CAPÍTULO 5. MOVILIZACIÓN SOCIAL DE COMUNIDADES LOCALES EN CONTRA DEL CONFLICTO ARMADO Y DE LA IMPOSICIÓN VIOLENTA DE UN MODELO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL: EL CASO DEL URABÁ Y DEL BAJO ATRATO EN COLOMBIA Stellio Rolland Candidato a doctor en antropología social Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), París
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Introducción
“Comunidad de paz”, “comunidad en resistencia”, “lugar exclusivo de población civil”, “comunidad de autodeterminación, vida y dignidad”, “zona de biodiversidad”, “zona humanitaria”: no faltan los términos para nombrar los espacios protegidos frente al conflicto armado que se han formado durante la última década en las dos regiones vecinas del Urabá y del Bajo Atrato.1 A partir de la intensificación del conflicto armado en este sector del país a finales de 1996 y a principios de 1997, se han multiplicado los intentos para buscar estrategias de reagrupamiento de la población desplazada y aterrorizada que se encontraba en medio del fuego cruzado y de los distintos enfrentamientos armados.2 Consideramos que estas experiencias locales no fueron solamente movilizaciones ciudadanas en contra de la violencia y de la estrategia de desplazamiento forzado de los actores armados. Fueron también ejemplos de movilizaciones socioeconómicas, territoriales, étnicas y culturales en contra de la imposición violenta de un modelo de desarrollo en esta región. 1
La región del Bajo Atrato está situada al norte del departamento del Chocó, entre la región del Urabá, al oriente y la serranía del Darién y la Costa Pacífica, al occidente. La zona del Bajo Atrato abarca principalmente dos municipios de gran extensión, el municipio de Riosucio y él del Carmen del Darién (llamado también “Curvaradó”). Se debe mencionar también un municipio en proceso de construcción: él de Belén de Bajira hacia el occidente de la zona y el municipio antioqueño de Murindo que constituye la parte sur de la zona. 2 Nos referimos tanto a los enfrentamientos que ocurrieron entre los mismos grupos armados ilegales (grupos paramilitares contra guerrillas) como a los que ocurrieron entre el Ejército colombiano y los grupos al margen de la ley.
En el contexto particular del Urabá y del Bajo Atrato, las lógicas de violencia ejercidas por los grupos paramilitares a partir de mediados de los años 1990, estuvieron estrechamente ligadas a la imposición progresiva a la población local de un modelo de desarrollo hegemónico basado en la expansión la ganadería extensiva, de la agroindustria y de la minería industrial. En este proceso, en la zona del Bajo Atrato, el desplazamiento forzado de la población local constituyó la principal estrategia militar de los grupos paramilitares para apropiarse de grandes porciones de tierra.3 Por su apoyo directo e indirecto a la estrategia regional paramilitar, el Estado colombiano contribuyó a este proceso paulatino de reconfiguración social y territorial y de imposición de un modelo hegemónico de desarrollo en la región. Así, la intensificación del conflicto armado en el Urabá y en el Bajo Atrato a mediados de la década del noventa y la penetración de la región por parte de narcotraficantes produjeron cambios socioeconómicos importantes. La presión permanente de los grupos armados ilegales y de los narcotraficantes redujo drásticamente la autonomía de los pequeños campesinos locales que tuvieron que justificar todas sus acciones y sus movimientos. Además, la disponibilidad en tierras para los pequeños campesinos bajó de manera importante con el proceso de usurpación de parcelas que se dio al beneficio de narcotraficantes, de grandes terratenientes dedicados a la ganadería extensiva y de empresarios de monocultivos agroindustriales y en particular de palma de aceite. La consolidación progresiva del poder socioeconómico, político y territorial de nuevos actores sociales (empresas agroindustriales, grandes terratenientes, narcotraficantes) durante las dos últimas décadas en el Urabá y en el Bajo Atrato suscitó la emergencia de una movilización social multifacética por parte de las comunidades locales.
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Como lo mencionan Frederic Massé y Johana Camargo en su capítulo, esta es una de las modalidades de acción de los grupos armados ilegales.
En el Urabá y en varios ríos del Bajo Atrato, se delimitaron varios espacios protegidos frente al conflicto armado donde se prohibió tanto la implementación de las lógicas de guerra de los grupos armados ilegales (guerrillas y grupos paramilitares) como la presencia continua de las Fuerzas Armadas del Estado. En estos nuevos espacios de excepción, con el apoyo de la Iglesia y de varias ONG, se buscó la protección de la población civil y el desarrollo de una agricultura familiar, de subsistencia y respetuosa del medio ambiente. Sin embargo, la estrategia de reagrupamiento comunitario de personas desplazadas por la violencia iniciada a partir de 1997 en el Urabá y en el Bajo Atrato obtuvo un éxito relativo. En ciertas ocasiones, la creación de estos espacios protegidos permitió proteger la vida de muchos pobladores locales y lograr formas limitadas de autonomía política y socioeconómica al nivel local. Pero la mayoría del tiempo, los grupos armados siguieron penetrando en estos espacios de refugio de la población civil supuestamente protegidos. Grupos al margen de la ley siguieron ejerciendo un control social sobre la población local, amenazando y asesinando líderes comunitarios y personas sospechosas de “colaborar” con el grupo armado “enemigo”. Para poder entender la lógica de estas movilizaciones sociales, es necesario primero describir el contexto sociopolítico en el cuál se dio la movilización social y en el cuál se crearon estos espacios protegidos. Describiremos la agudización del conflicto armado en estas dos regiones a partir de finales del año 1996 y el incremento del nivel de violencia en unos territorios altamente disputados por los grupos armados. Después, será necesario analizar cuáles han sido los actores principales de la movilización social de resistencia frente al conflicto armado y frente a la imposición violenta de un modelo de desarrollo. La movilización social se sostuvo principalmente gracias a la acción de líderes comunitarios, de grupos de personas desplazadas y por medio de varias redes transnacionales de acción de la Iglesia católica, de ONG de derechos humanos y de agencias de cooperación internacional.
Finalmente, analizaremos los efectos producidos por la movilización social de las comunidades locales y por la delimitación de varios espacios protegidos frente al conflicto armado en el Urabá y en el Bajo Atrato. Así, pondremos el énfasis sobre la transformación de las identidades y de las territorialidades de los habitantes locales que participaron - y siguen participando hoy en día - de estas formas frágiles de acción colectiva de resistencia en un contexto de violencia crónica. Al respecto, describiremos los procesos de construcción identitaria y de reapropiación sociopolítica y económica del territorio emprendidos por algunas comunidades locales. El análisis se basa, en su mayoría, en un trabajo de campo realizado como miembro del equipo “Bajo Atrato” de la ONG colombiana CINEP4 y también durante varias misiones de investigación que se realizaron después tanto en el Urabá como en el Bajo Atrato.
1.- El contexto de conflicto armado crónico del Urabá y del Bajo Atrato
Tradicionalmente, las regiones periféricas del país se caracterizan por un poblamiento fuerte de pequeños campesinos colonos, por una presencia débil de las instituciones del Estado y por unos niveles muy altos de desorganización social y de violencia. Esos rasgos caracterizan claramente la situación social vivida tanto en el Urabá, como en el Bajo Atrato durante las últimas décadas. Los principales movimientos migratorios hacia la zona se dieron en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado cuando muchos campesinos pobres originarios del departamento vecino de Córdoba llegaron al Urabá y al Bajo Atrato. Esos colonos llegaron en búsqueda de tierras fértiles para mejorar sus condiciones de vida y también huyendo un contexto de violencia socioeconómica, de concentración de la propiedad de la tierra y de 4
La Fundación CINEP - Centro de Investigación y de Educación Popular - pertenece a la orden religiosa jesuita de la Compañia de Jesús y representa un sector relativamente progresista de la Iglesia católica colombiana.
expansión del latifundio ganadero en el departamento de Córdoba. Finalmente, la expansión de la agroindustria bananera en el Urabá, a mediados de los años sesenta, atrajo también muchos migrantes a esa región.5 Además, a partir de principios de los años ochenta, la combinación de dos factores vino a acentuar esta realidad local de fragmentación social extrema asociada a un nivel muy alto de violencia en una zona de recién colonización agrícola. La presencia de recursos económicos importantes en la zona - sucesivamente, recursos maderables, ganadería extensiva, cultivos ilícitos de marihuana en los años setenta, cultivos ilícitos de hoja de coca a partir de los años ochenta y hoy en día, cultivos legales de palma de aceite - , conjugada con la presencia de varios grupos armados ejerciendo un alto nivel de influencia sociopolítica y de control territorial, abrieron el paso a la agudización del conflicto armado. A partir de mediados de los años noventa, se incrementó altamente el nivel de violencia tanto en el Urabá como en el Bajo Atrato, de tal forma que a finales de 1996 y a principios de 1997, se pudo hablar de un contexto de violencia generalizada en estas dos regiones.
1. a.- Una presencia muy limitada del Estado
Durante décadas, a pesar de su riqueza agrícola y de su ubicación geográfica en una zona de frontera6, las regiones de Urabá y del Bajo Atrato han conocido una presencia muy limitada del Estado central, tanto por parte de las Fuerzas Armadas que por parte de las instituciones civiles del Estado.
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Sobre las problemáticas de las migraciones de trabajo y de los conflictos agrarios en la región del Urabá, véase el trabajo de referencia de Ortiz Sarmiento, Carlos Miguel, 1999. Urabá, Tras las huellas de los migrantes, 1955-1990, Bogotá, ICFES. 6 Las dos regiones vecinas del Urabá y del Bajo Atrato han sido zonas de frontera de múltiple manera: frontera de Estados, entre Panama y Colombia ; frontera de océanos, entre Océano Atlantico y Océano Pacífico y frontera de departamentos, entre Chocó, Antioquia y Cordoba.
Hasta hace algunos años, la presencia del Estado en esta región se había manifestado principalmente a través de operaciones militares contrainsurgentes y de demostraciones puntuales de poder en algunas zonas rurales. Las autoridades nacionales nunca lograron establecer unos lazos de confianza permanentes con la población local y en muchas zonas, la legitimidad del Estado sigue siendo muy frágil. Algunas comunidades locales rechazan un Estado que, en ciertas ocasiones, como en el caso de la operación armada “Génesis” desarrollada en contra de la guerrilla en diciembre de 1996, es denunciado por haber causado numerosas víctimas dentro de la población civil y haber pactado alianzas con grupos paramilitares. Cuando mencionamos casos de alianzas del Estado con grupos paramilitares, nos referimos al papel jugado en Urabá por la Brigada XVII del Ejercito en los años 19961997 y específicamente a la acción de su comandante, el general Rito Alejo del Río. Así, muchos pobladores locales no se sienten realmente miembros de la comunidad nacional. En muchas situaciones, los lugareños siguen sometidos a los jefes locales de las redes privadas de poder, como aquellas redes que dirigieron primero los grupos guerrilleros hasta mediados del noventa, después los grupos paramilitares hasta el año 2006 y últimamente, varios grupos al margen de la ley llamados “bandas criminales”. Sin embargo, desde finales de los años noventa, el Estado central ha intentado incrementar su presencia en esta zona que resulta ser sumamente estratégica en términos geopolíticos. Para anclar su presencia en la parte norte del Pacífico colombiano, el Estado central decidió profundizar la concepción de varios megaproyectos de infraestructura como: la construcción de un canal interoceánico por la vía fluvial Atrato-Truandó, la construcción de la parte final de la carretera panamericana, la creación de nuevas carreteras hacia el interior del país y finalmente, la creación de nuevos puertos y la ampliación de algunos puertos ya existentes, como el puerto de Turbo, en el Urabá. De esta manera, el Estado sería capaz de ejercer su presencia en el sector fronterizo altamente conflictivo del “Tapon del Darién”, lo
que constituye una manera de ejercer soberanía en un territorio altamente disputado por grupos armados ilegales. Adicionalmente, hoy en día, varios proyectos de exploración minera fueron impulsados en la región a través de permisos de exploración y de explotación otorgados por el Estado colombiano a grandes compañías mineras nacionales e internacionales. En 2005, se concesionó a la empresa Muriel Mining Corporation en el sector de Carreperro en el Bajo Atrato. Las zonas de exploración de la empresa aurífera se ubican en los municipios de Carmen del Darien (Chocó) y de Murindo (Antioquia). Las perspectivas de los megaproyectos de infraestructura y de explotación minera – y en particular, el proyecto de la Muriel Mining Corporation - suscitaron la presencia creciente de varios grupos guerrilleros y de otros grupos al margen de la ley en la región por la posibilidad de grandes ganancias económicas que representan estos megaproyectos.
1. b.- Urabá y Bajo Atrato : dos regiones altamente estratégicas para los grupos armados
Tradicionalmente, los territorios de frontera han sido poco controlados por el Estado colombiano, pero han sido altamente estratégicos para los grupos armados ilegales y para los narcotraficantes, toda vez que estos últimos, al cruzar la frontera, fácilmente pueden evadir cualquier seguimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia. Además, la cercanía de la frontera les permite el ingreso fácil de armas, de precursores químicos para el procesamiento de drogas ilícitas y finalmente, facilita el narcotráfico hacia cientos de destinos en el mundo entero. Si el Bajo Atrato es estratégico para el Estado que busca un control político-militar, puede ser considerado como triplemente estratégico para los grupos al margen de la ley.
Primero, la cercanía con Panamá y particularmente con la zona selvática de la serranía del Darién procura a los actores ilegales una zona de fácil repliegue, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia las acosan, pero hay que anotar que básicamente es muy poco controlada por el Estado colombiano. En esta zona, desde hace mucho tiempo y durante toda la década del ochenta, varios grupos armados ilegales ejercieron su presencia: las guerrillas del ELN, del EPL7 y de las FARC tenían campamentos y entrenaban a sus hombres. A mediados de la década del noventa, empezaron a ejercer cierta influencia en esta zona remota algunos grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), especialmente el Bloque Elmer Cárdenas (BEC) y el Bloque Bananero. Hoy, esta zona selvática, de muy difícil acceso, sigue siendo el refugio del Frente 57 de las FARC, pero también de varios grupos “neoparamilitares”, de bandas delincuentes y de narcotraficantes. Segundo, la posibilidad para los grupos armados de acceder a la Costa Pacífica desde el Bajo Atrato, pasando por el río Truandó y por varios corredores fluviales, es otra variable clave para entender el carácter estratégico de la zona. Eso significa, varias rutas de entrada de armas y de salida de drogas ilícitas. Todas aun pasando por el río Truandó acceden a la Costa Pacífica, y de allí a los mercados internacionales. La Costa Pacífica constituye una fachada marítima muy amplia y muy poco controlada por el Estado colombiano, luego muy propicia para el narcotráfico. Finalmente, el tercer elemento que explica la alta disputa entre los grupos armados para el control de esta zona es el acceso directo al mar y a la Costa Atlántica que da el golfo de Urabá. Hoy en día, por el golfo de Urabá, siguen saliendo embarcaciones pequeñas que llevan cargamentos importantes de cocaína y de marihuana a México y a Estados Unidos, los dos principales países de destinos de la producción ilícita colombiana.
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La guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) surgió a mediados de la década del sesenta como una diferencia que se dio al interior del Partido Comunista Colombiano. Se implantó en las partes altas de los ríos Sinú y San Jorge, en el departamento de Córdoba. Se desmovilizó en 1991, y de allí surgió la fuerza política: Esperanza, Paz y Libertad.
Así, la violencia social que históricamente ha golpeado estas dos regiones de recién colonización agrícola, la importancia de los recursos económicos en la zona con la perspectiva además de los megaproyectos mineros y finalmente, el carácter altamente estratégico de este sector geográfico fronterizo son los tres elementos que crearon las condiciones de unos enfrentamientos intensos entre los grupos armados para obtener el control del Urabá y del Bajo Atrato. Desde los años setenta hasta hoy, tres grupos de guerrillas (ELN, EPL y FARC), grupos paramilitares de las AUC, “bandas criminales” y las Fuerzas Armadas de Colombia se han disputado el control del territorio y coaccionan el control social de los habitantes locales. Precisamente, la violencia usada para resolver todo tipo de conflictos ha agudizado la situación en la zona desde finales de 1996. Como lo explica el investigador Camilo Echandía, a partir de 1996-1997, el rápido avance paramilitar en el país puso fin al predominio histórico de la guerrilla en muchas zonas rurales marginalizadas de la región : « Los paramilitares se arrogaron la doble tarea de impedir por una parte la expansión de la guerrilla y, por otra, de penetrar las zonas donde esas organizaciones cuentan con las fuentes más estables de financiamiento ».8 Sin embargo, a pesar de su activa presencia en el Urabá y en todas las cuencas del Bajo Atrato, el control militar que ejercieron los grupos paramilitares nunca fue completo y definitivo. En los años 2000-2001, fuertes enfrentamientos se produjeron entre los grupos paramilitares de las AUC y las guerrillas para obtener el control de varios sectores del Bajo Atrato. Estos enfrentamientos generaron otra serie de desplazamientos forzados de la población local.
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Veáse Echandía Castilla, Camilo, 2006. Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia, 1986-2006, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 45.
Hoy, a pesar de la desmovilización, emprendida entre 2003 y 2006, de los grupos paramilitares regionales de las AUC9, pequeños grupos de hombres armados, menos visibles y más divididos, llamados “bandas criminales”, siguen imponiendo un control social sobre la población del Urabá y del Bajo Atrato. Durante los últimos años, la banda criminal llamada “los Urabeños” ha ejercido un importante control territorial sobre la zona del Urabá y sobre parte del Bajo Atrato. Entre los años 2003 y 2006 la desmovilización del grupo paramilitar Bloque Elmer Cárdenas, bastante unificado bajo el mando inicial de alias “El Alemán” y después, bajo el mando de su hermano - el jefe narcotraficante, alias “Don Mario” - ha suscitado una relativa fragmentación dentro de los grupos paramilitares presentes en la región. Durante los últimos años, pequeños grupos “neoparamilitares” entraron en una situación de competencia fuerte para obtener el control del territorio y particularmente, de las rutas de la droga10. Con la desaparición de la estructura militar centralizada de las AUC, hoy en día, los arreglos de cuenta entre pequeños jefes “neoparamilitares” y narcotraficantes se han multiplicado en el Urabá y en el Bajo Atrato. Tanto los jefes narcotraficantes - con sus ejércitos privados - que los grupos mafiosos locales, han consolidado sus redes sociales de poder. Así, hemos asistido durante estos últimos años, a una transformación del conflicto armado en la zona. De una violencia relativamente centralizada, usada para el control de territorios por algunos grupos armados bien identificados y reivindicando unos objetivos políticos claros se pasa a una violencia difusa, cada vez más invisible y instrumentalizada por una multiplicidad de pequeños grupos armados, cuyos objetivos son muy poco claros y muchas veces, cambiantes. Además, los límites del control territorial de los grupos armados actuales se han vuelto muy borrosos e inciertos. 9
Los principales grupos paramilitares de las AUC - Autodefensas Unidas de Colombia - activos en la zona fueron el Bloque Bananero, el Bloque Elmer Cárdenas y finalmente el Bloque Héroes de Tolová. 10 Esas pequeñas agrupaciones de personas armadas se conocen en el Urabá y en el Bajo Atrato bajo el nombre de “los urabeños” ; “las águilas negras” - alias “las águilas” o “los matones” – y finalmente, “los gaitanistas”.
1. c.- La población civil: principal víctima de las lógicas de violencia
En esta zona, las lógicas de guerra de los actores armados si bien están presentes en la vida diaria de la población, en realidad, están totalmente desconectadas de sus necesidades. En realidad, la mayoría de la población local nunca se identificó claramente con ninguno de los grupos armados. El principal objetivo de los grupos armados consiste en lograr dominar a la población local por medio de presiones armadas permanentes, estrategias de desplazamiento forzado e instalación de nuevos pobladores sometidos a sus reglas. De esta manera, buscan consolidar su control territorial y obtienen progresivamente el control de los recursos económicos. En los años 2000-2001, el desplazamiento forzado de varias comunidades locales ubicadas en las riberas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó por la acción de grupos paramilitares de las AUC permitió la apropiación ilegal de grandes porciones de tierra por parte de terratenientes dedicados a la ganadería extensiva y por parte de empresas de cultivo de palma de aceite. Hoy, el control territorial que ejercen los varios grupos armados presentes en el Urabá y en el Bajo Atrato sigue siendo débil, cambiante y muy incierto. Las presiones de cada uno de los bandos no cesan, pues cada centímetro de tierra es disputado a sangre y fuego e incluso para los grupos armados locales se vuelve difícil controlar un territorio durante mucho tiempo. Esta es una de las razones por las cuales se entiende que de repente, la población pueda encontrarse “sin protección” y sentirse “abandonada”. Simplemente, puede suceder que el grupo armado que tenía posesión fue desplazado por la presión de su enemigo. Así, durante la última década, desapareció en el Urabá y en el Bajo Atrato la combinación compleja de
lazos de confianza y de sumisión que existía entre la población de un sector geográfico y un grupo armado en particular. Finalmente, en varios sectores estratégicos del Bajo Atrato, la situación para los habitantes lugareños se volvió confusa y sumamente incierta por la competencia entre los diversos grupos armados que querían imponer su dominio. Los pobladores locales podían pasar fácilmente del estatus de “colaboradores y amigos de la guerrilla” a “colaboradores y amigos de los grupos paramilitares”. Así, la asignación a la población civil de una identidad de “amigo” del grupo armado dominante al nivel micro-local sigue siendo un riesgo permanente para ella.
2.- Delimitación de varios espacios protegidos frente al conflicto amado y movilizaciones sociales en contra de la imposición violenta de un modelo de desarrollo
En esta parte, describiremos el surgimiento de varias iniciativas impulsadas por las comunidades locales y la sociedad civil del Urabá y del Bajo Atrato que se formaron en contra de la guerra y del desplazamiento forzado de la población local. Estas movilizaciones colectivas fueron también un medio para expresar el rechazo de algunas comunidades locales frente a la imposición violenta de un cierto modelo de desarrollo socioeconómico. Así, el movimiento social de comunidades afrocolombianas, mestizas y indígenas afirmó la voluntad de construcción de algunos espacios de autonomía y de respeto a los derechos étnicos y culturales de las comunidades locales. Varios procesos organizativos de poblaciones desplazadas, de pequeños campesinos colonos y de comunidades afrocolombianas e indígenas, emergieron a partir de 1997 en la zona del Urabá y en el Bajo Atrato. A continuación, describiremos algunos de estos ejemplos de movilización ciudadana, socioeconómica, cultural y étnica que nacieron en el contexto
local de conflicto armado crónico y de expansión de un modelo de desarrollo basado principalmente en la agroindustria y en la minería.
2. a.- Una fuerte tradición local de movilización social
Las diversas iniciativas de movilización social en contra de la guerra que surgieron a partir de 1997 en el Urabá y en el Bajo Atrato, se basan en una fuerte tradición regional de reivindicaciones laborales, sociopolíticas y territoriales que nacieron en diversos sectores de la sociedad local. Las dos regiones del Urabá y del Bajo Atrato se caracterizan por un movimiento social campesino, indígena y sindical particularmente activo y dinámico y que históricamente, estuvo vinculado con varios partidos políticos de izquierda. En Urabá por ejemplo, en la década del ochenta, los sindicatos de trabajadores de las bananeras fueron particularmente dinámicos. Los trabajadores movilizados estaban ligados a algunos partidos políticos de izquierda - como la Unión Patriótica11 y el grupo político Esperanza, Paz y Libertad - que tuvieron una influencia social significativa sobre la población local. Otro de los factores que aunó la movilización social en la región fue el activismo social y político ligado al sistema organizativo de las Juntas de Acción Comunal. Desde hace varias décadas, el sistema de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y de las Juntas de Colonizadores permitió la movilización de recursos económicos, sociales y políticos para los pequeños campesinos de las zonas rurales del Urabá y del Bajo Atrato. Estas zonas están aisladas y alejadas del centro del país y por ende, están desconectadas de los proyectos nacionales de desarrollo socioeconómico. En esa época, conformar una (JAC) permitía a los pobladores 11
El partido político de la Unión Patriótica nació a mediados de los años ochenta, despúes del proceso de paz que se dio entre la administracion del expresidente Belisario Betancur y las guerrillas de las FARC, entre otras. El proceso de la Unión Patriótica no fue exitoso. A pesar de un fuerte respaldo popular, los principales líderes de la Union Patriotica fueron asesinados. Se supone que cerca de 3000 militantes fueron asesinados, entre ellos, dos candidatos presidenciales y trece parlamentarios.
locales gestionar beneficios materiales para la comunidad gracias a la interacción de los directivos de la (JAC) con las distintas instituciones del Estado y con las administraciones municipales.12 La fuerte tradición sindicalista existente en la zona bananera y el sistema organizativo de las (JAC) impulsaron las movilizaciones sociales que se desencadenaron a partir de 1997 en contra de la intensificación del conflicto armado y de la imposición de un modelo de desarrollo agroindustrial basado en la economía de hacienda. Sin embargo, la fuerte presencia militar y sociopolítica de tres grupos guerrilleros (EPL, ELN y FARC) en la zona del Urabá y del Bajo Atrato desde hace varias décadas redujo fuertemente la autonomía del movimiento social y de la sociedad civil local. Las marchas de protesta en contra de la violencia, las acciones colectivas de resistencia a la guerra, las reivindicaciones sociales y territoriales de los campesinos locales frente a la imposición de un modelo de desarrollo basado en la expansión continua de la agroindustria, siempre fueron estigmatizadas y sospechadas de ser impulsadas y controladas por distintas guerrillas. A pesar de estas dificultades, en el departamento del Chocó, en la década del ochenta, las luchas sociales de las organizaciones afrocolombianas y del movimiento campesino adquirieron una fuerza sin precedente. La conformación de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) en el sur del departamento del Chocó en 1987 correspondió a una lucha emprendida en contra de grandes compañías de explotación de recursos naturales - de madera
12
Sobre la temática de los nuevos procesos políticos que se dieron en el Bajo Atrato en torno a la dinámica etnica y territorial, veáse Rolland, Stellio, 2005, “¿Los Consejos Comunitarios de las comunidades negras: nueva forma de hacer política ?” en: Controversia, CINEP, núm.184, pp. 85-103 y Rolland, Stellio, 2010, “Los actores étnicos en la regulación política del Bajo Atrato colombiano”, en: Gonzalez Fernán & Launay-Gama Claire (eds): Gobernanza y conflicto en Colombia, Interacción entre gobernantes y gobernados en un contexto violento, Pontificia Universidad Javeriana-CINEPIRG, Bogotá, pp. 117-128.
en particular
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- combinada a fuertes reivindicaciones territoriales por la titulación colectiva
de tierras de comunidades afrocolombianas. Finalmente, la movilización de las organizaciones campesinas chocoanas posibilitó el reconocimiento, por parte del Estado y de la sociedad colombiana en general, de la identidad étnica afrocolombiana. Se suele reconocer a la ACIA como la primera organización de base afrocolombiana que logró combinar la identidad afrocolombiana con la identidad campesina. Las reivindicaciones formuladas por la ACIA tuvieron una influencia muy importante en los procesos organizativos de comunidades afrocolombianas y indígenas que se dieron en todo el departamento del Chocó, y en particular en la zona del Bajo Atrato.14 La nueva Constitución Política de 1991, la Ley 70 de 1993 (llamada “ley de negritudes”) y el Decreto 1745 de 1995 encarnaron el reconocimiento oficial de las particularidades de la etnicidad afrocolombiana y abrieron el paso al proceso de titulación colectiva de las comunidades ribereñas del Pacifico colombiano. Estos textos jurídicos fundamentales nacieron principalmente a raíz de las movilizaciones sociales de las organizaciones afrocolombianas y del movimiento campesino local en el Pacífico colombiano. 15 Progresivamente, este nuevo marco jurídico permitió la obtención por las comunidades locales del Pacífico colombiano de títulos colectivos de propiedad sobre unas tierras que,
13
Sobre la temática de la explotacion de recursos maderables en la region del Pacifico colombiano, vease Restrepo, Eduardo & Leal, Claudia, 2003. Unos bosques sembrados de asseríos, historia de la extracción de la madera en el Pacifico colombiano, Medellín, Coedición Universidad de Antioquia, Colciencias, ICAN y Universidad Nacional-sede Medellín.
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Sobre la tematica de la formacion de movilizaciones sociales de diverso indole en la region del Pacífico, veáse los trabajos de Pardo, Mauricio, 1997, “Movimientos sociales y actores no gubernamentales”, en: Uribe, Maria-Victoria & Restrepo, Eduardo (eds.): Antropología en la modernidad, Bogotá, ICAN-Colcultura, pp. 207-252 y Wouters, Mieke, 2001, “Derechos étnicos bajo fuego : el movimiento campesino negro frente a la presión de grupos armados en el Chocó. El caso de la ACIA” en: Pardo, Mauricio (ed.), Acción colectiva, Estado y etnicidad en la región del Pacifico Colombiano, Bogotá, Ican, pp. 259285. 15
Sobre el proceso social de construccion de la identidad étnica afrocolombiana, vease Agudelo, Carlos Efren, 2004. Politique et populations noires en Colombie. Enjeux du multiculturalisme, Paris, L’Harmattan y Hoffmann, Odile, 2004. Communautés noires dans le Pacifique colombien, Innovations et dynamiques ethniques, Paris, IRD-Karthala.
tradicionalmente, eran consideradas como “baldíos de la Nación”; es decir, como unas porciones de espacio prácticamente “desocupadas” y “perteneciendo a nadie”. A partir de finales de los años ochenta, la movilización social por los derechos étnicos y territoriales de las comunidades afrocolombianas del Chocó como la movilización social por los derechos laborales de los trabajadores del Urabá crearon un contexto sociopolítico local particularmente propicio para la movilización social. Además, el nuevo marco político y jurídico nacional creado por el voto de la Constitución de 1991, más participativo y democrático, facilitó ampliamente la movilización de la población local. Las comunidades campesinas del Urabá y del Bajo Atrato pudieron aprovechar la existencia de este nuevo contexto sociopolítico favorable para obtener mayor visibilidad y poder rechazar el contexto de violencia local, fuertemente ligado a la imposición paulatina de un modelo hegemónico de desarrollo.
2. b.- Movilizaciones sociales en contra de la guerra el Urabá y en el Bajo Atrato
A partir de finales de la década del noventa, en un contexto de agudización del conflicto armado y de expropiación masiva de tierras perteneciendo a pequeños campesinos, varias iniciativas de movilización social en contra de la guerra y de la dominación de los grupos armados se formaron en el Urabá y en el Bajo Atrato. La movilización social llevó progresivamente a la delimitación de varios espacios protegidos, en los cuales se buscaron tanto formas de protección de la población civil como vías alternativas de desarrollo.
Las “comunidades de paz” de Riosucio, Chocó Entre diciembre de 1996 y febrero de 1997, cerca de quince mil campesinos abandonaron sus lugares de residencia, ubicados en varias cuencas de los ríos del Bajo Atrato -
principalmente en los ríos Domingodo, Salaqui, Truandó, Curvaradó y Jiguamiandó fuertemente golpeadas por el conflicto armado. Más de cinco mil desplazados se dirigieron hacia el corregimiento de Pavarandó, ubicado en el municipio de Mutatá en el Urabá, huyendo por la selva y principalmente por el río Jiguamiandó. Refugiados durante un año en el campamento improvisado de Pavarandó, los desplazados declararon la constitución de las “comunidades de paz” de “San Francisco de Asís”, de “Natividad de María” y de “Nuestra Señora del Carmen” a finales del año 1998. Poco a poco, las comunidades desplazadas originarias del Bajo Atrato emprendieron un retorno colectivo y progresivo hacia sus diferentes tierras y hacia sus fincas ubicadas en zonas fuertemente golpeadas por el conflicto armado. La movilización social de las comunidades desplazadas asentadas en el campamento de Pavarandó tenía como objetivo principal la defensa de la vida de la población civil fuertemente golpeada por el conflicto armado. Los líderes desplazados de Pavarando exigieron al Estado el cese de los bombardeos sobre los ríos del Bajo Atrato y el cumplimiento de los deberes constitucionales de protección del retorno de la población civil a sus lugares de origen. La movilización social pudo consolidarse gracias a un apoyo importante - tanto material como político - brindado por la Iglesia católica, por varias ONG colombianas y también por la cooperación internacional. Finalmente, a lo largo del tiempo, la movilización de los colectivos de desplazados organizados en las “comunidades de paz” de Riosucio, se transformó para adoptar una dimensión cada vez más territorial, identitaria y étnica. La búsqueda de la autonomía frente a las lógicas de guerra de los grupos armados empezó a articularse de manera estrecha a la construcción de una territorialidad étnica autónoma. Esa última se basa en el ejercicio de la soberanía sobre unos territorios colectivos por parte de las comunidades locales.
Así, la movilización social buscó de manera simultánea la titulación colectiva de las tierras de las comunidades locales, el reconocimiento de su identidad étnica afrocolombiana y mestiza y la puesta en obra de un desarrollo étnico, autónomo y respetuoso del medio ambiente. Reflejando esa nueva dinámica social y territorial, en octubre de 2003, el proceso de las “comunidades de paz” de Riosucio dio paso a la constitución, en la cabecera municipal de Riosucio, de una organización campesina de base, la Asociación de Consejos Comunitarios y de Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA). Hoy en día, esta organización de base representa a cincuenta-y-ocho Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas y mestizas y a siete cooperativas de producción y de trabajo. A través de su trabajo permanente de cabildeo político hacia el Estado central y de su activismo hacia las comunidades locales, esta organización de base busca actualmente promover un modelo de desarrollo alternativo, basado en el respeto de la diferencia étnica de las comunidades afrocolombianas del Pacífico y en la preservación del medio ambiente. Históricamente, en el Bajo Atrato, poderosas empresas de extracción de madera, como la empresa Maderas del Darien SA, han suscitado el rechazo de una parte de las comunidades locales por medio de la vocería de sus lideres comunitarios. La movilización actual de la organización de base ASCOBA en contra de la tala ilegal de madera en los territorios colectivos de las comunidades que pertenecen a la organización puede ser considerara como una clara continuación de la lucha emprendida por la organización ACIA en la década del ochenta.
La organización “Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica” (CAVIDA).
La movilización social de los pobladores originarios de veintitrés comunidades de los ríos Cacarica y Atrato, desplazados por la violencia en el mes de febrero del año 1997 y asentados durante tres años en el Coliseo Municipal del puerto de Turbo, en el Urabá, empezó a formarse a principios del año 1997. Progresivamente, los campesinos desplazados del río Cacarica lograron negociar su retorno con el Estado y con los mandos de los grupos armados locales. Finalmente, obtuvieron la delimitación de varios espacios protegidos de asentamiento en el río Cacarica. En 1999, después de una larga negociación con el Estado y después de varios diálogos humanitarios emprendidos con los grupos armados, este colectivo de personas desplazadas, conformó las “Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica” (CAVIDA) en los ríos Perancho y Peranchito, dos afluentes del río Cacarica. El 15 de diciembre de 1999, el Estado otorgó un titulo colectivo sobre la propiedad de sus tierras a las comunidades desplazadas del río Cacarica. Así, las personas desplazadas reunidas en la organización CAVIDA lograron un retorno progresivo hacia sus lugares de origen. A pesar de algunas dificultades, la autonomía de estos espacios protegidos de retorno, de asentamiento y de protección de las comunidades desplazadas fue relativamente respetada por los grupos armados ilegales presentes en el sector y también por las Fuerzas Nacionales de Colombia. Hoy en día, las personas desplazadas, reubicadas en nuevas tierras y que pertenecen a la organización CAVIDA, reúnen alrededor de mil dos cientos campesinos, repartidos en varios asentamientos ubicados en la cuenca del río Cacarica. La mayoría de los campesinos desplazados viven reubicados en nuevos sitios. Sin embargo, algunas familias han logrado retornar muy cerca de las fincas donde vivían y trabajaban antes de la intensificación del conflicto armado en el Bajo Atrato.
Los distintos Consejos Comunitarios de las comunidades afrocolombianas y mestizas del río Cacarica integrantes de la organización CAVIDA rechazan formalmente el modelo de desarrollo que se está imponiendo paulatinamente en el Bajo Atrato. Este modelo esta principalmente basado en la agroindustria, en la expansión del monocultivo de palma de aceite, en la explotación irracional de los recursos maderables y en la puesta en obra de megaproyectos de infraestructura. En cambio, la organización CAVIDA resalta la importancia de adoptar un desarrollo respetuoso del estilo de vida tradicional de las comunidades afrocolombianas del Pacífico y pone particularmente el énfasis en la relación específica de las comunidades locales con su entorno natural. Además, la organización territorial insiste sobre la importancia de preservar la biodiversidad excepcional de la cuenca del río Cacarica y de la zona selvática del Darién.
Las “zonas humanitarias” de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. En mayo de 2001, los Consejos Comunitarios de las comunidades afrocolombianas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó recibieron los títulos colectivos de propiedad de sus tierras por parte del Estado colombiano. Dicha titulación estatal se dio en un contexto de fuerte intensificación del conflicto armado en la zona. La decisión estatal otorgó a los territorios de las comunidades afrocolombianas y mestizas del Curvaradó y del Jiguamiandó el estatuto jurídico de “Tierras comunales de grupos étnicos”. A la luz de la nueva Constitución Política de 1991 y de la Ley 70 de 1993, los territorios otorgados a esas comunidades fueron declarados “imprescriptibles, inembargables e inalienables”, lo que constituye una protección jurídica particularmente importante. A pesar de este reconocimiento institucional fuerte por parte del Estado colombiano de los títulos de propiedad colectiva de las comunidades locales, a partir del año 2000, varias empresas palmeras, apoyadas por grupos paramilitares, ocuparon ilegalmente sus territorios
colectivos, y con el uso de la fuerza, las desplazaron. Varias empresas de palmicultura empezaron a cultivar palma de aceite a gran escala y a iniciar la construcción de distintas infraestructuras extractivas en los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas y mestizas de los ríos Curvarado y Jiguamiando. Cabe mencionar aquí el papel significativo jugado por los hermanos Sierra, empresarios antioqueños del transporte, en la expansión de los cultivos de palma de aceite en la cuenca del río Curvaradó, y en particular en la localidad de Llano Rico, a partir del año 2000. En este momento, los hermanos Sierra fueron directamente vinculados con los jefes del grupo paramilitar Bloque Elmer Cardenas de las AUC. Gabriel Sierra era el presidente de la empresa Palmas de Curvaradó SA, una de las principales empresas acusadas de haber financiado las actividades de grupos al margen de la ley en el Bajo Atrato y de haber sembrado miles de hectáreas de cultivos de palma de aceite en territorios colectivos de comunidades afrocolombianas y mestizas de los ríos Curvaradó y Jiguamiando. (Ocampo Valencia, 2009, pp. 180-181). La dinámica empresarial que se dio en torno a los cultivos de palma de aceite en el Bajo Atrato correspondió a una de las principales prioridades del Estado central definidas durante la última década en términos de desarrollo rural: la promoción y el desarrollo de cultivos de palma de aceite para aumentar drásticamente los niveles de producción nacional de agrocarburantes. Así, la producción local de palma de aceite fue fuertemente sostenida por el Estado central a través de un sistema de múltiples préstamos otorgados a las empresas palmeras. Un artículo reciente menciona los casos de dos empresas de palmicultura que invirtieron en los ríos Jiguamiandó y Curvaradó: Urapalma SA y ASOPROBEBA. Ambas
empresas recibieron importantes ayudas financieras por parte del Estado colombiano y fueron acusadas de tener estrechos vínculos con grupos paramilitares de las AUC.16 Así, durante la última década, a pesar de las enfermedades que han afectado la palma de aceite, hemos observado un auge constante de la producción de palma de aceite en todo el país.17 No sólo es la expansión ilegal del monocultivo de palma de aceite en el Bajo Atrato que fue transformando el modelo de desarrollo de las comunidades locales del Jiguamiando y del Curvarado. Al inicio del siglo XXI, se han extendido las explotaciones de ganadería extensiva en la zona. Sea con la palma africana o con el ganado, se dio una presión armada fuerte desde grupos al margen de la ley y muchos campesinos se vieron forzados a vender sus pequeñas parcelas de tierra a bajo precio. Finalmente, durante las dos últimas décadas, narcotraficantes presentes en la región han comprado tierras en forma masiva – y en particular explotaciones de ganadería extensiva – para facilitar el lavado del dinero sucio proveniente del narcotráfico. Además, se incrementó el número de hectáreas sembradas en cultivos de uso ilícito - coca y amapola - prácticamente en todas las cuencas del Bajo Atrato. Respondiendo a la agudización del conflicto armado, a la compra masiva de tierras por los narcotraficantes y a la imposición violenta de un modelo hegemónico de desarrollo basado en el crecimiento de la ganadería extensiva y en la expansión del monocultivo de palma de aceite; desde principios de la década del 2000, varias reagrupaciones comunitarias de desplazados, de pequeños campesinos y de personas sin tierras se formaron en los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Se auto nombraron “zonas humanitarias” y “zonas de biodiversidad”. 16
Véase Grajales, Jacobo, 2011, “The rifle and the title: paramilitary violence, land grab and land control in Colombia”, Journal of Peasant Studies, núm. 38: 4, pp. 787-788. 17 Según las cifras de la federación de palmicultores FEDEPALMA, la superficie sembrada en cultivos de palma de aceite en el país ha augmentado considerablemente durante los últimos años: se ha pasado de 161 000 hectáreas en el 2001 a 336 956 hectáreas en el 2008. Citado por (Ocampo Valencia , 2009, p. 176).
Los objetivos que han llevado los campesinos locales a la delimitación de varias “zonas humanitarias” y “zonas de biodiversidad” son diversos. Estos espacios protegidos buscan la protección de la vida de la población civil en un contexto de conflicto armado crónico; el desarrollo del policultivo de subsistencia para frenar la imposición paulatina y violenta de un modelo de desarrollo rural agroindustrial, la defensa de la identidad étnica y cultural de las comunidades afrocolombianas y mestizas y finalmente, la preservación del medioambiente. En marzo de 2003, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un impulso fundamental a la movilización de las comunidades locales del Jiguamiandó y del Curvaradó. En esa resolución, la CIDH mencionó la imposición violenta desde 2001 de un modelo de desarrollo basado en la expansión de los cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades locales. La CIDH ordenó la intervención del Estado colombiano en la protección de las comunidades y de sus territorios colectivos.18 La decisión jurídica de la CIDH fue seguida por varias intervenciones de la Corte Constitucional del Estado Colombiano. Esta última exigió un seguimiento particularmente activo al caso del Curvaradó y del Jiguamiandó y ordenó la realización de varias investigaciones oficiales por distintas instituciones como la Defensoria del Pueblo, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. El objetivo de estas investigaciónes jurídicas fue comprobar la usurpación de tierras por parte de las empresas palmeras y así proteger a las comunidades locales. Además, las comunidades del Curvaradó y del Jiguamiandó tuvieron el apoyo de algunas ONG nacionales e internacionales y de algunas organizaciones perteneciendo a un sector muy progresista de la Iglesia católica - entre las cuales, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz jugó un papel determinante. Progresivamente, los habitantes locales lograron constituir varios espacios protegidos frente al conflicto armado, entre los cuales algunos, como en el río 18
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la República de Colombia, caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó, 6 de marzo de 2003.
Curvaradó, están ubicados en medio de grandes extensiones de cultivo de palma de aceite. Hoy, en estas diversas “zonas humanitarias” y “zonas de biodiversidad”, siguen viviendo varios centenares de pequeños campesinos que han sido desplazados por la violencia y cuyas parcelas de tierra, muchas veces, han sido usurpadas por grandes terratenientes y por empresas de cultivos de palma de aceite. Hoy, la mayoría de los ocupantes de las “zonas humanitarias” y de las “zonas de biodiversidad” de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó son pequeños campesinos desplazados que tratan de sobrevivir y de ejercer una forma de autonomía en sus territorios colectivos con unos recursos muy escasos. Muchas veces, los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas y mestizas locales han sido totalmente invadidos y transformados por los cultivos de palma africana. Poco a poco, gracias al apoyo de algunas ONG, los campesinos intentan retornar progresivamente a sus antiguas “fincas” y recuperar sus tierras que han sido usurpadas por las empresas palmeras.
La movilización social en contra del proyecto minero Mandé Norte / Murindo En 2005, la empresa minera estadunidense Muriel Mining Corporation que se dedica principalmente a la explotación aurífera y cuyo proyecto en el Chocó ha sido financiado en gran parte por capital australiano y británico, obtuvo nueve concesiones mineras por parte del Estado Colombiano para empezar excavaciones en el municipio chocoano de Carmen del Darién y en el municipio antioqueño vecino de Murindo. En 2008, la compañía minera empezó excavaciones de cobre, de oro y de molibdeno en dos sitios ubicados en dos territorios colectivos de resguardo indígena de los pueblos Embera Katio y en territorios colectivos de comunidades afrocolombianas. Se trata de los Resguardos Indígenas de Uradá Jiguamiando, ubicado en el municipio de Carmen del Darién y del Resguardo Indígena del Río Murindo, ubicado en el municipio de Murindo.
En enero de 2009, más de dos cientos indígenas originarios del resguardo del Río Murindo y veinte indígenas originarios del resguardo Uradá Jiguamiandó ocuparon el caserío de Coderocito, ubicado en los alrededores de la zona de excavación minera de la Muriel Mining Corporation para protestar en contra del proyecto minero Mandé Norte / Murindo. 19 Este proyecto minero suscitó una fuerte polarización en el ámbito de las organizaciones territoriales locales del Bajo Atrato y de las ONG que las acompañan. Algunas organizaciones indígenas del Bajo Atrato como CAMIZBA20 y CAMICAD21 que representan el resguardo indígena de Uradá Jiguamiando ubicado en el municipio de Carmen del Darién, se pronunciaron a favor del proyecto minero. Afirmaron que la Muriel Mining Corporation había cumplido con todos los requisitos legales del mecanismo de la “consulta libre, previa y informada” de las comunidades locales para obtener el derecho a la explotación minera, como lo exige la Ley 70 y varios reglamentos internacionales firmados por el Estado colombiano. En cambio, los líderes indígenas del Resguardo Indígena Río Murindo y los líderes afrocolombianos del río Jiguamiando se opusieron formalmente a la puesta en marcha del proyecto minero y afirmaron que no hubo ninguna “consulta libre, previa e informada” de las comunidades indígenas e afrocolombianas locales. En su trabajo de cabildeo, los dirigentes indígenas e afrocolombianos de los ríos Murindo y Jiguamiando fueron apoyados por la ONG Comision Intereclesial de Justicia y Paz que jugó el papel de oponente principal al proyecto minero de Mandé Norte / Murindo. Hoy, parece que a raíz de la decisión jurídica de la Corte Constitucional del 29 de octubre de 2009 (decisión T-769/2009); el proyecto de explotación minera de la Muriel Mining Corporation en el norte del Chocó ha sido suspendido por el Estado colombiano. En 19
Véase El Colombiano, edición del 2 de marzo de 2009. 20 CAMIZBA : Cabildos Mayores Indígenas de la Zona del Bajo Atrato, organizacion indígena del Bajo Atrato nacida en 1986 a raiz de las necesidades que tenían las comuninades indígenas de delimitar sus territorios con el Estado. CAMIZBA representa a diez-y-nueve comunidades indígenas Embera Wounan, Embera Katio y Embera Dobida del municipio de Riosucio. 21 CAMICAD : Cabildo Mayor Indigena de Carmen del Darien, organizacion indígena nacida en el 2003 que representa a siete comunidades indígenas cuyos territorios colectivos están ubicados en el municipio de Carmen del Darien.
esta decisión, la Corte Constitucional afirma que el proceso de “consulta libre, previa e informada” no ha sido adecuadamente llevado a cabo.
3.- La demanda local de ciudadanía y la producción de varias territorialidades de resistencia en el Urabá y en el Bajo Atrato
3.a.- La demanda de ciudadanía por parte de las comunidades locales
Las distintas movilizaciones sociales en contra de la guerra que hemos descrito arriba reflejan claramente el rechazo por la población local de las lógicas de violencia y de desplazamiento forzado de los actores armados y su protesta frente a la imposición de un modelo de desarrollo agroindustrial. Muestran el rechazo ante la política militarista y desarrollista implementada por el Estado central durante estos últimos años en estas zonas periféricas del país. Estas iniciativas locales muestran también la intensidad de las demandas de ciudadanía y de las demandas hacia cierto tipo de presencia civil del Estado que se produjeron durante estos últimos años al nivel de las comunidades locales del Urabá y del Bajo Atrato. Entendemos el concepto de ciudadanía como el sentimiento de pertenencia a un conjunto social concreto, a una comunidad nacional, asociado al hecho de beneficiar de las garantías que ofrecen las instituciones estatales. La ciudadanía no solamente supone gozar de un número específico de derechos reconocidos por el Estado y ejercer un cierto número de deberes; supone también el reconocimiento de una forma de dignidad que autoriza la pertenencia de cada individuo a la comunidad política nacional. Históricamente, los pobladores del Urabá y del Bajo Atrato, es decir de dos regiones situadas en los márgenes del Estado colombiano, han tenido acceso a una forma muy restringida de ciudadanía y de integración a la comunidad nacional. Además, la identidad
política asignada a los habitantes de estos sectores rurales ha sido sumamente negativa. Viviendo en una región que ha sido marcada históricamente por el conflicto armado, el terror, el tráfico de drogas y el contrabando, muchas veces, los pobladores locales fueron estigmatizados como “guerrilleros” y como posibles portadores de las lógicas de violencia del conflicto armado. Así, para la mayoría de ellos, las instituciones del Estado son simplemente inexistentes o permanecen sumamente lejanas y abstractas. Históricamente, los campesinos locales han sido más bien objetos de las lógicas de guerra y de las políticas de terror del Estado y de los grupos armados ilegales que verdaderos ciudadanos y sujetos políticos exigiendo al mismo Estado el cumplimiento de sus derechos. Han sido más bien habitantes locales sometidos a unas redes privadas de poder que miembros de comunidades autónomas llevando a cabo sus propios proyectos de vida. En el Urabá y en el Bajo Atrato, la demanda de ciudadanía y de reconocimiento social que nació por parte de los pobladores locales estuvo estrechamente articulada a la búsqueda de garantías sobre la propiedad de la tierra. Como lo expresa muy bien el sociólogo y historiador Daniel Pécaut, « la garantía sobre la propiedad de la tierra es lo que engendra una inserción en la trama social: es portadora de una memoria y de un futuro, por medio del cuál el individuo se reconoce como persona »22. Así, para los campesinos de esta zona situada en los márgenes del país, la obtención de un título de propiedad colectiva o de cualquier garantía sobre la propiedad de la tierra es lo que les permite de algún modo acceder a una identidad política, a una forma de ciudadanía y de inserción dentro de la comunidad política nacional. Sin embargo, la intensificación del conflicto armado en la región llevó a un proceso de expropiación masiva de pequeños
22
Véase Pécaut, Daniel, 2000, “Respecto a los desplazados en Colombia”, en: El Desplazamiento por la violencia en Colombia, Experiencias, análisis y posibles estrategias de atención en el departamento de Antioquia. Memorias del Foro Internacional Desplazados Internos en Antioquia, Medellín, 27-28 de Julio de 1998, Bogotá, Cisp, pp. 12-13.
campesinos y por consiguiente de fragilización extrema de su sentido de pertenencia y de ciudadanía. El acceso de los pequeños campesinos a la propiedad de la tierra ha sido históricamente muy incierto y frágil tanto en el Urabá como en el Bajo Atrato. Hoy todavía, de un día para el otro, muchos pequeños campesinos pueden volverse desplazados por la violencia. En estas dos regiones de recién poblamiento y de colonización agrícola, los campesinos, la mayoría del tiempo, no poseen ningún título de propiedad y ninguna forma de protección por parte de las instituciones jurídicas del Estado. Muchas veces, los pequeños campesinos que llegaron al Bajo Atrato ocuparon unos pequeños lotes de tierra sin realmente tener ningún título legal de propiedad. La legitimidad social de los pequeños campesinos colonos para ocupar sus tierras no se basó en la posesión de un titulo sino más bien en el trabajo de mejora de la tierra que hicieron y en su pertenencia a un grupo social reconocido al nivel local (grupo familiar, grupo de vecindad, etc.). Este último pudo dar testimonio del nuevo estatus de propietario de los pequeños colonos. Pero con la agudización del conflicto armado, las lógicas de violencia, de apropiación de la tierra y de control social de los grupos armados cuestionaron de manera permanente los títulos de propiedad recién adquiridos por los pequeños campesinos. Muchas veces, la forma más común usada por los pequeños campesinos para obtener un grado mínimo de protección y un sentimiento de seguridad sobre la propiedad de su tierra fue someterse directamente a un grupo armado o a una red de poder local dirigida por un cacique político disponiendo de un brazo armado. A pesar de la evolución de la dinámica del conflicto armado, estas prácticas históricas de clientelismo rural y de vinculación forzada de pequeños campesinos a una red de poder o a un grupo armado siguen existiendo hoy en día en la zona. Sin embargo, en el contexto de violencia múltiple y de control territorial precario, la protección tácita que otorga un grupo
armado o una red de poder a un pequeño campesino resulta ser también muy incierta y susceptible de ser cuestionada permanentemente por otro grupo armado rival. 3. b.-El papel ambiguo del Estado en la protección de la propiedad de la tierra de las comunidades locales
Hoy no existe un sistema efectivo de protección jurídica por parte del Estado colombiano contribuyendo realmente a garantizar la propiedad de la tierra de los pequeños campesinos de las comunidades afrocolombianas y mestizas del Bajo Atrato. Además, aún siendo protegidos por la existencia de un Consejo Comunitario y por el marco jurídico de la Ley 70 de 1993, muchos campesinos locales desconfían en las protecciones legales que brinda el Estado central. Según las organizaciones campesinas locales, el proceso de titulación y de obtención de garantías sobre la propiedad de la tierra de las comunidades afrocolombianas y mestizas sigue siendo muy incompleto y particularmente frágil. Las instituciones estatales especializadas en este ámbito (INCODER23, Ministerio de Agricultura) han demostrado poca voluntad política de proteger a los pequeños productores locales. Además, en varias regiones, la administración estatal del INCODER (ex INCORA) ha sido vinculada con intereses mafiosos y con redes privadas de poder local dirigidas por grandes terratenientes cuyos intereses socioeconómicos han sido totalmente opuestos a los intereses de los pequeños campesinos. Muchas veces, los territorios de las comunidades afrocolombianas y mestizas del Bajo Atrato que fueron adjudicados en propiedad colectiva por el Estado no fueron realmente reconocidos y protegidos. Una vez titulados, estos territorios colectivos fueron de manera simultánea usurpados por grandes terratenientes y por empresas agroindustriales con la complicidad de varios grupos paramilitares.
23
INCODER : Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
Durante los últimos años, el Estado colombiano ha demostrado en muchas de sus acciones y decisiones de política pública, que ha estado apoyando al modelo dominante de la economía de hacienda y de plantación. Este modelo socioeconómico está basado principalmente en la ganadería extensiva y en la expansión del sector agroindustrial, lo que constituye una amenaza directa a la preservación de la integralidad territorial de los títulos colectivos de las comunidades afrocolombianas y mestizas del Pacífico colombiano. La política agrícola de la administración Pastrana [1998-2002] y de la administración Uribe [2002-2010] ha estado apoyando principalmente a los intereses de grandes grupos del sector agroindustrial y a la expansión territorial de varias empresas de cultivo de palma de aceite, en particular. Esta política agrícola ha estado desfavoreciendo al modelo de la economía campesina y familiar de los pequeños agricultores de la zona. Así, en este contexto particularmente difícil, varios colectivos de pobladores y de desplazados locales han emprendido una búsqueda permanente de obtención de garantías sobre la propiedad de sus tierras y de ejercicio de formas de ciudadanía. Han formulado varias propuestas de construcción de un desarrollo alternativo, autónomo y étnico. Frente a la política desarrollista del Estado colombiano y a las presiones territoriales continuas de grupos armados ilegales y de grandes empresas agroindustriales (ganadería extensiva, palma aceitera) y explotadoras de recursos naturales no renovables (madera, recursos mineros); la movilización social local logró construir varias propuestas contrahegemónicas en el Urabá y en el Bajo Atrato. La participación de pequeños campesinos en las movilizaciones sociales que hemos descrito anteriormente se puede entender como una manera de asegurar su acceso a la tierra y como una protesta en contra de la práctica constante de despojo de la tierra en una región que se ha caracterizado por ser una de las más conflictiva y disputada de todo el país.
El respaldo de un sector relativamente progresista de la Iglesia católica y de varias redes transnacionales de organizaciones de base y de ONG facilitó la obtención por parte de ciertas comunidades locales de algunas formas de reconocimiento social y de garantías sobre la propiedad de sus tierras.
3. c.- La producción de varias territorialidades de resistencia en el Urabá y en el Bajo Atrato
Por el concepto de territorialidad, entendemos la representación sociopolítica y cultural que se hace un individuo, una comunidad o un grupo social en particular de un espacio específico. Una territorialidad suele ser una combinación compleja de varios elementos sociopolíticos y de diversas identidades. Como lo vimos en las dos primeras partes, en el Urabá y en el Bajo Atrato, la configuración de varias territorialidades de resistencia es indisociable del contexto de conflicto armado y del proceso de destierro que ha marcado la población rural de estas dos regiones fuertemente golpeadas por la violencia desde hace varias décadas. Para los campesinos desplazados que han sido desterritorializados por los grupos armados ilegales; el territorio representa actualmente a una mezcla de recuerdos de terror y de la violencia cometida por los grupos armados contra los pobladores, sus parientes, sus compadres y sus vecinos. Así, para muchos campesinos desplazados del Bajo Atrato, el territorio representa un conjunto de imágenes de diversos lugares que todavía suscitan el miedo. Muchas personas del Bajo Atrato que han sido desplazadas por la violencia que golpeó fuertemente a los ríos Domingodó y Salaqui, tanto a finales del año 1996 como en el año 2001, todavía no quieren retornar a sus tierras, a pesar del ambiente relativamente pacífico que ahora existe en esta zona. Su territorialidad ha adoptado la forma de una especie de
« geografía del miedo », para retomar el concepto desarrollado por el geógrafo y antropólogo Ulrich Oslender, que ha trabajado en el sur del Pacífico colombiano.24 Para muchos pobladores de estas dos cuencas fuertemente golpeadas por la violencia, después de la intensificación del conflicto armado en 1996, el territorio adquirió un nuevo sentido de lugar, asociado a la violencia, al conflicto armado y a un sentimiento de miedo. Las reivindicaciones territoriales y étnicas de varias comunidades locales, la construcción progresiva de nuevos sujetos políticos al nivel local y la producción de nuevas territorialidades de resistencia en la región constituyen procesos que han sido estrechamente vinculados en el Urabá y en el Bajo Atrato. Distintos actores sociales - desplazados por la violencia, pequeños campesinos, líderes comunitarios, organizaciones de base, representantes de la Iglesia y de agencias de cooperación internacional - intervinieron de manera conjunta en el largo y complejo proceso de subjetivación y de configuración de varias territorialidades de resistencia. Así, la noción de territorialidad de resistencia combina varias dimensiones: una dimensión política y ciudadana, una dimensión socioeconómica y finalmente, una dimensión étnica y cultural. La dimensión política y ciudadana de delimitación de un espacio protegido, dedicado al respeto del derecho a la vida de la población civil está ligada a la dimensión socioeconómica de delimitación de un espacio de rechazo al modelo dominante de desarrollo basado en la economía de hacienda y en la expansión de la agricultura agroindustrial de latifundio. Así, hemos mostrado como los espacios construidos por la movilización social en el Urabá y en el Bajo Atrato se dedican a las prácticas tradicionales de producción de las comunidades locales, principalmente vinculadas al policultivo de subsistencia y al manejo sostenible de los recursos del bosque.
24
Oslender, Ulrich, 2001, “La lógica del río: estructuras espaciales del proceso organizativo de los movimientos sociales”, en: Pardo, Mauricio, Acción colectiva, Estado y etnicidad en la región del Pacifico Colombiano, Bogotá, Ican, p. 139.
Es importante también subrayar la existencia de una dimensión étnica y cultural que surgió en la movilización local de resistencia. En el Bajo Atrato, la comunidad local se volvió el nuevo espacio de reconocimiento social de la etnicidad afrocolombiana y mestiza y del sentido de lugar específico que caracteriza las comunidades ribereñas del Pacífico. Con su movilización social, las organizaciones locales exigieron el respeto a la cultura y a las practicas tradicionales de las comunidades ribereñas. Ulrich Oslender se refiere a la relación especifica que han tejido las comunidades ribereñas del Pacífico con su entorno natural con el concepto de « espacio acuático » (Oslender, 2008,132-133). Así, la movilización local exigió el reconocimiento por parte del Estado del estatus de las comunidades locales de comunidades afrocolombianas propietarias legítimas de unos territorios colectivos y “ancestrales”. Finalmente, es importante mencionar que las territorialidades de resistencia producidas en el Urabá y en el Bajo Atrato no tienen unos límites fijos y definitivos. Al contrario, los espacios de resistencia son móviles y se construyen de manera continua a distintos niveles (local, regional, nacional e internacional). En este sentido, la sociedad civil internacional y las redes transnacionales de organizaciones que participan a la movilización social juegan un papel fundamental. Durante
los
últimos
años,
redes
complejas
de
ONG,
de
organizaciones
intergubernamentales y de diplomáticos han acompañado de cerca la movilización social local en contra de la guerra. Esta presencia creciente de diversos actores internacionales en el Urabá y en el Bajo Atrato ha transformado de manera profunda tanto la movilización local en contra de la guerra como la configuración y el significado de las territorialidades de resistencia que se formaron allí. La configuración de una territorialidad de resistencia ya no sólo obedece a la lógica local de la movilización social que surgió en contra de un contexto de violencia y de imposición de un modelo único de desarrollo ; sino que responde también a una lógica globalizada de resistencia existiendo al nivel mundial.
Así, algunas temáticas globales de movilización social [global issues] como son por ejemplo la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos de los pueblos y del derecho internacional humanitario, la prioridad otorgada al nivel local en el ejercicio de la ciudadanía y de la gobernanza están jugando un papel cada vez más importante en el discurso de los lideres locales. Las territorialidades de resistencia constituidas en el Urabá y en el Bajo Atrato durante la última década se volvieron ejemplares de una política de derechos humanos y de la búsqueda de vías alternativas a un modelo único de desarrollo. Estas movilizaciones han sido impulsadas por varios actores internacionales (movimientos internacionales de Iglesia, ONG, Naciones Unidas). La constitución de estos espacios de resistencia también fue el resultado de la intervención al nivel local de ONG humanitarias como OXFAM-GB y de redes transnacionales de agencias de cooperación. Así, progresivamente, las territorialidades de resistencia a la guerra que se han formado en el Urabá y en el Bajo Atrato fueron tomando una dimensión extraterritorial y un significado de orden global cada vez más visibles y contundentes.
Conclusiones
Desde hace varias décadas, las territorialidades de las comunidades locales del Urabá y del Bajo Atrato han sido fuertemente modeladas por importantes tensiones socioeconómicas y políticas, por un contexto de conflicto armado crónico y en algunos momentos, por unas lógicas de violencia múltiple y generalizada. A partir de 1997, las movilizaciones sociales en contra de la violencia y las reivindicaciones sociales, territoriales y étnicas que se produjeron en el Urabá y en el Bajo Atrato por parte de algunos colectivos de desplazados y de pequeños campesinos, lograron
delimitar varios espacios de asentamiento relativamente protegidos frente al conflicto armado. La movilización social local contribuyó a cuestionar la imagen generalmente negativa que suelen tener las regiones del Urabá y del Bajo Atrato en el resto del país, representando territorios de guerra y de desorden social. La movilización social en contra de la guerra que se consolidó a partir de 1997 en estas márgenes del Estado colombiano contribuyó a reconstruir progresivamente la identidad de los pobladores locales que había sido fuertemente deteriorada por el contexto de violencia crónica. Poco a poco, las comunidades locales se reconstruyeron como población civil, como sujetos de derecho y como comunidades étnicas dueñas de unos territorios colectivos ancestrales. Algunas comunidades locales lograron rechazar el modelo de la expansión continua de la agroindustria y de la minería industrial y ejercieron su autonomía en su territorio y en el proceso de definición de un modelo de desarrollo propio y conforme a sus tradiciones culturales. A través de la producción de varias territorialidades de resistencia, estas experiencias de movilización social lograron también reinventar las formas tradicionales de ejercicio de la ciudadanía y de pertenencia al Estado-Nación de las comunidades locales. Sin embargo, en la medida que las lógicas de guerra y la expansión de la agroindustria continúen a ejercerse en la zona, el modelo social alternativo de estas comunidades locales sigue siendo muy frágil. Los actores transnacionales de la sociedad civil han ido creando territorialidades que oscilan constantemente entre la resistencia y el mero refugio de los desplazados, entre la construcción de ciudadanía y la permanencia de la población local en una situación de relegación y de estigmatización social. Las comunidades locales han oscilado constantemente entre la plena recuperación de un “territorio étnico” dedicado al ejercicio de su autonomía y al respeto a sus tradiciones
culturales y la sumisión a un control social y territorial estrecho ejercido de hecho por grupos armados ilegales, empresas agroindustriales y compañías mineras. Así, la transformación de la territorialidad de los habitantes locales, históricamente marcada por la violencia y la « geografía del miedo », por medio del surgimiento de varios espacios de resistencia a la guerra y de autonomía es un proceso largo y que probablemente, nunca será definitivo. Además, en un futuro cercano, es probable que el carácter fuertemente desigual de la estructura agraria local de la propiedad rural y los altos niveles de pobreza que existen en el Urabá y el Bajo Atrato constituyan fuentes permanentes de tensiones sociales y de conflictos. Así, las territorialidades de resistencia que se formaron en el Urabá y en el Bajo Atrato siguen siendo configuraciones muy inestables y muy frágiles. Sin embargo, los espacios de resistencia que se consolidaron allí durante los últimos años constituyeron una respuesta importante desde « lo local » y desde la sociedad civil frente a la guerra y frente a la imposición violenta de un modelo hegemónico de desarrollo que se hizo principalmente por la fuerza y « desde arriba ».
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