1982-Resistencia sindical contra la política económica

1982: RESISTENCIA SINDICAL A LA POLITICA ECONÓMICA1 Denis Sulmont 1983 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

1982 ha sido un año de intensas luchas populares, regionales, sindicales comuneras, barriales y campesinas, luchas que a partir de reivindicaciones inmediatas han ido enfrentando sistemáticamente la política económica del régimen y, conjuntamente con la oposición política, han obligado la renuncia de Ulloa y del Gabinete al fin del año. Aunque estas luchas alcanzaron un alto contenido político, el movimiento social predominó sobre el movimiento político en el campo popular. Los partidos de izquierda sufrieron una dura crisis, acosados por las provocaciones de Sendero Luminoso por un lado y la política de oposición al régimen llevada a cabo por el APRA por otro lado. Izquierda Unida sufrió un largo período manteniéndose como referencia política. Terminó el año recobrando más iniciativa frente a las luchas sociales, ideológicas y políticas que se entre cruzan. En este contexto, el movimiento sindical ha jugado un papel fundamental que es necesario precisar y evaluar. 1. EL MOVIMIENTO SINDICAL A DURA PRUEBA El movimiento sindical, que abarca aproximadamente a un millón de trabajadores (cerca del 20% de la fuerza laboral) ha sido nuevamente puesto a dura prueba teniendo que enfrentar los efectos desgastantes de la política neo-liberal enmarcada en la profunda crisis económica que vive el país. No ha sido una coyuntura favorable a los éxitos reivindicativos. Fue más bien un año de dura resistencia, que tuvo el mérito de la continuidad y tenacidad. En primer lugar, el movimiento sindical enfrentó la inflación que, como en años anteriores, superó el 70%. Los aumentos trimestrales otorgados por el Gobierno no alcanzaron a cubrir el alza del costo de vida. Por otro lado, terminó el sistema de anticipos. El mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios dependió fundamentalmente de la presión de los trabajadores y de la respuesta de las empresas. Estas, envalentonadas por el propio gobierno, se pusieron muy duras, otorgando aumentos proporcionalmente menores que los obtenidos el año anterior. En las negociaciones colectivas, la política del Ministerio de Trabajo fue de abandonar la función “tuitiva” del Estado, dejando que las cosas se arreglen a nivel empresastrabajadores, según la ortodoxia liberal burguesa. Para ello, cuando se rompe el trato directo, el Ministerio no sólo dilata la solución sino que emite resoluciones con aumentos generalmente iguales e incluso inferiores a los ofrecidos por la empresa, con tal de desanimar a los sindicatos que pretenden recurrir al Estado. Teniendo en cuenta las características del mercado de trabajo, la inestabilidad laboral de la mayoría de los trabajadores, su dispersión en varios establecimientos o pequeños centros de trabajo, es evidente que esta modalidad de resolución de los conflictos resulta favorable a los 1

Publicado en Cuadernos Laborales N° 16, en enero de 1983

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empresarios. Tras la democracia liberal, se va imponiendo el “fascismo del mercado”. De ello salen perjudicados todos los trabajadores, incluyendo los que laboran en empresas de alta rentabilidad y tienen mayores posibilidades de presionar sindicalmente, ya que sus empresas tienden a negociar los aumentos en función del bajo pro medio de las remuneraciones en el mercado, aún cuando de hecho pueden conceder más. Junto a lo anterior, debe mencionarse el uso cada vez más frecuente de una mano de obra inestable y descentralizada. El primer instrumento para ello es la “Ley de Inestabilidad Laboral”, DL. 22126 de 1978, aún no derogada a pesar de las promesas de Belaúnde. A medida que pasan los años, el número de trabajadores que gozan de la estabilidad relativa previa a este Decreto va disminuyendo y va aumentando la pro porción de trabajadores que tienen que esperar tres años para obtener esta estabilidad y, generalmente, estos trabajadores son despedidos antes de que se cumplan el plazo. Es así que se está generando un contingente de jóvenes trabajadores continuamente renovado e inestable. Este contingente es más vulnerable a las represalias patronales y si bien su actividad sindical no está totalmente descartada, se ve muy seriamente trabada. Para este contingente, la resistencia obrera tiene que adquirir formas más solapadas. Sin duda el actual régimen de la estabilidad laboral está en flagrante contradicción real con el derecho de libertad sindical que garantiza la Constitución y los convenios de la OIT ratificados por el Perú. Un segundo elemento, ligado al anterior, es el uso creciente de trabajadores contratados eventualmente, sea en forma directa, sea a través de empresas contratistas. La Ley de Promoción de Exportaciones no Tradicionales (DL 22342 de 1978), permite contratar en las empresas industriales de exportación no tradicional más del l0% de su personal como eventual para atender una demanda externa o fluctuante. El empleo de mano de obra eventual y sub-contratada es una práctica creciente en la mayoría de los sectores económicos, en especial el minero, petrolero, conservero y de construcción. En base a las encuestas disponibles, podemos evaluar que más del 20o/o de la mano de obra está emplea da en dichos sectores bajo un régimen eventual. Las empresas buscan este tipo de contratación para evitar la sindicalización de los trabajadores y pagar el salario mínimo, empleando nuevos trabajadores cada tres meses con el nuevo mínimo vital, que en los últimos años se ha deteriorado más que el salario promedio. Además, este mecanismo permite reducir las cargas sociales y el pago de la compensación por tiempo de servicios. Otro mecanismo es la descentralización de la mano de obra. Un importante empresario industrial aconsejaba hace poco a sus colegas de no tener más de 200 trabajadores juntos, “para evitar problemas”. Se trata por lo tanto de subdividir razones sociales, crear empresas de servicios, etc. Cuando es técnicamente posible, se utiliza el trabajo a domicilio por encargo, como en las industrias de tejidos, confecciones, calzado y muebles en particular. En el caso de confecciones, un estudio de Violeta Sara-Lafosse muestra que los trabajadores a domicilio superan a los que laboran en fábrica. Se trata básicamente de mujeres; 75% ganan menos que el salario mínimo; se ven obligados a invertir en capital (máquina de coser...) y energía eléctrica y trabajan un promedio de 60 a 100 horas semanales. No se benefician de las leyes sociales y trabajan en condiciones semejantes a los del inicio de la industrialización en los países desarrollados. Su aislamiento limita su organización sindical y el desarrollo de una conciencia de clase.

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La situación de sub-remuneración que resulta de las formas de explotación señaladas hace que la mayoría de los trabajadores prolonguen al máximo su jornada de trabajo, usen el t bajo familiar, “asalaricen” sus condiciones de trabajo (es decir acepten bonificaciones en efectivo en lugar de mejorar las condiciones de trabajo), y otras estrategias de obtención de ingresos adicionales. Con ello, los trabajadores van perdiendo su espacio de tiempo libre y deteriorando su integridad física y mental, todo lo cual va también en perjuicio de la labor de organización Estas características de la explotación del trabajo en el país no son novedosas, pero la recesión económica y la apertura al mercado internacional tienden a reforzar. Los efectos de esta situación sobre el movimiento sindical son complejos. Señalemos cuatro: a) Los trabajadores, acosados por la inflación necesitan más que nunca de la lucha sindical y, a pesar de las múltiples trabas, siguen dinamizando sus organizaciones estableciéndolas en sectores antes marginados como la de los trabajadores de la administración pública. b) Al mismo tiempo, las características señaladas de la situación laboral traban el desarrollo de la organización sindical y desgastan la capacidad de presión eco nómica gremial, aún en los sectores más fuertes, como la gran minería, petróleo, bancarios y electricidad. c) Por otro lado la crisis económica amplía y radicaliza las luchas, empujando el movimiento sindical a otras formas de movilización popular. En efecto, al no poder usar sólo la huelga como arma de presión económica, los trabajadores tienen que hacer valer sus reivindicaciones mediante numerosas formas de movilizaciones que impacten a la opinión pública y el gobierno, tales como las marchas de sacrificio, la ocupación de planta o de iglesias y otras manifestaciones públicas donde participan mujeres y niños. En forma frecuente, los trabajadores recurren también a medidas de lucha que atentan a su propia integridad como la huelga de hambre, tratando de lograr un impacto sobre la conciencia moral de la ciudadanía. Este año, asistimos a una docena de importantes marchas de sacrificio de mineros en defensa de su pliego o de su centro de trabajo. Además, en el caso de Cata Acari, un conjunto de dirigentes despedidos llevaron a cabo una larga huelga de hambre en la Iglesia Jesús Obrero de Surquillo. Las principales ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, Chimbote, etc. fueron el teatro de constantes marchas de sindicatos d) Otro efecto de la actual situación laboral es que el movimiento sindical tiende a adoptar una perspectiva de cuestionamiento de la política económica del régimen, acercándose así al movimiento político. 2. EL MOVIMIENTO SINDICAL ENFRENTADO A LA POLITICA ECONOMICA DEL REGIMEN. La política económica del régimen ha sido el blanco principal del movimiento sindical en este año, no sólo por la inflación, sino también por las consecuencias de la apertura in discriminada de la economía al mercado internacional, la tendencia a privatizar las empresas estatales y destruir toda forma de participación de los trabajadores. Estas 3

consecuencias son la destrucción de partes importantes de la débil estructura productiva del país, una reconcentración del capital, la pérdida de la estabilidad laboral y derechos adquiridos de los trabajadores. Los sectores más afectados han sido el sector automotriz, me tal mecánico, industria papelera, confecciones, y la industria textil, golpeada aún más por las medidas proteccionistas de los industriales norteamericanos establecidas por su gobierno en Noviembre. También fueron llevados a la bancarrota SIDERPERU, FERTISA, MORAVECO, EMSAL, PESCAPERU, AEROPERU, MINERO PERU, las Cooperativas Agrarias de Producción y las Empresas de Propiedad Social y otros sectores afectados por la tendencia privatista del régimen. Agravando este sombrío panorama, la baja de los precios de los metales ha ido golpeando la minería a lo largo del año, obligando al gobierno a declarar en emergencia la pequeña y mediana minería en Julio 1982. Muchas empresas, debido a la crisis recurren a medidas ilegales como cierre, reducción de turnos, vacaciones forzadas y despidos con bolsas indemnizatorias o sin ellas. Los trabajadores por su parte no tienen una respuesta capaz de frenar esta agresión empresarial. Enfrentados sistemáticamente a este problema, las organizaciones laborales tuvieron que enfrentar no sólo la defensa inmediata de sus afiliados, sino la defensa misma de la industria nacional, del control del estado y de los trabajadores sobre empresas estratégicas y sobre los centros de trabajo. Por ejemplo, los sindicatos y comunidades de Volvo, Chrysler y Moraveco han ido cuestionando la política de un importación de carros y omnibuses. También los gremios del estratégico Complejo Papelero químico de Paramonga enfrentaron la política que llevó a la quiebra la Planta de Santiago de Cao. Este cuestionamiento ha dado lugar a la realización en el curso del año de importantes Fórums, organizados por organizaciones sindicales y comuneras, contribuyendo al análisis de la situación económica laboral y el esbozo de políticas alternativas en sus respectivos sectores y a nivel nacional. La necesidad de afrontar los problemas referentes a precios, créditos, productividad, comercialización, etc. estuvo en la orden del día del VI Congreso de la CCP realizado en Julio. En todos estos casos, a pesar de la complejidad de los problemas, de la novedad de su tratamiento por las organizaciones populares y de la actual correlación de fuerzas políticas nacional e internacional, los trabajadores fueron participando en la elaboración de programas alternativos, ampliando su conciencia de clase de asalariado a la de productor. Este pro ceso, aún embrionario, es sin duda un elemento fundamental para el futuro político del país. El enfrentamiento a la política económica del régimen ha cuajado también en nuevas formas organizativas, tales como los Frentes de Defensa sectoriales: Frente de Defensa de SIDER PERU, Frente de Defensa de la Industria Automotriz y Auto partes, Frente de Defensa de las Empresas Estatales y Frente de Defensa de Trabajadores de Energía y Minas. Este fenómeno, junto a los frentes y luchas regionales constituye un canal importante de con fluencia de fuerzas sociales y políticas en oposición al actual régimen. Por ultimo, es necesario resaltar la confluencia de las centrales campesinas de diferente naturaleza y orientación política para enfrentar a la política agraria del gobierno y levantar una plataforma de lucha en torno a la cual se llevó a cabo el primer PARO

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NACIONAL AGRARIO, los días 25 y 26 de noviembre 1982, con una activa movilización campesina. 3. EL MOVIMIENTO SINDICAL Y LAS LUCHAS REGIONA LES 1982 ha sido muy marcado por las luchas regionales, donde confluyeron municipios, las organizaciones sindicales y otras organizaciones populares, gremiales y políticas. A lo largo del año se sucedieron los cabildos abiertos, y los paros regionales: Trujillo y Chimbote en Febrero, Cajamarca en Marzo, todo el norte en Abril (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash), Talara y Cuzco en Mayo; Lima en Junio, Puno en Julio, nuevamente Cuzco en Agosto, Cerro de Pasco en Noviembre, Ayacucho, Tingo María y Lóreto en Diciembre. El constante impulso de las luchas regionales fue estimulado por la implementación verticalista y centralista de las corporaciones Departamentales de Desarrollo y los efectos de la política concentradora y excluyente del capi tal internacional. Las plataformas regionales se refirieron por un lado a la democratización de las corporaciones de Desarrollo y de los Municipios, la realización de obras, la defensa de las empresas locales, la dación del canon regional la defensa de los precios agrícolas, y diversas demandas laborales y populares urbanas. En la mayoría de los casos, las organizaciones sindicales han jugado un papel decisivo para presionar la convocatoria de los cabildos abiertos, la con formación de los Frentes de Defensa y la realización de los paros. La dirección política de estas luchas fue una confrontación entre el APRA y la izquierda, empujando en varias ocasiones a sectores acción-populistas en la oposición al Gobierno Central y agudizando las contradicciones en el seno del Partido Oficialista. Las luchas regionales han dado lugar a importantes formas de expresión democrática de los trabajadores, tales como las Asambleas Populares y Cabildos Abiertos. Han contribuido a proyectar la lucha sindical hacia una perspectiva popular más amplia, con un contenido más político. Los paros regionales han sido fundamentalmente “paros cívicos”, es decir, ha contado con la activa participación de diferentes organizaciones gremiales y políticos y con objetivos a la vez sociales y políticos. Es sobre esta base que en diciembre, Izquierda Unida y varias centrales sindicales han llamado a la realización de un paro cívico Nacional, como forma de enfrentar la política económica del régimen. 4. LA PERDIDA DE INICIATIVA IDEOLOGICA Y POLITICA DEL GOBIERNO EN EL CAMPO LABORAL A pesar de la relativa desarticulación entre lo social y político, el movimiento sindical en 1982 ha puesto en jaque importantes elementos de la estrategia gubernamental en el campo laboral. En primer lugar, la abrumadora mejoría de los organismos sindicales rechazó el Consejo Nacional de Trabajo instalado con bombos y platillos en febrero, destruyendo la pieza clave de la llamada “Concertación Social” con la cual el Ministro Grados quería revestir ideológicamente su política laboral. La frustrante experiencia de la Tripartita y del “diálogo de Paracas” en 1981, impulsaron a las principales federaciones y a la CGTP a rechazar su participación en el Consejo Nacional de Trabajo. Sólo participaron una diminuta fracción de la CNT encabezados por Sánchez (con una línea pro-gobierno), lo

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que queda de la CTRP y la CTP. El retiro de la CTP en octubre terminó por frustrar dicho Consejo. Otro elemento importante ha el cuestionamiento por parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT en Ginebra del proyecto de Ley Huelga que el Gobierno había presentado a fines del 1981. El proyecto había sido cuestionado radicalmente todas las centrales y Federaciones sindicales, las que, encabezadas por Federación de Luz y Fuerza tomaron la iniciativa de denunciarlo ante OIT. Los proyectos de Ley de Huelga así como sobre negociación colectiva trabajosamente debatida en los sectores empresariales y laborales han sido semi-enterrados. Las iniciativas ideológicas y políticas del Ministro de Trabajo Grados en el campe laboral se congelaron. A pesar de su habilidad para administrar los conflictos y de su elección como presidente en la Asamblea General de la OIT a nivel internacional, Grados tuvo que adoptar un tono más pro-patronal y más amenazante frente al movimiento sindical. Un tercer elemento importante fue el contundente rechazo de los trabajadores a la política del gobierno tendiente a liquidar la Comunidad Laboral. -En un primer momento, la lucha comunera se centró en la derogatoria del D.S. 22401 y otros dispositivos dados por el Gobierno de Morales para recortar la participación o las utilidades, aplicándole el impuesto a la renta-. Esta lucha fue impulsada principalmente por varias federaciones de CC.II, CONACI y COCOMI, en Coordinación con la CGTP, FNTMMF dando lugar a imponentes marchas de protesta y el primer “paro comunero” la historia los días 15 y 16 de abril 1982. Frente a ello el Gobierno tuvo que retroceder sustancialmente, suspendiendo el Art. 1 del D.S. 22401. Sin embargo, en mayo, se aprobó una nueva Ley de Industrias, que recortó aún más la Comunidad Industrial en las pequeñas empresas, y en las demás empresas establece una opción a un nuevo sistema de participación líquida del 17% de las utilidades (Sistema II) haciendo desaparecer la comunidad en este caso. Esta nueva legislación acusada de anti-constitucional fue rechazada por las organizaciones comuneras. Nuevamente CONACI y la CGTP llamaron a un Paro Comunero, pero esta vez con un éxito limitado. Sin embargo, la campaña de defensa de las Comunidades Industriales logró impacto, ya que la gran mayoría de los trabajadores convocados en noviembre para elegir entre los dos sistemas previstos por la Ley de Industrias, optaron por el Sistema 1, es decir el mantenimiento del sistema de participación en la propiedad, gestión y utilidades. Las Comunidades Laborales, que en su creación respondían a una concepción corporativa de participación, están asumidas ahora por los trabajadores, no sólo como fuente adicional de ingresos, sino también como instancia de fiscalización de la gestión Complementaria de su acción sindical y parte de una incipiente conciencia de productores. 5. EL PROBLEMA CLAVE DE LA UNIDAD SINDICAL Como hemos visto, la política laboral del Gobierno busca centrifugar las fuerzas de los trabajadores, basándose en el mercado de trabajo. Ello supone a su vez un movimiento sindical disperso sin cohesión ni unidad política.

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El problema de la unidad sindical es por lo tanto un elemento clave para hacer frente a la política laboral del Gobierno y en general a su política de control sobre el movimiento popular, ya que los sindicatos son decisivos para imprimir una línea de clase en los distintos ámbitos de lucha social. Durante el año 1982, ha sido clara la debilidad del “Frente Sindical Democrático” (CTP, CNT-Sánchez - CTRP) en el cual trató de nuclearse un sector derechista del APRA con Acción Popular, bajo el liderazgo de Julio Cruzado. Este fue cuestionado por su Partido y obligado a abandonar el Consejo Nacional de Trabajo. El APRA, colocada en oposición al régimen y recobrándose de su crisis in terna, recuperó posiciones en el campo sindical. Sin embargo, el peso de la política pro-patronal y norteamericana llevada a cabo durante décadas por la CTP, así como la mañosa ratificación de Julio Cruzado a la cabeza de esta central, pone en evidencia los límites de la recuperación sindical aprista. Debe relevarse que en el Congreso Extraordinario, realizado en marzo, de la Federación de Trabajadores Azucareros, tradicional bastión aprista, prevalecieron las posiciones que exigían la desafiliación de la CTP. El llamado sindicalismo clasista resulto ampliamente mayoritario, pero también está entrampado por sus divisiones, la CGTP siguió siendo la central mayoritaria, pero debilitada por el paralelismo sindical. Las Federaciones Independientes, que incluyen al sector Energía y Minas e importantes sectores de la industria, representan en su conjunto un peso aproximadamente equiparable al de la CGTP. Ninguno de los sectores pueden prescindir del otro para una movilización nacional y existe un consenso sobre la necesidad de concretar una Central Única, cuyo eje sería la CGTP y las principales Federaciones Independientes. En su VI Congreso, realizado en marzo, la FNTMMP ratificó su pedido de reafiliación decisiva para el proceso unitario del Sindicalismo Nacional, aun no pudo concretarse. En la IV Conferencia de Organización de la CGTP en octubre, prevalecieron las posiciones que pretenden afirmar a esta central como brazo sindical del PC Unidad, manteniendo el paralelismo y burocratismo Sindical, mientras las federaciones independientes siguen dispersas y sujetas también a pugnas internas y vicios burocráticos. Sin embargo, algunos elementos han ido propiciando las expectativas unitarias: se concretó la afiliación de la Federación Departamental de Ancash a la CGTP; se reunificó la FENATREL con la Federación de Luz y Fuerza, y se constituyó un Frente de Trabajadores de Energía y Minas, integrando a Mineros, Petroleros y Luz y Fuerza. Un elemento fundamental lo constituye también la crítica de numerosas bases clasistas al inmovilismo de Izquierda Unida, critica que no se coloca al margen de este frente político, sino más bien apunta a reactivarlo y articular los diversos niveles de organización y lucha tanto gremial como político e ideológico de los trabajadores: en el terreno sindical, barrial, campesino regional, cultural, estudiantil, municipal, parlamentario, de medios de comunicación, etc. 1982 fue muy fértil en todos estos campos, aunque estos se mantuvieron bastante separados. Superar estas sepa raciones implica una mayor democratización de las organizaciones gremiales y políticas del pueblo; implica dar un mayor perfil y consistencia político-programático a cada una de sus luchas y resolver el entrampamiento entre partidos competitivos en el seno de la izquierda. En el terreno

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propia mente sindical, implica desarrollar la práctica del Frente Único y cuajar una línea clasista, democrática y no alinea da que permita construir la Central Única que anhelan los trabajadores. Las expectativas para 1983 van en este sentido.

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