Políticas no neutrales sobre la red

Políticas no neutrales sobre la red
Por Diego Rossi *
U.B.A., Facultad de Ciencias Sociales @diegodrossi

Una versión abreviada de este artículo fue publicado el 4 de febrero de
2015, en el diario Página 12 de Buenos Aires, sección: La Ventana, MEDIOS Y
COMUNICACION http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-265408-2015-02-
04.html


Recientes iniciativas de gobierno tomadas en Brasil y Colombia permiten
contextualizar críticamente la concurrencia liberal a la noción de
"neutralidad de la red", y la reducción de la brecha digital como eslógan.
Expresan diferentes construcciones políticas y estratégicas, e interpelan a
la Ley Argentina Digital y los programas destinados a garantizar la
democratización del acceso a contenidos digitales.
En común, tenemos un escenario globalizado donde los "modos tradicionales"
de los conglomerados de la televisión abierta y de pago se han visto
rebasados por experiencias convergentes de provisión de conectividad,
generación y priorización de contenidos por telefónicas con casa matriz en
Estados Unidos, España o México. A su vez, la apropiación de gruesos
excedentes de éstas ha sido desafiada por jugadores entrantes más
trasnacionales si cabe, como Google-YouTube, Facebook-Watsapp o Netflix.
Frente a este panorama, nuestros ciudadanos-consumidores (¿y nuestros
gobiernos nacionales?) no disponen de demasiadas herramientas políticas,
márgenes de acción o voluntad asociativa autónoma para ponderar ecuaciones
costo político-beneficio coyuntural a la hora de elegir conectividades,
portales y contenidos más allá de las verdades sesgadas del mercadeo y el
perogrullo de la abundancia de consumos inducidos en Internet.
La neutralidad de la red es un principio tutelable y necesario a los
efectos de garantizar "a cada usuario el derecho a acceder, utilizar,
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o
protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restricción,
discriminación, distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento o
degradación" (artículo 56 de la Ley Argentina Digital, sancionada en
diciembre pasado). Esta u otras definiciones generales no resuelven, por sí
mismas, las fuertes implicancias de los intereses en juego movidos por los
siempre oligopólicos prestadores de servicios, generadores, distribuidores,
agregadores y exhibidores de contenidos.
Son intereses que no tienen nada de neutrales. Por ello resulta bien útil
seguir las políticas públicas de los Estados nacionales, más aún cuando el
comercio electrónico y las interconexiones entre servidores jaquean la
jurisdicción nacional, reeditando una suerte de puja entre librecambistas y
proteccionistas del siglo XXI.

Marco Civil de Internet: reglamentación participativa
En el Brasil donde el PT revalidó ajustadamente sus títulos como partido
gobernante, donde no se han podido torcer las ventajas estructurales de la
Red Globo (ausencia de una Ley de Medios, instalación de una Ley de Cable
desde 2011 que fortalece la producción vernácula), el Estado esperanza con
ambiciosos programas públicos para fomentar la producción audiovisual y el
acceso a Internet.
En este contexto, a fines de enero, los Ministerios de Justicia y de
Comunicaciones de Brasil abrieron a consulta pública la reglamentación
participativa de la pionera Ley de Marco Civil sancionada en abril de 2014,
además de un anteproyecto de protección de datos personales.
Capitalizando la experiencia positiva del tratamiento de la Ley de Marco
Civil, una plataforma digital pública se abre a recomendaciones y debate en
diversos temas tratados de forma genérica en la ley o cuya definición
dependen de la reglamentación. Sin texto propuesto por el Ejecutivo, se
llama a aportes sobre: la neutralidad de red, la privacidad, el
almacenamiento de registros de acceso —tanto de conexión, responsabilidad
de los operadores, como de aplicaciones, responsabilidad de sitios,
servicios, redes sociales y aplicaciones— y otras consideraciones.
Este será otro paso en el intento de tener juego propio en las redes,
especialmente después de los escándalos de espionaje de agencias
norteamericanas, más aún teniendo en cuenta que Brasil es el 5º país del
mundo en cantidad de usuarios de Internet.
Facebook + Colombia...
Por otras latitudes, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, presentaba el
14 de enero en Colombia los rasgos locales de la red: el "Me Gusta" será
"Me Parece Bacano", siguiendo los pasos de su alianza con la telefónica
Tigo, que desarrolló en Paraguay el Face en guaraní.
Más interesante fue su alianza con el Estado, a través del anuncio
marketinero del Presidente Santos: "Colombia + Facebook: hacemos un país
más equitativo conectando a Internet a todos". La iniciativa, de la mano de
la ONG Internet.org integrada por Facebook y Samsung entre otros, es dar
conectividad gratuita para un puñado de sitios. Solamente los usuarios de
smartphones de Tigo, podrán navegar Facebook, Wikipedia, Accuweather, Girl
Effect, UN Women, Unicef, Su Dinero, Agronet, el portal de Reparación
Integral de Víctimas, entre otros, sin necesidad de pagar por un plan o
adquirir un servicio de datos móviles.
Este tipo de servicios gratuitos de acceso a pocos sitios o redes, son
conocidos como 'zero-rating' (generalmente desplegados en algunos países
con serios problemas de conectividad). Van de plano contra los principios
de neutralidad de la red, y están prohibidos en países como Noruega, Chile
(aún en Brasil, donde sin embargo hay telefónicas que lo ofrecen). Los
debates sobre el tema en la FCC, autoridad regulatoria norteamericana,
están a la orden del día, especialmente motorizados por las maniobras de
Netflix y las telefónicas.
En Colombia explicitaron las relaciones público-privadas. "La conectividad
es necesaria, incrementa el PBI de un país. Y este es un punto de partida.
Las aplicaciones que forman parte de Internet.org surgen de una discusión
entre Internet.org, el operador y el Gobierno. Se determina cuáles son más
útiles y cuáles van a mejorar más su vida", argumentan interesadamente a
través del Ministerio de las TICs, la ONG y el diario El Tiempo.
El anuncio, caracterizado por el periodista Carlos Cortés como "humo
digital", contribuye a la confusión de conectividad, gratuidad y garantía
de acceso universal para un servicio que la reciente Ley Argentina Digital
vincula con el derecho humano a las comunicaciones y las
telecomunicaciones.

El desafío Argentina Digital

En la agenda 2015 de Argentina, además de precisar cuestiones normativas y
del ejercicio de mayor control a las empresas prestadoras, se prevé la
articulación de las fuertes inversiones públicas que la Nación ha realizado
en ARSAT y en la Red Federal de Fibra Optica (montos varias veces
superiores a Fútbol para Todos). Aún con las mejores intenciones
infraestructurales, todavía no está iluminada, operativa y asumida
públicamente como parte de una estrategia de soberanía comunicacional.
¿Cuál será el precio de la conectividad y cuáles son las condiciones de
calidad, velocidad (tasa de transferencia de datos, latencia) y tráfico en
relación a quienes deben brindar el acceso a Internet y otros servicios
digitales?
Las definiciones tan generalistas de la Ley Argentina Digital, y su
precipitado tratamiento legislativo, podrían tener su revancha si se tomara
el ejemplo brasileño de llamado a reglamentación participativa: además de
legitimar el proceso de decisiones públicas, el Gobierno retomaría los
valores y procedimientos explicitados en la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual (que por ejemplo resultaron imprescindibles para
difundir y mejorar el anteproyecto de Transición a la Televisión Digital
aprobado también en diciembre pasado por Decreto 2456/2014).

Resulta imprescindible una regulación que preserve los intereses
nacionales, y tutele directa e indirectamente la redistribución del
ingreso, la palabra, el conocimiento. En forma participativa, contemplando
asimetrías y tráfico y alojamiento de información digital.
Frente a las próximas candidaturas y planes sectoriales, la experiencia
colombiana actualiza la lección: detrás de los slogans existen diferentes
prácticas políticas, sistemas de alianzas e impactos reales a la hora de
diseñar la infraestructura y los socios del país.