Revoluciones reformistas en El Caribe (1933-1948)

TIERRA FIRME, Caracas, Año 21 - Volumen XXI, Nº 82. Abril-Junio, 2003

REVOLUCIONES REFORMISTAS EN EL CARIBE (1933-1948) Modernización del Estado, democratización de la sociedad y administración de conflictos Ysrrael Alberto Camero Guevara Universidad Central de Venezuela RESUMEN: Entre la caída de Gerardo Machado en Cuba y la de Teodoro Picado en Costa Rica grupos políticos ligados a las elites intelectuales reformistas y democráticas inician procesos revolucionarios que pretenden romper con el orden tradicional por medio de unas agendas políticas que perseguían el establecimiento de la democracia de masas moderna, la ampliación de la ciudadanía, y una reconfiguración del papel del Estado en la economía y en el desarrollo de la sociedad. El presente ensayo pretende destacar, como parte del substrato común de cuatro procesos similares, el surgimiento de una nueva concepción de la política y del Estado. Los procesos que se postulan como revolucionarios son: la Revolución de 1933 en Cuba, la Revolución Guatemalteca de 1944, la Revolución de Octubre venezolana y la Revolución del 48 en Costa Rica. Palabras clave: Reformismo, revolución, populismo, democracia, Caribe, Centroamérica ABSTRACT: Between the toppling of Gerardo Machado in Cuba and that of Teodoro Picado in Costa Rica, political groups linked to intellectual, reformist and democratic elites sparked revolutionary processes aimed at breaking the traditional order through political agendas. These agendas sought the establishment of modern mass democracy, broader citizen participation, and restructuring of the role of the state in the economy and in the development of society. This paper intends to highlight, as the basis of four similar processes, the emergence of a new concept of politics and the state. The processes defined as revolutionary are: the 1933 revolution in Cuba, the Guatemalan Revolution in 1944, the October Revolution in Venezuela, and the 1948 Revolution in Costa Rica. Key words: Reformism, revolution, populism, democracy, Caribbean, Central America. RÉSUMÉ: Dans le cadre de la chute de Gerardo Machado à Cuba et celle de Teodoro Picado au Costa Rica, certains groupes politiques liés aux élites intellectuelles réformistes et démocratiques entament des processus révolutionnaires visant à rompre avec l’ordre traditionnel, par des agendas politiques orientés vers l’établisse-ment de la démocratie des masses moderne, l’élargissement de la citoyenneté et une reconfiguration du rôle de l’État en matière d’économie et de développement de la société. Le présent essai vise à analyser la naissance d’une nouvelle conception de la politique et de l’État - étant la base de quatre processus similaires. Les processus définis comme révolutionnaires sont les suivants: la Révolution de 1933 à Cuba, la Révolution guatémaltèque de 1944, la Révolution d’octobre au Venezuela et la Révolution de 1948 au Costa Rica. Mots-clés: Réformisme, révolution, populisme, démocratie, Caraïbes, Amérique centrale.

TIERRA FIRME, Caracas, Año 21 - Volumen XXI, Nº 82. Abril-Junio, 2003

REVOLUCIONES REFORMISTAS EN EL CARIBE (1933-1948) Modernización del Estado, democratización de la sociedad y administración de conflictos Ysrrael Alberto Camero Guevara Universidad Central de Venezuela A la luz de la crisis de la década de los treinta emergió en Latinoamérica una generación que presentó una agenda de ruptura frente al modelo político, económico y social tradicional. Nuevos actores entran en el juego de la política, por lo general procedentes de los sectores medios, descontentos con los patrones decimonónicos de participación política de la sociedad, y sometidos a la contradictoria influencia de ideologías novedosas como el fascismo, el comunismo y la socialdemocracia, incorporan diversas formas de política de masas en el seno de sociedades en procesos de crisis y transformación. El Caribe no escapa de ninguna manera a esta situación. Pero, ¿cuál era el paradigma tradicional al que se enfrentan estas nuevas generaciones en la cuenca caribeña? La realidad era muy diversa, desde el caso particular de semicolonia de Puerto Rico, hasta las repúblicas “bananeras” del Istmo centroamericano, pasando por la isla azucarera de Cuba, y el naciente estado petrolero en Venezuela. A pesar de esta diversidad podemos encontrar algunos patrones comunes, la mayor parte de los estados centroamericanos giraban alrededor de la producción de café y/o de banana, su dinámica política se encontraba fuertemente mediatizada tanto por pequeñas oligarquías locales como por el inmenso peso económico de las inversiones de los Estados Unidos, siendo el caso más evidente el de la empresa bananera United Fruit Company. Otro rasgo común a la región era la fragilidad institucional, las inmensas fracturas sociales que contribuían a acentuar la debilidad general de la sociedad y la escasa cultura política democrática (salvo el caso de Costa Rica). Guatemala había sido despotizada por una seguidilla de dictaduras y tenía una cultura política frágil y deficiente. El caso de Costa Rica era distinto al resto de Centroamérica, ya que contaba con una experiencia política democrática mayor, a pesar de ser dependiente de los cultivos de café y banana, tenía una vida institucional más sólida, con mayor tolerancia ante las actividades sindicales y políticas de distinto signo. En el caso de Cuba la influencia de los Estados Unidos no se limitaba a la dependencia económica a través de la caña de azúcar, sino que se extendía a lo político a través de la Enmienda Platt incorporada en la Constitución cubana de 1902. En Venezuela el caudillismo decimonónico había sido erradicado por el mayor de los caudillos, con Juan Vicente Gómez y el petróleo se dio forma a una nueva sociedad. Este orden tradicional, imperante en El Caribe, entró en crisis desde la década de los treinta, contra éste aparecería la agenda política de ruptura asumida por las nuevas generaciones. 1. Ruptura política y generacional El crac de 1929 tuvo un impacto diverso en El Caribe, y las transformaciones regionales no pueden ser consideradas una consecuencia directa del mismo, pero coincide esta crisis del capitalismo mundial con complejos procesos de transformación en la región. El cambio político tiene una expresión recurrente 1

pero variada, mientras las dictaduras de Anastasio Somoza (1937) y de Rafael Leonidas Trujillo (1931) se entronizaban en Nicaragua y República Dominicana, respectivamente, y se iniciaba el gobierno de Ubico en Guatemala, la crisis coincidió con los últimos años del régimen gomecista en Venezuela; contribuyó al descrédito, y posterior caída, de Gerardo Machado en Cuba, mientras en Costa Rica, en cambio, la crisis fue enfrentada por la elite dirigente a través de un conjunto de iniciativas medianamente reformistas bajo los gobiernos electos de León Cortés (1936–1940) y Calderón Guardia (1940–1944). De igual manera el clima ideológico–político y la dinámica de las alianzas durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto importante en la zona, la percepción de que la lucha que se presentaba enfrentaba a las democracias contra las tiranías penetró en la mente de jóvenes civiles y militares. En toda una generación se conformó una agenda de ruptura política y económica contra las dictaduras y contra los regímenes tradicionales. Dicha agenda asume la necesidad de una profunda transformación política y económica reformista: la ampliación de la ciudadanía a través del establecimiento regular de elecciones, con la idea de cumplir lo ofrecido por la Carta del Atlántico, devolverle la soberanía a los pueblos, así como se presentó un cambio en la concepción del Estado, del predominio del concepto liberal pasamos al Estado intervencionista en lo económico y con responsabilidad social, siempre dentro del marco del capitalismo. Otro punto importante, tanto de la agenda como de la práctica política del reformismo en El Caribe, es la movilización masiva, urbana o rural, canalizada a través de unos partidos políticos modernos legitimados popularmente y de movimientos sindicales que gozan del reconocimiento y promoción por parte de los gobiernos reformistas, una vez que dichas elites toman el poder. Muchos de estos movimientos surgen a partir de procesos previos, luchan contra los regímenes “tradicionales” sin alcanzar el reconocimiento político y la legitimidad que obtendrán en la etapa reformista, pero algunos serán creados e impulsados durante el gobierno democrático “revolucionario”. El reformismo político democrático puede identificarse con algunos de los rasgos que definen las variantes del populismo latinoamericano para Juan Carlos Rey: se caracterizan por su carácter policlasista; por la búsqueda de “reorganización del orden político existente”, a través de la movilización de masas, que conlleva su integración política, económica, social, y más que todo imaginaria, en la nación; y por la “conservación y legitimación de un orden sociopolítico”, lo que se alcanza a través del reconocimiento de la diversidad de intereses y la capacidad para articular consensos entre dicha diversidad (Rey, 1976:137-138). El populismo latinoamericano es un juego diná-mico de movilización y reconciliación en torno a una agenda reformista. Este populismo reformista tiene diversas expresiones entre la crisis de la década de los treinta y la Guerra Fría en El Caribe, analizaremos el caso cubano entre la Revolución de 1933 y la caída de los auténticos en 1952, el caso de la Revolución de Octubre en Guatemala en 1944, la Revolución de 1948 en Costa Rica, único experimento que alcanzó una amplia estabilidad a largo plazo, y nos referiremos al experimento democrático del trienio octubrista en Venezuela entre 1945 y 1948. 2

Las elites políticas que protagonizaron y promovieron estos procesos políticos optaron por el discurso de la “Revolución” democrática, de la necesidad de generar profundas transformaciones políticas, económicas y sociales a través de la acción del Estado, pero sin salirse del marco de movilizaciones y agendas políticas de carácter eminentemente reformista y moderado. En Cuba la lucha contra el machadato entre 1927 y 1933 contribuyó a la formación de una generación política de ruptura, cuyos protagonistas principales serían, durante las décadas posteriores, el movimiento estudiantil y la oficialidad media del ejército cubano. Ante el vacío político dejado por los políticos de los viejos partidos, aliados o complacientes, muchos de ellos, con el gobierno de Gerardo Machado, fueron los jóvenes estudiantes universitarios y los militares de los sectores medios los que tomarían la batuta de la política cubana desde 1933. Hugh Thomas señala que el ejército y Batista representaban la única unidad efectiva en la política cubana después de la salida de Machado, y estos militares se consideraban a sí mismos como parte de una ruptura histórica, ya que: eran genuinamente revolucionarios e igualitarios. Habían quebrantado al antiguo cuerpo de oficiales (…) Casi todos los oficiales de Batista eran de origen obrero, como el propio Batista. Negros y mulatos eran admitidos sin restricciones (…) Batista no proponía que se rechazaran los decretos de Grau. Por el contrario, su intención declarada era ir aún más lejos (Thomas, 1972: 886-887).

Respecto al movimiento estudiantil, Thomas también lo identifica en diversas ocasiones como evidencia de una profunda ruptura en la tradicional política cubana, que había girado, desde 1902 hasta 1933, alrededor de los veteranos de la guerra de independencia. Dentro de esta novel dirigencia universitaria se encontraban Carlos Prío Socarrás y Eddy Chibás, quienes ejercerán un importante liderazgo político en años posteriores. Hugh Thomas señala que los estudiantes de 1933: “tenían más edad de lo que normalmente se supone con esa palabra, ya que eran los que fueron a la universidad a fines de los años veinte (…) la mayoría de ellos tenían veintitantos años”…(Thomas, 1972: 893-894), y eran fuertemente antinorteamericanos, por lo que rechazaban cualquier tipo de presión de los EEUU en la política de la isla. Destaca el historiador británico las consecuencias de los acontecimientos ocurridos durante 1933 para formar una nueva generación política: ...crearon finalmente una generación revolucionaria que, a pesar de ciertos logros, se consideraba a sí misma frustrada, y su apetito, aguzado por el poder y los cambios sociales, continuó sus deseos y métodos, particularmente el uso de armas, en los años sucesivos; porque las organizaciones que ayudaron a derrocar a Machado jamás acabaron por disolverse o deponer las armas (Thomas, 1972: 897-898).

Pero esta transformación no se limitaba a la isla antillana, Jorge Luján Muñoz, reflexionando en torno a la generación que asumió el poder con la Revolución de Octubre de 1944 en Guatemala señala

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asimismo tanto su inexperiencia como su imperiosa vocación de realizar reformas profundas en la sociedad tradicional guatemalteca: una nueva generación de gente muy joven, algunos bien intencionados, pero inexpertos y quizás encandilados con el afán de reformar de inmediato para recuperar el tiempo perdido por el estancamiento social, ideológico y cultural en que se encontraba el país (Luján M., 1998: 257).

Juan José Arévalo, quién fue el primer presidente electo de la Revolución guatemalteca entre 1945 y 1951, reflexionó públicamente sobre las influencias ideológicas que formaron su mentalidad política, hay una mezcla de las ideas del antirracismo y reformismo anticlerical de Benito Juárez, reconociendo la influencia de “La Reforma” mexicana, la admiración por el “Unionismo” liberal de Francisco Morazán, la mentalidad “socializante” de Plutarco Elías Calles, el ascendiente de Hipólito Irigoyen, el antiimperialismo de Carlos Quijano, e incorporaba los valores de la democracia y el “socialismo” de las manos de Franklin Delano Roosevelt (Arévalo, 1988: 318-325). Arévalo le otorgaba una destacada importancia al impacto que tanto la Carta del Atlántico, como el discurso de las cuatro libertades de Franklin D. Roosevelt, habías tenido en su generación política. En Venezuela la lucha contra el gomecismo contribuyó a la conformación de una generación política de ruptura con la dictadura, formados a la luz nueva de un marxismo básico, de un antiimperialismo de raigambre aprista, identificados con la izquierda política y económica, sostenían también la necesidad de que el Estado asumiera un papel activo en la economía. Las elites modernizadoras venezolanas que asumieron el gobierno luego del 18 de octubre de 1945 provenían de los nacientes movimientos políticos, del sindicalismo, y del movimiento estudiantil que se opuso al gomecismo. El caso de Costa Rica es particularmente distinto, cuenta con un rasgo común con Venezuela, ya que las reformas se iniciaron antes de que las nuevas generaciones modernizadoras asumieran el control de Estado desde la Revolución de 1948. La social-democracia costarricense, tanto José “Pepe” Figueres, el Partido Social-Demócrata, como el Centro de Estudios sobre los Problemas Nacionales, reconoce la diversidad de sus influencias ideológicas, Carlos José Gutiérrez, en su introducción al Pensamiento Político costarricense, señala cuatro grandes líneas de influencia, el APRA peruano, el New Deal norteamericano (y la influencia de FDR), la sociedad fabiana del Labour Party inglés y el liberalismo colombiano (Gutiérrez: 14-61). Señala Gutiérrez además las grandes líneas de la socialdemocracia en Costa Rica: la organización popular, la democracia, el Estado Benefactor, el fomento del desarrollo a través de la planificación económica y la justicia social. A pesar de que esta agenda de ruptura ha venido gestándose en estos países desde finales de la década de los veinte, y durante los treinta, será a partir de coyunturas específicas que se catapultarán estas nuevas generaciones hacia el poder poniendo en ejecución la plenitud de su agenda política de ruptura.

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2. El ascenso al poder No fue simplemente la crisis mundial de la década de los treinta la que derribó los regímenes “tradicionales” y que llevó a la agenda de ruptura política al poder. Las coyunturas nacionales le otorgan una especificidad a cada caso. El ascenso de las nuevas elites modernizadoras en Cuba se inicia con la caída de Gerardo Machado en 1933, pero solo se completará con la victoria electoral de Ramón Grau San Martín en 1944. Los casos de Guatemala (octubre de 1944), Venezuela (octubre de 1945) y Costa Rica (marzo y abril de 1948) tienen un importante rasgo común, los factores desencadenantes del ascenso de las nuevas generaciones reformistas se relacionan íntimamente con las elecciones presidenciales y con los problemas generales de la sucesión presidencial. El año de 1933 en Cuba estuvo signado por la inestabilidad, el gobierno de Gerardo Machado se encontraba en crisis desde 1927, pero el impacto del crac de 1929 golpeó fuertemente a la economía, y por ende a la sociedad. Ante las fuertes presiones que piden su salida del poder, tanto desde la sociedad cubana como desde los Estados Unidos, Gerardo Machado entrega el gobierno el 13 de agosto de 1933; se inicia una inestable seguidilla de gobiernos, el efímero mando de Carlos Manuel de Céspedes, acompañado por antiguos políticos, con apoyo de Sumner Welles, y con escaso apoyo popular, es derribado por una conspiración de sargentos del Ejército cubano, entre los que destaca Batista, y por las presiones de un activo movimiento estudiantil. El peso del movimiento estudiantil en la Revolución de 1933 en Cuba se hace evidente el 10 de septiembre de 1933, cuando, ante el caos institucional posterior al derrumbe del gobierno de Gerardo Machado, un Directorio Universitario, formado por importantes dirigentes estudiantiles, impuso el nuevo presidente cubano: el profesor universitario de Medicina, Ramón Grau San Martín. Este gobierno apenas durará cuatro meses, pero generará un mito alrededor del liderazgo de Grau y de las figuras civiles del movimiento estudiantil. Luego de su salida del poder en enero de 1934, Ramón Grau San Martín se dedica a aglutinar y organizar a todos sus “seguidores”, la generación de 1933, en el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico). Durante el gobierno del Coronel Mendieta (1934-1936), bajo la fuerte presencia de Fulgencio Batista, el proceso de modernización de las instituciones y de las prácticas políticas cubanas continúa, es aprobada la autonomía universitaria y son convocadas nuevas elecciones para el 10 de enero de 1936. En estos comicios solo participaron las viejas agrupaciones políticas, la victoria de Miguel Mariano Gómez resultó efímera, es depuesto por el Congreso en diciembre de 1936. Una pequeña red de escuelas rurales se extiende por la Isla, bajo la dirección directa de Batista y los militares. El posterior gobierno de Laredo Bru (1936–1940) también será manipulado por Batista. En 1940 una Constituyente, con efectiva y abrumadora mayoría de los auténticos de Grau, redactará una nueva constitución (proceso que analizaremos posteriormente). Fulgencio Batista ejercerá directamente la presidencia tras las elecciones de 1940, entonces será con las elecciones de 1944 que los civiles, miembros del movimiento estudiantil de la Revolución de 1933, organizados en el PRC(A) llegarán a asumir directamente el gobierno cubano. 5

En los casos de Guatemala, Venezuela y Costa Rica la crisis se desencadena alrededor de la sucesión presidencial y de los procesos electorales, el ascenso de los reformistas es más directo y rápido. Con la política de los aliados durante la última etapa de la II Guerra Mundial “el ambiente internacional (...) era favorable a un sistema democrático” (Luján M., 1988: 237), en Guatemala la presión popular contra el régimen dictatorial de Jorge Ubico lo lleva a renunciar el 1° de julio de 1944, tres días después la asamblea designó al general Federico Ponce como Presidente, con la labor de organizar unas próximas elecciones presidenciales. Sectores importantes de la oposición, con fuerte presencia de profesionales jóvenes, maestros y estudiantes, se organizaron en diversos partidos políticos, promoviendo la candidatura de Juan José Arévalo, maestro guatemalteco residenciado durante muchos años en Argentina. La campaña electoral fue tensa, los actos de intimidación promovidos por el gobierno de Ponce aumentaban conforme la candidatura de Arévalo crecía en popularidad. A principios de octubre la violencia se extendió, obligando a muchos dirigentes opositores a refugiarse en las embajadas. Las elecciones estaban fijadas para los días 17, 18 y 19 de diciembre, pero la persecución y el asesinato de opositores provocó la reacción de un sector de la oficialidad media del ejército. El 20 de octubre de 1944 se conforma una Junta Revolucionaria de Gobierno con la presencia de Francisco J. Arana, Jacobo Arbenz y Jorge Toriello: he aquí el ascenso al poder de las nuevas generaciones reformistas, la Revolución de Octubre guatemalteca. En Venezuela fue también el problema de la sucesión presidencial el factor que desencadenó la Revolución del 18 de octubre de 1945, ante la desaparición de la candidatura de “consenso” de Escalante y la negativa del gobierno de Medina a abrir el cauce de la elección universal, directa y secreta del Presidente de la República convergen los descontentos de la oficialidad media y de un partido político popular emergente para dar al traste con la transición modernizadora postgomecista, y abrirle paso a un vertiginoso proceso de modernización democrática y de participación popular: el trienio octubrista. En el caso de Costa Rica el fraude electoral contra Otilio Ulate motivó la insurrección de José Figueres y la corta guerra civil de 1948. La oposición al gobierno de Teodoro Picado (1944-1948), se había movilizado masivamente durante 1947 (la huelga de brazos caídos entre el 23 de julio y el 3 de agosto, p.e.), y con motivo de las elecciones presidenciales de 1948 se aglutinó alrededor de la candidatura de Otilio Ulate, del PUN. Entre los grupos que apoyaban la opción de Ulate se encontraba el Partido Social Demócrata de José Figueres y el Centro de Estudios sobre los Problemas Nacionales. Los comicios se realizaron el 8 de febrero de 1948, otorgándole una importante victoria a Ulate por encima del candidato oficialista, el ex presidente Calderón Guardia. El 1° de marzo el Congreso anuló las elecciones por presiones del gobierno bajo acusaciones de fraude. El 12 de marzo estalla la insurrección y se inicia una corta guerra civil, con participación de la Legión del Caribe. Lo que le otorga al caso de Costa Rica una particularidad, que es necesario destacar, es su tradición pactista. Al término de la insurrección, la victoria de Figueres y la estabilización del nuevo régimen se sellan con tres acuerdos. El Pacto de Ochomogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el partido Vanguardia Popular (comunista), el 15 de abril, que comprometió al nuevo régimen a respetar las conquistas sociales alcanzadas por los trabajadores durante los gobiernos anteriores. El segundo acuerdo, entre el régimen 6

depuesto de Picado y Figueres en la Embajada de México el 19 de abril de 1948, organizó la transición y abrió las puertas a la Junta Fundadora de la Segunda República. El tercer acuerdo, suscrito el 1° de mayo de 1948, entre Otilio Ulate y José Figueres, estableció las pautas generales sobre las que se estabilizaría el nuevo régimen, la Junta, que gobernaría dieciocho meses sin parlamento, garantizaría el reconocimiento de la victoria de Ulate, y convocaría la elección de una Constituyente y de una Asamblea Legislativa, por separado, para sustituir el órgano legislativo disuelto1. 3. La expresión política de una nueva concepción: las constituciones Luego del ascenso al poder, los políticos reformistas democráticos convertirán su agenda política de ruptura en parte de la doctrina constitucional de sus países. La búsqueda de la legitimidad constitucional fue común a todos los procesos estudiados, la convocatoria a una Constituyente en Cuba en 1939, con la redacción de un nuevo texto constitucional en 1940, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente y la redacción de una nueva Constitución que legitimara la Revolución de Octubre en Guatemala y modernizara las estructuras del Estado, la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución venezolana en 1947 y, por último, las condiciones de realización y la particular configuración del proceso Constituyente en la Costa Rica de 1949, son expresiones diversas de la búsqueda de legitimidad de las Revoluciones y de conversión de la agenda política de ruptura en un programa “nacional” de rango constitucional. A través de estos nuevos textos constitucionales, los políticos reformistas democráticos buscaron legitimar la profundidad de la ruptura con el pasado reafirmando, por un lado, su fe en el ejercicio de la voluntad popular, y por el otro, su convicción de la necesidad de establecer nuevas relaciones entre un nuevo concepto de Estado y la sociedad: el Estado intervencionista y con responsabilidad social. La convocatoria a una Convención Constituyente en Cuba se realizó durante el gobierno de Laredo Bru. El 15 de noviembre de 1939 se realizaron los comicios. La labor de organización de Ramón Grau San Martín y sus aliados dio sus frutos, un importante triunfo para los auténticos quienes alcanzaron 41 diputados, lo que representó una derrota para Batista y los comunistas que, coaligados, alcanzaron a obtener sólo 35 diputados. Hugh Thomas señala que la diferencia en número de diputados no refleja directamente la diferencia en los votos, ya que mientras los Auténticos y sus aliados obtuvieron 225 223 votos, aquellos que apoyaban a Batista contaron con 97 914 sufragios (Thomas, 1972: 934). Es interesante reproducir la relectura que Louis Pérez Jr hizo de la dinámica política de la Constituyente: “proporcionó el foro para reanudar el debate en torno a virtualmente todos los aspectos clave de la política (...) las alineaciones políticas no determinaron la dirección de los debates” (Pérez J., 1998: 167-168). Para Hugh Thomas la Constitución de 1940 “era uno de los logros más serios de los cubanos” (Thomas, 1972: 935), inspirada en la Constitución Española de 1931, en la de la República de Weimar de 1920 y, podríamos agregar, en la Constitución Mexicana de 1917. El resultado final fue un texto constitucional de avanzada, de carácter programático, aunque particularmente largo, era “notablemente progresista” (Pérez J., 1998: 169), y evidenciaba las nuevas concepciones del Estado. Hugh Thomas 7

llega a describir sus rasgos fundamentales de la siguiente manera: “autorizaba el recurso al referéndum y prefiguraba al Estado en el desempeño de un papel positivo en el desarrollo económico y social. Era con mucho un documento de la época posterior al New Deal” (Thomas, 1972: 936). En la Constitución de 1940 se garantiza la protección estatal de la familia, la maternidad y el matrimonio (Artículo 43), se establece la cultura como interés primordial (Artículo 47), y la gratuidad de la educación (Artículo 48), se llega incluso a establecer que el sueldo de los profesores no sea inferior a la millonésima parte del presupuesto nacional (Artículo 52). El Estado se compromete a luchar contra el desempleo (Artículo 60), se establece el sueldo mínimo (Artículo 61), y la creación y garantía de los seguros sociales con aporte del Estado, del patrono y de los trabajadores (Artículo 65), se establece la colegiación obligatoria y se garantiza el derecho a huelga (Artículo 71). El Estado se compromete a fomentar la construcción de viviendas baratas para los obreros (Artículo 79), de igual manera se anuncia la creación de un sistema de asistencia social (Artículo 80). La propiedad privada está garantizada: El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la Ley (Artículo 87).

El subsuelo le pertenece al Estado (Artículo 88). El artículo 90 reglamenta la extensión de la propiedad máxima en manos de una persona, prefigurando algún tipo de Reforma Agraria. Se establece la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales (Artículos 182-183). Se establece la obligación de las municipalidades de otorgar atención presupuestaria a los barrios más pobres de su jurisdicción (Artículo 231). El aspecto económico es sintomático de una nueva concepción, se abre la posibilidad de establecer asociaciones obligatorias de productores, desde el Estado (Artículo 256), y se establece que éste tiene la responsabilidad de regular el fomento de la riqueza nacional por medio de obras públicas (Artículo 264). El artículo 271 es la evidencia más importante de la gran transformación:

El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo para asegurar a cada individuo una existencia decorosa. Será función primordial del Estado fomentar la agricultora e industria nacionales, procurando su diversificación como fuentes de riqueza pública y beneficio colectivo (Artículo 271) [Negrita nuestra]. La constitución llega a establecer la posterior regulación de la siembra y molienda de caña de azúcar, tratando de establecer un equilibrio entre los intereses de los capitalistas y de los agricultores (Artículo 275). Otro aspecto importante a destacar es el establecimiento de un sistema bancario nacional y la creación de una Banco Nacional de Cuba, con responsabilidades de emisión y redescuento (Artículo 280). Esta Constitución se convertirá en un modelo importante para los procesos constituyentes que se generan en la región durante la década de los 40’s. Cuatro años después, en Guatemala, la Junta Revolucionaria de Gobierno disuelve la antigua Asamblea, deroga la Constitución de 1879 y convoca la elección de una nueva Asamblea Legislativa. El 9 de diciembre de 1944 dicha Asamblea Legislativa convoca unas elecciones para una Constituyente. Ya en 8

el Decreto Nº 17, del 28 de noviembre de 1944, la Junta había establecido los principios fundamentales que consideraba debían incorporarse a un nuevo texto constitucional: la descentralización de los poderes del Ejecutivo, la creación de la figura del Vicepresidente, el principio de la alternabilidad en la Presidencia, “reconociendo el derecho a la rebelión popular contra su violación”, el apoliticismo del Ejército, la elección popular de las municipalidades, la independencia del poder judicial, la autonomía universitaria, el reconocimiento constitucional de los partidos políticos, “el derecho al sufragio de los que supiesen leer y escribir y ‘de la mujer preparada’”, junto con el establecimiento de probidad administrativa (Mariñas O., 1958: 197-198). La Constituyente terminó su trabajo en menos de dos meses, incorporando muchas de las medidas precedentes en la nueva Constitución, que entró en vigencia en el mismo momento en que tomó posesión Juan José Arévalo de la Presidencia el 15 de marzo de 1945. La nueva Constitución tuvo también una influencia importante de la mexicana de 1917, de la española de 1931, de la boliviana de 1938 y de la cubana de 1940, señalada anteriormente, contiene un importante desarrollo de las garantías sociales, dedicando toda una sección al Trabajo (Sección Primera), garantizando el máximo de ocho horas, las vacaciones anuales pagadas, el derecho a la sindicalización y a la huelga, así como la igualdad en el sueldo (igual trabajo / igual sueldo). Establece el Seguro Social Obligatorio (Artículo 63) y, como en la constitución cubana de 1940, se le otorga al Estado la obligación de construir viviendas baratas para los trabajadores (Artículo 67). La Segunda Sección de las Garantías Sociales están dedicadas al Empleado Público, la tercera a la Familia y la cuarta a los derechos culturales. El artículo 88 es, evidentemente, una influencia directa de la Constitución cubana, el Estado es el gran orientador de la economía nacional: El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo, a fin de asegurar a cada individuo una existencia digna y provechosa para la colectividad. (...) Es función primordial del Estado fomentar las actividades agropecuarias y la industria en general... (Artículo 88).

Asimismo, en esta Constitución se prohiben los latifundios (Artículo 91), se protegen las colectividades y las cooperativas agrícolas y de producción (Artículos 94 y 100), el Estado se compromete también con el apoyo a las comunidades indígenas a través del establecimiento de cooperativas (Artículo 96), se reserva al Estado la explotación de los hidrocarburos (Artículo 95). Se reconoce la Autonomía universitaria (Art. 84) y municipal (Art. 201). Interesante es destacar que los sectores más radicales de la Constituyente se mantuvieron en contra de la ampliación total del sufragio a las mujeres, por temor a que un voto conservador retrasara los cambios revolucionarios, finalmente se concedió el voto con carácter voluntario y secreto a las mujeres que supieran leer y escribir (la extrema izquierda promovió una moción transitoria, rechazada, para suspender este derecho por cinco años). Luego del derrocamiento de Isaías Medina Angarita, en Venezuela, la Junta Revolucionaria de Gobierno convoca la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, donde Acción Democrática obtiene una abrumadora mayoría en 1947. La Constitución de 1947, aunque como continuidad frente a la de 1936, incorporó asimismo un conjunto importante de derechos sociales, y extendió el sufragio 9

a hombres y mujeres, alfabetas y analfabetas. Según palabras de Allan Brewer-Carías la Constitución de 1947: “tiene un carácter revolucionario, no sólo en cuanto a técnica y expresión, sino en cuanto al contenido, pues desarrolla ampliamente los derechos sociales, limita los derechos económicos, y establece el derecho al sufragio universal, directo y secreto” (Brewer C., 1997: 195). Nuevamente, el caso de Costa Rica, es contrastante, luego de reconocer la victoria de Otilio Ulate, del PUN, que había sido anulada por el Congreso, la Junta Fundadora de la Segunda República convoca a dos elecciones con posterioridad a la Revolución del 48, en la elección para una Constituyente el Partido Socialdemócrata, sostén político del régimen revolucionario, apenas obtiene cuatro diputados de 45. Esto evidencia una incapacidad política de la Junta Fundadora, pero obligó a establecer mayores y más profundos ámbitos y pautas de consenso con los distintos grupos políticos. La convocatoria para la Constituyente es del 3 de septiembre de 1948, los comicios se realizaron el 8 de diciembre, la Constituyente debía redactar una Constitución basándose en el proyecto presentado por la Junta, ratificar la elección de Otilio Ulate como Presidente, y ratificar el nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia hecho por la Junta. Para la realización de estos comicios la Junta designó un Tribunal Supremo de Elecciones independiente, los resultados de las elecciones demostraron la independencia del organismo electoral. El 17 de enero de 1949 se instala la Asamblea Nacional Constituyente, con mayoría abrumadora del PUN, y el 8 de abril ya había rechazado el proyecto de la Junta por considerarlo demasiado socializante. La Asamblea decide tomar como base la Constitución de 1871, incorporando las reformas al texto original. A pesar de que la Constitución de 1949 se basó en la de 1871, es necesario repasar una característica básica del Proyecto presentado por la Junta, y rechazado por la Constituyente, para acceder a la mentalidad reformista de Figueres y los socialdemócratas. Este punto importante de diferencia es el artículo referido al papel del Estado dentro de la economía nacional, mientras el Proyecto de la Junta reproduce aquello que hemos observado en la Constitución cubana de 1940 y en la guatemalteca de 1945: “El Estado orientará la economía nacional en beneficio de la colectividad, tratando de asegurarle a cada actividad económica los medios adecuados para incrementar la riqueza y hacerla accesible al pueblo” (Artículo 101 del Proyecto)2 , este artículo no se encuentra en la Constitución de 1949. A pesar de esto la Constitución aprobada por la Constituyente representó un importante avance en la construcción de un nuevo Estado en Costa Rica, ratificó la eliminación definitiva del Ejército, reforzó derechos y garantías sociales, introdujo un título sobre educación y cultura, amplió los derechos ciudadanos a las mujeres, eliminó la obligación del voto, prohibió la reelección inmediata de diputados, y aunque mantuvo la tradicional tripartición de poderes creó un conjunto de organismos descentralizados y de fiscalización y control, con el nuevo texto constitucional el Tribunal Supremo Electoral adquirió plena autonomía del ejecutivo, y se hizo a la Contraloría General de la República dependiente de la Asamblea Legislativa. La Constitución de 1949 le colocó importantes límites a la labor del ejecutivo nacional, ya que el crecimiento del poder del Estado se extiende, sobre todo, a través de las instituciones autónomas descentralizadas, igualmente la creación

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del Servicio Civil contribuyó a la creación de una burocracia más efectiva e independiente (aunque este resultado fue limitado)3. 4. El programa en los hechos Más allá de los textos constitucionales es la práctica reformista en labor de gobierno la que le dará forma definitiva a la agenda de ruptura, a los procesos de democratización y modernización institucional de las estructuras políticas del Estado. En el presente aparte nos adentraremos en la construcción del nuevo Estado a través de la puesta en práctica de un conjunto de políticas públicas, y de manejo de los conflictos. El reformismo político en Cuba se inicia luego de la insurrección de los sargentos y de la irrupción de Fulgencio Batista. El primer gobierno de Grau San Martín, entre septiembre de 1933 y enero de 1934, tomó medidas de efectividad bastante limitada, pero que tuvieron un carácter, entre reformista y populista: en cuanto a legislación social se ofreció garantía a un conjunto de derechos y se colocó un límite a aquello que se consideraba abusivo, se decretaron las ocho horas de trabajo, decretando asimismo el pago del jornal mínimo; se aumentó el sueldo a todos los trabajadores y empleados; se creó la Secretaria del Trabajo; se impidieron los desahucios a los pobres; se facilitó la Colegiación de Profesionales, se protegió a los trabajadores en caso de accidentes del Trabajo, se legitimó y se reglamentó la sindicalización obrera y se prohibió el pago de salarios en vales o fichas. Asimismo se emitió un particular decreto de nacionalización del trabajo, por medio del cual la mitad de los trabajadores tenían que ser cubanos nativos, se reorganizó la Comisión Nacional de Turismo, se fomentó la formación de una Marina Mercante cubana, se dictó un Decreto-Ley contra la Usura y una rebaja de tarifas eléctricas, y además se prohibió la exportación de oro de la isla. En materia agraria el gobierno de Grau creó la Asociación de Colonos de Cuba, autorizándole la zafra libre, y la Confederación de Trabajadores Agrícolas o Campesinos, se estableció la Escuela Forestal y se le otorgó al Estado cubano el derecho de tanteo sobre las propiedades en remate por deudas. Durante el breve gobierno de los estudiantes y Grau San Martín se le concede el voto a la mujer y se convoca infructuosamente una Asamblea Constituyente4 . Durante los gobiernos de Mendieta, Miguel Mariano Gómez y Laredo Bru (bajo el control político de Fulgencio Batista) las reformas políticas y económicas del ciclo que se inicia con la Revolución de 1933 no se detienen. Mendieta decreta la autonomía universitaria, y en 1936 se autoriza a Batista para colocar militares en nuevas escuelas rurales, unas primeras campañas de alfabetización avanzan también bajo el liderazgo del militar. Una vez que se inicia el período provisional del Presidente Laredo Bru es Batista el que hace público el programa: “hay dos cosas imperativas, la convocatoria de una asamblea constituyente y la aprobación de la ley de educación” (Thomas, 1972: 919). Posteriormente Batista se proyecta como un “militar socialmente consciente”, el 25 de julio de 1937 anuncia un plan trienal en el que colocaría bajo el control del Estado a las industrias del tabaco y del azúcar, los obreros recibirían beneficios del seguro social y las vacaciones pagadas. Anunció planes para distribuir tierras del Estado, la creación de una nueva moneda, la reorganización de la agricultura, la extracción de petróleo y la 11

minería, un nuevo plan de sanidad, una marina mercante cubana y un nuevo sistema impositivo. La agenda de ruptura reformista continua avanzando, incluso antes de que los auténticos alcancen electoralmente el poder en 1944. Luego de su derrota en la Convención Constituyente de 1940, Fulgencio Batista se proyecta como candidato presidencial, su plataforma electoral se basa en tres grandes líneas moderadas: la estabilización del peso, la reorganización del sistema de impuestos y la neutralidad frente a la II Guerra Mundial. Luego de ganar las elecciones, el 10 de octubre de 1940 se inicia la Presidencia constitucional de Batista. Hugh Thomas, al analizar el estado de Cuba en 1944, cuando Batista ha de entregarle el poder a Grau, ejecuta un particular balance del gobierno saliente, que denota la continuidad de un proceso de cambios que se inició en 1933: El régimen nacional de Batista dejó tras de él un Estado donde (...) los aspectos más descarados y ultrajantes de la intromisión de los Estados Unidos en Cuba habían sido eliminados y donde el Estado había dado un paso aparentemente decisivo hacia una forma de socialismo... (Thomas, 1972: 956).

El gobierno constitucional de Ramón Grau San Martín, entre 1944 y 1948, ha sido maltratado por la generalidad de la historiografía, al considerarlo simplemente un gobierno absoluta y totalmente corrupto pero, a la luz de la legislación aprobada durante el período es posible percibir que el impulso reformista continua adelante durante el período de los Auténticos. Es aprobada una Ley de estímulo para la construcción de viviendas baratas para los obreros, se modifica la Ley Hipotecaria, y se aprueba una Ley disponiendo la participación de los colonos en las Mieles Finales. Durante el gobierno de Grau se crea el Fondo de Estabilización del Tabaco, se le da participación a los trabajadores y colonos en el aumento del precio de la venta de la zafra azucarera, se facilita la construcción de la vivienda campesina y se aprueba un crédito para el reparto de tierras entre los campesinos. La victoria electoral de los Auténticos con Carlos Prío Socarrás en 1949, con una base política más endeble y con un prestigio bastante decaído, no detuvo las reformas, se aprueban importantes leyes creando el Banco Nacional de Cuba, cuyo primer presidente fue Felipe Pazos, aparece también el Bando de Fomento Agrícola e Industrial, y se crean un conjunto de bancos de capitalización y ahorros. También en materia económica aparece la Junta de Economía Nacional. Otras medidas de corte más populista denotan una presión popular a la que el gobierno era susceptible: la rebaja de alquileres puede ser un ejemplo bastante claro. En Guatemala los períodos de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1944-1945), de Juan José Arévalo (1945-1951) y de Jacobo Arbenz (1951-1954) desarrollaron un proceso de modernización y democratización “sin que existieran las bases mínimas de experiencia y madurez entre los sectores medios y altos” (Luján M., 1998: 252). El programa de Arévalo es definido por Luján Muñoz como moderado y capitalista, sin ningún tipo de simpatía hacia los comunistas. Durante su gobierno se crea el Seguro Social, y se aprueba un Código 12

del Trabajo, el 1° de mayo de 1945, para la protección de los trabajadores, que regulaba la organización sindical, creaba un sistema judicial laboral, establecía la jornada laboral de 48 horas semanales, contemplaba la indemnización por despido injustificado, las vacaciones pagadas y establecía la Inspectoría General del Trabajo. Se desarrolla un conjunto de nuevas instituciones culturales y una ampliación de la oferta educativa, planes de alfabetización. La modernización del sistema bancario se lleva adelante al dividirse el Banco Central, de capital mixto, y crearse el Banco de Guatemala, estatal, como único emisor, y el Banco Agrícola Mercantil, con capital privado. Durante el gobierno arevaliano se inicia la creación de un nuevo sistema de seguridad social en 1946, a través de la aprobación de un Programa de Accidentes. Para reforzar el desarrollo agropecuario y manufacturero se crea el Instituto de Fomento de la Producción (INFOP). La Ley de Arrendamiento Forzoso, aprobada en 1950, representó el acercamiento del gobierno de Juan José Arévalo a la Reforma Agraria, que sería adelantada por el gobierno de Jacobo Arbenz. El programa de Jacobo Arbenz tenía como eje fundamental tres iniciativas nacionalistas: la construcción de una carretera al Atlántico y del Puerto de Santo Tomás, “para librar al país de su dependencia del ferrocarril y de los muelles en manos estadounidenses” (Luján M., 1998: 267), la construcción de la Hidroeléctrica en Jurún Marinalá, en el río Michatoya, para romper el monopolio de la empresa eléctrica, y la Reforma Agraria, aspecto que se iba a convertir en uno de los factores más importantes del conflicto que terminaría con la Revolución. La Ley de Reforma Agraria de Arbenz, aprobada en el Decreto Nº 900 del 17 de junio de 1952, pretendía acabar con los latifundios, estimulando la participación de los campesinos, con el objeto de “desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala” (Arciniegas, 1956: 383). El caso de Venezuela, no estudiado a profundidad en el presente artículo, constituye el ensayo reformista de más breve duración, la creación de la Corporación Venezolana de Fomento en 1946, el establecimiento de los lineamientos generales de la industrialización por sustitución de importaciones, la modernización y democratización política y económica se hacen evidentes en las políticas de Acción Democrática, desde el establecimiento del sufragio universal, directo y secreto hasta la negociación de nuevos esquemas de relación entre el Estado y las petroleras, son un paso adelante en la modernización del capitalismo venezolano alrededor de la acción de un Estado social comprometido con esquemas de “independencia económica”, desarrollo y democratización, lo que también se refleja en la extensión de los contratos colectivos, en el crecimiento del número de sindicatos y de la tasa de sindicalización. La mayor parte de los proyectos económicos y de infraestructura diseñados en el período serían desarrollados con posterioridad. El experimento reformista democrático de la Revolución de Octubre en Venezuela fue evidentemente corto.

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Desde la Revolución del 48, la Junta Fundadora de la Segunda República desarrolló un plan de modernización de Costa Rica. La nacionalización de la banca, el establecimiento de un impuesto a los capitales, la transformación del Instituto de Defensa del Café en un ente semiautónomo, la Oficina del Café, la autonomía relativa otorgada también al Consejo Nacional de Producción (CNP) y la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) eran iniciativas que tenían como objetivo central: ...introducir el control estatal en sectores claves de la economía. La nacionalización bancaria permitiría manejar los recursos financieros provenientes de los depósitos del público, canalizando así el ahorro nacional hacia inversiones más productivas, pero sobre todo abriendo la posibilidad de favorecer con créditos preferenciales a ciertas empresas personas e instituciones. La Oficina del Café regularía los precios que debían pagarse a los productores e intervendría en todo lo que tuviera que ver con las relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores. El CNP, por su parte, regularía los precios de los granos básicos interviniendo en su comercialización (...) El fomento de la producción agrícola mediante apoyo técnico y distribución de semillas de calidad fue otro de los objetivos (...) el ICE asumía la importante tarea de producir energía barata y suficiente para el desarrollo nacional, aprovechando sobre todo los recursos hidráulicos... (Pérez B., 1997: 132).

Para que los planes de modernización económica pudieran ser efectivos se necesitaban recursos, de manera inmediata y a largo plazo, la Nacionalización de la banca el 19 de junio de 1948 y el establecimiento de un nuevo impuesto de emergencia sobre los capitales, junto con la ampliación del Impuesto sobre la Renta, y el establecimiento de un nuevo arancel de aduanas contribuyó a dotar al Estado de estos recursos imprescindibles a corto plazo. Para una estrategia a largo plazo, durante toda la década de los 50’s se establecen nuevas relaciones con el capital extranjero, se negociaron los nuevos contratos con la United Fruit Company, se abrió el mercado a otras compañías bananeras, igualmente se esta-blecieron negociaciones con organismos financieros internacionales para conseguir préstamos para el desarrollo de la infraestructura y, finalmente, se incentivaron las inversiones extranjeras privadas en sectores industriales. El hecho de que Otilio Ulate, quién no era miembro de los que habían derrocado a Picado, pasara a ejercer la Presidencia, y de que el Partido Social-Demócrata no obtuviera una representación destacada en la Asamblea, no significaba de ninguna manera un retroceso en las reformas, con la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley del Sistema Bancario Nacional, aprobadas en 1950, se completa la nacionalización bancaria. Se crea un Banco Central, que manejaría la política monetaria y crediticia, mientras paralelamente, se crean cuatro bancos estatales para captar los ahorros y manejar los créditos a productores, comerciantes y consumidores; ambos esquemas se manejan como instituciones autónomas. Con la victoria electoral de José Figueres en 1953, de la mano del recién fundado Partido Liberación Nacional (1951), se acelera el proceso de convertir la agenda política de ruptura y modernización en un conjunto de instituciones y políticas públicas que generaban y administraban las transfor-maciones 14

sociales. En 1954 se crea el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, un año después el Instituto Costarricense de Turismo, y en 1956 el CNP adquiere plena autonomía. La aprobación de la Ley Fundamental de Educación en 1957 viene a completar un esquema general de modernización que garantizará la creación de una economía mixta y próspera, en un marco institucional democráticamente estable. Costa Rica es el único experimento reformista que logró estabilizarse al final del período estudiado. 5. La crisis temprana de los esquemas reformistas Hay un cambio geopolítico en la región que creó nuevas presiones sobre los regímenes democráticos de masas, las revoluciones reformistas: el paso de la unidad aliada durante la II Guerra Mundial a la lógica de la temprana Guerra Fría. Es interesante percibir que las revoluciones que se iniciaron antes del inicio de la Guerra Fría en la región (1947) se derrumban rápidamente y de manera sostenida entre 1948 y 1954. De las cuatro experiencias de Revoluciones reformistas en El Caribe señalados en el presente ensayo, sólo una sobrevivió a la dinámica centrífuga de la Guerra Fría. Rómulo Gallegos es derrocado, en Venezuela, en 1948; los auténticos y Prío Socarrás son expulsados del poder en Cuba en 1952; una invasión, que contaba con el apoyo de importantes sectores de los Estados Unidos, derroca el gobierno de Jacobo Arbenz, y termina con la década revolucionaria en Guatemala, en 1954. Solo Costa Rica, cuya Revolución fue la última en iniciarse, logra superar la coyuntura de la década de los cincuenta. En Venezuela, la incapacidad de Acción Democrática para establecer puentes estables con los sectores que se oponían al régimen octubrista, y su torpeza al no poder controlar los espacios de movilización y administrar las presiones de ser mayoría acabaron con el experimento democrático. Finalmente, la ruptura del acuerdo entre civiles y militares que había derrocado al régimen de Medina Angarita contribuyó al derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948. La crisis que derrumbó el gobierno de Prío Socarrás está relacionada directamente con el derrumbe de su base de apoyo político. Desde la aparición del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), la elite política civil que proviene de la lucha contra Machado y que se encuentra comprometida con la agenda política de ruptura democrática se quiebra internamente. Los escándalos de corrupción junto con los violentos patrones de la política cubana jugaron en contra de la institucionalización democrática. Ante esta fragilidad del proyecto civil, reformista y democrático, fue el liderazgo militar de Fulgencio Batista, también proveniente de la misma lucha contra el machadato el que se irguió como el conservador del orden. En Guatemala, la crisis del gobierno de Jacobo Arbenz está relacionada con la disolución de sus apoyos políticos. No sólo son las conspiraciones influidas poderosamente por la United Fruit Company y por los Estados Unidos, sino también los crasos errores políticos del régimen de Arbenz los que contribuyen a acelerar su caída: primero, su acercamiento a un conjunto de asesores del PGT en un momento internacional signado por los patrones de la Guerra Fría, segundo, su incapacidad para 15

articular y mantener el sólido apoyo político con que inició su gobierno, y tercero, su manejo del imaginario socialista en el terreno cultural y en la práctica de la Reforma Agraria a partir de 1952. Por último, es necesario destacar que la Revolución guatemalteca fue derrocada al confluir una crisis externa ligada a la Guerra Fría con una crisis política interna. Finalmente las razones de la estabilización del reformismo en Costa Rica hay que buscarlas en su dilatada experiencia democrática, lo que implica una cultura política densa, en una tradición que contribuía a la construcción de pactos y acuerdos de mediano alcance. La capacidad de la elite dirigente para convertir la agenda política de ruptura en un proyecto político integrador puede ser vital para entender los factores estabilizadores. Igualmente, la incapacidad de un sector específico de las elites dirigentes para convertirse en una hegemonía política excluyente contribuyó a mantener al grueso de los grupos político confluyendo dentro del sistema. Por último, no se le puede restar mérito a la eliminación del ejército, como erradicación de un “árbitro” suprapolítico para los conflictos nacionales. 6. Conclusiones La crisis de la década de los treinta generó profundos cambios en las sociedades caribeñas. La decadencia de los patrones del liberalismo y el impacto de las nuevas ideologías contribuyeron a formar una nueva generación comprometida con una agenda política de ruptura, con la conformación de una democracia de masas, la ampliación de la ciudadanía, y con un concepto nuevo de Estado, aquel que asume responsabilidades económicas y sociales en el marco del capitalismo, intentando conformar una economía mixta y una sociedad de masas democráticamente movilizada. El ascenso de estas nuevas generaciones políticas se relaciona con la incapacidad de los regímenes “tradicionales” para brindar respuestas efectivas a las presiones de una nueva sociedad de masas, la crisis económica se convierte rápidamente en una crisis política. La agenda política de ruptura tiene una expresión constitucional, concebida como evidencia de un proceso de movilización, democratización y modernización forzada de una sociedad, lo que genera más presiones y más necesidades que la práctica política de las nuevas elites tiene que canalizar a través de las organizaciones. Los partidos políticos de masas modernos parecen ser imprescindibles para convertir la agenda de ruptura en políticas públicas, para canalizar los patrones de movilización y reconciliación y acometer los factores críticos. El impacto externo es un factor muy importante para entender, tanto las fuerzas que aceleran como las fuerzas que contribuyen a destruir los experimentos democráticos durante el período. El peso de la política exterior de los Estados Unidos es muy destacado, sin ser lo único decisivo. La agenda reformista del populismo democrático latinoamericano se vio sometida a un gran conjunto de presiones en El Caribe durante los primeros años de la Guerra Fría. El fracaso de la Revolución 16

Guatemalteca en 1954 contribuyó a crear un precedente de frustración respecto al reformismo democrático en los protagonistas de la posterior Revolución Cubana, quizá la radicalización del proceso cubano después de 1960 se encuentre parcialmente relacionado con la derrota de los políticos democráticos reformistas de la década precedente.

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