La transición política española en clave transaccional

LA TRANSICIÓN EN CLAVE TRANSACCIONAL Es obvio, que el actual Sistema Político español, al margen de todas sus vicisitudes y carencias, ha contribuido al incremento paulatino del bienestar colectivo del conjunto de la sociedad española hasta principios de la década del 2000, en base a la ampliación progresiva de la dimensión y las rentas de la clase media y el enriquecimiento de la clase política, financiera y empresarial, durante los últimos 40 años. La gran heterogeneidad política de los actores en el punto de partida inicial, condicionaron sobremanera la concepción de nuestro Sistema Político. En esa andadura colectiva que comenzamos en 1978, hemos pasado por momentos difíciles y de gran incertidumbre, como el intento de golpe de Estado de 1981, la llegada al poder del PSOE en 1982, el terrorismo islámico y de ETA, etc., cuestiones que han puesto a prueba nuestro Sistema pero que en el fondo han servido para cohesionar nuestro compromiso democrático como sociedad y han elevado nuestro nivel de cultura política. También, es necesario destacar el gran peso que ha tenido para la estabilidad y la progresiva adaptación de nuestro Sistema Político, los procesos de integración con la UE, nuestra inclusión en los sistemas occidentales de defensa, y todos aquellos planteamientos de apertura que han posibilitado la captación de inversión externa y un buen posicionamiento comercial y político en el espectro supranacional. Para poder entender mejor el beneficio colectivo que ha representado el Sistema Político para la sociedad española, es necesario conocer su origen de partida, que no fue otro que la implosión del régimen franquista con la muerte del dictador en 1975, la presión interna de la masa social para el desarrollo de cambios políticos y aperturistas, la presión externa provocada por los mercados de capitales, y la necesidad de la burguesía y de la clase dominante de liderar un cambio gradual y ordenado, que no lesionara sus intereses y derechos adquiridos. En este caldo político original, fue necesario construir un texto constitucional que eliminara los miedos respecto a la heterogeneidad de las diferentes realidades políticas, con el fin de desarrollar un sistema democrático de convivencia pacifico que evitara los errores cometidos en el pasado que provocaron, la miseria, la pobreza, la injusticia y el ostracismo internacional de nuestro país. La piedra angular de nuestro Sistema Político es el propio texto constitucional, que nos sirve de referencia política en todos los ámbitos y competencias del Estado. Es evidente que sus arquitectos intentaron consensuar, en todo momento, un texto que sirviera de referencia política al conjunto de la sociedad, donde la clave más allá de las pretensiones de los diferentes actores, lobbies de poder y clivajes políticos del momento, fue realmente la capacidad de cesión y la necesidad de conexión con el mundo teóricamente civilizado, especialmente nuestro entorno europeo. Como ejemplo, resaltar la gran concesión en materia de derechos fundamentales que realizó la parte más conservadora de nuestro espectro político, con el fin de materializar en

nuestro país un proyecto de Estado democrático, con garantías reales para los ciudadanos, cuestiones que se compensarían con la aceptación, por parte de los colectivos más progresistas de izquierda, de la adopción de la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, el respeto de los derechos adquiridos de los integrantes de la clase política dirigente del antiguo régimen, el desarrollo de un sistema electoral que claramente primaria los gobiernos de mayorías con la consiguiente estabilidad institucional, y un sistema de reforma de la propia Constitución farragoso y complicado, todos ellos elementos que aseguraban un escenario de cambios previsible y sin sobresaltos en detrimento de los extremos políticos. Otro planteamiento que se materializó en función del escenario político de aquel momento, fue el diseño de un conjunto equilibrado de poderes institucionales con un grado de independencia relativa, que pretendían aportar estabilidad al proceso de cambio en su conjunto. En este sentido resaltar el excesivo protagonismo del poder ejecutivo en detrimento del poder legislativo y sus teóricas funciones de control sobre la acción de gobierno, y la servidumbre del poder judicial frente a los otros dos poderes, en función del nombramiento directo de sus miembros por parte del ejecutivo y de las elites de los partidos políticos con representación mayoritaria a través de las Cortes Generales. Por último, el mayor escollo con el que se encontraron los diseñadores del texto constitucional, fue abordar el problema del concepto de la unidad de España y su sistema de organización territorial, que en esos momentos estaba excesivamente matizado por las pretensiones nacionalistas fundamentalmente en el País Vasco y Cataluña, con el problema añadido de que estos territorios eran además los mayores núcleos de producción y actividad empresarial y económica del país. Es evidente que la sociedad española a través de su transición política, consiguió aunar diferentes realidades políticas en post de un fin común, con resultados netamente positivos; ahora bien, la realidad actual y el desgaste del Sistema en los últimos diez años, hacen inevitable tener que abordar, a la mayor brevedad, un cambio estructural de los pilares fundamentales de nuestra base constitucional, intentando implementar en el conjunto de la sociedad, como ya se hizo en el año 1978, el modelo de Estado más adecuado y su correspondiente Sistema Político, con las características, condicionantes, expectativas y entorno que identifican a la sociedad española en la actualidad. Por un lado, es importante resaltar que la sociedad española de 1978 nada tiene que ver con la sociedad actual, desde el punto de vista de su poder adquisitivo, de su posicionamiento en función de la actual escala de necesidades, de su nivel de conocimientos y de sus niveles de seguridad individual y colectiva. La sociedad actual aunque dispone de un buen nivel sociocultural y una aceptable madurez democrática,

mantiene una excesiva dependencia de los poderes económicos, que unido a una carencia progresiva de valores colectivos, el descredito de la clase política y las instituciones, y la gran incidencia de la crisis en las clases más desfavorecidas, han provocado un alto grado de descontento y desmotivación de la población, que se traduce inexorablemente en la necesidad de cambios en nuestras bases constitucionales, con el fin de evitar que los poderes económicos, financieros y los lobbies de poder, condicionen las decisiones políticas que tienen que ver con la adecuada distribución de la riqueza y el potenciamiento del bienestar colectivo, por encima de intereses particulares y posicionamientos ideológicos. Por otro lado, los procesos de renovación del texto constitucional han sido escasos y en buena medida auspiciados por el triunfo político de los planteamientos neoliberales que promulgan la autorregulación de los mercados y la no injerencia del Estado, potenciando el desarrollo de un concepto de libertad individual y de propiedad excluyentes, que a la postre provocan grandes desigualdades sociales y económicas, lo que implica una destrucción progresiva de la clase media y una excesiva polarización de la sociedad al incrementar sus puntos extremos en relación a la distribución de la riqueza. Finalmente, es necesario resaltar el protagonismo político que ha adquirido recientemente el avance de los nacionalismos, la corrupción política generalizada, la duplicidad de competencias, la carencia de control y supervisión de la acción de gobierno en cualquiera de sus niveles, la falta de independencia del poder judicial, la ausencia de mecanismos de participación ciudadana agiles y efectivos, y el descredito y lejanía del ciudadano de las instituciones y la clase política. Toda esta aleación de material político incandescente, hace inevitable una revisión integral de nuestro Sistema Político, a través del consenso de un nuevo texto constitucional, que verdaderamente sea el reflejo de la sociedad española actual. Para conseguir un proceso de cambio estructural estable, es necesario manejar adecuadamente los tempos, razón por la que hay que circunscribir los mismos a planteamientos a medio y largo plazo, ya que el riesgo de involución es elevado al existir un alto nivel de polarización política y social en la población, lo que aconseja procesos de cambio con altos grados de consenso inicial, desarrollando mecanismos de participación ciudadana y de reforma constitucional agiles que posibiliten un sistema de micro-cambios que vayan moldeando de manera paulatina y permanente nuestro realidad sociopolítica, difiriendo en el tiempo aquellas problemáticas más complicadas o que necesiten de un consenso especial. Desde un punto de vista iniciático, el proceso de cambio es nuestro particular “Camino de Santiago” político, que debemos de emprender como sociedad para poder volver, de nuevo, a sintonizarnos de manera colectiva.