2007. \"La lucha por la tierra en el Gran Chaco: Puerto Casado en el Occidente Paraguayo\". En Navarro, F. (coord.). Orbis incognitvs: avisos y legados del Nuevo Mundo (vol. 2). Huelva, Universidad de Huelva-AEA, pp. 679-686.

La lucha por la tierra en el Gran Chaco: Puerto Casado en el occidente paraguayo.1

Gabriela Dalla Corte Universitat de Barcelona La disputa por la tierra ha signado gran parte de la lucha campesina e indígena en Latinoamérica durante el siglo XX. En el caso del Gran Chaco latinoamericano, esa lucha se ha expresado en el interés por conseguir la expropiación de espacios territoriales en manos de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. La localidad de Puerto Casado es, desde esta perspectiva, un caso testigo de los debates en torno al proceso de concentración de tierras, producido a finales del siglo XIX al compás de la integración de la región a la economía mundial, y del peso de los poderes locales a la hora de condicionar la política nacional en el continente. El traspaso de Puerto Casado a la empresa Victoria S.A. permitió reconsiderar el proceso histórico de ocupación del occidente paraguayo así como la transformación del peso económico de la región chaqueña. En este trabajo propongo analizar el papel cumplido por Puerto Casado en la última centuria en manos de la empresa Carlos Casado S.A., comenzando por la guerra del Chaco para entender el traumático traspaso de la localidad y de sus pobladores a la empresa Victoria S.A. La guerra del Chaco, como sabemos, fue uno de los conflictos bélicos más sangrientos de Sudamérica, una lucha sin sentido, sórdida en sus orígenes y en sus motivos. Para González Blanco, fue producto de los “capitalistas extranjeros, en torno de diversas concesiones”: eran los capitalistas argentinos quienes explotaban el tanino extraido del quebracho y el ganado chaqueño, y que luego fueron tentados por la posibilidad de la existencia de reservas petroleras en la zona chaqueña.2 Para los contemporáneos, el Chaco era una selva soberbia poblada de salvajes en la que el Estado tenía escaso control, cuya colonización estaba en manos de extranjeros como los Casado-Sastre, beneficiarios en última instancia de la resolución del conflicto bélico paraguayo-boliviano. El balance general del esfuerzo humano realizado por Bolivia y Paraguay en tres años de guerra arrojó las siguientes cifras: Paraguay movilizó 150.000 hombres, sirvieron en puestos de retaguardia 10.000, cayeron prisioneros 2.500,3 y murieron 40.000. Bolivia, movilizó

1 Este trabajo presentado al XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Americanistas (AEA), “Huelva y América”, en setiembre de 2007, se inscribe en el proyecto de investigación I+D, Hum2006-12351Hist, “Estado, Región y Poder Local en América Latina, 1880-1950”. 2 González Blanco, 1934: 60, 81-83. 3 Tomás Manuel Elío calcularía tiempo después en 2.100 los prisioneros paraguayos, frente a 25.000 prisioneros bolivianos cautivos en el Paraguay, Elío, 1970, 9.

679

Orbis Incognitvs. Avisos y Legajos del Nuevo Mundo

200.000 hombres, sirvieron en puestos de retaguardia 30.000, cayeron prisioneros 25.000, y fallecieron 50.000.4 En su avance, las tropas paraguayas llegaron hasta Villa Montes, la sede de la Delegación Nacional boliviana del Gran Chaco, irrumpiendo así en territorio considerado plenamente boliviano. Tomás Manuel Elío escribió tras el conflicto que Bolivia pretendía dominar la zona hasta el río Paraguay solucionando así el problema de los Sudestes.5 Fue el presidente argentino, el general Agustín P. Justo, cuñado de José Casado Sastre, quien anunció el cese de la guerra del Chaco. Manuel Carrasco, el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, escribiría que el gobierno paraguayo aprovechó el hecho de que Bolivia se hallaba “cansada y decepcionado después de tres años de porfiada lucha, cuyos muchos descalabros llegaron a producir ese estado latente de desconfianza colectiva”.6 La delegación boliviana se reunió con su par paraguaya en Buenos Aires entre el 28 de mayo de 1935 y el 10 de junio de 1935.7 Tomás Manuel Elío, ministro de exteriores del presidente José Luis Tejada Soriano, fue uno de los responsables de la gestación del armisticio firmado el 12 de junio de 1935, que estableció el cese de las hostilidades y la desmovilización de los ejércitos para resolver temporalmente el diferendo (entre los criterios “territoriales” y “de límites”) hasta un tratado definitivo con la posible participación de la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya.8 El Protocolo de Paz del 12 de junio de 1935 resolvió convocar inmediatamente la Conferencia de Paz que debía poner término a las negociaciones directas para el arreglo definitivo sobre el Chaco. También promovió un acuerdo entre las partes para el canje y repatriación de prisioneros y concedió tres meses como máximo para la desmovilización de 54.105 bolivianos y 46.515 paraguayos, desmovilización que se realizó en cuatro periodos entre julio de 1935 y setiembre de 1936. La repatriación de los prisioneros se logró a través de una “Comisión sobre Canje y Repatriación” que se reunió en Buenos Aires el 22 de julio de 1935 y que designó Puerto Casado como el lugar idóneo para este intercambio.9 La Conferencia de Paz sesionó en la capital argentina desde el 1 de julio de 1935 hasta la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites el 21 de julio de 1938, el cual certificó una vez más la importancia de Puerto Casado en las relaciones internacionales en el Cono Sur.10 Establecida la paz, la “cuestión territorial o de límites” quedó resuelta en el artículo 2º en la línea de 4 Querejazu Calvo, 1965, 450. 5 Acta número 7 del 5 de junio de 1935, “Formación del protocolo de 12 de junio de 1935, sesiones de

la Delegación Boliviana del 28 de mayo de 1935 y el 10 de junio de 1935”, Elío, 1970, 27-99. 6 “Carta del ex canciller doctor Manuel Carrasco: El Protocolo del 12 de junio de 1935, 12 de noviembre de 1959, “El Diario”, Buenos Aires”, reproducida, Elío, 1970, 25-26. 7 “Formación del protocolo de 12 de junio de 1935, sesiones de la Delegación Boliviana del 28 de mayo de 1935 y el 10 de junio de 1935”, Elío, 1970, 27-99; Querejazu Calvo, 1965, 440. 8 Acta número 7 del 5 de junio de 1935, “Formación del protocolo de 12 de junio de 1935, sesiones de la Delegación Boliviana del 28 de mayo de 1935 y el 10 de junio de 1935”, Elío, 1970, 27-99. 9 “Deliberaciones de la Comisión sobre canje y repatriación de prisioneros”, Elío, 1970, 183-207; “Protocolo de 12 de junio de 1935”, Elío, 1970, 101-116; Rout, 1970, 178-188. 10 “Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las Repúblicas del Paraguay y Bolivia”, 21 de julio de 1938; Ramírez, 2005, 363-366; Querejazu Calvo, 1965, 473-474; Elío, 1970, 285-290; Rout, 1970, apéndice VIII, 243-246.

680

XII Congreso Internacional de la AEA

este a oeste, partiendo a los 20º 14´ de latitud sur, hasta encontrar el meridiano 58º 16´ de longitud oeste de Greenwich. Desde este punto debía trazarse una línea recta en dirección oeste-sudoeste hasta alcanzar el río Pilcomayo: el territorio situado al norte y al oeste de dicha línea correspondía a Bolivia, mientras que Paraguay se quedaba con el territorio al sur y al este. De acuerdo al artículo 3 del Tratado, en un ancho de 30 km a cada lado de la línea fijada como límite, ninguno de los dos países podía construir fortines ni acantonamientos de tropas, arsenales, ni depósitos de materiales bélicos, apostaderos militares o navales salvo las fuerzas de policía civil indispensables para asegurar el orden de las poblaciones. Paraguay se impuso en el territorio disputado y la demanda portuaria de Bolivia sobre el litoral del río Paraguay se acalló. Tomás Manuel Elío fue uno de los actores que sostuvo este principio acusando al gobierno paraguayo de haber acrecentado “sus ocupaciones en el Chaco Boreal, sin más títulos que su sistema de avances de facto, sobre un territorio alejado de los centros vitales del legítimo soberano y de la dolorosa experiencia de una guerra de tes años, originada por esos avances y concluida sin definir soberanías”. En un interesante y rico “Memorandum”, afirmó que las fuerzas internacionales debían contemplar el futuro inmediato de Bolivia que no podía ver menguada su soberanía siendo colocada “en irritante posición mediterránea, a merced de las concesiones graciosas de sus vecinos”. Como heredera de la Real Audiencia de Charcas, se le debía reconocer soberanía en el litoral sobre el río Paraguay, situado entre Bahía Negra y Fuerte Olimpo, todos territorios de la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras.11 El conflicto ocasionó a Bolivia una nueva pérdida de 243.500 Km2 que, sumada a los desmembramientos sufridos a lo largo del siglo XIX, redujo su territorio a la mitad, convirtiéndolo en un espacio mediterráneo.12 Puerto Casado, considerado el puerto de la victoria de la guerra del Chaco, asumió un rol de trascendencia: el gobierno paraguayo negociaría en el futuro con Bolivia la salida al río Paraguay mediante un acuerdo especial sobre Puerto Casado, para conceder en esta localidad una zona franca que asegurara también el uso del ferrocarril existente, construido por la familia Casado-Sastre, a su vez propietaria de “La Hispano-Paraguaya” convertida a principios del siglo XX en la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras. De acuerdo al artículo 7 del Tratado: “la República del Paraguay garantiza el más amplio libre tránsito por su territorio, y especialmente por la zona de Puerto Casado, de las mercaderías que lleguen del exterior con destino a Bolivia, y de los productos que salgan de Bolivia para ser embarcados por dicha zona de Puerto Casado; con derecho para Bolivia de instalar sus agencias aduaneras y construir depósitos y almacenes en la zona de dicho puerto. La reglamentación de este artículo será objeto de una convención comercial posterior entre los Gobiernos de ambas Repúblicas”.

11 “Memorandum de la Delegación de Bolivia (Tomás Manuel Elío, ministro) sobre el proyecto de arreglo directo con el Paraguay para definir la controversia del Chaco”, Elío, 1970, 259-265; Querejazu Calvo, 1965, 165-166. 12 García Jordán, 1995; 2006.

681

Orbis Incognitvs. Avisos y Legajos del Nuevo Mundo

Todos estos debates no contemplaron en ningún momento a los pobladores indígenas de Puerto Casado. El proyecto de expropiar las tierras de Puerto Casado para ser entregadas a sus pobladores se fue planteando en diferentes momentos desde el año 1963 cuando el IBR recibió instrucciones para verificar in situ la situación de Invicta S.A., la sociedad anónima Carlos Casado y la Internacional Product Corporation.13 El IBR elaboró un informe en el que describió la tensa situación de los pobladores de Puerto Casado: la empresa ocupaba en esa época entre 2.000 y 3.000 personas en sus obrajes, la planta industrial, las estancias de ganado vacuno destinado a los frigoríficos del Paraguay, y otras actividades conexas. La materia prima estaba constituida por quebracho para el extracto; campos para producir carne; y palma para exportación. Al asumir la presidencia argentina el general Alejandro Agustín Lanusse Gelly (del 24 de marzo de 1971 al 25 de mayo de 1973), la empresa Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras, lejos de retirarse del Chaco Boreal, procuró adquirir más tierras paraguayas con la finalidad de ampliar sus posibilidades extractivas. El gobierno de Lanusse apoyó a la empresa en virtud de su vinculación con la rama LanusseGoñi formada por el casamiento de Jorge Lanusse Justo con Silvia Carlota Goñi Casado, hija de Genara Casado Sastre y de Manuel B. Goñi, este último mano derecha de Casado, accionista del FCOS y uno de sus testaferros. La empresa propuso al gobierno paraguayo adquirir 300.000 has de tierra fiscal equivalentes a unos 100 km sobre el río Paraguay en el área de Bahía Negra, a razón de 90 guaraníes cada ha, pagaderas a doce años de plazo, por un total de 27 millones de guaraníes. Esta petición al gobierno paraguayo originó un “Informe” sobre la situación de las empresas tanineras en el norte del país, en el que se destacó que en ochenta años de labor en la zona, la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras no había favorecido “una sola colonia de nacionales que marque el esfuerzo realizado para integrar a esa área geográfica al hombre que durante duros años debió adaptarse a la región”. El Informe destacó que el poder de la empresa radicada en la capital argentina, y concluyó que, pese a la estructura “feudal, cerrada, rígida que mantiene la empresa hasta ahora”, era imprescindible asegurar las buenas relaciones con la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras que conservaba, en 1970, unas 3 millones de hectáreas en el Chaco Paraguayo. El Informe del gobierno paraguayo concluyó que era factible entregarle a la empresa las 300.000 has que solicitaban en el área de Bahía Negra, pero sólo a cambio de que ellos trocaran dicha tierra por una superficie similar en el área de Puerto Casado para colonizarlo. También se interesó por el estado en que se encontraba el ferrocarril desde Puerto Casado hacia el interior del Chaco, así como la propuesta de la empresa de desmontar las vías para reinstalarlas en la zona de Bahía Negra. En la base de este Informe, en realidad, encontramos tanto una clara preocupación del gobierno paraguayo por el posible control ejercido por una empresa extranjera (argentina) en el territorio limítrofe con el Brasil, rico en manganeso, como por las consecuencias políticas que podía ocasionar el abandono en que podía quedar la “población flotante actual de Puerto Casado”.14

13 Eran miembros del consejo del Instituto de Bienestar Rural, Ernesto Barchello, Ricardo Franco Navarro, Diógenes Latorre, y el entonces presidente paraguayo, general Alfredo Stroessner. 14 García Lupo, 1971, 145-149, Apéndice “Los Lanusse en el Paraguay”, 163-173.

682

XII Congreso Internacional de la AEA

Hacia la década de 1980, Puerto Victoria (Puerto Casado) concentraba población indígena guaná. El INDI comprobó entonces la alarmante situación entre los indígenas de la localidad: tuberculosis y otras enfermedades carenciales como la desnutrición salieron a relucir en el informe. La situación sanitaria de Puerto Casado en 1980 consignaba que el 90% de la población mayor de 15 años había tenido contacto con el bacilo de Koch, y que el 70% de los niños menores de 10 años padecían desnutrición en diversos grados; el 50% estaba afectado de parasitosis, y el 40% de anemia de origen parásito nutricional. Lo más significativo es que “unas 110 familias vivían en una fracción de 16 has, que la firma Carlos Casado S.A. había cedido a la Misión Salesiana `P. Livio Fariña´. En ese terreno pudo constatarse que en una choza convivían 4 ó 5 familias nucleares”. Como consecuencia, las etnias ribereñas, una de ellas la de Puerto Casado, perdieron rápidamente su antigua relación ecológica. Siendo aún hoy la economía paraguaya fundamentalmente extractiva, agrícola y ganadera, las grandes fortunas se han amasado mediante el control de grandes latifundios y de la población indígena. De acuerdo a Chase-Sardi, Brun y Enciso, los indígenas han sido arrinconados incluso por las comunidades mennonitas establecidas en el Chaco, que han desconocido los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios. Eso ha provocado que tradicionalmente las etnias se encuentren en un plano de desigualdad e inferioridad jurídica.15 El hambre por las tierras cercanas al río Paraguay explica, entre otras cosas, porqué la familia Casado ha sostenido durante todo el siglo XX, desde el momento en que murió el patriarca en 1899, una gran disputa con el gobierno paraguayo por los verdaderos derechos de propiedad sobre los lotes16 que vendería a inicios del siglo XXI a la secta Moon. En la década de 1980 se produjo un largo litigio entre la empresa y los pobladores indígenas y en Casanillo se planteó un proyecto de expropiación que la empresa logró cancelar.17 Entre 1982 y 1983, los grupos indígenas de Riacho Mosquito llevaron adelante algunos trámites ante el presidente del INDI, el general Marcial Samaniego, para obtener derechos legales sobre sus tierras. El INDI determinó que la empresa había explotado irracionalmente estas tierras e inició negociaciones para expropiarlas. Abruptamente, Samaniego fue destituido del cargo antes de culminar el ejercicio de su periodo estatutario. En su reemplazo fue nombrado el general Gaspar Germán Martínez que decidió cambiar radicalmente la política del INDI, negándose a proceder a la expropiación de las tierras de la sociedad anónima. Paralelamente, la empresa comenzó a vender las tierras en el extranjero.18 En 1984, los líderes indígenas de la comunidad fueron reconocidos oficialmente por resolución del INDI nº 13 del 31 de julio. El 31 de agosto de 1987, el gobierno paraguayo

15 Chase-Sardi, Brun, Enciso, 1990, 32-35, 73-74, 113-114. 16 Compárese ATPR, 1899, Serie C, 267: expediente del Juzgado Civil y Comercial, 4º nominación,

2º circunscripción judicial, 2º secretaría, causa Carlos Casado sobre sucesión, inventario y partición; comparación con La propiedad en el Chaco Paraguayo, Talleres Nacionales de H. Kraus, Asunción, 1910. Pese a figurar en el inventario, no aparecen reseñados en la sucesión a ninguno de sus hijos e hijas. 17 Klassen, 2002, 80; Casaccia y Vázquez, 1986. 18 Chase-Sardi, Brun, Enciso, 1990, 116-117.

683

Orbis Incognitvs. Avisos y Legajos del Nuevo Mundo

dictó la ley nº 1.248 que legitimaba la expropiación de 30.000 has, el 2% del territorio ostentado en ese momento por la empresa Carlos Casado. El 4 de noviembre de 1987, la comunidad obtuvo el reconocimiento de su personería jurídica por decreto nº 25.296. En julio de 1988 se les transfirió a la comunidad el título de propiedad sobre las 30.000 has. La orden salesiana lideró, en la segunda mitad del siglo XX, y de la mano de monseñor Alejo Obelar Colmán (a cargo del ENM), una lucha frontal contra la dictadura y las empresas tanineras, forestales y ganaderas en defensa de los intereses indígenas. El caso toba-maskoy, llevado por Casaccia y Vázquez en 1986, y por Chase-Sardi y otros en 1990, así como por la AENM (Archivo del Equipo Nacional de Misiones de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Asunción), son representativos de esta lucha. Los indígenas de las etnias lengua, angaité, sanapaná, guaná y toba-maskoy reclamaron, por medio de la misión salesiana y el ENM de la CEP, 30.000 has de su hábitat originario. Este reclamo se dio cuando los indígenas se enteraron de que la Carlos Casado S.A. había puesto en venta su patrimonio territorial en el Paraguay, en Europa y en los Estados Unidos.19 Oblatos y salesianos procuraron en el siglo XX limitar el poder de la empresa Carlos Casado S.A. La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) obtuvo el decreto nº 20.035 que autorizó la ocupación de 10.000 has por los indígenas, pero el gobierno paraguayo los envió a unas 20.000 has desérticas y estériles, como compensación. Finalmente, presionada por la opinión pública, la Carlos Casado S.A. vendió las tierras al Equipo Nacional de Misiones (ENM) de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP). En 1996 fue clausurada la fábrica taninera de la sociedad anónima Carlos Casado. El relevamiento técnico de su propiedad fue realizado en mayo de 1997 por el Instituto de Bienestar Rural (IBR, expediente nº 2.644/66) que la calificó de latifundio improductivo señalando además que frenaba el desarrollo socioeconómico de la Región Occidental paraguaya, pese a que su suelo podía ser aprovechado para las actividades agroganaderas. El informe planteó la expropiación de 158.000 has cuestionando al mismo tiempo el sistema de gerenciamiento del grupo empresarial Carlos Casado, de tipo paternalista, que había desfavorecido la organización comunitaria y la iniciativa privada, configurando al mismo tiempo el más grande latifundio improductivo de la República del Paraguay.20 Bader Rachid Lichi preparó un proyecto de la expropiación de 158.000 has. Condicionada por la posibilidad de que Puerto Casado fuese expropiado, la sociedad anónima puso en venta la propiedad el 28 de setiembre de 2000 desde Buenos Aires a un precio total de 22.500.000 de dólares, incluyendo los galpones, la fábrica que había sido clausurada, las instalaciones portuarias, todos los materiales y repuestos que se encontraban en la propiedad, y la hacienda vacuna y caballar calculada en 800.000 dólares. Poco después, Puerto Casado fue vendido a la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida como “secta Moon” que adquirió 600.000 has incluyendo más de la mitad del pueblo; diversos monumentos históricos tales como el puerto, el muelle donde se embarcaron tropas

19 Súsnik y Chase-Sardi, 1995, 337; Casaccia y Vázquez, 1986. 20 Morínigo y Olmedo, 2006; Casaccia y Vázquez, 1986.

684

XII Congreso Internacional de la AEA

victoriosas del cuartel militar, el primer cementerio mennonita, el cementerio de los soldados bolivianos y de los héroes de la guerra del Chaco, el monumento a los defensores del Chaco, la casa que ocupara el Mariscal Estigarribia; además de la Iglesia, calles, plazas, colegios, la comisaría y el juzgado de paz. En ese momento, en el distrito Puerto Casado la población económicamente activa estaba formada por 2.473 personas, el 46.4% dedicado al sector agrícolo-ganadero. En noviembre del 2000, La Victoria S.A., a través de Atenil S.A., acordó con los pobladores de Puerto Casado que se les permitía vivir en la localidad durante un año, recibiendo en donación el monumento a los Defensores del Chaco y el cementerio. La secta Moon adquirió 400.000 has. Según la Bolsa de valores de Buenos Aires, pagó 22.500.000 dólares por las tierras de la sociedad anónima Carlos Casado. La escritura nº 173 del 27 de setiembre de 2000, realizada por el notario Livieres Banks señaló que se habían pagado 18.240.000 dólares, una diferencia de más de cuatro millones. Domingo Laino atribuyó a la evasión fiscal esta diferencia, describiendo en los debates de agosto de 2005 que había investigado los datos que tenía el Ministerio de Hacienda sobre el impuesto a la renta pagado por la empresa, comprobando que del 2001 al 2004 había pagado 71.174.403 guaraníes, y en el año 2005 unos 110.709.639 guaraníes. Los bienes declarados por La Victoria S.A. en Puerto Casado a través de una declaración jurada ante el Ministerio de Hacienda fueron 438.449 has, incluyendo 20 fincas en Alto Paraguay, 9 fincas en el departamento Presidente Hayes y 2 fincas ubicadas entre ambos departamentos. En el año 2004 la Municipalidad de Puerto Casado inició una causa judicial contra Atenil S. A. intimando al pago de 66.890.169 guaraníes por los tributos adeudados al municipio en concepto de impuesto inmobiliario corespondiente al año 2004, más la patente comercial de 2001 a 2004 por un total de 45.999.600 guaraníes. Entonces se descubrió que la empresa había abonado el impuesto inmobiliario a la Municipalidad de Asunción declarando una base imponible mínima de 80 millones de guaraníes por la que abonaron 832.980 guaraníes por el año 2004 cuando la deuda real se calculó en 7.187.200 guaraníes. A 20 km al norte de Puerto La Victoria, en el departamento de Alto Paraguay, están asentadas centenares de familias de las etnias Toba-Maskoy, Lengua, Guaná, Sanapaná y Angaité; las cinco aldeas forman la comunidad de Riacho Mosquito. De acuerdo a ChaseSardi, Brun y Enciso, “la presión que, históricamente, han ejercido varios agentes externos –principalmente los estancieros y la firma Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras, S.A.– sobre los indígenas, tuvo una incidencia gravitante en el avanzado proceso de aculturación en que se encuentran los nativos. Por otra parte, el hecho de que estén conviviendo juntamente familias pertenecientes a varias etnias y el concomitante mestizamiento múltiple, también tuvo repercusiones negativas en cuanto a la conservación de los valores culturales tradicionales”21. Chase-Sardi, Brun y Enciso consideran que representan el 1% de la población indígena del país y que son los más “destribalizados” del Chaco, habiendo “perdido durante el proceso de proletarización en las empresas tanineras del Alto Paraguay, todas sus técnicas tradicionales de subsistencia, además de ver ocupado totalmente su hábitat originario”.22

21 Chase-Sardi, Brun, Enciso, 1990, 115. 22 Chase-Sardi, Brun, Enciso, 1990, 74.

685

Orbis Incognitvs. Avisos y Legajos del Nuevo Mundo

Bibliografía citada CASACCIA, Gladys y VÁZQUEZ, Mirna, La lucha por la tierra en defensa de la vida. El pueblo maskoy frente a Carlos Casado S.A., Equipo Nacional de Misiones, Conferencia Episcopal Paraguaya, Asunción, 1986. CHASE-SARDI, Miguel; BRUN, Augusto; ENCISO, Miguel Angel, Situación sociocultural, económica, jurídico-política actual de las comunidades indígenas en el Paraguay, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política, Universidad Católica, Asunción, 1990. ELÍO, Tomás Manuel (ex ministro de Relaciones de Exteriores y Culto), La guerra y la paz del Chaco, artículos publicados por el autor en “El Diario” en noviembre y diciembre de 1959, carta del excanciller interino doctor Manuel Carrasco, dirigida a “El Diario”, Talleres Gráficos Bolivianos, La Paz, 1970. GARCÍA JORDÁN, Pilar, La construcción de la Amazonía andina (siglos XIX-XX), Eds.AbyaYala, Quito, 1995. GARCÍA JORDÁN, Pilar,“Yo soy libre y no indio: soy guarayo”, para una historia de Guarayos, 1790-1948, IFEA-PIEB, Lima, 2006. GARCÍA LUPO, Rogelio, Mercenarios & monopolios en la Argentina de Onganía a Lanusse, 1966-1971, Achával Solo, Buenos Aires, 1971. GONZÁLEZ BLANCO, Pedro, Los Derechos inobjetables de Bolivia al Chaco Boreal, Imprenta Sáez, Madrid, 1934. KLASSEN, Peter, The Mennonites in Paraguay, Encounter with indians and Paraguayans (english translation by Gunther H. Schmitt), Pandora Press, Canadá, 2002, vol. 2. MORÍNIGO, José Nicolás; OLMEDO, Alfonzo, Puerto Casado. Verbo e imagen de la dignidad, Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC), Asunción, 2006 (con la colaboración de los senadores Bader Rachid Lichi; Emilio Camacho; Cándido Vera Bejarano, Domingo Laíno y Lucio Vergara). QUEREJAZU CALVO, Roberto, Masamaclay: historia politica, diplomática y militar de la Guerra del Chaco, Impr. E. Burillo, La Paz, 1965 RAMÍREZ, Isidro Juan [1942] La paz del Chaco, Defensa de la línea de hitos, Ediciones y Arte S.R.L., Asunción, 2005. ROUT, Leslie B. (Jr.), Politics of the Chaco Peace Conference, 1935-1939, Institute of Latin American Studies by the University of Texas Press, Austin & London, 1970. SÚSNIK, Branislava y CHASE-SARDI, Miguel, Los indios del Paraguay, Mapfre Tavera, Madrid, 1995.

686