La política de paz del Presidente Santos

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La política de paz del presidente Santos Frédéric Massé1

¿Se puede hablar de una política de paz? En el caso de Colombia, el objetivo del gobierno Santos de negociar con la guerrilla de las farc y llegar a un acuerdo de paz ha sido, de hecho, el principal objetivo desde que asumió el poder. Pero ¿qué tan pública fue esa política, ya sea que se entienda política pública como “todo lo que el gobierno hace o deja de hacer” (Dye, 1992) o de forma más elaborada como “proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a mitigar, solucionar o prevenir una situación definida como problemática” (Velásquez, 2009)? Durante su primer mandato, la política de paz de Santos ha tenido algunas características sui generis como política pública: en primer lugar, el secreto que rodeó al proceso; en segundo lugar, las restricciones en cuanto a los participantes y a las herramientas seleccionadas; y, en tercer lugar, la incertidumbre con respecto al resultado último del mismo, que sería en principio un acuerdo de paz firmado, pero que podría variar enormemente en cuanto a su contenido y que, en este momento de fin del primer período de gobierno, no se ha conseguido todavía. Aunque la política de paz del presidente Santos no se limitó a las negociaciones –se adoptó, entre otros, un Marco Jurídico para la Paz, y se diseñó, se aprobó y se empezó a implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras–, este artículo analiza el desarrollo de la política de paz enfocándose en el proceso de negociación.

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PhD. Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, cipe. Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.

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La apuesta audaz del presidente Santos Ya no es un secreto. Una de las primeras decisiones que Juan Manuel Santos tomó apenas fue elegido Presidente, inclusive antes de tomar posesión, el 8 de julio de 2010, fue la de explorar la posibilidad de negociar la paz con las farc. En aquella época, muchos todavía consideraban que las farc podrían ser vencidas militarmente. Sin embargo, consciente de que el precio a pagar sería muy elevado, el nuevo Presidente encargó a quien había sido su viceministro de defensa y que sería dos años después, su Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, de buscar los contactos con esa guerrilla. Esa decisión fue secreta por mucho tiempo. Por razones tácticas obviamente, cualquier fracaso hubiera podido tener repercusiones negativas. Pero por razones políticas también. Después de 8 años de mano dura y de seguridad democrática, ese rápido giro de 180 grados de quien, por cierto, fue ministro de defensa del presidente Álvaro Uribe, hubiera podido encender las críticas, como, de hecho, sucedió una vez conocido el preacuerdo dos años después. No es sino a mitad del año de 2011 que el tema se empezó a rumorar2. Un empresario, ex compañero de Universidad de alias Pablo Catatumbo, fue el que permitió iniciar los primeros contactos entre Sergio Jaramillo y el Secretariado de las farc. Al inicio de 2012, estos acercamientos se habían concretado un poco más y el primer encuentro directo tuvo lugar a finales de febrero de 2012 en Cuba. El encuentro fue secreto. Poco tiempo antes, sin embargo, mensajes cruzados entre el presidente Santos y Timochenko dejaban entrever que algo iba adelantándose (Massé, 2012a). Poco a poco, el inicio de una fase exploratoria entre algunas personas cercanas al presidente Santos (entre otras su hermano Enrique) y gente del Secretariado de las farc se convirtió en un secreto a voces. Los contactos y las reuniones fueron confidenciales, pero muchos actores, tanto internos como externos ya sabían del asunto. En esta fase exploratoria los gobiernos de Cuba, Venezuela y Noruega tuvieron un papel discreto, pero activo para seguir acercando a las partes y reducir las prevenciones de cada uno, vis a vis, del otro. Quizá las relaciones de casualidad no son tan claras ni automáticas, pero algunos estiman que si el presidente Chávez hubiera fallecido un año antes, probablemente las cosas no habrían sucedido así, ya que el ex presidente en persona habría presionado a los dirigentes de las farc para persuadirlos de emprender negociaciones de paz. El acercamiento del presidente Santos con Venezuela fue muy criticado en particular por los uribistas. Sin embargo, este brusco viraje diplomático - Santos había

2 Ver, por ejemplo, Massé (2011).

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asumido una posición muy crítica frente al régimen venezolano cuando era ministro de defensa- resultó ser un éxito. Del lado de Cuba, el régimen, y Fidel Castro, en particular, nunca ocultaron que llevaban mucho tiempo intentando convencer a las farc de optar por una solución negociada. Por lo tanto, contar con la presencia de países como Noruega, con gran experiencia en los procesos de paz, como Venezuela, con contactos privilegiados con las farc, como Cuba, que ofrece garantías de confidencialidad y de seguridad, o sin ningún interés parcial, como Chile, era sin duda una ventaja. Cuando, a mitad de agosto de 2012, se filtró la información de que un preacuerdo estaba casi listo, el gobierno no tuvo más alternativa que poner a la luz pública la existencia de esos diálogos exploratorios. El gobierno era consciente de que no iban a faltar quienes quisieran entorpecer las negociaciones y manipular las opiniones para sus propios fines; pero aun así, prefirió poner fin a las especulaciones, y aceleró las discusiones para que se firmara el preacuerdo. Más que un mero acto protocolario, el preacuerdo oficialmente llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, marcó sin duda una etapa importante. No solo se terminaba la fase de aproximación y se habían acordado las condiciones de la futura negociación, sino que una agenda de paz había sido definida, es decir, que las negociaciones podrían empezar formalmente, sabiendo cuál era el norte, condición que permite identificar mejor los retos y desafíos de una negociación, so pena de correr el riesgo de pasar de un tema a otro sin ninguna decisión o ningún acuerdo.

“¡Que se olviden de un nuevo Caguán!” Si bien el anuncio del gobierno de la apertura “oficial” de negociaciones con las farc hizo soplar un viento de optimismo que no se había sentido desde hace mucho, los obstáculos no faltaron durante toda esa fase exploratoria, y tampoco faltarían después. El obstáculo tal vez más importante y más difícil de superar fue la enorme desconfianza entre las partes. Cada parte temía que la otra la engañara y ambas tenían serias razones para desconfiar: Unión Patriótica, Casa Verde, Caguán, el pasado pesa, y no iba a ser fácil romper ese círculo vicioso. Durante más de 30 años, tanto el gobierno como las guerrillas se habían acusado mutualmente de no tener voluntad de paz. Para muchos, sin embargo, la muerte de Alfonso Cano, el 4 de noviembre de 2011, en la operación Odiseo, constituiría una prueba de que las cosas estaban cambiando. Mientras los acercamientos con la guerrilla llevaban más

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de un año, la decisión de matarlo no provocó la ruptura de la fase exploratoria. Ambas partes decidieron seguir adelante. Según varios analistas, no obstante, las farc no tenían muchas otras alternativas que seguir negociando, dado que las correlaciones de fuerzas ya no estaban a su favor. Las farc ya no eran esa guerrilla amenazadora, presente en todo el territorio con una fuerza de 15 a 20.000 hombres, convencida de la posibilidad de llegar al poder por las armas. Por lo tanto, tanto el gobierno como las farc parecían haberse rendido ante la evidencia de que ninguna de las fuerzas presentes podría vencer militarmente y que el conflicto había llegado a un punto tal de madurez que una solución negociada sería la única salida posible. Dicho eso, muchos obstáculos quedaban sobre la mesa, entre otros, la cuestión del cese al fuego. En los procesos de paz, la cuestión del cese al fuego suele ser uno de los puntos más discutidos y problemáticos: ¿Es mejor parar la guerra y luego negociar, o primero negociar y luego parar la guerra? Mientras las farc consideran que hubiera sido preferible firmar un cese al fuego bilateral antes del comienzo de las negociaciones formales, el gobierno Santos consideró que una concesión de esa naturaleza le habría permitido a la guerrilla fortalecerse militarmente y que solo una acción combinada de la presión militar y de la diplomacia terminaría por convencerlos de que la vía política negociada era sino la única, por lo menos la mejor solución. Una vez tomada la decisión de avanzar discutiendo en medio del conflicto, las dos partes se dedicaron a negociar el formato, las reglas del juego y la agenda de las futuras negociaciones. Cualquier negociación de paz gira en efecto alrededor de las siguientes preguntas: ¿Cuándo negociar? ¿Con quién negociar? ¿Cómo negociar? ¿Y qué negociar? Desde el inicio, era claro que el marco de las futuras negociaciones sería diferente al del Caguán y que el gobierno quería evitar repetir los errores del pasado. “Que se olviden de un nuevo Caguán”, advirtió el presidente Santos en enero de 20123. De hecho, las dos partes se iban a poner de acuerdo para que las negociaciones se desarrollarán fuera del país, sin zona de despeje, sin cese al fuego y sin micrófono. Con respecto al ritmo, las partes se decidieron por entablar un diálogo directo continuo e ininterrumpido. Las partes prefirieron también optar por unas reglas muy clásicas en este tipo de negociaciones, a saber, que nada se firma hasta que todo esté acordado. Otro punto positivo es que no se fijó una fecha límite para acabar con las negociaciones. Si bien fijar una fecha perentoria puede ayudar a no dilatar las negociaciones y a obligar

3 Ver, por ejemplo, Massé (2012a).

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a las partes a hacer compromisos de último momento, corre sin embargo el riesgo de que nada suceda antes del vencimiento de los términos. En cuanto al método de las negociaciones, la hoja de ruta definió también algunas reglas del juego. Que el secreto a voces ya era oficial no significaba que las negociaciones iban a ser abiertas y ante la luz pública. Se desarrollarían de manera confidencial, lo que en principio permitiría que las partes hablaran de manera franca y dijeran cosas que no dirían en público.

Los actores de la negociación Quiénes son los negociadores puede ser tan determinante como el qué o el cómo negociar, aunque los analistas y la opinión pública en general parecen asignar una importancia menor a este factor. Para que un proceso de paz pueda tener éxito se necesita que quienes hacen parte del problema hagan parte de la solución: en la negociación deben estar todos los contrarios verdaderos, ya que si alguno queda por fuera, sus reivindicaciones también lo estarán y esa parte resentida se convierte en enemiga u obstáculo para el proceso4. Por otra parte, es mejor que los equipos sean multidisciplinarios, pues la función y la profesión de quienes negocian influyen sobre los contenidos: las partes solo consideran las opciones con las que se sienten más familiarizadas, más cómodas o competentes. Los abogados tienden a tener una visión jurídica y los militares una visión castrense, de modo que suelen tener perspectivas limitadas, enfoques restringidos y percepciones distorsionadas. Igualmente, la falta de competencia en un tema particular puede llevar a que no sea tratado o no se negocie bien. No obstante, la complementariedad de los negociadores no puede hacerse en detrimento de sus competencias y de la coherencia del equipo. Es mejor evitar representantes sectoriales poco preparados que van y vienen, sin compromisos serios y sin una dedicación total al proceso. Finalmente, es crucial que negociadores oficiales hablen en nombre del Estado y no solo del gobierno. En efecto, los compromisos negociados y firmados deben comprometer a los futuros gobiernos y a todas las instituciones y poderes del Estado Durante la fase exploratoria, dos personas cercanas al presidente Santos jugaron un papel fundamental. Por un lado, Sergio Jaramillo, ex viceministro de defensa de Juan Manuel Santos cuando el actual presidente era ministro de defensa del presidente Uribe, nombrado alto consejero para la seguridad nacional al inicio de la presidencia Santos; y

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Para una discusión más extensa sobre este argumento ver, por ejemplo, Massé (2012d).

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por el otro, Enrique Santos, hermano del presidente y gran conocedor de las farc como del eln. Una vez firmado el preacuerdo, el Presidente modificó y amplió el equipo inicial de negociadores. Mientras Enrique Santos prefirió no hacer parte de la delegación oficial y quedarse en la “retaguardia”, Sergio Jaramillo pasó de alto consejero para la seguridad nacional a alto comisionado para la paz, y el presidente Santos nombró a Humberto de la Calle, como jefe de delegación. Con un ex ministro del interior, ex constituyente y ex vicepresidente de la República (Humberto de la Calle) a la cabeza del equipo negociador, el actual (Sergio Jaramillo) y un anterior (Frank Pearl) alto comisionado para la paz, un ex presidente de la Asociación Nacional de Industriales (andi), Luis Carlos Villegas, y dos representantes de las fuerza pública (el general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, ex comandante de las fuerzas militares, y el ex director de la Policía Nacional Oscar Naranjo), el gobierno ya tenía su dream team constituido, sin quemar la figura del Presidente, quien podría intervenir, pero solamente como último recurso, al momento de las negociaciones finales. Por otra parte, Alejandro Eder, Jaime Avendaño, Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi, quienes habían participado en la fase exploratoria, seguirían haciendo parte del proceso, aunque no como miembros plenipotenciarios. Con la salida de Luis Carlos Villegas, nombrado embajador de Colombia en Estados Unidos, y la llegada de dos mujeres, Nigeria Rentería, alta consejera presidencial para la equidad de la mujer, y María Paulina Riveros, directora de derechos humanos del Ministerio de Interior, el equipo negociador pasó a siete miembros plenipotenciarios.

Los militares en el proceso Apenas firmado el Acuerdo general, los militares retirados solicitaron un asiento a la mesa de negociaciones. Que ellos querían participar era lo más lógico pero, aunque todo el mundo reconoce que su apoyo al proceso sería clave, nadie sabía precisamente qué papel tendrían en el proceso, ni si la institución castrense se mantendría unida frente al tema5. Varios elementos abogan a favor de cierta prudencia en cuanto a una eventual participación directa de los militares en negociaciones de paz: De un lado, está el tema de la razón de ser del mandato de los militares. Pedir a un militar que participe en una negociación con sus enemigos, al mismo tiempo que se le

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Para una discusión más extensa sobre este argumento, ver Massé (2012b).

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demanda ganar la guerra puede resultar paradójico. En efecto, puede resultar bastante difícil pedirle a un militar que gane cierta confianza con su enemigo para poder negociar, cuando simultáneamente, se le exige vencerlo o, por lo menos, debilitarlo en el terreno. Por el otro, se encuentra la cuestión de las posibles tensiones entre el ejército y el poder civil durante una negociación. Existen temas que si bien pueden ser políticos, pueden afectar también a los militares como institución, como por ejemplo las negociaciones sobre la reducción de las fuerzas armadas, o la concesión de una posible amnistía. Por lo tanto, permitir a los militares contar con representación directa en las mesas de negociación puede revelar tensiones en la parte gubernamental, y así complicar substancialmente la tarea del equipo negociador. Dicho esto, lo que ocurre en una negociación tiene también implicaciones para las Fuerzas Armadas y puede resultar difícil que las negociaciones avancen sin el apoyo de los militares. En teoría, incluir a altos mandos militares en las negociaciones presenta también ventajas: Primero, una ventaja técnica. Son varios los puntos o nudos gordianos que tienen que ver con temas puramente militares. De manera general, todo lo relacionado con los arreglos de seguridad: cese al fuego, creación de zonas desmilitarizadas, cronograma de desarme, posibilidades de desminado, etc. Incluir a altos mandos militares en las negociaciones permite que estos temas, que necesitan competencias militares, puedan ser discutidos directamente. Segunda ventaja: sentar a los enemigos en el terreno, frente a frente, en la mesa de negociación, le da ciertas garantías adicionales al proceso. Después de muchos años de combate, sin una victoria de una parte sobre la otra, los militares suelen terminar sintiendo cierto miedo, pero también algún tipo de respeto por sus enemigos. Muchos consideran entonces que incluir a los militares en conversaciones le da más legitimidad y seriedad al proceso. Ahora bien, más allá de las ventajas de incluir a los militares en las negociaciones, existen también algunos riesgos al excluirlos. En caso de no participar en las negociaciones, puede ser más difícil que, una vez firmada la paz, los militares acepten los acuerdos firmados. Si los militares quedan por fuera de las negociaciones, existe el riesgo adicional de que ellos intenten llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno. “No conquistar a las ff.aa. para el proceso de paz fue el gran error de Betancur”, dijo una vez John Agudelo, uno de los negociadores de los acuerdos de la Uribe. Por su lado, las fuerzas armadas colombianas no siempre apoyaron las conversaciones de paz de las administraciones de turno, incluso parecían actuar más bien como ruedas sueltas en medio de las mismas.

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Desde allí hasta ahora, no resulta por lo tanto muy extraño que la brecha entre ellas y los gobiernos nunca se resolviera totalmente. Durante las últimas administraciones, los temas de malestar entre militares y civiles también fueron bastante amplios: canje, zonas de despeje, estatuto de beligerancia de las farc, Tribunal Penal Internacional, relaciones con el Alto Comisionado para la Paz, etc. El problema, sin embargo, es aún más estructural: por un lado, sigue existiendo temor de parte de algunos generales colombianos, de que se negocie la paz en contra de ellos. Por el otro, el gobierno teme que algunos militares entorpezcan las negociaciones.

Todos quieren ir a La Habana No hace aún mucho tiempo, las negociaciones de paz solían limitarse a los actores armados y la llamada sociedad civil no jugaba ningún papel o era poco significativa en los procesos de paz. En efecto, a los principios del manejo de conflictos de aquella época no le reconocían mucha importancia. Desde hace algunos años, sin embargo, numerosos estudios han mostrado que la construcción de la paz no incumbe exclusivamente al gobierno y a la insurgencia. La sociedad puede jugar un papel importante antes, durante y después del diálogo. En muchos procesos de paz, la sociedad civil ha acompañado u orientando las negociaciones de paz. Sudáfrica, Mozambique, Timor Oriental, no faltan los ejemplos donde talleres, reuniones y encuentros más o menos secretos, convocados por diferentes sectores de la sociedad civil nacional o internacional, ayudaron a acercar a las partes en conflicto6. Ahora bien, existen también otros casos en los cuales la sociedad civil no fue muy útil en las negociaciones de paz (El Salvador, Tayikistán, Sri Lanka…), o inclusive terminó siendo contraproducente. En Colombia, hace mucho tiempo la sociedad civil busca tener su protagonismo. De allí que no es extraño que haya sido, por un lado, “romantizada” y, por el otro, “satanizada”. Y es precisamente por ello que ciertos sectores se han mostrado escépticos frente a la posibilidad de movilización de la sociedad civil. A este escepticismo contribuye también el sentimiento de frustración que generó su participación en diferentes procesos pasados. En el Caguán, las audiencias públicas que se dieron en el marco de ese proceso no pasaron de ser una mala experiencia, porque aunque muchos tuvieron la oportunidad de ir, no hubo una caja de resonancia que potenciara su efectividad.

6 Ver, por ejemplo, Massé (2012).

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Otra tentativa, la Iniciativa Casa de Paz con el eln, también dejó un sabor agridulce. Aunque al principio fue concebida únicamente como una consulta de carácter exploratorio, esta experiencia muestra precisamente qué papel puede jugar la sociedad en un proceso de paz, qué papel no, o cuáles son sus límites. Si bien el grupo de garantes fue uno de los factores que permitió forjar la voluntad de las partes para entrar en conversaciones oficiales y facilitó la discusión de problemas específicos, este grupo no pudo hacer milagros y la experiencia nos recuerda sobre la necesidad de definir claramente los papeles de estos actores no estatales, frente a los actores oficiales. Apenas conocido el Acuerdo general, no se esperó mucho para que diversas voces de la sociedad civil se elevaran para reclamar una participación activa en las futuras negociaciones de paz. Algunos quisieron ir a La Habana, otros pidieron reactivar el Consejo Nacional de Paz, las víctimas del conflicto reivindicaron una presencia en las mesas de negociaciones… En fin, todos solicitaban un espacio. Frente a las solicitudes de la sociedad civil de participar en el proceso de paz, el gobierno accedió a organizar unos foros para que los ciudadanos o sectores ciudadanos presentaran propuestas a la mesa de negociación. Es así que, en diciembre de 2012, Naciones Unidas y la Universidad Nacional organizaron y convocaron al primer foro agrario, correspondiente al primer tema de la agenda de paz. Iniciativa meramente cosmética destinada a contentar a la sociedad según unos, tanque de ideas y de propuestas para otros, lo cierto es que ese primer foro sería seguido de tres adicionales, cada uno correspondiente a uno de los puntos o temas de la agenda en discusión en La Habana. Sin embargo, una cosa es favorecer las consultas o los acuerdos con organizaciones sociales, expertos, académicos, gremios, representantes de víctimas o dirigentes de los partidos políticos y otra, muy diferente, es que la sociedad civil tenga vocería o haga parte del equipo de negociación. El argumento de los que generalmente abogan a favor de la inclusión de los partidos políticos en los equipos de negociación, es que contribuye a proteger al proceso de negociación de los vaivenes de la política y de los cambios de gobierno. Contar con el apoyo de los partidos políticos, a la hora de firmar acuerdos, cuya implementación pueda demorarse más de un gobierno, opinan, le da un carácter más “nacional”, más “institucional”, más bipartidista a la negociación. Sin embargo, incluir a sus adversarios políticos en la negociación puede ser también peligroso si uno de los partidos políticos de oposición decide manifestar o exponer sus discrepancias con el gobierno en la mesa de negociación, o sea si la oposición “politiza” las negociaciones de paz. Una cosa es que “la política sirva a la paz”; otra es que “la paz sirva a la política”.

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Proceso transformacional vs. Proceso transaccional Las agendas de paz dependen o reflejan, en gran medida, las concepciones de paz que tienen las partes en conflicto. Algunos grupos armados se han quedado “satisfechos” con una legalización de su situación jurídica y la reintegración a la vida civil y/o política a cambio de su desmovilización. Para otros, sin embargo, la paz no consiste simplemente en el final de la lucha armada; la paz es un concepto más “integral”, más holístico que implica procesos más “transformacionales” que “transaccionales”. En 1978, en su libro sobre teorías del liderazgo (Leadership), James MacGregor Burns desarrolló una distinción entre los líderes de tipo transaccional y los de tipo transformacional. El libro tuvo un impacto bastante limitado, pero esa tipología puede ayudar a entender mejor por qué en los últimos 20 años las tentativas de paz fracasaron. Los procesos “transaccionales”, son procesos principalmente distributivos e inclusivos (intercambio de poder militar por beneficios económicos o espacio político), mientras que los procesos “transformacionales” buscan transformar las estructuras del sistema, es decir, implican un cambio de las “reglas del juego”, para alcanzar la paz. Dicho esto, no significa que la agenda de un proceso “transaccional” sea necesariamente más restringida o limitada que la otra. Un proceso “transaccional” puede abordar múltiples temas, y uno “transformacional” concentrarse solamente en unos pocos. En los procesos “transaccionales”, sin embargo, las negociaciones suelen limitarse a transacciones y arreglos mutuos que no cambian las reglas del juego, mientras que en los procesos “transformacionales”, se intentan abordar los problemas de fondo que obedecen a las causas del conflicto. Sobre el papel, estas dos lógicas tienen implicaciones importantes en la agenda, la forma de negociar, la naturaleza de los acuerdos y, sobre todo, en los objetivos de los procesos. No es lo mismo negociar una “simple” redistribución de las riquezas (tierra, recursos energéticos…), que reivindicar una transformación del acceso a esas riquezas. No es lo mismo luchar por una porción del poder local o regional para compartir o apoderarse de los recursos del Estado, que tratar de acceder al poder para buscar cambios estructurales profundos en el país. En Colombia, el proceso de paz con los paramilitares fue básicamente transaccional, en la medida en que se trató principalmente de transacciones o regateos entre las partes. Del lado de las guerrillas, sin embargo, desde el inicio era claro que un proceso de paz pasaría obligatoriamente por un proceso de transformaciones económicas, sociales y políticas, es decir que la paz no podría resumirse en una simple desmovilización a cambio de una reinserción.

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Durante muchos años, por lo tanto, las tentativas de paz fracasaron porque las partes tenían visiones de paz distintas y no había consenso sobre los propósitos de la negociación. El gobierno insistía en un proceso exclusivamente transaccional, las guerrillas reivindicaban uno profundamente transformacional. Correlaciones de fuerza, madurez del conflicto, entorno regional favorable o aprendizaje de la virtud, lo cierto es que por primera vez, tanto las farc como el gobierno, llegaron a la conclusión que si de paz se trata en Colombia, un proceso no podría ser ni exclusivamente transaccional, ni tampoco profundamente transformacional. Mientras las farc reconocieron que las negociaciones de paz no eran para resolver todos los problemas del país y que no iban a hacer una revolución negociada, el gobierno era consciente de que para poner fin al conflicto armado, tendría que eliminar o por lo menos evitar que sigan o se repitan las condiciones que lo “causaron”. Al reivindicar más participación estatal, menos inversión extranjera, más soberanía económica, no significa que las farc busquen imponer un modelo económico marxistaleninista. Hablar de “ampliar la democracia”, de “desarrollo económico con justicia social”, o de “desarrollo agrario integral” tampoco era particularmente revolucionario ni mucho menos escandaloso. Sin embargo, también es entendible que después de más de 40 años de conflicto armado interno, una guerrilla pueda difícilmente dejar las armas para simplemente regresar al punto de partida de donde arrancaron, sin obtener nada más concreto. Reivindicar derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política era, además, entendible y legítimo. Muchos analistas dijeron que las farc se salieron de la agenda. Diría más bien que la interpretaron a su favor, y que aprovecharon el margen de interpretación. En efecto, si bien los puntos de la agenda acordada apuntaban a un proceso bastante transaccional, el prólogo del acuerdo general era claramente más transformacional. De allí los matices o divergencias en cuanto a qué tanto se ha avanzado en las negociaciones. Mientras a mitad del año 2014, el gobierno decía haber logrado un acuerdo sobre los tres primeros puntos de la agenda, las farc advertían que para lograr un acuerdo final, todavía quedaban divergencias sobre “temas nodales” de la agenda, inclusive de sus tres primeros puntos7.

7 Ver, por ejemplo, el artículo de Zamora (2014).

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Desafíos Durante la campaña electoral de 2014 por la presidencia, se presentó la siguiente paradoja: muchas encuestas mostraron que, aunque el tema de la paz estuvo omnipresente en los discursos de los candidatos y del presidente Santos en particular, el tema no figuraba dentro de las primeras preocupaciones de los colombianos. Sin embargo, entre la primera y la segunda vuelta, la campaña del presidente Santos logró posicionar el tema y polarizar el electorado a favor de los partidarios de la paz, en contra de sus enemigos supuestos o declarados. Para los unos, las elecciones fueron un plebiscito a favor de la paz. Para los otros, mostraron más bien que casi la mitad de los colombianos no aprobaban la política de paz del presidente Santos. Más de tres años después de haber abierto un nuevo proceso de paz con las farc, el presidente Santos está a mitad de camino de ganar su apuesta. Aunque ninguna teoría estipula que, una vez comenzado, un proceso de negociaciones conduzca necesariamente a la firma de acuerdos de paz, nunca antes una negociación con las farc había llegado tan lejos. El camino aún está tapizado de obstáculos y podría ser más largo de lo que espera el gobierno, pero al inicio del segundo mandato de Santos, todo hace pensar que sí habrá acuerdo de paz con las farc y tal vez con el eln antes del fin de su segundo mandato. Es decir, la cuestión ya no parece ser tanto si habrá o no acuerdo de paz, sino qué tipo de acuerdo quedará firmado y cuándo. Un futuro acuerdo de paz dejará seguramente descontentos, tanto a los enemigos como a los amigos excesivos de la paz. El gobierno Santos es consciente que neutralizar a todos los que desean el fracaso del proceso de paz, sin decepcionar a los que tienen demasiadas expectativas al respecto, no será tarea fácil, pero es bastante diciente que hoy en día los debates y discusiones giren más entorno al posconflicto que a la negociación misma.

Referencias Dye, T.R. (1992). Understanding Public Policic, 7th. Edition. Nueva Jersey: Prentice-Hall Inc. Massé, F. (2011). “Rumores de paz”, en El Espectador, 20 de septiembre. Massé, F. (2012a). “¿Habrá acercamiento con la guerrilla?”, en El Espectador, 13 de enero. Massé, F. (2012b). “¿Cuál sería la posición de las ff.mm. en la búsqueda de la paz?”, en El Espectador, 4 de septiembre.

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Massé, F. (2012c). “¡Todos quieren estar en el proceso de Paz!”, en El Espectador, 31 de agosto. Massé, F. (2012d). “Negociaciones: ¿Están todos los que son, son todos los que están?”, en Razón Pública, semana del 1 de octubre. Velásquez, R. G. (2009). “Hacia una nueva definición del concepto ‘Política Pública’”. Revista Desafios, No. 20, Bogotá, semestre I, pp. 149-187. Zamora, R. (2014). “Mejor hablemos de coincidencias”, publicado el 28 de junio. http://resistencia-colombia.org/index.php/mb/opiniones/3565-mejor-hablemos-de-coincidencias.

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