Nueva institucionalidad para la gestión de riesgos y emergencias en Chile




Nueva institucionalidad para la gestión de riesgos y emergencias en Chile Virtual Roundtable Vicente Sandoval, Claudia González-Muzzio, Elizabeth Wagemann Cristóbal Mena y Daniela Ejsmentewicz

Nueva institucionalidad para la gestión de riesgos y emergencias en Chile Un panel de especialistas trabajando e investigando en el extranjero y en Chile se reunieron para conversar sobre el alcance y las limitaciones del proyecto de ley que busca mejorar la gestión de riesgos y emergencias en Chile

Lunes 10 de Agosto 2015, 15:00 horas (Chilean standard time -3 GMT) a través de Google Hangouts On Air desde Chile, Reino Unido y Alemania. Link al video: https://youtu.be/c1grJWq4HDY

Panel: Claudia González-Muzzio (PUC, UCL, Ámbito Consultores Ltda.)

Cristóbal Mena (Senado de Chile, Comité Asesor RRD ANB)

Daniela Ejsmentewicz (Universidad de Chile)

Elizabeth Wagemann (University of Cambridge, UK)

Moderador y editor:

Vicente Sandoval (UCL, FU-Berlin)

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Introducci n: En esta segunda Mesa Redonda Virtual (originalmente llamada Virtual Roundtable), organizada por la UCL Chilean Society y apoyada por la Red de Investigadores y Estudiantes Chilenos en el Reino Unido (REUK), se reunieron un grupo de especialistas e investigadores chilenos trabajando Alemania, Reino Unido, y Chile para conversar sobre la nueva institucionalidad que se esta tramitando en el congreso en forma de proyecto de ley, llamado "Proyecto de Ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil". De acuerdo al Informe de la Comisión de Defensa Nacional sobre este proyecto de ley, el 27 de febrero de 2010, nuestro país vivió una de las más grandes tragedias humanas y materiales de su historia. Un sismo de 8.8 grados de magnitud afectó a seis regiones y desencadenó un tsunami con olas de más de doce metros de altura. La catástrofe produjo la pérdida de más de 500 vidas, así como la desaparición de otras 31. Además, estos eventos extremos provocaron la destrucción de viviendas, escuelas, universidades, carreteras, puentes, y hospitales, entre otras obras de infraestructura. A nivel nacional, más de 190.000 viviendas quedaron derrumbadas o inhabitables, más de 4.000 escuelas destruidas (que equivalen al 42% del total de las existentes en las regiones afectadas) y 79 hospitales presentaron daños estructurales o significativos. En definitiva, tanto la propiedad privada como pública, que permitía el normal funcionamiento del país, fue devastada afectando a millones de personas en la zona centro-sur del territorio nacional. El terremoto, por su parte, reveló una serie de vulnerabilidades y deficiencias tanto en el manejo de las emergencias de grandes

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magnitudes, así como en el funcionamiento de servicios básicos en estas circunstancias. Las telecomunicaciones quedaron severamente interrumpidas, impidiendo el conocimiento cabal de la situación por el gobierno central. La ausencia de mecanismos adecuados, unido a la falta de una institucionalidad con mandos y controles claramente definidos, demoraron el diagnóstico de la crisis y la determinación rápida y eficiente de las acciones de reacción y mitigación de la emergencia (Senado de la República de Chile 2012). El desastre se agravó por la falta de servicios básicos, tales como la provisión de energía eléctrica y el suministro de agua potable, así como el cierre del comercio establecido, provocando situaciones de desabastecimiento en ciertas zonas, generando un estado de incertidumbre y una grave alteración del orden público. Estas vulnerabilidades y deficiencias alcanzaron nuevamente un punto álgido entre el ‘Gran Incendio de Valparaiso’ en abril de 2014 y la serie de inundaciones y aluviones en el ‘Temporal del Norte de Chile’ el 2015, en donde las instituciones y el gobierno demostrarnos no estar suficientemente preparados para enfrentar la reducción efectiva de los riesgos de desastres y la gestión de emergencias. De acuerdo al informe de la Comisión de Defensa Nacional sobre el proyecto de ley que crea a Agencia Nacional de Protección Civil (Senado de la República de Chile 2012), todos estos antecedentes hicieron patente la deficiencia de la institucionalidad encargada del manejo de las emergencias en la detección del evento, en el diagnóstico de los daños, en la formulación de acciones de mitigación, la coordinación de las instituciones para la respuesta y en la articulación de cadenas de abastecimiento para la población. Este informe

también presenta la carencia de una gestión transversal de los riegos y las amenazas, así como la falta de una estrategia nacional y coordinada orientada a la reducción de riesgos de desastres, la promoción de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad ante desastres. El pasado 10 de agosto de 2015, un grupo de especialistas e investigadores chilenos trabajando en el extranjero y en Chile analizó e hizo observaciones puntuales al proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil con el fin de aportar con perspectivas y preguntas de frontera que emergen en contextos como la Unión Europea, con la idea de reconsiderar la deficiencias observadas en el sistema, añadir nuevas perspectivas a la problemática a partir de la experiencia científica y el desarrollo en otros contextos.

El proyecto de ley El proyecto de ley analizado corresponde a la indicación sustitutiva presentada por la presidenta Michelle Bachelet en 2014 al proyecto inicialmente presentado por el presidente Sebastián Piñera durante su mandato. Uno de los datos importantes que se manejan y que dan celeridad al proyecto de ley es un indicador de la OCDE que señala que desde 1980 a 2011, en promedio, las pérdidas económicas de los desastres en Chile fluctúan entre 1.2% y 1.8% del PIB anual (SVS 2012; OECD et al. 2012). Desde que Chile se incorporó a la OCDE en el 2010, esta cifra convierte a Chile en el país que más pérdidas por desastres registra en relación porcentual con su PIB (ver Figura 1). A modo de ejemplo, Roberto Moris (investigador principal del CIGIDEN1, Pontificia Universidad Católica de Chile) recuerda que el desastre del 27F provocó pérdidas cercanas al 18% del PIB. Si 1

esto se compara con las pérdidas causadas por el desastre del huracán Katrina en EEUU el año 2005 (el más costoso de su historia) en relación porcentual al PIB de este país, el 27F fue 20 veces más costoso que el Katrina (Moris 2015). Este proyecto de ley se generó luego de lo ocurrido tras el terremoto del 2010, en un tiempo en que por una parte Chile incorpora a la OECD (el mismo 2010) y también sufre los costos de la recuperación producto del terremoto de febrero de ese año. En este proyecto inicial, se buscaba crear un sistema de protección civil nuevo, y por ende reemplazar a la actual ONEMI. Según Cristóbal Mena, el término ‘Protección Civil’ ha ido en desuso por su énfasis en la emergencia y la respuesta, dejando de lado la gestión del riesgo de desastres, disciplina que actualmente es el foco de los esfuerzos en temas de reducción de riesgos de desastres. Por diversas razones, principalmente ligadas a la contingencia política y a las prioridades de los gobiernos, este proyecto de ley permaneció ‘dormido’ hasta mayo de 2014 pese a haber pasado por varios trámites parlamentarios. Es en este contexto cuando el segundo gobierno de Michelle Bachelet decide hacer indicaciones al proyecto, proceso que termina en diciembre ese mismo año cuando el proyecto de ley y la indicación sustitutiva comienzan a ser discutidos con urgencia por la Comisión de Gobierno, Decentralización y Regionalización (Senado de la República de Chile 2015). Dentro de esta comisión, según quienes pudieron participar del debate, se enfrentaron dos visiones contrapuestas sobre el nuevo sistema, una más tradicional con una clara línea de continuar lo que se ha venido haciendo hasta ahora, es decir, más reactiva y

Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastre Naturales (CIGIDEN).

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Figura 1. Pérdidas en desastres en países G20 más países seleccionados como porcentaje (%) del PIB entre 1980 y 2011. Fuente: SVS (2012) y OECD (2012).

FIGURA 2.12. Pérdidas en desastres en países G20 más países seleccionados como % del PIB, 1980-2011 Chile Cambodia China Japón Indonesia Turquía India Australia EE.UU. México Colombia Italia Argentina España República de Corea Francia Sudáfrica Reino Unido Canadá Alemania Federación Rusa Brasil Benin Etiopía Arabia Saudita

0,00%

Fuente: OCDE.

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

enfocada a la emergencia y la respuesta, y otra por desastres, emergencias, riesgo, perspectiva que ve el sistema como una vulnerabilidad y otros términos específicos para gestión integrada (prevención, respuesta, y la gestión de emergencias y desastres, puede FIGURA 2.13. Tipos de fallas en edificios recuperación a largo plazo) de los riesgos y las limitar el éxito del sistema. emergencias. Pese a que se hicieron esfuerzos para conciliar ambas líneas, algunos aspectos A principios de agosto de este año 2015 quedaron inconclusos, según lo señalado por el proyecto de ley pasa desde la Comisión de Mena. Por ejemplo, la diferencia entre Gobierno a la Comisión de Defensa Nacional ‘emergencia’ y ‘desastre’ no queda claramente en el parlamento, y es en este contexto cuando definida en los primeros artículos del proyecto se reúne este equipo internacional (10 de de ley, los cuales definen el ámbito de acción Agosto) para discutir el estado actual del del sistema —como así lo hace, por ejemplo, la proyecto de ley, y hacer observaciones al texto ley que regula las emergencias en el Reino en base a la experiencia y conocimientos Unido (Parliament of the United Kingdom internacionales en éstas materias. 2004). En este sentido, un accidente de tránsito o las graves inundaciones en el norte de Chile Observaciones al proyecto de ley este Irregularidad 2015 pueden como lopor discontinuidad vertical ser entendidos Variaciones Vecindad mismo dentro de la perspectiva legal de este González-Muzzio señala que hasta ahora Fuente: Presentación Mapfre Terremoto Chilela27-F, material entregado por reaseguradores. proyecto de ley. En este sentido, faltasegún de un hemos tenido un sistema principalmente apartado o artículo en la ley que entregue reactivo que está instalado en o representado definiciones claras sobre lo que se entenderá por la ONEMI. Para González-Muzzio, hay varios

Terremoto2010 2010 TERREMOTO

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aspectos generales sobre la indicación sustitutiva que merecen ser discutidos por las implicancias que tienen para el futuro desarrollo del país y de la misma protección civil. El primero es el enfoque que tiene este proyecto de ley y la indicación sustitutiva, el cual señala que el sistema de gestión de riesgos y emergencias corresponde a una función de “orden y seguridad pública” lo que restringe de forma inmediata el ámbito de acción del sistema a estos dos aspectos. En la última Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgo de Desastres (WCDRR) realizada en Sendai, Japón, en marzo de 2015 por Naciones Unidas, se materializó el llamado a una vinculación sistemática entre las agendas de desarrollo sostenible —plasmadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (UNDP 2000) y las de la reducción de riesgos de desastres —éstas últimas plasmadas en el Marco de Acción de Hyogo (HFA) firmado en 2005 y el nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (SFDRR) (UNISDR 2015). Este llamado se basa en la evidencia de que el desarrollo sostenible no puede alcanzarse sin considerar la reducción de los riesgos (y especialmente de las vulnerabilidades) y viceversa. En este sentido, delimitar la gestión de emergencias y desastres al ‘orden y seguridad pública’ es restringir el ámbito de acción y las oportunidades de un desarrollo sostenible para el país. Otro aspecto general sobre el proyecto de ley que puede ser problemático es el marcado énfasis que se le da a la gestión de emergencias y desastres, dejando de lado la reducción de los riesgos, reducción de la vulnerabilidad y de la exposición, la promoción de la resiliencia, sistemas de alerta temprana más efectivos, entre otros. Aunque éstos son aspectos más amplios, son de vital importancia para la reducción integral de los desastres en Chile. Tanto el HFA como el nuevo Marco de Sendai (SFDRR) firmado en 2015 coinciden en

que estos aspectos, los que anteceden la ocurrencia de los desastres, son de vital importancia para una reducción efectiva del riesgo de desastres, y que los sistemas y las estrategias país en temas de reducción de desastres deberían centrarse en ellos. Pese a que Chile ha firmado tanto el HFA como el SFDRR, el actual sistema nacional de protección civil y el nuevo proyecto de ley, no ponen énfasis en estas materias, sino en las emergencias y el post-desastre. Según Gonzalez-Muzzio, cuando se hacen mapas de riesgo en Chile, por lo general se tratan de mapas de amenazas naturales, es decir, dónde se encuentran los principales cursos de agua y sus áreas inundables, volcanes y áreas que serian afectadas por posibles erupciones, entre otros. En algunos mapas de riesgo se incluyen estudios sobre la vulnerabilidad, pero por lo general ésta se reduce a conocer el número de personas e infraestructura expuesta, así como indicadores de pobreza, entre otros. Es importante resaltar que este proyecto de ley no propone cambios respecto de los Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Por su parte, los especialistas sostienen que no es suficiente con invitar a los alcaldes a las reuniones de dicho comité a nivel provincial como lo establece este proyecto de ley, porque son los municipios e instituciones locales los primeros en reaccionar y prestar ayuda a las poblaciones afectadas, así como también son los primeros en recibir la información y quejas de la población. Por lo tanto, la institucionalidad de las emergencias debería estar pensada desde lo local hacia lo nacional, con un enfoque ‘de abajo hacia arriba’ (o bottom-up), en donde los actores locales estén mejor dotados y preparados desde el principio de la emergencia, material e institucionalmente hablando.

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También se observa como una deficiencia importante en el proyecto la conformación del Comité Consultivo, el cual contempla como expertos en materia de gestión de riesgo y emergencia solamente a profesionales del área de la ciencias naturales como la geología y meteorología, mientras que deja de lado los aspectos de las ciencias sociales como la economía, la asistencia social y jurídica, psicología, y de planificación, que son de crucial importancia en los todas fases de la gestión del riesgo y desastres (ej. respuesta, reconstrucción, mitigación, preparación y prevención). Otro actor relevante es la sociedad civil, con ella se establece el importante vínculo de participación e involucramiento de la sociedad con el sistema. Si bien el proyecto de ley menciona a la sociedad civil, ésta mención es breve y muy acotada. Tal y como lo establece el SFDRR, la reducción y gestión de riesgos y desastres es una tarea interdisciplinaria y multisectorial que requiere de los conocimientos de las ciencias sociales y naturales para cumplir su objetivo, así como una sistemática participación de la sociedad civil. Por otro lado, en el Comité de Ministros propuesto en este proyecto de ley, se echan de menos algunos ministerios como el de Educación. De acuerdo a GonzálezMuzzio, el derecho a la educación debería estar garantizado durante tiempos de emergencias y desastres. Cuando las escuelas suelen ser utilizadas como albergues, las comunidades educativas se ven doblemente afectadas por los desastres. Por lo mismo, éstas deberían ser prioridad y ser además las primeras en temas de prevención y respuesta. Otro aspecto relevante es el presupuesto. Este proyecto de ley no contempla un aumento significativo en el presupuesto del sistema sino más bien una redistribución. Esto no es negativo o positivo per se, pero da cuenta de que el sistema no busca un fortalecimiento significativo en su ámbito de acción o integración con otros aspectos del desarrollo

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de Chile (como, por ejemplo, el desarrollo sustentable o cómo enfrentar el cambio climático) sino un intento menor de hacer más eficiente y eficaz el actual sistema, sin que cuente con indicadores o objetivos claros para medir tal eficacia. Mena plantea que la figura del ‘Jefe de la Emergencia’ (Art. 42, p.38) no tiene una utilidad fundamental más allá de ser la figura que asume las responsabilidades antes que el Ministro, Intendente u otras entidades del Estado. Aquí, los especialistas concuerdan firmemente en que el Estado cuando actúa, debe hacerse responsable completamente de lo que hace, y no difuminar su responsabilidad entre diferentes funcionarios o concentrarlas o individualizarlas en un Jefe de la Emergencia que puede no ser funcionario del gobierno. Elizabeth Wagemann destaca que el proyecto contempla cuatro fases en la gestión de riesgos y emergencias; la prevención, preparación y alerta, respuesta, y recuperación. Aunque reconocer estas etapas en el proyecto de ley es un gran avance, por lo general no se considera la verdadera complejidad de la gestión de riesgos y desastres. En muchos casos estas etapas deben suceder en paralelo y no de forma sucesiva o lineal. Por ejemplo, durante la recuperación, es común que las viviendas de emergencia, diseñadas para ser una solución de corto plazo, sean utilizadas por varios años, y en muchos casos éstas se convertirán en viviendas permanentes. La distribución geográfica y territorial de estas viviendas de emergencia, así como su calidad y su diseño arquitectónico, rara vez contemplan que se convertirán en permanentes. Es por esto que la gestión de la respuesta debe incluir una planificación a futuro de sus efectos en las ciudades y asentamientos, y por ende la gestión de riesgos en sus etapas de prevención y preparación. Wagemann destaca además que el proyecto de ley favorece aspectos técnicos

en la gestión de emergencias y desastres por sobre los aspectos sociales, tal como lo señalaba González-Muzzio, lo cual va en la dirección opuesta a la que se indica en los avances internacionales en estos temas, incluido el SFDRR firmado por todos los países participantes este año 2015, incluido Chile. Una gestión integrada de los riesgos de desastres debe incorporar tanto aspectos técnicos como sociales; educación, comunicación, aspectos legales y económicos, entre otros. Aunque en el proyecto se reconoce que se puede invitar a otros expertos a la Comisión Consultiva, como los de las ciencias sociales, éstos quedan claramente en un segundo plano, lo que no asegura una visión integradora y más precisa sobre la gestión de riesgos y emergencias en Chile. Wagemann y los demás especialistas también subrayan la falta de precisión con que el proyecto de ley establece la forma en que se distribuirán los recursos para lograr la buscada descentralización del sistema. Si bien el sistema proyectado busca descentralizar su acción a través de expertos y organismos regionales y provinciales, la ley no establece claramente cómo y en qué medida se asignarán y se asegurarán esos recursos para que estos equipos y organismos puedan sustentar su acción local. Por ejemplo, los mapas de riesgo son fundamentales para la planificación y gestión local; sin embargo, éstos requieren gran cantidad de trabajo y por ende, de recursos, por lo que municipios o provincias con menores recursos tendrán dificultades para elaborarlos. Por su parte, Daniela Ejsmentewicz, quien ha hecho un análisis comparativo con otros sistemas nacionales de gestión de riesgos de desastres en Latinoamérica, señala que este proyecto de ley puede verse desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista de la gestión de las ‘emergencias’, este proyecto es

un gran avance, pero no así si quisiéramos entenderlo como un proyecto de ley para la ‘gestión de riesgos’, donde más bien parece incompleto. Así, este proyecto debiera formar parte de un paquete legislativo más amplio, en donde lo complementarían una supuesta ‘ley de prevención de riesgos’ y una ‘ley de reconstrucción post-desastres’, entre otras. Ejsmentewicz también destaca que este proyecto de ley no contempló cuánto riesgo estamos dispuesto a aceptar como sociedad, es decir, a establecer los límites sobre los cuales estamos dispuestos a asumir potenciales pérdidas, siendo esta una discusión más democrática y que debía haber ocurrido en los inicios del proyecto. Lamentablemente, este proyecto de ley se generó sin una estrategia de debate público en donde las voces de los diferentes sectores de la sociedad estuvieran contempladas, por el contrario, es ahora en sus últimas etapas legislativas (y con escasa mediatización e interés por parte de los políticos por abrir el debate), cuando algunas comunidades (expertos y académicos) comienzan a conocer del proyecto y su avance, quizás muy tarde. En otra línea, Ejsmentewicz destaca que una facultad ‘fiscalizadora’ o ‘sancionadora’ es importante para el sistema, de otro modo el mismo queda abierto a vicios y acciones que puedan crear otros riesgos en el futuro. En este sentido, Ejsmentewicz también señala que desde la Universidad de Chile se ha venido promoviendo la idea de crear un servicio nacional de reducción de riesgos y otros servicios de reconstrucción, que completen y complementen el trabajo de un servicio nacional de emergencias y desastres. Con énfasis en esto último, Ejsmentewicz plantea que no debe ser tarea de una futura ONEMI fiscalizar, pero si quizás de otros organismos (como los propuestos anteriormente).

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Otro aspecto importante en torno a la ley es aquel de un proyecto a largo plazo. La mayoría de los especialistas concuerdan con que la gestión y reducción efectiva y sustentable de los riesgos es un proyecto a largo plazo que requiere poner los objetivos en un horizonte más amplio, lo que muchas veces contrasta con los ‘tiempos’ políticos donde la mayoría de los parlamentarios preferirían invertir fondos públicos en temas más de corto plazo (como bonos para calefacción y otros subsidios) que invertir en un sistema que sólo s e p o n d rá a p r u e b a d u ra n t e e v e n t o s catastróficos, y que cuando funcione pasará prácticamente inadvertido. Precisamente lo que no quieren los políticos es invertir en un sistema que no genera réditos políticos.

definidas en términos regionales y locales, tanto su aprobación como su financiamiento siguen estando definidas por un ente central, ya sea el Comité de Ministros o la Secretaría Ejecutiva del comité. Wagemann considera altamente valioso que el proyecto de ley incorpore a los diferentes actores de la sociedad en la concepción del sistema, así como su participación. La experiencia internacional ha sido rotunda al afirmar que la gestión de riesgos y emergencias, incluidos los sistema nacionales que se encargan de ellos, deben incorporar a la personas y los diferentes actores de la sociedad para una gestión efectiva. Sólo así se puede llegar a niveles de preparación y reducción de riesgos más sostenibles.

Aspectos positivos

Finalmente, todos concuerdan que este proyecto de ley es un avance significativo en materia de gestión de emergencias y desastres, el cual por un lado establece con mayor claridad el rol de un servicio nacional en estas materias y por otro redobla los esfuerzos institucionales (interministeriales y sectoriales) para manejar de manera más eficiente y eficaz los riesgos futuros, emergencias y desastres. Los especialistas también concuerdan en que una ley por si sola no va a generar ningún cambio si los actores de la sociedad, sean estos el gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil, no se involucran y forman parte de la transformación del sistema.


Por otro lado, González-Muzzio destaca algunos aspectos positivos del proyecto; la incorporación de planes sectoriales que involucran a otros órganos del Estado y organismos privados, y que además estos planes sean de carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio y no optativos. Otro es lo que se señala como ‘responsabilidad social de los medios de comunicación’, la cual hace énfasis en la entrega oportuna y fidedigna de la información a la población en momentos de emergencias y desastres, así como también el acceso de la población a esa información. Mena, por su parte, señala como aspectos positivos algunos principios que fueron incorporados al proyecto en esta última etapa, como son, el ‘principio de participación’, el cual busca que la comunidad se integre al sistema de forma activa, y también el contar con el conocimiento de los pueblos originarios y no sólo descansar en el conocimiento científico. Otro aspecto es el desarrollo de las políticas regionales en temas gestión de riesgos y emergencias, de lo cual carece el sistema actual. Sin embargo, aunque estas políticas son

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Perfiles: Claudia González-Muzzio. Arquitecta PUC, MSc. in Environment, Science and Society, University College London. Consultora en estudios de planificación urbana y territorial, especialista en problemáticas de riesgos, medioambiente, desarrollo sustentable y patrimonio. Investigadora y socia de Ámbito Consultores Ltda. Links: http://www.ambito.cl | @CGM2010 | LinkedIn

Cristóbal Mena. Politólogo, postgrado en Planificación y Gestión del Riesgo de Desastres (Academia de Guerra del Ejército y Universidad de Chile). Asesoró a la Comisión de Gobierno del Senado de Chile en proyecto de ley sobre gestión de riesgo y emergencias. Participó en programa Ask an Expert de PreventionWeb sobre RSE para RRD y es miembro del Comité Asesor para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Academia N a c i o n a l d e B o m b e ro s d e C h i l e . E n septiembre inicia MSc Risk, Disaster and Resilience de la University College London como becario Chevening. Links: https://culturaprevencion.wordpress.com | @cristobalmena | LinkedIn

Elizabeth Wagemann. Doctorante de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Arquitecta y Magíster en Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, MPhil in Architecture de la Universidad de Cambridge, UK. Ha sido docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile y actualmente es parte del grupo de investigación ‘Natural Materials and Structures’ de la Universidad de Cambridge, donde estudia soluciones de vivienda post-desastre. Links: http://www.arct.cam.ac.uk... | @ewagemann | LinkedIn

Vicente Sandoval. Doctorante de la University College London en el Reino Unido, investiga sobre las causas de fondo de los desastres y la vulnerabilidad, se ha desempeñado como investigador en Chile, España, Alemania, Reino Unido y Egipto. Actualmente se desempeña como investigador visitante en el Disaster Research Unit de la Freie Universität Berlin. Links: http://www.ucl.ac.uk... | @vicentesandoval | LinkedIn

Daniela Ejsmentewicz Cáceres. Abogada de la Universidad de Chile, MSc. Major Governance of Risks and Resources, Heidelberg University. Académica del Depto. de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, directora del programa de Derecho y Desastres de la misma unidad académica, miembro de la cátedra interdisciplinaria de riesgos socionaturales de la Universidad de Chile. Su trabajo se basa en l a a s i s t e n c i a l e g a l e n e l p ro c e s o d e reconstrucción a personas damnificadas con ocasión del 27F, el terremoto del Norte de Chile, el incendio de Valparaíso y las lluvias del Norte de Chile.

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Bibliografía Moris, R. (2015) Planificación y Gestión Integrada del Riesgo. Seminario Chile Resiliente: Planificación y Gestión de Riesgos de Desastres Naturales, Santiago de Chile, Santiago de Chile: CIGIDEN. OECD, G20 Finance Ministers, Central Bank Governors, and The World Bank (2012) Disaster Risk Assessment and Risk Financing: A G20 and OECD Methodological Framework, Mexico D.F.: OECD. Parliament of the United Kingdom, (2004) The Civil Contingencies Act 2004 (c 36), London: Parliament of the United Kingdom. Senado de la República de Chile, (2012) Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaido en el Proyecto de Ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. Boletín N° 7.550-06-1, Santiago de Chile: Senado de Chile. Senado de la República de Chile (2015) Tramitación de Proyectos, Senado [Online]. Available from: http://www.senado.cl/appsenado/ templates/tramitacion/index.php [Accessed 21 Sep 2015]. Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) (2012) Análisis e Impacto del 27-F en el Mercado Asegurador, Santiago de Chile: SVS. United Nations Development Program UNDP (2000) United Nations Millennium Declaration, New York: UN. United Nations International Strategy for Disaster Reduction UNISDR (2015) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, Sendai: UNISDR.


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Agradecimientos a: UCL Chilean Society Red de Investigadores y Estudiantes Chilenos en el Reino Unido (REUK) Red de Talentos ChileGlobal, Fundación Imagen de Chile