Los fondos de inversión de los asalariados: historia del fracaso de la última estrategia anticapitalista de la socialdemocracia sueca

LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE LOS ASALARIADOS: historia del fracaso de la última estrategia anticapitalista de la socialdemocracia sueca

Mario del Rosal. Profesor de economía internacional en la Universidad Europea y en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en Economía por la Complutense. [email protected] - @MariodelRosal Códigos JEL: N34, P1, O16 Área temática: economía social, economía laboral, estrategias anticapitalistas Palabras clave: fondos de inversión de los asalariados, anticapitalismo, Suecia, socialdemocracia A principios de los años setenta, la socialdemocracia sueca, que llevaba ya más de cuarenta años consecutivos en el gobierno, lanzó una propuesta económica de insólita envergadura: los fondos de inversión de los asalariados. En su concepción original, este proyecto era un paso decidido hacia la socialización del capital por medio de la colectivización de la propiedad de los medios de producción y la entrega a los trabajadores del poder real de decisión en las empresas. De hecho, esta estrategia suponía una evidente ruptura con el clásico pragmatismo del reformismo escandinavo y un claro paso adelante hacia el socialismo. Sin embargo, esta vía de ruptura anticapitalista jamás llegó a ser aplicada íntegramente. El fracaso del movimiento obrero y la socialdemocracia a la hora de implantarlos no fue solamente una derrota política y económica de la clase trabajadora, sino un auténtico punto de inflexión en el equilibrio de poderes en Suecia y el inicio de la decadencia del reformismo sueco y de su imparable viraje hacia el socioliberalismo. En esta comunicación, ofrecemos una explicación de esta fascinante historia desde un enfoque marxista con la intención de mostrar, por un lado, la incapacidad genético de la socialdemocracia más poderosa de Europa para superar el capitalismo y, por otro, las insoslayables insuficiencias de una de las estrategias clásicas del anticapitalismo reformista.

LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE LOS ASALARIADOS: historia del fracaso de la última estrategia anticapitalista de la socialdemocracia sueca Mario del Rosal “Probablemente, no hubo ningún otro lugar de Occidente en el que el poder del capital fuera más amenazado en el marco de la democracia que en Suecia.” David Harvey1. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la socialdemocracia de todo el mundo encontró su arquetipo ideal en un recóndito y peculiar país del más lejano norte de Europa: Suecia. Los logros de su hegemónico Partido Socialdemócrata (Socialdemokratistka Arbetareparti, SAP) dieron lugar al célebre Modelo Sueco, una construcción económica y social extraordinaria tanto por su alcance como por su significado que, con el tiempo, se ha llegado a convertir en un auténtico mito para el socialismo reformista. No son pocos los autores que, de hecho, aún hoy continúan considerándolo como la más clara demostración de la viabilidad y las bondades de esta tendencia política después de la Segunda Guerra Mundial e, incluso, como el ejemplo a seguir por la izquierda moderada para solucionar la actual crisis económica, política y social del capitalismo2. Desde luego, los méritos políticos y los logros económicos y sociales del SAP son difícilmente discutibles. Desde las elecciones de 1917 hasta las últimas, celebradas en 2014, los socialdemokraterna, como se los conoce popularmente, han ganado nada menos que treinta comicios consecutivos y han gobernado el país durante casi setenta años3. Gracias a este inigualado dominio electoral, el SAP han podido poner en marcha el que probablemente sea el proyecto socialdemócrata más avanzado del mundo, con hitos sociales y económicos tan notables para la clase trabajadora como medio siglo de pleno empleo 4, uno de los sistemas de pensiones más precoces y ambiciosos de toda Europa, unos servicios públicos excepcionales, la plena incorporación de la mujer al trabajo asalariado y, por supuesto, la estructura de distribución de ingresos más 1

Harvey, 2005: 112; traducción propia.

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En España, el autor más reconocido de la corriente socialdemócrata es Vicenç Navarro, quien no sólo reclama constantemente la vigencia y la oportunidad del Modelo Sueco, sino que ha trabajado en ese país durante muchos años y es un admirador confeso de Water Korpi, uno de los más célebres defensores de la socialdemocracia sueca.

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Desde 1932, primer año en el que el SAP configuró un gobierno capaz de completar la legislatura ordinaria, los socialdemócratas sólo han estado en la oposición en tres periodos: 1976-1982, 1991-1994 y 2006-2014.

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En concreto, la tasa de paro en Suecia se mantuvo por debajo del 4% de 1946 a 1992, una hazaña solamente igualada por Suiza, Noruega y Japón (Rosal, 2015: 344).

igualitaria entre los países capitalistas desarrollados (Buendía, 2011; Hort, 2014; Rosal, 2015). No obstante, ninguna de estas proezas puede explicarse únicamente a partir del escenario político, sino que se basan fundamentalmente en la enorme fortaleza y cohesión del que durante décadas ha sido, sin lugar a dudas, el movimiento obrero más poderoso del mundo5. La famosa LO (Landsorganisationen i Sverige; Confederación de Sindicatos de Suecia)6, en estrecha cooperación con la patronal y en coordinación con el habitual gobierno socialdemócrata, fue capaz de establecer un sistema de negociación colectiva centralizada durante décadas gracias al cual no sólo se estimuló el empleo, sino que se desarrolló una política salarial crecientemente igualitaria en la que se basó el llamado modelo Rehn-Meidner, cimiento esencial del Modelo Sueco. Así, podría parecer que la clase trabajadora sueca fue capaz de doblegar al capital gracias al empleo conjunto de las dos vías clásicas de lucha obrera: la sindical, representada por la LO, y la política, liderada por el SAP. Y, sin embargo, a pesar del dominio político de la socialdemocracia, del poder de los sindicatos y de la hegemonía social de la izquierda reformista, la clase trabajadora sueca jamás puso en cuestión las bases fundamentales del capitalismo. De hecho, el principal éxito de la socialdemocracia en este país no consistió en avanzar decididamente hacia la abolición del sistema económico capitalista, sino en gestionarlo de la mejor manera posible para garantizar altas tasas de explotación y ganancia sobre la base de una productividad elevada y una adecuada competitividad en un escenario de paz social. Sin embargo, a mediados de los años setenta, el proverbial pragmatismo y la inveterada moderación de la socialdemocracia sueca se vieron sacudidos por una propuesta sindical que suponía un terremoto de consecuencias tan rupturistas y revolucionarias que llevaron al capital a una ola de protestas y amenazas como no se conocían desde los albores del capitalismo sueco, allá por el último tercio del siglo XIX (Lundberg, 1985: 30; Misgeld, Molin y Åmark, 1992: xxvii). La propuesta fue el proyecto de los fondos de inversión de los asalariados. Y ésta es su historia.

1. Introducción Los fondos de inversión de los asalariados fueron, en su idea original, el proyecto más ambicioso de la socialdemocracia sueca hacia la socialización de la propiedad de los medios de producción y el acceso de los trabajadores a la gestión de las empresas, es decir, hacia la democracia industrial. Suponía, por lo tanto, una amenaza palpable para el capital y un paso inequívoco, aunque parcial, hacia la superación del capitalismo 7. Sin embargo, como enseguida comprobaremos, su aplicación real hizo que los fondos acabaran siendo una caricatura inocua de lo que de ellos se pretendía inicialmente. El 5

Hasta los años ochenta, las tasas de afiliación sindical de Suecia han sido sistemáticamente las más altas de todo el mundo con diferencia. Desde entonces, han sufrido un estancamiento hasta el cambio de siglo y una posterior caída de cierta importancia, a pesar de la cual siguen manteniéndose, junto con las de Islandia, Dinamarca y Finlandia, entre las más elevadas (OCDE stats: Trade Union Density),

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En 1945, la LO ya contaba con un millón de afiliados, cifra que se doblaría en los primeros ochenta, albergando así nada menos que al 90% de los trabajadores industriales (Albåge, 1986: 111; Hort, 2014: 210; Rehn y Viklund, 1987: 1). En la actualidad, esta federación engloba a catorce sindicatos y suma aproximadamente un millón y medio de miembros (www.lo.se).

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“En Suecia, […] lo que se conoció como plan Meidner pretendía literalmente comprar la propiedad corporativa del capital en su propio terreno y convertir el país en una democracia en la que los propietarios de las empresas fueran los trabajadores”. (Harvey, 2005: 15; traducción propia). 3

fracaso del movimiento obrero y la socialdemocracia a la hora de implantarlos no fue solamente una derrota política y económica de la clase trabajadora, sino un auténtico punto de inflexión en el equilibrio de poderes en Suecia. A partir de entonces, la hegemonía socialdemócrata iría palideciendo cada vez más, lo que se manifestaría tanto en su propia decadencia electoral8 como en la imparable deriva del SAP hacia el socioliberalismo (Sjöberg, 2005: 111).

2. El proyecto inicial: los fondos de inversión de los asalariados 2.1. Orígenes La crisis económica iniciada en toda Europa a finales de los sesenta y sus consecuencias en Suecia fueron degradando crecientemente la imagen de una socialdemocracia que, aun siendo hegemónica social y políticamente, no lograba evitar los graves problemas derivados de la caída de las tasas de ganancia y la pérdida de competitividad del capital sueco en el exterior. Las consecuencias laborales y sociales estaban generando una situación preocupante y el avispero en que se había convertido el trabajo a fuerza de huelgas salvajes y cierres patronales obligaron al SAP a buscar un revulsivo que reconciliara al partido con la clase trabajadora. Así, en el importante congreso de la LO de 1971 se plantearon dos vías posibles: (1) una nueva legislación laboral de amplias miras, y (2) el proyecto de los fondos de inversión de los asalariados (Gill, 1989: 54-55; Pontusson, 1994: 28; Rosal, 2015: 358-361; Tilton, 1991: 5; Åmark, 1992: 86). La situación de inquietud social y estas medidas teóricamente rupturistas, junto al perfil más izquierdista del popular Olof Palme en el ámbito internacional 9, hicieron que estos convulsos años recibieran epítetos tan exagerados como “ola roja”, “ofensiva socialista”, “revivir del socialismo” o “radicalización y renovación ideológica” (Lane, 1991: 4; Lefournier, 1981: 14; Pontusson, 1992: 24, 1994: 27; Ryner, 2002: 124, 126). La nueva legislación laboral se puso en marcha entre 1972 y 1978 e incluía normas tan destacadas como la Ley de Seguridad en el Trabajo de 1973, que aumentaba las prerrogativas sindicales en materia de seguridad laboral; la Ley de Protección del Empleo de 1974, que otorgaba mayores garantías a los asalariados frente a los despidos; y, sobre todo, la Ley de Cogestión de 197610 (Albrecht y Deutsch, 2002: 72; Fry, 1979: 117-122 Martin, 1984: 379-381; Pontusson, 1992: 3). Esta última, aunque incluía algunas medidas 8

Hasta las elecciones de 1982, justo antes de la aprobación de los fondos de inversión de los asalariados, el Partido Socialdemócrata obtuvo un porcentaje medio de votos del 46%, sin bajar del 40% en ninguna de las convocatorias electorales. Desde entonces y hasta los comicios más recientes, celebrados en 2014, la tendencia ha sido de paulatina y constante decadencia, con un porcentaje medio del 38% y sin llegar al 40% en ninguna de las últimas cinco elecciones. Más aún, desde la consulta de 2014, en las que los socialdemokraterna se quedaron en el 31% de los votos, la tendencia observada en todas las encuestas publicadas es de un desplome histórico hasta situar al partido en el entorno del 25%, la cifra más baja de sus 127 años de historia.

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La crítica frontal de Olof Palme a la guerra del Vietnam, al régimen de Pinochet, al franquismo, a la invasión soviética de la República Checa o al apartheid fueron tan sonados como su apoyo público al sandinismo nicaragüense, al FMLN salvadoreño y a la causa palestina o su visita oficial a Fidel Castro.

10 La aprobación de esta norma (Medbestämmandelagen) coincidió en el tiempo con la ampliación de la famosa ley de cogestión alemana (Mitbestimmung), aprobada para el sector minero en 1951 y generalizada para todas las compañías con más de dos mil empleados a partir de 1976. Sin embargo, el alcance de la legislación sueca era mucho menor, ya que dejaba la mayor parte de las posibilidades de cogestión al acuerdo entre las dos partes y, por añadidura, no pretendía más que aumentar las posibilidades de negociación colectiva frente el capital, de acceso a la información corporativa y, en su caso, de bloqueo de decisiones perjudiciales para los trabajadores por parte de la dirección, por lo que su efecto fue modesto (Galenson, 1998: 53; Hautefeuille, 1981: 30; Korpi, 1978: 327; Pontusson, 1992: 223). 4

que teóricamente servían para aumentar notablemente la capacidad de decisión de los trabajadores en la gestión de las empresas, en realidad resultó tan desvirtuada en su sanción final que no supuso ninguna modificación verdaderamente significativa en las relaciones laborales ni en la dirección del capital (Pontusson, 1992: 21). En todo caso, estas leyes11, y sobre todo la tercera, generaron no pocas protestas por parte del capital, que veía en ellas el inicio de un peligroso camino que podría llegar a amenazar su posición de poder en el mercado laboral y, sobre todo, su dominio absoluto sobre la gestión empresarial 12. No obstante, las tres fueron aprobadas, al igual que algunas otras importantes mejoras en las coberturas sanitarias y sociales en 1974 (Albåge, 1986: 112-114; Fry, 1979: 5-6; Gill, 1989: 56; Hort, 2014: 108, 126, 145). La segunda medida, los fondos de inversión de los asalariados, se planteó como respuesta a las conclusiones extraídas del análisis de los problemas del modelo RehnMeidner que el partido y la confederación de sindicatos llevaron a cabo durante el mencionado congreso de 1971. Para encontrar un mecanismo que permitiera solucionar tales problemas sin comprometer la continuidad de la estrategia general de política económica, se designó una comisión especial a cargo precisamente de Rudolf Meidner 13, quien, junto a Gösta Rehn14, había sido el responsable principal del diseño del modelo que recibió el nombre de ambos. Los resultados del estudio fueron presentados en un informe fechado en 1975 propuestos para la aprobación de la LO un año más tarde (Myrdal, H-G, 1981: 321). Este proyecto, que en realidad seguía las pautas de experiencias previas planteadas en otros países europeos15, sería conocida como Plan Meidner (Misgeld, Molin y Åmark, 1992: xxvii; Myrdal, H-G, 1981: 319; Åmark, 1992: 85).

11 También destacan otras normativas de ese mismo periodo, como la Ley de representación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas privadas (1972) y públicas (1974), la Ley de promoción del empleo (1974), la Ley sobre el estatuto de los delegados de personal (1974) o la Ley de protección del entorno laboral (1977), así como otras muchas que mejoraban cuestiones como la duración de las vacaciones o la edad de jubilación (Albåge, 1986: 113; Fry, 1979: 12-14; Gill, 1989: 55; Haug, 2004: 10-12; Martin, 1984: 381-382; Martinet, 1979: 87; Pontusson, 1992: 3; Rehn y Viklund, 1987: 15-18; Ryner, 2002: 134). 12 La aplicación de esta ley supondría el fin de los Acuerdos de Saltsjöbaden de 1938, un conjunto de compromisos entre los sindicatos y el capital que, además de acabar con la insostenible situación de conflicto laboral de los años treinta en Suecia, supuso el marco normativo básico del Modelo Sueco a lo largo de las décadas siguientes y la base fundamental de la gestión socialdemócrata de las tensiones derivadas de la lucha de clases (Castles, 1976: 211; Pontusson, 1994: 28; Rehn, 1984: 11; Ryner, 2002: 133). 13 Rudolf Meidner (1914-2005) desempeñó de 1945 a 1966 el puesto de economista jefe del Departamento de Investigación de la LO y es conocido principalmente por ser el artífice político y divulgador del modelo Rehn-Meidner (Blackburn, 2005a). 14 Gösta Rehn (1913-1996) trabajó como economista en el Departamento de Investigación de la LO de 1943 a 1959 y suele ser considerado como el autor intelectual del modelo Rehn-Meidner (Erixon, 1997a). 15 Los fondos de inversión de los asalariados ya habían sido discutidos en profundidad en Alemania, en los cincuenta y los primeros sesenta (plan Gleitze), en los Países Bajos y Austria, a finales de la década, y también en Dinamarca (plan Kampmann), a principios de los setenta (Esping-Andersen, 1985: 292-295; Meidner, 1981: 304-06; Pontusson y Kuruvilla, 1992: 781; Tilton, 1991: 230). El propio Meidner reconocía en una entrevista que “Es una idea alemana, y ha sido debatida en otros países durante décadas.” (Silverman, 1998: 79). 5

2.2. Objetivos originales El Plan Meidner tenía tres grandes objetivos 16. En primer lugar, trataba de intervenir en una de las principales contradicciones del modelo Rehn-Meidner, que tenía que ver con el hecho irrefutable de que la tendencia a la igualación de ingresos entre los trabajadores que provocaba la política salarial solidaria ejecutada mediante la negociación colectiva centralizada generaba unos beneficios extraordinarios para las empresas punteras a costa de los trabajadores con mayores salarios, algo que, si bien podía servir para estimular la acumulación y favorecer la competitividad de las empresas suecas, suponía una colosal incoherencia para el socialismo y el sindicalismo suecos (Gill, 1989: 57-58). En el punto siguiente explicamos con más detalle la dinámica de este fenómeno. En segundo lugar, pretendía aumentar la influencia de los trabajadores en la gestión de las empresas con la idea de avanzar en la consecución de un mayor grado de democracia económica e industrial17. De este modo, trataba de profundizar en uno de los grandes principios ideológicos rectores del proyecto de la socialdemocracia sueca, el Folkhem18. Y, en tercer lugar, el Plan Meidner se planteaba la necesidad de contrarrestar de algún modo la creciente concentración de la propiedad corporativa y de la riqueza (que no de los ingresos) que caracterizaba cada vez en mayor medida la estructura económica y social de Suecia. Primer objetivo: contra los beneficios extraordinarios del capital a costa del trabajo La política salarial solidaria, pilar central del modelo Rehn-Meidner, generó una dinámica de igualación de los ingresos entre los trabajadores basada en el aumento de los salarios más bajos a un ritmo superior al de mercado en paralelo al estancamiento inducido de las remuneraciones de los empleados mejor pagados. Los efectos de esta política eran múltiples19, aunque entre ellos destacaba uno por su difícil encaje en la 16 Se puede profundizar en esta cuestión en Albrecht y Deutsch, 2002: 73; Esping-Andersen, 1985: 296-97; Fernández Steinko, 2002: 373; Galenson, 1998: 53-54; Martin, 1984: 401; Meidner, 1980: 361, 1981: 309-10; Pontusson, 1992: 192, 1994: 29; Ryner, 2002: 139-40; Tilton, 1991: 12, 229-30; o Whyman, 2006: 52. 17 La distinción entre la democracia económica y la industrial radica en que la primera implica la socialización de la propiedad de los medios de producción o, al menos, de la gestión macroeconómica y de los beneficios de la actividad capitalista, mientras que la segunda pone el acento en la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas (Esping-Andersen, 1985: 291; Pontusson y Kuruvilla, 1992: 780). 18 El concepto de Folkhem hace referencia a la dimensión política y social de la socialdemocracia sueca y, junto con el Funktionssocialism, que abarca la esfera económica, constituye el elemento clave del Modelo Sueco. Se define una política de corte multiclasista diseñada para lograr una mayor justicia social manteniendo o fomentando el funcionamiento adecuado del sistema capitalista, con la pretensión de mejorar la situación de los menos favorecidos y procurar un equilibrio más igualitario entre todos los ciudadanos (Fellman et al., 2008: 45; Gill, 1989: 57; Hort, 2014: 107-109; Högfeldt, 2004: 15; Korpi, 1983; Pontusson, 1984: 86; Rosal, 2015: 395-97; Therborn, 1978: 281; Tilton, 1991: 4-5, 134-135). 19 Además de lo comentado en el texto principal, la política salarial solidaria hacía que los capitales más intensivos en mano de obra se vieran perjudicados por el crecimiento acelerado del coste salarial de su plantilla, compuesta por empleados menos cualificados, mientras que las firmas más avanzadas tecnológicamente (que eran exportadores netos y, considerando el pequeño tamaño y el elevado grado de apertura de la economía sueca, claramente dominantes en la dinámica capitalista y muy influyentes en la esfera política) conseguían un ahorro salarial debido a la congelación de los emolumentos de sus asalariados decretada por convenio. Esto favorecía la concentración y la centralización del capital, la aceleración del cambio técnico y la mejora de la productividad y la competitividad exterior, aunque también suponía un trasvase evidente de ingresos desde los trabajadores con mayor nivel adquisitivo hacia sus propias empresas. Para un análisis completo de estos efectos, Rosal, 2015: 424-444. 6

filosofía política de la socialdemocracia: los beneficios extraordinarios obtenidos por los capitales exportadores tecnológicamente avanzados a costa de los trabajadores de nivel más alto (Rehn, 1989: 66; Vartiainen, 1998: 27). En efecto, estos beneficios extraordinarios provocaban una evidente transferencia inducida de ingresos del trabajo al capital que, no solamente resultaba profundamente contraria a los objetivos de defensa del trabajo que se les supone a los sindicatos y a la socialdemocracia, sino que era cada vez más difícil de legitimar frente a los propios afiliados y votantes (Albrecht y Deutsch, 2002: 73; Berman, 2006: 196). Esta tendencia contraria a los intereses de la clase trabajadora podría llegar a poner en cuestión la propia existencia del modelo Rehn-Meidner, que no era ni más ni menos que la estrategia central de la política económica de la socialdemocracia sueca a partir de los años cincuenta. Para solventar este problema, el Plan Meidner propuso un mecanismo que, en lugar de detraer esas ganancias extraordinarias por la vía impositiva, lo que afectaría negativamente a la inversión empresarial20, las trasvasaría a unos fondos colectivos que, como enseguida veremos, favorecerían la capitalización de la economía, ya que serían directamente utilizados en la adquisición de acciones de las empresas (Burkitt y Whyman, 1994: 26; Fernández Steinko, 2002: 374; Heilbroner, 1980: 8; Pontusson y Kuruvilla, 1992: 783). Segundo objetivo: hacia una mayor democracia industrial “La democracia no puede detenerse a las puertas de las fábricas.” Ernst Wigforss21. El segundo objetivo que se propone el Plan Meidner tiene relación con la búsqueda de mayores cotas de democracia económica y, sobre todo, industrial, ya que pretendía dos cosas: (1) franquear el acceso de los trabajadores a la toma de decisiones dentro de la empresa; y (2) permitirles recuperar colectivamente parte del plusvalor expropiado por el capital en el proceso de producción, lo que facilitaría, a su vez, la reducción de la desigualdad en la distribución de los ingresos. En pocas palabras, la democratización de la gestión y la socialización (parcial) de los beneficios. Este objetivo serviría, además, como complemento de las leyes laborales que el SAP aprobó en los años setenta y cuyos objetivos principales estaban relacionados con el aumento del grado de participación de los trabajadores en la gestión empresarial, como ya hemos visto. Tercer objetivo: contra la concentración de riqueza y poder económico El tercer objetivo planteaba la necesidad de combatir la gran aglutinación de riqueza en muy pocas manos que caracterizaba a la economía sueca. Esta situación se debía, en su mayor parte, al enorme grado de concentración de la propiedad corporativa en este país, algo que alcanzaba niveles extraordinariamente elevados y, probablemente, sin parangón en ningún otro país capitalista desarrollado22. Además, esta concentración, que era muy 20 Según Blackburn, estos fondos suponen, para las empresas, una especie de “impuesto en acciones” (share levy) que, al contrario de lo que caracteriza al tradicional impuesto de sociedades, no supone una exacción de beneficios que podrían ser reinvertidos en el proceso productivo, sino una simple redistribución de la propiedad corporativa (Blackburn, 2005b: 101). En este sentido, se puede claramente afirmar que se trataría de un tipo de impuesto que, o bien no afectaría en absoluto a la empresa como agente dedicado a la acumulación, o bien, si sustituye en parte o ayuda a reducir el montante del impuesto de sociedades, incluso fomentaría dicho proceso, puesto que estimula la formación de capital. 21 Citado en Esping-Andersen, 1985: 293, n. 1 (traducción propia) y Esping-Andersen, 1992: 58 (traducción propia). 7

notable en relación al reparto de los frutos de la actividad económica, resultaba pasmosa en lo tocante al poder de decisión en la gestión de dicha actividad. La concentración del capital en Suecia no ha dejado de aumentar desde los años treinta, que es justamente el momento en el que el proyecto socialdemócrata echa a andar. Dicha concentración se materializa en un reducidísimo grupo de familias y bancos con una gran opulencia y, sobre todo, un enorme poder de decisión en la esfera económica. De hecho, hasta los años setenta solía hablarse de las “quince familias”, que son las que han controlado tradicionalmente la propiedad corporativa 23. Si bien a partir de los setenta ha pasado a hablarse de diez, y desde la crisis bursátil de los ochenta, solamente de cinco, la gran aristocracia capitalista en Suecia sigue estando dominada por los Wallenberg, cuya esfera de influencia domina la economía sueca prácticamente desde los inicios del capitalismo industrial También descuellan los Bonnier, magnates de la comunicación, y otras dinastías como los Johnson, los Rausing, los Lundberg o los Stenbeck (Agnblad et al., 2001: 244; Erixon, 1997b: 15, n. 21; Fellman et al., 2008: 42-43, 75-103; Hort, 2014: 187; Pfaff y Wikhäll, 1971: 18; Ryner, 2002: 71). La concentrada estructura corporativa sueca pivota sobre dos mecanismos esenciales que potencian la monopolización: (1) las acciones duales y (2) los sistemas piramidales de control (Agnblad et al., 2001; Högfeldt, 2004; Magnusson, 2002: 218). Por una parte, la legislación sueca concede a las empresas la posibilidad de emitir dos tipos de acciones con distinto poder de decisión en el seno del capital: acciones del tipo A, que dan derecho a diez votos en la junta de accionistas, y acciones del tipo B, que sólo dan uno. Este sistema se sigue manteniendo a día de hoy en el 75% de las empresas suecas, un auténtico récord entre los países de la Unión Europea (Khachaturyan, 2006: 26). Es fácil deducir cómo esta normativa ha permitido mantener el elevado nivel de concentración del capital, sobre todo, a partir de los años setenta24. Los fundadores y grandes propietarios históricos, aun con carteras de valores relativamente limitadas, disfrutan de capacidad suficiente para gobernar de facto las compañías en las que participan gracias a la propiedad de la mayor parte (si no la totalidad) de las acciones del tipo A. De este modo, han podido captar el capital necesario para lograr el crecimiento de sus sociedades sin ver diluido su poder de mando (Pontusson, 1992: 201). Por otra parte, el sistema piramidal de control consiste en la posibilidad de contar con un porcentaje decisivo de los votos en las juntas de accionistas de una empresa mediante el dominio sobre otra compañía que tenga participación mayoritaria en aquélla. Sin duda, se trata de un mecanismo que está lejos de ser exclusivo de la economía sueca, pero que resulta especialmente importante por cuanto se ve multiplicado gracias al sistema de acciones duales25. La combinación de ambos mecanismos —acciones duales y sistema piramidal—, muy poco habitual en otros países, no sólo da lugar a una enorme concentración de la propiedad 22 Arnaud, 1971: 65; Fernández Steinko, 2002: 373; Fry, 1979: 1; Gill, 1989: 53; Harvey, 2005: 112; Pfaff y Wikhäll, 1971: 17-18; Whyman, 2006: 52. 23 Fry, 1979: 1; Högfeldt, 2004: 13; Magnusson, 2002: 214, 220; Martinet, 1979: 80; Pfaff y Wikhäll, 1971: 18; Ryner, 2002: 70. 24 Por poner un ejemplo sencillo, si una empresa X tiene un capital de 1.000 acciones, de las cuales 100 son de clase A y 900 son de clase B, la posesión de todos los títulos del primer tipo (el 10% del capital) permite el control absoluto sobre la sociedad (el 53% de los votos). 25 Supongamos que una sociedad Y tiene un capital de 100 acciones compuesto por 10 títulos de tipo A y 90 de tipo B. Si la sociedad X que tomábamos como ejemplo en la nota a pie de página anterior fuera propietaria de los 10 valores de clase A de la compañía Y, entonces el dueño de las 100 acciones de tipo A de la sociedad X controlaría de forma absoluta la empresa Y sin tener más que la propiedad indirecta ¡del 1% de su capital! 8

corporativa, sino que la hace posible gracias a una sorprendente separación entre la cartera de valores en propiedad y la capacidad de decisión que otorga 26. Además, este sistema ha evitado que la entrada masiva de capital extranjero, necesaria para posibilitar altos niveles de inversión, haya producido cambios en la estructura de poder de las empresas, ya que su incorporación se ha producido casi exclusivamente mediante la compra de acciones del tipo B27 (Agnblad et al., 2001: 229, 234). 2.3. Funcionamiento de los fondos de inversión de los asalariados Según el Plan Meidner, los fondos de inversión de los asalariados funcionaban con cuatro reglas básicas28: (1) Todas aquellas empresas con más de cincuenta empleados estarían obligadas a emitir cada año acciones nuevas por un importe equivalente al 20% de sus beneficios brutos 29. (2) Dichas acciones —y los ingresos derivados de su titularidad— serían propiedad de los sindicatos locales mientras no llegaran a copar más de la quinta parte del capital total de la empresa. En caso de superar esa fracción, las acciones pasarían a un fondo de inversión gestionado conjuntamente por representantes de los trabajadores y los empresarios. En todo caso, no serían nunca títulos de carácter individual, sino colectivos (Myrdal, H-G, 1981: 322). (3) Las nuevas acciones emitidas, que no podrían venderse, pasarían a formar parte de la red nacional de fondos de inversión de los asalariados. (4) Los dividendos obtenidos se dedicarían en partes aproximadamente iguales a ser reinvertidos en títulos de la propia compañía y también a financiar programas de formación en gestión empresarial para los empleados (Tilton, 1991: 231). Sobre el papel, estos fondos no sólo permitirían afrontar los problemas del modelo Rehn-Meidner antes aludidos, sino que también ayudarían a asegurar la financiación de las futuras transferencias y políticas sociales, sobre todo, las pensiones de jubilación, que probablemente no podrían ser mantenidas simplemente por las exacciones fiscales y cotizaciones sociales y podrían ser complementadas por los rendimientos de estos fondos. Esto suponía, a finales de los setenta, una clara estrategia de acción preventiva ante el proceso de envejecimiento y la dilatación temporal del período de formación improductivo de la fuerza de trabajo que ha afectado tanto a la población sueca como a la del resto de países desarrollados. 2.4. Resultados teóricos De aplicarse, el sistema descrito transferiría el control de los capitales afectados a los fondos de los asalariados en un plazo de tiempo tanto más breve cuanto mayor fuera la 26 Gracias a estos mecanismos, la familia Wallenberg controlaba a finales del siglo XX el 42% del capital negociado en la Bolsa de Estocolmo sin ser propietaria directa de más del 1% de dicho capital (Agnblad et al., 2001: 244). 27 Como consecuencia de ello, los titulares extranjeros no suponían más de un tercio de la capitalización bursátil en los primeros 2000, a pesar de los notables flujos de inversión extranjera en Suecia desde mediados de los noventa (Agnblad et al., 2001: 228; Högfeldt, 2004: 48). 28 Seguimos a Albrecht y Deutsch, 2002: 73-74; Blackburn, 2005b; Engelen, 2004; Korpi, 1978: 328; Lefournier, 1981: 16-23; Martin, 1984: 399-400; Myrdal, H-G, 1980 y 1981; Pontusson, 1992: 191-193,, 1994: 29; Sjöberg, 2005: 110-111; Tilton, 1991: 231; Whyman, 2004 y 2006. Para una descripción original completa de primera mano: Meidner, Hedborg y Fond, 1978. 29 En realidad, esta condición fue eliminada con la segunda versión de 1976, en la que ya no se planteaba mínimo alguno en el número de empleados (Myrdal, H-G, 1981: 322). 9

tasa de ganancia. Según nuestros cálculos, que confirman y amplían las observaciones puntuales de Meidner (Pontusson, 1992: 4, n. 4; 186), el número de años que se tardaría en socializar más del 50% del capital de cualquier empresa sometida a este mecanismo dependería de la tasa de ganancia (g') según indica la siguiente tabla: g'

1%

2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 100%

años 346 173

69

35

23

17

11

9

7

3

200%

>250%

2

1

TABLA 1. Resultados teóricos de la aplicación de los fondos de inversión de los asalariados sobre la propiedad corporativa Fuente: elaboración propia. Por lo tanto, es evidente que la aplicación de este proyecto supondría nada menos que la socialización del capital a favor del trabajo, algo tan radical como extraño al reformismo congénito de la socialdemocracia sueca. Sin embargo, estaría bastante lejos aún de suponer “la abolición del capitalismo y de la propiedad privada”30 y, desde luego, no permitiría “satisfacer finalmente las demandas de una sociedad totalmente socialista” (Myrdal, H-G, 1981: 320). Y es que, aunque es cierto que estos fondos podrían acabar con varias de las contradicciones del modo de producción capitalista, dejaría intactas otras muchas, exactamente del mismo modo que ocurre con cualquier otro tipo de proyecto de accionariado obrero o de cooperativismo (Gill, 1996: 233-256). Así, aunque esta estrategia permitiría acceder a un nivel superior de democracia económica gracias al acceso del trabajo a la gestión empresarial y a un mayor control del proceso de explotación y de acumulación, no acabaría ni con la propiedad privada de los medios de producción ni con la competencia entre capitales. De ahí que el beneficio (o, si se quiere, el excedente) y la acumulación continuarían siendo el motor de la actividad económica, mientras que la descoordinación esencial entre las unidades de producción derivada de la falta de planificación económica general se mantendría inalterada. Por lo tanto, las grandes contradicciones del capitalismo, como el paro tecnológico, las crisis de subconsumo, sobreproducción y desproporcionalidad o la caída tendencial de la tasa de ganancia no se verían afectadas. De hecho, el gran activo de la socialización a la que conducen los fondo de inversión de los asalariados, que es la mayor aproximación a la democracia económica, no sería protagonizada por los ciudadanos en cuanto beneficiarios de la producción socializada, sino por los productores, quienes, espoleados por la competencia y la necesidad de sobrevivir en el mercado, se verían obligados a continuar la senda de desconexión entre las necesidades materiales de la población y las necesidades de realización y excedente de las unidades de producción. En todo caso, los efectos de esta estrategia de socialización del capital serán muy distintos para cada clase social. Evidentemente, los principales beneficiados serían los trabajadores asalariados. Y lo serían por tres razones: — En primer lugar, tendrían la oportunidad de acceder a la gestión de las empresas, con las presumibles consecuencias positivas que eso supondría para la clase trabajadora en el proceso de toma de decisiones, sobre todo ante escenarios de crisis y, especialmente, en lo tocante al empleo.

30 Cita de Gunnar Nilsson, secretario general de la LO (Myrdal, H-G, 1981: 319; traducción propia.). 10

— En segundo lugar, los trabajadores serían los protagonistas y beneficiarios de un proceso de socialización radical de los medios de producción en el seno de una economía capitalista, lo que redundaría en una recuperación (parcial) del plusvalor o, al menos, de su gestión. — Y en tercer lugar, se vería reforzado el salario diferido, ya que los rendimientos de estos fondos, al ser de propiedad colectiva de los trabajadores, podría servir para apuntalar las pensiones de jubilación u otros tipos de transferencias. Por su parte, es obvio que los capitalistas verían diluida su porción de poder en las empresas y su fuente de ingresos y riqueza, bases esenciales de su dominio como clase social. Obviamente, este perjuicio es de tal gravedad que empuja a los propietarios del capital a una feroz oposición contra los fondos de inversión de los asalariados. Asimismo, los directivos, en cuanto empleados de alto nivel especializados en la dirección empresarial a sueldo de los propietarios, verían desaparecer su monopolio de la gestión de la producción, que pasaría poco a poco a manos de la masa de los trabajadores. El resultado sería el ascenso de ciertos asalariados a la cúpula de la gestión en nombre y bajo el mandato del resto de trabajadores o, en caso de ser necesario, el mantenimiento de los especialistas que antes estaban a sueldo de los accionistas y que ahora se situarían bajo la autoridad del trabajo y no del capital. No obstante, lo cierto es que el capital, como concepto abstracto, es decir, como una determinada lógica de producción y distribución del trabajo humano y de sus resultados, no se vería necesariamente perjudicado por la aplicación de estos fondos. Por un lado, el acceso de los trabajadores a la toma de decisiones en la empresa no supone a priori una circunstancia positiva ni negativa para la eficiencia de la gestión del proceso de acumulación. El resultado dependerá de la formación y las aptitudes de los trabajadores encargados de la toma de decisiones, pero no de sus intenciones respecto del éxito de la empresa como unidad de producción dentro de un mercado en competencia. Dado que la remuneración de los empleados bajo la institución del trabajo asalariado y, sobre todo, su estabilidad y futuro económicos dependen de la eficiencia de su empresa, queda claro que su objetivo al participar en su gestión no será otro que procurar el logro de la máxima productividad, el mayor excedente y la más rápida acumulación frente a sus competidores. Por lo tanto, su gestión tendrá exactamente el mismo objetivo último que la gestión controlada por los capitalistas, aunque su forma de actuar y sus estrategias concretas puedan ser diferentes, como es obvio. Pero, además, si estos fondos sirven para garantizar la continuidad de la legitimación ciudadana del capitalismo como sistema económico compatible con la reproducción de las sociedades humanas y, por añadidura, aumentan el grado de compromiso de los trabajadores con el mecanismo de la explotación, entonces el sacrificio que supondrá la caída de los capitalistas tal y como han existido hasta ese momento sería, desde luego, un mal menor para el sistema capitalista como un todo.

3. La aplicación real: los fondos salariales de inversión Como veremos a continuación, los fondos de inversión de los asalariados del Plan Meidner, a pesar del grado de acuerdo que motivaron en el seno del sindicalismo y, con ciertos reparos, en el de la socialdemocracia, jamás llegaron a ser aplicados íntegramente. Bien al contrario, la versión que finalmente sería sancionada por la ley supuso una degradación tan evidente de los objetivos iniciales que, en aras de una mayor exactitud terminológica, preferimos darles otra denominación. Así, y siguiendo a Gill, a los fondos realmente implementados los llamaremos fondos salariales de inversión (Gill, 1996: 250). 11

3.1. Dificultades políticas y sociales para la implantación de los fondos de inversión de los asalariados “La naturaleza de los fondos de inversión de los asalariados y la falta de incentivos para los trabajadores, las empresas o los gestores de los fondos que conlleva garantizaría, se diga lo que se diga, la abolición de la economía de libre mercado.” Hans-Göran Myrdal, dirigente de la SAF31. Los fondos de inversión de los asalariados descritos en el Plan Meidner de 1975 y 1976 gozaron de una buena acogida por parte de la LO, en cuyo congreso se aprobó el informe definitivo (Ryner, 2002: 172). Sin embargo, algunas de las figuras más señeras del Partido Socialdemócrata, entre los que destacaba el propio Olof Palme, mantenían serías reservas acerca de esta propuesta (Pontusson, 1992: 193; Whyman, 2006: 52). Así, para conseguir su aceptación, el texto original sufrió dos importantes modificaciones en 1978 y 1981 que relajaron enormemente los propósitos del proyecto inicial 32. Lo cierto es que, en realidad, la idea de los fondos tampoco llegaría jamás a calar entre los trabajadores, que nunca la apoyaron con decisión y que, además, fueron perdiendo interés a medida que pasaba el tiempo33 (Esping-Andersen, 1992: 59; Pontusson, 1994: 3031; Tilton, 1991: 229). Las principales razones de esta desafección fueron una cierta incapacidad de comunicación pedagógica por parte de sus promotores, una tendencia a la centralización en las decisiones y a la delegación del poder obrero en las elites sindicales arraigada desde los años treinta y, sobre todo, el enorme poder mediático y académico del capital, que presionó enormemente a los trabajadores para que no se atrevieran a tomar esta iniciativa en serio ni a apoyarla con firmeza (Fernández Steinko, 2002: 380-384). Y es que, como no podía ser de otra manera, el proyecto de los fondos de inversión de los asalariados fue rechazado virulentamente por el capital y sus muy influyentes medios de comunicación34. Según un informe encargado por la patronal 35, estos fondos acabarían 31 Myrdal, H-G, 1981: 330; traducción propia. 32 Se pueden seguir las sucesivas modificaciones del plan en: Albrecht y Deutsch, 2002: 74; Blackburn, 2005a; Esping-Andersen, 1992: 59; Gill, 1989: 57; Lefournier, 1981: 15-23; Myrdal, H-G, 1980: 15-23, 1981: 320-322; Pontusson, 1992: 194-196, 1994: 29; Tilton, 1991: 233-234. 33 De hecho, según el politólogo Leif Lewin, “los socialdemócratas ganaron las elecciones de 1982 a pesar de, y no gracias a, los fondos salariales de inversión” (citado en Pontusson, 1994: 30 y en Ryner, 2002: 167; traducción propia.). 34 Como indican, entre otros, Berman, 2006: 198; Erixon, 1997b: 50; Esping-Andersen, 1985: 299; Galenson, 1998: 54; Gill, 1989: 59; Harvey, 2005: 113; Misgeld, Molin y Åmark, 1992: xxvii; Pontusson, 1994: 30, 32; Rehn y Viklund, 1987: 18. De hecho, la propuesta acabó con manifestaciones masivas de empresarios y representantes de la derecha ante el Riksdag (Parlamento) en octubre de 1983, momento en el que, como luego veremos, se presentó el definitivo y desvirtuado proyecto de los socialdemócratas (Gustafsson, 1995: 9). 35 En aquellos años, la patronal estaba representada principalmente por la SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen; Confederación Sueca de Empleadores), que era quien se enfrentaba a la LO en las rondas anuales de negociación colectiva centralizada. La SAF reunía en los años sesenta a un conjunto de compañías que englobaban a unos 920.000 asalariados, mientras que en la década de los ochenta, agrupaba a alrededor de 40.000 empresas con un total de aproximadamente 1,3 millones de empleados (Albåge, 1986: 111; Rehn y Viklund, 1987: 3). También realizaba tareas de representación y análisis para las empresas la Sveriges Industriförbund (Confederación de Empresas Suecas), encargada de estudios y tareas ajenas al ámbito laboral y salarial. Ambas organizaciones se fusionaron en 2001 para formar la actual Svenskt Näringsliv (Confederación de Empresas Suecas), que a día de hoy representa a más de 60.000 empresas que suman en torno a 1,6 millones de trabajadores, lo que supone más del 70% del sector privado sueco (www.svensktnaringsliv.se). Sobre la estructura organizativa y el funcionamiento institucional de la SAF: Johnston, 1962: 71-91. 12

con la próspera economía capitalista sueca al eliminar la rentabilidad como incentivo y criterio de inversión, trabajo y producción y conducirían inexorablemente a un sistema de economía planificada de corte soviético que acabaría en un caos de burocracia, centralización e ineficiencia, por no hablar de la injusticia manifiesta que supondría la expropiación arbitraria derivada de la cesión gratuita de la empresa a los trabajadores 36. Es decir, los fondos tendrían, según el capital, los mismos trágicos efectos que una nacionalización total de la economía (Korpi, 1978: 329). Como consecuencia de esta reacción del capital y de gran parte de la prensa, el gobierno socialdemócrata sufrió una tremenda presión pública, lo que obligó al SAP a renunciar a un proyecto tan ambicioso para evitar conflictos sociales o reacciones de mayor calado (Blackburn, 2005a; Pontusson y Kuruvilla, 1992: 779-780). De hecho, el capital invirtió más dinero en la masiva campaña mediática lanzada contra los fondos que el conjunto de los cinco partidos políticos con representación parlamentaria en las elecciones de 1982 (Burkitt y Whyman, 1994: 25; Pontusson, 1992: 230, 1994: 32). Los réditos sociales de esta estrategia fueron muy notables: mientras algunas encuestas de ese mismo año indicaban que el 60% de los votantes estaba en contra de esta iniciativa, el capital, apoyado en sus poderosos medios de comunicación, conseguía sacar a la calle el 4 de octubre de 1981 a alrededor de 100.000 personas en diversas manifestaciones simultáneas contra los fondos (Fernández Steinko, 2002: 376; Tilton, 1991: 229). Lo cierto es que, a pesar de la vehemencia y del dramatismo de la reacción del capital y de su apocalíptico argumentario, sus quejas no eran de ningún modo infundadas. En rigor, el Plan Meidner suponía de facto la ruptura del compromiso histórico alcanzado en los Acuerdos de Saltsjöbaden de 1938 entre trabajo y capital, ya que implicaba una intromisión directa de trabajo en la esfera de la producción por la vía de la abolición del monopolio capitalista de la gestión de la actividad económica y de la propiedad privada de los medios de producción, lo que supone una innegable ruptura con el consenso al que los sindicatos y el capital habían llegado en su momento (Vartiainen, 1998: 31). Así pues, no cabe sino reconocer que la oposición del capital respondió, sencillamente, a la intención de la LO (y del SAP) de romper con los compromisos alcanzados, lo que no dejaba de ser la voladura del tabú impuesto desde los años treinta por la propia hegemonía socialdemócrata acerca de la cuestión del poder y la propiedad de los medios de producción (Meidner, 1980: 359; Sjöberg, 2005: 109). Al frontal rechazo del capital se uniría un clima político muy complicado para los socialdemócratas, que en 1976 habían perdido el gobierno por primera vez en cuarenta y cuatro años y no lo recuperarían hasta 1982. Y también un escenario económico muy adverso, con una elevada inflación, aumentos del paro, caídas en la productividad y unas tasas de plusvalor y ganancia en mínimos históricos insostenibles. La situación era difícilmente compatible con la puesta en marcha de un proyecto tan arriesgado y ambicioso como el Plan Meidner. Así y todo, los fondos arrancaron en 1983, tras el paréntesis conservador en el gobierno y cuando la rentabilidad del capital se habían recuperado ampliamente a costa de los salarios, pero lo hicieron en una versión tan degradada que no era más que la sombra deformada del plan inicial planteado por la LO.

36 Entre los comentarios que académicos burgueses, medios de comunicación y círculos próximos a las empresas hicieron sobre estos fondos, se pueden encontrar “perlas” como las siguientes: “la mayor confiscación jamás vista en Occidente” (Gustafsson, 1995: 9); “un asalto frontal a la santidad de la propiedad privada” (Blyth, 2001: 9; traducción propia.); “la principal amenaza para el modelo sueco” (Myrdal, H-G, 1980: 14); “revolución en Suecia” (Sjöberg, 2005: 110); o “puro socialismo sin adulterar” (Whyman, 2004: 412; traducción propia). Puede leerse un repaso completo de la catastrófica visión que el capital transmitió de esta propuesta desde su lanzamiento en Myrdal, H-G, 1981. 13

3.2. Objetivos modificados Los nuevos objetivos marcados para los fondos salariales de inversión daban una mayor importancia a los hitos de carácter economicista, funcionales para la acumulación, en desmedro de las cuestiones políticas y sociales enfocadas a la consecución de la democracia económica37. Estos tres objetivos modificados, que plasmamos a continuación en el mismo orden en el que expusimos los originales, quedaron así 38: (1) En lugar de solucionar el problema de los beneficios extraordinarios transferidos a las empresas punteras a costa de los trabajadores con mayores remuneraciones, estos fondos pretendían reactivar la maltrecha rentabilidad del capital a costa de todos los salarios. (2) Aunque no se negaba la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismo para aumentar la influencia de los trabajadores en la esfera de la producción, de hecho, se desdeñó la democracia industrial como un objetivo real y se propusieron medidas más bien timoratas. (3) En vez de tratar de contrarrestar la creciente concentración de riqueza y poder a través del cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de producción, el proyecto se limitó a plantear la posibilidad de buscar una cierta redistribución con el objetivo de calmar la inquietud social y fomentar la competencia. Además, se agregó un cuarto objetivo no incluido en el Plan Meidner original y obviamente dirigido a solucionar el grave problema de falta de inversión derivado de la caída de la rentabilidad y la productividad a partir de los últimos años sesenta 39: el aumento de la disponibilidad de capitales para fomentar una mayor inversión empresarial que condujera a una reactivación de la maltrecha acumulación. 3.3. Funcionamiento real Los fondos salariales implantados respondieron fielmente a estos nuevos objetivos modificados (Gill, 1989:60). Su funcionamiento, que estaba inspirado en el del cuarto fondo público de pensiones AP440 (Pontusson, 1992: 15, 197), se puede resumir en ocho puntos41: 37 No deja de ser significativo que el encargado de presentar estos objetivos modificados fuera Kjell-Olof Feldt, el miembro más conspicuo de la facción derechista del SAP, y, como ministro de Finanzas, la figura del gobierno que acabaría teniendo más peso en la determinación de las políticas socialdemócratas en los años ochenta (Bergström, 1992: 163-164). Por otro lado, fue este carácter economicista y procapitalista de la nueva versión de los fondos lo que hizo que el Partido Comunista se abstuviera en la votación sobre su implantación (Buendía, 2011: 227, n. 164). 38 Albrecht y Deutsch, 2002: 78; Lundberg, 1985: 30; Pontusson, 1994: 30; Whyman, 2004: 415; Whyman, 2006: 53. 39 Albrecht y Deutsch, 2002: 75, 85; Gill, 1989: 60; Martin, 1984: 490; Meidner, 1981: 312. 40 El AP4 es uno de los fondos en que se divide la dotación financiera del sistema público complementario de pensiones sueco, el ATP (Allmänna Tillägspensionen). En concreto, existen siete fondos de pensiones o AP (Allmänna Pensionsfonden): los tres primeros (AP1, AP2 y AP3), fundados en 1960; el cuarto (AP4), creado en 1974 y, hasta esa fecha, el único con permiso para invertir en acciones; el quinto (AP5), lanzado en 1988; el sexto (AP6), creado en 1996 a partir del desmantelamiento del anterior; y, por último, el séptimo (AP7), que vio la luz en 1998. El tamaño conjunto de estos fondos de pensiones crecería en progresión casi geométrica durante los años sesenta, setenta y los primeros ochenta, hasta superar con creces la cifra de 200.000 millones de coronas en 1983, montante equivalente al 30% del producto total de Suecia de aquel momento (Hagen, 2013: 136; Pontusson, 1992: 81-82, 189-191). 41 Albrecht y Deutsch, 2002; Burkitt y Whyman, 1994; Engelen, 2004; Gill, 1989: 61-62; Gustafsson, 1995; Martin, 1984: 489-490; Meidner, 1994; Myrdal, H-G, 1980 y 1981; Pontusson, 1992: 196-198; 1994: 3031; Pontusson y Kuruvilla, 1992. 14

(1) En lugar de un único fondo de ámbito nacional, se proyectaron 24 fondos locales que finalmente quedarían en cinco fondos regionales a modo de ensayo 42 (Galenson, 1998: 54). (2) Los cinco fondos fueron gestionados por consejos de administración formados por representantes de los trabajadores nombrados por la LO y la TCO 43 y por expertos seleccionados por el gobierno. (3) Dichos fondos, en lugar de constituirse a partir de nuevas acciones emitidas por un importe equivalente al 20% de los beneficios brutos de las empresas, como indicaba el plan original, se alimentarían de títulos previamente existentes cuya compra se financiaría a través de impuestos. Así, en lugar de formarse por medio de la emisión de acciones nuevas, los fondos recibirían una cierta cantidad de dinero de fuentes tributarias para adquirir acciones en mercados secundarios y, en su caso, primarios. Estos impuestos gravarían los beneficios netos a partir de un cierto nivel, lo que pretendía ser una solución al exceso de ganancias de los capitales dominantes planteado como problema derivado del funcionamiento de la política salarial solidaria. Sin embargo, también recayeron sobre los salarios y, de hecho, fueron éstos los que tuvieron que financiar nada menos que las dos terceras partes de los ingresos fiscales totales, merced, entre otras cosas, a las generosas deducciones aplicables al gravamen sobre las ganancias empresariales44. En resumidas cuentas, resulta evidente que, lejos de tratarse de un mecanismo de absorción efectiva de beneficios extraordinarios, este sistema no hacía más que constituir una nueva fuente para la formación de capital nutrida por los salarios. Nada distinto, por ejemplo, al sistema de fondos públicos de pensiones ATP que comentábamos con anterioridad (Burkitt y Whyman, 1994: 25; Gill, 1996: 250; Rosal, 2015: 374-375; Tilton, 1991: 234). (4) Los fondos afectarían solamente a las compañías con más de 500 empleados, lo que suponía aproximadamente el 10% de todas las empresas del país.

42 Los cinco fondos fueron: Sydfonden, Fond Väst, Trefond Invest, Mellansvenska Nordfonden, que representaban a las regiones del sur, oeste, este, centro y respectivamente (Pontusson y Kuruvilla, 1992: 784). Como afirma el propio Meidner se trataba simplemente de “unos pequeños fondos regionales de carácter simbólico” 79; traducción propia.).

Löntagarfonder y norte de Suecia, en una entrevista, (Silverman, 1998:

43 La TCO (Tjänstemännens Centralorganisation; Confederación de Empleados) surgió con este nombre en 1944, a raíz de la fusión de dos antiguos sindicatos de empleados del sector privado y del Estado, fundados en 1931 y 1937. En los años sesenta, reunía a casi 400.000 afiliados, cifra que llegaría a triplicarse en los ochenta. En la actualidad, se trata de la segunda confederación más importante de Suecia y, “quizá, la confederación sindical de trabajadores de cuello blanco más exitosa del mundo” (Galenson, 1998: 86). Engloba a 17 sindicatos con un total de 1,3 millones de trabajadores afiliados y agrupa fundamentalmente a una heterogénea mezcla de empleados administrativos, cuadros medios, técnicos y funcionarios con salarios medios o bajos. Desde sus inicios, ha sido explícitamente independiente respecto de cualquier partido político, aunque suele colaborar en temas puntuales con la LO y el SAP y ha defendido la negociación colectiva centralizada (Fry, 1979: 151; Galenson, 1998: 81-82; Gill, 1989: 40; Hort, 2014: 209; Johnston, 1962: 92, 96-98; Pontusson, 1992: 26; Rehn y Viklund, 1987: 1; www.tco.se) 44 En concreto, se gravaban con un 20% los beneficios antes de impuestos superiores al medio millón de coronas (un millón, a partir de 1986) y con un 0,2% todos los salarios (Fernández Steinko, 2002: 375; Högfeldt, 2004: 28, n. 13; Pontusson, 1992: 197; Pontusson y Kuruvilla, 1992: 784; Whyman, 2004: 413). 15

(5) La organización de estos fondos se insertó en el sistema público de pensiones ATP 45, que era donde iban a parar en primera instancia los impuestos pagados por las empresas y los asalariados, de tal manera que el dinero, limitado a 400 millones de coronas suecas anuales46, era entregado después a cada uno de los cinco fondos salariales regionales. Cualquier cantidad que superara este límite era absorbida por el sistema público de pensiones. A cambio de este trasvase, se estipuló como requisito legal que los fondos salariales debían destinar anualmente el 3% de sus activos al sistema ATP. Esta exigencia, pensada para evitar que los fondos pudieran dedicarse a salvar empresas poco competitivas con el fin de evitar despidos masivos (EspingAndersen, 1985: 301), implicaba, de facto, que los fondos debían ser gestionados con criterios de rentabilidad tales que fueran capaces de alcanzar unos réditos mínimos iguales a ese porcentaje ya que, en caso contrario, el montante total del fondo menguaría. Con ello, se veían convertidos de hecho en fondos de inversión convencionales, cuyos objetivos no serían otros que maximizar la rentabilidad y la liquidez y minimizar el riesgo y los costes47. De este modo, la meta de la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas y en la toma de decisiones, al igual que otras cuestiones sociales, pasaban a un plano totalmente secundario 48 (Burkitt y Whyman, 1994: 25-26; Engelen, 2004: 13; Flanagan, 1987: 170; Whyman, 2004: 414). (6) Los fondos salariales tuvieron que responder a tres criterios de actuación generales establecidos por la ley que los creó: diversificación de riesgos, vocación de largo plazo y rentabilidad adecuada. El primero fue seguido con notable fidelidad, como ya hemos dicho, puesto que los fondos, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, mostraron un bajo nivel de concentración en su cartera y mantuvieron una estructura de inversión sectorial muy similar a la de la Bolsa en general. El segundo, sin embargo, fue sistemáticamente ignorado debido, sobre todo, a su incompatibilidad con los otros dos. En efecto, pretender que un fondo de inversión arroje cifras elevadas de rentabilidad año tras año y, al mismo tiempo, mantenga una cartera estable en el largo plazo es, cuando menos, poco realista. Así, según los datos disponibles para el trienio 1987-89, el nivel de circulación medio anual49 de estos fondos alcanza el 30%, una cifra relativamente alta —superior, de hecho, a la de la Bolsa de Estocolmo en su conjunto, que era del 23% en las mismas fechas, y más del doble que la del cuarto fondo de 45 La razón principal de esto era facilitar su aceptación entre la ciudadanía. De este modo, un mecanismo polémico de socialización del capital podría ser presentado como una reforma y ampliación del sistema público de pensiones que, además, serviría para impedir su devaluación sobrevenida a causa de la inflación o su minoración debida al aumento del número de personas beneficiarias a causa del envejecimiento de la población (Myrdal, H-G, 1981: 324; Pontusson y Kuruvilla, 1992: 783). 46 Datos a precios de 1983. Al tipo de cambio medio de 2015 y actualizando la cifra según el IPC, equivaldría a poco más de 100 millones de euros de hoy. Cálculos realizados a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística de Suecia (Statistika Centralbyrån; www.scb.se) y del Banco Central (Riksbank; www.riksbank. se). 47 Algo que, de hecho, lograron con creces. En términos generales, además de conseguir superar el 3% de rentabilidad prescrito, sus resultados financieros no sólo fueron aceptables, sino que superaron a la mayoría de los fondos de inversión privados (Whyman, 2004: 439). 48 Un simple ejemplo demuestra esta afirmación. Como todos los manuales de gestión de fondos indican, uno de los criterios principales que se debe observar para optimizar la rentabilidad de las inversiones es la diversificación de riesgos; criterio que, además, era recomendado explícitamente por la ley que dio origen a los fondos (Pontusson y Kuruvilla, 1992: 784). Esta diversificación implica, obviamente, el reparto de lo invertido entre distintas empresas y diferentes sectores —en lo posible, no demasiado interrelacionados entre sí— con la intención de minimizar riesgos. Tal estrategia especulativa, evidentemente, impide un posicionamiento con peso suficiente para tomar parte en la toma de decisiones en ninguna compañía, lo que impugna la pretensión original de favorecer la democracia industrial. 49 Por nivel de circulación medio anual (portfolio turnover) entendemos la división del total de compras y ventas de acciones efectuadas durante un año entre el capital medio que conforma el fondo. 16

pensiones AP4— que demuestra una estrategia de inversión escasamente proclive a mantener posiciones a largo plazo. Esto significa que los gestores de estos fondos salariales tuvieron que centrarse en el tercer criterio en detrimento del segundo 50, para tratar de alcanzar unos resultados suficientes con los que poder pagar la tasa del 3% al sistema público de pensiones y que, de paso, sirvieran como carta de legitimidad ante el público (Pontusson, 1992: 205-209; Pontusson y Kuruvilla, 1992: 784-789). (7) El sistema de financiación explicado tendría un periodo de duración programada de siete años, desde 1983 hasta 1990, a modo de ensayo. Tras esta fecha, los fondos salariales dejarían de recibir aporte alguno por parte del sistema público de pensiones, por lo que tendrían que funcionar a partir de entonces con los activos disponibles en ese momento. (8) Cada uno de los cinco fondos de inversión no podía acaparar más del 8% de las acciones de ninguna empresa, lo que, teniendo en cuenta el elevado grado de concentración de la economía sueca, supone la imposibilidad de acceder a la toma de decisiones efectiva en ninguna compañía (Flanagan, 1987: 170). En todo caso, la suma de los cinco fondos salariales de inversión y el cuarto fondo de pensiones (AP4) 51, podría llegar teóricamente a poseer hasta el 50% de los títulos de cualquier empresa, aunque esto jamás llegó a darse 52. Además, y mucho más importante, el reducido tamaño de los fondos salariales impedía de raíz que alcanzaran un porcentaje elevado del capital de ninguna empresa, sobre todo si tenemos en cuenta la existencia de las acciones duales de las que ya hablamos más arriba (Burkitt y Whyman, 1994: 26). Así, solamente hubo cuatro sociedades en las que algún fondo llegaría a acaparar más del 8% de los votos y veinte en la que se alcanzara este porcentaje entre los cinco. En todo caso, estos fondos no llegaron a alcanzar jamás, ni individualmente ni en conjunto, el porcentaje mayoritario de votos en ninguna compañía. Ningún fondo salarial de inversión llegó a tomar posiciones en los consejos de administración que les permitieran algo más que acceder más fácilmente a la información corporativa interna, aprender sobre los entresijos de la gestión empresarial y establecer mejores relaciones con la elite financiera y empresarial, lo cual no deja de ser un magro resultado en comparación con lo que pretendían los fondos originales (Engelen, 2004: 12; Pontusson, 1992: 210-11). En 1990, a final de su período de vigencia, los fondos salariales de inversión tenían un patrimonio relativamente modesto, equivalente a un 3,5% del capital negociado en la Bolsa de Estocolmo, cifra similar a la del AP4 e inferior, por ejemplo, a la mitad de los activos líquidos de Volvo (Pontusson, 1992: 15; 1994: 31). Finalmente, el Partido Conservador 53, 50 Esta forma de gestionar los fondos salariales de inversión es muy similar a la aplicada en el caso del AP4 por razones equivalentes (Pontusson, 1992: 15). 51 Como ya hemos apuntado, en aquel momento, el AP4 era el único fondo de pensiones que podía comprar acciones, si bien con un límite del 10% del capital de cualquier sociedad (Myrdal, H-G, 1981: 320; Rosal, 2015: 375; Ryner, 2002: 139). 52 Cuando, en 1988, se creó el AP5 con la misma capacidad máxima de compra que el AP4, es decir, un 10% del capital de cualquier empresa, los fondos salariales pasaron a tener un tope del 6%, de manera que la combinación de los cinco fondos salariales y los dos de pensiones no podría superar, como antes, el límite del 50% (Pontusson y Kuruvilla, 1992: 784). 53 El Partido Conservador (Moderata Samlingspartiet), cuyos miembros son llamados simplemente moderaterna, se fundó en 1904 y, como referencia de la derecha conservadora sueca, fue el principal partido de la oposición desde 1932 hasta los años cuarenta, posición que perdería a favor, primero, de los liberales (1948-64) y, después, del Partido del Centro (1964-76). En los setenta inició una senda de crecimiento en línea con una aproximación ideológica al liberalismo que lo llevó a ser, de largo, el principal partido de la oposición durante más de dos décadas y a formar parte de los gobiernos de coalición de 1976-78 y 1979-81. En 1991, los moderaterna lograron formar un complicado gobierno de 17

que formó gobierno en 1991 en coalición con las demás formaciones burguesas tras la derrota electoral de la socialdemocracia, decidió acabar con ellos de forma definitiva en el plazo más breve posible54 (Vartiainen, 1998: 28). Para ello, decretó su liquidación y utilizó lo acumulado hasta el momento para financiar diversos fondos privados, así como fundar y mantener varios institutos de investigación científica con una clara orientación mercantil. El remanente final sería gestionado por un consejo de liquidación que lo acabaría destinado definitivamente en 1996 a la formación del sexto fondo de pensiones (AP6) (Blackburn, 2005a; Gustafsson, 1995: 10; Rosal, 2015: 375; Whyman, 2004: 440). De este modo tan poco honorable concluyó “un capítulo heroico de en la historia de la socialdemocracia sueca” (Engelen, 2004: 1; traducción propia). En realidad, los fondos salariales, tal y como fueron finalmente aplicados en Suecia, actuaron como cualquier otro fondo de inversión en cuanto a su objetivo principal: obtener la máxima rentabilidad posible. Así, aunque sus fuentes de financiación fueran distintas a las habituales, su gestión estuvo marcada por los mismos incentivos que los fondos capitalistas tradicionales y, por lo tanto, su efecto en la economía no fue en absoluto distinto. De hecho, el capital ganó en fuentes de financiación, lo que responde directamente a aquel cuarto objetivo planteado por Feldt en la búsqueda de revitalizar las tasas de inversión, mientras que los trabajadores vieron debilitada su posición a causa del conflicto de intereses entre el dinero que invirtieron en los fondos y sus necesidades como asalariados.

4. Conclusión “El objetivo de los fondos es drenar el ahorro forzado de los trabajadores para ponerlo a disposición de la empresa privada cuyo poder real de decisión permanece inalterado, precisamente, porque sus derechos de propiedad son íntegramente preservados.” Louis Gill55 A la luz del análisis realizado hasta aquí, no parece temerario afirmar que los fondos de inversión de los asalariados, que en su versión original planteada por el sindicalismo sueco en los años setenta constituían una propuesta casi revolucionaria destinada a democratizar la gestión empresarial y a socializar los beneficios del capital, terminó siendo poco más que una simple reforma técnica del modelo Rehn-Meidner dirigida a resolver el problema puntual de los beneficios extraordinarios obtenidos por los capitales dominantes y, sobre todo, a aumentar la decadente inversión en un intento de estimular la economía sin empeorar el déficit público (Albrecht y Deutsch, 2002: 76-77; Tilton, 1991: 5). De hecho, su principal (y muy modesto) logro no fue poner en tela de juicio la propiedad privada de los medios de producción ni el monopolio capitalista de la gestión de la producción, sino facilitar la capitalización y la consiguiente acumulación mediante la captación de fondos derivados de una nueva tributación impuesta fundamentalmente a los coalición hasta 1994, año en que volvieron a la oposición. El cambio de siglo ha dado fuerzas renovadas a este partido, que no sólo ha gobernado Suecia en coalición desde 2006 hasta 2014, cifrando un récord histórico para la derecha en este país, sino que ha marcado un hito impensable, al conseguir prácticamente un empate electoral con el SAP en las elecciones de 2010, si bien los comicios siguientes revertirían esta situación notablemente, con una importante caída electoral. 54 Como indica Harvey: “El verdadero cambio hacia el neoliberalismo vino con la elección de un gobierno conservador en 1991. Pero el camino había sido preparado parcialmente por los socialdemócratas, quienes habían sufrido crecientes presiones para encontrar soluciones al estancamiento económico.” (Harvey, 2005: 11; traducción propia). 55 Gill, 1989: 62; traduccion propia. 18

asalariados. Así, resulta innegable que su aplicación real en forma de fondos salariales de inversión, lastrada por restricciones incompatibles con sus objetivos iniciales, hizo imposible que esta experiencia tuviera resultados realmente relevantes para la economía sueca o para su clase trabajadora56 (Burkitt y Whyman, 1994: 26; Pontusson y Kuruvilla, 1992: 790-91; Fernández Steinko, 2002: 385). En cualquier caso, creemos que los fondos de inversión de los asalariados, en cuanto estrategia fallida de socialización del capital planteada en la cuna de la más poderosa socialdemocracia que en el mundo ha habido, no es sólo un ejemplo de las múltiples dificultades que el reformismo aparentemente ha tenido a lo largo de la historia para desarrollar plenamente su supuesto plan democrático y moderado de largo plazo hacia el socialismo. En realidad, constituye una prueba especialmente significativa de cómo la socialdemocracia, incluso la sueca, jamás ha pretendido realmente la superación del capitalismo, sino su optimización económica sobre la base de una suficiente legitimación social a partir del máximo grado posible de hegemonía política. Estos fondos, a pesar de los posibles efectos teóricos que se pudieran derivar de su concepción original, nunca podrían haber puesto en jaque las bases del sistema, puesto que no es la ruptura con el modo de producción capitalista lo que la socialdemocracia representa y busca, sino la mejora de su funcionamiento mediante la dinamización de la acumulación, la ampliación y profundización de las bases de la explotación y la consecución de una adecuada atmósfera de paz social a partir de las concesiones a la clase trabajadora que permita la situación económica de cada momento. Es justamente la aceptación elemental del modo de producción capitalista que asume la socialdemocracia la que impone los límites de su acción, que no son otros que los propios límites de la acumulación, es decir, la rentabilidad. “Los fondos de inversión de los asalariados son el epítome del dilema eterno de la socialdemocracia: cómo abolir las consecuencias negativas de sistema capitalista sin perjudicar al mismo tiempo los leyes y mecanismos de ese mismo sistema.” Erik Åsard57.

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