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El declive del bipartidismo hondureño: Las elecciones y el nuevo sistema de partidos en Honduras The decline of Honduras bipartisanship: elections and the new party system in Honduras Manuel Camilo González Vides*, John Jairo González Henao** y Juan Sebastián Ramírez Gómez*** Resumen Históricamente, Honduras se ha caracterizado por un sistema de partidos rígido dominado por los partidos tradicionales Nacional y Liberal, y una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas. La competencia bipartidista cooptó los espacios de representación política, mientras que el sector castrense se posicionó como árbitro de la política nacional. El Golpe de Estado de 2009 desdibujó la imagen democrática de los partidos políticos posibilitando el surgimiento de nuevas expresiones políticas como Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Anticorrupción (PAC) en las elecciones generales de 2013. Estas expresiones políticas han puesto sobre el tablero político hondureño una agenda de temas diversos como la corrupción y la democratización interna de los partidos, así como una renovada imagen del parlamento hondureño caracterizado por la pluralidad ideológica de los actores políticos. En este escenario la gobernabilidad irá de la mano de profundas negociaciones entre partidos para formar coaliciones que permitan asegurar el dominio bipartidista en la legislatura.
Palabras clave
Estudiante de sexto semestre de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Miembro de Observatorio Político Electoral Latinoamericano (OPEL) de la misma universidad. Correo: manuelc.
[email protected] ** Estudiante de sexto semestre de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Miembro de Observatorio Político Electoral Latinoamericano (OPEL) de la misma universidad. Correo: john.
[email protected] *** Estudiante de sexto semestre de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Miembro de Observatorio Político Electoral Latinoamericano (OPEL) de la misma universidad. Correo: juanse.
[email protected] *
Democracia, Elecciones, Nuevos Partidos, Golpe de Estado de 2009.
Abstract The Honduras party system has been characterized by the domain of traditional parties, National and Liberal, and a strong presence of the military. The bipartisan competition coopted spaces of political representation, while the military was positioned as the arbiter of national policy. The “Coup d’etat” occurred in 2009, blurred the democratic image of political parties, allowing the emergence of new political expressions as Libertad y Refundación (LIBRE) and Partido Anticorrupción (PAC) in the general elections of 2013. These new expressions have added, to the Honduras political agenda, various issues such as corruption and internal democratization of political parties, as well as a new image of the Honduran parliament, characterized by ideological diversity of political actors. In this scenario, governance goes in hand with deep negotiations between parties to form coalitions that ensure the domain of bipartisan in the legislature.
Key words Democracy, elections, New Parties, “Coup d’etat” 2009.
Artículos de reflexión, revisión o resultado de investigación
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Manuel Camilo González Vides; John Jairo González Henao; Juan Sebastián Ramírez Gómez
Introducción Tradicionalmente, el sistema político hondureño ha sido dominado por los militares, y después del giro democrático, por los partidos tradicionales, Partido Liberal (PLH) y Partido Nacional (PNH). El sistema bipartidista configuro una especie de democracia protegida (Loveman, 1994) que cerraba las posibilidades de nuevas expresiones políticas de sobresalir, muchas veces por la decisiva influencia de las relaciones clientelistas que surgían de un Estado cooptado por ambos partidos y en otras debido a la tutela militar. La dinámica electoral se reducía a una alternancia casi pactada, y la representación política mutaba de partidos hacia facciones dentro de los mismos partidos y viceversa; la representación se monopolizó en torno a la organización de los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, desde el Observatorio Político Electoral Latinoamericano (OPEL) vemos con mucho interés que las consecuencias de la interrupción del orden constitucional de junio de 2009 hayan generado nuevas dinámicas internas en Honduras. Nuevos partidos políticos han surgido desde entonces como expresiones de los distintos problemas que afronta el país suramericano: inseguridad, crisis económica, corrupción (por nombrar los más importantes según la opinión de los propios hondureños en Latinobarómetro 2009); aunque resulta aún más relevante la diversificación del sistema de partidos políticos que trajo consigo las elecciones generales de 2013. Estudiar la apertura del sistema político hondureño es abrir nuevas interpretaciones sobre las transiciones políticas. Del rígido bipartidismo se ha pasado a un multipartidismo que favorece la democracia en cuanto al debate político y la representación; variables esenciales de la poliarquía descritas por Dahl (1989). Sin embargo, la inserción de estas nuevas fuerzas políticas traería consigo una tensa relación entre las ramas ejecutiva y legislativa, un problema de gobernabilidad que deberá sortear el sistema político hondureño si quiere conservar su estabilidad política.
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Honduras: pugna entre militares, elites y partidos políticos La República de Honduras vio nacer sus principales partidos políticos en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo posterior, bajo un escenario de escasa soberanía nacional y dominio de las grandes empresas extranjeras. Así, en 1891 nace el Partido Liberal (PL) con claras ideas progresistas y de integración regional, heredadas de las luchas del caudillo Francisco Morazán. Por su parte, el Partido Nacional (PN) surge de la escisión del sector terrateniente de las toldas liberales y en 1919 se consolida como representante de la derecha tradicional, aliada de las fuerzas armadas y con una red clientelar pluriclasista vasta (Alcántara, 2003). No obstante, el sistema de partidos hondureño padeció, y aún sigue haciéndolo, una constante “tendencia al fraccionalismo intra-partidista […] motivada por discusiones programáticas y, sobre todo, por motivos personalistas” (Alcántara, 2003). Esta última motivación ha sido consecuencia de los gobiernos militares que se extendieron hasta bien entrada la transición democrática en los años ochenta, y de la poca capacidad organizativa de los partidos políticos después de esta. De igual manera, Honduras ha sido testigo del resurgimiento del papel político de las Fuerzas Armadas que se había mermado en los noventa a causa de los gobiernos civiles. El Golpe de Estado de 2009 es una clara evidencia de que el sector castrense sigue siendo un actor político autónomo, un árbitro de las relaciones interinstitucionales del país centroamericano. Honduras es un país cuyo sistema político se encuentra caracterizado por la fuerte presencia de los militares, acompañado de una lenta transición hacia la democracia. Es así que hasta mediados del siglo XX las rivalidades de los partidos conservador y liberal persistían, la movilización era baja y el poder permanecía en manos de la alianza triangular de los latifundistas, los inversionistas extranjeros, y el ejército (Skidmore, 2001, pp. 364).
El declive del bipartidismo hondureño: Las elecciones y el nuevo sistema de partidos en Honduras
El sistema de partidos hondureño El cariato, las fuerzas armadas y los partidos en la sombra. (1933-1980) Durante este periodo las figuras predominantes en la escena política hondureña fueron Tiburcio Carías (1933-1949) y Osvaldo Arellano López (1956-1957 y 1972-1974), quienes pertenecían al Partido Nacional (PN). No obstante, esto nunca significó una hegemonía real de este partido, por el contrario se vio constreñido a actuar políticamente por el inmenso poder concentrado en las manos de ambos dictadores. El Partido Nacional fue supeditado a ser una organización de apoyo a las políticas del régimen militar, en especial en el diseño de las políticas del periodo comprendido entre1972 y 1974 relativas a la expansión y eficacia del Estado evidenciadas en el Plan Nacional de Desarrollo (Alcántara, 2003). Por otra parte, en este periodo confluye la profesionalización de la Fuerza Armada con su rol deliberante. La aprobación del estatuto de autonomía de 1957 favoreció la presencia continua del sector castrense en la arena política, en muchas ocasiones relacionándose con el PN. De igual manera, las Fuerzas Armadas gozaron de apoyo popular luego de jugar un papel en la guerra contra El Salvador, debida a cuestiones limítrofes durante julio de 1969.
La Transición (1980-1985) Para finales de la década del setenta, la situación de la región centroamericana fue álgida después del triunfo de la revolución sandinista; el régimen militar, que en principio había tomado un cariz reformista, se vio obligado a tornarse represivo, siguiendo los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional. No obstante, fueron las presiones externas, irónicamente norteamericanas, las que acabaron con el largo periodo de regímenes militares. Desde 1978, la presidencia Carter presionó a la Junta Militar para iniciar un proceso de transición democrática. La presión surtió efecto y en
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abril de 1980 se produjeron las primeras elecciones democráticas, con un record de participación del 81% del censo (Alcántara, 2003). La transición política trajo consigo una nueva constitución y nuevas leyes electorales que propendían por la ampliación de la participación política de diversos actores políticos como la izquierda democrática y los partidos minoritarios; además de impulsar la democratización de las estructuras internas de los partidos tradicionales. Honduras entró a una situación de partidocracia (Coppedge, 1994) caracterizada por el protagonismo de los partidos políticos tradicionales. En tiempos de transición, el sistema político democrático exigía una estabilidad que sólo podían conferir los partidos políticos. Esta estabilidad sui generis estaba enmarcada en una dinámica del consenso y afincamiento de las relaciones clientelares en la política subnacional que ofrecían Un promedio de número efectivo de partidos de 2,3, bajos niveles de competitividad (12,3), altos niveles de concentración electoral (95,9) y una de las tasas de volatilidad más bajas de la región, con un promedio de 7,1, son diferentes dimensiones de un bipartidismo fuertemente asentado, y podríamos decir que con visos de perdurabilidad, si no fuera por los hechos ocurridos en 2009 (Otero Felipe, 2013, p. 253).
Las primeras elecciones dieron como vencedor al partido liberal quien conquistó la presidencia con su candidato Roberto Suazo y obtuvo el 53,66% (Otero, 2013) de los escaños de la Cámara de Diputados. Sin embargo, las relaciones entre el presidente Suazo y el Poder Judicial se tornaron tensas por cuenta de las intenciones reeleccionistas del primero que afectaban principalmente el equilibrio interinstitucional. Ante esta situación los partidos políticos acordaron el Acta de Compromiso como antesala a las elecciones de 1985, y a las cuales vieron como una oportunidad de frenar las ambiciones de Suazo. Derrotado Suazo, el Acta de com-
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promiso inauguró un nuevo sistema electoral, basado en la normativa uruguaya. Al respecto, Alcántara comenta: “Posibilitaba la concurrencia de diferentes líderes de facciones de cada partido político, resultando ganador aquel que, dentro de la mayor cifra una vez acumulados los votos por partidos, liderara la facción más votada” (Alcántara, 2003, p.235). Así, los principales impactos del Acta en el sistema político hondureño fueron la concentración de la representación en los partidos tradicionales y a la vez una tendencia al fraccionalismo al interior de ellos. El éxito de los partidos tradicionales en la etapa de transición democrática fue la de fungir como articuladores de intereses y de actores legitimadores del sistema democrático. Los partidos políticos en el seno de la democracia son los ejes o canales que entrelazan y comunican a la sociedad con el régimen político (Alcántara &Freidenberg, 2001, p.18).
La democracia en funciones (1989-2009) Durante los veinte años de vida democrática en consolidación, Honduras experimentó 8 procesos electorales generales, es decir que los comicios abarcaban la elección de presidente, diputados y representantes de los gobiernos municipales. Dos particularidades sobresalen en este lapso de tiempo: el predominio electoral del Partido Liberal en las elecciones y la mayoría legislativa que poseen los presidentes electos. En primer lugar, el Partido Nacional perdió fuerza durante el periodo democrático debido a su cercanía con el régimen militar, un tanto desprestigiado en los ochenta por violaciones a los derechos humanos, situación capitalizada por el Partido Liberal al poner bajo tutela civil la actuación de las Fuerzas Armadas. De las ocho elecciones el PN sólo ganó en dos ocasiones (1989 y 2009) logradas en momentos de baja popularidad de los gobiernos liberales a causa de hechos de corrupción e inestabilidad política. (Ver Tabla. 1)
Tabla 1. Resultados electorales (1980-2009) AÑO
1980
FECHA
20 de abril 29 de noviembre
A ELEGIR
Asamblea Constituyente Ejecutivo y Legislativo
1981
24 de noviembre
Ejecutivo y Legislativo
1985
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CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y PARTIDOS
RESULTADOS DE ELECCIÓN PRESIDENCIAL
Roberto Suazo Córdova. (PL)
636.437
Ricardo Zuñiga Agustinus.
491.089
(PN) José Azcona Hoyo. PL Rafael L. Callejas. PN
53,93%
PRESIDENTE ELECTO
Roberto Suazo Córdova. Margen Electoral: 12,3
41,61% 786.771
José Azcona
51,01% 701.492
Hoyo.
45,48%
Margen Electoral: 5,5
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El declive del bipartidismo hondureño: Las elecciones y el nuevo sistema de partidos en Honduras
AÑO
FECHA
26 de noviembre 1989
28 de noviembre 1993
30 de noviembre 1997
A ELEGIR
CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y PARTIDOS
Ejecutivo, Legislativo y Parlamento Centroamericano.
Carlos Roberto Flores.
Ejecutivo, Legislativo y Parlamento Centroamericano.
Carlos Roberto Reina.
Ejecutivo, Legislativo y Parlamento Centroamericano.
(PL) Rafael L. Callejas. (PN)
RESULTADOS DE ELECCIÓN PRESIDENCIAL
PRESIDENTE ELECTO
776.983
Rafael L.
44,31%
Callejas.
917.168
Margen Electoral: 6,73
52,30% 906.793 53,01%
Carlos Roberto Reina
(PL) Oswaldo Ramos Soto.
735.123
Margen Electoral : 11,6
(PN) Carlos Roberto Flores.
1.040.403
(PL) Alba Nora Gúnera de Melgar.
42,97%
52,65%
Carlos Roberto Flores
844.985
Margen Electoral:
44,28%
12,3
964.590 44,26%
Ricardo Maduro
1.137.734
Margen Electoral:
(PN) 25 de noviembre 2001
2005
2009
27 de noviembre
29 de noviembre
Ejecutivo, Legislativo y Parlamento Centroamericano.
Rafael Pineda Ponce. (PL) Ricardo Maduro. (PN)
Ejecutivo, Legislativo y Parlamento Centroamericano.
Manuel Zelaya.
Ejecutivo, Legislativo y Parlamento Centroamericano.
Elvin Santos.
(PL) Porfirio Lobo Sosa. (PN) (PL) Porfirio Lobo Sosa. (PN)
52,21% 999.006
7,9
49,09% 925.243
Margen Electoral:
46,22% 817.524
3,7
38,12% 1.213.695 56,56%
Manuel Zelaya
Porfirio Lobo Sosa Margen Electoral: 18,6
Fuente: Elaboración propia con datos de Otero (2013).
Por otra parte, los presidentes hondureños han gozado de mayorías legislativas. Una de las causas se debe a la concurrencia de las elecciones presidenciales con la del órgano legislativo, donde la figura presidencial supone una figura de arrastre electoral. Si bien esto
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ha minimizado el conflicto interinstitucional de manera relativa, los partidos políticos tradicionales aún siguen monopolizando la representación, tanto a nivel nacional como subnacional.
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La crisis del régimen democrático (2009) La transición democrática en América latina marcó el fin de las intervenciones militares activas en la política que conducían en repetidas ocasiones al quiebre del régimen democrático. Sin embargo, los viejos golpes de Estado han mutado a las denominadas crisis presidenciales, sustituyéndose los medios, y los actores que permiten la destitución del presidente de un país. Una crisis presidencial se define como “episodios que se caracterizan por episodios por niveles muy elevados de conflicto y por la decisión de una rama electa de disolver la otra con el fin de darle nueva forma a su composición.” (Pérez-Liñán, 2009, p.84). En efecto, en la crisis hondureña aplica al concepto pues en ella se reveló la intención de la rama legislativa hondureña de deponer al titular de la rama ejecutiva, Manuel Zelaya. Si bien el golpe fue ejecutado por los militares su papel real fue subsidiario. Los protagonistas de la interrupción del orden constitucional fueron los legisladores hondureños y los miembros del Poder Judicial, quienes unidos a sectores económicos importantes y a las fuerzas armadas conformaron una sólida coalición contra Zelaya (Legler, 2010). Esta empezó a tomar forma cuando Zelaya anunció su decisión de adherirse a la al (ALBA), organización que aglutina a diversos gobiernos de izquierda como Venezuela y Nicaragua. Dentro de los gremios y partidos políticos, en especial el Partido Liberal, se veía el riesgo de que Honduras siguiera los pasos de la Venezuela de Chávez y con ello, la subsiguiente implantación en el país del socialismo del siglo XXI. Lo que vino a continuación fue una serie de avatares institucionales que aceleraron la crisis presidencial y que desembocaría en el derrocamiento de Zelaya. En primer lugar, el presidente hondureño inició una campaña en favor del cambio constitucional. Zelaya impulsaba la creación de una “cuarta urna” dentro de las elecciones generales de noviembre de 2009 para interrogar a los hondureños sobre la con-
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vocación a una Asamblea Constituyente. Tendiente a este propósito el titular del ejecutivo intento infructuosamente de influir en la elección del Fiscal General y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Luego siguió el choque con el congreso por la negativa del mandatario de enviar el proyecto de presupuesto, con lo cual los diputados se aliaron a la oposición existente al considerar que generaba “serios problemas fiscales al interior de las agencias de gobierno” (Legler, 2010, p.11). La oposición vio en los actos del mandatario una forma de presionar al Congreso para que apoyase la Constituyente con el cual pretendía hacerse reelegir. No obstante, el culmen de la crisis institucional fue la decisión de las Fuerzas Armadas de no apoyar el plebiscito. La recién elegida Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el plebiscito y ordenó al jefe del ejército, General Romeo Vásquez, suspender la distribución de las papeletas electorales. Zelaya contraordenó al oficial, y al no lograr el cambio de su opinión le destituyó. Nuevamente la Corte entró a juzgar y declaró ilegal la decisión de Zelaya. Además, se desarrolló una protesta de un importante número de generales a favor del reintegro de Vásquez. En el amanecer del 28 de junio de 2009, un pelotón de soldados irrumpió en el Palacio presidencial y tomó presó a Zelaya, quien ese mismo día fue exiliado a Costa Rica. Los militares habían hecho efectiva una orden de arresto emanada de la Corte, quien había encontrado culpable al depuesto mandatario de 18 cargos incluido el de traición a la patria (Legler, 2010). En el curso del mismo día, el Congreso aceptó una supuesta renuncia de Zelaya y confirmó la transmisión del poder presidencial al presidente del Congreso, Roberto Michelleti. Sobre la crisis de junio hay dos posturas encontradas. Zelaya y sus seguidores aducen un golpe de Estado orquestado por el Congreso y sectores económicos ligados relacionados con Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. También defienden el plebiscito amparándose en la
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Ley de Participación Ciudadana, aprobada por el Congreso donde se reconoce el derecho del pueblo a ser consultado (Velásquez, 2010). Por su parte, otro sector, conformado entre otros por los partidos políticos1, afirma la tesis de la sucesión presidencial, por la cual Zelaya perdió su investidura presidencial al violar el artículo 239 de la constitución que prohíbe la reelección, su promoción o la reforma de la constitución para tal fin. A su vez, legitiman la actuación de los militares en conformidad con el artículo 272, que reconoce como deber institucional de las Fuerzas Armadas defender “los principios de libre sufragio y la alterabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República” (Constitución de Honduras, 1982). Lejos de las interpretaciones de unos y otros, lo que se vivió en Honduras antes del 28 de junio de 2009 fue una crisis presidencial en donde el alto nivel de conflicto interinstitucional desembocó en la decisión del Poder Judicial y subsecuentemente del Poder legislativo de recomponer la rama ejecutiva. Nótese que la actividad militar es limitada (casi nula) y quienes realmente se apropian de la acción de deponer a Zelaya son las ramas que facultan al sector castrense a actuar conforme a la ley. Toda crisis presidencial posee una consecuencia a posteriori: el quiebre o colapso del régimen presidencial. Sin embargo, esta varía según el tiempo en que dure la interrupción del orden constitucional (Pérez-Liñán, 2009). En el caso de Honduras podemos afirmar que hubo un quiebre a corto plazo caracterizado por un golpe legislativo, el cual se define como “una acción conjunta entre militares y el Congreso para derrocar al presidente.” (PérezLiñan, 2009). Esclarecida conceptualmente, la crisis hondureña se desarrolló como un conflicto inter institucional con un desenlace relativamente democrático. Esa relatividad democrática constituyó la debilidad del gobierno de facto, puesto 1
Incluso el Partido Liberal de Honduras (PLH), al cual pertenecía Zelaya, apoyó el golpe de Estado. Al regreso de su exilio, Zelaya formó Libertad y Refundación (LIBRE), un partido político de izquierda nacido de la deserción de partidarios del PLH y adeptos al depuesto presidente.
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que los mandatarios del ALBA no dudaron en activar la Carta Democrática Interamericana (CDI) y señalar que lo que había sucedido en Honduras era un llano golpe de Estado, omitiendo los nuevos patrones de inestabilidad política surgidos después de la tercer ola de la democratización. El resultado de la activación de la CDI y la respuesta del nuevo gobierno en Tegucigalpa pronto reprodujeron un escenario de aislamiento internacional de Honduras, en especial su suspensión de la Organización de Estados Americanos (OEA). El breve mandato de Michelleti estuvo abrigado por la imagen internacional de inconstitucionalidad, al punto que el nuevo presidente post-golpe, Porfirio Lobo, debió asumir el tema del reingreso a la OEA como una prioridad en su agenda política.
Índices de confianza institucional antes y después del golpe de Estado de 2009 La confianza institucional puede ser definida como la forma de apoyo difuso al régimen político expresado en actitudes favorables a la democracia, o como un respaldo específico según el desempeño y los resultados alcanzados por el gobierno (Easton, 1965). Es decir el apoyo difuso sería la aprobación al régimen o sistema democrático, mientras que el apoyo específico sería el apoyo al gobierno de turno. La confianza en las instituciones democráticas se mantuvo durante los primeros nueve años del siglo XXI. La interrupción del orden constitucional generó un apreciable descenso en los índices de confianza institucional justificada por la incapacidad de dichas instituciones de propiciar una salida consensuada a la crisis política (Otero, 2013). A partir de 2009, la confianza en las instituciones reapareció. El gobierno de facto veló por el cumplimiento de unas elecciones justas, transparentes y equitativas. Además, hubo una amplia aceptación con el resultado que puso a Porfirio Lobo como presidente lo que le otorgó legitimidad a su mandato y por ende a las
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instituciones de la democracia hondureña (Ver Tabla 2). Ante una crisis política solucionada de facto, los hondureños no se dejaron tentar por las aspiraciones autoritarias del pasado y mantuvieron su esquela democrática, rechazando la acción golpista. En la Tabla 3 se aprecian los resultados referentes a las actitudes frente al golpe de Estado de 2009. Profundizando en el estudio de opinión se puede observar que el nivel educativo y la
edad influían decisivamente en la aprobación o desaprobación del golpe. En efecto, se llegó a la conclusión de que a mayor edad y nivel educativo más se aprobaba la incursión de los militares. Un dato que no debe se tomado a la ligera es la desaprobación del sexo femenino al golpe, de lo cual se infiere, primero que el gobierno de Zelaya fue muy inclusivo en temas de género, y segundo que dicho apoyo se replicaría a favor de Xiomara Castro, esposa del Zelaya y candidata de LIBRE.
Tabla 2. Índice de confianza institucional- Honduras.
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (2009).
Tabla 3. Actitudes frente al golpe de Estado de 2009 Actitud
Porcentaje
Aprueba No aprueba NS/NR
31% 52% 17%
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarometro (2009).
Un rumbo incierto (2009) Porfirio Lobo alcanza la presidencia con el 56,56% del sufragio tras siete meses de inestabilidad institucional. Su primera tarea fue reinsertar a Honduras dentro de los
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organismos internacionales de los cuales había sido expulsado después del derrocamiento de Zelaya. El esfuerzo del gobierno Lobo por ser readmitido dentro de la comunidad internacional dio frutos con la suscripción del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema democrático en la República de Honduras, por el cual se permitió el regreso de Zelaya a Honduras, así como la readmisión del país centroamericano al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante, al interior de su país, la administración Lobo ha sido reprobada por los ciudadanos. El aumento de las cifras de inseguridad ciudadana en 2012 con un saldo de 7172 homicidios sumado con la corrupción
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policial han generado una percepción ciudadana de incumplimiento de las promesas de campaña por parte del presidente Lobo. Ello se evidencia en las encuestas sobre la gestión presidencial realizadas por Instituto Universitario de Opinión Pública (IUOP) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) que califican entre 2009 y 2011 la administración Lobo en 4,6 dentro en una escala de 1 a 10 (El Heraldo, 2013). En este escenario político no es inusual que proliferen nuevos movimientos y partidos políticos que busquen erigirse como una alternativa a los viejos partidos. Las elecciones de noviembre evidenciaron una alta volatilidad electoral en favor de estos nuevos actores políticos, señal de que el voto es una forma de accountability (responsabilidad) de los partidos en el gobierno (Shugart&Mainwaring, 2002).
Economía y sociedad hondureña Con el regreso a la democracia, la economía hondureña vivió largos periodos de recesión sólo atajados por años fértiles donde el Producto Interno Bruto (PIB) superó el 5%. Así, podemos observar años críticos como 1999 (-1,9%) y 2009 (-2,4%) al contrario de años como 1993 (6,2%) y 2006 (6,6%) donde se experimentó una expansión sin precedentes para los rubros de Honduras desde la vuelta a la democracia en 1980 (CEPALSTAT, 2012). Durante sus veinte años de vida democrática, la balanza comercial de Honduras experimentó un aumento en las importaciones, situación que cambió a partir del periodo 2009-2012 donde tanto las exportaciones e importaciones registraron una leve paridad en sus valores, en rubros como el café y el banano, productos tradicionales de exportación. De igual manera, para ese mismo periodo la Inversión Extranjera Directa (IDE) se elevó de 505,3 millones de dólares en 2009 a 1052,2 millones en 2012. Por otro lado, la deuda externa de Honduras ha experimentado un descenso relativo desde 1990 cuando se ubicaba en el 98,36% del
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PIB. Al final del milenio, la deuda externa se ubicaba en 65,54% del PIB, siendo 2009 la cifra más relevante de la primera década del nuevo siglo con 22,93% del PIB. Para 2012, último registro obtenido por la CEPAL, la deuda escaló al 3% llegando al 26,09% del PIB. No obstante, Honduras es reconocida por ser uno de los países más pobres del mundo, siendo el primero en el escalafón de la región centroamericana con un Coeficiente de Gini de 0,61 (CEPALSTAT, 2012). El anterior no es un dato menor, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Honduras ocupa el puesto 120 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con niveles de desigualdad del 0.458% y de pobreza multidimensional del 0.159% (PNUD, 2012). Actualmente, según Transparencia Internacional en su informe de 2013 Honduras comparte con Venezuela y Paraguay el puesto de los países más corruptos de América Latina. Estas consideraciones primarias forman una imagen negativa del país centroamericano en cuanto a manejos administrativos y socioeconómicos. La falta de instituciones sólidas le ha dado ventaja a la inseguridad, como el principal y mayor problema que enfrentan los hondureños. Según cifras del Observatorio de la Violencia 83 de cada 100 mil habitantes han sido asesinados entre enero y junio de este año, superando la media mundial, estimada por la Organización Mundial de la Salud (OMC), de 8.8 por cada 100 mil habitantes (El Heraldo, 2013). Ante este fenómeno, el gobierno hondureño ha respondido con políticas de “mano dura “como por ejemplo la Policía Militar, aunque no han resuelto la situación, por el contario han intensificado la problemática de la violencia, especialmente en las ciudades. La violencia ha generado un efecto contraproducente en el sistema de seguridad como lo es el fraccionamiento en las entidades de seguridad, donde las cifras revelan que existen 3.8 millones de guardias privados frente a 2.6 millones de policías (La Prensa, 2013). Esto evidencia el grado de desconfianza institucional de
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los ciudadanos hacia los órganos de seguridad del Estado, muchos de ellos involucrados con actores ilegales.
Elecciones generales 2013 Marco legal de las elecciones Honduras 2013 Según la Constitución de Honduras, las elecciones se llevan a cabo el último domingo de noviembre de cada cuatro años, es decir este 24 de noviembre 5’335112 hondureños en el territorio nacional están habilitados para elegir presidente, 128 diputados, y 298 representantes de los gobiernos municipales. De igual manera harán uso de su derecho al voto 46331 ciudadanos hondureños residentes en Estados Unidos entre las 07:00 y 16:00 horas. Las elecciones del presidente y de los representantes de los gobiernos municipales se llevan a cabo por mayoría simple de votos, mientras que los escaños de los diputados se asignan por principio de representación proporcional, de acuerdo a los 16 distritos plurinominales y 2 uninominales que comprende el mapa electoral.
Candidatos y partidos políticos Para Giovanni Sartori un partido político es “cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que se presenta a las elecciones, y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos” (Sartori, 2005, p. 100). En efecto, a diferencia de las anteriores elecciones generales los comicios de noviembre fueron un escenario de gran competitividad en todo el territorio hondureño en donde nueve candidatos se disputaron la presidencia, de los cuales seis representaban nuevos partidos políticos. Las tradicionales candidaturas del Partido Liberal y el Partido Nacional estuvieron representadas por Mauricio Villeda y Juan Orlando Hernández respectivamente. Por otra parte, seis partidos y movimientos políticos le disputaron el electorado a la tradición bipartidista de Honduras. Ellos fueron: Unificación Democrática (UD) con Andrés Pa-
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vón como su candidato, Orle Solís por el Partido Demócrata-Cristiano Hondureño (PDCH), Romeo Vásquez, ex general involucrado en el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009, lidera la Alianza Patriótica Hondureña; Jorge Aguilar por el Partido de Innovación y Unidad (PINU), Salvador Nasralla, presentador de televisión y fundador del Partido Anticorrupción (Pac) y Xiomara Castro de Zelaya, esposa del depuesto ex presidente Zelaya, por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Los movimientos políticos emergentes son por un lado, la reivindicación de una oposición que sea visto marginada de los espacios públicos y que ante el descrédito del bipartidismo han visto la oportunidad de volver a la arena política. Por otro lado, son representativos de la coyuntura política del momento, son formaciones políticas que denuncian la corrupción y el déficit democrático en una Honduras postgolpe. Por consiguiente, podemos observar el tímido regreso de formaciones políticas de izquierda como UD o PINU, y de la democracia cristiana como el PDCH, en busca de alcanzar la primera magistratura del país centroamericano. De igual manera, la aparición del Partido Anticorrupción (PAC) representa la institucionalización de un sentimiento de malestar contra la corrupción rampante y la ineficacia del Estado por erradicarla. Finalmente, LIBRE surge como una escisión del Partido Liberal (PLH) representando en doble sentido, una respuesta al desgastado y rígido bipartidismo hondureño, y a la vez una alternativa política que porte las banderas de los valores democráticos del programa político del ex presidente Zelaya interrumpidos por el golpe de Estado de 2009.
Campaña electoral La campaña electoral inició el 26 de agosto y se extendió hasta el 19 de noviembre de 2013, donde los nueve candidatos a la presidencia, congreso y corporaciones municipales tuvieron la oportunidad de hacer uso de los medios de
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comunicación, de la propaganda y de movilizar a sus seguidores en busca de alcanzar la presidencia. El pulso electoral estuvo centrado entre la candidata del Partido LIBRE, Xiomara Castro, y el candidato oficial, Juan Orlando Hernández, según la encuesta realizada por la encuestadora CID/Gallup. Según la firma, Castro de Zelaya obtenía el 29% de la intención del voto, mientras que Hernández el 27% de opinión favorable. Le seguían en el escalafón, los candidatos liberal y del PAC, Villeda y Nasralla con 15% y 11% respectivamente. (Infobae, 2013). De igual manera, la encuestadora les pregunto a los hondureños por su afinidad partidaria y la posibilidad de que estas elecciones fueran un cambio transcendental en la política nacional. En relación a la afinidad partidaria, el Partido Nacional lideró la encuesta con el 32%, seguido por LIBRE con 22% y finalmente, el Partido Liberal con el 21% de la favorabilidad. En términos de observación electoral, el Foro de Sao Paulo y la OEA se comprometieron a enviar a sus misiones de observación con el fin de garantizar la transparencia de los comicios. La Unión Europea, que hasta entonces había desestimado su participación, consideró esta posibilidad e hizo presencia con 80 observadores. El apoyo internacional a estas elecciones tuvo su inicio determinante con la firma de todos los candidatos del Compromiso de Garantías Mínimas para la Ética y la
Transparencia Electoral en el que se obligaban a aceptar los resultados electoral, con el fin de evitar el fraude y estallidos de violencia política. Sin embargo, a pesar de los compromisos de transparencia y la confirmación de observadores internacionales, los comicios generales fueron invadidos por la desconfianza. Hubo rumores sobre el papel desestabilizador del Foro de Sao Paulo, en el evento de una posible derrota de la candidata de LIBRE (La Prensa, 2013), o las denuncias de posibles desconocimiento de los resultados por parte del Partido Anticorrupción (PAC).
Elecciones presidenciales 2013 Las elecciones programadas para el 24 de Noviembre transcurrieron en relativa tranquilidad donde 32’000.000 de hondureños ejercieron su derecho al voto. Un hecho violento registrado en la región de La Mosquitia, este de Honduras, fue la única alteración del orden público que empaño los comicios. (El Heraldo, 2013). Con el 100% de las mesas escrutadas la presidencia fue alcanzada por el candidato oficial, Juan Orlando Hernández, con el 36, 89%, seguido por la candidata Xiomara Castro de Zelaya del Libertad y Refundación (LIBRE) con el 28.78% de los votos. Por otra parte, el candidato del Partido Liberal obtuvo 20,30% seguido por el candidato del Partido Anticorrupción con el 13,43% (Ver Tabla 4).
Tabla 4: Resultados elecciones presidenciales
Fuente: Elaboración propia con datos del TSE (Honduras).
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Por otra parte, los candidatos del PDCH, PINU, APH y PINU obtuvieron votaciones inferiores al 1%, lo cual coloca significa una posición incómoda para sus filas políticas ya que la ley electoral hondureña dispone la perdida de la personería jurídica de un partido político si este no alcanza el 2% de los sufragios.
Elecciones legislativas Los resultados de las elecciones legislativas demostraron el desmantelamiento de la hegemonía bipartidista en el congreso hondureño. Nuevas fuerzas políticas como LIBRE y PAC le restaron apoyo significativo a los tradicionales Partido Nacional y Liberal, reduciendo sus
curules al interior del parlamento. Así, el Partido Nacional vio reducida su representación parlamentaria de 71 curules en 2009 a sólo 47 en 2013, situación idéntica al Partido Liberal que obtuvo en estas elecciones 27 curules de 45 conseguidas en las elecciones legislativas de 2009. En esta situación, LIBRE se ubicó como la segunda fuerza política del país y la principal opositora al obtener en su debut electoral 37 curules. Sumado a ello, el Partido Anticorrupción alcanzó la significativa cifra de 13 curules derrotando a partidos históricos de oposición como el PINU, PDCH y UD que sólo obtuvieron un solo escaño cada uno. (Ver. Tabla 5).
Tabla 5: Resultados elecciones legislativas (en volumen de escaños) 1%
1% 1%
1% PN Libre PLH
10%
Pac 21%
37%
PINU PDCH US
28%
UD
Fuente: Elaboración propia con datos del TSE (Honduras).
Elecciones locales Las elecciones locales reflejaron un predominio absoluto del Partido Nacional (PN), no del bipartidismo hondureño. De las 298 alcaldías en juego, el PN alcanzó 183 y el Partido Liberal (PLH) sólo 31, cifra superada por 83 alcaldías logradas por LIBRE. (Ver. Tabla 6) A pesar de la incursión exitosa del zelayismo en las elecciones locales, los niveles de renovación de las autoridades políticas locales siguen siendo inferiores al 20%.
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Tabla 6: Resultados de las elecciones locales Partido político
PNH PLH LIBRE PDCH
Alcaldías
Porcentaje
183 31 83 1
62% 31% 83% 0.3%
Fuente: Elaboración propia con datos del TSE (Honduras)
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Congreso divido: el fenómeno de las alianzas políticas en Honduras 2014-2018 Las elecciones generales de 2013 generan diversos escenarios de gobernabilidad en donde las alianzas políticas pueden o no sostener el débil mandato del nacionalista Juan Orlando Hernández. Principalmente, la discrecionalidad que caracterizaba las relaciones Ejecutivo-Legislativo se ven hoy en riesgo por la presencia dos partidos de oposición que han desplazado a formaciones políticas centenarias como el PLH de su papel principal como fuerza política del país. La consecuencia evidente es un congreso dividido y heterogéneo, que obliga al presidente electo a buscar apoyos políticos para afianzar su legitimidad, desde ya frágil por un estrecho margen de victoria en las elecciones presidenciales Sobre el mapa político del país centroamericano se esgrimen las alianzas políticas, fenómeno que sólo se había visto en 1985 para asegurar la transición a la democracia y que ahora permitirá el sostenimiento del bipartidismo o su lento desmantelamiento. Podríamos afirmar que hay dos grandes alianzas políticas, no exentas del problema del intrafraccionamiento, muy recurrente en los partidos políticos hondureños: el pacto natural entre el PNH y PLH; y la coalición del PAC con LIBRE, La primera alianza tiene trayectoria política probada e intereses en común, sobre todo para el PLH que se resiste a desaparecer como partido político ante el avance de LIBRE. Los une su calidad de pilares de la democracia en Honduras y una que otra afinidad ideológica en temas de política macroeconómica. Esta parecería ser la primera opción de Hernández para restaurar una malherida hegemonía bipartidista en el congreso hondureño. Sumarían cerca del 60% de los apoyos parlamentarios, apoyos necesarios y suficientes para aprobar el paquete de reformas del presidente electo. Sin embargo, el pacto natural ya encuentra sus primeras contradicciones. Recientemente, el PLH se opuso a la reforma tributaria impulsada por el PNH, situación impensable hasta
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entonces, ya que ambos comparten visiones ortodoxas sobre la economía. Una de las razones del PLH para oponerse a este paquete económico es la necesidad de recuperar el electorado perdido frente a LIBRE y PAC en los comicios de noviembre pasado, intentado dar a conocer la imagen de un partido comprometido con los más desfavorecidos. Por otro lado, el bloque alternativo integrado por LIBRE y PAC, será el artificie de una redemocratización en el seno del sistema político hondureño. Representan las nuevas expresiones políticas surgidas después de 2009, y son llamados a pluralizar la toma de decisiones políticas por muchos años monopolizadas por el bipartidismo. Si bien la representación se vio favorecida por la entrada de estas agrupaciones al sistema, resulta ser predecible un escenario de estancamiento del trabajo legislativo por cuenta de los innumerables bloqueos institucionales de la nueva oposición. No obstante, ni la oposición política se salva del faccionalismo. Ya se oyen voces de división al interno de LIBRE, dado que una importante parte del zelayismo ve con recelo la decisión de su ex candidata presidencial de aceptar los resultados electorales. De continuar esta situación, se afectaría su principal rol en la legislatura: su unidad como bancada opositora, dando ventajas a la coalición bipartidista de mantener el control de la legislatura. En suma, vemos claramente dos bloques políticos antagónicos en un predecible escenario de polarización. Mas el faccionalismo que ronda los diversos partidos políticos puede restar o sumar para la consolidación de uno u otro bloque. Escenarios como la división del bipartidismo puede dar ventaja al bloque de LIBRE y PAC, o viceversa. Ante el estancamiento legislativo y de relación de fuerzas es inevitable que ambos bloques busquen el apoyo de partidos pequeños como los de la izquierda democrática para tratar de zanjar resultados favorables a sus posiciones.
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Conclusiones: nuevas realidades, nuevos actores Honduras puede ser calificado como el país de “triple transición democrática” dada su paulatina apertura del sistema político, que se fundamenta en tres hitos institucionales: el regreso de la democracia en 1980, el fortalecimiento institucional de 1985 y el tránsito inesperado del bipartidismo al multipartidismo de 2013. Los dos primeros hitos se refieren a la “salida” del autoritarismo del sistema político hondureño, en cualquiera de sus formas: vestido de uniforme o de civil. Ambos contribuyeron a que la democracia como régimen político se consolidará, y los partidos políticos movilizarán sus simpatizantes en un ambiente completo de garantías electorales. Sin embargo, el bipartidismo rígido del PNH y el PLH (y sus facciones) monopolizaron la representación política, dejando en la sombra a actores políticos emergentes que consigo llevaban nuevas demandas al sistema político. El impasse de 2009 reflejó esa problemática. El giro de Zelaya de una democracia más participativa (contra la representación monolítica de los partidos tradicionales) fue la válvula de escape de estas nuevas realidades que debían ser atendidas por el sistema político, y que para el futuro venidero se posicionarán como prioritarias: democratización, lucha contra la corrupción y la seguridad. El tercer hito es la consecuencia directa de la coyuntura de 2009, pero fundamentalmente demuestra el inicio de la etapa democrática en Honduras. Con el sistema político abierto a todos los tintes políticos, la política como consenso será más genuina que la discrecional relación ejecutivo-legislativa característica de los gobiernos bipartidistas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este logro representa un riesgo altísimo de ineficacia en la toma de decisiones, sobretodo en un país necesitado de reformas profundas al interior de sus estructuras políticas y socio-económicas. Así pues, el gran reto de la democratización consistirá en crear escenarios de diálogo político que propicien puntos de encuentro en torno a una agenda común para Honduras.
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Por otra parte, el tema de la corrupción debe ser objeto de la revisión exhaustiva por parte de las instituciones políticas. La democracia no es un sistema político que solucione todos los problemas de la desigualdad en la sociedad, pero sí aporta a sus instituciones como límites y reglas de convivencia dentro de la comunidad política, tanto para quienes gobiernan como para aquellos que son receptores de los efectos provocados por los actos de gobierno. La igualdad política – otros dirían jurídica- de los ciudadanos es un reto para vencer la corrupción. Asegurar el imperio de la ley de manera real y efectiva logrará crear un ambiente de continuo control político, que permita migrar del voto como accountability (responsabilidad) al control político permanente de la ciudadanía. Finalmente, los hondureños coinciden en que la mayor prioridad del gobierno es la búsqueda de la seguridad ciudadana. La inseguridad genera percepción de ineficacia del Estado frente a las demandas de la sociedad. Sin embargo, la gran afectada es la democracia, puesto que las deliberaciones parlamentarias no van al ritmo insondable de la delincuencia; preferirán un gobierno de “mano dura”, coartador de las libertades en favor del bienestar social. En suma, Honduras vive un proceso de transición política después de 2009. Los problemas que asechan al Estado y la sociedad hondureña son los mismos que pueden hacer perder la fe en la democracia –corrupción, inseguridad- y devolverles al pasado autoritario. Hernández tiene un gran reto: democratizar con seguridad.
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