A propósito del caso coimas: ¿cómo se paga la felonía?

http://www.elmostrador.cl/opinion/2004/07/17/a-proposito-del-caso-coimas%C2%BFque-pena-merece-un-felon/ 17.07.04 Andrés Monares

A propósito del caso coimas: ¿cómo se paga la felonía? El conocimiento público de las condenas de primera instancia del llamado “Caso coimas”, vuelve a actualizar la corrupción en la esfera política. Lo cual es una oportunidad para reflexionar más a fondo sobre los delitos contra el Estado que le provocan un perjuicio económico; sobre todo, los realizados por personas que ocupan cargos de elección popular. Puntualmente, como ciudadanos deberíamos meditar acerca de la naturaleza de esos ilícitos y las penas que en consecuencia les deberían corresponder. Para empezar, pocas son las voces que se alzan para solicitar el aumento de las penas a los delitos contra el Estado que le provocan perjuicio económico; como sí ocurre en el caso de los delitos comunes. Lo que se hace sin comprender que la amenaza de penas más elevadas no incidirá mayormente en el grueso de los delincuentes comunes o profesionales para que abandonen su “trabajo”, sino sólo en que pongan más cuidado en él. Por ejemplo, entrarán a un domicilio por una ventana abierta y no forzándola, para evitar la pena mayor que conlleva un robo con fuerza en las cosas. Este tipo de delincuente responde a una cultura antisocial, a una forma de ver la sociedad civil desde “afuera” y con valores que legitiman moralmente mantenerse “afuera” y perjudicar a los de “adentro”. Lo que quiere decir, empleando términos delictuales, que un “ladrónladrón” raramente dejaría de ser “vivo” y dejaría de “moverse”, para convertirse en un “gil”. No podría caer tan bajo y dejar de trabajar en lo único que sabe hacer para vivir. Mas, en el político (o funcionario) corrupto no concurren eximientes como provenir de un medio deprivado socioeconómica y moralmente, ni se puede comprender su ilícito al ubicarlo dentro de la cultura del hampa que es abiertamente antisocial. En general el político corrupto no es un delincuente habitual, además sabe de la valoración social negativa de su delito y se sirve de su cargo o función (que está dentro de ese ámbito socialmente aceptado y que justamente existe para reforzarlo y reproducirlo) para llevar a cabo el delito con completa premeditación. En principio entonces, dentro de la generalidad de lo ilegal, las características de un ilícito realizado por un delincuente habitual y de un político corrupto son diferentes y no comparables en lo específico. Luego, si se toma en cuenta que un ciudadano que ocupa un cargo de elección popular recibió su autoridad por parte del pueblo o soberano para promover, mantener y acrecentar el bien común, la mirada sobre ese delito

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contra el Estado debería dejar en evidencia su gravísima naturaleza. Es decir, cuando se reconoce que el Estado no es ese ente abstracto que no corresponde a nada tangible, sino que es la expresión institucional de todos los ciudadanos reunidos, tales conductas corruptas nos deberían merecer un juicio mucho más severo. No se trata de un robo o una venalidad cualquiera. La democracia en teoría obliga a un constante ejercicio racional y crítico. Las y los ciudadanos, aparte de informados, deben poseer un conocimiento suficiente de lo que es una sociedad política y de que ellos son parte integrante y activa de aquella. De ese modo, fácilmente se darán cuenta de que, por ejemplo, el comercio ambulante ligado a mafias que proveen los productos, al no tributar representan un delito. Lo que finalmente es un perjuicio contra cada ciudadano, contra cada uno de nosotros. Lo mismo que un funcionario deshonesto que cobra una comisión para manejar un concurso público, a fin de que gane un contrato una empresa que cobra más al Estado que otras. Lo mismo que una transnacional que no declara ganancias para no pagar impuestos al Estado (lo que en Chile es legal, pero perjuicio al fin y al cabo). Si se perjudica al Estado de Chile, se perjudica a todas y todos los chilenos que en teoría son ese Estado y por las consecuencias prácticas que ello conlleva. Al tomar en cuenta la idea republicana de un cuerpo político pactado, se entiende que un delito contra el Estado, es un delito que afecta simultáneamente a quince millones de personas. Que va en desmedro de su salud, educación, calidad de vida o su propia vida finalmente. En el caso de una persona elegida para trabajar para el pueblo, ¿qué peor felonía o traición que aquello? Si tal conducta no merece elevadas penas de presidio, ¿qué merece entonces? Sabemos que la educación y práctica cívica, no es uno de los puntos fuertes de este país. Como también que el sistema político y su práctica no es especialmente participativo; ni los políticos de ambas coaliciones hacen un particular esfuerzo por remediarlo. No obstante, esas fallas no se corregirán solas y ya es un principio que se comience a entender que el Estado es de todas y todos, porque el Estado somos todas y todos. Mal nos ha ido hasta ahora con la percepción de que lo público no es de nadie. Cada vez que se perjudica al Estado (sea el político o el funcionario corrupto y el privado corruptor, el pequeño comerciante que no da boleta, la transnacional que no paga derechos de explotación o el gobierno que vende las empresas estratégicas y las riquezas de la nación), pensamos que nadie pierde, por lo que no hay para qué hacer algo y no se responsabiliza a nadie. Pero, la teoría y la realidad nos señalan claramente

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que los perjudicados somos todos los chilenos, sean ciudadanos o sólo habitantes que no ejercen sus derechos políticos. De hecho, no se ha pretendido aquí dar una cátedra de derecho o de teoría política. Sino expresar la opinión de un ciudadano. Y ella es que los delitos que perjudican económicamente al Estado deberían ser sancionados con altas penas de cárcel. Más todavía cuando sea el caso de una persona elegida por votación popular. Si la razón, el honor y el espíritu democrático no son suficientes para asegurar una conducta proba, tal vez una ayudita jurídica sería buena.