¿Hacia una pax mafiosa en Colombia?

LAT I NOAMÉ R I CA volumen 15 • número 1 enero-marzo 2015

¿Hacia una pax mafiosa en Colombia?

Cita recomendada: Massé, Frédéric, (2015) “¿Hacia una pax mafiosa en Colombia?”, Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 15: Núm. 1, pp. 60-69. Disponible en: www.fal.itam.mx

Frédéric Massé

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n los últimos 20 años, la bibliografía sobre los procesos de desarme, desmovilización y reintegración ha sido abundante: diagnósticos, análisis comparativos, advertencias sobre escollos y desafíos o recomendaciones, y Colombia no es la excepción. Sin embargo, aunque los retos son conocidos, varios factores indican que los acuerdos de paz tendrían que implantarse en un contexto tal vez más difícil que otros. Si bien se sabe que en cualquier proceso de paz la desmovilización de los combatientes no es evidente ni automática y que, a los que no se desmovilizan, se suman aquellos que por varias razones deciden retomar las armas, varios elementos hacen pensar que el porcentaje de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) que no se desmovilizarían o retomarían las armas después de la firma de un acuerdo de paz podría no ser tan insignificante. Nadie ignora tampoco que la persistente presencia de mafias armadas y fuertemente ancladas en las regiones —las mal llamadas “bandas criminales” o bacrim—, podría complicar el proceso de desmovilización y reintegración. En el pasado, esos grupos armados ilegales han tenido acuerdos con algunos frentes de las farc y del Ejército de Liberación Nacional (eln). Actualmente, no solamente siguen gozando del apoyo de ciertas élites tradicionales, sino que han logrado también consolidar y diversificar sus fuentes de financiación. Además, con la próxima liberación de alrededor de 200 exparamilitares, que en agosto de 2014 acabaron de cumplir sus condenas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la lucha contra los grupos armados ilegales —sin duda, uno de los principales retos de seguridad después del conflicto— podría complicarse. Debe tenerse en cuenta que, en ciertos casos, esas alianzas entre actores armados ilegales y otros sectores de la sociedad —como políticos y empresarios— podrían incluir a miembros de las farc, ya sean reincidentes, desmovilizados o no desmovilizados. En muchos procesos de pacificación, la transición de la guerra a la paz implica un cambio de las lógicas de conflictividad, al pasar de un conflicto armado tradicional a una violencia mucho más delincuencial que hace cuestionar los beneficios del acuerdo FRÉDÉRIC MASSÉ es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Actualmente, es Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia.

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de paz. Por eso, de forma maniquea y simplista, los escenarios posibles después de un conflicto se limitan a dos posibilidades. Por un lado, se habla de escenarios “pacificados”, en los cuales los conflictos continúan, pero se resuelven de manera pacífica y democrática. Por el otro, se encuentran los escenarios violentos en los que actos delictivos suplantan las dinámicas tradicionales de los conflictos armados. Sin embargo, es posible que la situación en Colombia después del acuerdo de paz no sea ni lo uno ni lo otro. Entre los “enemigos” de la paz —que predicen una época oscura y violenta— y los “amigos excesivos” —que tal vez esperan más de la cuenta del actual proceso de paz—, se plantea el riesgo de que una vez firmada la paz, se imponga una pax mafiosa; es decir, que el país parezca hallarse en calma y normalidad, pero que permanezcan enclaves o regiones enteras controladas por poderes tradicionales mafiosos en alianza con grupos armados ilegales que sigan captando parte de los recursos legales e ilegales de esas regiones, sin necesariamente tener que recurrir a la violencia o, por lo menos, a actos violentos visibles. ¿Cuál podría ser la respuesta del Estado colombiano a esas tendencias subyacentes que conducirían a una pax mafiosa? Aunque esos grupos híbridos tienen una gran capacidad militar derivada del largo aprendizaje paramilitar y guerrillero adquirido en las últimas décadas, el fenómeno es esencialmente de tipo mafioso, lo que obliga al Estado colombiano a revisar su estrategia y su manera de enfrentarlos. Dificultades DEL Proceso de Paz

Si se llegara a un acuerdo de paz con las farc, es difícil saber cuántos hombres se desmovilizarían y cuántos no, cuántos se reintegrarían y cuántos retomarían las armas para formar reductos guerrilleros no desmovilizados o incluso nuevos grupos. Como en cualquier proceso de paz, es importante entender que la desmovilización de los combatientes no es evidente ni automática y que a los que no se desmovilizan se suman aquellos que por diversas razones deciden retomar las armas. Lo más probable es que cierta proporción de guerrilleros se quedará en la ilegalidad y que parte de ellos engrosará las filas de las bacrim. Algunos lo harán a título individual, pero puede ser también que ciertos frentes disidentes decidan aliarse con estas bandas. ¿En qué proporción? Varios elementos hacen pensar que el porcentaje de miembros de las farc que no se desmovilizarían o retomarían las armas después de la firma de un acuerdo de paz podría no ser tan insignificante. En 2013, tanto organizaciones independientes como fuentes militares hablaban de que hasta un 20% o 30% de los combatientes de las farc no se desmovilizarían después de la firma de un acuerdo de paz. Estos análisis fueron criticados con el argumento de que no estaban basados en información confiable o que eran especulativos. Si aceptamos que algunos círculos están interesados en exagerar las divisiones internas de las farc para intentar convencer a las autoridades de no reducir los contingentes militares una vez firmado una acuerdo de paz, también deberíamos aceptar que los defensores del proceso de paz podrían sentir el interés de minimizar las cifras y proyecciones del número de guerrilleros que no se desmovilizarían. Es decir, por un

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lado, la información no es objetiva e imparcial y, por el otro, puede ser tendenciosa y difamatoria. Ahora bien, si las farc nunca tuvieron divisiones internas o por lo menos debates y divergencias sobre la pertinencia de entrar en el proceso de paz, cabe preguntarse por qué algunos mandos de sus bloques más importantes no integraron el equipo de negociadores desde el inicio. Seguir al mando de las operaciones militares en el terreno es entendible, pero después varios de esos comandantes fueron llevados subrepticiamente a La Habana, con el argumento de que su presencia en la delegación negociadora de las farc era importante. Si la presencia de algunos de esos jefes en La Habana es tan importante, ¿por qué no lo fue desde el inicio y no quisieron mostrar unidad cuando empezaron las conversaciones? Sería normal que un movimiento político armado tuviera divergencias internas; inclusive podríamos decir que sería bastante sano. Los que conocen a las farc por dentro resaltan que son una organización político-militar con una unidad de mando sólida y cohesionada, al igual que las fuerzas militares. Pero el Estado o las Fuerzas Armadas Colombianas no son entidades monolíticas ni homogéneas y, como se sabe, el hecho de que los militares participen en la mesa de negociación en La Habana no significa que todos estén de acuerdo con el proceso de paz. Por eso sorprende que los mismos que reconocen y hasta denuncian las divisiones en el ejército colombiano parecen no querer aceptar la eventualidad de que, como cualquier otra organización político-militar, las farc Los procesos de paz suelen también pudieran enfrentar corrientes disidentes. Muchos denuncian que con el narcotráfico ser pactos acordados entre y, más recientemente, la minería ilegal, los refeélites según sus propios rentes y las creencias ideológicas de las farc han perdido terreno frente a corrientes delictiintereses. vas. Sin embargo, es factible que el Secretariado y el Estado Mayor de las farc sigan unidos, que crean aún en el marxismo-comunismo o en el socialismo del siglo xxi y que compartan las mismas visiones y aspiraciones en cuanto al proceso de paz. Pero así como numerosos funcionarios de la época soviética se cansaron de la ideología y abandonaron sus viejas posturas para abrazar el capitalismo salvaje cuando cayó el muro de Berlín, resulta difícil pensar que todos los mandos medios de las farc —sin hablar de los guerrilleros rasos— que llevan años alejados o cansados de la ideología marxista-comunista y están dedicados a actividades mercantiles ilegales terminen aceptando desmovilizarse a cambio de un futuro personal y económico poco atractivo. Los procesos de paz son también la combinación de las anticipaciones racionales de actores movidos por sus intereses personales. No es que haya, por un lado, líderes virtuosos, y por el otro, líderes cínicos o interesados. Muchos procesos de paz son también resultado de arreglos recíprocos y hay ejemplos de jefes guerrilleros que terminaron negociando beneficios personales, sin preocuparse tanto de los guerrilleros rasos. De allí que las negociaciones de paz —y a fortiori la firma de un acuerdo de paz— generen o exacerben las divisiones dentro de los grupos.

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Por lo anterior, no es pura especulación prever que parte de los mandos medios y de los guerrilleros rasos de las farc decidiría no acatar una orden de desmovilización para quedarse en el monte y disfrutar de los negocios del narcotráfico. Es un escenario hipotético, pero posible. No se trata de especular o adivinar si las farc están divididas o no lo están. Hay elementos a favor y en contra de cada hipótesis. Sin embargo, las experiencias en otros países muestran que los grupos guerrilleros salen más divididos de un acuerdo de paz de lo que estaban en la confrontación armada. Hay numerosos ejemplos, de la Resistencia francesa y la Organización para la Liberación de Palestina al Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua o el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) en El Salvador. El conflicto esconde o congela las divergencias internas debido a que los combatientes se focalizan y unen sus fuerzas en contra de un enemigo común; pero una vez que se firma la paz, las divisiones salen a la luz y algunos buscan su propio camino. La búsqueda de la verdad puede ser otro factor de división a posteriori de los movimientos guerrilleros. Una comisión de la verdad puede dar lugar a arreglos políticos que terminan ampliando las divisiones latentes de la organización guerrillera. Por ejemplo, las Fuerzas Populares de Liberación, la principal rama del fmln, fueron acusadas de haber evitado aparecer como violadoras de los derechos humanos en el informe final de la Comisión de la Verdad para El Salvador. En consecuencia, el peso de las acusaciones cayó sobre una facción del fmln, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esto contribuyó a que sus dirigentes —Joaquín Villalobos y Ana Guadalupe Martínez, entre otros— terminarán separándose (aunque no fue la única razón) de sus antiguos aliados poco después de la firma del acuerdo de paz. Para el caso de Colombia, ante una posible comisión de la verdad, si los dirigentes de las farc que están negociando en Cuba decidieran culpar de la mayoría de sus crímenes a los que se quedaron en el terreno, con el fin de salvarse de la cárcel y de la Corte Penal Internacional, los que posiblemente fueran acusados de graves violaciones de los derechos humanos sentirían una mayor aversión por dejar las armas. Hay otros argumentos de fondo. Para Tracy Fitzsimmons y Mark Anner, los procesos de paz suelen ser ante todo pactos acordados entre élites según sus propios intereses y dirigidos a establecer cierta redistribución del poder político. Otros autores, como Jeffrey Paige, apuntando en la misma dirección e inspirándose en los argumentos de Crane Brinton o de Barrington Moore sobre la división entre radicales y moderados, van más allá y postulan que las divisiones entre los moderados modernos y los tradicionalistas radicales son las que finalmente dan paso a la democratización o la pacificación de un país. Por otra parte, las crisis suelen resolverse gracias a acuerdos imperfectos o a priori ilegítimos entre élites sectoriales, pero como señala Michel Dobry, esos acuerdos o “transacciones colusivas” terminan produciendo cierta legitimidad. El filósofo René Girard llega incluso a proponer un planteamiento muy interesante según el cual, desde las sociedades más primitivas, todas las crisis se resuelven

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mediante chivos expiatorios. Es decir, según Girard, no es posible lograr un consenso o un pacto sin señalar cabezas de turco. Si seguimos a estos autores, un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las farc pasaría por una división en las élites, tanto en las del gobierno —como ya se puede entrever con la división entre los mal llamados amigos de la paz y sus enemigos—, como en las farc mismas. La hipótesis es seductora y merecería que se profundizara, pero, por ahora, el punto es el siguiente: independientemente de que las farc estén o no dividas en la actualidad, lo más probable es que en el futuro estarán más divididas. El contexto colombiano y sus implicaciones

Ninguna desmovilización se cumple en su totalidad. Entre los que deciden no dejar las armas y los que terminan retomándolas, siempre existen razones para que algunos se alejen del proceso: lentitud o incumplimientos en la ejecución de los acuerdos, falta de perspectivas laborales viables y atractivas, presiones y amenazas para continuar cooperando con los que quedaron en armas y otras. Sin embargo, el contexto particular colombiano podría hacer que el periodo posterior al conflicto sea particularmente incierto y explosivo. El caso del eln En informes recientes se ha señalado el riesgo de que si el eln queda fuera de las negociaciones de paz, sus miembros podrían unirse a los integrantes de las farc que no se hubieran desmovilizado o que hubieran retomado las armas. De esta forma, representarían una amenaza a la seguridad o por lo menos un poder nocivo o dañino nada despreciable, sobre todo en las principales zonas energéticas del país, donde estos grupos operan conjuntamente. En los informes se advierte también sobre el riesgo que sería esperar a que se firme un acuerdo de paz con las farc antes de empezar a negociar con el eln, porque (y el caso no es específico a Colombia) firmar la paz con una sola de las partes en conflicto presenta complicaciones adicionales; por ejemplo, la ejecución y la verificación del cese de hostilidades con unos grupos, mientras otros siguen combatiendo. ¿Bacrim o farcrim? Nadie ignora tampoco que la presencia de las bacrim, en la forma de grupos armados herederos de los grupos paramilitares fuertemente anclados en las regiones, podría complicar el proceso de desmovilización y reintegración. Según fuentes oficiales, las bacrim tendrían en la actualidad entre 3500 y 4000 hombres y dispondrían de una capacidad intacta de financiarse y de reclutar nuevos miembros. En los últimos años, no solo lograron consolidar y diversificar sus fuentes de financiación mediante actividades como la minería ilegal y la extorsión a grandes empresas del sector energético —al igual que las farc o el eln—, sino que siguen gozando del apoyo de ciertas élites tradicionales.

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Desde hace varios años, esos grupos armados han entrado en acuerdos con frentes de las farc y del eln, sobre todo a propósito de la producción y comercialización de drogas. En algunas regiones del país esas alianzas siguen vigentes e inclusive han tomado un nombre propio: las farcrim. Así, las tentaciones y las presiones para que algunos frentes o grupos de guerrilleros de las farc se unan a las bacrim serán bastante fuertes o por lo menos, la continuación de esas alianzas y la cohabitación entre los grupos no será muy problemática. Finalmente, existe un factor adicional —esta vez coyuntural, pero también agravante— que podría estimular el traslado o reclutamiento de guerrilleros en las bacrim: el vencimiento en agosto de 2014 de las penas cumplidas por los exparamilitares que se beneficiaron de la Ley de Justicia y Paz. Con la próxima liberación de varios de ellos, se corre el riesgo de que se inicie una nueva guerra fratricida por el control de las rutas del narcotráfico y de las zonas mineras del país y que cada grupo necesite entonces reforzar sus contingentes. En resumidas cuentas, sumando entre 1000 y 1500 hombres del eln, más 2500 a 3500 elementos de lo que quedaría de las farc (el 20% de su efectivos actuales que no se desmovilizarían, más entre el 5% y 10% que se rearmarían), más otros 3500 a 4000 de las actuales bacrim (y más adeptos si exjefes paramilitares liberados acrecientan las fuerzas de esos grupos), tendríamos de 7000 a 9000 miembros de grupos armados ilegales en el país. Aunque no estén necesariamente aliados, la situación en materia de seguridad podría ser bastante complicada, aun después de la firma de un acuerdo de paz con las farc. El fenómeno no es particularmente nuevo. Esa combinación de amenazas híbridas —del crimen organizado, el terrorismo y la insurgencia— ha sido identificada y analizada tanto en Colombia como en otros países desde tiempo atrás, como se muestra en el proyecto The Hybrid Threat, Crime, Terrorism and Insurgency in Mexico de la Universidad George Washington o en la edición de Foreign Affairs Latinoamérica (Vol. 11, Núm. 2) dedicada a la narcoinsurgencia. Lo novedoso es que atestiguaríamos tendencias mafiosas cada vez marcadas, especialmente por parte de los grupos herederos de los paramilitares. TENDENCIAS mafiosas y pax mafiosa

En los últimos años, esos grupos pasaron de un esquema de financiación tradicional —como las aportaciones voluntarias o el narcotráfico— a uno de depredación con más extorsiones y más narcotráfico. Asimismo, pasaron de tener una depredación común a un modus operandi a la vez empresarial y mafioso, en el cual los grupos buscan ampliar sus actividades tanto legales como ilegales desde la minería ilegal hasta las empresas de seguridad. No significa que hayan renunciado a ciertas prácticas del pasado, como la extorsión, pero según algunos informes, han perfeccionado las técnicas para hacerlo. En la actualidad, las estructuras armadas que quedan después de la desmovilización son grupos empresariales delictivos, empresas mafiosas o mafias en el poder.

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Pero son también algo más, son empresarios mafiosos fuertemente armados o mafias en armas que, para retomar el análisis tradicional de Tilly, combinan las características del “especialista de la violencia” (es decir, del actor armado ilegal) con las del “emprendedor político”. Son grupos que comparten ciertas características de los grupos mafiosos —poca confianza en su interior, redes urbanas y de sicarios que controlan el tráfico menudo, uso selectivo de la violencia—, pero son también grupos armados con experiencia y capacidad de combate gracias a su filiación paramilitar. En algunas regiones actúan como el brazo armado de los poderes mafiosos tradicionales que nunca desaparecieron y que lograron adaptarse. Mientras tanto, en otras zonas gozan de cierta autonomía y sirven al mejor postor. En ambos casos, se transformaron en actores socioeconómicos que generan empleos e inclusive administran la oferta laboral, de tal manera que requieren un terreno económico fértil y un medio social precario pero estable para prosperar, lo que Mancur Olson describe muy bien con la parábola del lobo que se vuelve pastor. Además de un entorno propicio para recaudar parte de la riqueza, el lobo que se vuelve pastor necesita también que haya delincuencia, pero una delincuencia productiva. Y requiere un entorno estable, sin demasiada violencia o por lo menos sin violencia muy visible. Obviamente, la pobreza y el desempleo alimentan a esos grupos. Como en muchas regiones son los que generan los pocos empleos que hay, mucha gente queda comprometida con ellos. En algunas localidades no podría hablarse tanto de reclutamiento como de incorporación voluntaria a esos grupos. Por lo tanto, un análisis de la presencia e influencia de esos grupos a partir de los hechos violentos no es suficiente para entender el fenómeno. La disminución de los combates o de la violencia no significa necesariamente una disminución del dominio de esos grupos armados, pues no se puede medir su influencia por el número de hombres armados que los componen ni por los combates que entablan u otros actos violentos que cometen. Ese control territorial, social y económico de grupos armados ilegales no es nuevo en Colombia. Todos los grupos armados ilegales lo buscaron y ejercieron de alguna manera. Lo que parece haber cambiado en la relación de las bacrim con la fuerza pública y la sociedad civil, y con los actores políticos y económicos, es la voluntad de esos grupos armados ilegales de no llamar la atención. A diferencia de lo que sucedió con las Autodefensas Unidas de Colombia y las guerrillas, las estructuras armadas ilegales siguen una estrategia de invisibilidad o más bien de discreción. Los grupos de autodefensa contaban con una página web, daban entrevistas y aspiraban a la visibilidad. Las farc quieren ser visibles, los atentados terroristas tienen en parte ese propósito. En cambio, las bacrim quieren que las olvidemos y no les gustan los escándalos. Pretenden confundirse con la población y con el entorno sin realmente transformarlo, tendencia característica y constante de los grupos mafiosos. Con la ya próxima liberación de alrededor de 200 exparamilitares, podría reforzarse la influencia o el poder mafioso de esos grupos sobre diversos territorios y

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poblaciones que nunca dejaron de controlar totalmente. Hay indicios y testimonios de que ya estarían preparando su retorno a esas regiones. Ahora bien, esas estrategias mafiosas no son específicas ni exclusivas de las bacrim. En menor proporción, las farc y el eln enfrentan tendencias semejantes dentro de sus organizaciones. El riesgo es que esas tendencias adquieran mayor relieve y se conviertan en el denominador común de grupos ilegales que queden en armas. Un futuro acuerdo de paz con las farc podría inclusive contener los gérmenes de una generalización rampante de actividades mafiosas en el país. Si no se redistribuye parte del poder real en las regiones, si no se controlan suficientemente algunas prácticas dudosas de las instituciones del Estado y si no se investigan las responsabilidades de todos en las atrocidades cometidas en el pasado, la firma de un acuerdo de paz podría convertirse en una pax mafiosa. Hablar de paz territorial es pertinente y necesario. Pero la paz territorial supone también que los futuros dirigentes de las farc que podrían resultar elegidos en circunscripciones especiales de paz no caigan en la tentación de repetir ciertas prácticas tradicionales, como la compra de votos o las amenazas. ¿Podrán las farc tener representantes elegidos y conservar cierto control regional sin entrar en arreglos mafiosos de gestión negociada del poder local? Se corre el riesgo de que algunos terminen como mafiosos, por la necesidad de llegar y mantenerse en el poder. Desafíos Y respuestas

La lucha contra los grupos armados ilegales será sin duda uno de los principales retos en materia de seguridad después de la firma de la paz, pero no debe empezarse la casa por el tejado. El primer desafío es identificar la naturaleza del problema. La discusión no es puramente semántica ni académica, pues tiene implicaciones operativas, políticas y jurídicas. Aunque son grupos con una fuerte capacidad militar, representan una amenaza esencialmente criminal, que necesita una respuesta criminal militar (en este orden). A pesar de que casi todos los jefes han caído en combate, fueron capturados o se entregaron a la justicia estadounidense, los informes muestran que tienen una alta capacidad de regeneración y reorganización y que se han expandido. Pensar en esas estructuras armadas más bien como mafias en armas ayuda a ver que no solo sirve entender quiénes son, sino también quiénes están detrás de ellas. Al no comprender que hay intereses políticos y económicos detrás de muchos de esos grupos, no se ataca la raíz del problema y siguen intactos. Algunos sectores que se encuentran detrás de esos grupos podrían también tener interés de que se fortalezcan para entorpecer las negociaciones o atentar en contra del mismo proceso de paz, o por lo menos obstaculizar la ejecución futura de los acuerdos. El segundo desafío consiste en preparar una respuesta adecuada. Si de la caracterización del fenómeno dependen las entidades encargadas de combatirlas, hablar de amenazas híbridas nos debería llevar a pensar en respuestas híbridas. Aunque el concepto no es todavía muy claro, algunos académicos trabajan sobre la idea de seguridad

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híbrida. Lo cierto es que la lucha contra esos grupos no puede ser llevada a cabo de la misma manera que la lucha contra las guerrillas. Enderezar las fuerzas que ahora combaten a las guerrillas a la lucha contra esas amenazas híbridas podría tener resultados limitados, porque son fenómenos distintos que deben ser comprendidos de manera diferente. Los cambios en la fuerza pública que enfrenta estas dinámicas deberían ser no solo cuantitativos, sino también cualitativos. El punto central es que las fuerzas militares y las policías de tiempo de paz no mantengan la misma línea que durante la guerra. El tamaño, la doctrina y las estrategias de esas fuerzas deben adecuarse. En los últimos años, se ha acrecentado la bibliografía sobre las reformas al sistema de seguridad y Colombia Si el gobierno colombiano no puede ahorrarse el debate. Una vez firmado un acuerdo de paz, la fuerza y las guerrillas firman pública que actualmente lleva la lucha contra las la paz, probablemente guerrillas podría concentrar sus esfuerzos en la los esquemas delincuenciales lucha contra grupos híbridos como los miembros disidentes de las farc, las bacrim y sus y mafiosos suplantarán confluencias. Algunos especulan con que los desmovilizados de la guerrilla podrían particiel estado tradicional par en la lucha. del conflicto armado. El país tiene aproximadamente 60 militares por cada 100 000 habitantes, pero, en cambio, hay apenas un policía por cada 281 habitantes. El desequilibrio es evidente. Colombia necesitará más policías y menos soldados. Aunque no se sabe qué pasará con batallones especiales, como las Fuerzas de Despliegue Rápido (fudra) o los batallones minero-energéticos, tarde o temprano será necesario reducir las fuerzas militares. Si se firman los acuerdos de paz con la guerrilla, se corre finalmente el riesgo de que, en la euforia posterior el gobierno baje la guardia y se concentre en su ejecución y no en combatir a esos grupos ilegales. Escenarios posibles

Un escenario ideal sería que las farc se desmovilizaran en su totalidad y que no solo dejaran las armas, sino que las entregaran a terceros, para garantizar su completo desarme. Ahora bien, tal escenario es poco realista y no va al punto. Aunque entregaran todas sus armas, los grupos que quisieran rearmarse podrían hacerlo muy fácilmente en poco tiempo. Si el desarme es indispensable, trazar un plan pensando en que debería ser completo, estricto o exhaustivo es engañoso. Más bien, el reto es hacer lo posible para que los grupos armados que se desmovilicen no sientan la tentación de rearmarse ni de volver a usar las armas que escondieron. Otro escenario posible —y tal vez más probable— sería una normalización de la situación sin una verdadera pacificación, es decir, que se retire la atención de los

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problemas sin que se hayan solucionado realmente. Por ejemplo, en un escenario tras el conflicto, la dominación de grupos armados ilegales o de mafias en armas sobre ciertas regiones y territorios podría seguir siendo una realidad, sin que esa presencia se traduzca necesariamente en un aumento de los homicidios o los combates. Si por no representar una amenaza nacional el gobierno decidiera no atacar frontalmente a estos grupos, cierto nivel de violencia controlada podría ser aceptable. Así, en algunos países, grupos armados ilegales negociaron con el poder central un grado de violencia tolerable, y por consiguiente, un monto de retribución aceptable. ¿Será entonces que Colombia termine como Argelia, en donde desde hace algunos años los grupos mafiosos islamistas disidentes han negociado un statu quo y siguen con sus negocios ilegales sin amenazar la seguridad nacional del Estado? Sin ir tan lejos, podríamos estar al comienzo de la multiplicación y la consolidación de “enclaves mafiosos” en regiones aisladas del país, enclaves parecidos a lo que son algunas zonas esmeralderas de Colombia —como en Boyacá—, donde hay una paz aparente, pero en donde de hecho el Estado está ausente y ha dejado el control y la regulación de las localidades a los actores que llevan el negocio de las esmeraldas. Si las farc y el gobierno deciden no firmar la paz en el corto plazo, existe el riesgo de que algunos sectores consideren necesario reconformar al margen de la ley grupos de tipo paramilitar para enfrentarlas. Pero si el gobierno colombiano y las guerrillas firman la paz, probablemente los esquemas delincuenciales y mafiosos suplantarán el estado tradicional del conflicto armado pasado. Entraríamos en una pax mafiosa. Por último, es importante subrayar que hablar de pax mafiosa no significa que la paz se firmaría entre actores mafiosos. Una pax mafiosa no es sinónimo de un Estado mafioso. Significa que un acuerdo de paz podría traducirse en la consolidación, en varias regiones del país, de órdenes mafiosos. Aunque el concepto es todavía impreciso, la pax mafiosa sería el resultado de esa transformación de la violencia en una criminalización mafiosa y rampante que ya atestiguamos y que un acuerdo de paz podría precipitar. Ante tal escenario oscuro, podría concluirse que no vale la pena negociar el fin del conflicto armado. Todo lo contrario. Las tendencias en curso, los riesgos latentes y las dificultades futuras invitan a continuar las negociaciones y a inclinarse a favor de un proceso más profundo, más integral y más transformador.



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