Los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras : ¿ una nueva forma de hacer política en el Bajo Atrato, Chocó ?, Revista CONTROVERSIA, CINEP, 2005.

LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS: ¿UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA EN LA ZONA DEL BAJO ATRATO, CHOCÓ? Stellio Rolland Politólogo, investigador del CINEP

INTRODUCCIÓN Desde hace más de diez años –desde la publicación en el año 1993 de la Ley 70 y del Decreto 1745 1 en 1995– existe una nueva figura política en el paisaje político de la cuenca del Pacifico colombiano: la de los Consejos Comunitarios de las comunidades negras. La aparición de esa nueva figura administrativa suscitó una gran esperanza en varios ámbitos de la sociedad colombiana: parecía que los Consejos Comunitarios iban a renovar la manera de hacer política en el Pacifico y desde allí, dar el ejemplo para todo el país. En el sector social de las organizaciones de base del Pacifico, de las ONG y de los mismos académicos, la introducción de esa nueva figura suscitó un anhelo general hacia una mayor participación de la gente, hacia una “democratización” de las estructuras políticas tradicionales. Así, se dijo que con la introducción de los Consejos Comunitarios en el Pacifico colombiano, por fin esas comunidades afrocolombianas del Pacifico se iban a “organizar” y que iban a nacer unas nuevas practicas democráticas. Se mencionó en varias partes el concepto de democracia “radical”, en la cuál la toma de decisiones se hace desde la base, entre todos los miembros del Consejo Comunitario y en la cuál los asuntos que afectan el futuro de la comunidad son discutidos entre todos los miembros de la comunidad. En fin, se pensaba que con esa reforma política casi se iba a “institucionalizar” una forma de democracia directa y ejemplar, al estilo de la Antigua Grecia. En el departamento del Chocó, y en concreto en la región del Bajo Atrato,2 la introducción de la figura nueva del Consejo Comunitario también produjo cambios grandes en el sistema organizativo local: la figura de la Junta de Acción Comunal – JAC– que había funcionado durante mucho tiempo, desapareció casi por completo del paisaje político. Hoy en día, en la zona, todavía unas comunidades –principalmente mestizas– están organizadas bajo la forma de la Junta de Acción Comunal, pero están en situación de minoría.

1

La Ley 70 de 1993, o “ Ley de negritudes” marca el reconocimiento legal de los derechos étnicos de las comunidades negras por primera vez introducidos en la Constitución Política de 1991. En el Decreto 1745 de 1995, “se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva” de las comunidades negras. Sobre este tema, véase los trabajos de (Agier y Hoffmann, 1999). 2 La región del Bajo Atrato está situada en el norte del departamento del Chocó, entre la región del Uraba, al oriente y la serranía del Darién, al occidente. La zona del Bajo Atrato abarca principalmente dos municipios de gran extensión, el municipio de Riosucio y el de Carmen del Darien y un municipio en proceso de construcción, el de Belen de Bajira.

1

Basando nuestra reflexión sobre el contexto político actual del Bajo Atrato, trataremos de mostrar en este artículo cómo los Consejos Comunitarios locales se constituyen en unas formas políticas intermediarias entre una manera tradicional o “clásica” de organización comunitaria –parecida a la forma organizativa de la Junta de Acción Comunal– y una nueva forma de autoridad en proceso de construcción, fundada sobre la identidad étnica y la apropiación colectiva de un territorio titulado. Trataremos así de recalcar las ambigüedades contenidas en la misma expresión de “Consejo Comunitario” que designa al mismo tiempo dos niveles distintos de realidad: un conjunto de personas tomando decisiones acerca de los asuntos colectivos de la comunidad y la representación social de una autoridad étnica en construcción en el discurso de los líderes locales, que sirve la implementación de las estrategias políticas de la Asociación de Consejos Comunitarios. La promoción de los derechos étnicos de las comunidades afrocolombianas y mestizas impulsa un nuevo contexto político local, más participativo que permite la construcción de un nuevo sujeto político colectivo, la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, Ascoba.3 La emergencia de este nuevo sujeto político que aspira a la apropiación de un territorio colectivo produce cambios en el juego de identificaciones, de representaciones sociales y de territorialidades de la población local. Ser un “ascobático” se vuelve una nueva identidad política para los pobladores, la cuál constituye una mezcla entre las categorías sociales de afrocolombiano, mestizo, desplazado y campesino. En este artículo se tratará primero, examinando las prácticas políticas locales, de analizar el tema de la continuidad política entre la forma de la Junta de Acción Comunal y la del Consejo Comunitario. Nos preguntaremos si la desaparición casi por completo hace unos años de las Juntas de Acción Comunal en la región del Bajo Atrato introdujo un cambio importante en la forma de hacer política a nivel local ¿Las comunidades de la zona realmente se encontraban en una situación de “desorganización”? ¿Cuál es el aporte que constituyó a nivel micro-local de la comunidad, la forma organizativa nueva del Consejo Comunitario y cómo los mismos pobladores percibieron este cambio? ¿Cómo interpretar el deseo actual de varias comunidades de campesinos de la zona de sustituir su forma de organización en Junta de Acción Comunal por una de Consejo Comunitario? Luego, veremos qué si a nivel micro-local, la figura de los Consejos Comunitarios no parece haber introducido mayor cambio en la forma de hacer política; a un nivel superior en cambio, en la cabecera municipal, se está produciendo un nuevo sujeto político colectivo, la Asociación de Consejos Comunitarios. ¿Cuales son las nuevas formas de autoridad que se construyen en la zona? Así, veremos cómo la nueva Asociación de Consejos Comunitarios va produciendo identidad política y mecanismos democráticos que cuestionan la forma tradicional de hacer política y las estructuras tradicionales del poder local. Finalmente, en una tercera parte, se tratara de profundizar el contenido de esta nueva identidad política que nació de la conformación de la Asociación de Consejos 3

Ascoba, o Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, es una organización de base creada en el año 2003 y que abarca una totalidad de 57 Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas y mestizas, situadas en su mayoría en las cuencas de los ríos Atrato, La Larga, Curbaradó, Domingodó y Salaqui. La mayoría de los Consejos Comunitarios del río Truando no pertenecen a Ascoba y la totalidad de los Consejos Comunitarios de las cuencas de dos ríos importantes de la zona, el río Cacarica y el río Jiguamiando, tampoco pertenecen a esa unión de Consejos Comunitarios. Esa Asociación de Consejos Comunitarios es representativa de los pobladores del Bajo Atrato y sobre todo de las comunidades desplazadas viviendo en los cascos urbanos de Riosucio y de Domingodó-pueblo. La mayoría de los Consejos Comunitarios que están afiliados a la asociación corresponden a comunidades desplazadas que han salido de sus lugares de origen desde hace varios años.

2

Comunitarios. ¿Quiénes son los “ascobáticos”? ¿A través de cuáles experiencias, representaciones, discursos y alianzas con otros actores sociales se produce esa identidad? Trataremos también de mostrar cómo esa nueva identidad política va produciendo un nuevo sentido de territorio dentro de los pobladores, una nueva territorialidad.

¿JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y CONSEJO COMUNITARIO: DOS FORMAS ORGANIZATIVAS EQUIVALENTES? Las distintas funciones de las Juntas de Acción Comunal y de los Consejos Comunitarios ¿Cómo funcionaba el sistema organizativo de las comunidades ribereñas del Bajo Atrato antes de que fueran introducidos los Consejos Comunitarios? Primero hay que matizar el mito de una situación de “desorganización” de esas comunidades antes de la introducción de los Consejos Comunitarios por la Ley 70: la mayoría de las comunidades de la zona estaban organizadas en Juntas de Acción Comunal. ¿Cómo funcionaba ese sistema de organización comunitaria? Para poder entender mejor este sistema organizativo de las Juntas de Acción Comunal, retomemos algunos extractos de una entrevista hecha con un líder afrocolombiano de una comunidad del río Atrato: “En ese tiempo, había las juntas de acción comunal; entonces, la gente hacía pues sus trabajos y se reunía cuando había los trabajos que había que hacer, casi la misma cosa que los Consejos Comunitarios hoy. Los líderes, en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal, trataban de cosas organizativas para las comunidades; los trabajos que se iban a realizar en las comunidades(...) Cuando los líderes necesitaban una cuota para salir, reunían a las comunidades para hacer saber que ellos salían, la comunidad trabajaba, cortaba madera y les daba la cuota a los lideres para ellos poder salir(...) Primero se reunían los directivos y después reunían a toda la asamblea. Se reunían más que todo para planificar los trabajos que había que hacer, como son la siembra de arroz, la siembra de maíz, plátano, yuca(...) Para cortar una madera comunitaria, tocaba sacar un permiso con la Junta de Acción Comunal (...) la Junta de Acción Comunal tenía un comité de disciplina; el comité llamaba a la persona; a la persona la sancionaba, la ponía a rozar por ejemplo o a sembrar caña”.4 Así, las Juntas de Acción Comunal en la zona del Bajo Atrato se encargaban de organizar los trabajos comunitarios en las partes colectivas de la comunidad, de velar por el buen uso de los recursos naturales colectivos, de ejercer funciones de justicia comunitaria y finalmente de “gestionar” beneficios materiales para la comunidad gracias a la interacción de los directivos de la Junta con las distintas instituciones del Estado y con las administraciones municipales. De esta forma, el interés principal de los pobladores locales en conformarse en una Junta de Acción Comunal era la movilización 4

Entrevista realizada con el representante legal de la Comunidad de La Madre –comunidad situada en la cuenca del río Domingodó– el domingo 13 de febrero de 2005 en la comunidad de Montaño, cuenca del río Atrato.

3

de recursos políticos, económicos y sociales. Según las informaciones recogidas en las entrevistas, a través de la conformación de una Junta de Acción Comunal en una vereda, los “directivos trataban de gestionar una escuela o un centro de salud para la comunidad”.5 En el articulo Quinto de la Ley 70 se define todo el abanico de las funciones previstas para los Consejos Comunitarios de las comunidades del Pacífico. Además de ser un órgano administrador del territorio, se supone también que el Consejo Comunitario debe cumplir el papel de autoridad ambiental, de autoridad tradicional administradora de justicia y finalmente de un órgano depositario de la cultura afrocolombiana. Según los mismos términos de la Ley 70, el Consejo Comunitario debe “velar al aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales”, “hacer de amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación” y “velar por la preservación de la identidad cultural”. En el Bajo Atrato, las actividades cotidianas de la junta directiva del Consejo Comunitario contemplan tres temáticas principales: la administración del territorio y la cuestión de los linderos con las otras comunidades, la gestión de los recursos maderables de los “colectivos” de la comunidad y finalmente el papel de interlocución con el Estado, con las ONG y con las administraciones municipales. El proceso de toma de decisiones en las dos formas de organización comunitaria En el antiguo sistema de las Juntas de Acción Comunal, “ los representantes –o directivos– de la Junta eran elegidos por la asamblea: seis personas conformaban la Junta de Acción Comunal: el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, el fiscal, el vocal”. 6 Según las informaciones recogidas en las entrevistas, los miembros de la Junta Directiva consultaban a la totalidad de la comunidad –la Asamblea– para los asuntos importantes pero en general, mantenían un gran nivel de autonomía en sus decisiones. Nombrados representantes de la comunidad durante todo su mandato, disponían de un buen margen de maniobra en sus diversas “gestiones” con las instituciones locales. Hoy en día, todas las comunidades del Bajo Atrato no están conformadas en Consejos Comunitarios, algunas comunidades siguen organizadas en Juntas de Acción Comunal. Sin embargo, en ambas formas organizativas igual, todos los habitantes de la comunidad son miembros activos de la Asamblea y tienen un poder de decisión idéntico para elegir a los miembros de la junta directiva y expresar su opinión en los asuntos colectivos de la comunidad –trabajos colectivos, explotación de los recursos maderables y conflictos internos–. El Consejo Comunitario, en las comunidades afrocolombianas y mestizas de la región, está conformado por la Asamblea General y por la Junta directiva. Según los términos de la Ley 70, la Asamblea General es la “máxima autoridad”7 en la comunidad, la institución “que manda por encima de los miembros de la junta directiva”, como dicen los mismos pobladores del Bajo Atrato. La Asamblea General tiene que elegir a los distintos miembros de la junta directiva: el representante legal8 del 5

Ibíd. Ibíd. 7 Decreto Numeral 1745 de 1995, Capitulo II, “De los Consejos Comunitarios”, articulo 4: “La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario.” 8 El Articulo Quinto de la Ley 70 estipula que una de las funciones del Consejo Comunitario es “escoger al representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica”. 6

4

Consejo Comunitario, el presidente, el fiscal, el vocal y el secretario. El representante legal juega un papel decisivo en la toma de decisiones; los otros miembros de la junta directiva intervienen de manera puntual y el resto de la comunidad prácticamente no participa al proceso de toma de decisiones. Hoy en día, aparte de la Asamblea General y de la Junta directiva, las otras instituciones que integran el Consejo Comunitario son los comités. En muchas comunidades de la zona del Bajo Atrato, existen varios comités temáticos –comité de salud, de educación, de servicios públicos, etc–. Las personas que hacen parte de esos comités son también lideres encargados de gestionar los problemas que se presentan en esas distintas áreas. Cabe decir que esos distintos comités se reúnen de manera muy esporádica y que son casi unas instituciones ad hoc que se materializan cuando se presenta un problema particular. Tanto las funciones del Consejo Comunitario definidas por la Ley 70 y el Decreto 1745 de 1995 como las distintas instituciones que lo integran –Asamblea General, Junta directiva, Comités– son muy parecidos a las funciones y a las instituciones que integran el sistema organizativo de las Juntas de Acción Comunal. Cuando uno pregunta a los pobladores del Bajo Atrato cómo se caracterizaba el antiguo sistema de las Juntas de Acción Comunal en comparación con el sistema actual, la mayoría de la gente responde cómo respondió el líder entrevistado (ver el extracto de la entrevista anteriormente citada): “casi la misma cosa que los Consejos Comunitarios”. Esa percepción que tienen los mismos pobladores de la región de la existencia de una continuidad histórica entre el sistema organizativo de las Juntas de Acción Comunal y el sistema actual de los Consejos Comunitarios es muy significativa. Eso muestra que los pobladores de la región del Bajo Atrato no han percibido mayor cambio en las estructuras políticas fundamentales, a pesar de los esfuerzos del Estado colombiano para descentralizar los mecanismos de poder y aplicar el principio de la subsidiaridad en la toma de decisiones. Esos intentos de democratización realizados por el Estado colombiano, que marcan el principio de la década de los noventa y que culminan con la publicación de la Ley 70 no tuvieron mayor impacto en la vida política de las comunidades de la zona, por lo menos a nivel micro-local. Esa similitud percibida por los pobladores locales entre las Juntas de Acción Comunal y los Consejos Comunitarios pone en tela de juicio la tesis según la cuál el Estado colombiano habría introducido con la Ley 70 y la creación de los Consejos Comunitarios mecanismos más participativos y más democráticos, en la continuación de las reformas impulsadas por la adopción de la Constitución de 1991. A nivel micro-local, la tesis del aumento de la participación popular en la toma de decisiones y en la concertación de los asuntos públicos corresponde más bien al anhelo del sector social compuesto por las organizaciones de base, las ONG y los mismos académicos. El reconocimiento de la etnicidad afrocolombiana Sin embargo, a pesar de esas similitudes grandes, el sistema organizativo de los Consejos Comunitarios introduce una novedad importante con respecto al sistema de las Juntas de Acción Comunal: la inserción del concepto de etnicidad en las formas locales de sociabilidad y de autoridad. El cambio social mayor generado por la introducción de la figura política de los Consejos Comunitarios, en comparación con la figura de la Junta de Acción Comunal es el reconocimiento de la etnicidad afrocolombiana. Así, en el nuevo contexto ideológico de reconocimiento de la etnicidad negra introducido por la Constitución de 1991, por la Ley 70 y el Decreto 1745 de 1995, el Consejo Comunitario

5

se ha vuelto no sólo una nueva fuente de autoridad a nivel jurídico sino que aspira también a volverse una fuente de autoridad a nivel simbólico, en el sentido de la “identidad afrocolombiana”. Según los términos de la Ley 70, el Consejo Comunitario debe “velar por la preservación de la identidad cultural ”. Sin embargo, a nivel micro-local de los Consejos Comunitarios, la introducción de la noción de “identidad cultural” sigue siendo muy abstracta y no ha generado mayor cambio en las practicas políticas de la gente ni en el manejo del poder y de la autoridad. La nueva autoridad legal de la comunidad sigue centralizada en una sola persona, como lo era en el antiguo sistema de las Juntas de Acción Comunal. De algún modo, los Consejos Comunitarios de la zona del Bajo Atrato recogen la experiencia organizativa de las antiguas Juntas de Acción Comunal. El mismo modelo de movilización de unos recursos –políticos, sociales, económicos– ya existentes por unos actores políticos para la obtención de sus reivindicaciones se aplica en los dos casos (Tarrow, 1994). Además, hemos notado en los dos sistemas organizativos el mismo fenómeno de relativa centralización de la autoridad en las manos de una sola persona. El sentimiento de continuidad histórica entre las dos formas organizativas percibido por los mismos pobladores confirma esa afirmación y demuestra que la figura política del Consejo Comunitario logró adaptarse relativamente bien a las formas locales de sociabilidad y de autoridad. Muchos lideres que tienen un cargo actualmente en las juntas directivas de los Consejos Comunitarios eran los directivos de las Juntas de Acción Comunal. La introducción oficial de las nociones de “etnicidad afrocolombiana” y de “identidad cultural” dentro de la definición de las funciones del Consejo Comunitario es el mayor cambio político que identificamos con respecto al sistema organizativo de las Juntas de Acción Comunal. Para el manejo de la autoridad dentro de la comunidad organizada en Consejo Comunitario, la situación no ha cambiado en comparación con el sistema organizativo anterior. De manera paralela a la nueva forma de autoridad del Consejo Comunitario creada por la Ley 70, las formas “tradicionales” de autoridad y de regulación social siguen funcionando de manera muy flexible para poder generar consensos dentro de la comunidad sin tener que acudir a una instancia formal de regulación (Villa, 1998 y Hoffmann, 2004). El surgimiento de los Consejos Comunitarios no generó una “democratización” del manejo del poder a nivel micro-local de la vereda ni una mayor participación de la gente en el proceso de toma de decisiones, como lo esperaba el sector social de los activistas, de las organizaciones de base y de los mismos académicos. En cambio, a nivel superior de la cabecera municipal donde participan más que todo los lideres comunitarios, la implementación del nuevo recurso político de la “identidad cultural”, con su conjunto de discursos étnicos y de representaciones sociales permitió la emergencia de un nuevo sujeto político colectivo, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, Ascoba.

EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO SUJETO POLÍTICO, LA ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS El proceso de las “Comunidades de Paz” Para poder entender la emergencia en noviembre de 2003 de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, es necesario primero 6

examinar la historia de la movilización social y política de los grupos de desplazados en la zona. La puesta en marcha de una acción colectiva de los grupos de desplazados en la zona no se hizo primero en torno a unas reivindicaciones territoriales como tales ni a la promoción de la identidad afrocolombiana sino que fue más bien una estrategia de movilización de recursos económicos y políticos para el retorno de las comunidades desplazadas y asentadas en Pavarandó –municipio de Mutata– a sus lugares de origen, en las cuencas de los ríos Atrato, Domingodó y Salaqui principalmente. Así, la conformación de la Asociación de Consejos Comunitarios en el 2003 fue el producto de varios años de movilización política de grupos de desplazados por la defensa de la vida en medio del conflicto armado, exigiendo al Estado el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección de la población civil. Las comunidades involucradas en este movimiento social formaban parte del proceso de las “Comunidades de Paz”, una estrategia de búsqueda de un espacio autónomo en medio del conflicto y de retorno de la población desplazada, desarrollada a partir del año 1997 y hasta el año 2003 con el apoyo de la Iglesia –Diócesis de Apartado–, de varias ONG nacionales9 y de la cooperación internacional. Ese proceso organizativo de las “Comunidades de Paz” permitió fortalecer el vinculo comunitario y la cohesión social dentro de muchas comunidades y también fue un proceso importante de formación de la conciencia política de los lideres locales. Durante todo ese proceso, la interacción permanente entre las comunidades desplazadas y las instituciones acompañantes permitió profundizar la reflexión de los pobladores locales acerca de las distintas formas de organización que tenían a disposición tanto para consolidar el retorno como la permanencia de los pobladores en sus lugares de origen. Más específicamente, este proceso permitió profundizar la noción de reglamentos internos vigentes en los asentamientos de desplazados, una noción que será después retomada en los reglamentos internos de los Consejos Comunitarios. Hoy en día, la redacción de esos reglamentos internos en cada una de las comunidades de la zona con el apoyo de la Asociación de Consejos Comunitarios es uno de los ejes principales de la construcción y de la legitimación de esa nueva forma de autoridad que constituye la figura del Consejo Comunitario. La titulación de las comunidades afrocolombianas y mestizas La Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, los dos textos legislativos fundamentales que ordenan el funcionamiento de los Consejos Comunitarios de las comunidades negras, tienen un carácter territorial muy fuerte. La Ley 70 consiste antes que cualquier otra cosa en el proceso de titulación de las tierras donde viven las comunidades afrocolombianas ribereñas del Pacifico. Esos dos textos legislativos nacieron principalmente de las reivindicaciones de las organizaciones afrocolombianas y del movimiento campesino local para la obtención de títulos colectivos de propiedad sobre unas tierras consideradas como baldíos de la Nación. La titulación de las comunidades afrocolombianas ribereñas del Pacifico está fuertemente ligada al reconocimiento oficial de las particularidades de la etnicidad afrocolombiana. Es por el carácter particular de la propiedad de la tierra en las comunidades afrocolombianas ribereñas del Pacifico, propiedad de tipo colectivo, que el Estado colombiano justifica el proceso de titulación de las comunidades. Así la función principal del Consejo Comunitario, una figura política creada por la Ley 70, está relacionada con el manejo del territorio colectivo titulado a la 9

Entre las distintas ONG apoyando el proceso de “Comunidades de paz”, hay que destacar el papel fundamental del Cinep, Centro de Investigación y de Educación Popular.

7

comunidad. Como lo estipula claramente el preámbulo del Decreto 1745 de 1995, “para recibir en propiedad colectiva las tierras titulables, cada comunidad debe formar un Consejo Comunitario.” Así que todos los miembros del Consejo Comunitario –o sea todos los habitantes de la comunidad– son, como dicen los pobladores de la zona, “por ley, dueños de sus tierras”. De manera recíproca, una comunidad de la zona del Bajo Atrato, organizada en Junta de Acción Comunal que no puede demostrar que es dueña de un territorio colectivo no puede conformarse en Consejo Comunitario. En la zona del Bajo Atrato, las comunidades afrocolombianas ribereñas fueron tituladas por el Estado Colombiano a partir de los años 2000-2001. Así, a nivel de la Asociación de Consejos Comunitarios, las nociones de “identidad cultural” y de “etnicidad afrocolombiana”, reconocidas por la Ley 70 se vuelven unas herramientas políticas esenciales que permiten sostener sus reivindicaciones territoriales. De hecho, el comité encargado en la Asociación de Consejos Comunitarios de mirar la cuestión de la titulación, de los linderos entre las distintas comunidades y de los conflictos territoriales existentes en la “zona de influencia” de Ascoba se llama Comité de Etnia y Territorio, lo que demuestra la estrecha interdependencia que se estableció en el discurso de la Asociación entre las nociones de etnicidad y de territorio. El proceso de búsqueda permanente de garantías sobre la propiedad de la tierra Este es el mayor cambio social producido por la introducción de los Consejos Comunitarios: el reconocimiento legal de los campesinos y de los pescadores locales afrocolombianos y mestizos como propietarios de sus tierras. En el antiguo sistema de las Juntas de Acción Comunal, los campesinos no eran realmente considerados como “dueños de sus tierras” sino más bien como una especie de “ocupantes de buena fe”.10 En el contexto actual de presiones permanentes sobre la tierra ejercidas por grandes empresas explotadoras de recursos naturales en el Bajo Atrato –madera principalmente – y por grandes empresas agroindustriales –palma aceitera y ganadería extensiva especialmente– la obtención por los campesinos de garantías sobre la propiedad de la tierra es una búsqueda permanente. Ese fenómeno de búsqueda de garantías legales sobre la propiedad de la tierra se ve particularmente bien en el caso de las comunidades mestizas que viven en la zona del Bajo Atrato. Para los campesinos “chilapos”11 de esas comunidades que han sido desplazados varias veces durante las distintas olas de violencia que ha conocido la zona desde el año 1996, el Consejo Comunitario representa el acceso a la propiedad y a cierta estabilidad territorial. De esta forma, varias comunidades mestizas, situadas en las cuencas de los ríos la Larga, Salaqui y Curbaradó, organizadas actualmente en Juntas de Acción Comunal quieren dejar esta forma de organización y conformarse en Consejos Comunitarios. Para poder realizar este cambio político, solicitan la asesoría jurídica de la Asociación de Consejos Comunitarios. La aspiración de los campesinos locales a la estabilidad territorial que encarna para ellos la forma organizativa del Consejo Comunitario es muy importante. Durante los últimos meses, varias “veredas” habitadas por “chilapos” se han 10

Con “Ocupantes de buena fe” me refiero al significado opuesto de “ocupantes de mala fe” que según el Decreto 1745 de 1995 designa a todas las personas que se han apropiado ilegalmente de las tierras de las comunidades afrocolombianas y mestizas (grupos armados ilegales, empresas explotadoras de recursos naturales, etc.). Así, en este artículo, los “ocupantes de buena fe” designan más bien a los campesinos mestizos, originarios de Antioquia, Córdoba y Sucre que han llegado a la zona para “encontrar mejores tierras” y practicar la agricultura de subsistencia. 11 “Chilapo” es el término con el que se conoce a esos campesinos de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre que han llegado a la región del Bajo Atrato en la búsqueda de mejores tierras para sembrar.

8

registrado ante el municipio de Riosucio como Consejos Comunitarios y otras están por hacerlo próximamente. Acordémonos también de que la mayoría de los Consejos Comunitarios que están afiliados a Ascoba corresponden a comunidades desplazadas asentadas en Riosucio. Para los campesinos “chilapos” que han llegado a la zona hace relativamente poco tiempo y para los desplazados, asentados en Riosucio que van a trabajar de manera esporádica en su finca en el campo, el acceso a la tierra siempre ha sido muy incierto en este contexto social de presión territorial permanente ejercida en la zona por los actores armados ilegales y por los dueños de las grandes empresas de explotación de madera y de ganadería extensiva. Además, en los últimos años, las zonas del Uraba chocoano y del Bajo Atrato han sido el escenario de un movimiento fuerte de concentración de la propiedad de la tierra. Podemos decir incluso que se trata casi de un proceso de contrareforma agraria que empezó desde el principio de la década de los ochenta. La elaboración del discurso étnico de la Asociación de Consejos Comunitarios En este proceso largo de construcción de la identidad étnica, los lideres afrocolombianos de Ascoba se inspiran del modelo de gestación de la identidad indígena en el país, iniciada a partir de los años 1970. A este respecto, la afirmación de Mauricio Archila es clara: “Gran parte de las experiencias de los indígenas va a ser empleada por los afrocolombianos en la gestación de su identidad, aunque con marcadas diferencias” (Archila, 2003, capítulo 7 y Wade, 1997). De esa forma, en su discurso político y étnico, la Asociación de Consejos Comunitarios aparece como la “madre de los Consejos Comunitarios”, ellos mismos calificados como las “autoridades tradicionales” de las comunidades.12 La Asociación de Consejos Comunitarios inscribe la autoridad nueva que constituye la forma organizativa del Consejo Comunitario en la tradición de una memoria histórica reinventada y hace de la Asociación “la madre” por decir natural o biológica de los distintos pobladores de la zona. En este momento, la Asociación de Consejos Comunitarios está construyendo la identidad étnica de los pobladores de la zona. La figura del representante legal del Consejo Comunitario La representación social del representante legal del Consejo Comunitario que quiere construir la Asociación es la figura de un líder natural de la comunidad, una persona que conoce perfectamente “su gente”, que resuelve de manera espontánea los conflictos internos y que consulta la Asamblea General de la comunidad para tomar decisiones importantes. Con la elaboración de este discurso étnico, la Asociación de Consejos Comunitarios aspira a legitimar tanto hacia dentro –los pobladores locales– como hacia afuera –las distintas instituciones del Estado y la comunidad internacional– la forma de autoridad relativamente nueva que constituye la figura del representante legal del Consejo Comunitario en la zona. En realidad, la obtención del cargo de representante legal del Consejo Comunitario no viene a coronar un rol importante de liderazgo natural en la comunidad, es más bien un cargo de índole político-administrativo. En ciertos casos incluso, la mayoría de los miembros que componen la junta directiva del Consejo Comunitario – presidente, representante legal, fiscal, tesorero y secretario– no viven dentro de la comunidad, sino en el casco urbano más cercano. Así, en esos casos, el representante 12

Citado de un documento intitulado “Posición política de la organización Ascoba”, elaborado en noviembre de 2004.

9

legal se dedica más que todo a manejar desde afuera los “intereses” de la comunidad – la explotación de los recursos naturales principalmente– y el uso del territorio colectivo del Consejo Comunitario. En la cuenca del río Truando por ejemplo, el representante legal de la comunidad de Truando Medio vive en el casco urbano de Riosucio y desde allí, negocia la venta de los lotes maderables a la empresa Maderas del Darién. Examinemos ahora las trayectorias de vida de los representantes legales de los Consejos Comunitarios del Bajo Atrato. Lejos de ser unos “líderes naturales” de la comunidad que encabezan los mecanismos de regulación social autónoma que existen en las comunidades afrocolombianas, la mayoría de ellos han sido formados por instituciones exteriores –empresas, Estado, Iglesia y ONG– las cuales corresponden a unos sistemas normativos distintos al de las comunidades afrocolombianas ribereñas del Pacifico (Hoffmann, 2004). En algunos casos, los representantes legales de los Consejos Comunitarios son unos líderes que han sido formados a través del movimiento social campesino y más específicamente en el proceso de Juntas de Acción Comunal. En otros casos, los representantes legales han sido formados por la Iglesia y por las ONG nacionales e internacionales en el marco del proceso de “Comunidades de Paz” desarrollado en la zona a partir de 1997. Ellos son los interlocutores de esas instituciones y los encargados de negociar su ayuda. En otros casos también, ellos han trabajado como concejales en las administraciones municipales y han sido los encargados de negociar con el Estado. Finalmente, en ciertos casos, los representantes legales de los Consejos Comunitarios son las personas con las que siempre han negociado las empresas explotadoras de recursos naturales en la zona y particularmente con Maderas del Darien. En todos los casos, el cargo de representante legal encuentra su legitimación dentro de un sistema de normatividad de índole político-administrativo creado por la Ley 70 y distinto al sistema particular de regulación social propio a las comunidades ribereñas del Pacifico. Y el perfil socio-politico de ellos corresponde a la difusión por varias instituciones de sistemas de normatividad ajenos al sistema de regulación social local. Es precisamente por esas razones que la Asociación de Consejos Comunitarios aspira a través de su discurso étnico a legitimar esa nueva forma de autoridad hacia los pobladores locales. El surgimiento de un nuevo sujeto político colectivo A través de la búsqueda permanente de garantías sobre la propiedad de la tierra y de un proceso de “naturalización” y de “etnización” de sus Consejos Comunitarios y de sus representantes legales, Ascoba se está construyendo poco a poco como un nuevo sujeto político colectivo en la zona. Los dos elementos fundamentales –estrechamente interdependientes el uno del otro– que sostienen la existencia de este nuevo sujeto político colectivo son por una parte la propiedad colectiva del territorio y por otra parte, la pertenencia a la etnicidad –o a la “comunidad”– afrocolombiana. En efecto, la posesión del titulo colectivo se ha vuelto la condición sine qua non del reconocimiento oficial de la colectividad afrocolombiana, de sus derechos y casi de la dignidad humana de sus miembros (Ibíd). Hemos notado que la mayoría de los lideres activos en Ascoba –que muchas veces son representantes legales de sus comunidades– han sido desplazados o pertenecen a comunidades en situación de desplazamiento. Para ellos, que representan la mayoría de los “ascobáticos”, el acceso a la propiedad de la tierra en esa zona siempre ha sido muy incierto y condicionado al “sometimiento” a un líder político o a un actor armado.

10

Como lo expresa muy bien Daniel Pécaut “la garantía sobre la propiedad de la tierra es lo que engendra una inserción en la trama social: es portadora de una memoria y de un futuro, por medio del cuál el individuo se reconoce como persona” (Pécaut, 2000). Así, para esos desplazados o “desplazados potenciales” de la zona, la obtención de la titulación colectiva y de garantías sobre la propiedad de la tierra es lo que permite de algún modo obtener una ciudadanía y una inserción en una comunidad política. La ciudadanía no solamente supone gozar de un número específico de deberes y de derechos reconocidos por el Estado; supone también la atribución de una dignidad que rende posible la pertenencia a una comunidad política nacional, como lo afirma más adelante Daniel Pécaut. Esas personas desplazadas que forman las redes sociales de la Asociación casi nunca han tenido acceso a esa ciudadanía y siempre han sido más bien “objetos” de las lógicas de guerra y de las políticas de terror de los actores armados que verdaderos “sujetos” políticos. Así, la mera existencia de la Asociación de Consejos Comunitarios representa el reconocimiento de esa dignidad y materializa ese sentido de pertenencia de los desplazados a una comunidad de “sujetos” políticos, reconocida por el Estado y por la sociedad colombiana en general. La identidad política de los campesinos de la zona, de ser negativa y estigmatizada se vuelve positiva y valorizada por toda la comunidad nacional. Ahora los “desplazados por la violencia” se volvieron “los miembros de la comunidad afrocolombiana” y los “dueños de sus territorios ancestrales”. La Asociación se vuelve así un nuevo actor político colectivo en la zona, aspirando a obtener siempre mas garantías sobre la propiedad de la tierra con el fin de obtener el reconocimiento de la dignidad de sus miembros como verdaderos ciudadanos, como “sujetos” políticos, miembros de una comunidad nacional pertinente. De esta manera, vemos que la lógica de la acción colectiva no se limita solamente a la movilización de recursos sino que comporta también una dimensión social y simbólica de construcción de identidades y de fortalecimiento de la capacidad del sujeto politico de proyectarse en un futuro (Archila, 2003). El surgimiento de este nuevo sujeto político colectivo es la transformación política más importante que se ha dado en el espacio público de la zona en los últimos años. Esa transformación política modifica por una parte, el juego político local entre las formas tradicionales de autoridad y por otra parte, la misma territorialidad de los pobladores locales.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE AUTORIDAD Y DE UNA NUEVA TERRITORIALIDAD EN EL BAJO ATRATO ¿La Asociación de Consejos Comunitarios, una nueva autoridad en la zona? ¿Una nueva forma de autoridad regional? Lo que busca la Asociación de Consejos Comunitarios es dar un contenido étnico y casi “ancestral” a esa forma organizativa nueva que constituye el Consejo Comunitario para poder legitimarla como la única autoridad dentro de la comunidad. Sin embargo, hoy en día en el Pacífico, la gobernabilidad local se caracteriza más bien por una pluralidad de las fuentes y de las formas de autoridad (Hoffmann, 2004). Dentro del marco de una política de la identidad y siguiendo el modelo del movimiento social indígena, la Asociación aspira a la creación de una diferencia “natural” y casi “biológica” que permita justificar sus reivindicaciones políticas y territoriales en cuanto 11

al manejo de la justicia de manera autónoma y de la consecución de unos recursos económicos directamente ejecutados por la Asociación de Consejos Comunitarios. En un futuro próximo, podemos pensar que dentro del marco del sistema político colombiano de pluralidad de las normas jurídicas, la Asociación de Consejos Comunitarios será un rival de los municipios locales en la consecución de los recursos económicos estatales. A largo plazo, el objetivo de Ascoba es su reconocimiento como única autoridad legal, al igual que los cabildos indígenas hoy para poder ejercer de manera autónoma funciones de justicia y recibir financiación por parte del Estado Colombiano. Esa nueva forma de autoridad en construcción que constituye Ascoba con sus representantes legales aspira a ser un poder reconocido en el espacio político local, al igual que lo son los municipios y los cabildos indígenas hoy en día. A veces, esa nueva forma de autoridad se yuxtapone, entra en conflicto o en alianza con otras formas de poder de la zona, como lo son los “lideres naturales” de las comunidades, los municipios locales o también las otras instituciones que manejan un nivel de autoridad como las ONG y la Iglesia. En el espacio político local, se da una lucha permanente por el reconocimiento y la legitimidad política entre las distintas autoridades presentes en la zona. A este respecto, la actitud de las administraciones municipales frente a Ascoba es muy ambigua: por una parte, reconocen a la organización de base y a sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales pero por otra parte niegan toda legitimidad a esa nueva autoridad afirmando que “los ascobáticos andan con las ONG”, las cuales son consideradas por las administraciones municipales como exteriores y rivales. Además, muchas veces las ONG obtienen su financiamiento a través de la cooperación internacional y disponen de un presupuesto mucho más elevado que las mismas administraciones municipales. Las administraciones municipales se quejan mucho de que esas ONG y la cooperación internacional estén tratando de “reemplazar al Estado” en la zona. Así, por un lado, la administración municipal de Riosucio apoya a la organización de base en sus políticas de retorno, moviliza recursos económicos para las “avanzadas” de las poblaciones y brinda una ayuda humanitaria a las comunidades desplazadas asentadas en la cabecera municipal. Pero por otro lado, muchas veces no reconoce la legitimidad de la nueva autoridad e ignora sus reivindicaciones económicas y territoriales. ¿Un espacio político más democrático a nivel local? Examinemos ahora el nuevo contexto político local en el Bajo Atrato surgido de la interacción entre Ascoba y las otras formas de autoridad presentes en la zona. Hoy en día, la Asociación se dedica a construir su discurso étnico de defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Esa bandera de lucha y la consecución de recursos económicos para la población local le brinda un buen nivel de reconocimiento y de legitimidad dentro de las comunidades del Bajo Atrato. En consecuencia, esa cercanía relativa con la población local le permite representar a los intereses de las comunidades en el ámbito de la política local. De esta forma, en las reuniones con las administraciones publicas, ONG y otros actores políticos de la zona el papel de Ascoba ha sido asegurarse que el Estado, a través de las distintas instituciones públicas presentes en la zona, cumpla con sus deberes constitucionales. En este momento por ejemplo, el tema principal de la agenda política de la Asociación tiene que ver con el retorno de las poblaciones desplazadas de las cuencas de los ríos Domingodó y Salaqui asentadas en Riosucio. Con respeto a esa cuestión, el papel de la Asociación es crítico: se trata de “cuestionar” los compromisos de los

12

municipios de Carmen del Darién y de Riosucio en sus programas respectivos de apoyo a las comunidades que van a retornar a sus lugares de origen. Ese papel crítico de la asociación de Consejos Comunitarios fortalece la democracia local y la apropiación del espacio publico por la misma población porque suscita un debate publico sobre las responsabilidades y las obligaciones de los actores políticos de la zona. El papel crítico jugado por la Asociación permite instaurar el rendimiento de cuentas de los gobernantes como práctica política local. De hecho, eso tiende a la instauración progresiva de un sistema político de “check and balance“, en el cuál la Asociación juegue más o menos el papel del partido de oposición, velando por el buen respeto de las reglas constitucionales por parte de las administraciones públicas. La existencia de un sistema de contrapeso político es el requisito principal para instaurar un régimen de democracia local en la zona. Ese nuevo papel jugado por Ascoba en el contexto político local es una señal fuerte de descentralización del poder político y de redefinición de la comunidad política pertinente. Es un nuevo concepto de pertenencia a la Nación que se está construyendo: los Consejos Comunitarios, como nuevas formas de autoridades étnicas y a través de su asociación, aspiran a participar a la definición de la política local. Esa democratización del juego político local se sitúa en la continuación de las reformas políticas de descentralización iniciadas en 1982 por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y que se concretaron en 1988 con la elección popular de los alcaldes y luego con la de los gobernadores en 1991. Sin embargo, cabe agregar que la misma Asociación de Consejos Comunitarios, a pesar de su contribución a la democratización del juego político local no está exenta del riesgo de burocratización de sus miembros. De manera concreta, el riesgo consiste en que se vaya formando una elite política de lideres, trabajando en el casco urbano y desvinculada poco a poco de la realidad de las comunidades en el campo. Ese riesgo es real, como lo demuestra la multiplicación reciente de los casos de renuncias de los representantes de la Asociación de sus cargos de representantes legales en los Consejos Comunitarios locales. La razón invocada por los lideres es la necesidad de acabar con la doble carga de trabajo que tenían que asumir. Pero, si este fenómeno de renuncia de los líderes de sus cargos en los Consejos Comunitarios se extiende, la Asociación corre el riesgo de perder su razón de ser y su esencia: su función de portavoz de las comunidades en su totalidad. La gobernabilidad local o los distintos campos de acción política Los intereses y los campos de acción de los Consejos Comunitarios y de sus representantes legales por un lado y los de Ascoba por otro lado son cada vez más diferenciados. Gracias a su posicionamiento político en el espacio publico local como nueva autoridad política, la Asociación representa a los intereses socio-políticos del campesinado pobre y de la población desplazada asentada en las cabeceras municipales de la región. Ella representa más a los intereses socio-económicos de la población desamparada de la zona –desplazados, jornaleros, pequeños productores y pescadores– que a los mismos Consejos Comunitarios –su junta directiva- que tienen otro campo de acción. De esta forma, la Asociación trata de adelantar el proceso de retorno de las poblaciones desplazadas asentadas en Riosucio y de conseguir una ayuda humanitaria para esas poblaciones en las reuniones del Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada en el cuál participan también la Iglesia y distintas ONG. Los planes de apoyo a la población desplazada asentada en Riosucio y a las comunidades recién retornadas a sus lugares de origen programados por los municipios están debatidos en reuniones políticas en las cuáles participan representantes de la Asociación,

13

representantes de los grupos de desplazados y lideres de las comunidades que van a retornar. En cambio, el campo de acción de los Consejos Comunitarios –y de sus juntas directivas– de esas mismas comunidades desplazadas se sitúa mucho más en el área de la explotación de la madera, del uso del territorio y de las negociaciones con las grandes empresas explotadoras de recursos naturales. En esta área, son los representantes legales y los otros miembros de la junta directiva quienes se encargan de tomar las decisiones, de negociar la venta de los lotes maderables a las empresas y de “concertar” con esas últimas la explotación de los recursos naturales del territorio titulado a las comunidades. En este campo de acción, los integrantes de las Asambleas generales de las comunidades locales no tienen casi poder de decisión, a pesar de lo que está estipulado en la Ley 70.

La producción colectiva de una nueva territorialidad en el Bajo Atrato Producción de territorialidad y experiencia del desplazamiento Ya vimos que la noción de territorio es esencial en la conformación del nuevo sujeto político colectivo: es a través del proceso permanente de apropiación de un territorio colectivo que se consolida la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato. Para muchas comunidades desplazadas asentadas en las cabeceras municipales de la zona que no viven en su lugar de origen y que no tienen un acceso físico a sus tierras, el territorio significa antes que cualquier otra cosa una forma de percibir el espacio. En este articulo hablaremos más bien de territorialidad que entendemos como la representación social y política de un espacio que vincula varias identidades. Varios actores de la zona -políticos, sociales, económicos y armados– intervienen en el proceso complejo de configuración de esa territorialidad. De esa forma, la configuración de la territorialidad de la zona es indisociable del proceso de construcción del sujeto politico colectivo. La apropiación del territorio colectivo por las comunidades desplazadas se desarrolla a través de su interacción con los otros actores de la zona. A pesar de que -como ya vimos más arriba- el discurso étnico de Ascoba tiende a construir la representación de una apropiación “ancestral”, “natural” y casi “biológica” del territorio titulado, la territorialidad de los afrocolombianos y mestizos desplazados de la zona del Bajo Atrato no es un elemento fijo, delimitado, “eterno” y definido para siempre. Se trata más bien de un conjunto flexible de redes familiares y de compadrazgos, un espacio cambiante en función no solamente de las estrategias y de los juegos políticos de los mismos desplazados sino también en función de las estrategias de los distintos actores –armados, institucionales y económicos- presentes en la zona. Por el contexto de conflicto crónico que vive la zona del Bajo Atrato, los activistas de la Asociación y los pobladores locales se auto-definen primero como unos “desplazados”. En los últimos años, varias olas de violencia han marcado la zona y han influenciado de manera definitiva la manera como los pobladores locales perciben su territorio. Dos grandes desplazamientos, el primero en el 1997 y el segundo en el 2001 marcaron la memoria de los pobladores locales. Para esos desplazados que han sido desterritorializados hace unos años por los grupos armados, el territorio representa más bien una mezcla de recuerdos de terror, de violencia cometida contra sus compadres y sus vecinos y de imágenes de lugares que suscitan el miedo. En el caso de los desplazados de los ríos Domingodó y Salaqui, la territorialidad de los pobladores toma la forma de una especie de “geografía del terror”, para retomar el concepto desarrollado

14

por el geógrafo Ulrich Oslender (Oslender, 2001). Además, la experiencia compartida del desplazamiento masivo genera una identidad política fuerte entre los pobladores de la zona. La mayoría de los lideres activos hoy en Ascoba han sido desplazados en Pavarando en 1997 y varios colectivos de mujeres desplazadas de la zona han puesto en marcha proyectos productivos después de haber vivido la experiencia común del desplazamiento.13 Hoy en día, la experiencia común de desterritorialización pasada se está superando gracias al intento de reterritorializacion –o sea de apropiación nueva del territorio– que se está generando a través de la construcción de un sujeto político colectivo, Ascoba. La territorialidad que se construye a nivel de la Asociación de Consejos Comunitarios depende primero del manejo que hacen los mismos activistas de su “identidad”, entendida como un recurso político movilizado en un marco de interacción social generalizado. Las identificaciones y las categorías de pertenencia colectiva manejadas por la población de la zona son muy cambiantes y flexibles según las oportunidades económicas, políticas y sociales que se presentan (Tarrow, 1994). A veces, según los contextos políticos y los intereses en juego, los pobladores del Bajo Atrato se definen de una o de otra forma. Si se trata de beneficiar de una ayuda humanitaria destinada a las personas desplazadas asentadas en el casco urbano, los miembros de las comunidades del río Salaqui asentados en Riosucio se definen como “desplazados”; pero si se trata en cambio de participar en el espacio de toma de decisiones de Ascoba y de obtener garantías sobre la propiedad de los territorios colectivos titulados, los mismos miembros de las comunidades desplazadas del río Salaqui se definen como “retornantes” o “resistentes”. De esta forma, los mismos desplazados, en el espacio político de la Asociación ponen más bien el acento sobre la solidez de su Consejo Comunitario. Los lideres comunitarios afirman que su Consejo Comunitario “se ha mantenido a pesar del desplazamiento” y que los miembros de la comunidad han “resistido al conflicto” participando a varias “avanzadas” en sus comunidades de origen y que se apropian de su territorio –aunque de manera temporalcuando van a trabajar a la finca. La misma flexibilidad identitaria se maneja por los miembros de la Asociación cuando se trata de definirse como “colombianos” o como “afrocolombianos”, dependiendo de las oportunidades económicas y políticas que se presentan (Cunin, 2003). El papel de las instituciones locales en la conformación de la territorialidad La influencia de las ONG en la definición de la movilidad y de la territorialidad de los pobladores locales es muy importante. Las ONG jugaron un papel importante en la configuración de la movilidad de los desplazados de la zona porque son ellas que deciden si, a través de una ayuda económica, prefieren impulsar el retorno de una población desplazada a su lugar de origen o más bien favorecer la instalación definitiva de los desplazados en la cabecera municipal porque consideran que las condiciones de un “retorno digno” no están reunidas. Por ejemplo, una ONG internacional importante, Project Councelling Service (PCS) ha jugado un papel decisivo en la instalación definitiva de muchos desplazados de la zona en sus lugares de origen, por medio de la construcción de viviendas.14 13

Caso del restaurante “El Atrateño” en Riosucio, en el cuál trabajan un grupo de mujeres desplazadas por la violencia y organizadas en una cooperativa. 14 El consorcio compuesto por varias ONG escandinavas y alemanas llamado Project Councelling Service –PCS– financió en 1999 un proyecto de vivienda para los desplazados de la comunidad de Chicao – cuenca del río Domingodó– por un total de 60 millones de pesos. En la misma época, esta ONG financió

15

Además, las ONG no son los únicos actores institucionales que influyen la configuración de la territorialidad de los desplazados: el caso de la vereda de Santo Domingo –una vereda situada en la cuenca del río de la Larga– es ejemplar a este respecto. Este caso muestra cómo la combinación compleja de las acciones de varios actores influyó de manera decisiva en el regreso de varias familias desplazadas asentadas en la cabecera municipal de Riosucio a una zona rural, que no era su lugar de origen. Hace dos años aproximadamente, la empresa Maderas del Darien entregó al municipio de Riosucio un lote de 300 hectáreas de tierra que la misma administración municipal entregó a un grupo de desplazados originarios de las cuencas de los ríos Salaqui y Truando. Además, la instalación definitiva e incluso la llegada de otras familias desplazadas fue favorecida por la decisión de la ONG británica Oxfam-GB de financiar un programa de vivienda en esa comunidad. Así rápidamente, los desplazados se instalaron de manera definitiva en Santo Domingo y la población de la comunidad creció de manera importante y llegaron varias familias desplazadas originarias de diversas cuencas del Bajo Atrato. Actualmente, ellas llevan casi dos años en esta vereda y no han manifestado el deseo de regresar a sus distintos lugares de origen. De esta forma, hace aproximadamente dos años, la vereda de Santo Domingo se volvió una especie de “el dorado” en las representaciones de muchas familias desplazadas de la zona que vieron allí la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, gracias a la ayuda brindada por el municipio de Riosucio y por las ONG. Las instituciones locales juegan un papel decisivo en la configuración de la territorialidad de los desplazados que finalmente prefirieron instalarse en Santo Domingo que retornar a su lugar de origen. La territorialidad inicial de los desplazados, supuestamente definida por el anhelo de ellos de retornar a su lugar de origen, ha sido transformada por el contexto político, social y económico de la zona y por las interacciones entre los distintos poderes locales. Así, la territorialidad y la identidad política que se construyen a nivel de la Asociación de Consejos Comunitarios son el producto primero del contexto de conflicto crónico que vive la zona desde hace varios años y de la memoria colectiva de la violencia y del terror que existe en la región. Además, la territorialidad se configura también a través de las identificaciones flexibles de los miembros de la Asociación y de los pobladores de la zona. Finalmente, la territorialidad de los habitantes del Bajo Atrato depende también de las políticas de las instituciones presentes en la zona que influencian mucho la movilidad de los desplazados.

CONCLUSIÓN A lo largo de esas páginas, hemos visto que a nivel micro-local, –el de las comunidades o veredas–, la introducción de la nueva forma organizativa de los Consejos Comunitarios no cambió de manera radical las reglas de organización de los pobladores o dio lugar a un proceso de “democratización” de las prácticas políticas locales. El campo de acción de la nueva autoridad constituida por la junta directiva del Consejo Comunitario está constituido más que todo por asuntos territoriales y por el campo de la interacción con las otras instituciones –Estado, ONG y Iglesia-. Los mecanismos “tradicionales” de autoridad y de regulación social y las prácticas políticas dentro de la comunidad no han sido modificados. Por lo tanto, no podemos afirmar que también un proyecto de vivienda para varias familias desplazadas en la comunidad de Costa de Oro – cuenca del río Curbaradó– y está por financiar un proyecto de vivienda –construcción de casas comunitarias- en varias veredas del río Salaqui para tratar de impulsar el retorno de los desplazados.

16

a nivel micro-local, el sistema de los Consejos Comunitarios representó una ruptura importante con el sistema de organización anterior de las Juntas de Acción Comunal. Sin embargo, a nivel superior –de la cabecera municipal–, el surgimiento de un nuevo sujeto político colectivo, la Asociación de Consejos Comunitarios marca un real proceso de “democratización” del espacio publico local a través de la inserción en la trama social de las comunidades desplazadas de la zona. A través de la representación de Ascoba, las comunidades desplazadas locales, cuyos derechos habían sido negados durante muchos años están recuperando poco a poco su dignidad, su reintegración a la comunidad nacional y su capacidad de proyectarse en un futuro. Así que a nivel micro-local de la comunidad, el Consejo Comunitario no ha transformado de manera radical las formas de organización y de gobernabilidad de los pobladores del Bajo Atrato. Hasta el momento, a nivel micro-local, sigue siendo una invención jurídica estatal que permitió la titulación colectiva y que ahora facilita la administración de los territorios titulados a las comunidades En cambio, a nivel superior de la Asociación de Consejos Comunitarios, esa figura organizativa funciona como el soporte principal de la acción colectiva de los desplazados y de su aspiración a una serie de ideales políticos. La Asociación aspira en un futuro a legitimar el Consejo Comunitario como la única autoridad étnica legalmente reconocida que maneje los mecanismos de regulación social propios a la comunidad. Así, la forma organizativa del Consejo Comunitario constituye el eje central de una causa política: la de la buena gobernabilidad a nivel local y la del manejo autónomo del poder de justicia y de regulación social por unas autoridades étnicas legalmente reconocidas. La producción de un nuevo sujeto político colectivo –Ascoba– implica un intento permanente de reterritorializacion, de obtención de garantías sobre la propiedad de la tierra y de reapropiación social de un territorio. La Asociación de Consejos Comunitarios contribuye, con otros actores de la zona –empresas, ONG y Iglesia– a la producción de cierto tipo de territorialidad local. La territorialidad de los pobladores del Bajo Atrato se construye a través de la combinación compleja de distintos elementos: las estrategias de identificación y de movilización de recursos de los desplazados; las estrategias de control territorial implementadas por los actores armados; los intereses económicos definidos por las empresas locales; la política de “seguridad democrática” y de “promoción del retorno” definidas por el gobierno actual y ejecutadas por el Ejército y por los municipios y finalmente las prioridades humanitarias definidas por la Iglesia y las ONG. De las fases sucesivas de oposición y de combinación entre todos esos distintos procesos sociales, resulta la producción de una territorialidad de los pobladores locales muy flexible y dinámica.

BIBLIOGRAFÍA Agier, Michel y Hoffmann, Odile, “Les terres des communautés noires dans le Pacifique colombien. Interprétations de la loi et stratégies d’acteurs”, en: Problèmes d’Amérique Latine, número 32, La Documentation Francaise, Paris, 1999.

17

Archila, Mauricio, 2003, Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1958-1990, Bogotá, Icanh-Cinep. Cunin, Elisabeth, 2003, Identidades a flor de piel. Lo "negro" entre apariencias y pertenencias: categorías raciales y mestizaje en Cartagena", Bogotá, IcanhUniversidad de los Andes-Ifea-Observatorio del Caribe colombiano. Escobar, Arturo Y Pedrosa, Álvaro, 1998, ¿Pacifico, desarrollo o diversidad? Estado, Capital y movimientos sociales en el Pacifico Colombiano, Bogotá, Universidad Nacional. Hoffmann, Odile, 2004, Les Communautés noires du Pacifique Colombien, Paris, Karthala. Oslender, Ulrich, 2001, “La lógica del río: estructuras espaciales del proceso organizativo de los movimientos sociales”, en: Pardo, Mauricio, Acción colectiva, Estado y etnicidad en la región del Pacifico Colombiano, Bogotá, Ican, pp.123-148. Oslender, Ulrich, “Fleshing out the geographies of social movements: Colombia’s pacific coast black communities and the ‘aquatic space’”, en: Political Geography, número 23, , edición electrónica, Elsevier, 2004. Pardo, Mauricio, 1997, “Movimientos sociales y actores no gubernamentales”, en: Uribe, Maria Victoria y Restrepo, Eduardo, Antropología en la modernidad, Bogotá, Icanh, pp.207-251. Pécaut, Daniel, 2000, “Respecto a los desplazados en Colombia”, en: El Desplazamiento por la violencia en Colombia, Experiencias, análisis y posibles estrategias de atención en el departamento de Antioquia. Memorias del Foro Internacional Desplazados Internos en Antioquia, Medellín, 27-28 de Julio de 1998, Bogotá, Cisp, pp. 12-23. Restrepo, Eduardo, 2001, “Imaginando comunidad negra: Etnografía de la etnización de las poblaciones negras en el Pacifico colombiano”, en: Pardo, Mauricio, Acción colectiva, Estado y etnicidad en la región del Pacifico Colombiano, Bogotá, Icanh, pp. 41-70. Romero, Mauricio, 2003, Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, Bogotá, Universidad Nacional. Tarrow, Sydney, 1994, Power in movement. Social Movements, collective action and politics, New York, University of Cambridge Press. Villa, William, 1998, “Movimiento social de comunidades negras en el Pacifico Colombiano, La construcción de una noción de territorio y región”, en: Geografía Humana de Colombia. Los Afrocolombianos (Volumen IV), Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, pp. 431-449.

18

Wade, Peter, 1997, Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de las identidades raciales en Colombia, Bogotá, Universidad de Antioquia-Icanh-Uniandes. Resumen del articulo La introducción con la Ley 70 -o “ley de negritudes”- de la nueva figura política del Consejo Comunitario en la cuenca del Pacifico colombiano suscitó un anhelo general hacia un cambio organizativo en la zona y hacia una democratización de las prácticas políticas locales. En este articulo, se tratara primero de examinar la novedad política que trajo esta forma organizativa en la región del Bajo Atrato, Chocó en comparación con el sistema anterior de las Juntas de Acción Comunal. Mostraremos que si a nivel micro-local de las comunidades, el sistema de los Consejos Comunitarios no transforma de manera radical las formas tradicionales de autoridad, en cambio, a nivel superior de la cabecera municipal, este sistema permite la construcción de una identidad política y el surgimiento de un nuevo sujeto politico. Este nuevo sujeto politico colectivo, la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato –Ascoba-, compuesta en su mayoría por comunidades desplazadas aspira a volverse una nueva autoridad en la zona y a apropiarse del territorio colectivo titulado a las comunidades afrocolombianas y mestizas de la zona. Abstract The creation through Law 70 – published in 1993 - of the new organizing form of the Community Council in the Pacific region of Colombia generated great expectations of democratization of the political practices of the local communities. This paper argues that, as far as the political practices of the local communities are concerned, the introduction of the Community Council doesn’t represent a major change in comparison with the anterior political system of the Committee of Communal Action. In exchange, I will show that the establishment of the Community Councils down the valley of the Atrato river permits the production of a new political identity and the creation -in the ambit of the chief town- of a new political actor, the Association of Community Councils and Organizations of the Law Atrato -Ascoba. This new political actor, which represents for its greater part the internal displaced communities of the region aspires to become a new political authority by the development of an AfroColombian ethnic vision and by reaffirming the right to territory of the mixed-raced and Afrocolombian communities of the region.

Perfil Politólogo de formación con una especialización en sociología política, egresado del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Universidad Externado de Colombia. Paralelamente a mi trabajo en el CINEP, estoy preparando un doctorado en sociología política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Me interesan particularmente las problemáticas de movimientos sociales de comunidades 19

afrocolombianas, de resistencia civil y de construcción de identidades étnicas en Colombia. [email protected]

20