Acerca del Referendum Autonomico en Bolivia

Acerca del Referéndum autonómico

Si se enmarca lo político en Bolivia, uno se encuentra de inmediato con un debate que impregna todo ámbito, el de la repostulación de Evo Morales a la presidencia de Bolivia en 2019 -con el previo referéndum en febrero del próximo año- y aunque el tema no deje de ser importante, sugiere también que el debate sea núcleo de todo el acontecer. En realidad, el tema del referendum autonómico no es independiente al de la repostulación, pero este tampoco es determinante para explicar el masivo "No", como varios analistas políticos manifiestan. Lo del voto en contra a los estatutos tiene otros elementos que develan una crisis profunda: de la confianza y el liderazgo político.
A pesar del carácter muy técnico que el tema autonómico demuestra, en sí, debería considerarse que la composición de cada una de las asambleas legislativas donde se mantuvo el referéndum el pasado 20 de septiembre son coincidentemente, lugares donde el Movimiento Al Socialismo tiene mayoría (sea de 2/3 o mayoría que se acerca al 50%), de lo que surge una primera relación: de la asimetría en la representatividad frente a la confianza desde la sociedad civil hacia las respectivas asambleas departamentales (con las demandas de la población potencialmente reflejadas en los estatutos como producto).

Con asimetría debe establecerse que no se busca explicar un fenómeno que se aboca a simples números, sino que gracias a las diferencias numéricas entre las diferentes agrupaciones que conforman cada asamblea departamental, las negociaciones dentro de los distintos bandos –oposición y oficialismo- y entre ambos es distinta: mientras la hegemonía, por la cooptación de actores y la estructuración fuerte del propio Movimiento Al Socialismo, permite una mayor fluidez en las negociaciones respecto de los intereses de cada uno de los integrantes que son internos al partido, la fragmentación en intereses y los pocos lugares comunes entre los partidos de oposición no favorece (de nuevo) la negociación de intereses, internamente y como bloque, para luego representar sus demandas (o las demandas de aquellos a los que representan) hacia la asamblea. El caso potosino ilustra este punto a la perfección: el artículo 65 del Estatuto Autonómico de Potosí establece que el Gobierno Departamental de Potosí gestionará su participación como socio ante el nivel central en el sector minero, así como la creación de empresas departamentales que trabajen en el tema. Sin embargo, la discusión respecto de la Ley Minera, o sea desde el gobierno central, entre abril y mayo de este año, en la ciudad de Potosí, demostraba que sectores de maestros jubilados, campesinos del norte potosino y ex autoridades originarias demandaban que este artículo era contrario a "los intereses del departamento", porque los recursos no serian distribuidos en beneficio de su región. Esta demanda no encontró eco en la Asamblea, ni por oficialistas ni opositores, y solo pudo ser cooptada mucho después, cuando el Comité Cívico de Potosí la integraba bajo sus protestas. Es decir, la demanda por 70% de regalías para el departamento, se enfrentaba a la poca socialización de tanto el Estatuto Autonómico como la Ley Minera, pero también la asimetría entre oficialistas y opositores: la distribución de recursos a partir de la minería, favorable para el departamento, no encontraba eco desde la sociedad hacia los opositores, pero la creación de empresas mixtas y la participación del Gobierno Departamental de Potosí en el sector minero respondía a un interés consensuado entre varias partes dentro del oficialismo.

Aún así, lo de la asimetría y la confianza es un relacionamiento estéril si no se toma en cuenta que la confianza tiene dos elementos: la confianza desde la sociedad civil hacia la política (aquí, las Asambleas Departamentales y todo lo descrito antes) y la confianza como interrelación de actores políticos dentro de un determinado contexto (es decir, dentro de las respectivas Asambleas). En este último punto debe observarse la percepción que tiene un actor pequeño respecto de uno que ha tomado mayoría y por tanto, respecto de los objetivos que pueda alcanzar en relación a la posición que ocupa en este contexto. Si se toma como ejemplo a la Asamblea de Chuquisaca y todo el contexto y la discusión que se dieron al menos, en la ciudad de Sucre, es fácil observar el pesimismo que ya rondaba respecto de una probable victoria del "No": hasta el 1 de septiembre, existían solo 5 organizaciones sociales inscritas para la campaña por el "Sí", la nación Yampara, las naciones Qhara-Qhara y Marka Qhila-Qhila y dos Federaciones de Mujeres y Trabajadores Originarios Campesinos; al otro lado, fueron muy pocos los que se socializaban cualquier campaña por el "No", a pesar de sugerentes artículos editoriales en el periódico de la ciudad, Correo del Sur, que antes de demostrar las fallas del Estatuto Autonómico de Chuquisaca, renegaban de una supuesta falta de debate a causa de una "pobre identidad del chuquisaqueño". No hace falta indagar mucho para saber que una visión contraria, ciega a toda disposición gubernamental, además de acrítica, es reflejo de un pequeño sector de la población sucrense (alimentado además por la victoria en la circunscripción 1 del Partido Demócrata Cristiano en las anteriores elecciones nacionales, que relacionan a menudo una suerte de recuperación de valores católicos frente un "posmodernismo indígena", con el conflicto por la "Capitalía" como elemento fundante de antagonismo).

Como es visible, la amplia victoria del "no" en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí no es fácilmente atribuible al tema de la repostulación de Evo Morales a la presidencia en las elecciones de 2019, sino a otros temas que también surgen debido a la irresponsabilidad de varios actores. Todavía falta mucho por avanzar en los Estatutos y la gobernabilidad en cada Asamblea, pero el problema también pasa por los liderazgos dentro de cada gobierno departamental, así como la influencia política y la confianza que la sociedad civil tiene en cada una de estas instituciones departamentales. O sea, los anteriores elementos nos derivan a una segunda relación: del liderazgo político y la influencia política, en contextos que deberían ser propicios para la gestación de nuevos líderes.

Lo de la socialización fue un problema cuando ya se discutía la fecha para el referéndum autonómico: o no existían fondos económicos como el caso de La Paz, o las pugnas de intereses referentes a la minería en el caso potosino y la alta conflictividad en la Asamblea de Oruro evitaban una rápida y efectiva socialización. Pero cuando todos los conflictos se habían solucionado, y la socialización era necesaria para la votación del pasado domingo, surge otro problema que no habría sido debidamente calculado, el de la repostulación de Evo Morales, y es aquí donde se observa la irresponsabilidad de algunos actores: no es cierto que no se socializan los respectivos estatutos, la socialización se da en medida que esta pueda demostrar las falencias de cada estatuto, en una forma de atribuir –y confundir- que lo autonómico puede ir en perjuicio de la potencial reelección de Morales como presidente, pero lo ineficiente de todas maneras, es que la socialización no estuvo en manos de quienes se la atribuían, sino de todo sector contrario al partido en gobierno.

Por otro lado, cada Asamblea, con sus problemas y sus conflictos demostraban un síntoma latente que es transversal a toda representatividad en Bolivia, la de la carencia de liderazgo, sin importar el partido. Si se parte de la influencia política y la confianza, debe considerarse lo siguiente: la consecución de objetivos se da solo en medida de la negociación entre varios actores, con sus porciones y sus desventajas políticas, pero siempre considerando que el liderazgo político se da solo a partir de establecer lugares comunes entre oposición y oficialismo, posiciones encontradas. Por tanto, Felix Patzi y su retórica antioficialismo, en una asamblea donde 2/3 pertenecen al partido en gobierno, así como José María Leyes y su posición antagónica frente a (sobre todo) lo indígena, en una asamblea con mayoría oficialista, o Esteban Urquizu, oficialista, pasando por alto el artículo 34 del estatuto de Chuquisaca, de inviolabilidad personal para los asambleístas durante y después de su mandato, después de un terrible caso de violación dentro de la propia Asamblea de Chuquisaca ; son todos factores que inciden en estériles posiciones de posible influencia política y además de erosionar cualquier factor de confianza desde la sociedad civil hacia las respectivas asambleas, asambleístas y gobernadores.

El "No" es sin duda una disposición democrática, pero todo lo que precede al 20 de septiembre ha demostrado otra cosa: que no existe la suficiente responsabilidad en lo que a la socialización respecta, como tampoco que todo lo cuestionado vaya a ser seriamente considerado por asambleístas que en todos los departamentos donde se ha emitido el voto, o son mayoría o minoría. Es decir, habrá que esperar todavía mucho por el pacto fiscal, pero todo lo cuestionado durante estos días, a cada estatuto, no promete pasar de críticas. No debe esperarse una lectura crítica de cada estatuto, ni el surgimiento de liderazgos realmente innovadores mientras no se haga nada por la confianza y la influencia política mencionadas. Pero además, no es cierto que el voto por el "No" demuestra una inclinación del electorado por un "estado fuerte y centralista", sino el rechazo al carácter por un lado poco preciso, y por otro poco conciliador de cada Estatuto (esto como producto de varios medios de comunicación, analistas y también políticos, lo que sin duda es excesivamente confuso y contrario a una "victoria" atribuible a la oposición): mientras en Potosí, el rechazo es la omisión de la captación de recursos a partir de las ganancias por la minería, en Cochabamba, el artículo 38 del Estatuto Autonómico, decía que las atribuciones del Gobernador eran -entre otras- "expropiar inmuebles por utilidad y necesidad pública departamental".