La pacificación de la periferia. Conflictividad social, regeneración urbanística y esterilización de lo urbano en el barrio de La Mina, Barcelona.

La pacificación de la periferia. Conflictividad social, regeneración urbanística y esterilización de lo urbano en el barrio de La Mina, Barcelona. Giuseppe Aricó Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS) Universitat de Barcelona (UB)

1. Introducción En consonancia con el auge del neoliberalismo, y la creciente penetración de su lógica de mercado en el campo de la planificación urbanística, muchas periferias urbanas de Europa1 han llegado hoy a ocupar una posición sin precedentes en los intereses privados del mercado inmobiliario (Vecslir, 2011). La confusión conceptual reinante para describir la periferia en términos espaciales -suburbio, hinterland, ciudad difusa, periurbano, etc.- se debería a la necesidad, por parte de los promotores públicos y privados, de consolidar una imagen de marca en las iniciativas urbanísticas e inmobiliarias que llevan a cabo en las periferias para “venderlas”. Una clara expresión de ello es el abuso del término “espacio público” en aquellos discursos políticos que se proponen redimir las periferias mediantes intervenciones urbanas que acabarían de una vez por todas con su supuesta “naturaleza conflictiva”. Esa retórica obstinada, que pretende revelar los fantasmagóricos beneficios de un “espacio público de calidad” (Delgado, 2011), representaría en realidad un instrumento indispensable para desplegar la acción administrativa y el control racionalizador sobre las intervenciones de planeamiento no tanto urbanístico sino más propiamente urbano (Aricó y Stanchieri, 2014). Es decir, se trataría de una herramienta indisolublemente asociada a los procesos de higienización y normativización de los individuos (Sennett, 1994) dentro de un campo semántico hecho de representaciones propias de una ciudadanía ideal e idealizada, que no contempla ni admite expresiones imperfectas de sí misma y que, sin embargo, no deja de producir de forma inevitable y sistemática. Con la creciente mercantilización de la ciudad, estos procesos han encontrado en las periferias un terreno fértil donde germinar como panacea inmejorable para aquellas formas de 1

A diferencia del contexto europeo, donde la periferia sería sinónimo de pobreza, marginalidad o degradado, en EE. UU., Canadá o América Latina, las periferias se constituyen más bien como suburbios (en inglés suburb), es decir, zonas residenciales destinadas exclusivamente a gente de clase media o medio alta.

convivencia vecinal que se presume degenerada a causa de supuestos conflictos culturales, religiosos, o étnicos, y que, por ello, necesitarían ser “pacificados” mediante inyecciones de civismo. Abstractamente concebidas a escala global, estas retóricas llegan a ser localmente incrustadas en políticas urbanas cuya finalidad cardinal es garantizar los procesos de desvalorización y consecutiva revalorización de un nuevo espacio urbano estratégicamente concebido y usado como suelo inmobiliario, es decir, dispuesto para ser comprado o vendido (Brenner y Theodore, 2002). En esta dirección, el análisis de los actuales procesos de “regeneración” en marcha en numerosas periferias europeas puede ser clave para revelar la complejidad de aquellas dinámicas neoliberales que se empeñan en convertir las áreas “marginales” y “conflictivas” en nuevos o potenciales espacios urbanos de calidad urbanística, ambiental y sobre todo humana. El caso particular que aspiro a presentar de cerca –el de La Mina, un barrio fuertemente estigmatizado en la periferia barcelonesa y sometido a una amplia operación de “regeneración” urbanística– resultaría bien ilustrativo de este tipo de procesos que pretenden materializar el ideal de una ciudadanía cívica, sosegada y obediente en un “espacio público” pacificado, es decir, idílico y privo de conflicto. 2. Conflictividad social y regeneración urbana A partir de los resultados obtenidos mediante una investigación de base etnográfica,2 analizaré la relación entre conflictividad social y regeneración urbana adoptando una perspectiva que considera la periferia como el resultado histórico de determinadas relaciones de poder, así como un lugar privilegiado para que éstas se reproduzcan, perpetúen y transformen. En esta dirección, intentaré reelaborar críticamente el concepto de “conflictividad” a la luz de las desigualdades socio-espaciales que caracterizan a la periferia urbana en general. Me refiero, en particular, a las desigualdades producidas y reproducidas por la combinación especifica de varios factores que han configurado la organización geopolítica, económica, socio-demográfica, cultural-comunitaria y urbanística de las ciudades y sus periferias a lo largo del tiempo (Harvey, 1975). La Mina no constituiría, de hecho, un mero espacio subordinado, marginal o aislado sino un proceso de formación de la vida urbana en constante transformación, lo cual nos obliga a repensar la manera en que solemos concebir su “conflictividad” (Aricó, 2014a). 2

La investigación ha sido desarrollada en diferentes etapas entre el 2009 y el 2013. Los métodos principalmente utilizados para la obtención de datos han sido, por un lado, el estudio de actas municipales y planes urbanísticos relacionados con el proceso de transformación del barrio, y, por el otro, la recolección y análisis de diferentes datos censales y artículos de prensa que se remontan hasta finales de los ’50. Durante la investigación se realizaron, entre el 2010 y el 2012, un total de 31 entrevistas de una duración media de sesenta minutos, de las cuales 8 semiestructuradas y dirigidas a algunos agentes institucionales y económicos, y el resto a vecinos vinculados con las principales asociaciones vecinales del barrio.

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A partir de estos supuestos, el análisis espacial de La Mina revelaría de forma emblemática que su conformación social y urbanística han sido determinadas en fuerte consonancia con la lógica desarrollista que caracterizó el urbanismo de época franquista (Ferrer, 1996). Edificado entre 1957 y 1975, el barrio fue concebido con el objetivo principal de erradicar diferentes núcleos de infravivienda presentes en el área metropolitana de Barcelona (Camino, et. al. 2011). Sin embargo, ya a finales de los ‘60, su planificación fue subordinada a las exigencias del desplazamiento de la actividad industrial en favor de un aumento del espacio urbano edificable en las zonas centrales de la ciudad. Como otros municipios metropolitanos, Sant Adrià de Besòs se vio así obligado a cargar con los costos de la capitalidad de Barcelona absorbiendo un considerable sector de población considerado “improductivo” en función del proceso de acumulación capitalista. La ingente movilización de este sector hacia las zonas periféricas de la ciudad abocó en un rápido realojo en polígonos de viviendas donde la inexistencia de equipamientos básicos y la mala calidad de la vivienda configuraban un espacio destinado exclusivamente a “los pobres”. El “barraquismo vertical” de La Mina (Tatjer, 2001) es, en este sentido, la evidencia más representativa de la afirmación de las lógicas urbanísticas de la Gran Barcelona, que reivindicaba la “historicidad” de las zonas centrales de la ciudad mediante procesos sistemáticos de expulsión e higienización de la pobreza (Alibés et al., 1975). Podemos entonces conjeturar que el barrio fue urbanísticamente organizado como un espacio de control donde relegar a una "clase peligrosa" (Colomer, 1977), que tenía que ser vigilada y domesticada para que sus componentes se convirtieran en propietarios, esto es, socialmente rescatados en una nueva clase media productiva y con mayor poder adquisitivo. Tal propósito respondía a la necesidad política y económica del régimen de redistribuir territorialmente las clases sociales más desfavorecidas. Este proceso fue consolidándose en las posteriores décadas acentuando una fuerte disparidad en términos principalmente sociales y económicos entre la población de Barcelona, y afectando –cuando no determinando- de manera decisiva sus dinámicas de organización y reproducción socio-espacial (Grégory y Urry, 1985). La relación entre el proceso de formación de la periferia y el sistema de clases empieza así a estrecharse, poniendo de relieve el papel siempre más determinante del Mercado en la organización espacial de la ciudad y sus habitantes. En el caso de La Mina, esa disparidad dio lugar a formas de organización social cuyos modos de reproducción fueron articulándose –en ocasiones- al límite o fuera de la “legalidad”. Ya a finales de los ’70, especificas actividades “ilícitas” como el comercio de drogas o la venta 3

ambulante empezaron a integrar las pequeñas economías domésticas de un sector minoritario de residentes. A pesar de que se tratara de un fenómeno repartido por todo el territorio metropolitano, el imaginario mediático acabó igualmente por estigmatizar el conjunto del barrio como espacio por excelencia de delincuencia, drogadicción, pobreza y, por ende, de conflictividad (Lagunas, 2010). Todo ello justificó, a partir de la década sucesiva, la llegada masiva de los servicios socio-asistenciales, puntualmente integrados por toda una serie de intervenciones urbanísticas realizadas en vista de los JJ.OO. de 1992 y sistemáticamente enmarcadas en el denominado model Barcelona. Durante aquellos años, no fueron pocas las intervenciones dirigidas a la “regeneración urbana” de La Mina, todas ellas llevadas a cabo sin resultados efectivos. Fue así que en 1999 se creó el Consorci del Besòs para gestionar el Pla de Transformació del Barri de La Mina 2000-2010 (PTBM), que apostaba por una “actuación social y urbanística definitiva […] capaz de generar intervenciones en todos los ámbitos que configuran la vida del barrio”.3 El hecho es que, a partir de la puesta en marcha del Consorci, y junto al detonante que supusiera el Forum de les Cultures (2004), la urbanización del terreno comprendido entre la Rambla de Prim, la Gran Via, el río Besòs y el mar, se convirtió de repente en un proyecto fuertemente cohesionado e internacionalmente promocionado como “proyecto estrella” (Jornet et. al., 2008). Con un presupuesto inicial de 170 millones de euros, el PTBM preveía un campus universitario, un hotel, una residencia de estudiantes, zona de negocios, pisos de venta y alquiler libre, así como de protección oficial, equipamientos de barrio y “para toda la ciudad”. El Consorci se proponía realizar todo ello paralelamente a un potente programa social, cuya prerrogativa primordial era “erradicar la delincuencia”, “frenar las actividades y actitudes incívicas” y “construir una imagen positiva para poner fin a la estigmatización del barrio”. Esas actuaciones nunca dejaron de suscitar una fuerte perplejidad por parte de un sector considerable de los residentes, para quienes “el PTBM ha dejado incumplidos muchos de los objetivos sociales propuestos sin resolver prácticamente ni uno de los conflictos presentes en el barrio desde siempre”.4 Tal como reconoce el mismo Consorci, “los objetivos sociales del PTBM representan todavía el gran asunto pendiente, […] debido a la falta de una actuación conjunta con el tejido asociativo del barrio y por las dificultades económicas traídas por la crisis”.5 Sin embargo, personalmente creo que las causas de ese fracaso pueden ser más 3

Así en el texto que constituye el PTBM [se vea: http://www.barrimina.cat]. Salvo cuando señalado diferentemente, todas las citas relativas al PTBM que aparecen entre comillas se entienden extraídas de dicho texto. 4 Entrevista a un miembro de la Plataforma d’Entitats i Veïns de La Mina, 23/05/2010. 5 Entrevista a un representante del Consorci, 11/06/2010.

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amplias. El PTBM habría sido estratégicamente enfocado desde el principio hacia los intereses privados del mercado inmobiliario subordinando la esfera social al mero beneficio urbanístico, con la consecuencia de centrar el trabajo social en los efectos y no en las causas de la “conflictividad” de La Mina. 3. La criminalización del conflicto Si en el pasado La Mina podía verse como un espacio de control creado en respuesta a una necesidad de carácter político – y no social- del régimen tardo-franquista, hoy día el PTBM debería ser entendido dentro del marco de la globalización y la competencia actual entre ciudades en los procesos de regulación del valor de cambio del espacio (Harvey, 1990). Es decir, el barrio habría actualmente pasado a ser intervenido mediante estrategias de control del espacio que pretenden exorcizarlo de su intrínseca conflictividad a fin de garantizar el éxito de atractivos proyectos inmobiliarios, orientados hacia el mantenimiento de la movilidad económica del espacio y la salvaguarda de su condición de mercancía (Lefebvre, 1972). La evidencia más elocuente de ello estaría constituida por el hecho de que uno de los aspectos más significativos del PTBM consistiera en conectar La Mina con el Forum y los barrios del entorno al fin de “convertir el barrio en una nueva centralidad para la ciudad”. Así, una de las ambiciones del Consorci era “hacer un barrio atractivo donde la gente quiera vivir, [....] mediante intervenciones en la urbanización de los espacios públicos, [...] y la construcción de nuevos inmuebles para garantizar que el espacio físico donde se vive tenga las condiciones suficientes para que todos tengan asegurado el derecho al espacio público”. Lo que emerge claramente de esas líneas es la presunción del PTBM de articular un supuesto “derecho al espacio público” mediante la intervención directa en el espacio físico y social del barrio. Por este propósito, los primeros pasos en la puesta en marcha del PTBM fueron la reparcelación

del

territorio

y

su

consecuente

ordenación

espacial,

operaciones

estratégicamente articuladas mediante la prolongación y reurbanización del entramado vertical de sus calles.6 En esta dirección, la nueva Rambla de La Mina representaba la gran apuesta urbanística por excelencia del PTBM. Pensada como un paseo central desde el extremo occidental hasta el oriental del barrio, la Rambla tenía que funcionar como “una columna vertebral que conecte las nuevas edificaciones y las ya existentes en un espacio de relación”. Este aspecto impulsó la expansión territorial del barrio hacia el litoral, donde se erigía la antigua área industrial de La Mina, implicando el desmantelamiento de gran parte del

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Esas actuaciones, llevadas a cabo entre el 2002 y el 2008, son desde luego sólo algunas de las muchas contenidas en el PTBM.

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barrio y su consecutiva reurbanización mediante un método de “reparcelación variada entre residencias, equipamientos y servicios”. Tal y como puntualiza el PTBM, “el principio de diversidad que se busca con la transformación del barrio tiene uno de sus puntos fuertes en la mezcla de población, edificios y arquitectos […] para facilitar un urbanismo sostenible que garantiza espacios de mezcla social mediante la atracción de nuevos habitantes”. Dicho en otros términos, la propia reparcelación sirvió como principal estrategia urbanística para someter La Mina a un paulatino proceso de pacificación urbana a alcanzar mediante la “mezcla social”. Fue así que ya a finales de los ’90, tanto la zona central, ocupada por los equipamientos originarios del barrio, como la oriental, donde se hallaban las naves industriales, fueron convertidas en unos 30 solares de propiedad del Consorci. De éstos, 10 se subastaron en el mercado libre y fueron adquiridos por una única promotora privada para edificar unas 700 viviendas de venta libre, cuya mayoría –de alto standing- se construiría en el extremo oriental. El Consorci preveía que con los beneficios obtenidos gracias a los solares subastados (46 millones de euros) podría financiar la construcción de poco más de 400 viviendas de protección oficial en otros 7 solares, estableciendo que unas 350 de éstas fueran destinadas al realojo de las familias afectadas por las intervenciones de “des-densificación urbanística” del barrio. La propuesta de des-densificación apostaba por una “urbanización de calidad” en torno a la Rambla, concebida como “eje principal de centralidad para garantizar la mezcla entre nuevos y viejos vecinos en el barrio”. Justamente por su proximidad estratégica a tal eje, la operación de esponjamiento y rehabilitación de la zona occidental afectaba de forma directa a dos grandes bloques de viviendas del barrio. El hecho es que el derribo de uno de ellos, el bloque Venus, inicialmente previsto para el 2010 y que comportaría el desalojo de unas 240 familias,7 no está explícitamente incluido dentro de las actuaciones establecidas en el PTBM, ni existiría ningún documento oficial que determine los motivos reales de tal operación. Del estudio urbanístico emergería que no se trata de motivos relacionados con la nueva “ordenación del territorio”, y tampoco subsistirían razones relacionadas con supuestos fallos técnico-estructurales, desmentidos por el correspondiente estudio que determinó que el bloque era “estructuralmente perfecto”. Los motivos determinantes se pueden intuir, en cambio, a través del “diagnóstico de base socioantropológico” realizado en 2002. Entre ellos destaca el problema de la venta y consumo de droga, los comportamientos incívicos, la insalubridad, los subarrendamientos encubiertos, las 7

El bloque está constituido por 6 escaleras que dan acceso a 244 viviendas repartidas por un total de 10 plantas.

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okupación irregular de varios pisos y, ligado a ello, las dificultades de convivencia provocadas por la desafectación de parte de sus habitantes hacia los espacios comunitarios y la consecuente degradación de éstos. Aunque estos factores no sean exclusivos de Venus, parece haber una cierta obstinación por parte del Consorci en intervenir drásticamente en éste y no en otros bloques que presentan problemáticas similares. De hecho, el de Venus sería un derribo emblemático, ya que según la administración local el bloque representaría “el principal crisol de las prácticas incívicas e ilícitas que lacran el cambio social del barrio estigmatizando al conjunto de sus residentes cívicos y trabajadores”,8 una opinión que refuerza públicamente la idea difusa de Venus como símbolo de marginalidad, degradación y, por ende, conflictividad. En este sentido, es interesante señalar que, según una porción considerable de los residentes “originarios” del barrio, tanto la estructura urbanística de La Mina como la presencia de una minoría integrada en la “economía delictiva”, no representan exactamente un problema especial. No obstante, muchos de ellos coinciden plenamente en que el principal problema del barrio es que en La Mina el “espacio público”, desde los rellanos de las escaleras hasta las calles y plazas, estaría ocupado por una minoría incívica. Es decir, según los vecinos “cívicos” las conductas negativas de una minoría incidirían decisivamente en los factores de convivencia dentro del barrio dificultando sensiblemente el deseo de su conservación. En La Mina este fenómeno se manifestaría en diferentes espacios y formas, pero parece ser que la más polémica es la que ocurriría en el interior de Venus, por sus escaleras y rellanos, donde se produce un deterioro de la convivencia a partir del maltrato al propio espacio físico que efectuarían determinados vecinos que viven en él. Sin embargo, no podemos obviar la existencia de una responsabilidad directa por parte de la administración local en la construcción y difusión de una “mitología del miedo” (Cátedra, 2001) alrededor de Venus y su vecindario. Instrumentalizando el espectro colectivo de una conflictividad supuestamente atávica en la minoría incívica de Venus –que no consentiría un desarrollo normalizado de la vida social del barrio-, el Plan de Acción Social enmarcado en el PTBM se proponía “articular una intervención integrada y global en la mejora de las condiciones de habitabilidad, vida comunitaria y convivencia […] para su plena normalización como barrio de Sant Adrià y de Catalunya”.

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Entrevista a un responsable del área de Territorio y Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Adrià, 4/4/2011.

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4. El fracaso de la pacificación urbana A pesar de que el Consorci se vio obligado a reformular radicalmente toda una serie de intervenciones con un impacto social y técnicamente arriesgado, la propuesta de derribo de Venus sigue hoy suponiendo una obra estratégica en la fase final de la “transformación” de La Mina. El hecho es que a lo largo de las últimas décadas Venus ha llegado a representar “la parte degenerada del barrio sobre la que se quiere y se debe actuar por el bien de todos […], el punto cero desde donde abordar la gestión de la conflictividad en toda su complejidad […] para facilitar el proceso de construcción de nuevos modelos de convivencia del futuro barrio regenerado”.9 Es decir, el bloque Venus se concibe como una verdadera alegoría del conflicto, y su derribo tendría esa fuerza simbólica de empezar de nuevo, de cortar con los estereotipos y el pasado nefasto del barrio para construir “un futuro mejor”. Sin embargo, para entender lo que estaría realmente pasando en el barrio es imprescindible analizar su realidad social en función de su evolución urbanística teniendo en cuenta tres aspectos principales. En primer lugar, el barrio habría históricamente funcionado como espacio de encierro, control y ocultación de sectores sociales empobrecidos, que han reproducido en el tiempo su propia “conflictividad” mediante el deterioro de la vivienda, la falta de empleo y la insuficiencia de equipamientos y servicios. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las políticas de vivienda efectuadas sobre el entorno urbano por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona consiguieron configurar La Mina, y en especial Venus, como lugar de destino de desalojos provocados por actuaciones urbanísticas en otras zonas del entorno metropolitano. De ese modo, la concentración espacialmente impuesta desde el principio sería el detonante de la competencia por recursos escasos, así como la generación de conflictos permanentes entre los distintos sectores de residentes podría tener su origen en la alta rotación del vecindario a partir de los ’80 (Lagunas, 2010). En tercer lugar, no hay que olvidar que el PTBM representa el octavo de los planes que se han ejecutado en el barrio hasta la fecha actual, y parece no haber todavía producido resultados concretos. No hay que olvidar que tras más de una década de vigencia del PTBM, las intervenciones urbanísticas más importantes delatarían una “transformación” apreciable sólo desde fuera, a un nivel arquitectónico exterior, pero en el fondo no ofrecerían ninguna funcionalidad social para gran parte de los residentes. Es más, en el procedimiento “participativo” de planificación de los espacios de nueva construcción y de rehabilitación urbanística a integrar en el PTBM, no se ha hecho caso a las propuestas avanzadas por aquellos vecinos que reclamaban “un 9

Ibídem.

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trabajo de intervención desde dentro y no desde fuera”.10 A ese propósito, sería interesante preguntarse cuáles serían las responsabilidades de la administración local y autonómica en el lento –quizás funcional- proceso de degradación de Venus al no intervenir en su posible rehabilitación e impedir a los vecinos hacer reformas. Si bien en el extremo oriental del barrio la construcción de la gran mayoría de vivienda libre –destinada a personas ajenas al mismose completó a finales de 2007, en 2008 estalló la famosa “crisis del ladrillo”, y las inmobiliarias privadas empezaron a perder interés en la compra de los restantes solares disponibles. La paralización de la subasta entonces en curso acabó dificultando seriamente la financiación de la vivienda protegida destinada a los vecinos afectados, así que ese mismo año el Consorci se vio obligado a pedir un préstamo hipotecario a los bancos para proceder a su edificación, y llevar a cabo la finalización del PTBM con el derribo previsto. La “crisis” siguió avanzando, y con ella el descontento vecinal, agravado por la injusta tasación de los pisos del bloque Venus.11 Los afectados empezaron así a denunciar de forma organizada frente a las administraciones la falta de transparencia sobre este punto clave del PTBM, lo cual acabó paralizando el propio procedimiento de realojo. Desde hace ya 14 años, los vecinos de Venus están esperando a ser realojados, pero aún no sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero hay más, ya que a las dificultades financieras para abordar el realojo de esos vecinos se han añadido, más recientemente, las del derribo, económicamente inasumible por parte del Consorci. Es así que los argumentos fundamentales del PTBM –esponjar el barrio, mezclar población y diluir territorialmente los focos de conflictividad- no llegarían nunca a cumplirse y acabarían por encarnar el fracaso clamoroso del proceso de pacificación al cual se pretendía someter La Mina. La tendencia a “no pisar la parte de atrás [la zona occidental] por miedo e inseguridad”,12 ampliamente difusa entre algunos de los “nuevos vecinos” de la zona oriental del barrio, constituiría la evidencia más sugestiva de tal fracaso. Por otra parte, esta situación revelaría como toda esa operación de regeneración pretendía simplemente recalificar los terrenos ubicados alrededor del barrio – mantenidos en precario durante mucho tiempo- sólo para poder especular mediante la construcción de vivienda y su venta en el mercado inmobiliario. En definitiva, la percepción y utilización de La Mina en clave preferentemente económica habría funcionado, a lo largo de los últimos 30 años, como generador de importantes expectativas de capitalización de rentas

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Entrevista a una vecina integrante de la Associació de Veïns i Veïnes de La Mina, 3/3/2011. Acorde al entonces precio de mercado, ésta correspondía a unos 120.000 euros, pero el Consorci afirma que su valor alcanzaba apenas los 80.000. 12 Entrevista a una vecina de la Avinguda Maristany, 22/10/2012. 11

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mediante su reiterada “urbanalización” (Muñoz, 2008), con el efecto colateral de aislar sus problemáticas y consolidar severos patrones de segregación socio-espacial. El PTBM podría entonces verse como el ejercicio de un “urbanismo contaminador” (Harvey, 1992) que desea recapturar unos espacios y un patrimonio bajo una retórica de “regeneración urbana” muy parecida a los discursos redentores que caracterizaron las lógicas espaciales de la Gran Barcelona. 5. Conclusiones Con esta presentación he querido entender la actual conformación socio-espacial de La Mina en términos geopolíticos, esto es, no sólo como el producto físico/material de un determinado tipo de urbanismo sino, sobre todo, como un proceso social y económicamente articulado dentro de las lógicas y retoricas en las cuales él mismo se fundamenta. Más allá de constituir la base de las estrategias de pacificación y control social del barrio, las intervenciones de carácter urbanístico y social contenidas en el PTBM pueden además contemplarse como el desencadenante definitivo de profundas transformaciones urbanas que trastornarían la espontaneidad y flexibilidad de la reproducción de las relaciones sociales de sus residentes. Detrás de la finalidad de “garantizar una cierta normalidad social al poder actuar contra núcleos incívicos eliminándolos”, se escondería en realidad una gobernanza urbana de escala global (Ferguson y Gupta, 2002) que utiliza el “civismo” como un fetiche al cual rendir culto. Como emerge del caso analizado, la precariedad y el condicionamiento de específicos componentes espaciales inciden notablemente en determinar la organización socioeconómica de la vecindad según formas de uso del espacio divergentes, lo cual generaría un conflicto entre residentes “cívicos” e “incívicos”. Sin embargo, sería más conveniente observar el barrio como un espacio donde la idea de “civismo” ha acabado por ser utilizada como una categoría ideal de adscripción y pertenencia, fundando separaciones no necesariamente absolutas entre los residentes, sobre todo cuando se las compara con estratos y referentes de clase (Aricó, 2014b). Desde esta perspectiva, las formas de organización social que articulan las relaciones entre esos distintos grupos de vecinos estarían directamente determinadas por un contexto global en el cual una parte de ellos se identifica como ciudadanos, “creyente[s] en una cultura e ideología colectiva enraizada en las extensiones de la polis” (Soja, 2008:51), y, por ende, “cívicos”. Pero, por otra parte, las mismas formas no dejarían de ser indirectamente cuestionadas por una minoría de vecinos que rechaza cumplir con los propósitos homogeneizadores de la “invención de la ciudadanía” (Holston y Caldeira, 2008) y que, por ello, acaba siendo categorizada como 10

“incívica”. Ahora bien, en realidad esa minoría representaría una excepción muy significativa respecto al proceso de pacificación del barrio, ya que sus maneras de usar el “espacio público” podrían simbolizar una forma de “luchar por la ciudad” (Aricó y Fernández, 2013), esto es, una acción contestataria frente a un orden racionalizador espacialmente impuesto por el PTBM. Por decirlo de otra forma, frente a la supuesta “regeneración urbana” del barrio –o mejor dicho, al proceso de transformación de su dimensión social- la minoría incívica reacciona re-significando el espacio urbano en formas y maneras que cuestionan la reproducción espacial del capitalismo de cariz neoliberal. Los conflictos que caracterizarían la cotidianeidad de La Mina serían, entonces, parte de la estrategia del cómo personas sistemáticamente excluidas de la ciudadanía y la “normalidad” negocian sus límites, e insisten sobre la inclusión desplegando fuerzas y formas alternativas de vivir en sociedad. Serían, en definitiva, el reflejo de un espacio urbano criminalizado por las autoridades y reprimido por las instancias de poder y sus retoricas, pero orgullosamente capaz de escaparse a una utopía urbanística que exige una ciudadanía homogeneizada y socialmente rescatada de su conflictividad. Hoy día, la gran mayoría de las viviendas de protección oficial no ha sido todavía asignada a los vecinos afectados por el PTBM, y han sido valladas y puestas bajo vigilancia privada desde la finalización de su construcción. Por otra parte, la amplia solarización (Stanchieri, 2012) que ha sufrido el barrio, ha producido numerosos espacios baldíos, convertidos en aparcamientos, abandonados o a la espera de una futura recuperación del mercado inmobiliario. Mientras, los espacios de nueva construcción generados por el PTBM no han llegado todavía a ser apropiados por sus vecinas y vecinos, ya que no los habitan y casi no los transitan. Todo ello configuraría un escenario alarmante, donde los propósitos neoliberales de pacificación del espacio público pueden verse como meros procesos de esterilización de lo urbano, es decir, de la convivencia, la vecindad, las relaciones sociales y, por ende, de la vida cotidiana del barrio y el conjunto de sus residentes. Bibliografía ALIBÉS, Josep María (et al). La Barcelona de Porcioles. Barcelona: Laia, 1975. ARICÓ, Giuseppe. “La Mina, repensant la conflictivitat”. La Veu del Carrer, 133, p. 16, Barcelona: FAVB, 2014ª. ARICÓ, Giuseppe. “La vida en “venus”. Gentrificación, conflicto y reproducción social en el barrio de La Mina, Barcelona”. En LUNDSTEEN, Martin (et al.). Reproducción social y conflicto en las periferias urbanas del estado español, pp. 15-39, Tarragona: URV, 2014b. ARICÓ, Giuseppe y STANCHIERI, Marco Luca. “El discreto encanto del ‘espacio público’”. Revista Diagonal, 38, pp. 21-24, Barcelona: ARD, 2014.

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