional, entre los diferentes proyectos político-económicos, en particular, entre los cambios con respecto a la gestión del agua y la política de colonización. Este último proceso se instaló antes, y por lo tanto es factible que el proyecto relativo a los cambios en la gestión del agua tomara fuerza a partir de la colonización, ya que uno de los objetivos del deslinde de los terrenos baldíos era volverlos productivos y para darles este carácter, el agua era evidentemente indispensable. Al observar cómo ocurrió el deslinde y fraccionamiento porfiriano de las vastas zonas del valle del Yaqui que se despliegan tierra adentro desde cada una de las márgenes del río, se advierten diferencias importantes. El área de la margen derecha se deslindó y fraccionó primero, pues —por una parte— en esta se concentraban las labores productivas de los yaquis y la mayoría de la población indígena, asentada en pueblos tradicionales, y por la otra, en el periodo se consideraba que las mejores tierras del valle eran las de la margen derecha99. Esta tarea fue hecha por los militares, que demarcaron las superficies para los ocho pueblos yaquis100. La superficie restante, cuyo límite histórico hacia el norte era el parteaguas de la cuenca del río Mátape, se deslindó y fraccionó gradualmente para ser distribuida entre no indios, empresas o particulares, con el objetivo de emprender el desarrollo moderno del territorio. Esta superficie fue distribuida o comercializada como terrenos nacionales por el gobierno federal, a través de los militares y fueron estos los sujetos sociales más favorecidos por esta etapa del deslinde y la colonización, aunque no pocos civiles se hicieron de superficies con fines productivos en esta zona, como Manuel Oroz. Respecto del deslinde y fraccionamiento del área situada en la margen izquierda, una parte significativa fue producto del trabajo de la Sonora & Sinaloa Irrigation Company, que en relativamente pocos años logró un avance sustantivo en la generación de condiciones para el desarrollo hidroagrícola de este área del valle; luego la compañía Richardson continuó este proyecto, a partir de 1905101. En la margen izquierda se demarcaron trescientos bloques o manzanas de 400 ha que luego fueron subdivididos en predios de 10 ha, los cuales pudieron ser arrendados o adquiridos por diversos sujetos a las empresas deslindadoras, a partir de 1891. Sin embargo, el desarrollo de la margen derecha comenzó antes, con el objetivo central de dominar a la población indígena, así como favorecer los nego-

99 Padilla Calderón y Reyes, 2015, en prensa. Dabdoub, 1964, 272. Yaqui Valley Land & Irrigation Co. 100 Dabdoub, 1964, 256. 101 No obstante sus importantes avances, factores económicos y sociales tales como la falta de crédito y financiamiento oportunos y los levantamientos de la tribu yaqui, produjeron la quiebra de la Sonora & Sinaloa Irrigation Company, y el proyecto fue interrumpido (Gracida, 1997,100). La superficie deslindada por esta empresa, así como sus bienes remanentes, fueron adquiridos en 1904 por la Richardson Construction Company, que mexicanizada daría continuidad al proyecto iniciado por su antecesora, y lo expandiría.

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cios de los militares y apurar la colonización, pues fue aquí donde aprovechando el cauce del río se construyó la primer obra moderna de infraestructura para riego del valle del Yaqui, el canal Marcos Carrillo, que también tiene el carácter de una concesión política y no sólo económica, y cuya solución tecnológica fue relativamente simple: excavar una zanja a partir de un punto sobre la margen del río, para conducir el agua más allá de la zona contigua. Al construirse “sin previo estudio” este canal sólo podía aprovecharse durante las crecientes, con excepciones, como en el caso de los predios de Manuel Oroz e hijo. Como se recordará, el 28 de junio de 1894 —una vez que el gobierno porfirista había expedido un decreto que facultaba al presidente para concesionar volúmenes de agua a particulares o compañías para usarlos en riego y como fuerza motriz— Oroz solicitó una concesión. Entonces parece haber surgido la pregunta “¿darle agua o darle una concesión de agua?”, porque una cosa era incluir sus predios en la distribución del agua del canal Marcos Carrillo y otra distinta otorgar la concesión de un volumen. No pareció haber mayor problema en incluirlos en la distribución del recurso, no así con el asunto de la concesión. El régimen había avanzado lentamente en la determinación de sus facultades como rector de la apropiación del agua y de sus usos102, así, quienes lo personificaban pudieron no sólo medir o sopesar el valor social y económico de este recurso, sino los pros y contras de otorgar concesiones. Debido a que estaba en marcha el desarrollo de un ambicioso proyecto para el valle del Yaqui, parecía más conveniente para quienes personificaban el régimen asegurar la concesión de un vasto volumen de agua a una empresa para desarrollar un amplio territorio, que comprometer paulatina y fragmentariamente con individuos, cantidades de agua de las producidas en la cuenca. Los ingenieros representantes del Porfiriato sabían que esto no era conveniente para consolidar un proyecto central para el régimen de las dimensiones esperadas para el extenso y fértil valle del río Yaqui103. En 1890 y 1891 el gobierno mexicano había otorgado a Carlos Conant y a la Sonora & Sinaloa Irrigation Company la concesión “para abrir canales de irrigación en las márgenes de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte”, así como para la “compraventa y colonización de terrenos”104. También en 1890, la secretaría de Fomento había celebrado un contrato con Tomás McManus, y en 1894 otro con los señores Cloete y Symon para la compraventa y colonización de terrenos en Sonora105, pero lo relacionado con la irrigación se había contratado sólo con Conant, y esto es muy importante, ya que significa que los ingenieros y otros miembros del gobierno de Porfirio Díaz involucrados en estos asuntos, tenían suficiente claridad respecto del proyecto de gestión del agua que estaban impulsando, esto 102 103 104 105

Aboites, 1998. AHA, AS, caja 460, expediente 61.256. Dabdoub, 1964, 407-415. AGES, Fondo Ejecutivo, Ramo Prefecturas, tomos 702, 733 y 684.

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es, el de la centralización en el manejo del agua. Antes de incurrir en la situación de quiebra en 1902, la Sonora & Sinaloa Irrigation Company había deslindado 120.000 ha, y construido una obra de toma sobre el río, un tramo de 39 km del canal Principal y algunos canales laterales del sistema de riego proyectado106. Llama la atención que Manuel Oroz nunca hiciera mención del proceso que acaecía en el sitio de Los Hornos, aguas arriba del valle del Yaqui, esto es, la construcción de la obra de toma y del canal Principal —que corría por la margen izquierda—, aunque es posible que justamente por considerar lo anterior insistiera en su concesión, a fin de asegurarse un volumen de agua para el usufructo de sus tierras. Sin embargo, en el valle del Yaqui, las concesiones de este recurso iban de la mano con las concesiones para deslindar tierras. A la par de establecerse un nuevo orden social con respecto a la distribución de la tierra, se iba estableciendo un nuevo orden respecto de la gestión del agua, y en el camino se produjeron situaciones particularmente pasajeras o provisionales. La condición misma de ‘colonización’ lo era, y la condición de productores agrícolas poseedores de amplias superficies, de los colonos de la margen derecha, fue básicamente circunstancial, aunque en un momento hayan disfrutado de indudables concesiones económicas y políticas, porque expresaban poder. El acaecimiento de la revolución mexicana influyó ampliamente en el derrotero de la colonización del valle de los yaquis, pero considerando la orientación que llevaba el desarrollo de la margen izquierda, resulta difícil conjeturar cómo habría continuado el desenvolvimiento socioproductivo de los colonos de la margen derecha de no haberse desarrollado la guerra civil. Evidentemente, las dimensiones política y económica dominaron el proceso, aunque la dimensión política pareció determinar de manera predominante el desarrollo de la margen derecha, y la económica el desarrollo de la margen izquierda, como continúa ocurriendo en nuestros días. BIBLIOGRAFÍA Aboites Aguilar, L. 1995: Norte precario. Poblamiento y colonización en México (17601940). México, COLMEX-CIESAS. Aboites Aguilar, L. 1998: El agua de la nación. Una historia política de México (18881946). México, CIESAS. Aboites Aguilar, L. 2010: Chihuahua. Historia Breve. México, SEP/COLMEX/FCE. Aguilar Camín, H. 1984: La Frontera Nómada: Sonora y la Revolución Mexicana. México, Siglo XXI. Alarcón Menchaca, L. 2008: José María Maytorena. Una biografía política. Zapopan, El Colegio de Jalisco-El Colegio de Sonora-Universidad Iberoamericana. Almada, Francisco R. 1955: Resumen de Historia del Estado de Chihuahua. México, Libros Mexicanos. 106 Dabdoub, 1964, 407-415.

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El sistema moderno de agua potable en la España interior (siglos XIX y XX) The Modern System of Drinking Water Supply in Inland Spain (19th and 20th Centuries) Juan Manuel Matés-Barco Universidad de Jaén. Jaén, España. [email protected]

En este trabajo se pretende analizar la aparición de las empresas de abastecimiento de agua potable en algunas regiones de España interior y su distribución geográfica. Concretamente, se estudian los territorios de Castilla, Aragón, La Rioja y Extremadura. Se examina especialmente el caso de Madrid. Al mismo tiempo se avanza una posible explicación sobre los factores que han determinado su emplazamiento en las distintas zonas y el tamaño de las ciudades en las que se establecieron. En este contexto, destaca esencialmente el papel que han jugado el crecimiento demográfico y el desarrollo económico en el asentamiento de estas compañías. Palabras clave: España; empresas de abastecimiento; agua potable; Castilla y León; Castilla-La Mancha; Aragón; La Rioja; Extremadura; Madrid; siglo XIX; siglo XX.

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JUAN MANUEL MATÉS-BARCO

INTRODUCCIÓN En este artículo se estudia la aparición de las empresas de abastecimiento de agua potable en España en algunas regiones de la España interior, concretamente los territorios de Castilla, Aragón, La Rioja y Extremadura1. El caso de Madrid se examina detenidamente. Las fuentes utilizadas han sido la Revista de Obras Públicas, diversos Anuarios Financieros y compendios estadísticos de la época. El objetivo es analizar el cambio que ha experimentado la gestión de este servicio público. El fuerte crecimiento de la demanda de agua potable promovió un modelo organizativo caracterizado por la regulación administrativa y en el que ha prevalecido la técnica de la “concesión”, que ha permitido la confluencia de intereses públicos y privados. Varias razones justifican el estudio de las primeras empresas de abastecimiento de agua potable. En primer lugar, su fuerte y novedosa irrupción en la segunda mitad del siglo XIX. En segundo, porque muestra una tipología empresarial singular y característica; y, por último, por la importante concentración de inversiones que acapararon estas compañías. En España se movieron en un marco legislativo caracterizado por la aparición de técnicas administrativas como el monopolio natural y la concesión, que han tenido un papel preponderante en el desarrollo de los servicios públicos2. La importancia que han tenido las empresas privadas en el desarrollo del sector, es preciso situarla en un contexto europeo y conviene hacer una breve referencia a otros países. En Europa occidental predomina la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua potable y en algunos países el dominio es absoluto: Austria, Dinamarca, Grecia, Holanda y Luxemburgo. En otros, la gestión por empresas privadas es testimonial y casi irrelevante: Portugal, Suecia, Italia, Bélgica, Finlandia y Alemania. Esta tendencia la rompen Francia y Gran Bretaña, donde la presencia de las compañías privadas cuenta con una larga tradición, hasta el punto que en la actualidad gestionan el 75 y el 88% de los municipios, respectivamente. Por su parte, en Estados Unidos la empresa privada fue perdiendo protagonismo a lo largo del siglo XIX. Si a comienzos del ochocientos su predominio era abrumador, en 1915 solo el 31,40% de las redes estaban en manos privadas; y en 2002 -tras unas décadas de titubeos-, solo gestionaban el 10% de los municipios3. Por tanto, tiene interés conocer el nacimiento de los actores principales de un sector que ha tenido una gran expansión tanto a nivel nacional como internacional4. 1 Una primera versión de este trabajo se presentó en el IV Congresso Asociazione Italiana di Storia Urbana (AISU):La Città e le Reti, Sesión B25: Infraestrutture urbane e servizi tecnici a rete, celebrado en Milán. 2 Millward, 2007. Larrinaga, 2008. Matés-Barco, 2013a y 2014. 3 Bel, 2006, 78, 119 y 121. Núñez, 2005. Matés-Barco, 2013b. 4 Heredia-Flores, 2013. Ruiz-Villaverde, 2013. Bigatti, 2014. Fernández, 2007 y 2014. Bocquet, Chatzis y Sander, 2014.

EL SISTEMA MODERNO DE AGUA POTABLE EN LA ESPAÑA INTERIOR (SIGLOS XIX Y XX)

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Tras esta breve introducción se hace referencia al ámbito geográfico, así como a la evolución demográfica que han experimentado estas regiones en los años de implantación del moderno servicio de abastecimiento de agua potable. En los epígrafes siguientes se describen las distintas iniciativas que surgieron en esas zonas y algunas características relevantes de las empresas. Por último, se incluyen unas breves conclusiones. CARACTERES GEOGRÁFICOS DE LA ESPAÑA INTERIOR La España interior comprende las dos submesetas y la depresión del Ebro. Geomorfológicamente, las tres grandes regiones se definen por un dominio de las mesetas, encuadradas por alineaciones montañosas y sus caracteres climáticos se derivan de su continentalidad: veranos cálidos y secos e inviernos rigurosos. El vasto territorio está comprendido por diversas regiones: Castilla y León, con 9 provincias y una extensión de 94.193 km2; Castilla-La Mancha, con 5 provincias y 79.230 km2; La Rioja, una provincia y 5.034 km2; Aragón, con 3 provincias y 47.650 km2; la Comunidad de Madrid, con una provincia y 7.995 km2; y Extremadura, con dos provincias y 41.602 km2. Es decir, un total de 6 regiones, 21 provincias y 275.704 km2. Mapa 1: España: Comunidades Autónomas (Regiones)

Fuente: Instituto Geográfico de España, 2015.

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La cuenca del Duero que se integra en Castilla y León, muestra un caudal muy irregular, con diferencias entre años lluviosos y secos. La región de CastillaLa Mancha se encuentra dividida entre ocho cuencas hidrográficas, de las que sólo tres ocupan casi el 80% del total de la superficie regional; son las cuencas del Tajo, Guadiana y Júcar. La provincia de Madrid destaca por su carácter esencialmente urbano. La mayor parte de su población vive en el interior del perímetro del área metropolitana madrileña. La estructura económica regional responde también a patrones netamente urbanos, con un aplastante predominio de las actividades terciarias e industriales. Por su parte, la ciudad de Madrid está situada en la confluencia de las rutas naturales de las cuatro grandes fajas de la circulación peninsular. El nombre de la ciudad alude precisamente a las captaciones y galerías de agua que existían en la zona. La originaria ciudad árabe se construyó sobre las terrazas altas de la izquierda del Manzanares, afluente del Jarama, que a su vez lo es del Tajo. Mapa 2: Cuencas hidrográficas de España

Fuente: Instituto Geográfico de España, 2015.

La Rioja, con sus 5.034 km2 ocupa el 1% de la superficie de toda España y las aguas de casi todos sus ríos vierten al Ebro. El resto son bastante irregulares y de caudales más pobres. La región aragonesa, que corta transversalmente el gran eje fluvial del Ebro y la depresión que este forma, se ve marcada por la presen-

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cia del río, que dispone de una importante red de afluentes, de cierta longitud y notables caudales. El espacio extremeño se cifra en 41.602 km2 (8,24% del total nacional), delimitado por un perímetro de casi 1.200 kilómetros, que le permite entrar en contacto con ámbitos geográficos muy variados. El drenaje de esta extensa región se garantiza por una red jerarquizada, a cuya cabeza figuran dos de los grandes ríos peninsulares de vertiente atlántica: el Tajo y el Guadiana. EL LENTO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO En la España interior, el panorama estaba dominado por la existencia de algunos núcleos importantes de población -Madrid, Zaragoza, Valladolid-, sin que se pueda hablar de una red urbana propiamente dicha. Para buena parte de La Mancha y Extremadura, el período 1900-1930 fue muy positivo, pero ello no parece tener vínculo alguno con la gran ciudad de Madrid, que ya superaba el millón de habitantes. En Castilla y León la población experimentó un importante incremento en la segunda mitad del siglo XIX (6,08% de tasa anual). Aparte de Burgos y Soria, que experimentan ligeras oscilaciones, las demás provincias aumentan progresivamente su población. Se advierte el ritmo lento de crecimiento demográfico, que incita escasamente a la inversión. En el período 1860-1900, Burgos tenía una tasa anual de 0,40%, León llegaba al 1,13 y Valladolid con 1,16; e incluso una población como Toro tenía una tasa negativa (-0,10). Burgos se convirtió en el enlace económico con el Norte y en importante centro bancario. A finales del XIX superaba mínimamente los 27.000 habitantes. León se fundó entre los ríos Bernesga y Torío como lugar defensivo, y en 1900 contaba con 14.000 habitantes. A lo largo del siglo XIX y el primer tercio del XX, Madrid registró un acusado crecimiento demográfico, quintuplicando su población: mientras en 1800 rondaba los 200.000 habitantes, en 1935 había alcanzado el millón de habitantes. Pero el incremento tuvo lugar con un gran desequilibrio temporal, puesto que el medio millón de personas no se logró hasta 1900. El crecimiento estuvo asentado primordialmente en la inmigración, que se sentía atraída por el carácter de capital del reino y su valor como ciudad de servicios que se fue consolidando como una importante plaza financiera. La Rioja, hacia 1900, contaba con unos 190.000 habitantes, y experimentó un fuerte crecimiento a partir de 1930. Calahorra era la segunda población riojana en importancia, detrás de la capital, pero con muy poca diferencia en cuanto al número de habitantes respecto de Logroño y con una tasa anual de crecimiento, 0,75%, bastante moderada. Pero la significación que fue adquiriendo la capital

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Cuadro 1. Población en la España interior (1860-1930)

Región

Población en 1860 Provincias Número de % habitantes

Población en 1900 Número de % habitantes

Población en 1930 Número de % habitantes

Aragón

3

891.057

5,9

912.711

5,03

1.031.559

4,3

La Rioja

1

175.111

1,1

189.376

1,04

203.789

0,8

Castilla y León

9

1.936.262

12,8

2.302.417

12,70

2.477.324

10,5

Madrid

1

489.332

3,2

775.034

4,20

1.383.951

5,8

Castilla-La Mancha

5

982.498

6,5

1.386.153

7,60

1.827.196

7,7

Extremadura

2

697.407

4,6

782.410

4,30

1.152.174

4,8

21

15.042.487

34,1

18.135.841 34,87 23.563.867

33,9

TOTAL Fuente: Matés-Barco, 2009.

centro administrativo la fue relegando cada vez más. Calahorra contaba con 6.865 habitantes en 1860, 9.154 en 1900 y 11.556 en 1930. Por contra, el crecimiento de Logroño fue más espectacular, puesto que pasó de los 10.453 habitantes de 1860 a los 30.318 de 1930. Por su parte, la región aragonesa reproduce, en un ámbito más reducido, el comportamiento de la población española a lo largo del siglo XX, que se puede resumir en el fenómeno del éxodo rural o marcha del campo a la ciudad. La ciudad de Zaragoza ha tenido un crecimiento ininterrumpido y acelerado en los últimos años, pero el resto de la región, especialmente las áreas montañosas del Sur y Norte, se ha despoblado, proporcionando los aportes demográficos necesarios para esa expansión de la capital. En 1900, la población total de Aragón era de 911.711 habitantes, lo que suponía el 5% de la población española. En esa fecha, el reparto provincial no mostraba grandes diferencias. Huesca y Teruel tenían cada una el 27% de la población aragonesa y Zaragoza el 46%. Por último, Extremadura muestra, desde finales del XIX, una evolución sincronizada con la experimentada en la población española (846.410 habitantes en 1900 y 1.152.174 en 1930). El sistema urbano contaba con una disposición de ciudades pequeñas y medianas, que se movían entre 1860 y 1930 en torno a los 10.000 y 30.000 habitantes. En ocasiones se ha considerado a estas ciudades como algo atípico, porque su estructura era esencialmente agraria y poseían escasas funcionalidades de naturaleza urbana; pero esto no obsta para que en muchas de ellas aparecieran desde los primeros momentos iniciativas de carácter más moderno como la electricidad o el suministro domiciliario de agua potable.

EL SISTEMA MODERNO DE AGUA POTABLE EN LA ESPAÑA INTERIOR (SIGLOS XIX Y XX)

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En cuanto a la actividad constructora y según los datos que presenta Tafunell, se aprecia un comportamiento ascendente entre 1860 y 1900. Una de las razones que se aducen es el efecto de expulsión que generaba un campo empobrecido, que hacía que los pobladores se concentraran en las capitales provinciales5. En Aragón, solamente la provincia de Zaragoza experimentó un dinamismo sostenido entre 1860 y 1900 en la actividad constructora; por contra, Huesca y Teruel mostraban unas tendencias estáticas. En Castilla-La Mancha, las distintas provincias presentan un proceso muy similar: incremento de la tasa especialmente desde los últimos años del siglo XIX. Albacete fue una de las provincias más dinámicas entre 1900 y 1930, mientras que Ciudad Real comenzó su fase expansiva en el período 1887-1920. Por su parte, Cuenca mantuvo una tasa por encima de la media nacional durante cincuenta años (1860-1910). El ritmo de crecimiento de Guadalajara y Toledo fue bastante menor. Castilla y León repite prácticamente las tendencias. La mayor parte de las provincias muestran un crecimiento muy tenue de la construcción entre 1860 y 1900, y continuó la misma dinámica hasta la década de 1930. La Rioja, desde 1877, evidencia en los núcleos urbanos una tendencia importante al crecimiento del parque de viviendas, bastante por encima de la media nacional. Por último, en Extremadura, a pesar de las inclinaciones alcistas de la construcción mantenía unos ritmos muy moderados con respecto a la media nacional. EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS Ese gran conglomerado que compone la zona denominada «España interior», está formado por las regiones de las dos Castillas (incluido Madrid), Aragón, La Rioja y Extremadura, es decir, un total de 21 provincias. El número de empresas que se constituyeron en el primer período que estamos considerando, 1840-1900, fue de 10 (11,7% del total nacional), muy repartidas entre las distintas regiones. Excepto Castilla y León, que contó con 4 iniciativas empresariales, el resto de regiones no tuvieron gran actividad empresarial en la gestión del agua: Extremadura contó con 2 empresas y Castilla-La Mancha y Aragón solamente con una. El caso de Madrid fue bastante peculiar, puesto que se computa una empresa que desapareció rápidamente y al poco tiempo se sustituyó por una empresa estatal. A nivel provincial destacan Burgos y Valladolid con dos iniciativas cada una, mientras que Albacete, Badajoz, Cáceres y Huesca solamente contaron con una. Especialmente predominaron las iniciativas en las capitales de provincia (Burgos, Valladolid, Badajoz y Cáceres); aunque también se detectan en algunas cabeceras comarcales (Lerma, Hellín y Jaca). La capital vallisoletana contó con dos iniciativas, 5 Tafunell, 2005, 256.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuadro 2. Empresas de abastecimiento de agua potable en la España interior (1840-1970) Región Provincia Ciudad Empresa Aragón Huesca Basbastro Aguas Potables de Barbastro, S. A. Aragón Huesca Huesca Hijos de Rigoberto Albors Aragón Huesca Jaca Sociedad del Canal de Jaca Aragón Teruel Teruel Aguas Potables de Teruel Guadalaviar, S. A. Aragón Zaragoza Zaragoza Confederación Hidrográfica del Ebro Aragón Zaragoza Zaragoza Aguas Potables de Caudé, S. A. Aragón Zaragoza Zaragoza Volmu S. A. Castilla - La Mancha Albacete Albacete Aguas Potables de Albacete Castilla - La Mancha Albacete Caudete Aguas del Paraíso, S. A. Castilla - La Mancha Albacete Hellín Sociedad del Canal de Riegos de Aguas de Hernández Castilla - La Mancha Albacete Hellín Aguas Potables de Tobarra Castilla - La Mancha Ciudad Real Alcázar de San Juan Aguas Potables de Alcázar de San Juan Castilla - La Mancha Ciudad Real Ciudad Real Aguas de Ciudad Real, S. A. Castilla - La Mancha Ciudad Real Daimiel Cristóbal Pacheco Castilla - La Mancha Ciudad Real Daimiel Viuda de Patricio Redondo Castilla - La Mancha Ciudad Real Manzanares Agapito Chacón Salinas Castilla - La Mancha Ciudad Real Manzanares Aguas y Alcantarillado de Manzanares, S. A. Castilla - La Mancha Ciudad Real Valdepeñas Aguas Potables de Valdepeñas Castilla - La Mancha Toledo Mora Aguas de Mora, S. A. Castilla - La Mancha Toledo Talavera de la Reina Aguas Potables de Talavera de la Reina Castilla - La Mancha Toledo Talavera de la Reina Hija de Alejandro Avial Castilla y León Burgos Aranda de Duero Arandina de Aguas Potables, S. A. Castilla y León Burgos Burgos Aguas de Burgos, S. A. Año constitución 1905 1912 1878 1930 1926 1927 1947 1909 1926 1894 1912 1908 1919 1912 1912 1912 1918 1923 1934 1912 1912 1933 1889

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Fuente: Anuarios Financieros.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Región Castilla y León Castilla y León Castilla y León Castilla y León Castilla y León Castilla y León Castilla y León Extremadura Extremadura Extremadura Extremadura La Rioja La Rioja Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid

Provincia Burgos León Valladolid Valladolid Zamora Zamora Zamora Badajoz Badajoz Badajoz Cáceres La Rioja La Rioja Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid

Cuadro 2 (continuación) Ciudad Empresa Lerma Agua y Luz Eléctrica de Lerma León Aguas de León, S. A. Valladolid Sociedad del Canal del Duero Valladolid Sociedad Industrial Castellana Toro Ramón Gorosabel Villarabo La Asunción Zamora Mercados de Zamora Almendralejo Aguas de Almendralejo, S. A. Badajoz Aguas del Gévora, S. A. Don Benito Aguas de Don Benito Cáceres Aguas Potables de Cáceres Alfaro La Francoespañola Calahorra Aguas Potables de Calahorra, S. A. Aravaca Aguas de Aravaca, S. A. Los Molinos Aguas de Los Molinos, S. A. Madrid La Aurora Madrid Canal de Isabel II Madrid Hidráulica Santillana, S. A. Madrid Servicios Públicos, S. A. Madrid Aguas y Saneamiento, S. A. Madrid Mannesmann Agrotécnica, S. A. Madrid Ranney Español, S. A. Villarrobledo Hidráulica de Villarrobledo, S. A. Año constitución 1895 1923 1876 1876 1912 1912 1905 1927 1878 1912 1899 1913 1917 1950 1923 1846 1851 1905 1926 1934 1956 1963 1926

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309

310

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pero a fin de cuentas se trata del traspaso de la gestión del servicio que realizaron entre sí dos empresas. La expansión de las iniciativas en esta zona se produjo esencialmente en las primeras décadas del siglo XX. Globalmente se pasó de 10 en el siglo XIX, a 36 en el XX. Aragón pasó de 1 a 5; La Rioja, de no tener ninguna contó con dos a partir de 1900; y La Mancha, de 1 a 13. Otras regiones se mantuvieron a un nivel más homogéneo: Castilla y León pasó de 4 a 5 empresas con el nuevo siglo y Extremadura se mantuvo en la misma línea con dos actuaciones en cada centuria. Madrid es un caso aparte. En el XIX se han constatado dos empresas y en las primeras décadas del XX la cifra llega hasta 5, pero este incremento no responde a un mayor interés por adentrarse en la gestión del abastecimiento de la capital, puesto que este se encontraba controlado por una empresa de carácter público como el Canal de Isabel II. La razón estriba en la aparición de empresas de carácter técnico, que se instalan en Madrid con la idea de ofrecer sus servicios a los Ayuntamientos o empresas concesionarias. Esta tendencia continuó en la capital después de 1940. Se aprecia la precocidad de algunas iniciativas, asentadas sobre todo en capitales de provincia (Valladolid, Burgos, Badajoz) o núcleos comarcales importantes (Jaca), pero en general predominó cierta inactividad en el sector. Las diferencias, tanto provinciales como regionales, son ostensibles a partir de 1901. Desde ese momento el número de empresas crece rápidamente. Aragón pasó de contar con una sola iniciativa a tener 6 en la primera mitad del siglo XX. La distribución se centró en las tres capitales provinciales y en algún núcleo comarcal como Barbastro. Las iniciativas se constituyeron en las siguientes fechas: en Jaca (1878), Barbastro (1905), Huesca (1912), Teruel (1930), Zaragoza (1926, 1927 y 1947). La Rioja experimentó un proceso casi idéntico: ninguna actividad antes de 1900, y solamente dos desde esa fecha. No fueron iniciativas muy tempranas, sino que más bien respondían al desarrollo propio del sector que por esas fechas buscaba poblaciones de medianas dimensiones para desplegar sus servicios: Alfaro (5.841 habitantes en 1900) y Calahorra (9.154 habitantes en 1900). Las empresas se asentaron entrado el siglo XX: Alfaro (1913) y Calahorra (1917). Extremadura repitió la misma tónica. En primer lugar se incorporan las capitales de provincia -Badajoz (1878), Cáceres (1899)-; para posteriormente agregarse las poblaciones de segundo rango: Don Benito (1912) y Almendralejo (1927). En Castilla-La Mancha la aparición de iniciativas se produjo esencialmente en las primeras décadas del siglo XX. Frente a una sola empresa que surge en el XIX, creada en la provincia de Albacete, en el siglo XX el número creció hasta 13. En el caso de Albacete se invierte la pauta. En esta provincia fue Hellín (7.141 habitantes en 1860 y una tasa de crecimiento anual, entre 1860-1930, de 0,73%), la que se adelantó en 1894 con la aparición de una iniciativa. Sin embargo, la capital de la provincia que tenía 11.704 habitantes en 1860 y la tasa de anual de crecimiento entre 1860 y 1930, era de 1,45%, tuvo que esperar hasta 1909 la instalación de una

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empresa de abastecimiento. Nuevamente, en 1912, repitió Hellín y por último fue Caudete, pequeña población que apenas superaba los 5.000 habitantes en 1900, la que se incorporó al proceso de abastecimiento mediante una empresa privada. El análisis de los núcleos urbanos de la provincia de Albacete muestra una distribución bastante equilibrada, puesto que Almansa, Caudete, Hellín, La Roda y Villarrobledo, se mueven entre unos niveles muy similares de población: 5.0008.000 habitantes, en 1860; y unas tasas de crecimiento anual que oscilaban entre 0,37 y 1,03%, en el período 1860-1930. De todas ellas, solamente Almansa y La Roda no contaron con empresas de abastecimiento. La provincia de Ciudad Real representa el modelo que se ha comentado para La Mancha: nula actividad en el XIX e importantes incorporaciones en el XX. Todas las compañías se asentaron a partir de 1908: Alcázar de San Juan (1908); Daimiel, con dos iniciativas (1912), Manzanares (1912 y 1918), Ciudad Real (1919) y Valdepeñas (1923). Es evidente que son poblaciones de tamaño mediano. Excepto Valdepeñas, que superaba los 20.000 habitantes en 1900, el resto de ciudades se movían entre los 10.000 y 13.000 habitantes, incluida la capital de la provincia. En Toledo se produjo nuevamente la misma situación. Sólo contamos con tres empresas desarrolladas a lo largo del siglo XX. Dos en Talavera de la Reina y una en Mora. En Castilla-La Mancha no se conoce ninguna iniciativa en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Nada extraño por otra parte, puesto que los dos únicos enclaves de cierta consideración eran ambas capitales de provincia -rondaban los 10.000 habitantes en 1900-, y en un ambiente tan escasamente urbano no parece que existiera demasiado interés por adentrarse en el negocio del agua. En Castilla y León el ritmo de implantación de las empresas creció muy levemente en el siglo y siguió la tónica establecida en el XIX, puesto que solamente se pasó de 4 a 5 iniciativas. Si antes de 1900, Burgos y Valladolid habían sido los dos principales núcleos -además de la existencia de una empresa en Lerma-, en el siglo XX no se produjo una intromisión masiva de empresas, como ocurrió en La Mancha. Tan sólo se incorporaron dos capitales de provincia -Zamora (1905) y León (1923)-, y algunas cabeceras comarcales y localidades importantes como Aranda de Duero, Toro y Villarabo. Por su tamaño, llama la atención la inexistencia de iniciativas en Salamanca (alrededor de 25.000 habitantes en 1900). El resto de las provincias -Avila, Segovia, Soria, Palencia- no tenían talla urbana suficiente para incorporar empresas interesadas en prestar este servicio público. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A MADRID: LOS FALLIDOS INTENTOS DEL AYUNTAMIENTO En el marco del servicio de abastecimiento de agua, Madrid es un caso especial en España. Aunque contempla un significativo número de empresas constituidas, la intervención del Estado y la creación del Canal de Isabel II para abastecer la ciudad,

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dejó prácticamente sin espacio a otras compañías. Existieron algunos intentos para abastecer Madrid: La Aurora (1841) fue uno de ellos, pero su ineficacia hizo que el Ayuntamiento le retirara al poco tiempo la concesión. El predominio del Canal de Isabel II hizo que las empresas constituidas en la capital del reino, tuvieran como objetivo dedicarse al abastecimiento de localidades del entorno -Aguas de los Molinos (1923)-, a ciudades de otras provincias -Aguas de Almendralejo (1927)-, y empresas dedicadas principalmente al asesoramiento técnico y a la conservación de las instalaciones en época bastante tardía: Mannesmann Agrotécnica (1956) y Ranney Español (1963), por ejemplo. También hizo sus tentativas Hidráulica Santillana (1905), pero la primacía otorgada al Canal en la concesión, restringió la actuación de la empresa madrileña que se contentó con abastecer algunos barrios de la zona alta de la ciudad6. Desde tiempo atrás existieron intentos de modernizar el abastecimiento de agua potable a la capital del reino. La real cédula de 8 de marzo de 1829 instaba al Cabildo a encargarse exclusivamente y sin dilación de la traída de aguas potables. Se debía redactar un proyecto donde se razonara sobre la cuenca fluvial más idónea para establecer uno o varios canales y donde se perfilara una primera red de distribución dentro del perímetro de la capital. Fernando VII se declaró protector de la empresa y establecía la absoluta propiedad municipal sobre las aguas. Para financiarla señalaba únicamente la posibilidad de obtener recursos mediante portazgos y consumos, y que el Consistorio pudiese tomar a préstamo las cantidades que necesitase7. Ante la ineficiencia municipal se optó por la fórmula de la concesión a una compañía privada. Se conoce la iniciativa de una sociedad privada denominada La Aurora. En 1846 realizó un proyecto el ingeniero Manuel Cortijo, que contemplaba la realización de un único canal desde el río Lozoya. Fue aprobado por el Ministerio de la Gobernación, y en el mismo año se llevó a cabo una primera subasta para su arrendamiento. Se adjudicó, mediante concurso, provisionalmente a la empresa La Aurora, que se comprometió a conducir diariamente 10.000 reales fontaneros (32.450 metros cúbicos), y su posterior venta al Ayuntamiento. La concesión se rescindió en agosto de 1847 al agotarse el plazo para el inicio de las obras por la inactividad de la empresa8. En la misma fecha, 1846, se constituyó la sociedad anónima Aumento de Aguas a Madrid, con un capital inicial de 58 millones de reales con el objetivo de promover los trabajos proyectados por José de Llanos, encaminados a construir nuevos “viajes de agua” capaces de suministrar un mínimo de 50 reales fontaneros. La compañía fue declarada de utilidad pública y contó con la protección del rey consorte. Asimismo, el Cabildo se reservaba, mediante escritura otorgada por el Ayuntamiento, una garantía de consumo y el uso preferente del agua. 6 González Reglero, 2008 y 2014. 7 Paz Maroto, 1963, 211-219. Rueda Laffond, 1994, 37. 8 Paz Maroto, 1963, 212. Canal de Isabel II, 1951, 25-26. Rueda Laffond, 1994, 23 y 39.

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Las noticias sobre el devenir histórico de la empresa son escasas, aunque se sabe que fue presentada ante los inversores madrileños con «lisongeras perspectivas y lucrativo porvenir». El coste de las inversiones a realizar -excavar varias minas de agua desde Peñagrande hasta la Puerta de Bilbao-, se calculó en cerca de 7 millones de reales, y la venta de los caudales de agua se valoró en 22 millones de reales, aproximadamente. La compañía presentó como principal novedad la posibilidad de introducir bombas hidráulicas para la elevación del agua y para asegurar la presión necesaria hasta las puertas de la capital9. Ninguna de las dos tuvo resultados positivos. No se conocen datos sobre nuevas sociedades dispuestas a encargarse del abastecimiento de Madrid hasta 1867. Ese año, una vez concluida la infraestructura básica del Canal de Isabel II, fracasaron los intentos para traspasar la gestión, en régimen de arrendamiento, a una compañía privada, La Lozoyana, promovida por capital francés; por lo que la entidad pasó a depender de la Jefatura de Obras Públicas del Ministerio de Fomento10. A pesar de tantos intentos fallidos, el Ayuntamiento de Madrid tenía la obligación de realizar un proyecto para la explotación de uno o varios canales de abastecimiento de agua potable. La red de distribución y su construcción, dentro del perímetro urbano, sería exclusiva competencia municipal, y el caudal de agua también sería de su propiedad11. Los diversos proyectos y realizaciones de traída de aguas a Madrid, se paralizaban por la lentitud de la gestión municipal para resolver los problemas administrativos, y se convertían en obras de muy larga duración con escasa repercusión en la ciudad. Dificultades técnicas y económicas daban al traste con los proyectos. La evidente falta de liquidez y de recursos del Ayuntamiento posponía interminablemente la realización de las obras, a pesar de las continuas ofertas de empresas nacionales y extranjeras para ejecutar el proyecto de Rafo y Ribera. Una de estas propuestas, la del Conde de Retamoso, aprobada conjuntamente por el Ayuntamiento y el Gobierno a comienzos de 1850, terminó por disolverse porque a pesar de las importantes concesiones que recibía, transcurrió el año previsto para el comienzo de los trabajos y caducó la concesión12. EL CANAL DE ISABEL II Y LA ACCIÓN DEL ESTADO PARA ABASTECER MADRID El Estado participó como elemento reactivador en países con una economía atrasada y en el desarrollo e implantación de los servicios públicos. En España, 9 Llanos, 1847, 10. 10 Comín, 1995, 33. 11 Real cédula de 8 de marzo de 1829. 12 Revista de Obras Públicas, 1853, «Canal de Isabel II», p. 207. En esta etapa de la Revista muchos artículos no los firmaba ningún autor concreto y se entendía que era información proporcionada por ingenieros que formaban el equipo editorial.

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en la segunda mitad del siglo XIX se incrementó su acción, aunque muchas veces indirectamente, sobre determinados servicios públicos. Un caso concreto puede ejemplificarse a través del Canal de Isabel II. La incapacidad del Consistorio municipal provocó que el Estado plantease fórmulas, también fallidas en ocasiones, para contratar las obras (1846). Finalmente, el Estado asumió la responsabilidad de la financiación y construcción de las instalaciones13. En consecuencia, desde 1867 hasta 1907, la gestión del Canal se integró en la sección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento14. Cabe señalar que la intervención del Estado se llevó a cabo para acometer una obra urgente de gran envergadura, porque el Ayuntamiento y la iniciativa privada no tuvieron capacidad para hacer frente a la elevada inversión que requería su construcción15. El Canal de Isabel II lo erigió el Estado en 1851 como entidad pública, para gestionar y explotar el abastecimiento de agua potable del río Lozoya a Madrid. De la gestión de la empresa estatal se hizo cargo un Consejo compuesto por representantes del Estado, Ayuntamiento y particulares, que dependía del Gobierno y estaba presidido por un Comisario delegado de la Corona. Por su parte, los particulares y el Ayuntamiento suscribieron obligaciones a reintegrar por el Estado una vez concluidas las obras. Se contemplaba la posibilidad de que una vez terminado se constituyera un Sindicato compuesto por abonados, representantes municipales y tres comisarios regios. A partir de 1867, la autonomía administrativa quedó en suspenso, pero a cambio se contaba con el respaldo del Presupuesto ordinario del Ministerio. La reorganización administrativa promovida entre 1905 y 1907 culminó con el restablecimiento del régimen de Comisaría Regia y Consejo de Administración, y con ello, con el reconocimiento de la autonomía administrativa, técnica y contable de la entidad respecto al Ministerio16. La constitución del Canal de Isabel II fue una excepción de la forma utilizada, antes y después, para la gestión de los servicios públicos, que generalmente se solucionó mediante la técnica de la concesión administrativa o el arrendamiento. Ante el problema que padecía la capital de la monarquía -el deficiente abastecimiento-, y el gran interés en prestigiar una ciudad de esas características, se optó por una solución singular y especialísima: la construcción del Canal a cargo del Estado. A pesar de la autonomía de gestión que dispuso entre 1851-1867 y a partir de 1907, el Canal de Isabel II conservó una estrecha dependencia de la Administración Pública. Entre 1867 y 1907 esta vinculación resultó orgánica, puesto que formó parte del Ministerio de Fomento. Cuando en otras etapas se constituyó como Comisaría Regia y Consejo de Administración, los empréstitos debían contar con la aprobación

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Alzola Minondo, 1899, 391. Pérez Zabaleta, 1990, 8. Comín, 1995, 33. Canal de Isabel II, 1954, 25-26. Rueda Laffond, 1994, 23 y 39. Comín, 1995, 33.

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del Estado. La gestión directa del Estado explica la vinculación entre la coyuntura política y las necesidades de fondos. La solución definitiva de traída de agua del Lozoya contempló la conjunción de elementos políticos y personales, que habían alentado la idea durante los gobiernos anteriores (1840-1850). A la par se sumó el contexto de estabilidad política y un programa muy genérico de fomento de las obras públicas y de racionalización y modernización del Estado. De todos modos, detrás del protagonismo de la Corona, se escondía la incapacidad de la Hacienda municipal y la ineficacia de las empresas privadas17. En junio de 1851 se dictó el real decreto y reglamento para la construcción del Canal de Isabel II, que abastecería la capital, con el objetivo principal de cubrir «los usos de necesidad y comodidad de la vida local» y satisfacer la demanda de la «industria agrícola y fabril» . La intervención del Estado se justificaba por el interés general de las obras, aunque se estimaba indispensable el «auxilio del Ayuntamiento y la concurrencia de hombres celosos». El capital inicial se presupuestó en 80 millones de reales de vellón y la dotación prevista sería de 33.000 m3 diarios. El Estado adelantó -en calidad de reintegro a recuperar con el producto de la venta del agua- 2,5 millones de reales en forma de crédito extraordinario. El resto de su aportación -45,5 millones- debía proceder de los sucesivos presupuestos generales ordinarios. Estas cantidades y sus respectivos intereses se debían reintegrar con el producto total de las aguas18. Se estimaba que el presupuesto debía cubrirse con las consignaciones anuales en el presupuesto general del Estado, con el importe de la suscripción en reales de agua que realizarían el Ayuntamiento y los particulares. El Ayuntamiento se comprometió a suscribir 16 millones de reales de plata, reintegrados exclusivamente con la adquisición de 2.000 reales fontaneros de agua. Se contaba con inversiones de particulares, 16 millones de reales que debían ser reintegrados en metálico con un interés anual del 6%. En el artículo 12 del real decreto se contempló la posibilidad de que el Gobierno presentase un proyecto de ley para que se impusiese a los propietarios de casas de Madrid, en calidad de reintegro obligatorio, un tanto por ciento sobre sus rentas19. La administración del Canal de Isabel II hasta la terminación prevista de las obras, 1856, dependía de un Consejo presidido por un Comisario Regio, que debía recoger los intereses del Ayuntamiento y los particulares. Bravo Murillo —presidente del consejo de ministros entre 1851 y 1852— utilizó una fórmula que en aquella época se denominaba «modo industrial», expresión con la que se pretendía dar a entender que había adoptado la figura de una empresa privada que tenía contabilidad propia y la creación de un Consejo de Administración en el que 17 Rueda Laffond, 1994, 40. 18 Revista de Obras Públicas, 1853, «Canal de Isabel II», 207. 19 Memoria de Obras Públicas, 1867-1869. Alzola Minondo, 1899, 391. Paz Maroto, 1963, 213.

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figuraron distinguidas personalidades del mundo de la industria, la ingeniería, las finanzas y de la nobleza20. Existía la convicción de haber adelantado bastantes años, y todavía alrededor de 1930 se consideraba un tipo de organización muy adecuada para los servicios públicos estatalizados, muy empleada en la gestión de los ferrocarriles21. A pesar de ser un organismo estatal se concibió como «empresa particular». Una vez terminada su construcción, la explotación del servicio estaría a cargo de un sindicato mixto, bajo titularidad e inspección gubernativa, que aseguraría su mantenimiento y gestión en el futuro. La financiación se debía cubrir a cargo del 50% de los beneficios que se obtuviesen con el suministro. Todo parece apuntar a que en el fondo existía la intención de arrendar el Canal, una vez puesto en marcha, a un concesionario privado. En junio de 1855 surgieron los primeros problemas en la financiación del Canal de Isabel II, entre otras cosas porque el Ayuntamiento no había desembolsado la parte que le correspondía y por la epidemia de cólera que se desató en el país, que afectó extraordinariamente a los trabajadores y a la paralización de las obras. En este contexto se aprobó el Anteproyecto de distribución interior mediante real decreto de 19 de mayo de 1855, firmado por José Morer. Asimismo, se autorizó al Ministerio de Fomento la emisión de obligaciones por un valor de 50 millones de reales, al 8% de interés, con el fin de financiar las obras de conducción dentro de la ciudad22. El capital invertido a finales de 1855 rondaba los 76 millones de reales, de los que el Ayuntamiento había desembolsado 7,1 millones y los particulares habían suscrito 22,8 millones, de los que 11,4 deberían reintegrarse en metálico. Esta contratación tenía un sentido de inversión refugio, motivado por los efectos de la crisis de 1848. Entre 1856 y 1866 la inversión oficial dio un gran impulso a las obras del Canal, dedicando 115 millones de reales a la infraestructura de transporte y distribución del agua23. En 1859, cuando el Estado se declaraba propietario de las aguas del Canal, estaba respaldando una línea de actuación política que promovía el intervencionismo en el abastecimiento de agua y que lentamente se fue imponiendo de forma progresiva en el siglo XX24. En 1867, al finalizar la primera parte de los trabajos del Canal no se constituyó el sindicato que anteriormente se había anunciado, sino que se creó una sociedad privada La Lozoyana (1866), como futura arrendataria de la explotación del servicio. Se intentó un nuevo arrendamiento con la compañía de capital francés, pero no se llegaron a acuerdos definitivos. La crisis económica provocó

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Pérez Caballero, 1925, 13. Sánchez Moreno, 1933, 512. Orduña Zarauz, 1925, 4. Rueda Laffond, 1994, 44. Bello Poëyusan, 1930, 10-13. Orduña Zarauz, 1925, 4-5. Pérez Caballero, 1925, 13.

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la quiebra de esta empresa25, lo que aconsejó la disolución del Consejo de Administración y la entidad pasó a convertirse en una dependencia de la Jefatura de Obras Públicas del Ministerio de Fomento. Desapareció, por tanto, la autonomía administrativa26, sus recaudaciones se ingresaban en el Tesoro público y sus gastos de explotación y créditos para nuevas obras se incluían en los presupuestos generales del Estado27. Esa estrecha dependencia fue bastante negativa para el Canal, por la repercusión que tenían los acontecimientos políticos y su reflejo en el descenso de las inversiones, bastante significativo, sobre todo en comparación con la primera etapa. Entre 1870 y 1903 se aprobaron cinco reglamentos relativos al servicio de distribución, en los que se reflejaba los diversos tipos de contratos que podían realizar los abonados particulares; además, se contempló la posibilidad de suscribir concesiones por llaves de aforo, a caño libre y desde 1873, por contador. En el Reglamento de 1886 se ampliaron los requisitos relacionados con las concesiones para usos industriales, que hasta ese momento estaban subordinados a los domésticos. A finales del XIX el abastecimiento presentaba algunos problemas básicos: la necesidad de adecuar el suministro a una demanda insatisfecha, especialmente en el Ensanche norte y este28; mejorar las condiciones técnicas y de infraestructura para garantizar el servicio; y afrontar las deficiencias higiénicas de diversas zonas de la ciudad. La gestión del Canal, en esta segunda etapa, no fue tan positiva. A pesar del fuerte crecimiento poblacional, la inversión -realizada en gran parte en los primeros años del XX- no pasó de los 18 millones de pesetas; y esta situación avivó los intereses de la iniciativa privada para hacerse con su control. Las importantes inversiones que era preciso realizar en esos primeros años del siglo y la aparición de un competidor a través de la Hidráulica Santillana (1905), condujeron al restablecimiento de un sistema de administración, autónomo al Departamento ministerial, en el que se reunían personal técnico junto a representantes municipales y de entidades locales bajo la dirección de un comisario nombrado por el Gobierno. LA DEFINITIVA IMPLANTACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II La aparición de Hidráulica Santillana, con la concesión otorgada para el abastecimiento de la zona alta de Madrid, fue la causa que motivó el cambio de status en la gestión del Canal de Isabel II, que necesitaba una mayor flexibilidad

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Rueda Laffond, 1994, 24. Orduña Zarauz, 1925, 3. Sánchez Moreno, 1933, 512. García Agustín, 1971, 249-270.

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en la actividad empresarial al desaparecer el monopolio para transportar agua a Madrid29. Mediante el decreto ley de 8 de febrero y el reglamento de 20 de mayo de 1907, se reorganizó administrativamente el Canal. Aunque de titularidad estatal, adoptó el modelo de una sociedad industrial, se constituyó un Consejo de Administración, con delegación del Estado y quedó bajo el inmediato control del Ministro de Fomento. Se componía del comisario regio, un inspector general del cuerpo de ingenieros -que era el vicepresidente-, un subdirector de lo contencioso, y representantes del Ayuntamiento, Círculo de la Unión Mercantil, Asociación de la Prensa, Sociedad de Higiene, etc. González Besada, entonces Ministro de Fomento, pretendió restablecer el sistema de organización que en 1851 presentó Bravo Murillo. A partir de ese momento se recalcó la nueva orientación de la empresa: régimen de sociedad mercantil, racionalización y rentabilidad económicas, y mejora de la prestación del servicio gracias a la propia gestión de los ingresos de su explotación. Asimismo, se promovió la emisión de un empréstito de cédulas “hipotecarias” garantizadas y la previa apertura de sendas cuentas -de crédito y tesorería- en el Banco de España. Sus atribuciones comprendían desde la autorización para la realización de las obras, elaboración de presupuestos, levantamiento de empréstitos, hasta la celebración de convenios con otras empresas o sociedades, etc. El Gobierno, como en las obras municipales, debía autorizar las tarifas, los planes de obras, los presupuestos anuales y los proyectos que excediesen de 50.000 pesetas30. La pretensión de producir energía eléctrica tenía la finalidad de buscar mecanismos de regulación y abaratamiento de los precios rompiendo el trust de pequeñas productoras privadas. Además, Sánchez de Toca -Comisario Regio desde abril de 1907-, lo estimaba como un punto necesario de la progresiva “socialización” de los servicios públicos. La distribución de electricidad generó la oposición de las compañías eléctricas, que coincidió con el enfrentamiento con Hidráulica Santillana31. El conflicto, que adquirió evidentes tintes políticos, alcanzó su punto culminante en 1909 con la constitución de Cooperativa Eléctrica, promovida directamente desde el Canal de Isabel II, y el establecimiento de un acuerdo con el Consistorio para cubrir las necesidades del alumbrado público32. De todas formas, la compañía eléctrica se convirtió en una empresa industrial y abandonó su primigenio carácter social y mutualista; y el Canal de Isabel II se fue desligando, coincidiendo con el cese de Sánchez de Toca en la comisaría regia.

29 Rueda Laffond, 1994, 6-64 y 118-123. Comín, 1995, 34-35. 30 Bello Poëyusan, 1930, 22. Boix Merino, 1925, 23-25. Nicoláu Sabater, 1925, 26-28. Conde de San Luis, 1925, 17-20. Sánchez de Toca, 1925, 20-23. Bello Poëyusan, 1925, 5-12. Sánchez Moreno, 1933, 512. Revista de Obras Públicas, 1934, 330-331. Rueda Laffond, 1994, 25, 57 y 71. 31 Paz Maroto, 1963, 218. Rueda Laffond, 1994, 58. 32 Sánchez Moreno, 1933, 512.

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Desde 1907 se insistió en la necesidad de que el Canal de Isabel II rentabilizara la prestación del servicio, mejorando la cuenta de ingresos -en aquel año se estableció la obligatoriedad del abono con contador-, y se emprendió un ambicioso plan de obras que incluía la conclusión del Canal Transversal y la explotación de un salto hidroeléctrico. De todas formas, el contencioso con Hidráulica Santillana provocó un paréntesis en la ejecución de obras y mejoras en el Canal, que no se resolvió hasta 1928, una vez que el Ministerio de Fomento decidió no atender las alegaciones de la compañía privada. Hacia 1924, una vez asentado el organigrama administrativo del Canal de Isabel II, se pretendía que el Estado le dotara de mayores medios para su desarrollo, y que la comisaría regia y el consejo de administración, secundados por las Secciones técnica y administrativa, llevaran a cabo con acierto y celeridad los planes y proyectos de mejora, muchos incluso estudiados y aprobados. No eran aportaciones económicas lo que necesitaba el Canal, puesto que su recaudación era importante e iba en aumento, y poseía un crédito extraordinario como empresa eficiente. De hecho, el alto precio que mantenía en la Bolsa su insignificante deuda, en parte ya amortizada, así lo demostraba33. Por real decreto de 6 de febrero de 1926 se excluía del Consejo de Administración a los representantes del Ayuntamiento y de otras entidades locales, y estaba formado solamente por representantes del Ministerio de Fomento. En estos años, las inversiones relativas al nuevo canal fueron muy puntuales, y se marcó una línea de gestión encaminada a racionalizar la gestión ordinaria: constitución de un fondo de previsión y reserva, reorganización de oficinas, concesión de trabajos menores, etc. A partir de 1928 se permitió, oficialmente, la financiación del Plan de Obras, y mediante una real orden de 2 de abril se autorizó un empréstito de 60 millones de pesetas para realizar todas las obras que eran necesarias. Muchas de estas obras se realizaban por el sistema de administración. Hasta ese momento, el Estado había costeado las obras de abastecimiento de la ciudad en cerca de un 94% —mediante consignaciones de los presupuestos generales y con los sobrantes de explotación—, mientras que la aportación del Ayuntamiento y los particulares había sido casi nula34. El cambio de tendencia se aprecia al analizar las cifras de 1928. Ese año, el nivel de consumo y facturación resultó con unos ingresos por cobro del abastecimiento de agua de 6,5 millones de pesetas, que sumado a lo obtenido por la venta de energía eléctrica sobrante, suponía un total de 7,3 millones, es decir, unas 9,06 pesetas por habitante. Los datos aportan una gestión positiva, especialmente si se tiene en cuenta que los gastos totales de explotación, administración, conservación y reparación para ese año, ascendieron a 2,4 millones de pesetas, es decir, un gasto 33 Conde de San Luis, 1925, 17. Villanueva Larraya, 1991, 225. 34 Bello Poëyusan, 1925, 9-10. Conde de San Luis, 1925, 17-18; Bello Poëyusan, 1930, 16 y 26-27. Bonet y Algea, 1935, 66-67. Rueda Laffond, 1994, 94 y 105.

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de 3,09 pesetas por habitante35. El excedente se destinaba en toda su cuantía a las nuevas obras e instalaciones. Estos datos, aunque aislados, muestran la rentabilidad una vez realizadas las inversiones del primer establecimiento: búsqueda de manantiales, construcción de embalses, derivación del agua a través de canales, red de distribución, depósitos de depuración, etc. Eran años de rápida expansión urbana y se hacían patentes nuevamente las limitaciones del suministro. Se pretendió corregir la poca presión que tenía el agua para llegar a determinadas zonas de la ciudad, la escasa dotación, acentuada en verano, y prever las necesidades futuras. Asimismo, se intentó atender las peticiones de los Ayuntamientos limítrofes. Las obras era preciso incluirlas en un plan que podría llevarse a cabo en un período de seis años, “salvo circunstancias de fuerza mayor” -en palabras del Ministro de Obras Públicas-, y con el objetivo de dotar a la capital con un caudal de 500 litros por habitante y día, y una excelente potabilidad, situando a Madrid entre las ciudades del mundo mejor abastecidas36. Los resultados que obtenía el Canal no parece que fueran muy distintos a los de las empresas privadas. Las cuentas de ingresos y gastos ordinarios se saldaban generalmente con superávit, con unos beneficios anuales que oscilaban entre los 2 y 3,5 millones de pesetas. Esto permitió cubrir las obras de mantenimiento y reparación, los intereses de la deuda y los gastos ordinarios de administración y personal. El coeficiente de explotación se mantuvo constante durante el período 1910-1930; a partir de 1910 se situó alrededor del 0,26, bastante por debajo del calculado para 1907 (0,45); sin embargo, desde 1920 se produjo un incremento que alcanzó su máximo nivel en 1925 con un 0,40; y la media para la década 1930-1940, fue de 0,35. El capítulo de gastos experimentó un aumento significativo a partir de 1914, pero de modo paralelo la cuenta de ingresos también manifestó un incremento anual37. En definitiva, en este período se lograron recaudar 95 millones de pesetas, de los que se gastaron 32 en explotación, logrando invertir un total de 48 millones en nuevas obras e instalaciones, además de pagar íntegramente el empréstito, e incluso existieron unos beneficios de 15 millones de pesetas. La gestión del Estado permitió afrontar con mayores garantías el abastecimiento de la capital de la monarquía, aunque persistió el problema de la potabilidad del agua -que mejoró a partir de 1910 al incorporar plantas depuradoras-, y no se dotó suficientemente a algunas zonas del extrarradio, por el fuerte crecimiento que estaba experimentando la ciudad en esas décadas38.

35 Bello Poëyusan, 1930, 28-29. 36 Escario, 1931, 112; Paz Maroto, 1931, 332; Revista de Obras Públicas, 1934, 330-331. 37 Sánchez Moreno, 1933, 512-516. Rueda Laffond, 1994, 97. 38 Bello Poëyusan, 1930, 27. Paz Maroto, 1931, 510. Sánchez Moreno, 1933, 511. Rueda Laffond, 1994, 6-64 y 118-123. Comín, 1995, 34-35.

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LAS EMPRESAS PRIVADAS EN MADRID A LO LARGO DEL SIGLO XX Todo parece apuntar a que el dominio que ejerció el Canal de Isabel II hizo que no existieran muchas iniciativas privadas para gestionar el abastecimiento de la capital, y que la plaza financiera de Madrid ignorara este tipo de negocio, que en cambio parece bien asentado y desarrollado en otras ciudades como Barcelona y Valencia. De hecho, hasta entrada la mitad del siglo XX no apareció ninguna empresa vinculada al negocio del agua. Hidráulica Santillana, aunque comenzó el suministro de algunos barrios de la ciudad en 1905, figuraba como empresa eléctrica, que era su objetivo principal. Después de la guerra surgió la compañía Cantabria, pero su papel no fue muy relevante, puesto que se centró en el abastecimiento de pequeñas poblaciones de la provincia y algunos sectores de la ciudad. Su número de abonados fue muy pequeño, y el volumen de agua distribuida era también bastante insignificante. En 1950, la compañía Cantabria, S. A. suministraba un total de 1,3 millones de metros cúbicos -de los que buena parte eran para los usos municipales y fuentes públicas-, frente a los 71,6 del Canal de Isabel II y los 10,3 de Hidráulica Santillana. La diferencia en el número de abonados también era ostensible: 27.300 tenía el Canal de Isabel II, 5.951 Hidráulica Santillana y Cantabria sólo llegaba a los 1.834 clientes39. La creación de Hidráulica Santillana en 1905, respondió a la pretensión que tuvo el Marqués de Santillana de realizar algunos proyectos diseñados en la última década del XIX. Concretamente, el proyecto de Salvador Peydró, en 1891, para la construcción de una conducción con capacidad para transportar 6.000 litros de agua de los ríos Jarama y Guadalix, para el abastecimiento de Madrid, riego y producción de 5.000 caballos de fuerza. Asimismo, el proyecto de Felipe Mora, en 1892, para construir un salto de agua en el término de Torrelodones para el transporte de energía a Madrid y un canal para el suministro de aguas potables a diversos pueblos de la provincia40. Con ese fin aunó el propósito de asegurar el abastecimiento de agua y de energía gracias a las explotaciones hidráulicas situadas en el noroeste de la provincia. Desde 1897 había iniciado las gestiones para la adquisición de diversas concesiones que tenían otorgadas particulares en el Manzanares, Guadalix, Guadarrama y Lozoya. En 1899 presentó, en el Congreso de los Diputados, un proyecto propio para el abastecimiento de agua a Madrid41. El 17 de abril de 1900 el Ministerio de Fomento le otorgó la concesión de un caudal medio de 3 m3 por segundo para el abastecimiento del Ensanche y el Extrarradio Norte y Este, que todavía estaba sin 39 Servicio Sindical de Estadística, 1950. 40 Rueda Laffond, 1994, 60. 41 El complejo proyecto, que no se puso en marcha hasta 1902, comprendía el abastecimiento de agua, saneamiento y regulación del caudal del Manzanares mediante la construcción de un embalse, canales e instalación de centrales hidroeléctricas. Rueda Laffond, 1994, 62.

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suministro. En 1905, para financiar las obras previstas se constituyó Hidráulica Santillana en sociedad anónima, lo que demuestra la consistencia de la empresa, y aumentaban las posibilidades para la financiación de los diversos negocios que estaba emprendiendo. De los 5 millones de pesetas desembolsados como capital social, el Marqués de Santillana aportó cuatro42. Para respaldar su negocio buscó el apoyo de grandes personalidades, tanto de la vida política como de la nobleza. Las primeras iniciativas estaban encaminadas a consolidar su presencia en el negocio eléctrico de Madrid43, puesto que se consideraba un elemento esencial para asegurar la viabilidad de la empresa. También se planteó resolver a corto plazo el suministro del abastecimiento, que era otra de las razones básicas para sostener en pie la compañía. Su aparición rompió el monopolio que poseía el Canal de Isabel II44. Los resultados de la gestión durante los primeros años de Hidráulica Santillana (1905) muestran la buena marcha del negocio, tanto desde la perspectiva del incremento de la producción como de la estabilidad de los gastos totales. Con todo, en 1909, se apreció un descenso puntual en los beneficios líquidos y en su relación con el capital; pero en 1910 la empresa volvió a remontar sus rendimientos. Las causas de esta breve recesión hay que buscarlas en el crecimiento del capítulo de intereses, comisiones y descuentos; y en la escasa repercusión que tenía la venta de agua45. Realizando una valoración del período 1905-1934, se vislumbra una panorámica bastante apreciable de la situación de la empresa, que muestra un incremento progresivo de los beneficios, lento hasta 1921, y algo más significativo desde 1922, donde al final comienza una etapa más bien vacilante, aunque dentro de una tónica positiva de reparto de dividendos. LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TÉCNICOS EN MADRID Ante la alta cuota de mercado que poseía el Canal de Isabel II, y en menor medida Hidráulica Santillana, y la dificultad para que cualquier otra empresa se adentrara en el suministro de la ciudad, era lógico que las iniciativas surgidas en 42 Su capital nominal aumentó hasta 20 millones de pesetas en 1926, tenía 6 millones de pesetas de Obligaciones en circulación y se habían emitido 40.000 acciones con un valor de 500 pesetas cada una. Los beneficios que produjo la empresa fueron en continuo aumento. Cotizaba, hacia 1925, en las tres bolsas españolas: Madrid, Barcelona y Bilbao. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1927, 513. 43 En 1906, entre otras actuaciones, se proyectaron canalizaciones subterráneas, al mismo tiempo que se amplió el número de entidades que recibían el suministro y adquirió dos nuevas centrales. En 1907 se solicitó al Ayuntamiento la ampliación de las redes eléctricas para llegar hasta otras centrales de distribución y centros de consumo, por ejemplo para suministrar energía a la Fábrica del Pacífico. En 1908 se planteó la necesidad de instalar cables aéreos desde el barrio de Tetuán hasta el de Pueblo Nuevo. Rueda Laffond, 1994, 65-66. 44 La reversión de sus instalaciones al Ayuntamiento de Madrid estaba prevista alrededor del año 2000. Pero es evidente que al no ser el abastecimiento su principal objeto, sino la producción hidroeléctrica, y verse obligada a dejar agua en estiaje al Manzanares, no le permitió ser de gran ayuda a las necesidades de Madrid hacia 1960. Paz Maroto, 1963, 215-216. 45 Rueda Laffond, 1994, 66.

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Madrid tuvieran un perfil distinto y una proyección que superara el ámbito local. Al mismo tiempo sus propias características les llevaba a domiciliarse en Madrid, pero su vocación era mucho más amplia y pretendían convertirse en los asesores técnicos de los Ayuntamientos en materia de abastecimientos. Un tipo de empresa que se desarrolló fue la dedicada a estudios técnicos relacionados con el abastecimiento de agua. Esta situación tenía una gran tradición dentro del sector, puesto que desde los primeros momentos existieron empresas de mayor especialización tecnológica que eran las encargadas de diseñar los proyectos o más directamente de ejecutar y realizar las propias obras. Dentro de ese grupo se puede incluir a la compañías como Hidráulica Española46 (1922), Servicios Públicos47 (1926), Estudios Hidráulicos48 (1932); e incluso a la sociedad Aguas y Saneamiento (1934), que tenía como propósito esencial realizar estudios y operaciones para el desarrollo del urbanismo y la higiene pública, especialmente sobre investigaciones de aguas potables y saneamientos de ciudades49. Al mismo grupo pertenece Mannesmann Agrotécnica (1956), dedicada no sólo a la realización de obras de abastecimiento, sino también a instalaciones de riego por aspersión, aprovechamiento de aguas residuales de industrias y poblaciones50. En esta misma línea surgió posteriormente, Ranney Español51 (1963). En pequeñas poblaciones de la provincia también surgieron algunas empresas: Aguas de Los Molinos52 (1923), Hidráulica de Villarrobledo53 (1926). Asimismo, como reflejo del crecimiento de las ciudades dormitorio cercanas a la capital en la década de 1950, se observa la implantación de sociedades en algunas de estas poblaciones, como es el caso de Aguas de Aravaca54 (1950). 46 El capital social se estableció en 4 millones de pesetas. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1927, 514. 47 El capital social se estableció en 1,5 millones de pesetas, representado por 3.000 acciones de 500 pesetas cada una. La actividad de esta empresa estaba centrada en la explotación de todo tipo de concesiones de aguas: abastecimiento, ferrocarriles, saneamiento, mercados y servicios públicos en general. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1927, 513. 48 El capital social se fijó en 100.000 pesetas, representado por 200 acciones de 500 pesetas cada una. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1933, 341. 49 El capital social, de 5 millones de pesetas, estaba representado por 10.000 acciones de 500 pesetas cada una. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1935, 292. 50 El capital social se fijó en 1 millón de pesetas. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1970, 112. 51 En su constitución se estableció con un capital de 3 millones de pesetas. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1970, 112. 52 El capital fundacional se estableció en 150.000 pesetas, se amplió en 1933 a 250.000 pesetas, en 1960 aumentó a 3 millones de pesetas, y nuevamente en 1970 que se fijó en 3,8 millones de pesetas. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1927, 514. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1970, 107. 53 El capital social se fijó en 1,5 millones de pesetas. La empresa manifestaba expresamente los diversos usos que pretendía satisfacer: «el abastecimiento de aguas para uso agrícola, industrial, doméstico y públicos de Villarrobledo». Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1930, 217. 54 El capital nominal se estableció en 2,4 millones de pesetas. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1960, 171.

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LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL ABASTECIMIENTO DE MADRID La intervención del Estado en la creación del Canal de Isabel II, para abastecer Madrid, fue la respuesta ante las fallidas iniciativas privadas y municipales. Los primeros pasos que se dieron en materia legislativa –real cédula de 1829-, pretendían que el Ayuntamiento se hiciese cargo de la realización de las obras para la traída de aguas y de la gestión y explotación del suministro; pero la debilitada hacienda municipal no permitió esa solución. Aunque el Estado buscó fórmulas alternativas en la contratación de las obras (1846), y en el arrendamiento del suministro a empresas privadas (1866-1867), tampoco fue posible esa respuesta. La incapacidad municipal y privada condujo al Estado a integrar el Canal, entre 1867 y 1907, dentro de la sección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento. La reorganización administrativa auspiciada entre 1905 y 1907 abrió nuevamente el debate sobre nuevas formas de gestionar el Canal. En este momento no se discutió la titularidad del Estado, se constituyó un régimen de Comisaría Regia y Consejo de Administración, y se reconoció cierta autonomía administrativa, técnica y contable respecto del Ministerio. El replanteamiento sobre la gestión del abastecimiento la dejó como única alternativa posible. La dependencia directa del Estado se contempló excesivamente vinculada a la coyuntura política y encontraba grandes dificultades para la dotación presupuestaria. La municipalización tampoco se vio factible por la debilidad de la hacienda municipal. Y por último, la solución de otorgar mediante concesión o arrendamiento la gestión del Canal a una compañía privada, se consideraba perjudicial para los ciudadanos. La aparición de Hidráulica Santillana activó la reorganización administrativa del Canal en 1907, con una mayor preocupación por su rentabilidad, mejora de la cuenta de resultados, imposición de la obligatoriedad del contador a los abonados, y el proyecto de un ambicioso plan de obras. Pero también, el conflicto que se mantuvo con la compañía privada y la indecisión del Gobierno para aprobar operaciones de financiación, paralizaron durante bastantes años los planes de crecimiento del Canal. En definitiva, el Canal de Isabel II representa una excepción en la prestación de los servicios públicos municipales, resueltos habitualmente mediante la fórmula de la concesión administrativa, el arrendamiento a empresas privadas o gestión directa del propio Ayuntamiento. Aunque tuvo una relativa autonomía, entre 1851 y 1867 y sobre todo desde 1907, el Canal siempre dependió del Tesoro Público. Entre 1867 y 1907 esta vinculación fue incluso orgánica. En las otras etapas, bajo el régimen de Comisaría Regia y Consejo de Administración, gozó de relativa independencia puesto que todas sus necesidades financieras se cubrieron con empréstitos aprobados por el Estado y avalados por el Ministerio de Fomento55. 55 Paz Maroto, 1963, 211-216. Comín, 1995, 33-34.

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LA MODERADA INCORPORACIÓN EMPRESARIAL EN CASTILLA El problema de la región castellano-leonesa estribó en el estancamiento y baja productividad de su sector agrícola, propiciado por la estructura social en la que predominaban los arrendatarios -poco dispuestos a introducir mejoras en las técnicas agrícolas-, y en la que los propietarios estaban interesados en obtener la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo56. Por tanto, el carácter eminentemente agrario de la región no alentó precisamente la inversión en este sector y observamos que el número de empresas sólo fue de nueve y el capital nominal superó levemente los 5 millones de pesetas. En algunas capitales de provincia de tamaño mediano como Ávila, con 11.439 habitantes en 1900, no parece que se produjeran iniciativas de empresas privadas para la provisión del abastecimiento de agua. En esta ciudad, en 1924, el Ayuntamiento realizó un proyecto provisional de elevación de agua del río, que inauguró la infanta Isabel. En 1928 se logró el abastecimiento total de la población con la traída de aguas del arroyo Becerril, lugar donde se construyó un embalse con una conducción hasta el depósito de distribución, emplazado en las afueras de la ciudad57. En algunas capitales de provincia las iniciativas fueron más lentas que en otras ciudades castellanas: Aguas de Burgos se constituyó en 1889 -fecha relativamente tardía-, y en 1923 -data bastante retardada-, lo hizo Aguas de León. Esta última estableció su capital social en 2,5 millones de pesetas, en 1934 se amplió a 6 millones y en 1949 nuevamente a 10 millones de pesetas58. Por su parte, Aguas de Burgos combinaba el suministro de agua con el alumbrado eléctrico a domicilio. Por real orden del Ministerio de Fomento obtuvo la concesión administrativa, por 99 años, para la producción y distribución de energía eléctrica. La explotación del servicio de aguas comenzó unos años después en 1894. Su capital nominal inicial fue de 500.000 pesetas, en 1914 se amplió a un millón de pesetas y en 1931 nuevamente se aumentó a los 3 millones de pesetas. Tras la guerra experimentó sucesivas ampliaciones: en 1947 a 7 millones y en 1960 a 8 millones de pesetas. Entre 1931 y 1934 se pusieron en circulación diversas emisiones de obligaciones, por un valor de 2 millones de pesetas. Posteriormente, en 1949 se realizó una operación similar alcanzando los 3 millones de pesetas en obligaciones en circulación59. Desde las primeras décadas del XX ya obtenía beneficios, que se hicieron más ostensibles en los años finales de la década de 1940. 56 Gómez Mendoza, 1990, 180. 57 E. U. I. (1930), I, 1140. 58 Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1927, 513; Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1949, 402. 59 Estadística de Obras Públicas, 1898, 22. Anuario Financiero de Valores Mobiliarios (AFVM), 1916, 295. Ibidem, 1927, 514. Ibidem, 1935, 299. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1950, 400. Rubio Sacristán, 1928, 240-243.

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En la provincia de Burgos, se produjo una iniciativa temprana para estar constituida en una pequeña localidad, Agua y Luz eléctrica de Lerma (1895), en la que se combinaba el abastecimiento de agua potable con el suministro de electricidad. Su capital nominal fue de 50.000 pesetas, inversión que se encontraba dentro de los niveles de las pequeñas empresas del sector dedicadas al abastecimiento de enclaves rurales de tamaño muy reducido. Por contra, en Aranda de Duero, municipio de mediano tamaño y segundo en importancia después de la capital, no surgió ninguna compañía hasta bien avanzado el siglo XX. En 1860 tenía una población de 6.640 habitantes, 12.623 en 1900 y 26.866 en 1930. La sociedad constituida, Arandina de Aguas Potables (1933), tenía como finalidad no sólo el abastecimiento de la ciudad, sino también la construcción del alcantarillado. Su capital social, de un millón de pesetas, estaba representado por 2.000 acciones con un valor de 500 pesetas cada una60. Es interesante reseñar la aparición de la compañía Docwra y Simpson (1870), con domicilio social en Londres y que realizó obras para el suministro de agua en poblaciones como Zamora, Talavera, Valladolid, Toro, Don Benito y Salamanca, entre otras; es decir, distintas ciudades de Castilla y Extremadura. Por ejemplo, en Toro se conoce la existencia de una compañía dedicada al suministro de agua, Ramón Gorosabel, aunque no se dispone de datos sobre las magnitudes económicas ni el año de constitución. Todo parece indicar que el interés de la empresa Docwra y Simpson, se centraba en establecerse en poblaciones de tamaño mediano, entre los 10.000 y 15.000 habitantes, aproximadamente; y excepto Valladolid, que ya era una ciudad importante, el resto entra dentro de esas coordenadas. Además, representaba el carácter de empresas con gran especialización tecnológica interesadas en instalar los componentes fabricados en su país de origen. En muchas ocasiones realizaban las obras mediante subcontratas, puesto que la concesión de la explotación del suministro la tenía otra compañía. Esto parece que debió ocurrir en Valladolid en 1876, cuando la Sociedad Canal del Duero perteneciente al marqués de Salamanca y que tenía la concesión para el abastecimiento de la ciudad, recurrió a Docwra y Simpson para que realizara las obras y la construcción del canal para la traída de aguas61. La compañía Mercados de Zamora (1905), aunque resulte curiosa la denominación, se dedicaba al suministro de aguas potables y su capital social estaba fijado en 520.000 pesetas. En la pequeña localidad zamorana de Villarabo se constituyó la compañía La Asunción, pero se dispone de escasos datos sobre su actuación, solo que su capital social se estableció en 100.000 pesetas. La Mancha contaba, aparte de las capitales de provincia, con importantes cabeceras de comarca que aglutinaban los flujos migratorios y comerciales de la zona: Albacete, Hellín, Manzanares, Alcázar de San Juan, Valdepeñas. El análisis de las inversiones realizadas parece mostrar que, muchas de estas compañías están 60 Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1935, 288. 61 Costa Campí, 1981, 59. Pedrosa Sanz, 1986, 91-92. Gigosos y Saravia, 1993, 16.

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auspiciadas por pequeños empresarios del propio lugar, que se aventuraban en un negocio que comenzaba a ofrecer importantes ventajas, pero que no se atrevían a incorporar rápidamente las nuevas aportaciones tecnológicas y extender las redes para aprovechar la ventaja de las economías de escala. Albacete, en 1833, heredó de Chinchilla de Montearagón el papel de capital. A lo largo del XIX se convirtió en una importante encrucijada de comunicaciones, en un notable centro comercial y un modesto núcleo fabril. En 1900 tenía 14.735 habitantes. Se conoce la constitución de la sociedad Aguas Potables de Albacete, de la que existe escasa información. La fundación de la empresa está constatada desde 1914 y se estableció con un capital social de 325.000 pesetas62. En la provincia destacó la aparición de otras compañías en Caudete -Aguas del Paraíso-, y Hellín -Aguas Potables de Tobarra y Sociedad del Canal de Riego de Aguas de Hernández (1894)-, dos centros que concentraban gran parte del comercio comarcal. Aunque se desconoce el año exacto de la fundación de Aguas del Paraíso, se tienen noticias de su existencia desde 1926. Se constituyó con un capital social de 370.000 pesetas63. De Aguas Potables de Tobarra y Sociedad del Canal de Riego Aguas de Hernández, que a pesar de su denominación se dedicaba al abastecimiento de aguas potables a Hellín, apenas disponemos de datos. Caudete contaba con 5.210 habitantes en 1860, en 1900 se mantenía en unos niveles muy similares con 5.361 habitantes y en 1930 llegó a tener 6.747. Su tasa anual de crecimiento fue 0,37. En cambio Hellín era un centro algo mayor: en 1860 tenía 7.141 habitantes, en 1900 llegaba a 8.085 y en 1930 estaba en 11.916; y su tasa de 0,73 marcaba un ritmo de crecimiento algo superior64. Las sociedades constituidas en Ciudad Real se caracterizan, en primer lugar, por ser resultado de proyectos algo más retardados -aunque no tanto como los del País Vasco-, es decir, ya avanzado el siglo XX: Aguas Potables de Alcázar de San Juan (1908), Aguas y Alcantarillado de Manzanares (1918), Aguas de Ciudad Real (1919), Aguas Potables de Valdepeñas (1923), son algunas de las más representativas65. Alcázar de San Juan contaba con 7.612 habitantes en 1860, en 1900 se encontraba en 10.703 y en 1930 alcanzó la cifra de 20.397. La tasa de crecimiento 62 Anuario Financiero de Valores Mobiliarios (AFVM), 1916, 295. Ibidem, 1917, 531. 63 Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1927, 513. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1950, 408. Ibidem, 1970, 94. 64 Estadística de Obras Públicas, 1898, 25. Anuario Financiero de Valores Mobiliarios (AFVM), 1916, 295. Ibidem, 1917, 431. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1927, 512-515. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1948, 408. Ibidem, 1960, 167. Ibidem, 1970, 96. 65 Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1921, 45-77. Ibidem, 1922, 60-65. Ibidem, 1927, 512-515. Ibidem, 1930, 195-227. Ibidem, 1931, 129-161. Ibidem, 1932, 169-197. Ibidem, 1933, 337-366. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1948, 408. Ibidem, 1960, 170. Anuario Financiero y de Empresas en España (AFEE), 1983, 66.

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anual en el período señalado fue de 1,42, que sin ser de las más altas, sí que era de las más destacadas en el conjunto de la nación. El capital social de Aguas de Alcázar, en el momento de su constitución, fue de 600.000 pesetas66. Por su parte, la compañía Aguas y Alcantarillado de Manzanares se estableció con un capital social de 1,5 millones de pesetas, dividido en 6.000 acciones de 250 pesetas cada una, de las que tenía en circulación 4.627, en cartera 973 y liberadas 400, que entregó al Ayuntamiento. Se crearon 2.000 obligaciones de 500 pesetas cada una, con interés del 6% anual. El activo de la empresa en 1934 alcanzaba los 2,3 millones de pesetas, y en ese ejercicio obtuvo un beneficio de 52.771 pesetas. La característica de esta empresa es que se comprometió a construir el alcantarillado de la ciudad67. El domicilio social de Aguas de Ciudad Real se encontraba en San Sebastián que, junto a la observación de la nómina de componentes del Consejo de Administración, muestra el origen vasco de la iniciativa. El capital nominal en el momento de su constitución fue de 750.000 pesetas. Al mismo tiempo se pusieron en circulación 1.500 obligaciones a 500 pesetas cada una, con un interés del 5%anual68. Las dificultades económicas que tuvo con el Ayuntamiento desembocaron en que el Juzgado de primera instancia sacara a subasta los bienes de la empresa en 1927. Aguas Potables de Valdepeñas nació con una finalidad bastante amplia: «alumbramiento de aguas subterráneas para riegos, usos domésticos e industriales», además del propio abastecimiento de la localidad manchega. El capital inicial, un millón de pesetas, estaba representado por 2.000 acciones de 500 pesetas cada una. No existió una gran respuesta entre los inversores, que solamente secundaron una cuarta parte del capital previsto69. Una segunda característica distingue a las compañías de esta región. Concretamente, al analizar la denominación de su razón social se vislumbra el atrevimiento de pequeños propietarios, como son los casos de Cristóbal Pacheco y Patricio Redondo, para el suministro de Daimiel; y Agapito Chacón Salinas, para el caso de Manzanares. En la provincia de Toledo, según los datos que presentan los Anuarios Financieros, los rasgos son prácticamente idénticos, incorporación rezagada en la actividad sectorial -Aguas de Mora (1934)-, y empresas de reducidas inversiones: Alejandro Avial y Aguas Potables de Talavera de la Reina. Mora, importante enclave comarcal, con una población que se movía entre los 6.451 habitantes de 1860 y los 66 Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1921, 45-77. Ibidem, 1922, 60. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1948, 408. Anuario Financiero y de Empresas en España (AFEE), 1983, 66. 67 Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1922, 60. Ibidem, 1935, 290-291. 68 Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1921, 45-77. Ibidem, 1922, 65. Ibidem, 1927, 514. Ibidem, 1933, 337-366. 69 Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1930, 201; Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1950, 408.

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7.668 de 1900, y una tasa de crecimiento anual de 0,43, que no resulta muy elevada para la época. La empresa de esta población fijó su capital nominal en 1.000.000 de pesetas y realizó una emisión de 2.000 acciones a 500 pesetas cada una. VALLADOLID: EL LARGO PROCESO HACIA LA SOCIEDAD MUNICIPALIZADA (1864-1983) La ciudad de Valladolid representa el modelo de una población de tamaño medio, caracterizada por el simultáneo crecimiento del núcleo urbano y de una rápida industrialización70, que generó importantes problemas en el abastecimiento71. En Valladolid, como en cualquier ciudad española, hasta mediados del siglo XIX, el abastecimiento se reducía al agua de las fuentes, los pozos y las tomas directas de los aguadores en el Pisuerga. A esas alturas resultaba totalmente insuficiente, por lo que se reclamaba continuamente su rápida ampliación. “Habiéndose conferenciado sobre la imperiosa necesidad de aguas que la opinión pública demandaba impaciente y en su concepto la Corporación con sobrado motivo, pues su abastecimiento era la base de todo cuanto podía hacerse en beneficio de la población que sin agua eran vanos los esfuerzos por mejorar el árido aspecto de los paseos, el ornato de las plazuelas, el aseo general de las casas y las calles... Habiéndose aforado el agua que entra diariamente por las cañerías resulta no llegar a medio cuartillo por alma. La situación era grave y empeoraba de día en día, porque el progreso rápido y creciente de la población aumenta la necesidad que no tiene espera”72.

En la actualidad se abastece del Canal del Duero, a partir de la toma de Quintanilla de Abajo, y del ramal meridional del Canal de Castilla, que toma las aguas del Pisuerga y del Carrión. Las potabilizadoras cubren las actuales demandas urbanas, completadas en tiempos de sequía o averías mediante bombeos directos desde ambos ríos. En los últimos años, se pretende dotar al sistema de elementos de regulación y saneamiento y mitigar el desfase entre agua suministrada y agua facturada73. Aunque los primeros impulsos de entidad se detectaron con la constitución de la Sociedad del Canal de Duero74 (1876) y la Sociedad Industrial Castellana75 (1876), que posteriormente se hizo con los derechos de la concesión de la primera para el suministro de la ciudad, antes de la actuación de estas empresas se produ70 García Fernández, 1974, 25. Almuiña, 1985, 10. Quirós, 1991, 19. Álvarez y Alcorta, 1994, 267-290. 71 Manero, 1988, 80. 72 Gigosos y Saravia, 1993, 11. 73 Méndez Molinero, 1993, 248-249. 74 Estadística de Obras Públicas, 1898, 22. 75 Obtuvo la concesión de 200 litros por segundo para el abastecimiento de agua potable a Valladolid. Escobedo, 1933, 421.

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jeron algunos intentos para resolver el problema del abastecimiento. La Sociedad del Canal del Duero se constituyó con un capital inicial de 2 millones de pesetas, dividido en 4.000 acciones de 500 pesetas cada una. La concesión estaba sujeta a la ley de 20 de febrero de 1870, que posteriormente cambió por la Ley de 21 de abril de 1876. La gestión del moderno suministro de agua a Valladolid data de 1864, año en el que la Unión Castellana76, entidad financiera de reciente creación, obtuvo el “derecho de construir un canal que tomando las aguas del río Duero y desaguando en el Pisuerga sirva para el riego de todos los terrenos situados entre Tudela y esta capital, para proveer de aguas a esta población y para aprovechar las restantes en saltos que den a la industria un desarrollo muy ventajoso”77. Unión Castellana entró en crisis al poco tiempo y la construcción del canal quedó paralizada. En 1874 el Ayuntamiento reanudó las gestiones para impulsar las obras del canal, pero no aparecieron empresas que se quisieran hacer cargo de las condiciones impuestas. El Ayuntamiento se comprometía a una suscripción de 500 reales fontaneros puestos en las calles de la ciudad a 2.000 pesetas cada uno; el millón de pesetas a que ascendía dicha suscripción debía ser satisfecho en 10 años y 10 plazos anuales, condicionados a la ejecución de las secciones, tramos y partes determinadas de la obra. Se fijaba la capacidad mínima del depósito regulador y su cota, la longitud mínima de la “tubería de hierro colocada en las calles”, el número de bocas de riego e incendios “de modelo análogo al usado en Madrid, capaces de gastar 5 litros por segundo” y el de fuentes de vecindad; las bocas y fuentes se situarían donde de antemano designase el Ayuntamiento. Se querían dar tantas garantías a las empresas que desearan hacerse cargo de la obra que el Ayuntamiento “se obligaba a constituir un depósito de valores nominales que en papel posee, y a consignar a todos los presupuestos hasta completar el pago un 10 por 100 sobre el capítulo de ingresos, cuya suma se destinará únicamente a responder a este contrato”. Como la concesión estaba todavía en manos de la Unión Castellana, esta sociedad ofreció ceder los derechos, junto con los estudios, planos y demás detalles a cambio de 75.000 pesetas78. A la vista del escaso éxito se promovió una nueva concesión a Unión Castellana79, en la que se establecían diversos acuerdos: 1) la empresa debía facilitar gratis todo el agua necesaria para el riego de jardines, paseos y arbolado; 2) en caso de incendio la empresa debía permitir el uso de todas las aguas de las cañerías sin que 76 Sobre la creación de este tipo de entidades financieras y aspectos concretos de Unión Castellana: Coronas, 2012. 77 En el mismo decreto de la concesión se fija que las aguas concedidas al canal, 5.000 reales fontaneros, se destinarían “exclusivamente y a perpetuidad a satisfacer las necesidades del interior de la población”, y se daba un plazo de cinco años para su construcción. Gigosos y Saravia, 1993, 13-14. 78 Gigosos y Saravia, 1993, 14-15. 79 La concesión se otorgaba a perpetuidad y con libertad de tarifas. Gaceta, 21 de abril de 1876.

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pudiera reclamar indemnización; 3) el Ayuntamiento se comprometía a no tomar agua de ninguna otra empresa que pudiera establecerse, y aunque podía seguir con sus manantiales propios y buscar otros nuevos, se obligaba igualmente a no vender aguas a ningún particular y a no suministrarlas a ningún establecimiento que no fuera municipal. Como vemos, este tipo de detalles son un ejemplo más del espinoso problema de las relaciones entre Ayuntamientos y empresas concesionarias. En 1876, tras varios acuerdos la entidad Unión Castellana traspasó la concesión a Sociedad Canal del Duero, empresa de gran pujanza en la vida económica vallisoletana. Al frente de la Sociedad Canal del Duero se encontraba el marqués de Salamanca, una de cuyas postreras empresas fue la construcción del Canal del Duero, obra destinada al riego de terrenos y al abastecimiento de la capital, con una dotación de 4.200 litros por segundo, de los cuales 200 eran concedidos para el consumo de la población. No parece que resultara una obra muy rentable para su promotor, pero no hay duda que constituyó un gran beneficio para Valladolid y los demás términos municipales que el canal recorría desde su toma en el río Duero, situada en Quintanilla de Abajo, con sus 50 kilómetros de línea hasta el desagüe en el Pisuerga. La concesión estuvo vigente hasta 1959, año en el que el Ayuntamiento se hizo con las acciones y el inmovilizado de la empresa, a través de un organismo municipal creado para tal fin, el Servicio Municipalizado de Abastecimiento de Agua. La dotación de los 200 litros para el abastecimiento de Valladolid era bastante alta para la época de su inauguración, e incluso se consideró suficiente hasta bien entrado el siglo XX80. Las modificaciones que se introdujeron en el proyecto y la necesidad de buscar financiación exterior, retrasaron la aprobación administrativa y el comienzo de las obras. Estas se iniciaron en 1883 y tres años después, una vez terminadas, se empezó a prestar el suministro de agua. El conflicto entre empresa concesionaria y Ayuntamiento no tardó en producirse. La escasa potabilidad del agua, la extensión de la red, el problema de las tarifas y el cómputo del gasto de agua por parte del Ayuntamiento, fueron los puntos de la discusión. Era conocida la bondad de la composición mineralógica del agua del Duero, cuya dureza la mantenía en los márgenes de potabilidad. No podía decirse lo mismo de su aspecto físico, debido a la materia en suspensión que contenía, en especial en la época de lluvias que la hacían muy turbia, debido a que el lecho del río estaba constituido principalmente por arcillas. Por lo que se refería a la composición bacteriológica no parecían peligrosas, porque la escasez de población de la zona que recorría el río Duero hasta la toma del canal, la libraban de contaminaciones peligrosas y facilitaban su tratamiento bactericida. No hay que olvidar, como circunstancia favorable a la inocuidad de estas aguas, que la toma para Valladolid se hacía sobre el canal a los 39 kilómetros de su recorrido, y que no recibía en el trayecto agua residual de ninguna clase. La bondad del agua 80 Escobedo, 1933, 420. Gigosos y Saravia, 1993, 16.

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del Duero estaba confirmada por el hecho de que casi todos los pueblos ribereños se surtían de ella, tomándola directamente del río, con escasa o nula preparación, sin que existieran en ellos endemias atribuibles al uso del agua. De hecho, entre 1923-1927, la ciudad de Valladolid ocupó el segundo lugar en el orden de menor mortalidad por fiebres tifoideas, dentro de las poblaciones que se surtían de agua de río expuesta a polución. De todas formas, también existían voces discordantes que incidían en “su turbiedad infectada de microbios”. En 1933 se consideraba suficiente el abastecimiento, a pesar de las crecientes necesidades de agua que traía consigo el desarrollo de la ciudad; especialmente, la conservación de parques y jardines exigían un elevado gasto dada la sequedad del clima. En ese año comenzaban a oírse voces que reclamaban el control del gasto mediante contador para evitar el despilfarro. En 1900, la Sociedad Industrial Castellana se hizo cargo del servicio de abastecimiento, sustituyendo a la fundada por el marqués de Salamanca. La nueva empresa, constituida en 1898 para la fabricación de azúcar de remolacha, instaló su fábrica Santa Victoria en Valladolid. El objetivo de extender el cultivo mediante el regadío le condujo a la adquisición de la concesión a la Sociedad Canal del Duero, y por consiguiente la obligación de abastecer la ciudad81. Pero la colisión de intereses se manifestó bien pronto por las fuertes subidas de tarifas, la limitación de la red de abastecimiento -sólo 20 kilómetros-, la dificultad de aforar el consumo municipal y la deficiente potabilidad del agua. Todavía en 1930, el servicio general de aguas de la ciudad lo prestaba el Canal del Duero, cuyas aguas se distribuían, después de recogidas en dos grandes depósitos de piedra construidos en el páramo de San Isidro, junto a la ermita de este nombre. También hay otros dos importantes manantiales, el de la Salud y el de Argales, que era el que primitivamente surtía de aguas a la ciudad. Este antiguo venero aún se utiliza en diversas fuentes, establecidas en las principales plazas de la ciudad, destacando entre ellas la Fuente Dorada, que da nombre a uno de los parajes más céntricos de la población82. Aunque desde 1921 la idea de la municipalización estuvo siempre presente en las actuaciones del Ayuntamiento, el pleito tuvo un largo proceso que se resolvió finalmente en 1959, tras un acuerdo al que se llegó con la compañía83. El comienzo del servicio municipalizado coincidió con la creciente demanda urbana y el desarro81 Escobedo, 1933, 421. 82 E. U. I. (1929), 56, 1019. 83 En 1952 se publicó el acuerdo de la municipalización, ante el que la empresa presentó recurso de alzada. Más tarde, en 1956, el Ministerio de la Gobernación adoptó una resolución por la que se aprobaba la municipalización del servicio “con carácter de monopolio y bajo forma de gestión directa y órgano especial de administración”, pero el Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo porque se reducía el alcance de las expropiaciones. Ante la previsión de que se alargase demasiado el litigio, se optó por iniciar negociaciones para llegar a un acuerdo. Por fin se realizó en 1959, año en que el Ayuntamiento adquirió los bienes y elementos del servicio de agua potable a la empresa por un valor de 27,6 millones de pesetas. Gigosos y Saravia, 1993, 28-30.

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llo industrial de los sesenta, por lo que se tuvieron que introducir mejoras técnicas en la red de suministro y aumentar los caudales procedentes del Canal del Duero84. Un nuevo paso se dio cuando en 1983 se creó la Sociedad Municipal para el Abastecimiento y el Saneamiento de la ciudad de Valladolid (ASVA), que asumía las funciones que anteriormente ejercía el servicio municipalizado85. Se constituía como sociedad anónima, con un capital fundacional de 1.000 millones de pesetas, suscrito y desembolsado en su totalidad por el Ayuntamiento86. Este tipo de sociedades, respondiendo a lo establecido en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, poseen una estructura orgánica en la que, además del personal técnico, se integran miembros de la Corporación Municipal, del Comité de Empresa, de la Cámara de Comercio y de las Asociaciones de Vecinos. Fundamentalmente, la creación de este tipo de iniciativas -no sólo en Valladolid, sino también en otras ciudades españolas-, surgen con el propósito de asentar el abastecimiento de agua en unas bases jurídicas y económicas87 más acordes con las exigencias de unos enclaves urbanos que demandan una mayor cantidad y calidad del agua que consumen. Tampoco hay que perder de vista que Valladolid -modelo de ciudad de tipo medio en plena expansión urbana e industrial-, tuvo un crecimiento del consumo del 8% anual, entre 1970 y 1985. En 1970 el suministro se encontraba en los 292 litros por habitante y día; en 1985 había pasado a los 458. El consumo creció con gran rapidez hasta 1981, período de máxima tasa inmigratoria. Si en 1960, el número de habitantes estaba en 151.807, en 1981 había pasado a los 330.242; además, el estirón industrial corrió paralelo. A partir de 1981 la demanda se estabilizó por el descenso ostensible del flujo migratorio, ralentización del crecimiento demográfico y detención en la expansión industrial88. 84 A pesar de duplicar el caudal, rápidamente las necesidades desbordaron a los proyectos y se hizo preciso buscar nuevas fuentes de abastecimiento. En plena fase del desarrollismo económico, se optó por tomar agua del Canal de Castilla. 85 Las nuevas perspectivas de la demanda exigían un cambio de orientación en la prestación del servicio. Para suplir las posibles emergencias se otorgaron dos nuevas concesiones para realizar tomas de agua, en los ríos Duero y Pisuerga, para obtener 1.200 y 800 litros por segundo, respectivamente. El abastecimiento de los ríos era meramente subsidiario debido a la deficiente calidad del agua; y por eso, las aportaciones de los canales se convertían en la base esencial del suministro. Se construyeron dos plantas de tratamiento para el agua potable, San Isidro -con una capacidad de 1.200 litros por segundo, potabiliza el agua recogida del Canal del Duero-; y Eras, más pequeña -trataba 850 l/s.-, pero con una tecnología más avanzada. Manero, 1988, 85. 86 Actualmente la ciudad se abastece de las aguas recogidas en dos tomas principales, la primera situada en Quintanilla de Abajo, que deriva en el Canal del Duero; y la segunda, del ramal meridional del Canal de Castilla, que reúne las aguas del Pisuerga y del Carrión. 87 La renovación de las bases jurídicas ha ido evolucionando a la par de la legislación sobre el tema. Por su parte, desde el punto de vista económico, era preciso constituir unas empresas con posibilidades reales de lograr inversiones y financiación, con capacidad de obtener créditos externos que hicieran factible unos proyectos de gran envergadura que requerían enormes desembolsos económicos y que en pocas ocasiones eran rentables a corto plazo. 88 Manero, 1988, 81-83.

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Al tener personalidad jurídica propia, ASVA tenía la ventaja de estar estructurada con autonomía presupuestaria, entre otras cosas por las tarifas que se imponían por el consumo de agua; esta situación permitía realizar inversiones equivalentes a las amortizaciones del inmovilizado, con el fin de preservar el capital y poder llevar a cabo importantes inversiones que mejoren el servicio89. ARAGÓN: EL PROTAGONISMO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Región con gran diversidad bioclimática contempla el asentamiento de los grandes núcleos urbanos esencialmente en las cuencas de los ríos, debido sobre todo a la escasez de agua de lluvia. El río Ebro se convierte en la arteria que cruza la región y que a través del Canal Imperial de Aragón abastece el consumo doméstico de Zaragoza y otras muchas poblaciones. La demanda industrial es atendida por esta misma red, con aguas de otras acequias de derivación y por captaciones de agua subterránea en el acuífero aluvial90. Aragón, desde mediados del siglo XIX, fue una región con una débil industria que compatibilizó un pequeño sector fabril tradicional con otro emergente y moderno. La crisis agraria de las últimas décadas del siglo provocó el estancamiento de la naciente industria, principalmente por las dificultades de comercialización que le impusieron los núcleos más competitivos y modernizados. Las regiones agrarias del interior padecieron especialmente esta crisis y afectó sobremanera a economías como la aragonesa, que contaba con una pequeña industria dedicada a la transformación de productos agrarios. Por otra parte, su localización se centró esencialmente en Zaragoza, dejando las otras dos provincias en un evidente estado de desindustrialización. Las dificultades de la comercialización exterior junto con el bajo nivel de demanda efectiva, especialmente en Huesca y Teruel, convirtió a Zaragoza en el gran centro urbano que, gracias al crecimiento demográfico, contempló un importante incremento de sus niveles de demanda efectiva, pero no fue hasta después de 1890, con el impulso de la política proteccionista, cuando se produjo una recuperación en la economía aragonesa91. En esta dinámica vemos que la aparición de las inversiones en el sector del abastecimiento de agua son bastante tardías. Exceptuando la temprana actuación de la Sociedad del Canal de Jaca92 (1878), el resto de empresas catalogadas se 89 Algunos de los proyectos desarrollados en los últimos años han consistido en la construcción de dos grandes depósitos reguladores con sus respectivas depuradoras para el tratamiento de agua, con una capacidad de 100.000 metros cúbicos cada uno. De modo simultáneo se intentó mejorar la red de canalización y distribución, formada por tuberías de un metro de diámetro, que permitía eliminar las pérdidas de presión que se cifraban alrededor del 30 por ciento. Manero, 1988, 85-86. 90 Méndez y Molinero, 1993, 249. 91 German Zubero, 1990, 210. Pinilla, 2008. 92 Las actividades de la empresa eran por un lado el abastecimiento de agua a Jaca y para fuerza motriz en el alumbrado eléctrico y riego. La concesión se otorgó por Ley de 17 de diciembre de 1879. El presupuesto de la

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centran en el siglo XX. Barbastro a pesar de ser una importante cabecera comarcal presentaba un índice demográfico negativo, -0,26 entre 1860-1900, que perduró hasta 1930, pero que no impidió la constitución a principios del XX de Aguas Potables de Barbastro93 (1905). En Huesca se conoce la existencia de una compañía particular, de Rigoberto Albors; y en Teruel la constitución además de tardía se realizó en Madrid -Aguas Potables de Guadalaviar (1930)-, lo que muestra el escaso dinamismo de la propia economía turolense94. Sólo Zaragoza, que refleja lo expuesto anteriormente, manifestó alguna actividad aunque también hay que destacar la dilación de algunas iniciativas, Volmu95, y que solamente hasta la creación de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro (1926), no se afrontaron decididamente los problemas de abastecimiento96. Algo distinto fue el caso de Aguas Potables del Caudé (1927), que surgió con el afán de dedicarse al estudio y realización de obras hidráulicas que no afectasen a la cuenca del Ebro, tanto en materia de abastecimiento como de regadío97. Hacia 1930, toda la población de Zaragoza estaba bien provista de aguas potables, depósitos situados en Casa Blanca y en Torrero, y dada su abundancia y la extensa red de alcantarillado, la higiene y la salubridad de la población alcanzó un alto grado. Los cuatro depósitos de Torrero, que se remodelaron por esos años, se llenaban en tres horas y estaban siempre repletos, contaban con una capacidad de construcción del canal se calculó en 180.118 pesetas. El proyecto consistía en la toma de agua del río Aragón, concretamente 1.250 litros por segundo para el abastecimiento de la ciudad y el riego de 832 hectáreas. Jaca, a pesar de su importancia comarcal y de ser un núcleo de comunicaciones importante con el norte de los Pirineos, era un pequeño núcleo poblacional que no logró sobrepasar los 5.000 habitantes en todo el siglo XIX; en 1930 contaba con 6.282 habitantes. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1927, 513. Matés-Barco & Clar-Moliner, 2008. 93 El capital social se fijó en 300.000 pesetas y estaba formado por 600 acciones de 500 pesetas cada una. En 1905 y 1929 se produjeron emisiones de obligaciones. Esta compañía se caracterizaba por compatibilizar el abastecimiento de agua potable con el suministro de fluido eléctrico para alumbrado y fuerza motriz. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1921, 49. Ibidem, 1922, 68. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1950, 409. Anuario Financiero y de Empresas en España (AFEE), 1983, 66. 94 El capital inicial se fijó en un millón de pesetas y se realizó una emisión de 2.000 acciones a 500 pesetas cada una. La compañía tenía como objeto principal la construcción de obras públicas de cualquier clase, en especial las hidráulicas para el suministro de agua potable y más concretamente en este caso el suministro de la ciudad de Teruel. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1934, 340. Ibidem, 1935, 283. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1948, 409. Ibidem, 1960, 171. Checa 1931, 160. Meléndez 1931, 168. Fuentes, 1931, 189. Jiménez del Yerro, 1931, 212. Caballero, 1931, 237. Valmaña, 1931, 249. 95 La información disponible sobre la empresa es escasa. Se conoce su existencia en 1947, contaba con un capital de 320.000 pesetas. Todo parece indicar que era una empresa que estaba centrada esencialmente en el alumbramiento de agua para riego, aunque no descartaba el abastecimiento urbano. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1950, 408. 96 Lorenzo Pardo, 1931, 37. González Lacasa, 1931, 297. Valmaña, 1932, 25. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1930, 201. Ibidem, 1935, 287. García Ruiz, 1977, 5-30. 97 Se constituyó con un capital social de 50.000 pesetas, representado por 100 acciones de 500 pesetas cada una. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1930, 201.

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80.000 metros cúbicos. El exceso de agua se derivaba hacia el Huerva mediante una tubería especial98. LA RIOJA La economía riojana ha sido tradicionalmente agrícola y desde finales del siglo XIX ha alcanzado un alto grado de especialización en el cultivo de la vid y en la elaboración de vinos. La filoxera había arrasado los viñedos franceses a raíz de la Guerra franco-prusiana de 1870, perdiendo Francia los mercados tradicionales para su vino. Los primeros vinateros franceses de la región procedían de Burdeos. Se establecieron en La Rioja Alta, que con el ferrocarril recién inaugurado quedaba muy próxima a la frontera. La constitución de empresas no se dio hasta bien entrado el siglo XX. En 1917 se constituyó Aguas Potables de Calahorra99. Por su parte, Alfaro, pequeña población vitivinícola, contó con una compañía dedicada al suministro de aguas potables: La Francoespañola100 (1913). EXTREMADURA COMO MODELO DE LAS «ATÍPICAS» AGROCIUDADES Aguas Potables de Cáceres (1899) surgió con el fin de aprovechar las aguas que había que extraer de explotaciones mineras abandonadas101. La situación del punto de toma, inadecuado para abastecer las partes altas de la ciudad, y la necesidad de tratar las aguas, hizo que las ampliaciones y mejoras del abastecimiento no fueran muy atractivas económicamente para la empresa. Ante tal situación la compañía no puso demasiadas dificultades para la municipalización del servicio en 1955. La importancia relativa que, sin embargo, tiene la ciudad de Badajoz, y que contrasta con su posición marginal en la Meseta e incluso en Extremadura, se debe a que se creó sobre un cerro de calizas paleozoicas que el río Guadiana cortó hasta dejarlo en resalte de 60 metros sobre su orilla izquierda. El río y su afluente Rivillas son los fosos naturales de la todavía amurallada ciudad. La proximidad 98 E. U. I. (1930), LXX, pp. 1043-1044. 99 El capital social se estableció en 400.000 pesetas, con una emisión de 800 acciones de 500 pesetas cada una. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1947, 402. Ibidem, 1950, 408. 100 El capital social de la compañía se estableció en 10.000 pesetas. La población de Alfaro en 1860 era de 5.295 habitantes, en 1900 de 5.841 y en 1930 de 7.340 habitantes. La tasa anual de crecimiento, que era de 0,47, señalaba el leve movimiento demográfico de la localidad. 101 Se fundó con un capital de 125.000 pesetas y se emitieron 6.250 acciones con un valor de 20 pesetas cada una. En 1918 se realizó una ampliación de capital y se fijó en 625.000 pesetas. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1921, 45-77. Ibidem, 1922, 57. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1950, 409.

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del Atlántico y la escasa altitud -188 metros-, menor que la general de la Meseta, son causas de que las temperaturas invernales sean muy suaves. Aguas del Gévora (1878) sobresale por su relativa prontitud. La razón parece radicar en la concesión que se otorgó en 1874 para la construcción y explotación de un canal de riego de 18 kilómetros de longitud con el fin de regar más de 1.500 hectáreas de tierras aledañas a la ciudad de Badajoz. Simultáneamente la empresa constructora percibió la posibilidad de compatabilizar tal actividad con el abastecimiento de la población. Las tomas de agua se realizaron en los ríos Gévora y Zapatón, de los que se extraían 1.250 litros por segundo102. Pero si se excluye a Badajoz y Cáceres -Aguas del Gévora (1878) y Aguas Potables de Cáceres (1899)-, como capitales provinciales, sólo se encuentran iniciativas destinadas al abastecimiento de agua en núcleos como Almendralejo y Don Benito103. La escasa capitalización de las sociedades muestra que su potencialidad financiera debía ser bastante pequeña. Sólo cabe exceptuar a la empresa Aguas de Almendralejo (1927) que se constituyó en Madrid con capitales que no eran extremeños104. CONCLUSIONES Hay que resaltar la importancia que tuvieron las empresas privadas de abastecimiento de agua, especialmente si se observa la gran expansión que tuvo el sector entre 1900 y 1936. La distribución regional de las empresas abastecedoras de agua, en las primeras etapas del sector, responde esencialmente al mapa industrial y urbano español. Es decir, se produjo una clara relación entre las regiones con fuerte ritmo de crecimiento urbano o industrial y las empresas dedicadas al suministro domiciliario. En conjunto, las inversiones realizadas en Cataluña y Andalucía destacan sobre la efectuada en otras zonas del país. Valencia es otra región que también se aprovecha del segundo factor que hemos comentado, la importancia de las ciudades agrarias, sin olvidar que en la segunda mitad del XIX era la tercera región 102 El capital social, de 890.000 pesetas, en el momento de su constitución estaba representado por 1.236 acciones con un valor de 500 pesetas la unidad. En 1902 se amplió el capital a 1,3 millones de pesetas. En 1922 contaba con un activo de 1,4 millones de pesetas. Desde 1915 se conoce que repartía dividendos. Reseña Geográfica y Estadística de España, 1888, 914. Estadística de Obras Públicas, 1898, 22. Anuario Financiero de Valores Mobiliarios (AFVM) 1916, 295. Ibidem, 1917, 531; Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1918, 631. Ibidem, 1922, 48. Anuario de Sociedades Anónimas (GARCEB), 1919. 103 Aparte de su existencia, de Aguas de Don Benito apenas se conocen datos. 104 Su capital nominal se estableció en 1,5 millones de pesetas. Se emitieron 500 acciones por un valor de 3.000 pesetas cada una. Estadística de Obras Públicas, 1898, 22. Anuario Financiero de Valores Mobiliarios (AFVM), 1916, 295. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1921, 45-77. Ibidem, 1922, 57. Ibidem, 1927, 512-515. Ibidem, 1930, 195-227. Ibidem, 1931, 129-161. Ibidem, 1932, 169-197. Ibidem, 1933, 337-366. Ibidem, 1935, 278-302. Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de los valores públicos y de Sociedades Anónimas de España (AFB), 1948, 409. Ibidem, 1960, 171.

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más industrializada del país, tal y como señaló Nadal105. Aparte, la connivencia del suministro domiciliario con la búsqueda de aguas para el regadío, jugaban una baza importante en el desarrollo de este sector en esta región mediterránea. En el resto de regiones -Aragón, Asturias, Extremadura y La Rioja-, las iniciativas empresariales, no excesivamente importantes, se pueden agrupar en base a dos criterios fundamentales. En primer lugar, las pequeñas empresas que se constituyen en las primeras etapas del sector, es decir, entre 1870 y 1900, aproximadamente106. Todas contaban con un capital muy reducido y la mayoría son el resultado de la voluntad de pequeños empresarios dispuestos a embarcarse en proyectos que aunque resultaban muy novedosos a finales del siglo XIX, presentaban el atractivo de corresponder a un sector prácticamente inexplorado. Es evidente, el importante número de empresas que comenzaron a surgir en las primeras décadas del siglo XX, como muestra palpable de la trascendencia del sector. La persistente legislación de esta etapa fue otro punto importante, que movió a los Ayuntamientos a buscar en las empresas el agente capaz de resolver el problema de abastecimiento. Tampoco se puede olvidar el discernimiento que supuso la observación de las estrategias empresariales llevadas a cabo en Gran Bretaña y Francia. Conforme avanzó el siglo, la inversión extranjera -por el conflicto mundial de 1914 y la legislación subsiguiente aparecida en España de corte muy nacionalista-, comenzó a retirarse y dejar en manos del capital español gran parte del sector. Fueron los años que contemplaron el período de máxima expansión, y la ocasión que aprovecharon los empresarios españoles para ir constituyendo muchas de estas empresas107. BIBLIOGRAFÍA Almuiña, C. 1985: Valladolid en el siglo XIX, Valladolid. Alvarez Mora, A. & Alcorta, C. 1994: “Valladolid”, Guardia, M. & Monclús, F. J. & Oyón, J. L., Atlas histórico de ciudades europeas, Barcelona, Salvat, 267-290. Alzola Minondo, P. de 1899: Historia de las Obras Públicas en España, Madrid, [edición de 1979 del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos & Ediciones Turner]. Anuario de Sociedades Anónimas (GARCEB) 1918-1923: Estudio económico financiero de las existentes en España, Madrid, Ed. de José García Ceballos, Suc. de Rivadeneyra. 105 Nadal, 1990, 297-300. 106 Son los casos Sociedad del Canal de Jaca (1878); Aguas del Gévora (1878), que suministraba agua potable a Badajoz; Popular Ovetense (1898); y, Aguas Potables de Cáceres (1899). 107 Por ejemplo, Aguas Potables de Calahorra (1917); Aguas Potables de Caudé (1927), en Zaragoza; Aguas de Almendralejo (1927); Aguas Potables de Guadalaviar (1930), para el abastecimiento de Teruel; y, Aguas Potables de Mallorca (1930); entre otras. Anuario Financiero de Sociedades Anónimas de España (AFSAE), 1932, 170. Ibidem, 1933, 338. Ibidem, 1935, 279.

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