Inmigración e Integración de Inmigrantes: Políticas Comunitarias y Proceso de Construcción Identitaria de la UE

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Descripción

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL Curso Académico 2009-2010 Convocatoria de junio

Memoria para la obtención del DEA – Volumen II

“Inmigración e Integración de Inmigrantes: Políticas Comunitarias y Proceso de Construcción Identitaria de la UE” Candidato: Luca Sebastiani Tutora: Aurora Álvarez Veinguer Líneas de Investigación “Procesos Migratorios: Globalización y Transnacionalismo”

Universidad de Granada

Dedicado a mi abuelo Renato

Sumario Inmigración e Integración de Inmigrantes: Políticas Comunitarias y Proceso de Construcción 7 Identitaria de la UE 1. Introducción

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2. Estado de la cuestión: la construcción de la identidad europea

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2.1 Algunas nociones preliminares sobre identidad

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2.2 El tema de la identidad europea

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3. Reflexiones epistemológicas

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3.1 Aspectos generales

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3.2 Epistemología de las migraciones

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3.3 Cuestiones de reflexividad

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3.4 Mi lugar de enunciación

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4. Apuntes teórico-metodológicos

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4.1 Interrogantes/objetivos generales y elementos del diseño de investigación

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4.2 Conceptos teóricos básicos

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4.2.1 Las políticas públicas, una poderosa herramienta teórica

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4.2.2 Integración de inmigrantes y construcción nacional

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4.2.2.1 Aclaración terminológica 4.2.3 La gubernamentalidad 4.3 Metodología

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4.3.1 El método etnográfico

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4.3.2 El análisis del discurso

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5. Técnicas de investigación

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5.1 Observación participante

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5.2 Lectura de textos

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5.3 Entrevista abierta semidirectiva

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6. Las políticas migratorias de la UE entre control fronterizo e integración

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6.1 Aparece la cuestión migratoria

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6.2 Empieza la cooperación

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6.3 Entre Amsterdam y Tampere: el proceso de comunitarización dentro de un marco restrictivo

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6.4 La obsesión seguritaria después del 11 de septiembre

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6.5 Entre la ampliación de la UE y el fracaso de la Constitución, el enfoque integrado empieza a 97 tomar forma 6.6 Concretizando el Programa de La Haya mientras la UE se derechiza

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6.7 Las tres directivas sobre retorno, sanciones penales y “tarjeta azul”

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6.8 Entre el Pacto Europeo y el Programa de Estocolmo: se afirma un discurso comunitario

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sobre la integración 6.9 Lo más reciente: la Cumbre de Zaragoza de 2010 7. Sobre algunas hipótesis teórico-metodológicas 7.1 Cuando el análisis del discurso no es suficiente: algunos ejemplos concretos del régimen

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fronterizo 7.2 ¿Eliminar la “inmigración ilegal” o clandestinizar sectores de fuerza de trabajo migrante?

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8. Conclusiones

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9. Bibliografía

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Inmigración e Integración de Inmigrantes: Políticas Comunitarias y Proceso de Construcción Identitaria de la UE 1. Introducción Un tema central del debate político actual es el de la identidad de la Unión Europea. Aunque el Tratado de Lisboa haya sido recientemente aprobado, su tortuoso y largo recorrido, así como las crispaciones entre diferentes gobiernos en los debates relativos a las medidas a emprender para contrastar la crisis económica, ponen de relieve la fragilidad del proceso de construcción comunitaria. También, las implicaciones de la reciente entrada de Rumanía y Bulgaria, así como de la posible futura llegada de Turquía -país en su mayoría musulmán- , siguen generando debates ásperos y crispados. Quizá debido a la mencionada fragilidad, los planteamientos prevalecientes acerca de cuáles deben ser los vínculos de pertenencia de los ciudadanos a la UE tienden a ser concebidos en términos de pertenencias primarias, a través de una definición básicamente cultural y simplista del concepto de “identidad”. Al mismo tiempo hay otro tema, en la agenda de las prioridades, conectado con el debate identitario: es el de la inmigración, en particular de la así llamada “inmigración extracomunitaria”. Comparto la idea de De Lucas (2003), según el cual la inmigración es un hecho político radical, pues constituye una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones del vínculo social y político. En otras palabras: “es un tema político, en el sentido amplio de la palabra, [porque] nos plantea qué modelo de convivencia social queremos construir” (Colectivo Ioé, 2002). Observar entonces los discursos y las prácticas aplicadas al tratamiento de la inmigración permite “tender hasta el límite” las filosofías nacionales existentes y, por ende, la concepción nacional. Según Balibar (2003), la institución nacional se funda en una regla de exclusión, en unas fronteras, visibles o invisibles, que se materializan en leyes y prácticas, permitiendo diferenciar la comunidad nacional de otros grupos. Las políticas hacia la inmigración conllevan la creación de un sujeto interior, poseedor de determinados derechos y condiciones, y de un sujeto exterior otro, diferente y separado del ciudadano “auténtico”. Por consiguiente, indagar sobre la concepción de las élites acerca de la población inmigrante permite conocer no sólo cómo los políticos piensan la inmigración, sino también qué imagen elaboran sobre la sociedad y sobre sí mismos; de qué manera conciben su propia identidad (Favell, 2000). Cabe preguntarse si este prisma de análisis puede aplicarse no sólo a los Estados-nación, sino también al nivel supranacional de la UE. Desde mi punto de vista la respuesta es positiva, al menos por tres razones: porque no sólo los discursos sobre la identidad del Estado-nación dependen de la construcción imaginaria de la comunidad (Anderson, 1996), sino también los que se producen desde y sobre la UE; porque hay una creciente convergencia de las medidas de integración de inmigrantes aplicadas en

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diferentes contextos nacionales (López Sala, 2006) -como los tests de idioma, de conocimiento de la “cultura nacional” y los “valores cívicos” que se proponen o realizan ya en Holanda, Francia, Italia...- ; porque la Unión es cada vez más sujeto productor de normativa sobre el control migratorio, y por consiguiente de discursos y prácticas al respecto. Sólo por traer un ejemplo, de cara a las elecciones europeas de junio de 2009, una publicidad oficial del Parlamento Europeo vinculaba explícitamente la construcción de la UE al control de las migraciones “extracomunitarias”, a través de metáforas e imaginarios realmente poco agradables1: así pues, incluso los materiales oficiales ponen de manifiesto la relevancia de la vinculación entre inmigración y el proceso de construcción europea, a través de una contraposición simbólica entre los ciudadanos comunitarios y los “no comunitarios”. Además, en los últimos años los discursos y las policies comunitarias se han centrado con particular atención en las temáticas de la integración (el último caso es la cumbre de Zaragoza de abril): esto es el indicio de que, aunque la legislación específica sobre dichas medidas siga siendo considerada una facultad estatal, cada vez más se está definiendo, si no un contenido, al menos un contenedor común de cualidades que se consideran necesarias, al nivel comunitario, para poder “pertenecer” a cada Estado-nación dentro de la Unión2. Cabe decir al respecto, que la definición de una comunidad y de sus rasgos identitarios, como subrayan Hobsbawn (2002), Anderson (1996) y Balibar3 (1991), pasa siempre por un proceso de (re)invención e imaginación de su historia, tradiciones, vínculos comunes, que adquieren sentido en la medida en que se definen por oposición a un “Otro”, percibido como extraño, ajeno, diferente, a menudo a través de estereotipos de origen colonial y orientalista (Said, 2001a). Perspicazmente, Santamaría plantea que la alteridad no es una realidad sustantiva, sino relativa: “los otros siempre son los otros de un heterogéneo nosotros”, y relacional: “los otros de un nosotros son un nosotros que nos ve como otros” (2002a: 7). Considero de primera importancia, por lo tanto, a fin de aprehender las modalidades y contenidos a través de los cuales se está dando el proceso de construcción identitaria europea, analizar cómo las instituciones de la UE construyen, producen y reproducen mecanismos de alteridad. En la medida 1

Se trata de un cartel que invita a los ciudadanos de la UE a votar en las elecciones, entre otras cosas, para elegir si quieren unas fronteras permeables o más bien “eficaces” e impenetrables: estos dos significados son representados metafóricamente por las imágenes de un césped de arbustos y de una fortaleza medieval (Parlamento Europeo, 2009c). Desde mi punto de vista, se trata de un claro ejemplo de racismo institucional, o de las élites, según la definición de Van Dijk (2007). 2 Además de que deberíamos deconstruir mucha de la mitología sobre los “modelos” contrapuestos de integración y ciudadanía europeos, no porque no existan diferencias, sino porque las ciencias sociales se han fijado mucho en ellas y muy poco en los rasgos comunes. Por ejemplo, como observa Stolcke, ya a finales del siglo XIX “las similitudes entre las leyes de nacionalidad alemana y francesa eran mayores que sus diferencias [...]. Los criterios de nacionalidad reflejan los significados morales más profundos que impregnaban a cada nación, en tanto que los criterios secundarios eran normalmente más plásticos, pues era a este nivel donde podían contemplarse (y de hecho así sucedía) intereses demográficos, económicos y políticos de Estado” (Stolcke, 2001: 145-146). Tampoco es casualidad que las semejanzas se decantaran muy a menudo por el lado etno-organicista de la pertenencia nacional. 3 “Toda comunidad social, reproducida mediante el funcionamiento de instituciones, es imaginaria, es decir, reposa sobre la proyección de la existencia individual en la trama de un relato colectivo, en el reconocimiento de un nombre común y en las tradiciones vividas como restos de un pasado inmemorial (aunque se hayan fabricado e inculcado en circunstancias recientes). Esto viene a significar que sólo las comunidades imaginarias son reales, cuando se dan determinadas condiciones” (Balibar, 1991: 145).

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en que la UE ha venido eliminando cada vez más los obstáculos a la libre circulación entre los ciudadanos de la Unión, el inmigrante “extracomunitario” se ha ido convirtiendo, al parecer de muchos estudiosos, en la representación de la otredad, un sujeto excluido de la sociedad receptora, eterno paria y constantemente fuera de sitio: “Emigrar es un delito original en sentido cronológico, pues es necesariamente anterior a todos los demás delitos que puedan ser cometidos durante la vida de un inmigrado, es un delito engendrador en el sentido de que es la causa no de las demás causas en sí, sino del lugar, del momento, del contexto (o sea del conjunto de las condiciones sociales, económicas, políticas etc.) en los que se producen todos esos delitos” (Sayad, 2002: 373).

En las palabras de Bourdieu, “ni ciudadano ni extranjero, ni totalmente del lado de lo Mismo, ni totalmente del lado de lo Otro, el 'inmigrante' se sitúa en ese lugar 'bastardo' del que Platón también habla, en la frontera entre el ser y el no ser social” (Bourdieu, 2008: 11). Quiero reivindicar explícitamente, y lo iré articulando de manera más detallada a lo largo de este texto, que mi enfoque se sitúa del lado de esos “otros” a los cuales se les concibe como “marginados” y sin voz. Haciendo hincapié en el concepto de saberes situados (Haraway, 1995), que plantea la imposibilidad de unas ciencias sociales “neutrales” con respecto de los fenómenos analizados, concibo mi proyecto de investigación como un instrumento al servicio de un proceso de ampliación de los derechos y de apertura de las fronteras. La objetividad del presente estudio, entonces, no puede ser entendida sino en relación con esta “parcialidad” inicial, este posicionamiento específico. En las siguientes páginas, entonces, partiré de las primeras observaciones generales de la introducción, para desarrollar un trabajo dúplice: por un lado, presentaré los primeros resultados de mi investigación, fundamentados en el estudio de documentos de vario tipo, que me permitirán contextualizar el marco general de las políticas migratorias comunitarias. Por otro lado, también diseñaré los elementos centrales del proyecto de investigación futuro, de cara a la tesis de doctorado, del cual esta tesina constituye un primer estudio preliminar. A continuación, enunciaré el estado de la cuestión y haré una breve revisión de la literatura existente sobre los temas esbozados, para luego desarrollar reflexiones de tipo epistemológico, metodológico y sobre las técnicas, que me lleven a la definición precisa del objeto de estudio y de las formas apropiadas para poderme acercar a él. Finalmente, iré apretando las tuercas analizando detalladamente las técnicas de investigación a utilizar, el plan de trabajo y traeré los primeros resultados de la investigación, realizando unas observaciones de carácter general.

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2. Estado de la cuestión: la construcción de la identidad europea 2.1 Algunas nociones preliminares sobre identidad El diccionario de la Real Academia Española (2009a) define la palabra “identidad” de la siguiente manera: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”; también, habla de “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. Así pues, incluso en la definición acogida por las academias de letras se destaca cómo este concepto no puede ser comprendido sin el término de “oposición”. Como plantea Hall: “Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella. Esto implica la admisión radicalmente perturbadora de que el significado 'positivo' de cualquier término -y con ello su 'identidad'- sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo (Derrida, 1981; Laclau, 1990; Butler,1993). A lo largo de sus trayectorias, las identidades pueden funcionar como puntos de identificación y adhesión sólo debido a su capacidad de excluir, de omitir, de dejar 'afuera', abyecto” (Hall, 2003: 18).

Lo que caracteriza a los grupos sociales “en positivo”, entonces, es exactamente el producto de ese proceso de diferenciación, sin el cual no existiría una definición autónoma de la identidad. Puesto que, como he dicho antes, las comunidades siempre son imaginadas y (re)construidas, resulta evidente que los procesos identitarios no atienen a una realidad estática (la identidad), sino que son producidas por prácticas que, a su vez, se sitúan dentro de contextos históricos y sociales (Hall, 2003). Otro aspecto central a tener en cuenta, al hablar de identidad, son las relaciones de poder. Quién tiene el poder de enunciar lo hace siempre desde una perspectiva y una posición determinada, construyendo un “Nosotros” y unos “Otros”; o sea, instituyendo una separación, un cierre. Puesto que en la sociedad no hay relaciones simétricas de poder, esto a menudo se traduce en la “imposición” de una identidad a grupos específicos; lo cual no quita que se den dinámicas de respuesta y de resistencia, aunque probablemente ellas se darán dentro del marco de este juego de posiciones (Derrida: 1977), a partir de y en relación a esas definiciones dominantes. Así pues, vemos otra característica de la construcción identitaria: la producción de subjetividad, en tanto en cuanto “nos construye como sujetos susceptibles de 'decirse'” (Hall, 2003: 20). A estas alturas, resulta evidente que la perspectiva de este trabajo no asume bajo ningún concepto una mirada esencialista hacia la identidad. Con el termino esencialismo se hace referencia a esas concepciones que niegan el carácter social e históricamente construido de los procesos identitarios, considerando por el contrario que cada “cultura” -o incluso cada “civilización”, por usar el término de

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Huntington (2000), uno de los máximos exponentes de esa corriente intelectual- se define por unos rasgos identitarios relativamente estables en el tiempo. En general, estas concepciones adoptan una visión etnocultural de la identidad, concibiendo que los elementos constitutivos de la subjetivación son el idioma, la religión, la nacionalidad y/o la etnia (muchas veces asociadas, como si coincidieran), la “cultura” entendida como tradición; casi como si se tratara de un lastre que es posible “portar” de un lugar a otro, donde no hubiera cabida para identidades complejas, multiples, definidas a través de diferentes patrones, y que se transformaran a lo largo del tiempo y del espacio. Al respecto, cabe observar que el llamamiento a las tradiciones, lejos de ser incompatible con la época de modernidad tardía que estamos viviendo, pone de relieve exactamente ese carácter inventado de la tradición misma (Ranger y Hobsbawm: 2002). Es que incluso el concepto de tradicional es generado por la modernidad, pues hace referencia a un pasado mítico cuyos imaginarios habitantes, sin embargo, nunca se pensaron en esos términos: “No parece muy original decir que si los euronorteamericanos inventaron [...] la modernidad, reinventaron la tradición como un factor premoderno. Entre otras cosas, el modernismo consiste en la diferencia entre lo moderno y lo tradicional, y de ahí el concepto irónico de sociedad tradicional” (Strathern, 2003: 95). Así pues, en una época en la que el desarrollo tecnológico permite cada vez más habilitación identitaria -en el sentido de Strathern (2003), de que los procesos identitarios subjetivos pueden alejarse cada vez más de las “raíces” genéticas y biológicas, para basarse en una elección “individual” (ej.: nuevas tecnologías reproductivas, nuevas paternidades y maternidades, etc.)-, no es de extrañarse que simultaneamente se produzca más tradicionalización al nivel de los discursos: certidumbre e incertidumbre, “tradicionalización” y “destradicionalización” no son dinámicas incompatibles. No es menester de este trabajo desarrollar un enfoque teórico para enmarcar el concepto de identidad, ya que, por el contrario, observaré su proceso de construcción en las prácticas concretas y a través del trabajo de campo. Sin embargo, quiero recordar la complejidad del debate en cuestión, así como la riqueza de las diferentes perspectivas que, aun negando el carácter esencialista de la identidad, divergen sobre otros aspectos. Por ejemplo, algunos enfoques de tinte posmoderno, partiendo de una crítica al paradigma del sujeto racional cartesiano y haciendo hincapié, por el contrario, en el carácter “descentrado” del sujeto actual (Hall, 2003), hablan de identidades “fluidas”, hibridación, etc.. En lo que se hace hincapié es el carácter contextual y estratégico de la construcción identitaria. En ese cauce, Bauman (2003) compara la identidad moderna al “peregrinaje”, en el sentido de que, en este tipo de viaje, cada paso se “injerta” sobre los pasos ya dados, se suma a éstos, en aras de alcanzar un lugar pre-establecido, dentro de un recorrido lineal y “teleológico”: “El mundo de los peregrinos -de los constructores de identidad- debe ser ordenado, determinado, previsible, firme” (Bauman, 2003: 48). Por el contrario, la identidad posmoderna sería la del “paseante”, del “vagabundo”, del “turista” y del “jugador”: ya no se vincularía a los constreñimientos de las experiencias pasadas, sino a las cambiantes estrategias individuales (Bauman, 2003), a las elecciones contextuales, a las “jugadas” de los actores en una situación determinada. Al 11

respecto, Homi Bhabha afirma que “hoy la afiliación puede ser antagónica y ambivalente; la solidaridad puede ser sólo situacional y estratégica: los elementos comunes se negocian a menudo a través de la 'contingencia' de intereses sociales y reivindicaciones políticas” (Bhaba, 2003: 105-106). Otras miradas, aun compartiendo la crítica al esencialismo y un concepto procesual de la identidad, sin embargo se centran más en la presencia de lastres, experiencias, condiciones materiales y estructurales que en alguna medida imposibilitan el desarrollo de identidades totalmente “libres” y fluidas. Por ejemplo, un estudio de Bosisio et al. (2005) sobre las dinámicas identitarias de jóvenes hijos de inmigrantes en la ciudad de Milán, pone de relieve la presencia de variadas modalidades de subjetivación, desde las más “tradicionales”, basadas en la identificación étnica o nacional, hasta las más contextuales, como la identificación “cosmopolita” fundamentada en la “cultura rap” o en la vida en la calle; pasando por identidades de tipo transnacional, como son las hyphenated (también dichas “con el guión”: identidades “dobles”, donde se percibe un fuerte lazo tanto con el país en el que se vive como con el de los padres). En otro estudio, Suárez (1999) muestra la influencia que el mismo contexto legislativo (la Ley de Extranjería y los reglamentos correspondientes) tiene en la construcción de las identidades migrantes: “Aunque hoy ninguno de nosotros puede realmente olvidarse de los papeles sin correr el riesgo de ser multado, detenido, o encerrado en un manicomio, en el caso de los inmigrantes los 'papeles' son condición necesaria para el reconocimiento de su existencia y su permanencia en España como miembros de la sociedad civil” (Suárez 1999: 10).

Así pues, la necesidad de los papeles, y las dificultades que la condición de “ilegalidad” conlleva, repercutirían fuertemente en los procesos identitarios, y más en general en las relaciones sociales no sólo entre inmigrantes y sociedad receptora, sino también entre inmigrantes “con” y “sin” papeles: “La creación de identidades documentales, el hecho de que la carrera por los papeles es meramente individual, debilita en ocasiones las obligaciones morales y religiosas que comparten ciertos colectivos de inmigrantes” (Suárez, 1999: 12). En línea con este último ejemplo y teniendo en cuenta que a través del trabajo de campo podré transformar mis supuestos iniciales, quiero precisar que, desde mi perspectiva actual, no sólo los discursos generan identidades, ni las identidades son solamente un juego estratégico libremente elegido. Lejos de negar la importancia de las prácticas discursivas y su performatividad, considero que también otros factores influyen en su definición, los cuales, aun no siendo esencialistas, tampoco pueden ser obviados de manera tan fácil. Tal y como veremos más adelante en la exposición de mi investigación, en el proceso de definición de la identidad de la UE a través de las políticas migratorias influyen tanto las prácticas

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discursivas, como los regímenes fronterizos, las gubernamentalidades-racionalidades políticas4 y las necesidades económicas que a veces “desmienten” esas mismas prácticas discursivas. Una última cuestión a afrontar, con respecto de la identidad, tiene que ver con su carácter relacional, anteriormente mencionado. Es oportuno partir de una cita de Hall: “Las identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está obligado a tomar, a la vez que siempre 'sabe' (en este punto nos traiciona el lenguaje de la conciencia) que son representaciones, que la representación siempre se construye a través de una 'falta', una división, desde el lugar del Otro, y por eso nunca puede ser adecuada -idéntica- a los procesos subjetivos investidos en ellas. La idea de que una sutura eficaz del sujeto a una posición subjetiva requiere no sólo que aquel sea 'convocado', sino que resulte investido en la posición, significa que la sutura debe pensarse como una articulación y no como un proceso unilateral, y esto, a su vez, pone firmemente la identificación, si no las identidades, en la agenda teórica” (Hall, 2003: 20-21).

Este proceso no unilateral de identificación, como ya hemos visto, nos remite de nuevo al tema del poder y de las resistencias. Más concretamente, y con respecto a este trabajo, la pregunta es: ¿cuando hablamos de identidad europea, a quién nos estamos refiriendo? Aparte de ver qué contrucción identitaria emerge, el tema es de parte de quién. Aunque mi estudio se centre en los discursos de las élites políticas europeas sobre la integración de inmigrantes, y a través de éstos intente detectar un proceso de construcción identitario, esto no significa que dicha modalidad discursiva top-down sea la única constructora de procesos identitarios. Como plantea Álvarez, los discursos “integradores” producen no sólo segregación, sino también, transgresión: “La construcción de fronteras es un proceso ambiguo de por sí, donde las lógicas de inclusión y exclusión no operan en términos de una estricta y absoluta división dentro-fuera [...]. Si una identidad está construida en referencia a otra, ésta otra no puede ser considerada como meramente pasiva” (Álvarez, 2001: 80).

En otras palabras, al estudiar los procesos de subjetivación no podemos situarnos sólo del lado de quiénes construyen las diferenciaciones, sino que también debemos posicionarnos del lado de quiénes las sufren5; de la multiplicidad de sus prácticas de resistencia -ya se trate de enfrentamientos abiertos y explícitos, ya se trate de modalidades discretas, implícitas, no abiertamente formuladas6, no por eso menos dignas de atención- . Desde este punto de vista, soy consciente de que mi estudio abarca sólo una parte de este proceso, la “Europa imaginada” por los políticos dominantes, construida tanto a través de sus 4

Todos estos términos serán definidos y debatidos en adelante. Evidentemente, en este caso no estoy hablando en el plano ético, sino en el teórico. 6 A éste segundo tipo de prácticas, por ejemplo, hace referencia Álvarez en su estudio sobre las mujeres migrantes de Rusia y Ucrania en la ciudad de Granada (2008). 5

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representaciones y discursos como a través de las prácticas concretas, ejercidas por una multiplicidad de sujetos, de interpretación e implementación de sus políticas públicas, sin centrarme en las identidades articuladas por los “inmigrantes a integrar”, o los ciudadanos “de a pie”. Esta elección depende únicamente de la necesidad de acotar las unidades de análisis, y diseñar una investigación concretamente viable en términos de recursos -temporales y financieros principalmente-. Por otra parte, estudios futuros podrían apuntar a esa otra parte inexplorada de la construcción identitaria, para iluminar el proceso en su conjunto. A pesar de todo esto, a lo largo del desarrollo de este trabajo he intentado tener constantemente presente la complejidad de los procesos identitarios, para evitar caer en el reduccionismo -un riesgo siempre presente- . 2.2 El tema de la identidad europea Los padres fundadores de la Comunidad europea consideraban el mercado común como el comienzo de un proceso que llevaría a una unión política más honda; lo que se planteaba era la perspectiva de un nuevo orden, que sobrepasaría el del Estado-nación. Si hasta los años ’80, en el marco neofuncionalista de lo que se llamó el “método Monnet”, se pensaba que, una vez desarrolladas las instituciones económicas, se crearían las condiciones para una unificación política y cultural casi de manera natural, después de esa fecha comenzó a abrirse paso la reflexión de que era necesario actuar activamente para crear y difundir un nuevo sentido de pertenencia a la Comunidad, una nueva “Europeidad”. Fue así que se empezó a adoptar políticas culturales, con ánimo de ganar los corazones de los Europeos, a partir de la invención de una serie de símbolos que supuestamente debían afianzar la imagen de la Comunidad, hacerla sentir más cercana a la población (Shore, 2001). Era la campaña de la “Europa de los pueblos”, de la que formaban parte, por ejemplo, la ocurrencia de la bandera (1986) y del himno. Las políticas culturales llevadas a cabo no procuraban simplemente promover la conciencia de Europa, sino que aspiraban a construir un nuevo tipo de conciencia europea, capaz de movilizar a los ciudadanos comunitarios hacia una nueva concepción de sí mismos, como europeos antes que nacionales. Eso no significaba eliminar las identidades particulares, sino sublimarlas dentro de un sistema supranacional que se estimaba superior, inclusivo y dotado de un discurso con fuertes tintes universalistas. Cabe hacerse la pregunta si hoy en día, a más de 20 años de distancia de esos acontecimientos, existe algo definible como identidad europea. Creo que, si con ese término entendemos la existencia de al menos unos elementos comunes capaces de crear un fuerte sentido de pertenencia, entonces la respuesta es no: ni al nivel de la población europea, ni quizás entre las élites políticas. Lo que sí existe es un proceso en el que la definición del contenido de esa identidad es exactamente lo que se disputa. La complejidad de las dinámicas que operan en este contexto se fundamenta, en primer lugar, en el carácter muy peculiar del 14

proceso de construcción y la naturaleza de las instituciones europeas. Lejos de llevar la voz cantante de una entidad política compacta y estable, dichas instituciones, al contrario, representan un proceso no acabado, continuo y caracterizado por incertidumbre: es que esas mismas instituciones tienen mecanismos de funcionamiento caracterizados por la inmediatez, el dominio del presente y el prevalecer de las necesidades del momento: el antropólogo francés Abélés, en una etnografía sobre los funcionarios de la Comisión Europea, llega a hablar de una peculiar representación del tiempo. En sus palabras: “todo sucede como si la Comunidad estuviera condenada a vivir perpetuamente una fuga hacia adelante. Ella es el brazo secular de un proyecto cuya realización es continuamente aplazada” (Abélés, 2001: 122). Lo que tiene lugar es un proceso de deshistorización en el que la tradición, el llamamiento a los padres fundadores, lejos de ser algo fijo son objeto de una invención permanente. La construcción europea es constantemente evocada no como un proyecto definido, sino como una obra abierta7. Es el proceso en su desarrollo que se autojustifica, un proceso que, además, es presentado a la “audiencia” como algo irreversible 8. En este sentido, observa Abélés, la representación del tiempo de las instituciones europeas es muy peculiar, puesto que está caracterizada por una constante falta de memoria de los acontecimientos anteriores. Aparte de un llamamiento muy insistente, al igual que indeterminado, a los padres fundadores, parecen no existir otras referencias históricas al proceso de Unión Europea. En mi opinión, el estudio de Abéles proporciona claves interesantes para una etnografía institucional de los organismos de la UE; sin embargo, las reflexiones sobre la concepción identitaria deben ser, como mínimo, actualizadas. En este aparente “vacío” identitario, originado como hemos visto, en el análisis de Shore, por un enfoque economicista, que no ha sido capaz de capturar a las almas de los ciudadanos de la Unión, o, según las palabras de Abéles9, por las particulares características y concepciones del tiempo de las élites europeas, en los últimos años se han venido abriendo grietas cada vez más grandes, que han permitido que se colara una concepción de la identidad europea esencialista y etnoculturalista. El mismo Shore (2001) subraya que la integración europea deseada por las élites ha sido un fracaso, un proceso que se ha dado por encima de las cabezas de los ciudadanos, falto de legitimidad. 7

Varios años después de la etnografía de Abélés, Habermas plantea que “el propósito final del proceso de unificación sigue estando poco claro. Existen dos aspectos: uno es la dimensión futura y la frontera definitiva de la UE y el otro es la estructura política y la identidad de una entidad mal definida” (Habermas, 2004: 38). 8 Observa agudamente Taibo: “Con la UE sucede algo parecido, para entendernos, a lo que entre nosotros ocurre con una transición, la española, que a los ojos de la mayoría, y frente a evidencias palmarias, ha sido y es un dechado de perfecciones que no puede suscitar otra cosa que celebraciones” (Taibo, 2006: 6). “Quién disiente lo hace porque está mal informado, porque se muestra reacio a los cambios o porque se adhiere a cosmovisiones reaccionarias y ultramontanas [...]. Tampoco tiene sentido imaginar -se nos dice- una Unión Europea diferente, horizonte ante el cual se esgrimen casi siempre dos grandes recursos: si el primero invita a reemplazar palabras como comunidad, unión, construcción o integración por el mágico icono de Europa -los países del oriente del continente quieren unirse a una Europa de la que, cabe suponer, no formaban parte- , el segundo sugiere que cualquier contestación seria del proyecto oficial conduce inexorablemente a la reaparición de la guerra, la pobreza o la decadencia” (Taibo, 2006: 10-11). 9 Aunque evidentemente debemos tener en cuenta los distintos objetos de estudio: Shore se centra en la operación política llevada a cabo desde las instituciones UE hacia su población, para conquistar los corazones de los Europeos; Abélés hace una etnografía institucional cuyo objetivo no es tanto el de ver si desde las instituciones se ha “transmitido” algún sentido identitario a la población, sino que se acota al estudio de esos mismos aparatos tecnocráticos.

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La tentativa de moldear un pueblo europeo a través de una campaña de propaganda no ha surtido efectos positivos, ni ha asentado la legitimidad de la UE. En las palabras de De Lucas, “la pretendida unidad en la diversidad -lema del proyecto de Constitución Europea- es para la mayoría de los ciudadanos europeos sólo un desideratum. Sólo las élites europeas creen en ella porque la disfrutan” (De Lucas, 2004: 9). De nuevo según Shore (2001), la misma campaña de la Europa de los pueblos, de la que hablaba antes, se ha llevado a cabo desde un enfoque elitista, top-down, donde la mayoría de las medidas culturales han sido descendidas de arriba abajo por un grupo de profesionales del marketing. La simbología utilizada ha imitado en realidad los rasgos identitarios típicos del Estado-nación10, y no de una identidad supranacional, conforme con las líneas del art. 128 del Tratado de Maastricht, que prevé la adopción de una identidad europea que no borre las demás identidades étnicas, regionales, nacionales, pero que sí se les anteponga, como en una serie de muñecas rusas. Es esta una contradicción recurrente, la continua tensión entre el planteamiento de una Europa universalista, abierta, democrática, y una realidad concreta donde a través de las prácticas se viene construyendo un concepto excluyente y cerrado. Castells, también, plantea que “el sentimiento subjetivo de identidad europea es muy limitado. No es una identidad fuerte, se sitúa por detrás de la identidad nacional […], el sistema político encargado de gestionar la transición está cada vez más separado de las raíces sociales y culturales en las que se basan las sociedades europeas […]. Cualquier crisis importante en Europa o en un país determinado puede disparar una implosión europea de consecuencias impredecibles” (Castells, 2004: 15). En este contexto, la identidad concebida en clave cultural parece ser el cimiento adecuado para asegurar la legitimidad del proyecto político de la UE; así es que la demanda de seguridad y certezas se manifiesta a través de un retorno a las identidades primarias, como la cultura, la etnia, la religión. Más aún después del 11-S, la construcción de identidad se ha venido realizando a través de una lógica simplista y holista, lo que De Lucas (2004) llama un procedimiento reactivo-defensivo, conforme con la lógica centrípeta de la existencia de un agresor externo, y por tanto la necesidad de defenderse de él11. El miedo, fundado en la perversión del argumento seguritario, se torna un factor clave del proyecto social y político: miedo, en primer lugar, a perder la propia (imaginada) identidad cultural, a que Europa sea 10

Además, según observa Shore (2001), el mismo personal burocrático de la UE, supuestamente fiel a los valores supranacionales y universalistas de la Unión, en momentos de crisis tiende a utilizar argumentaciones de matriz culturalista para explicar las diferencias con funcionarios de otro origen. Por ejemplo, durante la crisis del ’99, cuando la entera Comisión Europea liderada por Jacques Santer dimitió ante fuertes cargos de corrupción, se desprendieron numerosas acusaciones entre distintos miembros de diversa nacionalidad (pese a que la comisión fuera juzgada colectivamente responsable del escándalo). Así pues, la Comisaria para la Educación Edith Cresson hablaba de “conspiración anglo-alemana” para damnificar la imagen de Francia, mientras que los políticos ingleses y alemanes subrayaban la existencia de diferentes culturas burocráticas, la del “Norte” limpio y eficaz, y la de un “Sur” corrupto, cuyas malas actitudes repercutían en el funcionamiento de las instituciones europeas (Shore, 2001: 12). Al respecto, observa Castells que “mientras la Unión Europea sea un juego en el que todo el mundo sale ganando […], sin sacrificar demasiado la identidad nacional y la soberanía política, los propios países absorberán la crisis de transición” (Castells, 2004: 14). 11 Hágase caso que esta retórica influye a todos los niveles de las élites políticas: no se trata de un patrimonio exclusivo de las fuerzas políticas conservadoras y de derechas, si incluso un conocido europarlamentario socialista plantea lo siguiente: “Habida cuenta de la complejidad del tema en su conjunto, me limitaré a la definición de identidad como aquello que puede oponerse a lo exterior, a los otros, de ahí que mi propuesta dé prioridad a la política exterior” (Rocard, 2004: 49).

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“desnaturalizada”. Por lo tanto, la identidad europea es definida por negativo, por diferenciación a lo que es “ajeno”, a lo que es “no europeo”. Según De Lucas (2004), esta dinámica conlleva tres rasgos negativos: 1) una concepción elitista de la cultura europea como alta cultura; 2) un racismo cultural de matriz diferencialista, que asocia al “tipo europeo” una serie de rasgos culturales, como por ejemplo el monopolio de la razón y la ciencia, del cual descarta los aportes de poblaciones no europeas; 3) un alto grado de exclusión y estigmatización del Otro. Esta concepción esencialista borra del mapa de lo posible “el juego de identidades aleatorias, construidas, consensuadas -no sin conflicto, obviamente- pues son sectoriales, accidentales, dinámicas, negociables, y por tanto propician la inclusión del pluralismo de identidades, en serio” (De Lucas, 2004: 11). Con respecto del segundo punto (el racismo cultural), es interesante profundizar la definición de fundamentalismo cultural acuñada por Stolcke. Se trata de una naturalización del concepto de cultura, donde las diferencias culturales son consideradas igual de ineluctables que las genéticas (Delgado Ruiz, 2000: 128). Así: “Los que abogan por detener la inmigración hablan de un ‘umbral de tolerancia’, aludiendo a lo que los etólogos denominan el imperativo territorial (la suposición de que en el reino animal ciertas especies tienden a defender su territorio contra los ‘intrusos’, cuando éstos superan una cierta proporción que varía entre un 12 y un 15 por ciento). Porque de lo contrario se producirían graves tensiones sociales. […] Grandes cantidades de inmigrantes destruirían la ‘homogeneidad de la nación’, pondrían en peligro los valores y la cultura de la mayoría, y desatarían un conflicto social” (Stolcke, 1995).

A estas alturas, queda más claro el porqué de mi elección de vincular la construcción identitaria de la UE a las políticas migratorias: si la identidad se construye por diferenciación, los “diferentes” constituyen un elemento central, quizá la clave de bóveda para desentrañar el proyecto identitario de las élites europeas: “Para crear los europeos, es necesario que la categoría de ‘no europeos’ o de ‘ciudadanos de terceros países’ se haga más relevante. Esto, al fin y al cabo, significa alentar una nueva forma de Euroracismo basado en ideas de exclusividad étnica y en la supremacía de la civilización cristiana” (Alibai en Shore, 2001: 9). Así pues, en contraste con la hipótesis de la “falta de memoria” por la que aboga Abélés, otros estudiosos vienen hablando de la afirmación de un concepto cada vez más esencialista de la civilización europea, vista como algo único, cuya dinámica histórica es presentada de una forma positivista y selectiva, donde las influencias principales son la Filosofía Griega, el Derecho Romano, el Cristianismo, la Ilustración, la Revolución Científica etc.. De lo que no se habla son otras creaciones europeas, como el Fascismo y el Nazismo, el Colonialismo o la Inquisición, como si se tratara de “cuerpos ajenos”. En las palabras del eurodiputado socialista Rocard, el corpus jurídico europeo en materia de mercado y derechos

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humanos incluso sería el mejor del mundo (Rocard, 2004)12. Estas palabras muestran que el pretendido universalismo europeo a menudo tiene un carácter jerárquico y elitista, puesto que, como afirma Lander, “al construirse la noción de universalidad a partir de la experiencia particular (o parroquial) de la historia europea y realizar la lectura de la totalidad del tiempo y del espacio de la experiencia humana a partir de esa particularidad, se exige una universalidad radicalmente excluyente” (1993: 16). Es lo que Wolf (1982) llama la genealogía del progreso, una representación lineal de la historia europea, pensada además en clave endógena, ya que todo el progreso parece venir desde dentro del continente, y teleológica, pues la construcción de la UE es representada como la cumbre de este proceso de marcha lineal, como si los conceptos “Europa” y “Unión Europea” coincidieran. Al respecto, observa agudamente De Lucas: “¿Son o no europeos Tolstoi, Dostoievski, Eisenstein, Kadare, Kusturicka? ¿No lo son el arte bizantino, o el cine bosnio? ¿Podemos seguir hablando de identidad europea sin tener en cuenta esas otras Europas que, por otra parte, se agolpan ante las puertas de la UE?” (De Lucas, 2004: 7). El concepto de Europa, entonces, esencializado e igualado al de Unión Europea (quizá de una manera parecida a en la que se suele hablar indiferentemente de America o de Estados Unidos), asume connotaciones endógenas, cerradas, sin tener en cuenta cómo la riqueza de la realidad europea fue debido exactamente al contacto y el intercambio con otras poblaciones. Algunos estudiosos plantean la necesidad/posibilidad de alentar un proceso identitario que no se centre en contenidos culturalistas o etnocéntricos. Castells (2004), por ejemplo, plantea la posibilidad de una identidad basada en unos valores, que en realidad corresponderían a sentimientos ya compartidos por los europeos, como los derechos sociales y humanos, la “preocupación por los pobres de todo el mundo” (Castells, 2004: 17), la igualdad de género etc.. Habermas también plantea que ya existen los posibles fundamentos de una identidad política europea compartida y no excluyente. Desde su punto de vista, éstos pueden ser: “La secularización sin compromiso, confianza en el papel civilizador del estado, un sentido peculiar de la dialéctica de la Ilustración, un ethos colectivista de justicia social, la apropiación reflexiva de tres experiencias negativas fundamentales: el totalitarismo, la historia colonial y los nacionalismos radicales” (Habermas, 2004: 47). Ahora bien, desde mi punto de vista, incluso estas eminentes personalidades de las ciencias sociales reproducen en sus argumentaciones, al menos en parte, un refrán europeista “progresivo” bastante repetido, más correspondiente al nivel de los lugares comunes que al de las prácticas concretas. Las recientes directivas europeas de Retorno, Bolkenstein, de las 65 horas laborales, plantean la pregunta si esos derechos sociales adquiridos tienen que ver con una peculiaridad histórica europea o si, más humildemente, las conquistas conseguidas en la posguerra han de vincularse a las relaciones de fuerza favorables a la clase trabajadora en ese entonces, así como al peculiar equilibro 12

“Dos corpus legales componen este conjunto de reglas: uno se refiere a los derechos humanos y el otro, al marco legal en el que se puede producir, intercambiar y competir. Estos dos bloques de reglas son los mejores del mundo” (Rocard, 2004: 57).

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internacional bipolar, que a una supuesta conciencia compartida. Igualmente, el creciente racismo que se difunde no sólo a nivel popular, sino también desde los mismos gobiernos europeos (como por ejemplo el italiano, desde las huellas digitales cogidas a los gitanos hasta la devolución, en los últimos meses, de numerosísimas lanchas llenas de inmigrantes), plantean muchas dudas con respecto al tema de los derechos humanos: al respecto, Lutz (1997), considera que el concepto de eurocentrismo, argumento agresivo de la fase colonial, aun no desapareciendo del todo, está siendo reemplazado por la idea de europeidad, concebida como discurso defensivo, enfocada a la construcción de una Europa civilizada, limpia de elementos ajenos. En este contexto el inmigrante es concebido de una forma estereotipada como posible perturbador del orden social, una presencia amenazadora que ronda en los confines europeos, esperando la buena ocasión para poderse colar. En las palabras de Santamaría: “Se postula implícitamente la idea de la Unión Europea como una ciudadela asediada, imagen del topos europeo en el que figura la catástrofe, en la que anida el miedo. La inmigración es el peligro de ‘fuera’, pero que, cada vez más, está dentro. Es una multitud irracional y difícilmente contenible que campa en las fronteras de Europa, de la modernidad, a la espera de poder asaltar sus costas, su bienestar” (Santamaría, 2002a: 123).

Con respecto del tema del eurocentrismo, no se puede no mencionar la existencia de toda una serie de estudiosos, los así llamados pensadores decoloniales, que hacen hincapié no sólo (y no tanto) en el mantenimiento de relaciones imperialistas o neocoloniales desde el punto de vista económico, sino cultural y epistemológico. En otras palabras, las relaciones entre “Europa” -concebida no geográficamente, sino como patrón de poder y de pensamiento- y otros pueblos -marcadamente los indígenas de América, África, y en general todas las poblaciones afectadas por los procesos coloniales: en este sentido forman parte de este colectivo también los inmigrantes no comunitarios presentes en la UE, o cualquiera que reivindique un conocimiento “Otro” del de la tradición cartesiana europea- se dan a través de lo que estos pensadores llaman colonialidad del poder. Con esta expresión se hace referencia a los mecanismos coloniales de dominación que se realizan a través del eurocentrismo epistémico/cognitivo, una verdadera forma de racismo, implícito e interiorizado, y por lo tanto más difícil de detectar, estando radicado en siglos de dominación occidental y fundamentado en la supuesta neutralidad tanto de sus enunciados como de su lugar de enunciación: “El sujeto epistémico no tiene sexualidad, género, etnicidad, raza, clase, espiritualidad, lengua, ni localización epistémica en ninguna relación de poder y produce la verdad desde un monólogo interior consigo mismo sin relación con nadie fuera de sí. Es decir, se trata de una filosofía sorda, sin rostro y sin fuerza de gravedad. El sujeto sin rostro flota por los cielos sin ser determinado por nada ni por nadie [...]. De manera que el mito dualista y solipsista de un sujeto auto-generado sin localización espacio-temporal en las relaciones de poder mundial, inaugura el mito epistemológico de la modernidad eurocentrada de un sujeto autogenerado que tiene

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acceso a la verdad universal más allá del espacio y el tiempo por medio de un monólogo, es decir, a través de una sordera ante el mundo y por medio de borrar el rostro del sujeto de enunciación, es decir, a través de una ceguera ante su propia localización espacial y corporal en la cartografía de poder mundial” (Grosfoguel, 2008: 202).

Este patrón eurocentrico de conocimiento, aunque vigente hoy en día, surge en el período colonial, respondiendo a las exigencias de una Europa que se está situando en la cumbre de la economía mundial: “Desde el siglo XVII, en los principales centros hegemónicos de ese patrón mundial de poder, en esa centuria no por acaso Holanda (Descartes, Spinoza) e Inglaterra (Locke, Newton), desde ese universo intersubjetivo fue elaborado y formalizado un modo de producir conocimiento que daba cuenta de las necesidades cognitivas del capitalismo: la medición, la cuantificación, la externalización (u objetivación) de lo cognoscible respecto del conocedor, para el control de las relaciones de las gentes con la naturaleza y entre aquellas respecto de ésta, en especial la propiedad de los recursos de producción” (Quijano, 2000a: 343).

En el pensamiento decolonial asistimos a un verdadero cambio de paradigma: si otras escuelas críticas cuestionan la mala realización de las ideas ilustradas y modernas, así como el falso (y sólo aparente) universalismo occidental, en el pensamiento decolonial se considera que exactamente la Ilustración, la Modernidad13 y el Universalismo -junto con todo el bagaje cultural que se desarrolla al menos a partir de 1492- están en el origen del racismo epistémico, que tiende a descalificar cualquier otra forma de saber que no esté formulada y explicada según el patrón científico-racionalista occidental y eurocéntrico. En este patrón de pensamiento: “La modernidad y la racionalidad fueron imaginadas como experiencias y productos exclusivamente europeos. Desde ese punto de vista, las relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa, es decir Europa Occidental, y el resto del mundo, fueron codificadas en un juego entero de nuevas categorías: OrienteOccidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno. En suma, Europa y no Europa. Incluso así, la única categoría con el debido honor de ser reconocida como el Otro de Europa u 'Occidente', fue 'Oriente'. No los 'indios' de América, tampoco los 'negros' de África. Éstos eran simplemente 'primitivos' [...]. No sería posible explicar de otro modo, satisfactoriamente en todo caso, la elaboración del eurocentrismo como perspectiva hegemónica de conocimiento, de la versión eurocéntrica de la modernidad y sus dos principales mitos fundantes: uno, la idea-imagen de la historia de la civilización humana como una trayectoria que parte de un estado de naturaleza y culmina en Europa. Y dos, otorgar 13

No por casualidad, los pensadores decoloniales cuestionan también el concepto de posmodernidad, porque siendo entendida como momento final de la modernidad se sitúa dentro de la misma problematización eurocéntrica. Prefieren hablar de transmodernidad, entendida como proceso de diálogo inter-epistémico que incluya las culturas “no modernas” despreciadas por Europa, las cuales también asumen y responden los desafíos de la modernidad, pero desde otro lugar, otros valores, otros sistemas de pensamiento. Ésta es la “pluriversalidad rica” que se opone al concepto reductivo de universalismo (Dussel, 2005: 17).

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sentido a las diferencia entre Europa y no-Europa como diferencias de naturaleza (racial) y no de historia de poder” (Quijano, 2000b: 6).

Así pues, el pensamiento decolonial puede ser un prisma interesante (entre otros) para cuestionar y deconstruir los conceptos de identidad europea que emerjan en el desarrollo de mi investigación, una útil herramienta para descubrir relaciones de poder y de dominación incluso en la terminología aparentemente más inocua y neutral, un instrumento para descolonizar el mismo pensamiento europeo “desde dentro”. Para recapitular lo dicho hasta ahora, mi conclusión provisional sobre la literatura existente se concreta en una hipótesis de partida: que en el vacío identitario de la construcción comunitaria, así como a falta de la existencia de unos valores políticos o cívicos realmente compartidos, y más aún en una fase de fuerte crisis económica, las actuaciones de los políticos europeos (de los partidos del “sistema”), y más en general de las élites políticas europeas, tienden a definir un concepto de identidad excluyente y culturalista, que se sirve en larga medida de los estereotipos eurocéntricos ampliamente arraigados en la tradición cultural del “Viejo (¿?)” Continente. En el ámbito de las ciencias sociales, no puede tratarse sino de una hipótesis “débil”, no experimental, ni tampoco refrendable con métodos “objetivos”. Sin embargo, constituyendo un supuesto existente en mi “bagaje intelectual” de partida, creo que es mejor, en lugar de buscar su inalcanzable neutralización, explicitarlo aquí de manera reflexiva, dejando en claro que a lo largo del trabajo de campo dicha hipótesis podrá modificarse o incluso anularse del todo. Una vez recorrido el estado de la cuestión del debate sobre la identidad de la UE, en el siguiente apartado paso a tratar cuestiones epistemológicas tanto más generales como específicas relativas a las migraciones. 3. Reflexiones epistemológicas Antes de desmenuzar cuestiones muy puntuales, creo que es necesario hacer una aclaración: la división de los bloques presente en este texto, entre epistemología, metodología y técnicas, en algún sentido es arbitraria, puesto que no se trata de compartimentos estancos perfectamente separables. La misma definición de las técnicas de observación,

lejos de ser una libre elección, está fuertemente

condicionada por el enfoque general que se tenga hacia las ciencias sociales: como plantea Bertaux, “la cuestión de la selección de técnica no es una cuestión técnica” (1993: 25), sino también epistemológica y metodológica. Así pues, la división que voy a proponer, nunca podrá ser “pura” y debería entenderse, más

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que nada, como una herramienta de organización lógica del texto. Eso no quita que en cualquier apartado puedan estar presentes reflexiones que remitan a un trasfondo más amplio. Hechas las necesarias aclaraciones, en este apartado voy a desarrollar unas reflexiones epistemológicas preliminares. Se trata, en primer lugar, de razonar sobre las condiciones de producción del conocimiento dentro de las ciencias sociales, y en este caso específico, dentro de los estudios migratorios, para luego ir definiendo qué tipo de acercamientos son posibles al fenómeno social estudiado, y cuáles resultan más útiles desde el punto de vista de la información obtenida. Al final de este apartado, desde una óptica reflexiva, enunciaré mi standing point: partiendo del supuesto de que todas las enunciaciones de las ciencias sociales están situadas en la medida en que son producidas por sujetos definidos, con una experiencia, unas determinadas ideas preconcebidas, unos habitus sociales, explicitaré mi particular punto de vista, los condicionamientos que me han llevado a estudiar unos fenómenos sociales antes que otros, y la influencia que mi punto de vista puede tener en el desarrollo de todo el trabajo. 3.1 Aspectos generales Ante todo, quiero hacer hincapié en que mi acercamiento se basa en una visión amplia de las ciencias sociales, sin priorizar entre distintas disciplinas -en particular entre sociología y antropología, teniendo también presente la importancia del conocimiento histórico y económico- . Mi objetivo no es el de construir barreras o poner límites, sino el de producir conocimiento a partir de un enfoque complementario, que abogue por una multidisciplinaridad -o incluso interdisciplinaridad, sin que eso signifique fácil eclecticismo- en el estudio de las migraciones, al menos entre aquellas disciplinas que son más compatibles en cuanto a supuestos epistemológicos y metodológicos. Comparto la afirmación de Santamaría (2002a), quien plantea que la división entre sociología y antropología se debió en gran parte al proceso histórico de diferenciación entre los objetos de estudio: en el contexto del desarrollo del capitalismo y el colonialismo, se dio un reparto de las tareas por el que la sociología, por un lado, se dedicaba al estudio de las sociedades “modernas”, “avanzadas”, “occidentales” afectadas por la revolución industrial y la antropología, por el otro, se ocupaba de las sociedades “primitivas”, “exóticas”, “atrasadas” que no disfrutaban del mismo estatus quo internacional que los países colonizadores. Al respecto, correctamente afirma Bellier: “La construcción de la disciplina, en relación con la sociología o la ciencia política, sobre la base de una distribución teórica y espacial en áreas culturales, conduce al proceso, hoy discutido, por el cual el exotismo del antropólogo orientó el tema de sus investigaciones (Abélés, 1996; Bromberger, 1997). El reconocimiento de las áreas culturales y la relativa separación de las ciencias sociales, al comienzo necesarios para su

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afirmación académica, terminaron por limitar las perspectivas ofrecidas a la antropología de exponer diversas maneras de vivir en sociedad, hacer cultura, construir la política o las instituciones” (Bellier, 2002: 54).

Tampoco hay que minusvalorar la reflexión de Wallerstein: analizando el origen de las seis disciplinas “oficiales” de las ciencias sociales, este pensador pone de relieve cómo la partición del mundo social, lejos de ser una casualidad, refleja la visión del mundo occidental del siglo XIX, dividido entre la explicación nomotética (a través de criterios universales) de lo moderno y actual -Economía, Ciencias Políticas, Sociología- , la lógica ideográfica e irrepetible del acontecimiento -Historia- y el análisis de los mundos no europeos -Antropología y Estudios Orientales- , “primitivos”, de las “gentes sin historia” (Wallerstein, 1997: 7). La misma codificación de las anteriores disciplinas dentro de una institución específica -la Universidad- y su difusión exclusiva, al menos hasta 1945, en cinco países occidentales (Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Estados Unidos) contribuye a resaltar aun más la afirmación de que: “Las ciencias sociales surgieron como respuestas a problemas europeos en un momento de la historia en el que Europa dominaba todo el sistema-mundo” (Wallerstein, 1996: 98). Prescindiendo de que, ya en los tiempos coloniales, la rígida clasificación disciplinaria fuese cuestionable -más aún entre la sociología y la antropología- , no cabe duda de que hoy día los procesos de creciente globalización, la mayor interdependencia entre los “centros” y las “periferias”, tanto en el “Norte” como en el “Sur” del planeta, cuestionan cualquier tipo de planteamiento que se base en una visión de las disciplinas como si fuesen compartimentos estancos. Es más: por lo que afecta a lo que tradicionalmente se ha venido llamando antropología, el gran desafío de la actualidad consiste exactamente en hacer de sus prácticas “clásicas” -como la etnografía- unas herramientas útiles para el estudio del mundo “occidental”, “contemporaneo”, aparentemente cercano que nos rodea, siendo capaz de extrañarse de lo aparentemente comunal, para producir un conocimiento más profundo y una deconstrucción real de lo que se define como “normal” y “evidente”. En resumidas cuentas: la sociología necesita de la antropología para deconstruir reflexivamente y desnaturalizar sus supuestos teóricos, a menudo etnocéntricos, así como la antropología necesita de la sociología para plantearse preguntas “amplias”, para conseguir ese tropismo hacia lo general, del que habla Bertaux (2005: 34), que históricamente no tuvo, estando interesada por sociedades “exóticas” y “ajenas”. Finalmente, comparto la idea de Moreno Pestaña (2008) quien, hablando del “enfrentamiento” histórico entre las escuelas españolas de la sociología cuantitativa y la cualitativa (por más que el ejemplo se pueda extender a muchas disciplinas más), subraya cómo la confrontación, más allá de fundarse en diferentes visiones epistemológicas (que, sin falta, existían), también representaba una lucha entre distintas fracciones sociales del campo académico español14: en otras palabras, se trataba de construir unos discursos 14

Para el concepto de “campo” ver Bourdieu y Wacquant (2005).

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teóricos que se conformaran con los “gustos” de la clientela académica, y que por consiguiente necesitaban diferenciarse de los discursos “rivales” lo más posible. Por más que no nos guste, el homo academicus actual ya no se corresponde, por si alguna vez lo hizo, al héroe romántico solitario, rebelde y celoso de su privilegiada libertad, autónomo y alejado de una sociedad hostil. Al revés, se encuentra plenamente dentro de la sociedad, de sus relaciones de fuerzas, de poder, económicas. Más aún, en un contexto de neoliberalismo y de privatización de los servicios públicos y de los mismos saberes, está plenamente inserto en un juego que influye en las condiciones de producción del saber, y por lo tanto en su mismo contenido. Mi enfoque, no sólo por una cuestión de rechazo a un paradigma epistemológico “hypercientificista”, sino también porque lo considero mucho más provechoso en términos cognoscitivos, intentará por el contrario no sólo ser interdisciplinario, sino, en la medida de lo que sea posible, tratará de desquiciar el mismo concepto de disciplina; por lo menos, en los términos en los que viene pensado desde algunos entornos académicos. Voy ahora a enunciar las principales diferencias entre las ciencias sociales y las naturales, de las cuales derivan relevantes consecuencias epistemológicas. La primera es que, si en las ciencias naturales estudiamos objetos que, bajo ciertas condiciones y dado cierto nivel tecnológico, se pueden medir, y alrededor de los cuales se pueden formular hipótesis de tipo deductivo y experimental15 en las ciencias sociales, por el contrario, nos encontramos ante objetos -que en realidad son sujetos- que no son medibles, o no lo son de la misma manera. Estos sujetos sociales “son quienes generan el mundo social a través del significado que les dan a sus acciones, a los objetos que les rodean, a otros individuos, etc.” (Alonso, 1998: 52): lo cual, por supuesto, no significa que no nos podamos acercar a la realidad social, sino que debemos hacerlo desde otro planteamiento, y con otros instrumentos. Debemos ser conscientes de que las “hipótesis” de las ciencias sociales -diferentemente de lo que pensaba Durkheim- no son hipótesis “fuertes” o verificables de una manera contundente y sin ambigüedades16, sino que derivan de un proceso inductivo, al menos de entrada, y que siempre están sujetas a nuevas formulaciones más convencedoras: “En el trabajo de campo el investigador se cuida ante todo de abrir los ojos, los oídos, la inteligencia y la sensibilidad a todo lo que se le pueda decir o mostrar. Ha ido hasta allí no para comprobar hipótesis planteadas a priori, sino para elaborar al menos algunas; y no sólo ni principalmente bajo la forma de 'relaciones entre variables', sino bajo la forma de hipótesis sobre la configuración de las relaciones, de los mecanismos sociales,

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En las palabras de Hammersley y Atkinson, en este modelo “variables cuantitativamente mensuradas son manipuladas con el objetivo de identificar las relaciones entre ellas” (1994: 15). Con respecto del carácter no experimental de las ciencias sociales, veáse también Moreno Pestaña (2003). 16 Como sostiene Bertaux: “La sociología empírica ha sido sobrecargada y esterilizada con el peso de la prueba. Quitémoslo, simplemente [...]. Nuestra tarea, primordialmente, no es probar; sólo la práctica social -su otro nombre es la historia- puede, a fin de cuentas, probar algo. Nuestra tarea es comprender el movimiento de las sociedades -pero no 'explicarlo' (para ello necesitariamos leyes sociales)- y describirlo en profundidad” (Bertaux, 1993: 30-31).

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de los procesos recurrentes; sobre ciertos juegos sociales y lo que va en ellos; en una palabra, sobre toda clase de elementos que permitan imaginar y comprender 'cómo funciona eso'” (Bertaux, 2005: 30).

Por consiguiente, el lugar de las teorías en las ciencias sociales, su estatus, no es el mismo que en las ciencias naturales. Desde mi punto de vista no funciona la popperiana teoría del falseamiento, según la cual una teoría es válida hasta que no pueda ser negada, y donde este proceso de continuos falseamientos, además, representaría el modelo de evolución de los paradigmas científicos17. Tampoco existe una única teoría, un paradigma que sea capaz de explicar la realidad social determinada, excluyendo todos los demás paradigmas: lo que existe son diferentes teorías, que pueden ser utilizadas a varios niveles, dándonos cada una un aporte específico. Así pues, no existen leyes universales, meta-teorías que establezcan de manera determinista los mecanismos de la vida social: ni de manera causal, pero tampoco de manera probabilista (Hammersley y Atkinson, 1994)18. Los objetos pueden ser observados y comprendidos desde distintas teorías, a través de diferentes enfoques, sin que eso necesariamente conlleve la existencia de planteamientos “verdaderos” y “falsos”. La elección de una teoría, y de la consecuente metodología, no depende entonces de alguna razón a priori, sino simplemente de la capacidad que ésta tenga para acercarse a la realidad, para producir una descripción eficaz y creíble. En fin, “el hecho científico” no es una mera observación y descripción de algo ya dado, sino que, como afirma Ibáñez, “se conquista, se construye y se comprueba” (Ibáñez, 1989: 51). Esto no significa que cualquier tipo de acercamiento sea válido, ni quiere poner en tela de juicio la posibilidad de un acercamiento científico a la realidad. El hecho de que esta última no sea medible, no significa que no sea aferrable. Hablar de distintos modos para llegar a la realidad tampoco significa negar su existencia: así pues, a la vez que debemos rechazar el planteamiento positivista, por el cual el científico se sitúa en una posición neutral con respecto del objeto observado, dependiendo así la fiabilidad de los datos recogidos únicamente de la naturaleza estandarizada y homogeneizada de las técnicas, debemos también cuestionar ciertos tan estilados enfoques “posmodernos”, los cuales, muchas veces, se convierten en un relativismo extremo, que supone conceptos como el de fin de la historia y de los grandes cuentos, la intraducibilidad (o incluso hibridación) de las culturas, la centralidad de las narraciones, etc.. Estos planteamientos desde mi punto de vista conllevan dos grandes riesgos: −

Por un lado, llevan a la imposibilidad del conocimiento cientifico y de la realidad; una noción que de hecho es desmontada. Como sostiene Hammersley: “El relativismo que se encuentra en la sociología de la ciencia a menudo va más allá de ser una herramienta metodológica para abrir el estudio de las descripciones y las categorías de los científicos: desafía las explicaciones que los mismos científicos

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Aparte de que, ya en 1962, en “La estructura de las revoluciones científicas”, Kuhn había planteado que los cambios en los paradigmas científicos (nótese bien, en las ciencias naturales) procedían por “saltos”, e innovaciones radicales, antes que por graduales falseamientos de hipótesis. 18 En realidad, el enfoque probabilista tuvo una fuerte influencia en los planteamientos de la escuela positivista, que evidentemente no considero una referencia útil.

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proporcionan sobre el carácter de su trabajo” (Hammersley, 2003b: 795). El caso es que el relativismo y la deconstrucción pueden ser una herramienta útil si nos sirven para abrir las categorías científicas, no para plantear la imposibilidad del conocimiento. Además, creo que en la base de este planteamiento hay una suerte de mal entendido, por el cual el conocimiento científico, para ser definido tal, debería llegar a resultados “comprobables”. Paradójicamente, al deconstruir el estatuto cognoscitivo de las ciencias sociales se les exige el mismo mecanismo de funcionamiento que las ciencias “puras”. Por el contrario, el carácter científico de un trabajo desde las ciencias sociales se distingue no tanto por los resultados en sí, sino por proponer un punto de vista nuevo sobre el mundo y por alentar una extensión del conocimiento (Pinto en Moreno Pestaña, 2003). Al hilo de este razonamiento, algunos autores nos proponen incluso hablar no de ciencias sociales, sino de conocimiento social: “La meta de la investigación no ha de ser producir 'resultados científicos' -que añaden piedras al monumento mítico de la sociología como ciencia- sino, en un nivel más humilde, adquirir conocimiento acerca de determinados procesos sociales” (Bertaux, 1993: 23); −

Por el otro lado, su enfoque tendencialmente individualista, centrado en el sujeto y en la unicidad de su narración, puede ir peligrosamente de la mano de cierto lenguaje “libertario”, típico del neoliberalismo. A lo que llegamos, entonces, es la eliminación de lo político entendido como posibilidad de acción transformadora colectiva, a partir de unos conceptos mínimos compartidos. En un interesante texto, Greenwood, reflexionando sobre las tentaciones “exóticas” de la antropología estadounidense de la posguerra, establece una relación directa entre su interés por poblaciónes “lejanas” y “rurales” y su actitud pasiva ante las contradicciones reales del contexto social de pertenencia (el campo académico de Estados Unidos). Así el autor plantea que bajo esas condiciones el relativismo cultural: “Se había transformado en justificación para la inacción social. La antropología crecía dentro de una profesión 'autopoética' y cuyo interés se autocentraba en sí misma, aislada del análisis de las principales cuestiones que se desarrollaban en los Estados Unidos. Bajo tales condiciones, el relativismo cultural se había transformado en un modo de animar a los antropólogos para hablar y escribir de forma crítica, pero dejando de intervenir socialmente” (Greenwood, 1999: 203).

Por el contrario, como sostiene Gregorio, desde un enfoque de género, “la antropología feminista, frente a la fragmentación y complejidad del sujeto posmoderno, encuentra en los procesos políticos de diferenciación el centro de su análisis” (Gregorio, 2006: 33). Lejos de negar la fragmentación de las subjetividades, creo que lo que debemos hacer no es ni celebrarla ni asumirla acríticamente como paradigma19 descriptivo, sino analizarla, en relación con los procesos economicos, sociales y políticos que se dan también al nivel estructural; deconstruirla e intentar acordarnos sobre la base de una 19

Menuda paradoja... si la inexistencia de la realidad se convierte en única realidad, entonces el relativismo se convierte en paradigma.

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epistemología humilde a la vez que realista. En resumidas cuentas, no se trata de ceder al descontrol subjetivo, que impide cualquier control empírico, sino dejar que las cosas hablen, abrirse amorosamente a la realidad, según las consignas de Ibáñez (Moreno Pestaña, 2008). No se trata de poner en tela de juicio el estatuto cognoscitivo de las ciencias sociales, sino exactamente de asentarlo sobre bases más fuertes. Hay otra diferencia muy importante entre las ciencias naturales y las sociales: si los objetos estudiados por las primeras no reaccionan ante nosotros, no nos dan un feedback, en el sentido de que no atribuyen un sentido a las acciones del investigador y no producen lenguaje alrededor de ello -en fin, son “objetos” y no “sujetos” o “agentes”- ; por el contrario, en las ciencias sociales, estamos constantemente en contacto con sujetos que se relacionan con nosotros. Como plantea Bertaux: “Los objetos que la sociología examina hablan. Incluso piensan. Y el sociólogo es sólo uno de ellos, uno entre muchos, un ser humano entre seres humanos. Así pues, para que él pueda hablar no como simple ser humano sino como 'científico', no tiene otro camino que empezar por reducir a aquéllos al silencio. Si se da una oportunidad para hablar libremente, resulta que la gente sabe mucho acerca de lo que ocurre; mucho más, a veces, que los sociólogos” (Bertaux, 1993: 28-29).

De ahí deriva la importancia de analizar los discursos que los sujetos producen sobre sus actuaciones20. También, de lo anteriormente dicho desciende una problemática epistemológica central, la cuestión de la reflexividad: dicho en otras palabras, de cómo incide la condición del investigador en su producción teórica. Veámoslo. En las ciencias sociales el investigador social afecta inevitablemente a su objeto de estudio -otro fenómeno social, igual que él- : sus condiciones de clase, de etnia, de género, así como sus experiencias y prejuicios personales, repercuten en las representaciones del fenómeno social observado. Como justamente observa Ghasalian: “Si bien se esfuerza por entrar en el campo con un ‘espíritu abierto’, el etnógrafo, cualesquiera sean sus buenas intenciones, no está exento de preconcepciones y supuestos (que ya se encuentran en la elección del tema, lugar geográfico y personas a estudiar)” (Ghasarian, 2002: 14). Quiero subrayar que no se trata simplemente de unos sesgos o ideas preconcebidas a nivel individual, sino también en términos sociales y colectivos; en este sentido me parece adecuado el concepto de habitus (Bourdieu y Wacquant, 2005), exactamente porque, sin negar las aptitudes individuales, las sitúa dentro del contexto más general de esa “disposición”, esa “segunda personalidad”, ese “conjunto de esquemas prácticos de pensamiento y acción que se han ido formando a lo largo de la historia social del individuo” (Langa 20

Tanto los discursos como los otros tipos de actuaciones son prácticas sociales.

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Rosado, 2005: 39). Ahora bien: el condicionamiento producido por el investigador, no invalida bajo ningún concepto su trabajo, pero sí requiere que su enfoque sea reflexivo: tanto en el sentido de “reflexionar” continuamente sobre las condiciones de producción de la investigación, como en el sentido más fuerte de “retornar”21 a ellas, constantemente: no sólo para entender porqué hemos pensado las cosas de una determinada manera, sino también para entender qué es lo que todavía no hemos pensado y que podríamos pensar. No se trata, entonces, de un “balance” que se deba hacer al final de la indagación, sino de una actitud crítica continua y constante, que atraviesa todo el proceso, ya sea la fase de trabajo de campo, ya sea la de escritura del texto, pues en realidad no es posible distinguir entre una fase “práctica” y una “teórica”, sino que las dos están profundamente entrelazadas (la famosa circularidad). Éstos, de manera simple y resumida, son a mi parecer los elementos básicos de la “sociología de la sociología” de matriz bourdieuana, por mi compartida. Este concepto, también, es retomado por Santamaría (2002) a la hora de trasladar reflexiones epistemológicas de carácter general al objeto de estudio específico “migraciones”: en las siguientes líneas voy a recorrer los elementos principales a tener en cuenta dentro de ese contexto. 3.2 Epistemología de las migraciones Cuando se habla de migraciones, muchas veces nos encontramos ante estadísticas que nos enumeran la cantidad de inmigrantes presentes en un país determinado y los clasifican según su procedencia nacional o étnica. En general, estos recuentos no hacen caso a los inmigrantes “ilegales”, por la razón de que no se pueden cuantificar precisamente. Lo que de entrada pudiera parecer un enfoque “científico” a la inmigración, muestra en realidad su parcialidad y su sesgo positivista: es que las categorías utilizadas a la hora de estudiar a los inmigrantes

-procedencia nacional, “ilegal”,

“extracomunitario”, “nivel de integración”22- , lejos de ser neutrales, son categorías construidas, que reflejan relaciones de fuerza sociales y políticas, y cristalizan, como si fueran algo natural, lo que en realidad son fenómenos históricos -como los Estados-nación: es el caso del nacionalismo metodológico23, al que volveré más tarde- . Como justamente plantea Sayad (2008), el estatuto científico de los objetos de estudio depende en buena parte del estatus social que éstos tengan: de ahí que la sociología a la hora de representar a los inmigrantes no sea inmune a las tendencias sociales mayoritarias. Asumirlas de una

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Que representa la real etimología del término: ver al respecto Bourdieu y Wacquant (2005). Además, en este texto me parece interesante la idea de que la reflexividad es una tarea colectiva de los científicos sociales, y que para eso es necesario que los diarios de campo, los materiales, las transcripciones sean públicos. 22 Con respecto a esta última categoría, Favell (2001) nos ofrece una interesante panorámica de las dificultades existentes a la hora de encontrar un concepto compartido de “integración” a nivel europeo, debido entre otras cosas a los diferentes significados y matices que el término asume según los contextos estatales, los cuales, muchas veces, son pasados por alto por encuestas y estudios de tipo cuantitativo y con un enfoque escasamente crítico. 23 Wimmer y Schiller (2002) proponen un interesante recorrido que nos muestra cómo, a partir de 1870, los diferentes contextos históricos han venido moldeando las maneras de pensar en la inmigración y en su relación con los Estados modernos.

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manera acrítica, sin reflexividad, como si fueran la verdad, no significa sino pasar por científico algo que no lo es, representar como realidad lo que es una construcción muy particular de la realidad misma. Si queremos abordar la “inmigración” y acercarnos a ella de forma reflexiva, entonces, debemos partir del supuesto central de que para eso no nos basta con la sociología de las migraciones24. Puesto que cada “disciplina” es construida y moldeada dentro de su contexto de producción -y no por casualidad el estudio de las migraciones se ha puesto de moda, en Europa, exactamente a partir de los años '90: o sea, no cuando empezaron las migraciones en el mundo, sino cuando su dirección se revirtió para ser del “Sur” al “Norte”25-, entonces, la sociología de las migraciones ha de ser acompañada de una sociología del conocimiento. No sólo: ya que, según plantea Santamaría, “toda forma de conocimiento es al mismo tiempo una forma de reconocimiento o de desconocimiento social, que cosifica o subjetiviza a los actores sobre o con los que se piensa y estudia” (Santamaría, 2002b: 371), tenemos también que recurrir a la sociología política. A nivel práctico, el planteamiento anterior se traduce en empezar por deconstruir los conceptos y los adjetivos que se suele asociar a la inmigración y mostrar su origen social y político, a la vez que aclararse sobre los conceptos y las representaciones que construimos nosotros, desde nuestra posición. En este sentido, me he querido centrar, en el presente trabajo, en dos aspectos fundamentales: el primero, no limitarse a enfoques cuantitativos, típicos de cierta sociología reduccionista, obsesionados por clasificar, repartir, definir a los colectivos de inmigrantes -y en su caso ofrecer soluciones desde las políticas públicas y el trabajo social- , sino de abrirse a enfoques cualitativos que se fijen en las representaciones, los estereotipos, los discursos construidos tanto desde la sociedad receptora, como desde los mismos inmigrantes. Se trata no de asumir la problematización, sino de analizarla, teniendo en cuenta que los modos de concebir y definir la inmigración son el producto de una relación. En este juego relacional caben tanto aspectos estructurales y económicos como elementos subjetivos: en otras palabras, el dilema entre estructuralismo y constructivismo no se da. El segundo aspecto sobre el que quiero llamar la atención es la necesidad de situarse, de declarar el investigador su perspectiva teórica y sus condicionamientos abiertamente. En la imposibilidad de eliminar su influencia en el objeto de estudio, resulta central no tanto ocultarla, sino explicitarla: de esta manera, lo que aparentemente aparece como un límite, se convierte en un recurso. Es necesario precisar las finalidades de la investigación, y de qué lado se está mirando a las cosas. Categorías como la de “inmigración ilegal”, por ejemplo, a pesar de su pretendida “cientificidad”, en realidad ocultan un standpoint que es evidentemente el de los poderes establecidos. Esta opción 24

La misma problematización del fenómeno migratorio global en términos de inmigración revela una mirada muy “occidental”. Esta fragmentación de las migraciones en dos tramos, inmigración y emigración, como si para los que las emprenden se tratara de dos experiencias separadas, se debe según Santamaría a “la división internacional del trabajo sociológico sobre las migraciones en la que, mientras que en los países receptores se produce un saber sobre la inmigración, en los emisores se construye un saber de la emigración, mutilándose, en uno y otro caso, la complejidad del fenómeno” (2002b: 373). Para evitar este sesgo Sayad se decanta por hablar de emigración/inmigración (2002); también otra opción es la de usar la palabra migrantes. 25 Veáse también, con respecto de cómo nace la problematización de las migraciones, Gil y Agrela (2008).

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investigadora -afortunadamente- no es la única: otro enfoque, por ejemplo, puede ser el de ponerse desde el punto de vista y la experiencia de los mismos inmigrantes, como hacen algunas investigaciones. Lejos de ser una simple operación “humanitaria”, este enfoque tiene consecuencias epistemológicas importantes, pues construye otros saberes y otras modalidades de acceso al conocimiento. Al mismo tiempo, pone de relieve que la misma producción de conocimiento -y no sólo el contenido del conocimiento en sí- está sujeta a tensiones históricas y sociales, a intereses y relaciones de poder. Volviendo a Santamaría, entonces, las ciencias sociales en general, y el estudio de las migraciones en particular, deben evitar concebirse como algo independiente y aislado con respecto al objeto de conocimiento, pues “la sociología del conocimiento no ha dejado de mostrar cómo las nociones, conceptos y teorías que se utilizan para dar cuenta de la realidad forman parte, ellos mismos, de esa realidad” (Santamaría, 2002a: 23). La realidad, a su vez, es al mismo tiempo “real” e “imaginaria”, porque las apariencias, los estereotipos, las representaciones, son lo que da sentido a las acciones y fenómenos sociales: por eso la primera tarea del sociólogo es exactamente la de “poner de manifiesto las prenociones, las ideas, las representaciones” (Santamaría, 2002a: 32) que estén presentes. Consecuencia de las anteriores reflexiones es que las ciencias sociales, lejos de ser guiadas por una “lógica de demostración” se dejen guiar por una “lógica de descubrimiento”, entendida en los siguientes términos: “Si aquella primera está siempre sujeta a reglas y prescripciones, que la circunscriben a una mera sanción de lo sabido, de lo presupuesto o sospechado, esta segunda, que sigue y persigue vestigios, indicios, pistas, conceptos, categorías, etc., permite abrir y reenfocar la mirada y las interrogaciones sobre la trama de dinámicas sociales y culturales que atraviesan y conforman la inestable, heterogénea y compleja realidad social” (Santamaría, 2002: 41-42).

3.3 Cuestiones de reflexividad Antes de profundizar en la explicitación de mi lugar de enunciación, quiero introducir unas reflexiones con respecto de la condición académica moderna, y en particular sobre los condicionamientos que proceden de la financiación y de los demandantes en el mundo de la investigación. La elección de ponerlas en este apartado depende de que creo que no se trata sólo de cuestiones técnicas, sino que tienen consecuencias incluso epistemológicas, pues afectan a los mecanismos de producción del conocimiento y de acercamiento a los fenómeno sociales. Ahora bien, ya en anteriores apartados he enunciado mi tesis, según la que el mundo académico no puede concebirse como autónomo con respecto a la realidad que lo rodea. He tomado prestada la herramienta bourdieuana, así como sus reflexiones sobre el campo académico francés (Bourdieu y

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Wacquant, 2005), para explicar cómo las relaciones de fuerzas influyen en la producción de conocimiento. También he intentado mostrar que las mismas diferenciaciones y “enfrentamientos” entre las disciplinas, tienen que ver no sólo y no siempre con el contenido de las mismas, sino con dinámicas estructurales, políticas, históricas -como la competencia académica, las “modas”, las distintas “clientelas”- . Finalmente, he sostenido que ante un proceso de privatización de los servicios públicos y de la enseñanza (o, si queremos, de puesta del sistema de la enseñanza al servicio de las empresas y del mercado), los ya limitados márgenes de acción dentro de la misma institución académica, se van estrechando aún más. Desde el punto de vista de la reflexividad, las anteriores observaciones conllevan consecuencias cruciales. El punto de partida necesario es asumir la vacuidad de la ilusión de la independencia del mundo académico: “la investigación está, como cualquier otra práctica social, atravesada por todas las contradicciones del poder y las desigualdades que constituyen esta sociedad” (Colectivo Ioé, 2002: 21). Comparto con Greenwood la necesidad de tener en cuenta, y encima deconstruir seriamente la relación entre “la elaboración de teoría antropológica y la práctica profesional de la antropología”. En efecto: “La mayoría de los antropólogos continúan organizando su conducta profesional como si existiera una clara línea de separación profesional como antropólogos y su implicación personal en aquellos asuntos que constituyen sus materias de estudio. Consiguen hacerlo a base de ignorar el contexto en que se desenvuelven sus prácticas profesionales, dentro de determinadas estructuras nacionales y profesionales”. Así pues, “cuando uno se comporta como si efectivamente existiera una línea claramente definida entre lo profesional y lo político, el resultado es que resulta imposible impedir que la antropología resultante salga perjudicada, y al tiempo contribuye a las formas en que es utilizada para perjudicar a terceros [...]. Los antropólogos tenemos la necesidad de enfocar nuestra lente sobre las instituciones que nos adiestran, las organizaciones que nos financian, y la relación existente entre ambas y los programas de trabajo teóricos y metodológicos que seguimos, mientras mantenemos la ilusión de que estamos actuando de forma independiente y voluntarista” (Greenwood, 1999: 195).

Por otra parte, Lander, en un artículo que reseña la creciente mercantilización del saber académico de parte del neoliberalismo, habla de un verdadero capitalismo académico: analizando la creciente imbricación y compenetración de intereses entre las empresas multinacionales y el mundo de la investigación estadounidense en medicina y biología, recuerda como los derechos de propiedad relativos a las patentes y a los resultados de ciertas investigaciones: “Corresponden exclusivamente a las modalidades universitarias/empresariales de los regímenes del saber occidental, y por lo tanto [son] la protección de una propiedad intelectual que es individual y es concebida como derecho privado” (Lander, 2008: 254). Aunque quizá, en las ciencias sociales, las cosas aún no estén en este nivel, para limitarme a mi ámbito específico no cabe duda de que, en los últimos años, las temáticas relacionadas con las migraciones 31

han venido asumiendo cada vez más importancia, de una manera paralela al auge de su problematización desde el poder político. Así pues, intentar construir recorridos de emancipación, en contra de las tendencias dominantes, resulta obstaculizado por el interés creciente que desde la misma UE despiertan los estudios migratorios. Al respecto, Favell menciona el relieve que está asumiendo, cada vez más, el campo de investigación europeo sobre la “integración”, muy a menudo financiado con fondos comunitarios, y nos alerta de que “este tipo de trabajo funciona claramente a través de mecanismos de cooptación y autorreproducción. Por muy autocrítica que sea la relación de un estudioso con la UE, trabajar dentro de su agenda de integración inevitablemente llevará a los estudiosos a una postura pro-integración europea [...]. Este tipo de trabajo no contribuye mucho a un conocimiento crítico de las políticas públicas de integración” (Favell, 2001: 10). Gil, por otro lado, hace hincapié en el papel legitimador, que las ciencias sociales pueden tener, de los programas de gobierno, al realizar diagnosis de fenómenos sociales: “esta es la lógica que subyace al diseño y puesta en marcha de cualquier política pública, y muy claramente en el caso de las políticas de integración de inmigrantes” (Gil, 2009a: 10). Sus advertencias parecen refrendarse casi al pie de la letra en un texto ya citado de Bertozzi, secretario del Vicepresidente de la Comisión Europea, quien se plantea abiertamente que el futuro Centro Europeo de Política Migratoria: “Deberá alimentar regularmente la estrategia europea apuntalando de este modo las opciones políticas que aborden temas tan complejos como los cambios democráticos, las necesidades del mercado de trabajo europeo y la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, por nombrar sólo unos cuantos. En palabras del vicepresidente Franco Frattini: 'El objetivo principal del nuevo Centro Europeo de Política Migratoria será traducir los resultados de la investigación en recomendaciones políticas realistas, y ayudar de este modo a orientar las opciones políticas de Europa en el futuro. Europa tiene que tener la investigación de su parte'” (Bertozzi, 2008: 36).

La pregunta es clara: ¿cómo conseguir escaparse de ser engullidos, los investigadores, en una dinámica de este tipo, que acota el campo del conocimiento al “realismo” y, en última instancia, al “tecnicismo”? El caso es que no existen técnicas neutrales, sino que cada una actúa en el trasfondo de una ideología precisa y relaciones de fuerzas determinadas: “La función de la ideología consiste en hacer deseables por los individuos las necesidades de la sociedad, para lo cual tiene que producir una representación de ella que rellene los huecos y aplane las contradicciones (el orden social aparece, a la luz de la ideología, como continuo y coherente) [...]. No se puede preguntar por leyes: el orden social, para que sea efectivo, ha de ser inconsciente para los ciudadanos” (Ibáñez, 1989: 53).

En la misma línea va Žižek, cuando nos recuerda que la ideología dominante trabaja por despolitizar todo lo posible, presentando como natural lo existente y criticando como “ideológico” 32

cualquier planteamiento crítico que lo cuestione, pues: “La lucha por la hegemonía ideológico-política es [...] siempre una lucha por la apropiación de aquellos conceptos que son vividos 'espontáneamente' como 'apolíticos', porque trascienden los confines de la política” (Žižek, 2010: 15). La reducción de la investigación a técnica, la apelación a la viabilidad y “utilidad” (¿para quién?) de los estudios, la visión funcionalista de la sociedad basada en diagnosis, constituyen senderos a evitar que, sin embargo, nos ponen ante un problema muy concreto: el del dinero. Puesto que la investigación requiere de financiaciones, y que éstas, más aún en tiempos de crisis, nunca son suficientes, así que nos encontramos ante la elección si aceptar dinero privado o no (sin que las subvenciones públicas, por otro lado, conlleven necesariamente más autonomía), la pregunta resulta acuciante. Un buen punto de partida es la siguiente reflexión del Colectivo Ioé: “Si nos posicionamos en el lugar de los investigadores, surge el narcisismo que les es propio y parece que el papel fundamental lo realizan ellos. Pero no es así, el papel fundamental siempre es del cliente, del que demanda la investigación. Él es quien propone qué investigar y para qué, y además, aporta los recursos económicos para ello. Por lo tanto, los elementos fundamentales de la investigación, que son la estrategia, la orientación y los objetivos de la misma, los define siempre el cliente. La cosa es clara: ¿quién paga?” (Colectivo Ioé, 2002: 20).

Es interesante esbozar algunas reflexiones sobre la financiación pública o privada: desde mi punto de vista, esta última -más aún cuando se trata de grandes empresas- difícilmente puede evitar ser afectada por las exigencias de los demandantes: ya sea porque ellos demandan una investigación que les sirva y les sea rentable para algo, ya sea porque la investigación, aparentemente desvinculada del sector de intervención de tal empresa (banco, o multinacional...), podría ser un “lavado de cara” para hacer olvidar algunas malas actuaciones. Una pintada “social” a las exigencias del beneficio. Por el otro lado, como estamos viendo, tampoco la investigación pública -que a su vez se va compenetrando cada vez más con la privada, ya que hoy en día es incluso difícil trazar una línea de separación entre los dos ámbitos- garantiza necesariamente libertad de investigación. No tanto porque produzca censura, ni porque impida la libertad de pensamiento. Más bien, quizá, por prefijar a menudo el marco de investigación. Como bien explica García Borrego: “La colaboración entre instituciones e investigadores exige a menudo que éstos asuman formalmente los planteamientos de quienes financian su actividad. Por ejemplo, cuando a la hora de elaborar un proyecto de investigación definimos unos objetivos, estamos siguiendo más la lógica burocrática que la científica; pues según ésta última el único objetivo de una investigación es el de comprobar una hipótesis. Pero la búsqueda de financiación impone la obligación de traducir la lógica de la investigación en términos que satisfagan a los

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tecno-burócratas [...]. También ahora en las universidades se exigen resultados individuales y colectivos, evaluables a través de registros de actividad científica, índices de impacto de las publicaciones, etc.. Esto tendrá sin duda resultados importantes sobre la actividad investigadora” (García Borrego, 2008: 119-120).

Ahora bien, las anteriores observaciones no quieren plantear la imposibilidad de una investigación “libre” y “crítica”. Evidentemente, existen espacios para producir fuera de los patrones pre-establecidos 26, lo que pasa es que, cuanto más sea independiente una investigación, más obstaculos encontrará a la hora de darse a conocer y ser difundida27. Mis anteriores pensamientos quieren ser una “alerta”: es necesario que, en una óptica reflexiva, no sólo pasemos revista a nuestro ego investigador, este héroe romantico del saber, sino que tengamos en cuenta las condiciones materiales que nos rodean, a partir de lo que más nos duele y nos cuesta aceptar, el contexto económico e institucional de la demanda de la investigación. Y también, es necesario que la reflexividad se aplique no simplemente desde nuestra autoconciencia, sino que sea una tarea colectiva de la comunidad investigadora. Al mismo tiempo, debemos preguntarnos, tal y como nos propone Greenwood (1999), si nos basta con la vigilancia epistemológica propuesta por Bourdieu, esto es, si es suficiente tener conciencia de los condicionamientos: “No supone mucha ayuda para un antropólogo que se encuentre atrapado por las tensiones que conlleva la práctica” (Greenwood, 1999: 207). Desde mi punto de vista, dichas tensiones no se pueden solucionar sino reconociendo el carácter político de la investigación y, por lo tanto, partiendo de la imposibilidad de separar los aspectos teórico-epistemológicos de las perspectivas situadas del sujeto investigador. Es por eso que a continuación voy a proponer algunas ideas acerca de mi perspectiva específica. 3.4 Mi lugar de enunciación “No sólo lo personal es político, también lo personal es teórico” (Gregorio, 2006: 32). En efecto, no cabe duda de que mi trayectoria personal ha influido mucho en la elección de la temática, en la formación de los interrogantes y finalmente en la delimitación del objeto de estudio. Cursé la carrera de 26

Por ejemplo, el Colectivo Ioé propone que el objeto de la investigación se convierta en sujeto y “tome palabra”: estamos hablando de la IAP (Investigación-Acción Participativa). “Esta posibilidad se enarma cuando el cliente, el demandante de la investigación, sea la propia población inmigrante: a la vez cliente y preocupado por su propia situación” (Colectivo Ioé, 2002: 21). En mi opinión, una investigación financiada por los mismos migrantes podría traer muchas ventajas; sin embargo, le veo también ciertos límites: en primer lugar, incluso dentro de este colectivo se pueden dar contradicciones, enfrentamientos, relaciones de poder: entonces, ¿a qué intereses dentro del colectivo migrante respondería la investigación? En segundo lugar, cabe preguntarse qué colectivos de migrantes podrían permitirse financiar una investigación. Los sectores migrantes que se encuentran en condiciones de mayor dificultad -como por ejemplo los “sin papeles”- quizá no puedan permitirse el lujo de reunir suficiente dinero como para que se haga una investigación sobre ellos, así como probablemente tampoco se plantearían el problema. Así pues, hasta en este enfoque es posible la producción de sesgos. Para más informaciones sobre la IAP -que, evidentemente, es algo complejo que no se reduce a lo que he esbozado aquí- , véase Villasante, Montañés y Martí (2000 y 2001). 27 Además de que siempre está presente el riesgo de que nuestros mismos trabajos, si no nos encargamos de su difusión “responsable”, se vean apropiados por fuerzas políticas y sociales que incluso pueden perseguir objetivos opuestos a los nuestros.

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Ciencias Políticas en Bolonia, donde me Licencié en 2006 con una Tesina con el siguiente título: “La concepción de la diversidad en Europa entre multiculturalismo y asimilacionismo: el caso del Islam. Dinámicas identitarias, modelos de integración y transformación de las instituciones musulmanas”. Ya desde los 17 años fui militante social y político de la izquierda anticapitalista, altermundialista, antiglobalización o como se la quiera llamar. Mi interés por la política, por lo tanto, no era baladí, correspondía a una experiencia existencial y cotidiana, a la realidad concreta de cada día. Sin embargo, la elección de esa carrera, entre otras de las Ciencias Sociales -elección no fácil- dependió de que CC.PP me parecía más variada en cuanto a las asignaturas: algo de derecho, sociología, politología, historia (otra gran predilección), etc.. Sin embargo lo que constaté, a lo largo de esa trayectoria estudiantil, fue un increíble reduccionismo politológico que se aplicaba a relevantes cuestiones históricas y sociales: la tendencia a explicarlo todo -o casi todo- a través de los “sistemas políticos”, las leyes electorales, los modelos institucionales, etc.. Las asignaturas que más me interesaban, en realidad, eran las que más se alejaban de ese modelo abstracto y cientificista, enfocado a formar las futuras clases dirigentes de la República Italiana. Por ejemplo, una asignatura que me impactó mucho fue “Historia de las doctrinas teológicas”, donde entré en contacto con el Islam, o mejor dicho, con los muchos Islames que hay28. A partir de ahí me interesé por las temáticas del multiculturalismo, y fui adquiriendo útiles herramientas de las ciencias sociales que me permitieron desmontar los conceptos esencialistas de la cultura, la teoría del choque de civilizaciones, etc.. A lo largo de ese recorrido, decidí que mi Tesina de Licenciatura trataría exactamente esas temáticas por las que me había interesado. Elegí como director al profesor Mezzadra, en principio por ser un militante de los movimientos sociales y uno de los pocos que dentro de la facultad desarrollaba un pensamiento crítico, y a continuación porque su ámbito de estudio coincidía en parte con mis intereses. Al terminar la carrera, por lo tanto, mi progresivo “deslizamiento” hacia temáticas “típicamente” consideradas antropológicas, no correspondía a una ocurrencia de la última hora, sino a un proceso progresivo de “ajuste de enfoque”. Mi militancia del lado de los “oprimidos”, de los más débiles, me había llevado desde el punto de vista académico, primero a contrastar la islamofobia y a continuación a interesarme de manera creciente por las temáticas migratorias. Un tema que no sólo me interesaba, sino también con el que me iba topando cada vez más en mi agenda social (en el Estado Español, por ejemplo, participé en el III Foro Social Mundial de las Migraciones). Aunque parecen claros los argumentos por los que decidí seguir los estudios de posgrado en un ámbito pluridisciplinar, dentro del ámbito de las ciencias sociales, así como las razones por las que me propongo realizar una investigación que abarque tanto el tema “política” como el de las migraciones, quizá sea necesario plantear una serie de preguntas ulteriores para cuestionar reflexivamente esta evidencia.

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Al respecto, véase por ejemplo Said (2001b).

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¿Por qué he elegido hablar de inmigración a través del análisis de las políticas públicas? ¿Por qué desde el punto de vista de los discursos y las prácticas dominantes, y no por ejemplo de los partidos alternativos o antisistema? ¿Por qué no me he planteado desarrollar un proyecto de investigación-acción, junto con las poblaciones migrantes? ¿Qué es lo que ha influido en la construcción de este proyecto? En realidad, hay algunos elementos claros que me han llevado a esta elección; otros que al principio no lo eran, pero que se me han ido esclareciendo sobre la marcha; otros, finalmente, que quizá todavía no haya pensado, y es exactamente por estas razones que escribo estas líneas, para ofrecerlas a quién me lea y para que reflexionemos colectivamente. Las preguntas que planteo son: ¿puede ser que mi colocación social mediana y mi experiencia laboral manual muy limitada hayan influido en la elección de abordar un tema muy teórico? Una provocación incluso más dura: ¿puede ser que mi pertenencia “étnica” “blanca”, “europea”, “occidental”, me haya empujado a relacionarme con los políticos “blancos”, “europeos” y “occidentales” y no con inmigrantes, porque a lo mejor me considero -a nivel subconsciente- más apto para interpretar una “cultura” que siento más “cercana” a la mía? Finalmente: ¿por qué en la frase anterior he escrito políticos? ¿Y por qué, siempre que me imagino haciéndoles entrevistas sobre inmigración e identidad europea, me veo ante un varón? ¿Tienen que ver algo con esto las relaciones de género? ¿Quizás -siguiendo las reflexiones desarrolladas por Gregorio (2006)- mi mirada antropológica, al elegir como ámbito de observación un campo social, el da la política mainstream, tradicionalmente dominado por varones, esté fundada en una más o menos consciente identificación, en un sesgo epistemológico? Las anteriores preguntas, aparentemente retóricas, son en realidad algo a tomar en serio: constituyen unas notas a leer y releer, no sólo antes sino sobre todo durante el proceso etnográfico e investigador. De todas formas, a nivel consciente, sí que tengo presentes algunos elementos que me han llevado a elegir el objeto de estudio aquí propuesto. Ante la posibilidad de hacer una investigación-acción, junto a los sujetos que considero “compañeros de camino”, admito que mi planteamiento ha sido exactamente el de elegir el camino más fácil: centrarme en el análisis de los “adversarios”. Hammersley y Atkinson (1996) citan el caso de una población vietnamita, estudiada por un etnógrafo, cuyos textos fueron sucesivamente utilizados por las tropas estadounidenses como “guía” para ocupar militarmente la zona. Ante la dificultad, desde mi punto de vista, de realizar un estudio que conjugara el rigor científico con finalidades de empoderamiento, ante la contradicción de poderme encontrar, en determinadas situaciones, a “hablar mal de los amigos”, a poner información reservada al servicio de fuerzas opuestas a las que representan mis ideales, he optado por centrarme directamente en los “no amigos”, sus discursos y sus prácticas29. 29

Ejemplo: pongamos que estoy estudiando una comunidad inmigrante, donde está presente una fuerte jerarquización y hay mecanismos decisionales no democráticos. Desde el punto de vista de la investigación es justo que yo lo ponga de relieve; sin embargo, aunque a la larga esa misma investigación pudiera servir para favorecer procesos de democratización de la comunidad, a breve plazo podría ser utilizada por sectores conservadores, racistas o anti-inmigración para avalar tesis opuestas a las mías.

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Evidentemente no se trata sólo de esto: también tengo un interés real por profundizar las dinámicas políticas de la “fortaleza” Unión Europea y las temáticas identitarias. Tampoco tenía planteamientos epistemológicos de tal calado, cuando empecé a plantearme la investigación. A pesar de todo ello, a manera de vigilancia autocrítica, he querido señalar unos elementos problemáticos, unas tensiones, unos puntos relevantes que será importante seguir teniendo en cuenta. El simple hecho de ponerlos en papel, de hacerlos “oficiales”, puede ser un punto de partida para futuros avances. 4. Apuntes teórico-metodológicos En este bloque, trataré unos asuntos teóricos y metodológicos, esto es, sobre el recorrido a seguir para llegar a observar el objeto de estudio de una manera eficaz. En particular, voy a tratar los siguientes temas: primero recapitularé los interrogantes generales que me han empujado a emprender esta investigación; en segundo lugar, enunciaré algunos conceptos teóricos relevantes (políticas públicas, integración de inmigrantes y gubernamentalidad). Finalmente, esbozaré un apartado metodológico, teniendo en cuenta no sólo la metodología utilizada para este trabajo específico (prevalecientemente análisis del discurso y etnografía de internet), sino también la que voy a utilizar para el desarrollo ulterior de la investigación de cara a la Tesis de Doctorado (etnografía en general). Por el carácter en progress de este testo, se trata de conclusiones muy parciales sobre cómo emprender la investigación; además, no todos los párrafos están desarrollados y profundizados al mismo nivel: estos primeros pensamientos han de ser tomados como simples puntos de partida. 4.1 Interrogantes/objetivos generales y elementos del diseño de investigación El interrogante y la preocupación principal que me ha llevado a formular la investigación, como ya he mencionado, es el tema del proceso de construcción de la identidad europea: al reseñar el estado de la cuestión, creo haber aportado suficientes argumentaciones y pareceres como para poder subrayar los riesgos del desarrollo de unas dinámicas excluyentes, culturalistas y etnocéntricas de definición de la identidad comunitaria. Evidentemente, al asumir esta hipótesis como punto de partida no quiero bajo ningún concepto despejar el campo de la investigación de cualquier duda, ni mucho menos voy a pasar por alto la posibilidad de que surjan, sobre la marcha, rotundas desmentidas al planteamiento inicial; simplemente considero necesario explicitar mis presupuestos en tanto que operación reflexiva fundamental de cualquier indagación en ciencias sociales. También es oportuno remachar que no voy a abarcar esta temática en su conjunto, sino que el objetivo fundamental es el de analizar el actual proceso de definición identitaria de la UE, tal y como es pensado y construido por las élites políticas a través de determinadas policies migratorias. Así pues, al ocuparme sólo de una dimensión identitaria, que se construye a través de 37

modalidades top-down, de arriba abajo, y al no tener en cuenta las dinámicas de resistencia y transgresión a ese proceso, es evidente que mi perspectiva de investigación no puede decantarse por enfoques participativos como la IAP. Por el contrario, me dirigiré a estudiar ese colectivo, muy poderoso, que es productor de discursos políticos. Aunque en los siguientes apartados justificaré de manera más detallada las elecciones teórico-metodológicas que derivan de este planteamiento, cabe decir de antemano que me serviré, por un lado, de la poderosa herramienta teórica representada por el estudio de las políticas públicas y las gubernamentalidades, y por el otro, de un acercamiento metodológico basado en la etnografía y el análisis del discurso (con una contextualización histórica, social y económica). En aras de cumplir con este objetivo, utilizaré las siguientes fuentes: 1) Resoluciones, directivas, reglamentos de las instituciones europeas, básicamente el Parlamento, la Comisión y el Consejo: el análisis de estos documentos, aun centrándose en las políticas migratorias, abarcará también textos más generales, declaraciones de principios sobre la naturaleza de la UE, etc. (en larga parte estos materiales ya han sido utilizados para este trabajo); 2) Actuaciones de los políticos -que estudiaré a través de la práctica de la observación participante y no participante- , tanto hacia la ciudadanía europea -medios de comunicación, campañas electorales, mítines- , como hacia las instituciones de la UE -comunicaciones internas, etc.- (hasta la fecha he analizado esta dimensión sólo a través de Internet: blogs de políticos, actuaciones en debates videograbados, declaraciones encontradas en la web de periódicos digitales, etc.. La mayor parte de esta observación queda por hacer en el futuro trabajo de campo). 3) Entrevistas con miembros o ex miembros del Parlamento Europeo y otros políticos de relieve -posiblemente, también “tecnócratas” de alto nivel que lleven la batuta de determinadas políticas- , para pormenorizar temas que se consideren relevantes a lo largo de la investigación (tarea a realizar de cara a la Tesis Doctoral). En cuanto a la delimitación temporal de la indagación, la fecha de partida es el comienzo de los años '90, dado que es entonces cuando se modifica el concepto de seguridad vigente durante la Guerra Fría, engendrándose nuevos discursos sobre el supuesto nexo criminalidad/inmigración (Gil, 2005b). Además, en junio del '90 es firmado el Convenio de aplicación de Schengen, cuyas consecuencias repercutirán, durantes los años venideros, en las medidas de control fronterizo (Gil, 2005b), dando lugar a la ya mencionada “Europa Fortaleza”. Evidentemente, se trata de un enfoque temporal diacrónico, que intenta descifrar las dinámicas diferenciadoras e identitarias a través de su evolución temporal. La perspectiva de análisis, en cambio, se valdrá tanto del enfoque emic como del etic. En un primer momento, iré asumiendo las clasificaciones y categorías que los políticos mainstream utilizan en sus discursos al hablar de inmigración, poniéndome al nivel de sus representaciones, su construcción de sentido, sus definiciones. En 38

un segundo momento, sin embargo, asumiré una perspectiva etic, “desde fuera”, entre otras cosas contrastando los discursos políticos con las otras practicas que los desmienten (como por ejemplo las prácticas fronterizas y las políticas sociales y económicas30). Lo anterior en aras de conseguir un diálogo constante entre las perspectivas de los actores y mi perspectiva investigadora, lo que Balbi y Boivin llaman “una cierta integración de las categorías y concepciones nativas en un marco analítico donde las concepciones del etnógrafo han sido reelaboradas al ser confrontadas con ellas” (Balbi y Boivin, 2008: 9). En otras palabras -y con esto voy a enunciar los sub-objetivos específicos, que también están presentes en este proyecto de investigación- , “jugando” con las perspectivas emic y etic y con las diferentes fuentes, intentaré detectar la presencia de posibles tensiones, contradicciones y disonancias que se presenten, así como las eventuales modalidades de “superación” de éstas. Por ejemplo, con respecto de los textos escritos, analizaré si en los planteamientos generales hay una atención específica a la inmigración y las posibles razones de su presencia/ausencia/evolución. También analizaré si hay afinidad entre dichos planteamientos más genéricos y las medidas reales, como pueden ser directivas concretas o decisiones del Consejo. Detectando la presencia de elementos “coherentes” o contradictorios, intentaré desvelar la lógica del juego entre los actores políticos, deconstruir sus representaciones y estrategias. Aplicaré el anterior enfoque también a las actuaciones políticas, empujado por las siguientes preguntas: ¿hay diferencias entre las que se dirigen al electorado y las que se dirigen a organismos técnicos/institucionales de la UE? Y si es que sí, ¿según qué elementos se produce esta diferenciación, debido a qué regímenes de verdad? Los discursos políticos que se producen tienen que ver simplemente con una representación de la inmigración, o aparte de eso hay algo más: por ejemplo, ¿juegan un papel instrumental en la definición de determinadas políticas, o, en el caso de que existan elementos “incoherentes” entre los discursos y las prácticas, éstos responden a alguna lógica decidida y determinada? ¿Los discursos de los políticos responden sólo a sus representaciones, de las cuales las prácticas políticas también forman parte, o aparte de eso juegan también un papel legitimador o, en su caso, ocultador de las prácticas que se llevan a cabo? ¿Acaso hay un doble discurso que responde a dos lógicas distintas, una políticamente correcta hacia las instituciones UE, y otra populista ante los electores? Y finalmente, ¿qué dinámicas se desarrollan entre las diferentes instituciones comunitarias? ¿Hay crispaciones entre el Parlamento Europeo, un organismo supranacional elegido por los ciudadanos comunitarios, y otros organismos como la Comisión o el Consejo? ¿Se desarrollan redes de afinidad/antagonismo de forma 30

Volveré a este tema en los apartados sucesivos. Sólo para que se me entienda: una parcial conclusión a la que he llegado es que el objetivo de la proclamada lucha contra la inmigración ilegal quizá no sea su eliminación, o por lo menos no su total eliminación. Otros documentos comunitarios, no específicamente sobre migraciones, repiten la exigencia de fuerza de trabajo migrante, así como la necesidad de aumentar la rentabilidad de los recursos productivos. La continua creación de fronteras hacia la inmigración, a mi modo de ver, responde más a una exigencia de precarización general de las condiciones de vida y de trabajo que a un real cumplimiento de ciertas normativas. Sin embargo, esta contradicción no se puede deducir de los discursos oficiales sobre la inmigración “ilegal”, que van en la dirección opuesta: sólo contrastando esos discursos con las prácticas fronterizas concretas (por ejemplo las pocas expulsiones reales, en comparación con la cantidad total de inmigrantes en condición “irregular”) y con otros documentos de tipo general-económico (como la “Estrategia de Lisboa” y la “Estrategia 2020”, a los que volveré) se puede llegar a este tipo de reflexiones.

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transversal a dichas instituciones? ¿Y si es que sí, según qué lógica: de afinidad política o de pertenencia nacional? Al lado del objetivo general, y de los sub-objetivos específicos, están también presentes dos objetivos metodológicos cruciales -que también constituyen una experimentación-. El primero deriva de la necesidad de que la mirada de las ciencias sociales hacia los objetos de estudio esté abastecida de unas herramientas eficaces para superar los límites del nacionalismo metodológico -ya citado en el apartado epistemológico- . Con esta expresión se hace referencia a la (equivocada) asunción de que la naciónestado-sociedad es la forma política y social natural del mundo moderno, y que los fenómenos sociales, por lo tanto, adquieren significado y se producen dentro del marco nacional. Wimmer y Schiller (2002) profundizan afirmando que el nacionalismo metodológico asume tres formas concretas: no tener en cuenta el papel del nacionalismo, esto es, ignorar el marco nacional de la modernidad; asumir el Estado-nación como algo natural, no problematizado; considerar la mirada del Estado-nación como la perspectiva natural de las ciencias sociales31. Desde mi punto de vista retar a esta modalidad de pensamiento constituye un desafío complejo y en algún sentido paradójico: es que si criticamos el nacionalismo metodológico porque éste considera al Estado-nación como un contenedor de los fenómenos sociales, y a la vez planteamos -como hacen los críticos de este enfoque, y como veremos en adelante hablando del concepto de “integración”- que las ciencias sociales han sido muy condicionadas, en su mirada, por los específicos procesos de construcción nacional de cada país, por el contexto académico nacional, etc.; entonces estamos implícitamente afirmando -siendo las ciencias sociales, también, un fenómeno social- que los marcos nacionales, en alguna medida, de verdad han “contenido” el desarrollo de las ciencias sociales. Esto sería una evidente aporía sólo si consideraramos los procesos sociales de una manera determinista y causalista; en cambio, en mi opinión, la dificultad consiste en encontrar el justo equilibrio -algo que no puede definirse a priori, sino que tiene que ser realizado en la práctica de investigación- entre la exigencia de destacar la influencia de lo que Sayad (2002) llama el pensamiento de Estado y la necesidad, también, de ver que los procesos sociales no se reducen a los marcos nacionales. Así se da la paradoja por la que uno no puede escaparse del nacionalismo metodológico sin relativizar la importancia de los Estados-nación, pero tampoco puede escaparse sin tenerla en cuenta: sobrevalorarla equivale a reducir la complejidad de los fenómenos sociales, pero también minusvalorarla significa pasar por alto una realidad hoy en día viva e influyente, con el riesgo de producir narraciones sobre la “hibridez”, “fluidez” de las identidades y olvidarse de la relevancia de los confines, las fronteras y las leyes en la producción de subjetividad32. 31

Sobre el debate entre partidarios de los posicionamientos posnacionales y sus críticos, véase la amplia bibliografía propuesta por Gil (2009c: 1). 32 Es que a la hora de acuñar nuevos conceptos, deberíamos tener epistemológicamente en cuenta que ellos, a su vez, están condicionados por el contexto social e histórico de producción: así como nos dimos cuenta de lo sesgado que era el nacionalismo metodológico en las ciencias sociales sólo a ciertas alturas, igualmente podríamos darnos cuenta de los sesgos de las teorías actuales sólo mucho más tarde (Wimmer y Schiller, 2002: 326).

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En este sentido, mi proyecto de investigación, al preguntarse si existe y cómo se declina por las élites políticas una concepción identitaria europea, que vaya más allá de los confines nacionales -y quizá vaya más allá, también, de las modalidades de identificación típicas de los Estados-nación-, acoge la invitación de Favell (2001) a centrarse en las policies de “integración” de inmigrantes, tradicionalmente consideradas pertenecientes a y condicionadas por cada gobierno nacional, a un nivel político, como es el comunitario, que precisamente se constituye como opción complementaria -cuando no alternativa- al Estado-nación. Se trata de asumir el hecho de que, aunque desde el punto de vista general, el paradigma del nacionalismo metodológico haya sido desafiado, en la práctica los términos de referencia y las formas de investigar siguen estando muy condicionadas por él (Favell, 2001: 7). Así pues, la elección de este prisma, por mi parte, puede incluso servir como “trampa” para “facilitar” la fuga del nacionalismo metodológico, obligándome a cambiar de lentes y vigilando de manera más estricta sobre el uso de categorías nacionales33. Pero, también, deberé tener en cuenta que: “Aunque hoy está de moda profetizar el fin del Estado nacional, su poderosa lógica ideológica parece estar muy lejos de evanescerse. En lugar de ello, a pesar de que la competencia económica globalizada es cada vez más intensa -o precisamente por eso- , leyes de nacionalidad cada vez más estrictas controlan la libertad de movimiento de personas, regulando así un mercado de trabajo que ése sí es para todos los efectos mundial” (Stolcke, 2001: 154-155).

Ser capaz de manejar dos consideraciones aparentemente contradictorias y saber jugar con las tensiones que de ellas derivan, es exactamente el experimento metodológico que quiero emprender, en aras de proponer una visión de los procesos sociales que se deshaga de cierta dañina visión nacionalista. El segundo objetivo metodológico consiste en averiguar hasta qué medida es posible indagar sobre los procesos identitarios a través del nivel discursivo, y si es posible (y de qué manera) emprender un estudio de los procesos identitarios que compagine tanto las variables discursivas como las no discursivas. Es que en mi (relativamente breve) experiencia investigadora, me parece notar una tónica general según la cual, aunque se reconozca que las dinámicas identitarias se dan tanto a través de prácticas discursivas como de no discursivas, concretamente a la hora de realizar un estudio los investigadores se decantan por una u otra opción. O se analizan sólo los discursos y las representaciones, o se consideran casi exclusivamente las variables “estructurales” que “forjarían” las identidades, con el riesgo de oscilar entre 33

Otros estudios han sido llevados a cabo por debajo del nivel estatal, por ejemplo, al nivel autonómico del estado español: “El estudio de las políticas autonómicas cuestiona la homogeneidad y coherencia de los modelos estatales de la integración y pone en evidencia que la diversidad que lo atraviesa (y constituye) no es resultado exclusivo de las migraciones contemporáneas” (Gil, 2009a: 2). Sin embargo, en este caso estamos hablando de entidades regionales dentro del contexto de un estado plurinacional; o sea, de Naciones imaginadas dentro de la Nación “oficial” (y también imaginada). En resumidas cuentas, se trata de un contexto mucho más comparable con el nivel estatal “típico” que con el caso de la Unión Europea.

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el relativismo absoluto de las estrategias individuales y una visión “estable” de la identidad, colindante con el esencialismo. Mi intención, partiendo del supuesto teórico de que ambas perspectivas pueden aportar algo, es la de trasladar esta observación a la práctica, compaginando y sobre todo intentando hacer dialogar, dentro de la misma investigación, tanto el análisis de las prácticas discursivas como el de las prácticas no discursivas; en fin, intentaré abarcar tanto los discursos que se “traducen” en prácticas concretas como los “estados de excepción” a ciertos discursos (es el caso, por ejemplo, relativo a la retórica de los derechos humanos, cuya afirmación altisonante en los documentos oficiales se encuentra a menudo desmentida en la práctica). Así pues, aparte del análisis del discurso y de la etnografía “en general”, me dedicaré a la etnografía institucional (de la que hablaré en el apartado correspondiente), al estudio del contexto histórico, social, económico y de las prácticas de gobierno de las migraciones en su implementación concreta (otro concepto que desarrollaré en el apartado sobre la gubernamentalidad). Evidentemente, la manera de formular las preguntas de arriba, los objetivos que me he puesto, el andamio del diseño de investigación así como la metodología elegida, descienden de unos planteamientos teóricos, que voy a explicitar a continuación. A partir de los interrogantes generales, se podrían haber elaborado muchos diseños de investigación distintos, dependiendo de la manera de abordar la realidad social de cada investigador. También, a veces, la elección del objeto de estudio en algunos trabajos desciende, al revés con respecto de lo que se suele hacer, de la predilección, de parte del investigador, por una determinada metodología -por ejemplo, algunos investigadores están particularmente “dotados” para la etnografía antes que para el análisis del discurso (o viceversa), así que diseñan proyectos de investigación que se fundamentan en esas prácticas- . De todas formas, no se trata de mi caso. Yo tenía unas preguntas, unas dudas, unos interrogantes, y recorrí el camino “clásico” que lleva, a partir del planteamiento de un problema, a la individuación de la metodología para resolverlo. Así que ahora voy a aclarar esos conceptos analíticos en los que se fundamenta mi planteamiento, y que evidentemente, han condicionado la articulación y la estructura de este trabajo a partir de la primera página. 4.2 Conceptos teóricos básicos 4.2.1 Las políticas públicas, una poderosa herramienta teórica El estudio de las políticas públicas representa una poderosa herramienta de análisis de la realidad social. Como sostienen Shore y Wright: “Las políticas públicas han llegado a ser un concepto central y un instrumento de organización de las sociedades contemporaneas [...]. Cada vez más moldean la manera en la que los individuos se construyen a sí

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mismos en tanto sujetos. A través de las políticas públicas, el individuo es categorizado y se le atribuyen estatus y roles como el de 'sujeto', 'ciudadano', 'profesional', 'nacional', 'criminal' y 'deviante'” (Shore y Wright, 1997: 4)34.

En nuestro caso, podríamos hablar de “inmigrante”; “extranjero”;

“comunitario” o

“extracomunitario”; “legal” o “ilegal”; etc.. Agrela (2008) también hace referencia a la relación entre políticas públicas y construcción de significados sociales, planteando que: “Las políticas públicas se constituyen en la actualidad como un instrumento central de los estados modernos para la organización de la sociedad. Éstas a su vez, y muy particularmente las políticas migratorias, generan clasificaciones y distinciones entre las poblaciones, construyendo a las personas en tanto que sujetos y objetos de las mismas, regulando sus vidas y generando significados sobre los distintos grupos a los que quedamos vinculados, o por oposición, excluídos” (Agrela, 2008: 3).

Vemos entonces que las políticas públicas, a raíz de su (supuesta) función de reglamentar a la sociedad, abarcan de forma detallada sus multiples aspectos; a través de su manera de plantear y “resolver” los “problemas”, contribuyen a transformar o reproducir las relaciones vigentes en la sociedad, junto con sus desigualdades. Queda por definir qué tipo de acercamiento puede resultar más fructuoso de cara a mi propuesta de investigación: me parece interesante la proposta de Shore y Wright (1997), de analizar las policies como un fenómeno antropológico: esto conlleva no asumir como certeros los supuestos objetivos y racionalidades que están a la base de determinadas políticas públicas, ni averiguar la mayor o menor consecución de las finalidades pre-establecidas; a la inversa, significa exactamente problematizarlas y deconstruirlas, para ver qué es lo que hay “detrás”. Se trata de cuestionar la presunta neutralidad de las políticas públicas, a menudo pinceladas de conceptos tecnocráticos como “eficacia” y “eficiencia”, para resaltar en cambio el papel de instrumentos de poder que dichas políticas revisten, en tanto en cuanto contribuyen a crear algunos horizontes de posibilidad y a cerrar otros, y la mayoría de las veces tienden a presentar como imposible o inviable una trasformación radical de las relaciones existentes. Como de nuevo subrayan Shore y Wright, este afán de “objetivar” las policies también es una manera de alejar las responsabilidades de los sujetos políticos, para ocultar la identidad de los policy makers, y legitimar sus medidas representándolas como algo impersonal, burocrático, anónimo y “científico”:

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Como ya he argumentado en las pp. 7-8, insisto en que soy consciente de que los procesos de subjetivación no se dan simplemente de manera vertical y descendente desde el poder político, sino que hay que tener en cuenta, al igual que las situaciones de aceptación de identidades impuestas, también las dinámicas de resistencia y transgresión -en fin, la importancia de la agencia-. El hecho de que mi estudio se centre sólo en los procesos top down no quiere menoscabar la complejidad del tema.

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“En cierto sentido, el lenguaje de las políticas públicas parece abogar por el realismo presentando los 'problemas' como si éstos pudieran ser solucionados rellenando los huecos de conocimiento con datos nuevos y objetivos. En realidad, estos huecos no están vacíos. Son espacios ya llenos de valores morales y preconcepciones. Requieren de un lenguaje prescriptivo que diga lo que se necesita, antes que explicaciones descriptivas que digan 'lo que es'”(Shore y Wright, 1997: 21).

Como veremos en los siguientes apartados, los planteamientos de la UE sobre políticas migratorias e integración de inmigrantes están repletos de planteamientos fundamentados en esa lógica de “positivismo tardío”: así pues resulta fundamental analizar los documentos producidos por las instituciones comunitarias adoptando el enfoque aquí mencionado; es más, la consecuencia evidente de las presentes reflexiones es que éstos sean leídos como verdaderos textos culturales, o sea “como dispositivos de clasificación con variados significados, como narrativas que sirven para justificar o condenar el presente, o como aparatos teóricos y formaciones discursivas que funcionan para empoderar a algunas personas y silenciar a otras” (Shore y Wright, 1997: 7). Más específicamente, Gil (2009a) plantea que la utilidad de este enfoque a los políticas públicas resulta en al menos cuatro aspectos:



Permite entender las policies en tanto instrumentos de construcción nacional, en la medida en que éstas producen y reproducen continuadamente fronteras, ya sean físicas/geográficas o culturales, sociales, de clase, etc.; repartiendo la población entre los que “pertenecen” y los que son ajenos a la comunidad. A su vez, esta diferenciación es presentada como algo dado, inmutable;



Proporciona herramientas para el análisis del gobierno, en el sentido de gestión de la conducta del Estado -por los gobernantes- y de uno mismo -por los gobernados-. Así pues, destaca las diferentes gubernamentalidades prevalecientes en contextos históricos determinados;



Destaca la relación entre lenguaje y poder, pues formular un problema de una manera específica significa ya proponer algunas soluciones y minusvalorar otras: “no se trata de lo que una palabra significa, sino de analizar el modo en que las palabras (o un libro) operan en conexión con otras cosas, las redes y circuitos en torno a los cuales fluye y actúa, los efectos y pasiones que moviliza” (Gil, 2009a: 32);



Ayuda a historizar y desnaturalizar el presente: desmitificando la “objetividad” de las políticas públicas, revela su carácter social e históricamente determinado. Al describir el presente en tanto resultado de procesos complejos, y no como desembocadura natural de una suerte ya escrita, lo relativiza.

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En los apartados siguientes voy a profundizar los primeros dos puntos, pues considero que su relevancia, con respecto de mi proyecto de investigación, precisa de una mirada más atenta y pormenorizada. Así pues, me centraré primero en las políticas de integración de inmigrantes como instrumento de construcción nacional, y secundariamente en el concepto de gubernamentalidad. 4.2.2 Integracion de inmigrantes y construcción nacional En este apartado me centraré en las políticas públicas sobre la migración, y en particular en las políticas de integración de inmigrantes, para poner de relieve su estrecha vinculación con los procesos identitarios de (re)construcción nacional impulsados por las élites políticas de los Estados. De una manera muy sugerente, Sayad plantea que la “emigración/inmigración” (como la llama él) constituye una poderosa herramienta de sociología del Estado, en el sentido de que, estudiar las prácticas emprendidas hacia los migrantes nos permite interrogar directamente al Estado, a sus cimientos identitarios, a la concepción nacional vigente35. Es que “para los 'integristas' del orden nacional, la inmigración es aquel factor que pervierte la integridad del orden social nacional, pues está compuesta por personas que no deberían estar aquí (si el orden nacional fuera perfecto, no existiría este fallo, esta limitación) pero que están aquí (como objetivación y materialización de este fallo, de esta limitación, de la finitud de la nación)” (Sayad, 2002: 368). Por otro lado, Wimmer y Schiller, destacan que los migrantes son un objeto especial de las políticas públicas por cuatro razones: porque son considerados extranjeros a la comunidad leales a otro Estado; porque destruyen el isomorfismo entre pueblo y nación; porque destruyen el isomorfismo entre pueblo y grupo de solidaridad; porque “frente a los ojos de los constructores del Estado-nación y de los científicos sociales afines, cualquier movimiento a través de las fronteras constituye una excepción a la regla de permanecer dentro de los confines nacionales” (Wimmer y Schiller, 2002: 310). Así pues, reflexionar sobre la inmigración significa pensar en la relación entre nacionalidad y Estado, o sea los vínculos de pertenencia, de una manera determinada. Las migraciones, exactamente por el hecho de representar un fenómeno social “marginal”, en el sentido de que atienen a personas que se mueven “al margen” de los confines nacionales (históricamente) establecidos, nos permiten analizar mejor procesos identitarios que sin embargo tienen lugar en muchos más lugares sociales; en efecto, dado que: “Los patrones de inclusión y exclusión, la fijación de la unidad y la diversidad que alternativamente distinguen el interior y el exterior de una nación, son el resultado de numerosas prácticas que trabajan para 35

“A esto se refiere Sayad cuando sostiene que la virtud de la inmigración es ser la mejor introducción a la sociología del Estado nacional, porque la inmigración representa el límite mismo que pone al descubierto su verdad fundamental: que la discriminación es parte de su naturaleza [...]. Interrogar al Estado desde la inmigración conlleva la desnaturalización de lo que viene dado como natural y la recuperación de la condición social e histórica de su génesis” (Gil, 2009a: 17-18).

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fijar la unidad interna y que desplazan la diversidad, las disrupciones y los peligros hacia fuera”, entonces “es en los márgenes donde los intentos de fijar un sentido, de instituir un cierre, son a menudo más evidentes” (Doty, 1996).

Resulta imprescindible, por lo tanto, partir del supuesto de que deberíamos desnaturalizar el concepto de fronteras -entendidas en sentido amplio, no sólo geográfico sino también social, económico y cultural- : es que éstas, lejos de ser algo pre-establecido y existente de antaño, simplemente registrado por las autoridades nacionales, más bien constituyen, a la inversa, el resultado de un proceso de definición y construcción social, donde se explicitan y confrontan variadas fuerzas sociales y concepciones identitarias. En este sentido, la definición de lo (y los) que está(n) “fuera” del Estado-nación, la así llamada “política exterior”, bajo ningún concepto puede ser observado pasando por alto su estrecha relación con lo (y los) que está(n) “dentro”, la “política interior”. Las fronteras crean las diferencias, y no al revés: “las diferencias no son la razón de ser de las divisiones entre los miembros de una nación y los otros; es el proceso mismo de construcción de la comunidad nacional lo que requiere que algunas tradiciones culturales sean utilizadas como emblemas de la diferencia” (Gil, 2009a: 20). A través del análisis de las políticas de integración de inmigrantes, por lo tanto, somos capaces de destacar el carácter imaginado de las comunidades nacionales -y por extensión, también de otras comunidades, como es el caso supranacional de la UE- , su realidad histórica -que no natural- y su proceso de construcción a través de unos lentes bajo ningún concepto deterministas. Balibar puso bien de relieve como el mismo proceso de construcción de los Estados-nación, evidentemente conectado al auge del capitalismo, sin embargo no representó una “etapa” necesaria, sino un producto histórico que se “naturalizó” sólo en un segundo momento; en otras palabras, no la desembocadura “lógica” e “irreversible” de ciertas necesidades económicas, sino la concreción real de relaciones económicas y sociales de un período determinado, caracterizado por “una 'economía-mundo' que ya estaba organizada y jerarquizada en un 'centro' y una 'periferia', a los que corresponden métodos diferentes de acumulación y de explotación de la fuerza de trabajo y entre los cuales se establecen relaciones de intercambio desigual y de dominio” (Balibar, 1991: 139). La construcción identitaria estatal, por la cual cada Estado piensa en sí como en una nación, original, única y marcada por un destino común, es entonces una etnicidad producida exactamente por la exigencia de mantener “unida” esta reciente creación histórica: de nuevo vemos la relevancia de las fronteras, puesto que ellas “tienen que imaginarse permanentemente como la proyección y la protección de una personalidad colectiva interior, que todos llevamos dentro y que nos permite habitar el tiempo y espacio del Estado como el lugar en el que siempre hemos estado, en el que siempre estaremos 'en casa'” (Balibar, 1991: 147-148)36. 36

En la misma línea, Torpey subraya la novedad histórica representada por la aparición de las fronteras nacionales, y por el monopolio de los movimientos de personas de parte de los Estados-nación. Sólo a finales del siglo XIX los carnés y los códigos que identifican sin ambigüedad a las personas se convierten en un requisito necesario para desplazarse a través de diferentes

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Voy a profundizar ahora en el porqué y cómo las políticas públicas de integración de inmigrantes nos permiten detectar la (re)construcción nacional, y por ende las concepciones identitarias de las élites políticas. Al respecto, Gil (2007) habla de teorías públicas nacionales o filosofías de integración, haciendo hincapié en que las teorías públicas, diferentemente de las filosóficas, no son el simple producto de unas reflexiones abstractas, sino que constituyen el resultado de un proceso político real, en el que participan diferentes actores: “Estas teorías o filosofías contienen una descripción idealista del pasado y una prescripción de lo que necesita ser reconocido y afirmado en el presente [...]. Las filosofías públicas de integración son en el sentido más general las respuestas a las preguntas por la integración de inmigrantes [...]. La historia nacional de la política migratoria provee una serie de constreñimientos contingentes, dentro de los cuales los policy makers deben desarrollar soluciones a cuestiones actuales, intentando conciliar nuevas circunstancias con prácticas heredadas. Esas idiosincrasias nacionales suelen traducirse en maneras particulares de mirar y hablar acerca de la inmigración. Cuando los actores políticos diseñan planes y programas para la integración de inmigrantes, están inevitablemente pensando (y construyendo) la inmigración y la integración desde una perspectiva determinada” (Gil, 2007: 5).

Así pues, cuando los policy makers definen, hablan sobre y emprenden políticas hacia la inmigración y de integración de inmigrantes, es probable -y es menester averiguarlo- que también estén hablando de sí mismos, de su pretendida identidad, de su particular visión acerca de la sociedad a la que pertenecen: “La integración de inmigrantes se perfila de este modo como terreno de discusión de las formas y los contenidos de la(s) nacion(es), manifestando su cualidad de espejo, de artefacto catalizador de las diferencias, fracturas y divisiones que atraviesan a las sociedades de recepción” (Gil, 2009b: 3). De ahí que lo que nos interesa, en realidad, no sea la integración en sí -como objetivo más o menos alcanzable o medible- , sino las significaciones que se manifiestan en el uso de esta palabra y en el despliegue de políticas públicas fundadas en ella. No se trata de ver si la integración funciona o no, sino qué nos indica la implementación de ciertas políticas en diferentes contextos, ya que, como sostiene Doty (2003), aun siendo la integración un imposible, ésta funciona como herramienta para separar el verdadero ciudadano del falso. Asumiendo la relatividad de conceptos como “extranjero”, “inmigrante”, “ciudadano”, no se trata de llegar a una definición exaustiva, sino de analizar qué lógicas subyacen a la construcción de dichos términos, cómo se teorizan desde el poder político y en los diferentes contextos, según las condiciones específicas. territorios estatales: “La transición desde el control privado al control estatal del movimiento fue un aspecto esencial de la transición del feudalismo al capitalismo” (Torpey, 2006: 65). Antes, en la Edad Media, la movilidad había estado regulada por entidades privadas, como los maestros de gremio para los aprendices, o los señores para sus siervos. Así pues, el mismo concepto de extranjero se transforma y pasa de ser un concepto atinente a los relativismos locales a constituir un estatus único y homogéneo por todo el territorio del Estado: “Evidencias históricas indican claramente que, bien entrado el siglo XIX, la gente consideraba de forma rutinaria como 'extranjero' tanto a aquellos de la provincia contigua como a aquellos que venían de otros 'países'” (Torpey, 2006: 67-68). Sobre el desarrollo del concepto de “extranjero” veáse también Hobsbawn (2002).

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Significa por ejemplo preguntarse porqué se problematiza a algunos tipos de inmigrantes y a otros no: “Hasta el momento, no se han elaborado programas ni planes de integración de inmigrantes para los ciudadanos comunitarios y sus hijos, aunque provengan de otros países, hablen otro idioma y profesen otras religiones. Tampoco se piensa que necesiten ningún tipo de mediación intercultural los inmigrantes que acompañan el capital transnacional” (Gil, 2009a: 3). Todo lo contrario pasa con los inmigrantes de “segunda generación”, que nunca fueron verdaderos migrantes, y que no obstante son objeto frecuentísimo de los discursos y las problematizaciones sobre la integración, culpables, según la interpretación de Sayad (2002), del delito “genético” de la inmigración, por lo cual están constantemente bajo observación, teniendo que dar muestras continuas de sus buenas intenciones; además, esto ocurre a la vez que se considera emigrantes retornados a personas que nunca pisaron el territorio de origen, incluso que tienen otra nacionalidad. La utilización selectiva de categorías como éstas, de una manera aparentemente neutral, en realidad desvela “que el estatus de emigrante/inmigrante no es sólo una categoría jurídica, sino (y sobre todo) una categoría social y racial” (Gil, 2009b: 2). En este sentido Koopmans y Staham nos recomiendan que analicemos las políticas de integración en tanto estructuras de oportunidades discursivas. En efecto: “Los diferentes regímenes de ciudadanía y los modelos de integración implican necesariamente el uso de categorías distintas para denominar a los inmigrantes y a las políticas que los tienen como población objetivo [...]. La cultura política local define una estructura de oportunidades que determina qué ideas se consideran sensatas, qué construcciones de la realidad se definen como realistas y qué tipo de demandas se califican como legítimas en un tiempo y espacio concreto” (Koopmans y Staham en Gil, 2009a: 25).

Por lo tanto, en los diferentes contextos políticos tiene más o menos sentido la utilización de unos términos específicos antes que otros para clasificar a los migrantes y describir los derechos, deberes, prestaciones y/o oportunidades a los que puedan tener acceso o que se les exija. En Gran Bretaña puede que el issue al orden del día sean las race relations, así como en Países Bajos las “minorías étnicas”; mientras que en Francia, puede que el “umbral de tolerancia” sea el tema más debatido 37. Sin embargo, en cada estado existe un régimen de estructuras de oportunidades discursivas que remiten a la integración, a la ciudadanía, en fin a ese cierre, a ese proceso de inclusión/exclusión tan central en la construcción identitaria nacional de cada país. De ahí que las prácticas políticas de integración de inmigrantes revistan una importancia central en mi proyecto de tesis, aunque mi experimento consista exactamente en el 37

Para una recapitulación de los principales tópicos nacionales (en los países de la UE) con respecto de la integración de inmigrantes, véase Gil (2009c). También, en referencia al debate más general sobre ciudadanía, diversidad, multiculturalismo e integración, véase a modo de ejemplo: Amiraux (2005); Brubaker (1997); Facchi (2001); Hansen y Weil (2001); Kastoryano (2006); Martiniello (2000); Modood (2003); Piccone Stella (2003); Touraine (1997); Vitale (2000). Finalmente señalo mi tesina de Licenciatura: “La concezione della diversità in Europa tra multiculturalismo e assimilazione: il caso Islam. Modelli d’integrazione, dinamiche identitarie e trasformazione delle istituzioni musulmane” (2006).

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intentar ir más allá del nivel estatal, cuestionando el nacionalismo metodológico, para intentar ver si es posible deconstruir el discurso identitario y la construcción (¿supra?)nacional de la UE, a través de esa misma herramienta metodológica que es el análisis de las políticas públicas. La dificultad representada tanto por la diferencia de contexto, como por la escasa literatura producida al respecto (al menos que yo sepa), constituye un reto teóricamente estimulante antes que un impedimento. A continuación, desarrollaré unas aclaraciones terminológicas sobre la palabra “integración”38. 4.2.2.1 Aclaración terminológica El término integración conlleva no pocos problemas desde el punto de vista interpretativo. Si durante el ciclo fordista de la segunda posguerra, esta palabra tenía un sentido prevalecientemente relacionado con el ámbito del trabajo y las políticas del estado del bienestar, donde entonces se hacía referencia a la posesión de unos derechos sociales y laborales que pudieran garantizar una vida “digna”, con los años noventa, las transformaciones en el modo de producción y el auge del “problema” inmigración -o, dicho de otras palabras, con el paso del paradigma de la ciudadanía marshalliana 39 al de la metamorfosis de la cuestión social- , la significación de esta palabra se ha ido transformando, abarcando cada vez más dimensiones multiples de la experiencia social. Es que indudablemente, en los años recientes “integración” ha venido asumiendo una importancia y difusión creciente, caracterizando no sólo el léxico de los gobiernos y los organismos internacionales, sino también “colándose” en el mundo de las ONG, incluso entre los mismos grupos de migrantes o minorías étnicas (Gil, 2009c). Como plantea Pumares, “integración es un término que está en la calle y que es utilizado con frecuencia por la gente y los medios de comunicación, englobando significados muy diversos que producen confusión y obligan a los investigadores a hacer explícito permanentemente el concepto concreto que están manejando” (Pumares, 1998: 293). También comparto con este autor el hecho de que, sin embargo, cuando hablamos de integración “predomina una connotación positiva, es decir, se habla de integración para referirse al modelo ideal, pero este modelo ideal no está comúnmente admitido, con lo que se puede estar hablando de cosas muy diferentes” (Pumares, 1998: 293). En otras palabras, analizar la conceptualización que -en mi caso, desde los políticos- se hace de la integración de inmigrantes, significa analizar la forma que ellos consideran “buena” para incorporarlos de alguna manera a la sociedad receptora. Más que hacer referencia a un contenido compartido, este término asume sentido por contraposición a otros “modelos” que son considerados “malos”, como el de la asimilación, que pretende que los inmigrantes se incorporen a la sociedad receptora no sólo desde un punto de vista civil o político, sino incluso que asuman los rasgos culturales prevalecientes. Ahora bien, no es 38

No se me escapa el calado epistemológico de las siguentes aclaraciones terminológicas: sin embargo, debido a la largura y la relevancia especial de dichas reflexiones para mi proyecto de tesis, he considerado preferible dedicarles un espacio aparte. 39 Véase Marshall (2002).

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finalidad de este trabajo discutir sobre los patrones de incorporación: simplemente quiero recordar que en la base de esta concepción está la idea erronea, típica del nacionalismo metodológico, de que la sociedad y la cultura coinciden con los confines del Estado-nación; también, se hace referencia a un concepto de cultura básicamente étnico, como si dentro de la misma sociedad no existieran diferentes y variadas formas de pluralidad cultural. Finalmente, es de observar la fuerte semejanza, por no decir la derivación, de la palabra “integración” de un vocabulario funcionalista y durkheimiano, fundado en la idea de una integridad de base de la sociedad, y en la consecuente necesidad de preservarla de la anomia y la desintegración (Favell, 2001; Gil, 2009c). En última instancia, parece que la integración sigue siendo descrita por negativo antes que con contenidos unívocos propios; basándose preponderantemente en el rechazo de la asimilación y en una connotación ética40: “Uno de los fundamentos de la integración es el respeto hacia las diferentes culturas de los inmigrantes, pero también por contraposición a los fracasos del otro modelo, el integracionista debe ser el modelo bueno, el modelo óptimo” (Pumares, 1998: 295). Ahora bien, la pregunta metodológica que quiero plantear es: ¿cómo abordar el tema de la integración desde la perspectiva teórica de mi estudio? ¿Qué definición asumir, por si hay que asumirla? El debate en las ciencias sociales es complejo, y las diferentes posturas dependen, entre otras cosas, de la colocación y los intereses concretos de los estudiosos: no serán iguales, por ejemplo, las preocupaciones de investigadores que, bajo demanda de instituciones públicas, se preocupen por alcanzar condiciones de integración consideradas “satisfactorias” desde las administraciones y las de estudiosos que más bien se interesen por los procesos de construcción de la diferencia, de los estereotipos o del racismo. Pumares propone que asumamos la siguiente definición de Giménez: “Proceso de adaptación mutuo de dos segmentos socioculturales, mediante el cual, a) la minoría se incorpora a la sociedad receptora en igualdad de condiciones, derechos, obligaciones y oportunidades con los ciudadanos autóctonos, sin que ello suponga la pérdida de sus culturas de origen; y b) la mayoría acepta e incorpora los cambios normativos, institucionales e ideológicos necesarios para que lo anterior sea posible. En ella se contempla la multidimensionalidad del fenómeno en sus aspectos socioeconómicos y culturales, propugna la igualdad de derechos y responsabiliza también a la sociedad receptora” (Giménez en Pumares, 1998: 296).

García Borrego (2008), por el contrario, critica de una manera tajante el concepto de integración tout court, exactamente porque asumirlo significa ya partir de los supuestos y los objetivos de las 40

Además, según estudios citados en Pumares (1998), parece que al principio la palabra asimilación no incluía alguna connotación negativa, teniendo un valor “general” definitorio del proceso de incorporación de los inmigrantes a la sociedad receptora, pensado de una manera progresiva y lineal. Al fracasar ese modelo, también a raíz del fuerte cuestionamiento del discurso asimilador por parte de los movimientos sociales de los años Sesenta y Setenta, vino difundiéndose la idea de integración, no por contenidos positivos, sino más bien por un deslizamiento semántico.

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administraciones del estado. Así pues, al igual que Santamaría (2002), propone que en el campo de las ciencias sociales se abandone del todo ese término, para sustituirlo por el concepto de exclusión. De otro lado Favell (2001), aun criticando la menuda utilización de “integración” fuera de contexto -por ejemplo, sin tener en cuenta que inicialmente la palabra fue acuñada en Estados Unidos, en un período histórico muy peculiar, en relación con las reivindicaciones planteadas por la minoría negra- , constata y aboga por el auge de un campo transnacional de estudios, que sin permanecer encerrado en las trampas del nacionalismo metodológico sea capaz de definir un concepto de integración política compartido y comparable, a través de criterios epistemológicamente válidos, por lo menos a un nivel europeo; en su visión, las ciudades antes que los Estados podrían ser la unidad de observación adecuada. Finalmente, Zapata-Barrero plantea que ni siquiera la palabra integración, en la práctica real de aquellos actores que, al nivel meso, implementan prácticas políticas y sociales de varios tipos, tiene un trasfondo igualitario: “En la mayoría de las ocasiones, aunque se utilicen términos como 'integración', se trata realmente de una asimilación disfrazada de términos políticamente correctos como respeto, incluir a los 'otros' en un 'nosotros' y demás abstracciones que no tienen ningún potencial modificador de la realidad, sino que se convierten en puro barroquismo tranquilizador de conciencias. Esta unidireccionalidad es asimilación en nuestros términos; esto es, toda política que no tiene un efecto transformador de comportamientos inmigrantes y ciudadanos” (Zapata-Barrero, 2004a: 9).

Así pues, este autor propone utilizar el termino acomodación, que se diferenciaría por contener la idea de esta “triangulación”, en la que tanto los ciudadanos del país receptor, como sus instituciones, también deberían acomodarse, junto a los migrantes, a una nueva situación -requiriendo este proceso de cambios estructurales, y no simplemente de pequeños ajustes- (Zapata-Barrero, 2004a). A partir de estas reflexiones, Zapata-Barrero propone razonar sobre una serie de criterios a través de los cuales la red de agentes implicados en la gestión del proceso de inmigración 41 llegue a un acuerdo, para poder dar lugar a una cultura de la acomodación; acomodación que, de todas formas, no podrá considerarse realizada hasta que las relaciones de los inmigrantes con las instituciones del país receptor estén condicionadas y dificultadas por su nacionalidad, su cultura u otros aspectos específicos de su condición; en otras palabras, hasta que “sus problemas [no sean] los mismos que puede tener cualquier ciudadano ordinario y no [constituyan] motivo de discriminación” (Zapata Barrero, 2004b: 426). Desde mi punto de vista, seguiré hablando de integración, pero no en aras de buscar una definición que satisfaga a todas y todos. Por el contrario, lo que se indagará serán exactamente los distintos sentidos que se atribuyen a esta palabra, para ver qué hay detrás. Es que: 41

Para informaciones más generales sobre la gestión de la diversidad y la inmigración véase Zapata-Barrero y Pinyol (2008) y Zapata-Barrero, Zaragoza y De Witte (2009).

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“El discurso político sobre la integración más que una acción sobre la realidad es la expresión de una voluntad política que entiende la integración como el resultado de una intervención conducida con decisión por medio de los mecanismos estatales. Por eso es fundamental la deconstrucción de toda la mitología, también científica, ligada al término integración para captar la importancia de la puesta en juego social, política e identitaria que esta noción disimula (Sayad, 2000). En este sentido, los discursos sobre la integración pueden considerarse uno de esos lugares comunes sobre los que hablan Bourdieu y Wacquant (2005), nociones que sirven de argumentos pero que nunca son argumentadas, presupuestos de discusión que permanecen indiscutidos y que deben gran parte de su mítica al hecho de ser diseminados desde espacios con capacidad para imponer las visiones dominantes” (Gil, 2009a: 13-14).

Concluyendo, los diferentes conceptos de integración me servirán como “piedra de toque” para indagar las distintas narraciones de los políticos sobre y desde la UE, acorde con un enfoque antropológico a las policies donde las terminologías utilizadas por los nativos sean asumidas como categorías emic. 4.2.3 La gubernamentalidad El análisis de las políticas públicas también constituye un eficaz instrumento de estudio de la gubernamentalidad; desarrollemos más detenidamente la cuestion. Este concepto empieza a ser utilizado por Foucault en su período “tardío”, cuando el intelectual francés se interesa por los temas de la biopolítica y el control de las poblaciones. Anteriormente el pensador se había concentrado en la disciplina de los cuerpos individuales, una anatomo-política que había caracterizado particularmente los principios de la Edad Moderna, cuando los que tenían el poder, al descubrir la moldeabilidad de esos cuerpos, habían desarrollado prácticas dirigidas a la reproducción de las relaciones de poder fundadas en su disciplinamiento. A esas alturas, el modelo de relación en que se sustentaba la confrontación entre dominantes y dominados era el de la “guerra”, centrado en conceptos como el de castigo o en la necesidad de vigilar a los subalternos. En la nueva fase, en cambio, Foucault reflexiona sobre las tranformaciones acontecidas entre el final del siglo XVIII y el comienzo del XX, cuando a esos principios disciplinarios se sobrepone un principio de regulación de los fenómenos de masas. Ahora ya el hombre no es considerado un “cuerpo útil”, sino un “ser viviente” (Foucault, 1998). Si anteriormente la máxima manifestación del poder se daba en términos de soberanía sobre una suma de individuos que vivían dentro de un territorio específico, ahora ya el objeto de preocupación era la especie humana: si las autoridades del Ancien régime podían elegir entre condenar a muerte o dejar vivir a una persona, ahora ya el poder biopolítico tenía la prerrogativa de hacer vivir o dejar morir (Foucault, 2001).

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No los individuos, sino la población en su conjunto, en tanto concepto biológico y político, se convierte en objeto del gobierno -que no la dominación- de parte de las clases sociales en el poder, que empiezan a delinear diferentes ámbitos de intervención y gestión de las características de dichas masas. Así pues, se definen estrategias para el control de las “maneras de hacer y de vivir” (Foucault, 1999) de la población, para intervenir en “procesos que son característicos de la vida, como la enfermedad, el nacimiento, la muerte, la procreación, la enfermedad” (Foucault, 1998: 209). Se empiezan a problematizar asuntos como la vejez, los accidentes, las enfermedades, en aras de poder controlar y regular las condiciones de vida de la población, para una mejor utilización de sus energías y fuerzas productivas dentro del marco de la economía política, cuyos requerimientos de eficiencia y de autolimitación de parte del Estado constituyen la base de esta nueva visión. La gubernamentalidad, entonces, indica una serie de procedimientos enfocados a “dirigir la conducta de los hombres: gobierno de los niños, gobierno de las almas o las conciencias, gobierno da una casa, de un Estado o de sí mismos” (Foucault, 1999: 91): es en este momento cuando los Estados, que hasta entonces se habían desentendido de las condiciones de la población, se gubernamentalizan y asumen su gestión como asunto propio. Nos encontramos ante un Estado cuyo principio es, por un lado, el quieta non movere de Horace Walpole, el de reconocer la verdad (de la economía política) y no obstaculizarla -promoviendo la seguridad-; por el otro, su tarea fundamental no es ya la de disciplinar y vigilar de manera autoritaria a los cuerpos, sino de ocuparse del gobierno de (y por) la población, como vamos a ver ahora, a través de la libertad. El interés del concepto de gobierno en la acepción foucaultiana radica en que este término, lejos de indicar una mera relación de dominio o violencia, por el contrario apunta a un fenómeno más complejo, que a la vez abarca tanto dinámicas verticales y jerárquicas, como las prácticas de conducta difusas y realizadas por la población que, por más o menos conscientemente que sea, tienden a reproducir y a descentrar las prácticas de gobierno, tornándolo así no simplemente una imposición, sino una relación social, un proceso, una disposición, en el sentido de que los gobernados no son simplemente súbditos, sino también actores que, en cierta medida, se disponen para gobernarse a sí mismos y a las realidades sociales que influyen en su vida. El gobierno se da a través de la libertad y puede ejercerse “sólo sobre sujetos libres, y sólo en la medida en que ellos son libres. Con eso nos referimos a individuos y sujetos colectivos que disponen de un campo de posibilidades en el cual pueden emprender diferentes modos de conducta, diversas relaciones, distintos tipos de comportamiento” (Foucault, 1985: 2). Asumiendo esta definición de gobierno, entonces podemos definir la gubernamentalidad como “arte del gobierno”, las modalidades utilizadas por el Estado para “organizar” las relaciones sociales y el gobierno de la población; a su vez el Estado, al gubernamentalizarse, redefine qué aspectos del gobierno de la población caben dentro de su responsabilidad y qué aspectos no caben. Resumiendo, los tres conceptos-base de la idea de gubernamentalidad foucaultiana son los de conducción de la conducta, racionalidad política y tecnología de gobierno. Mientras ya he tratado el 53

primero, con racionalidad política se hace referencia a los regímenes de inteligibilidad de la acción política, o sea: “[Esos] campos discursivos caracterizados por un vocabulario compartido dentro del cual las disputas pueden ser organizadas por principios éticos que pueden comunicarse unos con otros, por una lógica explicatoria mutuamente inteligible, por hechos comúnmente aceptados, por acuerdos significativos en torno a cuestiones políticas claves [...]. Las racionalidades políticas de las que aquí se habla son preponderantemente prácticas, orientadas a resolver los problemas cotidianos que se les presentan a los sujetos que intervienen en cada ejercicio concreto del poder” (Gil, 2009a: 9).

En otras palabras, las racionalidades políticas indican las modalidades de construir las problematizaciones, de entender los fenómenos sociales, de descifrar y presentar la realidad; no se suceden de manera esquemática dependiendo del contexto histórico, sino que se solapan, se sobreponen, marcan rupturas o continuidades. Las tecnologías de gobierno, finalmente, son los mecanismos concretos, muy materiales y cotidianos, a través de los que se hace posible el ejercicio del gobierno, y remiten a lo que Foucault llama microfísica del poder -o sea un análisis que privilegie las instituciones “periféricas”, los ámbitos “micro” en lugar de los “macro”- : “Una tecnología de gobierno es un ensamblaje o dispositivo de formas de conocimientos prácticos, con modos de percepción e inculcación de hábitos, técnicas de anotación, ordenación y cálculo; formas de presentación como las tablas; procesos de examinación y evaluación; la inauguración de especialidades y vocabularios; normas legales, profesionales y administrativas; formas arquitectónicas; capacidades humanas y medios no humanos; a través de los cuales autoridades de diverso tipo buscan formar, normalizar e instrumentalizar las conductas de otros, con el fin de alcanzar objetivos que consideran deseables” (Gil, 2009a: 11).

En definitiva, las peculiares configuraciones entre conducción de la conducta, racionalidad política y tecnología de gobierno, las diferentes gubernamentalidades -ya que, para el mismo Foucault, es más correcto utilizar el término en plural- de un determinado período histórico, son lo que nos permite analizar y detectar cómo los Estados problematizan a su población y a los fenómenos sociales que la atraviesan, en otras palabras, cómo la construyen y clasifican. La utilidad de acercarse a la investigación de las políticas públicas hacia y acerca de los migrantes, con una particular atención al estudio de las gubernamentalidades que en ella se despliegan, nos permite no caer en el error de asumir acríticamente la construcción de la “inmigración” como un fenómeno aislado, sectorial, ajeno a los demás fenómenos sociales, sino insertarlo dentro de un conjunto más amplio de cuestiones, que afectan al gobierno de la población, a los procesos de determinación de las prioridades de las agendas políticas, a la construcción de la realidad social por parte de quiénes tienen el poder, la autoridad y la legitimidad para hacerlo. Significa analizar concretamente 54

como se construyeron las problematizaciones que afectan a ciertos sectores de la población, y qué preocupaciones éstas reflejan; en fin: “No se trata de saber qué pasó, sino qué es lo que las autoridades querían que pasara”. (Gil, 2009a: 3). Así pues, vemos que la intervención en la inmigración no puede ser pensada sino dentro del marco más general de la gubernamentalidad, de cómo se han modificado a lo largo de la historia las formas de gobierno de la cuestión social. Es que la construcción de la nación y del pueblo por parte del Estado -y, por consiguiente, de las personas “ajenas” al pueblo- es posible justo gracias a la gubernamentalización del Estado: en este contexto, las políticas migratorias pueden ser analizadas como gubernamentalidades, en sus diferentes componentes: la conducción de la conducta (por ejemplo con respecto de la integración y de lo que se exige para que los migrantes se integren), la racionalidad política (hablaré de racionalidad política neoliberal, para ver cómo en la fase actual se ordenan las relaciones sociales y las modalidades específicas que se reflejan en las políticas migratorias), y finalmente las tecnologías de gobierno (esa microfísica del poder que se hace cartografiando las prácticas de los sujetos encargados del gobierno y el control de las migraciones, analizando su implementación concreta y diaria de las normativas generales). 4.3 Metodología Una vez esclarecidos los principales conceptos teóricos en los que se fundamenta mi perspectiva de investigación, voy a profundizar la reflexión sobre la metodología ya utilizada y por utilizar, esto es, la etnografía y el análisis del discurso. En los apartados siguientes justificaré su aplicación e intentaré enuclear el enfoque específico adoptado. 4.3.1 El método etnográfico En este apartado intentaré desarrollar unas observaciones que originan de las reflexiones que iba planteando al principio de este texto, sobre la superación de los confines entre disciplinas y el reparto tradicional de los dos “mundos” -el “occidental” y el “exótico”- , entre sociología y antropología. La pregunta es: ¿cómo abordar desde un planteamiento etnográfico el acercamiento al mundo “occidental”, en el que vivimos, contemporáneo, aparentemente cercano e inteligible? ¿Qué herramientas específicas utilizar? ¿Cómo replantear el “extrañamiento” antropológico y el así denominado “choque cultural”? El enfoque etnográfico al mundo que nos parece más “cercano” está plenamente justificado. Evidentemente, el objeto de estudio típico de la etnografia, o sea las relaciones entre seres humanos, se puede dar en cualquier contexto social, sin requerir de un trasfondo “atávico” y “exótico”. Indudablemente, un supuesto necesario para poder emprender este recorrido es el de cuestionar algunos conceptos de la 55

etnografía “clásica”, en particular el de cultura. Tal y como plantean Augé y Colleyn: “El concepto de cultura, si sigue conservando algún valor operativo, ya no es pensado como un saber compartido al cien por cien. En el ámbito de una misma sociedad coexiste una pluralidad de formas y el bagaje cultural varía dependiendo de la posición social -definida por la edad, el sexo, la educación, la suerte, el oficio, las ideas políticas, el credo- ” (Augé y Colleyn, 2006: 21). Es que la pluralidad cultural es un fenómeno constitutivo de cualquier sociedad: el concepto de cultura “tradicional” responde en buena medida a una visión colonial, que tiende a pensar en las “otras” sociedades como atrasadas y homogéneas, y en las “nuestras” como desarrolladas y plurales42. Así pues, es fundamental cuestionar el esencialismo y partir del supuesto de la pluralidad cultural: según Clifford (1999), hoy día la cultura debe ser estudiada no tanto en las “aldeas”, sino en los procesos de movimiento, representados metafóricamente por el viaje. No se trata de delimitar un espacio físico concreto, donde se supone que las relaciones entre los miembros de la comunidad se agoten, sino de analizar unidades que contengan en sí la dimensión del desplazamiento, relaciones inter o transculturales, estratificaciones temporales. Con respecto de la relación entre dimensión espacial y temporal, Abélés plantea lo siguiente: “El mundo de hoy en día se define, probablemente, antes que en términos territoriales, por los regímenes de temporalidad que desvela. El elemento nuevo es que vivimos en un universo donde el futuro ya es parte integrante del presente. Nuestros discursos y nuestros comportamientos están hechos de continuas anticipaciones. Lo virtual es una de las modalidades fundamentales de lo contemporáneo. La apropiación de las tecnologías de la información ha contribuido a esta situación. Al mismo tiempo se ha hecho dificil, quizá, determinar lo que procede de la ciencia 'en regla' y lo que procede de la ciencia ficción. En los campos más inesperados se observa lo virtual convertirse en el motor casi mágico de lo real” (Abélés, 2001: 57)”.

Esta reflexión, evidentemente, nos lleva a replantearnos el estudio de la temporalidad en la sociedad contemporánea. No sólo, tal y como plantea Abélés, en la relación de inmediatez del presente con el futuro, sino también por la nueva relación del tiempo con el espacio: por ejemplo, hoy día la distancia entre las ciudades se mide más en términos de tiempo de viaje que en kilometros43. Ahora bien, si las anteriores reflexiones afectan en general a la etnografía del mundo contemporáneo, también tienen mucho que ver con la etnografía de lo político. El desarrollo de instrumentos informáticos como los blog en internet, los vídeos de YouTube, las redes sociales, conllevan una fragmentación de los tiempos de comunicación tradicionales. Asimismo, el desarrollo de tecnologías de topo tipo ha transformado las modalidades de la relación entre políticos de profesión y ciudadanía. Las campañas electorales ya se hacen 42

Matizando la anterior afirmación, no todos los estudiosos -incluso desde perspectivas “progresistas”- comparten la opinión enunciada: para Balbi y Boivin, por ejemplo, en la antropología social hubo una constante confrontación “con las categorías con que los miembros de las sociedades de que se ocupaban los etnógrafos entendían sus propios mundos sociales” (Balbi y Boivin, 2008: 8). 43 Al respecto, veáse Sassen (2003).

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en avión, viajando no sólo dentro del mismo estado, sino incluso a otro continente 44; la presencia “física” de los “aficionados” se rearticula en diferentes niveles de relación, más o menos virtuales; asistimos a una pulverización de los lugares donde lo político se manifiesta (Abélés, 2001); esto, evidentemente, hace más difícil y complejo el planteamiento de una etnografía de lo político, sin por eso menoscabarlo. ¿Cómo podemos entonces plantear un acercamiento eficaz a lo político desde la etnografía? Abélés plantea la necesidad de una antropología de las instituciones: “La observación intensiva de las prácticas políticas y del funcionamiento institucional se hace cada vez más necesario” (Abélés, 2001: 23). Sin embargo, ésta debe ser hecha lejos del paradigma weberiano, que se centra en los tipos ideales y en la naturaleza burocrática de la institución: por el contrario, hace falta “volver a lo concreto de la institución, trabajar a ras de tierra en su cotidianidad” (Abélés, 2001: 31); “la tarea del antropólogo consiste precisamente en deconstruir lo que se presenta como una institución, autónoma en sus finalidades, dueña de sus instrumentos técnicos e intelectuales, desprendiendo su cultura” (Abélés, 2001: 35). Teniendo en cuenta, además, que al trabajar con las instituciones de la Unión Europea, éstas están caracterizadas por la desterritorialización y el continuo desplazamiento (las cumbres del Consejo, por ejemplo, se reúnen en ciudades distintas cada vez): “Uno de los caracteres más visibles de la actividad parlamentaria es su nomadismo [...]. Aunque Bruselas es de hecho la ciudad en la que se concentra la parte esencial de las instituciones comunitarias, la idea de una capital única europea nunca fue unánime [...]. Los mismos diputados están desgarrados entre configuraciones de pertenencia que no se sobreponen. Hacen leyes en la perspectiva comunitaria de una Europa en construcción; al mismo tiempo, no pueden olvidarse de que son también representantes nacionales y que deben tener en cuenta los intereses de su país, o incluso de su región, y de las exigencias de las categorías profesionales. En sus prácticas, los parlamentarios manifiestan su propia inscripción dentro de una tradición cultural determinada” (Abélés, 2001: 36).

Así pues, desde la perspectiva de la antropología de las instituciones podré analizar distintos niveles de contradicciones, tensiones, que me ayudarán a aprehender la misma naturaleza de éstas. No por último, han de tenerse en cuenta las tensiones entre el nivel comunitario y el estatal, al que hacía referencia en anteriores apartados: esta dialéctica puede ser una útil clave de lectura de muchos procesos de la UE. Al realizar la etnografía, entonces, por un lado deberé tener en cuenta el carácter multisituado45 del objeto de estudio a observar; por el otro, cuando investigue sobre los parlamentarios y los tecnócratas europeos

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Es por ejemplo el caso de la última campaña de Barack Obama. “Si bien la alteridad aún puede motivar a quienes practican la etnografía, esta ya no tendrá por objeto el campo, entendido como un lugar cerrado, apartado de la historicidad mundial, sino situaciones en las que interfieren presencias culturales, a veces muy heterogéneas. Allí se pueden observar modos de circulación del sentido que impiden identificar al objeto de la etnografía solamente en el sito de la investigación” (Abélés, 2002: 45). 45

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siempre deberé abordar este doble nivel de identificación (como hipótesis de partida, que podría ser desmentida): la pertenencia nacional -o regional, provincial, local- y la comunitaria. Quiero contextualizar la utilidad de una antropología institucional para mi estudio: evidentemente, la finalidad no es desentrañar los mecanismos de funcionamiento institucional de la UE en sí. Ezquerra sostiene que la importancia de la etnografía institucional deriva de que: “[Ella] examina las relaciones de dominio desde la experiencia y las realidades materiales de individuos específicos, las actividades cotidianas de los cuales son trazadas por las relaciones institucionales bajo escrutinio, como por ejemplo el gobierno o la economía [...]. En lugar de explicar cómo y porqué las personas se comportan del modo en que lo hacen, debemos centrar nuestra mirada en las experiencias concretas situadas en el mundo cotidiano para poder examinar y desenmascarar las fuerzas y las relaciones de poder institucionales que conforman estas experiencias cotidianas” (Ezquerra, 2008: 241).

Así pues, la utilidad de la antropología de las instituciones, en la óptica de mi estudio, reside en que ésta constituye una herramienta útil para desvelar las conexiones que las instituciones de la UE tienen con nuestra experiencia cotidiana, y concretamente, con la construcción de la problemática migratoria: “Por consiguiente, a nuestro parecer, el problema teórico relevante no es entender el comportamiento de las trabajadoras inmigrantes en situaciones marginales, sino más bien analizar el origen de su marginalización y cómo ésta es trazada y construida, entre otros mecanismos, mediante leyes, políticas, e ideologías” (Ezquerra, 2008: 242). Más en general, un enfoque etnográfico a las policies ha de considerar a los protagonistas políticos en tanto que “actores” o “nativos”; esto es, no asumiendo su construcción de las necesidades políticas, sino deconstruyéndola. Como plantean Balbi y Bovin: “El potencial del análisis etnográfico para el estudio antropológico de la política, el estado y el gobierno radica, entonces -más allá de su innegable productividad para analizar con extremo detalle entramados complejos de relaciones personales- , en la forma en que centra su mirada en las perspectivas de los actores entendidas como parte de los hechos a examinar” (Balbi y Boivin, 2008: 8). En este sentido, nos alejamos profundamente de otras disciplinas, como por ejemplo las ciencias políticas, que hacen hincapié en la dimensión prescriptiva de las “mejores políticas” a emprender -entendiendo además la política como una esfera separada, un campo especializado para personal específico-, para subrayar el carácter para nada natural, y en cambio social e históricamente determinado, de sus conceptos analíticos -que sin embargo a menudo son presentados como algo abstracto y estático- ; para centrarnos en la dinámica de significación de tales conceptos y en las condiciones concretas de construcción de lo que se considera “mejor” o “peor” en un contexto dado. De ahí, de nuevo, la propuesta de Balbi y Bovin, por mí compartida, de desarrollar no tanto una antropología política, sino una antropología de lo político, cuya centralidad reside:

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“En el análisis de las multiples maneras en que las problemáticas categorías que habitualmente asociamos al universo de la política, así como otras que comúnmente se le asocian ('nación', 'político', 'público', etc.) o se le oponen ('privado', 'familia', 'economía', 'religión', etc.), son conceptualizadas por actores socialmente situados [...]. En efecto, en lugar de intentar vanamente atribuir a cada uno de esos términos un sentido preciso, unívoco e inequívoco, el análisis etnográfico permite dotarlos de múltiples sentidos que, además, no resultan de la especulación teórico-normativa de quien escribe sino del examen detallado de sus usos por parte de actores socialmente situados” (Balbi y Bovin, 2008: 10).

De todas formas, no sólo la etnografía de lo político debería hacerse con respecto a las instituciones: éstas útimas son sólo uno de los lugares donde se manifiesta la relación política hoy en día -como decía antes, cada vez más pulverizada geográficamente- . En este sentido, entonces, la experiencia del trabajo de campo -aunque sea en modalidades nuevas, atinentes a la “reorganización” de las dimensiones temporal y espacial- se torna fundamental, pues permite ver, más allá de las declaraciones formales, la naturaleza compleja de las relaciones políticas -dentro y fuera de las instituciones- . Esto, como observan Shore y Wright (1997), conlleva la necesidad incluso de ir más allá de la definición de un campo simplemente multisituado, para replantearlo no ya sólo como un lugar geográfico, sino como un conjunto de situaciones y lugares en los que se manifiesta una relación política, social y, evidentemente, de poder. Al respecto, me parece esclarecedora una reflexión de los anteriores estudiosos, los cuales plantean que: “Ya no se trata de estudiar una comunidad local o un 'pueblo'; más bien, el antropólogo está buscando un método para analizar las conexiones entre niveles y formas atinentes a procesos y actuaciones sociales, está indagando sobre cómo esos procesos operan en diferentes lugares -locales, nacionales y globales- [...]. Es lo que Reinhold (1994: 477-9) llama 'estudiar a través': detectar los caminos por los cuales el poder crea redes y relaciones entre actores, instituciones y discursos a través del tiempo y el espacio. La pura complejidad de los variados significados y lugares de las políticas públicas acarrea que éstos no pueden ser estudiados a través de una observación participante cara a cara en un único lugar: la solución consiste en agarrar las interacciones (y disyunciones) entre diferentes lugares o niveles en los procesos políticos. Así pues, 'estudiar a través' supone etnografías multisituadas que tracen conexiones políticas entre diferentes mundos organizativos y cotidianos, incluso cuando los actores, procedentes de diferentes sitios, no se conocen, o cuando comparten un universo moral” (Shore y Wright, 1997: 14)46.

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Por otra parte, la antropología en general -y no sólo la de lo político- ha reorientado hace tiempo su concepto de campo. Volviendo a Clifford (1999), en su opinión esta palabra representa un concepto que sirve para describir la relación entre viajeros: puede ser una casa, un hospital, un aeropuerto, un hotel, donde se entrecruzan dimensiones geográficas y temporales multiples, cuyas fronteras son porosas. La comunidad “ideal” de esta fase es la de la diáspora, pues en ella tienen lugar relaciones culturales transfonterizas que bajo ningún concepto se agotan en la concepción tradicional y “física” de campo.

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Ese campo es donde ha de situarse la actividad etnográfica. Así pues, el trabajo de campo debe ser hecho dentro de las instituciones, pero también, en las actuaciones públicas de los políticos, en los mítines, en las inauguraciones y eventos especiales, en los programas televisivos en los que participen, en la calle y muchos sitios más. A este respecto merece una mención particular la etnografía de Internet, también llamada “etnografía virtual”: se trata de un recurso ampliamente utilizado en este trabajo, en tanto en cuanto me he servido de esta tecnología no sólo como instrumento para la búsqueda y descarga de fuentes más “tradicionales” (como textos e imágenes), sino también como ámbito de estudio específico; por ejemplo, a través de la observación de videos expresamente creados para Internet, de blog (“bitácoras”) de determinados políticos, o de las más tradicionales web de y sobre la Unión Europea (como “Euronews”), que contienen muchos materiales realizados con la única finalidad de ser visualizados por usuarios de la red. También, he revisado de manera constante sitios de periódicos (“El País”, “El Mundo”, “La Repubblica” e “Il Corriere”, más otros de manera no continuada), concebidos ya sea como fuente de información, ya sea como soporte que contuviera citas y vídeos relativos a las actuaciones de políticos (siempre teniendo en cuenta la existencia de la mediación periodística, pues este trabajo no es un estudio del discurso de los diarios ni tampoco mi intención es la de analizar sus mecanismos de construcción). En este sentido, debemos tener en consideración las particularidades que presenta este tipo de aproximación “informática”, desarrollándose “en contextos de interacción social mediada por ordenador” (Estalella y Ardévol, 2007). Además, en mi caso específico, se trata del análisis de materiales “públicos”, no relativos a mailing-list o foros de debate entre usuarios registrados, sino de documentos directamente preparados para la audiencia, lo cual conlleva la evidente situación de realizar observaciones no “clásicamente” antropológicas, y además, encubiertas (al conectarme a un blog nadie va a saber de mi presencia y menos aún de mi investigación). Esto conlleva una serie de acuciantes preguntas relativas a la práctica etnográfica dentro de un contexto virtual: “¿Qué significa hacer una etnografía de internet o en internet? ¿Podemos hablar de una etnografía de foros electrónicos, páginas web, chats o blogs? [...] ¿Cómo adaptar las técnicas de la observación participante o la entrevista a la comunicación mediada por el ordenador? ¿Cómo tratamos la mediación tecnológica en nuestras relaciones en 'el campo'? ¿Podemos limitarnos al estudio de las relaciones online o debemos incluir también la vida fuera de la pantalla? ” (Estalella y Ardévol, 2007).

Estando mi trabajo de campo aún en su fase inicial, quizá tenga más preguntas que respuestas al respecto: sólo el despliegue de este método y un enfoque reflexivo podrán ayudarme a enfocar la mirada de una manera adecuada. La única observación que quiero resaltar, es que a pesar de la mediación tecnológica, sería un error pensar que las relaciones estudiadas por Internet son menos “reales” que las observadas en una etnografía clásica, pues por el contrario, el mundo virtual asume cada vez más

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relevancia y forma cada vez más parte de las vidas y las relaciones cotidianas; además, una aproximación “virtual” inevitablemente nos llevará a otros tipos de acercamiento, interconectándose con otras modalidades de estudio y de contacto. Tal y como afirman de nuevo Estalella y Ardévol: “La etnografía de las relaciones 'virtuales' nos lleva necesariamente a contextos más terrenales. Del mismo modo, podemos empezar una etnografía 'clásica', de a pie, y terminar participando en salas de chat o visitando los blogs de nuestros informantes, ya que internet forma parte de la vida cotidiana de muchos de los colectivos que estudia la antropología o la sociología, y ellos no hacen necesariamente ni siempre distingos entre sus relaciones online y offline” (Estalella y Ardévol, 2007).

En conclusión y recapitulando, en este trabajo propongo una etnografía multisituada centrada en la observación de las prácticas, observadas a través de diferentes medios, con particular atención a los rituales y a las dinámicas de teatralización y espectacularización de lo político47. Es que los políticos mainstream son representantes en un doble sentido: porque representan (al menos teorícamente, según la filosofía política vigente) al electorado y porque dan lugar a una representación: “En las sociedades humanas, símbolos, rituales, dramaturgias están corrientemente asociadas a la actividad política. Aparatos y ceremonias acompañan a toda demostración de poder y autoridad. Contribuyen a la espectacularización del poder [...]. El poder es representación porque espectaculariza el universo desde el que procede y del que garantiza la continuidad” (Abélés, 2001: 59).

Igual que en las sociedades “tradicionales” estudiadas por la antropología política, en las contemporáneas también están presentes rituales, ya sea de consenso (como estrenos de varios tipos, conmemoraciones, aniversarios, bríndis, el presenciar eventos como partidos de fútbol, etc.); ya sea de oposición (como manifestaciones, huelgas, sentadas, etc.) (Abélés, 2001). Existe un protocolo del rito, que se desarrolla según un orden preciso, caracterizado por procedimientos de fraccionamiento y repetición, los cuales materializan la relación entre política y sociedad civil (Abélés, 2001). En cuanto a la espectacularización, sólo cabe decir que el tema de la inmigración se presta particularmente a una utilización de este tipo: no sólo desde el ámbito discursivo, con el continuo refrán de las pateras llenas, de la invasión, de la oleada y las imágenes de la fortaleza sitiada, sino también desde las actuaciones simbólicas. Un ejemplo son los políticos italianos de la Liga Norte, con sus ritos paganos llenando una ampolla en el río Po -para defender la identidad “padana”- , o el exponente nazi del mismo partido Mario Borghezio, esparciendo orina de cerdo en el lugar donde se iba a construir una mezquita, o en otra ocasión echando perfume en los asientos de un tren donde estaban sentados inmigrantes. 47

Sobre los rituales políticos véase también Balandier (2000); con respecto del concepto de espectáculo véase Debord (2001).

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4.3.2 El análisis del discurso En este apartado aclararé una cuestiones teóricas ligadas al tema de los discursos y el análisis del discurso, a partir de su definición. Según Shore y Wright el discurso, entendido tanto en su dimensión oral como en la escrita, es algo dificil de definir precisamente: “Un punto de partida compartido es que el discurso abarca todos los aspectos de la organización lingüística al nivel de la frase (o por encima de ella) (Grillo, 1989: 17-18). Seidel afirma que los discursos son modos de pensar que pueden solaparse y fortalecerse el uno al otro y clausurar otras posibles maneras de pensar. Nosotros definimos los discursos como configuraciones de ideas que proveen los hilos con los cuales las ideologías son tejidas. Esta definición subraya el hecho de que el lenguaje es constituido socialmente y no como un dominio autónomo, y que nuestro interés antropológico en el discurso afecta a las 'políticas de las prácticas discursivas' (Grillo, 1989). Una cuestión clave es quién tiene el 'poder de definir': los discursos dominantes trabajan estableciendo los términos de referencia y prohibiendo o marginando alternativas” (Shore y Wright, 1997: 18).

Resalta el hecho de que el discurso, entonces, es una práctica social específica que va mucho más allá del mero lenguaje. ¿Qué es lo que la diferencia de las otras? Alonso (1998) plantea que éste, diferentemente de los hechos sociales externos, no puede ser descrito en términos relativamente objetivos, siendo su carácteristica constituyente la polisemia, pues atiene a la esfera de lo simbólico, de los significados intersubjetivos que se atribuyen a lo que se hace. En fin, dado que la discursividad se refiere a la realidad simbólica, si la práctica sociológica relacionada con los hechos sociales externos será de carácter explicativo, cualquier enfoque adecuado al discurso, en cambio, habrá de ser de tipo comprehensivo: “Para ser comprendidos los discursos -expresivos de imágenes y construcciones ideológicas- se interpretan y analizan como textos producidos por alguien en situación de comunicación interpersonal, bien a partir de fuentes documentales (testimonios históricos, declaraciones en medios de comunicación, relatos literarios, análisis de contenido de prensa, etc.), o bien a partir de la producción de los propios discursos enfocados específicamente al tema que nos interesa, mediante técnicas o prácticas que logren de una manera, más o menos controlada, reproducir una situación de comunicación interpersonal” (Alonso, 1998: 44-45).

Al análizar el discurso, según Ortí (1989), debemos tener en cuenta sus distintas funciones: la referencial (el lenguaje que dice cosas); la ideológica o encubridora (el lenguaje que oculta cosas, pero que se puede someter a una crítica ideológica y ser interpretado); la legitimadora de la función ideológica (el

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lenguaje que revela o traiciona significados). Para Verón, el discurso tiene tanto un sentido denotativo como connotativo: “El significado denotativo no es sino un caso especial de la producción de sentido, que implica restringir la influencia del contexto lingüístico y extra-lingüístico. La connotación, por el contrario, nos remite a la evocación hermenéutica o multidimensional” (Verón en Langa Rosado, 2005: 49). Resulta evidente que los discursos constituyen una modalidad fundamental a través de la cual se forja la construcción de la realidad, entendida en el sentido de Santamaria (2002a), como conjunto de hechos tanto “tangibles” como socialmente construidos. Según esta interpretación los discursos influyen en la realidad social, no en el sentido de que, prescindiendo de su veracidad, produzcan efectos reales, sino directamente porque forman ya parte de la realidad misma. Por ejemplo, forman parte de la realidad no sólo los migrantes “de carne y hueso”, sino también el inmigrante imaginado, que está presente en Europa, “cuya presencia cotidiana es constantemente elaborada y resignificada”, y el inmigrante imaginario, este último, “mucho más fantasmático e 'irreal' en su sentido estricto, pues no existe, que remite a esa masa de inmigrantes potenciales que pueden venir, a esa multitud irracional y difícilmente contenible que, según las noticias, declaraciones e informes, campa al otro lado de las fronteras de Europa, agazapada y escondida, a la espera de poder asaltar sus costas y bienestar” (Santamaría: 2002b: 372). Los discursos entonces constituyen realidad porque construyen determinadas problematizaciones sobre la realidad misma48. Problematizar un fenómeno significa construirlo de una manera particular, proporcionarle cierto sentido, que no otro; plantear un “problema” de una determinada manera significa establecer un marco de posibles “soluciones”, dotado con su lógica y excluir al mismo tiempo otras posibles formas de pensarlo y otras soluciones alternativas. A lo largo de la historia, observa Foucault (2004), se ha desarrollado una serie de procedimientos de exclusión, regulación interna y limitación de los sujetos aptos para producir discursos, o sea de los sujetos aptos para producir y reproducir los mecanismos y relaciones de poder vigentes en la sociedad. Así pues, no todos los discursos tienen la misma importancia: según quién los esté produciendo, ellos pueden tener una influencia y repercusión mayor o menor; en particular hay algunos discursos, los de las élites, que tienen la capacidad de alcanzar muy fácilmente la esfera pública: “El poder de élite actual y su influencia son a menudo discursivos, y se implementan mediante un acceso preferente para controlar el discurso público y sus consecuencias, con el fin de crear consenso. Ello es especialmente cierto para las élites simbólicas que controlan los medios de comunicación y que se dedican a 'manufacturar' la opinión pública” (Van Dijk, 2003: 14).

Dentro de las élites, las políticas sin duda disfrutan de mucho poder (de aquí, también, otra razón para centrarme en el mundo político “dominante” como unidad de observación), pues ocupan una posición 48

Acerca del concepto de problematización ver Foucault (1971).

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central en la jerarquía de producción de discursos, dado que las políticas públicas tienen la capacidad de otorgar autoridad institucional a ciertos discursos, deslegitimando otros que no logran esa legitimación formal (Shore y Wright, 1997). Además, la autoridad formal de las instituciones políticas las pone en la situación de poder desarrollar, a través de los discursos, mecanismos de legitimación de sus actuaciones, así como de deslegitimación de los opositores, de afianzar la credibilidad de sus propios discursos y minusvalorar la de quiénes no ocupan ese puesto de poder. Rojo y Van Dijk (1997), al analizar la retórica producida por el gobierno español en ocasión de la deportación desde Melilla, en 1996, de numerosas decenas de migrantes subsaharianos, hablan en particular de tres niveles de legitimación: la pragmática, que hace referencia a la actuación gubernamental en sí, la semántica, sobre la descripción y significación de la actuación misma, y la sociopolítica, enfocada a justificar desde el punto de vista social las prácticas gubernamentales. La relevancia de las prácticas discursivas es tal, dentro del mundo político y más aún con respecto de las migraciones, que algunos estudiosos llegan a hablar de política del discurso, en el sentido de que ésta: “Se caracteriza por otorgar al mismo discurso la categoría de una acción que busca tener unos efectos determinados sobre la ciudadanía. Este enfoque presta atención, pues, a cierta actividad de los partidos políticos, que se preocupan más por responder a las preguntas '¿qué decimos?' y '¿cómo lo planteamos?' que a las preguntas 'qué hacemos?' y '¿cómo lo resolvemos?'” (Zapata-Barrero, 2009: 47).

Ahora bien, exactamente por lo dicho hasta ahora, en mi trabajo voy a analizar los discursos de las élites políticas sobre inmigración e integración de inmigrantes, al considerarlos discursos dominantes, o también, utilizando la acepción de Mernissi (Mernissi en Santamaría, 2002a), quien hace hincapié en la imposibilidad, para los discursos discordantes, de llegar a tener eco, de discursos sonoros. En particular, me valdré de la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (CDA), que se centra en cómo, a través de esta práctica social, se (re)producen relaciones de poder. Haré referencia sobre todo a la aportación de Van Dijk, que aplica el CDA al estudio del racismo y de los discursos sobre migraciones. Sin embargo, quiero contextualizar mi utilización de este método, aclarando que, aunque los discursos, indudablemente, son un instrumento importante de construcción de la realidad social, no son el único: mi elección del CDA como herramienta para este estudio -al lado de la etnografía- depende del particular objeto de estudio, pues ya hemos visto que las migraciones representan más un pretexto que el objeto en sí, pues el objetivo es el de indagar sobre los procesos de construcción de la diferencia y, por oposición, de construcción de la identidad de la UE. Entonces, en este sentido, los discursos representan una herramienta útil a la hora de deconstruir los conceptos, estereotipos y lugares comunes sobre la inmigración. No obstante, hablando de investigación social en general, desde mi perspectiva los discursos no necesariamente tendrían una prioridad epistemológica con respecto de otras posibles herramientas:

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quiero hacer hincapié en esto porque me diferencio de otros enfoques, de carácter marcadamente constructivista y extremadamente relativista, que dotan a los discursos y a la interacción comunicativa de una connotación epistemológicamente prioritaria, fuertemente estructural, que considero reductivista con respecto de la complejidad de la realidad social. Y es que los discursos, si analizados sólo como estructuras lingüísticas, sin una contextualización histórica y social de su producción, no nos sirven de mucho: “La atribución exclusivista del carácter estructural a las que más apropiadamente, y en todo caso, debieran llamarse técnicas de análisis del discurso entraña, además, el riesgo de caer en un pansemiologismo, que atribuye tácitamente a las estructuras lingüísticas la condición de matiz estructurante de los procesos sociales [...]. Si bien la producción y análisis de discursos (mediante entrevista abierta o discusión de grupo) contribuye a la contextualización significativa de los hechos observados, la contrastación empírica de los mismos condiciona, limita y localiza – en el 'campo de las fuerzas sociales' – la representatividad real de los discursos de individuos y grupos” (Ortí, 1989: 191).

Los discursos hacen referencia a los habitus de los sujetos, a su capital -económico, social, cultural y simbólico- , a la situación social concreta y por ende a la estructura de lo decible que en ella se da (Criado, 1997: 89). En consecuencia, el contexto de interpretación de los discursos debe estar orientado: “Por una visión global de la situación y del proceso histórico en que emergen los discursos ideológicos analizados (o si se prefiere, por emplear la célebre fórmula leninista, por 'el análisis concreto de la situación concreta'). De aquí que las interpretaciones sociológicas del discurso sean interpretaciones pragmáticas [...] que buscan relacionar 'lo que el sujeto dice' con su articulación en el campo de las prácticas sociales efectivas [...]. El análisis sociológico o pragmático del discurso ha de referirlo, en último término, a los procesos y conflictos sociales reales de la situación histórica que lo engendra y configura” (Ortí, 1989: 202).

En este sentido, mi perspectiva considera el análisis del discurso como un método y no un paradigma (Hammersley, 2003a); estudia los discursos producidos por los actores dentro de su contexto social e histórico, y no como algo cuyo contenido es libremente elegido en cada instante y usado de manera coyuntural por el homo retoricus postestructuralista (Hammersley, 2003a). El análisis del discurso no es, como sostiene Potter49, “un medio potente para estudiar la mente, los procesos sociales, las organizaciones, los eventos, como se producen en directo en las vicisitudes humanas” (Potter, 2003a: 79); por el contrario, forma plenamente parte de los procesos sociales, está situado dentro de ellos. Por eso, en primer lugar, subrayo la centralidad de no focalizarse sólo en un enfoque emic al discurso, sino también de complementar la perspectiva de los nativos con la del investigador. En segundo lugar, es exactamente para 49

Para profundizar el interesante debate entre Hammersley y Potter sobre el estatuto del análisis del discurso, veáse Hammersley (2003a, 2003b, 2003c) y Potter (2003a, 2003b).

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ver las tensiones -dentro del marco de la producción de las políticas públicas- que hay entre prácticas discursivas y otros tipos de prácticas sociales que considero importante compaginar el análisis del discurso con el método etnográfico y más en general con la contextualización histórica, social y económica. No sólo la etnografía nos permite acceder al mundo social del sujeto, ayudándonos a contextualizar sus discursos y a discernir su significado en relación con el contexto de producción (Langa Rosado, 2005); también, las actuaciones de los políticos pueden “confirmar” los discursos de referencia, “desmentirlos”, o en cambio dar lugar a configuraciones “intermedias” y contradictorias; en realidad, sólo aparentemente, ya que los discursos, como hemos visto, despliegan en su naturaleza toda la problemáticidad de la relación entre “lo dicho” y “lo hecho”. En otras palabras, no hay discursos “auténticos” ni falsos, ya que los discursos sirven para hacer cosas, son jugadas socialmente condicionadas (Criado, 1997: 86). Por lo tanto: “Las declaraciones de los sujetos no expresan una identidad entre intenciones y acciones, sino que los discursos son una compleja expresión de niveles de la conciencia donde la interpretación sociológica tiene que encontrar las relaciones entre lo consciente y lo preconsciente, entre lo declarativo y lo intencional, entre las racionalizaciones y las motivaciones, y, en suma, entre lo individual instrumental y lo social expresivo” (Alonso, 1998: 58).

Con respecto de esta última cita, me atrevo a decir más: aplicando este enfoque a las políticas públicas, no sólo debemos tener en cuenta lo individual instrumental, sino también lo político instrumental, esto es, esas racionalizaciones construidas por los políticos no tanto porque se correspondan a lo que piensan verdaderamente -o a lo mejor sí, pero, aun así, no es ésta su principal finalidad- , sino porque tienen el objetivo de distraer de otros aspectos, de desviar la atención del público de ciertas prácticas, en fin, para cumplir esa función ideológica o encubridora anteriormente citada. Para explicarme mejor no puedo resistirme de traer un ejemplo muy actual: después de que los militares israelíes atacaran en aguas internacionales, el 31 de mayo de 2010, el barco de ayudas humanitarias Freedom Flotilla, asesinando a nueve personas, el embajador de ese estado en Madrid tuvo la ocasión de criticar la (supuesta) creciente difusión del antisemitismo en el mundo y la banalización del Holocausto (La Razón.es: 4/6/2010), con la evidente finalidad de deslegitimar la condena general contra un acto abierto de piratería internacional y de confundir las justas críticas con un supuesto racismo anti-judío. Llamar la atención sobre un fenómeno totalmente desligado del acto concreto por el que el gobierno israelí estaba siendo condenado, aparte de jugar con el complejo de culpa occidental por la solución final, y contribuir -eso sí- a la verdadera banalización del antisemitismo, tenía la evidente función de encubrir la matanza ocurrida y desviar la atención sobre otras temáticas. Otro ejemplo más cercano a mi tema de investigación: si por un lado las instituciones de la UE están determinando un marco normativo restrictivo sobre la inmigración, por el otro se observa que, a la

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vez que se desarrollan esas políticas, y se difunden estereotipos excluyentes con respecto de la inmigración “ilegal”, también se producen otros tipos de discursos retóricos y abstractamente universalistas sobre los derechos humanos y la libertad de circulación (aunque sea sólo para los ciudadanos “comunitarios”): se trata de una aparente “contradicción”, que en este caso puede destacarse sólo comparando los discursos generales sobre la naturaleza de la UE, las grandes declaraciones oficiales, con las medidas específicas relativas a la “gestión de la inmigración”. En esta línea, Carlos Taibo contrasta la primera parte del naufragado proyecto de Constitución Europea, específicamente el Preámbulo, todo un listado de principios, derechos y vocaciones humanitarias de “Europa”, con las medidas específicas y muy detalladas contenidas en los bloques sucesivos, enfocadas a recortar los derechos sociales, impedir políticas expansivas de los estados, convertir los servicios sociales en “servicios económicos de carácter general” (Taibo, 2006: 113); en fin, enfocadas a armonizar a la baja lo que pudiese suponer un avance en los derechos de la ciudadanía y las clases más débiles. Finalmente, vuelvo a hacer hincapié en la existencia de otro nivel de análisis de los discursos, ya mencionado: el contraste entre las declaraciones y las prácticas reales, pues puede darse el caso de que a veces las cosas vayan en direcciones opuestas. En este caso, es interesante indagar sobre el porqué: si se trata simplemente de una “mala aplicación” de los discursos a la realidad, o si de nuevo se trata de llamar en causa a la función ideológica, cuestionando las presuntas finalidades de ciertas políticas públicas, cuando las gubernamentalidades concretas, las prácticas fronterizas, los requerimientos económicos exigen todo lo contrario. Creo que deberíamos preguntarnos si la obsesión seguritaria y la “lucha contra la inmigración ilegal” tienen la verdadera finalidad de eliminar los “flujos” en condiciones irregulares, o si más bien se trata de crear un marco discursivo desfavorable a la obtención de ciertos derechos, que precarice aun más la condición de la fuerza de trabajo migrante, de manera coherente con la creciente desregularización del mercado, tanto laboral como de los servicios, de la UE. En este sentido, en este trabajo he tenido en cuenta otros documentos de carácter económico, no específicamente sobre migraciones, pero que sí las abordan dentro de una lógica argumentativa general, como la “Estrategia de Lisboa” o la más reciente “Estrategia 2020”. Estos textos ponen bien de relieve que, más allá de la crisis económica, la UE necesita a la fuerza de trabajo migrante (y no sólo a la cualificada; se menciona, por ejemplo, la migración circular, relativa por lo general a trabajos temporeros y poco cualificados). Por supuesto, no desmienten el planteamiento de favorecer la inmigración “legal”, pero si a su vez los contrastamos con una cartografía de las prácticas fronterizas, y también con un poco de estadísticas cuantitativas que nos muestran el número relativamente bajo de las expulsiones (ya sean “repatriaciones” o “devoluciones” en alta mar) realmente ejecutadas, con respecto del número real de migrantes “ilegales” presentes, nos surgen una cuantas dudas legítimas. Evidentemente, estamos en el complejo campo, de los lábiles y borrosos confines entre lo instrumental y lo simbólico: bajo ningún concepto quiero decir que los políticos sean muñecos de una racionalidad oculta y metafísica, estructuralmente funcionales a las 67

necesidades productivas del “fetiche UE”. Simplemente planteo que una cosa es lo que cada politico individualmente piense (incluso abogando “sinceramente” por un cierre de fronteras total), otra cosa muy diferente es cómo se articulan las variadas visiones de los políticos con las dinamicas de conjunto resultantes, complejas y ligadas a diferentes factores, que “implementan” y “concretan” las políticas migratorias comunitarias. En fin, el resbaladizo filo de la navaja entre lo expresivo y lo instrumental. Exactamente por eso hay que “refrendar” los discursos “migratorios” específicos con otros de carácter general, así como con la observación etnográfica, y finalmente con las teorizaciones de otras disciplinas, teniendo en cuenta, además, que éstas últimas a su vez se articulan en una dimension discursiva, la cual no podemos dejar de analizar. En particular, cabe reflexionar sobre la relación entre discurso y economía política, puesto que no sólo se trata de observar las contradicciones existentes entre los planteamientos económicos y los objetivos de control fronterizo declarados: al mismo tiempo, necesitamos deconstruir y “tamizar” el mismo lenguaje económico y sus racionalidades. Es que el análisis de la economía política es también el análisis de cómo se construye su sentido y se plantean sus prioridades; en última instancia, la economía política en tanto que producto histórico y social no puede desvincularse del estudio de los discursos económicos, y de sus transformaciones en la época de las gubernamentalidades y las racionalidades políticas neoliberales. Una época caracterizada por la así llamada “economía del conocimiento”, donde la dimensión discursiva adquiere más relevancia debido a las nuevas formas de ser de los procesos económicos, cada vez más semióticas: “En la medida en que la re-estructuración y el cambio de escala del capitalismo está guiado por el conocimiento, también lo está por el discurso, pues los conocimientos son producidos, consumidos y circulan como discursos (económicos, organizativos, empresariales, políticos, educativos etcetera)” (Fairclough, 2002: 164). Así pues, en esta investigación necesitaré remontarme a preguntas aún más básicas y generales, cuales: “¿Qué es lo que el gobierno de hoy en día se supone tener que producir? ¿Qué es lo que el gobierno se supone tener que hacer tan eficientemente? ¿Qué significa en términos políticos-económicos que un gobierno se ve a sí mismo primero como el dueño de plantillas más o menos productivas y eficientes antes que como un representante de los intereses de su ciudadanía? La respuesta a la primera y a la última de estas preguntas es que el Estado se ve y se produce como, y de hecho llega a ser, la expresión corporizada -el representante espiritual, moral, intelectual y legislativo- del Capital, al igual que el Rey medieval llegaba a personificar la totalidad de las relaciones feudales: el Rey feudal ha sido 'socializado' al igual que el estado capitalista. Por consiguiente, por lo que respecta a la eficiencia, el 'rendimiento' del Estado es medido en términos apropiados para la empresa capitalista” (Graham, 2002: 239).

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En conclusión, el análisis de la economía política también es el estudio de los procesos históricos y sociales que configuran la estructura de lo decible dentro de la supuesta “objetividad” de esta disciplina: al igual que el antiguo chiste de la RDA sobre la “tinta roja”, citado por Žižek (2008)50, el fundamentalismo de mercado neoliberal en el que nos vemos inmersos refleja: “una cultura donde ya no existe un lenguaje para la democracia ni existe un discurso para hablar de inversiones sociales, protección, responsabilidad, comunidad, y participación ciudadana” (Giroux, 2008: 598). En este contexto se privatizan no sólo las empresas, sino los asuntos sociales en sí, en tanto en cuanto asuntos públicos y colectivos: al igual que en las políticas migratorias asistimos a una creciente implicación de actores privados, hasta en cuestiones tan delicadas como el control fronterizo -por ejemplo, con la creación de FRONTEX, una agencia de derecho privado con su propio balance y su propio director- , en otros ámbitos asistimos a paradojas como la descrita por Giroux (2008), que relata la experiencia de William P. Foley II, magnate de una compañía de seguros, que compra grandes terrenos vírgenes, privatizándolos, en aras de preservar la belleza natural del medio ambiente (de la que nadie excepto él podrá disfrutar). Para concluir: estos “cortos circuitos” entre discursos generales y discursos específicos, entre discursos “migratorios” y discursos “económicos”, entre prácticas discursivas y otras prácticas no discursivas conllevan la apertura de unas ventanas epistemológicas, unas grietas que, lejos de ser un límite, constituyen exactamente lo más interesante de indagar, pues apuntan no sólo a una problematización de la relación entre diferentes discursos y otras prácticas, permitiéndonos ver cómo, dentro de ellos, juegan su papel diversas fuerzas sociales y relaciones de poder, sino que también: “Esas señales, con la sola condición de observarlas atentamente y seguirlas con decisión, pueden llevar a poner en tela de juicio las representaciones espontáneas del investigador” (Bertaux, 2005: 32); pueden llevarnos a reformular el acercamiento que considerábamos adecuado. Por lo tanto, planteo la importancia de compaginar el análisis del discurso con el método etnográfico51, dentro de una contextualización/deconstrucción histórica, social y económica, como herramienta útil para aprehender el sentido de las acciones de los sujetos de la manera más amplia posible. Así pues, “ambos fenómenos, discursos y hechos, integran y configuran igualmente la realidad social y se reclaman mutuamente en su comprensión y explicación” (Ortí, 1989: 189). Hay que tomar en 50

Un ciudadano de la Europa “occidental” decide ir a vivir a un país del “socialismo real”, para averiguar si de verdad ése es el Paraíso en la Tierra y si la gente de ahí es libre. Para avisar a su amigo y obviar la posible existencia de censura, decide que le mandará una carta escrita con tinta roja si es que falta la libertad de expresión (con lo cual su amigo no deberá tomar por verdadero el contenido de la carta), y con tinta azul si por el contrario todo es un verdadero “El Dorado”. La carta, escrita en tinta azul, recita más o menos lo siguiente: “Estoy bien, aquí todo es perfecto, la gente está muy bien y es libre. El único problema, es que en las tiendas no se encuentra tinta roja”. Este chiste permite a Žižek argumentar que muchas veces nos sentimos libres porque nos faltan las palabras para articular la falta de libertad que vivimos: nos falta la tinta roja porque los términos analíticos vigentes hoy en día, como “guerra contra el terrorismo”, “democracia y libertad”, “derechos humanos”, etc., “son términos falsados, que mistifican nuestra percepción de la situación en lugar de permitirnos pensarla” (Žižek, 2008: 8). 51 Otros estudios apuntan a la complementación de estos dos métodos, como por ejemplo la Tesis Doctoral de Antonia Olmos Alcaraz (2009).

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serio lo que Miguel Beltrán llama pluralismo cognitivo, o sea: “La multiplicidad de niveles en la que se construye el objeto de conocimiento proprio de las ciencias sociales y, particularmente, de la sociología, y que debe ser correspondido por un pluralismo metodológico que diversifique los modos de aproximación a la realidad social” (Beltrán en Alonso, 1998: 43). 5. Técnicas de investigación En lugar de técnicas, algunos proponen hablar de prácticas de las ciencias sociales; en particular en relación con la observación participante, las entrevistas y los grupos de discusión. En efecto, al menos por lo que afecta a la metodología cualitativa, no existe un “manual” que a priori pueda, por ejemplo, “enseñar a hacer buenas entrevistas”. Evidentemente se pueden dar consejos generales, pero cada entrevista -o cada observación participante, o grupo de discusión- , partiendo del supuesto de que los objetos de observación son sujetos, es una historia aparte. Del sentido común y las capacidades del investigador depende el éxito de esas prácticas. Por supuesto, el hecho de que no haya una estandarización de las técnicas no significa que no se pueda valorar si éstas han sido llevadas a cabo bien o no; eso sólo se podrá ver al final, a la hora de la recopilación e interpretación de los datos, a través de la información obtenida y su relevancia. En este texto he hablado indiferentemente de técnicas y prácticas, utilizando básicamente los términos como sinónimos, en un sentido “débil”, no experimental y pragmático. Dicho esto, voy a desarrollar unas cuantas reflexiones sobre las técnicas ya utilizadas -o todavía por desarrollar- en mi investigación, o sea la observación participante, la lectura de textos y la entrevista abierta semidirectiva. 5.1 Observación participante La tradición antropológica nos había acostumbrado a ver la observación participante como una práctica exótica, a desarrollar, por ejemplo, en pueblos misteriosos de la jungla asiática, comunidades indígenas latinoamericanas, etc.. Evidentemente, ésta puede ser una aplicación, que sin embargo poco tiene que ver con mi objeto de estudio. La pregunta que planteo es si, puesta la diferencia de contexto, tiene sentido seguir utilizando ciertas categorías típicas del trabajo de campo, como las de “extrañamiento” y “choque cultural”, con las que se hace referencia a la sensación de distancia entre la cultura del etnógrafo y la de las poblaciones observadas; esa sensación de radical diferencia que desplaza al observador, y que, según Irwin (2007), lo lleva a través de cuatro fases que van del alejamiento total, al confort, para finalmente revertir la situación y sentirse a gusto en la sociedad “ajena”, a la vez que “ajeno” en la sociedad de origen. Lo que al principio es el choque cultural entre dos modelos culturales radicalmente

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diferentes, entonces, va desapareciendo en la medida en que el etnógrafo es capaz de “hundirse” en la cultura ajena, hasta sentirse parte de ella52. En mi opinión, el concepto de choque cultural quizá sea demasiado fuerte: no estoy cuestionando las diferencias culturales que, evidentemente, pueden existir entre dos o más sociedades; sin embargo, esta mirada “colonial” nos puede llevar a la ilusión de que, por el contrario, las sociedades “occidentales” son algo mucho más compacto de lo que en realidad son. Si los conceptos de extrañamiento y choque cultural tienen valor, entonces, lo hacen dentro de un concepto de cultura anti-esencialista -pero tampoco posmoderno e híbrido- , “descolonizado”, vigente para cualquier entorno social del mundo actual. Lo que quiero decir es que, al estudiar el mundo político de la UE, aparentemente “cercano”, fácilmente descifrable en su sentido, debería prácticar un extrañamiento que me permitiese alejarme de mis supuestos, para indagar verdaderamente, sin ideas pre-concebidas, “cómo funciona eso” (Bertaux, 2005: 30). Hágase caso, se trata de una operación mucho más difícil de realizar en este contexto “contemporáneo”, exactamente porque la ilusión de pertenencia al mismo mundo social de los políticos es más fuerte; esto a pesar de que las diferencias metodológicas pueden ser menos de las que se piense: “La alteridad radical que siente la antropóloga que desembarca en una sociedad amazónica, no ‘descripta’ y cuya lengua no habla, se vuelve relativa en una sociedad cuya lengua habla y cuyo contexto cultural comparte. Pero en los dos casos, a la salida del campo, y a imagen del sueño de Verlaine (1886), 'no es ni totalmente la misma ni totalmente otra’, mientras que su abordaje de las culturas en cuestión se adapta, cada vez, a un contexto particular” (Bellier, 2002: 70).

Así pues, la vigilancia epistemológica y la atención a la hora de construir categorías aparentemente evidentes deberá ser incluso mayor53. Voy a recapitular las actuaciones que tendré en cuenta, porque esto me permitirá desarrollar otras reflexiones. En principio, quiero tener en cuenta todas esas relaciones políticas donde se manifiestan la ritualidad, la teatralización, la espectacularización de la política en relación con las temáticas migratorias. 52

Sin embargo, sería equivocado hablar de identificación total, como nos recuerda Bacchiddu (2004). Por lo que respecta a la relación del etnógrafo con la población observada, y la dialéctica entre los polos de identificación/distancia, me parece adecuada la observación de Ghasarian: “Idealmente, todo ‘buen campo’ combina los puntos de vista del insider y del outsider, y los etnógrafos van y vienen entre la observación y la participación, según las situaciones. En tanto insider, el etnógrafo es el que debe ser capaz de vivir en él la tendencia principal del medio estudiado e impregnarse de sus temas dominantes […]. En tanto outsider, también puede ver cosas, hacer comparaciones y tener experiencias diferentes de las de los insiders. Esta tensión entre visiones desde adentro y desde afuera es particularmente examinada por la literatura de la antropología reflexiva” (Ghasarian, 2002: 15). 53 Por ejemplo: cómo “clasificar” (por si tiene sentido esta operación) los intereses y la concepción identitaria de los tecnócratas europeos: ¿prevalecientemente “nacional” o “comunitaria”? Este dilema podría incluso ser falso, porque parte de la asunción que ha de primar un tipo de identidad que otra. Al practicar el extrañamiento en un contexto “occidental”, deberé ser capaz, entonces, de poner a prueba -y en su caso repensar- esas mismas categorías nacidas dentro del mundo europeo -a partir de la de Nación- . Díaz de Rada (2007), en un interesante relato etnográfico, nos explica cómo ha tenido que abandonar el concepto de grupo étnico al estudiar una población indígena de Escandinavia, para considerar por el contrario la etnicidad como una relación, un campo y no un atributo fijo.

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Evidentemente, dentro de estas relaciones elegiré unos momentos particulares, unas vicisitudes, que tengan una relevancia simbólica importante desde el punto de vista de los procesos de construcción identitaria de la UE. No se trata de buscar una representatividad numérica, sino, a través de un enfoque cualitativo, de centrarme en unas actuaciones políticas que hayan asumido importancia en el debate y los discursos públicos dominantes. Por ejemplo, podría tratarse de debates políticos tenidos de cara a las últimas elecciones europeas de 2009, o también de acontecimientos nacionales, pero que tienen que ver más en general con la articulación de una identidad europea, como es el caso de las deportaciones fronterizas de Melilla de las que hablaba antes (España como “frontera sur de Europa”), o las recientes polémicas sobre el padrón de Vic (Catalunya). No puedo definir ahora la selección específica de estos momentos, porque sería poner el carro delante de los bueyes: sobre la marcha, a través de una lectura esmerada de fuentes de varios tipos, de la observación de los telediarios, del estar pendiente de los debates y los acontecimientos políticos, podré llegar a una definición más clara. La delimitación temporal del estudio, de todas formas, se centrará en los 4 años en los que tengo previsto realizar la tesis, así como en años anteriores (siempre y cuando la tecnología me permita remontarme a esos momentos), hasta principios de los '90 (fecha definida de comienzo para la lectura de las fuentes documentales). Evidentemente, dependiendo del período, se plantearán dos tipos de observación muy diferentes: en el primer caso, podrían darse niveles de participación mayores, abarcando por ejemplo la participación en mítines y otras actuaciones políticas -incluso, no lo puedo descartar, la participación encubierta en algunos actos; por ejemplo, participando en debates sobre la inmigración de partidos políticos y planteando desde el público preguntas “tácticas” que tengan que ver con la inmigración- . En el segundo caso, se trataría básicamente de observación sin ninguna participación, como es el caso de las observaciones a través de Internet, ya parcialmente realizadas. Las posibles configuraciones, evidentemente, conllevan distintas problemáticas a la hora de plantear el acceso al campo, y también dilemas éticos. Sin embargo, las actuaciones en las que participaría serían prevalecientemente públicas (tanto las participantes, como las no participantes) y el nivel máximo de ficción consistiría en intervenir en eventos puntuales fingiendo ser un militante político. Ulteriores problemas de acceso y de ética se podrían plantear a la hora de realizar las entrevistas, así que lo veremos luego. Finalmente, una última delimitación geográfica. He dicho en anteriores apartados que la misma definición de la identidad de la UE se juega, todavía, dentro de unos debates que tienen carácter nacional; pues es ahí donde se construye de una manera más fuerte la relación entre electorado y electos, ahí los vínculos políticos y su significación identitaria son más profundos. En las mismas elecciones europeas los debates, muchas veces, se centran más en cuestiones nacionales que europeas. Así pues, he elegido una doble estrategia territorial: por un lado, evidentemente, durante mi período de estancia en Bruselas observaré las dinámicas políticas institucionales, y también los posibles debates y actos públicos desde las instituciones y los políticos europeos; por el otro, abarcaré en mis observaciones las actuaciones que, aun 72

realizándose al nivel estatal, tengan consecuencias más amplias al nivel comunitario, en un constante intento por cuestionar el nacionalismo metodológico de las ciencias sociales. Esto conlleva la elección de unos contextos geográficos: en mi caso hablamos de Italia y Estado Español. Las razones, fundamentalmente, son cuatro: −

Las características que tienen los dos casos, siendo considerados parte relevante de la “frontera sur de la UE” (López Sala, 2006), lo cual hace que los discursos sobre la inmigración producidos en esos contextos tengan una relevancia cualitativa particular;



El considerarse los actuales gobiernos italiano y español, el primero, como un ejemplo de “tolerancia cero” hacia los “irregulares”, el segundo, como un representante del enfoque opuesto, más abierto -al menos aparentemente- : la “Alianza de Civilizaciones”;



El conocimiento de los dos contextos y la presencia, en ambos, de redes sociales en las que estoy inserto;



La capacidad para hablar tanto castellano como italiano (mi lengua materna). Bajo ningún concepto mi investigación va a ser un estudio comparado entre dos países; la elección

de ellos sólo se debe en función de una racionalización y delimitación geográfica, pero mi objetivo no es el de hacer un parangón entre los dos contextos, sino al revés, ver (si y) cómo los discursos y las prácticas políticas que se dan dentro de dos realidades consideradas diferentes producen contrucción de diferencia e identidad al nivel comunitario. Finalmente, señalo que en esta Tesina he elaborado una reflexión/estado de la cuestión aún general, por lo cual me he centrado casi exclusivamente en las dinámicas comunitarias y no he analizado documentos específicos relativos a los dos países citados. 5.2 Lectura de textos La lectura de textos, también, tiene una importancia fundamental en mi trabajo. En particular, cumple dos funciones: por un lado, la contextualización histórica del objeto de estudio, y por el otro, sirve de material para el análisis de los discursos -discursos que originan tanto de fuentes escritas, como de orales- . Con respecto a la contextualización histórica, en particular, me valdré de fuentes primarias y secundarias que traten los siguientes temas: historia de la Unión Europea, migraciones, reseñas sobre los debates políticos e identitarios dentro de la UE. Asimismo, la lectura diaria y recopilación de informaciones relevantes de la prensa o a través de Internet, puede servir no sólo para analizar los discursos, sino también, en cierta medida, para sacar información sobre los temas anteriores.

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Además, quiero aclarar un aspecto teórico: mi enfoque cualitativo a la lectura de textos no tiene la finalidad de contabilizar la utilización de determinadas palabras o expresiones relativas a la inmigración dentro de los debates políticos. No quiero negar cualquier validez a análisis cuantitativos de los textos: por ejemplo, Márquez Lepe (2006 y 2007) ha hecho un interesante análisis del debate de las comisiones parlamentarias donde se ve cómo, en el Estado Español, aumenta la presencia de términos relacionados con la inmigración en la medida en que el tema va asumiendo importancia en los debates públicos. Sin embargo mi perspectiva, que quiere compaginar el análisis de los discursos con el de las otras prácticas, prefiere centrarse, en lugar de en la cuantificación de determinados términos, en detectar los tópicos más relevantes. En otras palabras, no busco la representatividad numérica de las expresiones, sino la representatividad cualitativa de los significados, las maneras de representar y construir la inmigración y la integración de inmigrantes. Acorde con Ortí, considero que el análisis cuantitativo del discurso tiene un alcance muy limitado, “porque parte de una hipótesis clasificatoria (descompone el discurso en categorías de unidades) y no de una hipótesis estructural del lenguaje (el lenguaje forma un sistema y no es mero repertorio)” (Ortí, 1989: 201). Así pues, el análisis de los textos tiene sentido en tanto en cuanto no es concebido como paradgima cognoscitivo de la realidad social, sino como elemento relacionado e interconectado con ella. Comparto la crítica de Alonso a los “textualistas”: “Presentan los discursos como autónomos -los discursos son considerados como juegos infinitos de significantes que hablan al sujeto- , y a los textos como totalidades epistemológicas fuera de los cuales no existe nada, por lo que al final el sujeto del habla no es más que un guiñapo hecho de significantes jamás alcanzables en su sentido profundo para su autor, pues literalmente le dominan” (Alonso, 1998: 78).

Por el contrario, hay que tener en cuenta los referentes extradiscursivos del habla: “el discurso no se explica por el discurso mismo; y entre estos referentes están las prácticas sociales parcialmente constitutivas de discurso” (Alonso, 1998: 78). Vuelvo a hacer hincapié en que, al desplegar nuestras técnicas de análisis del discurso, debemos tener presente su naturaleza socialmente construida: “Este campo de la discursividad, además, no se inscribe en el espacio de lo mental o de la subjetividad radical, sino en la materialidad social como producto de un sistema de identidades y diferencias que, al coincidir y enfrentarse, se objetivan; los discursos fijan las posiciones de los sujetos en un sistema instituyente de fuerzas y contrafuerzas sociales” (Alonso, 1998: 46).

Dicho esto, las fuentes textuales que he tenido en cuenta son: los mismos recortes de prensa mainstream citados anteriormente (en la medida en que aparezcan declaraciones de los políticos), textos de

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directivas y reglamentos, así como de debates en comisiones (tienen un estatuto diferente: oficial y de “síntesis” los primeros, más “oculto” y abierto al debate, los segundos), portales y blogs sobre la UE y específicos sobre la inmigración, declaraciones de principios de varios tipos de las instituciones de la UE (como por ejemplo el Consejo de Tampere, el Tratado de Lisboa, la “Estrategia de Lisboa” y la “Estrategia 2020”), pero también fuentes secundarias como libros, autobiografías, fuentes informales de los actores políticos, que a veces pueden proporcionar muchísimas informaciones y ayudarnos a contextualizar sus actuaciones. Evidentemente, algunas de estas fuentes serán utilizadas sólo para tener una idea general, otras serán objeto del análisis en regla, esmerado y pormenorizado. Queda claro que en este caso tampoco puedo cerrarme con antelación y seleccionar ya qué fuentes serán las más importantes y cuáles no: eso dependerá del desarrollo de la investigación, y de la utilidad que los mismos documentos vayan adquiriendo.

Voy a acoger las sugerentes preguntas que Hammersley y Atkinson nos aconsejan plantear

cada vez que leamos una fuente escrita: “¿Cómo se escriben los documentos? ¿Cómo se leen? ¿Quién los lee? ¿Con qué propósito? ¿En qué ocasiones? ¿A qué conclusiones se llega? ¿Qué se registra? ¿Qué se omite? ¿Qué se da por sentado? ¿Qué es lo que el escritor parece dar por sentado respecto a los lectores?” (Hammersley y Atkinson, 1994: 192). Y además: ¿quién los escribe? También voy a tener siempre presente la invitación de Shore y Wright a considerar los documentos citados como textos culturales, utilizados para clasificar, justificar o condenar el presente, o también entendidos como instrumentos retóricos y discursivos para empoderar a algunos grupos y silenciar a otros. Su pregunta es: “¿qué nuevos sujetos y qué relaciones de fuerzas crean determinadas políticas públicas?” (Shore y Wright, 1997: 15). Finalmente, desde el punto de vista temporal, ya he justificado porqué tomaré en consideración textos producidos a partir del comienzo de los años '90. En cuanto a los idiomas, para los textos de la UE, disponibles en más lenguas, me valdré de los escritos en castellano (ya que se trata del idioma de mi tesis, por lo cual, intentaré uniformar, dentro de lo que cabe, los estándares lingüísticos) y, a su falta, del inglés; para los otros textos, tendré en cuenta los que se han producido en Italia y en el Estado Español; por lo tanto, se tratará de textos en italiano y en castellano. 5.3 Entrevista abierta semidirectiva A la hora de analizar los significados producidos por los sujetos y sus valoraciones acerca de un fenómeno social, se presentan distintas hipótesis metodológicas sobre cómo llegar a aferrar esos significados. Ahora bien, debido a las reflexiones que he desarrollado hasta ahora, se entiende porqué he descartado desde el principio la utilización de técnicas cuantitativas como, por ejemplo, la encuesta cerrada. Dicha técnica resulta útil y acertada a la hora de analizar lo que hemos llamado hechos sociales externos: por ejemplo, puede servir para contabilizar algunos comportamientos sociales básicamente objetivos y cuantificables: ¿cuántas veces se hace la colada a la semana en una familia de clase media? 75

¿Cuántos televisores posee? ¿Cuántos coches? Sin embargo, ya a la hora de preguntar sobre comportamientos que implican orientaciones ideológicas y políticas, la exactitud de esta técnica irá desvaneciendo. Por ejemplo, se ha observado que al preguntar por la posición política, en una escala numérica da 1 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha), la mayoría tiende a situarse en posiciones intermedias: las que se supone ser las socialmente aceptadas. La encuesta cerrada no nos informa de lo que piensa la gente, sino de lo que la gente dice que piensa (Ibáñez, 1979). No se problematiza la relación entre palabras y hechos, sino que se la asume: “Se supone que los individuos son plenamente conscientes de sus intereses con respecto al objeto de investigación, y fácilmente lo expresan en un dispositivo como el cuestionario precodificado” (Alonso, 1998: 57). Toda la información que excede el diseño de la encuesta no es considerada y “se pierde como ruido” (Ibáñez, 1979: 263). El individualismo metodológico de la encuesta pone a los individuos ante una serie de variables pre-fijadas, que se piensa corresponder a las características propias de los respondentes, casi como si fuesen atribuciones personales: no se relaciona la construcción de esas categorías con la dialéctica social en su conjunto. Es que el mismo método de producción de datos no permite un análisis en profundidad sobre los sentidos atribuidos por los sujetos a sus prácticas; las metodologías cuantitativas “se mueven en la superficie ideológica de la opinión pública” (Ortí, 1989: 195) y tienen un rasgo conservador. Cuanto más nos alejemos de la contabilidad de acciones puntuales e impliquemos actitudes socialmente valoradas, menos útil se nos hace la encuesta cerrada y, en general, el uso de metodologías cuantitativas; se van multiplicando desviaciones opináticas, polisemia, subjetividad del lenguaje (Ortí, 1989: 193)54. Otro asunto es con el grupo de discusión, una metodología cualitativa muy útil a la hora de detectar la producción de discursos y los sentidos atribuidos por la gente a los fenómenos sociales. En particular, Rebolloso plantea que esta técnica es la más adecuada para estudiar los discursos sobre la inmigración, y en particular los discursos racistas: “El grupo de discusión reproduce a nivel microprocesual el contexto social en el que se desarrollan las opiniones y actitudes de los sujetos [...], sitúa al individuo en un escenario natural, dentro de una conversación informal con personas semejantes, lo cual otorga mayor validez ecológica al estudio del prejuicio [...]. La flexibilidad que caracteriza a las discusiones grupales hace posible analizar cómo se expresa el prejuicio racial de manera espontáea, durante una conversación informal, sin que el investigador imponga al discurso sus propios esquemas conceptuales” (Rebolloso, 2002: 194-195).

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Aunque muy a menudo en este proyecto he planteado la necesidad de un acercamiento de tipo cualitativo, espero que resulte evidente que desde mi parte no está presente ninguna contraposición a priori entre “cuanti” y “cuali”, ningún sistema de creencias -por utilizar la palabra usada por Alonso (1998: 36), para criticar tanto las desviaciones “humanistas” como las “cuantitofrénicas”, fundadas en el abuso o de las técnicas cualitativas, o de las cuantitativas- . Las razones que me empujan a adoptar cierto enfoque derivan sólo y únicamente del carácter del objeto de estudio, sabiendo que lo cuantitativo y lo cualitativo tienen diferentes espacios de cobertura.

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La diferencia entre grupos de discusión y entrevista depende de que, mientras que en éstas buscamos cómo lo social se encarna en lo individual, como se generan determinadas conductas, tipicidades de comportamiento o de figuras sociales, en los grupos de discusión, en cambio, queremos ver las imágenes relacionadas a un objeto, la ideología, las representaciones sociales. De todas formas, cabe subrayar que los grupos de discusión para ser efectivos requieren de unas condiciones, a la vez de homogeneidad (como por ejemplo el nivel de educación, la edad, la clase social etc.) y diversificación entre los participantes (que varían dependiendo del objeto de investigación)55 que no se pueden dar entre los políticos. El alto nivel de capital cultural, la colocación social de élite, el rol “oficial” que éstos desempeñan al representar su partido, y un largo etcétera nos impiden la posibilidad de formar grupos de discusión eficaces. Así pues, la técnica que en nuestro caso ha de utilizarse para el análisis del discurso es la de la entrevista: evidentemente abierta y semidirectiva, puesto que el objetivo es el de dejar fluir los discursos, que sean producidos libremente, y también de plantear -aunque sea de manera abierta- unos ejes temáticos parcialmente definidos. Alonso define la entrevista de la siguiente manera: “Una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argumental -no fragmentado, segmentado, precodificado y cerrado por un cuestionario previo- del entrevistado sobre un tema definido en el marco de una investigación” (Alonso, 1998: 76).

¿Qué tipo de informaciones intentamos sacar de una entevista? De nuevo, Alonso plantea lo siguiente: “Un investigador extrae una información de una persona -'el informante', un término prestado del vocabulario clásico de la antropología cultural- que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor; entendiendo aquí biografía como el conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado. Esto implica que la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y que será proporcionada con una orientación e interpretación que muchas veces resulta más interesante informativamente que la propia exposición cronológica o sistemática de acontecimientos más o menos factuales” (Alonso, 1998: 67).

Esta descripción me parece acertada, puesto que la finalidad que perseguimos con la entrevista no es la de reconstruir “hechos objetivos”, sino exactamente de indagar sobre la construcción social de la inmigración; a partir de los primeros datos obtenidos a través de la observación participante y la lectura de los textos. En efecto, estas dos técnicas me deberían proporcionar los primeros elementos “crudos” de 55

Para profundizar la concepción de los grupos de discusión en su “fundador”, véase Ibáñez (1979).

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reflexión, que las entrevistas me ayudarían a esclarecer. En otras palabras, los tópicos surgidos en la observación participante y en la lectura de textos serían profundizados y desentrañados a través de las entrevistas: así pues, no se trataría simplemente de recoger las declaraciones de los políticos sobre la inmigración y la integración de inmigrantes en sí, sino de analizar sus discursos en relación con las prácticas concretas que van tomando lugar en la UE. Es que: “El proceso de significación se produce por el hecho de que el discurso es susceptible de ser actualizado en una práctica correspondiente. Y por eso las preguntas adecuadas son aquellas que se refieren a los comportamientos pasados, presentes o futuros, es decir, al orden de lo realizado o realizable, no sólo a lo que el informante piensa sobre el asunto que investigamos, sino a cómo actúa o actuó en relación con dicho asunto56. La entevista abierta, por tanto, no se sitúa en el campo puro de la conducta -el orden del hacer- , ni en el lugar puro de lo lingüístico -el orden del decir- , sino en un campo intermedio en el que encuentra su pleno rendimiento metodológico: algo así como el decir del hacer” (Alonso, 1998: 72).

Los políticos, entonces, se convierten en informantes, y las entrevistas que les hagamos son los relatos nativos del campo político, hacia el cual ejercemos el adecuado extrañamiento para saber “cómo funciona eso” (Bertaux, 2005:30). Recordando que las entrevistas forman parte del desarrollo sucesivo de mi investigación (no habiendo sido utilizadas para este trabajo específico), planteo la pregunta: ¿A quién entrevistar? Hay que tener en cuenta que siempre mis posibilidades concretas estarán expuestas a las agendas y las voluntades de los exponentes políticos. Lo ideal, sería poder entrevistar a unos políticos que hayan tenido un papel relevante en algunas actuaciones específicas: por ejemplo, en el caso de los ya citados sucesos de Melilla, un posible entrevistado sería Mayor Oreja (que además ya es parlamentario europeo); otro posible sujeto a entrevistar serían los europarlamentarios españoles que aprobaron la “Directiva de la Vergüenza” (de la que trataré seguidamente). Exactamente para ver la relación entre las representaciones y las actuaciones, las justificaciones y las racionalizaciones. También, tal y como nos aconsejan Hammersley y Atkinson (1994: 155), entrevistar a ex-ministros, ex-parlamentarios, etc., puede ser interesante, en particular, desde el punto de vista de que su posición actual, de no directamente implicados, los hace más independientes y menos vinculados a las responsabilidades de su cargo. Otra opción interesante sería la de entrevistar no sólo a exponentes políticos “visibles” -como parlamentarios o ex-parlamentarios europeos- , sino también a personal tecnocrático. Esto es: directivos que trabajan para la Comisión, el Parlamento o el Consejo Europeo, “expertos” de relieve, etc.. No sólo porque a veces tienen más poder ellos en lo que es la definición de la orientación política que los mismos parlamentarios, sino porque, tal vez, entrevistarme con 56

Y también a cómo podría haber actuado de manera alternativa: de esta manera intentamos ir más allá de racionalizaciones a posteriori (que también son información importante) y abrimos el campo de las posibilidades de acción, para ver si no se ha podido o no se ha querido emprender otro camino (Bertaux, 2005).

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ellos sea una opción mucho más viable desde el punto de vista práctico (vista la menuda agenda de los políticos “conocidos”). Finalmente, sería interesante entrevistarlos para contrastar sus discursos con los de los políticos “oficiales” y ver si hay discrepancias o no en las respectivas representaciones. El tema del acceso al campo es fundamental: ¿cómo entrar en relación con el personal político y hacer que se preste a ser entrevistado? De momento, el único recurso que tengo es el de ser un investigador. Sin embargo, estas credenciales valen muy poco en el contexto de estudio: así pues, deberé razonar sobre una o más estrategias eficaces de acercamiento. Debido a mi militancia social y política “alternativa”, no tengo contactos previos con los grupos políticos que he planificado estudiar. De hecho estoy solicitando una Beca de Estancia Breve en un Centro de Investigación Extranjero (en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas), aprovechando además de mi futura implicación en el proyecto EUROSPHERE -un valorado proyecto de investigación sobre Migrantes, Minorías, Pertenencia y Ciudadanía, en el que participan numerosos investigadores de diferentes países europeos- , para realizar una primera toma de contactos y “legitimarme”. El objetivo de esta estrategia es el de realizar un primer acercamiento a la realidad de las instituciones comunitarias, a través del cual establecer contactos mínimamente confiados, para emprender las sucesivas etapas de investigación y ganar un primer acceso al campo. En los años siguientes podría solicitar otras estancias en Bruselas o en otros Centros o Institutos relevantes con respecto de su ubicación y de mis finalidades (Luxemburgo, Florencia, etc.). En cuanto a los aspectos éticos, debería tener en cuenta la posibilidad de ocultar parcialmente mis convicciones. En el sentido de que las ideas que tengo alrededor de la Europa Fortaleza podrían representar un elemento de cierre, desde el punto de vista del personal entrevistado, de cara a la producción de discursos fluidos. Lejos de aparecer como una investigación en algún sentido “comprometida”, mi óptica debería parecer “técnica”, acorde con el enfoque cientificista prevaleciente. De esta manera debería predisponer de una manera más positiva a los entrevistados y garantizar un acceso más fácil, conforme con lo que aconseja Bertaux: “Si se pueden presentar los trabajos de investigación de tal forma que parezcan útiles a ciertas categorías de personas, no habrá dificultad para que se os abran las puertas” (Bertaux, 2005: 60). O sea, debería aparecer como un investigador muy preocupado por el proceso de construcción de la Unión Europea, que con su proyecto quiere ayudar a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales, de cara a encontrar una forma eficaz de integrar a los inmigrantes57 . En cuanto a la representatividad, ya he dicho con respecto a otras técnicas que lo que aquí busco es la representatividad cualitativa de los sentidos atribuidos a la temática migratoria: se trata de llegar a una saturación que sea representativa de las variantes discursivas (Bertaux, 2005). Por lo tanto, dentro de los 57

Hay que saber jugar con las concepciones y los supuestos “teóricos” de los policy makers europeos. Por ejemplo, Bellier subraya su escaso conocimiento de la antropología, y su concepción de los científicos sociales como “expertos”, cuyo objetivo sería simplemente el de encontrar soluciones: “Además del hecho de que conocen mal la evolución de las ciencias humanas, estos últimos están, más bien, en relación con expertos (auditores, consultores, politólogos y técnicos) que contratan para definir programas de acción y políticas públicas, más que para conocerse mejor” (Bellier, 2002: 60). Bellier pudo aprovechar el hecho de ser considerada una “experta” para establecer relaciones provechosas con los informantes.

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partidos “dominantes” en la arena política estatal -en el sentido de partidos que se proponen gestionar el sistema, y no revolucionarlo58- , intentaré aplicar un criterio de variedad, partiendo de los conocimientos previos adquiridos a través de la lectura de textos, sobre las distintas posturas acerca de la inmigración. Una selección de los informantes, dentro del mismo partido, podría determinarse a través de la técnica bola de nieve, según sugier Márquez Lepe (2006), pero también deberé tener en cuenta otros aspectos, como mi carácter generizado a la hora de seleccionar los primeros “porteros”: si ya he reflexionado desde el punto de vista epistemológico sobre los supuestos subconscientes que me pueden haber llevado a elegir como campo de estudio un contexto social tradicionalmente considerado “de varones”, esta observación ha de traducirse en una mirada diferente que informe cada etapa de mi investigación. Como plantea Gregorio: “La elección de informantes clave -casi siempre varones- como representantes significativos de la cultura [invisibiliza] otras muchas voces dentro de sociedades jerarquizadas” (Gregorio, 2006: 24). Quiero ahora introducir unas reflexiones sobre los aspectos dinámicos de la entrevista, partiendo del supuesto que esta práctica, lejos de ser algo estatico, por el contrario es un proceso donde se pueden observar “las diferentes posiciones en las que el investigador y el entrevistado se sitúan al principio de la entrevista y cómo, durante la interacción de la entrevista, van redefiniendo sus propias posiciones” (Bravo Moreno, 2003: 624). Las entrevistas no se desarrollan según un patrón pre-establecido, sino que dependen de la interacción de sus protagonistas; sin embargo, no cabe duda de que los primeros minutos son fundamentales para establecer su naturaleza y tono (Hammersley y Atkinson, 1994). En particular, es al principio cuando se establecen relaciones de poder que inevitablemente afectan al desarrollo sucesivo de la entrevista. Bravo Moreno, en un artículo que resume las entrevistas que hizo en su trabajo de campo a las mujeres españolas emigradas a Inglaterra y casadas con hombres ingleses, analiza bien el abanico de representaciones que pueden darse desde las entrevistadas hacia la entrevistadora -en ese caso mujer, al igual que ellas- 59. Algunas, por ejemplo, consideraban a la investigadora poco profesional por su jóven edad; otras, viendo en ella la realización de lo que ellas habrían querido ser (una mujer “independiente” y trabajadora) y no consiguieron, reflejaban en ella sus ansias psicológicas; otra entrevistada, caracterizada por un capital cultural muy alto -era profesora de universidad- , antes de confiar en ella y producir discursos la puso a prueba, a ver si la suya era una investigación seria o se trataba de la típica “novata” e inexperta (Bravo Moreno, 2003). En particular, en el texto de Bravo Moreno se hace hincapié en la importancia del capital económico y cultural tenido por los entrevistados. Estas reflexiones se pueden trasladar directamente a mi diseño de investigación: no cabe duda de que, desde este punto de vista, los políticos a los que entreviste tienen un poder simbólico de lejos mayor que yo 60. No sólo desde el punto de 58

Concretamente, por ejemplo, en el contexto español se trataría de PSOE y PP. Gregorio (2002) también, desde una perspectiva de género, nos muestra cómo las representaciones que los sujetos investigados tienen acerca de la investigadora afectan en general a todo el desarrollo del trabajo de campo, y a la mismas posibilidades de acceso y de consecución de informadores. 60 También deberé adquirir mayor y mejor formación sobre el tema espinoso de las entrevistas a élites (“elite interviewing”), que debido a sus particularides ha generado una literatura específica relevente. De momento, remito simplemente a Moyser (2006) para dar cuenta de la complejidad del tema. 59

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vista del capital económico (seguramente) y cultural (posiblemente), sino también desde el del contexto de la entrevista -dificilmente podré elegir un lugar “neutral”, probablemente tenga que ir a los despachos particulares de los políticos- . El tema es: ¿cómo establecer una relación que sea lo más posible de igualdad? (Bravo Moreno, 2003: 635) Es que igualar la relación entre entrevistado y entrevistador posiblemente sea, en la mayoría de los casos, la mejor manera de obtener discursos fluidos: un exceso de poder de parte del entrevistado

-el caso más probable en mi situación- podría conllevar la mera

reproducción de clichés, y al revés, un exceso de poder de parte del entrevistador podría bloquear del todo la producción discursiva. Un elemento interesante, a utilizar estratégicamente, podría ser el uso del idioma materno del entrevistado, en el caso de políticos o tecnócratas españoles -y, evidentemente, italianos, pero esto no valdría siendo mi idioma materno- . Por un lado, el uso de parte del político de su idioma materno, favorecería su producción discursiva y lo haría sentir cómodo; por el otro, hablando yo en su mismo idioma, en alguna medida afianzaría mi idea de investigador “experto”, “que se sabe orientar”, a pesar de su jóven edad. También podría valerme del idioma inglés, al entrevistar a políticos angloparlantes. Para afrontar la estancia en Bruselas tomaré clases de francés: si llego a manejar pronto ese idioma, asimismo podré tener en cuenta su uso en las entrevistas. Otro “truco” que finalmente podría utilizar, es el recurso a las conversaciones informales (Bertaux, 2005: 22): se trata de esos momentos, fuera de la entrevista oficial, donde a veces se producen los discursos más interesantes, porque están fuera de los constreñimientos de lo formal. Aun cuidando el anonimato de esas declaraciones, no cabe duda de que entrarían dentro del análisis; como ha mostrado Gilardoni (2005) en un estudio sobre las actitudes de los profesores italianos ante la diversidad cultural, las respuestas varían al cambiar la metodología de acercamiento: cuanto más se recurre a conversaciones informales, fuera del papel “deontológico” de la profesión, más riqueza de discursos se obtiene. Es que todo el proceso de entrevista, en sus aspectos verbales y visuales, desde el saludo inicial hasta la despedida, constituye una unidad de observación: como sostiene Alonso (1998), la entrevista es una tentativa de entrar estratégicamente en la vida de los otros, un trabajo de cara y también de apariencia61, un ejercicio de empatía controlada. En última instancia, pues, podemos considerar la entrevista como otra forma de observación participante. Lejos de ser un límite, la artificialidad de esta práctica -el extraer a una persona de su contexto social para hacerle preguntas- representa un recurso, con el que debemos saber jugar: “Existen ventajas positivas en someter a la gente a estímulos verbales diferentes de los que prevalecen en los ambientes a los que están acostumbrados [...]. Puede ser que mediante la modificación de las características situacionales de la entrevista podamos identificar los aspectos de la situación que estimulan determinadas respuestas” (Hammersley y Atkinson, 1994: 157)62. 61

Desde este punto de vista, por ejemplo, tendré que cuidar minuciosamente incluso aspectos como la ropa, el peinado, etc.. Obviamente, no se trata de “vestirse bien” en general, sino de la importancia que esta actitud asume en el contexto particular de observación de mi estudio. Más que de “vestirse bien”, entonces, se trata de “vestirse como ellos”, para ser “aceptado” por ellos. 62 Por otro lado, hay que tener en cuenta que para un político la entrevista no representa un contexto artificial, sino muy natural. En este caso específico, entonces, lo difícil sería exactamente hacer una lectura “entrelíneas” de sus declaraciones.

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Finalmente, voy a enunciar los bloques temáticos por los cuales preguntaré a los entrevistados. Se trata sólo de un guión, que se verá enriquecido a medida que siga leyendo e informándome, además genérico por la elección de no introducir de antemano sesgos del investigador con respecto de los tópicos considerados más relevantes. El orden de los bloques, evidentemente, será determinado por la dinámica de cada entrevista, siendo el objetivo no que el entrevistado responda a mis preguntas puntuales, sino que, a partir de unos ejes temáticos y unas ideas sugerentes, desarrolle discursos amplios y fluidos con respecto de las siguientes cuestiones63: - Identidad europea versus identidad del inmigrante: ¿cómo es percibido? ¿Como portador de diferencia cultural? ¿Cómo se define el policy maker con respecto del inmigrante y de su cultura? - ¿Cuáles son los códigos simbólicos a los que los políticos hacen referencia a la hora de legitimar el control de la inmigración? ¿Cómo se entrelazan, si es que lo hacen, las diferentes narraciones nacionales con la visión que los políticos tienen de la UE? - ¿Qué discurso se produce acerca del nexo entre inmigración y crecimiento económico? ¿Cómo se articula la reflexión sobre el derecho a la libre circulación? - ¿Cómo construye (o reproduce) el político representaciones y oposiciones estereotipadas, por ejemplo las entre “legales” e “ilegales”, “comunitarios” y “extracomunitarios”, “primeras” y “segundas” generaciones? - ¿Cuál es la relación entre derechos y deberes de los inmigrantes? ¿Qué es la integración y en qué tipo de integración se piensa? ¿Qué conexión tiene la integración con la ciudadanía y con la nacionalidad? ¿Piensa el político en un concepto de integración que tenga calado europeo? 6. Las políticas migratorias de la UE entre control fronterizo e integración En este apartado se presenta el trabajo realizado hasta ahora, consistiendo básicamente en una reseña de las políticas públicas de la UE relativas a la inmigración y la integración de inmigrantes. Por razones de comodidad voy a presentar las diferentes etapas del despliegue de una política comunitaria por orden cronológico. A la vez que esto me permitirá contextualizar el futuro desarrollo de la Tesis de Doctorado, ya en este escrito intentaré utilizar el marco teórico construido para enmarcar determinadas cuestiones; también, con respecto de algunas leyes/documentos considerados relevantes (y posible material acerca del que realizar entrevistas) se esboza un primer, general análisis del discurso y de los tópicos.

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Los interrogantes propuestos no constituyen las preguntas concretas a realizar, sino las temáticas a investigar, el objetivo a alcanzar a través de la entrevista. Evidentemente, en la formulación de las preguntas no utilizaría términos complejos y lejanos a la terminología política como, por ejemplo, “códigos simbólicos”.

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6.1 Aparece la cuestión migratoria No se puede decir que las cuestiones migratorias fueran una temática relevante al iniciar el proceso de integración europea: en efecto, tanto la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, establecida en 1951), como la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea (EURATOM y CEE, instituidas por los Tratados de Roma en 1957)64, impulsaban básicamente el intercambio de bienes, estando considerada la libre circulación de personas algo secundario. Aunque ya en la decada de los años '50, ante una fuerte carencia de mano de obra poco cualificada, algunos países (Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Países Bajos) habían empezado a contratar a trabajadores extranjeros, y en muchos casos a reclutarlos en sus países de origen (prevalecientemente Europa meridional, África septentrional, Turquía y el subcontinente indio), éstos habían sido considerados, según la expresión alemana, Gastarbeiter: “trabajadores huéspedes” o “invitados”. Sólo a principios de los años '70 la cuestión empezó a ser vista de otra manera: ante las consecuencias de una fuerte recesión económica, esos mismos países ahora cerraban sus fronteras, creyendo que los trabajadores extranjeros volverían a sus parajes. Se suponía que su estancia estaba directa y causalistamente ligada a la dinámica del ciclo económico: a mayor crecimiento, mayor inmigración y viceversa. Esto no pasó, pues no sólo no se produjo el retorno de los inmigrantes, sino que incluso aumentó su presencia, a través del único mecanismo legal que aún permanecía viable: la reagrupación familiar. Así pues, la necesaria aceptación de que esa presencia no era algo transitorio, hizo que la cuestión migratoria se tornara un tema relevante en el debate político, al menos, en un primer momento, en aquellos países que habían sido hasta entonces receptores. Al mismo tiempo, aprovechando de la mala coyuntura, en las economías de capitalismo “avanzado” las clases dominantes impulsaban una re-estructuración del modo de producción fordista, sentando las bases para un nuevo tipo de relaciones socio-laborales, que algunos observadores llamarían posfordismo: a causa de una serie de transformaciones, como el comienzo de la deslocalización industrial hacia terceros países (en busca de mano de obra más barata) y el desarrollo de nuevas tecnologías productivas (como la automación), estaba siendo expulsada de la fábrica una cantidad ingente de trabajadores, y el desempleo de larga duración se tornaba no ya una excepción, sino algo normal (Gil y Agrela, 2008). Esta mutación económico-social, interpretada por la economía política en términos de “crisis del Estado del Bienestar” y supuestamente imputable al excesivo gasto público (que habría causado un deficit fiscal exagerado), también puede ser analizada, desde una perspectiva alternativa, como una contraofensiva capitalista ante el reparto de la renta nacional excesivamente favorable a los trabajadores, y en aras de mermar los numerosos derechos obtenidos por ellos al cabo del largo ciclo de luchas sociales de la segunda posguerra.

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Los países que promueven tanto la CECA como los Tratados de Roma desde el comienzo son Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En 1967 entra en vigor el Tratado de Fusión (o Tratado de Bruselas), que unifica las estructuras organizativas de las tres Comunidades Europeas, dotándolas de una única Comisión y un único Consejo.

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Tomando como punto de partida este momento histórico que acabo de bosquejar, a continuación voy a mostrar la trayectoria de las políticas migratorias de la Unión Europea. Cabe puntualizar de antemano una cosa: este apartado, a partir ya del título, reparte las políticas migratorias en “control fronterizo” e “integración de inmigrantes”. En un primer momento, por razones de comididad expositiva, he asumido la relación entre estos dos ámbitos de manera aproblemática, acogiéndome a la definición mayoritaria, que separa las políticas aplicadas a los que se encuentran “más allá” de los confines europeos (control fronterizo) de las que se dirigen a quién ya se ha establecido “más acá” (integración). No obstante, en la medida en que, a lo largo del texto, surjan ejemplos concretos que cuestionen esta división, iré profundizando en la relación entre dos planos sólo aparentemente desconectados. 6.2 Empieza la cooperación Hasta mediados de los años '80 las políticas de los países europeos se caracterizan por su restrictividad, siendo su objetivo declarado, ante la situación de estancamiento económico, la detención de los procesos migratorios hacia el continente: es lo que muchos observadores han llamado “políticas de las puertas cerradas” (Agrela, 2005), de “inmigración cero” o, quizá de manera más acertada, de “acceso condicionado y selectivo” (López Sala, 2006). Dentro de este marco conceptual, y no por último, ante el paulatino desmoronamiento de la Unión Soviética, se produce un nuevo patrón de “fantasmas” recorriendo Europa: entre ellos está la inmigración, que ya no es pensada simplemente bajo el prisma económico, sino que se convierte en una amenaza y un peligro para la sociedad, acechando desde el exterior (Gil, 2005b). Al respecto, es llamativo que el Grupo de TREVI, creado en 1975 por los ministros de Interior y los jefes de las policías europeas con el objetivo de combatir contra el Terrorismo, el Radicalismo, el Extremismo y la Violencia Internacional, en 1985 amplíe sus competencias a la inmigración “ilegal” y la criminalidad organizada, estrechando una vinculación entre dos realidades muy diferentes. Al mismo tiempo que se teoriza la amenaza “desde fuera”, en el interior empiezan a tomar relevancia las políticas estatales de integración para los inmigrantes residentes, aunque en esta fase inicial dichas medidas sólo afecten a los países antiguos receptores de mano de obra extranjera. Ante el declive del paradigma laboral, por el cual se concebía al inmigrante como a un trabajador extranjero, el elemento cultural se hace cada vez más relevante en las políticas públicas65. Así pues, no ya la pertenencia a una clase social, sino la tenencia de determinados rasgos culturales, como el idioma 66, la “etnia” o la religión, se tornan el principal factor de inclusión/exclusión de la comunidad: nos encontramos ante ese proceso que 65

En otras palabras: si antes la integración del inmigrante se daba en la clase obrera industrial, porque era la sociedad que integraba a través del trabajo, ahora ya con el auge del tema cultural se creaba otra diferenciación, que se solapaba (sin sustituirse del todo, a mi modo de ver, sino “interseccionándose”) al viejo patrón. Como acertadamente comenta Gil: “La fractura social ya no divide a una mayoría de integrados y a los habitantes de las periferias del sistema, sino que quiebra el corazón del mercado de trabajo” (Gil, 2005b: 3). 66 Observa Hobsbawm: “Cuando se quiebra el sistema de seguridad colectiva el idioma opera como sustituto de los factores de integración” (2000, en Gil, 2009b: 11).

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Castel (2002) ha definido “metamorfosis de la cuestión social”. En este contexto, se generalizan unos tópicos, como el supuesto riesgo generado por una presencia “excesiva” de inmigrantes, ya sea para la convivencia ciudadana, ya sea para el acceso a la seguridad social, en un contexto de recursos cada vez más escasos. Es el famoso tema de los “umbrales de tolerancia”67. Volvamos a nuestro recorrido histórico: a través del grupo de TREVI los estados miembros inician el camino de la cooperación intergubernamental en temas migratorios, dando así un nuevo impulso al proceso de integración europea. En el mismo año 1985 se firma el Acuerdo de Schengen 68, que unifica las políticas de visados y conecta la eliminación de los controles fronterizos entre los países promotores a su endurecimiento hacia fuera e impulsa, entre otras cosas, el acercamiento de los sistemas legislativos y penales sobre el tráfico ilegal de mercancías, drogas y armas. En 1986, se firma el Acta Única sobre la Libre Circulación de Mercancías, Capitales, Servicios y Personas, uno de los textos constitutivos de la futura Unión Europea que intenta abarcar, aparte de los aspectos meramente económicos, todas las directrices mencionadas en su título: aun así, es llamativo el orden por el cual se enuncian las diferentes libertades, poniendo en el primer lugar las Mercancías y en el último las Personas. En 1988, dentro del grupo de TREVI, se forma una comisión ad hoc sobre la inmigración, el Grupo de Rodas. Mientras tanto, el proceso de Schengen sigue y abarca cada vez a más países: así pues, hemos de resaltar que el inicial Acuerdo es sustituido en 1990 por el Convenio de Aplicación de Schengen, que entrará en vigor en 1995. Dentro de este marco legal, en los siguientes años se reforzará la cooperación en temas de seguridad internacional, fortaleciendo la colaboración entre las policías de los estados miembros. En particular, en 1992 se creará la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), para coordinar la lucha contra la delincuencia internacional. Este organismo se ocupará, entre otras cosas, de tráfico de drogas, redes de inmigración, trata de seres humanos y terrorismo, reproduciendo esa fuerte vinculación, entre delincuencia y migraciones, que de hecho criminaliza a estas últimas. Siempre a través de Schengen se creará, en 1995, el Sistema Informativo Schengen (SIS), un instrumento intergubernamental, bajo la responsabilidad del Consejo Europeo, con la finalidad de almacenar informaciones sobre los extranjeros no admisibles o rechazados en la frontera, pero también sobre los manifestantes considerados “peligrosos” (Gil, 2005b) 67

Como bien explica Stolcke: “Los que abogan por detener la inmigración hablan de un ‘umbral de tolerancia’, aludiendo a lo que los etólogos denominan el imperativo territorial (la suposición de que en el reino animal ciertas especies tienden a defender su territorio contra los ‘intrusos’, cuando éstos superan una cierta proporción que varía entre un 12 y un 15 por ciento). Porque de lo contrario se producirían graves tensiones sociales. […] Grandes cantidades de inmigrantes destruirían la ‘homogeneidad de la nación’, pondrían en peligro los valores y la cultura de la mayoría, y desatarían un conflicto social” (Stolcke, 1995). 68 Los países firmatarios del acuerdo son Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos; sucesivamente se adherirán Italia (1990), España y Portugal (1993), Grecia (1992), Austria (1995), Dinamarca, Finlandia y Suecia (1996), Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa (2004), Rumanía y Bulgaria (2007). Reino Unido e Irlanda, aun formando parte de la UE, no son firmatarios del Acuerdo; en cambio Noruega e Islandia (1996), Suiza (2004) y Liechtenstein (2008) firmaron acuerdos de adhesión al espacio Schegen aun no formando parte de la UE.

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que, cada vez más, están empezando a movilizarse contra una “Europa” que consideran distanciarse mucho del modelo universalista de derechos humanos que ésta pretende representar. Así pues, entre finales de los años '80 y comienzos de los '90 vemos no sólo que el proceso de integración política da pasos adelante y las temáticas migratorias, que por un largo período habían sido patrimonio exclusivo de cada estado, también se van “comunitarizando”69, sino que también las medidas concretas van en dirección a la construcción de una “Fortaleza Europa”, fuertemente centrada en la dimensión seguritaria del fenómeno. En efecto, en este período asistimos al desarrollo de una batería de conceptos reguladores de las políticas de control fronterizo, de asilo70 y de expulsión, que detrás de una aparente neutralidad “técnica” ocultan un proceso político restrictivo, como es el caso de las expresiones “Terceros Países Seguros” y “Países de Origen Seguro” (1992). A través del primer término, se definen aquellos países fronterizos, supuestamente respetuosos de los derechos humanos, por los que un inmigrante haya pasado en su camino hacia Europa, previendo la posibilidad de devolverlo allá tras el eventual rechazo de su solicitud de asilo. Con la segunda expresión, en cambio, se indica que las solicitudes de asilo procedentes de Países de Origen Seguro serán denegadas automáticamente, por infundadas. Si tenemos en cuenta que la demanda de asilo siempre ha sido considerada por el derecho un procedimiento individual, y que además los criterios de definición de la seguridad de un país se fundan de hecho en valoraciones de realpolitik y conveniencia diplomática o económica, resulta evidente el riesgo de violación de los derechos humanos fundamentales. En 1992, con la firma del Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea (TUE, en vigor desde 1993), se constituye finalmente la UE. En aras de fortalecer los poderes comunitarios en las áreas de política exterior, seguridad así como de defensa, asilo, inmigración y cooperación judicial, el TUE formaliza una estructura institucional de tres “pilares”: las Comunidades Europeas “históricas” (constituidas por la Comunidad Europea, las Comunidades europeas del carbón y del acero y el EURATOM), que abarcan prevalecientemente asuntos económicos y financieros; la PESC, política exterior y de seguridad común; la CJAI, Cooperación en Justicia y Asuntos del Interior, donde se institucionaliza el Grupo de TREVI, tratando las políticas de inmigración, asilo y control fronterizo. Si en el primer pilar el

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Esto no quiere decir que se tomen decisiones a través de procedimientos “supranacionales”, pues aún por varios años primará un enfoque intergubernamental, de decisión por consenso entre los diferentes gobiernos. 70 En junio de 1990 se firma la Convención de Dublín, el primer paso para coordinar los programas estatales de asilo, modificada en 2003 por “Dublín II”. Como nos recuerda SOS Racismo: “Durante la guerra fría, los refugiados pasaron a ser peones y capital de utilidad política”, así que “Europa Occidental y países tan lejanos como Estados Unidos y Australia recibían calurosamente a los evadidos del comunismo soviético, a quienes se concedía asilo e integraba rápida y fácilmente” (Mugak). Sin embargo, a principios de los '90, derrumbado el “telón de acero” y ante un aumento relevante de los refugiados de África, Asia, Oriente Medio y Europa Oriental, las cosas cambiaron: el proceso de construcción de la “Fortaleza Europa”, a la vez que reduce los canales migratorios tradicionales, también aplica criterios más restrictivos en materia de asilo.

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método decisional tiene una fuerte connotación supranacional, en el segundo y el tercero aún prima un mecanismo de cooperación inter-estatal. Es interesante resaltar que, en el intento de sentar las bases para una unidad política más fuerte, se remueva la palabra “económica” de la sigla CEE, que se convierte simplemente en CE: Comunidad Europea. A pesar de ello, el Tratado de Maastricht para la gran mayoría de los ciudadanos sólo recuerda el planteamiento de la unión económica y monetaria, y específicamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, fundamentado en los artículos 99 y 104 del TUE, con sus objetivos de mantener el déficit público de los estados por debajo del 3 por ciento del PIB y la deuda por debajo del 60 por ciento. Estos criterios han conllevado, en todos los estados que aspiraban a entrar en la “Eurozona”, políticas restrictivas y de recorte de los gastos sociales, de clara orientación neoliberal. Por lo que respecta más de cerca a la inmigración, es de resaltar el establecimiento de la ciudadanía europea en tanto en cuanto ciudadanía de uno de los países miembros: esto, por un lado, aleja cualquier hipótesis de creación de una ciudadanía europea supranacional, desvinculada de la lógica estado-céntrica, y por el otro, contribuye a reforzar el concepto opuesto de “ciudadano no comunitario”. Añadiéndole el hecho de que no se hace ninguna mención a la integración de la población inmigrante residente en la UE (Agrela, 2005), resulta evidente la lógica exclusiva de control fronterizo, basada en el establecimiento de una barrera, un cierre hacia los llamados “inmigrantes extracomunitarios”. Además, en el mismo año 1992, el Consejo Europeo aprueba las “Directrices para los Aspectos Externos de la Política Migratoria de la UE”, que determinan como prioridades la reducción de las “presiones migratorias”, la cooperación económica y el desarrollo de acuerdos de readmisión con los terceros países de origen, así como la lucha contra la “inmigración ilegal”. 6.3 Entre Amsterdam y Tampere: el proceso de comunitarización dentro de un marco restrictivo En 1997, con la aprobación del Tratado de Amsterdam (vigente a partir de 1999), la inmigración y el asilo se integran en la política común de la UE, pues se establece que al cabo de 5 años (para el 1 de mayo de 2004) sean trasladados del tercero al primer pilar: vemos así un fuerte impulso al proceso de comunitarización de la cuestión migratoria, que pasa a ser competencia, también, de la Comisión Europea y dará lugar a una relevante homogeneización legislativa en los diferentes estados. Con Amsterdam, el Acuerdo de Schengen pasa a formar parte del TUE y deberá ser adoptado por todos los futuros estados miembros71. Aunque este tratado sancione la creación de un “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, hacia la población inmigrante sigue planteando principalmente medidas restrictivas, relativas al respecto

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El Tratado de Amsterdam será parcialmente reformado por el Tratado de Niza de 2001, que sin embargo mantendrá intacta la estructura de los Tres Pilares.

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del control del cruce de fronteras72 (Agrela, 2005: 24). Podemos decir que a finales de los años '90, definitivamente, están definidos los rasgos de una Unión excluyente, fundada en la libre circulación para sus ciudadanos, a la vez que comprometida en levantar fronteras, cada vez más rígidas, hacia los inmigrantes “extracomunitarios”73: no sólo en el exterior, al cruzar el límite geográfico, sino también en el interior, a través de la creación de barreras internas. Es que la institución nacional, tal y como observa Balibar (2003), se funda en una regla de exclusión, en unas fronteras, visibles o invisibles, que se materializan en leyes y prácticas, diferenciando a la comunidad nacional de los grupos “ajenos”. Las políticas migratorias de la UE conllevan la creación de un sujeto interior, poseedor de ciertos derechos y facultades, y de un sujeto exterior otro, diverso y separado del ciudadano “auténtico”. Dentro de este verdadero “régimen fronterizo” que se viene creando, y coherentemente con la lógica de Schengen (cuyo Convenio de Aplicación ha entrado en vigor en 1995), en este período empiezan a difundirse por toda la UE (y también fuera, en países colindantes) campos de detención para inmigrantes “ilegales”, con diferentes nombres74 y de vario tipo. Como describe un informe del Parlamento Europeo realizado en 2007: “Según su función, pueden distinguirse centros para la identificación, la tramitación de solicitudes de asilo, la recepción y alojamiento, la organización de retornos o expulsiones. Dada la variedad de condiciones administrativas de las personas detenidas o alojadas, los autores del informe establecen dos tipologías de centros: abiertos o cerrados” (STEPS Consulting, 2007 en Espai per a la Desobediència a les Fronteres, 2008: 211). Según datos de Migreurop, alrededor de diez años después de su implantación, dentro de los confines de la Unión Europea existen más de 200 campos “cerrados”, donde los internados están privados de su libertad, como si estuviesen en una cárcel, por la simple razón de no tener papeles, lo que es una infracción administrativa (Migreurop, 2009)75. Es interesante observar que, aunque el establecimiento de estos centros sea una directa consecuencia del marco represivo de las políticas comunitarias, hasta 2008 (con la aprobación de la Directiva de Retorno) no habrá ningún tipo de formalización de su existencia de parte de las instituciones comunitarias: esa regla de exclusión descrita por Balibar se rige por una lógica nación-céntrica, lo que Sayad ha llamado “pensamiento de Estado” (Sayad, 2002). Conforme con el proceso de creciente comunitarización, se va desarrollando de parte de las instituciones de la UE un enfoque cada vez más global a las políticas migratorias: en particular, se puede 72

La única mención que se hace respecto de la integración es en negativo, al hablar de lucha contra el racismo y la xenofobia (Agrela, 2005: 25). 73 No se trata simplemente de los inmigrantes “ilegales”, ya que, como desarrollaré más adelante, la posibilidad de “perder los papeles” y así “clandestinizarse” está siempre pendiente. 74 Por ejemplo, los campos de detención para inmigrantes sin papeles, en espera de expulsión, son llamados CPT en Italia (“Centros de permanencia temporal”, establecidos en 1998) y CIE en el Estado Español (“Centros de Internamiento para Extranjeros”, implantados en 1999). 75 Sobre las dramáticas condiciones de vida en los campos de detención y la constante violación de derechos, véase: Parlamento Europeo (2007); Ferrocarril Clandestino, Médicus Mundo Madrid y SOS Racismo Madrid (2009); Medici Senza Frontiere (2010).

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observar esta orientación en un documento de 1998 de la Presidencia austriaca de la UE (“Documento de estrategia sobre la Política de Migración y Asilo”), cuyas recomendaciones, resultan interesantes exactamente por los fundamentos “filosóficos” y la “visión del mundo” que expresan. El primer planteamiento, que de aquí en adelante se tornará un elemento constante y repetido de las políticas venideras, consiste en vincular directamente las políticas migratorias a las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo: en otras palabras, se recomienda que las ayudas oficiales al desarrollo se practiquen preferentemente hacia aquellos países que colaboren en reducir los “flujos” migratorios hacia la UE. Además, se apuesta por un concepto de control que extiende y externaliza las fronteras: la idea es que las inspecciones se realicen “en cadena”, primero en el país de salida, a través de los visados, luego en el viaje, con los controles a las compañías de transporte, a continuación a la llegada, en las fronteras geográficas y en los aeropuertos; finalmente, en el país de destino, a través de las regulaciones de asilo e inmigración, así como con los controles policiales. La filosofía del documento radica en una suerte de “cosmovisión” que considera a la Unión Europea (término intercambiable por “Europa”, según las élites comunitarias) como un “centro” rodeado de muchas “periferias”, en un dispositivo de círculos concéntricos donde quien ocupa el “núcleo” tiene que ejercitar presiones hacia afuera, para controlar y “gestionar” los desplazamientos migratorios. Así pues, los estados no comunitarios que tienen perspectivas de una futura entrada en el área Schengen, definidos del “segundo círculo”, deberán aproximarse a sus normas sobre control fronterizo, readmisión, visados, etc.; los del “tercer círculo” (África del Norte, algunos estados bálticos y de la ex URSS) deberán concentrarse en la lucha contra las redes de inmigración “ilegal” y los del “cuarto círculo” (Oriente Medio, China, África subsahariana) deberán eliminar los supuestos factores de emisión de emigrantes (Agrela, 2005: 26). Vemos así que los terceros países no comunitarios, tal y como observa López Sala (2006), son convertidos en “guardianes de la frontera”, que a su vez se desplaza mucho más allá de los confines oficiales de la UE76. El rapido crecimiento de centros de detención fuera de la UE, la colaboración de terceros países en inspecciones y operaciones de vario tipo, la siempre más numerosa cantidad de actores, públicos y privados, que a todos los niveles se ocupan de los controles -administraciones y servicios sociales locales, agencias de seguridad, alcaldes, empresas de transporte- , que van adhiriéndose, “como una especie de tentáculos artificiales, al cuerpo central del Estado” (Gil, 2003: 13); todos estos “desplazamientos” atestiguan un proceso de transferencia de las competencias estatales tanto al nivel horizontal (terceros países), como vertical (por debajo y por encima del nivel estatal), caracterizado por una forma de control desterritorializado y transnacional, en aras no sólo de abaratar los costes del control migratorio, sino 76

Dentro de esta lógica, en marzo de 2001, se aprobará el reglamento 539/2001, incluyendo una lista de 134 países no comunitarios para cuyos inmigrantes será obligatorio el visado. No por casualidad, la lista contiene prevalecientemente los países de origen de los inmigrantes económicos de la UE, mientras que exenta del visado a otros 45, que son o países candidatos a formar parte de la UE o países “desarrollados”, cuyos ciudadanos suelen llegar a la Unión por razones de turismo (Agrela, 2005: 42). Posteriormente al 11 de septiembre de 2001, en el Consejo de Santiago de Compostela, el Plan Global de Lucha contra la Inmigración Ilegal presentado por la presidencia española establecerá que la denegación del visado en uno de los países comunitarios equivale a la denegación en todos (Gil, 2005a).

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también de evadir responsabilidades en términos de derechos humanos77. Se trata de un proceso en el que bien se manifiestan las lógicas de gobierno del capitalismo en su fase neoliberal, tras el Estado del Bienestar: lógicas constitutivas de lo que algunos estudiosos neofoucaultianos han dado en llamar “racionalidad política neoliberal” (Gil, 2006; 2009a). En el marco de esta cosmovisión, en octubre de 1999 tiene lugar en Tampere (Finlandia) un importante Consejo Europeo, donde por primera vez, se esbozan las prioridades en las políticas migratorias de una manera “planificada”, de cara a los siguientes cinco años (2000-2004), con la finalidad de concretar el planteamiento del Tratado de Amsterdam (que entra en vigor justo en este año) de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Así pues, se aboga por el desarrollo de una Política de Asilo e Inmigración Común de la UE, asumiendo las prioridades de la colaboración con los terceros países de origen, en el marco de la ecuación “ayuda al desarrollo a cambio de controles fronterizos” y planteando la armonización de las políticas estatales para llegar a crear un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). También, se hace un llamamiento al “trato justo” a los inmigrantes de terceros países, que deberían obtener derechos y deberes cada vez más cercanos a los de los ciudadanos de la UE: por primera vez en un documento europeo, y repetidas veces, se pone en la mesa el tema de la integración de ciudadanos no comunitarios; además, subrayando la necesidad de que los estados emprendan unas políticas de integración “más decidida” y pidiendo el desarrollo de programas nacionales de lucha contra la discriminación. En resumidas cuentas, Tampere plantea una serie de cuestiones contradictorias: al igual que en muchos otros textos de instituciones comunitarias, es menester resaltar la polisemia, por no decir ambigüedad, de los planteamientos generales, y bastante abstractos, relativos a la tutela de derechos universales. Por ejemplo, si por un lado se plantea la idea de una UE “abierta y segura […], capaz de responder de forma solidaria a las necesidades de tipo humanitario” (Consejo Europeo, 1999:2), por el otro estas declaraciones parecen evanescerse ante las superiores exigencias de control fronterizo. Así pues, también se hacen planteamientos como los siguientes: “El Consejo Europeo pide que se refuercen la cooperación y la asistencia técnica mutua entre los servicios de control fronterizo de los Estados miembros, por ejemplo mediante programas de intercambio y la transferencia de tecnología, especialmente en las fronteras marítimas, y pide asimismo que los Estados candidatos se sumen con prontitud a esta cooperación [...]. El Consejo Europeo hace un llamamiento para que se desarrolle la asistencia a los países de origen y tránsito con objeto de promover el retorno voluntario y ayudar a las autoridades de esos países a mejorar su capacidad para combatir eficazmente la trata de seres humanos y para 77

“Si los derechos de los extranjeros pueden ser defendidos mejor en el marco nacional, la proliferación de medidas de no llegada, desviación y disuasión apuntarían a evitar la instalación de esas personas en el territorio, ya que una vez asentados es mucho más difícil desandar el camino. En este marco, cobran sentido los arbitrarios rechazos en frontera y esas tierras de nadie. De esta manera parece resolverse uno de los mayores dilemas de los Gobiernos europeos: la tensión entre las obligaciones humanitarias y el imperio de la realpolitik” (Gil, 2003: 14).

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cumplir las obligaciones de readmisión que les incumben respecto de la Unión y los Estados miembros [...]. El Consejo Europeo invita al Consejo a que celebre acuerdos de readmisión o inserte cláusulas modelo en otros acuerdos entre la Comunidad Europea y los terceros países o grupos de países pertinentes ” (Consejo Europeo, 99).

El fundamento teórico de estas políticas radica en la convicción de que una mayor cooperación económica (y, obviamente, policial-fronteriza) con los países de origen y tránsito crearía las condiciones para erradicar los factores que estimulan la emigración hacia la UE: exactamente desde esta perspectiva, ya a finales de 1998 se había creado el Grupo de Alto Nivel sobre Asilo y Migración, para desarrollar “planes de acción interpilares que combinen política exterior, ayuda al desarrollo y comercio con las políticas migratorias” (Agrela, 2005: 29). Ahora bien, lejos de tener el espacio para comentar las diferentes teorías sobre migraciones, sólo quiero subrayar dos aspectos que se desprenden de los planteamientos de Tampere: 1) En primer lugar se trata de un enfoque economicista, sustancialmente fundamentado en una teoría, la push-pull, ampliamente cuestionada por la literatura, y basado en un modelo antropológico de individuo racional, capaz de interpretar sus elecciones en términos de costes y ventajas comparadas, y en consecuencia apto para decidir en aras de su mayor beneficio: una hipótesis que ya demostró su falacia durante la crisis del ´73; 2) En segundo lugar, este paradigma funcionalista aplica a la realidad social el modelo clásico de las ciencias naturales: la ilusión de poder gestionar “racionalmente” los flujos migratorios, según un modelo experimental, actuando en los factores que causarían las migraciones, para reducirlas o incluso impedirlas, como si la sociedad pudiera ser interpretada a través de una diagnosis médica, prescribiendo terapias adecuadas para las supuestas “enfermedades”. En realidad, como nos recuerda Lander (1993), la “naturalización” de los procesos de conocimiento científico bajo el capitalismo, así como la relación entre saberes modernos y organización del poder, son dos aspectos que debemos tener en cuenta, para entender cómo, detrás de este paradigma, se ocultan relaciones de poder. A partir de Tampere, y en el marco del paso del Tercero al Primer Pilar de las políticas del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, se nota un incremento significativo de las recomendaciones de la Comisión Europea, en forma de Comunicaciones, sobre las Políticas de Migración y Asilo. Es que esta institución, a estas alturas opta por realizar propuestas parciales sobre diferentes temas específicos, en lugar de sugerir una posible ley de extranjería europea (Agrela, 2005: 30). A pesar de no tener, esta categoría de documento, el mismo valor que una Directiva o un Reglamento comunitario, su importancia

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es indudablemente relevante, tanto por las orientaciones que expresa como porque atestigua el proceso de creciente comunitarización de este espacio político. En particular, Agrela (2005) pone de relieve tres Comunicaciones, todas posteriores a Tampere y anteriores al 11 de septiembre de 2001: 1. “La política comunitaria de inmigración” (COM(2000) 757 final), que insiste en que migrar es un derecho humano fundamental e insta a los estados a gestionar los “flujos” con responsabilidad; 2. “Coordinación de la política comunitaria de inmigración” (COM(2001) 387), que, partiendo del hecho de que los estados siguen siendo responsables de la admisión de los inmigrantes económicos y de las políticas de integración, les exige la elaboración de unos Planes de Acción Nacionales, para coordinar sus actuaciones en dirección a una política comunitaria; 3. “Derechos de los residentes de larga duración” (COM(2001) 127), que propone establecer el estatuto de residente permanente, válido dentro de toda la UE, con el fin de ampliar la libertad de circulación y el derecho a trabajar en cualquier estado miembro. Como vemos, aunque sea dentro de un marco discursivo ambiguo, como es el de Tampere, existe el espacio para algunos planteamientos relativamente abiertos; sin embargo, no debemos olvidarnos de que estas proposiciones sólo están dirigidas a los inmigrantes legales y que siguen supeditadas a la prioridad de los controles fronterizos y las políticas de detención de los “flujos irregulares”78. Por las anteriores razones, comparto la reflexión de Gil (2003), que al reseñar las políticas migratorias de la UE, observa la presencia de dos tipos de argumentaciones: una “solidaria” y otra “seguritaria”, las cuales, a pesar de las aparentes diferencias, se refuerzan mutuamente y contribuyen a la creación de un marco general restrictivo: “A través de la lectura de los distintos documentos se pueden distinguir dos tipos de argumentos. Uno, defensivo, vinculado con la seguridad. En este marco las migraciones incontroladas podrían afectar a la economía, las fuentes de trabajo, los gastos sociales, la cohesión social, la estabilidad, la seguridad ciudadana, las costumbres, las tradiciones y/o las identidades. El otro, solidario, apunta a la defensa de los derechos humanos (lucha contra el tráfico de personas, lucha contra el tráfico de mujeres), al mejoramiento de las condiciones de vida en los países de origen o a las intervenciones humanitarias. Ambos argumentos, el seguritario y el solidario, lejos de enfrentarse se entrelazan y refuerzan mutuamente. Pueden aparecer como justificación del control, de las restricciones, o de los cierres. Pero siempre descansan sobre la idea de una Europa cuya tradición se engarza con la defensa de los derechos humanos, la tolerancia, la democracia, la igualdad y la libertad. En definitiva, Europa como tierra de acogida” (Gil, 2003: 14-15). 78

Según señala Agrela (2005) la Conferencia Interinstitucional, convocada en Bruselas para octubre de 2001, representa el momento de debate más importante sobre el posible desarrollo de políticas proactivas sobre la inmigración: éstas últimas, impulsadas por la Comisión, parecen suscitar numerosas crispaciones con las otras instituciones comunitarias -en particular el Consejo- , lo cual llevará a cierto estancamiento. A esto han de añadirse, sucesivamente, el fortalecimiento del discurso “antiterrorista” y el cambio del cuadro político.

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6.4 La obsesión seguritaria después del 11 de septiembre De todas formas, prescindiendo de las valoraciones que se puedan hacer sobre las anteriores medidas, no cabe duda de que las políticas migratorias de la UE, después del 11 de septiembre de 2001 dan una vuelta de tuerca, un giro represivo ante la posibilidad de implantar medidas más justas hacia los nacionales de terceros países. En el contexto de la obsesión de la lucha contra el terrorismo y de las inminente guerras de Estados Unidos y sus aliados contra Afganistán (2001), y luego Iraq (2003), el argumento seguritario y el gobierno a través del miedo se tornan un factor central. En la época de la globalización capitalista neoliberal, y dentro de la lógica de la “guerra global y permanente”, el estado de excepción se vuelve la norma y la lógica dual y simplista “amigo/enemigo” un factor clave de funcionamiento de los mecanismos de control: además, como no es una guerra tradicional, sino que el terrorismo y los (supuestos) terroristas pueden acechar en cualquier momento, sin identificarse con un ejercito regular, tampoco hay declaración de guerra, ni victoria definitiva que se instaure con una conquista territorial. Así pues, las misiones que una vez le correspondían al ejército se convierten cada vez más en operaciones de policía internacional, al mismo tiempo que en el “frente” interior, la guerra, penetra crecientemente dentro de la sociedad, en búsqueda de la amenaza “infiltrada”, del enemigo interno que quiere destruir “nuestra” civilización. De acuerdo con esta visión de la sociedad, los gobiernos de toda Europa aprueban medidas seguritarias, inspiradas en el “Patriot Act” estadounidense, que refuerzan los controles policiales, suspenden las garantías y rebajan las libertades personales. En las ciudades se van multiplicando las fronteras, ya sean materiales o inmateriales: así pues, se van difundiendo cada vez más las videocámaras de vigilancia por la calle, se fortalecen las actitudes racistas e islamofóbicas de políticos y ciudadanos, a la vez que se levantan muros para separar los barrios ricos de los pobres, en gran mayoría habitados por migrantes, sujetos peligrosos y portadores de desorden. Por otro lado, ahora ya en todos los estados, más allá de los “pioneros” antiguos receptores de mano de obra extranjera, van cobrando fuerza las políticas de integración de inmigrantes, interpretadas cada vez más a través de un prisma culturalista, que achaca a la supuesta diferencia cultural de los inmigrantes no comunitarios (y marcadamente los de origen árabe o “islámico”) la dificultad de la inserción en las sociedades “occidentales”. Así, por ejemplo, en Gran Bretaña se aprueba, en 2002, el Nationality Inmigration Act, que hace depender la obtención de la ciudadanía británica del conocimiento del idioma y de la vida en el Reino Unido; una medida que a partir de 2007 se aplicará incluso para solicitar un permiso de residencia permanente (Gil, 2009c). En los Países Bajos, donde ya desde finales de los años Noventa se habían implementado políticas de inburgering (integración) hacia los “nuevos 93

inmigrantes”, en 2003 se requiere, para los que soliciten la nacionalización holandesa, el conocimiento de lengua, historia y sociedad neerlandesa (Gil, 2009c). En el Estado Español, finalmente, se fomentan medidas de integración (como el Plan GRECO, de 2000) cuya declinación concreta resulta particularmente compleja por realizarse en un contexto plurinacional, donde la lengua de referencia del proceso de integración no siempre es el castellano (Gil, 2009c). No es de extrañarse de que en este contexto la vinculación entre inmigración “ilegal”, criminalidad y terrorismo se haga incluso más fuerte, ni de que las medidas emprendidas por las diferentes coaliciones políticas, al nivel europeo, vayan acercándose (Agrela, 2005: 43). Sólo pocos días después del 11-S, un Consejo Especial de Justicia y Asuntos Interiores recomienda el refuerzo de los controles fronterizos y una mayor vigilancia sobre los desplazamientos de inmigrantes. A continuación, se desarrolla un sistema antiterrorista europeo, a través de diferentes dispositivos, como el paso del SIS1 al SIS279: un sistema informativo “de segunda generación”, más sofisticado y funcional que el anterior. A finales de diciembre de 2001, el Consejo Europeo adopta unas “Posiciones Comunes” en las que se establece no reconocer el derecho de asilo a las personas sospechosas de colaboración con el terrorismo -ya sea de manera activa o “pasiva”- , confiando de hecho la respuesta a las solicitudes al arbitrio de las autoridades policiales 80. Cada vez más las fronteras exteriores, que habían tenido tradicionalmente la función de defender a la ciudadanía de una posible invasión militar, se van convirtiendo en instrumento de protección de otras poblaciones civiles, supuestamente amenazadoras, por real o simbólica que sea su eficacia real (López Sala, 2006). En la lógica del “nuevo orden mundial”, el control de las fronteras y de la inmigración “ilegal” y la lucha contra el terrorismo y la criminalidad van de la mano. Este objetivo es repetido en todos los sucesivos Consejos Europeos, en particular: en el de Laeken (2001), que obviando la cuestión de la integración insiste en un mayor control de las fronteras en aras de luchar contra el terrorismo; en el de Santiago de Compostela, donde se ilustra la propuesta de la presidencia española de “Plan Global de lucha contra la inmigración ilegal”; en el de Sevilla (2002), que según algunos estudiosos declara una verdadera “guerra contra los sin papeles” (Gil, 2003: 10), pues a partir de entonces algunos países comunitarios empiezan a prácticar operaciones de vigilancia marítima y expulsiones conjuntas; en el de Salónica (2003), que profundiza en las medidas de coordinación del control de los “flujos” migratorios. En la ciudad griega, en particular, se estrecha aún más la vinculación entre cooperación con terceros países y el compromiso que sus gobiernos tengan por impedir la emigración hacia la UE, se acuerdan controles marítimos conjuntos entre los países comunitarios y se crea una lista de países considerados más o menos fiables con respecto a la retención de la inmigración indocumentada. Justo un mes después de Salónica, en julio de 2003, la 79

El paso del SIS1 al SIS2 acontecerá en 2006: en las nuevas bases de datos se podrán almacenar fotografías, huellas dactilares, ADN e identificación del iris (Gil, 2005b). 80 “Esto significa, por ejemplo, que podría ver denegada su solicitud de refugio quien haya ayudado a reunir fondos para solventar las necesidades de los prisioneros kurdos en las cárceles turcas” (Gil, 2002: 11).

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nueva presidencia italiana del Consejo (de centroizquierdas) no pierde tiempo en proponer una directiva de colaboración entre los estados miembros para las expulsiones por tierra, que entre otras cosas prevé la total anonimidad de los agentes policiales implicados, para limitar la información e impedir cualquier posible acto de resistencia de parte de quiénes se opongan a un procedimiento de deportación, aunque sea de manera legal (Gil, 2005b). En 2003 el Consejo aprueba una Directiva sobre el Derecho a la Reagrupación Familiar, fundamentada en los requerimientos de Tampere, de aproximar las legislaciones nacionales a un marco común. Esta medida prevé que los estados autoricen la reagrupación de los conyuges (o parejas de hecho si lo prevé la legislación nacional), los hijos menores del reagrupante o del conyuge (éstos últimos sólo en determinados supuestos), los hijos mayores del reagrupante o del conyuge cuyas condiciones de salud no les permitan proveer por sí mismos, los ascendientes directos y de primer grado del reagrupante o del conyuge, cuando no puedan proveer por sí mismos y nadie pueda hacerlo en sus países de origen. Sin embargo, también plantea lo siguiente: “Podrá exigirse del intesado que disponga de un alojamiento que se ajuste a las normas generales de seguridad y salubridad, de un seguro de enfermedad, y de recursos estables para cubrir sus propias necesidades y las de los miembros de su familia sin tener que recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro en cuestión. Asimismo, podrá exigirse al interesado que se atenga a las medidas de integración en cumplimiento del Derecho nacional y que lleve un tiempo (como máximo dos años) residiendo en el Estado miembro en cuestión antes de que los miembros de su familia puedan reagruparse con él” (Europa, 2003).

Aparte del amplio margen de discrecionalidad que esta Directiva deja, cabe observar que, si el supuesto jurídico de la reagrupación familiar radica en la tutela y extensión de los derechos humanos, entonces, vincular a ciertas condiciones la posibilidad concreta de acceder a ella, y en particular a la disponibilidad de recursos, parece vulnerar profundamente la esencia de este derecho81. También, el ejemplo de esta Directiva es útil para cuestionar la separación neta, que en un primer momento había dado por válida, entre políticas de control fronterizo y políticas de integración, pues su dispositivo de restricción del acceso a la reagrupación según criterios de riqueza parece fundamentado, no tanto, en el querer garantizar mejores condiciones de vida en el país receptor, sino más bien en una selección utilitarista de los inmigrantes a aceptar (Gil, 2009c)82. Finalmente, como plantea Álvarez 81

Cabe añadir que el Parlamento Europeo interpone el recurso de anulación de algunas disposiciones de esta Directiva, considerándolas lesivas de los derechos humanos; sin embargo, el Tribunal de Justicia en su resolución del 27 de junio de 2006 no las acogerá. En octubre de 2008, una Comunicación de la Comisión Europea observará la aplicación desigual de la directiva en los diferentes países, planteando la realización de un “Libro Verde” sobre el futuro del régimen de reagrupación familiar. 82 Otro ejemplo de la fragilidad de esta separación entre control e integración es la nueva reforma de la Ley de Extranjería española (L.O. 2/2009), según la cual se puede reagrupar a los ascendentes sólo si éstos son mayores de 65 años (además, sólo una vez que los reagrupantes hayan adquirido el estatus de residente de larga duración), y también establece que los reagrupados

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Rodríguez, el texto surgido al final del proceso legislativo dista años luz de la idea original y lleva el rastro de los estados más conservadores (Álvarez Rodriguez, 2003: 4). También a principios de 2003 se había aprobado una “Directiva sobre las condiciones de acogida” de solicitantes de asilo, seguida al año siguiente por la “Directiva sobre cualificaciones”, acerca de las normas mínimas para obtener el estatus de refugiado, y por la “Directiva sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado” de 2005. Aunque estas medidas definan un marco común de requisitos a cumplir para lograr tal estatus, han sido criticadas por no cumplir objetivos “elevados” de defensa de los derechos humanos. En efecto, si por un lado el derecho a solicitar asilo abarca a las víctimas de persecución política, religiosa, de género y de otras tipologías, a manos tanto de gobiernos como de ejercitos no regulares, así como para determinados grupos se prevé la protección “subsidiaria” y se establece una serie de criterios mínimos de prestaciones sociales, por el otro, siguen los planteamientos sobre los Terceros Países Seguros y además será posible expulsar a los demandantes, que hayan presentado una apelación, antes de que sepan su resultado, a pesar de que en algunos países de la UE entre el 30 y el 60 por ciento de las apelaciones tenga éxito (Mugak) 83. De nuevo vemos que incluso en las políticas de asilo están presentes prácticas de control migratorio, que más allá de las “buenas” declaraciones de principios, se encarnan en una realidad muy cruda. Concretamente, la poca armonización que hay en temas de asilo se ha dado, como observa Cerigioni, a la baja: “Los principales resultados obtenidos dentro de la cooperación europea han sido la limitación, a nivel nacional, del acceso a los procedimientos de petición de asilo, la rápida adopción de procedimientos simplificados en casos definidos como 'manifestamente infundados' de solicitud, y la difusión no coordinada de protección temporal para los refugiados de guerra y guerra civil” (Cerigioni, 2004). También Gil observa que, en visperas del 1 de mayo de 2004, plazo previsto en el Tratado de Amsterdam para comunitarizar las políticas migratorias, en el ámbito de la integración se ha hecho poco y a la baja, mientras que sí se han emprendido políticas muy decididas por lo que respecta a la readmisión, las expulsiones conjuntas, los oficiales de enlace, etc. (2005a).

en edad laboral se pueden incorporar de inmediato en el mercado de trabajo. 83 También, SOS Racismo observa lo siguiente: “Con la nueva legislación, puede ocurrir que los países con sistemas de asilo más frágiles y menos recursos -los nuevos estados miembros de Europa Central- terminen procesando un número desproporcionado de solicitudes de inmigración y asilo, con la amenaza real de que sus sistemas acaben, simplemente, colapsados [...]. En resumen, muchas organizaciones de derechos humanos y de refugiados señalan que la UE ha dejado pasar una gran oportunidad para adoptar unos elevados criterios de asilo y ha optado en cambio por el mínimo común denominador” (Mugak).

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6.5 Entre la ampliación de la UE y el fracaso de la Constitución, el enfoque integrado empieza a tomar forma El año 2004 representa un momento crucial para la Unión Europea, que afronta la ampliación más grande de su historia, entrando a formar parte de ella 10 países: Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa. Aparte del tamaño, hay que resaltar que una gran parte de los nuevos países son ex miembros del “bloque” del socialismo real, así como es necesario mencionar la gran distancia, en términos de capacidad económica, entre los antiguos y nuevos estados. Esta situación conlleva que, no sólo en las relaciones entre UE y terceros países, sino también dentro de los confines comunitarios, se creen “centros” y “periferias” de velocidades diferentes, “ganadores” y “perdedores” de la ampliación (Taibo, 2006). Finalmente, el desplazamiento de la frontera al Este genera nuevas fricciones entre los recientes miembros y sus antiguos vecinos no comunitarios; como plantea Gil: “Durante los últimos años la Europa de los Quince exportó sus prácticas y tecnologías de controles fronterizos hacia el Este, generando algunas tensiones en la zona, ya que estas medidas, como la imposición de visados, rompen los lazos económicos, sociales y políticos entre los Estados que eran candidatos y los que no. Los nuevos miembros de la UE, meros consumidores de políticas sobre las que no han tenido ningún poder de influencia, se han visto enfrentados a la disyuntiva de mantener unas relaciones cordiales con sus vecinos del este y, al mismo tiempo, interponer la frontera Schengen” (Gil, 2006: 5).

En este contexto, primero una Comunicación de la Comisión sobre “Una Europa más amplia” (marzo de 2003), y después, de manera más completa, un Documento Estratégico de mayo de 2004, elaboran el núcleo de lo que será la PEV, Política Europea de Vecindad. En dichos textos se plantea que los objetivos de “estabilidad” y “seguridad” regional requieren la elaboración de un planteamiento específico hacia los terceros países colindantes: “La UE ofrece a nuestros vecinos una relación privilegiada, creando un compromiso mutuo con los valores comunes (democracia y derechos humanos, estado de derecho, buen gobierno, principios de economía de mercado y desarrollo sostenible). La PEV va más allá de las relaciones existentes para ofrecer una relación política y una integración económica más profundas. El grado de ambición de la relación dependerá de hasta qué punto se comparten estos valores” (Europa, 2009).

Así pues, a través de planes de acción bilateral con estados cercanos (como Marruecos, Túnez, Moldavia, Ucrania, etc.) se establece “una agenda de reformas políticas y económicas, con prioridades a corto y medio plazo” (Europa, 2009). De hecho, estos convenios sirven para monitorear las actuaciones de 97

los países aledaños, como es el caso, por ejemplo, de Marruecos, criticado por no haber estrechado acuerdos de readmisión de inmigrantes subsaharianos, aunque “alabado”, a la vez, por estar gestionando esta urgencia a través de operaciones ad hoc -que según colectivos de activistas consistirían en redadas y deportaciones al desierto, sin ninguna garantía de respeto de los derechos humanos, ni civiles- (Gil, 2006: 12). En definitiva, con la PEV las fronteras se desplazan aún más, y se refuerza el sistema de círculos concéntricos, agigantándose y “tragando” a nuevos estados, que son responsabilizados del control de los “flujos” migratorios hacia una UE ampliada. Esta deslocalización de funciones a terceros países recuerda curiosamente la deslocalización de plantas fabriles del “Norte” al “Sur”, en busca de condiciones económicas más favorables: al igual que éstas últimas tratan de abaratar los costes de producción, las primeras buscan abaratar los “costes de los derechos humanos” (Gil, 2006: 18). Ni que decir tiene, estando así las cosas, que las políticas de contraste de la inmigración “ilegal” asumen aún más importancia: en este contexto, el 26 de octubre de 2004 nace FRONTEX, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores, con sede en Varsovia y dotada de un presupuesto autónomo y un propio director general. Como el nombre sugiere, se trata de un organismo cuyo objetivo oficial es el de coordinar las actuaciones de control de las fronteras exteriores de la Unión: principalmente el patrullaje de la frontera mediterránea de Grecia, Italia y Estado Español, pero también los principales aeropuertos y la frontera oriental de los nuevos miembros. En la naturaleza jurídica de FRONTEX, una Agencia que no responde directamente a las instituciones políticas oficiales, vemos el reflejo de la externalización del control fronterizo. Además, numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que esta agencia no sólo se ocupa de control y patrullaje, sino que también ha estado impulsando la implantación de centros de internamiento fuera de la UE, como los de Libia, Marruecos y Ucrania. Los medios de los que dispone FRONTEX son relevantes: barcos militares, helicópteros, aviones de recognición, tecnología de vario tipo y personal especializado para detener en alta mar las embarcaciones que transportan inmigrantes y devolverlas a los puertos de procedencia (Paleologo, 2007)84. Según datos del Ministerio de Interior, FRONTEX ha “interceptado” en África, entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, a 12.864 inmigrantes; mientras que 53.842 sería el número de los que han sido detenidos y deportados a Libia en 2006; alrededor de 60.000, finalmente, serían los presos en las cárceles libias por el “delito” de no tener papeles (APDHA, 2008).

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Durante el año 2007 esta agencia ha recibido una financiación de 35 millones de euros, con la previsión de duplicarla (70,4 millones) para el año siguiente (APDHA, 2007).

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Otro acontecimiento central, a principios de noviembre de 2004, es la adopción, de parte del Consejo Europeo, del Programa de La Haya (2005/C 53/01): se trata del segundo plan de trabajo, siendo el primero Tampere, en políticas de Inmigración y Asilo de la UE, para el quinquenio 2005-2009. Esta suerte de hoja de ruta, también conocida como “Consolidación de la Libertad, la Seguridad y la Justicia en la Unión Europea”, se desarrolla en una Comunicación de la Comisión de mayo de 2005, que establece diez medidas concretas a realizar (“Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia”; COM (2005) 184 final). Las más directamente ligadas a la inmigración son: 1. La lucha contra el terrorismo a través del fortalecimiento de la cooperación entre los estados miembros y de éstos con terceros países, tanto desde el punto de vista policial, como mejorando los sistemas de intercambio de información; 2. Un enfoque “equilibrado” a la inmigración a través de la gestión “eficaz” de los flujos migratorios, por un lado contrastando la inmigración “ilegal” -y fortaleciendo FRONTEX- y por el otro adoptando un “plan sobre inmigración legal”; 3. Una gestión integrada de los controles fronterizos, elaborando una política de visados “eficaz” a través del desarrollo de los sistemas informativos y, en el futuro, implantando un servicio consular europeo. También se considera prioritaria la introducción de identificadores biométricos en los documentos de identidad y de viaje; 4. El arranque de la “fase 2” del SECA, previendo un procedimiento común en materia de asilo y definiendo, a largo plazo, una propuesta de Directiva sobre el Estatuto de Residente de Larga Duración para los refugiados, y a medio plazo un estatuto uniforme de refugiado; 5. El avance en las políticas de integración que, de todas formas, se siguen considerando pertinencia de cada país (“la Comisión anima a los Estados miembros a que progresen en sus políticas de integración, que deberán contribuir a la comprensión y al diálogo entre religiones y culturas”, COM (2005) 184 final), aunque dentro de un marco general definido al nivel europeo (“la Comisión desea definir un marco europeo de integración y fomentar el intercambio estructural de experiencias e información sobre la integración”, COM (2005) 184 final). Cabe recordar que siempre que se habla de integración, se lo hace en referencia a los inmigrantes “legales”, puesto que, ante la inmigración “ilegal”, lo que se plantea es la “devolución” y el retorno. Aun con todas las limitaciones mencionadas, y también teniendo en cuenta que sólo una de las 11 páginas del Programa de La Haya habla expresamente de integración de inmigrantes (Gil, 2005a), no se puede minusvalorar el lento proceso de definición de un enfoque cada vez más global, de parte de las instituciones comunitarias, hacia las políticas de integración. En realidad, ya en 2004 se había celebrado 99

una Conferencia ministerial informal sobre integración en Groningen. Por otro lado, siempre en 2004 se publica el Primer Informe sobre Migración e Integración85, una recopilación de las medidas aplicadas por los diferentes estados miembros, que de ahora en adelante será anual, y se edita, en noviembre del mismo año, el primer Handbook on Integration (“Manual sobre integración”), un estudio de las experiencias existentes enfocado a facilitar la creación de programas de integración concretos. Siempre en noviembre de 2004, el Consejo de Justicia e Interior adopta los “Principios Básicos Comunes sobre Integración”. El punto de partida es que, aunque sea tarea de cada estado miembro determinar las medidas concretas que aplicar, es interés común de todos los países comunitarios perseguir “unas estrategias de integración eficaces” (SEC(2008) 2626: 16). Estos principios son retomados por otra Comunicación de la Comisión de septiembre de 2005: “Programa Común para la Integración - Marco para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea” (COM (2005) 389), cuya finalidad es la de concretar el planteamiento teórico del Consejo y proponer una serie de actuaciones, a llevarse a cabo tanto al nivel de la UE, como al estatal, para dar lugar a un enfoque más coherente a la integración. La Unión Europea imagina su papel como el de “facilitador, provisionando puntos comunes de referencia y promoviendo la valoración y el análisis comparativo para diseñar medidas de integración efectivas” (SEC(2008) 2626: 3). La integración, retomando la formulación de los Principios Básicos, es definida de la siguiente manera: “un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros” (SEC(2008) 2626: 5), que “implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea”86 (SEC(2008) 2626: 6). Así pues, deberá garantizarse que los inmigrantes “entienden, respetan y se benefician de los valores comunes nacionales y europeos” (SEC(2008) 2626: 6). Los sectores considerados fundamentales en el proceso de integración son: el empleo (“esencial para la participación de los inmigrantes, para las contribuciones que los inmigrantes aportan a la sociedad de acogida, y para hacer visibles tales contribuciones” (Consejo Europeo, 2004: 20)); el conocimiento del idioma, la historia y las instituciones de la “sociedad de acogida” (a través de cursos, incluso en el país de origen y a través de programas de vario tipo87); la educación (se propone un marco europeo de reconocimiento de cualificaciones, el mejoramiento de la enseñanza, pero también “combatir eficazmente la delincuencia entre los jóvenes inmigrantes”, (SEC(2008) 2626: 8)); el acceso a las instituciones, los bienes y los 85

Este informe, a su vez, había sido anticipado y previsto por una Comunicación de la Comisión de 2003 sobre Inmigración, Integración y Empleo (COM(2003) 336). 86 A su vez, las Conclusiones del Consejo anteriormente citadas, desarrollan este principio, afirmando que tales valores consisten en: “La observancia de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho. Incluyen asimismo la observancia de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, que consagra los conceptos de dignidad, libertad, igualdad, no discriminación, solidaridad, derechos civicos y justicia” (Consejo Europeo, 2004: 19). 87 La importancia de estos cursos está fundamentada en “el creciente énfasis que ponen varios Estados miembros en programas introductorios centrados en instaurar los instrumentos más adecuados para iniciar el programa de integración. El seguimiento de dichos programas permitirá a los inmigrantes encontrar rapidamente su lugar en ámbitos clave como son el trabajo, la vivienda, la educación y la salud y ayudará a iniciar el proceso, a más largo plazo, de la adaptación normativa a la nueva sociedad” (Consejo Europeo, 2004: 20).

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servicios públicos y privados; el diálogo intercultural (al nivel de la UE, poniendo en común los conocimientos y fomentando la cooperación transnacional, al nivel estatal, entre otras cosas, promoviendo espacios comunes entre inmigrantes y nacionales); la participación cívica, cultural y política (barajando, al nivel comunitario, la posibilidad de desarrollar un concepto de “ciudadanía civica”, pero también, al nivel estatal, elaborando “programas nacionales de preparación a la ciudadanía y naturalización” (SEC(2008) 2626: 11). También se subraya la necesidad de que la integración sea un elemento transversal presente en todas las políticas públicas, y se propone el desarrollo de herramientas estadísticas e indicadores comunes para valorar las diferentes políticas estatales, la cooperación y la difusión de información a través de los Puntos de Contactos Nacionales (una suerte de “nodos informativos”, un foro de intercambio de informaciones y “buenas prácticas” en aras de conseguir una “integración exitosa”), de la publicación de otra edición del “Manual sobre integración” (que se hará finalmente en 2007) y finalmente a través de la creación de un Foro Europeo sobre Integración y de un portal internet de acceso público, que alimente “un inventario de las buenas prácticas” (SEC(2008) 2626: 14) (ambas iniciativas se lanzarán en abril de 2009). En 2007 finalmente llegarán los fondos para concretar dichas iniciativas, con el establecimiento del Fondo Europeo para la Integración, con un presupuesto de 825 millones de euros para el período 2007-2013. Por último, cabe añadir que a raíz del creciente interés por la integración, las instituciones europeas deciden que los encuentros informales de los Ministros responsables de la integración sean anuales: así, tras Groningen, tendremos una segundo encuentro en 2007 en Potsdam y un tercero en Vichy en 2008. Los crecientes esfuerzos por definir un marco global de las políticas migratorias comunitarias, por fin abordando el tema de la integración, tienen que ver, entre otras cosas, con el proceso de definición constitucional de la Unión Europea, que intenta sentar la naturaleza de esta institución sobre una nueva base jurídica, que tenga en cuenta los pasos dados en el proceso de integración europea (a partir de la reciente ampliación). Una primera fase de esta reforma institucional se realiza en junio de 2004, con la aprobación del Tratado Constitucional, ratificado en octubre del mismo año por los Jefes de Gobierno: sin embargo, este proyecto es rechazado en dos referendum por los ciudadanos de Francia (mayo de 2005) y Holanda (junio de 2005), dando lugar a una crisis que llevará, a principios de 2007, a la presentación de un Tratado de Reforma. Cabe subrayar que la Constitución aspiraba a introducir en la arquitectura institucional de la Unión una modificación relevante para las políticas migratorias, a partir de la superación de los Tres Pilares, creando una organización única, que también adquiriría personalidad jurídica. Se enunciaban formalmente los asuntos que eran de competencia exclusiva del nivel comunitario, los de competencia concurrente -según el principio de subsidiaridad, por el cual los Estados pueden legislar hasta dónde no llegue la UE- , y los asuntos donde el papel de la UE sería de simple apoyo a las actuaciones estatales. El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia estaba incluido entre las competencias concurrentes, mostrando así un proceso de creciente comunitarización de los Asuntos Migratorios. Por otro lado, se 101

seguía vinculando la ciudadanía comunitaria -y por ende, el derecho a la libre circulación- a la posesión de la nacionalidad de alguno de los Estados miembros88. 6.6 Concretizando el Programa de La Haya mientras la UE se derechiza En octubre de 2005, en Hampton Court, se celebra un Consejo Europeo Informal, estrenando la Política Migratoria Europea Global, que en las palabras de sus estimadores tiene la finalidad de “fortalecer la cooperación y la acción sobre asuntos migratorios entre los Estados miembros; trabajar con los países clave de origen en África; trabajar con los países vecinos” (Bertozzi, 2008: 27). En el marco de este enfoque, tal y como previsto por La Haya, se amplían las actividades de FRONTEX y se fortalece el ILO (Immigration Liaison Officers), la red de agentes de enlace de la inmigración. De ahora en adelante, 600 guardas de frontera con experiencia podrán prestar ayuda durante un tiempo limitado a otro estado comunitario que se encuentre en una situación de “emergencia” migratoria. El elemento más novedoso de este “Enfoque Global” (Global Approach), es la idea de gestionar las políticas de cooperación no desde un enfoque bilateral, entre cada país miembro de la UE y un tercer país, sino a través de una coordinación general de los estados comunitarios. Como sostiene un alto cargo de la UE: “El Enfoque Global demostró ser una forma innovadora de tratar la gestión de la emigración, ya que su objetivo era formular un conjunto amplio y coherente de políticas que no sólo abordaba una serie de asuntos relacionados con la inmigración, sino que también amalgamaba asuntos de justicia y política interior, desarrollo y relaciones exteriores en un esfuerzo por mejorar el diálogo y la cooperación sobre la inmigración, en asociación estrecha con terceros países” (Bertozzi, 2008: 27-28).

Hay que resaltar una Comunicación de la Comisión Europea del 5 de diciembre de 2007, que siguiendo la estela del Enfoque Global plantea la urgencia de una “Política Común de Inmigración” (SEC(2007) 1632). En este documento es evidente desde el principio la aspiración a un enfoque de conjunto, que vincule políticas de interior y de exterior, a través de una gestión “racional”, pues se plantea 88

Otras modificaciones relevantes eran: 1. la abolición de la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, con el establecimiento de un Presidente elegido por el mismo Consejo, con un mandato de dos años y medio; 2. la introducción del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que hereda y reúne las funciones de los antiguos “Mister PESC” y del Comisario para Relaciones Exteriores, quien sería, también, vicepresidente de la Comisión Europea. También, se amplían las competencias comunitarias en materia de Defensa, desarme, “peace-keeping”, lucha contra el terrorismo; 3. el Presidente de la Comisión Europea ahora elegido por el Parlamento, así como la reducción a partir de 2014 de los miembros de la Comisión Europea, ya no uno por país; 4. mecanismos decisionales simplificados en las instituciones intergubernamentales, que en muchos casos recurren a una mayoría calificada, y no más por unanimidad (salvo la política exterior, de defensa común y la fiscalidad); 5. la posibilidad, para los parlamentos nacionales, de bloquear el proceso decisional de la UE en el caso de que ésta no aplique correctamente el principio de subsidiaridad; 6. la posibilidad, si así lo piden al menos un 1.000.000 de ciudadanos de diferentes países, de invitar la Comisión a legislar sobre aspectos que se consideren importantes.

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que: “La inmigración es por naturaleza un fenómeno transfronterizo que precisa de un planteamiento integrado para ayudar a los Estados miembros a gestionarlo con más éxito” (SEC(2007) 1632: 3). Además, se insiste en la necesidad de que esta política sea común, es decir compartida e integrada, entre los países comunitarios: “Está claro que los Estados miembros presentan necesidades diversas debido a sus distintas situaciones económicas, su evolución demográfica, sus normas sociales y sus lazos y, en consecuencia, sus políticas de gestión de la inmigración también varían considerablemente. Sin embargo, esto ha dado lugar a incoherencias y a una falta de coordinación en la UE. Además, las políticas de inmigración nacionales tienen claramente repercusiones más allá de las fronteras nacionales, en el espacio de Schengen [...]. Por ello es necesario un cambio profundo que utilice los cimientos existentes para desarrollar un nuevo compromiso y establecer una política europea común de inmigración, reforzando las oportunidades económicas y las medidas de integración basadas en la solidaridad y la distribución de las cargas” (SEC(2007) 1632: 7).

También en este texto se destaca un discurso economicista y tecnocrático muy explícito, puesto que ya en el primer párrafo se proclama: “La inmigración supone tanto un reto como una oportunidad para la UE y tiene un impacto en la economía, la sociedad y las relaciones exteriores, y en el contexto de unas sociedades europeas que envejecen y de las crecientes necesidades del mercado laboral, la demanda de inmigración en la UE deberá seguir aumentando. Europa tendrá probablemente que apoyarse más en los inmigrantes para equilibrar la oferta y la demanda en el mercado laboral, y en general para impulsar el crecimiento económico” (SEC(2007) 1632: 2).

Con respecto de las políticas de contratación laboral, la Comunicación lamenta la disparidad de medidas y falta de coordinación entre los estados miembros, pues este ámbito sigue siendo considerando una competencia exclusivamente nacional: por lo tanto, recomienda que cuanto antes se elaboren medidas que faciliten la admisión de trabajadores altamente cualificados, pero también, más en general, que se contrate a inmigrantes dependiendo de los sectores económicos necesitados: “Aunque la inmigración no es una panacea para cubrir el déficit de Europa en materia de formación y población activa, los trabajadores extranjeros con cualificaciones bajas, medias y altas contribuyen a la prosperidad económica de Europa” (SEC(2007) 1632: 8)89. Dentro de ese contexto, se valoran también las potencialidades del empresariado migrante, en particular el empresariado “étnico”: “Existen más indicios de las ventajas que en los negocios puede tener la diversidad, por ejemplo la diversidad étnica” (SEC(2007) 1632: 8). Desde el punto de vista 89

Es interesante que se señale el continente asiático como posible polo de emigración hacia la UE de trabajadores altamente cualificados, haciendo un evidente paralelismo con la experiencia estadounidense (el caso de la “Silicon Valley”). En cuanto a la “estratificación” por cualificaciones, se citan como relevantes, para la fuerza de trabajo migrante, los sectores del hogar, de la hostelería y de la construcción, aparte de los trabajos de alta temporalidad como la agricultura (SEC(2007) 1632: 8).

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del control fronterizo, se subraya el esfuerzo financiero hecho para reforzar los sistemas tecnológicos: 1.590 millones de euros presupuestados para el Fondo para el control de las fronteras exteriores, de 2007 a 2013. También se destaca la vinculación entre la lucha contra la inmigración “ilegal” y las políticas de ayuda al desarrollo, en el marco de la PEV y de las agendas bilaterales de cooperación con terceros países, con particular atención a África septentrional y a las cláusulas de readmisión de los “irregulares”90. Finalmente, a la lucha contra la inmigración “clandestina” y el control fronterizo se añade el fomento de las políticas de retorno, gracias al cual los inmigrantes trasladarían al contexto económico de sus países de origen las competencias adquiridas. Por lo que respecta a la integración, se sostiene que ésta es fundamental de cara a la eficacia de la estrategia económica europea; así pues, es necesario que sea “exitosa”, lo cual implica una concepción amplia de este proceso, “que abarca desde la llegada hasta la instalación y la integración social y económica” (SEC(2007) 1632: 9), y que se debería centrar en el conocimiento del idioma, la educación, la salud, la vivienda y el mercado laboral; sectores que sin embargo, se reconoce, son competencia directa de los Estados miembros, donde la UE sólo puede ejercer una influencia indirecta y de apoyo. Otro documento estratégico, y directamente vinculado con el anterior, es la Comunicación de la Comisión del 17 de junio de 2008: “Una Política Común de Emigración para Europa: Principios, Medidas e Instrumentos” (COM(2008) 359 final). Como sugiere el título, la idea de partida es que, a partir de unos principios políticos compartidos sobre la inmigración, se desarrollen acciones concretas, a través de una metodología común, acompañadas de un seguimiento constante. Los diez principios enunciados se articulan dentro de tres ámbitos: 1. “Prosperidad”. Al leer los párrafos, queda claro que este término debe entenderse en su acepción económica: los fundamentos de la estrategia migratoria de la UE son la cuestión demográfica y el déficit de mano de obra. Sigue el planteamiento de fomentar una política de inmigración “legal”, regida por normas “claras, transparentes y justas” (COM(2008) 359 final: 6) y por el “trato justo” a los nacionales de terceros países residentes legalmente, en aras de aproximar su estatuto jurídico al de los ciudadanos comunitarios. En segundo lugar, se vuelve a hacer hincapié en la adecuación entre las cualificaciones de la fuerza de trabajo inmigrante y las necesidades económicas de la UE, conforme con los objetivos de Lisboa91 (aun respetando el principio de la preferencia comunitaria). Con esta finalidad, se propone la elaboración de “perfiles de inmigración” fundados en las carencias, tanto existentes como previsibles, de personal especializado en cada estado miembro, por sector y por actividad profesional. También se prevé el establecimiento de mecanismos de 90

Algunos gobiernos africanos denuncian que muchos de estos acuerdos les obligan a aceptar la readmisión de migrantes indocumentados que no son originarios del país, o que sólo han transitado por él. 91 Hablaré más detenidamente de la Estrategia de Lisboa en los siguientes apartados.

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reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas fuera de la UE y la provisión de “información y formación en los países de origen” (COM(2008) 359 final: 8): un sugerente ejemplo de la externalización de las fronteras no sólo en el sentido físico, sino en tanto que dispositivos fronterizos, entendidos como mecanismos de regulación y admisión/retención de los “flujos” migratorios. Finalmente, se considera la integración como un objetivo a alcanzar éxitosamente, pues de no ser así, la sola diversidad cultural aportada por los procesos migratorios no sería beneficiosa para la sociedad receptora (COM(2008) 359 final: 4). Desde este punto de vista se proponen diferentes actuaciones: el elemento interesante, aparte de las propuestas de revisar la Directiva sobre reagrupación familiar de 2003 y de elaborar la segunda fase del Sistema Europeo Común de Asilo, y más allá de las declaraciones de intención y el fomento de las “buenas prácticas”, es el apoyo al desarrollo de programas específicos de integración para los nuevos inmigrantes, haciendo hincapié en el aprendizaje del idioma, “las prácticas interculturales que sean necesarias para una buena adaptación” y “el compromiso con los valores europeos fundamentales, lo que podría explorarse ulteriormente especificando los derechos fundamentales y las obligaciones de los nuevos inmigrantes en el marco de procedimientos nacionales específicos” (COM(2008) 359 final: 9). El uso “traicionero” de la palabra adaptación y la insistencia sobre los valores universales, supuesta y únicamente europeos, de los derechos humanos, delatan una visión de la integración como un proceso quizá no tan bilateral, y de todas formas, pensada según patrones no sólo sociales o económicos, sino también, y quizá sobre todo, culturales. Vemos aquí una contradicción: aunque la necesidad de migrantes se fundamenta sustancialmente en parámetros económicos, esos mismos baremos no son suficientes para legitimar su presencia “aquí”, sino que además, ellos tienen que involucrarse en un procesos de integración cultural. 2. El segundo ámbito es el de la “solidaridad”, pensada en primer lugar como colaboración política, financiera y operativa entre los estados miembros, y que debería estar organizada según criterios de “transparencia, confianza y cooperación” (COM(2008) 359 final: 10). En particular, se plantea una mejor comunicación y distribución de las informaciones, una gestión “sana” del Programa General de Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios (2007-2013), así como cierta flexibilidad operativa y financiera ante situaciones de urgencia o ante el auge de nuevas situaciones. En segundo lugar, se hace referencia a la asociación con terceros países no comunitarios, pues: “Los problemas de la emigración deben integrarse plenamente en la cooperación al desarrollo de la Unión y en otras políticas exteriores” (COM(2008) 359 final: 11). Así pues, será necesario “ayudar a terceros países a elaborar su marco legislativo nacional y establecer sistemas de inmigración y asilo” (COM(2008) 359 final: 11, la cursiva es mía): la elección de un verbo algo paternalista parece reflejar bien la naturaleza colonial y jerárquica de la cosmovisión eurocéntrica. Así pues, al remachar la validez del Enfoque Global y de la Política Europea de Vecindad, se prevé hacia los 105

terceros países el desarrollo de acciones en los ámbitos de formación y educación, contratación, retorno, el trabajo “digno”, para que éstos se coordinen con las “necesidades de los mercados laborales” (COM(2008) 359 final: 12), a la vez que no se menosprecia “explotar el potencial de las remesas de los emigrantes para el desarrollo, en particular mediante la mejora de las estadísticas, la reducción de los costes de transacción y apoyando el desarrollo del sector financiero” (COM(2008) 359 final: 12). Es interesante resaltar este papel “civilizador” de la Unión Europea hacia los países cercanos, supuestamente incapaces, por sí mismos, de implantar sistemas “eficientes”: este planteamiento va de la mano de la insistencia en los efectos nefastos de la inmigración “ilegal” para la economía europea. En otras palabras, a través una estrategia discursiva ampliamente analizada por Van Dijk (2003), por un lado se maximizan las cualidades negativas de los “otros” y por el otro se minimizan las de los “nuestros”, ocultando que la inmigración indocumentada no es un “fallo” o una “imperfección” del sistema capitalista europeo, sino más bien, como comentaré en apartados sucesivos, una necesidad estructural. 3. “Seguridad”. Las reflexiones introductorias de este apartado son analíticamente preciosas: al sostener la necesidad de unos controles fronterizos bien integrados, se subraya la necesidad de garantizar el fácil acceso a los “viajeros genuinos”, así como a los que necesitan protección, “manteniendo a Europa abierta al mundo” (COM(2008) 359 final: 13). Una nueva categoría parece colarse en la batería de conceptos de la gubernamentalidad migratoria comunitaria: la que separa a los viajeros honrados de los sospechosos y aprovechados: estos segundos, aunque es dificil negar que sean un producto de la globalización neoliberal -o sea un fenómeno mundial- , no pertenecen a ese “mundo” en el que “Europa” quiere participar. En esta línea argumentativa, no extraña que: “A pesar de ser un fenómeno que también concierne a muchos ciudadanos de la UE, el trabajo no declarado y el empleo ilegal pueden actuar como factores que impulsan la inmigración clandestina, por lo que será necesario abordarlos” (COM(2008) 359 final: 13, la cursiva es mía). Quienes redactaron la arquitectura de la frase empezaron la casa por el tejado: parece que el trabajo “en negro” no es un problema en sí, sino que sus características negativas originan de ser un factor de atracción de la inmigración “ilegal”: ya que el trabajo no declarado atrae a indocumentados, habrá que combatirlo. No es que la precariedad laboral sea el problema, sino los migrantes que se aprovechan de ella: este mecanismo lógico se parece al argumento moralista de quién crítica la existencia la prostitución sin hablar de sus clientes, obviando que cada oferta tiene su demanda. Volviendo a los planteamientos de la Comunicación, en este apartado también se aboga por una política “efectiva” de retorno hacia aquellas personas que se encuentren en condición irregular, así como se recomienda evitar regularizaciones masivas o a gran escala de inmigrantes indocumentados (aun manteniendo abierta la posibilidad de regularizaciones individuales “basadas en criterios justos y transparentes” (COM(2008) 359 final: 16). De cara a eso, se plantea entre otras 106

cosas: el fortalecimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a los visados (para permitir, en ciertos casos, controles diferenciados de los solicitantes); la creación en el exterior, para expedirlos, de centros consulares comunes de todos o algunos países comunitarios; un sistema coordinado de controles durante el viaje de los inmigrantes y el fortalecimiento de FRONTEX y de sus competencias para realizar controles en “zonas de alto riesgo y expuestas a una presión migratoria excepcional” (COM(2008) 359 final: 14), incluso colaborando con terceros países, así como aumentando su papel en las operaciones conjuntas de retorno por avión. También se aboga por un refuerzo de las inspecciones y los controles cruzados en aras de luchar contra el trabajo no declarado, un objetivo loable, que sin embargo encuentra obstáculos numerosos y difíciles de sortear, que profundizaré en adelante. Finalmente, el mismo día 17 de junio de 2008 la Comisión Europea presenta otra Comunicación: “Plan de política de asilo: un planteamiento integrado de la protección en toda la UE” (COM(2008) 360 final). Asumiendo el planteamiento del Programa de La Haya de implementar la segunda fase de creación de un Sistema Europeo Común de Asilo, este documento se centra en las siguientes exigencias: establecer un procedimiento común y un estatuto uniforme de asilo y protección subsidiaria; compartir las responsabilidades de la acogida entre los estados miembros, también reasentando los asilados entre diferentes países comunitarios; establecer Programas Regionales de Protección en terceros países; desarrollar instrumentos para distinguir, en los crecientes flujos “mixtos”, a los necesitados de asilo de otos tipos de inmigrantes. Con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos, se plantea la modificación del sistema de asilo de Dublín, y más específicamente, de las Directivas ya existentes sobre este tema: la hoja de ruta prevé, teniendo en cuenta que en este período está retomando impulso el proceso de modificación de los fundamentos jurídicos de la UE (que se concretará al año siguiente con la aprobación del Tratado de Lisboa), la hipótesis de que la segunda fase del SECA se complete para el año 2012. Tal y como veremos, los sucesivos documentos sobre asilo retomarán esta perspectiva temporal. Recapitulando: el Plan de Política de Asilo, la Política Común de Emigración y la de Inmigración, el Enfoque Global, la constitución de FRONTEX y la Política Europea de Vecindad “materializan” y concretan los principales planteamientos del Programa de La Haya. Sin embargo, una aproximación a este acervo legislativo desde la perspectiva del conocimiento social, por muy básica que sea, no podría ser completa si no tuviera en cuenta, aunque mínimamente, el contexto de “derechización”92 política que la Unión Europea está viviendo en ese período de finales de la primera década de 2000, y que condiciona el desarrollo ulterior de las medidas legales tanto al nivel estatal como al comunitario. 92

Aunque a continuación traiga los ejemplos de Francia e Italia, con este término no quiero simplemente hacer referencia al color político de los gobiernos, sino a un proceso más general de desplazamiento “hacia la derecha” de los discursos, que abarca también a partidos tradicionalmente de izquierdas y, más en general, afecta a la multiplicidad de las relaciones sociales.

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Sin pretensión de completud, sólo quiero recordar, en 2007, la elección a Presidente de la República Francesa de Nicolas Sarkozy, quien se distinguiera dos años antes, como Ministro de Interior, llamando “escoria” a los jóvenes que protagonizaron los motínes de las banlieues parisienses (EFE, 2005). Justo después de su victoria se crea el Ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, cuyo titular, Brice Hortefeux, promueve una ley que prevé, aparte del conocimiento del idioma de parte del reagrupado potencial, la organización de cursos sobre los “valores franceses” en el país de origen y la firma de contratos de integración que responsabilizan al reagrupante de la conducta del reagrupado (Gil, 2009c), el test del ADN para comprobar la veracidad de las solicitudes de reagrupación familiar, así como la recogida de informaciones demográficas basadas en la (supuesta) etnia de los inmigrantes. El test del ADN será aceptado por las autoridades constitucionales, aunque con algunas modificaciones; en cambio el establecimiento del patrón étnico, indudablemente una medida insólita para un país “laicista” y “republicano” como Francia, finalmente será declarado incostitucional. Más en general, con la presidencia de Sarkozy se profundiza un debate sobre la integración de inmigrantes, la identidad francesa, los símbolos religiosos (como la cuestión del “velo islamico”), que también recibirá mucho impulso en las instituciones comunitarias, aprovechando de la Presidencia francesa del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2008. Otro ejemplo del proceso de derechización es la victoria electoral en 2008, por tercera vez, del candidato a Presidente del Gobierno de la República Italiana Silvio Berlusconi. Entre 2008 y 2009, el gobierno de este país propone (y el parlamento aprueba) una serie de medidas legislativas, denominadas “paquete de normas sobre seguridad” que, entre otras cosas, crean el “delito de inmigración irregular”, aumentando la duración de la posible retención en un CIE hasta a seis meses, previendo la cárcel para quién alquile inmuebles a los indocumentados, la liberalización de las “rondas” o milicias privadas (no armadas) de seguridad y la firma de un “contrato de integración” para ciudadanos extranjeros93. La evidente vinculación discursiva entre criminalidad e inmigración, a partir del nombre de este “paquete”, es sólo uno de los tantos ejemplos que se podrían traer con respecto de este país, donde los episodios de racismo institucional contra gitanos, inmigrantes, musulmanes, homosexuales y “minorías” de todo tipo se han ido haciendo cada vez más numerosos94.

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Según los recientes desarrollos, parece que este contrato consistirá en una serie de puntuaciones (relativas al conocimiento del idioma, las instituciones, etc.) que permitirán al extranjero renovar o no renovar el permiso de residencia (Corriere della Sera.it, 5/2/2010). 94 En 2010, justo después de los sucesos de Rosarno, un pueblo donde ha habido pogromas, fomentados por la 'Ndrangheta (la criminalidad organizada calabresa), contra trabajadores del campo subsaharianos, el Presidente Berlusconi declarará: “Una reducción del número de extracomunitarios en Italia significa menos gente que vaya a engrosar las filas de los criminales” (Corriere della Sera.it, 28/1/2010).

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6.7 Las tres directivas sobre retorno, sanciones penales y “tarjeta azul” Es en este contexto de derechización general que, al nivel comunitario, se aprueban unas cuantas medidas, muy puntuales y específicas, que desarrollan determinados aspectos de la Política Común de Emigración; en particular, me refiero a tres directivas aprobadas entre 2008 y el comienzo de 2009: la “Directiva de retorno de inmigrantes ilegales”, la “Directiva de sanciones penales para los empresarios que contraten a irregulares” y la “Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado”. La primera medida, aprobada después de tres años de gestación por el Parlamento Europeo, sin enmiendas, el 18 de junio de 200895 (justo al día siguiente de la Comunicación sobre Política Común de Emigración), debido a su carácter restrictivo ha sido re-bautizada por algunos gobiernos latinoamericanos de izquierdas y numerosas asociaciones pro derechos humanos “Directiva de laVergüenza” (El País.com, 1/7/2008). Incluso algunos políticos indudablemente no “radicales”, como Jacques Delors y Michel Rocard, han declarado su inquietud ante “la pertinencia de que el primer proceso de codecisión sobre inmigración sea un proyecto ligado a la represión, antes de que las condiciones de acogimiento y de integración de los extranjeros no comunitarios hayan sido debatidas y determinadas por los Veintisiete” (El País.com, 18/6/2008). La finalidad declarada de este texto es la de desarrollar un marco común europeo para un política de retorno96 eficaz hacia aquellos inmigrantes que se encuentren dentro de las fronteras de la UE en condición irregular (ya sea por caducidad del visado/permiso de trabajo, ya sea por llegar desde el principio “sin papeles”97). De hecho, la Directiva plantea la preferencia del retorno voluntario ante el forzoso, y la concesión de un plazo para concretar la salida de la UE. Sin embargo, lo que parece más relevante son las medidas represivas previstas, las cuales, aunque subordinadas “al respeto de los principios de proporcionalidad y eficacia” entre medios y objetivos, resultan indudablemente lesivas de los derechos humanos básicos. En particular me refiero a los siguientes aspectos: 1. La prohibición de entrada al territorio de la UE por cinco años tras la expulsión, o más en el caso de “amenaza grave” para el orden y la seguridad;

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El resultado de las votaciones es de 369 parlamentarios a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Frente al apoyo de la mayoría del grupo popular europeo y de los liberales y al rechazo de la izquierda verde y comunista, los socialistas se presentan divididos, pues, aun declararando su contrariedad ante un texto que no acepta las enmiendas del grupo, éste recibe el apoyo del gobierno de Zapatero y de todos los europarlamentarios pertenecientes al PSOE, menos tres (El País.com, 8/6/2008). 96 Esta política de retorno se puede aplicar tanto hacia el país de origen o un país de tránsito con el que haya acuerdos de readmisión (ya sean comunitarios o bilaterales), como hacia un tercer país al que el inmigrante, siendo aceptado, quiera ir. 97 Por el contrario, la Directiva deja a los estados miembros la facultad de no aplicar sus medidas a los extranjeros que hayan sido detenidos en las fronteras o en su cruce por tierra, aire o mar y que no hayan obtenido una autorización o derecho a permanecer en ese estado miembro. Se trata de la distinción entre el “retorno” o “repatriación” y las “devoluciones”.

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2. El riesgo, para los inmigrantes que hayan recibido una orden de expulsión, de ser “retenidos” en un Centro de Internamiento -en los supuestos, cuanto menos genéricos, de “riesgo de fuga” o “falta de colaboración”, más aún teniendo en cuenta que en un principio esa retención puede ser decidida tanto por la autoridad judicial como por la administrativa- , en espera de que se realice el procedimiento de repatriación, por una duración de hasta seis meses, extensibles a dieciocho en el caso de “falta de cooperación” de parte del internado o del “retraso en la obtención de la documentación necesaria de parte de los terceros países” (Directiva 2008/115/CE)98; 3. La posibilidad, aunque como “último recurso” y “durante el menor tiempo posible”, que los menores no acompañados y las familias con menores sean internados en los centros de detención; 4. La utilización, bajo ciertos supuestos, de las cárceles normales y corrientes en lugar de los centros de internamiento, aun separando a los internados del resto de los presos. En un interesante artículo, Acosta recorre todo el camino de esta Directiva, desde el engendro hasta la aprobación, mostrando cómo, poco a poco, los elementos de ligera mejora propuestos por el Parlamento han sido en larga medida desatendidos por el Consejo. Lo interesante es que se examina el mecanismo de los “triálogos” entre Comisión, Consejo y Parlamento, encuentros informales a los que no pueden acceder los representantes de los partidos menos relevantes, y donde el Consejo por lo general tiene el mayor poder de influencia, capaz de imponer su visión, gracias a una serie de factores, como los constreñimientos procedimentales, las asimetrias en las relaciones de fuerza entre las tres instituciones y las presiones de los gobiernos nacionales. De hecho, la “Directiva de la Vergüenza” fue aprobada tan rápidamente y sin enmiendas bajo chantaje del representante del Consejo Dragutin Mate, que había avisado que el acuerdo alcanzado era apenas aceptable, y que si no había una aprobación en primera lectura, seguramente muchos estados intentarían introducir medidas más duras en la segunda lectura. De ahí, la “invitación” al Parlamento a no aprobar ni una sola enmienda (Acosta, 2009). Así pues, el estudio de los mecanismos concretos de codecisión y de la asimétrica cantidad de poder de la que disponen los diferentes sujetos enunciadores nos recuerda la necesidad, al lado del análisis del discurso, de desarrollar una etnografía institucional. La “Directiva de sanciones penales para los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular” es aprobada por el Parlamento Europeo, tras un debate complejo, el 19 de febrero de 2009 (con 552 votos a favor, 105 en contra y 34 abstenciones), teniendo en cuenta que a mediados de 2008 siete países (Alemania, Finlandia, Países Bajos, República Checa, Hungría, Polonia y Suecia) se habían opuesto 98

Este plazo no es obligatorio para todo estado, sino que representa la duración máxima: ésta también ha sido la motivación con la que el gobierno socialista español ha valorado positivamente la medida, planteando que poner un plazo constituye una garantía para los países que no tienen limitaciones, y agregando que por su parte el gobierno español no aumentaría el plazo previsto por la ley, en aquel entonces de 30 días. Sin embargo, sólo un año después, en la reforma de la Ley de Extranjeria (L.O. 2/2009), ese mismo gobierno lo ampliaría a 60 días.

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a la idea de que la UE pudiese establecer el tipo de sanción a aplicar contra los empresarios que utilicen fuerza de trabajo en condiciones irregulares, así como a la idea de que se impusiese un número mínimo obligatorio de inspecciones (el planteamiento inicial era el 5% de las empresas), planteando que “lo importante no es el número sino la calidad de estas inspecciones” (FPTD.org, 2008) 99. En los siguientes meses, los eurodiputados apoyan la norma, aun posponiendo la votación, hasta que se incluye “una declaración que garantice que las disposiciones sobre la subcontratación podrán ser objeto de modificaciones en el futuro” (Parlamento Europeo, 2009a). En este debate, además, se manifiesta una evidente crispación entre diferentes instituciones, puesto que, como explica el eurodiputado socialista italiano Claudio Fava: “Al principio, la lógica era luchar solamente contra los inmigrantes ilegales”, pero los parlamentarios consiguieron “hacer comprender nuestra postura” al Consejo Europeo en el proceso de co-decisión (Parlamento Europeo, 2009b). Así pues, la versión aprobada por el Parlamento, un texto en algún sentido de mediación, plantea lo siguiente: 1. Unas penas mínimas100 a escala europea para los empresarios que contraten a “sin papeles”, desde multas hasta la exclusión de subvenciones y ayudas públicas nacionales o europeas durante 5 años101, y también sanciones penales en el caso de reincidencia, de contratación de un gran numero de “irregulares”, o de menores, víctimas del tráfico de seres humanos o de explotación; 2. El reembolso automático de los salarios atrasados, pagando una cantidad de dinero igual a la correspondiente a las prestaciones sociales a las cuales el trabajador habría tenido derecho si hubiese tenido un contrato regular (pero si no es posible demostrar la duración de la relación laboral, el reembolso se limitará a tres mensualidades); 3. La implicación de los contratistas principales y los intermediarios si la empresa es subcontratista, siempre que se pueda demostrar su conocimiento de la situación (una condición que, como acabo de mencionar, podrá ser revisada en el futuro). 4. La designación de asociaciones que ayuden a los inmigrantes a denunciar su condición y la posibilidad de que éstos puedan recibir permisos de estancia temporales, si colaboran con la policía; 99

Otros ejempos del debate: “Por su parte, el ministro de Inmigración Celestino Corbacho, se situó en el bando de los Estados miembros que apoyaron sin fisuras la norma, al igual que el resto de países del sur de la UE que reciben más presión migratoria. 'Siempre he creído que el culpable de la inmigración ilegal es el que la explota, y por lo tanto creo que esta propuesta va en la dirección adecuada de sancionar a aquél que se aprovecha de las condiciones humanas de un inmigrante que va a otro país irregularmente', dijo. El ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, sostuvo que 'no está justificado' establecer normas mínimas en la UE sobre sanciones penales a los empresarios porque 'hay otras posibilidades de luchar contra la inmigración ilegal'. En Italia, el ministro del Interior, Roberto Maroni, afirmó que en su país las sanciones penales no han arrojado resultados 'tan positivos', y aseguró que las inspecciones son un sistema 'más eficaz'. Una idea que comparten los representantes de España, Grecia y Portugal” (FPTD.org, 2008). 100 Aplicadas tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. 101 Sin embargo, las penas serán reducidas en el caso de personas que contraten a empleados del hogar en condición irregular (siempre que no se trate de casos abiertos de explotación): es interesante notar cómo las normativas siguen reconociendo implícitamente el papel central de los trabajos de cuidado, hoy día emprendidos en larga medida por trabajadoras migrantes, como la constante “excepción”.

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5. La realización de “inspecciones eficaces y suficientes”, de partes de los países miembros, para controlar la contratación de eventuales migrantes en condición irregular. Esta Directiva es interesante por plantear, al menos simbólicamente, una opción más abierta hacia los derechos laborales y de las personas, ante la dinámica restrictiva del conjunto de las políticas comunitarias. Sin embargo, tanto la evolución del marco legal general, como su implementación concreta en los diferentes estados deberán ser estudiados esmeradamente: es que, mucho más allá de las declaraciones de principio, si no cartografiamos concretamente tanto la traducción de la directiva en leyes estatales (prevista en un plazo de dos años), como la aplicación material de sus planteamientos de parte de los diferentes aparatos y dispositivos, cada vez más externalizados, de la gubernamentalidad migratoria europea, corremos el riesgo de pensar que a un simple planteamiento de principios le corresponden prácticas no discursivas “coherentes”. Volveré a este tema teórico más adelante, aquí me limito a señalar la necesidad de profundizar en un acercamiento, en algún sentido etnográfico, alrededor del proceso real de nacimiento y aplicación de la Directiva; un proceso que parece presentarse bastante complicado si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Italia, en enero de 2010, el Senado ha suprimido el art. 48 de la Ley de Traducción de la Directiva, que preveía la posibilidad de un permiso temporal para quiénes denunciasen a su empleador (La Repubblica.it 28/1/2010). A finales de noviembre de 2008 el Parlamento Europeo da luz verde a la “Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificados”, más conocida como “Directiva sobre la Tarjeta Azul”, que será definitivamente adoptada por el Consejo el 25 de mayo de 2009. Esta directiva hace una explícita referencia a la estrategia de Lisboa, pues declara apuntar al objetivo de establecer la economía del conocimiento “más avanzada, competitiva y dinámica del mundo” (Consejo Europeo, 2000). Ante la realidad de una UE poco atractiva para los trabajadores cualificados de terceros países102, y con la finalidad de revertir la situación, haciendo que éstos emigren a la Unión y se queden por una larga estancia (ya veremos que, para otros perfiles de mano de obra menos cualificada, se irá planteando todo lo contrario, un modelo de migración “circular”), se impulsa la adopción de una serie de procedimientos comunes a los Estados miembros, aun no sustituyendo las diferentes normativas nacionales. En particular se prevé lo siguiente:

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“La ponente parlamentaria, la diputada alemana Ewa Klamt (PPE-DE), subraya que frente a los países de inmigración tradicionales, como Estados Unidos, Canadá o Australia, la UE ocupa un puesto relativamente bajo en la competición por los mejores 'cerebros'. Solamente el 5,5% de los emigrantes altamente cualificados de los países del Magreb vienen a la Unión, mientras que cerca del 54% eligen Estados Unidos o Canadá. Por lo que se refiere a los trabajadores muy cualificados de todos los terceros países, la UE, con una cuota del 1,72 % del empleo total, también está muy por detrás de otros países como Australia (9,9 %), Estados Unidos (3,2 %) y Suiza (5,3 %)” (Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 20/11/2008).

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1. Procedimientos más rápidos de admisión tanto para los trabajadores altamente cualificados, como para sus familias (a través de una reagrupación familiar “privilegiada”); 2. El otorgamiento de derechos sociales y económicos iguales a los de los ciudadanos de la Unión, al menos en determinados sectores; 3. La prerrogativa, para quien haya sido admitido a entrar en la UE conforme a los criterios de esta Directiva, de poder solicitar una Tarjeta Azul europea, que le permitirá acceder progresivamente al mercado de trabajo, así como a los derechos de estancia y movilidad tanto para él como para su familia, por ejemplo, pudiendo circular libremente en el territorio de otro país del espacio Schengen por un período de hasta 3 meses. La movilidad laboral de los trabajadores cualificados estaría limitada sólo durante los primeros 2 años, para cumplir con el principio de preferencia comunitaria. El aspecto central de esta Directiva radica en la concesión de un sistema progresivo de derechos, que acerca cada vez más el estatus de una capa de trabajadores no comunitarios de alta cualificación a la condición de los ciudadanos de la UE, a la vez que los aleja de la condición de otros trabajadores migrantes, no cualificados: dentro de un marco que vincula profundamente las dimensiones exterior e interior de las políticas migratorias, las jerarquías coloniales de círculos concentricos que, “más allá” de las fronteras de la UE, organizan y estratifican las relaciones de fuerzas mundiales entre diferentes países se traducen, “más acá”, en la creación de jerarquías y estratificaciones multiples dentro de la fuerza de trabajo, a partir del derecho a la movilidad, para su mejor gobierno. Esta Directiva sobre la Tarjeta Azul debería ser leída, por lo tanto, en el marco de la globalidad de las políticas migratorias y laborales europeas, a partir de la Directiva de Retorno, la cual, procediendo en una dirección exactamente opuesta, reduce las garantías y las libertades de los “ilegales”, en la mayoria de los casos, fuerza de trabajo “en negro” y precaria. Así pues, incluso la Directiva de Sanciones, que parece escaparse de un enfoque general regresivo, quizá no deba ser considerada como un aparte o una contradicción, sino como el lógico complemento de otras medidas, dentro de un “paquete”, donde lo que cuenta no son las políticas específicas y puntuales, sino la estrategia de conjunto en la manera de abordar la inmigración. 6.8 Entre el Pacto Europeo y el Programa de Estocolmo: se afirma un discurso comunitario sobre la integración El 15 y 16 de octubre de 2008, en Bruselas, acogiendo la propuesta de la Presidencia semestral francesa, el Consejo Europeo aprueba el “Pacto Europeo sobre Migración y Asilo”, un breve documento apoyado en particular por el ya mencionado Brice Hortefeux, en ese entonces, aparte de ministro francés,

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también Presidente del Consejo de Justicia e Interior de la UE103. Este texto básicamente concreta y retoma la estrategia planteada en las anteriores comunicaciones, dándoles un carácter “solemne” y achacándole a Sarkozy una proyección política relevante, al nivel comunitario, con respecto de los temas migratorios, y ahora de una manera más marcada y evidente, de la integración de inmigrantes. Desde una perspectiva analítica es interesante resaltar algunos aspectos de la terminología utilizada: según la interpretación vigente, “pacto” significa: “Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado” (Real Academia Española, 2009b). Ahora bien, al ser un pacto “sobre los migrantes”, no ya “con los migrantes”, queda bien claro que el acuerdo al que nos referimos no es entre los países de la UE y los migrantes presentes en Europa, sino sencillamente entre los estados miembros, excluyendo de cualquier poder de negociación a los sujetos realmente afectados por su contenido. A estas alturas la retórica contratual oculta la naturaleza y el origen jerárquico de este documento, que mejor se debería haber llamado “medidas y disposiciones hacia los inmigrantes en Europa” o algo parecido: la Integración, así, lejos de ser un concepto “bilateral” y concebido de manera recíproca -tal y como plantean, como hemos visto, numerosos documentos de las instituciones comunitarias- , ya en su definición es elaborada sólo por una de las partes, que decide su contenido, aunque sea la otra parte (prevalecientemente) quien se someterá a las medidas concretas. Los cinco “compromisos” en los que se articula el texto, plantean lo siguiente: 1. La preponderancia de las necesidades económicas de la Unión, de la que derivaría la atención a los trabajadores altamente cualificados y el impulso a procesos migratorios “circulares”; 2. La lucha contra la inmigración “ilegal”, insistiendo, por un lado, en las medidas de control fronterizo (como el fortalecimiento de FRONTEX y el compromiso, para 2012, de extender la utilización de identificadores biométricos -como fotografías digitalizadas o huellas digitales- y desarrollar un nuevo Sistema de Información de Visados, el VIS); por el otro, en las políticas de retorno y de cooperación, en el marco de un discurso desarrollista y de la muchas veces citada vinculación entre dimensión interior y exterior, donde se plantea la promoción de “acciones de desarrollo solidario que permitan a los migrantes participar en el desarrollo de sus países de origen” (Ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, 2008: Compromiso 5). Entre otras cosas, se plantea que las regularizaciones por motivos humanitarios o económicos, de ahora en adelante, se hagan “caso por caso” y no de manera masiva (acogiendo así las recomendaciones de la Comunicación sobre Política Común de Emigración); 3. Una política de reagrupación familiar “mejor organizada” y la implantación de un régimen común de asilo para 2012; 103

La aprobación del “pacto” es precedida por la Conferencia inter-ministerial sobre Integración, que tiene lugar el 3 y 4 de Noviembre en Vichy.

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4. Unas políticas de integración “sustentadas en el equilibrio entre los derechos (acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios sociales) y las obligaciones de los migrantes (respeto a las leyes y a la identidad del país de acogida104)”, donde el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo se tornan dos factores relevantes (Ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, 2008: Compromiso 1). Vemos que desde el punto de vista del contenido específico, este pacto, en realidad no introduce particulares novedades con respecto a los anteriores documentos. Quizá el elemento más llamativo sea el carácter “oficial” otorgado al planteamiento global sobre integración, algo que sin embargo iba desárrolladose ya a partir del Programa de La Haya. El prisma de la integración, en un primer momento casi inexistente en los discursos políticos de la Unión Europea, ha ido cobrando relevancia paulatinamente, aunque bajo ningún concepto esto ha sido de una manera alternativa a las medidas seguritarias y represivas, sino, más bien, de una manera complementaria. Lejos de querer presentar una visión homogénea, tanto de las orientaciones de las diversas instituciones de la Unión, como de los planteamientos políticos de los diferentes partidos en sus vicisitudes históricas concretos, sin embargo considero prevalecientes los elementos de “acercamiento” entre las prácticas políticas y la tendencia a una forma de gobierno neoliberal muy parecida entre los sujetos políticos concretos que en estos últimos años han estado dirigiendo la Unión Europea. En primer lugar, porque como observan numerosos estudiosos (por ejemplo López Sala, 2006) hay una creciente convergencia de las medidas de integración de inmigrantes propuestas en diferentes estados, como los tests de idioma o de conocimiento de la “cultura nacional”, que además, revelan una tendencia a concebir la integración de una manera culturalista, como ya he observado, muy diferente del paradigma clásico de integración laboral típico del Estado del Bienestar105. En segundo lugar, porque todos los planteamientos, tanto al nivel comunitario como al estatal, sobre la integración de inmigrantes asumen la prioridad de la lucha contra la inmigración “ilegal”, como si la ilegalidad fuera una condición existencial y no una construcción jurídica y social, que además le corresponde, a través de la producción de leyes, exactamente al colectivo de los políticos. Así pues, incluso los planteamientos “positivos” sobre integración de inmigrantes, sin querer ahora desmenuzar su contenido específico ni las posibilidades de implementación concreta, se refieren a los inmigrantes legales, dentro del contexto de una Europa Fortaleza que, como hemos estado viendo, va reforzando cada vez más un régimen de fronteras que es productor de ilegalidad e incertidumbre: no sólo a la entrada, sino constantemente, a raíz del riesgo de “perder” los papeles y hundirse en la ilegalidad. En tercer lugar, y por consiguiente, 104

Quiero resaltar el simplismo de este concepto (“identidad del país de acogida”), como si la identidad fuera algo homogéneo, fijo e indiferenciado pertenenciente a una “Nación” y se tratara de “respetarla”. 105 En realidad, como ya hemos visto, los documentos de la UE sobre integración siguen haciendo referencia a la importancia de la dimensión laboral: la diferencia está en que ya no es considerada una condición suficiente. En el Estado del Bienestar integrarse en el mundo laboral bastaba para integrarse en la sociedad: el elemento cultural simplemente no existía, ni era objeto de problematización alguna.

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porque es el prisma del “libre mercado” el que fundamenta las políticas migratorias en su conjunto: así pues, la subordinación de las políticas potencialmente más “abiertas” al marco macro-económico es en algún sentido una característica estructural. En cuarto lugar, finalmente, porque como hemos visto las mismas políticas de integración o de concesión de derechos, como es el caso de la reagrupación familiar y del derecho al asilo, a su vez son utilizadas como instrumentos de control migratorio, o sea, como otro elemento del régimen fronterizo interior. A finales de 2009, también, el Consejo de la UE aprueba el nuevo Programa quinquenal de Estocolmo (2010-2014), en sustitución del de La Haya. Es interesante destacar que, aunque en un contexto de crisis económica, donde muchos discursos políticos al nivel del Estado-nación hacen hincapié en el “no cabemos todos” y en la necesidad de limitar o reducir la inmigración dando prioridad a la fuerza de trabajo “nacional”, este documento aborda las necesidades económicas de la UE a largo plazo, reconociendo que: “La inmigración laboral puede contribuir a aumentar la competitividad y la vitalidad económica”, y por consiguiente manteniendo un enfoque económico-instrumental, centrado en “la implementación de la estrategia de Lisboa” (Consejo de la Unión Europea, 2009). Así pues, se asume la vinculación entre políticas interiores y exteriores, valorando positívamente el Enfoque Global como marco estratégico, en sus tres ejes: favorecer las migraciones “legales”, “optimizar” el nexo entre migración y desarrollo (con particular atención a los países africanos y de la Europa oriental y sudoriental), controlar las migraciones “ilegales” (aunque dentro de un discurso que subraya la necesidad humanitaria de luchar contra la “trata de seres humanos”). Con respecto al tema del desarrollo, es de resaltar el objetivo de crear un portal informativo común de la UE sobre las remesas, así como de fomentar la competencia entre los proveedores de este servicio, dentro de un planteamiento que tiende a valorar las remesas como un factor de desarrollo para los terceros países de origen. Por otro lado, se continúa abogando por las políticas de retorno, preferentemente voluntarias y en el respeto del principio de no refoulement (“no devolución”)106, donde la decisión de retorno promulgada por un estado miembro sea reconocida y aplicable por todos los demás, así como se aboga por un modelo de migración circular, en el supuesto de que los migrantes, una vez retornados a sus países, tendrán las capacidades técnicas para implementar políticas de desarrollo; todo esto dentro de un marco de “cooperación” con los países de origen y de tránsito, que avance en la conclusión de acuerdos de readmisión, caso por caso, tanto al nivel comunitario como al nivel bilateral; pero también, a través de la implementación del papel de FRONTEX (estableciendo oficinas regionales especializadas en diferentes aspectos operativos, así como a través de la participación directa de la agencia en operaciones de retorno107) y de un enfoque coordinado hacia 106

Por otro lado, Per Oenéus, representante de Suecia durante su período de Presidencia de la Unión en 2009, declaraba en la Asamblea General de ONU que “el principio de no devolución debía ser reevaluado, por ejemplo en un contexto de flujos migratorios mixtos” (APDHA 30/11/2009). 107 En un Consejo Europeo de octubre de 2009 se plantea la posibilidad de fletar regularmente vuelos de retorno, comunes entre diferentes estados, financiados por la Agencia FRONTEX y se invita a la Comisión a presentar propuestas concretas para

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aquellos países que no colaboren en las políticas de readmisión de sus propios nacionales. En fin, lo que vemos es una profundización y ulterior coordinación del Enfoque Global, adoptando estrategias que se consideren cada vez más eficaces y de conjunto, aliñadas con un discurso humanitario que, por lo que afecta a la dimensión exterior de las políticas, plantea el fortalecimiento de la seguridad “haciendo que los terceros países se comprometan por combatir el crimen grave y organizado, las drogas, el tráfico de seres humanos”, y también promoviendo allí “el estado de derecho y los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la seguridad, la estabilidad y la creacción de un entorno seguro y sólido para los negocios, el comercio y las inversiones” (Consejo de la Unión Europa, 2009; la cursiva es mía). Al respecto, cabe hacer dos observaciones: en primer lugar, teniendo presente esta última cita, señalo cómo el discurso humanitario y de los derechos humanos aparece siempre colonizado por una lógica en última instancia económica: no es de extrañarse, por lo tanto, que dentro de este marco se sostenga que la Unión debería crear unos sistemas de admisión “flexibles”, basados en políticas migratorias fundamentadas en la demanda de trabajo de los mercados nacionales de los Estados miembros (siempre dentro del principio de preferencia comunitaria). También se invita -no es la primera vez en un documento de la UE- a revisar la directiva existente sobre reagrupación familiar. En segundo lugar, es menester observar que se repite continuadamente la cosmovision eurocéntrica, en una constante jerarquización de las relaciones exteriores; lo cual se ve, por ejemplo, en el apartado sobre “La Dimensión Exterior de Libertad, Seguridad, Justicia” (Consejo de la Unión Europea, 2009), donde se plantean diferentes niveles de relación con terceros países, reproduciendo el mecanismo de círculos concéntricos. Así pues, los estados que en el futuro tengan la perspectiva de entrar en la Unión, serán “ayudados” en la trasposición del acervo comunitario; con los países vecinos, así como con EE.UU, Rusia y otros socios clave debería colaborarse en todos los temas del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (evidentemente sobre bases diferentes dependiendo de las relaciones de poder específicas); con los estados miembros del Espacio Schengen y del Area Económica Europea que no forman parte de la UE debería estrecharse aún más la cooperación ya existente, basada en “confianza y solidaridad”; con otros países, “dependiendo de su contribución a las prioridades estratégicas o geográficas de la UE” (Consejo de la Unión Europea, 2009), podrá haber ulteriores niveles de colaboración, inclusive la cooperación con organismos internacionales regionales. principios de 2010. Hasta ahora, los chárteres estaban incluidos en la responsabilidad y el presupuesto de los Estados miembros: como plantean algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, “el hecho de que el útimo Consejo Europeo considere que estos vuelos tienen un carácter regular y podrán financiarse sobre presupuesto europeo constituye una grave inflexión de la política de la UE en cuanto a asilo e inmigración. Organizar procedimientos de expulsión bajo 'bandera europea' es una forma de armonización regresiva”, además de representar otra profundización de ese proceso externalización de las fronteras, que mucho más allá de la retórica, de hecho hace imposible el control democrático sobre el respeto a los derechos humanos. (APDHA, 30/11/2009). El uso de vuelos chárters en lugar de comerciales parece derivar de que este último tipo de expulsión, aparte de ser caro, genera rechazo en los aeropuertos y por parte de los pasajeros; por otro lado, los vuelos sólo con ‘expulsados’, a cargo de un único país, supondrían problemas diplomáticos con el estado de recepeción: “Por ello, y en el marco del Pacto Europeo por la Inmigración y el Asilo, los gobiernos de la UE quieren implementar los vuelos conjuntos, más allá de los nueve chárteres organizados en los años 2006 y 2007” (Chameta, 13/12/2008).

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Otro planteamiento de la Estrategia de Estocolmo es la (reiterada) apuesta por una Política Europea Común de Asilo, objetivo a conseguir para 2012, que iguale tanto los procedimientos, como el estatus de los asilados, independientemente del Estado en el que éstos residan, que reparta a los mismos de una manera más uniforme entre los diferentes países comunitarios, pero también, dentro del proceso de externalización de las fronteras, que fomente la “capacidad” de terceros países de ofrecer protección, entre otras cosas desarrollando la idea de los Programas Regionales de Protección (PRP) y finalmente, impulsando la difusión de métodos para “identificar los que necesiten protección internacional en los 'flujos mixtos'” (Consejo de la Unión Europea, 2009). Sin embargo, lo más relevante en este caso no es de lo que se habla, sino lo que falta: el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros del estatus de asilado (Fundación CIDOB, 2009). Ésta parece una contradicción evidente, si tenemos en cuenta que por el contrario, por lo que afecta a la prohibición de los expulsados de volver a los países comunitarios, o a la negativa de conceder el asilo de parte de un país determinado, ahí sí vale el principio del reconocimiento mutuo108. Finalmente, por lo que respecta a la política de visados, se plantea que la entrada en vigor del código comunitario sobre visados y la gradual puesta en marcha del Sistema Integrado de Visados “creará importantes nuevas oportunidades para desarrollar ulteriormente la Política Común sobre Visados” (Consejo de la Unión Europea, 2009). Por lo tanto, se invita a aumentar la cooperación consular regional a través de específicos programas, así como se mantiene la posibilidad de concluir acuerdos con terceros países para facilitar la obtención del visado en casos “apropiados” y el mantenimiento de la lista de los terceros paíes cuyos nacionales estén o no estén sujetos al requerimiento del visado. El año 2009 marca una fecha fundamental desde el punto de vista de la integración europea, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Es que después del fracaso del proyecto de Constitución en 2005, y para salir del atasco, los representantes de todos los estados miembros habían firmado, el 13 de diciembre de 2007, este tratado, cuya función era la de sustituir el texto constitucional (aun reintroduciendo la mayoría de los principios, si bien no a través de un texto único, como habría sido la Constitución, sino con la modificación de los tratados ya existentes, y también evitando oficializar algunos vestigios identitarios, como la bandera y el himno). Los estados miembros habían optado por la vía parlamentaria como único mecanismo de aprobación, excluyendo el referendum por miedo a un nuevo rechazo popular; sólo Irlanda, para respetar una sentencia de 1987 de su Corte Suprema, celebra un referendum en junio de 2008, que de nuevo ve prevalecer los noes. Así pues, después de ulteriores debates en las instituciones comunitarias, se 108

Al respecto, no puedo sino compartir la acertada afirmación de Paleologo: “Mientras los principales países europeos se destacaban por el apoyo ofrecido a las guerras 'humanitarias' promovidas por Estados Unidos, de Kosovo a Afganistán, de Iraq a Somalia, así como en muchas otras partes del globo, se restringían drásticamente las posibilidades de entrada, y a menudo también las vías de fuga, para millones de solicitantes de asilo potenciales (Paleologo 2007).

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decide volver a celebrar la consultación, en octubre de 2009, esta vez con éxito. El resultado positivo desbloquea definitivamente las dudas de Polonia y Republica Checa, cuyos parlamentos ratifican finalmente el Tratado, que entra en vigor oficialmente a partir del 1 de diciembre de 2009. Desde el punto de vista institucional, las innovaciones del Tratado retoman la mayoría de las medidas del proyecto de Constitución, y en particular, todas las que he mencionado anteriormente109; a nivel general, comparto la afirmación de Taibo (aunque relativa a la Constitución) sobre el hecho de que este texto “corta las alas a la socialdemocracia” (Taibo, 2006: 112), en el sentido de que establece un marco de políticas neoliberales y privatizadoras que impiden institucionalmente incluso la posibilidad de unas políticas expansivas de tipo neokeynesiano. Específicamente, vuelvo a hacer hincapié en la supresión de los Pilares y la definición de tres tipos de competencias, la extensión del voto por mayoría cualificada, la introducción de una Política Común de Seguridad y Defensa, la mayor relevancia del Parlamento Europeo como colegislador 110 y de los Parlamentos estatales como “vigilantes” de los procesos decisionales. También es de señalar que las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea pasan a ser jurídicamente vinculantes, así como que por primer vez se prevé el “derecho a la salida” de la Unión de los Estados miembros. Con respecto de las políticas migratorias, sin duda es de destacar el hecho de que el Tratado amplía el mecanismo de decisión por mayoría calificada también a este ámbito, con procedimiento legislativo ordinario y con poderes colegislativos del Parlamento Europeo. La creciente comunitarización de las temáticas migratorias va de la mano de la consideración de este asunto como algo a abordar de una manera conjunta y “compleja”. Así pues, la nueva formulación del artículo 62 aboga por un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores, que fortalezca la vigilancia y el control en el cruce de las fronteras exteriores, a la vez que garantice la ausencia de controles de las personas una vez que éstas hayan cruzado las fronteras interiores. Por otro lado, el planteamiento del Enfoque Global, fundado en la ecuación liberal: “más desarrollo económico en los terceros países = menos inmigración ilegal”, así como 109

La renovada arquitectura institucional de la UE está compuesta por las siguientes instancias: la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE (compuesto por los ministros nacionales de cada área específica), que tendrá un plazo no ya de seis, sino de dieciocho meses, co-gestionada por los gobiernos de 3 países por cada ronda, siendo los primeros, a partir de 2010, los de Bélgica, Hungría y España); el ya mencionado Representante para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad (que preside el Consejo de Asuntos Exteriores, será Vice-Presidente de la Comisión Europea y también podrá representar la UE en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando sus países hayan alcanzado una posición común con respecto de una cuestión específica. A partir de 2010 el primer Representante será la inglesa Catherina Ashton); el Consejo Europeo de Jefes de Gobierno (o de Estado), que se convierte en una institución oficial de la UE y será presidido por el Presidente del Consejo Europeo, quien tendrá funciones administrativas y representativas del Consejo y de la Unión en el exterior, elegido por mayoría calificada entre los miembros de la institución y con un período de vigencia de dos años y medio (siendo el primer Presidente Herman van Rompuy). Finalmente, la Comisión Europea y el Parlamento, que por primera vez elegirá (y podrá destituir) al Presidente de la Comisión (José Manuel Barroso). También la Comisión, volviendo atrás con respecto de lo previsto en la Constitución Europea, ha decidido en diciembre de 2008 volver a la fórmula de un Comisario por Estado. Una puntualización: el Consejo de la UE y el Consejo Europeo no deben ser confundidos con el Consejo de Europa, otro organismo internacional de defensa de los derechos humanos, que reúne a 47 países y es algo exterior a las instituciones comunitarias. 110 Por otro lado, los mecanismos concretos de co-decisión entre Consejo, Comisión y Parlamento Europeo muchas veces desembocan en “triálogos” informales donde este último tiene muy poco poder de ver realizados sus planteamientos. Para más informaciones véase Bunyan (2007).

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la vinculación entre inmigración ilegal y delincuencia, siguen vigentes y reforzados, al afirmar el artículo 63 bis la necesidad de “una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la imigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas” (2007/C 306/01). También, el mismo artículo prevé que la Unión Europea “podrá celebrar con terceros países acuerdos para la readmisión, en sus países de origen o de procedencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, presencia o residencia en el territorio de uno de los Estados miembros” (2007/C 306/01). Finalmente, en el nuevo marco del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, se prevén actuaciones coordinadas del Consejo y el Parlamento para favorecer la integración de ciudadanos no comunitarios legalmente residentes en la UE, aunque se afirme expresamente que esto no conlleva la armonización de las leyes estatales, ni el derecho de los Estados miembros a decidir la dimensión de los “flujos” admitidos para la inmigración laboral. 6.9 Lo más reciente: la Cumbre de Zaragoza de 2010 El 15 y 16 de abril de 2010 tiene lugar en Zaragoza, bajo la fase española de la nueva tríplice presidencia del Consejo de la UE (seguida de Hungría y Bélgica), la Cuarta Conferencia Ministerial sobre Integración. En ese contexto se reseñan las acciones emprendidas en los últimos 5 años y se declaran cumplidas todas las medidas previstas por el Programa de La Haya, pudiéndose empezar a trabajar sobre Estocolmo. Se anuncia así una nueva estrategia, a pesar de que en realidad, el contenido de los documentos elaborados está en plena continuidad con el marco ya establecido. Para este encuentro, la Comisión Europea ha elaborado en marzo de 2010 un Documento de Trabajo específico: “La consolidación del marco comunitario sobre integración. Informe a la Conferencia Ministerial de 2010 sobre Integración” (SEC(2010) 357 final). En él se subraya el nuevo marco legal/político proporcionado por el Tratado de Lisboa y se mencionan todas las medidas y los encuentros realizados hasta ahora. De cara al futuro, se informa sobre el estado de implementación de las prioridades: la promoción de los valores comunes de la UE, la recogida de la percepción pública sobre migrantes y migración legal e ilegal, el desarrollo de módulos europeos sobre integración y la identificación de indicadores de referencia relevantes para evaluar los resultados (SEC(2010) 357 final: 3). También, se traen los recientes desarrollos en las estrategias de empleo, inclusión social y educación. Hablando de valores europeos, se recuerda el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que: “Subraya los derechos humanos, la libertad de opinión, democracia, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres, y la enseñanza obligatoria para los niños” (SEC(2010) 357 final: 4). Se recapitulan iniciativas emprendidas hacia los nacionales de terceros países recién llegados, que incluyen programas y actividades proyectadas para 120

introducir tales individuos a las sociedades de “acogida”, y para ayudarles a “adquirir conocimientos básicos con respecto de los lenguajes, historias, instituciones, rasgos socio-económicos, vida cultural y normas y valores fundamentales de las sociedades de acogida” (SEC(2010) 357 final: 5). Se habla también del diálogo intercultural y de la necesidad de actuar contra el racismo y el extremismo, de ciudadanía activa, recordando que la tercera edición del Manual sobre Integración, que será publicada exactamente en la Cumbre de Zaragoza, examina “los enlaces entre la adquisición de la nacionalidad y los procesos de integración” (SEC(2010) 357 final: 6). A continuación se habla del “proceso bilateral” de la integración, entendiendo que la recogida de percepciones, tanto de la ciudadanía europea como de los migrantes, es fundamental al respecto, así como el papel de los media. Los políticos y los interventores sociales deberían trabajar por despertar la atención (sobre todo con respecto de “los beneficios producidos por la migracion legal” (SEC(2010) 357 final: 7), pues la “ilegal” sigue siendo un tabú), porque esto contribuye al empoderamiento y a una información mayor. El cuarto apartado trata sobre “nuevos instrumentos de la UE de gobernanza de las políticas de integración: módulos e indicadores” (SEC(2010) 357 final: 8). Los seminarios técnicos que se han celebrado para preparar las tres ediciones del manual han desembocado en una infraestructura europea que será la base para un nuevo instrumento de cooperación, los Módulos Europeos para la Integración de Inmigrantes. Éstos servirán para apoyar los procesos de integración: “Introduciendo elementos esenciales, como los cursos de integración y las clases de idioma, un fuerte compromiso por la sociedad de acogida y la participación activa de los inmigrantes en todos los aspectos de la vida colectiva” (SEC(2010) 357 final: 8). Estos módulos deberían proporcionar técnicas y expertise sobre varios aspectos del proceso de integración, así como unos “indicadores” (core indicators) para monitorear y valorar el resultado de las políticas de integración. Finalmente, y no por casualidad, justo en el último apartado de las conclusiones, se remacha la instrumentalidad de la inmigración con respecto del contexto económico-demográfico: “Un desafío relevante yace entre el contexto económico y demográfico. La crisis global tiene implicaciones tanto para los países de origen como para los de acogida. De todas formas, tal y como reconoció el Consejo Europeo, en el contexto de los cambios demográficos que la Unión experimentará en el futuro con una aumentada demanda de trabajo, las políticas migratorias harán una contribución importante para el desarrollo económico de la Unión y su rendimiento a largo plazo” (SEC(2010) 357 final: 12) .

En los recortes anteriormente mencionados, se encuentra desde mi punto de vista el meollo de la lógica integradora comunitaria. No estoy con esto valorando negativamente cualquier planteamiento, ni por otro lado puedo negar la intención, en algunos momentos, proactiva ínsita en ciertas propuestas de

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“gobernanza” de la integración. Sin embargo, deconstruyendo las racionalidades y las visiones más profundas que operan detrás de los planteamientos específicos, me parece central resaltar unos cuantos aspectos:



La repetición de un planteamiento cientificista, y de un modelo de individuo liberal y racional, que opera en dos sentidos. El primero, se funda en la convicción de que el conocimiento de por sí genera conciencia. En otras palabras, el conocimiento de los aspectos positivos del trabajo migrante para la economía de la UE, o del valor positivo de las diferencias culturales, automáticamente serían un instrumento para luchar contra el racismo y la xenofobia, y para mejorar la convivencia. No niego que la desinformación tenga su relevancia, sin embargo, en una sociedad donde el problema no es el de la falta de información, pues estamos sumergidos en una increíble abundancia de datos, sino por el contrario de su desconexión con las experiencias sociales cotidianas, hay que resaltar la poca atención prestada a las dinámicas estructurales e institucionales que generan, y que incluso requieren del racismo y la discriminación para poder operar111. Aunque es verdad que parcialmente en el documento se tienen en cuenta los efectos desastrosos del paro sobre el colectivo migrante, así como la importancia de tener un empleo, éstos factores son abordados como “epifenómenos”, coyunturas negativas que operan en una esfera autónoma. Los grandes valores ilustrados y humanos de la tradición europea siguen vigentes, asentados ahí en lo alto de un pedestal, tan idealizados que no pueden verse afectados en absoluto por estos procesos concretos y materiales de degradación de la vida social, experimentados a diario por sujetos de carne y hueso. En segundo lugar, el planteamiento cientificista se concreta en la constante y creciente atención al valor del expertise, de las técnicas y las “buenas prácticas”, dentro de un paradigma “neopositivista” del que ya creo haber hablado suficientemente. Desde este punto de vista, la esperanza del ex vicepresidente de la Comisión Europea Frattini de encontrar al mundo de la investigación de su lado, puede considerarse satisfecha en gran medida.



La creciente importancia de los tests de integración, basados en la centralidad del conocimiento de la lengua del pais de “acogida” y en sus valores. Es interesante notar como, a pesar de que se pretenda hacer hincapié en la cultura política y cívica como elementos integradores, desde los documentos de la UE (y su implementación concreta en ciertos países) se desprende un “culturalismo reptante”. Con esto me refiero a la pretensión eurocéntrica de que ciertos valores de democracia y respeto a los derechos humanos sean característicos de la tradición europea y de ninguna más; no existe espacio para ningún diálogo interepistémico con otras “culturas” sobre la definición concreta del contenido de estos ideales.

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Al respecto me parece muy acertada la reflexión de Žižek: si un naziskin tuviera que explicar las razones de sus acciones violentas contra los migrantes, lejos de manifestar cierta ignorancia hablaría como un sociólogo o psicólogo social, justificando sus acciones por la inseguridad social, el derrumbe de la autoridad paterna, la crisis de la movilidad social etc.: “Queda así invertida la clásica forma ilustrada que, desde Platón, viene concediendo eficacia a la 'crítica de la ideología' ('Lo hacen porque no saben lo que hacen', es decir, el conocimiento es en sí mismo liberador; si el sujeto errado reflexiona, dejará de errar): el skinhead violento 'sabe muy bien lo que hace, pero no por eso deja de hacerlo” (Žižek, 2010: 40).

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Así pues, en el supuesto de que esos valores son patrimonio de una única tradición cultural, es evidente que el aparente contenido político y cívico de los valores europeos asume un trasfondo cultural. –

El continuo, reiterado y casi obsesivo tabú de la inmigración ilegal, que también sigue ahí como un fetiche dotado de vida propia, sin ninguna aparente relación con los mecanismos y la naturaleza económica de la Unión Europea neoliberal. A la vez que se sigue justificando la inmigración, en última instancia, por su necesidad económica, por el otro lado se hace caso omiso al carácter precario y en larga parte sumergido de la realidad productiva de la UE. Los planteamientos de esta Comunicación son en larga parte asumidos por la Cumbre de

Zaragoza, donde no por casualidad en su introducción la Comisaria de Interior de la UE Cecilia Malström, recordando la existencia de casi 23 millones de parados en Europa, recuerda que, aunque sea fácil considerar que ya no se necesita a migrantes, “esta conclusión es equivocada. Nos estamos enfrentando a desafíos demográficos que permanecerán mucho más allá de la crisis” (Malström, 2010: 2). La combinación entre una población trabajadora muy reducida y un amplio número de personas retiradas, hace que los nacionales de terceros países, por un lado, proporcionen cuidados para los europeos más ancianos, y por el otro, sean un importante recurso para cumplir con los objetivos de la estrategia “Europa 2020”, de tener el 75% de la población empleada entre 20 y 64 años. Como ya he citado, en esta Conferencia también se achaca mucha importancia a la tercera versión del Manual sobre Integración, que juntó a casi 600 expertos, desde gobiernos hasta organizaciones de la sociedad civil, por más de 18 meses (los tentáculos del gobierno de las migraciones, que se extienden tanto vertical como horizontalmente, hacia el mundo de las ONG); conllevando las tres ediciones del manual, en el conjunto, un tiempo de elaboración de 7 años. Las Declaracion Final de la Conferencia, finalmente, asume los contenidos del debate, valorando positivamente los materiales preparatorios y estableciendo los aspectos claves de la integración: empleo y educación, participación en el barrio y evaluación de las policies. Si esto parece en contradicción con lo anteriormente dicho, hágase caso bien qué concepto de empleo manejan las élites europeas: “Así pues, convendría también examinar el concepto esencial de capital humano, considerado como un conjunto de activos inmateriales entre los que se incluyen el conocimiento, las aptitudes y las competencias (formales e informales) que la persona ha adquirido mediante la educación y la formación. Además, el concepto de talento humano, entendido como 'un recurso económico que permite la creación de nuevos bienes, servicios, ideas, conocimientos y tecnologías, cultura y riqueza', podría utilizarse como una perspectiva fundamental para la integración, que haga posible la formulación de políticas intersectoriales que pongan en relación el empleo, la educación y la formación” (Presidencia Española de la UE, 2010: 4).

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También nótese que las prioridades educativas servirían para “sacar el máximo partido de la diversidad cultural de nuestras sociedades” (Presidencia Española de la UE, 2010: 5); así pues, será fundamental “incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial en todos los niveles de la educación y la formación” (Presidencia Española de la UE, 2010: 6). El concepto de trabajo y empleo aquí manejados, no son definiciones neutrales (ni nunca lo podrían ser) directamente descendidas desde el “ojo de Dios” de la racionalidad ilustrada europea, sino que son conceptos específicos de una cultura muy específica: la cultura empresarial neoliberal. Hasta ahora me he limitado a reseñar las políticas públicas comunitarias, con respecto de la inmigración y la integración de inmigrantes, analizando discursos, lógicas argumentativas, tópicos, dinámicas políticas. En los restantes bloques, tal y como he anticipado en el capítulo teórico-metodológico, intentaré explicar, justíficandolo, porque no es suficiente recurrir al mero análisis del discurso, así como la importancia de tener en cuenta (a la vez que deconstruir) las dinámicas y los conceptos económicos y las prácticas fronterizas. 7. Sobre algunas hipótesis teórico-metodológicas En esta parte esbozaré algunas muy parciales reflexiones, refrendadas por el análisis desarrollado en el capítulo anterior, con respecto de las hipótesis teórico-metodológicas planteadas al comienzo de este trabajo. En particular, argumentaré la necesidad de ir más allá del análisis del discurso y la importancia de introducir herramientas de economía crítica en el estudio de las políticas migratorias. 7.1 Cuando el análisis del discurso no es suficiente: algunos ejemplos concretos del régimen fronterizo En el anterior capítulo he reseñado las principales medidas de políticas migratorias que definen el marco legal de la Unión Europea. He señalado, a través del análisis del contenido discursivo de los documentos, la dinámica regresiva de las policies europeas en este ámbito: no hace falta ser “expertos” del tema para observar cómo progresivamente la UE ha ido cerrando sus puertas hacia los procesos migratorios y restringiendo derechos fundamentales, como la reagrupación familiar o el asilo. Sin embargo, el simple análisis de los documentos se queda corto. Las prácticas discursivas, los enunciados y los planteamientos de los textos comunitarios han de ser completados y, en algún sentido, refrendados, por otras prácticas no discursivas que también contribuyen a configurar la realidad de las políticas migratorias. En efecto, los documentos analizados no solamente producen clasificaciones, representaciones e imágenes estereotipadas, sino que también, articulan e integran esta producción con una suerte de “falsa 124

conciencia” con respecto de la identidad europea, una ideología eurocentrica que hace hincapié en los derechos humanos universales como rasgo característico y casi definitorio del proyecto político de la UE. Como hemos visto analizando la producción normativa comunitaria, junto con las medidas concretas cada documento presenta planteamientos más generales sobre la naturaleza de la UE, acerca de las supuestas finalidades humanitarias que estarían presentes incluso en las medidas más restrictivas, como las políticas de retorno y las “devoluciones”. Es más: ciertas medidas están enfocadas expresamente a la tutela y la protección de los derechos humanos; sólo por traer un ejemplo, la Directiva de sanciones contra los empresarios que contratan a fuerza de trabajo en condiciones irregulares y las diferentes medidas de asilo y protección del refugiado. Y es precisamente en este campo donde no podemos sólo concentrarnos en las prácticas discursivas, sino que deberíamos cartografiar esmeradamente las diferentes prácticas cotidianas que constituyen y concretan el discurso abstracto humanitario-universalista de las leyes generales y los grandes planteamientos. Volviendo a la Directiva de Sanciones, por ejemplo, cabe preguntarse qué efectividad real pueda tener, no sólo habida cuenta del contexto económico europeo, “naturalmente” caracterizado por el trabajo en negro y precario, y además marcado por una profunda crisis estructural; sino que además, deberíamos centrarnos en las reales medidas de control predispuestas por los diferentes estados, en su incidencia cuantitativa sobre el fenómeno general y, finalmente, en las inter-acciones y las agencias concretas, entendidas en su dimensión relacional, específica, tanto “material” como “simbólica”, que se dan en cada lugar: me refiero a empresas concretas, trabajadores y trabajadoras “sin papeles” e inspectores de la seguridad social reales y situados. En este sentido, complementar el análisis del discurso con una herramienta económica y sociológica “clásica”, así como con prácticas etnográficas, no es un adorno estético sino una necesidad: aplicadas a sus diferentes espacios epistemológicos estas metodologías se integran y van de la mano. Un ejemplo bastante interesante de la “desconexión” entre las prácticas discursivas contenidas en los textos comunitarios sobre políticas migratorias y los procedimientos cotidianos concretos, es el caso de las políticas de repatriación/“devolución” realizadas por los países comunitarios, muchas veces practicadas hacia potenciales refugiados que tendrían el derecho por lo menos a solicitar asilo112. Con respecto del asilo, cabe recordar que la Convención de Ginebra de 1951 relativa al Estatuto de Refugiado prohíbe que un migrante sea devuelto hacia un país donde su vida y su libertad estén amenazadas (principio de “no devolución”). Por otro lado, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE prohíbe las expulsiones colectivas y reitera la prohibición de las expulsiones hacia países donde no se respeten los derechos

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Es menester observar que la politica de asilo, aunque sea considerada algo aparte del control fronterizo y de la integración, de hecho es a menudo utilizada como otro instrumento más para restringir los “flujos”. Por ejemplo, en el estado español en 2008 se concedieron sólo 151 estatutos de asilo sobre 4.516 peticiones (apenas el 4%, el dato más bajo desde 1984) (El Mundo.es, 20/3/2009).

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humanos fundamentales113. A pesar de todo esto, como numerosos observadores lamentan, la práctica de expulsar migrantes a países que no respetan los derechos humanos está muy difundida 114: en Italia, por ejemplo, se realizan constantemente expulsiones a Libia, aunque una sentencia de 2005 de la Corte Europea de Derechos Humanos las prohibiera. Además se trata a menudo de deportaciones colectivas (en contra de la Carta de los Derechos fundamentales de la UE) y arbitrarias, pues como se está denunciando, se deporta a Libia a cualquier migrante, ya sean menores, mujeres embarazadas o solicitantes de asilo, a los que se impide ejercitar los derechos fundamentales (Melting Pot, 26/10/2009). De todas formas, no sólo se trata de Terceros Países; en el caso de Grecia, un país del área Schengen, se han registrado numerosos abusos de parte de las autoridades en perjuicio de los migrantes “irregulares”. Paleologo habla incluso de detenciones arbitrarias y casos de tortura, así como de una política de repatriaciones hacia Turquía que ha “devuelto” a miles de potenciales solicitantes de asilo iraquíes y afganos, incluso menores no acompañados, pese a que una resolución del Parlamento europeo prohibiera las repatriaciones forzosas hacia Iraq (Paleologo 2007). En el Estado Español, el “Protocolo de Seguridad en las Expulsiones de Inmigrantes Indocumentados”, denunciado por APDHA, establecería que las personas que se vayan a expulsar sean atadas con lazos de seguridad, usando “grilletes metálicos”, “capuchas”, “cascos”, “correas de sujeción” y “camisas de fuerza” (APDHA, 2008). Finalmente, la más reciente circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, un documento supuestamente secreto, insta a los policías a realizar “detenciones preventivas” de inmigrantes sin papeles, en las que se anima a ventilar a “la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible”, por el “procedimiento preferente”, la expulsión de los irregulares interceptados en la vía pública (Sur, 25/2/2010). Más en general, de lo que se puede hablar es un verdadero “régimen fronterizo” hecho de una creciente militarización de los puertos, de unas “zonas rojas” donde la arbitrariedad policial y la falta de derechos es la norma: en los puertos italianos de Brindisi, Ancona, Venecia, se “devuelve” masivamente a Grecia a jóvenes afganos, huyendo de contextos de guerra y de violencias terribles, sin conformarse con ninguna práxis oficial115: “No queda un registro de lo que la policía hace y por lo tanto estas personas no 113

Según el art. 19 de la Carta de Niza: “Nadie puede ser alejado, expulsado o extraditado hacia un Estado donde existe un riesgo serio que sea sometido a la pena de muerte, a la tortura u a otras penas o tratamientos inhumanos o degradantes” (2000/C 364/01). De todas formas es necesario recordar que, antes de la reciente entrata en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta no tenía algún valor legal ante la jurisdicción europea, no resultando vinculante su respeto para los Países Miembros: así pues, habrá que ver en los siguientes meses cómo evolucionará la situación. Por otro lado, el hecho de que, en el período analizado, este documento sólo fuese una petición de principios, lejos de invalidar el contraste entre proclamaciones y prácticas de retorno, constituye un ulterior elemento de análisis, una argumentación a favor de quién subraya el carácter fuertemente retórico y estratégico de tales planteamientos. 114 Véanse los testimonios recogidos en los sitios de Migreurop, PICUM, Borderline Europe, Fortress Europe, así como los informes de Amnistía Internacional y Human Righs Watch, referenciados en Paleologo (2007). 115 Incluso en los casos de devolución conformes con los criterios establecidos por la Convención de Dublín, permanece la obligación de proporcionar por escrito la motivación de la medida y las razones por las cuales no se ha admitido al extranjero en el territorio estatal, ni se le ha permitido el acceso al procedimiento de asilo (Paleologo, 2008).

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pueden recurrir a la sentencia de un juez, porque simplemente son rechazadas de los puertos del Adriático [...]”. Así pues, “la invisibilidad de los afganos al llegar al Adriático es el producto de estas prácticas administrativas de devolución fronteriza que ejecuta la policía griega” (Zambrano, 2009). No es de extrañarse de que, para obviar la detención y la expulsión, numerosos jóvenes al llegar a los puertos de Europa meridional se oculten agarrandose por debajo de los camiones transbordados116. Finalmente, cabe añadir que, en el contexto de creciente externalización de las fronteras al que estamos asistiendo, encargando a entidades privadas o agencias autónomas117, así como a terceros países, la tutela de los derechos humanos, la efectividad hasta de los planteamientos más “avanzados” es puesta en tela de juicio. Por ejemplo, en tres informes de Amnistía Internacional sobre Reino Unido, España e Italia hechos en 2005, se subraya que los países de la UE violan cada vez con más frecuencia sus obligaciones internacionales en materia de asilo (Amnistía Internacional, 2005). Ante las políticas de control fronterizo restrictivas de la UE, la cantidad de muertos durante el recorrido migratorio ha sido muy elevada. Según Fortress Europe -que recoge informaciones oficiales de las autoridades, sobre muertes comprobadas, cuyas estimaciones son “mínimas”- , desde 1988 hasta finales de 2009 ha habido más de 13.000 muertos de paso en el Mediterráneo: acerca de 6.000 hundidos en el mar, 4.000 muertos en la travesía del desierto en Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal; otros miles fallecidos por asfixia, estando escondidos en los camiones, o ahogados en el Canal de la Mancha, o escalando montañas de fronteras, o matados por los militares118 (Roda, 2009). Como bien describe un observador: “Mientras tanto, la flamante Declaración de los Derechos Humanos que aboga por la igualdad de todos los seres humanos se arruga impasible. O mira para otro lado” (Roda, 2009). Es que las prácticas fronterizas, de una manera aparentemente paradójica, son a la vez la consecuencia de las políticas migratorias europeas y la negación de sus pretendidos principios.

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Estas imágenes chirrían con la imagen estereotipada de los refugiados como “aprovechados” que estarían intentando estafar al estado receptor para obtener una protección que en realidad no necesitarían. Esta representación pasa totalmente por encima de “la situación que se vive hoy en Afganistán y Turquía, (o de Libia con respecto a Eritrea, Sudán o Níger, donde hay golpes de estado, bandas militares, continuas violaciónes de los derechos humanos)” (Zambrano, 2009). Tampoco se pueden obviar las graves responsabilidades de las intervenciones, directas (Afganistán) o indirectas que sean, de los gobiernos “occidentales” y europeos en la desestabilización política y la depredación económica de los recursos de estos países. 117 La naturaleza autonoma de FRONTEX contribuye además a ofuscar la transparencia y la rapidez de las operaciones de rescate, además de conllevar operaciones más aproximadas en las fronteras (Paleologo, 2007). 118 En el caso italiano, por ejemplo, son conocidos algunos sucesos donde los “cayucos” que transportaban inmigrantes fueron derribados y hundidos por las autoridades, como pasó en 1997 cuando el barco militar italiano “Sibilla” chocó contra el pequeño transbordador albanés “Kater I Rades”, provocando al menos 81 muertos. Es interesante resaltar que en el panorama discursivo de este país, particular importancia asume la figura del “scafista”, o sea el “timonel” de estas embarcaciones, que suele ser considerado un despiadado delincuente y traficante de personas, que echaría a éstos al agua antes de atracar o incluso, al arribar, se econdería entre ellos. En realidad, a menudo el “scafista” también es un inmigrante que, no teniendo dinero para pagar el viaje (a los verdaderos traficantes, en muchos casos, policías libios), pero teniendo conocimientos mínimos de navegación, es utilizado de esa manera (Zambrano, 2009).

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Otro ejemplo interesante, relativo a la creciente externalización de las fronteras es el de los acuerdos de cooperación al desarrollo, ya enmarcados en las páginas anteriores dentro de los instrumentos de control fronterizo; aquí sólo traeré ejemplos específicos, para justificar mi argumentación. Uno de éstos es el Tratado de Amistad firmado en agosto de 2008 por Italia y Libia: a cambio de facilidades económicas (sobre intercambios comerciales y abastecimiento de gases y petróleo, Paleologo 2007) el gobierno libio, que no ratificó la Convención de 1951 sobre refugiados, se compromete a cooperar en el control fronterizo, para frenar la emigración hacia Italia. Numerosas asociaciones denuncian el encarcelamiento de los migrantes deportados y su abandono en el desierto, donde muchas veces se convierten en presa para la trata de seres humanos; incluso se denuncia que, de parte de Libia, la misma policía estaría implicada en este tráfico (Paleologo 2007). Aunque este tratado fue criticado por la UE, de hecho no se tomaron medidas concretas para impedirlo ni para cuestionarlo. También es útil mencionar el caso del Estado Español y sus recientes “convenios de segunda generación”, firmados con Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Cabo Verde, Ghana y Gambia. Estos acuerdos, según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos: “Condicionan la ayuda al desarrollo o, como reconoce abierta y cínicamente el ministro Moratinos, a la disposición de los gobiernos africanos a admitir la repatriación de quienes logran llegar a España” (APDHA, 2008). Al observar el Plan África del gobierno español, según comenta la ONG Intermon Oxfam, “uno se pregunta si de lo que se trata es de trazar un plan de España para África o un plan de España en África” (APDHA, 2007), ya que, entre otras cosas, se destaca que gran parte de las ayudas ya estaban presupuestadas y no van directamente a los países africanos, sino a organismos internacionales como el Fondo Global de la Lucha contra el Sida; en segundo lugar, el plan plantea fomentar el apoyo a la actividad pesquera o a la seguridad energética españolas, a través de las participación en las “oportunidades” del sector de hidrocarburos; finalmente, porque la mayoría de las medidas están vinculadas al fortalecimiento del control fronterizo. Amnistía Internacional ha mostrado sus preocupaciones con respecto de las consecuencias de este tipo de acuerdos, incluso denunciando que algunas cláusulas no son nada más que “comercio de seres humanos” (APDHA, 2008). En resumidas cuentas, nos encontramos ante una típica situación en la que los discursos universalistas sobre los derechos humanos de los textos oficiales de la UE se encuentran cuestionados, para no decir pisoteados, en las prácticas sociales cotidianas y concretas. Todas las discordancias observadas entre discursos oficiales y prácticas concretas de gubernamentalidad migratoria (con respecto de repatriaciones y “devoluciones”, asilo, cooperación al desarrollo) remiten a una de las hipótesis metodológicas desarrolladas en este trabajo: si queremos analizar las políticas migratorias de la UE de una manera exhaustiva, no nos podemos limitar a los planteamientos generales, ni tampoco los aspectos exclusivamente discursivos, sino que tenemos que enmarcar ese análisis dentro de una cartografía, más 128

amplia, de las prácticas que a todos los niveles configuran, implementan y moldean las policies dentro de la realidad social. Esta reflexión, lejos de minuscabar la validez de la herramienta del análisis del discurso, más bien la re-contextualiza, haciendo hincapié en que no es suficiente centrarse en la dimensión textual de los discursos; no es suficiente centrarse en el “decir” que se expresa en los documentos de la UE, sino que se ha de “triangular” con el “decir del hacer”, y con el “hacer” a secas. Así pues, con respecto de las entrevistas a desarrollar, no se trata de preguntar a los políticos europeos por su opinión sobre los textos oficiales; se trataría, más bien, de analizar los textos como “contexto general de sentido”, y de preguntar a los políticos por la relación entre esos planteamientos “escritos” y los planteamientos “reales” producidos por la puesta en práctica de las políticas públicas. Así se abriría una ventana epistemológica que permitiría detectar tensiones y puntos débiles, produciendo un material más rico. 7.2 ¿Eliminar la “inmigración ilegal” o clandestinizar sectores de fuerza de trabajo migrante? En el apartado anterior he puesto de relieve las contradicciones entre las declaraciones altisonantes de la Unión Europea y una realidad concreta hecha de violaciones de los derechos humanos. En esta sección me acercaré a los mismos hechos desde otra mirada: no se trata de criticar la “incoherencia” entre planteamientos oficiales y prácticas fronterizas, ni de lamentar desde una perspectiva ética el carácter represivo de la “Fortaleza Europea”. Por el contrario, en este apartado reflexionaré si de verdad el objetivo de ciertas políticas es el que se proclama oficialmente: centrándome específicamente en la lucha contra la inmigración “ilegal”, que se emprende a través de diferentes medidas como las repatriaciones y las “devoluciones”, los internamientos en los CIES, las medidas generales de control fronterizo, intentaré mostrar que los requerimientos económicos y la competición mundial con otros polos capitalistas vuelven necesaria -o por lo menos muy útil- la existencia de cierta cantidad de fuerza de trabajo migrante en condiciones de irregularidad. Volvamos a tener en cuenta las medidas de control fronterizo de la UE, esta vez, simplemente reseñando algunos datos cuantitativos. Hemos visto que las muertes en el cruce de fronteras, principalmente marinas119, representa el aspecto más duro de estas políticas restrictivas: no obstante, desde un punto de vista numérico esta tragedia afecta a una cantidad increíblemente baja sobre el total de los inmigrantes “irregulares” presentes en Europa. En efecto, según datos de Eurostat (Vasileva, 2009) en la Unión Europea residen en condiciones regulares alrededor de 31 millones de migrantes, de los cuales 20 millones

procedentes de países no comunitarios. No es posible determinar con precisión, ni es mi

intención, el número de personas en condiciones irregulares; simplemente, haciendo una comparación con 119

Teniendo además en cuenta el hecho de que la mayoría de los migrantes que llegan a la UE no lo hacen por mar, sino en avión, y que la “irregularidad” se debe a la caducidad de los visados turísticos con los cuales algunos habían llegado, o del permiso de residencia/trabajo con el cual habían llegado otros.

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un estudio del Instituto Nacional de Estadística, relativa al Estado Español, según el cual en 2009, ante 4,7 millones de extranjeros con tarjeta de residencia en vigor, estaban empadronados 5,6 millones de migrantes en los municipios del estado -en otras palabras, habría al menos un 16% de personas en condiciones irregulares- (El Mundo.es, 7/2/2010), nos damos cuenta del orden de medidas del que estamos hablando. Sea cual sea el numero relativo a la Unión Europea, está claro que los 13.000 muertos en el cruce de fronteras (aunque fueran muchos más) no se pueden mínimamente comparar con el fenómeno de la “irregularidad”, afectando a un porcentaje bastante bajo de personas -teniendo además en cuenta que se trata de un “flujo”; o sea, para hacer una comparación adecuada no se debería tener en cuenta el número de “irregulares” presentes ahora en la UE, sino la cantidad total de personas que han estado viajando a la Unión, en esas condiciones, a lo largo de los años- . En conclusión, los migrantes muertos en el cruce de fronteras, más allá de la inaceptabilidad humanitaria, desde el punto de vista meramente estadístico parecen ser mucho menos relevantes de lo que los medias nos quieran hacer creer. Se puede rechistar, por supuesto, que el fallecimiento de estas personas no representa un objetivo deseado por los gobiernos europeos -aunque sí sea en parte consecuencia de sus políticas- ; asi pues, acogiendo esta crítica, me dirigiré a otras estadísticas, éstas sí relacionadas con un objetivo declarado de las políticas comunitarias: se trata de datos relativos a los migrantes “interceptados” y devueltos a los países de origen, siendo el retorno un objetivo prioritario del Programa de Estocolmo. Así pues, según datos del Ministerio del Interior Español, entre 2006 y 2007 FRONTEX “interceptó” a 12.864 inmigrantes viajando desde África. Según la misma fuente, durante el período 2004-2007 fueron repatriadas mediante vuelos de avión 40.787 personas, frente a las 14.397 repatriadas en el período 2000-2003 (Ministerio del Interior, 2007). Según Fortress Europe, 53.842 migrantes fueron detenidos y deportados de Italia a Libia en 2006, y en mayo de 2007 se registraba en el país africano la presencia de 60.000 migrantes detenidos en las cárceles (APDHA 2008). Como vemos de nuevo, indudablemente en este caso las “devoluciones” y repatriaciones asumen una proporción bastante más elevada, pero aun así, están muy lejos de cumplir el pretendido objetivo de eliminar, o cuando menos de reducir de manera considerable, los “flujos irregulares”. Trayendo el ejemplo de Italia, Paleologo considera que anualmente, de entre las 300.000 personas que entran, alrededor de unas 100 o 120.000 lo hacen en condiciones irregulares (y otras entrarán en la irregularidad sólo después): “De estos 300 mil que el sistema produce cada año, la violencia se aplicará a unos pocos que pueden ser 3, 4 o 5.000 inmigrantes que tratan de alcanzar la frontera del Adriático o a un bajo número de inmigrantes que desde África del Sur tratan de llegar a Sicilia” (Zambrano, 2009). Todas las fuentes coinciden en que la cantidad de las “devoluciones” y las repatriaciones, aun siendo relevantes, no es decisiva. Si el objetivo político declarado es el de anular o reducir abundantemente los “flujos” de la inmigración “ilegal”, la partida está perdida desde el comienzo. Tampoco parecerían “eficaces” los Centros de Internamiento: por ejemplo, un informe de 2010 de la sección italiana de Medicos Sin Fronteras observa que en este país sólo el 46% de los internados son 130

efectivamente expulsados (Medici Senza Frontiere: 2010); esta tendencia parece ser bastante general y aplicable a otros contextos. Así pues, se plantea la pregunta si el verdadero objetivo de los Centros de Detención es el de repatriar a los inmigrantes en condiciones irregulares. Algunos piensan que no: hay quien plantea que su función “es esencialmente simbólica: delimitar las nuevas fronteras interiores del Estado, determinando quiénes son los excluidos de la comunidad” (Espai per a la Desobediència a les Fronteres, 2008: 210). También, Paleologo (2007) plantea que los Centros se han reducido a ser un lugar de selección y expulsión de la fuerza de trabajo en exceso, o de prolongación de la detención carcelaria, antes que de efectivo alejamiento del territorio de los migrantes en condiciones irregulares. Resumiendo: los muertos en el cruce, las personas repatriadas o “interceptadas” y “devueltas”, los internados en los Centros de Detención o en las cárceles de Terceros Países, representan una cantidad relevante pero no fundamental como para decir que los objetivos de las políticas restrictivas de la UE sean cumplidos, ni siquiera que haya un acercamiento a ellos. Lo que es cierto es que todos estos dispositivos, por pequeño que sea el número de la gente realmente afectada, representan una amenaza constante para el colectivo migrante no comunitario, una violencia potencialmente aplicable a muchos, junto con el racismo institucional, social y la violencia simbólica y policial (controles de identidad, redadas) que sí afectan a una cantidad más relevante de personas, de manera más difusa y cotidiana. Con lo cual, la duda que siembra toda esta reflexión es si de verdad el objetivo de las políticas comunitarias es el de frenar radicalmente la inmigración “ilegal”, o si más bien se trata de crear condiciones particularmente hostiles para disciplinar y controlar. Resulta así necesario tener en cuenta otros aspectos, a partir de las políticas y los discursos económicos de la UE. La relevancia de este aspecto, lejos de ser una elección arbitraria, depende de lo que hemos venido observando de manera constante y continuada en nuestro recorrido histórico: que la instrumentalidad económica de la inmigración es repetida y refrendada en todos los principales documentos analizados. Como plantea Gil: “En los documentos que abordan la posible apertura de canales regulares para ordenar la inmigración, siempre se hace referencia a las necesidades del mercado laboral o del sistema de seguridad social para justificar la presencia de la población inmigrante. La inmigración no comunitaria al parecer sólo se entiende si viene encadenada al trabajo; el trabajo es su razón de ser, lo que la legitima. Así, la inmigración no es otra cosa que un instrumento al servicio del trabajo y al servicio de la economía” (Gil, 2005a: 7).

Los planteamientos económicos comunitarios de los últimos años radican en la “Estrategia de Lisboa”, aprobada por el Consejo Europeo en 2000 y desarrollada en varios documentos. Su objetivo es el

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de “convertir la economía de la Unión en la economia del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes de 2010” (Consejo Europeo, 2000). De cara a esta finalidad, se plantea la aceleración de “reformas estructurales para reforzar la competitividad y la innovación” (Consejo Europeo, 2000). Esta urgencia se fundamenta, entre otras cosas, en la necesidad de hacer frente a la cada vez más agresiva competición en el mercado internacional, donde otras economías como las de Estados Unidos, Japón, China, mantienen una ventaja comparada en términos de productividad por cada hora trabajada. Como recuerda la Comunicación de la Comisión Europea sobre Política Común de Inmigración, los niveles de productividad estadounidenses en ese año estaban alrededor de un 26% por encima de los de la UE (SEC(2007) 1632). Dice también ese documento: “Europa se verá rebasada a largo plazo por algunas de las economías emergentes en términos de tamaño económico global”, debido “tanto a factores demográficos como a un crecimiento relativamente importante de la productividad a medida que las nuevas economías avancen en sus posiciones. Para 2050, Asia se habrá convertido con toda probabilidad en el mercado y polo de crecimiento más importante” (SEC(2007) 1632). En este contexto, las políticas de admisión de fuerza de trabajo migrante responden a la necesidad de tener una población jóven, que compense el envejecimiento progresivo de los ciudadanos comunitarios, en aras de tener una porcentaje de población activa más alto, aliviando entre otras cosas el saldo contable de la Seguridad Social (sobre todo en concepto de gastos de pensiones)120. Al respecto, la reciente “Estrategia 2020”, que es el nuevo “programa” económico de cara al próximo decenio, remacha el objetivo de llegar a un 75% de la población activa entre 20 y 64 años. En segundo lugar, tales políticas aspiran a realizar una “economía del conocimiento” más competitiva -en los sectores informático, de comunicaciones y nuevas tecnologías, etc. - . Finalmente, bajo el lema de la flexibilidad sigue vigente la necesidad de una explotación dura y pura, “clásica”, entendida en términos marxianos como extracción de plusvalía. Se trata de una estrategia económica que, sancionada en Lisboa, encuentra su origen años atrás, exactamente a principios de aquellos años '70 que marcan el paso del “compromiso social neokeynesiano” 120

“Datos oficiales confirman que en 2004 el promedio de edad en los Estados miembros del bloque ascendía a los 39 años; a partir de los ritmos actuales de crecimiento, en 2050 la media podría ser 49. Declive que ya inició: hoy la generación del llamado 'baby boom', que naciera luego de la II Guerra Mundial, alcanza la edad de jubilación. Un hecho que supone un cambio significativo en la estructura de la población y la pirámide de edades. Así, comparado con 1975, en el 2050 habrá 34 millones menos de niños y adolescentes entre 0 y 14 años- , de 100 millones a 66. Los grupos en edad laboral podrían alcanzar un máximo de 331 millones en 2010, disminuyendo hasta 268 millones también en 2050. Mientras, ante un previsible aumento de la esperanza de vida entre 2004 y el propio 2050, las personas de más de 80 años pasarán del 4,1% en 2005 al 11,4% en este último año -2050- , lo cual supone uno de cada diez ciudadanos de la Unión. Con ello, la media de la tasa de dependencia por vejez -número de personas de más de 65 años dividido por población comprendida entre los 14 y los 65 años- pasaría del 25 % en 2004 al 53 % en 2050. Por otra parte, en 2007 la Población Económicamente Activa (PEA)-ocupación y desempleo- total de la UE ascendía a 235 millones, cifra que para el 2050, habrá descendido en 50 millones -185 millones-. Realidad que de acuerdo a Vladimír Špidla, comisario de Empleo y Asuntos Sociales, se resume en un aspecto, '…en la actualidad, hay cuatro personas en edad de trabajar por cada pensionista, en 2050, esta proporción quedará reducida a la mitad: dos trabajadores por cada jubilado' [...]. En las condiciones actuales, el bloque europeo dispone de una sola opción para la solución de este problema, públicamente reconocida: la 'renovación demográfica', dígase, la suma de personas a sus sociedades. ¿La fuente?, no hay otra que no sea la reserva de emigrantes que buscan o no los países de la UE como destino; caso este último en el que la tarea será atraerles” (Almaguer, 2009). ¡Menuda paradoja, un sistema económico donde el aumento de la calidad y la duración de la vida llegan a ser un problema para la economía!

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al neoliberalismo, y que desde el punto de vista de las policies migratorias inauguran, como hemos visto, la fase de “cierre de fronteras”. Hablando de una manera extremadamente resumida, tales políticas se fundamentan en el papel relevante de la UE como potencia mundial, en el marco de la economía del “libre mercado”, inserta en organizaciones como el GATT (primero) y la OMC (luego). En este escenario los países europeos desarrollan estrategias privatizadoras de los derechos intelectuales (GATS y TRIPS), de agresiva competencia agrícola hacia Terceros Países (PAC), medidas de desmantelamiento del Estado del Bienestar, consistiendo en la desinversión en la seguridad social pública, la reforma de los sistemas de jubilación, directivas (como la “Bolkenstein”) que mercantilizan los servicios sociales, el sistema de enseñanza (proceso de Bolonia), intentan aumentar el horario de trabajo (directiva sobre las 65 horas, afortunadamente por ahora congelada) y en general establecen la centralidad del mercado. Todas estas medidas dibujan un marco económico restrictivo, que se traduce en más precariedad laboral y existencial, menos derechos y una jornada laboral más larga (a la vez que un ingente paro estructural). En resumen, la estrategia europea se mueve sobre dos piernas: por un lado innovaciones tecnológicas (plusvalía relativa), y por el otro más horas de trabajo y trabajo peor remunerado (plusvalía absoluta). El objetivo en ambos casos es el de maximizar la rentabilidad tanto del trabajo más cualificado, como del menos. Dentro de este marco, quizá sea más fácil entender las políticas migratorias de la UE: leyendo los documentos de las instituciones comunitarias se pueden encuentran numerosísimas referencias a la utilidad instrumental de los procesos migratorios, como por ejemplo: “La inmigración es un elemento positivo de la composición de la población europea; si la Unión quiere evitar una disminución significativa de su población en edad de trabajar ya en 2017 se deberá mantener, como mínimo, el saldo positivo neto de 2 millones de inmigrados entre 2004 y 2005 para ralentizar la disminución de la población en edad de trabajar” (Parlamento Europeo, 2007b: 4);

“La contribución potencial de la inmigración a la eficacia económica de la UE es importante”, y el descenso de la población en edad de trabajar implica la necesidad del mantenimiento de la inmigración, ya que la evolución actual de la población activa e inactiva de la UE, y las previsiones de futuro, “presentan riesgos para la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y de protección social, y exigirían un mayor gasto público” (Consejo de la Unión Europea, 2009); “...Una nueva reflexión global en materia de migración para lograr un equilibrio razonable entre el riesgo de escasez de mano de obra, el impacto económico, las consecuencias sociales negativas, las políticas de integración y los objetivos de la política exterior” (SEC(2007) 1632);

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“Hay que gestionar la forma y dinámica de futuros flujos de inmigración para que convengan a la economía de la UE”; la inmigración legal “beneficia al empleo nacional en la medida en que aumenta la flexibilidad de los mercados laborales” (COM (2003) 336 final); “...Promover una política de inmigración laboral prospectiva y general que responda con flexibilidad a las prioridades y necesidades de los mercados de trabajo” (COM(2010) 2020: 20).

A estas alturas creo que resulta evidente qué características fundamentan el conjunto de las medidas migratorias de la UE: desde las políticas de retorno y “devolución”, con sus deportaciones trágicas pero cuantitativamente no relevantes, al restringimiento del derecho al asilo y de la reagrupación familiar; pasando por el fomento de la migración circular121 y las poco realistas políticas de contratación de fuerza de trabajo en origen, para llegar a la creación en el marco del programa de Estocolmo de “perfiles de inmigración” según las cualificaciones laborales, añadiendo las crecientes fronteras, externas e internas, materiales e inmateriales, constituidas tanto por los multiples tentáculos del control fronterizo como por las medidas restrictivas de integración, estamos asistiendo a una serie de dispositivos que tienden a configurar un tipo de fuerza de trabajo precaria y vulnerable, en condiciones muy diferenciadas con respecto del disfrute de ciertos derechos, étnicamente segmentada y fuertemente generizada. No hay medida más explícita al respecto que la Tarjeta Azul, la cual, favoreciendo la inmigración de un sector de fuerza de trabajo cualificada y dotándola de ciertos privilegios, tiende a fragmentar aún más la condición del colectivo migrante no comunitario; por otro lado, este sector privilegiado tampoco está al mismo nivel que los ciudadanos comunitarios. Dentro de la fuerza de trabajo migrante menos cualificada, a su vez, se crean ulteriores divisiones entre quien tiene papeles y quien no los posee, y un largo etcétera122. Así pues, me parece poco realista pensar que el objetivo de las políticas económicas y migratorias europeas sea la eliminación de la “ilegalidad”; por el contrario, tal y como plantea Mezzadra, las diferentes medidas de gobierno de la movilidad, configurando diferentes derechos y condiciones, están enfocadas a gestionar de manera más “eficaz”, desde la óptica neoliberal, el gobierno de la fuerza de trabajo -en otras 121

En el falso supuesto de crear “desarrollo” en los países de origen a través de la exportación de know-how, cuando en realidad se trata en muchos casos de mano de obra temporera y de baja calificación, como es el caso del trabajo en el campo. Así pues, el único resultado que se consigue es la invisibilización y “clandestinización” de sectores de fuerza de trabajo migrante, que por lo general se quedan en la UE por más tiempo del previsto por el contrato temporal, terminando así en la “ilegalidad”. 122 La disparidad de condiciones entre fuerza de trabajo “autóctona” e inmigrante, más allá de los planteamientos legales o las buenas intenciones, es bastante evidente: con respecto al paro, en 2009, si la media española rozaba un porcentaje del 18 por ciento, el colectivo extranjero marcaba el 28 por ciento (Randstad, 2009). Ya estudios de 2007 apuntaban a que: “La mayor parte de la inmigración ocupada solo accede a empleos de menor categoría, en numerosas ocasiones a trabajo ilegal, padeciendo el flagelo de la 'infrautilización' -mucha mayor cualificación que la necesaria al puesto- ; las mujeres de estos países, especialmente las muy cualificadas, tienen menos posibilidades de inserción que las del bloque -la diferencia supera el 20%- ; los jóvenes de origen extranjero se ven afectados por el desempleo de forma “desproporcionada”, 12% ante una tasa de 25% dentro de la población juvenil autóctona” (Almaguer, 2009).

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palabras, a rentabilizar la acumulación del capital: “Se abre así la vía a un análisis del 'encuentro' (para repetir la categoría marxista) de la fuerza de trabajo y del capital, en la cual se ponen en juego relaciones de dominación y de explotación, de forma inmediata y precisamente en torno al gobierno de la movilidad” (Mezzadra, 2008). Dicho de otras palabras, tanto la new economy tan apreciada por la Estrategia de Lisboa, como el trabajo precario y en negro, para no hablar de ciertas condiciones de semi-esclavitud, conviven y son plenamente compatibles, siendo todas estas formas de trabajo subsumidas bajo el modo de producción capitalista neoliberal. La clandestinización de la fuerza de trabajo es uno de los mecanismos que permite esta rentabilización, tal y como, de nuevo, nos recuerda Mezzadra: “Estas relaciones, con su violencia constitutiva,

reparten ininterrumpidamente las cartas y deshacen los

pequeños modelos teóricos, mostrándonos, por ejemplo, la contemporaneidad de las extracciones de plusvalía absoluta y plusvalía relativa, de la subsunción formal y de la subsunción real del trabajo bajo el capital, del trabajo inmaterial y del trabajo forzado, lo que manifiesta a la luz del día el vínculo estructural entre la new economy y las nuevas formas de acumulación primitiva, con sus nuevos cercamientos” (Mezzadra, 2008).

En conclusión, vemos que la clandestinización del trabajo migrante constituye un proceso activo de inclusión de cierto sector de la fuerza de trabajo dentro de la economía capitalista de la UE: “El objetivo no es de ninguna manera cerrar herméticamente las fronteras de los 'países ricos', sino establecer un sistema de diques para producir en última instancia, repitiendo la expresión de un investigador americano que nos es particularmente próximo, 'un proceso activo de inclusión del trabajo migrante a través de su clandestinización' (De Genova 2002, p. 439)” (Mezzadra, 2008). Por las anteriores razones, no cabe duda de que, más allá de la crisis económica actual y la utilización de los migrantes como chivo expiatorio por parte de muchos gobiernos, la retórica del “no cabemos todos” y la creciente difusión social de partidos populistas racistas, la necesidad estructural de fuerza de trabajo migrante de parte de la UE va a continuar existiendo. En esta dirección incluso van las declaraciones de Felipe González, en tanto que responsable del “Grupo de sabios” para el futuro de la Unión Europea, que ha afirmado recientemente que la UE tiene que retrasar la edad de jubilación a la vez que atraer a inmigrantes cualificados, para enfrentarse a los retos demográficos y económicos (El Mundo.es, 8/5/2010). En este apartado he argumentado las razones por las que considero importante tener en cuenta las racionalidades y los discursos económicos a la hora de analizar las políticas migratorias comunitarias. Si en el anterior he mostrado cómo a veces las prácticas cotidianas desmienten y contradicen los grandes planteamientos de principios, aquí he intentado esbozar el “porqué” de esta discrepancia. Insisto en que éste es sólo uno de los tantos aspectos que influyen (aunque sea un aspecto muy importante) en la

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construcción de las policies migratorias. Los políticos no son títeres prisioneros de una racionalidad económica/fetiche que los empuja a actuar de manera determinista por el bien del mercado: al lado de ésta existen las ideologías, los intereses materiales, la construcción simbólica, los habitus, la dimensión discursiva, la complejidad de los agentes implicados en el gobierno de las migraciones y muchas cosas más. Simplemente he querido llamar la atención sobre un tema al que no siempre se presta la debida atención, lo cual inevitablemente repercute en las metodologías aplicadas a las investigaciones, así como en su riqueza interpretativa. 8. Conclusiones La elaboración presentada en este trabajo no constituye nada más que el comienzo de un recorrido investigador; por lo cual, las conclusiones que voy a traer deberían ser leídas como algo muy provisional e inicial. Se trata simplemente de unas observaciones que puedan facilitar el estudio futuro, “iluminar” algunos puntos oscuros, siempre susceptibles de ser modificadas e incluso revertidas. Con respecto del contenido de las políticas migratorias de la UE, hemos visto que en los últimos 20 años ha habido un proceso de creciente comunitarización, pudiendo decir hoy día que, al menos por lo que afecta a lo que se ha dado en llamar “políticas de control fronterizo”, nos encontramos ante un alto nivel de integración, fundamentado además en la creciente conexión entre política exterior e interior, a través de instrumentos como la cooperación al desarrollo, pensados como elemento de freno a la emigración de terceros países. En cuanto a la “integración”, hemos problematizado la construcción de una categoría muy dudosa, cuyos confines además resultan borrosos: no sólo porque esta palabra (como todos los juegos de palabras) es muy poco esclarecedora en sí, sino también porque las mismas políticas de integración muy a menudo son utilizadas como otro elemento para restringir los flujos. En otras palabras, a veces hemos visto la integración al servicio del control fronterizo. Aunque el objetivo de este estudio sea un poco más profundo que simplemente juzgar las policies migratorias, la observación de lo acontecido en los últimos dos decenios me lleva a resaltar el marco político restrictivo, y básicamente conservador, de estas políticas. Anque sería injusto meter en el mismo saco a diferentes instituciones y fuerzas políticas, así como tampoco se pueden valorar las diferentes etapas de construcción de las políticas comunitarias de la misma manera, insisto en que podemos observar cierta continuidad, a raíz de la persistencia de determinados tópicos y planteamientos, más allá de la contingencia y más allá de los diferentes actores. No cabe duda de que después del 11-S tales contenidos restrictivos se han agigantado, reforzando la ya existente vinculación entre inmigración “ilegal” y delincuencia; además, en un contexto donde los gobiernos nacionales de la UE se derechizan, marcado por la crisis económica y

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altas tasas de paro, la lógica del inmigrante como chivo expiatorio parece ser una escapatoria muy fácil adoptada por muchos dirigentes políticos de los principales partidos. Prestando más atención a la definición identitaria contenida en las citadas políticas, hemos llegado a la parcial conclusión de que las políticas públicas de control fronterizo e integración de inmigrantes desprenden un fuerte esencialismo: en ella se refleja la concepción de “Europa” (queriendo decir, con ello, Unión Europea, ya que los dos términos parecen intercambiables, pues la UE sería la desembocadura más evidente y natural de la trayectoria histórica europea) como algo único, irrepetible, el ejemplo más elevado de civilización y de elaboración política, jurídica y filosófica. Esta “Europa”, a su vez, se concibe como el fruto de un desarrollo endógeno, lógica consecuencia de una dinámica autocentrada, poco influenciada por otras tradiciones históricas y culturales. A la vez que esta definición de la identidad europea es esencialista, simplista y desproblematizada, también es excluyente: construyéndose los procesos identitarios, como hemos visto, por diferenciación hacia lo “Otro”, todos los y las que no pertenecen a “Europa” son “bárbaros” potenciales, posibles enemigos de la civilización europea. Esto no quiere decir, evidentemente, que esté presente una mirada explícitamente racista hacia los no europeos, pero sí justifica y fundamenta la constante obsesión por la “integración” de los ciudadanos “no comunitarios”. Recuerdo de paso que, salvo algunos casos muy puntuales (como la población gitana), no existen programas de integración para los ciudadanos alemanes o ingleses en el Estado Español, ni para los nacionales franceses en Italia: de lo que se trata es de la integración de esos sujetos un poco exóticos, pensados a menudo a través de un prisma orientalista, que son los ciudadanos de terceros países no comunitarios. Lo que al nivel político se traduce en los “círculo concéntricos” de la PEV, que ordenan y organizan las jerarquías de poder internacional y las relaciones económicas, en el plano cultural consiste en una cosmovisión caracterizada aún por una fuerte matriz colonial. Ahora bien, lo anteriormente dicho parecería chocar con la siguiente reflexión: que en los documentos específicos sobre integración, en realidad, la atención al factor cultural parece tener menos importancia que en los documentos generales. Siempre que nos hemos acercado a materiales específicos de la UE al respecto, hemos visto como también estaba presente cierta atención no sólo a los tests sobre la cultura nacional, sino también al empleo, la formación profesional, la educación. Es necesario hacer dos puntualizaciones: primero, si tenemos un concepto no esencialista de cultura (y de identidad), que no la podemos concebir simplemente como “cultura nacional”, arraigada en ciertas tradiciones históricas típicas de un país: esto sería caer en la trampa del nacionalismo metodológico. “Cultura” también se refiere a ciertos modos de pensar, ciertas racionalidades específicas, ciertas maneras de concebir el mundo: no por casualidad se habla de “cultura política”, “cultura económica”, “cultura organizativa”, etc.. Así pues, adoptando este prisma analítico, vemos que incluso el empleo, la formación profesional, la educación, son pensadas desde una perspectiva cultural específica: la del neoliberalismo. El empleo es pensado a través de las categorías de “competitividad”, “competencias”, “expertise”, en el marco de una “economía de 137

mercado”. La formación profesional consiste en la adquisición de “capacidades”, para venderlas en el “mercado de trabajo” y que permitan una “rentabilización” eficaz de los factores productivos. La enseñanza es concebida no bajo el “antiguo” prisma republicano, como formación de la ciudadania, sino sobre todo, como formación de futuros “trabajadores” y “consumidores”: en lo que se hace hincapié son de nuevo las “competencias” y las “capacidades” necesarias no tanto para desenvolverse en la sociedad en general, sino en la “empresa”. Así pues, por un lado vemos que conceptos aparentemente no esencialistas asumen un fuerte sentido cultural. En segundo lugar, también hemos visto que en los documentos oficiales sobre la integración de inmigrantes están presenten los “tests sobre los valores nacionales”, que directamente reflejan una concepción esencialista y culturalista “tradicional”. Incluso donde se hace hincapié en los valores “cívicos” y “políticos” de la ciudadanía, se cuela un trasfondo esencialista, en la medida en que se conciben esos valores como producto único de la tradición ilustrada europea. No es posible otra democracia que la Democracia Parlamentaria Occidental; no es posible otro conocimiento que el Científico Racionalista desarrollado en la Academia; no es posible otra concepción de los Derechos Humanos que la Individualista Europea. Dentro de esta autoreferencialidad epistemológica, vemos todo el peso de siglos de eurocentrismo. Enfocando desde más cerca la naturaleza de los discursos analizados, hemos visto cómo, desde los más “represivos” hasta los más “humanitarios”, todo los discursos sonoros de los políticos mainstream apuntan a ciertos elementos comunes, a partir de la justificación de medidas severas de control fronterizo. Ya sea porque los inmigrantes son portadores de criminalidad, potenciales terroristas o una amenaza para la convivencia cívica, ya sea porque son pobres “desesperados” llegando a nuestras costas desde los “estados fallidos” africanos, muriéndose de hambre y potencialmente víctimas de la trata de ser humanos, la consecuente solución es reforzar el control fronterizo y las prácticas de deportación. Que lo hagamos “por nuestro bien” (de europeos) o “por su bien”, se trata sólo de un detalle argumentativo. Otro elemento común, aunque más matizado, es la representación del migrante como un sujeto falto: de capacidades, de cultura cívica, de dinero... aunque es verdad que esta construcción simbólica choca en parte con la pretensión de atraer a la fuerza de trabajo cualificada, a través de medidas como la Directiva sobre la Tarjeta Azul. Finalmente, el elemento quizá más común a todos los discursos políticos analizados es la instrumentalidad económica de los “flujos migratorios”, cuya estancia dentro de los confines de la UE es justificada a partir de la utilidad para el PIB, el crecimiento demográfico, el sistema de pensiones... todos los principales documentos, tanto específicos sobre asuntos migratorios como generales, parten de este supuesto. Puede que haya diferentes matices entre discursos más “proactivos” y discursos más “conservadores”, pero no hay ninguno que desmienta la justificación económica de las migraciones ni que desmienta la obsesión, repetida como un mantra, de la lucha contra la inmigración ilegal. Es cierto: en 138

algunos textos, como la Directiva de Sanciones, está presente cierto intento por desplazar la perspectiva, concentrándose en las responsabilidades de los empresarios antes que las de los trabajadores. Aun así, falta una reflexión profunda sobre las características estructurales de la economía de la UE, sobre su necesidad de trabajos precarios y en negro, así como falta, todavía más, una reflexión sobre la construcción institucional de la “ilegalidad”. Esta condición, por el contrario, es presentada como si fuera natural que existieran personas “ilegales”, cuya condición administrativa se convirtiera en un atributo existencial. La inmigración “ilegal” es mala, pero nadie se pregunta por el poder de definición de las leyes y los políticos: que tenga que haber unos contingentes y unas políticas de cupos es asumido como una verdad autorevelada. A costa de no parecer una persona realista, insisto: no veo ninguna naturalidad en esto, ni considero “obvio” que tenga que existir una política de cupos. Volviendo a los aspectos más analíticos, y una vez destacados los elementos comunes a todos los discursos, por supuesto tampoco hay que minusvalorar las diferencias. Esta primera fase de la investigación se ha centrado sobre todo sobre en las dinámicas comunitarias, no teniendo en cuenta los discursos producidos al nivel nacional -acotado, como dije anteriormente, a Italia y el Estado Español- . De todas formas, aunque de una manera superficial he podido constatar cómo en los discursos políticos no sólo influye la naturaleza política del sujeto enunciante, sino también su localización nacional. Por ejemplo, los estados meridionales de la UE, recién convertidos en la “Frontera Sur”, más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos, están acomunados por ciertas exigencias, que se reflejan en los discursos, relativos al control fronterizo o a la socialización de los gastos del patrullaje. En el desarrollo futuro de la investigación trataré de manera más esmerada estos aspectos, para poder profundizar el análisis. Finalmente, he observado cómo en los discursos analizados están presentes lógicas de todo tipo: legitimadoras y deslegitimadoras, instrumentales, ocultadoras... dependiendo del contexto, de las finalidades, de la audiencia y de muchos más factores. Así pues, es de resaltar una riqueza semántica que aquí sólo he abordado de manera general. Al mismo tiempo, he visto que algunos de estos discursos tienden a reforzar las prácticas no discursivas abocadas a la implementación de las policies migratorias, mientras que otros las desmienten, y muchos más se colocan en un lugar intermedio entre las dos opciones. No cabe duda de que todos, de una manera que otra, contribuyen a la construcción simbólica de la realidad, teniendo una naturaleza performativa. Lo que emerge con fuerza es la necesidad de contrastar el nivel emic de las enunciaciones políticas con el nivel etic, “compaginando” las intencionalidades declaradas por los políticos con la perspectiva del investigador. En resumen: la dimensión discursiva es muy importante, pero no es la única a tener en cuenta. Con respecto de los conceptos teoricos utilizados, hemos visto la utilidad de un enfoque antropológico a las políticas públicas. Si me hubiera decantado, por ejemplo, por la ortodoxia de la 139

“ciencia política”, no habría tenido la herramienta para deconstruir la supuesta racionalidad de las policies. Creo que este intento por acercarme desde un enfoque etnográfico a lo político, en su dimensión relacional y multisituada, ha mostrado tener las ventajas esperadas; queda por ver en los desarrollos futuros de mi proyecto de estudio cuánto partido sabré sacarle. El prisma de la integración, por su parte, también ha comprobado su validez, permitiéndome ver, a través de las características requeridas a los migrantes, lo que las élites políticas piensan sobre su propia identidad, la “UE imaginada” y la identidad nacional específica imaginada. La elección de no optar por una dimensión prescriptiva, sino de dejar jugar este concepto y sus diferentes matices en las representaciones y concepciones del colectivo político, parece haber sito acertada. Cabe resaltar que, aunque en los últimos años se ha venido definiendo un marco comunitario relevante de las políticas de integración, uniformando sobre todo los instrumentos y las herramientas de intercambio de “buenas prácticas”, así como los métodos de evaluación y las plataformas de información, por otro lado la integración sigue siendo en larga medida una cuestión estatal, en el sentido de que su contenido específico en cada contexto aún depende de las diferentes idiosincrasias nacionales, de las diversas construcciones míticas de la Nación. Lo cual no quita que, en todos los tests de integración recientemente difundidos en muchos países, la lengua y los “valores nacionales” sean un mínimo común denominador. En este sentido, también hemos visto como la configuración de las políticas de integración refleja el proceso de metamorfosis de lo social, asumiendo cada vez más un contenido culturalista. Así pues, el tema de la integración nos conduce al tercer concepto teórico relevante de este trabajo, el de gubernamentalidad, resaltando cómo el gobierno de las migraciones ha de colocarse analíticamente en el ámbito más general del gobierno de la cuestión social y económica. En la lógica “neo-victoriana” de la racionalidad política neoliberal, la “falta de integración” es una responsabilidad individual, pues el modelo de comportamiento humano asumido se funda en la lógica mercantil de la maximización racional del beneficio marginal. El hombre actúa en aras de su propio bien, la demanda y la oferta se cruzan determinando un precio justo de equilibrio. Quién no encuentra trabajo, es que no quiere trabajar. Quién no se quiere integrar, es porque tampoco quiere, por libre elección (aunque por otro lado se considere también que la falta de integración pueda ser determinada por supuestos factores de “lejanía cultural). En cuanto a lo demás, que se deje actuar a la “mano invisible” del mercado. Como ya he mencionado, esta centralidad del mercado es evidente en todos los discursos analizado. Numerosas veces hemos puesto de relieve este lenguaje cientificista e hyper-racional, colindando con el positivismo, en los planteamientos comunitarios de gobierno de las migraciones. También en este estudio estaban presentes algunas hipótesis metodológicas: no sólo me proponía emprender una indagación sobre determinados contenidos, sino que también aspiraba a comprobar sobre la marcha la utilidad de ciertas herramientas. En este primer parcial desarrollo, puedo afirmar lo siguiente. 140

Con respecto del nacionalismo metodológico: parece que el peso de la lógica estado-céntrica en la definición identitaria es aún muy relevante. En el material analizado, como por ejemplo los recortes de prensa, encontramos numerosas declaraciones de los políticos que, aun comentando directivas europeas, muy a menudo, al justificar su aprobación/rechazo/implementación recurren a argumentaciones “nacionales”. También, quiero recordar que la ciudadanía europea sigue hoy día una lógica estatal, pues no se adquiere por haber nacido dentro de los confines de la UE, sino que desciende de la posesión de la nacionalidad de un estado comunitario. Por otro lado, el mismo funcionamiento de las instituciones de la UE, incluso tras la aprobación del Tratado de Lisboa, prima un enfoque estado-céntrico: tanto al nivel formal, como en la sustancia de los procesos políticos reales (como por ejemplo los ya citados “triálogos”, donde el Consejo está en la condición de poderle quitar prerrogativas al Parlamento, el organo “supranacional” por excelencia). Sin embargo, habrá que seguir profundizando en este tema: en particular, considero que un análisis más esmerado del nacionalismo metodológico deberá hacerse con respecto de las entrevistas semidirigidas a los políticos. Mientras no tenga ese tipo de conocimiento, será difícil pormenorizar el peso real de este factor en la construcción identitaria producida por los policy makers. La segunda hipótesis metodológica hacía referencia al alcance hermenéutico del análisis del discurso: considero que, por lo general, el recorrido histórico-analítico de las políticas migratorias de la UE, y específicamente, el apartado relativo a las prácticas fronterizas diarias, en relación con la cooperación al desarrollo, las repatriaciones/“devoluciones” y el derecho de asilo, han puesto de relieve el gap existente entre ciertos discursos proclamatorios y pro-derechos humanos y la realidad de la gubernamentalidad migratoria de la UE. Por consiguiente, se ha impuesto la necesidad de estudiar las políticas públicas no sólo a través del análisis del discurso, sino de un enfoque inter-disciplinario que lo compagine con la etnografía, la historia, la cartografia de las prácticas reales, la etnografía institucional, la economía crítica, etc.. En particular, con respecto de la última referencia, he subrayado la necesidad de manejar determinados conceptos económicos, a la vez de ser capaces de deconstruirlos: en este sentido he contrapuesto “economía política” a “economía crítica”. Se trata de analizar las razones económicas por las cuales determinadas declaraciones de los políticos no se encuentran refrendadas en los procesos reales, a la vez que cuestionar la supuesta racionalidad de los mismos objetivos económicos planteados. De nuevo, vemos que por mucho que separemos analíticamente prácticas discursivas y prácticas no discursivas, en la realidad ambas cosas se encuentran imbricadas e inter-conexas: criticar la economía política es también criticar su lenguaje, y asumir que la misma economía -al igual que todas las disciplinas de las ciencias, naturales y sociales- se construyen en larga medida de manera discursiva. Todas las reflexiones desarrolladas hasta ahora me llevan a un planteamiento casi paradójico: si el objetivo principal de mi investigación es el de analizar un proceso de construcción identitaria, y si por otro lado, en este análisis, a pesar de las salvedades metodológicas me he servido sobre todo del análisis de 141

discurso, ¿qué alcance puede tener mi estudio? La respuesta es evidente: limitado. En primer lugar, hemos visto la complejidad del concepto de identidad. Lo tenemos todavía más difícil teniendo en cuenta que queremos estudiar el proceso de construcción de la identidad de la UE: ¿qué tipo de identidad? y ¿de parte de quién? A la primera pregunta he contestado que no busco una definición prescriptiva de identidad, sino que de nuevo dejaré jugar libremente este concepto emic en las representaciones de los políticos. La segunda respuesta, como ya dije, es que sólo puedo tener en cuenta una parte de la construcción identitaria: la realizada por los políticos de los partidos dominantes. En otras palabras, este estudio, de manera intencional, no tiene en cuenta los procesos identitarios del “ciudadano de a pie” (puesto que exista una categoría tan simplificadora), ni de las luchas migrantes, ni en general de los movimientos de resistencia a la construcción de la Europa Fortaleza. Además, teniendo en cuenta que la identidad se construye de manera relacional, tampoco puedo decir que conocer la identidad europea imaginada por los políticos constituya mitad del problema: no se trata de sumar, sino de articular. Por otro lado, he mostrado cómo la construcción discursiva de la identidad es sólo un aspecto de la cuestión, debiendo tener en cuenta tanto factores estructurales como simbólicos, “hechos” y “representaciones”, aspectos más o menos coyunturales, prestando particular atención a la historia, la sociedad, la economia y finalmente, teniendo en cuenta el carácter interseccional de los procesos sociales (y de las necesarias resistencias), que se articulan imbricando diferencias de clase, opresión de género, racismo y muchos otros procesos de diferenciación, explotación y dominio... En fin, por evidentes razones de tiempo, recursos, capacidades, este trabajo indaga sobre un aspecto específico de la construcción identitaria, muy limitado y no obstante muy importante. En el estudio realizado hasta ahora no he mencionado lo que se suele destacar en la mayoría de las investigaciones sobre migraciones realizadas desde una óptica “alternativa”. No he hablado, por ejemplo (ni creo que lo haré en mi futura Tesis Doctoral), de las luchas de los sin papeles, de la campaña por la despenalización del “top manta”, de la Contracumbre de Zaragoza, etc.. Si una gran parte de los estudios sobre migraciones se centra, justamente, en la agencia de los sujetos tradicionalmente considerados “sin voz”, para que se expresen, para devolverles su dignidad epistemológica, y finalmente para cuestionar la supuesta neutralidad de las ciencias sociales, en mi caso me he decantado por la construcción de un “objeto” de estudio más “tradicional”. No obstante, esto no me impide colocarme del “Otro” lado. Así pues, en estas breves líneas quiero homenajear todas las luchas, políticas y sociales, llevadas a cabo por migrantes, mujeres, trabajadores, y más en general movimientos sociales y organizaciones que trabajan a diario por conseguir un mundo mejor y diferente del que tenemos. Mi perspectiva es situada y militante: mientras me esfuerzo por estar lo más cerca posible de la objetividad, entendida en sentido reflexivo como un continuo cuestionamiento epistemológico, teórico-metodológico y práctico del acercamiento y una coherencia interna en la lógica argumentativa, por otro lado nunca busqué la neutralidad o imparcialidad, 142

ni la busco, ni siquiera pienso que sea posible: para nadie. He argumentado bastante sobre la presunta neutralidad cientificista y “mercantil” de la UE, y sobre la lógica “desideologizante” y “despolitizadora” impulsada por el capitalismo actual, a través de la única ideología implícita e incuestionable hoy día: la del mercado. En tiempos donde ésta triunfa, colándose incluso en el “sagrado templo del saber” y conviertiéndolo en la “Universidad-Empresa”, no está de más posicionarse y situarse... lo teórico también es político. Finalmente, de cara al futuro, sería interesante continuar en esta línea de investigación, centrándome en otros aspectos relacionados con los procesos de construcción identitaria, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas de los sujetos implicados. También trabajaré por enlazarme a otras investigaciones, ya existentes o en vías de desarrollo, sobre este mismo tema, con las cuales comparta algunos supuestos mínimos. De cara al desarrollo específico de esta Tesina, y su futura “transformación” en Tesis, considero que la elaboración general del marco teórico y del estado de la cuestión aquí presentados puede ser un buen punto de partida, que sin embargo será necesario articular con un trabajo de campo mucho más amplio, y en particular, empezando a tomar contactos “reales” con los informantes, e iniciando a concretar las entrevistas abiertas semidirigidas, cuya riqueza interpretativa nunca he dejado de tener en cuenta. También, ya he participado en algunos debates o charlas sobre las políticas migratorias europeas, y no me cabe duda de que lo seguiré haciendo, publicitando mi investigación dentro y fuera del mundo académico, poniéndola “al servicio” de quienes tengan mis mismas inquietudes, preocupaciones y ansias transformadoras. Si sólo sirviesemos los investigadores para justificar la existencia de las disciplinas o para legitimar la existencia de ciertos presupuestos en el balance del Ministerio, menuda tristeza sería. Un intelectual, filósofo y político recién desaparecido y muy importante para mí, Daniel Bensaïd, tenía las ideas claras al respecto: “¿Intelectual comprometido? ¿Comprometido a qué? No existe el compromiso a secas, sin precisar, sin calificativo, sino que existen compromisos específicos. No se trata de hacer voto a un fetiche antes que a otro, de abrazar una causa sublime, sino de no conformarse con el mundo tal y como es hoy. Si este mundo no es aceptable, hay que intentar cambiarlo. Sin la certeza de conseguirlo, esto es obvio. No se puede escapar de esta lógica” (Bensaïd, 2010: 55-56).

Sin ninguna certeza salvo la de la necesidad de intentar cambiar este mundo, con mi trabajo también quiero dar una pequeña contribución a esta esperanza.

143

Nota sobre las citas Todas las citas originalmente en un idioma diferente al castellano han sido traducidas por mí mismo. Por lo que respecta a los numerosos documentos oficiales de la UE analizados en este estudio, sólo he referenciado explícitamente de los que se haya extraído al menos una cita explícita. 9. Bibliografía 2000/C

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