Lo que la flexibilización depredó: un análisis del modelo económico argentino en la década neoliberal (1991-2002)

Lo que la flexibilización depredó: un análisis del modelo económico argentino en la década neoliberal (1991-2002) Bárbara Estévez Leston

A

partir de la última dictadura militar comenzaron a gestarse en la Argentina reformas estructurales, profundizadas en la década de los ’90, que han transformado radicalmente las instituciones

económicas y, por ende, las políticas.

Estas transformaciones fueron legitimadas por discursos

neoliberales presentados como científicos, objetivos y apolíticos, que permitieron la imposición de una “hegemonía menemista” a través de una transformación estructural económica y política en favor de sectores dominantes, sin por ello perder el respaldo multisectorial que lo llevó a la presidencia. Así, me interesa analizar las reformas estructurales implementadas por el menemismo en materia económica, a partir de la implementación del Plan de Convertibilidad (1991). Este trabajo se dividirá en tres partes: la primera se centrará en una descripción del funcionamiento del modelo económico instalado durante la década del ’90; luego, se centrará en los impactos de éste modelo en el mercado de trabajo. Por último, se intentará relacionar el modelo económico y la rigidez de la convertibilidad impuesta por éste con el estallido de la crisis de 2001. Un peso, un dólar: ¿Nuevo modelo económico u orden social? Durante los ’90 en la Argentina se vivió un afianzamiento de una nueva etapa del capitalismo caracterizada por transformaciones en la organización de la producción (la profunda reorganización interna de grandes empresas, la formación y el reclutamiento de cuadros dirigentes, la afirmación de la primacía de ciertos sectores sobre otros, etc.) y en el mercado de trabajo (flexibilización laboral, aumento del desempleo, cambios en la elasticidad empleo/producto, etc.). Estas transformaciones generaron un nuevo régimen de acumulación de capital cuyos rasgos principales son el predominio de rentas de privilegio, la valorización financiera y la transferencia de recursos al exterior por actores (inter)nacionales. Esto podría ser interpretada desde el concepto de espíritu del capitalismo que refiere a un conjunto de creencias asociadas al sistema capitalista que contribuyen a justificarlo y a mantener, y legitimar los modos de acción y posicionamientos dentro del mismo (Boltanski y Chiapello, 2002). Es decir que este afianzamiento debió ser acompañado por discursos intelectuales y/o académicos y con el apoyo de gran parte de la población argentina justificando y legitimando, así los modos de acción y posicionamientos de quienes implementaron las reformas estructurales. La tolerancia social a las reformas estructurales aumentó ante la amenaza de un retorno a la hiperinflación y la inestabilidad económica que caracterizó los primeros años de la presidencia de Menem. Así, se aceptó el viraje ideológico de Menem entre 1989 y 1991, como también, frente a la incapacidad de controlar la inflación, la asunción de Domingo Cavallo como ministro de Economía y la sanción de la Ley de Convertibilidad. Sin embargo, en un principio, el Plan de Convertibilidad no obtuvo los apoyos esperados ni por los organismos internacionales, ni por los empresarios locales. No obstante, dichos

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resquemores quedaron pronto opacados por su eficacia en el control de los precios por la voluntad de numerosos actores (locales y extranjeros). El Plan de Convertibilidad tenía como meta la imposición de un nuevo y perdurable régimen monetario y cambiario. El régimen de convertibilidad creó una nueva moneda (convertible en una relación de 1peso=1 dólar) e instaló un sistema bimonetario1, perdiendo así el control sobre la política monetaria y convirtiéndose en un modelo de altísimo nivel de rigidez con una moneda sobrevaluada. También prohibió cualquier emisión monetaria sin el respaldo de divisas en las reservas del BCRA Reservas provenientes de las privatizaciones, del endeudamiento externo y de la liberación financiera, (que facilitaba la inversión en el país y la libre salida de capitales) y liberalización comercial2. Ambas liberalizaciones facilitaron la huida de capitales durante toda la década a través del pago de la deuda externa, el envío de divisas al exterior por las importaciones y el envío de las ganancias de las empresas extranjerizadas al exterior. A su vez, la imposibilidad de la emisión monetaria libre junto con un crecimiento del déficit fiscal y la necesidad de equilibrar cuentas públicas hicieron que incrementar la recaudación tributaria fuera una cuestión apremiante, provocando así una reforma tributaria. Esta se basó en tres cambios principales: a) la concentración de la recaudación en unos pocos impuestos que aumentaron su base imponible (IVA y Ganancias) b) la eliminación de los regímenes especiales de promoción industrial y regional y c) con la sanción de la nueva ley tributaria aumentaron los riesgos de la evasión de impuestos, generando el fortalecimiento de la agencia de recaudación. Las privatizaciones respondieron a una combinación de causas políticas y económicas. En un principio las privatizaciones contaron con un fuerte apoyo popular causado por el fuerte deterioro de los servicios públicos. Teniendo en cuenta la prohibición de la emisión de la moneda, se comprende la necesidad de incentivar la entrada de divisas a la economía nacional y, por ende, el gran endeudamiento externo junto a las formas en las que se privatizaron las empresas públicas que, por ejemplo no rompieron los monopolios de los servicios públicos, provocando así un cambio en las relaciones de propiedad pero no en la relación de las empresas y el mercado. Así, los consorcios adjudicatarios que se hicieron cargo de las empresas públicas tenían que estar conformados por algún representante del sector financiero, empresas extranjeras que se dedicaran al sector de la empresa privatizada junto a empresarios nacionales que pudieran hacer el lobby necesario para el desarrollo empresario. Si bien en un principio estas privatizaciones proveyeron a la economía nacional de una fuente importante de divisas, también implicaron un futuro déficit fiscal por la pérdida de la recaudación de las tarifas de los servicios públicos y el sistema previsional. 1

Un sistema bimonetario permite tanto la circulación interna de dólares como la dolarización del mercado interno. Esta permitía el ingreso de productos del exterior al mercado interno con precios más competitivos, atentaba contra los intereses de los sectores de la producción y los exportadores, quitándoles competitividad en el mercado externo e interno 2

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La crisis mexicana de 1994 generó una huida de capitales en la Argentina, provocando un tambaleo en el régimen de convertibilidad del país. Para mantener el régimen en funcionamiento, fueron necesarias políticas para seducir fondos provenientes del extranjero. Así comenzó un proceso de extranjerización del sector bancario y productivo privado y público local. Esto no quiso decir que los sectores dominantes locales desaparecieran del mundo empresario, sino su vuelco a los sectores de mayor productividad. La instauración del modelo económico generó cambios en el orden social tanto por la forma en la que se manejó el empresariado, como también por los cambios en el mercado de trabajo y en las formas de vida de los trabajadores. Tiempos modernos: la reorganización del mercado laboral argentino Entre 1993 y 1999 el PBI total se incrementó en un 18%, mientras que el industrial (PBIi) creció menos de un 7%. Aunque si este se midiera en relación en términos relativos al crecimiento de la población, podríamos decir que se contrajo. La contracción del PBIi se relaciona con el magro desempeño industrial en generar valor agregado en el contexto económico del que hablamos y con la creciente desindustrialización de la década. El preponderante rol atribuido a la compra exterior de insumos y productos finales por parte de las grandes empresas industriales, junto con la baja competitividad de estas empresas en el mercado externo debido a la sobrevaloración de la moneda nacional, explican en gran parte el cierre y la fusión de pequeñas y medianas empresas, permitiendo una mayor concentración de grandes empresas, muchas de ellas con capitales extranjeros. Esto tuvo un gran impacto en el mercado de trabajo nacional durante los ’90 debido, principalmente, a la enorme e ininterrumpida expulsión de mano de obra que implicó un aumento de las tasas de desocupación (y por ende pobreza e indigencia) junto con un aumento de la productividad industrial (explicado por un deterioro en la significación en las condiciones de los trabajadores, por una intensificación en los tiempos de trabajo y porque no logró revertir las tendencias a la desindustrialización y a la restructuración regresiva del sector). En síntesis, la fuerte contracción del empleo industrial remite a dos fenómenos: a) la reducida capacidad de absorción de la mano de obra desocupada y b) el cierre de pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Además del aumento del desempleo, el salario medio de los trabajadores empleados del ámbito manufacturero se mantuvo constante, suscitando una mayor transferencia de ingresos desde los asalariados hacia los capitalistas. Esta apropiación del excedente, no pudo ser combatida por los trabajadores puesto que a) la desocupación funcionó como una medida de disciplinamiento social, b) la disminución del poder económico y social de los trabajadores les restó poder político imposibilitando responder ante los atropellos vividos en la época y, por último, c) tampoco pudo serlo por los sindicatos, debido a su pérdida de presencia en el sistema político y la ruptura del sistema de relaciones laborales nacional, a estos dos obstáculos se les suma el problema de que los sindicatos eran oficialistas, por lo

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que el giro ideológico del menemismo replanteó el lugar del sindicalismo en el sistema político y dentro del partido (Farinetti, 2008). Estas no fueron las únicas reformas del mercado laboral que alcanzaron a los trabajadores: el deterioro de las condiciones de trabajo, la implementación de la flexibilidad laboral y el crecimiento exponencial del trabajo no registrado y de las subocupaciones y del cuentapropismo como ocupaciones de refugio para aquellos trabajadores desplazados del mercado laboral formal. Al fin y al cabo, la principal variable de ajuste durante toda la década neoliberal fueron los asalariados. Una verdad incómoda: las formas de representar las reformas en el mercado laboral. Hemos dicho que la imposición de una nueva etapa del capitalismo en Argentina trajo aparejada un nuevo espíritu del capitalismo que legitimaba y permitía los modelos de acción y los posicionamientos frente al mismo modelo. De tal manera, los defensores y detractores de estas reformas acordaron la existencia de un “modelo” que aparecía como base de un nuevo orden social. Esto provocó una gran hegemonía en el ámbito académico para los defensores del modelo, generando un espacio marginal para aquellas voces que planteaban la necesidad de abandonar la paridad por un tipo de cambio más competitivo. Veamos cómo dos exponentes de ambas posturas (una más defensiva y otra más detractora) retratan el impacto de las reformas económicas en el mercado laboral: Para Ricardo López Murphy, “Si hay un régimen cambiario inflexible, necesito flexibilidad empresaria y laboral. Así es la ecuación: si tengo rigidez por un lado, debo tener flexibilidad por el otro” (Revista Mercado 6/99: 26). Para Eduardo Curia, “…la convertibilidad autocorrige endógenamente el peso del retraso cambiario depredando sistemáticamente las condiciones laborales y de existencia de millones y millones de argentinos” (Revista Temas, 10/98: 24).

Más allá de las orientaciones ideológicas, en ambos discursos podemos encontrar similitudes y diferencias. Ambos plantean, aunque con intensidades y registros distintos, que el régimen de la convertibilidad necesariamente genera impactos en el mercado laboral. A sí mismo, resulta interesante que ambos economistas no refieran a los sectores más afectados(los trabajadores asalariados) por las transformaciones antes mencionadas, sino a sectores más amplios. López Murphy, como muchos de los intelectuales que defendían el modelo, utiliza un discurso bastante científico, objetivo y apolítico para referirse a estos impactos: tanto su asimilación de los impactos a una operación matemática, como las terminologías aparentemente objetivas y apolíticas que utiliza para referirse a los impactos dan cuenta de ello. Por otro lado, también resalta la ausencia de actores que utiliza el economista para referirse a los impactos en el mercado laboral: flexibilización empresaria y laboral eliminan la idea de la existencia de una capacidad de agencia para dar lugar a una caracterización de la flexibilización. Esta eliminación de la capacidad de agencia permite diluir el lugar de los sectores perjudicados por los impactos en el mercado laboral.

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Curia, por el contrario, mantiene un discurso mucho más político. Su elección de palabras resulta interesante para comprender la posición política de este economista. Si bien el registro tiende a parecer objetivo y científico, éste no puede escapar de su naturaleza, la economía siempre es política aun cuando no lo aparente. La acción de depredar refiere a una acción violenta y salvaje que destroza y es esa aceptación de lo violento de las reformas lo que permite comprender lo político de la declaración. Por otro lado, llama la atención los sujetos que reciben esta acción violenta, son argentinos, son actores políticos que no representan a ningún sector en particular, sino a la población en su totalidad. Esta frase refiere al impacto multisectorial que tuvo el régimen de la convertibilidad (trabajadores, pequeños y medianos empresarios) aunque así diluya el impacto político de la afirmación. En síntesis, las formas de expresar las posiciones políticas respecto al régimen económico implantado tienden a diluirse para aparentar una objetividad y apoliticidad que en verdad no existe. Al fin y al cabo, ambos registros fueron modelados por el espíritu del capitalismo instaurado en la época analizada. Economía en llamas: la rigidez de la convertibilidad y la crisis de 2001. A partir de 1998 comienzan a afianzarse las inconsistencias estructurales del régimen económico argentino. Tanto el déficit fiscal como el aumento del déficit del saldo comercial hicieron cada vez más visible la indispensabilidad, ya vislumbrada desde su instauración, de los capitales extranjeros para sostener el modelo económico. Estas inconsistencias llevaron a una combinación de recesión económica, atraso cambiario, pérdida de competitividad en el mercado internacional y deuda externa imposible de resolver y confluyeron en el estallido de la protesta social, en un principio, y luego en medidas tales como la de restricción del retiro de depósitos cambiarios (corralito) durante el gobierno de la Alianza, provocando el colapso del régimen de acumulación de capital antes descripto. De la Rúa basó su gobierno en dos ejes, por un lado planteó el mantenimiento del régimen de convertibilidad con un tipo de cambio fijo y, por otro, la promesa de una gestión sin corrupción. Estos ejes planteaban una evidente continuidad con la gestión anterior en lo económico, pero una promesa de ruptura en lo político. Respecto a las continuidades prometidas, la recesión económica en la que se encontraba la Argentina generaba una necesidad aún mayor de ingreso de capitales extranjeros para lograr mantener el modelo económico. Así, todo el gobierno de la Alianza estuvo condicionado por las negociaciones con el FMI, que, en un principio y debido a la coincidencia en los objetivos e instrumentos de política propuestos para enfrentar la crisis entre ambos actores, impulsó negociaciones con bajos niveles de conflicto. Resulta necesario destacar que el FMI siempre estuvo mejor posicionado frente a las negociaciones con el gobierno argentino, debido a que era consciente de la imperiosa necesidad de los capitales para mantener el régimen económico. Sin embargo, esto no significa que el organismo usara siempre de la misma forma este posicionamiento,

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sino que fue moldeado por el contexto internacional. En los primeros años, las negociaciones fueron cordiales, para pasar a volverse confrontativas a partir de 2001, según los intereses de los sectores externos representados por el FMI. La aceptación de las exigencias del organismo de crédito internacional por parte del Gobierno Nacional provocó la profundización de los conflictos en el plano doméstico, plano en el que comenzaban a volverse visible que el amplio consenso social comenzaba a resquebrajarse. Las negativas del espectro político efectuar ciertas demandas del Fondo provocaron que el Gobierno pasara por decreto

o por vías corruptas esas reformas condicionantes del apoyo externo. Este manejo trajo

aparejada una ampliación del conflicto tanto social como político (la renuncia del vicepresidente, el distanciamiento con amplios sectores que alguna vez supieron conformar la Alianza; como así también la falta de apoyo del PJ y otros partidos menores, etc.). En suma, el modelo económico había establecido su propia muerte desde un principio. La excesiva dependencia a los capitales extranjeros como las consecuencias intrínsecas del modelo (que emergieron como crisis doméstica durante la gestión de De la Rúa) redujeron la capacidad de negociación del gobierno en los momentos clave. Es decir, fue la rigidez del modelo y las implicancias que esta rigidez tuvo en la construcción de un nuevo orden social, las que imposibilitaron la capacidad de negociación con los organismos externos, imposibilitando así mantener las insostenibles exigencias del modelo. Flexibilizando la rigidez: reflexiones finales La caída del régimen económico a principios del nuevo milenio trajo aparejada el astillamiento del consenso social respecto a las reformas neoliberales y la aparición de una nueva cuestión social (alta tasa de desempleo, subocupación, pobreza y desigualdad distributiva). Esta nueva cuestión social podría ser considerada como la otra parte de la ecuación antes mencionada por López Murphy: la flexibilización laboral y empresaria genera un nuevo actor social que se articula en la sociedad generando nuevas formas de expresión política e identitaria. Así, los nuevos gobiernos latinoamericanos emergen por la aparición de estos actores en la escena política, para responder a sus demandas con rupturas con los elementos del modelo que permitieron la generación de esta nueva cuestión social, pero permitiendo continuidades en las dimensiones del modelo que permitieron el restablecimiento económico. Después de todo, así como la Alianza intentó mantener la estructura económica y modificar la política, los nuevos gobiernos latinoamericanos intentaron cambiar la estructura social e institucional (al cambiar el rol del Estado), sin trastocar en demasía la estructura económica.

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