La táctica de la desconfianza. Un nuevo modelo para la privatización del Estado del Bienestar

La táctica de la desconfianza, ciudadanos contra funcionarios Un nuevo modelo para la privatización del Estado de Bienestar

Julio de 2014 Antón Losada Trabada Susana Ferreiro Serramito

1. Introducción: el negocio de lo público La sanidad y la educación pública suponen los mayores hitos de nuestra historia como país democrático. El sistema público español, a través del Estado de Bienestar, ha transformado nuestra sociedad en equitativa y libre. Lo público no es mejor ni peor que lo privado, sencillamente presenta una variedad de servicios que merecen ser reconocidos y apreciados y no manipulados y falsificados. Hoy, nuestro sistema público está en peligro, no porque no funcione, sino porque lo privado genera una serie de oportunidades de negocio que el sistema público no ofrece, precisamente, por ser de todos y de todas. Nuestro sistema público actual es sostenible y eficiente, pero precisa aprender a pensar mejor y a gestionar con anticipación un entorno cada vez más volátil y cambiante. Las décadas de los ochenta y los noventa supusieron un verdadero boom privatizador. La propiedad de grandes empresas públicas y el control y la gestión de servicios públicos fueron transferidos íntegramente a empresas privadas, especialmente en el seno de la Unión Europea. En parte, fue como respuesta a los problemas económicos y fiscales de los estados, pero en buena medida también operó como un instrumento al servicio de la búsqueda de nuevas áreas de negocio para los intereses privados. A mediados de la década de los noventa, coincidiendo con la entrada en el Gobierno de de José María Aznar, las privatizaciones se intensificaron y aceleraron para adecuarse a los intereses de los nuevos agentes privatizadores. Del burócrata reorganizador, característico de las privatizaciones socialistas, bajo el Gobierno de Felipe González, se evolucionó hasta el burócrata corsario. Las privatizaciones pasa a ser justificadas por su necesidad, rentabilidad y porque también lo exige Europa. La inesperada victoria de los socialistas en marzo de 2004, truncó el plan de la gran privatización de la derecha española. Pero hoy, la segunda generación de corsarios vuelve a retomar la estrategia privatizadora que no pudieron terminar años antes. La nueva generación de burócratas corsarios emerge con un doble fin: asegurar la socialización de los costes de la crisis y poner en venta los servicios sociales básicos. Para ello, utilizan un modelo sencillo pero efectivo que hemos denominado: abordaje 3D al Estado de Bienestar. En primer lugar, deterioran los servicios sociales empleando políticas de recortes masivas. Luego, descapitalizan sus principales activos minando y 2

cuestionando la confianza, su dimensión redistributiva o la propia noción de servicio público. Para acabar desmantelando la educación y la sanidad, a través de su venta. Tras el fracaso de la gran privatización que sufrieron los dirigentes populares en los años noventa, hoy el acoso al bienestar vuelve a ser un objetivo prioritario para el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El neoliberalismo corsario que profesan muestra una creencia en la superioridad de la gestión privada y la hostilidad hacia lo público. No se trata de privatizar como una solución efectiva para los problemas de equilibrio de las cuentas públicas en escenarios de crisis. Para los problemas de financiación de las propias empresas, para los déficits de competitividad e innovación de nuestra economía o para la necesidad de abrir mercados y estimular la competencia. Las privatizaciones suponen una cuestión ideológica. Para ello, se han elaborado políticas públicas donde el primer objetivo ya no residía en la legitimidad del sistema de bienestar, sino en su eficacia para asegurar la producción y la acumulación de riqueza. Una nueva agenda pública ha sido asumida por partidos conservadores de derecha y también por partidos y fuerzas políticas de izquierda en el poder. Son cuatro los ejes de esta nueva agenda: •

Reformulación de la oferta de políticas públicas y asignación de los recursos públicos al servicio de intereses privados.

•

Abandono de las políticas de pleno empleo y drásticas reformas laborales para abaratar los costes del trabajo.

•

Redistribución de la carga fiscal a favor de los grupos de rentas más altas.

•

Implementación de amplios programas de privatización de los grandes monopolios públicos.

La privatización de la sanidad o la educación públicas genera nuevas oportunidades de negocio en áreas, hasta ahora, vedadas a las empresas privadas. El neoliberalismo corsario sólo ha de facilitarles un acceso óptimo, y los mercados financieros, financiación barata. Los proveedores privados de educación y sanidad ven en la liberalización y la privatización de los servicios públicos la oportunidad de acceder a grandes mercados, poblados de rehenes que están dispuestos a pagar por unos bienes sin los cuales no pueden sobrevivir. 3

Para llevar a cabo el asalto al Estado de Bienestar es necesario elaborar un discurso que desprestigie nuestro sistema público. El discurso privatizador proclama que el gasto social no responde a las necesidades de la gente, sino a los intereses particulares de los “burócratas” y “políticos”, que lo deciden y gestionan lejos del control y los intereses de los ciudadanos. El Estado de Bienestar es representado como una amenaza para la libertad individual. El objetivo ha buscado desplazar la idea del Estado de Bienestar del núcleo de nuestra identidad colectiva como sociedades democráticas. La defensa de lo privado no supone sólo una apuesta por un modelo de gestión superior. Muestra el camino hacia la libertad y la capacidad de elección a los individuos frente a la amenaza del Estado intervencionista y confiscatorio. Se privatiza para liberar y para obtener mejores resultados, no para hacer negocio. El Estado del Bienestar ya no funciona porque no responde a nuestras necesidades, porque interviene en nuestras decisiones personales y porque además nos sale muy caro, afirman los gestores privatizadores.

2. Un nuevo modelo privatizador Las herramientas del modelo que dio vida y justificó la transferencia masiva a manos

privadas de empresas y monopolios públicos vuelven a estar operativas. 1. De nuevo, opera una “hermandad” privatizadora. La privatización de los servicios del bienestar viene gestionada por una amplia interacción entre responsables corporativos de las empresas aspirantes a quedarse con los servicios y los responsables políticos. 2. “Lo privado es mejor” vuelve a convertirse en dogma de fe. El proceso privatizador se construye sobre un discurso que reivindica la superioridad de lo privado. La gestión privada se presenta como la única vía que puede garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. Se trata de una creencia basada en la fe y en los prejuicios ideológicos. No sobre la evidencia empírica comparada. Las “ventajas” de la gestión privada vienen o de la rebaja de la calidad o de los salarios. 3. La privatización de servicios se vende nuevamente como un producto comercial. El abordaje privatizador se presenta bajo una estrategia de venta y comercialización ante los usuarios de los servicios y las correspondientes 4

opiniones públicas. Nos muestran datos y afirmaciones sobre mejoras de productividad, reducción de costes o creación de empleo tan espectacular como poco contrastados. La promoción comercial se refuerza con tácticas de contención en los medios de comunicación para minimizar la difusión de los discursos alternativos a la solución privatizadora. 4. Otra vez, se pretende dar un “gran salto adelante” privatizador. Han regresado los anuncios de programas y planes de privatización. La estrategia vuelve a ser privatizar a través de procesos simultáneos y en masa para aprovechar la oportunidad que ofrece la crisis. El objetivo vuelve a consistir en asegurar la irreversibilidad del proceso e impedir que cualquier cambio de gobierno posibilite la reversión a lo público. Sin embargo, la estrategia no opera con la misma eficacia ni con la misma contundencia de los años ochenta o noventa. Los intentos de privatización en la sanidad o en la educación han encontrado una resistencia mayor a la calculada. Es cierto que mucha gente, especialmente la que disfruta de rentas altas y quiere poder optar por servicios privados, sostiene que lo público se ha vuelto autoritario, ineficaz y obsoleto. Amplios sectores de la población se muestran convencidos de que los servicios públicos se construyen en función de los intereses de los burócratas que los gestionan y controlan, sin atender las necesidades de la población. Mucha gente piensa que lo público no es para ellos y está dispuesto a votar a quién se lo quite de encima o les ofrezca reducirlo. A pesar de ello, una sólida mayoría defiende que lo público es para todos. El Instituto de Estudios Fiscales presenta todos los años una potente encuesta con entrevistas presenciales sobre “Opiniones y actitudes fiscales de los Españoles” (IEF 2012). Promediando los resultados de los últimos diez años, los ciudadanos se muestran críticos con los servicios públicos y con ellos mismos como usuarios. Identifican un amplio margen de mejora, la mayoría aprueba tanto su evolución (2.5 sobre 4), como su accesibilidad (2.8 sobre 4) o su valoración y grado de satisfacción (2.7 sobre 4). Las opiniones se muestran más negativas al valorar la justificación del pago de impuestos respecto a la oferta de servicios (2.4 sobre 4) o la adecuación entre la oferta de servicios e impuestos (2.3 sobre 4). La relación entre fiscalidad y servicios es el punto más débil del nexo entre ciudadanía y bienestar. Menos de la mitad de los entrevistados en 2011 por el IEF (43%) afirmaba que la oferta pública de servicios y prestaciones justificaba el pago de los impuestos. 5

Casi seis de cada diez opinaban que no lo justifica. Esta percepción se distribuye de manera bastante homogénea, aunque mejora entre los mayores (65 años y más), quienes tienen mayor nivel educativo y los residentes en municipios de mediano y gran tamaño. Aún con todo, la iniciativa privada suscita más desconfianza, obteniendo valoraciones negativas tanto en la gestión (1.6 sobre 4), como en lo relativo a la financiación (1.6 sobre 4). Esta percepción, lejos de debilitarse con la recesión, parece haberse reforzado. Por ejemplo, en 2011, un 70% de la población considera que ningún servicio público debe estar gestionado o financiado por la iniciativa privada. Para la mayoría de la población, la sanidad y la educación resultan mejores y más fiables si son públicas. Mientras que la desconfianza y la incertidumbre aumentan cuando son privadas. El segundo asalto a lo público necesitaba un modelo de abordaje diferente y más agresivo. No bastaba con proclamar que lo privado era mejor, más eficiente o más libre. Había que demostrar que lo público era peor, más ineficiente y más autoritario. Para conseguirlo, había que asegurarse que los servicios públicos funcionaran mal. Había que deteriorarlos primero, y descapitalizarlos después para finalmente poder proceder a su desmantelamiento. Es el nuevo modelo de abordaje a lo público: el abordaje 3D: Deteriorar, Descapitalizar y Desmantelar. La primera fase del modelo se centra en deteriorar los servicios públicos. La estrategia de ajuste fiscal exprés no responde únicamente a la necesidad o la urgencia de pagar las deudas o asumir las consecuencias de la burbuja crediticia. Supone una decisión deliberada para crear otra oportunidad para reformular las políticas públicas en términos de oferta. La urgencia en la reducción del déficit ofrece la coartada que permite plantear recortes masivos también en el gasto social porque no queda otra opción. Pese a que se pretenda vender como una decisión técnica o impuesta por otros, el ajuste fiscal exprés responde a una decisión ideológica. El ajuste del déficit se usa como una herramienta política para deteriorar la calidad, los estándares y la eficacia de los servicios públicos. Un buen ejemplo que ilustra esta fase lo encontramos en la decisión de Renfe de reducir líneas y frecuencias en un 16%, afectando a más de 900.000 viajeros. Una medida que se gestionó ocultando la información sobre los recortes, generando confusión entre los viajeros y aumentando la sensación de deterioro y crisis de la empresa.

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La segunda fase se preocupa por descapitalizar los servicios públicos. Debe eliminarse el valor añadido que aporta el carácter público de los servicios. Para ello, se ataca a los trabajadores públicos. Se cuestionará su integridad, su compromiso con lo público, sus motivaciones, su estatus profesional o sus intereses. Arrasando la confianza en los trabadores públicos se destruye la confianza en lo público. En paralelo, se procede a desmontar otro elemento clave para sostener la confianza en lo público: las reglas de decisión y los procedimientos que regulan a las organizaciones públicas. Las reglas y procedimientos que limitan y obligan el comportamiento y las decisiones de los funcionarios públicos, las reglas y rutinas que nos permiten conocer y tener asegurados nuestros derechos. El objetivo es que lo público se vuelva incierto, discrecional, inestable o caprichoso; es decir, un valor en el que ya no se pueda confiar. Un ejemplo de ello lo ofrece la gestión selectiva de los recortes en el empleo público. Las rebajas salariales, la eliminación de permisos o vacaciones o las reducciones en materia de bajas por enfermedad fueron presentadas por los respectivos gobiernos como la retirada de una serie de privilegios a un colectivo que había antepuesto siempre su interés gremial al interés de los ciudadanos. Convenientemente, se omitió del relato que se trataba de derechos obtenidos como compensación a renuncias salariales. Desde el año 2011, en España han sido despedidos más de 374.800 empleados públicos (Datos INE 2013). El 60% se ha localizado entre los trabajadores por cuenta de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El grueso de la descapitalización del personal público se ha concentrado entre el personal docente y sanitario y los trabajadores de servicios sociales municipales. En cambio, en los servicios de la administración central la reducción apenas ha llegado al 10% del total de los despedidos. El empleo sólo ha crecido entre las empresas públicas, 4.000 empleados más que han ganado su puesto de trabajo en empresas púbicas a través de procesos de selección discrecionales. Se ha despedido a trabajadores seleccionados por oposición y se ha contratado a trabajadores seleccionados por entrevista personal. La tercera fase del modelo se ocupa en desmantelar los servicios públicos. Igual que en los procesos de privatización de las grandes empresas públicas la venta se hizo por tramos y empleando instrumentos de venta opacos y controlados por el comprador. La privatización del bienestar se efectúa por servicios y a beneficio de compradores también previamente seleccionados y mediante procesos opacos de adjudicación. En la 7

sanidad o la educación no hay empresas que poner a la venta en los mercados, hay servicios que desmantelar privatizando la gestión, transfiriendo parte de sus clientes a los proveedores privados o externalizando su control y evaluación. El caso más claro de cómo funciona esta fase lo ofrece la práctica de entregar la gestión de servicios o su evaluación a consultoras y firmas privadas. Renfe vuelve a servirnos de ejemplo. En junio de 2013, la empresa matriz ha sido rebautizada como Renfe Operadora y dividida en cuatro empresas diferenciadas en función de sus servicios: transporte de viajeros, mercancías, mantenimiento y material rodante. Una operación que facilita tanto su puesta a la venta por servicios, como la subcontrata de servicios técnicos a los operadores que puedan acceder al mercado del transporte ferroviario. En los sucesivos apartados, comprobaremos cómo se ha aplicado este modelo de abordaje 3D contra la sanidad y la educación públicas. También, trataremos de separar la estrategia y la publicidad engañosa de los datos y las evidencias disponibles.

3. El abordaje 3D contra la sanidad pública La urgencia de las políticas de consolidación fiscal exprés y la legitimidad austerocrática han constituido las mejores armas del Círculo corsario sanitario para su asalto a la sanidad pública. Nuestros burócratas corsarios están convencidos de que el sistema sanitario público funciona mal y la gente está deseando abandonarlo, pero, por si acaso, van a asegurarse de que no funcione o lo haga mal.

Deteriorando la sanidad pública La primera fase del asalto se preocupa de que el sistema no funcione o funcione peor. La idea ha consistido en prometer el ahorro de más de 7.000 millones de euros sin que los usuarios lo noten en los servicios. De acuerdo con el programa de estabilidad presupuestaria 2013-16 del gobierno de Mariano Rajoy, el gasto en materia sanitaria bajará hasta un 5,4% en 2016. En ese lapso temporal perderá un 15,6% de peso en el PIB, lo que representa una caída real del gasto en torno a 9.000 millones de euros.

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Con la urgencia de la consolidación fiscal se han ejecutado dos tipos de medidas: empobrecer la oferta y desbaratar el servicio. Ambas estrategias aseguran una capacidad de ahorro discutible mientras que sí ofrecen un enorme deterioro de la oferta sanitaria pública. Estas medidas se han implementado simultáneamente, valiéndose de grandes dosis de confusión y tácticas de contra información en su comunicación a los usuarios del sistema y al gran público. El objetivo ha sido generar una mayor sensación de deterioro y caos del sistema sanitario público. En cuanto al empobrecimiento de la cartera de servicios sanitarios, se ha optado por excluir o encarecer la oferta. Por la vía de la exclusión, se ha revisado el catálogo de especialidades cubiertas para rebajar la cantidad y calidad de la oferta. También se ha apartado del sistema a quienes carecieran de tarjeta sanitaria, fomentando la percepción de que la sanidad pública ha generado fraude. El ahorro ha resultado pobre porque el objetivo no se centraba en economizar. Lo que se pretendía era empujar a los pacientes hacia la oferta privada desde una oferta pública previamente deteriorada. Respecto al desmantelamiento operativo del funcionamiento de los servicios sanitarios, la estrategia ha sido reducir drásticamente el personal y racionalizar los recursos y las pruebas diagnósticas. Según los datos del INE, más de 226.800 trabajadores han sido despedidos en las Comunidades Autónomas desde el año 2011. La gestión menguante del personal también ha afectado a las rebajas salariales, a los contratos temporales, a la no cobertura de bajas, e incluso la jubilación forzosa de profesionales sanitarios.

Descapitalizando la sanidad pública La segunda fase del asalto al sistema sanitario se centra en descapitalizar su sostenibilidad financiera y la calidad y compromiso de sus trabajadores. España goza de una sanidad muy superior a la que paga. Nuestro gasto sanitario se sitúa más de un punto por debajo de la media de la OCDE y ha crecido a la mitad de ritmo en los últimos años: un 2.5% frente a 4,5 % de media OCDE. Ni la crisis ha metido en apuros al sistema sanitario. Ni ha sido el despilfarro el causante del déficit público. Siempre ha soportado una mala financiación. Nuestro sistema sanitario ha tenido que ser dotado de recursos extraordinarios de manera periódica. A ello, ha de sumarse un efecto ralentizador de la disposición a pagar que acompaña a las políticas sanitarias.

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El ejecutivo central transfirió la sanidad a las Comunidades Autónomas en los años noventa. Éstas se han gastado más recursos de los que recibían en proporcionar sanidad de calidad. Los apuros de muchas de ellas para abonar las facturas de los farmacéuticos, o mantener abiertas plantas y servicios de hospitales, tienen más que ver con la estrategia de sumir al sistema en el caos que con una imposibilidad real de tesorería. El cambio de sistema de financiación acordado en 2002, lejos de solucionar el déficit estructural de la sanidad, se limitó a endosárselo a las CC. AA. Al asumir éstas todo el gasto sanitario a cambio de recibir ciertos impuestos especiales y mayores porcentajes en el IVA y el IRPF, las autonomías han absorbido un gasto que tiende a crecer y que se financia con un modelo tributario decidido desde el gobierno central. Una segunda línea de descapitalización afecta al cuestionamiento de la calidad y el compromiso de sus profesionales. Si la confianza en los trabajadores públicos opera como un elemento que fija al paciente en el sistema público, el objetivo del burócrata corsario pasa a ser destruir esa confianza. Todas las “mareas blancas” que se manifiestan en contra de los procesos de privatización han sido contestadas de la misma manera. La idea se centra en demostrarnos que no se movilizan por nosotros y la sanidad pública, sino por sus privilegios y sus sueldos. Existe una tercera vía de descapitalización que se alimenta con la táctica ya analizada de generar un clima informativo de confusión en torno a los recortes sanitarios. El objetivo pasa por diluir costes políticos y consolidar la percepción de que la sanidad pública está a punto de quebrar. Esa vía consiste en alterar las reglas y procedimientos para acceder al sistema. En materia de listas de espera, se ha retrocedido todo lo avanzado en la transparencia de su gestión. Las listas de espera vuelven a ser opacas, discrecionales y arbitrarias. Otro tanto sucede con la tarjeta sanitaria, los servicios de transporte o la realización de pruebas. Se trata de quebrar el elemento que más institucionaliza la confianza en los servicios públicos: que funcionan con reglas que garantizan a todos un tratamiento equitativo y adecuado a las necesidades. Si esas reglas desaparecen y la sanidad pública empieza a incluir o excluir usuarios, la confianza se quiebra. La sanidad pública española resulta sostenible. Amenazar con su futuro constituye una mentira. La supuesta insostenibilidad tiene su causa en el hecho de que las rentas más altas no están dispuestas a seguir pagando para que resulte sostenible. Quieren una sanidad financiada por medio de contribuciones individuales y no vía impuestos. 10

Desmantelamiento de la sanidad pública El abordaje a la sanidad pública ha entrado en una estrategia de desmantelamiento por fases. El camino lo abrieron los concursos para la externalización de servicios médicos. Luego vino la privatización a gran escala de la gestión de hospitales y centros de atención primaria. Y ahora, las confusas, inconcretas y opacas fórmulas para la construcción público/privada de hospitales. Lo único claro a día de hoy es que la construcción sale hasta dos veces más cara (es el caso de los Hospitales de Vigo y Pontevedra, en Galicia), sumada a la incertidumbre de no conocer cuándo y en qué condiciones se prestará el servicio, o revertirá la gestión al patrimonio público. El consejero de Sanidad madrileño, Lasquetty, siempre clama un dato para justificar la privatización de hospitales: el coste por paciente en un hospital público es de hasta 600 euros, mientras que en uno privado no supera los 441. Pero, con las cifras de gasto de 2011 en la mano, los pacientes tratados a través del concierto sin publicidad entre la CAM y la Fundación Jiménez Díaz, controlada por Capio Sanidad, le han costado al contribuyente 700 euros. Sobrecostes que suelen sufragarse a través del recurso opaco a ampliaciones presupuestarias. La elección entre la gestión pública o privada de la sanidad no se reduce a una elección racional entre diferentes maneras de gestionar y donde lo importante serían los resultados. Contiene un dilema político y responde a una elección ideológica: sanidad universal y de calidad o la buena sanidad para quien la pueda pagar. Para los demás, asistencia sanitaria.

La sanidad pública española: una historia de éxito En 1945, la tasa de cobertura sanitaria en España era de un 22.06%. En el año 1991, llegaba al 99.79% a través de un sistema de provisión que puntúa entre los mejores del mundo. En 2009, según datos OCDE, gastando dos puntos menos de PIB (9.5% PIB), teníamos un tasa de cobertura universal y la misma esperanza de vida (81.8 años) o mortalidad infantil (3.3) que países como Alemania (11.6% PIB), Francia (11.8% PIB) o Dinamarca (11.5%). Tenemos una sanidad que no pagamos. Durante la Transición, la sanidad quedó relegada ante la urgencia de los dilemas políticos y económicos del momento. Profesionales y burócratas sanitarios actuaron como los promotores de la evolución hacia un sistema nacional de salud inspirado por el 11

NHS británico. Un sistema de ámbito nacional, universal, centralizado, público y profesionalizado. Esa aspiración contó con la oposición de la derecha política, tanto la nacional como la nacionalista, y del bien organizado sector de la sanidad privada. Ambos eran partidarios de que la expansión de la sanidad mantuviese el modelo en vigor: regímenes especiales, predominio de la financiación vía contribuciones e incremento de la participación privada en la provisión de servicios sanitarios. En 1986, la Ley General de Salud supone el primer paso hacia la implantación de un Sistema Nacional de Salud público, que evoluciona desde un sistema sanitario vinculado al trabajo, a un sistema sanitario vinculado a la condición de ciudadano. La sanidad se universaliza como derecho en España en los presupuestos de 1989 y con el decreto 1088/89. El sistema operará fuertemente centralizado en su primera época. Pero conforme avanza el proceso de desarrollo autonómico, el SNS evoluciona hacia un sistema descentralizado en la gestión, pero muy centralizado en la financiación. Los problemas de financiación y las diferencias entre territorios y servicios obligaron a sanear en varias ocasiones el sistema inyectando recursos extra. La Ley de Cohesión y Calidad, aprobada en el año 2000, trata de abordar esos déficits. Se crea el Fondo de Cohesión para gestionar el problema de los desequilibrios financieros. Se diseña una nueva estructura para mejorar la coordinación y la cooperación entre los sistemas nacionales, dotando de mayor coherencia a los instrumentos de control y evaluación. La Tabla 1 resume los elementos de la evolución de la sanidad pública en España. Una evolución marcada por la carencia estructural de recursos, la tensión de fondo entre actores que prefieren el modelo SNS y actores que añoran el viejo modelo de la Seguridad Social, la creciente presión del sector privado y un electorado dividido entre su buena valoración del bien público de la sanidad y su limitada disposición a pagarlo. Tabla 1. Evolución de la sanidad pública en España

Modelo dominante

Impulsores

TRANSICIÓN

AÑOS 80

AÑOS 90

2000

Seguridad Social

Sanidad pública y universal (NHS)

Nueva Gestión Pública

Provisión mixta

Burocracia Sanitaria

Burocracia sanitaria

Burocracias autonómicas

Gestión privada Profesionales

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Profesionales

Opositores

Profesionales

Gobiernos PPPSOE

Gobiernos conservadores

Opinión pública

Sanidad privada

Derecha Política

Derecha estatal

Sindicatos

Sanidad privada Izquierda política

Sanidad privada

Derecha nacionalista

Mayoría de opinión pública

Sindicatos Mayoría de opinión pública Alto

Sanidad Privada Grado de descentralización

Resultados

Bajo

Bajo

Alto

Legislación centralizada

Legislación centralizada

Actividad legislativa autonómica

Innovación autonómica

Aplazamiento de la reforma

Autonomía de la política sanitaria

Reforma parcial:

Privatización

Cobertura universal

Financiación parcial vía copago

Copago

Financiación vía impuestos Fuentes: elaboración propia

La gente valora positivamente la sanidad pública, le parece el servicio más útil, mejor gestionado, más accesible, más adecuado y que más justifica el pago de sus impuestos. Los datos del barómetro de opiniones fiscales del IEF (2012) se muestran contundentes. Siete de cada diez encuestados estaban mucho o bastante satisfechos con la sanidad pública. Nueve de cada diez la habían utilizado. El 64% la considera el servicio más accesible. La mitad creen que resulta el servicio que más justifica el pago de sus impuestos. Desde el año 2000, la sanidad figura como el servicio más valorado, 2.8 sobre 4. La comparación de los barómetros sanitarios del CIS confirma, tanto su buena valoración, como la solidez de la confianza en su funcionamiento y la demanda de cambios para mejorarla. La mayoría cree que el SNS funciona bien pero puede y debe mejorarse. Apenas uno entre veinte españoles se apunta al diagnóstico catastrofista. Tabla 2. Comparación barómetros sanitarios del CIS

En general, el sistema sanitario funciona bastante

2000

2005

2011

22.0%

20.2%

24.2 %

13

bien El sistema sanitario funciona bien, aunque necesita algunos cambios

44.0%

49.7%

48.9%

El sistema sanitario necesita cambios fundamentales aunque algunas cosas funcionan

25.9%

24.5%

21.9%

Nuestro sistema sanitario está tan mal necesitaríamos rehacerlo completamente

7.4%

4.3%

4’2%

que

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del CIS

La sanidad pública sale ganadora en la comparación con la sanidad privada. Las siguientes tablas demuestran como la sanidad púbica ha constituido uno de nuestros grandes logros colectivos y del sistema democrático. Goza de una percepción privilegiada y sólida entre la gran mayoría que dificulta su abordaje. Tabla 3. Motivos por los que ciudadano elegiría un servicio de salud público o privado AÑO 2011

AÑO 2006

PÚBLICO PRIVADO AMBOS PÚBLICO PRIVADO AMBOS Tecnología y 66.8% medios de los que dispone

23.8%

8.5%

61.8%

23.6%

12.3%

Capacitación médicos/as

60.1%

20.1%

18.9%

49.4%

19.3%

29.5%

Capacitación enfermeros/as

59.7%

19.6%

19.6%

47.4%

20.5%

29.7%

La rapidez con la que te atienden

33.3%

60.8%

5.0%

22.6%

70.2%

5.5%

La información recibida sobre su problema de salud

48.4%

33.0%

17.0%

35.5%

40.7%

20.6%

El trato personal recibido

44.5%

40.2%

14.1%

31.9%

47.9%

17.9%

El confort de las instalaciones

38.8%

51.0%

8.9%

24.5%

63.6%

9.9%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del CIS

La oferta pública ha mejorado su percepción donde era más débil y ha fortalecido sus cualidades. La sanidad privada no ha mejorado sus debilidades y ha mermado sus fortalezas. Una dinámica que tiene una traducción inmediata en las elecciones de los pacientes, tal y como vemos en la Tabla 4. Contrariamente a la leyenda urbana que repite el pensamiento corsario, la mayoría cuando puede elegir, escoge sanidad pública. 14

Tabla 4. Elección del centro según el tipo de consulta PÚBLICO

PRIVADO

AMBOS

NC

Atención Primaria

64.3%

28.6%

6.4%

0.6%

Atención Especializada

49.5%

41.6%

8.4%

0.5%

Ingreso en un hospital

59.6%

32.3%

7.4%

0.7%

Urgencias

59.9%

31.7%

7.6%

0.8% Fuente: CIS 2011

Junto al éxito de nuestro SNS, han venido graves problemas que deben ser abordados. La oposición al modelo universalista de la derecha y la bien organizada sanidad privada, junto con nuestra “vía media” de desarrollo del bienestar, han provocado un sistema sanitario complejo. Nuestra sanidad superpone el modelo universal del SNS y el viejo modelo de la Seguridad Social. El sistema parece confuso y a veces contradictorio, tanto en la financiación, como en la cartera de servicios o los derechos de los usuarios. El alto grado de descentralización ha generado cuantiosos beneficios para el SNS: mayor accesibilidad, un funcionamiento más eficiente al ajustar mejor demanda y oferta y grandes dosis de innovación organizativa. Pero la falta o el mal funcionamiento de mecanismos de coordinación y cooperación han creado desequilibrios entre territorios y servicios. El problema de nuestro sistema de salud no reside en la existencia de 17 sistemas sanitarios. Esa es nuestra gran ventaja. La mayor dificultad subyace en que el Ministerio de Sanidad no se haya percatado de que ahora gestiona una red. Su misión no es desmadejarla, sino hacer que la red funcione y opere bien interconectada. Al déficit financiero se une un déficit estructural de diseño y gestión estratégica del sistema sanitario entendido como una red integrada. Un sistema donde el papel y la aportación de la sanidad privada suponen una cuestión abierta y no resuelta. Tampoco resulta una dificultad menor la falta de información fiable y de una cultura de la evaluación de nuestra sanidad. Sabemos poco sobre cómo funciona nuestra sanidad y lo que sabemos, resulta incorrecto. Los debates públicos y políticos sobre los problemas de nuestra sanidad presentan un déficit de validez de la información y calidad de las teorías que también debe subsanarse. Esta desproporción entre problemas y soluciones aporta otro indicio de hasta qué punto los recortes y reformas sanitarias tienen como objetivo habilitar un nuevo modelo. Un modelo que se parece a lo que siempre quiso la derecha española y el sector privado: un 15

sistema con servicios diferenciados por grupos sociales y profesionales, fuerte presencia de provisión privada con financiación pública y donde cada uno reciba la atención que haya pagado. Una red sanitaria para los pacientes con capacidad de pago y otra red sanitaria de carácter residual para los que no pueden pagar.

4. El abordaje 3D contra la educación pública El diagnóstico catastrofista sobre el estado de nuestra educación pública y la doctrina legitimadora de la austerocracia han conformado las dos armas más contundentes en manos de círculo corsario educativo. El abordaje a la educación no es sólo una cuestión de negocios o ideología, también funciona como un gancho electoral del voto conservador español. Se busca una calidad y una excelencia incompatibles con un sistema público. Lo público genera mediocridad, lo privado genera excelencia. El abordaje a la educación pública funciona igual que en la sanidad. Los burócratas corsarios están convencidos de que los centros educativos públicos sólo producen mediocridad. La gente está deseando abandonarlos y buscar la excelencia en otro tipo de centros. Pero por si acaso la teoría falla, se asegurarán con sus políticas de que la educación pública no funcione o funcione mal.

Deteriorando la educación pública La primera fase del asalto se preocupa por asegurar que el sistema no funcione o lo haga mal. En el programa de estabilidad 2013-16 del gobierno de Mariano Rajoy se ha previsto que el gasto en educación retroceda siete décimas en su peso sobre el PIB, un recorte de más de 7.000 millones de euros. En los primeros presupuestos, Educación sufría un hachazo de 620 millones de euros, un 22% menos que en 2011. En los presupuestos de 2013, la partida destinada a Educación era de 1.944,73 millones de euros, un 15% menos que en 2012. Según su definición, el gran problema de nuestro sistema educativo reside en la falta de calidad y en su renuncia a la búsqueda de la excelencia. Sin embargo, la solución consiste en deteriorar el servicio y encarecerlo. Se programan más alumnos por aula, 16

menos horas para atenderlos fuera de clase, menos profesores, menos oferta educativa y más tasas. Un contradicción que solo puede tener un origen ideológico. Especialmente si tenemos en cuenta que, al tiempo que se hablaba de líneas rojas e insostenibilidad del sistema, el Ministerio blindaba los conciertos con colegios que segregan por sexo o financiaba programas para que quien lo pidiera. El objetivo de esta fase se ha ensañado especialmente contra los profesores. A la paralización de convocatorias en marcha para plazas de nueva creación y a una tasa de reposición cero, se suman las rebajas salariales y la restricción a la contratación de interinos. Una estrategia que se ha apoyado sobre la tesis de no relación entre recursos asignados y resultados educativos: en España hay muchos profesores y teníamos una de las ratios alumno/profesor más bajas de Europa. Según datos de la OCDE 2012, el tamaño real de las clases de educación primaria en los países OCDE, la UE21 y España es similar: 20 y 21 alumnos. El número real de alumnos por clase tiende a aumentar entre la educación primaria y la primera etapa de educación secundaria. En el promedio de la OCDE sube a 2 alumnos por clase y España duplica ese aumento medio. Nuestras cifras sólo son mejores respecto al tamaño estimado de las clases. En los colegios públicos de educación primaria, la media estimada de alumnos por clase en la OCDE es de 16, mientras que en España es de 13 alumnos. En la primera etapa de educación secundaria, el tamaño estimado también aumenta con respecto al nivel educativo inferior; 17,3 alumnos en la OCDE, 18,6 alumnos en la UE y 15,2 alumnos en España. Según cálculos del sindicato CC.OO., desde 2009, el presupuesto de gasto de personal de las administraciones educativas públicas se ha reducido en el equivalente al sueldo de 61.782 docentes. Los profesores han bajado en uno por cada diez mientras el alumnado ha aumentado en casi 400.000. Según datos del Ministerio, entre los cursos 2009/10 y 2010/11, el número de docentes en primaria y secundaria ha descendido en 19.972. En el curso 2011/12, los alumnos han sumado 5.470.312, un 3,63% más que el curso anterior, mientras que los profesores han sumado 474.111, un 4,57% menos.

Descapitalizando la educación pública La segunda fase consiste en deteriorar la confianza en el sistema y reducir al máximo el valor añadido que pueda aportar su carácter público. Los burócratas corsarios han 17

empleado todos los medios necesarios para infligir pérdidas a los tres grandes activos de la educación pública: su valor redistributivo, su calidad y sus profesionales. El discurso corsario ataca desde dos frentes al carácter redistributivo de la educación pública. Más recursos no aseguran mejores resultados y además el sistema público ha probado su incompetencia para poner en valor esos recursos y redistribuir las oportunidades. El punto álgido se ha alcanzado al justificar al alza las notas para acceder a becas de matrícula, desplazamiento o estudios. Se desvanece la beca como instrumento de redistribución de la riqueza y se vincula casi exclusivamente al mérito individual. El Ministerio se ha ahorrado 110 millones con los nuevos requisitos académicos, pero a cambio ha dejado sin ayudas a uno entre cada diez becarios. El resultado que pretende alcanzarse es claro. Cuestionar el carácter redistributivo de la política educativa y el valor de la escuela pública como instrumento de transferencia de renta y oportunidades. Redefinir la política educativa como gestión del esfuerzo individual y supeditarla a un sistema de méritos. Para el Neoliberalismo corsario, la educación no es un derecho, es una inversión que debe satisfacer una tasa de retorno. El diagnóstico catastrofista sobre los resultados y el nivel de calidad de nuestro sistema educativo, comparado con los sistemas de otros países equiparables al nuestro, conforma el vértice central del abordaje corsario. La política de recortes pretende reforzar tanto el diagnóstico como el discurso sobre la falta de calidad de la enseñanza pública. A pesar de la abundancia de recursos, la confortabilidad de la tasa de alumnos por aula y por profesor, los muchos docentes y lo bien pagados que están, la educación pública no produce excelencia. La razón reside en el carácter igualitario de la educación pública. Lo público produce mediocridad porque anula la competencia, lo privado produce excelencia porque estimula y recompensa la confianza. Los profesores suponen unos de los mayores activos de un sistema público de enseñanza. Sus acciones de protesta, por ejemplo la “marea verde”, han contado desde el primer momento con un amplio respaldo en la opinión pública. El motivo se halla en su elevada valoración social. Las series del CIS sitúan a los profesores como una de las profesiones mejor valoradas. El estudio “El prestigio de la profesión docente. Percepción y realidad”, (Fundación Europea Sociedad y Educación (EFSE) y Fundación Botín. 2013) concluía que la caída del prestigio de los docentes no era cierta. En una escala de 1 al 5, los encuestados atribuyen a los profesores de secundaria un 18

prestigio de 3,7 puntos. El prestigio social de los profesores de secundaria y los maestros de primaria aparece en el nivel medio-alto de la clasificación de cien profesiones (21 y 22, respectivamente). Ambos superan la nota de 68 sobre 100. El círculo corsario ha movilizado muchos recursos y dedicado mucho tiempo y esfuerzo a presentar a los docentes como privilegiados que se mueven en defensa de sus intereses. Se repite el dato de que su salario medio se sitúa por encima de la media de la OCDE, pero se omite que se coloca por debajo de aquellos países con los que nos comparamos. Un docente español gana un 20% menos que un docente alemán y un 10% menos que un docente inglés o norteamericano.

Desmantelando la educación pública La fase de desmantelamiento de la educación pública se está centrando en debilitar la oferta de la red pública, mientras se blinda y potencia la oferta de la red concertada y la red de centros privados. A ello han de sumarse las políticas de recortes y el deterioro de la oferta pública con decisiones encaminadas a asegurar el trasvase de recursos públicos hacia la educación concertada y privada. En materia de recursos económicos, el ejemplo más notorio lo ha ofrecido la voluntad de blindar los conciertos con centros que segregan a sus alumnos por sexo, o la decisión de habilitar financiación para que los padres ejerzan su “derecho” a educar a sus hijos íntegramente en castellano. Una manera abrir una puerta falsa para financiar con dinero público un modelo de educación privada discriminatorio, retrógrado y elitista. El ajuste y los recortes han recaído sobre la red pública, no sobre la concertada. La financiación de la red concertada se ha asegurado al ampliar la duración de los conciertos de cuatro a seis años y plantear su extensión a la educación secundaria no obligatoria. La Ley Wert abre la puerta de los centros concertados a nuevos fondos de financiación adicionales que se asignarán no en base al número de alumnos, sino en razón de vagos criterios de excelencia, rendimiento o proyecto docente. Bajo la bandera de una mayor autonomía, los centros públicos se verán obligados a asumir un modelo de gestión más próximo a los modelos privados. Los padres caen apartados de la toma de

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decisiones, los directores serán nombrados por el “propietario” y el personal, e incluso parte del alumnado, podrá ser seleccionado por el centro. El caso más notorio de desmantelamiento se está produciendo en la educación universitaria. Por un lado, la educación superior ofrece un amplio campo de expansión para la iniciativa privada. En la educación superior, la red concertada y la red privada apenas se han desarrollado. Por otro lado, la Gran recesión ha supuesto un frenazo considerable en las expectativas de negocio de muchas recién creadas universidades privadas. Un estudio de la Federación de Consumidores y Usuarios, realizado sobre 14 universidades y 600 titulaciones, concluye que el precio de un año en la universidad privada multiplica por ocho al precio de la universidad pública. 7.300 euros frente a 850 (larazon.es. 25/9/2010). La paralización de concursos ya convocados de profesorado universitario, la vinculación de la oferta de título a un cupo mínimo de alumnos, el cuestionamiento de la política de becas, o la reducción de fondos y presupuestos se ha cebado especialmente contra la enseñanza universitaria pública. Tampoco se ha renunciado a tácticas como sembrar la incertidumbre sobre el cobro de las nóminas de los profesores o retrasar la transferencia de los fondos que las autonomías reciben del estado para ese fin. La razón del ataque es doble. Por un lado, la ideología y la carrera profesional dominantes en el círculo corsario educativo tienen mucho que ver con la hostilidad hacia un modelo de universidad pública que no entienden. Pero sobre todo, cuenta la economía. En la educación secundaria y primaria, el modelo de las redes de servicios diferenciadas ya está institucionalizado. Basta con asegurar su espacio y su cuota en ese mercado. En la educación superior, el modelo dual tiene mucho por hacer. Hay que abrir mercado a una universidad privada que aún carece de marca y prestigio. La enseñanza universitaria aparece como un mercado emergente, donde debe apostarse más fuerte para asegurar el botín del negocio privado.

La educación pública en España: un éxito democrático. Los datos de las tabla 5 y 6 certifican cómo nuestro sistema educativo parece capaz de producir a la vez más educados superiores y más abandono escolar que nadie. Nuestro

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porcentaje de gente con formación superior ha medrado en casi diez puntos en una década y supera en seis puntos a la media de la OCDE. Tabla 5. Población de entre 30 y 34 años con formación superior 2001

2006

2011

UNIÓN EUROPEA

22’8%

28’9%

34’6%

ESPAÑA

31’3%

38’1%

40’6% Fuente: MECD

Uno de los déficits más graves de nuestra enseñanza reside en ser uno de los tres países europeos que con más abandono escolar. Una tendencia que se disparó durante los años de la burbuja inmobiliaria y que solo ha variado a la baja con la Gran recesión. Una tendencia que parece decirnos que, a lo mejor, la causa reside no solo dentro del sistema educativo, sino en un país que presenta elevados niveles de descualificación entre los jóvenes ocupados y niveles altos de déficit instructivo entre la población adulta. Aunque puede que si nuestro modelo de mercado laboral no demandase tanto trabajo barato y sin cualificación, seguramente no habría tantos incentivos para abandonar la escuela. Esta doble cara para lo bueno y lo malo responde a que, España, es uno de los países donde menos se hace pero más se habla de la importancia de la educación y el carácter estratégico y de futuro de la inversión educativa. Nuestro sistema educativo acarreaba el lastre de un retraso endémico en materia de inversión y extensión. Tabla 6. Porcentaje de abandono temprano 2001

2006

2011

UNIÓN EUROPEA

17’2%

15’5%

13’5%

ESPAÑA

29’7%

30’5%

26’5%

Fuente: MECD

La enseñanza franquista estaba fuertemente centralizada. Su modelo dominante era la separación de alumnos por centro y formación. El bajo gasto público en educación se encaminó primordialmente en transferencias al sector privado. La Ley General de 21

Educación supuso un avance al extender la educación gratuita a los 14 años. Pero la fuerte oposición del sector privado religioso y la falta de recursos y voluntad política acabaron generando aún más desigualdad entre la red privada y la red pública. En la Transición funcionó un pacto no escrito alrededor de la educación. La derecha cedió en cuanto a la conveniencia de la priorización y expansión de la red pública. La izquierda asumió que una parte de la oferta educativa vendría del sector privado. La idea era unificar los contenidos educativos, pero mantener la red dual. En el sistema educativo funcionaría una oferta homogénea, pero servida por tres proveedores; centros públicos, concertados y privados. A partir de este momento, arranca la tensión para entender la evolución de la política educativa en España. Para la derecha, la plena escolarización solo se garantiza mediante la libertad de enseñanza y potenciando la red concertada. Para la izquierda, el derecho a la educación implica expandir la red pública y asumir un modelo de integración de los alumnos. El éxito de la Transición será el reconocimiento constitucional de la educación como un derecho basado en principios democráticos. El Estado debía suministrarla de manera universal y gratuita, al menos en su etapa primaria. El triunfo socialista en 1982 inicia la etapa de mayor expansión del sistema de educativo. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación proclama la igualdad y la equidad social como objetivos esenciales de la educación pública. La LODE apuesta por el cambio hacia un modelo de integración de alumnos. Consolida la dualidad de la red de centros públicos y concertados, pero a cambio la red pública experimenta un fuerte desarrollo mientras se homogenizan la oferta curricular y los criterios de admisión del alumnado, tomando como referente los estándares europeos de educación. Durante la década de los ochenta, las subvenciones a centros de primaria se triplican y en enseñanza media se quintuplican, al tiempo que se dobla en número de centros públicos. El índice de crecimiento de becas se sitúa en 1.065 puntos, el número de becados y la inversión en becas se multiplican por siete, llegando hasta 748.037 alumnos y un coste de 73.273 millones de pesetas. En 1990, Felipe González aprueba la Ley Orgánica General del Sistema Educativo. La LOGSE supondrá un giro en las preocupaciones de la política educativa hacia los problemas de eficacia, eficiencia y calidad del sistema. Se potencia la autonomía de los centros, la atención a la diversidad y la modernización de la formación. Un giro que no irá acompañado de un incremento significativo de los recursos. En 1994, España 22

dedicaba a educación un 3.37% de su PIB, medio punto por debajo de la media de la UE-15. En 2010, dedicamos un 4.97% del PIB, apenas invertimos punto y medio más. El sistema educativo se descentraliza siguiendo un patrón donde el Estado busca reservarse las funciones de inspección y evaluación y a las CC.AA. se les transfiere la implementación y gestión del sistema. Con el arranque del siglo XXI, se había consolidado un sistema educativo de carácter integrado, situado entre los niveles medios de gasto público y con una red dual de centros que mantenía un porcentaje elevado de alumnos en centros privados o concertados. Se había desarrollado un sistema de quasimercados educativos con cierto grado de competencia interna y diversidad en sus modos de financiación, gestión y organización, tanto entre tipos de centros como entre CC.AA. Esta dinámica descentralizada y competitiva se reinvierte y se estimula durante la primera legislatura Aznar. La mayoría absoluta en el año 2000 cambia el juego. La política educativa fue recuperada como un elemento central del discurso político. Cambiar de raíz el sistema educativo centralizándolo era el objetivo a perseguir. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación pretendía retornar a un modelo más centralizado y basado en la separación de alumnos. La LOCE planteará una reestatalización del sistema educativo, con la administración central recuperando el control sobre los currículos, la selección del profesorado o las decisiones del gasto. Pero sobre todo, planteará la reespañolización de los contenidos y la oferta educativa para volver a una enseñanza dominada por el castellano y con la reintroducción de la asignatura de religión como alternativa. El triunfo socialista en 2004 frustrará este giro. La Ley Orgánica de la Educación devuelve las políticas públicas educativas al patrón que había marcado las etapas anteriores. Se abandona parcialmente el proceso de “reestatalización” del sistema y “reespañolización” de los contenidos. La política educativa recupera su discurso redistributivo, su pulso descentralizado y el modelo formativo se reorienta hacia la integración de alumnos. La Tabla 7 resume los elementos en la evolución de la educación como política pública. Suele decirse que uno de los problemas de la educación en España reside en la falta de acuerdo y en exceso de legislación. No puede haber acuerdo cuando hay dos modelos diferentes respecto a los contenidos y los objetivos que deben transmitir y priorizar.

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Tabla 7. Evolución de la educación como política pública en España

Modelo dominante

Impulsores

Opositores

LGE 1970 Separación de alumnos

LODE/LOGSE 1985-1990 Integración de alumnos

LOCE 2002 Segregación de alumnos

LOE 2006 Integración de alumnos

Meritocracia

Educación democrática

Meritocracia

Educación para la ciudadanía

Tecnocracia franquista

PSOE

PP

PSOE

Educación privada

Sindicatos izquierda

Educación privada

Sindicatos izquierda

Opinión pública PP

Izquierda política

PP

Derecha nacionalista

Sindicatos

Derecha nacionalista

Educación privada

Derecha nacionalista

Educación privada

Alto

Mayoría de Opinión pública Reestatalización

Alto

Legislación autonómica Incremento gasto publico

Reespañolización Innovación autonómica Congelación Incremento gasto público gasto público

Consolidación red dual Expansión red pública

Protección red privada y concertada

Izquierda política

Bajo Grado de descentralización Legislación centralizada Resultados Gasto público bajo Protección red privada y concertada

Política redistributiva

Red dual

Política redistributiva Fuente: elaboración propia

La educación pública aparece como uno de los servicios más valorados por los contribuyentes. En la serie de barómetros fiscales del IEF 2012, la educación puntúa de media 2.9 sobre 4 en los últimos diez años. Solo un 4% de los encuestados en 2011 prefería la educación privada. La tabla 8 confirma la buena valoración de la educación pública en España. Una percepción que se ha mantenido, e incluso mejorado, durante la Gran recesión. Hay más gente convencida de que nuestra educación es buena o muy 24

buena. El porcentaje de gente que la considera mala o muy mala apenas ha variado. Las razones: dos de cada diez indican la falta de medios, uno de cada diez apunta a la falta de exigencia y de esfuerzo o a la falta de motivación de estudiante y profesores. Tabla 8.Valoración de la educación en España VALORACIÓN BUENA MUY BUENA REGULAR MALA MUY MALA NS/NC

2012 1’1% 33% 38’2% 17’8% 5’8% 4’2%

2002 1.4% 24.8% 41.8% 15.9% 6.5% 9.6% Fuente: CIS

La valoración del gasto en educación es la mejor prueba de la divergencia entre el discurso dominante entre los medios de comunicación y las élites y las percepciones de la mayoría de la Opinión La Tabla 9 acredita como la ciudadanía maneja una clara percepción de que en España se gasta muy poco en educación. Tabla 9. Percepción del gasto de las diferentes administraciones en educación

Demasiado Lo justo Demasiado poco Ns/Nc

Estado 2’7% 31’2% 56’8% 9’3%

CCAA 3% 35% 50’7% 11’3% Fuente: CIS 2012

Contrariamente a los argumentos que manejan el pensamiento corsario y difunden los medios de comunicación más próximos, la mayoría tiene claro que las administraciones gastan poco en educación. La mayoría parece valorar tanto la importancia de la inversión en educación para el futuro de sus hijos, como la existencia de una relación directa entre más recursos y mejor educación. Lo demuestran el respaldo que han encontrado en la opinión pública movimientos en defensa de la educación pública como la Marea Verde o iniciativas como la Universidad en la Calle. La gente sabe lo que quiere: más gasto público en educación porque sabe que no hay inversión o gasto público alguno que devuelva una tasa de amortización más alta.

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5. Conclusiones: la táctica de la desconfianza Un nuevo modelo de privatización acecha a nuestro sistema público. El objetivo principal de este ataque pasa por intentar mermar nuestra confianza hacia el Estado de Bienestar, haciéndonos creer en una hipotética insostenibilidad de su futuro. La segunda generación de burócratas corsarios pretende poner fin a una tarea que dejaron a medias sus antecesores durante la década de los noventa. La urgencia inevitable de las políticas de la consolidación fiscal exprés y la legitimidad austerocrática conforman las dos mejores herramientas en manos del círculo corsario para asaltar el sistema educativo público y el sistema sanitario público. “Hay que hacerlo, se va ahorrar mucho dinero y, además no existe otra alternativa”, reza el argumento corsario para excluir cualquier debate, acelerar la puesta en marcha de los recortes basados en la ideología, sin más evidencia argumental que la propaganda y el uso sesgado de las cifras que presentan. A través de un modelo que hemos denominado el abordaje 3D: deteriorar, descapitalizar y desmantelar, el ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en privatizar, total o parcialmente tanto la sanidad como la educación públicas. La estrategia que utiliza el Gobierno y que actúa como uno de los mayores valores añadidos del sistema, al mismo tiempo que funciona como un nexo entre el ciudadano y el sistema público español, consiste en desacreditar el trabajo de los profesionales de los servicios públicos, así como, en hacernos desconfiar de las reglas y los procedimientos que garantiza un sistema público universal. El asalto a la sanidad pública se preocupa de esta no funcione o lo haga peor. Para tal fin, se ha prometido el ahorro de más de 7.000 millones de euros. En el programa de estabilidad presupuestaria 2013-2016 del Gobierno de Mariano Rajoy, se prevé que el gasto descienda hasta un 5,4% en 2016. Las medidas siempre se han aplicado a medio camino entre la desinformación y el desconcierto, tanto a los profesionales sanitarios como a sus pacientes. Parece haberse buscado un enfrentamiento, reforzando artificialmente la sensación de que la sanidad española vive sumida a diario en el caos, en el desorden y la crisis permanente. Para acabar con el buen funcionamiento de los servicios sanitarios públicos, el instrumento principal ha sido la reducción drástica de los cuadros de personal, junto con el racionamiento extremo de recursos y pruebas diagnósticas. Las cifras muestran como 26

el grueso de los despidos en el sector público se ha concentrado en la sanidad y en la educación. Según los datos del INE, más de 226.800 han sido despedidos en las Comunidades Autónomas desde el año 2011. La gestión menguante del personal también ha afectado a las rebajas salariales, a los contratos temporales, a la no cobertura de bajas, e incluso, a la jubilación forzosa de sus profesionales. Sólo en la Comunidad de Madrid, se han jubilados de golpe 700 médicos, muchos de ellos jefes de servicio o responsables de área en sus hospitales y centros. Se ha insistido en descapitalizar la calidad y el compromiso de sus profesionales. Se trata de una táctica para compensar el déficit de valoración que hemos constatado respecto a la sanidad privada. Si la confianza en los profesionales públicos opera como un elemento que fija al paciente en el sistema público, el objetivo pasa a ser destruir esa confianza. También se convierten en el eje central de la respuesta corsaria ante movimientos de protesta como las “mareas blancas”, que gozan desde el primer momento de amplias cotas de apoyo y comprensión entre la opinión pública. Todas estas manifestaciones han sido contestadas de manera similar, por ejemplo, el presidente de la CAM, Ignacio González, ha acusado a los médicos que protestaban contra sus privatizaciones de no querer por la mañana la misma sanidad privada en la que trabajan por la tarde; pero, en realidad, sólo dos de cada diez médicos compatibiliza práctica privada y pública en Madrid, según el Colegio de Médicos. En los presupuestos de 2013, la partida destinada a Educación era de 1944,73 millones de euros, casi un 15% menos que 2012. Como resultado, se han paralizado convocatorias ya en marcha para plazas de nueva creación, rebajas salariales y la restricción a la contratación de interinos. El resultado de la fase de deterioro ha sido que los colegios públicos han perdido buena parte de sus grandes ventajas competitivas frente a la oferta privada. La “racionalización” del Ministro Wert ha igualado por debajo la oferta entre centros privados y públicos, eliminando todas ventajas de los centros públicos. Los padres españoles saben que hoy llevando a sus hijos a un centro público no va a tener menos alumnos por aula, tampoco más profesores, ni los docentes más horas para atenderles fuera de clase. Incluso, si algún profesor se pone enfermo y hay que cubrir su puesto, los saben hoy que en los centros privados cubren antes ese vacío. El objetivo de estas políticas consiste en quebrar la confianza en el sistema educativo y reducir al máximo el valor añadido que pueda aportar su carácter público. Los 27

burócratas corsarios han empleado todos los medios necesarios para infligir pérdidas de valor redistributivo, su calidad y sus profesionales. Los profesores suponen uno de los mayores activos de un sistema público de enseñanza. Conforman un elemento capital en la resistencia a los procesos privatizadores por su buena formación y organización. El abordaje a la educación pública apunta a quebrar la confianza y la buena valoración con la que goza el profesorado, tanto por ser una de las profesiones mejor valoradas como por su gran prestigio social. Al igual que acontece en la sanidad, el burócrata corsario sabe que destruir la confianza en los profesionales que trabajan en el sistema público es la mejor manera de dejar inerme al propio sistema educativo. Además, necesita quebrar la legitimidad y el apoyo que la opinión pública otorga a sus movimientos de resistencia y defensa de la enseñanza pública. El círculo corsario ha puesto en su diana a los docentes de la educación pública y a los profesionales de la sanidad pública. Ha movilizado muchos recursos y dedicado mucho tiempo y esfuerzo en presentar a estos profesionales como privilegiados que se mueven en defensa de sus privilegios. El discurso de descalificación y cuestionamiento de los profesionales educativos y sanitarios se utiliza de manera recurrente por el pensamiento corsario para desacreditar cualquier resistencia a su asalto al sistema público. A pesar de las campañas de marketing que presentan, las políticas de recorte masivo que elaboran y los incentivos fiscales para todo lo privado que propone el pensamiento corsario y el discurso neoespañolista, cuando pueden escoger, los ciudadanos eligen la sanidad y la educación públicas. Lo público es bueno para todos porque funciona. Cuando se habla de políticas sanitarias, educativas, de pensiones o de atención a la dependencia, la primera cuestión que se plantea es cuánto nos cuestan, no cuánto valen. Las reformas y los recortes se legitiman por su mayor o menor ahorro, no en razón de su demanda social, su concordancia con los valores constitucionales o su efectividad para resolver problemas públicos. Mientras sigamos en esta lógica, lo público sólo podrá defenderse a duras penas. Todo será recortable, racionable, prescindible o privatizable, porque lo único que cuenta es cuanto nos vamos a ahorrar.

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Impacto de las medidas de ahorro sobre el sector

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