PDDH 2006 Informe preliminar sobre los sucesos de 5 de julio

September 19, 2017 | Autor: Ralph Sprenkels | Categoría: N/A
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Descripción

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDDH) Informe preliminar de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, sobre los hechos de violencia acaecidos en los alrededores de la Universidad de El Salvador (UES) durante actividades de protesta estudiantil ante el incremento de las tarifas al transporte público de pasajeros, ocurridos el día 5 de julio de 2006 I. Introducción 1. Exactamente hace un año, el día once de julio de 2005, emití un Informe Especial “sobre los graves hechos de violencia suscitados por la intervención policial en actividad de protesta estudiantil realizada ante el incremento de tarifas al transporte público de pasajeros, hecho ocurrido el día 6 de julio de 2005 en los alrededores de la Universidad de El Salvador (UES)”. 2. En esa oportunidad, concluí en la existencia de violación a los derechos a la integridad personal, a la participación en asuntos que son de su interés, a expresarse libremente respecto a éstos, a la libertad de reunión y a la libertad de manifestación, de las y los jóvenes que participaron en la protesta estudiantil que, en esa ocasión, realizaban protestas en las afueras de las instalaciones del recinto universitario1. 3. Lo anterior, según se desprendió del análisis de los hechos y de la verificación que realizó esta Procuraduría, se debió a la aplicación de un procedimiento de dispersión policial por parte de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) que “privilegió el uso indiscriminado de la fuerza y el derecho al libre tránsito sobre los derechos arriba señalados”, en el operativo policial ejecutado ante la actividad estudiantil, cumpliendo órdenes superiores de actuación violenta respecto a ella. 4. Ante ello, recomendé: “al señor Director General de la PNC y al señor Subdirector de Unidades Especializadas de la misma corporación, que en futuras ocasiones permitan y promuevan el uso de la mediación, como procedimiento de solución pacífica frente a potenciales o reales conflictos generados por multitudes, cuando éstas no se manifiestan en forma violenta”. 5. Asimismo, en esa ocasión, expresé mi total “Rechazo (a) las acciones de violencia que agudizan la polarización social y política imperante en el país, erosionando –lejos de facilitar– 1

En lo sucesivo respecto al tema, remitirse al numeral 93 del referido Informe Especial.

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la búsqueda de soluciones por la vía del diálogo y la negociación para los conflictos sociales”; al tiempo que también desaprobé “categóricamente, el empleo de estrategias de presión social que se encuentren al margen de la legalidad; que afecten la integridad física de las personas, y provoquen la destrucción de la propiedad pública y privada, reflejada en la actitud del lanzamiento de piedras y la posterior quema de un autobús del transporte colectivo”. 6. En razón de ello, recomendé “a las organizaciones estudiantiles, que hagan uso de las libertades públicas que les pone al acceso la Constitución de la República, las leyes y en general el sistema jurídico salvadoreño…y que canalicen adecuadamente sus peticiones legítimas, las cuales lamentablemente se ven relegadas aduciendo hechos como los conocidos, en los que predominó la violencia, la agresión y la intranquilidad, aún de aquéllos que sin participar de la actividad se encontraban en la zona en la que la misma era desarrollada”. 7. Como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos lamento tener que constatar que, el presente Informe Preliminar, pudiera ser redactado, prácticamente, en los mismos términos en que me pronuncié hace un año, al no haberse tomado en cuenta las consideraciones expuestas y no haber sido atendidas ni cumplidas las recomendaciones que, oportunamente, realicé a los diferentes actores involucrados. 8. Lastimosamente, lo que me impide expresarme exactamente como lo hice entonces, es que a estas alturas, en julio de 2006, tan cuestionables pero reiteradas prácticas, tanto a nivel policial como de la protesta social, han terminado en el preocupante e inaceptable saldo de dos personas fallecidas –esta vez, pertenecientes a la corporación policial–, aproximadamente doce lesionadas, la utilización de un hospital de niños y niñas como parapeto de francotiradores y la constatación de la magnitud alcanzada para la fácil armamentización de la sociedad salvadoreña. 9. Todo lo cual, pone al descubierto el progresivo y acelerado deterioro del Estado de Derecho en El Salvador, especialmente, por la evidente incapacidad de nuestro sistema, normativo e institucional, de atender y resolver adecuadamente los cada vez mayores y complejos niveles de polarización social, de confrontación y conflictividad e, incluso, de violencia alcanzados. Lo más grave es que las situaciones relacionadas con ello, hacen particular referencia, ya no sólo al mal manejo de legítimas aspiraciones vinculadas a lograr condiciones de existencia dignas para la población, sino al atentado certero contra la integridad y la misma vida de las personas. 10. Por lo anterior y, atendiendo a mi mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, de promover y proponer las medidas necesarias para prevenir violaciones a los mismos, así como de formular conclusiones y recomendaciones y elaborar informes en lo atinente (ordinales 1 y del 10 al 12, art. 194.I, Cn.), emito este Informe Preliminar sobre los hechos de violencia acaecidos en los alrededores de la Universidad de El

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Salvador (UES) durante actividades de protesta estudiantil ante el incremento de las tarifas al transporte público de pasajeros, ocurridos el día 5 de julio de 2006. 11. Dado el carácter apremiante que imponen los referidos hechos, el contenido del mencionado Informe Preliminar se refiere, prácticamente de manera exclusiva, a lo ocurrido respecto a los mismos, sin obviar que éstos se inscriben en procesos sociales y económicos de más amplio alcance y a los cuales también ha brindado particular seguimiento esta Procuraduría. 12. El Informe Preliminar se estructura de la siguiente manera: I) Introducción; II) Relación de los hechos y labor de verificación y mediación de esta Procuraduría en torno a los mismos; III) Consideraciones generales, conclusiones y recomendaciones; y, IV) Notificaciones.

II. Relación de los hechos y labor de verificación y mediación de esta Procuraduría en torno a los mismos 13. El 5 de julio de 2006, un grupo de jóvenes, en principio liderados por estudiantes de secundaria y universitarios, se concentraron en las calles aledañas al Instituto Nacional “General Francisco Menéndez” (INFRAMEN), desde antes de las siete de la mañana aproximadamente, para protestar contra el alza de las tarifas al transporte público y demandar, al mismo tiempo, el pago de medio pasaje al sector estudiantil y personas adultas mayores2. La actividad, además, se realizó para denunciar el asesinato de un estudiante del Instituto “Albert Camus”, días antes en un bus del transporte colectivo. 14. Dicha concentración se movilizó por la 29 Calle Pte. hasta ubicarse frente a la entrada de emergencias del Hospital de Niños “Benjamín Bloom” y zona aledaña a la fachada principal de la Universidad de El Salvador (UES), en la Calle San Antonio Abad, donde ya se encontraba otro grupo, también de supuestos estudiantes del Instituto “Albert Camus” y del mismo centro de estudios superiores. 15. Aún con la quema de llantas que inició frente al INFRAMEN y la pinta de mensajes en las paredes por donde se condujo la movilización, la actividad se mantuvo en condiciones relativamente pacíficas o que, por lo menos, no ameritaron la intervención policial de elementos de la División de Seguridad Pública de la Policía Nacional Civil (PNC) que la monitorearon hasta entonces, aún cuando algunos de los participantes en la misma procedieron a dañar un carropatrulla de la PNC, vallas publicitarias, cajas telefónicas y semáforos.

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De manera simultánea, organizaciones sociales y gremiales realizaban actividades similares en otros puntos de la capital –como el conocido “Reloj de Flores” y en la comunidad “La Campanera”–, para manifestar su descontento por el alza en el costo de diferentes bienes y servicios básicos y pronunciarse por medidas que atenúen sus impactos en el presupuesto familiar. Ver Diario Co-Latino, 5 de julio de 2006, pág.3.

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16. A eso de las 9:00 a.m., con la intervención de personal del Departamento de Verificación y Observación Preventiva (VOP) de esta Procuraduría se logró la consecución de un pacto de no agresión entre dirigentes de la concentración y autoridades de la PNC que tenían presencia en el lugar en coordinación con miembros de su División de Tránsito. No omito señalar que las gestiones de esta Procuraduría fueron a solicitud del Inspector Otto Urrutia, de la referida División de Seguridad Pública de la PNC y a cargo del operativo policial, en atención a la cual personal de nuestra Institución estableció contacto con dirigentes de la actividad. 17. Asimismo, consta en el respectivo informe de esta Procuraduría, que la premisa de dicho pacto fue que la actividad se realizaría utilizando megáfonos, música, pancartas e, incluso, llevando a cabo el cierre de las calles ya ocupadas, siempre y cuando no ocurrieran más daños a la propiedad pública y privada; de lo contrario, se haría la respectiva intervención policial. Por su parte, representantes de la protesta solicitaron que el cordón policial instalado no avanzara más hacia la concentración. 18. Pese a ello y, poco tiempo después de logrado dicho acuerdo, ocurre la pretensión de agentes policiales de registrar y capturar a dos jóvenes manifestantes en la 29 Calle Pte., a la altura de una sucursal del Banco Salvadoreño, en la intersección con la 25 Av. Nte., lo que desencadenó conatos de violencia, al momento en que dirigentes de la actividad se disponían a brindar una conferencia de prensa al respecto. Ocurrieron entonces, forcejeos e insultos entre participantes en la protesta y policías; y estos últimos, además, fueron agredidos con piedras y palos y recurrieron a sus armas de fuego para evitar el avance hacia ellos del grupo de manifestantes – que se mostró permanentemente desafiante y profiriendo aún insultos a los elementos policiales−, pero sin llegar a dispararlas. 19. Manifestantes atacaron a algunos reporteros y dañaron vehículos de medios de prensa, como los pertenecientes a la Telecorporación Salvadoreña (TCS) y El Diario de Hoy3, al momento en que los agentes de Seguridad Pública realizaban la retirada. 20. Debo mencionar, además, que consta en el respectivo informe de verificación que la intervención de personal de esta Procuraduría, en este momento, ocurrió con la intención de proteger la integridad del Inspector Urrutia, a quien pretendían agredir los dirigentes de la actividad –una vez, que fueron dejados en libertad los jóvenes que pretendían ser detenidos− acusándolo de violentar el pacto de no agresión mencionado supra y sobre la base del cual se estaría desarrollando, hasta entonces, dicha actividad. 21. Destaco lo anterior, porque si bien varios medios de comunicación dieron cuenta de las imágenes captadas sobre este hecho, lamentablemente brindaron una información falsa o, por

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El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pás.5 y 6.

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lo menos, errónea al respecto al asegurar que se trató de una intervención de esta Procuraduría en razón de las capturas de los jóvenes y como “presión” para que fueran dejados en libertad4. 22. En ese contexto, ante la intención de algunos manifestantes de arremeter contra un vehículo particular frente al Hospital de Niños “Benjamín Bloom”, así como posterior a la destrucción de la que fueron objeto las instalaciones y el cajero automático de la referida agencia del Banco Salvadoreño, poco antes de las 10:00 a.m. intervino un contingente de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) –formado, al menos, por tres pelotones–, apoyado por un helicóptero de la PNC, en el que se conducía el Subdirector de la División de Áreas Especializadas, Comisionado Douglas Omar García Funes. Informes de verificación de esta Procuraduría dan cuenta, sin embargo, que fueron dos helicópteros los que sobrevolaron simultáneamente la zona, cuando en la misma ocurrieron los posteriores disparos. 23. Imágenes captadas por prensa televisiva muestran también a agentes de Seguridad Pública, cubriendo la retaguardia de la UMO; mientras que la verificación de esta Procuraduría reporta, en ese momento, también la presencia de elementos del Grupo de Reacción Policial (GRP), en la 29 Calle Pte. 24. El contingente de la UMO enfiló inmediatamente a la dispersión de la concentración y su desalojo de la vía pública, hacia lo cual avanzó dividido en grupos, paralelamente, utilizando gas pimienta y disparando balas de goma, mientras las personas manifestantes retrocedían en dirección de la entrada de la UES, lanzándole al grupo de agentes, piedras, morteros y otros artefactos explosivos mientras se acercaban cada vez más a las instalaciones universitarias, por el lado de los portones de acceso principal. 25. Como a las 10:30 a.m., una vez que el referido contingente de la UMO se ubicó a la altura de la entrada del almacén ALUMICENTRO y en posición de formación para reanudar su avance hacia el grupo de manifestantes, la detonación de morteros y explosivos de fabricación casera –denominados “hechizos”– lanzados justo a la altura del contingente ubicado al lado Sur y provocando frente a éste una densa cortina de humo, fue acompañada de un descarga de disparos de arma de grueso calibre –al parecer, según las primeras versiones, un fusil M-16–5, provocando la muerte inmediata de dos efectivos de la unidad especializada y heridas en más de diez. Al momento en que se les prestaba inmediato auxilio, tanto de parte otros agentes policiales como de unidades de Comandos de Salvamento, fueron nuevamente atacados con ráfagas –al menos, en dos ocasiones más–, algunas de ellas, presumiblemente de AK-47, según versiones preliminares expresadas tanto por el Ministro de Gobernación, licenciado René Figueroa como por el Comisionado García Funes ante medios de prensa.

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Nota de prensa de El Noticiero, de Canal 6, el 5 de julio de 2006. Información periodística posterior a los hechos, sitúa en la Plaza Benito Juárez a uno de los presuntos tiradores.

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26. Los dos elementos de la UMO que resultaron muertos recibieron disparos certeros –uno, en el cráneo y el otro, en el tórax, a la altura del corazón– y, junto a los lesionados, fueron trasladados por los cuerpos de socorro a los hospitales General y Médico-Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Hospital Nacional Rosales. Según notas de prensa6, sus nombres son: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

Miguel Angel Rubí Argueta (fallecido). José Pedro Misael Rivas Navarrete (fallecido). Leonardo Murillo Vanegas (herido). Jeimy Alexander Elena Cisneros (herido). José Antonio Batres Gómez (herido). Luis Enrique Vásquez Espino (herido). Rodríguez Hernández (herido). José Martínez Bonilla (herido). Rogelio Antonio Meléndez Castillo (herido). Armando López Chicas (herido). Omar Arístides Hernández Urquilla (herido). José Joel Argueta Campos (herido). Mariano Soriano Núñez (herido).

27. En el marco de la labor de verificación que se encontraba realizando esta Procuraduría, se informó a su personal en la zona sobre la posible existencia de estudiantes heridos, que habrían sido evacuados inmediatamente, lo cual procedió a constatarse, sin comprobar resultado alguno en ese sentido. 28. Esta Procuraduría pudo verificar el estado y las condiciones médicas de los lesionados –tanto el mismo 5 de julio, como en días posteriores−, quienes presentaban principalmente lesiones en las piernas y en brazos ocasionadas por balas o por esquirlas; registrando además los nombres de los siguientes agentes policiales: en el Hospital Lamatepec del ISSS, se brindó atención a José Reynaldo Palacios Aquino, mientras que en el Hospital General ya referido, se constató que también se encontraban heridos Manuel de Jesús Ávalos Rivas y otro de apellido Aguilar Alvarado. Al momento de emisión del presente Informe Preliminar varios de los agentes policiales heridos, ya han sido dados de alta y otros se encuentran en condición estable, aunque todavía hospitalizados. 29. Asimismo, se conoció que el Comisionado García Funes y el Capitán René Alfonso Guerrero Gómez, piloto de uno de los helicópteros que sobrevolaron la zona y el campus universitario, resultaron heridos levemente, al haber sido alcanzado por nueve disparos, sin que se haya

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El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.3; La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.6.

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comprobado aún la procedencia de las ráfagas que le fueron dirigidas pero que, según notas, de prensa, se adjudica a personas de la protesta armadas con fusil y arma corta7. 30. Por otra parte, consta en el informe respectivo que se conocieron denuncias de parte de estudiantes sobre supuestos disparos realizados también desde uno de estos helicópteros policiales durante los incidentes, lo cual sin embargo, no pudo ser constatado en la verificación realizada por nuestra Institución. 31. Asimismo, si bien inicialmente medios de prensa informaron sobre heridas en personal docente y custodios de la Universidad de El Salvador, únicamente se confirmó el caso del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, licenciado Gerbert Salvador Rivas, herido de bala, presumiblemente –según versiones de la autoridades universitarias y de la secretaría de comunicaciones de la UES8– por disparos realizados desde fuera del campus universitario, presumiblemente desde uno de los dos helicópteros que lo sobrevolaron antes y durante los incidentes, aparentemente junto a dos avionetas militares9. El estado de salud de dicho profesional desde un inicio se reportó delicado10. 32. En mis primeras declaraciones sobre lo ocurrido, condené de manera firme el uso de la violencia al que se había recurrido en relación a esta actividad, cuyo propósito original era legítimo –dado el impacto que ha significado en los hogares salvadoreños el alza de tarifas en el transporte público–, pero que había terminado con la trágica muerte de dos elementos policiales11, lo que ponía en serio cuestionamiento la admisibilidad de una protesta que terminó desbordándose en forma violenta12. 33. Señalé al respecto, la necesidad de realizar una exhaustiva investigación sobre lo que pareció ser una voluntad específica y una habilidad evidente para provocar la muerte de los agentes policiales, lo que revelaría el involucramiento de personas especializadas en la ejecución de armas militares o francotiradores en el contexto de la realización o, en su caso, de la contención de actividades de expresión y manifestación pública13. Para tales efectos, hice un urgente e inmediato llamado al respeto y control de la escena del crimen, por parte de las autoridades respectivas14.

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La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.12. Diario Co-Latino, 5 de julio de 2006, pág.3; Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, págs.2 y 4. 9 Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.6; Diario El Mundo, 6 de julio de 2006, pág.4. 10 El Diario de Hoy, 7 de julio de 2006, pág.6. 11 Diario Co-Latino, 5 de julio de 2006, pág.3. 12 Entrevista en cobertura especial de Noticiero Hechos, Canal 12. 13 Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.4. 14 Entrevista en cobertura especial de Noticiero Hechos, Canal 12, del 5 de julio de 2006; La Prensa Gráfica, 11 de julio de 2006, pág.2. 8

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34. Desde ese mismo momento, me pronuncié también para que no se politizaran los acontecimientos conocidos, con lo cual únicamente se profundiza el ambiente enardecido en el país alrededor de hechos como los ocurridos15. 35. La tensión se mantuvo prácticamente durante toda la mañana al haber ingresado la mayoría de manifestantes a las instalaciones universitarias, buscando refugiarse de los hechos ocurridos, así como al conocerse –incluso, por declaraciones públicas de las máximas autoridades de la Seguridad Pública– la pretensión policial de ingresar al campus universitario, para capturar a las personas sospechas de participar en los incidentes. 36. Posterior a la intermediación de esta Procuraduría y a solicitud expresa de las autoridades universitarias, pudo ser evacuado, de forma ordenada y simultánea, el personal docente y administrativo así como estudiantes de las diferentes Facultades que se encontraban en sus labores cotidianas, cuando ocurrieron los referidos hechos violentos. Comandos de Salvamento, Cruz Roja y Cruz Verde Salvadoreña, apoyaron estas evacuaciones, que se realizaron por las diferentes puertas de acceso de la UES, aplicándose al momento de las mismas, un minucioso registro policial tanto de personas como de vehículos que salían del recinto universitario y para lo cual, fue necesario mantener una verificación y observación del personal de esta Procuraduría que se encontraba desempeñando las labores institucionales en el lugar. 37. Es de destacar que las imágenes captadas por la prensa televisiva y escrita mostraron a varios francotiradores y elementos de la PNC –pertenecientes al Grupo de Reacción Policial (GRP)–, apostados en el muro que rodea al campus en su fachada principal y apuntando, directamente y en actitud de ataque, al grupo de personas de la comunidad universitaria mientras éste se encontraba en su interior y posteriormente cuando salía de las instalaciones16. 38. Más grave aún fue la imagen captada por el Noticiero Teledos, de Canal 2 y presentada en su edición estelar, cuando uno de los francotiradores avanza frente a la entrada principal de la UES, con uno de los jóvenes detenidos –que, inmediatamente después, es enfocado sangrando− utilizándolo claramente como escudo humano, ante la presunta posibilidad de ser atacado por algunos estudiantes que se encontraban dentro de las instalaciones universitarias y que –según los mismos videos de prensa− ya les habrían lanzado a los miembros del GRP, piedras y morteros o explosivos caseros. 39. Además, debe señalarse que, durante y posterior a los incidentes violentos, pudo verificarse la aplicación de un operativo policial que incluyó la colocación de francotiradores de la PNC en la parte alta del Hospital de Niños “Benjamín Bloom” y, presumiblemente, de otros edificios 15

Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.4. Noticiero Teleprensa de Canal 33 y Teledos, de Canal 2, el 5 de julio de 2006; El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.16.

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aledaños, tal y como lo evidenciaron tomas y notas periodísticas17 y frente a lo cual expresé públicamente y, de forma inmediata, mi total desaprobación por considerarlo una grave e injustificada acción18. 40. En este sentido, consta en el expediente respectivo de esta Procuraduría la denuncia interpuesta por docentes del Centro Escolar “General Francisco Morazán” respecto a la pretensión de agentes policiales de utilizar las instalaciones de dicho centro educativo como eventual vía de ingreso al campus universitario, una vez evacuado el personal y estudiantes que se encontraban en sus labores cotidianas, el cual –además− resultó seriamente afectado, sobre todo los niños y niñas, por los gases lacrimógenos. 41. Aunado a ello, agentes policiales procedieron a realizar una serie de registros a personas cercanas al lugar –especialmente, jóvenes–, observándose en muchos casos –en imágenes presentadas por la prensa19 y según consta en denuncias recibidas por esta Procuraduría–, un evidente uso excesivo de la fuerza, la utilización de insultos y llegando, incluso, a someter a golpes y entre varios agentes, a presuntos implicados en los incidentes, algunos de los cuales fueron detenidos. Fue posible observar cómo policías se subían al cuerpo (espalda y pierna izquierda) lanzado al pavimento a un joven para esposarlo, aún cuando ya había sido sometido por varios agentes o cuando otro de los jóvenes, sin haber opuesto resistencia, fue captado sangrante en una toma posterior. Se conoció el caso también de un adolescente de quince años, bastante lesionado en su rostro, por el que intercedieron personas que se encontraban en los alrededores del Hospital de Niños “Benjamín Bloom” al observar la actuación desproporcionada de los agentes policiales que atentaron contra su integridad. 42. Las autoridades universitarias denunciaron, además –en rueda de prensa–, que algunas y algunos de los estudiantes evacuados en coordinación con cuerpos de socorro y esta Procuraduría y que se habían encontrado desarrollando sus labores académicas cuando ocurrieron los hechos, fueron posteriormente capturados por la policía cuando transitaban en las inmediaciones del campus y se disponían a retornar a sus hogares. 43. Asimismo, después de los incidentes, un pequeño grupo de personas provenientes de otra de las actividades de concentración y protesta realizada en la Alameda Juan Pablo II se había movilizado hacia la Universidad de El Salvador, intentando pasar y entrar a sus instalaciones, ya cuando se encontraba bajo el control del GRP el área perimetral de las mismas. De hecho, pudo observarse cómo algunos jóvenes, en actitud desafiante, pretendieron no acatar la disposición policial en ese sentido.

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Diario Co-Latino, 5 de julio de 2006, pág.3; El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.12; La Prensa Gráfica, 7 de julio de 2006, pág.17. 18 Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.6. 19 Ver noticias transmitidas por Noticiero Hechos, de Canal 12 y Noticiero Teledos de Canal 2, así como de Teleprensa, Canal 33 y Noticias Cuatro Visión, de Canal 4.

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44. Al no poder cumplir su objetivo, dicho grupo inició una confrontación con elementos policiales, frente a lo cual la intervención y labores de mediación de esta Procuraduría impidió que se suscitaran nuevos hechos de violencia. 45. Las primeras versiones periodísticas, dieron cuenta de quince personas capturadas. Finalmente, se reportó la detención de un total de 31 personas, entre las cuales se nombran las siguientes20: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Erick Edenilson Alvarenga, 22 años, a quien la PNC asegura haberle encontrado una granada. Marlon Ernesto Rivas, a quien autoridades policiales decomisaron un explosivo artesanal. Américo Ayala. Edwin Alonso Gómez, 21 años. Ramón Arnoldo Rivas Orellana, 21 años. Roberto Carlos Hernández, 26 años. Armenio Adalberto Ayala Granada, 24 años. Nelson Rivas Rojas, 35 años. Francisco Javier Canales Chicas, 18 años. William Alfredo Ascencio Gallardo, 23 años. Pedro Vladimir Chicas, 18 años. William Alfredo Sánchez Ayala. Marvin Arturo Guevara Romero. José Raúl Cruz. Juan Pablo Chávez. Enrique Armando López, 45 años. Carlos Abilio Tejada, 19 años. Mauricio Eduardo Ruiz, 20 años. Jorge Alfredo Portillo. Héctor Antonio Rico, 43 años. Francisco Alexander Vásquez, 28 años. Francisco Alberto Martínez, 18 años. Pedro Alexander Pineda, 27 años. Juan Antonio Sánchez, 23 años. Orlando Bernal Alfaro, 24 años. José Santos Nolasco, 17 años. César Edgardo Quijada, 23 años. Joaquín Nestanza Hernández, 37 años.

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Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.3; La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, págs.2, 3 y 6; El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.10; Diario El Mundo, 6 de julio de 2006, pág.4.

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46. Es de señalar que todavía existe imprecisión respecto a algunos de los nombres reportados así como de las edades de varios de los detenidos. Para el caso, en sus labores de verificación, personal de esta Procuraduría registró entre las personas capturadas a Raúl Antonio Murillo y a Sergio Daniel Justo Flores, que no figuran en el listado presentado por los medios de comunicación. 47. Asimismo, en todos los listados publicados por los medios de prensa, se incluye a Enrique Armando Martínez López, de quien se informa le habrían decomisado un arma calibre 38 mm., dos cargadores y un cartucho de explosivos expansivos. Sin embargo, esta persona fue detenida al allanarse el local de la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS), en horas de la noche del mismo miércoles 5 y en la madrugada del día 6, como se mencionará más adelante. 48. Esta Procuraduría verificó la situación de las personas detenidas y conducidas, primeramente, a la Delegación Soyapango-Ilopango de la PNC y posteriormente a la Delegación San Salvador Centro, así como las que se identificaron en la Unidad de Emergencia 911 de la colonia Monserrat, según los informes respectivos. Los delitos por los cuales fueron capturadas eran el de Desórdenes Públicos, Asociaciones Ilícitas y Actos de Terrorismo, mientras que en un caso era el de Resistencia; confirmándose que a ninguna de ellas se le atribuía el delito correspondiente al homicidio o a las lesiones de los agentes policiales detallados supra. 49. Es de gravedad que tal verificación evidenció golpe en la parte superior de la ceja derecha en el joven Américo Adalberto Ayala; hematoma en el lado izquierdo de la región frontal del rostro de William Alfredo Ascencio León y de Ramón Arnoldo Rivas; equimosis en el ojo derecho de Pedro Alexander Pineda y lesiones en la boca, en el caso de César Edgardo Alfredo Quijada, Orlando Bernal Alfaro, Francisco Javier Canales Blandón y Nelson Rivas Rojas, así como escoriaciones en otros detenidos, en diferentes partes de su cuerpo, lo cual fue observado por delegados de nuestra Institución, quienes también constataron que no se les había realizado chequeo médico alguno, pese a lo anterior. 50. Asimismo, consta en el informe respectivo de esta Procuraduría el testimonio de las personas capturadas respecto a haber sido sometidas, en las diferentes sedes de detención policial, a tratos degradantes de parte de los agentes de la PNC, al colocarlos de rodillas e insultarlos reiteradamente, por un lapso aproximado de dos horas, así como de habérseles acercado en varias oportunidades para apretarles cada vez más las esposas. 51. Un caso similar se registró cuando los detenidos ya habían sido trasladados a las bartolinas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, a efectos de la audiencia inicial que se instaló el día 8

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de julio en el Juzgado Decimotercero de Paz21. Esta Procuraduría ha consignado en el informe respectivo la denuncia realizada por dichas personas en el sentido de que un custodio de la Corte Suprema de Justicia, les roció gas pimienta en dos ocasiones, entre las nueve y media y las diez con treinta minutos, como “bienvenida” según sus palabras. 52. Por otro lado, al ocurrir los incidentes en una zona donde funcionan diversos locales comerciales, así como instituciones educativas y el principal centro hospitalario nacional de niños y niñas, crearon un ambiente de temor, intranquilidad y zozobra en estudiantes, docentes, personal de salud, pacientes, madres y padres de familia, trabajadores y trabajadoras de establecimientos aledaños y población en general que transitaba o realizaba sus actividades diarias; y quienes se encontraron, además, en grave riesgo de su integridad y de sus vidas, sobre todo, en los momentos más álgidos de violencia. Esta Procuraduría gestionó y colaboró con los cuerpos de socorro, la atención y evacuación de la zona, especialmente de las escuelas aledañas. 53. Previamente, el uso de gases lacrimógenos al que recurrieron agentes de la UMO para intentar, inicialmente, dispersar la protesta afectó de manera severa especialmente a estudiantes de centros escolares aledaños y, sobre todo, a niñas y niños ingresados o esperando procedimientos médicos o consulta en el Hospital de Niños “Benjamín Bloom”22. 54. Debo mencionar que la abierta advertencia de una incursión violenta de parte de la PNC a las instalaciones universitarias –incluso, transgrediendo la autonomía que le reconoce la Constitución de la República y otras leyes relacionadas–, se constituyó en otro de los aspectos sensibles alrededor de la situación generada, tornándola en mucho más grave al señalar a la Universidad de El Salvador como la responsable de los hechos ocurridos y al emitir la acusación de haber provenido de su interior los disparos que ocasionaron la muerte de los agentes policiales así como de servir de campo de entrenamiento militar y de escondite de armas. 55. Tales acusaciones revisten especial gravedad, porque provinieron de funcionarios del más alto nivel del Órgano Ejecutivo, entre ellos, el Ministro de Gobernación, el Viceministro de Seguridad Ciudadana y el Director General de la PNC, así como diputados de la Asamblea

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Al momento de emisión del presente Informe Preliminar, 24 personas fueron dejadas en libertad, por dicho Tribunal, aunque a tres de ellas continuarán siendo procesadas por los delitos de Tenencia de Armas y Explosivos y por Desórdenes Públicos, siendo los detenidos: Erick Edenilson Alvarenga, José Rafael Jorge y Marlon Chávez. Lo concerniente, será consignado por esta Procuraduría en su Informe Especial sobre los hechos del 5 de julio de 2006. 22 La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, págs.19 y 20; El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.12.

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Legislativa23, a las que se adhirieron otros sectores incluidos reporteros o presentadores de medios de comunicación24. 56. Concretamente, durante la conferencia de prensa convocada por las máximas autoridades de Seguridad Pública en torno a los hechos, el ingeniero Rodrigo Ávila, director general de la PNC, afirmó sin ambages que “han ocurrido homicidios realizados desde el interior de la universidad” y sostuvo: “tenemos información que ahí (en la UES) se almacenan explosivos, se almacenan armas y otras cosas, al amparo de esa dizque mal entendida autonomía de la Universidad de El Salvador”25. En declaraciones vertidas en otro momento, el ingeniero Ávila insistió en que “desde el interior de la Universidad Nacional dispararon” y que se tenía conocimiento de que los grupos estudiantiles estaban introduciendo armas de fuego y otro tipo de explosivos. 57. Asimismo, en una entrevista concedida a El Noticiero de Canal 6, en horas de la mañana y en el marco de la conferencia de prensa ya referida, el licenciado Ástor Escalante, Viceministro de Seguridad Ciudadana, aseguró también que los incidentes fueron “provocados desde dentro de la Universidad (de El Salvador)” y que, desde ahí, “dispararon a los elementos del UMO”. Horas después, en otra entrevista en ese mismo programa, pero en su edición estelar de la noche, el Titular de Gobernación, René Figueroa, continuó asegurando que “Los únicos que hicieron disparos han sido los terroristas que estaban afincados en el recinto, desafortunadamente, de la Universidad de El Salvador”. Por su parte, el Comisionado de Áreas Especializadas de la PNC, Douglas Omar García Funes, insistió en afirmar –en declaraciones a la prensa, en Noticias Cuatro Visión, emisión nocturna del 5 de julio− que lo ocurrido se trató de “una treintena de policías que estaban desarmados…contra armas de guerra que les estaban disparando desde la Universidad Nacional”. 58. En esta misma línea se pronunció también el jefe de la Unidad del Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República, licenciado Rodolfo Delgado, quien manifestó, refiriéndose a los hechos, que “las imágenes son claras y muestran las armas de grueso calibre que esconden esos grupos de fachada en el recinto universitario”26. 59. Debo lamentar, en este mismo sentido, declaraciones expresadas por el Primer Mandatario de la República, Don Elías Antonio Saca, quien refirió a medios de prensa, el día 7 de julio, sobre 23

Diario Co-Latino, 5 de julio de 2006, pág.3; El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.10; Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.2; El Diario de Hoy, 7 de julio de 2006, pág.2. 24 Para el caso, durante la presentación de la cobertura de prensa de El Noticiero de Canal 6 del 5 de julio de 2006, ésta fue introducida, afirmando: “Las afueras de la Universidad de El Salvador fueron escenario una vez más de una lluvia de disparos de armas de grueso calibre”. Ver, además, edición de El Diario de Hoy, 7 de julio de 2006, pág.20. 25 Diversos medios de prensa televisiva en programación especial, noticieros del mediodía y ediciones estelares en horas de la noche del día 5 de julio. Entre ellos: Noticiero Teledos, de Canal 2; Noticias Cuatro Visión, de Canal 4: El Noticiero, de Canal 6: Teleprensa, de Canal 33; Noticiero Megavisión, de Canal 21: Noticiero Hechos, Canal 12. 26 Nota de prensa en la edición estelar del Noticiero Teledos, de Canal 2.

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su conversación con la Rectora de la Universidad de El Salvador, doctora María Isabel Rodríguez, en la que le expresó –según sus propias palabras− “que allí en la universidad se refugian terroristas y delincuentes”27. 60. Tales declaraciones dieron paso al temor de las máximas autoridades de la UES –mismas que, además, rechazaron tales señalamientos y desligaron a este centro de estudios superiores, respecto a los mismos28– a que se concretara una incursión policial hacia sus instalaciones; de tal forma, que permanecieron en el Edificio de Rectoría en el transcurso de toda la tarde y la noche del miércoles 5, solicitando la presencia in situ de esta Procuraduría para verificar cualquier acontecimiento relacionado con dicho temor. 61. Efectivamente, a eso de las 23 horas con veinticinco minutos del 5 de julio y hacia la madrugada del jueves 6, elementos policiales ingresaran al recinto universitario rompiendo las cadenas de los portones y franqueando las entradas –destruyendo, incluso, las puertas de algunos edificios de Facultades– y muros de acceso, para proceder al registro y búsqueda de evidencias en sus diferentes instalaciones29. Ciertamente, el Juez Octavo de Paz de San Salvador, licenciado Carlos Edgardo José Béndix Contreras, emitió una orden judicial facultando a la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) a entrar al recinto universitario para realizar las diligencias de investigación correspondiente, durante un lapso máximo de cinco días. 62. Sin embargo, en dicho procedimiento no se estableció la comunicación y coordinación respectiva con las autoridades universitarias y elementos de la seguridad del centro de estudios, pese a existir un acuerdo previo con la Fiscalía en este sentido30 –hecho público, incluso por el señor Fiscal General, licenciado Félix Garrid Safie, en horas de la tarde31– y de haberse encontrado dichas autoridades en el campus a la espera de las diligencias hasta altas horas de la noche32, lo cual pudo ser verificado por esta Procuraduría, cuyos delegados se encontraban en ese momento en la Universidad quienes, además, constataron la entrada a la fuerza de los investigadores fiscales y policiales, según consta en el informe respectivo. Tampoco se permitió presencia de la prensa en el desarrollo de las mismas. 63. No omito señalar que el día 6 de julio, remití oficio al señor Fiscal General solicitándole, en razón de mi mandato constitucional, que se realizaran todas las acciones pertinentes dentro de

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Diario Co-Latino, 7 de julio de 2006, pág.4; Diario Co-Latino, 10 de julio de 2006, pág.3. Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006 y La Prensa Gráfica, 7 de julio de 2006. 29 La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.6; Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, págs.1 y 2; Diario Co-Latino, 10 de julio de 2006, pág.3. 30 La Prensa Gráfica, 9 de julio de 2006, pág.24. 31 Nota periodística de El Noticiero, de Canal 6, el 5 de julio de 2006; El Diario de Hoy, 7 de julio de 2007, pág.14; Diario Co-Latino, 7 de julio de 006, pág.2. 32 Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.2. 28

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su competencia para investigar “de la manera más acuciosa posible” los hechos ya referidos, principalmente la muerte violenta de los agentes de la UMO. 64. Al momento de emisión del presente Informe Preliminar, han terminado las pesquisas al interior de la Universidad de El Salvador, realizadas por la Fiscalía y personal del Laboratorio de Investigación Policial de la PNC, para lo cual fue acordonada el área periférica del recinto universitario por un lapso de unos cuatro días. 65. Sin que todavía se conozcan oficialmente los resultados de tales pesquisas, representantes fiscales y policiales han brindado información preliminar a través de medios noticiosos. Los resultados de las mismas que se han conocido inicialmente, son los siguientes33: a) Trabucos (para lanzar granadas o bombas hechizas). b) Granadas de fabricación casera y otras armas hechizas. c) Gorros pasamontañas. d) Chalecos antibalas y uniformes militares. e) Cargadores de fusil Ak-47 y M-16 así como cartuchos o municiones. f) Escopetas artesanales. g) Focos con sustancias inflamables, entre otros. Material encontrado aparentemente en las facultades de Derecho, Economía e Ingeniería, según las versiones oficiales difundidas por la prensa. h) Polvo, presumiblemente pólvora. i) Propaganda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Material encontrado en un local utilizado por la Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños (BRES) al interior de la UES. 66. Diversas notas de prensa evidencian que esta Procuraduría verificó algunas de las diligencias realizadas, lo cual también fue informado por el jefe de la División para la Defensa de los Intereses de la Sociedad de la FGR, licenciado Juan Caros Fuentes Real34. 67. Debo señalar que esta labor fue desarrollada por personal de nuestra Institución los días 6 y 7 de julio, atendiendo a su mandato constitucional y legal35, y a una solicitud en este sentido realizada por las autoridades universitarias y de conocimiento oficial de la Dirección General de la PNC, lo que fue incluso expresado en un campo pagado de la Rectoría de la UES al

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El Diario de Hoy, 6 de julio de 2007, págs.3 y 10; La Prensa Gráfica, 7 de julio de 2006, págs.22 y 23; El Diario de Hoy, 8 de julio de 2006, pág.4; La Prensa Gráfica, 10 de julio de 2006, pág.8; El Diario de Hoy, 10 de julio de 2006, pág.4; El Diario de Hoy, 11 de julio de 2006, págs.3.y 6; Diario Co-Latino, 11 de julio de 2006, pág.4. 34 El Diario de Hoy, 7 de julio, pág.12; La Prensa Gráfica, 7 de julio de 2006, pág.22 y 23; La Prensa Gráfica, 11 de julio de 2006, pág.3. 35 Artículos 194 Romano I, Ordinales 1°, 2°, 6º, 7° y 10°,de la Constitución de la República y Artículos 34, 36, 45 y 46 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

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respecto36. No omito mencionar que, según el correspondiente informe de verificación de tales diligencias, los delegados de la FGR y de la PNC no permitieron que esta Procuraduría registrara en video el procedimiento desarrollado. 68. Pese a ello, lo concerniente será retomado en el Informe Especial que ésta Procuraduría presentará en torno a los hechos en comento, especialmente porque, tanto el personal de Universidad de El Salvador que acompañó las pesquisas fiscales y policiales ya referidas así como las máximas autoridades de este centro de estudios superiores, contradicen los supuestos resultados, hecho públicos por la Fiscalía General de la República y la PNC en cuanto a haber encontrado armas de fuego hechizas en el recinto universitario37, mismas que supuestamente se habrían obtenido justamente cuando no hubo presencia en las diligencias ni de la UES ni de esta Procuraduría y, coincidentemente, cuando ingresaron, de manera sorpresiva y violentando las entradas, los investigadores del Ministerio Público y de la PNC, a altas horas de la noche del día 5 y hasta la madrugada del día 638. 69. Por otra parte, informes oficiales del Ministerio de Gobernación y de la PNC reportaron la captura de Luis Antonio Herrador Funes, como una de las personas identificadas por videos y fotografías utilizando o –en su caso– respaldando el uso de armas de fuego dentro del grupo de manifestantes. Las autoridades fiscales y de Seguridad Pública lo han señalado como quien apoyó al presunto francotirador que dio muerte e hirió a elementos de la UMO y quien presumen que es José Mario Belloso Castillo, basándose en similares evidencias y en información policial, migratoria y periodística recabada especialmente a partir del día 6 de julio39. 70. De hecho, la acusación presentada por la FGR contra ambas personas se basa, privilegiadamente, en las declaraciones de un testigo protegido40 y que constituyen –según lo expresado por el fiscal Hernán Cortéz a un medio de prensa41– “el pilar” de tales acusaciones42. Al momento de emisión del presente Informe Preliminar, se ha realizado ya la audiencia preliminar contra los imputados Herrador Funes y Belloso Castillo en el Juzgado 36

La Prensa Gráfica, 9 de julio de 2006, pág.24. Diario Co-Latino, 10 de julio de 2006, págs.1 y 3; La Prensa Gráfica, 11 de julio de 2006, pág.4. 38 La Prensa Gráfica, 9 de julio de 2006, pág.24; La Prensa Gráfica, 11 de julio de 2006, pág.4. 39 La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, págs.1-3; Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.3; Diario El Mundo, 6 de julio de 2006, pág.31; La Prensa Gráfica, 7 de julio de 2006, págs.1-8; El Diario de Hoy, 7 de julio de 2007, págs.1-3; Diario El Mundo, 7 de julio de 2006, pág.4; El Diario de Hoy, 8 de julio de 2006, págs.2 y 3. 40 Diario Co-Latino, 8 de julio de 2006, pág.2; El Diario de Hoy, 8 de julio de 2006, pág.4; La Prensa Gráfica, 8 de julio de 2006, pág.6; La Prensa Gráfica, 11 de julio de 2006, pág.2. 41 La Prensa Gráfica, 9 de julio de 2006, pág.2. 42 Según fuentes de la Fiscalía General de la República el análisis balístico ha confirmado que los disparos con los que se asesinó a los dos agentes de la UMO corresponden a un fusil M-16, aunque no se ha podido comprobar aún que éste sea el utilizado por Belloso Castillo, con la aparente colaboración de Herrador Funes, dado que no se ha encontrado todavía el arma que portaba –según imágenes captadas por la prensa– y que utilizó durante los incidentes del 5 de julio. Ver Diario Co-Latino, 11 de julio de 2006, pág.3. 37

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Undécimo de Paz, el día 10 de julio, sobre lo cual emitiré las consideraciones respectivas en el Informe Especial correspondiente. 71. Pese a ello, no puedo dejar de insistir –principalmente, porque dicho Tribunal ha decretado Detención Provisional e Instrucción contra ambos acusados (el segundo, como reo ausente), sobre la base de tan cuestionable y débil evidencia– en que, respecto al conjunto de investigaciones que deben ejecutar, de manera exhaustiva, las autoridades correspondientes – y, en especial, la representación fiscal− debe realizarse un manejo adecuado y apegado a Derecho de tales identidades y acusaciones, sin confundir a la población y, más bien, dejando clara la diferencia respecto al delito de Portación y Uso Ilegal de Armas en que estas u otras personas pudieron haber incurrido, con la eventual responsabilidad en la muerte de los agentes policiales de la UMO y de las heridas en otros. No puede ser concluyente ningún señalamiento en este sentido hasta que –utilizando los medios probatorios respectivos y científicamente ejecutados– se realicen las pruebas balísticas y demás diligencias que deberán comprobar dicha responsabilidad43. 72. En demanda de ello me he pronunciado reiteradamente y con firmeza44, pues considero que, actuar en contrario, es contravenir principios elementales de justicia y del debido proceso, contenidos en nuestra Constitución de la República y es preciso afirmar, con contundencia, que ningún hecho –por muy grave que sea– debe sentar el nefasto precedente de pretender justificar actuaciones estatales que contravienen el texto constitucional, pese a cualquier circunstancia. 73. Aunado al hecho de que es preciso respetar y conducir las investigaciones por el procedimiento apegado a Derecho, existen también varios elementos alrededor de los acontecimientos que demandan la mayor profundización posible para la adecuada deducción de responsabilidades, tanto respecto a los homicidios como a las lesiones provocadas en varias personas; para el caso: a) Declaraciones vertidas por elementos policiales que estuvieron durante los incidentes –entre las que se encuentra también la del Comisionado García Funes45– mencionan la utilización e, incluso, la visualización desde sus posiciones, de varias armas durante los incidentes, como fusiles M-16 (al menos, dos) y AK-47 así como armas cortas. Fuentes de la corporación oficial aseguraron también que presumen que los disparos recibidos provinieron, al menos, de tres personas en puntos diferentes “dos desde el suelo y otro desde un edificio”46, lo que ha sido precisado por el director general de la PNC, ingeniero Rodrigo Ávila, al asegurar que, además del joven Belloso Castillo, habría un tirador “en el edificio de (la Facultad de) Medicina y en el patio había otro 43

Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.4. La Prensa Gráfica, 11 de julio de 2006, pág.2. 45 La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.12 y notas periodísticas de El Noticiero de Canal 6. 46 Diario El Mundo, 7 de julio de 2006, pág.3. 44

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que disparaba al helicóptero”47. Versión que también ha manejado la Fiscalía General de la República respecto a dos presuntos tiradores, uno de ellos probablemente – coincide− desde la azotea de un edificio de la Universidad de El Salvador48. b) Un análisis detallado de diversos videos tomados por algunos medios de comunicación muestran indicios de que miembros del contingente de la UMO que avanzó hacia los estudiantes frente a la UES, efectivamente estarían portando armas de fuego, en particular pistolas, aunque también aparece la posibilidad de uso de fusiles. En imágenes captadas al momento de los hechos se observan agentes de esta unidad especializada empuñando este armamento. Dichas imágenes –seleccionadas en razón de lo expuesto49– se encuentran en el archivo correspondiente de esta Procuraduría. c) Otro de los videos de prensa analizado –de la cobertura periodística presentada por El Noticiero, de Canal 6 en horas de la noche−sugiere incluso la posibilidad de que agentes de la División de Seguridad Pública –al menos, dos− avanzaban con armas de fuego, junto al contingente de la UMO cuando éste fue atacado. d) Personal de la Fiscalía ha señalado que se recogieron más de cien casquillos dispersos en la zona frente a la Universidad de El Salvador donde ocurrieron las muertes y las lesiones, mismos que corresponden a fusiles M-16 y AK-47 y a pistolas de 9 y 45 milímetros50, lo que corrobora que se realizaron disparos desde varias armas fuego. e) Consta en declaraciones recopiladas por esta Procuraduría, incluida una denuncia interpuesta a las catorce horas con quince minutos del día de los hechos, por docentes del Centro Escolar “General Francisco Morazán”, que varias aeronaves de la Fuerza Armada –hasta cinco aparatos militares− sobrevolaban el lugar a la hora de los incidentes y realizaron disparos hacia tierra. Sin embargo, debo acotar al respecto que la verificación de personal de nuestra Institución señala que la flotilla de aviones militares se observó posterior a los disparos que impactaron en el contingente de la UMO, según consta en el respectivo informe. 74. Debo recordar, además, como elemento adicional, que la escena del crimen fue seriamente contaminada, incluso por los mismos agentes policiales, tanto pertenecientes a la UMO como a la División de Seguridad Pública e, incluso, por miembros de la prensa, tal y como se muestra en las diversas imágenes captadas por las notas periodísticas televisadas que cubrieron los incidentes.

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El Diario de Hoy, 11 de julio de 2006, pág.3. Diario Co-Latino, 8 de julio de 2006, pág.2. 49 Este material videográfico en particular proviene de la cobertura periodística realizada por el Noticiero Teledos, de Canal 2 en su emisión estelar del 5 de julio de 2006, así como de Noticias Cuatro Visión, de Canal 4. 50 El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.10; Diario El Mundo, 6 de julio de 2006, pág.31. 48

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75. En un primer momento, lo anterior se debió a la reacción inmediata de los miembros de la UMO que habían sido atacados minutos antes, en un afán por auxiliar o rescatar los cuerpos de sus compañeros. Sin embargo, el análisis de los videos muestra que era evidente que los agentes Rubí Argueta y Rivas Navarrete ya se encontraban fallecidos, pese a lo cual fueron movidos y trasladados en ambulancias sin el debido reconocimiento fiscal ni policial. 76. Aunado a ello, pudo observarse que se recogieron del lugar prácticamente todos los implementos de los agentes heridos –cascos, escudos, bastones y chalecos−, acción que se concluyó en los centros hospitalarios a los que fueron conducidos para recibir atención médica, según las notas periodísticas referidas y en las que se ve cómo dichos implementos se recogen en bolsas negras. 77. Tomando en cuenta todos los hechos relatados, hice pública mi posición mediante campo pagado en medios de comunicación en el que, lamentando y condenando los asesinatos ocurridos, rechazando y repudiando toda violencia, haciendo un vehemente llamado al diálogo y al entendimiento y exigiendo una exhaustiva y fidedigna investigación de los hechos, manifesté a la sociedad salvadoreña mi firme compromiso con la paz social en el marco del respeto de los derechos humanos, la búsqueda del entendimiento y la denuncia de los atropellos e injusticias, como única forma de contribuir al logro de una democracia estable, auténtica y duradera51.

III. Consideraciones generales, conclusiones y recomendaciones 78. En virtud de lo expuesto en el presente Informe Preliminar y en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, emito las siguientes consideraciones, conclusiones y recomendaciones relativas a los hechos de violencia acaecidos en los alrededores de la Universidad de El Salvador (UES) durante actividades de protesta estudiantil ante el incremento de las tarifas al transporte público de pasajeros, ocurridos el día 5 de julio de 2006: 3.1 Consideraciones generales: 79. Una de mis mayores preocupaciones se refiere al deplorable desempeño de las máximas autoridades del Estado salvadoreño respecto a los hechos referidos, el cual se caracterizó por una abierta afrenta a principios elementales de todo Estado de Derecho y, por lo tanto, se constituye un total desatino de cara a la gobernabilidad del país y la paz social, a pesar de cualquier ánimo de indignación y desasosiego prevaleciente en estos momentos en la sociedad salvadoreña.

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La Prensa Gráfica, 10 de julio de 2006, pág.41.

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80. En este sentido, debo señalar como inconveniente la actuación del Señor Presidente de la República, Don Elías Antonio Saca, en cuyas declaraciones –en una reacción inmediata ante los incidentes y, particularmente, del asesinato de dos agentes policiales– lanzó acusaciones directas y contundentes –según reconocieron e informaron los mismos medios de prensa− contra un determinado partido político, sin contar aún con las investigaciones necesarias para la deducción de responsabilidades52. 81. De esta manera, y recién ocurridos los hechos, el Primer Mandatario afirmó53.: “Yo siempre lo he dicho, el FMLN tiene gente disfrazada de protestantes pero que son unos verdaderos asesinos y gente peligrosa”, agregando que lo ocurrido se trataba de una acción de “grupos violentos disfrazados de protestantes, que al final de cuentas son activistas”, agregando su intención de “Que la población se dé cuenta de lo que hubiera pasado a este país si el FMLN gobernara. El FMLN tendría grupos armados en la calle, como lo está demostrando”. Fue concluyente también al señalar: “Hay que llamar al pan, pan y al vino, vino. El FMLN está detrás de estas acciones y lo acuso formalmente de lo que ha sucedido”. 82. Dada su investidura, declaraciones como las referidas, además de fomentar mayores niveles de polarización y confrontación en el país –como efectivamente ocurrió, posterior a ellas–, también debilitan a priori en la opinión pública el papel que les corresponde desempeñar a las instancias del Sector Justicia frente a hechos como los ocurridos y de la legalidad que debe regir todas sus actuaciones, al deslegitimar los procedimientos y la institucionalidad jurídica existente como cauce idóneo para la deducción de responsabilidades, sanción y reparación respecto a cualquier ilícito. 83. No en vano, pudo observarse un tono más moderado del Señor Presidente de la República en torno a los hechos, durante la cadena nacional de radio y televisión que ofreció en horas de la noche, en la que ya no hizo ninguna acusación como las referidas54, aun cuando –a esas alturas– sí se encontraban ya encaminadas varias líneas de investigación por las autoridades fiscales y policiales, incluida la expresada por el Fiscal General, Félix Garrid Safie, entre ellas la que descartaba a estudiantes en la ocurrencia de los mismos55. 84. Al haber asumido un discurso similar en los momentos iniciales en que se dieron los hechos, el Ministro de Gobernación, René Figueroa56, insistió –desde las más altas esferas 52

Diario Co-Latino, 5 de julio de 2006, pág.3; La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, págs.3 y 22; El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, págs.1-3. 53 Diversos medios de prensa televisiva en programación especial, noticieros del mediodía y ediciones estelares, en horas de la noche del día 5 de julio. Entre ellos: Noticiero Teledos, de Canal 2; Noticias Cuatro Visión, de Canal 4; El Noticiero, de Canal 6: Teleprensa, de Canal 33; Noticiero Megavisión, de Canal 21: Noticiero Hechos, Canal 12. 54 Durante su intervención, el Ciudadano Presidente refirió entonces que “los sucesos de esta mañana protagonizados por grupos violentos afines a la izquierda radical”, evitando además generalizar sobre la participación de estudiantes de la Universidad de El Salvador en los incidentes. 55 La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, págs.3 y 6. 56 Diario Co-Latino, 5 de julio de 2006, pág.3; La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.23.

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gubernamentales– en abonar al ambiente de antagonismo y conflictividad social, con el agravante de vincularlo a una supuesta ruptura de los Acuerdos de Paz. En conferencia de prensa, posterior a los incidentes, dicho funcionario aseguró que “no habíamos tenido una violación flagrante (de los Acuerdos de Paz) como la que este día se ha visto…Al FMLN lo responsabilizamos de haber roto los Acuerdos de Paz” y añadió: “suficientes problemas tenemos…para que vengan los grupos afines al FMLN a mostrarnos grupos de terroristas con armamento de uso privativo de la Fuerza Armada”…”El FMLN, lamentablemente, con estas acciones demuestra que sus grupos afines aún poseen armas en su poder”.57 A ello agregó la identificación de lugares de entrenamiento militar en el país, sin brindar mayores detalles al respecto en ese momento58. 85. Más aún, a una pregunta respecto a gestiones gubernamentales en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de este señalamiento en torno a los Acuerdos de Paz, el Ministro de Gobernación, respondió que se pretendía: “condenar y señalar a los grupos terroristas y que el FMLN es un partido armado, que no cree en la reconciliación”. Entre sus aseveraciones en este sentido, el Ministro Figueroa añadió: “Hemos venido insistiendo que el FMLN mantiene armas. Y estos grupos de agitadores, de terroristas son apéndices, satélites, que responden a grupos radicales. Siempre ha estado el FMLN detrás de estos grupos”. Minutos después de la conferencia de prensa ya referida, el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante, reiteró lo anterior en una entrevista realizada por El Noticiero de Canal 6: “Se ha roto –como mencionó el Ministro− los Acuerdos de Paz”. 86. Fueron tan desafortunadas tales afirmaciones que, sólo días después, fueron abiertamente refutadas por el mismo Presidente de la República quien, contrariamente, no sólo aseguró que los Acuerdos de Paz no se habían roto sino que –en su opinión– se encontraban consolidados y fortalecidos59. 87. Días después, el Primer Mandatario, Elías Antonio Saca, insistió ante medios de prensa en “que detrás de los ataques a los antimotines está el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional” al asegurar sobre la investigación que se encuentra en curso sobre grupos armados vinculados al FMLN, asegurando, posteriormente, que organizaciones estudiantiles, en 57

Diversos medios de prensa televisiva en programación especial, noticieros del mediodía y ediciones estelares, en horas de la noche del día 5 de julio. Entre ellos: Noticiero Teledos, de Canal 2; Noticias Cuatro Visión, de Canal 4; El Noticiero, de Canal 6: Teleprensa, de Canal 33; Noticiero Megavisión, de Canal 21: Noticiero Hechos, Canal 12. 58 Inclusive, en una entrevista posterior en El Noticiero de Canal 6, cuando el presentador cuestionó al Titular de Gobernación sobre la veracidad de la información sugerida en un correo electrónico recibido por ese programa, en el sentido de que tales entrenamientos ocurrían en la zona y comunidades del Bajo Lempa, en Usulután y en Guazapa, al norte del departamento de San Salvador, dicho funcionario no confirmó nada de ello, limitándose a reiterar la existencia de lugares de entrenamiento. Días después, en una nota de prensa escrita, se señala que el testigo que incrimina al joven Belloso Castillo asegura que, en estas mismas localidades recibirían entrenamiento militar “grupos radicales”. Ver El Diario de Hoy, 8 de julio de 2006, pág.2. 59 El Diario de Hoy, 10 de julio de 2006, págs.2 y3; Diario Co-Latino, 10 de julio de 2006, pág.3; El Diario de Hoy, 11 de julio de 2006, pág.10.

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concreto la BRES, “efectivamente son grupos armados”60. La noche anterior, en una entrevista realizada en El Noticiero, de Canal 6, el Titular de Gobernación habría sido más contundente al respecto, al afirmar: “El FMLN nos ha demostrado ante la faz de la comunidad internacional que son un partido político con un brazo armado; que tiene grupos satélites que tienen armamento de guerra quién sabe para qué oscuros propósitos”. El Fiscal General, Félix Garrid Safie, también se pronunció en esos mismos términos, días después61. 88. Tales declaraciones, indiscutiblemente, despiertan en la población tal incertidumbre y temor ante una inminente escalada de violencia y, en el peor de los casos, de un eventual enfrentamiento armado en el país, que se constituyen en inaceptables y reprobables proviniendo de las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Seguridad Pública, justamente las responsables de procurar la armonía social y mantener la paz y tranquilidad interna, según sus obligaciones constitucionales y legales. 89. Aunado a ello, el director general de la PNC, ingeniero Rodrigo Ávila, señaló el conocimiento previo que se tenía sobre la armamentización de la protesta estudiantil –lo que, sin embargo, contradijo el Comisionado García Funes62−, calificándola como un plan orquestado contra los policías y, en relación a lo cual, no descartó la existencia de explosivos de uso industrial en manos de manifestantes63. 90. De hecho, a raíz de ello se generaron consecutivas reacciones, que rayaron en la más absoluta irresponsabilidad frente a la sociedad salvadoreña, ocurridas en la Asamblea Legislativa pertenecientes, especialmente, a los partidos políticos mayoritarios, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entre quienes se ha desatado una serie de graves acusaciones mutuas y de estéril resultado, porque además de exacerbar la polarización existente –al punto de que este último instituto político ya denunció llamadas anónimas amenazando a su personal y militancia64−, no contribuyen en nada a que la población salvadoreña cuente con información veraz, comprobada y exenta de interpretaciones afines a intereses ideológico-partidarios frente a tan lamentables acontecimientos. 91. La amplia cobertura de los medios de prensa tampoco ha abonado a ello ni al cumplimiento de su importante papel de informar, con objetividad, al haberse hecho eco de señalamientos sin fundamento, no sólo en el esfuerzo por trasladar lo expresado erróneamente o de manera

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Diario Co-Latino, 7 de julio de 2006, pág.4; Diario Co-Latino, 8 de julio de 2006, pág.3. La Prensa Gráfica, 8 de julio de 2006, pág.7; El Diario de Hoy, 11 de julio de 2006, pág.6. 62 Según declaraciones brindadas a Noticiero Teledos, el Comisionado García Funes aseguró que no tenían información previa sobre el uso de armas y fusiles, pues tal situación hubiera evitado recurrir a la UMO para manejar la protesta y se habría enviado de inmediato a otros grupos especializados, como el GRP. 63 La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.2. 64 Nota de prensa del Noticiero Hechos, en su edición estelar, en Canal 12. 61

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de exabrupto por funcionarios o autoridades del Estado salvadoreño, sino asumiendo posición respecto a tales señalamientos y presentándolos como confirmados. 92. Ejemplos de ello, hubo muchos cuando, en su función de reportear o presentar las noticias, varias y varios comunicadores repitieron –con evidente falta de profesionalismo periodístico− algunas afirmaciones como: “…los disparos que los miembros encubiertos del FMLN y de la BRES realizaron esta mañana”65. 93. Lo mismo ha ocurrido cuando los medios de comunicación se han concentrado solamente en una de las más trágicas consecuencias de tales acontecimientos, como es el asesinato de los agentes policiales y heridas en otros, situando a la opinión pública únicamente en relación a los hechos vinculados a ello. 94. De esta forma, poco o nada se ha profundizado respecto a la autorización de la entrada y posterior colocación de francotiradores en el edificio del Hospital de Niños “Benjamín Bloom”, a los posibles disparos realizados por un helicóptero de la PNC al interior de la Universidad de El Salvador, a las irresponsables acusaciones y la campaña difamatoria contra esta Universidad, así como al cateo y captura ilegal de una persona en la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS). 95. Esclarecer lo anterior resulta urgente al haber escuchado declaraciones del director general de la PNC, ingeniero Rodrigo Ávila, en las que inicialmente negó ante medios de comunicación la presencia de personal policial en el referido nosocomio, en abierta contradicción con las imágenes captadas por la prensa escrita y televisiva –incluso, de la probable presencia de más de un francotirador– y dejando en entredicho y grave cuestionamiento la credibilidad y confiabilidad de la versión policial oficial sobre los hechos lamentables del día 5; sobre todo porque, posteriormente, tuvo que admitir que, efectivamente, lo denunciado había ocurrido, aclarando incluso que se trataba de personal del GRP66. 96. En el mismo sentido, es preciso que se aclare y se establezcan responsabilidades al interior del Hospital de Niños “Benjamín Bloom”, especialmente cuando su Director, doctor Ulises Iraheta, ha manifestado públicamente desconocimiento o información confusa sobre lo ocurrido67 y, por lo tanto, no ha logrado dilucidarse qué instancia autorizó la incursión de francotiradores de la policía y su toma de posición de ataque en la parte alta del hospital, o –en su caso– cuál fue el procedimiento policial aplicado y bajo qué directrices y disposiciones oficiales.

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Introducción de notas de prensa de la presentadora de la emisión nocturna de Noticias Cuatro Visión, de Canal 4. El Diario de Hoy, 11 de julio de 2006, pág.3. 67 El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.12; La Prensa Gráfica, 7 de julio de 2006, pág.26; Diario Co-Latino, 8 de julio de 2006, pág.2. 66

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97. Situación similar ocurre con la afirmación del ingeniero Ávila en el sentido de que “los policías en ningún momento dispararon contra los manifestantes” y que la actuación de la UMO “era de dar seguridad durante la manifestación” 68, pues efectivamente el procedimiento policial relativo a la actuación de la UMO prohíbe el uso de este tipo de armamento. Lo anterior, ha sido reiteradamente asegurado en los medios de comunicación, tanto por algunos agentes o subinspectores de dicha unidad69, como por el mismo Jefe de la División de Operaciones de la PNC, Comisionado Rodrigo Tobar Prieto y el de Áreas Especializadas de la misma corporación policial, Douglas Omar García Funes70. Además, han insistido sobre ello, el Ministro de Gobernación y el propio Señor Presidente de la República, de forma reiterada y firme. 98. Sin embargo, como ya mencioné supra, en algunos videos de la prensa televisiva que han sido analizados a detalle por esta Procuraduría, han podido identificarse a agentes de la UMO con armas de fuego –de corto y grueso calibre– o, en su caso, a personal policial de otras divisiones que, en el procedimiento antidisturbios realizado por la UMO, parecería haber utilizado, en ese momento, armamento letal. Hecho que amerita una exhaustiva investigación sobre la actuación policial y si ésta, en efecto, se apegó a los términos establecidos legalmente y operativamente. 99. Lo anterior reviste especial importancia también porque, después de los hechos del 5 de julio, diversas autoridades de Seguridad Pública han planteado cambios en el manejo de crisis que puedan suscitarse durante movilizaciones y manifestaciones sociales, con clara tendencia a privilegiar la respuesta represiva de carácter bélico –reforzando, con cobertura de armas letales el accionar de la UMO–71, en lugar de fortalecer la capacidad de distensión de la institución policial, en eventuales situaciones de elevada conflictividad o confrontación social. 100. Sobre la actuación del helicóptero, la versión oficial de las autoridades de Gobernación y de la PNC ha negado que éste haya realizado disparo alguno72. Sin embargo, tales aseveraciones 68

La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, págs.2 y 23. Noticiero Teleprensa de Canal 33, 5 de julio de 2006; El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.4; La Prensa Gráfica, 7 de julio de 2006, págs.18 y 19. 70 La descripción que realizó a este respecto el Comisionado García Funes, en una entrevista al Noticiero Cuatro Visión, de Canal 4, en su emisión nocturna, es bastante ilustrativa en relación a los hechos: “Paralelamente a esto señaló− nosotros manejamos equipos de intervención armados que acudieron posteriormente (al ataque contra el contingente de la UMO), del Grupo de Operaciones Especiales y del GRP que acompañan a la intervención de la UMO pero en un segundo anillo…alejados, no en el avance que hace la UMO, porque en las intervenciones de la UMO no pueden llevar armas de fuego…no pueden llevar armas cortas, ya que la intervención es…es con balas de o goma o con gas lacrimógeno o la intervención cuerpo a cuerpo, como se hace muchas veces”. En esa misma emisión noticiosa fue entrevistado el Comisionado Tobar Prieto, reiterando lo señalado. Ver, además, El Diario de Hoy, 8 de julio de 2006, pág.6. 71 Entrevista con el Comisionado Tobar Prieto, jefe de Operaciones de la PNC en Noticiero Cuatro Visión, emisión nocturna del 5 de julio de 2006; El Diario de Hoy, 8 de julio de 2006, pág.6. 72 Entrevista con el Ministro de Gobernación, René Figueroa, en El Noticiero de Canal 6, el 5 de julio de 2006 y entrevista con el Comisionado de Operaciones de la PNC, Tobar Prieto en Noticiero Cuatro Visión, emisión 69

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se refieren únicamente a la nave R44 del Grupo Aéreo Policial (GAP), con distintivo YS1504-N y que, según declaraciones de diferentes autoridades policiales –entre ellas, el Director General, el de Áreas Especializadas y el de Operaciones− no está artillado ni habilitado para que, desde él, se realicen disparos por sus ocupantes. 101. Debo recordar al respecto, que la misma corporación policial reconoció que un segundo helicóptero apoyó, prácticamente, de inmediato a la nave ya mencionada cuando se informó del ataque de ráfagas del que fuera objeto. En esta línea, se conocieron también declaraciones brindadas vía telefónica a una emisión especial del Noticiero Hechos de Canal 12, durante los incidentes, en las que el doctor Eduardo Espinoza, secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, mencionó que fueron tres los helicópteros que habrían sobrevolado el campus universitario. 102. Asimismo, consta en el expediente respectivo la denuncia interpuesta en esta Procuraduría sobre la presencia de avionetas militares en lugar al momento de los incidentes, las cuales habrían disparado armas de fuego hacia tierra. Una versión sobre la cual no se ha emitido opinión alguna, hasta ahora. 103. Respecto a ello, no es posible desconocer las declaraciones de la doctora María Isabel Rodríguez, Rectora de la Universidad de El Salvador, que en conferencia de prensa reveló que las investigaciones policiales relacionadas con el orificio de bala en uno de lo edificios de ese centro de estudios, concluyeron que fue provocado desde disparos realizados desde el aire, presumiblemente de una aeronave o, incluso, desde la parte alta del Hospital de Niños “Benjamín Bloom”73. Situación que, efectivamente, amerita profundizar en lo ocurrido. 104. En lo concerniente al local de la CSTS, un medio de prensa lo identificó erróneamente como “una vivienda particular” que funciona como “local de la BRES” y en el que “encontraron armas y artefactos explosivos que se supone fueron utilizados o pretendían serlo en el enfrentamiento contra los agentes policiales en el que murieron agentes de la UMO y otros 10 resultaron heridos”, detallando lo siguiente: “una pistola Colt 45 mm con su estuche, siete morteros de regular tamaño, una mochila, una agenda personal, un teléfono celular, un cinturón y una gorra” 74. 105. Al respecto, esta Procuraduría ha conocido un comunicado de prensa emitido por la CSTS y la Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila (MSTM) –que consta en el archivo correspondiente de la PDDH– expresando irregularidades en el procedimiento de registro de sus instalaciones y daños ocasionados en material y equipo, así como el robo de

nocturna, en Canal 4, de esa misma fecha. Ver, además, La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.12; El Diario de Hoy, 11 de julio de 2006, pág.3. 73 Diario Co-Latino, 10 de julio de 2006, pág.3; Diario Co-Latino, 11 de julio de 2006, pág.3. 74 La Prensa Gráfica, 7 de julio de 2006, pág.23.

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recursos, como dinero en efectivo75. En el mismo sentido, consta en el expediente respectivo el informe de verificación del lugar realizado por personal de esta Procuraduría el día 10 de julio, así como una denuncia de parte de la CSTS donde se explican detalladamente tales irregularidades, siendo la más grave y la captura ilegal de una persona no sólo ajena a la BRES sino, sobre todo, desvinculada de las acciones investigadas por las autoridades fiscales y policiales respecto a esta agrupación estudiantil. Dicha persona habría sido severamente golpeada y su caso se ha ventilado ya en los tribunales correspondientes76. Sobre ello, esta Procuraduría emitirá, oportunamente, las consideraciones y recomendaciones correspondientes. 106. Por otro lado, soy contundente al señalar que tampoco es posible pretender que se desconozca, que se reste gravedad o se justifique el atentado intencionado contra un contingente policial y el asesinato de dos de sus agentes, así como la evidencia respecto a la existencia y fácil utilización de armas letales –incluso, las denominadas “hechizas”– en el marco de acciones sociales para expresar el descontento o la opinión ciudadana. 107. Declaraciones en esta línea, realizadas por dirigentes del FMLN también son cuestionables y no contribuyen a la credibilidad de las actuaciones propias y legítimas del movimiento social respecto a temas de interés o demandas sentidas. 108. Como he sostenido en otras ocasiones, pretender sustentar en acciones de elevada provocación, confrontación y violencia –que muchas veces rayan en el vandalismo– constituye un grave error que se revierte contra las mismas organizaciones o expresiones sociales –de cualquier índole– y hacen que pase a un segundo plano o que, sencillamente, se diluya la validez de cualquier protesta o exigencia ciudadana. 109. Desde ningún punto de vista, entonces, puede ser aceptable la provocación de daños a la propiedad, de intranquilidad en la población o de agresiones contra personal policial o cualquier persona, sobre todo cuando éstas se dirigen, no sólo a ocasionar lesiones a su integridad física o moral sino cuando se constituyen en atentados con su vida. 110. De esta forma, considero que, independientemente, de que las armas de naturaleza privativa del ejército o de cualquier otro tipo pertenezcan a manifestantes o a posibles personas infiltradas –como también ha sido denunciado77– en las actividades de movilización y protesta, el Estado y la sociedad salvadoreña no pueden menos que pronunciarse por que se ponga freno a una escalada de violencia, por exigir un estricto control en la portación y uso de armamento en el país y por demandar la más absoluta responsabilidad de los dirigentes nacionales –públicos y privados– en el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de 75

Se cuenta también con notas de prensa al respecto. Ver Diario Co-Latino, 10 de julio de 2006, pág.3. La Prensa Gráfica, 11 de julio de 2006, pág.3. 77 La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.29; Diario Co-Latino, 6 de julio de 2006, pág.4. 76

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expresión y asociación, de manera que no signifique violentar otros derechos fundamentales, como la seguridad, la integridad y la propia vida. 111. Lo anterior me lleva a afirmar, una vez más, que la sociedad salvadoreña se encuentra en un progresivo deterioro de sus más altas aspiraciones democráticas y que la mayor afrenta a los Acuerdos de Paz radica en no haber logrado –tantos años después– unificar a la sociedad salvadoreña sobre la base de la convivencia pacífica y desarmada, del diálogo y la concertación como medio privilegiado y efectivo de resolución de los conflictos y diferencias, así como de la defensa y el respeto irrestricto y por igual de los derechos fundamentales de todas las salvadoreñas y salvadoreños. 112. Considero, además, que los hechos del 5 de julio dejan claro que ya no es posible invisibilizar ni desconocer que existe una precaria situación social y económica, que afecta fuertemente a la población salvadoreña y sus magros ingresos, sobre todo porque se refiere a dificultades para satisfacer necesidades básicas relativas a su alimentación, al estudio de hijos e hijas, al transporte que permite movilizarse a la escuela, el trabajo o los centros de abasto, así como al acceso de servicios básicos. 113. En esta línea me he pronunciado desde que tuve conocimiento de los hechos lamentables del 5 de julio y, a pesar del tendencioso manejo periodístico y político de mis declaraciones en este sentido78, insisto en ello porque cada vez resulta más claro lo inconveniente que es para la gobernabilidad y la pacificación del país que el Gobierno de la República y otras instancias del Estado continúen sin atender el grave deterioro de la calidad de vida de buena parte de la población salvadoreña, pretendiendo desconocer el sensible impacto que han tenido en ella, medidas gubernamentales o políticas públicas que le llevan a la inconformidad y, eventualmente, a la demanda ciudadana y hasta a la protesta social. 114. La compleja crisis económica que vive el país y que es menos evidente desde una perspectiva puramente macroeconómica, exige de las autoridades gubernamentales un abordaje más apegado a los cánones democráticos, en los cuales no es la represión ni la deslegitimación de las voces disonantes la que debería privar como, efectivamente, ocurre en nuestro país. 115. El ejercicio de las libertades fundamentales connota y obliga, indiscutiblemente, a que el Estado respete y retome lo expresado a través de ellas, haciendo uso del diálogo nacional y la concertación. Pero este tipo de experiencia, hasta ahora –y contrario a lo expresado por las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo79–, no ha ocurrido en El Salvador, ni siquiera

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El Diario de Hoy, 6 de julio de 2006, pág.16; La Prensa Gráfica, 6 de julio de 2006, pág.26. Ver intervención del Señor Presidente de la República, don Elías Antonio Saca, en cadena nacional de radio y televisión a las 8:00 p.m.

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respecto a temas de trascendencia nacional, como la dolarización o la ratificación y entrada en vigencia del DR-CAFTA, tal y como lo he señalado oportunamente. 116. Llegar a la armamentización en el ejercicio de las libertades fundamentales es sólo la punta del iceberg de un peligroso y marcado deterioro de la democracia y de los más elementales principios de convivencia social. Sin duda, evidencia la magnitud de la espiral de violencia existente en el país y que tiene a la base conflictos sociales irresueltos o frente a los cuales no se han brindado las respuestas ni las alternativas adecuadas para atenderlos, tanto de parte del Estado como de la sociedad organizada. Pero sobre todo, nos muestra que se ha llegado al punto de desnaturalizar el significado de las reivindicaciones ciudadanas, partidarizándolas hasta el extremo, radicalizando las posiciones en torno a ellas –hasta el desprecio por la vida misma– y violentando peligrosamente los límites que deben marcar la independencia y la autonomía entre las fuerzas políticas y la sociedad civil, sin las cuales no puede existir una real interlocución entre todos los sectores sociales ni un verdadero contrapeso democrático en la construcción del desarrollo nacional. 3.2 Conclusiones: 117. El detalle de los hechos relatados, las consideraciones efectuadas y la normativa nacional e internacional de promoción y protección de los derechos humanos aplicable, me permite, sobre la base de mi mandato constitucional y legal80, arribar a las siguientes conclusiones: 1. Como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos declaro que los hechos de violencia registrados en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador (UES), en horas de la mañana del día 5 de julio de 2006, en el que perdieron la vida 2 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC), señores José Pedro Misael Rivas Navarrete y Miguel Ángel Rubí Argueta; y en el que, además, resultaron con lesiones de bala o esquirlas, al menos 11 agentes más de dicha Unidad de la PNC, se configuran en una grave violación al derecho a la vida e integridad personal de los miembros de la corporación policial que resultaron afectados. 2. De igual manera, se violentó el derecho a la vida e integridad personal del señor Gerbert Salvador Rivas, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la UES, quien al momento de los hechos, resultó con graves lesiones de disparos de arma de fuego, cuando se encontraba realizando diligencias oficiales en el edificio de la Rectoría, ubicado al interior del Campus Universitario, en San Salvador.

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Artículos 194 Romano I, Ordinales 1°, 2°, 7°, 10°, 11° y 12°, de la Constitución de la República y Artículos 11, 12, 42 y 43 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

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3. Se destaca como una razón que le otorga mayor gravedad a lo señalado anteriormente, el hecho que los agentes de la PNC asesinados y lesionados pertenecían a una unidad policial de naturaleza antidisturbios y cuyos procedimientos los ejecutan preferentemente con equipo no letal81. Es decir, esta unidad policial, en el desarrollo y ejecución de sus procedimientos, el uso de la fuerza la realiza sin utilizan armas de fuego, lo que vuelve sumamente censurable, el que sus pelotones hayan sido atacados con al menos un arma de fuego de grueso calibre, cuando éstos adoptaban posiciones y acciones de avance, buscando dispersar la protesta social que se desarrollaba a la altura de la entrada principal del citado centro de estudios superiores. 4. En el actual momento de nuestra vida política y social, y a 14 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el acaecimiento de un hecho de esta naturaleza y gravedad, derivado de una marcha y concentración de protesta en contra del incremento al costo de la vida, debe mover a la sociedad en general, a un profundo análisis y a una seria reflexión. Lo anterior, de manera especial, respecto al rumbo hacia donde se pretende conducir el país, a raíz de las diferentes políticas públicas que se están implementando y que de manera reiterada encuentran firme oposición de diferentes sectores sociales, políticos y económicos, pero que, sobre todo, impactan a grandes segmentos de la población con menos oportunidades de desarrollo. Este aspecto fundamental, en ningún momento debe ser perdido de vista, a la hora de considerar este grave hecho que está marcando un escenario novedoso, peligroso y preocupante, al señalarse un cambio de actitud en las protestas sociales, ante el aparecimiento y utilización de armas de fuego en las mismas. 5. Por lo anterior, resultan completamente irresponsables las declaraciones vertidas por diferentes funcionarios del Gobierno de la República, quienes han centrado sus pronunciamientos, por un lado, en destacar la gravedad de los hechos, pero por otro, en emitir a priori serias acusaciones contra la Universidad de El Salvador (UES) y en contra del partido mayoritario de oposición, sin contar con la información necesaria y el respaldo científico suficiente sobre los hechos y obviando, además, que situaciones similares de confrontación y crisis como las descritas en el presente Informe Preliminar ya han ocurrido en nuestro país y sobre ellas, en su debida oportunidad, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, he emitido las correspondientes recomendaciones, a fin de prevenir la ocurrencia de sucesos tan lamentables como los que aquí se examinan. 6. Por ello, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, me resulta muy preocupante observar, la actitud de las dos fuerzas políticas mayoritarias al interior de la Honorable Asamblea Legislativa, las cuales desde el mismo momento en que se 81

No obstante, en el presente Informe Preliminar se ha detallado que, al revisar algunas imágenes de noticias televisivas, se puede observar que algunos miembros de la UMO que participaron en el procedimiento policial de dispersión de los manifestantes, portaban dentro de su equipo armas de fuego (especialmente cortas). Esta Procuraduría, al momento del presente informe, no posee elementos que permitan determinar si dichas armas fueron disparadas por los agentes.

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conocieron los hechos, han montado un escenario de acusaciones y contra acusaciones, poniendo en entredicho, -a mi juicio, por razones meramente partidarias,- el importante rol que deben jugar ante la grave problemática suscitada, relegando a un segundo plano la atención de las verdaderas urgencias nacionales derivadas de la situación de violencia examinada en el presente Informe Preliminar. En ese orden de cosas, debo de lamentar también, la actitud antidemocrática e irresponsable de algunos diputados de dicho Órgano de Estado, quienes desde un primer momento se han dedicado a proferir insultos y serias acusaciones en contra de la labor que desarrolla ésta Procuraduría y mi persona, sin importarles las atribuciones constitucionales de ésta Institución y la investidura oficial que como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ostento. 7. Desde el punto de vista de mi mandato constitucional, también es importante reiterar la necesidad de que la PNC aplique estrategias, metodologías y procesos adecuados al momento que interviene en la vigilancia, regulación, manejo y dispersión de protestas sociales, como la que se estaba desarrollando horas antes de que ocurrieran los graves hechos de violencia detallados en el presente Informe Preliminar. En muchas ocasiones, como Procuradora he señalado la importancia de abordar, desde la instancia policial, mecanismos previos de manejo y prevención de crisis que permitan evitar un surgimiento y una escalada de la violencia, en el contexto de las diferentes expresiones de protesta social que se suscitan en El Salvador. Ello, con la colaboración verificadora y mediadora de esta Procuraduría, en variadas circunstancias ha generado resultados satisfactorios ante situaciones de crisis sociales y ha permitido la no vulneración de derechos humanos y las libertades fundamentales de los habitantes de nuestro país. 8. Por ello, resulta preocupante que las altas autoridades de la PNC, a la fecha, no hayan tomado en cuenta las recomendaciones que al respecto les he notificado oficialmente y sobre las cuales en su momento me pronuncie de manera pública, especialmente aquellas que se encuentran contenidas en el Informe Especial que se elaboró hace exactamente un año y que se refieren justamente a una protesta con las mismas características, contenidos, motivación y ubicación en el terreno82. Ciertamente, se puede observar en el detalle de los hechos que, cuando el contingente de la UMO ingresó al teatro de operaciones e inició su procedimiento antidisturbios, ya había irrumpido la violencia y se justificaba como parte de dicho procedimiento la dispersión de la multitud por métodos no letales. Sin embargo, antes de ello, se encontraban en la zona otras unidades de la PNC, especialmente de la División de Seguridad Pública, las cuales no habían efectuado un buen manejo de la situación y, en consecuencia, se habían generado actos desencadenantes de la violencia, 82

“Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre los graves hechos de violencia suscitados por la intervención policial en actividad de protesta estudiantil realizada ante el incremento de tarifas al transporte público de pasajeros, hecho ocurrido el día 6 de julio de 2005 en los alrededor de la Universidad de El Salvador (UES)”, emitido a los 11 días del mes de julio de 2005.

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todo lo cual, y lo afirmo de manera categórica y contundente, en ningún momento justifica ni legitima, desde ningún punto de vista, la respuesta bélica y violenta sufrida por los miembros de la UMO que se hicieron presentes al lugar. 9. Por otro lado, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, quiero también reiterar mi grave preocupación y mi más rotundo rechazo, a los métodos violentos atentatorios contra la integridad personal y la propiedad pública y privada, que últimamente he estado observando en algunas protestas o manifestaciones sociales que se realizan en nuestro país. Resulta altamente delicado que algunas organizaciones sociales, sobre todo de carácter estudiantil, están recurriendo al uso de acciones que ponen en peligro a las personas y al patrimonio en general, por lo que me parece necesario insistir en el llamado a las mismas a que desistan de dicho métodos y prácticas antidemocráticas, ya que con los mismos también equivocadamente desacreditan y desprestigian a las demás expresiones sociales en El Salvador así como las legítimas demandas asociadas a ellas, mismas que además, en su mayoría, se realizan bajo el respeto del Estado de Derecho y la legalidad vigente en nuestro territorio nacional. 10. Un ejemplo de lo anterior, lo constituyen algunos componentes de la protesta ocurrida el día 5 de julio de 2006 en los alrededores de la UES. Como se ha descrito en el presente Informe Preliminar, la actividad se desarrollaba principalmente por la oposición o crítica a las medidas implementadas en el sector del transporte público de pasajeros, especialmente en lo que se refiere al incremento de sus tarifas, dado el impacto negativo que tales incrementos produce en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, al margen de la validez constitucional y legal del acto de protesta, en algunos tramos de la misma, los manifestantes utilizaron piedras, objetos contundentes y armas hechizas para responder a la policía, habiéndose observado de manera directa por las imágenes que transmitió la prensa televisada y escrita, el momento en que varios manifestantes la emprendían violentamente en contra de algunos vehículos, vallas publicitarias, cabinas telefónicas y las instalaciones de una agencia bancaria que se encuentra cerca de la zona en que se desarrollaban las protestas. 11. En el contexto anterior y bajo la lógica del establecimiento de las responsabilidades penales respecto a los homicidios agravados y a las lesiones que se cometieron en los presentes y dolorosos hechos, las mismas imágenes televisivas y de la prensa escrita me han mostrado como se ha detallado en este Informe Preliminar, un hecho de especial gravedad. Me refiero al acto por medio del cual, un individuo que formaba parte del grupo de la protesta, empuña un arma de fuego de grueso calibre (M-16) y, aparentemente, la dispara en contra del pelotón de la UMO desde un punto cercano a la entrada principal de la UES. Posterior a ello, se observa que el individuo, de apariencia joven, portando la misma arma sale corriendo junto a otros individuos e ingresan por el portón principal del referido centro de estudios. Esta situación, marcada por su relevante gravedad, debe ser objeto de una exhaustiva investigación científica. Dicha investigación, 31

debe servir entre otras cosas, para determinar de manera contundente y sin lugar a ninguna duda razonable, si los disparos que causaron la muerte de los 2 agentes policiales y lesiones en al menos otros 11, fueron realizados por el individuo que aparece en las imágenes y que, como se ha visto en el detalle de los hechos, las autoridades fiscales y policiales han identificado como José Mario Belloso Castillo83. De ser comprobado el referido señalamiento, tal persona debe ser sometida al correspondiente proceso penal, en el cual se apliquen y respeten efectivamente las garantías consagradas a favor de un debido proceso legal. 12. Respecto a lo anterior, también no debe descartarse como líneas de investigación, la hipótesis de que los agentes policiales asesinados y los lesionados, pudieron haber sido impactados por fuego de fusilería diferente al que supuestamente les dirigió la persona arriba mencionada, en especial, si éste pudiera provenir de disparos efectuados por los francotiradores que la PNC había apostado en diferentes puntos aledaños a la zona de los hechos, o por otros actores presentes en la escena de los acontecimientos y que se encontraban armados. Esta circunstancia debe ser tomada en cuenta de manera responsable y profesional por las investigaciones correspondientes, ya que como lo he detallado en el presente Informe Preliminar, esa posibilidad en un momento determinado, ha sido planteada por algunas personas o por sectores interesados que han analizado y se han pronunciado a favor del establecimiento de la verdad real sobre el presente caso, en consecuencia debe ser considerada y no simplemente dejarse de lado por muy alejada de la realidad que pueda parecerle a las autoridades respectivas. 13. En relación al numeral arriba descrito, me parece importante señalar mi rotundo rechazo a la utilización del edificio del Hospital de Niños Benjamín Bloom, ubicado en los contornos del lugar en el que sucedieron los hechos, con el fin de apostar francotiradores de la PNC o cualquier otro personal con funciones de ataque o contención armada. Esta acción, se constituye en un hecho de suma gravedad que amerita igualmente una profunda investigación y deducción de responsabilidades, ya que con ello la Policía Nacional Civil no respetó la naturaleza de las instalaciones hospitalarias que ameritan una protección especial y sobre todo, por la incertidumbre que provocó y porque con dicha acción se puso en riesgo la vida e integridad personal de los niños y niñas que se encontraban en su interior, así como la del personal de salud y población usuaria en general. 14. Igualmente, resulta censurable el sobrevuelo, a baja altura, que realizaron helicópteros policiales y aviones militares sobre el campus de la Universidad Nacional, especialmente por el grave peligro, la incertidumbre, zozobra e intranquilidad que generó en docentes, estudiantes, personal administrativo y, en general, en las personas que en ese momento se encontraban en las instalaciones de este máximo centro de estudios. Al respecto, no puede 83

Inclusive, se ha ofrecido una recompensa de $10,000 dólares, a la persona que brinde datos que permitan dar con su paradero y su consiguiente captura administrativa. Ver: La Prensa Gráfica, 10 de julio de 2006, pág.27; El Diario de Hoy, 10 de julio de 2006, pág.11.

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obviarse tampoco en el desarrollo de las debidas investigaciones que hubo algunos señalamientos en el sentido de que dichas naves aéreas realizaron disparos hacia el interior de la UES; incluso, se ha mencionado que las lesiones ocasionadas en contra del señor Gerbert Salvador Rivas, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la UES, fueron realizadas en tales circunstancias. 15. Finalmente, en el marco de las acciones de protesta social, quiero subrayar como preocupante, las reiteradas actitudes violentas que se vienen dando en contra de periodistas de algunos medios de comunicación social. Como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, no puedo dejar de pronunciarme sobre tal situación, la que sin lugar a dudas, atenta contra el libre ejercicio de la libertad de prensa en El Salvador, y, particularmente, contra el derecho a la vida e integridad personal de las y los periodistas afectados. Tal como lo he expresado en reiterados informes, en algunas manifestaciones no se respeta, y por ende, se vulnera el trabajo de cierto sector de la prensa, lo que en nada abona a un proceso de transición democrática y de construcción de un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. 3.3 Recomendaciones: 118. Sobre la base de las conclusiones antes descritas, emito las siguientes recomendaciones: 1. Al señor Presidente de la República, Don Elías Antonio Saca, que promueva responsablemente un clima de tolerancia y distensión frente a los graves hechos ocurridos el día 5 de julio del corriente año, en los alrededores de la Universidad de El Salvador (UES) y las repercusiones que éstos han generado, evitando brindar declaraciones que fomenten y profundicen la división y polarización política y social en nuestro país84. En razón de ello, la Presidencia de la República debe instruir el más amplio apoyo y colaboración de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las demás autoridades gubernamentales, para que se realicen las debidas investigaciones con el objeto de establecer la verdad sobre los hechos ocurridos así como sus correspondientes responsabilidades, a fin de que en los mismos se pueda aplicar la acción ejemplarizante de la justicia. 2. En la misma línea de lo anterior, recomiendo al señor Ministro de Gobernación, licenciado René Figueroa, para que, conforme a sus potestades constitucionales y legales, en su calidad de miembro del Gabinete de Gobierno, evite brindar declaraciones y comentarios públicos, que profundizan el clima de confrontación política cernido en el país, y que por el contrario ponga a disposición de los organismos de investigación toda la 84

En el Artículo 168 ordinal 3° de la Constitución de la República, se establece como atribución y obligación del Presidente de la República: “Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad”.

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colaboración necesaria a fin de determinar adecuadamente las responsabilidades materiales e intelectuales en los graves hechos de violencia, todo ello con el objeto de evitar su repetición y la afectación de la población salvadoreña. 3. A la Honorable Asamblea Legislativa, especialmente a las dos fuerzas políticas mayoritarias, partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a que aborden la presente situación con responsabilidad y prudencia, evitando hacer prevalecer los intereses partidarios por encima de los intereses nacionales, en claro detrimento de la convivencia social y la consolidación del Estado de Derecho. En consecuencia, se le solicita al ente legislativo que, en un ambiente de diálogo respetuoso y constructivo, atiendan la grave situación que se ha configurado en nuestro país en relación a los hechos ocurridos el día 5 de julio del corriente año, brindando especial importancia a las constantes protestas sociales que están generando la adopción de diferentes políticas y medidas por parte del Gobierno de la República y ante el aparecimiento constante y reiterado de graves hechos de violencia en las mismas. Por su parte, esta Procuraduría se mantendrá atenta y vigilante, a los resultados de la Comisión Especial que dicho Órgano de Estado ha designado para investigar los diferentes aspectos que rodean el presente caso85, haciendo un llamado a los diputados que atacan el trabajo de esta Procuraduría y de la suscrita, a que desistan de dicha labor inconstitucional. 4. Al señor Fiscal General de la República, licenciado Félix Garrid Safie, que promueva de manera oportuna y conforme a su obligación constitucional, el esclarecimiento de los hechos ilícitos ocurridos el día 5 de julio del corriente año, en los cuales fallecieron los agentes de la UMO, señores José Pedro Misael Rivas Navarrete y Miguel Ángel Rubí Argueta, así como lesiones en al menos 11 agentes policiales más y en el señor Gerbert Salvador Rivas, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la UES. Se solicita al citado funcionario, que dados los múltiples aspectos relacionados al presente caso, la investigación del mismo se realice tomando en cuenta todas las líneas o hipótesis de trabajo posibles para el establecimiento de la verdad sobre los hechos acaecidos, debiendo aplicar herramientas que privilegien la prueba científica en la investigación del delito por encima del recurso de testigos encubiertos o anónimos, como ha ocurrido hasta ahora en las diligencias iniciales de investigación llevadas a cabo. Se le solicita además que, en aras al cumplimiento de su función, evite adelantar criterios investigativos de manera inadecuada y que por lo mismo, puedan afectar la misma investigación, como por ejemplo, cuando se refirió a la posible participación de las pandillas juveniles en la comisión de los presentes hechos. 5. Al señor Director de la Policía Nacional Civil (PNC), ingeniero Rodrigo Ávila Avilés, para que en el tratamiento de situaciones de disturbios derivadas de protestas sociales, las 85

La Prensa Gráfica, 10 de julio de 2006, pág.49.

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unidades policiales que intervengan, lo hagan aplicando estrategias que permitan el no surgimiento o, en su caso, el manejo adecuado de hechos de violencia. Para tales efectos, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, pongo a su disposición la facultad mediadora de la Institución, a fin de coordinar en tales circunstancias, la prevención de situaciones lamentables como la presente, tal como ya se ha hecho en otras oportunidades con la corporación policial. 6. A los medios de comunicación social de nuestro país, a informar la población con la debida responsabilidad, prudencia y objetividad, sobre los hechos relacionados con el presente caso, para contribuir a crear un clima de concertación y armonía social, que permita al país tomar las medidas urgentes a fin de solventar los graves desafíos que implica la situación relatada en el presente Informe Preliminar. En ese sentido, les hago un ferviente llamado a tales entidades formadoras de opinión pública, para que dentro de sus informaciones no adelanten juicios de valor sobre las responsabilidades en dicho caso, mientras no se tenga la plena certeza y el sólido respaldo de una investigación científica y apegada a las garantías del debido proceso legal. 7. A los diferentes sectores de la sociedad civil, a realizar el ejercicio de su derecho constitucional de reunión y manifestación, de forma pacífica y bajo el más absoluto respeto de la legalidad y de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las demás personas. A las diferentes organizaciones que la conforman, les hago un urgente y enérgico llamado, a fin de rechazar y ser intolerantes frente a cualquier acto violento en el desarrollo de las protestas sociales, previniendo con ello una mayor escalada de la confrontación social y la violencia, así como la deslegitimación de demandas sentidas por la población, como ha ocurrido bajo el contexto de los hechos conocidos en el presente Informe Preliminar. En esa perspectiva, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, hago un urgente llamado, para que se respete irrestrictamente el trabajo de los medios de comunicación social y de las y los periodistas en general.

IV. Notificaciones: 119. Notifíquese el presente Informe Preliminar: al Señor Presidente Constitucional de la República; al señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa y a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Cultura y Educación, de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, de dicha Asamblea Legislativa; al señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia; al Señor Fiscal General de la República; al Señor Ministro de Gobernación; al Señor Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano; al Señor Viceministro de Transporte; al Señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, a los Señores Director General y Subdirector General de la Policía Nacional Civil (PNC); a la Señora Rectora de la Universidad de El Salvador (UES); a los familiares de los agentes asesinados; a los agentes de la UMO 35

lesionados; al señor Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la UES; a las diferentes organizaciones y representantes de estudiantes de los diferentes centros educativos que participaron en la manifestación pública así como a los Directores de éstos; y a las demás personas e instituciones relacionadas en el texto del mismo. 120. Hágase saber a la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional. Dado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, San Salvador, a los once días del mes de julio de dos mil seis.

Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos

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