Presunto culpable: El documental que parece ficción

Alfredo González Reynoso

La escena del crimen

Presunto culpable: El documental que parece ficción

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a polémica se ha encendido. Justo cuando Presunto culpable creía haber superado todas sus expectativas al conseguir una abrumadora asistencia en sus dos primeras semanas de estreno comercial (en febrero de 2011), una juez suspendió su exhibición. Pronto el tema alcanzó como virus los medios y redes sociales y el fantasma de la censura fue recordado por más de uno. ¿El resultado? Presunto culpable se ha vuelto en unos días en el documental más taquillero en la historia de México. El caso de Presunto culpable podría resumirse como sigue: José Antonio Zúñiga, 26 años, trabajaba en un tianguis de Iztapalapa un día de diciembre de 2005 cuando asesinaron a Juan Carlos Reyes a unas cuadras. Con solo un testigo como prueba (que después afirmó no haberlo visto disparar) y sin una orden de arresto, los policías se llevaron a Toño al reclusorio. A pesar de los testigos que afirmaban haberlo visto en el tianguis a la hora del crimen y del resultado negativo en la prueba de Harrison (para detección de pólvora), Toño fue sentenciado a 20 años de cárcel. Los jóvenes abogados Roberto Hernández y Layda Negrete supieron del caso. Roberto y Layda llevan ocho años como pareja, tienen una niña; actualmente estudian un doctorado en derecho en la Universidad de California, en Berkeley, y son profesores e investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide). La novia de Toño los contactó tras ver El túnel (2006), un corto documental que realizaron sobre la impartición de justicia en México y la necesidad de los juicios orales al estilo chileno, ⟞ 163 ⟝

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idea que desembocó en la reforma penal de 2008. La sentencia ya estaba dada, así que parecía que poco podía hacerse. Sin embargo, Roberto y Layda lograron reabrir el caso tras darse cuenta de que la cédula del abogado de Toño era falsificada. La moneda, de nuevo, estaba en el aire, pero ahora cámaras y micrófonos registrarían todo el proceso. Dejamos el resultado del segundo juicio en suspenso, pero algo podemos adelantarles: Presunto culpable revela un sistema judicial en crisis, que necesita urgentemente reestructurar sus bases. En entrevista exclusiva, fechada el 8 de marzo de 2011, Layda y Roberto conversan sobre la película y los debates que ha suscitado.

Primero realizan un cortometraje de investigación titulado El túnel sobre el sistema de justicia mexicano. Ahora con su largometraje Presunto culpable se concentran en un caso específico. ¿Qué los hizo tomar particularmente el caso de José Antonio Zúñiga, o Toño, dentro de todos los casos que analizaron? Layda Negrete: A partir de El túnel la gente nos empezó a llamar de la cárcel pensando que les podríamos ayudar. Como tú recordarás, en El túnel retratábamos a un hombre inocente también condenado injustamente y al final del documental habíamos logrado su liberación. Entonces muchísimas personas de la república que estaban en la cárcel nos empezaron a llamar pidiendo ayuda y una de esas llamadas fue la de Toño. Nosotros teníamos varios casos pero en algún momento el caso de Toño cobró muchísima relevancia, sobre todo porque se dio la oportunidad de que el juicio comenzara de nuevo, y es cuando nos permitieron acceder a grabar este juicio y nos pareció que era una oportunidad de retratar la justicia y de registrarla para que la mayoría de los mexicanos pudiera conocer cómo se imparte la justicia en la mayoría de las partes del país.

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Cuando ustedes proponen que se videograben todos los juicios, ¿se refieren a que esta sea una tarea del Poder Judicial o a que haya facilidades hacia los ciudadanos para grabar los juicios? Roberto Hernández: Lo que proponemos son las dos cosas. Una parte tiene que ver con los métodos de registro que usan los tribunales para, valga la redundancia, registrar lo que sucede en los casos. Hoy en día se usan mecanismos escritos que son de origen medieval: expedientes que se cosen con hilo y que se cortan con taladro; los jueces y los abogados cargan los expedientes en diablitos, como si fuera verdura; y con estas tecnologías se están decidiendo los derechos básicos de los mexicanos. Y también creemos que es evidente que, como parte de acceso a una legítima defensa, el acusado debe videograbar el proceso si así lo desea, y también las víctimas de un proceso. * Hollywood sabe que el juicio penal es una película en potencia. Cientos, quizá miles, de filmes estadounidenses lo hacen constatar. Roberto y Layda lo supieron también. La estructura ficcional de Presunto culpable explica la gran recepción que ha tenido el filme no solo en diversas audiencias en todo el mundo sino también en la crítica. Sin embargo, esta estructura que divide entre “buenos” y “malos” pone en el segundo rubro a muchos de los “personajes” del documental. Entre ellos está Víctor, primo de la víctima, quien decidió amparar su derecho a la imagen propia y consiguió sacar la película de los cines por poco más de día y medio. Así pues, paradójicamente, la estructura misma que definió su éxito también la puso en aprietos. La crítica ha insistido en que la película, a pesar de ser documental, está estructurada como un thriller de ficción. ¿Ustedes llegaron a tener conciencia de esta estructura en el proceso de filmación? ¿Fue algo que surgió sin que tuvieran conciencia de ello? ¿O se comienza

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a dar en la edición, quizás tras la colaboración del cineasta Geoffrey Smith? Roberto: El juicio tiene un drama inherente. Filmamos con cinco cámaras, y debajo de un juicio pues evidentemente hay una resolución, análoga a la de un partido de futbol, en la que dos personas se combaten: uno que dice que es culpable, otro que dice que es inocente y un juez tiene que arbitrar ese proceso. Entonces tiene un drama muy, muy similar al de cualquier contienda deportiva. Esto hace que la gente esté involucrada, esté al borde de su asiento viendo la película. Por eso mismo cuando vio este material Geoffrey Smith (que no filmó está película, él nos ayudó simplemente en la posproducción) le pareció una oportunidad para apoyarnos y para que la película tuviera la mejor edición, la edición más eficiente, para contar este relato. Creemos que es un documental que expone muy fuertemente las fallas de la justicia en México, de manera muy diáfana, de manera muy clara, y por eso están tratando de censurarlo. Esta estructura ficcional del documental da pie a la siguiente pregunta que dejo abierta: ¿Es el género documental una afirmación de la realidad? ¿O es un discurso construido que toma una inevitable distancia de la realidad y se acerca más a la ficción? Roberto: Es una pregunta súper interesante. Creo que el hecho de poder filmar algo que está ocurriendo y que al mismo tiempo la película esté tocando un tema tan importante como la libertad de un ser humano son los ingredientes que han hecho que esta película tenga tanto éxito y tanta potencia. El relato fílmico lo que hace es que te coloca en tiempo presente frente a la pantalla. Los espectadores se identifican con Antonio Zúñiga y sienten como si estuvieran en sus zapatos, como si ellos fueran los que están en los juzgados, como si ellos se estuvieran jugando su libertad frente a este proceso kafkiano, frente a estos policías corruptos, frente a este testigo que acusa sin haber visto, y eso es lo que hace que la película sea un drama

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tan potente. Pero por supuesto que está anclado en la realidad, en lo que pasó en ese juzgado, en lo que esas cámaras captaron, en lo que esa gente dijo en ese juicio, en lo que Toño sufrió y vivió. Hay un crítico muy inteligente que dijo que esto era una ficción-documental, porque tiene todas las herramientas que hay en el mundo de la ficción, en el sentido de que hay un personaje y hay un desenvolvimiento de una acción, pero al mismo tiempo es un documental, porque todo lo que ocurre ahí es real, está tomado de la realidad, son datos fácticos. Hay estadísticas que muestran que el caso de Toño no es un caso aislado sino que en México a la gente se le acusa sin pruebas, se le detiene sin orden de aprehensión, se le juzga incluso sin jueces presentes en los juicios, como ocurría en Chile hace muchos años, y, bueno, 95 por ciento de las sentencias en México son condenatorias. * A estas alturas ya todos saben la historia. Víctor Manuel Reyes Bravo, testigo único del caso, recibió un amparo por el derecho a la protección de la imagen propia indicado en el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Como medida cautelar, la juez 12 de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo, otorgó suspensión provisional de la distribución comercial de la película el pasado 2 de marzo. Para Roberto y Layda no hay duda: Presunto culpable fue censurada. Como respuesta a la suspensión, algunos decidieron difundir la película completa en Youtube sin autorización de los realizadores. Después de cientos de miles de visitas, Roberto Hernández ordenó retirarla, lo cual, por si fuera poco, despertó una nueva polémica, ahora vinculada con los mecanismos alternativos de distribución de cine y el copyright en la era de la internet. Posteriormente a esta entrevista, el panorama mejoró para Presunto culpable. El Sexto Tribunal Colegiado revocó el 8 de marzo la suspensión provisional de la juez Lobo y regresó a car-

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telera al documental por considerar que la medida “causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público”. A su vez, el lunes 14 de marzo, la misma juez Lobo decidió retirar la suspensión pero ordenó “camuflar” la imagen de Víctor en la película. Sin embargo, Cinépolis, empresa distribuidora del filme, impugnó esta medida cautelar el pasado 21 de marzo por considerar que ellos no tienen facultades legales para alterar las más de 200 cintas distribuidas en todo el país. Así pues, el problema, que ha levantado intensos debates y ha marcado un precedente único en nuestro país, parece no terminar de resolverse. Ustedes argumentan que, en tanto el juicio fue un acto público de rendición de cuentas, no era necesario un permiso para el uso de la imagen de Víctor. Sin embargo, esto abre una posible contradicción de derechos: por un lado, la de la imagen propia y, por otro, la del registro de los actos públicos. ¿Hay alguna ley específica que proteja el derecho a registrar, incluso con fines de lucro, un juicio público, como ustedes argumentan? Layda: Lo más importante de todo es que en ningún lugar está prohibido filmar una audiencia de juicio y, como tú sabes, un ciudadano justamente tiene permiso de hacer aquello que no le está prohibido. Entonces, dentro de este debate que puede darse, nuestro argumento es que nosotros tenemos un derecho constitucional y fíjate que esto en derecho es bien importante porque este es un derecho de mayor calidad que uno que venga de una ley federal, que es inferior. De hecho, los derechos que tenemos son tres. Uno de ellos es el acceso a la información; [otro,] el de la audiencia pública, de poder tener una audiencia pública en materia penal, y finalmente el de la libertad de expresión. ¿Cómo califican la suspensión provisional? ¿Es un indudable acto de censura del Poder Judicial? ¿Es solo una medida desatinada o desmedida aunque posiblemente legal? ¿O es, incluso, como afirma la parte acusadora, una decisión acorde con los derechos de Víctor?

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Roberto: Es una decisión que no tiene sustento legal porque en México no existe lo que se conoce como la censura previa. Si Víctor quiere alegar el derecho a la imagen, etcétera, puede hacerlo en un tribunal civil; pero no es autoridad de un juez de amparo, como Blanca Lobo, decidir qué pueden ver o no pueden ver los mexicanos. La suspensión tiene que ver con un permiso que otorgó rtc (Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía) para que Presunto culpable se exhibiera en cine. rtc es una organización del gobierno federal mexicano cuyo único papel es clasificar películas. Ellos deciden si las películas son para adultos, para adolescentes o para menores, pero nada del derecho de imagen de ninguna persona. Por lo tanto ordenaron la suspensión con fundamento en una demanda que tiene justamente que ver con penas del derecho a la imagen, hecha a base de una autoridad que no tiene facultades de dar penas del derecho a la imagen. Esto es una extralimitación, no tiene ningún sustento y es una decisión más bien política, y por lo tanto la clasificamos como un acto de censura, ya que retiró de 200 salas de cine un contenido que todos los mexicanos tenían derecho a ver. Ustedes logran videograbar desde el juicio hasta la estancia de Toño dentro del reclusorio. Además, no todos aprueban la grabación, como lo menciona un oficial y como parece implicarlo el amparo otorgado a Víctor. ¿Existe un permiso específico para grabar estos casos? ¿Qué probabilidades consideran que tenga otra persona que quisiera registrar otro juicio al grado que ustedes lo hicieron? Layda: Pues justamente fue muy difícil lograr los accesos. Nos llevó todo un año lograr el primer acceso de tan solo 15 minutos de entrevista en una oficina dentro del reclusorio. Pero justamente eso es lo que no queremos dejar a impresión de los jueces, y una de nuestras propuestas, muy concreta en toda la película, es que se videograben todos los juicios y que no esté a discreción del juez abrir o cerrar la puerta. El artículo 20 constitucional dice que las audiencias en los

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procesos penales son públicas. Eso está desde siempre. Sin embargo, la forma en que los jueces nos han dado atole con el dedo a los ciudadanos es dejarnos pasar por la puerta y te dejan ahí en la entrada de los juzgados, pero no se alcanza a entender ni escuchar absolutamente nada de lo que sucede en los juicios. Entonces, nos parece que es bien importante que, así como a un presidente lo hacemos rendir cuentas, lo hacemos aparecer en público, lo podemos evaluar y criticar, eso tendría que ser en algo tan delicado como quitarle la libertad a una persona. Y después de la suspensión provisional, ¿no pensaron en alternativas en cuanto a la distribución, principalmente televisión e internet? Incluyo aquí la polémica de la película completa no autorizada en Youtube, que Roberto ha retirado de la red. Roberto: Nosotros no sacamos a Antonio Zúñiga de la prisión haciendo un boquete en la pared y haciendo caso omiso de las decisiones de un tribunal, aunque fueran absurdas, tras condenarlo a 20 años de prisión. Nosotros descartamos, por supuesto, la desobediencia de un fallo de un juez y vamos a acatarlo, no vamos a irnos por la parte de atrás. Por supuesto que si la juez Blanca Lobo cree que con una suspensión provisional puede sacar la película del cine, bueno, la vamos a obedecer. Pero lo que ha hecho, en efecto, es que la película ahora esté en las calles. Salió de las salas de cine y ahora se reparte en las calles y la gente quiere verla. Pero yo no soy quien está promoviendo esa desobediencia a una orden judicial, por absurda que sea. Yo voy a combatir en los tribunales, y mientras no tengamos una decisión favorable pues acataremos lo que nuestras absurdas autoridades quieren que hagamos. Pero ¿no podríamos tomar esto como un reto para buscar nuevos modelos de distribución más allá de los convencionales? Incluso a manera de comercialización. Descartando a Youtube, podrían haber otros mecanismos donde haya una remuneración pero por vías alternativas.

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Roberto: Lo más importante no es ahorita la remuneración sino es la discusión del material en un contexto de legalidad, y ese es el tema que estamos analizando en este momento. Es cierto que lo que se combatió en el amparo es exclusivamente el permiso de rtc, que es una exhibición en cines; entonces estamos analizando todas esas posibilidades tratando de llegar, como siempre ha sido, a audiencias, ya que todos los ingresos se donan. Incluso [la asociación] Abogados con Cámara, o sea los productores con quienes hablas ahorita están comprometidos en donar a la institución más seria que defiende a personas de escasos recursos y que además promueve reformas al sistema de justicia penal. El autor de la columna “Astillero” en La Jornada, Julio Hernández, hizo declaraciones muy fuertes sobre la credibilidad de RENACE, fundación neoleonesa de asesoría legal a la que se donan las ganancias de Presunto culpable, tras ofrecer los nombres y los supuestamente dudosos antecedentes de algunos de sus integrantes. ¿Cómo responden a estas acusaciones? Layda: A nosotros no nos cabe la menor duda de la seriedad de RENACE y creemos que es de las instituciones que más ha avanzado en los temas de reforma judicial en el país, incluyendo la reforma constitucional que hoy nuestros funcionarios han sido increíblemente lentos para implementar, especialmente el Poder Judicial Federal. Es increíble que a raíz de la promulgación en 2008 (que instituyó los juicios orales en México) tengamos a un Poder Judicial que se dedique a hacer cursos y foros en lugar de darse a la tarea de transformar sustancialmente su sistema de justicia. Entonces, pues yo respeto la opinión, pero no la comparto. ¿Tienen la intención de continuar su carrera dentro del cine documental? Layda: Creemos que ha sido muy importante hacer Presunto culpable. Yo en lo personal llevo 12 años estudiando el sistema de justicia penal en México y la primera vez que entré a un juzgado penal hace 12 años me quedé completamente en shock, y ese

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juzgado y la forma en que se juzgaba entonces es idéntica a como se juzga ahora. Y tras 12 años de estudio, de recabar estadísticas, de publicar y hablar sobre el tema, habíamos movido muy poco el debate y la conciencia. Hoy ya estamos en el medio del cine, un medio poderosísimo y muy mágico para invitar a otros mexicanos a repensar nuestro sistema de justicia e invitarlos a cambiar. Entonces, para mí ese es mi compromiso principal, ese es el más importante, en eso me juego yo mi seguridad personal y mi patrimonio.