Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

LAS TENDENCIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA Una radiografía de LA SOCIEDAD CIVIL en seis municipios petroleros

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez Investigadores Cinep/PPP

Libro tendencias.indd 3

30/11/2014 06:48:45 p.m.

Equipo de producción editorial Coordinación editorial Helena Gardeazábal Garzón Corrección de estilo Álvaro Delgado Guzmán Diseño y diagramación Donalb Diseño de carátula Hernán Mauricio Suárez Acosta Impresión Ediciones Antropos Ltda. © Fundación Cinep/PPP Carrera 5ª No. 33B – 02 PBX (57-1) 2456181 • (57-1) 3230715 Bogotá D.C., Colombia www.cinep.org.co •@cinep_ppp © Asociación de Fundaciones Petroleras Carrera 6 No. 35-49 • Teléfono (+571) 3204231 Bogotá, D.C., Colombia http://www.afpetroleo.com/ • @afpetroleo © Ecopetrol Carrera 13 No. 36 – 24 • Teléfono (+571) 2344000 Bogotá, D.C., Colombia http://www.ecopetrol.com.co/ •@ecopetrol_sa

Primera edición Noviembre de 2014 ISBN: 978-958-644-177-3 Impreso en Colombia / Printed in Colombia

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia* Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros de Colombia

Alianza interinstitucional Fundación Cinep/PPP- Entidad investigadora Director Luis Guillermo Guerrero Equipo Iniciativas de Paz Coordinador Fernando Sarmiento Santander Investigadores David Rampf Diana Chavarro Rodríguez Sistema Información General Alejandro Cadena Benavides

Ecopetrol Presidente Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy Vicepresidente de HSE y Sostenibilidad Operativa Oscar Alfredo Villadiego Medina Directora de Gestión Social María Tonelli Sokolich Jefe de la Unidad de Direccionamiento Estratégico Isabel Cristina Ampudia Rondón

Asociación de Fundaciones Petroleras Directora Sandra Milena Rincón Hernández Asesor Integral de Proyectos Víctor Hugo Viveros Gutiérrez

*Este libro es producto del proyecto de investigación titulada Tendencias de la sociedad civil en Colombia, desarrollado en el marco del convenio de colaboración entre la AFP, Ecopetrol y Cinep/PPP. La reproducción de cualquier parte de la obra, su inclusión en sistemas de memoria y transmisión por medio electrónico y mecánico está permitido citando la fuente. Toda utilización de estas páginas y de su contenido, diferente a lo permitido, o con fines comerciales y lucrativos, requerirá de la previa y expresa autorización de los autores.

Libro tendencias.indd 5

30/11/2014 08:02:21 p.m.

En memoria de Edith Santos, lideresa de las Juntas de Acción Comunal de Acacías, asesinada en su oficina el 29 de agosto de 2014 por actores desconocidos.

Contenido

Acrónimos y abreviaturas

13

Presentación 18 Prólogo 23 1. Introducción 43 2. Acercamiento teórico al concepto de sociedad civil 51 2.1. Evolución histórica del concepto 56 2.2. Definición de trabajo 60 2.3. Funciones de la sociedad civil 66 2.3.1. Democracia 68 2.3.2. Desarrollo 72 2.3.3. Construcción de paz 75 2.3.4. Factores del desempeño de las funciones de la sociedad civil 78 2.4. Variables de análisis de las tendencias de la sociedad civil 85 2.4.1. El contexto 88 2.4.2. Las visiones 88 2.4.3. Las funciones 89 2.4.4. Las relaciones 92 3. Contexto de la sociedad civil en Colombia 95 4. Estudios de caso 111 4.1. Metodología 113 4.1.1. Estudio de caso 113

10

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

4.1.2. Limitaciones generales 122 4.1.3. Estructura de los estudios de caso 124 4.2 La sociedad civil en Acacías. La disputa por los recursos y la necesidad de articulación 125 4.2.1. Contexto histórico de Acacías 125 4.2.2. Mapeo de actores 128 4.2.3. Tendencias de la sociedad civil de Acacías 133 4.2.4. Conclusión y recomendaciones 159 4.3 La sociedad civil en Barrancabermeja. Entre un pasado oscuro y un futuro prometedor 164 4.3.1. Contexto histórico de Barrancabermeja 165 4.3.2. Mapeo de actores 168 4.3.3. Tendencias de la sociedad civil de Barrancabermeja 170 4.3.4. Conclusiones y recomendaciones 190 4.4 La sociedad civil en Coveñas. Fortalecimiento de capacidades para el diálogo y la articulación 193 4.4.1. Contexto histórico de Coveñas 194 4.4.2. Mapeo de actores 200 4.4.3. Tendencias de la sociedad civil de Coveñas 204 4.4.4. Conclusiones y recomendaciones 224 4.5 La sociedad civil en Puerto Asís. Entre la desconfianza y la cultura de la ilegalidad. Reconstruyendo el tejido para alcanzar la paz 228 4.5.1. Contexto histórico de Puerto Asís 229 4.5.2. Mapeo de actores 237 4.5.3. Tendencias de la sociedad civil en Puerto Asís 239 4.5.4. Conclusiones y recomendaciones 256 4.6 La sociedad civil en Saravena. Autonomía y diálogo intersectorial: retos para una paz duradera 260 4.6.1. Contexto histórico de Saravena 261 4.6.2. Mapeo de actores 266 4.6.3. Tendencias de la sociedad civil en Saravena 268 4.6.4. Conclusiones y recomendaciones 287 4.7 La sociedad civil en Tibú. Pluralismo de visiones del desarrollo. Entre la Zona de Reserva Campesina y la palma africana 292 4.7.1. Contexto histórico de Tibú 293 4.7.2. Mapeo de actores 298 4.7.3. Tendencias de la sociedad civil de Tibú 301 4.7.4. Conclusiones y recomendaciones 328

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

11

5. Estudio comparativo 333 5.1. Relaciones de la sociedad civil 335 5.1.1. Relaciones horizontales de la sociedad civil 335 5.1.2. Relaciones verticales de la sociedad civil 343 5.2. Funciones de la sociedad civil 357 5.2.1. Funciones verticales 357 5.2.2. Funciones horizontales 364 5.3. Visiones acerca del desarrollo y principales preocupaciones 369 6. Conclusiones y recomendaciones 385 Bibliografía 397

Acrónimos y abreviaturas ACC Asociación de Campesinos de Coveñas Acvc Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra AFP Asociación de Fundaciones Petroleras Andas Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos Anla Agencia Nacional de Licencias Ambientales Anuc Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Ascamcat Asociación Campesina del Catatumbo Ascatidar Asociación de Cabildos y Territorios Indígenas de Arauca Asetur Asociación de Empresarios Turísticos del Golfo de Morrosquillo Asfaddes Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Asodesamuba Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja Asojer Asociación de Jóvenes Asorvimm Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio Asouniba Asociación de Juntas Unidas de Barrancabermeja AUC Autodefensas Unidas de Colombia Bacrim Bandas Criminales Emergentes BCB Bloque Central Bolívar BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit Carsucre Corporación autónoma regional de sucre Cormacarena Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena Cdpmm Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio Celco Corporación Escuela de Liderazgo de Coveñas

14

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

CER Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio Cerac Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos Cinep Centro de Investigación y Educación Popular Cisca Comité de Integración Social del Catatumbo Cnmh Centro Nacional de Memoria Histórica Coagrosarare Cooperativa Agropecuaria del Sarare Cofrem Caja de Compensación Familiar del Meta Colpet Colombian Petroleum Company Conpes Consejo Nacional de Política Economía y Social Cordupaz Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá Corpagolfo Corporación de Pescadores del Golfo de Morrosquillo Corpoamazonia Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Colombiana CPC Colombian Products Company CRS Corriente de Renovación Socialista Credhos Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CTP Consejo Territorial de Planeación CUT Central Unitaria de Trabajadores Dane Departamento Administrativo Nacional de Estadística DD.HH Derechos Humanos Dfid Department For International Development DNP Departamento Nacional de Planeación Ecaaas Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena Ecopetrol Empresa Colombiana de Petróleos ELN Ejército de Liberación Nacional EPS Entidad Prestadora de Salud Esmad Escuadrón Móvil Anti Disturbios EPL Ejército Popular de Liberación Ettdh Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos Farc Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FCM Federación Colombiana de Municipios Fenalco Federación Nacional de Comerciantes Fescol Friedrich Ebert Stiftung en Colombia Fundescat Fundación Ecopetrol para el Desarrollo Catatumbo Fundesmag Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del Magdalena Medio Gasb Gran Acuerdo Social Barrancabermeja Ciudad-Región 100 años Incora Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Interpaz Integración Regional por la Paz

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

JAC Juntas de Acción Comunal M-19 Movimiento 19 de Abril Maql Movimiento Armado Quintín Lame Mipymes Pequeña y mediana empresa Ocad Órganos Colegiados de Administración y Decisión OEA Organización de los Estados Americanos OFP Organización Femenina Popular ONG Organización no gubernamental ONU Organización de Naciones Unidas Onic Organización Nacional Indígena OPI Observatorio de Paz Integral OSC Organizaciones de la Sociedad Civil OTA Oleoducto Transandino PBI Brigadas Internacionales de Paz PDP Programas de Desarrollo y Paz Pdpmm Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio Pladia Plan de Desarrollo Integral Amazónico PND Plan Nacional de Desarrollo Pnud Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores Redepaz Red Nacional de Iniciativas por la Paz Sagoc South American Gulf Oil Company SGR Sistema General de Regalías Sidelca Sindicato de Trabajadores del Catatumbo Sinaltrainal Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sintraelecol Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintrainquigas Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Agroquímica, Gases Usaid United States Agency for International Development USO Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo ZRC Zonas de Reserva Campesina

15

Presentación

La inclusión es el reto para la consolidación de la paz

P

rofundos procesos de exclusión económica, social y política han permanecido en el trasfondo del conflicto armado y la violencia a lo largo de la historia nacional. Tensiones en torno al acceso a recursos, la participación política, el reconocimiento y las autonomías sociales hacen parte del orden del día en materia de conflictividad nacional, a la vez que del acicate de la lucha insurgente. Por tal razón, el proceso de transición encaminado a la superación del conflicto armado que está viviendo el país, requiere el diseño e institucionalización de mecanismos que rebajen al máximo las distintas formas de exclusión. Por ese motivo las inclusiones de orden económico, social y político se configuran como grandes retos para la construcción de una era de paz en Colombia. Desde esta perspectiva se abordó el trabajo de investigación del equipo Iniciativas de Paz del Cinep en torno de la comprensión del concepto de “sociedad civil”, sus tendencias y sus visiones respecto al desarrollo y la paz en las regiones y en el conjunto de la nación. Se trata de una de las tantas aristas que conforman este complejo entramado de los conflictos sociales y políticos: los tipos de relaciones que ese disímil conjunto de sectores sociales que conforman lo que se ha denominado “so-

20

Fernando Sarmiento Santander

ciedad civil” ha establecido, tanto con la institucionalidad pública del país, en sus distintas escalas, como con el sector privado nacional e internacional. Tales relaciones cobran relevancia en el marco de la construcción de agendas regionales para la promoción del desarrollo y la paz territoriales. Experiencias como los Programas Regionales de Desarrollo y Paz han logrado avanzar en mecanismos participativos de sectores sociales de base (campesinos, mujeres, jóvenes, grupos étnicos, pequeños comerciantes, etc.) encaminados a la construcción de estas agendas. En muchas regiones y localidades del país es común encontrar que las decisiones en torno al desarrollo regional se centralizan en el empresariado y la institucionalidad pública, a través de alianzas públicas y privadas. Tales alianzas y sus relacionamientos con los sectores sociales varían de acuerdo con los contextos conflictivos en los cuales se presenten, la capacidad institucional local o nacional por atender las demandas sociales, los intereses del empresariado local y la estructura organizativa de los mismos sectores sociales. La investigación que aquí se presenta indaga sobre estas características y propone elementos útiles para abrir el cerrojo de las decisiones a la inclusión de los sectores sociales. Se trata de contraer el margen de exclusión mediante los mecanismos de participación en la toma de decisiones en asuntos de trascendencia como lo son el desarrollo y la paz de las regiones. El presente trabajo de investigación surgió como resultado de un diálogo entablado entre el Cinep, Ecopetrol y la Asociación de Fundaciones Petroleras en torno a los asuntos mencionados. El asunto requería un análisis contextualizado de las expresiones territoriales concretas de la “sociedad civil”, que enfrentan situaciones conflictivas dispares en materia social, política y económica. Para ello se eligieron seis municipios de distintos departamentos cuyo factor común de desarrollo estriba en su relación

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

21

con la industria del petróleo: Acacías (Meta), Barrancabermeja (Santander), Coveñas (Sucre), Puerto Asís (Putumayo), Saravena (Arauca) y Tibú (Norte de Santander). La importancia de identificar visiones y tipos de relación desde la perspectiva de la “sociedad civil”, especialmente en los problemas del desarrollo y la paz, estriba en la identificación de elementos comunes a los distintos sectores y en la detección de los ejes generadores de conflicto. La transformación de las relaciones entre los distintos sectores y el establecimiento de espacios de debate y concertación comunes en torno a los modelos de desarrollo y a las estrategias para la paz, aparecen así como condiciones para dar curso a la construcción participativa de agendas regionales. Es, por derivación, un aporte al actual contexto nacional del proceso de paz entre el gobierno nacional y las insurgencias armadas, con mayor razón cuando ha hecho carrera la idea de que la paz de Colombia empieza en los territorios.

Fernando Sarmiento Santander Coordinador Equipo Iniciativas de Paz Cinep/PPP

Prólogo*

*

Este prólogo obedece a la consultoría contratada con la Asociación de Fundaciones Petroleras con el objetivo de hacer una lectura crítica y constructiva de la investigación publicada y, a la vez, caracterizar el modelo de desarrollo petrolero en Colombia.

Municipios petroleros: desarrollo, conflicto y democracia Por Libardo Sarmiento Anzola**

L

a economía colombiana cuenta con una antigua, sólida y significativa industria petrolera. Son conocidas las transformaciones sociales típicas que esta actividad provoca y que pueden, en consecuencia, ser previstas, así como sus efectos negativos, que deben ser objeto de concertaciones democráticas y políticas públicas que los eviten y moderen. Los estudios en el terreno permiten concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en tres áreas: concentración del ingreso y la propiedad, ausencia de encadenamientos económicos con el petróleo y aumento de la conflictividad por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverla1. Con en el loable propósito de actuar en el marco de estos tres campos para contribuir a la resolución de los conflictos y asegurar el umbral de sostenibilidad social de la industria petrolera, Ecopetrol, la Asociación de Fundaciones Petroleras y el Cinep/ PPP (EC-AFP-C/PPP) ejecutaron durante los años 2013-2014 este importante estudio en seis municipios de influencia directa **

Economista político y filósofo humanista, consultor internacional en temas de Desarrollo, evaluador para Colciencias y docente universitario.

1

Hoyos, G.; Reyes, A.; Molano, A.; Sarmiento, L. (1996). Lineamientos generales para una política social de Ecopetrol. Una perspectiva desde la ética. Resumen ejecutivo. Bogotá, Ecopetrol, p. iii.

26

Libardo Sarmiento Anzola

y en él asumieron uno de los tópicos más relevantes: la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el desarrollo. Según el estudio, la “sociedad civil” es definida como el conjunto plural de agrupaciones, organizaciones y asociaciones formales o informales, voluntarias e independientes del Estado, de la familia y del sector privado (mercado), las cuales obran en pro del interés común de sus miembros. No obstante su autonomía, y dado su carácter estratégico como actor incidente en las relaciones de poder que tienen lugar en la sociedad, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se encuentran en constante interacción con el Estado y el sector privado. En los seis municipios petroleros seleccionados (Acacías, Barrancabermeja, Coveñas, Puerto Asís, Saravena y Tibú) la investigación de EC-AFP-C/PPP logró obtener una radiografía de la sociedad civil colombiana en relación con cuatro preguntas orientadoras: ¿cuáles son sus agendas?, ¿qué preocupaciones tiene?, ¿de qué manera participa o a qué mecanismos recurre para incidir?, ¿cómo interactúa con el Estado y el sector privado? El modelo teórico utilizado en el estudio establece dos tipos de funciones en la relación de la sociedad civil con los sectores privado y público: verticales (protección, intermediación, monitoreo, prestación de servicios/ejecución) y horizontales (socialización, cohesión social, articulación y agregación). Si bien los territorios escogidos son municipios de influencia petrolera, ellos registran características muy diferentes en relación con el año de su fundación, el área territorial, la población, las densidades y los grados de urbanización y de concentración de la tierra (Cuadro 1). Este prólogo tiene el propósito de comentar, ampliar y profundizar los resultados del trabajo de EC-AFP-Cinep/PPP, e incluir categorías analíticas adicionales y agrega la variable tiempo para establecer las dinámicas y tendencias en términos del desarrollo, los conflictos y la democracia. El análisis parte

Prólogo

27

Cuadro 1. Características de los municipios petroleros estudiados

Año Erección Área Mpio Puerto Asís

1967

3.061

Pobl. 2014

Hab/Km² 2014

59.523

19,4

Barrancabermeja 1922 1.282 191.784 149,6 Acacías

% Pobl. Urbana

Gini Tierras

51,9

0,6585

90,2

0,7597

1947 1.144 67.347 58,9 83,7 0,7559

Saravena

1976 891 46.823 52,6 67,2 0,4341

Tibú

1977 2.696 36.304 13,5 35,6

Coveñas

2002

0,506

74 13.300 179,7 27,9 0,8065

Fuente: cálculos con base en estadísticas del Dane e Igac.

de considerar que estas dinámicas y tendencias son el resultado de la interacción entre las OSC, las instituciones públicas y el sector privado. El diagrama 1 ilustra el modelo utilizado para comentar el trabajo de referencia. La investigación EC-AFP-C/PPP gira sobre la relación OSC (toma de decisiones-desarrollo). No obstante, el desarrollo es la emergencia de una estructuración compleja y diacrónica que crea sistemas abiertos, dinámicos, históricos y dialécticos (relaciones de conflicto). Los condicionantes y determinantes de estos procesos se fundamentan en la ausencia o presencia y la calidad de las relaciones democráticas entre los agentes del desarrollo: OSC, instituciones públicas (nacional, regional, local) y el sector empresarial, incluidos sus intereses, su capital político (poder), sus objetivos y sus estrategias. El análisis propuesto se fundamenta en la experiencia de municipios que han pasado por el ciclo de desarrollo petrolero y que permite establecer un modelo simple de los cambios regionales que pueden atribuirse directa o indirectamente al impacto de la industria petrolera. En el año 1996, un estudio de Hoyos,

Libardo Sarmiento Anzola

28

Diagrama 1

Reyes, Molano y Sarmiento, elaborado por solicitud de Ecopetrol, describe la regularidad de estos cambios2 así: i) Su desarrollo atrae migraciones laborales superiores a su oferta de empleo, lo que resulta en la configuración de un mercado de trabajo temporal con un gran desempleo estructural. ii) Las grandes inversiones iniciales ocasionan una “enfermedad holandesa” regional, con procesos inflacionarios

2

Ob. cit., p. 24-25.

Prólogo

29

y desestímulo de la producción local, sin originar encadenamientos con la industria petrolera. iii) Frente a la inadecuación del sistema político, anterior a la bonanza regional, para distribuir recursos públicos de manera eficiente, se exacerban las prácticas clientelistas y su complemento: las conductas colectivas de confrontación encaminadas a demandar servicios del Estado. iv) La apertura de vías de comunicación atrae a colonizaciones campesinas trashumantes, cuyo ciclo de expansión del desmonte y posterior concentración de la propiedad pone en movimiento procesos socialmente conflictivos y predatorios de la naturaleza. v) Las guerrillas intervienen en el conflicto para presionar a la industria petrolera con amenazas y sabotajes, y cumplen el papel de intermediarios políticos entre las comunidades y la administración, al establecer relaciones con los pobladores. vi) La inseguridad afecta a los propietarios y los predispone a vender, de tal forma que la propiedad tiende a pasar a manos de quienes están decididos a protegerla con organizaciones privadas de seguridad y paramilitares. Éstas expulsan a la población campesina considerada hostil y reorganizan al resto como fuerzas de apoyo antiguerrillero. Las empresas petroleras refuerzan esta respuesta con sus políticas de “seguridad corporativa”, de corte claramente militar. vii) Como la inversión pública valoriza la propiedad en proporción a las extensiones poseídas, el gasto de la industria petrolera, las transferencias, las regalías y las inversiones gubernamentales para la rehabilitación de zonas de violencia tienden a beneficiar en mayor grado a los grandes propietarios, con lo cual se refuerzan la exclusión y la inequidad social y los conflictos locales.

30

Libardo Sarmiento Anzola

viii) Pasado el auge de la bonanza regional, el balance social de la industria petrolera depende de la capacidad del sistema económico y político local para manejar la transición hacia una mayor eficacia en la resolución de los conflictos y una menor dependencia de los ingresos petroleros. En distinta medida, todas las regiones que han vivido la experiencia del ciclo de “bonanza y desarrollo” petrolero enfrentan ahora mayores problemas, y los recursos económicos e institucionales siguen siendo insuficientes para afrontarlos. Pasadas cerca de dos décadas, el estudio EC-AFP-Cinep/ PPP reafirma este modelo-diagnóstico (Gráfica 1). Tres problemáticas son comunes a los municipios de influencia petrolera estudiados: i) la pobreza, el desempleo y la falta de garantías en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca); ii) el antagonismo entre la sociedad civil y las entidades del Estado; iii) la economía de enclave que caracteriza a la industria petrolera. El segundo lugar en la frecuencia de los conflictos corresponde a la presencia del paramilitarismo, la sociedad civil fragmentada y antagónica y la corrupción en el ejercicio de la administración pública. El tercer nivel de profundidad de los conflictos está asociado con la presencia de la insurgencia armada, la desconfianza, la violencia y la violación de los derechos humanos, la desarticulación de las agendas públicas, la ausencia de democracia participativa y los débiles mecanismos de participación, la ineficiencia de las entidades públicas, la precariedad de las políticas sociales, la desarticulación y conflicto entre sociedad civil-empresas-Estado, las escasas alternativas productivas sostenibles, la política social petrolera arbitraria y excluyente, la parainstitucionalidad de la industria petrolera, el antagonismo entre esta industria y la sociedad civil y, por último, el monopolio de las actividades extractivas.

Libro tendencias.indd 31

30/11/2014 08:02:41 p.m.

Fuente: elaboración propia con base en el estudio EC-AFP-Cinep/PPP (2014).

Gráfica 1. Municipios petroleros: frecuencia de los conflictos

32

Libardo Sarmiento Anzola

No obstante, el grado de afectación de estos problemas comunes a los municipios de influencia petrolera tiene un carácter diferencial: i) Puerto Asís (Putumayo) y Tibú (Norte de Santander) registran la mayor intensidad de los conflictos; ii) Barrancabermeja, Acacías y Coveñas ocupan un nivel intermedio; iii) sin implicar un bajo nivel de conflicto, Saravena presenta una menor intensidad relativa de conflictos (Gráfica 2). En los términos del análisis propuesto (OSC-instituciones públicas-sector privado-desarrollo-conflicto-democracia), puede afirmarse que la Constitución Política de Colombia es ambigua, contradictoria y asimétrica en términos del poder central vs. el desarrollo territorial y la democracia participativa, y potencia, de esta manera, los conflictos que origina el ciclo petrolero en sus zonas de influencia. En efecto, de una parte, los principios fundamentales de la Constitución Política (CP) de 1991 definen a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Artículo 1). Por otra parte, la CP fortalece la centralización al establecer que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Art. 332)3 y que la dirección general de la economía está a cargo del Estado (Art. 334). Además, desconoce la competencia del régimen municipal de ordenar el desarrollo de su territorio (Art. 311) y restringe la democracia participativa al establecer que la ley podrá limitar el derecho del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente (Art. 37); en 3

A su vez reglamentada por la Ley 685 de 2001, que en su Artículo 37 es imperativa al señalar que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería; esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial.

Libro tendencias.indd 33

30/11/2014 07:08:49 p.m.

Fuente: elaboración propia con base en el estudio EC-AFP-Cinep/PPP (2014).

Gráfica 2. Municipios petroleros: intensidad de los conflictos

34

Libardo Sarmiento Anzola

su reglamentación, la Ley 1453 de 2011 criminaliza la protesta social al penalizar expresiones de las organizaciones sociales. En relación con la democracia participativa, la Constitución de 1991 estableció un marco institucional para el desarrollo de un Estado Democrático y Social de Derecho y para el involucramiento en la vida pública de las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Este nuevo marco institucional fue estudiado en el año 1998 por la investigación “Municipios y regiones de Colombia. Una mirada desde la sociedad civil”, dirigida por la Fundación Social y con la participación del DNP, Mindesarrollo, Ecofondo y la Confederación Nacional de ONG. Los procesos de organización, diversidad y participación de las OSC fueron conceptualizados, categorizados y operacionalizados mediante su identificación con un elemento cuantitativo, y sintetizados a través de un indicador denominado “organización y participación de la sociedad civil”. La información obtenida en 1.073 municipios de Colombia arrojó un total de 182.724 OSC (170 en promedio por municipio), e incluyó empresas asociativas, cooperativas, asociaciones gremiales, ONG, entidades de beneficencia, clubes, redes y múltiples organizaciones con finalidad social, ambiental, cultural, étnica, de género e identidad etaria. Teniendo en cuenta que el núcleo orientador de la investigación es “la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el desarrollo”, en este prólogo se calculó el indicador “organización y participación de la sociedad civil” para los seis municipios petroleros estudiados, con base en la información obtenida en el terreno y procesada por EC-AFP-Cinep/PPP en 2014, siguiendo la metodología del estudio de la Fundación Social. De esta manera se puede observar, en un periodo de 16 años (1998-2014), lo ocurrido a las OSC en materia de densidad municipal, heterogeneidad y grado de participación (Gráfica 3). La violencia destruye el tejido social e impide la participación democrática de la sociedad civil. Barrancabermeja, por

Libro tendencias.indd 35

30/11/2014 06:56:03 p.m.

Fuente: elaboración propia con base en los estudios de Fundación Social (1998) y EC-AFP-Cinep/PPP (2014).

Gráfica 3. Municipios petroleros: organización y participación de la sociedad civil 1998-2014

36

Libardo Sarmiento Anzola

ejemplo, que en Colombia es un símbolo histórico de organización y luchas sociales y sindicales, muestra que la arremetida paramilitar y las masacres ocurridas a partir del aciago año 1998 tuvieron consecuencias nefastas en todas las manifestaciones de las OSC (organización, diversidad y participación) y transformaron sus agendas, concentradas ahora en los problemas de derechos humanos, paz y Derecho Internacional Humanitario; además, muchas de estas OSC optaron por una reflexión interna y el retiro de la escena pública, en lo que llamaron un “silencio digno”. En consecuencia, el análisis del indicador “organización y participación de la sociedad civil” permite observar que, en el periodo 1998-2014, dos de los seis municipios estudiados (Barrancabermeja y Tibú) registran un comportamiento negativo, caracterizado por el conflicto armado en la disputa del control territorial o la pacificación y hegemonía por parte de los grupos paramilitares. Los municipios que presentan un crecimiento relativo superior de las OSC son Puerto Asís y Coveñas, el primero afectado por la lucha territorial de grupos armados, el desplazamiento forzado y la entrada represiva del Estado para controlar la economía de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, y el segundo animado por la lucha independista frente al municipio matriz, Tolú. En menor medida, Acacías y Saravena tuvieron un crecimiento positivo en el índice de OSC. Si bien el boom petrolero provoca una avalancha de población heterogénea, la violencia que le sigue implica desplazamiento forzoso y afecta en gran medida a los pobladores. Por ello, en el periodo 1998-2014 solo los municipios de Acacías y Coveñas registran un crecimiento significativo de la población: 53% y 26,8%, respectivamente. Los otros cuatro presentan un crecimiento demográfico vegetativo (Puerto Asís y Saravena) o casi nulo (Barrancabermeja y Tibú). Respecto de la violencia (medida por la tasa de homicidios por 100.000 habitantes), en el periodo 1998-2014 solo uno de las localidades registra un aumento importante: Puerto Asís; en las otras cinco este índice

Prólogo

37

disminuye, aunque a ritmos diferentes, en dependencia de la pacificación y la hegemonía de uno de los grupos armados (legal o ilegal). Cuando se trata de territorios en disputa (Acacías, Barrancabermeja y Coveñas) aparece una disminución en la tasa de homicidios de entre 50% y 85%; Saravena y Tibú, por su parte, presentan las menores tasas: -37,6% y -42,7%, respectivamente (Gráfica 4). La lucha por el control territorial está correlacionada con la violencia (Gráfica 5). Los municipios que muestran una concentración elevada de la tierra, medida por el índice Gini, son a su vez los que soportan un desenvolvimiento creciente de la violencia (Puerto Asís) o una caída precipitada de los índices de homicidios causados por la pacificación y el control territorial de una parte de los grupos armados en contienda (Barrancabermeja y Coveñas). Una economía de enclave hace referencia a la presencia de grandes capitales que alcanzan un control económico, político e institucional de la sociedad local o regional, depredan sus recursos naturales, instrumentalizan las ventajas geoestratégicas y explotan la fuerza de trabajo, transfiriendo hacia el exterior del enclave sus cuantiosas ganancias; a la vez, modelan de manera fuerte las vidas de los pobladores de la región. La noción de enclave se refiere también al desnivel o desbalance entre la potencia económica de las empresas monopolistas que operan en el nicho territorial y el resto de la economía local o regional; es un paisaje de contraste, de fuerte desigualdad entre una y otra forma de organización económica. En una economía de enclave las empresas carecen, por lo tanto, de vinculaciones significativas con los circuitos de la economía local, la institucionalidad pública y las OSC. No hay un proceso de difusión tecnológica, ni de entrenamiento o capacitación de la mano de obra local. Tampoco hay una articulación con actividades complementarias locales, como el sistema educativo, las políticas sociales, el planeamiento urbanístico o el desarrollo sostenible.

Libro tendencias.indd 38

30/11/2014 08:03:19 p.m.

Fuente: elaboración propia con base en Dane y Medicina Legal.

Gráfica 4. Municipios petroleros: evolución población y homicidios 1998-2014

Libro tendencias.indd 39

30/11/2014 06:57:17 p.m.

Fuente: elaboración propia con base en Dane e Igac.

Gráfica 5. Municipios petroleros: evolución homicidios 1998-2014 y concentración de la tierra 2010

40

Libardo Sarmiento Anzola

En sus zonas de influencia la industria petrolera tiene las características de una economía de enclave. En general, el crecimiento económico de estas entidades territoriales muestra ritmos superiores al promedio nacional. No obstante, él no se traduce en términos de mayor bienestar o disminución significativa de las necesidades básicas insatisfechas de los pobladores de estos municipios (Gráfica 6). Las empresas petroleras tienen responsabilidad ética y constitucional en la construcción de una sociedad democrática y justa, capaz de resolver sus conflictos de manera pacífica y de compartir la riqueza pública para hacer realidad el bien común. En particular, en las zonas de influencia petrolera se debe lograr desencadenar expresiones virtuosas de desarrollo sostenible, resolución de conflictos e identificación y defensa de intereses colectivos4. La intervención social de las empresas petroleras debe articularse a los procesos participativos de construcción de los planes de desarrollo regionales y locales. Ellos deberán ser producto de la sinergia concertada entre las empresas, las comunidades y las administraciones municipales. En conjunto tendrán que recuperar un clima ordenado, fortalecer las instituciones locales, promover confianzas y reconocer a los distintos agentes sociales, con sus intereses y sus necesidades. El reconocimiento de los derechos humanos, la democracia y las luchas por los derechos a la paz y al desarrollo sostenible son interdependientes. Es imprescindible, además, establecer una relación entre políticas públicas, derechos humanos, desarrollo sostenible y democracia. La democracia contiene a los derechos humanos, pero a la vez éstos son un pilar de la democracia. Allí nacen y se sostienen las políticas públicas, que son un escenario de difusión de los discursos sobre los derechos humanos, la

4

Hoyos, G.; Reyes, A.; Molano, A.; Sarmiento, L. (1996), p. i.

Libro tendencias.indd 41

30/11/2014 06:57:37 p.m.

Fuente: elaboración propia con base en Dane e Igac.

Gráfica 6. Municipios petroleros: evolución del desarrollo económico y social promedio anual

42

Libardo Sarmiento Anzola

construcción cotidiana de la democracia y el desarrollo sostenible. Sin embargo, las políticas públicas están inscritas en el ámbito del poder; su construcción corresponde a la realización del pacto social, fiscal y político, y su ejecución es responsabilidad de las administraciones nacional, regional y local, el sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y los ciudadanos, en el marco de los planes de desarrollo. La Declaración Universal de Derechos Humanos considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Sin embargo, la historia enseña que la garantía y disfrute de los derechos humanos deben estar fundamentados en una sociedad en paz, orientada por relaciones de solidaridad, justicia, igualdad y libertad. Paz y derechos humanos se implican recíprocamente. En resumen, la democracia, la paz y el desarrollo sostenible exigen la conciencia, la concertación y el compromiso en torno al bien común entre las instituciones públicas, el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil.

1. Introducción

E

l 7 de agosto de 2010, en su primer discurso como presidente de la república, Juan Manuel Santos fijó la ruta del desarrollo para Colombia durante su mandato, basada en cinco ejes que denominó locomotoras: desarrollo del campo, infraestructura, vivienda, minería e innovación, para poner “en marcha el tren del progreso y la prosperidad” (Revista Semana, 2010). En ese espacio convocó al sector privado y a los trabajadores, y comprometió a su gobierno para emprender, de manera colectiva, el mencionado tren. Algunos meses después, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, el Ejecutivo reiteró ese llamado a la articulación intersectorial al afirmar que “el éxito de las estrategias incluidas en cada uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 dependerá de la efectividad de la ejecución de las entidades estatales, pero asimismo del papel crucial que desempeñará el sector privado y la sociedad civil (PND, 2014: 22). Con ello, una vez más, se puso sobre la mesa la pertinencia de la sociedad civil como actor del desarrollo. También se evidenció la importancia de lograr articulaciones estratégicas que favorezcan el alcance de los objetivos trazados. Sin embargo, a pesar de contar con una sensibilización sobre la importancia de la sociedad civil en los procesos de diseño e implementación de estrategias de crecimiento económico y mejoras del bienestar social, son pocos

46

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

los espacios que se han asignado a este sector para incidir en la adopción de decisiones a propósito del devenir del país. Por otro lado, el modelo de desarrollo basado en la minería y la generación de energía a través de hidrocarburos e hidroeléctricas ha golpeado con mucha fuerza a muchas comunidades de todo el país, provocado desplazamientos y afectaciones del medio ambiente e incentivado conflictos que tienden a romper el frágil tejido social de las regiones (González Posso, 2011). Estos efectos han despertado una amplia movilización social que reclama, por vías no institucionales, mayor participación e inclusión en la toma de decisiones respeto a las comunidades y condiciones de desarrollo dignas (Cinep, 2012). La amplia movilización social que ha tenido lugar durante los últimos años se ha sumado a la coyuntura que vive el país tras el inicio de los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Este esperado escenario de paz ha puesto en el centro de la discusión el rol de las regiones en un posible posconflicto y la necesidad de realizar profundos cambios en materia de participación e inclusión política. En este contexto, la sociedad civil podría desempeñar un rol fundamental en materia de reconciliación y construcción de paz. Sin embargo, la implementación de estrategias que materialicen esta inclusión ha sido escasa. La idea de adelantar la presente nació como resultado de una discusión de índole política surgida a partir de inquietudes alrededor de esa situación formuladas por tres actores: la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), de carácter mixto (público-privado), la Asociación de Fundaciones Petroleras (AFP) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). El interrogante inicial fue justamente: ¿por qué razón la sociedad civil colombiana se encuentra hoy en día excluida de muchos espacios de toma de decisiones con respecto al desarrollo

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

47

del país? Pese a la amplia movilización social, que el propio Cinep ha venido registrando y monitoreando por décadas,5 existe la sensación de que las propuestas de los sectores sociales no son tenidas en cuenta. Uno de los argumentos utilizados en contra de la apertura a una mayor participación de este sector afirma que no existe una agenda coherente y articulada de la sociedad civil colombiana, lo cual le impide llegar con propuestas claras a los espacios de discusión donde es invitada, como consultas para elaborar planes regionales y locales o políticas públicas. Sin embargo, el sector privado –tanto el nacional como el transnacional– sí ha sido tenido en cuenta en las discusiones claves sobre el desarrollo. Así ha ocurrido tradicionalmente con la gran empresa y los principales gremios (ganaderos, cafeteros, azucareros, etc.). El sector minero-energético, gracias a su gran cantidad de recursos, ha venido adquiriendo mayor relevancia en los espacios de discusión y decisión. Los efectos nocivos que esta actividad productiva descarga sobre el ambiente y la sociedad parecen no ser un obstáculo para que sus actividades sigan desenvolviéndose cada vez con mayor intensidad en distintas regiones del país. Lo anterior llevó a identificar la necesidad de elaborar una radiografía de la sociedad civil colombiana con el ánimo de aportar mayor claridad acerca de cuáles son sus tendencias en la Colombia de hoy. De esta pregunta se derivaron algunas otras que han sido de gran importancia para el diseño de la presente investigación: ¿cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad civil?, ¿de qué manera ella busca llevar estas preocupaciones al debate público?, ¿cuáles son las funciones que con mayor fuerza desempeña?, ¿qué desafíos se presentan para el logro de una verdadera cooperación intersectorial? 5

Según el Informe Especial sobre luchas sociales en Colombia, 2013 fue el año con el mayor número de luchas sociales desde 1975 (1.027 protestas registradas por la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep) (Cinep, 2014).

48

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

La discusión evidenció que estos interrogantes, pese a ser relevantes en cualquier zona del país, revisten un color especial en el caso de aquellas regiones que se ven directamente afectadas por la intervención del sector minero-energético y en especial del petrolero, dada la importancia económica y política adquirida por esta industria en el curso de las últimas décadas.6 Por ello, y con el fin de plantear una reflexión crítica frente a la industria petrolera, se propuso realizar la investigación en seis municipios que permitieran observar las tendencias de la sociedad civil en los diferentes momentos del proceso productivo petrolero y comparar sus diferencias: extracción (Acacías, Puerto Asís, Saravena y Tibú), refinería (Barrancabermeja) y exportación (Coveñas). Con cada uno de los municipios seleccionados se pretendió abordar una característica diferente. Saravena y Tibú, en cuanto a la extracción, son municipios con una tradición petrolera que supera los treinta años. Por el contrario, Puerto Asís7 y Acacías empiezan a relacionarse con una nueva oleada de extracción y con los retos que esto conlleva. Barrancabermeja, como centro refinador, y Coveñas como puerto de exportación ofrecen las otras caras de esta actividad económica. El interrogante sobre las tendencias de la sociedad civil colombiana con relación a los impactos de la actividad petrolera ha constituido un importante reto en materia de metodología, de abordaje político y de no reducción del análisis únicamente a esta temática, en un país que como Colombia presenta tantos otros desafíos simultáneos. El estudio se ubica con claridad dentro de la coyuntura que atraviesa el país y busca aportar herramientas para el análisis, la 6 7

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos 2010 – 2014, la participación del sector en el Producto Interno Bruto aumentó del 8,8% en el 2006 al 9,2% en 2009 (DNP, 2014). A pesar de que Puerto Asís ya había conocido la extracción petrolera en el lapso 19501970, esta nueva experiencia ha tenido un carácter diferente para el municipio y se presenta a una generación que ya no recuerda sus características.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

49

construcción de políticas y propuestas y la reflexión en general sobre cuáles son los principales desafíos de la sociedad civil en la actualidad, a partir de casos concretos y observar estos retos en clave de desarrollo y construcción de una paz sostenible y duradera. La redefinición del papel de la sociedad civil de manera que ella sea más escuchada e incluida en la toma de decisiones puede ser un importante desincentivo de conflictos que llevan una larga historia y constituyen una pieza clave del rompecabezas de la paz en Colombia.

Estructura del informe El presente texto se ha dividido en tres secciones: el marco teórico de la investigación, la presentación de cada uno de los casos estudiados y finalmente el análisis comparativo y las conclusiones del trabajo. La primera parte hace una revisión exhaustiva del concepto de sociedad civil a través de la historia del mismo, de su importancia en materia de desarrollo, construcción de paz y democracia y de las diferentes miradas que se han tenido al respecto, tarea que derivó en la definición de trabajo de la presente investigación. En esta primera sección también se abordan las funciones determinantes que cumple la sociedad civil, identificadas por la literatura y los actores internacionales, lo cual a la vez constituye la base para el análisis de los resultados arrojados por el trabajo de campo. En la segunda sección se presentan los seis casos que dan cuerpo a este estudio: Acacías (Meta), Barrancabermeja (Santander), Coveñas (Sucre), Puerto Asís (Putumayo), Saravena (Arauca) y Tibú (Norte de Santander), los cuales se han estructurado de manera tal que evidencien las características de la sociedad civil en cada uno de ellos, sus relaciones con los sectores público y privado y las visiones sobre el desarrollo y la paz que se tienen en el territorio.

50

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Finalmente, la tercera sección identifica los elementos comunes y disímiles existentes entre los seis casos, tanto respecto de las funciones de la sociedad civil, sus relaciones internas y aquellas que establece con el Estado y el sector privado, como respecto de sus visiones del desarrollo. Todo ello apunta a construir un criterio más amplio de las tendencias de la sociedad civil, en especial respecto de los modelos de desarrollo que se debaten actualmente en el país. Esta parte se cierra con las conclusiones finales del estudio.

2. Acercamiento teórico al concepto de sociedad civil

D

esde hace más de treinta años el concepto de sociedad civil ha estado omnipresente, tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación y los discursos políticos. A finales de los años 80, con el inicio del relativo declive del papel del Estado y la entrada a la era del neoliberalismo –que se vería triunfante al comenzar el decenio de 1990–, la sociedad civil empezó a ser presentada como un remedio poderoso para cualquier problema socio-económico y político en los niveles local, nacional y global. Varias conferencias internacionales sobre desarrollo, medio ambiente y paz ubicaron el concepto en el centro de sus agendas, y agencias de cooperación internacional y actores transnacionales encontraron en las organizaciones de la sociedad civil nuevos aliados para reducir la pobreza, terminar guerras y controlar gobiernos. La sociedad civil se convirtió en la fórmula casi perfecta para combatir el subdesarrollo, terminar conflictos, iniciar y garantizar la reconciliación, y asimismo para la fundación de una cultura de paz o para la transformación de regímenes autoritarios en democracias. Mientras que varias experiencias –por ejemplo, en el curso de la tercera ola de democratización (Huntington, 1991)- e innumerables estudios académicos parecieron probar la correlación entre una sociedad civil fuerte y resultados deseados, estos so-

54

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

portes académicos fueron destinados simultáneamente a justificar y promover nuevas agendas y discursos. Al día de hoy, después de tres decenios, la sociedad civil no parece haber perdido un ápice de ese lugar glorioso. Aún se encuentra en el centro de planes de desarrollo, protocolos de la ONU y recomendaciones de estudios de amplia gama, que van desde la construcción de paz hasta la protección del medio ambiente. No obstante, este ‘sobreuso’ del concepto ha llevado a uno de los problemas principales del mismo: la disolución de su entorno. Con el paso del tiempo y su múltiple utilización, el término sociedad civil se tornó bastante ambiguo, un hecho que lleva a expertos en la materia a la crítica de que “el valor real de la noción de sociedad civil es polémico y normativo, así como conectado muy de cerca con el contexto al cual debe aplicarse […] como concepto analítico, la sociedad civil sufre de una ‘borrosidad definitoria’” (Edwards y Forley, 1998: 126)8. Una breve revisión de 19 agendas de ONG y entidades públicas colombianas, agencias de cooperación internacional presentes en Colombia e incluso artículos académicos de las principales universidades del país9 refuerza la suposición de que el término sociedad civil se ha vuelto, también en Colombia y en no pocos casos, una simple partícula etérea.10 A la vez que muchos califican al mismo como decisivo en temas que van desde la protección del medio ambiente hasta la suerte de víctimas y 8 9

10

Cita traducida por los autores del inglés al español. Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, Bienestar Familiar, Centro de Investigación para la Paz, Cnmh, Consejos Territoriales de Planeación, Dane, DNP, Federación Colombiana de Municipios, Fenalco, Fescol, Fundación Nuevo Arco Iris, OEA, Pnud, Reconciliación Colombia, Redepaz, Universidad de los Andes, Universidad Externado, Universidad Javeriana, Universidad Nacional. Situación que fue criticada hace quince maños por Bejarano (1999, 37), al resaltar que “la sociedad civil no es otra cosa que un repertorio de todo lo que confusamente ha quedado suelto en calidad de residuo, después de la exigencia liberal de circunscribir el ámbito del Estado”.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

55

la reconciliación de conflictos sociales –sin hacer el esfuerzo de definirla–, otros utilizan definiciones de sociedad civil tan amplias que, de acuerdo con ellas, básicamente cada actor distinto al del Estado estaría incluido (Pnud, Bienestar Familiar11). Mientras que la existencia de un amplio espectro de definiciones, modeladas según las características de cada contexto, no es criticable y la relativa borrosidad de un concepto tan popular generalmente no es extraña en las ciencias sociales, la falta de una definición ampliamente aceptada y compartida se vuelve un obstáculo en el momento de iniciar una empresa ambiciosa como es el estudio de las principales tendencias de la sociedad civil colombiana. Con el fin de asegurar una claridad conceptual, tal análisis requiere necesariamente, como primer paso, la elaboración de una definición satisfactoria del concepto de sociedad civil. ¿Cuáles son las características de los actores incluidos? ¿Quién forma parte de ella? ¿Quién se queda por fuera del enfoque de este estudio? Al revisar la extensa literatura académica sobre el concepto se pueden identificar dos caminos distintos para lograrlo. Un primer grupo de autores aplica la ambiciosa estrategia de listar y agrupar actores que forman parte de la sociedad civil, o resalta los que no la componen (Post y Rosenblum, 2002). Un segundo grupo se enfoca más en las características de los actores incluidos, sus funciones y sus formas de actuación (Lauth, 2003; Young, 1999). Al mismo tiempo, no faltan posiciones que dudan de la posible existencia de una definición universal, global, dadas las raíces occidentales del concepto, que hasta cierto punto impiden la aplicación del mismo, sin reajustes, según el caso, en contextos distintos (Zinecker, 2011). En atención a esta discusión, la elaboración de una definición de trabajo debe estar basada, tanto en características derivadas 11

Como muchos actores más, Bienestar Familiar utiliza la definición del Pnud.

56

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

de la larga discusión y evolución del concepto, como del contexto puntual del estudio. Los subcapítulos siguientes apuntan a lograr este fin: a través de una revisión histórica del término sociedad civil se llega a una definición para este estudio, basada en los avances logrados por las ciencias sociales y en las características de nuestro país. Esta delimitación permite el análisis de las tendencias de la sociedad civil colombiana y su relación con los temas de desarrollo y paz. Igualmente, la identificación de posibles funciones de la sociedad civil a través de la revisión de la discusión global respecto de tres escenarios en los cuales la sociedad civil ganó influencia en los últimos dos decenios –democracia, desarrollo y construcción de paz –, en el siguiente paso son analizados algunos factores que pueden influir de forma positiva o negativa en el manejo de tales funciones. El ejercicio permite adoptar un concepto que permita entender el mundo en el cual la sociedad civil se mueve y constituye así, finalmente, el marco del análisis posterior de los estudios de caso y los pilares principales del estudio comparativo. A fin de garantizar un mayor grado de comprensión, las variables claves para este último ejercicio –derivadas directamente de la breve recapitulación del debate académico internacional en los tres ámbitos mencionados– son resumidas en el subcapítulo 2.4.

2.1. Evolución histórica del concepto Dada la amplia discusión histórica sobre el concepto de sociedad civil –que es posible encontrar incluso en los antiguos filósofos griegos–, los antecedentes del mismo se han delimitado al surgimiento de los Estados occidentales modernos. Desde sus inicios, este concepto ha permanecido ligado al de Estado, en función del cual se le define. Inicialmente, con el naturalismo, la sociedad civil fue entendida, por ejemplo, por

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

57

Thomas Hobbes, como el producto de la asociación entre individuos para autorregularse y superar el “estado de naturaleza”, lo cual querría decir que se entendía por sociedad civil lo que hoy comprendemos por Estado. Sin embargo, el rápido avance del capitalismo como sistema de producción y el surgimiento del Estado moderno como su principal institución, llevaron a la necesidad de problematizar en mayor medida la delimitación del ámbito estatal y el no estatal, la cual identificó al Estado como el espacio principal de la política y al que estaba fuera de él como el no político. Es así como empieza a producirse la separación entre sociedad civil y sociedad política, dando paso a las primeras discusiones sobre el rol del Estado y a la pregunta de qué es lo que se encuentra más allá de él. Uno de los principales pensadores dedicados a esclarecer el problema fue Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien vivió ese momento histórico de auge del capitalismo. A partir de este autor se produjo un cambio en la tradición del pensamiento liberal, pues el concepto de sociedad burguesa (bürgerliche Gesellschaft) ya no hacía referencia a toda la sociedad moderna (como en el ius naturalismo) sino solo a una parte de ella (Acanda González, 2003: 47). Entonces el Estado fue conceptualizado como el espacio de lo público, de confluencia de los intereses individuales en pro de una voluntad común y de la regulación de esos intereses. En el esquema planteado por Hegel, el Estado es el estadio más alto de la sociedad, después de la familia (espacio tradicional de construcción de relaciones, basado en la confianza y el amor) y la sociedad civil. Era necesario conceptualizar esta última, debido a los cambios ocurridos en el marco de la consolidación del modelo económico capitalista, que puso la competencia económica en el centro de las relaciones sociales y dio lugar al individualismo. Esta competencia, así como su resolución, tienen lugar en el espacio donde Hegel ubica a la sociedad civil. El mismo es la

58

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

franja que va desde los intereses meramente personales hacia la construcción de la ciudadanía, en donde los intereses privados se comprenden en el marco de intereses generales. La sociedad civil es el camino que media entre estos dos momentos.12 Hegel contribuye de muchas maneras, la primera y más importante de las duales fue la de separarla (para efectos metodológicos del análisis) del Estado. Además, de acuerdo con Acanda González, el filósofo alemán es el primero que le atribuye un carácter histórico: “al diferenciar entre Estado y bürgerliche Gesellschaft, Hegel destaca que esta es una división histórica y no esencial, surgida con el advenimiento de la sociedad moderna”. En segundo lugar aparece “su conceptualización de la sociedad civil como esfera de intereses mutuamente conflictivos. La idea de la doble valencia moral de la sociedad civil en tanto [que] campo de realización del individuo, a la vez que también del egoísmo” (Acanda González, 2003: 52). En el abordaje de este concepto, a Hegel le seguiría Karl Marx, quien lo ejecuta desde dos lugares: la lectura crítica que realiza de Hegel y la teoría de las clases sociales. A partir de estos elementos, Marx ubica la existencia de la sociedad civil en estrecha relación con la competencia económica. En la Introducción general a la crítica de la economía política afirma que, “tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto –siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII– resume Hegel bajo el nombre de ‘sociedad civil’” (Marx, 1971: 35). 12

Es importante señalar que esta concepción de Hegel obedece a su comprensión dialéctica y progresiva de la historia, en la cual las coyunturas que implican contradicciones se resuelven de tal manera que la humanidad siempre ‚avanza’ a un momento mejor que el anterior. También es importante destacar que Hegel ubica en este espacio de la sociedad a la administración de justicia, en especial en lo que se refiere al derecho privado, que es el mecanismo mediante el cual se pueden resolver las disputas en el ámbito de la competencia económica.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

59

La expresión condiciones materiales de vida hace explícita referencia al intercambio económico, el cual, en la teoría marxista, determina en última instancia la organización de la sociedad; de esta manera, la sociedad civil sería el lugar donde ocurren las luchas socioeconómicas. A partir de las reflexiones marxistas, un tercer teórico aborda el tema de la sociedad civil e introduce de manera clara, por primera vez, el carácter político e ideológico de la misma: Antonio Gramsci. En la revisión que Pereyra (1979) hace de esta cuestión es posible leer que “se pueden ubicar dos campos semánticos que involucran esta noción […] Marx emplea el término para referir al conjunto de relaciones económicas y Gramsci al complejo institucional donde se organiza el enfrentamiento ideológico y político de las clases sociales” (Pereyra, 1979: 68). La sociedad civil es el espacio de las luchas ideológicas que aspiran a influir en el Estado, lo cual deja ver cómo el concepto comprende intereses colectivos y no solo de carácter privado, en contraposición con lo inicialmente planteado por Hegel. En las discusiones de las ciencias sociales esta concepción político-ideológica de la sociedad civil ha sido privilegiada por encima de la económica; sin embargo, la inclusión del empresariado y los sindicatos en este espectro evidencia que la inclusión del aspecto económico no fue desestimada. Adicionalmente, un gran aporte del autor italiano fue el de aclarar de manera explícita que la separación tajante entre Estado y sociedad civil era un recurso metodológico para llevar a cabo el análisis de la sociedad, pero que esto no ocurre efectivamente en la realidad, donde las interacciones y cruces entre uno y otro son constantes. La propuesta gramsciana va a recibir muchas críticas al principio, pero será recuperada posteriormente en América Latina y Europa del Este como elemento para empoderar a la sociedad civil en los contextos de las dictaduras que se habían instalado

60

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

en esas áreas. La reflexión que ubica a la sociedad civil como espacio de lucha ideológica entre las clases sociales y la argumentación sobre la posibilidad efectiva de provocar un cambio a partir de la “superestructura” van a convertirse en una base teórica para soportar diversos movimientos en pro del cambio social en ambos lados del Atlántico. El elemento de los llamados “intelectuales orgánicos” como actores capaces de movilizar a las masas impulsará a diversos sectores a organizarse en busca de ese objetivo (Pereyra, 1979). La construcción del concepto de sociedad civil en Gramsci abre el camino del reconocimiento de la diversidad característica de este sector, que hasta ese momento no estaba presente en las reflexiones teóricas marxistas.

2.2. Definición de trabajo Con base en la evolución clásica del concepto de sociedad civil, la misma será definida en el siguiente estudio como el conjunto plural de agrupaciones, organizaciones y asociaciones formales o informales, voluntarias e independientes del Estado, de la familia y del sector privado (mercado), las cuales actúan en pro de un interés común de sus miembros. No obstante su autonomía y dado su carácter estratégico como actor que incide en las relaciones de poder que tienen lugar en la sociedad, se encuentra en constante interacción con el Estado y el sector privado. Al partir de esta definición, la sociedad civil es caracterizada por cinco aspectos fundamentales, los cuales se discutirán con más profundidad a continuación.

2.2.1. Independencia del Estado A partir de Hegel, tanto la delimitación de los ámbitos estatal y no estatal como la ubicación de la sociedad civil en el segundo son ampliamente aceptadas. No obstante su disociación del Es-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

61

tado como principal actor de la esfera política, la sociedad civil se comunica con este estamento en dos aspectos fundamentales: por un lado, el Estado es hasta cierto punto el garante del espacio en el cual se mueve la sociedad civil, y, por otro, es con frecuencia el principal receptor de demandas, lo cual implica lógicamente una interacción directa entre el Estado, sus instituciones y funcionarios, y la sociedad civil, la cual, por sí misma, no forma parte de las estructuras estatales. Dado que el Estado ha sido entendido como la estructura que condensa un pacto político de convivencia pacífica de una sociedad, es posible identificar la importancia de la interacción entre esta estructura de condensación de intereses claramente colectivos y la sociedad civil, interacción que busca una incidencia en lo público, pero sin pretender negar sus elementos de actor privado. Espacios como el debate político y el diseño de políticas públicas son ejemplos claros de la constante interacción entre el interés colectivo del Estado y la defensa del espacio particular de la sociedad civil. Aunque todos participan de alguna forma en la condensación de intereses, surge sin embargo el problema de cómo delimitar uno (lo estatal) de otro (lo no estatal). Algunos autores plantean en sus estudios una posible solución para dicho problema práctico. Decisivo para la pertenencia a uno u otro ámbito es el hecho de que un actor esté o no aspirando a cargos públicos13 (Diamond, 1999: 221; Lauth, 2003: 224). Siguiendo esa propuesta –que será aplicada en este estudio–, de la lista de actores de la sociedad civil se han de descartar, por ejemplo, los partidos políticos. Si bien ellos también representan un canal de articulación entre los ciudadanos y los funcionarios públicos con capacidad de tomar decisiones políticas y actúan entonces en pro de intereses colectivos, el principal objetivo de 13

Definido como funcionario que desempeña funciones en un organismo legislativo, ejecutivo o judicial del nivel nacional, departamental o municipal.

62

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

los partidos políticos consiste, sin embargo, en conquistar a través de la competencia democrática justamente esas posiciones.14

2.2.2. Independencia de la familia y del sector privado La familia, como espacio de la vida privada, se desliga de las actividades de la sociedad civil, ya que ésta busca una incidencia en aspectos públicos y apunta al logro de intereses comunes que trascienden el ámbito personal. En cuando al sector privado, pese a que con frecuencia se le incluye –como ocurre en los planteamientos de Hegel– como parte de la sociedad civil por su carácter colectivo y de incidencia en el ámbito público, en esta definición de trabajo se ha decidido separarlo, dado que su objetivo primordial es el lucro, además de que es característica obligatoria la defensa de intereses comunes de sus miembros (en este caso, sus empleados). Sin embargo, lo anterior no significa que el objetivo de lucro descarte necesariamente a actores de la sociedad civil. El aspecto clave en este punto tiene que ver más con el carácter común del objetivo. Estos aspectos llevaron a la inclusión en el estudio, por ejemplo, de gremios en la lista de actores de la sociedad civil. Si bien el motivo principal esgrimido para afiliarse a un gremio de pescadores es normalmente el fin personal de cada pescador de confrontar más efectivamente obstáculos que impiden la maximización de su pesca y sus ganancias, el gremio, como actor de la sociedad civil, al representar y articular estos objetivos personales de sus miembros actúa en pro de un objetivo común. 14

En Colombia pueden participar en elecciones también movimientos políticos, los cuales, de acuerdo con la Ley 130 de 1994, se diferencian de los partidos a causa de su estructura. En su artículo 2º la mencionada ley define a los partidos políticos como “instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder y a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación”. En este mismo apartado diferencia a los movimientos políticos al definirlos como “asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones”.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

63

2.2.3.Carácter colectivo, no individual Como ha sido discutido anteriormente, la sociedad civil se compone fundamentalmente de agrupaciones, organizaciones y actores que no obran a título personal sino en representación de uno o varios intereses colectivos. Por esta razón no se habla de una sociedad civil compuesta de individuos.

2.2.4. Carácter voluntario Al suponer que los actores de la sociedad civil, como agrupaciones de individuos, representan el interés común de sus integrantes, el carácter voluntario es de especial importancia. Solamente si un individuo puede decidir sobre su filiación y expresar su opinión de forma libre e influir así en la dirección de la organización, ésta puede ser entendida como representante de un interés común de sus miembros.

2.2.5. Pluralismo Como consecuencia lógica de la premisa que entiende a la sociedad civil como la totalidad de agrupaciones, organizaciones y asociaciones de un determinado territorio15, resulta al menos la simple posibilidad de la existencia de una amplia gama de intereses buscados, formas de acciones utilizadas y tipos de estructuras organizativas. A pesar de que pueden compartirse mecanismos y algunas comprensiones del mundo, los objetivos no necesariamente son los mismos. Por lo anterior, ni los objetivos ni los repertorios de acción pueden ser utilizados para delimitar el conjunto total de actores sociales, es decir, la sociedad civil. A la hora de caracterizar a un actor como parte o no de la sociedad civil, no tiene relevancia si una organización persigue sus metas 15

Este territorio también puede ser el nivel mundial, como señala, por ejemplo, John Keane (2008). En este caso se habla de una sociedad civil global. Mary Kaldor (2003), por su parte, destaca que, ya desde su redescubrimiento en América Latina y Europa oriental, el concepto de sociedad civil incluyó una dimensión internacional.

64

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

mediante campañas de información o la recolección de firmas para impulsar una petición. Igualmente, no importa si estos objetivos se ubican en el ámbito de protección del medio ambiente o si consisten en una iniciativa relacionada con la defensa de la infancia, siempre y cuando ellos se mantengan en la línea de los puntos mencionados en la definición del trabajo (interés común y no únicamente personal). Aparte de estos cinco aspectos fundamentales de la definición de trabajo utilizada en este estudio, aunque directamente relacionado con la discusión sobre los repertorios de acción, es esencial discutir un aspecto más: la pregunta sobre si la sociedad civil debe, por definición, necesariamente rechazar las acciones violentas. ¿Las acciones definidas como violentas16 pueden hacer parte del repertorio de la sociedad civil, o el recurso a ellas conduce directamente al descarte del actor de las mismas? Tal interrogante, que surge directamente de la presencia del adjetivo “civil” en el nombre, no solo es ampliamente discutido en el discurso académico17 sino que tiene también cierta importancia para un análisis de la sociedad civil en un país con una larga historia de conflictos violentos como lo es Colombia. En primer lugar, es central subrayar la diversidad del significado del adjetivo “civil”. Mientras que la palabra puede entenderse como el concepto opuesto al de militar (o eclesiástico), civil igualmente se deriva de la palabra latina civitas, que se refiere simplemente a la ciudadanía o a la comunidad en general. A partir de esta diferenciación, y de la mano del segundo significado, puede entonces argumentarse que la característica 16 17

Aquí se entiende por violencia el perjuicio o la destrucción de personas o bienes por acciones concretas, o ambas cosas. Mientras que autores como Lauth y Merkel (1998) entienden el rechazo de la violencia como uno de los puntos claves de su definición del concepto, Zinecker (2011) argumenta claramente en contra de tal posición e identifica como actores de la sociedad civil incluso a los grupos armados. Explícitamente incluye ahí, por ejemplo, a las Farc y al ELN (Zinecker, 2011: 8).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

65

del rechazo a la violencia no emana necesariamente de manera directa del adjetivo “civil” sino que se trata más bien de una connotación normativa. En el mundo latinoamericano en particular, el discurso de la sociedad civil anti-autoritaria18 que se estableció a partir de los años 60 en el marco de una creciente resistencia ante gobiernos dictatoriales, incluía un distanciamiento por parte de la sociedad civil de la violencia como medio legítimo de ejercer la política (Birle, 2000: 232 y ss.). Este ejemplo muestra, sin embargo, que la connotación normativa de no violenta depende fuertemente del contexto en el cual operan la sociedad civil y las expectativas que se tienen frente a sus acciones. La sociedad civil anti-autoritaria no necesariamente debe representar a toda la variedad de la sociedad civil existente. Zinecker (2011) reconoce esta limitación y plantea el interrogante de si es posible defender siempre tal connotación normativa en contextos en los cuales se recurre a medios violentos en la esfera política. Al argumentar que no, la autora presenta a la sociedad civil como una especie de aglutinador de todos los que no caben en otra definición, sin importar su posible empleo de la violencia. Eso incluye sobre todo a las expresiones no estatales pero políticas, como, por ejemplo, las guerrillas o el Ku-Klux-Klan. Para el caso colombiano, en el presente trabajo se comparte, hasta cierto punto, la posición de que en contextos violentos no puede descartarse a actores únicamente en atención a que utilicen acciones violentas. Ejemplo de lo anterior es lo sostenido por el violentólogo francés Daniel Pécaut, quien a finales de la década de 1980 afirmó que la única sociedad civil de Colombia era la armada (Pécaut, 1996). 18

Birle (2000) encuentra cinco discursos diferentes de sociedad civil en la discusión pública de América Latina (anti-autoritario, gramsciano, neoliberal, de los “nuevos” movimientos y de redes sociales) y resalta las diferencias en lo que cada uno entiende bajo tal concepto.

66

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Lo anterior lleva, sin embargo, a la pregunta concreta de si organizaciones armadas con agendas políticas que proclaman la lucha armada como única manera posible de hacer política en Colombia –como ocurre con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) – forman parte de la sociedad civil. Ambas organizaciones cumplen al menos con tres de las características presentadas atrás, si bien, tanto las Farc como el ELN, son ejemplos de organizaciones independientes del Estado, de la familia y del sector empresarial y, al menos, de acuerdo con su propio discurso, incluso actúan en defensa de los intereses comunes de sus miembros; se puede, sin embargo, cuestionar al menos el carácter voluntario de sus miembros, dado el reclutamiento forzado de menores al que las guerrillas han recurrido sistemáticamente, en especial durante los últimos decenios.19 Principalmente por tal razón, y no por el recurso a la violencia como forma de alcanzar sus objetivos, en este estudio ambas organizaciones están excluidas del grupo plural de actores de la sociedad civil.

2.3. Funciones de la sociedad civil Como se argumentó en la reseña de la evolución del concepto, la sociedad civil no es de ningún modo un actor nuevo en el pensamiento político, ya que tradicionalmente ha ocupado un lugar importante en las teorías clásicas de la ciencia política, del 19

De acuerdo con el Informe de 2012 sobre reclutamiento forzado en Colombia, “el reclutamiento no puede calificarse como un acto voluntario. Aún en los casos en que se ve facilitado por la vulnerabilidad social y económica de los afectados, de ninguna manera tendría lugar sin la existencia de un conflicto armado, cuya violencia produce dinámicas que alienan todos los derechos y las libertades de las comunidades sometidas y arrastran consigo, especialmente, a los más vulnerables”(Springer, 2012: 10). Este mismo documento informa que alrededor del 50% de los combatientes adultos de las guerrillas (tanto de las Farc como del ELN) ingresó a las filas de estos grupos siendo menores de edad. En la actualidad, alrededor del 42% de los combatientes es menor de 18 años. Para mayor información, ver Springer (2012).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

67

marxismo hasta el liberalismo. A lo largo de los últimos tres siglos una serie de diversos roles y funciones fueron atribuidos así a lo que los autores entendieron cobijados bajo el término cambiante de sociedad civil. Por ejemplo, mientras que John Locke la concibió a la misma como defensora de los individuos frente al Estado, por proteger los derechos (la propiedad) de los primeros (Locke, 1959: 73 y ss.), Alexander de Tocqueville resaltó principalmente el papel de asociaciones independientes como escuelas de democracia. Al ser miembro de entidades de carácter voluntario, el ciudadano aprende valores como la tolerancia, la aceptación y la honestidad, los cuales, según el autor, forman la base del funcionamiento de la democracia (Eberly, 2000: 22 y ss.; de Tocqueville, 2010). Sin embargo, a pesar de esa amplia gama de roles y funciones, durante muchos años el sector de la sociedad civil solamente desempeñó un papel secundario en las discusiones alrededor del desarrollo y la paz. Tal discurso estuvo tradicionalmente dominado por un enfrentamiento teórico entre estatistas y liberalistas. Como eje central del desarrollo social, político y económico y como actor que influye sobre la paz y el conflicto, fueron percibidos principalmente el Estado o el mercado, respectivamente. Por lo tanto, en la discusión respecto a la responsabilidad y la competencia, la sociedad civil había sido considerada como un actor pasivo con una incidencia marginal sobre la toma de decisiones colectivas. No obstante, a finales de los años 80 varios eventos de escala mundial condujeron a un redescubrimiento del concepto, sobre todo en tres ámbitos que en ocasiones coinciden en objetivos y bases ideológicas: democracia, desarrollo y construcción de paz. Nuevamente, la sociedad civil empezó a ser vista como un actor activo, con capacidad de incidencia y cooperación a la par con otros actores (Estado y sector privado) en la construcción de políticas públicas y agendas internacionales (Valencia, 2012: 473 y ss.; Young, 1999). El espectro de funciones pareció ampliarse

68

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

y comenzó a llamar la atención de varios investigadores de las ciencias sociales, quienes, al adoptar un enfoque más funcionalista para analizar el concepto, crearon una amplia base teórica enderezada a abordar estudios sobre las tendencias de la sociedad civil.

2.3.1. Democracia Durante la llamada tercera ola de democratización –a partir de la mitad de los años 70-, varias experiencias de países latinoamericanos y del este europeo condujeron a un cambio profundo de la concepción de la sociedad civil, que se constituía en una actor capaz de hacer frente a los regímenes autoritarios (Cohen y Arato, 2000: 53 y ss.). Apoyados en los casos de Argentina y Chile –en los cuales las transiciones implicaron procesos de negociación entre el gobierno, los actores políticos de oposición y una amplia movilización social que presionó por la transición hacia regímenes democráticos (Garretón, 1997)-, autores como O´Donell y Shmitter (1989) o Lechner (1994) resaltan el rol de la sociedad civil como contrapeso del Estado autoritario. Organizaciones de víctimas, como las Madres de la Playa de Mayo, al igual que artistas, intelectuales y personas del común se movilizaron en protesta colectiva y se mostraron capaces de hacer suficiente presión para forzar una apertura democrática. En el ámbito europeo, uno de los hitos más destacados fue el éxito del sindicato polaco Solidarność, que tuvo su mayor expresión en las negociaciones de la mesa redonda con el régimen comunista del país centro-europeo sostenidas en el año 1989 (Ziemer, 2002). Con la mirada hacia el este, varios académicos dirigieron, como reacción, el enfoque de sus estudios explícitamente al papel de la sociedad civil en el contexto de transición y en regímenes democráticos. Mientras que Linz y Stepan (1996: 7) ven en una sociedad civil fuerte, por ejemplo, una de las características importantes de sus definiciones de democracias

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

69

consolidadas, otros autores llaman la atención sobre una serie de tareas de las cuales la sociedad civil se encarga posiblemente en el contexto de transición. Éstas no se reducen al simple control del Estado y a la protección del ciudadano del mismo, sino que incluyen también acciones con el potencial de complementar y mejorar el Estado, al aumentar, por ejemplo, su legitimidad y eficacia (Diamond, 1999: 239 y ss.). En la misma línea, pero de forma más estructurada y con base en estudios sobre procesos de transición en países de diferentes regiones del mundo, Croissant et al. (2000) identifican en dichos procesos a una serie de cinco funciones de actores de la sociedad civil, las cuales, en ocasiones, se relacionan o complementan mutuamente, o bien ejecutan ambas tareas:

• • • • •

Protección Intermediación entre los ciudadanos y el Estado Socialización participativa Integración y creación de comunidad Comunicación

La función de protección se refiere al rol del defensor de la esfera privada, en la cual cada individuo desarrolla sus libertades y derechos frente al Estado. Por otra parte, la segunda función, de intermediación, presenta a la sociedad civil como intercesor entre el Estado y sus ciudadanos, quienes de esa manera controlan, limitan e influyen en las acciones del primero. En tercer lugar, la función de socialización pone el enfoque en el rol de escuela de la democracia, en la cual cada individuo aprende a manejar las herramientas necesarias para involucrarse activamente en el ámbito de la democracia y de valores como la tolerancia y la convivencia. La cuarta función, de integración, ve a la sociedad civil como unificador y constructor de puentes sobre posibles

70

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

divisiones entre diferentes grupos de la sociedad. Por último, la función, de comunicación subraya el papel articulador, que crea el espacio adecuado para un debate entre ciudadanos y la agregación de opiniones dirigidas a construir agendas colectivas. Otros autores, independientemente de los procesos de transición, recurren a algunas de estas funciones y subrayan su respectiva importancia para la democracia como tal. Al hacer énfasis sobre todo en la tercera y la quinta funciones, Putnam (1994) presenta en Making Democracy Work la conclusión de que asociaciones civiles hacen aportes importantes a la eficiencia y estabilidad de regímenes democráticos a través de la creación de una comunidad cívica (civic community).20 Dichas asociaciones civiles, que en su totalidad constituyen la sociedad civil, tienen principalmente dos efectos. Al reanimar la línea de pensamiento de Tocqueville, el autor argumenta que ellas conducen, como efecto interno, a la socialización de valores de reciprocidad y hábitos de cooperación entre los ciudadanos. Al mismo tiempo, una red densa de dichas asociaciones facilita una mejor articulación y agregación de intereses, a lo cual el autor llama el efecto externo. Puntualmente, Putnam destaca que “Tocqueville tenía razón: el gobierno democrático se ve fortalecido, no debilitado, cuando tiene como contraparte a una sociedad civil vigorosa”21 (Putnam, 1994: 182).22 Por otra parte, al analizar los mecanismos a través de los cuales la sociedad civil incide en la formulación, implementa20

21 22

Sobre la base de un estudio comparativo de las veinte regiones de Italia y la relativa calidad de sus instituciones públicas, Putnam (1994) deduce que un mayor grado de civic community conduce a la instauración de gobiernos regionales más eficientes y responsables de las necesidades de sus ciudadanos. Cita traducida por los autores del inglés al español. Putnam respalda su argumento con un estudio comparativo de las regiones de Italia. No obstante, Solt (2004, 128 y ss.) contrasta las conclusiones de Putnam con el argumento de que en algunas regiones de Italia la forma de gobierno que promueve la participación política de los ciudadanos no es una civic community (y con ella gobiernos más eficientes y responsables), sino el nivel de desarrollo económico y los modelos históricos de distribución de la tierra.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

71

ción y evaluación de la política pública, Valencia (2012) resalta sobre todo la segunda función (intermediación) y la quinta (comunicación, agregación y articulación). Después de posicionar sus temas en la discusión y la agenda públicas mediante el ofrecimiento de información, la búsqueda de aliados y la creación de redes, que permiten la agregación de intereses a una agenda común, la sociedad civil entra, en una segunda etapa, en interacción con el Gobierno. Es ahí cuando debe identificar las instituciones y decisores políticos relevantes, hacer sugerencias y establecer prioridades, y de esa manera incidir en la formulación de la política pública de acuerdo con esa agenda común. En el caso de tener éxito, la sociedad civil, durante la fase de la implementación y evaluación, controla la ejecución de lo acordado, retroalimenta el proceso con recomendaciones y correcciones y, en algunos casos, llega incluso a desempeñar el papel de ejecutora de políticas públicas. Este último punto no fue incluido por Croissant, Lauth y Merkel, pero puede ser entendido como una sexta función: la de ejecución. Otro grupo de autores resalta la importancia de una incidencia de la sociedad civil activa como remedio para la crisis que la democracia representativa comenzó a sufrir en la segunda mitad del siglo pasado. Una participación electoral a la baja y una creciente desconfianza en la elite política eran (o son) solo dos componentes de una tendencia internacional que se destaca, tanto en Europa y los Estados Unidos como en muchos países latinoamericanos. Iniciativas para el empoderamiento de los ciudadanos a través de nuevos mecanismos de participación, particularmente en el nivel local, han aparecido como opciones para confrontar dicha crisis. Al ser considerado por muchos autores como un prerrequisito para el empoderamiento de los ciudadanos comunes, el fortalecimiento de la sociedad civil en su rol de articulador, intercesor y escuela de democracia, ha hecho parte fundamental de estrategias diseñadas para combatir el desgano político. Al brindar información, articular posiciones y agregar

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

72

intereses, la sociedad civil posibilita una participación verdadera (Heller, 2001: 139 y ss.). Experiencias como los presupuestos participativos en Belo Horizonte y Betim mostraron, por otra parte, que la mayoría de los participantes en dichos mecanismos de participación fueron ciudadanos también activos en organizaciones de la sociedad civil y apoyaron, así, nuevamente, la tesis de Tocqueville sobre la sociedad civil como escuela de democracia (Nylen, 2002: 132 y ss.).

2.3.2. Desarrollo Ligada a las reflexiones mencionadas sobre el efecto positivo de una participación amplia de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas, paralelamente empezó a ganar fuerza en el debate global una discusión sobre el papel de actores de la sociedad civil en un problema más transversal: el desarrollo. Una posición escéptica frente al papel del Estado en el desarrollo, que nació en el curso del triunfo internacional del neo-liberalismo, llevó, por un lado, a un abandono parcial de la priorización tradicional del Estado como protagonista clave del desarrollo, y, por otro lado y hasta cierto punto conectado con el primer punto, a la inclusión del concepto de buen gobierno al inventario internacional de estrategias. Como consecuencia de lo anterior, el llamado tercer sector23 se convirtió en el centro del interés. En el curso de los años 80 no solamente aumentó el número de ONG en el nivel mundial, sino también los fondos ejecutados por la cooperación internacional. La función de prestación de servicios, tradicionalmente 23

El tercer sector hace referencia fundamentalmente a las organizaciones creadas por la sociedad que llevan a cabo actividades de incidencia en la escena pública y que se caracterizan por actuar sin ánimo de lucro (Villar 2001). El tercer sector hace parte de la sociedad civil pero no llega a ser su equivalente, ya que se concentra principalmente en ONG y deja por fuera otros actores, como agremiaciones y asociaciones, que sí tienen algún interés particular de lucro, pero que a la vez buscan realizar una incidencia de carácter colectivo.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

73

en manos del Estado, fue paulatinamente implementada por una amplia gama de ONG y empezó a formar parte del repertorio de la sociedad civil (Abiew y Keating, 2004: 96 y ss.; Debiel y Sticht 2005: 9 y ss.). La mayoría de las agencias de cooperación internacional recogieron la idea y empezaron a hacer mayor énfasis en el concepto de sociedad civil, a la cual se le atribuyen muchas de las funciones anteriormente mencionadas, un papel crucial en el discurso de buen gobierno y procesos de democratización con posterioridad a la Guerra Fría (BMZ, 2012; Dfid, 2011; Montúfar, 1996; Paffenholz y Spurk, 2006: 10). Como muestra de ello, a partir de los años 90 el Banco Mundial definió la participación de organizaciones comunitarias y ONG como factor decisivo para la selección de proyectos destinados a la financiación (Montúfar, 1996: 11). En la guía interna World Bank Participation Sourcebook la participación fue definida como “un proceso mediante el cual las partes interesadas influyen y comparten el control sobre iniciativas de desarrollo y las decisiones y recursos que los afectan”24 (Banco Mundial, 1996: 3), e incluye así, explícitamente, tanto el diseño de los proyectos como su monitoreo y evaluación. Además, la misma institución destaca la función de monitoreo, que Croissant, Lauth y Merkel no presentan como función aparte en el ámbito de transición.25 Según el Banco Mundial (Banco Mundial, 2003: 3), una sociedad civil activa lleva directamente a más transparencia y rendición de cuentas (accountability). Sin embargo, muchas de las estrategias diseñadas e implementadas por la cooperación internacional se concentran básicamente en el tercer sector, y la sociedad civil en su totalidad ha sido favorecida solo en pocos casos. 24 25

Cita traducida por los autores del inglés al español. En un artículo anterior Lauth y Merkel (1998) nombraron la función de observación y control del poder estatal todavía como una segunda función aparte de la primera de protección. No obstante, en tal ocasión los autores no detallaron de qué manera la sociedad civil ejecuta dicha primera función.

74

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

En la discusión global alrededor de temas del desarrollo, dicha orientación hacia la sociedad civil en general, y hacia el tercer sector en especial, se reflejó también en una serie de conferencias mundiales efectuadas en los años 90, las cuales promovieron la creación de nuevas ONG y la ampliación del alcance de organizaciones ya existentes. Principalmente dos de tales asambleas son consideradas como hitos de la historia, debido al rol inherente de la sociedad civil en sus resultados: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro en 1992, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, realizada en Copenhague en 1995. En las conferencias se asignó un rol muy importante a las funciones de intermediación y articulación de la sociedad civil y comenzaron a ubicarla en un mapa más amplio, donde confluyen otros actores con capacidad de decisión e incidencia, como el Estado y la gran empresa, con los cuales la sociedad tiene que interactuar. La Agenda 21, producto de la conferencia de Río, resalta explícitamente la importancia fundamental de estos diálogos intersectoriales como base sólida de planes de construcción de un desarrollo integral.26 A partir de la convicción de que “muchos de los problemas y soluciones abordados por la Agenda 21 tienen sus raíces en actividades locales, la participación y coordinación de autoridades locales será un factor determinante para cumplir estos objetivos” (ONU, 1992: cap. 28.1), el empoderamiento de actores locales y la creación de formas amplias de participación son concebidos como requisitos esenciales para la construcción de políticas públicas y planes de desarrollo pertinentes. El punto 27 de la agenda destaca, por ejemplo, que la inclusión de la sociedad civil asegura una verdadera participación del ciudadano 26

El concepto de desarrollo sostenible incorpora una percepción tridimensional, al incluir los vectores económicos, ecológicos y sociales.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

75

en la construcción de planes de desarrollo (sobre todo en el nivel local) y que las competencias específicas y el conocimiento local de dichos actores enriquecen el diseño de tales planes, ya que contribuyen a la implementación y evaluación más eficientes de los mismos. Si bien el punto 27 de la Declaración de Copenhague, por su parte, reconoce a los Estados como principales responsables de alcanzar los objetivos de la amplia agenda de desarrollo social elaborada durante la cumbre mundial de Dinamarca, el documento subraya igualmente que cualquier esfuerzo es imposible sin la participación de la comunidad internacional y, explícitamente, de los integrantes de la sociedad civil. Ambas conferencias mostraron así que el concepto de desarrollo-centrado-en-la-gente se había abierto camino y que la sociedad civil, como un actor más allá del tercer sector, había quedado plasmada como su foco principal (ONU, 1995).

2.3.3. Construcción de paz Dada la opinión ampliamente compartida de que el arte de una construcción de paz incluye no solamente lograr una paz negativa sino también positiva,27 muchas de las acciones adquiridas pertenecen claramente al ámbito de desarrollo y democracia. Partiendo de la postura de Galtung (2007: 280), de que las causas de un conflicto se dejan ubicar en violencias estructurales –como, por ejemplo, la exclusión política o económica de sectores de la sociedad-, el empoderamiento político de grupos discriminados o el diseño de planes de desarrollo en beneficio de toda la comunidad se convierten en estrategias fundamentales para la 27

Es importante recordar las reflexiones realizadas por Galtung (2007) desde los inicios de su propuesta, en la cual existen dos tipos de paz: la paz negativa y la paz positiva. La primera hace referencia a la terminación de conflictos armados únicamente por medio del cese al fuego, esto es, la ausencia de violencia física. La segunda es una concepción más amplia, que involucra la terminación de la violencia estructural (social, económica, política, cultural).

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

76

construcción de una paz sostenible. Por esa razón Paffenholz y Spurk (2006, 2010) se orientan principalmente en el debate subrayado atrás y ahí identifican siete funciones de la sociedad civil en el ámbito de la construcción de paz. Con base en la propuesta de Croissant et al. (2000) y con una ampliación puntual que busca incluir la función de prestación de servicios, proveniente de las discusiones mencionadas en el ámbito del desarrollo, los dos autores consideran siete funciones de la sociedad civil como relevantes en el contexto de la construcción de paz:

• • • • • • •

Protección de ciudadanos Monitoreo Incidencia política (advocacy) y comunicación pública Socialización Construcción de comunidad Intermediación y facilitación entre ciudadanos y Estado Prestación de servicios

De esta manera, aparte de la inclusión de la prestación de servicios al repertorio de la sociedad civil, Paffenholz y Spurk introducen la función explícita del monitoreo. Dicha función ve a la sociedad civil como supervisora de los actores del conflicto, especialmente del Estado. Al consistir sobre todo en la recopilación de datos, esta segunda función constituye una condición previa para las funciones de protección y defensa de intereses. Mientras que Abiew y Keating (2004) muestran, mediante una serie de ejemplos, que las funciones presentadas son asumidas principalmente por organizaciones no gubernamentales, Barnes (2006) destaca, entre todas las demás roles, el papel central que los actores de la sociedad civil son capaces de des-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

77

empeñar en el contexto de la reconciliación. La autora subraya, por ejemplo, cómo iniciativas puntuales tomadas por la sociedad civil en Macedonia y la India han logrado confrontar prejuicios entre diferentes grupos étnicos y contribuir a la fundación de una cultura de tolerancia y paz. No obstante, Paffenholz (2010) llama la atención sobre una discrepancia entre los diversos efectos logrados y la relativa eficiencia de cada una de las funciones. A partir de un análisis de trece casos de países en transición del conflicto hacia la paz, la autora argumenta que, si bien todas las funciones pudieron ser observadas, no todas fueron igualmente exitosas. Al mismo tiempo que las funciones de monitoreo, las de defensa de intereses y protección formaron en muchos casos una unidad eficiente y con frecuencia llevaron a resultados muy positivos,28 las funciones de socialización y construcción de comunidad mostraron efectos únicamente puntuales y relativamente limitados. Esto pudo ser observado con mayor claridad en conflictos que involucran a sectores claramente definidos –como los étnicos o religiososcon instituciones que tradicionalmente alimentan imaginarios de segregación a través de la exacerbación de la identidad propia y la diferenciación negativa frente a “otro” construido con ese fin. En estos casos la sociedad civil no logró, a través de iniciativas puntuales, ni cerrar las divisiones existentes entre las diferentes partes ni crear una cultura de paz. Igualmente que en la discusión del ámbito de desarrollo, en todos los casos se ha venido identificando una serie de factores que influyeron en los resultados del accionar de la sociedad civil de forma positiva o negativa, o de ambas. Es un aspecto que será abordado más profundamente en el próximo subcapítulo.

28

Una experiencia de lobbying muy exitoso fue, por ejemplo, la Asamblea de la Sociedad Civil en el proceso de paz de Guatemala, la cual logró incluir muchas de sus demandas en la agenda de negociación (Paffenholz 2010, 387 y ss.).

78

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

2.3.4. Factores del desempeño de las funciones de la sociedad civil Al observar los anteriores argumentos y estudios, una sociedad civil fuerte parece, de hecho, ser capaz de llevar a resultados positivos en todos los ámbitos mencionados. Mientras que ésta, en el contexto de transición, parece ser tanto un indicador de democracia sana y consolidada, como un requisito de la misma, promueve además, según agencias de cooperación internacional y conocedores del tema, planes de desarrollo más adecuados y gobiernos más responsables y transparentes. No obstante, algunos autores se oponen a esta corriente de pensamiento y en sus análisis dudan de dicha afirmación. De acuerdo con diversos estudios, una serie de factores parece tener el potencial de influir, de forma significativa, en el desempeño de las funciones en todos los ámbitos presentados. La manera como las funciones pueden ser afectadas varía en dos direcciones: por un lado, en el carácter de los resultados (constructivos o destructivos), y, por otro, en la efectividad o ineficacia de las mismas. 2.3.4.1. Efecto constructivo o destructivo Después de haber identificado el inventario de funciones que la sociedad civil generalmente tiene a la mano, algunos autores y estudios cuestionan la suposición normativa e insinuada de que tales funciones necesariamente llevan a resultados constructivos. En este orden de ideas, Foley y Edwards (1996: 45) preguntan hipotéticamente por qué la sociedad civil, si bien es capaz de representar un contrapeso de los regímenes autoritarios, posiblemente no podría hacer lo mismo también frente a gobiernos democráticos. Al recoger esta pregunta, Berman (1997: 402) argumenta que, en el contexto de ausencia de instituciones estatales fuertes, una activa sociedad civil puede debilitar, más que

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

79

fortalecer, un Estado. Como prueba de esa conclusión menciona sobre todo la derrota de la República de Weimar frente la movilización masiva de sectores de la extrema derecha. Igualmente, en la discusión global respecto de estrategias de desarrollo, algunos autores resaltan, por ejemplo, el papel dominante que muchos actores de la sociedad civil (sobre todo internacionales) ejercen en el contexto de crisis humanitarias o de posconflicto, rol ese que puede tener un potencial desestabilizador sobre Estados débiles (Abiew y Keating, 2004: 101), o bien la capacidad de estos organismos de imponer agendas ajenas a las realidades locales (Rivera, 2005). Por su parte, en el informe Engaging Civil Society Organizations on Conflict-Affected and Fragile States, el propio Banco Mundial (2005) llama la atención en torno a la preocupación, ya mencionada, de que una concentración en el tercer sector pueda dificultar la formación de organizaciones de base, las cuales representarían a la sociedad de manera mucho más eficiente. Hay estudios que incrementan esa preocupación al documentar casos en los cuales la preferencia de aliarse con organizaciones transnacionales o con ONG urbanas, o con ambas simultáneamente –las cuales con frecuencia carecen de una base amplia y representativa de la sociedad-, obstaculiza la formación de organizaciones de base o debilitan a otras más representativas ya existentes (Stewart, 1997: 26). En el ámbito de la construcción de paz, algunos autores hacen énfasis en experiencias negativas, en las cuales la sociedad civil profundizó las divisiones entre sectores de la misma en lugar de cerrarlas. Al no socializar valores de tolerancia y mutuo respeto, sino de identidades excluyentes y prejuicios, la creación de una cultura de paz es impedida y la fragmentación social fomentada, como muestra, por ejemplo, el caso de Bosnia Herzegovina (Belloni, 2001). Tal discusión señala la importancia de tender una mirada crítica hacia la relativa representatividad de la sociedad civil en

80

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

general, y de sus actores en especial, teniendo en cuenta dos elementos: primero, es necesario evitar la suposición normativa de que la sociedad civil representa efectivamente a todo el sector de ciudadanos que declaran representar. Con frecuencia también se trata de un actor que busca el logro de intereses de una sola agrupación esgrimiendo argumentos universales, lo cual impide que desarrolle de manera positiva las funciones que se han mencionado anteriormente. A este primer elemento se suma un segundo: la forma como la sociedad civil elige a sus representantes enfrenta una dificultad de forma: que no necesariamente cuenta con mecanismos que garanticen la inclusión y la democracia. Mientras que en el Estado, a través de la democracia representativa, existen mecanismos establecidos para este tipo de decisiones, en la sociedad civil puede ocurrir que cada organización se autoproclame como el representante de la comunidad. Frente a este panorama se plantea una pregunta central: ¿cuáles factores tienen el potencial de llevar a la transformación de una sociedad constructiva en una sociedad civil destructiva en el desempeño de sus funciones? Mientras algunas críticas mencionadas indican que el contexto influye hasta cierto punto en los efectos del accionar – como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la República de Weimar–, otros criterios van más allá y ponen en el foco también características internas de la sociedad civil. Putnam (2000), por ejemplo, reconoce la existencia de diferentes manifestaciones de la sociedad civil que no necesariamente conducen a resultados exclusivamente positivos; como consecuencia, el autor diferencia entre capital social malo y bueno. Si bien el primero incluye la serie de valores favorables para la democracia mencionados atrás, la segunda variante tiende más bien a profundizar la exclusión y las divisiones internas existentes en la propia comunidad. De acuerdo con el autor, el resultado conseguido respecto de la función de socialización y cohesión social depende fuertemente de las características internas de la sociedad civil (Putnam, 2000:

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

81

19 y ss.). En otras palabras, la sociedad civil, como escuela de democracia, puede enseñar a sus integrantes solo los valores y códigos de conducta según los cuales ella misma está funcionando. Para fundar una cultura democrática, la misma profesora debe actuar internamente de manera democrática en el momento de tomar decisiones o reclutar a líderes (Diamond, 1999: 228). En esa misma línea, Lauth (2003) resalta que no todos los tipos de sociedad civil son de igual manera patrocinadores de transformaciones hacia la democracia. Al diferenciar entre los tipos estratégico, ambivalente y reflexivo, destaca, por ejemplo, que mientras, en determinadas etapas de transición29 un tipo lleva a resultados positivos, el mismo puede ser un estorbo en otras etapas, dado que cada fase requiere diferentes funciones. La diferencia de los tres tipos se basa, según Lauth, en las relaciones internas y externas de la sociedad civil con el Estado. A la vez que el tipo reflexivo coopera con el Estado y se caracteriza por el principio de igualdad en las relaciones entre los diferentes actores del concepto, el tipo ambivalente se distingue por un alto grado de conflictividad, tanto interna como externa. Ese tipo rechaza cualquier cooperación con el Estado. El arquetipo estratégico, por otra parte, es una mezcla de los dos anteriores, y exhibe una cooperación limitada con el Estado y poca conflictividad interna, aunque con relaciones internas estrictamente jerárquicas (Lauth, 2003: 225 y ss.). Esta discusión llama la atención sobre las relaciones externas (con otros sectores) y las relaciones internas entre los actores de la sociedad civil, las cuales, al ser cooperativas o conflictivas, democráticas o jerárquicas, intersectoriales y conectoras o con una estructura organizativa que obedece a divisiones internas, tienen el potencial de influir en las consecuencias de su acción y en la acción misma. Por tal razón, la pregunta por las características internas y las relaciones entre 29

Durante la transformación de un régimen autoritario en una democracia se diferencian tres fases: liberalización, democratización y consolidación.

82

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

los distintos actores debe estar en el centro de cada estudio sobre tendencias de la sociedad civil. 2.3.4.2. Efectividad del desempeño de las funciones Una vez aclarado que los resultados de cada una de las funciones no necesariamente son constructivos, se plantea el interrogante acerca de los factores que influyen en la conducta de los diversos actores de la sociedad civil. ¿Qué elementos favorecen o frenan el desempeño efectivo de las diferentes funciones al arrojar resultados, ya sean ellos constructivos o destructivos? Un estudio de trece casos de países en transición hacia la paz y del rol de la sociedad civil en los respectivos procesos destaca una serie de factores, internos y externos, que mostraron poseer el potencial de promover u obstaculizar el desempeño de sus funciones en el contexto de la construcción de paz. Los autores llaman la atención sobre factores externos, como el grado de violencia y las características de los medios de comunicación presentes en el contexto. Mientras que un alto grado de violencia afecta el funcionamiento de la sociedad civil, en la medida en que sus líderes, con frecuencia, se convierten en blancos de los ataques, los medios de comunicación encarnan un factor importante por su potencial de principal aliado de la sociedad civil en funciones de intermediación o protección. Una amplia presencia de sus actores y agendas en los medios de comunicación es la clave para influir en la discusión pública y tener incidencia en otros espacios. Sin embargo, en el contexto de ausencia de libertad de prensa, el acceso a esta clave puede ser impedido y, como consecuencia, limitado el espacio de la sociedad civil (Paffenholz et al., 2010). Adicionalmente, la presencia de actores externos y de un gobierno democrático o autoritario allí donde ambos tienen la posibilidad de abrir y conservar espacios para la sociedad civil (o, en el caso opuesto, para limitarlos), fue identificada en muchos de los casos analizados como un factor externo decisivo y merece

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

83

una mayor atención. Como garante natural de derechos, entre ellos la libertad de prensa, de reunión o de expresión, el Estado tiene la competencia de influir en el radio de acción de la sociedad civil. Al cumplir o no cumplir con su tarea de protección de sus ciudadanos, determina el grado de violencia que los actores de la última deben confrontar, por ser tanto creador como ejecutor del marco jurídico: es el principal diseñador de espacios y herramientas para uso de la sociedad civil. Por ese motivo, un Estado fuerte no necesariamente constituye un contrapeso sino que puede, al contrario, crear el espacio para la existencia de una sociedad civil fuerte.30 De esa forma la relación entre Estado y sociedad civil no se presenta en todos los casos como juego de suma cero, en el cual el uno domina y afecta de forma negativa al otro, sino un juego de suma positiva, en el cual el uno se beneficia de la fortaleza del otro (Bejarano, 1995: 25 y ss.). Tal situación depende sin embargo de la definición de Estado fuerte. Si bien un juego de suma positiva puede ocurrir si la sociedad civil tiene como contraparte un Estado fuerte, esto es, capaz de garantizar derechos y mecanismos de participación y dispuesto a hacerlo,31 un Estado autoritario y represivo, al ser capaz pero no estar dispuesto de hacer eso puede, por el contrario, limitar hasta el mínimo el espacio de la sociedad civil. 30

31

Bejarano entiende el término sociedad civil fuerte como una “sociedad civil autónoma, es decir, aquella cuyas organizaciones están en capacidad de formular sus propios intereses y objetivos, independientemente de, e incluso en contra de intereses divergentes, ya sean estatales, partidistas o económicos. Adicionalmente, se trataría de una sociedad cuyas organizaciones están en capacidad de desplegar una gama de recursos propios (materiales, organizativos y simbólicos), con el fin de llevar a cabo estrategias para lograr sus objetivos económicos, sociales, culturales o políticos […] Es preciso recordar que ni la autonomía ni la capacidad son necesariamente características de la sociedad en su totalidad: una sociedad puede ser más autónoma en ciertos campos y dependiente en otros. Adicionalmente, algunos sectores de la sociedad pueden ser más capaces o autosuficientes que otros” (Bejarano, 1995: 25). Bejarano entiende la autonomía y la capacidad como “las dos variables claves para entender la variación entre Estados fuertes y débiles” (Bejarano, 1995: 17). Mientras que la primera se refiere a la autonomía de las instituciones y los funcionarios frente a otros grupos de la sociedad (sobre todo en el momento de tomar decisiones), la segunda variable pone el foco en la capacidad del Estado de implementar dichas decisiones.

84

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

La comunidad internacional, o bien potencias regionales como los Estados Unidos, pueden en muchos casos tener, igualmente, la responsabilidad de presionar a los Estados para una ampliación (o limitación) de dichos espacios, derechos y libertades. Por otro lado, donantes externos pueden aumentar el margen financiero de actores de la sociedad civil (Paffenholz et al., 2000: 418 y ss.). Paffenholz et al., (2000) resaltan las características internas de la sociedad civil como factor interno importante. Tales factores no influyen solamente en el tipo de acciones (constructivas o destructivas), como fue anteriormente discutido, sino que pueden también afectar la eficiencia de la sociedad civil en general. Una sociedad civil coherente con una agenda común tiende, por ejemplo, a lograr un mayor grado de incidencia en la formulación de políticas públicas, por el simple hecho de representar a una mayor parte del constituyente primario, calificación que confiere más peso a sus demandas. Por tal razón, la conformación de redes y alianzas es uno de los pasos más importantes en el camino hacia una incidencia efectiva (Valencia, 2012: 480 y ss.). Mientras que algunos estudios sobre la implementación de la Agenda 21 en el nivel local también resaltan, entre otros aprendizajes, el nivel mundial32 y la importancia de la articulación horizontal de las diferentes agendas dentro de la sociedad civil, algunos autores subrayan además las relaciones con el resto de sectores involucrados (sector público y privado) como claves para un desempeño efectivo. Especialmente Tuts (1998: 177 y ss.; 2002: 19 y ss.) indica que la clave para un funcionamiento óptimo del enfoque intersectorial, sustentado en el rumbo de la planeación estratégica estructural (Strategic Structure Planning), alude a la interacción de la sociedad civil, el Estado y el 32

Otros aprendizajes son, por ejemplo: la importancia de un sistema eficiente para compartir información, lograr resultados visibles a corto plazo, una distribución de costos entre todos los pares o programas de creación de capacidades (Kalegaonkar y Brown, 2000; Tuts, 2002).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

85

sector privado en la formulación, implementación y evaluación de planes de desarrollo y se basa primordialmente en el grado de interacción de tres variables esenciales: visiones, acción y comunicación. Sin visiones acerca del desarrollo, esto es, sin ideas claras sobre cómo él debería ser y cómo llegar a ese objetivo, las acciones corren el riesgo de ser desarticuladas y tener un efecto limitado, o sea, no sostenible. Por otro lado, sin acción, cada visión no llega a ser otra cosa que creatividad sin voluntad. Por último, sin comunicación (entre los actores involucrados), cada acción, incluso la motivada por cierta visión, tiende a no tomar en consideración todas las variables y conducir a decisiones no pertinentes o a la resistencia de quienes no fueron tomados en cuenta, o a ambas situaciones. Para asegurar resultados óptimos se requiere, por lo tanto, no solo contar con actores dueños de visiones claras sobre el desarrollo, sino también implementar acciones concretas basadas en las primeras y diseñadas mediante una comunicación eficiente entre los actores que permita una articulación de las diferentes visiones y la consideración de todas las variables relevantes para la comunidad. Si una o dos de las tres variables no funcionan, el enfoque debe incluir el fortalecimiento puntual de ellas.

2.4. Variables de análisis de las tendencias de la sociedad civil De la discusión académica global que acabamos de abordar alrededor de la sociedad civil, su repertorio de acción en diferentes ámbitos y los factores que influyen en su desempeño, deriva un “concepto del mundo” en el cual se ubica la sociedad civil y a cuyas lógicas debe responder (Gráfica 1). Por ese motivo, tal concepto y sus variables inherentes deben constituir la base de cualquier estudio de tendencias de la sociedad civil destinado a establecer las categorías relevantes del análisis para poder acer-

86

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

carse a cuestiones como el “qué está haciendo”, “cómo lo está haciendo” y “por qué lo está haciendo”. De conformidad con este concepto del mundo de la sociedad civil el contexto (o entorno) constituye el marco de cualquier decisión o acción de la sociedad civil. Tal contexto define no solo el espacio de que dispone la última sino que también incide directa o indirectamente en la acción de la misma (mediante su influencia sobre sus preocupaciones y visiones, que responden hasta cierto punto a aspectos del contexto). Al presentar así los motivos detrás del accionamiento y de las posturas de la sociedad civil, tanto el contexto como las preocupaciones y visiones deben constituir por eso mismo variables centrales del estudio. Influenciada y animada por tales motivos, la sociedad civil recurre a cierto repertorio de acción para posicionar sus visiones y preocupaciones en los escenarios de discusión que provee el contexto. El desempeño de tales funciones (o acciones) se ve en seguida afectado por las relaciones que sus autores mantienen con otros actores del mismo u otros sectores (públicos o privados). Al mismo tiempo, muchas de las funciones albergan el potencial de mejorar o empeorar las relaciones. A causa de esta influencia mutua, ambas variables solo pueden ser analizadas y entendidas de forma conjunta. En síntesis, todas las dinámicas conforman una especie de “ciclo” en el cual la sociedad civil se basa en visiones subjetivas del mundo a partir de las cuales se relaciona con otros sectores y con el contexto mismo en el cual actúa, situación que lleva a cambios en este contexto que también influyen en la propia sociedad civil. De esa manera las relaciones determinan la forma como este actor lleva a cabo sus funciones, las cuales a su vez tienen el potencial de transformar las relaciones que establece. Con base en esta suposición, el estudio de la sociedad civil debe incluir principalmente cuatro variables: por un lado, el contexto y las visiones (y preocupaciones), y, por el otro, las funcio-

Contexto

Gráfica 1

Contexto

88

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

nes y relaciones. Cada una de ellas se presenta en los siguientes subcapítulos.

2.4.1. El contexto Como lo han mostrado varios estudios acerca de la sociedad civil en diferentes ámbitos, el contexto en el cual sus actores desempeñan sus funciones y se relacionan con otros actores del mismo o de otros sectores, influye directa (o indirectamente) en su acción. Cuestiones como el marco legal de un país, los grados de las violencias presentes o el posible acceso a fuentes de financiación pueden ser decisivos para apoyar o frenar el desempeño de las funciones o influenciar la toma de decisiones acerca de la estrategia que la sociedad civil elige para lograr sus objetivos, dado su potencial de ampliar o restringir el espacio de la misma. Por tal razón, el capítulo 3 aborda el contexto general que la sociedad civil enfrenta en Colombia, si se parte de su trayectoria histórica hasta la actualidad –incluyendo allí elementos claves, como las principales herramientas y espacios formales creados a partir de la Constitución de 1991-, y subraya las dificultades presentes. Estas últimas se derivan principalmente del conflicto armado interno y de prácticas políticas informales que en ocasiones afectan a los mecanismos formales. Tal contexto se ve complementado por una aproximación más detallada a las características locales de cada caso de estudio.

2.4.2. Las visiones Cada acción en pro del desempeño de la función realizada por un actor está guiada y motivada por una visión, es decir, un concepto ideal del “cómo debe ser” y del “cómo obtener ese objetivo”. Dicha visión siempre se basa en la interpretación del ahora, la cual alberga la caracterización del contexto actual desde la perspectiva subjetiva de cada actor. Por eso las visiones influyen

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

89

en la actuación y posiblemente también en las relaciones de la sociedad civil. Al partir de la identificación de un problema, cada actor propone una solución apoyada en su propia subjetividad y traza una ruta de acuerdo con su experiencia; las funciones a llevar a cabo son elegidas con base en estas necesidades, por lo cual ellas se presentan de manera diferenciada, de acuerdo con el contexto y los constreñimientos que él mismo impone sobre los actores. Por lo anterior, entre las principales preocupaciones que forman la base sobre la cual se constituye la visión, es esencial entender, tanto la imagen del futuro deseado como la estrategia para alcanzarlo. Por lo mismo, y con el ánimo de entender mejor la actuación de la sociedad civil, los siguientes estudios de caso y el análisis comparativo ponen el enfoque, entre otros aspectos, sobre las principales preocupaciones y visiones de los actores de la sociedad civil.

2.4.3. Las funciones Con base en la anterior reseña de la discusión internacional acerca del amplio repertorio de la sociedad civil en diversos ámbitos, se pueden identificar dos grupos de funciones que servirán como base teórica para este estudio de las tendencias de la sociedad civil en Colombia: las funciones verticales y las funciones horizontales. Con el rótulo de funciones verticales aparecen aquellas que se desarrollan entre la sociedad civil, por un lado, y otros sectores (sector público, sector privado, grupos paraestatales, organismos multilaterales, etc.) por el otro. Como se puede observar en la Tabla 1, este grupo incluye las funciones de protección, intermediación, monitoreo y prestación/ejecución de servicios. El término funciones horizontales, por su parte, agrupa todas las funciones que tienen lugar entre los mismos actores de

Gráfica 2

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

91

Tabla 1. Funciones de la sociedad civil

Protección

Monitoreo

Funciones verticales

Intermediación

Prestación/ ejecución de servicios

Socialización

Funciones horizontales

Cohesión social

Articulación y agregación

Se refiere al rol del defensor de la esfera privada, en la cual cada individuo/ agrupación desarrolla sus libertades y derechos frente al Estado y el sector privado y, en contextos específicos, frente a actores paraestatales o por fuera de la legalidad. En su papel de supervisor, la sociedad civil controla las acciones del Estado, de actores armados y de las empresas, y detecta y documenta violaciones de derechos e incumplimientos de acuerdos. En su función de intermediador, la sociedad civil actúa como abogado de los intereses de los ciudadanos frente al Estado, las empresas y los organismos multilaterales. A través de estrategias de incidencia busca posicionar sus intereses en las agendas de aquellos con quienes interactúa. En su rol de ejecutor, la sociedad civil asume funciones tradicionalmente del Estado y/o se encarga de la implementación de partes de planes de desarrollo.

En su función de escuela de valores, la sociedad civil enseña principios (de cualquier índole) y herramientas para la participación ciudadana. En su rol de unificadora y constructora de puentes sobre posibles divisiones entre diferentes grupos de la comunidad, la sociedad civil integra sectores y fortalece la solidaridad. En su papel de articulador, la sociedad civil crea escenarios de diálogo y agrega intereses en búsqueda de una agenda común.

92

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

la sociedad civil. Ellas incluyen las funciones de socialización, integración y articulación/agregación. Como se expuso en páginas anteriores, tales funciones pueden sobreponerse y basarse parcialmente la una en la otra. Así, los resultados de la función de monitoreo constituyen en ocasiones el fundamento de una intermediación entre la sociedad civil y el Estado, porque los datos recopilados sirven de argumentos para tener incidencia. Esta incidencia, por otra parte, puede ser la herramienta clave para cumplir con la función de protección. Igualmente, la socialización de valores de tolerancia puede llevar a la aceptación del otro y por ese camino a la integración de sectores dentro de la sociedad civil. Lo mismo posiblemente sucede a través de ejercicios de articulación y agregación de intereses, que pueden crear espacios de encuentro y lograr el acercamiento de grupos. Sin embargo, cada función puede adelantarse de manera independiente de las demás y tiene una importancia intrínseca. Por ejemplo, en el marco de la función de monitoreo pueden recopilarse datos, sin que después sean forzosamente utilizados para otras funciones. Adicionalmente, tanto en el caso de las verticales como en el de las horizontales, el resultado de cada función no debe ser necesariamente constructivo, como fue expuesto atrás. Esta comprensión de las funciones que tienen o no tienen mayor relevancia en cada municipio es el principal interés de los estudios de caso, lo cual se relaciona de manera estrecha con las relaciones que construye la sociedad civil para llevar a cabo sus propósitos.

2.4.4. Las relaciones Al estar en interacción permanente con otros sectores y otros actores del mismo sector de la sociedad civil, cada actor de la

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

93

última mantiene permanentemente relaciones con otros. Esas relaciones, que son primordialmente positivas o principalmente conflictivas, tienen el potencial de influenciar el desempeño de las funciones de la sociedad civil, y así incluso de influir en el carácter del actor (constructivo o destructivo). En eso es importante diferenciar las relaciones entre actores de la misma sociedad civil de las relaciones entre ésta y otros sectores. Mientras que las primeras apoyan o afectan primordialmente las funciones horizontales, las últimas influyen sobre todo en las funciones verticales. En esta línea de argumento, las relaciones conflictivas entre actores de la misma sociedad civil pueden, por ejemplo, dificultar o impedir el desempeño efectivo de funciones horizontales, como las de cohesión social y articulación, e incluso llevar a la socialización de valores favorables a una cultura de conflicto y confrontación. Las relaciones positivas entre actores de la sociedad civil y actores del sector público, por otra parte, posiblemente llevan a una intermediación más fluida y efectiva. Por tal razón el análisis de las relaciones, tanto entre los diversos actores de la sociedad civil como entre la misma y otros sectores, debe estar en el centro de un estudio de las tendencias de la sociedad civil. A lo largo de esta investigación, dicho análisis forma parte de cada caso y finalmente está en el centro del estudio comparativo.

3. Contexto de la sociedad civil en Colombia

L

a sociedad civil colombiana ha tenido una compleja trayectoria, que ha influido en las distintas aproximaciones que han venido construyéndose sobre ella, sus funciones y sus desafíos. Algunos elementos han confluido para darle forma y escribir su historia y las huellas que ésta ha dejado en su presente. Uno de los elementos que se han identificado históricamente como bases del actual conflicto armado colombiano es la existencia de un sistema político cerrado y excluyente desde los inicios de la república hasta finales del siglo XX, con pocos o nulos espacios formales para la participación política más allá de los partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Conservador. Adicionalmente, la extendida exclusión económica de la que ha sido históricamente víctima la población del país, en especial aquella de las regiones periféricas, lejanas de Bogotá, también ha sido un atenuante para alimentar la existencia de las guerrillas y mantener la confrontación armada. Esta realidad ha afectado la trayectoria de la sociedad civil colombiana, ya que, por un lado, la ha puesto en medio del fuego cruzado entre las guerrillas y el Estado, y, por otro, durante un largo periodo la excluyeron de las discusiones políticas, ante la falta de espacios de participación formales que posibilitaran un mayor acercamiento del gobierno a la población. Esto hizo que durante un tiempo considerable, entre los decenios de 1960 y

98

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

1980, las acciones “civiles” fuesen ubicadas por muchos como parte del mismo conflicto armado, y se llegó incluso a afirmar que la única sociedad civil existente en Colombia era la armada (Pécaut, 1996). Igualmente, y como un soporte parcial de lo expuesto atrás, entre los años 60 y 80 algunas facciones de movimientos campesinos, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), sindicales y estudiantiles tuvieron una relación cercana con los movimientos insurgentes armados. Esta relación presentó siempre múltiples matices y se vio atravesada por aspectos como las relaciones familiares o las afinidades discursivas. En este último caso, el apoyo no se daba de manera directa sino en la proclamación de congruencias con los proyectos políticos, que terminaban por promover propuestas similares en espacios diversos (GMH, 2010). Tales expresiones se vieron favorecidas en gran medida debido a la falta de posibilidades para establecer diálogos con un Estado cerrado políticamente y que además recurrió sistemáticamente a medidas represivas para restringir la participación de todos los sectores sociales, ejemplo de lo cual fue el empleo constante de la figura del estado de sitio, bajo la cual se suprimieron libertades políticas y derechos ciudadanos con el pretexto de resguardar la seguridad nacional. Sin embargo, a fines del decenio de 1980, factores provenientes del Estado y actores de la misma sociedad civil confluyeron en el interés de abrir un camino de posibilidades de participación que no involucrara acciones armadas de ninguna de las partes. Fue así como, en el contexto del surgimiento de la descentralización, que en Colombia se vio consolidado por la aprobación de la elección popular de alcaldes en 1986, por la vía del voto ampliado se abrió la posibilidad de participación y se identificó esta estrategia como decisiva para solucionar la crisis de legitimidad que enfrentaba el Estado colombiano en

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

99

ese momento, ante el fracaso de la represión, el auge del narcotráfico y las críticas a las violaciones de los derechos humanos. Estas señales de apertura, sumadas al incremento del conflicto bélico33, dieron un impulso a la institucionalidad, a un sector de los grupos armados al margen de la ley34 y a la ciudadanía para llevar a cabo un cambio en el acuerdo político que regía al país, lo cual condujo en 1991 a la expedición de una nueva Constitución Política que sentó un hito de gran relevancia para la nación en materia de inclusión y de búsqueda de salidas hacia la paz por medio de la participación. Con la Constitución Política de 1991 se abrió el espacio para adelantar reformas democráticas y sociales, se fortaleció la descentralización política, administrativa y fiscal (por ejemplo, mediante la extensión de la elección popular de los gobernadores), se crearon condiciones normativas para la promoción de un ambiente institucional democrático, se definieron reglas para la formación de organizaciones ciudadanas independientes, la interlocución con el Estado y la participación conjunta en la gestión pública. Igualmente se abrieron instancias para la consulta y el debate de políticas públicas de interés local, como los Consejos territoriales de planeación, las Juntas Administradoras 33

34

Durante la década de 1980 los carteles del narcotráfico se consolidaron como grandes poderes en Colombia y a escala mundial. La resistencia de la clase política a verse permeada por estos actores provocó una guerra entre el principal cartel (Cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar) y el establecimiento, que cobró muchas vidas ciudadanas. Adicionalmente, los enfrentamientos entre los carteles y las guerrillas y además las medidas violentas tomadas por las elites políticas regionales para hacer resistencia a la guerrilla y mantener su control territorial, dieron nacimiento a los grupos paramilitares, que se dedicaron al exterminio de las poblaciones en las regiones, bajo el pretexto de la lucha contrainsurgente. Finalmente, las propias guerrillas realizaron múltiples acciones armadas con el fin de enviar mensajes políticos al gobierno, entre las cuales se destacó la toma del Palacio de Justicia por el M-19, realizada en 1985. El primer grupo guerrillero que buscó el camino de las negociaciones de paz con el gobierno nacional y llegar a concretarlo fue el M-19. Le siguieron otros, en buena medida atraídos por la posibilidad de participar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame (Maql) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Pocos años después, en 1994, se sumó a ese proceso la Corriente de Renovación Socialista (CRS), facción disidente del Ejército de Liberación Nacional.

100

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Locales, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, las Juntas Municipales de Educación, los Consejos Juveniles Municipales y las Veedurías Ciudadanas (Fundación Social, 1998: 122 y ss.). Es en este escenario donde el concepto de sociedad civil adquiere mayor relevancia en Colombia (aunque desde los años 80 existían algunas reflexiones), y el país se suma con ello a las discusiones internacionales que estaban teniendo lugar a principios de los 90.35 Esta renovada importancia, además de surgir en un contexto particular del país, se relaciona con un segundo aspecto de la historia de la sociedad civil, que hace alusión a la incidencia del contexto internacional en el papel de la sociedad civil colombiana. En tal escenario global, las apuestas hechas en los años 90 a favor de ampliar la participación política de los sectores sociales ocuparon un punto central en la agenda mundial, en especial en América Latina, gracias al papel desempeñado por los movimientos ciudadanos en el desalojo de las dictaduras que había soportado la mayoría de los países latinoamericanos, tendencia que en Colombia fue la misma, aunque como respuesta al conflicto armado interno. Esta presión del contexto internacional incidió de manera directa en la Carta Política de 1991, pero también presionó al gobierno para garantizar la apertura. Durante los primeros años posteriores a la Constitución del 91 hubo un aumento importante del número de organizaciones no gubernamentales, en especial las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que constituyeron la antesala de un posterior movimiento por la paz. Muchos de estos nuevos actores sociales fueron producto de la firma de acuerdos de paz suscritos por el 35

Colombia firmó la Declaración de Río de 1992, que suscribía la Agenda 21, y se mantuvo cercana a la Cumbre Mundial de Copenhague sobre Desarrollo Social. En su momento, la ciudad de Manizales fue destacada por su ejercicio del llamado Bioplan, que la convertía en una ciudad sostenible ambientalmente. Este ejercicio también implicó la participación de diversos actores claves en el ámbito local, que debieron llevar a cabo ejercicios de articulación para el buen desarrollo del proyecto (Velázquez, 1998).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

101

gobierno y las guerrillas entre 1989 y 1994.36 No obstante, a esta leve apertura inicial siguió una arremetida de los actores armados, en especial de los grupos paramilitares, en contra de los nuevos movimientos políticos disidentes y la propia ciudadanía no organizada, circunstancia que hizo de la década de 1990 una de las más sangrientas en la historia de Colombia.37 Ante esta situación, los nuevos actores sociales comenzaron a manifestarse a favor de una salida negociada del conflicto bélico. En 1997 se logró el Mandato Nacional por la Paz, que fue fruto de una amplia movilización nacional por la paz que se materializó en una papeleta suscrita por diez millones de votos que exigían negociaciones de paz entre el gobierno y la insurgencia guerrillera. Así, en enero de 1999, la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano decidieron iniciar diálogos de paz en una zona de distensión ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán. Esta participación de la sociedad civil en torno a la paz, no solo a finales de la década de 1990 sino en los procesos de negociación previos, ha sido uno de los principales roles cumplidos por los actores sociales colombianos en los últimos decenios. De acuerdo con García (2011), hasta el momento la sociedad civil de Colombia ha cumplido en esta materia principalmente tres roles: promover una opinión pública favorable en torno a la paz, facilitar el diálogo y mediar entre los actores en conflicto (participación en mecanismos de negociación) y monitorear su cumplimiento (durante las negociaciones de paz efectuadas por el gobierno de Belisario Betancur). Ejemplifican estos papeles eventos ya mencionados, como el proceso constituyente de 1991 y el Mandato Ciudadano por la Paz de 1997. 36

37

Ejemplos de esto fue la fundación de varias organizaciones sociales que posteriormente tendrían gran importancia en el país: Fundación Cultura Democrática, a cargo de exintegrantes del EPL (1996); Corporación Nuevo Arco Iris, producto de los acuerdos de paz con la CRS (1996); Observatorio de la Paz, en cabeza de ex integrantes del M-19 (1996) y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil (1998), entre otros. Para más información, ver Romero 2003 y 2007. 

102

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Otra muestra de participación la constituyen los Programas de Desarrollo y Paz (PDP), ideados inicialmente en tres zonas del país (Magdalena Medio, Oriente Antioqueño y Montes de María) y que pretenden crear espacios de respeto por la vida y la dignidad humanas, de solidaridad e igualdad, enderezados a promover un ambiente de participación democrática ante las diversas coyunturas que ha vivido el país (Rodríguez, 2012). Sin embargo, el mencionado proceso de paz terminó en fracaso y promovió la generalizada percepción ciudadana de que las Farc habían jugado con el país, lo cual llevó a la Presidencia a Álvaro Uribe Vélez, quien cerró la puerta al diálogo y adelantó la implementación de la política de Seguridad Democrática, con la cual pretendía acabar con el conflicto por la vía armada. Esta nueva estrategia contrainsurgente no se redujo al campo militar sino que desencadenó una empresa político-ideológica que cambió de manera importante la forma como se había entendido la contienda en el curso de los dos decenios anteriores. Ello implicó la sistemática discriminación de la sociedad civil, basada principalmente en la posible existencia de relaciones entre las guerrillas y las organizaciones sociales no gubernamentales. Adicionalmente, se negó la existencia de un conflicto armado interno en el país, postura que se alineó con la de los Estados Unidos y su lucha contra el terrorismo, al sostener que en Colombia solo existían grupos terroristas que buscaban alterar el orden interno. Estos cambios en la postura del gobierno central, sumados a la personalidad carismática del presidente Uribe, llevaron a modificaciones en los discursos de medios de comunicación, organizaciones sociales e instituciones gubernamentales en general, que favorecieron una profunda polarización del país. La sociedad civil se vio significativamente afectada por los señalamientos que se hicieron a través de procesos legales sin fundamento, las restricciones presupuestales y las declaraciones de funcionarios colombianos y del propio presidente de la

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

103

república, que buscaron desacreditar y estigmatizar a las organizaciones sociales de todo tipo, tanto nacionales como internacionales.38 La postura del gobierno nacional aumentó significativamente el riesgo de las actividades de la sociedad civil, cuyos integrantes se vieron sometidos a amenazas y asesinatos por parte de los grupos paramilitares (Cinep, 2013), los cuales lograron su punto de mayor incidencia nacional durante el periodo de gobierno de Uribe Vélez (Pnud, 2006). Los elementos anteriores permiten ubicar y comprender las líneas descriptivas que atraviesan a la sociedad civil colombiana en la actualidad. Pese a que el gobierno actual, que recibió el legado de la administración de Uribe Vélez, cambió en algún grado las políticas estigmatizadoras y abrió la puerta al diálogo con la guerrilla en una nueva búsqueda de la paz negociada, los principales problemas transversales expuestas anteriormente siguen marcando el contexto político y social en el presente. El conflicto armado interno sigue existiendo y mantiene a la sociedad civil como víctima del fuego cruzado entre los grupos armados. Muchos avances se han dado en el fortalecimiento de los actores sociales, quienes se han empoderado y reclaman cada vez con más vehemencia, tanto a los actores armados como al Estado, respetar el Derecho Internacional Humanitario y dejar a la población civil por fuera de los enfrentamientos. Sin embargo, todavía son grandes los desafíos en este sentido, pues el control territorial de zonas importantes del país sigue manteniéndose en manos de los actores armados y dejando como consecuencia enfrentamientos que provocan bajas civiles y reclutamiento forzado. 38

Un ejemplo sobre el aspecto presupuestal fue el caso de los Programas de Desarrrollo y Paz, los cuales durante el gobierno del presidente Uribe vieron restringida su actividad, debido a la creación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), ya que ésta fue la encargada de captar los recursos que llegaban de la cooperación internacional y así poder distribuirlos en los diferentes PDP, acción con la cual se cuestionó la autonomía de cada uno de ellos al ejecutar los proyectos (Rodríguez 2012) .

104

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Como ya se mencionó, un aspecto de cambio importante del gobierno en curso frente al anterior, relacionado principalmente con la Vicepresidencia de un antiguo líder social, ha sido el de que ha disminuido –aunque no superado– la tendencia a la estigmatización de los actores sociales. Esto se relaciona estrechamente con los diálogos de paz que adelanta el gobierno en La Habana, que han reducido la presión en contra del discurso de las guerrillas y abierto la posibilidad de que estos actores pasen a participar en la vida democrática luego de dejar las armas, lo cual reduce la presión sobre aquellas organizaciones de la sociedad civil que coinciden eventualmente en algunos elementos con los discursos guerrilleros. La movilización social efectuada durante la primera presidencia de Santos manifestó su inconformismo con las políticas planteadas por el Ejecutivo frente a problemas como la cuestión agraria, la educación, la salud y los recursos ambientales, lo cual se ha exteriorizado en marchas, bloqueos de vías públicas y paros para exigir la solución de los mismos. Pese a que ha habido avances en las garantías dadas a la movilización social, ellas son tímidas y los actores sociales siguen corriendo altos riesgos de ser víctimas de violaciones de sus derechos humanos, en especial por parte de actores estatales como el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) y el propio Ejército Nacional (Cinep, 2014). Los desafíos se mantienen todavía con mucha fuerza y plantean interrogantes sobre las circunstancias que puedan presentarse en un posible escenario de posnegociación. Las discusiones en torno al tema del desarrollo nacional han sido el eje central de las expresiones de movilización del último cuatrienio por parte de la sociedad civil, que busca ser incluida. De acuerdo con el más reciente informe del Cinep sobre luchas sociales, es posible identificar “tres líneas de análisis para entender la reciente conflictividad social: la disputa por el modelo económico, el rechazo al manejo estatal de los conflictos sociales y los aspectos culturales y políticos implícitos en ellos” (Cinep, 2014: 25). Estos

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

105

elementos siguen siendo problemáticos porque no han estado en discusión en la mesa de La Habana y difícilmente serán superados, inclusive luego de una posible firma de acuerdos. De la mano de esta realidad, la sociedad civil sigue siendo muy importante en el tema de construcción de paz en Colombia y ante el escenario actual del posible posconflicto; definir su rol se hace más necesario, en especial el de la sociedad civil que habita las regiones, que enfrentará varios de sus mayores desafíos al recibir a los grupos desmovilizados en sus municipios y asumir el reto de la reconciliación del país. Naturalmente, todo ello se presentará a partir de una acción gubernamental planificada, aunque en esa coyuntura las apuestas de la sociedad civil tienen un amplio escenario. Finalmente, es de gran importancia hacer una revisión del andamiaje institucional con que cuenta actualmente la sociedad civil y la ciudadanía en general para participar y relacionarse de manera directa con los actores institucionales (ver Tabla 2). El punto de partida de la legislación de participación es la Constitución de 1991, la cual aboga por un modelo de democracia participativa. Ésta parte del reconocimiento de la existencia de sujetos colectivos, plurales y diversos, con identidad propia, capacidad propositiva, interlocución y decisión desde una perspectiva del bien común, y vincula por igual al Estado y a la sociedad civil en la construcción de proyectos de desarrollo (Fundación Social, 1998). Siguiendo lo anterior, la primera novedad otorgada por la Constitución es que consagra como derechos fundamentales la participación política y la libre asociación y reunión (capítulo 1). Ellos fueron una clara señal de que el constituyente buscó dar solución a una de las principales causas del conflicto armado interno: la exclusión política. En segundo lugar, se encargó de proveer espacios de participación claros, que se podrían ubicar principalmente en las funciones verticales de la sociedad civil

106

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

–abordadas atrás–, ya que tuvieron el nítido objetivo de poner en relación a los sectores sociales con el Estado en funciones tanto de control como de participación. Este es el principal eje de inspiración consagrado por la Carta Política. En ella encontramos mecanismos de índole electoral, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular y la revocatoria de mandatos, que se relacionan con la función de intermediación desde un punto de vista consultivo, al llamar a la población para que exprese su sentir sobre algún aspecto o algún gobernante. También aparecen otros de incidencia directa en los asuntos del Estado, como la iniciativa legislativa, que se relaciona con la toma de decisiones indirectas en materia del Estado, y algunos que se ubican dentro de la función de monitoreo y control del ejercicio de las funciones del Estado y de protección de los derechos fundamentales, como la Tutela y la Acción Popular (Art. 86 y 87) y la Consulta Previa, relativa a la protección de derechos sobre el territorio. Igualmente, bajo la función de monitoreo y control, enfocada principalmente en vigilar la adecuada ejecución de los recursos del país, también fue creado el Sistema Nacional de Planeación, compuesto por el Consejo Nacional de Planeación y los Consejos Territoriales de Planeación en cada municipio. La figura encuentra una importante limitación: está sujeta a la voluntad política del gobernante, por ser únicamente de carácter consultivo. Sin embargo, es igualmente de gran importancia, ya que constituye un espacio formal de participación de la sociedad civil en un escenario de articulación intersectorial. Finalmente, aunque muy anteriores a la proclamación de la Constitución de 1991, se conformaron las Juntas de Acción Comunal, las cuales se han convertido en un actor fundamental del territorio y tienen diferentes funciones que es posible aprovechar, tanto en sentido vertical como horizontal. En materia vertical, ellas son interlocutoras de las autoridades locales para

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

107

la ejecución de planes y proyectos y como espacio de consulta antes de que se implementen actividades que afecten a la comunidad. En lo horizontal, son espacios que pueden identificarse como escuelas de democracia y socialización de valores y principios en el seno de la sociedad civil (Ley 743 de 2002). Lo anterior, así como el detalle de los mecanismos, se presentan en la Tabla 2. Sin embargo, más de veinte años después de la expedición de esta Carta Política, su aplicación ha sido muy limitada y la clase política nacional ha buscado sin descanso su desmonte (Uprimny, 2002). La participación, en contravía de lo esperado por los constituyentes, se ha mantenido muy baja, tanto en los espacios electorales como en los creados en provecho de la democracia participativa. Las preguntas sobre la razón de esto han recibido varias explicaciones, relacionadas con la falta de cambios en la cultura política (García, 1997), la idea de dejar de lado la guerra como si no fuese un condicionante e identificar la apertura política con la sustitución del conflicto armado (Uribe, 2001), así como las acciones de la clase política tradicional en contra de la participación ciudadana (Uprimny, 2002). Los autores citados parecen coincidir en que el Constituyente sobrestimó las posibilidades de la participación y “terminó asociando esta forma de acción política, la participación, con la solución de todos o casi todos los problemas del país […] la democracia participativa en la narración metafórica sería la salida para el clientelismo, la violencia, el conflicto armado, el bipartidismo, la ausencia de cultura política, la debilidad de la sociedad civil, la crisis de legitimidad del Estado” (Uribe, 2001: 195), entre otras. La no consideración del conflicto armado como un factor de incidencia directa en la participación ciudadana tuvo dramáticos efectos debidos al recrudecimiento del conflicto armado con

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

108

Tabla 2. Herramientas legales de la sociedad civil en Colombia

Acción popular

Mecanismo de protección de derechos e intereses colectivos y difusos (relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad públicas, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc.).

Cabildo abierto

Es la reunión pública de los concejos municipales o las Juntas de Administración Local (JAL), con la participación directa de los habitantes para discutir asuntos de interés para la comunidad.

Consejo Nacional de Planeación/ Consejo Territorial de Planeación

Representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales.

Consulta popular

Consulta previa

Iniciativa popular legislativa y normativa

Constitución Política de 1991, art.; Ley 472 de 1998.

Constitución Política de 1991, art. 103; Ley 134 de 1994, arts. 9 y 81 a 90.

Constitución Política de 1991, art. 340; leyes 152 de 1994 y 388 de 1997.

El Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, según el caso, hace al pueblo una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local.

Constitución Política de 1991, art. 103; Ley 134 de 1994, arts. 8 y 50 a 57.

Derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.

Convenio 169 de la OIT, art. 7, ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991.

Los ciudadanos tienen derecho político de presentar proyectos de acto legislativo o de ley ante el Congreso; acuerdos ante los Concejos Municipales y resoluciones ante las JAL.

Constitución Política de 1991, Art. 103. Ley 134 de 1994, Art. 2.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

Juntas de Acción Comunal

La Acción Comunal es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover el desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad.

109

Ley 743 de 2002, art. 38.

Constitución Política de 1991, art. 103; Ley 134 de 1994, arts. 7 y 77 a 80.

Plebiscito

Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.

Referendo

Convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no derogue una norma ya vigente.

Revocatoria de mandato

Derecho político por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

Tutela

Instrumento mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en los casos establecidos en la ley.

Constitución Política de 1991, art. 86; Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.

Veeduría Ciudadana

Es el mecanismo democrático de representación que permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y los órganos de control, así como a las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto o contrato, o a la prestación de un servicio público.

Constitución Política de 1991, art. 270; Ley 80 de 1993, art. 66 (contratación); Decreto 2170 de 2002, Ley 850 de 2003, Ley 134 de 1994, art. 100.

Constitución Política de 1991, art. 103; Ley 134 de 1994, arts. 3 a 5 y 32 a 49.

Constitución Política de 1991, art. 103; Ley 134 de 1994, arts. 64 a 73.

110

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

posterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991. Eso contribuyó “de manera significativa a cerrar los espacios participativos; el aumento de la pobreza en las ciudades y del desplazamiento en las zonas rurales ha convertido en virtuales y retóricos los diferentes derechos consagrados en la Carta de 1991” (Uribe, 2001: 192). Sin embargo, también ha sido importante el generalizado desconocimiento de la existencia de una Constitución que pensó en un país activamente participativo. El actual escenario de diálogo plantea muchos interrogantes a la sociedad civil colombiana y a su capacidad efectiva de construir diálogos que promuevan la reconciliación nacional. Pese a que ella fue inicialmente excluida de la mesa de diálogo, la reciente convocación del Consejo Nacional de Paz muestra que existe una posibilidad clara de contribuir al debate y de involucrarse como actor determinante. La construcción de propuestas concretas y el reconocimiento de que en la propia sociedad civil existen dificultades internas para llevar a cabo diálogos propositivos podrían ser elementos claves para su reposicionamiento en un posible escenario de posconflicto.

4. Estudios de caso

C

4.1. Metodología

omo elemento introductorio a los estudios de caso, se presenta a continuación la metodología aplicada para evidenciar las herramientas de aproximación utilizadas en el trabajo de campo y las limitaciones y dificultades encontradas en los territorios, que le pusieron un color especial a la investigación y agregaron elementos de análisis. Finalmente, el subcapítulo aborda la decisión de la estructura elegida para plantear el análisis.

4.1.1. Estudio de caso El presente estudio de las tendencias de la sociedad civil colombiana ha sido planteado a partir de dos momentos principales. El primero consistió en la construcción de cada uno de los estudios de caso, que se convirtieron en la base para llegar al segundo momento: un análisis comparativo. El estudio de cada caso se adelantó en tres etapas consecutivas: la selección de los municipios, la elaboración del contexto histórico y el trabajo de campo. Dado el interés en explorar las expresiones de la sociedad civil en interacción con otros sectores, principalmente con el público y el privado, la elección de los casos se orientó sobre todo hacia municipios petroleros, en primer lugar debido a las inquietudes que suscita el actual modelo de desarrollo de Colombia (minero-ener-

114

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

gético), acrecentadas porque en estos casos el sector privado tiene una intromisión más preponderante y clara que en otros similares. Sin embargo, con el propósito de asegurar un cierto grado de diversidad en los casos, fueron elegidos municipios heterogéneos (Tabla 3) que fueran parte de los diversos momentos de producción del petróleo para comparar los impactos de esta actividad extractiva en sus diferentes fases. Eso quiere decir que municipios que presentan primordialmente actividades del sector upstream (extracción) como Acacías, Puerto Asís, Saravena y Tibú, posiblemente albergan modalidades diferentes de las existentes en otras etapas del camino del crudo, como la de refinación (downstream) en Barrancabermeja o la exportación (midstream) en Coveñas. En el primer grupo de municipios se seleccionaron además casos con historias diversas en relación a la presencia petrolera en el territorio, tanto en tiempo de antigüedad en la extracción como en el tipo de empresa predominante. Mientras que los municipios de Acacías y Puerto Asís son escenario de una nueva ola petrolera, marcada por un largo periodo de presencia marginal de la industria en estas localidades, Saravena y Tibú figuran entre los municipios petroleros más antiguos del país. En cuanto al tipo de empresa asentado en el territorio, mientras Acacías y Tibú son núcleos de acción de Ecopetrol, Puerto Asís y Saravena han albergado principalmente a empresas de índole multinacional (Occidental de Colombia, Consorcio Colombia Energy, Petróleos Grand Terra, entre otros). Adicionalmente, más allá de la presencia petrolera, también se buscó una muestra heterogénea que permitiera que la “radiografía” de la sociedad civil tuviese elementos de territorios diferentes. Las economías municipales fueron un elemento decisivo, ya que allí existe una fuerte presencia de tradición campesina, como es el caso de Saravena, Tibú y Puerto Asís; mientras que en Coveñas con mucha fuerza y como tendencia en proceso de fortalecimiento en Acacías, el turismo tiene un mayor predomi-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

115

nio. Barrancabermeja, a su vez, se percibió como un ejemplo de mayor diversidad en términos económicos. Tabla 3 Municipios

Población*

Extensión (km2)**

Categoría Municipal***

Fecha de erección municipal

Principal sector de producción petrolera

54.753

1.169

Categoría 4

1947

Upstream

Barrancabermeja

191.498

1.154

Categoría 1

1922

Downstream

Coveñas

11.270

56

Categoría 6

2002

Midstream

Puerto Asís

57.055

2.610

Categoría 6

1967

Upstream

Saravena

43.063

658,7

Categoría 6

1976

Upstream

Tibú

34.773

2.737

Categoría 6

1977

Upstream

Acacías

*

Fuente: Censo 2005 Dane.

**

Fuente: Datos de las diferentes alcaldías.

La categoría municipal se otorga de acuerdo con el número de habitantes del municipio y sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación. El mayor nivel de desarrollo se encuentra en los municipios de Categoría 1 y los de menos ingresos y desarrollo los de categoría 6. Fuente: Datos de las diferentes alcaldías.

***

Finalmente, otro elemento de gran relevancia fue el conflicto armado y su desenvolvimiento en relación con la sociedad civil y el desarrollo local. Pese a que todos los municipios han sido afectados por ese conflicto, sus manifestaciones en los territorios han sido distintas. De acuerdo con información del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) para el periodo 2000-2012, es posible ubicar a los municipios estudiados en tres grupos, como se puede observar en la Tabla 4. Con base en esta tipología, los municipios de Barrancabermeja, Saravena, Tibú y Puerto Asís se han visto afectados en mayor medida que los de Coveñas y Acacías, a pesar de que el conflicto ha tenido presencia en todos ellos y se mantiene hasta

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

116

hoy. En el informe “Basta ya!”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), estos datos se ven confirmados en su Capítulo 1, que evalúa las dimensiones y modalidades de la violencia. En crímenes como el secuestro, las masacres y los asesinatos selectivos, todos los municipios de este estudio muestran afectación, y ella es crítica en todas las modalidades de violencia mencionadas en los de Saravena, Puerto Asís, Barrancabermeja y Tibú (Grupo Memoria Histórica, 2013: 37 y ss.). Tabla 4. Tipología del conflicto en municipios Categoría*

Municipios

Conflicto interrumpido y baja intensidad. Levemente afectado e interrumpido.

Acacías, Coveñas.

Conflicto permanente y alta intensidad. Fuertemente afectado y persistente.

Barrancabermeja, Saravena, Tibú.

Conflicto interrumpido y alta intensidad, fuertemente afectado e interrumpido.

Puerto Asís.

Fuente: Cerac, 2012. De acuerdo con la categorización realizada por Cerac, un conflicto persistente marca presencia de grupos armados durante todo el periodo, mientras que uno interrumpido refleja ausencia de grupos durante un periodo de tiempo. Por otra parte, la afectación de los municipios hace referencia al promedio de eventos del conflicto armado en el municipio, con respecto a la media nacional. Marca fuertemente cuando los eventos han sido superiores a la media nacional, y levemente cuando han sido inferiores. *

La presencia reciente de actores armados en estos territorios ha sido igualmente variada y en algunos casos es simultánea, como ocurre en Tibú (Farc, ELN, bandas criminales (Bacrim)) y Puerto Asís (Farc, bacrim). En el caso de Saravena predomina un actor (ELN), así como en Acacías (bacrim), Coveñas (bacrim) y Barrancabermeja (bacrim). El petróleo ha afectado también de manera diferencial las conflictividades locales. Los municipios más afectados por la

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

117

guerra, como Saravena, Puerto Asís y Tibú, se han constituido en fuente de recursos adicionales para la guerra. Tales recursos se logran principalmente mediante las presiones armadas hechas a las empresas y a la institucionalidad local, o a través de la corrupción (Cusaria & Alfonso, 2004: 491 y ss.; González Posso, 2011: 61 y ss.). Sin embargo, en territorios que han presentado menor intensidad en cuanto a la confrontación armada, como es el caso de Coveñas, las regalías fueron también fuente de fondos para los grupos paramilitares. Una vez elegidos los municipios, se procedió a elaborar el contexto histórico de cada uno de ellos, lo cual permite la comprensión de los fenómenos actuales en relación con el desarrollo y la paz. Esta misma contextualización facilitó la identificación de algunos de los actores claves de cada caso, paso decisivo para la siguiente fase: el trabajo de campo. Tal trabajo de campo se realizó mediante tres estrategias: las entrevistas semiestructuradas, la participación en espacios y eventos de la sociedad civil y la realización de talleres con representantes de la misma en los municipios. En una primera fase este ejercicio incluyó la identificación de actores y los espacios determinantes de la sociedad civil, tarea que en todos los casos fue adelantada con la colaboración de aliados encontrados en las regiones, tales como organizaciones de la misma sociedad civil y representantes de la institucionalidad pública y de la empresa privada. A partir de la identificación de los actores claves y partiendo de una guía para las interlocuciones, posteriormente tuvo lugar en los seis municipios un total de 116 entrevistas. Aunque el mayor número de entrevistados (93) pertenece al sector de la sociedad civil, debido a que él es el principal sector de interés de la investigación, también fueron abordados representantes de los sectores público (11) y privado (6), así como expertos externos en el conocimiento de cada región o subregión (6). Por haber sido guiadas por el marco teórico del estudio (capítulo

118

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Casos de estudio: Municipios abordados en la investigación

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

119

2), las interlocuciones realizadas se enfocaron en las relaciones establecidas, las funciones desempeñadas y las principales preocupaciones y visiones del desarrollo de los diferentes actores. Todas las entrevistas, con excepción de las hechas a empresarios y funcionarios públicos, han sido dadas en condición de confidencialidad (por motivos de seguridad de los involucrados), por lo cual las fuentes específicas de cada entrevista son anónimas. Esta fue una de las condiciones solicitadas expresamente por los entrevistados para acceder al intercambio. En la medida de lo posible, se buscó adicionalmente la participación en espacios y eventos de la sociedad civil, tales como Consejos Territoriales de Planeación, Comisiones de Reconciliación Ciudadana de Arauca y reuniones gremiales, con el fin de contribuir al esclarecimiento de las relaciones entre actores. Tal tipo de participación se efectuó sobre todo mediante la observación de espacios de discusión social y política, en los cuales se pudo complementar la información. Finalmente, una serie de talleres con representantes de la sociedad civil, efectuados durante eventos como el Encuentro Municipal Tejiendo Caminos de Articulación Social para el Desarrollo (Coveñas, 20 de febrero de 2014), el segundo Foro Internacional Horizontes para la Paz y la Reconciliación en Arauca (Arauca, 30 de octubre-1º de noviembre de 2013) y el encuentro nacional Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia (Bogotá, 4 y 5 de junio de 2014), brindaron otra fuente de recopilación y validación de información. En dichos ejercicios se elaboró de manera participativa un mapeo preliminar de actores y se identificaron, discutieron y priorizaron las principales preocupaciones de cada municipio. Aparte de haber formado la base de información para el análisis de las tendencias de la sociedad civil en cada uno de los casos, el trabajo de campo ofreció además los insumos necesarios para la elaboración de herramientas explicativas, que al pre-

120

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

sentar resultados de forma gráfica ayudan a visibilizar aspectos claves de cada caso, los cuales se explican a continuación. 4.1.1.1. Mapeo de actores El mapeo de actores muestra de manera clara los actores sociales decisivos de cada sector, sus principales relaciones (positivas y conflictivas) y, en algunos casos, los espacios más importantes de interacción y agrupación. No obstante, resulta importante aclarar que, dado el diseño de las entrevistas, las cuales indagaron en cada actor clave únicamente sus relaciones, aliados y oponentes principales, en el mapeo aparecen solamente las relaciones y los actores más “visibles”. Eso quiere decir que no todos los actores existentes en un municipio están incluidos en los mapeos. En este mismo sentido, en la gráfica únicamente aparecen las relaciones percibidas por los entrevistados como importantes. Igualmente, el mapeo no visibiliza posibles segregaciones internas, sino que muestra a cada actor como una unidad. Sin embargo, en la vida real puede ocurrir que una institución u organización cuente con múltiples fracciones internas. Mientras que el relativo tamaño de los símbolos en algunos mapeos depende del número de relaciones que el actor mantiene con otros presentes (mayor número de relaciones símbolo más grande), la ubicación del actor, por otra parte, no expresa ningún grado de importancia. La posición relativamente más cercana o lejana de los elementos tiene razones únicamente gráficas. 4.1.1.2. Sistematización de las principales preocupaciones La sistematización gráfica de las principales preocupaciones fue elaborada por los autores sobre la base de una priorización realizada por representantes de la sociedad civil de cada municipio en el curso de un taller efectuado en Bogotá el 4 y 5 de junio, en el marco del encuentro nacional Visiones y tendencias del de-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

121

sarrollo territorial en Colombia. En tal ocasión se solicitó a los participantes discutir e identificar en grupo las cinco principales preocupaciones de sus municipios y ordenarlas según su respectiva prioridad. Posteriormente los resultados fueron sistematizados en seis categorías (Tabla 5) y clasificados según su prioridad, de 5 puntos (prioridad máxima) a 1 punto (prioridad mínima). En el posible caso de que dos preocupaciones pertenecieran a la misma categoría, sus respectivos puntos fueron sumados. Tabla 5 Categoría

Conflicto armado/ DD.HH.

Descripción Esta categoría se refiere a preocupaciones relacionadas con la presencia en el territorio de grupos armados al margen de la ley. Dicha presencia puede ir de la mano de violaciones de derechos humanos y de la promoción de una cultura de violencia generalizada.

Economía

Agrupa preocupaciones acerca del modelo de desarrollo, las características de la economía local (por ejemplo, economía de enclave, etc.) en el territorio o a la carencia de oportunidades laborales en especial.

Medio ambiente

Reúne preocupaciones relacionadas con el medio ambiente.

Relaciones horizontales

Alberga preocupaciones acerca de las relaciones entre los actores de la sociedad civil y las capacidades de las mismas.

Relaciones verticales

Se refiere a preocupaciones, tanto acerca de relaciones entre la sociedad civil y el sector público y/o privado, como respecto de las características de actores de los últimos dos (por ejemplo, corrupción, clientelismo, falta de interés, etc.). Igualmente incluye preocupaciones acerca de mecanismos de participación insuficientes y procesos de planeación excluyentes.

Servicios públicos

Agrupa las preocupaciones referentes a necesidades básicas insatisfechas y carencias de servicios públicos y sociales (agua potable, electricidad, educación, salud, infraestructura, etc.) o la baja calidad de los mismos.

Sin embrago, respecto de esta gráfica es importante subrayar que las preocupaciones asignadas a máximo cinco de las siete categorías no reflejan toda la gama de preocupaciones existentes en cada municipio. Dada la limitación a las cinco prioridades que se

122

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

solicitaron, es posible que algunas inquietudes no se muestren en la gráfica, ya que ellas se encuentran por debajo de las prioridades que los participantes del taller fijaron en los primeros lugares.

4.1.2. Limitaciones generales Al basarse en una metodología netamente cualitativa, el estudio enfrenta una serie de limitaciones derivadas directamente de este tipo específico de estrategias de construcción de conocimiento, y hasta cierto punto del contexto específico del conflicto colombiano, marco dentro del cual se efectuó el estudio. Con respecto a las limitaciones desprendidas del carácter cualitativo de la investigación, es importante destacar que, en términos generales, las entrevistas expresan únicamente la opinión (verdadera o fingida) de los entrevistados. Dichas opiniones son subjetivas y pueden ser polarizadas o erróneas. Eso quiere decir que la realidad descrita por un entrevistado al entrevistador no debe coincidir necesariamente con “lo real” del municipio. Según Ferdinand de Saussure (1998), el punto de vista de las personas es el que crea la realidad, es decir, que es desde la perspectiva como se da forma a lo existente, a “lo real”. Para él, en nuestro lenguaje se pueden hacer variaciones frente a una misma situación, ya que ésta no significa en un solo sentido ni depende de una sola persona. Como respuesta a esta dificultad identificada, se procuró cruzar la información obtenida en las entrevistas llevadas a cabo en cada municipio, dando especial importancia a la comparación de opiniones entre interlocutores pertenecientes a sectores diferentes. Adicionalmente, se recurrió a información secundaria que permitiera revisar datos históricos y se mantuvo un diálogo constante con actores del nivel nacional que habían hecho trabajo permanente en el territorio y que contaban con una información obtenida durante un mayor espacio de tiempo. El trabajo de campo también se vio influenciado de forma negativa por el contexto en el cual se realizaron las entrevistas.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

123

Dado que Colombia se encuentra en un conflicto armado interno y que en cada región se presentan constreñimientos por parte de distintos sectores, se encontró que algunos de los actores claves se habían visto amenazados en algún momento o temían ponerse en esa situación. Por lo anterior, la información recibida se encuentra muchas veces mediada por el temor y la desconfianza frente al entrevistador, quien, por tal razón, debe ser sensible a los efectos que él mismo posiblemente causa sobre el entrevistado. Ligado a lo anterior, hay que resaltar la corta duración del trabajo de campo y la posibilidad limitada de visitar algunas regiones. Ambos factores hicieron que la construcción de certidumbre entre los actores municipales fuera difícil. No es fácil que se entregue toda la información a un actor externo que tiene una corta y poca presencia en el territorio. A lo anterior debe sumarse la coyuntura del año 2013, cuando se presentó una fuerte movilización social (expresada en distintos paros campesinos regionales) en medio de un ambiente que se preparaba para un año electoral, lo cual llevó, en algunos de los casos analizados, a un aumento de la desconfianza y la polarización, tanto entre los actores locales como frente a los externos. Finalmente, debido a las características del estudio y a los límites del tiempo, constituyó un reto el hecho de lograr vislumbrar las redes de poder ocultas en cada región a partir de las entrevistas y aproximaciones realizadas. Lo anterior es importante porque ellas influyen en las dinámicas de la construcción del desarrollo y la paz, pero no son visibles ni aprehensibles. Esto se debe igualmente a que la fuente de información concreta del estudio es principalmente aquello que los actores del territorio están dispuestos a compartir; cuando un ambiente de miedo impide presentar el panorama completo, es difícil hacer afirmaciones categóricas sobre asuntos como la seguridad o la presencia e influencia de actores ilegales en ese contexto.

124

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

4.1.3. Estructura de los estudios de caso Cada uno de los estudios de caso presenta una fotografía de la situación de cada municipio en el tiempo que se realizó la investigación, además del contexto histórico y posteriores contextualizaciones. La presentación de cada estudio de caso se divide en cuatro subcapítulos: contexto, mapeo de actores, tendencias de la sociedad civil del municipio, conclusión y recomendaciones. En su conjunto, ellos se enfocan en una de las cuatro variables claves del concepto de la sociedad civil utilizadas en este análisis. La primera sección (contexto histórico) alberga una breve reseña de la historia del municipio y hace énfasis especial en la trayectoria de la sociedad civil en el territorio, junto a una presentación de las principales variables socio-económicas y políticas. Asimismo, se resalta el contexto del conflicto armado de la región. La segunda sección (mapeo de actores) muestra de manera gráfica los actores decisivos de cada sector, sus principales relaciones y, en algunos casos, los espacios más importantes de interacción y agrupación. La tercera y principal sección (tendencias de la sociedad civil) alberga el propio análisis de la sociedad civil en general y sus relaciones, funciones y visiones en especial. Al seguir las variables presentadas anteriormente, se divide en tres partes. Mientras que la primera parte se centra en las relaciones entre los mismos actores de la sociedad civil (horizontales) en el nivel intramunicipal y supramunicipal, identifica temas, actores y espacios decisivos de articulación y enfatiza en el repertorio de funciones; la segunda parte analiza las relaciones entre la sociedad civil, por un lado, y el sector público y privado (verticales) por el otro; y la tercera parte, finalmente, resalta las principales preocupaciones y las visiones de los actores de la sociedad civil. Esta última parte acoge además la sistematización de las principales preocupaciones de la sociedad civil del municipio.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

125

Finalmente, la cuarta y última sección destaca, a manera de conclusión, los principales resultados del estudio que serán recuperados posteriormente en el estudio comparativo. Para una mejor visibilización de los puntos decisivos se presenta además una tabla que muestra la información más relevante. Con base en el estudio se diseña además una serie de recomendaciones para mejorar la cooperación intersectorial.

4.2 La sociedad civil en Acacías – La disputa por los recursos y la necesidad de articulación El presente informe es el resultado de 18 entrevistas realizadas en el curso de cuatro visitas hechas al municipio entre julio de 2013 y febrero de 2014. Este trabajo de campo fue adicionalmente enriquecido por insumos del Encuentro Nacional Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia, reunido en Bogotá el 4 y 5 de junio de 2014 con la participación de varios actores de la sociedad civil de Acacías. El estudio se divide en cuatro subcapítulos. En primer lugar se presenta brevemente el contexto histórico y socio-económico del municipio; en el subcapítulo 2, de forma descriptiva, se muestran las relaciones de los principales actores del municipio, ilustradas por tres mapeos de actores. Tales visiones son recuperadas de forma más explícita en el análisis de las relaciones presentes en el municipio, que asimismo enfoca las interpretaciones y visiones de los actores principales acerca del tema de desarrollo y paz. Finalmente, en forma de conclusión, se acude a las variables centrales del estudio.

4.2.1. Contexto histórico de Acacías El municipio de Acacías, con una extensión de 1.169 km2 (Cerón, 2011: 25) y una población que en 2005 sumó 54.753 habitantes, según el Dane, hace parte del departamento del Meta, extensión que pertenece a la región de los Llanos Orientales. Acacías des-

126

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

cansa sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental de los Andes. Fue fundado el 7 de agosto de 1920 como un caserío por un grupo de familias que estaban en proceso de recuperarse una vez terminada la Guerra de los Mil Días.39 Durante sus primeros decenios de vida se consolidó como una economía principalmente agropecuaria y ganadera y, a raíz de su crecimiento poblacional paulatino, fue erigido como Municipio el 20 de abril de 1947. Desde sus inicios Acacías se caracterizó principalmente por su ubicación estratégica entre los dos centros tradicionales de la Intendencia Nacional del Meta40: Villavicencio y San Martín. Sobre todo, el primer puente sobre el río Guayuriba, aledaño a la nueva población e inaugurado en 1918, transformó poco después el entonces corregimiento del municipio de San Martin en escalón intermedio, casi obligatorio, para el traslado de los viajeros de Villavicencio hacia el sur y puso en marcha un proceso de crecimiento que perdura hasta el día de hoy (Hernández, 1994: 53 y ss.). Al convertirse en receptor de un constante flujo de migración, procedente particularmente de los municipios del oriente cundinamarqués, la nueva población creció de una manera inesperada y al mismo tiempo se convirtió en el mayor centro ganadero y arrocero de la región.41 En los años 40, detrás del municipio vecino de Villavicencio, Acacías ya contaba con el área urbana más edificada y con las rentas y la población42 más elevadas de la Intendencia Nacional del Meta. Con la conclusión de la carretera Villavicencio-Acacías-Guamal-Humadea en 1943 y el puente sobre el río Sardinata un año después, el auge económico y la afluencia de trabajadores migrantes, que llena

39



40 41



42

A pesar de que muy tempranamente el corregimiento fue llamado popularmente Acacias, el nombre de fundación fue Corregimiento de Boyacá (Hernández 1994, 53 y ss.). La Ley 118 del 1956 erigió al Meta como departamento. Solo entre abril y agosto de 1945 se pilaron casi 32.000 arrobas de arroz en los molinos del corregimiento (Cerón 2011, 79). En 1945 Acacías tenía una población de más de 8.000 habitantes (Cerón 2011, 77).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

127

ban hoteles y restaurantes de Acacías durante los meses de cosecha, alcanzaron nuevas dimensiones. En ese entonces el desarrollo industrial y comercial del corregimiento superó los indicadores de municipios como Restrepo o San Martín, en particular en lo referente a la producción de arroz. Mientras que diariamente salían de Acacías alrededor de 30 toneladas de mercancías hacia los mercados de la capital del Meta, cada una de las tres empresas trilladoras de arroz procesaba cincuenta arrobas por hora, capacidad que no alcanzaba a procesar la producción total de ese grano. De la mano del progreso económico y de las olas de migración, temporal o permanente, el nuevo municipio empezó a enfrentar un aumento de la delincuencia común y de la oferta de prostitución. Frente al establecimiento de la primera zona de tolerancia en los años 40 y el próspero negocio de una casa de juegos de azar, muchos habitantes tradicionales empezaron a expresar preocupaciones por una supuesta pérdida de valores (Cerón, 2011: 77 y ss.). Ante el crecimiento económico presentado, el clamor por el estatus legal creció paulatinamente entre la población y llevó a su reconocimiento como municipio mediante el Decreto 1353 del 20 de abril de 1947 (Cerón, 2011: 99 y ss.). Al auge agropecuario se sumó, a partir de la década de 1940, la presencia en el territorio de la empresa petrolera Shell, suceso que anunció el curso siguiente de la historia petrolera de los Llanos Orientales. Si bien al principio la empresa holandesa, y luego la petrolera estadounidense Chevron, concentraron sus áreas de operación primordialmente en los actuales municipios de San Martín y Castilla la Nueva, en especial la explotación ubicada en los cerros de Chichimene cayó en la jurisdicción del nuevo municipio (Avellaneda, 1998: 47 y ss.). El desarrollo petrolero se mantuvo con bajo perfil hasta comienzos de los años 2000, cuando Ecopetrol hizo nuevos hallazgos en el municipio y en otros aledaños, como Castilla La Nue-

128

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

va. A partir de esa fecha la actividad se ha venido intensificando y en la actualidad Acacías es uno de los municipios con mayor proyección en materia de producción petrolera del país. Eso ha traído consecuencias para la localidad, entre ellas la de que el petróleo se haya convertido en uno de los renglones de mayor relevancia para el desarrollo actual y futuro de Acacías. Otro asunto es su relación con el conflicto armado que vive el país. Pese a que no existe una amplia documentación sobre la presencia de guerrillas en su territorio, en el curso de los años 80 el municipio se vio afectado principalmente por la presencia de las Farc. Por su parte, desde de mediados de los años 90 en el municipio, al igual que en otras partes del departamento del Meta, hizo presencia el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual inauguró un periodo de represión y temor en toda la región (Verdad Abierta, 2012). En los últimos dos años, como producto de un proceso generalizado en el país, se ha venido dando reconocimiento a las víctimas, en particular las relacionadas con los grupos paramilitares. Sin embargo, dos condiciones mantienen a Acacías cercano al conflicto armado: por un lado, la permanencia en el territorio de grupos armados al margen de la ley, en especial bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que buscan mantener el control de la zona por considerarla estratégica; por otra parte, Acacías es uno de los grandes receptores de víctimas del desplazamiento forzado en el departamento del Meta.

4.2.2. Mapeo de actores El mapeo de actores claves del municipio de Acacías permite identificar, en primer lugar, una característica importante: tres son los actores determinantes en el nivel local. Si bien el mapeo revela un número relativamente alto de relaciones, tanto normales como conflictivas, resalta una división del panorama total. Mientras que un grupo de actores interactúa mediante

Mapeo 1

130

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

relaciones principalmente positivas, hay otro actor que parece estar en conflicto con gran parte del resto de actores del municipio, en primer lugar las JAC de la zona de influencia de Ecopetrol (A7). Como puede observarse en el Mapeo 2, tal actor maneja relaciones conflictivas tanto con el sector público –en la persona de la Alcaldía (B1) y el Estado nacional– como con el sector público en la persona de Ecopetrol (C1) y sus empresas contratistas (C1). Las dos relaciones conflictivas con actores de la sociedad civil, las organizaciones ambientalistas (A8) y la Asociación de Transportadores de Acacías (A1), por otra parte, son conflictivas únicamente desde el punto de vista de estos dos actores sociales, un hecho que las flechas representan gráficamente en el mapeo. Al mismo tiempo, las JAC de la zona de influencia muestran una desarticulación con el resto de los actores sociales, hecho que se manifiesta en la falta absoluta de relaciones. El Mapeo 3 revela una agrupación interesante de organizaciones, clubes sociales e iniciativas de voluntariado que incluyen el Club de Leones (A3), su organización juvenil Club Leo (A5), el Club Kiwanis (A4) y el cuerpo de bomberos (A2) como actor central de este grupo (dado el número de relaciones). Aunque sobre todo los bomberos manejan relaciones con otros sectores, como, por ejemplo, la Alcaldía (B1), el CTP (A6) y Ecopetrol (C1), este grupo no está vinculado a las líneas principales del conflicto en el municipio, concentradas principalmente en las JAC de la zona de influencia (A7). Aparte de esta relativa división de los actores, y de la polarización que parecen originar las JAC de la zona de influencia, se dejan identificar dos actores centrales que conectan con un alto número las dos fracciones del mapeo (Ecopetrol [C1] y la Alcaldía [B1]). Dadas sus relaciones conflictivas con las JAC de la zona de influencia, su potencial de posible mediador de conflictos, sin embargo, parece ser limitado.

Mapeo 2

Mapeo 3

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

133

4.2.3. Tendencias de la sociedad civil de Acacías 4.2.3.1. Las relaciones de la sociedad civil Actualmente Acacías ve sus condiciones sociales, económicas y políticas fuertemente influidas por la presencia de la industria petrolera, lo cual se proyecta hacia el futuro como un gran interrogante sobre los desafíos que deberán ser enfrentados ante el auge petrolero que se avecina. En esta coyuntura, a partir del trabajo de campo y de las entrevistas realizadas en el municipio, se identificaron tres elementos constitutivos de las tendencias de la sociedad civil de esta localidad: primero, sus desafíos internos como actor y las diferentes características que presenta; segundo, su relación con la institucionalidad pública y en particular con la Alcaldía, y finalmente la relación de estos actores con la industria petrolera y la manera como esto influye en su actividad y define sus agendas. Relaciones entre la sociedad civil y su repertorio de acción En cuanto a sus relaciones internas, el principal desafío que enfrenta actualmente la sociedad civil de Acacías es la división que se presenta entre las veredas de la zona de influencia de la industria petrolera y el casco urbano y veredas donde no hay actividad petrolera directa, lo cual tiende a crear polarización. Pese a que la división y las características diferentes del territorio ocurren como resultado de una distribución geográfica per se, el primer factor se ha visto marcado y redefinido a partir de la presencia de la industria petrolera en el municipio y de los incentivos positivos y negativos que ha creado para la actividad de la sociedad civil. Dos preguntas relacionadas han sido centrales en la delimitación del conflicto: frente al contexto mencionado que vive actualmente Acacías, ¿quién es el principal afectado por los impactos de la extracción?, y, dado lo anterior, ¿quién

134

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

debería ser el principal receptor de los beneficios otorgados por la empresa extractiva? El primer grupo, correspondiente a la zona donde no se extrae petróleo, argumenta que todo el municipio percibe los efectos adversos de la extracción, como el aumento del costo de vida, los problemas sociales relacionados con el flujo constante del dinero y la prostitución, la drogadicción o el desinterés de la población frente a las actividades productivas distintas del petróleo. Por todo lo anterior, este sector reclama para sí un mayor porcentaje de los beneficios que otorga la industria, como la inversión en infraestructura y la asignación de plazas laborales. El otro, que recibe de manera directa el impacto de la extracción por ser su zona de influencia, estima que las graves consecuencias que enfrenta, en especial el impacto medioambiental, deben ser compensadas con la asignación directa de un mayor beneficio para estas veredas expresado en mayor inversión en sus necesidades de infraestructura y a nivel social. Esta discusión atraviesa toda la dinámica de la sociedad civil y sus relaciones con el Estado y las empresas y constituye uno de los problemas que con mayor urgencia requiere solución. Sin embargo, es igualmente importante caracterizar a ambos sectores sociales. En primer lugar, en la zona de veredas de influencia, la principal forma de organización son las Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales se encargan de la interlocución con los actores estatales y las empresas petroleras. Las JAC han logrado un alto nivel de articulación, que gira principalmente en torno a la unificación de las demandas frente a las empresas petroleras y la Alcaldía, situación que llevó a la creación de la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene (Cjaid). Esta corporación, de acuerdo con las entrevistas realizadas, es una figura legal que de manera concertada crearon las JAC del área de influencia directa con el propósito de mantener el manejo de los empleos asignados por

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

135

la extracción petrolera,43 ante los cambios de la respectiva legislación laboral.44 Por otro lado, en la zona del casco urbano existe una mayor diversidad y pluralidad de opciones organizativas, entre las cuales se pueden destacar tres tendencias. La primera es la relativa a los clubes sociales, o iniciativas de voluntariado, que han proliferado con fuerza en el municipio; ejemplo de esto es el Club de Leones, su versión juvenil el Club Leo, las Damas Grises, las Damas Rosadas y el Club Kiwanis, entre otros. Al apoyarse mutuamente –por ejemplo, en la organización de eventos de recolección de fondos o espacios de socialización que convocan al municipio–, en este grupo aparece interconectada una densa red de relaciones positivas y amistades personales (Mapeo 3). Las actividades desarrolladas por tales agrupaciones tienen como principal estrategia las donaciones, entre las cuales encontramos desde jornadas de donación de sangre, ayuda a personas en situación de discapacidad o apoyo a personas de la tercera edad, hasta bienes materiales destinados a la biblioteca municipal o al cuerpo de bomberos.45 A pesar de algunos contactos puntuales con la industria petrolera, es importante resaltar que dicha tendencia ha conservado hasta el momento, como única dinámica de la sociedad civil del municipio, cierta independencia frente a la discusión omnipresente, relacionada con la presencia de actores de tal sector económico en el territorio. 43

44

45

De acuerdo con las entrevistas hechas a las Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia directa, la corporación Cjaid efectúa la asignación de empleos de manera rotativa y exige un pago por cada uno de los afiliados mientras se encuentren empleados, dirigido al sostenimiento de los aspectos administrativos de la entidad. El Decreto 2852 de 2013 mediante el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo, perjudica la gestión que venían haciendo las Juntas de Acción Comunal en la asignación de empleos y traslada esta competencia a entidades certificadas, en el caso del Meta la Caja de Compensación Familiar Cofrem. Dentro de los cambios más importantes es que amplía la recepción de hojas de vida a personas por fuera del área de influencia, lo cual aumenta la competencia por las plazas que ofrece el sector petrolero. Entre otras donaciones el Club de Leones apoyó al municipio con la compra de una máquina extintora en el año 1976, y de una incubadora para el hospital municipal en el año 1984 (Cerón, 2011: 133 y ss.).

136

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Una segunda tendencia es aquella que ha venido organizándose en torno a la defensa del medio ambiente. Esto tiene una gran importancia, ya que hay dos tendencias sociales que reclaman llevar la bandera del asunto: las JAC en las veredas de influencia y las organizaciones ambientalistas en el casco urbano; esta es una primera manifestación del conflicto que existe entre los dos sectores del municipio. En el casco urbano se han venido llevando a cabo una serie de iniciativas direccionadas a crear una conciencia cívica entre los pobladores del municipio, que poco a poco ha venido sumándose a la participación en eventos públicos de socialización en torno a temas como el medio ambiente y la paz (Entrevista 10). Entre las estrategias utilizadas por este sector ambientalista aparecen encuentros locales de difusión, proyectos de reforestación y la búsqueda de alianzas con el nivel nacional, todo en apoyo a un mejor manejo del tema ambiental en el municipio. Sin embargo, existe el reconocimiento de que deben adelantarse acciones más proactivas y no solamente de protesta frente al impacto que genera la extracción petrolera (Entrevista 4)46. En ese mismo sentido es importante señalar que, si bien varios de los actores entrevistados parecen compartir la preocupación por los impactos ambientales de la extracción petrolera (contaminación de ríos, disminución de la disponibilidad, etc.), entre los mismos actores hay un desconocimiento generalizado de las iniciativas que cada cual desarrolla y no existen procesos de socialización. Un ejemplo de esto es el del Club Leo, que adelanta proyectos de reforestación como parte de su repertorio de acción, pero ellos son completamente desconocidos y se mantienen desarticulados de proyectos similares que tiene el grupo de ambientalistas del casco urbano.

46

Entrevista a un funcionario público del Municipio.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

137

La controversia entre las veredas de influencia petrolera y la zona exenta de ella ha tenido otra fuerte expresión en las discusiones en torno al medio ambiente. La cuestión ha sido presentada por varios presidentes de las JAC de la zona de influencia como una de las principales demandas frente a la actividad extractiva de Ecopetrol. Sin embargo, algunos ambientalistas han percibido que las JAC rurales podrían estar utilizando el asunto solo como una especie de maquillaje de los verdaderos intereses (el problema laboral, por ejemplo). La disputa por el liderazgo de esta iniciativa se ha profundizado a partir de posiciones como la negación de participar en espacios de socialización con Ecopetrol hecha por las JAC a los ambientalistas urbanos (Entrevista 10). Finalmente, el panorama de la sociedad civil del municipio se caracteriza por una tímida articulación y formación de gremios económicos, entre ellos el de los transportadores, el cual ha venido calificando su estructura y participación en la economía como una respuesta a la cerrada actividad de las JAC en cuanto a la prestación de servicios a las empresas petroleras y sus contratistas. De acuerdo con algunos actores del municipio, los presidentes de las JAC de la zona de influencia adelantaban negociaciones con empresas de transporte ajenas al municipio, lo cual despertó un gran malestar y llevó al fortalecimiento de este gremio a escala local. En palabras de uno de los entrevistados, la “zona de influencia quiere coger todo y a las personas de Acacías no les dejan nada” (Entrevista 3).47 Lo anterior ha llevado a procesos de discriminación por parte del sector urbano que no recibe la afectación petrolera contra el rural que sí la tiene y cuyas estrategias de acción, principalmente las de hecho, son rechazadas. En palabras de un entrevistado, las JAC de la zona de influencia “ya están buscando aliados al nivel 47

Entrevista a representante de gremios.

138

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

nacional y utilizan acciones de vías de hecho porque se sienten incapaces” (Entrevista 3). Por su parte, las JAC de la zona de influencia desestiman en general lo que ocurre en el casco urbano, ya que existe la percepción de que eso no tiene consecuencias en los asuntos que les afectan directamente, como el laboral o el ambiental. Por otra parte, este sector no considera sus acciones como negativas sino como necesarias. Así es posible observar cuando un entrevistado afirmó que

“nosotros, como un paro como tal, pues, la verdad, no. Nosotros hacemos un cese de actividades, de pronto llegamos a cierta empresa y no permitimos que entre el personal, porque hay mucho personal de afuera y el de acá no entra. Pero, como tal, las vías quedan libres para que vayan y vengan. Y no, a veces duran […] Por ahora no pensamos hacer eso, han llegado a durar cinco o seis días, ocho días, depende, hasta que Ecopetrol llegue y se ponga de acuerdo con nosotros” (Entrevista 8)48.

Existe una generalizada legitimidad en torno al recurso a las vías de hecho como estrategia principal a través de la cual es posible conseguir respuestas del Estado y de las empresas. Como sostenía un entrevistado,

48

“[…] desafortunadamente aquí a toda hora toca es con protestas o amenazar con que vamos a parar para que de pronto le pongan a uno cuidado. De resto, la gente la están trayendo de donde las empresas quieran. La inversión social ahora […] la inversión social, si tú dices, tienen unas vías bacanas, bonitas, pavimentadas, pero, para que usted vea, que si esto es pavimentado desde Acacías a Entrevista a representante de las JAC (zona de influencia).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

139

acá es porque nosotros como juntas de acción comunal hemos tenido que hacerle protestas a Ecopetrol para que nos arregle las vías” (Entrevista 15)49. Esta percibida legitimidad del recurso a los paros, a la vez que la estigmatización que empieza a construirse desde la zona de no influencia frente a las veredas que sí son afectadas, dificulta la discusión de agendas de desarrollo municipal que incorporen elementos que beneficien tanto a la zona de influencia rural como a la urbana y a veredas de no recepción del impacto. La conflictividad entre la tendencia de la zona de influencia y la urbana de no influencia es algo que es percibido con claridad sobre todo por los actores del casco urbano, incluidos los institucionales. De acuerdo con un funcionario de la Alcaldía, “Aquí se han generado dos tipos de población: los de la zona de influencia, donde están los pozos, donde se está extrayendo, y el casco urbano y las otras veredas” (Entrevista 7)50. Sin embargo, a partir de esas tensiones y debido a las nuevas necesidades del municipio, los actores tanto de las JAC como de la población del casco urbano han adoptado medidas de formación para cualificar su conocimiento sobre las estrategias petroleras, a fin de imprimir un contenido más claro a los procesos de discusión. Esta cualificación del debate es uno de los mayores desafíos del municipio en cuanto a la sociedad civil se refiere. Un espacio municipal que no es utilizado como articulador de distintas visiones y que es importante destacar es el Consejo Territorial de Planeación (CTP). En las entrevistas hechas se identificó que este espacio carece de legitimidad, en dos sentidos: primero, desde la perspectiva de los actores, la Alcaldía no favorece los procesos de control que este espacio tiene la 49 50

Entrevista a representante de las JAC (zona de influencia). Entrevista a funcionario público del Municipio.

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

140

responsabilidad de ejercer; segundo, como producto de la falta de atención de la Alcaldía, los actores sociales (tanto de las veredas de influencia como de la parte urbana) tampoco ven en este espacio social un soporte desde el cual se pueda adelantar la incidencia en torno a sus demandas (Entrevista 6)51. Lo anterior muestra la falta de utilización de los mecanismos existentes para la participación local, de diálogo entre las comunidades y la institucionalidad local, que permitan la construcción de acuerdos estables que sean respetados por ambas partes. La falta de escucha mutua favorece las posturas de la Alcaldía que no se abren al diálogo y el recurso a las vías de hecho por parte de algunos sectores de la sociedad civil, como las JAC de las zonas de influencia. Pese a que esta herramienta, como se ha sostenido atrás, cuenta con una gran legitimidad, contribuye a postergar la construcción de agendas de largo plazo y tiende a solucionar solamente temas inmediatos. Relaciones con la institucionalidad pública La relación de la sociedad civil con la Alcaldía municipal aparece mediada por las condiciones ya expuestas sobre la disputa alrededor de los recursos generados por la extracción petrolera, ya que el conflicto entre la sociedad civil de las veredas influidas por la actividad de la industria y la sociedad civil del casco urbano y las veredas no afectadas se traspasa a esta relación, evidenciando la toma de posiciones de cada sector. La Alcaldía, al sentirse representante de los intereses de todo el municipio, comparte en mayor medida la interpretación hecha por el sector de no influencia directa, de acuerdo con la cual los impactos de la extracción son experimentados por todo el municipio. La Alcaldía evalúa los efectos mediatos de la explotación petrolera de Acacías, así como los cambios en la economía lo51

Entrevista a representante del CTP.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

141

cal, en la cultura de las personas y en las prácticas sociales de la comunidad (Entrevista 7). Algunos ejemplos de esto se pueden apreciar en las entrevistas al hacer referencia a aspectos ya mencionados atrás, como el encarecimiento del costo de la vida y el aumento de la prostitución, o el de los cambios culturales y de la familia ante la presencia de contratistas externos de Ecopetrol, que son población flotante del municipio (Entrevistas 2, 7 y 15). Esta toma de posición distancia a la administración de las JAC rurales, con quienes a partir de este punto se ha venido creando un conflicto en el cual se percibe que tales actores solamente piensan en sus intereses. Según un entrevistado, “ellos (las JAC rurales) han comenzado a comportarse como una especie de república independiente en la cual, en la administración, se genera como la creencia [de] que están desconociendo la legitimidad del alcalde” (Entrevista 4). Al respecto, un representante de las JAC rurales afirmó, en referencia al funcionario: “Él como muy allá y nosotros muy aisladitos” (Entrevista 13). Esto muestra una percepción de no representatividad de la institucionalidad local frente a los intereses del conjunto de los habitantes del municipio. Refleja una falta de coordinación entre lo que unos sectores de la sociedad sienten como sus necesidades urgentes y las lecturas que de eso hace la Alcaldía; hay una desconexión, que puede estar relacionada con una falta de socialización clara de las posiciones. Es una relación que es de ida y vuelta, ya que la institucionalidad siente que debe abogar por unos intereses y no se identifica con otros, al mismo tiempo que las comunidades se dividen entre apoyar o no apoyar la gestión del funcionario. En palabras de un entrevistado, “No tengo nada que hablar, de pronto, dentro de su mandato, de su gobierno, pero dentro de lo laboral es una persecución muy grande con nosotros” (Entrevista 15). Otro aspecto de gran relevancia es la relación existente entre la Alcaldía y las empresas de la industria petrolera, cuyo repre-

142

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

sentante más claro es Ecopetrol. Al respecto, una de las primeras preocupaciones es el cambio que se presentó en el Sistema General de Regalías, el cual alteró la distribución de las regalías arrojadas por la explotación minero-energética en perjuicio del porcentaje recibido por los municipios productores. Ante esta situación, la institucionalidad local ha encontrado, como estrategia de supervivencia y a favor del desarrollo, el establecimiento de alianzas con las empresas, a pesar de que ellas mismas son la fuente de muchos de los conflictos que aquejan a la sociedad. Al respecto, un entrevistado expresó que “Ecopetrol es aliado a la vez que causa de los problemas” (Entrevista 14). Adicionalmente, Acacías, dada su condición de municipio receptor de víctimas del conflicto armado, ha visto incrementadas sus obligaciones de respuesta a la sociedad, ya no solo frente a su propia población sino también frente a la que proviene de tales situaciones de violencia, así como de aquella que ha venido a poblar el municipio atraída por el auge petrolero. De acuerdo con información de la Alcaldía, esta novedad ha afectado con fuerza las finanzas municipales. Una de las estrategias recientes que ha empleado la Alcaldía para relacionarse con la sociedad civil ha sido la promoción de la paz, dado que ella es un elemento que, a la vez que transversal, es también muy puntual y tiende a reducir la polarización social. El asunto convoca a la mayoría de sectores del municipio y los impulsa a reflexionar por fuera del problema petrolero. Un ejemplo de esto fue la marcha por la paz efectuada en el marco de la Semana por la Paz Nacional, que tuvo lugar entre el 8 y el 15 de septiembre de 2013. La iniciativa, que surgió del alcalde, fue apoyada por la Iglesia, que se hizo cargo de la convocatoria y contó con la participación del Concejo Municipal, la Personería, organismos de socorro como los bomberos y otros actores, entre ellos el Club de Leones, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Club Kiwanis y Asojuntas.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

143

Ese espacio fue percibido como de unificación de los distintos sectores del municipio, en particular de los que componen los sectores sociales del casco urbano, y el suceso evidenció las posibilidades de diálogo y cooperación entre la Alcaldía y los sectores urbanos, en contraste con las dificultades que se presentan para avanzar en la articulación con los sectores sociales de las veredas. En este punto nuevamente sobresale la falta de funcionamiento del CTP, frente al cual, según el punto de vista de actores de la sociedad civil, existe un fuerte desinterés por parte de la Alcaldía, la cual carece de voluntad política para favorecer el funcionamiento de este espacio de participación institucional (Entrevista 6). Relaciones con el sector privado En cuanto a las relaciones entre la industria petrolera y la sociedad civil de Acacías, nuevamente encontramos algunas divisiones entre las dos agrupaciones de la sociedad civil identificadas y algunos aspectos de percepción común sobre las consecuencias que esta actividad extractiva tiene en la comunidad en general. Se pueden destacar seis elementos principales: primero, una percepción generalizada de abuso de poder por parte de la industria; segundo, un alto riesgo de suplantación del Estado; tercero, sigue en pie el conflicto alrededor del tema laboral; cuarto, hay una tendencia constante hacia el incumplimiento de acuerdos; en quinto puesto aparece la problemática ambiental y, por último, las interpretaciones que se hacen frente a la gestión social. En primer lugar, tanto en los sectores rurales como en los urbanos existe la percepción de un ejercicio abusivo y asimétrico del poder por parte de la industria petrolera, en cabeza de Ecopetrol y que se expresa en dos sentidos: la capacidad de incidencia de Ecopetrol en la orientación de políticas nacionales y la falta de socialización con la comunidad en general del municipio de Acacías.

144

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Sobre el primer aspecto, algunas de las personas entrevistadas resaltaron el poder de Ecopetrol para influir en las decisiones que se adoptan en los niveles local y regional (Alcaldía y Gobernación), pero igualmente en el plano nacional. En lo regional, uno de los aspectos más relevantes es la percepción de que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) otorga licencias para la operación petrolera a pesar de que en muchas ocasiones no tiene en cuenta las condiciones ambientales que podrían avalar esa decisión (Entrevistas 13 y 15).

“Cormacarena le avisa a Ecopetrol cuándo viene a hacerles las visitas a sus instalaciones; de una vez, Ecopetrol llama al contratista y ellos, de una vez, contratan ocho o diez personas, lavan las piedras [del río], cogen con cepillos y lavan para quitar el crudo que tengan, todo ese químico, porque las piedras se vuelven todas babosas, todas lisas, y lavan lo que más puedan, y si ven que ya va a llegar la visita, porque les ponen el día que es y ese día llega” (Entrevista 15).

Igualmente, desde este ámbito local, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) son percibidas como entidades al servicio de la extracción petrolera y no como organismos que se encarguen del control de esa actividad para evitar sus efectos sociales y ambientales nocivos (Entrevistas 13 y 15). “Las contaminaciones [al agua] son muy grandes. Tengo videos de contaminación y les hemos mandado a Cormacarena, [a las instancias controladoras del] medio ambiente, de todas las especies que nos digan; hemos ido a Bogotá a la Cámara de Representantes, hemos ido a poner la queja allá, y no hay un poder humano que le ponga control a esa gente” (Entrevista 15).

Libro tendencias.indd 144

30/11/2014 06:58:01 p.m.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

145

Uno de los entrevistados dijo al respecto: “[…] pues realmente ambientalmente es imposible frenarlos; uno oye hablar que la locomotora minera, que este cuento, pues, igual: lo van a hacer con aceptación o no aceptación de las comunidades” (Entrevista 8). Por otra parte, la falta de socialización sobre las actividades de la industria petrolera es un factor que despierta tensiones y contribuye a crear desconfianza entre las comunidades afectadas y las empresas petroleras. Muchas de las personas entrevistadas, tanto de la Alcaldía como de los sectores sociales, afirmaron que Ecopetrol con frecuencia lleva a cabo proyectos sin consultar con la comunidad (Entrevistas 13 y 15). Esta percepción se suma al resto de impactos que descarga esta actividad económica y dificulta una articulación en pro del desarrollo entre el petróleo y las comunidades afectadas por su extracción. Ejemplo de esto puede observarse cuando un entrevistado afirma:

“[…] hubo una reunión y una socialización que no se le dejó, pero que lo iban a socializar por encima de las comunidades a las malas. Ecopetrol estuvo socializando porque toda la gente que fue le protestaba y ellos seguían, porque vinieron con un representante de la Gobernación que es el secretario del gobernador, que vino con el alcalde de la Acacías, con la Fiscalía, con la Procuraduría, vino la Policía y vino con Ejército por encima a hacerlo” (Entrevista 15).

Finalmente, una síntesis de las dos percepciones sobre el abuso de poder se expresa en las palabras de un entrevistado que afirma:

146



David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

“[…] para nosotros Ecopetrol es una empresa que primero actúa y después viene y socializa. Nos hemos dado cuenta que Ecopetrol ya tiene todo montado, tiene un esquema tan montado que ellos lo único que hacen es duplicar municipio por municipio lo que están haciendo. Entonces muchas veces impera más la filosofía de extracción de hidrocarburos que el mismo hecho de afectar o no el mismo ambiente” (Entrevista 7).

Por otra parte, la presencia del petróleo en Acacías acarrea un riesgo de gran envergadura: que la empresa suplante las funciones que le corresponden legalmente al Estado, tanto en lo municipal como en lo nacional. Este riesgo apareció con anterioridad, durante las operaciones de la empresa Chevron, la cual se encargó de suplir necesidades largamente aplazadas sin tener que recurrir a una consulta con la institucionalidad o a procesos administrativos de control (Entrevista 14)52. Lo anterior creó la idea de que bastaba con llegar a un acuerdo con la empresa para obtener una respuesta inmediata. Con la presencia de Ecopetrol, esta expectativa se ha mantenido pero se han producido tensiones por la legislación a la que se encuentra sujeta Ecopetrol en tanto que empresa mixta, lo cual le impide ejecutar obras sin controles adicionales del orden nacional. Sin embargo, Ecopetrol es el principal aliado de una gran mayoría de actores del municipio, inclusive aquellos con quienes tiene frecuentes disputas (Mapeo 1), ya que se ha convertido en la principal fuente de recursos para la inversión pública y la principal fuente de empleo, desde la perspectiva de la población. En palabras de un entrevistado, “afortunadamente para nosotros ha hecho presencia Ecopetrol y básicamente la presencia del Estado ha sido básicamente por intermedio de Ecopetrol” (Entrevista 14). 52

Entrevista a representante de las JAC (zona de influencia).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

147

El riesgo de suplantación no solamente es identificable para el caso de la sociedad civil, ya que la institucionalidad también enfrenta este desafío. Según un funcionario público, “nosotros nos tenemos que volver socios y aliados de Ecopetrol porque ya no podemos ser socios y aliados de la nación, porque la nación distribuyó, como ellos dicen, la torta en todos lados” (Entrevista 7). Esto refleja una falta de coordinación entre las acciones emprendidas por la Nación y las del territorio, y una clara percepción de que el Estado debe hacer presencia local a través de Ecopetrol. Lo anterior implica un altísimo riesgo de dependencia económica que puede estancar el desarrollo. Otro de los aspectos que mayor sensibilidad ha despertado en la extracción de hidrocarburos dentro del municipio de Acacías es la distribución y el método de asignación a la comunidad de los empleos en la industria. La discrepancia se presenta en torno a dos aspectos: la distribución de empleos entre las veredas de la zona de influencia directa y la zona de no influencia directa, que comprende principalmente el casco urbano, y la competencia de asignación de estos empleos, que se relaciona con la nueva normatividad nacional respecto del empleo. El primer aspecto, la forma como los empleos otorgados por la industria a la comunidad se distribuyen entre la zona de influencia directa y el casco urbano y otras veredas es actualmente objeto de disputa entre las dos zonas del municipio. Los argumentos en ese sentido se dividen entre si quienes reciben el impacto directo son los únicos que deben tenerse en cuenta para trabajar en las empresas o si el resto de la población municipal, por recibir el impacto indirecto, también debe tener derecho a los mismos. El punto central de la discusión se ha mantenido en el plano de los daños que provoca la actividad petrolera en el municipio. Como se afirmó atrás, la Alcaldía ha mantenido una interpretación compleja de este impacto y ha alineado su postura con las demandas del casco urbano y otras veredas y entrado en controversias

148

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

con las JAC de la zona rural que, en general, no se muestran dispuestas a hacer una redistribución del porcentaje de empleos. A lo anterior se suman demandas por evitar la contratación de personas no nativas de Acacías o del departamento del Meta, ya que algunos actores afirman que se encuentran con frecuencia con que Ecopetrol y sus contratistas han enganchado de forma arbitraria a los foráneos (Entrevistas 3, 8, y 15). Con respecto a lo anterior un entrevistado afirmó: “El ciento por ciento debe ser de la comunidad, pero ellos lo camuflan diciendo que son capacitados, que son calificados, pero no, en la obra ya se ve que es lo contrario” (Entrevista 8). El segundo aspecto, el de la competencia en la asignación de empleos, se ha convertido en una problemática central del municipio en los últimos meses. Hace alusión a los temores que se han despertado particularmente en las JAC de la zona de influencia alrededor de la creación del Servicio Público de Empleo, a cargo del Ministerio de Trabajo, y de la asignación de la competencia de intermediación a ciertas agencias de empleo certificadas por el gobierno nacional. Hasta antes de existir esta norma –que entraría en vigencia en el segundo semestre de 2014- en el nivel nacional las JAC eran las encargadas de hacer la intermediación entre las empresas que tienen presencia en los municipios y las comunidades, y por tanto para asignar los empleos pertenecientes a estas últimas. Por ese motivo, como se dijo atrás, fue fundada la Cjaid. Sin embargo, esta situación dio pie para que las comunidades elevaran denuncias de corrupción en el seno de las JAC, cuyos líderes, en algunos casos, llegaron a cobrar por la asignación de empleos, perjudicando así el libre desarrollo laboral de sus afiliados y promoviendo redes de clientelismo y corrupción (Entrevistas 13 y 15). Como respuesta a la existencia de casos similares en todo el país y como política nacional, fue creado el Servicio Público de

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

149

Empleo (Decreto 722 de 2013), el cual ha recibido en Acacías algunas críticas por el alto riesgo de que las bolsas laborales se politicen, ya que las agencias acreditadas por el nivel administrativo nacional son entidades de importancia, como las Cajas de Compensación (en el caso particular del Meta fue designada Cofrem) y pueden estar expuestas a la captura política destinada, a alimentar prácticas de corrupción como la compra o el condicionamiento de votos, o bien la asignación de la dirección de estas entidades en calidad de favor político (Entrevistas 4, 9 y 2). Otra preocupación que esto ha despertado es que la oferta de empleos se ampliaría al departamento del Meta y no se mantendría la exclusividad para Acacías, lo cual haría más difícil la participación de las personas en esta actividad y aumentaría el riesgo de que personal foráneo tenga participación en este privilegio.

“Esa gente, yo no sé, yo no puedo entender cómo plantea el Ministerio del Trabajo quitarnos lo poco que nos está quedando, porque, como le digo yo, hay veces a usted lo contratan por un mes, otros que están de buenas y los contratan a término indefinido trabajan a veces hasta ocho meses, seis meses, pero ahorita ya quieren que no, que Cofrem maneje eso. Entonces, estamos aterrados” (Entrevista 13).

Al momento de finalizar la investigación, esta situación se mantenía en gran tensión, mientras la presión por el recurso a las vías de hecho por parte de las JAC ha tenido efectos importantes en la forma como Ecopetrol toma las decisiones, llevándoles a crear la percepción de que el relacionamiento principal se presenta con las JAC de la zona de influencia, dejando de lado a otros sectores de la comunidad municipal. De acuerdo con lo expresado por algunos entrevistados, el problema laboral tiene el gran potencial de convertirse en un de-

150

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

tonador de la intensificación de confrontaciones y vías de hecho en el municipio. Los temores a ver afectado el acceso a los empleos al ampliar el espectro de beneficiarios se han convertido en una presión fuerte para los líderes de las JAC y para las comunidades en general, como ya ha venido expresándose en los frecuentes paros y manifestaciones que se han llevado a cabo. En algunos actores existe además la percepción de que Ecopetrol, en connivencia con el alcalde, influye de manera directa en la elaboración de estas políticas, a pesar de que ellas obedecen a una política nacional (Entrevistas 13 y 15), lo cual evidencia una falta de estrategias de socialización por parte de los actores del nivel nacional sobre tales políticas para aclarar inquietudes y contribuir a un ambiente de diálogo que haga que ellas sean aceptadas por la comunidad con mayor facilidad. Todo lo anterior se suma a una desconfianza afincada en la percepción de que Ecopetrol incumple los acuerdos que establece con la comunidad como producto de las obligaciones que ella, como empresa extractiva, tiene. En palabras de un entrevistado, “se habla algo y queda en acta y queda escrito, pero no lo cumplen [...] Ejemplo son ciertas obras que se quedan por realizar en cada comunidad y no las ejecutan. Entonces, pues, hay inconformismo, quedan de recibir cierto personal y no lo reciben, lo rajan, ponen mucha traba” (Entrevista 8). Finalmente, con respecto a la gestión social y a la inversión que efectúa la industria en el municipio, existe un reconocimiento generalizado de que sí se han realizado obras, pero también no faltan quienes aleguen que ellas no son suficientes y no compensan los daños que se ocasionan en el municipio. Uno de los entrevistados sostiene que “Ecopetrol, si bien no se le puede desconocer que han hecho inversión social, pero el impacto que genera la industria petrolera demanda todavía una actividad mayor de

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

151

Ecopetrol, una respuesta mayor de las empresas petroleras, porque el solo hecho de hacer una exploración ya genera un impacto, genera impacto en el orden ambiental, en el orden social, en el orden económico” (Entrevista 4). Por lo demás, de acuerdo con los entrevistados, con frecuencia la inversión que se efectúa no está bien diseñada o no ha sido suficientemente consultada con la comunidad, lo cual resta posibilidades de éxito a la misma. Un ejemplo positivo que podría marcar una ruta para redefinir los procesos de inversión social es el de los “cafés veredales”, los cuales fueron un ejercicio realizado por la Alcaldía y Ecopetrol para consultar a todo el municipio alrededor de cuáles eran las necesidades de inversión, a fin de priorizarlas para una posterior asignación de recursos. Este ejercicio fue destacado por los entrevistados, dado que se sintieron incluidos dentro de las prácticas de planeación. No obstante, siguen las dudas sobre el proceso de implementación de estos acuerdos, a causa de incumplimientos anteriores cometidos por el Estado y la empresa privada. Finalmente, frente a los gestores sociales existe una percepción positiva en general, aunque ella se basa en el presupuesto de que estas personas no tienen capacidad de decisión y se encargan solamente de adelantar un diálogo que no tiene efectos en las comunidades. Lo anterior lleva al cuestionamiento de la estructura encargada de dar respuesta a las demandas de la comunidad y a la forma como estos mensajes se transmiten de arriba hacia abajo (Entrevistas 3 y 13). 4.2.3.2. Visiones acerca del desarrollo y principales preocupaciones Vinculados con las características de las relaciones horizontales y verticales de la sociedad civil en Acacías y para retornar a la comprensión de que las visiones de los actores se construyen

152

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

sobre la base de dar respuestas a problemas identificados, las principales preocupaciones priorizadas por los representantes de la sociedad civil del municipio –y que participaron en el encuentro nacional Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia, realizado el 4 y 5 de junio de 2014 en Bogotá– muestran como factores centrales las relaciones verticales y la economía local (Gráfica 3). Mientras que las preocupaciones de la primera categoría (relaciones verticales) subrayan en el caso de Acacías la desarticulación de los actores públicos (Nación-institucionalidad local-comunidad) y una deficiente inversión social del sector de hidrocarburos, el desasosiego ante la categoría “economía” hace énfasis sobre todo en la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, la más alta prioridad de los actores participantes en el ejercicio son las necesidades básicas insatisfechas. La más baja entre las cinco preocupaciones identificadas se atribuyó al débil tejido social. La sociedad civil de Acacías se encuentra en un momento crucial de definición de los planes de desarrollo que quieren proyectarse en el municipio. Dos temas son de especial relevancia: la forma como se aborde el modelo minero-energético y la capacidad de respuesta del municipio ante los rápidos cambios que ha venido sufriendo. Ambas materias deben confluir en la definición de las prioridades locales y el modelo económico que deba primar finalmente. Sobre el primer aspecto existen diversas posiciones frente a la industria minero-energética. Por un lado, persisten las críticas al modelo como tal, debido a sus efectos sobre el medio ambiente y en el incremento del costo de la vida en general, el cual se ha visto encarecido por la baja disponibilidad de dinero con que cuentan los contratistas externos de Ecopetrol.

53

Para obtener información acerca de las seis categorías y la metodología, ver subcapítulo 4.1.1.

Fuente: elaboración propia sobre la base de talleres hechos con representantes de la sociedad civil del municipio.53

Gráfica 3. Principales preocupaciones (Acacías)

154

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

El tema medioambiental ha sido un punto central en el clima de polarización del municipio, en especial debido a lo los problemas del agua. A pesar de que la industria ha buscado hacer aclaraciones al respecto a través de diversas campañas, la población continúa percibiendo que su actividad provoca grandes males a la naturaleza, y esto se traduce en un gran temor por las consecuencias que el auge petrolero pueda tener a largo plazo (Entrevistas 8, 10, 11, 13 y 14). La desconfianza existe a causa de diversas situaciones, como las sequías que se vienen prolongando en la región y la mencionada desconfianza hacia las instituciones encargadas del control ambiental, frente a las cuales existen sospechas de una labor deficiente (Entrevista 14). Uno de los entrevistados expresó al respecto que “Estamos en un problema con Ecopetrol. Yo le diría, la verdad, grave, porque las contaminaciones que Ecopetrol nos ha hecho aquí en la zona son absurdas, pero él nunca lo ha dado a conocer a nivel nacional o internacional: los daños y perjuicios que él nos está haciendo a nosotros” (Entrevista 15). De acuerdo con lo afirmado por los entrevistados, la empresa petrolera ha llevado a cabo acciones en zonas no permitidas, como sería el caso de humedales y terrenos explorados cerca de nacimientos de agua a una distancia menor de la permitida (Entrevistas 13, 14 y 15). No obstante, como se estableció atrás, en el seno de la sociedad civil surgen críticas y divisiones por la forma como este argumento –desde la perspectiva de algunos actores– se ha utilizado para legitimar protestas que tienen que ver con otros asuntos, como el laboral. A pesar de que la demanda de mejorar las prácticas ambientales es común a todos los entrevistados, no existe una postura unificada y compartida por los distintos sectores sociales, por lo cual ese es otro factor de división y desconfianza. Hay el reto de lograr una discusión amplia del tema entre los tres sectores –industria, institucionalidad pública local

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

155

y nacional y sociedad civil– para aclarar los procedimientos y sus efectos reales, así como la construcción de acuerdos que permitan una convivencia constructiva. Por otra parte, una opinión más compleja y más compartida por la sociedad en general se pregunta por el día de hoy: ¿cómo se aprovecha ahora el auge? Y por el futuro: ¿qué viene luego del auge? Un entrevistado expresó claramente esta preocupación cuando afirmó que Acacías necesita “que nuestros nuevos mandatarios sean personas conscientes de lo que está pasando. Que miremos qué le queda a Acacías de toda esta cantidad de petróleo, de toda esta situación que se presenta” (Entrevista 8). Esta lectura parte del dilema entre aceptar el lugar del municipio como productor de petróleo o proteger el medio ambiente para garantizar la posibilidad de un turismo sostenible y negar el petróleo como opción económica. En palabras de uno de los entrevistados en este sentido, “La salida es que cogieran y se llevara a Ecopetrol por allá para los altos cielos y no lo volvieran a dejar llegar” (Entrevista 13)54. Frente a lo anterior, la respuesta tiene que ver con el aprovechamiento que se logre de los recursos económicos que arroja la industria, a pesar de que, con la reforma del Sistema General de Regalías, ellos son mucho menores. Algunos de los entrevistados expresaron que ese aprovechamiento debe dirigirse a crear una infraestructura que fortalezca a otros sectores productivos del municipio, principalmente el turismo y la agricultura (Entrevistas 13 y 14). De acuerdo con un actor, “El desarrollo del municipio aquí en Acacías necesita que haya por lo menos más inversión en el campo, porque se perdió. Eso hace que el costo de vida se suba, porque aquí ya no se cultiva ni plátano. Acacías era un centro de acopio de arroz, era arrocero por excelencia, pero ya no se 54

Entrevista a representante de las JAC (zona de influencia).

156

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

siembra arroz, ya quedaron los molinos prácticamente a media marcha” (Entrevista 6). Ahí no terminan las inquietudes: están los efectos de la industria minero-energética en las dinámicas culturales de la sociedad. La diferencia abismal entre los ingresos del trabajador industrial y aquellos que se perciben por otras actividades se ha convertido en un potente desincentivo para el desarrollo de otras posibilidades económicas en Acacías. Un entrevistado expresó en este sentido que “hay que luchar mucho con la gente en meterles que no solo se puede trabajar en lo petrolero, que hay otras actividades como la turística, la agropecuaria” (Entrevista 4). En la misma dirección, otro entrevistado afirmó que a partir de la intensificación de la explotación petrolera

“el uso del suelo se cambió, se les cambió la cultura a las personas. Digo yo que en este momento en un noventa por ciento la gente de la vereda se volvió petróleo-dependiente. Ya no conciben la vida sin la oportunidad de ganarse en un mes dos, dos y medio, tres millones de pesos en una finca, pues la gente se ganaría el mínimo: esa actividad se cambió. Ya piensan solo en la actividad petrolera. Les va muy bien” (Entrevista 14).

Esta práctica cultural del dinero fácil es un aspecto que a corto plazo no es posible vislumbrar en toda su dimensión, pero que ya crea preocupaciones en algunos sectores de la sociedad, tanto en el área de influencia como en las demás zonas (Entrevistas 1 y 13). Si los recursos del petróleo son utilizados para establecer mecanismos de desarrollo hacia el futuro, enfrentarán el obstáculo de que no existan personas dispuestas a promover y consolidar tales proyectos. Por otra parte, el Municipio ha identificado claramente dos direcciones en las cuales podría ir el desarrollo municipal más

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

157

allá del petróleo, y ellas son la agricultura y el turismo. A partir de esto ha surgido la preocupación de que los daños causados por la industria también perjudiquen estos potenciales identificados, ya que ellos dependen fundamentalmente del agua. Dado que la mayoría de entrevistados afirmó abrigar temor por las afectaciones que pueda provocar la extracción en la conservación de este recurso natural, el asunto se vincula directamente con las posibilidades de desarrollo turístico del municipio, que convoca principalmente por sus ríos, y con las de la agricultura, cuyo funcionamiento depende de un adecuado suministro de agua. Un entrevistado exteriorizó esta angustia al afirmar que “cuando se acabe el petróleo y se vayan y se acaben los minerales y se vayan, nosotros, los ciudadanos colombianos que vivimos aquí, que trabajamos aquí, ¿qué vamos a hacer sin agua?” (Entrevista 2)55. En cuanto al segundo punto, los acelerados cambios que soporta el municipio plantean un importante desafío para la institucionalidad local en términos de competencias y de prestación de los servicios y satisfacción de las necesidades básicas de la creciente población, si se piensa en que el principal aliado en términos de recursos actualmente existente (Ecopetrol) ya no estará en el futuro para ser la fuente que supla las urgentes necesidades locales. Esto se ve profundizado por la presencia de población víctima del conflicto armado, factor que acarrea necesidades adicionales que el municipio tendrá que cubrir. Una discusión sobre este aspecto con los gobiernos departamental y nacional podría ayudar a trazar modalidades de coordinación destinadas a establecer las competencias de cada nivel en este sentido y a plantear estrategias de largo plazo más allá del petróleo. El incremento demográfico despierta también una preocupación expresada por algunos de líderes entrevistados: la falta 55

Entrevista a representante del sector del voluntariado.

158

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

de oportunidades para los jóvenes de ambos sexos (Entrevista 1). Esta preocupación se relaciona con las posibilidades de vincularse a la delincuencia que se presentan para esta población en caso de no ser adecuadamente atendida. De acuerdo con un entrevistado, los jóvenes “así no tienen unas posibilidades, un futuro, unas alternativas, y si no se las brindamos ellos se van a dedicar a otras cosas. La droga está a la orden del día y ahí ha aumentado mucho el consumo de estupefacientes. Eso es grave” (Entrevista 17)56. Ante las dificultades identificadas y expuestas en las líneas anteriores, algunos actores proponen “crear un proceso de desarrollo en el cual se incentiven los diferentes sectores para que el municipio genere una economía autosuficiente [y] provea sus propios recursos desde el punto de vista privado y público, porque un municipio que no tiene recursos propios es un municipio llamado a acabarse” (Entrevista 4). Lo anterior hace referencia principalmente a la diversificación económica, que sería el pilar para el futuro desarrollo de la localidad. La mayoría de los actores se mostraron dispuestos (aunque con algunos matices) a ver en Ecopetrol un aliado que permita ese desarrollo, que contribuya en términos de infraestructura y bases al turismo y la agricultura como pilares municipales. Sin embargo, como se ha sostenido a lo largo del documento, esta cooperación será posible solamente si se presentan procesos de cualificación de los diálogos intersectoriales, de despolarización y de creación de acuerdos que sean respetados por las tres partes involucradas (sociedad, Estado y empresa). Otro aspecto, identificado como estratégico por el entrevistado, sostiene la idea de “que trabajáramos todos, primero en hacer como unos talleres de sensibilización con todas las personas, con toda la población, para que logremos buscar unos obje56

Entrevista a representante del sector cultural.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

159

tivos en común” (Entrevista 17). Lo anterior refuerza esta idea e invita de manera específica a la sociedad civil del municipio a construir diálogos incluyentes que permitan identificar puntos en común sobre los cuales trabajar. Tales elementos se suman a las condiciones de precariedad que padece Acacías en relación frente a elementos básicos como educación, salud y pobreza, que no han podido ser superados hasta el momento. El despertar petrolero puede ser una oportunidad importante si cada sector asume el papel que le corresponde y se trabaja coordinadamente en pro del interés común.

4.2.4. Conclusión y recomendaciones Al partir de un análisis guiado por las tres variables del estudio (relaciones horizontales, relaciones verticales y visión), presentadas en el subcapítulo 2.4., y con el propósito de identificar factores que favorecen u obstaculizan una participación real de la sociedad civil en una posible alianza intersectorial, en el caso de Acacías se pueden resaltar aspectos importantes en cada una de las tres variables (Tabla 6). Acerca de las relaciones horizontales presentes en el municipio, sobresalen dos dinámicas, una ligada al tema minero-energético y la otra distante de los conflictos petroleros. La primera y predominante se constituye sobre todo alrededor de una división parcial entre las JAC, de influencia petrolera, y el resto del municipio. Al girar en torno a quién recibe el mayor impacto de la presencia de la industria petrolera en el territorio y quién entonces debería ser el principal beneficiario del auge actual, se ha presentado una fuerte polarización entre los dos grupos. La segunda expresión social, por su parte, alberga una amplia red de clubes apolíticos de voluntariado que, a pesar de algunos contactos puntuales con la industria petrolera, no se relacionan con el sector minero-energético o los conflictos anteriormente mencionados.

160

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Sin contar con importantes espacios de articulación o actores que los favorezcan, la paz parece ser recientemente el único tema transversal de la sociedad civil. Por tratarse de una preocupación compartida, el problema del medio ambiente alberga otro punto de encuentro, a pesar de no ser todavía un asunto que convoque actores diversos, dado que cada fracción de la sociedad civil esgrime la consigna central de su propia agenda. Respecto de las relaciones verticales, hay que destacar cierta limitación de la institucionalidad pública para mediar en los conflictos ya mencionados. Esa situación va de la mano de una percepción al interior de la sociedad civil de incapacidad en la institucionalidad para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y a las necesidades del municipio, tanto por falta de presupuesto como de competencia. Por eso el principal receptor de demandas ha sido el sector público del plano nacional. Finalmente, y acerca de las relaciones con el sector privado, el análisis mostró una postura pragmática de la sociedad civil frente a la presencia petrolera en el municipio. Si bien los efectos de la misma se observan con preocupación, al mismo tiempo Ecopetrol es percibido como el principal aliado de las estrategias de desarrollo, las cuales, sin embargo, buscan principalmente una diversificación de la economía local. El análisis de la Tabla 6 permite resaltar algunas recomendaciones para el municipio: • En primer lugar, desde hace algunos años el municipio de Acacías viene siendo un gran receptor de víctimas, factor que se suma a la migración como producto del auge petrolero y ocasiona cambios importantes en las características de su comunidad. El temor, la desconfianza y la falta de infraestructura para atender a estos cambios son algunos de los problemas que acarrea esa situación. En ese sentido, es importante desarrollar políticas locales y la Alcaldía

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

161

Tabla 6 Relaciones horizontales Intramunicipal

División parcial con fuerte polarización entre el área de influencia petrolera y el resto del municipio. Tema articulador: paz.

Supramunicipal

Clubes de voluntariado, que forman parte de estructuras nacionales e internacionales; ambientalistas. Relaciones verticales

Sector público (local)

Percepción de incapacidad para dar respuesta a las demandas por carencia técnica y financiera.

Sector público (nacional)

Tensión y confrontación: vías de hecho como mecanismo para entrar en diálogo.

Sector privado

Alianza y diálogo pragmático.

municipal ha identificado este desafío, pero también llama la atención sobre la necesidad de enlazarlo a políticas del nivel nacional, como la Ley de Víctimas, a fin de ayudar a municipios que, pese a no experimentar de forma directa el conflicto bélico, reciben algunas de sus consecuencias. • Otro problema de gran relevancia es la polarización existente entre la zona de influencia petrolera directa y la que no lo es. Tanto la institucionalidad local como la nacional, de la mano de las empresas y en discusión con la sociedad civil, deben llegar a un acuerdo sobre la reforma requerida, la manera como se lleva a cabo la inversión municipal y como se actúa frente al problema laboral. Las reformas de la legislación en este último aspecto, pese a que fueron realizadas con el objetivo de despolitizar, han despertado desconfianzas y prevenciones en las comunidades. Una discusión nacional abierta sobre este asunto podría contribuir a aclarar los elementos más sensibles y a desarmar desde sus comienzos discusiones que podrían tornarse más conflictivas.

162

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

• En la misma dirección, un aspecto central es la discusión sobre los alcances del impacto petrolero, que en la actualidad es objeto de un debate tanto nacional como local, provocado por la redistribución de las regalías impulsada por el SGR, en cuanto a qué partes de la comunidad reciben los beneficios ofrecidos por las empresas petroleras, sobre todo en materia del acceso a los empleos. Llegar a acuerdos sobre este aspecto es un desafío urgente, no solo en Acacías sino asimismo a escala nacional. • Un elemento adicional de la polarización plantea que es igualmente importante el fortalecimiento de las capacidades de diálogo de los actores sociales. La actual sociedad civil de Acacías demanda procesos de calificación como actor decisivo del desarrollo. Un ejemplo de la falta de comunicación existente son las Juntas de Acción Comunal, que se mantienen ajenas a los procesos globales del municipio, lo cual les dificulta comprender las demandas de los actores y articularse a expresiones de desarrollo integrales. • Un actor que podría desempeñar un rol positivo frente a lo anterior son los clubes sociales, pues ellos se basan en el trabajo de voluntariado y podrían aportar elementos de comprensión de los problemas locales y establecer un diálogo articulador, en especial entre las JAC y los sectores urbanos ambientalistas. • En cuanto al tema medioambiental, que también tiene una gran relevancia en el municipio, se identificaron dos necesidades principales. La primera es que los ambientalistas urbanos y las JAC deben conquistar un espacio de discusión que permita trascender las luchas en torno del tema laboral para llegar a la identificación de puntos de acuerdo sobre las amenazas al ambiente en Acacías, y a partir de ahí construir estrategias que permitan solucio-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

163

nar ese problema. En segundo lugar está pendiente un diálogo franco con la empresa petrolera para que se logre mayor claridad sobre los riesgos que acarrea esta actividad a causa de sus características intrínsecas. Ambas recomendaciones no pueden lograrse sin la cualificación de los diálogos entre los dos sectores, que además parta de un lenguaje comprensible para todas las partes. • Sobre la presencia de la industria petrolera, es importante que tanto la institucionalidad local como la sociedad civil inicien procesos que lleven a la disminución de la centralidad de esta industria y a la independencia frente a los recursos que provee (tanto en las finanzas municipales como en el comercio local y la órbita laboral). Este es uno de los principales desafíos del municipio, que solo será posible encarar si se adelanta una discusión en profundidad sobre el modelo de desarrollo que se pretende para Acacías, más allá de la industria petrolera. • En este sentido, igualmente, se recomienda que el gobierno central inicie una política de inclusión de los territorios en la planeación minero-energética del país, de forma conjunta con las grandes empresas que hacen presencia en el territorio nacional. Sin embargo, los actuales impactos del petróleo en Acacías y los temores que sus habitantes identifican hacia el futuro son de tal relevancia, que la comunidad local (tanto la sociedad civil como la Alcaldía) no debe centrar todas sus expectativas en la respuesta del gobierno nacional sino iniciar la construcción participativa de estrategias locales que permitan hacer frente al escenario que se avecina. • Finalmente, en este municipio es posible apreciar la estrecha relación que guarda el hecho de contar con unas fuertes funciones horizontales encaminadas a lograr unas funciones verticales más eficientes. En el caso de Acacías

164

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

ella se presenta de un modo negativo, ya que la división de agendas de las dos fracciones de la sociedad civil les quita peso a la hora de dialogar con el resto de actores y prioriza unas agendas sobre otras. • Se reitera que este es un momento crucial para el municipio en cuanto a la definición de su camino en todos sus niveles del desarrollo. Atender a tiempo los desafíos puede ser una forma clara de evitar mayores conflictos en el futuro.

4.3 La sociedad civil en Barrancabermeja Entre un pasado oscuro y un futuro prometedor El análisis de las tendencias de la sociedad civil de Barrancabermeja se basa principalmente en un amplio estudio de campo que incluyó 21 entrevistas y la asistencia a espacios de la sociedad civil tales como el Consejo Territorial de Planeación (CTP) y el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (Ettdh), realizados entre mayo y agosto de 2013. Tanto la identificación de actores claves para las entrevistas como la coordinación del trabajo de campo fueron desarrolladas de mano con aliados de larga experiencia en el municipio de Barrancabermeja, entre ellos el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm), el Ettdh y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). Dadas la ubicación, la historia y la importancia económica, Barrancabermeja se planea como ciudad región. Es imposible pensar en Barrancabermeja sin pensar en el Magdalena Medio y, a la vez, no se puede pensar en el Magdalena Medio sin tener en cuenta a Barrancabermeja. Esa lectura se expresa en planes de desarrollo regional, estudios de prospectiva e inclusive el debate público. La importancia de la relación ciudad-región se reflejó claramente, por ejemplo, en el foro “Por un gran pacto social

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

165

para el desarrollo humano en la región del Magdalena Medio”, realizado el 3 de mayo 2012 por la Revista Semana y Ecopetrol (Foro Semana, 2012: 14 y ss.). Sin embargo, el diseño del estudio de campo, al igual que el análisis, se limita al municipio de Barrancabermeja. Si bien es cierto que las diversas visiones de desarrollo y la prospectiva de la ciudad no se pueden aislar de la región, la selección de entrevistas se concentró principalmente en actores claves de esta ciudad. El informe que vamos a rendir se divide en cuatro subcapítulos. Hecho un breve contexto histórico, son presentados de forma gráfica, mediante los mapeos de actores, las principales relaciones y los espacios de interacción del municipio. Antes de reseñar las variables claves de los casos de Barrancabermeja para el estudio comparativo y plantear algunas recomendaciones en el subcapítulo 4, el tercer subcapítulo alberga el análisis de las tendencias de la sociedad civil y considera a profundidad la situación de la sociedad civil de Barrancabermeja, la relación de sus principales actores con la institucionalidad pública y el sector empresarial y sus visiones de desarrollo.

4.3.1. Contexto histórico de Barrancabermeja Desde su fundación en el año 1922, el municipio de Barrancabermeja, hoy con una población de 192.000 habitantes (CER, 2013: 10),57 se ha caracterizado por su importancia económica y geoestratégica y por una larga tradición de movilización social. Lo primero se asienta tanto en la industria de hidrocarburos como en la ubicación privilegiada en el corazón del país, que convierte a la ciudad en un punto nodal de la comunicación del centro con la costa Caribe y del occidente con el oriente. Ambos 57

Según el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio (CER), el 90,3% de la población habita la zona urbana y 9,7% la zona rural del municipio (CER, 2013: 10).

166

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

factores hacen que Barrancabermeja haya sido y sea un centro de megaproyectos, como lo son la actual modernización de la refinería más grande de Colombia, la Vía Yuma y la plataforma multimodal58, y asimismo el hecho de que el municipio se haya convertido en un atractivo receptor de olas de migración en búsqueda de ofertas laborales y de una vida mejor. Adicionalmente, un alto número de refugiados desplazados por la violencia bipartidista de los años 50, la violencia de la costa Atlántica en los años 70 y, sobre todo, el paramilitarismo en los 80 y 90,59 acudió en masa a la ciudad. Todas estas corrientes de migración llevaron a un crecimiento incontrolable, marcado por procesos de invasión en áreas no aptas para la vivienda. Lo anterior, sumado a la incapacidad del Estado para atender esta situación, hizo que Barrancabermeja se caracterizara a lo largo de toda su historia por una segregación socio-espacial profunda que imprimió en muchos habitantes la sensación de vivir en la pobreza en medio de una ciudad rica (García, 2006: 262 y ss.). En dicha sensación se funda la segunda característica del municipio: su larga tradición de luchas sociales. Desde un principio sus habitantes se movilizaron en procura de condiciones de vida más dignas. Particularmente, a raíz del arribo de Ecopetrol a la ciudad en 1951, las solicitudes de educación, infraestructura, alimentación y proyectos culturales fueron incluidas en las negociaciones laborales de los asalariados (Ardila et al., 2009: 10 y ss.). Esta experiencia creó la firme convicción de que “para lograr cosas [en Barrancabermeja] toca salir a la calle a pelear” (Entrevista 7)60. A lo largo de la historia, la movilización social ha contado con una amplia participación de todos los sectores de la ciudad, que han mostrado habilidad para pronunciarse de manera colectiva tras objetivos comunes, tales como la mejora de la 58 59 60

Puerto fluvial. Solo entre los años 1990 y 1996 llegaron a Barrancabermeja más que 15.000 desplazados (García, 2006: 256). Entrevista a ex sindicalista.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

167

prestación de servicios públicos básicos. En este contexto debe resaltarse su larga experiencia en la creación de juntas coordinadoras y comités populares que, principalmente a partir de los años 70, lograron aglutinar a diversas organizaciones e incluso a sectores de la población. Algunos de los múltiples ejemplos son el Comité Privado de Desarrollo (1972), el Comité Cívico Popular (1975) y la Coordinadora Popular (1982). Como los dos anteriores, la última buscaba inicialmente el mejoramiento de las condiciones de vida, pero en los años posteriores centró su agenda en la defensa de los derechos humanos y marcó una tendencia de las movilizaciones sociales en general. Mientras en un comienzo las agendas comunes se ocupaban sobre todo del mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a partir de los años 80, cuando la sociedad civil se ve confrontada con el auge de los asesinatos, las desapariciones y las amenazas contra líderes sociales, la movilización empieza a concentrarse en la defensa de la vida. Para entonces, el paramilitarismo llega a la región del Magdalena Medio y sucesivamente invade de manera sistemática los municipios a su alrededor. A partir del final de la década, el “sociocidio” (García, 2006: 304) empieza a afectar a Barrancabermeja, cuyos movimientos populares sufren un tratamiento de choque61 que desemboca en la masacre del 16 de mayo de 1998 y la toma de la ciudad por los militares en 2000 (Madariaga, 2006: 66 y ss.). Ante tales experiencias, el número de acciones colectivas –que insistieron en la defensa de los derechos humanos- sobrepasó al primer grupo de motivos en más del doble (García, 2006: 266 y ss.). Pese al elevado número de víctimas, el terror paramilitar no logró romper el tejido social sino que condujo más bien a la creación de nuevas redes de solidaridad (Sarmiento, 2012: 119) y nuevas iniciativas de paz y espacios de diálogo y acción colectiva. 61

Las principales víctimas fueron sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas (Madariaga, 2006: 65 y ss.).

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

168

Ejemplos de ello son, entre otros, el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio; este último se convirtió en el modelo de múltiples programas semejantes aparecidos en otras regiones del país. En la actualidad, y a pesar de la desmovilización de las AUC, Barrancabermeja sigue presenciando un contexto de violencia. En los primeros meses del año 2013 el Observatorio de Paz Integral registró un aumento de los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas y las amenazas individuales y colectivas contra la sociedad civil. Las principales víctimas de tales acciones son defensores de derechos humanos y jóvenes con problemas ligados al consumo de drogas. Las amenazas denunciadas en 2013, en particular, aumentaron de forma significativa en comparación con el año inmediatamente anterior,62 lo cual crea un ambiente de miedo en las comunas de la ciudad. De acuerdo con el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI), los detonantes pueden localizarse sobre todo en disputas territoriales suscitadas entre diferentes bandas criminales63 y con ocasión de la coyuntura actual del proceso nacional de paz y de las justas electorales que culminaron a mediados de 2014 (OPI, 2013a; OPI, 2013c).

4.3.2. Mapeo de actores A primera vista, el mapeo de actores de Barrancabermeja muestra claramente una tendencia de agrupación alrededor de agendas comunes. Eso ocurre en el caso del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (Ettdh), la Integración 62 63

Entre el 1º de enero 2013 y el 18 de abril de 2013 aparecen registradas 56 amenazas selectivas. En el mismo periodo del año anterior sumaron solo 6 (OPI, 2013a). Para el OPI, muchas organizaciones y la misma población de Barrancabermeja, solo se ha cambiado el nombre, pero no las estructuras. Al referirse al mismo modus operanti, las bacrim representan todavía estructuras paramilitares (OPI, 2013b; OPI, 2013c).

Mapeo 4

170

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Regional por la Paz (Interpaz) y el Gran Acuerdo Social Barrancabermeja Ciudad-Región 100 años (Gasb), los cuales representan los espacios más importantes en la actualidad. Aunque los últimos dos muestran además un carácter intersectorial, sobre todo el Gasb cuenta con participación tanto de actores sociales, en la figura de la Diócesis (A15) y Cdpmm/Pdpmm (A7), como de la institucionalidad pública y las empresas privadas, el mapeo muestra una relativa segregación sectorial. Si bien es verdad que tanto la Diócesis, a través de su Pastoral de los Trabajadores (A22), como el Pdpmm (A7) funcionan como una especie de intermediadores y los sindicatos, por su naturaleza, mantienen relaciones cercanas con sus respectivos sectores empresariales, como lo muestra el caso de la USO (A26) con Ecopetrol (C2), vale la pena resaltar la falta de relaciones entre la mayor parte de los actores sociales y los demás sectores en general, y con el Gasb en especial. La USO se caracteriza por mantener una relación ambivalente con el Gasb, dada la vaguedad respecto de su estatus en ese espacio. Únicamente la Alcaldía (B1) parece tener relaciones –de carácter principalmente negativo– con organizaciones sociales, como ocurre con el Ettdh y el conjunto de las AsoJuntas (A5). El Mapeo 5 revela esta relativa segregación de manera clara. Aparte de esas características, llama la atención la mala relación entre la Policía y el Ettdh. Igualmente parece interesante la posición aislada de Fundesmag (A16) en el mapeo de actores.

4.3.3. Tendencias de la sociedad civil de Barrancabermeja El examen de las tendencias de la sociedad civil de Barrancabermeja se subdivide en dos momentos. En el primero el enfoque está puesto sobre las principales relaciones mantenidas por la sociedad civil, tanto horizontales como verticales. En un primer paso, luego de presentar a la sociedad civil en términos generales y analizar sus principales espacios y temas transver-

Mapeo 5

172

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

sales, el informe hace, en el segundo subcapítulo, énfasis en la tensa situación de seguridad y conflictos ocasionada entre ésta y la institucionalidad pública. En el tercer subcapítulo el análisis se centra en el Gran Acuerdo Social por Barrancabermeja, que apunta a lograr un amplio diálogo social e intersectorial y constituye la principal iniciativa en la actualidad. Ese punto muestra que, si bien muchos actores perciben el Gasb como una gran oportunidad para la ciudad, la iniciativa, de la manera como ha funcionado hasta el momento, presenta algunos puntos débiles que requieren revisión. En el siguiente y último momento se discuten finalmente las principales preocupaciones y visiones de los diversos sectores. 4.3.3.1. Las relaciones de la sociedad civil Relaciones entre la sociedad civil y su repertorio de acción En la actualidad, Barrancabermeja cuenta con una sociedad civil muy amplia y activa. El tema de los derechos humanos funciona como eje transversal, alrededor del cual se agrupan múltiples organizaciones de diversa índole. En ese sentido, escenarios como el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (Entrevista 1)64, que cuenta con una amplia participación de sindicatos, la Iglesia y organizaciones de víctimas, mujeres y campesinos, expresan una profunda solidaridad entre actores que fueron y continúan siendo afectados por la violencia de grupos armados (Entrevista 2)65. Dicho espacio mantiene buenas relaciones con otros actores sociales de la ciudad como, por ejemplo, algunas Juntas de Acción Comunal (JAC), y representa a una institución reconocida por las denuncias de violaciones de derechos humanos. Asimismo, muchas de las organizaciones integrantes de carácter inicialmente local y regional ya han ga64 65

Entrevista a representante del Ettdh. Entrevista a representante de una organización de víctimas.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

173

nado influencia nacional e incluso internacional en el terreno de los derechos humanos y sus propias agendas. Muestras de ello son los casos de la Organización Femenina Popular (OFP) y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc). En este sentido, el día municipal de las víctimas (16 de mayo de cada año) es presentado por organizaciones de víctimas como un ejemplo positivo de incidencia política de la sociedad civil de Barrancabermeja (Entrevista 2). Al oficializar ese día, Barrancabermeja reconoció, como primer municipio del nivel nacional, la importancia de la construcción de memoria colectiva alrededor de la violencia sufrida, con el ánimo de que ella no vuelva a presentarse. Otro tema transversal, aunque de menor dimensión, es el actual proceso de paz. Por iniciativa de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la Secretaría de Gobierno municipal, se formó el grupo intersectorial Interpaz, el cual convoca foros y eventos. El objetivo es animar una discusión regional sobre ese flagelo de la comunidad para que ella “entienda de una vez por todas que el tema de la paz no es de un grupo cerrado, ni de la gente de izquierda ni de los trabajadores de derechos humanos, sino un tema muy importante para toda la sociedad” (Entrevista 3)66. El interés respecto al asunto parece ser grande, lo cual se expresa en una amplia participación en eventos como En Barrancabermeja y la Región hablemos de Paz, efectuado el 8 de agosto 2013. En este sentido, al actual proceso de paz y a la fase de un posible posconflicto se les concede tanto la necesidad como el potencial de articular los diferentes actores del municipio, para los cuales la paz es un asunto esencial (Entrevista 4)67. No obstante, y a diferencia de décadas anteriores, sobre todo en los años 70 y 80, se pueden notar ciertas dificultades de arti66 67

Entrevista a representante de Interpaz. Entrevista a representante de la Diócesis de Barrancabermeja.

174

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

culación de la sociedad civil. Pese a la cultura de solidaridad frente al tema de derechos humanos y la participación amplia en espacios como el Ettdh,68 parecen existir obstáculos que impiden la construcción de una agenda común alrededor de problemas que vayan más allá de la denuncia de violaciones de derechos humanos. Aunque es cierto que hay ejemplos de coordinación popular respecto de temas coyunturales y puntuales, algunos actores critican la falta de continuidad e integración de fondo en el actual momento histórico, cuando la instalación de megaproyectos podría significar un desafío pero también un futuro dorado para la ciudad (Entrevista 4 y 5)69. “[Esa] sociedad civil se mira, se reconoce pero no se junta para actuar en una dimensión cualificada que le podría dar mayor dinámica en la interlocución con la gran empresa, en la interlocución con el Estado, en la interlocución con la comunidad internacional” (Entrevista 6)70. El criterio de muchos actores de Barrancabermeja sostiene que persiste la desconfianza y cierto grado de prevención como herencia del capítulo violento del paramilitarismo (Entrevista 6), el cual, pese a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para los entrevistados no está totalmente cerrado. Con vista hacia el futuro, esta situación lleva a muchos actores a expresar su temor por un agravamiento de la situación. Por un lado, perciben críticamente que viejas estructuras paramilitares siguen funcionando, aunque bajo el nuevo nombre de Bandas Criminales Emergentes (bacrim) (Entrevista 10)71. Por otro, señalan que en la historia de Barrancabermeja los megaproyectos estuvieron generalmente acompañados por olas de violencia que tenían el objetivo de asegurar su implantación, 68 69 70 71

El Foro Social de Barrancabermeja, que sobre todo bajo el liderazgo del padre Eliécer Soto servía como espacio de coordinación, no está funcionando en este momento. Entrevista a representante de la Cámara de Comercio. Entrevista a representante de una organización social. Entrevista a representantes de una organización social.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

175

incluso contra la oposición de sectores sociales afectados (Entrevistas 1 y 11)72. Actualmente, como se ha señalado, muchos líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos están amenazados y han tenido que salir de la ciudad. Este hecho muestra que la presente situación de seguridad sigue siendo complicada para la sociedad civil. Recientemente, esas amenazas son dirigidas también a presidentes de las Asojuntas. Ante este paisaje complicado, no pocas organizaciones buscan respaldo nacional y sobre todo internacional. Aparte de apoyo financiero, alianzas con organizaciones internacionales como las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) o Diakonía brindan una mayor visibilidad y, a través de ella, una mayor figuración en las agendas públicas y cierta protección (Entrevistas 9 y 10). Así mismo, hace falta una organización o un personaje que adopte el papel de líder y logre la conjugación de los diversos intereses (Entrevistas 4 y 7), hecho que parece igualmente dificultar la articulación y agregación de intereses a una agenda común. La USO, que en muchos momentos de la historia ha cumplido con ese papel, en la actualidad no parece poder asumir tal función debido a conflictos internos. El sindicato parece haber perdido en cierta medida su cercanía a la comunidad barranqueña como consecuencia de la persistencia de olas de violencia paramilitar, tal como la misma organización lo reconoce. En este difícil contexto, al haber tenido que reaccionar ante el incremento de las amenazas y los asesinados de sus líderes, el sindicato se vio obligado a retirarse en cierta medida de los barrios y romper relaciones tradicionalmente cercanas con la población (Entrevista 8)73. Por otra parte, algunos actores expresan que la Iglesia, que anteriormente había tomado el liderazgo, en los últimos años también se ha alejado de la 72 73

Entrevista a sindicalista. Entrevista a miembro de la USO.

176

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

comunidad, a causa de cambios internos de personal74 (Entrevista 9)75. Pese a todo lo anterior, en la actualidad la Asociación de Juntas Unidas de Barrancabermeja (Asouniba) y una propuesta presentada por una amplia red de organizaciones de mujeres, representan dos excepciones de esa tendencia general. La primera es un proyecto que, por primera vez en la historia, busca unir las diez AsoJuntas de Barrancabermeja, con el objetivo de imprimirles un mayor grado de incidencia en la agenda pública. La segunda iniciativa apunta a la creación de un pilar de género en el Gasb, que será explicado con mayor detalle en el punto 4.1.3. de esta publicación. De todos modos, ambas iniciativas deben ser caracterizadas como puntuales y de limitado alcance. Relaciones con la institucionalidad pública Frente al preocupante problema de seguridad atrás repasado, gran parte de la sociedad civil resalta la ausencia de ayuda proveniente de la institucionalidad pública. Aunque son públicamente denunciados, distintos actos de violación de derechos humanos parecen, desde el punto de vista de muchos actores, no llevar a reacciones de respaldo ni a proyectos concretos destinados a mejorar la situación (Entrevista 3 y 12)76. Este contexto provoca una relación relativamente tensa entre el Ettdh y las AsoJuntas, por un lado, y la Policía y la administración pública, por el otro. Al sentirse no escuchadas o simplemente ignoradas, muchas organizaciones subrayan un problema de incomunicación entre la sociedad civil y los funcionarios públicos. 74

75 76

Un entrevistado recuerda, por ejemplo, que el anterior Monseñor Jaime Pietro Amaya “se la ha jugado con nosotros hombro a hombro” (Entrevista 9) y añade su sensación de que su sucesor, Monseñor Camilo Castrellón Pizano, maneja otro concepto del papel de la Iglesia, concentrado más en la parte espiritual y menos en la social. Entrevista a sindicalista. Entrevista a representante de las JAC.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

177

Representantes del Ettdh señalan incluso que sus denuncias, en algunas ocasiones, fueron respondidas por la administración pública con el argumento de que el complicado problema de los derechos humanos representaría un freno al desarrollo. “Aquí lo que les importa es la inversión, así lo ha dicho muchas veces el alcalde [...] ‘No se pongan a decir que aquí hay violación de los derechos humanos, porque se va la inversión’” (Entrevista 1). Otros comparten esa impresión al relatar que

“La Alcaldía del señor Elkin Bueno […] se ha dedicado a señalarnos a nosotros públicamente cuando hemos hecho las reuniones del Consejo de Paz. Nos ha señalado que por culpa de lo que nosotros decimos, que por culpa de lo que nosotros denunciamos sobre la situación de Barranca (desaparecidos, asesinatos, desplazamientos, en fin, todos los robos, todo lo que pasa aquí en Barranca), que por culpa de eso somos los responsables de que la inversión se esté alejando de Barranca” (Entrevista 9).

Espacios originalmente diseñados para el diagnóstico y la elaboración de respuestas conjuntas, como el Consejo Municipal de Paz, que en la historia posibilitó una discusión intersectorial de temas relevantes, incluido principalmente el tema de los derechos humanos, en la actualidad no funcionan de manera satisfactoria. Sobre todo por falta de continuidad en la convocatoria de dicho espacio (situación en la cual muchos actores de la sociedad civil ven reflejada la falta de voluntad por parte de la institucionalidad pública), el Consejo Municipal de Paz no ha “logrado pasar [del] punto de diagnóstico al punto del qué hacer” (Entrevista 1). Eso quiere decir que el espacio falla en el momento de elaborar propuestas concretas y que en las pocas ocasiones en que se reunió en los últimos años se quedó estancado en una discusión sobre la interpretación del contexto actual

178

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

que vive la ciudad. Igualmente no existen estrategias por parte de los sectores sociales para la creación de planes concretos de acción, lo cual muestra una vez más la actual desarticulación, que es presentada autocríticamente por algunos actores sociales como otra razón de la falla de esos espacios (Entrevista 1). Queda por ver si el nuevo secretario de gobierno, que evoca la defensa de derechos humanos como uno de sus principios, cambiará en algo esa circunstancia.77 Más allá del problema de derechos humanos, muchos entrevistados de la sociedad civil perciben de forma crítica la atención a los ciudadanos y la representación de la comunidad por parte de la institucionalidad pública. Mientras que representantes de las JAC hacen énfasis en acuerdos incumplidos (Entrevista 12), otros resaltan casos de corrupción y despilfarro del presupuesto público (Entrevista 15)78. Por ese motivo las posibilidades reales de incidencia en la construcción de políticas públicas de la ciudad se perciben como limitadas. No obstante, en este panorama importa resaltar la línea de acción adoptada por el actual CTP, la cual busca en primer lugar una despolitización de tan importante espacio de la sociedad civil. Un representante del CTP explica el asunto así: “[…] el Consejo no es un espacio para generar contradicciones políticas, sino que es un espacio donde nos podamos es llenar de razones y poder ser propositivos; aconsejar de manera propositiva al alcalde es lo que está pasando. En ese sentido yo creo que hemos logrado cosas interesantes” (Entrevista 15). Se trata, de acuerdo con el entrevistado, de interpretar su papel, ya no como contrapeso de la Alcaldía sino más bien como consejero proactivo cuya misión consiste en “coger el pulso de la ciudad y decirle a él [al alcalde]: Mire, estos temas se le están poniendo 77 78

Después de haber terminado este estudio de caso, el Secretario de Gobierno, F. Acuña, renunció a su cargo el 11 de marzo de 2014. Entrevista a miembro del CTP.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

179

críticos” (Entrevista 15), a fin de asegurar un mayor grado de implementación del plan de desarrollo. Según uno de sus representantes, esa nueva línea había llevado hasta ese momento a un mejoramiento de la relación tradicionalmente complicada entre la Alcaldía y el CTP, organismo que en varias ocasiones ha sido consultado incluso por el alcalde actual, por su propia iniciativa. Relaciones con el sector privado y el Gran Acuerdo Social por Barrancabermeja A lo largo de toda la historia del municipio, los actores del sector privado presentes en el territorio, y primordialmente Ecopetrol, han asumido tanto el papel de uno de los principales receptores de demandas de la sociedad civil, como el del principal aliado de la institucionalidad pública. Por tal razón, en Barrancabermeja, el enfoque intersectorial cuenta con cierta trayectoria arraigada desde los años 80, como ya fue señalado en el contexto histórico.79 En cierto modo, la ciudad presenta un caso emblemático en línea con una discusión de escala internacional que tomó fuerza sobre todo a partir de la cumbre de Río de Janeiro, que en 1992 impulsó la Agenda 21 y exhortó al establecimiento de enfoques de desarrollo intersectoriales. Muchos expertos y organizaciones nacionales e internacionales concedieron, en ciertos momentos, una especial importancia a dicho enfoque, al ubicarlo como principal herramienta para asegurar políticas públicas pertinentes y desarrollo sostenible. Algunas de las iniciativas de este tipo de planteamientos, como el Pdpmm, encaminaron sus esfuerzos iniciales sobre todo hacia la variable de comunicación. El mismo diálogo intersectorial debía ser la clave para superar el ambiente de confrontación, por estar orientado hacia una cultura constructiva de diálogo, la 79

Otros intentos de abrir espacios de participación intersectoriales los hizo el Comité Privado de Desarrollo (1972), el Frente Común por la Vida, la Paz y la Democracia (1988) y el Consejo de Desarrollo Socio-Económico (Codes), en 1993.

180

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

cual, como se planteó anteriormente, es uno de los requisitos para una concertación exitosa de los diferentes pareceres (2.3.4.). No pocos actores entrevistados reconocen el éxito del Pdpmm respecto de este objetivo. Al parecer, hoy es posible hablar libremente sobre asuntos “complicados”, incluso con actores anteriormente percibidos con cierta precaución, bajo el concepto de amigo-enemigo (Entrevistas 7 y 13)80. “Yo pienso que, cada vez más, hay un ambiente y un escenario propicio para que sectores políticos, sectores de gremios, sectores de universidad, de academia, etc., se incorporen o puedan llegar a un escenario, puedan llegar a encontrarse y hablar juntos de cosas [...] Hoy día creo posible, y fue posible incluso, hacer diálogo alrededor del tema de desaparición forzada y de falsos positivos” (Entrevista 13). Sin embargo, algunos diagnósticos también observaron implícitamente, en distintos momentos de los últimos decenios, que los numerosos intentos de creación de espacios intersectoriales resultaron insuficientes para cambiar el problema de base. Todos recomendaron prioritariamente un fortalecimiento de la “construcción colectiva de lo público” (de Roux, 1996: 110)81 y de “espacios de interlocución [e] instrumentos de participación directa” (Ardila et al., 2009: 22). Más de veinte años después de la cumbre de Río de Janeiro, el enfoque intersectorial sigue siendo uno de los conceptos principales en la ciudad. Todos los actores entrevistados para este estudio parecen no solamente compartir esta percepción sino que expresan, además, su voluntad e interés en una apertura de 80 81

Entrevista a representante del Pdpmm. Mientras el diagnóstico inicial del Pdpmm resaltó la existencia en la región de una concepción patrimonial del Estado por parte de los funcionarios políticos en materia de administración pública, que consideraba que el Estado se manejaba como una propiedad de quien ha ganado legalmente el poder y que eso alimentaba una tradición de clientelismo y corrupción (de Roux, 1996: 88 y ss.), un informe más reciente subraya que “existe un interés generalizado en los diferentes sectores de la ciudad […] por la interlocución pluralista. Se hace necesaria la construcción o el fortalecimiento de una escenario propio para hacerla” (Ardila, 2009: 18).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

181

escenarios de diálogo entre la institucionalidad pública, la sociedad civil y el sector privado presente en la ciudad. “Barrancabermeja necesitaba [escenarios] en donde se interlocutaran esos intereses económicos con los intereses sociales y comunitarios, donde se articularan también los intereses políticos y donde la institucionalidad también pusiera su cuota ahí, en la armonización de eso” (Entrevista 14). Al respecto, Juan de Dios Castilla, anterior Secretario de Gobierno de Barrancabermeja, resaltó en el Foro Semana, reunido en 2012, la importancia de “construir liderazgo colectivo, recogiendo todas las experiencias y los diversos planteamientos en torno al desarrollo” (Foro Semana, 2012: 18). En esa línea de argumentación, el Gran Acuerdo Social de Barrancabermeja, como ejemplo de espacio de diálogo intersectorial sobre problemas de desarrollo y paz, se ha convertido últimamente en el centro de la atención pública nacional. Con participación, tanto de la institucionalidad pública (Alcaldía, Concejo Municipal y Gobernación de Santander) como de actores sociales (Diócesis y Pdpmm) y del sector empresarial (Cámara de Comercio y Ecopetrol), el Gasb es presentado como un espacio amplio e incluyente, fundamentado “en los principios de compromiso, inclusión, transparencia y responsabilidad” (Gran Acuerdo Social 2010). La institucionalidad pública lo estima como experiencia exitosa que puede mostrar un “aporte fundamental a otros regiones del país” (Foro Semana, 2012: 18). Se construye a partir de seis pilares fundamentales82 y cuenta con el respaldo del gobierno nacional. Este panegírico, sin embargo, no puede disimular algunos puntos de crítica al proyecto en el momento de hacer un análisis más detallado, los cuales se centran primordialmente en dos 82

Fortalecimiento institucional, infraestructura para la sostenibilidad, fortalecimiento económico, familia como eje del desarrollo, cultura ciudadana, desarrollo del talento humano.

182

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

de los cuatro principios mencionados –la inclusión y la transparencia-. A partir de su firma a fines del año 2010, el Gasb enfrentaba obstáculos internos que se expresaron en la vaguedad del estatus de la USO en el espacio y la retirada temporal de la Cámara de Comercio en noviembre de 2011. Mientras que la USO ha ingresado y salido varias veces del Gasb y actualmente ostenta el vago estatus de observador, el retiro de la Cámara de Comercio se basó en la crítica a la “agenda secuestrada, [que no tiene] en cuenta las necesidades de la ciudad y el sentir de los barranqueños” (Cámara de Comercio, 2011; Flórez, 2011). En reacción a tal cuestionamiento, en el año 2012 los mecanismos de participación fueron ampliados mediante talleres con participación abierta de la sociedad civil, razón por la cual la Cámara de Comercio retornó al Gasb. En la actualidad, la discusión alrededor del supuesto incumplimiento de los dos principios mencionados sigue en marcha, tanto interna como externamente. Internamente, varios de los integrantes cuestionan si el actual carácter del acuerdo es verdaderamente el carácter de un acuerdo social o más bien de instituciones que sobre todo buscan imponer su propia agenda (Entrevistas 4, 5 y 8). En este sentido, y aunque voces críticas internas reconocen que es normal que cada actor actúe principalmente en pro de sus propios intereses, el reto debe ser “conjugar la diversidad de intereses, crear una mentalidad de interés común” (Entrevista 4), una tarea que, al parecer, no ha sido posible cumplir hasta el momento, ya que muchos actores, en procura de liderazgo, tratan de imponerse sobre otros. Algunos miembros del acuerdo, sobre todo de la sociedad civil, reconocen además la necesidad de abrir el Gasb hacia toda la comunidad y perciben los mecanismos actuales como insuficientes. No obstante, la forma de lograr este objetivo sigue siendo punto de discusión. Ante la supuesta dificultad actual de las diversas organizaciones sociales en cuanto a la coordinación de intereses, algunos resaltan, por ejemplo, el peligro de que el

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

183

proyecto se disperse frente a un descoordinado número de demandas y expectativas (Entrevista 4). Un modelo de representación más eficiente, a través de una organización con capacidad y voluntad de garantizar, tanto la socialización como la consulta amplia de acuerdos, podría ser una propuesta viable para tratar ese asunto. Externamente, muchas organizaciones de la sociedad civil critican al Gasb por su carácter de pacto elitista alrededor de una agenda impuesta por un actor dominante: Ecopetrol. Varias críticas hechas en esa línea argumentativa, y de acuerdo con las mencionadas discusiones internas del Gasb, expresan, sobre todo, una percibida falta de inclusión, hecho que no se ha mejorado con la creación de los talleres ya mencionados (Entrevista 1). En este punto, muchas organizaciones ven el acuerdo como una herramienta más destinada a asegurar el terreno para la implementación de megaproyectos y de las inversiones que ellos implican, sin intención de enfrentar realmente los problemas de base. Para ellos, principalmente, el retraso en incluir un pilar de derechos humanos es una expresión de esa situación. Otros, en su mayoría organizaciones comunitarias, resaltan la falta de transparencia y critican que no saben mucho sobre los acontecimientos que ocurren en el seno del acuerdo (Entrevista 12). Más allá de tales críticas, que parecen ser compartidas en su totalidad por las organizaciones sociales externas, pueden identificarse dos grupos con percepciones diferentes. Uno de ellos descalifica el espacio en su totalidad y lo estima como “una frustración más y [...] una burla para las comunidades y las organizaciones” (Entrevista 14)83. “Hoy se apropian los grupos económicos y la institucionalidad de ese escenario para validar unas acciones demagógicas, para intentar desde allí refrendar una especie de concertación [...] sobre el desarrollo, cosa que no 83

Entrevista a líder social.

184

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

viene sucediendo” (Entrevista 14). Otros perciben el Gasb como “un maquillaje muy bien inventado por Ecopetrol para […] lavarles la cara a las empresas. Es presentar la ciudad ante los inversionistas como una ciudad de paz” (Entrevista 9). El segundo grupo de actores llega en cambio a una conclusión más optimista. A pesar de las críticas mencionadas, la manera como el acuerdo se amplía y abre procesos, que ya parecen ser puestos en marcha, confirma que el Gasb puede tener, según su punto de vista, el potencial de funcionar como uno de los espacios de interlocución y participación intersectoriales recomendados por los diversos diagnósticos citados e incluso lograr pasar la fase de diagnóstico y facilitar propuestas reales y pertinentes. Como expresión típica de la opinión de ese grupo, un actor entrevistado resaltó que el Gasb “marca un horizonte a donde tenemos que llegar. Pero que eso vaya a ser una realidad, ahí está el reto” (Entrevista 15). Tales sectores de la sociedad civil entienden el potencial del acuerdo y están desarrollando iniciativas para posicionar sus temas en la agenda del grupo. Un ejemplo de esto es una iniciativa reciente, presentada por la Organización Femenina Popular (OFP) y con respaldo de una gran cantidad de organizaciones sociales, que busca crear un pilar adicional de género. En el momento de nuestra indagación el Comité Técnico del Gasb estaba decidiendo sobre dicha propuesta. 4.3.3.2. Visiones acerca del desarrollo y principales preocupaciones Con vistas hacia el futuro de Barrancabermeja, todos los actores entrevistados coinciden en la convicción de que a la ciudad le espera un futuro dorado y prometedor. Todos son conscientes, tanto de las ventajas –resultado de la ubicación geográfica y la importancia del sector petrolero de la ciudad- como de la serie de megaproyectos que aparecen en el horizonte (Entrevistas 4 y 9).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

185

No obstante, es importante llamar la atención sobre las dudas y preocupaciones directamente relacionadas con la forma de implementación que tales megaproyectos causan en muchos actores de la sociedad civil. Por un lado, estos dudan de que los megaproyectos de verdad beneficiarán a toda la comunidad. Representantes del Ettdh resaltan, por ejemplo, que se “siente que aquí el interés es el tema económico, o sea, no el tema económico para los pobladores sino el tema económico para los empresarios” (Entrevista 1). Por otro lado, hay voces que se remiten a olas de violencia que anteriormente estuvieron dirigidas contra líderes de la misma sociedad civil que demandaban una redistribución más justa de tales beneficios (Entrevistas 1 y 11). Otros resaltan además efectos secundarios y ya palpables que esa prospectiva prometedora está causando y que la comunidad debe asumir en su totalidad. Ejemplo de eso es la burbuja inmobiliaria fundada, al menos hasta el momento, en una falsa expectativa de bonanza, que se avecinaría gracias a los posibles megaproyectos y elevaría de manera crítica el costo de vida de la ciudad para muchos sectores populares (Entrevistas 1 y 6). Respecto al desarrollo se percibe una visión muy clara, principalmente promovida por parte de la Cámara de Comercio. Para que la economía pierda su carácter de economía de enclave y para que las ventajas comparativas del municipio se vuelvan ventajas competitivas, voceros de la Cámara de Comercio resaltan la importancia de una diversificación económica. La propuesta concreta se construye principalmente alrededor de cinco ejes estratégicos que incluyen 1) la logística, 2) el turismo, 3) el fortalecimiento de las empresas de bienes y servicios a través del clúster y el encadenamiento, 4) la industrialización de la petroquímica y 5) el sector agroindustrial, con especial acento en la palma africana, el caucho y el cacao (Entrevista 5). Adicionalmente, “de una u otra forma, [aconseja] la Cámara de Comercio, avanzar en este propósito requiere preparar el talento humano no petrolero mediante esquemas novedosos de

186

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

educación; generar competitividad, como impulso a las iniciativas de los nuevos clústers económicos; acceso a nuevas fuentes de financiación a fin de fortalecer Mipymes84; buscar la sostenibilidad del medio ambiente; promover el desarrollo con perspectiva alimenticia y que conduzca a un encadenamiento distributivo de la riqueza” (Foro Semana, 2012: 17). Aunque la preocupación por el carácter de enclave de la economía barranqueña es resaltada como de alta prioridad por la sociedad civil (Gráfica 4) y otros actores importantes, como la Corporación Nación, el Pdpmm y la USO, comparten la visión de diversificación económica basada en el punto fuerte de Barrancabermeja –el sector petrolero (Entrevista 6 y 8)-, la gran mayoría de los actores entrevistados no tiene una visión tan clara frente al factor económico. No obstante, todos hacen una lectura clara de los problemas actuales de Barrancabermeja85 y subrayan ciertas prioridades sobre el largo camino hacia un desarrollo sostenible86 que, desde su punto de vista, deberían ser contestadas. En línea con la intervención de la Cámara de Comercio citada atrás, tanto la búsqueda de sostenibilidad del medio ambiente (Entrevista 11 y 12) como el problema alimentario y la necesidad de mecanismos más eficientes de distribución de beneficios (Entrevista 11) son percibidos como determinantes. En ese sentido, muchos actores, sobre todo integrantes del Ettdh y representantes de las JAC, hacen referencia a una “paz integral” caracterizada por el respeto de los derechos humanos y una justicia económica y social. Tal justicia debe incluir el derecho a una vida digna, derechos laborales con salarios dignos basados 84 85

86

Portal empresarial colombiano. Los actuales problemas son principalmente el costo de vida, el pésimo sistema de salud, el alto nivel de desempleo, la situación complicada de seguridad y un mal sistema de educación. A eso se suman preocupaciones de carácter más general acerca de la desarticulación de la institucionalidad frente a dichas problemáticas y respecto del fraccionamiento del tejido social de la misma sociedad civil (Gráfica 4). El concepto de desarrollo sostenible incorpora una percepción tridimensional, que incluye los vectores económicos, ecológicos y sociales.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

187

en una ética empresarial y acceso a un sistema de salud y educación de calidad. Cada proyecto económico debe respetar ese concepto de paz integral y “ser implementado de forma justa, de acuerdo con necesidades de la población y respeto del medio ambiente” (Entrevista 11). Al tema de la educación se le concede una importancia superior. Un buen nivel de educación es subrayado como prerrequisito para poder participar del porvenir dorado y de la fuente de nuevas perspectivas, ajenas a la carrera delictiva que para muchos jóvenes de estratos bajos parece ser la única salida de la pobreza en la actualidad. Y especialmente, con vistas a un economía diversa y próspera, que desde el punto de vista de muchos entrevistados caracterizará el futuro de la ciudad, se resalta la creación de una infraestructura educativa que garantice la preparación de mano de obra calificada en el lugar de la demanda (Entrevista 11, 12 y 16)87. En la actualidad, la calidad de la educación es preocupante, como señalan muchos entrevistados: “Barranca es casi el último municipio, si no es el último, en el tema de la educación del Magdalena Medio, y yo me imagino que el Magdalena Medio debe estar en un nivel muy bajo con respecto al país. Una población que no esté educada obviamente genera un retraso para la comunidad” (Entrevista 1). Como asunto adicional a la visión que maneja la Cámara de Comercio, la situación de los derechos humanos es de especial importancia para todos los actores de la sociedad civil, aunque su principal preocupación hace alusión a la continua presencia de grupos al margen de la ley en el municipio (Gráfica 4). Tal criterio hunde raíces sobre todo en la percepción común de que los megaproyectos usualmente están acompañados de olas de violencia contra actores sociales que, al exteriorizar sus demandas, pueden ser percibidos por el sector propietario como obstá87

Entrevista a académico.

188

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

culos del auge económico y el progreso. En este orden de ideas, la participación real en el diseño e implementación de planes de desarrollo que permitan la articulación libre de demandas y preocupaciones de todos los actores sociales debe ir de la mano con la protección de los derechos humanos. Al partir de esa posición, muchos actores participaron en el diseño de un pilar de derechos humanos del Gasb. No obstante, no pocos entrevistados perciben que ni la institucionalidad pública ni el sector empresarial comparten este punto de vista.

“Ahí está Ecopetrol, que tiene un interés totalmente distinto a la población […] A Ecopetrol ahorita el tema de derechos humanos […] a ellos no les hablen de derechos humanos. O sea, por ejemplo, nosotros estamos, estuvimos discutiendo con el acuerdo social, que un acuerdo social que no esté pensado con el tema de los derechos humanos no es un acuerdo social que funcione para la región” (Entrevista 1).

Ante tal panorama, algunos expertos llegan a preguntarse si la ciudad está preparada para enfrentar los retos que esperan. El motivo de esa preocupación hace referencia sobre todo a dos problemas internos: la percibida incapacidad de la institucionalidad local para representar verdaderamente el interés público y la desarticulación de la sociedad civil, asunto ya mencionado aquí. Ambos problemas se reflejan claramente en el cuarto y el quinto lugar que ocupan respectivamente las categorías “relaciones verticales” y “relaciones horizontales” en la priorización de las principales preocupaciones de la sociedad civil barranqueña (Gráfica 3). Respecto al carácter de la institucionalidad pública, sobre todo las JAC llaman la atención en torno a una serie de acuerdos que no fueron cumplidos por la administración local (Entrevista 12). Un análisis del porcentaje de implementación

*

Para más información acerca de las seis categorías y la metodología, ver el subcapítulo 4.1.1.

Fuente: elaboración propia sobre la base de talleres con representantes de la sociedad civil del municipio.*

Gráfica 4. Principales preocupaciones (Barrancabermeja)

190

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

de los anteriores planes de desarrollo va en la misma dirección.88 Así mismo, algunos actores señalan estructuras de corrupción y clientelismo que parecen dominar todavía en el universo social del municipio: “Entonces el presupuesto municipal se ve […] como una torta a la que hay que ir a sacar para beneficio, bien sea particular, como persona o incluso como sector. [Cada representante piensa en su] sector, se beneficia en esto, pero difícilmente [está] pensando en la ciudad” (Entrevista 15). Ambos problemas internos parecen dificultar, en mayor medida, la incidencia de los sectores sociales en la política pública y el planteamiento conjunto del desarrollo (Entrevistas 4 y 13). Se necesitan prontamente soluciones que apunten, por un lado, hacia un mejor seguimiento de los gastos públicos, y, por otro, a facilitar la creación de una agenda común de la sociedad civil y una apertura de escenarios de participación de manera más efectiva, para darle mayor influencia en la etapa retadora pero prometedora que se avecina. “Yo no me quejo de que Ecopetrol tenga una agenda. Yo constantemente lo digo en las reuniones: yo lo que me quejo es [de] que la ciudad no tenga una agenda” (Entrevista 5).

4.3.4. Conclusiones y recomendaciones Evaluado sobre la base de las tres variables del estudio (relaciones horizontales, relaciones verticales y visión) presentadas en el subcapítulo 2.4, y con la atención puesta en factores que favorecen u obstaculizan una cooperación intersectorial, en el caso de Barrancabermeja se perciben limitaciones en cada una de las tres variables (Tabla 7). Por un lado, y a pesar de la existencia de problemas, actores y espacios articuladores y de los avances innegables del 88

A tres meses de finalizar la administración municipal anterior, el CTP criticó que había sido implementado apenas el 36% del Plan de Desarrollo (Vanguardia Liberal 2011).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

191

Pdpmm (y de otras iniciativas) sobre el camino largo y complicado de creación de una cultura de diálogo constructivo, el análisis de las relaciones horizontales muestra una relativa desarticulación general de la sociedad civil, principalmente debida al alto grado de desconfianza y a una problemática constante de amenazas contra líderes sociales. Esto dificulta la elaboración de una agenda común que vaya más allá de los asuntos puntuales y coyunturales o del problema transversal de los derechos humanos. Amplios sectores de la sociedad civil se sienten excluidos del debate de “los grandes” alrededor del desarrollo y expresan que sus intereses y necesidades no son tenidos en cuenta de manera satisfactoria. El Gasb, hasta el momento, no ha logrado atender a esta situación. Muchos entrevistados demandan mecanismos de participación más eficientes para agilizar, tanto la relación con la institucionalidad púbica local –la cual, en concepto de la sociedad civil, no atiende sus demandas–, como la relación con el sector privado, el cual todavía es percibido como un aliado importante en el terreno del desarrollo. Finalmente, y respecto de las visiones, hay que resaltar la falta de una agenda común de la sociedad civil. Si bien es cierto que existen visiones puntuales e incluso un algún consenso sobre aspectos importantes que no pueden faltar en un plan de desarrollo, parece difícil que la sociedad civil, en su totalidad, asuma la tarea de construir de manera conjunta una visión coherente, que abarque tanto el tema social como el económico. El consenso frente al concepto de desarrollo –que debe ser un desarrollo sostenible e incluir, tanto una elevación del índice NBI y una mejora del sistema de educación y salud, como la protección de los derechos humanos y la reducción del desempleo a través de una diversificación de la economía– presenta sin embargo un común denominador compartido por toda la sociedad civil.

192

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Tabla 7 Relaciones horizontales Intramunicipal

Relativa desarticulación general Tema articulador: derechos humanos y paz; actor/espacio articulador: Ettdh, Pdpmm.

Supramunicipal

Muchas relaciones con organizaciones nacionales e internacionales. Tema articulador: derechos humanos. Relaciones verticales

Sector público (local)

Problema de incomunicación; percepción de no representación de intereses de los ciudadanos por funcionarios públicos; acuerdos incumplidos; ausencia de ayuda en temas de derechos humanos.

Sector público (nacional)

El estudio no contempló las relaciones con el sector público nacional como uno de los temas primordiales.

Sector privado

Alianza y diálogo pragmático: crítica frente a mecanismos actuales de participación en la adopción de decisiones.

Ante este panorama, surge una serie de recomendaciones que posiblemente pueden ayudar mejorar algunos asuntos determinantes: • Desde su fundación, Barrancabermeja cuenta con una sociedad civil despierta que aprendió a demandar sus derechos. A pesar de esa tradición, hasta cierto grado causada por el “sociocidio” (García, 2006: 304) de los años 90, hoy enfrenta un problema de desarticulación que, con vistas hacia los megaproyectos por venir, requiere una solución rápida. Frente a esto es esencial que se sobrepase, por un lado, el clima de desconfianza y prevención que aún afecta a muchas relaciones, y, por otro lado, que las organizaciones que históricamente han desempeñado un papel importante como líderes se acerquen de nuevo a la comunidad para facilitar la creación de una agenda o visión común y asegurar una mejor representación en espacios prometedores, como el Gasb.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

193

• En la medida en que una inclusión de muchos más actores al Gasb pueda llevar a una desmovilización del espacio, y para que el espacio pueda mantener su capacidad de producir propuestas concretas, parece ser decisivo que los intereses de la sociedad civil estén representados más eficientemente por actores miembros del Gasb. Eso podría lograrse mediante mecanismos de retroalimentación y consulta más amplios. • Paralelamente al Gasb parece ser importante reiniciar la apertura de espacios adicionales con participación más amplia, como podría ser, por ejemplo, el Consejo Municipal de Paz. Para asegurar un trabajo más fructuoso se recomienda, primero, una convocatoria con más regularidad y, segundo, la creación de un comité técnico a cargo de una metodología y una agenda que permitan un trabajo que sobrepase la fase inicial de diagnóstico.

4.4 La sociedad civil en Coveñas Fortalecimiento de capacidades para el diálogo y la articulación El presente informe es fruto de la realización de 25 entrevistas hechas en el municipio de Coveñas, en el tiempo comprendido entre mayo de 2013 y febrero de 2014. Es igualmente producto de la participación en algunos talleres amplios convocados por el Consejo Territorial de Planeación del municipio y en conversaciones informales con gremios, como el de pescadores. El caso particular de este municipio contó además con un espacio de validación por parte de los actores entrevistados, en el cual se recibió retroalimentación sobre resultados preliminares y sugerencias que han sido integrados en el texto presentado a continuación. Se destaca el acompañamiento dado por la Fundación Oleoductos de Colombia, que fue aliado estratégico en el territorio y

194

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

facilitó el acceso a los actores claves del municipio de Coveñas. Igualmente se resalta el acompañamiento de diferentes organizaciones que operan en el territorio y en especial del Consejo Territorial de Planeación en el proceso de realización de entrevistas y en la convocación de los eventos realizados. El informe consta de cuatro subcapítulos. El primero es un breve contexto histórico del municipio de Coveñas, en el cual se ubican las principales características locales y los sucesos que han conformado su actual coyuntura actual. En segundo lugar aparece el mapeo de actores del municipio con sus respectivas relaciones, elaborado a partir de las entrevistas y el trabajo de campo realizados. Un tercer documento presenta las tendencias de la sociedad civil de Coveñas, texto que se ocupa del análisis de las relaciones encontradas en el seno de la sociedad civil y aquellas que establece con el Estado y con el sector privado, así como del recuento de las visiones de desarrollo encontradas. Finalmente el informe presenta las conclusiones en relación con las variables establecidas en el marco teórico de la presente investigación.

4.4.1. Contexto histórico de Coveñas El municipio de Coveñas, que cubre un área de 56 km2 y alojaba a 12.387 habitantes en el año 2010 (DNP 2010), es una de las localidades colombianas de más reciente creación. Fue erigido como tal en el año 2002,89 hace parte de la región del Golfo de Morrosquillo, en el noroeste del Departamento de Sucre, junto con los municipios de Santiago de Tolú, San Onofre y Toluviejo) (Parra 2009). Coveñas cuenta con una particularidad que lo define como división administrativa: su ubicación geoestratégica. El hecho de encontrarse en un punto de fácil comercialización de produc89

El municipio fue creado mediante el Decreto 0063 de 2002. bajo la gobernación de Salvador Arana Sus.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

195

tos y conectado con el interior del país y con el mar Caribe, ha impulsado el florecimiento de su economía, tanto en la esfera legal como en la ilegal, factor que ha marcado su historia y definido sus características sociales, económicas y políticas. Partiendo de lo anterior y con el fin de comprender el desarrollo moderno de Coveñas,90 es pertinente remitirse al momento de fundación de la empresa Colombian Products Company (CPC)91 a finales del decenio 1910-1920, evento importante ya que inaugura el proceso seguido por la economía legal moderna del municipio. La fundación perfiló a Coveñas como un centro de desarrollo industrial, que parte de la base de sacar el mayor provecho posible de una ubicación favorable para la exportación. La CPC construyó una infraestructura muy amplia, que tuvo en cuenta, tanto las instalaciones destinadas a la producción de carnes como aquéllas que tenían por objeto proveer calidad de vida a sus trabajadores. Al momento de su cierre, estas instalaciones no se demolieron sino que fueron simplemente abandonadas. Y las mismas se reactivaron en 1939 para alojar a la South American Gulf Oil Company (Sagoc). La nueva compañía inicia la relación de Coveñas con el petróleo, que se mantiene hasta nuestros días. Coveñas fue el primer puerto exportador de petróleo que tuvo el país y hasta la fecha se mantiene como el más importante. Sus operaciones se iniciaron a raíz del tendido del oleoducto que conecta a Petrólea (Catatumbo) con Coveñas y que fue terminado en ese mismo 90

91

Los asentamientos poblacionales de Coveñas se remontan al inicio de la Colonia, cuando en los terrenos aledaños a Cartagena se conformaron haciendas esclavistas, entre las cuales estuvo la llamada Santa Bárbara de Cobeña. A partir de ese momento hubo una repartición de la tierra que garantizó la presencia estable de habitantes en la región (Moré Sierra, 2006). Esta compañía se dedicó al procesamiento, almacenamiento y exportación de carnes. Fue el primer frigorífico que se construyó en Colombia, como producto de una alianza con Julián Patrón, importante empresario dueño de la mayor parte del territorio de Coveñas y quien también aprovechó la ubicación del territorio para el comercio de cocos. La Colombian Products funcionó hasta el año 1926, cuando quiebra como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial.

196

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

año.92 La compañía reparó la infraestructura dejada por la CPC y amplió los beneficios otorgados a los trabajadores. Este detalle es importante porque la forma como el petróleo empezó su relación con la población de Coveñas fue positiva, ya que destacó los aportes al desarrollo local (a través de condiciones dignas para los trabajadores) y minimizó la percepción de los daños.93 La Sagoc permaneció en Coveñas y explotó el petróleo del Catatumbo hasta el año 1974, momento cuando las reservas petrolíferas se agotaron debido a la sobreexplotación de los campos concesionados a esa empresa. Al ver que su tiempo en el país se agotaba, la empresa inició su proceso de liquidación y traspasó a Ecopetrol una parte importante de sus deudas y su infraestructura.94 El arribo de Ecopetrol a Coveñas estuvo acompañado de otro evento decisivo para entender las actuales condiciones del municipio: la creación de la Base Naval ARC Coveñas por parte del gobierno nacional. Los dos actores se instalaron sobre la misma infraestructura de la Sagoc. Moré Sierra lo define claramente cuando afirma que “del campo de Coveñas los entonces funcionarios de Ecopetrol reservaron para esa empresa el muelle, o lo que quedaba de él, la estación de bombas y la zona de tanques de almacenamiento del petróleo, mientras que la parte restante de las 2.632 hectáreas de propiedad de la Sagoc que quedaban, incluidos Rancho Grande, la represa de Villeros, el aeropuerto y 92

93 94

De acuerdo con la recopilación histórica hecha por Moré Sierra, “El oleoducto PetróleaCoveñas fue construido por la Sagoc en el término de un año y oficialmente puesto en servicio el 1° de noviembre de 1939, con las estaciones de La Petrólea, Bellavista (El Tarra), Convención y el terminal de Coveñas. Su extensión total era de 411 kilómetros” (Moré Sierra, 2006: 279). En algunos de los relatos recopilados en la población de Coveñas todavía puede apreciarse cierta nostalgia de los tiempos de esta compañía petrolera. Siguiendo a Moré Sierra, “en 1974 la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) terminó adquiriendo alrededor del 45% de las empresas, que incluyó además el pasivo pensional con todas las obligaciones inherentes al mismo y los campos de la Colpet, el oleoducto de la Sagoc, las estaciones de El Retiro, Ayacucho, Convención, I-21 de Tibú y otras intermedias menores, así como las instalaciones de Coveñas” (Moré Sierra, 2006: 308).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

197

todas las edificaciones residenciales y talleres, por disposición del gobierno fueron entregadas a la Armada Nacional, que instaló allí la Base Naval ARC Coveñas”95 (Moré Sierra, 2006: 309). De ese momento en adelante queda claramente configurado el panorama actual de Coveñas: la exportación de petróleo y la consecuente recepción de regalías, y la presencia de la base militar con todas sus implicaciones sociales y económicas, ambas articuladas en función de intereses nacionales. El funcionamiento de Ecopetrol está estrechamente ligado a la presencia de la base naval y esta empresa ejerce un papel protagónico en la vida de la comunidad coveñera, a pesar de que en varias entrevistas hay una percepción de desconexión entre el funcionamiento del oleoducto y la vida de la comunidad. La Base Naval, por su parte, también ejerce una fuerte presión sobre las dinámicas sociales, ya que alberga a un promedio de 7.000 personas (entre los soldados y sus familias) y el consumo, así como los residuos de tan alto volumen de población, afectan hondamente a los pobladores y al medio ambiente. Aspectos como los incentivos a la prostitución igualmente han venido siendo un reto para la comunidad coveñera, a causa de la alta demanda proveniente de la población masculina de la base. Por otra parte, el nivel ilegal alcanzado por la economía local es más reciente, pero ha descargado profundos daños en su dinámica política y su tejido social. Dada su ubicación, Coveñas funciona como un corredor de comercio que conecta la región de los Montes de María con el exterior, y eso hace que, a pesar de que los dos territorios no hacen parte de la misma región en sentido estricto, sus actividades estén profundamente correlacionadas. Esta relación ha convertido a Coveñas en punto estratégico del contrabando de mercancías y el comercio de sustancias ilegales (Fundación Ideas para la Paz, 2011). 95

La Base Naval ARC Coveñas fue creada el 22 de junio de 1974.

198

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Tal característica, sumada a la gran suma de recursos percibidos por concepto de las regalías, hicieron que este municipio (antes de ser constituido como tal y después) fuese punto estratégico de funcionamiento del bloque paramilitar Héroes de Montes de María y de los paramilitares en el lapso 1990-2000 (Verdad Abierta, 2009), en particular en lo que concernía a la captación de recursos públicos para el financiamiento de sus actividades ilícitas. La incidencia de estos grupos ilegales no solo en materia militar sino también económica, social y política fue muy fuerte, debido a sus implicaciones en áreas que favorecían el fácil acceso a los dineros ilícitos, y contribuyó a la construcción de una cultura del silencio frente a la corrupción y los crímenes. Como escenarios de la actividad de los paramilitares, el Golfo de Morrosquillo y los Montes de María fueron escenario de masacres e incentivaron el tráfico de estupefacientes, aunque en el caso de Coveñas lo más importante residió en que allí se puso en marcha una estrategia de captura del Estado que tuvo resultados muy efectivos en términos económicos. El ejemplo más claro en ese sentido fue el robo de los dineros destinados a la construcción del acueducto de Coveñas (Verdad Abierta, 2010). El control ejercido por el grupo ilegal96 facilitó el saqueo de los recursos que eran recibidos por concepto de regalías, como lo confesó el propio alias ‘Diego Vecino’ en las declaraciones dadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.97 Lo anterior ha tenido como consecuencia que el desarrollo, tanto de la infraestructura como de productividad y el bienestar social, no sea el que se espera de un municipio que percibe tal nivel de recursos. 96 97

Además de lo dicho por alias ‘Diego Vecino’, algunos de los escoltas de alias ‘Cadena’ (quien fue desaparecido en 2005) dieron fe del control que ejercían los grupos paramilitares sobre la región del Golfo de Morrosquillo. En sus declaraciones para Justicia y Paz, alias ‘Diego Vecino’ informó que los recursos eran desviados mediante una cooperativa llamada Coopsabana, creada por él mismo y en la cual incidió ampliamente alias ‘Cadena’ (Verdad Abierta, 2009).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

199

En medio de esta situación de inseguridad y control de actores armados, a finales de los años 90 se gestó el movimiento por la independencia de Coveñas. Las disputas en ese sentido no fueron sencillas y estuvieron a cargo de la sociedad civil, principalmente de algunas Juntas de Acción Comunal (JAC) de composición indígena y afrodescendiente. Desde su creación como centro poblado, el territorio del municipio de Coveñas había hecho parte del municipio de Tolú, el cual recibía todo el dinero por regalías que se obtenía de las actividades de exportación del petróleo en el Golfo de Morrosquillo. Dada la situación de rezago económico y social, estas poblaciones comenzaron a realizar movilizaciones pacíficas a favor de la erección de Coveñas como municipio independiente, y a esa iniciativa adhirió un gran número de líderes locales, que presionaron por su éxito. De acuerdo con una experta en materia de afrodescendientes que habitan el Golfo de Morrosquillo,

“muchos de los líderes afrodescendientes ahora son parte de los consejos [afro] y estuvieron en ese proceso, de que ellos miraban que Tolú creció muchísimo y Coveñas quedaba rezagada y rezagada y cada vez más apoderada por los ‘extranjeros’, llámese empresa o sector de infantería o militar. Entonces ellos luchan, se crea un municipio y al mismo tiempo van creciendo estas organizaciones, tanto indígenas como afro” (Entrevista 6)98.

Esta fue la primera iniciativa exitosa en torno a la organización social local y sentó un precedente muy positivo, al lograr la articulación de todos los sectores sociales en torno a un objetivo común. El 7 de febrero de 2001 se concretó la fundación del municipio de Coveñas. 98

Entrevista con Fides

200

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

4.4.2. Mapeo de actores A continuación se presentan los mapeos de actores elaborados a partir de la realización de entrevistas y talleres con líderes sociales claves del municipio de Coveñas. Como se dijo atrás, el mapeo de actores fue elaborado en el marco de un taller con personal del Consejo Territorial de Planeación realizado el 3 de mayo de 2013, y con insumos adicionales de un segundo taller que operó en el marco del encuentro nacional “Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia”, efectuado en Bogotá el 4 y 5 de junio de 2014. El mismo reviste a primera vista cuatro características importantes y dos actores claves del municipio de Coveñas. Ambos, el sector afrodescendiente (A12) y la Alcaldía (B1), merecen mayor atención a causa del elevado número de relaciones que mantienen con los demás actores. El Mapeo 7, en el cual el relativo tamaño de los actores depende del número de relaciones logradas, muestra esta importancia más claramente. La primera característica es la ausencia casi total de alianzas transversales entre los diversos actores de la sociedad civil, punto que se liga a la dificultad para unir temas en una agenda común. En el momento de no tener en cuenta al sector afrodescendiente (A12), que, respaldado por sus buenas relaciones con muchos actores del municipio, funge como una especie de interlocutor, la mayor parte de los actores sociales se quedarían sin ninguna relación con algún otro actor social. El Mapeo 8, que resalta únicamente a actores sociales con menos de dos relaciones con otros actores de la sociedad civil, muestra esa tendencia claramente. La segunda característica es que el principal actor con el que se establecen relaciones desde todos los sectores es la Alcaldía (B1), actor que al mismo tiempo aparece en el centro de una polarización principalmente negativa. Esta percepción se puede establecer por la forma como los otros actores sociales califican este vínculo. Desde esta perspectiva, la Alcaldía concentra la re-

Mapeo 6

Actores Armados

Mapeo 7

Mapeo 8

204

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

cepción, tanto de propuestas alrededor de los temas del desarrollo en el municipio como de críticas frente a su labor. La tercera característica denota que las relaciones que se tejen con Ecopetrol (C1), pese a que algunas de ellas son tensas, revisten características positivas que, por su naturaleza, en algunos casos tenderían a ser más críticas. Tal es el caso de las asociaciones de pescadores (A5) y campesinos (A1), que se han beneficiado de procesos de capacitación adelantados por la empresa, lo cual crea una percepción relativamente positiva de las mismas. Lo mismo se puede resaltar para las relaciones de la empresa petrolera con las comunidades étnicas. Tanto el sector indígena (A15) como el afrodescendiente (A12) califican las relaciones como principalmente positivas. La cuarta característica es la relativamente mala conexión del sector turístico con el resto de los actores del municipio, situación que se refleja claramente en el Mapeo 9. Alrededor de esas cuatro características importantes se agrupa un par de relaciones conflictivas entre actores de la sociedad civil e instituciones públicas o actores armados. Esto ocurre en los casos de Vigías del Patrimonio (A18) y la Casa de Cultura (B4), o sector de las mujeres (A17), y el Ejército (D2).

4.4.3. Tendencias de la sociedad civil de Coveñas Con base en las visitas de campo, los talleres de validación, las 25 entrevistas hechas a diversos actores sociales del municipio y a expertos externos, los resultados del Encuentro Municipal “Tejiendo caminos de articulación social para el desarrollo de Coveñas” y los resultados del encuentro nacional “Visiones y tendencias del desarrollo territorial de Colombia”, se construyó nuestro análisis de la situación de la sociedad civil de Coveñas, a partir de cuatro circunstancias principales: la existencia de una sociedad civil desarticulada; una relación tensa de la sociedad con la Alcaldía del municipio; una relación ambivalente con las

Mapeo 9

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

206

empresas petroleras, y, finalmente una reflexión sobre los aspectos claves del desarrollo local. 4.4.3.1. Las relaciones de la sociedad civil En este apartado se describen los diferentes tipos de relaciones que establece la sociedad civil. Un primer nivel lo ocupan las relaciones que se establecen de manera horizontal entre actores de la misma sociedad civil. En segundo lugar se indaga sobre las relaciones que se han construido con la institucionalidad pública, y finalmente las establecidas con el sector privado, en especial con la industria petrolera. Relaciones entre la sociedad civil y repertorios de acción La sociedad civil de Coveñas vive hoy en un momento de gran importancia. En el presente análisis se destacan dos aspectos que definen sus principales desafíos a corto y mediano plazo: por un lado, su marcada desarticulación, que acarrea dificultades de envergadura, y, por el otro, el cambio en las expresiones del liderazgo local. El primer aspecto, la desarticulación, es un punto que los mismos actores sociales del municipio han venido identificando como su principal desafío (Entrevista 1)99. Este rasgo tiene importantes implicaciones en la forma como la sociedad civil de Coveñas cumple su rol de “guardiana” de la democracia, pues, en primer lugar, no se consolidan bloques que ubiquen su acción en el control de las acciones de la institucionalidad pública, y, en segundo término, no es posible la construcción de agendas estratégicas que ayuden a encaminar al municipio hacia procesos de desarrollo desde la base. En ese sentido, varios actores sociales del municipio han manifestado que se presenta una atomización de las estrategias de 99

Entrevista a líder social.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

207

acción de cada agrupación municipal en función de sus intereses particulares, con lo cual se deja de lado la posibilidad de una incidencia conjunta, que logre acercamientos en condiciones de más igualdad con la administración municipal. Se trata de una de las características más importantes de la sociedad civil de Coveñas en la actualidad: existen múltiples iniciativas de articulación social alrededor de temas específicos, pero solo ahora, y de manera incipiente, comienzan ellos a buscar alianzas que les fortalezcan de manera intrasectorial, como sociedad civil. Este intento de articulación por sectores específicos ha comenzado a extenderse en el territorio y ya existen algunas alianzas circunscritas al Golfo de Morrosquillo, como ocurre con la Corporación de Pescadores del Golfo de Morrosquillo (Corpagolfo), cuyos integrantes se han agrupado alrededor de los problemas que enfrenta ese sector, entre las cuales se destacan las existentes en torno a las zonas marítimas delimitadas por la industria petrolera y la Capitanía del puerto. Otra iniciativa que agrupó a estos sectores es el proyecto Diáspora, uno de cuyos objetivos es la construcción de arrecifes artificiales en cooperación con Carsucre, Ecopetrol y Ocensa, idea ha sido benéfica para este sector productivo. La acción del gremio de pescadores ha involucrado también a la institucionalidad local y al sector de afrodescendientes, y ha servido de amparo a este sector para impulsar su capacidad de incidencia, dado el tratamiento especial en materia de consulta previa que cobija a esta etnia. Este actor reconoce que el hecho de organizarse ha significado un beneficio importante para alcanzar los objetivos de su corporación; en palabras de uno de sus líderes, “como ya ven que estamos organizados, ya nos están escuchando y eso ha sido para notros un éxito” (Entrevista 2)100. 100

Entrevista a líder del sector Pescadero.

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

208

Otro ejemplo de iniciativas de asociación puntuales es el de la Asociación Campesina de Coveñas (ACC), que incide en sectores agropecuarios del municipio, como ganaderos y pequeños productores agrícolas, y están destinadas a fortalecer su capacidad productiva y promover la protección del medio ambiente y la recuperación de ecosistemas afectados por la industria petrolera y otras actividades productivas. La ACC ha impulsado iniciativas de articulación con la institucionalidad pública, en especial del nivel nacional, para lograr financiamientos que contribuyan a beneficiar a este sector, pero ha encontrado resistencias en la administración municipal y no ha buscado alianzas con otros sectores sociales más allá del Consejo Territorial de Planeación (CTP) (Entrevista 3)101. Estos ejemplos revelan una tendencia al fortalecimiento de la articulación intragrupal, pero también son muestra de la desarticulación de la sociedad civil en su conjunto. Tal hecho, desde la perspectiva de los propios actores sociales, se relaciona estrechamente con expresiones de rivalidad entre algunos líderes y sectores que se enfrentan principalmente por conseguir mayor protagonismo frente a las empresas petroleras o a la administración municipal. La situación de falta de coordinación y cooperación entre los sectores sociales también se relaciona de manera estrecha con las posibilidades de desarrollo del municipio, que serán abordadas más adelante. El segundo punto de relevancia es la transformación o redefinición de los liderazgos en el nivel municipal. En la actualidad pueden identificarse con claridad dos actores líderes en materia de organización social: el sector afrodescendiente y el de las Juntas de Acción Comunal. Dada la composición social del municipio, estos espacios se entrecruzan, pero aún es posible carac101

Entrevista a miembros de la ACC.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

209

terizarlos de manera específica, gracias a las relaciones disímiles que establecen con los demás sectores del municipio. Por una parte, el sector afrodescendiente debe su amplia legitimidad a la composición poblacional de Coveñas: de acuerdo con algunos sondeos locales no oficiales, alrededor del 85% de la población coveñera es afrodescendiente, y esto otorga una amplia base social a las propuestas agenciadas por estos liderazgos y los ubica en una situación privilegiada a la hora de negociar, tanto con el sector industrial como con la administración pública, pese a que se mantienen algunas diferencias. Esta posición también se ve fortalecida por la mencionada normatividad nacional que protege de forma especial a las poblaciones étnicas y por la preocupación común entre los habitantes del municipio por recuperar y cultivar la cultura afro, manifiesta en aspectos como los alimentos, los bailes y la música, entre otros. Al sector afrodescendiente se han venido afiliando otros que adelantan una actividad más específica, como ocurre con el sector de los pescadores en el terreno cultural y con algunas iniciativas relacionadas con la educación pública. Todos ellos han encontrado una fuente de protección y legitimidad al amparo del liderazgo afrodescendiente (Entrevistas 2, 4102, 5103). Hay que decir que el fortalecimiento de esta población ha sido un proceso paulatino, que ha requerido el acompañamiento de diversas entidades, tanto del sector educativo como de la gestión social de las empresas de la industria petrolera, y que él puede estimarse como un evento relativamente reciente. La falta de reconocimiento y los bloqueos erigidos por la Alcaldía municipal para frenar el logro de los objetivos han sido factores que han acompañado a este grupo poblacional durante toda su existencia en el municipio. Incluso en la actual administración encontraron 102 103

Entrevista a líder afrodescendiente. Entrevista a líder afrodescendiente.

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

210

resistencias a las iniciativas que actualmente adelantan, aunque tal actitud ha venido modificándose paulatinamente. Uno de los obstáculos más relevantes es, sin embargo, la falta de un censo oficial que dé cuenta del número de personas que se identifican como población afrocolombiana, con el fin de avalar políticas públicas de acceso a los beneficios para esta población que se ofrecen desde el nivel central. Hasta el momento no ha sido posible gestionar los recursos necesarios para la realización de tal censo (Entrevista 4). Adicionalmente, de acuerdo con investigadores locales, no se está adelantando la formación de nuevos líderes de esta población, lo cual pone en cuestión la sostenibilidad del proceso. Según afirma una experta, “hay una deficiencia en los procesos porque están concentrados en pocos líderes y eso está impidiendo que las capacidades se instalen en más personas para que haya nuevos líderes, y va a llegar un momento en que el proceso se puede detener, porque las futuras generaciones no están recibiendo esa capacidad instalada” (Entrevista 6)104. Por su parte, las Juntas de Acción Comunal han tenido el liderazgo tradicional de los sectores sociales y al día de hoy, amparadas por la ley colombiana, continúan siendo el principal interlocutor de las empresas y de la institucionalidad pública. Sin embargo, las JAC enfrentan actualmente una fuerte crisis de legitimidad como representantes de las comunidades en el municipio de Coveñas. Su actividad de gestión en el campo laboral frente a la industria petrolera ha creado profundos descontentos y cuestionamientos sobre su capacidad de inclusión. Una de las razones más importantes para ello es que algunos de sus dirigentes, desde el punto de vista de varios entrevistados, han dejado de responder a los intereses comunitarios para trabajar solamente en función de los propios y creado mecanismos de exclusión y 104

Entrevista con Fides.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

211

de abuso de poder que anteriormente no se presentaban en este nivel (Entrevista 1). De acuerdo con uno de los participantes en el proceso de independencia, el municipio de “Coveñas tenía el horizonte de salir de la esclavitud que teníamos [de Tolú]; lo logramos, y hoy en día que se logró se miran los intereses personales, personales o, digamos, de grupos” (Entrevista 1). El problema del manejo de empleos con las empresas petroleras es el eje principal de ese conflicto, ya que incentiva la competencia por el acceso a estos trabajos en el seno de las comunidades. Ese es uno de los puntos que más contribuyen a la desarticulación social en el municipio (Entrevista 5). Otro sector de importancia pero que no ha logrado el mismo nivel de popularidad es el Consejo Territorial de Planeación, espacio que convoca a diversos sectores de Coveñas interesados en fortalecer el control que puede ejercer la sociedad civil sobre la administración municipal. Allí podemos advertir la presencia del sector afrodescendiente, las JAC, el sector educativo, el cultural y el campesino, entre otros. Sin embargo, este espacio cuenta con muy poco apoyo institucional y hay dificultad para mantener de forma estable el proceso (Entrevista 7)105. El CTP ha venido funcionando como un espacio de importancia para el intercambio de inquietudes de los sectores sociales que lo conforman y también ha buscado establecer relaciones positivas con otros actores de la sociedad coveñera. Sin embargo, uno de sus principales retos sigue siendo el de convertirse en un actor más propositivo en el desarrollo del municipio, en la medida en que le sea posible plantear iniciativas concretas. Relaciones con la institucionalidad pública La relación de la administración municipal con los distintos sectores sociales del municipio es, en términos generales, tensa. 105

Entrevista a miembro del CTP.

212

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Tres aspectos enmarcan esta dificultad de relacionamiento entre los dos sectores: la crisis de legitimidad, la poca y, en ocasiones, nula comunicación entre grupos sociales y esta institución, y, finalmente, derivada de lo anterior, la falta de apoyo institucional a las demandas elevadas por la sociedad civil y el no cumplimiento del rol de articulación que estos actores deberían ejercer. En cuanto al primer aspecto, como se evidenció al inicio de este informe, el municipio de Coveñas ha tenido marcadas dificultades para consolidar una institucionalidad pública que supere la tendencia a la corrupción y que responda a los intereses de la localidad, dejando en un segundo plano a las élites regionales tradicionales, quienes se han beneficiado históricamente de las regalías percibidas por el municipio. Por lo anterior, la actual administración municipal enfrenta un importante reto en la búsqueda de recuperar la legitimidad institucional que corresponde a una institución de esa índole. Esta problemática tiene una gran importancia, pues sin la construcción de una institucionalidad transparente y legítima los procesos de articulación en pro del desarrollo no son posibles. En segundo lugar, en la mayoría de los grupos sociales ha sido una constante la falta de escucha y apoyo institucionales a sus demandas e iniciativas (Entrevista 1). Hay varios ejemplos al respecto y el primero proviene una vez más del grupo poblacional más importante: el afrodescendiente. De acuerdo con uno de sus líderes,

“para nadie es desconocido de que no tenemos apoyo en la parte de políticas públicas. Existen, pero existen de papel. Para que a nosotros se nos oiga y se nos pueda dar un apoyo muy mínimo debemos de hacer una cantidad de cosas y expresarnos en diferentes formas, para que nos puedan poner cuidado. Entonces, nos vemos un poquito maltratados por ese lado” (Entrevista 4).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

213

El CTP enfrenta el mismo desafío, a pesar de ser un organismo constituido con el propósito de ser interlocutor de la Alcaldía y ejercer el control social sobre la ejecución de las políticas del Plan de Desarrollo: no se ha logrado una comunicación fluida que favorezca la realización de críticas constructivas en favor del desarrollo municipal (Entrevista 7). La misma dificultad se presenta en el sector campesino. Una de las principales preocupaciones del mismo es que, pese a que existe un diálogo con instituciones del orden nacional, en el espacio local no se les escucha ni apoya en iniciativas que serían provechosas para el municipio porque ellas incentivan desarrollos alternativos frente a la industria extractiva (Entrevista 3). En ese sentido, las iniciativas puntuales de buscar aliados en el espacio supramunicipal –actitud ya reseñada– pueden ser entendidas como intento de compensar la falta de apoyo de la institucionalidad local. Sobre este asunto el sector afrodescendiente ha hecho conocer en varias ocasiones la necesidad de buscar aliados en otros niveles, tanto entre la sociedad civil de otros municipios como en sectores distintos, especialmente el empresariado (Entrevista 4). A pesar de lo anterior, los grupos mencionados, y asimismo otros actores locales, reconocen los esfuerzos realizados por esa administración en materia de obras públicas, que son una ventana de oportunidad para impulsar una mejora de la relación sociedad civil-Estado. Aspecto importante es que la Alcaldía, a pesar de no contar con la legitimidad política que requiere, cuenta con el reconocimiento de los actores sociales frente a su respaldo legal para ejercer funciones que son determinantes para el municipio. En el contexto específico de Coveñas, la interlocución con las empresas, el manejo de los recursos de las regalías y de los provenientes de las transferencias nacionales en general, son puntos estratégicos en los cuales debe haber un mayor involucramiento de la sociedad civil.

214

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

La falta de articulación –que corresponde a la Alcaldía, como eje central del desarrollo social, económico y político del municipio- afecta actualmente posibles diálogos entre actores aparentemente contrarios pero que, en el fondo, buscan objetivos similares. Ejemplo importante es el mencionado conflicto entre el sector turístico y los actores sociales municipales. Pese a que en el Plan de Desarrollo de Coveñas el turismo ha sido consagrado como uno de los pilares económicos, en este campo no existen políticas de incidencia que conduzcan a una articulación social en pro del desarrollo. Lo anterior hace que la Alcaldía no promueva espacios de interacción y diálogo constructivo entre la sociedad civil y el empresariado del área del turismo. Superar esa resistencia a cumplir un rol de articulación podría beneficiar notoriamente los procesos de desarrollo municipal. Como resumen, es posible afirmar que la relación entre la Alcaldía y los sectores sociales coveñeros aparece marcada por factores como la tensión y la falta de diálogo y de articulación de asuntos sociales claves. Esto trasciende incluso hasta las relaciones con sectores empresariales, como el hotelero, y todo ello fortalece las trabas puestas para alcanzar un desarrollo concertado del municipio y estanca las posibilidades de fortalecimiento, tanto de la institucionalidad pública como de la sociedad civil. Relaciones con el sector privado La presencia de la industria petrolera define en la actualidad todas las dinámicas sociales existentes en el municipio, ya que incide en el acopio de recursos públicos, en el mercado laboral y, por ende, en el devenir de las relaciones institucionales y sociales, aunque sus efectos constituyen ya una creciente preocupación de la población. A su lado, la presencia del sector turístico y hotelero ha comenzado a influir en las relaciones del nivel municipal.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

215

Hay que observar que los impactos de la industria son ambivalentes y presentan aspectos tanto positivos como negativos. La incidencia positiva proviene esencialmente del apoyo brindado por la gestión social de las diferentes empresas, que ha incidido en procesos de capacitación y fortalecimiento organizativo y, a partir de este trabajo, en la orientación de la inversión social que adelantan algunas empresas. Ejemplos de este trabajo ya han sido mencionados, pero es conveniente considerarlos nuevamente, por ejemplo, en el caso del sector de pescadores y del proyecto Diáspora, de construcción artificial de arrecifes. En palabras de un representante de este sector, la iniciativa es muy importante porque,

“Cuando empezamos, los pescadores estábamos bastante desunidos, cada quien pescaba por su lado y a nadie le interesaba estar asociado, hasta que llegó la empresa Ocensa… Nos dijeron que la única manera de impulsar este proceso era organizados […] y ahí empezamos a hacer los primeros arrecifes artificiales en el Golfo de Morrosquillo, que fue un éxito total para la pesca, para aumentar la captura de nuestro sustento” (Entrevista 2).

La importancia de esta iniciativa estribó en el hecho de que, de manera simultánea, ella impulsó la asociatividad entre los pescadores y materializó esta mejora en un proyecto concreto que benefició a las comunidades. Otros ejemplos de esta incidencia positiva son el apoyo a la Escuela de Líderes y el fortalecimiento del CTP, ambas adelantadas por la Fundación Oleoductos de Colombia. En particular, la segunda experiencia es de gran relevancia, pues ha puesto de relieve dos necesidades importantes del desarrollo de la sociedad civil del municipio: por un lado, la vigilancia de la tarea asignada a la administración pública, proceso todavía muy in-

216

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

cipiente, y, por otro, la búsqueda de articulación entre sectores diversos que, como se ha venido advirtiendo, se encuentran en constante rivalidad. El CTP es asimismo un espacio que puede servir como interlocutor entre los sectores sociales y la Alcaldía municipal, así como fortalecer diálogos que deriven en mayor desarrollo para el municipio en su conjunto. La mayoría de las agrupaciones participantes se siente altamente motivada en la consolidación de ese espacio. El apoyo al proceso de constitución del Cabildo indígena ha sido igualmente rescatado como un aspecto de alta relevancia (Entrevista 8). Un aspecto percibido como positivo por todos los actores sociales respecto de la industria petrolera es la posibilidad de recibir financiamiento para proyectos específicos (Entrevistas 4 y 8). Tal iniciativa proviene de la larga presencia que ha tenido la industria en el municipio, principalmente por parte de empresas privadas foráneas. Sin embargo, reconociendo los aportes que pueden hacerse a partir de esta iniciativa, tanto de comunidades como de empresas, igualmente puede resultar problemático, por desincentivar otras formas de desarrollo económico y favorecer todavía más la dependencia que la sociedad tiene del sector extractivo (Entrevista 6). El incremento de la gestión social en el territorio refleja un interés por impulsar procesos de articulación, tanto en el nivel municipal como en el regional. Un aporte importante en esa dirección fue la propuesta del Acuerdo por el Golfo de Morrosquillo, liderado por Ecopetrol, el Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá (Cordupaz) y la Pastoral Social de la Diócesis de Sincelejo, entre otros. La propuesta se mantuvo durante un breve periodo de la primera mitad de 2013 pero no continuó. Hay que decir, por otra parte, que el empresariado relacionado con el turismo y la hotelería del municipio es percibido

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

217

como apático frente a la construcción de diálogos con los actores sociales de Coveñas (Entrevistas 4 y 9)106. Mientras que, gracias a la normatividad existente en materia de responsabilidad social –que obliga a las empresas petroleras a diseñar planes estratégicos de gestión de impactos en las comunidades a las que llegan-, la gestión social de la industria ha mostrado posibilidades de construcción de diálogo con los actores sociales, el sector turístico permanece desconectado de las preocupaciones y necesidades del municipio como conjunto. Actualmente, el turismo constituye el segundo pilar económico del municipio, y un punto de acuerdo básico afirma que el turismo es un sector de la economía que puede traer desarrollo al municipio si se planifica de una forma incluyente (Entrevista 4). A pesar de reconocer ese potencial, algunos actores sociales manifiestan preocupación por los posibles daños que puedan causarse si llega a presentarse un auge turístico repentino en el municipio, como podrían ser las posibles restricciones de acceso a las playas o los desplazamientos de población nativa por la construcción hotelera (situación que ya empieza a presentarse). Estas reservas pueden estar relacionadas con el hecho de que el turismo ha sido explotado tradicionalmente por actores que provienen de otras regiones y no por la población coveñera raizal. Un ejemplo de la percepción del empresariado hotelero como apático al diálogo es expresado por uno de los entrevistados cuando afirma:

106

“Con turismo no hemos podido avanzar mucho, porque turismo es un sector muy cerrado, es muy cerrado, no ha sido abierto con la población, nos hemos visto atropellados, cualquier persona o inversionista vienen o son dueños de sus condominios [y a] ellos no les importa venir a hacer ningún Entrevista al presidente de una JAC.

218

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

diálogo con las comunidades que estén allí a su alrededor. En ningún momento lo han hecho” (Entrevista 4). No obstante, existe un punto de acuerdo entre muchos empresarios turísticos y los actores sociales de Coveñas, y podría alcanzarse un mayor entendimiento si la Alcaldía asumiera un rol de articulación (Entrevista 10), ya que él sería el que podría convocar al diálogo y la concertación. La presencia de personal foráneo en este sector productivo ha despertado, como ya se dijo, resistencias de la población que se siente excluida en la toma de decisiones al respecto. Uno de los entrevistados afirmó: “Nosotros nos dirigimos a nuestro mandatario inmediato, que es el alcalde, y no encontramos tampoco ningún respaldo. [El turismo) después de ser un beneficio y una opción de sostenibilidad económica del municipio, viene siendo un perjuicio para los nativos, y estamos trabajando, pero la administración trabaja a espaldas de ese proceso de apoyar y respaldar su población” (Entrevista 10). En conversaciones mantenidas con el sector hotelero pudo saberse que hay disposición al diálogo con los sectores sociales, pero solamente si él ocurre bajo el liderazgo de la Alcaldía. Hay el convencimiento de que el encuentro entre los actores del municipio es una responsabilidad que corresponde únicamente a la administración municipal (Entrevista 10). En la actualidad, lograr este diálogo se hace imperativo, ya que el proceso de construcción de 26 hoteles y los cambios que esto traerá en el ordenamiento del municipio afectarán significativamente a los sectores sociales, por cuanto cambiará la forma de habitar el territorio que hasta ahora se ha mantenido, lo cual provocaría desplazamientos y afectaciones en el acceso a los servicios. Por eso, esta situación es hoy uno de los puntos críticos de la convivencia ciudadana.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

219

4.4.3.2. Visiones acerca del desarrollo y principales preocupaciones En relación con las características de las relaciones horizontales y verticales de la sociedad civil de Coveñas, y para recordar que las visiones de los actores se construyen sobre la base de dar respuesta a problemas identificados, las principales preocupaciones de un grupo de representantes de la sociedad civil coveñera que participaron en el encuentro nacional Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia, realizado el 4 y 5 de junio de 2014 en Bogotá, muestran que la falta de una construcción conjunta de lo público es lo más relevante para el municipio en la actualidad. A ello siguen las inquietudes en torno a las necesidades básicas insatisfechas y la prestación deficiente o nula de los servicios públicos. En tercer lugar aparece el problema de la corrupción y el clientelismo, seguido de la desarticulación entre Estado-sociedad civil-sector privado y el desconocimiento que muestra la misma sociedad civil frente a los mecanismos e instancias de participación ciudadana como derechos fundamentales. El conjunto de factores atrás abordados se relaciona estrechamente con el proceso de desarrollo del municipio y explica de manera significativa las razones de su estancamiento. En el trabajo de campo realizado también se identificaron tres aspectos relacionados con el desarrollo y las visiones que hoy en día existen en los sectores sociales de Coveñas: primero, la carencia de una institucionalidad pública que encare el problema de los servicios básicos municipales y los efectos que se causen a partir de ellos; segundo, la desarticulación de la sociedad civil, que incide en la falta de visiones estratégicas de desarrollo de ese sector; y tercero, la presencia de la industria petrolera y las consecuencias en materia de visiones que esto acarrea. Finalmente, las visiones encontradas sobre desarrollo y los desafíos que plantea cierran la reflexión de este apartado. Estos aspectos

*

Para más información acerca de las seis categorías y la metodología, ver subcapítulo 4.1.1.

Fuente: elaboración propia sobre la base de talleres con representantes de la sociedad civil del municipio.*

Gráfica 5. Principales preocupaciones (Coveñas)

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

221

aparecen en gran medida congruentes con la priorización hecha posteriormente en el mencionado encuentro de Bogotá. Respecto de lo primero, como se ha venido afirmando a lo largo del texto, la institucionalidad pública de Coveñas ha carecido históricamente de capacidades técnicas y políticas para cumplir con las responsabilidades que constitucionalmente le han sido asignadas. La situación persiste y es una de las principales preocupaciones de todos los actores de la localidad: la carencia de servicios básicos, como salud, agua, educación, infraestructura urbana y empleo. El conjunto de sectores sociales entrevistados manifestó inconformidad por la falta de estos servicios y planteó como una necesidad prioritaria el goce de los mismos (Entrevista 11)107. Ejemplo de ello es el problema turístico. De acuerdo con un entrevistado,

“Coveñas es un destino atractivo, pero no tiene la infraestructura necesaria para poder presentarse como nosotros queremos […] Hace falta acueducto, alcantarillado, el tema de recolección de basuras es muy deficiente, el tema de alumbrado público es muy deficiente, y lo más delicado que vemos nosotros es que el tema de playas también está muy quedado” (Entrevista 10).

A pesar de que se reconocen algunos esfuerzos hechos por la actual administración en materia de infraestructura y salud, ellos siguen siendo insuficientes. Por lo anterior, el fortalecimiento de la institucionalidad en Coveñas es una de las tareas que aparecen como más urgentes si se quiere avanzar en un desarrollo conjunto y concertado. 107

Entrevista a representante de sector educativo.

222

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

En segundo lugar, al lado de una institucionalidad pública débil, encontramos una sociedad civil desarticulada. Esta situación ha impedido, significativamente, la identificación de los puntos estratégicos del desarrollo, y esto mismo ha llevado a que no exista una agenda estratégica propia de la sociedad civil, que sea compartida por todos los sectores sociales y les permita entablar un diálogo más horizontal, tanto con la administración municipal como con el empresariado. Hasta el momento, pese a la existencia de demandas puntuales y estructuradas, como las que provienen del sector afrodescendiente o el indígena, la agenda que ha primado es aquella que otorga privilegios a la exportación del crudo y que ha concentrado su acción en la construcción de infraestructura básica. Igualmente, tal desarticulación, como ya se señaló, impide el ejercicio adecuado y permanente del control que debería ejercerse sobre la administración municipal, pues los sectores sociales no adelantan una operación conjunta que pueda ser un contrapeso efectivo de las visiones de desarrollo propias de la institucionalidad pública o de la industria petrolera. Un tercer punto de mira se relaciona de manera estrecha con el anterior: la presencia de la industria petrolera. En materia de desarrollo esto reviste un gran desafío, porque, como ha ocurrido en otros municipios de este estudio, la tendencia general es a concentrarse en esta actividad como única posibilidad de desarrollo laboral de las comunidades. Esto conduce a que progresivamente se dejen de lado otros sectores económicos que podrían ser más incluyentes para avanzar hacia un desarrollo de largo plazo que permita enfrentar la prevista decadencia del petróleo cuando eso ocurra. En palabras de una experta consultada al respecto, la presencia de esa industria “ha hecho que ellos [la población] se enfrasquen mucho en qué vamos a hacer para que Ecopetrol nos dé esto, o en que Ecopetrol nos tiene que dar la parte laboral, que tiene que tener equis número de trabajadores, y eso ha limitado que ellos puedan ver otras esferas o instancias donde hay que tocar” (Entrevista 6).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

223

Las actividades productivas relacionadas con el agro, e incluso el turismo, se han visto opacadas por el flujo constante de dinero que acarrea la economía petrolera. Este es el eje central de la crisis enfrentada por las JAC en el municipio y es fuente de conflictos que van desde la confrontación verbal directa hasta la desconfianza expresada por los actores, a causa de la competencia generalizada por la posesión de estos recursos. La abundancia de dinero fluye y ha afectado de manera significativa a la juventud coveñera. Es una preocupación constante de algunos líderes entrevistados, ya que la tendencia de la mayoría de los jóvenes es a buscar ubicarse en un empleo (temporal) de la industria, vincularse al Ejército o dedicarse al llamado “mototaxismo”, como únicas opciones de vida (Entrevista 5 y 12)108. En ese escenario, los actores ilegales que circundan la localidad conquistan una influencia fácil, en perjuicio del crecimiento del capital social del municipio. Otro de los riesgos más resaltantes que plantea la presencia petrolera hace alusión a que esa industria es percibida como el actor que debe suministrar todos los servicios que la institucionalidad pública no provee. El riesgo de reemplazar este rol en el imaginario de las comunidades, contribuye a debilitar aún más la precaria institucionalidad existente, en lugar de fortalecerla. Por esa razón es crucial que sean las alcaldías quienes lideren procesos de agendas comunes y desarrollo conjunto, que subordinen a la industria como un actor más que mantiene su condición estratégica pero no reemplaza a la autoridad estatal. Finalmente, en cuanto a las visiones de desarrollo contrapuestas, constituye un eje de pensamiento común la comprensión del desarrollo en un sentido amplio, más allá del poderoso factor económico y de los avances en infraestructura. Se encontraron reflexiones que muestran eso, como la de un líder cuando 108

Entrevista a personero de Coveñas.

224

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

afirma que “Ecopetrol piensa o las Alcaldías piensan que mientras hacen un palacio con escaleras eléctricas, ya eso es desarrollo en nuestra población. No, no, el desarrollo de un pueblo está en si tú capacitas a sus moradores, a sus habitantes, y partiendo de nuestra niñez eso es lo más importante” (Entrevista 4). El entendimiento de que lo primero que debe solucionarse en el municipio es la falta de servicios públicos básicos es reflejo de esta comprensión del desarrollo. El inicio de procesos de articulación regional, como ocurre en el caso de las comunidades afrodescendientes y los pescadores, muestra que en la sociedad civil hay una voluntad de trascender la situación actual. Todavía no es sustentable hablar de una situación generalizada en este sentido, pero ella está empezando. Lo que hace falta es la construcción de diálogos con el resto de los sectores que favorecen estos procesos.

4.4.4. Conclusiones y recomendaciones Ya hemos dicho que la sociedad coveñera se encuentra en un momento crucial de su desarrollo económico, político y social. Este momento, como se ha visto a lo largo del documento, traerá consecuencias decisivas para todos los sectores claves del municipio. Por lo anterior, a manera de cierre del presente documento, enfocaremos las conclusiones en recomendaciones en torno a las tres variables de análisis: las relaciones horizontales, las relaciones verticales y la visión del desarrollo de Coveñas (Tabla 8). En cuanto a las relaciones horizontales, Coveñas es un municipio con grandes desafíos, pues presenta una fuerte desarticulación general entre sus actores sociales. Pese a que cuenta con una actividad importante de varios sectores, en particular del afrodescendiente, no existe una identificación de puntos comunes ni agendas conjuntas. Esto ha llevado a que cada actor se concentre en sus propias iniciativas e intereses y deje de lado la posibilidad de un trabajo conjunto, lo cual ha restado capacidad

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

225

de incidencia de la sociedad civil y ha parcializado el diálogo que se adelanta con el resto de sectores. En esta desarticulación se identificaron carencias en cuanto a capacidad de identificar líneas estratégicas de acción por parte de los actores sociales, algunos de los cuales no conocen enteramente los mecanismos e instancias de participación y abrigan temores y desconfianzas a causa del pasado reciente de violencia que vivió la localidad de manos de los grupos paramilitares. En cuanto a las relaciones verticales, el municipio requiere la creación de capacidad de diálogo de los actores de la sociedad civil frente a la industria petrolera y a la administración municipal. En este sentido hay ciertos avances que es necesario profundizar, y la identificación de puntos comunes de posible articulación intersectorial sería un primer paso. El turismo es el escenario en que esto se manifiesta con mayor claridad. Ejemplo de ello es la iniciativa de protección y limpieza de la playa, tarea que podría convocar a una gran variedad de actores y promover otras iniciativas de articulación. Es igualmente crucial la construcción y mantenimiento de una confianza mutua, basada en acuerdos sobre metas logrables y en el establecimiento de tiempos de cumplimiento claros, para evitar entendimientos parciales que despierten nuevos conflictos y tensiones. Asimismo, la institucionalidad pública tiene pendiente una reflexión sobre sus capacidades de escucha y respuesta a las demandas que eleva la población, cosa que contribuiría al logro de avances hacia un desarrollo incluyente. Por su parte, la industria petrolera, principalmente mediante su gestión social, ha mostrado interés en servir de apoyo para la implementación de proyectos sociales y de infraestructura que podrían contribuir al desarrollo local. Finalmente, en cuanto a las visiones, como se vio en el apartado final del presente informe, la mayoría de los sectores municipales interpreta el desarrollo como la integración de diversos

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

226

factores y reconoce los múltiples desafíos que los actores sociales enfrentan para llegar a él. Sin embargo, la agenda relacionada con la industria petrolera y el importante peso que tiene en las preocupaciones inmediatas de los líderes sociales impiden hasta ahora la construcción de agendas integrales y constituyen uno de los principales desafíos que hoy encara Coveñas. Lograr la aprobación de proyectos serios que cuenten con el financiamiento adecuado –cosa que significaría un triunfo para algunos sectores sociales- sigue planteando el desafío de llegar a un espacio de construcción común entre los diferentes grupos y actores que conforman la sociedad civil. Tabla 8 Relaciones horizontales

Intramunicipales

Fuerte desarticulación general; tema articulador: desarrollo; actor/espacio articulador: CTP.

Supramunicipales

Pescadores, afrodescendientes. Relaciones verticales

Sector público local

Falta de diálogo. La Alcaldía es percibida como actor ausente.

Sector público nacional

Poca relación.

Sector privado

Alianza y diálogo pragmático: alianzas parciales entre industria petrolera y sector afrodescendiente, indígenas y pescadores; desarticulación con el sector hotelero.

Con base en el análisis anterior, se pueden destacar las siguientes recomendaciones para el municipio: • El Consejo Territorial de Planeación y el sector afrodescendiente son dos actores centrales que tienen el potencial de convertirse en articuladores y constructores de agendas comunes. Por un lado, el CTP ha logrado ser un espacio que

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

227

convoca a diferentes sectores de la sociedad civil y es reconocido en el municipio, tanto por la institucionalidad como por las empresas petroleras. Este actor ha venido buscando avanzar en su calificación técnica para cumplir con su rol de vigilante del presupuesto y representante de la sociedad civil ante la Alcaldía, pero aún mantiene el reto de pasar de una postura de confrontación a un diálogo propositivo. • El sector de afrodescendientes, por su parte, ha dado muestras de liderazgo social, por agenciar procesos y convertirse en un punto de referencia obligado, incluso para los actores gremiales, como ocurrió en el caso de los pescadores. Su cualificación en materia de conocimiento de instancias y mecanismos de participación se ha hecho evidente en el proceso de conseguir que el municipio de Coveñas sea declarado afrocolombiano y sus habilidades de diálogo también se han expresado en su interlocución con los otros actores del territorio. • El sector del turismo es la principal oportunidad de fortalecimiento del municipio en todos los niveles, por lo cual se recomienda su impulso. Ese fortalecimiento exige la solución de dificultades en materia de infraestructura que enfrenta Coveñas desde su misma creación y antes de ella, como lo son las vías públicas, el acueducto y el alcantarillado, núcleos de presión sobre la administración municipal, que solo recientemente empieza a mostrar resultados positivos en esa materia, cosa que también ha ocurrido en la recuperación de las playas y su mantenimiento. • El turismo necesitará de personal calificado para atender la demanda de mano de obra que tendría un sector fuerte como ese, lo cual implica la necesidad de fortalecer el sistema educativo y reorientar los programas ofertados en la zona y en sus cercanías hacia los requerimientos del territorio. Como el punto más importante, el logro

228

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

de un turismo sostenible en Coveñas hace necesario el diálogo entre el sector empresarial turístico, la administración municipal y la sociedad civil coveñera, cuyo rol es determinante, ya que de allí provienen los líderes que impulsan las estructuras gremiales que facilitan que funcione (o no) la economía en el municipio. • Todo lo anterior se relaciona con lo expuesto en torno a las dificultades que enfrenta el municipio en materia de desarrollo humano y seguridad: la única posibilidad que tiene Coveñas de salir del corredor de violencia en que se encuentra, o de ofrecer a sus jóvenes posibilidades diferentes que les alejen de las opciones ilegales que actualmente tienen es mediante la construcción de una agenda de desarrollo municipal que incluya las inquietudes de todos los sectores que modelan el destino del municipio. - Como lo evidenciaron las entrevistas realizadas y el espacio de diálogo de los encuentros municipal y nacional, hay disposición de todos los sectores (institucionalidad pública, sociedad civil y empresariado) a establecer conversaciones y crear espacios de articulación para que las propuestas de progreso municipal encuentren el camino de las soluciones justas. En este mismo sentido, existe un acuerdo generalizado en cuanto a la importancia del liderazgo de la Alcaldía municipal, que es la llamada a promover este diálogo para que sea una realidad.

4.5 La sociedad civil en Puerto Asís Entre la desconfianza y la cultura de la ilegalidad. Reconstruyendo el tejido para alcanzar la paz El presente informe es el resultado de la realización de 16 entrevistas en el municipio de Puerto Asís, en el tiempo comprendido

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

229

entre diciembre de 2013 y febrero de 2014. El caso particular de este municipio, contó además con un espacio de validación por parte de los actores entrevistados, en el cual se recibió retroalimentación sobre resultados preliminares y sugerencias que han sido integrados en el texto a continuación. Se destaca el acompañamiento dado por el Consejo Territorial de Planeación, quienes fueron aliados estratégicos en el territorio y facilitaron el acceso a los actores claves del municipio. El informe a continuación consta de cuatro subcapítulos. El primero de ellos es un contexto histórico del municipio de Puerto Asís, en el cual se ubican las principales características locales y las dinámicas que han producido su coyuntura actual. En segundo lugar se encuentra la presentación del mapeo de actores del municipio con sus respectivas relaciones, el cual fue elaborado a partir de las entrevistas y trabajo de campo realizado. En tercer lugar se presentan las tendencias de la sociedad civil en Puerto Asís, subcapítulo que se divide en el análisis de las relaciones al interior de la sociedad civil y aquellas que establece con el Estado y con el sector privado y en el recuento de las visiones del desarrollo encontradas. Finalmente el informe presenta las conclusiones en relación a las variables establecidas en el marco teórico de la presente investigación.

4.5.1. Contexto histórico de Puerto Asís El municipio de Puerto Asís se encuentra ubicado en la región sur del departamento del Putumayo. Limita con los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Orito y San Miguel; y con la República de Ecuador. Fue erigido municipio el 24 de octubre de 1967. De acuerdo con el Dane, para el año 2008 tenía una población de 57.055 habitantes y su extensión es de 2.610 Km2 (Proyección Dane, 2005). Hace parte de la región conocida

230

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

como el Bajo Putumayo109, la cual ha sido la más golpeada por las dinámicas del conflicto y el narcotráfico en esta zona del país. Este municipio tiene una relevancia política y económica muy importante, a pesar de no ser la capital. A lo largo de la historia “la impronta económica de explotación petrolera y de los cultivos de coca que se inician a finales de la década de los setenta ha convertido a Puerto Asís, constituido como municipio en 1967, en polo de desarrollo económico, institucional y político, en permanente competencia con Mocoa” (Cnmh, 2012: 26). Puerto Asís debe la mayoría de sus condiciones sociales, económicas y políticas a su ubicación geoestratégica, que le da unos suelos fértiles y posibilidades fáciles de intercambio, lo cual se ve acentuado por su condición de frontera. Igualmente, sus dinámicas sociales han estado ligadas desde sus inicios a la explotación y extracción de productos de diversa índole, teniendo especial fuerza los hidrocarburos y la hoja de coca.110 Su formación comenzó a partir de una colonización dirigida, auspiciada por el Estado colombiano y llevada a cabo por los padres ‘capuchinos’, entre finales del siglo XIX y 109

110

El Putumayo se divide en tres zonas: el alto (los municipios del norte), el medio (Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa) y el bajo Putumayo, el cual es la zona de la llanura amazónica conformada por los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguízamo; esta última zona ha sido históricamente la más golpeada por la violencia y el conflicto armado, el sur se ha convertido en un corredor de movilidad para el narcotráfico entre los departamentos de Amazonas, Meta y Caquetá, además de Ecuador (CNA, 2008: 3; Cnmh, 2012: 26). Siguiendo el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Pbot “Al igual que el resto de la Amazonía Colombiana, la evolución socioeconómica y cultural de la región ha estado determinada por las bonanzas extractivas de diversos productos” (Pbot, 2001: 11). Haciendo referencia a este mismo aspecto en la zona del bajo Putumayo y planteando una clara línea de tiempo en este sentido, la Corporación Nuevo Arco Iris afirma “tenemos el momento de explotación de la quina entre 1850 y 1882 (Lasso, 2006); la explotación de caucho y la fundación de la Casa Arana a inicios del siglo XX; la explotación petrolera de la década de los sesenta por la Texas Petroleum Company y el descubrimiento de los pozos de Orito y la Hormiga y la llegada del narcotráfico hacia 1977 (Rivera, 2005)”. (CNA & MOE, 2008: 2))

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

231

comienzos del XX,111 el cual estuvo marcado por las constantes migraciones de poblaciones buscando asentamiento, lejos de la violencia. Los migrantes de otros departamentos112 eran principalmente agricultores, quienes encontraron suelos fértiles en el Putumayo, por lo que pronto la siembra de plátano, yuca, maíz, entre otros, convirtió a la región en una despensa alimentaria. El carácter social de estas familias estaba además fuertemente influenciado por la violencia en el país.113 La presencia del Estado en el Putumayo ha estado ligada fundamentalmente a los desarrollos económicos en la región o a la atención coyuntural a conflictos específicos. A pesar de incentivar el proceso de colonización mediante la iglesia, no fue sino hasta la década de 1950, cuando la Texas Petroleum Company recibió terrenos en la región, que el gobierno central se interesó por hacer presencia en la zona,114 también ligado a la construcción de la carretera Pasto-Puerto Asís. La explotación petrolera comenzó en Orito (que para entonces hacía parte del municipio de Puerto Asís) en 1963, lo que llevó a una nueva ola de colonización, que se complementó mediante la política de reforma agraria impulsada durante la década de 1960 en Colombia a través del Incora (Salgado, 1995: 45). 111

112 113

114

Uno de los incentivos para llevar esto a cabo fue la extracción de quina, que fue muy extendida en estos años en el país. En 1931 se concretó la construcción del camino de herradura, lo cual fue determinante para el desarrollo local y abrió las puertas para la construcción del carreteable en 1957, que facilitó la comercialización de los productos con Pasto y Cali, así como el poder realizar un intercambio comercial (Pbot, 2001) Los migrantes provenían principalmente de Nariño, Caquetá y Huila (Pbot, 2001). De acuerdo con Salgado “La mayoría de los colonos que empezaron a ocupar el actual departamento del Putumayo, como se ha visto, procedían de regiones de donde fueron expulsados por la alta presión sobre la tierra, la incapacidad del minifundio de reproducirse, por los procesos de reestructuración agraria impulsados por el Estado y por los fuertes conflictos sociopolíticos que azotaron a la Colombia en los años cincuenta” (Salgado, 1995: 47) Antes de esta época, el Estado colombiano hizo presencia mediante el Ejército Nacional durante la guerra contra el Perú de 1932. La región fue propicia para la estadía de las tropas debido a la previa colonización y la siembra de alimentos, que permitieron alimentar a los militares.

232

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Todo esto permite que Puerto Asís se constituya como municipio en 1967.115 La extracción petrolera trajo consigo la construcción de un oleoducto de importancia en el país: el Oleoducto Transandino, OTA,116 el cual ha jugado desde entonces un papel clave en las dinámicas de conflicto en el territorio.117 El auge petrolero duró hasta el año de 1973, cuando la Texas Petroleum abandonó la región y en 1979 Ecopetrol adquirió las acciones de esta compañía bajo la razón social Petrolera del Río Panamá S.A118. A pesar de la nueva situación adversa para los nuevos llegados a la región, muchos deciden quedarse y enfocar su trabajo al sector agropecuario, dando a este departamento un volumen de población más o menos estable. Sin embargo, la falta de una institucionalidad con capacidades suficientes, el abandono por parte del gobierno central y las precarias condiciones económicas, abrieron la puerta a una nueva bonanza: la de la coca, que se sumaría al petróleo para marcar el devenir de la región hasta nuestros días. El tema del narcotráfico en el Putumayo tiene tres momentos diferentes: uno entre 1970 y principios de la de 1980, que jugó un papel importante ya que impulsó el proceso poblacio115

A pesar de que el impacto fue sentido en todo el territorio de Puerto Asís y este concentró la migración de trabajadores que se desplazaron hacia allí para formar parte de los trabajos de la Texas Petroleum, “fue en los actuales municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel donde se concentró la explotación petrolera” (Cnmh, 2012: 27). 116 Este oleoducto inicialmente comunicaba a Orito con Tumaco, puerto desde el cual se exportaba el crudo al exterior y comenzó operaciones en 1970. Actualmente la extensión cubre también territorio del Ecuador, lo cual facilita el intercambio comercial, a pesar de que se encuentra en permanente amenaza por los constantes ataques por parte de las Farc 117 A pesar de ser un eje de desarrollo de infraestructura, ya que implicó la construcción de vías que posibilitaran el transporte de la maquinaria necesaria, ha tenido también impactos importantes para la población, como las olas migratorias sin un adecuado soporte institucional y la modificación en las prácticas económicas. 118 De acuerdo con la información oficial de Ecopetrol, es hasta 1981 que se asume la administración de esos campos como el Distrito Sur (DIS).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

233

nal en el municipio119; el segundo asociado a la presencia de las Farc y los grupos paramilitares durante los años 90, acompañado igualmente de campañas de contención y erradicación de los cultivos por parte del gobierno central, con el acompañamiento de los Estados Unidos120; y un tercero que sería el momento actual del departamento, en el que los cultivos tienen aún un peso importante en la producción total del país, pero se percibe una disminución y un cambio en la configuración de poderes en el territorio (Unodc, 2013). El municipio de Puerto Asís ha estado estrechamente relacionado con esta problemática. La masiva expansión de la siembra de hoja de coca redujo de manera abrupta la producción agrícola del departamento, haciéndolo más vulnerable a la dependencia alimentaria, lo cual ha ido modificándose en los años recientes. Producto del contexto de actividades ilícitas y de grandes carencias sociales, Puerto Asís es un municipio donde una buena parte de los actores armados han hecho presencia.121 Sin em119

120

121

Gracias a este rápido cambio en la población se generó la necesidad de servicios e infraestructura acordes con la nueva realidad, lo cual evidenció la pobre capacidad del Estado local y la ausencia del nivel central. Todo ello permitió que se diera “un aumento repentino en el costo de vida. Se introdujeron bienes de lujo, como automóviles y generadores de corriente privados, y un número considerable de armas de fuego (ibíd.). Sin embargo, el vertiginoso aumento en la circulación del dinero y la abrupta intrusión del mercado producida por la bonanza cocalera seguían contrastando con una ausencia en la provisión de servicios públicos básicos, como agua, luz y recolección de basuras” (Torres, 2007: 217). Fue igualmente en este periodo cuando los carteles colombianos de la droga, tanto de Medellín como de Cali comienzan a posicionar a Colombia en la parte de producción de la cocaína, amparados por el entorno del Putumayo de falta de institucionalidad, conflicto y amazonia (Medina Gallego y Téllez Ardila, 1994: 159). Además de resaltar el involucramiento de las Farc con el negocio del narcotráfico en este periodo, se destaca que en este momento toma el control del narcotráfico en la región Gonzalo Rodríguez Gacha, quien establece una alianza con la guerrilla de las Farc para el cuidado al transporte de la cocaína en su salida del país, la cual al romperse sirve de germen para el fortalecimiento de grupos paramilitares que incursionan por primera vez en el departamento en el año 1987. Igualmente en este periodo se combinan la política antidrogas del gobierno nacional, que alterna sustitución de cultivos con aspersión aérea con glifosato, y la proliferación de los cultivos en el departamento del Putumayo, que en el año 2000 llega a concentrar el 40% del total del país (Ramírez, 2012; Simci, 2012). El M-19 hizo presencia entre 1980 y 1982 en varias partes del departamento. El EPL por su parte tuvo un accionar importante entre 1983 y 1990. Sin embargo otros actores de relevancia como el ELN no han incursionado en el territorio (Cnmh, 2012).

234

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

bargo, han sido los grupos paramilitares y las Farc quienes con más fuerza se posesionaron todo el bajo Putumayo, incluyendo a Puerto Asís.122 La relación de esta guerrilla con la población ha sido diversa. Durante la década de 1990, algunos testimonios dan cuenta de una convivencia en general pacífica. En estudios oficiales “se constató que durante su periodo de hegemonía las muertes de civiles en el Bajo Putumayo disminuyeron y se mantuvieron en niveles bajos hasta 1998, año en que reaparecen los paramilitares” (Cnmh, 2012: 42). A pesar de ello, también han sido actores que han implementado otros tipos de violencia que han impactado de diversas formas a la población.123 El otro gran actor armado en el territorio fueron los grupos paramilitares y su transformación en bandas criminales, más conocidas como bacrim. Los grupos paramilitares, como ya se mencionó, hicieron presencia en dos momentos en el Putumayo, el primero de ellos asociado al narcotráfico y las disputas con las Farc entre 1987 y 1991 y el segundo entre 1997 y 2006, hasta su desmovilización,124 que ante la falta de políticas que dieran una atención estructural al problema significó una recomposición de estos grupos en bandas criminales, las cuales de acuerdo con información de la Corpora122

Las Farc llegan a la zona a partir de 1984, “como resultado de la política de desdoblamiento de los frentes que tiene lugar en el marco de la Séptima Conferencia realizada en 1982” (Cnmh, 2012, 31). Desde entonces han tenido una fuerte presencia en el territorio a través de sus frentes 2, 32 y 48 (CNA & MOE, 2008). 123 Ejemplos de esto es el ejercicio de la justicia que llega a comprometer la vida de los juzgados, o el estricto control que con el tiempo fue aumentando, sobre la producción de hoja de coca. El primer aspecto, en particular, se convirtió en una práctica con efectos perversos, como que la misma población señalara a personas para que fueran ejecutadas o desplazadas por el grupo armado. 124 En el segundo momento, los paramilitares se establecieron en el departamento a través del frente Sur perteneciente al Bloque Central Bolívar (BCB); este bloque tuvo presencia en los municipios de Valle del Guamuez, Orito y Puerto Asís (López, 2007: 4). Esta segunda fase se ve marcada por un aumento significativo de la violencia, las masacres y asesinatos selectivos en la zona del Bajo Putumayo. Estas estrategias apuntaban a someter a la población al dominio del paramilitarismo y erradicar la presencia de las Farc en la zona, lo cual no llegó a ocurrir. Las masacres de El Tigre, El Placer y La Dorada en el año de 1999 marcaron el inicio de un periodo de terror que duró hasta la desmovilización de los paramilitares en 2006.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

235

ción Nuevo Arco Iris, hacen presencia por medio de los grupos los Rastrojos y las Águilas Negras (López, 2007). Las consecuencias del conflicto armado para la región han sido múltiples y en diversos niveles. Una de ellas ha sido el desplazamiento, el cual no solamente se explica por el conflicto en sí (que incluye las acciones de las Farc y los grupos paramilitares), sino a partir de “efectos paralelos al conflicto, como la política de fumigación y erradicación de cultivos de coca que se ha traducido en el desplazamiento interno de la población así como en la expulsión de varios habitantes hacia los departamentos y países vecinos” (López, 2007: 12). Adicionalmente, como se ha esbozado a lo largo de este contexto, una de las características más importantes y que afecta de manera más fuerte el desarrollo del municipio es la falta de una institucionalidad pública local con capacidades y recursos para hacer frente a la complejidad del territorio, y establecer una relación diferente con el gobierno nacional. Este último, ha hecho presencia de manera histórica a través del aparato militar, descuidando su responsabilidad en cuanto a la provisión de bienes y servicios y la implementación de políticas públicas integrales en el territorio. Se destacan aquí las estrategias del Plan Colombia125 que tuvo un alto impacto en la región del Putumayo, al ser una de las priorizadas; el Plan Patriota126 y la Política Nacional de Con125 Fue una estrategia integral de cooperación bilateral, cuyo objetivo general era combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia. Contaba con cuatro componentes: Lucha contra las drogas; reactivación económica y social; fortalecimiento institucional; desmovilización, desarme y reintegración. (DNP, 2006). Sin embargo su accionar en el caso del Putumayo estuvo concentrado en la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contrainsurgente. 126 Se trató de un enorme despliegue militar que inició en 2003 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con el cual se buscaba recuperar terreno que las Farc ocupaban en Meta, Caquetá y Putumayo. El Estado colombiano fue condenado por impactos sobre la población civil de este plan. El Consejo de Estado afirma en su fallo “La soberanía sobre el territorio sirve de poco, si los ciudadanos no pueden permanecer en él y ejercer los derechos y libertades de que son titulares, como ocurrió en el presente caso”. (El Universal, 2013)

236

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

solidación, iniciada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y continuada por el actual bajo el nombre de Política Nacional de Consolidación Territorial. Producto del todo lo anterior, la sociedad civil en Puerto Asís se ha configurado de formas muy particulares, siendo dos aspectos de gran importancia: los efectos de la economía cocalera y el lugar en medio del fuego cruzado que ha debido asumir a lo largo de los últimos treinta años. Con respecto a lo primero, la economía de la coca golpeó con mucha fuerza a la sociedad asicense tanto en la dependencia económica como en la cultura que se construyó alrededor de la misma. El flujo constante de dinero conllevó que se abandonaran otras actividades productivas como la agricultura, la pesca y el comercio; pero adicionalmente, creó una dependencia cultural que impidió el surgimiento de iniciativas privadas locales, que garantizaran el desarrollo. Lo anterior se ligó estrechamente al conflicto armado, el cual se nutrió (y se nutre hoy en día) de esta economía ilegal. Han sido diversos los escenarios en los que el campesinado cocalero ha expresado que no tuvo alternativa frente a la siembra de coca, dado que no existieron otras posibilidades de desarrollo y la presión por parte de los grupos armados se ha mantenido en el tiempo. Por otra parte, producto del conflicto armado, la sociedad civil de Puerto Asís se ha visto en medio de una confrontación que involucra grupos criminales como las llamadas ‘bacrim’, a la guerrilla de las Farc que hace una fuerte presencia en el territorio a través de su frente 48 y del Estado, que en ocasiones coopera con uno y otro actor para garantizar la prevalencia de los intereses de las multinacionales. Al igual que en otros territorios en el país, Puerto Asís se ha venido adaptando al uso de la violencia como estrategia de convivencia y de resolución de conflictos. Esto ha generado un

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

237

clima de desconfianza y falta de capacidad de diálogo, que resulta determinante para la vida el municipio hoy en día.

4.5.2. Mapeo de actores A continuación se presenta el mapeo de actores elaborado a partir de la realización de entrevistas y talleres con líderes sociales claves del municipio. En el mapeo de actores es posible observar que la sociedad civil cuenta con dos grandes espacios de participación. El primero de ellos es el Consejo Territorial de Planeación (CTP), que agrupa a un importante sector de actores sociales; el segundo es un espacio que aún no se consolida (línea punteada verde) pero que surgió como proyecto de relevancia a lo largo de las entrevistas: la mesa municipal de organizaciones sociales. Ambos espacios logran agrupar a la mayoría de actores, pese a que algunos se mantienen formalmente fuera de ellos, pero mantienen relaciones positivas con ambos espacios. Se destaca un relacionamiento de tensión de Acsomayo (A1) tanto con la institucionalidad pública como con la empresa petrolera que apareció con mayor importancia en las entrevistas, el Consorcio Colombia Energy (C2), aunque esta no es la única que hace presencia. Pese a que esta empresa es percibida de manera negativa por la mayoría de actores sociales, el sector de personas en situación de discapacidad (A9) muestra una relación positiva. La Alcaldía por su parte muestra relaciones de tensión con la mayoría de actores sociales con la excepción del sector turismo (A14) y el de vivienda (A15). Adicionalmente se muestran relaciones positivas con la empresa petrolera (C2), con la Cámara de Comercio (C1) y con Corpoamazonia (B2). Este último actor también aparece con relaciones de tensión con todos los actores sociales, manteniendo un enlace positivo con la empresa petrolera.

Mapeo 10

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

239

Finalmente también se destaca la influencia permanente que tiene el gobierno nacional en el contexto de relacionamiento de los distintos sectores en Puerto Asís, así como la incidencia que mantiene la presencia de actores armados al margen de la ley en el municipio, en especial las Farc y las bacrim.

4.5.3. Tendencias de la sociedad civil en Puerto Asís Con el propósito de comprender la forma como se configuran las tendencias de la sociedad civil en Puerto Asís, se divide este apartado en las relaciones que establece la sociedad civil entre sí y con los otros sectores y sus visiones del desarrollo. 4.5.3.1. Las relaciones de la sociedad civil Teniendo en cuenta el contexto expuesto anteriormente, se encuentra que en la actualidad la sociedad civil en Puerto Asís está definida y determinada por tres aspectos: sus demandas urgentes y las incipientes iniciativas de articulación en torno a propósitos comunes frente a esas demandas; la relación que mantiene con la institucionalidad pública local, pero con mayor fuerza con la nacional; y la relación que ha venido estableciendo con la industria petrolera que tiene un gran peso en el territorio. Estos elementos serán abordados en el orden presentado a continuación y finalmente se llegará a identificar cuáles son las visiones del desarrollo y la paz que existen hoy en el municipio. Relaciones entre la sociedad civil y repertorios de acción Uno de los aspectos más importantes en la actualidad del municipio de Puerto Asís es que los actores sociales locales han comenzado un proceso de articulación con el fin de dar solución a las principales demandas y desafíos que presenta hoy el municipio, como la carencia de una adecuada infraestructura para la prestación de los servicios públicos básicos, entre

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

240

otros. Cuatro son centrales en esta materia: el mejoramiento de las vías, las garantías para el adecuado funcionamiento del sector salud, las mejoras al sector educativo y la generación de empleo. Con respecto al primer aspecto, el municipio ha vivido históricamente una falta de vías permanente, lo cual ha dificultado su conectividad con el resto del país y por ende su desarrollo. Sin embargo, en la actualidad esto se ha vuelto un aspecto crucial ya que involucra directamente a las empresas petroleras, que son las principales generadoras del daño, pero también a los otros sectores claves como el de salud y empleo, al no contar con una infraestructura adecuada. El sector salud, por su parte, es uno de los que con mayor urgencia buscan atender los sectores sociales, ya que enfrenta hoy en día una grave crisis debida al desfalco llevado a cabo por varias EPS, las cuales no llegaron a desembolsar los recursos para el funcionamiento de los hospitales locales, llevándolos casi a la quiebra. Este aspecto es de extrema urgencia, ya que Puerto Asís presta sus servicios médicos a todos los municipios que componen el Bajo Putumayo. A las condiciones de precariedad permanentes que viven los habitantes de Puerto Asís, se suman las consecuencias del conflicto armado para los hospitales locales, que deben atender, sin los recursos suficientes, heridos producto de la confrontación. Frente a esta situación, los entrevistados se muestran con una sensación de abandono por parte del gobierno central. En palabras de uno de ellos “yo quisiera que el estado colombiano mirara un poco más para el sector salud y más a estas partes que son marginadas porque son lejos” (Entrevista 4)127. En cuanto al sector educativo, la mayoría de entrevistados lo identificaron como un aspecto clave, en especial por la falta de 127

Entrevista a Sector Salud.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

241

cobertura y calidad, que continúa con las tendencias nacionales, al igual que la falta de infraestructura. Al respecto, existe interés en los actores sociales de mejorar la relación entre la oferta académica y la demanda laboral (Entrevista 5)128. Finalmente, existe un consenso frente a la necesidad de una mayor generación de empleo, que se complementa con el reconocimiento de la dificultad que esto representa debido a la cultura facilista de la coca que aún permanece en el municipio. Un entrevistado afirmó al respecto “yo le encuentro ese inconveniente más que todo es a la falta de empresa, no vamos a decir que a la falta de empleo, porque si no hay a donde emplearse, tiene que haber desempleo, yo pienso de que aquí lo que hace falta es empresas, y ojalá empezar por empresas comunitarias, a donde uno mismo sabe con quién puede trabajar” (Entrevista 1129). El desafío de superar “la cultura de la coca, ese facilismo que quedó, esa forma de vida de querer todo fácil, que todo venga rápido” (Entrevista 6)130 es grande, pero se comienza a identificar la necesidad. Frente a todas estas dificultades, se encuentra una sociedad civil con una evidente voluntad de mejorar las condiciones del desarrollo local a través de iniciativas de articulación. La más clara de ellas es la llamada Mesa Municipal de sectores sociales de Puerto Asís, que comenzó su conformación en el año 2009 y cuyo objetivo es lograr aglutinar a todos los sectores sociales locales, para crear un espacio de interlocución con el municipio, el departamento y el gobierno central (Entrevista 2)131. Así, la Mesa cumpliría simultáneamente funciones de intermediación (vertical) y de articulación (horizontal). 128 129 130 131

Entrevista a representante de Consejo Territorial de Planeación. Entrevista a trabajador independiente. Entrevista a representante Sector turismo. Entrevista a representante Sector Desplazados.

242

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Este ha sido un proceso que se vio fortalecido por el paro agropecuario del año 2013. Al indagar sobre su historia, uno de los entrevistados comentó que:

“un grupo de personas cansados de la problemática de Puerto Asís, de pronto la falta de una cultura que no ha faltado acá y de pronto como mirando el abandono que tiene el gobierno nacional con nuestro municipio y con Putumayo, decidió organizando un grupo de personas como mesa municipal para que podamos tener voz y voto, que todo mudo tengamos una opinión” (Entrevista 3)132.

En el mismo sentido, se trató de “comenzar entre todos los habitantes, como presidentes como asociaciones hasta comercio que se unan a esta causa y podamos hablar un solo idioma, porque aquí el problema es que ha habido muchas divisiones” (Entrevista 3). A pesar de ser aún una iniciativa naciente y con grandes dificultades para su consolidación, las cuales son principalmente de debilidad en las capacidades de diálogo entre los propios actores sociales y la actual relativa desarticulación, la mesa se presenta como un escenario de grandes oportunidades para la sociedad civil y la posibilidad de inclusión de sus demandas en los espacios institucionales. Esta relevancia es posible destacarla en dos sentidos: por un lado, dado que representa un cambio de estrategias y repertorios de acción para el logro de la incidencia. Varios de los entrevistados destacaron que la principal forma de logro de objetivos por parte de los actores sociales, al igual que en otras partes del país, es la recurrencia a las vías de hecho (Entrevistas 2 a 7). 132

Entrevista a representante de Mesa Municipal de Organizaciones Sociales.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

243

A propósito de esta situación, la mesa ha sido planteada como una posible solución. Uno de los entrevistados mencionó que es frecuente una salida al uso de ‘paros’

“Porque es que todo el mundo hace un paro aquí, otro paro más allá, hoy termina el otro entonces el fin era, unifiquémonos, llamar a las empresas y decirle: esto es lo que queremos y la obligación de usted es esto, la obligación de usted es lo otro, la obligación del alcalde es esto, comenzar como a darle a todo solución, a todo su lugar exacto, esa es la mesa municipal” (Entrevista 3).

En la misma ruta de encontrar un espacio de articulación, se pudo observar en la mayoría de entrevistas realizadas que la sociedad civil en Puerto Asís se ha venido haciendo consciente de su parte de la responsabilidad en el conflictivo escenario actual. Los actores locales han identificado su falta de unidad y tendencia a la confrontación como parte de los ingredientes que mantienen viva la conflictividad local, así como su participación en actividades que han tendido tradicionalmente a criticar (Entrevistas 1 a 8). Un ejemplo de ello es el tema de la corrupción. Uno de los entrevistados afirmó al respecto que “nosotros también entramos en parte de la corrupción, porque si a mí como presidente, me vienen y me dicen “don fulano, necesito que vamos a hacer esto aquí, usted me firma un documentico, y hay doscientos mil pesitos, no hay problema” digo, pero cómo no va a haber problema, sí lo hay, porque estoy vendiendo a mi comunidad por una mísera moneda” (Entrevista 1). En el mismo sentido, se encontró que este tema de la corrupción a pequeña y gran escala causa gran preocupación en la sociedad ya que ha contribuido a la fragmentación del tejido social al basar las relaciones en general en la desconfianza (Entrevista 6). Igualmente, fue recurrente el destacar las rivalidades internas de la sociedad civil, que lleva incluso al ejercicio sistemático

244

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

de la violencia, a pesar de realizar intentos de articulación. A propósito de ello un actor afirmó que “los mismos sectores, la misma sociedad civil, entre nosotros mismos nos atacamos por diferentes motivos, celos de poder, intereses particulares, diferente ideologías” (Entrevista 5). El riesgo del uso de la violencia se ve incrementado por la influencia de los diversos actores armados en el territorio. Una de las estrategias utilizadas con mayor frecuencia por la población para dirimir conflictos es llevar la problemática a estos actores, en particular a la guerrilla de las Farc. Este tipo de accionar debilita las posibilidades de incidencia de la sociedad civil, ya que pasa a ser un actor secundario en el territorio, supeditado a las decisiones que vienen de la ilegalidad. Esto además se ve reforzado por otros actores con presencia en el territorio como las empresas e incluso la institucionalidad, que de igual manera se ven obligados a aceptar las condiciones de poder en el territorio. Mientras esta situación permanezca, no será posible el florecimiento de una sociedad civil fuerte y pacífica en Puerto Asís, a pesar de los intentos que se realizan actualmente y del recambio en los repertorios de acción que ya se está viviendo. Relaciones verticales Como se ha mencionado anteriormente, la relación vertical con el sector público de la sociedad civil tiene dos dimensiones: la relación con la Alcaldía (y con menor grado la gobernación) y aquella que mantiene con el gobierno central. En cuanto al primer nivel, el de la Alcaldía, existen posturas divididas frente a la eficacia y pertinencia de sus acciones. Por un lado, algunos actores encuentran en la actual administración del alcalde Jorge Coral Rivas (2012-2015) una diferencia frente a las anteriores, ya que tiene mayor capacidad de ejecución. Por el otro, y de manera más generalizada, hay una fuerte percepción

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

245

de falta de rendición de cuentas y transparencia en la administración, que muestran una clara desconfianza en la institucionalidad y en su capacidad de respuesta. De acuerdo con uno de los actores:

“hay muchas cosas que están oscuras tapadas y nadie las destapa porque la gente dice “para que digo esto si nadie no va a parar bolas” las entidades no están funcionando en nuestro municipio, por ejemplo tenemos problemas también de contaminaciones, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de vías, entonces yo miro que aquí hay mucha violación de nuestro derechos”. (Entrevista 3).

La falta de transparencia se puede apreciar principalmente a través de las afirmaciones de los actores del Consejo Territorial de Planeación. Este escenario de participación es de gran importancia a nivel municipal ya que muestra un proceso avanzado en cuanto al cumplimiento de su labor de vigilancia y control, a pesar de las dificultades que enfrenta por su carácter no vinculante. De acuerdo con uno de sus integrantes “el consejo desde el año 2008 ha tenido una importante participación dentro de la organización de la sociedad civil porque logramos empoderar el trabajo que realizamos como control social dentro del seguimiento que hacemos al plan de desarrollo” (Entrevista 5). Las preocupaciones de este actor (que convoca varios sectores sociales) se ubican en dos direcciones: por un lado, la transparencia, ya que si “yo como ciudadano, voy y solicito un documento a la Alcaldía porque ese es un deber mío y un derecho de cualquier empleado público me tiene que rendir informe a mí como ciudadano, pero es un enemigo, de una vez se convierte uno en el molestoso en el problemático, entonces esa es una situación que no gusta a la comunidad” (Entrevista 1). Lo anterior evidencia una tendencia a percibir la institucionalidad

246

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

como poco accesible, frente a lo cual también ser afirmó que “no estamos de acuerdo con una rendición de cuentas que solamente nos lleven allá a dar un informe general de gestión, eso no es una rendición de cuentas, necesitamos conocer una medición, necesitamos conocer un instrumento el cual nos pueda decir que se ha cumplido, que no se ha cumplido y como va ese plan de desarrollo en ese cuatrienio que está por terminar” (Entrevista 5). Adicionalmente, el CTP de Puerto Asís ha venido identificando fallas en los procesos de planificación del municipio, ejemplo de lo cual es la falta de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, sin el cual el municipio continuará su crecimiento de forma desorganizada y con costos excesivos en infraestructura por la falta de planificación (Entrevista 5). En este mismo sentido, un actor afirmó que “parece que nuestros administradores no conocen otro municipio, no conocen una ciudad donde hay organización” (Entrevista 1). Con base en lo anterior, es posible afirmar que no existen procesos claros de articulación entre la Alcaldía y los sectores sociales, más allá de iniciativas puntuales como en el tema de vivienda o en el de palma.133 Por otro lado, la relación con el gobierno central tiene mayores implicaciones cotidianas. Como se mencionó en el contexto, el Putumayo es un departamento de interés nacional, lo que implica que muchas de las decisiones que le afectan, son tomadas desde otras instancias. La sociedad civil por su parte tiene unas lecturas concretas al respecto en cuanto a la pertinencia de los proyectos de compensación que se realizan en el territorio y en la trascendencia que tiene la no capacidad de toma de decisiones desde lo local. Esto se relaciona además, con unas ideas distintas sobre el territorio y sus posibilidades de desarrollo. Mientras que el nivel central se enfoca en el potencial minero-energético del 133

Se encuentra en estudio la posibilidad de iniciar un proceso de siembra de palma de carácter comunitario.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

247

departamento, la población local continúa identificándose con su carácter amazónico.134 Con respecto a lo primero, muchos de los proyectos que se han realizado desde una mirada nacional, no han logrado atender las necesidades del territorio, a pesar de la gran cantidad de recursos que han sido asignados para ello. En palabras de un entrevistado:

“toda la plata que ha entrado acá ha sido mal manejada, la han manejado solamente con personas que ven de afuera, que no conocen el territorio. Llevan computadores a veredas donde no hay luz, trapiches donde no hay caña, entonces yo miro que ahí es donde está el problema. Si para acá mandaran, no mucha plata, sino bien manejadita, el pueblo tiene que caminar” (Entrevista 3).

En este mismo sentido, otro actor expresó que

134

“el Putumayo deberían de ser una despensa con tantos ríos de dinero que han pasado por aquí, pero mire; experimentaron el caucho, experimentaron el sancha inchi, experimentaron las vacas, experimentaron los pollos, los peces, e infinidad de dinero, pero el resultado no se ve, ¿porque? Porque es lo que yo le decía ahorita, llega una entidad del gobierno ̒ venimos con un proyecto para pescado̕ y si yo digo, no, yo quiero marranos me dicen ̒ no, no, no, no, usted salga de aquí ̕ ” (Entrevista 1). Es importante recordar que a pesar de ser parte de la Amazonía colombiana, en el Putumayo se han mantenido las explotaciones petroleras debido a la voluntad del gobierno nacional de fortalecer este sector. A partir del último Plan Nacional de Desarrollo (20102014) esto se ha intensificado. Pese a que en el territorio las posturas están divididas frente a qué hacer con la industria, existe un fuerte rechazo al impacto ambiental que esta genera y temor por las posibilidades que se abren en el horizonte para la minería.

248

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Esta falta de comprensión de las necesidades locales que se basa en una total falta de escucha por parte de los actores del nivel central, ha generado grandes desconfianzas en los procesos que buscan agenciarse desde el nivel nacional. Durante el trabajo de campo, a pesar de que no se registró de manera explícita en ninguna de las entrevistas, se pudo apreciar que esa situación no ocurre solamente frente a la institucionalidad pública, sino también frente a la cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales nacionales. La desconfianza local y la falta de escucha nacional son grandes desafíos que sería clave superar, dada la congruencia de intereses en algunos aspectos. Un ejemplo de esto es el tema de la coca. Desde el nivel nacional existe la búsqueda de superar este flagelo y las comunidades comienzan a compartir ese camino. De acuerdo con un entrevistado “nosotros percibimos que casi el 50% de la población así censo que nosotros conocemos, no quieren ni siquiera escuchar ni tener como alternativa nuevamente el cultivo de coca” (Entrevista 5). Sin embargo, la estrategia del gobierno central en este sentido se ha basado en la aspersión aérea con glifosato, lo que ha ocasionado desplazamientos de campesinos, pérdida de soberanía alimentaria del departamento y rechazo a las políticas nacionales. El mismo actor manifestó al respecto que “las fumigaciones aéreas en este momento no acaba con la coca, están acabando con todos los productos que producen nuestro campesinos” (Entrevista 5). Los retos en el nivel institucional son enormes y requieren primordialmente la creación de espacios de escucha entre el nivel local y el central. Relaciones con el sector privado Frente a la presencia de la industria petrolera, existe consenso frente a los perjuicios que esto conlleva para el municipio, pero a la vez frente a la relación que se espera con este actor.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

249

En el primer punto, la industria ha afectado en especial en cuatro niveles al municipio: salud, infraestructura, medio ambiente, y economía. Un actor expresó esta situación claramente al afirmar que “el petróleo y la exploración de este hidrocarburo ha hecho que las viviendas, el medio de transporte, las vías entre otros factores se vean perjudicados en Puerto Asís” (Entrevista 5). En cuanto al tema de la salud, el constante tránsito de vehículos pesados y el polvo que esto genera, ha ocasionado afecciones respiratorias a la población cercana a las vías (Entrevista 4). Este problema está estrechamente relacionado con la de infraestructura. Algunas de las vías por las que los vehículos transportadores del crudo transitan en la actualidad han sido construidas por las mismas comunidades, lo cual aumenta la molestia que se genera frente al deterioro que esta actividad general (Entrevistas 3 y 9). Adicionalmente, las casas que se encuentran aledañas a estas vías se han visto severamente afectadas, incluso destruidas debido al movimiento que genera el peso de los vehículos. En palabras de un entrevistado “aquí no hay ni vías transitables porque todas las vías las han dañado las mulas que transitan con el hidrocarburo a diario” (Entrevista 4). En cuanto a medio ambiente, hay una preocupación generalizada por los derrames de crudo que se han presentado y que desde la perspectiva de la población no han sido debidamente atendidos. Esto, desde las afirmaciones de los consultados, ha contaminado las aguas de muchas comunidades y afectado al pueblo en general (Entrevistas 5 y 6). A esto se suma el surgimiento paulatino de la minería, que de momento se mantiene ilegal, que también está afectando con mucha fuerza al medio ambiente de la región. Este aspecto se ve reforzado por una concepción distinta del territorio desde el nivel local, frente a lo determinado por el central, y es que el Putumayo es una región amazónica esencialmente, por lo que su mayor capital es la con-

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

250

servación de la naturaleza y no la explotación de los recursos (Entrevistas 6 y 9). Finalmente, respecto a la economía, la presencia de la industria ha encarecido el costo de la vida en el municipio y potenciado la existencia de negocios ilegales que ya venían andando previamente, como la prostitución y el narcotráfico local. Igualmente, hay una gran inconformidad frente a la contratación de personal no nativo para los trabajos implicados en la industria. Al respecto uno de los entrevistados afirmó que:

“estamos mal porque las petroleras que son las que están trabajando actualmente sobre el sector que están haciendo: están contratando, la gran mayoría de gente la contratan desde afuera, desde conductores en adelante (…) pero el bum no es de aquí, el bum es de afuera porque los recursos realmente van para afuera. La gente viene y trabaja aquí 20 días o 45 días y vuelven a salir. La plata no se está invirtiendo aquí” (Entrevista 8)135.

Otro actor expresó en el mismo sentido que: “tenemos lo que es el impacto social donde las empresas están entrando a trabajar mas no están generando empleo a las personas de nuestro municipio, de nuestras comunidades que es lo mismo, las veredas; no están generando el empleo que se debería dar, están trayendo personas de otro lado muchas empresas, ahora están entrando empresas nuevas en la cual no se socializa con la comunidades” (Entrevista 3).

135

Entrevista a sector vivienda.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

251

Esta última afirmación introduce el otro aspecto en relación a la presencia de la industria y la sociedad civil y es el tipo de relación que se busca establecer con estas empresas. Existe una mirada generalizada que no busca evitar la presencia de la explotación petrolera en el municipio ni se opone a este tipo de economía, sino que no se siente conforme con la falta de consulta a las comunidades frente a lo que se planea realizar y la falta de responsabilidad social y compromiso con el desarrollo territorial por parte de las empresas. Es así que varios actores ahondaron en este sentido al afirmar “no estamos contra las empresas estamos en contra de la mala organización que el gobierno ha tenido bajo esta problemática” (Entrevista 3); o “no decimos que no saquen el petróleo pero sí que lo hagan bajo una norma que hagan que la gente mire y la gente se beneficie, de aquí sacaron petrolero, pero aquí dejaron eso” (Entrevista 7)136. Frente al segundo punto, la desconfianza, al parecer ha existido la tendencia a implementar proyectos con una consulta a una parte muy limitada de la población. Esta falta de socialización es uno de los grandes retos que debe superar tanto la institucionalidad pública (local y nacional) como la industria (la petrolera y posteriormente la minera) para conseguir relaciones más constructivas en el territorio. Esta problemática comenzó desde que llegó esta nueva oleada petrolera a Puerto Asís desde finales de la década de 1990. Un actor expresó al respecto que “cuando entraron las compañías, comenzaron a engañar, documentos, socializaciones, documentos como hay gente que no sabe leer ni escribir, Ud. Llegaba con un documento ve vamos a hacer esto, estamos recopilando ésta información, una foto, y ya, esta socializado” (Entrevista 9137). En el mismo sentido, otro entrevistado afirmó que “es que en 136 137

Entrevista a representante de una organización social. Entrevista a Sector Agropecuario.

252

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

el municipio uno mira que hacen lo que quien pero no se sabe quién, llegan a hacer cualquier obra” (Entrevista 1). Esta falta de socialización es percibida como falta de respeto hacia la comunidad. Un actor resumió esta situación al expresar “la relación de las juntas con las empresas petroleas es muy sencilla, la empresa no quiere sino que le den una autorización para explotar el hidrocarburo… pero ojalá usted vaya con la zona de influencia que llaman y va a encontrar desolación gente que apenas van a decir nos engañaron” (Entrevista 6). Todo lo anterior muestra que en la actualidad se afirma que no hay una relación positiva con las empresas petroleras “las petrolera están sacando petróleo, sacando petróleo y ¿qué le están dejando al pueblo? Miseria, nada y como eso es ya a nivel nacional porque eso lo maneja el ministerio de minas, nosotros no tenemos velas en ese entierro, no podemos hacer nada ni protestar” (Entrevista 4). Esta realidad solamente podrá mediarse si se aprovecha la disposición al diálogo de muchos actores locales y se plantea una relación de mayor inclusión de las comunidades en el diseño del desarrollo en el territorio. 4.5.3.2. Visiones acerca del desarrollo y principales preocupaciones En relación con las características de las relaciones horizontales y verticales de la sociedad civil en Puerto Asís, las principales preocupaciones identificadas por un grupo de personas de la sociedad civil que participaron en representación de este municipio en el encuentro nacional Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia, muestran como principal preocupación el tema del conflicto armado y la violación a los derechos humanos. Este aspecto es seguido por la falta de planificación y ordenamiento territorial que sea de carácter participativo e incluyente y la falta de proyectos productivos y protección

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

253

ambiental.138 Las dos últimas inquietudes priorizadas fueron el tema de la explotación minero energética y la carencia de servicios públicos de calidad. El trabajo de campo realizado permitió reconocer previamente cuatro elementos claves relacionados con los aspectos anteriores, identificados por los entrevistados en relación a las visiones de la sociedad civil en Puerto Asís: el petróleo y su relación con el modelo de desarrollo territorial; las dificultades en torno a la falta de confianza en las instituciones; la necesidad de mayor articulación de los actores de la sociedad civil; y finalmente la incipiente preocupación por la paz (en términos de cese a las actividades bélicas). Con respecto al primer punto, como se mencionó anteriormente, existe principalmente una preocupación por la forma como se toman las decisiones sobre la explotación petrolera en el municipio. Este conflicto lleva a discusiones más profundas sobre si el Putumayo debe o no ser espacio para este tipo de actividades. Algunos actores en el territorio han comenzado a plantear propuestas alternativas a las hegemónicas (tanto nacionales como internacionales) y se ha llevado a la formulación del Plan Integral de Desarrollo Amazónico, que de acuerdo con un entrevistado es “un plan integral amazónico en el cual se está queriendo manejar que nuestros productos sean nativos de acá de nuestra región, que no sean productos como ha venido diciendo el gobierno” (Entrevista 3). Esta búsqueda surge de la identificación de posibilidades comerciales para el municipio, que incluye elementos como el turismo y la comercialización de frutas de origen amazónico. Personas que participan en el impulso de actividades turísticas incluso expresaron que el desarrollo de este sector podría ser un foco generador de reconciliación a nivel 138 Esta región, como se mencionó anteriormente, ha sido fuertemente afectada por la fumigación indiscriminada con glifosato y los repetidos derrames de petróleo sin la reacción adecuada por parte de las autoridades ambientales que ha derivado en la contaminación de suelos y acuíferos.

*

Para ver más información acerca de las seis categorías y la metodología ver subcapítulo 4.1.1.

Fuente: elaboración propia sobre la base de talleres con representantes de la sociedad civil del municipio*.

Gráfica 6. Principales preocupaciones (Puerto Asís)

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

255

local, como se puede apreciar en las palabras de un entrevistado al decir “si mañana o pasado mañana, personas se vinculan que hayan pertenecido al margen de la ley y sean los que nos muestren de aquí para abajo todo lo que conocen, bienvenidos como guías turísticos y bien remunerados” (Entrevista 6). Esta alternativa, además de responder a las dificultades en la planeación de proyectos que se realizan desde el nivel nacional, se relaciona con las percepciones negativas que existen frente a la industria petrolera como fuente de desarrollo. Hay quienes relacionan de manera directa la existencia de esta actividad con los conflictos territoriales, como lo expresó un entrevistado al decir “mientras exista petróleo y coca hay guerra” (Entrevista 9). Para el logro de estos propósitos, la mayoría de los actores consideran que el rol de la institucionalidad pública, en especial la municipal, es fundamental. El aumento en la confianza en las instituciones, que parte de una actitud más amplia por parte de este sector a las actividades de control de la sociedad civil a la gestión y el establecimiento de mayores compromisos puntuales para la mejora de las condiciones locales, serían fundamentales para el logro efectivo del desarrollo de Puerto Asís (Entrevistas 1 y 5). Pese a lo anterior, existe un gran consenso en la sociedad civil del municipio en lo crucial de su participación en el logro de un desarrollo verdadero. Uno de los entrevistados manifestó como una posible solución que:

“en la población desplazada o víctimas como se llama ahora, tenemos médicos, tenemos ginecólogos, tenemos trabajadores sociales tenemos enfermeras, o sea hay personas capacitadas, pero realmente no se le está dando el reconocimiento necesario, están trayendo de otras partes para que se nos hagan a nosotros unas inducciones que nosotros nos podríamos hacer nosotros mismos” (Entrevista 2).

256

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

En el mismo sentido, el entrevistado afirmó que “somos nosotros, ese es el desarrollo del pueblo, somos nosotros, el pueblo no se desarrolla solo, se desarrolla por nosotros, pero si nosotros permanecemos a diario peleando, no hay desarrollo pero la voluntad, la paz nace por nosotros” (Entrevista 2). Lo anterior expresa la necesidad de articulación de los actores sociales, como ya se expresó anteriormente. Al respecto, existe acuerdo frente a las prioridades del desarrollo del municipio “hay tres cosas que necesitamos en Puerto Asís que son muy necesarias. Salud, educación y vías, y trabajo para nuestros habitantes” (Entrevista 3). Finalmente, pese a que existen aún dificultades para superar los valores que ha inculcado de manera profunda la permanente guerra que se vive en el territorio, los actores de la sociedad civil expresaron que la salida al conflicto armado podría redundar en mayor bienestar y en el logro de acuerdos con las instituciones que puedan ser respetados (Entrevista 9). El conflicto nutre las desconfianzas que existen entre los tres sectores, por lo que su solución podría aportar a la construcción de visiones conjuntas que beneficien al municipio como conjunto.

4.5.4. Conclusiones y recomendaciones Partiendo de un análisis guiado por las tres variables del estudio (relaciones horizontales, relaciones verticales y visión), presentadas en el subcapítulo 2.4, y con el propósito de identificar factores que favorecen u obstaculizan una participación real de la sociedad civil en una posible alianza intersectorial, se pueden resaltar, en el caso de Puerto Asís, aspectos importantes en cada una de las tres variables (Tabla 9). En cuanto a las relaciones horizontales, Puerto Asís cuenta actualmente con una sociedad civil aunque muy activa, parcialmente desarticulada. Se encontró una gama muy amplia de actores dedicados a actividades económicas, políticas y sociales,

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

257

que han venido en un proceso de clarificación de sus agendas grupales, pero no se ha llegado a una construcción común de una agenda de la sociedad civil. En esta desarticulación influye la falta de capacitación de los actores sociales en materia de diálogo e identificación de aspectos estratégicos para la construcción de agendas conjuntas. Estas carencias también se presentan en el nivel de las relaciones verticales. Puerto Asís evidencia desconfianzas y tensiones entre la sociedad civil y los sectores de la institucionalidad pública nacional y una falta de diálogo arraigada frente a la institucionalidad local. En cuanto al primer nivel, el nacional, la incidencia que tiene en el municipio es de gran relevancia debido al contexto de conflicto armado que vive el municipio, las dinámicas de la economía del narcotráfico y el tema petrolero, aspectos que implican la implementación de políticas concretas en el territorio. Algunas de estas iniciativas, dado que su planeación se realizó desde el nivel central sin tener en cuenta las necesidades del territorio, han generado estas desconfianzas que impiden un acercamiento constructivo entre los actores sociales y el gobierno nacional. En cuanto a la institucionalidad local, se encontró que existen variaciones relacionadas con la tendencia política del gobernante actual, frente a experiencias pasadas, y una tendencia al no diálogo por la percepción de la mayoría de actores de la sociedad civil de no recibir respuesta a sus demandas. En el aspecto de las relaciones verticales igualmente se encuentra la relación con las empresas petroleras. Puerto Asís presenta una situación particular en este sentido ya que no existe un diálogo fluido entre las diversas empresas petroleras y la sociedad civil. Finalmente, en cuanto a las visiones del desarrollo, actualmente existen grandes desafíos en lograr una definición clara del desarrollo local que se quiere hacia futuro, lo cual se en-

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

258

cuentra mediado por las dinámicas del narcotráfico y el reciente surgimiento de una sociedad civil fuerte e independiente. Sin embargo, las iniciativas que apuntan en esta dirección como lo es el Plan de Desarrollo Integral Amazónico (Pladia), constituyen la base para generar una discusión más profunda en torno al desarrollo y la identificación de algunos puntos de potencial controversia, como es el tema minero-energético frente al carácter amazónico local, con el que se identifican en mayor medida los actores sociales. Tabla 9 Relaciones horizontales Relativa desarticulación general Intramunicipal

Tema articulador: paz Actor / espacio articulador: CTP, Mesa Municipal de Organizaciones Sociales

Supramunicipal

Organizaciones no gubernamentales y cooperación internacional. Tema articulador: derechos humanos Relaciones verticales

Sector público (local)

Falta de diálogo

Sector público (nacional)

Tensión y desconfianza, dificultades de diálogo por falta de planeación adecuada de inversión

Sector privado

Ausencia de relación (pero interés)

Con base en el análisis anterior, se destacan las siguientes recomendaciones para el municipio: • Las iniciativas recientes de búsqueda de articulación de actores que han visto la importancia de llevar a cabo acciones conjuntas, como es la propuesta de la Mesa Municipal de Organizaciones Sociales, la cual no ha llegado a con-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

259

cretarse pero se encuentra en discusión, puede convertirse en un espacio que permita un diálogo con los otros sectores en el territorio con mayor capacidad de incidencia. Esta lectura muestra que la sociedad civil en Puerto Asís ve las relaciones en su interior como un elemento de gran importancia para lograr mejores resultados en las relaciones que establece con la institucionalidad y la empresa. • Frente a la situación de desconfianza con respecto al nivel central de gobierno, se recomienda mayor inclusión de los actores territoriales, tanto de la institucionalidad local como sociales, en el diseño de las políticas a implementarse en el territorio, lo que contribuirá a modificar las dinámicas actuales de relacionamiento. • La implementación de un diálogo sostenido por la Alcaldía con algunos actores sociales podría constituir una puerta de entrada para acercamientos con los demás actores del municipio. • Con respecto a la presencia de la industria en el territorio y la no existencia de un diálogo fluido con los actores sociales, un primer paso sería la definición de reglas claras en el territorio, por parte de la institucionalidad local, en cuanto a las dinámicas de gestión social y su socialización con la comunidad. Este aspecto de la socialización y consulta de las acciones a realizar por parte de los actores estatales o empresariales con las comunidades es un eje central en la solución de las desconfianzas entre sectores en este municipio, por lo que se recomienda avanzar en este sentido. • En relación a las visiones de desarrollo en el territorio y los desafíos que plantea la economía petrolera como desincentivo a otros renglones productivos, el evaluar la propuesta del Pladia que incluye el aprovechamiento de los recursos naturales de la amazonia para la diversificación de la economía y que comprende iniciativas en turismo, agricultura

260

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

y comercialización, ayudaría a reducir el potencial que tiene la industria petrolera de cooptar la mano de obra disponible e impulsar la dependencia total del municipio. Avanzar en los anteriores elementos contribuirá a una dinámica de desarrollo más incluyente y esto puede constituir una base importante para un posible escenario de posconflicto.

4.6 La sociedad civil en Saravena Autonomía y diálogo intersectorial: retos para una paz duradera El presente documento es el resultado de la realización de 16 entrevistas en el municipio de Saravena, llevadas a cabo en el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2013. Es igualmente producto de la participación en espacios de discusión en torno a los temas del desarrollo y la paz, que convocaron no sólo al municipio de Saravena sino a otros del departamento de Arauca. En estos espacios se realizó una permanente consulta de la forma como debía avanzar el proceso con las comunidades, recibiendo su retroalimentación a los resultados preliminares del estudio. Igualmente se contó con la participación de actores del nivel nacional e internacional con presencia permanente en el territorio, que aportaron una mirada más amplia al complejo contexto del municipio. Entre estos actores se destaca el trabajo conjunto que se realizó con la Iglesia Menonita de Teusaquillo y Justa Paz y el apoyo de la Federación Luterana Mundial, que posibilitaron un acceso con un nivel mayor de confianza por parte de los actores sociales en el territorio. En especial la Iglesia menonita y Justa Paz jugaron un rol determinante al abrir espacios de participación para el equipo de Cinep con los más variados actores y también fueron socios claves en la organización del evento regional 2do. Foro Internacional Horizontes para la Paz

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

261

y la Reconciliación en Arauca que se llevó a cabo en octubre de 2013 en Arauca capital. El informe a continuación consta de cuatro subcapítulos. El primero de ellos es un breve contexto histórico del municipio de Saravena, en el cual se ubican las principales características locales y las dinámicas que han producido su coyuntura actual. En segundo lugar se encuentra la presentación del mapeo de actores del municipio con sus respectivas relaciones, el cual fue elaborado a partir de las entrevistas y el trabajo de campo realizados. En tercer lugar se presentan las tendencias de la sociedad civil en Saravena, subcapítulo que se divide en el análisis de las relaciones al interior de la sociedad civil y aquellas que establece con el Estado y con el sector privado y en el recuento de las visiones del desarrollo encontradas. Finalmente el informe presenta las conclusiones en relación a las variables establecidas en el marco teórico de la presente investigación.

4.6.1. Contexto histórico de Saravena El municipio de Saravena se encuentra en el piedemonte araucano, en la frontera con Venezuela. Hace parte de la subregión conocida como el Sarare, la cual está integrada por los municipios de Saravena, Arauquita y Fortul del departamento de Arauca; el municipio de Cubará de Boyacá y el municipio de Toledo de Norte de Santander.  Fue fundado municipio en el año 1976, luego de un largo proceso de colonización, que se dio por una parte de forma espontánea, y por otro como política estatal para aliviar la presión de falta de tierra en el país.139 139

Es importante ubicar estos sucesos en el marco del contexto internacional de la época, ya que esto va a incidir de forma determinante en las reacciones tanto de los campesinos como del gobierno. La oleada de reformas agrarias que se dio en el continente, estuvo mediada por la preocupación en medio de la guerra fría, de contener los surgimientos ‘comunistas’ a como diera lugar. El aspecto de la tierra era crucial en particular, por el antecedente de la Revolución Cubana y sus acciones en este ámbito.

262

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Comprender las dinámicas del conflicto y las tendencias de la sociedad civil en Saravena hoy, implica revisar sus antecedentes históricos y la forma como se ha construido esta población. El proceso de colonización en el Sarare comenzó a mediados de la década de 1940, dirigida principalmente desde los santanderes. La mayor parte de los campesinos migrantes, hacía parte de una oleada de expulsión producto de la violencia entre liberales y conservadores, que buscaban un lugar donde comenzar de nuevo. Hacia mediados de la década de 1950, luego de las amnistías decretadas por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla a las guerrillas liberales en 1953, se comienza a impulsar la colonización de la frontera agrícola, en zonas como el piedemonte araucano. Es así que comienza el poblamiento amplio del Sarare. Luis Eduardo Celis, sociólogo experto en la materia, caracteriza a estos migrantes al decir que “para 1959 se inicia un desplazamiento masivo hacia la zona; los colonos eran liberales que llegaban huyéndole a la violencia y conservadores sin tierras, personas mayoritariamente llegadas de Norte de Santander, la provincia de García Rovira y personas del Norte de Boyacá que escapaban de las manos de los chulavitas” (Celis, 2009: 11). El Estado colombiano encarga las funciones de acompañamiento a este proceso a la Caja Agraria inicialmente. Esta brinda asesoría técnica y se ocupa de los aspectos de titulación de las tierras. En el año 1962, estas funciones son asumidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) (recién creado)140, el cual crea mediante el decreto 123 de 1964 el proyecto Arauca 1, bajo el cual se intensifica el poblamiento de la región. 140

El Incora, es creado con la función que su nombre indica: implementar la reforma agraria decretada en 1961. Es importante destacar, como ya se había mencionado, que esta reforma no apuntó a la redistribución de la tierra sino a la ampliación de la frontera agrícola, especialmente mediante el aprovechamiento de terrenos baldíos en diversas zonas del país.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

263

El objetivo del gobierno fue reubicar cinco mil familias allí; sin embargo, no contaba con la capacidad operativa para realizar esta labor y los roces entre la población y el gobierno, por falta de condiciones mínimas para la vida, comenzó muy pronto. Como una estrategia adicional para la colonización, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo comenzó a promover las asociaciones de gremios y las cooperativas, como estrategias de organización a través de las cuales canalizar las demandas y descontentos, en especial de la población campesina. De la mano de lo anterior, los campesinos del Sarare habían identificado la necesidad de contar con una entidad alrededor de la cual organizarse. Es así que surge la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (Coagrosarare), institución clave en el desarrollo productivo del municipio y que actualmente continúa teniendo un rol protagónico en los procesos de articulación de la sociedad civil a nivel local. Pero los procesos organizativos del Sarare fueron más allá de lo esperado por el gobierno y con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en 1970 (Coagrosarare, 1995) empiezan a surgir demandas de educación en materia de cooperativismo y formación política para el campesinado,141 así como la exigencia de mejores condiciones en la infraestructura de la región, que permitiera la comunicación con el resto del país y que pudiera proveer las nacientes ciudades de servicios de educación, salud, agua y electricidad. El primer evento histórico en el cual esta amplia organización se levanta en contra del gobierno, fue el paro organizado 141

Esta formación política no provino solamente de los funcionarios estatales. Por su cuenta y ante la falta de respuesta de estos organismos, la población se fue agrupando en grupos de estudio sobre la dinámica social en América Latina e información en general sobre mecanismos para hacer frente a conductas desfavorables que venían del Estado hacia la población, en especial por parte del Incora. De acuerdo con información de Coagrosarare (1995), esta institución tendía al favorecimiento de grandes productores antes que el pequeño campesino.

264

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

por integrantes de Coagrosarare y la Anuc142 en 1972. Ante el incumplimiento de los acuerdos, uno nuevo fue organizado en 1975. Esto marcó un camino para la región que permanece vigente: el convencimiento de que la única vía para lograr respuesta por parte del gobierno era mediante las vías de hecho. Las dinámicas organizativas que comenzaron con estos eventos fueron creciendo hasta que en 1975 Coagrosarare pasa a manos de los campesinos, convirtiéndose en una empresa comunitaria. Este mecanismo de organización será utilizado igualmente en la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (Ecaas), la cual se conforma a lo largo de la década de 1970 como parte de los procesos asociativos del municipio. La historia de Saravena tendría dos momentos adicionales que marcan su situación actual: la conformación del frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1980 y el descubrimiento del pozo petrolero Caño Limón en 1983 y su subsiguiente explotación. El primer evento mencionado fue el producto de diversos factores. El primero de ellos fue el contexto internacional del momento, en el cual al mismo tiempo que el mundo se polarizaba en la Guerra Fría, las guerrillas revolucionarias adquirieron fuerza en toda América Latina. Sin embargo, los más importantes fue la serie de desencuentros con el Estado colombiano, medidas represivas por parte de éste e inconformidades en el campesinado del piedemonte araucano, que llevaron al convencimiento de que la única vía que quedaba era la de las armas. De este modo, un grupo de campesinos líderes de los procesos organizativos en la región, toman la decisión de conformar una guerrilla bajo la 142

Es importante destacar que una gran mayoría de la población del Sarare estaba afiliada (por voluntad propia o no) a la cooperativa y a la Anuc, ya que esto hacía parte de las políticas estatales para el otorgamiento de créditos. Esto facilitó que muchas personas que inicialmente no tenían el interés, se sumaran a los procesos de formación tanto estatales como no estatales.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

265

línea programática del ELN. Siguiendo a Celis “en el Sarare el conflicto es entre el Estado y los colonos que han optado por la acción armada. No hay gran propiedad terrateniente ni el centro de la lucha es la tierra, porque ésta está en manos de los que han desbrozado selvas y bosques, o sea los colonos. Pero persiste la convicción de que Estado y colonos tienen intereses diferentes, y la forma de dirimirlos es por la vía de aniquilar al otro”. (Celis, 2009: 46). El evento fundacional de este frente del ELN ocurre en 1980 y en la actualidad es uno de los más importantes y fuertes del país, atravesando las dinámicas del conflicto en el piedemonte de manera muy marcada.143 Por otra parte, el hallazgo del pozo petrolero en 1983 y la instalación de la explotación a partir de 1985 marcaron un rumbo distinto para la región y se convirtió en un elemento de expansión del conflicto social y armado. Los grupos armados han mantenido una relación doble con esta problemática: por una parte rechazan la explotación petrolera por su inconveniencia ambiental y porque favorece los intereses del capital transnacional; y por otro lado han financiado sus ejércitos con estos dineros cooptados. La década de 1990 fue complicada para Arauca, porque el frente Domingo Laín ya se encontraba fortalecido enormemente, razón por la cual comenzó con la captura de las instituciones locales (alcaldías y la gobernación), para garantizar la sostenibilidad del proyecto guerrillero. Esto continuó hasta comienzos de los años 2000 cuando bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez Arauca es declarada zona de consolidación, lo que implicó cientos de capturas a civiles y una estrategia de enfrentamientos armados con la guerrilla, muy fuertes. 143

Es importante mencionar que la presencia del ELN en la región y su estrecha relación con la población, ha incidido en la estigmatización de la protesta en la región y en la dificultad del diálogo con los sectores sociales, en especial por parte de las empresas petroleras.

266

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Sumado a lo anterior, los paramilitares ingresaron a Arauca en esta misma época, implementando, aunque no con el mismo éxito que en otras zonas del país, sus estrategias contrainsurgentes. Como si lo anterior fuera poco, a partir del 2005 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el ELN iniciaron una confrontación armada que duró hasta el 2009, dejando miles de muertos, en su mayoría civiles. Este enfrentamiento entre ambas guerrillas les restó mucha legitimidad frente a la población. Hoy en día, el conflicto se mantiene vigente en Arauca en todos sus niveles. La presencia de actores armados al margen de la ley hace que un diálogo centrado en lo social y lo económico se dificulte más, ya que genera un ambiente de tensión que fortalece las desconfianzas que existían previamente. La explotación petrolera en la región ha dejado huellas que no han sido fáciles de tramitar por parte de la población, lo que genera más rupturas entre los sectores que conforman la sociedad. Los retos, por todo lo anterior, son enormes.

4.6.2. Mapeo de actores Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el mapeo de actores construido a partir del trabajo de campo realizado, el cual refleja los principales actores y relaciones en el municipio. El mapeo de actores permite ubicar cuatro elementos destacables, detallados a continuación. El primero de ellos es que el grupo de organizaciones sociales, denominado Movimiento Social y Político de Masas, que se encuentra al centro del mapeo en un círculo azul, representa el espacio de mayor articulación social en el municipio. Allí confluyen los actores que tienen mayor capacidad de incidencia y posicionamiento de sus demandas frente a los otros actores. Aunque no son los únicos actores relevantes, si se han

Mapeo 11

268

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

consolidado como los más visibles. También encontramos otro grupo de actores sociales que no se encuentran igual de articulados, pero que representan otros sectores igualmente importantes como las Comisiones de Reconciliación Ciudadana y las iglesias evangélicas. Entre ambos espacios se identifica una relación positiva y de interacción. Algunos actores como los afro descendientes (A1) y la Iglesia católica (A6), mantienen lazos más estrechos con el Movimiento de Masas. Estos sectores sociales (tanto los pertenecientes al espacio de organizaciones sociales como los que se encuentran fuera de él) mantienen una relación intermitente con la Alcaldía del municipio (B1). Por otra parte, es posible identificar una relación tensa entre todos los actores sociales con las empresas petroleras, en especial con Occidental (C5). Finalmente, el mapeo de actores revela que hay una fuerte influencia en todo el contexto del municipio por parte de las organizaciones armadas al margen de la ley (D2 y D3) producto de la prolongada presencia del conflicto armado, pero también con el Ejército Nacional (D1), el cual incide con fuerza en las dinámicas locales.

4.6.3. Tendencias de la sociedad civil en Saravena Con base en el trabajo de campo realizado en el municipio, se ha elaborado una lectura general de las tendencias de la sociedad civil en el municipio y los elementos de conflicto alrededor de los cuales se da la movilización. Se identificaron algunos elementos principales a partir de los cuales la sociedad civil construye su agenda en Saravena. Primero, en relación con las características de la sociedad civil en el municipio se destacan dos aspectos: los impactos dramáticos

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

269

que ha tenido el conflicto armado en la región, que actualmente han despertado un profundo deseo de construcción de paz y se relaciona con la defensa de los derechos humanos como bandera de sectores sociales en el municipio; y por otra parte, una tendencia a la autonomía y el interés por tomar las decisiones sobre sus asuntos tanto en lo político como en lo económico, lo cual ha tenido choques en repetidas ocasiones con los intereses del nivel nacional. En segundo lugar, la existencia de una gran desconfianza entre la sociedad civil y el Estado, tanto con el nivel local como con el nacional, que lleva inmersa una dinámica de confrontación agresiva desde ambas partes. Tercero y muy relacionado con lo anterior, un conflicto de larga duración con las empresas petroleras ya que la sociedad percibe la actividad petrolera como un modelo de desarrollo impuesto, ajeno a sus intereses comunitarios. Y finalmente, a partir de la interrelación de estos elementos, una noción de desarrollo compartida por la mayoría de actores sociales en el territorio. 4.6.3.1. Las relaciones de la sociedad civil En este apartado se analizan los diferentes tipos de relaciones que la sociedad civil establece. Un primer nivel de esto son las relaciones que establecen de manera horizontal, entre actores de la misma sociedad civil y las características particulares de las dinámicas en este municipio. En segundo lugar se indaga sobre las relaciones que se han construido con la institucionalidad pública y finalmente aquellas relaciones que establece con el sector privado, en especial con la industria petrolera. Relaciones entre la sociedad civil y repertorios de acción Las relaciones de la sociedad civil en Saravena muestran una dinámica de división parcial y polarización, que proviene de las dinámicas que la han rodeado desde la creación del municipio.

270

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

En referencia al primer aspecto, la división parcial, esta se ve reflejada en la existencia de una parte de la sociedad civil que no se ha plegado a los líderes tradicionales y que se encuentra en proceso de fortalecimiento. Estas iniciativas se relacionan con la construcción de la paz en el territorio y el impulso a procesos de reconciliación. Sin embargo, esto es aún incipiente y cuenta con grandes desafíos dado el contexto de conflicto armado que se vive en el territorio. Un fragmento diferente de la sociedad civil, que evidencia un mayor peso político y capacidad de incidencia y se mantiene fuertemente articulado, es aquel relacionado con liderazgos de mayor trayectoria, que pese a haber sufrido una fuerte desarticulación a mediados de la década del 2000 como efecto del violento enfrenamiento entre las insurgencias, mantiene un discurso estructurado en torno a las visiones del desarrollo. Estas visiones son compartidas por los otros actores de la sociedad civil que no hacen parte de este núcleo central. A pesar de esto, no se ha logrado un diálogo fluido entre estos dos espacios, por ello la situación de la sociedad civil en Saravena se ha denominado desarticulación parcial. Sin embargo, la fortaleza de este discurso, sumada a la historia de desconfianzas frente al Estado y a la gran empresa en el territorio, se ha convertido en una debilidad importante para lograr procesos de articulación con los otros sectores, debido principalmente a la incapacidad de encontrar puntos en común con los otros sectores y avanzar en la construcción de diálogos para el desarrollo conjunto. Estos elementos tienen que ver además con que la sociedad civil en Saravena se ha conformado como actor en medio de un conflicto armado que se ha prolongado por tres décadas, dejando múltiples consecuencias en la población civil, la cual ha llegado a un punto de agotamiento frente al mismo que le lleva a plantear salidas pacíficas a las conflictividades que han alimentado la confrontación armada.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

271

Existen preocupaciones en este sentido de diversa índole que van definiendo las características de las acciones de la sociedad civil. Algunas preocupaciones contemplan impactos en la vida social del municipio y otras que llevan esto al plano concreto de la lucha por los derechos humanos. En el primer sentido, uno de los entrevistados afirmó que “es preocupante el problema de orden público por el conflicto armado que hay, la preocupación de los padres porque sus hijos se vayan para el lado clandestino o para las fuerzas armadas, para cualquier lado de todas maneras es una angustia” (Entrevista 2)144. Esta realidad se expresó en varios de los espacios en los cuales fue posible participar, haciendo evidente que se trata de un enfrentamiento que no definen los propios actores civiles locales, sino que son puestos en medio del fuego cruzado por los actores armados, tanto del Estado como los de la ilegalidad. Esta situación de estar ‘en medio’ ha llevado a la sociedad civil a construir formas de supervivencia, que incluyen la migración internacional (principalmente hacia Venezuela) y nacional, la negociación directa con los actores armados, llevada a cabo principalmente por la iglesia católica, o los llamados a la institucionalidad pública para que ofrezca protección. Varias iniciativas de gran importancia se han dado en este sentido, de las cuales se destacan dos en este documento. Por un lado, el respeto al Derecho Internacional Humanitario impulsado por organizaciones sociales. En sus palabras “hemos hechos los llamados a los actores al respeto de la población civil, a sacar a la población civil de sus acciones, porque si bien entendemos hay un conflicto armado, pues también hay unos límites y no debería pagar las consecuencias de ese conflicto” (Entrevista 4)145. La lucha de los actores sociales por lograr desligar a la población civil del conflicto tiene aún muchos desafíos, en especial 144 145

Entrevista a representante de Iglesia evangélica. Entrevista a defensor de Derechos Humanos.

272

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

porque los jóvenes de Saravena (y del departamento de Arauca en general) son llamados a sumarse a las acciones del ejército al prestar servicio militar, lo que les convierte a ellos y a sus familias en objetivos militares para la guerrilla, impulsando el desplazamiento. Por ello, desde actores como la Organización de Derechos Humanos Joel Sierra, se han enviado exigencias al Estado central para que se avance en este sentido e impulsado campañas de difusión a nivel local que lleven a una mayor información sobre esta problemática. Esta iniciativa se viene adelantando con claridad desde el año 2011 y continúa siendo un frente de acción. Por otra parte, el proceso de sustitución de cultivos de forma voluntaria. Esta ha sido una de las grandes apuestas llevadas a cabo por la sociedad civil, que manifestó una importante resistencia a permitir que Arauca se convirtiera en foco de los cultivos ilícitos. A propósito de esto un líder comentó que:

146

“por iniciativa propia, erradicamos la coca por varias razones: porque consideramos que el problema de la coca es un problema ajeno a nosotros, la vocación agrícola del campesino no tiene contemplada la coca. Y además porque es una contradicción desde el planteamiento del plan de vida, si nosotros hablamos de la vida como el valor supremos del ser humano y de todo lo que existe, sin planteamientos religiosos ni nada de eso sino desde el punto de vista del ser, consideramos que la coca es una sustancia que en su cultivo genera unas afectaciones a la mentalidad del pueblo, genera en los jóvenes una mentalidad traqueta, una mentalidad imaginaria, descomposición, tabaquismo, drogadicción, prostitución, le cambia la vocación agrícola al campesino” (Entrevista 7)146. Entrevista a representante de organización social.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

273

Estas acciones de desligar a la población civil tanto de los cultivos ilícitos como del fuego cruzado, muestran una sociedad civil en Saravena muy activa en su rol de protección. Ante este escenario, es posible vislumbrar algunas salidas al conflicto, organizadas principalmente alrededor de la posibilidad de construir diálogos. Hay quien afirmó en este sentido que “tienen que darse espacios de comunicación tanto de un lado como del otro porque desafortunadamente en algunos escenarios la palabra está presa y ya sea de parte del Estado o de la subversión” (Entrevista 2). Esta afirmación de la ‘palabra presa’ permite evidenciar un escenario de fuerte polarización entre los diversos sectores en el territorio, en la que los discursos que se esgrimen desde cada orilla tienen una gran importancia en las barreras que se han construido entre sociedad civil por un lado y el Estado y la industria por el otro. A esto se debe sumar las medidas represivas que el Estado colombiano ha implementado, basado en la estigmatización indiscriminada de la sociedad civil en Saravena, la cual tiene sustento en el lugar que tiene la sociedad civil de receptor de distintas violencias. Esto ha impulsado a la organización alrededor del tema de derechos humanos para garantizar el derecho a la vida y a procesos de judicialización transparentes. También se ha venido reforzando un sentimiento de identificación con formas pacíficas de relacionamiento, que a pesar de ser aun incipientes, tienden a prosperar, como son ejemplo las comisiones de reconciliación ciudadana o las iniciativas individuales de las familias que habitan el territorio para desvincular a sus hijos del conflicto. Un líder afirmó en este sentido que “somos una población civil a la que le gusta vivir en paz y que a pesar de haber perdido muchas vidas estamos ahí dispuestos a dar la vida por nuestro departamento por nuestra tierra y por permanecer aquí” (Entrevista 3)147. 147

Entrevista a representante de sector educativo.

274

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Otro aspecto fundamental del municipio son las relaciones que se han venido gestando entre el nivel local y el nacional e internacional. La crítica situación de violaciones a los derechos humanos ha atraído las miradas de actores diversos que buscan aportar de diversas maneras a dar un manejo a la problemática. Ejemplos de esto son las Iglesias católica, evangélica (principalmente los menonitas) y luterana, que de diversas formas hacen presencia en el territorio y las organizaciones sociales del nivel nacional que han buscado apoyar con capacitación en materia de defensa de los derechos humanos a los actores sociales locales. Relaciones con la institucionalidad pública Como se vio en la descripción histórica del proceso de construcción de la sociedad civil en el Sarare y se ha descrito en las características, el contexto en el que se da este surgimiento, promueve la aparición de desconfianzas entre la sociedad organizada (campesinos, mayoritariamente) y el Estado, en particular el del nivel nacional. En este sentido, es de relevancia destacar el carácter emprendedor y autónomo de la sociedad civil del Sarare, lo cual puede tener sus raíces en el tipo de actividades que fueron necesarias para la construcción de la sociedad araucana (en particular en el piedemonte), que implicaron una gran iniciativa por parte de los pobladores para no perecer en el intento. La historia de Coagrosarare y de la organización campesina en general, revela un interés en tener la potestad de tomar las decisiones que afectan al territorio. Cuestiones como el modelo de desarrollo, la forma como se da la intervención estatal, entre otras, son asuntos sobre los que hay permanente discusión y sobre los que hay interés en decidir. Adicionalmente, pese a que los choques, en especial con el gobierno nacional, han sido históricos, la llegada del petróleo a Arauca contrapuso aún más estos intereses del nivel nacional y el local.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

275

Esta discusión es un tema que ya ha sido planteado por la Constitución de 1991 en términos del ordenamiento territorial, la descentralización administrativa y la autonomía política que allí fueron consagradas. Sin embargo, al país en general le ha costado avanzar en este sentido, estando muy presentes estas tensiones entre el centro y las regiones. A pesar de que no es un tema exclusivo de Arauca, se siente con mucha fuerza por el lugar que ocupa este departamento en la economía nacional. La falta de herramientas para tramitar estos conflictos de forma temprana, ha llevado a su escalamiento y al fortalecimiento y profundización de esas desconfianzas, que impiden el diálogo hoy en día. Este tipo de relacionamiento entre la sociedad y el Estado, ha impedido, por lo menos durante la última década, que se den procesos de articulación que sean fructíferos para el desarrollo y la paz de la región. Igualmente, marca el carácter de la relación que se establece entre ambos sectores, la cual se basa en la demanda de condiciones pero no en el diálogo que permita articular procesos o generar iniciativas comunes. Esta conflictividad se compone de varios elementos en la actualidad. Uno de ellos, destacado por algunos actores en el municipio, es la corrupción. En palabras de uno de los actores: “un tema que nos afecta mucho es la corrupción política y administrativa donde los recursos son utilizados mal y de mantenerse acá un partido político que es el de la U, y otros que tradicionalmente han malgastado los recursos y no se han aprovechado porque si bien es cierto tenemos explotación petrolera que tiene que demandar cierto recursos para atender a la población” (Entrevista 1)148. Otro actor del municipio expresó en esta misma mirada que en el municipio se encuentran “gobernantes que se limitan bási148

Entrevista a representante de organización de mujeres.

276

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

camente a ejercer contratos en los cuales lleven su ganancia, o planes de gobierno en los cuales se vean favorecidos económicamente” (Entrevista 3). La corrupción es así uno de los ejes claves en los que debe trabajar el Estado si busca construir una relación más positiva y propositiva con los actores de la sociedad civil. Esta lectura del mal uso de los recursos es compartida por sectores de la industria petrolera quienes también expresan dudas y desconfianzas en torno al manejo que se le ha dado históricamente a las regalías en el departamento. Esto refuerza una mirada del Estado como ineficiente e incapacitado para promover el desarrollo local. Los descuidos en materia de desarrollo agropecuario, la falta de incentivos a la producción y pocas posibilidades de crédito para el pequeño propietario, sumado a una carencia de políticas en materia de asistencia técnica, han dejado como resultado unas grandes deficiencias en el sector que ha sido identificado por todos los actores entrevistados como el eje central del desarrollo en Saravena: el campo. Sin embargo, a pesar de que las lecturas ubican una parte de la responsabilidad en el Estado, muchas críticas surgen en este sentido hacia la industria petrolera (Entrevista 2). Las condiciones de desarrollo actuales del municipio de Saravena, carecen aún de la prestación total de servicios públicos de calidad para toda la población y tampoco cuentan con programas de capacitación para la cualificación de sectores productivos diferentes al petrolero. En la misma línea argumentativa, los sectores sociales se expresaron inconformes frente a la falta de liderazgo institucional: “uno de los problemas más grande que tiene Saravena en este momento es que no tenemos administración municipal, ese es un problema grave porque no hay administración municipal y pues desde luego que las cosas no están funcionando porque cuando la cabeza empieza a fallar pues los pies difícilmente se

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

277

alzan” (Entrevista 6)149. Sin embargo, esta mirada choca con un elemento que será abordado más adelante, con respecto a una voluntad de dirigir los asuntos locales por parte de la sociedad civil, dejando incluso de lado el rol jugado por el Estado, dada la profunda desconfianza existente. Desde el punto de vista de algunos actores “son muy pocas las identidades que existen entre los administradores públicos y el pueblo, las comunidades y el movimiento social, porque ellos ven las cosas de una manera y el pueblo las ve de otra” (Entrevista 7)150. Esto muestra una falta casi total de un diálogo a conciencia entre la sociedad civil y sus representantes en el Estado, manteniendo la situación de polarización. Esta diferencia se profundiza en el segundo nivel de la conflictividad: el nivel nacional del Estado colombiano, el cual ha sido, como se vio en el contexto histórico, el principal interlocutor institucional. Tal situación, al igual que al inicio de las tensiones en esta relación sociedad civil – Estado, se funda en el entendimiento que tienen los sectores sociales municipales sobre las posibilidades que tiene el territorio de tomar autónomamente sus decisiones y de su capacidad para ponerlas en práctica. A propósito de esto, un entrevistado afirmó que “los municipios hoy en día con el raponazo de las regalías, con el contrato plan que implementaron en Arauca cada día tienen menos autonomía frente a los recursos naturales y económicos. Entonces es muy poco lo que se puede hacer” (Entrevista 7). Así, frente al nivel nacional, las posturas de la sociedad civil son de un rechazo aun mayor, a pesar de identificar a este actor como un interlocutor válido y con capacidad de acción. Esta relación, que como se vio ha estado mediada por agresividad de parte de ambos sectores, encuentra eco y fortaleci149 150

Entrevista a representante de organización social. Entrevista a representante de organización social.

278

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

miento de estas dinámicas en la legitimidad con que cuentan las medidas de hecho –en el caso de la sociedad civil- y de represión –por parte del Estado, a pesar de no contar con resultados positivos para ninguna de las partes. Desde las miradas de la población local organizada, ha sido necesario el uso de las “vías de hecho para ahí sí como decimos popularmente “pararle bolas a las situaciones” y esos se ha venido dando. Sigue la constante de que el Estado sigue dilatando y espera hasta que la gente ya no aguanta más y tiene que desarrollar sus acciones de hecho para conseguir unas mínimas garantías para la efectividad de los derechos” (Entrevista 4). Sin embargo, esta dinámica ha fortalecido procesos de estigmatización de los sectores sociales y de su vinculación con actores armados ilegales, lo cual servido como instrumento para justificar el aumento de la represión. En palabras de los actores “el gobierno criminaliza y penaliza la protesta social con la ley de seguridad ciudadana y reprime y encarcela a los dirigentes y al pueblo cuando protesta cuando hace movilizaciones en búsqueda de mejores condiciones de vida” (Entrevista 7). Igualmente, “históricamente el Estado ha esperado siempre que la gente tome los espacios que en varias ocasiones han servido también para aumentar la estigmatización, para hacer señalamientos directos” (Entrevista 4). Del lado de los sectores sociales, este enfrentamiento se ve fortalecido por una mirada negativa generalizada frente al Estado colombiano y su accionar. Algunos ejemplos de ello fueron expresados por los entrevistados al decir que “Para nosotros este Estado es entreguista, es permisivo con la violación total de la soberanía nacional de entregar los recursos naturales y el territorio a las empresas trasnacionales” (Entrevista 4). En este mismo sentido, otro actor afirmó que “para nadie es un secreto que este gobierno juega a los intereses del modelo capitalista y que eso quiere decir invertir en más guerra, acabar con los ríos y acabar

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

279

con la vida y que se plantea es la extracción de los recursos naturales a como dé lugar y cuéstele lo que le cueste, nosotros nos planteamos un modelo de vida diferente al que plantea el sistema” (Entrevista 5)151. Esta sensación en los sectores sociales, con base en su experiencia histórica, llega incluso a negar el rol de garante que debe cumplir el Estado, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de 1991 al asegurar que “lo que tenemos claro es que para poder vivir y poder sobrevivir en esta tierra ha sido gracias al esfuerzo de todas las luchas que se han dado porque el Estado colombiano y la fuerza pública aquí no ha dado ninguna garantía de vida, ha sido todo lo contrario” (Entrevista 5). Estas lecturas ubican la necesidad de construir un Estado (tanto local como nacional) más cercano a las necesidades de las comunidades en el territorio, el cual podría estar basado en diálogos vinculantes en la toma de decisiones sobre el desarrollo regional. No obstante, hasta nuestros días la respuesta que ha venido dando el Estado colombiano, en particular desde el nivel nacional, ha enfocado su accionar, como se abordó anteriormente, en el fortalecimiento del pie de fuerza a nivel local, sin atender en igual medida aspectos sociales de igual urgencia. Así lo expresó un líder social al decir “el Estado aquí en Arauca la presencia que quiere hacer es sólo en la parte militar, entonces usted mira acá que la mayoría del presupuesto va para aumentar el pie de fuerza, para el tema de los armamentos, para militarizar la frontera” (Entrevista 4). Todo lo anterior está estrechamente relacionado con otro elemento que alimenta las dificultades de interacción entre estos sectores: una falta de consulta generalizada a la hora de implementar iniciativas en el territorio. Esto no solamente tiene que 151

Entrevista a representante de organización de jóvenes.

280

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

ver con el nivel nacional, sino que con el tiempo ha permeado el accionar de la institucionalidad local, desde el punto de vista de los entrevistados (Entrevista 8)152. Esta falta de instrumentos de consulta a la población es una de las bases del conflicto en Arauca, que es un elemento que de ser abordado, podría reducir los niveles de confrontación entre la institucionalidad y los sectores sociales. Relaciones con el sector privado La desconfianza descrita anteriormente se ha dado igualmente con las empresas petroleras, que tienen como principal interlocutor al Estado y es través del cual tramitan sus conflictos. Por ello no se ha logrado un diálogo tampoco con este sector, pero se han venido construyendo una serie de demandas a su alrededor, dado el impacto que genera su accionar en el territorio. Adicionalmente, hay una percepción negativa de las empresas petroleras en los sectores sociales, ya que su carácter multinacional choca con las ideas de soberanía nacional que proclaman la mayoría de sectores sociales del municipio, como se ve claramente en las palabras de un entrevistado quien afirmó “las empresas petroleras, su objetivo y su fin único es la explotación de nuestros recursos, la vinculación que ellos tienen con las comunidades se logra a través de las movilizaciones o de las vías de hecho” (Entrevista 3). De acuerdo con las entrevistas realizadas, el impacto petrolero tiene varias dimensiones, en niveles de la cotidianidad y desarrollo del municipio al modificar las dinámicas económicas y llevar al encarecimiento de la vida, pero también en la forma como se construyen las relaciones entre los actores locales, ya que esta actividad extractiva ha representado un obstáculo para el florecimiento pacífico de otras actividades económicas, 152

Entrevista a representante de organización afrocolombiana.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

281

como la agricultura, desde la perspectiva de los actores locales. Adicionalmente, hay una lectura compartida por la mayoría de entrevistados, que ve el petróleo en Saravena como algo que no ha representado beneficios para el municipio y que ha traído perjuicios en muchos sentidos. Algunos ejemplos concretos de impactos cotidianos en el desarrollo del municipio, fueron identificados por los actores locales al decir que “nosotros sabemos que Arauca vivió el boom petrolero, la riqueza petrolera que fue un bienestar efímero o pasajero pero que sí dejó en la población una mala costumbre de ganar mucho dinero en poco tiempo, eso causó que mucho estudiante, mucho padre de familia rompiera los lazos con su hogar” (Entrevista 3). Igualmente, se expresó que “hay aquí una red de prostitución, lo que llaman las mujeres prepago y los principales clientes son los militares, los ingenieros y el personal que trabaja para la compañía” (Entrevista 4). Ambos elementos son vistos con gran preocupación por los líderes locales, que observan que esto puede intensificarse con el aumento de la presencia petrolera en el municipio y el departamento, debido a la desconfianza que ha dejado la relación conflicto-petróleo en el territorio, manifiesta en recursos para la guerra, enfrentamiento entre sectores armados y ataques a la infraestructura petrolera por parte de los actores armados ilegales. Los impactos de la industria también pueden verse en la fractura del tejido social, que se ha dado principalmente por la existencia de una gestión social que focaliza la inversión en las comunidades de influencia directa, dejando de lado a los demás. Frente a estos elementos, uno de los entrevistados afirmó que “las compañías, los señores que están al frente de esto son muy expertos en colocar al pueblo en una especie de conflicto, al uno le dan una cosa y al otro no le dan para que haya choque” (Entrevista 6). En este mismo sentido, otro actor expresó que “noso-

282

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

tros como movimiento social siempre hemos sido muy sinceros, muy claros frente a la riquezas, no invierten acá y si han generado una estela de muertes, desapariciones y denuncia y frente a recalcarle la responsabilidad que ellos han tenido, tras de que se llevan las judicializaciones de la gente” (Entrevista 4). La estigmatización que ha sido promovida desde el Estado, de acuerdo con los actores entrevistados, también se ha presentado en la relación industria-sociedad civil, sobre la base de una falta casi total de comunicación entre ambos sectores, en buena medida debido a la percepción de las empresas de que existe una cercanía muy fuerte entre los actores armados ilegales y los actores sociales. Por otra parte también influyen las tensiones con respecto al modelo de desarrollo, que por un lado propende por un desarrollo basado en el sector agrícola y por el otro que otorga mucha fuerza al petróleo. Así lo expresan algunos actores al informar que “con las empresas ha sido difícil la comunicación porque ellos no quieren dar su brazo a torcer y no quieren dejar nada para la región” (Entrevista 4). Las entrevistas en general mostraron una percepción por parte de los actores sociales de falta de un diálogo incluyente con la industria petrolera (Entrevista 3). Sin embargo, esto muestra que sobre la industria recaen muchas de las demandas que en términos de competencias deberían ser exigidas al Estado. Lo anterior muestra un reto del Estado en términos de legitimidad y la necesidad de establecer un rol más claro por parte de la industria en el territorio que permita la restitución del rol de la institucionalidad en el territorio, sin que la industria deje de hacerse cargo de aquellas exigencias que la ley le impone. No obstante, la presencia petrolera se ha relacionado tan estrechamente con el conflicto armado en la región, que hay quienes afirman que “para la paz hay que decir que no mas a la explotación petrolea, no más a esa locomotora de leyes” (Entre-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

283

vista 1). Las bases para estas afirmaciones tienen que ver con el flujo de recursos que alimenta la guerra y la polarización en las visiones del desarrollo que llevan a la justificación de acciones violentas tanto por parte del Estado como de la insurgencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del texto. Por su parte, la industria encuentra difícil el cambio en la dinámica de estas relaciones si no se da un acompañamiento claro y decidido por parte del Estado. Su postura es muy clara en cuanto a que

“como compañía no pensamos simplemente acatamos la ley. Esa es la dificultad práctica que nosotros tenemos (…) Nuestra responsabilidad es en generar la riqueza, ya de cómo se administra y reparte la riqueza no podemos involucrarnos porque es una decisión de país, de gobierno y son campos que no nos corresponde. Nosotros somos contratistas del Estado, por eso hay contratos de asociación o de concesión y un contratista no entra en la toma de decisiones sólo cumple lo establecido” (Entrevista 9).

La anterior postura, pese a que busca romper con la confusión de las funciones que Estado y empresa deben cumplir, también pone un alto muro a la posibilidad de construcción de diálogos en el territorio y niega la relevancia económica y política que la industria petrolera juega en el territorio. La voluntad de diálogo se encuentra aún por construir de parte de ambos sectores, aunque hay algunas puertas también en la industria cuando se afirma que “hay organizaciones sociales con un legítimo deseo de construir un Arauca mejor, soy optimista de que eso sea así y lo valoro y pienso que esa es la manera de construir sociedad. Mientras haya diálogo, mientras haya posibilidad de disentir y se pueda construir” (Entrevista 9).

284

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

4.6.3.2. Visiones acerca del desarrollo y principales preocupaciones Retomando la comprensión de que las visiones de los actores se construyen sobre la base de dar respuesta a problemáticas identificadas, las principales preocupaciones identificadas por un grupo de personas de la sociedad civil de Saravena y del departamento de Arauca en general, que participaron en el encuentro nacional Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia, muestran como principales el tema de servicios públicos y conflicto armado, seguido del de Economía. El tema de la falta de una industria generadora de empleo, la ausencia de políticas específicas de frontera que atiendan a la región en su particularidad y la ausencia de infraestructura vial, fueron presentadas como de gran relevancia. Sin embargo, las visiones de desarrollo y paz en Saravena, como se ha visto a lo largo del documento y desde una mirada complementaria a la anterior, tienen dos elementos fundamentales: la búsqueda de autonomía para el territorio y por el otro, las apuestas que ha venido haciendo la sociedad por encontrar salidas al conflicto armado y definir un modelo de desarrollo favorable a los intereses locales. En el primer sentido, existe una reafirmación de los procesos organizativos, al menos por parte del sector más fuerte de la sociedad civil, como lo expresó un actor al decir que las organizaciones sociales son como “una familia y que esa familia se ve reflejada ahora en el movimiento político de masas donde están los cinco sectores, el sindical, el juvenil estudiantil, el indígena, el campesino y el cívico popular” (Entrevista 5). En cuanto al segundo aspecto, luego de observar elementos deficitarios a nivel local como “el desempleo, falta de oportunidades, falta de una universidad, buen acceso a la educación, buena educación pública, una buena salud y un factor que nos ha afectado bastante desde siempre y ha sido por culpa de las com-

*

Para ver más información acerca de las seis categorías y la metodología ver subcapítulo 4.1.1.

Fuente: elaboración propia sobre la base de talleres con representantes de la sociedad civil del municipio*.

Gráfica 7. Principales preocupaciones (Departamento de Arauca)

286

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

pañías, la perdida de la cultura, la perdida de esa identidad que tenemos” (Entrevista 5), se ha identificado con mucha claridad la necesidad de fortalecer el sector agropecuario del municipio (y la región), el cual es identificado como la vocación auténtica del territorio. Algunos actores expresaron que “nosotros queremos es que haya intercambio, que podamos consumir alimentos sanos que vamos a producir de acuerdo a las necesidades y mantener esa defensa y esas banderas en el medio ambiente” (Entrevista 1). El logro del desarrollo, desde la mirada de la sociedad civil en Saravena, requiere dos elementos: el reconocimiento e implementación del llamado Plan de Vida y la integración a las políticas públicas de una concepción integral de desarrollo. El Plan de Vida, de acuerdo con los entrevistados, consiste en una propuesta programática realizada a partir de la consulta de las comunidades de Saravena por parte del Movimiento de Masas que busca incluir los elementos considerados básicos por la población local en materia del desarrollo, con el objetivo de construir un escenario de existencia diferente. Este proyecto plantea proyectos alternativos y de carácter comunitario (administrados por las propias comunidades, de lo cual ya es un ejemplo exitoso la Ecaaas) en materia de salud, educación, productividad, derechos humanos, medio ambiente y territorio. Siguiendo a algunos de los entrevistados, el Plan de Vida se plantea como principal objetivo la permanencia en el territorio, lo cual requiere de ciertas garantías (como una economía incluyente, una paz sostenible, entre otras) y ubica al territorio en el centro de las discusiones sobre el desarrollo, el cual es entendido de manera integral (Entrevistas 7 y 4). Esta también implicaría “mucha inversión, mucha presencia del Estado en todos los sentidos, especialmente en la parte agraria porque este departamento es básicamente agropecuario y

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

287

se requiere mucha inversión, mucha garantía, mucho estímulo” (Entrevista 2). Incluso, uno de los actores concluyó en este sentido “que si se estimula el campo, la educación, se mejora en la parte de salud, se entrena mejor a la gente para que trabaje y produzca aquí mismo, estoy seguro de que eso como algo natural se va a ver manifestado en desarrollo (…) la misma subversión tiene un discurso que se podría entender a raíz de todo esto, quedaría entonces bastante corto el discurso de la subversión” (Entrevista 2). La paz, de acuerdo con los entrevistados, es entonces el resultado del desarrollo sostenible. En resumen, sobre este aspecto un líder estimó que “la paz en Colombia pasa del silenciamiento de los fusiles, pasa porque se den reformas estructurales que permitan erradicar la miseria y la pobreza que existe en el país, pasa por la construcción y aplicación de una verdadera política de soberanía nacional frente a los recursos naturales y frente a las decisiones políticas del país, pasa necesariamente por tener en cuenta qué piensa el pueblo colombiano, lo que ustedes llaman sociedad civil, frente a cómo deben de ser las regiones” (Entrevista 7).

4.6.4. Conclusiones y recomendaciones Con base en un análisis guiado por las tres variables del estudio presentadas en el subcapítulo 2.4 (relaciones horizontales, relaciones verticales y visión), y con la intención de identificar factores que favorecen u obstaculizan una participación real de la sociedad civil en una posible alianza intersectorial, se pueden resaltar, en el caso de Saravena, aspectos importantes en cada una de las tres variables (Tabla 10).

288

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

En el primer aspecto, en las relaciones horizontales, se encontró que existen dos niveles de la sociedad civil en el municipio, como se vio en la exposición a lo largo de este informe. El sector predominante, ha acumulado experiencia y organización, pero mantiene posturas polarizantes que le enfrentan con los otros sectores presentes en el municipio. El sector menos organizado, presenta grandes debilidades en capacidad de convocatoria e interlocución, inclusive con los líderes de la primera tendencia. Pese a que existen congruencias en el discurso, las estrategias se mantienen disímiles, ya que mientras que para la primera tendencia la defensa de los derechos humanos es crucial pero no lleva necesariamente a la construcción efectiva de la paz, el segundo nivel ha otorgado mayor importancia a este último aspecto. Por otra parte, en referencia a las relaciones verticales, el municipio de Saravena presenta actualmente un gran desafío y es la falta de diálogo y profunda desconfianza que existe entre la sociedad civil, las empresas petroleras y la institucionalidad pública (local y nacional). Este aspecto, atraviesa todas sus dinámicas actuales y se relaciona de manera estrecha con el segundo aspecto crucial: la continuación del conflicto armado que viven sus comunidades. La mencionada desconfianza cuenta con cuatro pilares importantes: una dinámica histórica de incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno central; la sistemática falta de consulta a las comunidades sobre aquellas decisiones que afectan al territorio, tomadas desde el gobierno central, en especial el tema de la industria petrolera; una arraigada corrupción, igualmente relacionada con la regalías provenientes del petróleo y la existencia del conflicto armado, que ha llevado a la intensificación de la polarización ya existente por las diferencias mencionadas. La desconfianza es la base con que cuenta en su mayoría la sociedad civil en su función de intermediación, lo que le plantea un gran desafío por superar.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

289

Sin embargo, existen otros elementos que impulsan la tensión entre los actores. El primero de ellos es que el Estado en la actualidad mantiene una estrategia de presencia en el territorio principalmente a través de estrategias militaristas (Política Nacional de Consolidación Territorial) y no parece realizar una lectura del contexto de conflicto que vive el territorio, de una manera que le permita actuar y proteger a sus habitantes. Un ejemplo de esto, que es una de las preocupaciones mayores para la sociedad civil, es que se ignora el lugar que tiene la población en medio del fuego cruzado entre el Estado y la insurgencia. Se ha mantenido el servicio militar obligatorio, pese a que esto pone en riesgo al joven que debe cumplir con esta obligación y a su familia, al hacerles objetivo militar de la insurgencia. Otro elemento de disputa, relacionado con lo anterior, es la falta de autonomía territorial con que cuentan los municipios para tomar sus propias decisiones, que ha convertido al nivel central en el principal interlocutor para las demandas, dado que el local no cuenta con las competencias ni los recursos para atender las dificultades que enfrenta la sociedad civil. La construcción de diálogos entre sectores se muestra como un escenario difícil, debido a que todos se encuentran prevenidos entre sí y las dinámicas históricas han favorecido que esto se afiance. Finalmente, en cuanto al tema de las visiones, todas estas dinámicas descritas en cuanto a la polarización y la desconfianza, encuentran asiento en dos visiones opuestas del desarrollo y la posibilidad de un tercer camino. Por un lado, el sector fuerte de la sociedad civil rechaza la actividad petrolera, argumentando la vocación agropecuaria del territorio como la más benéfica para su desarrollo. Por el otro, el gobierno nacional y las empresas petroleras que insisten en los beneficios que el petróleo puede otorgar a la comunidad y al país. Sin embargo, no se ha dado una discusión amplia sobre esta problemática.

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

290

La posibilidad de un tercer camino se abre a partir de la comprensión compartida del desarrollo y la paz, que son entendidos de manera integral por ambos sectores de la sociedad civil y en cierta medida por las empresas y la institucionalidad local. Adicionalmente, la presión que ejerce el conflicto armado sobre todos los actores, ha hecho que la búsqueda de la paz sea con claridad un escenario posible de articulación. Tabla 10 Relaciones horizontales

Intramunicipal

División parcial y posturas polarizantes de sectores más fuertes de la sociedad civil Tema articulador: paz y desarrollo actor / espacio articulador: Movimiento Social y Político de Masas

Supramunicipal

Iglesias, organizaciones no gubernamentales, Comisiones de Reconciliación Ciudadana. Tema articulador: derechos humanos; reconciliación. Relaciones verticales

Sector público (local)

Falta de diálogo

Sector público (nacional)

Recelo, tradición de vía de hecho para entrar en diálogo

Sector privado

Tensión y confrontación

Con base en el análisis anterior, se realizan las siguientes recomendaciones para el municipio: • Ante la situación de polarización que impide el diálogo intersectorial, se recomienda el fortalecimiento de nuevos liderazgos, menos acostumbrados a estas dinámicas, que favorezcan acercamientos más claros entre estos dos niveles sociales. Las Comisiones de Reconciliación Ciudadana podrían aportar en esta dirección.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

291

• En la relación con el nivel central y su aproximación militarista al territorio, sería conveniente que el gobierno nacional avance en la reducción de la estigmatización de los actores sociales y en proteger a la población de los impactos efectivos del conflicto en los territorios. Igualmente, valorar algunas experiencias de la sociedad civil como exitosas para problemáticas de índole nacional, puede contribuir al inicio de relaciones de colaboración entre estos sectores y que además contribuyan a una mejor comprensión desde el nivel central de las necesidades territoriales, ejemplo de lo cual es la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que partió de una reflexión de las propias comunidades sobre los efectos adversos de la economía del narcotráfico. • El carácter proactivo de la sociedad civil en Saravena, que se ha denominado aquí como su ‘tendencia a la autonomía’ y que le llevó a ser muy dinámica en la solución de las problemáticas sociales y de infraestructura en el municipio, es un elemento que no debe desaprovecharse, sino por el contrario potencializarse en el marco de diálogos constructivos con la institucionalidad tanto local como nacional. • En este sentido, el fortalecimiento de funciones horizontales como la cohesión social y la socialización de valores democráticos es la base para lograr una mejora en la función de intermediación (y por lo tanto en las relaciones verticales), lo cual requiere principalmente de despolarizar las posturas e impulsar el diálogo intersectorial. El escenario de posibles conversaciones entre el ELN y el gobierno nacional es un factor positivo para lo anterior, ya que podría contribuir a restar estigmatización al discurso de la sociedad civil en Saravena. • Un proceso de reconciliación es un aspecto urgente en este municipio, por lo que el diseño de políticas locales

292

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

en esta dirección ayudaría a fortalecer una base para la construcción de diálogos intersectoriales. Hay actores en el territorio que podrían contribuir a esto, de la mano con lo mencionado de fortalecer nuevos liderazgos positivos. • Se reitera que la base para el desarrollo en Saravena, de acuerdo con los resultados de la investigación, es la mejora en los procesos de diálogo y la inclusión de actores sociales a la toma de decisiones. Esto daría una base más sólida a estas comunidades para recibir un posible escenario de posconflicto.

4.7 La sociedad civil en Tibú Pluralismo de visiones del desarrollo. Entre la Zona de Reserva Campesina y la palma africana El análisis de tendencias de la sociedad civil de Tibú se basa en un amplio estudio de campo que incluyó veinte entrevistas con diversos actores determinantes del municipio y expertos en el territorio, realizadas en Bogotá, Cúcuta y Tibú entre noviembre de 2013 y enero de 2014. A esta información se sumaron insumos obtenidos en el curso de un taller que contó con participación de diversos actores de la localidad y que fue adelantado en Bogotá durante el Encuentro Nacional Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia (4 y 5 de junio de 2014). El informe se divide en cuatro subcapítulos. En el primero se ofrece una breve reseña del contexto histórico del municipio; el subcapítulo posterior presenta, a través de tres mapeos, a los principales actores y sus relaciones. El subcapítulo 3, por su parte, analiza las relaciones entre sus tres componentes (sociedad civil, institucionalidad pública y sector privado) y hace énfasis en las visiones y preocupaciones de los actores sociales acerca del tema de desarrollo y paz en su respectiva región. Finalmente,

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

293

en el subcapítulo 4, aparecen las principales variables que presiden el estudio comparativo de los seis casos.

4.7.1. Contexto histórico de Tibú El municipio de Tibú, creado en el año 1977 y con una población de 35.723 habitantes en 2011 (Alcaldía de Tibú, 2012), está situado en la zona plana de la subregión del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Al igual que el resto de la zona, el municipio es escenario de actividades económicas que comprenden, tanto la pequeña y mediana producción tradicional agrícola y ganadera, como la agroindustrial de la palma africana. En la zona también han coexistido tradicionalmente ciertas prácticas de contrabando y de siembra de cultivos ilícitos, en parte posibilitadas por la escasa presencia estatal y la cercanía con una frontera nacional. Dichas actividades se incrementaron a partir del decenio de 1980, aunque solo en los años 90 lo hicieron con mayor fuerza, tanta, que en las dos últimas décadas se ha vuelto relativamente fácil encontrar cultivos de ese tipo en la zona.153 Adicionalmente, debido a la riqueza en hidrocarburos y carbón, la zona se ha caracterizado por su larga historia de explotación de recursos primarios (González et al., 2011: 131 y ss.). Pese a la importancia que la subregión ha adquirido –debida, en gran medida, a la mencionada actividad–, en el Catatumbo en general y en Tibú en especial se observa una arraigada desarticulación con el resto del país, situación que solo recientemente ha venido cambiando. Ese carácter de periferia caracterizó a todo el Catatumbo desde el tiempo de la Colonia, a causa de la precariedad de la infraestructura y, en los años recientes, debido a la ausencia o el incumplimiento de los planes de desarrollo puestos en marcha. Mientras que los primeros intentos de mover 153

En el año 1999 Norte de Santander era el cuarto departamento con mayor presencia de cultivos ilícitos en Colombia (Aponte y Yunis).

294

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

la frontera agrícola hacia el Catatumbo, hechos en el siglo XIX, encontraron sus límites en la lejanía y aislamiento del territorio y en la continua resistencia de los indígenas Barí, la historia del Catatumbo tomó un nuevo rumbo en 1905, con la aparición de la Concesión Barco, la cual marcó el inicio de la exploración y explotación minero-energética en el subsistema de Tibú (Vega y Aguilera, 1995). Sin embargo, pasaron casi treinta años más para que la explotación sistemática del petróleo empezara con el primer pozo, abierto en La Petrólea, y para que la subregión despertara el interés del capital privado y los colonos. Para finales de los años 30 e inicios de los 40 comenzaron a llegar a la zona de Tibú las primeras olas de migrantes154 en búsqueda de nuevas oportunidades, a la sombra del auge petrolero y a pesar de la negativa de la Colombian Petroleum Company (Colpet), que intentó en vano limitar la inmigración. Provenientes principalmente del Tolima, Antioquia, Santander y la costa Atlántica, ellos buscaron su suerte como trabajadores de la empresa norteamericana en la construcción del oleoducto que va a Coveñas y que empezó en 1938, o crearon con sus familias una economía de subsistencia al lado de las principales líneas de producción. Durante este periodo fueron fundados casi todos los centros poblados que actualmente existen. La llegada de las empresas petroleras y las olas de migración afectaron sobre todo a la comunidad indígena Barí, que tradicionalmente había poblado la subregión del Catatumbo. A partir de los años 30, y sobre todo desde los 60, se reforzó una política de desplazamiento que hunde sus raíces en la época colonial. En el curso de apenas veinte años, entre 1960 y 1980, la extensión del territorio indígena tradicional pasó de 5.100 Km2 a solo 2.400 Km2 (Ministerio de Cultura). 154

A partir de la mitad de los años 40 la zona de Tibú se transformó en la principal área de operación de Colpet.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

295

En ausencia absoluta del Estado, la compañía norteamericana y posteriormente Ecopetrol155 asumieron las funciones propias de éste, incluidas la construcción de infraestructura, la prestación de servicios básicos y hasta la administración de justicia. En tales condiciones aparecieron nuevas formas de organización de la comunidad. Dos actores fueron fundamentales en ese cometido: el Sindicato de Trabajadores del Catatumbo (Sidelca) y posteriormente la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), la cual, como resultado de la revitalización de la vida sindical en el Catatumbo en los años 60, ejerció cierto liderazgo social, principalmente a través de la organización de los obreros de la empresa petrolera.156 Tal iniciativa estuvo acompañada de formas de organización comunitarias, como las Juntas de Acción Comunal, que fundaron la ya larga tradición de cooperativismo en todo el Catatumbo. Estos procesos organizativos, acicateados por la ausencia casi total del Estado, crearon a lo largo de los años 60 y 70 una base favorable para el asentamiento de la presencia guerrillera en la zona (Aponte y Yunis, 34). Al respecto, conviene recordar que mientras el ELN hizo presencia en esos parajes a partir de los años 60 y la acrecentó con el correr del tiempo hasta conquistar un considerable respaldo de la población –que derivó en una leve situación de legitimidad dentro de la comunidad-,157 la guerrilla de las Farc ingresó al Catatumbo apenas en los años 80 y empezó a promover y regular la economía cocalera (Aponte y Yunis; Pérez, 2006: 17). 155

156 157

Ecopetrol inicia su operación en los campos de Colpet en el año 1976, como respuesta a demandas de un amplio movimiento social que tuvo origen en una huelga de Tibú realizada en 1971 y que desembocó en un paro cívico departamental (Minga y Fundación Progresar, 2008: 32). Según un historiador local de Tibú, la mayoría de los colonos asentados al lado de los barrios habitados por los obreros de la empresa no se sintieron representados por los sindicatos (Entrevista 1). Eso también debido al hecho de que la guerrilla en muchas regiones y sectores (como, por ejemplo, el cocalero, en el caso de las Farc) fue por mucho tiempo el único actor capaz de arbitrar (Aponte y Yunis).

296

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

A causa de la paulatina crisis del sector petrolero en los años 70, expresada en el descenso continuo de la producción, muchos obreros buscaron en la agricultura una alternativa económica. Sin embargo, el intento tomó un cariz particular con motivo de la apertura económica internacional de los años 90, que llevó a una desaceleración económica del campo en todo el país. En este contexto, e impulsadas por los carteles del narcotráfico, varias zonas de Colombia habían iniciado una siembra masiva de cultivos de coca enderezada a permitir que estos grupos sociales se posicionaran con mayor fuerza en el mercado internacional y redujeran su dependencia de las materias primas frente a países como Perú y Bolivia. La venta de hoja de coca apareció entonces como una opción a la que muchos campesinos recurrieron para hacer frente, tanto a los cambios particulares de cada región – en el caso de Tibú, al debilitamiento de la economía petrolera–, como a la crisis del agro provocada por una apertura económica no planificada. Al igual que había ocurrido con el auge petrolero, el auge cocalero condujo a una nueva ola de migración. Vale resaltar que la subregión del Catatumbo fue, después del área metropolitana de Cúcuta, la segunda zona con mayor crecimiento demográfico en el departamento de Norte de Santander (Aponte y Yunis: 26). Esta tendencia tendría un punto de inflexión solo en 2005, como consecuencia de la incursión paramilitar. A pesar del crecimiento demográfico, el abandono estatal de la zona perduró. Entre 1984 y 1986 varias marchas campesinas empezaron a llamar la atención sobre esa situación difícil, que se reflejaba mayormente en graves déficits de la infraestructura, la salud y la educación. La movilización culminó, finalmente, en el paro del nororiente colombiano ocurrido en 1987, que contó con una amplia participación de todos los sectores de la sociedad civil del Catatumbo y con la vinculación al mismo de la guerrilla. Si bien las negociaciones posteriores condujeron a acuerdos con el Estado sobre problemas de servicios públicos, educación, vi-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

297

vienda, recursos naturales, vías de comunicación y salud pública, también marcaron el comienzo de un continuo vaivén entre acuerdos y planes de desarrollo incumplidos por el Estado, por una parte, y nuevas acciones de hecho de la sociedad civil por la otra. Algunos ejemplos de alcance regional y nacional fueron el paro agrario del año 1995 y la marcha cocalera de 1996. En ese contexto, varios líderes de la izquierda llegaron a cargos públicos del joven municipio de Tibú y se vieron enfrentados a un creciente alud de amenazas.158 La situación se fue agravando a lo largo de los años 90, sobre todo con la incursión paramilitar definitiva a la zona en el final del decenio.159 En el periodo comprendido entre 1998 y 2004, el municipio de Tibú encabezó los índices de homicidios del nivel nacional y experimentó una ola de víctimas y desplazados sin precedente. Muchos de los líderes sociales de la zona se vieron obligados a abandonarla y dejar atrás una sociedad civil desarticulada y con grandes temores como producto del drama vivido (Minga y Fundación Progresar, 2008). Pasada la desmovilización de los paramilitares, el municipio ha vivido una situación tanto de cambio como de continuidad. A pesar de una mayor presencia del Estado en toda la subregión –principalmente por vía militar, en el marco del Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (Pncrt)-, la nueva situación no ha estado acompañada de una adecuación significativa de la infraestructura, la prestación de servicios básicos o la educación y otros renglones. Si bien el Catatumbo, con su riqueza en recursos primarios, aparece de nuevo en el centro de la discusión nacional en torno al desarrollo y la llamada locomotora minero-energética, así como en los planes nacionales e internacionales destinados a extinguir los cultivos ilícitos, el 158

En 1988 fue elegido alcalde David Jaimes, a quien sucedió Tirso Vélez en 1990; ambos pertenecían a la Unión Patriótica). 159 Tal incursión alcanzó su máxima intensidad en 1999 con motivo de la masacre de La Gabarra y días después en el casco urbano de Tibú.

298

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

nuevo escenario no se traduce, al menos hasta el momento, en un desarrollo regional significativo. Respecto de la organización social, vale decir que, aunque actores determinantes y tradicionales como, por ejemplo, la USO, perdieron su liderazgo, otras organizaciones e iniciativas parecen haber llenado ese vacío desde el año 2004. A pesar de la experiencia del paramilitarismo, han surgido organizaciones de la sociedad civil con un enfoque de desarrollo regional sostenible y que intentan recuperar el tejido social afectado. Aparte del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), hay que mencionar sobre todo a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que ganó la atención nacional sobre todo gracias al contexto del paro campesino de 2013.

4.7.2. Mapeo de actores El mapeo de actores de Tibú muestra una sociedad civil con un gran número de relaciones, en su gran mayoría calificadas positivamente. Llama la atención que las pocas (tres) relaciones negativas o conflictivas partan de actores situados en el amplio espectro de las JAC (A7; A10) y que se dirijan únicamente a actores del sector empresarial (C1) y la institucionalidad pública (B1). La única excepción de ello es la relación conflictiva entre Ascamcat (A1) y el sector palmero (13). Es importante resaltar que en el centro de ese mapeo se encuentra particularmente un grupo de actores de la sociedad civil de todo el municipio. Como será explicado con más detalle en el análisis de caso, en el municipio de Tibú se dejan identificar al menos dos tendencias de la sociedad civil. La primera, que para efectos prácticos del análisis denominamos “tendencia urbana”, está formada principalmente por actores del casco urbano y las veredas cercanas del mismo, Tres Bocas y Campo Dos. La designación surge de la existencia de un diálogo más fluido con la capital, Cúcuta, que permite que allí se haya configurado una

Mapeo 12

Tendencia urbana

300

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

sociedad menos basada en la cultura campesina (aunque sí la hay). La segunda es formada sobre todo por las JAC de zonas rurales ubicadas más allá del casco urbano, hacia La Gabarra, y organizaciones supramunicipales, entre ellas Ascamcat (A1) y Cisca (A2), con poca o nula presencia en la zona de la primera tendencia. De igual forma, para efectos prácticos del presente documento, a este sector lo denominamos “tendencia rural”. En el mapeo, esa segunda tendencia aparece en la esquina derecha inferior e influye por tanto a la primera tendencia (en el centro del mapeo), a causa de que mantiene pocas relaciones directas con los actores de esa primera tendencia. La única excepción está representada por las buenas relaciones que tanto Ascamcat como Cisca mantienen con el sindicato de la USO (A13). La segunda agrupación de actores externos que reciben una clara influencia de la primera tendencia es la esfera nacional e internacional, simbolizada con la segunda esfera gris de la esquina izquierda. Respecto del mapeo de la primera tendencia (urbana), resaltan sobre todo dos aspectos importantes. Primero, la existencia de dos actores decisivos –la Diócesis (A5) y la Alcaldía (B1), que mantienen relaciones con la gran mayoría de los demás actores, y, segundo, la falta de unidad en el caso de las JAC. Respecto del primero es importante mencionar el papel de la Diócesis de Tibú (A5) como intermediario ampliamente respetado y mencionado por los demás actores. Al tener relaciones únicamente positivas con actores de los tres sectores diferentes (sociedad civil, sector empresarial e institucionalidad pública), la Diócesis puede ser interpretada como actor unificador. Esas relaciones positivas incluyen también al segundo actor clave del municipio: la Alcaldía (B1). Como figura con el mayor número de relaciones (9), la Alcaldía desempeña, desde el punto de vista de la mayoría de los actores, un rol principal en el municipio. Llama la atención, sin embargo, su mala relación con dos de los tres subgrupos existentes dentro del actor heterogéneo de

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

301

las JAC: las JAC de la zona rural de la “tendencia urbana” y una fracción de las JAC urbanas. Al mostrar el relativo tamaño de los actores en dependencia del número de sus relaciones, los siguientes dos mapeos resaltan con más claridad dicha relativa importancia de la Diócesis y la Alcaldía. Cada uno de los mapeos destaca en eso únicamente a los actores con los cuales el actor principal mantiene relaciones. Otra característica del mapeo de Tibú es la heterogeneidad del grupo de las JAC. Con cuatro subgrupos, dos rurales (A7, A8) y dos urbanos (A9, A10), la división va más allá de las diferencias entre las dos tendencias de la sociedad civil presentes en el municipio. Solo en el caso de la primera tendencia (la urbana), ya se dejan identificar claramente tres agrupaciones (dos urbanas y una rural), las cuales mantienen sus propias relaciones (positivas y negativas) con otros actores del municipio. En eso es interesante la existencia de una agrupación (A9), que se caracteriza atípicamente en comparación con las otras dos por sus relaciones únicamente positivas.

4.7.3. Tendencias de la sociedad civil de Tibú Partiendo del anterior contexto, se identificaron cinco ejes de análisis para abordar las problemáticas relacionadas con la actividad de la sociedad civil en el municipio. El primero sostiene que la sociedad civil de Tibú atraviesa un proceso de recomposición a partir de la ola de violencia que desarticuló la organización social, lo cual también ha llevado al surgimiento de una nueva generación de líderes que empiezan a asumir nuevos procesos en el municipio; el segundo destaca la experiencia del paro campesino de 2013 y sus efectos en los repertorios de acción tradicionalmente utilizados por los actores sociales; en tercer lugar, la débil institucionalidad local se encuentra con una influencia del gobierno central determinante en el desarrollo municipal de las políticas; en cuarto lugar aparece la incidencia de la industria

Mapeo 13

Tendencia urbana

Mapeo 14

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

304

petrolera en el municipio y, finalmente, las visiones del desarrollo de los actores sociales, que actualmente están en proceso de redefinición. En este análisis también resulta determinante la diversidad territorial del municipio de Tibú (y del Catatumbo), dada su notable extensión física, en la cual coexisten realidades diferentes que impulsan a los actores sociales de la región a buscar caminos diversos frente a sus concepciones de desarrollo. Esta característica determina la existencia de las tendencias urbana y rural en el municipio, que en ocasiones chocan a causa de sus objetivos diferentes. Como se dijo atrás, la tendencia que hemos denominado urbana se ha construido como modelo económico organizado alrededor de una agricultura empresarial que cuenta con una infraestructura –la extracción de petróleo y el comercio–que le ha permitido la comercialización y la conexión con el resto del país, y que en los últimos años ha tenido una influencia importante de grupos paramilitares. Por lo anterior, en esta zona se ha configurado una cultura más urbana (Minga y Fundación Progresar 2008). La tendencia denominada rural se basa primordialmente en un modelo de economía campesina limitadamente comercial y en la presencia de cultivos ilícitos. Ha sido el territorio donde tradicionalmente han operado grupos guerrilleros y allí se presenta con cierta frecuencia la falta de claridad frente a los derechos de propiedad de la tierra. Las diferencias entre las dos zonas se han fortalecido a partir de procesos de estigmatización que emanan del conflicto armado. Según algunos entrevistados, las zonas geográficas se perciben como contrarias políticamente: en las rurales se observa a los del casco urbano como simpatizantes del paramilitarismo, al tiempo que los del casco urbano ven a los de la zona rural como simpatizantes de la guerrilla (Entrevista 2)160. Como vere160

Entrevista a representantes de Ascamcat.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

305

mos más adelante, esto ha creado dificultades para establecer un diálogo constructivo entre las dos tendencias. Adicionalmente, es importante resaltar la fuerte presencia del grupo indígena Barí, cuyo resguardo Catalaura comprende una parte del norte del municipio. Aunque este actor de la sociedad civil está en muchos aspectos muy ligado a las posturas de la tendencia rural (como va mostrarse a lo largo del estudio), no forma parte de la misma sino que constituye una tercera fracción aparte de la sociedad civil, con relaciones y percepciones que serán abordadas a lo largo de los siguientes subcapítulos. 4.7.3.1. Las relaciones de la sociedad civil Como primer elemento del análisis se tratarán las relaciones que la sociedad civil establece al interior de sí misma, es decir, entre actores sociales, y en seguida aquellas relaciones que construye con los otros sectores: el Estado y el sector privado. Relaciones entre la sociedad civil y su repertorio de acción Como producto de la intervención paramilitar, la sociedad civil de la actualidad está en un proceso de recomposición. La violencia dejó una desconfianza generalizada, el desplazamiento o asesinato de importantes líderes y, por ende, el temor de participar en espacios públicos. Uno de los actores tradicionales más fuertemente afectados ha sido la USO, que después de ser un actor central en el municipio ha perdido protagonismo debido al asesinato o el desplazamiento de la mayoría de sus líderes (Entrevista 3)161. La desarticulación causada por la campaña de ataques a la sociedad civil puesta en marcha a finales de los años 90 y comienzos de los 2000 ha dejado como resultado un escenario con 161

Entrevista a un sindicalista.

306

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

pocos actores que estén cualificados para adelantar una incidencia efectiva y significativa, además de una generalizada desorganización de los gremios económicos y pocas relaciones entre los actores institucionales. Evidencia de lo anterior pudo observarse claramente cuando uno de los entrevistados afirmó que “la comunidad no está organizada, ni los comerciantes. Aquí no hay una junta central de comerciantes, no hay una de ganaderos; la de ganaderos medio sirve; no hay de transportadores; apenas se están dando los primeros acercamientos entre ellos […] Hay que organizarse. Una comunidad organizada, un sector organizado tiene más posibilidades de lograr objetivos económicos que una comunidad desbaratada” (Entrevista 4)162. La desconfianza se expresa además en rivalidades en el seno de la sociedad que minan la posibilidad de ofrecer un piso firme a los nuevos líderes y a sus organizaciones. La reflexión de un entrevistado precisa esta afirmación: “las tensiones propias de no saber con quién estoy, quién es mi vecino, con quién estoy hablando: entonces sigue el tema de la desconfianza” (Entrevista 5)163. A pesar de lo anterior, en el contexto actual de Tibú hay un nacimiento reciente de nuevos liderazgos jóvenes que tienen el potencial de dinamizar procesos sociales en nuevas direcciones. Estos dirigentes se encuentran abiertos a procesos de formación organizativos y políticos. Un espacio donde se percibe con mayor fuerza esta expresión son las Juntas de Acción Comunal y el Consejo Territorial de Planeación. La otra tendencia de la sociedad civil del municipio –la tendencia rural- parece, no obstante, haber superado esa etapa de recomposición inicial de manera más exitosa. Aunque sus repre162 163

Entrevista a un líder del sector cultural. Entrevista a un representante de la Diócesis de Tibú.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

307

sentantes también resaltan los profundos impactos que la incursión paramilitar descargó sobre la construcción del tejido social, basado en solidaridad y cooperativismo, también califican de forma positiva el proceso de reanimación de redes y la articulación de la base en sus territorios. Tanto Cisca como Ascamcat buscan y apoyan un proceso de articulación de asociaciones y Juntas de Acción Comunal. El Plan de Vida de Cisca, cuya construcción empezó en el año 2006, presenta un ejemplo de iniciativa de articulación y agregación de intereses construida de abajo hacia arriba (Entrevista 6)164. Por su parte, aunque los Barí se muestran abiertos a la articulación y el diálogo con otros actores del municipio, tropiezan con ciertas dificultades para encontrarse, ocasionadas, desde su punto vista, por la falta de reconocimiento que muchos de los demás actores tienen de su historia, su cultura y su trayectoria en el municipio. Esa percepción fue confirmada parcialmente por algunos de los entrevistados de la tendencia urbana, quienes opinan que la posición de los Barí no es tenida en cuenta, en ocasiones por simple desconocimiento y desinterés de algunos actores (Entrevista 4). Los Barí mantenían relaciones relativamente cercanas sobre todo con la tendencia rural de la sociedad civil, especialmente con Ascamcat. Sin embargo, dichas relaciones parecen haberse congelado paulatinamente a medida que la propuesta, relativamente reciente, de crear una Zona de Reserva Campesina choca con la iniciativa de ampliación del resguardo Catalaura de los Barí, proyecto que nació antes de la propuesta de Ascamcat (Entrevista 15)165. No obstante, más allá de del interés de dialogar con actores locales, los principales aliados del sector indígena se ubican claramente en el nivel nacional. Al haberse afiliado a la Organi164 165

Entrevista a un representante de Cisca. Entrevista a representantes de Asocbarí.

308

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

zación Nacional de Indígenas de Colombia (Onic) y mantener buenas relaciones y un constante intercambio con otros grupos étnicos, los Barí buscan la posibilidad de capacitarse para tener una mayor incidencia frente a los principales receptores de sus demandas. Estos últimos están igualmente en el nivel institucional nacional, como es el caso del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Además, como parte de la estrategia de darse a conocer en los niveles local y nacional, los Barí buscan transmitir su cultura a un público amplio a través de la emisora nacional de la Onic (Entrevista 15). Finalmente, es importante destacar el rol asumido por la Diócesis de Tibú, la cual aparece como un actor con relaciones estrechas con los más diversos sectores del municipio y es percibida de forma positiva, tanto por la tendencia urbana como por la rural y los Barí (Mapeo 13). Esto le ha otorgado un papel de liderazgo y articulación que ha sido asumido positivamente por la misma Diócesis y expresado en iniciativas como la Red Sueños del Catatumbo, liderada por el propio Monseñor y que busca unir a los diferentes actores regionales, nacionales e internacionales con el propósito de crear espacios de diálogo. Por lo anterior, la Diócesis es un actor que tiene un alto potencial para servir como mediador entre los diferentes actores de la localidad (sociales, institucionales, empresariales) y sus distintas visiones. A lo largo de las luchas sociales que se han librado en la región, el recurso a las vías de hecho para reclamar derechos no reconocidos por el Estado ha sido el principal. Esto ha llevado a que esta forma de acción sea percibida ampliamente, no solo como legítima sino además como necesaria, dadas las limitaciones de diálogo que han existido históricamente entre las demandas sociales, la institucionalidad pública y las empresas privadas. Esta creencia se ha visto reforzada por el repetido incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

309

En términos generales, una representación importante de ambas tendencias expresa comprensión y solidaridad con la decisión de tomar las vías de hecho para reforzar las demandas de los actores sociales (Entrevista 7)166. “En el movimiento social sabemos que la única forma de presionar a este gobierno es la movilización. Aquí no hay nada más, no hay ningún otro mecanismo” (Entrevista 2). No obstante lo anterior, es posible identificar algunos momentos de la historia municipal en los cuales esta solidaridad y comprensión ha alcanzado sus límites, en particular cuando la vía de hecho se acompaña con actos de vandalismo. En esos casos, los actores directamente afectados tienden a cuestionar las acciones. Tal situación se presentó, por ejemplo, durante la marcha cocalera del año 2000, cuando la población del casco urbano de Tibú se movilizó para detener un acto de sabotaje urdido por parte de los marchantes rurales. Semejantes desacuerdos frente al recurso a las vías de hecho volvieron a presentarse con ocasión del paro campesino que tuvo lugar en el segundo semestre de 2013. A pesar de que esta movilización municipal surgió a partir de preocupaciones y molestias concretas, como la problemática social alrededor de los cultivos ilícitos y –de acuerdo con los entrevistados- de un conflicto de índole personal entre un grupo de juntas de Acción Comunal urbanas y el alcalde, desde el punto de vista de muchos actores componentes de la tendencia urbana de la sociedad civil, fue aprovechado posteriormente por personas externas al casco urbano y que posicionaron su agenda entre las demandas iniciales (Entrevistas 4 y 8)167. Una de las grandes dificultades que enfrentaba el diálogo entre las dos tendencias fue, y todavía es, el desconocimiento generalizado de algunos actores y temáticas que cobraron mucha 166 167

Entrevista a un presidente de las JAC (sector rural). Entrevista a un representante del sector palmero.

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

310

fuerza durante el reciente paro campesino. El ejemplo más emblemático de esto se presentó en la discusión tenida a propósito de la zona de reserva campesina. Uno de los entrevistados afirmó al respecto que “aquí en el casco urbano, aquí en el pueblo realmente no sabíamos qué era la zona de reserva campesina” (Entrevista 9)168. Por otra parte, las acciones de bloqueo y algunos actos de violencia llevados a cabo por participantes de las manifestaciones públicas afectaron sensiblemente a sectores económicos y sociales del municipio, lo cual condujo a un cambio de las posturas referidas a las formas de acción. Los desacuerdos frente a esa situación se manifestaron en las entrevistas hechas para este estudio, con afirmaciones como la de que, “si bien a algunos les parecía que esa era la forma de protestar, en su gran mayoría la gente sí consideró que no era la manera” (Entrevista 9). Este tipo de reservas ha enfrentado dificultades para ser exteriorizado, dada la legitimidad nacional de los actores que acuden a las mesas de diálogo con el gobierno central y el temor que abriga la sociedad civil por desconocer si existían o no existían agendas ocultas detrás del paro (Entrevista 4). No obstante, algunos actores del casco urbano expresan hoy un rechazo generalizado al paro y afirman que “de pronto sí hay algunos que tienen con ellos alguna similitud de pensamiento, pero en su gran mayoría los campesinos en este momento, para ellos eso fue un engaño lo que les hicieron. Salieron muchos de ellos obligados, algunos estaban porque querían, pero muchos estaban obligados. Sí, los presionaron, que tenían que salir. Si no, los obligaban a que tenían que pagar unas multas” (Entrevista 9). Lo anterior refleja que los principales afectados por el paro de 2013 fueron la población del casco urbano y los productores agrícolas, quienes no sienten que tengan representatividad en la 168

Entrevista a un concejal del municipio.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

311

mesa de diálogo con el gobierno, ni en los acuerdos logrados luego de los 53 días que duró el movimiento. En carta dirigida el 25 de junio de 2013 al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, los presidentes de ocho asociaciones de palmicultores estimaron en 3.699 millones de pesos la pérdida ocasionada por la falta de movilidad y en 650 las familias directamente afectadas. A pesar de las críticas expresadas por varios actores de la tendencia urbana, algunos destacan igualmente, sin embargo, una mayor articulación de los grupos dentro de esa tendencia. Según un entrevistado, aparecieron líderes y representantes antes desconocidos en los espacios del debate público ubicados en el casco urbano (Entrevista 4). Tal efecto positivo de articulación llevó además a la elaboración de una carta conjunta de treinta dirigentes de las JAC, el comercio, los transportes, la educación, etc., enviada al senador Juan Fernando Cristo Bustos el 21 de julio de 2013, en la cual llamaban la atención sobre una situación de emergencia económica, social y de seguridad creada después de 42 días de paro. Por su parte, en su evaluación retrospectiva del evento, la tendencia rural de la sociedad civil en general y de Ascamcat – agremiación percibida como el autor principal del paro- no comparte esa interpretación. Al respecto, las posturas de los principales representantes de estos sectores no son unánimes: mientras Cisca califica “la iniciativa de los compañeros […] muy válida” y afirma que la respaldaron “con toda la solidaridad […] posible” (Entrevista 6), Ascamcat reconoce algunas incomodidades, sobre todo del sector comercial, aunque subraya al mismo tiempo el alto grado de solidaridad que recibieron por parte de la población del municipio (Entrevista 2). En términos generales, varios integrantes de Ascamcat entrevistados extraen un balance positivo del paro de 2013 y subrayan sobre todo que el evento, en cierto sentido, les abrió la puerta a

312

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

un territorio donde anteriormente no tenían mayor presencia. En esta línea de argumentos, el paro es entendido como un espacio de diálogo entre los sectores, de reducción de estigmas que a partir de la incursión paramilitar se han formado en la subregión y de promoción del proyecto Ascamcat al nivel nacional e internacional, pero asimismo al casco urbano de Tibú. Según los entrevistados, muchos actores de la zona ubicada entre el casco urbano y Campo Dos (entre ellos, pequeños palmicultores y arroceros que buscaron el diálogo) ven en Ascamcat un posible aliado: “[…] los pequeños palmicultores de siete hectáreas, ellos quieren conversar con nosotros, quieren que se les ayude, quieren que se les asesore con los contratos” (Entrevista 2). Lo anterior deja expuesta la compleja relación existente entre estas dos tendencias de la sociedad civil y las diversas formas que tiene de expresarse en medio de la conflictividad que persiste en el Catatumbo, basado principalmente en una divergencia de concepciones en torno del desarrollo que debería tener el municipio de Tibú y en algunas ocasiones de las diferencias respecto de los repertorios de acción que se utilizan para lograr objetivos. Relaciones con la institucionalidad pública Otro actor determinante en el mapa de la conflictividad y el devenir de la sociedad civil del municipio es la institucionalidad pública. Es claro, como se ha venido afirmando, que ella tiene dos niveles de relacionamiento con los actores sociales: uno en el plano local, que corresponde a la Alcaldía, y otro que está en el nivel nacional. Esta diferenciación ocurre a causa de la importancia geoestratégica del municipio y de su potencial en el proyecto minero-energético que forma parte del plan nacional de desarrollo. En el primer nivel, el de la Alcaldía, puede afirmarse que dicha institución es el principal receptor de inconformidades y

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

313

deficiencias del municipio, lo cual se observa claramente en el alto número de relaciones que establece con los actores, sobre todo aquellos de la tendencia urbana (Mapeo 14). Al respecto, hay que decir que la sociedad reconoce su incapacidad para tramitar las distintas demandas sociales, bien sea por la falta de recursos o bien debido a una superación de competencias (a pesar de sus recursos por concepto de regalías, Tibú es un municipio de categoría 6). Por su parte, la falta de planificación del municipio ha ocasionado atrasos e imposibilitado un diálogo más claro con el Estado central; ejemplo de esto es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, cuya última versión corresponde al año 2000. De acuerdo con la Alcaldía, esto ocurre debido a la falta de recursos para la elaboración del nuevo plan, sumada al componente de la seguridad en el municipio. En palabras de un funcionario público, esta actualización “es muy costosa. En la administración anterior se quiso realizar una actualización y desafortunadamente no se tuvieron los elementos necesarios y requeridos para poder terminar ese proceso. Finalmente el contratista, por razones de seguridad, dijo que no quiere seguir con el proceso y que, pues, lo liquidaran” (Entrevista 10). La percepción general de los actores entrevistados frente a la Alcaldía es neutra y en ocasiones pasa a posturas positivas. Sin embargo, sobre la entidad se escuchan opiniones que denotan una visión en torno a que es “poco accesible”. Esto puede observarse en afirmaciones como la de que “la Alcaldía nunca tiene tiempo para las comunidades” (Entrevistas 7 y 13). La debilidad de esa dependencia se ve reforzada por la falta de estrategias provenientes, tanto del nivel departamental como del nacional, para el fortalecimiento institucional de la misma y la prevalencia de intereses que no necesariamente responden a los deseos locales.

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

314

Atendiendo a un experto en el territorio,

“el problema de las Alcaldías es que las Alcaldías, en todo este proceso, nuevamente, de centralización política que ha operado, los alcaldes han perdido toda posibilidad de ser garantes de la seguridad, de todo. Entonces, uno, de alcalde, ¿qué gobierna?, dicen ellos, si la seguridad se maneja desde la Fuerzas Militares, si lo de los cultivos, la política antidrogas, la manejan desde lo nacional también, la explotación de los recursos naturales se hace desde lo nacional, a nosotros hace dos años, cuando hablamos con el alcalde de Tibú, que era donde ya había empezado todo ese proyecto de la palma aceitera, él ni sabía: que cuántas hectáreas iban ni para donde iban, nada…” (Entrevista 14)169.

La aplicación de políticas del ámbito nacional relacionadas con el conflicto armado, como la Política Nacional de Consolidación y el Plan Colombia, sumadas a la “locomotora minero-energética”, tienen un claro efecto en lo dicho atrás, ya que no son procesos consultados con los territorios, ante los cuales los mandatarios locales tienen poca injerencia. Esto lleva a que el segundo nivel de conflictividad se presente en el diálogo con el gobierno central, ya que es allí donde son tomadas las decisiones que afectan al municipio, tanto de la zona rural como de la urbana. Adicionalmente, la tendencia rural, que cuenta con mayor incidencia en el plano nacional, tiende a privilegiar agendas de carácter nacional que proceden de organizaciones cuyas visiones no son necesariamente compartidas por el conjunto del territorio municipal, como ocurre con la Zona de Reserva Campesina. En 169

Entrevista a experto de la subregión.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

315

este sentido, la relación entre esa tendencia y la Alcaldía de Tibú se presenta bastante limitada. Mientras Ascamcat afirma que el alcalde estuvo presente en la socialización de la propuesta de la ZRC y que la organización en general busca el contacto con la institucionalidad pública local (Entrevista 2), Cisca resalta que actualmente no tiene ninguna relación con la Alcaldía (Entrevista 6). Sean la ZRC, los títulos mineros o la solicitada ampliación del territorio Barí, las decisiones relevantes en el caso del sector indígena igualmente son adoptadas en gran parte por la institucionalidad del nivel nacional. Por tal razón, las estrategias de incidencia apuntan, como en el caso de Ascamcat, hacia una incidencia en el nivel nacional e incluso en el internacional. Lo último incluye sobre todo la iniciativa de dirigirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también al apoyo dado por la Unión Europea a la realización del Encuentro Misión del pueblo indígena Motilón Barí, ocurrida en 2010 (Entrevista 15). Relaciones con el sector privado Frente a la presencia de la industria petrolera en Tibú se destacan algunos aspectos importantes, como la incidencia en las dinámicas culturales del municipio, la percepción de los actores locales en torno a las consecuencias positivas y negativas de la industria y, finalmente, los riesgos que esto representa para la construcción de Estado en el municipio. En primer lugar, como ya se dijo, el municipio de Tibú como tal surgió alrededor de la economía petrolera, lo que hace que ésta hunda profundas raíces en las posturas y visiones de una parte importante de su población. A causa de lo anterior, las empresas petroleras han sido vistas con frecuencia como aliados y no como enemigos, a pesar de que el diálogo se ha entablado históricamente con base en la presión de las vías de hecho. Actualmente la industria se concentra principalmente en Ecopetrol. Las posturas asumidas frente a este actor por parte de

316

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

la sociedad civil son diversas, aunque aquéllas de la tendencia urbana pueden ubicarse en un espectro de percepción entre neutral y positivo, y las de la tendencia rural en uno principalmente negativo. En el caso de la urbana, una parte de ella tiene conciencia de los beneficios que su intervención trae a la economía. Se destaca también el apoyo que esa industria ha anunciado al desarrollo infraestructural, como puede ser la posible financiación de la instalación de gas de consumo público a escala municipal y la construcción de vías, entre ellas los 6,5 km. de la carretera que de Tibú conduce a Cúcuta, los cuales serán renovados por la empresa petrolera (Entrevistas 8, 9 y 10)170. Pero esto no evita que se perciban igualmente sus impactos negativos. En ese sentido, la mayoría de las personas entrevistadas destacó elementos como los efectos del flujo constante de dinero, el daño del medio ambiente, la desarticulación de los actores sociales, los conflictos en torno al problema laboral (uno de los principales) y la sensación de incumplimiento de la compensación que debe dar la empresa petrolera por su actividad. En primer lugar, el constante flujo de dinero ha afectado el tejido social y la articulación de las comunidades. Las diferencias en materia de ingresos y la competencia que se despierta alrededor del acceso a los empleos petroleros tiende a afectar profundamente a la sociedad, como se colige de una de las entrevistas hechas a un actor que afirmó: “No hay juntas de acción comunal, no hay juntas que propongan desarrollo, no hay líderes que tengan un conocimiento y sean líderes que tengan plataforma organizacional, ni plataforma tecnológica. Son líderes que discuten, pelean y no les gusta nada, pero no proponen nada. El empleo acabó con Tibú, con la parte social de Tibú” (Entrevista 11)171. Asimismo se han profundizado las diferencias sociales 170 171

Entrevista a un representante de la Alcaldía de Tibú. Entrevista a ex presidente de una JAC (urbana).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

317

entre quienes tienen acceso a los beneficios de la economía petrolera y los que no tienen esa oportunidad. Uno de los entrevistados afirmó que eso ha provocado

“un desequilibrio aquí dentro de la sociedad, porque los que son empleados directos de Ecopetrol o trabajan con contratistas de Ecopetrol, viven una realidad completamente diferente a lo que vive el resto de la sociedad […] Entonces Ecopetrol necesita en tal vereda perforar un pozo y ponerlo a trabajar, entonces van allá, arreglan la escuela, y que necesitan camisetas, balones, lo que sea, pero realmente no miran el contexto de la zona […] le ha faltado realmente diseñar de alguna manera unas políticas que conduzcan a un bienestar general” (Entrevista 9).

Por otra parte, también en relación con el tema laboral, se expresaron opiniones en dos sentidos. El primero se relaciona con los efectos descargados por la industria en el mercado laboral: “Aquí el tema de empleo es porque, como es una zona petrolífera, todas las comunidades o la mayoría de personas quieren trabajar es en Ecopetrol. El enfoque de ellos es Ecopetrol: ‘Es Ecopetrol, no miramos otras alternativas’” (Entrevista 12)172. Esto conduce al segundo aspecto, referido a que otros sectores productivos no cuentan con el apoyo de la mano de obra que requieren para prosperar, situación palpable en el sector agrícola y de la construcción de vías, donde los presidentes de las JAC subrayan la existencia de problemas de contratación en ese sentido, pese a que el desempleo es una de los principales problemas identificados por la población (Entrevista 13)173. 172 173

Entrevista a un presidente de una JAC (urbana). Entrevista al presidente de una JAC rural.

318

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta y que se suma al conflicto alude a un proyecto actual de la Alcaldía que busca una participación directa de la misma en los procesos de contratación de mano de obra con destino a las empresas petroleras (Entrevistas 8 y 13). Sin embargo, al respecto hay posibilidades de mejora a partir de experiencias exitosas. Ejemplo de ello son los acuerdos y la articulación entre las veredas que reciben influencia de Ecopetrol, aquellas que no la tienen y la parte perteneciente al casco urbano en relación al establecimiento de porcentajes de participación. Con base en ello se resolvieron conflictos de vieja data que dificultaban el diálogo social (Entrevista 7). Finalmente, en cuanto a la percepción de incumplimiento de expectativas, los entrevistados expresaron que la base de estos reclamos reposa en la experiencia histórica del municipio frente a la industria y en su capacidad de respuesta. Uno de ellos afirmó que la “comunidad no siente apoyo de Ecopetrol. Si bien reconocen la inversión social en la vía, entonces sí es un beneficio para la mayoría aquí, pero se esperaba que fuera más” (Entrevista 7). Esto lleva al vecindario a una percepción de abandono frente a lo que recibían en el pasado. El último entrevistado manifestó, por ejemplo, que “Nosotros no nos sentimos respaldados por Ecopetrol; nosotros vemos a Ecopetrol aquí en la región y todo, pero no el respaldo que de verdad quisiéramos tener. Cuando hemos querido conseguir algo, siempre hay que hacerles paro, o si no, no nos escuchan” (Entrevista 7). Estas dificultades para el diálogo conducen a una relación de extremos, resumida claramente por uno de los actores cuando saca la conclusión de que “en el concepto de la gente, diría yo, en lo que uno percibe, ven a Ecopetrol como un muy buen aliado, efectivamente a nivel territorial, pero lo ven también como un causante de todo lo que ha ocurrido y de que la zona realmente no haya tenido como un desarrollo, como un progreso” (Entrevista 9).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

319

Como se ha venido observando en otros casos del estudio, Tibú enfrenta el desafío de superar la suplantación del Estado que la industria petrolera ha hecho desde sus inicios en el municipio. Ha habido una sobrevaloración del sector petrolero asentada en el imaginario de la Colpet y que aún sigue en pie, fundamentada en la creencia de que esa empresa solucionaba todos los problemas del municipio y dejaba de lado los deberes que la institucionalidad pública tenía frente al mismo. A esto se suma cierta desconexión de la realidad actual de relativa baja productividad del sector, por un lado, y las altas expectativas sociales frente a los recursos provenientes de la industria, por el otro. Mientras que en el periodo de auge de la producción petrolera, entre los años 1945 y 1964, la producción se mantuvo alrededor de 25.000 barriles diarios, actualmente oscila apenas alrededor de 3.000 (Minga y Fundación Progresar, 2008: 31). La otra tendencia de la sociedad civil –la de orden rural– y la de los Barí se unen alrededor de una clara oposición a los proyectos minero-energéticos en suelo de la subregión del Catatumbo. Sobre ello, tanto Cisca como Ascamcat argumentan que la “liquidación de los recursos” (Entrevista 2) no llevó a un desarrollo real y palpable del Catatumbo. En sus palabras, “Ecopetrol debería actuar como actúa la Federación de Cafeteros con las cooperativas de caficultores en la región, que en sus periodos de gloria efectivamente genera un desarrollo, y es un desarrollo concertado con las comunidades. Con Ecopetrol lo que vos lográs conseguir es, o sea, primero el desgaste, el desgaste tan tremendo para que hagan cualquier obra” (Entrevista 6). Sin embargo, para avanzar en los diálogos entre esta tendencia de la sociedad civil y la industria petrolera sería necesario un proceso de construcción de confianzas y diálogos locales en torno al desarrollo. Los Barí, por su parte, perciben la industria petrolera, al igual que todo el sector minero-energético, como su “primer

320

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

enemigo”, que desde la Concesión Barco penetró su área ancestral y que tradicionalmente compite con el pueblo Barí por el territorio, que para ellos es sinónimo y prerrequisito para poder conservar su cultura, sus tradiciones y, en últimas, su existencia (Entrevista 15). 4.7.3.2. Visiones acerca del desarrollo y principales preocupaciones Ligadas a las características de las relaciones horizontales y verticales de la sociedad civil de Tibú, las principales preocupaciones identificadas y priorizadas de forma conjunta por representantes de ambas tendencias (y de la comunidad Barí) durante el encuentro nacional Visiones y tendencias del desarrollo territorial en Colombia, se centran sobre todo en las categorías de “relaciones horizontales” y “relaciones verticales” (Tabla 1). Por un lado, respecto de la segunda categoría, fueron problematizadas hasta cierto punto la voluntad política del Estado con la región (prioridad más alta) y la percepción de la falta de una planeación coherente de la inversión social proveniente, tanto del sector privado como del sector público. Por otro lado, y en correspondencia con la primera categoría, se expresaron preocupaciones acerca de la división interna y la desarticulación de la sociedad civil del municipio. El punto central de este análisis fue la falta de unidad que acarrea la escasa visión conjunta de desarrollo del territorio. Justamente a propósito de estas visiones del desarrollo de Tibú aparecen tres aspectos a destacar: en primer lugar, las expectativas no cumplidas respecto del rol de la industria en el desarrollo municipal; en segundo término, el papel del proyecto minero-energético en las visiones del desarrollo y su relación con otros sectores productivos; y finalmente las discusiones entre las tendencias existentes en el territorio sobre los caminos del desarrollo de Tibú.

*

Para ver más información acerca de las seis categorías y la metodología ver subcapítulo 4.1.1.

Fuente: elaboración propia sobre la base de talleres con representantes de la sociedad civil del municipio*.

Gráfica 8. Principales preocupaciones (Tibú)

322

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Con respecto al primer elemento, hay una propensión constante, compartida por las dos tendencias de la sociedad civil, a relacionar la falta de desarrollo con las promesas incumplidas del modelo de economía petrolera. De acuerdo con uno de los expertos regionales entrevistados, “el Catatumbo lleva cerca ya de ochenta años sacando petróleo, pero de esos ochenta años, esas promesas que dijeron en ese tiempo de progreso, desarrollo, prosperidad, no ha habido nada” (Entrevista 14). Los habitantes del municipio concuerdan con esta lectura, como puede observarse en la afirmación de un entrevistado cuando afirma:

“Pero, hombre, lo que siempre hemos dicho como municipio es: que somos uno de los municipios que más aporta petróleo, o a la producción de petróleo en el país; que de una u otra forma estamos aportándole a la economía del país, y que no tengamos una vía en buenas condiciones, eso es algo que desmotiva, desmoraliza y que desafortunadamente no le aporta a la paz” (Entrevista 10).

En el mismo sentido, en algunos aspectos de la industria petrolera se perciben obstáculos para el desarrollo, entre ellos el perjuicio que se causa a la autonomía local en provecho del interés nacional, así como los desincentivos del mercado laboral regional. A propósito de esto, un entrevistado afirma que “No hay alternativas de trabajo. Entonces Ecopetrol aquí se vuelve una necesidad […] no hay visión política de desarrollo para otras regiones, todo está pegado al crudo” (Entrevistas 3). La última afirmación refleja una de las tensiones que existen frente al petróleo entre las dos tendencias de la sociedad civil de Tibú y que ya fue tratada en este documento: la tendencia urba-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

323

na reconoce que el petróleo provoca efectos negativos pero ve posible un diálogo que pueda permitir la coexistencia de distintas formas de desarrollo. Esta postura puede estar influida por el hecho de que el casco urbano, en general, percibe principalmente los efectos positivos de la industria, así como el dinamismo de la economía y los proyectos de mejoramiento de las vías, mientras que las zonas rurales son más susceptibles a ser perjudicadas por problemas como el ambiental y la militarización. De otro lado, la tendencia rural rechaza por completo la economía extractiva e inclusive la agroindustrial, argumentando que este tipo de proyectos no solo no son capaces de crear suficientes puestos de trabajo para toda la población, sino que ponen en peligro también el medioambiente. Otros riesgos importantes se asocian a la presencia militar en la zona, que históricamente ha acarreado múltiples violaciones de los derechos humanos (Entrevista 6). Sobre todo los últimos dos puntos son hondamente compartidos por la comunidad Barí y hacen alusión particularmente a la experiencia sufrida en el curso del Proyecto Álamo I174. Esta tendencia expresa una desconfianza generalizada en las acciones estatales que atañen a la industria minero-energética. De conformidad con los entrevistados, el Estado se concentra solo en la extracción de riquezas, reflejada, por ejemplo, en la infraestructura, la cual no está diseñada de acuerdo con las necesidades locales sino para “extraer”: “Entonces ­–sostiene un entrevistado–, se traza la vía para explotar el carbón, ¿y ahora qué se va a hacer?: el Conpes Catatumbo. Se aprueba el Conpes Catatumbo y el 90% de los recursos del Conpes son para habilitar la vía para sacar el carbón, y nosotros tenemos que ponernos 174

Después de la autorización dada por el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2005, Ecopetrol inició el proyecto de exploración y explotación en el área del pozo Álamo I. En el mismo año Asocbarí y la Comisión de Verificación y Acompañamiento al Pueblo Indígena Motilón Barí denuncian una serie de violaciones de los derechos del pueblo Barí por parte de las empresas petroleras y el Ejército Nacional, que tiene la misión de resguardar el pozo.

324

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

en la tarea de demostrar que esas vías no son para potenciar la agricultura” (Entrevista 6).175 Esta misma tensión entre las dos tendencias existe, aunque de forma aún incipiente, en torno de las posibilidades de explotación del carbón de la región, frente a la cual aún no hay posiciones claras. Aun así, existe una conciencia compartida por ambas tendencias en torno de una visión del desarrollo que trasciende el petróleo y busca hallar salidas, aún incipientes, por conducto de otros sectores de la producción, manteniendo las diferencias en este sentido frente a la posibilidad de cultivos agroindustriales, algo a lo cual se opone la tendencia rural. Esta dificultad se profundiza al no lograr una articulación ni una coincidencia de los sectores, cosa que podría estar relacionada con el proceso actual de recomposición de la sociedad civil y con el mencionado rechazo de la tendencia rural a la agroindustria, además de que también se presenta un temor frente a la rentabilidad de las nuevas posibilidades económicas. A este temor se suman experiencias de fracasos productivos, como el del cacao y el plátano, cuyos planes de diseño fueron cultivos impuestos a partir del financiamiento del nivel nacional que no tuvieron en cuenta los aspectos locales de comercialización y productividad (Entrevistas 8 y 10). Uno de los entrevistados de la tendencia urbana afirmó al respecto: “Eso es lo que le pedimos y le recalcamos siempre al gobierno nacional cuando trae una oferta: siempre le recalcamos ese error de planeación que hubo en otras experiencias, para que en el momento que se vaya a realizar otro programa no se tenga el error, o el grave error que se cometió con los programas anteriores” (Entrevista 10). En términos generales, la falla de pla175

El entrevistado se refiere sobre todo a la proyectada carretera Astilleros-Tibú-Convención-La Mesa, designado como obra prioritaria por el Conpes Catatumbo (Conpes 2013, 50).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

325

neación a la que se hace referencia fue la falta de consulta a las comunidades a fin de ubicar cuál es la mejor forma de invertir los recursos que se asignan desde el plano nacional. Un ejemplo claro de esta tendencia a “imponer” iniciativas desde arriba se relaciona con los cultivos, los cuales se seleccionan sin tener claridad sobre lo más pertinente, dado el ecosistema sobre el cual se van a implementar. En relación con el desarrollo sostenible, uno de los entrevistados expresó claramente esta preocupación al sostener que “cuando hablamos de desarrollo sostenible debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo lo que tiene que ver con el aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto económico, que debe ser el último, porque no podemos tener en cuenta primero el aspecto económico y dejar lo social y lo ambiental de último” (Entrevista 12). A pesar de lo anterior, es destacable el caso del cultivo de palma en el municipio, ya que condensa varias posibilidades de mejora en materia de desarrollo y en el rol de la sociedad civil, que pueden servir como elementos para otras experiencias. El cultivo de palma aceitera en Tibú se inició como un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos, financiado con recursos del gobierno nacional a través del Fondo de Inversión para la Paz, Usaid y la Alcaldía. El proyecto consiste en brindar a los campesinos de la zona, a través de un sistema de créditos, la posibilidad de ser socios del propio negocio. Desde la perspectiva de algunos actores locales, este proyecto tiene varios potenciales. En primer lugar, genera empleo en la zona rural y ofrece alternativas de ingresos a familias que desean permanecer en la zona. Esta experiencia, aplicada en el cultivo de la palma, resulta emblemática porque no parte de una concentración excesiva de la tierra (como ocurre en otras regiones del país) sino que permite conformar unidades productivas solidarias que beneficien al campesino.

326

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

En segundo lugar, esa solución ha tenido un papel articulador de la sociedad. Los productores han venido uniéndose alrededor de asociaciones y esto ha propiciado la necesidad de crear articulaciones más estratégicas. Actualmente el proyecto vincula a 1.200 familias y ha impulsado una incidencia en la comunidad en términos de organización. En tercer lugar, el hecho de tratarse de un proyecto promovido desde el nivel central del gobierno y que ha recorrido una trayectoria relativamente exitosa marca una pauta para un diálogo más fluido con el nivel central del Estado para el manejo de la inversión que se realiza desde allí hacia la zona. La siembra de palma descarga algunos efectos negativos que conviene enfrentar, como ocurre en materia ambiental. Adicionalmente, hoy en día enfrenta dos grandes desafíos para lograr un mejor desempeño: la infraestructura y la participación en las etapas industriales del proceso productivo. Actualmente solo se produce la materia prima, y para procesarla se depende del exterior. Otro desafío aún no identificado por los participantes sino solo por otros actores hace referencia a que el desarrollo en la palma no debe concentrarse. En palabras de un entrevistado, “las palmas tienen que tener sus límites; esto no puede seguir creciendo desmedidamente, porque aquí mucha gente está viendo la palma como la única alternativa, y no es cierto” (Entrevista 9). Respecto de la forma como es percibido este proyecto por la tendencia rural, como se vio ya, existe un rechazo importante del sector de Cisca, dado que son cultivos que no producen alimentos y que perjudican el sostenimiento de una cultura campesina (Entrevista 6). Por su parte, Ascamcat mantiene también su desconfianza y rechaza la expansión del modelo, aunque reconoce que tal cultivo no ha sido implementado con la misma fuerza que en otras partes del país (Entrevista 2). Las visiones del desarrollo de los actores sociales de Tibú se mantienen concentradas en aspectos de servicios básicos, como

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

327

son la infraestructura, la salud pública y la educación. Una solicitud de larga data sigue siendo un tema central de la discusión: la carretera Cúcuta-Tibú. Esta permanente falta de cumplimiento de los acuerdos reafirma la historia tradicional de abandono del municipio por parte del Estado. Las vías en especial tienen un significado de gran importancia, ya que, en palabras de un entrevistado, “Si en la región las vías no se desarrollan va a ser muy difícil, pues, que la región tenga desarrollo” (Entrevista 9). Como ya se observó, la tendencia urbana concibe el desarrollo de Tibú ligado a la diversificación de actividades económicas que superen la dependencia del petróleo, pero reclama del mismo una mayor inversión social. Igual actitud se tiene frente a la inclusión de factores de desarrollo de las personas en todos los niveles. Por su parte, la tendencia rural concentra sus visiones del desarrollo en el sector campesino y aboga por una economía campesina basada en un abastecimiento local que permita que el municipio sea sostenible. Al igual que la urbana, para la rural el desarrollo se compone de múltiples factores, en especial de la garantía en términos de salud, educación y vivienda, hecho que se refleja claramente en el Plan de Vida de Cisca (Entrevista 6). Al igual que para la tendencia rural, para los Barí la conservación de la propia cultura y el modo de vida son parte esencial de la visión del futuro. Solo si se logra proteger sus tradiciones, su idioma (Barí-ara) y su comunidad, puede continuar su existencia. Punto clave en este contexto es la protección de su territorio como base sagrada, sobre la cual se construye todo lo demás. Por eso es tan importante su defensa frente a proyectos y visiones de desarrollo igualmente ligados al territorio, como ocurre con la “locomotora minero-energética” y la proyectada Zona de Reserva Campesina, ante las cuales se sienten actualmente “entre la espada y la pared” (Entrevista 15).

328

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Finalmente, a pesar de las dificultades, la población de Tibú no tiene una percepción negativa absoluta de su situación: divisa posibilidades de cambio y solución de las dificultades y entiende el momento presente como estratégico para reorientar el desarrollo y la inclusión social en el municipio. Todo ello será posible únicamente por la vía de un diálogo que tenga claridad sobre la diversidad del municipio y apunte a la integración en condiciones de respeto de las distintas tendencias que se expresan allí. Dos aspectos son fundamentales en ese cometido: la acción dirigida a garantizar un desarrollo más incluyente y la articulación social. Algunas expresiones apuntan en esta dirección con mucha claridad, como se deduce de la frase de uno de los entrevistados: “Si seguimos como vamos, vamos a estar peor […] a pesar de todas las oportunidades” (Entrevista 4). En cuanto al desarrollo y la situación estratégica del momento, ese actor expresó:

“Este es el momento de convocar a todas las comunidades como actores indispensables del desarrollo a que aportemos a esa visión de futuro de cinco, seis años, cuando venga una bonanza, cuando venga un petrolero, un palmero, un carbonero, de transporte, de servicios, y si no lo hacemos nos vamos a quedar peor que Macondo, olvidado allá en cien años de soledad” (Entrevista 4).

4.7.4. Conclusiones y recomendaciones Al partir de un análisis guiado por las tres variables del estudio (relaciones horizontales, relaciones verticales y visión), presentadas en el subcapítulo 2.4, y con vista hacia factores que favorecen u obstaculizan una participación real de la sociedad civil en una posible alianza intersectorial, en el caso de Tibú pueden ser

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

329

resaltados aspectos importantes en cada una de las tres variables (Tabla 11). En primer lugar, acerca de las relaciones horizontales que mantienen los actores de la misma sociedad civil se presenta el contraste entre las dos tendencias de sociedad civil (rural y urbana), tanto en materia organizativa como respecto a las relaciones que establece con otros sectores. Mientras la tendencia urbana carece en la actualidad de capacidades organizativas, producto de las olas de violencia recientes y de la existencia de intereses personales en el seno de algunas Juntas de Acción Comunal, la segunda está avanzando en este sentido a partir del trabajo de base a escala rural. Sin embargo, esta última requiere profundizar sus capacidades de diálogo y escucha, a fin de lograr mayor articulación en el territorio, el cual es percibido por actores de la tendencia urbana como ajeno a los intereses del municipio. En términos generales, es importante resaltar la división parcial existente en la localidad, que va de la mano con un alto grado de polarización y la complicada y limitada relación entre las dos tendencias. Tal relación se manifiesta en las discusiones acerca del modelo de desarrollo, en especial cuando una de las dos se autopresenta frente a entidades foráneas como portavoz de todo el municipio, como ocurrió en el caso de Ascamcat en el paro de 2013. Dichas posturas heterogéneas frente al modelo de desarrollo deseado influyen de forma significativa también en las relaciones verticales mantenidas por las dos tendencias. Mientras que la tendencia urbana tiene una alianza y un diálogo pragmático con la industria petrolera y otras empresas como, por ejemplo, Oleoflores, las relaciones con el sector privado de la tendencia rural se caracterizan primordialmente por su alto grado de tensión y confrontación. Al enfocarse en el sector público al nivel nacional como principal receptor de demandas, las relaciones

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

330

con la institucionalidad pública local de ambas tendencias se limita a las buenas intenciones. Finalmente, respecto de las visiones hay que resaltar de nuevo la diversidad existente en el municipio. A la vez que la tendencia urbana tiende a aceptar el modelo extractivista y agroindustrial y trata de manera pragmática de hacer oír sus propuestas y preocupaciones en ese marco, la tendencia rural rechaza por completo dicho modelo y demanda modelos alternativos, como el Plan de Vida de Cisca o la ZRC de Ascamcat. No obstante, ambas comparten el concepto amplio de lo que se entiende por desarrollo, el cual incluye una mejora de los servicios básicos, la protección de los derechos humanos y una infraestructura acorde con las necesidades propias del municipio. Tabla 11 Relaciones horizontales Intramunicipal

División parcial y polarización entre tendencia rural y urbana. Actor/espacio articulador: Diócesis de Tibú.

Supramunicipal

Algunas relaciones alrededor del carácter identitario compartido (comunidad Barí-Onic) y temas macro (Ascamcat-Anzorc). Relaciones verticales/tendencia urbana

Sector público (local)

Percepción de incapacidad para responder a demandas, por carencia técnica y financiera.

Sector público (nacional)

Recelo por experiencias fracasadas de proyectos productivos diseñados en el nivel nacional.

Sector privado

Alianza y diálogo pragmático. Relaciones verticales / tendencia rural

Sector público (local)

Voluntad pero poca relación.

Sector público (nacional)

Recelo, tradición de vías de hecho para entrar en diálogo.

Sector privado

Tensión y confrontación; rechazo del modelo de desarrollo basado en la locomotora minero-energética.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

331

Con base en este análisis se resaltan algunas recomendaciones para el municipio: • De acuerdo con lo ya expuesto, la construcción de confianza en el seno de la sociedad civil es fundamental. Crear espacios de diálogo entre las tendencias contrapuestas podría resultar de utilidad para concertar puntos de acuerdo y diferencia en las visiones del desarrollo; para lograr armonía en el territorio esta brecha debe ser cerrada. La Diócesis de Tibú podría seguir desempeñando su importante papel en esta construcción de confianzas, dada su legitimidad frente a todos los actores, que la califican como neutral. • Esta misma necesidad existe respecto de los demás actores del municipio y en los niveles de gobierno superiores. Los aprendizajes en materia de cambio de los repertorios de acción sociales podrían colaborar en este sentido. Igualmente, un diálogo con el nivel nacional sobre el proyecto de desarrollo local y los apoyos para la producción agropecuaria es fundamental y exigido por los sectores sociales. Esta actitud debe ser reconciliada también con las políticas públicas frente al sector minero-energético. • En este mismo sentido, el reconocimiento de la diversidad de la subregión del Catatumbo es de gran importancia para evitar la sobreposición de agendas y los choques entre actores de la sociedad civil. La idea de que es necesaria una sola visión del desarrollo podría no funcionar en esta región; es necesario encontrar puntos comunes para articular proyectos diferenciales. Esta comprensión diversa del territorio es clave, tanto para el nivel central del Estado como para los actores de la sociedad civil. De aceptarse la diversidad, cesarían las agendas uniformes para el territorio, que tanto conflicto han suscitado.

332

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

• Finalmente, en cuanto al diseño institucional del país y a la forma en que esto afecta la situación local, resulta determinante avanzar hacia una autonomía territorial que permita al territorio incidir en la toma de decisiones que le conciernen y fortalecerse en materia técnica, financiera y política, lo cual puede contribuir a la disminución de estas tensiones locales. • Adicionalmente, la creación de mecanismos de participación de la sociedad civil o la reforma de los actuales para que tengan un carácter más incluyente y vinculante constituye un elemento fundamental para la disminución de las desconfianzas que han marcado la historia de este y otros territorios colombianos.

5. Estudio comparativo

A

partir de la discusión de las variables del estudio en cada uno de los municipios abordados, es de gran importancia identificar aspectos comunes y disímiles que permitan realizar un análisis comparado de los territorios. El presente capítulo se ocupa de este objetivo. En primer lugar se hace el análisis referente a las relaciones que establece la sociedad civil, comenzando por las de carácter horizontal (entre la misma sociedad civil), tanto intramunicipal como supramunicipal. En segundo lugar, se exponen las relaciones verticales, comenzando por aquellas que la sociedad construye con la institucionalidad pública (local y nacional), seguidas de las que sostiene con el sector privado, y finalmente el capítulo aborda las funciones verticales y horizontales de la sociedad civil e identifica las principales tendencias que muestran los seis casos de estudio realizados. Por último, se presentan las visiones de la sociedad civil.

5.1. Relaciones de la sociedad civil 5.1.1. Relaciones horizontales de la sociedad civil Relaciones entre la sociedad civil del nivel intramunicipal Todos los casos analizados para este estudio muestran algún grado de desarticulación entre los diversos actores de la socie-

336

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

dad civil del nivel municipal. En ninguno de los seis municipios se puede encontrar una agenda común de la sociedad civil que guíe la acción de sus integrantes. En todos los casos, las raíces de dicha desarticulación se ubican, entre otras razones, principalmente en una herencia compleja del conflicto armado, inconformidades alrededor de temas de recursos y, en un sentido más general, en divergencias respecto al modelo de desarrollo y los pilares sobre los que este debe funcionar. Por una parte, experiencias traumáticas de amenazas, señalamientos y asesinatos de líderes de la sociedad civil, pasadas o aún en curso, han sembrado un ambiente de temores y desconfianza. Para muchos actores entrevistados, las protestas y demandas públicas esconden muchos peligros. A tal percepción –que lleva a una selección cuidadosa de los aliados–, se suma el déficit de dirigentes sociales causado por olas pasadas de violencia que cobraron la vida de muchos dirigentes reconocidos y obligaron a otros a salir de la zona. En este momento, en todos los municipios, la sociedad civil se encuentra en un proceso de recomposición que implica también el surgimiento de una nueva generación de líderes. Por otra parte, el acceso a recursos constituye un punto de conflicto central entre los actores de todos los municipios y lleva con frecuencia a una polarización entre las distintas fracciones allí presentes, generalmente entre los “con” y los “sin” acceso. Sobre todo las cuestiones acerca de cómo funciona el proceso de contratación de mano de obra no calificada y de la dirección de la inversión social del sector empresarial, principalmente de las empresas petroleras, aparecen en el centro de muchos conflictos suscitados en las filas de la sociedad civil en los respectivos municipios. Al aplicar un enfoque diferenciado frente a las, así llamadas, zonas de influencia de la presencia del sector petrolero y el resto del municipio, las políticas de responsabilidad social

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

337

implementadas por la industria petrolera son una pieza clave en conflictos horizontales, ya que a menudo impulsan y profundizan conflictos entre las diversas fracciones beneficiadas. Esta situación de disputa alrededor de los empleos y la inversión provenientes del sector petrolero se ve intensificada en las zonas donde se presenta mayor dependencia del petróleo y menor diversidad de sectores productivos con capacidad de crear condiciones de vida dignas para los habitantes de los municipios. Una economía más diversa y que ofrece posibilidades de desarrollo económico y profesional reales en otros sectores, reduce las posibilidades de conflicto en torno al asunto petrolero. Por último, los desacuerdos acerca del modelo de desarrollo deseado constituyen otra raíz importante de la desarticulación horizontal de la sociedad civil. De las divergencias existentes derivan rivalidades y brechas ideológicas entre la tendencia con posturas pragmáticas frente al modelo minero-energético y agroindustrial, por un lado, y la tendencia con posturas de rechazo al mismo por el otro, ya que los intereses del uno, con frecuencia, son incompartibles con los objetivos del otro. La mejor muestra de ello, es por ejemplo el conflicto entre Ascamcat y Cisca (ambos promoviendo un modelo de desarrollo basado en una economía campesina de menor escala) con las Asociaciones de Palmeros del municipio de Tibú cuyo enfoque gira naturalmente en torno a un modelo de desarrollo basado en la agroindustria. No obstante estas características compartidas, hay que resaltar dos tipos de desvinculación presentes en el territorio: la desarticulación general y la división parcial (Tabla 12). El primer tipo se caracteriza principalmente por una relativa atomización de las tendencias de la sociedad civil. Es decir, que el mapeo de actores muestra un número limitado de relaciones entre los actores de la misma sociedad. Mientras que cada actor actúa separadamente, buscando principalmente la satisfacción

338

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

de sus propios intereses, agrupaciones sociales creadas alrededor de problemas transversales (comunes) se presentan raras veces. El ejemplo más emblemático de todos los municipios en este sentido es Coveñas. Aunque esa localidad alberga a un gran número de actores de la sociedad civil, entre gremios, juntas de Acción Comunal, ONG, organizaciones étnicas y culturales, etc., y a pesar de preocupaciones compartidas, las relaciones estratégicas entre ellos se encuentran muy raramente, más que todo debido a que cada agrupación procura solucionar y posicionar sus intereses de manera separada, incluso en aquellas temáticas en las cuales podrían confluir dos actores o más. El segundo tipo (la división parcial) es definido, por su lado, por la presencia de, al menos, dos agrupaciones de actores en un municipio. Mientras que tales alianzas albergan internamente un número relativamente alto de relaciones entre sus integrantes, las diversas agrupaciones entre sí no muestran la misma articulación, sino, a menudo, incluso una fuerte polarización. Tal situación se deja localizar más emblemáticamente en los municipios de Acacías y Tibú. En el primer caso, la zona de influencia de Ecopetrol se enemista con el resto del municipio (sobre todo con el casco urbano) en torno al interrogante alrededor de quién debería recibir principalmente los beneficios de la presencia del sector petrolero en el municipio (acceso a empleos e inversión social, ante todo) con el resto del municipio. Mientras ambos sectores reclaman tales beneficios sobre la base de que el área de sus veredas, o todo el municipio, según el caso, es el principal afectado por los efectos de la extracción petrolera, el dilema de los recursos se transforma en el eje de polarización entre las dos agrupaciones de actores y afecta sus relaciones mutuas. En el segundo caso, el de Tibú, la división parcial se presenta en el curso de las diferencias entre dos contextos altamente heterogéneos, las cuales fomentan a la vez distintas visiones y modelos de desarrollo. Si la tendencia urbana y su concepción del desarro-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

339

llo se ven influidas y confrontadas con oportunidades y problemas relacionados con la presencia de una agricultura industrial y de una extracción minero-energética en su entorno, las preocupaciones, agendas y visiones de la tendencia rural responden principalmente a un contexto caracterizado por una economía campesina limitadamente comercial. Ambas fracciones entran en choque en el momento de discutirse acerca de modelos de desarrollo y, sobre todo, cuando una de las dos reclama representar al municipio, e incluso a la subregión en su totalidad. Tal situación se presentó, por ejemplo, durante el paro del año 2013, cuando muchos actores de la tendencia urbana no se sentían representados por la posición manejada por Ascamcat frente al Estado nacional. Tabla 12 Municipio

Situación

Acacías

División parcial y fuerte polarización entre zona de influencia y el resto del municipio.

Barrancabermeja

Relativa desarticulación general respecto de asuntos ubicados más allá de los DD. HH.

Coveñas

Fuerte desarticulación general.

Puerto Asís

Relativa desarticulación general, con perspectivas de integración.

Saravena

División parcial y posturas polarizadas de los sectores más fuertes de la sociedad civil.

Tibú

División parcial y polarización entre las tendencias urbana y rural.

Con base en la comparación de los diferentes municipios y su relativo grado de desarticulación y polarización, se puede constatar que un contexto no compartido tiende a aumentar el relativo grado de polarización entre los actores de la sociedad civil. Tal situación se intensifica en el momento en que el sector

340

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

público del nivel nacional o actores del sector privado manejan la discusión sobre el territorio de manera no diferenciada y tienden así a tener en cuenta a unos representantes de la sociedad civil más que otros. Al igual que el mencionado caso de Tibú, el estudio de Puerto Asís destaca los riesgos de tal estrategia, bien sea intencionada o no premeditada y se hace evidente en la visibilidad al nivel nacional de la organización Acsomayo, pese a no ser representativa de la totalidad de las tendencias sociales en el territorio como tal. Dado que la voz más fuerte con frecuencia no es la más representativa en el territorio, la concentración en la misma como supuesta representante de los intereses de toda la comunidad del municipio, lleva no solamente a conclusiones equivocadas, sino que también tiende a fomentar conflictos entre la misma sociedad civil. No obstante el panorama de desarticulación presente en todos los casos, el estudio permite identificar una serie de problemas transversales que han mostrado su potencial de articulador de la sociedad civil. Entre ellos pueden resaltarse sobre todo los relacionados con la paz, los derechos humanos y el medio ambiente. Si bien los dos últimos forman parte de las preocupaciones compartidas por todos los actores –como se muestra más adelante en subcapítulo 5.3–, el tema (coyuntural) de la paz ha sido, hasta el momento, el eje de muchas iniciativas que han contado con participación amplia e intersectorial. Dos muestras son la Marcha por la Paz de Acacías, realizada en septiembre de 2013, y la iniciativa de Interpaz, que convoca a eventos relacionados con ese problema en Barrancabermeja. El tema de la paz, en general, interesa a todos los sectores, por dos razones principales que surgieron en el curso de la investigación. La primera y que mayor fuerza tiene es un compromiso de las comunidades con una solución pacífica del conflicto armado interno del país, como resultado de su experiencia histórica del mismo, que las ha llevado a un punto de agotamiento,

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

341

tal como se ejemplifica en casos como las Comisiones de Reconciliación Ciudadana surgidas en Saravena y la mencionada Marcha por la paz de Acacías. Por otra parte, también se ha iniciado una preocupación por aprovechar la coyuntura de las negociaciones de paz para posicionar mejor a las regiones en la discusión del posconflicto, como puede observarse en el caso de Barrancabermeja. Relaciones entre la sociedad civil del nivel supramunicipal Todos los casos del estudio albergan a actores de la sociedad civil que mantienen relaciones estrechas con aliados en el plano supramunicipal. Esto incluye, tanto ejemplos de articulación con actores de municipios vecinos, como con organizaciones del espacio nacional e internacional. Ejemplos de ello son la articulación de las asociaciones de pescadores de Coveñas con sus pares asentados en los municipios vecinos de Tolú y San Antero, y el apoyo dado por organismos internacionales a la actividad de defensa de los derechos humanos en Barrancabermeja, Puerto Asís y Saravena. La gama de los fines de estas relaciones va desde el apoyo en la financiación (sobre todo por actores de la cooperación internacional, como Diakonia, Caritas o la Federación Luterana Mundial) y el intercambio de experiencias, hasta el aumento de la misma capacidad de incidencia y autoprotección. Al posibilitar una mayor visibilidad en el nivel nacional, o incluso en el internacional, las alianzas con actores estratégicos que operan fuera del municipio muestran las propuestas, demandas y denuncias a la atención de un público más extenso y les otorgan mayor peso a los mismos actores. El contexto del conflicto armado que se presenta en todos los municipios estudiados ha reforzado la necesidad de mantener una vigilancia internacional que promueva la consideración de asuntos como la defensa y protección de los derechos humanos y

342

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

dé garantías para que la sociedad civil pueda expresar sus ideas sin convertirse en foco de ataques por parte de los actores de la guerra. Mientras que algunas de las relaciones supramunicipales entre la sociedad civil se reducen simplemente a la pertenencia de los actores a estructuras nacionales e internacionales –como ocurre en el caso de las pastorales sociales de la Iglesia o las sedes de clubes de voluntariado, entre otros-, el panorama general de los seis casos del estudio indica además que un interés compartido tiende a constituir, a menudo, ejes de articulación con actores que operan fuera del municipio. Tal interés compartido se puede caracterizar mediante dos indicadores: un carácter identitario compartido o temas macrosociales, los cuales sobrepasan las simples preocupaciones limitadas al territorio municipal. Las buenas relaciones que existen entre la Onic y la comunidad Barí del municipio de Tibú, o bien la elaborada articulación entre los sectores afrodescendientes de Coveñas y otras comunidades de la nación, son ejemplos de la primera situación. En ambos casos, la participación activa en dichas alianzas está motivada sobre todo por el intercambio de experiencias con otros actores portadores de la misma identidad (indígena o afrodescendiente). Respecto de los macrotemas, se subrayan principalmente los relacionados con el modelo de desarrollo y la protección de los derechos humanos. Mientras, en el caso de Tibú, Ascamcat y su propuesta de una Zona de Reserva Campesina encuentran el respaldo de otras organizaciones campesinas del nivel nacional a través de Anzorc, en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Asís y Saravena, sobre todo, puede encontrarse un sinnúmero de cooperaciones entre entidades locales y pares nacionales e internacionales que giran alrededor del eje temático de los derechos humanos.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

343

5.1.2. Relaciones verticales de la sociedad civil 5.1.2.1. Relaciones con el sector público En todos los municipios estudiados la relación de la sociedad civil con la institucionalidad pública es principalmente de tensión. Sin embargo, estas relaciones se presentan en dos niveles que se diferencian claramente: el relacionamiento con el Estado en el nivel local, es decir, las alcaldías, y el Estado del nivel nacional, representado principalmente por la rama ejecutiva del poder nacional. Estado local Si se exceptúa el caso de Barrancabermeja, la institucionalidad pública local no fue identificada por los actores sociales entrevistados como un actor decisivo en la adopción de decisiones que afectan el desarrollo municipal, pese a que hay una gran variedad de relaciones entre estos dos sectores, como se puede observar en la Tabla 13. Tabla 13 Relación con el sector público local

Municipios

Falta de diálogo

Coveñas, Puerto Asís, Saravena.

Percepción de incapacidad técnica para responder a demandas

Acacías, Tibú (tendencias rural y urbana).

Tensión por dificultades, desconfianza y falta de apoyo a iniciativas de la sociedad civil

Barrancabermeja.

En los casos de Coveñas, Puerto Asís y Saravena, la Alcaldía es percibida como un actor ausente la mayor parte del tiempo, por lo cual se identifica una generalizada falta de diálogo. No obstante, la reacción ante esta situación en los tres casos ha teni-

344

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

do lugar de manera diferente, y lleva a una actitud pasiva en el caso de Coveñas, cuyos actores no expresan esta inconformidad de manera pública. En el caso de Saravena, por el contrario, los actores han optado por apelar al interlocutor ubicado en el nivel superior de gobierno y son muy proactivos en esta búsqueda, principalmente a través de vías de hecho. En el caso de Puerto Asís, los actores mantienen una discusión en el seno de la sociedad civil sobre la falta de diálogo con la Alcaldía, aunque no se promueven expresiones públicas. Otro aspecto que incide en las relaciones entre institucionalidad pública local y sociedad civil se refiere a que muchos de los actores sociales, dadas las características de sus territorios, reconocen una incapacidad en materia de competencias y recursos por parte del nivel municipal, que le descalifica ante los ojos de la sociedad civil como organismo capaz de dar solución a sus demandas. En municipios como Acacías y Tibú tal es la principal consideración común que se hacen los actores sociales. Ella se relaciona con la clasificación de los municipios estudiados, que, en su mayoría, pertenecen a la sexta categoría, a excepción de Acacías y Barrancabermeja, que aparecen como componentes de las categorías 4 y 1, respectivamente. Tal percepción se ve reforzada por las condiciones efectivas de la institucionalidad local, que, con excepción de Barrancabermeja, es muy débil y presenta limitaciones importantes para lograr constituirse en un actor cualificado para mantener un diálogo constructivo. Los municipios cuentan con muy pocas competencias autónomas y deben hacer frente al peso que tiene el gobierno central para tomar las decisiones sobre el desarrollo en zonas de influencia minero-energética176, acción que se les 176

Es importante recordar que el Código de Minas (Ley 685 de 2001) quitó completamente la competencia de excluir zonas permanente o transitoriamente de la minería, debido a que se reservó esta potestad a las autoridades mineras (Agencia Nacional de Minería) y ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales y Distritos Especiales).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

345

dificulta más debido a la falta de capacidades técnicas del nivel local. El Código de Minas (Ley 685 de 2001) dispuso que ninguna autoridad regional, seccional o local podría establecer zonas de su jurisdicción que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería, porque esa es una competencia exclusiva de las autoridades mineras (Agencia Nacional de Minería) y ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales y Distritos Especiales) Como marco general de los aspectos anteriores, se evidenció que en el nivel local existe una carencia generalizada de espacios de participación y discusión y una falta de empleo de aquellos mecanismos creados por la Constitución de 1991 que buscaban contribuir a la solución de esta problemática. Esto obedece principalmente al desconocimiento de esas herramientas jurídicas y a la malinterpretación que existe de algunas de ellas, tanto por parte de la institucionalidad como por parte de la sociedad civil, lo cual se relaciona con la desconfianza, que influye de manera transversal en esta relación. La mejor muestra de esta situación es la figura de los Consejos Territoriales de Planeación, los cuales en la mayoría de los casos presentan una relación conflictiva con la Alcaldía local (Coveñas, Puerto Asís), cumplen un papel absolutamente marginal –que, por su parte, lleva a una participación muy limitada en el espacio- (Acacías), o simplemente no existen (Saravena). Un elemento que influye en esta correlación de fuerzas alude a que el propio diseño institucional de los CTP los torna dependientes de la voluntad política de los alcaldes para su funcionamiento, ya que no disponen de un presupuesto estable asignado y no tienen carácter vinculante. Esto origina una gran vulnerabilidad del espacio, que impide que su función marche de forma libre y limita su funcionamiento. Adicionalmente, con frecuencia los alcaldes tienden a mostrar una tendencia a la prevención frente a este actor, el cual, debido a su función de controlar la

346

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

ejecución presupuestal y elaborar consideraciones en torno al Plan de Desarrollo local, con frecuencia entra en controversias con el poder ejecutivo municipal. En especial su función de control sobre los recursos ha derivado en una politización de ese espacio, que ha tenido dificultades para funcionar –el caso de Acacías- o ha enfrentado al alcalde con los actores pertenecientes al espacio, como ocurre en el municipio de Puerto Asís. Sin embargo, nuestra investigación encontró un ejemplo positivo de esta relación en el caso de Barrancabermeja, cuyo actual CTP ha logrado mediar su relación con la Alcaldía a través de una cambio de su línea de acción, actitud que busca una despolitización de ese espacio de gobierno. Al interpretar su papel, ya no como contrapeso de la Alcaldía sino, más bien, como consejería proactiva del alcalde, y al erigirse primordialmente en portavoz de toda la comunidad ante la Alcaldía, se ha logrado una mejora significativa de las relaciones con el alto mandatario de la ciudad y, según un balance del mismo CTP, ha aumentado la incidencia de tal espacio en la adopción de decisiones. Otro ejemplo de las dificultades técnicas que median entre sociedad civil y Alcaldía se presenta en los municipios de Puerto Asís y Tibú, cuyos administradores expresaron que la institucionalidad no ha dado apoyo para actualizar los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, herramienta que permitiría una planeación más estructurada del desarrollo local y facilitaría a los CTP el ejercicio efectivo de su rol. Estado nacional La importancia del gobierno central en la vida de los municipios estudiados se relaciona de forma directa con su carácter de regiones petroleras, ya que esta calificación otorga al nivel nacional del Estado de una incidencia mayor de la

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

347

que tiene en aquellos territorios que no comparten tal característica. Sin embargo, en este relacionamiento se presentan también factores históricos. En el presente apartado se destacan tres aspectos de la relación nación-territorio: el modelo centralizado de Estado, el cual, pese a los avances en materia de autonomía territorial que introdujo la Constitución de 1991, sigue siendo percibido como tal en los territorios; la tradición de confrontación que ha imperado históricamente en esta relación y, finalmente los choques suscitados entre la visión del desarrollo que se tiene en el centro de la nación y la que prevalece en el nivel local. Sobre el primer aspecto, la Constitución Política de 1991, al transferir competencias y recursos a las entidades territoriales, en especial a los municipios, buscó resolver los conflictos que provenían del arraigado centralismo político que había imperado bajo la Constitución de 1886. Pese a que las comunidades reconocen avances, tales competencias siguen siendo uno de los temas transversales que aparecen en la desconfianza que existe hacia el nivel central de gobierno. La desconfianza proviene de una planificación que se realiza en el centro sin tener en cuenta las condiciones particulares de cada territorio, lo cual suscita decepciones y malos resultados concretos. Ejemplos como una mala inversión social, la siembra de cultivos inadecuados para el clima de la región, la falta de un diseño comercial para los productos, han hecho que algunos municipios sientan un profundo recelo por las acciones del gobierno central, como pasa en los casos de Puerto Asís, Saravena y Tibú, aunque en realidad tal postura es generalizada en todos los casos. Dicha desconfianza se relaciona con experiencias concretas de incumplimiento de acuerdos y cierta sensación de abandono tradicional del Estado, que se traduce en una precariedad histórica en materia de servicios públicos, presente

348

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

sobre todo en Puerto Asís, Saravena y Tibú, por haber sido territorios de colonización dirigida que fueron abandonados por el Estado una vez se estableció allí la población. Esta relación se nutre además de una tendencia por parte del Estado, en particular del nivel nacional, a estigmatizar la organización social y la protesta. La principal forma en que esto se expresa dado el contexto del conflicto armado, es señalando a estor actores como cercanos o pertenecientes a las guerrillas, lo cual deslegitima el discurso social y aumenta el riesgo de sufrir violencia para los líderes locales. Esta estigmatización reduce dramáticamente las posibilidades de diálogo intersectorial ya que se invalida por completo al interlocutor y constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo en la actualidad. Como respuesta, la sociedad civil recurre a las vías de hecho con la pretensión de entrar a dialogar con el Estado desamparador. No obstante, este comportamiento da vida a un círculo vicioso (vías de hecho-acuerdos-incumplimientos-vías de hecho), ya que los acuerdos son incumplidos con frecuencia, lo cual lleva a nuevas vías de hecho con el objetivo de volver a entrar en diálogo con la entidad encargada del nivel nacional. Tales experiencias de incumplimiento profundizan la desconfianza ya existente entre actores del territorio y el Estado central. Esa situación, que, como hemos visto, se ha presentado históricamente con fuerza notoria en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Asís, Saravena y Tibú, comienza a expresarse en Acacías en torno al problema petrolero, como resultado de la percepción de incumplimiento de los acuerdos que prevalece en el sector de las JAC de la zona de influencia petrolera directa. Es importante resaltar que estas expresiones están en línea con la tendencia general de las movilizaciones sociales del nivel nacional; de conformidad con el Informe especial sobre luchas sociales de 2013, el 15% de las protestas registradas por el Ci-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

349

nep a escala nacional estaban motivadas por incumplimientos de acuerdos y leyes (Cinep, 2014: 8).177 Sin embargo, otro aspecto que matiza estas dificultades en materia de escucha es que tanto el sector público como el privado tienden a escuchar más a unos sectores que a otros, privilegiando ciertas visiones sobre el territorio en lugar de contribuir a la integración de las diferentes miradas que existen desde lo local. Este tipo de relacionamiento contribuye a las rupturas entre Estado y sociedad civil y también a la percepción que tienen con frecuencia los actores sociales de no ser escuchados. Adicionalmente, dada su capacidad de movilización e incidencia, con frecuencia tanto el Estado como la empresa atienden más a las agrupaciones más radicales, por lo que se presentan grandes dificultades para llegar a acuerdos, los cuales son constantemente incumplidos. La incorporación de tendencias de la sociedad civil menos radicales puede contribuir como una suerte de mediadores que permita construir visiones del territorio más integrales. Finalmente, en el curso de los últimos años la renovada importancia del sector minero-energético del país se ha convertido en un punto de controversia en la relación nación-territorio, debido a los choques entre las distintas visiones de desarrollo. De acuerdo con el Artículo 332 de la Constitución Política de 1991, el subsuelo del territorio y los recursos no renovables pertenecen a la Nación, por lo cual, cuando se ubican recursos minero-energéticos en cualquier parte del país, las comunidades deben aceptar que se trata de un proyecto del Estado central y que ellas tienen una limitada competencia a la hora de opinar sobre el asunto. A fin de proteger a las comunidades étnicas frente a estos 177 Dicha tendencia se relaciona fuertemente con la discusión general sobre el modelo de desarrollo basado en la explotación minero-energética, como resalta el Informe especial del Cinep sobre minería, conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos en Colombia (2012), al subrayar que el 24% de las luchas sociales asociadas con la explotación del petróleo, el carbón y el oro en Colombia entre 2001 y 2011 fue motivado por incumplimiento de acuerdos suscritos entre las partes.

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

350

escenarios se han creado algunos instrumentos, como la consulta previa de las comunidades étnicas, pero ha resultado insuficiente, en especial porque a los habitantes locales que no pertenecen a ninguna étnica no cuentan con la misma protección. Esta situación ha promovido una amplia discusión en el país en torno a cómo compaginar los impactos nocivos de la actividad petrolera sobre las comunidades al cobijo del modelo de desarrollo que impulsa el gobierno central en el país. La gestión social de las empresas ha buscado contribuir a matizar los impactos, pero ese sigue siendo un eje de confrontación claro entre sociedad civil y Estado. En los casos estudiados, lo expuesto atrás ha marcado tres tendencias principales en el tipo de relación que se tiene con el nivel nacional, como puede observarse en la Tabla 14. Tabla 14 Relación con el sector público nacional

Municipios

Niveles de interrelación normales para categoría municipal

Barrancabermeja y Coveñas.

Desconfianza con posibilidad de diálogo

Tibú (tendencia urbana).

Tensión y confrontación

Acacías, Puerto Asís, Saravena, Tibú (tendencia rural).

Mientras en los casos de Barrancabermeja y Coveñas se observa que los diálogos con el nivel nacional son los esperados para sus categorías municipales y esto lleva a que esa no sea una preocupación de la sociedad civil, en los de Acacías, Puerto Asís, Saravena y Tibú (tendencia rural), como se dijo atrás, la relación es de clara tensión y confrontación, situación que tiene una base histórica que se ha sostenido hasta ahora. Finalmente, en el caso de la tendencia urbana de Tibú, se muestra que existe

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

351

una desconfianza arraigada pero que no cierra la posibilidad de establecer diálogos para llegar a acuerdos que den solución a las problemáticas del territorio. Los elementos presentados anteriormente, tanto en los factores que influyen el relacionamiento como en los tipos de relaciones en sí, se entrecruzan constantemente en las dinámicas territoriales y es necesario hacer un abordaje integral en los territorios que permita sanear las relaciones de desconfianza entre el Estado central y las regiones, previniendo el uso de las vías de hecho y privilegiando el diálogo como herramienta de interacción, y también haciendo de manera paulatina una reflexión sobre la autonomía territorial en el país y en el sector minero-energético. 5.1.2.2. Relaciones con el sector privado Hablar de sector privado en los municipios estudiados es hablar principalmente de la industria petrolera. Su incidencia en las áreas territoriales y su importancia en la economía son preponderantes y lo ubican como el principal interlocutor de este sector. La industria, a través de su actividad, establece relaciones específicas con la sociedad civil y asimismo con la institucionalidad pública, cerrando el triángulo intersectorial. Por eso ambas dinámicas se presentan a continuación. Relación sociedad civil-sector privado Las relaciones de la sociedad civil con la industria petrolera, en los casos estudiados, mostraron un panorama ambiguo que marca tres tendencias principales de los escenarios: de tensión y confrontación total, de principal contraparte en las discusiones sobre el desarrollo, y ningún tipo de diálogo (Tabla 15). Por su parte, la presencia de la industria plantea unos riesgos que deben ser tenidos en cuenta como componente de la relación que se aborda en este apartado.

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

352

Tabla 15 Relación con industria petrolera

Municipios

Tensión y confrontación.

Saravena, Tibú (tendencia rural).

Alianza y diálogo pragmático.

Acacías, Barrancabermeja, Coveñas, Tibú (tendencia urbana).

Ausencia de relación (aunque interés en ella).

Puerto Asís.

La primera tendencia (tensión y confrontación) se observó en los casos de Saravena y Tibú (tendencia rural), municipios en los cuales existe una organización de la sociedad civil en torno a determinadas visiones del desarrollo que entran en abierta confrontación con el modelo basado en el extractivismo. Esta diferencia ideológica conduce a que se presenten enfrentamientos en algunos espacios de diálogo, en los cuales ambos sectores se encuentran (como, por ejemplo, las mesas instaladas en ambos casos por el gobierno nacional en el curso de 2013), y asimismo que sean recurrentes las manifestaciones (como marchas y paros en contra de la actividad petrolera en estas zonas). La sociedad civil de los dos municipios tiene una base social campesina muy importante, lo cual ha hecho que este sector sea visto como el principal pilar deseable de la economía y el desarrollo de la localidad. En ambos municipios, el diseño de planes de vida en torno a la sostenibilidad agropecuaria es una muestra de la importancia que tiene la cultura campesina en estos territorios. Adicionalmente, esta visión del desarrollo excluye otras formas de aproximación al campo, como la agroindustria, por considerarlas contrarias a los principios campesinos y de respeto por la tierra. En la segunda tendencia, en la cual se presentan alianzas y diálogos pragmáticos, la industria es la principal contraparte en las discusiones sobre el desarrollo (Acacías, Barrancabermeja, Coveñas y Tibú, de la tendencia urbana). En estos municipios la

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

353

sociedad civil mantiene una postura crítica frente a aspectos puntuales de los daños que el petróleo descarga en todos los espacios del desarrollo local (ambiental, económico, social), pero muestra apertura para llegar a acuerdos que solucionen (al menos de forma superficial) estos perjuicios y reconoce a la industria como un posible aliado estratégico en la tarea de fortalecer espacios de la economía que se han mantenido débiles por falta de una base económica suficiente. Ejemplo de esta característica es el municipio de Coveñas, que no ha logrado consolidar una economía fuerte y sostenible que sea independiente del petróleo, por lo cual muchos actores conceden un gran potencial a esa alianza. El caso de Barrancabermeja resulta particular, ya que la ciudad se forjó a partir del petróleo, lo que ha hecho de este sector una parte constitutiva de su sociedad y creado una identidad aceptada en relación a esta industria. Adicionalmente, dado que el Estado es quien ha manejado principalmente este sector económico a través de Ecopetrol, la presencia petrolera tiene un carácter más institucional que en el resto de municipios aquí abordados. No obstante, los actores sociales e institucionales sí mantienen la preocupación urgente de dejar de ser una economía de enclave, ya que, pese a que hay avances en otros sectores productivos que han ganado importancia, como el tercer sector, la dependencia frente a ese renglón de la economía es todavía muy alta. El desafío sigue siendo considerable, si se tiene en cuenta que algunos de los desarrollos alternativos de la ciudad, como el turismo, se han venido planificando en torno a la misma industria petrolera como atractivo. Finalmente, en cuanto a la tercera tendencia, encontrada en el caso de Puerto Asís, los actores sociales no mantienen todavía un diálogo con la industria o el que existe es muy marginal, aunque hay interés en profundizarlo. No obstante, esto no elimina el hecho de que la industria petrolera sea percibida de forma muy negativa y como un elemento adverso al territorio. Sin embargo, la preocupación que existe por lograr una interlocución es supe-

354

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

rior a esta percepción, ya que una de las principales demandas de la sociedad civil de este municipio, al igual que en los demás del estudio, es la de ser incluida en los procesos de toma de decisiones de aquellas actividades que les afectan. Por otra parte, la presencia de la industria ha venido presentando un riesgo para la organización social de los territorios que es importante destacar: existe la tendencia a que la industria “suplante” al Estado, en el sentido de que la sociedad civil, al convertirse en el receptor y actor que soluciona las necesidades que deberían ser suplidas por el Estado. Esto tiene que ver con las dinámicas de inversión social que se presentan en los territorios. Pese a que existen controles estatales de estos procesos, en algunos territorios la sociedad los percibe como un problema, ya que el mito de la empresa paternalista que dejaron establecido antiguas multinacionales petroleras que por decenios hicieron presencia en los territorios imprimió en los actores sociales el convencimiento de que sus demandas serán solucionadas de manera más rápida por parte de esa industria. Este convencimiento surge de la responsabilidad social y económica que las empresas tienen con el territorio donde se adelanta la explotación y de su capacidad económica superior frente a la institucionalidad local; a ello se suma la falta de escucha y respuesta de la que se siente víctima la sociedad civil por parte del Estado. Se trata de un desafío que requiere una atención institucional que permita que cada actor cumpla con su rol. Relación sector público-sector privado Estrechamente vinculado con lo anterior aparece el relacionamiento de la institucionalidad pública local con el sector petrolero, el cual gira igualmente en torno al tema de los recursos económicos y la orientación de la inversión social de las empresas. Los municipios estudiados presentan una acentuada fragilidad de sus finanzas en cuanto a recursos propios, como ya se

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

355

ha sostenido. Esto ha venido intensificándose con motivo de la aplicación del nuevo Sistema General de Regalías (SGR), creado por la Ley 1530 de 2012 y que rebajó dramáticamente el porcentaje de los recursos que deben recibir los municipios productores para ser redistribuidos en todo el país. Anteriormente, tales ingresos por regalías eran repartidos simplemente así: el 80% para los municipios productores y el 20% restante para el Fondo Nacional de Regalías, que actuaba como mecanismo de redistribución. Bajo el nuevo esquema creado, los municipios productores pasaron a recibir (aunque de manera gradual en el tiempo, a partir de la promulgación de esa ley) el 25% de las regalías por asignación directa, y el 75% restante pasó a redistribuirse mediante la asignación de proyectos al resto del país a través de los llamados Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad). Igualmente, a diferencia del anterior esquema, los recursos percibidos hoy por regalías ya no pueden destinarse a gastos de funcionamiento ni de saneamiento fiscal, sino que deben ser utilizados para inversión178. Por otra parte, uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional a favor de este cambio de los mecanismos de asignación fue el de que los municipios productores, pese a percibir recursos muy superiores a otros de categoría similar y luego de años de recibir tales ingresos, no lograron certificarse en el cumplimiento efectivo de ninguna de las competencias asignadas al nivel local (agua potable y saneamiento básico, salud, educación) (OL-ICP 2010).179 178 179

Gastos productivos que crean riqueza y desarrollo, diferentes de aquellos que se ocupan del funcionamiento cotidiano de las instituciones locales. De acuerdo con el análisis realizado por el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política, los temas centrales del proyecto de creación del Sistema General de Regalías se refieren al análisis del destino de la inversión de los recursos derivados de la explotación de recursos naturales, que debe beneficiar no solo a los municipios donde se realiza la explotación, sino en general para mejorar el desarrollo del país. El segundo argumento hace referencia a la inequidad prevaleciente en la distribución de los recursos entre los departamentos y los municipios, ya que el 80% de los recursos por concepto de regalías iban destinados solo al 17% de la población. Finalmente, un tercer argumento giran en torno al mencionado empleo incorrecto de las regalías, reflejado en el incumplimiento de los deberes asignados a las entidades territoriales (OL-ICP 2010).

356

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Semejante golpe asestado a las finanzas municipales ha llevado a que los alcaldes busquen que la industria asuma estas falencias económicas, por lo cual hacen de las empresas petroleras sus principales aliados. En este sentido es importante mencionar que aparentemente, los recursos económicos percibidos por concepto de regalías, a fuerza de costumbre se convirtieron en un renglón fijo del presupuesto local, generando una fuerte dependencia de las finanzas municipales de los recursos petroleros, lo cual no ha sido superado por vía de la reforma al SGR. A esta dependencia se suma la falta de capacidades técnicas que permitan a estos municipios competir por los recursos del nuevo SGR, aparato que exige el diseño y la aprobación de proyectos que deben cumplir con una serie de características técnicas (viabilidad, pertinencia, sostenibilidad, entre otros), una exigencia que muchos de estos territorios no están en capacidad de alcanzar. Esto completa el trazo de un círculo vicioso en el cual la dependencia económica estanca el desarrollo social, técnico y económico, lo cual lleva a su vez a mayor dependencia del sector. Un ejemplo claro de esta relación petróleo-recursos municipales es el municipio de Acacías, donde se presentó una situación sencilla: el municipio financiaba el transporte escolar mediante las regalías percibidas de la explotación petrolera, pero esa tarea se vio afectada por las reformas hechas al SGR. Por eso, el alcalde buscó una nueva alianza con la industria para obtener fondos que permitieran continuar con el financiamiento de la prestación del mencionado servicio. Con esa maniobra no se alcanzó la generación de recursos propios sino que se transformó la relación de dependencia. Esta dinámica incide profundamente en las relaciones del Estado local con la sociedad civil, ya que la postura de las alcaldías locales no contribuye a desmontar la suplantación del Estado, que tiende a eternizarse en estos territorios, sino que, por

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

357

el contrario, la refuerza y contribuye a que la institucionalidad pública local sea percibida como incapaz de dar respuesta a las necesidades de la sociedad civil. Todos estos elementos hacen necesaria la reflexión sobre el papel de la industria petrolera en los territorios donde hace presencia, a fin de llegar a una discusión profunda sobre el modelo del desarrollo y contrarrestar los riesgos que hoy se presentan.

5.2. Funciones de la sociedad civil A continuación se presenta en detalle la forma como han sido conducidas las funciones de la sociedad civil en los municipios estudiados, como parte del ejercicio comparativo. En primer lugar se detallan las funciones verticales, las cuales son las que mayor actividad presentaron en todos los municipios. Las horizontales, por su parte, enfrentan grandes desafíos, toda vez que la sociedad civil no ha prestado especial atención a su desarrollo y fortalecimiento, y, de profundizarse, podrían contribuir al mismo tiempo a la mejora de las verticales.

5.2.1. Funciones verticales Las funciones verticales –aquellas que la sociedad civil realiza para relacionarse con otros sectores– son más utilizadas que las horizontales por parte de la sociedad civil en los casos del estudio. Éstas últimas son aquellas a las cuales los actores en general otorgan mayor importancia en los seis municipios estudiados, y en especial la de intermediación, como es abordado más adelante. Sin embargo, también se destaca la importancia de las funciones de protección y monitoreo, ya que ellas reflejan el lugar que ocupa la sociedad civil del país en medio del fuego cruzado en que se mueve, como ha venido exponiéndose.

358

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

5.2.1.1. Protección La función de protección hace referencia al rol de la sociedad civil cuando actúa como defensor de la esfera privada frente al Estado y al sector privado, y en contextos específicos como el de Colombia, también frente a actores paraestatales o fuera de la legalidad. Ésta es una de las funciones más importantes que actualmente lleva a cabo la sociedad civil, en especial debido al contexto de conflicto armado que persiste en la nación. A pesar de que no todos los municipios presentan una alta actividad y organización en la ejecución de esta función, la totalidad de ellos lleva a cabo acciones en ese sentido. La sociedad civil de los municipios estudiados adelanta acciones de protección principalmente frente a tres actores: los armados, que pueden ser tanto guerrillas como bacrim; el Estado, que se percibe que ejerce la represión en los territorios, sobre todo mediante el Ejército Nacional; y el sector privado, en especial la gran empresa, que desarrolla diferentes tipos de actividades que la sociedad civil identifica como perjudiciales y por ello protege frente a las mismas. La presencia de actores armados, que se evidencia con mayor fuerza en los municipios de Saravena y Tibú, explica que en estas localidades existan procesos organizativos en torno a los derechos humanos. En dichos casos, dada la situación de orden público, también el Ejército Nacional tiene mayor presencia y es identificado por los actores sociales como un factor de alto riesgo. Sobre estos municipios es importante destacar que con frecuencia se presenta al Ejército como un actor que puede violar los derechos humanos con mayor facilidad que los armados ilegales. El temor que esta institución despierta en las poblaciones contradice las funciones constitucionales que debería cumplir, por lo cual esa circunstancia constituye un importante eje de reflexión para el gobierno central.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

359

La principal demanda de la sociedad civil en materia de protección consiste en que la población civil sea respetada y no constituya un objetivo militar en medio del conflicto, por lo cual reclama el respeto al Derecho Internacional Humanitario. En los casos de los municipios de Saravena, Puerto Asís y Tibú y en la ciudad de Barrancabermeja esta es una de las principales banderas que esgrime la sociedad civil y donde logra un mayor nivel de incidencia, al recibir atención de la comunidad internacional y de la sociedad civil nacional. Para lograr este objetivo, los actores sociales se han valido de denuncias y protestas, así como de la organización de eventos nacionales e internacionales enderezados a visibilizar el problema. Adicionalmente, en el presente contexto de aplicación de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, existen espacios de participación formales, como las Mesas Municipales de Víctimas. Otro ejemplo de institucionalización de acciones es el Ettdh de Barrancabermeja, una oportunidad que posibilita la discusión e institucionaliza la solidaridad entre actores que fueron afectados en el curso del capítulo paramilitar de la ciudad. Finalmente, frente al sector privado, algunos municipios (Acacías, Puerto Asís y Saravena) expresaron que la industria petrolera, al utilizar al Ejército Nacional como protector de su actividad, pone en riesgo en ocasiones a la población civil cuando se manifiesta mediante paros o marchas. La misma dinámica de concesiones a la industria extractiva y su intensa actividad en el país, ha iniciado el debate sobre los derechos de la tierra (como ser viviente) y del medio ambiente, poniendo sobre la mesa la pregunta por la sostenibilidad misma de los territorios. La actividad petrolera, desde la perspectiva de algunos actores sociales, pone en juego las posibilidades de desarrollo hacia futuro al poner en riesgo los recursos naturales de que disponen los municipios.

360

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

5.2.1.2. Monitoreo La función de protección se ve estrechamente relacionada con la de monitoreo, ya que ésta es una de las herramientas a las cuales la sociedad civil recurre para dar soporte a la protección. Ella consiste en el rol de supervisor que ejerce la sociedad civil sobre las acciones del Estado, actores armados y empresas, con el propósito de detectar incumplimientos de acuerdos o violaciones de derechos. Los municipios donde existen organizaciones de derechos humanos (Barrancabermeja, Puerto Asís, Saravena y Tibú) cuentan con mecanismos de seguimiento y documentación de los casos en los cuales la población ha sido víctima, tanto de actores estatales como ilegales, en ocasiones apoyados por organizaciones sociales del nivel nacional e internacional. En este sentido hay una larga tradición, que se explica principalmente por la persistencia del conflicto armado interno. Sin embargo, esta función no se limita únicamente a la confrontacion bélica, ya que en los últimos años también se ha venido dinamizando el monitoreo del estado del medio ambiente, en especial en las zonas donde se adelantan actividades minero-energéticas. En el municipio de Acacías se han visto casos de organizaciones en proceso de fortalecimiento para ejecutar acciones en ese sentido, como ocurre con la veeduría ciudadana; en Saravena, entretanto, en el curso de los años, las organizaciones han hecho ese seguimiento a través de la consulta con las comunidades afectadas. Existen, no obstante, limitaciones para ejercer, tanto la función de protección como la de monitoreo, debido a la falta de recursos financieros y exigencias en materia de capacitación que aún no han podido solucionarse. En municipios como Puerto Asís y Acacías, los actores evidenciaron la necesidad de contar con mayores recursos, que permitan fortalecer estas iniciativas ciudadanas, así como la de atender a la baja capacitación que presentan algunos líderes.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

361

Un desafío importante en cuanto al monitoreo, en especial en materia ambiental, reside en el hecho de que el asunto ha tendido a politizarse, lo cual dificulta una acción efectiva que contribuya a la protección del ambiente. En lugar de eso, las discusiones de la sociedad civil con el resto de sectores (el privado y el público) muestran una tendencia al estancamiento o al logro de objetivos muy puntuales y de carácter no estructural. Ejemplos de esto tienen que ver con las discusiones en torno al tema laboral en el municipio de Acacías, donde se ha presentado una polarización alrededor del asunto, que en principio debería ser un eje articulador, ya que alude a las críticas que se hacen al recurso a las demandas relacionadas con el respeto del medio ambiente como herramienta para lograr acceso a beneficios laborales otorgados por la empresa petrolera. 5.2.1.3. Intermediación La función de intermediación es aquella a través de la cual la sociedad civil aboga por los intereses de la ciudadanía frente al Estado, las empresas y los organismos multilaterales, para posicionar sus intereses en las agendas de aquellos con quienes interactúa. Como se ha venido sosteniendo a lo largo del presente documento, la intermediación es la función que mayor importancia tiene y en la que la sociedad civil mostró mayor nivel de actividad en todos los municipios estudiados, así como la que mayores desafíos presenta. A través del análisis de las relaciones verticales que establecen los actores sociales con el Estado y las empresas, se muestra que una de las principales preocupaciones expresadas por los actores entrevistados en los seis municipios es lograr posicionar sus demandas en las agendas de estos otros sectores. Sin embargo, a lo largo de la historia y debido a situaciones históricas, los actores sociales han recurrido principalmente a

362

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

las vías de hecho para cumplir con esta función, lo que no ha conducido a un diálogo estable con los demás actores, sino a situaciones de polarización. Las actividades en torno al cumplimiento de la función de intermediación y la circunstancia de que esa sea la vía de hecho más utilizada, también se relacionan con la desconfianza que existe entre la sociedad civil y el Estado a causa de los incumplimientos de los acuerdos a los que se llega cuando se logra un diálogo con posterioridad a la manifestación pública. El hecho de que esta sea la actividad más utilizada por la sociedad civil en Colombia deja en claro que las acciones que permitan cualificar a los actores para una intermediación más efectiva son cruciales, tanto por parte de los actores sociales como del Estado. En este sentido, se observó que la falta de agendas comunes construidas por los actores sociales, que les permitan la identificación de puntos estructurales decisivos para llevar a la mesa a la hora de una negociación, dificulta el ejercicio de esta función. El ejemplo lo dan municipios como Acacías y Coveñas, donde se observa con más claridad una desarticulación de la sociedad civil. En los casos donde hay agendas más claras, al menos por parte de un sector de la sociedad civil con suficiente peso, se logra una mayor efectividad, por lo menos en la escucha y en la visibilización de las demandas en los niveles nacionales. Es el caso de Saravena, cuyo movimiento político y social de masas desplegado en 2013 logró el establecimiento de una mesa de diálogo con el gobierno nacional y la industria petrolera al término de un extendido paro, y el de Tibú, cuyas organizaciones de la tendencia rural igualmente consiguieron la atención del gobierno nacional y pusieron en el debate público la idea de la Zona de Reserva Campesina para el Catatumbo. Sin embargo, mantener las vías de hecho como la principal herramienta dificulta el establecimiento de diálogos de mayor

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

363

profundidad y los esfuerzos por posicionar el discurso de la sociedad civil sin correr riesgos de estigmatización. Pese a que la Constitución de 1991 y sus posteriores desarrollos crearon herramientas de participación que contribuyeran a mejorar estas formas de relacionamiento –como ocurre con la iniciativa popular legislativa, la consulta popular o la consulta previa–, tanto el Estado como el sector privado y la sociedad civil mantienen grandes desafíos en este sentido, debidos principalmente a la falta de construcción de confianzas entre estos sectores y al desconocimiento de estas herramientas legales por parte de los actores involucrados. 5.2.1.4. Prestación/ejecución de servicios Finalmente, la función de prestación de servicios o ejecución de obras de carácter público, que, como su nombre lo indica, consiste en aquellos casos en que la sociedad civil asume funciones que deberían ser cumplidas por el Estado, es la que menos actividad revela en los municipios estudiados. Sin embargo, se identificaron tres ejemplos claros de ella en los municipios de Saravena, Acacías y Puerto Asís. El primer caso es el de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (Ecaaas), la cual funciona con independencia del Estado y se encarga de la prestación del servicio en todo el municipio. Pese a que lleva varias décadas en funcionamiento, ha recibido presiones y señalamientos por parte del Estado, que cuestiona su actividad, de manera que no se ha establecido una relación de cooperación entre estos dos actores en torno a la prestación de los servicios públicos. Por otra parte, está el caso de los clubes de voluntariado creados en el municipio de Acacías, los cuales han dinamizado la recolección de fondos para ejecutar obras en beneficio de la comunidad. Ejemplos de esto son la determinación de un terreno para la construcción de la Biblioteca Municipal y el apoyo del

364

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

carro extintor para el cuerpo de bomberos local. Estos actores no mantienen una relación muy dinámica con el Estado. Finalmente, en el caso del municipio de Puerto Asís existen dos líneas diferenciadas. Por una parte, las comunidades del municipio se hicieron cargo de la construcción de vías en algunas zonas de la localidad por parte de sus habitantes, quienes se vieron enfrentados a la necesidad de solucionar los déficits en materia de conectividad terrestre que presentaba (y presenta todavía) el municipio. Sin embargo, esto tiene la característica particular de no haberse elevado a través de una forma organizativa concreta sino como iniciativa espontánea de la población. Es una muestra de las presiones ejercidas en estos municipios al no contar con apoyos por parte del Estado. Por otra parte, la agrupación de personas víctimas del desplazamiento en el municipio lleva a cabo acciones de atención y orientación a aquellos que llegan a la zona expulsados de sus lugares de origen por la violencia. En este sentido ha comenzado a producirse una mejora, debida a la aplicación de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, reconocida por los líderes en esta materia, aunque aún se presentan grandes desafíos.

5.2.2. Funciones horizontales 5.2.2.1. Socialización Al desempeñar una función ejemplar, las organizaciones de la sociedad civil generalizan valores entre sus integrantes. Independientemente de si eso constituye un objetivo intencionado o simplemente es un producto secundario de acciones principales, al dar ejemplo a sus miembros de manejos democráticos en materia de toma de decisiones, jerarquías planas o maneras constructivas de solución de conflictos, la sociedad civil es capaz de fundar culturas de diálogo y valores de convivencia y respeto mutuo, y transformarse en lo que Tocqueville llamó una escuela de democracia.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

365

A pesar de este potencial, en todos los municipios del estudio prevalece todavía un clima de confrontación, temor y desconfianza, como ya ha sido expuesto atrás. Al expresar preocupaciones fuertes frente a esta situación, muchos entrevistados resaltaron la urgente necesidad de romper esa realidad a través de una socialización de valores de confianza y mutuo respeto, a fin de crear la base de una convivencia y una articulación de distintas iniciativas, intereses y puntos de vista. Claro está que la existencia o la ausencia de una cultura de diálogo, o de temor, desconfianza y conflicto no depende únicamente del desempeño de la función horizontal de socialización. Si bien ella puede alimentar u obstaculizar procesos de cambio (de largo plazo), hay factores del contexto que igualmente influyen en la situación. No obstante, sobre todo la reconocida trayectoria exitosa del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio muestra el potencial que alberga la sociedad civil en este aspecto. Casi veinte años después de iniciada en Colombia la experiencia del primer programa de desarrollo y paz, a finales de los años 90 el Pdpmm ya rompió con el esquema amigo-enemigo que afectaba la convivencia en esa región. De acuerdo con muchas entrevistas hechas en la ciudad de Barrancabermeja, ya es posible hablar libremente de temas complicados, incluido, por ejemplo, el de los falsos positivos, e incluso con actores anteriormente percibidos por la ciudadanía con cierta precaución. 5.2.2.2. Cohesión social A diferencia de las funciones verticales de protección, y sobre todo de intermediación, la construcción de puentes entre fracciones polarizadas y de comunidad en general, no ocupa un lugar prioritario en la agenda de los entrevistados. A pesar de este panorama general, deben ser resaltados algunos pocos ejemplos de que la sociedad civil sí puede lograr resultados significativos a través de la función de cohesión so-

366

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

cial. Diversos procesos de construcción de identidades comunes que están en marcha en varios de los municipios del estudio se convierten aquí en el centro de interés. Mientras que el discurso con un fuerte énfasis en la cultura campesina, manejado por Ascamcat y Cisca en la tendencia rural del municipio de Tibú y por el Movimiento Social y Político de Masas en Saravena, promueve una identidad común (campesina) y sirve claramente como fundamento de una fuerte cohesión basada en un sentido de unidad, la autodefinición como afrodescendiente crea un sentido de comunidad en el municipio de Coveñas. Sin embargo, en algunos casos de este municipio, detrás de la motivación destinada a autoidentificarse como parte de la comunidad afro hay cálculos netamente políticos, como muestra el caso de algunos pescadores del municipio, quienes declararon pertenecer a esta etnia por reconocer el peso político y los beneficios que ello puede otorgar en escenarios de negociación con los demás sectores. Estas experiencias de construcción de comunidad y de cierre de divisiones encontradas no pueden disimular, sin embargo, que algunos de los ejemplos del desempeño de la función horizontal de cohesión social no llevan a semejantes resultados positivos, sino surten efectos contrarios. En vez de establecer las bases para construir puentes y comunidad mediante la promoción de identidades comunes y sentidos de unidad, ciertas manifestaciones de pertenencia a un cierto grupo llevan a una autodefinición negativa frente a “los demás”, situación que en estos casos es causa más bien de polarización y conflictos. 5.2.2.3. Articulación y agregación Como ya lo indica la desarticulación entre los diversos actores de la sociedad civil presente en cada uno de los municipios (5.1.1.), el desempeño de la función de articulación y agregación en todos los casos analizados no es solamente limitado, sino con frecuencia ineficiente para hacer posible la elaboración de una

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

367

agenda común. Por eso tales limitaciones afectan directamente la capacidad de incidencia de la sociedad civil, ya que obstaculizan el reto de hablar con una sola voz. Debido a que muchas de las funciones identificadas en la teoría se complementan en la práctica, de tal forma que el ejercicio efectivo de unas puede facilitar (u obstaculizar) el desempeño de otras (2.4.), esta situación depende hasta cierto punto del alcance relativamente limitado de las dos funciones horizontales presentadas anteriormente. En la medida en que el desempeño de la función de socialización no logra sembrar valores de diálogo y el desempeño de la función de cohesión social no alcanza a cerrar brechas y divisiones, e incluso profundiza las mismas en algunos casos, el ejercicio de articular actores y agregar sus diversos intereses a una agenda común enfrenta todavía obstáculos difíciles de superar. No obstante, respecto de la función de articulación y agregación conviene resaltar tendencias positivas. Por un lado, hay que subrayar una serie de temas transversales que ya están promoviendo la articulación de los diversos actores de la sociedad civil. Tales problemas giran primordialmente alrededor de preocupaciones comunes. La mejor muestra de ello es el tema de los derechos humanos en el caso de Barrancabermeja. El hecho de que casi todos los actores de la sociedad civil cuenten con experiencias traumáticas propias o que sus miembros sean objetivo y receptores de amenazas y violaciones de derechos humanos, creó un ambiente de intercambio constante y apoyo mutuo caracterizado por el principio de la solidaridad. Esta articulación se limita sin embargo al tema de los derechos humanos y no llega al nivel de una agregación de intereses para superar la dificultad actual de la sociedad civil barranqueña de construir una agenda de desarrollo común. Por otro lado, resulta importante hacer énfasis tanto en espacios ya institucionalizados como en actores claves que cumplen

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

368

con el papel de articuladores de la sociedad civil, por promover iniciativas concretas de encuentro y abrir y liderar dichos espacios de articulación. Aunque su relativo efecto y eficiencia varían, ejemplos de esta índole se pueden ubicar claramente en cinco de los seis municipios del estudio (Tabla 16). Tabla 16 Municipio

Actor/espacio articulador

Barrancabermeja

Ettdh, Pdpmm

Coveñas

CTP

Puerto Asís

CTP, Mesa Municipal de Organizaciones Sociales

Saravena

Movimiento Político y Social de Masas

Tibú

Diócesis de Tibú

Algunos de los espacios registrados cuentan con un actor clave que promueve la articulación interna y la continuidad del espacio en general. En el caso del CTP de Coveñas, por ejemplo, ese rol ha sido cumplido por la Fundación Oleoductos de Colombia, que convoca a reuniones, brinda asistencia técnica y encabeza el diálogo interno. Esta función es cumplida en el marco de las actividades de gestión social de la industria petrolera, la cual muestra un interés de fortalecimiento institucional a través de este tipo de iniciativas. Sin embargo, aunque concede especial importancia para lograr reunir constantemente a diversos actores desarticulados, hasta el momento el espacio del CTP ha promovido pocas iniciativas concretas. Igualmente, algunos casos analizados indican que experiencias exitosas de articulación y agregación de intereses en el pasado conservan cierto potencial movilizador para el futuro, hecho que se vio reflejado claramente en muchas de las entrevistas hechas en los municipios de Barrancabermeja y Coveñas. En ambos casos, personas entrevistadas hicieron énfasis en iniciativas concretas de

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

369

articulación que en su momento llevaron a acciones conjuntas de la sociedad civil, estuvieron orientadas por una agenda común y lograron finalmente resultados significativos. Si bien la corta historia de Coveñas únicamente cuenta con una sola experiencia de esta índole, el proceso de independencia del municipio de Tolú que condujo a la creación de Coveñas como entidad territorial independiente, la memoria colectiva de la sociedad civil de Barrancabermeja gira alrededor de recuerdos de movilizaciones sociales que alcanzaron un alto nivel de incidencia en las agendas públicas de la ciudad. Los ejemplos más destacados son el Comité Cívico Popular de 1975 y la Coordinadora Popular de 1982. En ambos municipios, este antiguo espíritu colectivo es utilizado por varios entrevistados como argumento para enfatizar la necesidad de volver a alcanzar un alto grado de articulación.

5.3. Visiones acerca del desarrollo y principales preocupaciones Al definir una visión como una idea concreta de condiciones futuras deseadas y como la manera de alcanzar las mismas, el análisis de aquellas que plantean diferentes actores debe abordar tres aspectos centrales: las principales preocupaciones, la idea del futuro deseado y la estrategia para hacerlo posible. Mientras que los últimos dos conforman la verdadera visión, el primer aspecto (las preocupaciones) crea la base sobre la cual ésta se constituye y en consecuencia influye en el contenido de la misma. Por tal razón, los siguientes dos subcapítulos del estudio comparativo ponen el énfasis, primero en las principales preocupaciones de los actores de la sociedad civil y, en segundo término, en los deseos y estrategias.

5.3.1. Principales preocupaciones A pesar de que las tendencias identificadas en materia de preocupaciones fueron en general similares en todos los casos, el

370

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

trabajo de campo permitió identificar algunas particularidades en grupos poblacionales específicos. Ejemplo de esto es el caso de las mujeres, las cuales en la mayoría de municipios estudiados manifestaron como un tema central la presencia del ejército en el territorio, por los casos de abusos de la fuerza que se han presentado constantemente. Uno de los ejemplos más claros en este sentido fue el municipio de Coveñas, en donde el asentamiento de la base del ejército ha cambiado las dinámicas locales, promoviendo por ejemplo la prostitución. Por otra parte, el caso de los jóvenes también mostró una tendencia generalizada en todos los municipios a preocuparse por las posibilidades de desarrollo personal y profesional con que cuenta esta población. En especial surge la inquietud debido al tema petrolero y los desincentivos que genera a otros sectores productivos, frenando el desarrollo local, frente a lo cual fueron claros ejemplos los municipios de Acacías y Puerto Asís. Finalmente, las comunidades indígenas, presentes con mucha fuerza en municipios como Puerto Asís y Tibú, mostraron una tendencia a temer por el destino de sus territorios ante la presencia del sector petrolero y los beneficios que este recibe desde el nivel nacional de gobierno. Estas comunidades resaltan que su territorio hace parte de su identidad, de aquello que los constituye como comunidad y las amenazas que reciben al mismo les fragmentan. Ahora bien, en cuanto a las tendencias generales el estudio comparativo de la sistematización de las principales preocupaciones de los seis municipios muestra que la mayoría de ellas se centran en temas aquí agrupados en la categoría de “relaciones verticales”. Dicha categoría se refiere a preocupaciones, tanto acerca de relaciones entre la sociedad civil y el sector público o privado, o ambos, como respecto de las características de los actores de los dos últimos (por ejemplo, corrupción, clientelismo, falta de interés, etc.). Igualmente incluye preocupaciones acerca de mecanismos de participación insuficientes y procesos de

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

371

planeación excluyentes. Como muestra la Gráfica 10, esto no se refiere únicamente a la intensidad de las relativas preocupaciones (barra azul180, 31 puntos), sino también a la frecuencia con la cual fueron nombradas las preocupaciones planteadas en esta categoría (barra roja)181. La Gráfica 9 señala que más del 77% de las preocupaciones identificadas se refieren al sector público. En segundo lugar, con una intensidad, un poco por encima de la mitad de los puntos (23), y presente en 5 de los 6 municipios, se presenta la categoría de “servicios públicos”, la cual alberga preocupaciones acerca del acceso limitado o la baja calidad de los servicios públicos y las necesidades básicas insatisfechas. La categoría “economía” suma 14 puntos de intensidad, tiene presencia en cuatro casos (Acacías, Barrancabermeja, Puerto Asís, Saravena) y ocupa el tercer lugar. Aquí las preocupaciones se concentran en el modelo de desarrollo o las características de la economía del municipio. Inmediatamente después aparece la categoría de “conflicto y DD. HH”, que agrupa diversas preocupaciones relacionadas con la presencia en el territorio de grupos armados al margen de la ley. Pese a que inquietudes de esta índole aparecen únicamente en tres de los seis municipios (Barrancabermeja, Puerto Asís, Saravena) dentro de las cinco preocupaciones principales, lo cual no significa, sin embargo, que no estén presentes también en los demás casos, aunque con una menor prioridad que los mencionados, llegan no obstante a una intensidad de 14 puntos, dada la alta prioridad que dicha categoría alcanza entre las preocupaciones de los actores de los tres municipios. 180 181

El puntaje de las barras azules de la Gráfica 10 resulta de la suma de los puntajes de cada categoría en los seis casos. Las barras rojas muestran qué tan frecuente es una preocupación en la mirada global de todos los casos. El puntaje de estas barras (rojas) es resultado de la suma del número de municipios en los cuales, entre las cinco preocupaciones principales, se expresó al menos una de la respectiva categoría.

Gráfica 9. Receptores de preocupaciones de categoría ‘Relaciones verticales’

Libro tendencias.indd 373

30/11/2014 06:58:22 p.m.

Fuente: elaboración propia. Para mayor informacion sobre metodología y categorías, ver 4.1.1.

Gráfica 10. Suma de principales preocupaciones de los seis casos

374

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Con 9 puntos, la categoría de “relaciones horizontales”, que agrupa inquietudes acerca de las relaciones internas de la sociedad civil y las capacidades de las mismas, sigue en el quinto lugar y muestra que la sociedad civil observa su propia desarticulación y la falta capacidades con mayor preocupación en cuatro municipios (Acacías, Barrancabermeja, Coveñas, Tibú). Relativamente menor importancia (4 puntos) se otorga finalmente a la categoría de “medio ambiente”. Preocupaciones de esta índole fueron incluidas en la lista de las cinco prioridades solamente en dos de los seis casos. Dicho panorama general hace evidente sobre todo una discrepancia entre preocupaciones de la sociedad civil y enfoques de desarrollo manejados por el Estado, y en parte también por el sector privado. Estas segundas giran principalmente en torno a dos temas: obras de infraestructura y mejoras en la prestación de servicios públicos. A pesar de que la categoría de “servicios públicos” alberga el segundo número más alto de preocupaciones identificadas como prioritarias por los participantes del taller –hecho que coincide con una tendencia general encontrada en las luchas sociales registradas por el Cinep para el año 2013-,182 al menos el primer tema del enfoque estatal (infraestructura vial) no parece tener la misma prioridad en las agendas de la sociedad civil, como lo revela la Gráfica 11. Solo un grupo de representantes (Departamento de Arauca) expresó preocupaciones, de relativa baja intensidad (2 puntos)183, directamente relacionadas con la subcategoría de “infraestructura vial”. No obstante, al contrastar la lista de prioridades elaborados por los participantes del taller con la información obtenida en las entrevistas, la infraestructura sí aparece como una preocupación 182 183

Según el último Informe Especial de luchas sociales del Cinpe, de las 1.027 protestas registradas en el curso del año 2013, el 28% fueron motivadas por problemas relacionados con servicios sociales, servicios públicos e infraestructura física (Cinep, 2014). 8,7% de todas las preocupaciones sumadas en esta categoría.

Libro tendencias.indd 375

30/11/2014 08:03:35 p.m.

Gráfica 11. Preocupaciones de categoría “Servicios públicos”

376

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

central, pero con base en la concepción amplia del desarrollo que tiene la sociedad civil en general en los territorios abordados. Como muestran las discusiones alrededor de las estrategias de desarrollo relatadas en los estudios de caso, muchos actores de los municipios (también de la sociedad civil) consideran una infraestructura adecuada a sus necesidades como uno de los prerrequisitos para romper con las lógicas de una economía de enclave y ser base para una mayor diversificación de la misma. Esto también puede observarse en las movilizaciones sociales reseñadas por los actores locales en las entrevistas, en las cuales se exponían algunas problemáticas en torno a la falta de infraestructura que perjudican el desarrollo integral de los municipios. Ejemplo de esto es la falta de una vía de comunicación terrestre adecuada entre Tibú y la capital del departamento de Norte de Santander (Cúcuta), que dificulta la comercialización de productos y en general el contacto con ese centro urbano, o el caso de Puerto Asís, que también carece de vías adecuadas que lo comuniquen con el interior del país. Más allá de las preocupaciones de la categoría de “relaciones verticales”, que incluye explícitamente inquietudes acerca de las relaciones con la actividad del sector petrolero, muchas de las preocupaciones expresadas por la sociedad civil se refieren implícitamente a la presencia de esta industria y su influencia en el territorio. El establecimiento de empresas como Ecopetrol, Occidental o Colombia Energy promueve con frecuencia la transformación de la economía municipal en una economía de enclave, lo cual se evidencia en el hecho de que algunas inquietudes agrupadas en la categoría “economía” hacen alusión directa, por ejemplo, a la industria del petróleo. Por otra parte, no pocas de los señalamientos resumidos en la categoría “relaciones horizontales” atañen a divisiones internas de la sociedad civil, con frecuencia hunden sus raíces en conflictos suscitados en torno a ciertas prácticas de las empresas petroleras del territorio (acceso a beneficios de inversión social, procedimientos de contratación,

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

377

etc.). Otra muestra del asunto estriba en que observaciones de problemas expresados en la categoría “medio ambiente” ponen el enfoque en las consecuencias de la acción petrolera sobre las fuentes hídricas del municipio. Las preocupaciones directamente relacionadas con la presencia petrolera en el territorio se concentran en cuatro de sus efectos: económico, social, medioambiental y político de la industria petrolera. Las consecuencias económicas presentan distintas modalidades. La primera de ellas es que el hecho de ser un municipio petrolero constituye un atractivo para la migración de personas hacia la región, en busca de los beneficios económicos que esta actividad puede arrojar. Tal migración cambia la dinámica económica del municipio y aumenta, por ejemplo, el desempleo como consecuencia del exceso de mano de obra disponible. Otra forma de afectación es el flujo constante de dinero en el territorio y el arribo de actores foráneos que disponen de recursos para adquirir bienes y servicios, lo cual aumenta el costo de vida en general en los territorios. Estos son daños identificados en todos los casos estudiados. La alteración de los precios hace mayor el riesgo de exclusión económica de la mayoría de la población que carece de recursos para mantener esa exigencia de gasto. En los municipios de Acacías y Puerto Asís se expresó con mayor fuerza esta preocupación, pero la inquietud estaba presente en los otros casos. Finalmente, un aspecto de gran importancia es el desestímulo de otros desarrollos económicos, como ocurre con la llamada enfermedad holandesa, que aparece como tendencia notable en la mayoría de los municipios y ha sido señalada como un gran desafío para estas comunidades. La dificultad ha surgido del monto de los salarios ofrecidos por la industria petrolera, los cuales superan en gran medida aquellos que pueden ofrecer estos municipios en áreas como la agricultura y el turismo, su-

378

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

mado ello a una excesiva concentración de las comunidades en la economía petrolera como opción laboral. De acuerdo con algunos entrevistados, esta tendencia ha debilitado la participación de la población en los demás sectores productivos, en especial de los jóvenes, quienes prefieren mantener la intermitencia laboral para percibir ingresos que les permiten financiar los meses en los que no trabajan, y no involucrarse en otros sectores que les garantizarían mayor estabilidad en el puesto. Lo anterior se relaciona de manera directa con las posibilidades de desarrollo económico en general de los municipios, ya que la falta de una disponibilidad de mano de obra para impulsar otros sectores de la economía impide que florezcan sectores alternativos. Ejemplos de ello son Tibú en el sector agropecuario y de construcción, y Acacías en el agrícola. Tanto las alteraciones de las economías municipales como los desincentivos de otros sectores productivos son muestra de que en estos territorios se está presentando la temida “enfermedad holandesa”, lo cual es un enorme desafío, en especial para el gobierno nacional, en materia de instrumentos que contrarresten esta tendencia.184 De no atenderse a tiempo estas señales, la presencia de la industria no lograría su propósito de contribuir al desarrollo (ni local, ni nacional), y en su lugar dejaría consecuencias todavía más adversas que las iniciales.

184

Las discusiones al respecto ya se han iniciado, tanto en la academia como en la economía. La debilidad institucional del Estado colombiano es una señal de alarma inicial, que ha sido escuchada a en el curso de la creación de fondos de compensación como parte del Sistema General de Regalías, destinados a favorecer la inversión y evitar la desindustrialización del país. Sin embargo, en relación con las estrategias internacionales de atención a la “enfermedad holandesa”, los fondos han sido interpretados solamente como una parte de una estrategia de mayor envergadura. Muestra de ello es que el SGR se ha enfrentado a una deficiencia importante en materia de capacidades técnicas para la presentación de proyectos (de toda índole), lo cual explica que las estrategias de redistribución de los recursos no están apuntando a reducir el riesgo de sufrir de la mencionada enfermedad. Para más información, ver González Posso (2011), UN periódico (2012) y Revista Semana (2012).

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

379

Otro escenario de afectación de la industria petrolera de estos municipios identificado por sus actores sociales hace relación a los efectos sociales sobre las comunidades. Esto se percibe principalmente en dos niveles. El primero es el impulso y proliferación de actividades que la población califica como negativas, como la prostitución y la disponibilidad de drogas ilícitas, las cuales tienden a aumentar a causa del flujo de dinero y el arribo de foráneos a los territorios. El segundo es la fragmentación del tejido social que se produce principalmente por la disputa entre las comunidades por el acceso a los empleos, pero también porque en ocasiones se presenta la fragmentación de las familias. Estos efectos son percibidos en todos los municipios estudiados, pero en algunos casos es una preocupación mayor, como ocurre en Acacías y Puerto Asís. De la misma manera, tales efectos son relacionados con la llamada “maldición de los recursos”, concepto ampliado de la “enfermedad holandesa” que ha visibilizado la discusión en torno a las consecuencias de la explotación de recursos no renovables en distintos niveles del desarrollo de los países que la albergan.185 Dar respuesta a este riesgo exige un gran esfuerzo de fortalecimiento institucional y de diversificación de la economía, que la situación de los municipios abordados en esta investigación no refleja de momento. Relacionado con las dos consecuencias anteriores aparece el problema ambiental, una de las principales preocupaciones de la sociedad civil. Juntamente con la económica, se sabe ya

185

Entre los efectos identificados de la “maldición de los recursos” pueden señalarse la agudización de conflictos violentos por motivos de control territorial, situación que puede profundizar el conflicto armado interno que vive Colombia. La abundancia de divisas presiona hacia la revaluación de la moneda, perjudica los procesos de exportación del país y el crecimiento de la industria y la agricultura, aumenta el desempleo y reduce las condiciones dignas del empleo; fomenta la corrupción y el mal empleo de los recursos procedentes de regalías, desincentiva otros sectores productivos y aumenta la desigualdad social, la concentración de la riqueza y la fractura del tejido social, entre otros efectos nocivos (González Posso, 2011: 61 y ss.).

380

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

que las afectaciones al medio ambiente han sido vistas por los actores sociales como un potencial daño a otras posibilidades de desarrollo económico de los territorios. Ejemplos muy claros en este sentido son los de Acacías y Coveñas, municipios que se proyectan principalmente como turísticos y que, de ser puesta en riesgo su base natural –sus atractivos hídricos, por ejemplo-, este potencial desaparecería y dejaría sin opciones a las comunidades afectadas. Tal preocupación aparece en el caso de Puerto Asís, asentado sobre la Amazonia colombiana y donde algunos de sus actores han empezado a identificar el turismo como un espacio de desarrollo que ofrecería amplios beneficios a las comunidades, que podrían replicar la exitosa experiencia turística de Leticia, en el vecino departamento del Amazonas. La explotación minero-energética ha venido siendo percibida como una amenaza para esta posibilidad y también para el sostenimiento del ecosistema propio de la región. En los casos de Saravena y Tibú, como ya se dijo, el petróleo es igualmente identificado como una amenaza para la economía, aunque ella no se relaciona de manera tan estrecha con la situación ambiental. Finalmente, otra de las percepciones observadas se refiere a que la industria también descarga efectos de índole política. Ello se relaciona principalmente con la percepción que existe en las comunidades estudiadas de que es la empresa petrolera quien debe solucionar las carencias que en materia de bienes y servicios presentan estos municipios, y no el Estado, a quien constitucionalmente corresponde esa función. Tal criterio debilita todavía más la relación entre la sociedad civil y el Estado, ya que dejan de buscarse diálogos entre estos dos sectores para concentrarse fundamentalmente en la gran empresa. Se ve afectada asimismo la relación entre la sociedad civil y el Estado local, que, como ya se sabe, está basada en la desconfianza y percepción de incapacidad de la institucionalidad local para solucionar las demandas.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

381

Tal amenaza se vive de igual manera en el lado de la institucionalidad pública, en particular la local, la cual, ante su debilidad técnica, política y económica, busca que las empresas petroleras se conviertan en su principal aliado y postergan discusiones de importancia en procura de su propio fortalecimiento por la vía del incremento de la autonomía territorial. La dependencia económica que crea la industria conlleva un poder político que no tiene actualmente reglas claras para ser ejercido, y a pesar de que, legalmente, a la industria no le corresponde la toma de decisiones sobre el desarrollo, la sociedad civil que habita los territorios percibe que ella cuenta con una gran incidencia en ese sentido. Igualmente, la disponibilidad de recursos aumenta los riesgos por corrupción y clientelismo en los municipios. Un claro ejemplo de esto es el caso de Coveñas, donde grupos paramilitares se beneficiaron ampliamente de las regalías que recibía este municipio, ante lo cual el nivel central de gobierno no tuvo capacidad de reacción. Todos estos estragos, pese a ser identificados por los actores sociales como actuales, tienen tendencia a intensificarse a largo plazo y plantean importantes interrogantes sobre el desarrollo futuro de estos territorios. El panorama de preocupaciones acerca de la presencia del sector petrolero en el territorio –el cual señala los principales problemas causados por este actor prepotente- coincide en eso con los perjuicios de la industria petrolera y el modelo de desarrollo basado primordialmente en el sector minero-energético, documentados y analizados por diversos estudios (Avellanada, 1998, 2004; González Posso, 2011; Indepaz, 2013).

5.3.2. Visiones A pesar de la casi ilimitada variedad de futuras condiciones deseadas y expuestas a lo largo de las 93 entrevistas efectuadas con

382

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

actores de la sociedad civil durante el trabajo de campo, que en últimas depende fuertemente de los diferentes contextos y la relativa posición de reposo de cada municipio, es posible identificar un mínimo común denominador compartido por toda la sociedad civil: el concepto amplio de lo que se entiende por desarrollo. Al sobrepasar el estricto concepto tradicional del desarrollo, que lo equipara primordialmente con el crecimiento económico, la gran mayoría de los entrevistados de la sociedad civil se orienta hacia conceptos más amplios, como el de desarrollo humano, manejado por el Pnud, o del desarrollo sostenible, según la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro. Mientras que el primer concepto cree que el desarrollo debe incluir “la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos, todas necesarias para ser creativo y productivo y para gozar de respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad”, y además subraya que “En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente” (Pnud, 2000: 17), la segunda concepción incorpora una percepción tridimensional del desarrollo al incluir los vectores económicos, ecológicos y sociales. En esta línea de ideas, la sociedad civil de los seis municipios estudiados expresa que “el desarrollo debe ser más que cemento y crecimiento de rentas” (Entrevista 12, Tibú) y hace énfasis explícitamente en aspectos como servicios básicos públicos que permitan una vida digna, acceso a sistemas de educación y salud de calidad, empleo y explícitamente también el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la posibilidad de conservar la cultura y el modo de vida propios, y el derecho de autodeterminación a través de mecanismos reales de participación en la toma de decisiones que afectan el territorio. La mayoría de los actores entrevistados en todos los municipios considera que la estrategia necesaria para alcanzar dicho

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

383

objetivo tiene carácter intersectorial. Al nombrar a actores pertenecientes tanto al sector público como al privado y a la misma sociedad civil como agentes determinantes del desarrollo en los territorios, reivindica no solamente su derecho de poder influenciar y modelar la estrategia de desarrollo aplicada sino que acepta también al sector empresarial como importante aliado en ese largo camino hacia un futuro mejor. Con esto, la mayor parte de los actores de la sociedad civil pone el enfoque sobre dos premisas: una participación verdadera y una posición pragmática acerca del modelo minero-energético. Respecto a la premisa de participación es importante resaltar la insistencia de la sociedad civil en un carácter incluyente y vinculante del proceso de planeación y toma de decisiones. Una verdadera cooperación intersectorial sería posible únicamente bajo estas dos condiciones. Sobre todo el carácter vinculante tiene importancia para incrementar paulatinamente la confianza entre los sectores, un paso necesario para mejorar las relaciones verticales y romper así el círculo vicioso de vías de hecho-acuerdo-incumplimiento-vías de hecho, ya mencionado atrás. Acerca del carácter incluyente, la sociedad civil no demanda la creación de nuevos mecanismos de participación sino, más bien, el respeto de los que ya existen por parte del Estado mismo y la aseguración de un entorno que permita su aprovechamiento real. Al igual que la alta intensidad de las preocupaciones acerca de la categoría “relaciones verticales” formulada anteriormente, tanto el análisis de las relaciones verticales entre sociedad civil, por un lado, y los sectores público y privado, por el otro, (5.1.2), como el análisis de la función de intermediación, muestran claramente que, si bien una participación bajo estos términos es punto central de la estrategia planteada por la sociedad civil, la misma también constituye todavía uno de los principales desafíos. En este sentido también son centrales los objetivos identificados acerca de las relaciones horizontales. Sobre todo la

384

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

superación de la desarticulación y la construcción de agendas comunes entre los actores de la sociedad civil son exigencias importantes para dotar de mayor peso a sus posiciones. El logro de este objetivo no solo beneficiaría a los actores sociales sino también la construcción de la sociedad en su conjunto, al tornarla más incluyente. Si bien una gran parte de la sociedad civil hace énfasis en el desarrollo desde una posición pragmática, en la cual una importante contraparte de los debates sobre el desarrollo es, con algunas reservas, el sector privado –en particular la industria petrolera–, sobre todo respecto de esta segunda premisa se evidencia una ruptura entre la mayoría de la sociedad civil entrevistada y tendencias divergentes, presentes sobre todo en los casos de Puerto Asís, Saravena y Tibú. Dichos casos muestran la presencia de fracciones de la sociedad civil que rechazan fuertemente, sobre todo, el modelo minero-energético y a veces también la agroindustria, al proponer y defender al mismo tiempo modelos de desarrollo alternativos que, según su opinión, se adecúan mejor a la situación específica del municipio. Mientras que la propuesta de una Zona de Reserva Campesina, impulsada por Ascamcat en el caso de Tibú, constituye un ejemplo claro de un modelo alternativo promovido en diálogos con el gobierno nacional, en el municipio de Puerto Asís puede encontrarse el proyecto del Plan de Desarrollo Integral Amazónico (Pladia), iniciativa que ha surgido del seno de las comunidades para darle un nuevo valor a la condición amazónica de este municipio y procurar su desarrollo a partir de la misma. A diferencia de las ZRC del Catatumbo, este plan no cuenta todavía con una estructura clara y no ha logrado ser introducido con claridad en las agendas públicas locales, sino que permanece en las de la sociedad civil, no obstante lo cual muestra un avance en el propósito de construir agendas de incidencia comunes.

6. Conclusiones y recomendaciones

L

as estimaciones hechas a lo largo de este documento a propósito de la sociedad civil han permitido llegar a ciertas conclusiones en torno a las variables del estudio e identificar diversas tendencias de la sociedad civil, tanto frente a las visiones que la misma maneja como respecto al modus operandi de sus integrantes. En cuanto a las relaciones horizontales de la sociedad civil, es posible establecer tres puntos importantes. El primero se refiere a que en todos los municipios estudiados existe un panorama generalizado de desarticulación y falta de agendas comunes. Pese a que se comparte una visión de lo que debe ser el desarrollo (desarrollo sostenible) y la paz (paz positiva), la sociedad civil enfrenta grandes dificultades para establecer diálogos intrasectoriales que le permitan marchar en una misma dirección, aspecto que se relaciona en especial con marcadas diferencias en torno a cómo lograr esas visiones de la paz y el desarrollo. En estas diferencias median aspectos como la forma de relacionarse con la institucionalidad pública, frente a la cual existe una gran desconfianza debido a repetidos incumplimientos de acuerdos y a la falta de espacios de inclusión para los actores sociales en las decisiones que afectan a los territorios. Como es natural, algunos actores se muestran más dispuestos que otros a establecer diálogos, pero eso los distancia entre sí.

388

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

Otro aspecto que incide en las relaciones horizontales es la problemática en torno a la explotación minero-energética, que mostró dos tendencias. En primer lugar, en el seno de la sociedad civil hay tensión frente al modelo de desarrollo. Mientras una tendencia concibe la posibilidad de incluir esta actividad como parte de la realidad local y buscar los elementos positivos que ella pueda aportar a largo plazo, la otra rechaza de plano este modelo y se oponen al mismo en los hechos. La segunda dinámica aparece en torno a los beneficios que esta industria otorga, como son los empleos o la inversión social específica. Esto ha golpeado con fuerza las relaciones de la sociedad civil entre sí y quebrantado en general el tejido social. Finalmente, la mencionada desarticulación se relaciona con las secuelas que el conflicto armado interno ha dejado en los territorios de estudio, donde los líderes debieron replegarse o abandonar su terruño, o fueron asesinados. Por ese motivo se observa actualmente un proceso de recomposición y renovación de liderazgos, que puede favorecer la construcción de escenarios diferentes, tanto en materia de desarrollo como de paz. En cuanto a las relaciones verticales, se observó una falta de diálogos intersectoriales, por lo cual el desarrollo que tiene lugar en los territorios no es incluyente. Como factor común de los tres sectores se identificó la falta de capacidades de diálogo, que en el caso de la sociedad civil se expresa en desconocimiento de los procesos que implican la implementación de políticas y las herramientas y espacios que la legislación les otorga para incidir; en el caso de la institucionalidad pública, igualmente una falta de capacidades técnicas e interés en las necesidades de la comunidad para darles respuesta; y en relación con el sector privado, en algunos casos una baja capacidad de socialización que no permite dar a conocer de mejor manera sus acciones y, por otro lado, un manifiesto desinterés en torno al rol que se cumple en el territorio y en los efectos tangibles que puede alcanzar su actividad.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

389

En la relación de la sociedad civil con el Estado, como ya se dijo, existe una desconfianza arraigada. Por eso mismo, algunos actores sociales han instaurado el recurso a las vías de hecho como principal estrategia de incidencia, con lo cual se prolonga el ciclo de no diálogo, que además se ve alimentado por la continuación del incumplimiento de acuerdos, así como de la falta de comprensión de los procesos de implementación de políticas, situación que lleva a la percepción de un nuevo incumplimiento y una nueva movilización social. Con el sector privado, por su parte, la división entre las visiones conduce a que la sociedad civil establezca diálogos fragmentados con este actor, sin que se logre la construcción de una inversión estratégica e integral. El escenario de la explotación petrolera presente en los seis municipios urge que este diálogo intersectorial tenga lugar, si lo que se busca es lograr una presencia del petróleo que provoque la menor cantidad de impactos negativos posible y permita instalar posibilidades de desarrollo hacia el futuro. Igualmente, las condiciones mencionadas conducen hacia una incidencia de la sociedad civil muy baja en términos reales, con lo cual se pierde la oportunidad de impulsar iniciativas y proyectos concretos mediante el diálogo intersectorial. Todo lo anterior permite concluir que la construcción del desarrollo local presenta hoy al país grandes retos en materia de inclusión. La poca presencia que tiene actualmente la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo local encarna un desafío importante, así como la baja capacidad de incidencia que tienen los niveles locales y regionales de gobierno en la orientación del mismo. La inconformidad social frente a esta problemática se manifiesta en la protesta social generalizada de los últimos años en el país e invita a reequilibrar la relación sector público-sociedad civil-sector privado, así como la que se establece entre la nación y los territorios, a fin de lo-

390

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

grar un diálogo intersectorial que promueva la implementación de políticas más eficientes y sostenibles. Frente a lo anterior y como producto de la investigación realizada, se plantean las siguientes recomendaciones:

Para la sociedad civil: - Aprovechar el surgimiento de nuevos líderes como una ventana de oportunidad para superar la cultura de desconfianza y confrontación. La tendencia histórica para el relacionamiento de las organizaciones de sociedad civil con otros sectores de poder se ha basado en la perspectiva amigo–enemigo. Se requiere de líderes más abiertos al diálogo y la concertación con otros sectores, sin que ello represente renunciar a las posiciones ideológicas o políticas que sustentan sus luchas y demandas sociales. Sin embargo, estos liderazgos requieren mayor formación y capacitación para la gestión social y política y el abordaje de los conflictos. Las instancias de la confrontación no son la estrategia o punto de partida más eficaz para la interlocución con el Estado y el sector privado; otros mecanismos, como el diálogo y la cooperación pueden conducir a resultados deseados por las agendas sociales, lo mismo que promover funciones como el monitoreo al cumplimiento de acuerdos o la protección de derechos representan roles más proactivos. - Fortalecer las relaciones horizontales entre actores sociales, de tal manera que se gane en la articulación y conformación de bloques de negociación. Sectores mejor organizados y con agendas estructuradas tienen más oportunidades de proponer y negociar frente al sector privado y la institucionalidad pública local y nacional. Por lo general los actores sociales se concentran en sus propios intereses y con dificultad logran articular propó-

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

391

sitos comunes. Convendría más ganar en una perspectiva territorial, como eje articulador de los procesos sociales, políticos y económicos; desde esta perspectiva plantear la concertación del desarrollo y la paz con el gobierno local o nacional y con el empresariado. El fortalecimiento de las relaciones sociales horizontales pasa por la articulación con instancias suprarregionales de la sociedad civil, como mecanismo de articulación de propuestas y demandas en el nivel nacional. - Fortalecer capacidades técnicas en materia de conocimiento de la normatividad y los procesos administrativos. La comprensión de los procesos de diseño e implementación de políticas e inversiones públicas es un paso necesario para reducir del lado de la sociedad civil la presión negativa hacia la institucionalidad pública y el sector privado. Ello ayudaría a ganar en niveles de concreción y viabilidad de propuestas sociales en el corto, mediano y largo plazo; esto es, traducir los grandes discursos transformadores de lo político, lo social y lo económico en propuestas concretas que logren el respaldo institucional.

Para el sector público local: - Fortalecer su papel como garante de lo público y mediador en los conflictos sociales. Ello significa asumir con mayor claridad el trámite de los diversos intereses y mejorar sus capacidades de diálogo en la planeación del territorio de forma adecuada e incluyente. En buena medida la definición y construcción de visiones conjuntas del desarrollo local tienen mucho que ver con las capacidades de interlocución de la institucionalidad, pues se requiere un agente promotor del diálogo que acerque a los distintos sectores, en la perspectiva de intercambio inter-sectorial e intra-sectorial. Ello implica a la vez me-

392

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

jores estrategias de comunicación e inclusión en la toma de decisiones, de tal manera que se disminuyan los niveles de polarización. - Plantear estrategias de largo plazo para la sostenibilidad de los territorios. Resulta crucial para la perspectiva del desarrollo sostener economías viables que garanticen el sostenimiento después del boom petrolero. De forma inmediata, se hace necesario promover y fortalecer iniciativas productivas locales que contrarresten los efectos que se están manifestando de la denominada “enfermedad holandesa” (economías de enclave) o la ‘maldición de los recursos naturales’. La promoción del empresariado local (Pyme), la innovación y la diversificación de la economía son poderosas herramientas para contrarrestar los impactos económicos de la industria extractiva. No se puede renunciar a la vocación económica de los territorios ni a la búsqueda de economías alternativas que sean sostenibles y favorezcan la sostenibilidad de los territorios. - Asumir la tarea de ser agentes de incidencia en el nivel nacional. El debate regional y nacional en torno a los impactos del sector minero-energético en los territorios ha mostrado la urgencia de atender este tema en perspectiva nacional. Entre los efectos negativos se cuenta que los recursos en juego han desatado conflictos de orden político y económico, han profundizado el clientelismo, acentuado la corrupción y debilitado la institucionalidad pública. Las autonomías territoriales se ve comprometidas, no sólo desde la perspectiva de las organizaciones sociales, sino también desde la institucionalidad pública local. La dimensión del tema requiere de la participación de municipios y departamentos en el debate frente al gobierno nacional respecto a las políticas vigentes en materia de ordenamiento territorial, manejo de regalías

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

393

y para la explotación por parte de empresas nacionales y multinacionales.

Para el gobierno nacional: - Reconocer la diversidad de los territorios del país cuando se pretenden instalar o implementar políticas de orden nacional. En este sentido, el diseño de políticas requiere de una perspectiva diferencial de orden territorial. El gobierno nacional podría acercarse para conocer más de cerca las ventajas relativas y los factores generadores de conflicto entre sectores sociales, políticos y económicos. El punto de partida es el diálogo con los actores locales para acercar lo nacional con lo regional y local. Se requiere incluir a los territorios en la toma de decisiones, más sobre aquellas materias que les afectan de manera directa, como es el caso de la explotación petrolera, que no ha sido consultada suficientemente en lo local. La modificación de estrategias de diseño de política, basada en una mejor comprensión del territorio, puede ser un elemento crucial para acelerar el desarrollo local. El diseño e implementación de políticas pasa por acompasar la institucionalidad nacional con la del orden regional y nacional, a la vez que superar la estigmatización con que se califica a los sectores sociales y populares que por décadas han sostenido sus demandas sociales frente al Estado. - Promover y liderar el debate nacional en torno a los modelos de desarrollo. Esta discusión resulta crucial en la perspectiva de la construcción de paz, dado que en buena medida los conflictos sociales y políticos, incluido el conflicto armado, se han desatado a raíz de los procesos de exclusión económica de regiones y poblaciones enteras. Avanzar en perspectivas más incluyentes y que

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

394

garanticen la equidad social y económica es un reto aún pendiente en el país.

Para el sector privado: - Orientar el modelo de gestión social al fortalecimiento de las relaciones de la empresa con las organizaciones de la sociedad civil y la institucionalidad pública local y nacional. Se trata de que la empresa aumente su conciencia sobre el rol que ocupa en la sociedad y evite profundizar las rupturas existentes entre y dentro de los distintos sectores. Con frecuencia las empresas focalizan su gestión social en actores generadores de conflicto y/o en zonas de influencia, desconociendo que hay procesos institucionales y sociales más amplios y que quedan por fuera de las decisiones, generando y profundizando los conflictos entre actores de la sociedad civil y limitando la capacidad de la institucionalidad local. - Mejorar los procesos de socialización y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil en los territorios. Con frecuencia los conflictos que emanan de las comunidades parten de la no comprensión de procesos y de la percepción de no ser incluidas en la toma de decisiones. El objetivo es que la gente conozca mejor lo que la empresa hace y los cambios que se presentan, generando por esta vía mayor confianza. Mejorar en este sentido contribuiría a una reducción significativa de los conflictos. Los cambios en las estrategias de gestión social como respuesta a las condiciones en los territorios son eventos que cabe esperar, pero de ello emana conflictividad cuando no es informado ni acordado de forma adecuada con los actores sociales. Ocurre también que el cambio de personal o el cambio en los enfoques por parte de la empresa llevan a la interrupción de proyectos e iniciativas,

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

395

perdiéndose así la perspectiva de mediano o largo plazo. Por lo general los paros, bloqueos y otras formas de vías de hecho por parte de organizaciones sociales son mecanismos para presentar sus demandas o buscar el diálogo; son en el fondo un llamado a la comunicación. - Reconocer y respetar los escenarios existentes tanto de orden institucional como social (Ej. Consejo Territorial de Planeación, las mesas intersectoriales, entre otros). Este tipo de escenarios funcionan como espacios propicios para la tramitación de conflictos, la creación de relaciones y el cumplimiento de funciones horizontales entre los actores de la sociedad civil; y verticales con la institucionalidad pública y el sector privado. Pueden ser aprovechados como medios de formación e información sobre la gestión social, la inversión económica, la política pública local y nacional. La empresa por lo regular se relaciona de forma dispersa con los distintos actores, profundizando conflictos y desconfianzas entre los mismos, como se dijo en el punto anterior. - Actuar a través de los canales institucionales y evitar negociaciones directas con las comunidades que deslegitimen a la institucionalidad local. La empresa no puede convertirse en el sustituto de la institucionalidad pública para resolver los problemas sociales existentes. Por esta vía la institucionalidad local desvía sus responsabilidades a la empresa y no media en las relaciones dependientes y conflictivas que se crean con las organizaciones sociales. La articulación de la estrategia de inversión social a los planes de desarrollo locales puede contribuir en este sentido.

Bibliografía

399

• Abiew, Francis Kofi/Keating, Tom (2004). “Defining a role for civil society: Humanitarian NGO and peacebuilding operations”, en Keating, Tom/Knight, Andy W. (Ed.). Building sustainable peace. Edmonton: University of Alberta Press, pp. 93-118. • Acanda González, José Luis (2003). “Hegel: liberalismo y sociedad civil”, en Revista Recerca, vol. 3. Departamento de Filosofía, Sociología y Comunicación Audiovisual. Universitat Jaume I. Castelló, pp. 37-53. • Alcaldía de Puerto Asís (2001). Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Puerto Asís. • Alcaldía de Tibú (2012). Plan de desarrollo (2012-2015). Tibú, un compromiso de todos. Disponible en: http://www.tibu-nortedesantander.gov.co/apc-aa-files/35393235336131633830313866356332/ plan-de-desarrollo.pdf • Aponte, Andrés y Yunis, Juana (borrador). “Análisis de las relaciones entre la estructura agraria, los modelos de desarrollo, las dinámicas del conflicto armado y la movilización social del Catatumbo y Cúcuta y área Metropolitana”. Bogotá: Cinep, sin publicar. • Ardila Navarro, Leonardo et al. (2009). Promoción de la reconciliación en Barrancabermeja: Diagnóstico y recomendaciones. Disponible en: http://www.cercapaz.org/documentos/Cultura%20 Ciudadana%20de%20Paz/EDICION%20PROMOCION%20 DE%20LA%20RECONCILIACION.pdf • Avellaneda C., Alfonso (1998). Petróleo colonización y medio ambiente en Colombia: De la Tora a Cuisiana. Santafé de Bogotá: Ecoe Ediciones. • Avellanada C. Alfonso (2004). “Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia”, en Cárdenas, Martha y Rodríguez B., Manuel (Ed.). Guerra, sociedad y medio ambiente. Bogotá: FES, pp. 455-501.

400

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

• Banco Mundial (1996). “The World Bank Participation Sourcebook”. Disponible en: http://www.wds.worldbank.org/external/ default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/02/01/000009265_39 61214175537/Rendered/PDF/multi_page.pdf • Banco Mundial (2003). “Enabling environments for civic engagement in PRSP countries”. Disponible en: https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/handle/10986/11319/279920PAPER0sdn82.pdf?sequence=1 • Banco Mundial (2005). “Engaging civil society organizations on conflict-affected and fragile states: Three country case studies”. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/ bitstream/handle/10986/8680/325380White0cover0Engaging0CSOs0P089754.pdf?sequence=1 • Barnes, Catherine (2006). “Agents for change: Civil society roles in preventing war & building peace”, en Issue Paper 2, European Center for Conflict Prevention. • Bejarano, Ana María (1995). “Para repensar las relaciones Estado, sociedad civil y régimen político: Una nueva morada conceptual”, en Controversia, No. 167, Bogotá: Cinep, pp. 9-33. • Bejarano, Jesús A. (1999). “Ensanchando el Centro: El papel de la Sociedad Civil en el Proceso de Paz”, en Monsalve, Alfonso/ Domínguez, Eduardo (Ed.). Colombia Democracias y Paz. Medellín: Universidad de Antioquia; Universidad Pontificia Bolivariana; Instituto de Filosofía, pp. 27-98. • Belloni, Roberto (2001). “Civil society and peacebuilding in Bosnia and Herzegovina”, en Journal of Peace Research, vol. 38, No. 2, pp. 163-180. • Berman, Sheri (1997). “Civil society and the collapse of the Weimar Republic”, en World Politics, vol. 49, No. 3, pp. 51-66. • Birle, P. (2000). “Zivilgesellschaft in Südamerika: Mythos und Realität”, en Merkel, Wolfgang (Ed.). Zivilgesellschaft und Transformation. Opladen: Leske + Budrich, pp. 231-271. • BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (2012). “Gute Regierungsführung konkret: Ansätze und Beispiele aus der entwicklungspolitischen Praxis”, en BMZ-Informationsbroschüre, No. 4. • Cámara de Comercio de Barrancabermeja (2011). De no hacerse una revisión al proceso. Disponible en: http://www.ccbarranca.org.co/contenido/index.php?option=com_content&task=view&id=320

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

401

• CER (2013). Encuesta a hogares en Barrancabermeja 2013. Disponible en: http://200.35.45.171/flex/documentos/encuesta.pdf • Cerac (2012). Infografía: Tipología de los municipios de Colombia según el conflicto armado interno. Disponible en: http://www. cerac.org.co/es/infograf%C3%ADa/tipologia-del-conflicto-armado-por-municipios.html • Cerón Germán (2011). Historia de Acacías: Corregimiento de Boyacá, pueblo de Acacías, ciudad del retorno. Acacías: Alcaldía de Acacías. • Celis, Luis Eduardo (2009). “Las dinámicas de la colonización campesina del Sarare, la organización comunitaria, la acción colectiva y el devenir de parte de este movimiento campesino en guerrilla, 1959-1980”. Borrador de trabajo. • Centro Nacional de Memoria Histórica (2012). El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo. Bogotá: Cnmh. • Cinep (2012). Informe especial: Minería, conflictos sociales y violación a los Derechos Humanos en Colombia. Disponible en: http://cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=263&Itemid=117&lang=es • _________ (2013). Informe Especial: Luchas sociales, derechos humanos y representación política del campesinado 1988-2012. Disponible en: http://cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=309&Itemid=117&lang=es • _________ (2014). Informe especial: Luchas sociales en Colombia 2013. Disponible en: http://cinep.org.co/index.php?option=com_ docman&task=doc_download&gid=314&Itemid=117&lang=es • Coagrosarare (1995). Y el intento no fue en vano. Coagrosarare 30 años., Memoria colectiva de Coagrosarare, Saravena: Dimensión Educativa.  • Cohen, Jean L. y Arato, Andrew (2000). Sociedad civil y teoría política. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. • Grupo de Memoria Histórica (GMH) (2010). Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la Anuc en la Costa Caribe. Bogotá: Punto Aparte Editorial. • Conpes 3739 (2013). Estrategia de desarrollo integral de la región del Catatumbo. Disponible en: http://www.upra.gov.co/documentos/Conpes%203739%20de%202013.pdf • Croissant, Aurel et al. (2000). “Zivilgesellschaft und Transformation: Ein internationaler Vergleich”, en Merkel, Wolfgang (Ed.). Zivilgesellschaft und Transformation. Opladen: Leske + Budrich, pp. 9-49.

402

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

• Cusaria, A. y Alfonso, J. (2004). “Petróleo, ambiente y conflicto”, en Cárdenas, M. y Rodríguez Becerra, Manuel (Ed.). Colombia, guerra, sociedad y medio ambiente. Bogotá: Foro Nacional Ambiental, pp. 464-501. • Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) (2005). Censo General 2005: nivel nacional. Bogotá. • De Roux, Francisco J. (1996). Documento central de diagnóstico, conclusiones y recomendaciones. Bogotá: Consorcio Seap-Cinep. • De Saussure, Ferdinand (1998). Curso de lingüística general. Traducción y notas de Mauro Armiño. 12a. ed. México D. F.: Fontamara. • De Tocqueville, Alexis (2010). Democracy in America. Indianapolis: Liberty Fund. • Debiel, T/Sticht, M. (2005). “Towards a new profile? Development, humanitarian and conflict-resolution: NGO in the age of globalization”, en Institute for Development and Peace Inef, Report No. 79. • Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2006). Balance Plan Colombia 1999-2005. Bogotá. Disponible en: https://www. dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Documentos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf • __________ (2010). Documento regional para promover el desarrollo sostenible del Golfo de Morrosquillo, Islas de San Bernardo e Islas Fuerte. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/LinkClick. aspx?fileticket=P3-v4o5ZbDk%3D&tabid=1128 • __________ (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Bogotá. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/ LinkClick.aspx?fileticket=J7HMrzUQfxY%3d&tabid=1238 • Dfid (2011). Operational Plan 2011-2015: Dfid Civil Society Department. Disponible en: http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/op/csd-2011.pdf • Diamond, Larry (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press. • Eberly, Don E. (2000). “The meaning, origins and applications of civil society”, en Eberly, Don E. (Ed.). The essential civil society reader-classic essays in the American civil society debate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, pp. 3-29. • Edwards, Bob y Foley, Michael W. (1998). “Civil society and social capital beyond Putnam”, en American Behavioral Scientist, vol. 42, pp. 124-139.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

403

• Flórez Anaya, Hernando (2011). El gran acuerdo social sin barranqueños. Disponible en: http://barrancabermejavirtual.com/ joomla2011/index.php?option=com_content&view=article&id=583:hernando129&catid=15&Itemid=124 • Foley, Michael W. y Edwards, Bob (1996). “The paradox of civil society”, en Journal of Democracy, vol. 7, No. 3, pp. 38-52. • Foro Semana (2012). Por un gran pacto social para el desarrollo humano en la región del Magdalena Medio: Relatoría. • Fundación Ideas para la Paz (2011). “Análisis regional de los Montes de María”, en Cuadernos de Cooperación y Desarrollo, Boletín No. 6, marzo 2011, Bogotá. Disponible en: http://ccai-colombia. org/files/primarydocs/201103pode.pdf • Fundación Social (1998). Municipios y regiones de Colombia: Una mirada desde la sociedad civil. Santa Fe de Bogotá: Ediciones Antropos Ltda. • Galtung, Johan (2007). Handbook of peace and conflict studies. London: Routledge. • García-Durán, Mauricio (2011). “La sociedad civil en los procesos de paz en Colombia”, en Sarmiento Santander, Fernando (Ed.). Lecciones para la paz negociada: Retrospectiva histórica en Colombia. Bogotá: Cinep, pp. 97-124. • García Villegas, Mauricio (1997). Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de Juristas. Título IV: De la participación democrática y de los partidos políticos. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas. • García V., Martha Cecilia (2006). “Barrancabermeja: Ciudad en permanente disputa”, en Archila N. Mauricio et al. (Ed.). Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio: 1990-2001. Bogotá Cinep, pp. 243-311. • Garretón, Manuel Antonio (1997). “Revisando las transiciones democráticas en América Latina”, en Revista Nueva Sociedad, No. 148, pp.20-29. • Gran Acuerdo Social (2010). Gran Acuerdo Social por el desarrollo de la región Magdalena Medio. Disponible en: http://barrancabermeja.gov.co/alcaldia/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1308&Itemid=576 • Grupo Memoria Histórica (2010). Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la Anuc en la Costa Caribe. Bogotá: Punto Aparte Editorial. • __________ (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.

404

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

• González, Jorge Iván et al. (2011). Circuitos, centralidades y estándar de vida: Un ensayo de geografía económica. Bogotá: Odecofi-Cinep. • González Posso, Camilo (2011). Renta minera, petróleo y comunidades. Bogotá: Indepaz. • Heller, Patrick (2001). “Moving the state: The politics of democratic decentralization in Kerala, South Africa, and Porto Alegre”, en Politics & Society, vol. 29, No. 1, pp. 131-163. • Hernández R., Carlos (1994). Acacías: 74 años de historia. Acacías: Instituto de Cultura y Turismo del Meta. • Huntington, Samuel (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. Norman: University of Oklahoma Press. • Indepaz (2013). “Petróleo: generalidades de la industria petrolera en Colombia”, en Revista Indepaz. Disponible en: http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/06/Petroleo-Generalidades_de_la_industria_petrolera_en_Colobia-Revista_Indepaz_2013.pdf • Kaldor, Mary (2003). “The idea of global civil society”, en International Affairs, vol. 73, No. 3, pp. 583-593. • Kalegaonkar, Archana/Brown, David (2000). “Intersectoral cooperation: Lessons for practice”, en IDR Reports, vol. 16, No. 2: http:// pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnacp367.pdf • Keane, John (2008). La sociedad civil global y el gobierno del mundo. Barcelona: Hacer Editorial. • Lauth, Hans-Joachim (2003). “Ambivalenzen der Zivilgesellschaft in Hinsicht auf Demokratie und soziale Inklusion”, en Nord-Süd aktuell, vol. 2, pp. 223-232. • Lauth, Hans-Joachim/Merkel, Wolfgang (1998). “Systemwechsel und Zivilgesellschaft: Welche Zivilgesellschaft braucht die Demokratie?”, en Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6-7, pp. 3-12. • Lechner, Norbert (1994). “La (problemática) invocación de la sociedad civil”, en Perfiles Latinoamericanos, No. 5, México, Flacso, diciembre 1994. pp. 131-144. • Linz, Juan y Stepan, Alfred (1996). Problems of democratic transition and consolidation. South Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press. • Locke, John (1959). Segundo tratado de gobierno. Buenos Aires: Ágora.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

405

• López Hernández, Claudia (2007). Monografía político electoral. Putumayo: Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arco Iris. Disponible en: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/ CD/PDF/putumayo.pdf • Madariaga Villegas, Patricia (2006). “Región, actores y conflictos: los episodios”, en Archila N. Mauricio et al. (Ed.). Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio: 1990-2001. Bogotá: Cinep, pp. 37-83. • Marx, Karl (1989). Introducción general a la crítica de la economía política/1851. México D. F.: Siglo XXI Editores. • Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya (1994). La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia. Bogotá: Quito Editores. • Ministerio de Cultura (2010). Barí, hijos de sabaceba y gente de los ojos limpios. Disponible en: http://www.mincultura.gov.co/areas/ poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20 del%20Pueblo%20Bar%C3%AD.pdf • Minga y Fundación Progresar (2008). Memoria Puerta la Esperanza. Violencia sociopolítica en Tibú y El Tarra. Región del Catatumbo, 1998-2005. Bogotá: Progresar-Minga. • Montúfar, César (1996). “Desarrollo social con sociedad civil. El espejismo de la participación en el nuevo discurso del desarrollo”, en Controversia, Cinep, No. 168, pp. 9-23. • Moré Sierra Gabriel (2006). Rancho Grande: La historia de Coveñas. Disponible en: www.coveñas-sucre.gov.co • Nylen, William R. (2002). “Testing the empowerment thesis: The participatory budget in Belo Horizonte and Betrim, Brazil”, en Comparative Politics, vol. 34, No. 2, pp. 127-145. • O’Donell, Guillermo y Schmitter Philippe C. (1989). Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press. • Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política (OLICP) (2010). “Reforma al Sistema General de Regalías”. Boletín No.170, septiembre, Bogotá. Disponible en: http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_170 • ONU (1992). Agenda 21. Disponible en: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf • __________ (1995). Informe de la cumbre mundial sobre desarrollo social. Disponible en: http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/cumbredessocial1995.pdf

406

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

• OPI (2013a). Población civil en jaque por la violencia. Disponible en: http://opi.org.co/pdfs/SITUACION%202013.pdf • __________ (2013b). ¿Quiénes tienen el control en Barrancabermeja? Disponible en: http://www.opi.org.co/pdfs/Comunas%20 Barranca_Mayo_2013.pdf • _________ (2013c). La violencia se ensaña con la población de Barrancabermeja. Disponible en: http://boletinescdpmm.blogspot. com/2013/02/la-violencia-se-ensana-con-la-poblacion_6.html • Paffenholz, Thania y Spurk, Christoph (2006). “Civil Society, Civic Engagement, and Peacebuilding”, en Social Development Papers: Conflict Prevention & Reconstruction, Paper No. 36. • Paffenholz, Thania (2010). “What civil society can contribute to peacebuilding”, en Thania Paffenholz (Ed.). Civil Society & Peacebuilding-A critical assessment. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, pp. 381-404. • Paffenholz, Thania et al. (2010). “Enabling and disenabling factors for civil society peacebuiling”, en Thania Paffenholz (Ed.). Civil Society & Peacebuilding-A critical assessment. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, pp. 405-424. • Parra, Elizabeth (2009). Ordenamiento Territorial Costero en el Caribe colombiano: Las directrices del Estado en los casos de estudio de Coveñas y San Andrés. Tesis de Maestría en Estudios Urbano-Regionales. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. • Peace Observatory (2010). Estigmatizados: La estrategia estatal contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Disponible en: http://www.peaceobservatory.org/1056318032/estigmatizados-la-estrategia-estatal-contra-los-defensores-de-derechos-humanos-en-colombia • Pécaut, Daniel (1996). “La política ya no cuenta en Colombia: Entrevista con Daniel Pécaut”, en Estrategia Económica y Financiera, No. 247, pp. 9-12. • Pereyra, Carlos (1979). “Gramsci: Estado y sociedad civil”, en Cuadernos Políticos, No.21, pp. 66-74. • Pérez González, Luis (2006), Comunidades del Catatumbo: entre el conflicto armado y la imposición de modelos de desarrollo regional. Disponible en: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/ pdf/03/pc/catatumbo_43.pdf • Pnud (2000). Informe sobre desarrollo humano 2000: Derechos humanos y desarrollo humano. en http://hdr.undp.org/sites/default/ files/hdr_2000_es.pdf

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

407

• Pnud (2006). “La sociedad civil: poder para trabajar por la paz”, en Revista de Desarrollo Humano, Pnud. Boletín No. 25, septiembre. Disponible en: http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/06colom.pdf • Post, Robert y Rosenblum, Nancy (2002). Civil Society and Government. Princeton: Princeton University Press. • Putnam, Robert D. (1994). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton Univ. Press. • __________ (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster Paperbacks. • Ramírez, María Clemencia (2001). Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colciencias. • Rodríguez, Mery (2012). “Colombia: From grassroots to elites. How some local peacebuilding initiatives became national in spite of themselves”, en Mitchell, Christopher/Hancock, Landon (eds.). Local Peacebuilding and National Peace: Interaction Between Grassroots and Elite Processes. London/New York City: Continuum Publishing Group, pp. 70-89. • Romero, Mauricio (2003). Paramilitares y autodefensas: 19822003. Bogotá: Editorial Planeta-Iepri.  • __________ (Ed.) (2007). Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris-Intermedio. • Rivera A., Roy (2005). “La descentralización en Centroamérica: entre el discurso de la modernización institucional y las resistencias del centralismo”, en Revista Quórum, No. 8-9, pp. 34-45. • Salgado, Henry (1995). La coca y su impacto socio-económico y político en el campesinado del Putumayo colombiano. Bogotá: Flacso. • Sarmiento Santander, Fernando (2012). “Aprendizajes”, en Sarmiento Santander, Fernando (Ed.). Educación, desarrollo y paz en el Magdalena Medio. Bogotá: Cinep, pp. 57-128. • Solt, Frederick (2004). “Civics or structure? Revisiting the origins of democratic quality in the Italian regions”, en British Journal of Political Science, vol. 34, No. 1, pp. 123-135. • Springer, Natalia (2012). Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia. Bogotá: Springer Consulting Services.

408

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

• Stewart, Sheelagh (1997). “Happy ever after in the Marketplace: Non-government organisation and uncivil society”, en Review of African Political Economy, vol. 24, No. 71, pp. 11-34. • Torres Bustamante, María Clara (2007). “Comunidades y coca en el Putumayo: Prácticas que hacen aparecer al Estado”, en Controversia, Cinep, No. 188, pp. 198-245. • Tuts, Raf (1998). “Localizing Agenda 21 in small cities in Kenya, Marocco and Vietnam”, en Envirment and Urbanization, vol. 10, No. 2, pp. 175-190. • _________ (2002). Urban poverty reduction through good urban governance: How can Local Agenda 21 initiatives contribute? Lessons learned from UN-HABITAT’s experience. Disponible en: http://ww2.unhabitat.org/programmes/agenda21/documents/ LA21&governance.pdf • Unodc (2013) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-Unodc (2013). Colombia: Censo de cultivos de coca, 2012. Bogotá. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/colombia/2013/Agosto/censo_de_cultivos_de coca_2012_BR.pdf • Uprimny, Rodrigo (2002). “Constitución de 1991, Estado social y derechos humanos: Promesas incumplidas, diagnósticos y perspectivas”, en V. Moncayo et al., El debate a la Constitución. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Ilsa. • Uribe de Hincapié, María Teresa (2001). “Las promesas incumplidas de la democracia participativa”. V. Moncayo et al., El debate a la Constitución. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Ilsa. pp. 191-208. • Valencia Agudelo, Germán Darío (2012). “Incidencia de la sociedad civil en el ciclo de las políticas públicas”, en Revista Papel Político, vol. 17, No. 2, pp. 469-496. • Vega Cantor, Renán y Aguilera, Mario (1995), Obreros, colonos y motilones. Una historia social de la Concesión Barco, 1930-1960. Santafé de Bogotá: Fedepetrol-Cisf. • Velásquez, B. y Stella, L. (1998). “Agenda 21: A form of joint environmental management in Manizales, Colombia”, en Environment and Urbanization, vol. 10, No.2, pp. 9-36. • Villar, Rodrigo (2001). El tercer sector en Colombia: evolución, dimensión y tendencias. Bogotá: Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

409

• Young, I. (1999). “State, Civil Society, and Social Justice”, en Shapiro, I. y Hacker-Cordon, C. (Ed.). Democracy’s Value. Cambridge: Cambridge University, pp. 141-162. • Ziemer, K. y Matthes, C.-Y. (2002). “Das politische System Polens”, en Ismayr, W. (Ed.). Die politischen Systeme Osteuropas, Opladen: Leske-Budrich, pp. 185-237. • Zinecker, Heidrun (2011). “Civil society in developing countries: Conceptual considerations”, en Journal of Conflictology, vol. 2, No. 1, pp. 1-18. Notas de prensa • Revista Semana (2010, 7 de agosto). Discurso completo de posesión de Juan Manuel Santos. Disponible en: http://www.semana.com/politica/articulo/discurso-completo-posesion-juan-manuel-santos/120290-3 • __________ (2012, 30 de junio). “El país ya experimenta enfermedad holandesa”. Disponible en: http://www.semana.com/economia/articulo/el-pais-experimenta-enfermedad-holandesa/260400-3 • UN periódico (2012, 13 de octubre). “Alerta por enfermedad holandesa en Colombia”. Disponible en: http://www.unperiodico.unal.edu.co/ dper/article/alerta-por-enfermedad-holandesa-en-colombia.html • Vanguardia (2011, 27 de septiembre). “Apenas se ha ejecutado el 36% del Plan de Desarrollo”. Disponible en: http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/123974-apenas-se-ha-ejecutado-el-36-del-plan-de-desarrollo • Verdad Abierta (2010, 7 de septiembre). “Así se robaron al Golfo de Morrosquillo”. Disponible en: http://www.verdadabierta. com/component/content/article/151-captura-de-rentas-publicas/2678-asi-se-robaron-al-golfo-de-morrosquillo • __________ (2012, 27 de febrero). “Los ‘hombres’ que Vicente Castaño envió a aterrorizar el Llano”. Disponible en: http://www. verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/3877-vicente-castano-paramilitares-colombia-llanos-orientales/

ENTREVISTAS Entrevistas Caso de Acacías 1. Representante del sector voluntariado, entrevistador: David Rampf, Acacías, 17 de septiembre de 2013.

410

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

2. Representante del sector voluntariado, entrevistador: David Rampf, Acacías, 17 de septiembre de 2013. 3. Representante de gremios, entrevistador: David Rampf, Acacías, 26 de febrero de 2014. 4. Funcionario público, entrevistador: David Rampf, Acacías, 27 de febrero de 2014. 5. Representante de los bomberos, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Acacías, 1º de julio de 2013. 6. Representante del CTP, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Acacías, 1º de julio de 2013. 7. Funcionario público, entrevistador: David Rampf, Acacías, 17 de septiembre de 2013. 8. Representante de JAC, entrevistador: David Rampf, Acacías, 17 de septiembre de 2013. 9. Periodista local, entrevistador: David Rampf, Acacías, 26 de febrero de 2014. 10. Ambientalista del municipio, entrevistador: David Rampf, Acacías, 26 de febrero de 2014. 11. Ambientalista del municipio, entrevistador: David Rampf, Acacías, 26 de febrero de 2014. 12. Académico, entrevistador: David Rampf, Bogotá, 19 de septiembre de 2013. 13. Representante de JAC, entrevistadora: Diana Chavarro, Acacías, 28 de enero de 2014. 14. Representante de JAC, entrevistadora: Diana Chavarro, Acacías, 28 de enero de 2014. 15. Representante de JAC, entrevistadora: Diana Chavarro, Acacías, 29 de enero de 2014. 16. Representante de JAC, entrevistadora: Diana Chavarro, Acacías, 29 de enero de 2014. 17. Representante del sector cultural, entrevistadora: Diana Chavarro, Acacías, 29 de enero de 2014. 18. Representante de Cordepaz, entrevistadora: Diana Chavarro, Villavicencio, 1 de junio de 2013. Entrevistas Caso de Barrancabermeja 1. Representante del Ettdh, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 6 de agosto de 2013.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

411

2. Representante de una organización de víctimas, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 12 de junio de 2013. 3. Representante de Interpaz, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 9 de agosto de 2013. 4. Representante de la Diócesis de Barrancabermeja, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 8 de agosto de 2013. 5. Representante de Cámara de Comercio, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 5 de agosto de 2013. 6. Representante de una organización social, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 6 de agosto de 2013. 7. Ex sindicalista, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 16 de mayo de 2013. 8. Representante de la USO, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 14 de junio de 2013. 9. Sindicalista, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 14 de junio de 2013. 10. Representante de una organización social, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 13 de junio de 2013. 11. Sindicalista, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 14 de mayo de 2013. 12. Representante de Asojuntas, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 9 de agosto de 2013. 13. Representante del Pdpmm, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 15 de junio de 2013. 14. Líder social, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 13 de junio de 2013. 15. Representante del CTP, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 5 de agosto de 2013. 16. Académico, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 13 de junio de 2013. 17. Sindicalista, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 14 de junio de 2013. 18. Representante de Pastoral Social de trabajadores, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 13 de junio de 2013. 19. Secretario de Gobierno, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 9 de agosto de 2013. 20. Funcionario público, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 9 de agosto de 2013.

412

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

21. Representantes de Fundesmag, entrevistador: David Rampf, Barrancabermeja, 16 de mayo de 2013. Entrevistas Caso de Coveñas 1. Líder social, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 3 de mayo de 2013. 2. Representante del sector pescadero, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 3 de julio de 2013. 3. Representante de la ACC, entrevistador: David Rampf, Coveñas, 2 de julio de 2013. 4. Representante del sector afrodescendiente, entrevistador: David Rampf, Coveñas, 27 de noviembre de 2013. 5. Representante del sector afrodescendiente, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 4 de mayo de 2013. 6. Representante de Fides, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 3 de julio de 2013. 7. Representante del CTP, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 5 de mayo de 2013. 8. Representante del sector indígena, entrevistador: David Rampf, Coveñas, 27 de noviembre de 2013. 9. Presidente de una JAC, entrevistadora: Diana Chavarro, Coveñas, 2 de julio de 2013. 10. Representante de Asetur, entrevistador: David Rampf, Coveñas, 26 de noviembre de 2013. 11. Representante del sector educativo, entrevistador: David Rampf, Coveñas, 12 de diciembre de 2013. 12. Funcionario público, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 18 de febrero de 2014. 13. Sindicalista, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Bogotá, 9 de mayo de 2013. 14. Académico, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Montería, 2 de mayo de 2013. 15. Ex concejal, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 18 de febrero de 2014. 16. Representante de la Fundación Oleoductos de Colombia, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas y San Antero, 3 de mayo y 3 de julio de 2013.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

413

17. Representante de Carsucre, entrevistadora: Diana Chavarro, Sincelejo, 2 de julio de 2013. 18. Representantes de organización social de Montes de María, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 3 de julio de 2013. 19. Representante del Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá (Cordupaz), entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Montería, 2 de mayo de 2013. 20. Líder de una ONG en Coveñas, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 18 de febrero de 2014. 21. Presidente de una JAC, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 18 de febrero de 2014. 22. Secretario de Turismo, entrevistador: David Rampf, Coveñas, 27 de noviembre de 2013. 23. Secretario de Gobierno, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 4 de mayo de 2013. 24. Periodista local, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Coveñas, 3 de julio de 2013. 25. Representante del sector turístico, entrevistador: David Rampf, Coveñas, 27 de noviembre de 2013. Entrevistas Caso de Puerto Asís 1. Trabajador independiente Representante de Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 12 de diciembre de 2013. 2. Representante del sector de desplazados y víctimas, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 12 de diciembre de 2013. 3. Representante de la Mesa Municipal de organizaciones sociales, representante de Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 12 de diciembre de 2013. 4. Representante del sector de la Salud, Representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 13 de diciembre de 2013. 5. Representante del CTP, representante de Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 12 de diciembre de 2013. 6. Representante del sector turismo, representante de Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 13 de diciembre de 2013.

414

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

7. Representante de organización social, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 13 de diciembre de 2013. 8. Representante del sector vivienda, representante de la Cámara de Comercio del Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 12 de diciembre de 2013. 9. Representante del sector agropecuario, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 13 de diciembre de 2013. 10. Representante del sector palmero, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 13 de diciembre de 2013. 11. Representante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 27 de febrero de 2014. 12. Representante del sector discapacitados, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 28 de febrero de 2014. 13. (2013, 13 de diciembre): Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís. 14. Representante del sector de mujeres, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís 12 de diciembre de 2013. 15. Representante de organización indígena, representante de la Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 27 de febrero de 2014. 16. Representante de Cámara de Comercio de Putumayo, entrevistadora: Diana Chavarro, Puerto Asís, 26 de febrero de 2014. Entrevistas Caso de Saravena 1. Representante de organización de mujeres, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 12 agosto de 2013. 2. Representante de Iglesia evangélica, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 12 agosto de 2013. 3. Representante del sector educativo, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 26 de junio de 2013. 4. Defensor de derechos humanos, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 26 de junio de 2013.

Las tendencias de la sociedad civil en Colombia

415

5. Representante de organización de jóvenes, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 27 de junio de 2013. 6. Representante de organización social, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 27 de junio de 2013. 7. Representante de organización social, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 26 de junio de 2013. 8. Representante de organización social afrocolombiana, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 28 de junio de 2013. 9. Representante de Occidental de Colombia, entrevistadora: Diana Chavarro y David Rampf, Bogotá, 12 agosto de 2013. 10. Representante de organización indígena, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 13 agosto de 2013. 11. Representante de Asojuntas, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 27 de junio de 2013. 12. Representante del sector político, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 28 de junio de 2013. 13. Representante del sector político, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 27 de junio de 2013. 14. Representante de Coagrosarare, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 27 de junio de 2013. 15. Representante de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Saravena, entrevistadora: Diana Chavarro, Saravena, 26 de junio de 2013. 16. Representante de organización social internacional, entrevistadora: Diana Chavarro, Bogotá, 27 de junio de 2013. Entrevistas Caso de Tibú 1. Historiador local, entrevistador: David Rampf, Tibú, 27 de enero de 2013. 2. Representante de Ascamcat, entrevistador: David Rampf, Bogotá y Tibú, 9 y 17 de octubre de 2013. 3. Sindicalistas, entrevistadores: David Rampf y Fernando Sarmiento, Tibú, 15 de octubre de 2013. 4. Líder del sector cultural, entrevistador: David Rampf, Tibú, 27 de enero de 2013. 5. Representante de la Diócesis de Tibú, entrevistadores: David Rampf y Fernando Sarmiento, Tibú, 15 de octubre de 2013. 6. Representante de Cisca, entrevistador: David Rampf, Bogotá, 30 de enero de 2013.

416

David Rampf • Diana Chavarro Rodríguez

7. Presidente de una JAC (rural), entrevistador: David Rampf, Tibú, 28 de enero de 2013. 8. Representante de sector palmero, entrevistador: David Rampf, Tibú, 27 de enero de 2013. 9. Concejal, entrevistadores: David Rampf y Fernando Sarmiento, Tibú, 15 de octubre de 2013. 10. Representante de la Alcaldía, entrevistador: David Rampf, Tibú, 28 de enero de 2013. 11. Ex presidente de una JAC (urbana), entrevistador: David Rampf, Tibú, 27 de enero de 2013. 12. Presidente de una JAC (urbana), entrevistador: David Rampf, Tibú, 26 de enero de 2013. 13. Presidente de una JAC (rural), entrevistador: David Rampf, Tibú, 28 de enero de 2013. 14. Experto de la subregión, entrevistadores: Diana Chavarro y David Rampf, Bogotá, 10 de abril de 2013. 15. Representante de Asocbarí, entrevistador: David Rampf, Tibú, 15 de octubre de 2013. 16. Trabajador social, Oleoflores S. A., entrevistadores: David Rampf y Fernando Sarmiento, Tibú, 16 de octubre de 2013. 17. Concejal, entrevistadores: David Rampf y Fernando Sarmiento, Tibú, 16 de octubre de 2013. 18. Representantes de SJR, entrevistadora: Diana Chavarro, Cúcuta, 11 de octubre de 2013. 19. (2013,): representante de Cámara de Comercio de Cúcuta, entrevistadora: Diana Chavarro, Cúcuta, 11 de octubre de 2013. 20. Presidente de una JAC rural, entrevistador: David Rampf, Tibú, 26 de enero de 2013.