Presentación para el 42 aniversario del golpe en Uruguay

1

Presentación para el 42 aniversario del golpe en Uruguay Acto organizado en Buenos Aires por Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos

Dra. Francesca Lessa, University of Oxford

“NO ES DICTADURA,” esta fue la portada de la emblemática revista uruguaya Marcha, que así titulaba su edición del 30 de junio de 1973, a pocos días del golpe de Estado. Más abajo, en la propia tapa se reproducía el Decreto completo de disolución del Parlamento y, específicamente, la prohibición de atribuir "propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo".

En respuesta al golpe de estado cívico-militar del 27 de junio, liderado por el presidente del Partido Colorado Juan Maria Bordaberry –elegido por las urnas en 1971 con posible fraudey las Fuerzas Armadas, los trabajadores uruguayos y la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) empezaron ese mismo día la Huelga General más larga de la historia del país, que duró 15 días.

El mismo 30 de junio, el dictador y sus cómplices civiles y militares ilegalizaron la CNT. Un año después, en noviembre de 1974, la dictadura cerró Marcha, en cuyas páginas habían escrito intelectuales como Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, Eduardo Galeano y Mario Benedetti, y cuyos ejemplares eran literalmente arrebatados por el público argentino en los años 60.

La sangrienta dictadura uruguaya permaneció en el poder por doce años, hasta el 1985. En esa década infame, el régimen uruguayo –inspirado como los de sus vecinos en la Doctrina de la Seguridad Nacional y en el contexto geopolítico global de la Guerra Fría- se convirtió en el mayor verdugo de sus ciudadanos, torturando, asesinando, encarcelando y aterrorizando. Uruguay se transformó en una gran cárcel: en 1976, tenía el índice más alto de prisioneros políticos por cantidad de habitantes de América del Sur y, posiblemente, del mundo entero.

Eduardo Galeano dijo: "Durante los doce años de la dictadura militar, Libertad fue nada más que el nombre de una plaza y una cárcel... estaban presos todos, salvo los carceleros y los

2

desterrados: tres millones de presos... A uno de cada ochenta uruguayos le ataron una capucha en la cabeza; pero capuchas invisibles cubrieron también a los demás uruguayos, condenados al aislamiento y a la incomunicación, aunque se salvasen de la tortura. El miedo y el silencio fueron convertidos en modos de vida obligatorios".

Junto a Argentina y Chile, Uruguay fue uno de los países más activos de la coordinación transnacional del terror conocida como “Plan Cóndor,” cuyas garras recorrieron toda Sudamérica, secuestrando y desapareciendo centenares de uruguayos exiliados en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia.

192 desaparecidos, 209 asesinatos políticos, 250,000 exiliados, más de 6,000 detenidos de largo plazo, miles de hombres y mujeres torturados, y 3 niños aun desaparecidos. Este es el legado de sangre de la dictadura uruguaya.

En este aniversario n. 42 del golpe cívico-militar en Uruguay, quisiera reflexionar sobre la lucha por verdad y justicia llevada a cabo por los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y todos aquellos que, dentro de los sindicatos, las ONG, y la sociedad civil que los acompañan en esta lucha aun inconclusa. Quisiera homenajear a todos ellos, un modelo de compromiso y fuerza que nos alumbra y convoca a todos aquí esta tarde, al mismo tiempo que quisiera subrayar algunas de las cuentas pendientes en este Uruguay posdictadura, especialmente la paradoja de la impunidad y su persistencia.

Como dijo Juan Gelman, la impunidad es la continuación del terrorismo de estado por otros medios. En este nuevo aniversario del golpe, la pregunta que nos convoca es: porque los crímenes de la dictadura siguen en su gran mayoría impunes? Porque los actores de la impunidad (Suprema Corte de Justicia- SCJ, líderes políticos y económicos) han sido tan exitosos? Porque a pesar de los avances internacionales en DDHH, empezando por aquí en la cercana ARG, muchos jueces y líderes políticos uruguayos permiten que los horrores del pasado queden impunes?

Para contestar estas preguntas, hare una breve reseña histórica de la lucha contra la impunidad, recalcando en particular como los crímenes del Plan Cóndor permitieron que se

3

abriera una brecha en el muro de impunidad. Finalmente terminare mi exposición considerando hechos actuales como la postura de la SCJ y la actitud del gobierno de Vázquez.

A treinta años del retorno de la democracia, la mayoría de los crímenes de la dictadura aún siguen impunes. La impunidad con la que se cometieron esos horrores en los años 70 se institucionalizó en 1986, cuando el Parlamento democrático sancionó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Un largo y contorsionado nombre para una ley que tenía un objetivo simple, dejar en el silencio y en la impunidad las atrocidades cometidas por el estado uruguayo.

A pesar de los innumerables esfuerzos de los militantes de la sociedad civil, tanto a nivel nacional, regional e internacional, la impunidad permaneció inmutable por 15 años. Ni verdad, ni justicia, fue la fórmula de tres gobiernos uruguayos entre 1985 y 2000. Hasta el 1999, políticos como el ex Presidente Julio Maria Sanguinetti podían afirmar a la prensa que "en Uruguay no desapareció ningún niño." Pero esas mentiras ya se hacían insostenibles.

Gracias a la labor incansable de los sobrevivientes, sus familiares, las ONG, la central sindical y algunos jueces y fiscales comprometidos se llegó en 2002 al primer procesamiento en el país, el del ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976.

Ese mismo año, Sara Méndez pudo encontrar a su Simón, su hijo de apenas veinte días de vida cuando ambos fueron secuestrados en Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan Cóndor. En 2000, había aparecido en Montevideo Macarena Gelman. Su mama, Maria Claudia, argentina de apenas 19 años, había sido traída de Buenos Aires a finales de 1976. Dio a luz en Montevideo, luego fue asesinada. Y Macarena fue apropiada ilegalmente por un policía.

4

La aparición de Macarena demostró que en Uruguay también habían desaparecido niños y, al mismo tiempo, y su vida en Montevideo probaba la existencia de la coordinación de terror, y el papel activo que Uruguay jugó adentro de la misma.

Los casos de Simón y Macarena, me llevan justamente a hablar del Plan Cóndor. Simón nació en Argentina durante el exilio de sus padres uruguayos en Buenos Aires. Macarena, de padres argentinos, nació en el Hospital Militar en Montevideo. Se presume que su mama fue asesinada y enterrada clandestinamente en Uruguay.

El 1976 fue uno de los anos más negro de Cóndor.

La aparición de Macarena y Simón en 2000 y 2002 convenció hasta los más reacios. En una carta al periódico La República un militante del Partido Colorado escribía: “…dirigentes en el ámbito local y nacional…decían que los desaparecidos en nuestro país eran una mentira del izquierda, que la tortura no había existido y menos aún niños secuestrados por la dictadura. Y así pensé durante mucho tiempo. No conozco a Sara personalmente, pero creo que en algún lugar de ese inmenso y sufrido corazón, tendrá un lugar para perdonar a los que nos equivocamos. Bienvenido a casa Simón.”

Y no aparecieron solamente los niños apropiados, sino que los mismos desaparecidos; ellos también tuvieron que reaparecer para probar el horror del crimen que habían sufrido. Dos en 2005, uno en 2011 y otro en 2012. Enterrados en tumbas clandestinas en suelo uruguayo. Finalmente buscados y encontrados. Los restos del maestro Julio Castro, secuestrado en 1977 con 69 años de edad, vieron la luz en 2011 en un predio militar. Su cuerpo desveló otra mentira: fue torturado y asesinado con un disparo en la nuca, los desaparecidos no fueron ningún “exceso”.

De poco a poco, y gracias al trabajo de los sobrevivientes y activistas, todas las mentiras se vinieron abajo. Hubo desaparecidos en Uruguay, tantos niños como adultos, no fueron excesos, como se decía en el intento de justificar lo injustificable, fue terrorismo de estado.

5

A pesar del poder de la verdad de estos horrores, la labor de la justicia ha sido lenta, muy lenta.

Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, hasta la fecha, la justicia ha condenado 16 personas por los crímenes de la dictadura, dos ya fallecieron.

Al comienzo impedidos por la Ley de Caducidad, pocos jueces valientes se atrevieron en desafiar la impunidad. Solo en 2002, el juez Eduardo Cavalli procesó al ex canciller, aceptando el argumento del abogado laboralista Pablo Chargoñia que la Ley de Caducidad no se aplicaba a los civiles.

En los años anteriores como en los siguientes, jueces y fiscales como Alberto Reyes, Estela Jubette, Alejandro Recarey, Mirtha Guianze y más recientemente Mariana Mota, que se atrevieron a desafiar la impunidad fueron sancionados y trasladados al fuero civil, paralizando en muchas oportunidades las causas e investigaciones que llevaban adelante.

Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, solo 6 de las más de 250 causas abiertas en el país tienen sentencia firme. Por el contrario, en Chile, hasta ahora, 281 de los agentes procesados están condenados con sentencia firme y, en Argentina, 43 de las 142 sentencias dictadas desde 2006 son firmes.

Las causas por los crímenes del Plan Cóndor han permitido avances importantes en la justicia en Uruguay, rompiendo la lógica de la impunidad institucionalizada por la Ley de Caducidad. El juez penal, Luis Charles, dispuso el 27 de marzo de 2009 la condena de ocho militares y policías por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados. Esta sentencia dispuso la condena por primera vez en la historia de militares y policías vinculados con el régimen dictatorial uruguayo. El histórico fallo se concretó 24 años después de reinstaurada la democracia en Uruguay, y 35 años después del golpe de Estado de junio de 1973. Charles dispuso la condena de los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez a una pena de 25 años de penitenciaría; al tiempo que para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales Ricardo “Conejo” Medina y José Sande Lima la pena dispuesta es de 20 años por el

6

secuestro y traslado clandestino al Uruguay del militante del PVP Adalberto Soba Fernández y otros 27 uruguayos, víctimas de la coordinación represiva denominada “Plan Cóndor”, en la conocida megacausa “Segundo Vuelo” de Automotores Orletti.

Fue un fallo histórico, pero la demora de tantos años es insoportable para las víctimas. Esta sentencia fue luego confirmada por la SCJ junto con la del dictador militar Gregorio Álvarez. En octubre de 2009, el mismo juez Charles había condenado a Gregorio “Goyo” Álvarez y del capitán de navio (r) Juan Carlos Larcebeau por el traslado clandestino de presos políticos en 1978. Alvarez fue condenado como autor de 37 delitos de homicidio por su responsabilidad cupular, mientras Larcebeau fue enjuiciado como autor de 29 homicidios por su participación directa en los operativos clandestinos impulsados por el cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) en la República Argentina, en el marco de la concertación represiva del “Plan Cóndor”.

Hay otras investigaciones sobre Plan Cóndor aun en etapa anterior al juicio. Incluyen la causa por el asesinato de la mama de Macarena Gelman; la apropiación de Victoria y Anatole Julien; caso del vuelo Cero/Fusilados de Soca de 1974; traslado y tortura de Antonio Viana Acosta; los sobrevivientes del primer vuelo. En la causa de Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, por primera vez se aceptó en 2011 la tipificación del delito de desaparición forzada en Uruguay, propuesto por la jueza Mota en primera instancia y confirmado en apelación; pero la causa se cerró con la muerte del Coronel Calcagno, único imputado.

En junio de 2011, el juez Roberto Timbal condenó al ex dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco a 30 años de penitenciaría, por el asesinato de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los ex militantes del MLN Rosario Barredo y William Whitelaw aquí en Buenos Aires en 1976.

Hay muchas otras causas abiertas en UY, sobre las torturas sufridas en el FUSNA, la causa de torturas sufridas por mujeres, y también la causa sobre el ex centro clandestino 300 Carlos.

7

Lo paradójico que cabe resaltar es que, después de la derogación de la Ley de Caducidad a finales de octubre de 2011, la impunidad adquirió otra forma, posiblemente aún más nefasta de la misma Ley de Caducidad.

Mientras que entre 2009 y 2010 –cuando aún era vigente la Ley de Caducidad- se condenaron 12 personas, en los últimos tres años solamente hubo 2 condenas.

Desde que se derogo la Caducidad, solo hubo un nuevo procesamiento en 2012. De los 6 juicios concluidos en estos últimos tres años, 4 terminaron con absoluciones y 2 con la condena de los imputados, con en un caso una sentencia de 4 años apenas por un asesinato político en 1973. La impunidad –ya sin ley- empezó a tomar otra forma: sentencias livianas, absoluciones, prescripción de crímenes de lesa humanidad...

En los últimos anos, Uruguay ha sido condenado a nivel internacional por Amnistía Internacional, Naciones Unidas, CEJIL, Corte IDH, CJI por su postura conservadora sobre el pasado reciente. Especialmente las sentencias de las SCJ que, al considerar a los crímenes de la dictadura como crímenes comunes y no de lesa humanidad, constituyen en las palabras de uno de sus ministros (Ruibal Pino) “una muralla” en el camino a la justicia.

Por es más, el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, en marzo de este ano afirmó: “Hay más de 30 violadores de derechos humanos en Uruguay entre quienes aún están presos, algunos que tienen prisión domiciliaria y los que ya fallecieron, lo que para el número de violaciones a los derechos humanos graves que se cometieron en Uruguay es muy exitoso”.

Además de no corresponder a las cifras proporcionadas por el OLI, pensar que 30 personas puedan haber sido responsables por miles de crímenes es una ofensa para el pueblo uruguayo, que tanto sufrió en aquellos años y para todos los familiares y sobrevivientes que aún están buscando verdad y justicia.

En una situación bastante paródica, sino fuese por la gravedad del tema, el mismo día de las declaraciones del ministro Chediak, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro afirmó que durante el gobierno de Mujica “se encontraron restos y se avanzó muchísimo,” y

8

que “tareas en silencio y hallazgos sin bulla”. Afirmar que el hallazgo de 2 cuerpos en 5 años de gobierno, cuando aún falta encontrar centenares más de detenidos desaparecidos es otra vez ofensivo para todo el pueblo uruguayo y las madres, que se están muriendo sin saber lo que paso con sus seres queridos.

Claramente, algo está fallando en Uruguay. La falta de investigación y la continua impunidad avalada por líderes políticos, como el ex Presidente Mujica, el actual Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, ministros de la Suprema Corte de Justicia e integrantes del poder judicial que autorizan -sin brindar explicación alguna- salidas transitorias de la cárcel para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, como pasó la semana pasada con José Gavazzo -reo de 28 homicidios-, son inadmisibles en una sociedad democrática.

Uruguay, celebrado por el mundo entero, por sus políticas progresistas, está descaradamente incumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos –internacionales y regionales- de aclarar la verdad y sancionar a los responsables de los crímenes de la dictadura. Como dijo Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas, “Uruguay… no debe aceptar un legado de impunidad, silencio e ignorancia para las víctimas de la dictadura militar.”

Efectivamente, la impunidad no es inevitable para el Uruguay. Todo lo contrario. La impunidad, con leyes como la Ley de Caducidad, con hechos como la falta de información y acceso a los archivos brindados por los ministerios, las ambigüedades del gobierno de Vázquez, que en el mismo día que se crea el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, su ministro de defensa acusa a los activistas de DDHH de ser “unos enfermitos,” donde los engendros judiciales de la SCJ van en contra de cualquier avance de DDHH reconocido a nivel regional e internacional, y donde algunos jueces “duermen” arriba los expedientes y las denuncias de las víctimas. La impunidad no es inevitable; de hecho, sus promotores la construyen y garantizan día a día.

La “cultura de impunidad,” como dice Roger Rodríguez, tiene muchas caras. Que exista tanta impunidad en un país como el Uruguay es realmente inadmisible. El país tiene los

9

recursos y las habilidades de investigar los crímenes. Falta la voluntad política y jurídica de hacerlo.

Los activistas de DDHH, los sobrevivientes y los familiares no van a bajar los brazos, pero necesitan ser acompañados en su lucha. Esta tarde, cuando recordamos 42 años del golpe, en Montevideo se marchaba del Hospital de Clínicas al Ministerio de Defensa para pedir la renuncia de Fernández Huidobro, uno de los principales artífices de la impunidad en el último gobierno de Mujica y mantenido en su ministerio por el actual Presidente Vázquez. Esta es también la impunidad.

Me gustaría que pudiéramos pensar estrategias y herramientas para apoyar a los reclamos de verdad y justicia desde aquí, para denunciar la impunidad que aún persiste, porque si nos callamos, si no hacemos nada, si esperamos que lo haga otro, seremos nosotros mismos también cómplices de esta impunidad. Y yo no quiero serlo. Muchas gracias!