Más Saber en América Latina: Potenciando el Vínculo entre Universidades y Think Tanks

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Descripción

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José Joaquín Brunner Ried Orazio J. Bellettini Cedeño Adriana M. Arellano Albuja

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José Joaquín Brunner Ried Orazio J. Bellettini Cedeño Adriana M. Arellano Albuja

“Este libro trae una importante contribución para entender el lugar y la relevancia del mundo de los think tanks en América Latina, instituciones pequeñas, ágiles y flexibles que han surgido en toda la región como alternativa o complemento a la investigación universitaria en economia y las ciencias sociales, vocacionadas hacia una fuerte conexión entre la investigación y sus aplicaciones e impactos en la vida de cada país”. Simon Schwartzman Investigador Senior del Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade en Rio de Janeiro, Brasil “Este es un impresionante estudio acerca de las formas de conocimiento científico y aquel aplicado a las políticas públicas que se generan en las universidades y los think tanks en América Latina. Sus recomendaciones para integrar ambas fuentes de conocimiento en el diseño de políticas son altamente relevantes hoy día”. Alejandro Foxley Fundador y Presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), Chile “Decía un campesino panameño: el problema no es pintar palomas, sino ponerles pico y que coman. El libro trata de esto: cómo lograr la combinación de hacer investigación académica rigurosa con orientación a la aplicación en la sociedad, e influencia en las políticas públicas. La confluencia de rasgos entre centros de pensamiento y universidades tiene un amplio potencial que se muestra en una decena de casos de diversos países de América Latina, aunque con grados diversos de logro y heterogeneidad”.  Miguel Gutierrez-Saxe Coordinador de la Comisión Económica del Plan Nacional de la Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores CONARE, Fundador e Investigador del Programa Estado de la Nación, Costa Rica

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“Este libro aborda un tema fundamental de nuestro tiempo, la importancia de la construcción de conocimientos que sean a la vez amplios y profundos con el fin de responder adecuadamente a los desafíos que enfrentan las sociedades y gobiernos de todo el mundo. Las metodologías utilizadas en el libro son innovadoras y revelan tendencias importantes en la creación de conocimiento; los casos estudiados ofrecen claves para comparar la dinámica de la universidad y think tanks y las recomendaciones son realmente útiles para resaltar la relevancia de estas instituciones para la toma de decisiones y la acción. “Más Saber América Latina” es un importante paso hacia la apreciación del trabajo de las universidades y think tanks y cómo ese trabajo debe fomentar una mayor conectividad entre los investigadores y entre investigadores y tomadores de decisiones. Este libro perspicaz demostrará ser una importante fuente de ideas para los que conducen dichas instituciones”. Merilee Grindle Directora del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, Universidad de Harvard, 2006-2014, Estados Unidos

“Cualquier intento de comprender el futuro de América Latina debe tener en cuenta la relación entre los think tanks y universidades, instituciones de referencia en la sociedad en cuanto a la investigación social y la influencia en la toma de decisiones del gobierno. Este libro es un excelente ejemplo de este esfuerzo. Teniendo como marco conceptual el conocimiento generado en las políticas públicas en la región, el libro revela, con maestría, el panorama político y económico que da lugar a la oferta para la generación de conocimiento en la investigación social en los países latinoamericanos. Más que eso, en base a la investigación esmerada, presenta propuestas innovadoras para fortalecer la capacidad de generar conocimiento en las políticas públicas a través de la colaboración entre think tanks y universidades”. Marlos Lima Director Ejecutivo del Centro Latino-Americano de Políticas Públicas de la Fundação Getulio Vargas, Brasil

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Este trabajo ha sido desarrollado con el apoyo de una subvención del International Development Research Centre, Ottawa, Canadá bajo la Iniciativa Think Tank e implementado en consorcio entre Grupo FARO, Ecuador, y el Centro de Política Comparada de Educación – CPCE, de la Universidad Diego Portales de Chile.

This work was carried out with the aid of a grant from the International Development Research Centre, Ottawa, Canada under the Think Tank Initiative and implemented in a consortium between Grupo FARO, Ecuador, and the Centro de Política Comparada de Educación – CPCE, from Universidad Diego Portales in Chile.

José Joaquín Brunner (1), Orazio Bellettini (2) y Adriana Arellano (2)1 www.massaber.org / [email protected] Contacto:

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Gregorio Bobadilla N38-88 y Granda Centeno, Quito - Ecuador Teléfono: 593-2-2456367 / 593-2-2264719

Equipo responsable del proyecto de investigación que laboran en el (1) Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) , Universidad Diego Portales (Chile) y en (2) Grupo FARO (Ecuador).

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América Latina tiene el desafío de incrementar su capacidad de producir conocimiento. Pese a representar 10% de la población mundial, nuestra región produce sólo el 2.3% del conocimiento científico que se genera globalmente. Las universidades y los centros de investigación aplicada a las políticas públicas o think tanks de la región tienen un rol clave para superar este desafío. Este libro compila los resultados de la investigación realizada bajo el proyecto “Más Saber América Latina: Potenciando el vínculo entre think tanks y universidades” cuyo objetivo fue explorar las relaciones entre ambos actores y comprender los factores que afectan la colaboración. Tradicionalmente estos actores mantienen enfoques distintos frente a la producción de conocimiento. Las universidades, aquellas que sí han dedicado esfuerzos a la investigación, se han concentrado sobre todo en la producción de conocimiento bajo el llamado Modo 1 de producción de conocimiento (modos definidos por Gibbons), un modo jerárquico, disciplinar, enfocado en lo académico-científico; mientras los think tanks, muestran mayor vocación por la producción de conocimiento bajo el modo 2, un modo horizontal, transdisciplinar, producido en red y enfocado en la aplicabilidad y pertinencia de los resultados en la sociedad. A pesar de estas diferencias, universidades y think tanks en América Latina confluyen en el mismo espacio y colaboran en una variedad de aspectos. El vínculo entre universidades

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y think tanks contribuye a la creación de un ecosistema en el cual interactúan diversidad de personas e instituciones poseedoras de una diversidad de conocimientos que evidencian la importancia de construir redes encargadas de conectarlo, recombinarlo y aplicarlo de formas más efectivas e innovadoras. Los hallazgos del estudio permiten sugerir que para lograr que América Latina se convierta en una región de conocimiento, es importante promover la colaboración entre diferentes actores y complementar el modo tradicional de producción de conocimiento, que ha estado centrado en los expertos, con otros modos que incorporan a una diversidad de actores de la sociedad en la producción de conocimiento. Este estudio fue en sí mismo un esfuerzo de colaboración entre Grupo FARO, un think tank ecuatoriano, y el Centro de Políticas Comparadas de Educación – CPCE de la Universidad Diego Portales de Chile, un centro de investigación afiliado a una universidad, y comprendió adicionalmente el trabajo colaborativo con 11 equipos de investigadores en distintos países. Esta experiencia confirma que colaborar no es fácil, requiere compromiso, flexibilidad y la existencia de objetivos compartidos. Aunque los think tanks y las universidades son claves, incrementar la capacidad de producción de conocimiento requiere también la incorporación de otros actores de la sociedad entre los que destacan las instituciones públicas encargadas de promover la investigación, la ciencia y la tecnología, la cooperación internacional, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

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Queremos agradecer a la Iniciativa Think Tank del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (International Development Research Centre, IDRC) de Canadá por el apoyo financiero al proyecto, a Soledad González, investigadora del CPCE quien participó en el equipo coordinador de “Más Saber América Latina”, a Norma Correa Aste, Enrique Fernández Darraz y Mario Albornoz, miembros del Comité Asesor, a los equipos investigadores de los nueve países, del estudio regional y de los estudios webométrico y bibliométrico, a los integrantes de la Red de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo por el acceso a la base de datos de think tanks en América Latina y a los/las faristas que colaboraron en la implementación del proyecto, particularmente a Wendy Espín, Heleana Zambonino y Marcela Morales. Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del libro sugieren que el fortalecimiento de los vínculos entre think tanks y universidades así como la transformación de América Latina en una región reconocida por su capacidad de producción de conocimiento no pueden ser vistos como un proyecto tecnocrático o elitista sino, sobre todo, como un proyecto social que requiere la generación de confianza, el cambio de la ética que rige las relaciones sociales y del establecimiento de nuevas instituciones que promuevan la colaboración, el aprendizaje y la innovación. Sólo así parece posible establecer en América Latina una sociedad donde el conocimiento sea un factor dinámico del desarrollo social, económico y político. Los editores

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índice Introducción.........................................................................10 Estudios por país Argentina..............................................................................53 Bolivia ..................................................................................111 Brasil .................................................................................174 Colombia.............................................................................233 Chile....................................................................................291 Guatemala...........................................................................370 Paraguay..............................................................................418 Perú....................................................................................462 Uruguay..............................................................................541 Estudio regional................................................................618 Conclusiones y Recomendaciones...................................777

Introduccion

Introducción Mario Albornoz Norma Correa Enrique Fernández Darraz

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Introducción

1. Presentación El presente trabajo aborda uno de los temas más relevantes en el ámbito de la producción de conocimiento: la relación que existe, en América Latina, entre dos instituciones que generan conocimiento aplicado a las políticas públicas. Uno de los principales retos que enfrenta el sector de creación de conocimiento en el continente es aumentar sus niveles de producción científica. Pese a representar el 10% de la población mundial, en el 2009, la región sólo aportó el 2,3% del conocimiento científico que se generó globalmente (Bellettini, 2012). En 2011 la inversión latinoamericana en I+D fue el 3,2% del total de la inversión mundial en ese rubro (RICYT, 2014). Responder a esta situación requiere un enfoque integral que considere las transformaciones globales en la geopolítica de la ciencia, así como los factores estructurales y coyunturales que influyen en el desempeño de las instituciones de investigación (Hernández, 2014). Elevar los niveles de producción de investigación en todos los ámbitos, no sólo tendría beneficios para el fortalecimiento de las comunidades académicas regionales y en los procesos de innovación tecnológica, sino que también podría contribuir a la elaboración de mejores políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Para esto último se requiere de investigación rigurosa que responda a los desafíos enfrentados por las sociedades latinoameri-

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canas, pero sobre todo de una sólida comprensión sobre los factores, actores e intereses que influyen en el uso de la investigación en el ciclo de políticas públicas (Correa y Mendizabal, 2011). Esta publicación busca aportar a este debate, ampliando la comprensión sobre la naturaleza y las dinámicas del sector de generación de conocimiento vinculado a las políticas públicas en América Latina. Para ello se analizan las relaciones entre dos de los principales productores de investigación aplicada: las universidades y los think tanks1 o centros de investigación. A través de una investigación comparada de nueve estudios de caso nacionales, y un estudio regional, se explora críticamente las relaciones de colaboración y competencia entre ambas instituciones, los factores que posibilitan o limitan una mayor cooperación interinstitucional, así como los aprendizajes derivados de intervenciones públicas o privadas orientadas a incrementar sus capacidades de investigación aplicada. Asimismo, se brindan recomendaciones para una colaboración más eficaz entre centros de pensamiento y universidades. Los resultados presentados en este libro han sido generados en el marco del proyecto regional “Más Saber América Latina: Potenciando los vínculos entre think tanks y universidades”, el cual ha sido liderado por un consorcio conformado por Grupo FARO (Ecuador) y el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales (Chile). El proyecto fue financiado por el Centro Internacional de Investigaciones 1

A lo largo de este estudio utilizaremos de manera intercambiable los términos think tank, centro de investigación y centro de pensamiento.

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para el Desarrollo (International Development Research Centre, IDRC) de Canadá, a través de la Iniciativa Think Tank. Los autores que hicieron posible este libro fueron seleccionados a través de un concurso público a nivel regional. De esta manera, el proyecto “Más Saber América Latina” busca contribuir con el desarrollo de una agenda de investigación sobre el campo de producción de conocimiento en la región, así como promover un mayor uso de la investigación en la formulación de políticas públicas.

2. Vínculos entre conocimiento y política a) Formas de Producción de Conocimiento y su Relevancia en la Sociedad Actual: la Perspectiva Científica Desde hace ya más de una década, la manera de comprender las formas y dinámicas de producción de conocimiento ha cambiado. El creciente interés por la influencia de éste sobre los procesos de naturaleza política y social, tiene su correlato en propuestas que tienden a señalar que se habría invertido la dinámica tradicional de su producción y difusión. Esto, además, impactaría con fuerza sobre las instituciones que lo generan: principalmente las universidades y los centros de investigación. El consenso disciplinario – se sostiene – ya no sería el único factor de estructuración de la actividad científica y, por lo tanto, no sería tampoco el único marco en el que se construye el conocimiento. Esta ruptura con la visión tradicional proviene tanto de una óptica más vinculada con el conocimiento tecnológico,

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como de una visión no lineal y más interactiva de la ciencia, así como de la teoría neo Schumpeteriana de la innovación. Una de las propuestas más articuladas en torno a este giro está formulada en The New Production of Knowledge, el libro publicado por Michael Gibbons y otros autores en 1997 y que pronto alcanzó gran notoriedad. Saludado por muchos como el texto liminar de una “segunda revolución académica”, cosechó rápidamente grandes y entusiastas adhesiones por parte de diversos ambientes universitarios y también políticos, aunque recibió también objeciones que dieron lugar a encendidos debates. Los autores señalan que en los últimos años se ha ido consolidando un nuevo modo de producción de conocimiento (al que denominaron como modo 2, en razón de que consideraban prematuro darle una denominación más precisa), cuyos rasgos principales son los de estar orientado a priori por el contexto de aplicación y emerger no sólo de relaciones internas a la propia ciencia (o a las distintas disciplinas) sino, en gran medida, externas a ella. El nuevo modo de producción de conocimiento está constituido por redes en las que intervienen actores heterogéneos y se basa en la multidisciplinariedad. En este nuevo modelo, en el que el objeto de investigación es ad hoc y está referido a cuestiones aplicadas y a la comprensión de sistemas complejos (como los sistemas ecológicos), la producción del conocimiento deriva de su orientación práctica y no de la constitución de un nuevo campo disciplinario. El problema del consenso disciplinario no está completamente ausente; sin embargo, queda relativizado

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por nuevas necesidades de validación y legitimación del conocimiento en el plano social y también político. Como es obvio, una transformación de este tipo plantea desafíos significativos al sistema institucional, en varias dimensiones. Por una parte, distintos autores señalan que los cambios en muchos casos afectan las reglas fundamentales de la ciencia y hasta los criterios de verdad. Un ejemplo es la tensión entre los enfoques analíticos y las nuevas corrientes integradoras propias de los estudios ambientales. La diferencia entre uno y otro enfoque impacta en los supuestos básicos acerca de la causalidad, la aceptabilidad epistemológica, la idea misma de la verdad y los criterios de evaluación. Por otra, los sistemas de investigación académica se ven forzados a abrirse para responder pronta y eficientemente a las necesidades de la industria (y de la sociedad en general). La globalización de la investigación, por ejemplo, ha conducido a un nuevo concepto de transferencia tecnológica de las universidades a las empresas. El propósito de estos nuevos mecanismos de transferencia es acortar el tiempo transcurrido entre la investigación básica y la aplicada. A través de ellos se intenta reestructurar el sistema de investigación académica de modo tal que las capacidades de investigación se orienten al logro de mayores niveles de competitividad de la economía. Finalmente, estas nuevas formas y dinámicas de producción de conocimiento desbordan las fronteras institucionales tradicionales, constituyendo en muchas ocasiones redes o comunidades epistémicas que producen y transfieren conocimientos entre distintas organizaciones. También esta

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dinámica ejerce presión sobre las instituciones científicas, empujándolas a nuevos campos de conocimientos, nuevas prácticas y nuevas relaciones con la sociedad. Todo esto ha conllevado a la reformulación de un concepto de complejidad que implica multiplicidad de perspectivas legítimas, no-linealidad, emergencia de los problemas, organización, multiplicidad de escalas e incertidumbre. En Re-Thinking Science, Helga Nowotny, con la colaboración de Peter Scott y Michael Gibbons (2002) puso el tema en perspectiva histórica, al señalar: “La ciencia ha venido hablando a la sociedad con creciente urgencia y convicción, por más de quinientos años. No solamente ha determinado los procesos técnicos, los sistemas económicos y las estructuras sociales, sino que también ha dado forma a nuestra experiencia cotidiana del mundo, a nuestros pensamientos conscientes y aún a nuestros sentimientos inconscientes”. En el último medio siglo, en cambio, las autores creen percibir que la sociedad ha comenzado a hablarle a la ciencia con similar urgencia y convicción. En síntesis, el involucramiento de nuevos actores en los procesos de investigación científica ofrece oportunidades para la democratización del conocimiento, pero también supone nuevos retos para los centros de pensamiento. Por ejemplo, promover procesos creativos más abiertos, participativos e inclusivos.

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b) Formas de Producción de Conocimiento y su Relevancia en la Sociedad Actual: los Impactos no Académicos de la Investigación y sus Nexos con el Policymaking Dado que las nuevas formas de producción de conocimiento escapan a las lógicas académicas tradicionales, la evaluación de sus reales alcances e implicancias plantean importantes desafíos teóricos y metodológicos. Los indicadores tradicionales para evaluar el impacto académico de la investigación como, por ejemplo, los índices de citación o las revisiones de pares, no siempre capturan el quehacer de los centros de pensamiento y de las universidades que producen conocimiento aplicado a políticas públicas. Esto debido principalmente a que dichas instituciones ejecutan proyectos de investigación aplicada, cuyos resultados no se difunden por los cauces académicos tradicionales, sino a través de documentos de política, informes, capacitaciones, desarrollo de redes, entre otros. Asimismo, la implementación de sus procesos de investigación requiere que se interactúe con diversos actores, como hacedores de políticas, donantes, prensa, empresas, organizaciones no gubernamentales y la opinión pública (Hovland, 2007). Para aproximarse al impacto no académico de la investigación se requiere identificar la influencia del conocimiento producido en el ciclo de políticas públicas, el quehacer profesional, la opinión pública y el comportamiento social (Davies, Nutley & Walter, 2005). Siguiendo con dichos autores, el impacto puede ser “instrumental, influenciando cambios en políticas, prácticas y comportamientos o conceptual, cambiando el conocimiento público, comprensión

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y actitudes hacia asuntos sociales” (Davies, Nutley & Walter, 2005:11). Explorar los impactos de la investigación en las políticas públicas presenta, entonces, desafíos conceptuales y metodológicos diversos. Primero, dichos impactos suelen ser de naturaleza indirecta, en la medida que la evidencia basada en investigación juega un rol menor frente al peso del contexto político, las características de las redes epistémicas y los ciclos de políticas públicas (Court, 2005). Esto supone desafíos vinculados a la identificación, medición y atribución del impacto. Segundo, los retornos de la investigación pueden variar según el sector de política pública en el que se trabaje. Por ejemplo, Sen (2010) argumenta que los proxy para identificar los retornos de la investigación son más específicos cuando se trabaja en políticas agrarias o políticas de salud, a diferencia de lo que sucede en temas como cambio climático y gobernabilidad donde resulta más complejo estimar impactos concretos. Finalmente, es preciso ampliar la comprensión sobre los factores que influencian los usos de la investigación en el ciclo de políticas públicas, como, por ejemplo, las características del sistema político, los grados apertura del debate público, las capacidades de los hacedores de políticas y de los medios de comunicación para procesar evidencia, entre otros (Garcé y Uña, 2006; Botto, 2007; Correa & Mendizabal, 2011). Más allá de los desafíos mencionados, que buscan una mayor precisión en las mediciones de su alcance, es un hecho que las nuevas formas y dinámicas de producción de conocimiento han tenido un impacto relevante en la formulación

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de políticas públicas. Esto, en la medida que la investigación se ha aproximado a la sociedad y a los problemas que ésta plantea, a la ciencia y a la política. Las relaciones interinstitucionales entre universidades, centros de pensamiento y Estado, es un ejemplo concreto. Éstas han dado lugar a campos de producción de conocimiento, desarrollados por comunidades epistémicas, que – como se dijo – desbordan las fronteras organizacionales tradicionales. El punto de cruce de estas redes está dado por el intento de combinar adecuadamente las ideas (científicas) con los intereses de la política. Cuando se intenta buscar el origen de las políticas públicas, se debe recurrir precisamente a un modelo explicativo que combine las ideas, los intereses y las instituciones (Sanz Menéndez, 1997). Crecientemente se reconoce a las ideas como un factor de capital importancia para las políticas públicas. En un sentido amplio, éstas pueden ser definidas como “creencias causales”, siguiendo en esto a Béland y Cox (2010). Dichos autores afirman que las ideas constituyen la fuente principal de las conductas políticas. Señalan también que ellas moldean la compresión de los problemas políticos y ayudan a definir objetivos y estrategias. Las ideas mediatizan los intereses de los actores, por lo cual es fundamental comprender la forma en que las ideas y los intereses se relacionan. Desde esta perspectiva se llama la atención acerca de que las políticas no necesariamente son el resultado de la confrontación entre personas que tienen intereses claros y estables, siendo por ello capaces de desarrollar estrategias para lograrlos. Por el contrario, la política puede ser vista como

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una lucha por el poder y el control entre sujetos, que está motivada por ideas diferentes, en la medida que éstas reflejan la percepción compartida de sus propios intereses, sus ideales, su orgullo y sus temores, entre otras posibilidades (Béland y Cox, 2010). La exploración de la relación entre las ideas y las instituciones en la creación de políticas también es central. El concepto de “regímenes de conocimiento” útil a lo largo del análisis, hace referencia a un conjuntos de actores, organizaciones e instituciones que producen y diseminan ideas políticas, que afectan la forma en la que los procesos de toma de decisión y los regímenes de producción están organizados y la forma en que operan. Al analizar la influencia de las ideas en los procesos de gestación de las políticas públicas es posible identificar que ejercen mayor influencia aquellas que tienen carácter internacional. Éstas consisten en interpretaciones preceptivas cuyo alcance se pretende general y a las que se asigna a priori algún grado de certidumbre. Algunas de estas ideas son “de época”, en el sentido de que caracterizan el pensamiento predominante en determinados momentos históricos (como, por ejemplo, el “pensamiento de la CEPAL”); otras, más circunscritas, forman parte de la agenda de las organizaciones internacionales y son difundidas por ellas. No es, sin embargo, uniforme el modo en que estas ideas se encarnan en las políticas concretas de cada país. Los factores locales son preponderantes y determinan que lo internacional se limite a un contexto o que, por el contrario,

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en ocasiones se reproduzca miméticamente. En resumen, para explicar la adopción de una política pública es necesario considerar factores tales como la presencia de fundamentos articulados en torno a ideas, la existencia de intereses, grupos o coaliciones sociales que promueven o que apoyan las políticas y la existencia en el Estado de capacidades organizativas y burocráticas de intervención sobre la realidad (Sanz Menéndez, 1997). Es precisamente en este punto en el que la interacción entre universidad, centros de pensamiento y Estado se ha hecho decisiva, especialmente a partir del surgimiento de nuevos modos de producción de conocimiento vinculados a la formación de comunidades epistémicas, cuyas fronteras han desbordado con mucho los límites académicos clásicos.

3. Universidades y producción de conocimiento en América Latina a) Antecedentes: la Investigación en la Universidad Latinoamericana Una de las principales instituciones productoras de conocimiento en la historia occidental ha sido, sin duda, la universidad. Su creación se remonta al siglo XII europeo, con antecedentes cercanos en las escuelas de derecho de Bolonia y de medicina en Colonia y Montpellier en el siglo XI. Su nombre proviene del concepto medieval universitas, que significaba gremio o corporación. Así, estos establecimientos, creados para orientar las actividades educativas hacia demandas profesionales, eclesiásticas y gubernamen-

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tales de la sociedad, representaban la organización de los miembros de un oficio para defender sus intereses gremiales y otorgar la licencia para enseñar (Brunner, 1990). Es preciso hacer notar que la vinculación de las universidades con la ciencia, ni es unívoca ni se remonta a los orígenes. Cabe recordar que el origen de la ciencia moderna debe ser rastreado históricamente en otras instituciones, tales como las academias científicas europeas, en las que floreció el nuevo método experimental durante la revolución científica del siglo XVI. Por entonces, las universidades eran instituciones de origen medieval que seguían impartiendo enseñanza en disciplinas humanísticas como la teología, jurisprudencia y artes, al margen de las principales innovaciones que ocurrían en el proceso de desarrollo del pensamiento científico. Más aún, las academias representaron una forma de reacción contra el monopolio intelectual de las universidades, poco inclinadas a la observación y la experimentación (Albornoz y Estébanez, 2002). Las universidades, por su parte, fueron adoptando distintos perfiles, en cada uno de los cuales la investigación ha ido adquiriendo un peso relativo diferente. En América Latina la creación de las universidades antecedió por varios siglos a la conformación de los Estados nacionales independientes, en un proceso que comenzó en forma temprana, poco después de la conquista y fue propiciado por la corona española. Portugal, en tanto, impuso a quienes quisieran acceder a los estudios superiores y hubieran nacido en las colonias, la obligación de estudiar en la metrópolis. La primera universidad creada en el continente americano fue la de Santo Domingo en 1538. Las de México y Lima fueron fundadas en 1553. De 1620 es la Universidad

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de Quito, llamada San Gregorio Magno, y en Argentina el proceso fundacional se inició en 1622 cuando se inauguró la Universidad de Córdoba sobre la base de un Colegio Máximo fundado por los jesuitas. Con frecuencia se ha hecho ver la escasa difusión del pensamiento científico en las colonias españolas, por lo mismo resulta importante detenerse en las características del modelo de universidad que fue adoptado. Si en un primer momento el modelo de la Universidad de Salamanca, más abierto al pensamiento científico, había influido en la creación de las universidades de México y Lima, luego sería hegemónico el modelo de Alcalá, universidad centralmente preocupada por la teología (Arocena y Sutz, 2000). En Europa, en tanto, las primeras universidades que pueden ser consideradas propiamente de investigación fueron la de Halle (en Prusia), fundada en 1694 y luego la de Göttingen, en 1734. Paradójicamente para esa fecha sus similares francesas habían descendido a los niveles de las escuelas latinas (Lateinschulen) y los colleges ingleses de Oxford y Cambridge aún no la consideraban entre sus actividades (Lenhardt, 2001:2). Fue, sin embargo, el siglo XIX quien puso a la universidad en el centro de la producción de conocimiento. La nueva fe en la razón heredada del Iluminismo, la confianza en la ciencia y, particularmente, en el positivismo científico, dieron a las universidades un lugar preeminente en las distintas sociedades europeas. Pronto pasaron a la tutela estatal y se transformaron en centros de producción de saber, en los que la investigación tenía un rol central. Pero, por sobre todo, se consolidaron como la instancia formativa última de

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las élites dirigentes y sus cuadros administrativos (algo que reyes y papas del medioevo ya habían practicado). Fue ese el momento en que la Universidad, como institución educativa, consolidó en su interior la función de investigación y se transformó en el principal núcleo productor de saber. En Latinoamérica se inicia, en la segunda mitad del siglo XIX, la creación de universidades nuevas o sobre la base de las fundadas en la época colonial. Este proceso estuvo íntimamente ligado a los proyectos liberales de establecimiento de las nuevas repúblicas. La construcción del Estado y la modernización requerían de las universidades para la formación de la nueva elite política y económica local. Sería, entonces, el modelo de universidad napoleónica, de tipo profesionalista, el que marcaría la identidad de gran parte de las universidades creadas durante ese período. El modelo napoleónico de universidad conjugaba, por una parte, la concepción ilustrada emanada de la revolución francesa, con la voluntad política del Estado de tomar a su cargo, en forma absoluta y exclusiva, la responsabilidad por la educación superior y por la regulación de las profesiones. Asimismo, supone a la cátedra como núcleo básico de la estructura organizacional y como unidad mínima de docencia, a la vez que separa a la investigación de la enseñanza. Hacia fines del siglo XIX la tendencia empezaría a inclinarse hacia un nuevo modo de conocimiento orientado hacia la investigación, donde la enseñanza y la experimentación estaban unidas. Pero fue recién con la llegada del siglo XX que la investigación fue incorporada institucionalmente al

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quehacer universitario: “Orientadas para la formación de las profesiones liberales, las universidades latinoamericanas demoraron en incluir la investigación científica y la organización sistemática de la educación de postgrado entre sus actividades principales. Tradicionalmente, la investigación universitaria se limitaba prácticamente a las Facultades de Medicina, en las áreas asociadas a la enseñanza de la medicina y a los hospitales universitarios, y a algunas pocas instituciones en el área de la agronomía o ingeniería, de orientación aplicada” (Schwartzman, 1996:1, c. IV). Será, entonces, durante el siglo XX que la actividad de investigación se instalará de manera generalizada en la universidad latinoamericana, si no como práctica efectiva, al menos como objetivo institucional. b) Contextos Políticos Específicos y Desarrollo Universitario Latinoamericano i. La Reforma de Córdoba y su Impacto Institucional y Social Un acontecimiento decisivo en la conformación de la identidad de las universidades latinoamericanas fue la reforma de 1918, cuya significación excedió con creces los acontecimientos de la Universidad de Córdoba, tanto por su impacto a lo largo de las universidades de la región, como por su impronta en los movimientos políticos y sociales de democratización que se suceden en la época. El movimiento reformista supuso la crítica moderna, ilustrada, y racionalista a estructuras sociales y políticas arcaicas, en sociedades que experimentaban profundos procesos de modernización que hacían tambalear sus viejas estructuras (Brunner, 1990).

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La Reforma marcó la concepción de la universidad en muchos países de América Latina, forjando su identidad en torno a tres misiones: docencia, investigación y extensión. Además de otros reclamos relativos a la propia vida universitaria, tales como los principios de la autonomía universitaria y del autogobierno con representación de estudiantes, graduados y profesores, la libertad de cátedra, el acceso a los cargos docentes por concurso y el vínculo entre la docencia y la investigación. La Reforma, además, estableció un fuerte compromiso universitario con la cuestión política y social. Este compromiso caracterizaría al desarrollo posterior del movimiento estudiantil en toda la región, con excepción de Brasil. La excepcionalidad brasileña se explica por la particular relación que este país estableció con la metrópolis portuguesa, que derivó en la tardía creación de universidades, y bajo un modelo universitario diferente. Desde su creación en 1931, la Universidad de San Pablo (USP) se caracterizó por su vínculo con la investigación científica y por contar con profesores de jornada completa. Este rasgo la diferenció del resto del sistema universitario brasileño por muchas décadas. Incluso actualmente, a pesar de las enormes transformaciones que ha sufrido el sistema y del surgimiento de otras universidades de investigación de punta, la USP sigue siendo el buque insignia del sistema de educación superior brasileño (Schwartzman, 2007). ii. Del Período de Postguerra a las Dictaduras Militares Latinoamericanas El período de posguerra se había caracterizado por un marcado optimismo de los gobiernos y organismos internacionales en las posibilidades que ofrecían la ciencia y la

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tecnología para el desarrollo de las naciones. La visión de un “contrato” entre la ciencia y el Estado para lograr el bienestar de las sociedades tenía como contracara el diseño y puesta en práctica de políticas específicas para el desarrollo de las capacidades científicas. Se dio paso, así, al proceso de institucionalización de las políticas científicas. Los países periféricos acompañaron a esta corriente de pensamiento y acción importando modelos institucionales para la promoción de sus incipientes comunidades científicas. Con posterioridad, entre 1968 y 1969, se produjo en diversas partes del mundo una ola de rebeliones estudiantiles, acompañadas en muchos lugares por rebeliones obreras. Este fenómeno, originado en Francia en mayo de 1968, se difundió rápidamente por numerosos países y su influencia estuvo presente, entre muchos otros, en los sangrientos sucesos ocurridos en México en 1968 y en el denominado “otoño caliente” de Italia en 1969 (Hobsbawm, 1995). También Argentina, Chile y otros países recibieron su impacto, y a lo largo de 1968 comenzaron a perfilarse síntomas de futuros conflictos sociales que culminaron en mayo de 1969 con el Cordobazo. Algunos años más tarde, durante largos períodos, en muchos países hubo gobiernos dictatoriales que miraron a las universidades con gran recelo. En tales condiciones, la dinámica de aportar ideas y conocimientos técnicos a los procesos de toma de decisión no era posible y además carecía de sentido. Por lo mismo se produjo una separación entre las universidades y la política pública. En algunos países, en los que la represión sobre las universidades fue intensa, ella se tradujo en cierres masivos de carreras vincu-

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ladas con las Ciencias Sociales y Humanidades, reducción de la matrícula general y procesos migratorios de sus elites intelectuales (Fernández et al. 2013). Pero también dio lugar a la creación de centros privados, que en muchos casos sobrevivieron gracias al financiamiento internacional, generando así auténticos centros de pensamiento por fuera de las estructuras universitarias. Y es precisamente ésta una de las razones por las que el análisis de las relaciones de estos centros con las universidades resulta muy pertinente. iii. La Reciente Privatización y Segmentación de los Sistemas Una de las características históricas de las universidades en América Latina ha sido la amplia preponderancia de las universidades públicas. No obstante, esta tendencia ha ido cambiando en tiempos más recientes, hasta el punto de que, si bien las universidades públicas siguen teniendo una participación mayoritaria sobre el total de la matrícula universitaria a nivel regional, las universidades privadas han llegado a ser preponderantes, en cuanto al número de alumnos, en ciertos países. La creciente privatización de la educación terciaria que ha tenido lugar en América Latina, comprende en general tres procesos simultáneos y complementarios: creación de instituciones privadas, mayor participación del financiamiento privado en el funcionamiento del sistema e implementación de lógicas de la empresa privada en la asignación de los recursos públicos. Sirve a modo de ejemplo señalar que en el siglo XIX sólo dos países tenían educación superior privada: Chile y Colombia. En la década del 1950-60, ya la habían

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incorporado otros seis y al terminar la década de 1980, 18, restando sólo Uruguay y Cuba (Levy 1986: 40-41). De este modo, se ha pasado de un sistema universitario que estaba hegemonizado por las grandes universidades públicas tradicionales a un sistema de educación superior complejo, heterogéneo, y segmentado socialmente. La conformación de un sistema de tales características ha sido causada principalmente por la expansión y los bajos niveles de regulación de la educación superior no universitaria. En la actualidad coexisten universidades e instituciones no universitarias de educación superior, unas públicas y otras privadas; unas de excelencia, orientadas a la investigación y al postgrado, en tanto que otras se orientan fundamentalmente a la docencia y a la educación de grado. Las asimetrías que caracterizan a la región también se manifiestan en sus sistemas universitarios. Es por esto que incluso dentro de los países que concentran la mayor producción científica regional, la situación no es homogénea. En el año 2013, solamente 20 de nuestras universidades figuraban en el “top 500”. Mientras tanto, lo hacían 173 de las de América del Norte y 204 de las de Europa (Garcé y López, 2014). Sin embargo, en todos los países hay un gran número de universidades y otras instituciones de educación superior que distan de tener el nivel necesario como para formar profesionales aptos para desempeñarse con creatividad y eficiencia en la moderna sociedad del conocimiento.

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iv. Las Nuevas Demandas del Contexto Político y Social En las últimas décadas hemos sido testigos, además, de otro cambio fundamental en el ámbito de la educación, en general, y de la superior, en particular. Éste tiene relación con la centralidad que la educación ha adquirido en la vida social – cada vez más dependiente del conocimiento para su desarrollo –, transformándose en un requisito indispensable de integración social. Esta nueva relevancia de la educación se expresa no sólo en las exigencias crecientes de rendición de cuentas, sino muy especialmente en las demandas de pertinencia que las sociedades están haciendo a las universidades, tanto en lo que respecta a la formación de profesionales como a la investigación. De este modo, en las últimas décadas, las universidades se han visto confrontadas con la necesidad de redefinir su lugar en el contexto del cambio tecnológico acelerado. La formación de graduados para una sociedad en proceso de transformación requiere nuevos diseños curriculares, nuevos métodos pedagógicos y nuevas habilidades a adquirir por parte de los estudiantes. Al mismo tiempo, el auge de los procesos de innovación ha dado a las universidades un papel destacado como productoras de conocimiento valioso para la economía y la vida social. Para dar respuesta a ello han desarrollado nuevas formas estructuradas y no estructuradas de vinculación con el entorno. Si bien es cierto que muchas iniciativas tienen el propósito de estimular la reflexión acerca de las implicancias de la revolución científica y tecnológica sobre las instituciones de educación superior el ideal de una universidad identificada

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con la ciencia, a través de la investigación y la docencia, abierta a la sociedad y sus demandas, así como a sus expresiones culturales, es todavía una tarea pendiente en América Latina.

4. Centros de pensamiento y producción de conocimiento en América Latina a) Antecedentes Generales a Nivel Global y Regional El término think tank se refiere a organizaciones que producen distintos tipos de conocimiento orientado a políticas y, de acuerdo a Stone (2007), son actores políticos que vinculan el mundo de las ideas con el mundo de las políticas públicas. Estos surgen en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial como usinas de ideas que colaboran con el gobierno en asuntos de política exterior y estrategia militar, como por ejemplo RAND Corporation, Brookings Institution y Council of Foreign Relations (Smith, 1991). Stone (2000) analiza las etapas de expansión del modelo think tank a nivel global. La primera se dio entre el período de la posguerra y la década del setenta en los países anglosajones, donde se empezó a utilizar el término think tank para refererirse a centros de investigación independientes de los aparatos estatales que buscaban colaborar con los gobiernos en la generación de políticas, en respuesta a los desafíos derivados de la Guerra Fría y de la expansión del Estado de Bienestar. La segunda etapa se dio durante la década de los 90, cuando el concepto think tank se expandió hacia las nuevas democracias del mundo en desarrollo. Las reformas estructurales vinculadas a la crisis de la deuda generaron

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ventanas de oportunidad para la aparición de think tanks y redes de expertos que apoyaron en su implementación. Lo que Stone (2000) denomina la “transnacionalización” de los think tanks coincide con un cambio de paradigma en las formas de producción y validación del conocimiento científico, bajo el cual la investigación ya no es sólo evaluada en términos de su excelencia académica y consenso disciplinario (modo 1), sino también en función de su aplicación práctica, eficacia y relevancia pública (modo 2). En este contexto de cambio, los think tanks o centros de investigación se habrían posicionado como “el principal locus de producción y de difusión de nuevas metodologías de producción del conocimiento” (Botto, 2011:3). Ricci (1993) analizó la evolución de los centros de investigación y sus relaciones con el sistema político en los Estados Unidos. El autor discute las narrativas desde las cuales se ha pensando la vinculación de los centros de investigación con la política y el ciclo de políticas. La primera es la “Casa de Salomón”, conformada por una élite encargada de aconsejar al rey filósofo. Con esta metáfora, basada en el relato de Francis Bacon “La Nueva Atlántida” que describe una sociedad perfecta en la que la toma de decisión por parte del monarca se basa en el consejo de un conjunto de sabios, se alude al papel de los expertos como consejeros de los mandatarios, pero también a una visión de la política pública como resultado de las decisiones de grupos de poder cerrados (Bacon, 1991).

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La segunda narrativa es el “mercado de las ideas”, la cual considera a las políticas públicas como resultado de las negociaciones entre diversos actores – entre los cuales están los centros de investigación y las redes de expertos - y el Estado, el cual asumiría un rol de árbitro entre las distintas posiciones. Esta visión habría promovido la adopción de prácticas de marketing para posicionar propuestas de política, así como una separación ficticia entre la investigación y la práctica política (Rich, 2006). Finalmente, se explica la narrativa de la “gran conversación” donde el conocimiento sería una suerte de herramienta para promover debates públicos que amplíen la participación ciudadana. Bajo esta visión, los centros de investigación contribuyen a elevar el nivel de los debates públicos brindando evidencia y argumentos. Hoy los centros de investigación se encuentran ampliamente extendidos por todo el mundo y, evidentemente también en América Latina. Su arribo al continente tuvo lugar en la década del 60 del siglo pasado, y su creación y auge se dieron en un contexto complejo para la producción de conocimiento. Principalmente cuando en los países del cono sur comenzaron a establecerse dictaduras militares y los académicos universitarios fueron perseguidos y expulsados de sus instituciones. Así, los centros de pensamiento se transformaron en un refugio para el cultivo de determinadas ideas. La producción académica sobre think tanks o centros de investigación ha prestado especial atención al análisis de sus contextos de surgimiento, perfiles y funciones en los países anglosajones. No obstante estas organizaciones corresponden, sin duda, a una de las instituciones productoras de conocimiento menos estudiadas. No existen sobre ellas

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investigaciones internacionales exhaustivas, ni tampoco investigación internacional comparada (Plehwe, 2010:9). Los estudios existentes han determinado que su número ha aumentado en los últimos años y que ello sería un reflejo de la mejor y mayor integración que se está dando entre la producción de saber y la sociedad. En otras palabras, con el auge que está teniendo el modo 2 de producción de conocimiento. Su crecimiento ha ido también acompañado de un creciente interés en dimensionar su expansión y en conocer las áreas en que se han desarrollado. Investigadores norteamericanos estimaron en 5.500 su número en 2008 (Plehwe, 2010:15). El informe anual “2013 Global Go To Think Tank. Index and Abridged Report”, elaborado por el programa “The Think Tanks and Civil Societies”, de la Universidad de Pennsylvania, registraba en su base de datos un total de 6.826 instituciones. De estas, 662 se ubicaban en América Central y Sudamérica (Mc Gann, 2014). Más allá de la enorme diversidad organizacional y de objetivos que en general tienen, los centros de pensamiento presentan importantes rasgos comunes: son en general organizaciones sin fines de lucro, independientes del Estado que buscan transformar problemas políticos y sociales en políticas públicas (Plehwe, 2010:16). A juicio de otros autores dos elementos que han influido de manera importante en el auge de los centros de pensamiento, en lo que respecta a la producción de saber son, por una parte, el hecho de que los Estados han renunciado a producir determinados conocimientos y lo han delegado en otras instituciones, y por otra parte, al ser los centros de pensamiento en general organizaciones con altos grados de autonomía e independencia,

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el saber que producen tiene una importante legitimidad, la que a su vez es avalada por el Estado. Ese es también, a juicio del mismo autor Plehwe (2010), el origen de su poder. b) Vínculos con el Sistema Político y el Ciclo de Políticas El contexto institucional y cultural, las tradiciones intelectuales, así como la marca de origen de los centros de pensamiento, explica diferencias significativas en su perfil, desempeño y relación con el sistema político. Por ejemplo, el modelo del think tank estadounidense está basado en organizaciones privadas sin fines de lucro, independientes de gobiernos y universidades, las cuales producen investigación aplicada con el fin explícito de influir en la agenda política y movilizar a la opinión pública. En contraste, los think tanks ingleses y europeos funcionarían más como grupos de asesoramiento político y aparecen por demanda de las administraciones públicas o son parte de los partidos políticos (Botto, 2011). En América Latina existe una diversidad de instituciones que cumplen funciones de investigación y de incidencia en políticas públicas que no necesariamente se autodefinen como think tanks, siendo frecuente el uso de otros referentes identitarios: centro de pensamiento, centro de investigación, consultora, asociación civil u ONG. Sin embargo, esta situación ha empezado a cambiar en la última década motivada por iniciativas de la cooperación internacional que han buscado fortalecer los vínculos entre la producción de conocimiento y la elaboración de políticas públicas, como por ejemplo la Think Tank Initiative (IDRC), el Think Tank Fund (OSI), entre otras.

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Los orígenes, roles y desempeños de los centros de pensamiento en América Latina han sido menos investigados en la literatura especializada. Entre los estudios disponibles, destaca el trabajo de Botto (2011) basado en un estudio comparado en nueve países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú) que analiza el contexto de surgimiento, perfiles y desempeños de los centros de pensamiento, así como su relación con el entorno y estrategias de incidencia política. La autora identifica dos oleadas de surgimiento de los centros de pensamiento marcadas por los ciclos políticos de la región. La primera se dio en contextos autoritarios, donde los centros de pensamiento aparecieron como espacios de oposición a dictaduras y de defensa de los derechos humanos, contando con el apoyo financiero de fundaciones extranjeras. En el caso del cono sur, este periodo ocurrió entre las décadas del 70 y 80; mientras que para los países de América Central se inició en la década de los 90s. La segunda oleada sucedió durante la década de los 90s en contextos democráticos, cuando aparecen think tanks o centros de investigación con perfil empresarial o asociados a partidos políticos. Dichas organizaciones apoyaron la implementación de las reformas estructurales brindando evidencia o asistencia técnica, usualmente en colaboración con organismos multilaterales. En el trabajo de Botto (2011) también se destacan las características distintivas de los centros de pensamiento latinoamericanos frente a sus pares, los think tanks en Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, en América Latina existe una mayor presencia de centros vinculados al mundo académico y a organizaciones no gubernamentales, siendo menos

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frecuentes aquellos asociados a partidos políticos. Por otro lado, los centros de pensamiento latinoamericanos habrían concentrado sus esfuerzos de incidencia en la etapa de establecimiento de agendas públicas, siendo menos frecuente su involucramiento en las etapas de diseño o implementación de políticas. Sin embargo, los nexos entre los centros de pensamiento y los gobiernos de turno no han sido sostenibles en el tiempo y habrían estado más bien concentrados en contextos de crisis o excepción. Para comprender el porqué de esta situación es preciso considerar los factores estructurales y coyunturales que influencian los usos de la investigación en el ciclo de políticas. En este sentido, Tanaka, Morel y Barrenecha (2011) argumentan que altos niveles de desarrollo institucional y bajos niveles de polarización política son factores claves para facilitar el intercambio regular entre investigadores y tomadores de decisiones. En este contexto, los sistemas de partidos consolidados tendrían un rol clave en sostener dichos vínculos, argumento que también fue planteado por Mendizabal y Sample (2009) en su estudio sobre la relación entre los think tanks y los partidos políticos en América Latina. Sin embargo, dichos autores también explican que los aprendizajes nacionales derivados de las crisis económicas, políticas y sociales han generado ventanas de oportunidad para profesionalizar la toma de decisiones de política, para lo cual el uso de evidencia rigurosa resulta clave. Finalmente, los centros de investigación latinoamericanos muestran mayor dependencia al financiamiento externo – generalmente proveniente de la cooperación internacional – para solventar su desarrollo institucional, especialmente sus

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actividades de investigación. Esta situación tiene una serie de implicancias para la sostenibilidad y la autonomía de los centros de investigación en la región porque no existe una fuerte tradición de financiamiento público para la investigación aplicada. En un estudio realizado en doce países de América Latina sobre las modalidades existentes de financiamiento público para la investigación aplicada, Lardone y Roggero (2011) concluyen que la oferta de financiamiento disponible es inestable y fragmentada, siendo la consultoría el modo de transferencia de recursos más frecuente entre el Estado y los centros de investigación. Si bien es cierto que existen algunos esquemas de financiamiento público vinculados a los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, estos priorizan el desarrollo de investigación en ciencias básicas y brindan escasas oportunidades para las ciencias sociales. En síntesis, los centros de investigación se encuentran ampliamente difundidos en América Latina. Estos, sin embargo, presentan importantes diferencias con sus pares de países del hemisferio norte. Coinciden, eso sí, en su capacidad de producir conocimiento y de interactuar con los ámbitos vinculados a la formulación de políticas públicas. c) Nexos Entre las Universidades, los Centros de Investigación y el Ciclo de Políticas Públicas Las universidades y los centros de investigación enfrentan crecientes demandas para demostrar los retornos de la inversión en conocimiento, ya sea a través de la demostración del impacto de sus investigaciones en el ciclo de políticas públicas o el costo-beneficio de los programas académicos. La narrativa de la formulación de políticas basadas en

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evidencia – promovida por los principales donantes de investigación a nivel global – y los procesos de acreditación universitaria han motivado cambios en los desempeños de los centros de investigación. Entre ellos destaca la importancia otorgada al desarrollo de capacidades de incidencia política y de comunicación. Por ende, los resultados de un centro de investigación ya no sólo se miden por la calidad de la investigación producida, sino también por su capacidad para influir en los procesos de deliberación sobre asuntos públicos. Esto último implica utilizar poder, recursos y relaciones para cambiar políticas específicas, opiniones o comportamientos de individuos, organizaciones o gobiernos (Mendizabal & Clarke, 2010). Los centros de investigación y universidades se distinguen de otros actores que también buscan influir en los asuntos públicos (como los gremios, redes activistas, etc.) por realizar acciones de incidencia basadas en evidencia proveniente de investigaciones académicas. Asimismo, sus objetivos de incidencia no sólo se focalizan en el logro de cambios específicos (legislativos, presupuestales, programáticos), sino que también incluyen contribuciones diversas para mejorar la calidad y la pluralidad del debate público o fortalecer las capacidades de los usuarios de comprender y hacer uso de sus resultados de investigación (medios de comunicación, hacedores de política, partidos políticos, sociedad civil, etc.). Los nexos con el sistema político en general y con el ciclo de políticas en específico suponen claras oportunidades para los centros de pensamiento y universidades: contribuir con la elaboración de políticas claves para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fortalecer a la sociedad civil,

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renovar las agendas de investigación académica, entre otros. Sin embargo, también suponen algunos desafíos, como por ejemplo evitar que las mayores demandas por incrementar sus niveles de incidencia política impacten negativamente en la calidad de sus investigaciones o que comprometan su independencia institucional. Es en este contexto que el presente estudio se inserta. A diferencia de lo que sucede con la relación entre los centros de pensamiento y los Estados, partidos políticos y política pública en América Latina, el vínculo entre éstos y las universidades permanece sin estudios relevantes. Por lo mismo, esta investigación es una tarea no sólo pendiente, sino fundamental para comenzar a construir una cartografía de la nueva forma de producción y uso del conocimiento en el continente.

5. Descripción del Estudio El objetivo de este estudio es el de mejorar la comprensión de las relaciones entre centros de investigación y universidades en América Latina, producir evidencia para informar el pensamiento relacionado al fortalecimiento de capacidades de la investigación de política pública y proveer lecciones para la colaboración efectiva entre centros de pensamientos y universidades en la región. Para efectos de este estudio, se entienden como think tanks a centros de investigación aplicada o institutos de investigación de políticas públicas (Correa & Mendizabal, 2011), para el estudio no se incluyeron centros académicos o think tanks, ubicados dentro de universidades.

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Como punto de partida se planteó un marco conceptual bajo un enfoque sistémico en el que el “campo de producción de conocimiento de políticas públicas” es analizado como un ecosistema en el que coexisten e interactúan distintos actores. Bajo este enfoque este campo o sector tiene: i) proveedores de conocimiento de políticas públicas: universidades, centros de investigación, institutos públicos, cuerpos estatales, organizaciones internacionales, entre otros; ii) intermediarios: actores que fungen como vínculo entre los diseñadores de política pública y los generadores de conocimiento, serían intermediarios: los propios centros de investigación, generadores de opinión, y los medios; y iii) demandantes de conocimiento de políticas públicas: diseñadores de política pública en instituciones públicas a nivel central y local (Australian Aid, 2012). Adicionalmente se consideró también el concepto de knowledge regimes de Campbell y Pedersen (2010) mismo que es útil para entender el lado de la oferta de la investigación social. Con este, se trata de entender los factores principales que determinan el tipo de unidades de investigación que hay en cada país, el tipo de investigación social que se realiza y la dinámica que esta tiene. Y así se mezclan dos variables: apertura (considerando un policy regime abierto o cerrado) y la variable capitalismo (de mercados más o menos liberales). En base a esto se dice existen distintos tipos de unidades de investigación: unidades más grandes, más pequeñas, orientadas a la academia, sector público, etc. El estudio comprende el análisis cualitativo y cuantitativo de los vínculos entre centros de pensamiento y universidades en la región. El análisis cualitativo se enfoca en nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala,

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Paraguay, Perú y Uruguay, cada uno abordando al menos tres estudios de caso sobre la relación entre centros de pensamiento y universidades. El estudio también abarcó un análisis cualitativo y cuantitativo regional sobre la producción de conocimiento en la región y los vínculos entre centros de pensamiento y universidades. El análisis cuantitativo se abordó en dos aspectos: • Un análisis webométrico que analizó la visibilidad de las páginas web de los centros de pensamiento– 325 centros y 3.745 universidades en la región – a través de indicadores cuantitativos en relación a las páginas web, cantidad de documentos ricos en ellas, y vinculaciones a las páginas de otras instituciones entre estas universidades. • Un análisis bibliométrico que cuantificó, a través de la búsqueda en SCOPUS, la colaboración entre los centros de pensamiento seleccionados para los estudios por país, investigadores en estos centros y las universidades, en términos de publicaciones conjuntas. Y mapeó los contenidos de las publicaciones para identificar clústeres temáticos. Los estudios por país abarcaron estudios de caso de los siguientes centros: • Argentina: la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) y la Escuela Superior en Economía y Administración de Empresas (ESEADE) con centros de pensamiento pertenecientes a la Red “ATLAS” (Fundación Atlas 1853, Fundación

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Libertad, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas - FIEL), la Universidad de San Andrés (UdeSA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Universidad de Buenos Aires (UBA, Facultad de Ciencias Económicas – “Plan Fénix”) y el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR). • Bolivia: UPB - Centro de Generación de Información y Estadísticas (CEGIE) UCB - Instituto de Investigaciones Socio-económicas (IISEC), UMSA - Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), UMSA - Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), Fundación ARU, Fundación Milenio, Fundación Jubileo, Instituto PRISMA. • Brasil: Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), Instituto Fernando Henrique Carodoso, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). • Colombia: Fedesarrollo, CorpoVisionarios.

CINEP,

DeJusticia

y

• Chile: Centro de Estudios Públicos, (CEP Chile), Libertad y Desarrollo, (LyD), Fundación Chile 21 (CH21) y Corporación de Estudios Para Latinoamérica (CIEPLAN). • Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el Centro de Investigaciones

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Económicas Nacionales (CIEN), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). • Paraguay: Centro Para El Desarrollo De La Investigación Científica (CEDIC), Centro Paraguayo De Estudios Sociológicos (CPES), Instituto De Estudios Comparados En Ciencias Penales Y Sociales De Paraguay (INECIP), Centro De Análisis Y Difusión De La Economía Paraguaya (CADEP). • Perú: Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Instituto de Estudios Peruanos (IEP). • Uruguay: CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) El Abrojo (Instituto de Educación Popular), Centro de Investigaciones Económicas (CINDE), Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). d) Limitaciones Este proyecto de investigación hace un esfuerzo por presentar la situación de las relaciones entre los think tanks y las universidades de pensamiento en América Latina sin embargo: • El estudio se centra en nueve países de la región, en la selección de los países hicimos un esfuerzo por incluir a los países de las tres subregiones (Centroamérica, países andinos y el Cono Sur), países grandes y pequeños, y países con mayor y menor tradición de investigación. Los nueve estudios de país nos pueden dar una idea

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preliminar de cómo los think tanks y universidades se relacionan entre sí en América Latina, pero no son una base para generalizar respecto a estas interacciones en todos los países de la región pues el contexto nacional y las circunstancias específicas de cada uno tendrían un efecto diferente sobre las relaciones entre estos actores. • Cada estudio por país presenta al menos tres casos de estudio de las relaciones entre los centros de investigación y universidades del país (casos exitosos y no exitosos de colaboración). Los investigadores eligieron los casos más relevantes en cada país; sin embargo, los hallazgos de estos casos no son representativos de todas las experiencias de vínculos y colaboración entre centros de investigación y universidades de los países analizados. • Los estudios webmétricos y bibliométricos se realizaron en un esfuerzo por generar información cuantitativa sobre las relaciones entre los think tanks y las universidades y su colaboración en la región; sin embargo, la medición cuantitativa de la colaboración no es algo sencillo. • El análisis webométrico se basó en una lista de centros a partir de una red de centros de investigación en América Latina y el Caribe, coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de que realizamos un trabajo de actualización de esta lista, es probable que algunos think tanks o centros de investigación se quedaran fuera. Además, el análisis webometrico utilizó indicadores de vinculación entre

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los sitios web de los think tanks y universidades como evidencia de colaboración, estos indicadores son claramente proxies que revelan información útil, pero no son indicadores de colaboración por sí solos. • En relación con el análisis bibliométrico, se utilizó el indicador de publicaciones conjuntas en revistas indexadas para cuantificar la colaboración entre los centros de investigación incluidos en los estudios de caso y las universidades de la región. Este indicador es también un proxy para revelar la colaboración entre estas instituciones; sin embargo, su limitación está en que se centra sólo en la colaboración en torno a una publicación que se incluye en revistas indexadas. Sin embargo, la publicación en revistas indexadas, en Inglés (más del 90% de los artículos en SCOPUS, la base de datos utilizada) no es común a todos los tipos de grupos de expertos de la región, incluso las universidades de América Latina, en general, no tienen una tradición de publicación de artículos en revistas indexadas.

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6. Acerca de los Autores Mario Albornoz es coordinador de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT), de la que participan todos los países de América, junto con España y Portugal. Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el área de las políticas de ciencia y tecnología. Es docente de grado y posgrado en diversas universidades, en temas de ciencia, tecnología y sociedad, así como en metodologías de gestión de la actividad científica y tecnológica. Desde 1969 ha desarrollado actividad académica y se ha desempeñado como investigador en universidades e instituciones de ciencia y tecnología. Su experiencia profesional incluye la consultoría especializada en política y gestión de la ciencia, la tecnología y la educación superior para organismos nacionales e internacionales. Ha creado y gestionado centros de investigación, programas internacionales, revistas especializadas y unidades de transferencia de conocimientos al sector productivo. Norma Correa Aste es docente e investigadora del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en Política Social y Desarrollo por London School of Economics y Licenciada en Antropología por la PUCP.   Especialista en protección social, desarrollo socio-económico, interculturalidad  y metodologías de investigación cualitativa. Sus intereses de investigación incluyen: antropología del desarrollo, estrategias de superación de pobreza, innovación, tecnología y sector del conocimiento.

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Entre sus investigaciones destaca el libro “Vínculos entre conocimiento y política: el rol de la investigación en el debate público en América Latina”, co-editado con Enrique Mendizabal (Overseas Development Institute, Universidad del Pacífico y CIES, 2010), así como la elaboración del caso peruano para el estudio regional “Think tanks en América Latina: investigación, estrategias, gobernanza. Patrones nacionales y tendencias regionales” (FLACSO Argentina, IDRC). Enrique Fernández Darraz es académico de la Universidad de Tarapacá, Chile, Doctor en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, especializado en temas de educación superior. Investigador responsable y co-investigador de proyectos nacionales e internacionales. Sus áreas de trabajo son políticas públicas de educación superior, desarrollo organizacional de universidades, gestión universitaria y educación superior privada comparada internacionalmente. Ha sido profesor y ocupado cargos directivos en varias universidades. Desde marzo  de 2008 se desempeña como Director de Aprendizaje Institucional de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es investigador responsable del proyecto FONDECYT (1085320): “Los límites de la diversidad: el Estado, el mercado y el “prestigio” como fuentes de isomorfismo organizacional en las universidades chilenas. El caso de las carreras de medicina”. También es co-investigador del proyecto: Universidades Privadas en un análisis internacional histórico comparativo, 1950-2004” realizado en conjunto con investigadores del Instituto de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Halle-Wittenberg.

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Argentina

José Francisco Puello-Socarrás

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Estudio país: Argentina

1. Introducción a)Tendencias del Contexto Universitario (2000-2013) La evolución reciente del sector universitario argentino puede ser ilustrada a partir de una muestra de indicadores claves en relación al desempeño de la ciencia y la tecnología (CyT) y la investigación y el desarrollo (I+D) del país (ver Anexo 1). Podríamos entonces destacar algunas tendencias observables durante el período 2000-2010: • El gasto realizado tanto en actividades en ciencia y tecnología (CyT) como en investigación y desarrollo (I+D) se ha incrementado en proporciones, del 55% y el 54% entre 2000-2010. Lo anterior se ha visto reflejado en las proporciones crecientes que significa este rubro respecto al PIB que para los casos de CyT y de I+D los cuales muestran cifras del 0,5% y 0,44% al principio de la década escalando a 0,7% y 0,62% respectivamente hacia 20101.

1

“En 2011 la I+D como porcentaje del PIB ascendió a 0,65% y mantiene a la Argentina en el segundo lugar de América Latina en cuanto a este rubro, después de Brasil. En este sentido, la composición por sector de ejecución de la inversión en I+D durante el periodo bajo estudio, se observa una acentuación de la participación pública explicada, en primera instancia, por el desempeño de los organismos de ciencia y tecnología (nacionales y provinciales) y, en segundo término, por las universidades públicas. Este último grupo de instituciones incrementó su ejecución durante 2011 en 142% en relación a 2008, mientras que los organismos lo hicieron en un 123%” (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2013, p. 19).

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• Igual sucede con el gasto en CyT por habitante que desde 2000 muestra un crecimiento cercano al 60% tanto en CyT como en I+D (59,9% y 59,5%). Vale resaltar que según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2013, pág. 19) entre 2008 y 2011 la participación del sector público en la inversión en I+D aumentó de 69% al 72% y correlativamente disminuyó la del sector privado de 31% al 28%. • A pesar de la recuperación de varios indicadores y comparando el inicio y el final de la década respecto al gasto en I+D por Investigador y por tipo de investigador, los registros muestran que, en algunas categorías, los rangos vistos en 2010 son apenas similares al año 2000; en otros casos, las proporciones aún se encuentran por debajo del inicio del nuevo milenio. Lo mismo podría decirse en términos del gasto en CyT y I+D por “sector de financiamiento” donde el gobierno y las empresas observan números similares tomando el inicio y el final del período. Vale notar que la excepción en la tendencia mencionada está en el sector de la educación superior el cual pasa de 2,05% al 3,37% en CyT y 2,5% a 3,35% en I+D entre 2000-2010 ello sin subestimar el eventual impacto negativo de la crisis económica sobre el mismo pues este rubro el gasto en CyT e I+D durante 2003 exhibieron rangos del 1,30% circa en ambos casos. • En cuanto al gasto “por sector de ejecución” el gobierno revela un aumento importante durante los últimos diez años en tanto las CyT pasaron de 40,7% a 45,6% y en I+D de 38,2% a 44,3% mostrando los mayores

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incrementos históricos del período en el año 2010. En este aspecto el sector educación superior muestra una recuperación aunque sin embargo los datos hacia 2010 son claramente inferiores comparados con 2000. El gasto en CyT en el país según sector de ejecución es liderado (2011) por el sector de universidades públicas (3.699.649 ARG: 27,4%), seguidos por las empresas (3.483.690 ARG: 25,8%) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) (1.792.393 ARG: 13,3%). La participación de las universidades privadas se ubica en 1,5% (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2013, p. 38). Observando ahora el gasto en I+D por objetivo socioeconómico, puntualmente: “estructura y relaciones sociales” y la inversión realizada “por disciplina científica” vemos un incremento en este ítem desde el 2000. Mientras que el gasto referido casi se duplica de 5,68% (2000) a 9,98% (2010), la inversión en Ciencias Sociales pasa de 8,82% a 11,56%, disciplina que con Ciencias Naturales y Exactas son las de mayor evolución durante el período comentado. • Desde el punto de vista del número del personal en CyT e Investigadores (incluyendo a becarios), los incrementos han sido sostenidos durante la primera década del siglo. Los investigadores (jornada completa) aumentaron más del 61% pasando de 21.602 en 2000 a 34.879 en 2010 sin incluir becarios los cuales alcanzaron los 12.701 al final de la década, exhibiendo un aumento del 37,9% (en el año 2000, 4.818). Tomando los investigadores por cada 1.000 habitantes de la población económicamente activa, los registros

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proponen que mientras en el 2000, los investigadores, discriminados según “personas físicas” y “jornadas completas” aumentaron desde 2,88 y 1,82 respectivamente, hacia el 2010 los niveles se ubicaban en 4,49 y 2,88, alcanzando los mayores números históricos en la década. Mientras que los investigadores (jornada completa) aumentaron su participación en el empleo del sector gubernamental (36,14% en 2000 – 45,09% en el año 2010), en el sector educación superior, se nota una caída sostenida, en particular entre 2004-2008 (en promedio 44%) que marca la tendencia posterior aunque con una leve recuperación hacia final del período (49,96% en 2000 y 44,54% en 2010). Se observa igualmente que la composición de investigadores por disciplina científica prácticamente se mantuvo a lo largo de la década, es apreciable el incremento de los investigadores en Ciencias Sociales que transitaron desde una participación de 15% hasta 21,3%, única disciplina con oscilaciones finales importantes. Ello también se ve reflejado en el número de doctorados los cuales ascendieron a 356 en 2010, desde los registros vistos en 2000 del orden de 64 y nivel de formación que también exhiben un aumento de su participación (personas físicas) desde 23,4% hacia 25,1% entre 20002010. • El seguimiento a las publicaciones revela que las mismas, considerando el Science Citation Index (SCI), se elevaron en más del 60% (de 5.121 a 8.469), lo cual – de seguro – tuvo un impacto positivo en la evolución de las publicaciones SCI por habitante del mismo orden porcentual pasando de 13,9 a 21,2 considerando

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los diez años. No obstante, si se revisa este ítem en relación con el gasto en I+D se prueba que mientras en el año 2000 por cada millón de dólares el producto resultante era 4,11, en el año 2010 la cifra desciende a 3,71. En el mismo sentido, la tendencia respecto a las publicaciones SCI por cada 100 investigadores tanto en personas físicas como considerando su equivalencia en jornadas completas revela que mientras al final del período considerado las cifras se ubicaban en 12,2 y 19,3 respectivamente, el final de la década muestra números del orden de 11,4 y 17,8. En todo caso, la variación de la participación del país en el total del SCI se ha ubicado en promedio en 0,57% entre 2008-2011. De otra parte, manteniendo como referencia el criterio SCOPUS entre 1990 y 2011 el aumento de publicaciones pasó de 1.572 a 10.811 (mayor en 588%) (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2013, p. 131)2. Complementariamente al panorama descrito es importante destacar el desempeño más reciente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Esta entidad estatal fue creada en 1958 (Decreto Ley 1291) como parte de las políticas de promoción científica y tecnológica de la época y más puntualmente con la pretensión de fomentar la carrera de investigador y del personal de apoyo en este terreno; igualmente, el otorgamiento de becas post-graduales (maestrías y doctorados), el financiamiento de proyectos y unidades ejecutoras de investigación, y el impulso para generar vínculos con otros sistemas y organis2

Hay que subrayar que el índice compila principalmente publicaciones en “Ciencias Básicas”. En todo caso, puede ser un indicador demostrativo de aproximación.

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mos internacionales. El protagonismo que ha adquirido el CONICET le permite no sólo figurar actualmente como el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina sino también ser un actor influyente en la recomposición del sector universitario durante la última década3. De las actividades del CONICET en cuatro áreas principales: i) Ciencias Agrarias, Ingeniería y de materiales; ii) Ciencias Biológicas y de la salud; iii) Ciencias Exactas y Naturales, destacamos el área relativa a iv) las Ciencias Sociales y Humanidades, la cual participa aproximadamente del 20% de los recursos humanos, investigadores y becarios del CONICET con el 11% de las unidades ejecutoras dedicadas a la investigación de temas relacionados con los “principales intereses de la sociedad” (CONICET, 2012).

Una síntesis sobre algunos ítems claves en la evolución del CONICET durante las últimas décadas permiten ilustrar el gran dinamismo que ha adquirido esta entidad recientemente (CONICET, 2013): • Recursos humanos: entre 2003-2013 es notable el incremento relativo y absoluto en la incorporación de investigadores y el otorgamiento de becas por parte del CONICET aunque se mantiene la tendencia histórica desde 1983 desde el punto de vista del profesional técnico y de apoyo perteneciente a la entidad. Solamente en el año 2012, por acercar un dato ilustrativo, el CONICET incorporó 606 investigadores y otorgó casi 4.000 becas doctorales y posdoctorales (ver Figura 1). 3

“El Conicet es el principal organismo de ciencia y tecnología en la Argentina, el segundo en América latina y figura 85 en cuanto a producción de conocimiento básico entre las 3230 instituciones más prestigiosas del mundo. Contribuye así a sostener el puesto 31 que tiene nuestro país en el ranking mundial en esta actividad…” (Salvarezza, 2013).

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Figura 1 CONICET, Recursos humanos y becas (1983-2013)

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

1983

1987

Investigadores de la Carrera del Investigador Científico

1993 Becas

2002

2013

Profesional y Técnico de Apoyo

Nota. Fuente: (CONICET, 2013)

• Formación de doctores: especialmente desde 2005 el número de doctores en el país se ha incrementado sustancialmente hasta alcanzar la cifra de 900 por año. Este comportamiento se encuentra directamente relacionado con el progresivo otorgamiento de becas post graduales, especialmente al nivel doctoral y que contrasta - repercutiendo positivamente - con la media histórica registrada en el período anterior (19832002) donde la formación de doctores alcanzaba, en promedio, 200 por año (ver Figura 2). En 2012 la entidad financió 16.561 científicos (7.485 investigadores y 9.076 becarios).

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Figura 2 CONICET, Formación de doctores/año (2003-2013) 900 800 700 600 500 400 300 200 100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cantidad de Doctores

Nota. Fuente: (CONICET, 2013)

Creación de institutos y centros de investigación: entre 2002 y 2013 CONICET impulsó 112 unidades ejecutoras (institutos y centros de investigación), 30 en Buenos Aires (Capital y Provincia) y 82 en el interior del país. Sólo en el 2013, por ejemplo, se crearon siete centros de investigación y transferencia (CIT) en conjunto con universidades nacionales y gobiernos provinciales en 2013. Lo anterior contrasta con el período 1983-2002 donde “el número de investigadores se incrementó de 2.000 a 3.600, mientras que el número de becarios se mantuvo entre 1.800 y 2.400. En dicho período se produjo una marcada reducción del número de técnicos (de 3.000 a 2.000) y de centros de investigación (de 100 a 80)” (Salvarezza, 2013).

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El dinamismo que registra recientemente este ítem permite destacar también que: “el 90% de los 192 centros e institutos del organismo son de doble dependencia con universidades nacionales. De los 7.600 investigadores 5.700 son docentes universitarios, lo cual demuestra la relación indisoluble entre el CONICET y la universidad” (CONICET, 2013, p. 3) (ver Figura 3). Figura 3 Institutos y Centros de Investigación CONICET (1981-2013) 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70

1981

1987

2002

Cantidad de Unidades Ejecutoras Nota. Fuente: (CONICET, 2013)

• Inversión en infraestructura: los esfuerzos en infraestructura también registran un desempeño importante. Desde 2008 aunque más especialmente desde el año 2010 los incrementos de este rubro han sido sostenidos, alcanzando niveles de AR$90 millones hacia el 2013.

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Figura 2 CONICET, Formación de doctores/año (2003-2013) 900 800 700 600 500 400 300 200 100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cantidad de Doctores

Nota. Fuente: (CONICET, 2013)

En resumen, el sector universitario superior durante la última década muestra en promedio una recuperación progresiva de sus principales indicadores, especialmente, en términos de la CyT e I+D. Lo anterior sin eximir que varios registros alcanzan niveles previos a la crisis del 2001 en Argentina. No obstante, otros indicadores en términos absolutos y relativos superan los niveles históricos y pocos se encuentran aún rezagados aunque, en todo caso, en márgenes cercanos a las referencias vistas a principios de la década. El dinamismo del sector universitario argentino – en particular, el vinculado al dominio público estatal – no es un dato menor para tener en cuenta dentro de la historia universitaria más reciente en el país, sobre todo, en la última década. En este marco, la consolidación del CONICET,

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como agencia estatal, resultaría un factor clave de explicación (parcial) en relación con varias tendencias observadas. b) Tendencias en el Campo de los Centros de Pensamiento Dedicados a las Ciencias Sociales en Argentina (2000-2010) Un conjunto de estudios recientes han caracterizado en detalle los rasgos diferenciales y convergentes, de órdenes interno y externo y en perspectiva histórica, de los centros de pensamiento en Argentina (Uña et al. 2010a y 2010b; Uña 2007 y 2010b, Camou 2010)4. Advirtiendo sobre la variedad específica que este tipo de entidades han asumido en diferentes etapas, fases y coyunturas en el país, estos abordajes enfatizan sobre los aspectos y las tendencias más sobresalientes de los centros de pensamiento y su pretensión por servir como nexo entre la generación de conocimiento y las políticas públicas. No obstante, y más allá que los estudios mencionados definitivamente cubren el déficit prevaleciente en los análisis de este tipo hasta el momento para el caso argentino, insistimos sobre varios aspectos claves para complementar y/o actualizar respecto de la relación entre centros de pensamiento y universidades desde el año 2000 y hasta el presente (2010). • Durante una primera etapa (segunda mitad del siglo XX aunque más específicamente entre las décadas de 1960-1990) los cambios sociopolíticos en Argentina, la inestabilidad política en general y democrática en particular, redujeron espacios ocupados tradicionalmente 4

El conjunto de estudios citados se ha desarrollado como una muestra ilustrativa del campo en Argentina. En nuestro caso, sólo se trata de una aproximación exploratoria con pretensiones más analíticas que para llenar los déficits empíricos que faltan por resarcir en la literatura.

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por las universidades, propiciando el surgimiento de diferentes modalidades de centros de pensamiento dedicados a las Ciencias Sociales: centros de investigación privada, centros académicos y advocacy groups. Originalmente los centros de pensamiento ocuparon diferencialmente el vacío provocado en la producción de investigación y conocimientos, y en otros casos construyeron nuevos espacios. Esta tendencia más adelante se vería reforzada progresivamente con la recuperación e institucionalización del régimen democrático a partir de mediados de la década de 1980s y durante la siguiente década. Ciertamente, este último período (1990-1999), se caracteriza por una fase expansiva de los centros de pensamiento entre los que se resalta la proliferación de un cuarto tipo: las fundaciones políticas (Uña, y otros, 2010 págs. 10-12)5. A partir del año 2001, las trayectorias antes existentes se consolidan hasta el punto que –como lo registra recientemente McGann (2013, p. 3435)– Argentina cuenta al día de hoy (año 2013) con 137 centros de pensamiento, ubicándose séptimo entre los países con mayor número de entidades de este tipo (2% a nivel mundial), después de los Estados Unidos, China, Reino Unido, India, Alemania y Francia. Igualmente es 5

Cada tipo de centro de pensamiento se distingue –al menos y a grandes rasgos– por objetivos y actuaciones particulares: los centros de investigación privada por la generación de conocimiento sobre temas de problematización en las agendas públicas buscando maximizar su incidencia; los centros académicos por producir información y conocimiento académico en temas estructurales, resignando sus “oportunidades de incidencia” en pos de reconocimiento y prestigio; los “advocacy groups” se concentran en la diseminación de temáticas y políticas públicas específicas privilegiando un rol de “fiscalización” de actores públicos (especialmente gobiernos y partidos políticos); y las fundaciones políticas por su proximidad con actores políticos (sobre todo, funcionarios de gobierno y referentes partidarios) a los cuales les proveen información y conocimiento (Uña, 2007) (Uña, et al., 2010, p. 11)

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la primera nación de la subregión (América Latina y el Caribe participa con 721 centros de pensamiento, 11% del total mundial) con un peso de 19% después de Brasil y México; y –un dato que a menudo no se subraya lo suficiente–, el primer país entre los países del Sur Global respecto a este ítem. • En la lista de los 100 centros de pensamiento (excluyendo a los EE.UU.) y los 150 centros de pensamiento (incluyendo los Estados Unidos) más influyentes alrededor del mundo en el año 2012, Argentina cuenta con dos centros de pensamiento: el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y la Fundación Libertad. Entre los 45 centros de pensamiento de mayor relevancia para Sur y Centro América, el país se anota con ocho centros de pensamiento, el Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fundación Pensar, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) - nombrado como el centro de pensamiento más importante en 2009 -, el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) y la Fundación Libertad; dos centros de pensamiento dentro de los 80 más relevantes en el tema de Desarrollo (CIPPEC y CARI); un centro de pensamiento entre los más influyentes en el terreno del medio ambiente: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); un centro de pensamiento entre los 80 más destacados en políticas nacionales; un centro de pen-

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samiento (CARI) dentro de los 50 más relevantes en política económica internacional; dos centros de pensamiento en políticas sociales (CIPPEC y CEDLAS). El CIPPEC y el CARI ocupan el lugar número 24 y 30 entre los 50 centros de pensamiento con mejor nivel de involucramiento y relaciones públicas mientras que la Fundación Pensar está entre las mejores 20 entidades con afiliación política partidaria. Y el último informe sobre centros de pensamiento en el mundo ha seleccionado al CARI y CIPPEC como mejores centros de pensamiento respecto al manejo presupuestal y mejor campaña de defensa de intereses (advocacy), respectivamente (McGann, 2013). Debe resaltarse que aunque la literatura teórica en general y los estudios de casos en Argentina en particular demuestran grandes avances en el campo de los centros de pensamiento, especialmente en relación con el surgimiento, la evolución y las trayectorias de las políticas públicas - subsidiariamente los nexos con partidos políticos (Mendizabal & Sample, 2009) -, existen déficits en torno a la relación existente con el campo universitario. Esta situación que se acentúa aún más cuando se trata de profundizar los vínculos entre centros de pensamiento y campos de conocimientos científicos sociales, lo cual hoy por hoy se constituye como uno de los grandes acertijos y desafíos para la temática.

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Recuadro 1 Instituciones estudiadas Nombre: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Año de fundación: Afiliación: Temas principales de investigación:

Crecimiento (CIPPEC) 2000 apartidaria e independiente desarrollo social, desarrollo económico e instituciones y gestión

Cantidad de investigadores: Presupuesto anual: Página web: Nombre: Año de fundación: Afiliación: Temas principales de investigación: Cantidad de investigadores: Presupuesto anual: Página web: Nombre: Año de fundación: Afiliación: Temas principales de investigación: Cantidad de investigadores: Presupuesto anual: Página web:

pública 35 (nueve Principales, 26 Asociados) ARG$15.640.1111 (CIPPEC, 2013) htpp://www.cippec.org/ Grupo Plan Fénix (GPF) 2000 no se explicita política macroeconómica y problemáticas sobre el desarrollo 50 no disponible http://www.econ.uba.ar/planfenix/ Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) 1987 sin fines de lucro dedicada a la investigación, docencia y difusión. temas sociales, políticos y culturales 15 (promedio inestable) ARG$300.0002 (2013) htpp://www.fisyp.org/

Recuadro 2 Datos claves Cantidad de universidades: Número investigadores / 1.000 habitantes: Número de PhD: Número de publicaciones indexadas: % PIB usado en investigación:

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1003 0,864 18.3175 8.820 (según SCI, 2011)6 0,65% (2011)

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2. Centros de Pensamiento y Universidades en Argentina a) La Relación entre Centros de Pensamiento y Universidades en el Campo de las Ciencias Sociales en Argentina Uno de los grandes acertijos que se plantean actualmente en distintos análisis acerca de los centros de pensamiento es la relación que éstos establecen con las universidades y el sector universitario. De hecho, una de las definiciones más difundidas sobre los centros de pensamiento es su caracterización como “universidades sin estudiantes”. Para el caso argentino resulta importante realizar unas breves observaciones en torno a la relación centros de pensamiento-universidades ya que contribuyen a contextualizar las indagaciones considerando algunos antecedentes históricos de largo plazo así como trayectorias más actuales y recientes que vinculan a los centros de pensamiento y universidades. A primera vista, se podría observar una inclinación en particular, la cual – desde luego – debe ser objeto de una reflexión más profunda y sistemática hacia el futuro. • La segunda mitad del siglo XX, período de gestación y emergencia de los primeros centros de pensamiento en Argentina y marcada por la inestabilidad política y democrática – como antes proponíamos – afectó la estabilidad de la propia política universitaria en el país. Esta impronta sella un tipo de relación inicial entre centros de pensamiento y universidad que podríamos calificar de “exclusión sustitutiva” y que resulta crucial para interpretar la evolución en las relaciones cambiantes del caso argentino. Así lo expresa un entrevistado respecto

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al origen de los centros de pensamiento y la relación con la universidad del momento: (…) la relación de centros de pensamiento con universidades por lo menos en el caso de Argentina es bastante peculiar. Tenemos una historia en la cual, sobre todo por la larga experiencia de gobiernos democráticos y autoritarios en la Argentina, no hubo por muchos años una relación demasiado fluida de instituciones que podríamos llamar centros de pensamiento y universidades… En períodos autoritarios (…) la relación era muy escasa… (Oszlak, 2013).

Este relato también es corrobarado, más ampliamente y con mayores detalles, por otro entrevistado: (…) el origen de ciertos centros de estudio es muy anterior a estos últimos años. Tiene que ver con una cierta tradición histórica en Argentina de la inestabilidad de la política universitaria. Esto arranca por lo menos en los años 1930s, 1940s… el primer Peronismo dejó afuera un conjunto de académicos e intelectuales que por ejemplo formaron una estructura separada que se llamó el Colegio Libre de Estudios Superiores que venía de antes pero que se aglutinaron allí; en los años 1960s la dictadura de Onganía dejó afuera a varios académicos que se empezaron a nuclear en pequeños centros que vivían de hacer trabajos, de consultorías o de investigaciones cada uno hacia un aporte a esa estructura y se mantenía así, por ejemplo el caso de un centro que se llamaba CICSO [Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales]. Esto se repitió en el caso del Instituto Di Tella que empieza con una razón diferente, es una especie de fundación [de] algunas personas que se habían ido de la universidad o que consideraban que la politización y la radicalización de la universidad no era el mejor ámbito para desarrollar

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ciertas investigaciones en ciencias sociales… engrosaron el centro de investigaciones sociales del Instituto Di Tella y así sucesivamente; esto se reforzó sobre todo en la dictadura (…) los profesores o investigadores que habían sido echados o perseguidos o que no tenían una inserción adecuada en la universidad comenzaron a generar lo que se llamó en su momento las Catacumbas6… centros como el CEDES, fundado por Guillermo O’Donnell, el Centro de Investigaciones de Administración y Sociedad (CISEA)… yo diría que ninguno de ellos son estrictamente centros de pensamiento sino centros de investigación que realizan una función sustituta de lo que no podían hacer en la universidad por los vaivenes políticos y por la persecución en el caso de las dictaduras, etc. Me parece que esa historia en la Argentina es importante tenerla en cuenta porque si no, no se entiende bien el funcionamiento de algunos centros. Por ejemplo, en el caso del CEMA, nace claramente como un centro de investigación económica, se involucra parcialmente en la elaboración de políticas y después pasa a tener una gran importancia en los años 90s porque algunos de sus principales referentes ingresan al gobierno, por supuesto que había una cierta orientación hacia colaborar o incidir en la agenda pública pero creo tenía un fuerte componente de investigación sustituta de lo que no hacia la universidad. Es distinto a la historia de creación de los centros de investigación siguiendo el modelo anglosajón donde claramente no está en discusión la universidad sino que es una cosa diferente para hacer un enlace, pero no es porque en la universidad los hayan echado o los vayan a perseguir; acá sí, salen a lugares que en la universidad no pueden entrar porque o los militares o con la radicalización del Peronismo te perseguía la izquierda o te perseguía la derecha del Peronismo. Esa historia está inscripta en la tradición de 6

Sobre el significado de “Catatumbas”, cfr. El artículo de Oscar Oszlak: “Hacer Ciencia Política en las Catacumbas: Argentina (1975-1979)” (disponible en línea en: www.oscaroszlak.org.ar).

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creación algunos centros que no se proponían ser centros de pensamiento, insisto yo tengo una definición más restringida (de centros de pensamiento o tanques de pensamiento) que otros colegas que tienen una definición más amplia y que, por supuesto, respeto, no la cuestiono, pero no es la mía en todo caso; lo digo para no perder de vista la especificidad de la relación entre intelectuales o académicos y universidad y política que tiene Argentina (Camou, 2013).

• Una tendencia identificable dentro de este contexto es que varios centros de pensamiento (acudiendo a nuestra definición básica) devienen en nacientes universidades. Los ejemplos más sobresalientes son el Instituto Torcuato Di Tella (fundado en 1958) en Buenos Aires el cual se transformó en la Universidad Torcuato Di Tella (1991); el Instituto de Ciencias de la Administración (ICDA) que surgió dentro de la Universidad Católica de Córdoba en 1967; y, el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (fundado en 1978) el cual se convirtió también en una universidad (1995) y, actualmente, lleva su mismo nombre7. Sin embargo, los ejemplos no se limitan a la historia. Transformaciones de este tipo, desde luego con variantes, se vendrían reproduciendo actualmente. Diferentes entidades consideradas centros de pensamiento han tenido como antecedentes espacios universitarios: el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) fue creado en 2002 dentro de la maestría en Economía de la Universidad Nacional de La Plata; el Centro para el Estudio de la Gobernancia del Sector Público y Privado (CEGOPP) fue creado bajo la tutela de la Universidad del CEMA 7

“El 25 julio de 2007, el Poder Ejecutivo de la Nación otorgó a la Universidad del CEMA, por Decreto Nº 980/07 su autorización definitiva para funcionar como institución universitaria privada dentro del régimen de la Ley 24.521 y sus normas reglamentarias” (http://bit.ly/HygytU).

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en 2004; el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) fue creado en 1993 en la órbita de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; el Centro de Evaluación y Estudios en Economía Social para el Alivio de la Pobreza (CESyP) fue creado por la Universidad Torcuato Di Tella en 2001; el centro de pensamiento Gobiernos, Empresa, Sociedad y Economía (GESE) se encuentra en el marco de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral; el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) igualmente en el espacio de la Universidad Nacional de General San Martín y la Fundación de Altos Estudios Sociales desde 1992; el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) nace en la Universidad Nacional de Salta (2008). • Otro rasgo de importancia dentro del caso argentino es que, en su abrumadora mayoría, los centros de pensamiento se encuentran constituídos, demandan y reclutan personal altamente calificado que proviene principalmente del sector universitario. Así se evidencia que universitarios y magísters (73% de representación) e investigadores doctorales (57% de representación), de una muestra representativa de centros de pensamiento en el país (con un mayor porcentaje en el caso de los centros académicos, como sería lógico) y en donde las profesiones más frecuentes son precisamente las ciencias sociales (economía, ciencia política y sociología), plantean un tipo de dependencia entre centros de pensamiento y universidades en este aspecto (Uña, et al., 2010, p. 24 y 54).

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73

Las líneas anteriores sugieren no subestimar estos vínculos característicos entre centros de pensamiento y universidades en Argentina. Desde cierta perspectiva, estos nexos podrían suponer invertir la definición de centros de pensamiento como “universidades sin estudiantes” hacia “centros de pensamiento con estudiantes” como una tendencia que si bien no podríamos confirmarla definitiva o estructural, sí es imposible de soslayar en el análisis del contexto argentino. Aunque los diferentes casos deben explorarse en su singularidad, puede conjeturarse que estas relaciones pueden abarcar eventualmente un amplio arco de diferentes tipos de relacionamiento entre centros de pensamiento y universidades dentro de un arco de complementariedad y de competencia en tanto que las actividades desarrolladas y ofrecidas y las demandas de universidades y centros de pensamiento en su conjunto, especialmente en el sentido de producción de conocimiento, definitivamente se yuxtaponen en varios espacios liminares en función de modalidades de alianzas, consorcios o redes aunque también a partir de vinculaciones que por lo general operan a nivel personal.

3. Casos de Estudio Abordamos tres casos de estudio en Argentina. Cada uno de ellos corresponden, a su vez, a tres tipos de centros de pensamiento: a) Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en la modalidad de centro de investigación privada (CIP); b) el Grupo Plan FÉNIX (GPF) un centro de pensamiento considerado en la modalidad de centro académico (Uña, 2007, p. 9); c) la

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Fundación de Investigaciones Sociales y Política (FISyP), la cual sería un centro de pensamiento en la versión de fundación política (FP). En este sentido, realizamos una caracterización de los tipos de involucramiento/relacionamiento con universidades a partir de sus a) alianzas, b) consorcios o c) vinculaciones e igualmente valorando i) niveles de formalización / informalización y ii) grados de institucionalización / desintitucionalización de las relaciones8. Como corolario, incluimos información sobre la actividad de los centros de pensamiento (o sus principales “líderes”) en medios virtuales y redes sociales (blogs, twitter, etc.). El objetivo de incluir esta referencia adicional está en considerar (preliminarmente) este aspecto dentro del desempeño de estas instituciones respecto a la diseminación de ideas y la divulgación del conocimiento (ver 2.1.5. de este informe) y la potencialidad que podrían tener hacia el futuro estos espacios para conformar redes centros de pensamiento-universidades. a) Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) es una “organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas”. Según se autodefine, el CIPPEC analiza y promueve la equidad y el crecimiento, traduciendo en 8

Se realizaron 15 contactos directos con integrantes de los centros de pensamiento que constituyen: entrevistas personales en profundidad, cuestionarios virtuales e intercambios de información, además de la recopilación de material y documentación necesaria y suficiente (hasta evidenciar “saturación”) para el análisis de los casos y comparativo.

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acciones concretas (políticas públicas) las mejores ideas en áreas como el desarrollo social, el desarrollo económico y las instituciones y en la gestión pública. Cuenta actualmente con diferentes programas en educación, salud, protección social, política fiscal, integración global, justicia, transparencia, política y gestión de gobierno,  incidencia, monitoreo y evaluación, y desarrollo local. Se trata del centro de pensamiento por antonomasia de Argentina (Camou, 2013) y uno de los más reconocidos a nivel internacional. En varias oportunidades ha sido premiado como una entidad de excelencia en América Latina y el Caribe y dentro del país: en 2007 fue distinguido como uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina, reconocimiento del Great Place to Work Index. En 2008 fue premiado por la Fundación Konex, con el diploma al mérito en la categoría instituciones - comunidad – empresa - entidades de desarrollo social. Para 2009-2013 obtuvo el Global Development Network; en 2011 ganó el concurso MIRA que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar la implementación de metodologías de evaluación de impacto en fortalecimiento institucional en América Latina y el Caribe. Igualmente el Global Go To Think Tanks Index, elaborado anualmente por la Universidad de Pennsylvania, en las ediciones 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 ha declarado al CIPPEC como  el mejor centro de pensamiento en Argentina y como uno de los cinco más destacados de América Latina y el Caribe (6ª posición en 2013). La tabla ilustra algunos aspectos en la evolución del centro desde el punto de vista de su visibilidad e incidencia públicas.

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Tabla 1 Visibilidad e incidencia en la esfera pública CIPPEC (2011-2008) Categoría / Año

2013

2011

2009

2008

Menciones prensa

1300

1545

1416

988

Menciones blogs

n.d.

1270

n.d.

n.d.

Columnas de opinión

120

121

171

81

Proyectos

70

101

70

n.d.

Notas de tapa

n.d.

10

21

20

Citaciones en artículos

n.d.

175

194

101

Nota. Fuente: Autor con base en información disponible consistente en Memorias 20112002 CIPPEC

CIPPEC desde su fundación ha mantenido vínculos implícitos con ámbitos universitarios: 66% de sus fundadores poseen formación básica (licenciatura) de la Universidad de San Andrés (UdeSA)9 mientras que, al nivel de maestría, 72% provienen de la universidad de Harvard (EE.UU.), entidad de la cual también hacen parte un 60% de aquellos que contaban con un doctorado (Ph.D.).

9

Percepciones de entrevistados vinculan directamente al CIPECC con la Universidad de San Andrés (UdeSA).

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Tabla 2 Fundadores CIPPEC según procedencia en la formación universitaria Fundadores

Pregrado

Magíster

Ph.D.

1

Miguel Braun

UdeSA

Harvard

Harvard

2

Antonio Cicioni

UdeSA

Harvard

-

3

Nicolás Ducoté

UdeSA

Harvard

-

4

Fernando Straface

Usalvador

Harvard

-

5

Paolo Bendetti

UBA

London School Economics

-

6

Florencia Bianco

Georgetown

Harvard / UdeSA

-

7

Sonia Cavallo

UdeSA

Harvard

-

8

Mauricio Drelichman

UdeSA

Northwestern

Northwestern

9

Leandro Popik

UdeSA

Harvard

-

10

Tomás Serebrisky

UdeSA

11

Silvana Tenreyro

Tucuman

12

Andrés Vinelli

UdeSA

Chicago Harvard

Harvard Harvard

Nota. Fuente: Autor con base en información de CIPPEC.

Esta perspectiva, desde los investigadores principales del CIPPEC, revela que, los vínculos implícitos con la UdeSA son menos sólidos y, en este nivel los profesionales licenciados provienen sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Sin embargo, describiendo los ámbitos de desempeño profesional resulta claro que, en su gran mayoría, los investigadores ejercen funciones en algún ámbito universitario (88%), y en donde la UdeSA es una referencia modal.

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Tabla 3 Investigadores principales CIPPEC según procedencia en la formación universitaria y desempeño profesional

1

Investigadores Principales Axel Rivas

Pregrado Magíster

Doctorado (Ph.D.) UBA

Desempeño

UBA

FLACSO-AR

2

Federico Tobar

UBA

Fundación USAL Getulio Vargas

-

3

Fernando Filgueira

n.d.

-

Northwestern

UCatólica (Uruguay)

4

Damián Bonari

UBA

Torcuato Di Tella

-

UCES

5

José Barbero

UBA

Toronto

-

UNSAM

6

Martín Böhmer

UBA

Yale

Yale

UdeSA y UPalermo-AR

7

Antonio Cicioni

UdeSA

Harvard

-

UdeSA

8

Marcelo Leiras

UBA

-

Notre Dame

UdeSA

9

Fabio Quetglas

UBA

Barcelona / Bologna

-

UTN / UBA / Torcuato Di Tella

UdeSA / UBA / FLACSO-AR

Nota. Fuente: Autor con base en información de CIPPEC.

Esta situación que propone una relación de vínculo implícito entre la constitución del CIPPEC y los ámbitos académicos universitarios, sin embargo, contrasta con el tipo de involucramiento del centro de pensamiento y la universidad. Aunque constantemente las actividades del CIPPEC reiteran la importancia de incorporar el conocimiento académico y, de hecho, diferentes espacios auspiciados por el centro de pensamiento convocan académicos (individualidades), el trabajo efectivo del CIPPEC muestra una debilidad relativa en la relación de este centro de pensamiento con las universidades y, en contraste, registra una fuerte vinculación con entidades gubernamentales (ministerios) en sus

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proyectos. Analizando la última década, la articulación con las universidades en términos de consorcios ha sido excepcional y alianzas menos frecuente pero sostenida. Aunque se ha anticipado formular vínculos explícitos y potenciales con universidades, éstos no se han materializado tangiblemente. Ahora bien, la presencia de la UdeSA a lo largo de la descripción es de resaltar: • Consorcios: con la Universidad de San Andrés (UdeSA) (Programa de Gobierno Electrónico), la publicación del Índice Nacional de Páginas Web Municipales, un instrumento que evalúa los portales oficiales (2011-2012). • Alianzas: Facultad de Económicas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); Universidad de San Andrés y Fundación Antorchas, Proyecto: “Filantropía en la Argentina” (2003-2004). • Vínculos (explícitos potenciales) y redes: anuncia establecer vínculos con universidades como Torcuato Di Tella (UTdT), Nacional de San Martín (UNSAM), Católica de Argentina (UCA), Instituto Nacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), UNESCO y la Universidad de San Andrés (2006) y universidades foráneas. (CIPPEC, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002). Sin embargo, formalmente tales vinculaciones no llegan a traducirse en algún tipo de tangibilidad concreta. Actualmente no existe ningún programa en curso que vincule espacios universitarios. Mientras tanto, la vinculación del CIPPEC con universidades se plantea bajo un forma-

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to desinstitucionalizado, implícito y personalizado con la convocatoria de miembros individuales académicos provenientes de las universidades que convergen en distintas modalidades de foros (seminarios, conferencias, coloquios, etc.) y espacios de difusión y debate promovidos por este centro de pensamiento. Respecto al uso de redes sociales, el CIPPEC posee una cuenta twitter con 7.597 seguidores (octubre de 2013). Ninguno de sus referentes mantiene una proactividad significativa en este terreno. Por ejemplo, su director Fernando Straface tan solo llega a 64 seguidores en twitter (octubre de 2013) y no posee blog personal. b) Grupo Plan FÉNIX (GPF) El Grupo Plan Fénix (GPF) es otro ejemplo de centro de pensamiento en Argentina (Camou, 2013) aunque bajo la modalidad de centro académico (CA) (Uña, 2007, p. 9), característica que le imprimirá una singularidad llamativa no sólo al perfil que desarrolla este Grupo en tanto centro de pensamiento sino también en cuanto a su funcionamiento y organización10. El Grupo Plan Fénix se encuentra conformado por una convocatoria de intelectuales y académicos quienes desde el año 2000 convergen en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y, posteriormente, alrededor de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad desde finales del 2011. 10

Existen controversias respecto al perfil de centro de pensamiento del Grupo Plan Fénix. Sin embargo, aun siguiendo definiciones “restrictivas” de centro de pensamiento: “Me parece que el Plan Fénix sí es más claramente un centro de pensamiento, yo aceptaría esto que dice Gerardo [se refiere a Gerardo Uña]… no pondría a Di Tella allí, no pondría al CEDES allí…” (Camou, 2013). No obstante, otro entrevistado [quien pidió no ser revelada su identidad], desestima al GPF como centro de pensamiento, anotando: “yo tengo más oficinas que el Plan Fénix… el Plan Fénix es una persona con cuatro colaboradores…”.

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El objetivo del GPF es analizar “los problemas centrales de la economía argentina, formulando propuestas de políticas en el corto, mediano y largo plazo”. Según uno de los documentos fundacionales del GPF se anota: “en cumplimiento de esa responsabilidad ineludible, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, docentes e investigadores convocan a la reflexión común para aportar a un diagnóstico acerca de la naturaleza de los problemas centrales de la economía argentina y comenzar a formular propuestas que permitan resolver la crisis y movilizar el formidable potencial con que cuenta el país” (Grupo Plan Fénix, 2001). Respecto a su conformación, la mayoría de integrantes el GPF son economistas de profesión provenientes casi en su totalidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un alto porcentaje de estudios postgraduales, especialmente, maestría y doctorado. La actividad profesional predominantemente se desarrolla en el marco de sectores universitarios, especialmente, Universidades Nacionales con supremacía de los espacios que convoca la UBA. El GPF se identifica además por el continuo tránsito de varios miembros hacia la administración y el sector públicos, y por la doble membrecía y pertenencia institucional que mantienen algunos de sus referentes con influyentes centros de investigación privados (CIP) como el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR), la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) y – excepcionalmente – el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

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Tabla 4 Miembros principales GPF según procedencia en la formación universitaria y desempeño profesional Miembros

Pregrado

Magíster

1

José Miguel Amiune

UNL

Tufts University, EE.UU

2

Enrique Arceo

UBA

3

Ricardo Aronskind

UBA

FLACSO

4

Alberto Barbeito

UBA

Institute of Social Studies, Holanda

5

Eduardo Basualdo

UBA

6 7 8

Luis Beccaria Víctor Beker Marta Bekerman

UBA

9

José Alberto Bekinschtein Alberto D. Cimadamore

UBA

10

UBA

UCatólica (Santa Fé) URosario UBA

Doctorado (Ph.D)

Universidad de París

Universidad de Londres, Birkbeck College ACTIM-París FLACSO

University of Southern California (USC)

11

Jorge Román Elustondo

12

Aldo Ferrer

UBA

13

Natalia Fridman

UBA

14

Jorge Gaggero

15 16 17

Alfredo T. García UBA Carlos García Tudero UBA Ricardo Eugenio UBA Gerardi

18

Norberto González

UBA

19

Graciela Gutman

UBA

20

Eduardo Hecker

UBA

21 22 23

Benjamín Hopenhayn UBA Jorge Katz UBA Saúl Keifman UBA

24

Daniel Kostzer

UBA

U Tucumán

UBA Universidad Católica de Lovaina (Bégica)

Posgrado London School Economics Universidad Central de Venezuela

Universidad de California, Berkeley La Haya, Holanda

Desempeño Profesional Universitario / Sector Público UNR - Universidad Nacional 3 de Febrero Ex-Embajador y Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Nación. Consultor OIT, OEA, Banco Mundial, FAO y UNDP UBA - FLACSO Miembro del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Director del Banco Ciudad de Buenos Aires UBA - UNGS CISEA - CESPA Universidad de RíoIV CIEPP - Basic Income European Network (BIEN) FLACSO CONICET UBA - UNGS UBA – Ubelgrano UBA

UBA – Uquilmes – USAL MinEconomía UBA CONICET – CLACSO Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, Subsecretario de Desarrollo Regional del Ministerio de Economía de la Nación, Subsecretario de Planificación de la Presidencia de la Nación y Vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) UBA EX EMBAJADOR UBA MINEconomía ULaPlata, Córdoba, Cuyo, COMAHUE, FLACSO, USAL Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR) UBA UBA - ULa Plata, Católica de Cuyo, Belgrano, El Salvador, Universidad Católica Andrés Bello (Caracas), Universidad de Ciencias Empresariales y UNGS Secretario de la Comisión de Economías Regionales y Pequeña y Mediana Empresa UBA UBA CONICET Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM) Comisión Nacional de Valores - Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Ex secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Centro de Estudios para la Producción (CEP). UBA CEPAL UBA UBA PNUD-Argentina - Ministerio de Trabajo de la Nación - Secretaria de Empleo, MTEySS- CEDENOA - Consultor de CEPAL, OIT, PNUD, Banco Mundial

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25 26

Roberto Kozulj Javier Lindenboim

UBA UBA

27

Bernardo Lischinsky

UBA

La Haya, Holanda

28

Lucia Longo

UBA

UBA

29

Gustavo Lugones

30

Mercedes Marcó del Pont

UBA

Yale University

31

Haroldo Montagu

UBA

FLACSO

32

Alberto Müller

UBA

33

Julio César Neffa

UBA

Universidad de Sao Paulo, Brasil IEDES, (Paris I)

34

Hugo Nochteff

UBA

FLACSO

35

Arturo O’Connell

UBA

36

Oscar Oszlak

UBA

King´s College, Cambridge, Gran Bretaña Universidad de California, Berkeley

King´s College, Cambridge, Gran Bretaña Universidad de California, Berkeley

37

Fernando Peirano

UBA

UBA

38

Fernando Porta

UBA

Universidad Complutense Madrid Universidad de Sussex, Inglaterra

39

Mario Rapoport

UBA

40

Alejandro Rofman

UN Catamarca

41

Julio Ruiz

42

José Sbattella

Universidad Nacional del Comahue ULaPlata

43 44 45

Jorge Schvarzer Roberto Tomasini Salvador Treber

46

Héctor Valle

UBA UBA UN Catamarca UBA

47

Alejandro Vanoli

UBA

48

Mariana Vázquez

UBA

49

Guillermo Wierzba

UBA

La Haya, Holanda

Universidad de Sao Paulo, Brasil IEDES, (Paris I)

París I-Sorbona

Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, EUA UBA

UBA

UBA – UlaPlata – UNLZ CONICET UBA CONICET UBA - Instituto Torcuato Di Tella – FLACSO Banco Central de la República Argentina - Consultor de la UNCTAD, la CEPAL y la OEA UBA - San Andrés, FLACSO, Tres de Febrero, San Martín, Buenos Aires, Patagonia CEDES - CONICET UBA – UNQ – UNGS Asociación de Economía para el Desarrollo de Argentina (AEDA) UBA – UNQ - FLACSO y la Universidad Di Tella Consultor CEPAL, el BID, el PNUD y la UNCTAD UBA CONICET - Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI) UBA CONICET UBA

UBA

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social

Comahue - U Boston - IDEE/FB UBA CONICET UBA Ministerio de Economía - Instituto de Desarrollo Económico Social del Municipio de La Matanza. Coordinador del Programa de Desarrollo Estratégico Municipal de la provincia de Buenos Aires UBA Asociación Argentina de Economía Agraria UNQ - UBA, UNGS, UNLP, Di Tella, FLACSO, la Complutense de Madrid, la de Valladolid PNUD - UNCTAD, PNUD, CEPAL, ONUDI, OECD, BID, OEA, Banco Mundial, OEI, IDRC) y CFI, MINCYT, Ministerio de Economía y Secretaría de Industria Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) Diputada Nacional - Banco Nación Argentina - Banco Central de la República Argentina UBA Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas UBA

UNLP Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) UBA UBA – Ulanús

Universidad de Grenoble

Institut d´Etudes Politiques de Grenoble

UBA – UndeLomasZamora Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE)

UBA Banco Central de la República Argentina - Ministerio de Economía Comisión Nacional de Valores - Oficina Nacional de Crédito Público y Coordinador de Negociaciones Crediticias Externas UBA - Universidades Nacional de Tres de Febrero y de Lanús

UBA Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR)

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Considerando la relación de este centro de pensamiento respecto a las universidades se estableció: • Consorcios: Establecimiento de la Red de Encuentros de Economías Regionales Encuentros de Economías Regionales (2003-2010) con Universidades Pública Nacionales11; • Alianzas: con el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) (2003); con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Seminario “Tendencias para el desarrollo en la Argentina y América Latina” (2003); con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CONTEDUC); con el Instituto de Estudos Políticos e Sociais (IEPES); con la Fundación Friedrich Ebert (2009);   Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Comparative Research Programme on Poverty (CROP) del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC) (2009). 11

Participaron en los primeros encuentros las Universidades Nacionales de Río Cuarto, San Juan, Cuyo, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Córdoba, Mar del Plata, Formosa, Tucumán, del Sur (Bahía Blanca), La Pampa, Catamarca, Patagonia Austral, San Luis (Villa Mercedes), Rosario, Comahue, Lomas de Zamora, Litoral, Nordeste, Centro, Lanús, Salta, Tres de Febrero, Villa María, la Universidad Académica de la Escuela de Oficiales de la Armada y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hacia el final de la década la Red se conformaba por 26 Universidades Nacionales: Buenos Aires, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, del Sur, Entre Ríos, Luján, Santiago del Estero, Mar del Plata, Misiones, La Pampa, Cuyo, Quilmes, San Martín, Tres de Febrero, Nordeste, Comahue, San Luís, Litoral, Tucumán, Salta, General Sarmiento, Formosa, Jujuy, Rosario, Río Cuarto y La Matanza. A los encuentros asistieron autoridades e integrantes del Proyecto Estratégico de la UBA Plan Fénix, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la Universidad de Concepción del Uruguay, del Frente Nacional Campesino, etc.

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• Vínculos (explícitos potenciales) y redes: convocatoria constante hacia universidades, y efectiva hacia académicos que convergen en espacios del GPF, especialmente, alrededor de las presentaciones de la publicación Voces en el Fénix. Desde su creación el GPF ha sido convocado a diferentes espacios internacionales, en particular, de la región y con un énfasis marcado en el marco de entidades del MercoSur con los cuales se han forjado vínculos, en su mayoría, de carácter informal y personal. Por su naturaleza las relaciones principales del GPF se realizan al nivel interno de la universidad, es decir, interuniversitarias y dentro de la UBA. También debe destacarse que, a diferencia de los otros casos de centros de pensamiento, el GPF revelaría una paradoja desde el punto de vista organizacional: mientras que el Grupo cuenta con una relación relativamente privilegiada respecto a diferentes ámbitos de la Universidad Nacional y un respaldo institucional relativamente considerable proyectado desde la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo, muestra un déficit de infraestructura el cual no le permitiría consolidar un espacio autónomo para el despliegue de la actividad investigativa (más puntualmente, en relación con investigadores que carecen de sitios de trabajo, financiamiento, propios). Lo anterior se explicaría debido a la pertenencia de diferentes miembros a la carrera profesional financiada por el CONICET. Así, ambiguamente, esta situación permitiría, por un lado, una suerte de flexibilidad en las pertenencias y adscripciones del Grupo tanto como en los espacios y en las infraestructuras (físicas, en particular); pero, por otro lado, obstáculos y restricciones en cuanto a la consolidación e institucionalización de las pertenencias y, de allí, el despliegue de las dinámicas y desempeños en cuanto a centros de pensamiento.

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En el caso de las alianzas externas a la UBA éstas pueden ser descritas con las Universidades Nacionales, a través de los vínculos sostenidos en el marco de la Red de Economía Regional desde 2003 y la evolución que ésta propone con la coordinación en conjunto de los encuentros mencionados. El formato de alianzas que más se destaca es la de organización de foros en la modalidad de mesas redondas de debate y, en menor medida, de seminarios. Los últimos años, el formato ha transitado hacia la modalidad de paneles, en especial, con motivo de la difusión de la publicación del GPF, “Voces en el Fénix” que se ha convertido en un espacio regular de convocatoria de distintos académicos de diferentes universidades nacionales y extranjeras, y centros de investigación privados pero dentro de un formato personalizado y relativamente desinstitucionalizado. A pesar de los múltiples y plurales vínculos que cada miembro del GPF posee, la capacidad para establecer consorcios y/o alianzas con las instituciones a las que se encuentran asociadas resulta prácticamente nula. Casos en los cuales el GPF mantiene conexiones personales privilegiadas con miembros de prestigiosos centros de pensamiento (CEFIDAR, CEDES, CIPPEC, FIDE), sobre todo advirtiendo la doble adscripción de algunos integrantes, no resultan en ninguna clase de convergencia o articulación, más allá de las convocatorias “a título personal” que se han hecho por parte del GPF en el marco de sus actividades, principalmente, de difusión y debate (Oszlak, 2013; Wierzba, 2013). La actividad en redes sociales resulta limitada. El GPF no posee cuenta twitter aunque sí la Revista “Voces en el Fénix” la cual arrastra solo 273 seguidores (noviembre 2013). Esta ten-

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dencia se confirma al registrar la actividad en redes sociales de varios de sus referentes más renombrados, con algunas excepciones que registran blogs personales dinámicos (v.gr. Oscar Oszlak). c) Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) es un centro de pensamiento en la modalidad de fundación política. La FISYP se define como una “entidad sin fines de lucro dedicada a la actividad de la investigación, docencia y difusión en diversas áreas de Ciencias Sociales” y se propone además como “una convocatoria intelectual y militante en el campo de las Ciencias Sociales, con la pretensión de articularse con el movimiento popular. Reivindicamos al marxismo, que asumimos en la diversidad como nuestra referencia teórica”. En este sentido, la FISyP plantea guiarse por una perspectiva crítica y de izquierda. Esta fundación nace a mediados de la década de 1980s y realiza investigaciones de orden teórico y análisis coyuntural que son publicados regularmente a través de cuadernos de investigación y libros. Adicionalmente, organiza seminarios, talleres y cursos de diversa índole participando “orgánicamente en iniciativas académicas y político-sociales”. Su principal medio de difusión es la revista “Periferias” que desde 1996 refleja los trabajos de sus investigadores (incluyendo invitaciones dirigidas hacia académicos nacionales y del exterior), con especial dedicación en las ciencias sociales. Cuenta también con el programa de radio Puente Uno, difundido por FM La Tribu en Buenos Aires.

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Desde el punto de su constitución la FISyP está integrada por un grupo de investigadores, los cuales poseen, en un alto porcentaje, título profesional que en su formación básica proviene de las ciencias sociales (85%) y también cuentan con estudios postgraduales de maestría y doctorado (41% respectivamente). La gran mayoría de los investigadores están vinculados profesionalmente como docentes e investigadores de universidades públicas nacionales, en donde se destaca la referencia a la Universidad de Buenos Aires (UBA) tanto desde el punto de vista de la procedencia (reclutamiento de personal) como en el desempeño profesional (Gambina, 2013; Rajland, 2013). Vale destacar también que varios de sus integrantes investigadores muestran vínculos con el CONICET (como becarios o como investigadores asociados a la entidad) pero no tienen como lugar de trabajo la fundación sino, precisamente, espacios en las universidades nacionales. Tabla 7 Fundadores FISyP según procedencia en la formación universitaria y desempeño profesional Fundadores 1

2 3

Pregrado

Contaduría Pública (Universidad Nacional del Litoral – UNLit) Beatriz Rajland Abogada (Vicepresidenta) (UBA) Daniel Campione Abogado (Secretario) (UBA)

Magíster

Julio Gambina (Presidente)

Doctorado

Desempeño Universitario Ciencias Sociales Economía Política (UBA) (Universidad Nacional de Rosario – UNR) / (UBA) (UMarPlata) Comité Directivo (CLACSO) Derecho (UBA)

Facultad de Derecho (UBA)

Ciencia Política Ciencias Sociales ULaPlata y UBA (Universidad (UBA) Nacional de San Martín – UNSAM)

Nota. Fuente: Autor con base entrevistas FISyP.

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Tabla 8 Investigadores principales FISyP según procedencia en formación universitaria y desempeño profesional (desde 2008 circa) Investigadores Principales

Pregrado

Magíster

Doctorado

Desempeño Universitario

1

Rodolfo Gómez

Ciencia política (UBA)

Investigación en Ciencias Sociales (UBA)

2

Cinthia Wanschelbaum

Ciencias de la Educación (UBA)

Educación (UBA) vinculación CONICET

Universidad Nacional de Luján (UNLu)

3

Gabriela Roffinelli

Sociología

Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales e Investigadora del Instituto Gino Germani (UBA)

4

Germán Pinazo

Ciencia Política (UBA)

Economía Política (FLACSO)

Ciencias Sociales (UBA)

Economía Política (Universidad Nacional de General Sarmiento UNGS)

5

Adrián Pulleiro

Comunicación y Cultura (UBA)

Ciencias Sociales (UBA) vinculación CONICET

Ciencias de la Comunicación (FCS-UBA)

6

Vanesa Ciolli

Ciencia Política (UBA)

Ciencias Sociales (UBA) vinculación CONICET

Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

7

Juan Fal

Economista (UBA)

Finanzas (Torcuato Di Tella)

Estudios Latinoamericanos (UNAM)

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)

8

Eduardo Shmidt

Ingeniero electrónico UBA

MA Administración de Empresas (UCEMA) Especialista en Gestión de Telecomunicaciones (UdeSA)

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

9

Marcelo Barrera

Sociología (UBA)

Sociología (École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS) + Investigación en Ciencias Sociales (UBA)

Docente Sociología (UBA)

10

Sergio Papi

Economista (Universidad Nacional de Cuyo)

11

Lucas Castiglioni

Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - UNCPBA)

Ciencias Sociales (UNCPBA) [en curso]

12

Gastón Varesi

Sociología (ULaPlata)

Ciencias Sociales, (Universidad Nacional de La Plata)

Ciencias de la Comunicación y de Ciencia Política (FSOC-UBA) y FECS-USAL

n.a. n.a.

Doctor Ciencias Sociales (UBA) vinculación

Facultad de Trabajo Social (ULaPlata)

Nota. Fuente: Autor con base entrevistas FISyP.

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Entre las principales asociaciones con las que cuenta la FISyP se encuentran redes en las que se destacan: a) “socio del Cono Sur” de la Fundación Rosa Luxemburgo (RLS, Alemania), desde 2007; b) con el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA), agrupación de organizaciones sindicales del subcontinente; c) la Sociedad de Economía Política Latinoamericana (SEPLA); d) la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con los cuales conjunta y diferencialmente (según el caso) se realizan investigaciones, publicaciones y cursos de formación, así como eventos públicos de difusión, divulgación y debates en diferentes modalidades de foros. • Consorcios: En su mayoría extra-universitarios y con fundaciones internacionales. La FISyP se encuentra adscrita al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), centro de pensamiento reconocido por el Go To Think Tanks Report (McGann, 2013), y participa específicamente como miembro de un grupo de trabajo (2013-2015) dedicado a la producción de conocimiento, publicación de resultados de investigación, realización de foros y cursos virtuales de difusión, etc., en el cual confluyen no sólo otros centros de pensamiento: centros de investigación privados (CIP) y centros académicos sino también universidades (facultades), los cuales - no obstante - pertenecen al exterior. Más recientemente las alianzas con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río IV (UNRIV) (2009-2013) consistente en la organización de foros de debate y discusión académica y política (seminarios, jornadas, cursos) parecen transitar hacia una relación sostenida durante el tiempo y progresivamente institucionalizada.

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• Alianzas: Con menor frecuencia e intermitentes existen alianzas esporádicas de la FISyP, en particular, con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para la realización de seminarios y cursos de postgrado por lo general a cargo de responsables de la FISyP que están vinculados como docentes en la UBA. • Vínculos (explícitos potenciales): Se manifiesta la necesidad de establecer diferentes tipos de vínculos con otras universidades del país; no obstante, la información que ratificaría vínculos formales tangibles no se encuentra disponible12. El nexo coordinado y progresivamente institucionalizado en relación con proyectos en curso vincula la FISyP con espacios universitarios, en los últimos años, prioritariamente, con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río IV (UNRIV). Más allá de este caso, las vinculaciones de la FISyP con el escenario universitario se sugieren bajo un formato relativamente institucionalizado a través de la adscripción de la FISyP en el marco de las redes universitarias y con centros de investigación aglutinados en la plataforma apoyada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); y, de otra parte, las relaciones con la universidad pueden ser caracterizadas como: desinstitucionalizadas, implícitas y personalizadas mediante la convocatoria de miembros individuales académicos que pertenecen a la fundación política y paralelamente a las universidades nacionales (privilegiando, las de carácter 12

Entrevista con Julio Gambina (presidente) y Beatriz Rajland (vicepresidente), FISyP.

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nacional y, más específicamente, la Universidad de Buenos Aires) lo cual motiva espacios de “actuación” (Shmidt, 2013) y convergencia para la realización de distintas actividades, en especial, espacios de divulgación, de difusión y debate en las modalidades de foros (seminarios, conferencias, coloquios, etc.) promovidos por este centro de pensamiento. Los nexos establecidos con el CONICET podrían ser interpretados positivamente. Aun cuando – mencionábamos anteriormente – la mayoría de investigadores de la FISyP no tienen como “lugar de trabajo” a esta fundación, la flexibilidad que supone la pertenencia al CONICET permitiría una inserción relativamente más estable con FISyP, sobre todo, en términos de financiación (alternativa) que sugiere incentivar la participación activa dentro y fuera de la fundación y potenciar bajo este formato sui generis el vínculo con las universidades de origen, más allá de los vínculos desintitucionalizados y personalizados que aún prevalecen. Vale la pena destacar que si bien la FISyP no cuenta con twitter, uno de sus principales referentes, Julio Gambina (presidente) tiene 1.108 seguidores (octubre 2013) y su blog personal registra a la misma fecha 79.768 entradas, números importantes que indicarían una proactividad alta en términos del uso de las redes sociales y, al mismo tiempo, de la personalización de vinculaciones potenciales que registra esta dimensión.

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4. Conclusiones y Recomendaciones a) Conclusiones Teniendo en cuenta que se trata de una muestra no representativa de los centros de pensamiento en Argentina, sin embargo, proponemos algunas conclusiones resultantes de la exploración de la relación entre centros de pensamiento y universidades en el país. La relación entre los tres casos de centros y las universidades pueden sintetizarse en tres tendencias generales: • Déficit de consorcios y alianzas: aunque los consorcios entre los centros de pensamiento y las universidades son existentes y en las situaciones que se plantean trascienden en el tiempo, igualmente son escasos y esporádicos, teniendo en cuenta las trayectorias específicas y los tipos de centros de pensamiento en cada uno de los casos abordados. • Desinstitucionalización de articulaciones: la mayoría de articulaciones en los casos de estudio se caracterizan por estar inarticulados o articulados sin intervención institucionalizada ni personificación (persona que actúa en nombre de la institución ya sea centro de pensamiento o universidad). Las articulaciones en las funciones que comparten centros de pensamiento y universidades (investigación, generación de conocimiento) se limitan a la diseminación de ideas y la difusión de información con preponderancia de los foros como mecanismo de colaboración.

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• Personalización de los vínculos: a pesar de la referencia constante y la convocatoria desde los centros de pensamiento por involucrarse con la academia, y la virtual densidad de vinculaciones entre miembros de centros de pensamiento y universidades (por procedencia, desempeño profesional, lugar de actuación, etc.), el relacionamiento está mediado directamente por nexos personales. Se convocan académicos universitarios pero no universidades. La construcción de redes informales virtuales es un déficit que aún no se explora como alternativa para generar nexos por los centros de pensamiento bajo exploración. Tabla 9 Relacionamiento de centros de pensamiento con universidades. Estimativo comparativo en Argentina Entidad

Consorcios Predominantes Sí UdeSA

Alianzas Predominantes Sí UdeSA

Uso Redes sociales

Tendencia de Formato Foros

FISyP (FP)

Sí UNRIV CLACSO

Sí Dispersa pero constante Sí Esporádica

CIPPEC (CIP)

Vínculos Predominantes Desinstitucionalizada Personalizada Medio Desinstitucionalizada Personalizada Bajo Desinstitucionalizada Personalizada Alta

Tendencia de Formato Foros Difusión Seminario Difusión Mesa Redonda y Panel Difusión Investigación

Nota. Fuente: Autor.

Observaciones previas sobre el campo que fortalecen el conocimiento de los centros de pensamiento en Argentina: • Datta et al. (2010) y Uña (2010a, p. 26; 2010b) han subrayado que la colaboración entre centros de pensamiento, para el caso latinoamericano en general y

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argentino en particular, no es habitual y, además, los centros de pensamiento “construyen alianzas para desarrollar actividades puntuales, tales como: organizar congresos, desarrollar asistencias técnicas o actividades de formación”. Por el contrario, son muy escasas las experiencias conjuntas en proyectos de investigación, lo que resulta más frecuente entre investigadores individuales, y que en algunos casos acarrea posteriores acuerdos institucionales más amplios. Así, en reiteradas ocasiones la múltiple pertenencia institucional de los investigadores suele actuar como disparador de la cooperación entre los centros de pensamiento”. Esta particularidad definitivamente se confirma en el panorama no representativo de casos aquí abordados frente al relacionamiento entre centros de pensamiento y universidades. Vale la pena preguntarse si la imputación mencionada hace parte de un obstáculo específico del campo susceptible de profundizar en posteriores análisis hacia el futuro. • Una hipótesis preliminar al respecto plantearía la existencia de “cuellos de botella” institucionales que incentivan la competencia entre centros de pensamiento y universidades a este nivel y que se minimizan y relajan cuando el involucramiento entre las entidades evoluciona a título personal desvinculando compromisos institucionales. • Dentro de este aspecto, finalmente, habría que evaluar con mayor profundidad los impactos (positivos y negativos) de la consolidación de agencia como CONICET en el campo universitario y la modificación que ello

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supone frente a los centros de pensamiento. Dadas las exigencias (en muchos aspectos “exclusivas” exigidas al personal científico e investigativo), y la relativa estabilidad profesional que brindaría el CONICET deben reconsiderarse las relaciones históricas mantenidas entre universidades y centros de pensamiento en Argentina y sopesarse más ampliamente (nos referimos a aumentar el número de la muestra hacia el futuro) los efectos de todo tipo que ello supone. Aquí, preliminarmente, podríamos decir que el CONICET tiene efectos ambiguos respecto a factores como infraestructura para la investigación (espacios de trabajo), financiación de investigaciones y personal, etc. pero que, dada la muestra por el momento abordada, no permiten llegar a conclusiones parciales concluyentes sólidamente establecidas. Citando una situación paradigmática, la influencia de CONICET podría desincentivar la doble membresía de investigadores que se desempeñan en universidades y centros de pensamiento pero, al mismo tiempo, y mientras subsistan vínculos desinstitucionalizados entre ambos, esto puede debilitar los vínculos existentes entre centros de pensamientos y universidades, aislando ambos campos. Preguntas de este tipo deben ser abordadas más sistemáticamente ya que son cruciales para develar las relaciones entre centros de pensamiento y universidades, no sólo en el caso argentino sino en otros casos regionales en los que se presenta la emergencia y protagonismo reciente de este tipo de organismos estatales en el sector.

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b) Recomendaciones de Política Pública - ¿Trampas en la competencia, la coordinación y la complementariedad entre centros de pensamiento y universidades?: De la personalización hacia la personificación. Dada la brecha actualmente existente y las vinculaciones inestables y esporádicas entre centros de pensamiento y universidades deben promoverse incentivos para la coordinación y complementariedad entre estas entidades en el sentido de potenciar la producción de conocimiento, y la difusión y debate como forma de incidencia. La evolución de centros de pensamiento hacia universidades suponen un vínculo característico entre centros de pensamiento y universidades que podrían llamar la atención sobre diferentes dinámicas que, si bien, pueden plantearse dentro de las especificidades históricas del caso argentino, valdrían la pena ser abordadas con otros casos comparativamente. En este sentido, la relación entre centros de pensamiento y universidades debería transitar de la personalización (subordinada a lo estrictamente personal) de los vínculos hacia la personificación (abiertamente representativa de las universidades y centros de pensamiento, más allá de las personalidades individuales). Este giro tiene como presupuesto el desarrollo de espacios estables y complementarios y un campo progresivamente institucionalizado entre centros de pensamiento y universidades. Una Alternativa: Construir Foros Públicos Integrados (FPI) Teniendo en cuenta que los espacios de convergencia entre centros de pensamiento y las universidades, en los casos abordados, proponen a los foros (en diferentes modalida-

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des) como un locus potencial para fortalecer las formas de articulación “en” y “entre” estos espacios académicos universitarios y los centros de pensamiento – incluso, más allá con espacios gubernamentales y comunicacionales – pensar desde este forma resulta fundamental. Los foros en donde convergen centros de pensamiento y universidades pueden superar varios desafíos que el ambiente institucional eventualmente mantiene. Institucionalmente hablando, los académicos de las universidades aún se mantienen en una “torre de marfil”; los expertos y los tomadores de decisión actuando como deus ex machina (bajo la ilusión de su “extra-socialidad”); y, los responsables de los dispositivos comunicacionales, mass-media, constructores de la opinión pública, superficialmente indiferentes al campo intelectual. Esta situación más que una evolución natural es, por el contrario, bastante consistente con una manera de mantener el status quo. Este aislacionismo es uno de los obstáculos más reiterados en los acercamientos, empezando por los lenguajes (¡un aparato para la “construcción del mundo”!), en las comprensiones y los entendimientos públicos sobre las problemáticas sociales. En parte porque sostiene una lógica exclusiva y una dinámica excluyente de los procesos sociales de la política y de las políticas los cuales, como se ha visto últimamente, resultan inconvenientemente autorreferentes, si de lo que se trata es enfrentar los desafíos sociales contemporáneos. Este círculo vicioso paraliza una interacción más fluida y sólida, duradera y consistente que aproxime a los agentes/ actores/agentes sociales, una producción de políticas públi-

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cas de convocatorias más amplias y una construcción de las realidades sociales cada vez menos excluyente. ¿Podríamos pensar en algún espacio que propicie una nueva dinámica? La centralidad evidenciada por los foros debe potenciarse motivando una intersección rigurosamente pública. Una interacción que garantice foros públicos realmente integrados (well-integrated public forums) que inciten la articulación creciente entre diferentes esferas: decisional, intelectual y comunicacional en centros de pensamiento y universidades, al mismo tiempo, y de sus respectivos agentes/actores/agentes sociales puede eventualmente superar los obstáculos y el déficit de personificación e institucionalización de los vínculos. La figura 1 intenta graficar esta observación. Aquí se indica que si bien existen relaciones de proximidad inter-esferas - por ejemplo, entre las esferas decisional y la intelectual -, sólo podría darse una interacción integrada en una zona liminar (intersección de las tres) que activaría dinámicas complejas en torno a la producción de las políticas, en los términos en que ya lo hemos explicado. Dos implicaciones adicionales pueden subrayarse respecto a la integración pública de los foros (FPI), especialmente, para encarar el desafío de promoción de foros emergentes, es decir, aquellos que pretenderían “ocupar” y transformar los espacios ya institucionalizados, estratos y niveles en relación con el modelo de acción estatal y en el modo de producción social vigentes. En primer lugar, validaría la existencia de un lugar de enunciación social (colectivo) en el cual se “juegan” y “conjugan”

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no solamente la enunciación de simples y abstractas teorías sociales (por parte de los científicos) ni ubicando flujos de informaciones (por parte de los medios de comunicación) ni mucho menos anunciando unilateralmente informes o asesorías técnicas (por parte de los formuladores y decisores). Así se fomentaría una interacción activa entre esferas y agentes. Lo que en últimas significa la conjugación de valores sociales (formas de ver el mundo, intereses cognoscitivos y valorativos, políticos de alto impacto) y sus personificaciones (agentes, actores, etc.) que, desde el punto de vista de los procesos de la acción estatal en general y de las políticas públicas en particular, insistimos, erigen imaginarios sociales tanto como materializan institucionalmente la vida pública. En segundo lugar, este tipo de foros motivaría la emergencia inicial y alternativa de algún tipo de esfera pública diferente a la institucionalizada, evitando - tal y como ha mostrado la experiencia histórica en este campo - que las definiciones fundamentales del Estado y de las políticas públicas tengan lugar en ciertos cónclaves (espacios limitados, privativos y excluyentes, social y profesionalmente) “políticos” y tecnocráticos, como plataformas de referencia para el lanzamiento ab origine de las decisiones públicas. Una esfera pública integrada emergente, liderada por centros de pensamiento y universidades, aceptando el hecho que “lo público” no es un espacio monolítico ni mucho menos libre de diversas lógicas y controversias en permanente confrontación, contribuye a que la complejidad presente en estos procesos sociales pueda ser consecuentemente “absorbida”, sintetizada, (nunca “eliminada” ni obviada) y que la

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construcción y el devenir mismo de – valga la redundancia – una escena pública auténticamente pública y no, como ha sucedido, de espacios decisionales “públicos” pero en realidad cada vez más privatizados, si se quiere: colonizados por poderosas minorías (élites de intelectuales, técnicos, gestores simbólicos de los medios masivos de comunicación), continúen operando bajo el monopolio de posiciones sociales y disposiciones políticas exclusivas. Figura 1 Foros Públicos Integrados. Propuesta para esquemas emergentes.

Esfera Académica Intelectuales Académicos UNIVERSIDADES

Esfera INFLUENCIAL Centros de Investigación Privados Fundaciones Políticas Grupos Advocacy

FPI

Esfera DECISIONAL Formuladores de Política Tomadores de Decisión

Esfera COMUNICACIONAL Medios de comunicación

FOROS PÚBLICOS INTEGRADOS (Zona de Intersección o Liminar)

Nota. Fuente: Autor.

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En los términos de las ciencias sociales específicamente, esta propuesta favorecería la tesis según el conocimiento existe socialmente como un verdadero bien público y no como una mercancía más, en el mercado (parafraseando al pensamiento económico convencional: ¡de competencia imperfecta y monopolista!) de las ideas. Recapitulando los foros públicos integrados: algunas propuestas prácticas: • Institucionalizar foros públicos integrados, de carácter global, regional y local, como escenarios preliminares de debate(s) público(s) (discusiones que aún no implican decisiones socialmente vinculantes) de manera que puedan constituirse en espacios periódicos y/o permanentes sobre las políticas públicas en general (aspectos teóricos, por ejemplo y en los cuales muchos actores tienen algo que decir - no sólo los especialistas -) y en particular (sectoriales y de temas específicos). Así promover la construcción de referentes públicos y la constitución de perspectivas colectivas para la acción del Estado. La visibilidad pública y social de los mismos resulta un elemento sustancial. • Improvisar positivamente la interacción e interrelación de los agentes, actores y agentes sociales, en particular centros de pensamiento y Universidades, a través de los FPI, empezando, por la innovación y pedagogías en torno a los lenguajes, las comprensiones y, en general, las comunicaciones entre académicos, expertos y formuladores de política y forjadores de la opinión pública.

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• Los foros como espacios concretos en el corto plazo, y las redes permanentes que se puedan derivar de ellos como procesos en el mediano plazo pueden tener efectos favorables en la construcción de comunidades social-políticas y epistémicas frente a las políticas e, inclusive, con una integración informal a los centros de decisiones públicas y las comunidades existentes en las políticas públicas, incluyendo, la incentivación de los espacios virtuales que aún permanecen subutilizados. • Innovar permanentemente los mecanismos y pedagogías que convoquen progresivamente la convergencia efectiva de los FPI al interior de los escenarios de deliberación pública (debates que implican decisiones socialmente vinculantes). • Garantizar la presencia sostenida de “actores mediadores claves”, entre las diferentes esferas decisional, comunicacional e intelectual-experta, resulta básica para la promoción de relaciones sólidas y duraderas con los diferentes sectores sociales. La proactividad en este punto es fundamental.

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6. Acerca del Autor José Francisco Puello-Socarrás es actualmente profesor asistente en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina). También es miembro investigador de la Corporación para el Desarrollo de la Investigación Social y la Formación Política, ConCiencia Política (Colombia); el Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, Theseus (Universidad Nacional de Colombia); el Grupo de Estudios sobre Colombia y América Latina, GESCAL (Argentina/Colombia).

7. Anexos a) Definiciones provisionales y nociones contextuales para el análisis • Convocando la definición genérica de Rich (2006, 11) los centros de pensamiento son organizaciones sin ánimo de lucro, formalmente independientes y apartidarias que “producen y principalmente se basan en la experticia y las ideas para obtener apoyo e influenciar los procesos de políticas públicas”. Más puntualmente, para efectos de este estudio, los centros de pensamiento comprenden “centros de investigación aplicada o institutos de investigación de políticas públicas”, excluyendo aquellos “centros académicos, think tanks, ubicados dentro de universidades” (Grupo FARO, 2013, 2). En esta definición básica la producción de influencia directa de los centros de pensamiento podría

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referirse a las diferentes etapas convencionales dentro de los procesos de políticas públicas (diseño, implementación, evaluación)13. • A pesar que con frecuencia la gran mayoría de los estudios sobre el particular destacan que el ámbito de actividad de los centros de pensamiento se encuentra en el marco de los procesos de políticas públicas (policymaking process) (Abelson 2010; Uña & Garcé 2010) encontramos la necesidad de ampliar el marco de definición de los centros de pensamiento valorando el contexto singular y cambiante aplicable al caso de estudio en el sentido de convocar la (posible) influencia y distintas modalidades de los centros de pensamiento en los procesos más amplios y complejos de debate público y deliberación política. Esto último, no sólo desde sus articulaciones inmediatas con gobiernos y administraciones de turno (Gallardo et al. 2009) sino también complementariamente desde los impactos de los centros de pensamiento como dispositivos de ideas, saberes y conocimiento que intervienen dentro de los procesos políticos (politics) amplios (Puello-Socarrás 2010). • Igualmente, relativizamos la definición de centros de pensamiento en su sentido de organizaciones formal13

A pesar de basarnos en una definición amplia de centros de pensamiento, tenemos en cuenta elementos de lo que se podría denominar una definición “restrictiva” de los centros de pensamiento como la que propone Antonio Camou: “Yo tomaría una definición más restrictiva de think tanks… pienso básicamente en organizaciones no gubernamentales orientadas a producir conocimiento situado para la resolución de problemas de la agenda pública y que hayan tenido cierto tipo de estabilidad en su gestión” (Camou, 2013)

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mente “apartidarias e independientes” en tanto las capacidades e incapacidades de involucramiento recíproco y simultáneo entre centros de pensamiento con universidades - entendidas como: la comunidad de profesores y académicos pertenecientes a las instituciones públicas o privadas de educación superior - en gran medida parecerían explicarse a partir de esta variable. La relativa “ideologización” del campo académico durante la última década en el caso de Argentina debe ser un elemento a considerar dentro de las dinámicas históricas y más recientes, respecto a la articulación entre universidades y centros de pensamiento (Oszlak 2013; Camou 2013; Gambina 2013). • Con el fin de considerar la relación entre centros de pensamiento y universidades mantenemos la distinción que realiza Mendizábal en torno a la noción de “vínculo” (links) retomada, entre otros, por Uña et al (2010a, pág. 46) respecto a los nexos y vinculaciones (informales, formales), el rol de intermediarios o mediadores, las redes y campañas estratégicas. Más puntualmente, parafraseando aspectos de Datta, y otros (2010 pág. 49) apuntamos a describir las relaciones en tanto: a) consorcios: asociaciones complejas que involucran un conjunto de intereses comunes alrededor de un programa colectivo entre centros de pensamiento y universidades; b) alianzas: a diferencia de los consorcios, se trata de una colaboración centros de pensamiento-universidades que se concentraría en proyectos puntuales o en objetivos y actividades específicas en la producción conjunta de investigación, difusión, incidencia, etc.; c) vínculos y/o redes: asocia-

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ciones simples e informales (incluyendo los diferentes ámbitos de “actuación” de miembros) entre centros de pensamiento y universidades que pueden abarcar desde potenciales acercamientos y la interacción no institucional personalizada hasta el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. En conexión con esto último, y tal y como han llamado la atención recientemente varios estudiosos sobre las salientes transformaciones en el campo de los centros de pensamiento, habría que registrar el uso de medios de comunicación en línea y la complementariedad que hoy significan las redes sociales. Buena parte de la efectividad de las campañas de diseminación de ideas y la divulgación del conocimiento proponen en este terreno diferentes desafíos al mundo de los centros de pnesamiento y, por qué no, al mundo académico y universitario en la captura de audiencias. Dos de ellos, tienen que ver, primero, con el desarrollo de las relaciones de los centros de pensamiento y los emprendedores intelectuales virtuales (v. gr. editores en línea) y, segundo, la capitalización del tráfico web a través de sus “referentes” (Chaufen, 2013). Dos ejemplos en este sentido tienen que ver con el uso del twitter y del fenómeno en ascenso de los blogs. La sugerente indicación según: los blogs pueden ser “los think tanks del siglo XXI” (Silva, 2005) no debería entonces minimizarse ya que la evolución de estos espacios, en otras latitudes, está adquiriendo un peso cada vez mayor como forma de articular el trabajo de los centros de pensamiento facilitando las capacidades operativas más tradicionales14. 14

Agustin Etchebarne – anota Chaufen (2013) -, líder del centro de pensamiento “Libertad y Progreso”  en Argentina tiene alrededor de 33.000 seguidores en Twitter mientras que su think tank no alcanza los 8.000 seguidores. Juan Carlos Hidalgo del Instituto CATO  posee alrededor de 9.500 seguidores, cifra que supera varias unidades de tal entidad y también el número de asociados de varios centros de pensamiento que cuentan con presupuestos millonarios

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Bolivia

Werner L Hernani-Limarino Katerine Saravia Miguel Vera con Natalia Peres Fundación ARU1

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Es importante mencionar que todos los autores de esta investigación están vinculados con Fundación ARU, uno de los centros de pensamiento analizados. Si bien esta situación genera conflictos de interés -que intentamos superar haciendo nuestro mayor esfuerzo por conservar nuestra objetividad; también permite diseñar la investigación con algún conocimiento y experiencia práctica del contexto en el que se realizan actividades de gestión de la investigación e intervención en políticas públicas

Estudio país: Bolivia

1. Introducción Al igual que en la mayoría de los países, en Bolivia los datos sirven para validar decisiones políticas y definir agendas de cambio. Por ejemplo, recientemente el gobierno boliviano anunció la substancial reducción de la pobreza (de 63% en 2005 a 41% en 2012) y de la pobreza extrema (de 38% a 21% en el mismo periodo) justificando de esa manera las ventajas del giro político ocurrido en el país desde 2005. Aún insatisfecho con esta evolución favorable, el Presidente anunció la necesidad de erradicar la pobreza extrema, desafío planteado como primer punto del plan de largo plazo denominado “Agenda Patriótica 2025” (Cfr. Morales, 2013: 3-4). Sin embargo, la relación entre los resultados de las investigaciones basadas en datos y la definición de políticas públicas resulta menos evidente. Siguiendo el mismo ejemplo, a pesar de la cantidad de información disponible sobre el tema (diversos estudios explican el comportamiento de la pobreza y revelan grandes variaciones entre grupos de población), aún es muy reducido el uso que se le da para dar sustento técnico a las agendas estratégicas del gobierno. Esta situación se evidencia en el carácter general de las propuestas de política (la mayoría expresadas en normas y no necesariamente en planes de trabajo) que no condice con la cantidad de datos disponibles en diversos centros de investigación públicos y privados. Esta desconexión cuestiona la forma en que las instancias que definen las políticas públicas (en particular, las instituciones

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del nivel central) utilizan la información incluyendo no solo los resultados de las investigaciones sino también aquella disponible entre diversos “productores de evidencia”. Los encargados “naturales” de producir información son las oficinas nacionales de estadística (el caso del Instituto Nacional de Estadísticas) las cuales, en varios casos, trabajan con instancias encargadas de la planificación y análisis al interior del aparato público estatal. Dado que existen datos e investigaciones también en el sector privado, resulta interesante determinar hasta qué punto se utiliza o no esta evidencia. Determinar cómo se utilizan los datos y la investigación provenientes de “productores” privados para fines públicos implica reconocer, por lo menos, dos elementos de contexto. El primero se relaciona con la estructura institucional del sector público y su capacidad o resistencia para procesar y, eventualmente, utilizar información “nueva”. Por ejemplo, existen estudios que señalan que, en contextos institucionales más estables y con baja fragmentación política, existiría mayor “apertura” a escuchar ideas de centros de investigación privados (Tanaka, Barrenechea y Morel, 2009). El segundo elemento tiene que ver con los incentivos que enfrentan los investigadores y sus capacidades para influir en el debate público. Existen menos antecedentes al respecto pero, seguramente, la capacidad de influir para mejorar las políticas públicas dependerá del tipo de institución que la esté generando (Repetto, 2001) y también de los intermediarios que vinculan a “proveedores” con “demandantes” de conocimiento (Australian Aid, 2012). Existe un amplio conjunto de instituciones no gubernamentales que cumplen el rol de “productores” o “intermediarios”

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de conocimiento y que tienen posibilidad de influir sobre las políticas públicas. La mayoría son instituciones ligadas a proyectos de desarrollo (ONG´s, fundaciones o institutos) que no necesariamente basan su conocimiento en investigaciones. Por otro lado, existen centros especializados, generalmente basados en universidades, que priorizan la investigación sin tener, necesariamente, un vínculo con las políticas. Lo que es menos frecuente es encontrar instituciones que, priorizando la investigación, incluyan deliberadamente el objetivo de influenciar las políticas. Aunque el debate sobre el carácter de los think tanks o centros de pensamiento aún es reciente, diversas publicaciones coinciden en señalar que son instituciones que apoyan sus argumentos en investigaciones – sea que las generen o las difundan – y que buscan relacionarse con alguna dimensión de las políticas públicas – sea directamente a través de una comunicación directa con actores políticos o bien indirectamente influyendo en el ciclo de formación de políticas. Los estudios sobre el rol de estas instituciones y su evolución en el tiempo son incipientes en Bolivia aunque existen estudios específicos ligados a la formación e influencia de “centros de pensamiento” públicos (Contreras, 1997 y Loayza, 2009). Los estudios sobre la forma en que dichas organizaciones interactúan entre sí para generar conocimiento y, eventualmente, influir sobre políticas resultan aún más reducidos. La escasa institucionalidad pública – necesaria para asimilar diversos tipos de información - y la reducida capacidad de investigación en Bolivia determinan que sean pocas las instituciones que realizan investigación rigurosa y aún menos las que tienen posibilidad de influir en las políticas. Aunque

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es de suponer que, dadas estas características, este “mercado” aún no se encuentre suficientemente desarrollado, es importante decir que no existen estudios sobre la relación entre dichas organizaciones: ¿Qué tipos de centros de pensamiento existen? ¿Cuándo compiten o colaboran? ¿En qué ámbitos? ¿Bajo qué circunstancias? Este documento describe el contexto boliviano en cuanto a actividades de investigación e intervención en los procesos de política pública, y explora las formas de interacción entre centros de pensamiento y universidades en este ámbito, con especial énfasis en los desafíos y las oportunidades de las actuales y prospectivas formas de interacción. En particular, el documento busca: 1) describir las características básicas del contexto boliviano en cuanto a gestión de la investigación y su rol dentro de los procesos de políticas públicas, 2) describir las principales formas de interacción entre centros de pensamiento y universidades; y 3) entender los incentivos (costos y beneficios actuales) de la (falta de) interacción y cooperación entre centros de investigación y universidades así como los desafíos y oportunidades futuras.

2. La Investigación para las Políticas Públicas Esta sección describe el estado actual de la investigación y el conocimiento en Bolivia aproximado por indicadores convencionales. Dentro de este contexto, presenta una breve evolución de los centros de investigación en el país resaltando su relación con las políticas públicas. De esa manera, introduce el debate sobre los centros de pensamiento en el país. Al final, se reflexiona sobre la posibilidad real de que estas instituciones influyan en procesos de formación de políticas.

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a) Inversión en Investigación y Producción de Conocimiento De acuerdo con los indicadores comúnmente utilizados, Bolivia presenta un rezago significativo en inversión en, insumos para, y resultados de la producción del conocimiento; cuando se lo compara con otros países de la región y aun cuando se lo compara con otros países de nivel de desarrollo semejante. Más aún, el análisis de la evolución de estos indicadores en el tiempo muestra que el rezago se ha ampliado durante los últimos años. Las Figuras 1 y 2 analizan el nivel y la composición de la inversión en investigación y desarrollo (I&D) de acuerdo con las estimaciones de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). La Figura 1 presenta la inversión en I&D como porcentaje del PIB, indicador que comúnmente se conoce como intensidad de la investigación y desarrollo evidencia que Bolivia, no sólo tiene una inversión baja en relación a otros países de la región, sino que la intensidad de la investigación y desarrollo ha disminuido durante la última década. La inversión del I&D en Bolivia alcanza apenas 0,26% del PIB; por debajo de la inversión en I&D de Brasil, Chile, Argentina, México y Uruguay que alcanzan alrededor de 0,50% del PIB, y por debajo de la inversión en I&D de Bolivia en 1997 que llegaba a 0,32% del PIB. Por su parte, la Figura 2 presenta la composición de la inversión en I&D por sector de ejecución. Claramente, una gran parte de la inversión en I&D, 41%, se ejecuta en educación terciaria. La inversión en I&D del sector privado alcanza a 25%, la del sector público a 21%, y la de organizaciones no gubernamentales y fundaciones a 13% de la inversión total.

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En cuanto a la disponibilidad de insumos necesarios para las actividades de investigación en Bolivia, resulta informativo el hecho de que Bolivia no esté incluida en los principales indicadores de esta área. Por ejemplo, ninguna universidad boliviana está incluida dentro del ranking de las Top 500 universidades del mundo, no existen estadísticas disponibles para Bolivia sobre el número de profesionales con grados doctorales o el alcance de y facilidad de acceso al sistema nacional de estadísticas. Las Figuras 3, 4 y 5 presentan una de las pocas estadísticas de éstos investigadores y el área científica en la que se desempeñan. Los primeros dos indicadores provienen de las estimaciones de la RICYT, mientras que el tercer indicador proviene de las estadísticas de la UNESCO. De acuerdo a estos datos, el porcentaje de empleo de investigadores en Bolivia es similar al de Colombia y Ecuador - aunque por debajo de Argentina, Chile, Brasil, México y Uruguay; 95% de estos empleos se generan fuera del sector privado; y sólo 13% dentro del área de las ciencias sociales y humanas. Un insumo que se cita con menos frecuencia y que, sin embargo, resulta fundamental para asegurar la frecuencia y la calidad de las investigaciones se refiere a la disponibilidad de datos confiables. Para importantes sectores y temáticas del ámbito social y económico no existe información pública ni privada de registros o encuestas. En los contados casos en los que la información existe, no es pública; y en los escasos casos en los que la información es pública tiene fuertes cuestionamientos a su calidad. En una escala que va de 0 hasta 100, la calidad de la información y de las estadísticas en general en Bolivia habría bajado de 0,42 en 2007 hasta 0,32 en 2009, una reducción sustancial si se compara con

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la evolución del promedio regional cuyo índice se mantuvo prácticamente constante alrededor de 0,331. Dos ejemplos ilustrativos de esta situación son los datos del producto interno bruto nacional2 y los datos del número de personas de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, los que incluso han derivado en paros en algunas regiones del país3. Recuadro 1 Acerca de la Red Boliviana de Microdatos y Encuestas Red Boliviana de Micro datos y Encuestas – Fundación ARU Está red busca promover la investigación a través de la recolección de información inédita y de calidad en temas relevantes de la realidad nacional. Es una asociación comprende: algunas carreras e institutos de investigación de universidades públicas, universidades privadas y Fundación ARU, con la participación de sus estudiantes, docentes e investigadores. Se organizaron tres cursos en los que un promedio de 20 estudiantes fueron capacitados en cada uno, y vivieron la experiencia de las encuestas en todas sus fases. Las capacitaciones estuvieron a cargo de investigadores pertenecientes a Fundación ARU, que a su vez se encargaba de definir los contenidos y financiar los cursos. Como resultado de esta experiencia se realizaron varios estudios con distintos actores y temáticas.

1

2

3

Este índice se basa en una encuesta de percepción a usuarios y expertos del país que valoran: la capacidad de las instituciones para generar estadísticas precisas; el grado de desagregación de la información presupuestaria; el grado de agregación de la información presupuestaria para análisis globales; y la capacidad del presupuesto para obtener un panorama completo de las finanzas nacionales (ver: http://www. iadb.org/datagob/index.html). En el caso del PIB, es preocupante que la matriz insumo-producto, sobre la que se basa la construcción del PIB y las cuentas nacionales, utilice coeficientes técnicos del año 1989 en vista de los significativos cambios tecnológicos ocurridos durante las últimas dos décadas. En el caso del nivel y la distribución de la población del Censo 2012, son de dominio público los fuertes cuestionamientos a la calidad del proceso y de los datos del censo, los que incluso han derivado en paros en algunas regiones del país. En los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se organizaron paros cívicos y protestas por la disminución de habitantes (la población indicada en la presentación preliminar de los datos en el Censo de Población y Vivienda en 2012 fue mayor a los datos finales presentados por el Instituto Nacional de Estadística). La variación de datos originó descontento por las posibles implicaciones: menor presupuesto asignado y cambio en el número de representantes en la Asamblea Legislativa Nacional. Posteriormente el ex presidente del INE admitió la presencia de errores en el censo. Existe mayor información disponible en la siguiente dirección electrónica: http:// www.ultimasnoticiasbolivia.com/2013/09/16/tres-regiones-proyectan-la-protestapor- fallas-del-censo-2012/

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Las Figuras 6, 7, 8, 9, 10 y 11 presentan indicadores relacionados con la producción de conocimiento científico del país. Las Figuras 8 y 9 presentan, respectivamente, el número de publicaciones por habitante y el número de citas por publicación. Ambos indicadores normalizados en relación con el estándar de los países de la OECD. En el primer indicador, que es utilizado como una medida gruesa de la “productividad científica relativa”, Bolivia - junto con Ecuador y Perú, muestra un rezago significativo, con niveles cercanos a 2% del número de publicaciones por habitante en la OECD, mientras que Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y México superan o están cerca del 10% del nivel de la OECD. En el segundo indicador, que es utilizado como una medida gruesa de “calidad de la producción científica relativa”, existe una distribución mucho más homogénea entre los países de América Latina incluidos en la muestra. Finalmente la Figura 10 presenta el número de patentes y la Figura 11 las aplicaciones para el registro de una marca normalizado en una escala de 0 a 10. En el primer caso, Bolivia sólo está por encima de Guyana, Haití y Surinam, con un indicador alrededor de tres veces más bajo que los registrados en Chile, Argentina, Uruguay, México y Brasil. En el segundo caso, Bolivia sólo está por encima de Haití y Surinam, con un indicador dos veces más bajo que lo de los países antes mencionados. Si bien, estos indicadores presentan algunas dificultades, nos permiten ilustrar el rezago de Bolivia en inversión, insumos, y resultados de la producción del conocimiento. En resumen, tanto las escasas estadísticas disponibles como la falta de estadísticas relevantes en el área de I&D revelan que Bolivia enfrenta fuertes restricciones en el acceso a recursos financieros, recursos humanos y datos

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de calidad que le permitan responder a los desafíos de los procesos de política pública informada. Como se explica en la siguiente sección, los centros de investigación, operando como think tanks, podrían abordar estos desafíos en la medida en que se resuelvan problemas estructurales como el “círculo vicioso” de baja demanda por investigación local de los actores de política pública, importantes restricciones de acceso a recursos humanos y financieros para la investigación, baja cantidad y calidad del flujo de investigación local, y poca difusión y utilidad práctica del stock de evidencia. Figura 1 Gasto en Investigación y Desarrollo como Porcentaje del PIB en 1997 y 2007

4,00 3,50

2,50 2,00 1,50 1,00

0

2007

Finlandia Korea Japón USA ODCE EU27 China Irlanda LAC

0,50 Brasil Chile Argentina México Uruguay Costa Rica Bolivia Panamá Colombia Ecuador Perú Costa Rica El Salvador Jamaica Trin & Tob Guatemala Honduras Nicaragua

Porcentaje

3,00

1997

Nota. Fuente: RICyT (2009)

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Figura 2 Gasto en Investigación y Desarrollo por Sector 100 80 60 40

Educación Superior

Guatemala

Colombia

Trin & Tob

Bolivia

Ecuador

Uruguay

Perú

Argentina

Paraguay

Gobierno

Sector de Negocio

Costa Rica

Chile

Brasil

México

LAC

Irlanda

USA

ODCE

China

Finlandia

Korea

0

Japón

20

ONGs

Nota. Fuente: RICyT (2009)

Figura 3 Investigadores por cada 1000 en la Fuerza Laboral en 1997 y 2007 16,00 14,00

10,00 8,00 6,00 4,00

2007

LAC

China

Irlanda

ODCE

Korea

USA

Finlandia

Panamá

Ecuador

Colombia

Bolivia

Venezuela

Costa Rica

Uruguay

México

Brasil

0

Chile

2,00 Argentina

Porcentaje

12,00

1997

Nota. Fuente: RICyT (2009)

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Figura 4 Investigadores por Sector de Empleo (2007) 100 80 60 40

Colombia Brasil

Uruguay

Venezuela Argentina

Bolivia

Argentina

Costa Rica

Honduras

Brasil

México México

Ecuador

Chile Paraguay

LAC

EU27

Finlandia

ODCE

Irlanda

China

Korea

Japón

0

USA

20

Otros sectores

Sector de Negocio Nota. Fuente: RICyT (2009)

Figura 5 Investigadores por Área de Ciencias 100 80 60 40

Cs. Agrícola

Tecnología e Ingeniería

Nota. Fuente: RICyT (2009)

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Cs. de la Salud y Medicina

Cs. Naturales

Venezuela

Colombia

Chile

Guatemala

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Ecuador

Bolivia

Uruguay

Trin & Tob

Japón

Korea

0

Rusia

20

Cs. Sociales Humanidades y otros

122

Figura 6 Rango normalizado por país (0-10) en Publicaciones por cada 1000 pobladores 10,0 8,0 6,0 4,0

2008

Chile Uruguay Argentina Brasil Trin & Tob Costa Rica México Panamá Venezuela Colombia Ecuador Bolivia Perú Nicaragua Paraguay Guatemala Honduras El Salvador Haití

0

Finlandia Irlanda USA ODCE Japón Korea LAC

2,0

1998

Nota. Fuente: RICyT (2009)

Figura 7 Diferencia entre la Productividad Científica Observada y Esperada, como porcentaje de la Productividad Científica esperada en 2004-2008 (como se predijo por los gastos públicos en investigación) 250 200 Argentina Costa Rica Francia Chile Panamá Alemania Guatemala Bolivia Paraguay Brasil Colombia Japón Ecuador México Perú China

100 50 0 -50 -100

Dinamarca Suiza Irlanda Portugal Uruguay Finlandia Australia Israel Austria Canadá Italia

Porcentaje

150

-150

Nota. Fuente: RICyT (2009)

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0 1995-1998

1995-1998

Panamá Honduras Rep. Dom. Ecuador Costa Rica Perú Haití Chile Paraguay Uruguay Guatemala Bolivia Nicaragua Argentina Colombia México Brasil Venezuela El Salvador Trin & Tob

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Honduras

Guatemala

Paraguay

Perú

Bolivia

Ecuador

Colombia

Venezuela

Jamaica

Panamá

Costa Rica

México

Brasil

Argentina

Uruguay

Chile

LAC

Japón

Korea

USA

EU 15

Finlandia

0

USA EU 15 Finlandia Irlanda Japón Korea LAC Rusia

Figura 8 Productividad relativa (Publicación por Población relativa para el OCDE) 200

150

100

50

2005-2008

Nota. Fuente: RICyT (2009)

Figura 9 Calidad relativa (Citaciones por Publicación Relativa para el OCDE)

180

160

140

120

100

80

60

40

20

2005-2008

Nota. Fuente: RICyT (2009)

124

0 1995-1998

1995-1998

Belize Panamá Jamaica Costa Rica México Uruguay Chile Trin & Tob El Salvador Rep .Dom. Argentina Colombia Guatemala Venezuela Brasil Perú Paraguay Ecuador Honduras Nicaragua Bolivia Haití Bahamas Barbados Chile Costa Rica Argentina Uruguay México Jamaica Brasil Venezuela Ecuador Panamá Rep. Dom. Colombia Guatemala El Salvador Perú Honduras Paraguay Bolivia Haití

USA Japón Finlandia OECD Korea Irlanda LAC

0

USA OECD Irlanda Finlandia Japón Korea LAC

Figura 10 Rango normalizado por país (0-10) en Patentes por cada 100.000 habitantes

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

2005-2008

Nota. Fuente: RICyT (2009)

Figura 11 Rango Normalizado por país (0-10) en Solicitudes de Marcas por cada 100.000 habitantes

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

2005-2008

Nota. Fuente: RICyT (2009)

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b) Centros de Investigación para las Políticas Públicas: los Think Tanks A diferencia de los países europeos y, en particular, anglosajones, los think tanks en América Latina nacen como reacción (o, directamente, oposición) al Estado antes que como instituciones dirigidas a mejorar la gestión pública (Botto, 2009). En Bolivia, el surgimiento de los centros de investigación puede asociarse con la lucha en contra de los regímenes militares en la década del 70 donde muchos profesionales de izquierda exiliados y/o perseguidos se dedicaron a defender los derechos humanos y socioeconómicos poniendo énfasis en temas como la educación popular y la organización. Con la llegada de la democracia en 1982 surgieron nuevos centros de investigación en busca de alternativas de desarrollo económico para superar la pobreza. En esta segunda “oleada”, primó la creación de centros de investigación al interior del sector público y otras organizaciones que operaban desde la sociedad civil. En el primer caso, destacan los esfuerzos de organismos multilaterales por apoyar las reformas estructurales que inició el país en los años noventa, fortaleciendo los aparatos públicos, fundamentalmente, en las áreas económicas (Tanaka et al, 2009 y Contreras, 1997). El apoyo a organismos no gubernamentales, incluyendo a instituciones que jugaron un rol en la generación de ideas y argumentos para las políticas públicas, se benefició fundamentalmente del financiamiento de organismos de cooperación internacional que apoyaron abiertamente la conformación de este tipo de centros (Toranzo, 2009).

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Tres eventos, favorecieron este tipo de financiamiento: 1) la sequía e inundaciones de 1982 y de los años siguientes, y las consiguientes necesidades de planificación e implementación de programas de emergencia y reconstrucción; 2) la implementación de la política de ajuste estructural de 1985; y 3) la necesidad de pensar y ejecutar políticas de compensación, especialmente a mineros relocalizados y sus familias. A mediados de los noventa, la promulgación de la Ley de Participación Popular en 1994, que creo gobiernos municipales aumentó los requerimientos de planificación participativa a nivel local y con ellos la necesidad de instituciones especiales en el tema (JICA, 2007). Aunque la orientación de los centros de investigación que podrían clasificarse como centros de investigación varía grandemente, aquellos con una vinculación directa hacia las políticas públicas y con fundamento tecnocrático se crearon durante este período. Uno de los casos comúnmente citados en los estudios sobre el tema se refiere a la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), citado como un caso exitoso de fortalecimiento institucional (Contreras, 1997), como un espacio tecnocrático (“islas de eficiencia”) dentro de contextos políticos altamente polarizados (Tanaka et al, 2009) y como un centro de investigación capaz de influir directamente en las políticas públicas (Loayza, 2009). Esta institución fue establecida durante un gobierno de izquierda en 1984 con el apoyo financiero de USAID (Godoy y Contreras, 1997). Un caso menos exitoso está referido al de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO), establecido en 1992 también con el soporte de USAID pero que desapareció antes de los cinco años de su nacimiento.

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También figuran importantes centros de investigación creados y/o asociados a partidos políticos: el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), establecido en 1985 por militantes de partidos de izquierda; Fundemos, establecido en 1986 por líderes del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel; Milenio, establecido en 1990 por líderes del partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (Toranzo, 2009). No ha sido posible encontrar referencias sistemáticas sobre los centros de investigación afiliados o que son parte de las universidades públicas o privadas, más allá de referencias anecdóticas, producto de las entrevistas sostenidas como parte de este estudio. Sobre esta base, se puede identificar al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana (UCB) como un centro conectado al debate público de mediados de los ochenta y noventa, sobre todo, por relaciones informales y por la afinidad teórica de las reformas económicas en curso con el tipo de investigaciones realizadas desde este Instituto. En el área social, resulta menos frecuente encontrar centros de investigación con una dirección clara hacia las políticas públicas. Una excepción importante la constituye el colectivo de Post-Graduación en Ciencias del Desarrollo (CIDES) que también recibe financiamiento de la Universidad Mayor de San Andrés pero que mantiene una estructura orgánica y una línea de investigación independiente. A pesar de la pluralidad ideológica que caracteriza esta instancia, debe remarcarse que este espacio permitió catalizar un conjunto

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solido de argumentos en contra del modelo socioeconómico de los años noventa (aquél de las reformas estructurales) y contar con cuadros técnicos para el nuevo gobierno (en el 2005) que impulsaba profundos cambios políticos, económicos y sociales. Como parte de los esfuerzos por acercar la investigación en áreas sociales y las políticas públicas, en 1994 fue creado el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Esta iniciativa combina la producción de conocimiento, la formación de recursos humanos especializados en investigación, el fortalecimiento de capacidades locales en investigación, la promoción del debate para el diseño y la discusión de políticas públicas y la coordinación interinstitucional. A pesar de la producción significativa de documentos, la sostenibilidad de la investigación bajo este enfoque no está garantizada ni por los recursos financieros – el programa depende principalmente de financiamiento de la embajada de Holanda – ni por la continuidad de los recursos humanos para la investigación – no se conoce de ningún sistema que facilite la reinserción de los investigadores formados bajo este programa dentro del mercado local – (G. Montaño anterior Oficial de Programas de la Embajada de los Países Bajos en Bolivia, 2013). Por otro lado, el incremento de las universidades privadas vino acompañado de un mayor número de centros asociados con intereses en la investigación que, según se desprende de las entrevistas realizadas para este estudio, también se habría incrementado aunque en menor proporción. Si bien no están claros los incentivos que las universidades privadas enfrentan al momento de valorar incursionar o no en

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actividades de investigación (más adelante se abunda sobre este tema), el hecho es que aún son una referencia de la cantidad y calidad de investigación en el país. Recuadro 1 Sistemas de Investigación en América Latina México En el caso de México cuentan con un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología bien establecido. El mismo administra un Sistema Nacional de Investigadores que busca promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en este país. Los investigadores reconocidos en este sistemas son evaluados por una comisión; en caso de ser seleccionados por la calidad y el prestigio de sus contribuciones, son acreedores a incentivos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado (variando entre seis salarios mínimos mensuales para un investigador nivel I y 14 salarios mínimos para un investigador nivel III o emérito durante un año). Para realizar su labor, el Sistema Nacional de Investigadores establece criterios fiables y válidos para designar un nivel (los mismos varían entre las distintas áreas de estudio), entre ellos se encuentran los aportes realizados últimamente, la calificación otorgada por la comisión a sus trabajos, haber contribuido a la formación de recursos humanos (los investigadores pueden incorporar asistentes de investigación a sus trabajos con remuneración del CONACYT), trayectoria, etc. Fuente: http://www.conacyt.gob.mx/SNI/Paginas/default.aspx Paraguay En Paraguay cuentan con el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII), creado con el fin de fortalecer y expandir su comunidad científica del país mediante su categorización, evaluación de su producción científica (por su relevancia internacional y su impacto en la formación de otros investigadores) y otorgamiento de incentivos económicos. De acuerdo al Reglamento, el Gobierno de Paraguay estableció que los elementos a tomar en cuenta en la evaluación de los investigadores serían: la producción científica en los 15 años anteriores al año de ingreso, la producción científica entre períodos de evaluación, la calidad de la investigación (considerada en función de trabajos publicados en revistas arbitradas o revistas con indexación internacional, el valor de las patentes y las producciones tecnológicas originales, la contribución al desarrollo de líneas de investigación o nuevas áreas de dominio, el liderazgo y reconocimiento internacional, regional y/o nacional). A partir de la decisión de una comisión los investigadores son diferenciados entre sí como investigadores activos, asociados o eméritos, y a su vez clasificados en tres niveles en el caso de las dos primeras opciones. En cuanto a los incentivos económicos, estos varían en promedio entre 3’126.995 y 9’380.982 de guaraníes mensuales para el primer y tercer nivel respectivamente. Fuente: http://secit.conacyt.gov.py/pronii Argentina: En la República Argentina cuentan con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que se encuentra a cargo de las evaluaciones académicas periódicas de sus miembros y de los proyectos que subsidia. Para la evaluación de los proyectos se basa en la opinión de pares de reconocida trayectoria. En el caso de la evaluación para el Ingreso y las Promociones de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico cuenta con las siguientes instancias evaluadoras: Comisiones Asesoras Disciplinarias y la Junta de Calificación y Promoción, en las cuales se hace partícipe a un par consultor como asesor especializado. Entre los requisitos solicitados para ingresar a la carrera de Investigador se encuentran: haber obtenido un PhD y contar con el apoyo de una institución que desarrolle actividades científicas para el desempeño de sus labores. Complementariamente cuentan con un incentivo académico, de acuerdo a las categorías establecidas; las mismas que distinguen: asistente, adjunto, independiente, principal y superior. Fuente: http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigador

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c) El Rol de la Evidencia y el Conocimiento en el Proceso de Políticas Públicas Si la anterior revisión deja en evidencia las escasas oportunidades en que la investigación se vincula institucionalmente con las políticas públicas, el actual contexto político reduce aún más la posibilidad de lograr esta conexión. Por un lado, en varios centros de investigación tradicionalmente articulados los criterios en favor de los procesos de ajuste estructural (asociados a los partidos políticos tradicionales) se encuentran desacreditados o en franca oposición al gobierno. Por otro lado, los programas impulsados por el gobierno se basan generalmente en postulados ideológicos lo que reduce la posibilidad de cuestionamientos teóricos o empíricos provenientes de la investigación. Al respecto, Deviss (2013) analiza el rol del conjunto de ONGs y fundaciones en Bolivia durante este periodo y resalta “la poca sistematización de experiencias y el escaso desarrollo de investigación” que estas vienen realizando4. Perez (2012) analiza el rol de la investigación, la evidencia y el conocimiento dentro del proceso de políticas públicas en Bolivia a partir de entrevistas a actores clave. Como podría esperarse, ni la investigación, ni la evidencia, ni el conocimiento juegan un rol importante dentro del proceso de gestión de políticas públicas, el que es mejor descrito por los actores entrevistados como caótico y complejo, tanto 4

Devis (2013) identifica siete principales roles bajo los cuales las ONGs se han regido: lucha contra la pobreza; ejecución de programas y proyectos gubernamentales; innovación social y tecnológica; articulación de actores; fomento del debate público e incidencia en políticas públicas; interpelación al cumplimiento de derechos, normas legales y compromisos gubernamentales; e incidencia en la transformación cultural en las relaciones de poder.

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entre actores gubernamentales como entre ellos y actores de la sociedad civil. A decir de los entrevistados, es el contexto económico, político y social el que determina no sólo el diseño sino también la implementación, y a veces hasta la evaluación de las políticas públicas. Dicho estudio atribuye la falta de incidencia de la evidencia sobre la toma de decisiones a dos factores: primero, la falta de capacidades en una gran mayoría de los tomadores de decisión (de la coyuntura actual); segundo, la baja cantidad y escasa calidad (tanto en términos académicos como en términos de su relevancia y utilidad de sus implicaciones de política) de la evidencia que se produce en el país. La credibilidad no sólo de las investigaciones que se producen sino también de datos y estadísticas primarias dificultan ostensiblemente la posibilidad de toma de decisiones basada en información o en evidencia. Finalmente, Perez (2012) rescata dos puntos importantes que podrían ser de utilidad prospectiva para mejorar el rol de la información, investigación, evidencia y conocimiento en los procesos de política pública. Primero, el interés de los actores políticos de tener acceso a más y mejor información, y fundamentalmente a sistemas de control de calidad de la investigación que les permitan juzgar adecuadamente la pertinencia o no de la evidencia. Segundo, el rol de la cooperación internacional que, ya sea por las mejores capacidades de su tecnocracia o por su rol dentro del financiamiento de los proyectos de desarrollo, tienen una mayor demanda por información e investigación y podrían jugar un rol fundamental tanto en la mejor gestión de la investigación como en la posibilidad de políticas públicas basadas en evidencia.

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Loayza (2009), analiza en qué medida la investigación ha podido informar la política pública en Bolivia. Aunque el autor concluye que “los think tanks han tenido verdadera influencia en Bolivia desde 1985, (...) gracias a sus conexiones con los partidos políticos, movimientos sociales y gobierno, (...) y que están subordinados al interés político”, es claro que las intervenciones consideradas como exitosas en procesos de política pública casi nunca han estado asociadas con productos de investigación y mucho menos con agendas de investigación bien planificadas. Por un lado, la acostumbrada toma de decisiones en base a ideología, política e intuición ocasionada por la ausencia o escasez de sistemas de control de calidad de la “evidencia” y/o por la falta de interés de los actores de política hacen casi imposible hallar formas eficaces y eficientes de intervención en políticas públicas que permitan informar e influenciar el debate, diseño o implementación en base a evidencia lo que reduce aún más el retorno social de estas actividades y por tanto sus oportunidades de financiamiento. Por otro lado, restricciones de acceso a recursos físicos, humanos (reclutamiento, promoción y retención de investigadores) y financieros (especialmente para la generación de una agenda de investigación propia), y falta de demanda por conocimiento local por parte de los actores de política pública dificultan la producción de conocimiento relevante y útil para la política pública. La acostumbrada toma de decisiones en base a ideología, política e intuición ocasionada por la ausencia o escasez de sistemas de control de calidad de la “evidencia” y/o por la falta de interés de los actores de política reducen las posibilidades de lograr formas eficaces y eficientes de intervención en políticas públicas.

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3. El Rol de la Evidencia y el Conocimiento en el Proceso de Políticas Públicas a)Principales Hallazgos El objetivo principal de la investigación es explorar en que dimensiones, en el caso Boliviano, existe interacción y colaboración entre centros de investigación y universidades, y cuáles son los incentivos (o restricciones) que generan (o impiden) dicha relación. Para una mejor descripción de los tipos y cualidades de la relación entre universidades, se clasificaron las relaciones en tres diferentes ámbitos de interacción y colaboración: • Procesos de formación y acreditación de profesionales • Procesos de gestión de la investigación • Procesos de intervención en la política pública b) Colaboración en Procesos de Formación y Acreditación de Profesionales El tipo de relación más frecuente entre centros de investigación y universidades ocurre en el proceso de formación y acreditación de profesionales. Las acciones más frecuentes son: por un lado, la contratación de investigadores de los centros de investigación como profesores universitarios “por hora”, y, por otro lado, la contratación de estudiantes de las universidades dentro de los centros de investigación en pasantías o prácticas profesionales. No es difícil imaginar los incentivos de los involucrados en este tipo de relación. En ambos casos, la relación es casi siempre contractual y de carácter personal. Una determinada universidad contrata

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determinado tiempo de un investigador (entre 3 a 6 horas a la semana) sin mediación del centro de investigación al que el profesional está afiliado, o bien un determinado centro de investigación contrata a un estudiante, egresado o recién graduado de una universidad sin mediación de la universidad a la que pertenece. Bajo esta situación, no es difícil imaginar investigadores o asistentes de investigación, con dobles y hasta triples afiliaciones. Si bien las acciones antes descritas pueden y deben considerarse como un tipo de interacción entre centros de investigación y u niversidades, una forma de colaboración más ambiciosa llevaría a los centros de investigación a colaborar con las universidades en la planificación e implementación de iniciativas de educación superior aprovechando en conocimiento generado por los primeros y el mercado, la infraestructura, y la capacidad de acreditación de los segundos. El Recuadro 4 presenta dos iniciativas en éste sentido. La “Plataforma de Formación Integral” elaborada por la Fundación Jubileo y la Universidad Salesiana, y el diplomado en “Evaluación de Políticas Sociales” elaborado por la Fundación ARU y la Universidad Católica Boliviana. Claramente, este tipo de iniciativas tienen importante retornos para ambos participantes, y externalidades positivas sobre la oferta de y la demanda por investigación y conocimiento. Por un lado, los centros de investigación pueden difundir el conocimiento generado aprovechando la infraestructura y capacidad de acreditación que no poseen. Por otro lado, las universidades pueden ampliar su mercado y mejorar sus contenidos utilizando el conocimiento generado dentro de los centros de investigación. Finalmente,

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existe un potencial retorno sobre el mercado de investigación, tanto a través de la transmisión de conocimiento a potenciales investigadores y actores de política pública. En algún caso, los estudiantes llegaron a formar parte del equipo de investigación de los centros de investigación, o bien a ocupar posiciones dentro del gobierno con capacidad de demandar y contratar estudios de investigación. A pesar del retorno individual y social de este tipo de actividades, su implementación suele verse comprometida por temas de sostenibilidad financiera. El mercado de la enseñanza superior suele estar orientado a una competencia por precio más que por calidad, lo que lleva a salarios extremadamente bajos en los profesores en enseñanza superior (en media 20 dólares por hora) y, por tanto, disminuye los incentivos de los centros de investigación que generalmente tienen que subvencionar explícita o implícitamente estas iniciativas. Financiar algunos de los costos de estas iniciativas es, desde la perspectiva de los autores, un muy buen incentivo para fomentar la cooperación entre centros de investigación y universidades en estas actividades. Recuadro 3 Colaboración básica: Investigadores de Centros como Docentes en las Universidades. Carlos Machicado (INESAD): “Trabajamos muy estrechamente con la UPB, porque...bueno...la mayoría de los que trabajamos aquí somos profesores de la UPB”. Cecilia Salazar (CIDES –UMSA): “Eventualmente invitamos a un investigador del PIEB para que participe en un taller”. José Luis Evia (Fundación Milenio): “El director es profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, entonces conoce muchos alumnos y trae gente, que son profesores también y puede recomendar”. Tirza Aguilar (UCB-IISEC): “Con el Instituto Alternativo más a nivel de docencia, las personas que participan ahí en algún momento han dado cátedra en la universidad”.

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Recuadro 4 Iniciativas de Colaboración para la Educación Profesional Iniciativas de Educación Fundación Aru-UCB: Diplomado en Métodos de Evaluación de Impacto de Políticas Sociales: Este curso surgió a partir de la iniciativa de la Fundación ofreciendo el Grado Académico de Diplomado, contando con un total de 240 horas académicas. En 2013 se realizó la primera versión y actualmente se está preparando la segunda, a realizarse el segundo semestre de este año. La realización fue apoyada por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, mediante la provisión de la infraestructura, los medios logísticos y administrativos. El contenido fue definido por el centro de investigación, quien contactó a diez de los doce docentes que impartieron cátedra (cuatro investigadores del centro de investigación, dos investigadores asociados y cuatro en vínculo indirecto); y el contenido académico y realizaba el seguimiento a la oferta formativa. En cuanto al plantel docente, ambas instituciones decidían por partes iguales la conformación del mismo. Potenciales oportunidades de colaboración Fundación Jubileo-Universidad Salesiana: Plataforma de Formación Integral: Fundación Jubileo llevó a cabo un curso de “Jóvenes Líderes en Democracia y Desarrollo” en modalidad semi-presencial, contando con 64 horas académicas en su curso básico y 120 horas en los módulos de especialización. Los docentestutores fueron personas relacionadas con la Fundación, quienes también definieron el pensum y contenidos. En su primera versión contó con la participación de 80 jóvenes en cuatro ciudades de Bolivia. Complementariamente cuentan con una programación trianual para su Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo, bajo la cual se ampara este curso. Esta iniciativa fue financiada por una agencia de cooperación alemana y la misma organización. Actualmente buscan el reconocimiento del curso como perito y/o diplomado a partir del convenio con la Universidad. INESAD-Universidad Privada Boliviana: Curso de Economía Ambiental: El Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo tiene la posibilidad de relacionarse académicamente con la Universidad Privada Boliviana gracias a experiencias iniciales. Una de ellas es la materia de “Tópicos Avanzados en Economía: Economía Ambiental”, definida en contenido y dictada por una investigadora senior perteneciente al centro de investigación para el Doctorado en Economía y Administración de Empresas de la Universidad. El financiamiento estuvo a cargo de la Universidad y contó con 20 participantes en su primera versión.

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c) Colaboración en Procesos de Gestión de la Investigación Como se discutió en el marco conceptual. La gestión de la investigación incluye todas aquellas acciones que permiten la producción de conocimiento científico, i.e. la definición de la agenda de investigación; la búsqueda de financiamiento; el reclutamiento, entrenamiento y retención de investigadores; la recolección y/o producción de datos; la producción de investigación; y la difusión de la investigación. De estos seis ámbitos de acción, las entrevistas evidencian que no existe interacción entre centros de investigación y universidades ni en la definición de la agenda de investigación, ni en la búsqueda de financiamiento, ni en la producción de investigación; y que existe escasa o incipiente colaboración en los ámbitos de reclutamiento, entrenamiento y retención de investigadores y de recolección de datos. Por el contrario, las entrevistas evidencian que existen diversas experiencias de colaboración en el ámbito de discusión y/o difusión de la investigación. Todos y cada uno de los centros de investigación analizados han tenido alguna experiencia de colaboración con diferentes universidades en distintas actividades de difusión de la investigación, i.e. conferencias, simposios, paneles, talleres, presentaciones y otras formas de difusión de la investigación. La motivación de ambos en estas actividades es clara: los centros de investigación pueden no sólo ahorrar en el alquiler de espacios físicos para la realización de estas actividades –pocos sino ninguno de los centros de investigación tienen la infraestructura como para organizar estos eventos–, sino también ganar visibilidad y poder de convocatoria; para las universidades el beneficio parece estar directamente relacionado con las ganancias en visibilidad.

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Recuadro 5 Iniciativas Conjuntas de Discusión y/o Difusión de los Resultados Horacio Villegas UCB-IISEC: “Básicamente lo que hemos hecho son talleres sobre varios temas”. Cecilia Salazar (CIDES –UMSA): “Con el PIEB (...) a nivel institucional nuestra vinculación tiene que ver con que organizamos eventos juntos organizamos, seminarios, talleres y los llegamos a desarrollar acompañados de otras instituciones”. Horst Grebe (Instituto PRISMA): “...hubo una serie de encuentros entre centros de investigación de instituciones de educación superior de las universidades (públicas). El resultado de estos talleres se tradujo en la publicación dentro de la revista del CESU de Cochabamba (...). La orientación era establecer una red de intercambio para crear una comunidad académica (...). Hemos podido armar una plataforma temática durante un cierto tiempo de resultados de investigación”. José Luis Evia (Fundación Milenio): “Muchas de las cosas que hace la fundación trata de difundir a las universidades (...) La institución hace un informe económico semestral, que es presentado en diversas universidades en La Paz y el interior de Bolivia”. Tirza Aguilar (UCB-IISEC): “Con la Fundación ARU hacemos el Taller de Investigación Aplicada, bueno por lo menos tienen que ser 10 durante el año.(...) En estos talleres Fundación ARU presenta las investigaciones que han ido desarrollando sus investigadores en instalaciones de la universidad con respecto a temas que sean pertinentes a la coyuntura que esté atravesando el país, que puedan ser considerados importantes por los hacedores de políticas públicas o que puedan contribuir en la toma de decisiones”.

Recuadro 6 IIniciativas de Colaboración en Reclutamiento de Prospectivos Investigadores Carlos Machicado (INESAD): “Es muy importante para las investigaciones contar con asistentes de investigación, entonces son importantes dentro del proceso de la investigación y al no estar vinculados con una universidad tenemos ciertos costos para identificar a los buenos alumnos...y poderlos promover para que hagan algún curso, como una maestría...o algo así. Para mí el principal beneficio es que tenemos acceso a los alumnos. O sea podemos identificar cuáles son los buenos alumnos y reclutarlos para que vengan a trabajar aquí con nosotros”. José Luis Evia (Fundación Milenio): “Generalmente la Fundación requiere de ayudantes de investigación, gente que haga el procesamiento de los datos, cuadros estadísticos. Para eso recurre a los estudiantes en las universidades. En la Fundación se habló también de generar capacidades en los más jóvenes, y se ha reclutado varios ayudantes de investigación. La idea es que varios de los ayudantes vayan adquiriendo competencias, y eventualmente vayan haciendo documentos”.

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Una forma de colaboración más escasa e incipiente, que va más allá de las pasantías y prácticas profesionales, es aquella en la que las universidades colaboran con los centros de investigación en los procesos de reclutamiento de asistentes de investigación y potenciales investigadores seleccionando perfiles adecuados para cada institución. Si bien, en algunos casos estos mecanismos existen en la práctica, en general no están institucionalizados ni en los centros de investigación, ni en las universidades, y dependen sobremanera de relaciones personales. El Recuadro 6 recoge la percepción de la importancia de este tipo de iniciativas para centros de investigación como para universidades. La interacción y/o colaboración en el ámbito de gestión de la investigación e intervención en políticas públicas - en el mejor escenario - aún están en desarrollo. Si bien se han venido desarrollando algunas actividades de gestión de la investigación en conjunto - elaboración de propuestas, estudios de investigación, y actividades de difusión - en casi todos los casos el vínculo ha surgido y permanecido restringido al ámbito personal sin posibilidades de establecer relaciones formales que delimiten actividades y compromisos adecuados para lograr objetivos comunes en la mayoría de los casos. Esta falta de relacionamiento se explica por: competencia entre el escaso número de investigadores con experiencia y calificaciones suficientes por lograr asegurar una de las aún más escasas oportunidades de recursos financieros para investigación vía contratos de consultoría con el gobierno, ya sea directamente o a través de la cooperación internacional.

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d) Colaboración en Procesos de Intervención en Política Pública Recuadro 7 Iniciativas Conjuntas de Intervención en Política Pública Juan Carlos Nuñez (Fundación Jubileo): La Paz Avanza “Es una iniciativa de varias instituciones, donde están los empresarios, la Universidad, nosotros. Ahí, por ejemplo, hemos trabajo en acciones conjuntas por incidencia ante la Gobernación de La Paz. Lo hemos hecho, en este caso, con el concurso de la universidad estatal”.

e) Desafíos y Oportunidades en la Gestión Conjunta de Investigación La información presentada hasta ahora muestra que, si bien existe colaboración entre centros de investigación y universidades en actividades de formación y acreditación profesional y en el ámbito de discusión y/o difusión de la investigación y alguna interacción en los ámbitos de reclutamiento, entrenamiento y retención de investigadores y de recolección de datos, no existe interacción entre centros de investigación y universidades ni en la definición de la agenda de investigación, ni en la búsqueda de financiamiento, ni en la producción de investigación. ¿Por qué centros de investigación y universidades no trabajan de forma conjunta en estas áreas? Una explicación plausible de esta falta de cooperación podría estar relacionada con la falta de un mercado de investigación local, i.e. de demanda por investigación, evidencia y conocimiento local sobre políticas públicas, y de incentivos para que existan oferta de investigación local. Ante la ausencia de un mercado, no existen incentivos personales e institucionales para desarrollar una carrera profesional o institucional en investigación; y por tanto, investigadores e instituciones terminan compitiendo por las escasas oportunidades de

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consultoría a nivel local, o por mantenerse en nichos de investigación en el mercado internacional. Aunque la falta de mercado de investigación podría desincentivar la gestión conjunta de procesos de investigación en Bolivia, también existen otros factores de segundo orden que podrían explicar la falta de cooperación. Entre ellos destacan: percepciones de “autosuficiencia” por parte de las universidades, percepciones de “riesgos de ser absorbido” por parte de los centros de investigación, dificultades en generar modelos de administración conjunta de proyectos, y diferencias de orientación académica e intensidad del perfil público entre las instituciones. f) Falla del “Mercado” de Investigación Local La mayoría de las entrevistas realizadas a directores e investigadores de centros de investigación y universidades coinciden en que la actividad de investigación en Bolivia no es de las más rentables. En otras palabras, no existirían incentivos monetarios para realizar actividades de investigación - al menos en el mercado local -. Recuadro 8 El Mercado Local Carlos Machicado (INESAD): “Hacer investigación en Bolivia es primero mal pagado y después es un sacrificio que hacen los investigadores”. Tirza Aguilar ((UCB-IISEC): “(La investigación) no es algo que reditué beneficios económicos, por ende no es llamativo y no hay ningún incentivo por ese lado”. Mauricio Chumacero (CEGIE): “El problema es que como (los investigadores) no tienen mucha posibilidad de tener trabajos que les permitan hacer cosas a futuro se meten a hacer todo lo que puedan en el camino. Cuando se les presenta la oportunidad le sacan el jugo. Por muy buen investigador que seas no puedes hacer todo por amor al arte lastimosamente. Tienes que vivir, tienes que comer, tienes que dar a los tuyos. No puedes hacerlo ad honoren por siempre. Muchos investigadores, lastimosamente tienen que hacer otras cosas porque no pueden vivir de esto normalmente. Te contratan instancias gubernamentales, privadas, BID, etc. pero que te pagan tan mal que tienes que hacer que los recursos alcancen”.

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Las entrevistas también muestran que las universidades tampoco tienen incentivos para realizar actividades de investigación, al menos en el ámbito de análisis. En el caso de las universidades privadas es claro que la prioridad son las actividades de formación y acreditación profesional, de las que estas instituciones derivan gran parte de sus ingresos. Aunque actividades de gestión de la investigación suelen ser un complemento natural a la formación y acreditación profesional en la mayoría de los países desarrollados y en algunos países en desarrollo, en el caso Boliviano, una gran parte de los profesores universitarios tienen contratos por hora, y los escasos profesores universitarios con contratos a tiempo completo no incluyen actividades de investigación dentro de sus términos de referencia. En el caso de las universidades públicas - las que reciben fuertes subvenciones del Estado (cerca de 300 millones de dólares anuales), no quedan claras las razones que justifican su inacción en actividades de gestión de la investigación en el área de políticas públicas5. No sólo la proporción de universidades que realizan algún tipo de investigación en el área económica y social es baja - respecto del total de universidades que participan de los procesos de formación - sino que, aún en aquellas que realizan algún tipo de gestión de la investigación, el número de profesores (a tiempo parcial o completo) es minoritario respecto del número de profesores “invitados”, y la dedicación de tiempo a la producción de investigación de los primeros es casi nula. En palabras de alguno de los entrevistados: “la investigación está reservada para pocos afortunados que pueden comprar tiempo para desarrollar agendas y proyectos generalmente personales”. 5

Es importante aclarar que ninguna de las entrevistas recoge información sobre las actividades de investigación en otras áreas no relacionadas directamente con las áreas económica, social y política, por lo general más vinculadas con el ámbito de la política pública.

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Recuadro 9 El Mercado Local Carlos Machicado (INESAD): “Existen obviamente centros de investigación en las universidades públicas (...), pero son cualquier cosa”. Horst Grebe (Instituto PRISMA): “Vivimos en una época donde existen muy escasos incentivos para llevar a cabo investigación seria, que pueda ser presentada y comparada con los países vecinos. Al no existir los incentivos hay un facilismo bastante grande (...) Bastaría ver las tesis de grado, para ver que muchas de esas tesis no calificarían en ninguna universidades del exterior. Por tanto, no hay el esfuerzo, la actitud, ni la demanda. En las universidades públicas, existen publicaciones, de algunos institutos, de algunas facultades, que dan la apariencia de que se están llevando a cabo procesos de investigación. Esa falencia que tiene la universidad en materia de investigación como tal, en alguna medida ha sido compensada con la actividad en los centros. Hoy en día las universidades son un incinerador de recursos con mucho ruido, con mucha estridencia pero sin ningún resultado en ningún campo. (...) universidades públicas y privadas no están interesadas en hacer investigación, siempre hay excepciones, pero que no se hace una masa crítica”. Roberto Ticona (IIE- UMSA): “En las mismas universidades hay un proceso de estancamiento para desarrollar proyectos de investigación importantes para el país”. Tirza Aguilar ((UCB-IISEC): “Las mismas instituciones académicas, que son las que deben promover este ámbito en sus aulas a través de sus institutos, como que no le brindan mucha atención al área de investigación. Las políticas de las universidades son las que deben generar los incentivos para que la gente se prepare y vuelva al país con niveles de maestría, doctorado, pero que quiera volver al país por los incentivos que se le ha dado para hacer lo que ha salido a aprender”. Horacio Villegas (UCB-IISEC): “Nosotros no tenemos ninguna ayuda del gobierno. En realidad ninguna ayuda de nadie. Ni siquiera de las mismas universidades o de alguna institución que promueva el captar fondos (...). No hay apoyo de nadie”.

De alguna manera, el insuficiente apoyo a las actividades de investigación se refleja en el presupuesto designado al área de investigación en universidades públicas las cuales contarían con suficientes recursos, sobre todo, si se consideran aquellos que provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. A pesar de esta situación, la disponibilidad de recursos es reducida considerando, por ejemplo al Instituto de Investigaciones Económicas perteneciente a la carrera de Economía de la universidad pública analizada.

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Tabla 1 Presupuesto Universidad Mayor de San Andrés

PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO Y POR TIPO DE GASTO Universidad Mayor de San Andrés

Con relación a la Universidad

1.160.471.185

100%

Fac. Cs. Económicas y Financieras (Programas)

59.280.922

5,108%

FCEF (Proyectos y actividades)

32.227.828

2,777%

2.021.500

0,174%

268.248

0,023%

93.798.498

8,083%

100%

Economía (Proyectos y actividades)

88.975

0,008%

0,095%

Economía (Biblioteca)

70.698

0,006%

0,075%

Economía (Centro de Informática)

80.746

0,007%

0,086%

1.200.000

0,103%

1,279%

89.732

0,008%

0,096%

1.558.819

0,134%

1,662%

100%

42.682

0,004%

0,046%

2,738%

FCEF (Prefacultativo) FCEF (Mantenimiento) Total FCEF

Economía (Programa excepcional de titulados) Economía (Curso de temporada) TOTAL ECONOMÍA Instituto Investigaciones Económicas (Proy.-Act.)

Con la Facultad

Con la carrera

Nota. Fuente: http://www.sigma.gob.bo/pgn/pgn2013/ppto2013/3_detinst0139.htm#

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En 2013 la cantidad designada a la Universidad Mayor de San Andrés por esta fuente fue de Bs. 1.235’529.205. Para el uso de estos recursos se siguen los lineamientos establecidos en la normativa interna de la universidad, la cual indica que el 73% debe ser para infraestructura; y un 27% para investigación e interacción social, de los cuales sólo el 15,2% son para proyectos de investigación científica e interacción social que concursen por los fondos. En este contexto, los centros de investigación intentan compensar la inacción de las universidades. A pesar de la intención de los centros de investigación y de sus investigadores, no es muy optimista pensar que estos logren tener éxito ante las fuertes restricciones en el acceso a insumos básicos para realizar estas actividades, i.e. recursos financieros, recursos humanos y datos; y sobre todo ante la escasa demanda. De hecho, gran parte de la cantidad y calidad de la investigación de los centros de investigación en Bolivia, e incluso de su visibilidad y potencial de informar e influenciar la política pública, está relacionada a su capacidad de gestionar financiamiento externo o bien a su capacidad de participar de mercados de investigación internacional. La variabilidad del financiamiento externo y el mercado de investigación internacional ocasionan también gran variabilidad no sólo en la cantidad de investigación en políticas públicas, sino también en su calidad académica y, frecuentemente, su pertinencia. Dentro de este contexto, la nueva coyuntura ha sido acompañada del surgimiento de nuevos centros de investigación, como el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) y la Fundación ARU, que hasta la fecha han recibido el apoyo de la Iniciativa Think Tank (TTI por sus siglas en inglés).

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Ante esta situación, no es incorrecto afirmar que - como opina uno de los entrevistados - si bien existe “la apariencia de que se están llevando a cabo procesos de investigación”, los productos suelen caer muy por debajo de estándares académicos internacionales - incluso regionales; y/o, no estar alineados con la discusión nacional. Si bien la falta de cantidad y calidad de la investigación está asociada con una falta de inversión en recursos financieros, recursos humanos y datos, la falta de inversión en insumos básicos para la producción de investigación está asociada con la falta de incentivos para que el Estado o el sector privado inviertan en esta área. ¿Cuáles son las razones para que no existan - sin intervención de la cooperación externa - incentivos para la inversión en investigación aplicada a los problemas de política pública del país? El problema podría estar relacionado con la variabilidad de la calidad de los “productos de investigación” y la forma en que los mercados logran (o no) identificar los “productos de calidad” (lo que se conoce con el término de mercado de “limones”). Akerlof (1970), predice que en los mercados en los que la calidad de los productos no puede ser identificada correctamente por los compradores, existe un mayor incentivo para los vendedores de “limones” - productos de baja calidad, para participar del mercado - bajando los retornos y la oferta de productos de alta calidad, y por tanto, el tamaño del mercado. En otras palabras, la falta de demanda por investigación, y la consiguiente falta de inversión, está asociada con la falta de capacidad de los demandantes (por lo general funcionarios públicos) para evaluar la calidad de las investigaciones, y de forma más determinante, la falta de capacidad de los propios investigadores de crear me-

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canismos que les permitan distinguir y señalizar la calidad. Mientras estos mecanismos no existan es muy probable que todos los intentos por hacer gestión de la investigación, de universidades y de centros de investigación, caigan en un círculo vicioso de baja demanda por investigación local de los actores de política pública, importantes restricciones de acceso a recursos humanos y financieros para la investigación, baja cantidad y calidad del flujo de investigación local, y poca difusión y utilidad práctica del stock de evidencia. Figura12 Resultados Policy Community Survey Latinoamérica, Sudasia y África Las figuras reflejan los resultados obtenidos en la “Policy Community Survey”, realizada por la Iniciativa Think Tank a actores de política pública. Uno de los aspectos evaluados en la encuesta fue su percepción de la calidad de los productos realizados por los think tanks o centros de investigación y la frecuencia de uso de los productos, realizándose en varios países pertenecientes a Latinoamérica, Sudasia y África. En las siguientes figuras se refleja el porcentaje de encuestados que seleccionaron “excelente” (4 y 5) en relación a “fuente primaria” (4 y 5) en esas preguntas. El eje horizontal cuantifica la percepción de la calidad, mientras que en el eje vertical la frecuencia de uso de las investigaciones.

Resultados Latinoamérica Calidad de la investigación provista por think tanks

Alta calidad, infrecuente

Alta calidad, frecuente Peru

Honduras El Salvador

Paraguay Bolivia

Guatemala

Baja calidad, infrecuente 32

Ecuador

Baja calidad, frecuente

Frecuencia de uso de los think tanks

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Resultados África Calidad de la investigación provista por think tanks

Alta calidad, infrecuente

Alta calidad, frecuente Kenya

Ethiopia Nigeria Mali

Ghana Tanzania

Benin Senegal Uganda Rwanda

Burkina Faso Baja calidad, infrecuente

Baja calidad, frecuente

Frecuencia de uso de los think tanks

Resultados Sudasia Calidad de la investigaciónprovista por think tanks

Alta calidad, infrecuente

Alta calidad, frecuente

Bangladesh

India

Sri Lanka

Pakistan

Nepal Baja calidad, infrecuente

Baja calidad, frecuente

Frecuencia de uso de los think tanks Nota. Fuente: Policy Community Survey, Report Latinoamérica, Think Tank Initiative - IDRC, Abril de 2011, GlobeScan; Policy Community Survey, Report South Asia, Think Tank Initiative - IDRC, Julio de 2012, GlobeScan; Policy Community Survey, Report Africa, Think Tank Initiative - IDRC, Junio de 2010, GlobeScan.

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El círculo vicioso de escasa demanda por recursos para y calidad de la investigación local, i.e. la falta de un mercado de investigación local, no ha permitido que se generen incentivos, tanto institucionales como personales, para la cooperación en la gestión de la investigación local entre centros de investigación y universidades. Por el contrario, investigadores e instituciones aún se perciben como competencia por las escasas oportunidades para realizar investigación local, y sobre todo por la existencia de “nichos” de investigación en el mercado internacional. A priori, sería de esperar que los mejores productos de investigación hayan surgido dentro del mercado de investigación internacional. g) Restricciones de Segundo Grado Recuadro 10 Correlación entre Percepción de la Calidad de Investigación y Frecuencia de Uso Percepción de Autosuficiencia Osvaldo Nina (INESAD): “Todo el mundo cree que en Bolivia hay un contexto desfavorable para investigación, yo no creo. Yo me veo como exitoso en esto. Tenemos un programa en Medio Ambiente, tenemos una doctora, está incidiendo, hemos hecho un programa para la cooperación (...) que ha significado 44 millones de dólares para los siguientes cuatro años, y ha sido precisamente nuestra gestión que ha ayudado a la cooperación en su programa, y hemos logrado que Bolivia acceda a esos recursos”. Dificultades en Generar Modelos de Administración Conjunta de Proyectos Mauricio Chumacero (CEGIE): “El tema de investigación siempre requiere de recursos y fondos, y los recursos que generalmente destinan las universidades son bastante reducidos (...), porque obviamente el fin de la universidad es otro”. Werner Hernani (Fundación ARU): “La grandeza en el tamaño de las universidades las hace también burocráticas, especialmente en el caso de la UMSA, que recibe una cantidad de recursos absurda pero que a la vez para ejecutar un boliviano de esos recursos necesita conseguir aprobaciones...y necesita no sólo satisfacer la burocracia universitaria, sino también la estatal porque son transferencias del Estado”.

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Javier Aliaga (UCB-IISEC): “Uno de los desafíos de IISEC para adelante es recomponer la proporción de sus gastos, aunque no es tan fácil para una institución que tiene camisas de fuerza burocráticas internas más allá de la lógica de la gestión de la investigación. Una cosa es ‘Yo tengo la billetera y tengo la gestión de investigación’ como tiene ARU, y otra cosa es ‘Tengo una lógica de investigación, pero la universidad me tiene cortito en ciertos procedimientos’. Entonces ahí se genera un desacoplo en estos temas”. Roberto Ticona (IIE- UMSA): “Las mismas normas son restrictivas y no permite desarrollar con cierta amplitud proyectos de investigación. Se deberían generar instrumentos normativos, que se les obligue a las universidades a promover investigaciones en ciencia y tecnología. Existen, pero no se las aplica con rigurosidad”. Diferencias de Orientación Académica e Intensidad del Perfil Público entre las Instituciones Osvaldo Nina (INESAD): “Nosotros no tenemos una posición, la universidad tiene su posición. O sea, la relación que nosotros tenemos con ellos es en cuanto a colaboración en la expertise que tenemos. (...) En cuanto a políticas públicas, nosotros no tenemos ninguna intención de intervenir. Cada institución respeta su tarea, su razón. Yo creo que la razón de la universidad privada no es hacer gestión pública, intervenir en política pública, entonces nosotros no hablamos con ellos de eso. Sólo hablamos de intercambio de capacidades y conocimiento, a un nivel más académico, es decir: participar en un Programa de Postgrado, participar en un Programa de Doctorado, participar en un evento académico. No va a haber ninguna oportunidad en gestión de la investigación (porque) nuestra naturaleza es diferente”. Mauricio Chumacero (CEGIE): “En el término en el que no se compartiera la visión, probablemente la posición política, porque nosotros no podemos tomar partido (...), tenemos que ser totalmente neutros siempre. Entonces, si nosotros tuviéramos la necesidad de trabajar con un determinado think tank que tuviera cierta línea política probablemente sería dificultoso (...). Nosotros no podemos, por prestigio de la universidad, sobre todo sus principios, y los principios de nuestro centro no podemos arriesgarnos a que nos tilden que estamos siguiendo una línea o la otra”. Werner Hernani (Fundación ARU): “Otro costo, es yo creo (...) las diferentes preferencias en investigación, su calidad y su potencial beneficio. No creo que pensemos igual en muchos aspectos”.

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4. Conclusiones y Reflexiones Finales Centros de investigación y universidades podrían jugar un rol preponderante en la producción de conocimiento relevante y útil para el diseño e implementación de políticas públicas eficaces y eficientes siempre que se relajen las restricciones estructurales que impiden mejorar la calidad de la investigación para las políticas públicas. Sin embargo, en Bolivia - como en otros países en desarrollo - existen problemas estructurales que dificultan no sólo la colaboración entre ellos sino sus propias actividades en esta área. La falta de inversión, pública y privada, en actividades de investigación y desarrollo, en general, y de investigación en políticas públicas, en particular; la falta de insumos básicos para el éxito de cualquier proceso de investigación; la baja cantidad y calidad de los productos de investigación y los consecuentes bajos retornos privados y sociales; y la escasa demanda por investigación, i.e. la predisposición a pagar por investigación, son las características que mejor describen el incipiente mercado por investigación local y que alimentan un círculo vicioso que impide su desarrollo. Por un lado, la falta de inversión en investigación no sólo tiene importantes consecuencias en la cantidad y calidad de los productos de investigación, sino también sobre la cantidad y calidad de los insumos básicos para cualquier proceso de investigación científica: datos y recursos humanos calificados. En Bolivia, no sólo no existe suficiente investigación, sino que la escasa investigación que existe no tiene la suficiente calidad, y tampoco existen los insumos necesarios como para revertir esta situación. Por otro lado, los problemas de baja cantidad y calidad de la investigación en Bolivia son no sólo la consecuencia sino

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también la causa de la baja inversión. La percepción de baja calidad y utilidad práctica de los productos de investigación en políticas públicas en Bolivia, disminuyen no sólo el retorno privado esperado de las actividades de investigación, sino también su retorno privado, lo que inevitablemente repercute en una menor y cada vez más baja demanda real por investigación, ayudando a crear un círculo vicioso de escasa demanda por, inversión en, recursos para, y calidad de la investigación local. La ironía de esta situación es que, aun cuando la demanda real por investigación local es casi nula, existe una importante demanda latente por información e investigación en actores de política pública, i.e. los actores de política pública desearían que existan más y mejores datos, más y mejores investigaciones, más y mejor evidencia, y más y mejor conocimiento en temáticas relacionadas con la política pública. En este contexto, la colaboración entre centros de investigación y universidades se ha restringido hacia actividades de formación y acreditación profesional, actividades de discusión y/o difusión de la investigación, e incipientes y recientes, intentos de colaboración en el reclutamiento, entrenamiento y retención de investigadores y en la recolección de datos. Claramente la interacción entre centros de investigación y universidades en actividades relacionadas con la definición de agendas de investigación, la búsqueda de financiamiento, y la producción de investigaciones conjuntas resulta prácticamente inexistente. La ausencia de un mercado de investigación local, y la consiguiente falta de incentivos, personales e institucionales, para desarrollar investigación en políticas públicas podría estar en la base para explicar por qué tanto investigadores como instituciones, terminan compitiendo por las escasas oportunidades de

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consultoría a nivel local, o por mantenerse en nichos de investigación en el mercado internacional. Las universidades han enfocado sus actividades y recursos hacia la formación y acreditación profesional. Mientras que los centros de investigación han funcionado, en su mayoría, de forma mucho más oportunista, aprovechando ocasiones de consultoría local para realizar algunos productos de investigación sin lograr articular agendas de investigación claras y, desde nuestra perspectiva, sin intención real de intervenir en la discusión de políticas públicas en base a evidencia. Las características del mercado de investigación local incluyendo los reducidos (o nulos) incentivos a investigar que se derivan del mismo constituyen un tema central a ser investigado con mayor profundidad y con mayor evidencia. De hecho es razonable suponer que la “falta de mercado” constituya el principal desincentivo para las actividades, individuales o conjuntas, de gestión de la investigación en Bolivia. Sin embargo, también existen factores de segundo orden que explican la falta de cooperación entre centros de investigación y universidades. Entre ellos destacan: percepciones de “autosuficiencia” - por parte de las universidades, percepciones de “riesgos de ser absorbido” - por parte de los centros de investigación, dificultades en generar modelos de administración conjunta de proyectos ágiles y eficientes, y diferencias de orientación académica e intensidad del perfil público entre las instituciones. Los casos más exitosos de colaboración entre centros de investigación y universidades han estado restringidos al diseño e implementación de actividades de formación profesional, desde cursos esporádicos sin certificación hasta cursos continuos con acreditación a nivel doctoral. Los incentivos para este

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tipo de iniciativas son claros: las universidades recurren a los centros de investigación para utilizar el conocimiento de sus investigadores, mientras que los centros de investigación recurren a las universidades para obtener apoyo con infraestructura y acreditación. En prospectiva, este tipo de interacción podría contribuir no solo a mejorar la calidad de la educación - haciéndola más relevante a la realidad local -, sino también a mejorar el entrenamiento de futuros investigadores y la capacidad de comprensión y utilización de la investigación de futuros actores de política en el gobierno u otros sectores. Finalmente, respecto a cómo superar la restricción más importante para la gestión de investigación y la generación de conocimiento en Bolivia, i.e. la falta de incentivos para generar investigación relevante y útil al diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas; desde nuestra perspectiva lo más importante es diseñar mecanismos que permitan diferenciar la calidad de la investigación y de los investigadores, y que también permitan gestionar y asignar recursos a personas e instituciones en forma “meritocrática” y eficiente. El rol del Estado en señalar los criterios de pertinencia y calidad de la investigación resulta esencial así como la participación de una variedad de actores públicos y privados involucrados directa o indirectamente en la producción y el uso de la evidencia. Al respecto, el rol de la cooperación internacional podría ser clave para direccionar de manera más eficiente los recursos de fortalecimiento de capacidades y/o cooperación técnica. Idealmente, este conjunto de actores debería orientar sus esfuerzos a sistematizar y difundir el conocimiento generado, orientar más recursos a investigaciones que a consultorías específicas, y priorizar la generación de conocimiento local a cargo de investigadores locales en instituciones locales.

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5. Referencias Bibliográficas Acuña y Repetto, F. (2001). Marco de análisis de las políticas sociales. Akerlof, G. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-500. Australian Aid. (July, 2012). Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The knowledge sector initiative. Retrieved from http://www. ausaid.gov.au/business/Documents/indo-ks-design.pdf Baras y Escolà (2004). La gestión de la investigación desde el punto de vista de los gestores. XXII Jornadas de Gerencia Universitaria, Universidad de León, de http://www.unileon.es/info_gral/ congresos/gerencia/ponencias/dia21_4_1.pdf, 2004. Botto, M. (2009). Think tanks en América Latina: Radiografía comparada de un nuevo actor político. Correa y Mendizabal. Vínculos entre conocimiento y política: el rol de la investigación en el debate público de América Latina. Buldioski, G. (2007). Musings on Think Tanking in Central and Eastern Europe. Ukrainian National Security and Defense Policy Journal, No. 6. Págs. 50-53. Correa, N. y Mendizabal, E. (2011). La gestión de la investigación universitaria: El rol de la investigación en el debate público en América Latina. Consorcio de Investigación Económica y Social. Universidad del Pacífico. Mendizabal, E. y Sample, K. (2009). Dime a quién escuchas: Think Tanks y Partidos Políticos en América Latina. IDEA International. Overseas Development Institute. Court, J. y Young, J. (2002). Bridging, research and policy: Insights from 50 case studies. Working Paper 213. London. Overseas Development Institute. Court, J. y Cotterrel, L. (2006). What political and institutional context issues matter for.

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Contreras, M. y Young, J. (1997). Capacity Building in the bolivian social unit: Reflections from a practitioner. Getting good government: capacity building in the public sectors of developing countries, Harvard Studies in International Development. Ed. Grindle, Merilee. Crewe, E. y Young, J. (2002). Bridging Research and Policy: Context, Evidence and Links. Documento de trabajo No. 173. London. Overseas Development Institute. Ferrer, J. y Clemenza, C. (2006). La gestión de la investigación universitaria: Un paradigma no concluido. Revista Multiciencias. Universidad de Zulia, Mayo-Agosto, vol.6, núm. 2, Págs. 188–193. Jica Japan Desk Bolivia (2007). Directorio de ONGs que trabajan en Bolivia. Loayza, R. (2009). Think tanks: los medios de poder en la Bolivia de Evo Morales. Vínculos entre conocimiento y política: el rol de la investigación en el debate público de América Latina. Ed. Correa y Mendizábal, CIES, Universidad del Pacífico. McGann, J. (2007). Go-to Think Tanks: The Leading Public Policy Research Organizations in the World. Philadelphia Foreign Policy Research Institute. McGann, J. (2006) Best Practices for Funding and Evaluating Think Tanks and Policy Re- search. The William and Flora Hewlett Foundation. McGann, J. (2012) Vínculos entre Conocimiento y Política: Un paradigma no concluido. The Think Tanks & Civil Societies Program. University of Pennsylvania. Nutley, S. (2007). Promoting evidence-based practice: Models and mechanisms from cross sector view. Research in Social Work Practice, Vol. 19, No. 5. Pippidi, M. A. (2003). Designing the New Social Contract: Trends and Threads in CEE Pub- lic Policy Research. In Thinking the Unthinkable From Thought to Policy. The role of think tanks in shaping government strategy. Experiences from Central and Eastern Europe, UNDP. New York.

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6. Acerca de los Autores Werner Hernani-Limarino es investigador del área de Economía Política y cofundador de Fundación ARU. Realiza investigaciones sobre temas relacionados con políticas sociales, economía laboral, desarrollo económico, entre otros. Anteriormente, trabajó en los Departamentos de Investigación del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, DC; el Instituto de Pesquiza Económica Aplicada en Río de Janeiro, Brasil y en la Unidad de Análisis de Política Económica y Social. También ha trabajado como consultor para diversas organizaciones internacionales y gobiernos de Latinoamérica, el Caribe, Asia Central y del Sur. Es economista con estudios de doctorado en la Universidad de Pennsylvania. Miguel Vera Laguna es investigador y cofundador de Fundación ARU. Dentro de ARU ha realizado investigaciones en temas relacionados con migración, pobreza, empleo, monitoreo y evaluación de programas sociales. Consultor internacional en Bolivia, Guatemala, Honduras y Guinea Ecuatorial en temas relacionados con el diseño de políticas para el desarrollo. Previamente se desenvolvió como asesor técnico para la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y responsable del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa de Capacitación Laboral de la Cooperación Suiza al Desarrollo. Es economista de la Universidad Católica Boliviana y tiene un Master en Economía en la Universidad de Georgetown. Katerine Saravia Olivarez es investigadora asistente de Fundación ARU. Forma parte de las investigaciones de-

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sarrolladas por el área de Economía Política, en temas relacionados con los Objetivos del Milenio y procesos de política pública. Asistente de la materia de Negociación y Conciliación de Conflictos Se encuentra finalizando sus estudios en Ciencias Políticas y Economía en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y la Universidad Mayor de San Andrés respectivamente. Natalia Peres Martins es investigadora del área de Economía Política de Fundación ARU. Como miembro de esta área realiza sus investigaciones sobre temas relacionados con cambios institucionales, fundamentos del proceso de policy making en Bolivia y el comportamiento electoral. Previamente trabajó en Fundación UNIR en el área de Coordinación Académica, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua como asesora de Despacho en la alerta y gestión de conflictos sociales y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana, y tiene un Máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid

7. Anexos a) Sobre este Estudio Marco Conceptual y Analítico Antes de analizar los ámbitos y las cualidades de la interacción y colaboración entre centros de investigación y universidades en las diferentes etapas de los procesos de gestión de la investigación y de intervención en política pú-

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blica es útil definir a los sujetos y delimitar y distinguir sus acciones. Se definieron a las universidades como las organizaciones, legalmente establecidas, que tienen como objetivo fundamental la formación profesional y su acreditación. Adicionalmente a su misión principal, las universidades suelen, de forma complementaria, participar de los procesos de gestión de la investigación y/o intervención en política pública. Cuando dicha participación involucra una repartición específica de la universidad (instituto o centro) no es incorrecto hablar de centros de investigación con afiliación a universidades. Los think tanks o centros de investigación se definieron como las organizaciones, legalmente establecidas, que participan de los procesos de gestión de la investigación e intervención (de forma activa o pasiva) en política pública. De acuerdo a su nivel de autonomía o dependencia los centros de investigación se clasifican en: • Independientes, aquellos con autonomía de gobernanza y financiamiento. Suele ser útil distinguir dentro de este grupo dos sub-categorías: centros de investigación independientes con adscripción partidaria y centros de investigación sin adscripción partidaria. • Dependientes del gobierno, aquellos cuya gobernanza o financiamiento involucra a alguna instancia estatal. • Con afiliación a universidades, aquellos que gobernanza o financiamiento involucra a alguna instancia universitaria.

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De acuerdo al énfasis de su “modelo de negocio”, los centros de investigación pueden clasificarse en: • Research think tanks, aquellos orientados principalmente a la generación de conocimiento. Dentro de este grupo a veces es útil distinguir entre: centros de investigación que generan conocimiento por iniciativa propia, i.e. actúan como “oferentes” de investigación; y centros de investigación que generan conocimiento por encargo, i.e. reaccionan a una “demanda” de investigación. La distinción entre ambos es sutil, pero puede ser útil para distinguir entre centros de investigación con prioridades más académicas y centros de investigación con prioridades más de consultoría. • Advocacy think tanks, aquellos orientados principalmente hacia la intervención en los procesos de políticas públicas. Los procesos de intervención pueden ser: pasivos, cuando se busca únicamente informar a determinados actores de política pública; o activos, cuando se busca influenciar sobre actores y acciones de política pública. En la práctica la mayoría de los centros de investigación en Bolivia y la región combinan diferentes modelos de negocio donde no sólo producen conocimiento (por iniciativa propia y por encargo), sino también intentan informar e influenciar en los procesos de política pública. A su vez, se definió el proceso de investigación como aquél que contribuye a la producción de conocimiento científico. Involucra no sólo a las actividades de investigación per se,

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sino también a la producción de los insumos necesarios para la realización de investigación, i.e. la recolección de datos (cuantitativos o cualitativos); el reclutamiento, entrenamiento y/o formación de investigadores; la búsqueda de financiamiento para la investigación; la discusión y contrastación de los resultados de una investigación; la transformación de la investigación en evidencia; y la difusión de la evidencia al público en general - la transformación de la evidencia en conocimiento -. Es importante notar que, dados los objetivos del estudio, interesa única y exclusivamente en la investigación para la intervención en políticas públicas, lo que limita significativamente el ámbito de análisis. Por su parte, la acción de intervención en política pública se definió como el proceso por el cual un determinado actor, e.g. un centro de investigación, busca participar de forma pasiva o activa del diseño, implementación o evaluación de una determinada política pública. La intervención en política pública puede tomar varias formas, entre ellas: la difusión de la investigación y/o evidencia generada a partir de ella, la relación e interacción con actores de política pública - desde autoridades de gobierno (a nivel central o descentralizado) hasta la sociedad civil y el público en general (de forma directa o vía medios) -. Ambos actores, universidades y centros de investigación, pueden interactuar en diferentes etapas del proceso de investigación y en diversas formas de intervención en la política pública. Es útil para el análisis definir cuidadosamente e intentar entender no sólo los ámbitos donde ocurre dicha interacción sino también las cualidades de dicha relación,

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y de ser posible, sus motivaciones. La primera cualidad importante en el análisis del tipo de relación es el marco en el que ocurre la relación. Existe una relación formal cuando está mediada por algún convenio interinstitucional, generalmente escrito, que identifica y delimita al menos ámbitos de cooperación, objetivos comunes y acciones de cada una de las partes para el logro de dichos objetivos. A su vez, existe una relación informal cuando los ámbitos, objetivos no están claramente convenidos. Por lo general, las acciones de cooperación dentro de este último tipo de relación es más de tipo personal que institucional. También es posible clasificar el tipo de relación de acuerdo con su temporalidad o frecuencia, la que puede ser de largo plazo, cuando se comparten visiones y objetivos de largo plazo y se realizan acciones conjuntas continuas en busca de ellos (por ejemplo, los consorcios o asociaciones de investigación que buscan mejorar la cantidad y la calidad de la evidencia en determinados temas y realizar actividades para ello); temporales cuando se persiguen objetivos inmediatos y la relación culmina apenas éstos se consiguen (por ejemplo, la organización de eventos de difusión de investigaciones); o circunstanciales cuando existe colaboración a pesar de que el(los) objetivos sean unilaterales (e.g. la cesión de instalaciones u otros recursos físicos de un actor para la actividad de otro actor). Selección y Representatividad de la Muestra Para evitar una selección arbitraria y poco representativa de actores y sus acciones, la investigación utilizó el siguiente procedimiento de selección de informantes:

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• Se optó por delimitar el estudio a las universidades de la ciudad de La Paz para mantener un balance entre el número potencial de centros de investigación y el número de universidades. A nivel nacional, el número de ONGs y fundaciones (604 en toda Bolivia para 2006) excede considerablemente al número de universidades (59 en toda Bolivia). • El estudio se limitó a seis universidades lo cual, sin embargo, no constituye una restricción a universidades de la ciudad de La Paz, en la opinión de los autores, no constituye una seria limitación en la representatividad del análisis para Bolivia puesto que: primero, sólo existen dos universidades más en Bolivia que ofertan educación superior en Economía; segundo, la situación de estas dos universidades no está muy alejada de la de las universidades que se incluyeron en el análisis. • En las seis universidades seleccionadas se realizó un breve cuestionario a la dirección de carrera o decanatura de facultad para determinar su interés y capacidad de gestión tanto en la investigación como en intervención en políticas públicas. Sólo tres universidades mostraron algún interés o capacidad para la gestión de la investigación y/o la intervención en políticas públicas. Coincidentemente, estas tres universidades contaban con centros de investigación o institutos de investigación asociados a la universidad tanto en gobernanza como en financiamiento. • Con los directores de los centros de investigación asociados a las universidades se realizaron dos procesos.

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Primero, una entrevista individual donde se indagó sobre las características específicas de sus centros y las relaciones y tipo de relación que mantuvieran (ya sean formales o informales) con otros centros de investigación (independientes, asociados a universidades o asociados al gobierno). Cuatro diferentes instituciones fueron mencionadas durante este proceso cinco centros de investigación independientes y uno asociado al gobierno. Segundo, se realizó un grupo focal con los tres directores para explorar más a profundidad los costos y beneficios de sus relaciones actuales así como los desafíos y oportunidades de sus relaciones futuras. • Para abordar la perspectiva de los centros de investigación mencionados por los directores de sus pares asociados con universidades se intentó entrevistar a sus directores. Lamentablemente, en el caso del centro de investigación asociado al gobierno la entrevista no pudo ser concretada. Para abordar la perspectiva de centros de investigación sin ningún tipo de relación con las universidades, se seleccionó a tres centros de investigación que, aunque no fueron mencionados anteriormente, tienen reputación y capacidad de gestionar investigación y/o intervenir en la política pública (a juzgar por sus publicaciones y apariciones en prensa). En cada uno de estos centros se entrevistó al director. • Para complementar la perspectiva del director de los centros de investigación (asociados a las universidades, con alguna relación con las universidades y sin ninguna relación con las universidades), se entrevistó también al investigador senior con mayor antigüedad en la institución.

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La Tabla 2 presenta los nombres de los centro de investigación e informantes utilizados para el análisis. Tabla 2 Centros de Investigación e Informantes Seleccionados TT

Tipo

Sitio web http://www.upb.edu/ node/856  

Cargo

Nombre

Correo

Director

Carlos Foronda

[email protected]

Director de Proyectos

Mauricio Chumacero

[email protected]

Director

Javier Aliaga

[email protected]

Investigador Senior

Horacio Villegas

[email protected]

Investigador Senior

Tirza Aguilar

[email protected]

UPBCEGIE  

asociado con la UPB  

UCB-IISEC    

asociado con la UCB    

http://www.iisec.ucb.edu.bo/    

IIE- UMSA

asociado con la UMSA

http://www.iie.fcef.umsa.bo/

Director

Roberto Ticona

[email protected]

CIDES – UMSA

asociado con la UMSA

www.cides.edu.bo/

Director

Cecilia Salazar

ceciliasalazardlt@hotmail. com

INESAD  

independiente http://www.inesad.edu.bo/    

Director Ejecutivo

Osvaldo Nina

[email protected]

Investigador Senior

Carlos Gustavo Machicado

[email protected]

Director Ejecutivo

Werner Hernani

[email protected]

Investigador Líder

Paul Villarroel

[email protected]

Investigador

José Luis Evia

[email protected]

Director Ejecutivo

Juan Carlos Núñez

[email protected]

Investigador

Jaime Pérez

[email protected]

Fundación ARU  

independiente http://aru.org.bo/    

Fundación Milenio

independiente

Fundación Jubileo  

http://www.jubileobolivia. independiente org.bo/    

Instituto PRISMA  

http://www.institutoprisma. independiente org/    

http://www.fundacionmilenio.org/

Tabla 2.

Presidente Horst Grebe del Directorio Investigador

Rodrigo Fernández

[email protected] [email protected]

Nota. Fuente: Autores

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Recolección de Información Se utilizaron dos tipos de técnicas de recolección de información: entrevistas semi-estructuradas y grupos focales.

b) Reseñas de los Centros de Investigación Incluidos B.1 UPB - Centro de Generación de Información y Estadísticas (CEGIE) Fundado en 2012, a partir de la Universidad Privada Boliviana, está dirigido por el economista Carlos Foronda. Su principal objetivo es generar información continua, que permita realizar investigaciones económicas y sociales. Sus áreas de interés están en torno a temas sobre economía, salud, educación, empleo, vivienda, servicios básicos y bienestar. En este centro trabajan 7 investigadores asociados y cuenta con el apoyo financiero de la Universidad de la que es parte. Actualmente se encuentra diseñando un seguro agrícola basado en índices climáticos La información fue obtenida de su página oficial http://www. upb.edu/node/856 B.2 UCB - Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISEC) El IISEC de la Universidad Católica Boliviana fue creado en mayo de 1974. Esta institución se creó con el fin de responder a de necesidades académicas gestadas en la UCB y en algunos casos de nuestro país. Entre sus principales iniciativas están sus Documentos de Trabajo, divulgados

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en seminarios y reuniones de la especialidad y la Revista Latinoamericana de Investigaciones Socio Económicas. El instituto se encuentra actualmente a cargo del economista Javier Aliaga Lordemann. A su vez cuenta con 5 investigadores a tiempo completo, 8 investigadores a tiempo parcial y 3 asistentes de investigación. Cuentan con el apoyo financiero de instituciones como: BID, PIEB, CAF, International Development Research Centre, entre otros para la realización de sus investigaciones. Las áreas de interés que desarrolla son: Crecimiento económico, macroeconomía, reducción de la pobreza, cambio climático, economía de los recursos naturales, economía energética, entre otros. La información fue obtenida de su página oficial http://www. iisec.ucb.edu.bo/ B.3 UMSA - Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) El IIE fue creado como parte de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. Desarrollan sus actividades a partir del trabajo de 1 investigador titular y otros interinos y estudiantes de esta casa superior se estudios. Su agenda de investigación está definida de acuerdo a los convenios suscritos entre el instituto y la Universidad Mayor de San Andrés con diferentes entidades. Desarrolla sus funciones a partir del presupuesto designado por la Carrera de Economía o las Instituciones con las que tiene convenios. Una de sus iniciativas es la publicación de la revista “El Economista”. Actualmente se encuentra dirigido por el economista Roberto Ticona García. La información fue obtenida a partir de la entrevista a su director

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B.4 UMSA - Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) El Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés se creó en 1984. Nació como la primera institución del sistema universitario boliviano especializada en temas de desarrollo desde una perspectiva social, económica y política a partir de sus programas académicos, de investigación e interacción social. Buscan desarrollar investigaciones estratégicas que permitan la reflexión y el desarrollo de conocimientos con enfoques y metodologías interdisciplinarias adecuadas para analizar la realidad boliviana. Las áreas de interés en las que trabajan son: Desarrollo Social, Desarrollo Rural Sostenible, Política y Desarrollo economía política. Este centro lleva a cabo sus labores gracias al trabajo de 5 investigadores asociados y 10 docentes investigadores. Una de sus principales iniciativas es la publicación de la revista Umbrales, libros con diferentes temáticas y la realización de seminarios internacionales. En el presente se encuentra bajo la dirección de la socióloga Cecilia Salazar De la Torre. La información fue obtenida de su página oficial: www.cides.edu.bo B.5 Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) Esta institución fue fundada el año 2006 como fundación privada sin fines de lucro. Promueve la investigación socio-económica, para la formulación de soluciones que estén basadas en teoría, datos y experiencia. Es una institución que desarrolla su labor en las áreas de: Economía ambiental, Economía Regional, Macroeconomía y Economía del Bienestar. Cuentan con una planta de 7 investigadores se-

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niors, 10 investigadores junior, 7 investigadores asociados y 11 investigadores invitados. Una de sus principales iniciativas son las conferencias anuales de Desarrollo Económico y los Simposios Económicos. Hoy en día cuenta con el apoyo del International Development Research Centre. Este centro de investigaciones se encuentra bajo la dirección de Osvaldo Nina y están llevando a cabo investigaciones sobre temas ambientales La información fue obtenida de su página oficial www. inesad.edu.bo B.6

Fundación ARU

Fundada el 31 de agosto de 2007, como una fundación sin fines de lucro, busca consolidar en nuestro país la investigación aplicada de alta calidad y promocionar la formación encaminada a la investigación. Actualmente las áreas de investigación en las que se enfoca son: Economía Política, Monitoreo y Evaluación, Modelación Macroeconómica y finalmente Energía y Desarrollo. Trabaja con una planta de 7 investigadores (dos de ellos senior), 7 asistentes de investigación y 4 investigadores asociados. Al presente los principales proyectos de investigación que se están desarrollando son: el Panel Electoral, a partir de sus respectivas áreas. Las principales iniciativas en su haber son: los Talleres de Investigación Aplicada, el Concurso Anual de Investigación Aplicada, los Encuentros Basados en Evidencia, y finalmente la Red Boliviana de Microdatos y Encuestas. Actualmente cuenta con la ayuda financiera del International Development Research Centre. Actualmente está bajo la gestión del economista Werner Hernani-Limarino. La información fue obtenida de su página oficial http://aru. org.bo

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B.7

Fundación Milenio

Esta institución fue fundada en abril de 1990 como una organización privada sin fines de lucro. Busca constituirse en un espacio de análisis y generación de propuestas que ayuden en la solución de problemas que causan el retraso de nuestro país. Sus principales iniciativas son los “Informes de Milenio sobre la Economía”, realizados semestralmente y los “Informes de Milenio sobre el acontecer político en Bolivia”. Cuenta con varios investigadores asociados. Sus áreas de investigación son el ámbito económico, el político y el de desarrollo económico. Actualmente cuenta con el apoyo financiero de instituciones como: Fundación Konrad Adenauer, National Endowment for Democracy, Fundación para el Desarrollo FUNDES, Georgetown University, CAF, Organización Panamericana de la Salud, World Resources Institute, entre otros. En el presente, está dirigida por el economista Napoleón Pacheco T. La información fue obtenida a partir de su página oficial www.fundacion-milenio.org B.8

Fundación Jubileo

La Fundación Jubileo fue fundada en noviembre de 2003 por la Conferencia Episcopal Boliviana y las diócesis alemanas de Hildesheim y Tréveris. Desarrolla procesos de investigación, información y formación socio-política, para la construcción de capacidades en líderes que puedan tener incidencia política. Esta fundación es dirigida por Juan Carlos Nuñez. Sus principales líneas de investigación son: desarrollo humano, deuda pública, hidrocarburos y minería, pacto fiscal, presupuesto, ética social cristiana y por último parti-

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cipación y control social. Sus principales iniciativas son sus revistas bimensuales de análisis, revistas especializadas y el sistema de búsqueda de datos de población de los Censos 2001 y 2012. Cuentan con 12 investigadores. En el presente están desarrollando actividades de coordinación para el Pacto Fiscal en Bolivia. La información fue obtenida a partir de su página oficial www.jubileobolivia.org.bo B.9

Instituto PRISMA

Fue fundado en 1998 como una fundación privada sin fines de lucro. Esta institución busca formular propuestas de políticas públicas a través de sus instrumentos comunicacionales y la participación en redes de organizaciones nacionales e internacionales con intereses similares. Algunas de sus áreas de interés son: desarrollo, democracia, relaciones internacionales, comunicación y política. Entre sus principales iniciativas se encuentra la propuesta elaborada para la Asamblea Constituyente y los regímenes económico, social y territorial del Estado con autonomías. Así mismo, el instituto logró la emisión del programa radial “De Acuerdo” y la publicación quincenal “Nueva Crónica y Buen Gobierno”. La labor que realizan cuenta con el apoyo financiero de agencias de cooperación y sus propios constituyentes. Al presente está dirigido por el economista Horst Grebe. Información obtenida de su página oficial http://www.institutoprisma.org/

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Brasil

Leonardo Secchi Letícia Elena Ito

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Estudio país: Brasil

1. Introducción La producción de conocimiento es una actividad humana

que existe desde siempre en las sociedades. Hay cuatro tipos de conocimiento: popular, filosófico, teológico y científico. El conocimiento popular o empírico es un tipo de conocimiento que se produce por vía accidental y sin una preocupación de sistematización, y se va reproduciendo de generación en generación. El conocimiento filosófico es el resultado de la razón, tiene sus orígenes en la antigua Grecia, y es más prescriptivo que descriptivo. El conocimiento religioso o teológico tiene estilo normativo y estable, producido a partir de dogmas. Por su parte, el conocimiento científico, que es lo que importa en este estudio, se produce de una forma sistemática, tiene validez precaria y su propósito es describir y explicar la realidad empírica. A partir de la Ilustración del siglo XVII, el conocimiento científico comenzó a generar valor teórico y aplicado a la sociedad, que sirve de base para el desarrollo tecnológico, económico, político y social. Algunos tipos de organizaciones fueron creadas o adaptadas para producir este tipo de conocimiento. La principal es la universidad, que antes de la Ilustración tenía la función principal de difusión del conocimiento teológico y filosófico para las élites. En los últimos siglos, la universidad comenzó a jugar el papel de productora y difusora del conocimiento científico a través de su investigación y la docencia. No obstante, el conocimien-

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to científico se produce también, aunque secundariamente, por los gobiernos, empresas privadas, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Entre las diversas áreas del conocimiento científico se pueden distinguir las Ciencias Básicas (Matemáticas, Física, Química, Astronomía, etc.) de las Ciencias Aplicadas (la Economía, la Administración, Derecho, Ingeniería, etc.). Desde finales del siglo XIX, surge un nuevo tipo de organización dedicada a la producción de conocimiento científico aplicado al desarrollo de políticas públicas: los think tanks (Smith, 1991). También conocidas como institutos de políticas públicas, centros de pensamiento o centros de investigación, los think tanks son organizaciones que producen y difunden conocimientos científico-aplicados, y ayudan a los gobiernos y a la sociedad civil con instrumentación técnica para las decisiones de política en las áreas de educación, salud, seguridad, gestión, medio ambiente, relaciones internacionales, etc. Aunque se originaron en los Estados Unidos, hoy en día los think tanks están presentes en prácticamente todos los países del mundo (McGann, 2013). En América Latina se evidencia un aumento reciente en el número de centros de investigación, a un total de 721 (América Latina y Caribe), que representa el 11% del total de centros de investigación en el mundo (McGann, 2013). Universidades y centros de investigación comparten la función de producción de conocimiento. Especialmente en las áreas de Economía, Ciencias Políticas, Relaciones

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Internacionales, Sociología y Administración Pública, los departamentos y grupos de investigación de las universidades producen conocimiento en las mismas áreas que los centros de investigación: el campo multidisciplinario de la política pública.

Tabla 1 Datos Claves Indicador

Datos

Año

Fuente

82

2012

McGann, 2013

Número de universidades en Brasil

2.416

2012

Ministério da Educação, 2013

Número de investigadores por 1,000 habitantes

0,6656

2008

Unesco, 2010

número de artículos científicos por 1,000 habitantes*

0,2290

2008

Unesco, 2010

Número de Ph.D. en Brasil

188.000

2011

CGEE, 2012

Número de indexadas**

26.482

2008

Unesco, 2010

1,16%

2012

Senado, 2012

Número de centros investigación en Brasil

de

publicaciones

Porcentaje del PIB utilizado en investigación

Nota. Elaboración del autor. *Publicaciones en periódicos brasileños y extranjeros, ** Publicaciones en periódicos indexados por el Thomson Reuter’s Science Citation Index

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a) Sobre este Estudio En Brasil existen 82 centros de investigación (McGann, 2013), y aproximadamente 2.500 universidades y centros de educación superior (Ministerio de Educación, 2013). Para este estudio se analizaron casos para tres grandes centros de investigación brasileños: Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) (http://www.cebri.org/) Centro de investigación independiente ubicado en Rio de Janeiro – Brasil - que trabaja temas dentro del ámbito de las Relaciones Internacionales de Brasil en América Latina, y en el mundo. Fue clasificado en la 8ª posición como centro de investigación más influyente de América Latina en el 2012 Global Think Tank Report. Instituto Fernando Henrique Carodoso (www.ifhc.org.br) Centro de investigación independiente fundado por el ex Presidente de Brasil – Fernando Henrique Cardoso, que trabaja temas variados: democracia, economía, desarrollo, estudios sociales, y relaciones internacionales de Brasil. Tiene sede en São Paulo, y fue clasificado en la 10ª posición como centro de investigación más influyente de América Latina en el 2012 Global Think Tank Report. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (www.ipea.gov.br) Centro de investigación gubernamental, vinculado a la Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que produce conocimiento relevante para la

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elaboración de las políticas públicas del Gobierno Federal de Brasil. Cuenta con más de 200 investigadores residentes de nivel superior que trabajan en su sede en Brasilia (DF), en las áreas de planificación económica, planificación regional, urbana y ambiental, políticas sociales, políticas de gestión pública, y otras áreas sectoriales como salud, ciencia y tecnología, y relaciones internacionales. Está clasificado en la 11ª posición como centro de investigación más influyente de América Latina en el 2012 Global Think Tank Report. El criterio de selección de los centros de investigación para el estudio fueron el tamaño y la expresión. Según McGann (2013), CEBRI, IFHC e IPEA son, respectivamente, el segundo, tercero y cuarto centro de investigación en Brasil. La Fundação Getúlio Vargas (FGV), que se encuentra en el 1 º lugar en Brasil y América Latina, y en el 24 lugar en el mundo, fue excluida del análisis pues además de ser un centro de investigación también desarrolla funciones de universidad. Por lo tanto, no tiene sentido estudiar las relaciones entre universidad y centro de investigación en el caso de la FGV. Las fuentes documentales de datos fueron: disertaciones, tesis y libros sobre centros de investigación y universidades brasileñas, informes estadísticos gubernamentales y sitios en internet sobre el tema. Las fuentes personales de recolección de datos fueron:

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Tabla 2 Entrevistas con Miembros de Centros de Investigación y Expertos en Políticas Públicas. Persona / función

Afiliación

Método Entrevista

Director de Estudios y Políticas Sociales

IPEA

Entrevista

Director Adjunto de Estudios Sectoriales y Políticas para la Innovación, Regulación e Infraestructura

IPEA

Entrevista

Asesor de Institucional

IPEA

Entrevista

Técnico de Planificación e investigación

IPEA

Entrevista

Técnico de Planificación e investigación

IPEA

Entrevista telefónica

Coordinador de Estudios y Debates

CEBRI

Entrevista telefónica

Ayudante de Investigación

CEBRI

Entrevista por Skype

Coordinadora Ejecutiva

CEBRI

Entrevista por Skype

Director Ejecutivo

CEBRI

Entrevista por Skype

Director Ejecutivo

IFHC

Entrevista por Skype

Secretaria Ejecutiva

IFHC

Entrevista por Skype

Francisco G. Heidemann: Profesor voluntario de Administración Pública (Universidade do Estado de Santa Catarina), y experto en políticas públicas.

UDESC

Entrevista

Junia da Rosa Soares: MSc. en Administración Pública, y experta en centros de investigación en Brasil.

ENA BRASIL

Entrevista

Bernardo Sorj: Profesor titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro y Director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales.

Ce n t r o Edelstein

Entrevista por Skype

Ricardo de Oliveira Santos: MSc. En Relaciones Internacionales (PUC - Rio), y experto en centros de investigación en Brasil.

PUC-Rio

Entrevista por Skype

Francisco J. Salm: Doctor en Administración Pública (University of Southern California), y experto en Administración Pública brasileña.

Sin filiación

Entrevista telefónica

Planificación

y

Articulación

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El análisis cualitativo de datos fue realizado por triangulación (Triviños, 1987)1. Para el análisis se plantearon las siguientes variables y categorías de la relación entre los centros de investiga. Tabla 3 Variables y Categorías de Análisis. Variable

Tipo

Categorías

Tipo de relación

Dual

Competencia o cooperación

Intensidad de relación

Dual

Esencial o superficial

Enfoque de la relación

Descriptivo

Tipos de actividades

Frecuencia de relación

Dual

Permanente o intermitente

Nota. Elaboración del autor.

La variable dual “tipo de relación” se lee en el contexto de la competencia o la cooperación. Una relación de competencia entre las universidades y centros de investigación es aquella en la que existe una competencia por recursos financieros, recursos humanos, exposición a los medios. Una relación de cooperación es aquella en que los centros de investigación y universidades llevan a cabo un trabajo conjunto, compartiendo proyectos y personas, y no competiendo en términos concretos o simbólicos en el mercado de producción de conocimiento aplicado a la política pública. La variable “intensidad de relación”, también dual, tiene las categorías “relación esencial” o “relación superficial.” Las re1

La técnica de triangulación es hacer comparaciones sucesivas de la información de diversas fuentes para llegar a una visión más exacta de la realidad. Con la triangulación es posible comparar información contradictoria, y dilucidar agujeros informativos.

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laciones entre los centros de investigación y las universidades son consideradas “esenciales” si hay una dependencia mutua para la ejecución de las actividades de producción de conocimiento. La relación se considera superficial si las interacciones son puramente formales, sin tener una preocupación con la profundidad de contenido. Por su parte, la variable “enfoque de relación “ es descriptiva. Por lo tanto, la relación entre centros de investigación y universidades puede abarcar seminarios, cursos, proyectos de investigación, intercambio de recursos humanos y financieros. La “frecuencia de relación” posee las categorías “permanentes” e “intermitentes”. Una frecuencia permanente es aquella en la que centros de investigación y universidades mantienen relaciones, independientemente del contexto político o administrativo de las organizaciones. Finalmente, la frecuencia se clasifica como intermitente si la relación varía por proyecto, así como con cambios en el contexto político y administrativo de las entidades objeto de estudio. 2. Producción de Conocimiento de Políticas Públicas en Brasil Para conocer el sector de producción de conocimiento aplicado a la política pública en Brasil es necesario identificar a los actores y el contexto político-institucional de las últimas décadas. El sector de la producción de conocimiento aplicado a la política pública está formado por los siguientes actores: 1) los profesores universitarios que estudian los campos de la economía, la sociología, la ciencia política, la administración pública, 2) investigadores afiliados a centros de investigación, y 3) los técnicos gubernamentales que trabajan con investigación aplicada.

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Los usuarios de este conocimiento son organizaciones públicas de nivel federal, estatal y municipal, y de las organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos, los partidos políticos, y las asociaciones industriales, comerciales y agrícolas. Los atores intermedios, que llevan la información al público, son los centros de investigación y los medios de comunicación, todos jugando el papel de la traducción de lenguaje, y evidenciando los argumentos políticos de los informes de investigación. El contexto político e institucional de Brasil a partir de 1960 está formado básicamente por dos períodos: 1) régimen militar (1964-1985), y 2) democracia (1985 - presente). A continuación se presenta la evolución histórica de la producción de conocimiento aplicada al sector de las políticas públicas en Brasil. a) Producción de Conocimiento en el Régimen Militar En el Brasil democrático postguerra ya prefiguraba un golpe de Estado. A principios de la década de 1960, Brasil pasó por una crisis política y económica, la deuda externa y la inflación estaban altas, y el déficit presupuestario preocupaba a todos (Toledo, 2004). Esta crisis se reflejó en toda la sociedad, incluso en el mundo universitario. Aunque las universidades habían comenzado a surgir en Brasil a principios del siglo XX, ellas no estaban todavía consolidadas en los años 1960 (Saviani, 2010). Según Bittar (2001), 13 universidades públicas se crean a partir de la década de 1920 hasta los años 1950. Por lo tanto,

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la producción de conocimiento aplicado a la política pública era todavía poco desarrollada y formada por una élite económica e intelectual que tenía acceso a la educación y a la investigación universitaria. En 1961, João Goulart, popularmente conocido como Jango, asumió la presidencia de la República. Durante este período hubo una gran demanda de renovación y expansión del sistema universitario nacional. El Presidente Jango vivía una delicada situación política, ya que se había alineado con los sindicatos y la izquierda socialista, creando antipatía en las clases militares e industriales. Luego, el golpe militar de 1964 activó la dictadura que duró más de veinte años (Toledo, 2004). Este golpe, según Saviani (2010), agudizó aún más la exigencia de reforma universitaria. En 1968, se promulgó la ley 5.540/68, que trataba de la reestructuración de la enseñanza superior en Brasil. Se dio la implantación de la enseñanza para el mercado, de acuerdo con la lógica del capitalismo de postguerra. Con el sentimiento nacionalista de los militares, la reforma había estimulado la expansión de las universidades federales, además de la creación de universidades en los estados, universidades confesionales, comunitarias y privadas (Martins, 2009). Según Bittar (2001), en los años 1960 fueron creadas 22 universidades públicas: 19 universidades federales y tres universidades estatales y también hubo la creación de ocho universidades privadas: siete comunitarias y una privada comercial. El sector de producción de conocimiento aplicado a la política pública estuvo conformado básicamente por los burócratas en la planificación pública relacionados con el régimen militar. Con algunas excepciones como el IPEA, el DIEESE, y

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el CEBRAP no existían centros de investigación en Brasil. La difusión del conocimiento aplicado a la política pública era asumida por los medios de comunicación, muchos de ellos editorialmente alineados con el régimen militar. En 1968, el decreto del Acto Institucional 05 cesó derechos políticos, sindicales, y de organización de la sociedad civil. Desde entonces, el régimen dictatorial entró en su etapa más severa, y los medios de comunicación de masas, que difundían el conocimiento aplicado a la política pública, tuvieron sus editoriales y noticias censuradas. Durante la década de 1970 el sector universitario creció aún más (Martins, 2009). Según Bittar (2001), hubo la creación de 10 universidades públicas más: cuatro en el nivel federal, cinco a nivel estatal y una a nivel municipal. Además, fueron creadas cuatro universidades privadas, siendo dos universidades comunitarias y dos universidades privadas. b) Producción de Conocimiento en la Redemocratización La década de 1980 fue caracterizada por una gran crisis económica, con alta inflación y desempleo. Esta fue una de las razones para la “distención democrática, deslegitimación “ del gobierno militar, y el surgimiento de un gobierno civil en 1985 con nueva estructura institucional para el Estado. En el mundo de la educación superior, Bittar (2001) señala que en 1985 el gobierno federal estaba dispuesto a apoyar financieramente a las universidades comunitarias que demostrasen calidad. De acuerdo con Bittar (2001) fueron creadas 11 universidades públicas, tres federales, cinco estatales y tres municipales, además de seis universidades comunitarias y 13 universidades privadas comerciales.

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A partir de la redemocratización, los productores de conocimiento (centros de investigación, universidades y gobierno) ganan mayor libertad para elegir su agenda de investigación, y la autonomía para la difusión de los resultados de los estudios. En el ámbito universitario, departamentos de economía, sociología y de ciencia política lanzan una agenda de investigación de rasgo teórico socialista-marxista, que por 20 años fue mal vista por el régimen militar. Los medios de comunicación también ganaron mayor libertad de expresión y difusión del conocimiento útil para la formulación de políticas públicas. En este periodo hubo la legalización de los sindicatos y de los partidos políticos de izquierdas, y se ampliaron los usuarios de conocimiento de políticas públicas. El Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), centros de investigación ligado a la Central Única dos Trabalhadores (CUT), que había sido fundada en 1955, ganó impulso a nivel nacional, principalmente en la difusión de las estadísticas de desempleo, que en general presentaba resultados más pesimistas que los datos divulgados por el instituto oficial de estadísticas IBGE. De acuerdo con Pereira (1997) y Melo (2001), en la década de 1990 el tema de la reforma del Estado se elevó en la agenda gubernamental. La reforma tocaba cuatro problemas: económicos (inflación in primis), políticos (legitimidad del gobierno), administrativos (tamaño del Estado), e institucional (recuperar la gobernabilidad). Para Melo (2001), fue en este período que hubo la inserción del framework de análisis de las políticas públicas en la práctica del gobierno federal, y la expansión de las carreras de especialistas en políticas públicas y gestión gubernamental (EPPGG).

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El gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) introdujo un sistema de evaluación de desempeño de las universidades, para distinguir las universidades en términos de calidad, con el fin de racionalizar los recursos e incentivar la búsqueda de fondos externos. Faria (2005), afirma que la atención se centró en la función “evaluación” como herramienta para la reforma del Estado. La intención de privatizar las universidades públicas no se llevó a cabo, dada la fuerza del movimiento estudiantil, y de los profesores y burócratas de las universidades, además de la antipatía popular a este tipo de iniciativa. En este período también nacen algunos centros de investigación. Siendo el partido político de Fernando Henrique Cardoso de orientación centrista y con el apoyo de partidos políticos de la derecha, la agenda neoliberal tomó fuerza. Los esfuerzos de racionalización de las políticas públicas se vieron más aceptados en el gobierno federal. Un ejemplo de centro de investigación es el CEBRI, que fue fundado en el 1998 para producir conocimiento en el área de la política exterior y para apoyar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde 2003, con el gobierno del presidente Lula da Silva, las políticas de educación superior sufrieron una inflexión de rumbo muy sustantiva. Fue durante el gobierno de Lula que se crea el programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). El siguiente cuadro refleja la expansión de la academia en los últimos años:

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Tabla 4 Evolución del Sector Universitario en Brasil. Indicador

1808 – 2002

2003 – 2010

2011-2014*

Total de universidades públicas federales

148

274

321

Expansión en el período:

148

126

47

114

230

275

114

116

45

Total de ciudades atendidas universidades públicas federales

por

Expansión en el período: Nota. Fuente: Brasil (2013b), *estimada

El REUNI también abarcó otras iniciativas, como la educación a distancia con la Universidade Aberta do Brasil (UAB), la creación del Instituto Técnico Federal (ITF), y la promoción de la educación superior privada a través de las becas concedidas por el gobierno (PROUNI), y financiación subvencionada de estudios en universidades privadas (FIES). 3. Estudio de Caso a) El CEBRI El Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) es un centro de investigación independiente con sede en Río de Janeiro, que produce conocimiento y promueve debates sobre políticas públicas, especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales. El CEBRI se ocupa del análisis de Brasil como un actor estratégico en el ámbito internacional, su política de defensa, la política exterior, sus relaciones comerciales y diplomáticas. Fue clasificado en la 8ª posición como centro de investigación más influyente de América Latina en el 2012 Global Think Tank Report (McGann, 2013).

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En los últimos años de la década de 1990, Brasil tenía una escasez de organizaciones dedicadas a realizar investigaciones, discusiones y debates sobre política exterior. En 1998, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Luiz Filipe Lamprea recibió el apoyo del presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) y de Daniel Klabin, un importante industrial brasileño, para crear un centro de investigación y discutir la política exterior de Brasil. La idea inicial era que el CEBRI fuera una entidad de asesoramiento al gobierno en el ámbito de las relaciones exteriores (Santos, 2009). En sus primeros años CEBRI firmó convenios con el Ministerio de Asuntos Exteriores (MRE) de Brasil, y pasó a recibir ayudas a la estructuración y adquisición de bibliografía, soporte técnico y también recursos financieros relacionados con los proyectos del MRE con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (CEBRI, 2006). Sin embargo, esta estrecha relación tuvo un corto período de tiempo, ya que en el 2001 el Ministro Lamprea deja su función, y Fernando Henrique Cardoso termina su mandato en diciembre de 2002, pasando la presidencia a Luiz Inácio Lula da Silva, del partido de oposición. Desde 2003, los acuerdos con el MRE fueron interrumpidos, y el apoyo del Gobierno Federal dejó de existir. El CEBRI tuvo que reformular sus estrategias de recaudación de fondos y actuar fuera de la esfera gubernamental. El CEBRI luego buscó socios-donantes, nacionales y empresas internacionales establecidas en Brasil, además de recomponer su Consejo Superior en la búsqueda de pluralismo de actores. En este período CEBRI adoptó el papel de advocacy think tank, es decir, el centro comenzó a defender argu-

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mentos para el cambio en las políticas públicas a través de investigaciones, debates y contenidos para los medios de comunicación ya influir en la toma de decisiones del gobierno en el ámbito de relaciones internacionales. En 2009 el CEBRI se convirtió en Organización de la Sociedad Civil sin Interés Público (OSCIP), título otorgado por el Ministerio de Justicia para organizaciones civiles que han logrado reputación. En la legislación brasileña, una OSCIP puede establecer alianzas y acuerdos con el gobierno, y recibir la asignación presupuestaria, pero sus finanzas pasan a ser sujetas a examen del Tribunal de Contas da União (TCU). Como OSCIP, CEBRI pasó también a tener el derecho de recibir recursos del impuesto sobre la renta de las empresas a cambio de la deducción fiscal (exención de impuestos). Actualmente CEBRI es un centro de investigación que tiene 12 miembros residentes, cinco de ellos se encuentran en la Secretaría Ejecutiva, seis son asistentes de investigación, y uno trabaja en los servicios generales. Para ayudar en el establecimiento de directrices y supervisión de las actividades de la Secretaría Ejecutiva, CEBRI tiene un consejo guardián, un consejo asesor y un consejo fiscal. Como se ve, en su breve historia CEBRI cambió su perfil de financiación. Comenzó con los acuerdos firmados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y en la actualidad el origen de los recursos está basado en donaciones, recursos de proyectos, y recursos derivados de inversiones

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financieras. El siguiente gráfico da una visión general de las fuentes de ingresos del CEBRI: Figura 1 Fuentes de ingresos de CEBRI

Donaciones

35%

Recursos de proyectos Recursos derivados de inversiones financieras

Nota. Fuente: datos primarios.

En la actualidad, el presupuesto anual de CEBRI es de aproximadamente US$ 450,000.00. Entre los contratos de proyectos están los de la Fundación Konrad Adenauer, del Department for International Development (DFID-UK), del SEBRAE, de la Confederação Nacional da Indústria (CNI), de la European Comission, y de la Embajada de Holanda. El CEBRI trabaja principalmente alrededor de los temas de relaciones internacionales, la política de defensa, el comercio exterior y asuntos transnacionales como el terrorismo, el tráfico de personas, drogas y animales. Un ejemplo de proyecto es la asociación con el CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) para el estudio “Brasil

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y Argentina en 2015: La construcción de una visión compartida.” Tuvo el objetivo de dar directrices políticas, tanto para Brasil como para Argentina, en las temáticas de negociaciones internacionales, energía, seguridad regional y seguridad alimentaria (CEBRI, 2006). Otro ejemplo es el proyecto Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que consiste en investigar la cooperación regional entre los países de la región Amazónica. (CEBRI, 2012). Recientemente el CEBRI trabaja con debates sobre cambios climáticos, gobernanza global, y derechos humanos. El CEBRI es prolífico en la organización de eventos en colaboración con las universidades. Siendo un centro que se ocupa de cuestiones relacionadas con las relaciones internacionales, cuenta con una serie de iniciativas, seminarios, debates y talleres con las facultades de Relaciones Internacionales ubicadas en Río de Janeiro. En otras ocasiones, son los grupos de investigación de la universidad y de las sociedades científicas nacionales que organizan eventos, y los miembros de CEBRI son llamados cuando los temas son de comercio exterior, política exterior, política de defensa y asuntos transnacionales como los cambios climáticos, y el tráfico de drogas, armas y personas. Los proyectos de investigación llevados a cabo por CEBRI son el principal medio de relación con las universidades, y más precisamente con profesores universitarios. Los profesores e investigadores que tienen vínculos formales con universidades son llamados a componer la plantilla de investigadores de las investigaciones captadas por CEBRI. El CEBRI tiene poco personal permanente (12 personas), y, por ello, buscar investigadores ad hoc en las universidades es necesario.

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La tercera forma de relación son las publicaciones. El CEBRI organiza libros y colecciones en los campos de las relaciones internacionales, y los profesores de las universidades son invitados a escribir capítulos o participar como co-autores. Adicionalmente, durante el verano en el hemisferio norte el CEBRI recibe estudiantes de intercambio, especialmente de los Estados Unidos (summer internships). También el CEBRI ofrece un espacio para un investigador visitante de alto nivel. Las principales universidades con las cuales el CEBRI mantiene relación son la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), la Universidade de Brasília (UnB) la Universidade de São Paulo (USP), la Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), IBMEC, Fundação Getúlio Vargas (FGV), FAAP, y SENAC. De estas la ESPM, FAAP y SENAC son patrocinadoras del CEBRI, colaborando con donaciones anuales. Con la ESPM hay también una relación de reparto de la estructura para eventos, pues las dos organizaciones están ubicadas cerca. Con otras universidades la relación es más bien técnico-científica, de manera informal con los profesores e investigadores, sin mantener necesariamente acuerdos formales. De los 12 miembros fijos de CEBRI, todos tienen algún tipo de relación universitaria. Todos tienen grado o postgrado, y algunos tienen relación como profesores o doctorandos en las universidades de Río de Janeiro. En cuanto a la relación de competencia o cooperación, todos los entrevistados son unánimes al decir que no perciben ningún tipo de competencia entre CEBRI y Universidades. Algunas explicaciones para esta interacción simbiótica es que,

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en Brasil, los centros de investigación tienen poco acceso a los fondos que financian la investigación en las universidades. Las organizaciones de financiamiento, tales como la FAPESP, FINEP y CNPq realizan convocatorias específicas para proyectos académicos universitarios. Por otro lado, las empresas y las fundaciones que financian investigaciones aplicadas en el área de políticas públicas realizan sus pedidos directamente a los centros de investigación. Como CEBRI es un centro top of mind en el ámbito de las Relaciones Internacionales, es natural que el financiador busque directamente el CEBRI cuando se trata del tema de investigación aplicada en este área. Otro factor que promueve la cooperación es simbólico. Tanto para las universidades como para los centros de investigación la asociación en proyectos produce credibilidad, aumento de exposición en los medios, e incremento en la red de relaciones. Una especie de competencia puede surgir con otros centros de investigación, como la Fundação Getúlio Vargas, que funciona como universidad y centro de investigación al mismo tiempo. Los generadores de conocimiento en el campo de las Relaciones Internacionales en Brasil son pocos, y el campo de la investigación aplicada en RI es aún menor. Como Brasil es un actor estratégico en el tablero internacional hay suficiente espacio para proyectos de CEBRI y de la universidad en una dinámica colaborativa. Si hay algún tipo de cuello de botella institucional para la profundización de las relaciones esto ocurre con las universidades públicas, que son más rígidamente reguladas en la gestión financiera y de personal. En Brasil, las universidades federales requieren dedicación exclusiva de la mayoría de sus profesores, denegando a ellos

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la posibilidad de participar en otro trabajo o de involucrarse en actividades de consultoría. Con las universidades privadas el reglamento es más blando. El CEBRI mantiene relaciones con varios tipos de organizaciones. Desde el 1998 tenía relación especial con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cedía recursos humanos y financieros, y con el PNUD, financiador inicial. Desde 2003, con el gobierno del Presidente Lula, CEBRI tuvo que reinventar sus relaciones, especialmente con el gobierno federal y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy en día las relaciones fuertes son con empresas patrocinadoras, como Petrobras (energía), Itaú (banco), ESPM (universidad), Johnson (multinacional), Klabin (industria de papel) y Globo (comunicación). De los entes gubernamentales quedan las relaciones como BNDES (banco de desarrollo público) y Eletrobras (energía). Actualmente, hay 30 empresas patrocinadoras del CEBRI. El CEBRI se declara una organización plural, con libertad para criticar de forma independiente al gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, por su fundación por el grupo político de Fernando Henrique Cardoso, es natural que las relaciones con el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ocurran con mayor espontaneidad. Sin embargo, los dirigentes de CEBRI entrevistados subrayan que expertos políticos vinculados a otros partidos políticos son invitados a eventos y proyectos de investigación en el CEBRI. La fuente de financiación internacional más importante es la Fundación Konrad Adenauer, que suele financiar proyectos de CEBRI. El CEBRI también nutre relaciones especiales con los medios de comunicación más influyentes de Brasil,

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como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo y O Globo, proporcionando contenido para el análisis de la política exterior. Y, además, tiene relaciones con otros centros de investigación brasileños y extranjeros. Un ejemplo es la participación de CEBRI en el GIBSA, una red de think tanks de Alemania, India, Brasil y Sudáfrica para el intercambio de información, eventos y proyectos conjuntos. b) El IFHC La Fundación IFHC es un centro de investigación, creado por el ex-Presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, que trabaja con temas variados de defensa de la democracia, desarrollo de la economía, estudios sociales y relaciones internacionales de Brasil. Tiene su sede en São Paulo y fue clasificada en la 10º posición como centros de investigación más influyente de América Latina en el Global Think Tank Report de 2012 (McGann, 2013). Fernando Henrique Cardoso (FHC) fue presidente de Brasil de 1995 hasta el 2002. Bajo la intención de crear una “biblioteca presidencial” el ex presidente creó el Instituto Fernando Henrique Cardoso. En mayo de 2004, Fernando Henrique Cardoso creó el Instituto para ofrecer su variada colección de 350 mil obras, compuesto por libros, cartas, notas, fotografías, objetos, videos, etc. Además de Fernando Henrique Cardoso, el IFHC fue fundado por Aloysio Meirelles de Miranda Filho (abogado), Boris Fausto (asesor jurídico), Danielle Ardaillon (sociólogo), Eduardo Graeff Piragibe (ex Secretario de la Secretaría de Comunicación Social), José de Oliveira Costa (economista), Jovelino Carvalho Minero Filho (empresario), y Juárez Rubens Brandão Lopes (sociólogo).

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El IFHC nació con el objetivo principal de hacer disponible a la población las colecciones y obras de Fernando Henrique Cardoso y Ruth Cardoso, su mujer antropóloga, intelectual y profesora universitaria. Otro objetivo declarado de IFHC es la defensa y promoción de la democracia en Brasil y América Latina (IFHC, 2013b). A pesar de estar fuertemente ligado a la figura del ex presidente y al PSDB, el IFHC se declara una organización no partidista. Entre los años 2004 y 2007, el Instituto estaba muy concentrado en hacer disponible y conservar la biblioteca. A partir de entonces, el IFHC comenzó a promover más eventos, y hacer investigación en diversas áreas de la política pública. En 2010, el Instituto Fernando Henrique Cardoso se convirtió en una Fundación denominada Fundación IFHC. De acuerdo con la ley brasileña, una fundación es una organización con patrimonio fundacional alto (endowment), con fines inmutables, sujeto a la fiscalización del Ministerio Público, y que tiene sus cuentas y la gestión abierta al escrutinio público. La estructura de manejo de la Fundación IFHC se compone de: Consejo Guardián, Consejo Fiscal, Dirección y Equipo Ejecutivo. Actualmente la Fundación IFHC tiene 22 funcionarios en el equipo ejecutivo. De éstos, cuatro son responsables de las colecciones de la biblioteca, cuatro trabajan con el marketing y relaciones con los medios, tres son responsables de los asuntos financieros y administrativos, y uno en el área de Tecnología de la Información. Otros tres trabajan con servicios generales y hay dos recepcionistas. El director ejecutivo tiene el apoyo de un asistente y tres personas en la oficina administrativa.

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Las fuentes de ingresos de la Fundación IFHC están cambiando con el tiempo. Desde 2010, los ingresos financieros generados por los recursos de la fundación (endowment) se convirtieron en la principal fuente de ingresos. En 2012 representaban aproximadamente el 65% de los ingresos. A partir del 2013, los ingresos de las donaciones y la recaudación de fondos para los proyectos crecieron, alcanzando el 45% de los ingresos, y hubo la disminución de los ingresos financieros a 55%. Figura 2 Fuentes de ingresos de IFHC

55%

35% Donaciones y recursos de proyectos Recursos derivados de inversiones financieras

Nota. Fuente: datos primarios.

Las donaciones provienen de organizaciones privadas con sede en Brasil, como Votorantim (cemento) Grupo, el Grupo Santander (banco español), BMF Bovespa (Bolsa de Valores), Kroton (educación). También son fuentes de ingresos los eventos privados y proyectos financiados, como los con el International Development Research Center (Canadá), la Fundação Konrad Adenauer, y el Open Society Institute. El

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presupuesto anual de la fundación IFHC es de aproximadamente $ 1,3 millones. Se puede decir que el principal rasgo normativo de la actuación de la Fundación IFHC es el fortalecimiento de la democracia. A partir de este elemento básico, la Fundación desarrolla proyectos, eventos y publicaciones en diversas áreas de la política pública, como la educación, la justicia, las relaciones internacionales, y la economía. Se trata de un grupo de expertos multidisciplinario, pero con un fuerte componente sociológico y politológico. Además de la función de “biblioteca presidencial”, el IFHC lleva a cabo estudios, promueve debates, y organiza publicaciones policy relevant. Entre los estudios, destacamos la Coesão Social em Democracia na América Latina, escrito en colaboración con el Centro Edelstein de Investigaciones Sociales, que estudió la transformación de las sociedades latinoamericanas después de la redemocratización, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. Otro estudio con enfoque latinoamericano fue Uma Nova Agenda Social e Econômica para a América Latina que hace un balance sobre el desarrollo económico, social, la gobernanza y la innovación en América Latina. Este estudio se realizó en colaboración con la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN). Un importante frente de trabajo, en colaboración con el Centro Edelstein de Investigaciones Sociales, es la Plataforma Democrática, una plataforma virtual para el debate sobre la democracia en América Latina con un repositorio de do-

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cumentos sobre el tema, para la producción y difusión del conocimiento y la promoción de un debate pluralista. La Fundación IFHC también es prolífica en eventos y debates. El Informe Anual de la Fundación en 2012 lista más de cien seminarios realizados en los últimos ocho años. A través de eventos educativos, exposiciones, y publicaciones, el IFHC ofrece intercambio de información entre intelectuales, siempre con el tema de fondo de la democracia. Los lazos del IFHC con las universidades son más informales que formales. En el campo formal, sólo en 2012 y 2013 el IFHC se asoció con la Universidad de São Paulo (USP) para proyectos específicos con el Instituto de Relaciones Internacionales. También en estos años se creó el Projeto Lideranças innovadoras na gestão pública”, con participación de la Fundação Brava, Fundação Getúlio Vargas (FGV), el INSPER, y Faculdade de Curitiba, ofreciendo cursos en línea de gestión pública. La gran mayoría de las relaciones con las universidades se produce de manera informal, directamente con los profesores universitarios e investigadores que son invitados a trabajar en proyectos de investigación captados por IFHC. En la red de colaboradores que participan como investigadores ad hoc en proyectos, casi el 100% vienen del ámbito académico universitario, y otros pocos son policymakers. Los directores entrevistados no perciben competencia entre el IFHC y las universidades. El enfoque de investigación es diferente. Las universidades tienen enfoque de investigación descriptiva para construcción teórica, mientras que el IFHC

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produce investigación aplicada y para instrumentalización decisional. IFHC y universidades tampoco compiten en las métricas de éxito, pues para los universitarios lo que cuenta es el número de publicaciones y las revistas con factor de impacto, mientras que al IFHC la métrica es la repercusión política y divulgación de hallazgos en los medios de comunicación. Las fuentes de recursos son diferentes, las universidades buscan bolsas en agencias financiadoras públicas (FINEP, CNPq, FAPESP), mientras que al IFHC las fuentes de financiación son los donantes, las peak organizations (confederaciones industriales, comerciales y agrícolas), y los organismos multilaterales. El cuello de botella más citado para profundizar las relaciones con las universidades es la burocracia (red tape). Como relatado en el caso del CEBRI, las universidades públicas brasileñas están sometidas a un marco regulador muy estricto para adquisiciones, asociaciones, sección de personal, y financiación, el cual aleja a los centros de investigación y otras organizaciones sociales del sector privado. Otras organizaciones que mantienen vínculos con el IFHC son el grupo Votorantim, Santander, BMF Bovespa, grupo Kroton, que son donantes habituales del instituto. Deutsche Bank está asociado al IFHC financiando la traducción al portugués de una de las revistas líderes en el tema democracia: el Journal of Democracy. Como ya subrayado, otra importante alianza fue establecida con el Centro Edelstein de Investigaciones Sociales, la creación de la Plataforma Democrática (http://www.plataformademocratica.org/). Por último, el IFHC mantiene buenas

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relaciones con los medios de comunicación, entre ellos la BAND News, el periódico O Estado de São Paulo, y Folha de São Paulo. Por su vínculo con la figura de Fernando Henrique Cardoso, seguramente el IFHC tiene mayor relación con grupos políticos del PSDB. Sin embargo, el IFHC busca promover el debate plural, invitando miembros de todos los partidos políticos a sus seminarios y eventos. c) El IPEA

El Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) es un think tank gubernamental, vinculado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que producen investigación policy relevant para las decisiones políticas del Gobierno Federal de Brasil. El Instituto fue fundado en 1964, siendo sus creadores y fundadores Roberto de Oliveira Campos y João Paulo dos Reis Velloso, ambos formados en economía. Campos fue un diplomático y Senador de la República, mientras Velloso fue presidente del IPEA entre 1964 y 1968, permaneciendo como Secretario General del Ministerio de Planificación hasta el 1968 y después Ministro de Planificación entre 1969 - 1979 (D ‘Araujo, De Farias y Hipólito, 2005). Actualmente el IPEA se clasifica en la 11ª posición como think tank más influyente de América Latina en el 2012 Global Think Tank Report (McGann, 2013). Según Barbosa (2012), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) se originó en el año 1964 al final del gobierno de-

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mocráticamente electo de Joao Goulart. Su primer nombre fue Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (EPEA), creado en Río de Janeiro, vinculado a los órganos de gobierno, entre ellos el Conselho Consultivo de Planejamento, que asesoraba a los ministerios del gobierno federal. Campos y Velloso formaron el EPEA como una entidad gubernamental para proveer herramientas de investigación aplicada que podrían ayudar al gobierno a llevar a cabo la planificación de mediano y largo plazo, que hasta entonces poco existía en el país (D ‘Araujo, De Farias y Hipólito, 2005). Después del golpe militar de 1964, el EPEA se convirtió en una fundación pública por el Decreto-Ley 200/1967, y su nombre fue cambiado por el Instituto de Pesquisa EconômicoSocial Aplicada. A lo largo de su historia, el instituto ha sido renombrado más veces, y en 1990 recibió el nombre que prevalece hasta hoy en día. Entre los años 1970 y 1990 el IPEA creó especializaciones de investigación, incluyendo el Instituto de Planificación Económica y Social (INPES), el Instituto de Planificación (IPLAN), el Centro de Capacitación para el Desarrollo Económico y Social (CENDEC), y la Oficina de Presupuesto del IPEA (INOR). De la redacción de la nueva Constitución Federal de 1988, la presupuestación a mediano plazo de todos los entes públicos pasaron a demandar el Plan Plurianual (PPA), fortaleciendo el papel de planificación y, desde luego, la función del IPEA en la estructura federal de gobierno (D ‘Araujo, De Farias y Hipólito, 2005).

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En el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1995, la Secretaria de Planejamento (SEPLAN) se transformó en Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) y el IPEA pasó a responder administrativamente a este órgano. Posteriormente, en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el IPEA fue vinculado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República (SAE), con funciones de asesoramiento al Presidente en la planificación a largo plazo del país para la construcción de políticas públicas de desarrollo. A lo largo de su historia, el IPEA asumió dos tipos de actividades: asesoramiento para la planificación del gobierno federal, y producción de investigación aplicada a políticas públicas. La importancia de cada actividad sufrió variaciones a través del tiempo, así como la afiliación del IPEA en la estructura de gobierno federal cambió de acuerdo con los objetivos políticos de los diferentes presidentes de la República. Hoy en día, el IPEA está vinculado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. La estructura administrativa actual se divide en siete direcciones: • Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET); • Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR); • Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES); • Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC);

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• Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC); • Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE); • Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (DIEST). El presidente del IPEA y sus directivos son nombrados políticamente por el Presidente. Sin embargo, los puestos directivos suelen estar ocupados por personal técnico estable que ya está vinculado al Instituto. El presidente del IPEA suele ser ocupado por un académico de gran expresión académica nacional en el área de la economía. De acuerdo con el informe anual correspondiente al año 2012 (IPEA, 2013), el Instituto cuenta con 765 funcionarios activos, siendo 435 en el cuerpo técnico-administrativo, 287 tercerizados, y 43 temporales (interns). Siendo agencia del gobierno federal, el IPEA recibe fondos directamente de la Tesorería Nacional. El presupuesto transferido por el Gobierno Federal para el año de 2012 fue de US$ 130 millones (IPEA, 2013). Otras fuentes secundarias de fondos vienen de la cooperación técnica y convenios. Como vimos anteriormente, el IPEA está dividido en Direcciones, cada una de ellas tiene un enfoque. La DIDES se centra más en los asuntos internos del Instituto, planificación de la gestión. La DISET actúa en el análisis de los sectores productivos, como agricultura, servicios e industria, y también realizando investigación en temas de ciencia, tecnología e in-

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novación, mercado de trabajo y tributación. La DIRUR, analiza las relaciones entre municipios, estados y el nivel federal, como cuestiones implementación de políticas públicas de nivel federal en los ámbitos estatal y municipal, y sobre las transferencias de recursos públicos entre los entes federativos. La DISOC se concentra en de protección social y generación de oportunidades de estudio y trabajo. Tiene especial atención sobre los elementos que influyen en las condiciones de vida de la población. La DIMAC realiza estudios de temas macroeconómicos como las finanzas públicas, el comercio exterior, la política monetaria, y la influencia del contexto político sobre la economía nacional. La DINTE se centra en los aspectos internacionales como las actividades económicas entre las naciones, los procesos políticos en la comunidad internacional, la política exterior brasileña. Por último, la DIEST está relacionada con el diálogo entre el gobierno y los ciudadanos. Tiene el objetivo de ampliar la relación entre el Estado y la sociedad, mejorar el sistema político de Brasil, y garantizar los derechos de la ciudadanía. De acuerdo con el informe anual correspondiente al año 2011 (IPEA, 2012) el IPEA publicó 23 libros técnicos, tales como, A reinvenção do Planejamento Governamental no Brasil, A China na Nova Configuração Global- Impactos políticos e econômicos, Sistemas de Indicadores de Percepção Social entre otros. El IPEA también es prolífico en la organización de conferencias, seminarios, cursos y talleres, tanto en las estructuras de la IPEA como externamente. En 2012, por ejemplo, promovió 47 conferencias, 135 seminarios, 145 cursos y 114 talleres (IPEA, 2013). Otra iniciativa es la Rede IPEA, con

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el fin de promover investigaciones con la colaboración de otras organizaciones que celebran acuerdos de cooperación técnica. En la Rede IPEA están asociadas 54 organizaciones como la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação João Pinheiro, e o Instituto de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (IPEA, 2013). Por último, y quizás una de las más importantes actividades, es la asistencia técnica a los ministerios, como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación y otras agencias gubernamentales como la Unión del Defensor del Pueblo (IPEA, 2013), a través de realización de informes direccionados a las necesidades de estos entes gubernamentales. El IPEA tiene vínculos con universidades desde su fundación. En la década de 1960 ya tenía una alianza con la Universidad de California en Berkeley. Un grupo de profesores de esta universidad americana vino a Brasil para asesorar en la estructuración de IPEA, y compartir metodologías de investigación social aplicada. Desde entonces el IPEA mantiene relaciones permanentes con universidades brasileñas y extranjeras. La forma más usual de relacionamiento es la contratación de académicos para participar como cuerpo técnico en proyectos. En este sentido, el IPEA capta recursos humanos para cubrir más especialidades del conocimiento científico que no son cubiertos en suficiencia por el personal técnico del IPEA. El IPEA también mantiene vínculos con las universidades como fuente de capacitación para sus empleados. Hay incentivos organizacionales para que los técnicos de IPEA

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busquen formación de postgrado, tanto en Brasil como en el extranjero (D ‘Araujo, De Farias y Hipólito, 2005). De acuerdo con las entrevistas, en 2013 nueve funcionarios del IPEA fueron liberados para cursar el Doctorado. El IPEA invita a los profesores universitarios de todo el país para participar de seminarios, conferencias, y también para componer libros, como el caso de la publicación Programa Bolsa Família uma Década de Inclusão e Cidadania. El IPEA abre convocatorias especiales para atraer investigadores a participar en proyectos de investigación, y la mayoría del personal es universitario con nivel de maestría o doctorado. Según informe de actividades (IPEA, 2013) en 2012 el IPEA ofreció 459 bolsas de estudios a investigadores externos al IPEA. Lo contrario también ocurre. Gente del IPEA a menudo es invitada a dar ponencias en las universidades. Hay muchos servidores del IPEA que mantienen un vínculo adicional de profesores universitarios. El personal de IPEA recibe salario alto, en comparación con el salario promedio de los empleados públicos brasileños. Las actividades que los técnicos de IPEA desempeñan en universidades son más por razones de expresión y autorrealización que por razones de renta adicional. Además, los profesionales de IPEA suelen ser llamados a participar de bancas de calificación de maestría y doctorado en las universidades. Algunas universidades con las cuales el IPEA mantiene relaciones próximas son Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade

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Federal de Minas Gerais (UFMG). En todas las entrevistas y documentación analizada queda clara la dinámica de colaboración entre IPEA y universidades. Las relaciones con algunas universidades son permanentes, especialmente las que tienen acuerdos de cooperación técnica. Desde el punto de vista de la intensidad, la relación es clasificada como esencial, pues sin la cooperación con las universidades el IPEA no alcanzaría la importancia y repercusión de muchos proyectos, cursos, y seminarios. Una de las barreras para la relación entre las universidades y el IPEA, que se informaron en las entrevistas, es el foco de los estudios. En general, la investigación llevada a cabo por el IPEA es demandada por la administración federal, y con enfoque aplicado a la política pública. Los investigadores de la Universidad, en general, están acostumbrados a llevar a cabo la investigación con libertad de elección de temas y variables de análisis, y el producto principal es el refinamiento teórico. Estas dos diferencias entre la búsqueda libre frente a comisionada, y la investigación teórica frente a la investigación aplicada divide tradiciones de investigación, dando lugar a dificultades culturales en la ejecución de proyectos con grupos mixtos. Aunque la participación de profesores y estudiantes universitarios sea recurrente, el papeleo (red tape) influye negativamente la relación entre instituciones. Para cualquier acuerdo inter-institucional es necesario pasar por el asesoramiento jurídico de la universidad y del IPEA. Según las entrevistas, el proceso puede tardar de un año a un año y medio, aunque no implique transacciones financieras.

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El IPEA por ser una agencia del gobierno tiene muchas demandas de otros organismos públicos. Los principales organismos con los cuales el IPEA tiene actividades son el Conselho Nacional de Justiça, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Ministério da Integração Nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Justiça (IPEA, 2013). El IPEA también tiene relaciones con sociedades científicas, como la Sociedad Brasileña de Sociología, y asociaciones profesionales como el Conselho Federal de Economia. También existen convenios con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo  (BIRD), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los usuarios del conocimiento producido por el IPEA, además del gobierno federal, son los gobiernos estatales y locales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación. 4. Relaciones entre Centros y Universidades En esta sección, se analizan las relaciones de los tres centros de investigación con las universidades brasileñas, de acuerdo con las variables y categorías establecidas en la metodología: tipo de relación, intensidad, enfoque y frecuencia de las relaciones. Se discuten también otros aspectos generales de la relación de los centros de investigación con las universidades brasileñas: la dependencia, la formalidad y los cuellos de botella contra la profundización de las relaciones. Al final se presentan recomendaciones de políticas públicas considerando estos hallazgos.

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La siguiente tabla resume la relación entre los centros de investigación y universidades en los tres estudios de caso de Brasil: Tabla 5 Síntesis de los hallazgos de los estudios de casos Variable

CEBRI

IFHC

IPEA

Tipo de relación

cooperación

cooperación

cooperación

Intensidad de relación

Esencial

Superficial

Esencial

Enfoque de la relación

Eventos, cursos, proyectos, publicaciones, financiación

Eventos, cursos, proyectos, publicaciones

Proyectos, eventos, cursos, capacitación de recursos humanos

Frecuencia de relación

Intermitente

Intermitente

Permanente

Nota. Fuente: datos primarios.

El tipo de relación entre los centros de investigación y las universidades es prevalentemente de cooperación. Ningún miembro de los centros de investigación entrevistados señaló algún tipo de relación de competencia. El campo de producción de conocimiento policy relevant es tan inmaduro en Brasil, las oportunidades son tantas, que no hay escasez de proyectos o recursos para justificar una relación de competencia. En pocas palabras, hay espacio para todos. La falta de competencia es también un reflejo de muy diferentes fuentes de financiación entre los que el centro de investigación accede y aquellos de las universidades. En general, los grupos de investigación universitarios tienen recursos internos para investigación (presupuesto de la pro-

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pia universidad), o buscan en agencias de fomento de los gobiernos federal y estatal. Los centros de investigación, por otro lado, buscan recursos en las peak organizations, grandes empresas, y en organismos internacionales como Fundação Konrad Adenauer (CEBRI e IFHC), Deustche Bank (IFHC), entre otras. El caso del IPEA es atípico, pues funciona como centro de investigación gubernamental y tiene presupuesto público exclusivo de las arcas de la Unión, sin competir con otras organizaciones. Si hay algún tipo de competencia, son por fuentes de características especiales, accesibles tanto a centros de investigación como a las universidades, como los ofrecidos por la FINEP. Otro tipo de competencia es la de asignación de tiempo de algunos investigadores que desempeñan doble rol, universitario y de policy analyst. Pero estas situaciones son raras, y menos relevantes, según los testimonios recogidos. La intensidad de relación varía en función de cada centro. El IFHC, por ejemplo, es un centro con menos de 10 años de existencia. Solo comenzó a establecer asociaciones más consistentes con las universidades en 2012 y 2013, para la realización de los cursos. Las relaciones del IPEA y del CEBRI con las universidades son consideradas esenciales para el desarrollo de sus actividades. Ambos son dependientes de cuerpo de profesores y estudiantes de posgrado para realizar sus investigaciones, eventos y publicaciones. El CEBRI cuenta con algunas universidades como patrocinadoras de sus actividades. El IPEA tiene más de 50 acuerdos de cooperación técnica formalizados, que se traducen en proyectos con la participación constante de los profesores universitarios.

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Además de los tres casos estudiados, otros expertos entrevistados se mostraron convencidos de retratar a los centros de investigación con relación umbilical con las universidades. Muchos provienen de las universidades, o surgieron por iniciativa de profesores universitarios o investigadores que han decidido actuar de aplicarse fuera de las murallas de la investigación universitaria. Estos casos son los casos de los centros CEBRAP, Instituto Libertad, y PVBLICA. El enfoque de la relación es estándar: • Proyectos de investigación realizados por los centros de investigación que cuentan la participación de investigadores de las universidades; • Cursos de corta duración ofrecidos por los centros de investigación, usando docentes de las universidades; • Publicaciones conjuntas; • Seminarios en los cuales expertos de ambas instituciones son invitados a participar. Otras formas de cooperación son la financiación, que en

el caso de CEBRI recibe donaciones de universidades privadas, la capacitación del personal de los centros en cursos de postgrado en las universidades, y la colaboración de los miembros de los centros de investigación en bancas de calificación/evaluación de tesis de pregrado, master, y doctorado en las universidades.

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La frecuencia de la relación en los tres centros investigados se caracteriza por ser intermitente en CEBRI y IFHC y permanente en el IPEA. Para actividades tales como eventos, proyectos, publicaciones, cursos, la relación suele ser intermitente. Acabado el proyecto o evento, se pone fin a aquella relación funcional. El IPEA tiene una relación más estable, ya que es una institución con 50 años de existencia, y ha construido alianzas y cooperación técnica con muchas universidades, independientemente de los períodos políticos. Ello también es reflejo de un corpus burocrático estable de funcionarios de IPEA. A lo largo de sus carreras, los servidores y los departamentos de IPEA lograron estrechar relaciones con los profesores de las universidades, que también son estables. En los centros de investigación no gubernamentales, la rotación de personal es mucho más pronunciada. El centro de investigación se parece a un puerto, donde los académicos y los políticos van y vienen. Esta rotación de personal, característico de los centros de investigación privados, también se refleja en el abanico de relaciones, que son llevadas con los policy analysts cuando dejan sus centros para trabajar en el gobierno, en la universidad o en otras organizaciones de la sociedad civil. a) Dependencia, Formalidad y Cuellos de Botella Los think tanks o centros de investigación son todavía actores invisibles en Brasil. La gente ni siquiera conoce el término think tank, con excepción de los académicos y periodistas que circulan en la comunidad epistémica de política pública. No obstante existen hace 60 años en Brasil, el término gené-

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rico “instituto de investigación de política pública” tampoco es comprendido por el ciudadano mediano. Por supuesto la gente conoce a la Fundação Gestúlio Vargas, el IPEA, el DIEESE, pero no logran identificar un rasgo común de think tank entre ellos. Estas organizaciones son percibidas, respectivamente, como una universidad, una agencia gubernamental, y un ente vinculado al sindicato. El CEBRI y el IFHC son conocidos por una pequeña élite intelectual, económica y política. Por otra parte, las universidades son socialmente reconocidas como productoras de conocimiento científico, con estructura y credibilidad. Las universidades públicas y privadas existen desde más de 100 años en Brasil, y proveen la enseñanza de nivel superior, la investigación científica y las actividades de extensión, que son ampliamente percibidas en la sociedad. Los datos cuantitativos ya presentados muestran que el universo de los centros de investigación, con 82 organizaciones, es incomparable al universo de las Instituciones de Educación Superior en Brasil (con más de 2.000 organizaciones). La comprensión de este contexto es fundamental para entender cómo funciona la relación entre los centros de investigación y universidades. Los centros de investigación son mucho más dependientes de las universidades que lo contrario. En el estudio de los tres casos es evidente la necesidad de que los centros de investigación recluten a investigadores en las universidades para sus proyectos de investigación, para la realización de

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cursos de capacitación y eventos. Aparte del IPEA, y seguramente también la Fundação Getúlio Vargas (FGV), los centros de investigación tienen un número significativo de analistas de políticas públicas permanentes (resident scholars). En cuanto a la formalidad, la esencia de la relación entre las universidades y los centros es de carácter técnico y científico no formal. La relación es más bien construida entre centros de investigación e investigadores universitarios, y no con la institución universitaria. Universidades y centros de investigación establecen relaciones formales, pero lo que realmente cuenta son las relaciones individuales e informales, de cooperación técnica. Los dos cuellos de botella que más dificultan la relación entre los centros de investigación y universidades son: 1) el perfil de las investigaciones, 2) burocracia (papeleo). Los tres estudios de caso mostraron, y fueron reforzados por el testimonio de los expertos, el perfil de la investigación llevada a cabo por las universidades es más bien teórico, mientras que los grupos de reflexión prefieren la investigación más aplicada. Los programas de postgrado y departamentos universitarios que trabajan en áreas como economía, ciencias políticas, relaciones internacionales y administración pública tienden a una sobrevaloración de la construcción teórica, y la subvaloración de la investigación policy relevant. Otro aspecto es que para las universidades no es importante tanto la efectividad o los resultados sociales de las investigaciones realizadas. El organismo regulador del postrado en Brasil, CAPES, valora la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas, ya conocido popularmente como “productivis-

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mo” (Magro, Secchi, Laus, 2013). El mundo de los centros de investigación es totalmente diferente. Menos importante es la publicación en revistas científicas, y lo que cuenta son las repercusiones sociales y políticas de los resultados de las investigaciones realizadas. Poco a poco, este escenario está cambiando con la creación de Máster Profesionales, que son cursos de postgrado realizados en la universidad que se centran en la formación del investigador práctico, y la disertación resulta en un desarrollo de soluciones concretas para la realidad organizacional o una política pública. La investigación académica realizada en las universidades se gesta en un ambiente muy diferente a los que enfrentan los centros de investigación. En las universidades el investigador tiene completa libertad de elección del tema de investigación y el método de investigación. Los plazos para la finalización de un proyecto de investigación rara vez son inferiores a un año, lo que resulta en investigaciones más profundizadas, pero lentas. Los resultados de la investigación se publican generalmente en revistas y eventos científicos, en los que otros profesores-investigadores hacen críticas y sugerencias con el foco en la mejora teórica y metodológica de los conocimientos producidos. Por último, los resultados de la investigación son accesibles a una élite intelectual, capaz de descifrar el lenguaje formal, técnico y científico. El proceso de investigación en centros de investigación es muy diverso: poca libertad de elección del tema (investigaciones a contrato), plazo corto para finalización del estudio, publicaciones en formato de informes ejecutivos, así como notas publicadas en periódicos de circulación nacional o en

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revistas de clases profesionales. Los resultados se miden por el impacto práctico de los conocimientos producidos, y la repercusión en los medios. Esta diferencia de contexto frena las relaciones entre los centros de investigación y las universidades. La segunda barrera es la burocracia, es decir, las disfunciones causadas por el exceso de burocracia en las universidades. Universidades brasileñas, y en particular las universidades públicas, se rigen por estatutos estrictos para el manejo de los recursos financieros y de personal. En las universidades federales reina el régimen de dedicación exclusiva, es decir, el profesor universitario es contratado para trabajar 40 horas/semana y queda impedido de acumular otra actividad extra-universitaria, sea de consultoría, asesoramiento o de enseñanza en otras instituciones. Las principales universidades brasileñas como USP, UNICAMP, UNB, UFRJ, UFMG, UFBA, UFPE, UFRGS, UFSC, UFPR son públicas, vinculadas al gobierno federal o estatal. El modelo de organización predominante es el modelo burocrático weberiano, basado en formalismo, impersonalidad y profesionalismo. Según las entrevistas con miembros de los centros de investigación brasileños, es más fácil buscar relaciones con las universidades privadas donde los requisitos formales son menos restrictivos. Un ejemplo es la recepción de donaciones de universidades privadas del CEBRI, y la asociación del IFHC con FGV (universidad/centro privado), Insper y la Fundación Brava, o la Faculdade de Curitiba para ofrecer cursos online de gestión pública.

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Los entrevistados del IPEA, que también son de organización pública del gobierno federal, denuncian la burocracia de las universidades públicas como un cuello de botella. Ellos señalan los retrasos y tiempo necesario para aprobar y firmar un convenio. Hay que pasar por un sinnúmero de revisiones jurídicas tanto en el IPEA cuanto en la universidad. A veces este proceso tarda más de un año, perdiéndose plazos para la presentación de los proyectos, o incluso las personas que participaban en los proyectos inicialmente acaban cambiando el rol dentro de sus organizaciones.

5. Recomendaciones de Política Pública En esta parte se sintetizan las recomendaciones para el fortalecimiento de las relaciones entre los centros de investigación y universidades en Brasil. Estas recomendaciones son dirigidas al gobierno federal brasileño, gestores y profesores universitarios, medios de comunicación y a los centros de investigación. a) Proporcionar Visibilidad a los Centros de Investigación Los centros de investigación permanecen como actores invisibles en la sociedad brasileña. No hay un término en que pueda revelar el sentido semántico de think tank. Los intentos de traducirlo al portugués son imprecisas como usinas de ideias, desconocido y poco intuitivo, o genéricas como “Instituto de Políticas Públicas”, siendo incapaz de relacionarse conceptualmente a la peculiaridad del trabajo y las actividades de los centros. Soares (2009) en su tesis les llama Organizaciones de pesquisa e aconselhamento em políticas

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públicas (OPAPP). La solución es mantener el término en inglés, pero difundir su sentido. La visibilidad de estos actores depende de: • Definición de un término que identifique los think tanks, y diseminación de dicho término; • La difusión de las acciones de los think tanks o centros de investigación en los medios de comunicación de masas.

b) Fomentar Financieramente los Centros de Investigación La rotación de personal en los centros de pensamiento refleja la inestabilidad financiera de los mismos. Pocos centros de investigación logran mantener un cuerpo permanente de funcionarios con remuneración. Para que los centros comiencen a tener mayor relevancia en la producción de conocimiento es necesario que las fuentes de financiación pública sean ampliadas. Existe legislación en Brasil para fomentar la cultura que permite a las empresas privadas tax breaks de impuestos para donaciones a manifestaciones culturales, artísticas y deportivas. Los centros de investigación también podrían ser beneficiarios de estos recursos, pero la “investigación aplicada a las políticas públicas” no es visible a la mayoría de los donantes.

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• Creación de una política gubernamental de renuncia fiscal para empresas que hagan donaciones a proyectos de investigación en políticas públicas. Ello ayudará a los centros de investigación a tener previsibilidad de ingresos, y mantener sus investigadores con salarios fijos. Por consecuencia las relaciones con las universidades serán más estables.

c) Reducir la Burocracia en las Universidades El modelo de organización de las universidades públicas brasileñas es marcadamente burocrático. La libertad de gestión financiera y de personal es muy pequeña. Los intentos de construcción de relaciones académicas entre universidad y centros de investigación se ven desalentados por una maraña regulatoria. El principio de la total desconfianza (Bresser-Pereira, 1996), hace que el profesor universitario quede intimidado a realizar actividades extra-universitarias, especialmente en las universidades públicas federales. • Permitir a las universidades públicas federales brasileñas de contratar personal sin dedicación exclusiva; • Creación de un marco normativo para facilitar la prestación de asesoramiento y consultoría de las universidades públicas, en conjunto a los centros de investigación y otras organizaciones públicas y privadas.

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d) Promover la Investigación Aplicada de Política Pública El campo disciplinar de las políticas públicas en Brasil está aún mal estructurado, con visible fragmentación metodológica teórica. La cantidad de investigaciones llevadas a cabo no es suficiente para afirmar su consolidación. Hay también una gran fragmentación temática y organizativa, es decir, hay una proliferación horizontal de estudios de casos que conducen a un déficit de institucionalización (Melo, 2001; Faria, 2005). Arretche (2003), indica que las tesis, los artículos de investigación se orientan a “colección de hechos” que poco ayudan al desarrollo de teorías. Por otro lado, la investigación teórica no se preocupa en dar recomendaciones prácticas a los decision-makers. Hay investigadores de la ciencia política, sociología y economía con afición hacia los estudios teóricos, al mismo tiempo que el conocimiento aplicado queda poco valorizado. También no hay revistas serias centradas en el conocimiento científico aplicado al ámbito de las políticas públicas en Brasil. Una publicación similar al Journal of Public Analysis and Management, publicado por la americana APPAM, ciertamente despierta el interés de los académicos (por estímulos de publicación en revistas científicas) y de los policy analysts (por difundir las buenas prácticas). • Fomento a la creación de revistas científicas para la publicación de trabajos policy relevant; • Cambios en el marco regulatorio de la CAPES (organismo regulador del Ministerio de Educación), dando

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estímulo a la investigación aplicada, asesoría y consultoría por académicos vinculados a los programas de posgrado de las universidades. 6. Conclusiones Brasil nunca ha pasado por una época tan propicia para el sector de producción de conocimiento aplicado a la política pública como actualmente. Existe un ambiente democrático, en que los partidos políticos se alternan en el poder en los niveles federal, estatal y municipal. Existe una demanda popular por políticas públicas más eficaces y equitativas, por un gobierno y una clase política más sensible a las aspiraciones de la población. Hay libertad de prensa. La libertad de creencia y la ideología está garantizada en la Constitución, y ello está legitimado en todas las esferas de la sociedad brasileña. Hay un cuerpo académico en expansión en el ámbito de estudios de política pública, con el fortalecimiento de las agendas de investigación en esta área, con proliferación de la literatura de referencia, el surgimiento de congresos científicos y sociedades profesionales que trabajan con las políticas públicas. Sin embargo, los centros de investigación son todavía un poco invisibles. Según McGann (2013), en Brasil hay un centro de investigación o think tank para cada 2,47 millones de habitantes, por debajo de México (un think tank para cada 1,88 millones de habitantes), y mucho menos que en Argentina (un think tank para cada 304.000 habitantes). Como se demostró, los 82 think tanks brasileños existentes en la actualidad no se identifican como una categoría relevante en el subsistema de la política pública.

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Las universidades, a su vez, son numéricamente muy superiores, e incluso más relevantes en términos de recursos financieros, cantidad de personal y productividad de conocimiento. La relación entre los pocos centros de investigación brasileños y las universidades es de tipo cooperativo. Los centros de investigación dependen de las universidades principalmente en material humano, capital intelectual. Cómo no tienen ingresos constantes y voluminosos, los centros de investigación no logran mantener un cuerpo de investigadores permanente. Consecuentemente, los think tanks buscan los intelectuales de las universidades para colaborar en sus proyectos, seminarios y publicaciones. Cómo se demostró, no se identifica competencia entre los centros de investigación y las universidades pues las fuentes de recursos son diferentes, y hay un espacio creciente para investigadores de políticas públicas en ambos ámbitos: universitario (investigación teórica) y de centros de investigación (investigación aplicada). La intensidad de las relaciones entre centros de investigación y universidades es variable, de acuerdo con la edad del centro de investigación. El IPEA tiene 40 años de existencia, su origen es vinculado a universidades brasileñas y extranjeras, y mantienen actualmente un abanico de cooperaciones con universidades públicas y privadas en Brasil. El CEBRI también tiene una intensidad de relación clasificada como “esencial”, ya que tiene universidades como aportantes financieras, y comparten espacio para eventos y cursos. El IFHC está construyendo relaciones con las universidades, pero esta relación aún puede ser clasificada como superficial. Una conclusión general sobre la intensidad de

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relaciones entre centros de investigación y universidades brasileñas demanda investigación con más organizaciones investigadas. En cuanto al enfoque de las relaciones, se puede decir que incluyen proyectos de investigación, cursos de corta duración, publicaciones, seminarios y debates. En pocas palabras, el enfoque está concentrado en la producción y divulgación de conocimiento aplicado a políticas públicas. Finalmente, la frecuencia de la relación fue clasificada como intermitente para CEBRI y IFHC, y permanente para el IPEA. Cómo conclusión adicional, se puede decir que hay una dependencia de los centros de investigación brasileños con relación a las universidades. Sin la sección de intelectuales de las universidades, los centros de investigación tendrían dificultades para realizar sus investigaciones con su personal. Las universidades, concreta y simbólicamente, representan el estoque de cerebros en Brasil. Cuando un medio de comunicación necesita de opinión imparcial y técnicamente cualificada para el análisis de una noticia, busca prioritariamente un profesor universitario. La credibilidad que ofrece un profesor universitario es, de manera general, más sólida que un miembro de instituto privado de investigación. Eso también es reflejo de la falta de identidad de los centros de investigación, y la poca madurez de la investigación aplicada a política pública en Brasil. Este estudio presentó una fotografía de la relación de estas dos organizaciones productoras de conocimiento aplicado a la política pública. Existe una relación desigual, pero cooperativa. Una relación de dependencia, sobre todo por la parte

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de los centros de investigación. A menudo una relación de tipo intermitente, que depende del contacto personal informal de los líderes de centros de investigación con sus colegas profesores e investigadores universitarios. Una relación que desencadena seminarios, cursos, informes y muchos otros medios disponibles para producir y divulgar conocimiento práctico de política pública. Para que esta relación pueda ampliarse y ayudar a los gobernantes y a la sociedad civil a mejorar sus políticas públicas son necesarios: el fortalecimiento de los centros de investigación, la desburocratización de las universidades, y el reconocimiento de la esencia del área multi-disciplinaria de la política pública. Según, Lasswell (1951), la esencia de esta área es la multidisciplinariedad, la investigación normativa, y el compromiso con la solución de los problemas públicos concretos de la actualidad.

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8. Acerca de los Autores Leonardo Secchi tiene un doctorado en Estudios Políticos - Università degli Studi di Milano, Italia 2008. Se ha desempeñado como Investigador visitante en la J. F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard, Estados Unidos en 2007. Fue Investigador visitante en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, España en 2006, además de haberse desempeñado como asistente de investigación en el Boston Municipal Research Bureau en 2007 en Estados Unidos. Fue Presidente de PVBLICA – Instituto de Políticas Públicas, Florianópolis – Brasil y en la actualidad hace post doctorado en Análisis de Políticas Públicas en la Universidad de Wisconsin – Madison, Estados Unidos. Letícia Elena Ito es investigadora del Grupo Callipolis – Políticas Públicas y Desarrollo, de la Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), y del think tank PVBLICA, Florianópolis, Brasil.

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Colombia

Andrés Felipe Gómez

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Estudio país: Colombia

1. Introducción En la sociedad del conocimiento cualquier esfuerzo por elevar el nivel de vida de las personas pasa por preguntarse cómo y para qué generamos conocimiento. En América Latina, al menos desde la segunda mitad del siglo veinte, estas preguntas suponen el escrutinio de dos actores clave: los centros de investigación o centros de pensamiento y las universidades. Se entiende por centros de investigación a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la investigación aplicada en políticas públicas (Grupo FARO, 2013). El universo de casos que cabe dentro de esta definición es muy variado, lo que permite dar cuenta de la heterogeneidad de funciones que caracterizan a estas organizaciones. Este trabajo intenta resolver la pregunta ¿cómo y por qué se relacionan centros de pensamiento y universidades en Colombia? Resolver esta pregunta es un esfuerzo por aportar a la comprensión de los procesos de formación de conocimiento desde la sociedad civil, específicamente aquel conocimiento que intenta informar y mejorar el impacto de las políticas públicas. En esta medida, el presente estudio hace parte de una tradición académica prolífica: el análisis de las relaciones Estado-sociedad. En adelante, esta sección introduce los centros de investigación analizados, rastrea el contexto en que se relacionan

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con las universidades, y describe el estado actual de los principales indicadores de la producción de conocimiento en Colombia. Se intentará demostrar que los centros de pensamiento en Colombia no surgen de una reacción al decaimiento del aparato estatal, como sugiere la literatura respecto a otros países de la región.

2. Casos de Estudio Este estudio se basa en el análisis de cuatro centros de investigación en Colombia y se presenta como un estudio de caso con varias observaciones de máxima similitud. Esta similitud esta dada por tres convergencias: la preparación académica de los investigadores, la influencia aparente (percibida) de su trabajo en las políticas públicas y su énfasis en la producción de conocimiento. De acuerdo con su definición más minimalista los estudios de caso son observaciones extensas para identificar la covarianza de una unidad de análisis y a través de ello elucidar las características de una muestra más amplia de fenómenos similares (Gerring, 2004: 342)1. Regularmente, la selección de casos no pretende ser una muestra representativa. Luego, este estudio da pistas sobre el universo de centros de pensamiento en Colombia pero no apunta a proveer generalizaciones al respecto. Para llevar a cabo el estudio se realizaron 18 entrevistas a profundidad a través de las cuales se rastrea la historia de la organización, sus intereses, ideales, productos, relaciones con otros actores y sus proyecciones a futuro. De un universo creciente de centros de 1

Traducción libre del autor.

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investigación se eligió al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), al Centro de Investigación y Educación Popular - Programa por la Paz (CINEP), a la Corporación Visionarios por Colombia (Corpovisionarios), y a la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo)2. Existen otros centros de investigación que también formarían parte de este conjunto; se destaca el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Ideas para la Paz y FESCOL, los cuales cuentan con excelentes equipos de trabajo y una vocación clara por informar la política pública. Sin embargo las restricciones del estudio redundaron en la delimitación de casos propuesta. En el mismo sentido, dada la pregunta de investigación, se descartaron los centros de investigación directamente asociados a las universidades, como el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes o el Instituto de Estudios Sociales y Culturales (PENSAR) de la Universidad Javeriana.

No todos los centros de investigación aludidos en este trabajo hacen parte del popular ranking de think tanks que realiza James McGann a través del Think Tank and Civil Society Program de la Universidad de Pennsylvania3. Algunas observaciones a este ranking incluyen: el listado incluye a organizaciones como el Open Society Foundations, Amnistía Internacional y Transparencia Internacional, que no se definen a sí mismos como centros de investigación o think tanks, pero que además tienen funciones claramente distintas (Mendizabal, 2011; Buldioski, 2010); segundo, la mencionada lista incluye organizaciones como el Centro de Pensamiento Primero Colombia, del ex-presidente Uribe Vélez, que se dedica exclusivamente a la difusión de ideas políticas y al análisis de la realidad nacio2 3



Ver: Recuadro 1 Centros de investigación y Anexo A Lista de entrevistados Ver: http://gotothinktank.com/

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nal, mas no a traducir estudios científicos en clave de política pública, que es el requisito básico establecido por MacGann (2009); y tercero, el listado se compone de las organizaciones que expertos postulan. En la práctica esto implica que los centros incluidos no son necesariamente los mejores sino los más conocidos. Para el caso de Colombia, organizaciones tan importantes como Cinep y Dejusticia están excluidas del ranking.

3. Presentación General de Centros de Investigación Antes de analizar las relaciones entre centros de investigación y universidades vale la pena explorar algunas características que definen el accionar de los primeros. En adelante miraremos la inclinación disciplinar de cada centro, su nacimiento como organización social, los tipos de actores con los que interactúan, y las formas de financiación a las que apelan. Es este el primer paso para una posible tipología de centros de investigación en Colombia. a) Enfoques Los centros de investigación seleccionados tienen un enfoque disciplinar muy definido. En otras palabras, analizan la realidad desde una disciplina académica bien delimitada, con un aparato conceptual establecido, metodologías de investigación específicas, inquietudes y sesgos particulares. Esto representa una ventaja, pues denota la rigurosidad en el análisis y la posibilidad de entrar en diálogo con la academia. En Dejusticia se trabaja predominantemente desde el derecho o las ciencias jurídicas. En esa medida se privilegia el

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análisis de instituciones formales para abordar problemas tan variados como la libertad de genero, la economía minera y la distribución de la tierra. Este tipo de análisis permite que sus recomendaciones de política sean inteligibles para los formuladores de política, pues se hacen en un lenguaje jurídico-institucional familiar a los funcionarios públicos. En Corpovisionarios predomina un análisis arraigado en la ciencia política y la filosofía analítica. Partiendo, entre otros, de los aportes epistemológicos de Jon Elster sobre las motivaciones de la acción individual, Corpovisionarios se ha especializado en la medición de cultura ciudadana. Adicionalmente, la experiencia de Antanas Mockus y su equipo en la Alcaldía de Bogotá le permite tener un conocimiento privilegiado del comportamiento del aparato estatal al nivel de las grandes ciudades capitales. Esto redunda en recomendaciones de política “realizables” y con antecedentes en la administración pública. Fedesarrollo está fuertemente arraigado en las ciencias económicas. Esto se refleja tanto en los métodos de investigación cuantitativos (específicamente econométricos), como en las preguntas de investigación, que privilegian el análisis costo-beneficio, de sostenibilidad del gasto, y de eficiencia administrativa, entre otros. Este acercamiento les ha permitido entrar en un diálogo privilegiado con ciertos sectores del Estado que comparten los mismos métodos de trabajo, como el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación. Consecuentemente, sus recomendaciones de política son especialmente sensibles al lenguaje, los recursos y la estructura del Estado.

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Finalmente, Cinep es una excepción interesante. En este centro no predomina ningún enfoque disciplinario. Se pueden encontrar trabajos típicamente antropológicos, sociológicos, politológicos e historiográficos. Hay un énfasis importante en la metodología de investigación-acción, por lo que buena parte de sus proyectos de investigación suponen un grado significativo de intervención con comunidades para promover el desarrollo local. Este énfasis participativo es quizás el gran logro del Cinep pero también lo que más los aleja a la hora de informar la política, pues los hacedores de política generalmente no apelan al enfoque participativo y por lo tanto su lenguaje les resulta extraño y costoso (en tiempo y recursos). A pesar de esto, el Cinep tiene una larga experiencia apoyando la única política de paz del Estado colombiano que se ha mantenido por al menos cuatro gobiernos: los programas de desarrollo y paz. b) Historia La evidencia sobre el surgimiento de los centros de investigación en Colombia contrasta con la literatura consultada. Algunos autores clásicos en la literatura sobre think tanks han propuesto que el nacimiento de los centros de pensamiento en América Latina está directamente relacionado con: a) fallas estatales, concretamente la desintegración burocrática y la subsecuente incapacidad para proveer soluciones de política; b) la crisis universitaria, expresada en la aplicación de los valores neoliberales a la administración del sector; y c) la represión estatal, que se refleja en la cooptación de espacios universitarios por los militares, especialmente en el cono sur (Levy, 1995; Arocena & Sutz, 2001). Partiendo de esta literatura otros autores han intentando incluir el caso colombiano en el conjunto de experiencias donde el surgimiento de los centros de pensamiento

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es producto de la “ola democratizadora” y las reformas neoliberales de los años 80 (Botto, 2011: 3)4. Sin embargo, la evidencia empírica obtenida en las entrevistas no parece revalidar estas proposiciones. La trayectoria del surgimiento de centros de investigación en Colombia no coincide con las tipologías propuestas para el resto de la región. De hecho, los centros consultados nacen en periodos institucionalmente muy distintos. El CINEP es la evolución del Centro de Investigación y Acción Social, una iniciativa de los Jesuitas durante los años sesenta que se implementó a lo largo y ancho de América Latina y que aún sigue vigente5. Esta fue la época del Frente Nacional, una coalición de los partidos liberal y conservador que reemplaza al régimen militar y acaba parcialmente con la violencia partidista de los años previos, pero que también cierra el sistema político, creando lo que Liphart (1969) llamó una democracia “consorciacional” o pacto entre élites políticas. Por su parte, Fedesarrollo es una iniciativa que nace en los años setenta, una vez terminado el Frente Nacional y cuando explotó la crisis del Estado interventor y surgió el nuevo liberalismo económico. Al nacimiento de ambos centros lo preside una larga tradición de Misiones de Expertos que desde 1923 harían presencia en el país para formular recomendaciones de política fiscal, monetaria, agraria, para modernizar la administración pública y para disminuir la pobreza6. Esta tradición sugiere (a manera de hipóte-

4

5 6

Botto hace una periodización bastante cuestionable del conflicto armado colombiano. Para ver periodizaciones generalmente aceptadas ver: Oquist (1978), Pecaut (2001) o Gutierrez (2007). Ver:FundaciónCentroGumilla,http://www.gumilla.org/?p=page&id=12269488829927 Entre otras: La primera Misión Kemmerer en 1923 creó el Banco de la República y la Contraloría. La segunda Misión Kemmerer en 1930 modifica la administración de impuestos, en especial el impuesto predial. La Misión Currie, que es la primera Misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (actual Banco Mundial) propone reformas tributarias para incentivar el uso productivo de la tierra. La Misión de la CEPAL en 1954 se enfoca exclusivamente en el tema agrario. Y la Misión Lebret provee un panorama bastante desolador del estado de la pobreza en el país en 1955.

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sis de trabajo) la existencia de una disposición estatal por oír a los expertos y diseñar políticas públicas bien informadas. En contraste, Dejusticia y Corpovisionarios son fenómenos más recientes que están embebidos en el sistema garantista que instaura la Constitución del 91. Por un lado, Dejusticia nace en 2003 como un intento por trascender la reflexión pasiva que transcurre en la academia. De esta manera, sin dejar la investigación, incorpora al repertorio de actividades la transmisión de conocimiento y la acción legal focalizada. Por su parte, Corpovisionarios pasa de ser la plataforma política de Antanas Mockus para convertirse en 2006 en un centro de investigación volcado al análisis y la difusión de la cultura ciudadana. Este último se nutre de las experiencias de Mockus como alcalde de Bogotá para difundir mecanismos no tradicionales que promueven comportamientos pro-sociales (i.e. cooperación, altruismo, cumplimiento de reglas, etc.). Algunos comentaristas sugieren que existe alguna relación entre la “tradición democrática, civilista y jurídica colombiana” y el surgimiento de los centros de investigación. Dicha tradición alude exclusivamente a cuestiones procedimentales, o sea, da cuenta de la existencia de política competitiva (elecciones) y un aparato judicial medianamente independiente a lo largo de los últimos 60 años. Cosa que no ocurrió en el resto del sub-continente (con excepción de Costa Rica). Mas no alude a otros componentes intrínsecos a la democracia liberal, como son el respecto por los derechos sociales, civiles y políticos7. En otras palabras, la 7

El PNUD describe la democracia liberal de la siguiente manera: “Sostenemos que la democracia es más que un conjunto de condiciones para elegir y ser electo, al que llamamos democracia electoral. También es, como lo hemos señalado, una manera de organizar la sociedad con el objetivo de asegurar y expandir los derechos, de los cuales son portadores los individuos. Este segundo aspecto es lo que define la democracia de ciudadanía.” (PNUD 2004: 56). Incluso utilizando la definición minimalista de democracia que proponen MacAdam, Tarrow y Tilly (2001), según la cual la democracia es aquel orden donde el gobierno escucha las preferencias ciudadanas y protege la expresión de preferencias impopulares (protected consultation), difícilmente se podría hablar de la “tradición democrática colombiana”.

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excepcionalidad política colombiana es una realidad bien documentada, pero la existencia paralela de clientelismo y violencia política han impedido que ella se traduzca en una democracia ejemplar8. A pesar de sus problemas de consistencia, el índice de derechos políticos y civiles de Freedom House refleja la compleja trayectoria reciente de la democracia colombiana. Entre 1972 y 1987 Colombia tiene mejor desempeño democrático que el promedio suramericano, lo cual se entiende dado que hace 30 años solo Colombia, Costa Rica y Venezuela eran democracias (PNUD, 2004). Sin embargo, cuando la democracia se volvió la regla al finalizar los 80s, los índices de derechos civiles y políticos en Colombia se ubican por debajo de la media regional (ver Figuras 1 y 2) (DNP, 2010). De esta manera, hace más de 20 años que Colombia tiene indicadores de democracia rezagados con respecto a la región. Si a lo anterior le sumamos que ningún entrevistado se refirió a las bondades institucionales en relación con su actividad investigativa, no es posible sugerir un vínculo causal (negativo o positivo) entre democracia y centros de pensamiento en el caso colombiano.

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Robinson (2005; 2013) aborda la paradójica coexistencia de excepcionalidades y continuidades en Colombia, concluyendo que parte de la respuesta está en el tipo de dominio indirecto que ha ejercido el Estado central.

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1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981/1982 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981/1982 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figura 1 Índice de derechos civiles en Colombia en relación a Sur América

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Colombia

Colombia Promedio Sur América

Fuente: Freedom House, 2009

Figura 2 Índice de derechos políticos en Colombia en relación a Sur América

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Promedio Sur América

Fuente: Freedom House, 2009

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c) Interacción con Otros Actores Los centros de investigación interactúan con una gran variedad de actores sociales. Solamente en el área de estudios para la paz, el Cinep se relaciona con agencias del Estado como el Departamento Nacional de Planeación, con agencias de cooperación internacional como la alemana GIZ, y con empresas mixtas como Ecopetrol e Isagen. Todas las anteriores contribuyen con Cinep a fortalecer los programas de desarrollo y paz que surgen a mediados de los años noventa9. Por su parte Fedesarrollo realiza investigaciones para gremios económicos como la Federación Nacional de Cafeteros, organizaciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, empresas privadas como la cementera Argos y contratistas de los cooperantes internacionales como AECOM. La cantidad de interlocutores que tienen Cinep y Fedesarrollo da cuenta de la magnitud de su operación como centros de pensamiento. Por su parte, Dejusticia ha forjado una estrecha relación con la Fundación Ford y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), y también ha trabajado con el Open Society Foundation. Finalmente, Corpovisionarios realiza investigaciones y encuestas periódicas con las Alcaldías de Bogotá, Medellín y Barranquilla; también ha trabajado en las estrategias de responsabilidad corporativa de empresas locales como Alpina y Ecopetrol, y ha extendido su radio de acción hasta Ecuador, México, Brasil y Uruguay, desarrollando mediciones de capital social y cultura ciudadana. Alrededor de estos temas también han trabajado recientemente con el Banco Interamericano de Desarrollo. 9

Ver: Red Prodepaz, http://www.redprodepaz.org.co/programas-de-desarrollo-y-paz

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Los distintos actores con los que se relacionan los centros de investigación, especialmente Fedesarrollo, Cinep y Corpovisionarios, dan cuenta de una importante tradición filantrópica en el país. Esta tradición se refleja al menos en dos componentes. Primero, una agencia estatal exclusivamente dedicada a la coordinación y promoción de estas organizaciones: la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Y segundo, el hecho de que la larga trayectoria filantrópica haya contribuido a la creación de importantes instituciones sociales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje y las Cajas de Compensación (Gutiérrez, Avella & Villar, 2006: 16). En términos comparados, Colombia es reconocido en la región como uno de los países con mayor músculo filantrópico, reflejado en el número total de fundaciones dedicadas al tema (Gutiérrez, Avella & Villar, 2006). A pesar de lo anterior, hoy por hoy existe cierto escepticismo respecto al verdadero impacto de la filantropía y uno de sus principales correlatos, la responsabilidad social empresarial (RSE). En un libro reciente, Toca, Grueso & Carrillo (2013) sostienen que no encontraron ninguna empresa nacional o extranjera que aplique correctamente los principios de la RSE. Por el contrario, se encuentran con empresarios que asocian la RSE al cumplimiento de la legislación laboral o a la creación de empleo (La República, 2013). En todo caso, la investigación permite corroborar que en Colombia existen empresas como Ecopetrol, OXY y Asocaña, que han acudido a Corpovisionarios y Fedesarrollo para que estos diseñen sus políticas de RSE y asesoren en su implementación.

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d) Formas de Financiación Lo dicho hasta ahora sobre las disciplinas, los orígenes y los actores que se relacionan con cada centro de investigación refleja una característica típica de estas organizaciones en América Latina: la hibridez (Mendizabal, 2009). La hibridez alude a la multiplicidad de funciones y mecanismos de operación que tienen organizaciones aparentemente similares. En Colombia esta hibridez tiene un doble componente. Por un lado, se expresa en los distintos equilibrios entre investigación-acción a los que llega cada centro. Definir este lugar es una tensión permanente para cada organización y presumiblemente depende de las percepciones dinámicas que cada una tiene sobre su rol en Colombia. Como era de esperarse, ningún centro está plenamente volcado sobre uno u otro extremo. En distintos grados y formas cada uno combina actividades de reflexión y acción. Por otro lado, y a pesar de que todos los centros se constituyen legalmente como organizaciones sin ánimo de lucro, la hibridez se expresa en la diversidad de formas de financiación. Unos dependen altamente de la comisión de estudios individuales por parte de organizaciones externas, otros han logrado financiación “institucional” o permanente de parte de donantes internacionales, mientras que otros apelan más regularmente al apoyo que provee el Estado. De cualquier forma, no hay una única fuente de financiación. Respecto a la financiación con recursos del Estado, y como se verá más adelante, las universidades han sido las grandes beneficiarias. Y esto ocurre porque los términos de referencia de las convocatorias tienden a beneficiar a candidatos que

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puedan respaldar con sus activos los montos de las licitaciones. Cuando estos montos son muy grandes, los centros de investigación están en inferioridad de condiciones frente a las universidades. Esto por su parte ha generado más procesos de cooperación que se competencia, pues centros de investigación y universidades han creado vínculos para aplicar conjuntamente a estas licitaciones. Aún así, esto representa una dificultad para el acceso a recursos estatales por parte de los centros. Finalmente, y aunque no es un tema crítico, la financiación es una preocupación creciente. Al posicionarse Colombia como un país de ingreso medio-alto, incluso al punto de convertirse en cooperante sur-sur, los donantes internacionales se han visto forzados a redirigir sus recursos a otros países. Como resultado de esta diáspora los centros de investigación encuentran una creciente dificultad para mantener o ampliar recursos que financien su operación (Brodzinsky, 2013). Responder a este nuevo contexto económico sin perder la independencia constituye uno de los principales retos de los centros de investigación en Colombia.

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Recuadro 1 Centros de investigación

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia: Fundado en 2003 (en 2005 empieza a operar) Temas principales de investigación: antidiscriminación, derechos sociales, sistema judicial, estado de derecho, justicia transicional y justicia ambiental. Cantidad de investigadores: 26 Página web: http://www.Dejusticia.org/

Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz – CINEP-PPP Fundado en 1972 Temas principales de investigación: conflicto y paz, desarrollo, movimientos sociales, derechos humanos, construcción de estado, educación para la paz, estudios para la paz, memoria y reconciliación. Cantidad de investigadores: 15 Página web: http://www.cinep.org.co/

Corporación Visionarios por Colombia – Corpovisionarios Fundado en 2000 (en 2006 adquiere carácter de centro de pensamiento) Temas principales de investigación: cultura ciudadana Cantidad de Investigadores: 26 Página web: http://Corpovisionarios.org/

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo Fundado en 1970 Temas principales de investigación: Transporte urbano, descentralización, salud, política fiscal, desarrollo productivo, crecimiento económico, sector mineroenergético y pobreza. Cantidad de investigadores: 57 Página web: http://www.fedesarrollo.org.co/

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4. Contexto

a) Evolución Institucional ¿Cuál es el contexto institucional en el que surgen los centros de investigación y se relacionan con las universidades? De manera interesante, la literatura historiográfica que aborda el problema de la formación de la ciencia en Colombia puede proveer algunas pistas al respecto. La historia de la ciencia en Colombia registra los hechos ocurridos después del descubrimiento de América. La literatura consultada da cuenta de la manera en que la “Expedición Botánica” representa el hito fundacional de la ciencia en Colombia, y de cómo a partir de ella surge la primera camada de criollos ilustrados que se vuelcan sobre el estudio de la botánica y la geografía (Melo, 1986; Obregón, 1994). De estos ilustres, Francisco José de Caldas crea el “Semanario del Nuevo Reino de Granada” y le atribuye las mismas funciones que tendría hoy un centro de investigación: “una publicación que debería servir, mejor que la cátedra, para la tarea de difundir las ‘luces’ y propiciar estudios sobre las materias relacionadas con la correcta administración de los asuntos del virreinato” (Becerra & Restrepo, 1993: 3).

Con propósitos similares, a mediados de siglo XIX el gobierno de la Nueva Granada financia su primer proyecto de investigación social: la “Comisión Coreográfica”. Esta empresa supone una travesía por el territorio nacional con el fin

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de describir sus aspectos geográficos y sociales. Este intento por acceder al territorio y comprender sus órdenes internos es una práctica que hoy mismo se refleja en la actividad de algunos centros de investigación en Colombia. La práctica de la ciencia (o la generación de conocimiento) en Colombia entre el siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XX se juzga esencialmente descriptiva o taxonómica, parroquial (por desconocer la vanguardia internacional) y legitimadora (de presuntos pasados gloriosos y de oficios elitistas) (Becerra & Restrepo, 1993; Melo, 1986). Y es solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el fortalecimiento de las universidades, la consolidación de comunidades académicas y la creación de nuevas agencias del Estado, que la producción de conocimiento en Colombia entra a la modernidad. El hito definitivo de este periodo es la creación de Colciencias (hoy Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación). Paralelamente nacen programas de maestría en las universidades y surgen los primeros esfuerzos por financiar estudios doctorales de colombianos en el exterior (DNP, 2006: 7). En la década de los 80 la Universidad Nacional vuelca su sistema de investigación hacia las ciencias naturales con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (DNP, 2006: 7). Los años 90 vieron el surgimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT). Y a partir de esta institucionalidad los grupos de investigación han venido creciendo exponencialmente. Según el Departamento Nacional de Planeación (2006), en la primera década del siglo XXI el SNCyT promueve la in-

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vestigación trans e interdisciplinaria con el fin de fortalecer la apropiación social de la ciencia, o sea, el uso de la ciencia por parte del aparato productivo. Este enfoque parece dar en el clavo pues los historiadores de la ciencia en Colombia afirman que el flujo tecnológico y los desarrollos en el sistema educativo han dependido exclusivamente del exterior: “La demanda directa de innovación tecnológica o de conocimiento científico hecha por el sector productivo a los científicos nacionales ha sido ínfima, pues ha podido satisfacerse en forma más rápida y menos costosa mediante la adquisición de esas tecnologías en el exterior” (Melo, 1986: 4).

En este contexto los centros de pensamiento como Cinep y Fedesarrollo han venido creciendo con el fortalecimiento mismo del Estado. Por su parte, Dejusticia y Corpovisionarios nacen en un contexto privilegiado donde los recursos para la investigación en ciencias sociales venían en pleno crecimiento. Se destaca de este proceso el creciente interés de Colciencias por financiar evaluaciones a profundidad de la capacidad real del Estado en todos sus sectores. Como producto de esta iniciativa se han evaluado las políticas de restitución de tierras, de uso de tecnología para descongestionar la justicia y de la penetración institucional del Estado en todo el territorio. En todas estas iniciativas han sido partícipes los centros de investigación en cuestión.

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b) El Presente de la Generación de Conocimiento en Colombia En la sociedad del conocimiento, donde el progreso tecnológico se tiene como condición del desarrollo económico, y por ende del mejoramiento de la calidad de vida, Colombia es un jugador rezagado. En adelante se presentan algunos datos con especial resonancia en este sentido. De esta exposición no se desprende que América Latina, y Colombia en particular, deba acoger la idea de desarrollo económico que subyace a algunos de los indicadores presentados. Si bien la ciencia y la tecnología han dado grandes alivios a la humanidad, la implementación que le han dado los países recientemente desarrollados (China, India, Sudeste de Asia, BRICS) no es alentadora desde el prisma ambiental, y por tanto desde el punto de vista del largo plazo. De esta manera, el mensaje que transmiten los indicadores de ciencia y tecnología es todavía materia de discusión. La inversión en actividades de ciencia y tecnología es muy pobre en Colombia. Mientras que el promedio latinoamericano a 2010 estaba en 1,06%, el de Colombia rondaba el 0,46% del PIB (OBCyT, 2012: 28). En el mismo sentido, el índice de competitividad global establece que Colombia ocupa el puesto 84 en la inversión de empresas en la formación de personal, mientras que Chile y Brasil ocupan el puesto 37 y 33 respectivamente (OCDE & Banco Mundial, 2013: 158). El rezago en la inversión en ciencia y tecnología repercute en los indicadores de producto. Los investigadores por millón de habitantes en Colombia rondan los 115, mientras

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que el promedio de la región es de 225 (UNESCO, 2014). En el mismo sentido, los artículos científicos publicados por cada 100 mil habitantes no llega a siete, mientras que Chile supera los 30, y Argentina y Brasil alcanzan el promedio Iberoamericano superando los 20 (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2014). Finalmente, el número de patentes solicitadas y aprobadas con propiedad intelectual de ciudadanos Colombianos es insignificante, siendo menos de la mitad del promedio regional (OBCyT, 2012: 99). Todo lo anterior se agrava cuando los gobiernos diseñan una estructura industrial basada en la depredación de recursos naturales, cada vez menos dependiente de la mano de obra y la difusión de conocimiento. De acuerdo con Steiner (2011), en la Colombia de 1970 el 51% de la estructura productiva dependía de la extracción de recursos naturales. Tristemente (por todo lo que ello sugiere en términos de capacidad de coordinación del Estado, superación de la pobreza, distribución de la riqueza, desarrollo económico, degradación ambiental, etc.) el porcentaje en el 2000 se eleva a 60%. El recientemente publicado incide de complejidad económica10, desarrollado por Hausmann & Hidalgo (2014) en la escuela de gobierno de Harvard, confirma la trayectoria rentista de la economía colombiana. Esto por demás refleja el desinterés por promover los efectos democratizadores que conlleva el acceso al conocimiento. En la Figura 1 se muestra que en 1962, año en que inicia la segunda presidencia del Frente Nacional, el 89% de las exportaciones colombianas eran de recursos naturales no procesados. 10

El índice intenta medir el “conocimiento productivo” que está presente en la estructura exportadora de un país.

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Principalmente café y crudo. La Figura 2 muestra la misma relación para 1991. En este caso el peso del café y el crudo baja a 55%, pero crece la proporción de otros productos igualmente primarios como las flores y las piedras preciosas. Finalmente, la Figura 3 refleja que en 2010 la composición de exportaciones mantiene su dependencia en los productos primarios no procesados, representando cerca del 68%. En pocas palabras, hay una ausencia de crecimiento industrial en Colombia a lo largo de los últimos 60 años.

Figura 3 ¿Qué exportaba Colombia en 1962?

11% 4%

14%

De café verde y tostado y sucedáneos del café

71%

El petróleo crudo



Algodón bruto



Otros

Nota. Fuente: Hausmann & Hidalgo, 2014.

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Figura 4 ¿Qué exportaba Colombia en 1991? De café verde y tostado y sucedáneos del café El petróleo crudo Plátanos frescos o secos y plátanos

23%

26%

Las demás hullas Flora Los aceites lubricantes derivados del petróleo N.E.S. Piedras preciosas sin montar Las mujeres otras prendas exteriores (1%)

3% 5% 6%

17%

Crustácesos y moluscos (1%) Cloruro de Polivinilo (0,92%)

7%

Libros impresos y mapas (0,79%)

8%

Remolacha azucarera y caña en bruto (0,77%) Maletas y bolsos (0,6%) Otros

Nota. Fuente: Hausmann & Hidalgo, 2014.

Figura 5 ¿Qué exportaba Colombia en 2010?

El petróleo crudo Las demás hullas

33%

De café verde y tostado y sucedáneos del café Plátanos frescos o secos y plátanos

32%

Oro monetario Flora (2%) Ferroaleaciones (2%) Cloruro de Polivinilo (0,92%)

4%

15% 4% 5%

Azúcar refinado (0,86%) Extracto de café o escencias (0,68%) Otros

Nota. Fuente: Hausmann & Hidalgo, 2014.

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Y las perspectivas para cambiar el modelo de desarrollo no parecen promisorias. En la lógica de la tecnología como motor del desarrollo, resulta preocupante que el 63% de los graduados en programas nacionales de maestría se especialice en ciencias sociales, que son menos estratégicas al momento de generar innovación y desarrollo tecnológico. En comparación, las ciencias de la agricultura y las ingenierías suman apenas el 20% de los graduados con maestría (OBCyT, 2012: 34). Así, el pasado y el presente de la producción de conocimiento ligado al sistema productivo y encaminado a mejorar los niveles de vida de los colombianos presentan un panorama desalentador. De hecho las promesas del actual gobierno por incrementar sustancialmente los recursos en este sentido terminaron en un diseño institucional que favorece la mayor dispersión de los recursos en beneficio de clientelas políticas regionales (Revista Semana, 2013; La Silla Vacía, 2012). En este contexto, los centros de investigación apelan a un análisis juicioso y sistemático de la realidad social e institucional que los rodea, pero no pueden hacer más que eso.

Recuadro 2 En datos: la investigación en Colombia Cantidad de centros de pensamiento: Cantidad de Universidades: Número de investigadores por 100 mil habitantes: Número de doctorados: Numero de publicaciones indexadas: Porcentaje del PIB en investigación:

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n.d. 282 en 20111 0,72 en 20102 7.129 a corte 20123 467 a corte 20124 0,18% en 20115

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5. Centros de Investigación y Universidades: ¿Cómo se Relacionan? En adelante se hace un barrido por los cuatro centros de investigación seleccionados. Se profundiza en el análisis de su nacimiento, su estructura organizacional, el tipo de profesionales que los integran, las formas de financiación, su relación con las universidades y los retos que enfrentan en el futuro inmediato. El Recuadro 3 a continuación resume el tipo de relacionamientos encontrados entre universidades y centros de investigación. Se estima que existen seis formas distintas de relacionamiento entre ambas organizaciones y que predominan las asociaciones cooperativas. Se destaca el interés del Cinep por resolver problemas de información a través de la asociación con universidades regionales. Esto contribuye a mejorar los procesos de formación de conocimiento con miras a informar y cualificar las políticas públicas. Se destaca también la disposición de Dejusticia y Fedesarrollo para ayudar en el proceso de formación profesional de sus investigadores. Por su parte, Corpovisionarios mantiene relaciones con algunas universidades y ha sido sistemático en su trabajo con las universidades a la hora de realizar encuestas de cultura ciudadana.

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Recuadro 3 Tipos de relación entre centros de investigación y universidades Tipo

Vínculo

Descripción

contratación de capacidad para entender el entorno

C ßUR

Los centros de investigación se valen de las universidades regionales para entender el entorno socio-político donde aquellos quieren intervenir. Generalmente se hace con financiación de terceras partes, como cooperantes internacionales o agencias del Estado, y aborda temas relacionados con el conflicto armado.

complementariedad

Có U

Se reúnen universidades y centros de investigación para producir conocimiento. Esto ocurre porque a) hay convocatorias que requieren la presencia de universidades, y/o b) cada organización tiene conocimientos diferenciados que se complementan.

semillero

UèC

La relación más estable y determinante ha sido el papel que cumplen las universidades como formadoras de investigadores y plataformas para proyectar a los mismos investigadores en el mercado laboral del sector público y privado. Y aunque la tendencia es decreciente, las facultades de algunas universidades forman vínculos muy estrechos con centros de investigación específicos. Esto impone una identidad académica y disciplinaria muy clara en cada centro de investigación.

promoción de posgrados

C è Upost

Los centros de investigación son plataformas que promueven que sus jóvenes investigadores continúen sus estudios de posgrado en el exterior.

puerta giratoria

C∞U

Los investigadores de algunos centros de investigación también tienen funciones como docentes en las principales universidades de la capital.

competencia

C vs. U

Centros de investigación y universidades compiten por contratos. Esto ocurre primordialmente en aquellos contratos que apelan a un espectro variado de organizaciones, incluyendo consultorías, individuos, grupos o centros de investigación, etc. Y que son ofrecidos mayoritariamente por cooperantes internacionales.

Nota. * C = Centros de investigación; U = Universidades centrales; UR = Universidades regionales; Upost = Posgrados

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a) Dejusticia Dejusticia empieza su operación en 2005. Todos los miembros activos que fundaron Dejusticia son abogados con estudios doctorales en áreas afines al derecho, la política y la economía. Rodrigo Uprimny, su Director, es doctor en economía política y profesor de derecho constitucional en la Universidad Nacional. Helena Alviar es doctora en derecho económico y género, y decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Mauricio García es doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Nacional. Y así sucesivamente. Adicionalmente, algunos de los miembros fundadores han servido como magistrados auxiliares en la rama judicial. La estructura organizacional de Dejusticia está dividida en seis áreas de trabajo: antidiscriminación, derechos sociales, sistema judicial, estado de derecho, justicia transicional y justicia ambiental. En cada una de estas áreas se cuenta con expertos que desarrollan una o varias de las siguientes actividades: i) columnas de opinión en medios impresos y en línea, ii) libros, informes y otras publicaciones, iii) intervenciones públicas, iv) litigios estratégicos y v) formación. Sus publicaciones son ampliamente difundidas y discutidas en el país. Entre otras se destaca su colaboración en el libro “Y refundaron la patria… De cómo los mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano” (2010) y los libros “Justicia transicional sin transición? verdad, justicia y reparación para Colombia”  (2006) y “¿Justicia para todos?  sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia” (2009). Por otro lado, sus litigios estratégicos

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defienden concepciones liberales del derecho y el cumplimiento de la constitución. Sobresalen las demandas contra las restricciones al matrimonio civil de las parejas homosexuales11 y contra la elección de funcionarios públicos cuando quiera que los procesos de selección no cumplan con los requisitos establecidos12. Dejustica es el segundo centro de Investigación en términos de cantidad de investigadores. Sin embargo, por el esquema de financiación por proyectos que opera en estos centros, y por el cual un mismo investigador no está permanentemente activo, este dato es dinámico. Dejusticia nace en 2006 para constituirse en un puente entre la sociedad civil y la academia. Su objetivo es basarse en la producción de conocimiento para intervenir activamente en la sociedad a través de mecanismos pasivos, como son los espacios de opinión en los medios de comunicación, y activos, como son los litigios y la oferta de talleres y diplomados. Esta organización se ve a sí misma como “la ONG con más tendencia a la academia, y el centro de investigación con más tendencia al activismo propio de las ONGs”. Otra manera en que se definen es como un centro de investigación-acción (think-and-do tank). Esta percepción es común a tres de los cuatro centros de pensamiento estudiados. La financiación de un centro de investigación es una labor compleja. Implica un balance delicado entre los intereses de 11 12

Ver: http://www.Dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=antidiscriminacio n&litigio=44. Ver: http://www.Dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=estado_de_ derecho&litigio=92.

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los donantes y los intereses de los donatarios. En Dejusticia se definen periodos entre seis meses y tres años para adelantar estudios específicos. Una vez elegidos los temas se buscan donantes que pudieran estar interesados en financiar la investigación. Por otro lado, cuando llegan ofertas o se abren convocatorias para estudiar ciertos temas, Dejusticia debe encontrar un balance entre sus intereses y los intereses de los financiadores. Este representa un típico proceso de construcción de agenda en el mundo de los centros de investigación. El buen desempeño de Dejusticia le ha permitido pasar de la financiación por proyectos a la financiación institucional por parte de la Fundación Ford. Esto es un salto cualitativo enorme pues garantiza la operación regular de la organización e incrementa la participación de los investigadores principales en las actividades del centro. Respecto a la financiación con fuentes del Estado, especialmente las convocatorias que hace Colciencias, Dejusticia ha expresado que existe una desigualdad creada por los requisitos para concursar. Aunque no es enteramente claro cómo opera el mecanismo, lo cierto es que existen unos indicadores que los centros no pueden cumplir. Al medir la contabilidad de las organizaciones, estos indicadores tienden a beneficiar a las universidades grandes, que siempre van a disponer de mayores índices de liquidez y patrimonio. Es probable que el diseño institucional de estas convocatorias no privilegie a las universidades por razones estratégicas, sino por pura casualidad o simplemente por falta de reflexión en este sentido. La relación entre Dejusticia y las universidades adquiere al menos tres formas distintas. Las primeras dos formas aluden a una relación indirecta como receptor de capital

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humano y formador de capital humano. Primero, las universidades son los semilleros de donde surgen los futuros investigadores de Dejusticia. Esto no es obvio, pues los centros bien podrían contratar menos personas con más experiencia. Sin embargo, hay una apuesta clara por reclutar y formar nuevos talentos. Esta primera forma de relacionarse tiene una particularidad que se repite en todos los centros estudiados: existe una afiliación disciplinaria y una afiliación universitaria muy clara. De esta forma, los investigadores no solo tienden a ser abogados y economistas, sino que también tienden a ser egresados de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. La segunda forma que adquiere la relación ocurre cuando Dejusticia se convierte en plataforma para que sus investigadores comiencen estudios de posgrado en universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos. Esto ocurre precisamente porque los investigadores principales de Dejusticia mantienen conexiones estrechas con la academia internacional. Finalmente, la tercera forma de relacionarse se puede expresar como una “puerta giratoria”, en el sentido de que los investigadores principales y asistentes son paralelamente profesores universitarios en Bogotá. Esto contribuye a identificar los buenos estudiantes que podrían pasar a las filas de Dejusticia, pero también provee a los investigadores de un espacio ideal para confrontar y mejorar sus propias ideas antes de llevarlas de vuelta a Dejusticia. El reto más visible de Dejusticia es quizás mantener su nivel de producción intelectual y sus intervenciones en la sociedad al tiempo que los recursos de cooperación escasean. Sin embargo, también existen otros retos que demandan cierto

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compromiso con el país. Por ejemplo, es importante que los asistentes de investigación, a quienes los investigadores principales ayudan a ubicar en universidades extranjeras, no se conviertan en cerebros fugados. No es claro cómo resolver este problema, pero soluciones como las que propone Colciencias13 y Open Society Foundation14 podrían ser exploradas. Dichas instituciones han montado programas para financiar los costos laborales de los investigadores que vuelvan a su país de origen y se empleen en institutos de investigación como centros de investigación y universidades. Esto representa un alivio financiero para los institutos, pero también una oportunidad para que los investigadores aporten sus conocimientos en el contexto local. Por otro lado, uno de los problemas identificados en centros de investigación en otras latitudes es que los investigadores venden un mismo producto varias veces: a un privado, al Estado y a una universidad. Por la posibilidad misma de hacer presencia laboral en todos estos escenarios simultáneamente. Es difícil pensar que Dejusticia entre en este régimen de depredación, sin embargo, reflexionar sobre la práctica ya crea “puntos de decisión” para evitar la tentación. Finalmente, sería interesante que el área educativa o de transmisión de conocimiento de Dejusticia se fortaleciera15. La oferta de diplomados en justicia transicional, género y violencia, y derechos de propiedad sobre la tierra, entre otros, resultan estratégicos para Colombia.

13 14 15

Ver: http://estiempodevolver.com/es/index.asp. Ver: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/think-tank-young-professional-development-program. Ver: http://www.Dejusticia.org/index.php?modo=seccion&tema=justicia_ transicional&tipo=formacion.

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b) CINEP Junto con Fedesarrollo, el Cinep es el centro con más experiencia en el sector. Es de rescatar que varios de sus investigadores llevan más de un cuarto de siglo trabajando allí, gracias a lo cual cuenta con recursos invaluables tales como grandes y detalladas bases de datos sobre movimientos sociales y violencia, un historial envidiable de publicaciones en múltiples formatos y enorme experiencia en el trabajo de campo. Entre otros, se destacan investigadores como Fernán González, politólogo con estudios doctorales en la universidad de Berkeley; Ingrid Bolívar, politóloga; Martha Cecilia García, socióloga con estudios doctorales en curso; y Luis Guillermo Guerrero, teólogo con estudios doctorales en educación. El Cinep divide su estructura en dos grandes programas y tres estrategias de trabajo. Un programa se llama “Luchas sociales y derechos, y el otro se denomina Estado y desarrollo”. En cada programa hay varios proyectos que se movilizan a través de tres estrategias de trabajo: i) acompañamiento y educación, ii) investigación, e iii) incidencia y comunicación. El conjunto de proyectos incluye temáticas sobre conflicto y paz, desarrollo, luchas sociales, derechos humanos, construcción de Estado, atención y reconciliación a las víctimas del conflicto, educación para la paz y memoria histórica. En cada uno de estos temas hay un ejercicio colaborativo en el que varios investigadores aportan simultáneamente. Las publicaciones del Cinep son numerosas e influyentes, por lo que es difícil rescatar una en particular. El libro “De la nación fragmentada a la construcción de Estado” (2003) introduce

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la idea de la presencia diferencial del Estado en Colombia; la revista “Cien Días” presenta artículos de investigación sobre temas de coyuntura nacional; y la revista “Controversia”, publica ensayos de corte esencialmente académico. Cinep es quizás el centro de investigación con mayores contactos con organizaciones nacionales e internacionales. A nivel doméstico el Cinep hace parte de la junta directiva de varias corporaciones de desarrollo y paz, que son organizaciones de la sociedad civil que surgieron por todo el país a mediados de los años 90 con el propósito de generar un proceso de resistencia pacífica y desarrollo alternativo frente a los actores del conflicto armado y las dinámicas de depredación económica y social que imponen. Estas organizaciones, que surgieron espontáneamente y después se potenciaron con la ayuda de la comunidad jesuita en el Magdalena Medio, han recibido el apoyo económico y logístico de la Unión Europea. Algunas de estas organizaciones son la Corporación del Magdalena Medio, Prodepaz y Cordepaz. A nivel internacional el Cinep tiene redes de apoyo en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo y el International Land Coalition, entre otros. Junto con el Servicio Jesuita para los Refugiados y el Instituto Mayor Campesino, el Cinep hace trabajo académico aplicado. Todas estas organizaciones tienen origen en la comunidad jesuita en Colombia, inspirada por el activismo religioso de San Ignacio de Loyola. Esta influencia se ha expresado en el análisis, seguimiento y fortalecimiento de los procesos noviolentos de resistencia y desarrollo social, así como en el

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apoyo a varias causas sociales y políticas asociadas a la defensa de los ciudadanos más vulnerables del país. El Cinep es el centro con menor afiliación universitaria y académica. Así, mientras los otros centros de pensamiento estudiados tienen fuertes vínculos con la Universidad Nacional y/o de los Andes, y además tienden a reclutar investigadores de ciertas disciplinas, el Cinep es mucho más heterogéneo en el espectro de disciplinas desde las cuales trabaja y en el tipo de universidades con que entabla relaciones. Existen al menos dos formas a través de las cuales el Cinep se relaciona con las universidades en Colombia. La primera y más novedosa es la relación que sostiene con las universidades regionales. Gracias a la financiación del Banco Mundial y Ecopetrol, entre otros, el Cinep ha contratado el servicio de universidades regionales para que provean un diagnóstico sobre el contexto sociopolítico en que operan los programas de desarrollo y paz. Lo más interesante de esta relación es que supone el reconocimiento de que espacios de producción de conocimiento como las universidades regionales (menos vanguardistas, pero más heurísticos), son los únicos capaces de proveer un entendimiento profundo de un territorio dado. Las entrevistas sugieren que la mirada de las universidades bogotanas sobre lo regional es esencialmente teórica, y por tanto aporta mucho menos contenido para reflexionar y diseñar intervenciones de política. ¿Por qué son tan importantes las universidades regionales para entender la realidad social de la periferia colombiana? El proceso de construcción de Estado en Colombia está determinado trágicamente por su fragmentación territorial. Dinámicas históricas y sociales han impedido que el Estado

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supere las dificultades geográficas y consolide su presencia en todo el territorio. Los efectos de este problema han sido relativamente bien estudiados en términos de la capacidad coercitiva del Estado, incluyendo la recaudación de impuestos y el ejercicio de la ley, pero resulta interesante revelar cómo esta fragmentación territorial también se representa en el ámbito de la producción de conocimiento: las universidades en Bogotá, en ausencia de sistemas de información, burocracias profesionalizadas, rutinas administrativas predecibles, o simplemente por los enormes costos que implica llegar a un territorio apartado, carecen de la capacidad para desentrañar muchísimas dinámicas sociales que ocurren afuera de la capital. Conscientes de esta situación, el Cinep ha establecido relaciones con la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona, al nororiente del país en la frontera con Venezuela; con el Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, en el suroriente; y con la Universidad de Córdoba, en la región del Magdalena Medio. En algunos casos el vínculo es de carácter informal y responde a lo que alguno de los entrevistados denominó una “colaboración solidaria”. De manera interesante el surgimiento de iniciativas locales de construcción de paz a mediados de los años 90 parece influenciar el auge de centros de investigación en las universidades regionales. Algunos ejemplos son el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú (Cespo), el Observatorio para el Desplazamiento de la Universidad de Cartagena y el Programa de Desarrollo Integral para el Darién de la Universidad de Antioquia. Por

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otro lado, y este es un fenómeno que merece más desarrollo, el surgimiento de consorcios de centros de investigación parece estar asociado al creciente interés del Estado por avanzar en la comprensión de las dinámicas regionales. El Observatorio colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado  (Odecofi) y el recientemente creado Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, son ejemplos sobresalientes. Otra forma de relacionamiento tiene que ver con el reclutamiento de jóvenes investigadores. A diferencia de Dejusticia, esta relación no depende de la actividad docente de los investigadores principales, ya que Cinep ha logrado que buena parte de sus investigadores tengan una dedicación de tiempo completo. En cambio, el reclutamiento se da a través de convenios formales para que los estudiantes adelanten sus pasantías. El desplazamiento de los recursos de cooperación hacia afuera de Colombia representa uno de los principales retos del Cinep. ¿Cómo mantener el ritmo de producción académica y activismo sin el apoyo financiero de los donantes internacionales? Cinep tiene buena experiencia en la formulación de proyectos que terminan siendo generosamente financiados por el Estado, por ejemplo Odecofi. Sin embargo, esto puede no ser suficiente, pues no es realista creer que el Estado será un gran financiador de centros de investigación en el futuro inmediato. Finalmente, sería interesante que el Cinep estreche las relaciones con las universidades regionales al tiempo que pone más énfasis en presentar sus resultados de investigación en

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clave de políticas públicas. Este lenguaje supone la producción de documentos de política que sean accesibles y generen un diálogo más dinámico y reactivo con los sectores del Estado encargados del diseño de políticas. De igual forma, sería muy interesante que el Estado y las universidades aprendieran de los principios de investigación-acción que aplica Cinep. En pocas palabras, el uso de estos principios promueve un proceso de producción de ciencia mucho más participativo, dando cuenta de subjetividades y realidades complejas. c) Corpovisionarios Corpovisionarios se construye alrededor de una persona: la figura de Antanas Mockus. Mockus es matemático y filósofo, fue alcalde de Bogotá en dos ocasiones y precandidato a la presidencia en dos ocasiones. Ello no impide que otros miembros del centro jueguen un papel fundamental. Se destacan Henry Murraín, filósofo y candidato a PhD; Alejandra Ariza, sicóloga con maestría en Ciencias Sociales; y María Isabel Patiño, abogada con estudios de maestría y directora ejecutiva de Corpovisionarios. La combinación entre la pulsión reflexiva de Mockus y el pragmatismo de Murraín y Patiño parece ser una fórmula exitosa para la operación de Corpovisionarios. De la misma manera que Cinep, en Corpovisionarios existe una división del trabajo muy flexible en la que una persona contribuye simultáneamente en varios proyectos. Existen tres líneas de proyectos: i) familia y ciudad, ii) ONGs y empresas, y iii) gestión y relaciones internacionales. Cada una de estas líneas se compone de siete u ocho investigadores, pero la distribución de tareas es transversal. Adicionalmente,

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Corpovisionarios cuenta con una Sala General a la que todo el mundo puede acceder presentando su hoja de vida y pagando una cuota mensual. Esta Sala se reúne al menos una vez al año para aprobar el presupuesto y los lineamientos generales. Por su parte, un Consejo Directivo compuesto por los miembros fundadores e invitados especiales se reúne mensualmente para debatir el portafolio de actividades. Corpovisionarios produce menos estudios que los otros centros de investigación, enfocándose mucho más en la realización de encuestas y consultorías16. En general, todas sus actividades están íntimamente relacionadas con temas de cultura ciudadana. En línea con esto, recientemente publicaron el estudio “Antípodas de la Violencia” (2013), evaluando el papel de la cul-

tura en los niveles de seguridad ciudadana de ocho ciudades latinoamericanas; y también realizaron un balance de diez años de encuestas de cultura ciudadana en Bogotá (2013). El equipo de trabajo fue inicialmente muy denso en filósofos y antropólogos, pero ha evolucionado hacia estadísticos, politólogos y otros científicos sociales. Corpovisionarios actúa en muchos casos como el primer empleador de jóvenes promesa de la investigación en Colombia, y así como en Dejusticia y Fedesarrollo, la mayoría de sus investigadores son egresados de la Universidad Nacional y de los Andes. Corpovisionarios nace en 2000 como la plataforma política a través de la cual Antanas Mockus se proyecta como un político independiente. Después de un segundo período en la 16

En la tipología de centros de investigación que realiza el Think Tank Fund del Open Society Foundation se tiene que, entre muchos otros tipos, un centro de investigación puede ser una organización de la sociedad civil donde predominan las actividades de consultoría. Ver: https://dl.dropboxusercontent.com/u/22600089/ Questionform_TTF%20Core%20Grant%20Surevy.pdf.

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alcaldía de Bogotá y tras un año como académico invitado en las Universidad de Harvard y Oxford, Mockus y su equipo se juntan en 2006 para reinventar Corpovisionarios a la imagen de un centro de investigación. Motivados por la buena gestión de Mockus en la alcaldía de Bogotá, se adoptó la metodología de la cultura ciudadana para promover cambios en la ciudadanía. Desde ese entonces el centro se ha dedicado al tema de la agencia cultural desde el ángulo de la “academia contaminada de activismo, y del activismo contaminado de academia”. El enfoque práctico de Corpovisionarios se refleja en el tipo de organizaciones con que ha trabajado. Para la medición de cultura ciudadana ha establecidos lazos con las alcaldías de Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como con sus correspondientes Cámaras de Comercio y universidades. También ha hecho mediciones de capital social con distintos gobiernos locales en México, Brasil, Ecuador y Uruguay. Corpovisionarios es contratado por diferentes empresas para desarrollar propuestas de cultura ciudadana. Los logros de la alcaldía de Mockus en temas de seguridad ciudadana, cultura tributaria y consumo de agua se perciben como los saberes que el centro puede transferir a otras organizaciones sociales. Por la especificidad del tema y la operación tipo consultoría, algunas organizaciones son renuentes a denominar a Corpovisionarios como un centro de investigación, pues insisten en verla como la plataforma política de Mockus y porque no consideran que los temas y/o la metodología de trabajo sea estrictamente académica. Aunque es cierto que Corpovisionarios tiene una dedicación menos intensiva en actividades estrictamente investigativas y de corte académico, sus productos son quizás los más dirigidos a informar y mejorar los contenidos de la política pública. Tal

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disposición se refleja en el lenguaje de sus publicaciones (más accesible para los formuladores de política) y en su cercanía con gobiernos locales y nacionales. Así, siendo una entidad sin ánimo de lucro, Corpovisionarios ha pasado de ser una organización de cuatro personas en 2006, a una de 33 en 2013; y a lo largo de este período ha realizado más de 70 encuestas de cultura ciudadana y de cultura empresarial. Corpovisionarios se relaciona con las universidades de tres formas muy claras. Primero, y gracias a la trayectoria de Mockus en la Universidad Nacional, así como la de sus colaboradores cercanos, se ha creado un vínculo formal volcado a la realización de un seminario internacional llamado “Ley, Moral y Normas Sociales”. En este seminario se invitan a profesores internacionales reconocidos y relevantes para entender la realidad colombiana desde un prisma comparado. Se destacan Jon Elster, Elizabeth Wood, Diego Gambetta y Herbert Gintis, entre otros. En este seminario algunos profesores nacionales entran en diálogo con los profesores invitados alrededor de varios temas de interés para Colombia. Segundo, los estudios de cultura ciudadana han contado en “el 95%” de las veces con la participación de las universidades. Esta relación es estrictamente formal, contrario a lo que ocurre algunas veces en Cinep. Se desarrollan contratos legales con pólizas y cláusulas de cumplimiento. Esto garantiza la rigurosidad y vigencia de las premisas (“cumplimiento de la ley”) sobre las que se diseñan las encuestas, pero también garantiza que los gobiernos locales no tengan

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la tentación de politizar las encuestas haciendo lecturas imprecisas de los resultados. Finalmente, así como en el resto de centros estudiados, Corpovisionarios tiende a ser el primer empleador de sus investigadores. Esto tiene un componente especial en el caso de Corpovisionarios ya que los jóvenes investigadores entran en contacto con la obra de académicos como Jon Elster y Diego Gambetta, que están en la base del programa de cultura ciudadana. Consecuentemente, Corpovisionarios se reinventa como promotor de una escuela de pensamiento social marcadamente interesada en reflexionar sobre la acción colectiva. Este centro de investigación tiene planeado el desarrollo de un diplomado sobre cultura ciudadana. Esto crearía un nuevo tipo de relacionamiento con las universidades, en caso de que el diplomado se gestione a través de estas. Además permitiría diseminar la investigación-acción en cultura ciudadana, que desde el 2000 ha sido una marca registrada de Antanas Mockus y Corpovisionarios. Ahora, no es claro el impacto que ha tenido Corpovisionarios en los gobiernos locales con los que trabaja. Aun si lo hubiera, es preciso potenciar dicho impacto. ¿Hasta qué punto se utilizan sus diagnósticos para poder perfeccionar el diseño de las políticas públicas? Por lo tanto, es imperioso empezar la reflexión sobre los resultados que su trabajo ha producido en el contexto de la agencia cultural. Los centros de investigación están por definición supliendo la capacidad tecnocrática del Estado al emplear su energía en el mejoramiento de las políticas públicas. Si los centros se olvidan de esto, es decir, se olvidan de medir su impacto, su futuro tenderá a ser estéril.

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Por otro lado, el centro debe empezar a pensar en cómo crear una independencia institucional respecto a su fundador. Y este reto surge precisamente de la importancia y el éxito que ha tenido Mockus y su equipo en el desarrollo de un programa de estudios concreto y de intervenciones reflexivas y sanas para el país. Sin embargo, parecería deseable que el eventual retorno de Mockus a la política competitiva no afecte la continuidad del centro. d) Fedesarrollo Fedesarrollo es el cuarto centro de investigación que se analiza en este estudio. Sus investigadores vienen, mayoritariamente, de estudiar y dictar clases de economía en la Universidad de los Andes y de ocupar posiciones como tecnócratas en el sector público. El director, Leonardo Villa, tiene estudios de postgrado en el London School of Economics, fue Viceministro de hacienda y parte del consejo directivo del Banco de la República. El subdirector, Juan Mauricio Ramírez, es economista y fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Juan José Perfetti es economista con estudios de posgrado en la Universidad de Boston; y Jairo Núñez es candidato a PhD y ha trabajado en el Ministerio de Protección Social, el Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación, entre otros. Fedesarrollo ofrece tres tipos de productos: investigaciones, publicaciones y encuestas. Las investigaciones son contratadas por privados o son el resultado de convocatorias externas. La publicación consisten en una revista mensual llamada “Tendencias” y que trata asuntos económicos de actualidad. Y las encuestas miden la opinión de los consu-

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midores, y la opinión financiera y empresarial de ciertos sectores económicos. Paralelamente, y gracias a las donaciones del sector privado, existe un concurso anual denominado “German Botero de los Ríos” a partir del cual los investigadores compiten por la financiación de un estudio cuyo tema es previamente definido por el Consejo Directivo. Fedesarrollo y Cinep son los centros con más producción investigativa. Fedesarrollo pone especial énfasis en hacer públicos todos sus estudios y elaborarlos en formato de “documentos de política” o policy brief, lo que supone diagnósticos concretos sobre diseños institucionales, conclusiones y recomendaciones de política accesibles a los tomadores de decisión. De sus investigaciones en curso se rescata el estudio sobre educación superior y movilidad social en la región del Pacífico colombiano, el análisis costo-beneficio de energías renovables no convencionales en Colombia y la propuesta para el diseño técnico y operativo del esquema de atención del programa Jóvenes en Acción para zonas rurales. Estos han sido financiados por la Fundación Ford, el World Wild Fund y el Banco Interamericano de Desarrollo, respectivamente. Fedesarrollo es el primer centro de investigación en términos de cantidad de investigadores, en el que las entrevistas sugieren que su relación histórica con instituciones como la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional es cada vez menos importante a la hora de reclutar nuevos investigadores. Sin embargo, en sus filas persiste la preeminencia de economistas de la Universidad de los Andes. Fedesarrollo surge de la iniciativa de Rodrigo Botero, exMinistro de Economía, de crear un centro de investigación independiente, volcado hacia el mejoramiento de las políticas

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públicas en sus niveles de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Junto con Botero, los otros fundadores eran egresados de la Universidad de los Andes y habían trabajado en el Departamento Nacional de Planeación. El tránsito laboral entre la Facultad de Economía de los Andes y el Departamento Nacional de Planeación es una trayectoria laboral clásica entre los tecnócratas colombianos. Fedesarrollo recibe algunas donaciones de privados. Estos recursos constituyen ayudas marginales para la operación general del centro. Adicionalmente, las encuestas se venden a universidades y gremios económicos. Por su parte, el componente de proyectos es el que aporta los mayores ingresos. En este sistema Fedesarrollo compite por proyectos o realiza los proyectos que los financiadores le piden dada su experticia en temas económicos y de política pública en general. Todos los investigadores consultados hicieron referencia a la ventaja financiera de las universidades. Esta ventaja radica en la posibilidad de cobrar una matrícula, que luego se usa para proveer un pago fijo por los servicios de docencia. La ausencia de esta base salarial implica que los investigadores de Fedesarrollo trabajan por demanda de proyectos. Por tal motivo los investigadores asociados tienen una relación activa con Fedesarrollo al tiempo que realizan otras actividades de forma paralela. Fedesarrollo se relaciona con las universidades de distintas maneras. Por un lado hay una competencia clara por la obtención de fondos de origen privado y/o de donantes internacionales. Se nombraron como competidores por recursos a la Facultad de Economía y al Centro de Estudios sobre

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Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana y al Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Respecto a los fondos de origen estatal, los entrevistados sugieren que su principal competidor, la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha estado tradicionalmente orientada hacia lo teórico, mientras que Fedesarrollo está volcado hacia las discusiones de política pública, por lo tanto, es infrecuente que ambos compitan por estos recursos. Para ciertas convocatorias se han creado relaciones de complementariedad entre Fedesarrollo y algunos profesoresinvestigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. En estos casos se hace una suerte de convenio para aplicar y desarrollar una investigación conjuntamente. Aparte de esta modalidad, Fedesarrollo no contrata ni es contratado por las universidades. Igual que en el caso de Dejusticia, existen tres tipos básicos de complementariedad entre Fedesarrollo y las universidades de los Andes y Nacional. Primero, el capital humano de Fedesarrollo viene directamente de las universidades. Y este fue el primer punto que resaltaron sus investigadores. Segundo, Fedesarrollo es una plataforma que fomenta la continuación de la vida académica de sus investigadores. Esto se hace a través de cartas de recomendación, que se convierten en puertas de entrada para que los investigadores asistentes entren a universidades de primera línea para iniciar estudios de posgrado. Y tercero, los investigadores de Fedesarrollo se desempeñan como catedráticos regulares de la Universidad Nacional y de los Andes. Fedesarrollo enfrenta al menos dos de los retos previamente mencionados. Primero, resolver el problema de la finan-

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ciación, que crecerá en la medida en que la diáspora de cooperantes continúe. Y segundo, generar buenos incentivos para que los investigadores que continúan sus estudios de posgrado en el exterior no se conviertan en cerebros fugados. Por otro lado, se ha planteado la idea de ampliar el espectro de actividades, siguiendo el ejemplo de la Fundación Getulio Vargas en Brasil, para montar un proyecto educativo. Sería interesante que Fedesarrollo asuma este nuevo rol, si de ello se deriva una creciente comunidad académica volcada a analizar y mejorar las políticas públicas. El reto está entonces en diseñar un proyecto educativo que responda a las necesidades tecnocráticas del Estado colombiano, y que por ende propenda por la educación de nuevos profesionales bien dotados de métodos de investigación para formular y evaluar políticas públicas.

6. Conclusiones El estudio tiene tres resultados importantes. Primero, la relación entre universidades y centros de investigación es esencialmente complementaria. Esa complementariedad se expresa de distintas maneras: cuando unas y otras se juntan para estudiar un fenómeno común, cuando unos se valen de las otras para entender contextos regionales, cuando unas educan a los futuros investigadores y las otras los perfilan para hacer estudios de posgrado, y finalmente, cuando los profesores - investigadores se constituyen en membranas por donde transitan las ideas y se reclutan nuevos talentos. La relación que se forja entre universidades regionales o periféricas y los centros de investigación de la capital resulta

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novedosa. Por un lado, la complementariedad radica en la capacidad de los unos (centros de investigación) por aportar marcos conceptuales, herramientas analíticas y poder de difusión; y de los otros (universidades regionales) por contar con una serie de herramientas heurísticas que les permiten realizar un diagnóstico más preciso de los órdenes sociales que operan en las “regiones apartadas” del país. Por otro lado, la complementariedad simula el proceso de penetración del territorio que hacen los Estados modernos. En este sentido, el interés por establecer relaciones con universidades regionales es una novedad en la historia de la producción de conocimiento en Colombia. De acuerdo con Obregón (1994), la “Comisión Coreográfica” de mediados de siglo diecinueve ha sido muy impopular como objeto historiográfico. Y esto lo atribuye al menosprecio por “lo regional” que existía hasta hace poco en el país. Por ello, los crecientes vínculos entre centros de pensamiento y universidades en la periferia también revelan una superación del centralismo clerical de otros tiempos. Parafraseando a Scott (1998, 77) “si imaginamos un Estado que carece de los medios para enumerar y ubicar a su población, calcular su riqueza y mapear la tierra, nos estamos imaginando un Estado cuyas intervenciones en la sociedad son necesariamente crudas. […] Su accionar dependerá necesariamente de intermediarios que conocen la sociedad desde adentro y que tienden a privilegiar sus intereses particulares sobre los colectivos”. Edificando sobre esta idea, parece que este tipo de relación entre centros de investigación y universidades regionales no es simplemente bueno para ampliar las fronteras del conocimiento, sino que contribuye al tan necesitado proceso de construcción del Estado colombiano.

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Segundo, y por todo lo anterior, se debe empezar a considerar a las universidades y los centros de investigación como parte constitutiva de un ecosistema profesional muy claro. Un ecosistema con su propio lenguaje, mecanismos de movilidad, competencias, capacidades, etc. ¿Qué se desprende de ello? Que los unos y los otro se complementan en el proceso de mejorar las políticas públicas, y que solo mirándolos a los dos como un todo es que se puede proponer maneras para que profundicen su impacto en la sociedad. No se pueden pensar a las universidades sin los centros de investigación y no se pueden pensar a los centros de investigación sin las universidades. Tercero, la relación de competencia hasta ahora se está construyendo pero parecería que tiende a ampliarse en el futuro, especialmente con el auge de nuevos científicos sociales, la creciente aparición de centros de pensamiento/investigación/ONG, etc., y la creciente disminución de los recursos de cooperación. El estudio también arroja algunas pistas sobre otras relaciones. Primero, el origen de los centros de investigación en Colombia parecería un fenómeno mucho más coyuntural que estructural. En ese sentido, las causas estructurales que algunos atribuyen para el surgimiento de centros de investigación en América Latina no se aplican para el caso colombiano. Al contrario, detrás de cada uno de los centros hay figuras académicas-carismáticas que movilizan las iniciativas de reflexión y acción, y que llegaron a esa posición por caminos bien distintos. Segundo, cada centro de investigación está claramente afiliado a una disciplina. Así algunos trabajan desde la filosofía analítica, otros desde la economía neoclásica, otros desde el derecho y, aunque en menor grado, otros privilegian la sociología. Esto tiene consecuencias muy importantes para la producción de

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conocimiento. En todos los casos hay rigurosidad, y a veces hay miradas distintas de la realidad, por ejemplo sobre el papel que debe jugar el Estado en el desarrollo de procesos sociales. Pero también, se producen redes de investigadores y redes profesionales que dominan ciertas metodologías de trabajo y ciertas técnicas investigativas como la estadística, la filosofía analítica, la agencia cultural y la investigación en terreno. Eso de por sí es muy importante para reforzar la existencia de comunidades académicas que generen procesos de retroalimentación positiva en distintas áreas del conocimiento. Tercero, la percepción que hay del rol que cumplen las universidades parece explicar parcialmente el surgimiento de los centros de investigación. Por un lado, las entrevistas sugieren que los centros buscan cumplir el papel de intervención en la sociedad que las universidades no cumplen. Por otro lado, se sugiere, aunque en menor medida, que las universidades no ejercen investigación aplicada. No es muy claro a que se refiere esta percepción, pero una de las insinuaciones es que los centros de investigación producen conocimiento útil para las políticas públicas, mientras que las universidades no. Esta percepción, controversial por demás, se debería explorar mucho más en un trabajo futuro.

7. Recomendaciones a) Para fortalecer las relaciones entre centros de investigación y universidades - El creciente interés de los centros de investigación por ofrecer diplomados y cursos cortos en general se podría

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canalizar a través de las universidades, por ser estas las que cuentan con la experiencia y por tener la infraestructura ideal para ofrecer los cursos. - El creciente problema de la financiación debe tratarse con imaginación. El gran reto es que no se sacrifique independencia por nuevos recursos. ¿Existen bases de datos robustas que se puedan vender en el futuro? ¿Existen potenciales temas que puedan ser objeto de financiación en el futuro? Por ejemplo: desarrollo sostenible, construcción no-violenta del Estado, temas propios de un escenario de post conflicto. - Los centros de investigación deben generar estrategias más claras para consolidar su rol como plataforma educativa. En otras palabras, se deben preguntar: “¿cómo contribuyo a que mis jóvenes investigadores continúen su entrenamiento académico en las mejores universidades del mundo?” Esquemas de financiación como los que maneja el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Minas y el Banco de la República pueden funcionar. - Por consiguiente, también se debe reflexionar sobre las estrategias para recapturar a los cerebros fugados y permitir que la investigación social se consolide como alternativa profesional. Eso implica reflexionar sobre la competitividad de los salarios y sobre el alcance de los proyectos de investigación, entre otros. ¿Es posible hacer carrera profesional trabajando para uno de estos centros de investigación? - De igual forma, debe haber una reflexión sobre la concentración de investigadores de la Universidad Nacional

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y de los Andes. ¿Se está creando una élite? ¿Se está reproduciendo una élite? ¿Qué implica esto para el desarrollo de las ciencias sociales en el futuro cercano? ¿Será que las otras universidades no producen buenos investigadores o es que no existen maneras de identificarlos? Parecería que la simple reflexión en este sentido podría promover un cambio en los patrones mencionados, pues no es esta una política consciente de reclutamiento, sino una suerte de inercia respecto a la tradicional confianza que generan dichas universidades. b) Para donantes internacionales - Sería interesante empezar a poner más énfasis en la evaluación de impacto de los proyectos que financian los cooperantes. Es importante dejar de producir diagnósticos que queden “engavetados” y pasar a proveer verdaderos insumos de política para el Estado. Preguntarse si un proyecto de cooperación realmente impacta la calidad de vida de las personas probablemente reduzca el número de proyectos financiados pero definitivamente los cualifica. - Potenciar una red de conocimiento donde los centros de investigación y las universidades entren en un diálogo directo con las distintas agencias del Estado. Esta red haría accesible al Estado los principales estudios sobre un tema en particular (por ejemplo los programas de asistencia alimentaria) y les permitiría a los tecnócratas discutir estos estudios con los académicos a la luz de la realidad colombiana. Vale la pena mirar el ejemplo del Global Development Network y el Research Alliance for Development.

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9. Acerca del Autor Andrés F. Gómez cursó estudios de pregrado en ciencia política y posgrado en administración pública. Trabajó en seguimiento y evaluación de políticas y se desempeñó como investigador en temas de sociología fiscal. Su agenda de investigación se concentra en la economía política de los impuestos, la construcción de Estado y el desarrollo tardío y sostenible.

10. Anexos A. a) Lista de entrevistados Fedesarrollo Leonardo Villar Gómez, Director Juan Mauricio Ramirez, Subdirector Juan José Perfetti del Corral, Investigador asociado Mauricio Reina, Investigador asociado Marcela Pombo, Secretaria General Corpovisionarios Antanas Mockus ivickas, Presidente María Isabel Patiño Osorio, Directora ejecutiva Henry Murraín Knudson, Director de proyectos Alejandra Ariza, Directora de proyectos Giancarlo Chiappe Ferroni, Coordinador de Proyectos Ana Cristina Lesmes. Administrativa Cinep Martha Cecilia García, Coordinadora del Programa Realización de Derechos para la Democracia

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María del Carmen Muños, Formación Ciudadana para la Paz y el Desarrollo Marco Fidel Vargas, Ciudadanías para la Convivencia y Construccion de Alternativas de Paz y Desarrollo Liliana Múnera, Gestión Cultural y Territoria de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Dejusticia Vivian Newman Pont, Subdirectora Tatiana Andia, Investigadora principal Carolina Reyes, Asistente

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Chile

Ángel Flisfisch Maximiliano Prieto Alejandro Siebert FLACSO Chile

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Estudio país: Chile

1. Introducción1 Este estudio caracteriza el estado actual y el desarrollo histórico del sistema de relacionamiento de universidades y centros de investigación en Chile. Para realizarlo se utilizaron complementariamente tres estrategias metodológicas. Primero, se realizó una exhaustiva revisión y análisis del estado de la materia en lo referente a las dinámicas propias del sector de generación de conocimiento en Chile. Considerando esta revisión bibliográfica, se determinaron cuatro centros de investigación nacionales a estudiar: la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), el Centro de Estudios Públicos (CEP), Libertad y Desarrollo (LyD) y la Fundación Chile 21 (CH21). Los criterios considerados para esta selección fueron tres: buscar analizar organizaciones que representen a los actores más relevantes del espectro político nacional; cuyos desarrollos históricos hagan relación con los momentos políticos más relevantes de las últimas décadas; y que sean por sí mismos actores mediáticamente relevantes en la discusión de horizontes de política pública nacional. En un segundo momento, se entrevistó a 16 informantes claves familiarizados con la problemática a estudiar, ya sea 1

Los autores agradecen sentidamente la disposición y los sustantivos aportes teóricos compartidos por los entrevistados, que ciertamente fueron aportes clave para el desarrollo de esta investigación.

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como miembros de los centros de investigación abordados en los estudios de caso o desde sus posiciones en la academia chilena. Se buscó llevar a cabo entrevistas semiestructuradas en las cuales se indagó sobre las percepciones habidas en lo referido a los vínculos generados entre centros de investigación y universidades, sobre el desarrollo histórico de los centros de investigación y universidades, y también sobre el sector de generación de conocimiento en general. En tercera instancia, se llevó a cabo una revisión de los recursos puestos a disposición pública por los mismos centros de investigación a través de sus páginas web. Así, se recogió la imagen “autobiográfica” que los centros de investigación ponen a disponibilidad públicamente por un medio de alta visibilidad y de vinculación directa con el sistema social y político. En términos generales, y adelantando algunas de las conclusiones, se constató gracias a los datos rescatados en la bibliografía y en las entrevistas realizadas, que la relación entre centros de investigación y universidades es notoriamente baja, limitándose en la mayor parte a colaboraciones particulares poco institucionalizadas y en donde el vínculo personal de investigadores notables parece ser el factor decisivo. Las causas de esta situación hacen relación principalmente a las historias paralelas que estas instituciones han seguido en correspondencia con la evolución del desarrollo histórico de los sistemas universitarios y políticos nacionales. Como se pudo constatar a lo largo de las entrevistas que guiaron este estudio, centros de investigación y universidades han dibujado campos y lógicas distintas que

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no necesariamente dialogan fluidamente, y que, faltando incentivos para su vinculación, prefieren relacionarse entre sí tangencial e instrumentalmente. a) El Campo de las Universidades En el sector de generación de conocimientos se nota la clara hegemonía de las universidades como principales generadores de nuevo material científico, produciendo entre 2006 y 2011 el 91,2% de las publicaciones a nivel nacional (CONICYT y SCImago Lab, 2013); en 2012 se publicaron 7.707 documentos citables según la metodología de SCImago (2013). Como señala Bernasconi (2007), el sistema universitario chileno se caracteriza por una tradición en la que la investigación ha estado en un segundo plano detrás de la función docente de las universidades, lo que lleva al autor a señalar categóricamente de que en Chile no existen universidades de investigación como tales. Se constata un escenario donde la mayor parte de los recursos humanos y materiales por parte de las universidades son destinados a la función docente y sólo se observa un reciente fenómeno de promoción de las publicaciones por un subgrupo de universidades nacionales que ha iniciado un alza sostenida en la cantidad de publicaciones científicas a nivel nacional. El primer momento que se puede caracterizar en el desarrollo del sistema universitario moderno es aquel que empieza en el gobierno militar iniciado en 1973, y que se circunscribe dentro del proyecto autoritario mayor de refundación nacio-

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nal que dicha dictadura buscó llevar a cabo. En lo referente al sistema universitario, intervino las universidades chilenas, que hasta el quiebre de la democracia en 1973 habían dibujado un escenario en el cual las universidades estatales, junto con la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) concentraban la mayor cantidad de producción científica y de matrícula a nivel nacional. Como relatan Constable y Valenzuela (1991), hasta antes del quiebre de la democracia, las universidades jugaban un importante papel como escenario de debate y formación política, existiendo sólidos vasos comunicacionales con el sistema político. La visión autoritaria para las universidades se tiñó fuertemente por el gremialismo, un movimiento político que abogó por la despolitización de las universidades (y del resto de las esferas de debate público) y cuyo origen principal puede ser trazado a la PUC y al pensamiento político de Jaime Guzmán, profesor de derecho constitucional de dicha universidad, y que sería uno de los asesores y defensores más férreos del régimen militar. Dicho gobierno intervino las universidades en múltiples dimensiones: nombrando rectores partidarios del régimen (la mayoría de estos fueron miembros activos o en retiro de las Fuerzas Armadas), reduciendo la oferta docente a carreras autorizadas por el régimen, cerrando universidades consideradas problemáticas, prohibiendo la actividad política dentro de las universidades y expulsando a docentes e investigadores sospechosos de llevar a cabo dicha actividad o simplemente contrarios a la dictadura.

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Hacia la década de 1980, buscando reducir el gasto público e intentando promover la auto sustentabilidad bajo lógicas de mercado el régimen militar buscó aumentar la oferta universitaria permitiendo y promoviendo la iniciativa privada en este campo al mismo tiempo que la carga del financiamiento de la educación fue progresivamente desviada hacia los estudiantes mismos. La década de los 90s, ahora en democracia, vio la consolidación del modelo de educación universitaria fijado previamente. Así, de las 60 universidades actualmente reconocidas por el Ministerio de Educación, 27 de ellas tuvieron su origen entre 1980 y 1989, mientras que 22 de ellas lo hace entre 1990 y 1999. Un segundo momento que se encuentra en el desarrollo histórico del sistema universitario chileno se dibuja luego de la promulgación de la Ley Nº 20.027 que crea el Crédito con Aval del Estado (CAE), permitiendo el acceso al sistema de educación superior a importantes segmentos de la población anteriormente marginados por las condiciones y requisitos de la oferta crediticia existente en la banca privada hasta entonces, así contribuyendo especialmente a la expansión de la matrícula de pregrado. Un factor condicionante de esta actividad ha sido la falta de regulación en el campo educacional, cuestión que ha permitido la práctica extendida de triangulación a través de inmobiliarias y/o sociedades anónimas que habilita la extracción de utilidades por parte de las universidades, pese a que legalmente el lucro en la educación se encuentra prohibido. Así, se hace evidente el hecho de que existen incentivos fuertes para una política de expansión agresiva de la matrí-

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cula por parte de las universidades, lo que fue ciertamente funcional a los objetivos de mayor cobertura del sistema educacional que los sucesivos gobiernos desde el retorno a la democracia promovieron como parte de sus propuestas de política educacional. Este proceso, sin embargo, no ha generado homogeneidad en el funcionamiento de las universidades chilenas. En efecto, Muñoz y Blanco (2013) diferencian cinco categorías de universidad en Chile según las funciones y proyectos que desempeñan, destacándose dentro del grupo de universidades de investigación, en orden de producción anual de investigaciones científicas, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Concepción, cuya producción anual combinada representa el 69% del total nacional, además de concentrar la adjudicación del 57% de los proyectos FONDECYT, el principal instrumento de financiamiento público otorgado por el Estado de Chile para la promoción de la investigación científica en el país. La Tabla 6 en el anexo resume el panorama universitario completo según la taxonomía de Muñoz y Blanco, mientras que la Tabla 1 a continuación muestra en forma resumida los datos presentados en la Tabla 7 de los anexos, y evidencia que las tres universidades mencionadas anteriormente representan, a grandes rasgos, la mitad de la producción intelectual nacional y por consiguiente, una magnitud similar a la producción del resto de las más de 50 universidades del sistema.

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Tabla 1 Generación de Investigación en Universidades de Chile SCImago IR

ISI⁞

SCIELO†

Universidad de Chile

8354

1081

493

Pontificia Universidad Católica

6184

971

388

Universidad de Concepción

3718

506

183

Suma U. de Chile + PUC + U. de Concepción

18256

2558

1064

Resto del sistema universitario (51 universidades)

16161

2581

1334

Nota. Elaboración propia. Fuente: Producción de documentos (output) entre 2007 y 2011, SCImago IR (www.scimagoir.com); ⁞ Documentos publicados el año 2012 en revistas de indexación ISI, Consejo Nacional de Educación (www.cned.cl); †Documentos publicados el año 2012 en revistas de indexación SCIELO, Consejo Nacional de Educación (www.cned.cl)

Aunque la producción intelectual chilena muestra una tendencia sostenida al alza, como demuestra la Tabla 8, la totalidad de la producción nacional no alcanza a representar el 0,5% de la producción mundial. Del mismo modo, y probablemente como causa de esto, según las últimas cifras proporcionadas por Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/OECD), la inversión en investigación no alcanza el 0,5% del producto interno bruto nacional. Así, el escenario que han dibujado las universidades es complejo. Si bien existe un grupo reducido de universidades que efectivamente generan conocimiento a través de su función investigativa, para la gran mayoría de las universidades (y donde existe mayor concentración de matrícula docente) la investigación es algo

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lejano y valorizado en una segunda prioridad después de la docencia de pregrado. b) El Campo de los Centros de Investigación El principal antecedente histórico de los centros de investigación en Chile fueron los llamados “Centros Académicos Privados” (CAP) (Brunner, 1985), siendo FLACSO-Chile un primer referente de éstos. Naciendo en 1957 al amparo de la UNESCO, el Gobierno de Chile y la Universidad de Chile, FLACSO se convirtió en un espacio de generación de conocimiento científico al mismo tiempo que inició la docencia en áreas de las ciencias sociales como la sociología y la ciencia política. Posteriormente emergen otros centros de estudios, y como señala Brunner, los CAP buscaron convertirse en espacios de análisis y debate de aspectos relevantes de la realidad chilena. Como señalan Cociña y Toro (2009: 99), los centros de investigación chilenos han tenido un ciclo de vida relacionado directamente con el contexto histórico del que han sido parte, identificando tres grandes etapas: régimen militar y transición (1973-1990), retorno de la democracia y proceso de consolidación (1990-2000), y consolidación democrática (2000 en adelante). El contexto del régimen autoritario y de la transición marcó fuertemente el desarrollo de los CAP o centros de investigación como ya comienzan a denominarse (Gárate, 2008), probablemente en parte por la influencia vivida en universidades estadounidenses por buena parte de la élite universitaria chilena. Los centros de investigación que

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emergen en esta época son los que se ocupan de recibir a académicos marginados de las esferas universitarias al mismo tiempo que buscaron generar espacios de diálogo político en un contexto adverso tanto por la represión que el régimen ejercía como también por la pérdida de confianza entre los actores del sistema político y el shock que significó el fracaso del proyecto allendista para la izquierda chilena. Los temas que ocuparon a los centros de investigación en este momento fueron aquellos orientados hacia el análisis de políticas de gobierno, discusión de otras posibles políticas, debates sobre el curso de acción para el término del régimen militar, y otros temas cuyo propósito también fue -deliberada o accidentalmente- la recomposición de espacios de confianza y rearticulación de las fuerzas democráticas, cuya labor puede vincularse directamente con el proceso de reactivación de la actividad política desarrollado especialmente desde las primeras protestas en dictadura en 1983 hasta la coyuntura que lleva al plebiscito de 1989 (Puryear, 1994; Mella, 2008; Gárate, 2008; Cociña y Toro, 2009). Es a lo largo de este periodo que son creados dos de los centros de investigación que se examina posteriormente: CIEPLAN, fundado por Alejandro Foxley en 1976 y CEP, fundado por Jorge Cauas en 1982. Un segundo momento es el del proceso de consolidación democrática, contexto que cambia radicalmente las estructuras de funcionamiento que venían trayendo los centros de investigación hasta entonces. Dos fenómenos fueron observables: por un lado los investigadores de centros de investigación que habían basado su legitimidad en dar propuestas de políticas públicas desde la izquierda se vieron ahora llamados

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al gobierno, y por otra parte, el término de la dictadura disminuyó el atractivo de los centros de investigación chilenos como destinos para la cooperación internacional, creando un contexto notoriamente distinto para el funcionamiento de los centros de investigación en el país. En este periodo son creados los otros dos centros de investigación considerados en el estudio: LyD, en 1990 por Hernán Büchi y Cristián Larroulet; y Chile 21, en 1992 por Ricardo Lagos y Carlos Ominami. Ambos centros de investigación nacen bajo la figura de fundaciones, y se han dedicado principalmente a la función de abogacía y análisis de políticas públicas y debate programático intra coaliciones. Un tercer momento, siguiendo la categorización de Cociña y Toro (2009), es el estado de consolidación democrática, y este introdujo nuevos desafíos para los centros de investigación chilenos: por un lado, los centros de investigación oficialistas durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010) enfrentaron la problemática de mantenerse relevantes a pesar de que buena parte de su plantel de investigadores fue siendo integrado en el aparato estatal, cuestión que hasta cierto punto lograron al abocarse a la discusión programática principalmente en coyunturas electorales; por otra parte, los centros de investigación de la oposición a los gobiernos de la Concertación buscaron apoyar a sus parlamentarios al mismo tiempo que llevaban a cabo funciones de formación política y análisis independiente de las políticas implementadas por el gobierno. Este ciclo se acaba al llegar a la presidencia Sebastián Piñera, primer representante de la centroderecha democrática-

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mente electo desde el triunfo de Jorge Alessandri en 1958. Nuevamente, el panorama de los centros de investigación chilenos se vio tensionado por dos procesos: primero, el reacomodo de las estructuras de influencia del gobierno, que naturalmente favorecieron a los centros de investigación ideológicamente cercanos a las visiones políticas de la centroderecha; y en segundo lugar, los centros de investigación asociados a la ahora oposición de centro izquierda volcaron su atención a comprender la derrota después de 20 años de gobierno, por lo que también recibieron a una variada población de operadores y funcionarios políticos que dejaron el gobierno. Para los centros de investigación de oposición al gobierno de Piñera este escenario también los obligó a enfrentar difíciles condiciones presupuestarias en comparación con como venían funcionando desde el retorno a la democracia. Figura 1 Centros de Investigación Analizados

Fundación Chile 21

La Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN)

Centro de Estudios Públicos

Libertad y Desarrollo

Izquierda - Libertad, Igualdad, Participación, Solidaridad, Justicia Social, Progresismo Calidad de la democracia, Desarrollo inclusivo, Derechos sociales, Protección del medio ambiente, Derechos indígenas, Igualdad de género, Política internacional 12 Investigadores

Centro-Izquierda Estrategias de desarrollo y economía, Estrategias de desarrollo y economía, Fortalecimiento de la democracia, Cohesión social en América Latina Asesorías legislativas 11 Investigadores

1980 Centro Derecha Liberalismo, Libertades personales, Derecho de propiedad, Democracia Opinión pública, debate político contingente, asuntos públicos 9 investigadores

Derecha Sociedad libre, Libre mercado, Progreso, Igualdad de oportunidades, Desarrollo Económico Políticas Públicas, Política Económica, Política Legislativa, Políticas de seguridad y justicia 21 Investigadores

Nota. Fuente: Autor. + SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

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2. Centros de Investigación en Chile El debate académico y semántico sobre los centros de investigación o think tanks no es menor. Existe, grosso modo, la percepción de que el concepto mismo de think tank es uno “ubicuo” o “resbaloso” (Stone y Denham, 2004; McGann y Sabatini, 2011), ya que el estiramiento conceptual, como también el uso estratégico del término ha hecho que las definiciones ideales frecuentemente sean cuestionadas por la realidad del desarrollo de los centros de investigación como actores insertos en sistemas políticos dinámicos y en constante evolución. Igualmente, como Medvetz (2008; 2012) ha señalado, las definiciones tradicionales del concepto de think tank han tendido a favorecer visiones anglosajonas a-históricas que estrictamente excluyen a una importante parte de instituciones que evidentemente buscan hacerse un espacio en el campo de acción tradicional de estas instituciones. El debate sobre este “dilema de definición”, sin embargo, ha entregado una primera aproximación que nos sirve para aclarar el panorama: es posible identificar ciertas “tradiciones” de centros de investigación en distintos contextos regionales y nacionales (Stone y Denham, 2004). Si bien un aspecto clave de la definición de un think tank anglosajón podría encontrarse en su autonomía e independencia funcional del sistema político, esta característica haría que el término fuese inaplicable para los contextos europeo-continental y latinoamericano, por ejemplo. Por otra parte, se recoge el valioso aporte de Medvetz (2008; 2012) al introducir la lógica de campo en el análisis de los think tanks, buscando un puente entre el análisis organi-

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zacional y el estructural de los centros de investigación. Medvetz (2008: 9-10) elabora una concepción de think tank como un “aparato organizacional” que “reúne y ensambla formas de autoridad otorgadas por instituciones más establecidas de académicos, políticos, negocios y de los medios de comunicación”. En la medida que este proceso ha ido institucionalizándose y sosteniéndose en el tiempo, esta condición de supeditación al sistema social y político existente se complejiza, y se puede observar la emergencia de “un nicho institucional con una historia y estructura propias. Lo que emerge es un campo intersticial propio” Medvetz (2008: 10). La Figura 2, rescatada en los anexos y elaborada por Medvetz (2008) representa gráficamente el espacio social en donde se sitúa el campo de los think tanks, resultando de la superposición de los campos políticos, económicos, mediáticos y de producción de conocimiento. Sin embargo, y como es de esperar, el campo en el cual se desenvuelven los centros de investigación chilenos dista considerablemente del analizado por Medvetz al estudiar el contexto estadounidense. Siguiendo la lógica de Medvetz, se puede aseverar que los centros de investigación chilenos siguen lógicas y reglas propias y funcionales al desarrollo del campo político nacional, particularmente aquel experimentado desde el quiebre de la democracia en 1973 hasta la fecha, cuyas características históricas le son propias. Como señalan Campbell y Pedersen (2011), dentro de cada sistema social existen “regímenes de conocimiento”, que básicamente pueden ser entendidos como los conjuntos de actores e instituciones que producen y diseminan ideas para el diseño y evaluación de las políticas públicas, en los que

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ciertamente se puede ubicar a los centros de investigación y al campo que su interacción proyecta. Para aterrizar este concepto, Campbell y Pedersen analizan cuatro casos particulares (Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido) considerando dos dimensiones: la variedad de capitalismo (liberal/coordinado) y el régimen de producción de política pública (centralizado y cerrado/descentralizado y abierto), y de cuya interacción son construidas cuatro categorías analíticas de tipos ideales de regímenes de conocimiento. Aplicando dicho marco teórico, Chile podría ubicarse en el cruce entre una economía liberal de mercado y un régimen de producción de política pública centralizado y cerrado, ya que la unitariedad del Estado chileno claramente dibuja un panorama jerarquizado en el que el gobierno central juega un papel casi único en el diseño de alternativas de política pública. Sin embargo, estas categorías se aplican parcialmente, ya que al menos en la última década ha existido demanda y oferta de empoderamiento de los niveles sub nacionales al mismo tiempo que el Estado ha llevado a cabo iniciativas destinadas a reducir las desigualdades que un mercado liberal puro no admitiría. Como señala Garcé (2013), el cruce de estas dos variables (mercado y régimen de producción de política) no explica la totalidad del fenómeno efectivo del régimen de conocimiento, particularmente al aplicarlo al contexto latinoamericano. Reemplazando la variable relativa a la variedad de capitalismo por la valoración social existente del rol del conocimiento científico en la producción de política pública (racionalismo/ anti-intelectualismo), Garcé señala que el caso chileno es producto de la alta valoración social dada a la racionalidad

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científica con la combinación de la alta centralización de la producción de política pública, generando así un régimen político de conocimiento tecnocrático. Si bien se comparte la conclusión de que en Chile la elaboración de política pública es altamente centralizada y sigue, a grandes rasgos, criterios en los cuales la racionalidad juega un papel cada vez más central, y que las credenciales académicas efectivamente si son un criterio clave en el ascenso dentro de la administración pública, se debe señalar que es bastante más difícil aseverar que la valoración “iluminada” o racionalista es una característica profunda y compartida de la sociedad chilena. Esta valoración puede constatarse con mayor certeza en la élite política nacional, y es natural que esta busque hacer referencia a la sociedad en su conjunto, pero medir el grado de valoración racionalista de la sociedad requiere mayor profundidad analítica que la que este trabajo o el de Garcé (2013) fijan como su objetivo. De cualquier modo, las características del caso chileno ciertamente favorecen la generación de centros de investigación orientados a influenciar al gobierno central, y como no existe financiamiento público para los centros de investigación, estos viven o mueren según la suerte del financiamiento que logran captar, por lo que al menos conjeturalmente se puede señalar que a aquellos centros de investigación con mayor afinidad a los actores económicos predominantes les es bastante más fácil captar financiamiento y por lo tanto cuentan al menos con una ventaja competitiva contra aquellos enfocados a perturbar el status quo.

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Como la intención de este estudio es analizar a los centros de investigación chilenos, se optó por una definición apropiada y funcional para este contexto considerándolos como organizaciones de la sociedad civil diferenciadas del sistema de partidos y especializadas en el análisis, priorización, formulación y diseminación de políticas y de instrumentos de apoyo a la construcción de dichas políticas. Un centro de investigación busca presentarse como una organización posicionada entre el mundo académico y el político, sirviendo de vaso comunicador o “correa transportadora” entre ambos entornos al mismo tiempo que introduce o refuerza contenidos de interés propio. Siguiendo el relato de la modernidad, división social del trabajo y en general la idea de la consolidación de la racionalidad y de la ciencia como verdades autorizadas y comprobadas, los centros de investigación generan productos que el sistema político recibe como inputs para la producción de sus propios outputs, sean políticas públicas en el sentido tradicional o también posiciones en torno a debates políticos contingentes. Como señalan Cociña y Toro (2009), y siguiendo los trabajos fundacionales elaborados por Siavelis, y Mainwaring y Scully, el sistema político chileno es característico dentro de la región por el alto nivel de institucionalización de su sistema de partidos, exhibiendo a su vez alta estabilidad desde la reinauguración de la democracia en 1990. Esta característica estructural del sistema político repercute directamente en el funcionamiento y desarrollo de los centros de investigación chilenos. Los centros de investigación chilenos, aunque diferenciados del sistema de partidos, dado que fijan como objetivo influir en el debate público y en la agenda política,

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buscan mantener vínculos formales e informales con partidos posicionados en lugares centrales del debate público y que gozan de un alto nivel de estabilidad en el tiempo. Marginarse del campo generado por las relaciones del sistema de partidos supondría en gran parte dejar de participar en instancias decisivas del debate político nacional. Del mismo modo, como señala Gárate (2008), crecientemente para los partidos políticos se ha vuelto igualmente atractivo contar con la plataforma analítica y comunicacional que puede significar un centro de investigación asociado al pensamiento y metas propias. Como se señala anteriormente, buscando entregar un panorama medianamente representativo del espectro político al cual se orientan los centros de investigación chilenos, se escogieron dos organizaciones a cada lado del eje izquierda-derecha, pensando principalmente en cómo se han posicionado con respecto a las coaliciones de gobierno existentes desde el proceso de apertura del régimen militar y el subsiguiente retorno y consolidación democrática, como también considerando el aporte analítico de Gárate (2008), quien posiciona a los centros de investigación chilenos en torno a ejes ideológicos. Como señala Gárate (2008), el panorama de centros de investigación chilenos replica los clivajes del sistema político nacional, lo que en gran medida explica que mientras que el sector de centros de investigación afines a la Concertación exista un amplio rango de centros de estudios, el caso de los centros de investigación con mayor afinidad a la Alianza demuestra una mayor homogeneidad ideológica, concen-

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trándose todos los casos (siete) salvo uno (la Fundación Futuro) en el cuadrante “librecambista/conservador”. Considerando estas particularidades, se buscó tomar como casos de estudio centros de investigación que reflejen la diversidad existente a cada lado del clivaje Concertación/ Alianza, aun cuando se reconoce que la distancia ideológica entre Chile 21 y Cieplan claramente es mayor que la existente entre el Centro de Estudios Públicos y Libertad y Desarrollo. Esta primera división nos permite ubicar a los centros de investigación estudiados de la siguiente manera: Recuadro 1 Tendencia político-ideológica de los centros de investigación analizados Izquierda

Centro-Izquierda

Centro-Derecha

Derecha

CH21

CIEPLAN

CEP

LyD

Concertación de Partidos por la Democracia – Nueva Mayoría

Alianza por Chile – Coalición por el Cambio

Tanto LyD como CIEPLAN son vistos por Cociña y Toro (2009) como centros de investigación “suprapartidarios”, ya que han servido como puntos de encuentro de las, en ocasiones disímiles, tendencias agrupadas bajo las dos tradicionales coaliciones electorales y de gobierno que caracterizan al sistema político y partidario desde el retorno a la democracia. CH21, como se mencionará posteriormente, tuvo un vínculo más directo y exclusivo con el sector asociado a la campaña presidencial y luego el gobierno mismo de Ricardo Lagos. El CEP merece consideración especial,

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pues si bien el vínculo existente con la centroderecha nacional se ha manifestado más en la coherencia ideológica existente entre este centro y el ideario de dichas coaliciones, como señalan Cociña y Toro (2009) y como se pudo constatar en el levantamiento de datos, han existido importantes esfuerzos por mantener su independencia, pluralidad y rigurosidad metodológica, a pesar de los costos que esto ha significado cuando, por ejemplo, la tradicional encuesta del CEP ha evidenciado la debilidad electoral de candidatos de la centroderecha. 3. Estudios de Caso Como se señala anteriormente, la metodología de recolección de datos para el análisis de los cuatro centros de investigación se basó en tres criterios principales: entrevistas con informantes clave (dentro del campo de los centros de investigación y en el campo general de la generación de conocimiento), revisión de bibliografía especializada y un barrido por la información de libre acceso disponible en las páginas web de cada institución. Por motivos de privacidad, no fue posible obtener información detallada sobre los presupuestos de funcionamiento en los cuatro casos. Para facilitar la comprensión de los centros de investigación estudiados, para cada caso se presenta un breve recuento de su desarrollo histórico para luego constatar su actual estructura de vínculos con el sistema universitario y el sector de generación de conocimiento.

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a) La Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) Como señalan entre otros, Silva (1991), Constable y Valenzuela (1991), el nivel de persecución de los intelectuales en Chile, particularmente de aquellos contrarios al régimen militar hizo extremadamente difícil la producción de conocimiento aplicado en el país. El contexto de universidades intervenidas directamente por el régimen, en especial universidades tradicionales como la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica (PUC) generó una realidad ante la cual la tecnocracia opositora debió ajustar sus estrategias para mantenerse relevantes en el rarificado ambiente político nacional. Estas estrategias fueron básicamente dos: Por un lado, una buena parte de los intelectuales escogieron o se vieron obligados a seguir la ruta del exilio. Los que pudieron siguieron carreras como profesores universitarios, otros realizaron investigación independiente o auspiciada en Ciencias Sociales y otros más continuaron su formación siguiendo estudios de postgrado. Como señala Silva (1991), muchos políticos chilenos se vieron obligados a seguir carreras académicas cuando anteriormente veían su trayectoria principalmente dentro de los tradicionales círculos partidistas nacionales. Por otra parte, una segunda estrategia, siendo esta la llevada a cabo por CIEPLAN, fue la de seguir produciendo conocimiento científico-social en Chile a pesar de la persecución a la que se encontraban sujetos. Mientras en el mainstream de la academia económica nacional desde la creciente polarización política característica de comienzos de los 70s y

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con mayor fuerza y notoriedad bajo el régimen militar, tomaron mayor preeminencia los llamados Chicago Boys, así conocidos por su formación de postgrado en la Universidad de Chicago en el apogeo de la revolución monetarista impulsada con mayor visibilidad por Milton Friedman, quienes se oponían a la visión particular del régimen fueron siendo progresivamente marginados de la academia “oficial”. Paralelamente, en 1970 se funda en la facultad de economía de la PUC el Centro de Estudios y Planificación Nacional (CEPLAN), pensado como una alternativa a la visión económica de Chicago que entonces ya se perfilaba como la visión predominante de la derecha chilena, no en menor medida apoyada por su vínculo con el gremialismo propugnado por Jaime Guzmán desde su influyente posición en la misma universidad. Ya después del golpe de Estado de 1973, y luego de que el Partido Democratacristiano retirara todo apoyo a la gestión de la dictadura, los académicos de CEPLAN, liderados por Alejandro Foxley, ingeniero civil químico y luego doctor en Economía por la Universidad de WisconsinMadison deciden emigrar de la PUC para fundar en 1976 la similarmente llamada CIEPLAN (Silva, 1991). CIEPLAN, como señala Silva (1991), fijó inicialmente su análisis en el monitoreo de las políticas implementadas por los Chicago Boys en el gobierno de Pinochet. Estas fueron las primeras actividades opositoras al régimen que fueron toleradas en el contexto de dura represión y persecución llevada a cabo por el régimen. Los llamados “monjes de CIEPLAN” se convirtieron en el principal y único núcleo de economistas que buscaron aplicar un tono académico

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para contestar el pensamiento único que el régimen militar buscaba promover. La labor de CIEPLAN se vio posibilitada por los aportes internacionales que esta recibía, principalmente por instituciones estadounidenses (National Democratic Institute, Fundación Ford, National Endowment for Democracy, entre otros) y canadienses (International Development Research Centre) que buscaban apoyar el trabajo de cientistas sociales en las difíciles condiciones explicadas anteriormente (Cociña y Toro, 2009). Posteriormente, economistas de CIEPLAN comienzan a ocupar los pocos espacios disponibles para la crítica política publicando columnas en medios independientes como la revista “Mensaje” (de la Iglesia Católica y vinculada a la Compañía de Jesús) y la revista “Hoy”, como también llevan a cabo seminarios y documentos de trabajo enfocados a pensar en alternativas políticas y económicas para el periodo posterior al régimen militar. Hacia fines de la dictadura militar, Alejandro Foxley, que también había incursionado hacia la ciencia política estudiando la formación de consensos políticos, se había posicionado como un importante referente de la oposición al régimen (Silva, 1991). CIEPLAN, junto a otros centros de investigación nacionales como FLACSO-Chile, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), la Corporación de Estudios Humanistas (SUR) y el Centro de Estudios Sociales y Económicos (VECTOR) contribuyeron al acercamiento de las élites políticas de la centroizquierda y de la izquierda propiamente tal,

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pasando de subculturas altamente antagónicas (Silva, 1991) a espacios de generación de alternativas conjuntas en oposición al régimen militar y en el pensamiento de un futuro gobierno democrático de la centroizquierda (Mella, 2008). CIEPLAN jugó un papel clave en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, quien debió llevar a cabo la difícil tarea de volver a consolidar la democracia chilena en adversas circunstancias considerando la naturaleza pactada de la transición. El temor ante una regresión autoritaria fue una amenaza permanente y bastante posible considerando que, en términos generales, las Fuerzas Armadas continuaban bajo control de Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, cargo que desempeñó hasta 1998. Como señala Silva (1991), la experiencia de transición fallida de Raúl Alfonsín en Argentina hizo aún más evidente que el efecto desestabilizador para la gobernabilidad del desequilibrio económico no podía arriesgarse, por lo que el manejo económico sería un punto clave en el proyecto político concertacionista. La legitimidad obtenida por los años de análisis cuidadoso y bajo parámetros académicos desde CIEPLAN llevó a que este centro de investigación tuviese una privilegiada participación en este gabinete de transición, del mismo modo que el gabinete ministerial se caracterizó por su fuerte tenor tecnocrático, como demuestra la Tabla 11, elaborada por Silva (1991). Como se constata en entrevista con el investigador y Director Ejecutivo de CIEPLAN, Patricio Meller, la instalación del primer gobierno de la Concertación sentó una tónica importante en el desarrollo de la organización:

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“Una vez que se acaba la dictadura éramos como 20 y 15 se van al gobierno. O sea el equipo económico del primer gobierno democrático sale fundamentalmente de acá y varios Ministros de Hacienda son de acá de la época de la Concertación y directores de presupuesto son de acá. Entonces la línea económica es una prioridad al menos los primeros diez años de gente que sale de acá (Meller P., comunicación personal, 7 de noviembre de 2013) ”

El reto de CIEPLAN, por lo tanto, fue evidenciado en esta primera instancia y sería la tónica permanente de su funcionamiento: mantenerse vigentes a pesar de la fuga de cerebros causada porque sus líderes de alto perfil (Foxley y Cortázar, en particular) ahora estaban en la primera línea del círculo de gobierno, y por lo mismo, la dificultad de realizar una crítica pertinente cuando lo que se estaba implementando era básicamente lo que se había pensado intramuros en el periodo anterior. Esta circunstancia, como señala en entrevista Patricio Meller obligó a repensar estructuralmente el funcionamiento de CIEPLAN: “A los que nos quedamos nos obligó a redefinir qué es lo que hacemos, antes éramos oposición a las políticas económicas que estaban siendo aplicadas y cuestionando las políticas aplicadas dentro del gobierno, y ahora estaban nuestros amigos en el gobierno entonces era complejo ver que es lo que hacíamos. Entonces reconvertimos CIEPLAN, en la mirada hacia América Latina, o sea de los 90 hacia adelante pasamos a tener Latinoamérica como nuestra área central de investigación”.

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Este enfoque temático complementario ha dado frutos para CIEPLAN, ya que ha logrado mantenerse vigente en el debate nacional y regional. Recientemente el Global Go To Think Tanks Index Report preparado por James McGann (2013) en la Universidad de Pennsylvania posicionó a CIEPLAN como uno de los centros de investigación líder del país y el séptimo en la región sudamericana. CIEPLAN también ha participado a través de sus investigadores en instancias de diálogo sociedad civil-gobierno como las comisiones presidenciales. Como señala Aguilera (2009), durante el (primer) gobierno de Michelle Bachelet CIEPLAN estuvo presente en tres comisiones asesoras, y Mario Marcel y Patricio Meller, miembros de alto perfil dentro de CIEPLAN presidieron las comisiones de previsión y trabajo y equidad, respectivamente. La Tabla 17, producida por Aguilera (2009) y reproducida en los anexos, demuestra la participación de CIEPLAN en el contexto de la participación de los centros de investigación en seis de las comisiones asesoras presidenciales del gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente CIEPLAN enfoca su análisis y estudios en cuatro áreas temáticas: estrategias de desarrollo y economía, fortalecimiento de la democracia, cohesión social en América Latina y asesorías legislativas en Chile. Para llevar a cabo esta agenda temática, CIEPLAN cuenta con una planta de investigadores (actualmente 11) que llevan a cabo investigaciones en áreas fijadas previamente por su directorio. Igualmente, estas actividades reciben la colaboración de personas externas contactadas por los mismos investi-

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gadores según las redes políticas y profesionales en las que estos se muevan. CIEPLAN cuenta actualmente con dos fuentes principales de financiamiento: Por un lado, la adjudicación de concursos de investigación por parte de los investigadores con el respaldo institucional del centro, que a su vez gestiona los recursos y realiza el seguimiento del correcto desarrollo de la investigación. Por otro lado, CIEPLAN organiza seminarios y eventos pagados destinados al público empresarial, que sin embargo, como expresó Alejandro Foxley, no entrega recursos suficientes como para, por sí mismos, alcanzar la sustentabilidad de la institución. Como señaló en entrevista Alejandro Foxley, la plataforma web de CIEPLAN resulta clave dentro de su estrategia comunicacional y de vinculación académica: “(las publicaciones de CIEPLAN) están puestas en las páginas web y están al acceso de todos los académicos… esa es la forma en como actualmente se conectan los intelectuales y los investigadores en cualquier lugar del mundo… hoy lo principal es asegurarse de que las publicaciones estén lo más rápidamente posible en internet, en la página web o en alguno de los sitios donde se tiene acceso a trabajos académicos (Foxley A., comunicación personal, 14 de octubre de 2013)”.

Para el año 2013, CIEPLAN produjo 17 documentos de los cuales cuatro fueron libros y los restantes 13 fueron publicaciones enmarcadas dentro de la categoría “Estudios y Propuestas”. Las temáticas preferentes de estas publica-

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ciones fueron aquellas relacionadas a la economía, política nacional, balances ministeriales y de gobierno. Tabla 2 Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) Año de Fundación

1976

Afiliación

Centro Izquierda Democracia, Libertad, Solidaridad

Temas de investigación

Políticas públicas, Política económica, Política social, Democracia, Desarrollo

Número de Investigadores

11

Página Web

www.cieplan.cl

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información disponible en www.cieplan.cl.

El enfoque hacia América Latina, como también la historia difícil del panorama universitario nacional ha llevado a que, paradojalmente, actualmente tenga más relaciones con universidades extranjeras, como pudimos constatar entrevistando a su Presidente e Investigador, Alejandro Foxley, quien señaló categóricamente que no cuentan con vínculos con universidades chilenas. Actualmente CIEPLAN tiene vínculos de intercambio académico con la Universidad de Harvard y la American University, teniendo con el Center for  Latin American and Latino Studies (CLALS) de esta última universidad un proyecto particular sobre temas latinoamericanos. Los vínculos con universidades chilenas, como señala en entrevista Patricio Meller, se dan más por la “doble militan-

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cia” de los investigadores de CIEPLAN que también realizan clases en universidades: “(la doble miltancia) ha ayudado a juntar ciertas actividades, por ejemplo nosotros sacamos un libro aquí en CIEPLAN y yo empujo para lanzarlo en la universidad con los estudiantes para llegar a la universidad. Aquí no tenemos muchos jóvenes entonces allá tiene mucho más impacto, llega directo a los estudiantes, a los profes y a los investigadores entonces entra a la universidad. Llega a gente además de distintos lados.”

Como muestra la Tabla 16, el 54,5% de los investigadores de CIEPLAN sostiene un vínculo con alguna universidad o lo mantuvo a través de su actividad profesional, y si bien la mayoría son con universidades chilenas, también existen algunos vínculos de docencia en universidades estadounidenses. Como constataremos también en los otros casos, este vínculo es el principal que podemos observar en el relacionamiento de CIEPLAN y el sistema universitario. Llegar a públicos más amplios de los que cuenta orgánicamente CIEPLAN como centro de investigación se vuelve el atractivo principal del relacionamiento del centro con su ambiente. Este vínculo es propio de una “lógica del evento”, como mencionó en entrevista Pedro Güell: “Si yo tengo que hacer un evento, lo primero que hago es ver quien me puede apoyar con algo que me traiga marca, porque el gran punto es convocatoria, prestigio… (Güel P., comunicación personal, 24 de octubre de 2013)”

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En la misma línea, cuando hablamos de interrelación o vínculo entre centros de investigación y universidades en Chile es importante destacar que como nos señala Alfredo Joignant: “Existe interacción entre universidades y think tanks pero yo te diría que son interacciones instrumentales… Un think tank tiene un interés por amplificar su público por eso se interrelaciona con las universidades y por su parte las universidades intentan llegar a públicos más políticos (Joignant A., comunicación personal, 28 de octubre de 2013)”

Un panorama distinto existe al analizar los vínculos encontrados con otros centros de investigación, como evidencia la participación de CIEPLAN en la iniciativa “Auditoría a la Democracia”, apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), que logró reunir además de CIEPLAN al CEP, LyD y a ProyectAmérica. Este proyecto ha sido sostenido en el tiempo y ha organizado publicaciones, seminarios y encuestas relacionadas a la calidad de la democracia chilena, y evidencia un nivel de integración mayor que la simple “lógica del evento”. Destaca el papel que han jugado instituciones internacionales como el PNUD e IDEA en la creación de un espacio común y transversal. De cualquier modo, en este proyecto no participa ninguna universidad. b) El Centro de Estudios Públicos (CEP) El CEP tiene su origen, como constatamos entrevistando a su director interino, Lucas Sierra, al alero del plan educativo inicial de la Universidad Finis Terrae. Esta universidad

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buscaba crear un proyecto inspirado en las escuelas de artes liberales características del sistema universitario estadounidense, y el CEP se perfilaba como parte íntegra de esta universidad, llegando incluso a tener sus primeras oficinas dentro de esta universidad. En la medida que este proyecto no prospera, el CEP es fundado propiamente tal en 1980 por, entre otros, Jorge Cauas, ex militante del Partido Democratacristiano, Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y luego Máster en Economía por la Universidad de Columbia y que durante el gobierno militar había ejercido como Ministro de Economía (1974-1976) y como embajador chileno en Estados Unidos (1977-1978); y Sergio de Castro, ingeniero comercial de la PUC y uno de los primeros egresados de dicha universidad en obtener un Máster en Economía por la Universidad de Chicago, luego profesor y decano de dicha Escuela de Economía, para posteriormente ejercer como Ministro de Economía (1975-1976) y Ministro de Hacienda (1976-82). Como explica su presidente, el empresario Eliodoro Matte Larraín: “El CEP es un instituto de estudios privado, sin fines de lucro e independiente de los partidos políticos, conocido como el Centro de Estudios Públicos. Fue fundado en 1980 como un lugar de encuentro para investigar y discutir en profundidad y con creatividad, y sin las presiones que tienen las instituciones gubernamentales, cuestiones de índole política, sociológica y económica” (Matte, 2008)

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La visión del CEP se encuentra fuertemente influenciada por corrientes filosóficas y económicas liberales, como señala en entrevista su director interino Lucas Sierra: “Es un centro de estudios de un carácter liberal en un sentido bastante conceptual o más teórico de la palabra, que cree básicamente en la autonomía de los individuos, en la autonomía de la transacción de bienes y servicios y en la autonomía cultural, o si tú quieres teniendo a la cultura como otro bien que se transa digamos o circula (Sierra L., comunicación personal, 21 de octubre de 2013)”.

Durante la segunda mitad de la dictadura, el CEP se dedicó a la realización de conversatorios y simposios en los que participaron importantes actores que luego serían clave para la transición y consolidación de la democracia. Desde su fundación, el CEP ha publicado ininterrumpidamente la revista “Estudios Públicos”, revista que en su primeras ediciones podemos destacar la publicación de textos de autoría de importantes economistas liberales o monetaristas como Milton Friedman y Friedrich von Hayek, siendo este último el “presidente honorario” del CEP (Peña, 2013). El catálogo completo está disponible para su descarga gratuita en la página web del CEP. El CEP ha publicado desde 1986 la serie “Puntos de Referencia”, que recoge documentos de trabajo de investigadores del CEP, presentaciones hechas en el mismo centro por investigadores o invitados externos, columnas de opinión de sus personeros y en general documentos breves sobre debates políticos y económicos contingentes. Del mismo modo, otro producto emblemático del CEP es su

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encuesta de opinión pública, realizada regularmente desde 1987, y que ha medido percepciones ciudadanas sobre temas de debate público, entre ellas la aprobación del gobierno, del Presidente y de su gabinete, evaluación de personalidades del mundo político y otros datos relevantes del debate político contingente. Un aspecto destacable de esta encuesta es que el CEP publica más que solamente los resultados, ya que poco tiempo después del lanzamiento de cada encuesta son liberadas gratuitamente sus bases de datos, siendo estas usados ampliamente en las escuelas de Ciencias Sociales y por investigadores nacionales. Igualmente, el CEP publica regularmente libros originales y reediciones enfocadas a cubrir temas de interés público. Estos libros son frecuentemente publicaciones de los mismos investigadores del centro, pero también existe “subcontratación” de ellos por figuras de alto perfil público. Como mencionamos anteriormente, el CEP define su producción intelectual bajo parámetros basados en la tradición académica liberal, pero esto no se trata de neutralidad, sino que como señala Lucas Sierra: “¿somos absolutamente neutrales? No, nadie es neutral, lo que sí es académico en el sentido de que hemos ido desarrollando prácticas en las que la neutralidad está en el diálogo, en la exposición pública... la neutralidad se traduce en una cierta manera de actuar, que es una manera bastante académica, aquí todo lo que se publica lleva firma, o sea no hay tal cosa como la opinión del CEP, lo que tú ves son los investigadores que son del CEP. No hay una política editorial publicada, todo lo que publicamos lleva la firma de alguien, de alguna persona natural o más de una. En general todo lo que publicamos ha pasado por alguna forma de seminario, público por lo general. Las cuestiones que tienen que ver con polí-

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ticas públicas donde se juega la neutralidad por así decirlo, siempre son seminarios y hay juicios de pares y se discute, entonces hay un proceso, tratamos de que este en el procedimiento.”

Tabla 3 Centro de Estudios Públicos (CEP) Año de Fundación

1980

Afiliación

Centro Derecha – Liberalismo, Libertades personales, Derecho de propiedad, Democacia

Temas de investigación

Opinión pública, debate político contingente, asuntos públicos

Número de Investigadores

9

Página Web

www.cepchile.cl

A pesar de este esfuerzo intelectual de encausar el debate político en la rigurosidad académica, o quizás por ese motivo, existe considerable coherencia ideológica del CEP con un sector de la centroderecha liberal chilena, que no necesariamente se asocia a un partido en particular sino más bien al sentimiento transversal de la derecha que hacia finales de los 80s veía con buenos ojos el retorno a la democracia como un retorno al orden constitucional que garantizaba derechos y libertades personales. Como muestra la Tabla 17, producida por Aguilera (2009) y reproducida en los anexos, el CEP participó en cinco de las seis comisiones presidenciales de Michelle Bachelet, lo que representa la más alta participación de un centro de investigación en estas comisiones.

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Actualmente el CEP se encuentra en pleno proceso de reestructuración de aspectos relevantes a su financiamiento y de su orgánica institucional. En mayo de 2013, Arturo Fontaine Talavera, quien ejercía como director ejecutivo el centro desde sus inicios dejó el cargo para pasar a ser investigador asociado. Lucas Sierra, coordinador académico del CEP asumió como director interino a la espera del abordaje en 2014 de Harald Beyer, ex investigador del centro y miembro del equipo programático de Sebastián Piñera, que llegaría al escenario público ejerciendo el cargo de Ministro de Educación en el gobierno de Piñera, viendo terminada su gestión abruptamente luego de ser destituido por el Congreso. Arturo Fontaine Talavera ciertamente marcó la historia del CEP, dirigiéndolo en una etapa en la cual se consolida como uno de los centros de pensamiento más relevantes del escenario nacional y regional. El más reciente Global Go To Think Tanks Index Report en McGann (2013), posicionó al CEP como el líder del país, el tercero en la región sudamericana y en el lugar 91 del ranking mundial de centros de investigación. El actual financiamiento del CEP, como señaló Lucas Sierra en entrevista, proviene principalmente de cerca de cien donaciones regulares de personas naturales y jurídicas privadas, buena parte de ellas ligadas al mundo empresarial, buscando “atomizar” las donaciones lo más posible. Estas donaciones entran a un fondo común administrado por el CEP que luego fija agendas de investigación. Sierra fue enfá-

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tico en señalar que las donaciones en ningún caso se dirigen a proyectos específicos. El CEP cuenta con nueve investigadores destinados a la generación de conocimiento según las agendas investigativas propias y que el centro busca promover. Es en la planta de investigadores que podemos apreciar los únicos vínculos observables que el CEP sostiene con las universidades chilenas. Estos investigadores, como señaló Sierra, son quienes sostienen vínculos con universidades gracias a que buena parte de ellos dicta clases en estas universidades o cuenta con redes profesionales que los acercan a ellas. Este vínculo, por lo tanto, es informal y no pretende comprometer institucionalmente al CEP. Como muestra la Tabla 16, el 44,4% de los investigadores del CEP sostiene vínculos con universidades. Igualmente, constatamos que existe una notable valoración del vínculo generado a través de la plataforma web y de las redes sociales con el medio, pues este permite llegar directamente a los estudiantes de las universidades, así amplificando la producción intelectual y el debate generado dentro del centro. Realizando una revisión de esta plataforma constatamos que durante 2013 el CEP produjo 37 documentos, entre los que se encuentran informes bimensuales sobre la economía nacional e internacional elaborados por Vittorio Corbo y documentos vinculados a la revista “Estudios Públicos” y a la serie “Puntos de Referencia”, en ambos casos sobre temas de política y cultura nacional.

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Estos vínculos centrados en los individuos, sin embargo, en ocasiones son aprovechados para extender invitaciones a los eventos organizados por el CEP, ya sea para el público en general como también para participantes de los mismos paneles o conferencias. Un caso distinto es observable en el relacionamiento del CEP con otros centros de investigación nacionales, pues como señalamos anteriormente, el CEP participa en proyecto Auditoría a la Democracia, instancia en la cual han colaborado con otros centros de investigación nacionales en la elaboración de documentos que analizan alternativas de cursos de acción en torno a temas del sistema político nacional. c) Libertad y Desarrollo (LyD) A diferencia de CIEPLAN y el CEP, cuya trayectoria puede ser trazada directamente al contexto político del régimen militar, Libertad y Desarrollo emerge en el contexto de la crisis política que significó para la derecha chilena la doble derrota en el plebiscito de 1988 y la elección presidencial de 1989, hitos que marcan el fin de la dictadura y el inicio del proceso de transición política hacia la democracia que inicia Patricio Aylwin en 1990. LyD es fundado en 1990 por Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Cristián Larroulet y un grupo de profesionales (principalmente economistas, ingenieros y abogados) cercanos a los equipos técnicos y políticos del gobierno militar saliente, como también por personas que desde la independencia política se encontraron en la vereda opuesta al proyecto político de la flamante Concertación. Büchi, su principal referente,

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entró al mundo político como asesor económico del gobierno militar y luego ejerció los cargos (entre otros) de Ministro de Planificación (1983-1984) y Ministro de Hacienda (19851989), puestos desde donde logra posicionarse en el espacio público como un referente del núcleo de economistas cercanos al pensamiento de la escuela económica de Chicago, que finalmente lo lleva a asumir la candidatura a la presidencia con el apoyo de los partidos de la derecha en la elección presidencial de 1989. Como señala en entrevista Francisco Javier García, coordinador de políticas públicas de LyD: “(LyD) Es un centro de estudio que promueve las ideas de la libertad y que es independiente a todo grupo religioso, político y económico. Con un fuerte énfasis en políticas públicas principalmente en las áreas económicas, social y diseño político institucional… nace para tratar de seguir promoviendo e investigando… los principios de una economía y de políticas sociales vinculadas a la economía de mercado. Un poco a la ‘economía a la Chicago’. Este no es un centro de estudio que busque promover el legado de la dictadura, ni la herencia política de la dictadura sino más bien lo que trata de hacer es… promover y preservar este modelo económico y social tratando de profundizarlo (García F., comunicación personal, 11 de noviembre de 2013)”.

Esta independencia, sin embargo, en ningún sentido ha significado la aislación de LyD del escenario político nacional, sino que todo lo contrario: LyD ha jugado un papel clave en el desarrollo de la transición y posterior consolidación democrática en Chile. En vez de reemplazar o competir directamente con los actores tradicionales de la

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derecha chilena, los partidos políticos, han jugado un papel complementario en el que, sacando provecho de la mayor flexibilidad comparativa que supone su condición de centro de estudio con respecto a la rigidez y distinta carga de trabajo que los partidos políticos tradicionalmente tienen en su día a día, ha reforzado el funcionamiento de los principales actores políticos de la centroderecha en sus diversos escenarios (legislativo, presidencial o de opinión pública en un sentido amplio) al mismo tiempo que ha buscado facilitar el entendimiento de las fracciones internas de este sector o del mismo sector con otros actores del sistema político. En la primera fase de la transición democrática LyD emerge como un actor clave en la puesta en práctica de la llamada “política de los acuerdos” caracterizada por el acercamiento de representantes moderados de la centroderecha hacia una agenda política común con el nuevo gobierno de la Concertación. Básicamente, como señala Francisco Javier García, gracias a elementos compartidos en torno al futuro desarrollo en democracia del “modelo chileno”, LyD funcionó como facilitador entre la oposición y los tecnócratas concertacionistas que buscaban profundizar el modelo económico al mismo tiempo que se buscó avanzar en entregar contenido social a la acción estatal en un contexto en el cual dichas reformas habrían sido imposibles sin al menos la anuencia de un sector de la centroderecha parlamentaria. Posteriormente, LyD continuó y consolidó su función de apoyo a la centroderecha parlamentaria, abriendo la única oficina de un centro de investigación chileno en el Congreso. Del mismo modo, personeros de LyD fueron activos partici-

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pantes de las diversas comisiones presidenciales formadas durante los gobiernos de Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), aunque siempre buscando trabajar en coordinación con los representantes de la centroderecha parlamentaria nacional, ya sean los partidos de la coalición (Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente) como también los otros centros de investigación de este conglomerado (Fundación Jaime Guzmán e Instituto Libertad). Como señala Aguilera (2009), LyD participó activamente de las comisiones presidenciales del (primer) gobierno de Michelle Bachelet, estando en cuatro de ellas. El detalle de esta participación, como también la de los otros centros de investigación se reproduce en la Tabla 17 del anexo. Altos funcionarios de LyD participaron en aspectos claves de la discusión programática de la centroderecha con miras a la elección de 2009, como fue la creación de los llamados “Grupos Tantauco” que en torno a 36 comisiones temáticas elaborarían y difundirían el programa de gobierno que llevaría a La Moneda a Sebastián Piñera. Entre estos funcionarios, destacamos la participación de Cristián Larroulet, miembro fundador y Director Ejecutivo de LyD, llegando a formar parte de la coordinación general de estos grupos, como también la participación de Juan Andrés Fontaine, Felipe Kast y Ena von Baer, todos luego Ministros del primer gabinete de Piñera. Mención aparte merece Rosanna Costa, también personera de LyD y miembro de los Grupos Tantauco, que posteriormente llegaría a ejercer el influyente cargo de Directora de Presupuesto durante la totalidad del gobierno de Piñera.

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En la actualidad, LyD se posiciona como un punto clave en el funcionamiento diario de la centroderecha chilena, funcionando de nexo entre las distintas tendencias políticas pertenecientes a este sector, ya sea desde los partidos políticos que componen la Alianza por Chile como también desde los otros centros de investigación derechistas: la Fundación Jaime Guzmán, cercano a la UDI, y el Instituto Libertad, cercano a RN. Como pudimos constatar en entrevista con Francisco Javier García, a diferencia de los centros de investigación de la centroizquierda, LyD cuenta con alta seguridad presupuestaria, ya que ha llevado a cabo una exitosa estrategia de financiamiento que combina donaciones particulares de privados con un sistema de suscripción a los productos que LyD elabora, principalmente la “Revista LyD”, de publicación mensual, y los diversos informes que los programas de investigación publican regularmente. Complementariamente, y en función de proyectos específicos, LyD recibe financiamiento externo por parte de instituciones extranjeras. Francisco Javier García fue enfático en señalar que LyD no recibe aportes monetarios del gobierno, de partidos políticos o de parlamentarios, lo que en la práctica le lleva a señalar que “nosotros no competimos por fondos pero si competimos por influencia”.

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Tabla 4 Libertad y Desarrollo (LyD) Año de Fundación

1990

Afiliación

Derecha Sociedad libre, Libre mercado, Progreso, Igualdad de oportunidades, Desarrollo Económico

Temas de investigación

Políticas Públicas, Política Económica, Política Legislativa, Políticas de seguridad y justicia

Número de Investigadores

21

Página Web

www.lyd.com

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información disponible en www.lyd.com

LyD organiza su producción intelectual en torno a cuatro programas temáticos de investigación (económico y social; seguridad pública y justicia; sociedad y política; legislativo) en los cuales trabajan sus 21 actuales investigadores. Cada programa produce documentos de análisis sobre sus temas particulares, los que luego son rescatados en las diversas series de publicaciones con las que cuenta LyD (“Temas Públicos”, “Fallos Públicos”, “Estudios LyD”, “Informes Económicos”, “Reseña Legislativa” y la misma “Revista LyD”). Como pudimos constatar a lo largo de las entrevistas que realizamos, el programa legislativo es sin duda un aspecto destacable, ya que ha logrado un alto nivel de reconocimiento por sus contrapartes en el Congreso, desde donde se han vuelto un referente obligado para el debate legislativo por parte de la centroderecha. Como fue constatado luego de la revisión del sitio web de LyD, sólo en 2013, LyD publicó 231 documentos, de los cua-

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les 95 de ellos fueron en la serie “Temas Públicos”, 91 en la serie de “Informes Económicos”, 24 en la de “Estudios LyD”, 11 “Revistas LyD” y 10 “Fallos Públicos”. La producción de documentos, al menos nominalmente, eclipsa la publicación acumulada de los otros tres centros de investigación abordados en este estudio. LyD ha optado por un alto nivel de especialización de su plataforma comunicacional, contando con un centro de prensa a cargo de un equipo de periodistas dedicados a preparar comunicados de prensa que presentan hallazgos y puntos centrales de las investigaciones realizadas por LyD; como también reúnen y difunden columnas de opinión y noticias relacionadas a los investigadores del centro. Del mismo modo, y de una manera menos centralizada, LyD promueve la utilización frecuente por parte de sus investigadores de redes sociales como Twitter y Facebook. Otro aspecto relevante es que LyD cuenta con un app gratuito propio, que permite acceder a noticias e informes de LyD desde smartphones y tablets. Complementariamente, LyD cumple funciones de formación de militantes o adherentes al pensamiento de la centroderecha chilena. Esto se lleva a cabo a través de distintas iniciativas que incluyen la realización de una “universidad de verano” en diciembre de cada año, ciclos de discusión de políticas públicas, seminarios regulares, y encuentros de actualidad. Del mismo modo, LyD cuenta con un programa de prácticas y pasantías destinadas a estudiantes nacionales e internacionales.

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Los vínculos encontrados entre LyD y el sistema universitario son bastante similares a los encontrados en otros centros de investigación nacionales. El principal vínculo de LyD y las universidades chilenas proviene de la “doble militancia” de sus investigadores, que a su vez son profesores en diversas carreras y universidades chilenas. Esta doble militancia permite la elaboración conjunta de publicaciones como también sirve para habilitar canales de comunicación entre LyD y audiencias universitarias. El 61,9% de los investigadores de LyD mantiene vínculos con universidades, tanto en docencia como en investigación. A diferencia de los otros casos estudiados, los investigadores de LyD sostienen vínculos con la Universidad del Desarrollo, ya sea a través de la docencia o en la administración de la misma. Interesantemente, este vínculo ha llevado a que dentro de LyD exista una cierta “cultura académica” que permea la producción intelectual del centro y que es aprovechada dentro de las actividades regulares realizadas por LyD, como señaló Francisco Javier García: “Nosotros que somos profesores a su vez estamos inmersos en ambientes académicos, eso tiene un montón de efectos, por ejemplo aumenta el nivel de exigencia del tipo de publicación o declaración que se hace… todo esto hace que uno aumente mucho los estándares y básicamente que uno no esté hablando solo en términos de divulgación sino que el nivel de estándar de exigencia académico de rigor es muy alto… No es que nosotros publiquemos papers “ISI” o “SCIELO” o que esa sea la principal preocupación de los investigadores de acá. Pero como también hay académicos que están preocupados de publicar se genera ese efecto virtuoso y nosotros

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eso lo promovemos. Lo mismo que la discusión en debates de sociedades científicas, de economía, de ciencias políticas y derecho. Entonces son profesionales muy respetados en sus ámbitos (García F., comunicación personal, 11 de noviembre de 2013)”.

Los vínculos con universidades chilenas por parte de LyD siguen en general “la lógica del evento” mencionada anteriormente y facilitada por los vínculos de doble militancia, dando origen a publicaciones conjuntas que a su vez son difundidas por todos los participantes. Estas actividades son frecuentemente canalizadas a través de órganos especializados dentro de las universidades: escuelas de gobierno, de economía y de derecho, principalmente. Como señalamos anteriormente, los vínculos encontrados entre LyD y otros centros de investigación nacionales son más densos que los encontrados con el sistema universitario, participando del proyecto “Auditoría a la Democracia”, como también se constatan vínculos en base de eventos con centros de investigación como CEP y CIEPLAN. Destacamos también un aspecto no observado en los otros centros de investigación estudiados, este es que además de sus funciones y proyectos propios, LyD cumple una función de coordinación de una agenda conjunta con los otros dos centros de investigación de la derecha chilena: la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto Libertad, lo que ciertamente amplifica y hace más eficiente y coherente la acción de estos centros en función de sus visiones y proyectos políticos.

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d) La Fundación Chile 21 (CH21) La Fundación Chile 21 (CH21) emerge en la coyuntura política del proceso de transición democrática en el año 1992, con la idea de instalar y desarrollar un pensamiento progresista que convocaba a diversas personas e instituciones de la izquierda chilena dentro de la Concertación, inicialmente con la misión puntual de apoyar al socialista Ricardo Lagos Escobar en el proceso de primarias de 1992. Carlos Ominami, su presidente honorario, señaló en entrevista: “(CH21) se creó más bien en el marco de un dispositivo de campaña de un candidato a la presidencia que fue el caso de Ricardo Lagos. Nosotros el 92 cuando perdimos la elección primaria, en todo caso sabíamos que íbamos a perder esa elección primaria y que estábamos comenzando un camino que iba a ser largo pero que había que recorrerlo. Para recorrerlo y constituir una opción presidencial sólida, clara y nítida se requería un conjunto de ideas. Chile 21 en consecuencia se formó muy en torno a esa necesidad de proveer de ideas a una opción presidencial y siempre se planteó de esa forma (Ominami C. comunicación personal, 29 de octubre de 2013”.

Hasta el año 2000 CH21 estuvo encabezado por Ricardo Lagos, quien deja la institución para asumir la presidencia por el periodo 2000-2006. La trayectoria política de CH21 permite incluirlo ciertamente en el grupo de centros de investigación asociados al bloque “concertacionista”, y ha intentado desde sus inicios pensarse como un espacio de difusión y debate de las ideas progresistas de izquierda en un diálogo permanente con todos los sectores políticos, aunque preferentemente aquellos intracoalición.

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Precisamente la administración de Lagos se presenta como el primer desafío del desarrollo organizacional de CH21. Es en esta fase, como señaló en entrevista Carlos Ominami, que CH21 deja su función de dispositivo de campaña para convertirse en uno de asesoría para el gobierno. De este modo, CH21 logra posicionar a Eugenio Lahera y Ernesto Ottone, entre otros de sus personeros, en importantes puntos del cuerpo de asesores de la presidencia, en el llamado “segundo piso” del palacio presidencial de La Moneda, al mismo tiempo que Ominami, siendo entonces senador, continuó consolidándose como un referente obligado del escenario político nacional al mismo tiempo que le otorgaba mayor visibilidad a CH21. El siguiente reto se dio en la campaña presidencial y el posterior (primer) gobierno de Michelle Bachelet. Bachelet, militante socialista y previamente Ministra de Salud y de Defensa en el gobierno de Lagos, llega a la presidencia conformando un equipo de campaña que integró, entre otros, a CH21. En juicio de Carlos Ominami, CH21 y Expansiva fueron los principales referentes de la campaña y gobierno de Bachelet. CH21 contribuyó en posicionar temas de protección social, que posteriormente serían importantes puntos programáticos del gobierno de Bachelet. Expansiva, por su parte, se preocupó de sostener temas de equilibrio macroeconómico, políticas comerciales y de desarrollo.

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Posteriormente, Bachelet integró en su gabinete a Clarisa Hardy, militante del Partido Por la Democracia (PPD) y entonces directora ejecutiva de CH21, quien asumiría como Ministra de Planificación y Cooperación entre 2006 y 2008, mientras que Andrés Velasco, economista independiente y principal figura de Expansiva (anteriormente de CIEPLAN), tomaría el crucial cargo de Ministro de Hacienda por la totalidad del mandato de Bachelet. Del mismo modo, los investigadores de CH21 participaron de tres de las comisiones asesoras presidenciales formadas durante el gobierno de Bachelet (previsión, educación y equidad), llegando Juan Eduardo García-Huidobro a presidir la comisión de educación. Hacia fines del gobierno de Bachelet, CH21 se enfrentó a aún otro reto, ya que en el contexto de las primarias de la Concertación en 2009 emergió como contendor Marco Enríquez-Ominami, diputado socialista e hijo de Carlos Ominami. Este proceso de primarias se caracterizó por el enfrentamiento entre las cúpulas partidarias que apoyaron a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, senador Democratacristiano y ex presidente en desmedro de sus propias alternativas internas. Enríquez-Ominami expresó su interés de participar en el proceso de primarias de la Concertación, pero su propio partido le negó esta opción, llevándole a cortar relaciones con dicha coalición y con el Partido Socialista para formar candidatura independiente para la primera vuelta de la elección presidencial, en donde obtuvo alrededor del 20% de las preferencias contra el 29% de Frei. La elección presidencial de 2009 y 2010 se presentaría entonces como un punto de inflexión en el desarrollo de CH21,

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puesto que, como señala Carlos Ominami, CH21 se convirtió en un punto de encuentro entre distintas posiciones dentro de la izquierda chilena: “nosotros somos una fundación política y dentro de la complejidad hemos tenido que navegar por diversas corrientes y opiniones. Navegamos el 2009 en un cuadro bien tumultuoso porque en el fondo habían tres opciones, aquí había gente que estaba con Frei, estaba con Marco y gente que estaba con el propio Arrate2. Pero logramos manejar nuestras discrepancias y nuestras opciones, poniendo por delante un común denominador, que es esta idea de contribuir al pensamiento progresista. Nosotros tenemos una definición, si a nosotros nos dicen que somos un centro de izquierda, nosotros decimos “sí, somos un centro de izquierda, pero fundamentalmente somos un centro progresista”. Tabla 5 Fundación Chile 21 (CH21) Año de Fundación

1992

Afiliación

Izquierda - Libertad, Igualdad, Participación, Solidaridad, Justicia Social, Progresismo

Temas de investigación

Calidad de la democracia, Desarrollo inclusivo, Derechos sociales, Protección del medio ambiente, Derechos indígenas, Igualdad de género, Política internacional

Número de Investigadores

12

Página Web

www.chile21.cl

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información disponible en www.chile21.cl

2

Jorge Arrate, candidato presidencial en 2009 con el apoyo del Partido Comunista, ex ministro de Patricio Aylwin, ex presidente del Partido Socialista, también renuncia a su militancia socialista en 2009. Obtuvo cerca del 6% de las preferencias en 2009.

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El contexto electoral de 2009-2010, sin embargo, no significó en ningún sentido la disolución de CH21, sino que ciertamente sirvió como una prueba de fuego de su institucionalización y autonomía. Más allá de la derrota de la Concertación y de la izquierda en un sentido amplio en 2010, CH21 consolidó su posición como un referente serio del progresismo y dispuesto a dialogar con diversos actores del sistema político. En esa línea, CH21 participa de la iniciativa “Auditoría a la Democracia” como también lo ha hecho al alero de la iniciativa de discusión y debate sobre el próximo fallo de La Haya con respecto al diferendo marítimo entre Perú y Chile que organizó el gobierno de Sebastián Piñera. Como señala su declaración de misión, CH21 se autodefine como “un centro de estudios que genera contenido, reflexión y propuestas en materia de políticas públicas, inspirados por los ideales de libertad, igualdad, participación, solidaridad y justicia social”. CH21 organiza su producción intelectual en torno a ocho programas de investigación, cada uno dirigido por un investigador responsable que a su vez se encarga de realizar eventos destinados a la difusión de hallazgos o generación de debate contingente. Estos programas a su vez desarrollan proyectos que frecuentemente cuentan con financiamiento específico, y hacen uso de la planta de investigadores permanentes de CH21, pero a su vez, como pudimos constatar entrevistando a Carlos Ominami y a Gloria de la Fuente, gran parte del conocimiento generado se nutre de la participación de colaboradores externos que forman parte de las redes en las cuales los personeros de CH21 se desenvuelven. El año 2013, CH21 produjo 24 publi-

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caciones, de las cuales ocho se lanzaron bajo la “Colección Ideas”, nueve fueron documentos de trabajo y siete fueron informes de coyuntura política. Al igual que LyD, para CH21 resulta importante tener un contacto directo con los medios de comunicación tradicionales y sociales. Sus analistas frecuentemente publican columnas en los diarios más importantes de circulación nacional, como también cuentan con activas cuentas de Twitter y Facebook. Aquí podemos constatar la importancia dada a la generación de debate en la esfera social que CH21 intenta promover. Paralelamente, CH21 cuenta con redes internacionales con otros centros de investigación afines al pensamiento progresista, tanto en Europa como en América Latina, que sirven para amplificar las iniciativas propias al mismo tiempo que sirven como fuente de financiamiento. En particular, como señaló en entrevista Carlos Ominami, una parte importante del financiamiento corriente de CH21 viene de la Fundación Friedrich Ebert, asociada al Partido Socialdemócrata alemán. Al igual que los otros centros de investigación estudiados, el vínculo de CH21 con el sistema universitario tiene un bajo nivel de institucionalización y se centra principalmente en los vínculos que sus investigadores generan como parte de sus carreras paralelas de investigador-académico. El 75% de los investigadores de CH21 sostiene vínculos de docencia o investigación con universidades chilenas. Como señala en entrevista Gloria de la Fuente, coordinadora del programa calidad de la política en CH21:

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“somos un centro de pensamiento progresista, tenemos entre 15 y 20 años de trabajo fundamentalmente, con un vínculo no directo con los partidos políticos pero si con actores del mundo político en general… Lo que nosotros hacemos en general es más bien ser la intermediación entre el mundo académico y el mundo más político…, como una plataforma de encuentro entre estos dos espacios más que nosotros mismos producir investigaciones… nosotros en general somos un centro transversal y nosotros nos definimos así. (De la Fyente G., comunicación personal, 23 de octubre de 2013)”

Así, los vínculos que pudimos encontrar con el sistema universitario se enfocan eminentemente en la “lógica del evento” y la de las publicaciones conjuntas. CH21, haciendo uso de las redes académicas, ha buscado rescatar las inercias propias de este sector de generación de conocimientos al mismo tiempo que busca promover su agenda progresista. 4. Conclusiones y Recomendaciones La opinión general que se tiene de los centros de investigación es que en Chile, al menos desde el inicio del fenómeno hace cuatro décadas, éstos se “han dedicado a sobrevivir”. Los expertos entrevistados coinciden en que en el contexto político-institucional del régimen autoritario claramente las condiciones para investigar no eran las óptimas, y es una paradoja que la investigación en Chile haya tenido un efecto performativo, teniendo una gran capacidad para poder construir realidades y generar impacto en el proceso político que se vivió. Chile contó con importantes personajes que lograron hacer ciencias sociales e investigación fuera de las aulas universi-

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tarias intervenidas, desde la sociedad civil y refugiados en los centros de investigación que si bien tenían altas restricciones, contaban con un notable apoyo internacional. Con el retorno a la democracia los centros en gran medida pierden su raison de vivre, y aquellos que no superan este reto, y siguiendo el relato de la “selección natural” a la que Cociña y Toro (2009) hacen referencia, comienzan a despoblarse e incluso a desaparecer. Como nos señala Marcelo Mella: “Paradojalmente un momento difícil política e institucionalmente se transforma en una oportunidad para conseguir fondos e incluso poder vivir haciendo investigación fuera de las universidades en la oposición pero con financiamiento internacional… En democracia, claro, los centros de estudio comienzan a verse despoblados porque el contingente intelectual sale al gobierno, ocupan posiciones relevantes dentro de los primeros gobiernos de la Concertación y tenemos una red de centros de estudio que fueron debilitándose o muriendo lentamente, algunos incluso mantuvieron el nombre siguieron existiendo formalmente pero en base al trabajo de puros ayudantes con mucha menor capacidad de influir en la política pública. Es una paradoja esto de que la democracia de alguna manera signifique el otoño de la ciencia política o de las ciencias sociales en su capacidad de influir sobre los procesos y en dictadura sin embargo la influencia había sido mucho mayor”.

La mirada “experta” y la propia visión que tienen los centros de estudio analizados nos indican que los centros de investigación o think tanks propiamente tales en Chile son pocos, más allá de los indicadores formales que señalan su proliferación reciente. Entendiendo la definición original y más utilizada como aquellos organismos que buscan influir

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en el sistema político y en la sociedad en general tanto política como mediáticamente nuestros centros de investigación aún están en un proceso de construcción y consolidación. El centro de investigación chileno que más se acercaría a una definición formal de think tank sería Libertad y Desarrollo, por su capacidad de influir “desde el conocimiento a la política”, además de tener oficinas en el Congreso mediante las cuales asesoran a los parlamentarios de la centroderecha, una gran cantidad de publicaciones, un número importante de expertos y académicos de planta y una visibilidad mediática relevante. Como el mismo Lucas Sierra nos lo plantea: “Los think tanks están más vinculados a la política más contingente, están vinculados de alguna manera al sistema político. En ese sentido a Libertad y Desarrollo me parece que se le aplica a la voz ‘think tank’ con más precisión que yo creo que se le podría aplicar al CEP (Sierra L., comunicación personal, 21 de octubre de 2013)”.

Otro aspecto destacable de los centros de investigación chilenos es su baja capacidad de acción en tanto entidades que generalmente cuentan con un limitado cuerpo “profesionales de planta” que dediquen su tiempo 100% a investigar o generar conocimiento para la institución en la cual trabajan. Si bien muchos centros tienen publicaciones contundentes, reconocidas y buenos expositores, muchas veces estos son contratados por el centro para que escriban bajo la “firma” de la institución o se comprometan bajo algún proyecto específico y acotado en el tiempo, que regularmente cuenta con financiamiento específico para dichos fines, lo que hace

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que una vez que este termine, la continuidad del investigador quede en suspenso. Si bien los centros de investigación se vinculan con otros centros de investigación y con universidades para proyectos en específicos, estos son vínculos no institucionales y por lo general son acotados. Una de las experiencias positivas que todos los centros estudiados rescatan y que convocó a un amplio espectro de centros de investigación ha sido el “Consorcio de Centros de Pensamiento” que al alero del PNUD y en torno a la iniciativa “Auditoría a la Democracia” posibilitó la convergencia y discusión de temas relevantes para el acontecer nacional, acercando y poniendo en contacto a los diversos centros estudiados al mismo tiempo que elevó su visibilidad en el espacio público. De esta manera, podemos decir que en el caso chileno existe mayor colaboración que competencia entre los centros. Esta colaboración se da orgánicamente entre otras cosas por el tránsito de personas que se mueven de los centros de pensamiento a las universidades o viceversa. Como nos plantea Carolina Segovia que ha tenido la oportunidad de estar vinculada a ambos espacios: “Yo creo que los dos tipos de instituciones están llamados a hacer su trabajo y si existe colaboración mejor. Pero en Chile existe. En Chile hay trabajo conjunto y permanente diría yo entre estas instituciones, no es tan raro”.

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Los centros de investigación chilenos realizan un trabajo serio y sincero, pero no son imparciales, y esto es una virtud y no una preocupación porque los actores entrevistados comprenden que sus ideas son para gatillar o influir en los procesos de toma de decisión. En Chile además encontramos una particularidad importante: los centros de investigación tienen fuertes vínculos a ideales partidistas, y la gran gama de centros orienta su acción a influir directamente a los dos bloques políticos más relevantes del país al mismo tiempo que, con la misma finalidad, se intenta llegar a la opinión pública. Si bien la mayoría de los entrevistados nos aclaran que no tienen vínculos institucionales con los partidos, todos reconocen que existe un claro componente ideológico y un compromiso que se ve reflejado en el actuar del centro y sus lógicas de producción de conocimiento. Como señala Pedro Güell: “En Chile los think tanks en general han sido los espacios de reflexión y advocacy de los grupos políticos, sean partidos o de otro tipo. El escenario en donde han trabajado es el escenario político y yo creo que eso los marca en el caso chileno. Los marca con el tipo de personal con que ellos trabajan y los marca con el tipo de relaciones que les interesa establecer. En general los think tanks han trabajado mucho más con el debate hacia el interior del espacio político, por ejemplo buena parte de ellos hacen asesoría parlamentaria como su espacio de trabajo…, todos son menos académicos que antes. Son más bien espacios donde se nuclean grupos de influencia pertenecientes al espacio político… no están en el gobierno pero quieren sostener su identidad e influencia perteneciente a ese espacio (Güel P., comunicación personal, 24 de octubre de 2013)”.

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Por otro lado es importante destacar que los centros de investigación sienten que cumplen una función de catalizadores entre el mundo académico y el espacio político, siendo mediadores o espacios en los cuales estos mundos pueden dialogar. En ese sentido, y considerando que en general las universidades chilenas han buscado elevar sus estándares académicos en desmedro de su función de generación de insumos para el debate público (profesionalización a través de la despolitización), los centros de investigación no compiten directamente con la labor que hacen las universidades, sino que, en cierta medida podemos señalar que llegan a llenar el nicho abandonado por éstas. Si bien existen débiles vínculos institucionales de centros de investigación y universidades en Chile, sí existen enlaces de colaboración para proyectos específicos, siendo los casos típicos charlas donde especialistas de uno y otro lado comparten visiones, y publicaciones conjuntas, siempre considerando la particularidad que en Chile los académicos y profesionales, tanto de las universidades como de los centros de investigación, se ven parte de un proceso de tránsito interinstitucional fluido y dinámico. Ellos mismos están en uno y otro lado pudiendo ser docente e investigador de la universidad en la mañana y académico e investigador de un centro de investigación en la tarde. Así nos lo plantea Francisco Javier García: “Los centros de estudio son vistos como una correa transportadora entre la academia y los policy makers y la política. Por eso es raro que un centro de estudio le trate de competir directamente a

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la academia, ahí tal vez se desperfila como centro de estudio. En algún sentido es como una correa transportadora del conocimiento que está en las fronteras con aquello que quiere llegar a un público mucho más amplio”

Del mismo modo, otro vínculo observable entre centros de investigación y universidades radica en que estas últimas han servido, naturalmente, de espacio de formación de los profesionales que son luego reclutados por los centros de investigación para su planta (permanente o transitoria) de investigadores. Como constatamos a lo largo de las entrevistas, la doble militancia de los investigadores responsables de los centros de investigación permite que estos seleccionen jóvenes en proceso de titulación para su integración en el centro o para la realización de prácticas profesionales. Ambos canales sirven para la captación de nuevos investigadores que a su vez posteriormente continúan con el proceso de captación. Sin embargo, como ha sido evidente, universidades y centros de investigación no siempre comparten los mismos lenguajes y obviamente sus fines son distintos. Mientras que para la gran mayoría de las universidades lo importante es no descuidar su proyecto docente y en un segundo plano fomentar la investigación aplicada, dirigiéndose así a temáticas de largo plazo, en los centros de investigación existe una pretensión por incidir en la sociedad a corto plazo, con un lenguaje mucho más simple que sea capaz de ser altamente mediatizado y difundido. Si bien existen puentes por donde transitan los académicos de una parte a otra, estos “puentes académicos” no necesariamente generan competencia o colaboración en la medida en que la funciones como los

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lenguajes de ambas esferas no persiguen los mismos propósitos. Como nos señala Eugenio Guzmán: “Uno ha visto que los think tanks se han situado en un área del conocimiento que podríamos llamarlo “A2 de La Tercera”3, en ese sentido sus lenguajes y sus formas de aterrizar son ideas que vienen de algunos casos de la academia, no en todos, y que tienen un sustento. Lo que están haciendo los think tanks es bajar eso. En otros casos los think tanks producen ideas y muchas ideas interesantes que la academia no ha tomado y está lejos de tomar porque no ha tenido la creatividad. En ese sentido la fuerza que tienen los think tanks a veces pone a prueba la investigación universitaria o la investigación científica (Guzman E., comunicación personal, 19 de noviembre de 2013)”.

Por otro lado el vínculo centro de investigación-universidades ha debido superar los desincentivos generados por el hecho de que las universidades deben autofinanciarse y, en ese sentido, puede ser visto como poco conveniente el compartir recursos con instituciones externas a ellas. Igualmente, centralismo capitalino tampoco entrega ventajas para que puedan vincularse entre sí centros de investigación que en su enorme mayoría están en la capital con universidades prestigiosas en las distintas regiones del país. Es importante señalar que pareciera ser que los vínculos existentes por diversos motivos son más susceptibles entre centros de investigación y universidades privadas, ya sea porque estas últimas necesitan alcanzar un prestigio que no tienen (a diferencia de las universidades tradicionales) o porque simplemente están más abiertas a participar de instancias 3

Sección de opinión de uno de los diarios más importantes a nivel nacional.

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investigativas y de participación con los centros de pensamiento. Como señala Carlos Ominami: “Tenemos ahí una cierta frustración porque es complejo armar cosas con las universidades públicas. Lo decimos también con cierta pena porque muchos somos hijos de la universidad pública pero son a veces más complejas, más burocráticas, más ineficientes, nos cuesta.”

Podemos concluir que los centros de investigación en Chile están inmersos en un proceso constante de redefinición de su campo de acción generado justamente por las acciones que llevan a cabo. Nada está escrito en piedra, y si un centro de investigación encuentra un nuevo nicho de acción, y si este nicho le entrega una ventaja competitiva en la búsqueda de influencia en la esfera pública, es esperable que éste funcione como “abridor de caminos” y más que competencia genere emulación por los otros actores del sistema. Por otro lado, las universidades cuentan comparativamente con estructuras más rígidas en gran parte producidas por su misión docente y sus objetivos de investigación centrados en parámetros metodológicos fijados por la tendencias actual de la academia: la búsqueda de revistas de indexación de alto impacto (ISI, SCIELO, SCOPUS). Considerando el bajo gasto en investigación y desarrollo, ciertamente el sistema de generación de conocimiento en su conjunto podría verse favorecido de un mayor impulso por parte del Estado y del sector privado, y en este panorama señalamos que los centros de investigación debiesen ser considerados como actores emergentes y merecedores de mayor apoyo para la labor que realizan. Una democracia

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sustantiva y moderna requiere pluralidad de actores intelectuales pensando tanto en el largo como en el corto plazo, como también de espacios de diálogo y debate sobre estos mismos temas. Tanto universidades como centros de investigación enriquecerían los aportes que entregan a la sociedad si este escenario de relaciones se consolida como un campo con vínculos densos y dinámicos.

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6. Acerca de los Autores. Ángel  Flisfisch  Fernández realizó sus estudios superiores en la Universidad de Chile, egresando de Derecho y cuenta con estudios de posgrado en Ciencia Política en Flacso-Chile y en la Universidad de Michigan, y ha ocupado diferentes cargos relevantes en el área gubernamental. Dentro de sus publicaciones se encuentran “Estudios sobre el sistema de partidos en Chile” (1985), escrito con Adolfo Aldunate y Tomás Moulian y publicado por Flacso-Chile, “La política como compromiso democrático” y “Partidos y Democracia”. Actualmente es Director de Flacso-Chile. Maximiliano Prieto Morales es cientista político, licenciado en ciencia política y relaciones internacionales por la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente se desempeña como investigador de Flacso-Chile y estudiante del magíster en estudios internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.max.prieto@ flacsochile.org Alejandro Siebert Maldonado es sociólogo, Licenciado en sociología de la Universidad Diego Portales. Actualmente se desempeña como estudiante del diplomado “Cultura, Política y Sociedad en Latinoamérica en el siglo XX” de la facultad de filosofía y humanidades de la Universidad de Chile.

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7. Anexos a) Tablas y Figuras Tabla 6 Resumen del Sistema Universitario Chileno según Taxonomía de Muñoz y Blanco (2013). Tipo de Universidad (número)

Universidad Universidad de Chile

Universidades de investigación (3)

Pontificia Universidad Católica de Chile Universidad de Concepción

Masividad alta (+8000 matriculados nuevos) (2)

Universidades masivas Masividad media (entre 5000 y 8000 matriculados nuevos) (5) (9)

Universidad Nacional Andrés Bello Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) Universidad Santo Tomás Universidad de las Américas Universidad San Sebastián Universidad del Mar Universidad Autónoma de Chile

Masividad baja (menos de 500 matriculados nuevos) (2)

Universidad Central Universidad Arturo Prat Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universidad Católica del Norte

Acreditación alta (6 años y más) (5)

Universidad de Santiago de Chile Universidad Austral de Chile Universidad Técnica Federico Santa María Universidad de la Frontera Universidad Alberto Hurtado Universidad Católica del Maule

Universidades de acreditación (19)

Universidad Católica de Temuco Acreditación media (entre 4 a 5 años) (11)

Universidad de Tarapacá Universidad de Talca Universidad de Antofagasta Universidad Católica de la Santísima Concepción Universidad de la Serena Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Universidad Católica Silva Henríquez Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

Acreditación moderada (entre 2 y 3 años) (3)

Universidad de Valparaíso Universidad Tecnológica Metropolitana Universidad de los Andes

Altamente elitistas (+ del 70% de los matriculados provenientes de Universidades elitistas colegios particulares pagados) (3) (5) Elitistas (entre un 45 y 70% de matriculados provenientes de colegios particulares pagados) (2)

Universidad Adolfo Ibáñez Universidad del Desarrollo Universidad Finis Terrae Universidad Diego Portales Universidad Miguel de Cervantes Universidad de Ciencias de la Informática Universidad Bolivariana

No selectivas (8)

Universidad Internacional SEK Universidad de Los Lagos Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología Universidad Bernardo O’Higgins

Universidades no elitistas (15)

Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) Universidad Pedro de Valdivia Baja +selectividad (4) SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

356

Universidad Chileno Británica de Cultura

Universidad Academia de Humanismo Cristiano Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) Universidad de Magallanes

Tabla 7 Generación de Investigación en Universidades de Chile. Universidades  Universidad de Chile Pontificia Universidad Católica de Chile Universidad de Concepción Universidad Nacional Andrés Bello Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) Universidad Santo Tomás Universidad de las Américas Universidad San Sebastián Universidad del Mar Universidad Autónoma de Chile Universidad Central Universidad Arturo Prat Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universidad Católica del Norte Universidad de Santiago de Chile Universidad Austral de Chile Universidad Técnica Federico Santa María Universidad de la Frontera Universidad Alberto Hurtado Universidad Católica del Maule Universidad Católica de Temuco Universidad de Tarapacá Universidad de Talca Universidad de Antofagasta Universidad Católica de la Santísima Concepción Universidad de la Serena Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Universidad Católica Silva Henríquez Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación Universidad de Valparaíso Universidad Tecnológica Metropolitana Universidad de los Andes Universidad Adolfo Ibáñez Universidad del Desarrollo Universidad Finis Terrae Universidad Diego Portales Universidad Miguel de Cervantes Universidad de Ciencias de la Informática Universidad Bolivariana Universidad Internacional SEK Universidad de Los Lagos Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología Universidad Bernardo O’Higgins Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) Universidad Pedro de Valdivia Universidad Chileno Británica de Cultura Universidad Academia de Humanismo Cristiano Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) Universidad de Magallanes Universidad del Pacífico Universidad de Atacama Universidad Adventista de Chile Universidad de Viña del Mar Universidad del Bio-Bio Universidad Gabriela Mistral Universidad Mayor Universidad de Aconcagua Universidad La República

SCImago IR1

ISI2

SCIELO3

8.354 6.184 3.718 765 10 117 21 73 30 73 29 176 1.182 1.014 1.672 1.618 1.449 999 134 198 264 472

1.081 971 506 176 1 19 1 9 2 16 9 20 173 155 238 232 285 161 17 32 40 81

493 388 183 40 0 4 1 10 6 25 7 15 89 61 48 124 13 159 27 26 39 59

883

109

95

434 237 355 106 37 50 842 107 305 259 420 28 583 1 1 7 3 218 6 5 7 12 Sin datos 26 Sin datos 231 2 68   25 485 3 117 Sin datos 2

63 29 78 13 4 9 140 6 58 55 62 6 125 0 Sin datos 0 0 25 1 Sin datos 2 1 Sin datos 4 Sin datos 36 0 6 1 2 62 0 17 Sin datos Sin datos

19 23 17 11 15 11 59 1 43 8 55 6 75 0 0 3 0 29 1 3 2 2 Sin datos 4 Sin datos 38 0 8 1 7 20 0 25 0 0

Nota. Elaboración propia sobre datos (1): Producción de documentos (output) entre 2007 y 2011, SCImago IR (www.scimagoir.com); (2): Documentos publicados el año 2012 en revistas de indexación ISI, Consejo Nacional de Educación (www.cned.cl); (3): Documentos publicados el año 2012 en revistas de indexación SCIELO, + SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile Consejo Nacional de Educación (www.cned.cl).

357

Tabla 8 Producción de documentos en Chile. Año

Documentos producidos

Tasa de crecimiento (%)

Producción como % de la producción mundial

2002

2.706

22,9

0,2

2003

3.115

15,1

0,22

2004

3.439

10,4

0,22

2005

3.855

12,1

0,22

2006

4.782

24,0

0,26

2007

5.100

6,6

0,26

2008

5.701

11,8

0,28

2009

6.357

11,5

0,3

2010

6.716

5,6

0,3

2011

7.362

9,6

0,31

2012

8.111

10,2

0,33

Nota. Fuente: SCImago Journal and Country Rank (2013), (www.scimagojr.com)

Tabla 9 Producción de documentos en Chile. Cantidad de centros de investigación (think tanks) del país (2011)1

41

Cantidad de universidades del país (2013)2

60

Número de investigadores/1000 habitantes (2008)3

0,9

Número de PhD en el país4

6500-7000

Número de publicaciones indexadas (2012)5

7707

Porcentaje del PIB destinado a investigación (2012)6

0,42

Nota. Fuentes: (1) McGann (2013); (2) Consejo Nacional de Educación Superior (2013); (3): Ministerio de Economía (2010); (4): Santelices (2011) (estimación); (5): SCImago (2007); (6): OCDE/OECD (2012)

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

358

Tabla 10 Periodo de Surgimiento de los Centros de Investigación en Chile.

Régimen militar y transición (1973-1990)

Retorno de la democracia y proceso de consolidación (1990-2000)

Consolidación democrática (2000)

Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN)

Libertad y Desarrollo (LyD)

Expansiva

Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

Instituto Libertad (IL)

ProyectAmérica

Centro de Estudios Públicos (CEP)

Chile 21

Instituto Igualdad

Corporación de Estudios Sociales y Educación (SUR)

Fundación Jaime Guzmán

Aire Libre

Instituto Chileno de Estudios Humanistas (ICHEH)

Justicia y Democracia

Fundación por la Democracia

Centro de Promoción Universitaria (CPU)

Tiempo 2000

Instituto Jorge Ahumada

Programa de Economía del Trabajo (PET)

Fundación Futuro

Corporación de Investigaciones Sociales (CISO)

Fundación Eduardo Frei (FEF)

Avance

Fundación Democracia y Desarrollo

Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) Instituto de Ciencias Alejandro Lipshutz (ICAL) Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA)

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359

Tabla 11 Miembros del Equipo Económico del Gobierno de Aylwin: Afiliación a Universidades Extranjeras. Nombre

Posición

Universidad

Alejandro Foxleya

Ministro de Hacienda

Universidad de Wisconsin

Pablo Piñeraa

Subsecretario de Hacienda

Universidad de Boston

Ministerio de Hacienda

Jefe de Gabinete

Universidad de Columbia

José Pablo Arellanoa

Director de Presupuesto

Universidad de Harvard

Javier Etcheverry

Director de impuestos

Universidad de Michigan

Coordinador de políticas

Universidad de Yale

Carlos Ominami

Ministro de Economía

Universidad de París

Jorge Marshall

Subsecretario de Economía

Universidad de Harvard

Alejandro Jadresic

Coordinador de políticas sectoriales

Universidad de Harvard

Juan Rusque

Servicio Nacional de Pesca

Universidad de Gales

Fernán Ibáñez

Subsecretario de Inversión Extranjera

Instituto Tecnológico de Massachusetts

Andrés Sanfuentes

Presidente del Banco del Estado

Universidad de Chicago

Eduardo Aninat

Coordinador de deuda externa

Universidad de Harvard

Ernesto Tironia

Gerente general de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción)

Instituto Tecnológico de Massachusetts

Hugo Lavados

Superintendente de Valores y Seguros

Universidad de Boston

Roberto Zahler

Asesor del Banco Central

Universidad de Chicago

Ricardo Ffrench-Davis

Director de estudios del Banco Central

Universidad de Chicago

Álvaro Briones

Gerente de operaciones de CORFO

Universidad Autónoma de México

Ernesto Edwards

Vicepresidente del Banco del Estado

Universidad de Boston

Álvaro García

Subdirector de ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional)

Universidad de California

Fernando Ordóñez

Subdirector de ODEPLAN

Universidad de Edimburgo

Nicolás Flañoa

Director del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

Universidad de Yale

Alex Guardia

Instituto de Estadísticas (INE)

Universidad de París

Andrés Velasco

a

a

Manuel Farfána Ministerio de Economía

Otras instituciones

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

360

Tabla 12 Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN). Año de Fundación

1976

Afiliación

Centro Izquierda Democracia, Libertad, Solidaridad

Temas de investigación

Políticas públicas, Política económica, Política social, Democracia, Desarrollo

Número de Investigadores

11

Página Web

http://www.cieplan.cl

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información disponible en www.cieplan.cl.

Tabla 13 Centro de Estudios Públicos (CEP). Año de Fundación

1980

Afiliación

Centro Derecha – Liberalismo, Libertades personales, Derecho de propiedad, Democacia

Temas de investigación

Opinión pública, debate político contingente, asuntos públicos

Número de Investigadores

19

Página Web

http://www.cepchile.cl

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información disponible en www.cepchile.cl

Tabla 14 Libertad y Desarrollo (LyD). Año de Fundación

1990

Afiliación

Derecha Sociedad libre, Libre mercado, Progreso, Igualdad de oportunidades, Desarrollo Económico

Número de Investigadores

Políticas Públicas, Política Económica, Política Legislativa, Políticas de seguridad y justicia 21

Página Web

http://www.lyd.com

Temas de investigación

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información disponible en www.lyd.cl

Tabla 15 Fundación Chile 21 (CH21). Año de Fundación

1992

Afiliación

Izquierda Libertad, Igualdad, Participación, Solidaridad, Justcia Social, Progresismo

Temas de investigación Número de Investigadores Página Web

Calidad de la democracia, Desarrollo inclusivo, Derechos sociales, Protección del medio ambiente, Derechos indígenas, Igualdad de género, Política internacional 12 http://www.chile21.cl

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e información disponible en www.chile21.cl + SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

361

Tabla 16 Vínculos de Doble Militancia Institucional de Investigadores de Centros de Investigación y Universidades. Centro de investigación

Investigadores con vínculo universitario

% de investigadores con vinculo

Total

CIEPLAN

6

54,55

11

CEP

4

44,44

9

LyD

13

61,90

21

CH21

9

75,00

12

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a revisión de contenido web de cada centro de investigación.

Tabla 17 Participación de centros de pensamiento con afinidad política en comisiones Comisión Centro

Afines a la izquierda extraparlamentaria CENDA

Afines a la Concertación Chile 21

CIEPLAN

Expansiva

Afines a la derecha Proyectamérica

LyD

CEP

Previsión

0

1

1

2

1

1

1

Infancia

0

0

0

0

0

2

2

Educación

1

1

0

3

1

3

2

Probidad

0

0

0

1

1

0

2

Educación Superior

0

0

0

0

0

0

0

Equidad

0

2

2

4

1

3

4

Nota. Fuente: Aguilera (2009)

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

362

Figura 2 Matriculados Pregrado en Universidades Chilenas (1983-2012) 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

0

Nota. Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES) (Ministerio de Educación de Chile) (2013), Compendio Histórico de Educación Superior.

Figura 3 Matriculados Posgrado en Universidades Chilenas (1983-2012) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

0

Nota. Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES) (Ministerio de Educación de Chile) (2013), Compendio Histórico de Educación Superior.

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

363

Tabla18 Evolución de la matrícula total de educación superior por nivel global de formación (1983-2012) Postgrado

Postítulo

Pregrado

Total general

1983

1.933

322

172.995

175.250

1984

1.963

2.719

184.469

189.151

1985

2.299

2.232

196.609

201.140

1986

2.542

4.464

207.368

214.374

1987

2.571

3.272

218.669

224.512

1988

2.319

4.225

226.651

233.195

1989

1.300

2.105

226.703

230.108

1990

2.143

1.778

245.561

249.482

1991

1.475

1.597

247.037

250.109

1992

1.940

2.751

281.008

285.699

1993

3.283

2.605

310.132

316.020

1994

3.660

2.069

321.345

327.074

1995

4.498

2.739

337.705

344.942

1996

4.100

4.855

358.233

367.188

1997

4.242

5.514

370.847

380.603

1998

6.449

6.576

393.528

406.553

1999

6.586

6.438

411.650

424.674

2000

7.685

8.756

435.884

452.325

2001

10.639

7.365

465.278

483.282

2002

11.025

9.515

501.342

521.882

2003

14.978

9.620

542.516

567.114

2004

15.175

8.997

560.606

584.778

2005

14.920

9.055

595.027

619.002

2006

19.101

7.090

634.951

661.142

2007

19.987

7.151

735.392

762.530

2008

25.348

10.071

769.562

804.981

2009

27.475

13.521

835.247

876.243

2010

33.426

14.053

940.164

987.643

2011

33.466

19.647

1.015.150

1.068.263

2012

41.103

20.920

1.065.158

1.127.181

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

364

Figura 4 Centros de Investigación en el Espacio Social CAMPO POLÍTICO BUROCRÁTICO Agencia Estatal Organización de movimiento social

Escuela de Política Publica Universidad de Investigación

Partido político

CAMPO ECONÓMICO ESPACIO DE THINK TANKS Asociación de Comercio

Instituto Universitario de Policy

CAMPO DE PRODUCCIÓN CULTURAL

Corporación de Negocios

Journal de Políticas

Diario Revistas

Siondicatos

Biogosfera política

Escuela de Periodismo

CAMPO DE MEDIOS

Nota. Fuente: Adaptado de T. Medvetz (2012:37).

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365

b) Lista y perfil de entrevistados

1. Alejandro Foxley, ingeniero, economista, académico e investigador, Ministro de Hacienda (1990-94), Presidente del Partido Democracia Cristiana (199497), Senador (1998-2006), Ministro de Relaciones Exteriores (2006-2009). Fundador y presidente en ejercicio de la Corporación de Estudios Para Latinoamérica (CIEPLAN). 2. Patricio Meller, ingeniero civil, economista, académico e investigador. Profesor titular del departamento de ingeniería industrial de la Universidad de Chile y ex director del mismo (1996-98). Ex director de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO). Director ejecutivo de CIEPLAN. 3. Alfredo Joignant, sociólogo, cientista político, académico e investigador. Profesor titular de la escuela de ciencia política de la Universidad Diego Portales. Ex presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP). 4. Carlos Ominami, economista. Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción (1990-92), Senador (19942010). Fundador y presidente honorario de la Fundación Chile 21 (CH21). 5. Carolina Segovia, socióloga y Máster en Ciencia Política de la P. Universidad Católica de Chile, y Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Michigan (Ann

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

366

Arbor, USA). Actualmente se encuentra trabajando como profesora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Sus principales áreas de investigación son opinión pública chilena y comparada, calidad de la democracia y participación política. 6. Eduardo Saffirio, abogado y magister en ciencias políticas, candidato a Doctor en filosofía. Es presidente del Centro de estudios del desarrollo (CED). Académico e investigador. Fue diputado por el Partido Demócrata Cristiano entre 2002 y 2010. 7. Eugenio Guzmán, sociólogo y académico. Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Se desempeñó como Director del Programa Político Institucional de Libertad y Desarrollo, también fue Director de la Escuela de Gobierno y Decano de Pregrado de la  Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es miembro del consejo asesor de Libertad y Desarrollo. 8. Gloria de la Fuente, cientista política, asesora y jefa de gabinete en el ministerio secretaria general de la presidencia. Académica de la universidad USACH, ARCIS y Academia de Humanismo Cristiano. Directora del programa político de la fundación Chile21. 9. José Francisco García, abogado, Licenciado en Derecho y Magíster en Derecho Público. Máster y Doctor en Derecho de la U. de Chicago (EE.UU.). Realizó estudios postdoctorales en la Facultad de Derecho de la U.

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367

de Oxford (U.K.). Es Coordinador de Políticas Públicas de LyD. Académico e investigador. 10.Lucas Sierra, abogado y Ph.D de la universidad de Cambridge. Profesor y académico chileno. Director e investigador del Centro de Estudio Públicos (CEP). 11. Marcelo Mella, Dr. en Estudios Americanos. cientista político, profesor a tiempo completo en la Universidad de Santiago de Chile. Desarrolla investigaciones en los temas de políticas públicas y estructuras de producción de conocimiento, clientelismo político en perspectiva comparada y políticas de educación superior. 12. Pedro Güell, sociólogo, doctor en Sociología Universidad Erlangen-Nürnberg, Alemania, y trabaja en el PNUD en Santiago. Sus áreas de interés son Sociología de los cambios culturales en Chile y  Sociología del Desarrollo en América Latina.  13.Claudia Heiss, cientista política de la New School for Social Research de Nueva York, Magister de la Universidad de Columbia y periodista de la Universidad de Chile. Presidenta de la asociación Chilena de Ciencia política. Profesora y académica del instituto de asuntos públicos de la Universidad de Chile. 14.Claudio Ramos, sociólogo, Doctor en Sociología de la University of Texas at Austin. Master of Arts en Sociología de la University of Texas at Austin y Magíster en Sociología Universidad Católica de Chile. Sus áreas

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

368

de interés son la sociología de la ciencia, organizaciones y trabajo, gestión del conocimiento y cambio cultural. 15.Carlos Hunneeus, abogado, cientista político y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales, embajador de Chile en Alemania entre 1990 y 1994. 16. Marcela Ríos, doctora en ciencia política, funcionaria de Naciones Unidas. Académica y encargada del programa de gobernabilidad en el PNUD.

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Chile

369

Guatemala

Ana Lucía Blas Violeta Hernández

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Estudio país: Guatemala

1. Introducción Guatemala está inmersa en la tarea de generar conocimiento acompañado por el desafío de impulsar las áreas de investigación aplicada1 que sean pertinentes para su desarrollo, potenciar las capacidades investigativas y acelerar el desarrollo del sistema de investigación que históricamente resultó perjudicado. Respecto a este último desafío apuntado, se consideró importante explorar el grado de vinculación entre las universidades y algunos think tanks o centros de investigación guatemaltecos. Estas instituciones tienen un rol clave para superar el reto de contribuir al diseño, elaboración y difusión de investigación aplicada para mejorar las políticas públicas. Con este fin se recurrió a una investigación explorativa, basada en entrevistas. Se realizaron 16 entrevistas a miembros de estos centros de investigación, universidades, medios de comunicación y actores clave en el sistema de investigación guatemalteco. En la primera parte del estudio se describe brevemente el contexto histórico del desarrollo del sector de investigación y se evidencia que el establecimiento de la mayoría de centros 1

La investigación aplicada se refiere a los “trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico”. Las otras dos clasificaciones se refieren a la investigación básica y al desarrollo experimental (“Frascati Manual”, 2002).

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Guatemala

371

de investigación y universidades privadas es relativamente reciente. En la segunda parte, se hace referencia al desempeño del sistema de investigación, medido por la formación académica y disponibilidad de investigadores, su enfoque disciplinario, productos generados y los sectores que financian y ejecutan recursos para la investigación y desarrollo. La tercera parte presenta los casos de tres organizaciones reconocidas en el ámbito nacional guatemalteco, cuyas actividades se enfocan en la investigación en ciencias sociales y que tienen relaciones formales e informales con entidades universitarias. Este informe presenta los estudios de caso de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

2. Contexto de país Guatemala cuenta con más de 14 millones de habitantes que se encuentran cerca de 28 mil lugares poblados, 45% de estos en áreas consideradas rurales (PNUD, 2010). Es un país de desarrollo humano medio debido a que ocupa el puesto 133 de 187 del Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2013). A pesar de que la economía es la más grande de Centroamérica, la población convive en un ambiente de pobreza e inequidad económica: el 54% vive en situación de pobreza y el coeficiente de Gini es de 0,57. Consecuentemente, la educación refleja también esa desigualdad: el 80% de la población no llega a graduarse de secundaria y, por tanto, no tiene oportunidad de demandar servicios de educación superior (Tobar, 2011).

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Guatemala

372

En relación a su sistema político, este se ha caracterizado históricamente por su rigidez, fragilidad e inestabilidad. El alcance del Estado como coordinador, concertador y promotor del desarrollo integral es limitado, principalmente debido a la fuerte influencia de poderes económicos: sector empresarial2 y, en los últimos años, también el crimen organizado y el “narcopoder”, que se ha infiltrado en el Estado. Esto se traduce en una debilidad institucional, que limita la capacidad para poner en marcha de políticas públicas (Erbsen y Barahona, 2010). Además, cabe recordar que luego de tres décadas de gobiernos militares, Guatemala transitó a la democracia a mediados de la década de 1980. Durante el conflicto armado interno, Guatemala vivió un escenario de represión sangrienta; el enfrentamiento armado llevó a una extrema polarización de la sociedad, y se dieron limitaciones a la libertad académica. Para finales de los años 60, la academia era vista con sospecha por parte de los gobiernos autoritarios y los grupos conservadores del país, que enarbolaban la bandera del anticomunismo. Esta realidad impuso restricciones al desarrollo de la investigación y el debate sobre temas sociales y políticos en las aulas universitarias. La universidad estatal fue objeto de asaltos armados y requisas, y su función fue reducida a expedir diplomas, sin capacidad de emitir pensamiento (Álvarez, 2008). Aun así, en ese contexto se desarrollaron, en dos universidades del 2

Como afirma Olascoaga (2003), el sector empresarial ha mantenido un tradicional peso político a lo largo de la historia del país, y ha encontrado formas de incidir en el poder político sin que esto implique un compromiso explícito con organizaciones partidistas.

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Guatemala

373

país, –la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la jesuita Universidad Rafael Landívar–, programas de estudio en el campo de la ciencia política (Azpuru, 2005). Con el proceso de democratización y la nueva Constitución Política, en 1985, surgieron oportunidades políticas favorables para la emergencia, desarrollo y activación de la sociedad civil organizada, como citan Alcántara (2005), Azpuru (2005) y Funes (2001). Esta coyuntura política y social abrió nuevas posibilidades de investigación y debate relacionadas con la construcción del nuevo régimen democrático y se facilitó una mayor participación de las universidades en el proceso socioeconómico del país. Palencia y Holiday (1996), coinciden en que el retorno a la democracia brindó una mayor apertura a la participación política de los ciudadanos en general, por medio de mayor seguridad para la expresión del pensamiento y la opinión pública, lo que ofreció nuevas oportunidades de organización social. Debido a ello, el número de organizaciones sociales y de opiniones dirigidas a demandar del Estado una efectiva responsabilidad en la promoción de formas democráticas de participación y organización social y política. Entre las actividades desarrolladas por las organizaciones sociales se cuentan: • Educación e incidencia cívico-política • Promoción de intereses colectivos • Prestación de servicios sociales y de asistencia técnicoproductiva

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• Investigación y análisis de la realidad social (Palencia y Holiday, 1996) En ese último campo pueden enmarcarse los centros de pensamiento de Guatemala, que, además, buscan incidir en la formulación de políticas públicas, sociales o económicas. Durante la década de los 80, antes de que iniciaran el proceso de democratización, las escuelas o facultades de ciencias política de las universidades Francisco Marroquín, Rafael Landívar y San Carlos se identificaron cada una con una ideología política determinada: liberalismo económico, social-cristianismo, y social-democracia, respectivamente. Paralelamente, surgieron o se fortalecieron en el país centros de investigación académica que en una u otra forma se identificaban con determinadas universidades y captaban a sus egresados, como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Azpuru, 2005). Con el avance de la democracia, se han creado centros de investigación especializados en diferentes temas, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES). Asimismo, han surgido centros de investigación asociados a universidades, como el Centro de Estudios Urbanos y Regionales

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(CEUR), el Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC) y el Instituto de Estudios Interétnicos, de la Universidad de San Carlos (USAC); el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES), el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP), el Instituto de Lingüística e Interculturalidad (ILI), y el Instituto para la Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala (INTRAPAZ), de la Universidad Rafael Landívar. Actualmente, existen en el país al menos 19 centros de investigación privados. Además, existen alrededor de 61 centros, institutos o unidades de investigación establecidos en cinco de las 13 universidades oficialmente reconocidas por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior3. Esto apunta una situación preocupante: no todas las universidades tienen un enfoque de investigación definido puesto que la mayoría de ellas no han creado institutos de investigación y tampoco se han vinculado con los centros de investigación del país.

a) El Sistema de Investigación y su Desempeño La formación de recurso humano para la investigación está limitada por el acceso de la educación. En 2011 apenas el 3,9% de la población guatemalteca había completado algún nivel de educación superior (cálculos propios con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, 2011). Consecuentemente, el número de personas que concluyen estudios de posgrado es reducido (ver 3

La mayoría de universidades son de reciente creación. De hecho, nueve de ellas fueron creadas entre 1995 y el 2009.

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Anexo 1). Esta situación refleja que sólo una pequeña parte de la población tiene el potencial para vincularse a la investigación académica. De los países de Iberoamérica para los cuales se disponía información a 2011, Guatemala resalta por tener el número de investigadores más bajo de la región: en 2011 había menos de un investigador por cada mil integrantes de la población económicamente activa (PEA). Esta escasez de recurso humano condiciona el desarrollo de un sistema de investigación robusto. Figura 1 Países seleccionados de Iberoamérica: número de Investigadores por cada Mil Integrantes de la PEA. Año 2011 20

18,26

18 16 14 12

9,53

10

Venezuela

Colombia

Cuba

Uruguay

Trin & Tob

4,68

Portugal

0,89

4,21

España

0,70

Paraguay

0

0,58

1,69

0,21

0,40

1,49

0,11

El Salvador

2

Guatemala

4

Argentina

6

Costa Rica

8

Nota. Fuente: elaboración propia con información de Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2011.

Además, resulta interesante analizar la oferta educativa porque incide en la orientación disciplinaria de los graduados y sus temáticas de investigación. A 2013, la oferta académica

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de las universidades continuaba altamente concentrada en disciplinas tradicionales como administración de empresas y derecho; ingeniería, industria y construcción; y, ciencias sociales y periodismo (ver Anexo 2). Sin embargo, al relacionar el número de publicaciones indexadas con el número de investigadores en cada disciplina, se infiere que estas áreas no reflejan una fuerte vocación investigativa (ver Anexo 3). En general, también es preciso apuntar que las publicaciones indexadas no son ampliamente utilizadas en los centros de investigación en Guatemala. Esto denota la poca producción científica conforme los estándares internacionales. De hecho, Rodas (2001) menciona que: “los centros no tienden a tener producción bibliográfica “seria” o más permanente... Al contrario, se da mucha publicación de investigaciones cuasi periodísticas (e.g., boletines mensuales, semanales o equivalentes). Esto, que no pasaría de ser parte de la labor de divulgación de prensa en centros de otros países, se convierte, en algunos casos, en el eje central de la investigación de algunos centros del área”.

b) ¿Qué Sectores Financian y Realizan la Investigación? De acuerdo con la información disponible a 2011, Guatemala invirtió 0,05% del PIB en actividades de investigación y desarrollo (I+D). Al comparar dicho gasto con el ejecutado en otros países de Iberoamérica, resulta que es el tercer país con la inversión más baja.

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Figura 2 Países seleccionados de Iberoamérica: Gasto en I+D como Porcentaje del PIB. Año 2011. 1,8% 1,52

1,6% 1,33

1,4%

1,21

1,2% 1,0% 0,8%

Portugal

España

Brasil

Paraguay

0,27

Argentina

Guatemala

Costa Rica

0,06

México

0,05

Colombia

0,04

Trin & Tob

0,0%

0,18 0,03

El Salvador

0,2%

0,43

0,48

Cuba

0,4%

0,46

Uruguay

0,65

0,6%

Nota. Fuente: elaboración propia con información de RICYT, 2011.

Con base en la información de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), en la Tabla 1 se observan los distintos sectores que ejecutan y financian los proyectos de I+D en Guatemala. c) Sectores que Ejecutan el Gasto en I+D Se observa que el sector gubernamental ha disminuido su rol como ejecutor de los recursos a lo largo del tiempo. El bajo número de unidades investigación en las entidades gubernamentales se explica por el hecho de que al sistema universitario se le atribuyó la tarea de liderar los procesos de investigación y por ello se ha perfilado como el princi-

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pal ejecutor de actividades investigativas en el país. En este aspecto, la Universidad de San Carlos de Guatemala en su carácter de única universidad estatal, tiene la responsabilidad de promover la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar con el estudio y la solución de los problemas nacionales. De manera que en 1981 conformó su propio sistema de investigación y en la actualidad aglomera a 20 centros de investigación de facultades y escuelas, cuatro unidades de investigación no facultativas y 11 centros regionales de investigación. A las universidades privadas también les corresponde, según el artículo 85 de la Constitución guatemalteca, organizar y desarrollar la educación superior privada del país con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales. Para ello, se identificó el establecimiento de al menos 26 centros de investigación concentrados en cuatro de las 12 universidades privadas autorizadas en el país. La falta de institucionalización motiva a pensar que no todas las universidades privadas tienen una fuerte dedicación a dichas tareas. Por su parte, las instituciones privadas sin fines de lucro constituyen el tercer sector que ejecuta el gasto de I+D. Dentro de este grupo, se incluyen los tres centros de investigación que se analizan en este estudio. Por último, el sector empresarial no juega un papel tan activo en la ejecución de dicho gasto, en comparación con el resto de países de América Latina.

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Tabla 1 Guatemala: Gasto en Investigación y Desarrollo por Sector de Ejecución. Años 2006 y 2011. Sector

Por sector de ejecución (demanda de los recursos)

Gobierno

26,9%

12,4%

Empresas

0,7%

0,3%

Educación Superior

70,1%

86,1%

Instituciones privadas sin fines de lucro

2,3%

1,2%

--

--

Extranjero

Nota. Fuente: elaboración propia con información de RICYT, 2011.

d) Sectores que Financian el Gasto en I+D En general, el sector extranjero siempre se ha perfilado como el principal financiador del gasto en I+D. Sin embargo, su relevancia es notablemente mayor en 2011 en comparación con 2006 (ver Tabla 2). Es usual que el financiador priorice los temas de investigación a apoyar y esto implicaría que en el caso guatemalteco, el sector extranjero tiene una alta influencia en la vocación disciplinaria de la investigación4. 4

Además del apoyo financiero, la colaboración extranjera en materia de diseño e implementación de una investigación siempre ha sido relevante y mantiene una tendencia creciente. Por ejemplo, de 2001 a 2006, el 77% de las publicaciones indexadas se realizaron en conjunto con alguna entidad extranjera y para el período de 2007-2013, dicho promedio había aumentado a 83%. Es decir, que la participación de investigadores afiliados a instituciones foráneas se está reforzando. Esta colaboración hacia Guatemala también se extiende a otros tipos de colaboración que no tienen como resultado publicaciones indexadas (i.e. otro tipo de publicaciones, actividades de debate, etc.).

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El sector de educación superior constituye la segunda fuente de financiamiento de actividades investigativas. Por último, el sector público ha reducido su importancia como fuente de financiamiento y se ubica como tercer sector de mayor relevancia para el financiamiento de la investigación. Esto denota que la investigación no es una prioridad del gasto gubernamental. Tabla 2 Guatemala: Gasto en Investigación y Desarrollo por Sector de Financiamiento. Años 2006 y 2011. Sector

Por sector de financiamiento (oferta de los recursos)

Gobierno

36,5%

19,9%

Empresas

-

-

23,7%

27,7%

-

-

39,8%

52,4%

Educación Superior Instituciones privadas sin fines de lucro Extranjero

Nota. Fuente: elaboración propia con información de RICYT, 2011.

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Recuadro 1 En datos: la Investigación en Guatemala Cantidad de centros de investigación del país: al menos 19 centros de investigación privados y alrededor de 61 centros, institutos o unidades de investigación establecidos en cinco universidades del país. Cantidad de universidades del país: 13 universidades reconocidas por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior. Número de investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa: 0,11* (RYCIT, 2011). Número de PhD en el país: en el período 1997-2012, 109 guatemaltecos han obtenido un doctorado (estimación de RICYT, 2011). Número de publicaciones indexadas: tomando como referencia la base de datos SCOPUS, en el período 1996-2012, en Guatemala se han publicado 1,928 documentos indexados (SCImago, 2007). Porcentaje de PIB usado en investigación: 0,06% en 2009 (Banco Mundial, 2012). Nota. * Incluye únicamente personas físicas en instituciones públicas e instituciones de educación superior. Fuente: recopilación propia de las investigadoras, a menos que se indique la fuente, 2013.

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3. Estudios de Caso A continuación se presentan tres estudios de caso. Los criterios de selección se basaron en la visibilidad, relevancia e influencia de las instituciones y dado el conocimiento previo de que estos centros se han relacionado en diferentes ocasiones con algunas universidades del país. El recuadro siguiente presenta algunas de sus características. Recuadro 2 Información Básica de las Instituciones Estudiadas

Año de fundación Afiliación

Fuentes de financiamiento

Asosiación de Investigación y Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ASIES) Estudios Fiscales (ICEFI) 1982 2005

Centro de Investigación Económicas Nacionales (CIEN) 1982

Es una entidad privada con fines lucrativos. No está vinculada con ninguna tendencia política que respeta las distintas concepciones y actividades políticas, sociales, económicas y profesionales de sus asociados. Fundación Konrad Adenauer (12%de su presupuesto); IDRC (23%); UNICEF (7%); y Unión Europea (6%)

Es una institución política, no partidista. Nació vinculada a la Universidad Francisco Marroquín, de ideología liberal, pero se ha desligado de ella, aunque varios de sus investigadores son catedráticos de esta

Temas principales de investigación

Son variados y se refieren a las áreas de análisis político, económico, jurídico y educación

Investigadores Página web

20 www.asies.org.gt

Independiente

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (25% de su presupuesto); convenios suscritos con UNICEF, SAve the Children, FAO, entre otras (65%) y, consultorías (10%) Específico. Se enfoca en el tema fiscal en cinco áreas: 1) ingresos públicos, 2)gestión pública para el desarrollo, 3)presupuestos públicos y Derechos Humanos, 4) política fiscal, ambiente natural y desarrollo; y, 5) incidencia y análisis de coyuntura 14 www.icefi.org

Abarca cuatro áreas principales como libertad económica (referida al análisis micro y macroeconómico), desarrollo social, seguridad ciudadana y legislación referida al desarrollo macroeconómico

18 www.cien.org.gt

Nota: información sobre número de investigadores a agosto de 2013. Fuente: elaboración propia con información obtenida en entrevistas o páginas Web.

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a) Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) De las instituciones analizadas, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) cuenta con la trayectoria más extensa. Desde 1979, ASIES ha realizado análisis de coyuntura e investigaciones para incidir en el diseño, creación e implementación de políticas públicas. Para ello, ha dispuesto de líneas de investigación en temas políticos, económicos, educativos, legales y sociales del país. Una de sus principales actividades se refiere a fomentar la creación y fortalecimiento de espacios de diálogo y debate. De hecho, este fue el motivo de su concepción inicial: era necesario proponer soluciones democráticas para ponerle fin a la época de represión y enfrentamiento armado interno. Se considera que este motivo de surgimiento influyó en la decisión posterior de adoptar varias líneas de investigación que permitieran plantear soluciones integrales; en contraposición al enfoque específico que han asumido otras instituciones de más reciente creación. De acuerdo con los integrantes de esta institución que fueron consultados, ASIES también adopta la función de auditoría a los actores y desempeño público para alcanzar a cimentar la transparencia y la participación de la sociedad organizada, e impulsa propuestas basadas en la investigación y experiencia debido a que varios de sus integrantes han ocupado puestos gubernamentales. Para cumplir con sus funciones, ASIES cuenta con: • La Asamblea General constituida por los miembros activos de  ASIES  y es la máxima autoridad de la

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Asociación. Algunos de ellos desempeñan cargos en la Junta Directiva de manera que exista un vínculo entre estos niveles de la organización. • La Secretaría Ejecutiva  que es el órgano técnico y administrativo de la Asociación. • Los Consejos y las Comisiones económica, política y social. Los Consejos brindan asesoría y responden a consultas de la Junta Directiva y Secretaría Ejecutiva. Por su parte, las Comisiones tienen carácter ejecutivo. Entre sus fortalezas, cabe señalar: • Tiene un enfoque global y no específico de investigación. Es decir, aborda varias líneas de investigación para las cuales conforma equipos de investigadores especializados en cada tema. Esta conformación también constituye un potencial para realizar trabajos interdisciplinarios. De acuerdo con McGann (2012), el enfoque global permite dar respuestas multidisciplinarias a problemas complejos y favorece la colaboración y creatividad de los investigadores para realizar propuestas. • Su labor investigativa e incidencia le ha permitido ganar y mantener un espacio de atención por más de treinta años. Según Reynolds (2008), es uno de los centros de investigación más influyentes en Guatemala: varios de sus integrantes se han involucrado en puestos de la administración gubernamental, y las propuestas

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y opiniones de sus integrantes –fundadores e investigadores– son escuchadas. Eso ha favorecido su fortalecimiento como institución. • La Asociación forma y lidera una serie de alianzas con otras instituciones que comparten principios y objetivos en diversos campos del desarrollo. Esto le ha permitido identificar cuáles son los elementos que garantizan la consecución de objetivos puntuales a través de la conformación de relaciones estratégicas. ASIES es selectiva con las alianzas que genera pero promueve una amplia y plural convocatoria y asume el rol de facilitador y de líder para conservarlas. Esta acción es clave para garantizar el éxito de las alianzas. De hecho, Mendizabal (2013) afirma que “los buenos facilitadores crean las oportunidades para que los miembros se encuentren, trabajen juntos, y avancen de acuerdo con el propósito y los objetivos de la red”. Entre los desafíos, se mencionan: • Contar con recursos para investigaciones conjuntas. • Generar espacios de coordinación con las universidades para desarrollar investigaciones conjuntas, o para vincular a los centros de investigación de las universidades con ASIES. Han existido varias experiencias de trabajo conjunto entre ASIES y universidades del país, especialmente la Universidad Rafael Landívar (URL) –de tradición jesuita,

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con la que se asegura que hay mayor afinidad ideológica— y la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Todas estas son calificadas de exitosas, y se han enmarcado, por lo general, en acciones de incidencia, más que en investigación conjunta. ASIES también recibe estudiantes de la URL para realizar pasantías como auxiliares en investigaciones. Aunque las plazas para pasantes están abiertas a estudiantes de todas las universidades del país, es la URL, a través del Departamento de Responsabilidad Social Académica, el que responde a las convocatorias. Este es uno de los mecanismos que favorecen la contratación de personal de dicha universidad. Además existen experiencias concretas de trabajo de ASIES con universidades. Entre estas destacan: • Proyecto de Análisis Electoral (PAE) | Universidad Rafael Landívar: Este proyecto fue ejecutado por el Grupo Especializado de Instituciones de Investigación y Formación Política, entre mayo 2003 y febrero 2004. En este grupo participaron ASIES, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la URL, el Instituto de Investigación y Autoformación Política de la Escuela de Ciencia Política de la USAC, el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), y la Fundación para la Democracia Manuel Coloma Argueta. El objetivo del proyecto fue coadyuvar a un proceso electoral de mayor calidad en cuanto a actitudes cívicas y de comunicación entre candidatos y electores, así como insistir en que se desarrollara un

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evento justo, equitativo, transparente y con pluralidad de opciones. Para ello, realizó un estudio sistemático sobre la evolución del proceso, concentrándose en el análisis de actores políticos, hechos políticos y en especial, en las percepciones de la opinión pública sobre las campañas electorales. • Consorcio ASIES-URL-USAC: Es una alianza institucional, por medio de la cual se ha buscado incidir en reformas legales que fortalezcan la institucionalidad democrática del país. Para esta, se firmó un convenio entre las tres instituciones, a fin de dotar de mayor legitimidad el trabajo realizado y para fortalecer el compromiso institucional. En tal sentido, en el 2011 se elaboró una propuesta de reforma a la Constitución Política de la República, acotada a materia de seguridad y justicia. Diez diputados del Congreso de la República acogieron esa propuesta y la llevaron al Pleno del Congreso, para su trámite como iniciativa de ley. Representantes del Consorcio participaron en una serie de audiencias públicas realizadas entre el 24 de octubre de 2011 y el 7 de marzo de 2012, por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, encargada de analizar la citada iniciativa. Aunque la iniciativa no se concretó y derivó en cambios a la Constitución, se considera que la contribución del consorcio favoreció la discusión en torno a la necesidad de actualizar la Carta Magna y colocó el tema en la agenda de debate. Asimismo, el Consorcio presentó a la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso, propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos

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Políticos, cuyo fin es el fortalecimiento e institucionalización del sistema electoral y de partidos políticos guatemaltecos. También en este marco, integrantes de ASIES y de las dos universidades parte del Consorcio han presentado ponencias en audiencias públicas organizadas por esa comisión, para someter a debate en la sociedad civil, diversos planteamientos en torno a la reforma a la normativa en cuestión. Dentro del Consorcio, la participación de la USAC ha sido por medio de su Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC), centro académico de carácter multidisciplinario, que asesora al Consejo Superior Universitario y al Rector. Su misión es contribuir a que esa universidad cumpla con el mandato constitucional de cooperar en el estudio y la solución de los problemas nacionales, a través de investigaciones científicas, propuestas institucionales y debates públicos. La URL, por su parte, se define como una institución con vocación pública, por lo que busca tener mayor incidencia en la vida política del país, fundamentándose en investigaciones, e ir más allá de su papel en la formación de profesionales. Para ello, ha creado una Vicerrectoría de Investigación y Proyección, dentro de la cual se estableció la Dirección de Incidencia Pública. En ese sentido, considera que las alianzas con centros de pensamiento le permiten ampliar su núcleo de incidencia y financiamiento. En general, esta experiencia permite apuntar una de los beneficios de las alianzas: se puede motivar a que se introduzcan y mantengan ciertos temas dentro de la agenda de debate.

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• Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental: ASIES forma parte de REDFIA, un mecanismo de cooperación y coordinación interinstitucional voluntaria, entre universidades, centros de investigación y el Ministerio de Ambiente para impulsar la formación y la investigación en materia ambiental. De acuerdo con Mendizábal (2013), las alianzas son más fuertes cuando las instituciones se integran de manera voluntaria. • Tiene por objetivos formar recurso humano, desarrollar investigación e influir en espacios de toma de decisiones en materia de medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible. La red está integrada por las universidades Rafael Landívar, San Carlos, del Valle, Mariano Gálvez, Rural y Galileo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ASIES y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. A pesar de que ASIES está retomando una línea de investigación en materia ambiental, esta alianza es un ejemplo de un trabajo multidisciplinario porque cada entidad aporta sus conocimientos en el tema para realizar propuestas conjuntas que favorezcan el medio ambiente. En general, se observa que ASIES ha logrado mantener varias alianzas a través del tiempo y efectivamente, algunas de ellas, han derivado en acciones de incidencia concretas. Además, cabe mencionar que a diferencia de los otros centros de investigación, ASIES establece vínculos con más de una universidad nacional al mismo tiempo. Eso refleja el interés de aliarse con dicha institución para incidir en la agenda pública.

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Recuadro 3 Vínculos de ASIES con Universidades ASIES desde su concepción ha tratado de motivar el diálogo y promoción de aquellos temas que considera relevantes para el desarrollo del país. Se intuye que su visión global le ha favorecido para mantener líneas de investigación adecuadas a las necesidades del país en distintas etapas que datan desde la época del enfrentamiento armado interno y el proceso de democratización. La relación de ASIES con universidades guatemaltecas, en especial la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de San Carlos están bastante más institucionalizadas y tienen un carácter más permanente. Se trata de relaciones de colaboración y complementariedad de cara a incidir en políticas públicas y reforma del Estado. Los resultados de estas relaciones han favorecido a la colocación de ciertos temas en la agenda de debate. Se posicionan aquellos temas que, a criterio de sus integrantes, requieren de un mayor espacio de discusión, conocimiento e investigación. Asimismo, estas alianzas también han servido para proponer iniciativas concretas. Algunos de los factores que han favorecido el surgimiento y mantenimiento de varias de estas alianzas se refieren al rol activo que ASIES ha tomado para promoverlas y la convergencia no forzada de sus miembros.

b) Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) fue fundado en 1981, como iniciativa de Fritz Thomas, Lucy Martínez-Mont, Federico Polá y Juan Fernando Bendfeldt (UFM, 2012), miembros de la Universidad Francisco Marroquín —de ideología liberal—, que buscaban tener un espacio de incidencia política Sin embargo, a lo largo de sus 30 años de existencia, se ha desligado de esa universidad y adquirido independencia. Se define como una entidad privada, no lucrativa, política pero no partidista, cuya misión es impulsar el desarrollo económico mediante el estudio técnico de los problemas económicos y sociales del país, el

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análisis y conocimiento de los mismos, y el planteamiento de soluciones concretas, congruentes con la realidad guatemalteca. Busca, además, marcar el rumbo de las políticas públicas, orientando a los tomadores de decisiones en Guatemala, por medio de propuestas técnicas y efectivas. El CIEN surgió en un contexto de transformaciones en Guatemala, de tránsito a la democracia. Por ello, en sus inicios, se enfocó en el análisis económico, tratando los campos fiscal, monetario, financiero y gasto público. De tal cuenta, apoyó la liberación del tipo de cambio, la estabilidad macroeconómica del país y la apertura comercial que inició a finales de los años ochenta (Aceña, 2013). Con el tiempo, ha ampliado sus estudios a las siguientes áreas: • Libertad económica. Se estudia el campo de la macro y microeconomía, en el que se enmarcan temas como comercio exterior, infraestructura, empleo e inversión, fiscal, monetario y financiero. Asimismo, se analiza la economía informal, emprendimiento empresarial y competitividad. • Desarrollo social. Enfatiza propuestas para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Abarca campos como educación, salud, nutrición, descentralización, previsión social, vivienda, pobreza, gasto público, transferencias condicionadas y propuestas de sistemas de monitoreo y evaluación a las políticas del área social.

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• Seguridad ciudadana. Incluye subtemas como prevención, resolución de conflictos, sistema penitenciario, Policía Nacional Civil y defensa nacional. • Programa de Apoyo al Organismo Legislativo. Analiza leyes existentes y proyectos de ley relacionados con el desarrollo socioeconómico de Guatemala. De acuerdo con las entrevistas realizadas, publicaciones en medios de comunicación y con la página de internet del CIEN, entre sus fortalezas están: • Reconocimiento. El centro goza de reconocimiento entre la sociedad civil y centros de pensamiento, debido a su trayectoria de 30 años. • Capacidad de incidencia. Sus recomendaciones en materia económica han sido tomadas en cuenta por diferentes gobiernos y contribuyeron, a finales de los ochenta, a estabilizar la economía del país. Asimismo, asesoró y puso en marcha nuevas instituciones para el desarrollo social, como un plan piloto de educación descentralizada y el fondo de inversión social. En Guatemala, la participación política de integrantes de centros de pensamiento es una característica común a la noción de generar incidencia (Barreto, 2013). A mediados de los años 90, en un ejercicio de proyección, el CIEN se propuso tener tres ministros en posiciones clave del gobierno en una década, y lo logró (Ídem). Actualmente, entre sus investigadores se cuenta con

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una exministra de Educación, y un exministro de la Defensa Nacional. • Investigadores con experiencia, que comparten la mística de la institución. Asimismo, ha habido una renovación de liderazgos, que permite contar con investigadores jóvenes. Muchos de los miembros del CIEN son docentes, lo que facilita el reclutamiento. • El centro forma parte de redes regionales e internacionales como RELIAL y PREAL, entre otras. En cuanto a los desafíos, resaltan los siguientes: • Contar con estabilidad financiera para hacer investigaciones de largo plazo. Actualmente, la ejecución de proyectos depende de la capacidad para conseguir financiamiento (fundraising), lo que limita la temporalidad de los mismos. • Atraer y mantener investigadores con posgrados académicos, que compartan la mística y los principios del CIEN. Esto se relaciona también con la capacidad financiera del centro, para poder presentar una oferta salarial competitiva. Al ser entrevistados, investigadores del CIEN coinciden que las experiencias de trabajo con universidades han sido siempre exitosas. Sin embargo, los resultados no siempre se han sistematizado. Cabe señalar, por otro lado, que esas experiencias se han dado sobre todo en el marco de la ense-

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ñanza, y no en el de investigación conjunta. Al considerar aliarse con universidades para realizar talleres, foros, capacitaciones, u otras actividades, los integrantes del CIEN toman en cuenta la disponibilidad de instalaciones, tanto en la capital del país como en la provincia, y el apoyo logístico que puedan brindar, así como la coincidencia de enfoques y la capacidad de incidencia de la universidad. Sin embargo, las alianzas para desarrollar proyectos académicos son menos frecuentes, pues se percibe que las universidades “no hacen tanta investigación”, sino que su acción está principalmente enfocada a la formación de profesionales. En general, las universidades privadas han invertido más en el área de la docencia con el ofrecimiento de carreras, dejando de lado la investigación y la extensión (Tobar, 2011). Aunque algunas han comenzado a fortalecer a sus institutos de investigación, el sistema universitario guatemalteco sigue teniendo el reto de convertirse en centro promotor de la solución de los problemas nacionales (idem). Otra diferencia que perciben los investigadores del CIEN es que las universidades no siempre buscan incidir, en tanto que los centros de pensamiento, sí. Por esto, se prefieren las alianzas con otros centros de pensamiento u organizaciones de sociedad civil. No obstante, se reconoce que las universidades no pueden estar ajenas a la realidad nacional, por lo que es importante propiciar oportunidades de trabajo conjunto. En ese sentido, se propone crear un espacio en el que centros de pensamiento y universidades puedan reunirse, por lo menos una vez al año, para intercambiar información y coordinar proyectos.

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En general, los investigadores del CIEN resaltan, como su principal actividad en conjunto con una universidad, la siguiente: • Taller de actualización económica para periodistas | Universidad Francisco Marroquín: El objetivo del mismo es, por un lado, formar a los periodistas en materia económica desde la visión del CIEN, y por otro, que los periodistas identifiquen a los investigadores de ese centro como fuente de información. Además de este, existe una estrecha relación entre el CIEN y la Universidad Francisco Marroquín, aunque esta es más personal que institucional. Muchos de los investigadores del CIEN son egresados de esa casa de estudios –aunque no exclusivamente—, y laboran como docentes en la misma. Esto facilita el reclutamiento de nuevos investigadores y asistentes de investigación. Recuadro 4 Vínculos del CIEN con Universidades Desde su nacimiento, hace 30 años, el Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN) ha tenido una estrecha relación con la Universidad Francisco Marroquín. Esta es una relación institucional de cooperación, especialmente enfocada en la formación académica. El CIEN aporta docentes para formar a periodistas en los talleres de actualización económica, mientras la Universidad Francisco Marroquín aporta respaldo académico e instalaciones, de forma que ambas instituciones se complementan. En lo personal, investigadores del CIEN se desempeñan como docentes en diversas universidades. Esto, además, facilita el reclutamiento de nuevos investigadores. De esta forma, se da aquí una relación de complementariedad, dado que el CIEN tiene impacto en la enseñanza, mientras las universidades desarrollan las capacidades de futuros investigadores. Sin embargo, falta una mejor coordinación entre el CIEN y las universidades del país, para poder potenciar su relación. Durante las entrevistas se constató que hay disposición a la colaboración y al trabajo conjunto, cuando se percibe que este puede producir beneficios.

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c) Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

De las instituciones analizadas, ICEFI es de más reciente creación (septiembre 2005). Su director enfatiza que la labor de investigación está enfocada en el área fiscal porque la política fiscal guarda estrecha relación con las posibilidades de desarrollo de un país e incluso de una región. De esa cuenta, desde su surgimiento, adoptaron una visión centroamericana al reconocer que los países sumamente pequeños, como los centroamericanos, deben asumir una visión regional para enfrentar desafíos más grandes. ICEFI cuenta con cinco sub-áreas de investigación enmarcadas dentro del tema fiscal: 1) ingresos públicos; 2) gestión pública para el desarrollo; 3) presupuestos públicos y Derechos Humanos; 4) política fiscal, ambiente natural y desarrollo; y, 5) incidencia y análisis de coyuntura. De estas, el área referida a la política fiscal, ambiente natural y desarrollo se estableció como respuesta a la demanda de investigaciones dentro de la temática ambiental, mientras que las otras se han establecido deliberadamente. Cabe destacar que, en 2011, ICEFI creó la unidad de incidencia para impulsar su influencia política. A través de esta unidad buscan acercarse a los dirigentes de partidos políticos, representantes de los organismos parlamentarios y demás actores clave en el área político-fiscal. Además de su equipo de investigación, el ICEFI cuenta con un Consejo Asesor que orienta y evalúa su labor. Sus miembros son personas que han trabajado o estudiado la realidad fiscal de la región y pertenecen a cada país de Centro América, España, Estados Unidos y Argentina. Adicionalmente, tie-

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ne una Junta Directiva integrada por guatemaltecos. La institución es también uno de los principales centros de “reclutamiento” de funcionarios públicos en Guatemala. Desde su fundación, varios de sus investigadores, consultores externos e integrantes de su junta directiva y consejo asesor han asumido roles en la administración pública, en especial en el área fiscal: Tabla 3 Integrantes de ICEFI en Puestos de la Administración Pública desde la Fundación del Instituto en 2005 Nombre y puesto que en algún momento ha ocupado en ICEFI

Puesto en la Administración Pública

Período en el puesto

Alma Quiñónes Es presidenta de la Junta Directiva

Asesora del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)

2008-2010

Juan Alberto Fuentes Knight Es fundador y fue Director de ICEFI

Ministro de Finanzas Públicas

Enero de 2008 a junio de 2010

Edgar Balsells Fue Secretario de la Junta Directiva

Ministro de Finanzas Públicas

Junio de 2010 a noviembre de 2010

Ricardo Barrientos Actual economista senior

Viceministro de transparencia y evaluación fiscal en el MINFIN

Junio de 2009 a junio de 2010

María Castro Fue economista senior

Viceministra de Administración Financiera Ministra de Finanzas Públicas en Funciones (MINFIN)

Enero de 2012 a octubre de 2013 Octubre 2013 a la fecha

Dorval Carías Fue consultor externo

Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)

Enero de 2012 a la fecha

Fernando Carrera Fue director

Titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

Enero de 2012 a enero de 2013 Enero de 2013 a la fecha

Nota. Fuente: recopilación propia, 2013.

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De acuerdo con las entrevistas realizadas y percepciones en los medios de comunicación, ICEFI logró posicionarse rápidamente en los debates sobre el área fiscal. Se intuyen tres factores que favorecieron dicho posicionamiento: • Realizan investigación y advocacy (incidencia política) sobre el área fiscal. La especialización permite profundizar y darle seguimiento a un tema. Esto favorece su labor de incidencia porque el público y las instituciones que potencialmente podrían vincularse reconoce su especialidad y enfoque del tema. Asimismo, esto les puede beneficiar financieramente ante los otros centros con agendas de investigación más amplias. A ese respecto, McGann (2012) indica que los donantes encuentran atractivas a aquellas instituciones, como estas, que buscan resolver problemas concretos. • Aunque la institución es nueva, los fundadores y directores tienen un amplio conocimiento y experiencia en el tema. De hecho, tradicionalmente los integrantes de su Junta Directiva y Consejo Asesor han ocupado puestos en la administración pública u organizaciones internacionales. De manera que esto pudo haber facilitado el acercamiento y construcción de relaciones con actores claves. • De lo anterior, deriva que la institución ha generado un perfil institucional distintivo, que no depende una o pocas personas sino que está fortalecido por el posicionamiento que este centro ha ganado en el medio en el que se desenvuelve. Este es un paso positivo, aunque no suficiente para establecer vínculos intra-

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organizacionales. A ese respecto, Bachmann & Van Witteloostuijn (2006), enfatizan la importancia de que los vínculos evolucionen a una forma institucional para que sean sostenibles en el tiempo. Aunque eso no resta importancia de las relaciones o redes que han creado sus investigadores y colaboradores.

En cuanto a los desafíos, se distinguen tres: • Deben impulsar una presencia más activa en toda la región centroamericana. Es decir, sus actividades todavía tienen una influencia concentrada en Guatemala. Por lo tanto, el desafío consiste en consolidar su visión regional. No obstante, Goodman (2005) apunta una oportunidad, para las nuevas instituciones como ICEFI, de alejarse del modelo one-roof que se refiere a la necesidad de tener equipos en un mismo espacio y utilizar herramientas tecnológicas. Otra de las estrategias para afrontar este reto consiste en generar alianzas con instituciones regionales. • La influencia e incidencia política puede ser desgastante. La influencia de ICEFI podría ser alta dado el hecho de que varios de sus integrantes han incursionado en la administración pública. No obstante, existe el riesgo de que la percepción pública vincule estas decisiones con la imagen institucional de ICEFI (i.e. ver Barreto, 2013).

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• El tema de investigación es controversial. Los avances en materia fiscal tienden a ser lentos y generan posiciones extremas difíciles de conciliar. Incluso, cuando en 2012 se logró una reforma fiscal, el Fondo Monetario Internacional indicó que los intentos de una transformación estructural ha sufrido reveses y retrasos. En dicha arena, ICEFI ha posicionado sus ideas y paralelamente ha determinado sus aliados y antagonistas en el debate fiscal. En la mayoría de los casos, los vínculos han sido ocasionales y la mayoría se basan en un principio de complementariedad de capacidades. De manera que los vínculos le han permitido a ICEFI realizar proyectos multidisciplinarios. Este hecho se considera positivo en cuanto que toda recomendación, decisión u acción en el ámbito público requiere de un análisis de su viabilidad financiera. Sin embargo, cabe resaltar que los vínculos se han generado principalmente con los centros de investigación de la Universidad Rafael Landívar. Al consultar por qué no se han relacionado con otras universidades guatemaltecas existen tres elementos: • Se percibe que la universidad pública es burocrática para realizar proyectos conjuntos lo que desalienta la búsqueda de estas relaciones. Además, de acuerdo con uno de los investigadores que ha trabajado tanto en las universidades como en centros de investigación resaltó la incompatibilidad de los plazos para realizar investigaciones. Se adujó que los tiempos de investigación en las universidades son más extensos porque

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no buscan incidir en un corto plazo como los centros de investigación. • Las universidades se alejan de la labor de incidencia y se han apegado a su función educativa. De hecho, Álvarez (2005) detectó esta característica y afirma que la mayoría de universidades no tienen una visión y vocación investigativa. Este autor recomienda a las universidades guatemaltecas que dejen ser únicamente “profesionalizantes” y se conviertan en entes generadores de conocimiento. A este se agrega que algunas universidades son cautas o conservadoras con su exposición política. • No se buscan vínculos con algunas universidades por incompatibilidad de objetivos o ideologías. Sin embargo, los entrevistados reconocen que en algunos casos la diferencia de objetivos ha favorecido la colaboración. Es decir que las universidades no tienen tantos problemas de sostenibilidad financiera como los centros de investigación, hecho que desincentiva la competencia por recursos financieros. A continuación, se enlistan algunas actividades de enlace con universidades: • Vínculo con el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP) | Universidad Rafael Landívar: dicha vinculación tenía como objetivo analizar la viabilidad de los ofrecimientos de los partidos políticos en la época electoral. Como resultado se contemplaba la presentación de los hallazgos del estudio para alimen-

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tar y fomentar el debate sobre la factibilidad de las ofertas partidarias. En este proyecto se delimitaron las competencias de cada institución y únicamente se generó una carta de entendimiento. Esta investigación no generó el espacio de debate esperado que tendría como resultado un espacio para concretar una alianza más amplia y únicamente ha existido continuidad unilateral de dicho tema, de parte de ICEFI: en cada presupuesto se analiza cómo se incluyen acciones para cumplir con las ofertas realizadas por el partido electo. Se considera que el proyecto no tuvo una fuerte incidencia y los resultados tuvieron eco en algunos medios escritos de comunicación. • Vínculo con el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) | Universidad Rafael Landívar: ICEFI colaboró con el IARNA en materia de presupuestos públicos y medio ambiente. Los apoyos fueron concretos y no derivaron en trabajos de largo alcance. Más bien fue un trabajo más puntual, de carácter contractual, para actualizar la Cuenta Integrada de Gastos y Transacciones Ambientales.Resalta que dicho vínculo el proyecto fue impulsado por un investigador que trabajó en ambas instituciones pero que permitió reconocer oportunidades de complementariedad y colaboración multidisciplinaria. Llama la atención que posteriormente ICEFI se involucró de manera independiente, en el análisis de desarrollo rural y minería, situación que motivó la conformación de una unidad de análisis ambiental. De manera que se conformó

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un equipo con investigadores provenientes de IARNA. Este hecho podría derivar de la escasez de recurso humano especializado en la materia pero tiene un fuerte potencial para reforzar espacios de colaboración entre ambas instituciones. • Vínculo con diversas universidades centroamericanas: ICEFI trabaja en la Red Centroamericana de Justicia Fiscal; no obstante, esta no incluye a ninguna universidad pero denota que el instituto inició a involucrarse en trabajo regional como alternativa a establecer oficinas en los países centroamericanos. Por su labor regional, ICEFI se vincula ocasionalmente con algunas universidades centroamericanas como la Universidad Nacional Autónoma (Honduras); Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras); Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (El Salvador); Universidad Nacional de Heredia (Costa Rica) y Universidad Centroamericana (Nicaragua). Sin embargo, el acercamiento es para presentación y difusión de las investigaciones que ICEFI realiza. Existen expectativas positivas en cuanto a la creación de dos redes. El director de ICEFI comentó que estarán integrando la Red Centroamericana de Investigadores y Profesores de Política Fiscal; y, la Red Centroamericana de Estudiantes de Política Fiscal. De manera de generar espacios de trabajo a estos niveles.

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• En general, se observa que ICEFI ha tenido encuentros de corta duración que no se han institucionalizado. De manera que las relaciones no son sostenibles en el largo plazo y por ende, no son utilizadas para la incidencia. Aunque los investigadores están conscientes de las oportunidades que se puedan generar a nivel centroamericano con la creación de las redes mencionadas, existen elementos para decir que la tarea de incidencia es ejecutada de manera independiente por este centro de investigación. Recuadro 5 Vínculos del ICEFI con Universidades ICEFI es un centro de investigación de reciente creación. Este se caracteriza por tener un tema de investigación específico referido al área fiscal y su visión es regional. Este centro de investigación ha tenido una relación más estrecha con algunos centros de investigación de la Universidad Rafael Landívar. Estos vínculos se caracterizan por ser de colaboración y no de competencia. Sin embargo, es necesario enfatizar que varios de los proyectos y actividades que realizan son de carácter definido por lo que se convierten en colaboraciones puntuales. Por ejemplo, la vinculación de ICEFI con el INGEP tuvo como resultado la publicación del reporte: De las promesas electorales de 2011 a la realidad: Costos y desafíos para la implementación de los planes de Gobierno, 2012-2015. No obstante, este análisis ha tenido un seguimiento unilateral a pesar de que pudo haberse prolongado y ampliado esta colaboración. Asimismo, ICEFI ha generado una relación estrecha con IARNA. Estas instituciones han complementado sus actividades para realizar proyectos concretos pero resalta de que la creación de una unidad de análisis ambiental en ICEFI no generó competencia por recursos humanos y financieros sino que más bien ha fortalecido la relación entre esos dos centros.

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4. Conclusiones y Recomendaciones Guatemala enfrenta desafíos diversos para impulsar las áreas de investigación aplicada que sean pertinentes para su desarrollo. La formación académica, aunque está enfocada principalmente en el área social, no se acompaña de una fuerte motivación a la investigación. Además, es preciso indicar que la población que accede a niveles de educación de posgrado y doctorado es reducida. Esto denota una primera dificultad de contar con el capital humano suficiente y capacitado para involucrarse en las tareas de investigación aplicada. El país también se enfrenta el reto de acelerar el desarrollo del sistema de investigación que históricamente resultó perjudicado. Recién se ha generado una mayor apertura a la participación política de los ciudadanos en general. Paralelamente, esto permite mayor seguridad para la expresión del pensamiento y la opinión pública, ofreciendo nuevas oportunidades de organización académica. De hecho, se ha observado un crecimiento del número de centros de investigación y de universidades. Sin embargo, a juzgar por su producción científica, el sistema de investigación se debe robustecer. Aunque algunas universidades cuentan con institutos de investigación propios, los entrevistados perciben que su papel es pasivo en investigación e incidencia, ubicándolas exclusivamente como formadoras de profesionales. Un desafío, entonces, es generar espacios en que tanto universidades como centros de pensamiento puedan dar a conocer sus

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actividades y proyectos de investigación, para potenciar la coordinación entre ambos. La universidad estatal cuenta con la mayor cantidad de recursos para la investigación mientras que, en el sector privado universitario, las experiencias de investigación son heterogéneas. Eso indica un desarrollo desigual de las actividades de investigación que viabiliza únicamente a algunas universidades a integrarse a las alianzas con centros de investigación nacionales. Por lo tanto, los esfuerzos podrían enfocarse en fortalecer los sistemas investigativos de las universidades que no los han constituido para generar un sistema integral de investigación. Las entrevistas mostraron que las relaciones entre centros de pensamiento y universidades, cuando han existido, han sido siempre exitosas y satisfactorias para las partes. Se trata de experiencias de colaboración y complementariedad, especialmente en áreas de formación académica y proyectos concretos de investigación o incidencia. Sin embargo, las vinculaciones son incipientes y no en todos los casos son colaboraciones permanentes. Resalta que las experiencias más exitosas, en materia de incidencia, son las que se basan en relaciones institucionalizadas y no personalizadas (caracterizadas como la forma 1 en el anexo 5). Además, falta presupuesto para poder desarrollar investigaciones de largo plazo, con mayor independencia de los cooperantes, tanto en universidades como en centros de pensamiento. Desarrollar investigaciones conjuntas entre

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centros de investigación y universidades requiere contar con recursos financieros para ello. Las alianzas analizadas no se circunscriben al ámbito nacional sino que también se extienden al nivel regional. Sin embargo, estas relaciones aún están débiles. De manera que si se refuerzan podrían favorecer una visión regional para enfrentar retos socioeconómicos comunes y las partes vinculantes podrían intercambiar visiones, habilidades y enfoques metodológicos para la investigación. Las alianzas pueden ayudar a conciliar o complementar los objetivos de las universidades y los centros de investigación. En este aspecto, cabe mencionar que los centros de investigación tienden a tener intención de incidir en la agenda pública para garantizar que las políticas cumplan con su cometido y por esta razón tienden a concentrarse en la coyuntura. De esta manera, se pueden beneficiar de las actividades de las universidades que disponen de un tiempo mayor para la investigación y que, en la mayoría de casos, no emplean sus resultados en actividades de incidencia. Las investigaciones y propuestas de políticas públicas o legislación, efectuadas por centros de pensamiento, proveen a los medios de comunicación de un marco teórico que les permite mayor comprensión de las dinámicas sobre las que hacen reportajes. Se les percibe como actores activos en la búsqueda de incidencia, a los que separa una delgada línea de las organizaciones sociales dedicadas al activismo. En cambio, se ve a las universidades alejadas de esa búsqueda de incidencia. Se percibe que guardan silencio, que no son

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actores en la toma de posiciones para influir las decisiones públicas. Fortalecer las relaciones entre centros de investigación y universidades en Guatemala pasa por un amplio espectro de acciones, que van desde ampliar la cobertura de educación, capacitar potenciales investigadores, hasta promover espacios de comunicación e intercambio de información. Deben tomarse medidas que permitan ampliar el acceso de los guatemaltecos a la educación superior, así como para el desarrollo y fomento de los programas de postgrado, a fin de consolidar comunidades académico-científicas. Debe proveerse apoyo financiero para estudiantes que desean realizar estudios superiores y para la investigación. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico (Decreto 63-91), el Estado, como promotor de la ciencia y la tecnología, debe establecer los recursos e incentivos necesarios para estimular la vinculación entre los sectores productivo, académico y la sociedad en su conjunto. Asimismo, el artículo 18 establece que el Estado apoyará el establecimiento de mecanismos de coordinación que permitan canalizar en forma oportuna la cooperación técnica y financiera internacional en ciencia y tecnología. Por otro lado, las universidades deben ir más allá de su papel como “profesionalizantes” y reforzar esfuerzos para la generación de conocimiento. También los centros de investigación enfrentan el desafío de mejorar su investigación y desarrollar investigaciones de largo plazo, o dar continui-

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dad a las que realizan durante períodos más cortos. Para esto, deben contar con financiamiento continuado. En este sentido, también la cooperación internacional debe prestar atención a proyectos de más largo alcance y mayor calidad.

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6. Acerca de las Autoras Ana Lucía Blas es investigadora, cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y estudios de maestría en Relaciones Internacionales Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Actualmente, es investigadora en el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas y cuenta con experiencia como editora y reportera en uno de los principales medios de comunicación. Violeta Hernández es investigadora, máster en Economía del Desarrollo y Política, de la Universidad de Manchester, Inglaterra 2011. Actualmente es Investigadora en temas económicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Se desempeñó como Asistente de Investigación en dicha asociación de 2008 a 2011. Fue Catedrática de la Universidad del Istmo en la Facultad de Comunicación y han asistido cátedras en la Universidad Rafael Landívar.

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7. Anexos b) Número de personas graduadas por nivel y materia. Tabla 4 Guatemala: Titulados de Grado, Maestría y Doctorado, por Materia. Período de 1997-2011. Ciencias naturales y ex. Ingeniería y tecnología Ciencias médicas Ciencias agrícolas Ciencias sociales Humanidades Total

Titulados de grado 1,362 91 17,402 1,160 9,912 661 4,064 271 55,781 3,719 3,925 262 92,446 6,163

Titulados de maestría 96 9 1,376 92 2,456 175 319 40 8,187 546 509 36 12,943 863

Doctorados 0 2 5 0 134 5 146

-2 2 -10 2 10

Nota. Fuente: elaboración propia con información de RICYT, 2011.

b) Oferta académica de las Universidades en Guatemala. Figura 3 Guatemala: Oferta Académica de las Universidades. ufm unis

mesoamericana rural

Ciencias sociales, periodismo e información

Doctorados

Administración de empresas y derecho internacional

da vinci

san pablo de occidente

Servicios

Nota. El grosor de la línea aumenta de acuerdo al número de programas universitarios con las características expresadas en los nodos. La clasificación disciplinaria se realizó según la revisión de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINEF-2013. Fuente: elaboración propia con información del Consejo de la Enseñanza Privada Superior y USAC.

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c) Productividad investigativa por materia. Tabla 5 Guatemala: Productividad Investigativa, por Materia. Año 2011. Investigadores (personas físicas) Ciencias Naturales y Exactas

Publicaciones indexadas en SCI

Productividad investigativa

141

20

0.14

Ingeniería y Tecnología

79

15

0.19

Ciencias Médicas

74

93

1.26

Ciencias Agrícolas

125

18

0.14

Ciencias Sociales

139

16

0.12

43

2

0.05

601

164

0.27

Humanidades Total

Nota: para calcular la productividad investigativa, se convirtió la clasificación por materia de SCImago a la clasificación propuesta por el Manual de Frascati. Fuente: elaboración propia con información de RICYT, 2011 y SCImago, 2007.

D. Caracterización de las Relaciones interorganizacionales. Bachmann & van Witteloostuijn (2006) apuntan dos dimensiones de las relaciones inter-organizacionales: la confianza y el poder que motivan dichos vínculos. Estas características pueden recaer sobre la institución o las personas que integran dichas organizaciones. Aunque estos autores emplean esta caracterización en un contexto de relaciones entre empresas, se considera que esta también resulta útil para analizar las alianzas entre universidades y centros de investigación.

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De acuerdo con este autor, la forma 1, referida al predominio institucional, aseguraría que ambas partes cumplan sus obligaciones, se comporten de manera previsible y se reduzca la posibilidad de que alguna de las partes se comporte de forma oportunista. Eso resulta favorable para las actividades de incidencia que podrían ejecutar las universidades y los think tanks. En contraste, la forma 4, no garantizaría el cumplimiento de estas condiciones. Tabla 5 Guatemala: Productividad Investigativa, por Materia. Año 2011. Predominio del poder institucional

Predominio del poder personal

Predominio de la confianza institucional

Forma 1 Forma totalmente institucionalizada

Forma 2 Confianza institucional/ poder personal

Predominio de la confianza personal

Forma 3 Confianza personal/ poder institucional

Forma 4 Forma totalmente personalizada

Nota. Fuente: Bachmann & van Witteloostuijn (2006).

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Paraguay

Luis A. Galeano Diana García Ignacio González Marcelo Mancuello CADEP - Paraguay

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Estudio país: Paraguay

1. Introducción El presente estudio tiene como objetivo desarrollar un estudio de caso de cuatros centros de investigación del Paraguay, asumiendo como foco de análisis la relación establecida por los mismos con las universidades. Por sus productos y trayectorias, así como por la incidencia que los mismos lograron en el ámbito de las políticas públicas del país, los centros seleccionados pueden ser caracterizados como tanques de pensamiento (think tanks). Todos ellos, como protagonistas del ámbito científico paraguayo, desarrollaron significativos aportes en la producción de conocimientos, en las respectivas áreas científicas en las que se han desempeñado. Un análisis de la producción del conocimiento en la sociedad paraguaya nos remite, como primer abordaje, a una caracterización del tipo de economía y del Estado del país. En el Paraguay, a diferencia de otros países del subcontinente, que han llevado adelante estrategias de sustitución de importaciones durante gran parte del siglo XX, se ha mantenido una economía primaria abierta. “Este tipo de economía permitió sortear la necesidad de crear una oferta nacional de bienes manufacturados, pero no favoreció per se la aparición de un sistema productivo que agregase valor a la oferta de bienes del país” (Masi, 2012:121). El modelo económico con el cual el Paraguay se ha insertado en el Mercosur y en el mundo, desde hace tres décadas, se

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basa en la exportación de commodities y triangulación comercial, acompañado de un estancamiento en el crecimiento económico, proceso que ha creado disparidades territoriales significativas, al concentrar los beneficios del mismo en determinadas zonas del país. “Como resultado de este modelo, se desarrolló una agricultura empresarial de alta productividad, coexistiendo con otra de subsistencia campesina, actividades comerciales y de servicios con localización es concentrada y un bajo nivel de industrialización del país” (Masi, 2012:143). El impacto de la nueva agricultura empresarial y sin un proceso de industrialización, configuran un escenario socioeconómico, con una significativa migración de la población campesina a las ciudades y la precarización laboral. “La crisis de los modelos productivos tradicionales agropecuarios, particularmente los referidos a la unidad productiva campesina, y de los intensos procesos migratorios que la acompañan, no se están verificando en un contexto histórico en el que las transformaciones se sustentan en un vigoroso desarrollo industrial. Así aconteció en los países del primer mundo y, en gran medida, en los más avanzados de América Latina. Sin embargo, en el Paraguay contemporáneo, el proceso de cambio se apoya en la expansión de una economía terciaria urbana, en la que predomina el empleo o el trabajo informal” (Galeano, 2002:77). En lo que respecta a la urbanización, que creció de un 35,8% al 59,0% entre los años 1962 y el 2010, cabe mencionar que, la misma, fue el resultado, predominantemente, de la migración rural. “Esto tuvo como resultado el incremento de

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la informalidad y la precariedad laboral, con un subempleo del 22,9% en 2010, con bajos niveles de capacitación y de salarios reales” (Borda, 2012:90). En cuanto a la caracterización del Estado, podemos señalar que, en el Paraguay, el esfuerzo resultó complejo. Esto se debió a los condicionamientos históricos especiales que marcaron su desenvolvimiento político, considerando el hecho de que en pleno siglo XX el país ha soportado alrededor de medio siglo de un régimen dictatorial hostil a las instituciones democráticas y a la universidad autónoma. Como afirma Rivarola: “La sociedad paraguaya cuenta con apenas una década y media de recorrido por lo que podría definirse como sociedad abierta” (Rivarola, 2010:117). Es en este contexto general en que debe ser ubicado el estudio de la producción de conocimiento en el país, el papel de los centros de investigación y la relación de éstos con las universidades. En el caso paraguayo, las universidades jugaron un rol restrictivo, acotándose a tareas casi exclusivamente formativas y relegando, en gran medida, la investigación. La señalada característica provendría, en gran medida, de las fuertes restricciones que existieron en el ámbito universitario a lo largo del régimen autoritario, vigente en el Paraguay entre los años 1954 -1989, de la mano del General Alfredo Stroessner. En el posterior periodo de apertura democrática, la situación cambió, pero alcanzando el extremo de tornar las creaciones de nuevas universidades en procesos muy abiertos, faltos de normativas reguladoras, tendientes a orientar el tipo de instituciones, sus funciones y objetivos

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pretendidos, por parte de las instancias estatales correspondientes (Rivarola, 2002). La baja productividad en el ámbito de la investigación dentro de las universidades, luego de pasada más de una década de la caída del régimen autoritario y el inicio de la transición democrática, llevó a referentes intelectuales de gran relevancia local a emitir fuertes y tajantes afirmaciones, como la que se cita a continuación: “[…] lo concreto es que la investigación científica o la formación de investigadores nunca cobró la mínima relevancia como actividad académica institucionalizada en la universidad paraguaya […] Tal realidad resulta fácil de constatar con la sola observación del precario margen de producción científica (investigaciones, libros, producción de conocimientos, etc.) de la Universidad Nacional, por un lado, y del resto del sistema universitario tanto público como privado. Incluso, recién en las últimas dos décadas, fue impuesta la exigencia de tesis como un requisito de la licenciatura y del doctorado. Otra medida comparativa de esta tremenda debilidad, de la producción de la universidad en el área de la investigación, está dada por la fuerte primacía que ha tenido un grupo de organizaciones no gubernamentales dedicados a la investigación, tal como ha sido el caso del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), el Centro Paraguayo de Estudios Antropológicos, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y otros” (Rivarola, 2002:55).

La situación descrita colocó en un papel relevante a los centros de investigación, que, en muchos casos, suplieron la escasa producción científica desarrollada en el seno de las universidades. Esta situación se manifestó de manera más extrema en lo que respecta al ámbito de las ciencias sociales.

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Siendo los centros de investigación, en su mayoría, espacios conformados por fuera de los ámbitos institucionales universitarios, la financiación pública asignada a las universidades no estuvo al alcance de los centros, instituciones, que, generalmente, recurrieron a fondos proveídos por la cooperación internacional.

2. El Contexto Institucional Como podrá observarse, en el análisis de los casos seleccionados, tendrá una muy importante presencia, en los relatos de los investigadores entrevistados, el papel y desempeñado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Creado en el año 1997, a través de la Ley 1028, el CONACYT fue establecido como una institución autárquica dependiente de la Presidencia de la República, de composición mixta, integrado por representantes de ministerios del Poder Ejecutivo, gremios industriales, universidades estatales y privadas, centrales sindicales y la Sociedad Científica. Muy a destiempo, en comparación con otros países de la región, el desarrollo científico y tecnológico comenzó a dar verdaderos, aunque incipientes, avances después de una década y media de haberse iniciada la transición democrática, a través de la reforma institucional con ella promovida. Tal como advierten analistas del proceso de consolidación de las políticas de ciencias y tecnología en el país:

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“En Paraguay recién desde el año 2003 se menciona textualmente la frase Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La ley 227903 ‘Que modifica y amplia los artículos de la Ley 1028/97’ es la que, por primera vez, incluye esa noción. Un poco antes de la promulgación de dicha ley, en el año 2002, el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) había publicado un documento estableciendo las políticas nacionales de CyT. El documento es un texto oficial de la institución y no fue publicado editorialmente. El CONACYT es el principal órgano del SNCT de Paraguay” (Caballero, 2013:45).

Desde 2011, por primera vez en su historia, el Presupuesto General de Gastos de la Nación viene otorgando al CONACYT recursos genuinos para inversión en ciencia y tecnología. Con esto fondos se financió el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII), que desarrolló un catastro nacional de investigadores, categorizándolos y otorgándole aportes financieros. En la actualidad, PRONII se encuentra comprendido dentro de un plan mucho más amplio, bajo la denominación de Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA). Con PROCIENCIA el CONACYT pretende fomentar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país, abarcando diversos proyectos de acuerdo a la obtención y procedencia de los fondos para la producción científica. Aunque esta institución se encuentra en la actualidad con dificultades para dar cumplimiento a los compromisos asumidos con investigadores en los últimos dos años, para el 2014 se proyecta, en el marco de este programa, habilitar líneas de financiación a la producción científica en cinco modalidades detalladas en el cuadro consignado a continuación:

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Tabla 1 Líneas de Financiación a la Producción Científica. Modalidades1

Beneficiarios

Monto2

Duración

Convocatoria a Universidades, centros Proyectos Institucionales académicos, institutos o centros de investigación, organismos gubernamentales o no gubernamentales, público o privado.

100.000

Mínimo de 1 año de ejecución y máximo de 2 años.

Convocatoria a Proyectos Asociativos3

Universidades, centros académicos, institutos o centros de investigación, organismos gubernamentales o no gubernamentales, público o privado.

200.000

Mínimo de 1 año de ejecución y máximo de 2 años.

Convocatoria a Proyecto de Ciencia, Tecnología y Sociedad

Universidades, centros académicos, institutos o centros de investigación, organismos gubernamentales o no gubernamentales, público o privado.

80.000

Mínimo de 1 año de ejecución y máximo de 2 años.

Convocatoria a Proyectos de Iniciación de Investigadores

Universidades, centros académicos, institutos o centros de investigación, organismos gubernamentales o no gubernamentales, público o privado.

20.000

Mínimo de 1 año de ejecución y máximo de 2 años.

Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos

Esta convocatoria tiene como objetivo el fortalecimiento de capacidades del capital humano calificado con que cuenta el país. Este objetivo se logrará a través de estancias de investigación científica o transferencia tecnológica que permita la interacción entre científicos y tecnólogos de probada experiencia y que contribuya a la generación de nuevos conocimientos.

S/d

S/d

Nota. Elaboración propia del autor. (1) Las áreas de la Ciencia de esta convocatoria son: Naturales y Exactas, Médicas y de la Salud, Agrícolas, Ingenierías y Tecnologías, Sociales y Humanidades. (2) Monto en dólares americanos por proyecto. (3) Así también, el programa contempla una línea de intervención futura basada en apoyo a la realización de maestrías y doctorados con el objetivo de formar docentes investigadores y categorizarlos.

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3. Casos de Estudio El estudio elaborado se centra en el análisis de cuatro casos específicos de centros de investigación de importante trayectoria en el Paraguay: el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC), el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (INECIP), y el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). Tabla 2 Centros Estudiados. Nombre: Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC)

Nombre: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES)

Año de fundación: 2006 Afiliación: Sin datos Temas principales de investigación: Ciencias biológicas Cantidad de investigadores: 8 Presupuesto anual: Sin datos Página web: www.cedic.org.py

Año de fundación: 1964 Afiliación: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Temas principales de investigación: Ciencias sociales Cantidad de investigadores: 6 Presupuesto anual: Sin datos Página web: Sin página

Nombre: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (INECIP)

Nombre: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)

Año de fundación: 1994 Afiliación: Sin datos Temas principales de investigación: Ciencias jurídicas Cantidad de investigadores: 6 Presupuesto anual: Sin datos Página web: Sin página

Año de fundación: 1990 Afiliación: Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP) Red Mercosur de Investigaciones Económicas Temas principales de investigación: Ciencias económicas Cantidad de investigadores: 29 Presupuesto anual: Sin datos Página web: www.cadep.org.py

Nota. Elaboración propia del autor.

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El CEDIC surgió a raíz de un acuerdo firmado, en agosto del 2006, entre la Fundación Moisés Bertoni, Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A. y un grupo de investigadores independientes del área de las ciencias biológicas. Es un centro de investigación focalizado en las ciencias biológicas, sin fines de lucro, que establece como misión prioritaria emprender investigaciones que permitan determinar y medir los efectos que las actividades humanas ocasionan en los sistemas biológicos, y cómo los cambios producidos en éstos repercuten sobre las poblaciones humanas. Entre sus objetivos están: a) fortalecer las capacidades locales en la gestión y generación del conocimiento de la biodiversidad y su interrelación con las actividades antropogénicas, a fin de hacerlas ecológicamente amigables; y b) establecer vínculos con instituciones nacionales e internacionales que fortalezcan la gestión y generación de conocimientos en el binomio ambiente-salud, que impulsen la innovación y generación de tecnologías y que permitan desarrollar una mejor calidad de vida de las poblaciones y sus ambientes. El CPES fue fundado el 12 de marzo de 1964 como una organización dedicada a la investigación, docencia, documentación, difusión y capacitación en el campo de las ciencias sociales. Como espacio de investigación social logró constituirse en uno de los principales referentes a nivel local y regional, desarrollando estudios en varios ámbitos, tales como la sociología rural y urbana, la demografía, la economía, el desarrollo social, las ciencias políticas y la educación. Posee publicaciones especializadas, entre las que se destaca la “Revista Paraguaya de Sociología”, que es, hasta la fecha, la publicación con mayor continuidad de edición y difusión

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en las ciencias sociales paraguayas, teniendo en cuenta que ha sido publicada desde el mismo año de la fundación del CPES (1964) hasta el presente (2013) y difundida no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. El INECIP es una asociación sin fines de lucro, fundada en 1994, con el objeto de incidir en la construcción y consolidación de un modelo de Política Criminal propio del Estado Social y Democrático de Derecho. Agrupa en su interior a prestigiosos investigadores en el ámbito de la criminología y el derecho penal, y es impulsor de la creación del Ministerio de la Defensa Pública y otros mecanismos vinculados al entorno de la justicia. Es una de las instituciones con mayor incidencia en el ámbito de la administración de la justicia. El CADEP es una institución sin fines de lucro dedicada a la investigación y la capacitación en temas económicos y sociales, tanto en el ámbito nacional como regional. Fue creada, en junio de 1990, por un grupo de profesionales paraguayos con formación en universidades extranjeras que retornaron al país para contribuir con las reformas y modernización del estado, y de la economía y la sociedad. El Centro tiene, en la actualidad, acuerdos celebrados con gobiernos subregionales y universidades del interior el país para desarrollar actividades de investigación, capacitación y difusión de conocimientos científicos. Los investigadores del Centro son referentes nacionales en sus áreas de investigación y participan activamente en la formación de opinión.

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Recuadro 1 Datos clave Cantidad de centros de investigación del país: 231 Cantidad de universidades del país: 53 (8 públicas y 45 privadas)2 Número de investigadores por cada mil habitantes: 0,163 Número de PhD en el país: 1454 Número de publicaciones indexadas: 2565 Porcentaje de PBI usado en investigación: 0,0606 1

2 3 4 5 6

No existen datos oficiales, provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El dato aquí previsto es resultado de un relevamiento hecho por los investigadores y muchos de los centros de investigación relevados mantienen una vida institucional poco activa. Datos oficiales obtenidos de: http://www.mec.gov.py/educacionsuperior/entradas/291613 Datos obtenidos cruzando información de DGEEC (2012) y CONACYT (2012). Datos oficiales (CONACYT, 2012). La cifra corresponde a los PhD comprendidos entre los 1039 investigadores relvados por el CONACYT. Datos oficiales (CONACYT, 2012). Son utilizados los indicadores bibliométricos del 2010 sobre publicaciones paraguayas en revistas indexadas. Datos oficiales (CONACYT, 2012).

El estudio realizado se basa en el análisis documental además del desarrollo de 16 entrevistas de estudio de caso.

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4. Dimensiones Abordadas a) Experiencias Exitosas Esta dimensión se refiere a los emprendimientos impulsados por los Centros en el ámbito del desarrollo del conocimiento e incidencia de políticas públicas, así como también en el de la consolidación institucional de los mismos. b) Relación con las Universidades Se plantea un énfasis analítico en la relación de los centros con las universidades durante las últimas décadas, en el ámbito de producción del conocimiento científico y de las políticas públicas. Dicha relación puede comprenderse a partir de cuatro características, cada una con sus respectivas variantes: • Dinámica de la relación: Entendida desde de los términos de colaboración y competencia. • Intensidad de la relación: Alta, media, baja. Pondera el grado de articulación institucional en el régimen de producción del conocimiento y en la agenda de la política pública. • Enfoque de la relación: Relación directa e indirecta. La relación es considerada directa en tanto que existe una relación formal, basada en un acuerdo entre las instituciones, para el desarrollo de actividades científicas y académicas. En cambio, nos referimos a indirecta, o

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no oficial, cuando no se presenta de manera formal y explicita las pautas de la relación. No obstante, pueden desarrollarse incidencias implícitas entre los diferentes ámbitos del conocimiento. Por ejemplo, a través del intercambio de experiencias de los docentes e investigadores de los centros y universidades. • Temporalidad de la relación: Permanente o temporal.

3. Hallazgos a) El Centro Paraguayo de Estudios de Sociológicos (CPES) El Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES) es una de las más importante instituciones especializadas en ciencias sociales en el Paraguay. Desde hace más de cuatro décadas viene realizando, de manera ininterrumpida, investigaciones y publicaciones en el campo de las ciencias sociales, proceso que constituye una experiencia válida y exitosa para el medio académico del país. Las líneas iníciales de investigación del CPES correspondían a los abordajes establecidos en los centros de pensamiento de la región y representaban para el país una experiencia inédita e innovadora. Es relevante destacar que la experiencia se desarrolló, durante un período histórico significativo (1964-1989), en la sombra de un régimen dictatorial, situación política que hacía que los datos, las informaciones y los estudios hayan estado expuestos a un clima reacio al pensamiento científico independiente y crítico.

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Los primeros estudios temáticos se centraron en el análisis la cuestión agraria vigente en el Paraguay, condicionada por el proceso de modernización agraria, desde las teorías de la dependencia y del desarrollo socio-ecónomico vigentes en América Latina: “Estoy hablando de la última parte de los 70’s, los 80’s, pensando que lo que prevalecían eran las investigaciones de procesos macro, referidos por ejemplo la educación y el desarrollo rural, los estudios rurales y en las investigaciones en la CEPAL, sobre el desarrollo en América Latina” (García, 2013 f).

Por lo tanto, jugó un papel muy importante la articulación en redes con centros académicos de la región, que ha sido uno de los principales éxitos del CPES, y posibilitó su participación tanto en el debate como en la producción y difusión de las ciencias sociales en el Paraguay. Podría también destacarse que una de las principales incidencias del CPES, en la primera fase de su existencia, fue el haber intermediado y colaborado en la apertura de la primera carrera de Ciencias Sociales del país, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en el año 1971. En los años 70 y 80, un significativo número de profesionales de las ciencias sociales, residentes en el país, investigaron y publicaron en el CPES. Este proceso de incremento en la producción científica se dio, paradójicamente, en un momento en el que el país imperaba un régimen dictatorial. Así, pese a la limitación de libertades, la institución cola-

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boró en el auge y desarrollo de las ciencias sociales en el Paraguay. El apoyo institucional durante esas décadas (60, 70 y 80) provino de fundaciones y centros académicos extranjeros. Las líneas de investigación del CPES, al ser integrales, impulsaron la realización de una serie de actividades que permitían crear capacidades en el campo de la investigación científica. Según lo expresado por los investigadores, dicha experiencia fue distinta a la actual, en la que las investigaciones sociales se orientan, con frecuencia, a producir informes para la fundamentación y aplicación de la política pública. En los inicios de la década de los 90, comenzó a desarrollarse, en el país y la región, una lógica de mercado en la producción de investigaciones, expresadas por medio de los regímenes de consultoría. Al respecto de dicho cambio, los investigadores del CPES consultados manifestaron que el prestigio institucional del proponente, la rigurosidad para calidad de los estudios, empezaron a ser tenidos menos en cuenta frente a la propuesta técnica y económica más barata. Este factor, afectó negativamente a centros de investigación como el CPES, que poseen importantes capacidades y experiencias científicas. En lo que se refiere a la incidencia en política públicas, una de las principales iniciativas promovidas por el CPES ha sido la gestión del apoyo y de la colaboración del grupo de educación de la Universidad de Harvard (un grupo académico que había realizado estudios sobre el país y América Latina) al Consejo Asesor de la Reforma Educativa de Paraguay, para

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la reflexión y construcción de los delineamientos estratégicos de la reforma educativa, durante los años 1991 y 1992. En cuanto a la relación con otras universidades locales, se constata que los emprendimientos fueron escasos. Los investigadores consultados mencionan, al respecto, la inexistencia de centros de investigación, sobre todo en ciencias sociales, como uno de los condicionamientos de la falta de articulación o desarrollo conjunto de programas de cooperación, en el ámbito investigativo. Debido a dicha situación los centros de investigación privados asumen la iniciativa de producir conocimiento y generar espacios para la interacción, tanto de académicos como de estudiantes y docentes, en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Cabe señalar también que dichos espacios fueron y son liderados por investigadores formados en el extranjero, con experiencia de producción científica en ámbitos universitarios mucho más desarrollados que los del Paraguay. Según lo expresado en las entrevistas, es el propio modelo de universidad el que restringe e impide la producción de conocimiento científico en el área de ciencias sociales: “Para empezar, el modelo de universidad que tenemos nosotros es un modelo muy enciclopedista, de escuelas profesionales. No tenemos una universidad basada en la investigación, al privilegiar las disciplinas profesionales. Claro que eso no debería ser una traba para el desarrollo de la investigación. Pero esto se llevó a un extremo de que la vida universitaria se reduce a cursos, y el estudiante tiene muy poca oportunidad de trabajar en proyectos de investigación, porque los docentes no pueden insertarse institucionalmente como investigadores” (García, 2013f).

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En las universidades, principalmente en lo que se refiere al campo de las ciencias sociales, no se observa una política institucional de otorgar fondos para la investigación y la producción del conocimiento científico. En los últimos años se ha creado en la Universidad Nacional la figura del docente investigador; pero esta categoría cuenta con escasos cupos y con bajo respaldo institucional para la gestión. Además de lo mencionado, las designaciones discrecionales, en base a las afinidades políticas, son más frecuentes que las fundadas en méritos científicos y académicos. Esta situación explica el por qué dichas plazas no son ocupadas por aquellos investigadores locales con mayor producción y solidez investigativa. Actualmente, con la creación y lenta consolidación del CONACYT1, se percibe que dicha instancia podría constituirse en una oportunidad para delinear una política científica y tecnológica nacional, que posibilitaría organizar, adecuadamente, la asignación de fondos públicos destinados a la investigación científica e innovación tecnológica. Sin embargo, según lo manifestado, el incentivo a las investigaciones, hasta el presente, estaría orientado preferentemente a determinadas áreas de estudios con enfoques científicos 1

En el año 1997, la Ley 1028 -General de Ciencia y Tecnología- instituye formalmente dicho sistema y crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como órgano rector de sus políticas y como una institución autárquica dependiente de la Presidencia de la República, aunque de composición mixta, integrado por representantes de ministerios del Poder Ejecutivo, gremios industriales, universidades estatales y privadas, centrales sindicales y la Sociedad Científica. Desde 2011, por primera vez en su historia, el Presupuesto General de Gastos de la Nación ha otorgado al CONACYT recursos genuinos para inversión en ciencia y tecnología. Con estos fondos se financió el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII), que desarrolló un catastro nacional de investigadores, categorizándolos y otorgándole aportes financieros.

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más próximos a las ciencias duras, en detrimento de las ciencias sociales y humanidades. Tabla 3 Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos - CPES Relación Centro/Universidad

CPES con Universidad pública y privada4.

Dinámica de la relación

De colaboración en sus inicios y de competencia en los últimos años: competencia en términos de producción de conocimiento, formación de investigadores e incidencia en la política pública.

Intensidad de la relación

Media: cierta incidencia en los inicios de la carrera de ciencias sociales de la UC.

Enfoque de la relación

Indirecto: profesores e investigadores desarrollan investigaciones en el CPES e imparten cátedras en las universidades públicas y privadas. Los materiales y publicaciones CPES, son utilizados en las cátedras de ciencias sociales de las universidades.

Temporalidad de la relación

Relaciones puntuales: para el desarrollo de investigaciones o actividades concretas en un lapso de tiempo determinado.

Nota. Elaboración propia del autor sobre datos obtenidos el centro. (4) La caracterización corresponde a experiencias concretas de relacionamientos con las instituciones universitarias nacionales, señaladas en los relatos. Por lo tanto, no se realiza una apreciación abstracta de la universidad como actor o sujeto social.

b) Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) surgió a partir de la iniciativa de investigadores y académicos paraguayos formados en el exterior, que, al regresar al país, empezaron a realizar algunas investigaciones en centros privados de investigación, como el CPES. Los gestores a su vez, motivados por la inexistencia de centros especializados en la investigación de la economía, fundaron

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el CADEP, con el fin de realizar estudios sistemáticos sobre la economía paraguaya. En los primeros años del Centro, la financiación de los trabajos de investigación provenía de fondos externos, al no existir recursos públicos o privados nacionales que apoyen investigaciones en el campo de las ciencias económicas. “A inicios de los 90’s, tanto con esos fondos como con los que uno podía recurrir fuera del país, era más como una cuestión de oferta que de demanda; por ejemplo, los centros veían las áreas de trabajo de las ONG’s y se acercaban con propuestas de investigación” (González, 2013g).

A partir de los años 2000 en adelante, las fundaciones comenzaron a realizar demandas de investigaciones y estudios económicos puntuales, centrándose en temáticas poco abordadas en el país a través de estudios científicos. Entre las primeras acciones y experiencias exitosas desarrolladas por el CADEP, dirigidas a la incidencia en política pública y la producción de conocimiento científico, puede mencionarse la formulación de análisis, a partir de estudios comparados y de la aplicación de políticas económicas. Dichos estudios que apuntalaron el debate público, desarrollado a partir de foros y publicaciones, que contribuyeron a generar una agenda pública, con la participación de diferentes actores sociales y políticos (funcionarios de gobiernos, empresarios, académicos). Al respecto menciona uno de los entrevistados:

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“Lo que nosotros hicimos en el CADEP fue elegir temáticas que son nacionales y que al mismo tiempo son regionales y hacer estudios comparados, para lo cual invitábamos a expertos para elaborar monografías sobre temas que eran comunes entre el Paraguay y la región, temas de la integración, de reforma del Estado, de competitividad, de pobreza y desigualdad, de empleo, de economías regionales, de descentralización. Esas monografías eran presentadas en foros regionales a los hacedores de proyectos de políticas públicas, a los académicos, a los empresarios y luego publicábamos todas las monografías” (García, 2013e).

Así también, con la realización de estudios específicos para la orientación de las políticas públicas, a partir de las demandas de varias instancias del Gobierno y con el apoyo de la cooperación internacional, el CADEP logró acceder a experiencias exitosas, en la producción de conocimientos sistemáticos, que llegaron a incidir en la formulación y aplicación de políticas públicas. En el marco del plan de competitividad del Paraguay en 1999 – 2000, con el apoyo de la cooperación japonesa, el CADEP realizó un estudio para determinar las cadenas productivas que serían más competitivas en el país. Dicha experiencia, luego de diez años de su implementación, ha sido incorporada, en la actualidad, como una estrategia exitosa por parte de la Secretaria Técnica de Planificación del Gobierno. Otro caso de incidencia positiva, importante de ser mencionado, tiene que ver con la solicitud realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de formular un documento que permita incorporar el concepto de asimetrías en el Mercado

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Común de Sur (MERCOSUR). El mismo, a la vez, debía señalar las líneas estratégicas para las economías pequeñas y menos desarrolladas, como la del Paraguay, tanto desde el punto de vista del mercado, como de la cooperación para el desarrollo requerido. En el año 2003, se asumieron decisiones que ya estaban contenidas en la propuesta, sobre todo las referidas al comercio, para favorecer las economías pequeñas, y se decidió la realización de un estudio para la creación del fondo estructural. En el año 2005, después de una propuesta paraguaya, se aprobó la creación del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)2. “El punto es que el documento inicial que presentaron era el documento que llevó la delegación paraguaya para meter el concepto de asimetrías en el MERCOSUR, o sea esa fue una proactividad muy importante del Paraguay, porque el Paraguay venía siendo un actor muy pasivo dentro del MERCOSUR. Son dos ejemplos de incidencias en políticas públicas” (García, 2013e).

El vínculo del centro con la universidad se estableció desde los inicios de los años 90, a partir de la postulación y concurso del CADEP a fondos que otorgaba la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción para la investigación. En la universidad Nacional de Asunción la creación de núcleos de investigación resultaba difícil, debido a que la estructura institucional respondía a esquemas de acción

2

Fondo destinado a financiar proyectos en beneficios de las economías menores del MERCOSUR. Operativo desde el 2006, constituye el primer instrumento financiero del bloque con el objetivo de contribuir a la reducción de las asimetrías. Los fondos esta integrados por contribuciones financieros de los Estados Partes (no reembolsable) con un monto total de USB 100 millones. Ver: www.mercosur.int

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aún provenientes del régimen dictatorial, indiferentes a la posibilidad de producción de conocimiento científico. A diferencia de la Universidad Católica, el relacionamiento con las demás universidades privadas fue casi inexistente. Las mismas se encuentran principalmente enfocadas en la realización de negocios, a partir de la oferta de ciertas carreras; en otras palabras, dichas instituciones se limitan únicamente al campo de la formación profesional. Es probable que a raíz de un proceso académico impulsado desde fuera, esta situación comience a cambiar. La convalidación y certificación profesional en el ámbito del MERCOSUR exigen a las universidades y sus carreras cumplir con requisititos básicos, asumidos por los sistemas educativos superiores existentes en los países de la región. Por consiguiente, cabe esperar que en los próximos años se comience a instalar núcleos de investigación, así como la creación de algunas revistas especializadas en el campo de las humanidades. Por el contrario, la relación entre el CADEP y la Universidad Católica tuvo importantes avances posteriores a los ya mencionados. Cabe señalar como una de las experiencias exitosas, de este intercambio y colaboración, la realización conjunta de una Maestría en Gestión Pública. Este curso de posgrado asume, como modelo, una experiencia similar realizada en Bolivia, la cual contó con el apoyo de la Escuela de Gobierno de Harvard, John F. Kennedy School. La experiencia significó para el país disponer de una propuesta académica de calidad, con exigencias similares a las de la región y la

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elaboración de tesis aplicadas a problemáticas –económicas, sociales y políticas– del país, como aporte del curso. En lo que respecta al régimen de conocimiento, se percibe que, en los años 90, se dio un periodo de auge, en la producción de estudios sociales en el país. Esto se debió a la combinación de dos factores: el hecho de que los datos oficiales comenzaron a tener mayor rigurosidad y el mayor interés y apoyo de la cooperación internacional. A inicios de la década de los 90 se realizó la reforma de la Dirección General de Estadísticas y Censo (DGEEC) del Paraguay, que posibilitó la realización de las primeras Encuestas de Hogares en todo el país. Sin embargo, dicho empuje dado a la investigación en los años 90 se mantuvo hasta el año 2000, disminuyendo en los años siguientes. Esta variación en las intensidades de producción de conocimiento se debió, según lo manifestado por los investigadores entrevistados, a la falta de interés por parte de la clase dirigencial –tanto la clase política como los agentes económicos–, en incentivar la producción de conocimiento científico. No obstante, los investigadores consultados coinciden también en que se avizora una oportunidad, con la creación del Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII), por parte del CONACYT. Esta institución planea incrementar apoyos financieros directos para el fomento de la investigación científica. Ello significaría un cambio muy importante en este organismo, ya que anteriormente dicha instancia se orientaba, preferentemente, a generar tecnología para la producción o fomento de las ciencias duras,

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apoyando someramente la producción del conocimiento científico en las áreas de ciencias sociales. Tabla 4 CADEP Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) Relación Centro/Universidad

CADEP con Universidad pública y privada5.

Dinámica de la relación

De colaboración: para la formación y cualificación de funcionarios públicos en el conocimiento de la economía paraguaya; la creación de capacidades para la gestión pública.

Intensidad de la relación

Media: a partir de la creación de la Maestría en Gestión Pública. Cierta incidencia en los inicios de la carrera de ciencias sociales.

Enfoque de la relación

Directo: a partir de convenios institucionales.

Temporalidad de la relación

Relación puntual: acorde con el marco del establecido en el convenio.

Nota. Elaboración propia del autor sobre datos obtenidos el centro. (5) La caracterización corresponde a experiencias concretas de relacionamientos con las instituciones universitarias nacionales, señaladas en los relatos, por lo tanto no se realiza una apreciación abstracta de la universidad como actor o sujeto social.

c) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (INECIP). El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (INECIP) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con casi 20 años de existencia. De manera sistemática, ha realizado investigaciones vinculadas a las reformas y ajustes en los siguientes ámbitos normativos: código procesal penal y funcionamiento del ministerio público y de la defensa pública. Además de la investigación, el Centro ha apoyado procesos institucionales

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internos para una mejor organización del Poder Judicial en el Paraguay. Entre las acciones exitosas realizadas por esta institución se encuentran las investigaciones en el campo de la reforma normativa vinculadas a: la trata de personas y los ajustes normativos de tipo penal, y el apoyo técnico para su implementación de tales reformas legales. Además, realizó apoyos para el establecimiento de la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como el desarrollo frecuente de estudios de criminología aplicada, constitutivos de un diagnóstico de la situación delictual del país. Otra iniciativa de relevancia, impulsada por el INECIP, constituyó la alianza con miembros del Ministerio de la Defensa Pública y organismos de la sociedad civil, con el fin de apoyar investigaciones que contribuyan a mejorar el sistema de acceso a la Justicia. En cuanto al desarrollo y ejecución de políticas públicas, la incidencia de este Centro no se redujo al debate de una agenda y propuesta de reformas. La institución también jugó un papel muy importante en la formación de promotores jurídicos comunitarios (líderes o lideresas del movimiento social campesino y urbano de las zonas periféricas) formados en el conocimiento del derecho, para que puedan poner sus conocimientos y capacidades específicos al servicio de las organizaciones comunitarias, campesinas o inclusive eclesiales. Otra de las experiencias relevantes se desarrolló el en marco de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay

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(CODEHUPY), que comprende una red de organizaciones de la sociedad civil paraguaya, articulada en torno a la defensa de los derechos humanos. Como integrante de la misma, el INECIP tuvo un importante protagonismo en el trabajo de relevar datos e informaciones sobre el funcionamiento del sistema penal (especialmente en temáticas referidas al debido proceso y las garantías de personas contempladas en el mismo). El espacio de la red le permitió al Centro participar de un abordaje interdisciplinario en las mencionadas acciones, experiencia que es valorada hasta la actualidad. En lo que hace al impulso de la investigación en el país, los investigadores entrevistados coinciden que con el fortalecimiento del CONACYT y el surgimiento de departamentos de investigación en algunas universidades públicas se abren importantes oportunidades para el fortalecimiento de los conocimientos y de las prácticas de la investigación. “La creación del CONACYT es un signo alentador, desde un punto de vista de financiamiento y recursos humanos, y la categorización de investigadores podría de aquí a cinco años tener frutos, porque se empezó por un proceso de jerarquizar a las investigaciones y a los investigadores y podría llevar a la profesionalización de gente que se dedicaría exclusivamente a investigar” (Entrevista número 2, INECIP).

Los investigadores de este Centro consideran estratégico al CONACYT, en el ámbito de la creación de una política efectiva de ciencia y tecnología para el País. Sin embargo, advierten que la misma podría enmarcarse en una visión muy reduccionista hacia las ciencias duras.

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En general, la demanda de producción de estudios en el campo de las ciencias jurídicas proviene de los organismos no gubernamentales, que hoy día tienen una percepción más abierta y pertinente sobre la importancia del conocimiento científico en la generación de propuestas de política pública. El INECIP surgió ante la necesidad de adecuación del sistema penal al código penal nuevo (derivado de la Constitución de 1992), que implicaba una reorganización del sistema penal, así como la formación de actores en un nuevo paradigma. Al respecto señala uno de sus investigadores: “El Instituto realizó varias acciones de incidencia desde las modificaciones del código procesal penal, o sea todo ese código fue producto de una investigación del instituto, de gente que escribió. La ley de transición, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de defensa pública, la visibilización del mal de los delitos de trata de personas” (González, 2013e).

Otra incidencia importante, en términos de implementación de la reforma, fue la creación de los “Tribunales Modelos”, donde jueces y fiscales se instruían en litigios orales. Dicha experiencia tuvo la colaboración del INECIP de la Argentina y de Bolivia. El relacionamiento de este Centro con las universidades abarca varias actividades, todas ellas realizadas a partir de convenios. También es amplio el espectro de universidades con las que realizó emprendimientos asociativos, abarcando

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desde universidades públicas hasta varias las universidades privadas del país. Específicamente puede mencionarse el trabajo realizado con la Universidad Americana (UA), universidad privada en la que se realizan, hasta la actualidad cursos, debates y ciclos de capacitaciones a partir de las temáticas abordadas por el INCECIP. También, en conjunto con la Universidad de las Américas (UNIDA), otra universidad privada del país, se llevó a cabo una investigación acerca del funcionamiento del sistema penal, a partir de la cual se elaboró un diagnóstico institucional a nivel nacional. En el ámbito de las universidades públicas, con la Universidad Nacional del Pilar, se creó una Maestría, además de diversos cursos de actualización profesional en el campo de la defensa pública e investigaciones, con la participación de estudiantes de la institución. Todos los emprendimientos con las universidades se desarrollaron en el marco del garantismo penal: “Es un modelo interesante de realizar investigaciones, por el involucramiento de gente joven y aprenden, aparte de conocer su realidad con el análisis científico, qué tipo de gente está encerrada, el porqué; hasta qué punto sirve el sistema normativo y cuestionar el modelo de Estado existente. Instrumento por el cual aprenden investigación y toman nota sobre ésta realidad, genera conocimientos útiles para nuevos ciudadanos comprometidos con su realidad” (García, 2013g).

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Tabla 5 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (INECIP) Relación Centro/Universidad

INECIP con Universidad pública y privada6.

Dinámica de la relación

Colaboración: en el producción de investigaciones, formación de funcionarios públicos e de incidencia en la política pública.

Intensidad de la relación

Alta: realización de varias actividades académicas y de incidencia.

Enfoque de la relación

Directo: a partir de Convenios institucionales.

Temporalidad de la relación

Permanente.

Nota. Elaboración propia del autor sobre datos obtenidos el centro. (6) La caracterización corresponde a experiencias concretas de relacionamientos con las instituciones universitarias nacionales, señaladas en los relatos, por lo tanto no se realiza una apreciación abstracta de la universidad como actor o sujeto social.

d) Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC) El Centro de Desarrollo para la Investigación Científica (CEDIC) es una asociación sin fines de lucro, que surgió en el año 2005. Está constituido por profesionales e investigadores de ciencias de la salud y ciencias biológicas, formados en el exterior del país. Estos investigadores, al retornar al país luego de realizar sus estudios de postgrados, encontraban grandes dificultades para desarrollar actividades de investigación, por lo que decidieron conformar el CEDIC. Y si bien muchos de los investigadores, impulsores de la creación del Centro, tenían experiencia de investigación dentro de la Universidad Nacional de Asunción, la misma no poseía las condiciones para el desarrollo de las líneas de investigación que eran de interés de los mismos.

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Podría mencionarse como una de las principales gestiones exitosas del CEDIC la vinculación y alianza con un laboratorio privado, en el marco del programa de responsabilidad social de éste. A partir de esta vinculación surgieron posteriores convenios de cooperación, con fundaciones locales e internacionales con el propósito de gestionar fondos destinados a proyectos de investigación. Los primeros proyectos financiados por la cooperación permitieron montar un laboratorio, cuya finalidad era la de desarrollar investigaciones en el campo de la salud y del medio ambiente. Se consiguió así promover una línea de investigación innovadora, a partir del estudio de enfermedades humanas afectadas por cambios ambientales. El principal objetivo del centro es el de identificar, mediante estudios científicos, el uso sostenible de la biodiversidad, con el fin de obtener fármacos que tengan actividad contra los parásitos, que generan las enfermedades prevalentes en el país. El centro incorpora investigadores a sus líneas de investigación, brindando cooperación y adiestramiento a profesionales y estudiantes vinculados a universidades públicas y privadas. De esta manera, tanto investigadores y académicos, como estudiantes pasantes participan activamente en la producción del conocimiento científico. Los resultados obtenidos son publicados en revistas científicas internacionales y, a la vez aplicados en proyectos de incidencia local o comunitaria. Al respecto, comenta una de sus investigadoras:

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“Contamos con un grupo de pasantes o investigadores jóvenes que se gradúan durante su estadía acá, en la universidad, y se quedan trabajando en todos los proyectos. Ese proceso de pasantía que hacen es un proceso de adiestramiento, como un mentorazgo que se hace, para que se vayan especializando en técnicas dentro del laboratorio y que vayan preparándose para técnicas más sofisticadas, que se realizan dentro de los proyectos” (González, 2013h).

Uno de los principales éxitos institucionales constituye la apuesta a la innovación tecnológica, a partir del trabajo conjunto con universidades y empresas privadas. La innovación tecnológica implica la realización de dos tipos de investigación: la básica y una investigación–acción, basada la noción del living lab. La investigación básica se orienta a obtener compuestos químicos, que pueden ser efectivos para combatir los parásitos causantes del mal de Chagas y leishmaniasis, y generar, eventualmente, algún tratamiento. El otro tipo son las investigaciones aplicadas a en comunidades, donde existen problemas críticos relacionados con la salubridad y el medio ambiente, destinadas a la elaboración conjunta de soluciones, articulando los resultados de laboratorios con la dinámica comunitaria. Sobre esto señala uno de sus directivos: “En este momento, estamos montando un programa dentro del propio Centro, de lo que llamamos laboratorios vivientes, o living lab. Está, fácilmente, se encuentra, lo que es el living lab, a través de internet, que es el laboratorio donde la comunidad o el cliente es copropietario o co-creador de la innovación tecnológica, que

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se puede propiciar para resolver el problema de una comunidad” (González, 2013h).

Con las universidades nacionales y privadas se establecen convenios, para participar de las investigaciones, y, sobre todo, contribuir, desde un enfoque interdisciplinario, a innovar, a partir de la identificación de problemáticas. “Nosotros llevamos un problema, una limitación en los estudios biológicos, a ingenieros electrónicos que se iban a graduar, que estaban haciendo una maestría en ingeniería electrónica. Y ellos hicieron un software, que nos permite, a nosotros, hacer un contaje por imágenes, sin necesidad de estar contando visualmente” (González, 2013h).

En el mismo sentido, con una experiencia semejante, la línea de la investigación-acción del CEDIC se amplía, a mediante un convenio con la carrera de Diseño Gráfico, de una universidad privada. En este caso, el objetivo fue el de innovar en las formas de difusión de las informaciones sobre la salud y el medio ambiente. Al respecto se menciona: “Los estudiantes de diseño gráfico elaboraron un juego lúdico para las escuelas, para niños entre 7 y 12 años, sobre el problema del cambio climático, el problema de la enfermedad de chagas, y cómo se transmite” (González, 2013h).

Uno de los objetivos señalados es que las experiencias exitosas de investigación y de intervención social sean incorporadas en el marco de las políticas públicas, del sistema nacional de salud.

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Los investigadores entrevistados, al igual que en todos los casos anteriores, valoran los avances producidos, en los últimos años, por parte del CONACYT, a través de los incentivos para investigadores. A partir de los mismos, se logrará la sostenibilidad de las líneas de investigación de los centros y, a la vez, se contribuirá fortalecer las redes de cooperación y articulación entre universidades, centros de investigaciones y organizaciones de la sociedad civil. Tabla 6 Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC). Relación Centro/Universidad

CEDIC con universidad pública privada7.

Dinámica de la relación

Colaboración: en la producción de investigaciones, formación de investigadores y de abordaje multidisciplinaria.

Intensidad de la relación

Alta: realización de varias actividades académicas y de incidencia.

Enfoque de la relación

Directo: a partir de convenios institucionales.

Temporalidad de la relación

Permanente.

Nota. Elaboración propia del autor sobre datos obtenidos el centro. (7) La caracterización corresponde a experiencias concretas de relacionamientos con las instituciones universitarias nacionales, señaladas en los relatos, por lo tanto no se realiza una apreciación abstracta de la universidad como actor o sujeto social.

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5. Conclusiones y Recomendaciones A partir de los estudios de casos analizados a lo largo del trabajo, son propuestas las siguientes conclusiones, a modo de ofrecer una primera aproximación a la realidad de los centros de investigación en Paraguay: Los centros de investigación estudiados, en el Paraguay, se constituyen como centros privados. Los mismos, iniciaron y sostuvieron líneas de investigación que, inéditas o no, fueron pioneras en sus respectivas áreas de estudios, en lo que respecta al ámbito científico del Paraguay. Para tales emprendimientos, los centros de investigación realizaron alianzas específicas con universidades locales e internacionales. En tal sentido, la especificidad de las alianzas se explica en función del hecho que en el Paraguay las universidades centraban su rol principal en la formación y capacitación profesional, relegando, en la mayoría de los casos, a un rol limitado la labor de la investigación. En los últimos años del régimen autoritario de Alfredo Stroessner (1954-1989) y el inicio de la democratización iniciada en los años 90, los Centros de Investigación orientaron sus acciones al análisis del proceso histórico por el que estaba atravesando el país, así como en la implementación de políticas públicas, poniendo énfasis en las consecuencias socio-económicas, culturales y políticas del proceso de modernización de la estructura agraria tradicional. Esta reorientación coincidió con los inicios de importantes reformas

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políticas e institucionales, resultado de la democratización y la promulgación de una nueva Constitución Nacional (1992). A partir de lo señalado cabe plantear que, en lo que respecta al ámbito de las ciencias sociales, en la última parte del periodo dictatorial, se experimentó un auge en materia de investigación, sustentada, en gran medida, en el apoyo brindado por agencias y fundaciones internacionales. Por el contrario, con el retorno a la democracia (segundo quinquenio de los 90) se desarrolló un marco mucho más limitado para la labor de los centros de investigación. En él primó un régimen de consultorías, promovido, preferentemente, por instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en contraposición al precedente financiamiento de líneas de investigación. Esta estrategia restrictiva ha tornado incierta, en más de una ocasión, la continuidad misma de ciertos centros de estudios, así como de las líneas de trabajo e investigación desarrolladas históricamente por ellos. Con relación a las políticas públicas que promueven la producción del conocimiento científico en el país, la mayoría de los entrevistados manifestaron expectativas positivas. En ese sentido, los mismos valorando la creación y fortalecimiento del CONACYT, como instancia que profesionaliza y fomenta la investigación. En especial, fue destacado el Programa de Incentivo a Investigadoras, que, por vez primera en la historia del país,

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articuló una iniciativa pública de financiación de investigadores y proyectos de investigación. Dicho programa genera expectativas hacia la posibilidad de acceder, por parte de los centros de investigación, a fuentes de apoyo pertinente a la investigación, y, de esa forma, lograr la no dependencia de la cooperación internacional, que continúa volcada al financiamiento de estudios instrumentales, de los programas de políticas públicas impulsados por las instituciones que la integran. Asimismo, se ha señalado que los recursos de los que dispone el CONACYT son aún insuficientes de cara al fomento a la investigación científica, en la escala que es debida y necesaria para el país. Algunos de los investigadores consultados también han cuestionado la exagerada preeminencia de las ciencias duras en la elegibilidad de la financiación en el CONACYT, en detrimento de otras disciplinas, pertenecientes a las ciencias sociales o las humanidades. Esto se explicaría en función a la presencia de ciertos intereses corporativos en la estructura directiva de dicha institución. En lo que respecta a las actividades de cooperación con las universidades, se aprecia una mayor vinculación institucional para la producción de conocimiento con universidades extranjeras. En la mayoría de los casos, dicho vínculo ha sido producto de la mediación de directores o investigadores de los Centros, que realizaron estudios en las mismas. Un aspecto que cabe destacar radica en que, entre los consultados, existieron investigadores que formularon críticas a la

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exagerada tendencia al burocratismo, a la hora de establecer regímenes de colaboración por parte de universidades públicas (por ejemplo, pueden citarse casos de trabas excesivas para la aceptación de convenios, lentitud en la asignación y liberación de recursos financieros, entre otros factores, que demuestran una inadecuada coordinación entre los tiempos institucionales y los tiempos requeridos en los diferentes proyectos de investigación). Por tal motivo, en muchas ocasiones, los Centros de Investigación prefirieron establecer el vínculo con universidades privadas o del exterior, con el fin de plasmar convenios de cooperación académica e investigativa. Finalmente, puede observarse, en los casos analizados, una ampliación de los campos de incidencia en la política pública por parte de los centros de investigación, aunque no gracias a su relación y/o vinculación con las universidades. Dicha ampliación habría sido el fruto de una transformación en las actividades de los centros, en el sentido de pasar de un enfoque basado primordialmente en la investigación, el análisis técnico y la difusión de los trabajos, para instalar problemáticas en la agenda académica y púbica, a otro enfoque centrado más en la incidencia de la negociación, gestión e implementación de las políticas de desarrollo, apelando a un rol de colaboración efectivo, con las instituciones encargadas de la promoción de dichas políticas. En base a de las conclusiones señaladas, pueden acotarse como recomendaciones generales el desarrollo de acciones en los siguientes sentidos:

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• Asociación de los centros de investigación para su fortalecimiento y mayor incidencia en la sociedad: Los Centros de Investigación independientes del Paraguay tendrían que encarar, como uno de sus principales desafíos, el logro de una articulación entre los mismos, tanto en espacios formales como informales. De esta forma, a través de foros, plataformas, redes y consorcios, que fomenten el intercambio de experiencias y la articulación de esfuerzos, se podrá conseguir una mayor incidencia en el campo del conocimiento científico del país. • Reforzar lazos con universidades, a través de la realización de programas de cooperación y la combinación de recursos disponibles: Si bien las universidades paraguayas, en su gran generalidad, se encuentran centradas en la formación profesional, resulta imprescindible, por un lado, que ellas comiencen a abocarse a la producción científica, tarea para la cual la experiencia y el aporte de conocimientos que poseen los Centros de Investigación independientes podrían ser sumamente valiosos. Por otro lado, las normas de regulación y convalidación profesional, existentes a nivel regional (MERCOSUR), exigen a las mismas introducir importantes componentes de investigación en currículums y módulos académicos de las carreras y los niveles de la educación superior (tesis de grados y posgrados, espacios de investigación, docentes investigadores de tiempo completo, publicaciones científicas indexadas, entre otros requisitos). Estos procesos abrirían la posibilidad de realizar asociaciones en base a los recur-

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sos con que cuentan, ya sean las Universidades o los Centros de Investigación. Las primeras, poseen, en la actualidad, una cada vez mayor población estudiantil, infraestructuras básicas y espacios académicos potenciales. Los segundos, cuentan con la experiencia y la capacidad propicias para la investigación. • Incidir y ganar representatividad en los espacios estatales relacionados con la producción de conocimiento: Las instancias estatales que promueven la producción de conocimiento científico en el país, en especial el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se constituyen a partir de espacios colegiados, en los que se encuentran representados instituciones universitarias públicas y privadas, autoridades públicas y empresarios. En estos ámbitos, carecen de representación los Centros de Investigación independientes, hecho que afecta de manera directa la definición de las políticas públicas de investigación científica. Por consiguiente, deviene necesario que a dichos Centros se les conceda la representatividad en la gestión directiva de las mencionadas instancias estatales. • Generar espacios de debates sobre cuestiones nacionales gravitantes, sociales y políticas, y proponer estrategias acerca del modelo de desarrollo: Los Centros de Investigación, en alianza con las Universidades, tendrían que crear, y desarrollar, espacios de debates académicos sobre los más importantes problemas sociales y políticos del país, a partir de las investigaciones científicas realizadas. En tales debates, a su vez,

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deberían intervenir los principales actores sociales y políticos. A su vez, los Centros de Investigación y las Universidades, en base a los resultados de los estudios y debates realizados, deberían proponer los criterios de fundamentación y las principales estrategias de implementación de un modelo de desarrollo inclusivo y equitativo.

6. Referencias Bibliográficas Belletini, O. (2007). El papel de los centros de política pública en las reformas públicas implementadas en América Latina. En A. Garcé y G. Uña (ed), Think Tanks y políticas públicas en Latinoamérica. Dinámicas globales y realidades regionales (pp.111138). Buenos Aires: Prometeo. Borda, D. (2012).La economía política del crecimiento, pobreza y desigualdad en el Paraguay (1968 – 2010).En: D. Abente Brun y D. Borda (ed.), El Reto del Futuro. Asumiendo el legado del bicentenario (pp. 57-114). Asunción: Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay. Caballero, C. (2013). Análisis de los marcos normativos de cuatro países de Iberoamérica en relación a la participación ciudadana en Ciencia y Tecnología. Tesis para optar por el título de Magíster en Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología. Salamanca: Universidad de Salamanca. Campbell, J y Pedersen, O. (2010).Knowledge Regimes and Comparative Political Economy. En: D. Béland y R. Henry Cox (ed.). Ideas and Politics in Social Science Research (pp. 167-190) Oxford: Oxford University Press. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2012). Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay. Asunción: CONACYT. Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (2013). Compendio Estadístico 2012. Fernando de la Mora: DGEEC.

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González, I. (2013g, octubre). [Entrevista con Investigador Directivo 1 del CADEP]. Grabación en audio. González, I. (2013h, setiembre). [Entrevista con Investigadora Directiva del CEDIC]. Grabación en audio. Masi, F. (2012).Los desafíos de una nueva inserción externa del Paraguay. En: En: D. Abente Brun y D. Borda (ed.), El Reto del Futuro. Asumiendo el legado del bicentenario (pp. 115-154). Asunción: Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay. Rivarola, D. (2002). Informe Nacional sobre Educación Superior en Paraguay. Asunción: UNESCO. Rivarola, D. (2010). La universidad paraguaya hoy. Revista Paraguaya de Sociología, 136(47):102-122. Vessuri, H. (2010). La ciencia, la política y la participación democrática en la elaboración de Políticas: una visión latinoamericana. Revista Paraguaya de Sociología, 136(47):33-47.

7. Acerca de los Autores Luis A. Galeano es doctor en derecho por la universidad central de Madrid y Master en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSOde Chile. Investigador y coordinador de proyectos del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES). Ex Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción y ex Director General de Postgrado e Investigación de la misma universidad. Docente de la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Asunción. Investigador con más de 40 trabajos de producción científica y gran cantidad de publicaciones.

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Diana García es licenciada en Sociología por la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción y cursando la Maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Docente e investigadora en el ámbito de la juventud y educación. Posee experiencia en coordinación de investigaciones multidisciplinarias, coordinación de equipos de trabajo y es especialista en análisis del discurso e interpretación de datos cualitativos. Se desempeñó como Viceministra de la Juventud del Paraguay (2009-2011) y Directora de la Coordinación Socio-ambiental de la Entidad Binacional Itapú (20112012). Ignacio González es licenciado en Sociología por la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción. Especialista en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Magíster en Historia por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y candidato a Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO). En la actualidad cursa el Doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente universitario e investigador en las áreas de historia social y sociología política. Ha publicado dos libros y más de una decena de artículos científicos. Marcelo Mancuello es licenciado en Sociología por la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción y Magíster en Política y Gestión Pública UCA-CADEP. Docente universitario y consultor en materia de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Posee experiencia en gestión social e investigación social y sociopolítica, sistemas de indicadores y dominio de técnicas cuantitativas y cualitativas para la investigación y la evaluación.

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Perú

Raúl H. Asensio

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Estudio de caso: Perú

1. Introducción El debate sobre el papel de los centros de investigación en la formulación y gestión de políticas públicas en el Perú ha tenido en los últimos años un importante auge (Tanaka et al 2009, Bay et al 2007, Bautista et al 2010, Uceda 2011 y Conaghan 1998 para un trabajo pionero). Este interés se debe a la relativa consolidación de estos centros, a similitud de lo ocurrido en otros países de la región. Son ahora instituciones más profesionales y con mayor proyección pública, lo que genera un mayor interés por parte de los investigadores respecto a sus orígenes, su naturaleza actual, vínculos y objetivos, así como el sentido de su participación en el debate de ideas en el país. Este estudio se inserta en esta corriente de revisión crítica del papel de los centros de investigación. En concreto queremos indagar sobre la potencialidad y los retos de las relaciones entre centros de investigación y universidades. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que tanto los centros de investigación autónomos como las universidades se encuentran en un momento de transición en nuestro país. En el caso de las universidades públicas sus recursos se han incrementado de manera notable en los últimos años, gracias sobre todo a las transferencias por concepto de canon y sobrecanon.

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Esto ha llevado a que la tradicional “gestión de la penuria” se haya convertido en algunos casos en “gestión de abundancia”, con los retos que esto implica. También se han producido cambios internos, relacionados con la consolidación de una nueva generación de profesionales universitarios, con referentes y proyectos profesionales diferentes de sus antecesores. Estos cambios repercuten a su vez en los centros de investigación, que ya de por sí se encuentran en una fase de redefinición, debido a los cambios de orientación de la cooperación internacional y la evolución de la dinámica de los mercados de conocimiento en el país. Estos procesos son muy complejos y no necesariamente se producen en simultáneo, pero tomados en su conjunto configuran un escenario sumamente interesante para la colaboración entre ambos tipos de instituciones. El reto consiste en analizar cómo estos procesos se engarzan entre sí y cómo ambas instituciones se posicionan en la formulación de políticas públicas. Para ello partimos de un enfoque dinámico de la relación entre universidades y centros de investigación que considera que existen, tanto relaciones de colaboración como relaciones de competencia. La formulación y gestión de políticas públicas en los países latinoamericanos (con partidos políticos débiles y escaso capital humano capital humano capacitado para la formulación y gestión de políticas públicas) hace que existan incentivos para la colaboración. Sin embargo en el contexto actual de cambio de prioridades de la cooperación existen también incentivos contrarios. Los centros de investigación deben posicionarse y destacarse para asegurarse el flujo de recursos, mientras las universidades cuentan con los sufi-

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cientes recursos propios para que esta colaboración no sea una prioridad. El resultado es que centros de investigación y universidades puede colaborar, y a menudo lo hacen, pero también compiten por posicionamiento, prestigio y, en última instancia, recursos. Esta competencia implica disputas por el capital simbólico y por el capital humano. Los especialistas en la generación de conocimiento especializado siguen siendo escasos en Perú, por lo que ambos tipos de instituciones tienen políticas de reclutamiento y estrategias laborales que muchas veces chocan entre sí. El resultado es un panorama complejo en que se entrecruzan la necesidad de sumar esfuerzos, la desconfianza y los recelos entre unas instituciones y otras. Para analizar en destalle esta dinámica de colaboración y competencia el estudio se centró en tres estudios de caso de relaciones entre centros de investigación y universidades. Estas tres historias cuentan tanto historias de éxito como de fracaso. Incluyen ejemplos de Lima y también del interior del país. Esto último es especialmente importante porque hasta el momento la mayoría los estudios referidos a centros de investigación peruanos se han centrado casi exclusivamente en las dinámicas de la capital, dejando de lado la rica experiencia de los centros de investigación de otras regiones, y sus complicadas relaciones con otros actores. Recuperar esta dimensión nacional, es por lo tanto otro de los objetivos de este estudio. En concreto, este estudio se plantea las siguientes preguntas: ¿Qué mecanismos de colaboración se han desarrollado en el caso peruano entre centros de investigación y universidades

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para la generación de conocimiento especializado sobre e incidencia en políticas públicas? ¿Cómo esta colaboración se inserta en las estrategias a medio y largo plazo de los centros de investigación? ¿Qué papel juega en el actual contexto de reconfiguración de las prioridades de financiamiento de la cooperación internacional? ¿Qué factores externos (del contexto nacional) e internos (de la instituciones implicadas) condicionan estas estrategias y los mecanismos de colaboración? ¿Cuáles son los trade off que deben enfrentar universidades y centros de investigación en sus esfuerzos de interacción y colaboración? ¿Cómo y hasta qué punto pueden gestionarse estos trade off por parte de los centros de investigación?

2. Contexto El contexto de las relaciones entre centros de investigación y universidades está marcado en el Perú por un conjunto de cambios recientes que afectan tanto a la sociedad en conjunto como al estilo de producción científica en ciencias sociales. En algunos casos estos cambios responden a tendencias de fondo, que se perciben también en otros países de la región, o incluso en el conjunto de los países en desarrollo. Tienen que ver con la profesionalización y la modernización de las instituciones dedicadas a la producción científica, con el aumento de la competencia en el campo científico y con el nuevo tipo de demandas de formación y conocimiento especializados tanto por parte de la sociedad como por parte del Estado.

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El caso peruano, sin embargo, presenta algunos matices que lo hacen diferente de otros países. Estos matices se vinculan con el nivel de atraso de las instituciones educativas del país, con el rápido crecimiento económico de los últimos años y con la importancia de las fuentes externas de financiamiento para la investigación en ciencias sociales. La conjunción de estos elementos habría hecho que los cambios ocurridos en los últimos años hayan sido más profundos y más rápidos que en otras regiones de nuestro continente. En concreto, son cinco los elementos que habría que considerar para analizar el contexto actual de relaciones entre centros de investigación y universidades. Un País Tradicionalmente Poco Productivo en Investigación Perú es un país tradicionalmente poco productivo en cuanto a producción científica. De manera consistente los indicadores muestran que el país produce menos documentos científicos de lo que debería, tanto en función de su peso demográfico como en términos de producto bruto interno. La Figura 1 evidencia esta realidad, al mostrar el número de artículos indizados publicados en 2012 por cada cien mil habitantes, en comparación con otros países de la región. Se puede observar que Perú se encuentra por debajo de los principales países de América Latina e incluso por debajo del promedio regional. Lo mismos ocurre cuando se considera la producción de documentos indexados por cada mil millones de dólares de PBI, tal como se señala en la Figura 2.

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Figura 1 Documentos Indexados por cada 100.000 Habitantes en 2012 50 45 40 35 30 25 20 15 10 0

Chile Uruguay Trinidad Argentina Brasil Puerto Rico Cuba Guyana Francesa Total ALC México Costa Rica Colombia Panamá Jamaica Venezuela Perú Guyana Ecuador Surinam Bolivia El Salvador Paraguay Nicaragua Guatemala Honduras R. Dominicana Haití

5

Nota. Elaboración propia del autor. Fuente: para documentos: SCOPUS - Scimago Journal & Country Index1 Fuente para población: CEPAL

Figura 2 Documentos Indexados por cada USD 1.000 millones de PBI en 2012 30 25 20 15 10

Venezuela

Ecuador

Perú

Bolivia

México

Colombia

Total

Brasil

Uruguay

Argentina

0

Chile

5

Nota. Elaboración propia. Fuente para documentos: SCOPUS - Scimago Journal & Country Index, fuente para PBI: CEPAL (datos en millones de dólares corrientes). Fuente para población: CEPAL

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468

Sin embargo, a pesar de estos datos negativos en los últimos años encontramos una tendencia positiva. Los datos consignados en la Figura 3 muestran que Perú es uno de los países de la región con mayor incremento de la producción científica entre 1997 y 2012. En números totales nuestro país pasa de producir 164 artículos indexados en 1996 a producir más de 1.200 en 2012. Esto significa un coeficiente de incremento de 7,3 veces la producción original, el tercero más alto de la región tras Colombia y Haití. Figura 3 Crecimiento de la Producción Científica en los Países de América Latina y El Caribe entre 1997 Y 2012 (1997 = 1) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0

0

Colombia Haití Perú Brasil Panamá Ecuador Suriname Chile Paraguay Conjunto ALC Uruguay Guyana El Salvador México Guyana Francesa Bolivia Trinidad Guatemala Honduras Nicaragua Cuba Argentina R. Dominicana Costa Rica Puerto Rico Venezuela Jamaica

2,0

Nota. Elaboración propia, fuente: SCOPUS - Scimago Journal & Country Index

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469

La Figura 4 muestra que estos datos se traducen en un incremento de la importancia de la producción nacional respecto a los diferentes ámbitos geopolíticos donde el país se encuentra inserto. Perú pasa de significar el 0,7 de la producción científica total de la América Latina y el Caribe al 1,1 por ciento en 2012. Esta cifra supone el 1,4 por ciento de la producción de Sudamérica, el 4,0 por ciento de la producción de los países castellano hablantes de esta parte de continente y el 12,7 por ciento de la producción científica indexada procedente de los países andinos. Figura 4 Evolución del Porcentaje de la Producción de Artículos Indexados de Perú sobre el Total de los Diferentes Ámbitos de Referencia (%) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

Países castellano hablantes Sudamérica

Países castellano hablantes ALC

Total Sudamérica

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

1996

0,5

Total ALC

Nota. Fuente: SCOPUS - Scimago Journal & Country Index Elaboración propia.

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470

Esta situación se repite también en el caso concreto de las ciencias sociales. La Figura 5 muestra las mismas tendencias reseñadas: una producción que se incrementa de manera notable en los últimos quince años, pero que aún sigue por debajo de lo que le correspondería al país en relación a su población y al tamaño de su economía.

Figura 5 Evolución del Número de Artículos Indexados de Perú en Ciencias Sociales y Materias Afines 90 80 70 60 50 40 30 20

Ciencias Sociales

Economía

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

1996

10

Humanidades

Nota. Elaboración propia, Fuente: SCOPUS - Scimago Journal & Country Index.

Estos datos marcan unas tendencias generales que nos ayudan a percibir la situación actual de la investigación científica en el Perú. Hay que tener en cuenta sin embargo, que no toda la investigación que se realiza en universidades y centros de investigación autónomos termina como una publicación indexada. Existen también otras formas de

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471

circulación de conocimiento, que pueden ser incluso más apropiadas para determinados aspecto del trabajo de estas instituciones: informes de consultorías o notas breves, si se pretende incidir en los tomadores de decisiones, libros y ponencias si se pretende influir en el mundo académico, etc. Estos canales paralelos de difusión son muchas veces más directos e inmediatos, ya que no requieren todo el complejo proceso de validación asociado a la publicación en revistas indexadas. Por esta razón pueden incluso ser más importantes para las actividades cotidianas de algunas instituciones, aunque no contenemos con indicadores para medir la evolución de su producción.

Comunidades Académicas Fragmentadas El segundo punto a considerar es la fragmentación de las comunidades académicas peruanas. Este es un problema que se repite en buena medida en todo el continente, pero en el caso peruano probablemente sea extremo, debido a la propia dinámica social y política del país, condicionada por la desigualdad entre la capital y el resto de provincias del interior. Tanto las universidades como los centros de investigación más importantes se encuentran en Lima. En muchos casos, se trata de instituciones consolidadas y bien conectadas con redes académicas internacionales, pero suelen tener poco contacto con otras comunidades académicas del interior del país. Los intentos de superar esta situación no son sencillos. Algunos de ellos vamos a verlos con más detalle más adelante en este documento. Las diferencias no se refieren solo a culturas académicas distintas,

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472

sino que también están cruzadas por elementos sociales, políticos y étnicos, que hacen que la “conversación” entre las comunidades académicas de Lima y el interior del país sea extremadamente complicada y esté repleta de desconfianza mutua. Para un científico social limeño, asociado a una universidad o un centro de investigación de prestigio, resulta más sencillo y confortable dialogar con un experto equivalente chileno, colombiano, argentino o incluso norteamericano o europeo, que con un colega del interior del país. Estas particularidades del estilo de producción científica peruano se evidencian en la Figura 7, que muestra que en la actualidad la mayor parte de la producción científica universitaria indexada procede de Lima, mientras que las universidades del interior del país tienen mucha menor presencia en el total de documentos indexados producidos en el país en los últimos años. Esta proporción permanece estable, por encima del ochenta por ciento, en los dos periodos de tiempo considerados.

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473

Figura 6 Distribución de la Producción de Documentos Indexados Elaborados por Universidades Peruanas, según Categoría de Universidad (%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 Perìodo 2003-2007 Pùblicas

Perìodo 2007-2011 Privadas

Nota. Elaboración propia Fuente: SCImago Institutions Rankings – Perú 20131 (1) Como en el caso antes señalado los SCImago Institutions Rankings, se basan en lss publicaciones recogidas en labase de datos SCOPUS. En el caso de América Latina los informes anuales suelen incluir también España y Portugal, que en nuestro caso hemos excluido del analisis comparativo que se presenta más adelante. Lamentablemente, este índice solo desagrega universidades y excepcionalmente alguna institución pública no universitaria, pero no centros de investigación autónomos, por lo que no contamos con datos desagregados de estas instituciones.

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474

Figura 7 Distribución de la Producción de Documentos Indexados Elaborados por Universidades Peruanas, Según Lugar de Origen de la Univesidad (%) 100,0 80,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 Perìodo 2003-2007 Lima

Perìodo 2007-2011 Provincias

Nota. Elaboración propia, fuente: SCImago Institutions Rankings – Perú 2013

Un factor adicional que refuerza esta tendencia a la fragmentación es el hecho de que la producción científica peruana en ciencias sociales depende en gran medida de fondos externos para su financiamiento (Bay et al 2007). Sobre la base de un análisis de la producción editorial de mediados dela década pasada, Bautista et al (2010) señalan que el predominio del financiamiento externo diferenciaría a Perú de otros países del entorno, como Argentina y Colombia, en los que los que existe mayor financiamiento interno para la producción en estas disciplinas. El resultado de esta dependencia sería un estilo de producción científica, determinado por tres elementos: (i) una

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475

fuerte escisión entre quienes tienen acceso a las fuentes de financiamiento externo y quienes no tienen estos contactos, (ii) la concentración de la producción en torno a unas pocas instituciones bien posicionadas en las redes internacionales académicas y de cooperación y (iii) una relativa apertura metodológica y temática, ya que términos comparativos la comunidad académica peruana estaría más expuesta a la influencia externa que otras comunidades académicas latinoamericanas. Obviamente esto último se refiere a esa parte de la comunidad académica peruana, fundamentalmente limeña y concentrada en centros de investigación y universidades de élite, que se vincula con las redes y fuentes de financiamiento externo. Por el contrario, las comunidades académicas de interior del país son bastante cerradas en aspectos metodológicos y en enfoques teóricos. Esta dependencia del financiamiento externo se relaciona en gran medida con la debilidad de las fuentes de financiamiento interno para la investigación. No existe un sistema nacional de investigación, al estilo de otros países de América Latina. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), que sería el equivalente más cercano, tiene un papel muy limitado y concentra sus esfuerzos en las ciencias duras, dejando de lado las ciencias sociales y otras materias afines. Tampoco existe una tradición de filantropía empresarial o privada que ayude a subsanar estas deficiencias, ni un mercado editorial los suficientemente grande para que los especialistas complementen sus ingresos.

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476

Como se presenta más adelante, solo recientemente y de manera muy incipiente esto comienza a cambiar con la asignación de mayores fondos a las universidades. El resultado es que, además de fragmentadas, las comunidades académicas son muy vulnerables a los cambios de orientación de la cooperación internacional. Relación Fluida entre Academia y Políticas Públicas El tercer factor a considerar para entender la dinámica de los centros de investigación peruanos es la existencia de un sistema político que, incluso en términos comparativos latinoamericanos, está sumamente fragmentado y desinstitucionalizado. Las razones de esta particularidad son de sobra conocidas y se relacionan, tanto con el periodo de violencia política interna que sufrió el país hasta mediados de los noventa, como con el éxito posterior del discurso “antipolítico” y anti institucional desarrollado por el gobierno de Alberto Fujimori. Este discurso penetra profundamente en la sociedad y hasta la actualidad condiciona los discursos y las prácticas de los actores políticos. Perú sigue estando entre los países de la región con mayor desconfianza en las instituciones de gobierno. Es también uno de los países que menor importancia otorga a los partidos políticos y que menos apego muestra a la democracia como régimen del gobierno (Carrión & Zárate 2012). Los partidos políticos peruanos son instituciones muy frágiles, con muy poca vida institucional fuera del periodo electoral. Las fidelidades partidarias son mínimas y lo más común es que un político pase por cinco o seis partidos en el curso de

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477

su carrera. Las fronteras institucionales e ideológicas son extremadamente porosas, por lo que tampoco es que un mismos partido presente perfiles diferentes según las regiones o dependiendo de los candidatos seleccionados en cada contienda. Como resultado de todos estos los partidos son un actor muy secundario en el debate intelectual y tampoco participan generación de ideas. No existen intelectuales orgánicos, en el sentido duro de la palabra, y los escasos cuadros partidarios tienen una producción intelectual extremadamente reducida y por lo general de muy baja calidad. Incluso los partidos tradicionales han sufrido en los últimos años un vaciamiento de sentido ideológico que los sitúa al borde de la irrelevancia, más allá de su papel de vehículos electorales. Esta fragilidad de los actores políticos ha sido analizada tradicionalmente como un elemento negativo, que perjudicaría la relación entre centros de investigación y gestores de políticas públicas. Tanaka et al (2009), señalan en este sentido que Perú se encuentra muy lejos del modelo ideal de relación entre partidos y centros de investigación. Según estos autores se trataría de un problema de falta de sintonía entre la oferta y la demanda. Los partidos tienen consideraciones pragmáticas, están poco interesados en formar a sus cuadros y desconfían de la sociedad civil y, al mismo tiempo, los centros de investigación desestiman los partidos como interlocutores y vehículo para la transmisión de sus ideas. El resultado sería una especie de tormenta perfecta de desinterés mutuo, que haría muy

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478

difícil la interlocución política de los centros de investigación. Esta situación tiene indudablemente muchos elementos negativos, pero sin embargo tienen también la ventaja de generar un contexto de oportunidad relativamente abierto para el debate sobre el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. La incapacidad de los partidos políticos abre un amplio campo para la incidencia política, en el que participan centros de investigación y, en menor medida, también las universidades. Estas instituciones proveen a los gobernantes de ideas, discursos legitimadores e incluso de cuadros técnicos Se trata, por supuesto de una relación azarosa, sujeta a los giros políticos y a las conveniencias coyunturales de los gobernantes. Pero aun así el margen de acción para los académicos es mayor que en otros países de la región, en los que la estructura de partidos es más sólida y canaliza el debate político de manera más estricta (Asensio 2012a). El resultado es un flujo constante de personas e ideas entre los ámbitos intelectual y político. No es infrecuente encontrar a profesionales “independientes”, provenientes de universidades, centros de investigación e incluso organismos multilaterales asumiendo cargos políticos de primer

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479

nivel, incluyendo ministerios1. En este sentido, de acuerdo a Tanaka et al (2009), el vacío dejado por los partidos políticos en el campo teórico y prácticas de las políticas públicas habría sido ocupado por dos redes de expertos técnico-profesionales: una vinculada a ideas liberales y otra vinculada a ideas de izquierda. Estas dos redes se alternarían en influencia sobre los gobernantes, llegando a veces a convivir en un mismo gobierno, ocupando cada una de ellas determinados sectores. Los centros de investigación y las universidades forman parte de estas redes. Esto les permite un cierto nivel de llegada de sus propuestas y en algunos casos incluso una fuerte influencia en el diseño de determinados ámbitos de política pública, de para los que se han consolidado ciertos sentidos comunes sobre la importancia de tomar decisiones “técnicas”. Una contrapartida negativa, sin embargo, es que este flujo se produce un contexto en que la dotación de profesionales es limitada a nivel nacional. La cooptación de estos profesionales por el estado puede llegar a desequilibrar a los centros de investigación, produciendo crisis muy pronunciadas por falta de personal de recambio de similar nivel. Este problema se ha hecho especialmente intenso en los últimos años, a medida que aumentan las remuneraciones 1

Sería muy interesante realizar un rastreo de los antecedentes de las personas que en los últimos años han ocupado los niveles más altos de la administración pública peruana: ministros, viceministros, directores generales y directores de programas de línea. Este rastreo seguramente nos mostraría que un porcentaje bastante alto tiene antecedentes en universidades y centros de investigación, más que en partidos políticos, en la administración pública o en el ejercicio de profesiones liberales. Sin embargo, este objetivo queda más allá de los límites y las posibilidades de este trabajo.

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480

en el sector público, que ahora puede competir con los centros de investigación privados y con las universidades por el reclutamiento de profesionales emergentes, sobre todo quienes se encuentran al inicio de su carrera profesional. Obviamente esto es bueno para el estado, que mejora de manera notable el nivel de su personal respecto a lo que era común años atrás, pero supone un reto para los centros de investigación, especialmente para los de tamaño intermedio, cuya vida institucional depende de un grupo reducido de profesionales2.

Universidades en Crecimiento Un cuarto elemento de contexto que condiciona el caso peruano son los cambios recientes ocurridos en las universidades del país. Hay que considerar que tradicionalmente se ha tratado de universidades mal dotadas y, salvo algunos casos concretos de universidades de Lima, con muy bajo nivel académico. La investigación que se realizaba en su interior solía ser de baja calidad y casi nunca trascendía en las redes académicas internacionales. En los últimos años esta situación comienza a cambiar. Son varios los temas a considerar en este sentido.

2

Un aspecto interesante en este sentido es lo que podríamos llamar el “efecto reflujo”: profesionales que tras haber trabajado unos años en el sector público regresan las universidades o los centros de investigación con mayor experiencia y contactos, por lo que se convierte en un activo de mayor valor para sus instituciones. Habría que considerar, sin embargo, que este efecto reflujo es interesante sobre todo para las instituciones bien consolidadas, para las que la ausencia temporal de estos profesionales no supone una crisis. En todo caso, los beneficios y perjuicios de esta circulación de profesionales entre estado, universidades y centros de investigación es un tema sobre el que queda mucho por conocer.

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481

Por un lado, la demanda de educación superior ha crecido de manera exponencial desde mediados de los noventa: Esto se debe a factores estructurales, relacionados con la extensión de las expectativas educativas de la población y el incremento de la cohorte de población en edad de estudiar. La revolución de acceso masivo de la clase media-baja a la universidad, que en otros países de la región tiene lugar en los setenta y ochenta, ocurre en Perú en este momento. También influyen factores políticos, como la liberalización del mercado educativo y el propio crecimiento económico del país, que demanda mayor número de profesionales. El resultado es la multiplicación de centros universitarios, con la más variadas dotación docente y con niveles muy desiguales de calidad. En muchos casos existe un evidente problema de calidad en la educación, ya que las nuevas universidades están mal dotadas de equipos y profesionales. Pero también existen intentos serios de crear universidades modernas o de modernizar la ya existentes, aprovechando la nuevas oportunidades. Este proceso se observa tanto en Lima como en provincias y afecta a los estudios de pregrados y en los últimos años también a los estudios de posgrado. Cada vez son más las universidades que ofrecen estos posgrados, especialmente en ciencias sociales, ya que estas titulaciones se han convertido en un activo importante para hacer carrera en la administración pública o para posicionarse en un mercado de producción de conocimientos que de manera incipiente comienza a especializarse. Esta demanda coincide en muchos casos con las propias estrategias de las universidades.

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482

Desde el punto de vista estrictamente económico, los posgrados casi siempre son poco rentables, pero tienen la ventaja de que aportan capital simbólico, prestigio y visibilidad pública, elementos que pueden ser clave para atraer nuevos alumnos a los pregrados, donde realmente se concentra la viabilidad del negocio. Esta necesidad de proyectar una imagen de seriedad científica hace que cada vez más las universidades se esfuercen por atraer profesionales de alta capitación, que se hagan cargo de estos posgrados. En algunos casos, también se ponen en marcha centros de investigación propios, asociados a las universidades, casi siempre enfocados en temas de alta visibilidad pública. Estos centros compiten con los centros de investigación autónomos, ya no solo por el personal sino también por posicionamiento en el mercado de la cooperación internacional y por los escasos recursos nacionales destinados a investigación Encontramos, por lo tanto, un mercado de formación especializada muy competitivo, en que cada vez más jugadores pugnan por obtener beneficios. Podemos hablar en este sentido de varios perfiles de universidades, de acuerdo al tipo de investigación que se realiza en su interior y a su proyección en el debate público. En primer lugar están las universidades públicas o privadas que tiene una larga tradición en investigación y formación de calidad. Suelen ser casi exclusivamente universidades limeñas. En esta etapa consolidan su orientación, ya que la nuevas condiciones el mercado les permiten contratar más profe-

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483

sionales o bien consolidar orientación a la investigación de sus profesores. Suelen ser diversas desde el punto de vista de su orientación ideológica y combinan tanto la investigación pura como la investigación aplicada. Muchos de sus integrantes tienen buenas conexiones con los centros de investigación independientes y suelen participar en proyectos conjuntos, como veremos más adelantes. En este grupo podemos situar, entre otras, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Privada Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Agraria de La Molina. La producción científica de la primera es especialmente importante en ciencias sociales, mientras que la segunda se orienta hacia temas médicos y la tercera, como su nombre indica, a temas agrícolas y biológicos. La Tabla 1 muestra que estas tres universidades se encuentran entre las que tiene mayor producción científica a nivel nacional en las últimas décadas. Lo mismo ocurre con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública más importante del país. En ese caso, sin embargo, hay que resaltar que se trata de un centro con una gran heterogeneidad interna, en el que conviven facultades con muy diferente orientación y calidad de la investigación. Mientras el nivel es muy alto en la facultad de medicina, ocurre lo contrario en las facultades de ciencias sociales, economía y humanidades. Estos centros son muy conflictivos desde el punto de vista político y están atravesados por numerosas políticas internas, lo que en los últimos años provoca un incipiente éxodo de profesionales jóvenes hacia universidades emergentes,

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484

donde encuentran mejores oportunidades para el desempeño de su carrera profesional. Un segundo grupo de universidades está compuesto por los centros que, si bien tiene una tradición consolidada en formación, recién en los últimos años comienzan a entrar con fuerza al mercado de producción de conocimiento. Los integrantes de este grupo suelen ser casi siempre universidades privadas, que logran dar a salto a la investigación de calidad mediante la contratación de profesionales de prestigio, con trayectoria previa en otras universidades o en centros de investigación o bien profesionales jóvenes que regresan de realizan posgrados en el extranjero y buscan una ubicación profesional. A diferencia del grupo anterior, por lo general su trabajo suele tener un enfoque aplicado y en muchos casos directamente orientado a políticas públicas. Esto hace que no suelan parecer en los primeros puestos de las clasificaciones basadas en publicaciones indexadas, aunque cuando tengan un alto grado de protagonismo en los debates públicos y políticos. Esta mayor proyección se debe a su deseo de consolidarse y también al hecho de ser más homogéneas en el plano ideológico, lo que les permite construir una imagen más nítida para los tomadores de decisiones y los medios de comunicación. Tres ejemplos al respecto son la Universidad del Pacífico, la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Ruiz de Montoya. La primera de ellas, de manera general, se suele identificar con posiciones liberales de derecha y es especial-

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485

mente fuerte en temas que tiene que ver con economía. A la segunda se la considera cercana al Partido Aprista Peruano y la tercera se alimenta sobre todo de profesionales provenientes de la izquierda católica. El tercer grupo de universidades en cuanto a orientación de investigación son las universidades públicas del interior del país. Tradicionalmente estas universidades son espacios muy conflictivos y por lo general con presupuesto escaso. En los últimos años esta situación comienza a cambiar, gracias a las transferencias por conceptos como canon y sobrecanon, ligados a la actividad minera3. Esto supone que en la actualidad las universidades públicas de provincias, se encuentra ante un reto inédito: de administrar la escasez pasan a tener que administrar una relativa abundancia. Como veremos más adelante esta nueva situación supone varios desafíos: implica nuevas demandas de personal, pero también retos para la cultura institucional y los discursos tradicionalmente manejados ene estas universidades. Por un lado puede hacerlas más atractivas para las universidades y los centros de investigación autónomos, que tienen mayores incentivos potenciales para buscar alianzas con ellas gracias a su mayor presupuesto. Por otro, sin embar3

Según la Ley n° 27506 (y su modificatoria, Ley n° 28077) la mitad del Impuesto a la Renta por actividades mineras conforma el canon minero. De este total, el diez por ciento va al distrito productor, 25 por ciento a todos los distritos de la provincia productora (incluyendo nuevamente al distrito productor), y un cuarenta por ciento a todas las provincias de la región productora. El 25 por ciento restante va directamente a los Gobiernos Regionales, que deben destinar un veinte por ciento al financiamiento de obras públicas de impacto regional y local. El cinco por ciento restante va directamente a las universidades públicas e institutos “con la condición que se destine a inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional”

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486

go, puede contribuir a afirmar una tendencia defensiva en estas universidades, recelosas ante los que podría percibirse como intentos limeños de apoderarse de sus recursos. Más adelante se presentan algunos ejemplos concretos respecto a estos dilemas. Todos estos cambios se reflejan positivamente en la mayor parte de los indicadores de investigación, que han mejorado en los últimos años. Sin embargo, se trata de mejoras muy incipientes. Por el momento, las universidades peruanos siguen estando bastante mal ubicadas a nivel internacional, tanto en términos generales como en lo que se refiere específicamente a investigación. La Figura 8 muestra que son pocas las universidades peruanas incluidas entre las prolíficas del continente en cuanto a producción científica indexada. Únicamente una universidad peruana se sitúa entre las cien primeras de la región en este apartado: la antes mencionada Universidad Peruana Cayetano Heredia, dedicada sobre todo a ciencias de la salud. Esta situación no es casualidad. La medicina es la disciplina que en el caso peruano ha conseguido mejor posicionamiento en las redes científicas internacionales, tanto en número de documentos publicados como en presencia de revistas peruanas en los índices internacionales (Huamaní & Mayta-Tristán 2010). La Figura 9 muestra, además, que la producción científica de calidad se vincula, en mayor medida que en otros países, a la cooperación con instituciones extranjeras. Se trata de una colaboración subordinada, como

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487

muestra la Figura 10, ya que en menos de la mitad de las ocasiones los autores principales de los textos pertenecen a las universidades peruanas. Estos dos elementos (alta cooperación y bajo liderazgo) asemejan el estilo de producción científica de las universidades peruanas al de países como Paraguay, Ecuador y Bolivia, mientras que los países con mayor tradición científica, como Argentina, México y Brasil suelen tener cifras más bajas de colaboración internacional, pero más altas de liderazgo4. Figura 8 Origen por Países de las Primeras Cien Unversidades de América Latina y el Caribe en Producción de Documentos Indexados en el PerIodo 2007-2011. 50 40 30 20

Perú

Trin. & Tob.

Costa Rica

Uruguay

Puerto Rico

Venezuela

Colombia

Chile

Argentina

México

0

Brasil

10

Nota. Elaboración propia, fuente: SCImago Institutions Rankings – Ibéroamerica 2013

4

Para un análisis más detallado de estos diferentes estilo de producción científica universitaria, Asensio (2014).

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488

Figura 9 Colaboración: Porcentaje de Documentos Indexados en el Periodo 2007-2011 Firmados en Colaboración Instituciones Extranjeras. 100 80 60 40

Brasil

México

Venezuela

Argentina

Colombia

Chile

Uruguay

Perú

Paraguay

Ecuador

0

Bolivia

20

Nota. En cada país se consideran las cinco universidades con mayor producción, fuente: SCImago Institutions Rankings – Iberoamérica 2013. Elaboración propia

Figura 10 Liderazgo: Porcentaje de Documentos Indexados en el Periodo 20072011 en los que el Autor Principal es de la Propia Universidad 100 80 60 40

Bolivia

Ecuador

Paraguay

Perú

México

Chile

Uruguay

Colombia

Brasil

Venezuela

0

Argentina

20

Nota. En cada país se consideran las cinco universidades con mayor producción, fuente: SCImago Institutions Rankings – Iberoamérica 2013. Elaboración propia

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489

Porcentaje sobre el total nacional Periodo 1

Porcentaje sobre el total nacional Periodo 2

597

965

162

35,1

31,8

94

Lima

Pública

334

604

181

19,6

19,9

127

Lima

Privada

192

391

204

11,3

12,9

161

Lima

Pública

85

160

188

5,0

5,3

249

Lima

Pública

75

119

159

4,4

3,9

275

Cusco

Pública

54

103

191

3,2

3,4

289

Arequipa Pública

33

64

194

1,9

2,1

324

Posición ránking ALC

Incremento entre periodos (periodo 1 = 100)

Privada

Periodo 2007-2011

Lima

Periodo 2003-2007

Categoría

Universidad Peruana Cayetano Heredia Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional San Antonio Abad Universidad Nacional de San Agustín Universidad Nacional de Trujillo Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Universidad Nacional Federico Villarreal Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad de San Martín de Porres Universidad Ricardo Palma Universidad de Piura Universidad Católica Privada San Pablo Escuela de Administración y Negocios para Graduados Universidad Nacional San Luis Gonzaga Universidad Nacional de Piura Otras

Ubicación

Universidad

Tabla 1 Principales Universidades Peruanas Según Producción de Documentos Indexados

Trujillo

Pública

30

51

170

1,8

1,7

337

Iquitos

Pública

26

49

188

1,5

1,6

339

Lima

Pública

26

47

181

1,5

1,5

341

Lima

Privada

2

46

2300

0,1

1,5

342

Lima

Privada

25

43

172

1,5

1,4

345

Lima Piura

Privada Privada

25 23

40 35

160 152

1,5 1,4

1,3 1,2

348 353

Arequipa Privada

10

26

260

0,6

0,9

362

Lima

Privada

7

24

343

0,4

0,8

364

Ica

Pública

11

22

200

0,6

0,7

366

Piura -

Pública -

14 132

22 226

157 171

0,8 7,8

0,7 7,4

366 -

Nota. Fuente: SCImago Institutions Rankings – Ibéroamerica 2013

+ SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Perú

490

Centros de investigación en transición Finamente hay que considerar la situación actual de los centros de investigación. Según el reporte de enero de 2013 del Think Tanks and Civil Societies Program de la Universidad de Pensilvania, Perú cuenta en la actualidad con 32 centros de investigación, entre los que se encuentran cuatro situados entre los 45 más influentes de América Latina. Esta no es una posición brillante, pero sí es significativamente más destacada que el caso antes señalado de las universidades. Las Figuras 11 y 12 muestran que en este rubro Perú se encuentra en una situación intermedia a nivel continental, tanto en número total de centros de investigación como en la clasificación de centros de investigación más destacados. Figura 11 Número total de centros de investigación en 2012 140 120 100 80 60 40

Trin. & Tob.

Panamá

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Uruguay

Venezuela

Cuba

Ecuador

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Colombia

Costa Rica

Chile

Bolivia

Brasil

México

0

Argentina

20

Nota. Elaboración propia, solo incluye países con al menos diez centros de investigación Fuente: McGann 2013 2 (2) Esta clasificación no se basa en datos de producción, como en el caso antes presentado de las universidades, sino en 4.500 entrevistas a especialistas a nivel mundial. Es, por lo tanto, una clasificación subjetiva, basada en opiniones. La utilizo en este documento porque no he podido encontrar otra fuente alternativa basada en elementos más objetivos. No obstante debe considerarse un indicador aproximado, sin ser tomada al pie de la letra. Al menos en el caso del Perú tiene ausencias notables e incoherencias al comparar años sucesivos. Por esta razón no se muestra la lista detallada de centros sino solo los datos agregados. + SABER AMÉRICA LATINA | Estudio País: Perú

491

Figura 12 Número de Centros ce Investigación entre los 45 más Influyentes de Sudamérica y Centroamérica 10 80 60 40

Costa Rica

Honduras

Venezuela

Guatemala

Bolivia

Paraguay

El Salvador

Ecuador

Uruguay

Perú

Colombia

Chile

Brasil

0

Argentina

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Nota. Elaboración propia. Este cuadro no incluye México, por estar este país considerado en la clasificación de América del Norte, fuente: McGann 2013

Esta situación relativamente positiva es el resultado de la historia de estas instituciones en el país. Los primeros centros de investigación autónomos surgen en los años sesenta, en el contexto de expansión de las redes académicas norteamericanas en América Latina. Es el caso, por ejemplo, del Instituto de Estudios Peruanos, fundado en 1964 por un conjunto de profesionales peruanos apoyados por profesionales norteamericanos. Se trata casi siempre de instituciones muy elitistas, que desde el principio tienen buenos vínculos tanto con la cooperación internacional (en esta primera época sobre todo fundaciones norteamericanas), como con las redes académicas internacionales. Esto hace que desde el principio sean islas de producción científica de calidad,

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con pocos nexos con las comunidades científicas locales, especialmente del interior del país. Una segunda generación de centros de pensamiento se desarrolla en los años setenta y ochenta. En este caso se trata de instituciones vinculadas con los cambios sociales que vive Perú en esos años, especialmente con la reforma agraria que transforma el interior del país. Estas instituciones se enfocan en la producción de conocimiento especializado en el ámbito social y también en la formación de capacidades. En este sentido tiene una orientación mucho más social y activista. Gran parte de su personal proviene de una nueva generación de intelectuales peruanos, que ya en este momento ven el sistema universitario como un entorno obsoleto y hostil a la innovación intelectual, atravesado por pugnas políticas muy profundas. Estas instituciones tienen también buenos contactos con la cooperación internacional, aunque ahora de manera más diversificada, incluyendo organismos públicos europeos y otras fuentes vinculadas con partidos políticos, así como diversas ramas de la iglesia católica. Otra novedad consiste en que en muchos casos de trata de centros de investigación descentralizados, que surgen en el interior del país, sobre la base de una combinación de intelectuales jóvenes procedentes de Lima, activistas locales y en algunos casos también cooperantes internacionales. Son los casos, entre otros, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) en Lima, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en Piura, el Centro de Estudios para el Desarrollo

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Regional (CEDER) en Arequipa y el Centro Bartolomé de las Casas (CBC) en Cuzco, que analizaremos más adelante. En paralelo a este auge de los centros de investigación regionales, en los años ochenta comienzan a surgir también en Lima nuevos centros de investigación con un carácter más tecnocrático, enfocados en el debate sobre políticas públicas. En algunos casos estos centros se vinculan a redes internacionales de pensamiento liberal, mientras que en otros se sitúan en la órbita socialdemócrata o apuestan por un perfil independiente (Fischer y Plehwe, 2013). En este grupo, con variadas orientaciones ideológicas, destacan entre otros el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), el Instituto Peruano de Economía (IPE) y el Instituto Democracia y Libertad (IDL), que hasta la actualidad siguen estando entre los principales centros de pensamiento peruanos. Este cambio significa también nuevos estilos de investigación, vinculados entre otras cosas con el auge de la economía como disciplina de referencia en el diseño y evaluación de políticas públicas (Conaghan, 1998). Esta tendencia al crecimiento se consolida en los años noventa, que pueden ser considerados la edad de oro de los centros de investigación peruanos. Amparadas por la llegada masiva de la cooperación internacional, en esta época surgen nuevas instituciones y también se diversifican las temáticas. Junto con centros dedicados a la investigación, surgen centros activistas, especializados en diferentes temas (género, derechos humanos, medio ambiente). Los centros de investigación de provincias se consolidan y durante un

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breve periodo de tiempo se convierten en los principales referentes de investigación en varias materias. Esta edad de oro concluye a mediados de la década pasada. Estos años suponen una cierta normalización del Perú, marcada por el retorno de la democracia y el crecimiento económico. El país deja de ser un objeto prioritario de la cooperación internacional y progresivamente disminuye el volumen de las ayudas. Los fondos que permanecen en el país se enfocan sobre todo en proyectos cortos de alta visibilidad. Solo algunas instituciones continúan apoyando la investigación, que cada vez más tiende a concentrarse en unas pocas instituciones de alto nivel. Esto supone una crisis profunda para los centros de investigación del interior del país, que se ven obligados a reorientar sus actividades, abandonando la investigación para convertirse en gestores de proyectos. El resultado de esta evolución es que en la actualidad existe en Perú un modelo de centros de investigación caracterizado por cuatro elementos: • Un número limitado de centros de investigación autónomos, cada vez más profesionalizados y bien vinculados tanto las redes internacionales de cooperación como con las redes académicas, y con nexos con el campo de políticas públicas. Estos centros tienen su origen en las diferentes etapas reseñadas y cada uno de ellos tiene una historia particular que explica su consolidación. Un elemento común es que todos ellos crecen en los últimos años, diversificando sus actividades, al

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tiempo que crece también su requerimiento de personal especializado para la gestión de proyectos. Es en estos centros en los que se concentra cada vez más la investigación. Son los casos de GRADE, el IEP o IDL. • Una casi inexistencia centros de investigación autónomos en el interior del país, en algunos casos porque las instituciones existentes en las décadas pasadas desaparecen y en otros porque reformulan sus actividades, convirtiéndose casi explícitamente en ejecutores de proyectos, sin apenas producción de conocimiento especializado. Este es el caso, como veremos en detalle más adelante, del CBC de Cuzco. • Una presión muy fuerte sobre los centros de investigación de menores dimensiones, que cada vez tienen más problemas para lograr ingresos y para retener a su personal clave, sea por ofertas provenientes de los centros de investigación más importantes (que requieren mayor personal como parte de su proceso de consolidación), por ofertas provenientes de las universidades (que también requieren más personal investigador por los aspectos ya señalados) o por ofertas provenientes del sector público (que ante la ausencia cuadros partidarios busca profesionales especializados en estas instituciones). Esta crisis afecta incluso a algunos centros de investigación, “clásicos” que llegaron a ser muy importantes en los años ochenta y noventa, pero que ahora casi desaparecen. Son los casos, por ejemplo, de CEPES y DESCO en Lima o del propio CBC que analizaremos a continuación.

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• La aparición de centros de investigación semiautónomos, asociados a universidades y en menor medida instituciones públicas. Esta nueva ola de centros de investigación se caracteriza por su naturaleza híbrida: por un lado mantienen vínculos formales, simbólicos y a veces económicos con las instituciones matrices, pero, por otro lado, su estilo de gestión y su funcionamiento cotidiano se parece a los centros de investigación autónomos. Al igual que estos se organizan de acuerdo a una lógica de proyectos y compiten con ellos en el mercado de consultorías, cooperación internacional y generación de conocimiento especializado. En algunos casos son instituciones nuevas y en otros tiene mayor tradición pero ahora se reciclan de acuerdo a este nuevo modelo. Son los casos, por ejemplo, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad católica del Perú o el Centro de Investigación Electoral de la Organización Nacional de Procesos Electorales, entre otros muchos5.

3. Casos Estudiados a) Una Historia de Competencia: El CBC Recapitulando, son por lo tanto cinco los elementos de contexto a considerar para analizar la relación entre centros de investigación y universidades en el caso peruano: 5

La ONPE es el organismo público encargado de la organización de procesos electorales.

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(i) la existencia de una tradición limitada de producción de conocimiento en ciencias sociales, (ii) la existencia de comunidades académicas fragmentadas, con fuertes diferencias entre Lima y el interior del país, (iii) un sistema político atomizado, que permite el flujo de ideas y personas entre los ámbitos académico, técnico y político, (v) un reforzamiento reciente de las universidades y (v) la creciente concentración de los centros de investigación autónomos, como resultado de los cambios en las prioridades de la cooperación internacional. El resultado de la confluencia de estos cinco elementos es un mercado de conocimiento relativamente abierto, con numerosos actores en juego, sin que ninguno de ellos tenga un predominio claro, ni universidades, ni centros de investigación autónomos. La historia del Centro Bartolomé de las Casas de Cuzco (CBC) muestra claramente la manera en que estos elementos de contexto condicionan la trayectoria de los centros de investigación y su relación con las universidades. El CBC es una institución creada a finales de los años setenta, en plena época posterior reforma agraria en Cuzco. La particularidad consiste en que, en este contexto, desde el principio se concibe como una institución que pretende tener la investigación como eje de sus actividades. El objetivo en ese momento era crear una instancia que asesorara y contribuyera a formar a la nueva generación de líderes rurales resultado de la mencionada reforma agraria. Para ello, el CBC cuenta desde el principio con el apoyo de diferentes fuentes de cooperación, incluyendo en gran medida fondos provenientes de los sectores progresistas de la

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iglesia católica. La estructura de la organización se divide en el llamado “Colegio Andino”, dedicado a temas de investigación y formación, la “Casa Andina, enfocada en prestar servicios de apoyo directo a la población rural y una poderosa área editorial. Estas tres áreas funcionan de manera semiautónoma, pero manteniendo la coordinación, gracias a un equipo directivo conjunto y a una asamblea de asociados, que en este caso es muy restringida, compuesta casi exclusivamente por el núcleo fundador. La importancia de Colegio, la Casa y la editorial va variando con el tiempo, así como su peso interno. Esta estructura tripartita tiene la ventaja de permitir una mayor adaptabilidad a las coyunturas y establecer claros cortafuegos cuando existen problemas económicos. Sin embargo, una contrapartida negativa es la falta de cohesión interna, que se agudiza cuando el perfil profesional y personal de los integrantes de cada área comienza a diferenciarse, como veremos en las siguientes páginas. La historia del CBC desde su fundación puede dividirse en varias etapas. En los primeros años, a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, funciona como un servicio de información y apoyo a la toma de decisiones por parte de los líderes campesinos del entorno cuzqueño. Una actividad central en esta línea es la publicación del Boletín SUR, que muy pronto circula a nivel nacional y tiene una notable influencia, tanto en el ámbito académico como en el político. Este boletín incluye materiales de primera mano, actas de congresos, discusiones sobre normas legales y análisis de coyuntura, junto con resúmenes de trabajos de investigación académicos en temas relacionados con el mundo rural.

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Podríamos decir, en este sentido, que se trata de un primer ensayo a nivel peruano de lo que sería think tank enfocado en incidencia, aunque obviamente conceptualizado de una manera muy diferente. La trama de sentido en ese momento no son las “políticas publicas basada en evidencia” sino el apoyo al empoderamiento de actores sociales, para lograr la transformación de las estructuras productivas. En estos primeros años el CBC también actúa también como intermediario entre redes académicas (y políticas) nacionales y extranjeras, facilitando la llegada de fondos de la cooperación internacional a organizaciones campesinas. Otra iniciativa importante es la creación en 1983 de la “Revista Andina”, que apunta a consolidar el perfil académico del CBC, a nivel nacional e internacional. Esta revista es una experiencia muy interesante de lo que podríamos llamar excelencia académica en la periferia de la periferia. Hasta mediados de los noventa es una de las publicaciones periódicas de ciencias sociales más importantes de los países andinos. En ella escriben historiadores, antropólogos, sociólogos, geógrafos, lingüistas, demógrafos y economistas de países como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia6. También incluye numerosos artículos de andinistas de primer nivel de Europa y los Estados Unidos, muchos de ellos inéditos en castellano e incluso de primera publicación. Ninguna otra revista peruana tiene un bagaje comparable en 6

Por poner un ejemplo, los artículos centrales de los diez primeros números están a cargo de Luis Miguel Glave, Alberto Flores Galindo (tres números), Eduardo Grillo, Germán Colmenares, Manuel Chiriboga, José Deustua, Cecilia Méndez y Alfredo Torero. Todos ellos tenían en ese momento alrededor de treinta años y llegarían a ser profesionales muy importantes en sus respectivos países.

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esos años. En este sentido, podemos decir que su importancia reside en haber sido el órgano de expresión y difusión de una generación de profesionales y académicos, que en ese momento se encontraba en la etapa inicial de sus carreras, con un intenso deseo de renovar sus disciplinas a partir de nuevos enfoques procedentes de las corrientes académicas más avanzadas y con gran capacidad, en ese momento de sus carreras, para producir textos de manera continuada. Durante esta etapa comienzan también las relaciones con la principal universidad pública local, la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cuzco (UNSAAC). Esta es una de las universidades más emblemáticas del sur peruano, tanto por sus dimensiones como por su prestigio. La UNSAAC tiene una gran presencia pública en la región y condiciona de manera profunda los debates académicos y políticos. Hay que considerar, en este sentido, que Cuzco es una de las pocas ciudades del interior del Perú que tiene una clase intelectual propia desde comienzos del siglo pasado. Un ejemplo al respecto es la importancia de intelectuales como Luis C. Valcárcel o Uriel García, que forman parte de la llamada escuela indigenista cuzqueña, que contribuye a orientar de manera decisiva el perfil de las ciencias sociales peruanas a partir de los años treinta y hasta los setenta. Muchos de estos intelectuales desarrollan posteriormente carreras en Lima o incluso en el extranjero, ocupando altos cargos públicos desde los que favorecen a la universidad cuzqueña. Entre otras cosas la UNSAAC es pionera en introducir la carrera de antropología en el Perú, a mediados de los años cincuenta. A diferencia de otras universidades

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peruanas de provincias, tiene importantes vínculos con redes académicas internacionales, sobre todo investigadores norteamericanos y europeos, interesados en la historia y la antropología andinas, o en los procesos sociales contemporáneos. Las relaciones entre el CBC y la elite intelectual cuzqueña son complicadas desde el principio. Varios son los aspectos que influyen en este temprano desencuentro. Por un lado, existe un quiebre generacional. Los fundadores del CBC son en su mayoría jóvenes profesionales en ciencias sociales, que buscan renovar los debates a partir de nuevas metodologías y enfoques, que no siempre resultan bien recibidos en un entorno sumamente ideologizado como el Cuzco de finales de los setenta. Por otro lado, estos fundadores proceden en su mayoría de universidades privadas de Lima. Esto hace que, desde el principio exista hacia ellos una desconfianza casi existencial por parte de la elite cuzqueña. Cuzco es una ciudad con un profundo sentido regionalista, que se traduce en fuerte recelo ante cualquier intervención susceptible de ser vista como “centralismo limeño”. Estos dos temas van a estar presentes durante toda la historia de la institución. Hasta la actualidad, a pesar del progresivo cambio de perfil social de los integrantes del CBC, este centro sigue siendo percibido como una institución que no es del todo cuzqueña y que no pertenece del todo a los círculos intelectuales regionales. Estos elementos estructurales condicionan la relación entre el CBC y la universidad. Ambas partes de miran de manera

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recíproca con desconfianza. La situación se hace más complicada en los años ochenta, cuando el CBC se consolida y expande sus actividades a otros ámbitos de acción. En este sentido, la segunda etapa de la trayectoria institucional del CBC se caracteriza por un salto adelante en varios sentidos. Por un lado, el centro se consolida como referencia de investigación en el ámbito regional y se convierte en el principal interlocutor de la cooperación científica internacional, desplazando a la universidad. Los especialistas que trabajan en la región se dirigen ahora al CBC como contraparte, ya que en encuentran en esta institución mayor agilidad administrativa y un ambiente más propicio para la discusión académica. Este éxito repercute negativamente en la universidad, que se siente desplazada en su papel de puente entre la ciudad y las redes académicas internacionales. Coincide además con un momento de crisis muy profunda de las universidades públicas en todo el país. Consideradas como centros de difusión de ideologías subversivas, desde la segunda mitad de los ochenta son vistas con desconfianza por los sucesivos gobiernos que les destinan recursos muy escasos, lo que acrecienta las tensiones y las pugnas internas. En algunos casos se puede, insulso, hablar de abiertas purgas hacia los integrantes de las facciones derrotadas en estas luchas de poder. Las dificultades para el trabajo conjunto con centros de investigación autónomos se evidencian, por ejemplo, en el frustrado intento de organizar una edición de los seminarios SEPIA en Cuzco, que debía ser coorganizada por la UNSAAC y el CBC7. La colaboración entre ambas institucio7 Ver más adelante sobre estos seminarios.

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nes demuestra ser imposible y finalmente este es uno de los pocos seminarios SEPIA en los que la universidad pública no participa de manera directa. En paralelo a esta consolidación, el CBC decide expandir sus actividades, entrando a competir de manera directa con la universidad en el ámbito de la formación de estudiantes de posgrado. A finales de los ochenta se pone en marcha el programa de diplomados andinos, con un esquema que para ese momento resulta pionero en Perú. Se trata de cursos intensivos, concentrados en un número limitado de semanas, impartidos por expertos de primer nivel internacional, procedentes de universidades europeas y norteamericanas. Estos diplomados muy pronto se convierten en un referente latinoamericano y atraen alumnos de diferentes países. Su punto fuerte es la apuesta por una formación muy rigurosa y altamente exigente, que rompe con los patrones de enseñanza universitaria cuzqueña, generalmente de baja calidad, con cursos de larga duración y programas académicos poco diversificados. Cuentan además con el aval de la cooperación internacional, que en esta época financia una parte importante de los costos, lo que permite un sistema de becas que atrae a alumnos de diferentes países, con trayectorias profesionales muy distintas, desde académicos hasta activistas y líderes sociales. Los diplomados del CBC tienen un enfoque multidisciplinario, aunque están enfocados casis siempre en temas de ciencias sociales. Este perfil se refuerza con varios acuerdos de cooperación con centros de investigación y universidades extranjeras que permiten que durante los años noventa

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acudan al CBC un buen número de investigadores latinoamericanos, europeos y norteamericanos, que realizan proyectos conjuntos con los investigadores del centro. El resultado es una producción editorial de alto nivel, que se convierte en referencia en el contexto peruanos en diversos campos, como la historia y antropología andinas, los estudios territoriales y las nuevas formas de gobierno local, entre otras cuestiones (Asensio 2012b). Estos elementos conjugados permiten al CBC dar un alto en cuanto a proyección local y nacional. Sin embargo, se trata de una dinámica muy condicionada por las alianzas de la institución con la cooperación internacional. Los propios diplomados son deficitarios en términos económicos y deben cubrirse con aportes externos. Los riesgos de esta situación se perciben desde finales de los noventa, cuando coinciden varios procesos que ponen fin a la edad de oro de las ONG regionales peruanas. Por un lado, asistimos en ese momento a un cambio de paradigma en la cooperación internacional. Los proyectos de larga duración, basados en el fortalecimiento de capacidades a través de organizaciones de segundo nivel, dan paso a proyectos más cortos y enfocados en el trabajo directo con la población beneficiaria. Por otro lado, cambian también los paradigmas educativos. Los diplomados del CBC, pese a su carácter renovador en el ámbito cuzqueño, se inscriben en los que podríamos llamar un modelo de educación superior “occidental”, con perfiles nítidos diferenciados de profesor y alumno, y una clara orientación trasmisión vertical del conocimiento.

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El objetivo del CBC era poner este modelo de educación superior tradicional al alcance de los líderes campesinos y los intelectuales regionales. Sin embargo, este esquema empieza a cuestionarse a finales de los noventa, con el auge de los enfoques educativos poscoloniales, que cuestionan la idoneidad de trabajar a partir de paradigmas epistemológicos occidentales con poblaciones rurales andinas. Se apuesta ahora por modelos de enseñanza alternativos, con una lógica de trasmisión horizontal del conocimiento, que apuntan a romper con la centralidad de la figura del profesor: educación por pares, educación intercultural, etc. Con este cambio, los diplomados del CBC pasan de ser vistos como una iniciativa progresista a convertirse en una iniciativa cuestionada en los ámbitos de la cooperación internacional, por ser presuntamente poco apropiados e incluso poco respetuosos con la diversidad cultural andina. Estos procesos son de alcance global y afectan a un buen número de centros de investigación similares al CBC, que existían en otras regiones del país. Se trataba de instituciones que combinaban en diferente medida investigación, incidencia política, formación y activismo. El cambio de orientación de la cooperación internacional les obliga a redefinir su perfil institucional. En el caso del CBC la situación se agrava por una serie de factores específicos, relacionados con su complicado encaje en el contexto cuzqueño. A mediados de los noventa encontramos una transición en el ciclo vital de la generación de investigadores que hasta entonces habían llevado el peso de la institución. Tras varios

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años en Cuzco, muchos de ellos regresan a Lima, al sentir que su propio desarrollo profesional en el interior del país había alcanzado un límite. En paralelo, las malas relaciones con la universidad impiden llegar a un acuerdo para trasferir o gestionar de manera conjunta los diplomados. Resurge aquí el tema de la desconfianza interinstitucional, acrecentada por las diferencias de perfil social entre los investigadores ambas instituciones. Los esfuerzos de la universidad y de la intelectualidad local apuntan a desarrollar sus propias iniciativas de posgrado, sin contar con otros posibles socios que limiten su control sobre las actividades. Pretenden además aprovechar la crisis del CBC para recuperar su papel de interlocutor principal de la cooperación científica internacional. La universidad no tiene una incidencia directa en el declive del CBC como centro de investigación, pero contribuye a limitar las posibilidades de renovación de la institución durante su periodo de crisis. Desde finales de los noventa el CBC cambia su perfil institucional de manera radical. Prácticamente deja de ser un centro de investigación para convertirse en una ONG ejecutora de proyectos de desarrollo. Las actividades del Colegio Andino pierden importancia en favor de la Casa Andina. La investigación queda en un segundo plano y lo mismo ocurre con la labor editorial. El propio personal de la institución sufre un cambio notable. Por un lado, se “cuzqueñiza” y pierden importancia los investigadores procedentes de fuera de la ciudad. Por otro lado, el propio modelo de “investigador” desaparece casi por completo y es sustituido por el promotor, encargado de

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ejecutar y supervisar proyectos en campo. Con la reorientación de la cooperación, el CBC es incapaz de atraer nuevos profesionales de fuera de la ciudad y, al mismo tiempo, no puede competir con la universidad por los profesionales locales. Incluso comienza desarrollarse en el interior de la institución un ambiente desfavorable a la contratación de profesionales externos, a quienes se mira con desconfianza, a quienes se percibe como paracaidistas que llegan a Cuzco a vivir una aventura profesional de unos años, para luego regresar a sus ciudades, en perjuicio del personal cuzqueño que dedica su vida a la institución. El resultado de todos estos problemas, internos y externos, es una pérdida de visibilidad del CBC en el debate político local, en la generación de agendas de investigación a nivel nacional y en las redes académicas internacionales. Se trata de un giro dramático, que a juicio de algunos observadores cuestiona incluso la pertinencia de considerar al CBC en la actualidad como un centro de investigación8. b) Una Historia de Colaboración: SEPIA La historia del CBC enfatiza las dificultades de la relación entre universidades y centros de investigación, especialmente en contextos con recursos limitados y fuerte competencia. Sin embargo, también existen casos que por el contrario muestran experiencias positivas de colaboración. Un ejem8

En favor del CBC hay que señalar que, aunque la producción ha disminuido, sigue siendo una de las pocas editoriales de calidad que publica ciencias sociales en el interior del país. Igualmente la Revista Andina sigue publicándose, con artículos de buen nivel académico, aunque de manera más irregular y sin tanto vuelo intelectual.

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plo es el llamado Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), que abarca desde principios de los años ochenta hasta la actualidad. Esta historia es particular tanto por su larga duración como por el reconocimiento obtenido a nivel nacional e internacional. SEPIA es una red de investigadores provenientes de diferentes instituciones públicas y privadas, que surge con el objetivo explícito de tender puentes entre las universidades y los centros de investigación que trabajan en temas rurales. Los antecedentes se encuentran en una serie de seminarios informales realizados a finales de los setenta en varias partes del país (Valderrama, 2005). Es entonces cuando se produce una primera confluencia entre profesionales de diferente orientación y origen, que pone en evidencia la fragmentación de los debates académicos sobre temas rurales, en un momento de gran efervescencia social y política en torno al problema de la tierra. En este contexto, el ánimo original de los fundadores de SEPIA consiste en acercar a las universidades las investigaciones que en esos años estaban revolucionando los estudios rurales, a partir de la introducción del llamado enfoque de “nueva ruralidad”. Esto ocurría en un momento en que las universidades públicas atravesaban una etapa de su historia muy conflictiva, con intensas pugnas internas entre los diferentes grupos políticos y con programas de enseñanzas que, o bien eran muy tradicionales, o bien estaban dominados por versiones dogmáticas del marxismo. Con pocas excepciones en algunas universidades privadas, tampoco existía una infraestructura de investigación, ni una cultura institu-

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cional que apostase por el debate público de ideas, más allá de las disputas ideológicas. SEPIA se concibe como una alianza entre los sectores más dinámicos de las universidades y los investigadores que desde fuera de las universidades estaban renovando los estudios rurales, introduciendo nuevos enfoques y vinculado al Perú con los debates internacionales en este campo. Para ello su organización institucional se parte de dos principios. Por un lado, se apuesta por un enfoque multidisciplinar, que incluye tanto ciencias sociales como ciencias naturales. Entre sus fundadores se incluyen antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas, ingenieros agrónomos y geógrafos, entre otras disciplinas. Por otro lado, existe una apuesta explicita por la descentralización de las actividades, es decir, por el trabajo permanente con comunidades académicas situadas fuera de Lima. Como vimos en el apartado anterior, la fragmentación de las comunidades académicas es un problema central del modelo peruano de práctica científica. El objetivo de SEPIA apuntaba a formar nuevas capacidades y nuevos espacios institucionales intermedios para lograr superar esta situación de fragmentación, al menos en lo que se refiere a los estudios rurales. Para lograr estos objetivos, las actividades de SEPIA desde su fundación hasta la actualidad, giran en torno a un ciclo bianual cuyo punto fuerte es un seminario organizado en alguna ciudad del interior del país, de manera conjunta por un comité compuesto por SEPIA, una universidad pública y una ONG o centro de investigación local. En torno a este seminario se articulan las demás actividades, que incluyen

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la convocatoria de becas para realizar las investigaciones que se presentarán en el seminario, las actividades de difusión de resultados (mediante talleres en otras ciudades del interior del país) y la publicación de un libro con una selección de los estudios más destacados. Según Berdegué et al (2005) este modelo sencillo pero efectivo es una de las claves del éxito de SEPIA, ya que permite una continuidad institucional, con recursos económicos limitados. Cada seminario tiene tres temas centrales, definidos por el consejo directivo de SEPIA. Este consejo se elige de forma bianual por parte de la asamblea de socios, que se reúne durante el curso del seminario. En su composición se busca mantener un equilibrio entre representantes de universidades y centros de investigación. La admisión de socios en la asamblea es sumamente flexible, lo que hace que en la actualidad sumen casi dos centenares. Existe, sin embargo, un núcleo central, integrado por unos cuarenta socios, muchos de ellos fundadores, que son quienes en la práctica asumen las labores de conducción de la institución. Son ellos quienes asumen las funciones directivas (que no reciben ninguna remuneración) y quienes se encargan de gestionar con la cooperación internacional los fondos necesarios para mantener las actividades. En este sentido, Berdegué et al (2005) señalan que otra de las claves del éxito habría sido precisamente, la capacidad de SEPIA de combinar un núcleo inicial de fundadores, con fuerte mística y compromiso con la experiencia, junto con la progresiva renovación de los consejos directivos, dando paso a investigadores de las nuevas generaciones, sin derivar ni en anquilosamiento ni en pérdida de esencia.

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En términos generales la trayectoria de SEPIA puede considerarse exitosa por varias razones. En primer lugar, es una de las experiencias de colaboración entre profesionales de diferentes instituciones más sólidamente asentadas en el caso peruano. Hasta el momento se han realizado quince seminarios en diferentes ciudades del país, lo que supone una continuidad institucional de más de treinta años, inédita en nuestro medio para este tipo de iniciativas. En segundo lugar, “los SEPIA” se han convertido en un referente para el debate académico sobre temas rurales. Los libros producto de los seminarios están presentes en la mayor parte de los programas universitarios y son citados constantemente, tanto por especialistas peruanos como por investigadores extranjeros que trabajan sobre el país (Maletta 2005, Asensio 2012b). En tercer lugar, estos seminarios han sido también un espacio para la formación de nuevas capacidades de investigación. Es muy frecuente que las becas para presentar comunicaciones sean ganadas por investigadores jóvenes, ya que su monto no es muy alto y no suele atraer a investigadores consolidados. Muchas de estas becas han servido para apuntalar tesis de grado o posgrado, subsanado así la carencia de fondos que han tenido tradicionalmente muchas universidades para financiar trabajos de campo de sus estudiantes. Es frecuente, además, que las becas de SEPIA sean la primera experiencia que estos investigadores tienen en la gestión de proyectos propios. En este sentido son muchos los investigadores que actualmente trabajan en centros de investigación, universidades o incluso en altos cargos del

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estado que recuerdan haberse iniciado en la investigación a través de estas becas, tanto en Lima como en provincias. Estos éxitos son especialmente valiosos en la medida que SEPIA es una experiencia de bajo costo, que no compite por recursos, ni con las universidades, ni con los centros de investigación. Este éxito, sin embargo, deja entrever también algunas cuestiones grises en lo que se refiere a la colaboración entre centros de investigación y universidades. Pese al objetivo explícito de SEPIA, esta relación continua siendo complicada. El peso de organizar los seminarios y el resto de actividades sigue recayendo en su mayoría sobre investigadores que trabajan en centros de investigación o en universidad privadas de Lima, mientras que se observa menor interés por parte de investigadores procedentes de universidades públicas del interior del país. Esto puede deberse a varios motivos, incluyendo al falta de incentivos directos para participar en la red. SEPIA como se señaló es una instituciones con pocos recursos propios. Los principales puestos del consejo directorio no están remunerados, por lo que los profesionales de universidades públicas, generalmente con sueldos bajos, se ven obligados a dedicar un tiempo a estas actividades que podrían dedicar a otras actividades remuneradas. Existen también problemas derivados del choque entre la cultura institucional promovida por SEPIA y la cultura institucional predominante en las universidades públicas. SEPIA apuesta por un modelo centrado en la exposición pública y el debate abierto, como mecanismo para validar

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el conocimiento científico. Estos principios pueden parecer normales para la mayor parte de los especialistas con experiencia académica internacional, pero confrontan con la realidad de muchas universidades públicas peruanas, donde aún predomina una cultura burocrática muy jerarquizada, que limita el debate. Con frecuencia, el debate académico es visto como un desafío a estas jerarquías y en consecuencia como un ataque personal. Para un profesor universitario interesado en hacer carrera, resulta más útil dedicar sus esfuerzos a la política interna o a la docencia que a la investigación. Otro obstáculo paralelo es el temor al ridículo, relacionado con la conciencia de poseer un bagaje académico limitado, frente a los profesionales de Lima. En estas condiciones, presentar un trabajo en un ámbito con público mixto, local y limeño, como son los seminarios SEPIA, puede resultar una iniciativa arriesgada o incluso contraproducente. El profesor universitario local siente que se expone a quedar en mal lugar, ante las posibles críticas de los especialistas limeños. Estas críticas pueden ser utilizadas posteriormente por sus propios colegas en las pugnas internas, para deteriorar su imagen y condicionar sus posibilidades futuras de promoción. Estos condicionantes determinan que, en la práctica, los seminarios cuenten con pocas ponencias provenientes de investigadores radicados en universidades públicas del interior del país. Estas instituciones suelen participar como coorganizadoras y tienen presencia en los eventos protocolarios de los seminarios, pero su involucramiento en los

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debates es muy limitado. SEPIA es consciente de estos problemas y en los últimos años ha tratado de ensayar varias soluciones para involucrar en mayor medida a las universidades públicas en los debates de los seminarios. Un ejemplo en este sentido es el incremento de la dotación de becas reservadas a profesionales del interior del país. En los últimos seminarios se han realizado también lo que se denomina “mesas universitarias”, en las que los profesionales de estas instituciones pueden participar sin competir en la selección con profesionales provenientes de centros de investigación o de universidades limeñas. Sin embargo, estas iniciativas han tenido, por el momento, un éxito relativo. En un contexto en el que las universidades tienen cada vez más recursos propios, los profesionales universitarios siguen teniendo incentivos limitados para participar en estos espacios mixtos de debate público. En el caso de las universidades de Lima (que como vimos en el apartado anterior son las que producen mayor número de investigaciones) existen también problemas de incentivos que limitan su participación en los seminarios que organiza SEPIA. El tema en este caso no pasa tanto por el retorno directo en términos económicos o por quiebre en la cultura institucional, sino por el hecho de que, a pesar de su éxito, el capital simbólico de los seminarios de SEPIA es inferior a otras citas académicas, fundamentalmente internacionales, a las que estos académicos suelen asistir. Muchos de los investigadores peruanos más exitosos prefieren presentar sus trabajos en estos otros ámbitos, como son las reuniones anuales de LASA. Esto ocurre igualmente con los

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profesionales que trabajan en los centros de investigación autónomos más consolidados, quienes también tienes redes académicas internacionales muy consolidados. En el caso de los más comprometidos con SEPIA, sobre todos quienes forman parte de su núcleo fundados, siguen asistiendo a los seminarios y son parte importante de su organización, pero su participación en los debates se limita a papeles secundarios, como comentaristas o presentadores. Esta ausencia de referentes de primer nivel entre los expositores es precisamente uno de los elementos citados con más frecuencia como crítica al modelo actual de SEPIA. Los investigadores del interior del país echan de menos a los “primeros espadas” limeños, que sí habían participado de manera muy activa en los primeros seminarios, cuando se encontraba en otro momento de sus carreras profesionales. El resultado de todos estos incentivos cruzados es que, más allá del núcleo duro comprometido con la experiencia, SEPIA es un espacio que resulta atractivo y funcional para dos tipos de profesionales. En el caso de las universidades y los centros de investigación limeños resulta atractivo, sobre todo, para quienes se encuentran en las primeras etapas de la vida profesional y buscan espacios académicos para darse a conocer y posicionarse en su campo de estudio. Son ellos quienes en su mayoría postulan y ganas las becas, y quienes copan la mayor parte de las presentaciones en los seminarios. En el caso de las universidades públicas del interior del país, resulta atractivo para un perfil profesional que podríamos

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denominar “outsiders académicos”, que renuncian a trayectorias estándar basadas en la promoción mediante el juego político interno de las universidades. Para ellos SEPIA es una comunidad académica paralela, que les permite consolidar sus inquietudes de investigación, aunque esto no necesariamente se traduzca en mejoras profesionales directas. Ellos son los principales consumidores de los productos SEPIA: leen los libros, asisten a los seminarios, participan en los debates y eventualmente, si los seminarios se realizan en una ciudad cercana, participan en los concursos y presentan ponencias. En resumen, podemos hablar de una iniciativa que es relativamente exitosa teniendo en cuenta los condicionantes del contexto peruano (comunidades académicas fragmentadas, culturas institucionales muy diferentes). Los logros quedan por debajo de las expectativas iniciales, pero SEPIA ha logrado consolidarse como espacio de discusión interdisciplinaria e interinstitucional para colectivos concretos de investigadores, que cuentan con pocos espacios alternativos en el país. Este éxito se debe en buena medida a las propias decisiones estratégicas tomadas por el núcleo fundador de SEPIA: mantener un perfil institucional bajo y no entrar a competir directamente con universidades y centros de investigación por la obtención de fondos. Al contrario que otras redes que acaban adquiriendo vida propia autónoma y compitiendo con sus promotores iniciales, SEPIA se limita a un programa muy parametrado, sin tratar de expandir su rango de actividades a otros campos. Esto hace que no sea vista como competencia, ni por univer-

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sidades, ni por centros de investigación. Al mismo tiempo permite mantener los costos de funcionamiento en un nivel muy bajo, lo que no genera excesivas obligaciones para sus socios. Como veremos a continuación, las cosas son diferentes cuando nuevos centros de investigación entran a competir directamente por recursos o espacios de influencia con las universidades. c) IEP: Dilemas Actuales de la Relación entre Centros de Investigación y Universidades La historia del CBC ilustra un caso de malas relaciones y competencia entre universidades y centros de investigación. Ilustra también las dificultades para compaginar los intereses de estas instituciones en un contexto de precariedad, en el que se entremezclan recursos escasos y factores intangibles, relacionados con la estructura social y étnica del país. Con diferentes matices, es un caso que se puede considerar paradigmático de la experiencia de muchos centros de investigación en el interior del país. El éxito de los noventa está seguido de una profunda crisis actual. La situación es diferente en Lima, donde la situación es más fluida, por tratarse de un mercado intelectual más abierto (con más recursos y más actores) y por no ser tan evidentes los quiebres sociales y étnicos. En estos casos entre ambas instituciones encontramos tanto relaciones de competencia como colaboración, que pueden ocurrir incluso en simultáneo en una misma institución. Un ejemplo al respecto es la historia reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

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El IEP es uno de los primeros centros de investigación del Perú. Se funda en los años sesenta con un énfasis claro en ciencias sociales. Sus fundadores son una curiosas mezcla de profesionales limeños de clases media-alta como Jorge Bravo Bresani, Augusto y Sebastián Salazar Bondy y José Matos Mar, e intelectuales provincianos como el antes mencionado antropólogo cuzqueño Luis C. Valcárcel o el antropólogo andahuaylino José María Arguedas. Los que les une en ese momento es el deseo de incidir en la política nacional por medio de la reflexión intelectual, tras el fracaso previo de la conformación de un partido de centro izquierda urbano e intelectual, en el que muchos de ellos habían participado directamente9. El otro factor cohesionador es la aspiración de contar con un referente nacional que permitiera actuar como contraparte de la cooperación internacional para el desarrollo de proyecto de investigación a gran escala, sin necesidad de pasar por las universidades. Estos orígenes explican los cuatros elementos que en adelante van a definir al IEP en el contexto peruano: (i) un fuerte vínculo con las redes internacionales de cooperación internacional, inicialmente fundaciones norteamericanas y francesas, y posteriormente

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Este partido es el llamado Movimiento Social Progresista, que en las elecciones de 1962 había obtenido menos del uno por ciento de los votos (Tanaka 2013, Rochabrun 2013).

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más diversificado10, (ii) un sesgo ideológico que podríamos definir como de centro izquierda no marxista, relativamente optimista ante las transformaciones sociales y que mira con desconfianza las diferentes formas del indigenismo intelectual y político,11 (iii) la apuesta por investigaciones que apuntan a generar grandes relatos sobre los grandes problemas del Perú, más que por investigaciones aplicadas o enfocadas en políticas públicas concretas y (iv) un cierto estilo elitista, que apuesta por la academia como principal referencia, en lugar de la interacción directa con otros actores sociales, al contrario por ejemplo de otros centros de investigación surgidos posteriormente, como el CBC antes reseñado.

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Los primeros proyectos del IEP se financian con aportes del Instituto Francés de Estudios Andinos, la Universidad de Cornell y la National Science Foundation de los Estados Unidos, en el contexto del llamado Plan Camelot que pretendía alentar discursos académicos progresistas no revolucionarios en los países en desarrollo. Posteriormente el IEP tiene una relación muy cercana con la Fundación Ford, que en los años ochenta se convierte en el principal sostén económico en la etapa crítica del ajuste estructural y la dictadura de Alberto Fujimori. En los últimos años esta colaboración se mantiene, aunque las fuentes de financiamiento se han diversificado mucho. Entre las principales se encuentran la propia Fundación Ford, el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Fundación BBVA entre más de otras cincuenta instituciones. Varios autores señalan que en los primeros años de la institución se habría producido una confrontación entre las dos almas fundacionales del IEP, la limeña y la vinculada a intelectuales provincianos. Finalmente habrían sido los primeros quienes, con sus mejores contactos con la cooperación internacional, habrían definido la orientación del centro. Esto explicaría porque, aunque entre sus fundadores están los dos más conocidos intelectuales indigenistas peruanos, el IEP tiene casi desde sus inicios un claro perfil no indigenista, que lo diferencia de otros centros de investigación peruano de los años sesenta y setenta. A esto se añadiría que tanto Valcárcel como Arguedas entran a formar parte del IEP en la etapa final de sus vidas profesionales y, por lo tanto, tienen poca incidencia práctica en su funcionamiento (Tanaka 2013, Rénique 2013).

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Estos cuatro elementos se han ido perfilando con el tiempo, atenuándose o agudizándose de acuerdo con las coyunturas políticas del país y con los cambios en el balance de poder interno del Instituto. Un punto clave al respecto es la relación con la dictadura nacionalista de Juan Velasco Alvarado, a inicios de los años setenta. El IEP primero colabora con este experimento social, a través del asesoramiento de varios de sus especialistas en el diseño de la reforma agraria, y posteriormente se enfrenta a la dictadura, siendo varios de sus investigadores obligados al exilio (Tanaka 2013). Desde ese momento, se consolida una apuesta por la autonomía institucional frente a los poderes públicos y frente a los partidos políticos. Se reconoce e incluso alienta el derecho de los investigadores a participar en estos ámbitos, pero siempre a nivel personal y no institucional12. En los primeros años entre sus integrantes predominan historiadores, antropólogos, sociólogos y lingüistas. Desde años ochenta, siguiendo a una tendencia general en muchos países de América Latina, ganan importancia la economía y la ciencia política, aunque sin llegar a alcanzar un predominio tan claro como en otros centros de investigación peruanos (Martín, 2002). Esto supone también un mayor énfasis en la investigación aplicada y un cierto abandono de los grandes problemas, aunque la preocupaciones por estas cuestiones

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Este “no alineamiento activo” es el otro elemento que singulariza al IEP en el contexto peruano, donde predominan con pocas excepciones centros de investigación activistas, ya sea de izquierda o de derecha. Un resultado ellos es la política del IEP de no tener posición oficial en los debates públicos, más allá de la defensa del democracia y los derechos humanos. En muchos casos es posible ver a dos investigadores del centro defendiendo en simultáneo posiciones diferentes sobre un mismo problema, con las ventajas y desventajas que esto supone.

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nunca llegan a desaparecer y aún sigue siendo visto como el “sello de la casa” (Lauer, 2013; Rochabrún, 2013). En la actualidad el IEP está integrado por aproximadamente 120 personas, incluyendo unos treinta investigadores principales. La institución es autónoma y no depende de ningún organismo estatal, ni tampoco está vinculado a ninguna universidad. El financiamiento proviene de los costos indirectos relacionados con las consultorías y proyectos que desarrollan sus investigadores. En su mayor parte se trata de fuentes de financiamiento externas, aunque en los últimos años se ha incrementado el financiamiento proveniente de fuentes peruanas (públicas o privadas). El énfasis de los trabajos está en tres temas: desigualdad y pobreza, cultura y diversidad y gobernabilidad, democracia y descentralización. Las actividades incluyen la generación de conocimiento especializado (sea dirigido o no a políticas públicas) y, en menor medida, capacitación y formación a través de cursos de corta duración. En los últimos años han comenzado además a ejecutarse algunos proyectos de incidencias, especialmente en el ámbito educativo, en cooperación con diversas fundaciones empresariales, con el estado peruano y con la cooperación internacional. También cuenta con un área editorial, que produce aproximadamente cuarenta libros anuales en diversos temas de ciencias sociales, constituyéndose de esta manera una de las más importantes editoriales especializadas de los países andinos. En este contexto, existen varias instancias de interacción con universidades. Por un lado, muchos investigadores tienen

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lo que podríamos llamar “doble militancia”, es decir, participan tanto en universidades como en centro de investigación. Este tipo de colaboración existe desde el momento inicial de fundación del IEP y es incentivada por las propias normas del instituto, que señalan una exención de costos indirectos en el caso de actividades educativas desarrolladas por los investigadores. Además de esto, muchos investigadores del IEP pertenecen de manera individual a redes mixtas, vinculadas a universidades, como es el caso de SEPIA, antes mencionado. Una segunda instancia de modalidad de interacción con universidades consiste en la realización de actividades conjuntas, ya sea para compartir gastos o para incrementar el impacto de las mismas. Esta colaboración se puede traducir en la organización de eventos o seminarios conjuntos y también es muy habitual en el área editorial. El IEP realiza numerosos publicaciones conjuntas, tanto con universidad públicas como privado, incluyendo universidades extranjeras. Hay que considerar, en este sentido, que los investigadores del IEP por lo común pertenecen a las mismas comunidades académicas que los investigadores de las principales universidades de Lima, por lo que tienen espacios de interacción muy frecuentes, ya sea de manera institucional o en el plano informal. Un ejemplo al respecto es el denominado Grupo Memoria, que reúne desde hace tres años a profesionales de diferentes disciplinas para debatir sus avances de investigación en temas relacionados con la memoria histó-

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rica y el periodo de violencia política de los años ochenta y noventa. Este colectivo ha realizado también numerosas actividades públicas, incluyendo eventos conjuntos con el cuerpo de historiadores del ejército del Perú, que han abierto nuevos caminos de dialogo en torno a estos temas. El grupo funciona de manera regular en el IEP y está integrado por investigadores tanto de universidades públicas como privadas, además de centros de investigación. Tiene núcleos de trabajo en Lima, Huancayo y Ayacucho, ciudades del interior del país fuertemente afectadas por la violencia El Grupo Memoria es un ejemplo de colaboración individual de investigadores de diferentes instituciones, basados en un interés compartido y una cultura académica común. Finalmente, una forma de colaboración más profunda consiste en desarrollar proyectos conjuntos entre el IEP y las universidades que implican compromiso institucional por ambas partes. Estas asociaciones se pueden realizar para proyectos puntuales, de corta duración y con objetivos muy concretos: un seminario, un congreso, una investigación específica que luego en un libro publicado conjuntamente. En otros casos, sin embargo, se trata de iniciativas de mediano y largo plazo, pensadas para tener un impacto mayor en la comunidad académica peruana. Un ejemplo es la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, integrada por el IEP y dos de las principales universidades privadas de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. Creada a finales de los años

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noventa, esta red tuvo durante varios años tuvo una notable producción editorial, además de desarrollar proyectos conjuntos de incidencia, como el concurso Sumando Esfuerzos, que premiaba anualmente experiencias de colaboración entre actores privados y públicos en todo el país. Sumando Esfuerzos permitió recabar en sus tres ediciones una base de más de seiscientas ejemplos de cooperación y fue una experiencia pionera en el Perú de este tipo de concursos. En la actualidad la Red sigue existiendo, aunque en los últimos años ha reducido sus actividades notablemente, debido las dificultades tanto para encontrar financiamientos como para consolidar un equipo de profesionales que puedan dedicarse a tiempo completo al seguimiento de estos proyectos. En este sentido, a diferencia del caso antes analizado de SEPIA, no ha sabido consolidar un ciclo de actividades estandarizado, capaz de dar continuidad a la iniciativa más allá de proyectos puntuales. Otro proyecto de colaboración entre el IEP y universidades, en este caso públicas, es la red Cholonautas, creada a comienzos de la década pasada, con el objetivo de poner a disposición de los alumnos universitarios documentos y textos vinculados con ciencias sociales, en un momento en que estos recursos aún eran poco accesibles a través de internet, por estar la conexión poco extendida en provincias y por existir pocos materiales peruanos en línea. Para lograr este objetivo, Cholonautas debía funcionar como un consorcio entre el IEP y varias universidades públicas, de tal manera que se garantizase tanto el abastecimiento de materiales como su accesibilidad por parte de los alumnos. Sin embargo, este esquema nunca logró consolidarse.

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Por un lado, desde el punto de vista administrativo, el proyecto encalló en la dificultad para compaginar el ritmo de ejecución exigido por las entidades financiadoras y los ritmos de la burocracia universitaria. Por otro lado, en un nivel más profundo la propia cultura institucional del IEP jugó también en contra del proyecto. El equipo promotor de Cholonautas, integrado por profesionales jóvenes no pudo involucrar en el proyecto a los investigadores más relevantes, que veían como una pérdida de tiempo el trabajo con universidades públicas. Esta desconfianza se basaba tanto en experiencias previas personales como en preconcepciones respecto al trabajo de estas instituciones. El resultado es una especie profecía autocumplida: los primeros espadas rechazan involucrase en el trabajo con universidades públicas por considerarlo condenado a fracasar y su propia ausencia termina contribuyendo a este fracaso, al sentir las universidades que no reciben la atención esperada y no hay una paridad en el involucramiento. Como resultado Cholonautas continúa existiendo, pero como un proyecto mucho menos ambicioso, ejecutado únicamente por el IEP y sin apenas visibilidad pública. Estas dos experiencias de redes que pretendían ser de largo recorrido apuntan a algunas de las dificultades que encuentra la colaboración entre centros de investigación y universidades, cuando se pasa de la experiencia puntual a proyectos de medio y largo plazos. Un primer tema se refiere a la creciente competencia por el reclutamiento de los investigadores. Esta competencia siempre ha existido, pero en los últimos años se ha hecho más intensa. Universidades y centros de investigación tienden a buscar cada vez más un

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mismo perfil profesional, que combina capacidad de investigación y habilidades para la gestión de proyectos. Esto se debe a que las fronteras entre ambos tipos de instituciones tienden a diluirse: las universidades cada vez hacen más investigación y los centros de investigación, cada vez más, se adentran en la docencia como fórmula para incrementar sus ingresos ante la disminución de la cooperación internacional. Esto lleva a una mayor competencia por reclutar profesional y también a una mayor presión en favor de la dedicación exclusiva, por lo que en muchos casos los investigadores se ven obligados a elegir, en la práctica, entre su pertenencia a universidades o centros de investigación. En el caso del IEP, esto se une a un proceso interno de cambio en cuanto a las disciplinas predominantes. En los últimos años disciplinas tradicionales del instituto, como historia o lingüística, y en menor medida antropología, pierden importancia, tanto en los debates internos como en el número de profesionales dedicados. Esto se debe en buena parte a la “fuga” de estos profesionales a las universidades. Se trata de un fenómeno complejo en el interactúan varios factores y que termina retroalimentándose a sí mismo. La elección entre la pertenencia a una universidad o un centro de investigación no solo depende de temas económicos. En este punto entran en juego también los diferentes estilos de organización predominantes en ambos tipos de instituciones. El IEP en los últimos años apuesta por un modelo que podríamos denominar “anglosajón”, basado en una lógica de proyectos, sin que los investigadores tengan un

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vínculo laboral permanente con la institución. Por el contrario, las universidades se mantienen más cercanas a un modelo francés, basado en la idea de financiar a investigadores, que tienen una remuneración asegurada a través de la docencia, independientemente de que puedan o no incrementar sus ingresos con proyectos de investigación propios. Las ventajas y desventajas de ambos modelos han sido analizadas en muchas ocasiones y se refieren tanto a la capacidad del investigador para controlar su propia carrera profesional como al resultado agregado para las instituciones. En última instancia la preferencia por uno u otro modelo puede tener que ver con el carácter y las prioridades individuales. Pero también es importante señalar que estos modelos no son neutros desde el punto de vista de sus efectos en el balance de poder interno de las instituciones. No encajan igual para todas las disciplinas y, por lo tanto favorecen a priori a unos investigadores sobre otros. Esto ocurre porque los ritmos y los estilos de práctica científica de las diferentes disciplinas pueden empatar mejor o peor con los estilos anglosajón o francés de gestión institucional. Así, parecería que en el contexto latinoamericano disciplinas como antropología, historia y lingüística (en las que la circulación y validación del conocimiento se realiza sobre todo a través de libros y congresos bianuales) se adaptarían mejor al modelo francés, mientras que ciencia política y economía (en las que la comunicación y validación se realiza sobre todo a través de documentos de trabajo, artículos publicados en revistas indexadas y congresos anuales), se adaptarían mejor al modelo anglosajón. Esto explicaría, al

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menos en parte, la tendencia que se observa en los últimos años al repliegue de historiadores, antropólogos y lingüistas hacia las universidades, abandonando los centros de investigación cuando se ven obligados a elegir por el incremento de la demanda laboral en sus respectivos centros de trabajo. Por supuesto, esto son solo tendencias. Existen muchas excepciones, que responden a modelos particulares de carrera profesional o simplemente a opciones personales diferentes. El segundo punto de conflicto atañe precisamente a los ritmos de trabajo de universidades y centros de investigación. Los centros de investigación suelen trabajar sobre la base de proyectos de ciclo corto, que requieren agilidad tanto en la parte administrativa como en la ejecución de las actividades. Esto muchas veces choca con los ritmos propios de la cultura institucional de las universidades, que suelen ser entidades con una gobernanza más compleja, con diversas instancias de control y balance de poderes, que obligan a trabajar a un ritmo de trabajo más lento. El resultado es que la mayor parte de las iniciativas de colaboración terminan decayendo o diluyéndose, ya que estos diferentes ritmos de trabajo son muy difíciles de acompasar, lo que provoca fricciones y malentendidos en los que unos se acusan de perezosos y los otros de trabajar de manera apresurada e irreflexiva. Quizás esto explica porque los casos exitosos de colaboración se refieren a actividades puntuales, como ediciones conjuntas, concursos o seminarios, pero casi nunca son proyectos de largo recorrido, como hemos visto tanto en el caso de la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales como en la iniciativa Cholonautas.

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Estas dificultades condicionan las iniciativas de cooperación a medio y largo plazo entre universidades y centros de investigación. En otro plano, en los últimos años encontramos además un incremento de la competencia directa entre ambos tipos de instituciones en torno a los límites de los respectivos campos de influencia profesional. Los cambios de contexto señalados en el primer apartado de este documento suponen que, tanto universidades como centros de investigación, tiendan a expandir su actividad para aprovechar las nuevas condiciones del mercado intelectual peruano. Esto en ocasiones supone conflictos imprevistos. Un ejemplo es el fracaso de la iniciativa del IEP de ampliar su rango de actividades, incluyendo diplomados y maestrías. Este intento choca contra la existencia de una nueva legislación universitaria, que obliga a separar las actividades de investigación y las actividades educativas. Estas normas pretenden evitar el intrusismo profesional y reservar para las universidades la posibilidad de emitir títulos oficiales, excluyendo a otras instituciones del mercado docente. En resumen, en el caso del IEP encontramos una situación fluida, que incluye relaciones de colaboración con las universidades pero también competencia, tanto a nivel institucional como personal. Se trata de un equilibrio precario, no exento de desconfianza, que es un ejemplo de tipo de desafíos que actualmente enfrentan los centros de investigación para trabajar con universidades en el contexto peruano.

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4. Conclusiones Las tres historias analizadas en este documento muestran la diversidad de matices que existe en la relación entre universidades y centros de investigación autónomos en el Perú. Estas relaciones se ven condicionadas tanto por factores estructurales de larga duración (fragmentación de comunidades académicas, diferencias sociales y étnicas, universidades poco preparadas para la investigación, salvo algunas excepciones) como por los cambios recientes que afectan a la dinámica de los mercado de conocimiento (reorientación de la cooperación, incremento de la demanda y el presupuesto universitarios, competencia por profesionales calificados). En este sentido, un primer elemento que emerge del estudio es la necesidad de matizar los tópicos que están presentes en buena parte de la literatura producida en nuestro país sobre centros de investigación y comunidades académicas. Esta literatura insiste casi siempre en los elementos negativos que condicionarían el desarrollo de estas instituciones, tales como la falta de recursos, la desarticulación institucional y la fragmentación del sistema políticos. Estos elementos son evidentemente reales, pero las historias incluidas en este estudio contribuyen a matizar su importancia en al menos en tres sentidos: • Por un lado, encontramos que, a pesar de estos inconvenientes, existen múltiples esfuerzos para superar la fragmentación de las comunidades académicas. Estos esfuerzos no son siempre exitosos, pero el hecho de

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que no logren todos sus objetivos, no debe llevarnos ignorar sus avances. Experiencia como la del SEPIA o en menor medida la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú muestran que la colaboración entre universidades y centros de investigación es posible en determinados contextos. • Por otro lado, existen en los últimos años tendencias positivas en algunos temas clave, como la producción científica y el fortalecimiento de las universidades públicas. Estas tendencias confrontan aún serias dificultades, pero muestran considerables avances respecto a la situación existente de hace apenas unos años. Sin embargo, no parecen haber incorporadas a la reflexión sobre centros de investigación y universidades, que de manera caso general tienden a resaltar los aspectos negativos del contexto. • Finalmente, hay que considerar que elementos que son en sí mismos negativos pueden, sin embargo, tener resultados positivos para los centros de investigación del país. Un ejemplo es la fragmentación del sistema político y la debilidad de los partidos, que tiene evidentes consecuencias negativas, pero supone sin embargo una oportunidad para los centros de investigación, que encuentran una mayor posibilidad de incidencia, tanto de manera indirecta (a través del flujo de ideas) como directa (a través del flujo de profesionales, desde la academia hacia la política y la gestión pública).

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Estos elementos matizan algunos de los sentidos comunes más extendidos respecto al papel y las posibilidades de los centros de investigación en el Perú. Un segundo aspecto que emerge de las historias analizadas en el documento se refiere a la necesidad de matizar igualmente el enfoque voluntarista que suele predominar en muchos de los discursos referidos a la relación entre centros de investigación y universidades. Como hemos visto, se trata de instituciones que compiten en múltiples sentidos: por el reclutamiento y el tiempo de profesionales calificados, por recursos, por espacios institucionales y por el control de los mercados de conocimiento. En estas condiciones la colaboración no es sencilla y tampoco debe ser vista como algo “natural”. Por el contrario la cooperación entre universidades y centros de investigación es excepcional y, cuando ocurre, es casi siempre limitada. Las experiencias de colaboración que han mostrado ser exitosas en el caso peruano tienen cuatro características: (i) son experiencias de alcance limitado, que no comprometen a largo plazo los objetivos de la instituciones, (ii) son experiencias basadas en el compromiso individual de determinados investigadores y no tanto en el compromiso institucional, (iii) son, en la mayoría de los casos, experiencias con ciclos de vida cortos y objetivo muy específicos, y (iv) cuando logran consolidarse en el tiempo se debe a su perfil bajo, que no compromete excesivamente el tiempo de los profesionales, ni las llevan a convertirse por sí mismas en competidoras para universidades y centros de investigación.

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Las tres historias analizadas en este documento se mueven dentro de estas coordenadas. La historia del SEPIA es quizá la más exitosa. Las razones de este éxito se vinculan precisamente con las condiciones señaladas en el párrafo anterior: el hecho de haber permanecido como una experiencia limitada, funcional para los intereses de determinados colectivos de investigadores (más que para las instituciones en sí mismas), sin llegar a posicionarse como un actor relevante en la competencia por recursos. La historia de CBC es exactamente el caso contrario: muestra el apogeo y posterior declive de un centro de investigación que desafió, a partir de una alianza con la cooperación internacional, el papel predominante de la universidad en una provincia del interior del Perú. El CBC logra inicialmente su propósito y durante unos años se convierte en referencia a nivel regional. Sus aportes se refieren tanto a la investigación como a la formación de capacidades. Sin embargo, la experiencia termina declinando por una combinación entre factores locales (la rivalidad con la elite local cruzada por elementos sociales y étnicos) y extra locales (la reorientación de la cooperación internacional). Frente a este fracaso, la historia del IEP es más matizada. En un contexto más abierto que el cuzqueño, muestra la variedad de interacciones que tienen lugar en la práctica entre universidades y centros de investigación. Esta colaboración, sin embargo, supone dilemas y trade off que son difíciles de gestionar en un contexto de competencia creciente. El resultado es que las experiencias de colaboración suelen ser de baja intensidad y casi siempre de naturaleza acotada, ya sea por-

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que tienen duración limitada o porque están centradas en actividades específicas. Por último, el tercer tema a resaltar son precisamente los acelerados cambios ocurridos los últimos años. Para comprender el momento actual de la relación entre universidades y centros de investigación autónomos es importante tener en cuenta los cambios recientes en las fuentes de financiamiento de la investigación. Tradicionalmente en Perú la investigación especializada en ciencias sociales ha dependido de manera casi exclusiva de los fondos provenientes del extranjero. Esto sigue siendo así en gran medida, pero se observan algunos cambios incipientes. Las universidades públicas de provincias incrementan sus recursos gracias a las trasferencias por canon y sobrecanon, aunque aún encaran desafíos muy grandes para convertir esta bonanza en mejoras de la calidad de la formación y la investigación. También se incrementan los fondos provenientes del ámbito privados. En términos comparativos con otros países, estos recursos siguen siendo ínfimos en comparación, pero en el caso peruano, con nula tradición anterior de financiamiento privado a la investigación, son un aspecto a destacar. En algunos casos se trata de investigaciones con fines puramente utilitarios, pero en otros casos se inscribe en tramas de responsabilidad social y tienen, por lo tanto, mayor potencial para los centros de investigación y las universidades. Incluso las propias universidades privadas comienzan a destinar una parte mayor (aunque aún muy reducida) de sus fondos propios a investigación, como parte de sus estrategias de posicionamiento en un mercado educativo cada vez

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más competitivo. Todo esto coincide con una disminución de los fondos provenientes de la cooperación internacional. En lo que se refiere a investigación estos recursos tienden a concentrarse en un conjunto limitado de instituciones, integrado por unos pocos centros de investigación de alto nivel y centros semiautónomos vinculados a universidades privadas. El rico y diverso panorama de centros de investigación de pequeñas y medianas dimensiones que exista, tanto en Lima como en el interior del país durante los años noventa casi ha desaparecido. Podemos decir en este sentidos que los centros de investigación peruanos son ahora más profesionales y estandarizados de acuerdo a los modelos internacionales, pero menos diversos. Este conjunto de big players tiende cada vez más a concentrar a los profesionales capacitados y a convertirse en referencia a nivel internacional. Al mismo tiempo deben desarrollar nuevas estrategias para asegurar su posicionamiento en este mercado cambiante de producción de conocimiento en el que también comienzan a aparecer nuevos actores antes inexistente: centros de investigaron vinculados al estado, empresas privadas consultoras, etc. El resultado es una creciente competencias por los propios profesionales, que se superpone a la competencia por recursos. Estas son todavía tendencias incipientes y no está claro hacia dónde van a evolucionar en los próximos años. Sin embargo, en caso de consolidarse, podrían a medio plazo reconfigurar de manera profunda la relación entre centros

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de investigación y universidad, poniendo fin a la actual situación de equilibro entre ambos tipos de instituciones.

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6. Acerca de los Autores Raúl Hernández Asensio es investigador en el Instituto de Estudios Peruanos, IEP: Historiador de la Universidad de Cádiz. Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, España y por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, España. Sus investigaciones abordan temas sobre relaciones interétnicas y sociedades de frontera en diversos ámbitos geográficos, participación ciudadana, democracia y seguridad ciudadana.

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Uruguay

Pablo Landoni Couture

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Estudio país: Uruguay

1. Introducción Este estudio investiga sobre los diferentes tipos de relaciones y vínculos que se producen entre centros de investigación y universidades en el Uruguay, con especial referencia a los procesos de generación de conocimiento en la formulación e implementación de políticas públicas. Resulta relevante, para el caso uruguayo explicitar el concepto de think tank utilizado, el que tiene tres notas características: la realización de actividades de investigación en el campo de las políticas públicas, en un sentido amplio; la vocación por la incidencia en el debate público de las políticas, y una nota de independencia o autonomía institucional, más allá de cierto posible orientación general de tipo ideológico o intelectual. Los think tanks o centros de investigación son entidades donde la investigación juega un rol fundamental, aunque pueda ser acompañada por otro tipo de actividades, como pueden ser la docencia de postgrado, la consultoría así como la acción y la promoción social. A los efectos del estudio de caso uruguayo consideramos adecuado una definición amplia de investigación incluyendo tanto los procesos de generación de conocimiento como los de adaptación del conocimiento, en el sentido de la aplicación de conocimientos generales a problemas particulares contemplados en el objeto de estudio, en la medida que impliquen la resolución de incertidumbres y que se requiera un esfuerzo superior de

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elaboración a la mera consulta de la literatura especializada y al trabajo normal de los especialistas en el área. Si bien pueden haber áreas grises, la investigación de los think tanks suele ser aplicada y anclada en la práctica, para distinguirla más de la investigación básica. También se distingue del trabajo de consultoría, en la medida que quien encarga dicho trabajo suele tener un peso relevante en los resultados esperados del mismo. Incluimos en la definición a organizaciones que dispongan una relevante acumulación de analistas sociales y de políticas (social analysts) y no solamente a cientistas sociales puramente académicos. Como bien indica Levy (1996), en estos casos, resulta crítico que la institución tenga un “sabor académico” (academic flavor) en cuanto a la investigación, que requiera indagación y elaboración científica, pero debe incluirse no solamente la investigación básica disciplinaria sino también la investigación aplicada incluyendo la sistematización y reflexión crítica sobre las prácticas. El perfil de la investigación que realizan los centros de investigación también está asociado a su peculiar misión de influir sobre las políticas públicas aportando temas a la agenda o participando del debate público, pero desde el conocimiento, la reflexión crítica y la investigación aplicada. Un valor preciado por estos centros, es su autonomía para definir su agenda de investigación y los resultados de la misma. Dos factores influyen decisivamente sobre la nota de independencia de los think tanks: su matriz de financiamiento y los vínculos políticos sean con partidos como con gobiernos.

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Los centros de investigación estudiados podrán tener vínculos importantes con distintos tipos de organizaciones como ser partidos políticos, organizaciones empresariales o sindicales, o iglesias, pero se caracterizan por tener una gobernanza propia que les permite gestionar sus propios recursos y adoptar sus decisiones institucionales de forma autónoma. La autonomía le presenta desafíos importantes a los centros de investigación en el país, como expresa uno de los entrevistados para la investigación: “Los think tanks son centros que decodifican el conocimiento más técnico que desarrollan las universidades. En este sentido, deberían ser generadores de conocimiento pre-competitivo y de naturaleza pública, intentando traducir el conocimiento más complejo, y generando aplicaciones del mismo. Por las características del Uruguay, los think tanks suelen desarrollar una doble actividad: una actividad financiada por grants y otra como consultores, con lo cual se plantean algunas dificultades, porque la independencia aún con el sesgo (flavor) se pierde en las consultorías. La independencia de generación de conocimiento en el think tank entra en colisión con el rol de consultor.” (G. Labadie, comunicación personal, 26 de Diciembre de 2013).

La investigación indaga en profundidad cinco casos de centros de investigación o think tanks en Uruguay. Dos de ellos, son centros de investigación independiente con investigación sistemática y continuada en el tiempo, particularmente en el campo de la economía. Estas entidades son el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) y el

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Centro de Investigación Económicas (CINVE), que siguen un formato más clásico de lo que en términos internacionales se entiende como un think tank. Aplicando la definición amplia de investigación, se incluyen en el estudio dos centros con un perfil más de “Organizaciones de la Sociedad Civil” (OSC) con acciones definidas por Gallardo, Garcé y Ravecca (2009), como de advocacy. Ambas instituciones definen en su misión una vocación de incidir en las políticas, y en la práctica, demuestran una acumulación histórica de reflexión crítica de prácticas y acciones que admiten ser consideradas “investigación aplicada”, por lo que, aunque con un perfil distinto, se las considera dentro de la definición de centro de investigación para este estudio. Estas organizaciones son el Instituto de Educación Popular “El Abrojo” y el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD). Finalmente, se incluye en el estudio el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), que ha tenido un devenir institucional que refleja los avatares de los centros de investigación en las últimas cuatro décadas en el Uruguay. Siendo un centro pionero, ha evolucionado en los últimos años a una organización que combina una oferta de carreras universitarias de grado y posgrado, con proyectos y acciones de promoción social propios de una OSC, e intenta no olvidar su vocación por influir en los debates públicos. Su estudio arroja luz sobre las estrategias que han seguido diversas instituciones como consecuencias de cambios en el entorno social y político en el Uruguay.

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2. Contexto Histórico y Socio - Político de las Relaciones entre Centros de Investigación y Universidades La investigación abarca la evolución histórica de las relaciones entre centros de investigación y universidades en las últimas cuatro décadas. En dicho período histórico, se producen en Uruguay cambios sociales y políticos de envergadura, con consecuencias directas en los procesos de creación y desarrollo tanto de los centros de investigación como de las universidades en el país. Uruguay vive un período de gobierno de facto entre los junio de 1973 y marzo de 1985. Durante dichos años nacen varios centros de investigación independientes como CINVE (1975), CIESU (1975), CIEDUR (1977), Foro Juvenil (1981) y otros como el CLAEH (1957) y CIEP (1972) adquieren nuevo dinamismo. Estos centros operan como refugio para docentes e investigadores universitarios que no tenían oportunidades en la Universidad de la República (única universidad existente en dicho momento) intervenida por las autoridades militares. Esos centros se convierten en espacios de investigación, de encuentro y debate político en un contexto represivo dentro del Estado y, se constituyen en actores que contribuyen de forma favorable a la apertura democrática del país (Prates, 1987). Los años finales de la dictadura y los primeros de la recuperación democrática son un período de apogeo de los centros de investigación independiente en el país. Se crean múltiples nuevas organizaciones como CERES (1985), ICD (1986), El Abrojo (1988), SERPAJ (1991) y Gurises Unidos

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(1992). Estos centros ocupan un lugar importante en el debate político y de políticas del país, la mayoría de las veces, por contribuciones realizadas en el marco de proyectos financiados con el aporte de organismos y fundaciones internacionales. El desarrollo de estos centros de investigación independiente fue un ejemplo más de la recuperación de la sociedad civil en sus diversas manifestaciones democráticas y pluralistas. El florecimiento de los partidos políticos, grupos de interés y de advocacy así como de organizaciones religiosas, sociales y culturales, se manifiesta también en dinámicas positivas de retroalimentación con los centros de investigación social y de políticas. Como consecuencia, se generan un número importante de vínculos de cooperación entre el gobierno, las entidades internacionales de cooperación y apoyo, y los centros de investigación. Inciden en estas dinámicas de colaboración los vínculos personales de investigadores y académicos que regresaron al país en esos años y se insertaron en los centros de investigación luego de experiencias y contactos con organismos de cooperación internacional. Debe tenerse presente, que en esos años, el Estado carecía de los recursos humanos competentes para el diseño y formulación de políticas, debiendo recurrir en muchos casos al apoyo de estos centros. Con grado variable de acumulación académica varios centros analizados concentraban la mayoría de la investigación en campos vinculados a las ciencias sociales y al policy research. Un estudio realizado por Fernando Barreiro y Anabel Cruz (1991), relevó 112 Organizaciones No Gubernamentales, de

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las cuáles 17 de ellas realizaba alguna actividad de investigación en el campo de las Ciencias Sociales. La década que va desde 1985 hasta 1995 también es significativa en términos de cambios en el sistema universitario uruguayo (Romero y Landoni 2001; Bentancur, 2002). En el marco de la recuperación de su régimen autonómico y de cogobierno, la Universidad de la República encara algunos procesos de desarrollo institucional, como la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, y dentro de ella los nuevos Instituto de Ciencia Política y Departamento de Economía. Desde su origen, estos servicios universitarios nacen con un perfil de investigación utilizando el régimen de dedicación total para sus docentes / investigadores. En su proceso fundacional, incidió el regreso de un número importante de académicos que actuaban en universidades del extranjero y que estaban en el exilio por razones políticas, pero también la experiencia de los Centros de Investigación privados nacionales que aportaron recursos humanos y tradiciones académicas exigentes en materia de profesionalización de la actividad de investigación (de Sierra, 2005). Muchos de los actuales investigadores y catedráticos de la Facultad de Ciencias Sociales fueron investigadores formados en estos Centros, con lo que mantienen vínculos personales, pero han encontrado su espacio de trabajo académico en la Universidad de la República. Un segundo cambio operado entre 1985 y 1995, es la apertura y desarrollo de un subsector privado en la educación superior. Varias universidades privadas han reclutado investigadores y docentes en estos centros independientes, y uno de ellos, el

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CLAEH se ha desarrollado como instituto universitario con vocación de ser universidad en un futuro próximo. Como consecuencia de estas dinámicas, el sistema universitario se ha beneficiado profundamente de los recursos humanos formados en los centros de investigación independientes. En muchos casos, mediante situaciones de doble afiliación institucional, típicas de la vida académica en el Uruguay, tendiendo puentes y estableciendo contactos entre las diversas instituciones. En otras, en detrimento de los mismos, porque las universidades con mayor poderío económico y estabilidad han reclutado con exclusividad investigadores ya formados y con experiencia provenientes de estos centros. Varios cambios afectaron el desarrollo y crecimiento de los centros de Investigación independientes en las décadas siguientes. Por un lado, en la medida que Uruguay fue consolidando su democracia y su situación económica y social, la cooperación internacional fue mermando hasta llegar a niveles muy bajos en la actualidad. Por otro, la consolidación de las capacidades de investigación en las universidades uruguayas ha reducido la atracción de estos centros para los investigadores. El acceso del Frente Amplio al Gobierno en el año 2005 ha tenido importantes consecuencias sobre el relacionamiento entre centros de investigación y universidades, y en el relacionamiento de estos actores con el Estado. Se ha producido un reclutamiento por parte del gobierno de recursos humanos provenientes tanto de la Universidad de

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la República como de centros de investigación, generando cierta preocupación en estos ámbitos por una pérdida de “acumulación institucional”. Asimismo, se han incrementado las relaciones con la Universidad de la República dada las coincidencias ideológicas con los actores sociales que la conducen, así como la necesidad de recursos técnicos para el desarrollo de programas y políticas como ha pasado con el apoyo dado por la Facultad de Ciencias Sociales al nuevo Ministerio de Desarrollo Social (Gallardo, Garcé y Ravecca 2009). Con anterioridad, la universidad estatal asumió históricamente un papel opositor a los gobiernos de turno, y éstos, en muchos casos, orientaron su búsqueda por conocimiento especializado hacia centros de investigación que se mostraran como más independientes. En consecuencia, el panorama actual registra un sistema universitario dinámico, con ámbitos de la Universidad de la República fortalecidos por un crecimiento de su presupuesto, así como universidades privadas en proceso de crecimiento. Este escenario deja nichos relativamente pequeños para los centros de investigación independientes, los que, de todos modos, han encontrado la forma de subsistir por cuatro décadas.

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Tabla 1 Think Tanks Analizados

Fundación Naturaleza jurídica Área de actividad Presupuesto (US$) Página web Directivo entrevistado

Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)

Instituto de Centro de Educación Popular Investigaciones El Abrojo Económicas (CINVE)

1986 Asociación Civil

1988 Asociación Civil

Participación ciudadana y sociedad civil 490.000

Capacitación, formación y promoción 3.140.000

www. www.elabrojo. lasociedadcivil.org org.uy Anabel Cruz Pedro Delprato

Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)

1975 Asociación Civil

Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) 1985 Asociación Civil

Desarrollo económico y social

Desarrollo económico y social

Ciencias Sociales / Instituto Universitario 470.000

www.cinve.org.uy

www.ceres-uy.org

www.claeh.edu.uy

Diego Aboal

Ernesto Talvi

Néstor da Costa

1957 Asociación Civil

Nota. Elaboración propia del autor.

Tabla 2 Datos Comparativos ICD

El Abrojo

CINVE

CERES

CLAEH

14

13

37

20

13 (1)

De planta

2

11

33

14

12

Asociados

12

2

4

6

1

Doctorado y Maestría

10

5

21

S.N.I

3

1

5

1

2

Docentes universitarios

6

2

20

14 (3)

8

Investigadores TOTAL

Cargo de gobierno (se incluyen en los de planta)

7

(2)

10

0

3

4

0

0

% Investigadores de planta

17%

85%

89%

70%

92%

% de docentes universitarios

43%

15%

54%

70%

62%

% Formación de postgrado

71%

38%

57%

35%

(4)

77%

Nota. Elaboración propia con información recolectada especialmente para el estudio mediante formularios respondidos por las instituciones. (1) Se incluyen exclusivamente los investigadores en Ciencias Sociales, y no los vinculados a las facultades universitarias (Medicina, Derecho y Gestión Cultural). (2) Se incluyen solamente doctores. (3) Solamente cuatro son docentes en Uruguay. (4) Tener en cuenta que solamente se incluyen los doctores.

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3. Principales Factores en las Relaciones entre Centros de Investigación y Universidades a) Dinámicas Observadas Como se ha observado en el recorrido histórico realizado, en Uruguay, como en otros países de América Latina, el “locus” de la investigación social y del policy research ha venido mutando. Los centros de investigación se encuentran en espacios de interacción entre la academia, la investigación y las políticas, y en consecuencia ofrecen un ámbito institucional privilegiado para el trabajo de académicos y profesionales en el campo de la investigación social y de políticas. Para entender mejor estas dinámicas, resulta interesante explorar la idea de public failure desarrollada por Levy (1996), como factor importante para analizar el desarrollo de centros de investigación independientes en América Latina. Sostiene que muchas veces estos centros florecen como consecuencia de fracasos en los gobiernos y las universidades. Cuando los gobiernos no cuentan con el conocimiento necesario para dar respuesta a un problema de política, muchas veces recurren a los centros de investigación independientes en la búsqueda de soluciones. En otros, pueden ser las instituciones universitarias, los ámbitos de apoyo en el repertorio de ideas y de recursos humanos para estas tareas, pero si las mismas no disponen de la densidad de investigación necesaria, casi seguramente serán los centros de investigación privados los que aparecerán como alternativa. Desde esta perspectiva, se han encontrado evidencias de tres dinámicas relevantes. Una primera dinámica a señalar es

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que frente a la carencia de conocimiento especializado por parte del gobierno se ha recurrido a reclutar, especialmente en los dos últimos gobiernos, a personas provenientes de centros de investigación y de universidades (fundamentalmente de la Universidad de la República). En este sentido, un factor que destacan varios de los especialistas consultados es la escasez de recursos altamente calificados dada la escala reducida del Uruguay. Señala Gabriel Oddone en la entrevista realizada. “Los gobiernos necesitan profesionales y reclutan en todos los lugares que pueden. No estoy tan seguro que los think tanks sean objeto de una búsqueda específica como tales dónde los partidos políticos y los gobierno recurran institucionalmente para reclutar personas. Cuando la gente disponible es acotada, cada tanto les toca a los think tanks. No hay una acción sistemática de los partidos de reclutar gente de los think tanks” (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013).

Pero esa estrategia tiene sus dificultades, porque según el entrevistado: “El otro problema que hay es que el gobierno paga muy mal, las personas que ingresan a esos cargos son personas que tienen alguna vocación política o una relación muy cercana con la persona que los convoca. Personas que tienen una vocación por la academia se dediquen full time a un cargo en el gobierno es difícil porque los sueldos que paga el gobierno desde directores general para abajo son exiguos, lo que genera un problema de selección adversa para el reclutamiento de los gobiernos muy importante” (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013)

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Una segunda dinámica observada es el fortalecimiento de las capacidades de investigación de las universidades uruguayas, lo que ha dificultado (pero no impedido) el reclutamiento de investigadores por parte de los centros de investigación. Varias facultades de la Universidad de la República (pero no todas) y algunas universidades privadas han ampliado significativamente el número de docentes de alta dedicación. Si bien todas las instituciones universitarias uruguayas combinan docencia con investigación, se ha producido un aumento de docentes a jornada completa con tiempos asignados a la docencia de posgrado y a la investigación (Landoni y Martínez Sandres, 2011). Estas dinámicas han sido alimentadas por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) la que ha desarrollado un Sistema Nacional de Investigadores y ha incrementado los recursos disponibles para la investigación, sea básica o aplicada. La tercera dinámica reseñada, típica del caso uruguayo, es que existen amplias evidencias de investigadores y recursos expertos con doble afiliación, en centros de investigación y en universidades, tanto públicas como privadas. En muchos casos, la investigación se realiza en el centro de investigación, y en las universidades realizan actividades de docencia tanto de grado como de posgrado. En la mayoría de los casos, es consecuencia de estrategias individuales tanto por razones vocacionales como de complementación de ingresos. De todos modos, desde los centros se apoyan estas iniciativas porque fortalecen vínculos para la realización de actividades conjuntas. Expresa José Rilla académico del CLAEH y docente en la Universidad de la República:

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“Con respecto a la doble afiliación institucional, desde el CLAEH la alentamos, no solo no la censuramos, sino que la buscamos. A nosotros nos cuesta mucho armar dotaciones horarias de cargos que no estén asociadas a la docencia. Es difícil salir del profesor cargo docente. El CLAEH, ahora es más una institución docente. Por lo que si pueden hacer investigación y/o docencia en otra institución, nos parece bien.” (J. Rilla, comunicación personal, 22 de Agosto de 2013).

b) El Financiamiento como Factor Relevante en el Desarrollo de los Centros de Investigación El factor financiamiento es, desde la perspectiva utilizada, un elemento clave para explicar el tipo de relacionamientos que se producen entre los centros de investigación y las universidades en el Uruguay. Los centros de investigación independientes estudiados superan los 25 años de existencia y han demostrado una interesante capacidad de adaptación y resiliencia frente a diversos desafíos planteados a su sustentabilidad económica. Cambios en las matrices de financiamiento, en las exigencias colocadas por organismos internacionales y los Estados para otorgar recursos, competencias por los mismos de parte de otros actores como consultoras privadas o las propias universidades, han obligado a estos centros de investigación a adaptarse para sobrevivir. Los centros de investigación uruguayos, excluyendo los universitarios, recurren a cuatro fuentes de financiamiento: estatal, internacional, empresarial y propio (Gallardo, Garcé y Ravecca 2009). Un estudio reciente Rendir Cuentas – Informe Uruguay (2012), sobre la base de información

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proporcionada por 102 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) señala que el origen del financiamiento de estas organizaciones son: un 55% de recursos provenientes del Estado (47% del gobierno central, el resto de los gobiernos locales), un 18% de la cooperación internacional, y el de otras fuentes menores como el apoyo de las empresas y el aporte de socios. El financiamiento público, en el Uruguay, puede asumir tres formas diferentes. En primer término, financia la prestación de servicios por parte de OCS para el desarrollo actividades en el campo social (formación, promoción, cuidados). En segundo lugar, financia desde distintos Ministerios, convenios para la realización de estudios. Y por último, existe en el país mecanismos para la financiación de la investigación, canalizados a través de una Agencia especializada (ANII), en varias formas, destacándose el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.). Cada uno de estos mecanismos, impacta sobre el relacionamiento entre los centros de investigación y las universidades. El financiamiento estatal por la prestación de servicios en el campo social a OSC, no fortalece sus capacidades institucionales en general, restringiendo desarrollos en materia de investigación. El financiamiento disponible en el campo de las políticas sociales, solamente se dirige a formación y promoción social, y no al financiamiento fortalecimiento institucional, reduciendo las capacidades de investigación y reflexión sobre las prácticas que realizan. No existen subsidios públicos a estas organizaciones sino que los fondos que reciben son exclusivamente por la venta de servicios.

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Varios de los especialistas entrevistados señalan una desconfianza del Estado hacia las OSC, lo que le lleva a imponer exigencias de contralor excesivas sobre los recursos otorgados. Este tipo de financiamiento genera como consecuencias, el restringir el rol de las OSC a meras prestadoras de servicios, y a su vez, dependencia del Estado en cuanto a su financiamiento, lo que limita su autonomía institucional. Señala Anabel Cruz en la entrevista realizada: “La apertura del Estado a trabajar con la sociedad civil no ha fomentado a los think tanks independientes, por el contrario ha fomentado una instrumentalización del aporte de la sociedad civil. Convenios exclusivamente para la ejecución, llave en mano. En los estudios que estamos haciendo vemos que no hay co-gestión de políticas públicas, hay más bien prestación de servicios. Es muy difícil la independencia cuando el 55% de los fondos vienen del Estado, y la cooperación internacional bajó mucho. Hay organizaciones con un presupuesto altísimo que precisamente ejecutan políticas. Doce OSC concentran buena parte de las transferencias del Estado, por ejemplo, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Los convenios con el MIDES te hacen rendir hasta los boletos usados, no podés usar nafta; los convenios son para ejecutar la política, no hay fondos para el fortalecimiento institucional. No hay recursos para financiar la estructura.” (A. Cruz, comunicación personal, 9 de Septiembre de 2013)

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Los financiamientos mediante convenios para la realización de estudios, muchas veces por mecanismos de concurso, suelen ser asignados a departamentos universitarios, aunque también algunos centros de investigación independientes compiten por esos recursos. Los nuevos mecanismos de financiamiento a la investigación en el país con la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) abren algunas oportunidades a los centros de investigación con capacidad institucional instalada en materia de investigación. Algunos investigadores de los centros se han presentado al Sistema Nacional de Investigadores aunque pocos han podido acceder a los fondos competitivos de investigación, los que se han concentrado, fundamentalmente en las universidades y en particular, en la principal institución universitaria del país, la Universidad de la República. El financiamiento internacional ha sido, tradicionalmente, una fuente relevante de financiamiento de los centros de investigación. Influyó decisivamente en su origen, porque como expresa Prates “los centros desarrollaron su actividad en base al apoyo financiero internacional. En un país bajo dictadura y con la Universidad intervenida, este apoyo se canalizaba hacia los centros autónomos.” (Prates, 1987, p. 59) Si bien esta fuente se ha reducido como consecuencia del crecimiento económico del país que restringe su capacidad de recibir cooperación, esto se ha venido sustituyendo por una apertura de los centros a la colaboración internacional y la participación en redes. Varios de los centros de investiga-

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ción estudiados dedican esfuerzos importantes a su acción internacional. Restricciones de los marcos regulatorios nacionales (Cruz y Pousadela, 2008) y la falta de cultura filantrópica doméstica han limitado el acceso a recursos provenientes de las empresas y organizaciones donantes, en particular, las donaciones que se realizan por deducciones tributarias, solamente pueden beneficiar a instituciones educativas y a fundaciones vinculadas al ámbito de la salud, lo que dificulta el acceso de los centros de investigación nacionales a estos recursos. De todos modos, hay expectativas respecto a que el financiamiento privado empresarial pueda ser relevante en el futuro. Indica un especialista en temas de sociedad civil consultado: “Estamos entrando en una era en que el sector empresarial se está dando cuenta que puede jugar un rol importante y en la medida que tenga retorno, le vale la pena invertir. El rol que antes jugaba la cooperación internacional hoy lo está empezando a jugar el sector empresarial. En lógica de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en lo que se denomina la tercera generación de RSE ya no es “marketing social” es una preocupación de la empresa por generar nuevos modelos de respuesta. ¿Qué es lo que hace Fundación Telefónica? Fundación Telefónica se ha asociado a organizaciones y especialistas y se ha convertido en el think tank de trabajo infantil. Una empresa que vende celulares generó un nicho y ha fomentado la acumulación de conocimiento en ese tema.” (J. Pereira, comunicación personal, 3 de Octubre de 2013).

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Finalmente, algunos centros de investigación han desarrollado actividades de formación, cobrando por sus cursos. En algún caso, como el CLAEH y el CIEP, las actividades formativas se han convertido en sus principales fuentes de financiamiento, reconvirtiéndose, más bien a instituciones educativas.

4. Estudios de Caso El estudio analiza los casos del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), el Centro de la Realidad Económica y Social (CERES), el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y el Instituto de Educación Popular (El Abrojo). Las instituciones seleccionadas cumplen con los criterios definidos para el concepto de think tank. A través de su trayectoria de más de 25 años, todos estos centros han sabido adaptarse operados en la sociedad uruguaya para asegurar su sustentabilidad, demostrando ser “resilientes” a cambios de entorno, especialmente en las dinámicas de financiamiento. Todos ellos han realizado aportes significativos al debate político y de políticas en el Uruguay, realizando estudios y reflexionando sobre sus prácticas y experiencias. Estas entidades representan en forma relativamente adecuada el complejo mundo de las organizaciones que inciden en la incorporación de conocimiento técnico especializado e investigación social en las políticas públicas en el Uruguay. Los estudios de casos se desarrollaron fundamentalmente en base a entrevistas a directivos de las propias institucio-

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nes así como a investigadores universitarios, especialistas y actores de la sociedad civil. Esta información se complementó con datos estadísticos y documentos institucionales aportados por las instituciones así como de otras fuentes disponibles. a) Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) El Instituto de Comunicación y Desarrollo fue fundado en el año 1986. Su accionar se orienta a la construcción de ciudadanía y a la promoción de la democracia y la transparencia. Su misión establece como objetivo “Generar conocimientos y realizar acciones que fortalezcan la participación ciudadana y la mayor incidencia de la sociedad civil en la democracia, la integración y el desarrollo a nivel nacional e internacional”. Tiene definidas como líneas estratégicas de trabajo para el período 2010-2015 las siguientes: • Promoción de derechos: lograr un espacio habilitante para el trabajo de la sociedad civil de forma autónoma. • Impulso de la responsabilidad social: fomento de instituciones transparentes y actores sociales con alta rendición de cuentas, a través de actividades de investigación, capacitación, promoción y otros mecanismos. • Incidencia en políticas públicas: debate, cabildeo y propuestas a nivel nacional e internacional, hacia gobiernos, organismos intergubernamentales, ONG internacionales, sector académico y otros actores relevantes.

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Sus directivos, Fernando Barreiro y Anabel Cruz han sido los primeros investigadores en estudiar a las Organizaciones no Gubernamentales en el Uruguay. Su estudio pionero (Barreiro y Cruz, 1988) sobre el rol de las ONG´s en la apertura democrática uruguaya es la primera reflexión en el país sobre estos temas y ha tenido efectos perdurables en la investigación sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y se relación con el Estado. En sus más de 25 años de historia, ICD ha mantenido un registro actualizado sobre este tipo de organizaciones en el Uruguay, siendo una fuente confiable de información sobre su organización y recursos disponibles. En los últimos años, ha aportado esta información al Programa Rendir Cuentas definido como una iniciativa regional de la sociedad civil para la transparencia y la rendición de cuentas. En el estudio realizado en el año 2012, se relevaron 102 OSC uruguayas. ICD es parte de varias redes regionales y fundadora de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG). Entre sus acciones preferenciales se encuentran las campañas para la promoción de derechos y el cabildeo con actores políticos y gubernamentales, siempre desde estudios e investigaciones previas, fomentando un debate informado sobre los temas. Se definen como una Organización de la Sociedad Civil (OSC) y no como un think tank puro. Expresa una de sus investigadoras:

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“ICD no es un think tank puro, porque los think tank investigan, producen conocimiento, inciden, pero no tienen mucho vínculo con las “bases”. Nosotros tenemos un vínculo con la sociedad civil organizada. No solamente los estudiamos, producimos información, sino que tenemos otro tipo de vínculos. Le damos mucha importancia a la escucha en terreno, al trabajo directo, al trabajo con los beneficiarios. Estamos muy cerca de las bases, del territorio. No somos proveedores de servicios pero sí tenemos relación con beneficiarios. En la generación de procesos, de herramientas. Un ejemplo: participamos de una investigación en 10 países sobre la situación de la transparencia y la rendición de cuentas de las OSC. Muchas de las recomendaciones fueron la falta de herramientas, por ejemplo, proponemos la autorregulación a través de rendir cuentas.” (A. Bettoni, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013)

Han mantenido una proporción relativamente alta de financiamiento de fuente internacional. Los fondos públicos que reciben no superan el 10% de su presupuesto porque han procurado mantenerse alejados de la provisión de servicios al Estado uruguayo. Buena parte de sus tareas incluyen acciones de formación y capacitación. Sus áreas principales de trabajo son la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) siempre desde una perspectiva de hacer visible al sector. Destacan el trabajo realizado con la Mesa del Voluntariado convocada por el MIDES aportando investigación que ha culminado en varias publicaciones. Según su directora Anabel Cruz, la incidencia es parte fundamental de su trabajo:

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“Nos preocupa la incidencia. Hacemos investigación y consultoría, en el sentido de estudios específicos, y también capacitación. Hacemos acciones de cabildeo. Nuestro trabajo se concentra en el diagnóstico de problemas y su incorporación en la agenda pública. El posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad civil. Los primeros años hicimos un trabajo de visibilización del sector. El aporte de ICD en términos de investigación, en términos conceptuales, fue el estudio de la sociedad civil y sus organizaciones. Y ahora trabajamos fuertemente en participación. Trabajamos por la identidad del sector, fundamos ANONG (Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales), luchamos mucho por la construcción de un espacio colectivo para estas organizaciones, y eso es también un trabajo de incidencia. ” (A. Cruz, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013).

Y con relación al financiamiento, señala: “No hemos cambiado de rumbo porque quisiéramos recibir fondos estatales. Hemos establecido convenios para trabajar los temas de participación, de fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil. Hemos mantenido la misión institucional.” (A. Cruz, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013).

Esta organización dispone de un equipo de trabajo estable relativamente pequeño pero que ha tenido gran continuidad a lo largo del tiempo. El equipo se amplía y contrata recursos externos pero vinculados cuando obtiene financiamiento para proyectos, especialmente con recursos del exterior, siendo bastante exitoso en el acceso de dichos fondos. Definen a su relacionamiento con las universidades como de cooperación, aunque no disponen de ningún convenio

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específico. Muchos de los vínculos, aun con universidades nacionales, se dan por la participación en redes internacionales. Señalan que muchos de los relaciones se dan por vínculos con personas específicas, tanto en Uruguay como en el extranjero, que se expresa en el trabajo conjunto en proyectos, así como la realización de seminarios y cursos. De todos modos, las entrevistadas señalan que: “Las universidades son muy autocentradas, se miran mucho el ombligo, y dan poca importancia a la sociedad civil. En otros países la situación es diferente, valoran que seas profesional y sepas del tema.” (Entrevistas citadas).

b) Instituto de Educación Popular “El Abrojo” El Abrojo es una Organización no Gubernamental fundada en el año 1988 dedicada fundamentalmente al combate de la pobreza y la exclusión social en el país. Con un inicio dedicado fundamentalmente a actividades de capacitación y formación de jóvenes desertores del sistema educativo, ha evolucionado a un rol activo en la discusión y el diseño de políticas públicas, en particular en el campo social. Para varios analistas de políticas, jugó un papel importante en la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, primera administración del Frente Amplio. En este sentido fue relevante la publicación coordinada por su entonces director, Gustavo Leal en el año 2003, denominada “Exclusiones y Ciudadanías: Ideas nuevas para problemas viejos” en la que se analiza en profundidad los problemas sociales que

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están ocurriendo en Uruguay como consecuencia de la crisis económica de esos años, y la necesidad de implementar políticas en el campo social. En su misión, la organización El Abrojo se plantea como aspiración ser: “…idea y acción, y que ambos elementos constituyan un diferencial y un aspecto distintivo de nuestra organización en el concierto de las ONG´s. Es decir, queremos una organización que se proponga intervenir en la realidad a partir de acciones, proyectos y actividades concretas. Pero también creemos necesario actuar en el debate público, político y académico de las temáticas relacionadas con las políticas sociales, los derechos humanos y la construcción de espacios cada vez más amplios de ciudadanía. Esto sin duda nos enfrenta al desafío de participar en escenarios de debate, desplegar estrategias para ser referencias conceptuales en determinadas temáticas y dar a conocer nuestro trabajo difundiéndolo con claridad a través de estrategias discursivas comunes.”

Pedro Delprato, uno de sus directivos señala que en El Abrojo predomina un perfil de ONG pero les preocupa la incidencia: “En cuanto a trabajar desde la incidencia, siempre. Es la identidad que le hemos querido dar a la institución y parte de nuestro cometido, el objetivo es incidir en las políticas públicas. Cuando nos miramos hacia adentro, no nos sentimos tan así. Cuando salimos afuera nos damos cuenta que aportamos bastante más de lo que pensamos. Sentimos una diferenciación, la salida de gente hacia el Estado ha generado una sensación de vaciamiento desde la so-

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ciedad civil.” (P. Delprato, comunicación personal, 30 de Agosto de 2013)

Desarrolla un conjunto importante de programas en el campo de las adicciones, la formación socio-laboral y de habilidades para la vida, la recreación y el tiempo libre, así como en temas ecológicos. Dispone de más de cien profesionales en su equipo, mucho de los cuales se dedican a actividades de capacitación y promoción social, aunque algunos logran desarrollan algunas actividades de investigación asociadas a las líneas de acción en las que trabajan. Para el desarrollo de estas actividades, ha suscripto convenios con un número significativo de entidades estatales nacionales (Ministerio de Desarrollo Social, Instituto del Niño y el Adolescente en el Uruguay, Junta Nacional de Drogas), departamentales (Intendencias de Montevideo y Flores), paraestatales (Instituto de Formación Profesional) así como empresas privadas (Telefónica de España, Movistar Uruguay). El 70% de su financiamiento proviene del Estado, tanto del gobierno central como de los departamentales. Ha disminuido la cooperación internacional y ha aumentado el financiamiento de empresas privadas, en particular por el apoyo recibido por Telefónica para su programa Pro Niño. Su presupuesto en el año 2012 superó los US$ 3 millones. Es interesante destacar que en el año 1998, El Abrojo hizo un ejercicio de planificación estratégica y decidieron diversificarse institucionalmente, creando una Fundación para trabajar con la diáspora uruguaya, una cooperativa de trabajo y servicio para dar continuidad a las personas en proceso de formación para el empleo y un instituto de formación

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(Fundación Instituto de Altos Estudios - IAE). Respecto de este Instituto el director entrevistado explicó: “El IAE se planteó cómo transformar los conocimientos que se generaban a través de la sistematizaciones de El Abrojo en aprendizajes hacia un espacio más académico. Estaba formado por instituciones: Centro de Formación en Educación especializada, IELSUR y en algún momento la Universidad para la Paz. La idea era hacer tanto docencia como investigación. El objetivo era sacar los aprendizajes desde lo cotidiano y generar contenidos académicos. Había tres compañeros encargados de llevar adelante estas ideas. Su auge fue entre el 2004 y el 2008. Se hicieron estudios a nivel internacional. La gente que estaba en esto ahora está en la esfera del gobierno, lo que implicó desarmar la estructura. Creo que no nos dio el cuerpo para darle continuidad a eso.” (P. Delprato, comunicación personal, 30 de Agosto de 2013)

Varios de sus cuadros directivos han sido reclutados por los gobiernos del Frente Amplio, lo que es vivido con algunas dificultades por los actuales responsables, en la medida que consideran que han perdido “acumulación” en términos de investigación y reflexión crítica sobre su accionar en el campo de las políticas sociales. El Abrojo ha sido protagonista de algunas políticas y programas relevantes en el país, destacándose su reflexión en el tema de adicciones y drogas, así como el Programa Maestros Comunitarios. Con las universidades interactúan cuando son convocados, en particular en espacios institucionalizados. Valoran estos espacios, aunque señalan como dificultad la diferencia en el manejo de los tiempos. Indica el entrevistado:

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“Los tiempos que tenemos las ONG no son los tiempos de las universidades. Nuestros tiempos son más rápidos en los que tenemos que dar cuenta de las actividades. La universidad tiene su propio calendario de clases y su agenda de investigación que no siempre coincide con nuestros tiempos y prioridades. Colaboramos en el tema de pasantías pero los formatos de práctica no siempre coinciden con los tiempos nuestros. Es un tema que se podría involucrar más en cómo compatibilizar las prácticas de estudiantes con los proyectos de las instituciones. El acceso a financiamiento para hacer investigación está muy fragmentado para lograr generar los recursos. Tenés que conseguir a la persona justa en el lugar justo para proponer alguna investigación, o nosotros conseguir financiamiento para hacer investigación dentro del proyecto, hay que derivar recursos internamente, y no como interacción entre instituciones. En general vinculamos algún investigador universitario pero como desarrollo propio.” (P. Delprato, comunicación personal, 30 de Agosto de 2013)

c) Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) El Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) inició sus actividades en 1975. Fue un espacio de investigación creado por investigadores provenientes de la Universidad de la República durante el gobierno militar. Se define como una organización no gubernamental independiente, no relacionada con ninguna asociación gremial, religiosa o política. Se considera una institución “académica” privada. Sus objetivos son: • Promover y realizar investigación sobre la economía nacional, regional y mundial.

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• Contribuir al desarrollo de la ciencia económica. • Capacitar recursos humanos en las áreas de su especialidad. CINVE realiza estudios e investigaciones, difunde los resultados de sus trabajos, organiza talleres, encuentros y seminarios, dicta cursos y programas de capacitación y especialización y mantiene un programa de formación de jóvenes investigadores. Según su Director Diego Aboal: “Sin dudas nos vemos como un think tank. Somos un centro Independiente de investigación y formación aunque con cierta lógica de ONG. Intentamos llegar con las investigaciones que hacemos, esto es, somos una mezcla en la que nuestra investigaciones buscan tanto ser producción académica pero también con intención de llegar a influir en la política.” (D. Aboal, comunicación personal, 28 de Agosto de 2013)

El centro cuenta con un equipo amplio y estable de investigadores varios de ellos a tiempo total y otros a tiempo parcial. Prácticamente todos los investigadores son docentes universitarios, algunos en la Universidad de la República y otros en la Universidad ORT Uruguay. CINVE ha suscripto un convenio formal con esta universidad privada, por una complementariedad de intereses y para facilitar las actividades docentes de sus investigadores.

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Su reclutamiento apunta a recursos que tengan nivel de doctorado y en áreas relacionadas con la economía y los métodos cuantitativos. Tienen como un itinerario ideal del proceso formativo de sus integrantes que definen de la siguiente forma: “Es difícil reclutar gente que ya tiene doctorado, pero también hay un aspecto de la “filosofía de la institución” que no se aprende luego. El proceso es que la gente que ingresa como asistente de investigación, intentamos que vaya a estudiar afuera, y a una parte de ellos intentamos atraerlos de nuevo a la institución. Es la forma típica de reclutamiento de recursos humanos. En algunos casos ha habido apoyo monetario, pero en general, el apoyo es haberle conseguidos contactos y colaborado con la obtención de becas”. (D. Aboal, comunicación personal, 28 de Agosto de 2013)

CINVE participa de varias redes académicas y de investigación, destacándose su participación en la Red MERCOSUR de investigaciones económicas. Ha realizado investigaciones y trabajos para múltiples organismos públicos de Uruguay y otros países, así como a varias agencias y organizaciones internacionales. Su Director destaca la importancia de las vinculaciones internacionales para el desarrollo del centro: “Nuestro ámbito es la economía, y cada vez hacemos más cosas a nivel internacional, cada vez más ejecutamos proyectos a nivel internacional. Por ejemplo, estamos terminando un proyecto financiado por el IRDC, y estamos coordinando otro con el BID a nivel de ocho países. El proyecto es sobre innovación y productividad.

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Hemos trabajado en Paraguay, y realizamos actividades con una organización del Reino Unido. Es una estrategia explícita la internacionalización. Aún para competir localmente precisás posicionarte en el nivel internacional. Incluso en materia de publicaciones, tratamos de publicar en revistas internacionales, y es una estrategia que hace parte de un posicionamiento internacional. La competencia es cada vez mayor, algunas políticas de la ANII y el S.N.I. han marcado eso, y por eso tenemos una política explícita de ir más hacia lo internacional. Eso aumenta el pool al que podemos acceder.” (D. Aboal, comunicación personal, 28 de Agosto de 2013)

Varios de los investigadores de CINVE ocupan cargos de responsabilidad política en el gobierno actual, siendo el más destacado el primer Ministro de Economía y Finanzas de la administración Mujica (2010 – 2013), el Dr. Fernando Lorenzo. La institución señala que mientras ocupan cargos de gobierno, los investigadores quedan en suspenso en la organización sin realizar actividades. Es interesante el análisis realizado por Gabriel Oddone, investigador de CINVE y consultor en la consultora CPA Ferrere sobre el problema del reclutamiento gubernamental de investigadores en centros independientes: “Conozco el caso de CINVE cuando Fernando Lorenzo ingresó al gobierno. Fernando fue un fundamentalista de no desmantelar CINVE porque conocíamos la experiencia de CIEPLAN con la llegada de la Concertación al gobierno en Chile y cómo había sido desmantelada. CIEPLAN es la institución prima hermana de CINVE en Chile, para nosotros es una institución de referencia, todos ellos muy amigos nuestros. Fernando fue radical y prometió no llevarse a los cuadros jóvenes que eran los más atractivos por

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ocupar funciones de apoyo al rol que iba a prestar. Hubo alguna persona que se llevó pero fundamentalmente porque no querían seguir en CINVE. Algunos ingresos al gobierno fueron de cuadros más senior”. (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013)

Y luego ejemplifica respecto a cómo se da el tema del reclutamiento de cuadros por los gobiernos: “Un ejemplo vinculado a CINVE es el de la reforma tributaria. En el equipo que estuvo trabajando en el diseño de un sistema tributario estuvo gente de CINVE como Carlos Grau. ¿Por qué fue convocado? ¿Por qué CINVE tenía una reflexión acumulada y una demarcación clara sobre qué hacer en materia tributaria? No, fue porque Grau era profesor en la UDELAR de finanzas públicas, tenía cosas publicadas sobre temas tributarios y eficiencia del gasto, y por eso fue convocado en un equipo que iba a haber otros economistas y “tributaristas”. Esto fue más frecuente en el primer gobierno del FA que en gobiernos anteriores o el actual. Entre el entusiasmo de intelectuales y profesionales de izquierda y una agenda reformista en varias áreas y había un espíritu fundacional. Terminó reclutando a varias personas para los procesos de reforma de salud y tributaria. (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013).

De todos modos, CINVE mantiene un conjunto calificado de investigadores en sus planteles, varios de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay.

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Con relación a los vínculos con las universidades sostiene su director: “Tenemos en general una relación de cooperación, pero que normalmente no está institucionalizada sino que ocurre a nivel de investigadores. El único convenio formal es con la Universidad ORT. Hemos compartido proyectos, seminarios e investigaciones con la Universidad de la República. Ha sido más colaboración entre investigadores que entre instituciones. No tenemos relacionamiento formal que vaya por las autoridades sino entre los investigadores. Las relaciones son tanto competencia como de cooperación. Hay competencia, hay llamados en los que competimos. Las relaciones son tema a tema, y entre investigadores. Hemos hecho publicaciones conjuntas: investigadores que son docentes universitarios, proyectos conjuntos, seminarios y estudios conjuntos.” (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013).

Y reflexiona: “A veces es más fácil cooperar con una universidad privada que con la Universidad de la República. En la segunda tiene que pasar por muchos ámbitos y por ende, pasa por más vetos. Depende de las autoridades, y el decano actual es más fácil. Pero siempre hay una carga burocrática mayor en la UDELAR. Es complicado cooperar en forma formal. Que haya más densidad de investigación en la UDELAR ayuda a que tengamos más actividades en conjunto, tenemos más posibilidad de interactuar con gente interesante, que hace cosas parecidas a las que hacemos nosotros. Los incentivos son cada vez mayores a jugar en ligas internacionales y en la frontera del conocimiento. Los incentivos vienen dados por la ANII pero también por la competencia internacional, incluso proyectos del

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BID y otros son cada vez más exigentes con el curriculum. Tratamos de reaccionar acorde a eso.” (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013).

d) Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) El Centro de Estudios de la Realidad Económico y Social (CERES) fue creado en el año 1985, año del regreso de la democracia en el Uruguay. Desde una perspectiva internacional, es el centro de investigación uruguayo más parecido al modelo anglosajón think tank, tanto en sus fuentes de financiamiento que provienen de empresas y de la venta de servicios de consultoría, como en su esfuerzo de independencia con relación a sectores políticos y sociales, sin perjuicio de un sesgo liberal en su mirada de la economía y la política. CERES se define a sí mismo como un centro de investigación independiente y sin fines de lucro, dedicado al análisis económico de las economías de América Latina, al diseño de políticas públicas y a promover su debate a nivel local y en foros internacionales. Un rasgo típico de este centro es su accionar más allá de Uruguay dada la pequeña escala del país y de esa manera ampliar sus posibilidades de financiamiento.

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Como expresa su Director Ernesto Talvi: “El objetivo de CERES es aportar ideas relevantes para mejorar la calidad del debate público y de la formulación de políticas públicas, a través de un análisis innovador, riguroso e independiente.” (E. Talvi, formulario, 5de Diciembre de 2013).

Es un centro de investigación especialmente preocupado por realizar análisis, formular propuestas y plantear opiniones sobre asuntos claves de la agenda pública. CERES organiza, dos veces al año, la presentación de Informes de Coyuntura de amplia repercusión pública, y su Director, Ernesto Talvi es habitualmente consultado por medios de prensa sobre temas de relevancia económica y social. En los últimos años, han expandido su espectro de temas de análisis especialmente en los campos de la educación, la seguridad ciudadana y la calidad institucional, por los desafíos que enfrenta el Uruguay en dichos ámbitos. Su equipo de investigación es relativamente pequeño con dos investigadores senior y un conjunto de investigadores junior, algunos de los cuales se encuentran en proceso de formación fuera del país. Un investigador senior está en el Sistema Nacional de Investigadores en el Uruguay. Su planta se ensancha para la ejecución de proyectos con financiamiento específico, reclutando investigadores reconocidos tanto en el país como en el extranjero, dado el prestigio del que goza la organización. Su vínculo con el sistema universitario lo define como de “cooperación con independencia” y se concreta en investi-

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gaciones, proyectos y publicaciones. En este sentido destaca su director: “Contar con un cuerpo de investigadores full time, que dictan clases a nivel de postgrado y que tiene contactos fluidos con prestigiosas universidades del exterior, es un insumo fundamental para el desarrollo de vínculos con instituciones universitarias”. (E. Talvi, formulario, 5de Diciembre de 2013).

Sin embargo, tiene definido como política: “CERES sólo permite la docencia universitaria como trabajo complementario y sin distinguir entre universidades. Esta decisión queda a criterio del investigador”. (E. Talvi, formulario, 5de Diciembre de 2013).

En el Informe “Global Go To Think Tanks Report and Policy Advice 2012” del Programa de Think Tanks y Sociedad Civil de la Universidad de Pennsylvania (McGann, 2013) CERES ocupa el lugar 132 en el mundo, el 5° en Latinoamérica y el puesto 36 de los especializados en Política Económica. En la estrategia de la institución es fundamental el vínculo con académicos de instituciones universitarias de Estados Unidos y Europa, lo que facilita, entre otras cosas, que muchos de los investigadores en proceso de formación, accedan a postgrados en reconocidas universidades internacionales. Ha suscrito un convenio con la Brookings Institution de Washington DC.

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CERES jerarquiza la independencia en su acción investigadora y pública. En este sentido, señala su director: “Ocupar cargos de gobierno o tener actividad político partidaria es incompatible con el trabajo en CERES. Este es un aspecto fundamental para garantizar la independencia de la institución.” (E. Talvi, formulario, 5de Diciembre de 2013)

e) Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) El CLAEH fue fundado en el año 1957 bajo la inspiración doctrinaria de la corriente de Economía y Humanismo promovida por el P. Louis Joseph Lebret. Desde su creación, el CLAEH ha conjugado la investigación científica interdisciplinaria y la intervención social, con debates dirigidos a proponer políticas públicas. A lo largo de su extensa trayectoria ha cumplido un rol destacado en el desarrollo de la investigación y la docencia en las ciencias sociales y humanas en el país. En sus inicios, fue un espacio de elaboración de pensamiento cercano a la Democracia Cristiana en el Uruguay, con la presencia señera del entonces líder de dicho partido político y figura fundacional de las Ciencias Sociales en el país, el Arq. Juan Pablo Terra. Durante el gobierno militar (1973 – 1985) fue un reducto de pensamiento independiente en el que recalaron diversos investigadores excluidos de la estatal Universidad de la República. Al regreso de la democracia y con apoyo de organismos internacionales desarrolló investigaciones y estudios relevantes para el país.

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Son varios los aportes del CLAEH a la política y las políticas en el país. Siguiendo los estudios de Juan Pablo Terra, el centro ha aportado reflexiones sobre el Uruguay rural y luego en la temática de desarrollo regional y local, en temas de pobreza e infancia así como en las políticas sociales. Por otra parte sus investigaciones sobre el sistema de partidos y el parlamentarismo han tenido consecuencias no solamente en la academia politológica sino que también en el debate político y constitucional del país. Su Director Académico, Néstor Da Costa, responde a la consulta si el CLAEH es un centro de investigación: “Con relación al rol del CLAEH como think tank habría que hacer un balance y entornando la vista, diciendo, bueno el CLAEH en 50 años, sin importar en qué formato, en que volcó sus capacidades. Te empiezan a reconocer como think tank sin que vos tengas mucha idea de qué son y cómo funcionan, no era tanto la imagen que proyectabas, sino la mirada sobre vos que hacían otros, pero entre la imagen y la mirada es donde se define la identidad. Por mucho tiempo el CLAEH estuvo instalado también en ese rol, pero nunca de forma exclusiva. (N. da Costa, comunicación personal, 22 de Agosto de 2013).

Como consecuencia de la aprobación de una regulación que admitió el desarrollo de instituciones universitarias privadas, en el año 1998 decidió constituir un Instituto Universitario con una oferta de programas de posgrado en sus áreas de trabajo en los campos de las ciencias sociales y las humanidades. En el año 2005, da un giro en su estrategia institucional y abre carreras de grado, en Montevideo

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la Licenciatura en Gestión Cultural, y en Maldonado, primero con la carrera de Medicina, siendo la primera y única institución universitaria privada en este campo, y luego con Derecho. Durante este tiempo, continua con actividades de investigación y desarrollo en el campo social. Analizando esta evolución, señala uno de sus investigadores: “El CLAEH fue, primero, centro independiente de investigación, durante los tiempos de la dictadura y del auge de la cooperación internacional fue más cabalmente una ONG, cuando la expresión ONG estaba en su apogeo. Desde el año 1997 somos un centro universitario que no quiere abandonar su condición de centro de investigación y ONG. Nosotros queremos ser una universidad diferente a las que hay en el Uruguay que no deja por el camino, ninguna de sus acumulaciones. Hoy queremos ir hacia la consolidación de una institución plenamente universitaria, pero tomando en cuenta esta tradición; la tradición de las relaciones con la sociedad, con las redes de actores sociales, con programas, en relación con gobiernos locales, manteniendo la independencia de la institución. Cuando el CLAEH se constituye en Instituto Universitario, no cambia su personería jurídica, sí se tuvo que hacer un reajuste de estatuto importante, hubo una discusión interna muy fuerte. (J. Rilla, comunican personal, 22 de Agosto de 2013).

Si bien es hoy una institución universitaria, el CLAEH no ha perdido ni su naturaleza de OSC desarrollando un número importantes de actividades en convenio con organizaciones estatales ni su perfil de centro de investigación con influencia en el debate de políticas. Esto ha dado lugar a im-

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portantes discusiones y análisis internos sobre el desarrollo institucional futuro. El investigador entrevistado evalúa las consecuencias del derrotero institucional: “La experiencia del CLAEH en el campo de la educación superior es un camino raro el que hace. Viene de la investigación, su capital principal es la investigación, había hecho formación en educación superior en la dictadura pero sobre la base de la investigación. Empieza el camino universitario en 1997 con postgrados, una cosa rara, eso tiene una explicación que es que venía de la investigación y vos podes tener postgrados si tenés investigación, si no, después, a medida que se nos fue acogotando el cuello en términos de recursos, los postgrados tenían poca capacidad de renovación y la investigación se iba empobreciendo (ya se tenía menos margen y había aparecido la competencia de las universidades principalmente de le UdelaR, que fue perjudicando todas las iniciativas), y se pasó de postgrado a grado con medicina, derecho y gestión cultural. Es un itinerario curioso pero bastante interesante como aporte a la educación superior.

El resultado es: “nosotros hoy no tenemos nada que respalde a la institución más allá que la gente que es alumna, no tenemos una empresa, no tenemos un partido político, no tenemos una iglesia, no tenemos una organización social fuerte, un logo empresarial o una colectividad, nada. Eso te da mucha independencia, pero a la vez te da mucha debilidad.” (J. Rilla, comunican personal, 22 de Agosto de 2013).

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El cambio operado en la institución, le plantea algunos desafíos importantes, tanto de identidad como de visibilidad pública. Eso afecta su relacionamiento con otras instituciones universitarias. Sostiene el entrevistado: “Nosotros, desde el punto de vista de las relaciones con las universidades nacionales tenemos una dificultad que es la de nuestra propia naturaleza Es muy difícil explicar en el mundo qué es el CLAEH, es muy difícil de explicar en el mundo académico, es muy difícil de explicar en el mundo universitario, es muy difícil de explicar en el mercado también, nosotros vivimos de las matrículas. Para que un padre diga “Yo le voy a pagar la carrera a mi hijo” ya sea en medicina o gestión cultural y pregunta “¿y esto qué es?”, bueno señor, es un instituto universitario, nosotros ya ahí tenemos un problema que inmediatamente repica en la relación que nosotros tenemos con las demás universidades, que refuerza a veces los perfiles de competencia y de cooperación. Estamos muy atentos a lo que hacen los otros, tratamos de no duplicarlo.” (J. Rilla, comunican personal, 22 de Agosto de 2013).

El 95% de los ingresos del CLAEH hoy provienen de la matrícula estudiantil de las carreras de grado, fundamentalmente, y algo de postgrado. La investigación actual del centro está, fundamentalmente, asociada a las carreras que imparte. En el Informe “Global Go To Think Tanks Report and Policy Advice 2012” mencionado (McGann, 2013), el CLAEH ocupa el puesto 16 en Latinoamérica.

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Su Revista “Cuadernos del CLAEH” es la decana de las revistas académicas de Ciencias Sociales en el Uruguay y tiene un reconocido prestigio regional e internacional. Se ha mantenido a lo largo de los años como un espacio de encuentro de los investigadores de las ciencias sociales en el país. La Revista es especialmente valorada por la institución: “Al ser una revista arbitrada, tiene un valor apetente para esas personas que saben que tienen que publicar cada cierto tiempo. Si la revista la sacáramos solo con la producción propia, que no creo que fuera una opción válida, casi no saldría. Es un punto complicado. Al mismo tiempo es un asset, un recurso para mantener la investigación, para mantener la imagen y mantener ciertas dinámicas, como la formidable hemeroteca que tiene la biblioteca. Esas revistas que llegan todas las semanas por canje es un capital enorme, el reconocimiento que tiene una revista que tiene cien números es muy grande.” (J. Rilla, comunican personal, 22 de Agosto de 2013).

5. Relaciones entre Centros de Investigación y Universidades: Cooperación y Competencia a) Poca Formalidad, Muchos Contactos Tres convenios entre centros de investigación y universidades se han identificado en el marco de este estudio, y solamente uno se encuentra activo. El primer acuerdo, fue firmado entre los cinco centros de investigación independientes (CLAEH, CINVE, CIESU, CIEDUR y CIEP) y la Universidad de la República al

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regreso de la democracia en el país (Prates 1987). Sin embargo, este acuerdo, en la práctica no se encuentra vigente. Recuerda el ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Jorge Landinelli sobre dicho período: “Los centros privados de investigación que nacieron en la época autoritaria, fueron más bien un refugio de un quehacer intelectual que había sido excluidos de los ámbitos universitarios, y cumplieron esa función a cabalidad. Cuando se inicia el proceso de restauración democrática en el universidad, recuperación de la autonomía, el criterio que predomina es el de no competir con esos centros, sino establecer una coexistencia razonable y establecer vínculos de vinculación e intercambio que entre otras cosas permitieron la creación de una Facultad de Ciencias Sociales. No obstante, nunca se llegó a un nivel de complementariedad entre la UDELAR/FCS y los Centros; los centros mantuvieron con su actividad autónoma, cosa que reivindicaron para no quedar subsumidos en el andamiaje puramente universitario, y creo que era también voluntad de la UDELAR de no avanzar en una sociedad con los centros que algún modo condicionara su iniciativa. Hubo intercambio pero no complementariedad ni asociación.” (J. Landinelli, comunicación personal, 18 de Diciembre de 2013).

El marco normativo de la Universidad de la República y su dimensión y peso en la vida académica del país, dificultan los convenios con dicha institución. Señala José Rilla: “Con la UdelaR es difícil jurídicamente, ¿verdad?, no hemos encontrado la forma de que se apruebe un convenio con un privado que además sea una universidad, por más de que sea el CLAEH. Van a decir que no está prohibido y que hay un convenio marco de

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la época de Samuel (Lichtenstein) pero de hecho no camina.” (J. Rilla, comunicación personal, 22 de Agosto de 2013)

En sentido similar se expresa Luis E. González: “Por la desmesura de la UDELAR frente a otros actores, se ve como la institución dominante en la educación superior y la investigación en el país, en una configuración de la que nadie es individualmente responsable” (L. E. González, comunicación personal, 19 de Diciembre 2013)

De todos modos, hay actores que ven en la institución cambios de actitud: “Existía un celo profesional de la Universidad de la República de no cooperar mucho en el pasado, pero hoy no es así. La colaboración se da por la vía de los hechos. “(G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013)

El segundo convenio fue firmado entre la Universidad Católica del Uruguay y el Instituto Universitario CLAEH. Incluyó un convenio marco de cooperación entre las instituciones, y uno específico para el desarrollo de programas de postgrado conjuntos en las áreas del Desarrollo Local, la Comunicación Social y la Gestión Ambiental. Estas carreras universitarias se dictaron en alguna edición conjunta e incluso se presentaron para su reconocimiento en el Ministerio de Educación y Cultura dos de ellas; pero en la actualidad, se encuentran descontinuadas.

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Une a ambas instituciones una matriz común de valores y concepciones vinculadas a la Iglesia Católica, y comparten un número importante de académicas, pero en los últimos años no han desarrollado actividades ni de investigación ni de docencia en forma conjunta. Reflexiona sobre estas experiencias, José Rilla fundador del CLAEH: “¿Influyó mucho el gran desarrollo de la facultad de ciencias sociales de la UdelaR en el cambio del CLAEH? Uno puede mirar la evolución reciente del CLAEH donde hay todo una historia, y la facultad de ciencias sociales de la UDELAR. El CLAEH es una de las instituciones, de los centros de investigación que contribuyó a la reactivación democrática de la Universidad de la República. Los primeros seminarios sobre la transición se hicieron acá, y fuimos partícipes de la reanimación universitaria. Yo diría que el CLAEH sirvió de base a la animación del área social y política de la UDELAR y de la Universidad Católica. Algunos se fueron del CLAEH para terminar radicándose en la UDELAR en Humanidades, otros colaboraron en la fundación del Instituto de Ciencia Política, otros hicieron lo mismo en la Católica. Perdimos mucha gente con la Universidad Católica. No podría decir que perdimos a todas esas personas, creo que en los dos casos ganamos, porque los vínculos quedan, a veces mejores y a veces menos claros a nivel institucional. La relación con la UCU ha sido sinuosa, más allá de las personas, desde el punto de vista institucional ha sido con altas y bajas. Hoy que estamos discutiendo desde ya hace más de un año como vamos hacia constituirnos como una universidad nos volvemos a plantear el tema de las alianzas, un tema larguísimo.” (J. Rilla, comunicación personal, 22 de Agosto de 2013)

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El tercer convenio y el único vigente a la fecha, es el suscripto entre CINVE y la Universidad ORT Uruguay. Expresa sobre el mismo el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administración de dicha universidad: “El convenio ORT – CINVE se gestó por la progresiva incorporación de profesores de dicho Centro a la facultad, y por la complementariedad de objetivos. La visión que tenemos en la facultad es que la investigación que debemos generar no sea apropiable, por definición estamos muy lejos de la consultoría, como facultad. Eso no quiere decir que individualmente no la hagamos. Por eso es que recibimos exoneraciones de impuestos como subsidio público. Sin embargo, hay allí una complementariedad con centros e investigadores que estuvieran haciendo investigación más aplicada. Los investigadores CINVE empezaron a dictar clases tanto en la UDELAR como en la ORT, y empiezan a darse una comunidad de intereses. Además CINVE tiene la necesidad, por las personas, no por la institución, de generar espacios educativos (creo que lo llamaron CINVE educativo). Tenemos cierto capital humano y conocimiento para compartir, y allí nace el convenio para el desarrollo de algunos programas. Algunos son desarrollados casi todo por profesores de CINVE y otros con un mix, siempre con el régimen estatutario de ser profesor de la facultad. En ese sentido es muy complementario porque los think tanks no tienen la estructura para la docencia. Al menos es una complementariedad teórica porque las lógicas de funcionamiento son un poquito distintas. El convenio ha sido beneficioso para ambas partes aunque nos hubiera gustado hacer más cosas, pero lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien.” (G. Labadie, comunicación personal, 26 de Diciembre de 2013).

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De los 37 investigadores de CINVE, 20 son docentes universitarios; de ellos, 15 son docentes de la Universidad de la República y 12 en la Universidad ORT, y es interesante de señalar que siete de ellos, además de investigar en CINVE, enseñan en ambas universidades en cursos de grado y postgrado. La ausencia de convenios formales, no parece ser un obstáculo relevante para la cooperación e intercambio entre los centros de investigación nacionales y las universidades. En este sentido es relevante la afirmación realizada por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República: “Interactuamos pero los vínculos son poco institucionalizados. Tiene que ver más con los cuerpos docentes que con la institución. La cooperación sustantiva pasa por encima de los marcos legales. Dentro del marco que disponemos se pueden hacer actividades conjuntas, pero no es una política programada. No hay nada que lo impida pero tampoco que lo fomente, en el contexto puede que lo hagas pero por iniciativa de los involucrados. Hay proyectos en que colaboramos con CINVE en la que cada uno pone investigadores, en algún momento también se dio con CIEDUR. Muchas veces sin acuerdos por escrito. Cooperación más informal porque nuestros docentes tienen vínculos con estos centros. No todos nuestros docentes son de dedicación completa, tenemos docentes que dan muy buenos cursos con pocas horas, y que desarrollan investigación en algunos de estos centros como CINVE y CIEDUR. Nuestros docentes de grado que no son de dedicación total a veces tienen un vínculo institucional con los centros que también están intentando dar esa respuesta”. (R. Arim, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013).

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b) Escasez de Recursos Calificados, Competencia por ellos y Expectativas por Cambios en Curso Una escasez relativa de recursos humanos calificados produce competencia entre las universidades y los centros de investigación por ellos. Las restricciones observadas en materia de financiamiento por parte de los centros de investigación limitan sus posibilidades de reclutamiento. Por otra parte, la Universidad de la República ha incrementado significativamente su presupuesto duplicando sus recursos en una década, lo que la he hecho más atractiva para académicos, especialmente quienes retornar luego de una formación de postgrado en el extranjero (Anuario Estadístico de Educación 2012). Respecto de la pequeña escala de especialistas, señala Gabriel Oddone: “Hay una situación de competencia entre las universidades y los centros privados: la dotación de recursos humanos en Uruguay en el área de la economía no es lo suficientemente grande como para alimentar cuerpos docentes y de investigación en cuatro universidades y además think tanks potentes. Estamos hablando de una comunidad trabajando en temas border line de políticas públicas aspectos académicos y profesionales, no somos 200 personas ni por asomo, contando gente que todavía está en proceso de formación terminando su formación doctoral o de maestría. Las universidades lo que terminaron haciendo es limitando el financiamiento disponible para los k, lo que llevó a estos a reconvertirse, algunos reclutando personas que compiten tanto con las universidades o las consultoras. Lo que tenemos en Uruguay son académicos –

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consultores – profesionales todos integrantes de una comunidad pequeña que se entrelazan en distintas instituciones, pero que en el fondo un think tank puro no tenemos ninguno”. (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013)

Las universidades están en una política expresa de aumentar sus dotaciones de recursos de investigación con altas dedicaciones horarias. En el caso de la UDELAR, en un año aumentó de 1.789 docentes investigadores con una dedicación de 40 horas o más a 2.139 (Anuarios Estadísticos de Educación años 2011 y 2012). Sobre esta política se expresa el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de dicha Universidad: “Creo que hay un conflicto latente. Estamos migrando a docentes con mayor dedicación y buscamos evitar el pluriempleo. La Facultad está intentando que la concentración del docente de economía esté en la Facultad, lo podemos hacer porque tenemos más recursos y estamos tomando algunas medidas no muy simpáticas que es el retiro por edad. Estamos incentivando que los docentes nuevos tengan como principal adscripción institucional, la facultad. Y eso va a generar algunos problemas a los centros. No sé cuánto espacio para conseguir financiamiento existe en el país, y cuando una institución fuerte, que es un elefante pero camina, empieza a reclutar jóvenes académicos que vienen del extranjero y desde allí armar proyectos, no sé si no va a obligar a reformular el rol los think tanks hoy como están funcionando. Qué cambió. Hoy tenemos recursos escasos, pero no tanto. Tenemos más dedicaciones totales pasando de dos a casi 30. Todos con perfiles parecidos desde el punto de su carrera: treinta y pico de años, con doctorados, en el inicio de su carrera académica. Ahora incluso, tienen capaci-

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dad de elegir. Antes, para construir un ingreso, se tenía que tomar todo lo que se ofreciera”. (R. Arim, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013).

La competencia por recursos humanos también implica debates sobre los espacios que universidades y centros de investigación deberían ocupar y si se pudieran dar una complementariedad entre las actividades de los mismos. Expresa el Decano de la Universidad ORT Uruguay: “En Uruguay la escala es tan chica que a veces una misma persona conjuga roles que en otro país estarían segmentados entre varios investigadores universitarios, varios think tanks y consultores entre los que se dan diálogos y polémicas. En nuestra universidad buscamos que la investigación no esté orientada (o menos) a política pública. Más ortodoxamente investigación y menos vinculada a la orientación a políticas. Es bastante sorprendente, pero tiene que ver con una mayor presencia de docentes full time”. (G. Labadie, comunicación personal, 26 de Diciembre de 2013).

El Decano de la UDELAR avizora un cambio de roles de la investigación universitaria como consecuencia de los cambios en curso: “Hay que reconocer que hay algunas cosas que ellos hacen que nosotros no hacemos, y hay algunas cosas que nosotros hacemos en competencia con ellos, que no deberíamos hacer. La UDELAR va a ir migrando a los espacios que tradicionalmente ocupan académicamente las universidades en el mundo, y va a dejar espacios que podrán ser ocupados por los think tanks en el ámbito profesional. Los think tanks tienen algo para decir en esos temas”. (R. Arim, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013).

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Sin embargo señala, como lo hacen otros actores, que estos cambios generan mayores oportunidades de colaboración entre las instituciones: “Es dificultoso tener cooperación si tenés cuadros que son docentes taxis con 5 horas de dedicación semanal, es probable que tengas más posibilidades cuando tengas más docentes con mayor dedicación. Es importante reconocer que hay masas críticas en ambos lados que pueden dar a proyectos conjuntos. De la misma manera que un investigador trabaja con investigadores de otras universidades, no hay ningún problema que lo haga con uno de un centro de investigación independiente. Está empezando a pasar, y está bien que suceda. Es reconocer al otro como par. Se han hecho seminarios, publicaciones conjuntas, artículos de investigadores que señalan sus respectivas afiliaciones institucionales, proyectos compartidos un poco más”. (R. Arim, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013).

En sentido coincidente, se manifiestan los directores de CINVE y CERES: “Que haya más densidad de investigación en la UDELAR ayuda a que tengamos más actividades en conjunto, tenemos más posibilidad de interactuar con gente interesante, que hace cosas parecidas a las que hacemos nosotros. “(D. Aboal, comunicación personal, 28 de Agosto de 2013)

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“Contar con un cuerpo de investigadores full time, que dictan clases a nivel de postgrado y que tiene contactos fluidos con prestigiosas universidades del exterior, es un insumo fundamental para el desarrollo de vínculos con instituciones universitarias.” (E. Talvi, formulario, 5 de Diciembre de 2013).

Concluye Oddone sobre las dinámicas en curso: “La existencia de mayores dinámicas de investigación y más recursos en las universidades implica que se está retaceando recursos hacia los think tanks que no tienen ya la ventaja comparativa de mayores remuneraciones. Esto implica una rivalidad. También que, en la medida que las universidades están alojando comunidades académicas más sólidas y más densas, aquella sensación que había que la UDELAR no tenía una agenda de investigación, y que implicaba, desde los Centros de Investigación, mirarla con cierto desdén, había un efecto de selección adversa, porque las malas remuneraciones implicaban que los que estaban en la UDELAR, con honrosas excepciones, no eran los más destacados. Esto hoy no pasa. Lo que más importa es que al final del día hay una comunidad de gente investigando que a veces se solapan y que se superponen, en las que hay una referencia permanente, y procesos de consultas, compartiendo bases y fuentes o visiones, y compartir resultados por seminarios o ámbitos de intercambios. No jalonados por políticas institucionales sino por iniciativas individuales de personas que se conocen, trabajan juntos. Muchas veces hoy están cooperando y mañana compitiendo. El conocimiento de las personas y los investigadores es hoy un factor fundamental. La razón por la que hay cooperación en el mundo de los economistas es que todos nos conocemos y tenemos una relación relativamente buena. Hay una generosidad razonable entre las instituciones”. (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013)

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c) Un Punto de Encuentro: la Estrategia de la Internacionalización Los centros de investigación y las universidades uruguayas comparten una preocupación por fortalecer su presencia y vínculos internacionales. Esto ha favorecido contactos y colaboraciones entre las instituciones, en algunos casos presentándose de forma conjunta a proyectos, y en otras, por ser partes de las mismas redes internacionales de colaboración. Para los centros de investigación, la internacionalización ha sido parte de su apuesta competitiva. Expresa el director de CINVE: “Es una estrategia explícita la internacionalización. Aún para competir localmente precisás posicionarte en el nivel internacional. Incluso en materia de publicaciones, tratamos de publicar en revistas internacionales, y es una estrategia que hace parte de un posicionamiento internacional. La competencia es cada vez mayor, algunas políticas de la ANII y el S.N.I. han marcado eso, y por eso tenemos una política explícita de ir más hacia lo internacional. Eso aumenta el pool al que podemos acceder. Los incentivos son cada vez mayores a jugar en ligas internacionales y en la frontera del conocimiento. Los incentivos vienen dados por la ANII pero también por la competencia internacional, incluso los proyectos de los organismos internacionales son cada vez más exigentes con el curriculum. Tratamos de reaccionar acorde a eso.” (D. Aboal, comunicación personal, 28 de Agosto de 2013)

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Todos los centros de investigación entrevistados participan de redes internacionales de las que reciben conocimientos y experiencias en sus áreas específicas de trabajo. Estos vínculos influyen también sobre las dinámicas de financiamiento empresarial. Como expresa Javier Pereira: “Existe una nueva agenda en el que los vínculos de las universidades con las empresas juegan un rol clave. A las multinacionales les viene mandato de la Casa Matriz, de aplicar nuevos modelos de Responsabilidad Social Empresaria por los que ya no van a financiar una organización, sino que la preocupación es más amplia de nivel país de sector de política pública. Buscan fortalecer al sector a un campo de la política pública. El tema no es darle a algunas organizaciones, sino a generar políticas, obligando incluso al Estado a involucrarse, cuando en muchos casos tiene poca capacidad de rectoría. Esto implica crear redes involucrando universidades, organizaciones de la sociedad civil y expertos en políticas. Por ejemplo, el caso de Telefónica con el trabajo infantil en toda América Latina”. (J. Pereira, comunicación personal, 3 de Octubre de 2013).

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Recuadro 1 La Investigación en Uruguay Cantidad de centros de investigación del país: 21 centros de investigación - Gallardo, Garcé y Ravecca (2009) – 102 OSC Rendir Cuentas (2012) 17 en el “Global Go To Think Tanks Report and Policy Advice 2012” (McGann 2013). Cantidad de universidades del país: Cinco universidades (una estatal, cuatro privadas). Una pública recientemente creada con inicio 2014. Once institutos universitarios privados. Número de investigadores por cada mil habitantes. 3.169 investigadores (personas) - (RICYT 2010) Investigadores cada 1000 HAB – 0,95 (RICyT 2010) Número de PhD en el país. Investigadores con PhD – 1.141 Número de publicaciones indexadas. SCI – 720 (RICYT 2010) SCIMAGO – 1.029 (SCIMAGO 2012) Porcentaje de PBI usado en investigación. STA – 1,00% (RICYT 2010) I+D – 0,40% (RICYT 2010)

Nota. Fuente: elaboración propia con información de RICYT, 2011. (*) Información correspondiente al año 2010 obtenida de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología – Iberoamericana e Interamericana (RICYT). Disponible en http:// db.ricyt.org/query/UY/1990,2011/calculados Acceso el 8 de noviembre de 2013. (**) Información correspondiente al año 2012 de SCImago Journal & Country Rank. Disponible en http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=UY&area=0 Acceso el 8 de noviembre de 2013.

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4. Conclusiones Caminos de Continuidad para los Centros de Investigación Uruguayos Los centros de investigación uruguayos han tenido una importante continuidad en el tiempo a pesar de los desafíos que se les han planteado en las últimas décadas, tanto por los cambios en su matriz de financiamiento como en su relacionamiento con el sistema universitario. En todos los casos estudiados, se observa que mantienen una vocación por la incidencia en el campo de las políticas públicas, buscando incorporar temas a la agenda nacional, así como aportar al debate público desde el conocimiento experto. Pero los caminos recorridos y las estrategias de adaptación han sido diferentes. Los centros con un perfil más fuerte de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como son los casos estudiados ICD y el Abrojo, presentan como desafío cómo lograr financiamiento para el desarrollo de actividades de investigación continuadas en el tiempo. En el caso de El Abrojo, su financiamiento proviene, fundamentalmente del Estado, vía programas de prestación de servicios sociales. Este mecanismo de financiamiento ha sido criticado por los especialistas. Señala Javier Pereira: “El mundo de las OSC hay un parte aguas entre las organizaciones que se financian casi exclusivamente con fondos públicos, y en ese sentido el financiamiento público las coloca en un lugar de meras prestadoras de servicios. Otras organizaciones han logra-

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do despegarse un poco de la dependencia de los fondos públicos que les permite generar un mínimo estructura como para reflexionar, innovar. Los fondos públicos para proyectos sociales no han ayudado al desarrollo de los think tanks en Uruguay, porque refuerzan un rol para las organizaciones como prestadoras de servicios, para la implementación de programas. En comparación, los llamados de apoyo a la investigación en Chile no estaban direccionados solamente a las universidades y centros académicos, también se dirigían al mundo de la sociedad civil. (J. Pereira, comunicación personal, 3 de Octubre de 2013)

Conscientes de esta dificultad, el ICD ha tratado de no recurrir a fondos públicos para la prestación de servicios. En este sentido, han apuntado más a la participación en redes y la obtención de recursos vía cooperación internacional. Esto les ha resultado posible debido a su pequeña estructura estable de solamente dos investigadores permanentes de dedicación completa y un staff también relativamente pequeño, equipo que se amplía para proyectos concretos cuando obtienen financiamiento. Esto es más difícil para el Abrojo que cuenta con un equipo de más de 30 personas de los cuales 11 cumplen actividades de investigación, por lo que ha debido buscar formas de hacer transferencias internas de recursos para sostener su equipo. Un camino diferente ha sido el seguido por los Centros con un perfil mayor de investigación como CERES y CINVE, al punto que para algunos de los entrevistados, estos dos son los únicos verdaderos centros de investigación o think tanks en el país. A estos centros se les ha planteado el desafío de cómo mantener cuerpos estables de investigadores, muchas veces tentados por la estabilidad de los cargos universitarios.

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En este punto, resulta relevante la discusión existente en el país sobre la forma en que se financia la investigación. Por un lado, aparece como novedad el Sistema Nacional de Investigadores al que se han presentado investigadores de estas instituciones, logrando acceder al S.N.I cinco personas en CINVE y una en CERES. Sobre el instrumento expresa Oddone: “El S.N.I., lo que va a terminar haciendo es mejorar la dotación de recursos disponibles para las remuneraciones vinculadas a la generación de conocimiento mediante recursos públicos que me afianzan investigadores en la institución. Si lo evalúo por CINVE, me permitió financiar a personas que de otra manera las tendría que tener haciendo consultoría. Es probable que alguno de los recursos más jóvenes difícilmente CINVE los hubieras podido retener allí. El S.N.I. importa como un sistema de señalización para el mercado laboral y profesional. Si se está allí es porque se está actualizando de alguna manera.” (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013)

Por otro, aparece el riesgo de perder independencia, por obligar al centro a financiarse por la vía de la consultoría: “Los think tanks logran la independencia por el profesionalismo de sus miembros. Es un trabajo de calidad profesional, criticable con lógicas profesionales. Es más fácil construir diálogos a través del conocimiento tecnocrático, que a pesar de diferencias ideológicas, tenés un lenguaje común, para hacer circulación del conocimiento y recibir críticas. El financiamiento te condiciona. Las consultorías hacen perder autonomía en la investigación.” (G. Labadie, comunicación personal, 26 de Diciembre de 2013).

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En este sentido, Luis Eduardo González destaca la independencia de CERES: “CERES es un think tank “con toda la barba” y responde a la imagen de think tank. Mantiene la independencia con la viejísima regla de “ordeñar varias vacas a la vez”. Logra el financiamiento de varias empresas locales que contribuyen a su financiamiento, así como por sus vínculos internacionales. Tiene una construcción institucional sólida.” (L. E. González, comunicación personal, 19 de Diciembre de 2013)

Por último, el camino seguido por CLAEH lo ha llevado a una reconversión en una institución universitaria que vive de la matrícula de sus estudiantes. Realiza actividades de prestación de servicios por la que recibe fondos estatales, y todavía mantiene algunos proyectos con recursos internacionales, pero son ínfimos con relación a la cantidad de proyectos que ejecutó en los años ’80. Intenta combinar todas sus tradiciones, pero ha perdido densidad de investigación, especialmente en el campo de las Ciencias Sociales, Reconoce José Rilla: “De los Equipos de investigación, yo diría que queda poco, más bien quedan personas que mantienen vínculos con académicos que hoy están en diversas instituciones. Se hacen estudios muy buenos, pero no todos ellos implican investigación tal como se la define internacionalmente. La investigación no está tan asociada a programas específicos o a proyectos, sino al espacio que le da cada una de las facultades que tiene la institución.” (J. Rilla, comunicación personal, 22 de Agosto de 2013)

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El presente cuadro intenta una sistematización de los casos estudiados, utilizando como variables dos de los elementos que hemos definidos como constitutivos de los centros de investigación o think tanks: su capacidad de investigación y su vocación de incidencia. La ubicación en los niveles altos y medio es de naturaleza cualitativa y subjetiva, en particular en lo relativo a la incidencia, que se evalúa en función de la incidencia efectiva. Las flechas indican evoluciones de las instituciones en los últimos años. Recuadro 2 Sistematización de Casos Presentados. Investigación Alto

Medio

CERES Incidencia

El Abrojo

Alto CINVE

ICD Medio CLAEH

No hay dudas que CINVE y CERES son los centros de investigación en el país con mayor densidad de investigación y de capacidad de incidencia, esto último, precisamente por el conocimiento agregado a su trabajo profesional. De los centros con perfil más de OSC, el Abrojo ha tenido mayor nivel de incidencia, aunque ha visto relativamente mermada su capacidad de investigación, porque ha “perdido” algunos de sus recursos humanos más valiosos al ser reclutados por el gobierno. Hay que señalar que el pasaje de personas al

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Estado no siempre contribuye a las organizaciones. Dice Anabel Cruz: “Se ha producido mucho vaciamiento y mucho traslado de personas de las OSC hacia el gobierno. Comenzó por la IMM, y en los dos últimos gobiernos han sido muy notorios. La percepción que tengo de lo que dicen las OSC, es peor tenerlos del otro lado del mostrador a sus ex – cuadros. Hay un cambio de “mentalidad” por pasar al gobierno.” (A. Cruz, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013)

Esto es reconocido por el propio director de El Abrojo: “Los que ocupan cargos de gobierno, lo han dejado por dedicación y por exigencia del gobierno. El Abrojo no le pide, pero si el gobierno, por ejemplo el MIDES. Intentamos la separación, porque quedamos “muy pegados”, nos restringe y también debilita a las personas del otro lado, y nos inhabilita porque la “suspicacia uruguaya da para todo”. Por ejemplo, con la Junta Nacional de Drogas estuvimos más de un año sin hacer actividades, para que no quedara como que había privilegios.” (P. Delprato, comunicación personal, 30 de Agosto de 2013)

La flecha del CLAEH refleja la disminución de la investigación en la institución, especialmente en el campo de las Ciencias Sociales. Esto no impide reconocer importantes inercias por la incidencia que el CLAEH tuvo en diversas políticas públicas como el desarrollo local, la infantilización de la pobreza, los procesos de democratización y de consolidación de los partidos, así como el propio desarrollo universitario en el país.

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El Peso Universitario en el País Los caminos de desarrollo de los centros de investigación en el país, se expresan en un escenario de presencia relevante de las universidades en general en el país, y en particular, en el campo de las políticas públicas (Gallardo, Garcé y Ravecca, 2010). Al respecto señala, Oddone: “Las instituciones universitarias, que en otros países del mundo no serían think tanks en el sentido estricto de la palabra, en la pobreza institucional que hay en el Uruguay son formadoras de opinión, ponen temas arriba de la mesa, tiene personas relevantes, e influyen. La comunidad científica en Uruguay se aglutina en torno a las universidades.” (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013)

La cuestión de la supervivencia de los centros y su posible “absorción” por las universidades, ya era planteada por Prates en el año 1987. En su momento fue porque la mayoría de investigadores de los centros provenían de la UDELAR y se sentían comprometidos con su proceso de reconstrucción. Pero la autora, lo contextualiza con relación al peso dominante de la Universidad de la República y en relación al Estado, en estas reflexiones: “La continuidad o desaparición de los Centros dependerá fuertemente de la capacidad del Estado y de la Universidad de formular e implementar políticas científico-técnicas coherentes, atendiendo a la nueva realidad institucional del país respecto a la producción de conocimientos. Todo ello tiene que ver con la “visión del mundo” que oriente a las autoridades en el Estado y en la Universidad.

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Si la opción es por una “Ciencia Social del Estado” o una “Ciencia Social Universitaria” las perspectivas no serían alentadoras. Si por el contrario existe una convicción de que las organizaciones de la Sociedad Civil deben ser fuertes, constituyéndose como interlocutores válidos en la producción de conocimientos, es posible suponer que la continuidad de la experiencia de la crisis se mantenga, redefiniéndose y ampliándose en un esfuerzo colectivo.” (Prates, 1987, pp. 59 y 60).

Son reflexiones todavía vigentes en el Uruguay.

7. Recomendaciones y Propuestas Del análisis realizado, se formulan las siguientes recomendaciones y propuestas, que se estima, pueden contribuir a un mejor relacionamiento entre los centros de investigación y las universidades en el Uruguay, con impactos favorables esperados en los procesos de formulación de políticas públicas. Cambios en los Mecanismos de Financiamiento de la Investigación El financiamiento de la investigación en el Uruguay, si bien ha aumentado en los últimos años, está muy orientado a la investigación universitaria, en general de tipo básico o fundamental. En este sentido se presentan dificultades para los centros de investigación tanto por la disponibilidad de una masa crítica de grupos de investigación como por el enfoque que no siempre promueve la investigación aplicada

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y de transferencia. Sostiene Jorge Landinelli usando como referencia a Gibbons: “Vivimos en la sociedad de conocimiento, en economías del conocimiento que requieren “políticas inteligentes”, esto quiere decir, políticas adecuadamente informadas por el conocimiento experto. Acá entra el problema de la pertinencia de la investigación científica. Esta idea de la función de la universidad en la sociedad del conocimiento como plataforma para la elaboración de políticas inteligentes, requiere el reconocimiento de la legitimidad de un modo de producción científica que contradice pero no excluye al tradicional. Uno de los problemas que tienen las universidades es el escaso reconocimiento de la investigación en contextos de aplicación. Por lo menos en un factor que es fundamental, que es el de la evaluación del trabajo académico. Cómo sabemos, todo proceso de evaluación, la evaluación del trabajo académico no escapa, cualquier diseño determina el comportamiento de las personas, en este sentido, el modo de producir. Mi discusión con el S.N.I. es que no reconoce que las formas de comunicación científica pueden ser muy diferentes. Las formas de comunicación científica, no pueden ser calificadas exclusivamente a través del modo de la realización de investigación del modo 1 de Gibbons. Esto le ha generado dificultades a toda la investigación en contexto de aplicación, que no requiere como forma de comunicación el artículo en la revista arbitrada de circulación internacional debidamente indexada, sino lo que requiere ese conocimiento se vuelque en aplicaciones concretas que se traducen en informes, en otras formas de comunicación.” (J. Landinelli, comunicación personal, 18 de Diciembre de 2013)

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La Agencia Nacional de Investigación e Innovación ha venido desarrollando en los últimos años algunos fondos de apoyo a la investigación más aplicada, pero más orientado a los ámbitos tecnológicos y productivos, que al campo de las ciencias sociales. Cambios de esta naturaleza deben empezar por transformaciones de tipo cultural que inevitablemente llevan tiempo, pero es posible incentivarlos mediante la presentación de proyectos conjuntos entre universidades y centros de investigación independientes. Javier Pereira formula una propuesta: “Los fondos públicos para proyectos sociales no han ayudado al desarrollo de los think tanks en Uruguay. Ojalá la ANII pueda ser algún día una fuente, pero hoy no lo es. Las exigencias para la presentación de proyectos, capacidad de competir por esos fondos, muchas veces no están en las universidades, menos están en estas OSC. Las estructuras tienden a ser muy endogámicas, y al autoperpetuarse en el sistema académico, se conspira contra una lógica de think tanks. Todo el nuevo sistema ANII, S.N.I. le veo un efecto contradictorio, que promueve la investigación pero en una lógica que no retroalimenta la política pública. A la hora de aterrizarlo no sé si se logra juntar el deseo con la realidad. Los llamados de apoyo a la investigación en Chile no estaban direccionados solamente a las universidades y centros académicos, también se dirigían al mundo de la sociedad civil. La presencia de investigadores no alcanza para que sea un think tank, la clave es cómo llega ese conocimiento al consumidor de esa información. No alcanza con su divulgación en seminarios. Hay una estrategia atrás de qué hago con esa información, para que tenga un impacto real, lo que supone el punto de encuentro entre lo académico y lo político, esa interfase que no está trabajada. Las universidades tienen que pensar en cómo aportar a

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la sociedad. Hasta en un lenguaje, porque a veces el tipo que investiga habla en difícil. Se puede tener un cuerpo de investigadores pero el salto al relacionamiento con el sistema político, ¿quién lo hace?” (J. Pereira, comunicación personal, 3 de Octubre de 2013)

La incorporación de investigadores de los centros de investigación a los ámbitos de diseño de políticas e instrumentos para el fomento de la investigación podría contribuir favorablemente a modificar los mecanismos de financiamiento existentes, contribuyendo a la presentación de proyectos conjuntos y a la definición tanto de nuevos instrumentos para los procesos de evaluación de investigadores que tengan en cuenta las diversas formas de comunicación científica como indicadores adecuados para medir los impactos esperados de los proyectos. Fomento de Estrategias de Diversificación y Complementariedad El sistema universitario uruguayo se encuentra en un proceso de diversificación institucional (Landoni, 2013), fenómeno que no se replica en el ámbito de los centros de investigación independiente, que tuvieron su período de expansión en los años 1975 – 1990 pero que, en la actualidad, muchos se mantienen pero no aumentan en su número. Gabriel Oddone reflexiona sobre este punto: “La pregunta es ¿por qué no se han fundado think tanks en los últimos 25 años? Hay una combinación de varios factores. La UDELAR recluta una buena parte de los académicos, y porque los que quieren influir en la agenda pública no están convencidos que es fundando un think tank que logran influir en la agenda. Es más

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importante desarrollar una agenda personal y que desde allí me terminen convocando a que construya un think tank.” (G. Oddone, comunicación personal, 22 de Octubre de 2013)

Varios de los especialistas consultados destacan que para mejorar el relacionamiento entre centros de investigación y universidades, resulta imprescindible fomentar un mayor pluralismo tanto institucional como de visiones. Escenarios más competitivos favorecerían la diversificación y el pluralismo. Expresa Javier Pereira: “Hay cero política de fomento, de incentivos y promoción para la creación de ámbitos que generen conocimientos que puedan servir de insumos para las políticas públicas. Un escenario más competitivo podría tener un efecto más beneficioso. Ayudaría que exista competencia de saberes, porque veo que hay como un monopolio de las visiones. No creo en el saber neutro y aséptico. En los temas de sociedad civil hay varias visiones y ha predominado una mirada más estatista?” (J. Pereira, comunicación personal, 3 de Octubre de 2013)

Luis Eduardo González señala la importancia del pluralismo institucional: “La condición institucional es que exista un sistema universitario plural. El nuestro es un sistema pequeño con restricciones de recursos. Para construir una institución debe ser autosustentable con recursos nacionales. Si no te pasa lo que le pasó a los otros centros, fueron flores de un día, cuando se terminó el financiamiento desaparecieron. Es un problema real y yo creo que los think tanks han probado su utilidad, cuando el debate pueda ser polarizado, como espacios suficientemente plurales para que, desde distintas pers-

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pectivas, se pueda construir un ámbito que recoja varios aportes. Hay que generar condiciones para fomentar opciones pluralistas.” (L. E. González, comunicación personal, 19 de Diciembre de 2013)

José Rilla es optimista respecto a la posibilidad de esferas de complementariedad. “La Universidad después de su consolidación y fortalecimiento se dio cuenta que la idea de un centro independiente y autónomo es una buena cosa para ella también, vio que no era un peligro ni una amenaza para ella, como se había pensado en los años ´80. El destino de los centros no es hoy meterse dentro de la universidad, cualquiera sea ella. Hace unos años eso estaba en duda, pero es bueno que tengan sus fondos, sigan independientes del gobierno y de la universidad, que se mantengan, que sean una voz académica y de pensamiento autónomo y disponible para la sociedad, es decir que la sociedad lo tiene ahí. Esto cierra mal con cierta actitud estatista del país. A pesar de esta tradición estatista donde el Estado quiere tener todo bajo su ala, creo que la idea de un centro autónomo e independiente va a sobrevivir. Es demasiado grande la desproporción que hay entre lo estatal y lo privado cuando se trata de investigación en la formación de recursos humanos en la capacitación universitaria, eso te pone en una disposición en aceptar cosas que capaz que antes uno no aceptaba.” (J. Rilla, comunicación personal, 22 de Agosto de 2013)

Una propuesta para el fortalecimiento del pluralismo puede provenir del lado de la demanda, tanto del gobierno como de los partidos políticos. En este sentido, propone Gabriel Oddone:

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“Ayudaría mucho que el reclutamiento gubernamental le prestara más atención a la competencia técnica. Si el sistema político estuviera en condiciones de discriminar mejor las competencias de los profesionales, seguramente el incentivo a que los think tanks funcionaran y se desarrollaran sería mayor. Habría una mejor organización de la comunidad académica en el país. En el fondo los think tanks están integrados por personas que lo quieren es influir en la agenda pública, desde el altruismo más puro de construir al bien público del conocimiento, o sea que quieren direccionar el sentido de los cambios en alguna dirección que los miembros del think tank quieren. El problema que hay hoy es que el incentivo del profesional es más individual que colectivo.” (J. Pereira, comunicación personal, 3 de Octubre de 2013)

Con relación a una mejor complementariedad señala el Decano Rodrigo Arim: “Una cuestión más sustantiva, un proceso casi darwiniano es, si nosotros nos especializamos en alguna área de generación de conocimiento, el think tank tienen rol importante en otras áreas, podría haber una complementación. Que los temas del diagnóstico y de evaluación de políticas queden en el ámbito universitario, y los otros componentes de diseño y de implementación tengan mucho más que ver con una reflexión de los think tanks. Eso implica una especialización, que no sé si tiene que ser una división explícita o va a ir sucediendo. Puede haber una evolución darwiniana y los think tanks capturen las tareas de diseño y formulación. Allí puede haber una complementación, una relación importante, fluida sobre la base de una especialización de tareas, con roles distintos.” (R. Arim, comunicación personal, 9 de Diciembre de 2013)

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Cambios en los Formatos de Financiamiento Estatal a la Prestación de Servicios Sociales. Como se analizara oportunamente, existe coincidencia entre los actores y los especialistas que el financiamiento público a Organizaciones de la Sociedad Civil que prestan servicios sociales no fomenta en las mismas el desarrollo institucional en general y de capacidades de investigación y reflexión sobre su práctica en particular. Algunas de las organizaciones lo han logrado mediante la obtención de fondos de otras fuentes como la cooperación internacional, o por transferencias de recursos internos, difíciles de realizar por los mecanismos de contralor basados en la desconfianza por parte del Estado. La posibilidad de incluir en los mecanismos de financiamiento estatal, recursos para el fortalecimiento institucional de las OSC que permita consolidar estructuras básicas de especialistas con capacidad de investigación y/o de fondos de articulación con investigadores universitarios, es una propuesta valorada por los centros de investigación con perfil de advocacy y con fuertes vínculos con la sociedad civil. Destaca Pedro Delprato: “¿Qué se podría hacer para fortalecer vínculos? Campo para generar conocimiento entre las dos partes hay un montón, espacios intercambio e interacción hay muchas. El acceso a financiamiento para hacer investigación está muy fragmentado para lograr generar los recursos. Si nosotros tuviéramos financiamiento para hacer investigación dentro del proyecto, podríamos derivar recursos internamente. Tenemos un programa en la parte de los Ni-ni

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en el que pudimos poner a Verónica Filardo para hacer una investigación, pero no en la relación Abrojo Universidad. No como interacción entre instituciones. Lo hacemos como desarrollo propio.” (P. Delprato, comunicación personal, 30 de Agosto de 2013)

Cambio en el Régimen de ExoneracionesTributarias para el Apoyo a Actividades de Investigación en los Centros de Investigación Uruguay dispone de mecanismos de exoneraciones tributarias a empresas para realizar donaciones a universidades para realizar actividades de docencia e investigación, pero dichos mecanismos no incluyen a los centros de investigación de perfil más de investigación y es relativamente dificultoso para las OSC. Ernesto Talvi señala como una de las principales dificultades para obtener financiamiento por parte de su centro, “que los donantes privados no gocen del beneficio de la exoneración fiscal (como gozan otras instituciones de la sociedad civil) en las donaciones que hacen a CERES”. La ampliación de beneficiarios y el diseño de procedimientos más sencillos y expeditos, podría favorecer el financiamiento proveniente de fuentes privadas. Apoyo a Programas de Formación Directiva a Responsables de Centros y Organizaciones de la Sociedad Civil. Dados los diferentes perfiles organizacionales de los centros de investigación actuales y otros que los puedan ser en el futuro, algunos de los entrevistados señalan la importancia

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de fomentar instancias de formación y capacitación. Señala Analía Bettoni: “El apoyo para programas de formación, como el que hizo la Universidad Católica del Uruguay sería importante. Hay un ámbito de necesidad de las OSC para su fortalecimiento y de demanda para las universidades. El tema es que las OSC puedan enviar a sus cuadros con mejores condiciones: becas, y horarios. Puede haber interés de las OSC pero no hay recursos para que la organización apoye institucionalmente la formación de sus propios funcionarios”. (A. Bettoni, comunicación personal, 17 de Octubre de 2013)

La propia realización de estos cursos puede contribuir a fortalecer los vínculos, construir redes entre los propios centros, y entre los mismos con las universidades.

8. Referencias Bibliográficas Barreiro, Fernando y Anabel Cruz (1988) La dificultad de ser: Organizaciones no Gubernamentales en el Uruguay de Hoy: el desafíos de la democracia. Un ensayo de interpretación. Montevideo, FCU / ICD Barreiro, Fernando y Anabel Cruz (1990) Organizaciones no gubernamentales de Uruguay. Montevideo, ICD / Agen