El mito de la furia libertaria. Anarcosindicalismo y anticlericalismo en la provincia de Guadalajara durante la Guerra Civil española (1936-1939)

EL MITO DE LA FURIA LIBERTARIA. ANARCOSINDICALISMO Y ANTICLERICALISMO EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) Isaac Martín Nieto Universidad de Salamanca

En la actualidad sigue siendo un lugar común en la historiografía la idea de que los anarquistas estaban detrás de la mayor parte de la violencia política desplegada durante la guerra civil en la retaguardia gubernamental. Los historiadores suelen aceptar, ciertamente, que todos los grupos políticos y sindicales participaron en la represión. Pero por lo general lo hacen justo después de atribuir a los libertarios la responsabilidad principal en los asesinatos. El problema es que esta visión casi nunca está basada en pruebas documentales, más allá de algunas vagas e imprecisas referencias a la naturaleza de la ideología libertaria. Es lo justo señalar, en cualquier caso, que no todos los historiadores que han escrito y escriben sobre la violencia revolucionaria comparten esta visión. Pero la verdad es que el tópico de la responsabilidad anarquista goza todavía de buena salud en ciertos sectores de la profesión. Tan buena como para que sea pertinente plantear un estudio de la violencia revolucionaria en un marco reducido como la provincia de Guadalajara que permita comprobar si el tópico se ajusta a la realidad o si no pasa de ser otro mito de la guerra. Y como dicho lugar común suele encontrar mayor espacio a la hora de explicar la violencia sobre los representantes y los símbolos de la Iglesia católica, el análisis estará centrado en la relación entre el anarcosindicalismo y el anticlericalismo. Encontrar pruebas de la pervivencia del “tópico socorrido de la responsabilidad anarquista”, como lo llama Julián Casanova, no es algo especialmente difícil. Paul Preston ha escrito recientemente que “los sentimientos anticlericales eran generalmente más intensos allí donde los anarquistas tenían más poder” y que “la ferocidad de la persecución del clero en Cataluña por parte de la FAI fue quizá mucho mayor que en cualquier otro lugar de España”. Un hecho que “no impidió, sin embargo, que se produjeran también graves ataques contra el clero en lugares en los que el PSOE era la fuerza política dominante”. Alberto Reig Tapia, por su parte, lleva tiempo sosteniendo

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la tesis de que la implacable persecución sufrida en la retaguardia leal a la República por el clero regular “parece ser que fue fundamentalmente protagonizada por los anarquistas”. Algo que no puede extrañar a nadie dado que los libertarios rebosaban de “un profundo idealismo religioso” que les convertía en “unos moralistas intransigentes para los cuales el fin justificaba los medios”. Aunque es cierto que el autor termina por reconocer que en la violencia contra las personas y las cosas de la Iglesia “también participó el resto de los sectores políticos republicanos”. Más allá va Jordi Albertí cuando estima que los anarcosindicalistas fueron los responsables principales del anticlericalismo desarrollado en la zona republicana porque las acciones “protagonizadas por los anarquistas contaron con una dimensión estratégica e ideológica superior a las emprendidas por los demás grupos” y tuvieron “una dimensión más trascendente”. De aquí que, aunque no todas las acciones violentas contra la Iglesia fueran ejecutadas por el anarquismo, la CNT, dice el autor, “puede y debe ser considerada el centro neurálgico de las acciones y de las estrategias que dieron lugar a la persecución religiosa en la retaguardia republicana”, lo que convierte a la sindical libertaria en la responsable indirecta de todas las acciones violentas anticlericales, incluidas aquellas desplegadas por otros actores políticos. Y en lo que atañe a Guadalajara, las referencias, aunque tangenciales, son bastante similares. Según Ángel Luis López Villaverde, para analizar la violencia anticlerical en Castilla-La Mancha resulta ineludible contemplar el factor libertario, “pues en las zonas donde había una mayor influencia anarquista o estaban ocupadas por columnas anarquistas, las matanzas abundaron”, una aseveración desprovista de estadísticas o de otro tipo de pruebas que permitan comprobar su veracidad. Más adelante, sin embargo, el mismo autor reconoce que “los argumentos explicativos no pueden limitarse a culpabilizar a los anarquistas”1. Para someter a examen el tópico de la furia anarquista en relación con el anticlericalismo violento este trabajo se servirá de los enfoques teóricos que colocan a la política en el centro del análisis. De este modo, las acciones violentas serán consideradas como acciones colectivas sustancialmente políticas, orientadas al mantenimiento o la consecución del poder e integradas de forma premeditada en las estrategias de los sujetos políticos. El estudio estará centrado en la situación revolucionaria abierta en la provincia con la derrota de la sublevación militar, la fractura y el hundimiento de las instituciones defensivas del Estado republicano y las acciones de partidos y sindicatos en respuesta a la rebelión. En consecuencia, los factores

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psicológicos o ideológicos permanecerán subordinados en el análisis a algunos de los factores relevantes del proceso político, como los cambios en la estructura de oportunidades asociados al origen, el desarrollo y los resultados de las acciones de violencia colectiva, los espacios y los tiempos de la violencia y los protagonistas de la misma. Todo ello, por supuesto, en relación con el papel concreto que los anarquistas jugaron en ese contexto de fragmentación de la soberanía2. Las cifras de la violencia anticlerical en el espacio y el tiempo Pero antes de comenzar con el análisis político habrá que conocer cuáles fueron las cifras de la violencia contra el clero en la retaguardia republicana de Guadalajara. Como recientemente han recordado algunos historiadores, una forma de realizar un cálculo relativamente definitivo de las víctimas de la violencia en la zona leal a la República pasaría por utilizar los libros de defunciones de los Registros Civiles de cada municipio para contrastar la información contenida en la Causa General. Pero como la tarea sobrepasa las capacidades de cualquier investigador en solitario, la cifra provisional que aquí se ha obtenido es el producto de estudiar con minuciosidad los datos procedentes de todos los estadillos, las relaciones de víctimas, los informes, las declaraciones y los testimonios que componen la documentación de la Causa General en Guadalajara, completando estos datos con las aportaciones de la bibliografía3. Los criterios usados en el recuento son sencillos. Primero, en los listados provisionales solamente figuran las víctimas cuyo lugar de residencia habitual estaba en la provincia de Guadalajara. Segundo, no se ha tenido en cuenta a ninguna víctima que no apareciera en la Causa General. Tercero, las víctimas de las que se desconoce el lugar de la muerte han sido contabilizadas solamente cuando se conocen la fecha de desaparición y los sospechosos del asesinato, excepto en la capital de provincia, donde no figura nada sobre posibles autores de las muertes incluso para las víctimas en que apareció el cuerpo. Tampoco han sido contabilizadas las víctimas cuyos cadáveres fueron encontrados pero de las que se desconoce la fecha de su muerte, al menos el mes y el año en que fueron asesinadas, los desaparecidos o los cuerpos sin identificar, ni los asesinados que no son reconocidos como vecinos en sus lugares de residencia, siempre y cuando no se pueda establecer la vecindad de las víctimas a partir de otras fuentes. En cuarto y último lugar, los fusilados en el frente al intentar pasar a zona rebelde y los fallecidos en acciones de guerra tampoco figuran en los listados a menos que pueda

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saberse con cierta seguridad si los desertores al otro bando fueron en realidad denunciados por sus vecinos y por ello asesinados en el frente por sus propios compañeros de armas. El resultado de aplicar estos criterios metodológicos sobre las fuentes que he podido consultar es una serie de listados provisionales de víctimas que comprenden el nombre y los apellidos de las mismas, su edad, la ideología y los cargos públicos que desempeñaron, la localidad de la que eran vecinos y el lugar y la fecha de su muerte. Según mis pesquisas, habría habido un total de setecientas seis personas asesinadas en la retaguardia republicana de Guadalajara durante los tres años de guerra4. Y no cabe duda de que los representantes de la Iglesia católica fueron objetivos principales de los revolucionarios: ciento nueve de esas setecientas seis personas que fallecieron en Guadalajara, un 15,44% del total, eran sacerdotes, religiosos y religiosas. Mayor fue la persecución que padecieron los propietarios y labradores de la provincia, de los que doscientos cuarenta y uno murieron víctimas de la violencia revolucionaria, lo que representa más de un 34%. Pero ningún otro grupo social supera los datos absolutos y porcentajes que arroja la violencia anticlerical. Bastante cerca están los de los profesionales liberales y los comerciantes e industriales. Algo más lejos aparecen los obreros y empleados y los militares y guardias civiles. Y mucho más insignificante fue el impacto de la violencia sobre los jornaleros y las amas de casa. Es cierto, por otro lado, que la relación entre las víctimas del clero y el total de muertes violentas en la provincia arroja una proporción algo elevada si se toman como referencia los casos de algunas provincias cercanas. En las de Ciudad Real y Toledo los eclesiásticos representaron un 8 y un 10%, respectivamente. Pero en la provincia de Cuenca, sin embargo, la proporción fue todavía mayor que en Guadalajara, pues de las quinientas dieciséis personas allí asesinadas, ciento dos eran religiosas, lo que supone casi un 20% del total. No constituye Guadalajara, por lo tanto, un caso claramente excepcional en lo que respecta al número de víctimas causadas entre los representantes de la Iglesia por el vendaval revolucionario de 19365. Lo que sí resulta bastante significativo es la irregularidad de la geografía de la violencia anticlerical. Buena parte de esas ciento nueve víctimas, un 32%, eran residentes en municipios comprendidos en el partido judicial de Guadalajara. A bastante distancia figuran los partidos de Sigüenza y Brihuega, con un 20 y un 15%, respectivamente. Los partidos de Pastrana y Cifuentes arrojan cada uno un 10% aproximadamente de las víctimas. Y el resto presenta proporciones insignificantes hasta llegar al de Atienza, en el que no hubo una sola muerte entre el clero (ver Mapa 1). El

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panorama adquiere mayor complejidad y precisión si se establece una relación entre las víctimas religiosas que hubo en cada partido judicial de la provincia y el total de muertes de la zona correspondiente. Entonces es el partido de Sigüenza el que destaca. Casi un tercio de todas las víctimas de esta área de la provincia eran miembros del clero. Los partidos de Cifuentes y Brihuega arrojan cifras asimismo bastante elevadas que suponen que en torno a un cuarto de las personas asesinadas por los revolucionarios en esas zonas pertenecían a la Iglesia católica. Después está el partido de Guadalajara, con un 18% de víctimas religiosas, mientras que en el resto de la provincia los porcentajes son bastante menores. Fueron por lo tanto los partidos judiciales de Guadalajara, Sigüenza, Brihuega y Cifuentes los lugares de la provincia en que la violencia anticlerical alcanzó los más altos niveles de amplitud e intensidad. Tampoco la distribución en el tiempo de las víctimas de esa violencia presenta una mínima uniformidad a lo largo de los tres años de guerra. La abrumadora mayoría de las personas que cayeron asesinadas por la represión anticlerical encontraron la muerte antes de que acabara 1936 y casi la mitad de ellas, cincuenta y cuatro concretamente, ya habían muerto cuando empezaba septiembre. Desde entonces la cifra de víctimas descendió hasta que en noviembre no hubo ni una sola muerte entre el clero de la provincia. Y así habría seguido con toda probabilidad de no ser por la matanza en la Prisión Central de la capital provincial que hizo ascender la cantidad de muertes de religiosos en diciembre a treinta y cuatro. Después solamente hubo tres asesinatos más: uno en marzo de 1937, otro en enero de 1938 y el último en agosto del mismo año (ver Gráfico 1). Una cronología que corresponde a grandes rasgos con lo que ocurría en cada uno de los partidos judiciales, quizá con algunos matices en los casos de Cifuentes, donde los meses más sangrientos fueron septiembre y diciembre de 1936, Guadalajara, en el que diciembre arroja una cifras de víctimas superior a la de julio y agosto juntos, y Sigüenza, porque no hubo víctimas que contabilizar en el último mes del 36 (ver Gráficos 3, 5 y 9). Una cronología, en definitiva, dela cual se extrae la conclusión de que la violencia anticlerical en Guadalajara, al igual que en otras provincias de la retaguardia republicana, fue un fenómeno esencialmente asociado a los primeros compases de la guerra.

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Los actores de la violencia La derrota de la rebelión militar en Guadalajara capital, la quiebra del monopolio de los medios de coerción por parte del Estado republicano y la acción revolucionaria de partidos y sindicatos crearon una situación de soberanía múltiple en la que numerosos poderes alternativos pugnaban por ocupar un espacio político significativo en la retaguardia republicana de la provincia. Entre ese enjambre de organismos revolucionarios estaban los protagonistas de la violencia política. Comités locales y columnas milicianas eran los principales. Entre sus miembros había anarquistas, claro está. Pero también socialistas, comunistas y republicanos. Y todos utilizaron la violencia como un instrumento para lograr sus objetivos políticos. Al menos hasta que el Gobierno republicano consiguió restablecer su autoridad en los primeros meses de 1937. En ese proceso resultaron esenciales la sustitución de los comités revolucionarios por consejos municipales, la constitución del consejo provincial y la militarización de las milicias. Pero mientras perduró esa fragmentación de la soberanía que favorecía las acciones colectivas violentas, los grupos armados y los comités revolucionarios ejercieron su poder sobre el territorio y sobre la población. Los militares y guardias civiles salieron de los cuarteles el día 21 de julio. Controlaron la capital provincial con rapidez: al anochecer la ciudad era rebelde. Al día siguiente, sin embargo, llegó a la ciudad para tomarla por asalto la columna que había protagonizado la derrota de la rebelión en Alcalá de Henares, mandada por el coronel Ildefonso Puigdengolas y compuesta por militares, guardias de asalto y un grupo de milicianos anarquistas dirigido por Cipriano Mera, líder del sindicato de la construcción de la CNT de Madrid. En el resto del territorio no hubo enfrentamientos de mayor importancia, salvo en la localidad de Budia, donde el día 20 de julio un grupo de izquierdistas de Brihuega había invadido las tierras de un propietario conservador y, como respuesta, algunos jóvenes derechistas y falangistas de Budia ocuparon la casa cuartel de la Guardia Civil, se apoderaron de las armas que allí había en depósito y desalojaron la finca. Un dirigente socialista resultó muerto. Todo terminó con celeridad esa misma noche cuando cuarenta guardias civiles fueron enviados al lugar desde la capital para detener a los responsables y restablecer la autoridad del gobernador civil. Esa autoridad fue en realidad restablecida por poco tiempo, pues la derrota de la sublevación militar en la capital provincial permitió la rápida movilización revolucionaria de las organizaciones de izquierda, armadas con los fusiles y las

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escopetas que habían conseguido en el asalto de cuarteles y armerías o que habían recibido de parte de los milicianos madrileños. La ciudad fue desde entonces el escenario de la acción de varios comités y grupos milicianos que pugnaron por ocupar el vacío de poder que la rebelión militar y su fracaso habían dejado al descubierto. En los primeros días de la guerra la autoridad en Guadalajara fue asumida por un comité del frente popular constituido por socialistas, comunistas y republicanos, precisamente los mismos grupos políticos que controlaban la corporación municipal con la que el nuevo comité colaboraría estrechamente. Este comité tuvo además que compartir el poder con otros organismos que también asumieron funciones policiales y judiciales desde la misma derrota del golpe de Estado. En total existieron cuatro centros de detención en los que funcionaban comités o tribunales que comenzaron inmediatamente a juzgar, encarcelar y ejecutar a los sospechosos de participación directa o indirecta en la rebelión. En el resto de la provincia, la ausencia de los guardias civiles que habían acudido a la capital provincial tras la orden del gobernador civil del día 17 fue aprovechada por los dirigentes de las organizaciones de izquierda para movilizar a sus militantes, reclutar grupos dispuestos a utilizar las armas, formar comités locales de enlace y ordenar la detención de los sectores conservadores y reaccionarios de la población por ser considerados partidarios de los militares rebeldes. Resulta revelador que todo comenzara con el vacío de poder creado en los pueblos con la salida de las fuerzas de seguridad. Porque fue eso lo que permitió a los militantes obreros hacerse con los arsenales custodiados en los cuarteles de la Guardia Civil repartidos por la provincia y tomar el control de las calles de los pueblos sin temor a ser reprimidos por el debilitado Estado republicano6. Tras la toma de la capital el mando de las fuerzas armadas en la provincia fue entregado al coronel Francisco Jiménez Orge. Sumaban cerca de dos mil trescientos individuos repartidos entre diversas unidades de la Guardia de Asalto, de la Guardia Civil y del Ejército, además de tres grupos de milicianos. A primeros de agosto se unieron a los anteriores un par de columnas de civiles armados más. Entre El Cardoso de la Sierra, junto a la provincia de Madrid, y la columna de Jiménez Orge había un batallón de unos ochocientos soldados y milicianos que se encargaba de proteger el flanco del resto de las fuerzas republicanas de la provincia y defender la parte norte del territorio. Ante la crisis de autoridad que en parte ellos mismos habían provocado, aquellos grupos de civiles armados ejercieron el poder en todos aquellos lugares en los que operaban y acuartelaban sus tropas. Esa zona de acción de los grupos milicianos de

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la provincia estaba definida en agosto de 1936 no por un frente limpiamente delimitado, sino por una serie de núcleos de población y puntos significativos entre los que destacaban Sigüenza, Brihuega y Cifuentes. Desde mediados de septiembre las operaciones fueron adquiriendo mayor envergadura en torno a Sigüenza. A finales del mes los rebeldes consiguieron rodear la ciudad y Feliciano Benito, el comandante de los milicianos libertarios llegados a la provincia en julio, decidió defender la población con un batallón confederal de trabajadores ferroviarios y con otro de mayoría comunista llamado Pasionaria. Después del asalto del 8 de octubre los defensores quedaron reducidos a la catedral y completamente cercados, hasta que finalmente se produjo la rendición el día 15 tras numerosos intentos de romper el cerco desde dentro. Tras la pérdida de Sigüenza el frente militar en la provincia habría quedado relativamente en calma durante el resto de la guerra de no ser por la ofensiva republicana de enero de 1937 y la batalla de Guadalajara de marzo del mismo año. A finales de diciembre de 1936 las fuerzas armadas republicanas de la zona, menos de cinco mil individuos, habían sido organizadas de forma conjunta en tres brigadas mixtas, la 48.ª, la 49.ª y la 50.ª, en las que se integraron tanto los grupos milicianos como los restos de las unidades militares y de los cuerpos de seguridad que habían mantenido su autonomía dentro de las diversas columnas. Desde entonces todas las operaciones militares serían ordenadas y supervisadas por el general Sebastián Pozas, jefe del Ejército de Operaciones del Centro. En febrero del 37 las fuerzas armadas republicanas en Guadalajara fueron reforzadas y organizadas en la 12.ª División, que contaba con unos diez mil setecientos treinta y nueve hombres al mando del coronel Víctor Lacalle. Al mes siguiente se produjo la batalla de Guadalajara, en el marco de la cual el mando republicano ordenó la formación del IV Cuerpo de Ejército a partir de las unidades concentradas en la provincia con el propósito de detener el avance de las tropas italianas y sublevadas. La nueva unidad fue puesta al mando del teniente coronel Enrique Jurado y estaba compuesta por la 11.ª División, la 12.ª y la 14.ª. El día 22 el combate terminó con el contraataque republicano y la fijación del frente a la altura de Brihuega. Desde entonces la provincia de Guadalajara no volvería a ser escenario de operaciones militares de envergadura y el frente se mantendría casi invariable hasta el hundimiento de las líneas en marzo de 19397. Pero los milicianos que habían llegado a la provincia de Guadalajara para combatir la rebelión militar no eran los únicos actores que ostentaban armas en ese escenario revolucionario. Los innumerables comités que surgieron tras la derrota del

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golpe militar habían incautado las armas que encontraron en los cuarteles de la Guardia Civil y con ellas reclutaron grupos armados y establecieron patrullas en los puntos principales de las poblaciones. Ahora el poder local pasaba a ser asunto de los comités. Y la UGT era la organización que ostentaba la hegemonía en ese ámbito. Nada menos que veintitrés de los setenta y un municipios de los que se tiene noticia estaban regidos por comités revolucionarios compuestos exclusivamente por militantes del sindicato socialista, mientras que compartía el poder con otros grupos políticos en dieciséis más. En total la UGT disfrutaba de intervención directa en la política local de treinta y nueve núcleos de población, casi el 55% de las localidades con información suficiente. A su lado, el poder de las otras organizaciones políticas y sindicales debía ser ridículo. El Partido Comunista colaboraba con el resto de fuerzas antifascistas en los nueve municipios en los que disfrutaba de representación. El PSOE había logrado colocar a sus militantes en cinco localidades, de las que solamente una estaba regida por un comité íntegramente formado por socialistas del partido, mientras que Izquierda Republicana y Unión Republicana habían visto su poder seriamente mermado al tener que conformarse con participar en apenas tres comités entre ambos partidos. Por su parte, la CNT extendía su influencia a siete localidades. Un reparto del poder entre los diversos partidos y sindicatos bastante desigual que parece quedar confirmado al constatar que en otros trece municipios existieron comités del Frente Popular o comités con filiación política desconocida en los que lo más probable es que estuvieran representados todos los grupos a excepción de los libertarios8. En cualquier caso, el análisis de la violencia revolucionaria no puede limitarse a describir una realidad estática y partida en dos niveles, el de los comités y el de las columnas milicianas, el de las organizaciones políticas y sindicales y el de los grupos armados. Y no puede porque es precisamente la interacción entre las dos esferas, la acción conjunta de ambos sujetos, lo que explica que hubiera cientos de víctimas en la retaguardia republicana de la provincia. Las razones son bastante sencillas. Los comités eran los que conocían a sus vecinos, las milicias las que disparaban los fusiles. Sin la ayuda de los comités, las milicias no habrían sabido a quién matar, y sin los milicianos, los comités no habrían sido capaces de provocar tanta mortandad. Pruebas de que esto fue así no escasean. Las principales de entre ellas se refieren al alto número de víctimas que fueron asesinadas en lugares en que no residían y a la filiación política y cargos públicos de los individuos asesinados.

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De hecho, la mayoría de las víctimas, cuatrocientas sesenta, cayeron asesinadas en lugares distintos al de su residencia. Tampoco dejan margen para muchas dudas la filiación política y la adscripción ideológica de las víctimas. La mayor parte de los asesinados fueron catalogados en la Causa General como «derechistas», afiliados o simpatizantes de Falange Española y militantes de las diversas organizaciones del catolicismo político, como Acción Católica, Acción Popular o las Juventudes de este último partido. Y los cargos políticos que numerosas víctimas ocupaban en el momento de estallar la guerra o habían ocupado anteriormente también resultan bastante significativos. Abundan sobre todo alcaldes, concejales y secretarios de ayuntamiento que ejercieron su cargo durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Según los datos de la Causa General, en la provincia de Guadalajara hubo al menos treinta y cuatro alcaldes, treinta concejales y quince secretarios de ayuntamiento que cayeron víctimas de la violencia revolucionaria. Muchos de estos alcaldes y concejales habían sido o eran a su vez jueces municipales, entre los que hubo asimismo cantidad de víctimas. Si se contabilizan las personas que ejercieron como tales sin ostentar cargo alguno en las corporaciones municipales como concejales o alcaldes el resultado arroja una cifra de diecisiete. Entre alcaldes, jueces, concejales y secretarios de ayuntamiento hubo, por lo tanto, unas noventa y seis muertes violentas que ponen de manifiesto el modo en que la violencia política desplegada en esta provincia por las organizaciones de izquierda estuvo en buena medida orientada a eliminar a dirigentes y militantes de los grupos políticos que habían ocupado posiciones de poder en las etapas políticas inmediatamente anteriores y que eran perfectamente conocidos por sus vecinos. Dirigentes y militantes de partidos conservadores y reaccionarios que habían ejercido cargos políticos en diversos municipios de toda la provincia y que solían ser labradores, industriales, propietarios de tierra y comerciantes con una buena posición social en sus comunidades9. El proceso político de la violencia revolucionaria estaba basado, por tanto, en la coordinación entre comités y milicias. Aunque es lo justo señalar que no todos esos comités se limitaban a proporcionar información a las columnas milicianas. Hubo lugares en que los comités fueron creados expresamente para encauzar las acciones violentas de los grupos políticos que los integraban, mientras que en el resto de la provincia eran los propios comités locales los que asumieron funciones policiales y judiciales, actuando ocasionalmente como tribunales revolucionarios. Los civiles armados que servían a las órdenes de esos comités estaban encargados de detener y

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fusilar a los sospechosos de connivencia directa o indirecta con los rebeldes. Comités de ese tipo, que detuvieron y juzgaron, hubo en cuarenta municipios de la provincia. Y la UGT era sin duda la organización que mayor presencia ostentaba en esos comités, seguida a mucha distancia por el PCE y la CNT. Militantes anarcosindicalistas entre los represores solamente hubo en cinco municipios10. La violencia anticlerical libertaria De ser cierto lo que a veces se afirma respecto a la violencia revolucionaria, los anarquistas no solo habrían matado más que nadie, sino que su furia se habría cebado de tal forma sobre los representantes y símbolos de la Iglesia católica que habría hecho coincidir las áreas de predominio libertario con las que presentaron mayores índices de anticlericalismo. Por eso no hay nada mejor para comprobar la veracidad de esta afirmación que relacionar la geografía y la cronología de la violencia anticlerical con la influencia del anarcosindicalismo. Y lo primero que llama la atención es la naturaleza fuertemente localizada de esa influencia. De las acciones de los grupos milicianos dirigidos y compuestos esencialmente por militantes anarquistas fueron escenario dos áreas de la provincia claramente delimitadas. La primera y más importante es la de Sigüenza, allí donde los hombres y mujeres de Benito resistieron los ataques y el cerco de las tropas rebeldes hasta que fueron aplastados en octubre de 1936. Lo que quedó de los milicianos anarquistas fue enviado a Cuenca para ser integrado en la columna del Rosal y luchar en Madrid. La otra zona en que hubo militantes libertarios armados y organizados fue en algunos municipios del sur de la provincia, en los partidos de Cifuentes y Sacedón, donde aquella columna había logrado extender su esfera de poder desde Cuenca11. La geografía de la acción militar anarquista es tremendamente reveladora. Existe una coincidencia entre los lugares en que los milicianos anarquistas ejercieron su poder y en los que mayor volumen e intensidad adquirió la violencia anticlerical. Basta con revisar la distribución en el espacio de las víctimas de la furia antieclesiástica para comprobar que los partidos de Sigüenza y Cifuentes estaban entre las zonas más castigadas por los revolucionarios. Pero conectar automáticamente la presencia organizada y armada del anarcosindicalismo con la magnitud de la violencia anticlerical puede resultar algo demasiado simplista. Por varias razones. En el caso de Sigüenza, en primer lugar, porque los anarquistas no eran los únicos que habían aprovechado la

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nueva estructura de oportunidades para desplegar su poder y ejercer la violencia sobre la población. Desde julio a octubre funcionaron en Sigüenza al menos cinco comités de represión, de los que solamente uno dependía de los libertarios: el establecido en el convento de las Ursulinas, cuyo responsable era el propio Feliciano Benito. De dos de esos tribunales revolucionarios, el de la Estación y el del convento de las Franciscanas, aunque se desconoce la filiación política de sus miembros y responsables, se sabe que desarrollaron sus actividades en los mismos lugares en que el POUM y el PCE, respectivamente, habían organizado sus cuarteles militares. De los otros dos, uno, el del Seminario, estuvo dirigido por Jesús Martínez Aragón, el jefe de las milicias ferroviarias, organizadas por la UGT y las JSU; el otro tenía sede en el Ayuntamiento y estaba dominado por republicanos, socialistas y comunistas12. En lo que respecta a Cifuentes, en segundo lugar, tampoco puede observarse una relación tan directa entre la acción libertaria y las matanzas entre el clero. Porque, sencillamente, dicha relación no existe. De las diez víctimas procedentes del clero que fallecieron en esta zona, la mitad fueron asesinados antes de que la columna del Rosal estableciera el tribunal revolucionario que tuvo por sede la localidad de Villanueva de Alcorón y que servía a las órdenes del comité de guerra de la unidad. Dicho tribunal, en realidad, solamente estuvo en funcionamiento dos meses escasos, entre noviembre y diciembre de 1936. Las otras cinco víctimas religiosas murieron cuatro en diciembre de ese año, pero no ante los fusiles de los servidores del tribunal libertario, sino en el asalto a la Prisión Central de Guadalajara capital, a decenas de kilómetros de allí, y la que resta en enero de 1938, cuando los milicianos y los comités habían desaparecido de la escena política en toda la retaguardia republicana. No existe, por lo tanto, la conexión entre la violencia anticlerical y los milicianos anarquistas que un análisis de la distribución en el espacio de las víctimas sugiere en primera instancia. Ni en Cifuentes ni en Sigüenza13. Tampoco parece que pueda aceptar el historiador sin más la existencia de una relación entre la geografía del anticlericalismo y el poder ejercido en el ámbito local por el anarcosindicalismo durante la etapa revolucionaria del proceso político de la retaguardia republicana de Guadalajara. De los siete municipios que estuvieron regidos por comités locales en los que figuraba al menos un miembro del movimiento libertario, hubo dos en los que los representantes de la Iglesia registraron una mortalidad significativa. Ambas localidades eran pertenecientes al partido judicial de Brihuega. En la cabecera del partido fueron asesinados cuatro sacerdotes y un sacristán, mientras que

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en Budia cayeron otros dos sacerdotes. En el resto de los lugares en que la CNT gozó de oportunidades para ejercer la represión política contra la población se produjeron dos muertes más. Una en Argecilla y la otra en Yunquera de Henares, otro par de sacerdotes. Pero ni en Baides ni en Córcoles ni en Poyos esas oportunidades se materializaron en el asesinato de ninguna persona del clero. Y es lo justo señalar que tanto en Brihuega como en Budia los anarcosindicalistas compartían el poder con la UGT y el PCE. Lo mismo ocurría en Yunquera. Y es cierto que en Argecilla el comité local estaba exclusivamente compuesto por militantes libertarios y que hubo un asesinato anticlerical. Pero las mismas condiciones existían en Baides y eso no se tradujo en violencia contra el clero (ver Cuadro 1). Algo similar puede aducirse respecto a los comités que desplegaron directamente la violencia contra la población. De los cinco municipios en los que había anarcosindicalistas entre los represores, dos estaban en el partido de Guadalajara y los otros tres en los de Cifuentes, Sacedón y Sigüenza, es decir, en aquellas zonas que mayor mortalidad absoluta y relativa hubo entre el personal de la Iglesia católica. Entre los cuatro comités de represión que funcionaron durante la guerra en la capital provincial, había dos que estaban dirigidos por hombres de la CNT, aunque uno de ellos estaba servido también por milicianos con carné del PCE. Los otros cuatro municipios en que hubo comités de represión con militantes anarcosindicalistas entre sus miembros eran lugares donde las columnas milicianas habían establecido su autoridad en determinadas etapas del segundo semestre de 1936, como Villanueva de Alcorón y Sigüenza, y donde el poder se hallaba relativamente repartido entre diferentes organizaciones, como Yunquera de Henares y Poyos, localidades en las que la CNT, al menos en las acciones violentas, colaboraba estrechamente con Izquierda Republicana, el PCE y la UGT. Como resultado de la acción de estos comités de represión en los que la CNT estaba representada murieron al menos setenta y un personas, pero lo cierto es que resulta bastante difícil conocer cuántas eran miembros del clero provincial. En cualquier caso, lo que aquí interesa destacar es el hecho de que, en efecto, los anarcosindicalistas aprovecharon las oportunidades que tuvieron para utilizar la violencia. Pero en la mayor parte de las ocasiones se vieron obligados a compartir ese poder con el resto de los grupos políticos y sindicales14. De todo lo anterior se desprende que no puede establecerse una relación causal entre la presencia organizada y armada del anarcosindicalismo y la virulencia del anticlericalismo. Es lo cierto que en el partido de Sigüenza murió una buena parte del

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total de eclesiásticos que cayeron asesinados a manos de los revolucionarios, pero en otras zonas en las que no hubo despliegue alguno de milicias anarquistas o en el que sus acciones fueron cosa puntual, como en Guadalajara, Brihuega o Pastrana, las cosas no fueron mejor para los servidores de la Iglesia. En ciertos territorios, además, en los que sí que los fusiles fueron empuñados durante algún tiempo por los anarcosindicalistas, como en Cifuentes, las cifras no permiten afirmar que hubiera una especial predilección por asesinar a los miembros del clero, o al menos no fue esencialmente distinta a la que hubo en las zonas sin predominio de milicianos libertarios, como Brihuega y Guadalajara. Tampoco la violencia anticlerical parece haber estado relacionada en esta provincia con la participación de la CNT en los comités locales. Poco más puede añadirse a lo ya dicho sobre la posición totalmente marginal que los anarcosindicalistas ocupaban en esa red de comités que los dirigentes y militantes de las organizaciones izquierdistas crearon en los pueblos tras la derrota de la rebelión militar. Baste con recordar que el de la CNT era un poder disperso y escasamente significativo que no guarda una estrecha correspondencia con la geografía de la violencia anticlerical, como se ha comprobado al descender al nivel del municipio. Conclusiones Es necesario destacar, en suma, que la geografía de la violencia anticlerical no dependía tanto del color político de los milicianos que luchaban en las columnas y los militantes republicanos y obreros que mandaban desde los comités, como de la distribución espacial de la población religiosa. Desde esta óptica resulta evidente que el hecho de que el clero soportara tal masacre en los partidos de Guadalajara o Sigüenza tuvo que ver más con el hecho de que fueran precisamente los lugares de la provincia en que se concentraba el mayor número de eclesiásticos, que con que hubiera más o menos anarquistas dispuestos a acabar con la Iglesia. Fueron los habitantes de los conventos de Guadalajara, Mohernando y Sigüenza y el numeroso personal religioso asignado a esta última localidad, sede del Obispado, los colectivos que con su muerte marcaron la diferencia con el resto de la provincia. En los otros partidos judiciales la mayor parte de las víctimas del clero estaba constituida por sacerdotes, curas párrocos o ecónomos de los pueblos en casi todos los casos. En el partido de Cifuentes, por poner algunos ejemplos, la violencia revolucionaria acabó con la vida de diez religiosos, de los cuales solamente dos eran franciscanos y el resto sacerdotes; en el de Sacedón, todos los

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miembros del clero asesinados por los revolucionarios, menos un franciscano, eran curas; y en el de Pastrana, las víctimas fueron dos sacristanes, cinco sacerdotes y cinco franciscanos de la cabeza de partido judicial, lo que hace pensar que si la comunidad del convento hubiera sido mayor, este partido habría ocupado un lugar más destacado en lo relativo al nivel de violencia anticlerical en la provincia15. En definitiva, el anticlericalismo en esta parte de la retaguardia republicana adquirió mayor virulencia allí donde las condiciones lo permitieron. La primera de esas condiciones consistió en la fragmentación de la soberanía provocada por el fracaso de la rebelión militar y la acción revolucionaria de las organizaciones de la izquierda obrera, que posibilitó el desarrollo de estrategias violentas por parte de los actores políticos. La segunda de las condiciones fue la disponibilidad de objetivos. No por casualidad las matanzas entre el clero ocurrieron en aquellos lugares en que había mayor número de población religiosa, independientemente, y esto es esencial ponerlo en primer plano, de la ideología que guiaba a quienes ostentaban el poder en el lugar, ya fuera en forma de columna miliciana, ya fuera en forma de comité local. Es la combinación de una situación revolucionaria dominada por grupos identificados con el anticlericalismo y la abundancia de representantes de la Iglesia, y no la furia libertaria, lo que explica la intensidad, la amplitud, la cronología y la geografía de la violencia contra el clero en la provincia de Guadalajara durante la guerra civil española.

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Mapa 1. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por partidos judiciales. Totales y porcentajes

Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

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Cuadro 1. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por partidos judiciales y municipios   Provincia de Guadalajara Partido judicial

Víctimas

Atienza

0

Brihuega

17

Cifuentes

10

Cogolludo

6

Guadalajara

35

Molina de Aragón

1

Pastrana

12

Sacedón

6

Sigüenza

22

Total

109 Partido de Brihuega

Municipio

Víctimas

Argecilla

1

Brihuega

5

Budia

2

Casas de San Galindo

1

Ledanca

1

Masegoso de Tajuña

1

Romancos

1

Solanillos del Extremo

1

Tomellosa

1

Torija

1

Trijueque

1

Valfermoso de las Monjas

1

Total

17

177

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  Partido de Cifuentes Municipio

Víctimas

Cifuentes

3

Gárgoles de Abajo

1

Gárgoles de Arriba

1

Gualda

1

Henche

1

Ruguilla

1

Sotillo, El

1

Trillo

1

Total

10 Partido de Cogolludo

Municipio

Víctimas

Arbancón

2

Casa de Uceda

1

Montarrón

1

Tamajón

1

Valdepeñas de la Sierra

1

Total

6 Partido de Guadalajara

Municipio

Víctimas

Chiloeches

3

Guadalajara

18

Horche

2

Marchamalo

1

Mohernando

9

Tórtola de Henares

1

Yunquera de Henares

1

Total

35 Partido de Molina de Aragón

Municipio

Víctimas

Tordellego

1

Total

1

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  Partido de Pastrana Municipio

Víctimas

Albalate de Zorita

1

Almonacid de Zorita

2

Armuña de Tajuña

1

Fuentenovilla

2

Moratilla de los Meleros

1

Pastrana

5

Total

12 Partido de Sacedón

Municipio

Víctimas

Alhóndiga

1

Auñón

1

Durón

1

Sacedón

2

Salmerón

1

Total

6 Partido de Sigüenza

Municipio

Víctimas

Algora

1

Jirueque

1

Mandayona

2

Palazuelos

1

Pinilla de Jadraque

1

Sigüenza

16

Total

22 Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

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Gráfico 1. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses

Provincia de Guadalajara 45

39

40

34

35 30 25 20 15

15

13

10

5

5

1

1

1

jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

Gráfico 2. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses. Partido judicial de Brihuega

Partido de Brihuega 9

8

8 7 6

5

5 4 3 2 1

2 1

1

jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

  Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

180

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Gráfico 3. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses. Partido judicial de Cifuentes  

Partido de Cifuentes 5 4

4

4

3 2 1

1

1

jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

  Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

 

Gráfico 4. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses. Partido judicial de Cogolludo    

Partido de Cogolludo 5 4

4

3 2

2

1

jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

  Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

181

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Gráfico 5. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses. Partido judicial de Guadalajara  

Partido de Guadalajara 20

18

18 16 14 12 10 7

8 6 4 2

5 2

3

jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

  Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

 

Gráfico 6. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses. Partido judicial de Molina de Aragón    

Partido de Molina de Aragón 2

1

1

jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

  Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

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Gráfico 7. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses. Partido judicial de Pastrana    

Partido de Pastrana 5 4

4

3

3

3

2 1

1

1

jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

  Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

 

Gráfico 8. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses. Partido judicial de Sacedón    

Partido de Sacedón 4 3

3

2 1

1

1

0 jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

1

  Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

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Gráfico 9. Víctimas del clero en la provincia de Guadalajara por meses. Partido judicial de Sigüenza  

Partido de Sigüenza 14 12

12 10 8

7

6 4

3

2

jul-36 ago-36 sep-36 oct-36 nov-36 dic-36 ene-37 feb-37 mar-37 abr-37 may-37 jun-37 jul-37 ago-37 sep-37 oct-37 nov-37 dic-37 ene-38 feb-38 mar-38 abr-38 may-38 jun-38 jul-38 ago-38 sep-38 oct-38 nov-38 dic-38 ene-39 feb-39 mar-39

0

  Elaboración propia a partir de datos de: ver nota 4

                                                                                                                            1

Paul PRESTON: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011, pp. 320 y 354; Alberto REIG TAPIA: Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil Española, Madrid, Akal, 1990, pp. 116-117; Jordi ALBERTÍ: La Iglesia en llamas. La persecución religiosa en España durante la guerra civil, Barcelona, Destino, 2008, pp. 221, 240 y 252; Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE: “El conflicto político-religioso en Castilla-La Mancha. De la República a la Guerra Civil”, en Francisco ALÍA MIRANDA y Ángel Ramón del VALLE CALZADO (coord.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. Actas del Congreso Internacional, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 1437 y 1451. Lo del «tópico» proviene de Julián CASANOVA: “Rebelión y revolución”, en Santos JULIÁ (coord.): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 156. Maria Thomas ha señalado recientemente que la retórica radical de ciertos sectores del movimiento libertario y el lugar central que los historiadores han concedido al discurso político en sus análisis de la violencia anticlerical han desembocado en una «exageración del papel de la anarquista CNT-FAI» (“«La civilización que se está forjando entre el tronar de los cañones». Violencia anticlerical y reconfiguración social [julio-diciembre de 1936]”, en Peter ANDERSON y Miguel Ángel del ARCO BLANCO (eds.): Lidiando con el pasado. Represión y memoria de la guerra civil y el franquismo, Granada, Comares, 2014, p. 133, nota). Esa «exageración» ha sido echada por tierra para los casos de las provincias de Madrid y Almería en Íd.: La fe y la furia. Violencia anticlerical popular e iconoclastia en España, 1931-1936, Granada, Comares, 2014, pp. 116 y 121. No obstante, el primer historiador que puso de manifiesto de forma bastante convincente la debilidad del «tópico» es Julio de la Cueva Merino, del que es obligado leer “El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil”, en Emilio LA PARRA LÓPEZ y Manuel SUÁREZ CORTINA (eds.): El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 265-267. 2

Charles TILLY: Las revoluciones europeas, 1492-1992, Barcelona, Crítica, 1995 [1993]; Sidney TARROW: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997 [1994]; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, Madrid, Consejo Superior de

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Investigaciones Científicas, 2002; Rafael CRUZ: “Pensar la violencia colectiva europea en perspectiva histórica”, en Javier MUÑOZ SORO, José Luis LEDESMA y Javier RODRIGO (coords.): Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 13-45. 3

La fórmula casi definitiva, en José Luis LEDESMA: Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, pp. 32-33 y Fernando del REY: “Por tierras de La Mancha. Apuntes sobre la violencia revolucionaria en la Guerra Civil española (1936-1939)”, en Alcores, 11 (2011), p. 234.

4

Las principales fuentes de información son los estadillos, las declaraciones y los informes que componen las diversas piezas de la Causa General de la provincia de Guadalajara, conservadas en el Archivo Histórico Nacional y disponibles en el Portal de Archivos Españoles, PARES (http://pares.mcu.es/). Existe buena información distribuida por municipios en la pieza décima, la dedicada a la violencia contra los representantes y los símbolos de la Iglesia católica (AHN, CG, legajo 1070, exps. 1-6). En la Causa General de la provincia de Madrid puede consultarse un buen conjunto de declaraciones sobre lo que ocurrió en Guadalajara capital a lo largo de los primeros días de la guerra (legajo 1519, exp. 1, ff. 78174). Para completar la información sobre las víctimas provocadas entre el clero secular y regular de la provincia, sirven muy bien las listas elaboradas por Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE: “El conflicto político-religioso…”, pp. 1463-1466 y 1486-1487.

5

Ciudad Real, en Francisco ALÍA MIRANDA: La guerra civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real, 2005 [1994], p. 227 y Fernando del REY: “Por tierras de La Mancha…”, p. 258. Toledo, en José María RUIZ ALONSO: La Guerra Civil en la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el Sur del Tajo (19361939), Ciudad Real, Almud, 2004, Tomo 1, pp. 288-291. Cuenca, en Ana Belén RODRÍGUEZ PATIÑO: La guerra civil en Cuenca (1936-1939), Madrid, Autora, 2006, Tomo 2, p. 112, para la cifra global, y AHN, CG, legajo 1062, exp. 4, f. 3, para los religiosos. 6

Los miembros del Comité del Frente Popular de Guadalajara eran Félix Pérez Rodríguez Caja y José González Calvo por Izquierda Republicana; Marcelino Martínez González del Arco, Miguel Bargalló Ardévol, Facundo Abad Rodilla, Luis Tejada, Marciano Alfonso, Feliciano Ruiz y Tomás Tobajas por el Partido Socialista Obrero Español; Federico Núñez, Antonio Gómez Polo, Vicente Relaño Martínez, Arsenio Relaño Martínez, Francisco Serrano y José Segovia García por el Partido Comunista de España; y Manuel Cañas Ortego y Tomás de la Rica por Acción Republicana. Félix Pérez era presidente, José González, secretario, y el resto, vocales. En AHN, CG, legajo 1552, exp. 3, f. 471. Los centros de Guadalajara capital y los comités de los pueblos, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111.

7

El desarrollo de la rebelión militar, la evolución de las fuerzas republicanas y el relato de las operaciones bélicas están basados en Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora Nacional, 1973, Vol. 1, pp. 248-251, 659, 664, 668-671 y 871 y Vicente CAMARENA MERINO: “Guadalajara, sesenta y tres años después…”, en Manuel ORTIZ HERAS (coord.): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. De El Alcázar a Los Llanos, Madrid, Celeste, 2000, pp. 122-124 y 127-128. La cifra de individuos armados que había en la provincia a finales de julio de 1936 está extraída del Informe n.º 1 del capitán Francisco García Viñals, oficial de enlace de la I División Orgánica con la columna Jiménez Orge, 27 de julio de 1936. En Archivo General Militar de Ávila, Zona Roja, legajo 786, carpeta 13, documento 2/1, citado en José María MANRIQUE: Sangre en la Alcarria. Sigüenza en la Guerra (1936-1939), Valladolid, Galland Books, 2009, pp. 20-21. Según esta misma fuente, la columna estaba en aquel entonces compuesta por unos mil setecientos sesenta y dos hombres y mujeres. El total de casi dos mil trescientos resulta de contabilizar los aproximadamente quinientos treinta individuos que, según Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército Popular…, Vol. 1, p. 248, operaban de forma autónoma bajo las órdenes de Benito. Sobre las operaciones militares en torno a Sigüenza, también puede verse Luis de SEQUERA MARTÍNEZ: “Una aproximación a la batalla de Sigüenza”, en Revista de historia militar, 102 (2007), pp. 11-65 y Mika ETCHEBÉHÈRE: Mi guerra de España. Testimonio de una miliciana al mando de una columna del POUM, Barcelona, Alikornio Ediciones, 2003 [1976]. 8

La composición de buena parte de estos comités puede extraerse de los informes y las declaraciones contenidos en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111. En este fondo existe información para setenta y un municipios de los cuatrocientos ocho que había en la provincia en 1936. Si se mantiene al margen del cálculo la zona que estuvo desde el principio en poder de los sublevados (sesenta y cinco municipios), el

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    porcentaje de municipios para los que se dispone de datos sobre el poder local es del 20,70%. Ni informes ni declaraciones de testigos permiten afirmar que hubiera comités locales o de represión en diecisiete de esos municipios. Son Hiendelaencina, Palancares, Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos (partido judicial de Atienza); Hontanares y Villaviciosa de Tajuña (Brihuega); Alpedrete de la Sierra, El Cardoso de la Sierra y Monasterio (Cogolludo); Alovera y Horche (Guadalajara); Armuña de Tajuña (Pastrana); Cendejas de Enmedio, Estriégana, Jirueque, Pinilla de Jadraque y Torremocha de Jadraque (Sigüenza). 9

Los secretarios de ayuntamiento eran piezas esenciales del caciquismo en la provincia, según Alejandro R. DÍEZ TORRE: “Guadalajara, 1936: la primera crisis del caciquismo”, en Wad-al-Hayara, 10 (1983), p. 143.

10

Información de la Guardia Civil resumida por un informe de la policía, firmado en Madrid el 8 de febrero de 1944 y conservado en AHN, CG, legajo 1071, exp. 1, ff. 44-50. Para Guadalajara capital, ver informes varios en legajo 1071, exp. 111, ff. 10-25 y 41-46. Las imprecisiones y contradicciones que contienen estas fuentes, sin embargo, impiden afirmar con un mínimo de seguridad en qué localidades hubo comités de represión que funcionaran como tales al margen de los comités locales y en cuáles ambos tipos de comités eran el mismo organismo. Sobre la colaboración entre milicias y comités, ver José Luis LEDESMA: “Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana”, en Francisco ESPINOSA (ed.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, p. 163 y Stathis N. KALYVAS: La lógica de la violencia en la guerra civil, Madrid, Akal, 2010 [2006], pp. 157-163. 11

La historia del batallón de Benito, en Ramón SALAS LARRAZÁBAL: Historia del Ejército Popular…, Vol. 1, pp. 659-660 y 662 y Cipriano MERA: Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, París, Ruedo Ibérico, 1976, pp. 55-72, 98-104 y 115. Del radio de acción de la columna del Rosal se sabe por lo que figura en los estados de cada municipio sobre los sospechosos de cometer los actos de violencia contra las personas o las cosas que se conservan en AHN, CG, legajos 1071, exps. 81-110; 1261, exps. 1146; y 1262, exps. 1-149. 12

Sigüenza, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 10-17 y 235-240. Lo de la Estación y el convento de las Franciscanas, en Joaquín ARRARÁS: Historia de la cruzada española, Vol. 4, Madrid, Datafilms, 1984 [1942], pp. 461 y 464, respectivamente. Es de aquí de donde extraen casi toda su información, sin duda, tanto Luis de SEQUERA MARTÍNEZ: “Una aproximación…”, pp. 22 y 47 como José María MANRIQUE: Sangre en la Alcarria…, pp. 20 y 22-23, que ofrecen asimismo referencias sobre la filiación política del grupo miliciano de Martínez Aragón. Sobre las columnas que ocupaban Sigüenza, ver también Mika ETCHEBÉHÈRE: Mi guerra de España…, p. 40. El comité revolucionario de Sigüenza, que probablemente sea el mismo organismo que funcionaba como tribunal en el edificio del Ayuntamiento, estaba compuesto por Francisco Lafuente Moreno (Izquierda Republicana), Ángel Pardillo Tamayo (Juventudes Socialistas Unificadas), Juan Andrés Ortega (Izquierda Republicana), Gregorio Relaño Giménez (Unión Republicana), Pedro Laguna Morales (PSOE) y Clemente Blasco Asenjo (Izquierda Republicana), según figura en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 235-240. La filiación política de sus miembros, en Abril, 30 de mayo de 1936, p. 2. Se equivoca el informe de la Guardia Civil, Guadalajara, 27 de abril de 1942, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 10-17, cuando dice que todos estaban afiliados al PCE. 13

El tiempo de actividad del comité de Villanueva de Alcorón, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 10-17 y 195-204. Entre los manifestantes del 6 de diciembre de 1936 que acabarían por asaltar las prisiones de Guadalajara capital había militantes de la CNT, no cabe duda. Pero la manifestación la encabezaba el líder del PSOE, Facundo Abad Rodilla, y sus principales integrantes eran los soldados de la 49.ª Brigada Mixta, que se encontraba a la sazón descansando en la ciudad. En Informe de la policía, Madrid, 8 de febrero de 1944, AHN, CG, legajo 1071, exp. 1, ff. 67-70. 14

La información sobre la capital, en los informes de la Causa General elaborados por la Guardia Civil, en AHN, CG, legajo 1071, exp. 111, ff. 10-17), el Ayuntamiento (ff. 18-20), la Falange (ff. 21-25) y la policía (ff. 27-28, 41 y 44). Del mismo legajo también procede la información sobre Poyos (exp. 111, ff. 10-17), Sigüenza (exp. 1, ff. 44-50 y exp. 111, ff. 235-240), Villanueva de Alcorón (exp. 1, ff. 44-50 y exp. 111, ff. 10-17 y 195-204) y Yunquera de Henares (exp. 111, ff. 10-17). 15

El mismo argumento aplicado a la totalidad de la zona republicana, en Maria THOMAS: La fe y la furia…, p. 6.

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Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea