PROCESO DE PAZ Y POSTCONFLICTO UNA APROXIMACIÓN DESDE LA POLITICA EXTERIOR COLOMBIANA

JORGE CARLOS VÉLEZ VARGAS
PROCESO DE PAZ Y POSTCONFLICTO UNA APROXIMACIÓN DESDE LA POLITICA EXTERIOR
COLOMBIANA
24-11-2014


OBJETIVO:
El objetivo que se plantea en el presente documento es analizar los efectos
del actual proceso de paz que se desarrolla en La Habana con la guerrilla
de las FARC desde dos aproximaciones. Primero, los efectos que estos
diálogos han tenido en el diseño de la política exterior colombiana,
tomando como elementos la centralidad de los temas de seguridad y
narcotráfico en la agenda internacional del país por una parte, y por otra,
los efectos que tendría una eventual firma de los acuerdos y un escenario
de post-conflicto en la configuración de la política exterior del país.

CONTEXTO:
Ya han transcurrido dos años desde el inicio oficial de los diálogos de paz
con la guerrilla de las FARC en noviembre del 2012. Previamente, en Agosto
de 2012, ya el Presidente Santos había anunciado a la opinión pública que
su gobierno mantenía conversaciones exploratorias con esa guerrilla en
busca de un diálogo que pusiera fin al conflicto el cual se desarrollaría
con base en tres principios básicos: aprender de los errores del pasado
para no repetirlos; que cualquier proceso tiene que llevar al fin del
conflicto, no a su prolongación, y que se mantendrán las operaciones y la
presencia militar en todo el territorio nacional. Este anuncio, era la
culminación de un proceso de exploración que se inició desde el primer día
del gobierno de Santos, y que llevaron a las partes a mantener
conversaciones secretas en Oslo (Noruega) con el acompañamiento de los
gobiernos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile con el fin de diseñar la
agenda que más tarde compondría la mesa de los diálogos de la Habana.

El 17 de octubre de 2012 se instaló formalmente la mesa de conversaciones
en la ciudad de Oslo con la presencia de las delegaciones encabezadas por
el ex vicepresidente y ex ministro Humberto de la Calle Lombana por el
gobierno y Luciano Marín, alias "Iván Márquez", miembro del Secretariado y
comandante del Bloque Oriental de las FARC. El 19 de noviembre se dio
inicio a las rondas de negociaciones fijándose la ciudad de La Habana
(Cuba) como sede de los diálogos.

La agenda preliminar para el desarrollo de los diálogos comprende seis
puntos principales a saber: (i) Política de desarrollo agrario integral;
(ii) Participación política; (iii) Fin del conflicto; (iv) Solución al
problema de las drogas ilícitas: (v) Reparación a las víctimas y (vi)
Implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Con base en esta
agenda, tanto el gobierno como las FARC han sentado una premisa fundamental
para el desarrollo de las conversaciones la cual consiste en que nada de lo
que se negocie está acordado hasta que todo este acordado, lo cual le
imprime un compromiso a las partes hacia la construcción de un acuerdo
total e integral sobre los puntos.

Desde el inicio de las conversaciones, el ambiente político al interior del
país ha estado polarizado, existiendo un amplio sector de la opinión
pública y del estamento político y militar que se oponen al proceso, cuya
figura central es el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Las críticas
principales apuntan a un mantenimiento del discurso preponderante durante
los ocho años del gobierno de Uribe, en cuanto a que el grupo guerrillero
no ha mostrado acciones concretas que muestren su voluntad de paz, a que se
trata de un grupo narco – terrorista culpable de toda clase de crímenes
atroces y que por lo tanto el proceso no está dirigido a alcanzar la paz,
justicia, reconciliación y reparación de las víctimas como lo señala el
gobierno, sino a promover un escenario de impunidad a las FARC.

En el mes de septiembre de 2014, el Presidente Santos decidió hacer
públicos los borradores de los textos de los acuerdos alcanzados hasta
ahora sobre el tema de tierras, participación en política y drogas
ilícitas, lo cual, sin embargo, no ha logrado aplacar las críticas
constantes al proceso por parte de amplios sectores de la población. A ello
se le suma ahora el incidente del secuestro del Brigadier General Rubén
Darío Álzate, cuyo desenlace aún resulta incierto a la hora de escribir
este documento.

EL PROCESO DE PAZ COMO PARTE DE LA POLITICA EXTERIOR COLOMBIANA

Durante las dos últimas décadas observamos como los temas de seguridad,
asociados con el conflicto interno colombiano pasaron a ser un eje central
de la política exterior colombiana. El hecho de que las FARC sustenten
gran parte de sus recursos en el tráfico de drogas hizo que el tema del
conflicto interno se convirtiera en asunto prioritario en el
relacionamiento externo, sobre todo durante la administración de Álvaro
Uribe, lo que desencadenó las crisis diplomáticas con los gobiernos de
Chávez y Correa a quienes se les acusó, con sobradas evidencias, de ser
auxiliadores y dar refugio a los jefes de las guerrillas colombianas.

El actual proceso de paz, ha tenido amplio apoyo no sólo por los países de
la región, sino también por los países europeos y los Estados Unidos. De
hecho, el proceso ha contribuido a la recomposición de las relaciones
exteriores con vecinos como Venezuela y Ecuador, pues ha implicado por una
parte, el reconocimiento de un rol principal de estos dos países en la
finalización del conflicto y por otra, ha disminuido la subordinación de la
política exterior colombiana al discurso de seguridad que se manejó en la
época Uribe - Bush.

Durante los dos años que lleva el proceso, el gobierno del Presidente
Santos ha reforzado su discurso en los diferentes escenarios
internacionales en pro de lograr un apoyo unánime al proceso basado en la
estrategia de los enormes beneficios que tendría llegar a su firma frente a
problemáticas globales como la lucha contra el problema de las drogas
ilícitas y la situación de Derechos Humanos, aspectos en los que
tradicionalmente el país no sale bien librado y que están íntimamente
ligados con la situación de conflicto interno.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro manifestar que el actual
proceso de paz es una pieza fundamental de la política exterior colombiana,
no solo por la participación que en su consolidación tuvieron los países
que hacen parte del grupo de acompañantes, sino por la necesidad de contar
con un consenso y apoyo general por parte de toda la comunidad
internacional en la construcción del escenario de postconflicto el cual
tendrá efectos inmediatos en problemas que son una preocupación constante
en los diferentes foros mundiales como lo son el tráfico ilícito de drogas
y la protección de los derechos humanos.

OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA POLITICA EXTERIOR
COLOMBIANA.
Las oportunidades de fortalecimiento y desarrollo de la política exterior
colombiana en un escenario de postconflicto son sin duda inmensos. El
efecto inmediato de un eventual acuerdo de paz en la política exterior
colombiana sería el rompimiento con el discurso tradicional del país en las
dos últimas décadas en materia de política exterior centrado en los asuntos
de seguridad. Ello permitiría una recomposición de las relaciones de
Colombia con los Estados Unidos, las cuales en razón a la necesidad de
buscar apoyo para la lucha contra las guerrillas, se ha alineado primero
con el discurso de lucha contra el comunismo mundial y más recientemente en
la lucha contra el terrorismo. Una des –securitization- de la agenda con
los Estados Unidos, permitirá abordar temas diferentes, más relacionados
con la búsqueda de cooperación con ese país en temas de desarrollo social y
económico.

La firma del acuerdo permitirá también la diversificación de las relaciones
exteriores del país, por cuanto la desaparición de la amenaza interna que
significaron las FARC para nuestra estabilidad política e institucional,
disminuye el grado de subordinación de nuestras relaciones hacia los
Estados Unidos en cuanto a romper la dependencia de su ayuda militar.

En el entorno regional, los efectos de la firma de un acuerdo de paz
tendría efectos inmediatos con nuestros países vecinos, quienes han
padecido en sus fronteras los efectos del conflicto interno colombiano, no
sólo en el deterioro de las condiciones de seguridad para sus nacionales,
sino, y por sobre todo, en todos los otros temas asociados al conflicto
como el narcotráfico, el contrabando y el desplazamiento forzado de
millones de compatriotas a los países vecinos. Por otra parte, también
permitiría el desarrollo de políticas dirigidas a una efectiva integración
en las fronteras sin tener que contar con las limitaciones que suponía
tener que lidiar con la situación de seguridad en zonas aún apartadas del
país.

En el entorno Latinoamericano, un escenario de postconflicto permitiría a
Colombia concentrar esfuerzos políticos y económicos en procesos de
inserción regional, en busca de un liderazgo en Latinoamérica, lejos de su
actual percepción como enclave de los intereses norteamericanos producto de
la situación de subordinación a la que contribuía la necesidad de lidiar
con la guerrilla comunista más antigua del mundo.

Por otra parte, en un eventual escenario de postconflicto, la
implementación de los acuerdos requerirá del apoyo, tanto político como
económico de la comunidad internacional. En términos políticos, teniendo en
cuenta que el acuerdo significará la aplicación de mecanismos de justicia
transicional que pueden entrar en conflicto con diferentes instrumentos del
Derecho Internacional suscritos por Colombia, como el tratado de Roma, se
hace necesario construir un respaldo internacional que permita una
aceptación de la fórmula interna a que se llegue en materia de justicia,
verdad y reparación. En la parte económica, nadie se atreve a señalar la
suma que tendría la implementación de los acuerdos, y aun cuando es claro
que la mayor parte del costo tendría que ser asumido por los propios
colombianos, también se requerirá el concurso de la cooperación
internacional.

Para nadie es un secreto que uno de los temas que más ha deteriorado la
imagen del país en el entorno internacional ha sido la situación de los
derechos humanos. Son innumerables los reportes de diferentes organismos de
carácter internacional como Humas Rights Watch en donde califican al país
como violador de los derechos humanos. Los costos que estos señalamientos
han tenido en la reputación del país son invaluables, sumado a ellos la
existencia de condenas por parte de organismos internacionales como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos como los de las masacres de
Mapiripán o Santo Domingo han tenido efectos perversos en la imagen
internacional del país y han generado, con razón o no, toda una estrategia
por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales para hacer ver a
Colombia en el concierto internacional como un país que no atiende sus
responsabilidades en materia de respeto y protección a los derechos
humanos. Sin duda, la firma de un acuerdo de paz permitirá un mejoramiento
inmediato de dicha imagen y permitirá resaltar los aspectos positivos del
país que en tantas ocasiones nos ha sido difícil de posicionar a nivel
internacional.

En conclusión, la existencia del conflicto interno ha limitado enormemente
las oportunidades que Colombia tiene para posicionarse en los entornos
regionales y mundiales, un eventual escenario de postconflicto permitirá al
país desarrollar su política exterior en un escenario más diversificado y
menos subordinado a los Estados Unidos. Permitirá el mejoramiento de la
imagen del país y la construcción de un liderazgo más acorde con su
posición de potencia regional secundaria.






BIBLIOGRAFIA

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