Actores, Organizaciones y Movimientos Sociales en Venezuela del 2000

ACTORES, ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN VENEZUELA DEL 2000 (1)

María Pilar García-Guadilla Universidad Simón Bolívar, Venezuela y Cátedra Andrés Bello de Salamanca

INTRODUCCION, OBJETIVOS y PREMISAS * El conjunto de actores, organizaciones y movimientos sociales, entendido como un espacio de interacción o articulación con el Estado pero que no forma parte de éste o de sus pactos constitutivos, ha transitado un largo camino en Venezuela desde los años sesenta hasta fines de los noventa. Con la instauración de la democracia en 1958, este espacio de interacción estuvo formalmente copado por los partidos políticos y por los demás actores constitutivos del Pacto de Punto Fijo (militares, iglesia, sindicatos, empresarios) hasta fines de 1999, fecha en que el espacio se abre a las demandas y proyectos de sociedad de estos actores, organizaciones y movimientos sociales a través de su institucionalización en la nueva Constitución Bolivariana. En términos jurídicos, a la democracia representativa formalmente sancionada en la Constitución de 1961 se le incorporaron mecanismos participativos en la Constitución Bolivariana de 1999, los cuales pudieran coadyuvar a una democracia participativa. Sin embargo, la activación de estos mecanismos de participación depende de una serie de obstáculos y oportunidades que estan en función: i) del poder político que tiene el actor que los activa, ii) de las racionalidades, proyectos de sociedad o valores que se enfrentan y, iii) de las dificultades legales para operativizar o concretar los derechos constitucionales. A lo largo de los últimos cuarenta años, en Venezuela surgieron, se consolidaron y se institucionalizaron organizaciones y movimientos sociales portadores de nuevas identidades, concepciones de ciudadanía y proyectos de sociedad que intentaron construir espacios políticos mediante nuevas estrategias de articulación con el Estado. Ello con el fin de incorporar en la agenda pública de la nación sus demandas estratégicas. Estos actores socialesi han enfrentado desafíos diferentes para su surgimiento, crecimiento, consolidación, institucionalización y autonomía atravesando por diferentes etapas las cuales pueden caracterizarse como: i) formación (1958-1979); ii) crecimiento, consolidación y heterogeneización (1979-1998); e iii) institucionalización (1998-2000). La década de los años ochenta fue la de mayor efervescencia en la 1

Publicado en el libro, Venezuela: Rupturas y Continuidades del Sistema Político (1999-2001). Marisa Ramos Rollón (Ed). Ediciones Universidad de Salamanca 2002, pags.247-273.

movilización de los actores y la de los noventa, la de mayor crisis política pero tambien la de búsqueda de soluciones reformistas y constitucionales que transformaron la relación entre estos actores y el Estado. Con base en las tres etapas anteriormente identificadas, en este trabajo se evalúan las demandas y propuestas de las organizaciones y movimientos sociales a lo largo del periodo 1958-2000. Además, se analiza el proceso de transformación de estos actores sociales en actores socio-políticos y se plantean algunos de los desafíos que enfrentan por la sobrevivencia y autonomía partir del año 2000, una vez que sus concepciones de ciudadanía y sus proyectos de sociedad fueron incorporados en la nueva constitución de 1999. La caracterización de estos actores, organizaciones y movimientos sociales en términos de las identidades, estrategias y articulación con el Estado y con la esfera política se fundamenta en el enfoque teórico sobre los nuevos movimientos sociales, tema sobre el cual existe una amplia bibliografía en América Latina (Calderon : Escobar, Melucci, Mainwaring, Stin) siendo ésta mas limitada para el caso de Venezuela (Garcia-Guadilla, 1991; Garcia-Guadilla y Blauert, 1994; Gomez Calcano, Lander,). Sobre la demanda por la “profundización de la democracia”, considerada como una de las mas estratégicas por estos actores, tambien existe un amplia bibliografía ( ) aún cuanto persiste una indeterminación teórica alrededor del concepto de “democracia participativa”. Por tanto, evadiremos el término y nos referiremos a la incoporación constitucional de mecanismos participativos tales como el referendum, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa o las asambleas ciudadanas entre otros mecanismos que se proponen para complementar la democracia representativa. Finalmente, se introducirán algunas observaciones sobre los efectos potenciales y las interrogantes teóricas que estan abiertas, al menos en América Latina, acerca de los efectos potenciales de los Procesos Constituyentes en la reestruturacion de los actores sociales ( Garcia-Guadilla y Hurtado, 2000; ) Una primera premisa que orienta este análisis es que a fines de los años setenta surgen nuevas organizaciones y movimientos sociales que se diferencian de las organizaciones sociales existentes en lo que se refiere no solo a sus identidades y estrategias sino también a sus objetivos. No se trata de organizaciones corporativistas como el movimiento sindical ni de organizaciones sociales formales que no reivindican la esfera política tales como las fundaciones y las asociaciones civiles sin fines de lucro. Se trata, por el contrario, de organizaciones sociales a veces estructuradas pero a veces poco estructurales e incluso informales como en le caso de los movimientos sociales que con base en los principios de participación, equidad y solidaridad social pretenden la inclusión de estos principios dentro del ámbito de lo político; también reivindican la participación en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que les concierne, sea a nivel local, regional o nacional. Se trata de actores sociales autónomos y diferenciados del Estado y de los partidos políticos que si bien no pretenden substituir a éstos, son portadores de propuestas y proyectos de sociedad que se fundamentan en nuevos valores, racionalidades y temáticas tales como el ambiente, los asuntos de género o los derechos humanos, entre otros. Los mecanismos de

presión que utilizan estos actores, fundamentalmente estrategias movilizadoras, pretenden influir en la orientación de las decisiones políticas vinculadas no solo con estos tema sino tambien con la definición de los mecanismos y apertura de espacios de participación en las decisiones políticas. Es decir, demandan el “derecho a participar” en la definición de los derechos de ciudadanía. Una segunda premisa es que en el caso de Venezuela, estos actores, organizaciones y movimientos sociales se han trasformando en varias direcciones. Por un lado, se han ido consolidando y se han convertido en actores colectivos estratégicos (con poder de decisión) a lo largo de los últimos cuarenta años amparados por las reformas políticas y la “constitucionalización” de sus demandas. En este proceso, se han transformado de actores sociales en actores socio-políticos; es decir; de actores sociales desvinculados de la esfera política en actores cuyas concepciones y valores forman parte de la agenda pública nacional, o de la esfera política, debido a su inserción en la nueva Constitución. Una tercera premisa es que las estrategias utilizadas han variado a lo largo de los cuarenta años y han contribuido al éxito relativo que han logrado. Si bien en su inicio respondían a fines particulares en ocasiones limitados, en la década de los ochenta, además de los fines particulares, las organizaciones y movimientos sociales se articulan alrededor de un fin general con alto valor simbólico tal como lo fue la democracia participativa. Como consecuencia de la agudización de la crisis económica y política de los noventa, una vez que tuvieron éxito en su demandas por la descentralización política, muchas organizaciones y movimientos sociales vuelven a sus fines particulares (asociaciones de vecinos) , otras se desmovilizan e incluso, algunas son cooptadas por los partidos políticos en búsqueda de partidarios y de legitimidad como en el caso de parte del movimiento de vecinos o son cooptadas por el Estado a través de sus políticas sociales como en le caso de parte del movimiento cooperativista. Sin embargo, a fines de los noventa, concretamente durante el año 1999, las organizaciones y los movimientos sociales de nuevo se articulan alrededor de un objetivo general con gran valor simbólíco como lo es el Proceso Constituyente. Otras estrategias que han contribuido al éxito ha sido la articulación en redes, informales o invisibles durante los ochenta, y formales en los noventa y la utilización de los medios de comunicación para transformar los hechos sociales en políticos. Fundamentándonos en la bibliografía existente ( ) , partimos de la premisa que el Proceso Constituyente en Venezuela pudiera estimular respuestas populistas y autoritarias a los conflictos sociales planteados por la sociedad civil organizada debido al alto poder que le asigna al Ejecutivo, la eliminación del Senado y el rol estratégico que pueden jugar las mayorías parlamentarias. LOS SESENTA: SEPARACIÓN ENTRE LO SOCIAL Y LO POLÍTICO La concepción de democracia y en general, el sistema político que se instaura en Venezuela a la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en 1958, se expresaron en el Pacto de Punto Fijo y en la Constitución de 1961.

El Pacto de Punto Fijo o acuerdo entre las élites hegemónicas del momento para lograr la estabilidad política (partidos políticos. militares, empresarios, sindicatos e iglesia), no incluyó la participación de la ciudadanía en la construcción de la democracia, menos aún incorporó sus proyectos de sociedad o sus demandas estratégicas. Solo contempló la participación electoral a través del sufragio. De la misma forma, la Constitución de 1991 incluye una definición de democracia sumamente limitada, reconocía los derechos individuales desde una perspectiva liberal y dejaba fuera la participación de la sociedad civil organizada. Tal como lo señala Rey (1987), dicha constitución estableció “una definición mínima de democracia” es decir, una democracia electoral y representativa. No se planteo como objetivos el optimizar los valores asociados a la democracia sino el de preservar la estabilidad política fuertemente amenazada por las otras fuerzas políticas y por los militares. De acuerdo con la Constitución de 1961, los ciudadanos no tenían la responsabilidad ni el derecho de participar en la orientación de la vida pública y menos aún, en el proceso de toma de decisiones política de la sociedad. Los individuos estaban separados de la esfera pública y el espacio público y la práctica política era una potestad de los partidos políticos ya que estos monopolizaban la intermediación entre los ciudadanos y el Estado. En consecuencia, la posibilidad de que los ciudadanos participaran políticamente, incidieran en la definición de la esfera pública y en la reestructuración del espacio público político pasaba por la afiliación a un partido político (Silva, 1999). Si bien los movimientos sociales en Venezuela, entendidos como la organización de la sociedad civil de forma autónoma del Estado, de los partidos políticos y de sus pactos constitutivos, es un fenómeno de fines de los años setenta, ya en la década de los sesenta existía un número substancial de organizaciones sociales formales tales como fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro (García-Guadilla y Roa, ) que no pretendían ser incluidas ni participar en el ámbito de lo político. Las esfera de lo social y lo político se consideraban como dos ámbito separados .

LOS SETENTA: EMERGENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA CON PRETENSIONES DE INCLUSIÓN POLÍTICA La situación descrita para la década de los años sesenta se mantuvo a lo largo de la década de los setenta, transformándose solamente a fines de dicho periodo cuando se comienza a cuestionar las limitaciones de la democracia representativa instaurada en la Constitución de 1961 por su imposibilidad para incluir las demandas de los actores considerados “no políticos”, es decir, de los nuevos actores, organizaciones y movimientos sociales. Dichas limitaciones llevaron a que la primera demanda de la sociedad civil organizada, considerada como un requisito indispensable para su inclusión en la esfera política, fuera “la profundización de la democracia”. Esta demanda fue enarbolada principalmente por el movimiento ciudadano y de clase media que surge a fines de los

años setenta en Caracas debido a su exclusión de las decisiones locales plasmada en la Ley Orgánica del Régimen Municipal (LORM) del año 1979. Frente a la cooptación político-partidista de gran parte de las organizaciones sociales existentes en los años sesenta que incluían no solo a los sindicatos, grupos empresariales e iglesia sino tambien a los gremios profesionales e incluso a las organizaciones vecinales de los barrios populares surgen, a fines de los años setenta nuevas organizaciones sociales que reivindican la participacion a escala comunitaria o local como medida para salvaguardar la democracia (Garcia-Guadilla, 1991) y crear espacios genuinos de organización social con autonomia organizativa y programática ii. Es así como emergen las organizaciones ambientalistas, de mujeres, las comunidades de base, las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones ciudadanas de clase media. En sus orígenes, estas organizaciones tuvieron una estructura relativamente flexible, basada en la amistad y solidaridad y los objetivos que perseguían eran relativamente limitados por lo que no podía hablarse aun de movimientos sociales. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Floresta que a fines de los setenta cuestiona el permiso otorgado por la municipalidad para el desarrollo urbano de un proyecto de viviendas bautizado como “el monstruo de los Palos Grandes”, estaba compuesto por mujeres de clase media, amas de casa, residentes de la Urbanización La Floresta (Lope Bello ). Las organizaciones de derechos humanos que surgen en los años setenta como grupos independientes del Estado y de manera espontánea, tenían una estructura poco formal y estaban conformadas por: a) grupos de familiares de presos políticos, b) grupos de solidaridad con la situación de derechos humanos de los paises del Cono Sur, y c) congregaciones religiosas que contribuyeron a la formación de las comisiones de Justicia y Paz (Guillen, 2000). Finalmente, las mujeres que conformaban los grupos feministas de fines de los setenta, tales como el Grupo Miércoles y Persona, estan vinculadas por nexos de amistad. LOS OCHENTA: CONSOLIDACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Las organizaciones vecinales que emergen a fines de los setenta, adquieren una mayor visibilidad politica en los ochenta al coincidir con otras organizaciones sociales en la necesidad de una democracia participativa como requisito para que sus demandas mas puntuales fueran escuchadas. Esta demanda que incluia tambien la de descentralización del sistema político, sirvió durante los años ochenta para que alrededor de esta se articularan los emergentes movimientos populares, cooperativos, ambientalistas y de mujeres quienes también consideraban necesaria la democracia participativa para avanzar sus derechos y concepciones de ciudadanía. Dentro del contexto del movimiento ciudadano, la democracia participativa tenia multiples sentidos: en primer lugar, la posibilidad de elegir directamente y por nombre a los representantes del nivel local, estadal y nacional locales asi como tambien la incorporacion de figuras de la democracia directa tales como el referendum y las asambleas; en segundo lugar, la incorporacion de la participacion ciudadana en la

distribucion de los recursos escasos, la formulacion de politicas publicas, la autgestion colectiva de algunas actividades y la rendicion de cuentas. El Presidente Jaime Lusinchi planteo en su programa electoral en 1983 la necesidad de constituir un “nuevo acuerdo...(o) ..un pacto para la democracia social” el cual debía facilitar la participación ciudadana en la gestión pública mediante la ampliación del pacto político de 1958. Como consecuencia de esta oferta electoral y de las demandas de las organizaciones y movimientos sociales, en diciembre de 1984 el Presidente Lusinchi crea la Comisión de Reforma del Estado (COPRE) con el objetivo explícito de modernizar al Estado y el objetivo implícito de abrir canales de comunicación y democratizar la relación Estado-sociedad civil (Gómez Calcaño y López, 1990, p.183). El proyecto de Reforma Integral del Estado presentado al Ejecutivo en 1988 tiene como uno de los ejes principales la participación ciudadana ya que la Reforma del Estado fue entendida como un proceso político “de redistribución del poder social, desde las núcleos centralizadores hacia los ciudadanos” (COPRE 1988b.p.32). Sin embargo, la propuesta de la COPRE sobre la participación ciudadana se fundamento en una concepción liberal de la democracia puesto que el “...descargar al Estado de sus funciones y hacer que los ciudadanos asuman la responsabilidad de participar en la solución de sus problemas locales y en la prestación de los servicios públicos sin esperar la intervención del Estado, supuestamente va a transformar la conducta rentista de los ciudadanos” (Silva 1999, p.150). Para la COPRE que la excesiva participación podría generar efectos no deseados tales como el “,..hiperparticipacionismo que olvida la existencia de quienes no tienen mayor interés en participar activamente” (COPRE 1988b, p.103) De esta forma, la propuesta de la COPRE se orientó a “paliar los excesos de representación del sistema político pero no (a) impulsar un proceso de democratización de la instituciones políticas que (condujera) al establecimiento de una democracia participativa con algunos componentes de representación”. Como consecuencia, no logró democratizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. A lo largo de esta decada, los actores, organizaciones y movimientos sociales que surgen a fines de los anos setenta se vuelven mas heterogeneos. Ello, sin embargo, no afecta la estrategia previa de enfrentamiento con el Estado demandando la democratizacion de forma unificada. Por el contrario, la articulacion de las organizaciones y movimientos sociales a traves de redes informales y “sumergidas” (Garcia-Guadilla, 1994) contribuyo a enriquecer el espacio de la confrontacion politica al diversificar a reducir la brecha entre la esfera social y la politica. El éxito alcanzado con el sancionamiento de la Ley de Organica de Descentralizacion y Transferencia de Competencias (LODTC) y con la reforma a la Ley Organica Organica del Regimen Municipal (LORM) a fines de 1998 y en plena crisis politica, por las nuevas organizaciones y movimientos sociales al frente de las cuales se encontraba el movimiento ciudadano, se debio probablemente a que era el unico sector unificado que

no habia participado de acuerdos con el Estado ni habia sido penetrado por los partidos politicos que para el momento estaban altamente cuestionados en su legitimidad. Una vez que las leyes anteriormente mencionadas instauraron la descentralizacion a escala regional y local y en la medida que la crisis economica y de legitimidad politica se acentuan, las nuevas organizaciones y movimientos sociales se vuelven mas heterogeneos ideologicamente y comienzan a distanciarse ideológicamente en sus objetivos a fines de los anos ochenta. Mientras que algunas organizaciones y movimientos sociales cuestionan el modelo de desarrollo economico, las practicas economicas neoliberales y los efectos de las politicas de ajuste macroeconomico sobre el aumento de las desigualdades sociales y la falta de equidad social, otras organizaciones continuan centrandose en la democracia politica. Entre los primeros encontramos al movimiento ambientalista denominado “eco-socialista (Garcia-Guadilla 1991) y el movimiento popular cristiano de base mientras que en el segundo tipo se encuentran las asociaciones de vecinos de clase media y Queremos Elegir (GarcíaGuadilla y Roa, 1995; García-Guadilla y Silva, 1999). Sin embargo, en la esfera política, las nuevas organizaciones y movimientos sociales continuaron como un frente unificado contra las limitaciones de la democracia representativa; la falta de canales de participacion y de expresion de las demandas de los nuevas actores, se consideraban como una de las causas de la grave inestabilidad politica que se expresa de manera violenta con las manifestaciones del “caracazo” en febreo de 1989. Si bien en 1989, el sistema politico se descentraliza formalmente, dicha descentralización fue insuficiente para resolver la grave crisis de legitimidad politica que se extendia no solo a los partidos politicos sino tambien a los poderes constitutivos del Estado, es decir al Ejecutivo, Legislativo y Judicial altamente cuestionados en sus practicas clientelares y “corruptas”.

LOS NOVENTA: INSTITUCIONALIZACION DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Durante esta decada, la pluralidad ideologica de las organizaciones y movimientos sociales se acentua y se observan intentos de articulacion institucional con el Estado a traves de la participacion en los procesos de Reforma del Estado. En contraste con los ochenta, estos intentos de articulacion se dan de manera individualizada aun cuando van orientados a la profundizacion de la democracia y critican los comportamientos clientelares y las practicas corruptas del Estado. La lucha por estos objetvos lleva a diferenciar dos periodos: 1) La Reforma Politica que dura hasta 1998 y, 2) El Proceso Constituyente del 1999. La Reforma Politica: 1989-1998 A diferencia del proceso de Reforma del Estado que funcionó durante los años de 19851989 como un instrumento para lograr la descentralización, democratización y mayor eficiencia del sistema político y económico, el proceso de Reforma Constitucional que se inicia en 1989 fue un fin en si mismo e implicó la definición de nuevos derechos y

sobre todo, de nuevas reglas del juego que pudieran plasmarse en un nuevo modelo de sociedad. En junio de 1989, despues de las violentas manifestaciones conocidas como “el caracazo”, el gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez toma la decisión de hacer enmiendas a la Constitución de 1961 con el fin de “ detectar vacios en el texto o en la legislación ordinaria que le debe acompañar, de modo de actualizar uno u otra y adecuarlos a las exigencias del pais “ (Kornblith, 1992) . Esta decisión estuvo motivada por la necesidad de abrir canales de comunicación e incorporar las peticiones por una mayor participación que los movimientos sociales y las distintas organizaciones de la sociedad civil venían demandando desde hacia tiempo (García-Guadilla, 1991). Se suponía que dicha decisión mejoraría la gobernabilidad democrática y aumentaría el concenso entre los diferentes actores sociales (García-Guadilla y Roa, 1986) pero el frustrado golpe militar de 1992 contribuyó a que crecieran las tensiones y conflictos hasta el punto de ponerse en peligro la propia democracia. Ello llevó a la búsqueda de otros mecanismos capaces de relegitimar el sistema democrático entre los que se encontraba la posibilidad de una Asamblea Nacional Cosntituyente (ANC). Durante la grave crisis política de 1992, algunos actores políticos y sociales propusieron la ANC como el ámbito para resolver la crisis de gobernabilidad democrática. Esta propuesta, adversada por la mayor parte de los partidos políticos representados en el Congreso, fue apoyada paradójicamente por individualidades dentro de los partidos políticos y sobre todo, por un amplio número de organizaciones sociales que demandaban la apertura de canales de comunicación y participación para discutir el modelo de sociedad deseable. Una vez que el Congreso eliminó, al menos temporalmente la posibilidad de convocatoria de la ANC, éste se decidió por la Reforma Constitucional sin que fueran definidos claramente los canales de comunicacion entre el Estado y la sociedad civil. A pesar de ello, las organizaciones de la sociedad civil llevaron algunas de las propuestas que fundamentaban sus proyectos de una sociedad deseable, ante la Comision de Reforma Constitucional del Congreso. La recepción y discusión de estas propuestas durante el periodo 1989-1992 fue deficiente y el éxito obtenido muy bajo. Para 1991, de treinta y seis propuestas discutidas en la Comisión Bilateral creada por el Presidente Caldera (1991), ocho tenían que ver con la sociedad civil. De estas ocho, solo dos fueron presentadas por tres organizaciones sociales. Por otro lado, si bien las dos propuestas de la sociedad civil lograron ser incorporadas en el proyecto entregado por dicha Comisión al Congreso en marzo de ese año (Comisión Bicameral Especial, 1992), una de ellas fue rechazada en la siguiente etapa de la Reforma Constitucional. Despues del frustrado golpe militar del 4 de febrero de 1992, que inicia el segundo periodo de la Reforma Constitucional el cual se alarga hasta el 4 de julio de 1992, la propuesta de la ANC fue rechazada rápidamente por los partidos políticos representados en el Congreso a pesar de haber sido presentada al debate público

durante la coyuntura crítica por líderes partidistas y además, de haber sido aceptada por el Presidente de la República, Carlos Andrés Perez, (El Nacional, 29-2-92, D-1). Sin embargo, la propuesta fue retomada inmediatamente por diversas organizaciones de la sociedad civil. De un total de treinta y seis organizaciones sociales sobre las cuales se dispone de información derivada de sus posiciones ante la prensa y comunicaciones al Congreso, diecisiete se pronunicaron a favor de la convocatoria inmediata, o a mediano plazo de una ANC; solo una organización apoyó explícitamente el proceso de reforma Constitucional tal como se llevaba a cabo en el Congreso. Las diecisiete organizaciones consideraron que la Asamblea Constituyente podía ser un buen escenario para reencauzar la crisis, permitir el surgimiento de un nuevo liderazgo politico, reformar el ámbito estatal y construir un nuevo proyecto de pais. El Centro al Servicio de la Accion Popular (CESAP) señaló que dicho escenario permitiría producir esos cambios sin poner en peligro la estabilidad democrática (CESAP, 1992, a,b,c). Al mismo tiempo, dichas organizaciones sociales compartían el rechazo al proceso de Reforma Constitucional que se realizaba en el Congreso, por considerar que la pérdida de legitimidad de esa institución no le facultaba para conducir el proceso de cambio político (PROVEA,1992). Durante esta segundo periodo, el Proyecto de Reforma Constitucional alcanzó un total de ciento veintiocho artículos (Cámara del Senado, 1992) de los cuales veintiocho nuevos artículos estaban relacionados con la sociedad civil. De estos últimos, solo cinco emanaron de la propia sociedad civil y el resto fueron propuestos por otros actores, principalmente los actores políticos. Originalmente, la sociedad civil habia presentado un total de diez propuestas para discusión pero solo cinco de ellas fueron incorporadas al proyecto de Reforma. Esto significa que si bien en ese segundo periodo, el número de artículos relacionados con la sociedad civil aumentó en relación a la etapa anterior (2 versus 8), la cantidad de propuestas desde la sociedad civil que lograron ser incorporadas al proyecto de Reforma continuó siendo relativamente bajo, apenas cinco. Por otro lado, a pesar que aumentaron a dieciseis (en contraste con tres en el periodo anterior) el número de organizaciones que presentaron propuestas ante las diferentes Comisiones, su efectividad o influencia en términos de que estas propuestas se reflejaran en el texto del proyecto de Reforma, fue baja. En este segundo periodo, las organizaciones sociales centraron su interés en los complejos de derechos relacionados con las esferas propias de la sociedad civil (Cohen y Arato, 1994 ) es decir, la reprodución cultural, la integración social y la socialización. Sin embargo, no es desdeñable el número de organizaciones (cinco en total) que se interesaron por los derechos que relacionan a la sociedad civil con el Estado quizás debido a la situación de crisis que vivía el sistema politico. Lo interesante, además, es que estas organizaciones valorizaron el ámbito de discusión generado por la Reforma Constitucional como un lugar importante para presentar demandas y propuestas relacionadas con su ámbito de actuación, a pesar de la inestabilidad y crisis de legitimidad por la que atravesaba la institucionalidad política.

La tercera y última etapa de esta Reforma Constitucional se inicia el 26 de julio de 1994 con la creación por parte del Presidente Rafael Caldera de una Comisión especial de la Cámara del Senado, unos meses despues que el Congreso Nacional de la República sustituyera al Presidente Carlos Andrés Perez, ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia para enjuiciarlo por un supuesto caso de corrupción. Uno de los compromisos que asumió el Presiente Caldera fue el impulsar el proceso de Reforma Constituciona; ya enel mensaje de toma de posesión, el Presidente Caldera señaló que era una de las prioridades nacionales (El Universal, 3-2-94, 1-3). A lo largo de este tercer y último periodo de la Reforma que se extiende hasta 1998, la Comision designada sufrió serios retrasos como consecuencia del rechazo por los partidos en la oposición , Accion Democrática y Copei. Si bien el objetivo que persiguió la Reforma en esta tercera etapa, según los sectores partidistas y gubernamentales fue impulsar la democracia participativa, reformar los tres poderes públicosy promover la descentralización, la mayoría de las organizaciones sociales entrevistadas (Garcia-Guadilla y Roa 1994-1995) opinaron que la Reforma Constitucional no expresaba “un proyecto de pais”. Ello parece indicar la falta de claridad ideológica y programatica del liderazgo político y sobre todo, la falta de propuestas ante la crisis del pais La percepción de que no existian mecanismos formales ni efectivos para convocar a las organizaciones sociales y conocer sus propuestas era compartida por la sociedad civil que consideraba que la Reforma era “palaciega, ensimismada, no ha habido dicusión pública” (PROVEA, 14-8-94) y que “se quiere realizar a espaldas de la población” (Queremos Elegir, 7-8-1995). Tampoco existió una metodología para procesar las propuestas a pesar de que la metodología recomendada al Presidente del Congreso Nacional por la Asociación Civil Queremos Elegir era la de “realizar una amplia campaña de difusión de la Constitución Nacional y de su Reforma, convocar a las organizaciones de la sociedad civil para que enviaran sus observaciones y que los diferentes reperesentantes regionales, diputados y senadores se convirtieran en impulsores y canales de comunicación del proceso en sus regiones (Queremos Elegir, 1994). A diferencia del segundo periodo de 1992 cuando un amplio número de organizaciones estuvo de acuerdo con la convocatoria a una ANC para salir de la crisis, en esta tercera etapa, las organizaciones de la sociedad civil se mostraron escépticas destacando las razones siguientes: i) falta de garantías de que se fueran a producir los cambios necesarios o la renovación del estamento político debido a la inexistencia de un liderazgo alternativo tal como lo demostraban las experiencias de Colombia y Brasil; ii) falta de certidumbre acerca del cambio substancial en el funcionamiento de las instituciones públicas que se requería a menos que la élite política estableciera previamente un compromiso claro con estos los cambios; iii) la identificación de la Constituyente con la bandera de los militares golpistas de 1992 y el hecho que muchas de las organizaciones sociales no querían ser identificadas con esos sectores y, iv) las incertidumbres sobre los resultados que pudiera generar una ANC.

El Proceso Constituyente: 1999 Ya desde 1992 y despues de dos intentos fallidos de golpe de estado por parte de los militares, las propuestas de las organizaiones y movimientos sociales se amplian para abarcar la posibilidad de un Proceso Constituyente dirigido a “refundar las bases del proyecto sociopolitico” a traves de la definicion de nuevas reglas del juego y articulaciones entre el Estado y la sociedad civil. Ello significaba la posibilidad de elaborar una nueva constitucion que incluyera nuevos derechos, y concepciones de ciudadania basados en la democracia participativa, la equidad social, la pluralidad cultural y etnica y la solidaridad social que reflejaban los valores demandados por las organizaciones y movimientos sociales. A diferencia del periodo de Reforma Constitucional, la participación de la sociedad civil a lo largo del Proceso Constituyente fue sumamente dinámica y de acuerdo con las propias organizaciones, exitosa. La crisis y pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales hizo que la participación de las organizaciones sociales a traves de propuestas ante la ANC se interpretara como el espacio y rol de estas organizaciones mas que de los partidos políticos. La participación de la sociedad civil se dio a traves de seminarios, talleres, mesas de participacion, comision d eparticipacion, medios d e comunicación etc. Si analizamos las tres Mesas de Participación de la Red de Organizaciones SINERGIA, que fue una de las mas activas en promover la elaboración, discusión y cabildeo d ela spropuestas de la sociedad civil organizada, una de las características de estas mesas fue su heterogenidad en lo que se refiere a las características de las organizaciones que se expresaron a traves de este medio. En las mismas participaron organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de educación, de vecinos, populares, ambientalistas, de voluntarios, de planificacion familiar, de derecho tributario, regionales y locales entre otras. Tambien se dió una gran heterogeneidad en el número y tipo de propuestas que dichas organizaciones formularon, las cuales reflejaban sus intereses estratégicos, es decir, intereses vinculados con el nucleo o definición de sus identidades. El cuadro No. 1 presenta el número y características de las organizaciones que participaron en las tres Mesas de de SINERGIA así como tambien la cantidad de propuestas realizadas y el tema.

CUADRO No.1: Organizaciones y redes participantes en las mesas de Sinergia Orgenización

Asamblea Nacional de Educación Acción Campesina Alianza Social Por la Justicia A. C. Hacia una Venezuela Digna A. C. Muchachos de la Calle A. C. Primero Justicia A. C. Voluntarios Para Venezuela A. de Planificación Familiar PLAFAM A. Venezolana de Derecho Tributario C. Divulg. del Conoc. Econ. CEDICE C. Estudios de la Coop. CESCOOP Comunidad de Macuro, Edo. Sucre Coord. de ONG´s de Mujeres Escuela de Vecinos de Venezuela Foro por la Vida Fund. Afroamérica Fund. Escuela Comunitaria Antímano Fund.Vivienda Popular Grupo de los Once, Estado Lara Grupo Social CESAP Juventud Obrera Católica Provea, Red Ven. Educación en DD.HH Red Ara Red de Apoyo por la Justicia y la Paz Red de ONG´s del Estado Zulia Red de Población y Desarrollo REDPOB Sinergia, A. de Org. de la Soc. Civil Universidad Valle de Momboy (Trujillo) Total

No. de Nº Organi Propuestas. z 1 6 1 12 1 1 1 1 1

12 112 27 1 27 1 1

1 1 1 1 60 1 17 2 1 1 11 27 1 2

20 8 8 28 42 29 131 6 6 3 16 18 15 33

5 19

3 59

8 11

4 6

19 1

2 15

209

644

Otro aspecto a destacar en el Cuadro No. 1, es la integración en redes formales de muchas de las organizaciones lo cual contrasta con la participación en la Reforma Constitucional donde las propuestas fueron mayormente presentabas por cada organizaion de manera individual. En doce de los veintiocho casos (43%), se observa la agrupación de las organizaciones en redes compuestas por un mínimo de dos organizaciones (Fundación Afroamerica) y un máximo de sesenta (Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de mujeres (CONG). En el Cuadro No. 1 tambien se destaca la amplia variación en el número de propuestas presentadas en las Mesas, siendo el Foro por la Vida con 131 propuestas y la Alianza Social por la Justicia con 112, las dos organizaciones con el mayor número de propuestas. En contraste, tres organizaciones (Asociación Civil Muchachos de la Calle, Asociación Civil Primero es Justicia y Asociación de Planificación Familiar (PLAFAM)) solo presentaron una propuesta. En algunos casos, sin embargo, la estrategia organizacional incluía las dos variante, es decir, la presentación de propuestas a título individual y como parte de una red. Tal fue el caso de PLAFAM que hizo una propuesta de forma individual y al mismo tiempo apoyó las propuestas de la Red de Población y Desarrollo (REDPOB), de la cual forma parte. En otras ocasiones, las redes con afinidad ideológica se apoyaron mutuamente en sus propuestas como en los casos de las redes de Derechos Humanos, o las redes de Indígenas y Ambientalistas, o las de Mujeres e Indígenas. Los datos presentados en este cuadro no reflejan la gran variedad de integraciones formales e informales que, de acuerdo con las entrevistas realizadas, se dieron a lo largo del proceso de formulación de las propuestas para la ANC y del cabildeo y discusión de dichas propuestas ante las comisiones de la ANC (Entrevistas GAU, 2000). Es posible que estas alianzas estratégicas constituyan uno de los resultados mas significativos del Proceso Constituyente puesto que contribuyeron a fortalecer el tejido asociacional de la sociedad civil. Un tercer hecho a destacar sobre las Mesas de Participación de SINERGIA fue la diversidad temática existente en las propuestas de las organizaciones lo que refleja la gran diversidad de intereses y heterogeneidad de la sociedad civil (SINERGIA, 2000) Si bien algunas organizaciones como el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) y la Alianza Social por la Justicia intentaron incidir en un aspecto en particular o de carácter especializado, por ejemplo en el Preámbulo o en Sistema Judicial respectivamente al hacer el 100% de sus propuestas en esas áreas, otras abarcaron en sus propuestas diferentes Titulos de la Constitución e incluso el Preámbulo. Tal fue el caso de la CONG y del Foro por la Vida entre otros. Cuanto mayor el número de organizaciones que conformaban la red, mayor la diversidad temática de las propuestas. Al interior de esta diversidad de propuestas se pueden identificar de forma mas clara que en el caso de la Reforma Constitucional algunos de los principios que componen el proyecto de sociedad deseable de las organizaciones: entre ellos se destacan, el proyecto de las organizaciones de derechos humanos, el de

las organizaciones ambientalistas y el de las mujeres. Otros modelos de sociedad deseable tambien se expresaron en la ANC, tales como el de las organizaciones indígenas, pero estos no utilizaron las Mesas de SINERGIA para presentar y hacer valer su propuestas sino otros mecanismos mas directos tales como las Comisiones y Plenarias de la ANC. De acuerdo con el Cuadro No. 2, donde se presenta la distribución de las 624 propuestas clasificadas segun el grado relativo de éxito que tuvieron para ser incorporadas en el texto constitucional, se puede concluir que el nivel de éxito de las organizaciones y redes organizacionales estudiadas fue relativamente alto: mas del 50% de las propuestas fueron incorporadas en el texto constitucional, sea de forma textual o con algunas modificaciones de estilo. Estos resultados difieren grandemente de los obtenidos con la Reforma Constitucional.

De acuerdo con el Cuadro No. 2, donde se presenta la distribución de las 624 propuestas clasificadas segun el grado relativo de éxito que tuvieron para ser incorporadas en el texto constitucional, se puede concluir que el nivel de éxito de las organizaciones y redes organizacionales estudiadas fue relativamente alto: mas del 50% de las propuestas fueron incorporadas en el texto constitucional, sea de forma textual o con algunas modificaciones de estilo. Estos resultados difieren grandemente de los obtenidos con la Reforma Constitucional.

CUADRO 2: Nivel de aprobación de las propuestas presentadas por las organizaciones sociales Organización Propuestas

No Aprobadas %

Aprobadas % Acción Campesina Alianza Social por la Justicia Asociación Civil Hacia una Venezuela Digna Asociación Civil Muchachos de la Calle Asociación Civil Primero Justicia Asociación Civil Voluntarios para Venezuela Asociación de Planificación Familiar Asociación Venezolana de Derechos Tributarios C. Divulgación del Conocimiento (CEDICE) C.Estudios de Cooperación (CESCOOP) Comunidad de Macuro, Estado Sucre Coordinadora de ONG’s de Mujeres Escuela de Vecinos Foro por la Vida Fundación Afroamérica Fundación Escuela Comunitaria Antímano Fundación Vivienda Popular Grupo de Los Once Grupo Social CESAP Juventud Obrera Católica PROVEA Red de Apoyo por la Justicia y la Paz Red de ONGs del Éstado Zulia Red de Población y Desarrollo (REDPOB) SINERGIA Universidad Valle de Momboy Red Ambientalista, ARA Asamblea Nacional de Educación

16.7 70.9 39.1 100 25.9 100 20.0 35.7 33.3 46.2 74.1 16.7 33.3 66.7 50.0 10.5 73.3 48.5 60.4 50.0 33.3 26.7 33.3 50.0

83.3 29.1 60.9 74.1 100.0 80.0 100.0 100.0 64.3 66.7 53.8 25.9 83.3 66.7 33.3 50.0 89.5 26.7 51.5 39.7 50.0 66.7 100.0 73.3 66.7 50.0

Sin embargo, no todas las organizaciones y redes lograron el mismo nivel de éxito pudiéndose diferenciar tres grupos (Cuadro No. 2): el grupo con un nivel de éxito alto puesto que el total de las propuestas aprobadas fue de dos tercios o mas, el grupo intermedio que logro incluir entre el 33% y el 66% y el grupo con bajo éxito puesto que el número de propuestas incluidas fue por debajo de un tercio. Cinco organizaciones se clasifican en el nivel alto a saber: la Alianza Social por la Justicia, el Foro por la Vida, la Fundacion Vivienda Popular, la Juventud Obrera Catolica, y la la Red de Apoyo por la Justicia y por la Paz.; en el nivel intermedio, se encuentran ubicadas ocho organizaciones y o redes entre ellas La Asamblea Nacional de Educación, PROVEA y la Red de Apoyo por la Justicia y por la Paz. Finalmente, dieciseis organizaciones y/o redes se clasifican con un bajo nivel de éxito entre ellas CEDICE, Acción Campesina y el Grupo Social CESAP. En el Cuadro No 3, se presentan los resultados agregados de cuatro de las organizaciones y movimientos sociales que fueron mas activos a lo largo del Proceso Constituyente: Derechos Humanos, Neoliberales, Ambientalistas y Mujeres. Es preciso destacar que aún cuando todos estos grupos pertenecen a la sociedad civi organizada, existen diferencias ideológicas entre ellos que pueden haber incidido en el grado de éxito de sus propuestas. Las organizaciones de Derechos Humanos detentan un proyecto de democracia radical y alternativo y fue la red que obtuvo el mayor éxito medido por el alto porcentaje de propuestas aprobadas (65%); en contraste, las organizaciones neoliberales (García-Guadilla y Silva, 1999), que definen la democracia dentro de los marcos liberales, solo obtuvieron un 33% de propuestas aprobadas. De igual manera, la red Ambientalista que incluyó básicamente a las organizaciones mas institucionalizadas como las Fundaciones y la Coordinadora de Mujeres que se caracteriza por una gran heterogeneidad ideológica donde convergen demandas cuasiinstitucionales con demandas feministas lograron incorporar en el texto constitucional solo el 33% de sus demandas. Los resultados del Resto de las Organizaciones, no se diferencia mucho de las organizaicones neoliberales, ambientalistas y de mujeres puesto que obtuvieron un 33% de propuestas aprobadas. Los resultados del Cuadro No. 3 indicarían que la sociedad civil en Venezuela no se comportó como un actor homogéneo a lo largo del proceso constituyente. Por el contrario, al interior de la misma, existen organizaciones sociales con proyectos de sociedad y con interpretaciones de la democracia aparentemente contrastantes lo que impide su integración como un actor homogéneo en términos de sus demandas. Pudiera decirse que una de las consecuencias del Proceso Constituyente fue la diversificación y heterogenización del tejido asociacional de la sociedad civil.

CUADRO No. 4: Aprobación o no de las propuestas de las organizaciones sociales: resultados agregados según afinidad tematica

Aprobada Frec. %

No Aprobada Frec. %

PROPUESTAS Organización Derechos Humanos:Alianza Social por la Justicia, Asociación Primero es Justicia, Foro por la Vida, PROVEA, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

233

64.9

126

35.1

12

33.4

24

66.6

1

33.3

2

66.6

14

33.3

28

66.6

61

33.2

123

66.8

321

100

303

100

Neoliberales : Sinergia, CEDICE, Esvcuela de Vecinos Ambientalistas: Red Ara Mujeres (Coordinadora ONG’s) Resto Organizaciones TOTAL PROPUESTAS

La medición del éxito de las organizaciones de acuerdo con el número de propuestas aprobadas o reprobadas resulta aparente puesto que muchas de las organizaciones clasificadas dentro de la categoría bajo nivel de éxito (por ejemplo, la Coordinadora de ONG’s de Mujeres que obtuvo un 66.7% de rechazo a sus propuestas) manifestaron en la entrevista realizada un elevado nivel de satisfacción con los resultados. Ello llevó a analizar el contenido de las propuestas aprobadas o reprobadas; es decir, ?en qué medida las propuestas aprobadas o rechazadas reflejan los intereses estratégicos de la organización o red?iii (GAU,2000). Los resultados de las entrevistas muestran que existe un alto nivel de satisfacción con los resultados obtenidos en el Proceso Constituyente independientemente del número de las propuestas formuladas que se aprobaron. La posibilidad de discusión pública de las propuestas y su divulgación a la opinión pública política no solo a través de las Mesas de Participación sino tambien a través de foros, mediante el cabildeo ante las comisiones y en los medios de comunicación y las marchas y manifestaciones públicas fue considerado por las organizaciones como muy exitoso. PLAFAM destacó en la entrevista que los objetivos básicos que perseguía en el Proceso Constituyente que eran, “sensibilizar a los Candidatos y Constituyentistas y participar activamente en el proceso que se convocó” se cumplieron ampliamente . Para la Coordinadora de ONG’s de Mujeres, a pesar de la polémica desatada en los medios de comunicación alrededor de la protección del niño “desde la concepción”, esta demanda no formaba parte de sus demadas estrategicas aun cuando “…en el camino, se convirtió en un tema fundamental”. No obstante, la modificación de dicho artículo y su redaccion en referencia a la maternidad y no al niño bajo el enunciado, “ El Estado protegerá la maternidad libremente escogida”, constituyó , según la CONG, un “éxito relativo” pero suficiente ya que ninguna de las partes ganó totalmente. Lo anterior lleva a plantear los temas sobre los cuales lograron incidir las organizaciones y redes dentro del nuevo texto constitucional. Si bien estos temas varian ampliamente, ellos se vinculan por lo general con los intereses estratégicos y con los principios ideológicos e identidades que caracterizan a cada organización. De acuerdo con el analisis de los resultados de las Mesas de Sinergia (Garcia-Guadilla, 2000), resulta mas probable que las demandas aprobadas (de forma textual o modificada) sean aquellas consideradas como estratégicas”para las organizaciones sociales porque representan el nucleo de sus identidades. Por ejemplo, la Alianza Social por la Justicia logró incorporar de forma textual cinco de sus propuestas, tres de las cuales, se vinculan con “derechos individuales” y las dos restantes con “derechos económicos y garantias”. Sin embargo, la definición de cuales son las demandas consideradas como estratégicas es subjetiva. Por ejemplo, para la CONG el cambio del lenguaje “sexista”, fue una de las metas fundamentales, es decir, su demanda estratégica,y ésta se obtuvo mas alla de lo esperado mientras que la claúsula largamente debatida en la opibnión pública relativa a “la protección del niño desde su concepción”, lo cual dificultaría la posibilidad de aprobar el aborto no fue considerada estratégica para la Coordinadora de Mujeres. Lo mismo ocurrio con los ambientalistas quienes se diferenciaron entre las fundaciones y ONGs representadas en las Mesas de

Participacion de Sinergia a traves de la Red Ara y el movimiento ambientalista representado por Amigransa que no participo en dichas mesas pero de manera sistematica estuvo presente en las Comiisiones de Ambiente, Indigenas y Derechos Humanos donde se discutian temas estrategicos vinculados con sus demandas como el del genoma humano donde obtuvieron amplia victoria al prohibir su comercializacion. EL 2000: LOGROS Y DESAFIOS POSTSCONSTITUCIONALES PARA LAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES Logros Una consecuencia significativa del proceso de Reforma Constitucional, previo a la ANC, fue el hecho que las distintas organizaciones sociales que participaron con propuestas a lo largo de las tres etapas, se vieron en la necesidad de definir su proyecto de sociedad deseada y de identificar sus semejanzas y diferencias con el Estado y con otras organizaciones de la sociedad civil de manera de establecer las alianzas y definir los oponentes. Los estudios realizados (García-Guadilla y Roa, 1996) demuestran que en la primera etapa de la Reforma, estos proyectos de sociedad apenas estaban esbozados y se fundamentaban en la búsqueda de espacios participativos que contribuyeran a la profundización de la democracia. En la segunda etapa, la grave crisis del sistema político ante los intentos de golpe militar presionaron a las organizaciones sociales por definiciones claras de sus proyectos de sociedad, definiciones que se hacen a favor de la democracia pero donde ésta comienza a ser explicitada en sus dos vertientes: la liberal y la radical (García-Guadilla y Roa, 1996; García-Guadilla y Silva, 1999). Finalmente, la tercera etapa comprende la recomposición de la sociedad civil para lograr que sus proyectos de sociedad deseable, ahora claramente definidos, fueran inscritos en la nueva Constitución de 1999. Dicha recomposición se obtiene por varías vías: i) la transformación de las redes informales existentes en los años ochenta en redes formales e institucionalizadas, ii) la creación e institucionalizacion de nuevas redes nacionales de carácter formal y electronicas asi como tambien la continuidad y reforzamiento de las redes informales y sumergidas pre-existentes, iii) el establecimiento de alianzas, comunicación e intercambio con las redes internacionales a traves de medios electronicos, y iv) la conversión de los actores sociales de los años setenta y ochenta en actores sociopolíticos que detentan proyectos de sociedad que se caracterizan por su heterogeneidad ideologica. Dichos proyectos difieren, ademas, tanto de los propuestos por el Estado como de los proyectos propuestos por los actores políticos tradicionales, tales como los partidos políticos. La integración en redes pudiera constituir un indicio de creciente afinidad ideológica al interior de las organizaciones componentes en lo que se refiere a sus intereses estratégicos, al nucleo de su identidad e incluso a sus proyectos de sociedad . Es importante destacar tambien el papel que jugaron las redes internacionales a las cuales se acudió para consulta, apoyo, financiamiento y experticia como en el caso de la CONG, los ambientalistas, los derechos humanos y los indígenas.

Dada la baja legitimidad de los partidos políticos tradicionales que desde 1961 hasta 1998 fueron los actores privilegiados de la Reforma Constitucional, una primera conclusión del Proceso Constituyente fue la legitimación de las organizaciones sociales como portadoras de intereses y de nuevos proyectos de sociedad deseable. A través del Proceso Constituyente, las organizaciones sociales se transformaron en actores socio-políticos participando en dicho proceso con candidatos, demandas, propuestas e incluso, proyectos de sociedad propios. De hecho, organizaciones como SINERGIA y Primero es Justicia presentaron sendos Proyectos de Constitución ante la ANC. En general, las organizaciones sociales tuvieron mayor oportunidad de inscribir sus demandas y propuestas en el nuevo texto constitucional que las organizaciones políticas tradicionales. Como consecuencia de su participacion activa en el Proceso Constituyente, las organizaciones sociales se enriquecieron a traves de la experiencia que adquirieron en la elaboracion de propuestas, procesos de cabildeo, articulacion y negociacion politica. Tambien resulta relevante la incidencia de la mayoria de las organizaciones y movimientos sociales en el espacio publico politico a traves de la visibilidad publica que adquirieron sus propuestas gracias a los medios de comunicación y gracias también a los procesos de negociacion de dichas propuestas con los representantes asambleistas y las comisiones. Sin embargo, no todas las organizaciones sociales tuvieron el mismo nivel de éxito en lograr que sus propuestas formaran parte de la agenda publica nacional. El grado de éxito dependió de una multiplicidad de factores, entre los que se destacan los siguientes:  La distancia ideológica entre el proyecto de sociedad de las organizaciones sociales y las concepciones de democracia y ciudadanía envueltas en el Pacto de Punto Fijo que sirvió de sustento a la Constitución de 1961 y el proyecto de sociedad y concepciones de las organizaciones sociales. A mayor distancia de las concepciones que privaron en la Constitución de 1961 en lo que respecta a la noción de democracia meramente representativa y de ciudadania limitada ya que los derechos ambientales, de género y de las minorías étnicas no estaban incluídos, mayor la posibilidad de que las propuestas de las organizaicones sociales fueran incluídas.  El grado de coordinación y consolidación de la organización: las organizaciones sociales mas viejas y consolidadas como las de derechos humanos y sociales y la ambientalista tuvieron una mayor posibilidad de incorporar sus propuestas. Se trata sin embargo, de un factor contribuyente pero no necesario ni suficiente puesto que organizaciones menos consolidadas o con menor autonomía, como la indígena que tradicionalmente ha estado ligada con la ambientalista, tambien lograron un grado relativamente alto de éxito en la aceptación de sus propuestas.

 El grado de afinidad ideológica de la organización social y el proyecto del Presidente Chávez que denominaremos Proyecto Bolivariano. Cuanto mayor la afinidad entre estos dos proyectos, mayor la posibilidad de que las propuestas de la organzación fueran aprobadas tal como ocurrió con las propuestas del Foro por la Vida. Sin embargo, esta relación es antecedente y no consecuente debido a que el Foro por la Vida distribuyó sus propuestas entre los candidatos a la presidencia de la República a fines de 1998 y estas fueron incorporadas por Chávez dentro de su proyecto bolivariano. Lo mismo ocurrió con otras propuestas de los indígenas, ambientalistas y mujeres. Esto significa que las propuestas no solo fueron presentadas por las organizaciones sino tambien por el Proyecto Bolivariano de Chavez. En consecuencia, la afinidad ideológica puede ser considerada como un factor necesario pero no suficiente.  Representación directa ante la ANC. Las organizaciones sociales que contaron con Constituyentes en las Comisiones de la ANC y en las Plenarias portadores de las propuestas presentadas por dichas organizaciones tuvieron mayor posibilidad de que las mismas fueran aprobadas. Ello se aplica a las propuestas de los derechos humanos y sociales, los indígenas, las mujeres e incluso los ambientalistas. Sin embargo, con la excepción de los indígenas que contaban con tres constituyentes elegidos directamente para representar sus intereses, la representación de intereses no fue directa. A pesar que los constituyentes fueron elegidos uninominalmente en el sentido formal, su elección dependió de la adscripción al Movimiento V República (MVR), liderizado por Chavéz. Los constituyentes que salieron elegidos no representaban a las organizaciones sociales o a demandas específicas de género, ambiental o de derechos humanos y socialesiv; sin embargo, algunos de ellos tenían vínculos e incluso, eran miembros de dichas organizaciones. Dado el alto porcentaje de constituyentes que pertenecían al MVR y por tanto, compartían el proyecto de Chávez, este factor tendió a reforzar el anterior en el sentido que a mayor afinidad ideológica entre el Proyecto Bolivariano y los de la organización, mayores las posibilidades de contar con Constituyentes en la ANC que defendieran los intereses de la organización.  Difusión y seguimiento de las propuestas a través de estrategias de movilización pública, información ante los medios de comunicación, marchas y manifestaciones y cabildeo ante las comisiones constituyentes. Algunas organizaciones participaron en una o dos de estas modalidades entregando sus propuestas formalmente y luego, se desmovilizaron; sin embargo, las organizaciones mas exitosas fueron aquellas que usaron el mayor número de estratregias de participación y difusión de las propuestas  Jerarquización de las demandas y mayores niveles de movilización alrededor de aquellas que conformaban el nucleo de las identidades de las organizaciones sociales. Por lo general, la mayor difusión, cabildeo, negociación y éxito correspondió a aquellas demandas que fueron definidas por la propia organización social como estratégicas. En conclusión, las organizaciones mas exitosas fueron aquellas que tenían mayor trayectoria y estaban consolidadas; al mismo tiempo, eran portadoras de proyectos de sociedad, de democracia y de ciudadania nuevos y contrastantes con los de la

Constitución de 1961. Otro factor que contribuýo al éxito fue el hecho que las demandas formaran tambien parte del Proyecto Bolivariano del Presidente Chávez y que, en consecuencia, contaran con constituyentes en la ANC que asumieron la representación de sus intereses debido a la afinidad ideológica. Tambien resultaron mas exitosas las organizaciones que se movilizaron de forma continua para difundir sus propuestas entre los constituyentes y la opinión pública política En lo que respecta a las propuestas, las de mayor éxito fueron aquellas vinculadas con los nucleos estratégicos o de definición de la identidad de la organización social. Finalmente, el mayor éxito de las organizaciones sociales no parece limitarse a la cantidad y calidad de las porpuestas aprobadas en la ANC. Un resultado no esperado pero fundamental para el fortalecimiento del tejido organizacional de la sociedad civil fue la incorporación de las nuevos proyectos de sociedad que envuelven nuevas identidades y concepciones de ciudadania y democracia; otro resultado fue la consolidación de las redes informales en redes formales (García-Guadilla, 1992) y la aparición de nuevas estrategias organizativas alrededor de las redes con el fin de obtener una mayor eficiencia. Como consecuencia del Proceso Constituyente, las organizaciones sociales se fortalecieron y contribuyeron a construir el marco legalinstitucional necesario para la praxis de nuevos modelos de sociedad mas inclusivos y democráticos. Desafios A pesar de los exitos, los retos para los nuevos actores socio-politicos no terminan una vez que sus derechos y demandas han sido institucionalizados em la nueva constitucion. Por el contrario, se crean nuevos desafios para la democracia y para las organizaciones y movimientos sociales, en particular para aquellos que lograron que sus proyectos de sociedad se inscribieran en la agenda publica nacional a traves de la insercion en la nueva constitución. Entre éstos se destacan: 

La necesidad de difundir los nuevos contenidos, principios y concepciones de manera de crear una nueva cultura politica democrática a través de la cual, la población en general, se apropie de sus derechos y los pueda ejercer (Guillen y Garcia-Guadilla, 2000). Este reto conlleva a largo plazo la socializacion dentro de una nueva cultura politica y a corto plazo, a la participacion de la sociedad civil organizada en el proceso legislativo de manera de elaborar los instrumentos legales identificados en las disposiciones transitorias. Existen múltiples obstáculos para superar este primer desafío como lo demuestra la definición impuesta por el Congresillo sobre la noción de Sociedad Civil, la cual excluye a las organizaciones sociales mas consolidadas que hayan recibido financiamiento del extranjero. Tambien se demuestran estas dificultades en la discusión que apenas comienza alrededor de la Ley de Participación de la Sociedad Civil donde se hacen patentes las concepciones de la vieja cultura y prácticas políticas y donde se ha intentado excluir a la sociedad civil de la elaboración de las listas para elegir a los poderes ciudadanos, electoral y moral.



La necesidad de reducir la brecha entre el discurso del Estado que parece fundamentarse en los principios y derechos de la nueva constitucion y la realidad de los recientes conflictos socio-politicos donde el Estado ha demonizado las posiciones de los oponentes que aducen un basamento constitucional y ha intentado resolver los conflictos por vias autoritarias y seudodemocráticas apelando por ejemplo referendums de una parte de la población afectada por el problema. Uno de los casos mas recientes es el conflicto del Tendido Electrico que atraviesa la Gran Sabana para suministrar energia a Brasil donde se enfrenta la posicion geopolitica y desarrollista del Presidente Chavez con la salvaguarda de la identidad y del ambiente, razones esgrimidas por un grupo de indigenas y los ambientalistas que se oponen al Tendido Electrico. Los opositores han sido caracterizados por el Presidente como “traidores, espias, extranjeros” y las puertas de la negociación democrática estan cerradas en la medida que el propio presidente ha declarado que el tendido no es negociable y “va”. Por último. Ha planteado un referendum en Santa Elena de Uairen sin que se haya definido quien o quienes deben participar en el mismov. Otro ejemplo reciente es el conflicto alrededor de la definicion de sociedad civil y la competencia de las organizaciones sociales con la Asamblea Nacional Legislativa por crearse un espacio de participación en la elección de las nuevas autoridades ciudadanas, electorales y morales. Tanto las organizaciones sociales como los representantes por ejemplo, de Queremos Elegir o de Primero es Justicia fueron desconocidos y acusados públicamente por el Presidente Chávez de ser una minoría elitesca de “Oligarcas que no representan a nadie”. La brecha entre el discurso y la realidad pudiera llevar a salidas autoritarias y populistas en la medida que el Presidente dispone de una mayoría holgada en la Asamblea Nacional que puede llevarle a elegir a sus interlocutores sean éstos partidos políticos minoritarios e, incluso, a los interlocutores de la sociedad civil. Esta mayoría también pudiera llevarle a solicitar poderes extraordinarios y a gobernar por Decreto como parece ser la realidad en el caso de Venezuela.



La dificultad de financiar económicamente las propuestas y derechos aprobados en la nueva constitución es otro de los retos. Si bien pudiera señalarse que la sociedad civil debe generar espacios y propuestas economicas que ayuden a solventar este desafio; es preciso reconocer que tal viabilidad depende del desarrollo económico del pais, escenario que queda fuera del control y estrecho ámbito de actuación de las organizaciones sociales.



La cooptación de las organizaciones sociales representa una posibilidad dentro de los nuevos escenarios políticos. Cuanto mayor sea el nivel de autoridad del Ejecutivo, el cual ha tendido a reforzarse en muchas de las nuevas

constituciones de América Latina, cuanto menor sea el nivel de organización social de las bases que apoyan al gobierno y cuanto mayor sea la heterogeneridad ideológica interna de las organizaciones sociales, mayor será la posibilidad de cooptación de las organizaciones y movimiento sociales por parte del gobierno. Tal es el caso del Movimiento Bolivariano de Mujeres el cual fue creado recientemente a instancias del Presidente Chávez; su creación fue apoyada por representantes de la antigua Comisión Nacional de la Mujer. Tambien parece ser el caso de la creación del movimiento sindical. Esta cooptación se debe a la necesidad que tiene el gobierno de llenar el vacio de organizaciones populares de base que existe y que requiere todo proyecto populista para resultar exitoso. 

Un reto vinculado con el anterior es el evitar las tendencias populistas y personalistas a la hora de resolver los conflictos y utilizar metodos democráticos. En ocasiones, como en el caso de la nueva constitución bolivariana, estas tendencias se ven estimuladas por el reforzamiento del ejecutivo y el debilitamiento de los poderes legislativos.

 Uno de los desafios mayores sera el logro de un consenso entre el Estado y las organizaciones y movimientos sociales alrededor del concepto de democracia participativa dada la indeterminacion y amplitud de su significado. En recientes conflictos, las dos partes se remiten al termino de democracia participativa a pesar que promueven diferentes sistemas de valores, concepciones de ciudadania y proyectos de sociedad. De nuevo, la utilización del Referendum como medida para eliminar la organización sindical tradicional ha sido propuesta por el Presidente Chavez como democratica y por sus oponentes como antidemocratica. El respeto a las diferencias de los sistemas de valores y racionalidades que detenta cada uno de los actores enfrentados en un conflicto es uno de los retos fundamentales que habra que trascender para ajustar las politicas al espiritu constitucional y así, resolver los nuevos conflictos socio-politicos. 

La heterogeneidad de las clases sociales y la brecha cada vez mayor entre los pobres y los ricos constituye otro desafio puesto que incide en las dificultades para lograr una ideologia homogenea y puede acentuar la lucha de clases. Es preciso destacar que esta brecha y la conciencia de clase se están acentuando.



Los desafíos que se desprenden de la propia institucionalizacíón de las demandas de las organizaciones y movimientos sociales llevan a nuevos retos para su supervivencia y autonomia. De surgir diferencias en la interpretacion de los problemas o en las propuestas de solucion entre las organizaciones y movimientos sociales que pudieran destruir la unidad lograda a lo largo del Proceso Constituyente y en consecuencia, reducir el poder efectivo de la sociedad civil organizada para defender valores generales con un alto sentido y

valor simbolico tal como es el caso de la democracia participativa. Un ejemplo de ello es el caso de las dos posiciones distintas que han adoptado los indigena frente al Tendido Electrico en la Gran Sabana: unos a favor y otros en contra lo cual le resta fuerza e incluso “legitimidad” a los oponentes. 

Un último desafío a enfrentar es la posible desmovilización política de las organizaciones y movimientos socials en defensa de aquellos valores generales que ya estan “constitucionalizados” y el regreso, sobre todo de las organizaciones formales, fundaciones, asociaciones civiles y ONGs, a objetivos mas limitados y acordes con su organizacion. Por otro lado, algunos actores y organizaciones previamente definidos como sociales e incluso, socio-políticos, pueden aspirar a entrar en la arena politica y transformarse en actores politicos. Tal es el caso de varios miembros de Primero es Justicia y de algunos líderes indígenas y de derechos humanos, los cuales se han erigido en representantes ante la Asamblea Nacional o en el nivel local. De extenderse este comportamiento, pudieran abandonarse las prácticas de movilización típicas de los movimientos sociales y se crearía el dilema partido versus movimiento.que en todo caso va en detrimento de los movimientos. Pudiera tambien contribuir a crear un vacio de liderazgo al interior de los movimientos sociales que deben seguir movilizándose por hacer realidad el texto constitucional. Finalmente, el hecho que los representantes políticos procedan de las organizaciones y movimientos sociales no elimina las posibilidades de cooptación puesto que entran a competir dentro de la lógica de los partidos politicos.

En síntesis, el Proceso Constituyente sentó las bases para una democracia mas pluralista y formalmente, participativa al incorporar nuevos valores, nuevos actores sociopoliticos y nuevas concepciones en la Constitución Bolivariana de 1999. Sin embargo, tambien ha introducido nuevos retos y dilemas acerca del rol y autonomia de estos nuevos actores y organizaciones sociales las cuales deben ser dilucidadas al interior de las propias organizaciones y movimientos sociales

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Se agradece a Rosangel Alvarez los comentarios sobre una versión preliminar de este artículo. Entendemos por nuevos actores sociales los grupos, organizaciones o movimientos que tiene una identidad definida, son autónomos del Estado y son portadores de nuevos valores, proyectos o propuestas de organización de la sociedad. A pesar de sus diferencias, a lo largo de este artículo, se utilizarán las nociones de actores sociales, organizaciones sociales y movimientos sociales como una sola categoría analítica . ii Las Juntas Pro Mejoras y de Mejoramiento y Desarrollo Urbano que se instalan en los barrios populares de Caracas a la caída de Perez Jiménez con el objetivo de distribuir el bono del desempleo de la Junta de Transición liderizada por Wolfang Larrazabal fueron, desde sus orígenes, cooptadas por los partidos políticos, iii La información sobre este aspectos estuvo basada en entrevistas abiertas semiestructuradas las cuales se realizaron al grupo de organizaciones que se consideraron mas significativas en términos de la cantidad de propuestas y de la organización en redes.Las entrevistas se relizaron a lo largo del anio 1999 como parte e las siguientes actividades: a)Grupo de Discusion y Dialogo con la Sociedad Civil, 2000: Entrevistas a Amigransa, Fundacion Tierra Viva, Fudena y ; b)Catedra de Participacion Ciudadana de la Universidad Simon Bolivar: Entrevistas a organizaciones sociales ambientalistas, ciudadanas y Sinergia. Grupo de Gestion Ambiental y Urbana (GAU) , Univesidad Simon Bolivar2000. Garcia-Guadilla, MariaPilar (2000) Entrevistas a la Coordinadora de ONG’s de Mujeres, CONG y PLAFAM”. iv Los candidatos a la Asamblea Cosntituyente de las organizaciones sociales no salieron elegidos debido, entre otras razones, a la alta dispersión del voto de la oposición frente al alto nivel del concentración del voto chavista (García-Guadilla y Hurtado, 2000). v Frente a los conflictos, existe una tendencia a proponer el uso de Referendums sin hacer las consideraciones de hasta donde puede ser un instrumento democratico cuando el tema del referendum viene dado desde arriba, cuando se tiene la certeza de contar con una mayoría incondicional que no cuestiona las politicas del Estado y cuando el Estado ha manifestado no estar dispuesto a hacer concesiones . i