Guerra, Estado y Región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

prolongacin sin solucin? perspectivas sobre la guerra y la paz en colombia

e  ua r  o

bechara gmez coorinaor acamico

prolongacin sin solucin? perspectivas sobre la guerra y la paz en colombia

universia eternao e colombia

¿Prolongación sin solución?: perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia / Juliana Aguilar Forero... [et al.]; coordinador académico Eduardo Bechara Gómez. – Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. 559 p.: il., mapas. Incluye bibliografía. ISBN: 978958710819 4 1. Paz – Colombia 2. Solución de conflictos – Colombia 3. Violencia – Colombia 4. Conflicto armado – Colombia 5. Refugiados – Colombia I. Aguilar Forero, Juliana II. Bechara Gómez, Eduardo, coord. III. Universidad Externado de Colombia. 303.69

SCDD 21

Catalogación en la fuente – Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Septiembre de 2012

ISBN 978-958–710–819-4 © ©

2012, EDUARDO BECHARA GÓMEZ (COORD.) 2012, universia eternao e colombia Calle 12 n.º 1–17 Este, Bogotá Teléfono (571) 342 0288 [email protected] www.uexternado.edu.co

Primera edición: septiembre de 2012 Imagen de cubierta: Cadalso de Carlos Alarcón, acrílico/carboncillo sobre lienzo, 165 x 180 cms. Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones Composición: Marco Fidel Robayo Moya Impresión y encuadernación: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A. Tiraje: de 1 a 1.000 ejemplares Impreso en Colombia Printed in Colombia Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

juliana aguilar forero gerson ivn arias ortiz euaro bechara gmez irene cabrera nossa anrea vila saa camilo echana castilla julia paola garca zamora

sanra hincapi jimnez gabriela manrique ruea gustavo nieto casas juliana ramrez castellanos roco rubio serrano jimena samper muoz anglica torres quintero

contenio SIGLAS

11

LISTA DE FIGURAS

16

LISTA DE TABLAS

21

PRESENTACIÓN

¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la paz y la guerra en Colombia Eduardo Bechara Gómez

23

PRIMERA PARTE. EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: ACTORES, ESCENARIOS Y VIOLENCIA DINÁMICAS GENERALES

Cambios en la conducta de las FARC en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para un balance Camilo Echandía Castilla

45

Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano Irene Cabrera Nossa

75

Organizaciones armadas y violencia global en Colombia Camilo Echandía Castilla

123

DINÁMICAS REGIONALES

Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia Gustavo Nieto Casas

161

Las otras guerras de las FARC: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá) Gerson Iván Arias Ortiz

185

Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006 Andrea Dávila Saad

215

9

10

¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia

DINÁMICAS GLOBALES, DINÁMICAS REGIONALES: UNA PERSPECTIVA COMPARADA

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada Sandra Hincapié Jiménez

269

SEGUNDA PARTE. CONFLICTO Y SOCIEDAD

La relación entre sociedad civil y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano Juliana Ramírez Castellanos

307

Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial en los procesos de paz en Colombia 1978-2006 Jimena Samper Muñoz

331

Construyendo paz en Micoahumado, Sur de Bolívar, 2002-2005 Juliana Aguilar Forero

377

Políticas de seguridad y protección de los refugiados Julia Paola García Zamora

415

Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares Angélica Torres Quintero Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia sobre su participación en el conflicto armado Gabriela Manrique Rueda

435

467

Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno URIBE VÉLEZ con las Autodefensas Unidas de Colombia Rocío Rubio Serrano

491

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

509

LOS AUTORES

555

sanra hincapi jimnez

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

introuccin La década de los ochenta abre la puerta de entrada a un proceso que marca una serie de transformaciones estructurales en los estados y sus regiones. Estos procesos se inscriben en contextos mucho más amplios de carácter global, pero con repercusiones diferenciadas que es importante analizar. En el Perú el fin de los gobiernos militares y la nueva Constitución Política, y en Colombia el desmonte efectivo del Frente Nacional, son los referentes del contexto inicial, al cual se le suman una serie de factores que, principalmente, se ubican en cuatro ejes: en primer lugar, el proceso de reforma del Estado; en segundo lugar, la crisis y la estabilización macroeconómica; en tercer lugar, la emergencia del narcotráfico; y en cuarto lugar, el conflicto político armado –emergencia y/o fortalecimiento de las guerrillas–, la estrategia contrainsurgente y las políticas de paz. Los desafíos presentados, en lo referente a los conflictos políticos armados, fueron enfrentados por los estados en forma diferenciada y con resultados disímiles. Este trabajo, que se inscribe en una investigación más amplia (HINCAPIÉ, 2010), se ocupa de analizar, en perspectiva comparada, los casos de Perú y Colombia, sosteniendo la idea de que las diferencias en los conflictos políticos armados –actores, objetivos, estrategias y resultados– tienen que ver con la configuración histórica de los estados y la relación entre el campo de poder central y los poderes regionales. e l e s ta  o y l o s p o  e r e s r e g i o n a l e s Partimos de la idea según la cual, el Estado es un campo estratégico de relaciones de poder 1, encargado de garantizar el orden en medio de la contingencia, mediante la concentración de diversos tipos de capital2 –coercitivo, jurídico, económico, político, informacional y simbólico– que condensan las claves de configuración de dicho orden, el cual es garantizado, coercitiva e ideológica-

1

2

Retomamos la idea de campo social de BOURDIEU: “un campo es un espacio de conflicto y competencia en el cual los participantes rivalizan por el monopolio sobre el tipo de capital que sea eficaz en él –la autoridad cultural en el campo artístico, científica en el campo científico– y el poder de decretar la jerarquía y las ‘tasas de conversión’ entre todas las formas de autoridad del campo de poder” (BOURDIEU y WACQUANT, 2005, 45). Dicha concentración de capitales, “conduce en efecto a la emergencia de un capital específico, propiamente estatal, que permite al Estado ejercer un poder sobre los diferentes campos y sobre los diferentes tipos particulares de capital … de lo que resulta que la elaboración del Estado va pareja con la elaboración del campo del poder, entendido como el espacio de juego dentro del cual los poseedores de capital luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir, sobre el capital estatal que da poder, sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción” (BOURDIEU, 2002, 100).

271

272

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

mente, en un territorio específico, mediante el uso legítimo de la violencia y por medio de las instituciones formales e informales, con las cuales reproduce la interpretación simbólica del mismo (HINCAPIÉ, 2010). De acuerdo con lo anterior, el escenario de cambios y recomposiciones en la construcción de la hegemonía estatal, que configura el campo del Estado, no se presenta de manera homogénea en el territorio, debido a la forma diferenciada en que el Estado, históricamente, reproduce sus capitales en las regiones: capital informacional (presencia de aparatos y formación de burocracias locales, escuelas); capital de la coerción (presencia de la fuerza armada estatal); capital económico (fiscalidad, inserción a las lógicas de la economía nacional y global); capital de la política (presencia de partidos y movimientos políticos), entre otros. Así mismo, las regiones, desde su poblamiento y a través de su historia, han configurado formas de cohesión social, representaciones colectivas y construcción de sentido propias3 de acuerdo con sus dinámicas internas. En ese marco, los cambios y recomposiciones en el campo central del Estado tienen diferentes expresiones en los campos de poder regional. Del mismo modo, las dinámicas de los poderes locales y regionales afectan las bazas de poder de los diversos agentes y grupos que actúan en el campo central del Estado. De tal manera, se problematiza la perspectiva del Estado homogéneo para buscar, en palabras de GONZÁLEZ, “superar la visión homogeneizante y modélica del Estado moderno, que se oculta en muchas lecturas estructurales” (GONZÁLEZ, 2003, 20) y analizar el Estado en la articulación de poderes locales y regionales, los cuales también están en permanente proceso de estructuración y desestructuración pues, como lo afirma LEVI, “su funcionamiento concreto y su modificación son el resultado de un conjunto de elementos entrelazados que es necesario reconstruir que incluyen respuestas locales, modos de aplicación y consecuencias directas e indirectas” (LEVI, 2003, 286-287). Debemos hablar, entonces, de las regiones como escenarios de concentración y desconcentración de capitales, donde diversos agentes participan en el juego de acumulación, afectando el campo de poder central del Estado. La configuración específica de una región, y de un monopolio del poder al interior de ésta, permite configurar un escenario de acción o cohesión, que influye en

3

Retomando la tradición sociológica, que encuentra en DURKHEIM a uno de sus mayores exponentes, para BOURDIEU las representaciones sociales y la dimensión simbólica del orden social son un aspecto nodal para la comprensión del Estado y las formas de constitución de la comunidad política. Al respecto, ver BOURDIEU, 1999.

Sandra Hincapié Jiménez

el campo central del Estado, pero ésta no es una relación lineal de influencia poder central–región, sino que se piensa en una relación recíproca. La génesis de los campos estatales nos muestra como en el Perú las fuerzas militares, históricamente, concentraron capital coercitivo y político, y sus cúpulas fueron los agentes mejor posicionados en el campo de las relaciones sociales. Tal y como los describe KRUIJT (2003), son “ejércitos políticos”, políticos en uniforme, aquéllos que incorporan en sus objetivos fundamentales las políticas del Estado en su integridad, basados en una concepción de seguridad amplia que incluye aspectos sociales, económicos y culturales. Fue, precisamente, en cabeza de las fuerzas militares que se produjeron las grandes transformaciones sociales como, por ejemplo, la revolución velasquista, 1968-1975, que defendió una apuesta nacionalista, como soporte de un Estado planificador, llegando la década de los setenta. A diferencia del Perú, en Colombia las fuerzas militares no concentraron capitales decisivos, ni coercitivos ni políticos; los partidos políticos fueron los grandes concentradores de capital y sus agentes supieron combinar los negocios con la política, posicionándose en el campo estatal y obteniendo provecho de la estabilidad –muchas veces cíclica– que la economía cafetera proporcionaba para el crecimiento del Estado, principalmente, como aparato burocrático. La hegemonía del bipartidismo en Colombia fue posible, entre muchas razones, porque supo proyectar un discurso multiclasista, donde el ingreso de la “masa popular” en la política fue dirigida y moldeada, por medio de los canales partidistas, mientras que los rebeldes al orden fueron proscritos y combatidos, esquivando, de esta manera, el gran auge de movimientos populistas que sí caracterizó a la gran mayoría de países suramericanos (PALACIOS, 1995, 386). Otra diferencia fundamental entre los estados fue la relación histórica entre los campos centrales y los campos regionales de poder. Estudios históricos sobre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX han señalado, de manera reiterativa, que Colombia es “un país de fuertes regiones”4. Por un lado, desde el punto de vista geográfico, la variedad de suelos y climas, sus formas de apropiación y territorialización inciden en las diferencias económicas, sociales y culturales. Por otro lado, la configuración de las regiones llevó, a su vez, a una tensión prevaleciente entre poderes regionales o locales, por el tipo de orden y sociabilidades que cada uno defendía, y que se expresaron en las luchas en el campo del poder



Ver JARAMILLO, . Un número importante de estudios históricos regionales nos acercan, desde diferentes temáticas, a explicar dicha diferenciación. Sólo para dar algunos ejemplos de una literatura mucho más vasta consultar OQUIST, 1978; Ortiz, 1985; URIBE y ÁLVAREZ, 1987; LEGRAND, 1988; ROLDÁN, 1989, 2003; GONZÁLEZ y MARULANDA, 1990; GARCÍA, 1993; PALACIOS, 2002.

273

274

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

local y regional. En el Perú, de igual modo, los estudios históricos señalan una diferencia regional radical entre la sierra y la costa5. Las dos regiones presentaron un “desarrollo desigual y combinado” que hizo de la costa una región con desarrollo capitalista y mestizo, mientras que la sierra indígena mantuvo la hacienda decimonónica como forma de estructuración de la sociedad6. Para el siglo XX, Colombia se mantuvo como un Estado con fuertes poderes regionales, mientras que Perú se estructuró por medio de un centralismo férreo que concentró en la costa, particularmente, en Lima, los poderes y las decisiones7. Estas diferencias –tanto las del campo del poder central, como las de los poderes regionales– son fundamentales a la hora de comprender los conflictos armados internos y, sobre todo, la forma en que se enfrentó la amenaza subversiva en los dos países. r e f o r m a  e l e s ta  o y a m e n a z a g u e r r i l l e r a : entre la emocracia y la guerra El Estado planificador que caracterizó el gobierno militar en el Perú y el Frente Nacional en Colombia permitió el crecimiento económico y una incipiente, pero importante, modernización de la burocracia estatal8. En el caso peruano, la revolución conservadora de los militares en 1968 produjo un cambio radical en la sociedad peruana, caracterizada, hasta ese momento, por un patrón de relaciones señoriales, excluyentes de las más amplias capas de población, como eran los indios. Esta inclusión, aunque subordinada al principio de autoridad, unida al proceso de nacionalización, posicionó nuevos agentes en el campo del poder, desplazando a los poderosos agentes que representaban intereses del capital internacional. Sin embargo, la respuesta de dichos agentes, desplazados de su posición, no se hizo esperar y, configurando un bloque de poder, al interior de las mismas fuerzas militares, lograron desplazar el bloque en el poder que encabezó la revolución velasquista, volviendo atrás las reformas iniciadas9,

5 6 7

8 9

Ver BASADRE ,1968; ASADOURIAN, 1982; COTLER, 1985. Ver KEITH, 1976. A partir de la década de los sesenta la selva empezó a tener importancia como región, cuando el gobierno del general Velasco impulsó la colonización y se abrieron algunas carreteras. Esta colonización paulatina va a cobrar mayor importancia a mediados de la década de los ochenta. El trabajo que muestra con mayor detenimiento el proceso de modernización durante el Frente Nacional se encuentra en GUTIÉRREZ, 2008b. Para el caso peruano ver KRUIJT, 2008. GONZÁLEZ (1990) caracteriza el período posterior a 1975 como una contrarreforma liberal progresiva.

Sandra Hincapié Jiménez

aunque nunca más las relaciones sociales volvieron a establecerse de la misma manera10. En Colombia, el Frente Nacional fue ante todo un proyecto defensivo por conservar e incrementar las bazas de poder de la elite económica y bipartidista, proscribiendo y marginando cualquier tipo de oposición al campo de relaciones prevaleciente. En este contexto de hegemonía elitista y monopolización de las bazas de poder, se dio un proceso de modernización, planificación y tecnificación que permitió a nuevos agentes, provenientes del mismo bipartidismo, posicionarse en el campo del poder, a la par de una inclusión política subordinada de los sectores populares por medio del clientelismo11. Las críticas al consociacionalismo del Frente Nacional12 y el gobierno autoritario TURBAY AYALA, 1978-198213, fueron los incentivos para la generación de diferentes presiones y reclamos en diversos sectores, a partir de las cuales se tejieron los argumentos –académicos y políticos– utilizados para justificar la apertura política (GUTIÉRREZ, 1996, 35-51) y, en otros casos, para explicar la lucha insurgente14. En el Perú, el fin de los gobiernos militares no supuso un cambio drástico en la concentración de capital político de las fuerzas militares. La llegada al poder de FERNANDO BELAÚNDE TERRY en 1980 –el mismo que los militares derrocaron en 1968– representaba la oportunidad de retomar un camino de reformas que encausara al Perú a la integración nacional. Sin embargo, aunque los militares dejaron el ejecutivo, ésta fue más una “democracia tutelada” (PEASE, 1981), que mantuvo casi intactas las condiciones de concentración de poder por parte de las fuerzas militares. Al poco tiempo de iniciado el mandato del nuevo presidente, se presentaron las acciones subversivas del Partido Comunista Sendero Luminoso, en un principio, desde lugares marginales en la región de Ayacucho. El grupo guerrillero Sendero Luminoso nació liderado por jóvenes de una “elite provinciana universitaria” (DEGREGORI, 1990), provenientes de la fracción pro–china del Partido Comunista Peruano. Esta región, con una elite regional empobrecida, por la decadencia del latifundio tradicional, la venta o el abandono de sus tierras,

10 Véase SÁNCHEZ, .  Véase LEAL y DÁVILA, .  Se entiende por consocionalismo una acomodación integral entre las elites en una sociedad de antagonismos, es decir, divididas y políticamente relevantes. Consultar HARTLYN, .  Ver CHERNIK, 1989. 14 Como bien lo afirma PIZARRO: “El intento de la administración TURBAY AYALA-CAMACHO LEYVA de aniquilar el polo popular, tanto en su expresión legal como en sus modalidades insurgentes, le abrió a la guerrilla un nuevo espacio de legitimidad. La guerrilla, en especial el M-, simbolizó durante este gobierno la resistencia contra un gobierno civil-militar que buscó aplastar cualquier asomo de oposición social o política” (PIZARRO, , ).

275

276

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

llegó a uno de los niveles más altos de pobreza en el Perú, con una de las más altas tasas de analfabetismo y con una población decreciente que, para 1981, constituía el 3% de la población total (DEGREGORI, 1985). Ayacucho representaba en su punto más extremo las contradicciones entre la costa y la sierra peruana, lo indio, campesino, pobre y excluido de los valores predominantes, frente a lo blanco capitalista y moderno de la costa, con toda la violencia simbólica que ello representa y encarna. En ese escenario, Sendero Luminoso, retomando las tesis del marxismo-leninismo, se autoproclamó vanguardia y, desde una perspectiva maoísta, enarboló las banderas de la guerra prolongada del campo a la ciudad, con una perspectiva conservadora y autoritaria del orden social. Sendero Luminoso logró, inicialmente, legitimidad en las comunidades, concentrando capital simbólico, gracias a su discurso de justicia e inclusión en una sociedad regional estamental y, tradicionalmente, marginada. Debido a la baja concentración de capitales, por parte del poder central, las condiciones estaban dadas para que agentes –diferentes a los representantes del Estado– concentraran capitales y se formaran “órdenes yuxtapuestos” (ALONSO y VÉLEZ, 1998). De ahí que Sendero Luminoso hubiese logrado la formación de “comités populares”, que se constituyeron en el gobierno local que concentraba los diferentes capitales15. La respuesta del gobierno central a los ataques senderistas en 1981 fue declarar la gran mayoría de las provincias de la región de Ayacucho en estado de emergencia. Con ello se suspendieron las garantías constitucionales y la contención de las acciones de Sendero Luminoso quedó a cargo de la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones. En la medida en que aumentaron las acciones violentas del grupo insurgente, en 1982 el gobierno central dejó en manos de las fuerzas militares el control del orden interno con la declaratoria –por segunda vez después de 1980– del estado de emergencia en la región de Ayacucho y en provincias de los departamentos de Huancavelica y Apurímac16. En general, la forma en que el gobierno civil enfrentó la amenaza guerrillera, fue dejando en manos de las fuerzas militares la definición de las políticas de guerra, lo que reforzó la autonomía lograda a partir de la concentración de capitales

15 “Los comités populares estaban conformados por varios comisarios. El comisario secretario ‘dirige el comité popular’, la vigilancia se organiza y se cumple de día y de noche con hombres, mujeres y niños… El comisario de producción se ‘encarga de planificar y organizar las siembras colectivas y distribuye las semillas’. El comisario de asuntos comunales aplica la ‘justicia muy elemental pero la ejercen para resolver daños, litigios, imponer sanciones’ y el comisario de organizaciones populares, ‘organiza los organismos generados en los pueblos’. Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Balance de la era. Campaña sobre Impulsar. 1989” (Comisión de la Verdad y la Reconciliación [CVR], 2004, 119). 16 Según el Decreto Supremo -82IN, por el cual se estableció el estado de emergencia durante 60 días.

Sandra Hincapié Jiménez

coercitivos y políticos. En ese sentido, no fue el gobierno civil quien se encargó de trazar las políticas para el manejo del conflicto, con el fin de ser aplicadas, posteriormente, por las fuerzas militares; por el contrario, fueron las fuerzas militares las que dirigieron, desde el campo central del poder, y ejecutaron las políticas de seguridad y control del orden interno con total independencia. Así lo dice el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR, en el Perú: En síntesis, la CVR ha encontrado que tras el ingreso de las Fuerzas Armadas en el combate a la subversión, los sucesivos tres Ministros del Interior mencionados no se interesaron en la elaboración de una política contrasubversiva por parte de la autoridad civil y no establecieron formas de coordinación y supervisión adecuadas respecto de lo que ocurría en la zona de emergencia. Tal actitud significó también una renuncia de la autoridad civil constitucional a obtener un conocimiento adecuado de la naturaleza, estrategias y tácticas de la organización subversiva. La instauración de una notoria autonomía de las Fuerzas Armadas en el teatro de operaciones ayacuchano debió suscitar en el gobierno civil electo una atención mayor sobre el respeto de los derechos humanos en la región (Comisión de la Verdad y la Reconciliación [CVR], 2004, 216).

En Colombia, el nuevo gobierno BETANCUR CUARTAS, 1982-1986, buscó un tratamiento diferente al conflicto político armado desde 1982. Un tono de reconciliación y el reconocimiento de condiciones para el levantamiento en armas en contra del Estado, marcaron una nueva etapa y una oportunidad para buscar salidas negociadas al conflicto armado colombiano17. Los altos mandos militares tomaron como una ofensa a su trabajo y al honor militar la amnistía que se les dio a los presos políticos sin exigirles el desarme inmediato18. Esta percepción no era exclusiva de los mandos militares. Sectores políticos de derecha no comprendieron la adopción de medidas como el indulto y una serie de beneficios económicos19 a los que pudieron acceder decenas de guerrilleros,

17 “En el mes de septiembre de 1982 fue nombrada la Comisión de Paz por medio del decreto 2771, integrada por 40 miembros de diversos sectores políticos y sociales. El 16 de noviembre de 1982 fue aprobado por el Congreso de la República el proyecto de amnistía presentado en el gobierno de TURBAY AYALA, y sancionado por el presidente BELISARIO BETANCUR el 19 de noviembre ‘por el cual se decreta amnistía y se dictan otras normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz’ (Ley 35 de 1982). Gracias a esta amnistía cerca de 400 presos políticos de los grupos M-19, FARC, ADO, EPL, ELN, salen en libertad” (RAMÍREZ y RESTREPO, 1989, 95). 18 El propio ministro de defensa, el general FERNANDO LANDAZÁBAL REYES, afirmó: “Cuando se ha estado a punto de obtener la victoria militar definitiva sobre los alzados en armas, la acción de la autoridad política interviene transformando sus derrotas en victorias de gran resonancia (…) Esperamos que ésta sea la última amnistía” (El Tiempo, Bogotá, de octubre de 1982). 19 Según datos de la Presidencia de la República los beneficios socioeconómicos para la adquisición de tierras, vivienda, créditos para microempresas, salud y educación tuvieron un costo aproximado de ...840 de pesos. Los fondos para dichos programas salieron del Ministerio de Gobierno –actual

277

278

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

sin la más mínima contraprestación, la más obvia de todas: la desmovilización y la reincorporación a la vida civil. Por el contrario, los amnistiados regresaron a las filas insurgentes y, en el caso del Movimiento 19 de abril, M-19, recuperó no sólo combatientes sino la plana mayor de su dirigencia20. Desde ese momento, como respuesta a las políticas del poder central, se puso en marcha una estrategia de poderes regionales entre los batallones y las brigadas regionales, los propietarios –terratenientes y, más adelante, narcotraficantes–, y los políticos locales para crear grupos de autodefensa. Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, fue el primer eje de crecimiento. La estrategia contrainsurgente que hasta ese momento había desarrollado el ejército, por medio del estatuto de seguridad, cambió de rumbo; al mando de los generales FARAUK YANINE y GARCÍA ECHEVERRI, e influenciados por la Doctrina de Seguridad Nacional21, se empezaron a organizar grupos paramilitares con asesoría del ejército, así como de mercenarios israelíes y estadounidenses. De acuerdo con lo anterior, en el Perú las fuerzas militares desde el campo central –dado su amplio capital coercitivo y político– asumieron el mando de la política de seguridad y las estrategias para enfrentar el conflicto político armado, proyectándolas a las regiones. Por el contrario, en Colombia, mientras el ejecutivo, desde el campo central del Estado, intentó implementar políticas para lograr la solución pacífica al conflicto político armado, los fuertes poderes regionales emprendieron estrategias de guerra para combatir la amenaza guerrillera y preservar los poderes locales.

Ministerio del Interior– y accedieron 1.630 personas a estos (Programa Presidencial para la Reintegración, 1998). 20 Es un error, por tanto, hablar de desmovilización individual y reinserción, cuando la gran mayoría de los acogidos por dichas garantías siguieron en actividades relacionadas con su militancia en los diferentes grupos guerrilleros.  La Doctrina de Seguridad Nacional, diseñada como estrategia contra el comunismo, involucra los ámbitos sociales, económicos y políticos donde éste puede reproducirse. Así las organizaciones sociales y políticas –sindicatos, organizaciones comunitarias, organizaciones y movimientos políticos de izquierda, etc.– son consideradas también objetivo militar en tanto en ellas se ha “infiltrado” el comunismo y deben ser combatidas. Para ello, esta nueva estrategia precisa de organismos que puedan actuar en forma no convencional, por fuera de los marcos jurídicos, es decir, se requiere de acciones que no puede ejecutar un ejército regular, en tanto éstas se realizan de forma ilegal o “subterránea”, dentro y contra dicha población civil. Retomando a RASKIM, afirma FRANCO: “… el Estado de Seguridad Nacional, a diferencia de un Estado de derecho, se caracteriza por la existencia de una estructura dual en la cual se distinguen actividades paralegales y actividades ilegales. En el primer nivel el aparato funciona de acuerdo a una estructura con su propio sistema administrativo y auto–justificatorio. En el segundo nivel –actividades ilegales– el comportamiento criminal se constituye no en una amenaza sino en un sistema operativo fundamental para la preservación del establecimiento en una extensión paradójica de la soberanía” (FRANCO, , ).

Sandra Hincapié Jiménez

e n t r e r o n  a s y pa r a s : l a g u e r r a e n l a s r e g i o n e s Tanto en Perú como en Colombia, los cambios acontecidos en los campos centrales tuvieron repercusiones en los campos regionales de poder. En Antioquia22 –para el caso colombiano– y Ayacucho23 –para el peruano– nuevos agentes irrumpieron en el escenario local, tratando de reconfigurar los poderes instituidos en lo político, económico, social y cultural. Sin embargo, se presentó una marcada diferencia entre el campo de poder regional antioqueño y el campo de poder regional en Ayacucho, en función del grado de complejidad e interdependencia de las relaciones establecidas en el espacio social, que se traduce en el tipo de agentes que buscaron transformar las dinámicas regionales. En Antioquia, a pesar del decaimiento de la industria en la región, las elites regionales habían concentrado importantes capitales económicos y políticos, que les permitían adaptarse a los cambios económicos nacionales e internacionales. En ese sentido, los agentes económicos se proyectaron en la nueva economía financiera, coquera, minera e hidroeléctrica. La planeación del territorio, para la explotación capitalista, se formalizó en la década de los ochenta con la creación, en 1985, de la Corporación Antioquia Siglo XXI. La región tiene un gran potencial por su posición geoestratégica y su rica diversidad de climas, pisos térmicos y ambientales. Por su territorio cruzan los ríos Magdalena, Cauca y Atrato, así como las cordilleras Central y Occidental, y sus costas le permiten tener acceso al mar Caribe. Son, precisamente, sus riquezas potenciales y su posición geoestratégica, pero, paradójicamente, sus condiciones de pobreza y marginalidad, en la mayor parte de la población, las que hacen de Antioquia un epicentro del conflicto político armado, la expansión de cultivos de uso ilícito y el tráfico de drogas.

22 El Departamento de Antioquia, con una extensión de 63.612 Km², se encuentra ubicado en el noroccidente de Colombia y se divide en nueve subregiones de diversas características sociales, demográficas, ambientales y económicas: Valle de Aburrá, Norte, Nordeste, Oriente, Suroeste, Bajo Cauca, Urabá, Occidente y Magdalena Medio. Según los datos del censo de 2005, las nueve subregiones recogen una población de cerca de 5.756.636 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2005a). 23 Ayacucho se encuentra ubicado al suroccidente peruano, con una extensión de 43.814 Km2, está dividido político–administrativamente en 11 provincias y 111 distritos, sus provincias son: Lucanas, Parinacochas, La Mar, Huanta, Huamanga, Huanca Sancos, Víctor Fajardo, Paucar del Sara Sara, Cangallo, Sucre y Vilcas Huamán (Ministerio de Comercio y Turismo, 2005).

279

280

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

m a pa 8 . 1 A antioquia y subregiones

m a pa s 8 . 1 B aya c u c h o y s u b r e g i o n e s

Sandra Hincapié Jiménez

Por otra parte, como vimos anteriormente, el Ayacucho de inicios de la década de los ochenta no distaba mucho de las condiciones socioeconómicas que lo caracterizaban décadas atrás, siguiendo la constante histórica del centralismo peruano y reproduciendo la brecha, claramente establecida, entre costa y sierra (DEGREGORI, 1986, 99). A pesar de lo inconcluso de la revolución velasquista, a partir de la década de los sesenta, los cambios, principalmente, en lo referido al papel de la reforma agraria y la educación, habían logrado poner fin al orden oligárquico y al dominio absoluto de los mistis24 y su “administración étnica” (PORTOCARRERO, 1993) en lo local y regional. Así mismo, las reformas habían logrado la dinamización económica de algunas provincias y la conexión de las mismas con las relaciones económicas de la costa. Sin embargo, en la medida en que no había agentes claramente posicionados en el nuevo espacio social, éste se podría caracterizar como un escenario de competencia abierta de las oportunidades25, en constante lucha por la concentración de los diversos tipos de capital. En Ayacucho, Sendero Luminoso llegó a diversos escenarios locales a través de los jóvenes maestros educados en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Los maestros concentraban un importante capital simbólico y ocupaban una posición privilegiada de reconocimiento y autoridad local. De acuerdo con lo anterior, fue vital el papel de los maestros para lograr legitimidad y apoyo al proyecto revolucionario en las comunidades de la zona central. En ese sentido, las condiciones de pobreza y marginalidad, si bien son características importantes de la región, no bastan para comprender el surgimiento y expansión del grupo guerrillero26. Los jóvenes maestros que apoyaron el proyecto revolucionario eran, en buena parte, el resultado de lo que FAVRE (1984) caracterizó como un proceso de “descampesinización y desindianización”. En la medida en que las reformas propiciadas por el gobierno militar de VELASCO se detuvieron –aquellas que dieron fin al orden oligárquico–, no se logró configurar un nuevo orden en el campo del poder regional y, ante la desarticulación con las dinámicas del poder central, la alternativa revolucionaria encontró un espacio social adecuado para lograr, fácilmente, la concentración de capitales, ofreciendo, a través de un discurso totalitario, alternativas concretas a problemas estructurales e históricos irresueltos (MANRIQUE, 1989).

24 Misti en quechua sirve para nombrar los mestizos vinculados con los poderes locales y tradicionales. Al respecto ver DEGREGORI () y FRANCO ().  Consultar ELIAS, 1978. 26 Contrario a la tesis del surgimiento propuesta por MCCLINTOCK, 1984.

281

282

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

De acuerdo con lo anterior, la reconfiguración del campo del poder regional se dio en torno a la dinámica bélica propiciada por Sendero Luminoso. Este protagonismo fue posible en la medida que no existía una elite posicionada que “remover”. En Antioquia, por el contrario, y de manera mucho más compleja, las elites regionales se enfrentaron a diversos desafíos, al querer implementar las políticas necesarias para insertarse en las nuevas dinámicas económicas nacionales y globales. Dichas resistencias a nivel local, que encuentran correspondencia con procesos nacionales, vinieron, sobre todo, por la acción de movimientos y organizaciones sociales, los grupos guerrilleros, los partidos políticos de izquierda y aquéllos por fuera del bipartidismo oficial. Tal y como lo afirma URIBE DE HINCAPIÉ: A partir de la década de 1960 se asiste a una crisis de ese modelo de dominación (decimonónico de la antioqueñidad) manifiesto en el auge de movilización social, en una acogida dispensada de nuevas opciones de representación social y política de los intereses locales por corrientes cívicas que no obstante su perfil reformista, y sus márgenes de autonomía frente a la guerrilla y a la izquierda, también fueron objeto de una labor de exterminio, circunstancia que abonó el terreno para la expansión de las guerrillas (URIBE DE HINCAPIÉ, 2001, 23).

En ese sentido, durante la década de los ochenta, en Antioquia se presentaron fuertes dinámicas de movilización y acción colectiva, las cuales sufrieron la persecución y el exterminio en la mayor parte de los casos. Estos movimientos sociales habían surgido en la década de los setenta, cuando en las diferentes subregiones antioqueñas se experimentaron procesos de organización social y comunitaria para la reivindicación de derechos: en el suroeste y oriente fueron muy importantes las comunidades de base cristiana, las organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, así como los movimientos cívicos (GARCÍA, 1994), los cuales reivindicaron el derecho a los servicios públicos y reformas de carácter redistributivo en las zonas de impacto de megaproyectos27. En el Nordeste y el Urabá, la acción colectiva se organizó por medio de sindicatos obreros que congregaban a trabajadores de las bananeras, las cementeras, la minería y el carbón (BEJARANO, 1988, 62).

27 El Movimiento Cívico de Oriente, MCO, exigía del gobierno departamental la concertación con las comunidades y la participación de las mismas en la orientación del desarrollo de la región. En palabras de URIBE DE HINCAPIÉ posibilitó “un cambio en la vida política al propiciar la formación de una generación de líderes cívicos más independientes de los partidos tradicionales, una valoración de las acciones colectivas, y una conciencia de región frente a los poderes centrales” (URIBE DE HINCAPIÉ, ).

Sandra Hincapié Jiménez

Las dinámicas reformistas en el campo central del Estado, posteriores a 1982, se constituyeron en el efectivo desmonte del Frente Nacional. Aunque, en teoría, había terminado en 1974, en la práctica su estructura estaba intacta. Especialmente el proceso de reformas graduales llevó aparejado una relocalización de los intereses y un nuevo escenario de competencia, donde cobraron mayor importancia los poderes locales y regionales. Con la descentralización política y administrativa, durante la década de los ochenta, los escenarios de representación política local se convirtieron en espacios de disputa nodal para la vida política. En ese sentido, las primeras elecciones populares de alcaldes en 1988 fueron la oportunidad para que los movimientos, las organizaciones y los partidos políticos de izquierda lanzaran sus propios candidatos a concejos y alcaldías. Como respuesta a tales movilizaciones se presentó una fuerte represión, por parte de los poderes tradicionales, hacia los líderes quienes fueron perseguidos, amenazados y asesinados. Así mismo, la relocalización de intereses fue fundamental en la dinámica de la guerra28, no sólo por factores políticos sino también económicos, en la medida que los diferentes grupos se beneficiaron de los recursos provenientes de las transferencias (SÁNCHEZ y CHACÓN, 2006, 347–404). En el Oriente antioqueño, la camada de jóvenes dirigentes se convirtió en la protagonista de las disputas a nivel electoral, por los cargos de representación política en concejos y alcaldías municipales. Los integrantes del Movimiento Cívico de Oriente, MCO, al pretender disputar la hegemonía conservadora y liberal, fueron amenazados, condenados al exilio y asesinados. El exterminio de la dirigencia del Movimiento Cívico de Oriente encontró su punto de auge desde 1988 hasta 199029. En el Nordeste y Bajo Cauca los ataques a los integrantes de las organizaciones y movimientos sociales, y el exterminio de sus principales dirigentes, estuvo estrechamente relacionado con la persecución a los militantes de la Unión

28 Sobre el particular afirman GUTIÉRREZ y CHACÓN: “…esto permitió muchas dimensiones entre los grupos armados ilegales y los alcaldes (y eventualmente gobernadores), y coincidió con una profunda fragmentación y desinstitucionalización de los principales partidos políticos. Las autodefensas, aprendiendo de directrices descubiertas inicialmente por la guerrilla, encontraron que los municipios eran los nichos ideales para desarrollar sus actividades, y que allí ellos podían competir en mucho mejores términos que en el ámbito nacional con los partidos establecidos” (GUTIÉRREZ y CHACÓN, , 284). 29 El más importante dirigente del Movimiento Cívico de Oriente, RAMÓN EMILIO ARCILA, se lanzó como candidato a la alcaldía del municipio de Marinilla y, esa misma semana, fue asesinado, exactamente el  de diciembre de 1989. La muerte de RAMÓN EMILIO ARCILA marcó el cierre de un ciclo de protestas, el declive del Movimiento Cívico en el Oriente antioqueño y la atomización de los líderes. La clase política hegemónica continuó –no sin resistencias– dirigiendo los destinos del oriente en medio de mayor presencia de grupos armados de guerrillas y paramilitares.

283

284

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

Patriótica, UP30. Este partido consiguió en las elecciones populares las alcaldías de Remedios y Segovia en el Nordeste, así como buen número de concejales, duplicando la votación del Partido Liberal, cuyo principal dirigente era y lo sigue siendo CÉSAR PÉREZ GARCÍA. Del mismo modo, persiguieron toda expresión organizativa que pudiera estar relacionada con la izquierda y se valieron de dicha justificación para expulsar campesinos y apropiarse de sus tierras31. La reacción de los poderes tradicionales fue la arremetida paramilitar del grupo al mando de FIDEL CASTAÑO GIL, con el nombre de Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MRN, que, el 11 de noviembre de 1988, protagonizó la más sangrienta masacre del Nordeste antioqueño: Cuarenta y tres habitantes de Segovia masacrados y 54 heridos, por más de 30 hombres vestidos con trajes de camuflado que ingresaron en tres camperos al pueblo y durante aproximadamente una hora dispararon indiscriminadamente contra la población en el parque central, mientras que algunos de ellos asesinaban a varios simpatizantes de la Unión Patriótica en la calle La Reina. Ese día los militares suspendieron el patrullaje que diariamente realizaban en la población a las 6 de la tarde, y no se presentaron los escoltas de la Policía asignados a la Alcaldesa y a la Presidenta del Concejo municipal, ambas militantes de la Unión Patriótica. La masacre fue reivindicada por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste –MRN– (Proyecto Nunca Más, 2000).

Del mismo modo, en Urabá se libró un ataque sistemático a los sectores populares asociados a los sindicatos y a las agrupaciones políticas diferentes al bipartidismo oficial, los cuales pasaron a ser objetivos en la lucha paramilitar. Esta supuesta identidad guerrillas–sindicatos–agrupaciones políticas, asumida por los actores dominantes de la región, ha actuado como ingrediente fundamental en la guerra sucia desatada desde 1985 contra los trabajadores, los líderes sindicales y los militantes políticos del Urabá: …es así como en Urabá se han ido formando diversos grupos paramilitares o “escuadrones de la muerte” financiados y entrenados por la alianza empresarios–ganaderos– narcoterratenientes para enfrentar lo que se percibe como el enemigo común: la alianza guerrilla–trabajadores bananeros–grupos políticos de izquierda (BEJARANO, 1988, 60).

30 En 1988 el asesinato del alcalde de Remedios, perteneciente a la Unión Patriótica, UP, provocó el más importante paro cívico, con una duración superior a 20 días, y generó un proceso de negociación de pliegos de peticiones de las comunidades campesinas con representantes del gobierno nacional. 31 La forma pormenorizada en que se fue configurando el paramilitarismo en el nordeste y el tipo de acciones que se llevaron a cabo se encuentran en el Proyecto Nunca Más.

Sandra Hincapié Jiménez

Estos grupos paramilitares se estructuraron gracias al apoyo de batallones y brigadas, propietarios locales, ganaderos y terratenientes, políticos locales del bipartidismo –especialmente de sectores del Partido Liberal para el caso del Magdalena Medio– y narcotraficantes32. En cierta medida la persecución y el cerramiento de espacios políticos a nivel local, explica también la expansión de las diferentes guerrillas durante la década de los ochenta: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, crearon el Frente 34 en límites con el Chocó y en el Nordeste los frentes 35, 36 y 37; el Ejército de Liberación Nacional, ELN, hizo presencia en la zona con los frentes Camilo Torres, José Antonio Galán, María Cano, Compañero Tomás, Compañía Anorí, Che Guevara y Carlos Alirio Buitrago. En Antioquia, la violencia desatada contra las organizaciones populares provino, principalmente, de los grupos paramilitares y de las fuerzas militares, en tanto las guerrillas atacaron a terratenientes y empresarios, pero en un grado infinitamente inferior. Por el contrario, en Ayacucho, Sendero Luminoso, durante la década de los ochenta, protagonizó las más terribles masacres en contra de un campesinado indefenso y marginado, que tuvo que recurrir a la autodefensa como forma de preservación y de rechazo al grupo guerrillero, y que se vio enfrentada a los fuegos cruzados del grupo insurgente y del ejército estatal del cual también fueron víctimas. En un principio Sendero Luminoso logró adhesiones en las zonas periféricas y más empobrecidas, como Cangallo y Vilcahuasmán, porque brindaban no sólo la promesa de una sociedad más justa y ordenada, sino soluciones a problemas concretos a los cuales nunca se les había dado respuesta. Entre 1980 y 1982, Sendero Luminoso se expandió en la región y se legitimó a través del discurso moral y del ejercicio de ajusticiamientos que sancionaban el robo, el adulterio, el alcoholismo, la ociosidad, entre otros33. Así mismo, se crearon escuelas populares clandestinas, en las que se formaban jóvenes para ingresar al grupo guerrillero. Éstas se ubicaban en algo parecido a estaciones móviles o campamentos –aunque nunca fueron llamadas de ese modo– lo que les permitía movilizarse rápidamente y camuflarse para evitar los ataques del ejército (CVR, 2004, 21–24).

32 En 1983 la Procuraduría General de la Nación, PGN, presentó un revelador informe donde puso en evidencia la relación de miembros activos del ejército y la policía, el movimiento Muerte a Secuestradores, MAS, –creado por narcotraficantes– y los grupos paramilitares, cuyo accionar se desplegaba, principalmente, en Medellín, Puerto Boyacá, La Dorada, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Cali y Arauca (JIMÉNEZ, 1983, 116–117). 33 Ver DEL PINO () y STERN ().

285

286

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

En las zonas “liberadas” actuaban los comités populares que se convertían en la autoridad local, la población organizada era la base de apoyo de la fuerza militar guerrillera, se repartían labores tendientes a la producción agrícola, para el acopio de materiales destinados a la fabricación de artefactos explosivos de producción artesanal y para la vigilancia de la comunidad (CVR, 2004, 25–29). En aquellas zonas donde las comunidades campesinas se resistían al dominio senderista, la estrategia desarrollada fue de arrasamiento, “batir el campo” era la orden de ABIMAEL GUZMÁN, un líder mesiánico, al mando de una estructura vertical y autoritaria, que no permitía la diferencia, por ello “al batir, la clave es arrasar; y arrasar es no dejar nada” (GORRITI, 1991, 283). Así, la lucha de Sendero Luminoso se realizaba en dos frentes, por un lado, en contra del gobierno, la burguesía y el sistema feudal y, por otro lado, contra los indios que en su “ignorancia” no entendían o no compartían el proyecto revolucionario34. En los valles de la zona central Sendero Luminoso logró expandirse y conseguir apoyos. Sin embargo, en algunas provincias de la zona Norte, especialmente, en Huanta, encontró resistencias desde sus inicios, que se tradujeron en muertes, como represalias de la comunidad india ante el asesinato de sus autoridades tradicionales. Éste fue el antecedente ayacuchano de lo que, posteriormente, se constituiría en una forma de autodefensa conocida como las rondas campesinas35. Aunque las rondas campesinas son tradicionales en el Norte del Perú desde 1976 –incluso hay antecedentes de su existencia desde el siglo XIX, como formas para la defensa de la propiedad y contra el abigeato36–, las rondas que se formaron desde 1983, conocidas también como “montoneras” o Comités de Autodefensa Civil, tienen un origen claro en la lucha contra Sendero Luminoso, en un principio, en forma autónoma y, posteriormente, alentados por las fuerzas militares, como parte de su lucha contrainsurgente. La contraofensiva de Sendero Luminoso fue violenta, más de 68 comunidades en Huanta y 70 en La Mar fueron obligadas a desplazarse entre 1982 y 1983, sólo en Uchuracay, entre mayo y junio de 1983, fueron asesinados 135 campesinos que se resistieron a los senderistas, pero que no contaron con ninguna protección por parte de las fuerzas armadas (CVR, 2004, 104–105). Estas

34 Afirma DEL PINO: “Ese mismo guion se volverá a hacer público más tarde contra las minorías étnicas del valle del Ene: se califica a los enfermos e inválidos asháninkas como ‘cargas parasitarias’, inservibles y desechables. Paradójicamente, estos indios serranos y amazónicos son los campesinos más pobres; justamente por quienes decía luchar SL” (DEL PINO, , ).  En la comunidad de Sacsamarca en la Provincia Huancasancos asesinaron a los mandos senderistas en febrero de 1983 (DEGREGORI, 1996). 36 Consultar MUNDACA, .

Sandra Hincapié Jiménez

acciones fueron recurrentes en Ayacucho, durante la década de los ochenta, y dan muestra del horror cotidiano al que fueron sometidos los campesinos de la región. Ante la declaración de Ayacucho como zona de emergencia y el ingreso de las fuerzas militares, se incrementaron las presiones a las comunidades, por parte de Sendero Luminoso, a través de ajusticiamientos, masacres y arrasamiento de comunidades. Así mismo, las fuerzas militares acosaban a las comunidades, especialmente, las que estaban ubicadas en la zona centro, donde Sendero, en sus inicios, había contado con mayores apoyos37. En la zona norte de Ayacucho la relación de las comunidades con las fuerzas militares fue muy diferente, dada la resistencia inicial y autónoma de los campesinos a las fuerzas senderistas. Con la llegada de los militares, se instaló la Infantería de Marina en Huanta y se dio inicio tanto a la configuración de bases contrasubversivas, como al apoyo y promoción de nuevas montoneras o Comités de Autodefensa Civil38. Lo anterior se constituyó en un punto decisivo de la guerra en Ayacucho pues, a partir de allí, los Comités de Autodefensa Civil disputaron el control de la zona a Sendero Luminoso. Este último grupo no tuvo más remedio que abandonarla y tratar de expandirse en otras provincias

37 “Los militares venían algo de cuarenta o cincuenta con perros. Así llegaron a mi casa como treinta. El resto ya también estaba reuniendo a toda la gente diciendo asamblea. La mayoría nos escapamos al monte. Han quedado muertos algo de noventa personas, ancianos, niños, mujeres embarazadas. A los bebés los arrojaron en medio del fuego como si fueran sapos. Reunieron a toda la gente. Luego comenzaron a reventar bala. Así como los ha llevado allá a casa de mi madre, pero antes las mujeres violaban en la pampa Chilcamonte... Yo estaba viendo desde Salvia–ayuq. Ahí en la puerta de nuestra casa comenzaron a clasificar mujeres, varones. A los varones a la casa de ichu. A las mujeres a la casa de teja. Comenzaron a disparar por la puerta. Igual a las mujeres. Las mujeres y varones gritaban, pero seguían disparando. Cuando ya no escuchaban gritos, empezaron a quemar las casas. Después de todo esto, estaban festejando. Hacía la fiesta en la casa de TP. Tenía trago, caña, vermú. Ahí bailaban después de matarlos. Luego se fueron hacia Pitecc y se fueron a Vilcas. Al día siguiente y los días siguientes continuaban viniendo. Los soldados cada vez que venían se comían una vaca, una oveja que ya no tenían dueño. Era total silencio. Los perros nomás aullaban”. Este testimonio fue recogido por la CVR en junio de  en Accomarca, Vilcashuamán, y corresponde a una varón de  años, testigo de la masacre de Accomarca, cuyos sus familiares murieron en la misma (CVR, , ). 38 Ante las denuncias por las masacres cometidas a manos de integrantes del ejército –y su posterior confirmación– el gobierno de ALAN GARCÍA PÉREZ destituyó a los dirigentes de la región de las localidades Pucayacu y Accomarca, así como a los jefes del comando político–militar, y solicitó la renuncia del presidente del Comando Conjunto. Del mismo modo, nombró una Comisión de Paz como un espacio para buscar salidas pacíficas al conflicto. A pesar de las intenciones del ejecutivo, la Comisión de Paz no pasó de ser una formalidad que no logró capacidad operativa y terminó por desactivarse en los meses siguientes. En la práctica, la política del Estado para enfrentar el conflicto político armado estaba en cabeza de las fuerzas militares, las cuales continuaron con su estrategia contrainsurgente en una relación tensa con el presidente GARCÍA PÉREZ al que no le quedó otra alternativa que apoyar la acción de los militares (OBANDO, , 381).

287

288

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

y regiones39. Mientras los Comités de Autodefensa Civil fueron exitosos en la zona norte de Ayacucho, el ejército los promovió e incluso presionó a muchos campesinos para su conformación en otras zonas de la región y del país, pero no con los mismos resultados, a pesar del terror, cada vez mayor, que infundía Sendero Luminoso40. Un punto de contraste importante se presenta en los objetivos de los grupos insurgentes y en los movimientos contestatarios en Perú y Colombia. Mientras en Antioquia las reivindicaciones de los agentes contenciosos giraron en torno a la desconcentración de capitales de diverso tipo para su democratización, en Ayacucho Sendero Luminoso pretendía cambiar todas las formas de relacionamiento social. A través de sus prácticas totalitarias, la dirigencia senderista intentó regular la vida de sus subordinados en todas sus dimensiones. En ese sentido prohibió las relaciones entre familiares –que ya no podían llamarse a sí mismos padres o hermanos sino camaradas–, los ritos religiosos y todas las expresiones culturales asociadas. Estas prohibiciones llevaron a la resistencia dentro de sus propias filas: Fue en el ámbito cultural e ideológico donde se dio una firme resistencia. Aun cuando la religión estaba sancionada con la muerte y la línea ideológica del partido se imponía para anular toda otra forma de pensamiento, los valores culturales y religiosos se resistían a desaparecer. El silencio se convertía en el arma que permitía a las masas seguir con sus propias esperanzas de fe, como se lee en el testimonio de GLISERIO, quien en más de una oportunidad fue sometido a juicio popular y estuvo a punto de ser asesinado por no dejar de creer en Dios y de rezar: ‘En mi conciencia decía ¡Gloria al Señor!, siempre’. GLISERIO sabía que resignarse o llorar era peor, conocía la forma como actuaba Sendero. La exaltación y glorificación machista de SL prohibía terminantemente llorar a todos sus miembros. A menudo quien lo hacía era sancionado con la muerte; según ellos, esta resignación era “flaquear”, síntomas de querer abandonar el partido y la revolución (DEL PINO, 1999, 37).

El totalitarismo de Sendero Luminoso llevó a la oposición de comunidades enteras que pasaron a engrosar las filas de los Comités de Autodefensa Civil. Por ejemplo, en los Comités de Autodefensa Civil de la provincia de Huanta, los evangélicos jugaron un papel importante (DEL PINO, 1996); éste también fue el motivo de la deserción de los guerrilleros y guerrilleras hacia finales de la década. A fines de los años ochenta, a pesar de las diferencias entre las zonas,

39 Véase DEL PINO, .  Las muertes de niños con sus cráneos destruidos es una de las imágenes más terribles que deja la violencia senderista.

Sandra Hincapié Jiménez

según el tipo de violencia ejercida y las respuestas por parte de las comunidades, la generalidad era el cansancio frente a la violencia en un momento de repliegue de Sendero Luminoso y de expansión hacia otras regiones del Perú41. La guerra permite dimensionar la relación entre el poder central y las regiones en el Perú, así como las diferencias entre ellas. La sierra se caracteriza por ubicar territorialmente los sectores marginados de la sociedad peruana, en oposición a la costa, centro del poder político, económico y social, que representa, además, las claves de configuración de los grupos ‘establecidos’, aquéllos que se han integrado plenamente al orden peruano. Por último, la selva representa la mixtura entre establecidos y marginados42, los habitantes de esta región representan los marginados que buscan, a través de la aventura colonizadora, emprender un proceso de integración al campo de relaciones predominante en la costa, gracias a su cercanía y a los canales de comunicación con dicha región. Estas diferencias se encuentran, también, en la forma en que nació y se desarrolló el conflicto político armado. Los grupos rebeldes surgieron de la marginalidad regional que representa la sierra y la guerra cobró allí sus principales víctimas por parte de las fuerzas militares estatales y, sobre todo, por el grupo insurgente Sendero Luminoso: Se ha señalado antes que, de acuerdo con los cálculos realizados por la CVR, el número de víctimas fatales del conflicto armado interno se hallaba alrededor de las 69.000 personas. Tales magnitudes pueden resultar inverosímiles para un considerable sector de la sociedad peruana; sin embargo, la verdad que el país necesita asumir en toda su gravedad es que el Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se desangró durante años sin que el resto de la nación se percatara de la verdadera dimensión de la tragedia de ese “pueblo ajeno dentro del Perú” (CVR, 2004, 27). Ayacucho fue fundamental en la lucha contra Sendero Luminoso. Su derrota en la región y el éxito de las Rondas Campesinas, subordinadas al ejército, fueron la estrategia, a través de la cual, las fuerzas militares peruanas ganaron la guerra en las regiones. Cuando perdió capacidad de combate en Ayacucho, Sendero Luminoso, al igual que el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, MRTA43, empezó a copar otras regiones relacionadas con el cultivo de la coca,

41 Consultar CORONEL y LOAYZA, .  Ver ELIAS y SCOTSON,  y ELIAS, 1998. 43 El Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, MRTA, hizo su aparición en 1985, sin embargo, había declarado un cese de hostilidades ante el caudal electoral que dio como ganador a ALAN GARCÍA PÉREZ y su política heterodoxa, lo que fue asumido como una oportunidad legítima para un nuevo gobierno.

289

290

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

buscando ganar legitimidad en aquellas comunidades campesinas que estaban sufriendo las consecuencias de la política antidrogas del gobierno central. La coca ha sido un cultivo tradicional de las comunidades indígenas del Perú, en ese sentido, no es nueva ni la siembra ni su comercialización; sin embargo, a mediados de la década de los ochenta, se produjo un incremento significativo en los cultivos, en parte por la subida de los precios, debido a la alta demanda. Este aumento de hectáreas cultivadas no se dio no sólo en regiones como Cusco, donde la coca había sido un cultivo tradicional (ROMANO, 1986, 349), sino también en zonas de colonización reciente, como la selva central, donde su cultivo estaba relacionado con la comercialización ligada al narcotráfico (COTLER, 1999). Sin embargo, poco tiempo después, al igual que en el norte de Ayacucho, los pobladores empezaron a conformar rondas campesinas que –como fue explicado en párrafos anteriores–, fueron llamadas Comités de Autodefensa, y, posteriormente, trasladaron sus lealtades a las fuerzas militares. En Huallaga el general ALBERTO ARCINIEGAS utilizó la misma estrategia de Sendero Luminoso, permitir o tolerar el narcotráfico para disputarse el apoyo de la población y desplazar el respaldo a las fuerzas armadas44. El período entre 1985 y 1990 fue decisivo para romper la avanzada de Sendero Luminoso. Cada vez más rondas campesinas se formaron en Ayacucho, así mismo, en el Valle del Río Apurimac se formaron las milicias de Defensa Civil Antisubversivas, DECAS. Ante la resistencia y el combate, Sendero Luminoso trató de ejercer control total sobre las comunidades, las cuales eran aisladas en lo que llamaban retiradas que, en últimas, eran desplazamientos forzados de los cascos urbanos a zonas de difícil acceso, sirviendo como escudo humano, ante eventuales ataques del ejército (CVR, 2004, 144). De acuerdo con lo anterior, en Colombia se dio una relación estratégica entre diversos agentes legales e ilegales –esto fue posible si consideramos la baja concentración de capital coercitivo de las fuerzas militares y la contradicción con las políticas del gobierno central–; por el contrario en el Perú, se dio una respuesta estado–céntrica, liderada por las fuerzas militares, las cuales, a diferencia de Colombia, contaban con una mayor concentración de capital coercitivo y político, lo que, a su vez, representaba un liderazgo en el campo del poder que el ejecutivo no podía soslayar. Aunque no era suficiente la capacidad coercitiva de las fuerzas militares peruanas, organizaron bajo su mando y articulación, a las comunidades para hacer frente a la lucha contrainsurgente, con la promoción de los Comités de Autodefensa Civil o rondas campesinas. Pese a no lograrlo

44 Ver ESTELA y ANTESANA, .

Sandra Hincapié Jiménez

de forma absoluta, consiguieron, con ello, llegar a un punto de quiebre en el conflicto político armado. pa c i f i c a c i  n y c l i e n t e l a e n l o s n o v e n ta El cambio en la estrategia de guerra por parte de las fuerzas militares en el Perú marcó un momento decisivo en la guerra45. En los campos de poder regional dicho cambio contribuyó a la proliferación de frentes contrasubversivos. Del mismo modo, los militares trataron de minimizar las violaciones de derechos humanos, y ser más selectivos en sus ataques, lo que condujo a que Sendero Luminoso perdiera gran parte del apoyo campesino46. En la medida que Sendero perdía la guerra en el ámbito rural, trataron de hacerse visibles en Lima –llevando allí a sus dirigentes y principales cuadros–, organizando, a su vez, bases de apoyo en los barrios populares y protagonizando numerosos actos de violencia. Lo que muchos analistas percibieron como el avance incontenible de la guerrilla, en la estrategia de llevar la guerra del campo a la ciudad, fue más el resultado de su agotamiento en el campo y de buscar en la ciudad su refugio, muestra de su debilidad militar y momento final de la guerra. A partir de allí, pasó a tener mayor protagonismo en la estrategia la inteligencia militar, por parte del Estado, en detrimento de la capacidad de ejercer violencia. En ese sentido, las fuerzas armadas crearon un Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, que hacía parte de la Dirección Contra el Terrorismo, DIRCOTE, encargada de hacer seguimientos para la captura de los líderes guerrilleros47.Toda la estrategia antisubversiva en el campo, con los campesinos como sujetos activos y decisivos, y en la ciudad, con los grupos de inteligencia, condujeron al “principio del fin” de Sendero Luminoso (JIMÉNEZ, 2000, 721). La exitosa estrategia, implementada por las fuerzas militares, contribuyó a consolidar la legitimidad del nuevo gobierno de ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI quien, además, había implementado políticas de choque, en lo que fue conside-

45 Directiva 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior. Diciembre de 1989. DVA 017 CCFUERZAS ARMADAS–PE–DI. 46 Ver DEGREGORI, 1996. 47 La importancia del servicio de inteligencia va a posicionar cada vez más a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES como un agente clave del gobierno de ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI. MONTESINOS TORRES consiguió concentrar capital importante en el campo del poder, gracias a la transformación del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN. ROSPIGLIOSI resume claramente la posición dentro del campo del poder del Servicio de Inteligencia Nacional: “los servicios de inteligencia son parte del poder en el Perú, cogobiernan con un Presidente de la República elegido y con la cúpula militar, en un sistema en que los contrapesos naturales –Congreso, Poder Judicial, etc.– son dependientes de ese gobierno precisamente a través de los servicios de inteligencia, que son los instrumentos del control” (ROSPIGLIOSI, 2000, 190).

291

292

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

rado como un “tsunami neoliberal” (DURAND, 2003, 372), que lograron poner fin a la más aguda crisis económica, debido a la ineficaz política heterodoxa de ALÁN GARCÍA PÉREZ48, su predecesor en el poder. En este sentido, ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, autoproclamado pacificador, logró concentrar un gran capital simbólico que le permitió dar estabilidad al nuevo campo de relaciones establecidas y mantener las medidas antiterroristas, de corte autoritario, en un esquema de “contrasubversión sin subversión” (CVR, 2004, 75). En lo regional también se dieron transformaciones importantes. Después de la guerra contra Sendero Luminoso en Ayacucho, pueden advertirse cambios decisivos en la relación del campo regional con el campo central del Estado. Había una articulación mayor, por medio del ejército y, en general, de las fuerzas militares. La concentración de capital coercitivo se sustentaba, especialmente, en los Comités de Autodefensa Civil. Sus agentes se posicionaron en el nuevo campo de relaciones no sólo por su capacidad bélica, sino por la configuración del orden social y el establecimiento de lealtades con el campo central del Estado. A diferencia de las décadas anteriores, en las que la sociedad regional aparecía aislada, sin vínculos con las demás regiones y el exterior, agentes internacionales empezaron a tejer redes de relaciones y hacer presencia en la zona. Así mismo, el gobierno central, dada su política centralizadora y clientelista, a través de diversos programas asistenciales, tejió redes que articulaban lo local con lo nacional, estableciendo lealtades con el campo central del Estado que nunca antes se habían tenido49. Estos dos cambios, en el tipo de agentes y de programas que se desarrollaron en la región, durante la década de los noventa, tienen como característica fundamental que son producto de iniciativas externas, es decir, de agentes que no hacían parte de la sociedad regional, lo que pone en evidencia la ausencia de elites con un proyecto regional definido o en ciernes, más allá de la propuesta revolucionaria senderista. Mientras en Ayacucho la derrota militar de Sendero Luminoso fue decisiva para el establecimiento de otro tipo de orden, en Antioquia el conflicto político armado, iniciando la década de los noventa, siguió marcando la vida social, política y económica de la región. En correspondencia con las dinámicas nacionales de desmovilización, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, el Ejército Popular de Liberación, EPL, dejó las armas50.Este grupo

48 Consultar LYNCH, .  Como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, PRONAA, el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES, y el Programa de Apoyo al Repoblamiento, PAR.  El  de febrero de  fue firmado en la Casa de Nariño el acuerdo de paz, el .o de marzo, tal y como

Sandra Hincapié Jiménez

insurgente, con presencia importante en Antioquia, especialmente en el Urabá, le apostó a un proyecto político legal, llamado Esperanza, Paz y Libertad, que buscó apoyo político en los escenarios locales donde habían tenido influencia. Sin embargo, la intención de realizar un proyecto político, a nivel local, se vio truncada por el copamiento militar de las guerrillas del FARC y de grupos paramilitares. El enfrentamiento se hizo explícito entre los reinsertados del EPL y las milicias bolivarianas de las FARC. Los reinsertados crearon comandos populares que, cumpliendo labores contrainsurgentes, se enfrentaron con las FARC y los militantes de la UP, protagonizando un escalamiento del conflicto en la zona51. Estos comandos populares y buena parte de los reinsertados del EPL terminaron por engrosar las filas de los paramilitares de FIDEL CASTAÑO GIL y ayudaron en el copamiento paramilitar desde el Norte hacia el Sur de la subregión del Urabá52. En los inicios de la década de los noventa las FARC crearon los frentes 46 y 47 en el Magdalena Medio, e hicieron presencia con los frentes 18 en el Norte y el 47 en el Suroeste. Así mismo, el Ejército de Liberación Nacional creó los siguientes frentes: noroccidental, Bernardo López Arroyave, Héroes y Mártires de Anorí y Capitán Mauricio53. Ante la expansión de las FARC, la reacción inmediata de los ganaderos de Córdoba no se hizo esperar y, al mando de los hermanos CASTAÑO GIL, reorganizaron el ejército paramilitar que, junto a los ganaderos de la región, disputaron a las FARC el control territorial de Córdoba. En 1994 se llevó a cabo la Primera Conferencia Nacional de Autodefensas, en la cual CARLOS CASTAÑO GIL inauguró un período de expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, en el eje bananero, en una estrategia de tierra arrasada, marcada por masacres y presiones que provocaron el desplaza-

había sido acordado, se hizo la entrega definitiva de las armas y, al día siguiente, fueron considerados como delegados permanentes los que, hasta ese momento, sólo habían sido voceros del EPL ante la Constituyente. Finalmente, cinco días después, fue tomado su juramento en una ceremonia simbólica de entrega de armas. 51 Una de las masacres más recordadas fue el ataque de las FARC al barrio La Chinita de Apartadó, como respuesta a una masacre a militantes de la UP en , perpetrada por los Comandos Populares, en la cual murieron  simpatizantes de los reinsertados (ROMERO, , 178). 52 Cuando se le preguntó a HÉBERT VELOZA GARCÍA, alias HH, ex comandante paramilitar, por qué murieron tantas personas en el copamiento de Urabá respondió lo siguiente: “Fue por un error que ocurrió apenas llegamos a Urabá en  con los Comandos Populares, cuando utilizamos a los desmovilizados del EPL como informantes. Nos basamos en las listas que ellos nos daban y sin verificar se daba la orden de asesinar. Después nos dimos cuenta de que eran inocentes. Hoy les hago un llamado a ellos para que cuenten la verdad, porque fueron de los que más colaboraron con las AUC para matar y desaparecer gente” (El Colombiano,  de julio de 2008). 53 Ver Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, b.

293

294

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

miento de cientos de campesinos de la región. En este enfrentamiento, todos los actores armados recurrieron –y lo siguen haciendo– al terror y a la violencia aleccionadora, en contra de la población civil, como táctica de guerra54. Con URIBE VÉLEZ como gobernador de Antioquia, 1995-1997, a la vez que se dio un proceso sistemático de pacificación de la región, con la creación de numerosas Convivir y la expansión del paramilitarismo, se propició un mayor avance en la planeación estratégica del territorio. Las recomendaciones del Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA, fueron encaminadas a la adecuación del territorio para las nuevas exigencias económicas globales. Se planteó, entonces, la necesidad de regiones con diferenciación potencial, de acuerdo con las tendencias de “modernización selectiva” (GONZÁLEZ et ál., 2003), que han caracterizado al Estado en Colombia. Dicha transformación fue posible en la medida que se eliminaron las resistencias y, por medio de la guerra, se concentraron los diferentes tipos de capital, fortaleciendo la hegemonía del campo de relaciones. El Urabá, una región planeada para la agroindustria de exportación, entre otros sectores, es un buen ejemplo de los agentes implicados en la concentración de los diferentes capitales en la región. En el campo económico, donde primaban los intereses de latifundistas ganaderos, narcotraficantes y empresas multinacionales –como las bananeras–, estos agentes económicos fueron no sólo financiadores sino, también, agentes activos dentro de la filas de los ejércitos paramilitares, como es el caso de RAÚL HASBÚN55, un empresario quien era, además, el encargado de recoger los aportes de las empresas bananeras a la causa paramilitar56.

54 Aunque tanto las guerrillas como los grupos paramilitares y el ejército han contribuido al desplazamiento creciente y a las masacres en las zonas de enfrentamiento; claramente pueden ser diferenciadas las prácticas de terror utilizadas por los paramilitares como la desaparición, las torturas, el descuartizamiento de cadáveres y la construcción de escenas rituales de muerte, entre otros. Consultar, al respecto, LAIR, .  Hijo de una de las familias más prestantes del Urabá cuyo capital familiar estaba dedicado a la empresa del banano. En el libro Mi Confesión, CARLOS CASTAÑO GIL lo describe como “un joven profesional antioqueño integrante de una familia de empresarios a quien se le debe en gran parte la normalidad social en el Urabá antioqueño y cordobés”. Su desmovilización se produjo en conjunto con el Bloque Bananero de las AUC el  de noviembre de  en el corregimiento El Dos del municipio de Turbo.  En una de las declaraciones de SALVATORE MANCUSO, ante los jueces de Justicia y Paz, relató: “a finales de , el jefe paramilitar RAÚL HASBÚN, conocido con el alias de Pedro Bonito, llegó a un acuerdo con varias bananeras de la región de Urabá, entre las que se encuentran Chiquita Brands, Banacol, Delmonte, Dole, Proban y Uniban, que pagaban un centavo de dólar por caja exportada a las autodefensas. Este pago se hacía a la Convivir Papagayo, y se destinaba una parte para CARLOS CASTAÑO, otra para obras sociales y una tercera parte para el pago de policías corruptos” Cfr. Verdad Abierta, s. f.

Sandra Hincapié Jiménez

La estrecha relación entre la expansión del paramilitarismo y la conversión económica de la región es evidente si consideramos, además, que durante la década de los ochenta la acción colectiva de los sindicatos y los logros políticos de la izquierda, en materia electoral, cuestionaban la forma en que las riquezas potenciales de esta región estratégica se estaban concentrando en manos de agentes nacionales y, sobre todo, internacionales57.Igualmente, la relación entre agentes económicos, políticos y armados –legales e ilegales– es evidente cuando se analiza la organización de las Convivir y la forma en que permitieron, a través de una figura legal, tejer la amalgama de intereses, agentes y los respectivos capitales en juego. Al respecto HÉBERT VELOZA GARCÍA, alias HH, comenta: Cuando conté lo de las bananeras la gente puso el grito en el cielo, que eso era falso y luego Chiquita reconoce el pago y es multada en Estados Unidos. Todas pagaron, esperemos que ahora HASBÚN ayude a esclarecer el manejo de las Convivir y las bananeras. Las Convivir fueron una figura legal utilizada por las AUC para recibir esa vacuna. Son igual o más responsables esos empresarios y políticos que aportaron plata para la guerra. Ellos se enojaron porque dije que con esa plata matamos gente y sindicalistas, no uno ni dos, muchos. No nos dieron plata para que matáramos a alguien por órdenes suyas, pero con esa plata compramos armas, munición, comida, se les pagó a los muchachos. Ellos deben reconocer y dar la cara, porque quienes más salieron favorecidos de esta guerra en Urabá fueron los empresarios (El Colombiano, 13 de julio 2008).

Las Convivir recibían entrenamiento en los mismos batallones del ejército58. En Urabá, a partir en 1995, el general RITO ALEJO DEL RÍO, comandante de la XVII Brigada del Ejército, cumplió un papel decisivo como enlace entre las acciones del ejército y las Convivir. La autorización, por parte del entonces gobernador de Antioquia59, URIBE VÉLEZ, para la creación de numerosas Convivir, durante ese período, es fundamental para explicar la expansión del paramilitarismo en

57 El caso paradigmático es la empresa Chiquita Brands International que se declaró culpable el  de septiembre de  por el delito de “involucrarse en transacciones con terroristas globales especialmente designados” ante el Juzgado del Distrito de Columbia en Estados Unidos y fue condenada a pagar  millones de dólares (aunque su pago fue diferido en cómodas cuotas de  millones de dólares anuales, pena irrisoria considerando la capacidad económica de la empresa). Cf. EE.UU. contra Chiquita Brands International: Memorando de Condena del Gobierno. Juzgado del Distrito de Columbia, EE.UU., n.º Criminal – (RCL),  de septiembre. 58 Ver MARTÍNEZ, .  Justificando, además, la utilización de armas de largo alcance con el argumento de resultar necesarias para responder los ataques a la guerrilla: “Nosotros le pedimos a las Convivir de Porce que colaboraran mientras llegaban las tropas, pero ellos nos respondieron que no tenían los recursos porque mientras la guerrilla tenía toda clase de armas, ellos sólo contaban con revólveres y changones” (URIBE, citado en Comisión Colombiana de Juristas [CCJ], , ).

295

296

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

Antioquia, si consideramos, además, que sus dueños fueron después reconocidos comandantes paramilitares60. De hecho, en las declaraciones ante los jueces de Justicia y Paz, los comandantes paramilitares reconocieron que “todas las Convivir eran nuestras”61. De la zona Norte de Urabá y del eje bananero, durante muchos años corredores estratégicos de los grupos guerrilleros, llegaron cientos de desplazados a la zona Sur de la región. Tal desplazamiento se debió a las constantes incursiones de grupos paramilitares62. La población civil, en medio del fuego cruzado, fue víctima del acoso violento, decenas de mujeres enterraron a sus muertos y fueron desplazadas con sus hijos a las cabeceras municipales (URIBE DE HINCAPIÉ, 2000, 94). Posteriormente, esta zona también sería escenario de la incursión paramilitar. Ya no bastaba la pacificación del norte y el eje bananero, el desplazamiento aluvial se impuso como táctica de guerra. Las masacres, cometidas por parte de los grupos paramilitares, ocasionaron el desplazamiento de cientos de familias en procesos múltiples, durante toda la década, convirtiendo a la región de Urabá en una de las principales zonas expulsoras de desplazados en el país63. Más adelante, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con centro en Caucasia, desplegaron acciones por todo el Bajo Cauca. Los desplazamientos forzados, las amenazas, los asesinatos selectivos y las masacres fueron constantes. Esta zona, fundamental para los intereses de empresas mineras, la explotación del oro y el paso de la red que transporta el petróleo, también sirvió para la expansión de los cultivos de coca, los cuales aumentaron significativamente

60 Por ejemplo SALVATORE MANCUSO dirigía la Convivir Horizonte y la Convivir Guaymaral; JUAN FRANCISCO PRADA la Convivir Los Arrayanes; RODRIGO PÉREZ, alias Julián Bolívar, la Convivir Bellaván; ARNULFO PEÑUELA la Convivir Papagayo; JOSÉ MARÍA BARRERA ORTIZ, alias Chepe Barrera, también logró autorización para la creación de su Convivir. De igual modo, a otras Convivir, autorizadas durante el mismo tiempo, pertenecían también reconocidos paramilitares: JESÚS IGNACIO ROLDÁN, alias Monoleche, pertenecía a la Convivir Avive; ARNOLDO VERGARA TRESPALACIOS, alias el Mochacabezas, a la Convivir Costa Azul; RODRIGO PELUFO, alias Cadena, a la Convivir Nuevo Amanecer, entre otros. Los documentos que acreditan la autorización de creación de las Convivir reposan en los archivos de la Gobernación de Antioquia.  Audiencia de versión libre de HÉBERT VELOZA GARCÍA, alias HH, ,  y 28 de marzo de 2008. 62 Testimonio de mujeres desplazadas: “Empezaron los bombardeos desde los helicópteros y nosotros no estábamos en combate con nadie. Tuvimos que empezar a salir corriendo con nuestros hijos y dejar todo y escondernos varios días en el monte, en la selva. A las mujeres las violaron, las unían (cosían), las capaban (les mutilaban los órganos genitales) y destrozaban. A las mujeres paridas, en nuestras casas, nos levantaban el toldo con las armas y nos amenazaban para que saliéramos” (Ruta Pacífica de las Mujeres, s. f.).  Sólo en los meses de febrero a abril de  fueron asesinadas  personas, desaparecieron  y cerca de . familias, conformadas por . personas, tuvieron que abandonar sus parcelas (Ruta Pacífica de las Mujeres, s. f.).

Sandra Hincapié Jiménez

con el copamiento paramilitar64. Para el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial para los DD.HH. y el Derecho Internacional Humanitario, DIH: La acción de las autodefensas en el Bajo Cauca se inscribe en un plan más amplio de dominio territorial, funcional a la dinámica del narcotráfico, que busca encadenar zonas de producción de coca y resguardar las rutas de transporte y los puertos de exportación del alcaloide (Observatorio de Derechos Humanos–Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2006b, 12).

La guerra permitió la redefinición de las regiones, la aparición de nuevos agentes y la concentración de capitales, por parte de los ya existentes, en las nuevas condiciones de la economía minera, energética y coquera en que se insertaba Colombia. Al igual que en el Bajo Cauca, los municipios del occidente lejano, –Dabeiba, Frontino y Peque–, sufrieron las más duras incursiones del paramilitarismo, hasta lograr su copamiento y establecer su dominio65. Dabeiba y Frontino, al igual que Peque, son, además, zonas de grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de la hoja de coca, así como de amapola –en el nudo de Paramillo–, desde la década de los noventa. La extensión de los cultivos de uso ilegal coincide con la expansión de los grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, los cuales, en primera instancia, atacaron los cascos urbanos de todos los municipios del occidente lejano –Dabeiba, Frontino, Uramita, Peque, Abriaquí, Cañasgordas, Giraldo, Uramita– y del occidente cercano en Sabanalarga. En estos municipios protagonizaron toda clase de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional

64 “…la coca nos ha traído miles de problemas, nos ha traído miles de muertos, muchos asesinatos, mucho madre solterismo, muchos problemas de prostitución infantil, muchos problemas de desplazados y no solamente la parte de la fumigación… mucho problema de desnutrición en la medida que ya no hay pan coger, ya la gente no siembra la yuca, no siembra el arroz sino que siembra la coca, le ha traído problemas al campesino porque es el que tiene un cultivo de coca, el que menos gana es el campesino y la situación de los químicos que se utilizan en esta fumigación de coca y esta situación todas las aguas convergen casi a la quebrada donde se abastece el municipio y entonces nosotros en el pueblo somos víctimas de la situación de las fumigaciones, como también que han salido muchos niños con problemas, con mal formación, estamos afectados en la piel, salen con manchas, a los niños les salen como rosetas, quemaduras, porque ellos salen a limpiar la coca en el momento que la fumigan, entonces ellos salen a limpiar y el roce de ese líquido en la ropa y en la piel les afecta” (Entrevista).  “… zona de frontera de la confrontación regional, por los corredores geográficos alrededor de la cuenca del río Sucio, el Nudo del Paramillo y el cañón de la Llorona, entre los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, que dan paso al Urabá y al bajo y medio Atrato y en los cuales las organizaciones guerrilleras (EPL, FARC y ELN) constituyeron zonas de descanso, avituallamiento, repliegue y retaguardia entre la década de los setenta y mediados de los noventa” (Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, , ).

297

298

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

humanitario: asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado y amenazas. Así mismo, realizaron algunas acciones esporádicas en el eje turístico que componen San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán (URIBE DE HINCAPIÉ, 2000). A partir de 1996 se fue configurando el Bloque Noroccidental, en una escalada de masacres, especialmente, en los municipios de Peque y Dabeiba, donde, posteriormente, hizo presencia el Bloque Elmer Cárdenas, BEC. Los grupos paramilitares lograron consolidar un centro de mando subregional, con proyección departamental y nacional, en el Nudo de Paramillo (Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2002). En el proceso de expansión y consolidación de grupos paramilitares en la zona se produjeron crímenes, en los que el ejército estuvo involucrado de manera directa. Una de estas acciones fue la masacre, en 1997, de El Aro y la Granja, corregimientos del municipio de Ituango. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó al Estado colombiano a pagar 3.400 millones de pesos por la muerte de 19 personas. Según el propio testimonio de SALVATORE MANCUSO, comandante de las AUC, la masacre de El Aro fue planeada en la IV Brigada del Ejército, con el general ALFONSO MANOSALVA, siendo gobernador de Antioquia ÁLVARO URIBE VÉLEZ (Semana, 28 de enero 2007). Aunque las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá hicieron su aparición en la primera mitad de la década de los noventa se apoyaron en estructuras armadas previas. Por ejemplo, en el suroeste existían grupos paramilitares desarticulados desde la década de los ochenta en municipios como Andes, Támesis, Caramanta y Valparaiso, donde actuaba el grupo llamado “La Escopeta”; en Betania “los Racumines”; en Jardín “Jardín sin guerrilla”; Angelópolis, Hispania Concordia y Titiribí “Autodefensas del Pueblo”66. A partir de 1997, se dio la configuración en la región del Bloque Suroeste, en el marco de la estructura militar de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el nordeste, a partir de 1996, se incrementó el número de asesinatos y masacres en los municipios de Segovia y Remedios, por parte del grupo paramilitar Muerte a Comunistas y Guerrilleros, MACOGUE, que en 1997 se hizo llamar Grupo de Autodefensas del Nordeste, GAN. A partir de allí se inició el proceso de expansión como Autodefensas Unidas de Colombia, por todos los municipios del nordeste, disputando territorio a las FARC, aún presente en la región. De

66 La existencia de estas estructuras previas se hizo evidente en la primera cumbre de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en .

Sandra Hincapié Jiménez

acuerdo con lo anterior, estamos hablando de un proceso de concentración de diversos capitales que da paso a un monopolio de las oportunidades67, a nivel local y regional, por parte de los agentes ligados al paramilitarismo. Una de las más graves consecuencias del accionar paramilitar se evidencia en el desplazamiento forzado en la zona. El municipio de Peque es el más afectado por el desplazamiento forzado del país, tan sólo en el 2001 fueron expulsadas 7961 personas, en una población estimada para la época, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de 10.214 personas, es decir, más del 77% de la población fue víctima del desplazamiento forzado para ese año (Conferencia Episcopal de Colombia, 2006, 35). Así mismo, en el 2000, en el municipio de Frontino, con una población de 25 389 habitantes –según los datos del DANE– fueron expulsadas 6.543 personas, lo que equivale a un 37.5% de población, ubicando a este municipio en el décimo lugar como expulsor de población desplazada por año de todo el país (Conferencia Episcopal de Colombia, 2006, 32). En este contexto de violencia y enfrentamiento, el conflicto armado rompe el tejido social, las solidaridades y las confianzas, el temor es la constante en un entorno que, en lugar de transmitir familiaridad, genera temor y expulsa, obligando a dejar lo poco que se tiene en la lucha por la sobrevivencia. La expropiación y la expulsión de campesinos y campesinas de sus tierras, no sólo favorecieron a las grandes multinacionales y a los grandes capitales, muchos de ellos asociados a las mafias, sino que, también, permitieron que los poderes tradicionales de hacendados, terratenientes y medianos propietarios, que cumplían las laborales de gamonales y caciques políticos locales, se mantuvieran o se restauraran, al eliminarse la competencia política. En este orden de ideas, en Antioquia en los últimos veinte años se dio un proceso paulatino de gamonalismo armado. El gamonal, típica figura de la historia política en Colombia, hace referencia a una forma de poder y dominación rural en la que un mediano propietario, con suficiente influencia, independientemente de que ejerciera o no algún cargo o representación en el gobierno local, tenía el poder de mando para controlar las burocracias locales y determinar los votos en las contiendas electorales; eso sí, aunque poderoso y autónomo en lo local, para mantener bajo control a los sectores populares, el gamonal estaba subordinado, política y socialmente, a las elites regionales. En Antioquia, después de analizar los contextos regionales en los últimos veinte años, podemos evidenciar como el paramilitarismo sirvió para robustecer el poder gamonal que apeló a las armas para mantener y acrecentar sus dominios locales.

67 Ver ELIAS, 1978.

299

300

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

La instauración del orden y la legitimidad, que permiten la acumulación de capital simbólico para consolidar el campo de relaciones, no puede entenderse, exclusivamente, a partir del análisis según el cual los individuos se someten al mejor postor, en la relación costo–beneficio, pues la dominación paramilitar y el orden establecido no se explican desde un proceso puramente estratégico68. Es necesario comprender las prácticas de terror en el copamiento territorial, las acciones de tierra arrasada y las muertes aleccionadoras durante casi tres décadas69, considerando que, en algunas regiones del país, como el Magdalena Medio, estas acciones sistemáticas se iniciaron finalizando la década de los setenta. Dichas acciones permitieron la habituación de prácticas y la incorporación de esquemas de clasificación donde lo diferente o contencioso es considerado indeseable para el mantenimiento del orden deseado70. La complejidad de la guerra en Antioquia, al igual que en el resto del país, no tiene una explicación unívoca: Aunque en la guerra existan unas lógicas que obedecen a dinámicas y proyectos nacionales, es importante observar como en sus expresiones regionales encuentran manifestaciones diversas –que en ocasiones podrían parecer contradictorias– producto de la relación con los intereses de elites económicas y políticas, locales y regionales (HINCAPIÉ, 2005).

Por ello, el paramilitarismo, al mismo tiempo que favoreció los procesos de “modernización selectiva” (GONZÁLEZ, et ál., 2003, 294), impulsados por intereses

68 Desde esta perspectiva: “la población civil establece preferencias con respecto a situaciones definidas por las oportunidades económicas disponibles y por la probabilidad de supervivencia asociada a permanecer en un territorio específico” (SALAZAR y CASTILLO, ).  De entre los miles de testimonios ésta es una muestra de las prácticas paramilitares recurrentes: “A una muchacha con embarazo le metieron un palo por las partes y se asomó por arriba. La descuartizaron (…) A las mujeres las desnudaron y las pusieron a bailar delante de sus maridos. Varias fueron violadas. Desde un rancho próximo a El Salado (Departamento del Bolívar) se escucharon los gritos (…)” (Amnistía Internacional, ).  La adaptación de las necesidades a la probabilidades objetivas, que terminan por conferir legitimidad al orden instituido, no puede comprenderse como el resultado de una elección desde una perspectiva puramente racionalista: “En realidad, dado que las disposiciones inculcadas perdurablemente por las posibilidades e imposibilidades, las libertades y las necesidades, las facilidades y los impedimentos que están inscritos en las consignas objetivas (y que la ciencia aprehende a través de las regularidades estadísticas objetivamente vinculadas a su grupo o clase social), engendran disposiciones objetivamente compatibles con esas condiciones y en cierto modo pre adaptadas a esas exigencias, las prácticas más improbables se ven excluidas antes de cualquier examen, a título de lo impensable, por esta suerte de sumisión inmediata al orden que inclina a hacer de la necesidad virtud, es decir a rechazar lo rechazado y a querer lo inevitable. Las condiciones mismas de la producción del habitus, necesidad hecha virtud, hacen que las anticipaciones que él engendra tiendan a ignorar la restricción a la que se subordina todo cálculo de las probabilidades” (BOURDIEU, , 88, cursivas propias).

Sandra Hincapié Jiménez

capitalistas de orden nacional e internacional sirvió, a su vez, para consolidar o recuperar poderes tradicionales de elites regionales, que vieron amenazado su poder en procesos de apertura política o por fuerzas alternativas contestatarias. La combinación estratégica de diversos sectores y agentes permite comprender esa mixtura entre modernización selectiva, gamonalismo armado, política tradicional y mafias asociadas al narcotráfico, alrededor de intereses excluyentes –económicos, sociales, políticos y culturales– que consolidaron la hegemonía en el campo del poder regional. Con todo, podemos afirmar que la riqueza potencial de Antioquia contrasta con la pobreza de Ayacucho, en donde la dependencia de los programas asistencialistas focalizados del gobierno central fujimorista fue tejiendo una red de clientelas que configuró nuevos poderes locales. La relación entre el campo del poder central y el campo regional ayacuchano cambió en la medida que el gobierno fujimorista consiguió hacerse necesario y válido, es decir, acumuló capital simbólico que le garantizó legitimidad. A diferencia del análisis de DEGREGORI que caracteriza el fujimorismo como la “década de la antipolítica” (DEGREGORI, 2001), consideramos que, durante esta década, nuevas relaciones políticas se tejieron, a través de los diferentes programas focalizados y asistencialistas. Nuevos agentes locales se posicionaron, en el campo regional, gracias a su función de articuladores con los programas de carácter nacional. La relación local-nacional fue, simbólicamente, muy potente en la medida que nunca antes los campesinos de la sierra sur se habían sentido reconocidos e incluidos por el poder central en cabeza del presidente: El Estado no sólo se hacía presente a través de sus aparatos de represión o símbolos patrios sino también con carreteras, edificios y escuelas. Carteles naranja de la Presidencia de la República inundaban los caminos recién construidos. Los grafitos con la hoz y el martillo de Sendero Luminoso fueron reemplazados por la publicidad del gobierno. Frecuentemente, el mismo ALBERTO FUJIMORI descendía con su helicóptero sobre las comunidades de la provincia para inaugurar “obras”. En cada una de estas inauguraciones improvisaba pequeños mítines. Disfrazado con los chullos y los ponchos multicolores que la población local le obsequiaba, comenzaba su discurso con la consabida frase “Queridos compatriotas” (ÁVILA, 2004, 319).

Solo teniendo presente la historia de la sierra sur es posible comprender por qué, a través de prácticas anacrónicas, por lo clientelares, autoritarias y verticales, fue posible crear un orden regional articulado por el poder central del Estado. Las prácticas del ejecutivo fueron vitales para una sociedad regional marginada y excluida que encontró el reconocimiento y la atención que nunca antes habían tenido. La sola presencia del primer mandatario en la región, usando prendas

301

302

Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada

y símbolos étnicos locales, además de las numerosas obras de infraestructura, en las zonas más pobres, se constituyeron en la base de la lealtad, ofrecida por los campesinos, al proyecto fujimorista (MÉNDEZ, 2000, 231-248). conclusiones Al analizar los casos de Perú y Colombia podemos advertir como, frente a la oposición armada, en Colombia se dio un proceso en el cual las alianzas estratégicas entre diversos agentes a nivel local y regional lograron estructurar una respuesta que se tradujo en la concentración de diversos capitales o el predominio de los ya existentes a sangre y fuego, monopolizando las oportunidades y eliminando la competencia política y armada, con la aquiescencia y el apoyo de agentes posicionados en el campo central del Estado. Lo anterior fue posible si consideramos la baja concentración de capital coercitivo de las fuerzas militares y la contradicción con las políticas del gobierno central, durante el inicio de la década de los ochenta y finales de la década de los noventa. En el Perú, por el contrario, se dio una respuesta Estado-céntrica, liderada por las fuerzas militares, las cuales, a diferencia de sus pares en Colombia, contaban con una mayor concentración de capital coercitivo y político lo que, a su vez, representaba un liderazgo en el campo del poder que el ejecutivo no podía soslayar. Aunque no era suficiente la capacidad coercitiva de las fuerzas militares peruanas, bajo su mando y articulación –aunque esto nunca se logra en términos absolutos– organizaron a las comunidades para hacer frente a la lucha contrainsurgente, con la promoción de los Comités de Defensa Civil o Rondas Campesinas, las cuales fueron definitivas en el éxito de la guerra en el campo. Hay una diferencia fundamental en la forma en que se proyectó el nuevo orden estatal en Perú y Colombia, como lo pudimos advertir, al examinar los casos regionales en Antioquia y Ayacucho. Mientras que en el Perú el orden se proyectó desde el campo central del poder hacia el resto del territorio nacional, no sin resistencias y mutaciones, en Colombia se reconfiguraron las regiones a través de la guerra, se adecuó el territorio de acuerdo con los intereses de diversos agentes económicos y políticos –legales e ilegales, nacionales e internacionales– que lograron consolidar fuertes hegemonías locales y regionales, configurando un bloque de poder de derecha que terminó por posicionarse en el campo central del Estado a partir de 2002. En ese sentido, no estaríamos hablando de una “cooptación” como lo afirma MAUCERI (2001), menos de una “infiltración”, por parte de mafias, sino de una alianza estratégica, en la cual no sólo están involucrados intereses contrainsurgentes o mafiosos, sino intereses económicos legales –terratenientes y multinacionales– y políticos –gamonales

Sandra Hincapié Jiménez

y partidos políticos tradicionales–. Por el contrario, en el Perú la guerra tenía objetivos contrainsurgentes mucho más claros y específicos y el ejército actuó de manera consistente con su política de seguridad nacional. A partir de 2002 los campos de poder y los agentes posicionados en ellos, lograron mayor concentración de capitales: económicos, políticos y militares. De este modo, se consiguió la consolidación de un campo de relaciones donde los agentes de derecha se mantuvieron como decisivos, haciendo que dicho campo les permitiera acumular mayor concentración de capitales y sus respectivas bazas de poder. En el Perú, después del neoliberalismo autoritario, que caracterizó el gobierno FUJIMORI FUJIMORI, se dio paso a un proceso de neoliberalismo democrático, consolidando el campo de relaciones establecidas, donde los agentes decisivos son aquéllos ligados a los intereses del gran capital transnacional, pero dando espacio a medidas democratizadoras, como la descentralización política y administrativa, que permitió romper, de manera gradual, con la histórica concentración de poderes en el campo central del Estado. De este modo, las regiones han contado con un mayor peso en las decisiones y en la distribución de los recursos. Así mismo, los procesos de verdad, justicia y reparación han logrado, aunque de manera lenta, el compromiso de los diversos agentes militares y del gobierno con el respeto y defensa de los derechos humanos. En Colombia, por el contrario, el posicionamiento de nuevos agentes en el campo central del Estado, dio paso a un neoliberalismo autoritario donde la profundización en los procesos de liberalización económica estuvo acompañada por una fuerte recentralización de los recursos y las decisiones. Del mismo modo, las prácticas de habituación de proscripción al disenso, llevadas a cabo en la guerra, por medio de muertes aleccionadoras y masacres, han favorecido la emergencia de una imagen negativa de las relaciones de conflicto y han llevado a privilegiar una concepción de la política como consenso y a abandonar la perspectiva del antagonismo como una posibilidad de construcción de identidad y proyecto político. En ese sentido, se ha agitado un discurso moral que establece una división entre buenos y malos ciudadanos, induciendo a la estereotipia y la estigmatización; se ha convocado a la formación de una sociedad policiva, a la par de la tolerancia y/o auspicio de estructuras ilegales que ejercen una dominación militar y autoritaria de la sociedad. Los procesos judiciales, por vínculos visibles y públicos entre paramilitares y políticos, permitieron una depuración del bloque en el poder y la reelección presidencial en 2006 consiguió la consolidación de las bazas de poder de los agentes mejor posicionados en el campo central.

303

Editado por el Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia en septiembre de 2012 Se compuso en caracteres Ehrhardt de 11,5 puntos y se imprimió sobre papel propalbond de 70 gramos Bogotá, Colombia Post Tenebras Spero Lucem