Anais do IV Simpósio Lutas Sociais na América Latina ISSN: 2177-9503 Imperialismo, nacionalismo e militarismo no Século XXI 14 a 17 de setembro de 2010, Londrina, UEL GT 3. Classes sociais e transformações no mundo do trabalho
La politica de cuotas en Brasil y el debate de la la renta basica en Mexico: la equidad y la igualdad en America Latina Pedro Vitor Gadelha Mendes∗
Sea buscando disminuir la histórica desigualdad existente en Latinoamérica o simplemente buscando un gran cambio social en nuestro continente, un importante número de políticas públicas están siendo propuestas. Entre tantas, analizo en este estudio dos: la política de cuotas y la renta básica, programas que traen en su núcleo teórico temas claves en la búsqueda de la justicia social: la equidad y la igualdad. Más aun, este análisis involucrará diferentes aspectos de dichas políticas debido a los distintos discursos involucrados, a las diferentes finalidades, tanto como a los diversos ámbitos de cada programa. El debate suscitado por ambas políticas es producto de un enfrentamiento de ideas, una nueva visión que lentamente va creciendo en Latinoamérica. La ola de políticas neoliberales ya no es tan fuerte como antes en nuestro continente, tampoco su discurso incontestable. Hay una ∗ Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. End. eletrônico:
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fuerte crítica al proceso que mercantilizo bienes sociales. Ya sea por las crisis que han azotado Latinoamérica durante el periodo neoliberal, o por la debilidad que victimo los servicios sociales de nuestro continente, es un hecho que vuelve, poco a poco, el pensamiento que pone el al estado como el responsable por la oferta de los bienes sociales. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, converge en decir que: (…) Dadas las condiciones desiguales de acceso por problemas de financiamiento e información, el mercado no garantiza por sí solo la equidad, e incluso puede agudizar la desigualdad (CEPAL, 2000, p. 81)
El estado debe garantizar los derechos a los ciudadanos. Estos derechos, no pueden ni deben ser tratados como simples “servicios sociales” a ser consumidos por la población: son representan necesidades básicas, imprescindibles para quien quiere obtener una vida digna. Son, sobretodo, derechos y no productos. La ausencia de estos bienes, es mucho más que el no consumo de un producto: es la privación de una necesidad humana, es la incompletitud del ser ciudadano, es el despojo total de sus derechos. La política de cuotas raciales es una acción afirmativa que actualmente produce un gran debate en Brasil. Las Acciones Afirmativas significan la adopción de políticas sociales basadas en una discriminación positiva, que, al contrario de la negativa, basada en la falta de respeto a la igualdad, tiene por objetivo mantener o crear una igualdad. En el caso brasileño, se busca corregir la sub-representación del negro en la producción académica brasileña. Es una medida que, junto al Estatuto de Igualdade de Racial (Estatuto de la Igualdad Racial), que aguarda aprobación en el senado brasileño, busca reducir las perversas consecuencias de la histórica exclusión social del negro en la sociedad brasileña. Los negros en Brasil tienen menos acceso a bienes sociales que los blancos. Las propias estadísticas prueban que la calidad de vida de la población blanca en Brasil es considerablemente mejor que la calidad de vida de la población negra. La casi inexistente presencia del negro en las universidades públicas de Brasil, se refleja en las distancias socio-económicas entre blancos y negros brasileños. No es una casualidad que la gran mayoría de estos estudiantes negros estén en cursos considerados de bajo prestigio social como pedagogía o enfermería. La participación de los negros en el mercado de trabajo en Brasil, sea de forma débil en el medio académico o en otras ocupaciones en que no se necesita diploma superior, demuestra el intenso grado de inequidad que se plantea no solo dentro de los límites brasileños, pero sino también en toda la América Latina, como apunta el documento de la CEPAL: GT 3. Classes sociais e transformações no mundo do trabalho
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Esto se expresa (la inequidad), por ejemplo, en barreras para el desempeño de ciertos oficios, en el confinamiento a empleos que no favorecen la movilidad social, o en la discriminación en otros aspectos de la vida cotidiana (CEPAL, 2000, p. 84).
De ahí, podemos concluir que sí, hay un proceso exitoso de exclusión racial en Brasil, principalmente en el campo al cual las cuotas pretende cambiar: en la enseñanza superior. Por lo tanto podemos decir que el acceso a un bien social –o su carencia—puede decir mucho de la equidad de un país. Al decir que uno es contrario a las cuotas, no se explicita con qué posición ideológica se está identificado. Argumentos contrarios a las cuotas raciales y sociales pueden ser encontrados en distintas posiciones políticas: entre la izquierda y la derecha. Muchos representantes de la izquierda argumentan que el racismo que ésta política busca combatir, es fruto del sistema capitalista. Por ende, en el combate al sistema capitalista, ya está incluida la lucha contra el racismo. Ellos argumentan que ésta propuesta es reformista y que solamente busca reparar débilmente una consecuencia de nuestro sistema socio-económico. Sin embargo, y por desgracia, el racismo es más antiguo que el sistema capitalista en nuestro país o continente. (…) La inequidad no es una característica exclusiva de la actual etapa, ya que ha estado presente en la mayoría de los diversos modelos de desarrollo que han predominado en América Latina y, en menor medida, en el Caribe de habla iglesia. Refleja estructuras económicas, sociales, de género y étnicas altamente segmentadas, que se reproducen intergeneracionalmente por múltiples canales (CEPAL, 2000, p. 48).
Por ende, al combatir el capitalismo, no obligatoriamente se combate el racismo. Es probable que este sistema económico se aproveche de la actual situación de exclusión, pero la origen del racismo es más antigua, y como ella no está totalmente involucrada al capitalismo, aunque éste sea superado, el sistema de exclusión racial podrá continuar. Un argumento muy frecuente apunta que concentrando presupuestos en la educación pública, por ende el problema de inequidad seria arreglado. Quizá este argumento tenga un origen común junto con la lógica presente en las políticas de cercenamiento, hasta hoy bastante adoptadas en determinados gobiernos de Latinoamérica, bajo las cuales se tiene la tendencia de disminuir el presupuesto para uno u otro campo de inversión social, desarrollando otro en su lugar. Así, en las políticas públicas que nos rigen, se cree que se tiene que escoger entre uno y otro campo, cuando es perfectamente posible incluir los varios rubros en un gran programa de inclusión racial, mejorando la enseñanza universalmente ofrecida y exigiendo que éste programa tenga financiamiento suficiente por parte del gobierno. Así mismo la enseñanza no puede ser planteada como un sector GT 3. Classes sociais e transformações no mundo do trabalho
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separado de otros derechos sociales, dicho lo cual, es importante enfatizar que invertir en educación no refleja directamente una mejoría en el rendimiento escolar de los alumnos: La altísima tasa de repetición de los estudiantes provenientes de hogares de menores ingresos, desde los primeros grados, impide que avance dentro del sistema. El acceso a una educación de calidad sigue estando, además, muy segmentado según estratos socioeconómicos (CEPAL, 2000, p. 54)
La realidad social es mucho más compleja: hay que invertir en toda la red de derechos sociales para lograr alguna mejoría en la todos los aspectos: educación, alimentación, equidad racial y de género, empleos de calidad, acceso a la cultura, salud, vivienda, seguridad etc. En sociedades altamente desiguales, como las nuestras, es necesario intervenir, en primer término, para garantizar una mayor igualdad de oportunidades, lo que de por si resulta complejo. (…) Por lo tanto, un programa que busque remediar solo alguna de esas insuficiencias (por ejemplo, dando educación pública gratuita) puede no cumplir siquiera su objetivo sectorial, por que las demás carencias impiden a los individuos aprovechar plenamente las oportunidades que se ofrecen (CEPAL, 2000, p. 49).
Por eso es importante que la política de cuotas estuviera acompañada de otras políticas públicas, como las incluidas en el Estatuto da Igualdade Racial, a fin de actuar sobre un tejido social más largo y lograr más eficacia. Seria pertinente entonces señalar que estas políticas de equidad solo se completan con más políticas en otros campos de los derechos sociales. La equidad solamente se alcanza en una situación de igualdad total, cuando los derechos sean ofrecidos a todos y, junto a estos, políticas que busque reparar las inequidades y desigualdades históricas. Entre este grupo de políticas que nos acercan de una igualdad completa, está una que se ambiciona volverla en derecho: la Renta Básica de que trato más adelante. En el caso de Brasil, la política de cuotas sociales y raciales existe en varias provincias brasileñas adoptada por universidades federales y estatales, como la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), la Universidad de Brasilia (UnB), entre otras. El modelo implantado cambia un poco en las distintas experiencias a la que ha sido sujeto, pero el modelo mayormente aceptado –digamos aceptado por casi unanimidad— entre los defensores de esta política es la reserva de 50% de las plazas de las universidades públicas para los alumnos oriundos de la escuela pública, de este total serán reservadas las plazas correspondientes al porcentaje del Estado referido de individuos negros (compréndase negros y pardos) e indios auto declarados. Es una política que involucra dos aspectos: la identidad (negro o indígena) y la clase social (estudiantes de escuelas públicas). GT 3. Classes sociais e transformações no mundo do trabalho
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Junto al Estatuto da Igualdade Racial, que, entre otras preposiciones, defiende cuotas para negros también en cargos públicos, las cuotas actúan sobre dos puntos llaves para alcanzar la equidad: La superación de los grandes problemas de equidad exige concentrar los esfuerzos en romper las estructuras de reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, mediante acciones que apunten a los cuatro canales fundamentales que las determinan – el educativo, el ocupacional, el patrimonial y el demográfico – y a las barreras erigidas por la discriminación según genero y etnia, que agravan esta situación. Educación y empleo son, en este contexto, las dos ‘llaves maestras’ de este esfuerzo (CEPAL, 2000, p. 48).
En la Segunda Carta a los Tesalónicos escrita por Pablo de Tarso – incluida en la Biblia— existe un pasaje que dice: “el hombre que no trabaje, que no coma” la cual al parecer genera gran sentido en la lógica del pensamiento popular. El problema es que dicha afirmación solamente intenta justificar la manera en la cual organizamos nuestra sociedad. De hecho, y si observamos con detenimiento, es una regla que no es impuesta a todos: En nuestra sociedad hay ciudadanos que no tienen esta obligación de trabajar para comer. Ciudadanos que disponen de tierras o de capital y que pueden elegir no trabajar (en el mercado) sin verse condenados a pasar hambre. Pueden trabajar, pero también pueden no hacerlo. Una gran parte de la ciudadanía no tiene esta opción (PANELLA, p. 37).
Transferir a todos la opción de trabajar o no es uno de los objetivos de la Renta Básica o Ingreso Ciudadano. Ésta política actúa de forma determinante en la búsqueda por una igualdad completa. Por otro lado, mientras que las cuotas actúan bajo el principio de equidad, buscando corregir la histórica exclusión social del negro en Brasil, la Renta Básica actúa bajo el principio de igualdad al ofrecer a todos los ciudadanos un “salario” para su manutención, aún los que no contaban con empleo: (…)se trata de un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. Mas escuetamente: es un pago por el mero hecho de poseer la condición de ciudadanía (PANELLA, p. 21).
Es pues, una política que pretende volverse derecho universal: el de existir. Y derecho universal involucra a todos los ciudadanos, aún cuando no se necesite de él. La educación y la salud son ejemplos de derechos universales. No se niega la educación pública solamente porque uno puede pagar la escuela privada. Son bienes sociales ofrecidos a todos, de ésta GT 3. Classes sociais e transformações no mundo do trabalho
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forma, aunque uno tenga dinero para escoger un servicio privado, existe también la opción de gozar de éste derecho. Es pues, no esperar la necesidad de los individuos para socializar la riqueza: El principio de universalidad busca que todos los miembros de la sociedad cuenten con la certeza de que esta les asegura un nivel y una calidad de bienestar considerados básicos, que deben ser los máximos que permita el desarrollo económico en un momento dado (CEPAL, 2000, p. 73).
La universalidad presente en la propuesta de Renta Básica difiere de la focalización, presente hoy en las políticas de redistribución condicionadas. En general, estas políticas públicas neoliberales de transferencia de presupuesto, actúan solamente sobre los ciudadanos que viven bajo una condición de vida muy precaria. De tal suerte que éste grupo social sólo tiene acceso al beneficio bajo la condición de que compruebe lo miserable de sus condiciones de vida. Ésta forma de hacer política focalizada plantea consecuencias perversas sobre los beneficiados. El beneficiado no puede tener acceso a otro beneficio o a otra fuente de renta, y si esto llegase a suceder, es penalizado con la perdida de tal beneficio. Así, muchos, bajo el miedo de perder el ingreso, no desarrollan trabajos remunerados, y, de manera perversa, son obligados a permanecieren en la pobreza o participar en trabajos sin registro, trabajos informales. Ésta política de transferencia, finalmente, no incentiva la búsqueda de un trabajo remunerado. Además, cultiva una forma de macartismo social, donde vecinos denuncian aquel que tiene acceso al ingreso “sin merecerlo realmente”. El control administrativo es otra consecuencia de esta modalidad de política: vigilar y someter a los beneficiados a constantes estudios socioeconómicos para comprobar su pobreza. La independencia socioeconómica ciertamente traería muchos cambios en el mercado laboral. Bajo la actual situación en que vivimos, el capitalismo no solo quita de los trabajadores el poderío sobre los medios de producción, sino también sus medios de reproducción. El trabajo asalariado es una condición para la existencia. Esta condición actúa como el principal factor de ordenamiento social. Quitar éste poder del trabajo asalariado sobre el ciudadano, desmercantiliza, en parte, la fuerza de trabajo y aumenta el poder contractual de los trabajadores, pues su existencia no dependerá más de aquel trabajo asalariado para subsistir. Las contrataciones laborales tendrán que ofrecer más beneficios que sólo el dinero para la alimentación del empleado, pues él ya tendrá eso. Además, la Renta Básica también ofrece como opción a los ciudadanos, actuar en una de las otras dos formas de trabajo que el no asalariado: el trabajo doméstico y el trabajo voluntario. Con la intensa mercantilización de la fuerza del trabajo, estas otras dos formas de trabajo son desvalorizadas. La Renta Básica serviría de soporte GT 3. Classes sociais e transformações no mundo do trabalho
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para aquellos que prestan parte de su tiempo a estas ocupaciones. Estimase que muchas mujeres serian beneficiadas, ya que muchas están condicionadas al trabajo domestico. Este ingreso las daría mayor autonomía, ya que el sistema clásico machista y patriarcal, que frecuentemente, por las fuerzas de cohesión de la sociedad, obliga la dependencia femenina, dejaría de ser tan eficiente. La Renta Básica actúa sobre el bienestar de la población, no solamente por el mayor poder contractual que es trasladado a las manos de los trabajadores y que actúa directamente sobre la precariedad de los trabajos ofrecidos, sino también por evitar el descontento laboral en un mayor número de individuos. Muchos de los cuales, hoy trabajan en empleos nada más que para sostenerse o sostener a su familia. Con la Renta Básica, habría mayor capacidad de elección por parte de ellos sobre en que deciden trabajar. De manera similar a la crítica que se hace a las cuotas, muchos críticos de la Renta Básica denuncian que se trata de una política que tendrá como consecuencia la debilidad de otros sistemas universales ya ofrecidos, como la educación y la salud, pues sus recursos serian desviados para el pago de éste ingreso. La lógica a la cual estos críticos están sometidos es la misma que hace a intelectuales creer que solamente se puede invertir ya sea en cuotas o en la educación básica: las políticas de cercenamiento. No se plantea en el Ingreso Ciudadano a cambio de la gratuidad de la educación o el Ingreso Ciudadano a cambio del debilitamiento de la protección y la seguridad social, sino en una lógica de incorporar el Ingreso Ciudadano como un pilar más de una política hacia un Estado Social de Derechos (YANES, p. 163).
No se trata de sustituir un derecho por otro—como a lo largo de los años nos han acostumbrado las políticas públicas neoliberales—siempre con muchas restricciones de presupuesto en la inversión en bienes sociales. Hay pues que luchar por una nueva lógica: la de la acumulación de derechos. En un continente tan rico como América Latina, el problema no es de falta de presupuesto –ni mucho menos de recursos—sino la distribución de éste presupuesto. La Renta Básica es un paso más a ésta distribución de ingresos, pues dicha política estaría bajo la lógica de una política solidaria. La solidaridad implica una participación en el financiamiento y en el acceso a las protecciones sociales que sea diferenciada, según las capacidades económicas o los niveles de riesgo de las personas (CEPAL, 2000, p.52).
Bajo este aspecto, la Renta Básica también promovería una mayor distribución de renta, ya que el financiamiento de ésta política vendría de las clases sociales con mayores ingresos. Todos tendrían derecho a la Renta GT 3. Classes sociais e transformações no mundo do trabalho
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Básica –pero de acuerdo con su nivel de ingresos— y por medio del impuesto pagado al estado financiarían la política de forma diferenciada, promoviendo una situación de mayor distribución de renta. Podemos decir que la Renta Básica, a través de ésta redistribución de los ingresos, crea una socialización de los medios de subsistencia. Sin embargo, la Renta Básica aún no cuenta con la experiencia empírica que le permitiría fortalecer su defensa a través de la demostración de los logros obtenidos. El más cercano del que se puede hablar como experiencia representativa de los beneficios de dicha política es la Pensión Ciudadana Universal adoptada por el Distrito Federal de la Ciudad de México que tiene en común el hecho de que tratase de una política universal, no condicionada y exigible: Las políticas que avanzan hacia la igualdad, hacia la inclusión social, son políticas de desmercantilizacion: en la salud, en la protección social, en la educación, es decir, todos aquellos derechos que por ser tan importantes para la reproducción de la vida y la construcción del bienestar, no pueden estar sujetos a las reglas de la ganância (YANES, p. 168).
La Renta Básica, al socializar los medios de sustancia y al desmercantilizar la fuerza de trabajo, plantea su potencial anti-capitalista, pues reúne condiciones positivas para la construcción de una crítica a la sociedad del capital. Es importante apuntar que la Renta Básica no sería una política aislada. Su potencial sólo sería alcanzado junto a otras políticas. Sería nada más que una medida de un programa mayor. Consideraciones finales Tanto la política de cuotas cuanto la Renta Básica son políticas importantes para llegar a una igualdad completa. La primera actuando sobre un grave problema de la sociedad brasileña: la marginalización de los negros. La segunda actuando sobre la libertad de los ciudadanos. Pero, cada política aislada de una mejora general de los servicios públicos y derechos sociales, poco poder tiene de cambiar lo que se proponen. Tratase de dos políticas muy polémicas, sea donde sean planeadas sucintan el debate. Tienen críticos en los más diversos campos políticos. Estas dos políticas pueden ser combinadas, congregando dos aspectos que juntos ayudarían a alcanzar una igualdad completa cabal justicia: equidad e igualdad. La universalidad de la renta básica, trata a todos como iguales bajo un nuevo derecho; la selectividad de política de cuotas reconoce que, aunque todos nosotros podemos ser portadores de derechos que hoy nos pongan como iguales para la ley, en realidad hay una absurda inequidad y cabe al gobierno corregirla. GT 3. Classes sociais e transformações no mundo do trabalho
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