LA CORRUPCIÓN EN MADRID: CRISIS POLÍTICA Y REGENERACIONISMO ANTES DEL DESASTRE (1888-1898)

LA CORRUPCIO E MADRID: CRISIS POLITICA Y REGE ERACIO ISMO A TES DEL DESASTRE (1888-1898) Javier Moreno Luzón Publicado en Juan Pablo Fusi y Antonio Niño (eds.), Antes del Desastre. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Madrid, Universidad Complutense, 1996, pp. 99-110..

"El hecho es que no hay capital de Europa peor administrada que Madrid y en donde su municipio haya hecho heridas más profundas al decoro público". Segismundo Moret (1895)1

Los movimientos regeneracionistas que caracterizaron la vida política española en la década posterior a la derrota de 1898 no nacieron tras ella. Desde mediados de los años ochenta, críticos de distinto signo alertaron sobre los defectos de la construcción canovista, dentro y fuera de los partidos del turno pacífico se elevaron voces contra las costumbres caciquiles y la manipulación electoral, y en distintas zonas del país se dieron a conocer diversas organizaciones sociales en demanda de un mayor protagonismo. La consolidación del régimen liberal fue acompañada por la denuncia de las principales lacras que alejaban su práctica cotidiana del modelo reconocido por las leyes. Dos de los problemas recurrentes, el clientelismo y la corrupción, llenaron el decenio anterior al Desastre de incidentes y protestas, concentrados con especial densidad alrededor de la administración municipal de Madrid. Si las guerras coloniales marcaron el pulso nacional en aquellos años, el Ayuntamiento de la capital de la Monarquía se transformó en laboratorio para la misión modernizadora que se impusieron las mentes más lúcidas de la Restauración, en motivo para las divisiones partidistas y las crisis gubernamentales, y en terreno para movilizaciones populares sin precedentes.

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S. Moret: "El problema municipal", en La España Moderna, n1 84 (1895), p. 132. 1

Clientelismo y corrupciones en el Ayuntamiento de Madrid

El Madrid de la Regencia acogía una población en crecimiento y una sociedad en transición, a medio camino entre la ciudad tradicional heredada del Antiguo Régimen, estamental y burocrática, y una urbe industrial y financiera, centro de un Estado nacional integrado. En su seno, el Ayuntamiento desempeñaba funciones económicas esenciales. Cuidaba del abastecimiento alimenticio mediante la vigilancia de mataderos y mercados; imponía las condiciones de venta de los suministros básicos, en particular del pan; y determinaba las cantidades y los precios de las viandas y combustibles a través de la imposición indirecta. Debía velar por la provisión de agua y energía; y con su política de urbanización guiaba los pasos de la primera industria de la capital, la construcción, cebada principalmente en el ensanche. Prestaba además otros servicios públicos, como los de seguridad, incendios, limpiezas, cárcel, cementerios, instrucción pública y beneficencia. Y se constituía en uno de los empleadores de mayor entidad, tanto por el personal fijo que contrataba como por los jornaleros que trabajaban en las obras emprendidas por iniciativa suya. Para todo ello disponía de recursos limitados, provenientes en su mayor parte del recargo sobre el impuesto de consumos, que recaudaba directamente en nombre del Estado. Soportaba cuotas fiscales excesivas, que repercutía sobre los comerciantes y los consumidores. Sus obligaciones desbordaban continuamente el equilibrio presupuestario y le hacían acudir a partidas extraordinarias y empréstitos cuyas liquidaciones mantenían asfixiadas las cuentas de la Casa2. Por otro lado, el municipio tenía que asumir competencias políticas de primer orden dentro de la estructura centralizada del Estado liberal. El turno entre los dos partidos dinásticos que cimentaba el edificio restauracionista descansaba sobre las atribuciones electorales de los ayuntamientos, controlados por el ministro de la Gobernación a través de los gobernadores civiles, capaces de suspender cargos e iniciativas locales. La necesaria victoria de las fuerzas S. Juliá: "Madrid, capital del Estado (1833-1993)", en S. Juliá, D. Ringrose y C. Segura: Madrid. Historia de una capital, Madrid, 1994, pp. 315-371; A. Bahamonde y J. Toro: Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX, Madrid, 1978. J. del Moral: Hacienda central y haciendas 2 2

gubernamentales, que daba lugar a un parlamento adicto y hacía viable el sistema, tenía a su principal responsable en el alcalde. Este encabezaba la junta que custodiaba y enmendaba el censo, y él mismo o sus delegados presidían las mesas de votación y comunicaban los resultados. Además del régimen común, el consistorio madrileño sufría controles adicionales por su condición de capital: el alcalde era nombrado de Real orden, como el de los demás núcleos importantes, pero no tenía por qué haber sido elegido en las urnas, con lo cual se le despojaba de todo carácter representativo; sus tenientes también eran designados desde arriba, aunque -estos sí- salían de entre los concejales. La capitalidad implicaba asimismo la adopción de precauciones especiales en materia de orden público, ya que cualquier conflicto tomaba fácilmente dimensiones políticas nacionales3. El patronazgo ocupaba en Madrid un lugar destacado en las relaciones sociales y políticas. La debilidad de la clase obrera organizada, la existencia de una masa fluctuante de inmigrantes campesinos y la vocación funcionarial y menestral de las capas medias creaban un entorno definido por la escasez, que dejaba amplios espacios para la proliferación de vínculos de dependencia entre individuos de poder desigual4. En la Restauración, los contactos de la ciudadanía con las instituciones estatales se encontraban mediatizados por una cultura política particularista, presidida por la recomendación personalizada, y el Ayuntamiento madrileño no constituía una excepción a este respecto. Los ediles debían atender en primer lugar al sustento de los temporeros que acudían a ellos en busca de trabajo y al de los pobres auxiliados por la beneficencia pública. Las crisis laborales, una amenaza para el orden, volvían cada invierno cuando se paralizaba la construcción. Los mendigos vagaban por las calles y muchos de ellos

locales, Madrid, 1984. 3 Los principios de la Constitución de 1876 fueron desarrollados por la Ley municipal de 1877. Las atribuciones de los Ayuntamientos en las elecciones generales, en las Leyes electorales de 28 de diciembre de 1878 y de 26 de junio de 1890. Véase también E. Romera: La administración local, Almazán, 1896; H. Puget: Le Gouvernement Local en Espagne, París, 1920; y G. Ranzato: "L'amministrazione locale nella Spagna liberaldemocratica (1876-1898)", en N. Matteucci y P. Pombeni (Eds.): L'organizzazione della politica, Bolonia, 1988, pp. 495-514. 4 Sobre patronazgo urbano, véase J. Chubb: Patronage, Power, and Poverty in Southern Italy, Cambridge, 1982; acerca del papel de las clases medias, J.M. Bourne: Patronage and Society in Nineteenth-Century England, Londres, 1986. Un retrato arquetípico del postulante burocrático, en B. Pérez Galdós: Miau, Madrid, 1888. 3

pedían una plaza en los asilos municipales o un socorro de urgencia. El reparto de papeletas de jornal y de bonos benéficos quedaba al albur de un favor5. Por otra parte, el consistorio empleaba en sus oficinas e instalaciones -sobre todo en el resguardo de consumos y en la guardia municipal- a varios miles de personas, con amplia autonomía para su contratación y separación del servicio. El alcalde asumía un papel determinante en la política de personal, ya que de él dependían los vigilantes, presidía los tribunales que daban acceso a los escalafones, concedía su beneplácito a los aspirantes de los puestos inferiores, y, lo que resultaba decisivo, podía dejar cesante a quien quisiera sin justificación6. Los concejales formaban parte de las fuerzas políticas estatales, y el alcalde era además un primate en el escenario nacional. A aquéllas obedecían cuando les correspondía asignar puestos o tomar decisiones. Los recomendantes pertenecían a los dos partidos dinásticos, con preferencia al gobernante, aunque nadie negaba su porción a los republicanos cuando conseguían algún escaño. También participaban los periódicos de la capital, que demostraban así su influencia, y los familiares y allegados de los ediles. Incluso la Casa Real colocaba a empleados en la de la Villa. A pesar de la presencia de algunos motivos humanitarios, las prácticas clientelares respondían a fines primordialmente políticos. Con ellas se alimentaban las facciones de los personajes de mayor o menor categoría, y con ellas se luchaba en la arena electoral. Los alcaldes de barrio, representantes del alcalde en las unidades territoriales inferiores a los distritos en que se dividía la ciudad, dirigían los comicios y se encargaban eventualmente de manipularlos. Los beneficiados por las mercedes municipales, fueran hospicianos, barrenderos, guardias o jornaleros, eran reclutados para formar las rondas que suplantaban a los votantes

5 Testimonios de primera mano, en el Archivo del Conde de Romanones (alcalde de Madrid en dos ocasiones), AR L60/5 y L71/29. En enero de 1895 trabajaron en las obras municipales hasta 1.400 obreros y 70 capataces por semana; y en febrero fueron repartidos más de 3.000 bonos de entre 1 y 50 pesetas. Véase también La vida municipal, Madrid, 1895. 6 Véanse, por ejemplo, Ayuntamiento Constitucional de Madrid: Presupuestos de gastos e ingresos para el año económico de 1894-95, Madrid, 1894; y Presupuestos de gastos e ingresos para el año económico de 1898-99, Madrid, 1898. Los empleados estables sumaban 4.420 en 1894. Disposiciones vigentes sobre cesantías, jubilaciones y pensiones a empleados municipales, Madrid, 1889; y Reglamento de empleados del Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1897. Se calculaba que, por término medio, y solamente en el ramo de consumos, el cambio en la presidencia del consistorio conllevaba unas 200 cesantías. El Imparcial, 21 de marzo de 1894. 4

aprovechándose del conocimiento oficial del censo y de la pasividad del electorado madrileño7. El provecho que obtenían los Gobiernos de las labores políticas del Ayuntamiento hacía que tolerasen ciertos abusos en la administración municipal. La urbanización de las vías públicas y la concesión de obras se subordinaba a los intereses privados de los amigos. El patronazgo implicaba el descuido de la idoneidad de los contratados para el trabajo que desempeñaban, y causaba la hinchazón del presupuesto sin que se incrementase a cambio la eficacia. A menudo se hablaba de empleados ficticios, como los llamados barrenderos de levita. Pero los excesos no se circunscribían al ámbito clientelar, sino que también traspasaban la barrera de lo legal para tranformarse en abierta corrupción cuando se utilizaba un servicio público para el enriquecimiento personal de los funcionarios o concejales. El pago por parte de un propietario para que se abriese una calle por sus fincas o la sospechosa pérdida de los suministros municipales provocaban escándalos con cierta frecuencia. La mala fama de los ediles madrileños resultaba notoria para todo el mundo. Y lo que más indignación producía en la opinión, por sus implicaciones sociales, era el fraude en el cobro del impuesto de consumos, es decir, el matute, sobre todo cuando iba acompañado por el soborno a la autoridad. El despilfarro y la negligencia amenazaban el desarrollo económico de la ciudad. Como escribió Raymond Carr, "la caridad velada y la malversación de los ingresos municipales para fines privados no eran como para fomentar un gobierno municipal de la índole necesaria en una época de expansión urbana"8.

El municipio madrileño, un problema político nacional

AR L60/6 "Libro de combinaciones del personal del Ayuntamiento en 1897", con casi medio millar de plazas; AR L71/18. Véase también D. Castro: "Los republicanos madrileños durante la primera fase de la Restauración", en A. Bahamonde y L.E. Otero (Coords.): La sociedad madrileña durante la Restauración, Madrid, 1989, vol. 2, pp. 39-57. 8 El Imparcial, 18-21 de febrero y 12 de marzo de 1894. El clientelismo político abarcaba prácticas legales e ilegales, y sólo estas últimas deben ser consideradas corruptas. J.C. Scott: Comparative Political Corruption. Englewood Cliffs, NJ, 1972. La mala fama, por ejemplo, en A. Ossorio: Mis memorias, 7

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La mala administración del Ayuntamiento de Madrid no se convirtió en una cuestión candente para los círculos políticos nacionales hasta que se definió en torno suyo un terreno para las querellas intrapartidistas. Ya en 1884, la denuncia de abusos había llevado al envío de un inspector, que provocó, sin más consecuencias, la suspensión temporal de los concejales. En 1888 resurgió el asunto por obra de un sector del Partido Liberal encabezado por el diario El Imparcial, que acusó al alcalde, José Abascal, de enriquecerse con la urbanización de un barrio donde tenía terrenos. El gobernador, Alberto Aguilera, giró una visita al municipio y redactó un detallado informe en el que subrayaba la ruinosa gestión económica y el abandono de los servicios. Fueron de nuevo procesados los ediles y se nombró alcalde al director de El Imparcial, Andrés Mellado. Sus colaboradores, entre los que figuraban el periodista Augusto Suárez de Figueroa y el joven concejal Alvaro de Figueroa, futuro Conde de Romanones, concentraron sus esfuerzos en la lucha contra el principal empresario matutero de la ciudad, apodado Pepe el Huevero, para el cual trabajaban varios funcionarios y algún concejal. El juicio subsiguiente terminó con la absolución de todos los inculpados. El conflicto de fondo, el desplazamiento de la vieja guardia progresista por una nueva generación de liberales en la política madrileña, quedó pendiente9. El problema municipal de la capital adquirió verdadera categoría política cuando lo recogió una de las figuras en auge dentro del Partido Conservador, Francisco Silvela, ministro de la Gobernación en el Gabinete presidido por Antonio Cánovas en 1890. Silvela había articulado un ideario coherente que penetraba en los males del sistema político y proponía soluciones para enderezarlo a corto plazo y asegurar su permanencia futura. Su crítica arrancaba de la necesidad de dotar al régimen del apoyo activo de la opinión pública por medio de la organización de partidos fuertes de gobierno que, más allá de asegurar equilibrios y esta-

Madrid, 1975, pp. 37-40. R. Carr: España, Barcelona, 1969 (ed. or. 1966), p. 358. 9 M. Fernández Almagro: Historia política de la España contemporánea, Madrid, 1968, vol. 2, pp. 119-120; J. Ortega y Rubio: Historia de la Regencia, Madrid, 1905, vol. 1, p. 463; y vol. 2, pp. 65-70; y J. Francos Rodríguez: Cuando el Rey era niño, Madrid, 1925, p. 48. Véase también R.W. Kern: Liberals, Reformers and Caciques in Restoration Spain, Albuquerque, 1974, p. 74. El Resumen, 4-10 de junio de 1890. Las memorias elaboradas por F. Corbalán en 1885 y por A. Aguilera en 1889, en el suplemento "Las tres memorias", publicado por La Epoca el 11 de diciembre de 1892. 6

bilidades, se pusieran al servicio de la ciudadanía respondiendo a sus demandas. Lograr el acercamiento de los españoles a la política requería eliminar desde arriba los obstáculos que impedían la participación, empezando por el falseamiento de las elecciones, y fomentar la vida pública allí donde estaba más próxima al ciudadano, es decir, en las instituciones locales. Para recuperar la fe en ellas, Silvela recomendaba su desvinculación del proceso electoral, la intervención del poder central, el respeto por las diferencias regionales y el sufragio corporativo. Si no se abordaba esta obra de saneamiento político, el parlamentarismo acabaría hundiéndose ante la indiferencia general10. Las reflexiones y los proyectos de Silvela tenían que chocar con las ideas, y sobre todo con las prácticas, de otros personajes de la Restauración. Dentro de su propio partido y con el beneplácito de Cánovas, Francisco Romero Robledo había alcanzado gran notoriedad forzando la máquina gubernativa en los comicios y utilizando los recursos estatales para favorecer a sus amigos políticos. En la segunda mitad de los años ochenta, Romero Robledo había permanecido alejado del canovismo, pero los escrúpulos legalistas de Silvela en las elecciones de 1891, que permitieron la elección de un buen número de republicanos, convencieron al jefe conservador de la conveniencia de llamar de nuevo al pollo de Antequera. Su vuelta coincidió con la dimisión de Silvela en noviembre. Los romeristas obtuvieron entonces la cartera de Ultramar para el patrón y la alcaldía de Madrid para uno de sus hombres más fieles, el ingeniero y abogado Alberto Bosch, dispuesto a mimar a su clientela. La permisividad silvelista había dejado a los adictos en minoría en el consistorio, por lo que la oposición contaba con una buena baza en él para atacar al Gobierno y dividir a la mayoría parlamentaria que lo sostenía11. La mecha se prendió en el verano de 1892 al discutirse los presupuestos del Ayuntamiento. Las aspiraciones de Silvela se unieron con las quejas de las llamadas clases neutras. Los comerciantes e industriales de la ciudad se rebelaron contra los impuestos contemF. Silvela: Discursos políticos pronunciados por el diputado a Cortes Don Francisco Silvela durante las legislaturas de 1885 a 1890, Madrid, 1892; y Artículos, discursos, conferencias y cartas, Madrid, 1922-1923. Sobre Silvela, F. Portero: "Francisco Silvela, jefe del conservadurismo español", en Revista de Historia Contemporánea, n1 2 (1983), pp. 146-163. 11 J. Varela Ortega: Los amigos políticos, Madrid, 1977, p. 303-305. M. Fernández Almagro: Cánovas, 10

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plados por el proyecto e hicieron sentir su protesta en la Junta Municipal, órgano encargado de aprobarlo, donde los mayores contribuyentes disfrutaban de representación. Bosch intentó acelerar el proceso para evitar contratiempos y provocó una tormentosa sesión de la que se ausentaron los opositores. Lejos de amedrentarse, el alcalde aprovechó la confusión para dar por admitidas las cuentas, y el caso fue llevado al Congreso por los liberales. El ministro de la Gobernación, el silvelista Fernández Villaverde, dio una respuesta evasiva y el verdadero aludido, Romero Robledo, trató de imputar al contrario sus propios achaques12. El asunto no paró en una escaramuza parlamentaria, sino que tomó vuelos en la calle. Los medios mercantiles consiguieron que el gobernador suspendiese las tasas que afectaban al comercio, pero subsistieron las que gravaban la venta ambulante. Su aplicación el 2 de julio desencadenó disturbios en Madrid que derivaron en motín. Las verduleras del mercado de La Cebada iniciaron un cierre forzado de tiendas que acabó paralizando la vida ciudadana durante todo un día. La algarada terminó con veinte heridos en los enfrentamientos entre los revoltosos y la Guardia Civil. Ante la evidencia de que las autoridades habían sido incapaces de prevenir y encauzar el conflicto, Gobernación dio la razón al Partido Liberal y culpó de los hechos a la dudosa actuación de la alcaldía. La división de los conservadores se hizo explícita13. Al regreso de las vacaciones de 1892, Villaverde encargó al subsecretario de Gobernación, el también silvelista Eduardo Dato, la elaboración de una nueva memoria sobre el municipio madrileño. Bosch, tocado en las trifulcas estivales, renunció finalmente tras un pequeño alboroto callejero y fue sustituido por el Marqués de Cubas, arquitecto millonario que compartía los afanes regeneradores de Silvela y se dedicó a medir gastos y despedir a los jefes de negociado, los empleados de mayor categoría de la Casa. El informe de Dato confirmaba y ampliaba las irregularidades municipales denunciadas por Aguilera en el suyo: desbarajuste

Madrid, 1951, pp. 499-512. 12 El Imparcial, 23 de junio de 1892. La composición y las atribuciones de la Junta Municipal, en la Ley municipal, artículos 31-33 y 64-70. Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso (DSC), Leg. 1891, n1 229 y n1 230, 22 y 23 de junio de 1892, pp. 7189-7190 y 7221-7242. 13 La Epoca, 2 y 3 de julio de 1892; El Imparcial, 3 de julio de 1892. Diario de las Sesiones de Cortes. Senado, Leg. 1891, n1 218, 2 de julio de 1892, pp. 4202-4221; DSC, Leg. 1891, n1 237, 2 de julio de 1892, pp. 7522-7527; y n1 238, 4 de julio de 1892, pp. 7548-7568. 8

presupuestario, contratas llenas de trampas, "ilegítimas filtraciones de fondos" y arbitrariedades interesadas en pagos a propietarios de terrenos y "obreros imaginarios". A todo esto se sumaba el dispendio en la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América. Los romeristas respondieron que aquello no era más que el desenlace de una comedia destinada a eliminar a la facción más liberal del Partido Conservador y colocar a amigos y familiares, como siempre se había hecho, pero a costa esta vez de manchar la honra de los rivales. No hacían con ello más que sostener las formas tradicionales de reparto consensuado de los recursos clientelares, quebradas por los escrúpulos silvelistas14. El Consejo de ministros revisó la memoria de Dato y decidió no llevar el caso a los tribunales de justicia, contra la opinión de Villaverde. Dimitieron acto seguido los discrepantes, ministro, subsecretario y alcalde, y un cierre de comercios acompañó en Madrid su renuncia. Cánovas se había inclinado finalmente por Romero Robledo, quien argumentaba que las faltas detectadas eran, ni más ni menos, las habituales en la administración municipal madrileña. Sin duda tenía razón, pero Silvela había apostado fuerte en este pleito. En la explicación de la crisis gubernamental en el Congreso saltó la última chispa. Silvela reiteró que había delitos probados, pero aclaró que estaba dispuesto a "soportar" el deber supremo de obedecer al jefe. Este no estaba para que lo soportara nadie. Se planteó una votación y la mayoría quedó deshecha. La cuestión del Ayuntamiento de Madrid, al exhumar la lucha latente por heredar el liderazgo conservador, condenó a los silvelistas a la disidencia15.

Exitos y fracasos de la movilización regeneracionista

La nueva etapa liberal calmó las aguas en el Ayuntamiento. Los fusionistas encabezados

14 La Epoca, 16 de noviembre y 11 de diciembre de 1892; J. del Corral: "Las consecuencias de las fiestas madrileñas del IV Centenario del Descubrimiento de América", en Anales del IEM, n1 30 (1991), pp. 275-291. 15 Fernández Almagro: Historia política, pp. 176-180. La Epoca, 1 de diciembre de 1892; El Imparcial, 7 de diciembre de 1892. 9

por Alberto Aguilera, el Conde de Romanones y El Imparcial prosiguieron su particular cruzada contra los matuteros. Romanones, aupado a la alcaldía en 1894, persiguió el fraude hasta aumentar considerablemente la recaudación fiscal, lo cual le permitió pagar las deudas corrientes y reducir el déficit. Se enfrentó asimismo con éxito a la antigua trama de los comités de su partido, apoyados en masivas declaraciones de cesantías y sospechosas subastas de arriendo de los servicios municipales. Pero no logró equilibrar los presupuestos, y su mandato no impidió que continuara vivo el flujo clientelar, alimentado por el propio alcalde para colocar a los electores de su cacicazgo de Guadalajara. Por supuesto, las autoridades locales siguieron interviniendo en las elecciones para procurar la victoria de las huestes gubernamentales16. Cuando los conservadores volvieron al poder en 1895 se reprodujeron, ampliadas, las condiciones que habían propiciado el enfrentamiento político tres años antes. En los comicios municipales de la primavera, los romeristas barrieron a la candidatura de Silvela valiéndose del voto doble y del voto difunto, de los alcaldes de barrio y de los empleados locales17. Los silvelistas sólo contaban con el apoyo parcial de los liberales, cuya mayoría estaba obligada, por un pacto entre Sagasta y Cánovas, a sostener al Gobierno conservador en tanto no amainaban los problemas en Cuba. Pero el otoño trajo de nuevo a la actualidad los escándalos del Ayuntamiento de Madrid. El detonante fue una carta publicada en la prensa de la capital a mediados de octubre. Su autor, el Marqués de Cabriñana, empleado de Hacienda y propietario urbano, afirmaba en ella que desde el municipio se le habían hecho proposiciones para "cierto género de negocios" relacionados con una subasta de terrenos. Lo que parecía un desahogo inane se convirtió en un problema de alcance cuando el Marqués intercaló en artículos sucesivos amenazas y acusaciones, mencionando los nombres de los concejales romeristas y republicanos más conocidos, citando expedientes sospechosos e insinuando la dudosa adquisición de fortunas

16 Conde de Romanones: Notas de una vida, I, en Obras Completas, Madrid, 1949, vol. 3, pp. 67-77. La Epoca, 17 de marzo de 1894; El Imparcial, 21 de marzo, 18-26 de abril, 25-31 de agosto, y 1-20 de septiembre de 1894. AR L88/16. La recaudación se elevó en casi 2 millones y medio de pesetas (un 13%) entre marzo de 1894 y marzo de 1895. 17 El Tiempo, 13 de mayo de 1895; El Imparcial, 13 y 14 de mayo de 1895. DSC, Leg. 1894/95, n1 120, 13 de mayo de 1895, pp. 3596-3606; n1 121, 14 de mayo de 1895, pp. 3633-3635; y n1 122, 16 de mayo de 1895, pp. 3668-3687. AR L51/19. 10

privadas. Un tiro atravesó una noche la capa del denunciante y cientos de madrileños se pasaron por su casa para dejar tarjetas en señal de apoyo. Tomaba altura una campaña en toda regla, impulsada por algunos de los principales diarios de la capital y, lo que resultaba definitivo, hecha suya por las asociaciones de industriales y comerciantes, transformadas oportunamente en auténticas plataformas políticas, cada vez más implicadas en las cuestiones municipales18. A lo largo del siglo XIX, los sectores mercantiles habían consolidado una estructura organizativa propia, que, constituida en un grupo de interés de primer orden, se situó conscientemente al margen de los partidos pero en contacto permanente con ellos. Sus principales iniciativas partían del Círculo de la Unión Mercantil, un centro fundado en 1858 que en los años noventa, con dos millares de socios, no encontraba rivales en otras instituciones como el Círculo Industrial, las agrupaciones gremiales o la Cámara de Comercio. En general, sus manifestaciones destilaban un fuerte desprecio por el comportamiento de los políticos, que perjudicaban los intereses comunes con su mala gestión y con el fomento de la empleomanía, aumentando el gasto y drenando recursos productivos hacia el Estado. Se prefiguraban los movimientos posteriores contra el caciquismo, con las llamadas clases neutras erigidas en encarnación del pueblo sano y en azote de la corrupta política dinástica. Desde que a finales de noviembre de 1895 el Círculo se hizo cargo de la defensa de Cabriñana, el asunto adquirió dimensiones crecientes19. Las diferentes iniciativas que propuso el Mercantil acabaron reduciéndose a dos. La primera consistía en una suscripción pública destinada a pagar las costas del proceso judicial abierto contra el Marqués de Cabriñana por aquéllos a quienes había acusado. En las redacciones de los periódicos, en cafés y comercios del centro se recogieron numerosas participaciones de escasa cuantía. Se trataba así de que el "honrado pueblo" de Madrid, "amante de la justicia" y enemigo de los "aventureros de la política", demostrase su entusiasmo por el Los periódicos implicados eran El Imparcial y Heraldo de Madrid, liberales; El Liberal, republicano; y El Tiempo, silvelista. Después se les unieron La Correspondencia de España y El País. El Imparcial, 13 de octubre, 14-17 y 20-21 de noviembre de 1895. J. Francos: Contar vejeces, Madrid, 1928, p. 178. 19 A. Bahamonde, J.A. Martínez y F. del Rey: La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 18

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caballero que, "sin más escudo que su corazón animoso ni otra arma que la razón", se encontraba decidido a "perecer en la demanda". Por lo visto, tales arengas antipolíticas de matiz populista y regusto estamental tuvieron un amplio eco en la ciudad, ya que las páginas que diariamente daban cuenta de las adhesiones a la colecta fueron llenándose con los nombres de comerciantes e industriales -seguidos casi siempre por los de sus empleados- y, entre otros, por los de las cigarreras, imprescindibles en cualquier movimiento que se quisiera realmente popular. El dinero recaudado se destinó a los pobres20. La segunda iniciativa, más relevante para el desarrollo de la campaña, se concretó en impulsar una manifestación pública de rechazo al Gobierno. El Círculo hizo de sede para una organización provisional, la junta magna, que aglutinaba a asociaciones económicas, profesionales, educativas, culturales y filantrópicas, apoyadas desde fuera por los estudiantes universitarios. Los medios gubernamentales intentaban quitar importancia al movimiento, aludiendo despectivamente a sus promotores como "salchicheros, carniceros, taberneros, cuantos Catones contiene Madrid". Mientras tanto, los opositores combinaban el ataque a Cánovas con la defensa de una moralización total de la política, subrayando las diferencias que separaban a la manifestación de las elecciones al uso: "en ella no pueden figurar los difuntos que inscritos en las listas del censo se aparecen en los colegios electorales; ni hay posibilidad de meter a granel personas supuestas como se meten papeletas en las urnas; ni se arrastra a las gentes por la coacción y la amenaza; ni se levantan las actas en blanco". Secundado por el cerrojazo de las tiendas, un amplio cortejo, "en caudaloso río humano", desfiló finalmente entre la puerta de Atocha y la plaza de Colón el 9 de diciembre21. La manifestación fue comparada por su magnitud con las que asistieron al traslado de los restos mortales de los héroes liberales, y durante años sirvió de referencia para medir multitudes. A pesar de su pretendido carácter apolítico, en ella ocuparon lugares de honor las Madrid, 1988, pp. 54-65. 20 El Imparcial, 25 de noviembre-12 de diciembre de 1895. El Imparcial se puso al frente de la campaña, hasta el punto de que fue acusado de ser simplemente el órgano de expresión del Círculo. M. Ortega y Gasset: El Imparcial, Zaragoza, 1956, pp. 133-134. 21 La Epoca, 8 de diciembre de 1895; El Imparcial, 7 de diciembre de 1895. Fernández Almagro: 12

principales figuras de la oposición. Silvelistas, republicanos, carlistas y liberales precedieron en el jerarquizado y silencioso desfile a la presidencia de la junta magna. Sólo faltaron Castelar y Pi y Margall. Pocos días después se anunciaba la crisis de Gobierno. Los republicanos se apresuraron a pedir cambios radicales, hinchando los acentos revolucionarios, pero la cosa quedó en la salida del gabinete de los dos ministros conflictivos, el de Gracia y Justicia, Romero Robledo, y el de Ultramar, Bosch. Los procesos judiciales acabaron año y medio después sin que resultara encarcelado concejal alguno, ya que fueron sobreseídos por falta de acusación. Cuando se abrió el juicio oral, el fiscal -amigo al parecer de Romero- se tornó improvisado defensor de los procesados22. Algunos de ellos habían obtenido un escaño parlamentario en las elecciones de 1896. En cambio, el Marqués de Cabriñana fue abandonado en ellas por los fusionistas, que pactaron con el Gobierno, y por el propio Círculo, cuyo presidente se presentó como liberal. El Marqués acabó su aventura condenado e inhabilitado en los tribunales por haber realizado denuncias falsas23.

Conclusiones

Los vaivenes del problema municipal madrileño, al evidenciar graves fallas en la eficacia administrativa, ocasionaron amplias reflexiones sobre el caciquismo urbano y la corrupción en ambos partidos dinásticos. Francisco Silvela no fue el único en opinar. Pueden servir también como ejemplos los casos de Segismundo Moret, en el campo liberal, y el Conde de las Almenas, en el conservador. La indignación por el estado de la Casa de la Villa parecía unánime. Los representantes de ambos bandos coincidían al señalar causas y remedios. El

Historia política, p. 273. 22 La Correspondencia de España, 9 de diciembre de 1895. Las cifras de asistencia oscilaban entre las 12.500 personas que calculaba La Epoca el 9 de diciembre hasta las 80.000 que daba El Imparcial al día siguiente. El Liberal y El País, 10 de diciembre de 1895. Ortega y Rubio: Historia de la Regencia; El Globo, 22 y 23 de julio de 1897. 23 El Imparcial, 8-13 de abril de 1896; El Tiempo, 10 de abril de 1896; La Epoca, 11-16 de abril de 1896. El Globo, 14 de enero de 1897. 13

origen principal de la mala administración era para todos el mismo, lo que Almenas llamaba el "exclusivismo de partido", es decir, el sacrificio por los gobernantes del bien general en aras de la conveniencia de las parcialidades políticas, interesadas exclusivamente en el reparto de los recursos estatales entre sus miembros. El remedio ante la extensión y la profundidad de los efectos perversos del clientelismo no podía ser otro que la emancipación del Ayuntamiento de toda influencia política. El municipio debía separarse del proceso electoral, porque mientras continuara elaborando el censo, nombrando presidentes de mesa y, en definitiva, determinando los resultados de los comicios, singularmente de los de diputados a Cortes, la inmoralidad no podría ser arrancada de su seno24. Nada de esto se hizo. La reforma electoral y la de la administración local quedaron para la década posterior al Desastre, cuando Antonio Maura, heredero de las ideas silvelistas en el conservadurismo, logró sacar adelante algunas de ellas. Pero la movilización de este período no cayó en saco roto, ya que en los años siguientes mejoró notablemente la gestión municipal. En agosto de 1897, el alcalde conservador Joaquín Sánchez de Toca arrendó el cobro del impuesto de consumos en el casco urbano de Madrid y concertó con los empresarios el del extrarradio. Con el visto bueno del Círculo de la Unión Mercantil, el Ayuntamiento se deshizo de su principal fuente de corrupción, aun a costa de levantar protestas de los perjudicados por la elevación de tarifas y el endurecimiento de la vigilancia. Por otro lado, el liberal Conde de Romanones restableció en 1898 el crédito perdido del municipio al llegar a un acuerdo con los tenedores de deuda extranjeros para emitir obligaciones que sustituyeran a los títulos antiguos, crear nuevos impuestos y colocar cédulas como pago de las expropiaciones del ensanche. Con ello, la ciudad se preparaba para recibir un fuerte impulso a comienzos del siglo XX25. El proceso descrito muestra las reacciones de las elites madrileñas ante los fenómenos

24 S. Moret: "El problema municipal"; y Conde de las Almenas: La municipalidad de Madrid, Madrid, 1896. 25 Expediente instruido en el Ayuntamiento de Madrid sobre el arriendo de la cobranza del impuesto de consumos en el término municipal, Madrid, 1897. Archivo Sánchez de Toca, carpeta "Arriendo de consumos y conciertos con las zonas". AR L60/8 y 9. Ayuntamiento de Madrid: Disposiciones relacionadas con la emisión de obligaciones municipales por resultas de ejercicios cerrados, Madrid, 1898. 14

del clientelismo y la corrupción en los años noventa del siglo pasado. Si muy pocos estaban dispuestos a renunciar al patronazgo como forma primordial de relacionarse con el Estado, muchos eran conscientes de que las derivaciones corruptas del mismo resultaban inadmisibles para la administración de una gran ciudad en desarrollo y, a la larga, para el futuro del país. La protesta partió de un doble frente: las disputas internas dentro de los dos partidos dinásticos, en los que una nueva generación de profesionales intentaba ganar puestos para el futuro; y el movimiento organizado por los sectores mercantiles e industriales urbanos, perjudicados por la gestión municipal. De manera circunstancial, el programa reformista y los intereses de Francisco Silvela coincidieron con los fines del Círculo de la Unión Mercantil, lo cual dio lugar a un conflicto político insólito. Pero sus motivos y soluciones eran muy diferentes, como pondrían de relieve sus reacciones tras el Desastre. Por razones de diversa índole, las prácticas clientelares seguirían dominando durante decenios la vida pública nacional y local, al amparo de los partidos de notables y de las sistemáticas victorias gubernamentales, pero al menos quedó claro que una parte importante de la sociedad española no estaba dispuesta a tolerar abusos.

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