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Coordinadores
JOSÉ L. SAHUQUILLO OROZCO JOAQUÍN MARTÍN CUBAS
LA ERA DE LA POLÍTICA 2PTO2 Coordinadores: José L. Sahuquillo Orozco Joaquín Martín Cubas AVAPOL Asociación Valenciana de Politólogos CIF:G-98087992 Calle Sueca 76 Puerta 2. 46006. Valencia. EDICIONES CASAS, 2014
Maquetación: DMK Consultores
Imagen de portada: ©[Warakorn Harnprasop]/123RF.COM ISBN: 978-84-942948-1-5 Esta obra está bajo licencia de Creative Commons Attribution-NoComercial 4.0 Internacional
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JOSÉ L. SAHUQUILLO OROZCO JOAQUÍN MARTÍN CUBAS
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BLOQUE 0. PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN José L. Sahuquillo Orozco-Joaquín Martín Cubas
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BLOQUE 1. REGENERACIÓN POLÍTICA
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CIUDADANOS, PODER, GOBIERNO Y DEMOCRACIA; UNA FORMA DE RELACIÓN INESTABLE Joaquín Farinós Dasí
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REGENERACIÓN VERSUS CATARSIS Juan Vicente Pérez Aras
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EL VALOR DE LA SOCIEDAD POLÍTICA José Morgan García
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EN BUSCA DEL VOTANTE PERDIDO Edgar Moscardó López
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HACIA UNA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA: EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES ESPAÑOLES Joaquin Martín Cubas
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HACIA UNA CIUDADANÍA INTELIGENTE Joan Calabuig Rull
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN POLÍTICA
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¡ÚNETE A LA CONVERSACIÓN! : CIUDADANÍA Y COMUNICACIÓN EN LA BASE DEL GOBIERNO ABIERTO Y LA POLÍTICA 2.0 José Ignacio Pastor Pérez
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LA GENERALITAT VALENCIANA EN 140 CARACTERES María Díaz Fernández-Alonso
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DE LA POLÍTICA VERTICAL A LA POLÍTICA HORIZONTAL Amparo Folgado Tonda
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RRSS, NNTT Y ACCIÓN POLÍTICA Joan Baldoví Roda
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ÍNDICE EL PANORAMA DIGITAL EN LA POLÍTICA VALENCIANA: USO Y ABUSO Héctor González Pérez de Villar
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EL 2.0 COMO FILOSOFÍA DE VIDA PARA LOS POLÍTICOS Alejandro Comes Martí
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VISIONERS. LA COMUNICACIÓN 3.0 Jorge Lorente Saiz
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UNA NUEVA COMUNICACIÓN PARA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Adrián Ballester Espinosa
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BLOQUE 3. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
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LOS OTROS DÉFICITS DE ESPAÑA: TRANSPARENCIA Juan Miguel Sala Iniesta
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TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO SON SINÓNIMOS DE EVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA María Barrios Hermida
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POSIBILIDADES DE IMPULSO NORMATIVO DE LA TRANSPARENCIA, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Lorenzo Cotino Hueso
138
LA TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: TEORÍA Y PRÁCTICA, HOY Lucía Campos Seguí
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GOBIERNO ABIERTO: CUESTIÓN DE CONFIANZA Francesc Xavier Ferri Fayos
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CONSTRUCCIÓN DE LA “EURO-ZONA- ePROCUREMENT Amparo García Atienza
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ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Víctor Almonacid Lamelas
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CONTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS SOCIAL DE INFORMACIÓN AL GOBIERNO ABIERTO Diego Álvarez Sánchez
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TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET Carmen Martínez i Ramírez
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BLOQUE 4. CORRUPCIÓN POLÍTICA
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OPEN GOVERNMENT Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Andrés Boix Palop
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LA CONFIDENCIALIDAD, CALDO DE CULTIVO DE LA CORRUPCIÓN Ignacio Blanco Giner
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TRANSPARENCIA, RENDICIÓNN DE CUENTAS Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN José L. Sahuquillo Orozco
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PRESENTACIÓN José L. Sahuquillo Orozco-Joaquín Martín Cubas
José L. Sahuquillo Orozco Presidente de la Asociación Valenciana de Politólogos (AVAPOL). Es además Director Ejecutivo de EQUÀLITAT, Par ticipació i Igualtat, consultoria especializada en materia de igualdad de género, participación ciudadana y modernización de la Administración Pública. Desde el año 2012 es Responsable de OGOV en el Diario Sueldos Públicos. Recientemente ha creado GOBERNATIA, Escuela de Liderazgo y Alto Gobierno junto a un amplio equipo de consultores, periodistas, sociólogos y politólogos. El pasado mes de Diciembre de 2013 ha sido elegido Vicepresidente del Sistema Español de Acreditración de la Transparencia ACREDITRA. Ha sido codirector del I Congreso Internacional sobre Open Government que organizó la Universitat de València, la plataforma DerechoyTICS y AVAPOL que se desarrolló en Valencia el pasado 21 y 22 de noviembre de 2013.
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Debemos tomarnos en serio la cada vez más extendida reivindicación del gobierno abierto. Establecer garantías para la libertad es la clave de bóveda de nuestras organizaciones políticas y democráticas.En un mundo plural y abierto, el principio político por el que nos regimos es el de la máxima libertad compatible con la misma libertad para todos y cada uno de nuestros conciudadanos. De esta forma fue que, frente al poder de un Estado sin límites, nacieron los derechos individuales; frente a la concentración y confusión de todos los poderes en muy pocas manos, se concibió la división de poderes -horizontal y vertical-; frente a la voluntad de posibles mayorías facciosas en un gobierno de origen popular, se reivindicó el pluralismo político y social. A estas garantías de singular relieve -y todavía necesarias- se añadieron otras muchas que,aun de tono menor, han venido a configurar nuestros actuales regímenes democráticos. Pero, como cuestiones de rabiosa actualidad nos confirman -el desvelamiento de un mundo opaco en las instituciones y en los partidos políticos al servicio de fines particulares-, los riesgos para la libertad siguen vigentes y tienen el mismo origen: la prevalencia de intereses facciosos en la conformación de la voluntad de nuestros dirigentes. Por esta razón, hoy día, como lo fue en el pasado,es imprescindible que nos dotemos de nuevas garantías para asegurar la libertad de todos. Y ese propósito en la actualidad se llama gobierno abierto y transparente. Las actuales democracias se enfrentan a una situación paradójica. Tenemos las generaciones más preparadas que ha habido en nuestro país, todos con la suficiente formación y conocimiento para realizar una ejercicio crítico sobre el gobierno de nuestra sociedad, y tenemos en nuestras manos una herramienta formidable para poder inter venir direc ta y automáticamente en tiempo real expresando nuestras opiniones, nuestros argumentos y nuestra voluntad sobre las decisiones que debemos tomar como sociedad. Tenemos en nuestras manos hacer realidad ese sueño que nos acompaña desde que nuestros antepasados los revolucionarios del siglo XVIII
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proclamaron la soberanía del pueblo como principio articulador de los nuevos regímenes representativos en los que desembocó la modernidad. Es el sueño que empuja a movimientos ciudadanos como Democracia Real Ya, como el 15 de mayo, como Change.org, y tantos otros. Y paradojas de la vida, ese sueño parece que se nos escape entre los dedos. Si uno reflexiona sobre la realidad, si se fija un poco para el caso no resulta ni siquiera necesario hacer prolijas investigaciones empíricas-, cuando más cerca parece estar el gobierno del pueblo por el pueblo resulta que más lejos de alcanzar está. El ejemplo de España es paradigmático. Ya no es que sean conspicuos políticos, sustentadores de oscuros intereses, que se aferran al sillón defendiendo sus intereses particulares sin atender a las necesidades del pueblo. No, no es eso, aunque eso también forme parte de la realidad. Es que determinadas decisiones fundamentales, decisiones que tienen una especial incidencia en nuestras vidas,se están tomando más allá de nuestras fronteras.Quizá no sabemos muy bien dónde, quizá en Alemania con la canciller Merkel a la cabeza; quizá en las salas de reuniones de los poderes financieros, que dan y quitan según soplan los vientos de sus intereses a lo largo y ancho de este mundo globalizado; no sabemos bien dónde pero lo que es seguro es que las decisiones fundamentales están tomadas por terceros: no es el pueblo, ni siquiera son sus representantes, los ahora maltratados políticos. ¡Paradójico! Nos produce perplejidad, pero no necesariamente asombro. Es la política en estado puro, la de siempre,la que nunca ha cambiado ni cambiará.Es la política de Aristóteles, la que se sustenta sobre la lucha de intereses de individuos y grupos diferentes,de personas que están dispuestas a pensar en el bien común sólo y en la medida que les interese. La que se corrompe. La que sólo con dificultad se doma. La que sólo a duras penas, durante los dos últimos siglos, ha conseguido ciertos equilibrios que han posibilitado cierto grado de libertad e igualdad al menos en los países desarrollados del mundo occidental. Equilibrios que se han roto y que exigen de nuevo, desde planteamientos democráticos, volver a reforzar a la parte más débil que no es otra que ese indeterminado
Joaquín Martín Cubas D o c t o r y L i ce n c i a d o e n Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia. Profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad deValencia. Fue uno de los primeros politólogos en España en ocuparse del fenómeno Internet y sus consecuencias políticas. En 1999 fue asesor de la Comisión Especial para el Estudio de las Redes Informáticas que se constituyó en el Senado para informar sobre el fenómeno Internet. Ha colaborado en diversas investigaciones sobre la materia y entre sus publicaciones destaca el libro Democracia e Internet.
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al que nos referimos como pueblo. Esa es la tesis que mantiene autores como Robert Dahl para quien en nuestras democracias representativas el carácter intelectual de las élites no garantiza por si solo el buen gobierno y siendo que tampoco tenemos garantía de su virtud -de la virtud de las élites- resulta necesario reforzar el eslabón más débil de la cadena democrática que no es otro que el propio demos. A su juicio, las telecomunicaciones permiten asegurar que los programas de acción política sean accesibles con facilidad a todos los ciudadanos que de esta forma podrán participar de forma significativa en los debates políticos. En ese mismo sentido se pronunciaba James Fishkin al proponer su “encuesta de opinión deliberativa”. Pero es Stefano Rodotà el que apunta más lejos al entender que la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten superar la participación intermitente de los ciudadanos en las democracias representativas tal y como las hemos conocido hasta ahora, y construir de esta forma una especie de democracia continua, donde los ciudadanos pueden elevar sus voces en cualquier momento y desde cualquier lugar, y convertirse de esta forma en parte del concierto político cotidiano. En la democracia de diálogo que diseña Rodotà, el fin principal no es utilizar el voto electrónico, sino alcanzar un aumento continuo de intervención y participación, integrando a las masas de ciudadanos en el ámbito político. Desde luego, no es necesario asumir las concepciones de una democracia participativa para reconocer el papel que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden jugar en los procedimientos democráticos. Se puede afirmar la potencialidad de las redes telemáticas aun manteniendo otras concepciones de la democracia. Parece obvio, por ejemplo, que para los defensores de una democracia meramente procedimental, las nuevas tecnologías pueden ponerse al servicio de tareas tan prosaicas como la forma de votación o el recuento de papeletas. Ahora bien,como afirma Franco Carlini,las utilidades de las redes telemáticas se multiplican cuando se asume una visión más rica de la democracia entendida como “un proceso permanente que vive en todo el tejido de la
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social y que de este modo enriquece los órganos políticos legítimos”. Indudablemente, no hemos de olvidar aquellas características de la “situación ideal de diálogo” -por emplear la expresión habermasiana- que no se cumplen en la red. No podemos olvidar las carencias y los puntos débiles de la red que no son pocos: no todos pueden participar; no todos los que pueden, participan realmente; los que participan no necesariamente lo hacen en política; la participación no garantiza por sí que esté orientada al interés general ni garantizada por el buen juicio de los participantes;los riesgos de control y manipulación también están presentes en esta sociedad del conocimiento, por citar algunos de los problemas no resueltos por la política 2.0.Pero desde su reconocimiento, podemos también singularizar las indiscutibles ventajas y posibilidades de Internet, de la red,de la política 2.0. Como defiende Stefano Rodotà, estas tecnologías procuran instrumentos capaces de estimular los comportamientos racionales, que van más allá de los solos procesos de decisión y cubren el entero período entre una elección y otra.Por ejemplo: A) Conocimiento. Internet puede permitir el acceso directo de los ciudadanos a las informaciones en manos públicas y a determinadas categorías de informaciones en manos privadas. B) Intervención no formalizada. Los ciudadanos pueden en todo momento,de forma instantánea y con facilidad dirigirse a las instancias políticas, decisorias o no, sugiriendo, proponiendo o, simplemente, facilitando información. C) Valoración crítica. Internet permite fórmulas como el minipopulus o la encuesta de opinión deliberativa, que conjugan las técnicas del muestreo con el trabajo deliberativo en grupo, esto es, sobre respuestas no fundadas sobre la técnica alternativa sí/no o del cuestionario. D) Control. Al combinar elementos de conocimiento y de intervención puede contribuir a establecer nuevos
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mecanismos de control de las instancias decisorias (por ejemplo, la publicación de las baremaciones de concursos abiertos en la red). E) Propuesta. Se podría regular el carácter vinculante para la toma en consideración por parte de sujetos públicos de tales propuestas ciudadanas cuando se canalizaran a través de estos medios (por ejemplo, iniciativa legislativa popular vía firma digital). F) Consulta. Las posibilidades aquí son infinitas, aunque no exentas de riesgo (se pueden utilizar, por ejemplo, técnicas como las del muestro o las de rotación entre los ciudadanos consultados). G) Gestión autónoma. Los ciudadanos pueden asumir la gestión, por ejemplo, de determinadas categorías de servicios con efectos de descentralización y desestatalización. F) Verdadera y propia decisión. Para Stefano Rodotà deben diseñarse de tal forma que innovaran las tradicionales formas del referéndum. Estos instrumentos, para ser eficaces, requieren, según su opinión, la preventiva definición de un adecuado cuadro institucional. Las aplicaciones concretas de estos flujos de comunicación son múltiples y exigen una elaboración imaginativa y responsable de teóricos, politólogos, políticos y, cómo no, de los propios ciudadanos. Ahora bien, tal y como describe la Agenda Digital Europea, “150 millones de europeos -el 30% aproximadamentenunca han utilizado todavía Internet… Además, hace sólo dos años, sólo el 40% de los ciudadanos de la UE utilizaba Internet para acceder a los servicios de administración electrónica”. El trabajo, pues, para hacer en este terreno es inconmensurable. De hecho, la Declaración Ministerial de Malmö y la propia Agenda Digital Europea han marcado como objetivo para 2015 una plena accesibilidad de los sitios web del sector público europeo. Y es que el e-government constituye una de las principales líneas de acción para el desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las de la
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administraciones públicas. En términos generales se entiende que la administración electrónica consiste en una nueva forma de gestión pública, basada en el establecimiento de relaciones directas de comunicación e interacción entre la Administración y los administrados a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Se suele distinguir (LLORCA et al,2008): - e-administración: para referirse a los mecanismos electrónicos que permiten la prestación de servicios públicos -tramitación- tanto a los ciudadanos como a las empresas bajo la idea de una“ventanilla virtual”. - e-democracia: incluye aspectos como la eparticipación (en decisiones, encuestas, trabajo colaborativo…) y el e-voto, así como la transmisión de plenos y comisiones. - e-gobierno:un término más general y ambiguo que se refiere al uso por parte de los gobiernos, de los ciudadanos y de las empresas para comunicarse en sus múltiples variantes. El tema, más allá de los problemas conceptuales y terminológicos -que los tiene-, es que la gran mayoría de las iniciativas de e-government actuales consideran todavía a los ciudadanos desde una perspectiva pasiva, por lo que el reto para las administraciones públicas debe ser transformarse a sí mismas para involucrar a los ciudadanos en las actividades democráticas. De hecho, la evolución de Internet hacia la Web 2.0 o web social supone que los usuarios no se limitan a consumir información sino que usan la Red para crear contenidos y cooperar -por ejemplo, a través del crowdsourcing-, y convierte a la Red en un potentísimo instrumento de participación social, de ejercicio de derechos y libertades fundamentales y, por tanto, de realización democrática (DURAN, 2009). El tema, pues, ya no es si la Administración está on line, que en general lo está, sino de qué forma y con qué efectos. Por desgracia, la administración siguen teniendo de forma preeminente una concepción unidireccional del manejo de Internet, pocas veces genera procesos interactivos y en muchas ocasiones las webs institucionales se caracterizan por su débil accesibilidad e inclusividad. Por estas razones,
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algunos autores concluyen que “los proyectos de e-government están centrados en una concepción limitada del e-government que conlleva un gap entre la retórica de las potenciales ventajas del mismo y lo que realmente está aportando”(PINA yTORRES,2008). Esto es,la política tradicional todavía no se ha adaptado a las nuevas potencialidades que trae consigo la política 2.0. Precisamente en este punto radica el interés de este libro sobre la política 2.0, la e-democracia y el opengovernment. Cierto es que se han emprendido políticas correctoras que, desde el ámbito público, posibiliten superar los problemas mencionados para construir una democracia de calidad basada en los valores de la igualdad y la libertad. Pero, en realidad, ¿qué se está haciendo? Las iniciativas a favor del gobierno abierto son muy variadas en el terreno internacional destacando las iniciativas de Estados Unidos (2009) y de Reino Unido (2010) de los países comprometidos con el Open GovernmentPartnership (Brasil, México, Filipinas, Indonesia, Noruega, Sudáfrica), o de países como Australia,Nueva Zelanda,Chile o Canadá. Si nos fijamos en lo que se está haciendo desde la Unión Europea para el desarrollo del e-gobierno, podemos d e c i r q u e l o s g o b i e r n o s e u ro p e o s s e h a n comprometido a conseguir que los servicios de administración electrónica centrados en el usuario, personalizados y multiplataforma constituyan una realidad generalizada a más tardar en 2015. Es más, la Comisión Europea quiere dar ejemplo en la implantación de una administración electrónica inteligente. La política europea hacia el e-government se ha ido construyendo a lo largo de las dos últimas décadas. A principios de los noventa diferentes documentos fueron preparando la toma de conciencia sobre la necesidad de su desarrollo: el Libro Blanco de Delors (1993), el Informe Bangemann (1994) o el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea (2000). Fundamental en este proceso fue la definición de la Estrategia de Lisboa, en marzo de 2000, según la cual “Europa debe convertirse en la sociedad basada en el conocimiento de la
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más competitiva del mundo en 2010” -afirmación que desde la perspectiva actual produce cierto sonrojo-. Precisamente, en el Consejo Europeo de Lisboa se presenta también la Iniciativa eEurope para el desarrollo de la Sociedad de la Información que,posteriormente,en 2000, se concretaría en el Plan de Acción eEurope de la Comisión Europea. Este Plan se ha definido como el marco en el que se encuadran los programas europeos en la materia. A partir de este impulso germinal se van a ir sucediendo las declaraciones, comunicaciones, planes, directivas, acuerdos que resultan difícil de resumir en pocas líneas. Nos limitaremos a señalar las dos iniciativas europeas más relevantes vigentes en la actualidad. La Comunicación Agenda Digital para Europa, 2010, tiene como objetivo trazar un rumbo que permita maximizar el potencial económico y social de las TIC, y en particular de Internet. Se trata de poner a Europa en una senda de crecimiento inteligente, sostenible e incluyente. En ese sentido, la Agenda fija una serie de campos de actuación con medidas de acción concretas: 1.- Un mercado único digital dinámico para lo cual es necesario abrir el acceso a los contenidos,simplificar las transacciones en línea y transfronterizas, crear confianza en el mundo digital y reforzar el mercado único de servicios de telecomunicación. 2.- Interoperabilidad eficaz entre dispositivos, aplicaciones, repositorios de datos, servicios y redes para lo cual es necesario mejorar el marco normativo europeo de lasTIC. 3.- Confianza y seguridad,acceso rápido y ultrarrápido a Internet, Investigación e innovación suscitando más inversión privada -mediante el uso estratégico de la contratación pre-comercial y las asociaciones públicoprivadas- para alcanzar un ritmo de un 20% de incremento anual del presupuesto de I+D sobreTIC. 4.- Fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales educando a los ciudadanos europeos, incrementando y mejorando la oferta de personal especializado en las TIC, con una mayor sensibilización, mediante ser vicios digitales
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incluyentes. La Comisión se compromete a garantizar que los sitios web del sector público sean plenamente accesibles para 2015. 5.-Y otras medidas en diferentes ámbitos,para todos los cuales propone acciones concretas. En la actualidad, la Agenda Digital para Europa tiene su concreción en el Plan de acción 2011-2015 que, apoyándose en las prioridades marcadas en la Declaración del Malmö, tiene en cuenta la aparición de tecnologías innovadoras, tales como arquitecturas orientadas a servicios (SOA) o las nubes de servicios, junto con las especificaciones abiertas que permiten una mayor distribución, reutilización y interoperabilidad, aspectos que han de contribuir al refuerzo de la capacidad de las TICS y, por ende, han de desempeñar un papel clave en la eficiencia del sector público. Las acciones que se proponen, en lo que aquí nos interesa,pueden resumirse en el Empoderamiento de los usuarios,lo que implica que los servicios sean diseñados a partir de las necesidades de los mismos y en colaboración con ellos. La Comisión nos recuerda que desde 2002 hay establecida una comunidad de usuarios en línea -80.000 participantes- que ha focalizado sus debates en el potencial que suponen las soluciones innovadoras en áreas como el e-government. En ese sentido,la comisión propone: A) Servicios diseñados en torno a las necesidades del usuario generando ser vicios inclusivos y personalizados. B) Una producción colaborativa de los servicios en la que intervenga el sector privado junto con el sector público. C) Reutilización de la información del sector público. D) Mejora de la transparencia. E) Incorporar a los ciudadanos y a los emprendedores en el diseño de políticas públicas, impulsando nuevas herramientas electrónicas. de la
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¿Cómo estamos en España? La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la administración española, como en muchos otros países, ha sido progresiva, pasando del uso de grandes ordenadores para la gestión de personal a la incorporación progresiva de ordenadores personales para facilitar las tareas administrativas más prosaicas hasta llegar a la conversión en una verdadera administración electrónica. La reforma de 27 de diciembre de 2001 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,abrió la posibilidad a los ciudadanos de relacionarse electrónicamente con la administración,al incorporar el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, así como la posibilidad de recibir notificaciones por este medio siempre que el ciudadano interesado lo hubiera consentido expresamente.En el mismo sentido hay que destacar la reforma de la Ley General Tributaria en 2003 que también permitió las notificaciones telemáticas en este ámbito específico. Un paso importante desde un punto de vista material se dio con el denominado Plan Avanza, aprobado por Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2005,para el impulso de la I+D+i en España.Pero es la Ley 11/2007,de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,la pieza clave desde un punto de vista normativo en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la vida de las administraciones públicas españolas, especialmente por lo que se refiere a la administración general del Estado. La principal novedad de la ley ha sido la configuración de la relación con las administraciones públicas a través de medios electrónicos como un derecho para los usuarios. Sin embargo, pese al avance indudable que supone, esta ley no se ha librado de algunas críticas y de un cierto escepticismo sobre todo en relación a algunas de las finalidades de la ley,como es el caso de la transparencia y la participación pues “estas cuestiones se encuentran con numerosos obstáculos técnicos y administrativos y están muy lejos aún de ser una realidad, al menos de
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forma generalizada, aunque estén funcionando de forma aceptable en determinados sectores” (DURAN, 2009). Un paso más hacia el gobierno abierto representó el impulso de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información; y, ese mismo año, la Ley 37/2007, de reutilización de información del sector público cuyo objetivo fundamental es la promoción de la apertura de datos públicos y su reutilización, ley que se desarrolló para la Administración General del Estado por Real Decreto 1495/2011. Otros Reales Decretos de interés en ese mismo sentido han sido el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007; el Real Decreto 3/2010, que regula el Esquema Nacional de Seguridad; y el Real Decreto 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica; el Real Decreto-ley 13/2012 que establece modificaciones relativas a la transposición de Directivas en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y sobre comunicaciones electrónicas; y el Real Decreto 1390/2012 por el que se reestructuran los órganos colegiados responsables de la administración electrónica. Estas normas se han visto complementadas por la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2 que planteaba el compromiso gubernamental para el desarrollo del gobierno abierto que se ha concretado en el año 2012 en la Agenda Digital para España 2013 y el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2013 presentado por España al Open Government Partnertship. La Agenda Digital para España aprobada en febrero de 2013 pretende mejorar aspectos como la conectividad, la administración electrónica, la confianza de los usuarios, la alfabetización digital y la capacitación de los profesionales para lo cual establece nueve planes específicos: telecomunicaciones y redes ultrarrápidas; inclusión digital; TIC en pymes y comercio electrónico; internacionalización de empresas tecnológicas; industria de contenidos digitales; administración electrónica de la AGE; y servicios públicos digitales. Son pocas, sin embargo, las iniciativas en el ámbito de las comunidades autónomas (País Vasco,Navarra) y mucho menos en el ámbito de los gobiernos locales (Jun, por de la
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poner algunos de los pocos ejemplos señeros). En la misma línea conviene destacar el Plan Estratégico de Mejora de la Administración y del Servicio Público 2012-2015 entre cuyos objetivos se sitúa la armonización para 2014 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Acceso electrónico;la realización por medios electrónicos del 100% de los trámites administrativos para creación de empresas y prestación de servicios o potenciar el gobierno abierto y la transparencia administrativa. Finalmente, cabe mencionar el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en la actualidad. Haciéndose eco de los resultados de todas estas medidas políticas y normativas el Estudio sobre gobierno abiertode 2013 del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información afirma que las administraciones públicas españolas han avanzado en los últimos años en la mejora de su presencia en Internet. Sin embargo, estos avances en términos de gobierno abierto son ciertamente limitados. ¿Cuál es el grado de desarrollo real del gobierno electrónico en España? En 2012 la ONU sitúa a España en su índice de desarrollo en la materia, en la 23º posición de 184 países y 15ª en Europa. Son varios los estudios e informes de organismos internacionales que ofrecen una valoración positiva de la implantación de la e-administración en nuestro país.Así, por ejemplo, el estudio Public Services Online Digital by Default orby De tour? Assessing User Centric eGovernment perfomance in Europe -eGovernment Benchmark 2012 publicado por la Comisión en mayo de 2013. Ahora bien, ni todos los balances son positivos ni debemos dejar de reseñar las carencias y los retos que aún tenemos por delante. Sirva de mera aproximación a la cuestión los datos suministrados por el reciente Informe anual La Sociedad en Red 2012 publicado a principios de este mismo año 2013 por el Obser vatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
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(ONTSI) de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En 2012 España supera la media de la UE en los tres indicadores de interacción ciudadana con las autoridades públicas por Internet: información, descarga de formularios y cumplimentación de los mismos. El 43% de los ciudadanos, en el marco de edad fijado por el estudio, obtienen información frente al 39% de la UE. Ha descargado formularios un 30% de los españoles frente al 26% de la UE. Han cumplimentado formularios el 23% de los españoles frente al 22% de la UE. Todos esos porcentajes suponen un crecimiento respecto al anterior estudio de 2010. En el año 2010, el 95% de los 20 servicios públicos básicos electrónicos considerados por el Plan de Acción eEurope se encuentran disponibles en España. En relación a la UE 27 los valores para España se encuentran muy por encima de la media (84%), con valores similares a los de Alemania y Holanda, y muy superiores a países como Grecia, Bulgaria y Rumania. Como perspectiva complementaria se presenta en el mismo estudio otro indicador que muestra la sofisticación online de los 20 servicios públicos básicos, es decir, el nivel en que se encuentran respecto a las cinco fases de desarrollo electrónico del servicio. En España este grado de sofisticación para el año 2009 es del 98% por encima de la media de la UE 27 (90%). En relación al indicador denominado contratación electrónica,España está muy por encima de la media de la UE27 (71%) con un 85% y se encuentra entre los 10 primeros países con mejor puntuación. En 2012 la madurez de los servicios en el ámbito de la AGE es alta, con un 92% de procedimientos y servicios disponibles a través de Internet (adaptados a la Ley 11/2007). La red SARA,que conecta a las administraciones entre sí, ha propiciado un gran salto en la provisión y capacidad de ofrecer servicios comunes, entre ellos el documento nacional de identidad electrónico o la plataforma de validación de certificados y firma electrónica. La red de comunicaciones de las administraciones públicas de la
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abarca todas las CCAA, más de 3.700 municipios con una cobertura del 90% de la población. En abril de 2013, España alcanzó la segunda posición del PSI Scoreboard de ePSI Platform, que evalúa por encargo de la Comisión Europea el desarrollo de las políticas de reutilización de la información en la Unión Europea. Un buen ejemplo es que el 45,7% de las empresas infomediarias han usado portales específicos de reutilización creados por las administraciones públicas. Estas empresas valoran especialmente la calidad y fidelidad de la información y la accesibilidad de la misma. Parece, por tanto que estamos mejor de lo que en principio pudiéramos pensar. Sin embargo, conviene señalar algunos aspectos que reflejan que, aún así, estamos todavía lejos de un verdadero desarrollo del gobierno electrónico en nuestro país. Así, por ejemplo, en el Índice de Desarrollo de la e-Administración de Naciones Unidas España ha caído de la 9ª posición del mundo y 5ª de Europa en 2010, al puesto 23 del mundo y 15 de Europa en 2012. Se trata siempre de una posición relativa pero indicativa de que no nos podemos dormir en los laureles. Un 58% de los europeos utiliza Internet regularmente frente al 51% en España; mientras el 23% de europeos no lo ha utilizado nunca, no lo ha hecho el 27% en España. El 45% de los europeos ha comprado por Internet, frente al 31% de los españoles. El comercio electrónico supone el 15% sobre la facturación total de las empresas,el español el 14%.La banda ancha alcanza un promedio del 72% en la UE27,el 67% en España.En el último período de estudio, el 71% de las empresas españolas han contactado con la Administración por Internet para obtener información, frente al 76% de media de la Unión Europea. Esto mismo sucede respecto a la descarga de formularios oficiales, el 69% de las empresas españolas usan la Web con este fin, 7 puntos porcentuales menos que en el caso de la UE 27, cuya cifra se sitúa en el 76%. En el caso de enviar formularios cumplimentados, España se encuentra 14 puntos porcentuales por debajo de los valores medios de la UE 27 (72%),con un 58%.
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En cuanto a accesibilidad,el porcentaje de portales que cumple con el primer grado de accesibilidad o prioridad 1 (requerimiento básico para que algunos grupos de personas puedan usar los documentos web) es, en 2011, del 80% en el ámbito de la AGE y del 79% en el ámbito de las CCAA. En cuanto al segundo grado de accesibilidad, o prioridades 1 y 2 (cuyo cumplimiento evita que uno o más grupos encuentren dificultades en el acceso a la información, al eliminar importantes barreras de acceso a los documentos web), el porcentaje de portales que lo cumplen es del 41% en el ámbito AGE y del 23% en el ámbito de las CCAA. Por otra parte, los datos de la Agencia Estatal de Evaluación (AEVAL) sobre satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos, muestran que aunque la valoración global sigue siendo elevada para la administración electrónica, el grado de satisfacción (satisfechos y muy satisfechos) descendió de un 84% en 2010 a un 78% en 2011. Estos datos se refieren a los servicios desarrollados por la administración general del Estado:en otros niveles de gobierno como el autonómico y,especialmente,el local el nivel de implantación de la administración electrónica es bastante más limitado. Así, por ejemplo, en los ámbitos autonómico y local, la disponibilidad se sitúa en el 80% en CCAA y en el 76% en las entidades locales. El desarrollo de la e-democracia o de las fórmulas colaborativas de trabajo en red con la administración pública ni siquiera se han empezado a desarrollar.Salvo honrosas excepciones como las iniciativas de ayuntamientos como el de Jun en Granada,el de Gijón y algún otro en España no hemos pasado de una visión recortada de la administración electrónica en su faceta de gestión administrativa y en nada de gobierno y democracia electrónica. Nos proporciona algún dato elocuente al respecto otro estudio de 2013 de la ONTSI, Estudio de demanda y uso de gobierno abierto en España. Según los datos de este informe, más de la mitad de la población (58,6%) considera que los canales que existen para participar en los asuntos públicos son insuficientes y demandan de la
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nuevos canales de participación más adecuados (81,4%). El 77,7% considera que mejoraría la eficiencia de nuestras instituciones y el 70,7% considera que mejoraría la confianza en el gobierno. Alrededor del 80% de los encuestados tiene interés en el diseño e implantación de políticas públicas participando antes de iniciarse un proyecto, durante la realización del mismo, revisando la información o enviando preguntas sobre su avance,por ejemplo. Más crítico con la situación actual del desarrollo de la sociedad de la información en España es el Informe eEspaña 2013 de la Fundación Orange. Si bien, en él se reconoce que el uso de la e-Administracion ha crecido sensiblemente entre los ciudadanos hasta llegar al 43% de la población de entre 16 y 74 años;por el contrario,el uso de la e-Administración entre las empresas se ha estancado e incluso ha decaído. El informe destaca la drástica reducción presupuestaria: en 2012 el presupuesto TIC de la AGE se ha reducido en 240 millones de euros, quedando en un 4,6% del presupuesto total del Estado. Si bien constata el crecimiento de la interoperabilidad entre administraciones públicas y la apertura de sus datos, señala que la estrategia española de datos abiertos plantea algunas dudas y retos en cuanto a la complejidad de la migración de los datos al cloudcomputing -por ejemplo, la compatibilidad de estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad con estándares abiertos. En cuanto al acceso, la Red SARA por el momento llega a todos los municipios de tamaño medio y grande pero a una proporción reducida de municipios pequeños, dejando de lado al 55% de los municipios españoles más pequeños que representan una población de 4,5 millones de ciudadanos. En el ámbito local, la disponibilidad media de los servicios públicos online en los ayuntamientos españoles es del 66%, siendo Valladolid el municipio mejor valorado dentro del estudio comparativo que analiza 25 municipios. Si de lo que se trata es que en 2015 la totalidad de los trámites para la creación de empresas y prestación de servicios sean electrónicos, queda bastante por hacer en este aspecto, ya que ninguna comunidad autónoma cumple en su totalidad la Ley 11/2007 al no permitir la tramitación electrónica proactiva.
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En definitiva y concluyendo, luces y sombras de un camino insoslayable para el futuro del gobierno y de la administración en nuestro país. Como hemos argumentado, la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten superar la participación intermitente de los ciudadanos en las democracias representativas tal y como las hemos conocido hasta ahora, y construir de esta forma, tal y como defiende Stefano Rodotà, una especie de democracia continua, donde los ciudadanos pueden elevar sus voces en cualquier momento y desde cualquier lugar, y convertirse de esta forma en parte del concierto político cotidiano, una democracia de diálogo cuyo fin principal no es utilizar el voto electrónico, sino alcanzar un aumento continuo de intervención y participación, integrando a las masas de ciudadanos en el ámbito político. El gobierno abierto y las herramientas que aportan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sin duda sirven al fortalecimiento del entramado democrático de nuestras sociedades: especialmente, a los colectivos con menos recursos económicos y a las opiniones con altavoces menos potentes para hacer oír su voz. No obstante y a pesar de las facilidades de la red internet, las dificultades para mantener viva una participación continuada en el ámbito público siguen persistiendo. Se hace necesario, por tanto,seguir insistiendo.De eso trata este libro. José L. Sahuquillo Orozco Joaquín Martín Cubas Valencia, marzo 2014
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CIUDADANOS, PODER, GOBIERNO Y DEMOCRACIA; UNA FORMA DE RELACIÓN INESTABLE Joaquín Farinós Dasí
Joaquín Farinós Dasí Geógrafo. Dr. en Geografía. Ca t e d r á t i co d e A n á l i s i s Geográfico Regional de la Universidad de Valencia, miembro del Dpto. de Geografía y fundador del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de dicha Universidad. Autor de diversos libros y artículos que reflejan el interés del autor por la planificación del desarrollo, la co h e s i ó n y g o b e r n a n z a territoriales, la geografía política regional y el diseño y evaluación de políticas con impacto territorial. Ha participado como ponente y profesor invitado en diversos congresos, seminarios y programas de diversas universidades; así como investigador, investigador responsable y coordinador en diversos proyectos nacionales e internacionales en programas como ESPON e INTERREG de la Unión Europea. Miembro del comité de redacción de diversas revistas y evaluador externo de otras muchas españolas, europeas y latinoamericanas, así como de la ANEP española y del Programa ESPON 20072013. de la
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En el actual contexto económico, social y político -ante la situación por la que estamos atravesando, de honda crisis sistémica (moral y de valores, de formas de organización y resultados en todos los órdenes), con efectos de creciente violencia estructural sobre los ciudadanos y sus derechos- no son pocas las reacciones y también los esfuerzos por tratar de plantear y brindar alternativas de solución. En el caso del libro y texto que el lector tiene ante sí se pretende hacerlo desde el estudio del gobierno y de cómo se puede ejercer el poder; mejor debiera decirse 'la autoridad' (en sentido aristotélico). Se retoma el debate central sobre la relación entre el Estado y el ciudadano, sobre cómo poder reforzar la democracia, mejorando su funcionamiento; cómo poder hacer, siquiera sea hasta que surja la necesidad de un nuevo ciclo, que algo cambie pero esta vez para que NO todo continúe igual. No son pocos los motivos que animan a cuestionar seriamente si las viejas formas de gobierno siguen resultando útiles, y si es posible actuar en clave incremental hacia un 'nuevo gobierno' o sencillamente un 'buen gobierno'; porque para poder ser incremental resulta necesario disponer de una buena base sobre la que poder ir edificando la evolución. 1. Vida en común y conflicto. Al fatalismo, incapacidad de poder dirigir el propio futuro, se contrapone la actuación de la agencia -la ciudadanía- organizada en formas diversas, de entre las que la democracia, pese a sus deficiencias, ha resultado ser la opción predilecta. La (posibilidad de) participación de los ciudadanos tiene que ver con el contexto político (y la forma en la que éste la apoya o desincentiva directa o indirectamente) y la propia cultura política (Almond y Verba, 1963). Sin embargo pueden existir, y de hecho existen, varias culturas políticas o comunidades de intereses dentro de una misma población (Vallés,2004).
La participación de la ciudadanía (sujetos con derechos como el de decidir su propio futuro) genera las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo de la comunidad y del espacio o territorio que habita. Sin embargo el contexto institucional y de gobierno puede debilitar, en lugar de facilitar, dicha participación. Es en ese momento cuando la revisión de la acción de gobierno y de la misma forma en que se gestiona la democracia debe entrar en revisión. El Estado parece haberse hecho demasiado grande para resolver los problemas de los ciudadanos,y a la vez demasiado pequeño para poder defenderlos de los intereses y amenazas de los grandes actores e instituciones supranacionales, que han encontrado coartada y un caldo de cultivo perfecto con el capitalismo global. 2.El individuo,ciudadano;sus motivaciones. Dos son, de acuerdo con Vallés (2004: 245), los modelos ideales de conducta y participación ciudadana, que desde el punto de vista del desarrollo territorial y el sentido de pertenencia encuentran su paralelismo con las dos dimensiones de la territorialidad (la real y la simbólica): el modelo económico (el individuo decide intervenir si entiende que de su actividad se deriva un efecto positivo para su objetivo) y el sociocultural (el factor de intervención no es su interés racional o utilitario sino su adhesión a un identidad colectiva y su adaptación a la norma o interés comunitario). Hoy ambos dos parecen haber confluido: percepción de falta de valores y de ética que han conducido a la corrupción y al abuso en contra del interés y bienestar ciudadano. Ello ha supuesto la movilización y la coalición entre grupos diversos, que a duras penas sopor tan el comprobar que no existe una gobernabilidad real (Prats 2005).Se cuestiona el Estado, ya no Social (casi una quimera a día de hoy con el triunfo del pensamiento neo-ultra-liberal,el ataque a la función pública y a los servidores civiles, dejando en manos de iniciativas privadas la prestación de determinados servicios que pasan a ser convertidos y considerados como otro negocio…) sino únicamente de Derecho, también amenazado. Es el ultimátum ante el que se
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reacciona, ante el uso torticero e interesado que desde el poder se hace de la gobernación, de las instituciones de gobierno y de las reglas del juego democrático. Fomentar una adecuada gobernabilidad pasa por hacer más efectivas las instituciones y las normas, la transparencia (frente a la opacidad), la participación, la capacidad de control y respuesta, la dación de cuentas (en lugar de la impunidad) y la primacía de la ley (igual para todos sin diferenciar entre poderosos,políticos y el resto de la gente). Sin esta 'areté' de Aristóteles, el buen gobierno, y la democracia (a la que él renunciaba -la ateniense-) no son posibles.Tampoco con la manifiesta tendencia actual a la concentración o confusión de poderes.Desde el otro lado (el de la ciudadanía) el culto al individualismo, la indiferencia y la apatía de la comunidad han alimentado el desinterés por la política y por su control,abriendo mayores posibilidades para el abuso y uso indebido de las instituciones democráticas, y, finalmente, han conducido a una pérdida de confianza en el sistema político. 3.Estado y ciudadanos,la ecuación imposible. Empecemos por romper el espejismo: la democratización no es un objetivo alcanzado; ni en cuanto a su universalización y estandarización, ni siquiera en cuanto a su consolidación como hecho consumado y objetivo cumplido en los países de vetusta tradición democrática. La democracia sería un ideal, una utopía, hacia la que tender (Dahl, 2000), partiendo de una serie de condiciones básicas que la definen: la separación de poderes, la existencia de competencia entre partidos políticos de entre cuyos programas el ciudadano escoge, y la igualdad en las condiciones de acceso al voto de dichos ciudadanos. Cabe preguntarse si vale la pena teorizar sobre el nivel de consolidación de la democracia o si, en lugar de empezar la casa por el tejado, no deberíamos abordar en primer lugar el sonrojante pero necesario diagnóstico de si realmente contamos con las tres condiciones básicas para poder considerar que nuestro sistema de gobierno es la democracia o en realidad, y por el contrario,presenta otras características;y,en caso afirmativo,de cuál se trata o presenta mayores trazas. de la
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No parece quedar fuera de toda duda razonable que la separación de poderes esté funcionando adecuadamente. Ejecutivo y legislativo, al menos en España, por la vía de la partidificación bipolar y excluyente, da la sensación de haber sometido a la judicatura, de congeniar particularmente bien con el poder económico y también, finalmente, con un nuevo poder, el de los grupos dueños de los medios de comunicación. Si antes eran los banqueros, o alguno de ellos, los que decían sin rubor que no sólo ponían o quitaban presidentes sino que hasta los 'hacían', tal atribución parece recaer ahora en manos de los medios (o de sus propietarios, que incluso se arrogan el poder de derrocarlos). Tampoco en el caso de competencia entre partidos políticos la cosa resiste un análisis riguroso en base al ideal de competencia perfecta. La historia reciente en España, y sus Comunidades Autónomas, ha demostrado que un partido no requiere de un claro programa político para concurrir, e incluso ganar, las elecciones; ni tampoco que deba cumplirlo y, en caso contrario, verse obligado a dimitir y convocar elecciones. Un buen cartel y una buena campaña publicitaria, o los desaciertos del principal partido contrincante (hasta ahora los únicos alternantes en virtud de un sistema de reparto de escaños -D'Hontque también empieza a ser criticado con fuerza) resulta suficiente.1 Cuestión añadida es la de la forma en que el ciudadano puede decidir no sólo en comparación entre ellos o grupos de ellos, sino a la hora de influir sobre los partidos a los que pretende votar. Dos cuestiones emergen como relevantes: la forma en que se configuran las listas electorales y cómo,pero sobre todo cuándo, las puede votar (antes de ser aprobadas por el partido, cada cuatro años…). Ni las listas cerradas, ni la forma en que se decide quién concurre por cada circunscripción electoral (decisión que responde claramente y sobre todo a los intereses de partido y a los pesos específicos y parcelas de poder en su interior), ni 1 Hay quienes piensan que este juego a dos resulta beneficioso para la estabilidad política y el avance en seguridad de países como España, y para sostenerlo se recurre a la analogía con otros países avanzados. Sin embargo tal analogía no resiste cuando se comparan otros factores y condiciones de la práctica política y democrática: la dación de cuentas, la transparencia y el funcionamiento de las instituciones, y las relaciones de metagobernanza. Algunos ven a día de hoy en España señales que anuncian su revisión si no su fin.
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la proximidad y accesibilidad para el ciudadano, han contribuido a mantener la política, y la afección de los ciudadanos por ella,en buen estado. Más bien todo lo contrario, tal y como demuestran las crecientes demandas y los tímidos avances para acercarse más a la ciudadanía: por ejemplo las votaciones abiertas a simpatizantes para escoger al candidato (sin noticias sobre las listas abiertas) e incluso, esta vez desde el lado de la demanda (los ciudadanos), alguna manifestación polémica (sobre todo en boca de los nuevos fariseos defensores de la ortodoxia, obviamente a propia conveniencia) como la de los escraches. Bien pudiera ser explicado y entendido este fenómeno como el último recurso de los ciudadanos para dejarse escuchar por sus representantes, que hacen oídos sordos a las necesidades e intereses legítimos de los representados siguiendo el dictado de la ortodoxia de partido (¡… y si no a la calle… o al grupo mixto!). Los ciudadanos, hastiados, acaban por renunciar a que algo suceda por favor o mediación de los políticos y deciden hacerse cargo personalmente para lograr lo que reclaman. Si la montaña no viene a ellos, ellos van a la montaña… y la montaña, inmóvil, paralizada, se ofende,y el ciudadano se cansa,se indigna (por muchas razones, entre ellas el uso torticero que se hace del método de iniciativa popular, uno de los cauces de participación institucionalizados que se van sintiendo como claramente insuficientes, como se ha podido ver recientemente en el caso español en el tema de la iniciativa anti desahucios)… y actúa.¿Algo que objetar? Si sí, aplíquese el art. 21 de la Declaración de los Derechos Humanos: los ciudadanos tienen el derecho de participar en el gobierno de su propio país. 4.Democracia directa versus democracia real. Habrá que ver cómo y de qué nuevas maneras participan los ciudadanos en el gobierno de su estado, porque las actuales se vienen demostrando claramente insuficientes. En esto hay que repartir responsabilidades entre la oferta (quien lo hace posible: la gobernación) y la demanda (la propia población). Se entra entonces de lleno en la cuestión de la democracia de la
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real y participativa y sus posibilidades. ¿Por qué se demanda mayor participación y una nueva forma de gobierno y de democracia; por qué la democracia representativa ya no parece satisfacer las expectativas del ciudadano? Parte de la explicación la tenemos no ya en la forma en que operan las instituciones y la administración a la hora de hacer política y aplicar políticas (de hecho desde posiciones liberales se avanza sin descanso en la mal llamada Nueva Gerencia Pública que adelgaza la administración del Estado y la necesaria función pública para ponerla a disposición de la iniciativa privada para que pueda hacer negocio con ella), sino de las relaciones que se establecen entre el estado, el mercado y la sociedad civil. En realidad, y es la esencia de la democracia, los dos primeras arrancan de la propia sociedad civil, la esfera 'predominante', por cuanto los individuos son tanto ciudadanos como pueden llegar a ser representantes políticos, tomadores de decisiones, emprendedores y demandadores y consumidores de productos y servicios.Sin embargo la realidad actual dista mucho de caracterizarse por este tipo de relaciones equilibradas de metagobernanza. Por el contrario éstas se encuentran hipertrofiadas desde el punto de vista del Mercado, que supedita al Estado, y los dos a su vez a la Sociedad Civil. En este estado de cosas, de tiranía de los mercados y de déficit democrático, es cuando se dan muestras de un resurgimiento de la Sociedad Civil organizada, como hace tiempo que no se recordaba, por el número, diversidad temática y geográfica, así como por la intensidad de los movimientos (Romero y Farinós,2011). Se pretende volver al origen (la democracia real) para a partir de entonces volver a dejar en manos de los representantes (mediante un nuevo contrato social y de compromiso fiable y decente para con los ciudadanos) el ejercicio del poder. Porque no puede ni debe olvidarse que tras cualquier revolución o cambio, de inmediato, hay que seguir tomando decisiones y hacer política; y no todos quieren, pueden o deben dedicarse a ello. El reparto de funciones sigue resultando imprescindible.
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El Estado es visto entonces como un producto social resultado de la cesión por parte de los ciudadanos de su propia soberanía individual (libertad de elección) a una instancia superior, colectiva y compartida; pero no a cambio de nada. Como antítesis a esta concepción comunitaria, el individualismo de Hobbes: todo individuo lucha sin límite por defender los propios intereses frente al otro, sea el contrario otro individuo, otro grupo o el propio estado o gobierno,que coarta su libertad. Si bien el ser humano ha aprendido a reconocer los beneficios de la cooperación, no permite que la delegación del poder suponga la renuncia al estado de naturaleza apuntado por Hobbes.Cuando ve cómo lo primero no funciona, recupera entonces la voluntad delegada para redefinir su propio escenario de futuro (caso del movimiento 15M y de los cada vez más numerosos movimientos de carácter similar). En la democracia ateniense la participación en la toma de decisiones era directa (el 'demos'), dado que su propia realidad demográfica e institucional permitía la rotación en los puestos de gobierno. Las sucesivas revoluciones liberales condujeron a la democracia representativa,uno de los distintos tipos de democracia propuestos por Held (2007).2 Como ocurría con la democracia participativa el objetivo de la democracia deliberativa es la democracia directa, si bien reconoce las limitaciones de la escala local a la hora de tomar las decisiones cara a cara, por dos razones: porque una mayor participación no mejora la calidad de las decisiones y, en relación con ello, por la supuesta homogeneidad y las expectativas limitadas de las comunidades locales que impedirían una cosmovisión más pertinente. Estas limitaciones se corregirán por medio del respeto y potenciación de la diversidad (como hará la democracia radical), y por otra mediante al recurso a la integración del nivel externo y externo tanto en el diagnóstico como en la selección y evaluación de alternativas. 2 Legal,elitista-competitiva,pluralista,participativa y deliberativa, a los que después se añadirá la democracia radical, que recogía los efectos de movimientos como el feminismo, ecologismo o el de liberación sexual, para reclamar el papel de la propia identidad del sujeto frente a la hegemonía,el pensamiento único y la globalización. Para la democracia radical son los ciudadanos los únicos sujetos legitimados para poder llegar a consensos y los que ejercen directamente su papel cívico y político mediante la aceptación de normas consensuadas aplicables a ámbitos territoriales de proximidad, dándose de esta forma solución a los conflictos sociales existentes.
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5.Epílogo. Tanto la democracia representativa como las posibilidades de una democracia directa están siendo puestas en cuestión por la colisión existente entre los intereses de la sociedad civil por una parte y los del mercado y el estado por otra. Este conflicto se manifiesta en cualquiera de las dos perspectivas desde la que puede concebirse la finalidad del sistema 3 político: la de producir gobierno (Platón) y la de crear sujetos políticos (Dewey). Focalizando en la segunda, el denominado paradigma autónomo (que desarrollan autores como Foucault, Deleuze o Guattari) separa claramente entre el Estado y la Sociedad Civil (como espacio de libertad por excelencia), por un lado, y por otro revindica la idea y principio de no dominación. Ambas razones, o el atentado contra las mismas, explican en buena medida la reacción popular y la situación política en la que nos encontramos. Adicionalmente, este paradigma concede protagonismo singular e inalienable al ciudadano en la construcción de la norma; pero,a diferencia del antiguo contrato social, la norma no debe generalizarse al conjunto de la sociedad en tanto existen no uno sino diversos intereses generales. Se renuncia por tanto a leyes universales o cartas magnas, más allá de lo básico, pues éstas exigen la asimilación de la norma por parte de los ciudadanos que ni las consensuan ni incluso las conocen.Sin embargo esto no equivaldría a la anarquía, dado que las normas sí son de aplicación para los contextos locales específicos. Esto supone poner los ojos en el localismo desde el punto de vista jurídico y político-administrativo, como también se ha hecho desde el campo de la teoría de la planificación y del desarrollo local. Y no parece descabellado, sino más bien todo lo contario, reivindicar, también en materia de renovación política, el principio de subsidiariedad y el cambio desde abajo; 3 La finalidad por tanto es político-administrativa, dando respuesta eficiente mediante la toma de decisiones a los conflictos, demandas y necesidades de la cosa pública. En este sentido ya nos hemos manifestado a favor de una primacía de las políticas (la 'Policy') sobre la forma y estructura de gobierno (la 'Politics' y la 'Polity'),dando lugar para ello a nuevas rutinas y prácticas de gobernanza (entendida más como proceso que como precondición/estructura o resultado) (Farinós,2008).
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tal vez la mejor forma, si no la única, de poder avanzar dados los vicios e hipotecas que aquejan al sistema. Dicho de otro modo, la punta de lanza para el cambio más que en ningún otro sitio se encuentra en las elecciones locales o municipales. Es desde el propio espacio de vida, sea éste el pueblo, la ciudad, el distrito, el barrio, la calle, donde la participación se está produciendo de forma más clara y también más efectiva. Parte de la ciudadanía movilizada nunca llegará a las instituciones; ni falta que le hace si conserva la labor de observación y vigilancia, reclamando transparencia y dación de cuentas. Otra parte sí formará parte del sistema de representación: bien de forma distinta a la de los partidos tradicionales, en partidos de nuevo cuño, en partidos preexistentes pero no hegemónicos que jalean el momento y se animan ante las perspectivas electorales (con un discurso que cala bien entre los desencantados), o en los más tradicionales grandes partidos.4 Estos partidos hegemónicos, tras su fracaso en querer demonizar las nuevas manifestaciones de participación política,acabarán por querer incorporar par te del nuevo discurso (protagonizado por los noveles y por los no hegemónicos con posibilidades) para asimilarlo a las rutinas y estructuras preexistentes. No debería preocuparnos tanto que este sea el resultado como que en efecto este cambio se produzca. Especial atención merece para esta publicación la segunda opción de las citadas al inicio del párrafo anterior.Sin duda la esperanza de la renovación política pasa por que corra nueva sangre por las venas de la democracia española; gente joven, la generación mejor preparada de todos los tiempos, muchos de ellos activistas o simples participantes en las manifestaciones en favor del cambio. Debe serse consciente de que el día de después hay que continuar haciendo política e incluso recuperar de forma intensa el tiempo perdido o de retraso. 4 Estos últimos ya han sufrido algunos signos de fractura y desafecciones, más de tipo individual que orgánico,que se han llegado a plasmar con diferentes niveles de concreción y éxito o expectativa electoral (desde Rosa Díez a Álvarez Cascos, pasando por los amagos de Antonio Asunción), y también han experimentado algunos intentos anteriores de renovación,de distinta intensidad pero con parecida suerte (por ejemplo los de Joan Romero, Manuel Pimentel o Joaquín Calomarde,entre otros).
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Novedosas formas de coalición de grupos de ciudadanos, unidos hasta la fecha únicamente por el deseo y el activismo en defensa de sus calles, distritos, barrios o pueblos, pero sin otra estructura en común, ahora también unidos con el movimiento del 15M y sus variantes, están empezando a tomar cuerpo. Su horizonte deberá ser poder estar preparados para la próxima cita de las municipales. Por su parte también empiezan a surgir, desde algunas fundaciones y 'think tank' próximos a algún partido mayoritario, iniciativas que apoyan una labor formativa o de capacitación de jóvenes para que puedan participar y hacer política.Las personas que aprenden a participar a edades más tempranas están más predispuestas a involucrarse en procesos participativos y presentan un nivel de beligerancia más alto en los conflictos que puedan darse, pero para ello requieren ver satisfecha su necesidad de información y contar con elementos de coordinación y activación. Desde la primera mitad de los años 1970 posiblemente no hayamos vivido una situación parecida. Es el filón que hay que cuidar y cultivar; ese es el camino hacia el futuro, la escala local, por el momento la única asequible. Más difíciles se nos antojan los cambios en la escala autonómica; ni que decir tiene a nivel de Gobierno de España. Pero no hay por qué desesperar. Valga pensar, como ejemplo de efecto dominó, lo que ha venido ocurriendo en no pocos casos de alcaldes en muchos pueblos de España a lo largo de las sucesivas convocatorias de elecciones municipales, en las que se ha venido votando al/a la mismo/a candidata/a,aunque representara a siglas distintas en cada convocatoria electoral. No es que esto resulte un logro ni especialmente halagüeño per se, pero habla bien a las claras de la capacidad de asimilación y reconversión del actual sistema de partidos -como antes lo han venido haciendo instituciones seculares-, permitiendo una renovación necesaria. Esto, al menos, hasta que se cumpla el próximo ciclo y, llegado de nuevo el caso, se requiera de una nueva convulsión, si es que no se consigue aprender lo suficiente de la experiencia, o sencillamente falla la memoria,de nuevo.Empecemos,y continuemos, por la base, el ciudadano a las escalas de proximidad.
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BIBLIOGRAFÍA Almond, G. y Verba, S. (1970): Cultura Cívica, Boston, MA: Little,Brown and Company. Dahl, R. (2000): La democracia y sus críticos. Barcelona, Ediciones Paidós (traducción del original publicado en 1989 porYale UniversityPress). Farinós, J. (2008): Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: Estado de la Cuestión y Agenda. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles,46.1132. Held, D. (2007). Modelos de democracia (3ª ed). Madrid: Alianza Editorial. Prats, J. (2005). De la burocracia al managenent: del management a la gobernanza. Romero, J. y FarinÓS, J. (2011): “Redescubriendo la gobernanza más allá del buen gobierno. Democracia como base, desarrollo territorial como resultado”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº. 56, pp.295-319. Vallés, J.M. (2004): Ciencia Política. Una introducción. Barcelona,Ariel.
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REGENERACIÓN VERSUS CATARSIS Juan Vicente Pérez Aras La regeneración en sí nos conduce a la reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas, y la catarsis, a la purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza (RAE),por lo que avanzando un poco más en la reflexión nos encontramos con que ese efecto de regenerar no es nuevo en este viejo Estado continental. A finales del XIX España se vio sumida en un estado de desesperanza, frustración y pesimismo, fruto de los acontecimientos socio-políticos que convulsionaron a toda la sociedad y que determinaron que un nutrido grupo de intelectuales levantaran la voz bajo la bandera del regeneracionismo defendiendo la renovación de la vida política y social española. El propio Ortega y Gasset hace referencia a ese profundo cambio cuestionándose qué habría que reformar, el propio Estado o la misma sociedad.Y en su análisis vemos que desgrana certeramente los males que hay que atajar y que hoy en día vemos reproducidos a pesar del paso del tiempo, males que afectan tanto a las instituciones y su modo efectivo de funcionar, como a los propios defectos de la sociedad española en su conjunto. Ortega busca que la regeneración permita forjar instituciones como instrumentos capaces de transformar los usos de la vida colectiva y el carácter mismo del ciudadano medio (Ortega y Gasset,2005), encontrándonos con el dilema, al paso de los años, de que la Historia es tozuda y esa realidad vuelve otra vez a cobrar actualidad. Recogiendo así mismo las palabras que Napoleón dirigió a Goethe,"Hoy,el destino es la política",y más que nunca de la Política con mayúsculas en un ejercicio de regeneración total de una sociedad enferma, que necesita las hábiles manos del cirujano para extirpar el mal que la aqueja. Volviendo a Ortega, nos definía esa acción de la Política en que ésta es lo que hay que aceptar, quiérase o no:
Juan Vicente Pérez Aras Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Técnico Superior en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Escuela Internacional de Protocolo de Valencia (medalla de oro al mejor expediente académico fin de carrera de la EIP). Profesor asociado de la EIP. Miembro de la Asociación Valenciana de Politólogos (AVAPOL). Concejal del Ayuntamiento de Benisanó por el Par tido Popular (Valencia) de 1991 a 2007. Secretario de área del Comité Ejecutivo Provincial del PPVal y miembro del Comité Ejecutivo Comarcal del PPCamp deTúria. Ha desempeñado varias funciones en la Diputación Provincial de Valencia y en la Dirección Regional del PPCV. Empresario
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"Política no es hacer o pedir que se haga lo que a uno le gusta, sino lo que irremisiblemente hay que hacer, coincida o no con nuestras preferencias" (Ortega y Gasset, 2005). No cabe duda de que la situación actual alcanza cotas más allá de lo meramente económico y social, nos encontramos ante una verdadera crisis de valores que pone en peligro los mismos cimientos de la convivencia pacífica de toda una nación convulsionada por su propio egoísmo. Aunque la crisis del Estado se debe a sus déficits políticos, y como durante largo tiempo ha monopolizado la política y ha llegado a ser identificado con "lo político", su caída arrastra la de la política. El fracaso, se dice, es de la política; la inacción es de la política; las soluciones han de esperarse de fuera de la política. Y aquí debemos plantear una profunda reflexión. Y ante ello, encontramos también como se alzan muchas voces criticando esa misma situación, desde la propia Academia, voces que son absorbidas por el exceso de ruido ambiental que intenta acallar aquello que no interesa oír, las prisas y la "audiencia" marcan la agenda dejando de lado una autocrítica tan necesaria como dolorosa. Como tan bien describió Monseñor Carlos Amigo en la Universidad Católica de Ávila en enero de 2013, el reto ante la anarquía del pensamiento que ha instituido el relativismo actual,debe combatirse desde la razón,y ahí la propia universidad debe dar un paso al frente y plantear la "caridad política" que han planteado los últimos papas, como servicio al bien común y de la diaconía de la verdad,que sería la "caridad intelectual". Para Monseñor, hoy más que nunca necesitamos una profunda reflexión acerca del compromiso moral y social de la Universidad como respuesta a los planteamientos y desafíos de la contracultura actual. Reclamando la necesidad de formar a personas "íntegras en todos los aspectos", Y reivindicando las necesidades del pensamiento, teoría y concepto, así como de la ética.
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Las voces críticas demandan acciones contundentes en un contexto de desafección total del ciudadano con la Política y sus representantes, alejamiento que conlleva la búsqueda de nuevas fórmulas de participación cívica que mitiguen esas carencias democráticas y que permitan recuperar el protagonismo de la esfera pública a la sociedad civil.Pero dicho esto,estamos ante un verdadero movimiento regenerativo independientemente de los porcentajes escandalosos del CIS o ante un cleavage auspiciado por elementos distorsionadores del sistema que buscan su rédito en la anarquía que persiguen instaurar. Sin lugar a dudas, nos encontramos en uno de esos momentos clave de nuestra Historia, una etapa de cambios en la que verdaderamente suman más aquellos que apuestan por abrir una etapa nueva que permita atisbar un rayo de esperanza aplicando las reformas necesarias para afianzar toda esa estructura institucional que conforma nuestro modelo de convivencia, que aquellos que buscan subvertir el Estado de Derecho. Si por Democracia entendemos la participación activa del pueblo en el Gobierno, la cuestión que se nos plantea es como producimos esa politización de los ciudadanos para moralizar el Estado,estableciendo que éstos adopten y mantengan determinadas actitudes políticas (Aranguren,1996), y quién debe liderar ese proceso, las élites políticas puestas en tela de juicio por el propio ciudadano, o la propia acción civil de una ciudadanía que quiere recuperar su ethos. Por ello debemos tener cuidado con no sobrepasar ciertas líneas rojas que nos devuelvan a episodios de desencuentros de tan triste y demoledor recuerdo en nuestra historia.La democracia no es un status en el que pueda un pueblo cómodamente instalarse. Es una conquista ético-política de cada día,que sólo a través de una autocrítica siempre vigilante puede mantenerse.Es más una aspiración que una posesión (Aranguren, 1999). En esa voluntad moral de la democracia radica la cuestión angular que nos ocupa,ya que esa voluntad se debilita y llega a extinguirse con facilidad, porque al
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hombre le cansa la pesada carga de la libertad política y, con frecuencia, hace entrega de ella a un jefe, a cambio del orden y la seguridad, para poder dedicarse tranquilamente a su ámbito privado, abandonando esa obligación cívica que ahora tanto demanda. Esta cuestión no es baladí ya que esa sociedad civil que se siente defraudada por una élites que buscan la autodefensa de sus intereses de clase y levanta la voz demandando la legitimidad cívica y democrática de su esfera ciudadana ha hecho del culto de la esfera privada y la indiferencia hacia la cosa pública su principal valor en detrimento de la moral del civismo. Esa pérdida de fe en proyectos colectivos, ese deterioro de toda religión civil en su más amplio sentido de foro de voluntades cívicas han puesto en serio peligro nuestra estructura como sociedad y solo algunos movimientos reivindicativos, no exentos de cierta radicalidad en su fondo como en sus formas intentando escrachar el propio demos bajo el paraguas de la crisis como anatema , inducen a ciertos movimientos de la sociedad,a favor o en contra,que hacen albergar alguna esperanza en una reacción colectiva que mueva el sentimiento individual de obligación hacia el conjunto social (Lipovetsky,1994). Cuanta menos religión de la política y de la moral del sacrificio, más demanda de contrapoderes y de transparencia, de pluralismo y de preocupación por los procedimientos, de profesionalismo y de negociación en las formas de regulaciones y decisiones administrativas. Es una nueva ética basada en el constitucionalismo y en la primacía de los derechos del hombre, la independencia de las instituciones públicas respecto del Estado y de la lógica jurídica como principio regulador de la economía y de la sociedad (CohenTanugi,1989). Como vemos,la tarea regeneracionista es más ardua de lo que parece, no se trata solo de nomenclatura ad-hoc, se trata de conjugar un modelo dónde todos los actores se sientan partícipes, élites y sociedad, ambos dos, para poder elaborar un constructo que defina realmente el de la
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papel de cada protagonista en este nuevo escenario., porque de no ser así, de no establecerse ese consenso democrático la vía regenerativa estará consagrada al fracaso,y eso no nos lo podemos permitir. Sin lugar a dudas está generándose un amplio debate en nuestra sociedad sobre las verdaderas necesidades que debe plantear un ambicioso Plan de Reformas, y éstas son solo una muestra de ellas. Todas las fuerzas políticas están desarrollando propuestas de regeneración desde ambos lados del cleavage ideológico, pero lo que está meridianamente claro es que hay que acometer esos cambios ya. La acción del Gobierno, por una parte, ha estado dirigida a establecer un plan de choque que permita estabilizar una situación de caída libre en base a los siguientes principios y objetivos: - La reducción del gasto público y la austeridad y el rigor en la gestión económica. - La transparencia, como principio que inspira la acción del Gobierno y que debe inspirar también la de todos los poderes públicos. - La aplicación de medidas de austeridad en todas las Administraciones Públicas. - L a s o s t e n i b i l i d a d, m e d i a n t e m e d i d a s d e racionalización y ahorro,del sistema del Bienestar. - La flexibilidad y competitividad de la economía, para estimular el crecimiento y la creación de empleo. - El apoyo a las PYMES y Emprendedores como motores de la recuperación económica. Estos principios y objetivos se están traduciendo en un paquete de Reformas que el Ejecutivo está llevando adelante: - Reforma Laboral. - Reforma del sector Público.
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- Reforma de la Justicia. - Reformas del sector delTransporte. - Reforma del sector Financiero. - Reforma de las AAPP. - Consolidación Fiscal. - Reforma del sistema de Pensiones de la SS. - Reforma del sector Energético. - Reforma del Sistema Educativo. Así mismo, desde la otra parte del cleavage ideológico encontramos diferentes propuestas (aquí solo hemos destacado algunas de PSOE y UPyD) en torno a los nuevos tiempos que precisan una nueva política, buscando una regeneración de la democracia y una refundación del Estado, incidiendo en las siguientes reformas: - Partidos políticos:transparencia y participación - Reformas en el Sistema Parlamentario. - Reformas en el Sistema Electoral. - Ley deTransparencia para fortalecer la Democracia. - Participación y Gobierno Abierto. - Leyes contra la corrupción. - Refuerzo de los Organismos reguladores y de control público. - Justicia Independiente - Reforma Constitucional También cabría mencionar las propuestas de regeneración de nuestro sistema político y económico desde posiciones planteadas por Plataformas y de la
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Movimientos alternativos bajo el lema de escrache al Sistema (Democracia RealYa,15-M,PAH). - Reforma de la Ley Electoral. - Listas abiertas. - Elecciones primarias para los candidatos. - Revocación del mandato. - Iniciativa popular y Refrendos. - Presupuestos participativos. - Memorias de participación y de rendición de cuentas. - Consejos deliberativos. - Ley deTransparencia. - Fin de los privilegios de los políticos y de los partidos. - Dación en pago de la vivienda. - Registro anti-paraísos fiscales. - TasaTobin. - Fiscalidad justa. - Control de las entidades bancarias. - Reparto del trabajo en la lucha contra el desempleo Como podemos ver,la amplitud del espectro reformista abarca una pluralidad de acciones como consecuencia de la propia degeneración del sistema, alejando a las instituciones de los ciudadanos, por lo que es más necesario que nunca profundizar en la regeneración democrática, con el objetivo de que esas mismas instituciones cuestionadas en la actualidad funcionen y cumplan su obligación constitucional. En ese sentido tendríamos que asumir la tesis cosmopolita del espíritu kantiano de que convendría
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que el Estado se reformase a sí mismo de vez en cuando y, ensayando la evolución en lugar de la revolución, progresara continuamente hacia lo mejor (Kant,1987). BIBLIOGRAFÍA Ortega y Gasset, José (2005): Obras Completas,Tomo IV. Madrid.Fundación Ortega y Gasset. Pérez Díaz,Víctor (1997): La esfera pública y la sociedad civil.Madrid.Santillana. Lipovetsky, Gilles (1994): El crepúsculo del deber. Barcelona.Anagrama. Aranguren, José Luis L. (1999): Ética y Política. Madrid. Biblioteca Nueva. Kant,Immanuel (1987):Ideas para una historia universal en clave cosmopolita.Madrid.Tecnos. 4
Cohen-Tanugi, Laurent (1989): La mêtamorphose de la dèmocratie.París.Odile Jacob. www.lamoncloa.gob.es www.psoe.es www.movimiento15m.org www.afectadosporlahipoteca.com www.democraciarealya.es www.upyd.es
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EL VALOR DE LA SOCIEDAD POLÍTICA José Morgan García En la labor de tratar de aportar luz; en el empeño de mejorar el sistema de convivencia representación y participación en el que vivimos parece fundamental resaltar el valor de la democracia, entendida en su acepción más amplia,como un elemento societario que constituye la columna vertebral de la comunidad política. Al utilizar la acepción más amplia de democracia huyo absolutamente de establecer clasificaciones o niveles y pretendo contextualizar la necesidad de una conjunción de factores básicos para que se pueda dar una sociedad democrática en toda su plenitud. Hablamos de un sistema que necesariamente debe proteger y promocionar tres ejes, que en el título preliminar de la Constitución Española de 1978 vienen bastante bien reflejados. Al enunciar un Estado Social, Democrático y de Derecho establece el texto constitucional las condiciones para que se pueda convivir en libertad a partir del establecimiento de unos principios básicos que permitan conjugar lo colectivo y lo individual. El Estado Social viene vinculado al principio de igualdad,entendida en un estadio superior a la igualdad legal. Una igualdad construida a partir de un entramado de garantías que tiendan a que cada persona disponga de oportunidades para su desarrollo individual, poniendo el foco en el acceso a una formación sustanciado en el derecho a la educación; que cada persona tenga acceso a unos servicios básicos que le permitan tener una sanidad y una cobertura desde el reconocimiento de la existencia de un derecho subjetivo. El estado de derecho arranca desde el principio de justicia: El sometimiento único al imperio de la ley, la tutela judicial efectiva que contempla el derecho a la defensa con sus garantías,los principios de tipicidad e irretroactividad gravosa de las disposiciones o la seguridad jurídica. Todos estos principios vienen orientados al establecimiento de una justicia que sea igual para todos los ciudadanos y que ejerza también una función jurisdiccional del estado como contrapeso a los excesos que se puedan acometer desde los poderes ejecutivo y legislativo. Finalmente se enuncia el Estado democrático desde el principio de libertad.
José Morgan García Abogado en ejercicio Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Asesor Jurídico de la Asociación Profesional de PeriodistasValencianos. Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sempere ( Valencia ). Co o r d i n a d o r d e l F ò r u m Persones i Societat Valenciana. Columnista del diario Levante-EMV. Comentarista y colaborador de medios de comunicación: Valencia Plaza, ABC Comunitat Valenciana, Ràdio Nou y Gestiona Radio. Miembro del comité de justicia y libertades públicas del Par tido Popular de la ComunitatValenciana. Secretario de Área del Partido Popular de la Provincia de Valencia y Secretario Ejecutivo del Partido Popular de La Vall d´Albaida.
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Libertad ideológica expresada desde el pluralismo político y en el establecimiento de cauces de representación de la voluntad popular que promuevan y remuevan los obstáculos para facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. En este punto de la exposición debo hacer mención al padre constitucional Gregorio Peces Barba (1978) autor del artículo 9.2 de la carta magna que aborda con cierta vanguardia los modelos de participación ciudadana como contenido necesario del concepto de democracia. Que no solo contempla el sufragio activo y pasivo sino también la participación como una obligación de garantía por parte de los poderes públicos. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. El contenido de la democracia es sin duda un tema de debate actual. Reiteramos el rechazo a establecer niveles de lo que podemos afirmar como democracias incompletas orgánica o populares que, si bien responden a sistemas donde formalmente se eligen a los representantes mediante votaciones, existe una ausencia total o parcial de libertad, justicia e igualdad. Por tanto, ahondamos profundamente en el valor de la democracia como un valor de toda la sociedad y no solo de un sistema de elección, ni siquiera de una enunciación completa de la Constitución de un Estado, como es el caso del texto constitucional de 1978. Por tanto abogamos por una sociedad democrática que abarque debidamente dos cuestiones capitales: La representación y la participación. Una buena representación y la construcción de espacios de participación garantizan un verdadero vínculo entre los ciudadanos y las instituciones, creando lo que Hegel (Biglieri, s.a.) define como la comunidad o sociedad política,que responde al ámbito de las decisiones sobre lo común desde la búsqueda del bien general; en la tarea de mediar entre lo subjetivo y lo universal. La representación resulta clave en el proceso democrático. De nada sirve tener un sistema de de la
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elección libre de los representantes en los distintos niveles si no existe por parte de los ciudadanos un nivel aceptable de vinculación con esos representantes. En estos últimos tiempos se ha situado en el debate la reforma de la ley electoral como sustancial para la mejora de la representatividad. Sin huir del debate si cabe poner de relieve que las propuestas partidistas no responden por lo general más que a la búsqueda de un criterio que favorezca los réditos electorales de su formación. Se enuncia la reforma de la ley orgánica de régimen electoral general como providencial cuando esta y el planteamiento de su reformulación solo pueden venir de la mano de una verdadera voluntad de implicación política y por tanto de una demanda social. Dice Arzalluz (1986)“En la llamada república de Weimar ( …) había una representación pura. Y la Constitución técnicamente más perfecta. La hizo el más famoso constitucionalista del momento el profesor Preuss. Y sin embargo el fracaso del sistema fue estrepitoso (…) porque surgieron tantos partidos que la república fue ingobernable.” Parece razonable sostener sin adentrarnos más en la cuestión,que resulta necesario a la hora de elaborar una legislación electoral tener en cuenta tres elementos: 1.- La proporcionalidad debida, que garantice la existencia de minorías. 2.- Un fac tor correc tor orientado hacia la gobernabilidad. 3.- Una justa representación de los territorios que puedan tener voz propia sobre todo en lo relativo a los asuntos que les afecten. Cuestión esta última que aumentaría de manera notable el grado de proximidad de los representantes electos en sus circunscripciones. La participación puede ser entendida como un mandato constitucional, pero es ante todo una necesidad política. La participación constituye el puente de conexión entre los ciudadanos y las instituciones y la piedra angular de la representatividad.
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Una sociedad participativa es capaz de imprimir la energía que la democracia requiere para su funcionamiento. Una sociedad dinámica tiende a organizarse en colectivos sectoriales que defienden intereses parciales o aglutinan a ciudadanos con inquietudes comunes. En todo proceso participativo nunca se debe olvidar, sin que ello suponga ningún obstáculo para el mismo, que la legitimidad y la responsabilidad de las decisiones debe siempre recaer en aquellos que tienen el mandato de las urnas. Cosa distinta es que los que la ejercen pueden y (con buen criterio) deben compartir ámbitos de decisión con las entidades sectoriales, sin que en todo caso ello suponga un atentado al interés general o a los derechos de aquellos ciudadanos que no participen de algún colectivo determinado y no por ello dejen de ser interesados administrativos en la cuestión. Abogamos, pues, por un equilibrio que parte del mandato constitucional que tienen los poderes públicos de facilitar la participación ciudadana y,al otro lado de la balanza, la interdicción de derivación del ejercicio de la responsabilidad de aquellos que la ejercen, la responsabilidad desde la legitimidad de las urnas.Que por tanto deben escuchar,facilitar los cauces de expresión y finalmente decidir si bien dentro del espacio de su ámbito de decisión pueden vincular la decisión a un plebiscito. Supone todo un debate sobre el valor de la sociedad política que conjuga a la sociedad civil con sus instituciones, la profundidad de contenido de la democracia, sus bases y su desarrollo. Un debate ciertamente apasionante al que tratamos de aportar humildemente los elementos que consideramos necesarios para el ejercicio y la mejora que nos encamine hacia una comunidad política.Que sea capaz de dar voz y voto y a todas las sensibilidades desde la tolerancia y el respeto a la diversidad,tal y como narra el subcomandante Marcos en La historia de los colores (1996): “Les enseñamos (a los niños) que hay tantas palabras como colores y que hay tantos pensamientos porque por si el mundo es para que en el nazcan palabras. Que hay pensamientos diferentes que debemos respetar.”
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Reforma y transparencia. Perestroika y Glànost fueron enunciadas como la nueva política desde los renovados órganos de poder de la Unión Soviética. Lo hicieron en un contexto de colapso que acabo por hacer caer un sistema de por si contrario a los principios de libertad,justicia e igualdad. Sin embargo si se comprendió en un momento en que se precisaba impulsar reformas Perestroika, que estas, si pretendían tener éxito debían venir acompañadas de un clima de participación ciudadana que supusiera una verdadera implicación de la población para que el resultado de las mismas les resultaran propias. Una labor especialmente sensible la de aplicar la transparencia en unas instituciones herméticas y la de animar a la participación a una sociedad singularmente coaccionada por una represión que superaba la esfera pública para adentrarse en la privada. En el momento que acontece de crisis económica e institucional se nos abre una oportunidad histórica. Para desde una clara prelación de reformas entendiendo que el problema sustancial es la recuperación económica y esa debe de ser la principal tarea a abordar desde las instituciones. Se trata de en paralelo abordar un debate abierto que refuerce el sistema político institucional mediante la introducción de mejoras de representación y participación.Reformas q u e ve n g a n a c o m p a ñ a d a s d e m e d i d a s d e transparencia y buen gobierno que ayuden a que estas cuenten con una fuerte voluntad de implicación social en las mismas. Nuestra generación tiene una misión política que no es la de ganar la democracia, logro de generaciones anteriores,si no que tiene preservarla y mejorarla. Reformar es construir las bases para que podamos acercarnos a una verdadera sociedad política que supere la división entre sociedad y política donde lo que prime sea el elemento comunitario en esa sociedad como base de la convivencia.
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BIBLIOGRAFÍA Arzalluz, Xabier (1986). Entre el Estado y la Libertad. Bilbao:Editorial Iparraguirre. Biglieri, Paula (s.a.). La sociedad civil desde la perspectiva hegeliana. Buenos Aires: Instituto Nacional de Capacitación Política. (http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_al ectorales/incap/clases/Paper_Biglieri.pdf Consultado el 24 de junio de 2013.) Marcos, Subcomandante (1996). La historia de los colores. Guadalajara: Colectivo Callejero. Extraído de un comunicado de 27 de octubre de 1994 al pueblo mexicano. Peces Barba, Gregorio (1978). Constitución Española. Madrid:BOE.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EN BUSCA DEL VOTANTE PERDIDO Edgard Moscardó López El cine tiene cier ta tendencia a adelantar acontecimientos que acaban por suceder en la vida real y en esto de las búsquedas no hay excepción que confirme la regla.Primero fue la búsqueda de“Las minas del Rey Salomón”, se continuó con el Arca Pérdida de la mano del famoso arqueólogo Indiana Jones y se remató con “La Búsqueda” de la mano de Nicolas Cage. ¿Qué tienen en común estas 3 historias? La persecución de uno o varios objetos por un grupo de seres humanos que no pueden vivir sin ello. Día tras día observamos con impasividad como los partidos políticos buscan desesperadamente, como si de un tesoro se tratase, la fórmula mágica para que los ciudadanos participen activamente en la sociedad. No hay muchas diferencias con respecto a las historias anteriores; En ambas hay un grupo de exploradores, en nuestro caso serían los partidos políticos, que intentan salvar cientos de obstáculos e impedimentos para hacerse con el botín, es decir, con la atención de los ciudadanos para poder hacer que participen. Lamentablemente todas las películas tienen ciertos “engaños” que nos hacen pensar que, por ejemplo, el protagonista de la película ha caído por un precipicio cuando en realidad es tan solo un muñeco de trapo filmado desde una distancia que nos impide ver con claridad. ¿Llevan a cabo los partidos políticos este tipo de trucos en cuanto a participación ciudadana se refiere? Si, sin lugar a dudas, a lo largo del capítulo analizaremos algunos de los más vistosos y recurrentes en el panorama político. La brecha existente entre dos grupos condenados a entenderse, es decir políticos y ciudadanos, no hace más que aumentar las ansias de los primeros en conseguir que los segundos sean parte activa de la sociedad. Es más, algunos políticos “culpan” a los ciudadanos de haber abandonado la política en manos de personas que desconocía el significado de la palabra “vocación” y que de ello han derivado muchos de los
Edgard Moscardó López Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UCHCEU. Master in Business Administration (MBA). Formador de cargos públicos y políticos en Oratoria, Liderazgo y Negociación. Director de Campañas Electorales en 2011. Responsable del área de Asuntos Públicos en SPQ Polítical Consulting. Colaborador en medios de comunicación tales como prensa y radio. Docente en el Máster de Marketing Político de la Universidad Católica y profesor invitado en la UCHCEU
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actuales problemas. Según mi experiencia profesional en el campo de la consultoría política he detectado que existen 3 problemas que afectan de modo directo a la participación ciudadana. 1.- Los partidos políticos han olvidado que la política necesita marketing para ser “consumida” por los ciudadanos. Pese a que pueda parecer una obviedad, la política actual necesita urgentemente un plan de marketing para conseguir salir de la fatídica situación en la que se encuentra. Cuando hablo de un plan de marketing no me refiero a tener políticos más guapos o más divertido sino a una serie de estrategias para acercar de forma real la política a la vida de los ciudadanos. Parece mentira que no se hayan dado cuenta de que si no comienzan a ser parte de la vida de las personas, estás dejarán de ver en la política una necesidad para mantener el orden social. ¿Cuántos millones se destinan a campañas de concienciación social contra el consumo de drogas? ¿Cuántos a fomentar el uso de sistemas de seguridad en vehículos? ¿Cuántos a fomentar la participación ciudadana a lo largo de toda la legislatura? No hace falta que busquemos los datos, fomentar la participación no está incluido en los objetivos de ningún partido político y por ello no reciben dotación económica alguna. Quizás algunos lo incluyan en sus programas electorales pero pocos lo llevarán a la práctica al 100%. Parece ser que algunos políticos se aferran a la siguiente idea: “La diferencia entre el arte de la política y las otras artes es que no se enseña, y no se enseña porque es patrimonio de todos…..todos tienen derecho a participar en el gobierno de la ciudad”(Bobbio,2003,p.404) Nadie pone en duda que todos los ciudadanos tengan el derecho a participar, pero si no enseñamos a una persona a pescar con caña ¿Cómo va a desentrañar el de la
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correcto uso de todos los elementos que la componen? ¿Tan complicado resultaría elaborar campañas de concienciación social a nivel municipal para fomentar que todos los ciudadanos se sientan parte, con voz y voto, de las decisiones que les afectan directamente? Si algún partido fuera capaz de llevarlo a la práctica en poco tiempo, quizás 10 años, tendríamos una sociedad responsable e implicada en la gestión de la vida pública con todos los beneficios que ello conllevaría para mejorar su calidad de vida. No obstante aquí nos enfrentamos al eterno dilema de la inversión según el modelo español: Invertir en algo a largo plazo es mucho menos atractivo que “enriquecerse” a corto plazo, pese a que la primera opción resulte a la larga mucho más ventajosa que la segunda. 2.- Los partidos no buscan una verdadera participación ciudadana sino una movilización ciudadana cuando ellos lo desean. En más de una ocasión lo he manifestado públicamente sin ningún rubor, los partidos políticos no buscan tener una ciudadanía activa y participativa en todo momento sino tan solo cuando sus intereses así lo demanden. ¿Por qué? Muy sencillo: Una ciudadanía implicada al 100% en el desarrollo eficaz y eficiente de su comunidad es la peor de las oposiciones ya que cualquier decisión estará sometida al juicio público. Este comportamiento, lejos de ser buscado, es evitado por los políticos que menos preparados están para ostentar un cargo público ya que corren el riesgo de ser desenmascarados a la primera de cambio. Soy consciente de que estas palabras pueden despertar críticas entre aquellos que se sientan identificados con este perfil de gobernante, afortunadamente nos encaminamos hacia una desaparición del mismo, pero no por ello voy a dejar de remarcarlo. Hace unos meses viví en primera persona una situación que puede ejemplificar y servir como argumento a favor de mis afirmaciones anteriores.
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En un municipio alicantino, el equipo de gobierno decidió proceder a la sustitución de todas y cada una de las papeleras que había en el mismo. Al conocer dicha decisión, la oposición insto al alcalde y concejal de urbanismo a que hicieran una consulta popular a través de las redes sociales para que fueran los propios ciudadanos los que eligieran. Pues bien, lejos de toda lógica, el equipo de gobierno hizo caso omiso a tal petición y eligió “a dedo” el modelo de papelera que se instalaría, “casualidades” de la vida, el modelo elegido era el menos funcional de los ofertados por las distintas empresas. ¿Hubiera sido muy complicado pedir a las empresas una muestra de cada papelera ofertada, exponerla durante 3 días en la plaza del ayuntamiento y dejar que los ciudadanos se encargasen de votar el modelo? Quizás no interesaba escuchar al pueblo, quizás no interesaba hacerlo partícipe de dicha decisión o quizás interesaba elegir aquella opción que más beneficio aportase a la empresa adjudicataria. Sea como fuera, el tiempo puso a cada cual donde merece y tras 6 meses se demostró que las papeleras eran ineficientes y se decidió cambiarlas progresivamente dada la falta de liquidez en ese momento por parte del ayuntamiento. Pensemos ahora por un momento lo que habría ocurrido si de esa decisión hubiera dependido la elección de algún cargo público. ¿Hubieran puesto tan poco interés en escuchar lo que los ciudadanos tenían que decir al respecto? Seguramente se hubiera invertido en publicidad, se hubiera contratado a una agencia de publicidad, un par de asesores e incluso se podría haber estudiado la posibilidad de pedir un préstamo para sufragar los gastos de la elección. Noberto Bobbio decía que: “ En la antigüedad , Democracia significaba lo que la palabra quiere decir literalmente, poder del démos (pueblo) y no , como hoy, poder de los representantes del démos.” (Bobbio, 2003,p.402) Si los partidos políticos desean una participación ciudadana verdadera no les queda más remedio que de la
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delegar en los ciudadanos esa responsabilidad de elegir lo más adecuado para la comunidad. 3.- La democracia moderna se asienta sobre una sociedad individualista. Es difícil crear un espíritu de equipo cuando todos los miembros tienen una concepción individualista del juego. El trabajo en equipo se ha postulado como una de las bases necesarias para que cualquier grupo de personas pueda trabajar o convivir de un modo lo más eficaz posible. ¿Cómo pretendemos disfrutar de una participación ciudadana si no hay día que no se ensalcen valores individualistas? Es como querer aprender a nadar sin mojarnos o como jugar a futbol sin que nos den patadas.No es viable.Para que exista un movimiento de participación es necesario que los valores que se promulgan en la sociedad tengan la misma sintonía, es decir, que fomenten la colaboración entre personas diferentes pero con un mismo objetivo. Cuando, por ejemplo, vemos que nuestro vecino va a reclamar más vigilancia en los parques públicos, ¿Por qué no le acompañamos y hacemos de su causa la nuestra? La respuesta de los individualistas sería algo parecido a esto: “Yo no tengo niños pequeños que corran peligro en el parque,no tengo tiempo para esto , vamos que la guerra no van conmigo”. Y así podríamos estar toda una vida, poniendo ejemplos similares que demuestran que si no cambian la situación estamos condenados a pertenecer a un grupo individualista en el que nos moveremos por intereses propios y no por aquellos que redunden en un beneficio general de la sociedad. “La sociedad civil es un producto artificial derivado del acuerdo entre individuos decididos a vivir juntos y a cooperar entre ellos para superar su propio aislamiento” (Bobbio,2003,p.456) Los acontecimientos derivados de la crisis económica, que aún seguimos padeciendo, han sacado a la luz el enorme interés que tienen los ciudadanos por participar activamente en aquellas decisiones que
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afecten de modo directo a sus intereses individuales y colectivos. No contar con sus voces es ir en contra de una corriente que ya ha tomado más fuerza de la que tienen los partidos para luchar contra ella. Por ello recomiendo a los partidos: No pedir participación sino ofrecer a los ciudadanos una oportunidad para decidir sobre su futuro y el de su comunidad. Desprenderse de ese halo de “autoridad suprema” que les rodea continuamente, de ese modo conseguirán acercarse a las personas. Por último, en un mundo tan cambiante no hay nada que no esté supeditado a la transformación y la política no es una excepción, por ello tienen que comenar una reforma total de su forma de entender la misma para compartir forma de pensar con sus tan buscados ciudadanos.
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HACIA UNA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA: EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES ESPAÑOLES
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Joaquín Martín Cubas En el Estudio sobre objetivos, estrategias y actuaciones nacionales e internacionales en materia de gobierno abierto: modelo general de desarrollo y prospectivas de futuro en España, publicado en febrero de 2013 por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, se define el gobierno abierto como un modelo de gobierno que incorpora como pilares fundamentales de su funcionamiento los principios de transparencia, par ticipación y colaboración con la ciudadanía, aprovechando las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y el funcionamiento de los gobiernos y las administraciones públicas. En este trabajo vamos a analizar el estado de la cuestión en relación a los gobiernos de los municipios españoles en España, teniendo en cuenta, como se sugiere en el estudio citado, que no sólo se trata de ampliar el impacto y los efectos de las políticas de transparencia, participación y colaboración- los tres pilares del gobierno abierto- sino que además con el gobierno abierto se abren vías para desarrollar nuevos modelos de gobierno, esto es, no sólo están en juego los cauces de la comunicación entre ciudadanos y gobiernos, sino incluso la propia naturaleza de esa relación. 1.- El gobierno democrático y la gobernanza municipal. Aunque las debilidades del neoliberalismo para superar los retos del bienestar en las sociedades actuales habían sido puestas de manifiesto desde distintas desde distintas perspectivas, no es hasta la crisis de 2008 que han quedado en evidencia las debilidades de la desregularización y las negativas consecuencias de la pérdida de los valores públicos e institucionales. 1 Esta comunicación se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación “Sostenibilidad ambiental y social en espacios metropolitanos: el caso del área metropolitana de Valencia” (referencia CSO2010-20481-subprograma 6E06) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional I+D+i 2008-2011).
Joaquín Martín Cubas D o c t o r y L i ce n c i a d o e n Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia. Profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad deValencia. Fue uno de los primeros politólogos en España en ocuparse del fenómeno Internet y sus consecuencias políticas. En 1999 fue asesor de la Comisión Especial para el Estudio de las Redes Informáticas que se constituyó en el Senado para informar sobre el fenómeno Internet. Ha colaborado en diversas investigaciones sobre la materia y entre sus publicaciones destaca el libro Democracia e Internet.
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Se ha recuperado, pues, en los últimos años la importancia de las instituciones y de los valores como pilares básicos en los que se asienta la convivencia social pero ahora desde nuevas premisas, aprendiendo de errores pasados,de las insuficiencias detectadas y de los planteamientos ineficaces ya contrastados, adaptándonos a un mundo que ha cambiado, un mundo mucho más complejo, plural, abierto y globalizado. En ese contexto, ha adquirido carta de naturaleza como alternativa convincente, lo que no quiere decir sencilla ni carente de dificultades, riesgos y retos de muy distinta índole, la denominada gobernanza democrática. Las primeras propuestas sobre una gobernanza democrática empezaron a articularse de forma clara en la década de los noventa. Ya en 1995, la Comisión sobre Gobernanza Global, definió la gobernanza como "la suma de las múltiples maneras como los individuos y las instituciones, públicas y privadas, manejan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo mediante el que pueden acomodarse intereses diversos y conflictivos y adoptarse alguna acción cooperativa. Incluye las instituciones formales y los regímenes con poder para imponer obediencia, así como arreglos informales que las personas y las instituciones han acordado" (Commissionon Global Governance, 1995). El concepto tuvo su más claro impulso cuando la Comisión Europea publicó su Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea y entendió que es “el modo como se ejerce el poder a nivel europeo, particularmente en lo que se refiere a la apertura, la participación, la responsabilidad, la efectividad y la coherencia" (Comisión Europea,2001). Las definiciones que sobre la gobernanza se han publicado son múltiples y todas ellas hacen referencia a las técnicas e instrumentos para conseguir una gestión política estratégica que combine las iniciativas e intereses de la sociedad, el Estado y el mercado. En relación al ámbito local, Pascual Esteve la define como “un modo de gobernar en que lo prioritario es gestionar las relaciones entre los principales sectores implicados para construir colectivamente y de manera compartida la ciudad” (Pascual, 2011). Como este autor defiende, este nuevo modo de gobernar se relaciona no sólo con una serie de principios y valores, sino también con de la
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determinadas políticas, técnicas o herramientas de gestión: - Los principios y valores pasan por la revalorización de lo público, de los valores de la ciudadanía, la participación y el compromiso, el valor de las instituciones y del gobierno representativo, la preeminencia del interés general, la transparencia de los gobiernos y la lealtad institucional, la cohesión social y territorial, la sostenibilidad, la justicia y la equidad, la rendición de cuentas y el valor de la democracia. - Entre las políticas, técnicas o herramientas de gestión más características se encuentran, entre otras, la planificación estratégica participada, técnicas de coaching estratégico, dirección sistemática por objetivos, la negociación relacional de los conflictos públicos, la gestión de proyectos en red, las técnicas de mediación y de construcción de consensos, en definitiva, sistemas de participación y compromiso de ciudadanía muy variadas que, en cualquier caso, no pretenden sustituir las responsabilidades decisorias de los gobiernos representativos. Para Pascual Esteve,la buena gobernanza sólo se puede construir desde la cohesión social, esto es, el fortalecimiento de la acción colectiva orientada por los valores propios del bien común.Los principales factores estructurantes de la cohesión social, en síntesis, son: la visión compartida estratégica del territorio, un amplio sistema de participación social, un extendido sentimiento de pertenencia abierta al lugar, un sistema de valores y actitudes que favorezca la interacción, relaciones diversas e intensas entre las personas de distintos ámbitos sociales, un modelo de interacción social legitimado para regular las interdependencias sociales y un proceso intenso y extenso de reducción de las desigualdades sociales y de generación de nuevas y mayores oportunidades vitales (Pascual,2011). Pues bien, fruto de las anteriores reflexiones sobre la gobernanza democrática en el ámbito local pero también de cuestiones de rabiosa actualidad, en concreto, el desvelamiento de un mundo opaco normalmente a los ciudadanos como es el de la
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utilización con fines particulares, normalmente lucrativos, de instituciones y partidos políticos, debemos tomarnos en serio la cada vez más extendida reivindicación del gobierno abierto. Y es que, como César Calderón y Sebastián Lorenzo han definido un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan,que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias,que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y lo hace de forma abierta y transparente (Calderón y Sebastián,2010:11). 2.- Las posibilidades para la participación, la apertura y la transparencia en los gobiernos locales. En el Estudio sobre gobierno abierto de 2013 del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información se afirma que las administraciones públicas españolas han avanzado en los últimos años en la mejora de su presencia en Internet gracias a la Ley 11/2007. Sin embargo, estos avances en términos de gobierno abierto son ciertamente limitados. Así, por ejemplo, es cierto que la mayoría de las administraciones públicas se han integrado en redes sociales generalistas pero lo han hecho utilizando la red sobre todo como un medio de difusión unidireccional de mensajes institucionales. Es cierto que se han producido ciertos avances en materia de trasparencia, pero se han centrado sobre todo en la publicación del patrimonio e intereses de los cargos públicos, que indudablemente tiene no sólo morbo sino interés ciudadano en la medida que refuerza el control sobre nuestros representantes, pero de momento no ha ido mucho más allá. Es cierto que hay iniciativas interesantes respecto a la participación ciudadana como la del Portal Irekia del Gobierno Vasco, pero no están muy extendidas y, en cualquier caso, no han dado el salto a la colaboración entre ciudadanía y gobiernos ni mucho menos a la participación directa en la toma de decisiones por los ciudadanos. Quizá la aprobación futura de la Ley de Transparencia,Acceso a la Información y Buen Gobierno pueda suponer un cierto paso adelante para que España no pierda el “tren” del gobierno abierto tal y como sugiere el estudio citado, de la
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aunque su alcance posiblemente sea limitado en muchos aspectos. Lo que es seguro es que el gobierno abierto y la incorporación plena de la sociedad de la información es uno de los más grandes retos políticos que tiene nuestro país ante sí.Y lo es no sólo en el nivel de gobierno estatal y de comunidad autónoma, sino con rasgos y características particulares en el nivel del gobierno local, especialmente en pequeños y medianos municipios. Las tareas para nuestros gobiernos locales en materia de implementación de TICs son enormes. Su escala de recursos ciertamente supone un hándicap con el que hay que contar,pero las posibilidades que se abren para la mejora del gobierno y la administración de nuestros municipios y otros entes locales son numerosas y difícilde resumir en pocas líneas. Un sistema de indicadores que nos puede servir para hacernos una idea de las potencialidades de las TICs para el gobierno y la administración local podría basarse en los 2 siguientes ítems: 1) e-ADMINISTRACIÓN: estructura interna de la administración pública. A) Equipamiento:centros con banda ancha. I) Número de centros de banda ancha. II) Porcentaje de centros de banda ancha. B) Servicios on line para empleados públicos. I) Indicadores de estado: 1) No existen; 2) Mera Información; 3) Intercambio en un camino: posible descargar el formulario; 4) Interacción en dos caminos: remisión electrónica del formulario debidamente cumplimentado; 5) Manejo de casos electrónicos completos: todo el procedimiento es electrónico; 6) Personalización: no existe la necesidad de que el usuario demande el servicio. (1)Servicios on line más implementados para los empleados públicos: Consulta de nómina, control horario, gestión de vacaciones, gestión de permisos, solicitud de certificados de formación, consulta expediente personal, solicitud de cursos de formación, 2 Adaptación de los índices utilizados en Resultados CAE 2009: La administración electrónica en las Comunidades Autónomas, octubre 2010; y en Llorca Ponce, A.M. et al. 2008.“Influencia de las TIC en la gestión urbana actual: situación en los ayuntamientos españoles”, Economía Industrial 370:153-162.
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oferta pública de empleo. Promoción interna, solicitud de plazas vacantes y traslados, solicitud equipamiento puesto de trabajo (ordenador, teléfono, correo electrónico, internet,…), solicitud de ayudas y reembolsos (anticipos de sueldo, gastos sanitarios, horas extraordinarias, dietas), solicitud equipamiento material oficina, acceso a la guía del empleado público, solicitud de jubilación anticipada o prórroga. C) Firma electrónica Certificado personal de ciudadano DNI y otros, certificado personal de empleado público, certificado de persona jurídica, certificado de dispositivo de servidor, certificado de dispositivo de servidor controlador de dominio seguro, certificado de dispositivo de aplicación, certificado de dispositivo de firma de código, certificado de dispositivo de sede electrónica, certificado de dispositivo de sello electrónico,certificado de dispositivoVPN. D) TramitaciónTelemática Registro telemático,acceso electrónico a la información de los expedientes, plataforma de firma electrónica, notificaciones electrónicas, copia electrónica, plataforma SMS, gestor documental, archivo electrónico, custodia de documentos, factura electrónica, anexar documentos, pago electrónico, comunicaciones electrónicas internas. 2) e-GOBIERNO. A) Portal único. B) Implementación de servicios on line. (1) HACIENDA: Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales,diferentes impuestos locales. (2) ECONOMÍA, TRABAJO Y EMPLEO: Oferta de empleo público, oferta de empleo privado, ayudas y subvenciones,anuncios,otras. (3) SANIDAD Y SALUD PÚBLICA: Cita previa, Diferentes autorizaciones,Otras. (4) EDUCACIÓN: Preinscripción en centros de enseñanza, ayudas, becas y subvenciones, consulta de notas y otra información,otras. (5) SERVICIOS SOCIALES: Subvenciones y ayudas, Trámites de ayuda a dependencia,solicitud de servicios, de la
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otras. (6) OCIO, TURISMO Y CULTURA: Entrada a museos y monumentos, bibliotecas públicas, archivos históricos, albergues públicos, ayudas y subvenciones, deportes, tiempo libre. (7) EMPRESAS Y TRANSPORTE: Autorización instalaciones, autorización de transporte, registros, ayudas y subvenciones,otras. (8) CONSUMO:Reclamaciones. (9) ADMINISTRACIÓN: Quejas y sugerencias de los ciudadanos, recursos administrativos, normativa, consulta y adquisición de publicaciones, gestión de anuncios en bim,ficha de terceros,licitación electrónica, otras. (10) MEDIO AMBIENTE: Gestión de residuos, evaluación de impacto ambiental, ayudas y subvenciones, permisos y licencias. (11) AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: Registros, ay u d a s y s u b v e n c i o n e s, s a n i d a d p e c u a r i a , autorizaciones,sistema de información geográfica. C) Simplificación de documentos e interoperabilidad de datos y sistemas. Cer tificados suprimidos, DNI, cer tificado de empadronamiento, cer tificado cumplimiento obligaciones tributarias,otras certificaciones. D) Procedimientos integrados electrónicamente. Ventanilla única, contratación pública, comunicación cambio domicilio, publicación anuncios BIM, envío de actas y presupuestos municipales, líneas de subvenciones y ayudas entre administraciones, inventario de bienes, receta electrónica, notificaciones telemáticas, interconexión de registros, @firma, pasarela de pagos,otras. 3)E-DEMOCRACIA A ) Tr a n s p a r e n c i a : I n fo r m a c i ó n a c t u a l i z a d a , retransmisiones en directo de plenos, publicación de presupuestos. B) Mecanismos de participación ciudadana: Encuestas on line, foros on line, listas de correo, mensajes a móviles.
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C) Contacto entre miembros del gobierno y la ciudadanía: Contacto directo con miembros de gobierno,contacto directo con altos cargos. D) Voto electrónico. E) Herramientas web 2.0: Blogs y wikos, youtube, vimeo y redes sociales. F) Participación en redes sociales. G) Marketing viral o publicidad viral. H) Crowdsourcing. 4) ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN A) Uso efectivo de los usuarios. B) Idiomas: 1.- Mejorable: se puede conectar sólo en los idiomas oficiales del municipio; 2.- Satisfactorio: presentan información en algún otro idioma no oficial, pero no de forma integrada en toda la página;3.- Buena: permiten acceder a los servicios en otro idioma además del oficial en toda la página. C) Canales: 1. Mejorable: sólo presentan su información mediante página web; 2. Satisfactoria: incluyen algún canal más; 3.- Buena: cuando tienen al menos 3 canales diferentes de acceso a la información. D) Diseño del portal web:número de pasos a seguir para encontrar una determinada información. E) Accesibilidad para discapacitados (discapacidades visuales, auditivas, cognitivas, de habla y con discapacidad física y reducida movilidad): Tamaño de fuente de las letras (posibilidad de aumentarlo), uso del contraste, combinación de colores, activa opciones mediante voz, lee en voz alta, calidad del sonido y de su volumen, utiliza vibración como alternativa al sonido, detecta el movimiento, canales: edificios públicos, web, dispositivos móviles, televisión digital interactiva, kioscos, audio-conferencias accesibles con el ayuntamiento, complejidad del menú de la interface, complejidad del lenguaje utilizado, aumenta el tiempo de la
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de respuesta para personas que lo necesiten,Diseño de kioscos, teléfonos públicos o máquinas expendedoras para discapacitados. F) Satisfacción de los usuarios: seguridad, accesibilidad, rapidez,uso intuitivo,personalización y soporte. Las aplicaciones concretas de los nuevos flujos de comunicación, participación y colaboraciónaportados por las TIC y la filosofía del gobierno abierto son múltiples y exigen una elaboración imaginativa y responsable de teóricos, politólogos, políticos y de los propios ciudadanos. Una buena manifestación de las muchas propuestas experimentales en ese sentido son las aplicaciones que se pueden desarrollar por los gobiernos locales.No hay que olvidar que la reforma de la LRBRL en 2003 reconoce la aplicación necesaria de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de forma interactiva, para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, así como facilitar la realización de trámites administrativos (art. 141.3 de la reciente Ley 8/2010 de Régimen Local de la CV). Las opciones son múltiples (Font, 1998; Font y Blanco, 2003). Por ejemplo, en relación a los tipos de participación, ésta puede ser individual, colectiva o mixta.También puede ser sectorial, territorial o global.Los niveles de participación pueden variar desde el acceso a la información, a la deliberación, decisión o cogestión. La estructura organizativa, desde la simplicidad hasta una gran complejidad. Y es que la utilización de las nuevas tecnologías puede abarcar todo el mecanismo o proceso participativo o sólo una parte,fase o dimensión del mismo. Los mecanismos reglados pueden ser, en orden de menor a mayor complejidad:el buzón de sugerencias;el ejercicio individual o colectivo del derecho de petición (STC 242/1993, derecho de participación ciudadana); la información pública en múltiples procedimientos (ley 27/2006, derechos de acceso a información en materia de medio ambiente, por ejemplo); la información pública individualizada que sin tener carácter de notificación permite,por ejemplo,invitar a participar en proyectos sobre determinadas actividades urbanísticas
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(art 39.2 Carta Municipal de Barcelona); la iniciativa normativa popular en materia de competencia municipal, art 70 LRBRL, que obliga al Pleno a debatir y pronunciarse (firma electrónica);la consulta popular,art 71 LRBRL cuya solicitud tiene el carácter de derecho público exigible desde la STS de 14 de noviembre de 1989; las encuestas, art 78 LRJPAC (algunas normas locales prevén incluso su solicitud como el Ayuntamiento de Zaragoza); los plenos participativos (bien para la estrategia previa comunicativa, bien para la participación en tiempo real vía telemática); las asambleas de barrio; las audiencias públicas (p. ej Carta Municipal de Barcelona y otras normas locales); los jurados ciudadanos y otros procedimientos similares; o procesos reglados mucho más complejos como la Agenda Local 21, los acuerdos ciudadanos (A.C. para una Barcelona Inclusiva), los presupuestos participativos o planes participados de inversión (Ayuntamiento de Madrid). A estos procedimientos de carácter reglado y no están todos los posibles- se pueden añadir los procesos no reglados algunos de los cuales, más allá de la presión a los gobiernos, buscan formar parte del diseño y gestión de las políticas públicas: reivindicaciones desde la sociedad civil a través de la auto-organización social (planes comunitarios o de cogestión) o los llamados procesos de radicalización democrática. Habría que añadir la importancia creciente de las redes sociales para el gobierno de nuestros municipios. Lo más probable es que las personas en el futuro se encuentran en redes generalistas pero también utilicen dos o tres redes temáticas de su interés: una de ellas, sin duda, puede ser la territorial local pues le relaciona con el entorno más inmediato con el que vive y aquí la Administración Local puede jugar un papel muy importante (ejemplo, castellonea.com). Y es que las redes sociales otorgan a los usuarios el poder de la inteligencia colectiva que surge de la colaboración y el debate entre muchos ciudadanos.Uno de los retos más acuciantes de nuestros gobiernos locales es cómo gestionar estas redes. Cada día más, nuestros ayuntamiento se están viendo obligados a acudir a una nueva figura laboral,el community manager,encargado de gestionar la presencia de la institución en las redes sociales y los flujos de comunicación, participación y de la
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colaboración entre ciudadanos y gobierno local. 3.- La situación de la transparencia y la apertura en los gobiernos locales españoles. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al mundo local ha seguido en general la misma secuencia que en otros niveles de gobierno.En principio,se incorporaron para meras tareas de gestión, progresivamente se fueron incorporando ordenadores que facilitaron el trabajo administrativo y,con la llegada de Internet, los ayuntamientos poco a poco fueron abriendo sus propias webs en la red.Sólo en los últimos años han empezado a extenderse las vías de comunicación bi o multidireccional con la ciudadanía. Aunque cada vez más se vuelcan servicios locales en la red poco se ha avanzado en materia de transparencia, participación y colaboración ciudadana, esto es, en los tres pilares del gobierno abierto. Para contrastar estas afirmaciones vamos a hacer uso de dos recientes informes que han abordado en parte el estudio de la sociedad de la información en los gobiernos y administraciones locales:por un lado,elInforme IRIA Las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicasdel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2013) y,por otro lado, Informe eEspañainform anual 2013 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España de la Fundación Orange. La presencia de los municipios españoles en la red es manifiesta. El porcentaje de entidades locales que dispone de portal web es del 100% para los municipios de más de 10.000 habitantes,del 89% en los municipios entre 1.000 y 10.000 habitantes y del 71% entre 500 y 100.000 habitantes (IRIA: 114). El porcentaje de centros de la administración local con acceso a banda ancha se sitúa en torno al 95% en los municipios de más de 100.000 habitantes, ronda el 90% en los municipios entre 10.000 y 100.000 habitantes y disminuye hasta el 50% aproximadamente en los municipios de menos de 10.000 habitantes (IRIA: 103). Estos datos ponen en evidencia una cierta correlación entre el tamaño poblacional del municipio y la actividad de nuestros ayuntamientos en la red. En otro orden de cosas, el porcentaje de ordenadores personales conectados a
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Internet es del 90% en el ámbito local y a Intranet de un 74%, existiendo también en ambos casos correlación con el tamaño poblacional del municipio (IRIA:110). En relación a los servicios en red de nuestros ayuntamientos, las variaciones son enormes de unos municipios a otros, también correlacionadas con el tamaño poblacional.El 100% de los municipios grandes cuenta con el servicio de solicitud de volante de empadronamiento completamente implementado online. También es importante el nivel de implantación en estos municipios de los servicios de pago de impuesto sobre bienes inmuebles, de circulación y de licencia de obras. Los porcentajes de implementación disminuyen con el tamaño de los municipios. Así, por ejemplo, respecto al volante de empadronamiento quizá el servicio más sencillo de cumplimentar-, la tramitación completa del servicio incluyendo pago disminuye del 67% en los municipios de más de 500.000 habitantes al 5% de los de menos de 1.000 habitantes pasando un 39% en los municipios entre 30.00 a 100.000 habitantes (IRIA: 115). Los porcentajes, por ejemplo, respecto a la tramitación de licencia de apertura de actividad descienden al 33% en los municipios de más de 500.000 habitantes a porcentajes inferiores al 5% en los municipios de menos de 100.000 habitantes (IRIA: 117). Igualmente, son bajos los porcentajes de municipios con puntos públicos de acceso a Internet,un 12% aproximadamente (IRIA:117). Si consideramos sólo a diputaciones, consejos y cabildos insulares, más del 50% de estas entidades manifiestan disponer de servicios que permiten la tramitación íntegra on-line, lo que representa un importante avance respecto a 2009 cuando sólo era del 34% (IRIA:114). El porcentaje de entidades locales que cuentan con un plan de sistemas y/o seguridad se ha incrementado en el estrato de diputaciones,consejos y cabildos,así como en los municipios de más de 100.000 habitantes superando en conjunto el 50%, mientras en los demás estratos se mantiene o disminuye el porcentaje, en torno al 30% de 1.000 a 100.000, sólo el 9% en los municipios de menos de 1.000 habitantes (IRIA:105). Hay que tener en cuenta que en 2011, el gasto total en de la
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tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración local se sitúo en 849 millones de euros,casi un 10% menos que la cifra alcanzada en 2009, si bien el porcentaje que representan los gastos TIC respecto al presupuesto total de las entidades locales se sitúa en un 1,84%, que representa un ligerísimo incremento de nueve centésimas respecto a 2009 (IRIA: 95). Respecto a la participación ciudadana en la red a través de quejas o sugerencias los datos confirman un descenso en las mismas comparado con 2009 y el hecho de que un 15% de las mismas no obtengan respuestas. En total las entidades locales recibieron en 2011 362.215 quejas vía online y contestaron 306.331 (IRIA:117-118). Estos datos del informe IRIA se ven muy matizados por los aportados por el informe Orange. Hay que tener en cuenta que este segundo informe representa un análisis más pormenorizado de la disponibilidad de servicios públicos online en 25 ayuntamientos españoles elaborado por la Fundación Orange y Capgemini Consulting. Según este segundo estudio, la disponibilidad media alcanzada por los 12 servicios evaluados en estos veinticinco municipios es sólo del 66%. Valladolid sigue liderando un año más el ranking, siguiéndole por orden Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Zaragoza, Gijón, Valencia, Bilbao, Granada, Vigo, Córdoba, Elche, ciudad a partir de la cual el índice pasa a estar por debajo de la media (Orange: 145). Este ranking de 2013, como los de anteriores ediciones de este informe, pone de manifiesto la falta de relación entre el número de habitantes que determinan los dispares presupuestos municipales y el grado de desarrollo online de los servicios públicos (Orange:148). Respecto al tipo de servicio que más se ha desarrollado, son los servicios de temática educativa, seguridad ciudadana y cultural los que más se han desarrollado junto con el de contratación municipal; sin embargo, servicios como inscripción a ofertas de empleo público, subvención para rehabilitaciones o mejoras y servicios de atención a domicilio presentan un largo camino por recorrer. licencia de venta ambulante y servicios de atención a domicilio son de los menos desarrollados
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(Orange:146). Pero quizá lo que más destaca de este segundo Informe de Orange es la lectura crítica sobre la implementación de estos servicios en la red, destacando más allá de la presencia de los mismos, las dificultades para su utilización en términos de comprensión y accesibilidad. Así, los aspectos más destacables del estudio en este sentido serían los siguientes (Orange:149-150): - Se observa en la mayoría de los ayuntamientos, la existencia de catálogos de servicios o trámites incompletos con contenidos poco homogéneos y diseños y agrupaciones dispares,incluso su inexistencia en algunos casos. - Las entidades locales continúan disponiendo de una oferta de servicios en varias de sus páginas web de forma distinta y con contenidos diferentes. A veces sus fichas pueden encontrarse en la sede electrónica (si disponen de ella), en la web de la concejalía o la web de una empresa municipal prestadora del servicio lo que provoca dudas a la hora de saber dónde debe iniciarse su tramitación. - Las entidades locales siguen mostrando cierto desaprovechamiento de sinergias, dado que todas tienen posibilidad de desarrollar sus servicios en etapas superiores simplemente aprovechándose de plataformas ya existentes en administraciones de nivel superior. - Existe dispersión de los contenidos y una desvinculación entre unos contenidos y otros, como en el caso de los formularios descargables,que se sitúan en muchas páginas de las entidades locales al margen de la información de las fichas de servicios existente en la web o sede electrónica correspondiente, sin conexión, ni link,que mencione la existencia de las fichas.Además, muchos formularios normalmente no cumplen ningún estándar web internacional. - Falta de aprovechamiento del potencial de las sede electrónicas. No la tienen 9 de los 25 ayuntamientos analizados.
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- La organización municipal y la oferta de servicios públicos resulta de lo más dispar en los ayuntamientos españoles. La configuración y nomenclatura de sus estructuras organizativas y alojamientos web es heterogénea,por ejemplo,denominaciones de las áreas de gobierno o de las páginas web donde se ubican los servicios. - En algunos municipios resulta difícil obtener los números de teléfono de contacto de las áreas responsables de los servicios. - La búsqueda en la mayoría de los casos es bastante complicada. Cabe resaltar lo poco optimizados que se encuentran los buscadores internos de las páginas iniciales y resto de páginas de las entidades locales. Su frecuente poca visibilidad, poca funcionalidad, inadecuado tamaño de caja, falta de filtros, falta de opciones avanzadas, posibilidad de ver todos los resultados sin paginación, etc., provocan el abandono y realización física del trámite. El informe Orange concluye de forma especialmente crítica hacia la implementación de la sociedad de la información en los municipios españoles: “Por los resultados obtenidos, el nivel alcanzado de del 66% de disponibilidad media online, indica que cinco años después de crearse la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos sigue quedando un largo camino por recorrer en los ayuntamientos españoles. Además de ese nivel limitado de disponibilidad, la mayoría de las 25 entidades locales analizadas presentan carencias en sus catálogos de servicios que distan bastante de ser completos y h o m o g é n e o s e n c o n t e n i d o s, e s t r u c t u r a s y agrupaciones, duplicidades, carencias en las actualizaciones de los contenidos y en sus vinculaciones, carencias en los buscadores, falta de filtros y de opciones avanzadas, falta de unificación de nomenclaturas. Esta situación pone de relieve que hay que seguir realizando un duro esfuerzo para conseguir el tercer objetivo de la Agenda Digital para España de que en 2015 más del 50% de la población utilice la administración electrónica y más del 25% cumplimente formularios en línea”(Orange:151).
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Si estas conclusiones nos parecen alarmantes más nos lo han de parecer si pensamos que los veinticinco municipios analizados en este informe son municipios grandes. Es de esperar que los municipios pequeños y medianos, con honrosas excepciones, encuentren más dificultades para establecer adecuadas ratios de disponibilidad y calidad en los servicios públicos que prestan.A ello hay que añadir que el análisis se centra en los servicios públicos ofertados y su disponibilidad, pero no en cuestiones como la transparencia, la participación y la colaboración de los ciudadanos que, visto lo visto, queda muy lejos del interés de nuestros ayuntamientos y, por ende, de los estudios analizados. No está de más recordar, como se ha dicho, que “las metodologías utilizadas en los estudios de egovernment han sido, hasta fechas recientes, poco más que simples ejercicios de recuento del número de servicios proporcionados online, sin profundizar en la evaluación de las mejoras en transparencia, apertura y rendición de cuentas que aporta, no en si el egovernment está contribuyendo a una mejor gobernanza”(Pina yTorres,2008:90). 4.- Conclusiones. Cierto es que los procesos de cambio de modelo de gobernación no son rápidos, las inercias de anteriores modelos generan reticencias al cambio, especialmente de tipo cultural. A día de hoy, el modelo de gobernanza está lejos de haberse convertido en preminente en el gobierno de nuestros entes locales y los pasos que se han dado son en la mayoría de los casos parciales e insuficientes. No obstante, existen ya experiencias exitosas que nos permiten anticipar una extensión del modelo en los próximos años. Posiblemente, con el tiempo aparecerán también sus debilidades, de las que habrá que tomar buena nota para corregirlas,proponer cambios y adaptaciones o, incluso llegado el caso, modelos alternativos de gobierno de lo local. En definitiva, la accesibilidad web y la inclusión electrónica son en la actualidad, más que un desiderátum,un derecho de todos los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas. Y, siendo verdad que el desarrollo de la sociedad de la información en España en materia de e-administración de la
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se encuentra en parámetros similares o superiores a la media de la Unión Europea en muchos de los indicadores utilizados; sin embargo, existe un diferencial negativo en cuanto a la tramitación efectiva de procedimientos administrativos por parte de los ciudadanos, un diferencial negativo en cuanto desarrollo de la administración electrónica en los niveles de gobierno y administración no estatal y existe un diferencial negativo en lo que se refiere al desarrollo real del gobierno y la democracia electrónica. En concreto en el nivel de gobierno local los datos no son muy halagüeños. Cierto es que nuestros ayuntamientos se han informatizado y que en altos porcentajes están presentes en la red Internet mediante páginas o portales web y disponen de acceso a la misma. Pero estos datos positivos se vuelven descorazonadores cuando se analiza el nivel de disponibilidad de los servicios públicos online o, todavía con mayor razón, el nivel de su calidad o de accesibilidad. Todo ello sin entrar ni siquiera a considerar aspectos tan nucleares para el gobierno abierto y la gobernanza democrática como la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana en la reden la red. Existe, pues, todavía un largo trecho por el que transitar para alzanzar una verdadera inclusión digital y, con ello, un gobierno electrónico democrático efectivo en nuestro país,especialmente en el ámbito local. BIBLIOGRAFÍA CAE 2009: La administración electrónica en las Comunidades Autónomas,octubre 2010. Calderón, C. y Lorenzo, S. 2010. Open Government: gobierno abierto.Jaén:Algón. Corojan, A. y Campos, E. 2011. Gobierno abierto e implicaciones.Madrid:Fundación Ideas. Dahl, R. 2002. La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós. Durán Ruiz, F.J. 2009. “Retos y oportunidades de la
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administración y el gobierno electrónicos:derecho a las TIC y alfabetización digital”, Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte 10: 104125. Font Borràs, N.E. 1998. Democràcia i participación ciutadana: algunes experiències innovadores. Barcelona:Mediterrània. Font, J. y Blanco, i. 2003.“Experiències de participación ciutadana”.Papers de Participació Ciutadana 9. Fundación Orange. 2013. Informe eEspañainform anual 2013 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España.Madrid.Fundación Orange. Fundación Orange y Capgemin iConsulting. 2013. Estudio comparativo 2013 de los servicios públicos online en 25 ayuntamientos españoles. Madrid. Fundación Orange y Capgemini Consulting. Hoffman et al.2012.Las Promesas del Gobierno Abierto. URL:http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/ Llorca Ponce, A.M. et al. 2008.“Influencia de las TIC en la gestión urbana actual: situación en los ayuntamientos españoles”,Economía Industrial 370:153-162. Martín Cubas, J. y Pastor Pérez, J.I. 2011. Las políticas europeas de inclusión electrónica: el caso del área metropolitana de Valencia. Comunicación X Congreso AECPA,7-9 de septiembre. ONTSI. 2013. Estudio sobre objetivos, estrategias y actuaciones nacionales e internacionales en materia de gobierno abierto: modelo general de desarrollo y prospectivas de futuro en España,Madrid:Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. ONTSI. 2013. Estudio de demanda y uso de gobierno abierto en España.Madrid:Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Pascual Esteve, J.M. 2011. El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudades. Valencia: Tirant lo Blanch. de la
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Pina Martínez, V. y Torres Prada, L. 2008. “¿Está promoviendo el e-government una administración pública más transparente? Una visión global”, Auditoría pública 44:89-96. Ramírez-Alujas, A. y Villoria, M. 2011. “Transparencia: marco conceptual”. Revista Democracia y Gobierno Local 15:10-15. Ramírez-Alujas, A. 2011. Ponencia X Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA): “La política en la red”. URL: http://www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress /10/papers/555.pdf Ramírez-Alujas, A. 2011. Gobierno abierto, servicios públicos 2.0 y ciudadanía digital: notas para una nueva agenda de modernización de la gestión. Madrid: Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
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HACIA UNA CIUDADANÍA INTELIGENTE Joan Calabuig Rull La actual crisis que atenaza a Europa, pone sobre la mesa la necesidad de cambiar de paradigma. En esta nueva sociedad, ya no es únicamente la propiedad de los medios de producción lo que determina la posición de las personas en la sociedad, sino que cada vez tiene mayor importancia el acceso y la gestión de los medios de información. En la sociedad actual, el uso cada vez Joan Calabuig más extendido de las nuevas tecnologías de la Rull comunicación y el conocimiento ya han dado lugar a lo Desde 1976 milita en el PSPV- que conocemos como Sociedad del Conocimiento. PSOE y en UGT. En 1983 fue elegido diputado autonómico en las CortesValencianas. En 1985 fue Presidente de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas (IUSY) hasta 1989. Desde 1989 hasta 1995 fue Director General del Instituto Valenciano de la Juventud. En 2004 fue elegido eurodiputado y formó parte de la Comisión de Presupuestos y de la Delegación para las Relaciones con China. En 2008 formó parte de la candidatura por Valencia al Congreso de los Diputados, donde ejerció de coordinador de los diputados valencianos. En 2011 concurrió como cabeza de car tel de los socialistas de Valencia a las elecciones Municipales. Actualmente es el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento deValencia
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Mientras las fuentes de información han crecido exponencialmente, no lo ha hecho así nuestra capacidad de comprensión del mundo. Nos vemos así abocados a confiar en los nuevos generadores de información al mismo tiempo que hemos de discernir si la información que recibimos es pertinente o no para los fines que perseguimos. A menudo demoramos la toma de decisiones porque pensamos que no tenemos toda la información necesaria para poderlo hacer correctamente. Acumular demasiada información antes de tomar una decisión nos puede llevar a la parálisis por el análisis. La ciudadanía del siglo XXI estamos sometidos a una sobrecarga informativa que los expertos denominan infoxicación o infobesidad.Por lo tanto,otorgar relevancia a unos datos frente a otros,a partir de nuestra experiencia personal, es la fuente del nuevo conocimiento. La nueva inteligencia se basa en gestionar bien la información y saber discernir entre lo relevante y lo superfluo. En este contexto, las ciudades inteligentes o Smart Cities, no son sólo la mera adición de diferentes inteligencias individuales, superpuestas una sobre otra. Las ciudades inteligentes han de ser la interconexión de diferentes inteligencias que se ponen de acuerdo para gestionar el bien común. Reduciendo al absurdo: no es tener wi-fi,es gestionar inteligentemente. La Red Española de Ciudades Inteligentes define las Smart Cities como “aquellas que disponen de un sistema de innovación y de trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo de mejora de la eficiencia
económica y política permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano (…) apostando por las industrias creativas y por la alta tecnología” (http://www.redciudadesinteligentes.es) El uso de las (ya no tan) nuevas tecnologías por la mayor parte de la población, nos acerca a ese horizonte de ciudades inteligentes: según el Informe de la Sociedad de la Información de Telefónica de 2012, en ese año existían en España 24,1 millones de internautas, de los cuales, el 72,6% accede a internet a diario. Los internautas que acceden a internet desde teléfonos inteligentes han crecido un 17'5% entre 2010 y 2012 hasta situarse en el 43,4%.(http://elibros.fundacion.telefonica.com/sie12/aplicacion_sie.h tml) En este sentido, España se ha situado como uno de los países con un parque de telefonía móvil más avanzado del mundo, ya que los smartphones suponen ya el 63,2% de los teléfonos móviles que se usan en nuestro país. Según el estudio de Google 2012 Our Mobile Planet: Global Smartphone Users, el 89% de los españoles que posee un Smartphone, lo utiliza a diario para acceder a internet, principalmente para usar los servicios de buscadores (96%) o el acceso a las herramientas sociales digitales (51%). (http://static.hosteltur.com/web/uploads/2012/03/fin al_global_smartphone_user_study_2012.pdf ) El uso del smartphone para acceder a internet todavía es un rasgo característico de los más jóvenes, siempre dispuestos a adoptar nuevos usos y costumbres con más facilidad que los mayores. Sólo el 12% de los internautas de Smartphone tiene más de 65 años. La Administración electrónica, la democratización del uso de internet en el entorno de las Smart Cities, tendrá como uno de sus objetivos reducir esta brecha, haciendo que los más mayores encuentren utilidades que les impulsen a acceder a internet a través de sus móviles: consultar horarios de servicios públicos, de trasporte, obtener citas en el sistema sanitario, etc… Además de mejorar la calidad y la satisfacción del
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usuario de la Administración Pública (el 80% de los usuarios se declaran satisfechos o muy satisfechos con la administración electrónica) el uso de estos servicios mejora claramente la transparencia, la participación y por ende la corresponsabilidad en la gestión de la cosa pública, generando compromiso e identificación del usuario con la administración. En ese sentido, las ciudades inteligentes de la red española están haciendo esfuerzos por mejorar e implementar sistemas de comunicación directa entre los ciudadanos y la administración, como el programa Las Palmas Avisa, que permite a cualquiera con un teléfono inteligente avisar a los servicios responsables de cualquier incidente que ocurra en la ciudad, o Las Palmas Accesible,que sirve para denunciar enviando un aviso cuando alguien encuentra una barrera arquitectónica en algún espacio público de la ciudad. Del mismo modo, los ciudadanos pueden evaluar y calificar la calidad del servicio recibido, lo que puede ayudar a la administración definir sus prioridades y a decidir sus contrataciones de cara al futuro. Las oportunidades que brindan las NNTT para mejorar la eficacia y la gestión de la administración son casi ilimitadas:información en tiempo real del tránsito en las ciudades, lectores de códigos de barra para cualquier tipo de información, pago electrónico de servicios como el autobús o el metro, información sobre aparcamientos o disponibilidad de bicicletas de alquiler, por poner sólo aquellos ejemplos más evidentes. Las empresas al servicio de las ciudades inteligentes son una fuente de empleo que hemos de aprovechar y desarrollar. No sólo generan riqueza sino que también generan prestigio y marca España. El valor añadido de las NNTT en la generación de empleo y riqueza. Según los estudios de The App Date, el 84% de las empresas españolas dedicadas al diseño y desarrollo de aplicaciones para dispositivos inteligentes ha hecho nuevas contrataciones de personal en 2012. El 86% de ellas, además, prevé generar empleo a lo largo de 2013. de la
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El sector de las apps se consolida como generador de empleo en estos momentos de zozobra económica y en EEUU ya se habla de la App Economy,un fenómeno que allí ha generado en torno a medio millón de empleos. Pero ciñéndonos a nuestro país, según http://madrid.theappdate.com/informe-apps/ en España hay 12 millones de usuarios activos de Apps que se descargan diariamente 2,7 millones de aplicaciones. Los madrileños son los que más Apps descargan de España,con un 24%,seguidos de Barcelona,con un 11% yValencia con un 5,2%. Cada español tiene instaladas en su Smartphone, una media de 19 aplicaciones,de las cuales,6 son de pago.El dispositivo inteligente y las aplicaciones también pueden modificar nuestros hábitos de consumo:el 17% de los usuarios de smartphone, lo utilizan para comparar precios y productos cuando salen de compras y el 41% han cambiado de idea u opinión respecto a la compra de un producto al comparar a través del móvil. (http://static.hosteltur.com/web/uploads/2012/03/fin al_global_smartphone_user_study_2012.pdf ) Teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector incipiente,que todavía está en sus primeras fases de desarrollo, nos podemos hacer una idea bastante clara del potencial de negocio y desarrollo que tiene este sector en nuestro país. Se trata por tanto de un dato objetivo y contrastado: el sector de la inteligencia y la innovación está en pleno crecimiento y podría ser fundamental a la hora de transformar el caduco modelo económico español. Las empresas españolas que trabajan en este sector suelen ser pequeñas y medianas que por lo general trabajan para terceros con un personal altamente cualificado.De hecho,al 76% de los responsables de recursos humanos de estas empresas, les resulta difícil encontrar profesionales formados en el mundo de las aplicaciones y con conocimientos adecuados para el desarrollo del trabajo, como ya pasó hace unos años con el desarrollo web. Este dato pone de manifiesto la necesidad de la formación y de que las administraciones incentiven el
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estudio y la investigación en este sector para nutrir un mercado laboral que hoy por hoy es de los pocos que sigue creciendo, que tiene un alto valor añadido y que resulta difícil de cubrir. La naturaleza intuitiva y el formato de las aplicaciones, hace que sus ventas no se circunscriban estrictamente al ámbito español, sino que desde el primer momento sean susceptibles de ser vendidas fuera de nuestras fronteras gracias a plataformas como Apple Store o Play google,accesibles por todo el mundo y desde cualquier lugar del mundo. Las ciudades no pueden afrontar estos retos en solitario. Mas que nunca ahora son necesarias las sinergias para no perder la oportunidad de crecer de manera inteligente. Para ello, es necesaria la colaboración entre los entes públicos y el mundo de la empresa. Las empresas concesionarias de servicios tecnológicos no pueden limitarse a ser meras adjudicatarias de pequeños contratos puntuales y fraccionados. Del mismo modo,hay que estandarizar y homologar los procesos de incorporación a la inteligencia urbana en base a unos parámetros definidos y objetivos claros: no es rentable que cada ciudad desarrolle herramientas similares para objetivos parecidos por su cuenta y riesgo. Hay que coordinar los esfuerzos para que no existan 30 formas diferentes de medir el tráfico en tiempo real en 30 ciudades diferentes. Hay que compartir la información y poner en común los resultados para maximizar el beneficio con el mínimo esfuerzo.Es necesario también por tanto,un ejercicio de generosidad y de cooperación. Esto no sólo redundará en un mejor servicio y satisfacción del ciudadano, sino que además permite liberar recursos económicos que de esta manera se pueden destinar a otras necesidades, como educación, servicios públicos básicos o fomento de la inversión productiva. Las administraciones tienen en su mano la oportunidad de participar de este momento único favoreciendo e incentivando el uso de las NNTT en sus contrataciones. Al mismo tiempo, las empresas adjudicatarias de proyectos vinculados a las nuevas tecnologías deben de la
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comprometerse a trabajar en red unas con otras para verter toda la información recogida en enormes bases de datos que nos muestren en tiempo real cuál es el verdadero pulso de una ciudad. Sólo de esta manera, actuando coordinadamente,haremos realidad el sueño de unas ciudades inteligentes para una sociedad del conocimiento que ya está aquí. Resumiendo Durante mucho tiempo soñamos las ciudades del futuro como enormes urbes con tecnología apabullante y arquitectura futurista,surcadas por naves espaciales y ciudadanos con escafandra. Sin embargo, la ciudad del futuro ya está aquí: es la que ya conocen hoy muchos niños en España. Ciudades en las que mientras esperamos el autobús podemos consultar su horario e itinerario; ciudades en las que podemos encontrar puntos de carga para coches eléctricos; ciudades en las que los edificios se autoabastecen de la mayor parte de la energía que consumen; ciudades en las que se recicla y se reutiliza; ciudades en las que podemos saber frente a qué monumento estamos tan sólo con apuntar nuestro móvil hacia él; ciudades en las que sus habitantes quieren información, visibilidad y protagonismo en los nuevos modelos de gestión y de servicio. Todo esto ha generado un cambio en el modo de percibir la realidad y en el comportamiento personal de la ciudadanía. Si antes la ciudadanía era el destinatario final de las políticas públicas, hoy es parte activa de la elaboración de esas políticas. Y está en nuestra mano ejercitar el uso responsable de la tecnología para pensar y actuar de manera distinta. El dispositivo móvil es la llave que abre la puerta de la ciudad inteligente. Y va a ser muy difícil cambiar esta nueva realidad: las nuevas tecnologías del conocimiento están aquí para quedarse, y de manera inexorable cada vez más ciudades se van a incorporar a este proceso.Nada va a volver a ser como antes.
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¡ ÚNETE A LA CONVERSACIÓN! : CIUDADANÍA Y COMUNICACIÓN EN LA BASE DEL GOBIERNO ABIERTO Y LA POLÍTICA 2.0 José Ignacio Pastor Pérez "Lo que la oruga llama fin del mundo el sabio llama mariposa" Richard Bach
José Ignacio Pastor Pérez Licenciado en Pedagogía y en Psicología. Postgrado en Psicología y Sociología de las Organizaciones: Empresa y Sector Público. Máster en Gestión y Dirección de Admón. Pública. Director Gabinete Psicopedagógico del AyuntamientoValencia. Presidente de ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació), Vicepresidente y Director de la Fundación Societat i Progrés 2001 a 2010.
Nuestro sistema democrático padece una creciente crisis de legitimidad, sumada a una mala valoración y percepción de la ciudadanía, especialmente respecto a la política y a los políticos, que genera descontento, indignación y desafección, que ha crecido de forma acelerada en los últimos años unida a la crisis económica. Algunos han conceptualizado la situación como democracia marchita, (Prieto-Martín 2010). Estamos inmersos en imprescindibles procesos de cambio, que exigen ir más allá de operaciones de maquillaje, incluyendo cambios de paradigma que permitan un nuevo concepto de gobernabilidad. Esta situación de la política viene asociada al desprestigio de los medios de comunicación que padecen también un importante deterioro, grave crisis de audiencia, incluso de supervivencia, generando un círculo vicioso.
Aparece el nuevo paradigma de la democracia 2.0 y del Gobierno Abierto como un nuevo modelo para el sistema democrático.“El Gobierno Abierto fluye desde la convicción de repensar gobiernos y Fundador y Presidente del administraciones, de transformar la sociedad y Fòrum Ciutadà de València contribuir a desarrollar democracias más sanas, de 1996-2000. pasar de las jerarquías a las redes, de asumir compromisos transversales y generar en conjunto con Director del Proyecto XAROP otros actores sociales y económicos valor público” 2007 a 2010. (Ramírez-Alujas 2011). Vicepresidente Consejo de Administración RTVV 20032011.
Entre sus publicaciones: La Gobernanza de la televisión pública: al servicio de la ciudadanía y Una altra RTVV era possible… i serà? “Accountability” del Consell d'Administració 2007-2011. de la
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ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación), a la que pertenezco plantea como eje fundamental para la democracia 2.0 la interacción entre los conceptos de ciudadanía y de comunicación. De hecho “un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que
ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y lo hace de forma abierta y transparente” (Calderón y Sebastián, 2010:11). Por lo tanto es“necesario cambiar el sistema de comunicación existente entre los gobiernos y la sociedad civil, abandonando la cultura del secreto” (Ferrari; Fajardo; Arís;Sánchez y Contreras 2013:356). La actitud de escucha siempre ha estado presente en la democracia, mediante múltiples canales: desde el propio ejercicio del voto, a encuestas, estudios de opinión, consultas, oficinas de atención ciudadana, buzones de sugerencias y quejas, etc. Pero también sistemas mucho más directos, especialmente en el ámbito local, como son las audiencias, los consejos consultivos y de participación, y la atención a las conversaciones producidas en el territorio: plazas, mercados,peluquerías,centros educativos,etc. La conversación requiere ir más allá de la escucha activa, requiere de una ciudadanía activa, como emisor intencionado, que establece relaciones bidireccionales o multidireccionales.“La sociedad civil no solo debe ser consultada, sino que debe interactuar activamente, junto con los gobiernos y los órganos garantes, en mejorar la implementación de las leyes de acceso a la información y políticas anticorrupción, así como participar en el diseño, monitoreo y evaluación de los planes de acción“.(Ferrari et al.2013:356). En la sociedad de la información esas conversaciones se han multiplicado y han trascendido el tiempo y el espacio,se producen también en la red y especialmente en las redes sociales de internet. Su estudio está generando aportaciones muy sugerentes y suelen coincidir en la“necesidad de crear una estrategia social media, en torno a las plataformas Open Government que se desarrollen, tanto en formato web como en cualquier otro.Las plataformas Ogov que se generen en entornos Institucionales Públicos, no pueden crearse de forma aislada o inconexa, sino que requieren de una estrategia global en redes sociales que las envuelva y complemente, y que a su vez forme parte del plan de
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comunicación,que debe llevar aparejado cualquier tipo de implementación Ogov.(Gomez,2013:47-48). No podemos esperar a que la conversación o interacción aparezca de manera espontánea, debe procurarse y perseguirse desde la planificación estratégica mediante la creación de estructuras y procesos sociopolíticos interactivos, estimulando la interacción entre los actores involucrados y la creación de responsabilidades comunes. La conversación mejora a los interlocutores y hace reflexionar a la propia administración convirtiéndola en más inteligente,” una administración que habla es una administración que piensa” ( Brugué , 2009) se trata de potenciar el diálogo, no el chismorreo o los monólogos, como base de una administración deliberativa que afrontará mucho mejor la complejidad frente a las simples receta de la hasta ahora mal llamada “nueva gestión pública”. La actitud proactiva para generar las conversaciones es imprescindible, a la vez que se crean situaciones innovadoras, estando abiertos a la incorporación de aplicaciones y herramientas que van siendo usadas por la ciudadanía para incorporar su uso y los flujos conversacionales. Podemos citar por ejemplo la actuación en Quart de Poblet, liderada des de la Concejalía de Gobierno abierto que ha implementado redes sociales de facebook y twitter, incorporando las interacciones, aportaciones, ideas y planteamientos de la ciudadanía a la gestión del conocimiento municipal. (Martín Cubas,Cuenca Cervera,Montiel Márquez,Pastor Pérez y Medina Cobo,2013.). Las conversaciones e interacciones crecen de manera exponencial gracias al soporte de las tecnologías de la información y de la comunicación serían imposibles sin contar con las nuevas herramientas. Una representación muy espectacular de las mismas podemos visualizarla en Social Media Counts. Incorporar parte del conocimiento que se genera en la red a la gobernanza es una gran oportunidad y un gran reto. La permanente irrupción de nuevas aplicaciones, redes, tecnologías, widgets, gadgets, etc genera nuevas de la
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oportunidades de conexiones que facilitan la interacción. Además hay que destacar que en España la conectividad basada en los móviles ha conseguido un alto nivel de uso. Primero fue la espectacular penetración del teléfono móvil y actualmente la de los smartphones o teléfonos inteligentes, que es del 66%, mientras que la media en EU5 (Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y España) es del 57%. El 81% de los teléfonos adquiridos en diciembre de 2012 eran smartphones. El acceso a redes sociales desde el móvil crece un 45% en un año, todo lo cual nos debe hacer pensar en aprovechar esta penetración y uso. (Comscore, abril 2013). Es necesario empoderar a la ciudadanía, ofreciendo también alfabetización digital y educación mediática, a la vez que formación para la participación. La educomunicación o educación mediática entendida como el “fomentar las competencias participativas y comunicativas para una ciudadanía crítica, profundamente democrática, preparada para vivir del mejor modo en esa sociedad del conocimiento aún en ciernes” (Gozálvez, 2012:15). La agenda digital debería priorizar estos aspectos en sus planes y por desgracia no parece que el sistema educativo tenga intención de incluir esta educación de la ciudadanía. También es necesaria la capacitación del personal al servicio de las administraciones y de los políticos. Los datos abiertos son imprescindibles para la toma de decisiones democráticas.La sociedad del conocimiento requiere que éste circule, se enlace y agregue, a la vez que necesita de los infomediadores y la aparición de nuevos roles profesionales como los community manager en la administración. El desarrollo del periodismo de datos, tan escaso en nuestro entorno, puede jugar un papel fundamental y puede ser un nuevo “nicho profesional” ahora que el paro se ha cebado en el sector; estan apareciendo buenas herramientas como el Manual de datos http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/ o http://poderomedia.org/. A su vez aparecen iniciativas para mejorar la dieta mediática como la iniciativa media.cat . Iniciativas de aplicaciones, proyectos e instrumentos facilitadores de información están apareciendo de manera exponencial, algunas
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presentes en este seminario: Govern Obert, Analizo.info, Fundación CIVIO, Sueldos Públicos, Volem Saber, Delibera, los Desafíos Abre Datos de Medialab Prado, Sunlight Foundation, Hackatons, Loomio. La innovación en la presentación de datos, como la “gamificación”, la manera de visualizarlos, como vincularlos y enlazarlos con otros datos, La aparición de redes territoriales como http://quadernxarop.wordpress.com/, castellonea.com, http://code.demosphere.eu/, http://elotrovalladolid.es, citysens,etc. Un panorama prometedor para la relación ciudadanía y comunicación como base esencial para conseguir gobiernos abiertos. Unámonos a la conversación que ya se está produciendo, creando espacios sinérgicos y de colaboración entre los estudiosos, profesionales, activistas, políticos, trabajadores de la administración y ciudadanía, para potenciar desarrollos e innovaciones que nos permitan conseguir un funcionamiento más democrático y eficaz de nuestra sociedad, realizando una verdadera metamorfosis de crisálida a la belleza de la mariposa. BIBLIOGRAFÍA Martín Cubas,J. ;Cuenca Cervera, J.; Montiel Márquez, A.; Pastor Pérez, J.I.; y Medina Cobo, J. (2013.) Un gobierno abierto y transparente en los municipios españoles: el caso de Quart de Poblet (Valencia). Sevilla XI Congreso de AECPA.La política en tiempos de incertidumbre. Brugué, Q. (2009) Una administración que habla es una administración que piensa. De la gestión pública a la administración deliberativa. (56-71) en Celaya Pérez, G; López Martín, F.; Castel Gaván, S.; Gómez de Valenzuela, T.(Ed).Participación ciudadana para una administración deliberativa. Dirección General de Participación Ciudadana.Departamento de Presidencia.Gobierno de Aragón.Zaragoza. Calderón, C. y Lorenzo, S. (2010). Open Government: de la
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gobierno abierto.Jaén:Algón. Comscore (abril 2013) Spain Digital Future in Focus. El Mercado Digital Español.Madrid. Ferrari,M.I.;Fajardo,M.;Arís,M.;Sánchez,M.y Contreras,J. (2013) Sociedad civil y gobierno abierto: la necesidad de un trabajo colaborativo en Hoffmann, A.; Ramírez Alujas, A. y Bojórquez Pereznieto, J.A.; Coord. (2013) La Promesa del Gobierno Abierto. México. Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública e Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Gomez Roa, J.M. (2013) Las Redes sociales, una potente herramienta al servicio del Open Government., número 121, En IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, Sede INAP. Madrid, España,GIGAPP- IUIOG. Gozalvez,V.(2012) La ciudadanía mediática:Una mirada educativa.Madrid.Dykinson. Prieto-Martín, P. (2010) Las alas de Leo. La participación ciudadana del siglo XX. Madrid: Asociación Ciudades Kyosei http://www.ckyosei.org/docs/LasAlasDeLeo.pdf
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LA GENERALITAT VALENCIANA EN 140 CARACTERES María Díaz Fernández-Alonso
María Díaz Fernández-Alonso Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Máster en Dirección de Marketing Online y Comunicación 2.0 por la Escuela Superior de Negocios y Tecnologías (ESDEN) de Madrid. En su carrera profesional ha co m b i n a d o t ra b a j o s e n medios, agencias y gabinetes de comunicación, tanto del sector público como del privado, además de desarrollar tareas de comunicación y marketing online en plataformas de ecommerce y de contenidos digitales. Desde noviembre de 2011 forma parte del equipo de comunicación del President de la Generalitat, Alberto Fa b r a , e n e l q u e e s l a responsable del área digital y de la gestión de las redes sociales de la Generalitat Valenciana.
Según el estudio de Global Web Index de finales del pasado año, en el mundo existen más de 500 millones de usuarios de Twitter, de los cuales los 'activos', aquellos que entran al menos una vez al mes, representan aproximadamente la tercera parte. En España, las cifras que se barajan según distintos estudios, sitúan la cantidad de españoles de esta red social en los 5 millones de usuarios.El último informe de 1 Adigital sobre el perfil de los españoles en esta red de microblogging arroja datos muy curiosos, como que la cifra de hombres es ligeramente superior a la de mujeres, que ocho de cada diez usuarios tiene estudios superiores, y que casi el 80% tiene una edad comprendida entre los 25 y los 45 años. Una red que cuenta con más de cinco millones de usuarios en España es considerada un 'mercado' a tener en cuenta por las empresas que se mueven en Internet. Las compañías,de cualquier tamaño,saben que estar en Twitter les beneficia de un modo u otro: branding, captación y fidelización de clientes o CRM, entre otras ventajas, y por ello su presencia no ha dejado de ir en aumento en la red de los 140 caracteres de unos años a esta parte. Sin embargo, el desembarco de las administraciones públicas en Twitter ha sido, en general, mucho más lento que el de las compañías privadas. Entre los posibles motivos podría señalarse el desconocimiento de las ventajas de estar presente en esta red social o cierto temor a cometer errores en ella (algo relativamente frecuente y que conlleva efectos perjudiciales para la 'marca'). Pero, más allá del respeto a lo desconocido o del miedo a equivocarse, una administración pública, por definición,tiene que estar cerca de los ciudadanos y,por tanto, presente allá donde las personas se encuentren. Nadie abriría una oficina de atención al ciudadano en un desierto o un ayuntamiento en un terreno Asociación Española de la Economía Digital.Estudio“Uso deTwitter en España”.Mayo 2012
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inaccesible porque las administraciones tienen que estar donde estén las personas.Y la realidad es que a día de hoy el 8% de la población española mayor de edad se encuentra enTwitter. Una vez vista la necesidad de estar cerca de las personas, no hay que obviar que las ventajas del uso de Twitter para una administración son muy numerosas. Destacan,por ejemplo,la gratuidad y la inmediatez en la comunicación: una herramienta a coste cero es accesible para todas las administraciones y también para todos los ciudadanos y permite una comunicación inmediata entre emisor y receptor. Pero no sólo eso. También facilita el contacto directo, sin intermediarios, lo que promueve una interacción con el usuario sin interferencias. Esta comunicación inmediata y directa, logra a su vez que la administración obtenga 'inputs' sobre distintas cuestiones en un breve plazo de tiempo, lo que hace posible corregir o modificar en el mismo momento el curso, por ejemplo, de ciertas acciones comunicativas o campañas en la red social. Si comparamos la presencia en Twitter de las distintas administraciones autonómicas españolas,vemos que la Comunidad Valenciana se encuentra entre las cinco primeras tanto en número de tuits emitidos como en número de seguidores. Además, es la autonomía que sigue a mayor número de ciudadanos, con el objetivo de abrir la opción del mensaje directo entre la Generalitat y el usuario de forma privada. La Generalitat Valenciana abrió su cuenta de Twitter en verano de 2010, con un perfil cuyo usuario era @generalitat_info y desde el que se volcaban en valenciano los titulares de los comunicados de prensa que se lanzaban desde el gabinete de Comunicación. Un año después, con la llegada de Alberto Fabra a la Presidencia de la Generalitat, se puso sobre la mesa la necesidad de incluir las redes sociales en el conjunto de acciones de comunicación de la administración autonómica valenciana. Es en enero de 2012 cuando se pone en marcha el departamento de comunicación digital y de redes sociales de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de aprovechar los canales online para difundir la
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información que se genera desde la administración autonómica. En ese momento, la cuenta oficial de Twitter también experimenta una serie de cambios: se rebautiza la cuenta,incluyendo la marca GVA dentro del nombre de usuario, y pasa a llamarse @gva_info, lo que no sólo coincide con la imagen corporativa de la Generalitat, sino que ahorra varios caracteres. A partir de ese momento, además, se empieza a tuitear indistintamente en castellano y valenciano, las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, y se comienza a seguir a todos los followers. Con esta última decisión se abre la posibilidad de que los seguidores utilicen los mensajes directos (y privados) para hacer las consultas que deseen a la Generalitat. Respecto a los contenidos, la cuenta de Twitter de la Generalitat ya no se nutre únicamente de los comunicados de prensa del Consell,sino que empieza a hacer uso de las peculiaridades propias de este nuevo canal de comunicación. A las tradicionales notas de prensa se suman otros elementos como la información de servicio público, las encuestas de participación ciudadana o la difusión de material audiovisual (vídeos o fotografías), abriéndose además la vía de 'atención al ciudadano' de manera directa que antes se llevaba a cabo a través de las oficinas PROP, otros puntos físicos de información y del teléfono 012. El canal de Twitter como servicio público ofrece información en tiempo real sobre inclemencias meteorológicas destacadas, cortes de carreteras u horarios y lugares para donar sangre, entre otros. Muchas de estas informaciones se realizan mediante retuits a las cuentas de las consellerias pertinentes, con objeto no sólo de dar difusión al contenido, sino también de dar a conocer entre los seguidores las distintas cuentas dependientes de la Generalitat. Al igual que las empresas privadas han empezado a utilizar sus cuentas de Twitter como canales oficiales de atención al cliente, también en las administraciones públicas se lleva a cabo la atención al ciudadano a través de esta red social.De hecho,cada vez son más los ciudadanos que realizan sus consultas a través de la cuenta de @gva_info, bien vía mención o bien con un mensaje directo,una opción que se contempla debido a de la
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que la cuenta de la Generalitat sigue a todos sus followers. Las dudas de los usuarios se intentan contestar en un plazo máximo de 24 horas y mediante el mismo formato en el que han sido formuladas. Los principales asuntos sobre los que se pregunta vía Twitter son del área de educación: plazos y fechas de convocatorias son algunas de las cuestiones más demandadas. Las particularidades de Twitter permiten además, a través de distintos hashtags (o etiquetas) realizar pequeñas campañas a coste cero, que puedan ser atractivas o de interés para la ciudadanía. El 25 de abril de 2013, con motivo del Día de Les Corts Valencianes, el perfil de la Generalitat lanzó una campaña para difundir curiosidades, anécdotas y datos relacionados con nuestra comunidad autónoma. Información lúdica y singular para dar a conocer detalles de los distintos rincones de la Comunidad Valenciana desconocidos por muchos ciudadanos. Esta campaña, exclusiva para Twitter,bautizada como #SapsQue en sus tres meses de duración y sus más de 100 tuits, alcanzó una audiencia media real mínima de 15.000 usuarios y cerca de 29.000 impresiones al día. Atención al ciudadano,información de servicio público, comunicados de prensa completados con material audiovisual, encuestas ciudadanas y anuncios de interés son algunos de los contenidos que aportan valor añadido a la cuenta de Twitter de la Generalitat Valenciana. Las administraciones públicas deben continuar, día tras día, explorando las potencialidades de esta red social con el objetivo de aumentar la calidad de la información que difunden y optimizar el servicio público a través de este canal.
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92 DE LA POLÍTICA VERTICAL A LA POLÍTICA HORIZONTAL Amparo Folgado Tonda
Amparo Folgado Tonda Diplomada en Trabajo Social, lleva vinculada al Partido Popular de Torrent desde muy joven. Comenzó a trabajar como asesora del Grupo Popular en 1995 en el Ayuntamiento de Torrent y tras las elecciones municipales de 2007, que otorgaron la Alcaldía a MªJosé Català, entró a formar parte del equipo de gobierno como delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior e Información. En enero de 2012 asumió la alcaldía de Torrent, tras el nombramiento de MªJosé Català como consellera de Educación.
Actualmente, tanto España como nuestro entorno internacional más cercano, sufre una grave crisis económica a la que se suma otra de semejante intensidad respecto a los valores. Esta coyuntura ha hecho que la ciudadanía perciba con cierto recelo y desconfianza la imagen de los políticos,que a día de hoy y desde hace aproximadamente cuatro años son considerados uno de los principales problemas en las encuestas y barómetros de opinión que se realizan regularmente. Este hecho es consecuencia de años con altas tasas de crecimiento económico, que permitían realizar todo tipo de gastos a cuenta del erario público, gastos adquiridos a través de un endeudamiento que ha aflorado años después, ya con la crisis económica iniciada, y que llevó a una situación de derroche y utilización equivocada de los recursos públicos, llevándose a cabo determinadas acciones cuestionables moralmente. Además esto ha ido acompañado de un progresivo distanciamiento del estamento político de la vida cotidiana y la esfera ciudadana, centrándose en sus propios intereses y dejando a un lado los problemas y asuntos del común de la ciudadanía. Esta situación ha de invertirse, regresando a los orígenes de la política, donde los servidores públicos se mantuvieran en continuo contacto con la ciudadanía, produciéndose el sistema de inputs- outputs, donde las políticas públicas se correspondan con las peticiones y necesidades de la ciudadanía. 1.- Canales de comunicación con el ciudadano. El Ayuntamiento deTorrent ha sufrido durante el último lustro un proceso de modernización, con la implantación progresiva de nuevos canales de conexión Administración-Ciudadano, lo que ha supuesto una nueva manera de acercar el proceso de toma de decisiones a la ciudadanía,democratizándolo y pudiendo implementar iniciativas y políticas más precisas y adecuadas a las necesidades comunes. Esta nueva forma de conectar al ciudadano y la
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Administración local se basa principalmente en la igualdad entre los dos actores, es decir, la política horizontal, donde el ciudadano y el representante público se encuentren en el mismo escalón, es decir, que ambos se encuentren en igualdad de condiciones. Este nuevo modelo de Administración local lo encarna perfectamente la política de calle, el recorrer la ciudad de extremo a extremo, al igual que en una campaña electoral, siendo la política más cercana, y con ello la más efectiva. Permite la interacción de tu a tu entre el político y el ciudadano,la forma más cercana de recabar ideas y conocer de primera mano las necesidades y problemas que afectan a la ciudadanía. Esta política se compone de visitas a todo tipo de colectivos, ya sean ciudadanos, lúdicos, centros educativos… y principalmente con la presencia en la calle día a día, cada jornada por una zona diferente, intercalándola así con tarea de despacho en sede administrativa, lo que permite una manera más informal de comunicación con el ciudadano,fuera de la rigidez y lentitud del cauce administrativo tradicional. Dentro de esta política también surgen iniciativas como la llevada a cabo en Torrent, donde se ha creado el “Consell del Xiquet”, que es un órgano formado por niños representantes de todos los centros educativos del municipio que se reúne periódicamente en sede municipal, para abordar y recoger ideas y propuestas de los más pequeños para mejorar la ciudad. Esta iniciativa permite iniciar a los niños en las prácticas de la política y la toma de decisiones colectivas, inculcándoles los valores democráticos y del sano juego político en favor de una futura sociedad más formada en el respeto y la cultura democrática. Un elemento diferenciador y renovador en este nuevo modelo de Administración más cercana y democrática son las Nuevas Tecnologías, y más concretamente Internet. Dentro de este espacio que avanza día a día a velocidades insospechadas, y que aún tiene mucho por descubrir, se inserta la Administración electrónica. El Ayuntamiento de Torrent en el marco de su Plan INNOVA 2013 ha llevado a cabo diferentes acciones durante los últimos años para adaptar totalmente la Administración local a la red y al uso de la Nuevas Tecnologías. En este plan se ha creado una página web
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municipal con un sinfín de herramientas y utilidades para el ciudadano. Ejemplo de esto es el apartado “Escriu a la Alcaldessa”, donde los ciudadanos pueden enviar todo tipo de preguntas y propuestas a la Alcaldía de la ciudad, siendo contestada esta consulta en la mayor brevedad posible con una solución al problema planteado, ya sea directamente o emprendiendo acciones tendentes a profundizar en el problema y solventarlo. También existe un apartado denominado “Queixes i suggeriments”donde se pueden enviar todo tipo de quejas y sugerencias, siendo estas dirigidas al departamento correspondiente según el asunto o tema tratado en la consulta. Con estas dos herramientas se pretende facilitar las relaciones ciudadanoAdministración, evitando que el ciudadano tenga que desplazarse y emplear su tiempo en acudir a sede municipal, pudiendo solucionar el problema que le afecta desde la pantalla de su ordenador, smartphone, tablet… En el uso y aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías también ha surgido un nuevo elemento dinamizador y novedoso como son las Redes Sociales. Dentro de esta categoría han tomado una gran importancia y llevan en auge estos últimos años tres plataformas, que son: YouTube, Facebook y Twitter. El primero de ellos, YouTube, fue un elemento novedoso en las Elecciones Locales de 2011, ya que se utilizó para realizar un videoresumen diario de la agenda de la candidata a la Alcaldía,donde se podía seguir los actos y eventos que se realizaban en esos días. Esto pasó a la Administración local, subiendo el Ayuntamiento a esta red social un videoresumen con las impresiones de la Alcaldesa y concejales de los actos y eventos más relevantes que se realizan en Torrent, además de los proyectos y actuaciones que lleva a cabo el equipo de gobierno en la ciudad. Pero el instrumento que ha dinamizado totalmente las relaciones políticociudadano en Torrent ha sido Facebook, donde los ciudadanos están en continua comunicación con la Alcaldesa. Facebook, gracias a su facilidad de uso y la igualdad de condiciones entre interlocutores que establece, se ha convertido en un espacio donde los ciudadanos preguntan y hacen llegar a la Alcaldesa,a su perfil, todo tipo de dudas y quejas, que en la medida de lo posible son resueltas y comunicadas en el perfil del ciudadano que se ha puesto en contacto con ella. Las Redes Sociales han permitido c ambiar totalmente la de la
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concepción de la política, pasando de una visión vertical a una visión horizontal, donde el ciudadano se encuentra en igualdad de condiciones con el ciudadano. 2.- Estrategias políticas vinculadas a la política horizontal. El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha la iniciativa “Torrent, Ciutat per a les Persones”, siendo el objetivo de esta iniciativa el dar solución y centrar la mayor parte de los esfuerzos en solventar y solucionar los problemas y obstáculos cotidianos que la ciudadanía manifiesta a diario a través de los instrumentos de la web municipal (Escriu a la Alcaldessa i Queixes i suggeriments), directamente a la Alcaldesa en entrevistas o reuniones y por medio de perfiles en Redes Sociales. Son pequeños problemas, fáciles de solucionar, casi siempre con un coste mínimo para la Administración, ya que son actuaciones menores, siendo asumido sin ningún tipo de problema por las partidas presupuestarias del área relacionada,pero que afectan al común de la ciudadanía.Con esta iniciativa,el ciudadano se siente atendido por el equipo de gobierno, ya sea directamente por la Alcaldesa o el concejal del ramo. Estas actuaciones, aunque mínimas, son efectivas, solucionan el problema que afecta al ciudadano, teniendo un beneficio a nivel del político y de la gestión del equipo de gobierno, ya que el ciudadano percibe que sus problemas y consultas se tienen en cuenta, mejorando la confianza y visión del político. Dentro de la implantación de la política horizontal en la ciudad, el Ayuntamiento de Torrent ha venido llevando a cabo actuaciones e iniciativas encaminadas a implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas. Ejemplo de esto es la encuesta por vía telemática que se realizó en 2009 para someter a votación el nombre de la principal avenida de la ciudad. La promesa electoral de las elecciones del año 2007 de cambiar el nombre de la avenida principal, entonces Avda. País Valencià, al final se convirtió en una encuesta abierta para que los ciudadanos de Torrent decidieran si seguir con el nombre de hasta entonces o cambiarlo por otro, saliendo de esta encuesta el cambio de nombre de
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avenida,que al final quedó como Avenida alVedat. En este marco, el Ayuntamiento de Torrent también ha emprendido un camino para lavar la imagen de esta institución, haciendo más transparente la gestión municipal. Una de las principales actuaciones que se han llevado a cabo para ello ha sido la modernización de la pagina web municipal, con el Plan INNOVA 2013. Se ha creado una Sede Electrónica permitiendo realizar el 90% de los trámites municipales simplemente con el DNI electrónico, pagar tributos municipales o inscribirse en actividades con aforo limitado. También se están llevando a cabo ruedas de prensa periódicas para informar sobre el estado del Plan de Austeridad iniciado en 2011, explicando las medidas llevadas a cabo hasta la fecha y el ahorro que han supuesto para las arcas municipales, siendo este actualmente de 4´5 millones de euros y habiéndose conseguido en 2012 el déficit 0 (antes de lo previsto).Esto se dirige a mantener una buena relación, de colaboración, con los medios de comunicación, que al fin y al cabo siguen siendo el principal canal a través del que se informa la ciudadanía. Estas acciones han llevado a reconocer en 2012 por la ONG Transparencia Internacional a Torrent como uno de los ocho municipios de España más transparentes. En la evaluación hecha por Transparencia Internacional, Torrent ha sacado la máxima puntuación en todas las áreas estudiadas (información sobre la Corporación Municipal, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia Económico- Financiera, transparencia en las contrataciones de servicios, transparencia en materia de urbanismo y obras públicas y parámetros de la nueva Ley de Transparencia). También ha sido reconocida Torrent con el Premio Sapiens 2012, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana,como la mejor Administración Pública por su Plan INNOVA 2013 de modernización de la Administración. 3.- Conclusiones. Los políticos están al servicio, y gobiernan, para una ciudadanía que cada vez más está más formada, que tienen a su abasto un sinfín de vías y canales de de la
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comunicación,que a veces no sabe utilizar o interpretar. Por eso, desde las instancias políticas se ha de aprovechar el extenso elenco de medios y canales de comunicación, pero es tarea ardua escoger y elegir correctamente el canal adecuado para transmitir las acciones e iniciativas llevadas a cabo por los equipos de gobierno para que esta información llegue impoluta y sin tergiversar. La ciudadanía demanda a diario transparencia y buen hacer en la labor de gobierno,siendo la única manera de demostrar estas características a través de la cercanía y la conexión directa con el ciudadano. La ciudadanía prefiere que se le diga la verdad sobre un tema, aunque esta sea negativa,antes que se le embauque con tretas y artimañas que escondan una verdad dolorosa.También se demanda a nivel de la ciudadanía que sus pequeños problemas cotidianos sean resueltos real y efectivamente, además de recibir un trato cercano y directo de sus representantes políticos. Esto sólo se puede conseguir situándose el político al mismo nivel que el ciudadano, con una relación directa de tu a tu con él, ejerciendo una política horizontal, ya que al fin y al cabo todos, políticos y ciudadanos, comparten e interactúan en los mismos espacios y escenarios,ya sea en la vida real (calle,lugares públicos) o en la red (Redes Sociales,foros).
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Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la política. Y puede ser que sea el más grande que tenga que afrontar desde la concepción moderna de la democracia. La evolución es acelerada e imparable. ¿Quien cree que podemos continuar con unas organizaciones políticas heredadas del mundo de producción fordista? (Revelli,2013).
Maestro de Educación Física.
Si el famoso debate de Nixon contra Kennedy, en que los radioyentes dieron como vencedor al candidato Concejal del Ayuntamiento de diferente al que dieron los televidentes, abrió, dice el Sueca (1999-2007). mito, una nueva era de la comunicación política, el Alcalde de Sueca (2007-2011). acceso universal a las redes de la información por fuerza tiene que abrir ha abierto- otra totalmente diferente. Y Actualmente es concejal del de transformaciones mucho más profundas. Ayuntamiento de Sueca.
Hemos pasado de una concepción pasiva del ciudadano, e incluso del militante, a otra activa. La Primavera Árabe nos mostró que la gente podía crear una red de información alternativa a los medios de propaganda del régimen. Islandia nos mostró que los Militante histórico de diversos ciudadanos podían participar directamente en la partidos nacionalistas desde redacción de una Constitución.Y en nuestra casa el 15M laTransición. nos mostró el camino para desvelar consciencias. (Castells,2012). Diputado de la X Legislatura en las Cortes por la coalición Compromís-Equo, por la circunscripción deValencia.
1.- El uso de las redes en Compromís Las redes sociales y las nuevas tecnologías suponen para Compromís una herramienta para poder hacer lo que siempre hemos hecho: interactuar con la gente, darles la palabra,escuchar sus propuestas; en definitiva, hacer la política desde abajo hacia arriba. En este sentido, nuestra adaptación ha sido rápida y natural porqué nos ha dado un nuevo medio a través del que podíamos hacer con más repercusión, y llegando a más espacios, lo que siempre habíamos hecho. El mundo 2.0 no es diferente del mundo 1.0, si se me de la
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permite la comparación. Las redes sociales, las relaciones sociales, son las mismas sucedan en la plaza del pueblo o enTwitter. En este sentido, cuanto más cercana era la política, en Compromís siempre habíamos funcionado mejor. Porqué la gente ponía cara y ojos a las propuestas, les llegaba el trabajo y la iniciativa más y mejor. Es el caso de nuestros concejales y colectivos locales, donde siempre ha estado el músculo de Compromís. Ahora los campos de la política horizontal se amplían y nosotros nos sentimos cómodos. Y cuanta más horizontalidad y menos dependencia de los medios de comunicación tradicionales, que obedecen a unos intereses legítimos, pero igualmente marcados-, menos bipartidismo y más pluralidad de opciones. Porqué la sociedad ha sido siempre plural: ahora tiene las herramientas para constatarlo. En este sentido, puede haber muy fácilmente una correlación entre la universalización de la red en los hogares de los valencianos y el crecimiento de Compromís, ya que ha sido una manera de saltar la barrera de la dependencia con los medios de comunicación, unos medios que no saben ubicar un proyecto dinámico como es Compromís, ya que rompe con las estructuras del reparto bipartidista. Además,para nosotros esta manera de comunicar tiene un valor añadido, ya que son las personas con cara y ojos, nuestro mejor activo, quien hace de “embajador" del mensaje de Compromís y quien es, en este sentido, "el mensaje" en si mismo. 2.- Experiencias participativas y de transparencia de Compromís. ¿Pero, como llevamos a cabo desde Compromís esta participación ciudadana a través de las redes? En Compromís incidimos en los canales de comunicación directa,como pueda ser habilitar un web participativo o potenciar el uso de las redes sociales como Facebook,Twitter oYouTube.
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Un buen ejemplo de eso es la intervención en el Debate de Política General, donde saqué los sobres a Rajoy: la repercusión en las redes sociales creó una audiencia igual o mayor a la que siguió ese día el debate por televisión.(A día 15 de mayo de 2013,supera las 250.000 visualizaciones enYouTube). Pero no se trata de momentos exitosos de difusión de nuestras actuaciones o propuestas, sino de ir a la raíz y poner a disposición de la ciudadanía herramientas para poder interactuar o participar en Compromís.Porqué es nuestra manera de hacer política. Hicimos un programa electoral participativo (http://joanbaldovi.com/programa) y a nuestro web tenemos habilitado el fórum Participa! (http://coaliciocompromis.net/actua/participa/), donde se reciben sugerencias e ideas o se responden todas las dudas referentes al partido. Asimismo, también disponemos de la Oficina Parlamentaria (http://parl.compromis.ws), con la que buscamos que el ciudadano pueda tener una interacción directa con el cargo (diputado al Congreso, a Corts, Diputaciones, concejales, etc.). Escuchamos lo que nos dice la ciudadanía y lo llevamos a las instituciones, desde propuestas generales a problemas concretos. Como evolución, desde junio de 2012 funciona nuestra Oficina de Transparència i Alliberament de Dades, el portal Volem saber (www.volemsaber.com). Volem saber nace de la voluntad de hacer gobierno abierto desde nuestras posibilidades actuales.Mientras no haya una Ley de Participación que permita que los ciudadanos puedan preguntar directamente a las instituciones, desde Compromís ponemos a disposición nuestros grupos institucionales para poder suplir la falta. De hecho, esta divisa es la leyenda con la que encabezamos- dentro de la exposición de motivoslas preguntas parlamentarias que registramos surgidas del portal Volem saber y,en este sentido,no quiere decir que por necesidad- y siempre dentro de unas líneas básicas que no se pueden traspasar, por descontadoCompromís haya de estar de acuerdo o compartir la de la
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petición de información que nos solicita el ciudadano y que tramitamos, sino que Compromís se deja utilizar como instrumento de la ciudadanía para llegar allá donde el actual marco legislativo no lo permite. El ciudadano que pregunta recibe la aprobación de su petición de información (siempre que se le deniega se le da un razonamiento) y tiene una petición en curso formal que puede compartir por las redes durante todo el proceso. Asimismo, también se le notifica cuando se ha presentado efectivamente y se le envía el documento; y, en caso de recibir respuesta, se actúa de igual modo. 3.- Compromiso deTransparencia. Finalmente, uno de los valores fundamentales que nos identifican como Compromís es el de la transparencia. Como ejemplo más concreto- y puede ser que el más llamativo para los tiempos en los que estamos viviendo,Compromís fuimos los primeros en hacer públicos los sueldos y retribuciones de nuestros y nuestras representantes públicos porque entendemos que se trata de un derecho básico del ciudadano. (http://coaliciocompromis.net/info/transparencia/sou s-publics/) Así pues, al web de Compromís se puede consultar detallado el sueldo de nuestros diputados, concejales, personal técnico eventual, subvenciones de grupo institucional, etc.Tanto los que cobran como los que no lo hacen,porque a menudo se utiliza la demagogia para recortar democracia, cuando la gran mayoría de los concejales no tienen salario y escuchamos que sobran para conseguir un supuesto ahorro. Por otro lado,para nosotros es tan importante un síndicportaveu de las Corts como un representante en un Consejo Agrario Municipal, y por eso se detallan todos estos servidores públicos de Compromís, quienes en la práctica totalidad de las veces tienen que hacer su función de manera altruista, ya que no reciben ningún tipo de retribución por llevarla a cabo. Más allá de eso, desde Compromís también pensamos que nuestro web es una herramienta importante por tal
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de optimizar la comunicación y lo que en el mundo anglosajón se dice accountability, es decir, la rendición de cuentas,la responsabilidad. Así pues, en nuestro web hay un organigrama de Compromís al teu municipi en que se detalla quien o que es Compromís en cada nivel y quienes son nuestros concejales y concejalas. También se puede encontrar un registro de iniciativas y actividades que tramita Compromís,desde la Oficina de las Corts, al Congreso, Diputaciones, etc., funcionando también en red, con los diferentes webs locales y comarcales. Finalmente, las cuentas de la coalición, así como la agenda de los diputados y diputadas son públicas. BIBLIOGRAFÍA Castells,M.(2009).Comunicació i poder.Barcelona:UOC. Castells, M. (2013). Reti di indignazione e speranza. Milà: Università Bocconi Editore. Calderón,C.(2012).Otro gobierno.Granada:Algón. Revelli,M.(2013).Finale di partito.Torí:Einaudi.
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EL PANORAMA DIGITAL EN LA POLÍTICA VALENCIANA: USO Y ABUSO Héctor González Pérez de Villar “El coche oficial de Rita Barberá acaba de atropellar a una turista italiana y le ha hecho sangre” (12,34 horas).“Dicen que ha sido el coche que iba delante” (12,40). “El coche oficial de Rita Barberá atropella a una turista italiana. Barberá debería estar en las Cortes” (13,07). “OK. Nos hacíamos eco de un periodista”(13,34). Esta secuencia cronológica de tuits (pág. 17. Diario Levante-EMV 19 abril 2013) revela la precipitación en la emisión de una información, hasta el punto de no contrastarla, y cómo, a pesar de haberse confirmado su carácter erróneo por una rectificación sutil del propio autor, una fuerza política la divulga posteriormente (mensajes de 13,07 y 13,34 horas). Y no solo la difunde por internet después de haberla enmendado la fuente principal, sino que esa formación no se retracta y atribuye el fallo exclusivamente al aludido periodista. Eso sí, en su primer tuit (13,07) no había mencionado a que“se hacía eco”de otro tuitero. Ratificado el gazapo, surge una inexorable primera pregunta:¿Hasta qué punto resulta beneficioso para un partido lanzar acusaciones políticas por redes sociales sobre una base no solo no contrastada, sino que se ha demostrado incierta? Y podríamos ir más allá con una segunda pregunta: ¿Beneficia o puede llegar a ser contraproducente, tanto para un partido como para un político en particular prodigarse en redes? Desde luego, los 13.000 seguidores de Coalició Compromís, formación que difundió en su cuenta el supuesto percance,juzgarán. Como también lo harán los 2.400 seguidores del diputado y portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda (@RafaMaluenda). Su cuenta dispara constantemente tuits de apología del propio partido,con loas continuas a sus líderes,y ataque visceral a los rivales. Entre los parlamentarios más veteranos del hemiciclo autonómico, ha sabido adaptarse a la novedad de las redes sociales, aunque sea para rendir pleitesía y expandir las ideas oficialistas
Héctor González Pérez de Villar Dirige el Gabinete de Comunicación, a nivel autonómico, del sindicato CSI·F. Columnista semanal en la actualidad en los diarios ABC, 20 minutos y en la página digital diariocriticocv.com, ha ejercido previamente de jefe de sección en Diario de Va l e n c i a ( 2 0 0 0 - 2 0 0 6 ) y Valéncia Hui (2006-2008). También ha trabajado, como colaborador y redactor, en el diario Las Provincias y en Valencia-fruits, semanario especializado en agricultura. Licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal H e r r e ra - C E U S a n Pa b l o, preside la Asociación Profesional de Periodistas Va l e n c i a n o s d e s d e s u fundación,en 2011.
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de su partido. Cumple a la perfección con el perfil definitorio de su cuenta:“vice sindic del Grupo Popular en Les Corts. Presidente Comisión Coordinación, Organización y Régimen Institucional de la Generalitat. Pertenece ejecutiva PPCV”. Ni una sola alusión a otra faceta de su vida. La decisión del grupo popular de obligar a sus 55 diputados a disponer y actualizar su propia cuenta en twitter no deja de resultar controvertida. ¿Cualquier persona, por ocupar un escaño, tiene la capacidad o la predisposición para manejar una cuenta digital? La respuesta evidente es ´no´. Resumir ideas en 140 ideas no resulta fácil. Otra cuestión es que reciban una selección de mensajes oficiales de esa dimensión, vuelquen uno de ellos en su cuenta y lo cuelguen en internet. En este caso, como en el citado de Maluenda, incurren en la limitación de centrar toda su vida y actividad en su faceta efímera de políticos. La castellonense Carmen Amorós (@Carmen_Amoros) se vio recientemente envuelta en una polémica por el siguiente tuit:“Como siempre, Compromís haciendo el numerito, carteles con número. Apuntémoslo, igual es el gordo de Navidad”.La cifra a la que se refería (720.000) representaba el número de personas desempleadas en la Comunidad Valenciana.La diputada del PP y portavoz de Igualdad y Violencia de ese partido en Las Cortes Valencianas, recibió una aluvión de críticas que le indujo a borrar su desafortunado tuit y a publicar otro para que sus 1.200 seguidores sepan que“nunca,y digo nunca,bromearía con un tema como el paro.No es justo las barbaridades hacia mi persona”. Lo hizo tras insistir en que, desde su escaño, no podía leer bien la cifra. Esa falta de visibilidad no supuso obstáculo alguno para que la comentara. Después, en otro tuit, matizaba que “no sabía a qué se refería el número”. Ignorancia además de escasa visión. La precipitación por volcar contenido y el afán por tener presencia digital induce a este tipo de situaciones. Insisto, ocupar un escaño no equivale a tener habilidad ni para escribir ni para difundir información. Y sus errores llevan la firma que ella explica en su perfil, la de una diputada por Castellón. Por tanto, indirectamente de la
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resulta perjudicado el PP que, paradójicamente, insta a esa profusión tuitera. Eduardo Ovejero (@eduardoovejeroa), compañero de bancada, obedece la instrucción de su partido aunque lo hace con ciertos matices de rebeldía.Su primer tuit ya constituye una declaración de intenciones: “procuraré ser libre”.Su perfil está poblado de mensajes de defensa de las políticas de su formación pero,como versos libres o sueltos, también incluye un mensaje de defensa del perfil de Mandina como líder de futuro para el PSOE e incluso una frase con mucho calado: “si la persona no sabe determinar el contenido de su propia información le será impuesto por otros y quedará reducido a objeto”. ¿Velada acusación?. Frente a este impulso de cuentas en twitter -red social en la que más se prodigan los cargos públicos-, en demasiadas ocasiones escasamente natural, por parte de diputados de diferentes partidos -de algunos más que de otras-, emerge la figura de político de segunda fila que supera con creces a sus superiores en actividad y en seguidores.Un nítido ejemplo lo encontramos en la pugna digital en el Ayuntamiento de Valencia entre tres asesores municipales: Giuseppe Grezzi (Compromís. 2.386 seguidores), Luis Salom (PP y 5.440) y Vicente Inglada (PSOE.1.594 seguidores). Los tres comentan cada día la actualidad municipal, autonómica y nacional y no dudan enzarzarse a debatir con quien se preste. Incluso en bastantes ocasiones replican, con menciones, a periodistas que han publicado alguna información. Van más allá. Salom constituyó uno de los precursores del bulo referido a que el futbolista Iniesta donaría su prima por ganar la Eurocopa 2012 a damnificados por el incendio de Cofrentes. Mientras, Grezzi no ha dudo en criticar a la alcaldesa de Valencia difundiendo datos personales como la matrícula de su vehículo. En los casos citados actúan tanto como defensores de su partido como a modo de impulsores de su propia m a r c a p e r s o n a l ( @ V i n g l a d a , @ Lu i s S a l o m o @giuseppegrezzi).Hasta el punto de que el aludido Luis Salom señala en su perfil que gestiona su cuenta "con libertad absoluta", para, acto seguido, añadir que
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"demostré ante la Justicia que Enric Morera miente". Morera, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, supera los 6.000 seguidores en su página de facebook, casi a la par que los de twitter. Pero no entra al trapo. Grezzi, al igual que Salom, realiza una ligera alusión al partido al que pertenece en su perfil.En concreto se define como "italiano de Valencia. La música, los viajes, la literatura, la política, mis perdiciones.Verde de corazón,miembro de Compromís per València". Inglada, más moderado, centra su descripción en su perfil de asesor del PSOE, al que añade "experto en políticas de participación, asociacionismo y juventud". ¿Hasta qué punto beneficia a Compromís que, en el grupo municipal, su más activo tuitero sea un asesor? Grezzi acumula 12.000 tuits mientras que el portavoz de su partido en el Ayuntamiento, Joan Ribó (@joanribo), apenas bordea el millar. Ejerce, en la práctica, este "italiano de Valencia" de portavoz digital de su formación a nivel municipal.Al igual que ocurre con Luis Salom. De hecho, quintuplica la cifra de seguidores de Beatriz Simón (@beatrizsimonvlc), concejal de Información e Innovación a la que está adscrito. Y multiplica por diez la de Lourdes Bernal (@bernalsanchis) y por cincuenta la de Ana Albert (anaAlbert1), las ediles más jóvenes de las filas populares,ambas con apenas un centenar de tuits en su hatillo. Tanto Salom como Grezzi actúan, y de hecho, por locuacidad y seguidores, lo son, de portavoces digitales de sus respectivos partidos. Una responsabilidad que ellos, con su hiperactividad 2.0, posiblemente se han atribuido o han asumido. El caso de Vicente Inglada no alcanza tal nivel aunque supera en seguidores a su candidato a alcalde, Joan Calabuig (@joancalabuig. 1.148), además de triplicar sus tuits. Tres simples y aguerridos asesores constituyen los adalides en twitter de los principales partidos del Ayuntamiento de Valencia. Difunden, a su libre albedrío, bastante más mensajes políticos que sus respectivos líderes, opacados por figuras,la de asesores,habitualmente a la sombra de los concejales. No es el caso de Inglada y, sobre todo,de Grezzi y Salom.
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La singularidad de ese duelo municipal no se traslada al ámbito autonómico ni nacional antes citado.En cambio sí que podemos comprobar en Compromís una sutil pugna fomentada desde el propio partido entre sus principales cargos públicos. Basta echar un vistazo a www.coaliciocompromis.net para contemplar cómo sitúa en un lugar destacado, en la misma página de inicio, el nombre de sus referentes acompañado, como única identificación, por la cifra de sus seguidores en facebook.Así de rotundo. Aunque establecida un peldaño por debajo de Morera en la citada página digital, Mónica Oltra, la número dos en las últimas listas autonómicas, arrasa con sus 26.970 ´me gusta'. Duplica los 14.465 de la propia Coalicio Compromís (a fecha de redacción de este capítulo) y cuadruplica los 6.226 de su número uno, Enric Morera. Por detrás quedan el portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, con 3.328 ´me gusta´, la diputada autonómica Mireia Mollà, con 2.501, el también parlamentario valenciano y coordinador de Bloc Jove, Fran Ferri, con 2.329; e incluso el diputado nacional, Joan Baldoví,con sus 2.195. Ningún otro partido promueve, de esa forma tan directa, la competencia digital entre sus propios dirigentes. Eso sí, también, al enlazar su página de facebook desde la portada de la web oficial de la coalición, facilita el incremento de seguidores de cada uno de sus cargos.Por cierto,Mónica Oltra multiplica su diferencia de seguidores en twitter con respecto a Enric Morera.Supera con creces los 50.000 frente a los apenas 7.000 del coordinador autonómico de Compromís.Y lo consigue con una escasa diferencia de tuits de apenas un millar. Su tirón personal sobrepasa, si nos atenemos al espectro digital, con creces el de su partido (@c_compromis), con algo más de 12.000 seguidores, casi el doble que los cosechados por Morera. En su caso se demuestra que el grado de conocimiento de su nombre y el de sus aguerridas y coloridas intervenciones en las Cortes pesan bastante más que el contenido. Los mensajes que transmite en redes reflejan la línea del partido, sin un gancho especial y sin comentarios específicos que le hagan acreedora a tanto seguidor. Basta, insisto, su nombre para sumar ´me gusta´o los citados seguidores.
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Esquerra Unida, partido con una clientela electoral con la que Compromís coincide en ciertos segmentos, traslada su jerarquía política a su difusión digital. Su principal cargo institucional, el diputado nacional Ricardo Sixto (@Rsixtoiglesias), suma 4.728; la coordinadora y portavoz en las Cortes Valencianas, Marga Sanz (@MargaSanz), le sigue con 3.351; mientras que su candidato a alcalde deValencia,Amadeu Sanchis (@AmadeuSanchis), se queda en 804 (en facebook, con amigos,triplica esa cifra).Resulta curioso que uno de los más prolíficos, el diputado autonómico Ignacio Blanco (más de 10.000 tuits y unos 3.000 seguidores) se identifique con su partido hasta el punto de bautizarse en twitter como @iblanco_eu, empleando las siglas de Esquerra Unida. En su perfil apunta, como único dato personal, su edad (38 años). El resto de información se centra exclusivamente en su faceta pública y política. Un escalón que,con demostración empírica,confirma el nivel digital lo constituye el arco parlamentario al que pertenezca el diputado. Si se trata de un cargo de ámbito nacional suele sobrepasar con creces los ´consumidores´digitales de su información con respecto a otro autonómico y local. Analicemos la situación en la provincia de Valencia, donde puede percibirse este hecho con claridad, máxime si nos topamos con un nativo digital como Esteban González Pons, parlamentario del PP. Pionero en relatar su campaña electoral a través de blog y avezado en crear cuenta en Facebook, en la actualidad centra su actividad en twitter (@gonzalezpons), donde arrastra a 46.000 seguidores, con muchos de los cuales mantiene una constante interacción. En su perfil, al contrario que muchos de sus conmilitones, aporta datos personales tan variados y ajenos a la política como “alérgico, mediterráneo,sentimental,incansable”. Su principal contrincante en las elecciones de 2012 por la circunscripción de Valencia fue la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero (@RodriguezPinero), quien mantiene una constante actividad tuitera que caracteriza por la pulcritud en los mensajes. Líneas cortas y datos constantes que suministra a sus casi 5.000 seguidores. La única concesión a su vida privada que realiza en el perfil que muestra consiste en escribir, con una expresión que suena a juego de palabras con el de la
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verbo ´elegir´, que:“soy valenciana por elección desde 1981”. A la incursión digital de Ricardo Sixto (Esquerra Unida) y Joan Baldoví (Compromís) ya hemos aludido con anterioridad. No así a la de Toni Cantó (@Tonicanto1), diputado nacional por UPyD, el quinto partido que obtuvo representación por la circunscripción de Valencia. Sus tuits generan bastante más polémica que sus intervenciones en las Cortes. Comunicador frenético en esta red, ha sembrado la controversia con comentarios sobre maltrato animal o Radio Televisión Valenciana,a la que dedicó un vídeo protagonizado por un misil que la destruía. Tanta polémica e interacción contribuyen a que haya alcanzado un cifra astronómica de seguidores en el foro digital de comunicación preferido por los políticos. Supera los 128.000 seguidores. Prácticamente el triple que González Pons. Y casi once veces más que el mismísimo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra (@AlberfoFabra), con 11.000 y con una cuenta en twitter ceñida a titulares informativos y con casi nula interacción. Al contrario queToni Cantó,rehuye cualquier discusión. Conclusiones El análisis llevado a cabo demuestra que el cargo ocupado no implica más seguidores, ni más tuits. H e m o s co m p ro b a d o c ó m o m e ro s a s e s o re s municipales -aguerridos como pocos, desde luegogeneran más imagen de partido que algunos de los más destacados dirigentes de sus mismas formaciones. También ha quedado claro que no existe un criterio definido a la hora de redactar el propio perfil, ni dentro del mismo grupo. Mientras unos optan por abarrotarlo de datos políticos (Rafael Maluenda), otros lo nutren con interesantes y abigarrados calificativos de índole personal (Esteban González). Del mismo modo, la obligación en algunos casos, y en otros el consejo de multiplicarse en redes, dispara la precipitación y los consiguientes errores (ejemplo, la diputada Carmen Amorós). Por tanto, en este batiburrillo digital falta una especie de libro de estilo y cierta unificación o establecimiento de criterios. Igualmente, resulta conveniente que
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EL PANORAMA DIGITAL EN LA POLÍTICA VALENCIANA: USO Y ABUSO
profesionales de la comunicación supervisen, asesoren o incluso redacten las declaraciones (porque en la práctica, y por su repercusión, un tuit equivale a una declaración pública) de los principales cargos de su partido, como ya ocurre con Alberto Fabra, cuando se expresan como tales. A un responsable público se le presupone seriedad y se valora por su eficacia. Lanzar opiniones y comentarios al por mayor con el fin de engordar su cifra de tuits no siempre resulta la mejor táctica para transmitir la imagen más idónea. Mejor medir las palabras y tener en cuenta que su eco,una vez pulsada la opción de publicar,puede resonar en lugares recónditos y sufrir interpretaciones sibilinas. Las redes sociales acercan a los políticos a los ciudadanos y permiten seguirlos.Para lo bueno y para lo malo.
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EL 2.0 COMO FILOSOFÍA DE VIDA PARA LOS POLÍTICOS Alejandro Comes Martí Desde pequeño me ha llamado la atención la política, los entresijos y la imagen de las personas que intentaban ayudar a la gente en sus municipios y que dejaban un poco de lado su trabajo principal por ayudar a las personas que lo necesitaban, sus vecinos. Yo siempre he vivido en un municipio pequeño,familiar,se puede decir que yo soy una “víctima más del municipalismo”,entendida esta como aquel que tiene la ilusión de trasladar la política local a todos los niveles, en el que todo el mundo conoce a todo el mundo y en el que aquellos que representan a los ciudadanos son un ciudadano más. Era fácil escuchar a las personas mayores hablar del alcalde en sus tiempos mozos, sin ningún tipo de tapujo, o de cuando el concejal de Hacienda era el “consejero” del pueblo cuando alguien tenía algún problema con sus cuentas. Cuando lo escuchabas,sentías que esa persona estaba cerca de ti y que era muy fácil acceder al político, efectivamente así era, si ibas por la calle y te cruzabas con él, lo más probable es que te saludase y se detuviera un rato a charlar contigo. Estas conversaciones en la plaza del pueblo o en el horno mientras comprabas el pan eran habituales en la política local hace tiempo pero, ¿No veis un símil pero cambiando el escenario local por el de una ciudad online llamada Twitter? ¿A quién no le gustaría que cuando mencionase a su Alcalde en Twitter le respondiese intentando solucionarle el problema? A día de hoy esta imagen parece utópica, algunos la reflejan como el futuro ideal en el cuál todo el político debería estar preparado y sobre todo dispuesto a tener una conversación con el ciudadano, a atender a sus problemas y siempre tener la intención de resolverlos. Parece que ahora el contacto directo entre ciudadano y político solo se puede llevar a cabo en Internet y en parte es así, pero pensándolo mejor, una persona que no da ruedas de prensa, no acepta preguntas en sus comparecencias públicas o no se preocupa por atender a los ciudadanos, ¿Cómo va a hacer de la Red una
Alejandro Comes Martí Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración .Licenciado en Periodismo. Responsable del departamento de Comunicación y Redes Sociales de SPQ Political Consulting. En esta empresa ha llevado a cabo proyectos específicos de fomento del uso de redes sociales, ha asesorado a candidatos municipales en la creación y mantenimiento de sus perfiles profesionales e institucionales. Docente en el Máster de Marketing Político de la Universidad Católica y profesor invitado en la UCHCEU.
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plataforma de atención a sus ciudadanos? ¿Realmente tiene una actitud positiva frente a la atención ciudadana? ¿Tiene una actitud 2.0 en la“vida off-line”? Según señala Mazzoleni “La comunicación política es el producto del intercambio entre tres actores del espacio público, a saber: el sistema político, el sistema de los medios y los ciudadanos-electores” (Mazzoleni,Gianpietro; “La comunicación política”; 2010; p, 51). Vamos a analizar el papel que ocupa cada actor público dentro del contexto político y la actitud actual, aunque no conviene generalizar, que tienen los políticos hacia periodistas y ciudadanos. 1.Políticos vs Políticos“ Duelo deTitanes”. Todos aquellos que seguimos la actualidad parlamentaria diariamente, hemos podido observar noticias en las que se mostraba a varios diputados jugando con sus Tablets o con sus móviles a diversos juegos mientras sus compañeros, tanto de partido, como de la oposición, estaban presentando sus propuestas o bien argumentando su posición política. También es por todos conocidos los múltiples casos en los que en el Congreso de los Diputados, mientras un miembro de la Cámara está presentando sus propuestas , los representantes de los otros grupos le ignoran completamente y se dedican a hablar con su “compi”de escaño sin mostrar el más mínimo interés. Me parece que esta actitud no es la más adecuada para una clase política cada vez más distanciada de la ciudadanía y la que a día de hoy,según el barómetro del CIS, los ciudadanos no le entregan su confianza, alcanzando unos índices reamente bajos. Muestra de este problema radica en la imagen que ofrecen día a día dentro de su actividad profesional ya que, ¿Realmente alguien piensa que un político que no presta la más mínima atención a sus compañeros de trabajo, que en un principio son los que están dentro de su grupo social, va a dar importancia a los problemas que afectan a la población que está representada por aquellos que pretenden obviar? ¿Hasta qué punto hay una retroalimentación entre los miembros de las diferentes asambleas parlamentarias? ¿No sería este feedback de la
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absolutamente positivo tanto para el interés general como para los intereses propios de cada partido para ver aquellas cuestiones que,quizás,no hayan planteado en un principio y que posiblemente sí que afecten a sus votantes? 2.- Políticos vs Periodistas.“ "Lo del plasma, además de ridículo y surrealista como puesta en escena representa,en el fondo,la falta absoluta de democracia", critica Víctor Santiago Poza, doctor en Ciencias Políticas y exper to en gestión de comunicación de la Universidad del País Vasco.Vivimos en una democracia en la que los periodistas han dejado de ser una parte importante dentro del proceso político para simplemente, informar de las opiniones que emiten los distintos políticos. Han pasado de tener una actitud participativa a ser simples transportistas de información. El caso de Rajoy no es un caso aislado, diferentes políticos prefieren emitir la información a través de comunicados unidireccionales en los que se solo se pretende dar a conocer la opinión del político/partido sobre un tema existente. Ya se está convirtiendo en tradición que diferentes políticos convoquen ruedas de prensa,utilizando este término de manera incorrecta ya que como señala Mazzoleni“Su propia estructura incluye que los periodistas hagan preguntas” “(Mazzoleni,Gianpietro; “La comunicación política”; 2010;p,203). Éste es un momento crítico para el éxito de la rueda de prensa por las preguntas que puedan realizarle los periodistas al político que comparece, o mejor dicho, por las respuestas que este político ha ofrecido a las cuestiones incómodas o insidiosas emitidas por los periodistas. Aquí cabe destacar que pueden ser varios problemas: el jefe de prensa que no ha sido capaz de preparar un buen argumento para tener la capacidad de responder a las preguntas que probablemente te hagan, que el político no tenga la capacidad o el suficiente“nivel”para poder afrontar las ruedas de prensa con total serenidad y confianza,o que sea un acontecimiento de última hora y que ni jefe de prensa ni político se hayan podido informar sobre el acontecimiento que ha ocurrido, aquí problema de ambos casi a partes iguales.
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Pero volviendo a la cuestión planteada, que un político censure a los periodistas de tal manera no es más que un síntoma de debilidad política, de falta de transparencia, de alejamiento hacia el poder informativo. Síntomas todos que favorecen que la imagen política de los medios sea negativa y, por tanto, llegue a los ciudadanos como tal. Muchos pensarán que es una imagen distorsionada de la realidad, en algunos casos quizás, pero realmente si un político se limita única y exclusivamente a la información que él tiene, despreciando el trabajo de los periodistas que acuden a cubrir su comparecencia, ¿cómo podemos creer que un político se preocupa por los ciudadanos ofreciendo toda la información necesaria y atendiendo a las necesidades informativas de los periodistas realizando este tipo de comparecencias? En conclusión, esta falta de comunicación y reciprocidad que tienen los políticos entre ellos y el menosprecio mostrado hacia los periodistas solo perjudican al tercer actor político en cuestión: la ciudadanía. Analizando todo esto parece inconcebible que un político proponga actos o establezca herramientas de contacto directo con la ciudadanía como por ejemplo; portales de información on-line, buzón de sugerencias, una franja horaria en la que el político atienda a la ciudadanía… ¿Una utopía? Si nos paramos a diseccionar el concepto de ciudadanía y democracia parece incomprensible e inaceptable que en un sistema democrático los diferentes perfiles no tengan todos el mismo rol y sean igual de importantes y relevantes, estas prácticas deberían ser una realidad y no un sueño lejano. No hay que olvidar que la teoría política nos señala que la ciudadanía debe de ser la piedra roseta de la democracia. ¿Solución inmediata? Difícil, pero una buen punto de partida para empezar a construir el camino sería el cambio de actitud de los políticos al 2.0. No, no hablamos de internet, ni de la web, ni de las Redes Sociales. Hablamos del campo off-line, del día a día de los políticos,de su actividad en las diferentes asambleas parlamentarias, de su trabajo en los despachos, de su relación con los periodistas y los diferentes profesionales de la comunicación y, sobre todo, hablamos de los ciudadanos. de la
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Este cambio de actitud no debe de ser una obligación si no que debe de basarse en: - Compromiso: Compromiso por escuchar,atender a los problemas de la gente y no obviar la realidad , no tan lejana, que viven los ciudadanos, si, aquellos que representan. - Convencimiento: Convencimiento de que esta es la actitud correcta,que la vieja política unidireccional en la que el político se sitúa en círculos superiores a los ciudadanos está caduca. El 1.0 no debe de contemplarse. - Dedicación: Dedicación a su trabajo y a aquellos que han depositado su confianza e ilusión en ellos. Por supuesto que esta actitud es mucho más laboriosa que la actual en la que los políticos van a la suya y olvidan el resto de elementos de la sociedad. Estoy convencido de que aquel alcalde de un municipio pequeño, que se dedicaba a atender a los ciudadanos y que su compromiso, esfuerzo y dedicación se centraba en todos aquellos que vivían cerca de él no debe de ser un recuerdo del pasado si no que debe de ser un horizonte cercano. No quisiera pensar que la política cercana y el contacto directo con todos los actores deba quedar relegada al plano municipal, ya que de ser así estaríamos condenando a la democracia a una “sordera” permanente.
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VISIONERS. LA COMUNICACIÓN 3.0 Jorge Lorente Saiz La comunicación es el proceso por el cual dos individuos, como mínimo, se transmiten información. Siempre existe un emisor, el que manda la información, y un receptor, el que la recibe. La información transmitida es el mensaje, que se transmite por medio de un canal con una codificación específica (el código). Los elementos básicos de la comunicación son emisor, Jorge Lorente receptor, mensaje, canal, código y contexto. Estoy convencido de que ninguno de estos elementos de la Saiz Diplomado en Diseño Gráfico comunicación se podrán ni obviar ni sustituir a lo largo en la Escuela Superior de Arte y de la historia, siempre serán los mismos, se podría decir Diseño (EASD). que son un símil a los pilares de la tierra. Es uno de los directores de SPQ Political Consulting y responsable del área de Marketing Político y planificación de estrategias electorales. Antes de esto llevó a cabo funciones de publicista y desarrollo de productos para diferentes empresas de ámbito nacional y autonómico. Docente en el Máster de Marketing Político de la Universidad Católica y profesor invitado en la UCHCEU
La comunicación nació con nosotros, como especie, y ha ido progresando hasta nuestros días, esa transformación ha sido producto de nuestro modo de vida y relación social. Es cierto que la forma de comunicarse, ya sea entre individuos, corporaciones o colectivos ha ido evolucionando a través de los siglos. Las primitivas formas de comunicar se basaban más en gestos, golpes y sonidos,sin una codificación clara para interpretar por el receptor en algunas ocasiones. Hoy en día la comunicación es más compleja, se dice que existe una proporcionalidad entre el nivel intelectual de la especie o comunidad con la complejidad comunicativa que utilizan sus individuos, visto lo que acontece a diario a veces me pregunto si existirá un catálogo de excepciones. Cada elemento de la comunicación ha ido transformándose individualmente. Los que más han experimentado esos cambios a lo largo del tiempo han sido el código,el canal y el mensaje. Hemos pasado de una comunicación desordenada e interpretativa a una comunicación ordenada y estricta gracias a la codificación del mensaje con sus reglas. La escritura, idiomas, código Morse, el Braile son algunos de los resultados de esa transformación. El canal también ha experimentado una gran evolución
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desde la época de la industrialización.Antes la forma en la que emisor transmitía los mensajes al receptor/es era de una forma atmosférica o presencial. Con la aparición de la radio, por el medio auditivo, el emisor podía difundir su mensaje a muchos más receptores en el mismo momento y a kilómetros de distancia. La imprenta también era un canal multitudinario, no tenía la inmediatez de la que la radio disfrutaba pero su mensaje podía perdurar en el tiempo a través del medio visual.Ambos serian unos de los primeros elementos de los canales Online, hasta la aparición de Internet en 1969, la última gran actualización de este canal, dando origen a las redes sociales, los blogs y las webs 2.0. El medio auditivo (Radio) y el visual (Imprenta) se fusionaron para crear el medio audiovisual,el video,con más poder comunicativo y más viralidad. 1.- La comunicación política en la actualidad. En la actualidad la comunicación política está en entredicho, se duda de su existencia y en la mayoría de casos, apenas tiene efectos sobre los ciudadanos. Vivimos en una sociedad,donde lo que funcionaba ayer, hoy quizás no valga, la revolución es constante y es eso lo que le ha pasado a la comunicación política, la poca evolución que ha sufrido la forma de interaccionar entre candidatos y/o partidos políticos y ciudadanos, desde el siglo pasado hasta la nuestros días. La comunicación política de antaño se basaba en mítines y propaganda. Esas eran sus principales armas. No tenia que esforzarse apenas en atraer a sus votantes, porque estos estaban bastante interesados en la vida política. Los candidatos elaboraban sus mensajes y los promocionaban masivamente,después los ciudadanos eran los que decidían si“comprarlos”o no. El escenario actual es muy distinto, la educación es mayor, las preocupaciones diferentes, las relaciones sociales y los métodos de informarse han cambiado y han dado origen a una sociedad con diversas particularidades y hábitos. Por eso la importancia de elaborar un mensaje que se adapte a las necesidades de cada uno de los segmento de la población. “La forma de comunicarse con el votante hoy, además de
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la televisión, el periódico y la radio, está condicionada por las nuevas tecnologías: los SMS del teléfono móvil, el correo electrónico, las redes sociales, los blogs y webs de candidatos políticos,etc.”(Marketing Político 2.0,2011,p. 43). 2.- Comunicación 3.0. La importancia de saber quién es el Receptor. El receptor es el destinatario final de toda la fase comunicativa. El mensaje que recibe, del emisor, debe causar en él un efecto. Un mensaje no tiene efecto si no se conocen las motivaciones del receptor. Se dice que hay un mensaje para cada tipo de receptor, por eso el riesgo de solo utilizar un mensaje puede llegar a restar eficacia a la acción comunicativa. ¿Cuántos de vosotros podéis recordar más de un mensaje de campaña en las últimas elecciones, ya sean, generales, autonómicas o municipales? Sera difícil encontrar el caso y no por vuestra falta de memoria sino por la inexistencia de más de un eslogan. Es ahí donde radica uno de los principales errores de la comunicación política actual, no diferenciar entre segmentos. Toda población se puede segmentar, dividiéndola en grupos definidos con necesidades, características o comportamientos distintos. Existen cuatro tipos de segmentación: Geográficas (país, región estados, municipios, ciudades), demográficas (edad, sexo, ciclo de vida, tamaño familia, ingresos, ocupación, educación, nacionalidad y raza), psicográficas (clase social,estilo de vida y personalidad) y conductual (conocimiento, actitudes y uso o repuesta). No será el mismo mensaje para un ciudadano de Sevilla, varón,45 años, clase media, empleado de una fabrica e interesado en su jubilación,que para un universitario de Valencia, 22 años, viviendo en casa de sus padres ,de clase media y preocupado por el mercado laboral. “…otras variaciones importantes que vienen a influir en la acción política y que tienen que ver con el declive de las ideologías y la pérdida de imagen y confianza de las de la
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organizaciones políticas, y que suelen concretarse en un preocupante incremento de la abstención electoral…” (Marketing Politico 2.0,2011,p 42). La comunicación 3.0 debe basarse en los intereses y valores de los receptores (ciudadanos electores), dejando un poco de lado los mensajes ideológicos. No quiero decir con esto que las ideologías queden fuera, ya que todos tenemos una ideología política, pero no son las más importantes para movilizar al receptor, mi aval y prueba objetiva son los porcentajes de abstención en los comicios. Las ideologías, dentro de la comunicación política, serian aplicables dentro del “Know How”. 3.- Los nuevos canales. Como hablábamos antes, los canales de comunicación sufrieron un gran cambio con la industrialización. Producto de ella,surgieron dos inventos,la imprenta y la radio, que revolucionarían este elemento de la comunicación. Esa transformación trajo consigo la diferenciación entre canal offline (presencial o atmosférico) y canal online (no presencial, a través de los diferentes medios visuales y auditivos). En la actualidad el canal online es uno de los más utilizados por su bajo coste, su fácil segmentación y su masiva difusión. Las plataformas con más auge son las redes sociales y los blogs. Los canales online nos dan una interacción inmediata con nuestro receptor/es al mismo tiempo que identificamos la aceptación o rechazo de nuestro mensaje. Mientras que los canales offline, nos proporcionan un contacto cuerpo a cuerpo directo con nuestro receptor/es. 4.- El mensaje 3.0 Debe ser un mensaje que impacte primero en el receptor y luego sea recordado por este. No se trata de decir muchas palabras, si no de decir solo aquellas que son capaces de generar la atención de los votantes. A continuación os desvelare una de las formulas más
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utilizadas en la elaboración de mensajes. El Método AIDA,atención,interés,deseo y acción, Atención. Puede ser de dos tipos, espontanea: Suele durar no más de quince segundos.Sus efectos son poco efectivos, ya que su impresión es eventual e inestable y de la misma forma que surge, desaparece. En eslóganes se debe utilizar un máximo de 6-12 palabras y siempre mejor si es una promesa principal. La otra clase de atención es la racional:Se produce por un fenómeno de voluntariedad, y es consecuencia de una buena acción de atención espontanea. Por ejemplo se atrae la atención espontanea con una imagen impactante y con un mensaje concreto se hace reflexionar. Mantener la curiosidad es uno de los factores importantes dentro de la atención racional. Una buena forma de hacerlo es a través de preguntas en el mensaje. - Interés. No solo basta con lograr captar el Atención del ciudadano,también es importante despertar su interés. En esta fase es muy importante teniendo en cuenta al target que nos dirigimos. No todos los segmentos de población tienen los mismos intereses, los jóvenes están preocupados por el trabajo, mientras que los más mayores quieren cobrar su jubilación. Por eso es importante adaptar el mensaje en forma y fondo. Utilizar imágenes de individuos semejantes al receptor, facilita la identificación y el interés por el mensaje. - Deseo. Esta fase va dirigida al subconsciente (Irracionalidad) del receptor. Muchos expertos de marketing junto con los psiquiatras afirman que la toma de decisiones y de deseos sucede en nuestro subconsciente, el proceso continua en la parte consciente, donde finalmente se racionaliza esa decisión o deseo. - Acción. Si las anteriores fases se completaron satisfactoriamente, la acción será el indicativo de la efectividad de nuestro mensaje. Por ejemplo, movilizando al electorado a las urnas y consiguiendo uno voto por el candidato y/o partido. En la publicidad en campaña los elementos que nos incitan a la acción son muy gráficos“VOTA”. Recapitulando: Estos son los principales elementos que de la
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se desarrollaran en el futuro de la comunicación.Nunca olvides que un buen mensaje también necesita una buena comunicación y que un buen mensaje es el aquel que hace sentir al receptor. “El marketing 3.0 cree que los consumidores son seres humanos integrales,y que todas sus necesidades y deseos deben ser siempre atendidos” (Marketing 3.0, Philip Kotler,2010,p 20).
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UNA NUEVA COMUNICACIÓN PARA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Adrián Ballester Espinosa
Adrián Ballester Espinosa Diputado de Modernización de la Diputación de Alicante y Primer Teniente de Alcalde del municipio de Redován. De profesión Ingeniero Técnico de Telecomunicación, ha desarrollado su carrera profesional durante tres años como Gerente en una empresa de Project Management y seis como Alto Cargo de la Administración Pública, primero como Director General del Institut Valencià de la Joventut de la Generalitat (2007-2011). Destaca la puesta en marcha de la Ley de Juventud de la Comunitat Valenciana y la coordinación de las políticas de juventud bajo la nueva estrategia Generalitat Jove. Desde la Diputación ha impulsado el Plan de Modernización de los ayuntamientos de la provincia de Alicante.
En los últimos años se ha producido un importante cambio legislativo para modernizar la Administración Pública (en adelante, AAPP). El objetivo de este capítulo es analizar cómo los nuevos instrumentos de la Administración Electrónica, fusionados con la comunicación 2.0, pueden producir un aumento en la de confianza de la ciudadanía en las Instituciones Públicas. Para realizar este análisis es importante tener en cuenta la visión ciudadana de las AAPP y los Gobiernos, donde la corrupción,el fraude y la política se manifiestan como 1 unos de los principales problemas en España.Lo mismo ocurre con la disminución de confianza en la política, la situación política2 y las expectativas políticas según señala el siguiente gráfico: Gráfica 1.- Indicadores de confianza
En el gráfico se muestra un aumento de la confianza en el mes de enero del año 2012 con el cambio de partido político en el Gobierno en España que ha ido disminuyendo de forma progresiva. En enero de 2013 hay un pequeño aumento que vuelve a disminuir en febrero (posiblemente por la aparición de nuevos casos de presunta corrupción política) y en la fase última de la gráfica hay un aumento moderado de la confianza. El aumento o no de la confianza con los nuevos roles de 1 El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) analiza mensualmente los tres problemas principales que existen en España y en el mes de abril del año 2013, la corrupción y el fraude alcanza la segundo problema social (39,3 puntos). Por otra parte, los políticos en general, los partidos y la política el cuarto problema (29,4 puntos). 2 Los indicadores de la situación política publicados mensualmente por el CIS.
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las AAPP y sus Gobiernos, es una hipótesis que lógicamente debe ir aparejada con las investigaciones pertinentes y con una mejora de la economía del país. Este capítulo es un compendio de la nomenclatura de conceptos que hay que tener claros en la modernización de las AAPP y en la comunicación 2.0 en el ámbito de estudio de la comunicación institucional. 1.- La Administración Electrónica 3 La ley 11/2007,de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la Ley 3/2010 de Administración Electrónica de la Comunidad Valenciana establecen los marcos de modernización de la Administración Electrónica. Se podría indicar que la Administración Electrónica se divide en dos partes:
En primer lugar, la sede electrónica, que constituye la oficina en Internet de la AAPP. La sede electrónica es el hall de una AAPP; es el lugar en el que se informa de la carta de servicios que ofrece la institución y donde un ciudadano, identificándose adecuadamente,4 pueda iniciar un trámite administrativo en el registro de entrada electrónico. La sede electrónica, en la que se 5 informa del día,la hora,el minuto y el segundo,también 6 integra el perfil de contratante dónde se informa sobre las licitaciones que están abiertas a presentación de ofertas así como la información de las ya adjudicadas. Una de las partes fundamentales de la sede es la inclusión de un sistema de identificación y autenticación de la competencia en la actuación administrativa que permite introducir el código de verificación de un documento electrónico y comprobar su veracidad. Así mismo, como ocurre en el hall de una AAPP, está el tablón de anuncios,los bandos,la información pública 3 Se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 con el Real Decreto 1671/2009,de 6 de noviembre. 4 Se puede identificar mediante un DNI electrónico, un certificado de firma digital reconocido (algunos de los mas conocidos son los expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y en el caso de la Comunidad Valenciana, el de la Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana) o un usuario y contraseña si no se firman documentos y sólo se consulta. 5 Este es un hecho importante en el procedimiento administrativo común para conocer la fecha de presentación de un trámite y que lo regula Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 6 El perfil de contratante es un instrumento de publicidad,creado por la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP) y regulado en el artículo 42 de dicha Ley con la finalidad de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de un órgano de contratación.
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de interés así como la información de datos abiertos u open data.7 En segundo lugar está la gestión interna de la AAPP o el backoffice. Es lo más complejo donde toma sentido toda la maquinaria administrativa en un formato electrónico que sin duda, gana en eficiencia. Mediante un gestor de expedientes electrónico conectado al registro de la AAPP, se dispone de toda la información documental de la gestión diaria de la institución. Los registros se incorporan a expedientes electrónicos ya existentes o se crean nuevos,dependiendo del caso.Los funcionarios y políticos tienen acceso a esos expedientes, cumpliendo con la LOPD8 mediante una serie de permisos que se establecen dependiendo del organigrama de la organización. Los documentos electrónicos que forman parte del expediente electrónico están firmados electrónicamente con un código seguro de verificación que es consultable desde la sede electrónica para visar la validez de ese documento. El acto administrativo que finaliza mediante una notificación también se puede realizar desde la sede electrónica mediante la comparecencia electrónica de la persona física o jurídica. Cuando un ciudadano tramita ese expediente electrónico también tiene acceso a su expediente a través de la carpeta ciudadana. De esta forma, siempre puede comprobar cómo va avanzando el trámite que está realizando, ganando en transparencia. En la carpeta ciudadana se guardan todos los trámites que está haciendo o ha hecho. 2.- Interoperabilidad 9
La interoperabilidad garantiza que se pueda intercambiar datos que previamente se han homogeneizado para poder ser combinables entre la misma ó diferentes AAPP.Es un paso importante para la comunicación entre las diferentes AAPP, para que mediante una estructura común de metadatos se pueda combinar información. Un ejemplo es la 7 En la sede electrónica está previsto que se informe de la materia susceptible de publicidad que se indique en la legislación sobre transparencia. 8 Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre,de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto que lo desarrolla (1720/2007). 9 Se desarrolla con el Real Decreto 4/2010,de 8 de enero,por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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plataforma de Sistema de Interconexión de Registros (SIR) impulsada por el Ministerio de Administraciones Públicas donde las AAPP que se adapten podrán intercambiar asientos en sus registros y de esta forma 10 tener una ventanilla única electrónica. 3.- Transparencia ¿Queremos parecer que somos transparentes o queremos ser transparentes? Esta es una pregunta que debe responderse para que la transparencia no se plantee como una moda sino como una exigencia social para un verdadero compromiso permanente por la publicidad en la gestión pública. La transparencia debe ser un requisito para un Gobierno, que comprometido con sus conciudadanos, no tengan miedo a informar de la gestión céntimo a céntimo de la actividad política y pública. Desde el conocimiento de los salarios reales de políticos, funcionarios y personal laboral hasta ofrecer información detallada de los ingresos y de los gastos, lo más segregada posible y lo más usable posible. La información tiene que poder usarse. ¿De qué me sirve miles y miles de ficheros en formato PDF escaneados si no me permiten poder utilizar los datos, poder cargarlos en bases de datos y poder realizar comparaciones entre diferentes AAPP o en el tiempo? Los datos abiertos u open data deben servir para poder 11 realizar una correcta evaluación de las políticas públicas y de ese modo tener conocimiento de los costes de los servicios públicos. También debe ofrecer información de interés que permita esa usabilidad de la información, como en qué se destinan las subvenciones y con qué objeto ó todas las contrataciones que se realizan, no sólo las que tienen una obligatoria regulación de la publicidad por su importe sino también aquella que no tiene publicidad (los contratos menores). La transparencia puede ser una oportunidad para que la ciudadanía realice una fiscalización de la actividad política y ocupar los roles de fiscalización que otros La ventanilla única es el concepto que permite a un ciudadano acudir a una AAPP a presentar en su registro de entrada un documento, no para esa AAPP si no para otra distinta, llegando ese documento a la AAPP de destino. 11 El Gobierno de España tiene una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas para ese fin.
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actores han tenido hasta ahora: los interventores, la oposición política y los medios de comunicación. Por lo tanto,la transparencia es una herramienta más de lucha contra la corrupción. 4.- Comunicación 2.0 para la nueva Administración Pública. Los elementos expuestos hasta ahora junto a la comunicación 2.0 están cambiando las AAPP. Los políticos deben ver en la Administración Electrónica, la transparencia y la comunicación 2.0 una forma de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Las tecnologías de la información y comunicación social (en adelante TIC's) pueden hacer más sencilla la práctica de la democracia representativa facilitando elementos como el intercambio de información entre gobernantes y gobernados (Ramírez Nárdiz, 2010, p. 217). De esa forma, el ciudadano puede ver que no se le pide su opinión cada 4 años en la concurrencia de unas elecciones sino que se utilizan los nuevos canales de comunicación para testear la opinión ciudadana a la ejecución de las políticas públicas más importantes. Se pueden utilizar las TIC's en las AAPP para mejorar la comunicación interna, desarrollar una mejor interacción entre institución y públicos y ayudar a las tareas del gabinete de prensa (Canel, 2007, p. 270). De hecho, las AAPP ya están volcadas en las redes sociales. Un ejemplo, es la Administración General del Estado que dispone de un total de 215 cuentas en diferentes redes sociales como Facebook,Twitter oYouTube.12 Algunos estudios apuntan a que las redes no se utilizan de manera correcta como una técnica de marketing 2.0 y en consecuencia, el impacto es poco provechoso ya que sí existe una presencia en las redes pero no una participación activa y constante en la misma (Sixto García,2012,p.87). Con las redes sociales el mensaje ya no es ni único ni unidireccional. Antes de la aparición de los modelos comunicativos interactivos y participativos el mensaje 12 Se puede consultar el estudio en la web de Administración Electrónica de la Administración General del Estado:http://goo.gl/6Ym3j.
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se emitía y llegaba intacto al emisor.Sin embargo,ahora a las múltiples fuentes emisoras se suma la capacidad de los receptores para convertirse en intermediarios de esos mensajes,de manera que pueden modificarlos con nuevas aportaciones propias o cultivadas en el debate en red. Esta fenomenología de la comunicación actual es,no obstante,un arma de doble filo,ya que por un lado se supone que enriquece el mensaje al convertirlo en más participado y colectivo, pero, por otro puede desvirtuar la calidad de la información original e incluir alteraciones que alejen el mensaje de la realidad (Sixto García,2013). Con una buena gestión de la comunicación 2.0 en las AAPP, las instituciones consideran al ciudadano como verdadero interlocutor, partícipe en el proceso de toma de decisiones. El diálogo implica un compromiso por parte de la institución de dar razón de sus decisiones y explicar por qué las demandas de la ciudadanía han sido, o no, atendidas en la gestión (Gutiérrez García, 2012,p.384). Otros expertos también apuntan a la necesidad de d e s p o l i t i z a r l a co m u n i c a c i ó n i n s t i t u c i o n a l . Normalmente existe una sobreexposición del líder del gobierno en la información emitida, en ocasiones referencias a contenidos puramente políticos (García Orosa yVázquez Sande,2012,p.412). Todavía son pocos los estudios de la comunicación 2.0 en las AAPP y su convergencia con la Administración Electrónica por lo tanto existe una oportunidad de investigación en este campo científico. BIBLIOGRAFÍA Canel, M.J. 2007. Comunicación de las instituciones públicas.Tecnos. García Orosa, B. and P. Vázquez Sande 2012. Los gabinetes de prensa institucionales de los ayuntamientos españoles en internet. Estudios sobre el Mensaje Periodístico.18,pp.405412. Gutiérrez García, Elena 2012: "Principios de profesionalización para la gestión comunicativa de
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UNA NUEVA COMUNICACIÓN PARA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN
instituciones. Bases para un nuevo modelo" en Peña Jimenez, P. et al. 2012. Comunicación institucional y política (P. Peña Jiménez, E. Martínez Pastor, & M. Pacheco Rueda,eds.).Madrid:Fragua. Ramírez Nárdiz, A. 2010. Democracia participativa: la democracia participativa como profundización en la democracia.Valencia:Tirant lo Blanch. Sixto García, J. 2013. Gobiernos en la calle y ciudadanos en las redes sociales. Telos (Cuadernos de Comunicación e Innovación) [online]. 94 - Open Government. Sixto García, J. 2012. Uso de las redes sociales en la Administración pública gallega: ¿una técnica de marketing 2.0? Pensar la publicidad.6,pp.7190.
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
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LOS OTROS DÉFICITS DE ESPAÑA: TRANSPARENCIA Juan Miguel Sala Iniesta
Juan Miguel Sala Iniesta Ingeniero agrónomo. Los primero 5 años trabajó en el departamento de exportación de una empresa química en el sector cerámico, dando asistencia técnica a clientes de Asia,Oriente Medio y Sudamérica. Actualmente trabaja en el departamento de innovación y estudio grado multimedia en la Universitat Oberta de Catalunya 2010 Fundó Govern Obert con el objetivo de colaborar con acciones y soluciones concretas a la salida de la crisis y a la mejora de la sociedad. 2010 Redactó, en colaboración con Acces-Info Europe, la primera ley de transparencia para la ComunidadValenciana. 2012 Inspirado en el trabajo de la fundación sueca Gapminder creó la página www.gopublicdata.org
Cumplir con el objetivo del déficit económico marcado por Bruselas,para“asegurar la senda del crecimiento”,se ha convertido en la principal meta del gobierno de España,y no se vacila en hacer duras reformas y recortes para lograr este fin. Pero el déficit económico no es el único que España debe corregir si quiere salir de la actual situación y garantizar un desarrollo duradero y sostenible, hay otros que se deben enmendar con la misma urgencia y firmeza:uno de ellos es la educación y el nivel educativo de la población española, tal y como explicamos anteriormente en un nuestro blog, otro de ellos es la transparencia. Si tomamos ahora las medidas necesarias para corregir estos dos déficit podremos ver sus resultados en unos años,lo grave es que ninguno de estos dos se están corrigiendo debidamente,con lo que la actual crisis en España puede prolongarse durante décadas. La ley de transparencia que prepara el gobierno es insuficiente, como hemos denunciado desde Govern Obert, y desde la Coalición Pro-Acceso a la que pertenecemos. La cultura de la opacidad está totalmente instaurada en nuestro país, y eso es lo que debemos cambiar. A los que en algún momento hemos solicitado información pública en más de una ocasión nos han preguntado ¿eso usted para que lo quiere? No tenemos por qué justificar las razones por las que solicitamos información pública, es nuestra, se ha generado y archivado con dinero público, nos pertenece. Y como a la mayoría de los españoles que hemos solicitado información a una administración, al final nadie nos responde. Este hecho lo recoge tuderechoasaber.es en su informe de 2012: sólo 75 de las 567 preguntas válidas tienen una respuesta satisfactoria.
España se sitúa a la cabeza en opacidad entre los países de Europa, es el único país con más de un millón de 2012 Presentó las primeras habitantes sin una ley de transparencia. La enmiendas a la Ordenanza transparencia no solamente sirve para evitar casos de M u n i c i p a l d e l a corrupción, la falta de transparencia en sí misma ya es de la
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corrupción, sino para algo mucho más valioso: el conocimiento social. Gracias al periodismo de datos esto se soluciona en parte, pero ¿por qué las administraciones y gobiernos no tienen sus propios portales de transparencia y periodismo de datos? Hablar de transparencia no es publicar los presupuestos generales del estado en tomos de pdf de hasta 20MB ¿Alguien se los ha leído? Hay que hacerlo de forma abierta para que cualquiera pueda descargarlos y reutilizarlos, pero tampoco esto es transparencia (la mayoría de los ciudadanos no los va a descargar), hay que ir más allá, ser transparente es publicar los datos de forma comprensible para la mayoría de la población. Hablar de transparencia es querer que la población sepa lo que se está haciendo con su dinero, cómo se están gestionando los recursos públicos y qué decisiones y políticas se están llevando a cabo, y para ello hay que contar con unos de los pilares del Gobierno Abierto:la colaboración. Los gobiernos y las administraciones deben contar con la colaboración ciudadana (personas o empresas) para innovar y poner en marcha nuevas ideas que ayuden a que la ciudadanía conozca, de forma objetiva, los datos, la política y la gestión de sus recursos. En el portal oficial de datos abiertos del gobierno de Brasil se publican aplicaciones creadas por ciudadanos a partir de datos públicos. En España no nos consta que ninguna administración haya hecho algo parecido, cuando hay interesantes iniciativas ciudadanas como dondevanmisimpuestos.es Comparado con los millones de euros que se han tirado por todo el país en aeropuertos cerrados y obras faraónicas para mayor gloria del arquitecto y gobernante de turno ¿Cuánto es el coste de crear un verdadero portal de transparencia e información pública (no de propaganda institucional)? Muchas veces los gobiernos no hacen pública la información porque simplemente no la tienen, o la desconocen o no quieren poner en evidencia su pésima gestión, por lo que se sigue ocultando la información al ciudadano y despilfarran el dinero del contribuyente en propaganda institucional para decirle que todo va
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valencia para que sea también de Gobierno Abierto.
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estupendamente.¿Alguien se imagina al administrador de una finca ocultando la información a los vecinos y además gastándose el dinero de la comunidad para hacerse publicidad de lo bien que lo hace? ¿Qué precio estamos pagando por mantener una población ignorante en asuntos públicos y desinformada (es decir manipulable)? En una situación de emergencia como la actual o en unas elecciones ¿Bajo qué criterio puede decidir su futuro una población sin formación ni información? ¿Qué futuro nos espera si no corregimos esto? En este sentido Govern Obert ha puesto su grano de arena creando la web www.gopublicdata.org, para que todo el mundo pueda conocer y comparar los indicadores socio-económicos más relevantes de una manera sencilla y amena, y así poder hablar en base a datos,no en especulaciones o en ideas preconcebidas. Pero desde Govern Obert queremos ir más allá y planteamos la necesidad, no sólo de mejorar el sistema educativo español, sino también de educar en transparencia y participación, tal y como expusimos en el IV Seminario Política 2.0 organizado por AVAPOL. La única manera de comportarse forma transparente no es por la presión social, sino porque se cree en ello, y para eso en España hace falta educar en transparencia y participación. También queremos plantear a necesidad de ampliar los requerimientos de transparencia: No sólo debemos exigir transparencia a los gobiernos, también a las grandes empresas cuya actividad afecta de forma significativa a la sociedad o al planeta. Acabar con el secreto bancario (Suiza rechaza relajar su secreto bancario pese a las presiones europeas), conocer las condiciones de trabajo de las fábricas multinacionales (recientemente hemos conocido el derrumbe de una empresa textil en Bangladesh que trabajaba para empresas occidentales), o cómo afecta la actividad de las grandes empresas al planeta (la reserva de peces bajo amenaza) es un derecho que debemos exigir para decidir en nuestro consumo. Si queremos acabar con los delitos económicos, la explotación de personas y preservar el planeta no podemos seguir mirando hacia otro lado, necesitamos transparencia para conocer y así de la
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poder decidir con criterio. BIBLIOGRAFÍA www.gopublicdata.org Visualización de datos socioeconómicos de las CCAA y los países de Europa. www.tuderechoasaber.es Web para solicitar información a cualquier institución pública española. Data.gov in the Classroom Iniciativa del gobierno americano destinada a jóvenes para enseñar a entender y analizar los datos y lograr así pensadores críticos. http://dados.gov.br/ Portal oficial de datos abiertos del gobierno de Brasil. http://www.niunpezporlaborda.org/ Iniciativa para acabar con los descartes en Europa.
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TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO SON SINÓNIMOS DE EVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA María Barrios Hermida En 1850, el ex presidente americano Pierce pasó a la historia por la respuesta que dio a un vecino de Washington quizás sea lo único por lo que es conocido que al pasar por delante de la Casa Blanca dijo: “Me María Barrios encantaría conocer esta preciosa casa”. El Presidente le contestó:“Por supuesto caballero,puede usted pasar.Ésta Hermida D i r e c t o r a G e n e r a l d e no es mi casa,sino la casa del pueblo”. Participación Ciudadana del GobiernoValenciano. Licenciada en Derecho, MBA con especialidad en comunicación, así como varios masters internacionales en comunicación y relaciones públicas.
Desde entonces hasta ahora, han pasado muchos años y muchos gobiernos por las diferentes administraciones del mundo, sin embargo, es en este momento cuando estamos inmersos en la verdadera revolución de la información, ahora es cuando se acuñan términos no tan nuevos como“transparencia”o “gobierno abierto”
Durante ocho años estuvo trabajando en el ayuntamiento de Alicante en el departamento de participación ciudadana, partidas rurales y juventud.
Pero transparencia o gobierno abierto no implica únicamente el desarrollo de actuaciones concretas o un volcado de datos públicos, va más allá de una mera exposición estática de información a los ciudadanos, se trata de una nueva cultura donde deben primar los valores de transparencia, participación y colaboración en todos los ámbitos de la sociedad.
Más tarde abandonó España y se marchó a América donde estuvo formando a Consultores sobre Comunicación e Imagen Pública.
Transparencia no es solamente la rendición de cuentas a los ciudadanos sino también la apertura de datos públicos a la sociedad civil, con claro objetivo de ser reutilizados, lo que se conoce normalmente como “open data”o“datos abiertos”. Por tanto transparencia y gobierno abierto son sinónimos de evolución; un avance en la manera de pensar, gestionar y trabajar. Cambio en la manera de ejecutar y dirigir,en la manera de actuar tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los gobernantes. Vivimos en una era donde toda la información está a un golpe de “click”. Tenemos la oportunidad de crear nuevas maneras de relacionarnos con los ciudadanos utilizando las tecnologías que existen a nuestra
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disposición y que, ya están evolucionando más rápido de lo que podamos imaginar. La innovación y el desarrollo, apoyados en las tecnologías, son las claves sobre las que basar el progreso de los gobiernos en materia de transparencia en los próximos años, logrando una sociedad más ágil, participativa y solidaria, creando un nuevo tejido socio político de alto valor. La transparencia impulsa el desarrollo y genera confianza, de forma que la rendición de cuentas puede ayudar a que las sociedades se enriquezcan. Exponer datos públicos de forma reutilizable, con el fin de que terceros puedan crear servicios derivados de los mismos genera riqueza y valor, pero a medida que se promueve la apertura, nuestra prioridad principal debe ser hacer de este movimiento de transparencia algo verdaderamente sostenible y continuo en el tiempo. El Gobierno valenciano está comprometido con la creación de un gobierno abierto y participativo, un gobierno que trabaja para fomentar día a día la eficiencia y la eficacia en la administración y que trabaja para cerrar la brecha entre el ciudadano y sus dirigentes. Este compromiso es ya una realidad, ejemplo de ello, es que el Gobierno valenciano publica íntegramente sus cuentas así como el grado de ejecución del presupuesto y la situación de tesorería. Paralelamente,estamos desarrollando las herramientas necesarias para mostrar la gestión de la administración. Todos los contenidos que marca la próxima Ley de transparencia estatal estarán a disposición de los ciudadanos y de la sociedad civil como no podría ser de otra manera. También estamos trabajando en la nueva Agenda Digital 2014- 2020 que marcará las líneas de actuación en materia de comunicación e información para aprovechar las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio del ciudadano. Y es que nuestra prioridad está clara: tenemos que
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ayudar al ciudadano a que tenga acceso fácil a la información, queremos que el ciudadano sepa en qué se emplean sus impuestos y cómo se gestionan. Estamos ya trabajando para lograr una sociedad más transparente,más participativa y más colaborativa. La era digital en la que vivimos nos proporciona las herramientas, nos abre el camino a seguir hacia una nueva realidad. Los gobernantes tenemos la responsabilidad de aprovechar estos nuevos recursos para diseñar hoy lo que va a ser la Administración del futuro. Sin embargo, la administración actual se enfrenta a innumerables retos, en un contexto cambiante, que exige nuevas formas de gobierno y de relación entre los poderes públicos y los ciudadanos, sin olvidar nuestra vocación de servicio público. Trabajar de manera transparente, participativa y colaborativa ayuda a mejorar el rendimiento y a construir la confianza pública. No obstante, hay que ser realista, el camino hacia la implantación del Gobierno Abierto consiste en un cambio de estructura que afecta a diversos ámbitos y eso implica que sea un proceso progresivo. Para ello es necesario fomentar la interacción a través del desarrollo de formulas nuevas de colaboración mutua.El“gobierno abierto”no consiste únicamente en poner a disposición de la ciudadanía unos datos sin más, sino en favorecer una “feedback” entre administración y ciudadanía que permita a través de la participación rediseñar nuevos modelos de trabajo. Es la obligación de todos los gobernantes el poner en marcha las herramientas para potenciar la democracia participativa, así lo entendemos desde la Generalitat y trabajamos en esa línea. Somos conscientes de la necesidad de impulsar la iniciativa social y establecer espacios de colaboración donde recoger las necesidades de toda la sociedad civil. La participación implica colaboración de todos, porque todos somos responsables de crear nuestra sociedad. de la
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Este cambio se va a producir con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, por lo tanto la decisión es fácil: es el momento de sumarnos al cambio y seguir avanzando hacia un gobierno 2.0.
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POSIBILIDADES DE IMPULSO NORMATIVO DE LA TRANSPARENCIA, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Lorenzo Cotino Hueso1 Contenido: Algunos elementos críticos sobre la futura ley estatal de transparencia; Quién y cómo se puede regular para la Lorenzo Cotino transparencia y su ejercicio a través de las TICs; Mejoras generales de la regulación; Aspectos regulables en Hueso Profesor titular de Derecho materia de transparencia electrónica. constitucional de la Universitat de Valencia, Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde 2000. Doctor y licenciado en Derecho (U. Valencia), Máster en derechos fundamentales (ESADE, Barcelona), Licenciado y Diplomado de Estudios Av a n z a d o s d e C i e n c i a s políticas (UNED).
1. Algunos elementos críticos sobre la futura ley estatal de transparencia.
España es al momento de escribir estas páginas- el único país de la Unión Europea que no cuenta con una ley que cumpla con el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos de 2009.2 Si bien existe ya un Proyecto de ley en 2012. La valoración general del mismo,3 a mi juicio, es necesariamente positiva en comparación con la situación actual. Si bien es cierto que puede calificarse como una ley Ha recibido premios de gatopardesca 4 bajo la máxima de Lampedusa de investigación nacionales “cambiar todo para que nada cambie”. (INAP, Ministerio de Defensa, Ejército Extraordinario de Doctorado). Profesor invitado en Constanza y Bogotá (Colombia) y estancias de investigación también en Utrech yVirginia. Ha escrito o coordinado nueve libros, siendo autor de más de cincuenta artículos o capítulos, básicamente sobre seguridad y defensa, derechos educativos y, en los últimos años, transparencia y participación y Derecho de las nuevas tecnologías. Coordina la Red de especialistas en Derecho de de la
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En cualquier caso, es censurable que no se regule el acceso a la información como derecho fundamental. 1
[email protected],www.cotino.es (ahí puede accederse al texto completo de muchas publicaciones). Es coordinador de la Red de especialistas en Derecho de las NuevasTecnologías de la Información y Comunicación, www.derechotics.com . El presente estudio se realiza en el marco del Proyecto MINECO "Régimen jurídico constitucional del Gobierno 2.0-Open government. Participación y transparencia electrónicas y uso de las redes sociales por los poderes públicos” (DER2012-37844) y previamente del Proyecto MICNIN,“Las libertades informativas en el contexto de la web 2.0 y las redes sociales:redefinición,garantías y límites”,(DER2009-14519-C05-01/JURI),de los que el autor es investigador principal. El presente estudio selecciona algunas de las propuestas normativas realizadas con más amplitud en mi estudio “Derecho y “Gobierno Abierto”. La regulación de la transparencia y la participación y de su ejercicio a través del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales por las Administraciones públicas. Propuestas concretas”, en Revista Aragonesa de Administración Pública 2013. Asimismo, La regulación de la participación y de la transparencia a través de internet y medios electrónicos. Propuestas concretas”, revista P3T, Journal of Public Policies and Territory, www.Politicsandterritoris.com,2012.Http://goo.gl/PTXM2. 2 Existe una muy completa traducción no oficial al español, conjunta al texto oficial en inglés, realizada por M. Sánchez de Diego para http://www.access-info.org en apartado (Consejo de Europa).En 2012 en la Unión Europea,tras las regulaciones de Malta (2008) y Luxemburgo (2010), España se ha quedado como el único país que no ha regulado la materia de forma global en una ley. 3 Por todos, CoaliciÓN Pro Acceso (2012); FernÁNdez Ramos (2012). Una visión especialmente crítica SÁNchez de Diego (2013). 4 Nuez SÁNchez-Cascado (2012).
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Asimismo, las “excepciones” al acceso a la información parecen excesivas, si bien parecen amortiguadas por la necesidad de aplicar tales límites de forma proporcional.5 El texto del Partido Popular mejora y mucho los textos socialistas previos en lo relativo a la información activa, es decir, la información que no hay que solicitar sino que se accede fácilmente a ella en internet. La ley la regula de forma bastante positiva en sus artículos 4 y siguientes, si bien, se echa en falta una mayor cantidad de contenidos de información activa.Y más atrevidos políticamente. Asimismo, cabe criticar el texto del proyecto de ley que no se desarrolle el ejercicio electrónico del acceso a la información, ni los mecanismos de control y revisión de las denegaciones parecen ágiles. De igual modo, en razón de la Disposición adicional primera6 cualquier regulación especial de acceso a la información, incluso por reglamento,puede hacer que la ley no sea aplicable. De otra parte, frente a los anteproyectos socialistas, se ha optado por no atribuir el control estatal a la Agencia Española de Protección de Datos, sino a una refundada “Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios”. Habrá que esperar una mayor definición de este modelo y los mecanismos de relación entre tales agencias. Infra (III.1) se señalan diversos aspectos regulables por normativa autonómica o local que podrían complementar y aminorar estas carencias de la futura Ley de transparencia a partir del Proyecto de la misma. 2.- Quién y cómo se puede regular para la transparencia y su ejercicio a través de lasTICs. Como punto de partida, la regulación de esta materia podría ser de naturaleza estatal, autonómica, local o normativa propia de instituciones corporativas 5 El artículo 10. 2º establece que la “aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto,especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. 6 Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. 1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. 2.Se regirán por su normativa específica,y por esta Ley con carácter supletorio,aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. 3.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,esta Ley será de aplicación,en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental, a la destinada a la reutilización y a la obrante en los archivos que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión.
las nuevas tecnologías de la información y comunicación www.derechotics.com. Más en: www.cotino.net
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autónomas. No hay que esperar a que el Estado sea quien regule. En buena medida las normas estatutarias dotan de cobertura a una regulación general de la p a r t i c i p a c i ó n , l a t ra n s p a re n c i a y l a b u e n a Administración y el desarrollo normativo tampoco afectaría a la competencia exclusiva del Estado en el ámbito administrativo del artículo 149. 1º. 18ª CE. Antes al contrario,se trataría de normativa bajo las potestades de auto organización administrativa de Comunidades Autónomas, entes locales u organizaciones con autonomía. En el caso de Comunidades Autónomas se añade la generalizada asunción de competencias en materia de archivos y registros. Por cuanto a la forma que habría de revestir la normativa, en los más de los casos tan siquiera sería precisa una norma de rango legal puesto que: - no recaería reserva de ley por no ser ni desarrollo ni regulación de ejercicio de derechos fundamentales. - Aunque tuviera conexidad con derechos fundamentales, en muchos supuestos, la normativa relativa al uso de tecnologías por las Administraciones consistiría en el desarrollo instrumental o tecnológico secundario que no exige de rango legal.7 - Se trataría de normativa de concreción, complemento y desarrollo de elementos ya regulados en leyes estatales, por lo que la norma reglamentaria contaría por lo general con suficiente cobertura legal. La posibilidad de regular el gobierno abierto y la transparencia vía reglamento no es baladí. De un lado, puede ser importante ante la dejadez del legislador y permite el activismo desde gobiernos y administraciones. El Estado o las Comunidades Autónomas pueden optar por elegir normas de rango legal o quizá regular reglamentariamente, según factores no sólo propiamente jurídicos, sino políticos, organizativos o de eficacia. De otro lado, tiene singular importancia respecto de Diputaciones y Ayuntamientos o la Administración institucional y 7 El Tribunal Constitucional ha señalado que en materia de derechos fundamentales donde hay una reserva intensa, las posibilidades de remisión de la ley al reglamento ha de limitarse a aspectos“instrumentales”o simples“cuestiones de detalle”(sentencia 77/1985).
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corporativa, puesto que no pueden dictar leyes pero sí cuentan con potestad reglamentaria para conformar en buena medida el gobierno abierto y pueden regular la transparencia y el acceso a la información. Una advertencia a la luz de la experiencia: las regulaciones relativas a las TICs para su efectividad requieren de un importante grado de concreción en elementos tecnológicos. Sin embargo, el legislador parlamentario, por lo general ignorante y perezoso en estas cuestiones acaba limitándose a regular elementos muy generales que dejan sin aplicar la ley o dejan lo importante a la discreción total del regulador gubernamental. Y, lo que es pero, por lo general el necesario desarrollo reglamentario no llega, o cuando llega está también falto del detalle necesario para su efectividad. O simplemente ha pasado la “moda” o “interés” en la participación o transparencia. Todo ello unido a la falta de verdadera voluntad política hace que el proceso quede siempre inacabado. De ahí que lo recomendable es desde el inicio que el regulador que asuma estas materias con decidida intención, lo haga con un grado de detalle que permita hacer efectiva la norma sin dejar la norma al desarrollo sine die. 3.- Mejoras generales de la regulación. Me permito señalar ahora algunos elementos que deben ser regulados. - las normas administrativas, participativas y de transparencia dedican buena parte de su texto en reiterar derechos que ya están reconocidos en normas superiores, sin aportar concreción o garantía alguna de su efectividad. Frente a esta mala práctica, lo que procede es regular elementos concretos para el ejercicio de esos derechos en el marco concreto de la administración de la que se trata,designando órganos y unidades, garantías, plazos efectivos de resolución, efectos de la no resolución en plazo y responsabilidades por el incumplimiento,etc. - Respecto del los plazos plazo de un mes máximo- que fija (el proyecto) el Proyecto de Ley estatal (art.17) en los que las Administraciones deben dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, puede regularse una reducción de dicho plazo máximo. O, por ejemplo,
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que a partir de 15 días de la solicitud la Administración habrá de justificar que concurren unos motivos tasados. - Son varias las posibilidades de regulación respecto de la reclamación posible tras la denegación o silencio negativo de la Administración ante una solicitud de acceso. En razón de la Disposición adicional 4ª del Proyecto de Ley, sería posible contemplar la participación de ombudsmen autonómicos o autoridades de protección de datos donde las haya por cuanto a la autoridad independiente autonómica a quien atribuir la resolución de la reclamación tras la denegación o silencio negativo. Asimismo, también cabría reducir el excesivamente amplio- plazo máximo de tres meses para resolver esta reclamación (art. 21). También podría regularse a mi juicio,el silencio positivo que se produce ante esta reclamación (art. 21. 4º), en su caso, limitado dicho silencio negativo sólo a unos supuestos tasados. - Igualmente, puede resultar de mucho interés en la práctica la concreción autonómica o local de qué órganos o unidades son responsables en el marco de la Ley. Y esta concreción puede ser especialmente importante para la Administración institucional y corporativa dependiente de la Administración que se tratase. - Otro espacio de regulación muy amplio y necesario- es el relativo a la fijación de infracciones y sanciones del personal de las Administraciones en razón de la transparencia y el acceso a la información. El Proyecto de Ley estatal prácticamente lo desconoce y, además, hoy día en razón del artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, este régimen sancionador del personal queda en manos de las Comunidades Autónomas, que hoy día no contemplan infracciones en la materia. - Muy vinculado con el proceso participativo y a la difusión activa, también podría mejorarse la Ley estatal respecto la posibilidad de acceder a información de relevancia jurídica (art. 6 Proyecto). En concreto por cuanto a la elaboración de reglamentos y leyes.Es clave posibilitar el acceso a la información cuando aún se de la
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tiene posibilidad de participar o influir en el procedimiento. Cabe tener en cuenta los casos en los que no se informa del texto de la futura norma hasta su aprobación o, cuanto menos, hasta que se solicitan informes (art. 6). Y ello bajo la exclusión del acceso a la información cuando“se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general” (art. 15 a). 4.- Aspectos regulables en materia de transparencia electrónica. Frente a los escasos compromisos normativos en la materia, lo cierto es que muchas de las propuestas de regulación concretas que pueden realizarse no son nada novedosas,8 sino que se reclaman sin éxito desde hace años,mientras lasTICs no dejan de evolucionar. Y por lo que ahora interesa, cabe regular de forma concreta el ejercicio a través de las TICs de los diversos derechos e instrumentos de la ciudadanía para ejercicio electrónico del derecho de acceso a la información. Lo habitual y muy negativo en la práctica- es que las normas se limiten añadir como “cuña” que el derecho o instrumento participativo“se podrá ejercer por medios electrónicos”. Y punto. Al no haber concreción jurídica, estas facultades y derechos no se ejercen nunca de forma electrónica y quien lo intenta acaba desistiendo por las barreras fácticas que se encuentra al plantearlo a una Administración que duda por falta de cobertura jurídica y de conocimiento y voluntad en la materia. Así pues, se trata de regular la obligación de disponer un espacio concreto en la web o sede electrónica para ejercer estos derechos, determinar un órgano o unidad responsable, aportar medios e instrumentos personales, económicos y tecnológicos, fijar el nivel de seguridad exigido para esas plataformas, determinar el nivel de identidad electrónica exigido, las garantías de acuse de recibo,de prueba de la comunicación,etc. - También es muy recomendable la regulación de los modos de contacto electrónico de los ciudadanos con la administración fuera de un procedimiento. Estas relaciones “extraprocedimentales” son muy habituales y no tienen cobertura jurídica alguna, siendo que 8 Muchas de las propuestas ya se afirman en Cotino Hueso (2006 b). Steven Clift desde 2004 señalaba para el futuro la necesidad de reconocimiento de unos derechos mínimos Clift,(2004).
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muchas veces quedan muy vinculadas con elementos de acceso a la información. En otro lugar he formulado cómo podría ser tal regulación.9 - Asimismo, es preciso regular de forma concreta la existencia de un punto en la web institucional que centralice la información electrónica al ciudadano y los elementos mínimos de información que debe contenerse en el mismo y su estructuración (ejemplo, arts.14 y 15 de la Ley valenciana 5/2010). - En el ámbito de la reutilización y open data, cabe regular de forma concreta y con compromisos para los poderes públicos no sólo la posibilidad de reutilizar la información pública (ya garantizado por Directiva desde 200310 ), sino la disposición de los formatos óptimos para que la reutilización pueda ser eficaz, así como regular órganos y mecanismos de colaboración con la sociedad civil y el sector privado interesados en la reutilización.Al respecto destaca el anteproyecto vasco y el Real Decreto 1495/2011 estatal). La normativa puede implantar plataformas de acceso a la información reutilizable y fijar órganos responsables, y sus atribuciones. Asimismo, dado que hay sectores específicos de la sociedad civil interesados en la reutilización de la información pública orientada a la participación y la transparencia, cabe regular orgánicamente la participación de los mismos en estas políticas de información activa, creando canales fluidos entre ellos y los poderes públicos. Cabe recordar que para entes hay gran margen de concreción normativa sobre reutilización pública y el régimen de propiedad intelectual, a partir de la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre y la Ley 37/2007, siendo el Real Decreto 1495/2011 estatal. - Hay también que regular la transparencia misma de las políticas y procedimientos participativos. Además de la ya afirmada información sobre todos los órganos participativos, su composición y procedencia, cabe contemplar la elaboración de informes de participación y transparencia periódicos o no, sectoriales o generales a cargo de órganos y unidades con responsabilidades.Y, Un texto posible de norma puede seguirse en Cotino Hueso (2010 b). Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector público.
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en especial, hay que regular la obligatoriedad de divulgar tales informes periódicos en el portal de participación e información de la sede electrónica, así como de difusión obligatoria a los participantes a través de listas de correo, redes sociales, etc. Hoy día resulta extremadamente difícil saber la marcha real de normas participativas ahí donde se han dado. - Las normas participativas suelen incluir un apartado de normas de fomento de la participación. La Unión Europea ha subrayado que las exigencias de transparencia recaen también en la sociedad civil participante. Por ello, la normativa participativa y de registro de entidades puede contener obligaciones de difusión activa de información a través de los medios electrónicos y dotar de cobertura a la difusión de la información sobre subvenciones recibidas y procedencia de éstas, así como información sobre la actividad desarrollada en los distintos procedimientos participativos, los miembros componentes de los distintos órganos de participación, sus retribuciones directas o indirectas, etc. Cabe regular asimismo la difusión de las memorias o documentación de la solicitud y justificación de los resultados presentados por los beneficiarios. - Para las respectivas administraciones cabe complementar la regulación estatal respecto de diferentes aspectos como el ejercicio electrónico del derecho y la difusión activa de la información a través de las TICs, que es bastante mejorable en la Ley estatal en ciernes.En este último caso,cabe regular asimismo el establecimiento de garantías eficaces para exigir la difusión activa.Y, como es obvio, la transparencia activa será electrónica o no será. Además, podría regularse la catalogación y difusión de los listados y tipología de información pública activa. - En la mayoría de los casos, para el ejercicio de la transparencia, la participación la evaluación de la calidad y otras acciones de open government no es necesaria una identificación plena de los ciudadanos. Por ello,la mayor parte de las fórmulas participativas no exigen de identificaciones robustas, como el e-DNI. Pese a más de 30 millones de e-DNI expedidos en 2013, pocos son los que saben usarlo o están dispuestos a
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hacerlo para participar o acceder a información pública. Aunque pueda sorprender, incluso en muchos supuestos de transparencia y participación, los mecanismos de identificación a través de grandes prestadores de servicios y de redes sociales generalizadas pueden ser suficientes y son en los que están habituados buena parte de la población digital. La Ley 11/2007 permite“otros medios”de identificación electrónica (art. 16) que quedan a juicio de la autoridad competente. -La protección de datos y la privacidad no pueden pasar a ser excusas o barreras frente a la transparencia y la participación electrónicas. Remitir información y comunicaciones a los ciudadanos, gestionar redes sociales con numerosos perfiles y grupos, así como bases de datos de ciudadanos y participantes según perfiles es una materia sensible, que exige el buen trabajo y asesoría de un jurista que conozca el tema. El mal jurista dirá que no se pude gestionar o tratar datos, cuando por lo general lo que se requiere es un mayor esfuerzo y vigilancia de que se cumple con los correspondientes registros de ficheros,se recogen bien los consentimientos con plena información o se han implementado las debidas medidas de seguridad de la información. - En general,es de interés la categorización jurídica de la actividad misma de divulgar información pública y de hacerlo a través de medios electrónicos. Esta actividad informacional, que se ha intensificado gracias a las TICs, no suele concebirse ni como función ni como servicio público, ni recae obligación jurídica de algún tipo de llevarla a cabo. Como consecuencia, el régimen jurídico que afecta a la actividad informacional de los poderes públicos es un auténtico cajón de sastre heterogéneo sin bases dogmáticas para su tratamiento.11 En la misma dirección, y como también ha señalado Cerrillo,12 la normativa puede ser muy útil para establecer una tipología de la información pública:información de la web institucional, información de servicio, información obligatoria de la sede electrónica, información en razón del derecho de acceso, El mejor esfuerzo posiblemente se deba a Cerrillo i MartÍNez (2010). Ídem.
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información en procedimientos de interés colectivo o difuso, información de contratación administrativa, información dentro de un procedimiento, archivo o expediente,etc.A partir de tal tipología puede aplicarse un régimen jurídico diferente para los requisitos de acceso a dicha información, la necesidad de identificarse y con qué grado de robustez, la obligatoriedad de que figure directamente la información en la web; el nivel de seguridad de la información que proceda,protección de datos,etc. - Un elemento muy importante a regular es el régimen de responsabilidad jurídica de la información pública difundida por medios electrónicos.13 La Ley 11/2007 incluye exigencias y derechos de calidad de la información a través de medios electrónicos (arts.4 y 6), con exigencias más concretas respecto de la información de la sede electrónica (art. 10), también se regulan las publicaciones oficiales y los tablones electrónicos (arts.11 y 12).Pero caben regulaciones más concretas. Además de afirmar expresamente los requisitos de la información pública (integridad, actualización, neutralidad, interoperabilidad, calidad, claridad, usabilidad, accesibilidad, veracidad, exactitud, fiabilidad, seguridad, privacidad, etc. ) cabe regular las cláusulas y condiciones de uso que han de figurar en los avisos legales (que por lo general niegan el valor de la información de la web y la responsabilidad por la misma); hay que regular cómo y dónde han de aparecer estos avisos y la validez jurídica de los mismos así como de las comunicaciones informales de los servidores públicos a la ciudadanía (p. E: a través de correo electrónico). Como se ha señalado en el apartado anterior, cabe regular estos contactos informales electrónicos de la Administración con la ciudadanía. Puede ser importante imponer la obligación de la fijación de fecha de última actualización de la información y aviso de posible desactualización a los efectos de adoptar decisiones por la ciudadanía basadas en tal información. Ello puede implicar aclarar orgánicamente las atribuciones y competencias respecto de la información de la web institucional y su actualización. En la misma dirección, procede regular la autoría y responsabilidad de la información de la web institucional, que en muchos ocasiones queda Además de los trabajos de Cerrillo,por todos,ValeroTorrijos (2007)-
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indeterminada de cara al ciudadano, lo cual dificulta en la ejercer garantías respecto de la misma. Deben determinarse medios claros de comunicación con el responsable de la Administración así como mecanismos que faciliten la prueba del contenido de la web o comunicación electrónica de cara a las posibles acciones legales. Asimismo, se puede intentar especificar el alcance de la responsabilidad que se asume respecto de contenidos en servidores ajenos a la web (como las redes sociales) o los contenidos integrados por terceros en la web institucional. - Relacionado con lo anterior,y sin adentrarnos ahora en cuestiones de protección de datos, cabría regular el cumplimiento de la gestión de consentimientos del uso de “cookies” a que en principio obliga el artículo 22 de la Ley 34/2002 en razón de la ley de cookies, esto es, el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, transposición de la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,de 25 de noviembre de 2009. - La regulación de los avisos legales y políticas de privacidad que deben cumplir las webs institucionales puede ser un elemento óptimo para mitigar problemas jurídicos. No es difícil estandarizar un aviso legal completo que haga referencia a todos los elementos jurídicos relevantes y concrete en lo posible elementos jurídicos de interés.Así,por ejemplo,identificación de la titularidad de la página y medios de contacto eficaz para comunicar por problemas jurídicos con la web. Sobre reutilización y propiedad intelectual, es adecuada una remisión a la normativa aplicable (si hay normativa propia más concreta,además de la Estatal),al tiempo de la explicitación de elementos y decisiones que la normativa deja en mano de la institución en su política de reutilización. De igual modo, todas las especificaciones sobre open data con remisión al portal específico si existe. También cabe incluir en el aviso legal la especificación de autorizaciones sobre los contenidos y condiciones que se establecen para la reutilización y mecanismos de contacto eficaces para obtener posibles autorizaciones concretas. Ya se ha adelantado contenidos posibles respecto de la responsabilidad por contenidos propios y ajenos de la web. Además de regular algunos contenidos mínimos del aviso legal, guarda especialmente importancia que de la
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se obligue a que éste tenga una importante visibilidad. Un elemento estructural de la web 2.0 es la generación 14 de contenidos por los terceros participantes, contenidos que se vienen a integrar ,en nuestro caso,en el sitio o aplicación de la Administración.Por ello,resulta de especial interés determinar las posibilidades y responsabilidades de las Administraciones por la integración de contenidos de terceros en las webs institucionales. La práctica delata que muchas administraciones han huido de las redes y su integración en webs institucionales por el temor a ser responsables por los contenidos que incluyen terceros. Jurídicamente se pueden dejar claros bastantes elementos de este tipo sin que ello conduzca a huir del uso de las redes sociales por las Administraciones o a no utilizar en plenitud las mismas. Por ejemplo, el legislador puede aclarar la aplicabilidad a las Administraciones públicas de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o15 p a r a f a c i l i t a r a l a s Administraciones las exenciones de responsabilidad por contenidos ilícitos alojados por terceros. Cuanto menos, el normador puede dar por hecho que asume que tal normativa le es aplicable. Y para ello, por ejemplo, deben fijarse medios claros de comunicación con el responsable del sitio de la Administración donde se integran contenidos de terceros, no ya sólo para alertar y en su caso agilizar su retirada, sino también a los efectos del “conocimiento efectivo” a partir del cual la Administración estaría obligada a impedir el acceso a estos contenidos conflictivos para evitar asumir la responsabilidad por los mismos (arts. 16 y 17 Ley 34/2002). BIBLIOGRAFÍA CastellÀ i Andreu, Josep María (2001): Los derechos constitucionales de participación política en la administración pública: (un estudio del artículo 105 de la Constitución),Cedecs. Cerrillo i MartÍNez,Agustí: -. (2010):“La difusión de información pública a través de Lo sigo en mi estudio,Cotino Hueso (2009). Al respecto,ValeroTorrijos (2007).
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los medios electrónicos: claroscuros de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos”, en Cotino Hueso, L. y Valero Torrijos, J. (coords) Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España,Tirant lo Blanch,pp.350-395. - (2011): “Web 2.0 y la participación ciudadana en la transparencia administrativa en la sociedad de la información”,en Cotino Hueso (2011 b),pp.131-148. Clift, Steven (2004): “Democratic Evolution or Virtual Civil War”, Remarks as prepared for the Promise of EDemocracy WSIS Event,Geneva,Switzerland,December 2003,disponible en: http://www.publicus.net/articles/democraticevolution .html . Coalición Pro Acceso (2012): Propuestas de la Coalición Pro Acceso para mejorar la Ley deTransparencia,Acceso a la Información y Buen Gobierno Madrid, 19 de septiembre de 2012. http://www.proacceso.org/wpcontent/uploads/Propuestas_Coalicion_Pro_Acceso.p df Cobo, Cristóbal (2012): “Gobierno abierto: de la transparencia a la inteligencia cívica”, en Hofmann, Andrés, RamÍRez Alujas, Álvaro y BojÓRquez Perenieto, José António (coodrs.) pp.101-118. Cotino Hueso,Lorenzo -. (2005 b) "El derecho fundamental del ciudadano administrado europeo a la transparencia e información pública", en Libro homenaje a D. Íñigo Cavero, (coord. José Peña González),Tirant lo Blanch,Valencia, , pp. 725754 Accesible en la red. -.(2006 c): "Transparencia y derecho de acceso a los documentos en la Constitución Europea y en la realidad de su ejercicio",en La Constitución Europea :actas del III Congreso Nacional de Constitucionalistas de España / coord. por Héctor López Bofill, Marc Carrillo López, pp. 285-308. -. (2007 a):“Retos jurídicos y carencias normativas de la de la
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democracia y la participación electrónicas”, en Revista Catalana de Derecho Público, monográfico sobre "la incidencia de las TIC en el Derecho público”,núm.35, pp. 75-120.Accesible en la red. - (2008) “Acceso a la información pública en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos”, en Sanchez de Diego, Manuel (coord.) (2008): El derecho de acceso a la información pública. El papel del Derecho de la información en la Sociedad del Conocimiento,Actas del Seminario internacional complutense, Universidad Complutense,pp.68-96.Accesible en la red. - (2009): “The problem of liability for illegal content in the web 2.0 and some proposals”, pp. 73-85, en ROIG, Antoni (ed.),Law and web 2.0,IDT Series,Proceedings of the First Workshop on Law and Web 2.0, IDT, Institute of Law and Technology (UAB), Huygens Editorial, Barcelona. Actualizado en 2012 en castellano a texto completo. - (2010 a):“El derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones y el estatuto del ciudadano eadministrado en la Ley 11/2007 y la normativa de desarrollo”, en Gamero Casado y Valero Torrijos (2010) pp.177-344.Disponible en la red. - (2011a): “Tratamiento jurídico y normativo de la democracia, participación y transparencia electrónicas: presente y perspectivas”, en Barrat I Esteve, Jordi Fernández Riveira, Rosa Mª (coord.), Derecho de Sufragio y Participación ciudadana a través de las Nuevas Tecnologías, con prólogo de Pierre Garrone (Consejo de Europa), Civitas -Instituto de Derecho Parlamentario Universidad Complutense, Cizur Menor, pp..217-256 Accesible en la red. - (2012 a): “La regulación de la participación y de la transparencia a través de internet y medios electrónicos.Propuestas concretas”, Revista P3T, Journal of Public Policies and Territor y, www.politicsandterritoris.com, 2012. http://goo.gl/PTXM2 - (2012 b): “Del “deber de publicidad” de Brandeis al
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“Open Governement” de Obama. Regulación y control de la información pública a través de las nuevas tecnologías”, en Escobar Roca, Guillermo (ed.), La protección de los derechos humanos por las defensorías del pueblo,Dykinson,Madrid,2013. - (2013):“Artículo 9. Derechos de buena administración, transparencia, participación, uso de lenguas y otros mandatos al legislador valenciano”; “Artículo 19. Desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible y derecho de acceso a las nuevas tecnologías” y “Artículo 49. 3º. 16ª La competencia autonómica en el régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento”, todos en Garrido Mayol, Vicente (dir.) (2013): Comentarios al Estatuto de Autonomía de la ComunitatValenciana,Tirant lo Blanch. Cotino Hueso, L. y Valero Torrijos, J. (coords) (2010): Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España,Tirant lo Blanch 2010. Gamero Casado, Eduardo y Valero Torrijos, Julián (Coords.) (2010): La Ley de Administración electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007,de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, Aranzadi, Cizur Menor (3ª edición), pp. 177344.Disponible en la red. Guichot Reina.Emilio: - (2010): Transparencia y Acceso a la Información en el Derecho Europeo,Derecho Global,Sevilla. - (2011):Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas, Fundación Alternativas, Documento de trabajo 170/2011. Acceso completo en la red. Fernández Ramos,Severiano: - (1997): El derecho de acceso a los documentos administrativos.Madrid. - (2012): “Comentario de urgencia al anteproyecto de de la
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Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno” en Actualidad Administrativa, nº 12, Sección A Fondo,Quincena del 16 al 30 Jun.,p.1466. Hofmann, Andrés, RamÍRez Alujas, Álvaro y BojÓRquez Perenieto,José António (coodrs.) (2012):La promesa del Gobierno Abierto,Disponible en la red. Nuez Sánchez-Cascado, Elisa de la (2012): “El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno ¿Una ley gatopardesca?” en ¿Hay Derecho? 24 septiembre.Http://goo.gl/LbA5w OCDE (2005): Manual de información, consultas y participación en la toma de decisiones de la OCDE http://www.oecd.org/dataoecd/20/37/37873406.pdf Sánchez de Diego,Manuel: - (2008): “El derecho fundamental a acceder a la información pública” en El derecho de acceso a la información pública. Cersa, Madrid,. Pp. 7-9 http://eprints.ucm.es/8946/ - (2013): “Transparencia y acceso a la información pública ¿son lo mismo? Por un derecho fundamental a acceder a la información pública”, en Corredoira y Alfonso, Loreto y Cotino Hueso Lorenzo (eds.) (2013): Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,Madrid. Valero Torrijos, Julián (2007): “Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por difusión de contenidos propios en Internet”, en Cavanillas MúJica, Santiago, Responsabilidades de los proveedores de información en internet,pp.107-133.
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LA TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: TEORÍA Y PRÁCTICA Lucía Campos Seguí « ¿Después de seis meses no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente: Vuelva usted mañana, y cuando este dichoso mañana llega en fin, nos dicen redondamente que no?».
Lucía Campos Seguí Licenciada en Sociología y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat deValència. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Bienestar Social, Cooperación y Desarrollo Local (Universitat deValència). Forma parte de la Junta D i r e c t i v a d e AVA P O L , ejerciendo el cargo de Tesorera, y compagino mi actividad profesional con la Investigación tanto a nivel profesional como la académica universitaria. Realiza colaboraciones en medios de comunicación sobre temas de Ciencia Política y Sociología
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1.- Del“Vuelva usted mañana”… Cierto es que el gran Mariano José de Larra escribió su célebre Vuelva usted mañana motivado por el pecado mortal de la pereza, pero aquellos/as que nos dedicamos a la Ciencia Política no podemos evitar realizar una segunda lectura de este gran artículo, escrito hace 180 años. El “Vuelva usted mañana” también se ha ganado un puesto honorífico dentro de los tópicos que rodean la Administración Pública como símbolo de opacidad en una sociedad en la que la burocracia tarda demasiado en resolver la demanda del ciudadano. Salvando las distancias con el retrato que nos ofrece Larra de la Administración Pública de principios del siglo XIX, buena parte de la conciencia colectiva hoy sigue asociando los términos inoperancia, opacidad y lentitud a la Administración Pública actual, aunque las TIC y el desarrollo de la Administración Electrónica han contribuido en buena medida a agilizar muchas de nuestras gestiones burocráticas. Además, no sólo la Administración Pública ha ido evolucionando, sino que la ciudadanía también ha dado un salto cualitativo excepcional: más formada, más informada y más participativa. Ahora bien, en el contexto actual, en el que la corrupción y el fraude se consideran el segundo problema de España (39,3%), seguido muy de cerca de los políticos en general, los partidos y la política (29,4%), está claro que algo no marcha bien: la ciudadanía debe recuperar la confianza en las instituciones públicas, dotándose de mayores y mejores mecanismos de transparencia y participación. En palabras de A.Gutiérrez-Rubí:“La política vigilada (las corporaciones y las instituciones observadas, en definitiva, el poder vigilado) debe dar paso a la democracia vigilante. […] La democracia vigilante es la
clave de la nueva política. Por una parte, la vigilancia nos mantiene en alerta cívica y nos refiere a nuestro sistema jurídico, a nuestro corpus legal y democrático. Vigilamos, pues, el cumplimiento de las leyes. Y, por otra, nos empodera en la responsabilidad y en la participación, emancipando a los ciudadanos para asumir su papel protagonista y responsable del devenir colectivo.” 2.-…Al documento .pdf interminable. Actualmente, en España los mecanismos de transparencia y participación no están demasiado regulados: España continúa siendo uno de los pocos países de la UE que todavía no tienen una ley de Transparencia,al igual que Luxemburgo,Malta y Chipre. Lo que existe en estos momentos en España es el Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2012. Esta ley está estructurada por un Título Preliminar, un Título I (“Transparencia en la Actividad Pública”, incluyendo el derecho de acceso a la información), un Título II (“Buen Gobierno”) y una serie de Disposiciones adicionales y finales. Sin entrar en un análisis pormenorizado de su contenido, lo único que me gustaría destacar es que, de aprobarse mañana mismo,elTítulo I no entraría en vigor hasta el año siguiente de la publicación de esta ley en el BOE. Con lo cual, estaríamos en un clima de cuasitransparencia durante el primer año en vigor de la Ley de Transparencia, aunque la expresión resulte paradójica. Esta es la realidad en el ámbito jurídico. Ahora bien, ¿en qué se materializan esos anhelos de Transparencia en el ciudadano de a pie? ¿Cómo vivimos y percibimos el fenómeno del acceso a la información pública en nuestra vida cotidiana? Es cierto que últimamente están proliferando varios estudios y rankings sobre el Índice de Transparencia de distintas Administraciones Públicas. En este sentido, el ejemplo más cercano a la realidad social valenciana lo tenemos en los resultados que ofrecía el Estudio “Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2012” , realizado por la ONG Transparency International España, en el cual los ayuntamientos de los municipios de Gandia y Torrent obtuvieron los primeros puestos del ranking español.
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En esta misma línea, la Fundación Compromiso y Transparencia presentó en mayo de 2013 su Informe “Transparencia,el mejor eslogan 2012”,en el que analizan los índices de transparencia de los partidos políticos y sus fundaciones, siendo el resultado bastante desalentador incluso en el caso de los partidos mayoritarios. Hasta ahora hemos hablado de los informes oficiales, resultado del magnífico trabajo, muchas veces desinteresado y lleno de obstáculos, de entidades del Tercer Sector, esto es: asociaciones, fundaciones y ONG concienciadas y preocupadas por la falta de Transparencia en España. Hablemos ahora del ciudadano de a pie: ¿qué hace una persona, como tú o como yo, para obtener información pública? Si quiero saber a cuánto asciende la factura de la luz de mi ayuntamiento, cuánto dinero ha gastado el partido político por el que voto en su última campaña electoral, cómo está gastando mi alcalde la subvención que ha recibido de la Unión Europea… ¿cuáles son mis opciones? Esta información, al igual que otras muchas, pese a estar pagada con dinero público, no está a nuestra disposición: ¡tenemos que pedirla! Es decir, el ciudadano tiene que realizar un esfuerzo adicional de tiempo (y muchas veces, de dinero) para obtener información pública. A día de hoy, todo este proceso está fuertemente burocratizado, ya que lo primero será ir a la Administración correspondiente, cumplimentar una instancia y esperar que nos contesten… si efectivamente llegan a hacerlo. Si pasado un tiempo prudencial no recibimos contestación, siempre nos queda la opción de volverlo a intentar,bien en la misma Administración o bien en otra distinta. Supongamos ahora el mejor de los casos y que recibimos contestación de la Administración Pública. Pueden pasar dos cosas: que recibamos una carta de la Administración diciéndonos que no es posible darnos esa información; o que la Administración nos envíe un sobre, tamaño A4, bastante grueso. Sin duda, esta segunda opción es mucho más prometedora, pero no suele cumplir nuestras expectativas: hoy por hoy, la Transparencia en España queda confinada a un interminable documento en formato .pdf con datos en bruto. Listados de cláusulas, números, porcentajes, de la
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siglas, códigos… nadie puede negar que se trata de información, de acuerdo, pero cerrada e inoperativa para nuestro propósito. Así pues, la Administración Pública no da una respuesta clara y concisa, sino que es el ciudadano quien tiene que procesar y trabajar esos datos para tratar de encontrar la información (pública) que busca. 3.- La respuesta de la sociedad civil. Teniendo en cuenta las trabas actuales de la Administración Pública en el acceso a la información, que la ley de Transparencia en España no acaba de ponerse en marcha, y la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones públicas, no es de extrañar que en este contexto social la propia ciudadanía haya tomado la iniciativa. Muchas de estas iniciativas han cristalizado en diversas entidades del Tercer Sector: asociaciones, fundaciones, ONG, etc. formadas por ciudadanos y ciudadanas que exigen saber. La Transparencia no es sólo una moda pasajera, sino que ha venido para quedarse: disponer de toda la información en cada momento de qué hacen con nuestro dinero los poderes públicos se ha convertido en una demanda social y, por ende, una necesidad de la ciudadanía. No nos queda otra que familiarizarnos con los archivos de Open Data, las medidas de Open Government y Democracia Participativa, Sirva como botón de muestra la siguiente tabla, en la que se recogen algunas entidades surgidas de la necesidad de reflexionar sobre la Transparencia en el acceso a la información pública y convertirla pronto en una realidad: Tabla 1.- Entidades y Twitter
Denominación de la Entidad
Twitter
Fundación Civio
@civio
Tu derecho a saber
@tuderechoasaber
Gobierno Abierto- Govern Obert
@governobert
Qué hacen los Diputados
@que_hacen
Sueldos Públicos
@sueldospublicos
Coalición Pro-Acceso
@pro_acceso
ACICOM
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Tabla 1.- Entidades y Twitter (Continuación)
Denominación de la Entidad
Twitter
Analizo.info
@analizoinfo
International Transparency España
@anticorruption
+ Democracia
@mas_demo
Fundación Compromiso y Transparencia
@Compromiso_Empr
AVAPOL
@AVAPOL
Con todo, la rendición de cuentas es algo que la Administración Pública española debiera tener ya interiorizado como deber primordial,y no esperar a que un ciudadano pida una información concreta para,en el mejor de los casos, abrir un cajón y le darle, a ese ciudadano y sólo a él, la información requerida. No hemos de perder de vista que en todo momento hablamos de datos públicos y de gestión pública, y que esta gestión se lleva a cabo con nuestros impuestos. La res pública no es gratis, sino de todos nosotros. En definitiva, hemos visto que existe una buena voluntad por parte de los poderes públicos para dotar de una mayor Transparencia a la Administración Pública, pero vemos que en la práctica aún queda mucho camino por recorrer. BIBLIOGRAFÍA De Larra,Mariano José (1833):“Vuelva usted mañana”,en la revista El Pobrecito Hablador,nº 11.Madrid. Barómetro del CIS (Estudio nº 2.984, abril 2013), los principales problemas que existen actualmente en España son, por este orden: El paro (80,7%), la corrupción y el fraude (39,3%), los problemas de índole económica (35,5%) y los políticos en general, los partidos y la política (29,4%). Gutiérrez-Rubí, A. (2011): La política vigilada. La comunicación política en la era de Wikileaks. Editorial UOC,Barcelona.(pp.32-33). Anteproyecto de Ley deTransparencia http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/i ndex.htm
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Transparencia Internacional España: Índice de transparencia de los ayuntamientos 2012. http://www.transparencia.org.es/ita_2012/ranking_gl obal_%202012.pdf Sahuquillo, J.l (2013):“El bipartidismo suspende el test de transparencia”,en el Diario digital Sueldos Públicos.
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GOBIERNO ABIERTO: CUESTION DE CONFIANZA Francesc Xavier Ferri Fayos Dicen que la ciudadanía ya no confía ni en los partidos ni en los políticos.Y a quienes así lo afirman no les falta razón. S egún las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas los ciudadanos sitúan a los políticos como uno de sus principales problemas. Las señales de desconfianza de la población hacia sus Francesc Xavier dirigentes ocupa portadas de los principales Ferri Fayos periódicos, abre informativos y protagoniza tertulias y Diputat més jove de les Corts debates en diferentes medios. Valencianes.
Menos atención recibe, en cambio, la desconfianza de los políticos y los gobiernos hacia los ciudadanos. Desde mi punto de vista, esta falta de confianza es mucho más grave. Esa desconfianza es la que se esconde detrás de la opacidad de los gobiernos o del nulo interés por desarrollar políticas de participación ciudadana o de colaboración entre la administración y particulares. Esa desconfianza es la que provoca que, mientras escribo estas líneas, España sea el único estado europeo con más de un millón de habitantes que no dispone de una Ley de Transparencia y que el É s a c t i v i s t a L G T B i proyecto que actualmente está en tramitación cuente coordinador d'iniciatives com con importantes deficiencias como la exclusión de VolemSaber.com, portal de instituciones y entidades financiadas con dinero transparència de Compromís. público o la falta de independencia del órgano de control. Compagina el seu treball parlamentari com a portaveu de Compromís en les àrees d'Indústria, Comerç, Turisme, Igualtat, Joventut, Peticions i Noves Tecnologies amb el seu treball d'enginyer d'organització al sector de l'automòbil i amb la Secretaria General del BLOC JOVE.
Parece evidente que no hay un especial interés en nuestros gobiernos para desarrollar los principios del Open Government e incorporarlos en el ADN de las administraciones. Lo pude comprobar cuando, el 7 de marzo de 2012, interpelé al vicepresidente del Consell valenciano,José Císcar,sobre la política de la Generalitat en el desarrollo del Gobierno Abierto. En su intervención1 el vicepresidente aludió al Informe de Transparencia Internacional que, según él, avalaba la política del gobierno valenciano en cuanto a transparencia. No se percató que estaba citando solo uno de los ámbitos del informe y que en la puntuación 1 Puede consultarse la intervención íntegra en el Diario de Sesiones 31 del Pleno del 7 de marzo de 2012 en las CortesValencianas.
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global la Generalitat Valenciana se encontraba en las últimas posiciones del ranking, destacando como uno de los focos de opacidad a nivel español. Evidentemente, si nuestros gobernantes no son capaces de identificar el problema difícilmente buscarán una solución para solventarlo. Por otro lado, los gobernantes también demuestran poco interés y conocimiento por el Gobierno Abierto cuando ponen como ejemplo de Gobierno Abierto una encuesta on-line, o un formulario de contacto. El Open Government no es eso. De hecho, ninguna herramienta es, por sí sola, una garantía de transparencia, participación y colaboración. Lo que hace el Gobierno Abierto no son las herramientas, ni las páginas web, ni los formularios: es la actitud. Una actitud abierta a la transparencia,motivada por la participación ciudadana y consciente de que las políticas públicas mejoran si se realizan en colaboración con la ciudadanía. No podíamos esperar que un gobierno que no entiende el concepto de Gobierno Abierto apostara por él. Así se explica que nuestras propuestas para desarrollar esta filosofía de gobernanza a través de la Generalitat hayan sido rechazadas de forma sistemática por la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Las mayorías absolutas suelen tener estos efectos. Muy pocas propuestas que nacen de la oposición sobreviven. Lo más frustrante es que no se produce ningún intento de negociación para que las propuestas sean aceptables. En un momento dado, después de ver rechazadas numerosas propuestas, nos planteamos qué hacer y qué camino tomar. Personalmente, no podía aceptar que en un tema tan importante como el Gobierno Abierto triunfara nuevamente el desánimo y la frustración de ver rechazadas una y otra vez las propuestas en el parlamento valenciano. Nos reunimos con la asociación Govern Obert, y nos pusimos a trabajar para superar el veto de la mayoría del Partido Popular y desarrollar desde Compromís, dentro de nuestras posibilidades, los principios de Open Government.
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Uno de los primeros retos fue acompañar nuestras propuestas de transparencia en la administración de medidas aplicadas a nuestra propia organización. En políticas de transparencia, la coherencia es la única vía para ser creíbles. En la campaña electoral de las Elecciones Generales de 2011, mi buena amiga Helena Malonda, dijo una frase que creo que resume de forma muy clara cómo es y cómo creemos que debe seguir siendo la política de Compromís:“Decir lo que hacemos, hacer lo que decimos”. Transparencia y coherencia, como los dos pilares sobre los que se debe asentar una nueva forma de hacer política. Así, fuimos la primera organización que publicamos los sueldos de nuestros cargos públicos. Más tarde añadimos al apartado de transparencia de nuestra página web las declaraciones de la renta de los diputados y diputadas, las cuentas de los partidos, y las asignaciones y subvenciones al grupo parlamentario. Información que en muchos casos ya era pública pero se encontraba dispersa en boletines o documentos oficiales en formatos cerrados y difícilmente accesibles. La transparencia es también facilitar el acceso y contextualizar a la información. En nuestro caso, decidimos adjuntar en este apartado nuestras estadísticas de actividad parlamentaria.Creemos que el ciudadano o ciudadana que consulte nuestras retribuciones tiene también derecho a conocer nuestro trabajo y nuestra dedicación, cuántas iniciativas hemos presentado por diputado y la comparativa con el resto de grupos parlamentarios.En el ámbito orgánico,desde los sectores más jóvenes del partido aprovechamos el último Congreso del BLOC,celebrado en septiembre de 2012, para impulsar la inclusión en nuestros Estatutos de un capítulo específico dedicado a la transparencia y la participación. Una apuesta que en poco tiempo se convirtió en transversal e intergeneracional, lo que produjo que llegáramos a un consenso en toda la organización. Así nuestras propuestas fueron asumidas como una parte más de la cultura organizativa del BLOC. El segundo reto fue asumir la misión de impulsar el Gobierno Abierto sin ser gobierno.Ya contábamos con un portal de participación en nuestra página web, a través del cual la ciudadanía podía hacer aportaciones y de la
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preguntas. De hecho, nuestro programa electoral también nació con propuestas enviadas a través de una plataforma web abierta y participativa. Nuestro objetivo era llevar las posibilidades de participación un paso más allá, y así fue como nació la herramienta Volemsaber.com (Queremos Saber). A través de un portal específico la ciudadanía puede plantear sus preguntas a las diferentes instituciones para que sean tramitadas a través de los representantes de Compromís en diferentes ámbitos. Si hacemos balance, desde su puesta en marcha en Julio de 2012 se han recibido cerca de 500 preguntas y se han superado las 17.000 visitas. Un aparente éxito que se ve empañado por la falta de respuesta de las administraciones. Los gobiernos cumplen con su obligación formal de contestar pero realmente no responden al contenido concreto de las preguntas ciudadanas. Pensábamos, ingenuamente, que cambiarían de actitud si conocían el origen participativo de las preguntas parlamentarias. Finalmente, nos planteamos también el reto de aplicar la filosofía de la colaboración. En este sentido, decidimos que nuestra propuesta para una Ley Valenciana de Transparencia y Gobierno Abierto fuera redactada de forma colaborativa a través de internet. A día de hoy continuamos recibiendo aportaciones por par te de ciudadanos anónimos, exper tos y asociaciones, y esperamos poder presentar la proposición de ley en los próximos meses indicando las propuestas que hemos aceptado, las que hemos rechazado y el motivo por el cual hemos decidido hacerlo. De momento la ley contempla la transparencia activa y apertura de datos por parte de las administraciones y entidades con financiación pública, el derecho de la ciudadanía a acceder a la información, las diferentes vías de participación y colaboración ciudadana, y un marco general de evaluación y planificación de políticas públicas. El recorrido de esta proposición es una incógnita. Pero la experiencia nos indica que lo más probable es que sea rechazada con los votos de la mayoría absoluta del PP. Nuevamente, intentaremos superar la frustración y el desánimo. Como puede apreciar el lector, el camino para
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conseguir una nueva forma de hacer política no es fácil. Por ejemplo, publicar las retribuciones puede dar lugar a titulares tendenciosos. En nuestro caso Las Provincias decidió titular nuestra política de transparencia con “El club de los 3.000 euros” en su edición del 20 de septiembre de 2012. Tampoco es agradable que después de dedicar tiempo y recursos humanos para trasladar las preguntas ciudadanas a las administraciones, éstas contesten con respuestas crípticas y vacías de contenido. Para no caer en la autocomplacencia, debo decir que este recorrido tampoco ha estado exento de errores por nuestra parte. La transparencia conlleva una carga de trabajo que debe ser bien planificada y dotada con los recursos necesarios para que sea realmente eficaz. Por otro lado, la complejidad de organizaciones como Compromís (una coalición permanente de varios partidos sumados a personas sin adscripción partidista) añade un plus de dificultad a la gestión de la transparencia y de procesos participativos. Pero más allá de los errores y dificultades lo que nos hace mantener la ilusión por este camino hacia una nueva forma de hacer política es que confiamos en la ciudadanía.Cualquier paso hacia el Gobierno Abierto es una muestra de confianza mutua entre la política y la ciudadanía,tan necesaria en los tiempos que corren. Volvemos así a la situación que describía al iniciar este capítulo: el verdadero problema no es que los ciudadanos no confíen en políticos o partidos sino que desde la política no se confía en los ciudadanos. Eso es lo primero que debemos cambiar para abrir la puerta al Open Government y a una política más transparente y participativa. Sin eso, tendremos portales, jornadas, congresos y planes de Gobierno Abierto, pero no una verdadera filosofía que acerque la política y la gestión a los ciudadanos. Recursos de transparencia y gobierno abierto de Compromís: http://volemsaber.com
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http://volemsaber.com/esmenes http://coaliciocompromis.net/actua/participa/ http://coaliciocompromis.net/info/transparencia/
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CONSTRUCCIÓN DE LA “EURO-ZONA-e- PROCUREMENT” Amparo García Atienza
Amparo García Atienza Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia, actualmente cursando el Master en Liderazgo Político y Dirección Pública de Instituciones PolíticoAdministrativas, por la Universidad de Alicante y socia de AVAPOL. Desarrolla su labor profesional como asesora jurídica para la mercantil everis BPO, en el sector sanidad, a través de un proyecto de apoyo al personal de la Central de Compras de bienes y ser vicios de la Conselleria de Sanidad.
En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, el sector privado y el sector público están en constante evolución, ambos empujados tanto por las TICs como por las necesidades de los nuevos ciudadanos. Los llamados ciudadanos 2.0 , no solamente necesitan, sino que exigen de sus administraciones públicas servicios más acordes con sus necesidades, a la par que métodos y cauces de participación en la vida administrativa y política.Impulsando,así,una regeneración política,en la que la trasparencia sea la piedra angular de una nueva administración construida entre todos. Dentro de la Administración Pública, y como no podía ser de otra forma, la contratación pública, también se trasforma aprovechando las facilidades y comodidades que ofrecen las TICs. Desde la Unión Europea se dictan diversas Directivas para homogeneizar la contratación administrativa en la euro-zona, dando el salto cualitativo, mediante la “Contratación Electrónica o eProcurament”, para el cada día más cercano apagón analógico de la Administración Pública y por ende,de la Contratación Pública tal como la conocemos hoy en día. No obstante, pese a estos impulsos, la contratación electrónica en estos momentos, como recoge el Libro Verde de Contratación 2010, sigue siendo escasa pues se estima en menos del 5% en valor de la contratación pública total, sea para la mayoría de los estados a nivel individual como para la Unión Europea en su conjunto. De entre los países miembros, Portugal es una de las excepciones a este respecto ya que desde 1 de noviembre de 2009, es obligatorio el uso de medios electrónicos para desarrollar todas las fases del proceso, incluida la adjudicación de la mayoría de sus contratos 1 públicos. Francia, desde enero de 2010, utiliza de forma obligatoria la contratación electrónica para expedientes de importe superior a 90.000 €. Aun así estamos lejos de Corea del Sur, uno de los líderes mundiales en contratación electrónica, donde más del 90% de la contratación llevada a cabo por el Gobierno se tramita a través de la plataforma KONEPS, cuya 1
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gestión está centralizada. Si retomamos el apagón analógico, este vendrá de la mano de las Plataformas Electrónicas de Contratación (PEC),pero ¿qué son estas“Plataformas de Contratación electrónica”? Son web-sites, tanto públicas como privadas, donde se ponen en contacto a los usuarios registrados (empresas que pretenden prestar sus servicios, suministros o realizar sus obras) con las administraciones que tienen una determinada necesidad de contratar un servicio, suministro u obra. Como determina la Comisión Europea en su Libros Verde de 2010 “sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE”y el Libro Verde 2011 “sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE.Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente ”, dichas Plataformas tienen numerosos beneficios entre los que se encuentran la contribución a lograr una mayor transparencia e igualdad de trato, a luchar contra la corrupción, y en el contexto económico actual, garantizar una eficiencia óptima del gasto público. En estas líneas nos centraremos en el análisis de estos dos últimos,ya que de un modo u otro,son los de mayor relevancia en la actual Europa de los 27 Estados. Además, ambos, eficiencia del gasto público y trasparencia, están íntimamente relacionados no pudiéndose dar el uno sin el otro. No hay que dejar de lado, que estamos enmarcados en una crisis económica mundial, por lo que la eficiencia óptima de gasto público es crucial. Gracias al eProcurement (expresión anglosajona que significa procuración electrónica, compra-venta de suministros y servicios a través de Internet) se aumentan los ahorros en los costes económicos,entendidos estos como: - Los ocasionados por la tramitación burocrática en papel y los derivados de ella (gastos en papel, archivo, emisiones de Co2…). - Los ahorros ocasionados a la Administración contratante en la adquisición de obras, bienes y servicios.
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- Los ahorros a los licitadores, que verán reducidos los costes de presentación de proposiciones, al poder realizar toda la tramitación vía telemática. En segundo lugar, pero no por ello menos importante, encontraríamos la transparencia, piedra angular de la nueva administración,fruto de esta ciudadanía 2.0. Transparencia entendida como eje transversal que potencia la mejor accesibilidad a los mercados de nuevos licitadores, nacionales y comunitarios, aumentando la mejor preparación y profesionalización de estos. Cohesionando e integrando los mercados nacionales,aumentando la concurrencia competitiva,la innovación empresarial y el acceso de las PYMES al mercado de la contratación pública, regenerando, de esta manera,el tejido económico. Este nuevo mercado basado en la transparencia, creará economías de escala, donde se daran las respuestas optimas a las necesidades de las administraciones, al mejor precio. Se aplicaran soluciones comunes a iguales problemas. Regenerando el tejido económico del mercado de la contratación pública. El objetivo último de la Comisión Europea con la implantación de la Contratación Electrónica y la interoperabilidad de los e-Procurament (PCE), es la creación de una “Euro-zona-e-Procurament”, es decir, la creación de un mercado único unificado de contratación administrativa, donde bienes, servicios y obras circulen libremente. Con la consecución de la Euro-zona-e-Procurament, la administración analógica desaparecerá y estaremos ante la nueva administración 2.0, donde los procedimientos de selección de proveedores serán más trasparentes, eficientes y eficaces, acortándose y homogeneizándose estos procesos. Con la interoperabilidad de las Plataformas de Contratación Electrónicas en todos los Estados Miembros, se creará un gran mercado electrónico basado en los principios de trasparencia, no discriminación e igualdad de trato, en el que los licitadores 2.0, tendrán acceso desde un terminal de cualquier estado miembro a las licitaciones abiertas en de la
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todas las administraciones públicas de los 27 Estados Miembros. Optando en igualdad de condiciones a las licitaciones, sin tener que realizar un sobre esfuerzo o sobrecoste con respeto a los licitadores de ese Estado Miembro. De este modo el aumento de la competitividad regenerará el mercado de los servicios públicos,fortaleciéndose así el tejido económico. La transparencia que se deriva del e-Procurament, diversificará el número de empresas que presta servicios para las administraciones, aspectos que contribuyen a potenciar la regeneración de la clase política, pues las plataformas de contratación son vías de par ticipación ciudadana en las que las administraciones expresan sus necesidades y los licitadores 2.0 (ciudadanos 2.0) ofertan sus soluciones. Si a esto le sumamos la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la modernización de la contratación pública,en su intento de introducir y potenciar las variantes en los procesos de licitación, la participación de los licitadores 2.0. sería bidireccional. Mediante la utilización de variantes, cada licitador podría dar varias soluciones a una misma necesidad, eligiéndose así la opción más interesante o acorde a los objetivos o necesidades. A modo de conclusión las Plataformas de Contratación Electrónicas e-Procurement son la vía perfecta para abandonar la contratación administrativa convencional y pasar a la contratación administrativa d i g i t a l . D i c h a s p l a t a fo r m a s r e d i s e ñ a r á n l a administración y por ende, la contratación pública, situando en el centro de ella la transparencia. Mediante la consecución de la Euro-zona-eProcurament, se homogeneizarán los procedimientos de contratación en todos los Estados miembros, creándose un gran espacio único de contratación administrativa electrónica.Dicho espacio será un motor para la economía de la euro-zona, regenerando y fortaleciendo el tejido económico. Y por último y más importante se creará un medio de participación ciudadana (a nivel comunitario), abriéndose cauces bidireccionales mediante los cuales los licitadores 2.0. puedan ofrecer sus soluciones o
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innovaciones a los problemas o necesidades planteados por las administraciones en igualdad de condiciones dentro de este gran mercado único electrónico.
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ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Víctor Almonacid Lamelas «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados» (Groucho Marx) 1.- Introducción.Modernizando...Y ahorrando! "Un soneto me manda hacer Violante" escribía Lope de Vega. En mi caso me piden redactar un capítulo dentro de esta obra, que trate sobre administración electrónica. Lo hacen mis queridos amigos de AVAPOL como impulsores de esta importante publicación sobre Política 2.0, y aunque su primera impresión va a ser que me he equivocado en el título, me ratifico: ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA. Ya decíamos en el artículo titulado recurrentemente "@horro y e-ficiencia" (Almonacid,V, 2012, 6 de mayo, El Mundo) que: « A estas alturas de la crisis (política, económica, institucional, social) ha quedado finalmente demostrado que hacer las cosas de la manera legal supone al mismo tiempo hacerlas de la forma más económica. La lamentable situación actual es consecuencia, entre otros factores,de haber bordeado o directamente quebrantado la Ley, fomentando por el contrario el amiguismo, la b u r o c ra t i z a c i ó n , e l c l i e n t e l i s m o, l a c r e a c i ó n indiscriminada de entes de capital público, y los delitos derivados de la corrupción, como la prevaricación, y el cohecho.[...] Pero ahora ya no hay pastel que repartir, así que de repente las instancias europeas y estatales recuerdan que se debe actuar desde la legalidad, la eficiencia y la austeridad -yendo aún más allá, se van a exigir responsabilidades por una simple “mala gestión”-, imponiendo una serie de medidas, no siempre contrastadas, “de hermano mayor”, y fomentando una tecnocracia de dudosa legitimidad democrática. Particularmente desconfiamos de las medidas cortoplacistas, y también de bienintencionadas leyes de transparencia o de estabilidad presupuestaria que corren el riesgo de quedarse en la superficie de lo meramente teórico.
Víctor Almonacid Lamelas Secretario de la Administración Local, categoría superior. Secretario General del Ayuntamiento de Alzira (Valencia). Miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de COSITAL, Vicepresidente de modernización y Presidente del Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE). Miembro del equipo técnico de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Representante de COSITAL en UDITE (FEDERACIÓN EUROPEA DE JEFES EJECUTIVOS DE GOBIERNOS LOCALES). Autor de numerosas publicaciones en materia de modernización y gestión pública local, entre las que destacan “Estudios sobre modernización de la Administración Local". (Ed. La
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Ley. Madrid 2009) y “Hoja de ruta hacia la Administración local electrónica" (Ed. La Ley. Madrid 2012).
Sin embargo no hay nada más legal y económico que la Administración electrónica o, dicho de otro modo, la total implantación de las TIC en el ámbito jurídico administrativo. La Administración no se puede permitir el lujo de no ser eficiente,sobre todo la Local,desbordada por los servicios impropios y maltratada por el sistema financiero y algunas pésimas gestiones. Resulta obligatorio, por tanto, implantar la e-Administración, por razones jurídicas, económicas y sociales. La firma electrónica da seguridad jurídica. La reducción de cargas administrativas favorece tanto a Administración como a administrados, y aparece como una medida claramente económica en la normativa del Plan de ajuste. El expediente electrónico,a medio plazo Archivo electrónico, ahorra mucho dinero en tinta de impresora y papel. Las notificaciones electrónicas ahorran muchísimos recursos al erario público, al tiempo que son más cómodas para el ciudadano. La licitación electrónica es más legal, justa y transparente, e infinitamente más económica para el sistema…» Por otra parte la administración electrónica es mucho más que aplicar la tecnología a la gestión local. Supone replantear totalmente la organización y el funcionamiento de una entidad, con el loable fin de mejorarla. Se deben repasar todos los trámites para configurarlos de una manera más ágil y eficiente, de cara al ciudadano y a la propia administración. Evidentemente la tecnología tiene un papel muy importante, pero también lo tiene la calidad del proyecto y la buena gestión de los recursos humanos. Hablamos de un concepto multidisciplinar que abarca medidas integrales y transversales tendentes a optimizar la organización. Pondremos un ejemplo: imaginen que un ayuntamiento tiene suscrito un contrato con Correos por el cual la compañía debe prestar el servicio de notificaciones administrativas. Pero resulta que se generan infinidad de “cartas” y eso hace que el servicio sea caro, por lo que la corporación decide impulsar la administración electrónica y, en consecuencia, las notificaciones electrónicas. A un cierto ritmo lo va consiguiendo, pero en el proceso se encuentra el problema sobrevenido de que parte de su plantilla, el personal subalterno -dedicado entre otros menesteres a trasladar expedientes entre departamentos,realizar fotocopias y sellar documentos
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-, ve disminuidas sus tareas con motivo de la reducción del papel en la organización. Sin embargo dichas personas siguen siendo igual de válidas tanto antes como después de la implantación de las TIC en la organización, y lo demuestra el hecho de que, siendo normalmente vecinos del pueblo, poseen un vasto conocimiento del callejero e incluso de los ciudadanos a nivel personal que los convierte en activos extremadamente aptos para realizar determinadas notificaciones. Dicho todo lo anterior la ecuación se resuelve de un modo muy sencillo: reduzcamos la contrata con Correos por dos vías: fomento de las notificaciones electrónicas y sustracción del servicio de notificación urbana.La empresa,con sus medios,puede continuar realizando la interurbana. El personal subalterno, ahora reconvertido en personal notificador, está capacitado para efectuar la urbana. Prestamos el servicio igual o mejor y ahorramos muchísimo dinero. Tras la anterior explicación creemos que se entiende mejor la magnitud del concepto “administración electrónica”, cuya definición, en concreto la realizada por la Comisión Europea, da cuenta de una dimensión enorme e incuestionable en el presente momento político-social: «La Administración electrónica es el uso de las TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas» Volviendo al tema económico, queremos subrayar que es prácticamente incalculable el ahorro que puede derivar de la implantación de la Administración electrónica. Es mucho más de lo que la gente cree o incluso puede llegar a concebir. Y lo ilustraremos con otro caso práctico. Imaginen que un ayuntamiento implanta la contratación electrónica. Por un lado, al aplicar sistemas de licitación electrónica las relaciones entre las empresas licitadoras y el ente tramitador se simplifican, y ello desde distintos aspectos que van desde la presentación telemática-encriptada de ingentes cantidades de documentación sin -perjuicio de la posible presentación de certificados sustitutivos, por cierto electrónicos, de los registros oficiales de
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licitadores- hasta el video-acto de apertura de plicas, que permite la telepresencia de las empresas de modo que así no tengan que desplazarse desde sus sedes, muchas veces lejanas a las oficinas del poder adjudicador. Por otro, el uso de la subasta electrónica supone una disminución del precio inicialmente ofertado que beneficia tanto al ayuntamiento que va a pagar menos por el mismo servicio (por cierto, no por uno peor como dicen algunos), como a la empresa que va a conseguir su objetivo de ser contratista o concesionaria de la administración.Y aún por otro, y no hemos sido exhaustivos, la facturación electrónica permite acortar los plazos de pago a los proveedores. Como hemos visto en el ejemplo anterior, la contratación electrónica ahorra muchísimo dinero tanto al erario público como a las empresas licitadoras, al tiempo que “anima” a las más pequeñas (PYME) a presentarse a concursos públicos, ya que el sistema permite par ticipar en estos procedimientos prácticamente sin coste, al tiempo que las nuevas necesidades de la administración son en muchos casos de corte “tecnológico” y eso da cabida a los llamados “emprendedores”, sin duda ninguna los llamados a reactivar la economía. In fine:administración económica. 2.- De la pluma a la red, como no puede ser de otra manera. Según la Real Orden de 12 de febrero de nada menos que 1900,de Francisco Silvela,publicada en la Gaceta de Madrid del 19 de febrero: «…que en todas las oficinas del Estado, provinciales y municipales se admitan cuantas instancias y documentos se presenten hechos con máquinas de escribir, en los mismos términos y con iguales efectos de los escritos o copiados a mano». Ese fue el primer peldaño (de la pluma a la Olivetti). Subamos ahora el segundo, pues han pasado 113 años y diríase que ya toca. Partiendo de Francisco Silvela llegaremos incluso a la administración inteligente, digamos que la fase madura de la administración de la
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electrónica. Es evidente que la sociedad avanza, y aunque en algunos casos es cierto aquello de que "cualquier tiempo pasado fue mejor",de lo que no cabe duda es que la expresión sociedad del conocimiento caracteriza, por ejemplo, a esa primera generación de adolescentes que ha crecido a un golpe de dedo de cualquier información. Esta generación, a la postre los "administrados" del futuro cercano, no va a tolerar papeles, ni burocracia, ni colas o listas de espera... Más a corto plazo cabe decir que la ciudadanía del momento presente es ya mucho más exigente que la de hace 20 años, incluso estando integrada prácticamente por las mismas personas. Pero las personas, y por extensión la sociedad, cambian. Ha llovido mucho desde las “vacas gordas” y ahora queremos, y exigimos, legítimamente, que el servicio público sea “bueno, bonito y barato”. Y legal, añado yo, que estamos hartos del "sobrineo". La administración electrónica (en nuestro discurso también llamada, según los casos, administración económica o administración inteligente, ojo a estas palabras) permite cumplir exactamente estos parámetros. En definitiva, la sociedad ha pasado no ya de la pluma a la red, sino de lo que había antes de la pluma (las pinturas rupestres, los jeroglíficos, los pergaminos) a la red y lo que venga después (algunos dicen que telepatía). Es puro darwinismo, los cambios siempre se suceden y son consecuencia de la evolución. Y si la sociedad evoluciona y cambia, la administración, que existe por y para ella, también debe hacerlo. Inapelable. Ya se han producido otros casos de estos cambios naturales en la Historia y siempre hubo gente (a la postre perdedores en la contienda) posicionada en contra,pero… 3.- ¿Por qué algunos no quieren? ¿Si es bueno, bonito, barato (y legal) por qué algunos se resisten a este tipo de "cambios a mejor"? Bueno,habría que preguntárselo a ellos pero desde el total respeto nosotros nos atrevemos a opinar. Sorprende comprobar, sobre todo en los tiempos que corren, que algunos (para los susceptibles resalto algunos, y ahora resalto que lo resalto) políticos y
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funcionarios observen con desconfianza cualquier tipo de cambio,incluido un claro "cambio a mejor" que entre otros efectos positivos conlleva con toda seguridad una doble mejora en la eficacia y en la economía, que es tanto como afirmar que hace de la Administración algo mucho más eficiente.A mediados de 2013 esto está más que demostrado, algunos nos hemos preocupado de ello, de modo que no hay argumentos racionales para negarlo. Pero hablamos de un problema que no es del sector público, sino de la mente de las personas, por supuesto también de las que trabajan en la empresa privada. Está demostrado que nuestra tendencia natural nos predispone en favor del statu quo y en detrimento de lo nuevo y por tanto desconocido. Hasta el sabio refranero español avala esta actitud: "más vale malo conocido que bueno por conocer". Es por ello que considero fundamental formar e informar a todo el mundo. A todos, sin excepción. Cuando la gente está informada (en primer lugar), y formada (más adelante) en aquellos proyectos, materias, procedimientos, normas o programas que se van a implantar, e incluso participan de dicha implantación, el proyecto tiene muchas más posibilidades de éxito. En este sentido reivindico un plus respecto de la formación tradicional, traducido en los siguientes hitos que podríamos considerar como las claves de los planes de formación modernos: -.Formación eminentemente práctica. -. Formación telemática (en el sentido más amplio de la palabra). -. Formación horizontal (a través de las llamadas “comunidades de aprendizaje”), porque el hipotético "alumno" sabe mucho de lo que hace todos los días, y compartiéndolo con el resto puede realizar una gran aportación, al tiempo que por su parte entiende mejor como se integra“lo suyo”dentro de la organización. -. Participación en las decisiones (un curso es un buen lugar/momento para hablar de trabajo) -.Charlas motivacionales.
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Pero una vez formados e informados, una vez preguntados y escuchados, una vez motivados... no neguemos que el caballo blanco de Santiago es blanco, por Dios, porque al que diga que es negro probablemente le espera un futuro muy ídem, no solo en el trabajo sino en la vida. No se puede ser tan testarudo. ¿Y verdad que, cambiando el refrán, sería muy difícil defender que "más vale malo conocido que bueno conocido"? Ahora ya no es bueno "por conocer",porque algunos nos esforzamos en explicarlo y se conoce. En igualdad de condiciones, "más vale bueno que malo". Así que no hay excusas. La“resistencia al cambio”es un tema muy manido,así no lo vamos a explicar ahora con detalle pero sí cabe referirlo. Como me encargué de exponer en la obra “Hoja de ruta hacia la Administración electrónica local” (Almonacid, V., 2012, Ed. La Ley), el proceso de implantación es jurídico,económico,técnico y también, en gran parte, psicológico. Manejar con solvencia un móvil es seguramente más complicado que utilizar las nuevas aplicaciones de gestión de expedientes electrónicos, pero estamos acostumbrados a buscar las dificultades cuando algo no nos gusta. Alguien predispuesto en contra busca problemas, y si lo está a favor encuentra soluciones. La resistencia principal que encontramos en la gente es que ven el trabajo de catalogación de expedientes o la de formación en nuevas aplicaciones, como engorrosas actividades extraescolares que les quitan tiempo de trabajo. Es curioso que piensen eso, y sobre todo es curioso que mantengan ese pensamiento en el tiempo. Lo digo porque es muy fácil de rebatir… Esta anécdota ya le he contado cientos de veces pero vuelvo a la carga por considerarla muy ilustrativa. Así que imaginen que yo soy un hombre fuerte que trabaja descargando camiones.Trabajo unas 7 horas al día y en ese tiempo soy capaz de descargar 10 sacos de 100 kilos. De repente llega mi capataz y me dice que va a adquirir una máquina que es capaz de descargar 1.000 sacos en el mismo tiempo, pero que he de aprender cómo funciona para ser capaz de manejarla… ¿Le diría que no? Si la primera imagen que nos viene a la mente
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es la del descargador contestando:“no me haga perder el tiempo con la máquina de marras, que tengo sacos que descargar” es que seguramente y por desgracia ya nos hemos enfrentado a alguna actitud de resistencia al cambio, y puede que aún la tengamos cerca. Sin embargo mantener estas actitudes en la administración a estas alturas resulta intolerable. Afortunadamente, y a pesar de la injusta mala fama, la mayoría de empleados públicos trabajan bien,pero hay que librarse de los que no sólo no suman sino que además boicotean, porque son pequeños tumores que, como en un cuerpo humano, pueden causar la muerte de todo un complejo y recio organismo. Además, también pueden producir metástasis, es decir, contaminar a las células buenas, por lo que el paralelismo es completo. 4.- El estado tecnológico de derecho: derechos electrónicos y ecológicos. Partiendo de las estructuras democráticas que se han ido consolidando en los estados en los últimos pocos siglos,no cabe duda de que hemos llegado a una nueva generación de derechos de los ciudadanos. Podemos hablar de una nueva fase en la evolución del Estado Social y Democrático de Derecho: “El Estado Tecnológico de Derecho”, ya que la configuración histórica de cada uno de los “tres estados” ha venido propiciada precisamente por la incorporación paulatina de nuevas generaciones de derechos (“fundamentales”,“sociales”,y“democráticos”). Al Estado de Derecho le debemos el principio de legalidad, así como los otros principios, derivados, que recogen los epígrafes 1 y 3 del art. 9 de la Constitución española: sometimiento a la misma y al resto del ordenamiento jurídico, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica… El Estado de Derecho se basa en el reconocimiento de los Derechos Fundamentales, y de hecho el momento histórico en el que se fragua dicha concepción estatal coincide con el reconocimiento internacional de estos Derechos. Más adelante, un nuevo derecho, el de participación política (y sindical, y ciudadana), penetra en el entramado anterior, aportando la dimensión de la de la
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democracia, absolutamente necesaria para que los derechos fundamentales pasen de la teoría a la práctica. Finalmente, la posterior incorporación de los derechos sociales (vivienda,medio ambiente,seguridad social…), es la que da entrada al Estado Social, el cual se enfrenta durante su primera etapa con el Estado de Derecho,con el que acaba conviviendo. Se consolida así el actual Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 de la Constitución). En el siglo XX hubiéramos concluido esta breve exposición histórica en el párrafo anterior, pero ya han pasado algunos años y ahora mismo debemos seguir. Del “Estado tecnológico de Derecho”, que se podría definir como la plasmación jurídica de la realidad sociotecnológica del siglo XXI, derivan los derechos electrónicos o digitales, que son los derechos contenidos en la normativa sobre Administración Electrónica.Este“cuarto estado”profundiza en el Estado democrático al permitir y fomentar la participación e información a través de las nuevas tecnologías.Y lo hace desde las normas,desde el Estado de Derecho,ya que el legislador (“los legisladores” en realidad) ha reaccionado ante el nuevo contexto socio-tecnológico con un elenco de normas en las que ciertamente destaca la Ley española de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.Por último también se relaciona con el Estado social, por responder estos cambios legales precisa y directamente a las exigencias de la sociedad, y se basa en la respuesta a sus nuevas necesidades, las necesidades tecnológicas, de las que derivan los servicios electrónicos, quizá una nueva etapa en el Estado de Bienestar, compatible no obstante, y por primera vez, con el principio de eficiencia. Simultáneamente la sociedad ha ido tomando conciencia en los últimos años del peligro medioambiental al que se enfrentan las generaciones futuras, y esto ha marcado una nueva tendencia en la implantación de las tecnologías, la cual se podría plasmar en la palabra sostenibilidad, aunque ya se han acuñado otras expresiones como Green IT, la cual integra claramente ambos conceptos, dando cuenta claramente que se trata de las dos caras de una misma moneda. En el marco de una administración municipal, la consecución de esta otra nueva generación de derechos, los derechos ecológicos desde la perspectiva
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de la tecnología sostenible, deriva de forma natural en los proyectos de Smart City (ciertamente para ciudades de cierto tamaño) o bien simplemente de servicios inteligentes (para cualquier municipio). Dicho en pocas palabras: no tiene sentido que un vecino pase 20 minutos de su tiempo dando vueltas a la manzana (y emitiendo CO2) para encontrar aparcamiento si una red de sensores vinculada al GPS puede informarle en tiempo real de las plazas libres. Por otro lado, sin dejar de reconocer la realidad de los derechos electrónicos consagrados por la citada Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,parte de la doctrina afirma que la misma podía haber llegado mucho más lejos sobre todo en los aspectos relativos a la transparencia y la participación, precisamente las dos demandas ciudadanas más claras. Como señala Julián Valero (Valero Torrijos, J.“La nueva regulación legal del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito administrativo: ¿el viaje hacia un nuevo modelo de administración, electrónica?”, Revista catalana de dret públic, núm.35,2007,p.207-246): «…al margen de que no se ha hecho un planteamiento sistemático que hubiera requerido valorar eventuales reformas en otras normas que no se refieren específicamente a la Administración electrónica más allá de la LRJPAC, podemos constatar ausencias de gran relevancia incluso constitucional como una apuesta efectiva y no meramente nominal por la transparencia, entendida como un derecho general de acceso a cualquier información más allá del procedimiento administrativo con amplitud de contornos y, eso sí, con los límites que sean precisos; la consagración de un derecho de participación electrónica conectado a los trámites de información pública, de manera que la documentación vinculada se difundiera necesaria aunque no exclusivamente por medios telemáticos y se pudiera participar de forma efectiva por esta misma vía; o, sin ánimo exhaustivo, el reconocimiento de un derecho a ser contestado cuando el ciudadano se dirija a una dirección electrónica, cuya existencia preceptiva ni siquiera se contempla para cada Administración pública» Es más,en la parte más crítica de su exposición el citado de la
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autor señala: «… lo cierto es que se podía haber ido más allá,sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de una oportunidad histórica para avanzar en la consolidación y el fortalecimiento de muchos de los principios del Estado democrático y haber conducido a un nuevo modelo de Administración pública volcada intensamente en resolver los problemas a la sociedad y a los ciudadanos, con su efectiva participación y su control, más allá de las limitaciones propias de los procesos electorales cada cuatro años. Esperemos que la nueva regulación no se convierta en una excusa para un mero cambio de soporte que termine por justificar la versión actualizada de una indeseable burocracia electrónica». A mayor abundamiento, como recuerda el propio autor citando a González Navarro, la lentitud constituye una enfermedad del procedimiento administrativo que sólo podrá ser vencida cuando se afronte decididamente el problema de la racionalización del trabajo, para lo cual la informática sólo constituye un mero instrumento (González Pérez, J. y González Navarro, F., Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,2ª ed.,vol.II,Civitas,Madrid,1999, pág.1296 y 1297). En todo caso la Ley “reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica” (art. 1.1). Vemos que ciertamente ya están regulados estos “derechos electrónicos de los ciudadanos”que se encuentran en la citada Ley (vid sus arts. 1 y 6) y en otras normas, con lo en efecto hay obligaciones legales de los poderes públicos en este sentido, si bien como siempre decimos la mera exigencia social y el ahorro deberían ser argumentos más que suficientes para cambiar los hábitos de la administración.
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5.- Democracia real,democracia municipal. Este nuevo ciudadano que aludíamos se presenta en la actualidad como un «ciudadano del mundo»,integrado plenamente en el mismo y en la era de las telecomunicaciones, y por supuesto conocedor de sus derechos, incluidos los tecnológicos. Es por ello que demanda, legítimamente, más y mejores servicios a la Administración, la cual, desde el punto de vista del principio de subsidiariedad-proximidad, va a ser casi siempre la administración local. Y no hablamos sólo de servicios públicos, sino también, e incluso con más intensidad, de participación. Insistimos en que la simple participación electoral en los procesos cuatrienales hace años que dejó de ser suficiente para la satisfacción de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos. El ciudadano de la sociedad del conocimiento, plenamente informado y usuario de las TIC, precisa más bien del nuevo Estado Social y Tecnológico de Derecho, en el que la palabra “tecnológico” sustituye a “democrático”, queriendo en realidad decir lo mismo pero en una fase más evolucionada. Hablando de la administración local, se puede observar en su normativa específica la indudable relación entre democracia y tecnología,pues ya varios años antes de la citada ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (2007), la reforma de la Ley de Régimen Local producida en 2003 estableció, por un lado, la necesidad de aprobación por parte de todos los municipios de un Reglamento Orgánico en materia de participación ciudadana, y por otro la obligación de los ayuntamientos de impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación a fin de facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Todo ello sin perjuicio de los medios de participación tradicionales, previstos en el ordenamiento jurídico, pero poco utilizados en la práctica: consulta popular, iniciativa popular (similares al referéndum y a la iniciativa legislativa respectivamente), participación en consejos sectoriales… de la
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El principio de legitimidad democrática, la coyuntura económica, y la crisis institucional, demandan más que nunca la reactivación de todos estos mecanismos, y también de alguno nuevo que podríamos denominar “oficioso” (sin cobertura directa en la norma, salvo que así lo estableciese el Reglamento o Carta de par ticipación ciudadana, lo cual por cier to aconsejamos): 1.- Buzón electrónico de quejas y sugerencias, con rápidos plazos de contestación. Además, y con carácter más general, subrayamos el descontento que obviamente genera en el ciudadano que existan correos institucionales desde los cuales no se responde. 2.- Presencia institucional en las redes sociales (facebook, twitter, linkedin…): supone por un lado un nuevo canal de información, con enlaces constantes a las webs oficiales, y por otro el fomento de la participación mediante la interacción real en tiempo real y entre personas reales, lo cual da una imagen de accesibilidad, la fase avanzada de la proximidad. Los ciudadanos van a hablar de las instituciones públicas y de los políticos en las redes tanto si aquellos tienen presencia en estas como si no. Mejor es por tanto tener la oportunidad de controlar la imagen reputacional pública en la red. 3.- Presupuestos participativos, una verdadera herramienta de democracia directa que permite a la ciudadanía opinar, influir, incidir o incluso tomar decisiones referentes a los presupuestos municipales, lo cual equivale nada menos que a la coparticipación en la formulación de las políticas públicas, pues en esto consiste la previsión y conformación de las partidas del presupuesto de gastos. 4.- Participación de las empresas locales, en especial PYMES y“emprendedores”, en la economía local.Y ello a través de dos mecanismos: un servicio de promoción económica e implantación de la contratación electrónica. El primero, a pesar de ser un “servicio impropio” en muchos casos, supone no obstante una gran aportación local en las políticas de creación de empleo, tanto autónomo (emprendedores) como por cuenta ajena. Por lo que respecta a la contratación
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electrónica, como dijimos, además de ser un pilar fundamental de la administración electrónica, permite a las pequeñas empresas presentarse a las licitaciones públicas al desaparecer las complicaciones y gastos burocráticos, y por tanto la posibilidad de participar de “lo público”, una posibilidad antaño lejana y reservada para las grandes empresas. 5.- “Salto de calidad” en la atención ciudadana (telemática y OAC),con especial atención a la reducción de cargas administrativas. El ayuntamiento debe ser íntegramente electrónico, pero al ciudadano se le debe ofrecer la doble vía en sus relaciones con la administración,la telemática y la presencial (esta última a través de una moderna Oficina de Atención al Ciudadano), y por su puesto ambas en óptimas condiciones de calidad. También en ambos casos el ayuntamiento debe gestionar, telepáticamente y en nombre del ciudadano, la documentación que este precise procedente de otras entidades públicas ( Tráfico, Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria…) pero necesaria para la tramitación de expedientes municipales, con la consiguiente reducción de cargas administrativas tanto para el propio ciudadano como para esas otras entidades. Así pues no cabe duda de que la participación ciudadana, ejercida a través de estos y otros medios, es sumamente importante. Pero tras escuchar la voz del ciudadano, el ayuntamiento debe formular, a través de sus órganos políticos y sus servicios técnicos, sus propias estrategias de actuación, las cuales en el momento actual no pueden ser sino legales, austeras, eficientes, transparentes, tecnológicas y sostenibles. En consecuencia tienen poco encaje la burocracia, la corrupción, la politización de las instituciones, el despilfarro de recursos, el clientelismo y el urbanismo desaforado. No es esto lo que necesita el sistema, y tampoco lo que el ciudadano quiere, y lo sabemos porque ya lo ha expresado en la calle y en las redes sociales.Precisamente las redes sociales han hecho caer regímenes dictatoriales en este mismo siglo XXI,así que no despreciemos su enorme potencial, sobre todo porque la tendencia va in crescendo.
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Puede haber resistencias políticas a complacer alguna de estas demandas, ya que, por ejemplo, el propio urbanismo ha venido financiando a los partidos (y eso sin entrar en delitos relacionados con la corrupción, especialmente el cohecho), mientras que la contratación tradicional ha favorecido a los camaradas del poder adjudicador. Pero ningún buen servidor público puede defender estas malas prácticas. Por otra parte, la politización de las instituciones genera desconfianza ciudadana, pero políticamente sigue siendo rentable para algunos. Actualmente el principio de división de poderes es poco más que una bonita teoría revolucionaria de Rousseau y Montesquieu. El ejecutivo y el legislativo hace tiempo que están fusionados, mientras que el judicial en ocasiones da muestras de no ser del todo independiente. Esto debe cambiar.Por lo que a la administración local como parte del sistema se refiere, tenemos que si se objetivizan los procedimientos administrativos y se abren nuevos medios de comunicación el escenario general mejoraría. Habrá, pues, resistencias políticas, pero si las instituciones y los propios políticos se quieren relegitimar deberían desmarcarse del modelo de antaño de “reparto del pastel”, y deberían asimismo renunciar a la política los que defiendan intereses particulares y no el interés general, dejando paso a buenos o como mínimo bienintencionados gestores con verdadera vocación de servicio público. Por último, defendemos un sistema electoral de listas abiertas (para todos los procesos electorales: Estado, CCAA y sobre todo entidades locales), y la superación, de una vez por todas,de la dicotomía izquierda y derecha,rojos y azules. Las decisiones y medidas que se aplican en la moderna gestión municipal buscan esencialmente la eficiencia del servicio público,y por tanto están y deben estar por encima de esta retrógrada disyuntiva (“La nueva democracia: municipal, a través de la participación económica y tecnológica”, La opinión de Víctor,junio de 2012). 6.- Conclusión:el tiempo en nuestras manos. No voy a ocultar mi debilidad por el maravilloso libro The Time Machine, de H.G.Wells (1895, Ed. Heinemann),
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cuya versión cinematográfica se tradujo curiosamente al español como “El tiempo en sus manos” (USA, 1960). Se trata de una excelsa obra de ciencia ficción, pero también de una crítica política y social en toda regla. Imaginar el destino de la Humanidad es uno de los ejercicios mentales más apasionantes que uno pueda abordar, pero no deja de ser eso, un mero ejercicio, una divertida especulación que puede cumplirse en un 90, un 40 ó un 0% en el futuro.Y es que,para bien o para mal, el ser humano se forja su propio destino y por tanto somos los dueños del mismo.Personalmente no creo en el determinismo,ni mucho menos en el fatalismo de los mitos griegos o nórdicos,en los que el héroe ya conocía los detalles de su muerte prácticamente desde su nacimiento. Qué horror. Como se dice en un anuncio de una conocida marca de refrescos (cuyas campañas de publicidad son por cierto brillantes): “la única estadística cierta es que nosotros hacemos las estadísticas”. Es por ello que en lo que respecta a nuestra propia evolución política y social, de nosotros depende si las guerras y otras decisiones estúpidas nos llevan a separarnos en dos razas a cual más denigrante (Eloi y Morlocks) o si por el contrario realmente el futuro es un lugar fabuloso en el que la mayoría de personas son felices dentro de un sistema social justo y humanista,en el cual los principales problemas actuales de la sociedad están superados. Tomemos, pues, decisiones inteligentes.No sé si un futuro tan idílico es posible pero sí estoy seguro de que el presente es muy mejorable. Sugiero pues que empecemos por mejorar el Gobierno y la Administración, pilares básicos del sistema democrático, así como el resto de instituciones públicas,incluyendo el Poder Judicial.Es el momento de dar el salto hacia el Estado Social y Tecnológico de derecho, la excelencia en el servicio público, las ciudades inteligentes, la Green IT y la globalización. Sinceramente,pretender otra cosa pasa por ser un poco memo o tener ganas de fastidiar.Quizá las dos.
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CONTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS SOCIAL DE INFORMACIÓN AL GOBIERNO ABIERTO Diego Álvarez Sánchez La actual situación de crisis económica, política, social y medioambiental que recorre la práctica totalidad del planeta ha provocado, en el caso de España, una respuesta política de la ciudadanía no uniforme.Junto a un amplio sector de la población que niega cualquier solución que pueda venir desde la política o sus instituciones, encontramos grupos de ciudadanos y ciudadanas críticos, reivindicativos y, en en algunos casos,con un rechazo frontal hacia las instituciones,que están elaborando propuestas de regeneración democrática. En este grupo coexisten iniciativas afines al sistema de democracia representativa con otras que pretenden ampliarlo o, incluso, sustituirlo. Así, encontramos propuestas de reflexión y modificación del sistema electoral,1 de reforma en el funcionamiento interno de los partidos,2 de incorporación del voto directo de la ciudadanía en todas las decisiones parlamentarias,3 de elaboración de una nueva Constitución,4 o de convocatoria de un plebiscito ciudadano como forma de democracia directa participativa.5 Sin duda,estamos lejos de una situación de desafección política generalizada. En la actualidad conviven diferentes formas “híbridas” de enfrentarse a la política. Junto al tipo de ciudadano resignado o marginado, encontramos aquel que pretende modificar el sistema a través de “iniciativas reformistas” de mayor o menor radicalidad, y aquel otro que se afana en “construir escenarios y modos alternativos de acción política” (Vallés y Ballart,2012).Lo que parece claro es que hay un sector de la ciudadanía que está reclamando nuevos espacios y oportunidades para la participación activa en la vida pública. Algo, que como recuerda Joan Subirats (2011), ha sucedido en parte gracias al movimiento 15M y su recuperación para el debate sobre el futuro de la sociedad de las potencialidades de 1 Sitio web de la propuesta: https://sites.google.com/site/reformasistemaelectoral/ [Acceso el 02.06.13]. 2 Sitio web de la propuesta:http://porunanuevaleydepartidos.es [Acceso el 02.06.13]. 3 Sitio web de la propuesta:http://demo4punto0.net [Acceso el 02.06.13]. 4 Sitio web de la propuesta:http://constituyentes.org [Acceso el 02.06.13]. 5 Sitio web de la propuesta:http://mareaciudadana.blogspot.com.es/ [Acceso el 02.06.13].
Diego Álvarez Sánchez Licenciado en Informática y Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo por la Universitat Politècnica de Valencia. Es profesor titular de escuela universitaria en la Universitat Politècnica deValencia. Ac tualmente es CEO de analizo.info, Director del Máster Universitario en Gestión de la Información de la Universitat Politècnica de València y Subdirector de Alumnado, D esarrollo y Extensión Universitaria de la ETS de Ingeniería Informática.
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compartir y colaborar en la construcción de bienes comunes. El reto actual para la prosperidad democrática pasa por aumentar las oportunidades de que una gran parte de las personas corrientes intervenga activamente (Crouch, 2004:10). Implica, en palabras de RamírezAlujas (2012), la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza que sitúen a la ciudadanía como eje prioritario del quehacer público y, a su vez, generen nuevos espacios de trabajo entre el Estado y la sociedad para revolucionar la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos. Estos nuevos modelos gobernanza se enfrentan, en un clima de desconfianza de la ciudadanía hacia políticos e instituciones, a la tarea de reconfigurar la forma de ejercer el poder,sus procesos,equilibrios y dinámicas de intermediación. Una situación similar a la identificada por la Comisión Europea en 2001 cuando definió los principios para la “buena gobernanza” en todos los niveles de gobierno: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia; y que, junto a los principios de integridad e imparcialidad incorporados por el profesor Manuel Villoria (2012), pueden servir de referencia para estos nuevos modelos de gobernanza. De forma paralela, en los últimos años se ha producido una transformación social de la mano del uso continuado de Internet y las herramientas y servicios de la Web 2.0. Los nuevos modelos de gobernanza habrán de servir a una sociedad, en parte, hiperconectada, formada por ciudadanos y ciudadanas con capacidad de “autoconstrucción de un poder simbólico que hoy está estrechamente vinculado a las redes” (Reig, 2012:36). Decimos “en parte”, porque como recuerda el informe sobre La Sociedad de la Información en España 2012, editado por la Fundación Telefónica, en el avance del acceso a Internet aún persisten ciertas brechas digitales que mantienen “desconectada” a una parte importante de la sociedad. Nos encontramos, por tanto, ante un modelo de sociedad híbrida con un continuo intercambio recíproco entre lo digital y lo real. Ciudadanos y ciudadanas, que situados a lo largo del espectro de la
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hiperconexión-desconexión, se influyen, informan, enseñan y apoyan,logrando el desarrollo conjunto de la capacidad de autoorganizarse alcanzando un enorme potencial emancipador. Todo ello sin olvidar que las dinámicas de la red pueden generar, como recuerda Joan Subirats (2012), nuevas jerarquías, controles y monopolios. Es en este nuevo contexto social donde surge con fuerza la propuesta del Gobierno Abierto (Open Government) impulsada por Barack Obama, a partir de la promulgación del Memorando sobre Transparencia y Gobierno abierto del 21 de enero de 2009. Una doctrina política que pretende consolidar una nueva forma de gobernanza basada en la transparencia,la participación y la colaboración. Constituye, sin duda, un impulso decidido a la regeneración democrática. A través de estos principios se establecen las claves para transformar la acción de gobierno en un sentido más inclusivo,considerando a la ciudadanía el eje prioritario del quehacer público. Este nuevo marco de continua interacción política requiere un flujo constante de información en formatos reutilizables (Open Data) desde los gobiernos y administraciones públicas. Y, a su vez, una ciudadanía capaz de acceder,comprender,debatir y compartir toda esa información, como condición mínima necesaria para poder influir en las decisiones, las acciones o el comportamiento de los gobiernos. Algo no exento de dificultades si tenemos en cuenta el volumen de información al que se enfrenta la ciudadanía,la variedad de temas que comprende la compleja realidad actual,la complejidad de las áreas o temas sobre los que versa, la velocidad a la que se produce y renueva la información considerada pertinente, la dificultad de acceso a la información necesaria en cada momento o la capacidad para determinar la fiabilidad de los datos accedidos. Para que el Gobierno Abierto consolide un nuevo “modelo de democracia conversacional y abierta”, aprovechando las posibilidades que proporcionan las TIC (Calderón y Lorenzo, 2010), es necesario que la ciudadanía cuente con las herramientas necesarias para superar la incertidumbre e inseguridad que
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pueden suponer las dificultades apuntadas. En esta tarea el Gobierno Abierto encuentra un aliado destacado en la Web 2.0 y su especial arquitectura para la participación y la colaboración. Internet facilita a la ciudadanía la suma de esfuerzos individuales para realizar tareas complejas de forma colaborativa y distribuida (crowdsourcing). Las nuevas herramientas acercan el ideal de alcanzar una“comprensión ilustrada” de la compleja realidad actual, y hacerlo acorde a los límites de tiempo que impone la sociedad actual. A través de la colaboración distribuida las personas pueden aumentar sus oportunidades efectivas para desarrollar y llevar a cabo sus propios análisis de la información.Algo tan complejo como necesario,habida cuenta de la notable influencia de los medios de comunicación en“lo que piensa la gente sobre un tema concreto”o en“hacer que un tema sea importante para la sociedad”, de la relativa baja confianza en la información recibida y de la aparente falta de objetividad percibida en su tratamiento.6 En esta línea, la comunidad online de analistas de información para la transformación social, analizo.info, supone un aporte innovador para la consolidación del Gobierno Abierto. A partir del reconocimiento del valor de la información como insumo para la transformación social,este proyecto facilita la creación de herramientas online de análisis de información para generar conocimiento de forma distribuida y posibilitar, gracias a él,la construcción y mejora del bien común. En definitiva, persigue lograr una ciudadanía empoderada capaz de aprovechar las oportunidades que pueden abrir los nuevos flujos de información fruto de las políticas transparencia, para participar y colaborar activamente desde un conocimiento informado de la realidad social, política, económica y medioambiental en la que coexisten.
6 Según el Barómetro del CIS de marzo de 2013 los medios de comunicación influyen mucho (42,0%) o bastante (47,4%) en lo que la gente piensa sobre un tema concreto, y mucho (45,5%) o bastante (45,8%) en hacer que un tema sea importante para la sociedad. La nota media de la confianza en la información recibida es de 5,1 sobre 10.De entre los motivos para elegir el medio de comunicación para informarse tan sólo el 7% de encuestados lo hace por su objetividad en el tratamiento de la información.
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BIBLIOGRAFÍA Alujas, A. V. R. (2012). Gobierno abierto es la respuesta: ¿cuál era la pregunta? Más poder local,(12),14-22. Crouch, C. (2004). Posdemocracia. Madrid: Taurus Ediciones. Ramírez-Alujas, A. V. (2012). Carta de navegación. En Hofmann,A.,Ramírez-Alujas,A.V.,Bojórquez,J.A.(Ed.),La promesa del Gobierno Abierto (pp.20-23). Reig, D. (2012). Socionomía. ¿Vas a perderte la revolución social?.Barcelona:Deusto. Subirats, J. (2011). Otra sociedad, ¿otra política?. Barcelona:Icaria Editorial. Subirats, J. (2012). Preámbulo. En Hofmann, A., RamírezAlujas, A.V., Bojórquez, J.A. (Ed.), La promesa del Gobierno Abierto (pp.13-17). Vallés, J. M., & Ballart, X. (2012). Política para apolíticos. Contra la dimisión de los ciudadanos. Libro electrónico: Ariel. Villoria, M. (2012). Transparencia y gobierno abierto: ¿qué gobierno quiere el gobierno abierto? XVII Congreso Internacional Del CLAD Sobre La Reforma Del Estado y De La Administración Pública.
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TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET Carmen Martínez i Ramírez La transparencia es uno de los tres pilares sobre los que se asienta el Gobierno Abierto y que no tiene sentido si no afianzamos los otros dos: la participación y la colaboración. Si falla uno de los tres, la estructura se viene abajo.
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En Quart de Poblet, desde el inicio de la democracia, la participación ciudadana ha sido la base de la gestión Licenciada en Medicina y municipal. Así lo muestran las palabras de bienvenida Cirugía. que podemos leer en la página web del municipio: En 1987, año en que fue elegida concejala por el PSOE, y desde entonces ocupa cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Quart de Poblet con una clara voluntad de servicio a su pueblo.
“El Ayuntamiento de Quart de Poblet,como representante de la soberanía popular, cree firmemente en la necesidad de la participación ciudadana en ese complejo y enriquecedor proceso de construir día a día el pueblo dinámico, moderno, abierto y accesible que todas y todos queremos”.
Es alcaldesa desde 1999, un cargo que compatibilizó desde 2003 y hasta 2011 con el de diputada provincial. En la última legislatura fue además portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Diputación de Valencia.
Para presentar al municipio diremos que Quart de Poblet cuenta hoy con aproximadamente 25.292 habitantes y está situado en la comarca de L' Horta Sud, en el área metropolitana de Valencia. Se trata, por tanto, de una ciudad intermedia que, debido a su proximidad a la capital, se convierte también en una ciudad metropolitana.
El 22 de mayo de 2011, además de renovar la confianza de sus vecinos y vecinas para seguir al frente de la Alcaldía de Quart de Poblet, fue elegida diputada por Valencia en las Cortes Valencianas, institución en la que además es secretaria segunda de la Mesa.
La participación ciudadana, en su concepción académica, debe ser entendida como una de las variantes de participación cívica,la cual abarca tanto las formas institucionales como las no-institucionales, las convencionales y las no-convencionales… La participación cívica en sí no implica necesariamente colaborar con las administraciones públicas. Por ello, acotaremos la noción de participación ciudadana como “el proceso a través del cual la ciudadanía y los poderes públicos colaboran en actuaciones políticas que afectan al estilo de vida colectivo”(Ariño,2003:232).Entendemos el término participación no sólo como “tomar parte”, sino también como“colaborar”o“compartir”. La sociedad en la que vivimos se caracteriza por
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funcionar a velocidades vertiginosas, en la que los cambios están a la orden del día y en la que se generan sentimientos de incertidumbre e inestabilidad. Por otra parte,también los avances tecnológicos y de medios de comunicación nos empujan a hablar de velocidad, al reducir a nada las distancias locales y temporales. Y es en este torbellino donde debemos emplazar la función básica de una gestión municipal.Una gestión municipal que sea abierta, transparente y participada, pues es necesario que los mecanismos de respuesta y atención a las demandas de la ciudadanía sean capaces de adaptarse a ese mismo ritmo de actualización. Las transformaciones sociales reclaman cambios en los procesos. El ámbito local, dada su proximidad y dimensión, se convierte en un escenario ideal en el que poner en marcha las experiencias de participación más cercanas. Quart de Poblet cuenta con 13 consejos asesores municipales sectoriales (de cultura, economía local, bienestar social, sanidad y consumo, educación…), en los que participan directamente representantes de la ciudadanía, cuyo asesoramiento tiene un enorme valor y es decisivo en la gestión. En el proceso de fomentar una cultura participativa, se han vivido experiencias muy gratificantes, como la creación de una comisión ciudadana tras el inicio de las obras de la avenida principal del municipio.En este caso la colaboración entre la ciudadanía y el consistorio permitió un resultado muy exitoso y satisfactorio. Además, la ciudadanía ha participado en consultas sobre aspectos del Plan General de Ordenación Urbana y ha sido fundamental en la puesta en marcha de la Agenda 21 Local. Los niños y niñas que integran el Consejo Municipal Infantil, por ejemplo, deciden junto a los técnicos y responsables políticos cuestiones como el diseño de los parques. Pero, además de la participación colectiva, el ayuntamiento de Quart de Poblet también ha querido ahondar en la participación de cada persona, a nivel
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individual, en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. En consecuencia, en esta legislatura contamos con una Concejalía de Gobierno Abierto, si no la primera, de las primeras de España, cuyo objetivo es profundizar en la interrelación con la ciudadanía mediante una c o m u n i c a c i ó n p e r m a n e n t e, t r a n s p a r e n t e y bidireccional, aprovechando fundamentalmente las posibilidades de intervenir en la vida pública y en la toma de decisiones que las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan a los vecinos. Porque el objetivo es buscar y abrir nuevos canales de comunicación para poder escuchar a cada ciudadano y ciudadana, tomar decisiones en función de sus necesidades reales, favoreciendo que los vecinos y vecinas se impliquen,colaboren con nosotros. Y para ello debemos informar de forma transparente, facilitando que puedan realizar aportaciones y ayudarnos a mejorar día a día, y también pedirnos explicaciones que nunca negaremos. Un Gobierno Abierto tiene que ser capaz de rendir cuentas y asumir su responsabilidad ante quienes han delegado en él la gestión de los recursos públicos. El proceso,en realidad,se inició hace ya una década con la primera página web municipal. Inmediatamente entendimos que teníamos que facilitar al mayor número de personas el acceso a Internet y al uso de ordenadores.Nació así el Programa de Cursos Gratuitos de Alfabetización Informática, del que se han beneficiado ya más de 4.000 personas de todas las edades. Y se complementó con una red de puntos de acceso gratuito a Internet y a la utilización de ordenadores en centros públicos. A partir de 2006,entramos de lleno en el camino hacia la administración electrónica, en el que aún nos queda bastante por recorrer pero se ha progresado mucho. En este ámbito cabe destacar el importante impulso que se ha dado a la Oficina de Atención Ciudadana, incrementando la tramitación on line y reduciendo los tiempos de espera con la ventanilla única como meta. de la
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Con el apoyo de Europa, hemos podido desarrollar proyectos, como el DIEGO, orientados a que los beneficios de estos avances alcancen a colectivos con dificultades para acceder a ellos, como el de personas mayores o el de personas con discapacidad. Estas iniciativas han hecho, por ejemplo, que en los principales centros públicos haya quioscos informatizados accesibles en los que cualquier ciudadano puede navegar por la web municipal, consultar el censo electoral y realizar trámites bien administrativos bien privados como es la solicitud de cita previa tanto en servicios municipales como en algunos dependientes de otras administraciones como el ServeiValencià de Salut. Seguimos trabajando para llegar a la administración electrónica y seguimos contando con el respaldo de la Unión Europea, que nos ha subvencionado otro proyecto que continúa esta línea. Se trata del Seed (Speeding Each European Digital), en el que participamos 12 socios de 7 países miembros de la Unión Europea, cuya finalidad es la instalación de pantallas táctiles interactivas en las que la ciudadanía pueda informarse y,a la vez,interactuar con los servicios municipales. Pantallas ubicadas en centros públicos pero también en otros puntos de gran afluencia como los comercios y en las calles más concurridas. También desarrollamos nuestra propia investigación en torno a nuevas aplicaciones que faciliten la interrelación Ayuntamiento-Ciudadanía, y el objetivo a corto plazo es crear una plataforma web de Gobierno Abierto y datos públicos reutilizables por terceros (lo que conocemos como Open Data). Por ejemplo, difundimos en las redes el anteproyecto de presupuestos para que llegara a cuantas más personas mejor pidiendo su colaboración. Ahora, lo hemos publicado en formato abierto,es decir,accesible y que permita la reutilización de los datos. Además, va a ponerse en marcha una plataforma desde la que desarrollar un proyecto de Concejalías de Proximidad en el que se contacte directamente con los
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responsables políticos para plantear incidencias, propuestas, demandas, y que permita sistematizar el programa de actuaciones en los barrios, de acciones a pie de calle,que realizamos. Mientras llega esa plataforma, contamos con las redes sociales, que se han convertido en el canal más ágil y directo en la comunicación de la institución con la ciudadanía. Todos los días, a través de Facebook y Twitter recibimos sugerencias, quejas y también felicitaciones. Y se responden prácticamente al momento. Muchas veces es imposible llegar a todos los puntos del municipio y, de esta forma, podemos solventar incidencias en un tiempo reducidísimo. Tanto la página de Facebook como la cuenta de Twitter institucionales están abiertas,no hay filtro previo,eso sí, es necesario respetar unas mínimas normas de convivencia, por lo que si se publica un comentario que suponga un insulto, menosprecio, falta de respeto o cualquier tipo de agresión o incitación a la violencia, se oculta y se da una explicación a la persona que lo hizo a través de un mensaje privado. A la vez, hemos ido implementando paulatinamente blogs específicos de las diferentes áreas municipales y a través de subvenciones y con programas municipales, contribuimos a la presencia de las asociaciones en Internet, haciéndolas visibles y poniendo en valor sus actividades. De hecho, contamos con un portal de asociaciones. Desde este ayuntamiento consideramos que la cuestión económica no puede ser la excusa para no avanzar en Gobierno Abierto. No es imprescindible invertir en tecnologías punteras, sino buscar herramientas que faciliten el diálogo. En Quart de Poblet lo hemos conseguido, en muchas ocasiones, recurriendo al software libre en los blogs, la televisión por Internet o la página web municipal. Todo lo esto entronca con el concepto de transparencia porque lo que promueve es abrir las puertas y las ventanas de la gestión, de las decisiones políticas, a la de la
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participación y la colaboración ciudadana. La transparencia que exige el Gobierno Abierto no se mide únicamente con la publicación de los llamados indicadores de transparencia de una institución pública. De nada sirve publicar unos datos si son sesgados y si después no hay respuesta a la reacción ciudadana ante ellos. Aquí no valen las operaciones de maquillaje, es necesario actuar con honestidad y eficacia. Ya hay en la página web municipal un apartado específico para este ámbito, que irá actualizándose, para que cualquier persona pueda acceder a todos esos datos fundamentales de la gestión, tanto para estar informados como ciudadanos y ciudadanas responsables, como para utilizarlos en estudios, actividades empresariales, proyectos de prestación de servicios,etcétera. Y cabe subrayar lo de datos relevantes porque hay que precisar que publicar todo lo que se trabaja y trata en una administración sería inoperante. La transparencia, para concluir, es un indicador de calidad democrática como la participación y la colaboración, que nos llevan a la “gobernanza” entendida como el gobierno en conjunto con los diferentes actores sociales, en el que se pasa del “la información es poder”al“eres lo que compartes”. Como dijo el politólogo norteamericano Robert Dahl: La democracia es una“masa crítica”de ciudadanos bien informados, bastante numerosa y activa. Cuando la ciudadanía no cuenta con los medios suficientes para cumplir con este rol,la democracia deviene en“tutelaje”. BIBLIOGRAFÍA Ariño Villarroya, A. y Albert Rodrigo, M. (2003). “L'Associacionisme a L'Horta Sud. Un estudi de la societat civil formal en l'àmbit comarcal”. Torrent: Fundació Horta Sud. Dahl, R. (2002).“La democracia y sus críticos”. Barcelona: Paidós.
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TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
Ramírez-alujas, A. y Villoria, M. Transparencia: marco conceptual, en “Revista Democracia y Gobierno Local”, nº 15.Fundación Democracia y Gobierno Local.
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OPEN GOVERNMENT Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Andrés Boix Palop 1.- Corrupción en España: un esbozo de análisis del problema y de las soluciones adoptadas.
Andrés Boix Palop Profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de València-Estudi General. Autor de monografías sobre las relaciones entre los poderes constitucionales o la planta administrativa local y a u t o n ó m i ca , h a e s c r i t o también numerosos trabajos sobre regulación pública de mercados, control administrativo de contenidos en medios de comunicación o cuestiones de procedimiento administrativo. Ha sido responsable de grupos y proyectos de investigación, tanto de carácter autonómico como estatal. Ha realizado también parte de su labor investigadora en Universidades extranjeras como París-I, Fráncfort o Múnich.
Afirmar,a estas alturas,que España no ha sabido dotarse de un marco jurídico capaz de combatir eficazmente la corrupción y minimizar sus efectos sobre la gestión de los asuntos públicos no parece muy aventurado. Es cierto que los estudios comparativos en la materia no son demasiado fiables y, en todo caso, tampoco permiten hilar demasiado fino, aunque es cierto que cuentan una historia que más o menos coincide con la sensación que hay instalada entre todos nosotros. España está más o menos igual de mal que los países del sur y del este de Europa, mucho mejor que países menos desarrollados y algo peor que las democracias europeas con las que nos gustaría compararnos (así, véase el ránking elaborado para 2012 por Tranparency International). En todo caso, y con independencia de cuál sea la posición relativa de nuestro país en este tipo de listados, parece claro que tratar de combatir la corrupción es algo deseable en sí mismo. Para ello, además, sí contamos, al menos, con una idea bastante precisa,por ejemplo a partir de sistematizaciones como la de Alejandro Nieto (Nieto García, 2008), respecto de por dónde van las prácticas corruptas más habituales y dónde se concentran. Resulta por esta razón muy llamativo comprobar la pobreza del debate público español en lo que hace a las posibles medidas o cambios deseables para lograr reducir, siquiera sea un poco,los actuales niveles.
En estos momentos, el combate contra la corrupción reposa esencialmente en los mecanismos de persecución penal de estos delitos. A este respecto, es Escribe regularmente en la cierto que se puede constatar en los últimos tiempos un edición valenciana del diario incremento de la acción de Fiscalía (que, de hecho, El País. d i s p o n e y a d e u n a e s p e c i a l i z a d a Fi s c a l í a Anticorrupción) y del Poder Judicial (más allá de desfallecimientos puntuales que por otro lado ponen de relieve algunas de las limitaciones inherentes a combatir estas prácticas con el Derecho penal), que de la
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tiene mucho que ver con el hecho de que la crisis ha hecho estos comportamientos más visibles y menos costosos socialmente de perseguir. Sin embargo, esta vía de combatir la corrupción, aun necesaria, no es la única posible. De hecho, es muy importante que se complemente con otras medidas que funcionen como mecanismos preventivos y, hasta cierto punto, educativos. Sin ellos, el magma social que justifica y fomenta los compor tamientos corruptos no desaparecerá. Y por mucho que la crisis genere más atención social respecto de ciertos usos del dinero de todos y una mayor presión social sobre jueces y fiscales para trabajar con celo y ejemplaridad (una pulsión la de la ejemplaridad que,por cierto,no es siempre lo mejor si hablamos de condenar a alguien a penas de prisión), la eficacia de los mecanismos represores dependerá a la hora de la verdad mucho de la suerte (mala suerte para el corrupto) que hace que salte la liebre o no, de la casualidad y,a veces,de la propia capacidad técnica y de medios disponibles para investigar cier tos comportamientos (Queralt Jiménez, 2012). No son todos ellos, y menos aún la suma de los mismos, unas bases que resulten satisfactorias para emprender una acción pública global y coherente que trate de minimizar la corrupción a todos los niveles por mucho que hasta la fecha hayan sido los más empleados y, por ello, también los más usados (véase por ejemplo, en materia de contratación pública,Jareño Leal,2011). El Derecho penal,además,no es una buena herramienta para atajar el problema en su raíz, para combatir la corrupción de baja intensidad (un contrato para esta empresa que luego me trata bien,un puesto de interino para este chico que viene bien recomendado…) que extendiéndose como una lacra por todo nuestro cuerpo administrativo lo acaba convirtiendo en mucho más proclive a aceptar excesos todavía más reprochables. No es una buena herramienta porque ha de ser la ultima ratio… ¡y porque sencillamente no tendríamos cárceles suficientes para atajar el problema por esta vía! Hay problemas que sólo se solucionan mejorando la cultura democrática y organizativa, para lo cual es necesario diseñar mejor el funcionamiento de lo público, creando un sistema de incentivos que actúe
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como freno natural a las conductas desviadas por medio de un mejor diseño institucional y de los procedimientos. Es en el seno de esta reflexión donde conviene desarrollar la idea de hasta qué punto profundizar en mecanismos de Open Government es extraordinariamente eficaz, probablemente más que cualquier otra alternativa,para luchar a todos los niveles contra la corrupción. 2.- Propuesta de un catálogo de acciones posibles en materia de redefinición de pautas organizativas y procedimentales para luchar contra la corrupción. Para atajar la corrupción,además de desincentivarla por la vía de amenazar con el castigo a quienes al final delincan (amenaza que es tanto más efectiva cuanto se perciba como mayor el riesgo de que te pillen, así como el desequilibrio entre los posibles réditos del delito y las penas asociadas, como han resaltado entre otros expertos en análisis económico del Derecho como Doménech Pascual, 2012) es preciso establecer mecanismos de funcionamiento de nuestras Administraciones públicas que dificulten que haya quien altere el normal proceso de toma de decisiones que debe de estar basado en la búsqueda de maximizar el interés general para lograr,por el contrario,réditos de tipo más personal. En este campo, es sorprendente lo poco que ha avanzado España en los casi cuarenta años de democracia que llevamos vividos. Máxime cuando, en el fondo, no es tan difícil tratar de copiar muchas medidas que funcionan, y funcionan bien, desde hace años, en otros países (véanse, por ejemplo, los ejemplos mencionados en un trabajo clásico como el de RoseAckerman, 1999). Ni siquiera en estos momentos se escuchan propuestas de reforma en estas materias (con la única excepción de la Ley de Transparencia, que el Gobierno ha acabado enviando a las Cortes con manifiesta desgana y debido a la presión social) y tampoco desde la Administración pública española aparecen demasiadas propuestas.Mientras tanto,eso sí, son ya varios los grupos de notables que proponen reformar las normas que regulan la vida de nuestros partidos políticos, en lo que no deja de ser una curiosa asimetría. Da la sensación de que el consenso entre juristas y otros profesionales con contacto o participación con la acción de las Administraciones de la
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Públicas consiste en delegar en el Derecho penal el grueso de la lucha contra la corrupción sin considerar que nada pueda o valga la pena ser intentado desde el Derecho administrativo o a partir de las pautas de control y garantía de la acción pública que el ordenamiento pueda imponer a las Administraciones Públicas o que éstas mismas puedan generar en ese marco.Nada más lejos de la realidad. Sin pretender ser exhaustivo, vale la pena repasar brevemente algunas pautas básicas a las que convendría aferrarse para reformar el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas, a fin de dar pistas sobre por dónde conviene que vayan los tiros en el futuro: A) Transparencia. La transparencia, como elemento básico del Open Government, es absolutamente esencial para luchar contra la corrupción, tanto a posteriori como preventivamente. Es muy difícil, de hecho, exagerar la importancia de unas pautas y costumbres administrativas más transparentes a la hora de generar un marco de incentivos correcto para los gestores públicos (Guichot, 2012). Lo llamativo de España es que una Constitución relativamente avanzada para su época, con un art. 105. b) que ya reconocía como derecho de todos los ciudadanos el acceso a todos los archivos y registros públicos“salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (restricciones muy razonables pero que, como puede verse, dejan mucho campo abierto) haya generado una práctica administrativa, al amparo del desarrollo del precepto realizado por el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tan alicorta. Las excusas que han permitido interpretaciones expansivas de estas excepciones, las razones por las que los supuestos se han ensanchado hasta mucho más allá de lo razonable, han sido la pauta (véase en este sentido la exposición canónica, que demuestra la poca ambición y nulos efectos de la incardinación constitucional del precepto con el que se ha operado en la práctica administrativa, realizada por M e s t r e D e l g a d o, 1 9 9 3 ) . E l r e s u l t a d o, u n a s Administraciones Públicas que por cualquier tipo de
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razón, ya sean las reconocidas en la Constitución interpretadas con una generosidad sin igual, ya sean algunas otras que directamente no aparecían en el texto constitucional y por ello de muy dudosa base jurídica pero igualmente aceptadas (la defensa de la propiedad o del secreto industrial, por ejemplo), han considerado que lo normal, lejos de ser transparentes, era más bien negar información (esta es una evaluación sobre la que hay, además, poca discusión, como por ejemplo puede verse en el muy interesante trabajo de Guichot Reina,2011). La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que trabajosamente se está gestando en esta legislatura en las Cortes debiera modificar sustancialmente esta cuestión, si bien algunos elementos del texto en estos momentos en tramitación en el Congreso de los Diputados resultan inquietantes: se prevén muchas excepciones (y la historia demuestra que en España se aprovechan expansivamente para negar la regla general),se obliga a argumentar prolijamente en no pocos casos la petición de información (en lo que es una visión cuando menos curiosa de en qué consiste el derecho constitucional) y se deja en órganos muy controlados por la propia Administración la decisión sobre qué debe o no entregarse,con un margen de discreción importante (si bien sometido a control judicial posterior). Todo ello conforma un marco que puede acabar teniendo una aplicación no demasiado diferente a la actual y, en todo caso, mucho menos ambicioso de lo en estos momentos posible y deseable. Que la norma en mejora mucho la situación actual es indudable. Que su aplicación puede acabar convirtiendo el avance en una ganancia de mínimos, un riesgo del que habría que alertar. A estas alturas de la película, todo lo que no sea la plasmación y desarrollo de una regla muy simple,con anclaje directo en la Constitución, a saber, que todo lo que hagan las Administraciones Públicas, salvo los cuatro casos excepcionales y debidamente justificados, no sólo es que deba ser público sino que debiera ser directamente publicado de manera obligatoria por los poderes públicos empleando para ello las posibilidades que da Internet, se queda bastante corto, la verdad. Por eso es importante presionar en esta dirección, que es la propia de un modelo de Open Government ambicioso. de la
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Las consecuencias sobre el control de la corrupción (y el desincentivo correlativo para caer en ella) que una transparencia casi absoluta genera son evidentes. Recuérdense, por mencionar sólo un ejemplo, los avances que la transparencia instaurada recientemente en algunos contratos públicos (los que se licitan) ha generado.Analícese lo que ocurrirá cuando la nueva ley obligue a dar detalles de casi todos los contratos públicos. Y piénsese en lo que supondría que sólo tasadísimas excepciones permitieran excepcionar esta publicidad y que además se publicara on-line de forma sistemática, completa e inmediata todo lo relacionado con cualquier contrato público, hasta el escaneo de las más nimias facturas. No es muy difícil argumentar las razones por las que un verdadero Open Government exige de esta transparencia muy ambiciosa, así como incidir en cómo dificultaría gran parte de las actuales corruptelas de baja intensidad que son el imprescindible caldo de cultivo que corrompe la médula de nuestras Administraciones públicas. B) Profesionalidad,independencia y no contaminación de los servidores públicos. Un segundo elemento esencial, sobre el que casi nadie incide demasiado en España, es el referido a los servidores públicos, a su selección, a las garantías de independencia en sus funciones y también a las interferencias en su trabajo por parte de los cargos públicos. En este sentido, es claro que en España hay demasiadas relaciones entre políticos y funcionarios y demasiadas esferas en que las decisiones se adoptan de manera coordinada. Incluyendo las que afectan a la propia situación y promoción profesional de los propios funcionarios. Es un sistema que genera relaciones incestuosas, completado con incentivos perversos para domesticar a los empleados públicos más dóciles, lo que acaba provocando no pocos problemas.Las soluciones pasan,como es evidente,por dejar claro que los servidores públicos que tomen decisiones que afecten a intereses y dinero públicos deben ser seleccionados con pruebas públicas, transparentes,exigentes y abiertas (y además,sólo así) y que una vez en su cargo funcionan aislados de injerencias políticas en las decisiones de tipo administrativo que haya que adoptar (obviamente, las decisiones políticas competen a los representantes de la ciudadanía), eliminando sistemas de incentivo (y
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correlativo castigo) como los ahora existentes. En puridad esta línea no tiene relación directa con un modelo de Open Government, aunque refuerza sus efectos en materia de lucha contra la corrupción. Por esta razón vale la pena detenerse mínimamente en perfilar algunas directrices básicas que van todas en la misma línea: rigidificar el modelo (lo que comporta algunos costes, como es sabido, pues la flexibilidad permite reaccionar mejor ante ciertas situaciones, pero en España parece claro que hemos de aceptar a estos costes para ganar otras muchas cosas). En esta línea, así, habría que trabajar en exigir: - Que nadie sea funcionario, ni pueda serlo, sin haber pasado una oposición con pruebas públicas, exámenes abiertos,transparentes (de nuevo) y competitivos. - Que todos los puestos de responsabilidad de gestión administrativa sean ocupados por funcionarios de carrera y que cualquier decisión que comporte el empleo de recursos públicos deba ser estudiada siempre, en punto al análisis de su legalidad (su oportunidad es otro tema) por funcionarios públicos encargados de controlar esta cuestión, sin cuyo visto bueno no pueda aprobarse el gasto. - Que los funcionarios cobren por lo que hacen y el trabajo que desempeñen mientras lo desempeñan: se acabó “consolidar” niveles retributivos por pasar unos años en cargos de dirección y en ningún caso los pluses por estar en esos puestos de responsabilidad deben ser excesivos comparados con la retribución de un funcionario que esté en tareas propias de máximo nivel (cortocircuitando así algunas de las vías de presión que la clase política tiene sobre los funcionarios en la actualidad) - Por lo demás, los empleados públicos que no tomen decisiones sobre cuestiones de autoridad o de tipo económico no han de ser funcionarios, aunque han de ser seleccionados con garantías de transparencia y competitividad semejantes (y estos empleados públicos no podrán desempeñar, ni siquiera provisionalmente,las funciones de los funcionarios). Además, estas medidas de rigidificación de la función de la
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pública se ha de completar con: C) Un régimen de incompatibilidades mucho más duro que el actualmente vigente y que se cumpla efectivamente. Obviamente, no tiene sentido, por motivos de espacio abundar en esta cuestión, pero el punto anterior debe ser necesariamente complementado con un régimen de incompatibilidades riguroso que evite muchos de los actuales problemas de nuestra función pública y patologías asociadas (desde los procesos de captura del regulador a otros que los retroalimentan y agravan como la práctica del pantouflage o la revolving door). D) Acción sobre sectores y procedimientos específicos, como en materia de contratación pública o urbanismo. Que hay que cambiar muchas cosas y extremar controles en estos ámbitos donde los problemas de corrupción son enormes resulta obvio (de nuevo, véase el tratamiento penal de la cuestión, propio de entornos donde la cosa llega a mayores con frecuencia y no se puede contralar en sede administrativa, en Jareño Leal, 2011). De momento lo vamos haciendo poco a poco, a golpe de condena de los tribunales europeos, pero habría que plantear ir más allá extremando controles: -.Aplicar las normas de la UE en materia de contratos no sólo aquéllos que por cuantía ahora lo son obligatoriamente sino a la práctica totalidad de la actividad pública en materia de contratos (con la excepción de la publicidad en el DOUE,si se quiere). -. Si dejamos que haya contratos que se adjudican directamente (como pasa ahora por debajo de ciertas cuantías) una regla muy sencilla:a una misma persona o empresa,sólo una cantidad máxima al año (o cada cinco años) y a ver si así nos libramos de la vergüenza de los contratos fraccionados en fraude de ley. -. Y por supuesto, en las mesas de contratación, sólo funcionarios de carrera y nada de personal eventual ni cargos públicos o personal de su confianza. El problema en materia de urbanismo es un poco distinto y,además,menos acuciante ahora porque se ha producido un importante parón económico que hace
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que la corrupción esté bajo mínimos en el sector, dado que lo está la actividad. Pero conviene tener presente que las medidas generales antedichas ya tendrían efectos en el urbanismo, al margen de que sean necesarias otras adicionales y específicas que,algún día, habrán de enfrentarse al modelo de calificación de suelo que deja en manos públicas el reparto de la riqueza inmobiliaria asociada a la posibilidad de construir. En todo caso, todas estas medidas, listadas apresuradamente, no son sino el planteamiento de unas directrices que habría que profundizar.Sus efectos en el combate contra la corrupción serían enormes. Pero es cierto que,de todas ellas,la más importante es la que se refiere, justamente, a la transparencia y al Open Government. Simplemente con una ley ambiciosa en este sentido sería de esperar que el resto de ámbitos mejorara incluso en ausencia de cambios normativos adicionales. Por esta razón vale la pena repasar mínimamente el proyecto de Ley de Transparencia presentado por el Gobierno a las Cortés Generales, a fin de calibrar hasta qué punto la trabajosa tramitación parlamentaria en curso y la presión pública que acabó forzando al Gobierno a impulsar el proyecto pueden haber logrado avances en la lucha contra la corrupción por la vía de la mejora del Open Government. 3.- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Open Government y lucha contra la corrupción. El Gobierno remitió en el segundo semestre de 2012 el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno al Congreso, que en estos momentos sigue en esta cámara iniciado su tramitación parlamentaria (respecto del análisis del Proyecto, es imprescindible acudir a Guichot Reina, 2012). La indudable importancia de esta norma para el Open Government en España y para lograr mecanismos de lucha contra la corrupción, tanto preventivamente como a posteriori, no ha provocado, sin embargo, excesivo entusiasmo en el Gobierno que la impulsa. Antes al contrario, desde un primer momento ha sido muy evidente que las propuestas han ido a remolque de la
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de los planteamientos mucho más ambiciosos que han sido propuestos desde muchas instancias sociales. Todavía en estos momentos, con la tramitación parlamentaria en curso, hay un intenso debate que presumiblemente forzará a que el texto finalmente aprobado sea más ambicioso que el que remitió el Gobierno (por ejemplo, en cuanto a un ámbito de aplicación más generoso del inicialmente previsto y controles realizados por órganos más independientes del poder público que la propia Administración del Estado inicialmente encargada de la tutela administrativa). La norma desarrolla el art.105 b) de la Constitución más allá de lo que lo hace el actual artículo 37 de la Ley 30/1992 e incluye en su ámbito de aplicación a todas las Administraciones públicas y al resto del sector público, habiendo generado un intenso debate cuestiones como si la Casa Real o los partidos políticos, e incluso cualquier entidad que reciba fondos públicos, ha de quedar incluida en las exigencias que impone la nueva norma. Como es evidente, una mayor ambición en este punto acabará generando más transparencia y, en consecuencia,más controles.Parece,a estas alturas,que al menos parte de las exigencias ciudadanas y de la oposición en este punto sí van a acabar siendo recogidas, por mucho que no se pueda ser optimista respecto de en qué pueda quedar,a efectos prácticos,el control efectivo sobre toda una serie de entes del sector público o de sus aledaños. Los principios generales de la norma obligarán a esos sujetos a mantener actualizada la información “cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. Como puede observarse, la norma no impone la obligación de publicar toda la acción,sino sólo la que se juzgue relevante que sea conocida en relación a su actividad para garantizar esa transparencia. Una formulación de este tipo, con independencia de que pueda ser concretada durante la tramitación parlamentaria, deja un margen interpretativo enorme que puede hacer que la ley sea útil o no,no tanto a partir de su contenido sino a partir de cómo se vaya a acabar aplicando en la práctica. Las exigencias de publicación,
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por ello, no son en sí mismas tantas y se alejan del ideal de transparencia total que venimos defendiendo como principio rector (a partir del cual excepcionar las situaciones que lo requieran). Y suponen un freno enorme a una perspectiva más ambiciosa de Open Government que aspire a pasar de la transparencia limitada y contralada a dinámicas más inclusivas y participativas, que es el estadio superior al que habría que aspirar. La Administración, si pretende esponjar sus procedimientos y hacerlos más participativos y controlados por los ciudadanos, ha de partir necesariamente de una mayor transparencia como principio inexcusable del que se deducen los demás (Boix Palop,2013).La receta,como es evidente,se puede y debe aplicar también a los mecanismos preventivos frente a la corrupción. En cuanto al derecho de acceso, la norma desarrolla lo ya contenido en nuestro ordenamiento jurídico, pero limitando todavía, como ha sido tradicional en España, el derecho de acceso, con supuestos que van mucho más allá de lo previsto en el art.105 b) de la Constitución o incluso en el actual marco del art. 37 ley 30/1992. Un derecho de acceso que se puede limitar por motivos no sólo de seguridad nacional o defensa sino también de relaciones exteriores (sin ningún límite), la seguridad pública, la prevención o investigación de cualquier ilícito, incluyendo los administrativos, la igualdad de las partes, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, la propiedad intelectual e incluso la protección del medio ambiente (que es curioso pensar que pueda quedar afectado por una mayor transparencia, la verdad), queda muy limitado y expuesto a que una interpretación amplia, como ha sido tradicional en España, de estas excepciones deje en casi nada el impacto del derecho de acceso. Por mucho que la aplicación de estos límites, como dice la ley, deba ser “justificada y proporcionada” para realizar una debida ponderación, la sensación que da la norma no es de pretender profundizar de verdad en el Open Government.Las posibilidades de que la Administración se pretenda acoger a cualquiera de estas excepciones son enormes. Asimismo, la regulación, por ejemplo, en materia de protección de datos, algo más detallada, de la
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confirma la tradicional hipertrofia de la misma y su uso como excusa para no profundizar en la transparencia que ha sido la norma en España en los últimos años. En este punto, la más positiva novedad del proceso de tramitación parlamentaria ha sido el logro de, al menos, residenciar las decisiones sobre esta ponderación en un órgano más independiente de la propia Administración del modelo inicialmente planteado.No obstante, que la efectividad del Open Government vaya a depender de facto de la interpretación que se haga en el futuro de estas múltiples excepciones no deja en buen lugar la ley. En definitiva, nos encontramos con una norma, con las necesarias prevenciones derivadas de escribir esto en un momento en que todavía está por ser aprobada y es posible que sea modificada y mejorada, que no está llamada a suponer una gran mejora sino simplemente un paso más en la evolución hacia la transparencia que por presión de la Unión Europea y de los propios ciudadanos nuestro Derecho se ha visto obligado a acometer y que, desgraciadamente, antes que generar un modelo de Open Governement general tan importante para la lucha con la corrupción, acabará provocando un marco dual,donde,como ya pasa,serán los sectores donde normas específicas (normalmente impuestas por Europa) como en materia de contratos o subvenciones sí obligan a algo más de transparencia los que de verdad resultarán útiles a efectos de combatir preventivamente la corrupción mientras en el resto de nuestro ordenamiento administrativo,previsiblemente, las carencias serán todavía importantes.En todo caso,la presión ciudadana cada vez mayor y la creciente consciencia de que la transparencia ha de ser clave para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones son la mejor noticia que se extrae de este proceso.Sean las que sean las insuficiencias con las que acabe finalmente aprobada la ley, a estas alturas parece claro que no estamos ante el punto de llegada del proceso, sino dando un paso en un camino al que le queda mucho trecho para ser recorrido en su totalidad, pero en una dirección que la presión pública obligará sin duda a proseguir en el futuro.
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BIBLIOGRAFÍA Doménech Pascual, Gabriel (2012), “Roma delatoribus praemiat”, comunicación en el IX Congreso de la Asociación Española de Derecho Administrativo disponible en http://www.uv.es/gadopas/ Guichot Reina, Emilio (2011), “Las relaciones entre transparencia y privacidad en el Derecho comunitario ante la reforma de la normativa sobre acceso a los documentos”, en Revista española de derecho europeo, nº 37,pp.37-69. Guichot Reina, Emilio (2012),“El anteproyecto de Ley de Transparencia”, en El Cronista Social y Democrático de Derecho,nº 30,pp.28-41 Jareño Leal, Ángeles (2011), Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública,Iustel. Mestre Delgado, Juan Francisco (1993), El derecho de acceso a archivos y registros administrativos (análisis del artículo 105.b de la Constitución),Civitas. Nieto García, Alejandro (2008), El desgobierno de lo público,Ariel. Queralt Jiménez, Joan J. (2013), Combate contra la corrupción: un problema de recursos, en Agenda Pública, disponible a fecha 1 de junio de 2013 en http://www.eldiario.es/agendapublica/Combatecorrupcion-problema-recursos_6_131996807.html Rose-Ackerman, Susan (1999), Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform, Cambridge University Press. Boix Palop, Andrés, Transparencia, participación y procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias, en L. Cotino Hueso (ccord.) Libertad, transparencia y Open Governement en Internet: ejercicio,amenazas y garantías (en prensa). Transparency International (2012),The 2012 Corruption Perceptions Index,disponible a fecha 1 de junio de 2013 de la
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en http://www.transparency.org/cpi2012
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LA CONFIDENCIALIDAD, CALDO DE CULTIVO DE LA CORRUCPCIÓN Ignacio Blanco Giner
Ignacio Blanco Giner Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (19921997) cursando el último año con una beca Erasmus en la University of North London. Posteriormente se especializó con un Máster de la Universitat de València sobre instituciones y políticas de la Unión Europea (1997-1998). Su trayectoria profesional se inició en el mundo del asesoramiento internacional, la formación y la cooperación al desarrollo en el Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPS (1999-2000), siendo también posteriormente técnico de proyectos de la ONGD Bomberos Sin Fronteras (2001). En el año 2002 accedió por oposición a la condición de funcionario de la Generalitat Valenciana, donde es técnico de administración general (actualmente en servicios especiales).Desde 2004 a 2011 fue sindicalista de CCOO en el ámbito de la función pública autonómica.
En los últimos tiempos la ciudadanía valenciana ha ido descubriendo estupefacta cómo se despilfarraron grandes cantidades de dinero público en los años de la burbuja, cuando los ingresos coyunturales generados por la actividad urbanística e inmobiliaria hicieron creer a muchos gobernantes que podían gastar sin límite y,lo que es peor, sin criterios de utilidad social. Este fenómeno fue bastante generalizado en todas las administraciones, con honrosas excepciones, pero uno de los máximos exponentes lo encontramos sin duda en la Generalitat Valenciana. El discurso triunfalista y electoralmente productivo- del PP de Zaplana y de Camps se basó en la celebración de grandes obras primero (Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Terra Mítica, Ciudad de la Luz…) y grandes eventos después (visita del Papa, Copa América, Fórmula 1…). En todos los casos se trataba de inversiones con motivación únicamente política y que el tiempo ha demostrado ruinosas económicamente y con muy escasa utilidad social. Si en los tiempos de bonanza esta percepción crítica era o parecía minoritaria, acallada por el discurso oficial amplificado por la inmensa mayoría de medios de comunicación, en la actualidad forma parte de un “sentido común” que trasciende los alineamientos ideológicos o partidarios. Pácticamente nadie se atreve ya a defender ese tipo de dispendios, algunos de los cuales- como el aeropuerto sin aviones de Castellón- se han convertido en verdaderos iconos de una época.
Aunque la sociedad en su conjunto salió perdiendo con la apuesta política por los grandes eventos, determinados sectores sí salieron extremadamente beneficiados al hacer fáciles, rápidos y suculentos negocios con dinero público. Aunque más que de sectores económicos deberíamos hablar de grupos empresariales “amigos” del Partido Popular, dado que en muchas ocasiones las adjudicaciones de contratos se hicieron a dedo,sin concurso público y con la máxima Desde mayo de 2011 es opacidad. Ejemplos señeros de este fenómeno son los diputado y portavoz adjunto casos -en estos momentos bajo instrucción judicial- de de Esquerra Unida del País Orange Market,la visita del Papa o el Instituto Nóos. de la
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La generalización de las prácticas corruptas- sean delictivas o no- debe mucho a las condiciones de opacidad que han imperado en la política valenciana, y que han impedido un verdadero control político y ciudadano de la gestión del dinero público.Ya no es sólo que se hayan adjudicado contratos a dedo saltándose la obligación legal de convocar un concurso público y abierto, sino que incluso posteriormente dichos contratos han permanecido escondidos bajo siete llaves sin que ni siquiera los grupos de la oposición de las Cortes Valencianas hayan podido acceder a ellos. En esa estrategia deliberada y consciente de ocultación ha jugado un destacado papel la excusa- muchas veces, la mentira- de las cláusulas de confidencialidad. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la relación contractual de Santiago Calatrava con la empresa Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A. (CACSA), propiedad de la Generalitat Valenciana. El arquitecto estrella del PP valenciano inició sus trabajos en el macrocomplejo del Turia en el año 1991, cuando gobernaba el PSPV, y todavía no los ha finalizado porque queda por colocar la cubierta móvil que debería rematar el Àgora. Durante más de veinte años sus emolumentos y las condiciones de contratación fueron secretas porque el gobierno autonómico se negaba una y otra vez a facilitar la información y documentación que solicitaban los grupos de la oposición con la excusa de que era confidencial. En el Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas y en las hemerotecas quedan para siempre las palabras de, entre otros, el ex conseller de Economía, Gerardo Camps. Sin embargo, cuando, después de muchas peticiones saldadas con negativas o evasivas,en abril de 2012 conseguí acceder a todos los contratos de Calatrava con CACSA, pude comprobar lo que ya intuía: no existe ninguna cláusula de confidencialidad que impida mostrarlos. Por fin, veinte años después de la firma del primer contrato, la sociedad valenciana pudo conocer cuánto dinero (aproximadamente 100 millones de euros) y en qué condiciones (beneficiándose de los sobrecostes y sin tributar en España) cobró el controvertido arquitecto de todos los valencianos. Más allá de exigir las evidentes responsabilidades
Valencià (EUPV) en las Cortes Va l e n c i a n a s, d o n d e s e encarga de los temas de corrupción, transparencia, sector público, economía y hacienda, justicia, Radio Te l e v i s i ó n Va l e n c i a n a y grandes proyectos. A nivel orgánico, es secretario de comunicación de la Comisión Ejecutiva de EUPV y miembro del Consejo Político Federal de IU.
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políticas- y habría que considerar si también penalesde quienes mintieron al aducir como obstáculo a la transparencia unas cláusulas inexistentes, conviene examinar la cuestión de la confidencialidad en los contratos públicos desde una doble perspectiva jurídica y política. ¿Es legal limitar el acceso de la ciudadanía, y en concreto de sus representantes electos,por un pacto entre las partes contratantes? Y en todo caso, ¿es ético que un gobierno oculte a la sociedad cómo gasta unos recursos públicos escasos? La primera respuesta admite cierta controversia pero sobre la segunda no pueden existir dudas en una sociedad democrática, puesto que la transparencia es una exigencia ciudadana y el mejor antídoto contra la corrupción, que se reproduce con mucha mayor facilidad en condiciones de opacidad. O de confidencialidad. El artículo 140.1 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público circunscribe la confidencialidad a “la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial, y en particular,los secretos técnicos y comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas”. Es decir, en ningún caso puede afectar a la información económica (cuánto se paga,cómo se paga y dónde se paga) ni mucho menos a los elementos esenciales de los contratos (partes intervinientes, obligaciones y derechos contraídos, precio, vigencia...). Por supuesto, es absurdo invocar la confidencialidad para negar el conocimiento de informes técnicos de la propia administración que, lógicamente, no son facilitados por los empresarios. Y, sin embargo,es demasiado habitual que el gobierno de la Generalitat Valenciana deniegue a diputados de la oposición expedientes de contratación completos con la excusa o mentira- de la confidencialidad. La situación llega al paroxismo cuando, en respuesta a varias solicitudes formuladas para comprobar al menos si la excusa utilizada es cierta o no, el Consell se niega a mostrar la cláusula de confidencialidad de un contrato público porque“también es confidencial”. Esto me ha sucedido recientemente con varios contratos de la Generalitat relacionados con la Fórmula 1, el Open de Tenis- aunque posteriormente se me facilitó el acceso- o los elementos privatizados de de la
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CACSA. Pero la excusa de la confidencialidad es tan antigua al menos como el gobierno del PP en la Generalitat; basta recordar el célebre caso IVEX por el que se le pagaron 1.000 millones de las antiguas pesetas a Julio Iglesias con dos contratos, uno A (público) y otro B (secreto).En todos esos casos,al negar la documentación a los diputados que la hemos solicitado,el Consell está incumpliendo flagrantemente la ley,pues el artículo 12.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas (norma con rango legal) reconoce nuestro derecho a “recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresariales dependientes de la misma”. En términos políticos, la confidencialidad es incompatible con la transparencia en la gestión de los recursos públicos y, por tanto, con el buen funcionamiento de la democracia, que debe incluir la capacidad de fiscalización de los gobernantes por los gobernados. Por eso hay que limitar el uso y alcance de las cláusulas de confidencialidad a los secretos técnicos y comerciales de las empresas que razonablemente no deban conocer sus competidores. Es decir, a una interpretación estricta del artículo 140.1 de la LCSP, que en nigún caso pueda amparar la opacidad sobre el expediente administrativo de contratación, que debería ser de dominio público para garantizar el máximo control.En ese sentido, el grupo parlamentario de Esquerra Unida presentó una propuesta en las Cortes Valencianas que fue rechazada con los únicos votos del PP. Aún no se han desterrado las prácticas opacas de la administración valenciana, pero el debate sobre la confidencialidad se va abriendo poco a poco. Por un lado,el cuestionamiento de este tipo de cláusulas ya no procede sólo de la oposición. Hace unos meses, la propia Directora General de RTVV- y abogada del Estado en excedencia- afirmó en su comparecencia en las Cortes Valencianas que la confidencialidad no puede actuar sobre los contratos públicos. Posteriormente, el secretario autonómico del sector público empresarial, también en sesión parlamentaria,
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trató de sostener la legalidad de estas cláusulas, pero con un discurso matizado e incluso dubitativo muy alejado de los tiempos en que el gobierno del PP no se dignaba siquiera a dar explicaciones.Incluso hace poco la Consellera de Educación, Cultura y Deporte me facilitó copia del contrato del Open 500 de Tenis, en el que sí aparece negro sobre blanco una cláusula de confidencialidad destinada a impedir la difusión del mismo. Es el primer contrato supuestamente confidencial que se ha hecho público, de lo que podemos extraer dos conclusiones: 1) es muy probable que en el resto de casos la cláusula ni siquiera exista y se trate de una burda mentira del Consell para ocultar la documentación, y 2) incluso existiendo dicha cláusula, por encima del contrato prevalece la ley, que reconoce la facultad de los diputados de recabar la documentación en poder de la administración “para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias”. Y, evidentemente, una de nuestras funciones es dar a conocer a la sociedad cómo se gasta el dinero público. En definitiva, hay que promover un cambio de cultura política que apueste plenamente por la transparencia, para combatir las tentaciones de corrupción y remover aquellos obstáculos que siguen dificultando la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. La inclusión de cláusulas de confidencialidad en los contratos públicos puede ser legal o no, pero en todo caso es simplemente una opción:ningún gobierno está obligado a firmarlas. Y, en último término, se trata de cumplir la ley,algo tan aparentemente sencillo pero tan infrecuente en la vida política valenciana, porque el Reglamento de las Cortes Valencianas ya contiene los instrumentos necesarios para hacer efectiva la función de control parlamentario al gobierno.
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TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN José L. Sahuquillo Orozco El combate a la corrupción es, a día de hoy, una de las principales preocupaciones en la agenda pública de los países europeos, especialmente de los mediterráneos como Grecia, Italia o España. La corrupción y las conductas sociales vinculadas a ésta desgastan el entramado social, deslegitiman el desempeño gubernamental y atacan la consolidación y la estabilidad de las instituciones democráticas. El fenómeno de la corrupción genera altos costes económicos que se traducen en la ineficiencia e ineficacia de las políticas públicas, así́ como en la pérdida de oportunidades de desarrollo de los países. Por su parte, la ciudadanía, al igual que los organismos privados y las instituciones públicas, ven limitado su acceso a una mejor oferta de bienes y servicios públicos y deben cargar con los costes adicionales- económicos y sociales- que generan las prácticas de corrupción. En el caso español, a pesar de la construcción de mecanismos institucionales para la modernización de la gestión pública, los avances obtenidos en materia presupuestaria y la reciente publicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno persisten escándalos sobre el abuso de los recursos públicos y delitos aplicados a la función pública. La necesidad para combatir la corrupción es mayúscula. Se trata de un fenómeno oculto que adquiere múltiples expresiones y no se restringe a las áreas donde se maneja una gran cantidad de recursos. Ninguna sociedad está exenta de este fenómeno y España no es el único país que enfrenta retos y obstáculos ante este tipo de prácticas. Sin embargo, no está claro por qué́ las acciones nacionales para contener la corrupción no se han traducido en una mejora en la percepción sobre su penetración en la vida pública y en la contención de prácticas ilícitas en la administración pública. El combate a la corrupción necesita un diseño e implementación implementación de instrumentos que fijen los términos de actuación de los agentes (públicos
José L. Sahuquillo Orozco Presidente de la Asociación Valenciana de Politólogos (AVAPOL). Es además Director Ejecutivo de EQUÀLITAT, Par ticipació i Igualtat, consultoria especializada en materia de igualdad de género, participación ciudadana y modernización de la Administración Pública. Desde el año 2012 es Responsable de OGOV en el Diario Sueldos Públicos. Recientemente ha creado GOBERNATIA, Escuela de Liderazgo y Alto Gobierno junto a un amplio equipo de consultores, periodistas, sociólogos y politólogos. Fundador del Sistema Español de Acreditración de la Transparencia ACREDITRA. Ha sido codirector del I Congreso Internacional sobre Open Government que organizó la Universitat de València, la plataforma DerechoyTICS y AVAPOL que se desarrolló en Valencia el pasado 21 y 22 de noviembre de 2013.
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y/o privados) con apego a la norma, así́ como la determinación de instituciones o agentes encargados de prevenir,controlar y sancionar el abuso de la función pública. En este sentido, las preguntas clave que se discuten en este texto son: ¿cómo controlar la corrupción? Y de manera más específica: ¿cómo reducir los espacios de discrecionalidad que hacen posible que se lleven a cabo prácticas corruptas? La solución a estas preguntas se puede reducir a dos estrategias. Algunos países se han enfocado en la construcción de una sola agencia anticorrupción encargada de investigar y perseguir estas prácticas ilícitas. Otros en cambio, diseñaron un sistema de instituciones e implementaron mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas para reducir los actos corruptos. La lógica detrás de la estrategia de múltiples instituciones de control, transparencia y rendición de cuentas es la siguiente: los espacios de corrupción, opacidad e impunidad podrán reducirse en la medida en que el sistema institucional active mecanismos de control, vigilancia y sanción efectivos, que eleven los costos de la actuación corrupta de funcionarios. Precisamente, es en este punto donde confluye la rendición de cuentas y el combate anticorrupción, ambos buscan vigilar la acción pública y mejorar la gestión de recursos. 1.- Retos y obstáculos para controlar y medir la corrupcion. ́ Los países democráticos cimentan su prosperidad sobre la base del respeto al Estado de derecho y un gobierno transparente que rinde cuentas de su gestión a la ciudadanía. Sin embargo, estos principios fundamentales se ven debilitados por numerosos casos de corrupción pública o política. Este fenómeno tiene afectaciones a nivel internacional y ningún sistema de la sociedad es inmune a ella, lo cual genera altos costes para el desarrollo de las naciones y afecta gravemente la credibilidad del Estado y la democracia (Vieyra,2008). Se trata de un fenómeno que permanece oculto e implica la apropiación de recursos públicos para de la
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obtener beneficios privados, mediante más de una forma específica de comportamiento (Transparencia Internacional, 2004). Las expresiones de la corrupción comprenden conductas indebidas e ilegales por parte de funcionarios públicos (políticos o servidores públicos) y/o de actores privados que obtienen ganancias por el abuso del poder público. Entre las cifras de la corrupción en España, destaca que hay casi 1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional. En este sentido el Ministerio de Justicia del Gobierno de España gastó más de 10 millones de euros en reforzar juzgados que investigan casos de corrupción en 2012. Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como los ex ministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. En el año 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobre todo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo. Por otro lado, actualmente existe una diversidad de
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enfoques empleados para el análisis de las conductas corruptas toman diversos puntos de aproximación que pueden ser: moral, cultural, estructural o institucional (Ugalde, 2002). Este último enfoque entiende las prácticas corruptas desde una visión relacional.Es decir, las acciones indebidas son realizadas en el campo de la interacción entre actores sujetos a instrumentos de control, vigilancia y sanción, que a su vez determinan incentivos- positivos y negativos- alineados con el interés público (Arellano, 2011). Este acercamiento permite afirmar que el núcleo de análisis para el control de la corrupción es la interacción entre agentes públicos y/o privados que intervienen en la comisión de actos ilícitos afectando la acción pública. El combate a la corrupción refiere al diseño e implementación de instrumentos que fijan los términos de actuación de los servidores públicos con apego a la norma, así́ como la determinación de agentes o instituciones encargadas de prevenir, controlar y sancionar el abuso de la función pública. Lo anterior supone: - Identificar a aquellos agentes receptores de los beneficios y los costes de la corrupción. - Definir los actores que buscan impedir la comisión del acto ilícito y las herramientas con que cuentan para ello. - Así́ como, establecer los incentivos e intereses que determinan el actuar de cada uno de ellos. Cuando el diseño de este sistema anticorrupción falla, los agentes implicados en la esfera pública aprovechan la debilidad institucional para operar con impunidad.Al mismo tiempo, la mala formulación de mecanismos para la toma de decisiones públicas agrega complejidad al proceso, generando incentivos para eludir el marco normativo con prácticas de corrupción. Lo anterior debido a que los costes por incurrir en estas acciones son relativamente bajos en comparación con las ganancias del acto ilícito. 2.- Modelos para el control de la corrupcion. ́ La dificultad para acotar el abuso del poder y la apropiación de lo público con fines privados plantea el de la
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desafío de diseñar controles anticorrupción adecuados para esta tarea. Los gobiernos han seguido distintas estrategias para integrar en una agencia o en un grupo de instituciones las funciones de combate a la corrupción. Esto ha implicado la determinación de diversos mecanismos institucionales con categorías y funciones específicas. En general, es posible distinguir dos modelos de agencias controladoras anticorrupción (Meagher, 2004). El primero se refiere a la creación de un organismo único dotado de capacidades, responsabilidades y presupuesto para garantizar la construcción de una agencia poderosa que centralice la estrategia anticorrupción. Se trata de entes especializados con amplias facultades de investigación y, en algunos casos, de sanción (Ackerman, 2006). Este modelo de agencia anticorrupción considera una interacción constante con los órganos competentes en la materia, reduciendo así́ los problemas de coordinación interinstitucional en el combate a la corrupción. Según Ackerman (2006), generalmente el diseño de estos organismos no contempla su autonomía plena y dependen del titular del Ejecutivo. El segundo enfoque refiere a múltiples instituciones que conforman el sistema de rendición de cuentas y que asumen distintas responsabilidades en las funciones de combate a la corrupción. De acuerdo con este modelo, los órganos de contraloría, fiscalización, oficinas de ética o vigilancia, así́ como organismos de transparencia y el sistema de pesos y contrapesos políticos tienen un papel clave en la prevención,control y sanción de la corrupción. Este tipo de esquema requiere necesariamente de la articulación de dichos órganos en un sistema coherente que active múltiples mecanismos de vigilancia y control de la acción pública para garantizar su integridad y resultados (UNDP,2011). Es importante tener en cuenta que los dos modelos de agencias de lucha contra la corrupción descritos brevemente no agotan la variedad de estructuras y patrones funcionales al interior de cada uno de ellos (OCDE, 2008). Además, ambos modelos han sido ampliamente cuestionados, poniendo en perspectiva sus alcances y limitaciones.
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Sobre el modelo de agencia única anticorrupción, se argumenta a favor que la creación de una nueva institución la blinda de intromisiones políticas o partidistas. Se percibe en el nuevo organismo el antídoto para atacar el fenómeno que resolverá́ los problemas de coordinación entre los entes que participan en esta labor, incrementando así́ la efectividad en la contención de las prácticas corruptas. No obstante, Ackerman (2006) sostiene que las autoridades suelen crear este tipo de organizaciones “como un medio superficial para aumentar su legitimidad sin transformar su comportamiento de fondo [esperando resultados inmediatos de estos organismos]”. Meagher (2004) concluye, a partir de un análisis comparativo internacional, que no existe prueba contundente que muestre que este tipo de organismos reduzca la corrupción eficazmente. En el modelo de múltiples agencias, que refiere a la configuración de un entramado de instrumentos de rendición de cuentas que controlan espacios de interacción pública, la principal crítica radica en las dificultades que enfrenta la articulación de múltiples agencias con funciones y áreas de control diversas, generando así́ pérdida de efectividad en la lucha contra la corrupción (Meagher,2004). Es imposible identificar el“mejor modelo”para el diseño de instituciones anticorrupción (OCDE, 2008). De acuerdo con la OCDE (2008), la creación de agencias controladoras y la determinación de las herramientas para combatir este fenómeno responden al contexto de cada país, las condiciones legales, administrativas y culturales de cada nación. Aunque el desafío de construir un sistema de controles y mecanismos de rendición de cuentas no es menor, la virtud de un enfoque de múltiples agencias de control reside precisamente en la comprensión del fenómeno de la corrupción como la consecuencia de áreas de interacción entre agentes y la necesidad de mecanismos institucionales para controlarlas. El objetivo entonces es reducir la posibilidad del desvío de la actuación de dichos agentes del interés público.
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Este modelo multi-agencia responde a una visión comprensiva del acto de corrupción que entiende las causas y orígenes de conductas indebidas e ilícitas, superando la visión persecutoria de servidores deshonestos (RRC,2011). 3.Aproximaciones para medir la corrupcion. ́ Durante las últimas dos décadas,la necesidad de contar con instrumentos de medición para generar un diagnóstico sobre el fenómeno de la corrupción, entender sus causas y medir sus impactos; así́ como valorar la efectividad de las políticas anticorrupción, ha sido creciente.Se han registrado esfuerzos importantes en el diseño de metodologías para apoyar el proceso de evaluación y toma de decisiones sobre el fenómeno. El surgimiento de Transparencia Internacional (TI) y la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) son muestra de ello. Bajo la premisa de “Si lo queremos mejorar, lo tenemos que medir”, comenzó́ el surgimiento de indicadores que buscaron aproximar el fenómeno de la corrupción desde diferentes ángulos, con la finalidad de entender sus costos,sobre todo,en el crecimiento económico de naciones en desarrollo y en las perspectivas de mercados emergentes. Los organismos internacionales y las agencias nacionales entendieron la necesidad de cuantificar la corrupción y sus manifestaciones, así́ como sus afectaciones en la calidad de los gobiernos y su capacidad para enfrentar el fenómeno. De esta forma, surgieron nuevas mediciones y herramientas que se aproximaron a la corrupción desde la perspectiva de la oferta y la demanda.Otras,enfatizaron su vínculo con la gobernabilidad y algunas más lo abordaron a través de variables donde la corrupción es un factor crucial tales como: competitividad, riesgo-país, transparencia presupuestaria y financiera,entre otros. El número de índices enfocados en medir la corrupción y, por extensión, la gobernabilidad, ha crecido de manera exponencial en la última década. Por ejemplo, se cuenta con: el Índice de Percepción de la Corrupción, el Índice de Fuentes de Soborno (Transparencia Internacional), los mecanismos de seguimiento a las
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Convenciones Internaciones Anticorrupción, el Índice de Integridad Global (Global Integrity), los Indicadores de Gobernabilidad Mundial (Banco Mundial), y otras mediciones que se acercan a la corrupción de manera indirecta a través de la competitividad, el ambiente de negocios, las libertades económicas, la transparencia y la rendición de cuentas financiera, entre otras (PNUD, 2008). En España, la Universidad de Las Palmas (ULPGC) cifró en 40.000 millones de Euros el coste de la corrupción en España (2013) El trabajo, desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (Tides), se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Con esta nueva metodología "la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional". Los investigadores de este estudio destacaron que, “aunque la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles, detectarla y perseguirla es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos,por la dificultad de su medición". En general, la aproximación metodológica a algunos indicadores de corrupción permite concluir que es posible medir el fenómeno de tres formas genéricas: - A través de la percepción, recopilando opiniones de actores relevantes a través de encuestas y sondeos a empresas, funcionarios públicos, individuos y organismos internacionales. - Mediante experiencia directa con actos corruptos resultado de la intervención pública. - Midiendo las capacidades institucionales de un país, las cuales no miden directamente la corrupción, pero sí permiten conocer los espacios de discrecionalidad que hacen más probable la comisión de actos ilícitos. No obstante, el carácter elusivo, clandestino y multidimensional del fenómeno de la corrupción de la
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también agrega retos en el diseño de instrumentos de evaluación. Por ello, se apunta la necesidad de echar mano de todos los enfoques metodológicos posibles para aproximarlo. Pensar que existe una sola herramienta o medida que permita conocer la corrupción en todas sus dimensiones es ingenuo (UNDP, 2008). Hasta ahora no se cuenta con una herramienta de medición que demuestre la robustez suficiente para evaluar el fenómeno y la efectividad de las políticas de combate a la corrupción (OCDE,2005;González,2006). Aunque, sin duda, los mecanismos generados hasta el día de hoy han sido útiles para comenzar a monitorear y dar seguimiento al fenómeno,sistematizar información sobre sus costos y establecer líneas base, para propiciar cambios institucionales más amplios en la lucha anticorrupción. 4.- Hoja de ruta para la lucha contra la corrupción. La complejidad de tareas económicas y sociales que debe realizar el Estado moderno exige mayores niveles de delegación de autoridad a centros de decisión y acción hacia estructuras de gobierno de distintos niveles y hacia actores de diferentes jerarquías. Ello genera problemas de información, de coordinación y de control (Velasco, 2011). Esta visión ampliada del poder público requiere de mejores mecanismos institucionales para restringir los abusos en el ejercicio de la función pública. Los avances en la construcción de capacidades institucionales, de órganos garantes y el diseño de programas de gobierno para hacer frente al fenómeno de la corrupción en el país no son menores. Sin embargo este entramado de mecanismos institucionales no ha sido suficiente para erradicar la afectaciones y percepción negativa entre la población. Ello refleja la persistencia de retos en el fortalecimiento del sistema de control anticorrupción a nivel estatal para generar resultados tangibles en la política pública y en la operación de gobierno. A continuación se presentan algunas consideraciones
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sobre la “HOJA DE RUTA” a seguir por el gobierno español en la materia: 1. Entender las implicaciones de la convergencia entre la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La rendición de cuentas y el combate a la corrupción son factores que convergen en un mismo objetivo: ambos procuran que el ejercicio de poder permanezca controlado. Sin embargo, en el campo de batalla contra las prácticas corruptas y los ilícitos relacionados persiste una falta de conexión entre los mecanismos que activan los controles de la rendición de cuentas y anticorrupción. El círculo virtuoso que forman dichos instrumentos promueve gobiernos más responsivos a las necesidades ciudadanas y obligados a justificar las decisiones de política tomadas, así́ también, a ser más eficaces en la provisión de bienes y servicios públicos. 2. Construir un sistema coherente e integral de control anticorrupción. Los mecanismos de prevención, control y sanción asociados a la rendición de cuentas contribuyen en la edificación del entramado institucional para combatir ese flagelo. Sin embargo, una de las limitaciones para que ese sistema anticorrupción sea efectivo es que las agencias que lo componen en la práctica encuentran poca coordinación. El diseño mismo de la estrategia de combate a la corrupción en cualquier país debe buscar repartir las funciones de prevención, evaluación, fiscalización, investigación y sanción en diferentes organismos. Es necesario articular este conjunto de mecanismos institucionales y agencias anticorrupción en un verdadero sistema coordinado para acotar el abuso del poder público de manera más efectiva... 3. Promover una cultura de acceso a la información y mayor transparencia que abarque a los tres Poderes del Estado. Hasta ahora, las exigencias de transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas a nivel estatal se han concentrado,principalmente,en el Poder Ejecutivo. Sin embargo,existen retos para que el Poder Legislativo y Judicial se inserten también en la cultura de rendición de la
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de cuentas. El Congreso de los Diputados todavía no se consolida como una institución profesionalizada y articulada a los mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la información. A nivel autonómico, por parte de algunos diputados de Les Corts Valencianes ha habido varios procesos judiciales que han reflejado la dificultad de acceder a información y documentación en manos de la Generalitat Valenciana, amparándose esta en cláusulas de confidencialidad en los contratos. Es fundamental que el Poder Legislativo y Judicial sean sometidos a los mismos criterios de rendición de cuentas que el Ejecutivo para que la estrategia de combate a la corrupción sea más efectiva.Para reducir la incidencia de la corrupción, es necesario un mejor diseño legal que incorpore normas y procesos que acoten la discrecionalidad del poder público y promuevan más transparencia. Por otra parte, la transparencia y acceso a la información debe servir para generar información útil sobre el actuar público. En la medida en que se fijen métricas relevantes sobre el desempeño de los órganos a cargo de las funciones anticorrupción será́ posible avanzar en la evaluación de las capacidades reales de los instrumentos institucionales de combate a la corrupción del país. 4. Incidir en la importancia de los gobiernos locales en la estrategia de combate a la corrupción. Actualmente, las entidades locales son objeto de escándalos de abuso de la función pública.Los casos de corrupción urbanística han llenado miles de páginas de prensa desde que comenzara la crisis en España en 2008. La construcción de sistemas de rendición de cuentas en los niveles de gobierno locales ha avanzado de forma lenta y, sobre todo, ha enfrentado resistencias importantes por parte de funcionarios y élites locales que se oponen a la ruta de modernización administrativa en Comunidades Autónomas y entidades locales. La inserción de los gobiernos locales en la dinámica de la rendición de cuentas es condición necesaria para el éxito de la estrategia nacional anticorrupción. 5. Promover una mayor participación ciudadana en el
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monitoreo del quehacer gubernamental. La participación de la sociedad civil en el monitoreo gubernamental es vital para el combate a la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de control al poder son útiles en la medida en que sirven al ciudadano para mejorar el funcionamiento de las políticas, los programas y los servicios más cercanos a su comunidad, ciudad o región. Mientras existan ciudadanos que activen polos de vigilancia y de rendición de cuentas que sometan al escrutinio la acción pública, los gobiernos tenderán a ser más responsivos a las demandas, más eficaces en elaccionar público y menos corruptos en su actuar. La labor que realiza la sociedad civil en la generación de estudios, métricas e indicadores que evalúan el quehacer del gobierno, contribuye en buena medida al control de la acción pública y en la promoción de gobiernos más transparentes. Quizás otro de los mayores retos en este punto será́ insertar a la sociedad española en una cultura de respeto a la legalidad y a la autoridad pública. Un sistema de rendición de cuentas bien diseñado e implementado puede ayudar a delimitar las áreas de riesgo que abren espacios a la opacidad y el abuso de la función pública. Los incentivos generados por este sistema de rendición de cuentas y la operación de controles anticorrupción efectivos no serán eficaces, mientras no se avance en una agenda de fortalecimiento institucional, la cual toca apuntalar a las siguientes administraciones. BIBLIOGRAFIA Vieyra,Juan.Anticorruption Activities Trust Fund report. Banco Interamericano de Desarrollo,2008. Arellano,David et al.Control de los conflictos de interés: mecanismos organizacionales en la experiencia internacional. Centro de Investigación y Docencia Económicas en prensa,2011. Meagher, Patrick. Anti corruption agencies: a review of experience. The Iris discussion papers on institutions and development. Maryland: University of Maryland Press,2004.
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Ackerman, Jonh. Estructura Institucional para la Rendición de Cuentas: Lecciones Internacionales y Reformas Futuras. Serie: Cultura de la Rendición de Cuentas. México: Auditoría Superior de la Federación, 2007. United Nations Development Programme. Capacity Assessment of Anti-Corruption Agencies. UNDP United Nations Development Programme (UNDP) and Global Integrity.Noruega:Oslo Governance Centre,2011. Edna Jaime, Erendira Avendaño y Mariana García. ́ Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción: Retos y Desafíos. Cuadernos sobre Rendición de Cuentas. Gobierno Federal de México,2012. OCDE. Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Internacionales. Fase Tres de Evaluación. París: OCDE, 2011. Consultado http://www.programaanticorrupcion.gob. mx/index.php/ cooperación-internacional/ convenciones-internacionales/ocde.html Villoria Mendieta, Manuel. La corrupción política. Madrid.Síntesis,2006. United Nations Development Programme. A Users Guide to Measuring Corruption. UNDP United Nations Development Programme (UNDP) and Global Integrity. Noruega:Oslo Governance Centre,2008. Consultado en:http://www.undp.org.tt/news/ UNODC/A%20Users%20Guide%20to%20 Measuring%20Corruption_2008_ENG.pdf OCDE. Specialized Anti-Corruption Institutions. Review of models. Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia.París:OCDE,2008. Consultado en:http://www.oecd. Org/corruption/acn/library/39971975.pdf The Huffington Post, 20 de abril 2014 “Cifras de la corrupción en España: 1.700 causas, más de 500 imputados y sólo 20 en prisión” http://www.huffingtonpost.es/2014/04/20/cifrascorrupcion-espana_n_5181256.html
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