El Estado en el Agro Mexicano en el Contexto de Crisis: 1977

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Estudios de Postgrado Doctorado en Sociología

El Estado es el agro mexicano en el contexto de crisis: 1977

Tesis que presenta Xavier Gamboa Villafranca México, DF 10 de septiembre de 1979

Clasificación TESUNAM: 001-00484-G1-1978-23 Autor: Gamboa Villafranca, Xavier Titulo: El estado en el agro mexicano en el contexto de crisis: 1977 Imprenta: Mexico : El autor, 1978 Pag. 217 p

Agradecimientos Ningún documento de trabajo es resultado del esfuerzo exclusivo y aislado de una sola persona. La investigación cuyos logros aquí se presentan, está muy lejos de constituir una excepción al respecto. Sin la colaboración directa e indirecta de mis colegas, compañeros de trabajo y amigos, difícilmente habría podido concluirse. Al profesor Ricardo Pozas Arciniega debo agradecer su asesoría en el proceso de mejoramiento de la versión original del documento, terminado en enero de 1978. La actitud científicamente crítica de Octavio Rodríguez Araujo me condujo a intentar superar muchas de las deficiencias que –por estar totalmente inmerso en la problemática- no habían sido detectadas por mí. De Arnaldo Córdova provinieron constantes estímulos intelectuales, de todo tipo, que me indujeron a tratar de atar algunos de los “cabos sueltos” de la obra. Me siento en deuda, de la misma manera, con: José María Calderón Rodríguez, por sus contribuciones metodológicas proporcionadas, tanto para el documento de que aquí se trata, como para su predecesor, la Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos; Arturo Anguiano, de quien extraje la base de buena parte de las concepciones que manejo en torno al comportamiento del capitalismo de estado; Adip Sabag Sabag, cuyo entusiasmo para abordar sistemáticamente el estudio de los problemas de la coyuntura, de la previsión y de la prospectiva me fue contagiado. Especial reconocimiento debo hacer de Carlos Sirvent Gutiérrez. cuya paciente, amistosa, constante y científica presencia en mi vida académica, ha hecho con frecuencia que problemas de investigación aparentemente irresolubles se conviertan en retos a vencer. A la labor investigativa de Raúl Olmedo en torno a la crisis económica, debo mi interés original en estudiar el fenómeno del poder, precisamente en un contexto de crisis económica. De Iván Restrepo obtuve, al igual que de los compañeros alumnos de la materia de Sociología Rural coordinada por él en la DES de la FCPS infinidad de elementos enriquecedores durante el proceso de elaboración del documento original. El trabajo de recopilación, procesamiento y análisis de la información fue realizado en mi calidad de profesor de la FCPS; al licenciado Julio del Río Reynaga y al licenciado Antonio Delhumeau -respectivamente, Director de la FCPS y Coordinador del CFP- debo agradecer el haber autorizado que los resultados de investigación fueran presentados como tesis de postgrado. A Hugo Tulio Meléndez agradezco el haber hecho posible que detectara utilidad creciente a la investigación emprendida, y el haber encontrado nuevos caminos a transitar en cuanto a la aproximación sociológica del medio rural. Alfredo Camhaji. Ángeles Sánchez, Fátima Fernández, Héctor Marrero, José Juan Gamboa, Ángeles Ortiz, Margarita López Rosas. Edwina Sortibrand Rivera, Jaime Alfonso Mendoza, y el resto de mis colegas del Centro de Estudios Políticos me brindaron fuerte apoyo, intelectual y operativo. Igual ayuda obtuve de mis compañeros de la SEGICYT-UPICSA-IPN, bajo cuyos auspicios realicé el –problemario del país. Así como la redacción final de la presente versión del trabajo; a Araceli Reyes agradezco la autorización respectiva.

Índice

Capítulo I: Antecedentes, diseño y límites de la Investigación 1)

Antecedentes del Estudio El diseño de la investigación 2.1) Los objetivos del estudio, y su inversión en un proceso mayor de la investigación 2.2) Hipótesis 2.2.1) Explicitación de Hipótesis “A” 2.2.2) Fundamentación de Hipótesis “B” 2.2.3) Explicitación de Hipótesis “C” 2.3) Fuentes de Información 2.4) Unidades de Análisis y Criterios para su Delimitación 2.5) Variables 2.5.1)Variables Dependientes 2.5.2) Variables Independientes 2.6) El Proceso de Análisis de la Información 2.7) Facilidades de la Investigación 2) Los límites del estudio

Primera Parte: El contexto de crisis y el contenido global del esquema estatal de desarrollo del campo mexicano

Capítulo II: La situación, a fines de 1976 1) Los problemas generales dele estado mexicano 2) La problemática del estado mexicano, específicamente referida al agro

Capítulo III: La respuesta del estado durante 1977: su esquema de desarrollo rural basado en la descampesinización 1) 2) a) b)

La posición estatal respecto al campo: apertura total al desarrollo capitalista Medidas estatales para implantar su esquema de desarrollo capitalista en el campo La política económica del estado mexicano en el campo Medidas estatales para adecuar la superestructura a su nueva política económica, y para mantener bajo control sus consecuencias

3) Los requerimientos del cumplimiento del esquema estatal de la descampesinización definitiva: a manera de síntesis Notas del Capítulo III

Segunda Parte: Las funciones demandadas del aparato burocrático para la efectiva realización del esquema estatal de descampesinización del agro

Capítulo IV: Obstáculos sociales para la gubernamental en el proceso de salida a la crisis

efectiva

dirección

I) Presiones políticas: la lucha intra burocrática, las presiones de la burguesía y el aumento en la capacidad de negociación de la maquinaria corporativa 1) La visión oficial: el gobierno como único rector 2) El papel rector del gobierno en la realidad A) Dificultades intra burocráticas: e reacomodo sexenal i) Esencial impotencia gubernamental para implantar compulsivamente sus planes ii) La heterogeneidad del capital impide una respuesta única de la burguesía a los lineamientos gubernamentales iii) El gran capital fortalece su posición, en el proceso de negociación de la política económica gubernamental iv) Las controversias respecto al manejo del gasto público y de las empresas paraestatales v) La situación económica impide que la burguesía invierta productivamente vi) El carácter transnacional del gran capital, como obstáculos a su mínimo control gubernamental vii) La crisis en EU como obstáculo a los planes del gobierno mexicano c) La maquinaria corporativa: factor importante de presión d) Balance y perspectivas II) Obstáculos económicos: la penuria gubernamental durante 1977 1) La penuria gubernamental en general 2) La penuria gubernamental respecto al agro III) Escollos burocráticos: el feudalismo administrativo contra la reforma administrativo

Capítulo V) Obstáculos para el cumplimiento de la función superestructural del aparato burocrático, en la perspectiva de generar altos niveles de confianza en la burguesía rural 1) Los proyectos de adecuación jurídica no elevan la confianza del capitalista rural, y de sus organizaciones directas de lucha 2) El proyecto de creación de los tribunales agrarios no expresa la forma en que la burguesía concibe debe darse la institucionalización de los conflictos sociales en el agro 3) La continuación de las invasiones agrarias aumenta la desconfianza de la burguesía rural

4) Aun la mínima afectación de tierras para fines agrarios, genera desaliento de la burguesía 5) La transmisión de la nueva imagen ideológica de la reforma agraria 6) Obstáculos para el mantenimiento, dentro de límites soportables, de los niveles de vida de la población rural 7) La actualización de los cuerpos represivos 8) A manera de síntesis Tercera Parte: perspectivas en cuanto al cumplimiento de las funciones demandadas de la burguesía, para la efectiva realización del esquema estatal de descampesinización del agro

Capítulo VI) Obstáculos para que la burguesía cumpla con el papel de inversión en el agro que le ha sido asignado por el estado 1°)El capital privado no muestra capacidad para sustituir, mediante nuevas inversiones, a la organización campesina de la economía rural: ejido, minifundio privado y comunidad indígena 2°)La burguesía no invierte en el campo, básicamente porque no tiene claras perspectivas de obtener tasas de utilidad lo suficientemente elevadas, aún cuando el Estado le propone una solución óptima para su participación en el agro 3°)La clase del capital no invierte en el campo porque las dificultades para la obtención de altas tasas de utilidades se manifiesta en que incluso no le es posible mantener el ritmo de crecimiento de los renglones económicos y de las regiones más desarrollados del sector agropecuario 4°)Debido principalmente a las perspectivas de obtención de bajas utilidades, la burguesía industrial, financiera y comercial, muestra reticiencia para invertir en el medio rural a) El comerciante, el banquero o el industrial no invierte en el campo, por escasez de crédito oficial b) El industrial ó comerciante interesado en el agro, encuentra que no solamente hay escasez de crédito oficial respecto al agro, sino también de crédito bancario privado c) La presencia –posible incrementada- de las transnacionales en el agro, obstaculiza la inversión en el campo de las fracciones de la burguesía que tienen intereses en otros sectores de la economía d) Las divisas generadas por el petróleo se orientarían fundamentalmente a la creación de una industria de bienes de capital; al agro solo irían los residuos e) Incluso el capital extranjero no-norteamericano, cuya entrada se intenta estimular, se dirige preferentemente a otros sectores de la economía, no al agro f) La transferencia de recursos mas bien sigue siendo al revés: de la agricultura a la banca, la industria y el comercio 5°) La generación de bienes de exportación, materias primas industriales y alimentos, no observa aumentos considerables, ni se producen en volúmenes suficientes

a) La producción de alimentos básicos no crece b) Las exportaciones de productos agropecuarios disminuyen c) No se incrementa la producción de materias primas requeridas por la industria 6°)Por la falta de tasas de ganancia convenientes, las inversiones de la burguesía no generan nuevas fuentes de empleo al ritmo requerido por la descampesinización 7°)El intermediario se sigue quedando con la mayor parte del producto agropecuario

Capítulo VII) La no realización de las funciones demandadas de la burguesía rural: desde su óptica, al gobierno y a la maquinaria corporativa hay que mantenerlos vigilados 1°) La burguesía no acepta que en el medio rural se dañen sus intereses inmediatos, ni aún cuando esto suceda como una respuesta política a la radicalidad alcanzada en la lucha de clases A) La lucha de la burguesía como clase a) La lucha económica b) La lucha política c) La lucha ideológica B) Los intereses de las fracciones rurales de la burguesía a) La lucha económica b) La lucha superestructural 2°) Durante 1977, la presión del capital sobre el aparato burocrático lo obliga a tener una presencia global cercana al punto de total pérdida de legitimidad popular A) La influencia en el contenido de la política económica gubernamental a) Austeridad del gasto público b) Debilitamiento de la presencia del Estado en la economía c) Liberalización de los precios de productos de primera necesidad d) Abatir los salarios e) Nulificar las reinvidicaciones de la maquinaria corporativa f) Resistencia a la reforma fiscal g) Suprimir el nacionalismo económico B) La reforma política y el fortalecimiento del capital C) Las fracciones rurales de la burguesía del país tienen un lugar especial en el proceso de pérdida de legitimidad popular del gobierno 3°) Las fracciones de la burguesía vinculadas al agro no interpretan en su real dimensión el lenguaje utilizado y las medidas tomadas por la burocracia central del Estado mexicano A) La inadecuada interpretación, de la burguesía como clase, de la actuación del aparato burocrático a) La burguesía no interpreta correctamente los señalamientos de modificar la política económica seguida b) La incomprensión de la reforma política, por parte del capital B) Las fracciones rurales de la burguesía no interpretan correctamente al aparato burocrático

Cuarta Parte: perspectivas en cuanto al cumplimiento de las funciones, demandadas de la maquinaria corporativa, para la efectiva realización del esquema estatal de descampesinización del agro

Capítulo VIII: las dificultades para el fortalecimiento de la maquinaria corporativa del estado en el medio rural 1) Dificultades para que la reforma política se traduzca, en el agro, en la formación de una sola organización de apoyo pro-estatal 2) Los problemas del corporativismo rural no son los únicos: durante 1977 se da un fortalecimiento individual de la posición de los máximos dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado en general, que no repercute en la unidad de la misma a) En la medida en que para los dirigentes de las pequeñas y medianas centrales es más difícil continuar eficientemente con su función de control ene l contexto de crisis, los de la CTM se convierten en prácticamente los únicos que se pueden enfrentar saludablemente al aparato burocrático, con cierto grado de éxito, en lo que toca a la obtención de algunas nuevas reivindicaciones y a la permanencia de aquellas que previamente habían sido logradas b) Con la reforma política y la reforma interna del PRI, los dirigentes de las organizaciones menores del movimiento obrero proestatal difícilmente podrían resistir los embates de la izquierda militante y verían mortalmente mermadas sus bases de apoyo, centralizándose más la fuerza del corporativismo en la CTM, prácticamente como la única organización capaz de enfrentarse a los intentos –aún sólo formales- de democratización c) En el contexto de crisis, la reforma política y la reforma interna del PRI son casi exclusivamente aprovechados por los dirigentes de la CTM para robustecerse, porque tienen acceso a los mecanismos adecuados para ello 3) Los intentos de reformar la maquinaria corporativa en el agro no conducen al incremento de la militancia controlada del liderazgo intermedio y de los miembros de base de ella 4) La maquinaria corporativa del Estado en el medio rural no es capaz de neutralizar eficazmente la acción de las organizaciones políticas independientes del Estado 5) La maquinaria corporativa en el campo revela su incapacidad para extender y profundizar su control sobre asalariados, subocupados y desocupados rurales Quinta parte: Resumen

Capítulo IX) El contexto de crisis en que se desarrolla el fenómeno del poder en el agro, durante 1977 1) Problemas indicativos de la crisis en el país durante 1977

1.1) Se dificulta la organización económica de la sociedad 1.2) Bajos niveles de crecimiento de los principales sectores de la economía 1.2.1) Sector agropecuario y forestal 1.2.2) Sector Pesca 1.2.3) Sector Industrial 1.2.4) Sector Comercio 1.2.5) Sector Turismo 1.3) Disfunciones en los mecanismos que condicionan el proceso productivo 1.4) Insatisfactoria resolución de las contradicciones sociales, en el plano políticoideológico 2) Problemas indicativos de la crisis en el medio rural 2.1) El significado global de la crisis en el agro 2.2) Crisis y diferenciación social en el medio rural 2.2.1) Lo que significa la crisis para la burguesía que actúa en el agro 2.2.2) Crisis y campesinado 2.2.3) Proletariado y crisis

Capítulo X) 1977, año de la reconstrucción: reforma política y alianza para la producción en el agro mexicano I)

La aceptación de alianza para la producción y reforma política: un asunto intraestatal II) La respuesta completa del Estado en el campo A) Alianza para la producción y medio rural a) El aparato burocrático y la conducción de la proletarización rural a.1) Campesinistas y descampesinistas en el gobierno a.2) Feudalismo administrativo y planes gubernamentales a.3) Insuficiencia de recursos gubernamentales a.4) Inexistencia de compulsividad en la planeación del gobierno b) La inversión y las fracciones rurales de la burguesía b.1) Incapacidad burguesa para sustituir a la organización económica campesina b.2) Empresas asociativas y bajas tasas de ganancia b.3) Inversión privada en renglones económicos y regiones geográficas desarrolladas b.4) Fracciones no rurales de la burguesía, y su inversión en el campo b.5) Producción agropecuaria b.6) Burguesía rural y generación de empleos b.7) La innecesaria intermediación en el agro B) Reforma política en el campo a) Aparato burocrático y confianza de la burguesía rural a.1)Intentos de adecuación jurídica a.2)Persistencia de invasiones agrarias y afectaciones de tierra a.3)La nueva imagen de la reforma agraria a.4)Deterioro de las condiciones de vida de la población rural a.5)Cuerpos represivos b) La burguesía rural y su vigilante perspectiva política

b.1)Afectación de los intereses de los empresarios rurales b.2)Las presiones de la burguesía rural y la legitimidad del aparato burocrático en el agro b.3)Interpretación burguesa de la acción y discurso políticos c) Los intentos de fortalecer la maquinaria corporativa en el campo c.1)Centralización hegemónica del poder en su interior c.2)Militancia y control en cuadros intermedios y bases sociales c.3)La izquierda y los intentos de su neutralización c.4)Encuadramiento estatal y asalariados rurales Apéndice “A”: Acontecimientos que enmarcan la situación del campo mexicano durante 1977: una cronología Primera Parte: acontecimientos económicos 1)Hechos que ocurren en el aparato burocrático 1.1)Hechos que ilustran sobre el papel de no rectoría gubernamental de la economía 1.2)Hechos que ilustran sobre la penuria económica del gobierno 1.3)Hechos que ilustran la ineficacia de la Reforma administrativa 2)Hechos que ocurren en el ámbito de la burguesía 2.1)Hechos que ilustran sobre su inadecuada generación de alimentos, materias primas y bienes de exportación 2.2)Hechos que demuestran su incapacidad para abrir volúmenes significativos de empleo 2.3)Hechos que demuestran que no se obtienen tasas adecuadas de utilidad 2.4)Hechos que señalan su incapacidad para eliminar al intermediario 2.5)Hechos que indican que no es capaz de sustituir la función económica del ejido y del minifundio privado 2.6)Hechos que manifiestan que el capitalista no rural, no concurre al campo 3) Hechos que ocurren en el seño de los trabajadores 3.1)Hechos que señalan la no fácil conversión, consensual, del solicitante de tierra exclusivamente en asalariado rural 3.2)Hechos que señalan dificultades para la constitución de empresas asociativas 3.3)Hechos que manifiestan obstáculos para la obtención de mayores tasas de explotación Segunda Parte: Acontecimientos superestructurales 1) Hechos que ocurren en el ámbito de la burguesía 1.1)Hechos que demuestran que no se afectan los intereses de la burguesía, aún existiendo situaciones explosivas de lucha de clases 1.2)Hechos que demuestran que la burguesía presiona al gobierno, hasta límites cercanos a la pérdida de legitimidad 1.3)Hechos que indican que la burguesía no interpreta correctamente el lenguaje utilizado y las acciones tomadas por funcionarios gubernamentales 2) Acontecimientos que ocurren en relación con la fuerza de trabajo

2.1)Hechos de los que se desprende que el campesino no se contenta con recibir ocupación, en vez de tierras 2.2)Hechos que señalan que la resolución de los conflictos en el agro no se someten al arbitraje de instancias estatales consideradas legítimas 2.3)Hechos que indican que pierde fuerza la concepción social que considera que el mejoramiento de las condiciones de vida es factible en la actualidad 2.4)Hechos de los que se desprende que los trabajadores del agro se incorporan a organizaciones relativamente independientes del Estado 3) Acontecimientos que ocurren al interior de la maquinaria corporativa 3.1)Hechos que indican que los cuadros dirigentes no se fortalecen 3.2)Hechos que señalan que las bases se encuentran sobremovilizadas 3.3)Hechos que señalan que no se neutraliza eficazmente la acción de la izquierda 4) Acontecimientos que ocurren en el seno del aparato burocrático 4.1)Hechos que indican que no alcanzan los niveles de seguridad demandados por el capital 4.2)Hechos que señalan que continúan las invasiones en el agro 4.3)Hechos que manifiestan que permanecen los conflictos emanados de afectaciones de tierras 4.4)Hechos que indican dificultades para transmitir una imagen ideológica de la reforma agraria 4.5)Hechos que señalan que el deterioro de las condiciones de vida de las masas rurales conduce a una progresiva reducción de sus expectativas 4.6)Hechos que indican que la acción de cuerpos represivos no se legitima Apéndice “B”: Directorio de fuerzas políticas que aparecen en el escenario rural durante 1977 Apéndice “C”: Paradigma de problemas indicativos del contexto de crisis en que se desarrolla el fenómeno del poder en el agro 1)Problemas para la organización global de la sociedad 1.1)Problemas vinculados con la forma en que el sector público auto administra sus recursos 1.1.1)No adecuada ejecución de la reforma administrativa 1.1.2)Falta de coordinación interna 1.1.3)Fuerte rotación en las alturas de la burocracia 1.1.4)Insuficiente lucha contra la corrupción 1.1.5)Ineficacia, en el proceso de desconcentración administrativa 1.1.6)Escasa participación de grupos sociales en los planes y procesos de adecuación administrativa 1.2)Problemas relacionados con la delimitación y puesta en marcha de la política económica global 1.2.1)Escasa participación de trabajadores e intelectuales en la formulación y ejecución de la política económica gubernamental 1.2.2)Luchas internas por obtener mayor presencia política en el proceso de formulación e implantación de la política económica

1.2.3)Presiones para adecuar el contenido de la política económica a los intereses concretos de diversos grupos del sector privado 1.2.4)Ineficiencias de los mecanismos destinados a la protección económica de las masas populares 1.2.5)Dificultades para que el gobierno maneje racionalmente sus recursos presupuestarios 1.2.6)Insuficiente recuperación de la inversión privada, en actividades prioritarioproductivas 1.2.7)Incremento de inversiones directas e indirectas del extranjero 1.2.8)Otros 1.3)Problemas conectados con la vinculación existente entre la situación interna y el contexto internacional 1.3.1)Dificultades en relación con EU, desprendidas de la existencia de grandes mantos de hidrocarburos 1.3.2)Recesión mundial y creciente proteccionismo de EU 1.3.3)Política exterior mexicana, demasiado pragmática y poco fundamentada en el conocimiento fideidigno de la realidad interna y externa 1.3.4)Acontecimientos externos limitan el éxito de la política económica global interna 1.3.5)Deficiencias de las modalidades y ritmos de la inversión extranjera en México 2)Problemas que dificultan el pleno crecimiento de los principales sectores de la economía nacional 2.1)Sector Agropecuario y Forestal 2.2)Sector pesquero 2.3)Sector industrial 2.4)Sector comercial 2.5)Sector turístico 3)Problemas que obstaculizan la adecuación de los factores condicionantes del proceso productivo del país 3.1)Problemas vinculados con la infraestructura material y humana necesaria para lograr la plena integración territorial nacional 3.2)Problemas relacionados con la existencia y condiciones de los asentamientos humanos 3.3)Problemas conectados con educación, cultura, ciencia y tecnología 4)Problemas presentes en el proceso de manifestación y superación de contradicciones políticas e ideológicas 4.1.1)Insuficiencia de logros reales en materia de disminución de la tasa de crecimiento demográfico 4.1.2)Deficiencias alimenticias y nutricionales en amplias capas de la población 4.1.3)Encarecimiento de precios de alimentos básicos 4.1.4)Escasa organización global de la población, destinada a mejorar las condiciones individuales y colectivas de salud y vida 4.2)Problemas relacionados con la forma en que los trabajadores del país se vinculan con sus empleadores 4.2.1)Existencia de fuerte inconformidad social en las filas del movimiento organizado pro estatal, de trabajadores 4.2.2)Insignificativo abatimiento de los niveles del desempleo

4.2.3)Conflictos en –y de- los niveles directivos del movimiento organizado de los trabajadores 4.2.4)Conflictos generados por el robustecimiento potencial del sindicalismo y la organización política de izquierda 4.2.5)Desconfianza empresarial, generada por la lucha de los trabajadores organizados, por ganar más posiciones dentro del Estado 4.2.6)Trabajadores organizados buscan convertirse en vanguardia de las luchas reivindicativas de todo el pueblo mexicano 4.3)Problemas desprendidos del ejercicio de la función política global en la sociedad mexicana 4.3.1)Estrechos límites de la reforma política, en cuanto canal de participación de las masas populares 4.3.2)Fuerte avance político del sector privado 4.3.3)Disminución de la eficiencia de los mecanismos generadores de base social de apoyo estatal 4.3.4)Fuertes conflictos intra estatales 4.4)Problemas referentes al ejercicio de la función militar y paramilitar 4.4.1)Disminución del consenso popular, en torno al ejercicio de la fuerza pública 4.4.2)Mayor intervención espionaje-policiaco de EU en México 4.4.3)Tendencia hacia el aglutinamiento de mayor fuerza política, en manos de las instancias estatales responsables del ejercicio de la fuerza pública 4.4.4)Inconformidad social adquiere la forma de brotes esporádicos y localizados de violencia popular Apéndice “D”: El año 1977 en cuadros y estadísticas utilizados -inversión pública federal autorizada y realizada, 1971-1978 -inversión pública federal realizada en 1977, según objeto del gasto -inversión pública federal realizada en 1977 -saldo de deuda externa del sector público (1970-1978) -endeudamiento neto externo del sector público (1970-1978) -medio circulante (variaciones respecto al mes anterior) 1976. 1977. 1978 -cuenta de mercancías (trimestres de 1976 y 1977) -valor bruto de la producción y valor agregado del sector manufacturero (1970-1978) -reservas probadas de hidrocarburos (1970-1978) -relación reservas a producción de petróleo y gas natural (1971-1978) -exportaciones de petróleo (1974-1978) -balanza de mercancías (1975-1978, por trimestres) -composición de las exportaciones (1977 y 1978) -composición de las importaciones (1977 y 1978) -tratados bilaterales (1971-1978) -transporte marítimo (1970-1978) -población con ascenso a los servicios de salud (1977) -usuarias activas en el programa de planificación familiar (1977-1978) -cobertura del sistema educativo en 1976 y 1977 (población de 6 a 24 años) -superficies beneficiadas con obras de riego (1966-1977)

-producción nacional de granos básicos (1966-1977) -producción nacional de oleaginosas (1966-1977) -producción nacional de forrajes (1966-1977) -producción de carne en canal (1972-1978) -producción total de carne de aves (pollo) y huevo (1972-1978) -producción total de leche (1972-1978) -población ocupada y desocupada, por regiones (primer trimestre de 1978) -trabajadores no documentados detenidos en los EU (1977 y 1978) -variación del índice nacional de precios al consumidor (1974-1978) -conflictos laborales atendidos por Junta Federal de Conc. Y Arb. (1968-1978) -programa de inversiones públicas para el desarrollo rural (1977 y 1978) -superficie repartida según resoluciones presidenciales firmadas y ejecutadas (19151978) -contribución del sector agropecuario y forestal a la economía nacional (’67-77) -inversión pública federal total realizada en obras de fomento agropecuario y forestal (1967-1977)

Capítulo I: Antecedentes, diseño y límites de la investigación 1) Antecedentes del estudio Durante los últimos 3.5 años, he realizado investigaciones que han permitido la presentación –entre otros resultados- de la tesis de licenciatura en sociología (las obras de irrigación y el desarrollo capitalista en la Huasteca) y la tesis de maestría en estudios latinoamericanos (la estrategia estatal de irrigación: México, 1970-1976). La tesis de licenciatura consta de dos partes: en la primera de ellas se trata de demostrar que las obras de irrigación, que se construyen a partir de 1970 en la planicie costera del bajo río Pánuco, se localizan justamente en los lugares que ya ostentan el mayor grado comparativo de desarrollo capitalista, por lo que es de esperarse un fortalecimiento del proceso de desarrollo desigual intra regional, apuntalado por la futura operación de los distritos y unidades de riego; en la segunda parte, se realiza un esbozo de los determinantes, situados en diversas unidades de análisis, de que ello sucede así. La problemática en torno a la cual gira la tesis de maestría fue formulada, en última instancia, con base en los resultados emanados de la investigación realizada para el examen profesional de licenciatura. ¿Cómo encaja el hecho de que las obras de irrigación se construyen específicamente en los lugares de mayor desarrollo capitalista de la Huasteca, fortaleciendo con ello el proceso de distanciamiento entre polos desarrollados y no desarrollados, dentro de la estrategia de irrigación que el Estado maneja a nivel nacional? ¿En qué consiste esta estrategia de irrigación? ¿Cuáles son sus determinantes y efectos, formales y reales?, Habiendo respondido, con mayor o menor éxito, a estas interrogantes, surgieron otras que a su vez emanan justamente de las respuestas encontradas, y que sirven de base para el estudio cuyos resultados se presentan en este documento. Con el esquema que ha servido de guía para la realización de la tesis doctoral, se intenta continuar al esfuerzo interrogante, aplicado a niveles de creciente complejidad. Este proceso ha partido de la pretensión de comprender acontecimientos y situaciones relativamente particulares, y llega al estudio de hechos cada vez mas generales, donde la conexión entre unos y otros está representado por las respuestas encontradas a un cierto nivel y concerniente a una específica unidad de análisis, que se convierten en nuevas cuestiones que proporcionen el punto de partida para un nuevo estudio. Así, los resultados de la investigación realizada para efectos de tesis de maestría señalaban que los cambios en la estrategia de irrigación que el Estado realiza corresponden a la mas amplia política económica que éste emprende. Los requerimientos de continuidad de estudio, hicieron necesario entonces proceder a la

investigación en torno al esquema global de desarrollo que el estado emprende con respecto al medio rural. Tomando lo anterior en consideración se consideró pertinente –al formular el diseñoque la investigación destinada a fingir como tesis doctoral respondiere por lo menos a las siguientes interrogantes: 1) A nivel general, ¿Cuál es el modelo de desarrollo que esgrima el Estado durante 1977? 2) ¿En qué consiste el esquema que el Estado maneja durante 1977, específicamente orientado al medio rural? 2.1)De manera mas particular, ¿Cuáles son los objetivos perseguidos por el Estado, a través de la aplicación del esquema, en cuanto a lo que debe suceder al interior y al exterior del agro? 3) A nivel general, ¿Qué condiciones determinan al surgimiento de este esquema de desarrollo? 4) ¿Cuáles son los medios –y cómo son utilizados- a disponibilidad del Estado, para implantar su política económica en el sector? 4.1)En la utilización que el Estado hace de estos medios, ¿Cuál es el papel destinado: -a los diferentes componentes del aparato burocrático del estado? -a los elementos constitutivos de la maquinaria corporativa del Estado? -a los componentes de la burguesía? 2) El diseño de la investigación: 2.1)Los objetivos del estudio, y su inmersión en un proceso mayor de investigación. De lo anterior se desprende que el documento que aquí se presenta tiene que ver con las manifestaciones concretas que, en la formación social mexicana, adquiere la instancia política (la presencia del estado mexicano?, en el medio rural, en un momento histórico específico (el año 1977), en un contexto económico determinado (aguda crisis). Fundamentalmente, se intenta detectar la manera conforme a la cual las diversas instancias estatales vinculadas al agro se comportan ante el intento gubernamental de aplicar un esquema de desarrollo del campo, que va a ser progresivamente delimitado, en grados cada vez mayores, durante el año. Lo que se intenta medularmente es: a) Percibir la manera conforme a la cuál los dirigentes de las fracciones y grupos involucrados en las diversas instancias de l estado, pretenden hacer que la agricultura y la ganadería coadyuven en el proceso de salida a la crisis;

b) Percatarse del contenido y de los determinantes de la respuesta que las diferentes fuerzas sociales vinculadas al agro dan a los intentos estatales, de implantar su esquema en el campo; c) Delimitar sí, a raíz de lo sucedido durante 1977, el esquema estatal de desarrollo del agro es ó no globalmente aceptado, implantado, modificado o sustituido en el transcurso del año. Existen dos motivos fundamentales para la elección del año 1977: uno, que parte de una personal concepción de lo que debe ser una tarea impostergable en la ciencia social en el país; otro, que se fundamenta en la percepción de que 1977 emerge como un año particularmente importante en el proceso de caracterización de la sociedad mexicana. Es ya casi una tradición que en general las ciencias sociales en México vayan a la zaga de los acontecimientos; se alejan significativamente del análisis de los hechos del presente, en el momento mismo en que surgen, consecuentemente, existe una generalizada falta de estudio de lo que sucederá –a corto, mediano y largo plazo- en el futuro. La investigación de que aquí se trata tiende precisamente a analizar e interpretar hechos actuales, con miras a efectuar posteriores aproximaciones predictivista y prospectivas. Teniendo esto en consideración profundicemos a continuación en algunos aspectos relacionados con los objetivos del estudio. En el presente estudio se persigue detectar, describir e interpretar las manifestaciones de la presencia del Estado mexicano en el medio rural, durante el primer año del periodo en que se plantea oficialmente que el país saldrá de la crisis estructural en que se debate. La ideología gubernamental establece que ello ocurrirá en el bienio 19771978, mediante el logro de una mayor producción agropecuaria, el incremento en la generación de excedentes petroleros para la exportación, y el paso a la etapa de sustitución de importaciones de bienes de capital. El estudio, aunque se presenta como el material para Tesis Doctoral, no es un fin en sí mismo. Queda inscrito en una investigación global que abarca dos años. El presente documento cubre los resultados del análisis del Estado en el agro mexicano en 1977. Sin embargo, actualmente se recopila la información referente al año 1978, de manera que a partir del prímelo de enero -y, posiblemente antes- estaré en condiciones de iniciar el estudio del mismo objeto, pero ahora para 1978. El plan global de investigación establece que doce meses después, para el primero de enero de 1980, la información estará totalmente recolectada y procesada, y el documento final de la investigación -en lo concerniente al año 78- denotará no menos del 7.5% de avance. Existe alta probabilidad de que estas fechas se cumplan, ya que en la actualidad se tiene toda la información hemerográfica y los avances de investigación han adquirido la forma de documentos que se han sometido a la crítica especializada en tres Congresos nacionales. En todo caso, antes de terminar el primer trimestre de 1980, se tendrán a la manos los resultados finales del estudio del año 78.

Posteriormente me avocaré a realizar el documento que resuma los resultados de los dos años 1977(cuyo estudio es la presente información) y 1978(cuya información actualmente se recopila y procesa). Este último documento global, que se referirá, en conjunto a los dos años proclamados como de salida a la crisis, estará terminado antes del 30 de junio de 1960. Pienso que la investigación global, y la parte de ella que aquí se presenta como Tesis Doctoral, permite la incursión en un campo prácticamente virgen en lo que respecto a las ciencias sociales en el país. El agro mexicano rara vez ha sido estudiado desde la perspectiva del poder, de la autoridad y del Estado. Menos aún se ha emprendido el estudio del Comportamiento de estas variables en un contexto de aguda crisis económica. En este sentido, los resultados podrían representar un modesto aporte al avance de las ciencias sociales en México. El estudio persigue fundamentalmente detectar cómo se manifiesta la presencia del Estado en el agro mexicano durante 1977. Se intenta llegar a caracterizar la manera conforme a la cual la composición, la representación interna de intereses, los apoyos y el ejercicio de las funciones (económicas, políticas e ideológicas) que le competen, le dan durante este año al Estado mexicano una especificidad concreta en el medio rural. 1977: el año en que el Estado se desempeña en un contexto en que sus diferentes instancias se enfrasca en la delimitación e implantación de planes, programas y acciones destinadas a hacer posible el abandono de una situación de aguda crisis económica. Durante 1977, los "sensores" de la fracción hegemónica del aparato burocrático recogen la información necesaria para detectar los grados y legitimidad que tendría la puesta en marcha de su proyecto de solución del problema del campo. La información a disponibilidad de los timoneles gubernamentales hacen aparecer como socialmente aceptables sus proyectos con relación al campo previo algunas modificaciones de forma. De esta manera, va a ser durante el siguiente año -1978cuando se activamente su implantación. Un interés operativo fundamental del estudio, pues, consiste en detectar los objetivos perseguidos, la organización que las principales instancias estatales se dan a sí mismas con el fin de lograr estos objetivos, y los obstáculos -para el efectivo cumplimiento de estos objetivos. 2.2)Hipótesis: a)Durante 1977, el Estado mexicano persigue, en el agro, la total y definitiva proletarización-descampesinización-empresarialización. b)Los dirigentes gubernamentales se dan a la tarea de organizar internamente al aparato burocrático para implantar el proceso de descampesinización. A la vez, plantean la participación de las otras instancias estatales, enmarcadas dentro de los aparatos políticos, económicos e ideológicos de poder.

c)Una vez en marcha, los planes y proyectos gubernamentales se enfrentan a serios obstáculos, ubicados al interior y al exterior del aparato burocrático. En el contexto de crisis, la actuación de las diversas instancias estatales se torna muy clara, ya que sus dirigentes intentan, por todos los medios, superar estos obstáculos. 2.2.1) Explicitación de Hipótesis “a”: A pesar de que frecuentemente se afirma que el Estado no tiene la solución del problema de cómo hacer que el agro salga de la crisis en que se debate, el pensamiento oficial-gubernamental deja claramente establecido que durante el año se adquiere una clara perspectiva al respecto. Lo que la maquinaria gubernamental persigue realmente es el abandono relativo del reparto agrario de tierras, para ser sustituido por una política que fundamentalmente se orienta, por un lado, a la definitiva proletarización del campesinado -pobre y medio y, por el otro, a la conversión de las unidades productivas agropecuarias en auténticas empresas de producción agrícola, ganadera y agro industrial, y la sustitución de los comerciantes-coyotes por el moderno capital agro comercial. Los dirigentes gubernamentales afirman no haber encontrado la "fórmula válida”: la "síntesis” entre minifundio y latifundio. Sin embargo el estudio girará en torno al hecho de que el Gobierno ya tiene, desde su propia perspectiva, delimitada realmente la “fórmula válida": estriba en la total empresarialización y proletarización del agro. Se hace un llamado a la tranquilidad de los empresarios agrícolas y ganaderos. No tienen por qué preocuparse, ya que el régimen de “economía mixta" seguirá rigiendo en el medio rural: el Estado no será productor directo, sino que sólo seguirá planificando las acciones a desarrollar ahí. La visión gubernamental diferencia claramente lo que es un latifundio, de lo que es una unidad productiva con “buena gerencia". Sostiene que se afectarán los latifundios, pero no las "unidades de producción” simplemente, en vez de ser una empresa individual, ahora será una empresa de "muchos”. Si en el campo se emplean los términos de “buena gerencia", se vislumbra una economía próspera del agro. La formación de empresas agropecuarias, agroindustriales y agro comerciales parece ser, pues, una de las dos partes del secreto de la solución gubernamental, de su “síntesis". Pero a la vez que el esquema gubernamental plantea que una parte de la “fórmula válida” estriba realmente en la creación de unidades productivas empresariales, los hechos contienen indicadores de lo Que -conforme a esta concepción- debe ser la otra parte de la síntesis: la total proletarización de los trabajadores rurales. Desde la concepción de los dirigentes del gobierno, lo ideal es que las masas populares del agro tengan tierra y trabajo. Obviamente, esta situación es ideal para el Estado, porque así se evita (al tener anclados a los trabajadores a la tierra) los potenciales peligros políticos que la total proletarización entraña. Sin embargo,

ya no es posible que todos tengan tierra; por lo tanto , cuando menos deben tener trabajo. Los dirigentes gubernamentales deciden correr el riesgo, porque es preferible un peligro incierto, a mediano y largo plazo, que afrontar la posibilidad inmediata de violencia espontánea y política, que implica el no tener, no ocupación, ni tierras. Los jornaleros deben tener ocupación, de acuerdo a la ideología oficial, pues ellos por un lado, son mucho más explotados que los que tienen tierras; por el otro lado, y he ahí lo más importante, representan un peligro político inmediato, pues ni están “organizados" (por el Estado) , ni cuentan con "protección legal y social” (que, de hecho, son formas de control político-social) . El pensamiento oficial revela que, a pesar de que hubo un momento en que el reparto era lo fundamental, el elemento que permitió el desarrollo del país en una etapa anterior, ahora ya no es lo mas importante. Sin embargo se reconoce que se continuará repartiendo tierras, en cantidades dosificadas, para evitar el "veneno “ que el no hacerlo significaría, aunque no como el objetivo fundamental, sino ahora como simple medio. Se sostiene que no es posible abandonar, de golpe y porrazo, el reparto agrario, ya que existen necesidades político-ideológicas que es menester satisfacer. Por lo tanto, el reparto se hará sólo al mínimo indispensable, y sólo afectando lo legalmente repartible. Es a través de la proletarización-descampesinización-empresarialización, que el Estado plantea el acceso a un triple objetivo económico: incrementar la producción de alimentos, aumentar los volúmenes de materias primas agropecuarias de consumo industrial y estimular una mayor producción de bienes agrícolas y ganaderos de exportación. 2.2.2)Fundamentación de hipótesis “b”. Operativamente, para lograr el triple objetivo mencionado, el quehacer oficial durante 1977 aparece como bien estructurado. Para lograr estos objetivos, el Plan de Desarrollo Agropecuario contempla el funcionamiento de más de 100 Distritos de temporal de nueva creación, que se agregarán a los Distritos de riego ya existentes. Estas dos modalidades de “Distritos”, en coordinación con los Comités Estatales, regionales y Locales de Producción, y de acuerdo con los lineamientos emanados del "Gabinete Agropecuario” -en tanto órgano supremo, de alcance nacional, de decisión tecnocrática en la materia- son los responsables de organizar la producción en las áreas que caen bajo su jurisdicción- manejan lo referente a subsidios, créditos, "estímulos" y "desestímulos" a inversionistas nacionales y extranjeros ubicados en otros sectores de la economía, infraestructura, fertilizantes, capacitación, política de precios, formas de mecanización empleadas, estrategias de irrigación, etcétera. La acción de todos estos organismos está orientada, operativamente, hacia la implantación de la llamada solución "productivista” la conversión de los jornaleros sin tierra y campesinos pobres en proletarios permanentes; la transformación del campesinado medio y acomodado (mediante su "asociación” entre sí con el Gobierno, con la gran burguesía agroindustrial y agro comercial ó con la ya existente mediana burguesía empresarial-agropecuaria) en un débil controlado y complementario sector

empresarial; la reducción de la presencia económica y política de la "atrasada” burguesía intermediario-comercial y de la gran burguesía terrateniente-tradicional; el fortalecimiento -a través de todo tipo de estímulos y "garantías"- a la moderna gran burguesía agro comercial y agroindustrial (nacional y extranjera) y a la mediana burguesía rural agropecuaria. 2.2.3) Explicitación de hipótesis “c”: Lo anterior no es, conforme ha sido presentado por algunos prestigiados intelectuales funcionarios públicos y representantes de organizaciones de las luchas populares en el campo, comprometidos con una explicable pero desafortunadamente derrotada posición política una merca opción que se le presenta al Estado mexicano, la solución productivista -ó "síntesis"- si se prefiere utilizar el lenguaje de moda en la burocracia no es ya sólo un posible proyecto, para 1977: es una acción gubernamental en marcha cuyas manifestaciones permiten al observador percibir los avances, los obstáculos, los "estires" y los "aflojes"- Es en este sentido que deben considerarse las expropiaciones de tierra en la Huasteca; la polémica desatada entre la CNC, la CTM y la CIOAC, en torno al problema de la sindicalización de los obreros agrícolas; la creación, por la CNC, del Sindicato Nacional que agremia a los jornaleros(1978); la diferencia de perspectivas entre la asociación General de Agricultores del Estado de Colima y la COPARMEX la polémica en torno a la privatización de las tierras ejidales y respecto a si lo verdaderamente importante es la cuestión referente a la tenencia de la tierra ó lo relacionado con la producción propiamente dicha; el lastimoso reclamo de la Confedeaci6n Patronal de la República Mexicana, en cuanto que no se justifican los "embates agraristas" del Gobierno Federal; el surgimiento del Consejo }racional de Obreros y Campesinos, como referente adicional de organismos estatales de control político; la demora en la aprobación del paquete legislativo formulado por "expertos" en cuestiones agrícolas y agrarias que prevé la modificación de cerca de 20 ordenamientos legales para dar pie al surgimiento de una única Ley General de Producción Rural; las rotaciones y desplazamientos -tanto ya acontecidos como potenciales- al interior de los organismos presentes en el "Gabinete Agropecuario"; el encarcelamiento, mediante la utilización de un procedimiento que se antojaría como de combate selectivo contra la corrupción en las alturas de la burocracia, de funcionarios gubernamentales que han sobrevivido al último desplazamiento sexenal intra gubernamental; el llamado a la inversión extranjera directa en las regiones rurales del norte y noroeste; el embargo a exportaciones mexicanas en la frontera estadounidense; la demora en organizar efectivamente los Distritos de temporal; el establecimiento del Fondo Especial, del Banco de México, para la creación y ampliación de agroindustrias; la difusión de la imagen de que las tierras repartidas en las post trimerías del régimen Echeverrista fueron, en realidad "repartos de miseria"; etcétera. Todos estos hechos indican, tanto que la solución productivista se está implantando en este año, como el que ello se hace a costa de crear fuertes estremecimientos dentro del ámbito del Estado rnexicano . 2.3)Fuentes de Información:

Las fuentes de información a que se ha recurrido para la realización del estudio que aquí se presenta son, básicamente, a)información periodística; b)informantes clave; c)apoyo documental. En lo referente a información periodística se ha "fichado”, día a día hasta cubrir todo el año, por lo menos un periódico de circulación nacional. Tomando como criterio de selección el Volumen de datos incluidos / periódico, se determinó que el diario Excelsior es el que más satisface las necesidades del proceso de recolección de información. La investigación realizada en torno a 1977 no deja de tener serias limitaciones entre otras -debido a que el estudio fue realizado exclusivamente por mí, sin recibir auxilio sustancial de personal de apoyo- resalta el hecho de que las fuentes de información fueron en su basta mayoría, hemerográficas. Es en el estudio del año 1978 en donde se intenta precisamente superar esta deficiencia; de ahí que se haga mención de la necesidad de contar permanentemente con un equipo de investigación para esta etapa posterior. El análisis hemerográfico realizado no incluye a editoriales, puesto que la utilización de la técnica de recopilación de datos se ha pensado básicamente en torno a “noticias". Con objeto de reducir el inevitable sesgo proveniente de la interpretación que de un hecho determinado hace el reportero que lo recoge en la prensa, preferentemente se tomó el entrecomillado del texto de una nota periodística cualquiera. El método no es común y, menos, ortodoxo. Tradicionalmente, la imagen transmitida se estudia a través de los editoriales de los diarios. Véase, el respecto el magnífico trabajo de Fátima Fernández “Apoyo periodístico a la política agraria de López Portillo”, Estudios políticos, No. 15 (prensa.). Aquí, por el contrario, se han omitido los editoriales, recolectando información -con la cual se ha construido una cronología, incluida como apéndice, del funcionamiento de los aparatos de poder en el agro- de las declaraciones y eventos ocurridos que reciben difusión a través de la prensa diaria. Hablar de información significa estar en los terrenos de la interrelación de por lo menos cuatro elementos: el propio contenido de la información; los medios a través de los cuáles ésta es transmitida; el receptor social de ella; los efectos del movimiento de todo el sistema, y la retroalimentación del mismo. Indudablemente, un análisis sobre la información será más rico en la medida en que se acerque al punto en que se abarquen los cuatro elementos fundamentales de la problemática. Sin embargo, sería vano exigir que, de todo intento por conocer mas en torno al tema, resulte un documento final que forzosamente comprenda, con simultaneidad, todos los elementos. Con la información hemerográfica recopilada, se pretende conocer la imagen que transmiten las noticias delos periódicos, sobre el comportamiento estatal en el agro: captarla proyección -acerca de cómo se da la presencia del Gobierno, de las organizaciones de lucha del sector privado y de los organismos de apoyo político estatal, en el campo- que la información noticiosa va a difundir.

Durante el año 1977, los rotativos sólo marginalmente van a incluir notas explícitas en torno al comportamiento de la izquierda militante y revolucionaria. De manera intencional ó no -correspondiendo ó no a una táctica claramente delimitada con anterioridad- el hecho es que los Directores y Gerentes de los principales diarios tienen su foco de atención en el ámbito interno del Estado. Un ejército de reporteros va a ponerse en marcha, excavando en el devenir diario y encontrando hechos "noticiosos”, casi siempre relacionados con las alturas de la burocracia pública, con los cuadros dirigentes de los "organismos cúpula" de los empresarios nacionales y extranjeros, y con los líderes máximos del movimiento obrero, campesino y popular organizado por el Estado . Lo anterior, en sentido estricto, constituye una limitante adicional del presente trabajo de investigación. El grueso de los datos manejados por la prensa no se va a referir explícitamente (aún cuando, para el lector diestro en la práctica de "leer entre líneas", sea posible vislumbrar el trasfondo, trascendente e implícito, de la noticia explícita a los elementos antagónicos e irreductibles de las relaciones entre clases sociales, sino a las contradicciones secundarias y conflicto s funcionales que se dan dentro de cada una da, las fuerzas estatales básicas. Cuando, por su envergadura, un diario dedica una parte de su espacio -generalmente una parte no muy grande- a un acontecimiento cuyos determinantes y efectos están objetivamente ubicados fuera de los márgenes consensualmente establecidos por la conjungaci6n de los diversos elementos intra estatales, en el propio periódico se incluye un abrumador volumen de "sucesos" que mantiene a la opinión pública informada acerca de las reacciones que el evento en cuestión ha despertado en la burguesía, en la maquinaria de control político de los trabajadores, y/ó en el propio gobierno. 1977: el año en que se sientan las bases del contenido de la Reforma política; el año en que se empieza a manejar la modificación del Artículo Sexto Constitucional, para establecer la garantía estatal del Derecho a la Información. En este contexto, la recopilación de información hemerográfica y su procesamiento, adquieren indudable relevancia. Esta es la justificación del hecho de haber utilizado en la investigación primordialmente datos periodísticos. Se acudió a informantes clave, durante el proceso de recopilación de información del presente estudio, sólo marginalmente. Sin embargo, se pretende llegar a construir el conjunto de condiciones que requiere emprender la nada fácil tarea de entrevistar a una muestra de los representantes de las principales fuerzas que aparecen en el escenario del poder y de la autoridad esta tal en el agro mexicano , durante la parte de la investigación global que abarque el año 1978 (CFR, apéndice "c” en torno al directorio de fuerzas sociales) , con objeto de brindarle un sólido enmarcamiento a la información periodística que se recopile. Además de la información emanada directamente de las entrevistas, el contacto con estos dirigentes representará una magnífica oportunidad para tener acceso a documentos primarios que de otra manera resultan difícilmente asequibles.

2.4) Unidades de Análisis y Criterios para su delimitación: 2.4.1)Unidades de Análisis de acuerdo a criterio de clases sociales: -Gran Burguesía Agraria: -Terrateniente-Tradicional -Agro industrial; -Agro comercial; -Mediana burguesía agraria -Burguesía Agro política -Burguesía rural comercial-parasitaria -Campesinado: -Acomodado; -Medio; -Pobre. -Proletariado. 2.4.2)Unidades de Análisis, tomando como criterio el de burguesía (Fracciones y sectores): -Fracciones de la burguesía con intereses íntimamente vinculados al agro; fracciones de la burguesía con intereses fundamentalmente ubicados fuera del sector agropecuario. -Sectores de la burguesía del campo cuya actividad se orienta básicamente al mercado interno; sectores de la burguesía del agro cuya actividad se orienta básicamente al mercado externo. 2.4.3)Unidades de Análisis, tomando como criterio el de composición del campesinado: -Solicitantes de tierras; no solicitantes de tierras. -demandantes de empleo permanente; no demandantes de empleo permanente; -migrantes; no migrantes 2.4.4)Unidades de análisis, tomando como criterio el de composición del proletariado agrícola -permanente; -estacionario; -solicitante de tierras; -no solicitante de tierras. 2.4.5)Unidades de análisis, tomando como criterios poder, autoridad y política -Fracción López portillista, hegemónica, intra burocrática. -Fracciones no íntegramente López portillistas al interior del aparato de gobierno. -Dependencias íntimamente vinculadas al agro, componentes del “gabinete agropecuario” -Dependencias con alta rotación en sus alturas; dependencias con escasa rotación en sus alturas. -Dependencias con relativa suficiencia presupuestaria; Dependencias con clara insuficiencia presupuestaria. -Dependencias capaces de implantar los planes y proyectos delimitados; Dependencias incapaces de hacerlo.

-Dependencias con alto grado de "Feudalismo Administrativo"; Dependencias con adecuados canales internos y externos de coordinación. -Grupos intra burocráticos formados por lealtades personales, interés de acelerada movilidad vertical ó por vínculos con grupos ubicados al exterior del Gobierno. -Referentes gubernamentales encargados del arbitraje de la lucha de clases en el agro -Dependencias encargadas del ejercicio de la fuerza físico-militar. -Organizaciones de lucha de la burguesía que presionan eficazmente al aparato burocrático; organizaciones que lo hacen ineficazmente. -Fracción hegemónica al interior del "sector" campesino; fracciones no hegemónicas al interior del “sector". -Líderes regionales y locales de la maquinaria corporativa del Estado, que se “saltan las trancas” -Organizaciones que caen fuera del ámbito de control total por parte del Estado, que actúan en el agro, tanto de izquierda como de derecha. -Organizaciones de izquierda que plantean alianza con dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado que actúa en el agro; organizaciones de izquierda que plantean relaciones de negociación política con dirigentes de la maquinaria corporativa, pero no alianza con ellos; organizaciones de izquierda que plantean lucha abierta -ni negociacón ni alianza- con la maquinaria corporativa del Estado. 2.4.6)Unidades de análisis, tomando como criterio el de "unidad de producción”: -Unidades de producción empresariales; unidades de producción no empresariales; -Unidades productoras fundamentalmente de alimentos básicos; -Unidades productoras fundamentalmente de materias primas para el consumo industrial. -Unidades productoras fundamentalmente de materias que serán exportadas -Unidades productivas que utilizan intensivamente capital. -Unidades productivas que utilizan intensivamente fuerza de trabajo. -Unidades productivas cuyos dirigentes aceptan lo fundamental de los lineamientos gubernamentales; unidades productivas cuyos dirigentes no lo hacen. 2.4.7)Unidades de análisis, tomando como criterio el tipo y tenencia formal de tierra: -Tierras de temporal -Tierras de riego -Tierras ejidales. -Tierras comunales. -Tierras de pequeña propiedad. 2.4.8)Unidades de análisis, tomando como criterio la “zonificación” de la Reforma Agraria: -Zonas de Reforma .agraria Crítica; -Zonas sin situaciones explosivas de lucha de clases. 2.4.9) Unidades de Análisis tomando como criterio el geográfico-económicoadministrativo: -Marco internacional mundial; -Marco internacional-países metrópolis {especialmente EU);

-Sociedad mexicana. 2.5)Variables: 2.5.1)Variables dependientes: Las variables dependientes son: empresarialización, proletarización, descampesinización. Las variables independientes son actuación real del gobierno, de la maquinaria corporativa y de las organizaciones directas de lucha de la burguesía. Por empresarialización se entiende: i) la conversión del campesinado medio y acomodado en un débil, controlado y complementario sector empresarial; ii)debilitamiento de la presencia económica de la burguesía latifundista-tradicional y de los intermediarios atrasados; iii) el fortalecimiento de la gran burguesía agroindustrial y agro comercial, y de los empresarios agropecuarios (mediana burguesía agraria). Por proletarización se entiende: i) la conversión del campesinado pobre en un proletariado abierto ó disfrazado; ii)el otorgamiento de empleo Permanente, como asalariados, a los millones de jornaleros que actualmente sólo tienen empleos temporales. Por descampesinización se entiende: i) la sustitución del reparto agrario de tierras, como principal mecanismo generador de ocupación, por la generalización de fuentes de empleo asalariado; ii)la transformación de los solicitantes de tierras en asalariados permanentes; iii)el reparto agrario de tierras, en cantidades dosificadas (depuraciones censales, aplicación de Ley de Tierras Ociosas, Nuevos Centros de Población Ejidal en el trópico y sub trópico, etcétera) y en términos selectivos (como último recurso, en situaciones explosivas de lucha de clases). 2.5.2) Variables Independientes: Las variables independientes son: i)actuación de los aparatos económicos, políticos e ideológicos de poder en el agro mexicano; ii)proyectos y actuación del aparato de gobierno, de la maquinaria corporativa del Estado y de las organizaciones de lucha de la burguesía. -Por actuación de los aparatos económicos de poder se entiende la política de precios de garantía, de crédito, de apoyo en materia de mecanización, de irrigación, de tierras de temporal, de extensionismo, de seguros, de alianza para la producción, de reforma administrativa y de reforma fiscal. -Por actuación de los aparatos propiamente políticos de poder se entiende: la actuación del PRI, como unidad; la actuación de los diferentes cuerpos policiaco-militares y paramilitares; la actuación del "sector" campesino del PRI; la acción de los diferentes organismos e instituciones estatales utilizadas directamente en la "mediación" "arbitraje" de la lucha entre clases sociales en el agro; la Reforma política y la reforma Interna".

-Por actuación de los aparatos ideológicos de poder se entiende: la acción de los medios de comunicación masiva en el medio rural; los programas de difusión y promoción social emprendidos por el ejército de "comunicadores rurales" al servicio de las diferentes instancias estatales; los programas de seguridad social emprendidos por el IMSS, ISSSTE, SSA, etcétera; la acción orientada a "adecuar" el Derecho a través de un intensivo proceso de modificaciones legales. -Por actuación del Gobierno, del aparato burocrático ó de la burocracia pública, se entiende la actuación del Poder Ejecutivo Federal ( SARH, SRA, SECOM, SEP, SEGOB, SEPARFIN, SRE, SDN, SHCP , SAHOP, SSA, SPP, SETRAB, SECRETUR, DDF, etcétera) y de los poderes ejecutivos locales (gobiernos de las entidades federativas y de los municipios); la actuación del poder legislativo federal : (Congreso de la Unión, cámara de :Diputados, Cámara de Senadores) y los poderes legislativos locales (Congresos Estatales); poder judicial federal y local. -Por actuación de la maquinaria corporativa, se entiende la acción del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; la acción de la camarilla dirigente de la parte mas importante del PRI ( CTM-FSTSE) ; la acción de las secretarías Generales del Sindicato Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo (CTM) , de la Confederación Nacional Campesina, del Consejo Agratista Mexicano, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, de la Central Campesina Independiente y del Consejo Nacional Obrero-Campesino de México; la acción de los líderes estatales, regionales y locales de cada uno de estos organismos. -Por actuación de las organizaciones directas de lucha de la burguesía se entiende: la acción de los organismos cúpula de la iniciativa privada; la acción de los referentes estatales, regionales y locales de estos organismos “cúpula"; la acción de los organismos de lucha del capital financiero; la actuación de los organismos de lucha de la burguesía que tiene intereses fundamentales, ubicados ó vinculados con, el mediorural. 2.6) El proceso de Análisis de la información: La información proveniente de periódicos, entrevistas e informantes clave y de fuentes primarias y secundarias escritas -todo ello referente al agro y específicamente, al poder ahí ejercido- fue registrada en tarjetas. El proceso de recopilación de información se hizo en función de las unidades de análisis enunciadas más arriba. Recuérdese que estas unidades de análisis están determinadas por criterios: políticos; de clases sociales; geográfico-económicoadministrativos; de tipo tenencia formal de tierras; de “zonificación” de la Reforma agraria; y, de tipo de “unidad de producción". Por esta razón con objeto de observar el comportamiento de las variables dependientes e independientes mencionadas anteriormente; se confeccionó un fichero. Este fichero contiene información referente a la acción (económica, política e ideológica) del Estado

(burguesía, maquinaria corporativa y Gobierno), en torno a la implantación del proyecto (empresarialización-proletarización-descampesinización) que formalmente posibilitaría que el medio rural coadyuvase efectivamente al proceso global de salida a la crisis. Ello significa que una ficha determinada que contiene información respecto a la unidad de análisis de que se trata, se ha colocado -tan pronto como ha sido elaborada- en uno de los tres casilleros (acción económica, acción ideológica ó acción política del Estado en el campo mexicano durante 1977); una de tres secciones al interior de cada uno de estos casilleros (organizaciones de lucha de la burguesía, maquinaria corporativa del Estado ó aparato burocrático del Estado) y en una de tres sub secciones (empresarialización, proletarización, ó descampesinización). 2.7)Facilidades de la Investigación: La investigación cuyos resultados aquí se presentan, fue realizada bajo los auspicios de la: Facultad de ciencias Políticas y Sociales, en el Centro de estudios Políticos. : Ello permitió un permanente proceso de crítica al recopilar, ordenar, analizar e interpretar la información, así como en los avances y documentos finales presentados. Por otra parte, se contó con la inestimable ayuda del Centro en el mecanografiado de una parte del trabajo, así como en la labor ce revisión de estilo. El estudio -su avance y sus resultados finales- permitió coadyuvar al proceso de vincular la investigación con la docencia. Sus resultados fueron expuestos en las siguientes asignaturas del nivel licenciatura de la FCPS: “Taller de Investigación Sociológica (opción de sociología rural)", I y II; Estado Nacional y Lucha de Clases en el Campo Mexicano”; "Formación Social de México III". Los resultados parciales de la investigación, dado que el tema es coyuntural, fueron publicados de la manera siguiente: -"La ‘Descampesinización’: meta estatal en el agro (1977)”, Estudios Políticos No. 10, abril-junio de 1977, 34 páginas. -"¿Hacia el abandono de las practicas populistas en el agro mexicano?", Estudio Políticos, No. 10, 4 páginas . -“Obstáculos Sociales para la Efectiva Dirección Gubernamental en el proceso de salida a la Crisis: México, 1977", Publicado en dos partes: en el No. 11 (26 páginas) y en el no. 12(16 páginas) de Estudios políticos. - “La Descampesinización: Meta Estatal y posibles implicaciones reales", Estudios Políticos No. II, 5 páginas. -"1977, año de la reconstrucción: Reforma política y Alianza para la Producción en el agro mexicano". Publicado en el No. 13-14 de Estudios Políticos y en el No. 4, año XI, de la Revista del México Agrario (64 páginas).

-"La maquinaria corporativa del Estado en el agro mexicano durante 1977”, Estudios Políticos, No. 15, en prensa. -Además los resultados parciales fueron sometidos a la crítica de tres congresos nacionales de especialistas: -"Gobierno, Confianza y Empresarios Rurales: 19771”, presentada en el primer Congreso Nacional sobre Problemas Agrarios, en Chilpancingo, Guerrero, en marzo de 1979. -“Estado y Agro: un proyecto en marcha", ponencia aceptada para ser presentada en el Encuentro Nacional de Sociología: Rural y Disciplinas afines, celebrado en Oaxtepec, Morelos, en mayo de 1979: (18 pags.) -"Empresarios Rurales durante 1977: su visión del aparato de gobierno y presiones consecuentes". Ponencia aceptada para su presentación en el Congreso sobre desarrollo rural, a celebrarse en la Universidad Autónoma de Chapingo en Junio de 1979 (88 pags.). 3) Los límites del Estudio. Como se ha visto en el apartado anterior, no se ha pretendido, en la presente investigación, abordar medularmente, ni la descripción e interpretación de la crisis en general, ni la de la crisis agrícola en particular. El interés tampoco se ha centrado en la caracterización –per se- del medio rural, de la agricultura, de la ganadería, ó del sub sector agro industrial y agro comercial. De igual manera, los esfuerzos investigativos fundamentales no se han dirigido hacia la obtención de explicaciones en torno a aspectos tales como, el de los mecanismos de formación de los precios agrícolas. Tampoco el objetivo básico del estudio ha consistido en la ubicación de los anteriores aspectos, considerados dentro de un período de tiempo definido, en el proceso de desarrollo del capitalismo en México ó de la agricultura del país. En este trabajo se ha echado mano de información relacionada con los puntos anteriores. Sin embargo, ello ha ocurrido únicamente en la medida en que su utilización resulte adecuada para un mayor acercamiento al objeto central de estudio: el poder estatal. La caracterización de los mecanismos de formación de precios agrícolas y de la agricultura en general ha sido sólo marginalmente tratada en la investigación. Se aborda su tema sólo en la medida en que sus componentes particulares resulten de utilidad para saber qué pasa con el Estado en el campo. El abordar estos temas enriquecerá, indudablemente, el acervo de conocimiento que actualmente se tiene sobre el agro, pero no existe razón fundamentada para exigir que todo trabajo de investigación, por el sólo hecho de estar conectado con el tema del medio rural, forzosamente incluya su tratamiento con igual profundidad –y menos, aún mayor- que el objeto central de estudio.

Toda investigación tiene limitaciones. Unas, emanadas de consideraciones académicas; otras, desprendidas de las posiciones políticas del autor; las más, vinculadas estrechamente con los recursos de que el investigador dispone. El problema no estriba tanto en la existencia misma de las limitaciones. Lo que es verdaderamente inaceptable es que, por una difusa delimitación del tema, estas carencias u omisiones no sean conocidas. El presente estudio, como cualquier otro, intenta abarcar un área específica de la realidad social. Nos hemos resistido a la tentación de actuar conforme a la utopía de querer abarcar todo en una sola investigación. El tema central del trabajo se ha definido desde un principio. Se trata del análisis del poder empleado por el Estado para implantar su esquema de desarrollo del medio rural mexicano, durante el año 1977, en un contexto de crisis. Particularmente , se intenta escudriñar en el funcionamiento y en la eficiencia de los diferentes mecanismos –económicos, políticos e ideológicos- de control social, empleados por las principales instancias estatales en el ámbito rural del país, en este período de tiempo. Sin embargo, es importante brindar una idea general de algunas de las cuestiones mencionadas anteriormente,, aunque no constituyen directamente parte central del estudio, sirven para darle un mas adecuado enmarcamiento a la investigación.

Primera parte: El contexto de crisis y el contenido global del esquema estatal de desarrollo del campo mexicano.

El esquema conforme al cual el Estado mexicano perfile su acción de desarrollo del medio rural durante 1977, constituye la respuesta que la flamante administración López Portillista da a la situación aguda crisis que encuentre a su llegada. Por esta razón, en el capítulo II se analiza la situación del país, a finales de 1976. Se pasa revista a los problemas generales del Estado mexicano, y se analiza la problemática del mismo, específicamente referida al agro. Una vez delimitada, en sus grandes líneas, esta situación, en el capítulo III se intenta definir el contenido básico de los programas gubernamentales tendientes a lograr que el campo se convierte e coadyuvante el proceso global de salida a la crisis. Se pretende demostrar que el Estado –y la burocracia central, en particular- busca durante 1977 sentar las bases de la apertura total al desarrollo capitalista. Se busca detectar las medidas económicos y político-ideológicas de que el Estado echa mano, para posibilitar el trinomio descampesinización-proletarización-empresarialización. El capítulo III concluye con la formulación de la interrogante de si, durante el año, las organizaciones directas de lucha de la burguesía, la maquinaria corporativa y el aparato burocrático, efectivamente cumplen con las funciones estructurales y superestructurales requeridas para que tenga real cumplimiento el esquema gubernamental. Precisamente a esta interrogante se responderá en las partes dos, tres y cuatro de este documento.

Capítulo II: La situación, a fines de 1976 Para fines de 1976, era tal la profundización alcanzada por la crisis económica, que permitía poner al descubierto los resultados del exacerbamiento de las luchas y conflictos intra estatales, así como de las contradicciones entre las clases sociales. Por ello, durante 1977, cuantitativa y cualitativamente, el Estado mexicano se enfrenta a un conjunto problemático de gama y matices nunca antes vistos. Por ello, es importante percibir la situación que encuentran los dirigentes gubernamentales a su llegada, a finales de 1976. 1) Los problemas generales del Estado Mexicano. Cuando ocurre, a fines de 1976, el desplazamiento sexenal del poder formal, la flamante administración se encuentra ante un panorama poco alentador. De ahí que formalmente programe tres etapas a ser realizadas durante su gestión: los primeros dos años estarían destinados a “salvar al bote que hacía agua”; le seguiría un período bianual de afianzamiento (de “preservación de los logros obtenidos durante la etapa anterior”); y los dos últimos años corresponderían a una etapa de crecimiento económico acelerado. Mirando a través del lente utilizado por los dirigentes estatales para visualizar a la sociedad mexicana, es comprensible el por qué la situación no se consideraba optimista. En términos generales, para 1976 la coyuntura era; muy fuerte crisis económica internacional; puntos cercanos al clímax de la crisis estructural interna; altos grados de ineficiencia de los tradicionales mecanismos de control político y manipulación ideológica; grave disfuncionalidad del aparato gubernamental, como administrador de los intereses globales de la burguesía marcada por deficiencias en su organización interna y por insuficiencia de recursos para afrontar la problemática. Y, desde esta perspectiva, también es explicable la “receta” que propone el Estado –en su conjunto- para lograr la “reconstrucción”; alianza para la producción, reforma política, reforma administrativa y reforma fiscal. En buena medida, el hecho de haber determinado el Estado una primera etapa para la “reconstrucción”, está determinado por el intento de establecer un período de dilación, en el transcurso del cual sería posible el mejoramiento de las condiciones del capitalismo mundial. De hecho, ya desde principio de los ’70 era claro que estaban dadas las condiciones para el advenimiento de una seria crisis del sistema económico mundial-capitalista, cuyos signos mas claros consistían en el debilitamiento del ritmo de crecimiento de la producción capitalista internacional en la pérdida de competitividad de los Estados Unidos frente a Japón y Europa, en el deterioro progresivo del sistema monetario internacional y en el establecimiento de barreras proteccionistas –de creciente rigidización- en los países metrópoli del sistema.

Para el momento en que López Portillo se convierte el presidente, la problemática que para el país significaba la crisis mundial había sido ya incorporada en los planes gubernamentales. En el “Plan Básico de Gobierno, 1976-1982”, por ejemplo, se afirma lo siguiente: “No podemos aludir el mundo internacional en crisis a que el régimen se enfrenta. En plena creación de un nuevo modelo de desarrollo, para superar la disparidad entre desarrollo económico y desarrollo social, tuvimos que enfrentarnos a un agudo período de inflación, acompañado de estancamiento y desempleo... De 1970 a 1975, México encara precios cada vez mayores en sus importaciones habituales, y casi, al mismo tiempo, la disminución en la demanda de sus exportaciones... En una situación de origen internacional extraordinariamente difícil, se ha podido avanzar en un proyecto nacional de desarrollo que da preferencia a la justicia social...” (páginas II y III). Pero, a partir de mediados de los años ’60 a la crisis mundial del capitalismo se le aúna la progresiva crisis interna de la economía del país. Para 1976, la situación había llegado a extremos peligrosos. Estaba ya prácticamente culminado el proceso de concentración que permitía al capital transnacional-monopolista ubicarse en los sectores más dinámicos: servicios turísticos, agricultura capitalista, industria, comercio “moderno”. Consecuentemente, la extracción de divisas era de enormes magnitudes. Factor interviniente en la devaluación –y a la vez efecto de ella- en el transcurso del último año se habían “fugado” miles de millones de pesos. La crisis mundial había traído como consecuencia la erección de fuertes barreras proteccionistas en los países industrializados. El gobierno norteamericano no fue la excepción. Para fines de 1976, era un hecho que la famosa relación especial de México con respecto al mercado norteamericano era ya cosa del pasado. El extremo déficit de la balanza comercial –en buena medida consecuencia de lo anterior- aunado a la escasa competitividad de los sectores productivos del país, había dado al traste con los programas de fomento de las exportaciones emprendidas por la administración Echeverrista. El manejo de la deuda pública efectuado por el régimen de Luis Echeverría, funcional en sus inicios, había terminado por ser un remedio, que excedía en malestar a la propia enfermedad. Específicamente la deuda pública externa, utilizando extensiva e intensivamente –junto con un extremo crecimiento del circulante- como generadora de recursos destinados a surtir un gasto público progresivamente deficitario que se dirigía a aliviar los efectos de una cada vez menos creciente tasa de inversión privada, ya había hecho explosión. La comunidad financiera internacional se mostraba entonces recelosa con respecto al otorgamiento de préstamos públicos: había impuesto sus condiciones determinando, entre otras muchas cosas, la flotación del peso mexicano a partir del último cuatrimestre del año ’76.

El nivel de las inversiones del capital privado era muy bajo. La atonía (recesión) de principios del régimen de Echeverría se había convertido, para 1976, en estanflación: estancamiento con inflación, ambos muy fuertes. La composición altamente diferenciada de la industria (un gran número de empresas de nivel artesanal y competitivo, y un muy reducido sector monopólico), en un contexto de progresiva reducción del mercado interno, marcaba el total agotamiento de la época fácil de sustitución de importaciones. La toma de posesión de José López Portillo como presidente de la república coincide con síntomas del práctico estrangulamiento del mercado interno. No habían sido muy eficaces las medidas contra restantes tomadas por la administración anterior. En este sentido, había escasos resultados de la política expansionista del gasto público. Las medidas compensatorias –de emergencia- de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados apenas si constituían un paliativo. Estos dos factores, aunados al insuficiente nivel alcanzado por el proceso de monetarización en el agro – determinado por la existencia de una gran masa de campesinos que dependían parcial o totalmente del auto consumo marcaban los reducidos límites de crecimiento del mercado. Además, López Portillo se convertía en el dirigente de un gobierno sin dinero. Los recursos gubernamentales estaban por los suelos. El proceso inflacionario había altamente indeseable el financiamiento del gasto público vía emisión de circulante. Las empresas estatales y paraestatales constituían un enorme dren: actuaban con números rojos de enormes magnitudes. Se podía hablar del fracaso de la reforma fiscal emprendida por los funcionarios del gobierno pasado, en lo que respecta a lograr aumentar significativamente los impuestos provenientes del capital. El proceso de deterioro de sus condiciones de vida, hacia imposible recurrir al mayor gravamen fiscal de la fuerza de trabajo. Proporciones nunca antes vistas eran alcanzadas por el desempleo y subempleo rural y urbano: el déficit de fuentes de empleo había crecido año con año, en el transcurso del sexenio de LEA. La industria había aumentado relativamente su casi perenne incapacidad para absorber el crecimiento absoluto y relativo de la fuerza de trabajo. Por otra parte, era claro que la agricultura y la ganadería tenían más problemas para utilizar claro que la agricultura y la ganadería tenían más problemas para utilizar productivamente a la fuerza de trabajo del sector; el proceso de reducción numérica del sector campesino de la economía del campo estaba ya muy avanzado, en tanto que el paso a la proletarización total no acertaba a darse en toda su amplitud. Las medidas, tomadas directamente por el gobierno anterior, para mitigar el desempleo rural y urbano, estaban limitadas por su escasez real de recursos. Por esta razón, los caminos de mano de obra no se pudieron generalizar lo suficiente en el agro; la utilización temporal de fuerza de trabajo en la construcción de obras gubernamentales en las ciudades, apenas si constituían una gota en el mar. Y para colmo, en el nivel de desempleo del país se percibía la posible incidencia directa de la recesión norteamericana. Apenas cuatro meses antes de la toma de posesión presidencial de

JLP, el departamento de Inmigración y Naturalización estadounidense, había afirmado que contaba con los recursos suficientes para deportar a 8 millones de ilegales de los cuales 6.4 millones eran mexicanos. Los anteriores factores condicionarían el que, para fines del año ’76, la polarización de la estructura de clases era casi total, lo que se manifestaba en una disminución relativa de la importancia numérica de la pequeña burguesía y en un aumento del proletariado, subproletariado, lumpenproletariado y semiproletariado (rural y urbano). Emprendamos ahora el intento de resumir la problemática general, encarada por el Estado, a nivel político. En el plano internacional, ya habían fracasado buena parte de los intentos de los gobiernos de algunos países latinoamericanos por aprovechar el debilitamiento –que se dejaba sentir a principios de la década- del control político ejercido por los organismos de vigilancia norteamericanos para tomar una posición relativamente mas independiente con respecto al imperialismo. Los sindicatos multinacionales, en la lucha contra el capital imperialista, ya habían pasado a ser controlados por las transnacionales. El gran auge de los ’60 y principios de los ’70 en materia de lucha de liberación nacional había disminuido. Incluso organismos político-económicos como la OPEP habían ya perdido la tibia combatividad que caracterizó su surgimiento. El resurgimiento de un fuerte control político de las metrópolis internacionales sobre los países periféricos, se sentía en México. Setenta y seis miembros del congreso norteamericano demandaban al presidente Ford, a mediados de agosto de 1976, que se ejerciere una mas estrecha vigilancia sobre la situación política mexicana, la cual – según su particular percepción de las cosas- daba grandes pasos hacia el comunismo. Sin embargo, para el 1° de diciembre, el Estado mexicano tenía, aparte de las presiones internacionales –principalmente norteamericanas- nada despreciables problemas políticos internos. Buena parte de ellos se desprenden de la reducción de su base social de apoyo efectivo, tanto en el campo como en las ciudades. En su último informe presidencial, el Lic. Echeverría hablaba ya de reforma política; es bien conocido el mecanismo, puesto en práctica durante su administración, denominado apertura democrática. También parece ser poco incierto lo que sucedió con la apertura: fue principalmente dirigida a – y utilizada por- sectores de la pequeña burguesía. La apertura democrática no parece haber sentado sus reales en números significativos de organizaciones miembros del movimiento obrero “organizado “, en el sector “campesino” del PRI y en sindicatos y partidos relativamente independientes del Estado. En este sentido JLP, se encuentra ante un muy avanzado proceso de deterioro de la política estatal de conciliación de los factores de la producción, y de arbitraje de las luchas y conflictos Inter. e intra clases sociales. Aun cuando es posible afirmar que, en términos generales, el control sobre los sectores y capas medias de la población resultó favorecido por la apertura democrática, no sucedía lo mismo con los obreros y trabajadores, incluso con los que formalmente

militaban en organizaciones miembros del Estado. Los dirigentes nacionales del movimiento obrero y campesino organizado ya no controlaban fácilmente las demandas y las luchas de sus propias organizaciones. En todo caso, era claro que las agrupaciones del PRI ya no recibían afiliaciones significativas; por el contrario, la deserción masiva era común. Se había llegado al punto en que la falta de autocrítica y de democracia sindical, aunada a una creciente actuación disfuncional de la burocracia sindical, determinaban que incluso la CTM –desde muchos puntos de vista, una de las partes más importantes del PRI- no realizara adecuadamente sus funciones de control político. Para el nuevo régimen López Portillista, resultaba claro que la debilidad del Partido Revolucionario alcanzaba límites incómodos. Incluso en las elecciones –eventos en los que otro habíase mostrado eficaz- el PRI se mostraba lánguido. Los intentos estatales por revivir el proceso electoral (reducción de edades para diputados ó senadores, incremento del número máximo de diputados de partido, disminución del número de miembros autorizados para registrar un partido, otorgamiento del acceso a los medios de comunicación masiva para fines electorales) no habían sido tan eficientes como originalmente se pensó. Incluso en las votaciones de 1976, que legitimaron el acceso de JLP a la presidencia de la República, el PRI estuvo muy lejos de alcanzar los niveles de votos de 1964, con todo y que la principal oposición oficial –el PAN- estaba en abierta crisis interna y ni siquiera había presentado candidato a las elecciones presidenciales. Además, en el transcurso del sexenio de Echeverría se había manifestado la presencia de un movimiento sindical y partidario relativamente independiente del Estado, cuya fortaleza política podría acrecentarse en el fértil terreno de las consecuencias sociales de la crisis. Grupos y organizaciones que se mostraban cada vez menos incorporados al juego político delineado por el Estado, habían desatado un proceso de insurgencia en términos que dificultaban la negociación. En efecto, el problema encarado por la nueva administración estribaba fundamentalmente en que, con estas organizaciones desincorporadas, no existían mecanismos de mediación política. Los conflictos Estadoorganizaciones políticas independientes tenían que resolverse frecuentemente, en primera instancia, vía el uso de la represión. Unos meses antes de que JLP pronunciara su discurso de toma de posesión, el movimiento de huelga del SUTERM había sido roto mediante la acción física gubernamental. Por otra parte, la simiente de la violencia política –tanto espontánea como organizadatenía fuertes brotes. Diversos movimientos guerrilleros habían surgido y desarrollado en las ciudades y en el campo, desde mediados de la década de los sesenta. Aunque por lo pronto controlada y localizada, a los dirigentes a los dirigentes de la nueva administración les resultaba clara la posibilidad de la generalización de la violencia popular. En parte ocasionadas –al menos formalmente- por estos movimientos de violencia, habían surgido diferentes tácticas desestabilizadoras provenientes de fracciones de la burguesía cuyos intereses habían sido dañados, de alguna manera, por las acciones gubernamentales de fines del sexenio.

En el seno de la burguesía, la correlación de fuerzas había colocado a la gran burguesía transnacional-monopolista en una posición de indiscutible hegemonía. El gobierno de Echeverría había perdido prácticamente toda posibilidad de mantener su autonomía relativa en cuanto al manejo de la política económica; únicamente le restaban algunos visos de independencia en materia de manejo político-ideológico. Cuando JLP llega a la presidencia, existían algunos indicadores concretos recientes, que señalaban que incluso este muy pequeño margen de acción relativamente independiente estaba en vías de extinguirse: los sangrientos acontecimientos del 10 de junio de 1971; los aspavientos levantados, a mediados de 1976, contra la ley de asentamientos humanos: la pugna verbal gobierno federal-empresarios de medios de comunicación masiva, abierta desde principios del régimen; las fuertes presiones recibidas con motivo de las afectaciones agrarias de fines de sexenio en Sonora y Sinaloa. De esta manera, el estado –al momento de iniciarse el régimen López Portillista- se encontraba con problemas de presiones políticas internacionales, abatimiento de la función de control de la maquinaria corporativa sobre las masas populares, disminución de su fuerza social de apoyo efectiva, real y potencial aumento de una acción política incontrolada de la izquierda, decremento en el grado de autonomía relativa para el manejo de asuntos estructurales y superestructurales, y fuertes contradicciones secundarias con fracciones y grupos de la burguesía. Pero la problemática política del estado no paraba ahí. A fines del período Echeverrista, parecía tener problemas ubicados en el interior del propio aparato burocrático; seguramente ésta era la visión del nuevo equipo. Efectivamente, la apertura democrática se había planteado con la finalidad –entre otros objetivos- de incorporar a la clase media disidente al carro del gobierno. En este sentido, había demostrado ser muy eficiente. Sin embargo, había despertado simultáneamente un proceso deficiente. Sin embargo, había despertado simultáneamente un proceso de clarificación política del pensamiento social, que alcanzaba niveles nunca antes vistos. Aún cuando de ninguna manera había alcanzado a ser el pensamiento social predominaba, si influencia había llegado, incluso, a los funcionarios públicos. La conjunción de ambos factores, cooptación de sectores medios e izquierdización del pensamiento social, había desbordado los límites planteados originalmente. El resultado: para cuando JLP toma el poder, los propios cuadros administrativos gubernamentales habían sido objeto de un intenso proceso de infiltración de enemigos emboscados de la revolución mexicana. Las bases del aparato burocrático estaban influenciadas por la acción de activistas y simpatizantes de izquierda, convertidos en servidores públicos, que habían logrado colarse por los filtros de la selección de personal, y que veían en el trabajo gubernamental-formal una base segura desde la cual era posible realizar labores políticos altamente efectivas. Además, buena parte de importantes puestos de mando al interior del gobierno, estaban ocupados por prestigiados intelectuales que no eran precisamente reaccionarios. En estas circunstancias a ciertos grupos vinculados a los nuevos directivos gubernamentales –desde un principio comprometidos con el reestablecimiento de la

armonía entre las clases sociales- les era especialmente preocupante al hecho de que la administración predecesora hubiera tomado medidas para garantizar cierta continuidad de personajes, funciones y posiciones. De manera más o menos clara, el régimen Echevirrista había tomado medidas para que sus proyecciones perduraran hasta la administración de JLP: se había elaborado un plan básico de gobierno, 19761982; se contaba con un acuerdo presidencial que otorgaba la base a los trabajadores supernumerarios del servicio gubernamental federal lo que los hacía inamovibles; en el congreso de la unión se atrincheró un importante grupo echeverrista, lo mismo que en los gobiernos de algunas de las entidades mas importantes del país. Pero, de acuerdo a la percepción estatal de la situación a fines de 1976, a los problemas económicos y estrictamente políticos se le aunaban algunos problemas ideológicos. En efecto, la política exterior manejada por el régimen echeverrista había servido como elemento legitimador a los ojos de influyentes grupos de la pequeña burguesía, principalmente intelectuales. A diferencia de ellos, importantes sectores sociales extranjeros –entre ellos fuerzas diversas del Estado norteamericano- se fueron con la finta: vieron en la política exterior echeverrista, y en el manejo de la dimensión política interna emprendido durante su administración, la posibilidad de un vuelco al socialismo. Por este motivo, la política exterior manejada por la administración de Echeverría había permitido que en el interior se ganaran capas medias como fuerza de apoyo gubernamental, pero había perdido legitimidad ante los dirigentes de poderosas organizaciones de lucha de la gran burguesía internacional. En el plano interno, en el contexto de una relativa ampliación de libertades del Echeverrismo, las ciencias sociales habían logrado impresionantes avances. En este proceso, fue de especial significación la llegada de importantes contingentes de exiliados políticos que –al menos en un principio- fueron incorporados a las principales universidades e institutos de educación superior del país. El grado de madurez alcanzado por las ciencias sociales en México –si bien con muy amplias lagunas, aúndeterminaban en buena parte el hecho de que, para fines de 1976, se diera amplia divulgación a un pensamiento social, no oficial, referido al conocimiento que tornaba cada vez mas difícil que la ideología oficial siguiera postulando la existencia de un Estado, independiente de organizaciones de izquierda y de derecha, surgido de la revolución mexicana, que simplemente servía de arbitro entre ellas. Por lo demás, la misma campaña presidencial de López Portillo había dejado claramente establecido que el uso de la demagogia –como principal técnica política- ya no era tan funcional como antes. La dimensión ideológica que preocupaba a los colaboradores del nuevo presidente. Tal y como estaban las cosas, al proceso de desideologización –determinando por las condiciones objetivas y por la acción explícita de organizaciones políticas- no era posible oponerle los elementos tradicionales. Pero el uso de nuevos mecanismos ideológicos, como los representados por la eficiente transmisión de mensajes vía los medios masivos de comunicación, estaba bastante limitado. La secretaría de

gobernación –y otras dependencias gubernamentales- se había mostrado incapaz, durante todo el régimen anterior, de producir los volúmenes requeridos del contenido del mensaje a transmitir por el aparato burocrático. Además, los industriales de la radio y la televisión no se habían mostrado dispuestos a aceptar una creciente influencia gubernamental. A las presiones gubernamentales, se habían presentado contra respuestas, ora de carácter reaccionario (como la negativa de los empresarios de medios de comunicación, a modificar la ley federal de radio y televisión, que amparaba el régimen de concesiones), ora de carácter relativamente progresista (como la presentada por el grupo Scherrrer que generó un conflicto que condujo a su expulsión del periódico Excelsior). 2) La problemática del estado mexicano, específicamente referida al agro. La nueva administración gubernamental de López Portillo llega en momentos en que el sistema capitalista mundial tenía serios problemas. Una cruenta competencia se desataba entre los países metrópolis, con objeto de colocar sus productos en un mercado mundial ya sobresaturado. El capital transnacional monopolista con sede en Norteamérica desataba una fuerte lucha por ganar la carrera con respecto a su homónimo japonés y europeo. Estaba ya muy avanzado el proceso de aplicación de medidas tomadas por el gobierno y los grupos económicos de la principal potencia capitalista mundial (aunque igual hacían los demás), destinada a alcanzar mayor competitividad posible frente a sus rivales. Estas medidas se habían venido centrando en torno al objetivo de elevar la tasa de explotación –obtención de mayor productividadde los trabajadores empleados en el proceso productivo. En principio, el incremento de la productividad de las potencias rivales se podía lograr: bien aumentado el volumen total de bienes producidos, dejando como constante, el valor de la fuerza de trabajo; ó bien, de la fuerza de trabajo. En una situación del mercado mundial, en que el problema era precisamente de saturación, resultaba menos riesgoso –a los ojos de los manejadores de la política económica gubernamental y privada de los EUA- el recurrir a la segunda posibilidad. Este era el camino que, para el momento en que el nuevo período presidencial inicia actividades, seguía Norteamérica: tenían que reducirse los salarios de los trabajadores empleados en sus empresas. Para lograrlo, se había echado mano de diversos mecanismos: a) producir alimentos a bajos precios, mediante la industrialización del sector agrícola y ganadero del propio campo estadounidense; b) el abatimiento de los precios de las materias primas importadas, especialmente productos alimenticios. El primer mecanismo había resultado tan eficaz que ya para 1975, los Estados Unidos se habían convertido en el principal exportador de granos: la industrialización del medio rural norteamericano era tal que, no únicamente se producía lo suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias en la medida necesaria para abatir el nivel general de salarios, sino que incluso se tenían enormes excedentes.

La presencia del segundo mecanismo se manifestaba en una mayor rigidez (mayor selectividad) de lo que se importaba los EU, de acuerdo a su grado de satisfactor de la función general de abatir el valor de la fuerza de trabajo empleada, en el abatimiento de los salarios de los países productores de materias primas (decretada por el FMI), y en una inflación mundial –que partía ya desde 1965- estimulada por una política monetaria claramente dirigida a ese fin. De esta manera, cuando JLP llega el poder formal, se encuentra con un contexto internacional sumamente desfavorable hacia la colocación de productos agrícolas y ganaderos del país (los pocos excedentes que existían). Conforme a lo que parecería consistir en un reacondicionamiento de la división internacional del trabajo –en el que ahora los países altamente industrializados eran, simultáneamente, principales productores agrícolas y ganaderos- el gobierno de estados unidos, tradicionalmente el principal mercado de bienes agropecuarios mexicanos, había alzado fuertes barreras proteccionistas: ahora se producían en el medio rural norteamericano muchos más alimentos y materias primas agrícolas y ganaderas que antes. Pero, aún los bienes agropecuarios que se podían exportar estaban en uno de los puntos mas bajos de la tendencia de decrecimiento que denotaba a partir de 1965, la curva de sus precios internacionales. Sin embargo, los problemas económicos que visualizaban los dirigentes, al encargarse JLP del poder ejecutivo federal, no se referían exclusivamente al plano internacional. Y es que, de la misma manera que existía un fortísimo proceso de crisis general de la economía mexicana, en el contexto de la crisis capitalista mundial, así también existía una crisis agrícola interna en el contexto de una crisis agrícola generalizada en los países pobres. En efecto, no eran desdeñables los aspectos internos de la problemática rural, percibidos por las nuevas alturas de la burocracia. Sus manifestaciones eran múltiples. En primer lugar, estaba la cuestión del decaimiento de la producción y de los precios agrícolas y ganaderos. A partir de 1965, el producto agrícola del país había denotado un crecimiento cada vez menor hasta que por fín, en 1976, se desploma estrepitosamente, después de varios años de tener un crecimiento menor al del crecimiento de la población. Para ese año, la superficie destinada a la producción de alimentos había disminuido con respecto a la cultivada en la década de los sesentas; la marcha campesina para la producción y los programas de colectivización ejidal –para formar empresas autofinanciables- emprendidos durante la administración de LEA, no habían logrado detener la tendencia al decrecimiento de la producción de alimentos. Era de esperar, además, que con las afectaciones de finales de sexenio, durante el siguiente año disminuiría aún más la producción de trigo, principal producto de Sonora. El país, en síntesis había perdido su autosuficiencia alimentaria.

A su vez, los bienes agropecuarios utilizados como materia prima industrial no encontraban precios adecuados, ni en el mercado interno, ni en el externo, ello era consecuencia de la ya descrita política económica mundial seguida en materia de precios de productos agropecuarios. En segundo lugar, el nuevo equipo gubernamental se enfrentaba al problema del desempleo rural. El agro mexicano daba nítidas muestras de no poder absorber a la fuerza de trabajo ubicada en él. La sobrevivencia de una gran masa de campesinos minifundistas pobres, determinaba la existencia de un alto nivel de desempleo y subempleo temporal. El agotamiento física y legal de tierras repartibles había conducido a la situación en que buena parte de los 5 millones de solicitantes de tierra en realidad eran desocupadas permanentes. La gran burguesía agro política y terrateniente –que concentraba el agua, las tierras, el crédito, el capital técnico y la producción para el mercado- no utilizaban intensivamente fuerza de trabajo; por ello, no aliviaban el desempleo del campesinado y de los jornaleros agrícolas. La acción del capital agro industrial y agro comercial transnacional-monopolista en el campo, había producido la ruina de significativas proporciones del campesinado medio y acomodado, así como de la mediana burguesía agraria, de manera que tampoco podían ayudar mucho. En tercer lugar, estaba el problema del mercado en el campo. Sus agudas manifestaciones no podían menos que hacerse notar a los ojos del entonces en formación equipo de López Portillo. El campesinado pauperizado y en proceso de proletarización, que en 1970 representaba alrededor del 40% de la PEA agrícola y ganadera, se encontraba marginado del mercado, enfrascado en una producción de auto subsistencia. Además, el proceso de inadecuada intermediación de los bienes agrícolas y ganaderos alimenticios destinados al mercado interno, estaba fuera de control: la burguesía agraria comercial, atrasada y parasitaria, se quedaba hasta con el 70% del precio al consumidor. No le habían hecho mella las medidas contrarrestantes emprendidas por la administración de Echeverría, que incluían desde mercados sobre ruedas, hasta todo tipo de organizaciones de productores. Como contrapartida, la actividad de la gran burguesía agro comercial, “moderna”, se circunscribía a algunos productos, básicamente de exportación y de consumo industrial. El cuarto problema, encontrado por la nueva presidencia, se refería al propio gobierno. Era claro que el aparato burocrático nunca había tenido los fondos necesarios, ni la organización interna requerida, para afrontar directamente la problemática económica del agro. Estaba demostrado que los solos recursos gubernamentales no bastarían para capitalizar adecuadamente al agro; las sumas requeridas se calculan en cientos de miles de millones de pesos. Los recursos crediticios –oficiales y privados- resultaban del todo insuficientes para las necesidades de inversión. La penuria económica del aparato burocrático determinaba la imposibilidad de construir nuevas grandes obras de infraestructura. Las obras de riego ya en operación resultaban ineficientes, por causas técnicas y estructurales. El 80% de la superficie laborable, constituida por tierras de temporal, estaba prácticamente desatendida por la acción gubernamental. Resultaba difícil de lograr incrementos significativos en los rendimientos de las zonas más desarrolladas, debido a su ya alto nivel de productividad. En los minifundios, la

formación de capital técnico resultaba también difícil de lograr, tanto porque ello significaría la sobrecapitalización de los predios, como porque durante todo el sexenio pasado hubo una generalizada oposición del campesinado hacia la formación de ejidos colectivos. Se antojaba, pues, como indispensable, una mayor participación del capital privado. Por si fuera poco, los escasos recursos gubernamentales destinados al medio rural eran “mal administrados”. Las dependencias vinculadas directamente al campo trabajaban con escasa –ó nula- interrelación racional: no existía “coordinación” entre la SRH, la SAG, la SRA, la SIC, el Banco rural, la Conasupo, etc. La parte del aparato burocrático cuya competencia su circunscribía fundamentalmente al medio rural estaba permeada, de arriba abajo, con problemas de corrupción. Disfrazado bajo múltiples mantos, la corrupción hacia que sólo una pequeña parte, del total de fondos destinados al agro, efectivamente llegara a su destino formal. Todos los factores anteriores desembocaban en un quinto problema: las migraciones. Contingentes rurales cada vez más numerosos habían venido surtiendo, desde la década de los años cuarenta, una demanda temporal de fuerza de trabajo proveniente de la economía norteamericana. Para 1976, los límites de funcionalidad de satisfacción de esta demanda, ya estaba sobrepasada; había muchos más indocumentados de los necesarios en EUA. Por otra parte, las principales ciudades mexicanas se hallaban pletóricas de desempleados y subempleados de origen rural; presionaban, mucho más allá de las posibilidades de satisfacción, para la creación de fuentes de empleo permanentes. Pero al nuevo régimen, además de los señalados problemas económicos en el agro, se le presentaba una amplia gama de problemas superestructurales. En el plano internacional, la señalada sobreeficiencia alcanzada por los países metrópolis –principalmente de los EU- en materia de producción agropecuaria, determinaba que éstos no tuvieran interés en que los países capitalistas pobres pudieran salir de la generalizada, entre ellos, crisis agrícola. El hecho de que permanecieran dentro de la crisis agrícola representaba una segura posibilidad de exportar los excedentes de alimentos producidos en la propia metrópoli. Para cuando JLP toma el poder formal, este hecho ya había conducido a un extensivo uso de la compra-venta de alimentos como arma de dominio político, utilizada por las potencias mundiales, sobre los países pobres cuyo sector agrícola y ganadero estaba en crisis. Íntimamente vinculado a ellos los organismos internacionales y los gobiernos y empresarios privados de las metrópolis, determinaban ya la manera conforme a la cual países periféricos podrían hacer más tolerable (y adecuado a sus intereses), la existencia de la crisis agrícola. En la medida en que un país subdesarrollado se alineaba a estas pautas, de las potencias provenían: niveles adecuados de ayudas internacionales y financiamientos para el desarrollo rural; una oferta de productos alimenticios (aunque a precios altos); y, un mercado para la compra de materias primas (a precios bajos). En caso de no plegarse un determinado país a estos lineamientos, nada de lo mencionado habría. Era claro, cuando JLP se hace cargo del ejecutivo, que el país no escapaba a este tipo de presiones.

En el plano político interno, resultaba indudable que, en lo que concernía a las masas populares, la presencia del estado en el agro estaba muy debilitada. No había cristalizado el intento de formar un cuadro dirigente hegemónico al interior del sector campesino que coordinara e hiciera más eficientes las labores de control político que en el campo efectuaba principalmente la CTM-SNTAC, la CNC, la UGDCM, la CCI y el CAM. El pacto de Ocampo no pasaba de ser un membrete. Las organizaciones campesinas deserbaban al PRI. Alrededor de 4 millones de jornaleros agrícolas no estaban sujetos a ningún tipo de control político, ni de orden sindical-partidario, ni de orden político-asistencial, ni de orden político agrario. Dadas las muy deterioradas condiciones objetivas de las masas del campo, es indudable que a los encargados de ejercer la función de control político, les resultaba claro que estaban dadas las bases para lo que podría ser la expansión de la izquierda en el medio rural. Para los flamantes dirigentes gubernamentales, la ideología de la reforma agraria había sido tan eficaz, que ya se mostraba disfuncional. El campesinado pobre y los jornaleros agrícolas, actuando de acuerdo a su contenido ideológico, presionaban para obtener tierra que física, económica, política y legalmente era imposible otorgar. Cuarenta años de eficaz divulgación de la imagen reforma agraria es igual a tierra, no habían transcurrido en balde. Se había conseguido implantar socialmente la esperanza de conseguirla. La lucha emprendida por los 5 millones de solicitantes de tierra tenía crudas manifestaciones. Durante la anterior administración presidencial, se habían generalizado invasiones y conflictos armados por esos motivos. Incluso los líderes de organizaciones formalmente incorporadas al Estado se encontraban envalentonados: sujetos a la inercia de una acción gubernamental a la que le quedaba más remedio que reprimir las invasiones, ó guardar una posición contemplativa. Lo primero, cuando se afectaban intereses especialmente poderosos. El problema de la lucha por la tierra le resultaba especialmente importante a la nueva administración. Resultaba muy difícil continuar la satisfacción agraria de las demandas en este sentido. La reforma agraria, por lo tanto, había llegado a su fin como mecanismo atenuante de la violencia innata al desarrollo del capitalismo en la agricultura. El propio ejido, la criatura más cara de los regímenes revolucionarios en el campo denotaba una casi total pérdida de efectividad como mecanismos de dominación. La cadena comisariado ejidal-comités regionales campesinos-ligas de comunidades agrarias-confederación nacional campesina, por ejemplo, presentaba múltiples fisuras. Por otra parte, se presentaban contradicciones en el seno de la burguesía con intereses vinculados al agro. Estas divergencias se sustentaban en la existencia de intereses económicos concretos diferentes. Para la gran burguesía terrateniente, cuya función económica se basaba en la concentración –descarada ó disfrazada- de grandes extensiones de tierra, así como para la mediana burguesía agraria (cuya riqueza se desprendía de control sobre tierras, aguas, créditos y capital técnico), su futuro estaba

garantizado en la medida en que lograran obtener seguridad en la tenencia de la tierra y precios adecuados de garantía. La burguesía agro industrial, agropecuaria e incluyendo a algunos sectores de la burguesía agro política, estaban interesados en la seguridad de obtener aprovisionamiento continuo de bienes agrícolas y ganaderos, a los precios más bajos posibles. Por su parte, la burguesía agraria, comercial-tradicional, estaba interesada simplemente en sobrevivir a la tormenta que veía acercarse. Las fracciones no agrarias de la burguesía del país estaban interesadas en que se garantizaran las inversiones ya efectuadas en el campo. Estas diferencias y contradicciones intra-burgueses encarnaban al interior del mejor administrador de sus intereses globales: el aparato burocrático del estado mexicano. Pero el problema para el nuevo equipo, consistía en que las manifestaciones de los intereses concretos de las diversas fracciones de la burguesía agraria y no agraria, no era el único sistema de posiciones al interior del gobierno. Coexistencia con ellas, en el gobierno también había corrientes que propugnaban por la radicalización de la reforma agraria. Aun cuando el proceso de proletarización (59% de la PEA) de la fuerza de trabajo rural estaba muy avanzado, no obstante que el proyecto de desarrollo rural de la gran burguesía agro industrial y agro comercial estaba claramente en vías de convertirse en hegemónico, y aún cuando el campesinado (38% de la PEA) se hallaba sumamente pauperizado y camino a la proletarización definitiva, existían importantes posiciones gubernamentales de mando en poder de campesinistas que sostenían una tenaz lucha por llevar adelante los caros principios de la revolución mexicana en materia agraria. Con este sector, herencia, del régimen anterior, el nuevo grupo dirigente se las tendría que ver durante el primer año de gobierno; mediante acciones tales como la lucha contra la corrupción, la fracción López Portillista del aparato burocrático se encargaría de ajustarle cuentas. De esta manera, para cuando JLP toma formalmente el poder presidencial, la suerte aún no estaba echada de manera terminante; ello sucedería durante los primeros dos años de su gobierno. No se había logrado sacrificar a la atrasada burguesía agrariocomercial, en aras del robustecimiento de la moderna burguesía agro comercial, -nacional y extranjera-. Diversos sectores del campesinado acomodado, de la burguesía agro política y de la mediana burguesía agraria resistían con eficacia los intentos que se habían dirigido hacia el logro de su subordinación a los intereses de la gran burguesía agro industrial. La burguesía financiera se mostraba reticente a invertir en el campo. Apoyándose en prácticas legaloides y en el uso abierto del poder, la tradicional gran burguesía terrateniente se empeñaba en no caer víctima de las presiones que ya habían marcado su tumba. Lastimosamente, el campesinado medio y pobre se resistía a transitar la escasa distancia que los separaba del estadio de definitiva proletarización. Los jornaleros todavía tenían la esperanza de obtener un pedazo de tierra.

Capítulo III: La respuesta del estado durante 1977; su esquema de desarrollo rural, basado en la descampesinización 1) La posición estatal respecto al campo: apertura total al desarrollo capitalista. Todavía de 1971 a 1976, la posición estatal respecto al campo era ambivalente. Por un lado, se apoyaba el desarrollo capitalista. Esto es claro si se considera la forma en que se llevó a cabo el otorgamiento de crédito, infraestructura, tecnología, formas de organización y satisfacción de otros requerimientos económicos. Por otra parte, debido a la necesidad de satisfacer los requerimientos políticos e ideológicos del sistema en su globalidad, se permitía la existencia –y aún el desarrollo- del sector ejidal y del minifundista privado1. El estado estaba así posibilitado para asumir, en ciertos casos, posiciones de apoyo hacia la descampesinización. En otros momentos, en cambio, se inclinaba básicamente hacia la descampesinización del mismo 2. En el régimen de JLP, la existencia de la mencionada ambivalencia ya no es tan clara. Los requerimientos de la reproducción del capital, no sólo en el sector agropecuario, sino en la formación social mexicana en su conjunto, no permiten más el juego estatal de las dos cartas en el campo. El estado muestra –al menos formalmente- una clara tendencia hacia un progresivo y definitivo divorcio con respecto a las prácticas populistas en el agro. Se inclina cada vez con mayor fuerza, hacia su descampesinización y desarrollo típicamente capitalista 3. Las necesidades de la reproducción del capital consideradas al nivel de la sociedad nacional, adquieren una forma política en el momento en que se traducen en presiones ejercidas por las diversas fracciones de empresarios rurales, industriales y comerciantes. Agudizadas en las postrimerías del régimen echeverrista, estas presiones políticas demuestran ser eficaces para sus autores. Su eficiencia se desprende, entre otros, del hecho de que estos sectores cuentan ahora con auténticas organizaciones de lucha, cuyas acciones estratégicas y tácticas provienen de una dirección claramente consciente de su interés de clase 4. Ello los hace capaces de aprovechar la coyuntura económica vigente, para imprimir el ritmo y direccionalidad de la marcha, para obtener concesiones del aparato burocrático del estado 5 y para disolver relativamente las contradicciones secundarias existentes entre los diversos grupos que las constituyen. Debido a esta amplitud de la capacidad de negociación política efectiva, las fracciones más poderosas del capital –aún aquellas que en el pasado habían sido reacias a apoyar al gobierno- manifiestan públicamente su adhesión a la política de la burocracia central6. Aceptan la posición gubernamental, precisamente porque ésta refleja –en buena parte fielmente- su propia perspectiva política; es el producto mismo de su acción, dirigida a imprimir el sentido y magnitud de la acción estatal en todas las esferas de la vida social del país 7. Dentro de este marco, el agro dista mucho de ser la excepción.

El desarrollo del capitalismo en México se caracteriza, para 1977, por una marcada disminución de su vitalidad8, que condujo a la obtención del más bajo ritmo de crecimiento –en los últimos 23 años- durante 1976 9. Aunada a la esperada caída del ritmo de crecimiento del producto nacional bruto (éste fue de 2% en 1976, y se calculaba alrededor de 1.35% para 1977) 10, lo que era una fortísima inflación 11 –cálculos efectuados durante el año la hacían oscilar entre 20% y 70% -coloca a la economía del país en serios aprietos12. Estos configuran un cuadro típico de lo que algunos economistas bautizan durante el año como estanflación 13: estancamiento con inflación. Es decir, durante 1977 se da: lenta recuperación del ahorro interno; déficit de 22,042 millones de pesos en el sector público; moderado retorno de capitales que se fugaron; cierre de empresas por altos costos, bajos precios de venta y falta de mercado 14. En las circunstancias de crisis descritas en el capítulo 1 y 2, los altos estratos del aparato burocrático llevan a cabo desesperados intentos por salir de la crisis 15, aún cuando ello implique cierta pérdida de autonomía relativa 16 con relación a la burguesía en su conjunto, y conduzca a la reducción de las alternativas democráticas de solución, ya que la inversión pública toma del papel definitivo de compensadora de la inversión privada17. Producto, pues, de la negociación intra aparato burocrático y de la lucha entre éste y las fracciones mas importantes de la burguesía el estado mexicano presenta durante 1977, como alternativa para salir del bache económico, un modelo desprendido directamente del plan básico de gobierno 1976-1982, y una estrategia apegada a las recomendaciones del fondo monetario internacional. Anuncia además, que está activamente empeñado en la confección del plan nacional de desarrollo económico y social (ó el plan nacional 1979). La concordancia con los lineamientos del FMI es justamente lo que hace posible que el aparato burocrático obtenga los fondos necesarios para implantar su esquema de desarrollo 18. Concretamente como medida para contener la inflación, la política económica va a dirigirse19 hacia: el fortalecimiento de la estructura económica fundamental; la obtención de una tasa moderada de crecimiento, mientras se logra el ajuste económico y político; el logro de un mayor ahorro interno; y, la disminución del déficit del sector público y de la deuda externa. El mecanismo operativo fundamental, en el que se conjugan todas estas medidas, lo constituye la alianza para la producción 20. Puesto en palabras del presidente de la república21: “La alianza para la producción es una medida estructural. Una economía es un sistema de producción y distribución con ciclos económicos, uno de los cuales en su forma más virulenta es la inflación. Esta inflación, como enfermedad de la economía, si queremos resolverla, podemos actuar de dos maneras: ó actuando sobre la demanda, deprimiéndola, ó actuando sobre la oferta para mejorarla. La mayor parte de las decisiones monetarias son deprimiendo la demanda. Y a un país de carencias tan severas como el nuestro, reprimir la demanda... entraña graves riesgos de justicia y hay peligro de inconformidad social. Entonces tenemos que actuar no reprimiendo la demanda...Tenemos que actuar fundamentalmente sobre la producción. En esto hay

medidas coyunturales. Una: hemos convencido al movimiento obrero organizado de que modere transitoriamente durante una etapa de un año, que es el que está corriendo, sus demandas salariales con el propósito de cortarle una punta al proceso... Recibieron durante Echeverría alzas sustanciales que nos permiten pensar que hay todavía un factor de equilibrio que está en deterioro, sino contenemos la inflación. Y entonces la clase obrera, con toda justicia, podrá elevar nuevamente sus demandas salariales...La inflación la combatimos y a quienes más golpea es a las clases populares, pero no nada más a los asalariados...Tenemos que cuidar muchas cosas...Producción y creación de empleos son las soluciones que tengo que implantar muy rápidamente...(la distribución de las cargas fiscales) la estoy estudiando, pero eso no lo puedo hacer hasta septiembre, en que entra el congreso...Voy por pasos, no se puede hacer todo al mismo tiempo, no quiero congestionarme...” Del texto presidencial de desprende que, en una dimensión estrictamente económica, la alianza para la producción representa, en esencia, la intención de movilizar los recursos del sector público y privado para aumentar los niveles de productividad y empleo 22. Se dan toda clase de estímulos gubernamentales a la producción y empleo 23. Se dan toda clase de subsidios de hasta 40% del impuesto general de importación de maquinaria a empresas productoras de bienes de consumo básico 24; rehabilitación de los CEDIS para impulsar las exportaciones; y, celebración de toda clase de convenios con empresarios de diferentes ramas y sectores de la economía. La alianza establece que la mejor forma de combatir la inflación es a través de incrementos sucesivos en la productividad de todos los sectores 25. Esto significa, desde el punto de vista estatal, que el contenido específico de la búsqueda de aumentos en la productividad se ve normada por un doble condicionante. A nivel general la finalidad de tener mayor productividad concuerda con los grandes objetivos contemplados en la alianza para la producción. A nivel concreto, la manera de llegar a la meta de incrementar la productividad es flexible; se adapta a las condiciones presentadas por el sector específico de la economía cuya productividad se pretenda elevar. Sin embargo, no hay que pensar que la alianza para la producción tiene, para los dirigentes del Estado, sólo una connotación económica. Por el contrario, del texto del titular del ejecutivo se desprende que la alianza tiene implicaciones político-ideológicas. Sus palabras dan a entender que la problemática política a que se enfrenta el Estado mexicano, durante 1977, tiene sus raíces en el proceso inflacionario a que se ve sometida la economía nacional. Ello hace afirmar que las diversas medidas tomadas por el aparato burocrático para detener o aminorar la inflación, repercutan de inmediato en el plano propiamente político. Es esto lo que conduce a la Explicitación de la opinión, frecuente en algunos círculos del aparato burocrático, en cuanto a que, entre las finalidades de la alianza se incluye el promover la justicia laboral y el fortalecer las instituciones26. ¿Cómo incide, sobre el desarrollo del campo mexicano, el objetivo estatal de aumentar la productividad y generar empleos?. El agro representa uno de los puntos más sensibles del sistema político-económico mexicano 27. Por esta razón, reviste especial

importancia conocer la concepción estatal respecto al camino a seguir para alcanzar mayor productividad en el campo. La perspectiva del estado mexicano para incrementar la productividad en el medio rural parte del hecho de que la producción agrícola y ganadera está en crisis 28. Uno de los indicadores más tangibles de ello, estriba en que la autosuficiencia agrícola se había perdido desde hacía siete años. Incluso, la producción había bajado en forma considerable desde 197229: en ese año, la producción agrícola decreció en 2.5%; durante 1973, 1974 y 1975, el crecimiento no superó la tasa de crecimiento demográfico; en 1976, la producción agrícola bajó 5%. Puesto que la población seguía creciendo a ritmos muy cercanos a la tasa histórica de 3.6% anual, la reducción de la producción repercutía en que la disponibilidad de productos agrícolas per cápita era notablemente menor. Por otro lado, la contribución del sector agropecuario y forestal a la economía nacional en su conjunto era cada vez menor, en términos relativos. También es ilustrativo de la crisis agropecuaria, el hecho de que de 1970 a 1975, la superficie cosechada decreció en un 2%30, y el que aproximadamente un 40% de los 5.3 millones de personas que constituían en 1975, la fuerza de trabajo rural, deben considerarse desempleados31. En síntesis, los obstáculos existentes en la agricultura se manifiestan en la incapacidad del aparato productivo para satisfacer las necesidades de alimentos, materias primas para la industria y excedentes para la exportación 32. Así las cosas, si el estado no tomaba medidas para remediar la crisis agropecuaria, esta podría traducirse en serios problemas políticos. Podía constituirse en un factor más –de alto peso específico- de la constante alza en los precios reales de productos alimenticios 33. En efecto, aún desde el punto de vista de las estadísticas oficiales, no es despreciable el incremento de los precios al consumidor a nivel nacional, especialmente durante los últimos meses de 1976 y primeros de 197734; en septiembre/1976, 3.4%; octubre/1976, 5.6%; noviembre/1976, 4.5%; diciembre/76, 2.5%; enero/1977, 3.2%; febrero/1977, 2.2%. Esto es especialmente cierto en el caso de productos alimenticios industrializados básicos. Los resultados de un estudio realizado por el comité nacional mixto de protección al consumidor registran –entre septiembre de 1976 y marzo de 1977, en diferentes mercados del país- aumentos entre 10 y 96 para 101 de estos productos 35. Alza de precio en productos alimenticios: ello significa el deterioro de las condiciones materiales de vida de los trabajadores y de los sectores medios de la población. Si la situación es grave en las ciudades del país, en el campo lo es más. Cada día los precios de productos de primera necesidad suben. Ello lleva, incluso, a algunos líderes a señalar la necesidad de igualar los salarios rurales y urbanos 36. El estado parece no poder (ó no querer) utilizar medidas coercitivas, generalizadas 37 y eficientes, para frenar el alza de los precios, por el contrario, constantes reiteren sus voceros que eso sólo podrá lograrse a través de incrementos en la producción 38. Recurre a esperar a que se manifieste la capacidad de la burguesía para invertir y

generar utilidades en los niveles requeridos a la par que –de hecho- pide paciencia, cordura y resignación a los sectores explotados de la población, como tales no manifiestan realmente su inconformidad ante el incremento de precios. Los niveles mas altos de la batalla por abatir los precios de productos de primera necesidad ocurren principalmente en las urbes. Y lo paradójico es que ésta es conducida, por lo regular por la propia maquinaria corporativa del estado 39, a través de la utilización de mecanismos institucionales40. Sin embargo, los jerarcas estatales 41 sostienen públicamente la convicción de que el deterioro progresivo del salario, en particular con referencia a productos alimenticios 42, podría traducirse –llevada la situación a límites extremos- en brotes de violencia rural y urbana. Lo cierto es que, aún cuando admite que la violencia en el país estaba físicamente reducida 43 a algunas localidades y regiones44, y en general militarmente controlada 45, ésta no se encontraba totalmente ausente de posibilidades de extensión no controlada. Esto es lo que había conducido a algunos sectores tecnocráticos del estado, desde el régimen echeverrista, a mantener viva una imagen de violencia latente haciendo reiterados llamados en el sentido de que el sector privado debía cobrar conciencia de la posibilidad de violencia generalizada y colaborar con el gobierno para evitarla 46. Por otra parte el permitir que prosiguiera la crisis agrícola, podría representar el aumento del déficit de materias primas industriales. Ello determinaría el surgimiento de serios obstáculos para el crecimiento de algunas de las ramas de la industria, ya que la consecuente elevación de los precios de las materias primas iría automáticamente acompañada de una baja en la proporción de la capacidad instalada que efectivamente es utilizada47. También, la persistencia de la crisis agrícola podría convertirse en una traba al crecimiento de las regiones geográficas y renglones económicos más desarrollados del propio medio rural. En efecto, la contradicción de la demanda de ciertos productos de las regiones mas desarrolladas efecto del desplazamiento de la demanda hacia bienes no producidos en ellas, podía traer como consecuencia un desplome de precios que dificultaría el mantener su ritmo histórico de crecimiento 48. Por otro lado, el aumento de los costos de insumos utilizados en el proceso de producción, en un contexto de exceso de oferta de productos, ocasionaba que aún las áreas agrícolas y/o ganaderas más capitalizadas, sufrieran quebrantos 49. En fin, si continuaba la crisis agrícola, podría sobrevenir una contracción del mercado interno; éste sería mucho mayor que la observada hasta entonces. Ello, debido a que la crisis del medio rural y urbano. Existen multitud de ejemplos en los cuales ello es fácilmente perceptible; sin embargo, el impacto que la crisis agropecuaria tiene en el desempleo rural es particularmente claro en el caso del henequén. En primer lugar, porque la crisis es nítida en esta rama: a) el henequén de Yucatán producía antes 98% del total mundial en tanto que para 1977 sólo producía 12.5% 50; b) en 1976, el déficit producido por el henequén fue de 350 millones de pesos, en 1977 fue de alrededor de 400 millones; c) la elaboración de un kilogramo de henequén tenía un costo de 18 pesos en tanto que su precio de venta era de 6.30 pesos/kg; d) los programas oficiales de auxilio no habían brindado los resultados esperados 51. En segundo lugar, porque más del 50% de la población total del estado de Yucatán, principal productor de la fibra,

tenía sus fuentes de empleo directa o indirectamente vinculadas a la producción de henequén. Desde la perspectiva gubernamental si proseguía la crisis de esta rama, no podría ser subsidiada durante mucho tiempo más. La actividad prácticamente desaparecería y buena parte de las 400,000 personas que sobrevivían gracias a ella, incrementaría las filas del desempleo 52 rural y urbano de la región. En estas condiciones, incluso la contratación eventual de trabajadores, como medio de disfraz del desempleo, perdería sus posibilidades de vigencia efectiva 53. En este complejo panorama, en 1977 el estado no tiene otra alternativa que la de incrementar la productividad agrícola y ganadera a toda costa. Y es claro que, cediendo a las presiones de la clase del capital, lo vas hacer precisamente a costa de la reducción política y económica del campesinado pobre (del sector ejidal y minifundista privado del campo). Intentará generalizar al máximo las relaciones salariales, con simultaneidad a la organización de la producción capitalista, incluso perdiendo altas dosis de autonomía relativa en el proceso. En este sentido, parecería que las presiones de la izquierda, sea de partidos (buscando básicamente la nacionalización de la tierra), de grupos tecnocráticos (buscando que el estado brinde apoyo prioritario a las formas campesinas de producción54), ó de fracciones del propio aparato burocrático 55, no son durante el año lo suficientemente poderosas como para dar un giro a la situación. Altos funcionarios gubernamentales dan a conocer 56 la constitución de un plan nacional agropecuario y forestal. Entre los objetivos que éste persigue, se encuentra el de llegar a los niveles de generación de empleos en el campo, requeridos para contener la migración hacia las ciudades57. Este es el sentir manifestado por el propio presidente de la república, quien agrega elementos 58 que permiten pensar que los empleos a crear en el agro son, precisamente, empleos de asalariados 59. Estas declaraciones aunadas a otras provenientes de burócratas de menor jerarquía 60 permiten ver que los nuevos empleos que el estado se empeña en generar en el campo ya no son del tipo tradicional; no serán mas del tipo del ejidatario, minifundista privado, colono ó comunero. La política estatal ya no tiende a que el trabajador directo sea a la vez dueño ó poseedor formal de tierra. Conforme a ella, ahora cada vez con mayor frecuencia, el productor directo estará desvinculado de la apropiación de la tierra, para convertirse progresivamente en asalariado. Pero la generalización del otorgamiento de salario a la fuerza de trabajo rural es sólo una de las partes del desarrollo capitalista abierto. En el esquema estatal de desarrollo del agro, se establece que ésta irá acompañada del fortalecimiento de la empresa capitalista en el campo, tanto por lo que se refiere a instrumentos, como a organización de la producción. Por un lado, se procure llegar a la máxima tecnificación de la producción incluso recurriendo a formas importadas de mecanización 61. Por otro lado, se pretende que los ejidos agrícolas, madereros y zonas comunales se convierten en unidades colectivas de producción 62. Estas unidades colectivas deberán ser autofinanciables. Es decir, deberán convertirse en empresas con las características de organización, dirección, obtención de ganancias y reinversión, típicas de toda empresa capitalista63. Además, las empresas capitalistas ya existentes se verán fortalecidas: hacia ella seguirán afluyendo –en mayor proporción que hasta entonces- la parte

principal de recursos e infraestructura, así como los beneficios derivados de los mecanismos de formación de los precios agrícolas. Estos tres aspectos –descampesinización, proletarización, empresarialización- están claramente presentes en la evaluación, efectuada en 1978 respecto a 1977, contenida en el plan nacional agropecuario y forestal: “En materia de organización de productores , se trabaja coordinadamente con la Secretaría de la Reforma Agraria, Compañía Nacional de Subsistencia Populares y Banco Nacional de Crédito Rural, a fin de mejorar y aprovechar en forma más eficiente este programa previa capacitación del personal que interviene en este proceso. Durante el presente año (78) se promoverá la constitución de 1,360 organizaciones ejidales, comuneras de hacienda y crédito público, se fomentará la asociación de productores de materia prima con inversionistas del sector privado quienes han ofrecido participar en la creación de industrias en el campo.” (SARH, P.6) “Dentro del marco de la alianza para la producción se impulsa aprovechando la metodología ya conocida y experimentada, la creación y fortalecimiento de complejos agro industriales, con la asesoría y el apoyo decidido del estado, que en lo posible deberán ser propiedad de los productores, o constituyendo empresas integradas de autogestión y autofinanciables, capaces no sólo de transformar y comercializar sus productos, sino además, de construir, operar y conservar las obras de infraestructura que requiera su desarrollo. En esta forma, se irán proporcionando significativas fuentes de trabajo para abatir el desempleo de los campesinos y su éxodo a los centros urbanos; se facilitará la capitalización del sector, el reducir los costos de las obras y permitirles captar el valor agregado de sus productos, creando un sólido mercado interno que activará a los otros sectores. Al mismo tiempo, se trata de compactar las pequeñas parcelas y el minifundio en grandes unidades de explotación colectiva, que permitirán el aumento de eficiencia en el uso de maquinaria, insumos y nuevas tecnologías. Paralelamente quedarán eliminados los intermediarios, implantando centros de abasto y de distribución.” (SP. P.5) ¿Cuál es la respuesta, de las clases, fracciones, sectores y grupos dominantes, ante esta posición estatal de apertura total del campo al desarrollo capitalista? En general, y al menos públicamente, el conjunto de la burguesía –aunque tal ó cual fracción pueda no hacerlo- presta apoyo a la perspectiva del estado. El beneplácito de las fracciones más fuertes con este aparente giro, buscado en la política agropecuaria se manifiesta reiteradamente. Es sintomático el que, incluso las fracciones que demostraron abierto desacuerdo durante el régimen echeverrista, coinciden con la posición del gobierno en turno 64. El representante de uno de los principales organismos de lucha político-económicos del capital transnacional en el país 65, asegura que México regresaba a la política de solidaridad gobierno-iniciativa privada, y que los empresarios tenían confianza para invertir en el sector agrícola.

Pero la burguesía, atendiendo a las posiciones manifestadas por diversos grupos, no está dispuesta a invertir en el campo así como así: a invertir sólo por apoyar la política gubernamental. Su presencia y permanencia en este sector, como en cualquier otro, está condicionada por la certeza de obtener altas y seguras ganancias. Por esta razón algunos grupos son muy cuidadosos en establecer las condiciones bajo las cuales invertirán (65). Sólo lo harán si el panorama jurídico y político en el campo no represente obstáculos para el ejercicio de su actividad. Es decir, su inversión queda condicionada a que el rumbo de la reforma agraria vuelva a ser el correcto: menos política y más producción 66. La inclusión de esta posición de las clases dominantes, en el conjunto de objetivos perseguidos por la política estatal respecto al campo durante 1977, es un hecho formalizado. Esta posición está presente en las declaraciones hechas por el secretario de patrimonio y fomento industrial, el 14 de abril, donde se afirma que el sector público y privado coinciden en la necesidad de modificar la vigente estrategia de desarrollo y volver los ojos al campo. Añade que es necesario eliminar las protecciones paternalistas nocivas, empleadas frecuentemente con el campesinado, logrando que el principal pivote de la economía sea el agro. Para contenerlo, agrega, es menester buscar mejores niveles de empleo y productividad, recurriendo al perfeccionamiento de las instituciones de apoyo técnico y financiero, e impulsando a la pequeña y mediana industria para utilizar el subempleo estacional y mejorar el uso de la tierra. Esta perspectiva tuvo una rápida acogida por la CNC, principal componente de la maquinaria corporativa estatal en el campo. Sus dirigentes dejan establecido que, ante la imposibilidad de implantar medidas socialistas en el agro, se deberá propiciar ahí un verdadero capitalismo67. De esta manera, la posición de los dirigentes del Estado deja poco que dudar. A sus ojos, sin inversión empresarial en el campo, no se logran los objetivos de la alianza para la producción. Sin la presencia del capital de la burguesía agraria, comercial, industrial y financiera en el campo, no hay incremento de la productividad ni generación de empleos. Por tanto, no se da la disminución del índice de posibilidades de surgimiento generalizado de movimientos de inconformidad social, ni el aumento en las tasas de utilidad de las inversiones. De ahí que sea imprescindible abrir el campo al desarrollo exclusivamente capitalista. Pero, por esta misma situación, las diversas fracciones de la burguesía involucradas, están en posibilidad de negociar eficazmente a favor de sus intereses; de condicionar su intervención. El capital afluirá al campo, siempre y cuando se esclarezca el panorama político y jurídico. Para el capital, la claridad solo puede significar el abandono de las prácticas populistas estatales de campesinización del sector. En otras palabras, se traduce en : suprimir la tendencia relativamente vigente con anterioridad 68, en cuanto a la afectación de tierras; abandonar la actitud relativamente contemplativa del gobierno, en el caso de invasiones agrarias 69; regular la tenencia de la tierra; elevar

precios de garantía; y, proporcionar la maquinaria, crédito e infraestructura requerida por las empresas en el campo. En síntesis: abierto contubernio entre política económica del aparato burocrático, maquinaria corporativa, legislación, represión, corrupción y actividad empresarial privada, para explotar –en mucho mayor grado que hasta entonces- a la fuerza de trabajo rural y para concentrar aún más la producción agropecuaria y agro industrial. Todo esto queda incorporado a la acción estatal durante 1977. Veamos el punto con mayor detalle. 2)

Medidas estatales para implantar su esquema de desarrollo capitalista en el campo.

En el transcurso de 1977, el estado toma medidas reales para posibilitar el logro de los objetivos de incrementar la productividad y generar empleos en el campo. Los mecanismos a utilizar para la consecución de estas dos metas, cuyas características han sido bosquejadas en el punto anterior, van progresivamente conformando al conjunto que operacionaliza a la política agraria del régimen en turno. De acuerdo con éste, se van dando pasos definitivamente favorables al funcionamiento del capital en el campo70; pasos que, incluso, son detectados por los grupos más lastimados en las postrimerías del precedente régimen71. Los caminos que el estado recorre, para abrir el campo al desarrollo exclusivamente capitalista, se ubican en diversos niveles. Desde la perspectiva estatal, las necesidades de la producción son diferentes de las necesidades agrarias. Sin embargo, ambas requieren de satisfacción72. De ahí que sus acciones no sólo se refieran al ámbito estricto de la política económica (para satisfacer necesidades de la producción), sino que se localicen también en la esfera de la dominación política y de la manipulación ideológica (para satisfacer necesidades agrarias), en su sentido más amplio. a) La política económica de l estado mexicano en el campo. Para el estado, es imprescindible que durante 1977 se mitigan los efectos de la crisis agrícola. La importancia que realmente otorga a ello, queda manifestada por el hecho de que la ejecución de la política económica rural se llevaría alrededor de un 20% (160,000 millones de pesos) del total de recursos a disponibilidad del estado para 1977, según se programa de inversiones públicas73. Pero, independientemente de su monto absoluto, lo cierto es que el estado se encuentra ante una situación de insuficiencia de recursos, con relación a la envergadura de sus proyectos. La cifra mencionada de 160,000 millones de pesos representa el producto de negociaciones entabladas entre el gobierno y sus fuentes crediticias internas y externas. En particular, con respecto al financiamiento externo, los altos estratos del estado logran que –al igual que en el resto de los sectores económicos- el control del gasto público mantuviera el apoyo 74 del fondo monetario internacional, para cubrir parcialmente los déficits 75.

Así que, da partida, el estado se encuentra con que tiene menos recursos de los requeridos para resolver la crisis agrícola; es decir, para generar una mayor productividad y más fuentes de empleo. Sin embargo, con todo y esta escasez relativa, es claro que el estado pretende; intensificar la investigación agrícola; incrementar la producción de semillas mejoradas y de fertilizantes; abrir más superficies al cultivo; aprovechar mejor las tierras y aguas en los distritos de riego; mejorar la organización de la producción y distribución; estimular la producción de exportación. Todo ello con la intención global de alentar más a la iniciativa privada, para que tenga una mayor participación en el campo 76. Algunos de sus sectores tecnocráticos 77, recomiendan que el estado persiga –en materia de política económica- las siguientes metas concretas; incrementar la producción y la productividad en una tasa promedio anual del 5%; proporcionar créditos de avío a un 20% de la superficie cultivada, cuando menos por un valor de 35,000 millones de pesos al año, acabar con la intermediación que aprisiona alrededor del 72% del precio al consumidor, en tanto que al productor solamente le toca el 28%, lograr que fructifiquen las obras de infraestructura que en la década sobrepasaron los 800,000 millones de pesos, lograr que los proyectos de riego –que básicamente son la continuación de obras y programas iniciados el sexenio anterior- abarquen 1.9 millones de hectáreas nuevas y 400,000 rehabilitadas; proporcionar mecanismos para lograr efectivamente la organización económica de productores, estimular en la estructura educativa las especialidades agrícolas a nivel medio y superior, y fomentar las actividades agro industriales. De esta manera, es claro que se trata de: a)sentar las bases para tener una mas racional78 planeación de la producción agropecuaria, y un más estricto control sobre ella; b) implantar formas de organización y distribución de la producción, que generalicen el número de empresas y de empleos asalariados en el campo. Estas dos grandes categorías de acciones, junto con el conjunto de medidas superestructurales que serán mencionadas en la siguiente sección de este apartado, tendían a facilitar la inversión del capital en el campo; a allanarle el camino en el proceso de producción 79. El plan nacional agropecuario tiene tres grandes objetivos: a) generar los empleos suficientes en el campo para contener la migración; b) producir los alimentos que el país requiere; c) terminar con la importación de granos y producir excedentes para la exportación80. Los detalles de la versión original del plan son afinados en reuniones semanales, celebradas entre los representantes del capital con ingerencia en el campo, y diferentes dependencias gubernamentales (reuniones tales como las que se llevan a cabo entre el capital industrial y el gobierno), con objeto de reducir costos de producción81. Una de las preocupaciones fundamentales del régimen López Portillista estriba en establecer un control real sobre la producción agrícola y ganadera, de manera que a la par que se incremente la productividad en estos renglones, se agilice todo tipo de procedimiento administrativo inherente a ella 82. Para lograr estas finalidades globales, se plantearon los siguientes mecanismos: a) la organización de comités estatales de producción; b) la creación de distritos de temporal; c) la estricta observancia de un

efectivo control sobre los distritos de riego, unidades de riego y otros tipos de aprovechamientos hidráulicos directamente vinculados con la producción agropecuaria. Conforme al planteamiento oficial, los comités estatales de producción componen de representantes del gobierno federal, del gobierno a nivel de entidad federativa y de los principales organismos vinculados al medio rural. Estos comités deben manejar, prácticamente al mismo nivel de prioridad, la meta de incrementar la producción de alimentos básicos (maíz y oleaginosas) y el objetivo de responder a los requerimientos globales emanados directamente de la alianza para la producción y del plan nacional agropecuario y forestal. Con ambas finalidades en mente, los miembros de los comités estatales deberían conformar un organismo que hiciere posible: i) establecer efectivos controles de la producción agropecuaria, por estado; ii) observar el avance de los programas de cultivo; iii) determinar los cierres de cosecha; iv) detectar los resultados obtenidos en comparación con los objetivos y metas formulados. Los comités estatales representan, pues, esencialmente, un importante eslabón en la red de mecanismos que el estado nacional mexicano teje para controlar la producción de alimentos. Materias primas para la industria y productos de exportación, así como para la generación de empleos rurales. De la amplia gama de posibles significaciones de este hecho, dos llaman particularmente la atención; a) el intento de acoplar los productos del campo a las necesidades de la industria; b) la finalidad de reducir el déficit de productos alimenticios. El primero, porque representa el allanamiento del camino para la obtención de mayores tasas de acumulación de capital, tanto en el sector agropecuario como en el industrial y en el comercial, el segundo, en virtud de que coadyuve al mantenimiento de la estabilidad política e ideológica demandada por la reproducción del capital. En concreto, los comités estatales deberían llevar a la práctica planes como los implementados en el estado de México 83 y Tlaxcala84. Los distritos y unidades de riego permanecerían conforme a la perspectiva estatal, con las características de programación y de organización que habían tenido hasta entonces. Estas se encontraban jurídicamente sancionadas por la ley federal de aguas. Su existencia debería conducir al aprovechamiento máximo de las disponibilidades de agua para regadío, lo que implicaba prácticamente duplicar la superficie irrigada 85. Constituyen a su vez, los distritos de temporal una verdadera innovación con respecto a la política agropecuaria del régimen precedente. Representan el interés estatal por aprovechar e integrar totalmente, a los mecanismos del capital, al 80% de la superficie cultivable total que era de temporal. Durante el año, fue formalmente manifestado 86 que los distritos de temporal en áreas de mayor productividad tendrían más recursos disponibles que aquellos situados en zonas de baja productividad. En general los distritos de temporal se encargarían de promover la construcción de obras de infraestructura hidráulica y de apoyo a la producción, transporte y comercialización de los productos así como de la realización de estudios agrológicos sistemáticos, con el fin de clasificar suelos y determinar el potencial real de cada zona. Para finales de abril de 1977, ya se tenían designados los vocales ejecutivos de 106 de estos distritos 87, lo que indica el alto grado de prioridad que el estado concedía a su organización.

La existencia de los comités locales de la producción es anunciada en el primer semestre del año88. Su presencia parece serle muy funcional a la estrategia general del estado. Estas ocho instancias, a través de un complicado juego político, estaban destinadas a asegurar el logro de las dos grandes metas arriba mencionadas. Por el lado de la planificación y control de la producción agropecuaria , deberían ver que se llevara a cabo la investigación agrícola y ganadera requerida, que se abrieran mayores tierras al cultivo , que se satisfaciera la demanda de insumos, que se cumpliera adecuadamente la política de precios de garantía, que los créditos fueran suficientes y oportunos , y que se cubriera, tanto la demanda interna de productos comerciales de exportación. En lo referente a la organización de la producción, deberían vigilar que se dieran, efectivamente; formas asociativas entre minifundistas privados, ejidatarios, comuneros, colonos, pequeños propietarios y empresarios en general; diferentes formas de colectivización empresarial de ejidos y minifundios; los medios para suprimir aquellas empresas agropecuarias, que no fueran tales; los mecanismos para acabar con los intermediarios precapitalistas; las cantidades y formas requeridas de capacitación, créditos y exacción de impuestos. Profundicemos en lo que se refiere a planificación y control de la producción agropecuaria. La investigación agrícola en particular es de suma importancia en el marco estatal de planificación y control. Ello es lo que conduce al intento de establecer mecanismos de coordinación, entre la investigación y docencia realizada en instituciones de educación agrícola y pecuaria superior, con los requerimientos surgidos de los planes del gobierno federal 89. De la investigación se desprenden aspectos tales como la calidad90 y cantidad91 de fertilizantes necesitados. Asimismo se estudian las necesidades existentes de semillas mejoradas y de formas de su satisfacción. También se delimitan los requerimientos de mecanización que hay que satisfacer y se toman soluciones en esta dirección 92. Se intenta abrir una mayor superficie al cultivo 93, en la que, a la vez que se pretende detener la tendencia a la reducción de áreas de cultivo de productos básicos de consumo interno 94 –por ejemplo maíz95 y carne96-, se incremente la capacidad de exportación de bienes agrícolas y ganaderos 97. Y, en fin, se toman las medidas indispensables para abatir el impacto de plagas y enfermedades en la producción98. Para el estado, planificación y control significan organización de la producción. Se trata de establecer los mecanismos que permitieran complementar la organización política ya existente, con una organización económica 99 y programas reales100. Ello debería permitir el logro de formas asociativas entre pequeños propietarios, ejidatarios y minifundistas privados101, así como de ejidatarios, minifundistas privados y pequeños propietarios entre sí, vinculados todos por el fin último de producir. El énfasis en la colectivización de las tierras ejidales, comunales y de minifundio, surge de la percepción de que ésta representaba la única productiva en estos tres casos 102. La aplicación de este sistema, por parte de algunos comités estatales de producción,

estaba dando magníficos resultados 103, lo que servía de aval para su existencia y generalización. Un apoyo fundamental al proceso de implantación de las formas de organización programadas por el estado durante 1977, es el brindado por el sistema de crédito y capacitación. Por lo que se refiere a esta última, se tiende a dar un nuevo contenido a los programas respectivo, que apunta claramente hacia la despolitización de los educandos104. A su vez, se plantea el aprovisionamiento oportuno y adecuado 105 de crédito de avío y refaccionario, únicamente a aquellas unidades de producción que satisfagan los requerimientos organizativos planteados por el estado. Además , se da una progresiva tendencia a suprimir el apoyo estatal a las empresas que no fueran autofinanciables106, independientemente de su carácter ejidal ó no 107. Se trataba en síntesis de acabar con la antigua práctica de otorgar crédito oficial en condiciones de no recuperabilidad. Con ellos se pretende evitar que la cartera vencida existente 108, sufriera incrementos en el futuro inmediato. Por último no hay que perder de vista el hecho de que funcionarios públicos aseguran que se otorgaría preferentemente crédito, no a nivel de obra ó servicio determinado, sino a planas generales de desarrollo que abarcasen –por lo menos- entidades federativas 109. En apariencia, el estado brinda fuerte impulso a los estudios del mercado de productos agropecuarios. Estos se esgriman –al acoplar la oferta a la demanda- como instrumentos para dar adecuada salida a la producción. Tratábase de remediar así, situaciones como la constituida por el hecho de que se tenían pérdidas anuales por 55,000 millones de pesos en productos agrícolas perecederos, a causa de putrefacción, defectuoso transporte y desconocimiento de las condiciones del mercado 110. También se apunta hacia el manejo de un sistema de precios de garantía que aumentara la posibilidad de efectuar buena parte de las mencionadas acciones estatales en el agro. Por ejemplo, éstos deberían frenar la producción de determinados bienes, y estimular otros111. En materia fiscal se dan pasos encaminados a gravar las exportaciones de productos agrícolas112, cuidando de que ello no llegara a obstaculizar los estímulos generales a la inversión. Por otro lado, se tiende a tener un más severo control sobre los pequeños propietarios, para fines de pago de impuestos 113, en tanto que los ejidatarios y comercios siguen sujetos al trato especial que los exime de pagos de este tipo 114. Se perfilan nuevos canales de estímulos a la inversión del capital en el campo. Por ejemplo se menciona insistentemente la posibilidad de reemplazar al sistema de precios unitarios en los contratos de construcción de obras públicas, por el de precios alzados115. Ello constituye una clara medida para favorecer a los contratistas, sector de la burguesía que crece a la sombra del estado. En fin, existe una nítida tendencia a eliminar los subsidios gubernamentales 116 y condonaciones de deudas, en general, en el campo mexicano.

b)

Medidas estatales para adecuar la superestructura a su nueva política económica y para mantener bajo control sus consecuencias.

A nivel ideológico, de lo que se trata durante 1977 es de ganarse la confianza de las masas populares del campo 117, cuidando de no ir más allá del límite que marca la necesidad de tener el apoyo de la clase del capital. El gobierno transita fundamentalmente dos caminos al respecto. En primer lugar, genera y empieza a utilizar un nuevo lenguaje 118, transmitido por la actuación de numerosos grupos de trabajo social119 y sobre todo, por los diferentes medios de comunicación masiva 120, relativamente exento de la connotación agrarista tradicional 121. Es un lenguaje donde lo ideológico estriba, justamente en la difusión masiva de ciertos aspectos de la realidad122, con objeto de evitar seguir alimentando expectativas que no pueden ser satisfechas en el modo de producción dominante. Se trata de la construcción de un marco ideológico conformado por la imagen de celebración de un pacto justo entre la ciudad y el campo 123, es manejada como el único medio para alcanzar mayores niveles de bienestar social 124. Sus características son tales que permiten que los pequeños propietarios y los ejidatarios estén hombro con hombro con los campesinos, en el proceso de consecución de los objetivos establecidos en la alianza para la producción 125, Se asegura que, con tal de lograrlo la iniciativa privada está dispuesta a abandonar criterios de altas ganancias inmediatas 126, sacrificándose para obtener utilidades moderadas a mediano plazo. Además se aseguraba que el logro de una mayor productividad en el campo se haría en un ambiente de seguridad y garantía: la actividad gubernamental en materia agraria, así no favorecería a grupo alguno, con exclusividad. La solución de conflictos surge de un proceso de negociación en el que se incorporan las posiciones de los líderes de diversas organizaciones en pugna 127. El concepto de reforma agraria, en síntesis, es dotado de un contenido actualizado, acorde con las necesidades del momento, en relación con la persistencia del modo de producción capitalista: “Hoy entendemos a la reforma agraria como la tarea reforzada de todos los mexicanos a fin de encontrar el camino justo que nos lleve, tanto a una mayor producción y a una mayor productividad como a una armonía social y a un equilibrio político...La paz y el desarrollo de México están fundamentados en la racionalización de la tenencia de la tierra y en la lucha por equilibrar las condiciones de vida de los hombres que la trabajan. La reforma agraria en 1977 significa: terminar con el rezago agrario: entregar a los campesinos la tierra que está en poder de los simuladores; lograr que las autoridades ejidales sean la expresión legítima de la decisión de los campesinos; encontrar fórmulas de organización audaces y nuevas que permitan crear nuevas fuentes de trabajo, explotando los recursos propios y organizándose para aprovechar los adelantos de la ciencia, la técnica y los recursos económicos que la revolución puso en sus manos; quiere decir el reconocimiento a las comunidades de sus legítimos derechos y la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los ejidatarios y pequeños

propietarios amparados por la ley; ocupación para las decenas de miles de campesinos sin tierra y organización para que no sean explotados” 128. Y, para que no haya duda respecto a esta dirección tomada por la reforma agraria, el nuevo lenguaje utilizado maneja con progresiva precisión el término colectivo, cuidando de diferenciarlo genérica y específicamente de los “koljoses” soviéticos ó de las comunas chinas129. El otro gran camino que recorre, durante 1977, el aparato burocrático para ganarse la confianza de la población rural, consiste en la realización de actividades dirigidas a mejorar las condiciones de vida de una parte de ella, en la medida necesaria para mantener vivas las expectativas del conjunto. Es en esta dirección que deben percibirse los señalamientos de las necesidades de auxilio médico en el agro 130, y los programas existentes para llevar atención hospitalaria al medio rural 131. También aquí deben ubicarse los programas de –y logros alcanzados por- planificación familiar 132. Y en fin, los anuncios de la procuraduría de la defensa del consumidor 133, en el sentido de que establecerá por lo menos una delegación por entidad federativa, con objeto de hacer llegar los productos de primer necesidad al campo, a precios iguales a los de las ciudades. En general, las diferentes fracciones de la burguesía rural manejan ideológicamente – cada vez con mayor eficacia- los hechos que afectan sus intereses, y los presentan como obstáculos para el logro de una mayor productividad. Esto sucede, tanto en lo referente a ramas específicas de la producción 134, como para el conjunto de las actividades agropecuarias. Por su parte, la ideología de los diferentes elementos relevantes de la maquinaria corporativa del estado en el campo, coinciden en cuanto a las medidas que son necesarias para aliviar la presión sobre la tierra. Su pensamiento social deja claro que estas medidas deberían ser lo suficientemente enérgicas 135 como para hacer producir las tierras abandonadas, tanto ejidales como de pequeña propiedad. En el caso de tierras ejidales, incluso se apoya el proceso de reparto agrario de las parcelas vacantes; en lo referente a la pequeña propiedad, se contempla la necesaria aplicación de la ley de tierras ociosas. No parece justificado el considerar que la dimensión de los cambios ideológicos ocurridos durante el año se agoten con las innovaciones de lenguaje y la ejecución de algunas medidas reales tomadas por el estado para aliviar las condiciones de vida de una proporción de la población rural. Por el contrario , a la par que se toman estas dos grandes categorías de medidas, el estado efectúa acciones conducentes a la adecuación de los aspectos jurídicos del conjunto superestructural entonces vigente. Esta adecuación jurídica gira fundamentalmente en torno a la modificación de la legislación agraria en función de las necesidades planteadas por la realidad 136. Se trata, ni más ni menos, de la promoción gubernamental de leyes que faciliten la inversión destinada a incrementar la productividad 137 y a generar empleos, a la vez que impidan abigeato e invasiones138 en el campo139. Dentro de un contexto más amplio, estas

modificaciones legales referidas al agro forman parte del proceso más general de adecuación jurídico-legislativa que, entre otras manifestaciones conduce al hecho de que en la cámara de diputados se estudien 17 ordenamientos destinados a dotar al ejecutivo de los instrumentos legales requeridos para la implantación del modelo de desarrollo que se estaba configurando140. Al interior del conjunto de modificaciones legislativas relacionadas con el campo, cobran especial interés las referentes a dos aspectos íntimamente relacionados: la regularización de la tenencia de la tierra; y, la resolución de solicitudes de tierra. En ambos casos, los cambios en las leyes, normas y procedimientos administrativos, dan paso a programas y acciones concretas. Con respecto al primero de ellos, se sabía que aproximadamente el 80 % de la tierra ejidal, y el 40% de la pequeña propiedad, estaba en condiciones irregulares en cuanto tenencia 141. Esta situación producto de un proceso que duraba ya más de 30 años, motivó que la SRA implantara un programa que tendiera a acabar con ella. Quedaba así contemplada la regularización de la tierra ejidal; y, hasta el final, se llevaría a cabo la regularización de la pequeña propiedad mayor de 20 hectáreas. El fondo del asunto de la regularización pues, parece ser el siguiente. El estado, durante 1977, no pretende afectar a la pequeña propiedad (a la mediana burguesía agraria, constituida por empresarios agrícolas y ganaderos). Es precisamente ello lo que conduce a manejar el argumento de que prácticamente ya no quedan tierras por repartir142. A la burguesía agro política ó burocracia rural, eso le crea el problema de insatisfacción de necesidades agrarias de reparto de tierras. Para salir temporalmente del embrollo, utiliza fundamentalmente cuatro mecanismos. Por un lado, ha sentido de que no es posible cumplir con las necesidades agrarias porque, a pesar de que durante 1977 se producen en promedio 500 resoluciones agrarias por semana 9 que hasta 1976 tenían un ritmo de 20 resoluciones/semana) 143, el hecho de que al iniciarse la administración López Portillista existieran 64,000 expedientes sin resolver 144, impediría cubrir todo el material para fines de sexenio. Incluso se asegura que para 1982, más de 6,000 expedientes agrarios de ejecución quedarían sin cumplirse, porque fueron mal integrados originalmente145. Además en casos particularmente explosivos, al estado le quedaba el recurso de comprar tierras de particulares para dotar a campesinos carentes de ella146, aunque por sus altos costos económicos, ello tendía a reducirse a su mínima expresión. También parece ser claro que el estado estaba dispuesto a convertir a la regularización de la tenencia de la tierra en un mecanismo que permitiera seguir alimentando, en la medida requerida para no perder totalmente su legitimidad, las necesidades de otorgamiento de tierras, a la vez que posibilitara el despojo de ellas; éste sería la fuente más abundante de tierras para fines de reparto agrario. Continuarían las depuraciones censales en los ejidos 147, a la vez que se ejercería fuerte presión para regularizar siete millones de hectáreas, de la modalidad conocida como colonias agrícolas y ganaderas –en manos de aproximadamente 100,000 colonospara poder satisfacer necesidades de reparto 148. Lo poderoso que llegó a ser este mecanismo de regularización de tenencia de la tierra, queda manifiesto en el programa concreto del gobierno de Sonora 149 conforme al cual, en siete años, se regularizarían 7.5 millones de hectáreas en la entidad. Por último, al estado haría nuevos repartos de

tierra, fundamentalmente recurriendo a superficies ubicadas en las regiones de trópico húmedo del país. Pero la adecuación superestructural que el estado emprende en 1977, no para en lo dicho hasta aquí. Toma medidas, encaminadas a sentar las bases de la dominación, con el contenido y la forma requeridos para la implantación de su esquema de desarrollo del agro, basado en la descampesinización- proletarizaciónempresarialización. Por principio de cuentas para institucionalizar el ineludible conflicto que traería consigo el despojo necesario para el reinado exclusivo –sin trabas u obstáculos serios, ni formales ni reales- del capital en el campo, se hacia necesario crear organismos que atendieran específicamente este tipo de casos . Entre ellos, destaca el intento de organización de los tribunales agrarios. Los tribunales agrarios representan, esencialmente, el intento de legitimar el proceso –y consecuencias surgidas- de la regularización –despojo de la tenencia de la tierra 150, en particular, y del nuevo rumbo impreso a la reforma agraria, en general. Constituyen el instrumento operativo necesario para hacer que se enlacen los niveles de consenso requeridos para la implantación de la justicia agraria 151. Con cuanto a diluir la solución del conflicto en el agro, haciéndolo llegar hasta la forma de negociaciones entabladas entre líderes. Se pretende generalizar casos como el de Veracruz 152, donde representantes de pequeños propietarios y ganaderos, y dirigentes de la UGDCM, CNC, CAM y CCI, llegaron a acuerdos para terminar con la violencia rural de la entidad. En otras palabras, se trata de extrapolar al campo la experiencia adquirida por el estado en cuanto al tipo de arbitraje que hasta entonces se había llevado a cabo básicamente en materia de las relaciones entre los obreros y empresarios de las ciudades 153. Aun desde el punto de vista administrativo, los tribunales representaban indudables ventajas para el estado. Permitirían racionalizar los recursos organizativos existentes a la vez que quitarían carga al poder judicial federal 154 –que, a través del juicio de amparo, conocía frecuentemente de problemas rurales-. Por otro lado, descargaba a la secretaría de la reforma agraria del área conflictiva, haciendo posible que ésta tuviera que ver exclusivamente con el reparto agrario y con la organización económica de los campesinos155. Es obvio que durante el año, el estado no pretende perder la vigencia del control político de la maquinaria corporativa en el campo, sobre todo totalmente asalariadas del sector, se vería sustancialmente incrementado. Por esta razón, empieza a robustecer sus cuadros dirigentes, incluyendo en ellos a hombres capaces de sostener las riendas políticas e ideológicas en la dura etapa que la burocracia central acertadamente preveía 156 para el futuro inmediato. Pero los cambios en este sentido no son sólo a nivel de dirección. E l estado persigue la adecuación global de las organizaciones de control y dominio político en el campo. Por principio de cuentas se inicia el fortalecimiento de los entonces vigentes mecanismos de control: comisariado ejidal-comités regionales campesinos-ligas de comunidades agrarias-confederación nacional campesina-pacto de campo 157. Además,

se hace necesario organizar la actuación política de los productores rurales, de acuerdo a las ramas de la producción en que se ubica su actividad, en centrales agrupadas en el “Pacto de Ocampo”. Hay por lo menos dos ejemplos de acciones tomadas en este sentido. Se constituye la “Unión de Caficultores de Zonas Marginadas”158, así como el consejo coordinador de la unidad nacional cañera 159. Al estado también le es imprescindible el crear organizaciones -también agrupadas en el pacto de Ocampo- que mantengan un adecuado control sobre no menos de tres millones de asalariados en el campo160, ya que se admite oficialmente que cuando mucho 50,000 estaban organizados en sindicatos 161. Asimismo le es necesario incluir en el encuadramiento estatal, a los diversos sectores marginados de la población rural 162. Por otra parte, debido a sus claras repercusiones políticas, el estado se encuentra con el requerimiento de frenar la migración rural-urbana. Para 1977, existían alrededor de 85,000 localidades rurales con menos de 2,500 habitantes. Se pronosticaba que, si continuaban las tendencias del momento, 80 % de los 120 millones de habitantes que el país tendría para el año 2,000 estaría concentrado en ciudades 163. Por ello, se adelantaron algunas medidas, de decisión oficial, encaminadas a lograr este propósito164. La necesidad de estar a la orden del día en lo que respecta a la represión, de ninguna manera es un aspecto que pasa desapercibido para los dirigentes del estado. Se tiene clara conciencia de la potencial utilidad que, llegado el caso, podría tener el echar mano de recursos de este tipo. Por esta razón, existe una marcada tendencia hacia la modernización del equipo físico de la organización represiva del estado, a la par que se hacen todo tipo de preparativos necesarios para tener mano dura con respecto al surgimiento de movimientos armados 165. Asimismo, en regiones especialmente críticas, cobran repentina vigencia las campañas de despistolización 166, el estado no podía perder ni un ápice de su legítimo monopolio sobre el uso de armamentos. Pero las medidas represivas no se actualizan solamente en lo que se refiere a hacer más eficiente el funcionamiento de los diferentes cuerpos armados del estado, y en cuanto a sentar las bases físico-militares requeridas para minimizar la posibilidad de movimientos armados exitosos. También se efectúan acciones encaminadas a modificar la legislación vigente respectiva. En algunos casos, incluso las medidas represivas tomadas en esta dirección tienden a socavar el mínimo de legitimidad requerida. En estas circunstancias, diferentes componentes del estado de Querétaro, que permitieron establecer la pena de hasta 40 años a los autores intelectuales ó propiciadores de invasiones agrarias 167, lo que mereció la felicitación de la CNPP, a la vez que el repudio de otros sectores168. Los signos pues, son claros. De la posición formalmente sostenida por el estado respecto al campo, se infiere que sus objetivos reales se sintetizan en el de abrir el campo al desarrollo exclusivamente basado en las leyes de funcionamiento del capital. A nivel de política económica, de instrumentos de dominación política y de mecanismos de manipulación ideológica, la intervención estatal en el campo se dirige durante 1977 hacia la intensificación del abandono de las prácticas populistas. Pero ésta era sólo una

de las caras de la moneda. Quedaba pendiente la respuesta de las clases y sectores explotados del campo ante esta reorientación, y el impacto de ello en la efectiva implantación –en lo que concierne al agro- de las modificaciones coyunturales del modelo general de desarrollo. De especial relevancia es la respuesta política organizada, de dichos sectores, en momentos en que se lleva a cabo el inicio de una reforma política de envergadura no despreciable. 3) Los requerimientos del cumplimiento del esquema estatal de la descampesinización definitiva: a manera de síntesis. Hasta aquí, se ha visto que la situación de crisis de la economía del país constituye el determinante de mayor peso específico en el hecho de que la política económica del aparato burocrático se orientara a otorgar aún más privilegios a la clase capital. Ella condujo al estado en su conjunto a entablar con el imperialismo una forma de atadura que se manifiesta a un nivel concreto en el establecimiento de un limitante pacto gubernamental con el fondo monetario internacional y en formulación de su referente, en el plano coyuntural interno, de alianza para la producción. Además se percibe que durante 1977, al interior de las diferentes instancias estatales, se manejan concepciones ni siempre idénticas respecto al papel que le toca jugar a cada sector de la economía con objeto de sortear la crisis. Sin embargo, en lo que toca al sector agropecuario, se observa la existencia de altos grados relativos del consenso. En lo relacionando específicamente con el sector rural, la crisis económica es en última instancia lo que hace posible el que sean relativamente eficaces las presiones políticas ejercidas por la mediana burguesía rural, por los comerciantes modernos y por los industriales consumidores de materias primas de origen agrícola ejercidas por la mediana burguesía en su conjunto, logran que la fracción hegemónica de la burocracia enfile las baterías del aparato de gobierno hacia la descampesinización, total y definitiva, del agro. En general, son los principales responsables del acoplamiento de diversos elementos del estado, a un política económica que lleva a límites extremos la tendencia preexistente de proporcionar todo género de alicientes a la iniciativa privada para que tenga una mayor participación en el campo, a la vez que sienta las bases para una racional planeación y un mayor control sobre la producción agropecuaria. El esgrimir formalmente a la generalización de la formación de empresas capitalistas, como meta estatal, representa la intención de satisfacer al máximo las necesidades de volúmenes, rendimientos y costos de la producción agropecuaria, llevando simultáneamente al mínimo absoluto la satisfacción de necesidades agrarias de reparto de tierras. La efectiva consecución de la meta está condicionada al logro del fortalecimiento –mediante su máximo tecnificación, siendo responsable el gobierno de asegurar el adecuado y oportuno aprovisionamiento de los satisfactores infraestructurales y tecnológicos que ello requiere- de la empresa capitalista rural, sea en su forma pura (totalmente constituida por capital industrial, comercial ó agrícola, en donde formalmente se admite que la fuerza de trabajo campesina es empleada como asalariada), ó en su forma mixta (donde formalmente el capital no emplea trabajadores

y jornaleros agrícolas, sino que se asocia con ellos, sea con individuos, grupos o comunidades enteras). La descampesinización total aparece como la más importante carta económica del estado en el medio rural. Desde la perspectiva estatal, representa la principal manera de convertir al campo en factor que coadyuve a alcanzar las metas que se fija como medicina para la crisis que sufre el aparato económico del país: generar empleos, aumentar la productividad y contener la inflación. Con la descampesinización, el estado pretende no solamente allanar el camino para la obtención de mayores tasas de acumulación del capital privado en el sector agropecuario, sino también en el sector industrial y comercial –interno y externo-. Puesto que implica la resolución del problema del desempleo rural, no por la vía de la dotación agraria de tierras, sino a través de la apertura de fuentes de trabajo que emplean como asalariada a la mano de obra excedente en el campo, forma parte del conjunto de acciones destinadas por el estado a impedir una mayor reducción del mercado interno. Es decir, se erige como medio para lograr por lo menos mantener las tasas de desempleo rural y urbano hasta entonces existentes. Además, se esperaba que la tecnificación, vía la conversión de la generalidad de las unidades productivas en empresas capitalistas, permitiría una mayor producción de alimentos. Con ello se contribuiría al abatimiento de la inflación, especialmente en lo que respecta al aumento de precios de productos alimenticios populares, distanciado así más la posibilidad del surgimiento de violencia no controlada. Por último, al hacer posible el mantenimiento de altos ritmos de crecimiento de aquellas áreas económicas y regiones geográficas más desarrolladas del sector –en un marco en que forzosamente existe una estrecha vinculación entre empresas comerciales y empresas industriales en general- diversos grupos en el interior del estado confiaban en que se reducirían los altos déficits de materias primas industriales y que, incluso sería posible tener excedentes para la exportación. Así, salta a la vista que la aplicación de la alianza para la producción en el campo mexicano –que significa la descampesinización del mismo, requiere del desarrollo de una función económica concreta, de parte de cada actor social interviniente. El aparato burocrático debe proporcionar infraestructura, financiamiento, mecanismos de comercialización y tecnología. Las unidades productivas, ejidales y comunales, así como, el minifundio privado, deben ceder un muy considerable terreno económico a la empresa capitalista rural. El trabajador agrícola y ganadero debe tener mayor productividad. El empresario agrícola debe invertir más y proporcionar mayores volúmenes de materias primas, bienes de exportación de empleo. El empresario industrial y el financiero deben canalizar fondos hacia la producción agropecuaria. Pero para lograr la descampesinización definitiva del agro mexicano, y para obtener los efectos que se esperan de ella en el propio sector y en el conjunto nacional de la economía, el estado tenía forzosamente que jugar con otras dos cartas: una ideológica y otra política. Los dirigentes empresariales, los altos estratos de la burocracia pública y los líderes de la maquinaria de control sobre los trabajadores del campo, llegan a cierto acuerdo consistente en que, sólo en la medida en que se manejaran simultáneamente los aspectos económicos, políticos e ideológicos vinculados a la descampesinización ,

es que se tendrían posibilidades de éxito. Ello significa que, así como existía una clara delimitación del rol de cada uno de los autores económicos que tienen íntima relación –como requerimiento determinante ó efecto- con la descampesinización, también tenían definido su papel como actores políticos y como actores ideológicos que coadyuvarían al mantenimiento de la estabilidad demandada por la reproducción del capital destinado a sustituir la función economía del campesinado. En esta última perspectiva, al aparato burocrático le corresponde, ante todo, hacer volver la confianza de los potenciales inversionistas privados en el campo; lograr que éstos realmente tomen el espacio que el campesinado dejará vacío. Le compete primordialmente por tanto el quitar las trampas de la ley –mediante una adecuación jurídica de amplias proporciones- en lo que respecta a inseguridad en la tenencia de la tierra. Ello significa que el abandono de la práctica populista de afectación de tierras, y su sustitución por la de impedir invasiones agrarias, va a estar legalmente fundamentada. Se trata de la modificación de la legislación agraria, en función de las necesidades planteadas por la realidad económica esperada; de la modificación de los ordenamientos existentes, determinada por el tipo de realidad que el estado se encuentre claramente empeñado en construir en el campo. Sin embargo, para el aparato burocrático, los inversionistas privados –reales ó potenciales- no constituyen el único aspecto a considerar en el agro, en el contexto de la descampesinización. Del otro lado de la balanza se encuentran los jornaleros agrícolas, el amplio sector minifundista –ejidal y privado-, el campesinado medio y acomodado, y la enorme masa de desocupados y subempleados rurales que, no obstante su tardío arribo al reparto agrario, ejercen una formidable presión sobre la tierra; factor que, incluso bajo las condiciones entonces vigentes, se había tornado cada vez mas escaso. Puesto que la existencia del capital en el campo, una vez suprimidos los obstáculos legales para su expansión, inevitablemente traería consigo un aumento de la presión sobre la tierra, los timoneles gubernamentales –en un intento por mantener niveles mínimos de legitimidad a los ojos de los sectores sociales afectadosse vió obligado a construir y a transmitir una nueva imagen ideológicos de la reforma agraria. Conforme a ésta, la reforma agraria no consistía más en otorgar tierra, sino en brindar ocupación y procurar productividad. Simultáneamente, realiza la planificación de procedimientos y acciones tendientes al mejoramiento real de las condiciones de vida de una parte de la población rural, sólo en la medida necesaria para mantener vivas las expectativas del conjunto. Además, se apresta a utilizar tres mecanismos generales para seguir satisfaciendo necesidades de reparto agrario en los niveles requeridos para mantener un mínimo de legitimidad: en casos particularmente explosivos, comprar tierras a particulares para dárselas a otros que sí las cultiven; y, hacer nuevos repartos en las regiones tropicales y subtropicales del país. Por otra parte, en un intento por mantener los conflictos y luchas sociales del campo en un marco institucionalizado –en condiciones de creciente deterioro de las condiciones materiales de vida, consecuencia del despojo de tierra sin sustituirla con alternativas

suficientes de ocupación- el estado se encuentra durante 1977 en pleno proceso de organización de los tribunales agrarios. En fin, el gobierno había previsto la posibilidad incluso de que: la nueva imagen ideológica no hiciera mella en la concepción agrarista tradicional de los solicitantes de tierra; se siguiera generalizando y clarificando la concepción –pese a los esfuerzos estatales por evitarlo- de la población pauperizada del campo, en cuanto a que la obtención de sustanciales mejoras en sus niveles de vida no era posible en el futuro inmediato; los repartos agrarios por excepción no fuera suficientes para neutralizar la erosión en la legitimidad de la actuación estatal, ocasionada por el alto grado de rechazo de solicitudes de tierra; los tribunales agrarios no cobraran la suficiente envergadura como para mantener institucionalizado el conflicto social-rural. Basados en esta previsión, los altos estratos de la burocracia pública promueven modificaciones legislativas, tendientes a hacer mas expedita y legítima la represión en el campo, y empiezan ya a llevar a cabo la modernización del aparato encargado de la fuerza policiaco-militar en el país. En el mismo marco de los requerimientos político-ideológicos de la descampesinización, es necesario considerar que la supervivencia misma del aparato corporativo del estado en el agro, representados por las agrupaciones del pacto de Ocampo. Por ello, sus dirigentes consideran que el robustecimiento debería ser lo suficiente como para neutralizar la acción de las organizaciones independientes con respecto a las cuales ya empezaban a entablar relaciones de competencia política. De ahí, que para lograrlo se intenten transitar fundamentalmente dos caminos: por un lado, las organizaciones a la doble aparición de fortificar los cuadros dirigentes y estimular la militancia efectiva de sus estratos intermedios y miembros de base; por otro lado, se pretende agregar diversas fuerzas –hasta entonces fuera del ámbito de su influencia- a la fuerza institucionalizada del pacto de Ocampo, tanto a través de la organización por área de producción –en centrales controladas- de la actuación política de los productores rurales, como mediante la creación de mecanismos de control sobre los asalariados y marginados rurales. Finalmente, si la descampesinización y empresarialización había de ser un hecho, al capital privado le tocaba plegarse a la posición del aparato burocrático. Este podría presionar al gobierno, pero nunca más allá del límite en que se pone en peligro la reproducción de las condiciones políticas requeridas para la reproducción del capital. A esta categoría social corresponde comprender e interpretar la esencia del lenguaje utilizado –y la acción entablada- por diversos exponentes del aparato burocrático, especialmente en los casos en que la ebullición de la lucha de clases hace que este se enfile, temporal y aparentemente a favor de los intereses de las clases explotadas rurales. En síntesis, aún los dirigentes de las organizaciones de lucha directa más reaccionarias de la clase del capital, deberían tener en mente, pase lo que pase, en el proceso de descampesinización del agro, que gobierno e iniciativa privada navegan en el mismo barco.

De manera que, a nivel superestructural, el logro efectivo del esquema estatal de descampesinización-empresarialización-proletarización, precisa de la existencia de varias condiciones. La descampesinización requiere del aparato burocrático del estado, que: proporciona el ambiente legal que estimule la inversión de la burguesía en el agro; formula y transmita eficazmente una nueva imagen de la reforma agraria; continúe sus programas de bienestar social en el medio rural; no suprima totalmente el reparto de tierras, sino que lo mantenga vivo, en un mínimo absoluto; institucionalice jurídicamente el conflicto social en el campo; modernice el cuerpo represivo, en previsión de casos explosivos. Asimismo, la consecución de la descampesinización demanda, de la maquinaria corporativa del estado, en el campo, que; se fortalezca internamente para ganar a su favor las potenciales bases sociales de apoyo de las organizaciones políticas independientes, destinadas a florecer en el fértil campo de la inconformidad rural; pueda asimilar a diversas fuerzas que tenían básicamente una organización de orientación económica. Por último, la descampesinización hace necesario que la burguesía en general –y en particular las fracciones que tienen intereses directos en el agro- no se ciegue por la defensa de sus intereses inmediatos y llegue a orillar al estado a actuar en un terreno políticamente más peligroso aún que el implicado por la propia descampesinización. De todo lo anterior, se desprende que durante 1977 existen requerimientos imprescindibles para que el esquema estatal de transformación del agro mexicano tenga real cumplimiento. Se requiere el desarrollo de funciones específicas -a nivel económico, político e ideológico- por parte de las diversas instancias del estado. Para fines analíticos, ello puede quedar expresado en el cuadro 1. Cabe ahora hacer la pregunta de si efectivamente las condiciones objetivas del momento permitieron la realización de estas funciones requeridas para el cumplimiento de las metas y medidas estatales en torno a la definitiva descampesinización del medio rural. Este asunto será abordado en lo que resta del documento.

Cuadro 1: funciones globales requeridas de diversos actores sociales, para que cristalice el esquema estatal de desarrollo del medio rural, durante 1977. Funciones requerida Actores Soc. Basic. Aparato burocrático Del Estado

Funciones Económicas Requeridas a) conducir el proceso de salida a la crisis en general, y

Funciones políticas E ideológicas Requeridas a’) hacer volver seguridad e

dirigir la forma que ello adopte incentivar al capital en el agro a través de diversas medidas políticas e ideológicas Maquinaria corporativa b) apoyar la formación de b’) mantener el Del estado en el campo empresas asociativas y los control de las efectos de la misma organizaciones del pacto de Ocampo sobre las clases trabajadoras del agro, en condiciones de creciente deterioro de sus condiciones de vida. Fracciones rurales de La burguesía

c) cumplir con papel, de inversión, que le ha sido asignado por las diversas instancias estatales

c’) no perder de vista que gobierno y maquinaria corporativa no son enemigos reales

Segunda Parte: Las Funciones, Demandadas del aparato burocrático. para la Efectiva Realización del Esquema Estatal de Descampesinización del Agro

Con objeto de tengan real cumplimiento durante 1977, los planes estatales de desarrollo rural requieren que el gobierno cumpla una función económica concreta, y que desempeñe una actividad superestructural específica. El estudio de si ello acontece ó no en la realidad, es materia de los dos siguientes capítulos. En el capítulo IV se parte del supuesto de que, para que sea un hecho, el esquema estatal de la descampesinización definitiva del agro requiere que el aparato burocrático sea real ejecutor de la función de dirigir el proceso de salida a la crisis. Se pasa revista a las dificultades que se le presentan en este sentido, aludiendo principalmente a: la penuria económica gubernamental; las presiones políticas de la burguesía, de la maquinaria corporativa y de diversas corrientes ubicadas en el propio ámbito interno de la burocracia ; diversos obstáculos relacionados con la organización interna del gobierno, que la reforma administrativa no pudo superar. Pero, para que la descampesinización se logre, el aparato burocrático tiene además que desempeñar una función superestructural , en el sentido más amplio del término. Se requiere que promueva y conduzca un proceso que haga volver la seguridad al capitalista rural, de manera que lo incentive para expandir la presencia de sus empresas en el agro. Dentro de esta función superestructural, la fracción hegemónica de la burocracia pública tiene que: promover una adecuación jurídica que traiga seguridad y elimine los obstáculos que pudieran presentarse para la expansión empresarial en el campo; reducir al mínimo la afectación de tierras; impedir la generalización de invasiones agrarias; construir y transmitir eficazmente la imagen ideológica de la reforma agraria como fundamentalmente comprometida con proporcionar ocupación, no tierras, a las masas rurales; mejorar los niveles de vida de las mayorías rurales en la medida requerida para mantener vivas las expectativas del conjunto ; institucionalizar la solución de conflictos rurales; y, hacer mas expedita y legítima la utilización de modernos cuerpos represivos. Precisamente, en el capítulo V se intenta percibir si el aparato burocrático cumple ó no con cada uno de estos cometidos y, por lo tanto, si desempeña su función superestructural global de generar altos niveles de confianza en la burguesía rural.

Capítulo IV: Obstáculos sociales para la efectiva dirección gubernamental en el proceso de salida a la crisis I)

Presiones políticas: la lucha intra burocracia, las presiones de la burguesía y el aumento en la capacidad de negociación de la maquinaria corporativa.

1) La visión oficial: el gobierno como único rector. Es incuestionable la afirmación del presidente de la república (IX/1) , en el sentido de que estaba acabado por sus contradicciones, un patrón de crecimiento que agotó su último tabú con la devaluación. Lo que aquí interesa saber es, si son realmente efectivas las nuevas reglas en fondo, flexibilidad y agilidad de respuesta atinada y ubicada en la trama general conforme a las cuales el gobierno anuncia el combate a la espiral inflacionaria, a los movimientos masivos de capitales y a los efectos de los cambios radicales en los valores relativos de las principales monedas y de importantes materias primas. En otras palabras, lo que hay que conocer es si el gobierno de López Portillo realmente dirige el proceso por él señalado –con cierto grado de bases consensuales- como adecuado para salir del bache económico. Por tanto, es importante intentar percibir si la actividad de los demás sectores sociales se somete –ó, incluso sólo se pliegan- al rumbo marcado por los altos estratos de la burocracia central del Estado mexicano. Conforme a los planes gubernamentales (IX.1), 1977 se plantea como el año de la reconstrucción económica. El año en que, ante la gravedad de la crisis, ó se remedia la situación económica con el concierto de todos los sectores –dirigidos por el gobierno-, ó estalla la violencia. En un período durante el cuál se torna necesario implementar una alianza que permite conjugar las intenciones de distintos sectores para armonizar idénticos propósitos, para procurar lo que los demás necesitan, para eliminar artículos suntuarios, para racionalizar los procesos de elaboración y comercialización (IX/1). Hay algunos indicios de que las cosas no fueron fáciles para la fracción de la burocracia encabezada por JLP. En su mensaje político del 1° de septiembre, el jefe del ejecutivo federal intenta la reinvindicación verbal de la capacidad de auctuación independiente que tiene el gobierno, en particular del cargo que él ocupa: como jefe del ejecutivo federal, no puedo aceptar presiones. En las cuestiones de mi competencia sólo yo he decidido, decido y decidiré. Si ha habido aciertos, ese es mi compromiso, si errores, mi responsabilidad. La explícita alusión presidencial lleva a plantear las siguientes interrogantes: ¿Existe una correspondencia entre la anterior afirmación oral y la realidad?, ¿La fuerza del gobierno durante 1977 fue tan verdadera y poderosa como para permitir que éste implante en su totalidad el proyecto de desarrollo que formula, de manera bastante clara, desde principios de año? ¿Se consolida y opera la alianza para la producción?, ¿Qué obstáculos se le presentan al gobierno en este sentido? 2) El papel rector del gobierno en la realidad

Los acontecimientos parecen señalar la existencia de serios obstáculos durante el año, para que efectivamente el gobierno de JLP se convierta en el efectivo conductor del proceso de implantación de su modelo de desarrollo y, por lo tanto, para que realmente se lleve a cabo la alianza para la producción. D ser así, existiría la posibilidad de que sufriera modificaciones posteriores el proyecto de desarrollo que se maneja formalmente durante este período de tiempo. En 1977, existen por lo menos tres grandes categorías de factores que dificultan el que el aparato burocrático sea el director único que eche a andar a las diferentes fuerzas sociales en la dirección señalada por sus órganos de planeación: a) las presiones que sufre desde el interior de la propia burocracia central, provenientes de grupos relativamente puestos entre sí, que –por lo menos hasta agosto- habían logrado el acceso a poderosas e influyentes posiciones políticas, que manejan modelos de desarrollo y esquemas de salida a la crisis no del todo coincidentes con los del régimen en turno, y que representan una suerte de continuidad con las distintas estrategias globales seguidas en las dos administraciones presidenciales precedentes; b) la composición, funcionamiento y agresividad de la burguesía en la crisis, que la coloca en la posibilidad de socavar severamente la relativa independencia del aparato burocrático con respecto a ella y, por lo tanto, de implantar sus propias concepciones de salida emergente; c) el deterioro progresivo de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo organizada, lo que determina el que la maquinaria corporativa del estado se debilite internamente, lo que a su vez conduce a que, -para neutralizar ó minimizar este proceso- sus instancias dirigentes tomen una posición cada vez más radical en la defensa de los intereses de sus miembros, obligándolos las circunstancias a asumir en ocasiones un papel bastante mas a la izquierda que el que le ha sido delimitado por el aparato gubernamental. La presencia de este conjunto de dificultades condiciona el que la capacidad directiva del gobierno esté seriamente limitada. En tanto que el capital toma un papel cada vez menos activo en el cumplimiento de los lineamientos que le son señalados por la burocracia del Estado mexicano, la maquinaria corporativa de este estado denota una progresiva actividad efectiva en la delimitación del contenido de los planes gubernamentales, en la conformación de la alianza para la producción, y en la real ejecución ó no de los compromisos contraídos en ella. Veamos cada una de estas categorías con mayor detalle. A) Dificultades intra burocráticas: el reacomodo sexenal. El proyecto de salida a la crisis, al nivel intra burocrático y en el plano inmediato, se plantea coyunturalmente como la resultante ó solución vectorial del proceso de enfrentamiento entre las respectivas concepciones de tres corrientes políticas principales: la corriente del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que en términos generales sostiene que la conducción del proceso de salida a la crisis debe ser efectuada por un estado intransigente, represivo y autoritario; el modelo esgrimido por el grupo de seguidores del expresidente Luis Echeverría Álvarez –incrustados no sólo en algunos niveles importantes del aparato de gobierno, sino colocados también en la

mayoría de las principales localidades del Congreso de la Unión desde finales del sexenio de Echeverría-, que concibe que es un Estado orientado al cambio, con apoyos populistas, el que debe realizar la planeación y dirigir la acción para salir de la crisis económica; la tendencia –alimentada por los en un principio escasos fieles seguidores del presidente de la república en turno-, que a grandes rasgos se caracteriza por la visión de que un Estado árbitro, dirigido por tecnócratas gubernamentales, que permita siempre la actuación conforme a Derecho, debe efectuar la planeación y señalar la dirección y estrategia del proceso requerido para sacar al país de la crisis. Desde el 1° de diciembre de 1976, la tendencia que resulta progresivamente fortalecida –y, por lo tanto el modelo de desarrollo coyuntural que se va a intentar aplicar en el ámbito extra burocrático- es la encabezada por el presidente López Portillo. Sin embargo, la hegemonía de su concepción del quehacer en las circunstancias del momento no estaría totalmente garantizada en tanto persistiera la solidez política denotada por las otras dos corrientes. Es justamente por ello que, en el complejo marco de contradicciones secundarias entre estas corrientes, agudizadas por el contexto de crisis económica en que se desenvuelva la lucha, el conflicto que se suscitó a mediados de agosto (VIII/16) entre LEA y GDO tuvo como corolario el que la fracción López Portillista golpeara a las otras dos. La destitución del presidente de la gran comisión –a finales de agosto-, seguida por el hecho de que en la primera semana de septiembre renunciaron aquellos coordinadores de las representaciones de los diputados federales de cada entidad del país que hubiesen sido altos funcionarios en el sexenio precedente, es un claro indicador del proceso debilitador de la corriente Echeverrista. La renuncia del propio Díaz Ordáz como embajador en España representa el impacto de la fuerza dirigida contra la otra tendencia en pugna. Pero el problema de la hegemonía absoluta al interior de la propia burocracia no fue totalmente resuelto. Continúa, en cierto grado, para el grupo de López Portillo, durante todo 1977. Aunque las dos corrientes mencionadas fueron duramente castigadas, no murieron. Persisten, con mucho menos fuerza que antes, pero persisten. Su debilitamiento fue efecto de una acción directamente presidencial. La intervención de JLP fue legitimada porque los dos expresidentes asumieron un comportamiento de público enfrentamiento que implicó un fuerte rompimiento de las reglas del juego político, que establecen que la actuación de cualquier expresidente puede ser real, pero debe ser mesurada y encubierta. Con la experiencia de los golpes recibidos, en lo que resta del año ambas corrientes – como medio para sobrevivir como tales- se cuidarían de volver a romper abiertamente las reglas establecidas para su actuación. Su simple supervivencia política, aunque por lo pronto debilitada, implicaba que no era imposible su potencial fortalecimiento, en grados determinados por la manera específica en que sus dirigentes fueran capaces de aprovecharse de las contingencias que se presentasen. Su persistencia política representa, por tanto, la constante posibilidad de que sus respectivos proyectos, planes, esquemas y programas pudiesen en cualquier momento influenciar, en grado significativo, a los alineamientos López Portillistas. Especialmente la fracción que tenía ubicados a algunos de sus elementos en la Cámara de Diputados, siempre podría presionar a la posición gubernamental respecto al contenido de sus planes de

desarrollo y cuestionar los resultados emergidos del proceso de implantación de aquella porción de sus planes de salida a la crisis que eran efectivamente seguidos en la realidad. Así, la implantación de los planes del Régimen de López Portillo se encuentra inicialmente obstaculizada por factores ubicados en el propio interior del gobierno. Hay elementos políticos que dificultan el que su gestación –y, finalmente su contenido articulado y coherente- se realice de una manera pura. O su contenido está contaminado por el resultado de las presiones de las corrientes que se han mencionado inmediatamente arriba, ó el intento de poner en práctica acciones de acuerdo sólo a los planes puros de fracción hegemónica López Portillista se enfrenta a la oposición –más ó menos eficaz, de acuerdo a la coyuntura concreta en que ésta se presente- de estas corrientes. Este es, pues, el pecado de origen de la estrategia de salida a la crisis, esgrimida por la fracción hegemónica de la burocracia pública; en su propio ámbito interno se ubican fuerzas –que, obviamente, no están aisladas, sino que tienen intereses específicas, relaciones concretas y sistemas de fidelidades personales en el ámbito extra burocrático- que la intentan moldear de acuerdo a sus propias perspectivas. Pero hasta aquí sólo se ha brindado una visión superficial de las dificultades que, ubicadas en una dimensión política intra burocrática, el gobierno debía vencer para realizar cabalmente su papel de confeccionador e implantador efectivo de una estrategia que lograra sacar a todos los sectores productivos de la crisis económica, en los términos de alianza planteados por sus dirigentes. En el ámbito extra burocrático se localizan por lo menos otras dos grandes fuentes de obstáculos a la implantación de los programas del régimen en turno: una, estaría constituida por dificultades desprendidas del tipo de relación existente entre el gobierno y los actores sociales que manejan el capital privado; otra, estaría conformada por los obstáculos conectados con el tipo de vinculación que se da entre el gobierno y los dirigentes de la maquinaria corporativa del estado. B) La burguesía no acepta rienda gubernamental. La actividad de planeación del gobierno –y la programación económica y social en particular- es planteada por JLP y su grupo como una medida para concertar la participación de todos los sectores y de todos los factores, que impida que el aparato de gobierno sea presa inerme del juego ciego de las presiones socioeconómicas y patentice nuestra vocación para gobernarnos y gobernar los acontecimientos (IX/1). En el fondo, la planeación gubernamental aparece como una medida destinada a coadyuvar al mantenimiento de la autonomía se plantea, precisamente como una condición sine qua non para la existencia de la planeación gubernamental. Justamente , es la autonomía indispensable requerida para que el gobierno de este Estado pueda dirigir el proceso de salida a la crisis , normando la actividad de todos los sectores de la economía y de las clases y grupos sociales respectivamente vinculados a ellos. En términos más concretos, la planeación

implica que la burocracia pública tenga una mínima capacidad de actuación independiente real; la mínima para llevar a efecto la alianza para la producción. El licenciado López Portillo sostiene que la alianza para la producción no implica el debilitamiento del estado, como la malicia exhibicionista lo pretende, sino por el contrario, su fortaleza (IX/1). En el marco de los acontecimientos del momento, la declaración del presidente de la República no deja de ser esencialmente la de objetivos por lograr, y hay indicios de que éstos estuvieron bastante alejados de su real consecución. La principal cuestión al respecto, es si los grupos y fracciones mas poderosas de la iniciativa privada, no aprovecharon las contingencias, con perspectivas claras de empeoramiento, para minimizar la autonomía relativa del Estado y lograr que se diera un cambio sustancial –todavía más a su favor- en el contenido de los planes y en la política económica del gobierno del Estado mexicano. En caso de que la respuesta fuese afirmativa, no se podría menos que colocar en tela de juicio la mencionada afirmación presidencial, calificándola de optimista. Desde la perspectiva gubernamental, la crítica verbal a la posición oficial no es solamente sana, sino indispensable (IX/1). Sin embargo, la posición de la gran burguesía, cuando por diversas circunstancias el gobierno no ha accedido a la defensa o mejoría de sus intereses inmediatos, adopta la forma de presión real y, las más de las veces, efectiva. Es una acción político-económica (por realización ó por omisión), no una indefensa crítica intelectual ó un mero enfrentamiento verbal. Contrario a la afirmación de JLP, en esta situación al Ejecutivo Federal no le queda sino aceptar presiones y actuar en consecuencia. El claro que el gobierno requiere –para la implantación de sus planes- de un margen de independencia (IV/27). Ello es perceptible a través de varios indicadores. Tomemos un ejemplo. En el caso concreto de la producción de alimentos básicos, la premura por resolver los problemas hizo que el aparato burocrático quemara las etapas –programadas por sus propios técnicos- de la alianza para la Producción. En este marco, debe considerarse el que, sin haber logrado aún los objetivos buscados, a fines de julio se anunciaba el paso a la segunda etapa de la alianza. Conforme a ello, el gobierno divulgó ampliamente su suposición de que ya había sido lograda la reorientación de la estructura productiva y de distribución , de manera que era ya posible el abastecimiento adecuado, al mejor precio posible, de los artículos socialmente necesarios. Ahora sí, conforme al planteamiento oficial, una vez que la reorientación estaba hecha, se procedería a otorgar créditos selectivos para la fabricación de 26 productos alimentarios, que alcanzaría la suma de dos mil millones de pesos (VII/26). Pero el hecho es que, para principios de septiembre, sólo un porcentaje bajísimo del número de bienes cuya producción había sido acordada por el capital, estaba siendo efectivamente elaborado y distribuido en los términos pactados. En el caso de los planes gubernamentales para la producción de artículos socialmente necesarios, así como en la vasta generalidad de los pactos realizados

entre gobierno y burguesía, el capital –a pesar de sus acuerdos iniciales formalesen la práctica no actúa (y todo indicaba que tampoco lo haría en el futuro) conforme a los lineamientos del aparato burocrático de gobierno (IV/27). ¿Cuáles son los factores que explican esta reticiencia de la clase del capital, en cuanto a los planes y perspectivas gubernamentales? i) Esencial impotencia gubernamental para implantar compulsivamente sus planes. Un primer factor, estriba en que los esquemas propios de la burguesía, respecto a las formas en que se debe asumir al proceso de salida a la crisis, no concuerdan totalmente con los manejados directamente por el aparato burocrático. Por ello, se dan las presiones consecuentes, destinadas a lograr la total identificación de ambos. En estas circunstancias , el gobierno federal está en fuerte desventaja para imponer sus condiciones. Ello se debe a que, en la formulación de un plan que tenga posibilidades reales de implementación , el Estado tiene –de partida- la limitante fundamental de contar con muy pocas facultades reales de intervención en materia económica. El gobierno del estado mexicano, como el de todo estado capitalista , carece de mecanismos realmente compulsivos, que puedan obligar a determinada fracción ó grupo del capital a orientar su producción en la dirección, con el volumen y en la calidad por él determinada (III/4). Puesto en palabras del propio presidente de la república: El estado se empeñará en resolver la crisis con todos los recursos que un sistema democrático tiene, sin violar el esquema del estado de Derecho, en el que se aplican las leyes que obligan y las que prohíben, y se aprovechan las facultades para convenir, estimular, desestimular y pensar (VIII/4). Por la naturaleza de nuestro sistema de economía mixta, la acción del estado debe ser esencialmente indicativa, orientando mediante estímulos la participación del sector social y del sector privado en nuestra vida económica y combinando con ellos la inversión pública. Este plan indicativo de desarrollo deberá desembocar en un sistema de planificación en que el Estado, a través de un diálogo franco con productores y consumidores, canalice el esfuerzo de todo el país hacia las metas específicas que exige nuestro desarrollo (VII/30). Esta verdad fundamental es lo que hace posible que las diversas fracciones del capital se auto conciban en entera libertad para cumplir ó no con el compromiso contraído en diciembre de 1976 con JLP: es lo que permite que rechacen totalmente el esquema gubernamental, que se someten parcialmente a él, ó sólo actúen conforme a los manejados por ella. Tienen la clara visión de que, en última instancia no se les puede obligar realmente a hacerlo (VII/24). Con base en esta verdad, pues, la clase del capital puede efectivamente presionar y negociar a su favor la política económica del gobierno. Para muestra un botón; de

las medidas recomendadas en junio por el presidente de la Comisión de Exportación de Valores Invisibles, y expresidente de la Bolsa de Valores de Londres, al gobierno mexicano, la primera –que estriba el control de la inflación- estaba siendo implantada; la segunda, consistente en retardar la satisfacción de los requerimientos gubernamentales de capital para no dejar a un lado los del comercio y la industria, ya estaba incluso llegando a su límite para esas fechas; la tercera, consistente en porque al gobierno no le quedaba otros recursos, ya que las acciones en contrario eran tiradas por la borda por la presión de diferentes organizaciones de lucha del capital (VI/17). ii) La heterogeneidad del capital impide una respuesta única de la burguesía a los lineamientos gubernamentales. Tomando en consideración sus intereses económicos, la burguesía se diferencia internamente, cuando menos por: el monto de sus inversiones; el tipo de mercado a que se destina su producción; el grado de dependencia respecto al capital de las metrópolis internacionales; el nivel en que depende de la actividad gubernamental para su persistencia y expansión; el (los) sector (es) de la economía en que se ubica; el grado de verticalidad en su composición; el tipo y monto de mecanización que utiliza; el grado de extensividad o intensividad en que utiliza fuerza de trabajo; niveles de rentabilidad, productividad y explotación; etc. Debido a esta diferenciación interna, siempre habrá determinados ámbitos de las medidas globales contempladas en los planes gubernamentales destinados a indicar el camino a seguir a la burguesía en su conjunto, que serán desatendidos en alguna medida por grupos ó fracciones concretos de la clase del capital. Ante esta heterogeneidad, las recomendaciones presidenciales dirigidas al capital como conjunto, fueron seguidas durante 1977 por algunos de los sectores que lo componen, y por otros no. Ello dependía de la medida en que estas recomendaciones beneficiasen ó no sus intereses reales. En este contexto de real heterogeneidad del capital, las medidas gubernamentales en torno al crédito y en torno a la liberalización económica general, no redundaron en los efectos formalmente esperados en cuanto a incrementar el volumen de inversión productiva. Desde la perspectiva gubernamental, la escasez de crédito y de recursos en general –en parte debido a que se había llegado al nivel cercano al máximo posible endeudamiento público- siempre representaba el riesgo de que con ello se propiciara el círculo vicioso de aumentos de precios y salarios, hasta llegar a lo alto de la espiral inflacionaria que generaría aún más desempleo, menor producción y violencia (IV/21). La burocracia, por tanto, tomó medidas para combatir la escasez de crédito: redujo el encaje legal en marzo y en agosto, con el objeto formal de que el sistema bancario privado contara con fondos que permitieran la canalización de crédito hacia actividades productivas y prioritarias; aumentó las tasas de interés a los ahorradores, con la finalidad formal de que la banca privada pudiera también disponer de mayores volúmenes de recursos destinados a apoyar las actividades recomendadas por –y pactadas con el ejecutivo federal; a finales de

agosto se decreta la liberalización de las tasas de interés bancario y financiero con objeto de que la banca pudiera invertir con altas tasas de utilidades. Sin embargo, en este caso –como en muchos otros- de los intereses manifiestos del gobierno, a las acciones reales de la burguesía, existe un gran trecho. En primer lugar, el crédito proporcionado por la banca privada no se orientó básicamente a las actividades productivas; normado por el criterio de obtención de máximas ganancias, siguió dirigiéndose en buena medida a la especulación (III/1). Por otra parte, los volúmenes de crédito que tenían efectivamente esta orientación productiva por parte de la banca, se encontraban limitados por la escasa liberalización del mismo. No existe consenso en torno a la cuestión de la disponibilidad de crédito durante el año. Desde el punto de vista de la gran burguesía, si el crédito se libera en la medida necesaria para abatir al desempleo, se agudiza la inflación; y, al revés, si la inflación se lleva a cero, aumenta el desempleo porque, automáticamente, deja de haber inversión (VII/2). Por tanto, el punto preciso a que el gobierno debía llegar para que el crédito fungiere como estímulo real a la salida de la crisis –logrando que la clase del capital (en su conjunto) actuase conforme a los lineamientos de la alianza para la producción- resultó ser una cuestión difícil de lograr. Siempre hubo fracciones concretas de la burguesía que, ó estaban en desacuerdo con la orientación productiva del crédito –y, por ende, intentaban modificar el que el gobierno lo canalizara exclusivamente en esta dirección-, ó simple y llanamente no lo utilizaron. Para determinadas fracciones de la burguesía, el crédito manejado así sencillamente no iba de acuerdo con sus objetivos de obtención de las máximas ganancias. iii) El gran capital fortalece su posición, en el proceso de negociación de la política económica gubernamental. En realidad, la alianza para la producción es inicialmente formalizada –en diciembre de 1976- mediante un acuerdo suscrito entre el gobierno federal y 140 empresas industriales, con las cuales se pusieron en marcha comités mixtos para concertar la estrategia de la alianza. El gran capital, representado en estas 140 empresas, tiene así asegurado un papel fundamental en el proceso de implantación de los planes gubernamentales. Pero, incluso cuando llega a actuar de acuerdo al contenido de la alianza, la expansión económica del gran capital –dejada sin control gubernamental- puede hacerse sólo a base de la progresiva destrucción de las presas de pequeña y mediana dimensión. Sin embargo, por su papel absorbedor de mano de obra, el gobierno no puede permitir en principio la supresión, por el gran capital, de grandes proporciones del conjunto total de unidades productivas artesanales y competitivas. Por el contrario, en aras de la legitimidad, tiene que incluir medidas que le permitan sobrevivir, incluso encaminando relativamente grandes esfuerzos a apoyarla crediticiamente. De ahí que, de hecho, durante 1977 intente controlar la expansión del capital monopólico. Esto, precisamente genera fuertes contradicciones en la dirección y en la implantación de la política económica asumida por el gobierno. Si

apoya decididamente al pequeño y mediano capitalista, se reduce el sostén relativamente sustancial que hasta entonces había representado la gran burguesía. Si suprime el control indirecto sobre la forma de expansión del gran capital, no solamente se echaría encima al pequeño y mediano empresario, sino que se generarían índices de desempleo mucho mayores de los que hasta entonces se presentaban. El punto medio requerido resultó harto difícil de lograr. En estas circunstancias, era forzosa la reticiencia (bien sea por parte del gran capital, ó proveniente del pequeño y mediano empresario), en cuanto a seguir los lineamientos gubernamentales. Sin embargo, hay indicios de que la contradicción se resuelve durante el año a favor del gran capital. Tomemos al respecto dos ejemplos. El 1° de septiembre, JLP anuncia que su gobierno apoyó el establecimiento de la banca múltiple, lo que permitió abatir costos y elevar el nivel de competencia. Ello significa que el aparato burocrático asume un papel activo en la integración vertical del capital. Estimula el proceso de concentración monopólica de la fracción hegemónica de la burguesía. Pero los efectos de este tipo de acciones tienden a debilitar, a largo y mediano plazo, el papel de rectoría del propio aparato gubernamental. Posteriormente por tanto, sus esquemas respecto al proceso de salida de la crisis se verán progresivamente identificados con los esquemas puros del gran capital. Habrá una cada vez mayor supeditación de la política económica gubernamental a estos intereses monopólicos. Los intereses del resto de las fracciones de la burguesía serán, así, considerados solo marginalmente. El otro ejemplo respecto al fortalecimiento del gran capital en el proceso de negociación de la política económica del gobierno, se refiere a la liberalización de precios en la industria automotriz. La reducción del mercado interno ocasiona el derrumbe de ventas y un ritmo impresionante de despidos de personal (V/21). Esto llega a extremos tales que, ya para el mes de junio, la industria automotriz se encuentra en crisis abierta; en los primeros cuatro meses del año, la venta de autos había disminuido en 56% y la producción se había abatido 35% (VI/10). Ello daría lugar al decreto presidencial de liberalización de los precios oficiales en la industria, anunciada por las dependencias gubernamentales directamente responsables de ello, como medida tomada a título de experimento. Sin embargo, muchos de los objetivos manifiestos en la expedición de este decreto no se lograron en la práctica (VI/21). Lo que sí parece ser claro es que el decreto de liberalización económica de los precios de la industria automotriz indica que la burocracia cedía abiertamente a las presiones cada vez más fuertes de los grupos del capital monopólicotransnacional, y de diversas fracciones incrustadas en la maquinaria corporativa y en el propio aparato de gobierno (VI/20). iv) Las controversias respecto al manejo del gasto público y de las empresas paraestatales.

Íntimamente relacionada con la heterogeneidad del capital, se encuentra el hecho de que la posición de la burguesía como conjunto, ante aspectos importantes del ámbito estrictamente gubernamental –como el ejercicio de su presupuesto y el manejo de las empresas del estado- no es uniforme. Su respuesta a los respectivos planes gubernamentales, tampoco lo es. Durante 1977, el monto , estructura, destino y fuentes de financiamiento de gasto público determina en alto grado el que la clase del capital actúe ó no conforme a los lineamientos, indicaciones, estímulos y desestímulos gubernamentales. Todos estos aspectos se convierten frecuentemente en el origen inmediato de contradicciones secundarias entre las diferentes fracciones de la clase dominante. Ello es así en virtud de que la burguesía de diferente manera. El que el gobierno empiece a invertir ó disponer de grandes volúmenes de su gasto público, beneficia a los medianos y pequeños empresarios (industriales y comerciantes), pero dificulta el proceso de concentración –basado en la incosteabilidad y cierre de las empresas de mediana y escasa envergadura- del gran capital monopólico-transnacional (VIII/9). Lo que la burguesía en general si tiene claro es que la alianza para la producción, vista en cuanto objetivos y en cuanto a la forma pretendida de su operación, realmente representa la identificación de intereses que existe entre aparato burocrático y capital privado. Por esta razón, ante la retracción aguda de la inversión privada, el gobierno se ve compelido a liberar su gasto, no para sustituir la inversión privada, sino para estimularla (VII/23). Sin embargo, hay grupos del capital que se identifican realmente como proveedores de bienes y servicios del gobierno. Estos, en tanto el gasto público no se libera, pasan efectivamente por severos problemas. Por esta razón, se muestran interesados en la iniciación de las inversiones públicas en toda su envergadura (V/31). La presión de estas fracciones de la burguesía estuvo siempre presente en la cuestión de la liberación ó no del gasto público durante el año. La posición contraria estuvo representada por el argumento de que, incluso con todo y austeridad, el gasto público era inflacionario, pues significaba un aumento del 46% (a precios corrientes) con respecto al de 1976. Existe una línea general en el régimen de López Portillo; no deteriorar las condiciones de vida de las clases explotadas más allá del máximo tolerable. Las condiciones en que vive la clase trabajadora impelen al gobierno de la república a acatar la responsabilidad de la estrategia económica sin demérito de su política social. Ninguna crisis puede variar esta estructura (IX/1). Esta línea general es lo que lleva a influyentes sectores de intelectuales, aproximadamente a partir de mediados de julio, a llamar continuamente a una rectificación de la posición del gasto público. Pretenden que éste pase, de la actitud pasiva que hasta entonces mantuvo, a convertirse de nuevo en estimulante de la inversión privada. Para ello, se aduce que la rectificación del gasto público, aunada al abatimiento del circulante monetario (de 80 mil millones de pesos en diciembre de 1976, a 71 mil millones en mayo de 1977) no conducía a la inversión en los sectores básicos de la economía

(industria eléctrica, petróleo, siderurgia y la industria de bienes de consumo popular (VII/15), por lo que no se había logrado abatir el nivel de desempleo y de inflación. Cediendo a las presiones de las fracciones de la burguesía que resultaban beneficiadas con la liberación del gasto público, y en el marco de referencia del deterioro progresivo de las condiciones de vida de las masas populares, finalmente altos funcionarios anunciaron –a principios de septiembre- que el gasto público se liberaría al comienzo de 1978. Ello fue augurio de fuertes presiones del gran capital, cuando se intentó hacer efectivo. Otro punto importante de presión de las diferentes fracciones de la burguesía, en el cual no siempre hubo coincidencia, está constituido por la política gubernamental respecto a sus empresas (VII/17). En este aspecto, el capital opera de manera semejante a la descrita en el caso del gasto público. Representando el hecho de que en este aspecto se cede a las presiones del gran capital, el anunciado final de la etapa de subsidios a las empresas en cuestión (VII/17), condujo al cierre de buen número de ellas. Con ello, se agudizó la situación de desempleo y progresiva restricción del mercado interno. v) La situación económica impide que la burguesía invierta productivamente. ¿El espíritu de sacrificio y respeto a los compromisos contraídos con el gobierno federal, es tan fuerte como para hacer que los empresarios creen las industrias y empleos acordados? Todo parece indicar que no. La inversión es movida por la perspectiva de obtención de ganancia. Ningún empresario, ó dirigente de organización de lucha directa de la burguesía, llega al extremo de afirmar que su apoyo a JLP implique el que deja de tener -ó que deje de auspiciar la obtención deutilidades. Los comerciantes, por ejemplo, señalan muy claramente hasta dónde llega su sacrificio; tener márgenes de utilidad razonables para que, ciertamente éstos no coadyuven a la inflación, pero sin tener una utilidad que sea nada más justificación de los gestos de operación (IV/28). La inflación es una abundante fuente de acumulación y concentración del capital, para determinados grupos de la burguesía. Por ello, el problema más serio con que se topa el aparato burocrático para que efectivamente sed en las medidas que implementa para combatir la inflación, es que el capital de mayor obtiene ahí altos volúmenes de ganancias inmediato-extraordinarias. La gran burguesía está de hecho interesada en que continúe el aumento en los índices de precios (III/13). An te esta realidad concreta, los llamados gubernamentales para que no se especule, aludiendo a la conciencia moral, cívica y patriótica, no resultan más que inútiles súplicas. La reticiencia de la inversión productiva privada redunda en que, no solamente no se logra aumentar en 5% la cantidad que del producto interno bruto se invierte, sino en que incluso se tengan dificultades para sostener el nivel vigente del 20%. Ante este hecho, las medidas gubernamentales antiinflacionarios de corto y largo plazo (V/8) tienen muy escaso éxito, pues simplemente no son acatadas a profundidad. La negativa del capital a invertir productivamente, por tanto, condujo al

cumplimiento de una parte de la predicción, emitida por una de las principales instituciones privadas bancarias, en el sentido de que durante 1977 el crecimiento del PIB podría aumentar solo 3%, para llegar al 5% durante 1979, y 7% para 1980 (VII/2). Si se parte, pues, de que lo que persiguen los capitalistas –aquí, y en todas partesrealmente es la reproducción de su capital, resulta casi utópico pensar que retornarían durante el año todos los capitales sacados del país un poco antes de la devaluación-flotación de 1976. Dada la ubicación del mismo en el exterior, los empresarios que tomaron como excusa el no invertir hasta que regresaran, probablemente aún ahora están esperando (VII/21). Al menos una buena parte de ellos no retornó durante 1977 (IV/29); pese a que el contenido de los planes gubernamentales al respecto perseguía lo contrario. A pesar de los proyectos y planes gubernamentales para salir de la crisis, en un marco general de falta de inversión y de no adecuado nivel de generación de empleos y de abatimiento de la inflación, el mercado continúa su tendencia a la contracción. Una de las manifestaciones de lo anterior, consiste en que se dan innumerables quiebras de pequeños y medianos capitalistas, y en que incluso el gran capital tiene dificultades –no insalvables-. El caso de la industria siderúrgicos es ilustrativo de esto último. Esta se retrajo, bajando en junio 9% el volumen de acero producido con relación a mayo, y en mayo se redujo 11.1% con relación a abril (VIII/17). Sólo la Fundidora de Monterrey, durante 1977, perdió 1,300 millones de pesos. En el contexto de crisis económica, cuando la inversión productiva se encuentra retraída y es sustituida frecuentemente por la especulación, los intentos oficiales de fomentar –por ejemplo, mediante la creación de un fondo de financiamiento de 11,000 millones de pesos- la construcción de máquinas que fabriquen máquinas, difícilmente podían resultar eficaces (VII/20). La demanda de bienes de capital fue siempre muy reducida. Por todos los anteriores factores, la devaluación no tuvo realmente los resultados programados por el gobierno. Las exportaciones aumentaron –en términos realesen muy pequeña escala: de septiembre de 1976 a marzo de 1977, los ingresos de divisas en pesos mexicanos se incrementaron drásticamente, sólo que en dólares se redujeron ligeramente (VI/13). Por el contrario, la flotación trajo como consecuencia la intensificación del proceso de dolarización (sobre todo al principio del año), de la economía del país (V/9). Las medidas gubernamentales tendientes a evitarla, parecían encaminarse a tapar el dique con un dedo. La situación de debilidad en la paridad monetaria se agravaba por la constante presencia de la posibilidad de agudizamiento de la inflación. Surgen pronósticos en el sentido de que, si no se lograba detener la inflación, habría considerables bajas en el peso mexicano (III/2). Representantes de consorcios de investigación del sector privado (IV/28), afirman incluso que la estabilidad monetaria débilmente alcanzada podría peligrar si, por alguna causa, la inflación durante 1977 rebasaba el 20%. El presidente de la

federación de cámaras de comercio de Sonora señaló la posibilidad de que, para fines de año, la paridad peso / dólar fuera de 28 al (VII/11). El espectro, pues, de posibles nuevas pérdidas en la paridad mencionada, es un muy poderoso factor de freno de la inversión productiva privada. Lo paradójico es que esta posibilidad era alimentada en la medida en que la burguesía no invirtiera en estos términos. Aunque los lineamientos gubernamentales así lo señalasen, y por más estímulos y facilidades se otorgaran, el empresario difícilmente lo iba a hacer. En 1976, los planes gubernamentales justificaron la devaluación del peso en el sentido de que ayudaría a sustituir importaciones. Para que ello sucediera, sin embargo, se habría requerido que el capital asumiera en la realidad el rol que en abstracto le fue asignado en los esquemas del gobierno. Como no fue así , la flotación realmente desembocó en que los bienes que desde antes se importaban, continuaron adquiriéndose durante 1977, pero a precios mucho más elevados (VII/2). Dado el tipo de importaciones, el decrecimiento del déficit de la balanza comercial (66.4%, durante enero y febrero de 1977, en comparación con igual período de 1976), significa que de hecho hubo una disminución en la adquisición de productos esenciales para la marcha de la economía. Si estos dejan de adquirirse durante el año, no es porque ahora se produjeran en el país los bienes que antes se importaban, sino simple y llanamente porque se habían abatido los niveles de los recursos necesarios para adquirirlos (III/25). Incluso desde la perspectiva oficial, la reducción del déficit comercial no significa, en la coyuntura nacional y mundial, un signo de éxito de la política económica programada por el gobierno. Un buen indicador de ello estriba en que en la reunión de los 20, celebrada a fines de abril, la delegación mexicana afirmó que los países pobres importarían menos, si las naciones industrializadas no eliminaban las barreras comerciales a los productos de exportación de los primeros. En este argumento, se utiliza la disminución de las importaciones como un signo de empobrecimiento, no de progreso (IV/29). En el marco de la crisis durante 1977, parecería que redunda en sentido contrario la eliminación de políticas proteccionistas, y su sustitución por medidas destinadas formalmente a alentar la producción (IV/17). De manera similar, los estímulos crediticios oficiales a las exportaciones, no permiten llegar siquiera cerca de las metas propuestas. Respecto a este último punto, el ejemplo de las metas del fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX) es ilustrativo. En este caso concreto, las empresas en el término de un año (VII/26). vi) El carácter transnacional del gran capital, como obstáculo a su mínimo control gubernamental. El gran capital en México, es fundamentalmente transnacional. Si el capital extranjero afluye al país, es porque aquí tiene más posibilidad de crecer y multiplicarse que en su nación de origen. Sólo bajo estas condiciones se presenta. Ante la posibilidad de que esta situación no se de, el inversionista extranjero minaría

seriamente las bases del proceso de llevar a la práctica los planes gubernamentales conformados en torno a la alianza para la producción (II/26). En 1977, se admite oficialmente que durante los próximos dos años sería inevitable que el aparato burocrático prosiguiera su dependencia, en gran medida, del financiamiento internacional para llenar sus continuos déficits presupuestales (VII/14). Ello significaba que su grado de dependencia respecto al exterior crecería aun más, en términos políticos. Un mayor recurso al endeudamiento externo, y la amenaza del capital extranjero de no acudir ó de salir del país: se configura así una situación que se convierte en un factor adicional de debilitamiento de la posición directiva del aparato burocrático en el proceso de salida a la crisis, mucho menos lo hace el gran capital transnacional. Estas fracciones del capital no solamente invierten donde, cuando y en los volúmenes señalados como convenientes por sus intereses, sino que están en una excelente posición para presionar al gobierno con objeto de que éste se convierta en su fiel servidor. Un ejemplo aclarará este asunto. La necesidad estratégica del petróleo mexicano para la economía norteamericana, hace que este renglón sea uno de los más receptivos –ó potencialmente receptivos- de inversiones de la burguesía de ese país, ó incluso de su propio aparato gubernamental (V/21). Queda claro, en el período de tiempo que aquí se estudia, que un renglón en que los EUA no escatimarían el otorgar créditos al gobierno mexicano, es el del petróleo, porque éste representa una fuente de aprovisionamiento abundante y relativamente barato (VI/1). Y es precisamente en este renglón, que se presiona al gobierno mexicano, con el apoyo de la burocracia de esa metrópoli internacional: la burocracia norteamericana coadyuvaría al logro de buena parte del contenido de los planes gubernamentales para salir de la crisis, evitando que haya deportación de braceros y oponiéndose al cierre de maquiladoras en el país, siempre y cuando el petróleo mexicano surtiera la economía de EUA. Además, en este proceso de negociación, el capital transnacional cuenta con el apoyo de la burguesía del país, porque ello va en beneficio de sus intereses. Curiosamente, en el renglón del petróleo también están vivamente interesados los capitalistas mexicanos: los empresarios de Monterrey, por ejemplo, inician la construcción del gas oducto sur-noreste, de 1,200Kms. De longitud, con un costo programado de 22,000 millones de pesos que se obtendrían con financiamiento externo, principalmente de norteamericanos (VI/1). Si la presión no resulta eficaz para el capital transnacional, simplemente congela sus inversiones ó –en el por de los casos- se retira del país. Recuérdese al respecto que Henry Ford II, aduciendo al trato discriminatorio que recibe el capital extranjero en el decreto presidencial que establece la liberalización de precios de la industria automotriz, anunció que a partir de entonces las inversiones en México de la Ford Motor Company estarían paralizadas (VII/9).vii) La crisis en EU como obstáculo a los planes del gobierno mexicano.

La crisis mundial determinaba la toma de medidas proteccionistas provenientes de los aparatos gubernamentales de las principales metrópolis del capitalismo a nivel internacional. Ello hace suponer a los timoneles de la política de comercio exterior del país, que el mercado norteamericano no se abriría a los productos mexicanos tanto como lo desearían el gobierno y las fracciones de la burguesía fundamentalmente orientadas a la exportación de sus productos. Esto, además sucede en circunstancias en que el gobierno reconoce (IV/1) que, más importante que la inversión directa estadounidense para salir de la crisis, es la certeza de contar con el mercado de EU como asimilador de los bienes de exportación que se empeña en estimular. Para el mes de mayo, la crisis de la economía norteamericana era tal que existían alrededor de siete millones de trabajadores sin empleo. Además, el aumento de su PNB, en el primer trimestre del año, había sido menor del 4%. Ello determinó, por un lado, el que se tomaran fuertes medidas proteccionistas que afectaron directamente los planes de desarrollo del gobierno de México. Se eliminaron 63 productos mexicanos la mayoría de manufactura de la lista del Sistema Generalizado de Preferencias de EU, lo que significaba que éstos pagarían –a partir de entoncesimpuestos por su importación a ese país (III/25). Además, se sentaron las bases necesarias para posibilitar el regreso masivo de braceros mexicanos, para abatir el desempleo. En un intento por suavizar esta medida ante los ojos del gobierno de nuestro país, se le hizo coexistir con un tibio proyecto, del presidente en turno en los EU (VIII/8). Esto podría dar al traste con buena parte de los programas gubernamentales de México –al menos en lo que toca al desempleo- para hacer posible la salida a la crisis. En este contexto de eventual repatriación masiva, las medidas preventivas de emergencia tomadas por el gobierno mexicano para cambiar el lugar de destino del 10% aproximado de la población total del país, que resultaría afectada – concretamente, los acuerdos tomados con el Director de Industria y Turismo del Gobierno del Canadá, en el sentido de abrir la contratación de trabajadores migratorios mexicanos en aquel país-, fueron un pobre sustituto de esta fuente de empleo (II/27). Si esta reincorporación de fuerza de trabajo al país hubiera efectivamente acontecido, la agravación del desempleo y desocupación se habría dejado sentir, particularmente en el medio rural, a niveles intolerables. Por otro lado, el gobierno tenía programado el que las maquiladoras representasen un elemento más de alivio, en el intento de reducción del ritmo del crecimiento del desempleo. Sin embargo, en el contexto de la crisis económica norteamericana, siempre estuvo presente durante el año la posibilidad de su salida del país, por la presión de los sindicatos norteamericanos sobre el gobierno estadounidense. Ello, independientemente de que su nivel de producción se mantenía, a un nivel muy bajo, básicamente debido a que el funcionamiento pleno de éstas requería de materias primas producidas en México por valor de 50 millones de pesos (III/4): volumen que en esos momentos distaba mucho de ser satisfecho.

En síntesis, debido a que los Estados Unidos persistieron durante el año en su política proteccioncita, gran parte de las medidas incluidas en los planes gubernamentales de salida a la crisis (en concretos, contenidas en la Alianza para la Producción), no solamente no surtieron efecto, sino que ni siquiera fueron acogidas por el capital. De esta manera, en 1977 la capacidad rectora del gobierno en el proceso de delimitación e implantación de su esquema para salir de la crisis, se ve obstaculizada por la reticiencia del capital privado para asumir en la realidad el papel que le es señalado e indicado por la fracción hegemónica de la burocracia pública. La burguesía, considerada en su conjunto, no responde a los estímulos y desestímulos que están formalmente incorporados en los planes gubernamentales. La presencia real de los empresarios en la Alianza para la Producción, se da en una relativamente pequeña escala (VI/12). Por ejemplo, luego de más de 8 meses (durante los cuales la clase del capital había estado esgrimiendo argumentos en torno a la necesaria devolución de la confianza), sólo una cuarta parte de los capitales privados reiterados del país habían regresado (VII/9). La burguesía, en términos generales, no responde a los llamados a la inversión productiva, a pesar de todo tipo de facilidades otorgadas por el aparato burocrático (V/10). El hecho que son contados los empresarios que están dispuestos a asumir el riesgo de generar confianza, llegue a niveles juzgados por sus componentes como adecuados, para invertir. Es decir, sus miembros y dirigentes perciben la obtención de confianza como una condición previa para invertir, y no al revés; ésta es la lógica del capitalista. Ello, sin lugar a dudas, pone de cabeza en el plano real-concreto, los planteamientos gubernamentales formulados en abstracto. Pero no sólo eso: las fracciones más fuertes de la burguesía la emprenden medidas reales destinadas a hacer lo más racional y eficaz posible –dentro de su concepción y de acuerdo a sus intereses específicos- sus actividades políticas. En este sentido, es importante señalar que algunos organismos de lucha del gran capital se enfrascan en la organización de unidades de análisis sociopolítico, destinadas a estar a cargo de politicólogos, sociólogos y economistas. Las profundas implicaciones que ello representa, señalan una tarea impostergable a la ciencia social que aspira a conocer los cambios que se dan en ese momento (y en la actualidad): el análisis profundo y sistemático de la actuación política de la burguesía en el contexto de crisis. Ante la posición real de la clase del capital, el gobierno anuncia reiteradamente la postergación de la etapa de recuperación sustancial y real de la inflación, y el aumento de la producción para el mercado interno y externo. En ocasiones, incluso va más allá: altos funcionarios de la burocracia llegan a señalar que sería responsabilidad de los sectores empresariales sí –porque no cumplen con su parte en la Alianza para la Producción- se limitan las posibilidades de crecimiento económico (VI/19).

C) La maquinaria corporativa: factor importante de presión. Ya desde abril se anunciaba que la inflación durante 1977 sería solo del 20%, si todos los sectores cooperaban (IV/12). Como ya se ha visto, la cooperación, en lo que se refiere a los empresarios –inversiones en actividades generadoras de empleo, y no realización de actividades especulativas, principalmente- no se dio. Por tanto, durante el año se señaló constantemente la posibilidad de que la inflación rebasara con mucho esta cifra. Al menos, había indicios que permitían suponer que ésta se incrementaría sustancialmente durante los últimos cuatro meses del año: los aumentos en las tasas de los préstamos hipotecarios y la liberación de las tasas de interés del crédito en general; el 10% de aumento en los salarios del personal del sector público; posibles aumentos salariales en otros sectores; y, el aumento – dentro de tres meses- del volumen monetario a causa de la compensación navideña a los asalariados del país (IV/10). La tendencia al alza de precios es particularmente clara en el caso de productos alimenticios. Tratándose de estos bienes, resultaba muy difícil lograr evitar una carrera de precios e inflación galopante, ya que la oferta de ellos era mucho menor que su demanda (III/31). Este es el caso de la harina de trigo, del pan y de la leche. El alza del precio de estos últimos productos, y la inminencia de un aumento en el precio del huevo , determinó contingencialmente el que el congreso del trabajo anunciara que tomaría medidas para enfrentarse a la disposición gubernamental que autorizaba los aumentos (VIII/21). La toma de posición del Congreso del Trabajo en esta ocasión es importante. Tiene por lo menos una doble significación; por un lado, es el reflejo de su actuación ante las perspectivas inmediatas de la disminución de su control político interno; por otro lado, constituye la manifestación del aumento en su fuerza de negociación política externa, en particular con respecto al aparato de gobierno. En el ámbito externo, parecería que los principales componentes de la maquinaria corporativa del Estado, ante su percepción de que los precios suben porque los empresarios chantajean al gobierno, intentan aumentar su presión sobre el aparato burocrático (VIII/23). Cabría, además, preguntarse si la coyuntura del momento permitió que ello se hiciera eficazmente. El planteamiento del Secretario General de la CDR, respecto a la relación de fuerza burguesía-gobierno, es ilustrativo de la posición del congreso del Trabajo: los empresarios chantajean al gobierno al exigirle ventajas a cambio de invertir, en un afán de volver a la negativa época del desarrollismo. Los inversionistas no sólo pretenden que el gobierno ni invada áreas que consideran suyas, sino que ahora quieran entrar a terrenos del gobierno, principalmente a PEMEX, empresa que han ofrecido comprar con capital nacional y extranjero. (VIII/15). Lo que es claro es que la fuerza política del Congreso del Trabajo –y de sus organizaciones miembros- crece considerablemente en un contexto permeado de medidas gubernamentales para sortear la crisis. Los líderes de los trabajadores

organizados parecen partir de la concepción de que, con las medidas gubernamentales, la inflación es contenida artificialmente (IX/9), y de que en cualquier momento puede agudizarse. Precisamente por ello, y con motivo de la mencionada alza en el precio de la leche, autorizada por la Secretaría de Comercio, obtienen que en el futuro, previamente a cualquier decisión (de la SECOM), habrá una mayor comunicación entre la Secretaría y los responsables de la dirección del movimiento obrero organizado (VIII/25). En este sentido, la multicitada alza de precios constituye el grito de arranque para que los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado, particularmente los del movimiento obrero organizado, se auto atribuyan durante el año el papel de dirigentes del pueblo en general, en lo que respecta a la lucha contra la inflación (VIII/22). Esto indica un aumento en la capacidad de acción relativamente independiente de la maquinaria corporativa del Estado. También señala cierta disposición real de ésta, para influir en el contenido de los planes y proyectos del gobierno, así como en el proceso de su implementación. El secretario general de la CROC afirma, el 21 de agosto: los altos funcionarios, principalmente los cercanos colaboradores del presidente, tienen que ser más responsables, porque no es ya el momento adecuado para que se provoque tanto al pueblo. En México debe adoptarse el sistema de salarios móviles, que suban en la misma proporción que el costo de la vida...Los sindicatos están dispuestos a iniciar las acciones que el pueblo quiera para frenar el incremento de los precios. El secretario general de la CTM, en su informe a la LXXXIX Asamblea Nacional de esa organización, decía: la CTM se siente copartícipe de la responsabilidad nacional, apoya las decisiones del Estado, siempre que tiendan al beneficio colectivo (VIII/25). El gobierno parece haber aceptado, como algo saludable, el mencionado aumento en la fuerza política del movimiento obrero corporativizado. Esto es particularmente claro en las palabras del secretario de comercio, a raíz de la visita efectuada a su despacho por los principales dirigentes del congreso del trabajo: con justa razón, los dirigentes obreros me hicieron ver que no solamente tienen la representación de los trabajadores organizados del país, sino que de alguna manera les preocupa representar a los trabajadores no sindicalizados, incluso a quienes no disfrutan ahora de un empleo. Por eso resulta muy importante para la secretaría de Comercio poder contar, en futuros análisis que eventualmente hubiese que hacer de modificaciones de precios en alimentos básicos, con el criterio, la ayuda y la orientación de quienes tienen la responsabilidad de representar a la mayor parte de los trabajadores mexicanos (VII/25). El hecho es que los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado mexicano estaban así en posibilidad –y tenían la necesidad, so pena de debilitar seriamente el control político que ejercen sobre sus agremiados- de superar la etapa de mera lucha reivindicativa, para hacer patente su poder en la definición de la política económica gubernamental-global.

Puesto en las palabras de un expresidente del CEN del PRI: nosotros, los miembros del institucional, tenemos que entender que, ó marchamos con el pueblo, ó el pueblo marchará sin nosotros ( IX/9). La necesidad –que emana de su propio ámbito interno- de que la maquinaria corporativa del Estado asumiera esta posición, es muy fuerte. O se emprendía de alguna manera la defensa contra el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores organizados –y, con ello, del pueblo en general-, ó se generalizaría un progresivo escape a los ámbitos de control de las demandas sostenidas por elementos de la propia maquinaria corporativa. Esto era una posibilidad muy real; sus primeras manifestaciones estaban al alcance de la vista. A principios de septiembre (IX/9), los Comités Ejecutivos Locales de las Secciones 66, 67 y 68, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, publicaron un desplegado en el que se apoya la posición de su secretario general –quien fungía también, en esos momentos, como presidente del Congreso del Trabajo- a la vez que se plantea una toma de posición muy radical respecto a la vinculación existente entre burguesía y gobierno. No obstante que se trata de una perspectiva que aún no implica un enfrentamiento frontal con los planes del gobierno, en ella se perfila una tendencia que podría llegar a serlo. Pero existe otra gran fuente de obstáculos a la efectiva dirección gubernamental en la implantación de sus planes. El aumento de la presencia política de la maquinaria corporativa, en el contenido y en la dirección de la posición gubernamental, se debe fundamentalmente a las acciones que venía desarrollando principalmente el sector obrero corporativizado. A diferencia de ello, tal y como fue reclamado por el secretario general de la CCI, el campesinado organizado tenía bien poco que decir y hacer en el proceso de negociación de la política económica del gobierno, y en la lucha por defender la economía popular (VIII/30). Al respecto, hay indicios de que, durante el año, los dirigentes del sector campesino intentan acrecentar su participación en la definición del rumbo que tome la rectificación de la economía. El medio rural, por estar ubicados en él los sectores más atrasados de la economía del país, resulta el más golpeado por la inflación, la baja de la producción y el desempleo (V/14). Un gran número de acontecimientos señalan que los objetivos gubernamentales, tendientes a lograr que la agricultura creciera –a partir de 1977- a un ritmo anual real del 5% sólo para contrarrestar el que en 1976 hubiera bajado a menos de 1% (y lograr así la autosuficiencia en dos años), no son alcanzados. Por ello, se reconoce oficialmente que, aún bajo el supuesto de que se aplicaran medidas programadas por el Estado, no se resolvería la crisis agrícola en el corto plazo. De esta manera, sería necesario importar durante 1977 más de un millón de toneladas de maíz, por valor de dos mil millones de pesos (II/25). Y si, en el corto plazo, las metas no fueron fácilmente asequibles, lo era aún más la pretensión de que en el mediano plazo (para el año 2000) se cuadruplicara la producción agrícola a fin de satisfacer las necesidades alimenticias que se tendrían para esa fecha (V/29).

Esta situación, configure un marco adecuado para que los componentes de la maquinaria corporativa del Estado en el agro aumenten su fuerza en el proceso de negociación de la política económica. Durante 1977, presionan en ocasiones al gobierno para que acepte actuar bastante más allá de los límites que éste ha pactado mantener (pacto, naturalmente implícitamente celebrado con los representantes directos del capital). Son diversas las manifestaciones del proceso conforme al cual las organizaciones campesinas van a demandar tener una participación política real –cuando menos igual a la del movimiento obrero- en el proceso de conducción formalmente gubernamental de las modalidades que asuma el desarrollo agropecuario. Sostienen como necesidad la coordinación de la acción de la CNC, CCI, UGOCM y CAM, para lograr la coparticipación en la planeación y ejecución de las actividades que al respecto defina y efectúe el aparato burocrático del Estado: se necesita una legislación para llevar adelante los propósitos que el gobierno ha dado a conocer acerca de la producción agropecuaria...sin embargo, no debe ponerse en práctica ninguna ley para el campo donde participen sólo tecnócratas ó políticos, ya que de legislarse para la producción del agro, deben cuidarse los derechos políticos de las organizaciones que se pretenden crear (VIII/24). Esto coloca al gobierno en una situación difícil. Ya se han visto someramente las dificultades que el gobierno tuvo en 1977 para lograr implantar sus planes y programas con respecto a la economía del país, en particular con referencia a la aceptación de los mismos por parte de la burguesía. Esto es especialmente válido en el caso del proceso da negociación de la porción de la política económica gubernamental que tiene como objetivo al agro. Recuérdese que en general existe una vinculación esencial entre la manera en que se da la marcha del gobierno, y los intereses de fondo del capital privado. Sólo en la medida en que la política agrícola del Estado beneficie directamente a sus intereses, como en el caso de la elevación de los precios de garantía, es que la burocracia rural recibe el apoyo de las fracciones de la burguesía con ámbitos de acción fundamentalmente establecidos en el campo (VI/9). En caso contrario, se opondrá a ella (como en el caso del intento de aumentar los impuestos pagados por los pequeños propietarios). Ahora bien, si el recelo de la burguesía no es totalmente eliminado en lo que va a aceptar plácidamente el más leve viso de que proposiciones como las de la CCI –miembro del Pacto de Ocampo-, que sostienen que se entregue a los productores de materias primas rurales una participación por el valor agregado de sus cosechas, con base en las utilidades de las empresas transformadoras (VIII/30), sean efectivamente incluidas e implementadas en los planes gubernamentales. Pero los obstáculos a la dirección efectiva de los planes gubernamentales en el agro no provienen sólo de la maquinaria corporativa del Estado. Incluso en la Cámara de Diputados surgen voces de alerta contra los programas y acciones emprendidos por el gobierno en el campo. Señalan que la destrucción del

sistema ejidal y al abatimiento absoluto del gasto público conduciría –según estas opiniones- a una situación caótica e inmanejable. Sin embargo, en general afirman que debe acabarse con el sistema ejidal desfavorecido, no mediante su destrucción (VI/2), sino sólo a través de su fortalecimiento. Por otro lado, en las regiones tropicales y subtropicales del país, ( que son caracterizadas por la burguesía agro política como zonas de un enorme potencial agrícola), obran en contra de los planes federales las experiencias previas tenidas en materia de organización y de intentos de desarrollo. Habían dejado honda huella las experiencias iniciadas masivamente desde finales de la década de los ’40 (con la creación de la Comisión Ejecutiva del Río Papaloapan), hasta llegar a los entonces muy recientes programas de colonización emprendidos a finales del régimen Echeverrista (IV/24). Por último, -no por obvias son menos importantes- sequías (V/2), plagas y otros fenómenos similares, representan en 1977 un factor no totalmente previsible, que dificulta el que la actuación de los aparatos económicos de poder en el campo funcionen efectivamente de acuerdo a lo programado. Las condiciones físiconaturales adversas, siempre actuantes en los procesos productos agrícolas y ganaderos, resultan difíciles de combatir en el contexto de falta generalizada de recursos gubernamentales. D) Balance y perspectivas. Durante el año, el gobierno aparece como la instancia del Estado mexicano que está más activamente empeñada en mantener su capacidad para dirigir la manera conforme a la cual debía darse el proceso de salida a la crisis. Formula una serie de planes y programas, y concerta formalmente una Alianza para la producción con diversos actores sociales. Sin embargo, ocurren sucesos que indican la presencia de obstáculos de diversa magnitud en la implantación real de los mismos. Estos escollos determinan la continua negociación del contenido de los proyectos gubernamentales, hasta cerca del punto en que su contenido –versión, por ejemplo, de marzo de 1977- del mismo. Por principio de cuentas, el contenido de los planes gubernamentales, se ve influenciado, desde su propia casa, por dos fuertes corrientes políticas divergentes. Sus componentes ocupan principalmente escaños de diversa jerarquía en el gobierno federal, en algunos gobiernos estatales y en el congreso de la unión. Pero, las más significativas presiones que recibe al respecto provienen del ámbito externo a la propia burocracia. El capital –como conjunto, aunque hay notables diferencias, según las fracciones diferentes que en algunas ocasiones conduce a no acatar los lineamientos gubernamentales: en otras, a no respetar los acuerdos formalmente contraídos; y, en límites extremos, propone la inclusión de nuevos aspectos, la modificación de aspectos ya incluidos, ó la supresión de parte del contenido de los

planes gubernamentales originales. En este sentido, parecerían atinadas –en términos generales- algunas de las conclusiones del presidente del segundo congreso nacional de economistas: la posición conservadora de los empresarios les impide comprender la situación que vive el país. Asimismo, la élite de ingresos medios y altos de la población no tiene conciencia nacionalista. Así, no pueden estar de acuerdo en modificar un sistema que les beneficia con largueza y su actitud es antisocial por definición (V/3). En un plano más concreto, sin embargo, la burguesía es efectivamente antisocial, pero no por su incomprensión de la situación en que vive, sino porque precisamente –de acuerdo a su propia lógica- la conoce muy bien. En primer lugar, la clase del capital se puede dar el lujo de mostrarse reticiente respecto a su participación (en los términos indicados por el gobierno), porque sus dirigentes saben que la burocracia no puede obligar en la práctica a un empresario a actuar de tal ó cual forma en lo que respecta a la manera en que produce y reproduce su capital. Precisamente porque saben que la economía capitalista está sujeta a una dinámica propia (dinámica en la que además participan), es que las fracciones más fuertes agudizan su perpetua tendencia a tratar de que sean idénticos sus propios proyectos y esquemas de desarrollo –en este caso, su modelo de acción para salir de la crisis- con los planes que al respecto tiene el gobierno. Como esto no lo logran durante 1977, sólo siguen aquellos lineamientos gubernamentales que en el plano inmediato satisfacen sus intereses. Ello redunda en una progresiva disminución de la autonomía relativa del Estado mexicano, porque el gobierno de este Estado cada vez se acerca más a la posición del capital. Como contrapartida, se fortalece la fuerza y la capacidad de negociación política de la fracción hegemónica del capital. Con ligeras variantes, esta presión se manifiesta agudamente en cuestiones de tanta importancia como la forma en que el gobierno maneja y distribuye su gasto, y en la manera conforme a la cual debe organizar sus empresas. El gran capital resulta así el término que sale beneficiado en la solución de la contradicción secundaria capital privado-gobierno. Por el carácter fundamentalmente transnacional de esta fracción, el gobierno no tiene ninguna forma efectiva –así sea a través de estimular y desestimular, directa ó indirectamente- de controlarlo. Además, la burguesía en el fondo está interesada en que siga la inflación. La crisis internacional y la consecuente intensificación del proteccionismo de las principales metrópolis internacionales –principalmente el emprendido por el gobierno de los EUA- aunada al acrecentamiento de la posibilidad de que la paridad peso: dólar disminuyera aún más, hace que la burguesía del país generalmente no invierta en los términos productivos señalados por el gobierno, sino que ésta destine mucho mas frecuentemente sus recursos a la especulación. Mientras obtenga ganancias altas y seguras durante 1977, al empresario poco le importa que se generen empleos, que el mercado interno se contraiga, que se produzcan alimentos muy por abajo del mínimo indispensable, que las exportaciones se contraigan, que las condiciones materiales de vida de las masas trabajadoras y desempleadas lleguen a

niveles cerca de lo políticamente suicida y que sea posible el surgimiento de movimientos de violencia espontánea. Ello explica el que, a una distancia enorme de las metas originalmente programadas, los logros obtenidos durante el primer semestre de 1977 consistieran solamente en la creación de 1,757 empresas nuevas; en cambio 5,000 pequeñas y medianas empresas habían quebrado por falta de crédito, y se preveía que 2,500 más tendrían que hacerlo durante el segundo semestre del año. En todos aspectos, el gobierno, en cambio, sí está interesado. No porque sea benefactor social, sino porque en ello va su interés de seguir haciendo posible el mantenimiento de las condiciones políticas e ideológicas que permitan continuar la reproducción del capital en la sociedad mexicana. Pero, precisamente por ello, el problema que se le plantea para sujetar a la burguesía a sus proyectos no es de fácil solución. Aún cuando, cediendo a la presión de los trabajadores organizados, se hubiese legislado –cosa por demás improbable- para obligar al capital a participar controladamente en la Alianza para la producción, se habría producido un fuerte alejamiento entre norma jurídica y realidad. Por esta razón, ya para mediados de julio, prestigiados economistas sostienen la necesidad de sustituir al modelo de crecimiento de estabilización-fluctuaciónrecesión –a lo largo de cuyas líneas generales parecía haberse estado moviendo la política económica gubernamental- por el de recuperación a corto plazo y crecimiento sostenido, ya que el primero implicaba el empobrecimiento progresivo de las clases más necesitadas. En cambio, el segundo giraría sobre el crecimiento del sector agropecuario y del petrolero; se aseguraba que en términos cortos, se alcanzarían tasas de crecimiento similares a las de EU (VII/16). Para fines de agosto, mucho se habla del inminente fracaso de la política económica del nuevo régimen, y de la necesidad de su rectificación. En la producción de alimentos, concretamente, se empieza a señalar cada vez más insistentemente la necesidad de nacionalizar la gran industria alimentaria, declarándola de interés social (VIII/24). Seguramente por la presencia de alguno de esos procesos mágicos implicados en el juego de la política mexicana, después del 1° de septiembre, estas apreciaciones críticas disminuyeron notablemente. Pero no terminan ahí los problemas del gobierno, en cuanto a lograr, primero, la más ó menos definitiva delimitación de sus planes y, después, obtener su aceptación en la práctica. Los dirigentes directos de la clase del capital lo presionan continuamente para que asuma un papel cada vez mas francamente defensor de sus intereses. Pero la maquinaria corporativa del propio Estado, ejerce fuerza en sentido contrario. En este sentido, juega un papel saludable en la perspectiva de mantenimiento de cierta independencia gubernamental. En el contexto de crisis del 77, tanto el congreso del trabajo, como el Pacto de Ocampo, pueden entablar una negociación más directa en torno a los lineamientos concretos del gobierno en lo que respecta a sistemas deseables de comercialización, al incremento de la

participación del Estado en la economía, a la participación de los trabajadores organizados en diversos sistemas administrativos y –de manera muy importante, porque es un punto especialmente sensible para las empresas- en lo que respecta a la política de precios. En la mayoría de los casos, es diferente la posición del movimiento obrero y campesino organizado en comparación a la del capital. El punto de vista del primero no surge repentinamente este tradicional sostén estatal se hubiese convertido en la vanguardia del movimiento revolucionario del país. Es todo lo contrario. Precisamente para continuar controlando la potencialidad revolucionaria de los obreros y campesinos, es que tiene que asumir –en parte realmente y en gran parte solo formalmente- una posición de defensor de sus intereses. En vista de todo lo anterior, el paralelograma constituido por la dirección y magnitud de los planes gubernamentales, la dirección y magnitud de las acciones concretasreales del capital, y la dirección y magnitud de las presiones de la maquinaria corporativa del Estado, se resuelve ampliamente a favor de la dirección señalada cambie de dirección es que aparece como capaz de hacer que la resultante cambie de dirección es la lucha independiente, revolucionaria y combativa de los trabajadores, subempleados y desocupados del campo y las ciudades. Es precisamente en este contexto, que debe percibirse la Reforma Política, auspiciada por el aparato burocrático del Estado mexicano. Este es, a fin de cuentas, el reto a que se enfrentarían –tarde ó temprano- las organizaciones revolucionarias en nuestro país. El camino, sin duda alguna, se presentaba como tortuoso. II.- Obstáculos económicos: la penuria gubernamental durante 1977. Para efectivamente poder descampesinizar definitivamente al agro, se requería que el aparato burocrático fuera el real conductor del proceso de salida a la crisis. Ya se ha pasado somera revista a las presiones políticas –aunque muchas de ellas tienen un origen económico- que parecen presentársele al respecto. En este título, el enfoque girará en torno a los obstáculos económicos, que se le presentan al gobierno, para poder destinar los suficientes recursos a la satisfacción de los requerimientos infraestructurales, de financiamiento, de formas de comercialización y de tecnología, al agro. 1) La penuria gubernamental en general. Durante 1977, se está ante una falta de presencia del gasto público, tanto por su monto considerado en términos absolutos, como por su volumen total en comparación con las necesidades que requieren ser urgentemente satisfechas. Visto el fenómeno en la superficie es posible localizar sus causas en por lo menos dos grandes vertientes: una inexistencia real de los recursos requeridos, desprendida de las consecuencias inmediatas de la devaluación; el desplazamiento sexenal de los estratos más importantes de la burocracia central, que tradicionalmente trae consigo un abatimiento de los niveles de inversión (IX.24).

En el fondo, sin embargo, el problema para el estado mexicano estriba en que la acumulación de diferenciaciones sociales, producto de una estrategia de desarrollo seguida durante más de 30 años, que privilegiaba altamente a los sectores industriales de la burguesía, se manifiesta ya en la mente a los sectores industriales de la burguesía, se manifiesta ya en la coexistencia de una enorme multiplicidad y complejidad de contradicciones, todas de fuerte significación en las posibilidades de su propia persistencia; problemas 169 para cuya resolución no tiene, ni de lejos, los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes. Por ejemplo, aun pensando en el regreso a tiempos normales –y más aún bajo las vigentes contingencias de crisis- resultaba muy difícil que el gobierno obtuviera los fondos necesarios para construir una ciudad, cada seis meses, para un millón de habitantes (III/18), sólo con el fin de satisfacer los niveles de vivienda demarcados por el incremento de la población. La flamante administración López Portillista tiene así que enfrentarse al hecho de que el crecimiento demográfico –sólo para hablar de un factor frecuentemente explicitado- afectaba las disponibilidades de alimentación, vivienda, educación en todos los niveles, energéticos y fuentes de empleo (IV/17) y que, por tanto, los recursos públicos orientados a cada uno de estos rubros serían cada vez más insuficientes. Según datos incluidos en el Informe Presidencial, en el presupuesto Federal de 1977 estaba autorizado un gasto de 677,000 millones de pesos (ligeramente superior, en términos reales, al de 1976). El gasto autorizado de inversión fue de 170,000 millones, mayor en 55% al del año anterior. De éste, la cantidad destinada al fomento industrial se duplicó. Los montos asignados a energéticos, petroquímica y fertilizantes crecieron en 183% (135,262 millones de pesos, en términos absolutos). Los recursos destinados al fomento de actividades agropecuarias y pesqueras se incrementaron en 50%. Con todo, el ligero aumento del gasto público –tomando en cuenta que durante 1976 la inversión fue prácticamente nula (V/24)- difícilmente representa un aliciente, en el marco de las graves circunstancias de 1977. Una manifestación de ello estriba en el déficit del gasto público. No obstante que, de enero a mayo, los ingresos fiscales aumentaron 44% en relación al mismo período de 1976, el déficit fue de 5,900 millones de pesos, ya que los gastos del gobierno se elevaron a 83,900 millones de pesos, 24% más que en enero-mayo de 1976. El propio presidente López Portillo reconocía, en su Informe a la Nación, que la inversión no está a la altura, en lo inmediato, de lo que hace falta y de lo que sería deseable (IX/1). Tras la mencionada declaración presidencial, se volvió más evidente que los proyectos gubernamentales no habían realmente contemplado el ejercicio de un presupuesto que colaborara significativamente al crecimiento del PNB durante 1977. Lo anterior no dejó lugar a dudas cuando, una semana después altos funcionarios de la secretaría de programación y presupuesto anunciaban que el presupuesto para 1978 si sería de la magnitud necesaria para lograr un aumento del 4% en el producto nacional bruto; constaría de aproximadamente 860 mil millones de pesos, 200 mil millones más que el presupuesto para 1977 (IX/7).

Las carencias del gasto público se manifiestan concretamente en el hecho de que las diversas secretarías de Estado, y dependencias vinculadas a ellas, tenían que realizar mayores programas, generalmente con menos recursos reales que antes (VII/17). Esto explica en parte el hecho de que, para mayo, (antes de finalizar el primer semestre), la premura de la satisfacción de diversas necesidades ingentes había motivado que más del 81.8% del presupuesto anual programado ya se hubiera ejercido (V.24). La insuficiencia de recursos obliga a realizar sólo aquellas obras y efectuar determinados servicios que sean autofinanciables, como el metro, el gasoducto a Reynosa y las inversiones diversas de AHMSA (IX/27). Ello significaba que la generalidad de las dependencias gubernamentales no inician ni construyen nuevas obras, destinando lo fundamental de sus recursos presupuestales al mantenimiento de servicios ya existentes y al pago de amortizaciones (III/18). No debe olvidarse que mas del 75% de las inversiones federales para 1977 se destinan a la terminación de obras ya en proceso al iniciarse el régimen, y a facilitar el mantenimiento y conservación adecuadas de las inversiones efectuadas en años anteriores (V.24). En algunos casos extremos, la escasez a ser determinante fundamental de la paralización de obras de tanta envergadura como la siderúrgica Lázaro Cárdenas (V.24). La disminución de la actividad presupuestaria gubernamental repercute, forzosamente, en la marcha de los diversos sectores de la economía. Por ejemplo, la ausencia de fuertes inversiones gubernamentales en infraestructura, aunado al aumento de los costos de producción de la industria de la construcción, motivó que ésta sufriera fortísimas contracciones (VII/16); contracciones de magnitud tal que la SHCP tuvo que reconstruir el fondo de financiamiento al sector (VI.3). Ante esta situación de relativa penuria del erario público, en comparación con las necesidades planteadas en los propios planes gubernamentales para salir de la crisis, la burocracia central toma algunas medidas para contrarrestar la escasez relativa de sus fondos. Por una parte, parece ceder a la presión de diversos grupos de tecnócratas que inducen al aparato burocrático a realizar una reforma fiscal de fondo, tratando de que éste tome una parte mas activa en el manejo de los excedentes económicos; que penalice aquellos excedentes que el sector privado no convierta en inversiones reales y que, en el peor de los casos, podría utilizar para propósitos de especulación en perjuicio del planteamiento económico global trazado (IV/28). Sin embargo, este camino no es de fácil tránsito para el gobierno. El anuncio presidencial (IX/ 1) de la continuación de la actualización (y de la tendencia a la justicia) del sistema fiscal, esencialmente no es más que una expresión ideológica. Los obstáculos concretos, reales, no tardaron en hacerse presentes, y resultaron difícilmente suprimibles. Existe en 1977 una enorme defraudación fiscal. Considérese, al respecto, que sólo 10% de las 2 millones de empresas existentes en el país declaraban utilidades superiores a un millón de pesos anuales; el 90% restante no lo hacía, con objeto de permanecer dentro de la clasificación de empresas menores (VII/4). Pero, cuando

se llega –excepcionalmente- a emprender seriamente la detección de anomalías en el pago de impuestos, surge la pronta y eficiente oposición del capital, particularmente si se intenta llevar a la práctica en forma de regadera, es decir, primera revisando las grandes empresas y luego la base tributaria (V.8). A la evasión fiscal viene a sumarse el hecho de que, abiertamente, en ocasiones fracciones de la burguesía se oponen al requerimiento gubernamental del pago de algún impuesto preestablecido, esgrimiendo el argumento de que el cumplir con este pago agudizaría la inflación (VII.22). En otros casos, las medidas verbales y las acciones reales tomadas por diversos grupos empresariales contra la política de gravámenes fiscales al capital, se basan en que, si se gravan excesivamente sus rendimientos, sus productos pueden quedar fuera del mercado internacional y se desalentarían así posibles inversiones, el abatimiento de la inflación y el aumento de las exportaciones son objetivos manifiestamente incluidos en sus programas de recuperación económica, a menudo el gobierno tiene que ceder a estas presiones, disminuyendo consecuentemente su potencial de obtención de recursos vía aumentos fiscales. El estado tiene que elevar la proporción de sus ingresos que proviene de impuestos. El constante y progresivo deterioro de las condiciones materiales de vida de la fuerza de trabajo condiciona el que no sea factible incrementarle a ésta su carga impositiva; al menos no, si pretende mantener los vigentes niveles de legitimidad. Por otra parte, tendría dificultades para obtenerlos de los sectores de la clase del capital que tradicionalmente han gozado de cargas impositivas bajas. Sólo se enumerarán algunos de los muchos ejemplos que apoyan esta última afirmación. A fines de septiembre, los 80,000 propietarios de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles del Distrito Federal, presentaron un amparo contra el departamento del D.F., a fin de no pagar alzas en los impuestos prediales (IX/27). Los comerciantes, a su vez, mostraron que harían todo lo que estaba a su alcance para evitar que la carga fiscal les fuera aumentada. Llegaron al amago ó a la efectiva utilización del recurso del paro de actividades, como el ocurrido en Jojutla a fines de febrero. Los mineros , para mencionar otro caso, también ponen escollos a la imposición de alzas fiscales; sus dirigentes incluso solicitan la revisión de la ley de fomento minero, con el fin de pagar menos impuestos (VI/13). El gran capital monopólico, principalmente el transnacional, es acusado en múltiples ocasiones de representar el principal medio de evasión fiscal, por ejemplo, a través de la declaración de servicios y operaciones ficticias (V.8). Con frecuencia, aunque aparentemente el capital transnacional paga impuestos, en la realidad este lo hace repercutir sobre el consumidor. Recuérdese que el sindicato de trabajadores de la industria de aguas gaseosas de la república mexicana (CDR), denunció que, por cada peso que el consumidor invierte en refrescos embotellados, paga directamente –ya que los industriales no pagan absolutamente nada de impuestos al fisco- por concepto de impuestos, 45 centavos. En síntesis, el gobierno tiene cada vez más dificultades para gravar a los diferentes grupos del capital, en la medida requerida para obtener los volúmenes de recursos requeridos para atenuar el proceso de deterioro de las condiciones de vida de las

grandes mayorías de la población (IV/14). La evasión fiscal y la merma generalizada en el pago de impuestos correspondientes a la iniciativa privada, es señalada por altos jerarcas del gobierno como determinante del hecho de que el Estado no tenga fácil acceso a los recursos monetarios necesarios para enfrentar la crisis (VII/9). Ante las constantes –y hasta cierto punto, incontroladas- manifestaciones de desacuerdo con la política fiscal, la SHCP acaba por reconocer la necesidad de tener un canal permanente de comunicación con el sector privado, para transformar los instrumentos y procedimientos relativos a la política de estímulos fiscales. Este hecho marca, en última instancia, el inicio de la institucionalización de un aún más acentuado debilitamiento de la recaudación fiscal (VII.23). Proceso que llega al punto en que las fracciones más poderosas del capital demandan, abiertamente al respecto. Aún cuando los voceros gubernamentales se apresuran a responder que la política fiscal no está sujeta a negociación, queda abierta la pregunta respecto a si ello es cierto en esos momentos y –en caso de que sea así- durante cuánto tiempo más lo seguiría siendo. Así, todo parece indicar que la reticiencia del capital hizo difícil el logro de incrementos significativos en la captación fiscal (VII/31). Parece ser claro que el aparato burocrático no tiene a su inmediata disposición los fondos requeridos para implantar el conjunto de los planes que el Estado – considerado como unidad- propone para salir de la crisis. Por ello, constituye una preocupación fundamental de los estratos más altos de la burocracia, el encontrar la forma en que mejor puede allegarse estos fondos. Pero, ¿Si el camino de gravámenes mayores al capital parece estarle vedado, que otras posibilidades existen? El gobierno tiene que desempeñar la función de prestamista social. Sin embargo, la escasez global de recursos repercute en una insuficiente existencia de los fondos crediticios que el gobierno puede otorgar. La ausencia del crédito oficial es angustiosa, particularmente para los pequeños y medianos empresarios. Un indicador de su insuficiencia estriba en que el Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa (Nafinsa) prestó, durante 1976, 1,800 millones de pesos (paridad peso / dólar, igual a 12.50/1), en tanto que durante 1977 apenas llegó a 2,000 millones de pesos (con paridad de aproximadamente 23/1) (V/19). En la perspectiva de su demanda real, la formación del Comité Coordinador de Instituciones Nacionales de Crédito representa, sin lugar a dudas, un paso adelante en el proceso de brindar racionalidad a los fondos gubernamentales crediticios –estima de fondo que, aún así, el monto total de los fondos crediticios que maneja sigue siendo insuficiente, en términos de las necesidades del momento (VI/17). Dada su escasez general de recursos, que repercute en un acontecimiento del potencial del gobierno como otorgante directo de crédito, una poción que se le presenta es la de dar las facilidades necesarias y las garantías suficientes a la banca privada, con objeto de que ésta cubra buena parte de los faltantes oficiales (II/26). Hay que recordar que, para mediados de junio, la captación de moneda nacional y extranjera en el sistema bancario, se estimaba en alrededor de 32,340

millones de pesos (VII/12). Independientemente del monto absoluto de la cifra – respecto a la cual hay versiones diferentes- existen algunos otros puntos importantes a considerar. Con todo y la autorización de las diversas reducciones al encaje legal de la banca, ésta parece no poder responder cabalmente a la demanda crediticia; la demanda no es satisfecha, aún bajo el supuesto de que los créditos recibidos son efectivamente dirigidos por los empresarios para expandir sus empresas ya existentes, y/o para instalar nuevas fuentes de trabajo (VIII/5). El aparato gubernamental se encuentra en un verdadero círculo vicioso, cuando se considera simultáneamente el crédito que puede otorgar ó estimular y sus propias posibilidades de obtención de recursos. En su afán por lograr estimular, casi ad infinitum, a las fracciones financieras de la burguesía, el Banco de México dispuso que se pudiera en operación un mecanismo que hiciera posible el que la banca privada prestara en pesos lo equivalente en dólares, para que los capitalistas cubrieran riesgos de cambio en la paridad monetaria. El problema es que las posibles pérdidas serían absorbidas, así por el Banco de México (IX/27). A ésta se agregaron otras medidas tomadas por el Gobierno Federal para incrementar los recursos de la Banca Privada, que se podrían así destinar al financiamiento de actividades productivas. A mediados de agosto, el gobierno federal agregó 7,000 millones de pesos, a los 2,000 millones que hasta entonces tenía para el efecto la banca, bajando el encaje legal a aproximadamente 45% (IX/27) del total de recursos que se captan en la banca privada. Ello repercutió a grado tal en la cantidad de recursos monetarios a la disposición directa del gobierno, que incluso los propios banqueros llegaron a señalar la necesidad de que este proceso cesara (IX/27). Para la reactivación de las inversiones públicas (considerada por algunos grupos de la propia burocracia, ya para fines de julio, como necesaria), se requerían mayores fondos a disponibilidad de éstas, que amanaran, bien sea créditos, bien de recaudaciones fiscales y similares, ó bien de la actividad de las empresas del propio gobierno. Respecto a este último punto, las empresas del Estado –dado su papel de necesaria subvención- estuvieron lejos de ser productoras de ingresos y no de pérdidas. De hecho, durante 1977 un aspecto que tiende generalmente a sobre valorarse, es el del petróleo. Según cálculos del Banco de México (V/26), las ventas de PEMEX de petróleo al extranjero generarían, en el año, divisas por 900 millones de dólares. Diversos intelectuales hacen reiterados llamados a la opinión pública, indicando la falsedad de la afirmación de que al petróleo constituya la panacea para sacar al país del bache económico. Ello tiende a debilitar las versiones propagadas en algunos medios empresariales, en el sentido de que el inicio de la explotación masiva de los mantos petroleros haría que México pasara, de importador a exportador de capitales (III/30). Por las dificultades que ofrece para su aprovechamiento inmediato, en el marco de la salida a la crisis durante este año, poca importancia tenía el hecho de que altos funcionarios públicos afirmaran que se llegaría al siglo 21 con un máximo del 40% de las posibilidades totales de desarrollo en materia de petróleo (VIII/15). De igual manera debe considerarse el hecho de que el gasoducto a Reynosa –el cual, se aseguraba, se auto pagaría totalmente en 200

días- no empezaría a generar divisas sino hasta su terminación, cosa que de ninguna manera ocurriría en el año que aquí se estudia. Si el gobierno tiene un verdadero apremio de recursos financieros, que no puede satisfacer con mayores cargas impositivas al capital, en un contexto en que incluso tiene que ceder una parte del monto que potencialmente podría obtener, canalizándolo a la banca oficial y privada, y estando imposibilitado para obtenerlos de sus propias empresas, ¿Qué otros recursos le quedan? La ideología oficial sostiene que una fuerte fuente de divisas estimuladoras de la actividad económica interna, que surge como consecuencia directa de la progresiva devaluación del peso, es la representada por el turismo. Sin embargo, la inflación interna se encargaría de demostrar que realmente no llega muy lejos lo infinito de esta posibilidad. Se afirmaba que la afluencia de turistas norteamericanos y canadienses había alcanzado su mayor punto desde 1974 (II/25). En agosto, se esperaba que el volumen total-anual de turistas crecería en 5%; pero, también se admitía que debido a la devaluación, el aumento en dólares que ingresarían por ese concepto, sólo sería de alrededor del 3%. Por esta razón, las posibilidades reales del turismo como generador de divisas que permitieran cierto descanso del gobierno como inyector principal de energía a la economía en esos momentos, son mucho menos de las que normalmente se la atribuyeron. Por tanto, ésta no constituyó un filón, que pudiera permitir acortar la relativa penuria gubernamental, verdaderamente seguro de sustitución de un elevado gasto público. Por otra parte, las potencialidades de la exportación como fuente de impuestos destinados a mitigar el déficit presupuestario, se ven amenazadas por los grupos del gran capital vinculados a ella. Los exportadores sostienen que la devolución de los CEDIS debería aumentarse hasta el 11% de devolución de impuestos, para que representara un verdadero estímulo a la exportación (IV/14). Ello disminuyó considerablemente las posibilidades reales a este respecto. En este poco halagador panorama, todo parece indicar que el aparato burocrático tuvo que recurrir a explotar en toda su potencialidad la veta del crédito externo. Intentaron sus dirigentes que éste llegara al verdadero límite máximo, particularmente en lo referente al endeudamiento externo. (III/17). No hay que olvidar que, a finales de 1976, el endeudamiento externo no era despreciable. Según un estudio del Banco Mundial, divulgado ampliamente, la deuda externa pendiente de pago en América Latina llegó en 1976 a 65 mil millones de dólares; el 85% del total correspondía a siete países. De ellos, México ocupaba el segundo lugar, con un 24% del total (IV/28). Sin embargo, la posibilidad de conseguir altas dosis de financiamiento internacional, se ve obstaculizada significativamente por el hecho de que la crisis mundial obliga a los países industrializados a bajar la parte de su producto nacional bruto que corresponde a ayuda a los países del tercer mundo, de 0.36% en 1975, a 0.33% en 1976, no pudiendo llegar en este último año a la meta preestablecida de 0.7%

(VII/1). Por otro lado, la caída del dólar ocurrida en julio de 1977, aunque robustece temporalmente la economía norteamericana, es vista en esos momentos como la precursora de una muy fuerte recesión económica mundial (VII/28). Consecuentemente, se esperaba que durante 1978 ocurriría una contracción, aún mayor del volumen de recursos crediticios internacionales dirigidos a países en vías de desarrollo. Además, en el marco de la inflación mundial, el abatimiento del crédito otorgado por las principales instituciones financieras internacionales es bastante real, en términos absolutos. Por ejemplo, del 1° de julio de 1976, al 30 de junio de 1977, el Banco Mundial otorgó globalmente un financiamiento realmente menor que en el ejercicio anterior, aún cuando éste aumentó en términos absolutos (IX/19). De cualquier manera, la deuda externa pública ascendía, para el 30 de junio (IX/1), a 20,948 millones de dólares; en marzo, la deuda privada externa ascendía a aproximadamente 8 mil millones de dólares (III/11). Como 5,000 millones de dólares del total de la deuda pública, se vencían en 1977 –y como su monto interno real, en pesos mexicanos, había crecido sustancialmente como consecuencia de la devaluación (VII/1)-, a principios de julio se manifestó que, sólo como último recurso, se intentaría renegociar este monto. En el informe presidencial, se anunció que el aumento neto del endeudamiento externo en 1977 sería bastante menos de la mitad del obtenido en 1976. Pero el monto del financiamiento del exterior no es el problema principal del aparato burocrático; éste consiste más bien en las condiciones bajo las cuales se obtiene. El sistema financiero parece inducir a las diversas dependencias gubernamentales a obtener financiamiento en condiciones nada ventajosas (VI/13). Y es precisamente en comparación con lo desventajoso en extremo de la generalidad de los créditos externos, por lo que el crédito de 1,200 millones de dólares, obtenido en septiembre (IX/24) por el gobierno federal de múltiples bancos privados internacionales, es exaltado por los funcionarios gubernamentales y expuesto como modelo. Las ventajas así difundidas son: a)se trata de una sola operación; b)permite obtener plazos que para este tipo de créditos y en los mercados internacionales son excelentes: 6 años, con tres de gracia; c) se obtiene también buenas condiciones en lo que se refiere a intereses; d) permite introducir, aunque en proporción todavía pequeña, los requerimientos de PEMEX para los nuevos proyectos de perforación y las nuevas obras que comprende el programa; y, e)se garantiza el crédito con proyectos (IX/24). El banco mundial, por ejemplo, prestaba al gobierno mexicano créditos duros, a corto plazo en el término de gracia y altas tasas de interés modificables trimestralmente, según el movimiento del mercado internacional de capitales. Si éste era desfavorable, como lo fue en 1977, el gobierno tendría que pagar servicios e intereses anuales mucho mas altos que dos años antes, lo que vendría a ser otro factor más, en el conjunto de limitantes a sus inversiones productivas (V/2). Es justamente del banco mundial de donde el gobierno mexicano había obtenido, de julio de 1976 a junio de 1977, 257 millones de dólares. Des esta cantidad, 1,025 millones se destinaron a sufragar proyectos de desarrollo agrícola. En total, se

tenían aprobados 49 préstamos del banco mundial; 15 de ellos se dirigían a la llamada área de desarrollo rural (IX/19). Hecha esta aclaración en torno a las condiciones cada vez favorables de obtención de financiamiento externo, para agosto el gobierno y sus empresas habían recibido empréstitos por 27,293 millones de pesos, provenientes de 80 bancos y 16 países; PEMEX, 350 millones de dólares; BANOBRAS, 150 millones de dólares; NAFINSA, 425 millones de dólares; FINASA, 125 millones de francos suizos. Además, para ese mes, el Libra Bank Limited de Londres ya había promovido otros dos préstamos por 150 millones de dólares a corto plazo y 60 millones de dólares a mediano plazo (VIII/3). Pero, en este proceso de agudización de la tendencia al endeudamiento externo, hay una seria contrapisa. El margen de movimiento del gobierno federal, en lo que respecta a la obtención de recursos provenientes del crédito se van otorgando durante el año, con el apoyo imprescindible del Fondo Monetario Internacional, en la medida en que los vaya presentando a este organismo el aparato burocrático del estado mexicano (IV/26). Debido a las condiciones del convenio gobierno mexicanoFMI, aún cuando existían inversionistas extranjeros interesados, el endeudamiento externo no podría ser mucho mayor de 3,000 millones de dólares, independientemente de los que pudiera otorgarle el propio fondo (VI/18). A pesar de que en junio, economistas del FMI revisaron –junto con técnicos del gobierno del país- las cartas de intención (IX/14), el referido acuerdo fue defendido –ante diversas críticas- por el propio presidente de la república. Este afirmó que se hubiera causado mucho más daño al país si se hubiera seguido la poción de salirse del FMI. El acuerdo es considerado por JLP como un forzoso mal menor, en las vigentes circunstancias del proceso de salida a la crisis (IX/27). En el tratamiento presidencial del problema en cuestión, el gobierno aparece como una entidad que ha acatado las reglas para la obtención de crédito; reglas impuestas por el FMI a todo el que acude a él, de igual manera que lo que sucede con las que existen cuando un particular solicita cualquier tipo de préstamo (IX/25). El propio director del FMI sostuvo poco tiempo después que el convenio firmado entre el gobierno mexicano y el fondo marchaba tan bien, que el primero no había utilizado (hasta el 25 de septiembre) más de 116 millones, de los 232 millones de dólares autorizado para ser usados por el segundo durante 1977 conforme al plan trienal pactado. El FMI consideraba la existencia (IX/25) de una capacidad total adicional de giro por 1,680 millones de dólares en caso de que el gobierno encontrara de nuevo fuertes dificultades; sin embargo, el relativamente limitado uso que la burocracia central dio en la realidad a los fondos internacionales obtenidos, hacia pensar que no era remoto el cumplimiento de la predicción del presidente de la CONCAMIN, en el sentido de que posiblemente el FMI aumentase aún más la cantidad de endeudamiento permitido al gobierno (VII/28). Como durante 1977, de alguna manera falla la obtención –en los niveles requeridosde fuentes externas de financiamiento para el gobierno, éste se encamina a

estimular simultáneamente, como nunca antes, la inversión extranjera directa. Alejándose bastante de lo que algunos economistas señalaron como la posibilidad de negociar desde una posición de fuerza (IX/17), por la necesidad norteamericana del petróleo del país, el gobierno mexicano propuso al de EU la verdadera institucionalización de la dependencia mexicana. Los departamentos de estado y de comercio e inversión, auspiciaron a mediados de septiembre una reunión en EU. En ella, el representante del aparato burocrático mexicano propuso formalmente la racionalización de la interdependencia de la economía de México y EU; el fondo, en realidad señalaba que debe haber una indisoluble y más orgánica vinculación entre ambas economías: “Si hemos de aceptar la premisa de la interdependencia entre México y Estados Unidos, deberíamos comenzar formulando una política más coherente, más orgánica, para resolver radicalmente los problemas que derivan de nuestra convivencia y muy especialmente, de nuestro intercambio comercial...Es inexacta, cuando no torpe, la visión de quien quiere contemplar desde EU los problemas mexicanos, como ajenos a los norteamericanos...lo que más conviene a uno es la prosperidad del otro...”(IX/22). Y durante el año se obtienen lo que parecen ser los primeros logros de esta política exterior del gobierno mexicano. Se dio por hecho –aunque a fines de año la situación cambiaría- que se construiría el gasoducto Cárdenas-Reynosa (fundamentalmente, con préstamos norteamericanos), con un costo de 1,000 millones de dólares, con capacidad para exportar dos mil millones de pies cúbicos diarios y que, al precio vigente de tres dólares el millar, se pagaría en 200 días. Como contraparte, la inversión extranjera directa creció en forma espectacular; en el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa fue de 3.6 millones de dólares; para el segundo trimestre, ésta fue ya de 128 millones de dólares (IX/19). De manera que, el gobierno del estado mexicano tiene serias dificultades para contar con los volúmenes necesarios de los fondos requeridos para cumplir con el papel que se ha auto asignado en el proceso de salida a la crisis. El presupuesto para 1977 es muy inferior a las necesidades reales: sólo hasta 1978 se tendrían algunas perspectivas de su mejoramiento formal y relativo. Su monto es inferior porque la generalidad de las diversas medidas orientadas a su crecimiento resultaron relativamente infructuosas; no gravámenes al capital- de la política fiscal; la banca privada no suplió, con la adecuada dinamicidad, al crédito oficial, con lo que el gobierno tuvo que seguir representando el papel de principal prestamista; las empresas públicas permanecieron subvencionadas, con lo que continuaron arrojando números rojos; el turismo demostró no ser un generador lo suficientemente poderoso de divisas –que estimularan, en los niveles requeridos, a la inversión privada- como para reemplazar parcialmente a la dinamicidad de la inversión pública; los impuestos a la exportación no fueron lo cuantiosos que se esperaba, entre otras causas porque las propias exportaciones no observaron los incrementos espectaculares que se suponía se desprenderían de la flotación del

peso; las divisas provenientes de la venta de petróleo y sus derivados no cristalizaron durante el año. A pesar de las condiciones adversas del mercado internacional de capitales, la medida que más parece brindarle resultados –y ello a pesar del candado impuesto al respecto por el FMI- al gobierno del estado mexicano para allegarse altas cantidades de fondos, estriba en el manejo del financiamiento internacional y en la efectividad para atraer inversiones directas externas. Por una parte, en la medida en que fuera capaz de seguir obteniendo mayores volúmenes de préstamos exteriores, contaría con mayores fondos para cumplir con su papel de asignar las cantidades necesarias de recursos financieros, humanos y tecnológicos requeridos para conducir el proceso de salida a la crisis que había sido delimitado por el estado. Por otro lado, al paso que fuera capaz de estimular la inversión extranjera directa en el país, se vería aliviado en su función de estimular directamente –a través de la inversión pública- la formación de empleos. Fue exitoso en ambas medidas; el problema es que en apariencia el precio que tuvo que pagar por ello estriba en la institucionalización, intentando el establecimiento de bases orgánicas explícitas, de la total dependencia de la economía del país respecto al imperialismo norteamericano. Pero la cantidad de fondos a la efectiva disposición del aparato burocrático es sólo uno de los aspectos que hay que considerar. El otro gran cuestionamiento estriba en si el gobierno efectivamente dispuso, de acuerdo a los lineamientos preestablecidos por su propia fracción hegemónica, de los recursos obtenidos. En este sentido, el dilema para el estado es que el aparato burocrático no contaba con los mecanismos operativos necesarios para asegurar que el presupuesto gubernamental fuera efectivamente destinado para lo que formalmente se asignaba. Una manera de lograrlo, sería a través del control ejercido por el poder legislativo. Sin embargo, los mecanismos con que éste contaba para vigilar el ejercicio del presupuesto público, no eran eficaces (IV/12). Además, el contratismo se consagra como mecanismo económico –con determinaciones y efectos políticos- que mermó considerablemente los escasos recursos disponibles por el gobierno (VIII/27). Íntimamente ligada con este último aspecto, aunque con una amplitud mucho mayor, se encuentra la presencia de la corrupción. Entre los miles de ejemplos que se podrían dar al respecto, resalta el manejo de fondos y otorgamiento de créditos para pago de impuesto, brindados por los jefes de las oficinas federales de hacienda a los causantes bajo su jurisdicción (VIII/28). Al respecto, un caso límite consistió en la aprehensión de un exsecretario de la SRA, acusado de apoderarse de 10 millones de pesos entregados por la federación a pequeños propietarios coahuilenses, en calidad del 50% del monto total del avalúo de sus tierras para fines de reparto agrario. Por otro parte, pese a los continuos llamamientos ético-morales, no obstante que se formaron comisiones y oficinas de control, el hecho es que el crédito –en su carácter de recurso sumamente escaso- no fue separado de la característica de corrupción

que hasta entonces había estado íntimamente vinculada a su otorgamiento (VII/20). Las causas de fondo de la corrupción, íntimamente vinculadas al monopolio, no fueron realmente atacadas. Por tanto, la corrupción difícilmente podría ser eliminada (IX/27). 2) La penuria gubernamental respecto al agro: Ante la escasez general de recursos del aparato burocrático, bosquejada en el anterior subtítulo, la política oficial destinada a favorecer a una determinada actividad ó sector, significaba forzosamente el someter a otras(s) a una situación de desventaja comparativa (V/11). Lo cierto es que el sector agropecuario, tomando como indicador la proporción que del presupuesto total para 1977 se destina a él es de los sectores más favorecidos. Sin embargo, en términos absolutos, los volúmenes de recursos gubernamentales no alcanzan a satisfacer las necesidades fundamentales del sector. Aunque con menor escasez en comparación con otras, en general las dependencias federales vinculadas al agro se encuentran también imposibilitadas para ejercer en toda su magnitud, aún los presupuestos ya aprobados; el cambio de gobierno y la acumulación del déficit gubernamental, aunado a la necesidad –sentida por la fracción hegemónica de la burocracia- de frenar el gasto público para que haya equilibrio, lo impiden (IV/26). ¿Porqué el aparato burocrático no destina más recursos al agro, si ahí yace –desde su percepción- una de las principales fuentes de la crisis económica? A un nivel general, en buena parte porque, al igual que con respecto al resto de los sectores, no tiene los recursos globales suficientes, por los factores mencionados en el subtítulo anterior. Pero además –a un nivel más concreto- parecería que del sector rural el gobierno no pude sacar más recursos (fiscales y no fiscales), y que incluso encuentra problemas para sostener los niveles de los que hasta entonces había estado obteniendo. Contra los intentos de recabar más fondos fiscales, se yergue la acción, por ejemplo, de algunos sectores de grandes productores de café, quienes en su momento han sostenido que su carga impositiva ya representa más del 50% del valor bruto del grano de exportación (IV/29). Ilustra también este punto la eficacia con que los horticultores de Sinaloa dieron al traste con los intentos gubernamentales de sujetar a un impuesto ad valorem a sus productos de exportación. Argumentaron que durante 1976 pagaron más de 270 millones de pesos, sobre una utilidad bruta de tres mil millones (V/3). Por último, en múltiples ocasiones la SHCP conminó a los pequeños propietarios a cumplir acciones gubernamentales encaminadas a lograrlo. Pero también se intentó obtener fondos por vías no estrictamente fiscales. Ahí también, la respuesta no fue la optimísticamente esperada. El caso del precio del agua de riego, lo ilustra. Las medidas anunciadas desde junio por la SARH, para aumentar las tarifas por el uso de agua de riego, encontraron la pronta oposición de la federación mexicana de organizaciones agrícolas. Posteriormente en agosto, se

anunció que el alza sería entre 50 y 70% encontrando la enérgica protesta de la confederación nacional de aprovechamientos hidráulicos, que reúne a más de tres mil agrupaciones de aguas federales en el país. La confederación recurrió al consabido argumento de que de llevarse a efecto el alza, habría repercusiones negativas en la economía agrícola (VIII/22). Al parecer, las presiones mencionadas sólo fueron parcialmente exitosas. La falta de una cabal canalización de recursos económicos –monetarios y no monetarios- al campo es un hecho real. Ello se denota incluso en los propios planes que la burocracia central esmeradamente prepara para el agro. Es clara la manera conforme a la cual las limitadas fuentes de recursos repercuten en las dimensiones de la acción oficial en el agro, cuando se contemple lo corto de las metas del plan nacional agropecuario y forestal para 1977. Pueden ser cultivadas en el país entre 20 y 25 millones de hectáreas. En las 17 millones de hectáreas que la SARH anunció que efectivamente se cultivarían durante el año, sólo 30% estarían aseguradas; 42% estarían fertilizadas; 26% contarían con semillas mejoradas; 43% tendrían asistencia técnica; y, 30% sería regada. En el caso del riego, en particular, se buscaría incrementar la eficiencia de las cinco millones de hectáreas irrigadas que trabajaban, en promedio, al 60% de su posible eficiencia. Además, en estas zonas de regadío, se pretendía que preferentemente se cultivasen productos alimenticios básicos, cosa que no iba de acuerdo a las leyes del mercado en el país (y en su vinculación con el capitalismo internacional) (V.11). Lo limitado de los recursos, tomando como marco de referencia la dimensión de las necesidades, hacían difícilmente alcanzable las metas que el plan nacional hidráulico, elaborado durante el sexenio pasado, señala como imprescindibles. En efecto, los estudios en que se basa el PNH señalan que, para lograr la autosuficiencia alimentaria, incrementar el abastecimiento de materias primas a la industria nacional y desarrollar el programa de exportaciones agropecuarias, sería necesario que el crecimiento del producto agropecuario fuera de 5% al año. Esto implica la incorporación de 200,000 hectáreas al año con riego y/ó drenaje. Para fines de siglo, sería necesario duplicar las tierras que entonces contaban con riego, pasando de 5 millones de hectáreas, a 10 millones (IX/6). Los recursos disponibles, pues, difícilmente ayudaban a lograr la totalidad de los cortos objetivos y metas incluidos en los planes gubernamentales respecto al agro. Así las cosas, la escasez de recursos oficiales monetarios se manifestaría a lo largo y a lo ancho de la estructura agraria. Aquí se mencionan sólo aquellos aspectos que, por su gran envergadura, impiden la cabal consecución de los planes gubernamentales respecto al campo, en el marco de la Alianza para la producción. La acción gubernamental no pudo lograr –ni siquiera estuvo cerca- la plena ocupación en el campo. Ello tanto por el lado del otorgamiento de ocupaciones vía campesinización, como por el lado de la implantación de la políticaestatal de asalarización de la fuerza de trabajo desocupada y subocupada del medio rural (IV/19). Sin embargo, para manejar este aspecto en su justa dimensión, es

necesario recordar que precisamente la generación fuentes de empleo se plantea como uno de los objetivos básicos de la aplicación de la Alianza para la producción en el campo. Recuérdese que la formación de empresas agro industriales está en relación directa con las disponibilidades de diversas formas de energía en el agro. Tomando en cuenta la amplia dispersión físico-geográfica de los poblados rurales, y dado que el programa de la SAHDP estaba en sus fases iniciales, llevar la electrificación a 12 millones de habitantes rurales carentes del servicio, diseminados en 80 mil poblados, estaba verdaderamente fuera del alcance presupuestal al corto plazo (VI/14). Al menos, no se lograrían avances significativas a este respecto durante 1977. Hay que también tener en mente que la producción y distribución de alimentos es un objetivo fundamental que los planes (de la Alianza para la Producción, traducidos en el Plan Nacional Agropecuario y Forestal), contemplan de manera fundamental. Sin embargo, en ocasiones la insuficiencia de recursos adopta la forma de escasez de instalaciones de almacenamiento adecuadas de las dependencias gubernamentales que tienen esta función. Esto ocasionó en algunos casos, la aberración de llegar a una real incapacidad de absorción de la adquisición de las indispensables cosechas de alimentos, como sucedió en el caso de la compra, por parte de CONASUPO, del trigo del Distrito de Riego del Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan, en Tamaulipas (VII/3). El logro de los objetivos del PNAF se basa –entre otras- en la predicción de que habría un sustancial aumento en la producción de fertilizantes. Por ello, se encaminaron recursos oficiales hacia su producción. Sin embargo, el déficit de fertilizantes persistió en iguales ó peores niveles relativos que hasta entonces, pues su producción no se vería significativamente incrementada sino hasta que las nuevas instalaciones (que se empezaban a construir) iniciaran sus operaciones (VIII/26). En efecto, se anunció oficialmente que habría una carencia de cinco millones de toneladas de fertilizantes en el país durante el sexenio, aún cuando se destinarían 12 mil millones de pesos para que 13 proyectos de construcción y ampliación de plantas entraran en operación. Así, el déficit esperado –que represente poco más de la cantidad total de fertilizantes sólidos producidos actualmente en el país (4.3 millones de toneladas por año)- sobrevendría a pesar de que la inversión mencionada (VII/26). La relativa escasez de este insumo agropecuario básico, significa fundamentalmente la elevación de los costos de producción, y consecuentemente de los precios de venta. Como se vió en el capítulo III, una de las principales innovaciones de este sexenio, en materia agropecuaria, consiste en la organización de Distrito de Temporal. A fines de septiembre, se anunció que estaban en pleno proceso de constitución 110 distritos en tierras temporaleras, que incluían a 9 millones de personas, abarcaban 30,000 ejidos y se extendían sobre 13 millones de hectáreas (IX/25). La envergadura del programa deja entrever que los enormes recursos financieros que

ello demanda –de personal, de tecnología, etc.- difícilmente serían proporcionados en su oportunidad, con la calidad y en la cantidad requerida. Es necesario no pasar por alto la manera conforme a la cual se manifiesta la escasez de recursos gubernamentales, en los casos en que la dirección del aparato burocrático encuentra necesario apoyar significativamente a algún tipo de actividad agropecuario ó agro industrial que está en aprietos, pero cuya persistencia es indispensable para la marcha global de la economía del país. Analicemos concretamente el caso del azúcar. Mucho se habló durante el año, de la crisis de la producción azucarera. Se llegó a estimar que se requerirían alrededor de 11,500 millones de pesos para rehabilitarla. En primer lugar, resalta el que la distracción de los recursos que ello representaba, no podría menos que conducir a la aceptación de la existencia de formidables obstáculos para lograr la recuperación económica (VII/14) en el agro, y en todos los renglones económicos. Por otra parte, el tipo de solución dado ene este caso concreto, en que se constituyó la Asociación de Fomento Industrial –con participación del gobierno federal, con el 50% de su capital- para impedir la quiebra de los ingenios manejados por el grupo de Aarón Saenz, no parecía poder ser siempre aplicable a todas las actividades vinculadas con la agricultura que están especialmente en crisis. El factor primordial sería, de nuevo, la falta de recursos federales (VI/9). Los planes gubernamentales para el agro incluyen, en general, la eliminación de subsidios. Sin embargo, en algunos casos eso se le presenta como imposible. La implementación práctica de una aparentemente racional política de sustitución de subsidios –ó la modificación en su forma- dependería de la respuesta que brindasen los sectores sociales sobre los cuáles se desplaza el peso del subsidio. En el caso del azúcar, por ejemplo, se tendría que ver si el mantenimiento del precio del azúcar morena a $2.15/Kg. –precio al público- sería efectivamente sufragado por un precio de $4.80/Kg. –precio a la industria-, tal y como fue formulado en los planes gubernamentales al respecto. Obviamente, medidas de este tipo, suponiendo la existencia de un verdadero empeño de las autoridades por implantarlas, darían cabida inmediatamente al surgimiento de movimientos especulativos y de simulación (III/17). Hay un caso en que la política gubernamental de racionalización de sus fondos –vía eliminación o minimización de subsidios- se ve claramente obstaculizada por la situación de crisis de una actividad agropecuaria ó agro industrial. El intento de subir el precio del huevo, ilustra la manera conforme a la cual el gobierno, en ocasiones particularmente graves, tiende a resolver la contradicción entre bajos precios de consumo y altos costos de producción, precisamente recurriendo al subsidio. Ante las presiones de los avicultores, por un lado, y ante la certeza de que la autorización de aumento en el precio del huevo generaría fuertes dosis de inconformidad social, por el otro, opta por subsidiar el costo del maíz y de la pasta de soya (con 40% y 10% de rebaja, respectivamente), que los avicultores compraran en la CONASUPO

para la confección de sus alimentos balanceados. Con ello, logra que el precio del huevo no se altere: $15.40/Kg. al público y $14.03 al distribuidor. La Secom negó tajantemente el aumento al precio (al menos durante 60 días), solicitado por los productores. Advirtió que sería inflexible con los infractores y, de ser necesario, amenazó con ir más allá de la multa y la clausura. También advirtió que esto ocasionaría una retracción temporal en el abasto del producto (IX/23). Medidas como ésta reducen significativamente la cantidad total de recursos que de otra forma podrían canalizarse al campo, traduciéndose en obras de infraestructura, extensionsimo, tecnología, educación, productos alimenticios manufacturados, vivienda, crédito, etc. Otro caso en que es particularmente nítida esta escasez de fondos gubernamentales destinados al agro, es el del crédito oficial. José López Portillo indica, en su informe presidencial, que la banca rural cubre, mediante 28,000 millones de pesos, la mayor parte del crédito bancario total destinado a las actividades agropecuarias. Este monto, indudablemente, es insuficiente; aún así, 3,800 millones de pesos provenían de préstamos de centros financieros internacionales (V/14). Los 28,000 millones de pesos cubrirían sólo 3.2 millones de hectáreas, del total de 17 millones que se cultivarían. Un indicador de la escasez de crédito gubernamental –y de sus repercusiones en las utilidades de la burguesía rural- estriba en las quejas de los ganaderos –concretamente, del norte de Veracruzconsistentes en que, ante la insuficiencia e inoportunidad de préstamos gubernamentales, se veían obligados a aceptar créditos a altas tasas de interés, que iban desde el 10.5% semestral (en el caso de refaccionarios), hasta el 13.5% trimestral (en el caso de avío) (V/16). Además, para 1977 es ya tradición que el crédito oficial destinado al campo, frecuentemente no se recuperaba en su totalidad. En el plazo inmediato, el problema no tenía una solución aparente. Sólo en el mediano y largo plazo es que la situación podría cambiar parcialmente, siempre y cuando se diera el supuesto de que las áreas tempraleras efectivamente capitalizacen los procesos productivos en ellas efectuados, mediante la expansión de la presencia de la iniciativa privada (V/14). A veces el intento de no perder fondos por este concepto, lleva a la burocracia gubernamental a reducir aún más los recursos canalizados al agro, vía crédito. Con todo y que, visto globalmente, los recursos en forma de crédito oficial destinados al campo son insuficientes, al cumplirse el primer semestre del año, por ejemplo el Banrural (seguramente como resultado de su nueva política de otorgar créditos solamente si son recuperables), únicamente había desembolsado menos del 30% del total de fondos que tenía programado ejercer durante el año: 807 millones de pesos, de un total de 2,779 millones (VIII/11). Con lo visto hasta aquí, se percibe que –con base en criterios cuantitativos- los recursos destinados al agro fueron insuficientes. Pero a esta gran categoría de acontecimientos se le adicionan algunas características cualitativas. En primer lugar,

independientemente de su monto financiero, es un hecho que no se dispuso de personal capacitado en los volúmenes necesarios para satisfacer los requerimientos tecnológicos, administrativos y de desarrollo de los planteamientos gubernamentales en lo que respecta al medio rural. Por ejemplo, a la vez que existe un fortísimo déficit de extensionistas agrícolas, la coyuntura determinar el que no se puedan incorporar al proceso productivo en el campo –por no encontrar empleo ahí- más de dos mil del total de 15 mil agrónomos que existían en el país (VII/20 y 24). Con base en lo anterior, no puede menos que plantearse que difícilmente podrían cumplirse los planes gubernamentales para vincular la docencia e investigación agrícola superior a los objetivos que se esgriman respecto al agro. Recuérdese al respecto, que la tecnología agrícola generada en el país era utilizada sólo en 20% de la superficie nacional cultivable. En el marco de la crisis, llevarla al 80% restante –cosa que no había sido posible lograr en tiempos normales- resultaba punto menos que imposible. Así, la falta de volúmenes adecuados de recursos financieros, humanos y técnicos en el agro, durante 1977, no es más que el referente, concretizado, de la penuria gubernamental global, aunado al hecho de que no es posible obtener recursos presupuestales del campo (principalmente por las presiones de las diferentes fracciones de la burguesía rural). Esta falta de recursos tiene diversas formas de manifestarse en el proceso conforme al cual se plantea este año la salida a la crisis. Entre otras, se manifiesta: en lo corto de los objetivos, metas y programas del plan nacional de desarrollo agrícola y ganadero; en lo exiguo del crecimiento del área bajo riego; en el inadecuado ritmo de crecimiento de fuentes de empleo en el campo; en la incapacidad para extender cabalmente la electrificación rural; en la insuficiencia de capacidad instalada de almacenamiento de productos agropecuarios; en un agravamiento del déficit de fertilizantes; en un posible alto grado de insatisfacción de los recursos de diversa índole demandados por la organización y operación de los Distritos de Temporal; en un no del todo coherente manejo de la política de los subsidios gubernamentales de las actividades agrícolas, ganaderas y agro industriales; en la insuficiente canalización de créditos oficiales, y en una mayor inflexibilidad para su otorgamiento si no existen altas posibilidades de recuperación; en el desempleo de técnicos altamente calificados, necesarios para el desarrollo del agro; y, en la desvinculación de la investigación y docencia agropecuaria, con las prácticas de producción realmente seguidas en el campo. III.- Escollos burocráticos: administrativa.

el

feudalismo

administrativo

contra

la

reforma

Durante buena parte de su campaña presidencial, y en su discurso de toma de posesión, López Portillo manejó el argumento de que sería necesario someter el aparato burocrático a un proceso que permitiera alcanzar su máxima organización interna; que permitiera sentar bases sólidas para proceder a realizar su labor política y económica en el ámbito externo a sí mismo.

Puesto en el lenguaje de la ideología oficial, se planteaba como indispensable el dejar transcurrir un período durante el cuál sería necesario que el gobierno se organizara para organizar. Siguiendo aquí un tanto el lenguaje del régimen precedente, a este período y a este proceso se le denominó reforma administrativa. Para el titular del ejecutivo federal, no existe una única vía que posibilite –por sí misma- el salir exitosamente de la crisis. La acción gubernamental para contrarrestar la inflación-recesión, y a todo lo que ello implica, no podía ser simple; tenía que abarcar varios frentes. JLP es más que claro al respecto: la reforma política, la reforma fiscal, la reforma administrativa y la alianza para la producción, son la respuesta completa a la crisis por la que atravesamos (IX/27). Aquí, el planteamiento implícito es, más ó menos, el siguiente; la reforma política se requiere para que se cumplan los programas estatales en cuanto a la alianza para la producción. Por otro lado, se requiere que el gobierno maneje mayores fondos; de ahí que sea necesario efectuar una reforma fiscal que facilite el obtener mayores volúmenes de ellos. Pero, para que estas tres se lleven a cabo, es imperioso que se efectúe la reforma administrativa (VIII/19). Esto es lo que le llevó a afirmar, en más de una ocasión, que el país no es subdesarrollado, sino subadministrado. La reforma administrativa, entendida en los términos anteriores, logró ciertos avances. El 13 de marzo, el presidente de la república anunciaba la terminación de la primera etapa de su programa al respecto. Ello significa que, durante los primeros cuatro meses del nuevo sexenio, buena parte de los aproximadamente 800,000 empleados del gobierno federal y 120,000 empleados de empresas paraestatales (VIII/20) fueron horizontalmente reubicados. El inicio de la segunda fase de la reforma administrativa, conforme a la cual 898 entidades paraestatales se integrarían en 12 sectores, fue anunciada por JLP a fines de julio. Finalmente, en su primer informe presidencial, López Portillo daba a conocer el fin de esta segunda etapa del aparato gubernamental, estableciendo que en la siguiente se intentaría lograr la integración intersectorial. El objetivo de esta tercera etapa sería el de articular en un plan total los proyectos que –para fines de análisis- los técnicos gubernamentales habían venido clasificando por áreas, pero que en la realidad se encuentran interrelacionados (IX/1). Conforme a la visión oficial, al término de esta última etapa se habría dado así cabal cumplimiento –a primera vista- a los propósitos gubernamentales con respecto a su organización interna. El inicial reacomodo horizontal, estaría indicando así que el gobierno había alcanzado su máximo nivel de capacidad para organizar a las fuerzas políticas, actores económicos y elementos ideológicos de la sociedad mexicana. Se habría llegado al punto que, como meta, ya señalaba el presidente de la república en agosto: de una parte, descentralizar, acercar la decisión (gubernamental) a los puntos de otra ejecución en todo el territorio nacional, (conforme) a un esfuerzo (que) no es contradictorio, sino complementario. (VIII/2). ¿Pero ello es así en la realidad? ¿ya se había llegado a este punto? En los dos títulos anteriores, se han visto algunos de los hechos que, bien en la forma de

presiones políticas, ó bien en la forma de escollos a la crisis. En última instancia, estos hechos adoptan la forma de escollos a los planes que la fracción hegemónica de la burocracia central tiene en cuanto a la reforma política, a la alianza para la producción y a la reforma fiscal. Tal y como sucede en estos tres casos, se considera aquí que existen elementos suficientes como para suponer que también la reforma administrativa tiene serios obstáculos para realizarse y que, por tanto, no pudo neutralizar en su totalidad a las presiones que dificultaban la adecuada ejecución, por parte del aparato burocrático, del papel de único rector nacional en el año 77. En primer lugar, los fortísimos cambios que ocurren al interior de la estructura del gobierno tienen que incluir, en la práctica diaria de la ejecución de las actividades directamente vinculadas a ellos, el pasar forzosamente por una primera etapa de ajuste (VII/23). Al menos durante esta primera etapa de ajuste, la reforma administrativa fue, así, más un obstáculo que una ayuda para la proclamada organización interna. Una vez pasada esta primera etapa de ajuste, sobreviene una pléyade de dificultades. Para cumplir con lo que oficialmente se esperaba de ella, la reforma administrativa debía combatir tanto viejos como nuevos problemas al interior de la burocracia; ancestrales, y generados por el intento mismo de su puesta en marcha. Sea como fuere, todos parecen convergir en lo que el propio JLP denominó feudalismo administrativo. Este corresponde a la acción de camarillas, ubicadas al interior del aparato gubernamental de diversa magnitud y fuerza, con mayor ó menor grado de vinculación con fuerzas externas a la burocracia, y que –obedeciendo a intereses ideológicos. Políticos, económicos ó simplemente de fidelidad personalobstaculizan (a veces de salida a la crisis, éste es sin lugar a dudas el principal problema a que se enfrenta la reforma. La presencia de este fenómeno se manifiesta de diversas formas. Una de ellas consiste en el extremo ritualismo existente al interior de la burocracia. Considérese, por ejemplo, que en el país los proyectos grandes e importantes tardaban hasta cinco años en madurar, y requerían hasta de 500 ó 600 copias para la emisión del número de resoluciones requeridas (III/16). La reforma administrativa fue incapaz durante 1977 de incidir sobre esto, a la vez que de evitar caer en el extremo opuesto de irracional grado de pragmatismo. Por ello, el tiempo de operacionalización de los programas y proyectos de salida a la crisis, sectoriales e integrales, no se vió significativamente acortado. Incluso, cabría preguntarse si este tortuguismo burocrático no se vió acentuado por la eficiencia de la propia reforma administrativa en algunos niveles e instancias, y la ineficiencia de la misma en otros. Por ejemplo, en 1977 existe una sobre demanda de los mecanismos estatales de arbitraje en la lucha de clases –concretamente, sobre las juntas de conciliación y arbitraje-. A la vez que se hizo más eficiente – como consecuencia de la reforma administrativa, y del recrudecimiento de la misma lucha de clases- el mecanismo de captación de demandas, la adición de volúmenes

no despreciables, condujo a un auténtico rebasamiento de la capacidad administrativa de manejo de los conflictos en sí (VII/21). Además, el feudalismo administrativo dificulta la real coordinación entre las diversas instancias gubernamentales –del mismo ó diferente nivel jerárquico-. Los técnicos de la reforma administrativa parecen no haber considerado suficientemente esta consecuencia del mencionado fenómeno. Por el contrario, plantean bastante en abstracto las reubicaciones, ajustes, desajustes, tareas comunes y tareas individuales de las diversas dependencias gubernamentales. Esto resultó particularmente grave para el cumplimiento de las propias metas del gobierno. Ello salta a la vista cuando se considera que sus planes contemplaban precisamente la idea de que la mejor forma de combatir la escasez de recursos públicos es racionalizando al máximo posible la acción de la burocracia; se parte de la idea de que, para evitar traslapes de funciones y, por tanto, desperdicios de recursos, se requiere estrechar la coordinación. El problema es que los tecnócratas respectivos parecían haber esperado que ésta vendría automáticamente. No mostraron haber concebido que el feudalismo administrativo es un fuerte valladar al respecto. Otra de las principales formas en que el papel de obstáculos del feudalismo administrativo se hace presente, consiste en su papel de propiciante de la corrupción. En principio, la operacionalización de los planes propuestos por el Estado implica, necesariamente, la eliminación de la corrupción. En la realidad, la reforma administrativa no contempla mecanismos realmente eficaces para desterrarle. La razón de ello es sencilla; es imposible que con este sólo mecanismo se lograra su eliminación. El feudalismo administrativo se encuentra presente en todas y cada una de las dependencias del gobierno federal, de las empresas paraestatales y aún al nivel de la burocracia pública de los municipios y de cada entidad federativa. Cubre –a lo largo y a lo ancho, de arriba abajo- la totalidad del vasto aparato gubernamental del estado mexicano. Dada la problemática general del trabajo que aquí se presenta, es importante ver como se manifiesta éste en el caso de las instancias directamente responsables de la implantación de los planes gubernamentales respecto al agro. El centralismo, la desorganización, la rivalidad entre organismos federales, estatales y municipales, y el burocratismo, alimentan la inadecuada presencia económica y la debilidad político-orgánica del gobierno en el medio rural. Las exigencias estructurales y superestructurales de la descampesinización, implican un máximo de coordinación entre las diferentes instancias del estado que participan en los planes gubernamentales (III/15) vinculados con el campo. El feudalismo administrativo obstaculiza su logro. La acción de las camarillas responsables de existencia, que propician la corrupción, estimulan el tortuguismo y frenan la coordinación entre los diversos componentes gubernamentales, se deja sentir en las secretarías, empresas y comisiones que configuran el sector agropecuario del gobierno.

Su presencia se manifiesta de muy diversas maneras. En primer lugar, principalmente debido a este feudalismo administrativo, es que los proyectos gubernamentales respecto al agro, en que están involucradas las acciones de diversas secretarías, se hace difícil. Es frecuente que, en estas condiciones, sólo la intervención presidencial directa salva los obstáculos. Por ejemplo, el director de la comisión del plan nacional de grupos marginados y zonas deprimidas (COPLAMAR) y a la estrategia de coordinación intersectorial que se pretende implantar para echarlo a andar, afirmó: la supervisión directa del presidente de la república de la labor es fundamental, ya que en México o muchas veces sólo la orden del presidente es lo único que se respeta y salva a algún proyecto de perderse en la maraña de nuestros distintos niveles burocráticos (VII/29). Lo que sucede es que el feudalismo administrativo empeora una situación en que la coordinación es, de por sí, difícil. Las dependencias que a menudo son llamadas a participar en una sola acción, programa, proyecto ó plan gubernamental, son sumamente heterogéneas. Independientemente de la existencia del feudalismo administrativo, la coordinación de lo heterogéneo es de suma dificultad, más aún cuando no hay una absoluta claridad de qué es lo que pretendidamente unifica lo diferente. Por ejemplo, la heterogeneidad de su composición interna dificulta una genuina coordinación entre las diversas instancias que componen a los distritos de temporal. Considérese al respecto el caso concreto de la composición interna del distrito temporal de Córdoba, Veracruz; en éste están representadas las diversas secretarías (SRA y SAR, por lo menos) del estado, ANAGSA, GUANOMEX, CONASUPO, y otras dependencias que tienen relación con el sector ejidal y de pequeña propiedad (BANRURAL, CNC, CCI, INMECAFE, etc.) (V/15). Si a esta heterogeneidad se le agrega el indudable hecho de que las diferentes instancias gubernamentales participantes corresponden por lo menos a un feudo, se tiene una clara idea del problema. En este sentido, no queda más que considerar como optimistas las declaraciones del director general de distritos de temporal (IX/25): “los distritos de temporal se crearán en todos los estados de la república; estarán administrados por un Comité Ejecutivo, que preside el gobernador de cada entidad, y en el que participan todas las secretarías y empresas paraestatales que tienen que ver con el agro. Dentro de dicho comité, toca a la SARH programar las actividades para aumentar la producción agrícola y en el caso de que el Estado intervenga en forma directa en la explotación de predios, a esta secretaría sólo se correspondería el aspecto productivo y las utilidades serían manejadas y distribuidas por la SRA. La secretaría de agricultura de ninguna manera pretende entrar en conflicto con la SRA ó con las otras dependencias que tienen que ver con el agro, sino que lo que se quiere lograr es la coordinación e integración de esfuerzos, cada entidad realizando las tareas que le competen”. Otro ejemplo; en la zona selvática de Chiapas intervienen 14 instituciones, oficiales y privadas, con proyectos diferentes para incorporar al indio a la cultura del resto del país, lo que hace muy difícil no duplicar esfuerzos y dispersar recursos. En estos casos, no es mínima la responsabilidad del feudalismo administrativo en el hecho de

que sea frecuente el que los técnicos y personal de diversa jerarquía destacado ó comisionado no se presente más que esporádicamente a los sitios en que formalmente debería establecerse permanentemente (VIII/2). Como ya se ha visto, la reforma administrativa contempla un profundo proceso de reorganización de la maquinaria gubernamental. En este sentido, en tanto que no se desterró el feudalismo administrativo, un factor más que dificultó la implantación de los planes de la fracción López Portillista, consiste en la lucha que indiscutiblemente apareció al interior de los organismos creados con la supuesta finalidad de operacionalizarlos. Por ejemplo, en las comisiones de planeación y operación de la zafra, se denunció –en múltiples ocasiones- el surgimiento de conflictos a grado tal que se las identificaba como factores de discordia (II/26). Por otro lado, la unificación –integral, ó sólo en cuanto a su acción- de la multitud de direcciones que existen al interior de las principales dependencias vinculadas al agro (VII/20), como medio formal para agilizar sus tareas en el campo, tendría que haber sido sumamente rápida y racional, para que el descontrol inicial no revirtiera negativamente, en comparación con los objetivos idealmente buscados, en la realidad. La cantidad de intereses acumulados en cada una de estas direcciones lo impidió en alto grado. De esta manera, la actuación de la burocracia conforme a los planes de reforma administrativa, en vez de dinamizarse, tendió a tornarse más tortuosa y lenta (VII/20). Este hecho fue reconocido –como posibilidad- por el propio secretario de la SARH: todo lo que hagamos nosotros no tendrá ningún valor, si es que realmente no contamos con el esfuerzo de los trabajadores de la SARH. (IX/29). Si no era manejado cuidadosamente por el gobierno, un posible aumento al de por sí ya excesivo centralismo (VI/21) entonces existente en materia de resolución estatal de problemas agrarios, lejos de constituir un remanso de funcionalidad – conforme a las perspectivas oficiales-, se convertiría así en un factor altamente determinante de trámites largos y caminos erráticos. Por ejemplo, aún en el supuesto de que el gobierno hubiese contado con la cantidad de recursos necesarios para implantar sus planes de crédito rural, está por verse la manera conforme a la cual se habría garantizado que dicho crédito se canalizara –a través de sus instituciones-, hasta hacerlo llegar efectivamente a los productores. La hipótesis que podría establecerse al respecto, de manera tentativa, consistiría en que los cambios en la maquinaria burocrática –producto de la implantación de la reforma administrativa- fueron más un obstáculo que un factor de agilización de otorgamiento de crédito. No hay que olvidar aquí, claro está, que el estado aceleraba la conformación del conjunto de reglamentos requeridos para la entrega directa de los fondos crediticios oficiales al productor (II/26). Incluso, por más que se amenazó formalmente con el despido a aquellos funcionarios que no cumpliesen adecuadamente con su papel de facilitadores de la máxima coordinación intragubernamental, la protección de sus respectivas camarillas tendió a neutralizar su cumplimiento efectivo. Ello tenía que ser así, a no ser que hubiesen sido sustituidos la mayoría de los funcionarios medios por

tecnócratas puros. Ello demandaría su sustitución por personal de nuevo ingreso al gobierno, que no tuviera vínculos con ninguna camarilla en especial. En cierta medida, los altos estratos de la burocracia parecían estar manejando esta estrategia. Así lo indican la implantación de cursos, como aquellos destinados a formar planificadores agrícolas –dirigido a universitarios de reciente egreso, efectuado por CENAPRO- y a adiestrar a futuros planificadores y administradores del recurso hidráulico -realizado por la comisión del plan nacional hidráulico en la UPIICSA, del IPN-. Pero en este planteamiento, aparentemente racional, hay por lo menos dos hechos que se hacen a un lado. En primer lugar, -suponiendo que existiera el número requerido-, la pureza de las personas llamadas a constituirse en personal gubernamental directivo en el agro sería sólo inicial. A mediano plazo, éstas serían irremediablemente contaminadas por los intereses desprendidos de la formación de nuevas camarillas en que quedarían ubicadas, por lo que muy posiblemente el problema volvería a los niveles que presentaba antes. Mientras no se ataque de raíz el monopolio político interno y externo al aparato burocrático, es posible que bien pronto estos nuevos funcionarios estuvieran en contubernio con representantes de empresarios rurales, para explotar al campesino y al proletariado del campo, en grados poco favorables incluso para la legitimidad gubernamental. Por otro lado, al sustituir al viejo personal directivo, feudal y corrupto, se estaría sacrificando la experiencia acumulada por los entonces actuales funcionarios, y sustituyéndola por un notable desconocimiento real de la problemática rural –aun cuando, en función de su formación académica estricta, pudiera ser formalmente lo contrario- del nuevo personal directivo. La manera conforme a la cual la fracción hegemónica de la burocracia dictaría la forma de salir de este dilema, no quedó clara durante el año. En síntesis, la reforma administrativa planteada por la fracción hegemónica de la burocracia central del estado mexicano, no tiene en 1977 reales posibilidades de combatir la acción de las camarillas que se encuentran incrustadas en el propio interior de la maquinaria del gobierno; en general, la acción de estas camarillas agudizan el tortuguismo burocrático, fomentan la corrupción y evitan la coordinación requerida para la implantación de los planes gubernamentales. En el caso concreto de las dependencias vinculadas directamente al agro, su presencia fomenta el centralismo, la desorganización y la rivalidad entre organismos federales. Al dificultar la unidad de lo esencialmente heterogéneo de las dependencias con ingerencia en el campo, hace necesaria la constante presencia de la palabra presidencial para dirimir conflictos intra gubernamentales. Por tanto, dificulta el destierro del traslape de funciones. A la vez que obstaculizan la racional integración de las direcciones gubernamentales existentes en el anterior esquema organizativo, estas camarillas entablen luchas para obtener el control de las nuevas organizaciones creadas por la reforma. En general, los grupos así incrustados en la propia maquinaria burocrática obstruyen la canalización de recursos gubernamentales al campo, en los volúmenes y con la calidad adecuados –en forma de especie, de personal capacitado ó de recursos monetarios-.

Al manifestarse su presencia con todos estos escollos, con el feudalismo administrativo de las diversas camarillas burocráticas, éstas se convierten automáticamente en obstáculos para la efectiva implantación de los planes que el gobierno ha definido con respecto al medio rural. Por lo tanto, se convierten en un problema más, que dificulta la efectiva dirección gubernamental del proceso de salida a la crisis en el año de 1977. En concreto, obstaculizan el desempeño del papel que, en este proceso, le toca jugar al campo.

Capítulo V: obstáculos para el cumplimiento de la función superestructural del aparato burocrático, en la perspectiva de generar altos niveles de confianza en la burguesía rural

1) Los proyectos de adecuación jurídica no elevan la confianza del capitalismo rural, y de sus organizaciones directas de lucha. Para que tenga lugar la descampesinización total y definitiva del agro, el aparato burocrático del estado tiene que llevar a cabo la promoción de una serie de medidas destinadas a actualizar el aspecto concreto de la superestructura que se refiere al derecho agrario. Se ve forzado a intentar realizar una adecuación jurídica que brinda la suficiente seguridad de permanencia y expansión de la burguesía rural. Pero, a su vez, las modificaciones en torno al derecho agrario tienen que partir de la modificación de algunos aspectos del funcionamiento general del derecho en el estado mexicano en su conjunto. Como ya se ha visto, durante 1977 la problemática fundamental del estado estriba esencialmente en cómo salir de la crisis inmediata, de manera que el desarrollo capitalista sea asegurado para el futuro inmediato. Desde la perspectiva presidencial, el derecho es uno de los principales medios para efectuar las transformaciones decretadas por el pueblo, a la vez que un mecanismo que permite el control estatal de estos cambios, evitando que se conviertan en realmente revolucionarios: el derecho ha sido el medio por el que se han instituido, a su culminación, las explosiones sociales y es el único medio para evitarlas, si sus técnicas se aplican para atender las necesidades generales y la promoción de la justicia conmutativa, distributiva y la social...(X/11). La lucha revolucionaria (de la revolución mexicana, obviamente) aparece, así como posible dentro de los marcos jurídicos existentes; sólo para transformarlos, no para transgredirlos (IX/1): nuestro sistema constitucional abierto, facilita cambiar las leyes cuando las realidades lo demanden ó incluso para construir mejores realidades; pero en tanto la ley esté en vigor, debe ser acatada por gobierno y gobernados. Se admite lucha para cambiar la ley, pero no para transgredirla. De ahí que, en el proceso de salida a la crisis, se conceda durante el año una alta prioridad al derecho. Una preocupación fundamental de la fracción hegemónica de la burocracia es, precisamente el sentar las bases jurídicas para posibilitar la legitimidad –ante las diferentes fracciones de la burguesía- del proceso de salida a la crisis. Sin embargo, los propios mecanismos conforme a los cuales se da esta actualización del derecho, en aras de la generación de suficientes dosis de confianza en la clase del capital, van a tender a revertir en sentido contrario; en la producción de fuertes dosis de desconfianza. Por ejemplo, el poder ejecutivo llegó a pretender que se legitimara la lucha de los contrarios, como un requisito sine qua

non para la realización de su esquema salvador. En este contexto, surge su programa de reforma política controlada –no hegemónica- de los grupos y partidos políticos minoritarios. Se maneja éste como una respuesta-concesión estatal a una necesidad presente en la sociedad mexicana del momento; existe un constante reclamo de las minorías porque se garanticen procesos electorales legales, y el estado no puede negarse a analizar esta petición que parece estar fundada (IX/8). A la vez que posibilita formalmente la apertura de canales de expresión institucional a las disidencias (IV/27), la reforma política hace posible que el aparato burocrático pueda recurrir a una mayor presión del movimiento proletario a fin de lograr mayores inversiones productivas por parte del capital privado (V/2). Esta posibilidad de acrecentamiento del poder político real del gobierno –y, consecuentemente, del aumento de la autonomía relativa del estado mexicano- es precisamente lo que genera la desconfianza de algunos grupos de la burguesía. El temor parece consistir en que el aparato burocrático pueda llegar a estar en posición de hacer efectivas algunas de las medidas que anuncia con respecto a hacer obligatorio el que el capital privado baile al son de la música tocada por el aparato gubernamental. Podría aquí introducirse como ejemplo el hecho de que la falta de inversión del sector privado obliga al gobierno a introducir una leve amenaza; no se permitiría que los empresarios volvieran a sacar capitales del país. Ello significa que se contemplaba la posibilidad de imponer algún tipo de control de cambios. Y la visión del capital no era del todo errónea. Las posibilidades de que se llevara a cabo en la realidad, se incrementaban en la medida en que la burocracia se pudiera apoyar simultáneamente en la desgastada maquinaria corporativa del estado, y en las minorías políticas. Además, se preveía la generación de una nueva crisis de confianza, si la propuesta gubernamental de legislar para efectuar una distribución más equitativa de las cargas fiscales (IV/27), se hacia efectiva durante las sesiones ordinarias del congreso de la unión, a partir del 1° de septiembre. Pero a la natural desconfianza generada en la burguesía por el intento de llevar a cabo la reforma política, se agregan otros factores. El congreso de la unión es el principal cocinero de las adecuaciones jurídicas. Parecía ser un hecho –aunque no era del todo imposible que se tratara de una mascarada ideológica más- que el poder legislativo estaba cobrando una creciente independencia frente al poder ejecutivo. Algunos grupos ubicados al interior del congreso de la unión, principalmente en la cámara de diputados, presionaban hacia una posición más a la izquierda que en la que se ubicaba la fracción López Portillista de la burocracia. Al respecto, destacan algunos grupos de técnicos, a la sazón localizados en el interior del recinto parlamentario. Por ejemplo, el diputado Armando Labra, candidato a presidente del colegio nacional de economistas, decía el 24 de septiembre: “Es necesario construir el análisis objetivo de la crisis nacionales y proponer opciones concretas, realistas y rigurosamente identificadas con las clases populares...El colegio nacional de economistas expuso oportunamente los riesgos y cercanía de la crisis y hoy tiene la responsabilidad histórica de apuntar los márgenes más progresistas y revolucionarios de la acción pública y privada, para oponer al

liberalismo anacrónico y al neoclasiguismo entreguista una interpretación calificada de la economía y la política económica para servir a los intereses del pueblo. Pero al interior de la cámara, incluso las representaciones de la maquinaria corporativa a veces exceden a la propia posición gubernamental, lo cual de nuevo genera la incertidumbre de una burguesía tradicionalmente beneficiaria de amplios privilegios. La asesoría jurídica de la CTM anunció que la diputación cetemista pediría el acceso de los sindicatos a la contabilidad de las empresas, y exigiría que la SHCP enviase a los sindicatos notificaciones de cuando los empresarios presentaran manifestaciones complementarias, con el fin formal de evitar fraudes en el reparto de utilidades. Si a ello se agrega la posición –al menos verbal- de los diputados de algunos de los partidos de oposición registrados en esos momentos, se comprende mejor este temor de la burguesía. En la cámara de diputados se llegó a pedir, por ejemplo la investigación y acción legal contra prestanombres perfectamente identificados. El 20 de septiembre, un diputado del PPS afirmó tener en su poder una lista de nombres de los principales monopolios internacionales y nacionales que operaban en la industria alimentaria. Pidió que la lista pasara a manos de la comisión de defensa de la economía popular para que si hay delitos que perseguir, proceda en consecuencia, a la vez que solicitó la nacionalización de esta industria (IX/21). Además, durante 1977 está en pleno apogeo la etapa de reacomodo de fuerzas, al interior del estado, producida por el desplazamiento sexenal del poder ejecutivo federal. Esta lucha impactó la forma como se dio la efectiva implantación de las medidas López Portillistas tendientes a la modificación superestructural – específicamente jurídica-, para lograr aumentar la seguridad de los inversionistas y empresarios. A fines de julio, por ejemplo, la corriente de poder inserta en la cámara de diputados –con vínculos políticos más ó menos claros respecto a la administración presidencial pasada- hizo una denuncia en la reunión de parlamentarios mexicanos y europeos, señalando implícitamente que el tipo de candado impuesto por el FMI hacía muy difícil conciliar la libertad, confrontando una sociedad de consumo y de dominio (VII/26). Puesto que esta aseveración provenía de una todavía poderosa corriente política, no podía menos que coadyuvar a erosionar las bases de legitimidad del modelo de desarrollo puesto en operación por el gobierno federal y, más específicamente, del conjunto de modificaciones jurídicas que se proponían para posibilitarlo. En concreto, contribuyó a generar desconfianza de la clase del capital en cuanto al contenido esencial de las reformas jurídicas que este tipo de diputados podría llevar a cabo. La burguesía, pues, da muestras de no confiar totalmente en la eficacia de los mecanismos de control sobre los diputados. No estaban ciertos sus organismos directos de lucha de que todavía funcionaban cabalmente, por ejemplo, los mecanismos que permitían otorgar compensaciones económicas –como vía de incremento de sus salarios nominales- a los diputados que se disciplinaran y acataran la línea política (siempre progubernamental ) del líder de la cámara (IX/29).

Esta falta de confianza se manifiesta de múltiples maneras. Una de las mas claras señales de ésta, estriba en la posición adoptada por representantes de los congresos locales –al nivel de la entidad federativa-. Una posición que, en sus momentos cumbre, llegó a adoptar la forma de conflictos entre estos congresos locales y el congreso de la unión. Por ejemplo, el 27 de marzo, diputados de los congresos locales de 31 estados del país pidieron a JLP la supresión de la facultad del congreso de la unión para intervenir en los problemas de los estados, y de decretar la desaparición de poderes en una entidad federativa cualquiera (III/27). Es dentro de este contexto de cambio, adecuación y actualización jurídica general, por un lado, y de desconfianza no eliminada –y, hasta cierto grado, incrementadade la burguesía, por el otro, que se revisa la legislación respecto al agro. Recuérdese que la posición gubernamental es que, si no se hace producir al campo, se minimizan las posibilidades de salir exitosamente de la crisis (IX/10). Pero, los círculos oficiales tenían la certeza de que la legislación agraria, en general, estaba perdiendo progresivamente su carácter mítico, conforme al cual aparecía como un elemento indispensable en la producción agropecuaria (III/28). De ahí la necesidad de su revisión; JLP afirma, en su informe presidencial: estamos revisando la legislación...Tenemos proyectos para la creación de los tribunales agrarios y para la reconstrucción y organización colectiva de las unidades de producción por reagrupación de la tierra mediante múltiples formas de asociación entre los diferentes tipos de productores y el estado (IX/1). El secretario de la reforma agraria se encarga de poner en claro que de lo que se trata es de adecuar la norma legal para que se adapte a la realidad, y no al revés (como hasta entonces venía sucediendo), en donde es la norma legal la que encauza las actividades del sector (IX/29). Claramente, de la realidad de que se trata es de la que requería la expansión del capital en el campo; pero la burguesía rural no tenía la seguridad absoluta de que ello era así. Las modalidades que adopta el proceso de modificación del conjunto de normas legales referentes al agro, están determinadas por el objetivo gubernamental de lograr dar coherencia integral a la problemática rural. Es decir, se trata de incluir en un todo a los aspectos jurídicos, sociales, económicos, culturales y políticos vinculados al campo (X/2). Es precisamente con esta perspectiva que se intenta dirimir la contradicción respecto a la política estatal a seguir en el agro. Se piensa que si se emprenden acciones para reducir cada vez más la propiedad particular en el campo para entregarla a los campesinos, se atenúa efectivamente la posibilidad de conflictos en el campo, pero se agudiza la crisis económica –principalmente en lo que se refiere a la producción de alimentos- en el resto de la sociedad y en el propio campo (VI/10). ¿Cómo se resuelve esta contradicción? La respuesta oficialgubernamental es clara: modificando la legislación para dar plena seguridad al empresario rural: la política al sector rural tiende a dar seguridad definitiva en la tenencia de la tierra, ocupar a la mano de obra excedente y a impulsar la productividad y la producción en todas las formas de tenencia de la tierra: comunal, ejidal y pequeña propiedad (X/?). Es en este contexto que –se afirma- se revisarían 18 leyes agrarias, para tener una legislación coherente –sin contradicciones

internas, como hasta entonces-. Todavía durante el período de sesiones del congreso, era amplia la posibilidad de que fueran derogadas buena parte de las leyes promulgadas de 1970 a 1976, a fin de formar una sola ley general de producción. Por lo menos esa era la suerte que parecía esperarle a: la ley federal de reforma agraria, la ley federal de aguas, la ley general de crédito rural y la ley de sociedades de solidaridad social (X/2). Estas modificaciones, sin embargo, -para no dejar una papa caliente para el período de sesiones del congreso de 1978- no se efectuaron en 1977. Pero, de nuevo por la incertidumbre general mencionada, el empresario rural (y sus representantes directos políticos) no estaba seguro de que la posición formal del gobierno correspondía a la realidad. Su desconfianza se acrecenta cuando, dentro de la reforma administrativa y en función de la acción de las demás instancias encargadas del proceso de salida a la crisis, se anuncia que la secretaría de la reforma agraria sería totalmente reestructurada, tendiendo a convertirla en una organización ágil, ya que hasta ese momento mantiene una estructura social injusta (X/10). Aumenta todavía más, cuando se anuncia (IX/23) que el consejo consultivo de la SRA se desconcentraría, por regiones a partir del año siguiente, asegurando que con ello se resolvería objetivamente la problemática y se evitaría el constante ir y venir de los campesinos a la ciudad de México. Un elemento adicional. Toda esta desconfianza de la burguesía rural respecto a la actuación de un aparato burocrático que había declarado casi explícitamente colocarse a su servicio, es constantemente alimentada por el hecho de que la difusión del avance de las ciencias sociales que toman como hecho de que la difusión del avance de las ciencias sociales que toman como objeto de estudio al agro, en el marco de agudización de la lucha de clases, aportaban progresivamente elementos que clarificaban socialmente el verdadero carácter de los diversos niveles jurídico-legales relacionados con el medio rural. Por ejemplo, cada vez se generaliza más el fondo esencial del amparo agrario; su carácter defensor de los intereses particulares-privilegiados, contra los intereses colectivos de los productores directos y trabajadores del agro mexicano (III/27). En síntesis, el derecho aparece, para la fracción hegemónica al interior del gobierno, como un aspecto que había que actualizar con el fin legitimador de dar las mayores facilidades de fortalecimiento al capital en el contexto de salida a la crisis. Esta adecuación tiene que darse al interior del congreso de la unión en momentos en que el poder legislativo da visos de iniciar una existencia relativamente independiente. Su puesta al día ocurre en un contexto de reforma política que aumenta potencialmente la presencia de las minorías de izquierda en la cámara de diputados; en un marco en el cual las diputaciones obreras organizadas y las de oposición toman una posición verbalmente radical; y, donde el grupo echeverrista –más a la izquierda al menos formalmente, que la fracción López Portillista- da sus últimas patadas de ahogado. Por ello, el capital no tiene las suficientes pruebas para determinar si efectivamente continuarían totalmente controladas las acciones de los diputados: si su acción legislativa no redundaría en cuerpos legales que dañasen en

algún grado los intereses de la burguesía. Es esto lo que condiciona el que presionen para que se reduzcan considerablemente las facultades del congreso de la unión. Y esto es lo que hace que la clase del capital vea con recelo el anuncio de modificación de las 18 leyes; es lo que determina que mantenga una actitud vigilante respecto a la formulación de la nueva ley general de producción. Teme que las declaraciones verbales del gobierno no coincidan con lo que realmente tenía pensado hacer; teme que la solución de la contradicción campesinizacióndescampesinización no se resuelva jurídicamente a su favor, sino en aras del interés parcial de las mayorías del agro mexicano. En fin, sus dirigentes directos se sienten más inseguros en la medida en que se van dando públicamente a conocer los privilegios, de todo tipo, de que tradicionalmente ha sido beneficiaria la burguesía. 2) El proyecto de creación de los tribunales agrarios no expresa la forma en que la burguesía concibe debe darse la institucionalización de los conflictos sociales en el agro. Para obtener altos grados de certeza de que la estrategia gubernamental de salida a la crisis conduciría necesariamente a la eliminación de los obstáculos existentes para su expansión en el agro, la burguesía rural requería estar segura de que los conflictos sociales que en ello generaría, serían efectivamente –y permanentemente- arbitrados por el estado mexicano. Sus líderes reclamaban tener la garantía de que la solución a su favor en la lucha de clases no sería esporádica, sino institucionalmente conducida por el aparato burocrático, y secundada por la maquinaria corporativa del estado mexicano. En suma, en el lenguaje oficial, se requería que la legitimación de la lucha de los contrarios en el agro no fuera aniquilante, sino integrante (VI/1). Y es precisamente en este marco que surgen los tribunales agrarios. Durante el año 1977, se aseguraba públicamente que en el período ordinario de sesiones del congreso de la unión, se reformaría el artículo 27 constitucional. Con ello, se pretendía dar vigencia legal a lo que entonces parecía la inminente instalación de los tribunales agrarios, a la vez que a la clara tipificación de la extensión, derecho de agua y modalidades de cada una de las formas legales de tenencia de la tierra (X/2). Es tanta la urgencia que se tiene de esta institucionalización de los conflictos y luchas sociales en el campo mexicano, que el coordinador de la comisión encargada de los proyectos de creación de los tribunales agrarios llegó a asegurar que para fines de 1978, éstos estarían funcionando en todo el país (X/10). ¿Las noticias en torno a la constitución de los tribunales agrarios, fueron capaces de generar la suficiente confianza al capital? Hay algunos elementos que permiten establecer que ésta no llegó a los niveles demandados por los empresarios rurales. Ello quizá constituye la razón principal del hecho de que estos proyectos no fueron discutidos en el congreso.

En primer lugar, a los ojos de la burguesía se tenía el antecedente real de que –bajo otras formas, y en una relativamente pequeña escala- éstos habían existido desde 1915, con pésimo funcionamiento en cuanto al logro de los objetivos de control de la solución de conflictos. De esta manera, si el estado no era capaz de inyectarle verdaderos elementos rejuvenecedores, su existencia estaría condenada, de hecho, a generar en la burguesía más desconfianza que confianza (V/16). Históricamente, la burguesía rural había tenido dificultades para controlar totalmente a las instancias estatales intervinientes en la solución de los conflictos rurales. En muchos casos no le había sido posible supeditar permanentemente –lo que prácticamente significaría tener a su disposición a las comisiones agrarias mixtas- al delegado regional de la SRA (ó de las dependencias gubernamentales que a ésta antecedían). Hasta 1977, en efecto, el presidente de una comisión agraria mixta era el delegado de la SRA quien –por mantener su legitimidad personal y por cumplir con los grandes objetivos de arbitraje estatal de la lucha de clases- generalmente luchaba por no echarse totalmente en brazos de los grupos de la burguesía con intereses ubicados físicamente en el área bajo su jurisdicción. Por tanto, el poder del delegado de la SRA en el arbitraje de la lucha social por la tierra –por ejemplo- era muy fuerte. Una de las pocas instancias estatales que podría declarar la nulidad de los actos del delegado de la SRA era la propia comisión agraria mixta. Esto casi nunca ocurría, porque al desconocer los actos del delegado, la comisión estaría declarando la nulidad de los actos de su propio presidente (VIII/22). Mediante los proyectos de creación de los tribunales agrarios, prácticamente en sustitución de las comisiones agrarias mixtas, la posición de la burguesía rural resultaría favorecida a expensas del debilitamiento de la posición gubernamental regional y local; es decir, se favorecía al reducirse el poder del delegado de la SRA. Todo parecía indicar que la presencia directa de los empresarios rurales en los tribunales agrarios sería más fuerte que en las hasta entonces existentes comisiones agrarias mixtas. Por ello, prácticamente desaparecería la relativa concentración del poder en manos de la SRA –en comparación con el resto de las partes que las integran- en materia de resolución de conflictos en el ámbito regional y local. Así, la existencia de los tribunales agrarios podría conducir al surgimiento de fuertes luchas entre las instancias regionales y las instancias nacionales del estado mexicano, encargadas del arbitraje de la lucha de clases en el campo. Las instancias regionales tenderían a favorecer cada vez más a la posición de la burguesía regional, en tanto que las de mayor alcance –en aras de legitimidad- se verían forzadas a hacer el contrajuego. La resolución de la contradicción, presumiblemente sería a favor de estas últimas, con lo que la inconformidad de la burguesía regional-rural iría en aumento. Para que efectivamente los proyectos de creación de los tribunales agrarios se hubiesen convertido en un aliciente más en la producción de confianza de la burguesía, el estado habría tenido que contemplar con máximo cuidado su

funcionamiento, dentro de las instancias estatales, para asegurar la efectiva no intervención de éstos en la esfera de acción exclusiva del propio ejecutivo federal (IV/10). El problema consistía en que de alguna manera se percibía que los tribunales agrarios se verían sometidos, a nivel regional y local, a presiones políticas difíciles de vencer, con lo que en ocasiones éstos propiciarían el enfrentamiento con las instancias nacionales (en cuanto alcance) del estado. Ello parecía peligroso, particularmente en momento en que algunos de los aparatos nacionales de poder – incluyendo algunas posiciones minoritarias del propio poder ejecutivo federaldesideologizante, acentuado después de 1968, que coadyuvaba a que quedara fuera del control del estado una parte no despreciable del ámbito de su propia actuación. 3) La constitución de las invasiones agrarias aumenta la desconfianza de la burguesía rural. Tendiendo a contaminar sus objetivos de descampesinización, persiste sobre el gobierno una creciente presión, ejercida por grupos disidentes, para el reparto de tierras. Presión que, por múltiples factores ya mencionados, no encuentra una pronta respuesta gubernamental. La CCI, por ejemplo, asegura que más de 3 millones de hectáreas siguen en manos de latifundistas (V/20), en tanto que la SRA se empeña en negar que, legalmente ésta sea la situación. La insatisfacción de los requerimientos agrarios de tierra desemboca en más invasiones de tierra. El problema se solucionaría, a los ojos de los capitalistas rurales, cuando el aparato burocrático neutralizara estas presiones, bien sea indirectamente –a través del cambio de relación hombre / tierra por el de hombre / empleo-, ó bien sea indirectamente –mediante la utilización del aparato represivo-. Para que la burguesía rural y sus dirigentes directos percibieran la suficiente seguridad como para expandir sus empresas, se habría requerido del gobierno la adopción de la adopción de una posición que se tradujera en un freno constante a las invasiones agrarias. Sin embargo, existieron algunas dificultades para el cabal logro de esto. El hecho es que las invasiones continúan durante el año, en un contexto en que oficialmente se anuncia que no se admitirían más. Ciertamente, el nivel de su incidencia no es alto, peri aún esta mínima existencia es considerada por la burguesía rural como signo desalentador del posible rumbo de la política agraria gubernamental. A los ojos de los representantes políticos directos de la burguesía, se demarca una probable vuelta atrás a los negros días del Echeverrismo. Y es que no sólo son grupos y partidos disidentes de izquierda los que hacen ó propician la toma de tierras. Incluso la actividad política de los dirigentes de las diversas organizaciones miembros de la maquinaria corporativa en el agro, es señalada como principal factor en la realización de invasiones agrarias. Por ejemplo, el 24 de agosto 300 miembros de la UGDCM invadieron predios de miembros de la CNC y pequeños propietarios en Sinaloa (VIII/24). Tal acontece también en el caso del señalamiento, hecho por el gobernador de Hidalgo, de que el secretario general del

consejo agrarista mexicano (CAM) –además diputado federal- es el principal auspiciador de 260 invasiones, ocurrida de enero a octubre, en la Huasteca Hidalguense (VIII/29). Además, a mediados de julio, la CCI amenazaba con invadir 300,000 hectáreas del estado de San Luis Potosí, que –desde el punto de vista de sus dirigentes en la región- constituyen latifundios disfrazados (VII/13). Hasta septiembre, la respuesta gubernamental había consistido en relacionar las invasiones con el régimen precedente. La versión oficial estriba en que, en la administración de López Portillo, no se habían dado nuevas invasiones. Se sostiene que las existentes son invasiones que ya estaban realizadas al inicio del período presidencial de JLP, pero que aún así se las combate precisamente para evitar la generalización de nuevas acciones similarmente ilegales. La SRA fue muy clara al respecto: la SRA no cederá ante presiones de grupos que se posesionen ilegalmente de predios agrícolas...Las invasiones campesinas que aún subsisten en el país se están reprimiendo para evitar que se generen más...Es en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz e Hidalgo donde se están desalojando los predios invadidos, y estas ocupaciones son herencias del pasado...(IX/14). Pero diferentes agrupaciones de lucha de la burguesía rural no comparten esta perspectiva oficial. Los representantes de los empresarios agrícolas y ganaderos sostienen que las invasiones continúan, por lo que no pueden tener total confianza en el régimen. Afirman que por inercia, y en mal entonados (VII/13) por el apoyo que tuvieron durante el sexenio pasado, los líderes de agrupaciones formalmente miembros del pacto de Ocampo, continúan invadiendo tierras. La confederación Nacional Ganadera, por ejemplo, establece: “en lo que va del año, han ocurrido ocupaciones ilegales en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Durango y Veracruz, pero invasiones viejas existen prácticamente en todo el país. Es necesaria la intervención de las autoridades competentes para que frenen la actitud irresponsable de Serrano (CAM) y Martínez Uriarte (UGDCM), quienes quedaron encarrerados y continúan fomentando invasiones de tierras, (IX/27). Consideramos aquí que la versión de las diferentes fracciones de la burguesía rural es más apegada a la realidad –en el sentido de que continuaban existiendo invasiones de tierras- que la oficial-gubernamental. Por una parte, inquietud, desempleo y deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores rurales se unen y condicionan el que los líderes locales y regionales de las organizaciones políticas domesticadas salten las trancas que a su acción le han impuesto los dirigentes nacionales de las mismas. Las bases sociales de las organizaciones campesinas entran en un proceso, de creciente intensidad, de rebasamiento de sus dirigentes. Actúan de manera diferente a la que les está permitida por los controles estatales establecidos. Por otra parte, los grupos campesinos radicalizados –no miembros del pacto de Ocampo-, que pueden llegar a amenazar con invasiones en caso de no dar

satisfacción a sus necesidades agrarias, se muestran cada vez menos manipulables. No son un blanco tan fácil, como antes, para el arma (frecuentemente utilizada por los latifundistas de viejo y nuevo tipo) consistente en, a la par de cederles los terrenos más improductivos que formen parte de sus propiedades, lograr aumentos en el índice de agotadero de la porción restante que permanece bajo su control. La frecuente práctica de este mecanismo concreto, conforme al cual era común que el empresario rural se deshiciera de sus tierras de más mala calidad, pero a la vez se aseguraba de la legalización del incremento en la productividad pecuaria de las tierras restantes (V/18), había puesto en sobre aviso a estas organizaciones radicales del campesinado. Desde la perspectiva del capital, durante 1977 las inversiones de tierra continuarían en tanto que el gobierno del estado mexicano no actualizara la utilización de la represión para frenarlas directamente. Por esta razón, dado que esto no sucedió, la burguesía rural siguió dando muestras de no confiar totalmente en la política agraria del régimen presidencial de José López Portillo. 4) Aun la mínima afectación de tierras para fines agrarios, genera desaliento de la burguesía. Los dirigentes del aparato burocrático ponen especial énfasis en dejar ver que no están interesados en la afectación de la pequeña propiedad. Ello es así, en virtud de que su política de afectaciones de tierra durante 1977 no está normada en función de las necesidades agrarias globales, sino en función del mantenimiento de niveles de legitimidad juzgados como adecuados. Fue grande el esfuerzo gubernamental para demostrar esto. Multitud de hechos indican su presencia, pero aquí sólo se mencionarán algunos. Por principio de cuentas, para ir eliminando expectativas sociales incontroladas, se difunde masivamente lo que no es posible afectar. Concretamente, se informa que las resoluciones agrarias negativas serían publicadas, para no seguir engañando a los campesinos (IX/9). Además, el propio presidente de la república notifica (IX/1) que, con objeto de eliminar incertidumbres respecto a la tenencia de la tierra, se afectará cuanto antes todo lo que sea afectable. Asegura que, hasta el primero de septiembre, su administración había ejecutado resoluciones por más de un millón de hectáreas, para beneficio de 7,800 familias. En este cuadro, hay que incluir la información proporcionada por el secretario de la reforma agraria, en el sentido de que durante 1978 se regularizarían 28 millones de hectáreas (IX/17). Además, aquí convendría no perder de vista el hecho de que el carácter mismo de las afectaciones de fines del sexenio precedentes, tendrían a perder la relativa radicalidad que tuvieron en sus momentos cumbre. Para mediados de octubre, los dirigentes de la CCI, UGDCM, CNC, y CNPP, acordaron devolver a sus antiguos dueños los bienes muebles en poder de los ejidatarios que ocupaban las tierras expropiadas en Sonora en Noviembre de 1976. Además, en ocasión se anunció que se trataría de detectar errores en el procedimiento de afectación, y enmendarlos;

ello se iniciaría mediante la realización de una depuración censar para llenar las vacantes de los dos mil campesinos que no acudieron al reparto de tierras y que habían entregado sus solicitudes. La selección de los aspirantes a sustitutos se realizaría basada en criterios de capacidad agraria; antigüedad de la solicitud; necesidad real de tener una parcela, etc. Por otro lado, las posibilidades de afectación legítima –a los ojos del capital- no se habían agotado totalmente. En los proyectos de riego (de grandes proyectos de riego), iniciados durante el sexenio de Echeverría, es que podrían también repartirse tierras a ejidatarios. Por ejemplo, en el sistema de irrigación Pujal-Coy, se entregaron 5,500 hectáreas, que beneficiaron a 560 ejidatarios de 10 centros de población. En su primera fase, el proyecto contempla la irrigación de 72,000 hectáreas. Cuando esté totalmente terminado, el distrito de riego del Río Pánuco – en que se incluirán, entre otros, el distrito de riego Pujal-Coy (primera y segunda fases), chicayán y las Animas, aunado a numerosas unidades de riego para el desarrollo rural- abarcará 600 mil hectáreas, todas ellas susceptibles de satisfacer necesidades de reparto de tierra. Por otro lado, se generan altos niveles de seguridad en la burguesía agraria, desprendida de la penuria económica gubernamental en materia de afectaciones agrarias. Sus dirigentes perciben que mientras no tenga el gobierno los recursos suficientes –en los casos extremos en que se vea políticamente comprometido a dotar de tierra a determinados grupos sociales, cuando sus posibilidades de dotación se hubiesen agotado y solo le quedara como recurso la compra de terrenos a particulares (V/16)-, la burocracia no podrá pagar el precio comercial de la tierra. En concreto; en tanto que el gobierno careciera de recursos para comprar tierras destinadas a satisfacer necesidades agrarias, los empresarios rurales suponen que las posibilidades de que sus propiedades resulten afectadas, son lejanas. Saben que difícilmente se repartirán extensiones considerables de ellas, sin pago comercial de por medio. Esto, y mucho más esfuerzos gubernamentales, debieron bastar para generar altas dosis de confianza de la burguesía en el régimen en turno. Sin embargo, ello no parece haber sido así. Diferentes agrupaciones de empresarios rurales señalan constantemente la posibilidad de que sus superficies sean afectadas –sin recibir pago justo en cambio- por lo que demandan seguridad en la tenencia de la tierra. ¿Por qué esta desconfianza, de la burguesía en el gobierno? Básicamente, por la presión de la izquierda, tanto de la que tímidamente existe al interior del propio gobierno, como de la que claramente se siente en su ámbito externo. Se encuentran presentes aquellas posiciones en cuya concepción lo afectable realmente es mucho más de lo que sostiene el gobierno; presionan al estado para efectuar una reforma agraria más radical. Estas pugnan por la afectación de las aproximadamente 70 millones de hectáreas boscosas, agrícolas y ganaderas que están en manos de unos 4,000 propietarios. Este tipo de posición intenta, en su versión más radical,

orillar al estado a afectar las tierras –en general- de quien no las trabaja personalmente (III/13). Por esta potencial radicalización de la reforma agraria, la burguesía rural guarda un permanente estado de recelo. Debido a ella, cuando las dependencias gubernamentales involucradas tienen que realizar investigaciones agrarias en el campo –más por presiones político-coyunturales, que por estar de acuerdo con una efectiva planeación a mediano ó largo plazo- el capital recurre invariablemente a argumentos en torno a la posible disminución de su confianza (V/10). Expresión de esta actitud es la amenaza concreta de que, si seguían los intentos de socialización en el campo, las inversiones se retractarían. A mediados de octubre, por ejemplo, el vicepresidente de la COPARMEX decía: “recientemente fueron afectadas ilegalmente 350 hectáreas en Ciudad Obregón, Sonora, contra la política trazada por el presidente López Portillo...El intento de socialización del campo –puesto en marcha durante el sexenio pasado- a base de despojos y acciones ilegales, provocó la fuga de capitales...De persistir esta situación, la economía nacional no se recuperará...Las afectaciones ilegales provocarán desconfianza, inhibición del espíritu empresarial, retracción de inversiones y en lo futuro, grave escasez de alimentos (X/14). 5) La transmisión de la nueva imagen de la reforma agraria. En el pensamiento oficial, es a partir de la estabilidad política –que permitía establecer una reforma administrativa, una reforma fiscal y una alianza para la producción- que se recobraría la estabilidad de la economía del país. Tal y como lo dijo JLP (X/11), éste es uno de los principales trasfondos de lo que se quiso transmitir en el informe presidencial de 1977. Durante el año, el gobierno del presidente López Portillo lleva a cabo cambios políticos, sin menoscabo de las leyes, para despertar un clima de confianza entre los capitalistas, en general, y entre la burguesía rural, en particular. Estos cambios implican, forzosamente el que con respecto al campo se dé la difusión de una imagen diferente de la reforma agraria. La necesidad de efectuar esta actualización de la imagen ideológica en torno al contenido y orientación de la reforma agraria –al igual que respecto a los aspectos jurídicos vinculados con ella- es muy clara para la maquinaria corporativa del estado mexicano. El 28 de agosto, al tomar la protesta del nuevo comité ejecutivo nacional de la CNC, su secretario general pronunció un discurso en que se hizo perfectamente claro que la imagen de la reforma agraria requería de cambios. El discurso señalaba los principales objetivos a lograr, muy similares a los objetivos que hasta entonces habían sido manejados por funcionarios gubernamentales: i) fin de la etapa de distribución de tierra; ii) reestructurar ejidos, comunidades y nuevos centros de población ejidal, para constituir en ellos empresas; iii) cambiar la relación hombre/ tierra, por la de hombre/ empleo; iv) proteger la propiedad privada en el campo; v) no aceptar invasiones; vi) posibilitar la asociación de los campesinos con

los demás sectores (capital); vii) manejar de manera adecuada los mecanismos de persuasión requeridos para lograr todo lo anterior; viii) incluir los derechos del campesinado en el texto constitucional, igual que lo han hecho los obreros y los pequeños propietarios (VIII/29). En esta imagen de lo deseable, se parte del postulado de que la revolución no se ha rezagado; son los hombres los que en casos excepcionalmente graves han llegado a fallar (IX/19). Y, precisamente para evitar que los hombres lleguen a fallar en la actualidad, se tiene que lograr que la revolución cumpla su cometido de posibilitar que el campo tenga una presencia que se preste a fundamentar ficciones económicas. Este argumento, obviamente, hace a un lado el hecho de que la economía ficción es, en sí misma una ficción. Con el anterior argumento de cualquier manera, se está en el centro de una nueva modalidad en el manejo ideológico-estatal de la situación global de la economía nacional. Conforme a ella, por ejemplo, si se autorizan aumentos en los precios de productos populares, es con el propósito de salir de la economía ficción (VIII/24). La realidad entonces consiste en que los empresarios agropecuarios, los agro industriales y los comerciantes modernos deben obtener las mismas ó más altas utilidades. Todo lo que no sea esto, es ficción. Con este argumento, incluso, se llegó a afirmar que el alza en los precios al consumidor de los artículos socialmente necesarios son insuficientes. Tal aconteció en el caso del pan de trigo (VIII/24): desde abril de este año se aumentó el precio de garantía del trigo, pero el incremento no repercutió en el precio del pan. Significa que, durante todos estos meses, se mantuvo un precio ficticio... Para evitar llegar en última instancia a las ficciones, en esta nueva imagen de la reforma agraria se contemple el que las acciones que no se puedan ejecutar, porque estén duplicadas ó porque no exista más tierra que repartir, se canalicen hacia los nuevos centros de población, para redistribuir el mapa demográfico del país (VII/27). Además, se tiende a definir la posición oficial de la SRA en el sentido de que no se tiene conocimiento de la existencia de latifundios (VII/19). Cuando más, se llega a la admisión de la existencia de acaparamientos, pero niega la existencia legal de latifundios, pero reconoce –aunque ello lo presenta, más como materia de investigación que como hecho dado- que hay acaparamiento de tierras (VII/1). Por último, se pretende que esta ideología se nutra, en general, de lo más florido de la intelectualidad al servicio del Estado. Por ejemplo, en un intento más por tratar de encontrar nuevas salidas a la problemática rural, la SRA inauguró, el 9 de junio, una serie de reuniones a las que asistieron investigadores de esta área, con el fin de confrontar tesis diversas al respecto. El problema es que, aún aquí, no estaban adecuadamente representadas las corrientes más progresistas; la diversidad de opiniones se limitaba –en sus extremos más progresistas- a los sectores tecnocráticos del propio estado (VI/9).

Sin embargo, no es cosa sencilla la construcción –ó modificación sustancial- de un sistema ideológico de sólido raigambre en la población del campo mexicano. Al inicio de su constitución se tuvieron grandes lagunas. Hasta finales de septiembre, las acciones en materia de política agraria emprendidas durante el período presidencial de LEA eran una especie de válvula de escape a las carencias del nuevo sistema ideológico que al respecto se construía. En nuestra opinión, es en este contexto que debe verse el encarcelamiento de Félix Barra García (IX/27). Por tratarse precisamente de que el inculpado es un exsecretario del régimen pasado, de la reforma agraria en particular, no se puede menos que pensar que efectivamente se trata de un hecho jurídico, pero de trasfondo político; jurídico en la forma, político-ideológico en el fondo. El affaire Barra es la encarnación de una suerte de lucha selectiva contra la corrupción; se selecciona a los inculpados, de acuerdo a su posición política, del vasto universo de personalidades corruptas existente en el juego político mexicano. El encarcelamiento de Barra García es una de las manifestaciones concretas del nuevo rumbo impreso a la reforma agraria; no más ocupación, invasión ó afectación de la tierra perteneciente a pequeños propietarios. A esta hipótesis presta solidez el hecho de que la CNG, con motivo del asunto que aquí se analiza, intentó presionar más, afirmando que en el sexenio pasado, el secretario de la reforma agraria inculpado –acusado ahora de responsabilidad oficial y ejecución de amenazapropició desde su despacho invasiones agrarias, apoyado por el secretario general de la CNC, del CAM y de la UGDCM. Se sobreentiende que con esta posición, la CNG pretendía extender las acciones judiciales a estos dos personajes, pues habían secundado la acción atentatoria contra la sagrada pequeña propiedad en el medio rural (IX/27). Pero –desde el punto de vista gubernamental- todo régimen presidencial representa la puesta en práctica de los postulados de la revolución a una coyuntura específica. Por esta razón, el régimen de JLP no podía seguir estimulando indefinidamente las críticas a la administración presidencial que le precedía. A juzgar por algunos acontecimientos –publicación del hecho de que en el sexenio anterior fueron más afectados los ejidatarios y comuneros que los latifundistas, por ejemplo, así como las declaraciones de JLP en el sentido de que era amigo personal de LEA, entre otros (X/2) –parecería que en octubre se llega a un punto en que el régimen presidencial empieza a rectificar su posición de solapar ó difundir directamente ataques a la política agraria del régimen Echeverrista, sustituyéndola por una perspectiva más orientada a su defensa. Presumiblemente, por debajo de esta modificación en la ideología gubernamental, está el hecho –aunque no es el único factor condicionante- de que el nuevo sistema ideológico había alcanzado, para entonces, un mayor grado de refinamiento; ya podía responder por sí mismo a los cambios económicos y políticos, sin tener que recurrir emergentemente al pasado como excusa. Se empieza a decir, por ejemplo, que durante el régimen Echeverrista las afectaciones beneficiaron más a la pequeña propiedad que al ejido y que, incluso, numerosos campesinos fueron privados de sus derechos agrarios. En efecto –se afirma- durante el régimen anterior los comuneros y ejidatarios fueron

más afectados que los latifundistas. Se repartieron 4.2 millones de hectáreas que favorecieron a pequeños propietarios agrícolas y ganaderos, en tanto que a los comuneros y ejidatarios se les expropiaron alrededor de 600 mil hectáreas; de estas, 108 mil fueron a favor de la secretaría de comunicaciones, recursos hidráulicos, PEMEX y comisión reguladora de la tenencia de la tierra. Además –se dice- quedaron sin ejecutarse resoluciones presidenciales, a favor de campesinos, sobre 17 millones de hectáreas, cantidad similar a la que entonces se encontraba abierta al cultivo. Había en total 30 millones de hectáreas que ya estaban dotadas por resolución presidencial, pero que no se habían entregado; de éstas, sólo 13 millones fueron efectivamente cumplidas. Pero, lo que es más, ahora se admite abiertamente que se privaron de derechos agrarios a 238,552 campesinos, basándose en la excusa de que el 95% de los mismos habían abandonado sus parcelas por más de dos años, rentaban la tierra ejidal ó se negaban a participar en los trabajos colectivos del ejido durante ese lapso (X/2). Dicho todo lo anterior, es necesario aclarar ahora que la difusión de la nueva imagen ideológica de la reforma agraria tiene algunas dificultades. En primer lugar, se le presentan obstáculos (que pudieran considerarse, tentativamente, como técnicos) que se desprenden de la estructuración y composición de los medios de comunicación masiva. Su monopolización por los grupos empresariales (60% de la prensa está controlada por cuatro grupos: Televisa controla prácticamente todo el sistema de televisión, exceptuando dos canales oficiales; 70% del sistema de radio está controlado por 9 cadenas) hace posible que, en cualquier momento, los mecanismos ideológicos que pretende emplear el gobierno puedan alejarse bastante de los objetivos propuestos. Por tanto, al plegarse mucho más a la posición de la gran burguesía rural, el resultado final de lo transmitido llega a constituir una imagen bastante distorsionada de lo que debiera ser desde la perspectiva gubernamental-actual. Igualmente, poco contribuye a fortalecer la efectividad de la nueva imagen ideológica, el hecho de que, ante la petición de afectar latifundios reales, las autoridades agrarias respondan con argumentos que se basan en que éstos, legalmente, son inexistentes (V/6). El responder a hechos reales con argucias legaloides minan considerablemente la eficacia del nuevo sistema con base en cual se intente efectuar una mayor manipulación ideológica de las clases dominadas del campo. También hay otro aspecto a considerar, tomando en consideración que se intenta que la nueva imagen de la reforma agraria se dirija fundamentalmente a facilitar el que las masas rurales continúen política e ideológicamente sometidas a la dirección gubernamental-burguesa. En tanto que con respecto al sector agropecuario se habla de organizar la producción de ejidatarios, minifundistas privados, comuneros y colonos mediante su asociación con el capital privado y estatal –e incluso se empiezan a llevar a la práctica algunos programas y planes- en el sector de la pesca (en donde el cooperativismo representa desde hace mucho tiempo un símil de las empresas que ahora se pretende crear en el campo) precisamente el equivalente a

esta forma de organización es económica y políticamente golpeada. Es golpeada económicamente en lo que se refiere a financiamiento destinado al sector, ya que se piensa y actúa en coinversiones sector público-sector privado, reduciéndose significativamente la presencia del sector cooperativo; políticamente, es golpeada en cuanto a que se reduce su participación en la toma de decisiones concernientes al futuro de la pesca (VII/26). Ello quita mucho del impacto real que pudiera tener la transmisión de esta parte específica de la nueva imagen de la reforma agraria. En fin, a la nueva imagen ideológica de la reforma agraria le es enfrentado el conocimiento científico –meramente académico y/ó producto de la praxis política directa- de las organizaciones campesinas independientes de la maquinaria corporativa del Estado, jugando un permanente papel de erosionador de su efectividad. A este papel, se suma lo que parece ser una nueva toma de posición – colocándose en un lugar menos conservador- de importantes sectores de la iglesia católica (X/1); posición que llega a tomar la forma de denuncia permanente en vez de disfraz continuo. Considérese como un ejemplo de esto, la denuncia (X/6) proveniente de la iglesia, en el sentido de que 100 mil indígenas de la Sierra Norte de Puebla son sometidos a una inocua explotación. 6) Obstáculos para el mantenimiento, dentro de límites soportables; de los niveles de vida de la población rural. Como se indica en los capítulos II y IX, la crisis tiene como corolario un muy acentuado proceso de deterioro de las condiciones de vida de las masas populares del país. Algunos indicadores de este proceso son los siguientes; 20 millones de personas en el medio rural no cuentan con programas de salud ni atención médica; aumento de precios al consumidor, a nivel nacional, en 12.2% de enero a junio; 200 a 1000% de aumento en los costos de alquiler de vivienda; 25% mínimo de incremento en el costo de medicina; etc. (VII/6). Los observadores de los acontecimientos nacional del momento tenían la certeza de que, con la crisis, las condiciones de vida de los trabajadores se deteriorarían aún más. Por ejemplo, las tarifas de carga de los ferrocarriles aumentarían a fin de año en un 20% (IX/3); ello significaba que automáticamente los precios de productos alimenticios se elevarían en todo el país, prácticamente en esta misma proporción, a partir de la fecha mencionada. Por otro lado, se auguraba un fuerte empeoramiento en las principales ciudades del país. Aumentaba la presión para subir las tarifas de autobuses de pasajeros en la ciudad de México; la Alianza de Camioneros del D.F. argumenta que si otros sectores no colaboran en la reducción de la inflación como lo hace ésta, exigirá un nuevo aumento en el costo de los pasajes (X/4). Y, sobre todo a nivel nacional, está la perpetua negativa real (aunque no verbal) de los comerciantes a bajar de precio los artículos socialmente necesarios. Ante la situación del momento, y teniendo en frente claras perspectivas, el aparato burocrático se ve forzado a tomar medidas que pudieran mantener este deterioro dentro de límites tolerables. Se ve compelido a hacerlo, entre otras causas, por la presión de la propia maquinaria corporativa del estado. Recuérdese, por ejemplo,

que ante el anuncio de la secretaría de comercio de que no podría comprometerse a congelar precios en una situación de inflación, el movimiento obrero organizado forza a los dirigentes del aparato burocrático, a asumir el compromiso formal de, antes de autorizar nuevas alzas, consultar a los líderes del congreso del trabajo (X/6). Los dirigentes de la burocracia central están realmente preocupados por los efectos incontrolados de la crisis en las condiciones de vida de las masas populares del país. No lo están por magnanimidad, sino por las implicaciones políticas que ello pudiera llegar a representar. Por ejemplo, esta preocupación se denota claramente en lo que respecta al desempleo; con el afán de mantenerse informado sobre la situación en este aspecto, incluso se organizó un seminario latinoamericano sobre administración de programas de estadísticas del trabajo (X/4). Pero las medidas que se entablan, definitivamente no tienden a parar el proceso de deterioro, sino simplemente a mantenerlo bajo control en la perspectiva de hacerlo mínimamente tolerable. Pero aún esto resulta difícil. En primer lugar, por la multimencionada penuria económica gubernamental. Por ejemplo, en torno a la demanda de aumento de tarifas de pasajeros, de la Alianza de Camioneros del D.F., el departamento del Distrito Federal estableció claramente que no municipalizaría el transporte colectivo en la ciudad de México, puesto que resultaría muy oneroso el manejar las 7,500 unidades en circulación, y que en esos momentos estaban controladas por 24 sociedades anónimas, (X/13). En segundo lugar, por la ya explicada imposibilidad para imponerse coercitivamente sobre las diferentes fracciones del capital. Ante la actitud de los comerciantes, por ejemplo, de no bajar precios en productos alimenticios básicos, el gobierno tiene que responder con la tibia arma de transparencia de precios. Se suponía que –con base en la extrapolación de 50 artículos escolares-, ello estimularía la competencia y, por lo tanto. Se obtendría una baja general en los precios. En tercer lugar, las medidas para impedir el deterioro de las condiciones de vida de las masas populares se ven obstaculizadas por la posición de las fracciones más poderosas de la burguesía, que en ocasiones se oponen abiertamente a que el gobierno desperdicie sus escasos recursos en menesteres considerados por ellas como de beneficencia pública. Las fuerzas del capital reclaman acabar con la excesiva orientación de beneficio social de la acción gubernamental (II/25). Algunos grupos especialmente fuertes del capital se oponen a la existencia de medidas tendientes incluso a paliar el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado. En el caso del IMSS, por ejemplo, la COPARMEX indica la necesidad de detener el proceso de afiliación masivoindiscriminada de trabajadores fundamentalmente del campo, a la institución (VII/29). Y, al menos por lo indicado por laguna evidencia, estas presiones resultan eficaces. JLP afirma, el primero de septiembre, que no había crecido la población total derecho habiente del régimen de seguridad social, en lo que iba del año (IX/1). Entre otras razones, por la existencia de estas tres grandes categorías de limitaciones, las medidas que el aparato burocrático del estado mexicano toma para controlar el deterioro de las condiciones de vida de las masas –rurales y urbanas-,

no podían ser menos que insuficientes. Cediendo a la presión del extranjero con objeto de adoptar las medias convenientes para mantener el deterioro de las condiciones de vida dentro de límites tolerables, y ante su incapacidad de hacer que todos los sectores participaran equitativamente en el proceso de salida a la crisis, el gobierno anuncia la posibilidad de conseguir un préstamo del Banco Mundial, a fin de desalentar el índice de crecimiento demográfico (X/29). De hecho, ante lo apremiante de la situación, el gobierno federal había iniciado ya un proyecto de auténtico control natal, iniciando el primer programa masivo en las 2.5 millones (??) de familias de miembros de la CTM (VIII/12). Esto último es una buena ilustración de las reales dimensiones de las medidas tomadas por el aparato burocrático para mejorar los niveles de vida de la población –rural y urbana-, en la medida requerida para mantener vivas las expectativas globales de mejoría. Estudios realizados por el propio gobierno señalan claramente que, en general, el mayor aumento de los precios de productos básicos se da precisamente en los lugares y regiones del país donde los salarios son los más bajos (VIII/6). Esto significa que la inflación golpeaba con mas fuerza a los minifundistas, asalariados, desocupados y subempleados rurales. Comparado con este hecho, el seguro de vida del campesino –por ejemplo- era irrisorio. Ello, con todo y que JLP autorizó del seguro de vida del campesino, que abarcaba a un millón de trabajadores y productores rurales; tenía un costo de 22 pesos anuales para el campesino, y operaba con un subsidio federal de 100 pesos anuales, elevándose la cantidad total del seguro de 7,500 a 10,000 pesos (X/11). Por otro lado, -si se toma en consideración la cantidad de recursos destinados a este respecto, y la forma de organización de las medidas gubernamentales tomadas al efecto- es claro que ni siquiera el mantenimiento del deterioro de las condiciones de vida del campesinado en condiciones relativamente soportables era posible. Por ejemplo, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales (COPLAMAR), no tenía ni recursos propios ni organización autónoma. Estaba prácticamente sujeta a las dádivas presupuestarias y a personal comisionado a él, provenientes de las 13 secretarías y departamentos de estado que hacían posible que, para el quinquenio 1977-1982, el gobierno salvara (como parecía pretenderlo formalmente), del muy acelerado deterioro, a los 18 millones de marginados de las áreas rurales. Era imposible, sobre todo si se considera que estos marginados representaban en esos momentos alrededor del 50% de la población rural total, y se sabía que para el año 2000, llegarían a 24 millones; que tenían salarios menores al mínimo, aún cuando sólo realizaban actividad remunerada tres meses del año; que carecían de servicios médicos; que el 25% era analfabeta; que sólo el 55% de los niños de 6 a 14 años tenían acceso a la enseñanza primaria; que el promedio de consumo alimentario era inferior a 2,000 calorías y 54 gramos de proteína diaria. Por esto se entiende, precisamente, que dos años consecutivos de cosechas perdidas, habían llevado a una situación de práctica hambruna a 100 mil habitantes de 93 poblados de la región Chontal y Zapoteca de Oaxaca (X/6), y que las medidas gubernamentales contrarrestantes, en este caso específico, eran punto menos que ineficaces.

Claro que esta tibieza de las medidas gubernamentales para mantener controlado al deterioro de las condiciones de vida en el agro, repercutía a fin de cuentas contra sus propios planes globales. En concreto, mientras esta situación persistiera, las grandes masas rurales no se arraigarían a sus lugares de origen y, cada vez más, invadirían las grandes urbes del país, haciéndolas cada vez más inhabitables para las sofisticadas clases y sectores medios (X/13). En la medida en que todo lo anterior ocurriese, la burguesía no estaría totalmente satisfecha con el manejo gubernamental de las medidas de control del agravamiento de los niveles de vida rurales. 7) La actualización de los cuerpos represivos. Dentro de la compleja interpretación gubernamental de la vigente situación del país, se incluye la convicción de que se desataría la violencia si no eran satisfechas mínimamente las demandas de las mayorías nacionales (II/26). De una u otra forma, se esperaba una fuerte agudización de las contradicciones sociales que inclusive podrían conducir, en el mediano plazo, al surgimiento de violencia armada revolucionaria. Por ello, el estado se prepara para enfrentarse cruda y abiertamente a esta posibilidad; se prepara para el empleo generalizado de la fuerza físico-militar. Este recurso a la violencia encaja perfectamente dentro de los planes gubernamentales de salida a la crisis, de la fracción hegemónica de la burocracia. Como ya se ha mencionado antes, éstos parten explícitamente de la discutible suposición de que aún queda la estabilidad política y de que sobre ella seguimos actuando y construyendo el país conforme a los valores y principios que nos unen (IX/1). En la perspectiva del responsable del ejecutivo federal, la estabilidad política permite durante 1977 la continuación del arbitraje estatal de la lucha de clases, aún en la imperante época de crisis: “Una de las características de la perdida estabilidad (monetaria y de precios), fue el oportuno arreglo de las huelgas antes de que estallaran. Ahora muchas se plantearon y estallaron. Las condiciones actuales del país lo explican. Todas han sido atendidas y resueltas. Hemos desahogado asimismo las situaciones de hecho que, por disidencias gremiales ó políticas, frecuentemente asociadas a insuficiencias legales, se han presentado casi siempre contra entidades estatales y sus servicios. Iniciaremos las adecuaciones a las leyes pertinentes; pero seremos firmes ante los hechos antijurídicos (IX/1). Sin embargo, como se desprende de la anterior cita, se reconoce simultáneamente que en caso de que la crisis económica condicionara la existencia de luchas y conflictos que pudiesen diluir el límite, preestablecido por el propio estado (III/17), entre la acción política y la subversión violenta, el estado se vería obligado a recurrir a la represión. El presidente tiene una muy personal interpretación de la violencia y sus orígenes:

“Se que aquí (en España) también se sufre por lo que yo llamo la pasión por la impotencia, la estéril pasión que se expresa en la violencia sin destino que ejercen los apóstoles de la nada y contra todo. Allá (en México), como aquí, se apasionan por la importancia, explotan por nada y para nada. Mantenernos firmes en el rumbo, claros en los propósitos, es y debe ser nuestra obligación, la expresión de nuestra superior vocación política (X/9). Según él, la violencia es una impotente forma de lucha que puede, sin embargo, llegar a hacer tambalear único fundamento que existe para salir de la crisis; la estabilidad política. Es con base en este argumento, por tanto, que se explica el por qué se afirma que, llegado el caso, habría que estar preparados para combatir la violencia social, con la violencia represiva del Estado. Este preparación del estado se dirige hacia la modernización de los cuerpos militares y paramilitares. Es bajo esta perspectiva que hay que tomar –por ejemploel hecho de que, contando con el apoyo del pentágono estadounidense, 82 militares mexicanos inician durante el año un curso de 200 mil dólares en materia de contrainsurgencia, guerra sicológica e inteligencia (V/19). También aquí deben ubicarse acontecimientos tales como la creación del Colegio de Policía del D.F., físicamente ubicado en lo que fueron las instalaciones de la Universidad Latinoamericana (IX/10). Pero la actitud previsora del Estado también incluye la creación de cuerpos especiales y secretos antiguerrilleros, que despliegan su acción contra el conjunto de fuerzas de izquierda –independientemente de que fundamentalmente actúen en la clandestinidad ó en la legalidad-, bajo el pretexto de que todo grupo ó partido político no oficial ó no institucionalizable, es potencialmente subversivo (III/15). Sin embargo, por razones de legitimidad, esta preparación y robustecimiento del aparato represivo no puede entrar –en la perspectiva gubernamental- en contradicción con la reforma política. Por esta razón, a la vez que se fortalece el ejército y las diferentes corporaciones policíacas –secretas ó no-, se da una hábil maniobra dirigida hacia el desistimiento de ejercer acción penal contra detenidos políticos. Se da, pues, un doble juego: una cada vez más fuerte y eficiente represión, combinándola con un intento del Estado, que presenta su acción como contemplativa ante los hechos políticos subversivos efectuados con anterioridad al régimen en turno. La perspectiva gubernamental respecto a este asunto de la represión es suficientemente conocida y apoyada por la burguesía en su conjunto. Independientemente de que fuera ó no manejado como un explícito ó implícito objetivo gubernamental, el hecho es que la potencialidad del surgimiento de violencia social fungió como aglutinador importante de la clase del capital. El deseo de estar preparados ante esta eventualidad se convierte en un común denominador de los diferentes grupos, sectores y fracciones de la burguesía que componen el bloque en el poder. Hacen a un lado sus contradicciones internas en el

punto referido al fortalecimiento de la capacidad represiva del estado para enfrentarse eficazmente, en su momento, a la violencia espontánea ó revolucionaria. Por esta razón, entre las acciones que más contribuyen a generar altos niveles de confianza burguesa, se encuentra la organización estatal de un poderoso cuerpo represivo. Al igual que las demás fracciones, la burguesía rural confía más en el gobierno del estado mexicano, en la medida en que éste se allegue un fuerte aparato represivo, presto para dirimir a su favor los conflictos cuya solución –sin la presencia de la fuerza estatal armada- no se inclinaría abiertamente hacia los intereses del capital. De las diferentes funciones superestructurales –políticas, jurídicas e ideológicas- del estado, encaminados a evitar el desaliento de la burguesía rural (en particular), quizá la que más llena su cometido es la de modernizar y hacer más expedita la utilización de las diferentes corporaciones represivas que actúan en el agro mexicano. Pero el recurso a la represión, potencial y real, tiene otro lado. La legitimidad que ello propicia en la burguesía, se traduce en ilegitimidad a los ojos de las clases explotadas del país. El fortalecimiento del aparato represivo es un hecho que contribuya a desenmascarar la ideología estatal en torno a este asunto. En este sentido es que a mediano plazo desembocarían las acciones encaminadas a dotar de armamento moderno a las diferentes corporaciones policíacas, el aumento de personal en activo, la apertura de universidades militares y de ciencias policiales, el aumento de los salarios de sus miembros, etc (V/19). La amenaza –ó el efectivo uso- de una más eficiente represión, hace que día a día sean más débiles los argumentos que establecen que en México no existen corporaciones secretas ni policía represiva y que establecen que todos los cuerpos armados del estado son apolíticos, constitucionales y respetuosos de la ley y de la sociedad (III/27). Esto es especialmente cierto, sobre todo cuando se conoce la existencia de 94 corporaciones policíacas atípicas y anticonstitucionales, y cuando un director general del CEPES del PRI (en el D.F.) llegó a afirmar que es necesaria la persistencia de una policía política, pues se necesita conocer lo lícito ó ilícito de partidos y grupos (IV/4). La existencia, modernizada y fortalecida, de las corporaciones represivas, es el más serio dique contra la generalización de la imagen de benefactor que diversos medios de comunicación colectiva, propagan respecto a las fuerzas militares y paramilitares (III/29). Y ello es, precisamente, lo que hace que cada vez sean socialmente menos creíbles las afirmaciones de las autoridades represivas en el sentido de que casi todo acto de violencia es auspiciado por cuerpos armados de la izquierda políticamente organizada (IV/21). En este sentido, puede afirmarse que se da la progresiva pérdida de la eficiencia ideológica de las partes oficiales, en el sentido de que dirigentes obreros y campesinos son muertos debido a pugnas entre fuerzas de izquierda (IV/16). 8) A manera de síntesis: El aparato burocrático se enfrenta a algunos hechos que dificultan la realización eficaz de la función superestructural, demandada para la implantación de su esquema de desarrollo del agro. Aún cuando realmente intenta adecuar

abiertamente el derecho agrario a las necesidades de la burguesía rural, los dirigentes de ésta no se encuentran totalmente satisfechos. La adecuación jurídica se da en un proceso global de reforma política, donde la oposición no domesticada tiende a convertirse en un sostén institucional del estado, estableciéndose potencialmente un traspaso del umbral de acción jurídica moderada del aparato burocrático. A los ojos de la burguesía rural, esta posibilidad de radicalización es alimentada, además, por los cambios que ocurren al interior del poder legislativo, que podrían minar las bases de la actuación controlada de los diputados. Por lo tanto, la posibilidad de que se hagan presentes elementos desfavorables en el proceso de revisión de las 18 leyes relacionadas con el agro, hace que la confianza burguesa no alcance los niveles pretendidos por el gobierno. A diferencia de la inseguridad en cuanto a que las modificaciones jurídicas generales no sean del contenido proclamado por el gobierno, la burguesía rural tiene, por lo pronto, la certeza de que con los mecanismos concretos propuestos por el aparato burocrático –los tribunales agrarios- para resolver los conflictos en el agro, éstos se inclinarán a su favor. Sin embargo, aún cuando puedan llegar a controlar los tribunales agrarios a nivel regional, sus dirigentes directos preveen la generación de contradicciones –que difícilmente se resolverán a su favor- con las instancias nacionales del Estado. Por ello, el proyecto de poner en marcha los tribunales agrarios empieza a aumentar el desaliento burgués, ante la perspectiva de que éstos empezaran a funcionar al año siguiente. Por otra parte, y contrario a los objetivos gubernamentales, las invasiones agrarias – aunque a ritmo menor que en el sexenio precedente- continuaban realizándose. Como el gobierno no toma represalias efectivas contra los dirigentes de las organizaciones del pacto de Ocampo –e independientes de él- que persisten en la toma directa de tierra, como las bases sociales continúan rebasando a sus líderes, como el campesinado ya no acepta ser engañado con las argucias otrora eficaces que impedían las invasiones, y como la represión física es utilizada en dosis juzgadas como insuficientes, la burguesía rural no muestra –pese a los esfuerzos del gobierno- la confianza esperada. La burocracia se empeña en asegurar que eliminará la inseguridad en la tenencia de la tierra, en esclarecer el que las afectaciones a pequeñas propiedades serán mínimas, en hacer perder la radicalidad de las afectaciones efectuadas a finales del sexenio anterior, y en hacer uso sólo de afectaciones consideradas como legítimas por la burguesía. Pero esto no basta para los fines de generación de confianza, pues desde la perspectiva burguesa siempre existe la posibilidad de radicalizar la reforma agraria, básicamente debido a la presencia de la izquierda, que contempla que lo que se puede afectar es mucho más de lo que sostiene formalmente el gobierno.

La puesta al día del contenido de la imagen de la reforma agraria, así como su difusión ideológica, es una tarea empeñosamente emprendida por el aparato burocrático. Sus dirigentes tienen relativo éxito en ello. Un indicador de ello estriba en que, al menos en cuanto a los que dictan las apariencias, la nueva imagen ya no necesita recurrir a los errores cometidos durante el régimen Echeverrista en materia rural, sino que su propia coherencia interna permite satisfacer este requerimiento ideológico. Pero los argumentos legaloides, el monopolio de los medios masivos de comunicación por parte del capital privado, los golpes atestados al cooperativismo pesquero (a pesar de ser una forma de organización similar a la formalmente perseguida, en la nueva imagen de la reforma agraria), el progresivo conocimiento científico-social del agro, y el traslado a una ubicación progresista de fuerzas sociales tradicionalmente reaccionarias en el campo...son factores que restan grandes porciones de eficiencia ideológica a la nueva imagen de la reforma agraria. Crean desconfianza en la burguesía rural, y juegan un papel desmitificador a la luz de las masas rurales del agro. Aunado a lo anterior, el gobierno tiene cada vez más dificultades para mantener el proceso de deterioro de las condiciones de vida de la población rural –agudizado por la crisis-, incluso en niveles mínimamente soportables. Esto se da en el conjunto de la sociedad nacional, pero es especialmente fuerte en el campo. Mientras se ve presionado para tomar medidas en este sentido por la propia maquinaria corporativa del estado y por algunas corrientes insertas en el propio aparato burocrático, se enfrenta a algunos obstáculos; la penuria económica gubernamental, la ausencia de mecanismos coercitivos que pudieran efectivamente normar la actuación del capital, y las presiones que consideran al gasto social como un inútil dispendio gubernamental. Ello se traduce en la insuficiencia de las medidas gubernamentales tomadas para evitar la aceleración del proceso de agravamiento de los niveles de vida y malestar de los trabajadores, productores minifundistas, desempleados y subempleados del agro. Pero esta insuficiencia, aunque parcialmente auspiciada por la propia base dominante, genera a la vez desconfianza de la burguesía rural en la capacidad gubernamental para mantener mínimos niveles de legitimidad popular. De esta manera, el aparato burocrático del estado mexicano tiene crecientes problemas para generar altos niveles de confianza en la burguesía rural: no lo parece lograr, ni con la adecuación jurídica, ni con sus intentos de sentar las bases para la institucionalización de conflictos sociales en el campo, ni con la política de minimizar afectaciones e invasiones agrarias, ni con la transmisión de la nueva imagen ideológica de la reforma agraria. Por tanto, tiene que recurrir a la actualización de los cuerpos represivos. La intensiva utilización de la organización físico-militar del Estado mexicano se perfila, así como, el aspecto que más confianza burguesa contribuye a lograr.

Tercera Parte: Perspectivas en cuanto al Cumplimiento de las Funciones Demandadas de la Burguesía, para la efectiva realización del Esquema Estatal de Descampesinización del agro.

En la segunda parte de este documento, se han visto los problemas que el aparato burocrático tiene en cuanto a desarrollar eficazmente las actividades económicas y superestructurales que requiere el cumplimiento del esquema de descampesinización y proletarización definitiva que el Estado en su totalidad confecciona con respecto al agro. Se vio ahí que la fracción hegemónica de la burocracia pública tiene serias dificultades para constituirse en el real director del proceso de salida a la crisis en general –y de la agricultura y ganadería, en particular- y que se enfrenta a problemas nada despreciables en lo que se refiere a la consecución de la meta de hacer volver la seguridad a las fracciones de la clase del capital que tienen intereses concretos ubicados en el sector agropecuario del país. Sin embargo, existen múltiples instancias involucradas en el intento de responder a la interrogante relacionada con la factibilidad de que la descampesinización en el agro sea un hecho consumado durante 1977; el aparato burocrático es sólo una de las varias instancias relevantes. Es necesario, además, percibir si la burguesía en su conjunto está en posición de cumplir con su porción de los requerimientos. Por ello, en esta tercera parte se analiza el verdadero papel desempeñado por la burguesía. Es decir, se pretende sopesar el distanciamiento ó la cercanía de su actuación efectiva, en comparación con la que el estado le ha delineado. Concretamente; en el capítulo sexto se pretende percibir si la burguesía cumple con el papel fundamental de inversora en actividades agrícolas, ganaderas ó de procesamiento industrial de productos agropecuarios; en el capítulo séptimo, a su vez se han querido presentar algunos hechos que parecen señalar que para los capitalistas –rurales ó no- resultaba cada vez más difícil el no perder de vista que el gobierno y la maquinaria corporativa del estado no son sus enemigos, sino sus aliados.

Capítulo VI: Obstáculos para que la Burguesía Cumpla con el Papel de inversión en el Agro que el ha sido Asignado por el Estado

La cristalización del esquema de descampesinización total del agro, durante 1977, demanda que la burguesía rural –y el resto de las fracciones constitutivas de la clase capitalista- cumpla con su papel de inversionista fundamental en el agro. La proletarización total del campo mexicano requiere que los empresarios estén en posibilidad de desplazar, mediante mayores inversiones que expanden sus unidades productivas, al ejido, al minifundio y a las comunidades agrarias. Para ello, es indispensable que la burguesía sea capaz de mantener –e incluso elevar- las tasas de utilidad que obtiene de sus empresas en el campo, en general. A la vez, tiene que denotar aptitud para mantener el ritmo de crecimiento de los renglones económicos y de sus áreas físico-geográficas más desarrolladas, en particular.

Una de las formas de lograr esto, consiste en que se canalicen capitales privados de la industria y del comercio hacia las empresas existentes –ó de nueva creación- en el medio rural. Si lo anterior se cumple, estará entonces en excelente posición para coadyuvar significativamente a la total proletarización del agro. Le será posible generar más materias primas industriales, bienes de exportación y alimentos básicos. Podrá, además, abrir constantemente nuevas fuentes de empleo en el campo, a la vez que abatir la proporción del producto agropecuario que queda en manos de los intermediarios. En la medida en que no lo logre, esto se dificultará. Existe alguna evidencia que señala que ello no es así durante 1977. En el presente capítulo se presentan siete tesis al respecto, procurando fundamentarlas lo más posible. Primera Tesis: el capital privado no muestra capacidad para sustituir, mediante nuevas inversiones, a la organización campesina de la economía rural; ejido, comunidad y minifundio privado. La crisis parece haber tocado fondo entre septiembre de 1976 y abril de 1977. Sin embargo, aun cuando tiene la burguesía una visión particular de la crisis –de sus causas, efectos y formas alternativas de impulsarse del fondo para salir a flote-, es un hecho que, en términos generales, la inversión privada durante el año está muy lejos de ser la suficiente. Las diferentes fracciones del capital ponen cada vez más condiciones para invertir. Afirman que existen una serie de factores que dificultan las inversiones: inflación que repercute en los altos costos de reposición de los inventarios y equipo; las empresas que tenían pasivo en dólares ven mermados sus recursos al tener que liquidar adeudos con esa divisa; existencia de incertidumbre en cuanto al

desenvolvimiento de la economía (XI/15). Por tanto, no utilizan en toda su extensión mecanismos en principio tan favorables para sus intereses como el ya mencionado seguro contra la devaluación. Por este hecho, los capitalistas de todo cuño son objeto de múltiples presiones, la mayoría no eficientes para sus actores. A buena parte de las agresiones frecuentemente verbales que reciben, las fuerzas sociales vinculadas al capital responden aduciendo la necesidad de contar con mayor seguridad institucional. Según cifras del propio sector privado, sólo 40 mil grandes empresas cumplen durante el año con los objetivos –de inversión y otros-; pactados en la Alianza para la Producción; 270 mil pequeñas y medianas empresas no lo hacen. La cifra parece alta – 40 mil empresas, 15% del total-; sin embargo hay que explicitar aquí que la fuente de información entiende que las empresas grandes han cumplido, aún cuando sus ingresos no se destinen hacia la creación de nuevas industrias, sino hacia la restitución del capital de trabajo que supuestamente se deterioró en 50% como consecuencia de la devaluación. Sea como fuere, en parte por este incumplimiento con lo formalmente pactado, la burguesía generalmente admite la necesidad de buscar intensivamente dinero del exterior, e incluso llega a aceptar que el capital privado sea transitoriamente (mientras se sale de la crisis) suplido por el sector público. De hecho, como la burguesía no aprovecha las facilidades de todo tipo para invertir, el aparato burocrático amenaza veladamente con suprimir este tipo de estímulos. En reiteradas ocasiones, los más altos niveles de la fracción hegemónica del aparato burocrático señalan las posibilidades de impedir una salida de capital como la ocurrida en el contexto de la devaluación del año 1976. Aunque de hecho es bien poco lo que puede hacer el gobierno para impedir la salida de capitales de las compañías transnacionales, había llegado a medidas como la anterior con base en el reconocimiento de los propios empresarios, en el sentido de que buena parte de los cuatro mil millones de dólares golondrinos no regresarían jamás. Los diversos estímulos crediticios no fueron aprovechados por la burguesía. El crédito externo potencialmente disponible para los empresarios se vuelve muy selectivo, por lo que no contribuye a aliviar la extrema situación de pérdidas de las pequeñas y medianas empresas. En particular, el crédito otorgado por la banca privada nacional es generalmente a plazos muy cortos y a muy altas tasas de interés; además, se otorga fundamentalmente sólo a los grupos financiero-industriales. El crédito gubernamental barato otorgable a empresas enfrascadas en actividades productivo-prioritarias es desaprovechado básicamente debido a que la burguesía no está interesada en desarrollar este tipo de actividades. Todo lo anterior es lo que determina que el Secretario de Comercio afirme que el país no requería de más créditos internacionales –privados ó públicos-, con tanta urgencia como con la que necesitaba más inversiones directas externas. Esta falta general de inversiones y de cumplimiento con beuna parte de los objetivos globales de la Alianza para la Producción es particularmente clara en el caso de la industria, otrora el sector más dinámico de la economía del país. Los industriales afirman que en ampliaciones, recapitalizaciones y nuevas empresas, invierten durante

1977 cien mil millones de pesos, contra 125 mil millones programados (IX/13). Lo cierto es que, para abril, las empresas agrupadas en la CUNACINTRA no habían podido generar cantidades significativas de los 300 mil empleos que se habían propuesto para 1977 (IV/14). Aún cuando la justificación de sus organismos de lucha, a este respecto, estriba en que su génesis estuvo determinada por un déficit de entre otras cosas, la razón por la que existe una renuencia de la generalidad de los empresarios a invertir en las vigentes condiciones en que, por ejemplo, el Fondo de Equipamiento Industrial disponía de 2 mil millones de pesos, a 13 años de plazo, con el 13.5% anual de interés, para financiar a medianos, pequeños ó grandes empresarios que ampliasen ó iniciasen nuevos negocios (V/2). En nuestra concepción, este tipo de facilidades fue desaprovechado porque el criterio gubernamental determinante de su otorgamiento estriba –no en las garantías de solvencia presentadas por una empresa cualquiera- en las características productivas y prioritarias del proyecto sometido a su consideración. Este criterio oficial se diferencia claramente del de obtención de máximas ganancias, que es el de los empresarios. En el caso de la burguesía industrial, es claro que las inversiones durante 1977 están muy debajo de las programadas; sólo hasta 1978, se decide mediante una inversión de 150 mil millones de pesos, es que éstas denotarían alguna mejoría. El bajo ritmo de inversiones para 1977 es cubierto ideológicamente por la burguesía industrial, esgrimiendo como argumento el que éstas sí se han hecho, sólo que como se destinan fundamentalmente a mejorar la eficiencia de la capacidad instalada (en el caso de la planta petroquímica, ésta laboraba entre 60 y 70% de su capacidad instalada (XI/12), éstas no son muy visibles (XI/11). En 1977, los diversos componentes sociales de la burguesía están conscientes de que la diferencia fundamental entre el empresario industrial, agrícola y comercial, es sólo en cuanto a la ubicación sectorial de su actividad. La esencia –apropiación de plusvalía- es la misma en los tres casos. Por ello, su perspectiva respecto al agro en el contexto de crisis es, básicamente, una sola. Las fracciones más importantes en su interior –como conjunto unitario- pretenden llevar al Estado a la implantación de una tercera etapa de la reforma agraria: aquella en que los precios de los productos agropecuarios sean determinados exclusivamente –sin intervención del aparato burocrático- por el libre juego de las fuerzas del mercado (VI/10). Ya se ha visto que, en términos generales, el capital privado denota un ritmo de inversiones por abajo del que requeriría el cumplimiento de la Alianza para la Producción. La efectiva implantación del Plan Nacional Agropecuario y Forestal –que es el referente, en el agro, de la Alianza para la Producción- también requiere de un elevado ritmo de inversiones en las actividades productivas agropecuarias emprendidas por los capitalistas rurales y productores-campesinos. ¿Este ritmo es lo suficientemente elevado, como para coadyuvar a la consecución de la meta estatal de descampesinizar al agro? Existen diversos elementos que señalan que ello no es así. Los requerimientos de inversión en el agro, para 1977, se estimaban en más de 100 mil millones de pesos (III/16). De éstos, se suponía a principios de año, que el sector público invertiría 55 mil millones. De los 45 mil millones restantes, el sector privado se

había comprometido a invertir de 5 a 10 mil millones de pesos. El déficit, pues, sería de entre 35 y 40 mil millones de pesos. Estos requerimientos de inversión están efectivamente pensados bajo la óptica de la descampesinización; hay al respecto algunos indicadores. Uno, muy tangible, consiste en que el secretario de la SARH anunciaba, el 12 de noviembre, la apertura de 1.2 millones de hectáreas (70% de ellas en Campeche, Quintuna Roo, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, el resto en otras 8 entidades federativas) al cultivo, con una inversión de 18 mil millones de pesos, que tendría como resultado 8,500 millones de pesos de producción anual, con utilidades anuales de 2,600 millones de pesos, y una producción de 2.5 millones de toneladas de maíz, arroz, soya, sorgo, etc. Estas tierras deberían, según su concepción, abrirse y explotarse con la máxima participación activa del sector privado: “ La participación del sector privado trayendo tecnología y recursos financieros y la fijación de objetivos de redistribución del ingreso y de criterios de rentabilidad en la infraestructura, deberán conducir al diseño de una nueva política en materia de apertura y aprovechamiento de tierras, que se traduzca en unidades de producción agropecuaria, silvícola ó frutícola, diferentes a las que explotamos. Las unidades de producción, tanto en terrenos nacionales como en futuros distritos de riego ó zonas de pequeños propietarios y ejidos carentes de infraestructura productiva, deberán representar una nueva estrategia, a nivel nacional, de explotación de la tierra”. Por otra parte, ya desde el 28 de agosto, el presidente del consejo coordinador empresarial señala la existencia de una comisión especial –coordinada por la secretaría de la reforma agraria- encargada de ver la posibilidad de desarrollar la industria y la agro industria en el campo. Esta comisión especial adoptaría posteriormente la forma de Consejo Industrial Agropecuario que, como un primer fruto, celebraría el congresoexposición México Agro industrial; la solución es producir, los días 24 y 25 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Con esto último, es muy clara la confluente posición de aparato burocrático y burguesía, respecto a sus intenciones en cuanto al desarrollo agrícola. Aquí interesa destacar especialmente que parece ser que estos 5 a 10 mil millones de pesos que la burguesía rural debería invertir no fueron lo suficiente como para –al menos durante 1977- sustituir la función productiva del minifundio, ejidal, comunal y privado. Aún cuando la inversión en el agro de los volúmenes mencionados fuera un hecho, aún cuando se afirmara que el empresario que no invirtiera durante el año sería un empresario incapaz de satisfacer la demanda previsible durante 1979 y 1980 (IX/12), y aún participando del supuesto de que la agricultura fuera uno de los mejores negocios ya que dejaba ganancias de 300 por 1, el crecimiento de las inversiones rurales y agro industriales requeriría un ritmo que no tuvo (VII/20). Esto es tan real, que la inversión empresarial parece no haber podido modificar sustancialmente el hecho de que, de las 32 millones de hectáreas susceptibles de cultivo en todo el país, se sembraran poco más de 16, y se levantaran cosechas en sólo 14 millones (VIII/1). Por el contrario, parece haberse agudizando la tendencia a la progresiva reducción de la superficie

cultivada y cosechada de granos básicos, lo que se refleja en una menor producción agropecuaria global. La sequía, las presas por debajo de su nivel normal, la desconfianza por la situación de la moneda, la constante fluctuación de los precios y, sobre todo, la incertidumbre respecto a las tasas de ganancias empresariales, constituyen factores que son señalados por los representantes políticos de la burguesía, como determinantes de las escasas inversiones privadas en el agro durante el año que aquí se estudia (VI/5). Sin embargo, interesaría aquí agregar un factor más; el crédito. Es un hecho conocido el que el crédito agrícola es más lento que, por ejemplo, el industrial, debido fundamentalmente a que la realización por ende, menores posibilidades de recuperación (XI/8). Si, en el contexto de crisis de 1977, el 70% de las empresas industriales tiene problemas de financiamientos (XI/13), se podrá tener una idea de lo escaso de este recurso en el campo. El estado sólo alcanza a cubrir alrededor del 35% de los créditos que requiere el campo (IX/13). Durante el primer semestre del año, la banca privada, oficial y mixta destina 12 mil millones de pesos mensuales en crédito a las actividades prioritarias de la Alianza para la Producción (industria manufacturera, actividades agropecuarias, comercio, siderurgia, transportes y construcción). En el caso concreto de las actividades agropecuarias, el crédito pasa de 49,839 millones, en diciembre de 1976, a 60,894 millones de pesos en junio de 1977, lo que significa que aumenta en 11,055 millones el monto total de crédito asignado al sector (XI/6). El volumen total no es despreciable en términos absolutos; sin embargo, hay que tomar en consideración que –en términos relativos- el estado sólo alcanza a satisfacer el 35% de los créditos que requiere el campo. Como la banca privada no alcanza a cubrir significativamente el déficit, los empresarios agrícolas y ganaderos se ven forzados a recurrir al préstamo usurero. Esta falta de crédito, pues, es uno de los principales escollos al aumento de la inversión capitalista rural, a niveles lo suficientemente altos como para efectivamente desplazar al minifundio tradicional, con su organización eminentemente campesina. Es uno de los determinantes de mayor pesos en el hecho de que las diferentes fracciones de la burguesía con intereses concretos ubicados en el campo, no tengan una clara perspectiva de obtención de altas tasas de utilidades si invierten en el sector. Segunda Tesis: la burguesía no invierte en el campo, básicamente porque no tiene claras perspectivas de obtener tasas de utilidad suficientemente elevadas, aún cuando el Estado le propone una solución óptima para su participación en el agro. Los estímulos fiscales no bastan para neutralizar las dificultades sentidas por los dirigentes de las diversas fracciones de la burguesía en cuanto a invertir. El capital no deja de señalar constantemente estos obstáculos. La Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia señala la posibilidad de virtual cierre de algunas industrias, por ejemplo de la textil, de la eléctrica, electrónica, de línea blanca, automotriz, minería y siderúrgica (XI/6). Ya desde finales de agosto, la agudez de la crisis había conducido a que el director del Centro Patronal del D.F. solicitara salarios mínimos diferentes para las pequeñas y medianas empresas, en comparación con los

que podría brindar el gran capital (VIII/25). El vicepresidente de la CONCAMIN afirma, a mediados de noviembre (XI/18), que si en el corto plazo el gobierno no autorizaba un aumento del 12% al 15% a los productos de la industria siderurgia, ésta no tendría los recursos suficientes para expandirse. Ello, a pesar de que se había autorizado un aumento previo –a raíz de la devaluación- de 21%. Un día antes (el 17 de noviembre), el presidente de la Junta de presidentes de Cámaras Industriales de Jalisco, señala que sólo con una fuerte inyección económica se podría superar la situación de las 22 mil empresas industriales de la entidad, que presentaban un déficit de 6 mil millones de pesos. En julio (VII/2), los empresarios se quejaban de que en el primer trimestre del año, las utilidades de las empresas se habían reducido al 1.8% del total invertido. Y estos continuos llamados a las dificultades enfrentadas tienen un objetivo: el de hacer claro que, sin utilidades, los empresarios no invierten ni crean nuevas fuentes de trabajo. El presidente de la Canacintra es, al respecto, particularmente claro. Refiriéndose a los diversos mecanismos de congelamiento de precios afirma, el 21 de noviembre: “No pueden bajarse tanto las utilidades de las empresas (consecuencia de un posible congelamiento de precios); de hacerlo, las industrias, que se manejan dentro de un marco inflacionario, de recesión y con una moneda devaluada no tendrán recursos suficientes para su ampliación, ni para crear nuevas fuentes de trabajo. Estas situaciones desalientan al industrial. Los precios no deben congelarse, ni restringirse exageradamente. Deben variar de acuerdo a las necesidades de cada artículo para mantener una economía suna”. Con base en estos argumentos, es posible afirmar que incluso la ausencia de inversiones en la producción de bienes exportables, de acuerdo al sistema generalizado de preferencias de los EUA, no se debe –como reiteradamente se afirmó- al desconocimiento de los mecanismos inherentes a dicho sistema por parte de los capitalistas del país, sino a que éstos consideran que no perciben un margen tan seguro de ganancia como el que obtienen con la especulación, por ejemplo (IV/30). Estas mismas dificultades, y la insuficiencia de las medidas gubernamentales para superarlas (ampliamente favorecedoras al capital), son las que determinan la falta de inversión del capital privado en el agro; la inseguridad de obtener ahí tasas de ganancia igual ó superior a la media. Pero los factores que alimentan esta inseguridad alcanzan cierta especificidad en el campo. Veamos algunos de ellos. En principio, la crisis agrícola –que viene desde 1966 aproximadamente- podría generar una alta confianza de la burguesía, ya que –dado el bajo nivel alcanzado- las posibilidades de incremento de la producción son altas. Se trata, obviamente, de confianza en cuanto a obtener grandes utilidades de sus inversiones. Recuérdese (XI/25) que la producción de alimentos decrece considerablemente de 1966 a 1977: en 1965-66, la producción de maíz fue de 8.6 millones de toneladas, la de frijol fue de 980 mil toneladas, la de arroz de 276 mil y la de trigo fue de 2.1 millones de toneladas: en 1976-77, la producción en toneladas fue, respectivamente de 8 millones, 728 mil,

265 mil y 2.4 millones. El déficit de alimentos era en principio, pues, un excelente campo de expansión para el capitalista. Además, en 1960, la agricultura representó el 8.9% del producto interno bruto, en tanto que para 1976 representaba sólo el 5.5%. En estos mismos 16 años, la tasa de crecimiento medio anual del crecimiento correspondiente a la agricultura fue de 2.5% y el de ganadería fue de 3.2%. Por otro lado, la productividad en el sector industrial fue de 33,880 pesos (ambos datos, en pesos de 1960). Pero hay algunos factores que hacen pensar a los líderes empresariales que, aún cuando fuera posible elevar los volúmenes de producción agropecuaria, aumentar la productividad (explotación) por trabajador rural y acrecentar la participación del producto agrícola y ganadero en el producto interno bruto nacional, las utilidades desprendidas de sus posibles inversiones no serían tan altas como las que obtendría si las destinara a otras ramas. Seguramente con base en esta apreciación, es que el subsecretario de planeación de la SARH informaba, el 23 de noviembre, que durante 1977 el crecimiento del sector agropecuario había sido mínimo y que, sólo si se mejoraba la organización y tecnificación y se efectuaba una reevaluación del uso del suelo, sería posible que para 1979 el sector tuviera un crecimiento significativo. Por principio de cuentas, por obtener altas utilidades, la inversión privada debía orientarse a la sustitución del carácter extensivo vigente en la forma de realizar la producción agropecuaria, por una más intensiva utilización de la tierra. Sin embargo, para ello se requería de recursos de que no disponía el empresario, especialmente si su capital era de pequeña ó mediuna envergadura. Esta escasez de recursos es lo que hace difícil seguir, por ejemplo, recomendaciones indudablemente tentadoras como la de la subsecretaría de planeación de la SARH, quien planteaba la sustitución de 1 millón 300 mil hectáreas dedicadas a la producción de ganadería extensiva, por la producción intensiva de cacao (ya que esta superficie producía 30 veces menos, que 30 mil hectáreas dedicadas al cultivo del cacao). Por otro lado, el potencial empresario rural preveía que el invertir en el campo significaba involucrarse en un renglón económico en donde existía un alto control monopólico, con precios muy altos, de los insumos que requeriría su unidad productiva. Por ejemplo, en el caso de la producción avícola, las transnacionales ejercen durante el año un control casi completo sobre las aves de pie de cría, así como de medicinas, desinfectantes, antibióticos, parasiticidas, vermífugos y otros productos esenciales (XI/18). Pero no es solamente con altos costos de insumos con los que el inversionista interesado en el agro se enfrenta. También vislumbre algunas tendencias que parecían señalarse que el precio de venta de sus productos no pude ser muy alto. Al menos, esto debió serle particularmente claro en lo que se refiere a precios oficiales de garantía. Estos eran bajos, incluso más bajos que en el mercado libre y, lo que es más, existían presiones de índole fundamentalmente política que dificultaban su incremento. Ello podría quedar ilustrado por el hecho de que la Asociación de Agricultores del Río Culiacán se queja de que la Conasupo no acepta la petición de aumentar el precio de garantía del trigo -$5,500 la tonelada-, a pesar de que los industriales ofrecían hasta $5,600/tonelada (X/10).

La misma resistencia a aumentar precios oficiales ocurre en el caso del azúcar, donde a pesar de las constantes presiones de la Federación Nacional cañera, el gobierno no había aumentado, para fines de septiembre (IX/27), el precio de garantía de la caña, a 26 pesos (6.25 pesos más que el precio vigente hasta entonces) el punto de sacarosa. Y en los casos en que se autorizan aumentos, como en el caso de la leche, diversas intervenciones demuestran técnicamente el error incurrido al hacerlo. Un alto funcionario de lo que en el sexenio precedente era la secretaría de industria y comercio contribuye especialmente a ello, indicando la falsedad de los argumentos esgrimidos por los ganaderos para obtener el aumento –en el sentido de que si no se subía el precio, preferían sacrificar el ganado-. Afirma que el sacrificio de reses es una cuestión normal (ya que sea por edad, baja producción ó enfermedad, se sacrifican anualmente 200 mil vientes de desecho y 800 mil becerros), que no tenía por qué desequilibrar los balances financieros y económicos de la industria lechera (X/9, exjefe del departamento de industrias agropecuarias y forestales, de la SIC ). Así, es un hecho real que la política de precios tope de venta de productos alimenticios al consumidor, sin que exista su exacto equivalente en lo que se refiere a los precios con que los empresarios adquieren las materias primas, en una época caracterizada por aguda inflación, va progresivamente reduciendo –de acuerdo a la lógica del capitalista- la tasa de ganancia de su inversión en el campo (V/16). A estos tres factores se agrega otro; el hecho de que el gobierno federal –por razones que ya han sido expuestas anteriormente- tiende a obtener la recuperabilidad económica directa de sus obras y servicios otorgados, y a no esperar indefinidamente, como lo hacía antes, a que éstos tuvieran una recuperabilidad social indirecta. Para el empresario rural –ó en posibilidad de serlo- esto es tangible cuando: percibe el inminente aumento al precio del diesel y la posible alza de la gasolina (XI/14); se anuncia el aumento en las tarifas de los ferrocarriles , como medida para disminuir el déficit de 2,700 millones de pesos que arrastra la empresa (VII/17); sabe que las cuotas de uso de agua de riego serían incrementadas entre 50 y 70%, para abatir el subsidio de 800 pesos por hectárea que al respecto otorgaba el gobierno federal (VIII/13). Esto seguramente lo inclina a considerar que los 14,000 millones de pesos que la SARH ejerce durante el año, por ejemplo, en construcción de obras (XI/12), ya no serían subsidiadas, sino que serían cobradas al empresario en cuyo servicio se hacían. Su objetivo de óptimas ganancias en el mínimo plazo y con el menor riesgo, en estas circunstancias, no pueden menos que hacerlo titubear. Hay todavía más dificultades, percibidas por el empresario que tuviera interés en invertir en el agro, y en obtener de ahí altas utilidades. Para hacerlo, en el contexto de crisis de liquidez presente durante todo el año, difícilmente va a contar originalmente con el capital requerido. Para suplir esta deficiencia, podía acudir al crédito oficial ó privado. Ya se ha visto que, durante 1977 éste llega a niveles muy bajos. En el caso del capital privado, es cierto que la fusión de bancos –como el proceso terminado el 22 de noviembre, donde se crea Bancomer S.A. de la fusión de 35 bancos de comercio e hipotecaria Bancomer y Financiera Gancomer- podría ayudar a tener mayores

volúmenes de crédito disponibles, pero estas medidas no dejan sentir sus efectos durante el año. Asimismo, debe considerarse que, al plantearse la posibilidad de invertir en el agro, un empresario estaba pensando en que la investigación y experimentación agropecuaria, así como recomendaciones técnicas, le serían proporcionadas a muy bajo costo por el aparato burocrático. Se desalienta cuando, en primer lugar, encuentra que la numerosa burocracia pública central difícilmente podría satisfacer los requerimientos de cuadros técnicos configurados incluso por la implantación de sus propios programas. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, por ejemplo, para el 10 de marzo sólo tenía 622 técnicos; número muy por abajo del demandado para la realización de la transformación tecnológica y de organización generalizada del agro. En segundo lugar, algunos hechos le indican que no puede confiar demasiado en la calidad de la investigación pecuaria y agrícola gubernamental, especialmente cuando la crítica especializada arroja conocimiento que permite verlo endeble de los más fastuosos logros en este campo. Por ejemplo, mucho se hablaba de que el aparente éxito de la revolución verde, al producir semillas mejoradas de alta productividad a nivel experimental, se convierte, bajo las condiciones normales de una unidad productiva, en altamente pernicioso, ya que estas semillas son fácil presa de plagas (III/9). Además, los medios de comunicación masiva no tienen escrúpulo alguno (sino al contrario) en demostrar que el proteccionismo de los EUA se agrava. El proteccionismo internacional –no sólo de Norteamérica- ocasiona, de hecho que durante 1977 algunas de las posibles ventajas en cuanto a exportación, derivadas de la devaluación del peso, sean nulificadas (V/9). Esto es otro elemento obstaculizante para el inversionista interesado en obtener las máximas utilidades en el agro, especialmente si piensa generar bienes de exportación. Aunado a todos estos factores económicos que su lógica de capitalista le hacen prever, el empresario está sujeto a que la ley agraria vigente durante 1977 –a pesar de que se mencionaban posibles cambios para 1978- contiene algunas trampas que, en algunos casos, incluso podrían evitarle el que abatiera el precio de sus insumos. Por ejemplo, en lo que respecta particularmente a la producción pecuaria, impedía el algún grado el que los ganaderos con certificados de inafectabilidad sembraran sus propios forrajes (V/15). Pero todos estos factores no constituyen en realidad más que el contexto del que, desde su punto de vista, era la posibilidad más peligrosa; que aumentasen los salarios. La persistencia de la inflación hace que ya para fines de julio, el presidente del congreso del trabajo anuncie que pediría a JLP que relevara al movimiento obrero del compromiso adquirido en cuanto a no solicitar fuertes aumentos salariales (VII/27). Para el futuro empresario rural, de por sí esto es un grave indicador; pero si a ello se le agrega la petición de la CTM de igualar los salarios de los trabajadores del campo y de las ciudades, ¡es el colmo! Aún las presiones empresariales en sentido contrario no le satisfacen. No recibe calma ni por el reconfortante argumento de que, aún distribuyendo

toda la riqueza generada por el sector agropecuario, no se completaría para pagar ni el 85% del salario mínimo (VI/8). En estas condiciones –en que el empresario debe cambiar la producción de extensiva a intensiva, en que posiblemente adquiera insumos a altos recios y venda a precios no muy altos, en que el gobierno ya no le regalará sus obras y servicios, en que no tendrá acceso absoluto a las fuentes crediticias, en que posiblemente tenga que realizar investigación y experimentación agropecuaria por su cuenta, en que la ley agraria no lo deja moverse tan fácilmente como quisiera, en que posiblemente se agrave el proteccionismo internacional y, sobre todo, en que posiblemente aumentan los salarios rurales hasta igualarse con los urbanos- a la burguesía le es presentada por el aparato burocrático una aparentemente óptima solución; la agro industria. En efecto, diversas dependencias del gobierno, desde finales del sexenio Echeverrista, buscaban la manera de reorientar el uso de recursos en el medio rural, de manera que el sector agrícola se expandiera. Con base en los resultados de los estudios emprendidos para el efecto, por fin triunfa una idea siempre presente en el proceso de reforma agraria; la asociación entre ejidatarios, minifundistas privados, empresarios nacionales y extranjeros hidráulicos, pionero del riego gubernamental-tecnificado en el país: “Para los viejos pioneros del riego tecnificado y para las personas que han convivido por más de 50 años con los campesinos...la solución para los problemas del campo, es asociar a los productores, indistintamente del régimen de tenencia de tierra a que estén sujetos...Esta tesis ya fue planteada por el titular de la reforma agraria, pero nosotros, los viejos, la expusimos desde hace mucho tiempo. Con ella terminarían las discordias y en el campo, México podría demostrar que se encuentran tan avanzado como otros países en lo que se refiere a técnicas de producción (XI/25). Mediante la indiscutible aceptación de esta idea de asociación, el año 77 marca el sometimiento absoluto y descarado del populismo de la reforma agraria a las necesidades de la reproducción capitalista. Se delimita la efectiva unificación, ansiosamente esperada por la burguesía rural durante décadas, de la política agraria y de la política agrícola orientada totalmente a favor de los empresarios capitalistas con intereses inmediatos en el campo mexicano. La celebración del evento México Agro Industrial: la solución es producir, marca un importante punto de quiebre: el fin de una etapa y el surgimiento de otra. De diciembre de 1976 a fines de noviembre de 1977, la política estatal respecto al agro en realidad se estaba definiendo; los días 24 y 25 de noviembre representan la culminación de este proceso definitorio. De ahí en adelante difícilmente puede haber dudas; el sector agropecuario se abre, prácticamente sin recelo legitimador alguno, al capitalista nacional y extranjero. El tipo de asociación en que se fundamenta la creación de agro industrias aparece también como la solución óptima para las diferentes fracciones de la burguesía interesadas en el agro. En primer lugar, porque por instrucciones directas de JLP (XI/26), el BANRURAL debería canalizar los apoyos crediticios requeridos para la instalación de las agro industrias. Por esta razón, buena parte de las inversiones

iniciales dirigidas a crearlas -estimadas por el presidente del consejo industrial agropecuario en 4 mil millones de pesos, que generarían empleo directo a 40,000 personas- procederían de la banca oficial. En segundo lugar, estas inversiones iniciales generarían burguesía podrían realizar, con lo cual el número de empleos directos e indirectos creados con las agro industrias podría llegar a los 80 mil. En tercer lugar, las agro industrias se colocarían en zonas donde la extremadamente elástica oferta de mano de obra permitiera otorgar bajos salarios y obtener, por ende, altísimas tasas de explotación y de utilidad (XI/26). Se buscó que este tercer factor fuera disfrazado, argumentando que se buscaba que la creación de agro industrias se llevara a cabo en las zonas menos desarrolladas del país, con lo cual se atenderá en forma prioritaria a los trabajadores más necesitados (XI/26). Sin embargo, es claro que no es por magnimidad burguesa que se pretendía que ello sucediera así. Al contrario, los estudios de factibilidad realizados por sus asesores señalan indudablemente que en estas zonas, por la posibilidad de retraer los salarios, las tasas de explotación podrían ser mucho mayores que en las zonas más desarrolladas (XI/26). Estas ventajas son, sin lugar a dudas, ciertas. Sin embargo, durante el año 77 se enfrentan desde la óptica del capitalista, a algunos problemas. Por un lado, en la planeación gubernamental-empresarial en cuanto a su creación, éstas no estaban concebidas para empezar a funcionar sino hasta finales del año 1978 (XI/26). Por otra parte, en los proyectos estatales se afirma abiertamente que las agro industrias nuevas pueden ser apoyadas por industriales, agricultores, ganaderos, inversionistas extranjeros y el propio gobierno federal, a través de diversas instituciones financieras (XI/26). Si los estímulos a la participación de inversión extranjera daban resultado, ésta muy difícilmente sería controlada. Ello, con todo y que, por ejemplo, se sabía que el presidente de la república proyectaba enviar una iniciativa de ley al congreso de la unión para proteger a la industria nacional de los productos extranjeros que se vendiesen a precios más bajos que los costos locales de producción (para evitar dumpings) (XI/13). La participación extranjera no controlada en la creación de agro industrias significaría que se centralizaría aún más el número de empresas agropecuarias, a costa del desplazamiento del pequeño y mediano capitalista del país, especialmente en las zonas más desarrolladas del medio rural. Lo anterior apuntaba al hecho de que, de una u otra forma, se elevarían las utilidades sólo en el caso del gran inversionista (especialmente del inversionista extranjero). Los pequeños y medianos inversionistas, dispuestos a aventurar su capital en esta empresa estimulada por el aparato burocrático del estado nacional mexicano, parecerían estar irremediablemente condenados al fracaso. Tercera Tesis: la clase del capital no invierte en el campo porque las dificultades para la obtención de altas tasas de utilidades se manifiesta en que incluso no le es posible mantener el ritmo de crecimiento de los renglones económicos y de las regiones más desarrolladas del sector agropecuario.

De la burguesía rural se requiere que actúe determinantemente en el proceso de mantenimiento del ritmo de crecimiento de las áreas económicas del sector agropecuario –y de las regiones físico-geográficas en que éstas se realizan- que detentan el mayor grado de desarrollo. Ello se plantea como un requisito indispensable para la realización efectiva de las metas estatales de descampesinización definitiva del medio rural mexicano. Si, por ejemplo, en las circunstancias de crisis de 1977, los dueños y administradores de las empresas rurales del noroeste del país no son capaces de evitar una disminución en el ritmo de su producción de hortalizas y de cereales para la exportación y para el consumo interno, la región corre el peligro de convertirse en el reverso de lo pretendido por la fracción hegemónica del aparato burocrático; la magnitud hasta entonces observada del proceso de descampesinización no sería sobrepasada en grado significativo. La cuestión referente a la posibilidad del mantenimiento del ritmo de crecimiento en las instancias arriba mencionadas, adquiere relevancia particularmente debido a que –para mediados de noviembre- la crisis de ninguna manera había sido sobrepasada. Ciertamente, existían versiones ideológicamente optimistas, que pretendía convencer de que lenta e imperceptiblemente, se daba un genuino proceso de salida a la crisis. Considérese al respecto, que ya desde principios de octubre el presidente López Portillo (X/4) señalaba que la estrategia de salida a la crisis daba resultado. Como principal apoyo, manejaba el argumento de que la banca extranjera denotaba amplia confianza en la manera conforme a la cual se estaban sorteando las dificultades; confianza que quedaba demostrada por el hecho de que la banca extranjera denotaba cambios significativos con respecto al otorgamiento de préstamos; para octubre se negociaba un crédito por mil doscientos millones de dólares, en tanto que en marzo ello hubiera sido punto menos que imposible. La visión optimista sería después claramente explicitada y detallada por el secretario de comercio, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, los días 9 y 10 de noviembre. Adicionalmente a algunos signos aparentes de mejoría, aseveraciones optimistas como la anterior llevaron a algunos organismos de lucha de la burguesía a sostener que las predicciones oficiales en cuanto a que el crecimiento del PNB durante 1977 estaría por debajo del ritmo de crecimiento demográfico, serían ampliamente rebasadas. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas, por ejemplo, aseguraba a mediados de octubre (X/12) que el pronóstico de 2% de crecimiento del PNB se había quedado atrás, y señalaba la elevada probabilidad de que éste llegara a más del 3.5% para diciembre. Pero, en general tiende a prevalecer una visión ideológica menos optimista; conforme a ella, el punto al que se había llegado en el pretendido proceso de salida de la crisis no era aún el máximo. Después de un primer período de euforia, transmitida por los medios de comunicación masiva, ya desde abril (IV/15), sobrevino el llamado de la COPARMEX en el sentido de que no debían fijarse perspectivas demasiado optimistas sobre el ritmo de recuperación del país, ya que a pesar de que éstas podrían ser favorables, también podría haber desengaños. El tiempo daría la razón en algún grado a este llamado de alerta. El jefe del ejecutivo federal llegaría a aceptar este llamado de

alerta. El jefe del ejecutivo federal llegaría a aceptar (IX/30) la insuficiencia de los convenios firmados para llevar adelante los grandes propósitos del plan nacional de desarrollo económico y social (entonces en elaboración) y de la Alianza para la producción). La insuficiencia de los logros obtenidos en cuanto a generación de empleo, aumento de la productividad y abatimiento de la inflación están determinados, no solamente por el respectivo desinterés real de la burguesía, si no simultáneamente por un inadecuado grado de presencia del sector público en la economía del país. Ya se ha hablado, en el capítulo cuarto, de las enormes limitantes que –en materia de reunión de recursos económicos- tiene el aparato burocrático del estado mexicano durante el año que aquí se estudia. Sin pretender ahondar más en ello, es ilustrativo considerar que, los ingresos de la federación (200 mil millones de pesos) eran suficientes para los gastos de administración de la burocracia central, pero el sector público en su conjunto –pos las empresas que debe desarrollar- requería de un gasto, para 1977, de 670 mil millones de pesos (X/11). El déficit que la diferencia entre ingresos y egresos determina, tiende a ser cubierto cada vez más acudiendo a la deuda externa, que asciende para octubre a alrededor de 20 mil millones de dólares (X/11). Entonces, para mediados de noviembre, en un contexto general en que el punto de no retorno de salida a la crisis no había sido alcanzado, y en donde particularmente el aparato burocrático admitía dificultades para el sostenimiento de su actividad motor de la economía, ¿muestra el capital privado ser capaz de sostener los altos niveles de eficacia de sus más adelantadas regiones agrícolas? Algunos elementos señalan claramente la existencia de fuertes dificultades, a que la burguesía tiene que enfrentarse, para lograrlo. Sin pretender exhaustividad, se señalan algunos. En primer lugar –como ya ha sido discutido más arriba-, la escasez de fondos gubernamentales obstaculiza cualquier intento empresarial por aumentar sus índices de producción agrícola y ganadera en regiones altamente desarrolladas. Entre otras razones, porque el grado de adelanto alcanzado por estas regiones se debe a la canalización permanente y prioritaria hacia ellas de recursos provenientes del aparato burocrático, sea en la modalidad de obras de infraestructura, tecnología y organización, recursos monetarios y crediticios, bienes de capital, y/ó política de precios altamente favorable. Si la crisis disminuye los fondos a disposición de la burocracia central del estado mexicano, disminuye el volumen total de recursos canalizado hacia estas áreas, con lo que el ritmo de crecimiento denotado en ellas tiene dificultades para mantenerse. Y ni pensar, en estos términos, en el aumento del mismo. En 19777, los rendimientos en las regiones más desarrolladas llegan generalmente a niveles tan altos, que las inversiones necesarias para conseguir nuevos aumentos exigen volúmenes de recursos financieros, técnicos y humanos imposibles de costear por el gobierno en las circunstancias de crisis (VII/17). Lo anterior es particularmente claro en el caso de las tierras de riego ya que, en términos generales, las áreas irrigadas son –casi por definición- las que denotan el mayor grado de desarrollo capitalista. Hay que recordar que, de los aproximadamente 5

millones de hectáreas de riego en el país, la SARH manejaba 3,850,000: 2,750,000 correspondientes a distritos de riego, y 1,100,000 a unidades de riego para el desarrollo rural. Las aproximadamente 1,150,000 hectáreas restantes eran manejadas por particulares (IX/13). La falta de recursos gubernamentales suficientes obstaculizaría cualquier intento de la burguesía rural por mantener ó acrecentar el ritmo de crecimiento de éstas, áreas de regadío. Según declaraciones oficiales, el 100% de las tierras de riego operadas por el gobierno federal se cultivan durante el año pero, debido principalmente a que requerían de rehabilitación, sólo se observa en ellas un 60% de eficiencia (VIII/18). Por ello, se inicia el reacondicionamiento de 600 mil has. En los distritos y unidades de riego durante el año (X/6). Aún suponiendo que efectivamente hubieran existido adecuados volúmenes gubernamentales para emprenderla, la rehabilitación lleva años en llevarse acabo. Por este sólo hecho, el incremento de materias primas industriales, alimentos y bienes agropecuarios de exportación, llevaría más allá del ámbito de las posibilidades a plazo inmediato. De manera que al aumentar presumiblemente la ineficiencia de operación de las obras que cubrían 5 millones de hectáreas de tierra de regadío, los descensos en la producción agropecuaria eran difíciles de evitar (IV/12). Si sabía que 1 millón de hectáreas nuevas se pondrían bajo riego para fines de sexenio. En pesos de junio de 1977, poner una hectárea bajo riego le costaba al gobierno entre 40 y 60 mil pesos. Tomando en consideración la escasez global de recursos gubernamentales, las áreas irrigadas deberían –desde la perspectiva del aparato burocrático- progresivamente convertirse en autosuficientes, ya que a éste no le resultaba posible seguir otorgando subsidios de operación que aumentaban enormemente los desembolsos realizados para la construcción de las nuevas obras de riego. Estos subsidios no eran despreciables. En 1972, la entonces secretaría de recursos hidráulicos concedió un subsidio de operación de 175 millones de pesos a los distritos y unidades de riego ya existentes. En 1977, la cifra respectiva se estimaba que ascendería a 881 millones, y para 1978 se preveía que sería del orden de los 1,200 millones, si no se hacía algo por evitarlo. Por esta razón, la SARH anuncia (VI/4) el aumento gradual de las cuotas a los usuarios, hasta lograr que cada unidad y distrito de riego fuera autosuficiente. Esta medida se convierte en un obstáculo más a la de por si ligera posibilidad de que la burguesía rural se encaminara hacia la elevación de la producción agropecuaria en sus tierras. En todo caso, esta medida concreta, junto con las alzas en los precios de garantía a partir de la cosecha de otoño, por acuerdo presidencial, de arroz, soya, ajonjolí, girasol y cebada (VI/4), redundaría irremediablemente en el alza de precios al consumidor de productos alimenticios. Un posible segundo factor, que impediría en algún grado el mantenimiento ó incremento del ritmo de crecimiento económico de las áreas y regiones más desarrolladas, está representado (aunque ello parece una obviedad) por factores ecológico-ambientales. En algunas áreas irrigadas, una tradicional subutilización de los recursos acuíferos – determinada por la insaciable sed de ganancias del empresario rural- los había abatido hasta niveles cercanos a su extinción. Tal ocurría en el caso del Valle de San Quintín, en Sonora, donde el excesivo uso de los mantos acuíferos había traído en

consecuencia adicional un muy gravo proceso de erosión que, para mediados de año, había ya dañado 20 mil hectáreas de tierra de riego (VII/29). También, tratándose de actividades agropecuarias orientadas significativamente a la exportación ó a producir materias primas industriales, no es excepcional el que estos factores contribuyesen a impedir su crecimiento ó su abatimiento absoluto. Ello aconteció con la producción de cacao; ésta se redujo a un 60% -impidiendo el abastecimiento de esta materia a la industria nacional- debido a una muy prolongada sequía, bajo la contingencia de una falta de crédito oportuno y adecuado (VIII/3). Un tercer obstáculo tiene que ver con la aplicación de las técnicas que en todo caso se requerirían para aumentar el ritmo de crecimiento de las empresas rurales de avanzada. La delimitación de las técnicas y prácticas agropecuarias idóneas –que hasta entonces habían sido factor importante del ritmo de crecimiento de las áreas y renglones más desarrollados del medio rural- requiere de un arduo proceso previo de investigación agropecuaria. Esta última tradicionalmente no era efectuada directamente por la burguesía rural –incluso por sus fracciones económicamente más poderosas-, sino que era realizada por personal, constituyendo así una forma concreta más del conjunto de subsidios otorgados por el aparato burocrático a la burguesía rural. Para entender cómo funciona este subsidio, basta con un superficial acercamiento a las siguientes declaraciones del director general de Instituto de Investigaciones Agrícolas (X/9). “La investigación...se ve como un gasto que hace el gobierno con resultados que no se pueden cuantificar en forma estadística...Sin embargo, en el estado de Sinaloa, el INIA acaba de entregar dos nuevas variedades de semillas mejoradas de trigo, dos de frijol, dos de soya, una de garbanzo y dos de tomate, que en promedio requirieron de 7 años de investigación y un costo total de 13 millones de pesos. De sembrarse estas variedades tan sólo en el 50% del área que se dedica anualmente a cada uno de estos cultivos en Sinaloa, se obtendrá un beneficio adicional neto de 511 millones de pesos, con lo que se paga 39 veces el costo de la investigación realizada”. El INIA, principal base de la investigación agrícola del país, tenía –y tiene- en 1977 escaso personal y presupuesto. Sus 460 millones de pesos anuales, para 8 centro regionales de investigación, 49 campos experimentales y 650 técnicos de tiempo completo (150 con maestría, 52 con doctorado y 140 con licenciatura), se ubicaban casi siempre al servicio de las empresas capitalistas más desarrolladas del sector agropecuario. El ritmo de crecimiento comparativamente alto denotado por las áreas de riego, era en buena parte resultado de su actuación. En estas circunstancias, el aumento en este ritmo requeriría: ó bien el sustancial incremento de los recursos gubernamentales orientados a éste renglón; ó bien, que la investigación fuera directamente realizada por la burguesía rural. Ninguna de estas opciones aparecían como factibles; la primera, por la multimencionada penuria económica; la segunda, porque la elevación de rendimientos sería en todo caso a mediano plazo, no en el plano estrictamente inmediato. No era de esperar, pues, que la burguesía rural emprendiera con mucho entusiasmo una actividad de investigación agropecuaria sólo mediata e indirectamente recuperable, que hasta entonces le había sido sufragada casi en su

totalidad por el gobierno federal, con el fin de elevar los rendimientos de las zonas físico-geográficas y de los renglones económicos que ya denotaban altos índices de crecimiento. Un cuarto factor que impide que la burguesía aumente los rendimientos de las empresas agropecuarias más desarrolladas, estriba en las condiciones del mercado internacional. Lo anterior es particularmente cierto, sobre todo en el caso de las actividades agropecuarias básicamente orientadas a la exportación. En efecto, el ritmo de crecimiento de EU –aunque con altibajos- tenía una tendencia más ó menos clara hacia la declinación durante 1977, y habían estado satisfaciendo el 48% de la demanda de este producto en los Estados Unidos; incluso, habían competido con los tomateros norteamericanos de la Florida, quienes satisfacían casi en su totalidad buena parte del 52% restante del mercado norteamericano. Todo parecía ir de maravillas para la burguesía de esa región del país; el 30 de octubre, la prensa nacional anunció con gran pompa que los productores de tomate de Sinaloa y Florida acordaban evitar la competencia que durante años venía existiendo entre ellos, y compartirían fraternalmente, de ahí en adelante, el mercado norteamericano. A pesar de este hecho, el 5 de noviembre el presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas afirmaba que sí se reformaba la ley estadounidense de comercialización agrícola, se restringiría la importación de tomate mexicano y se ocasionarían pérdidas a los productores por más de mil millones de pesos para el siguiente ciclo. Con ello se provocaría el desempleo de más de 80 mil personas que se dedicaban a empaquetar este producto: “La amenazadora iniciativa responde a la actitud de los productores de Florida, quienes pretenden que las importaciones de tomate se sujete y ajusten sus métodos y reglamentación de empaque, los cuáles son, en comparación con los de México, diametralmente distintos...Ello ocasionaría una erogación adicional para los productores mexicanos de 500 millones de pesos, además de que difícilmente se podrían cubrir esos requisitos para el próximo ciclo”. Así, no existe ningún fraternal acuerdo. La crisis norteamericana, y el consecuente abatimiento del mercado de ese país (incluso de productos de consumo inmediato), ocasiona que este sector de productores norteamericanos intenten desplazar de él a los productores y exportadores mexicanos de tomate. De ahí su petición de modificar la ley de comercialización, en aspectos tan aparentemente inofensivos como el de empaque. Un quinto aspecto que dificulta cualquier intento de la burguesía rural por aumentar el ritmo de producción en los rubros más desarrollados del sector agropecuario, estriba en el alza del precio de los insumos utilizados. Un ejemplo muy claro es el de la producción lechera. Según el exjefe del departamento de industrias agropecuarias y forestales, de lo que era la secretaría de industria y comercio en turno (XI/10), uno de los factores que motivaron el que se autorizara en septiembre el alza en el precio del líquido (de 18% al consumidor, y 24% al productor) consistió en que:

“Se empezaba ya a reducir significativamente la producción lechera. En los años anteriores,...la producción lechera estuvo creciendo a tasas de 5.5% -arriba de la población-...Pero el alza de la producción lechera se había venido reduciendo significativamente y primero bajó a 2% y luego empezó a bajar, es decir, a no crecer, a decrecer. Tuvimos noticias ciertas y verificadas...de que empezaban a reducirse los hatos, de que empezaban a mandarse las vaquillas a los rastros y de que empezaba a faltar leche en varias partes de la nación. Pero quizás lo más importante; el número de empleos que estaba a punto de perderse por las inevitables decisiones de los establos que empezaban a cerrarse, y se llegaron a cerrar desafortunadamente decenas de establos en varios estados de la república...Llegamos a estimar en más de 40 mil empleos a punto de perderse”. La confederación nacional ganadera siempre argumentó que el factor principal de tal decrecimiento en la producción –precisamente por lo que solicitaron autorización de aumento en el precio de la leche- fue el alza constante en el precio de los insumos de la producción e industrialización lechera. Además, con objeto de abatir los precios de estos insumos al máximo posible, la posición oficial en el caso concreto que aquí nos ocupa estriba en ya no estabular al ganado lechero del pequeño y mediano productor, sino tenerlo en pradera (VIII/25). Pero, ello significaría una cierta vuelta a la ganadería lechera extensiva, por lo que también por este concepto era de esperarse una disminución en el ritmo de crecimiento de la producción de leche. Como un sexto factor que impide que los empresarios rurales aumenten –como conjunto- el ritmo de crecimiento de las actividades agropecuarias más desarrolladas, está la agudización –por la crisis- del proceso de concentración y monopolización que se da al interior del conjunto de unidades capitalistas agrícolas y ganaderas. Este proceso conlleva la posibilidad del cierre de las empresas menos poderosas que no encuentren formas de oponerse al proceso, aunque en términos comparativos se ubiquen en las ramas más avanzadas del sector. El caso de la industria avícola es sintomático. Un expresidente de la confederación nacional ganadera sostuvo (X/20) que en el panorama de la industria avícola se presentaba la quiebra de innumerables pequeñas y medianas granjas, persistiendo sólo las más grandes. Señalaba la necesidad de que, para impedir la persistencia de la desaparición de las unidades productivas mencionadas, se buscaran mecanismos que posibilitaran la organización gremial y económica de los avicultores; que se encontraran medios para abatir costos y mejorar los métodos de producción. Las tendencias del mercado, el contexto de crisis y la vigente fase del capitalismo, permitían prever que estos intentos difícilmente darían resultado. Por tanto, en la avicultura, uno de los bastiones del sector agropecuario y agroindustrial, continuaba la tendencia hacia una disminución en la producción de unidades de pequeña y mediuna envergadura y una inadecuada sustitución de su producción por empresas monopolistas que no necesariamente llegarían a los niveles de producción anteriores. Un séptimo factor que obstaculiza los intentos de la burguesía rural por aumentar los rendimientos de las áreas más desarrolladas, estriba en la floja relación entre la producción de materias primas agrícolas y ganaderas, y la industria. Ello es muy claro,

en el caso del algodón. El presidente de la unión de productores de algodón de la república mexicana señaló (X/26) que, debido a la falta de colaboración de los industriales con los productores, se daba un abatimiento de la demanda de fibra y de semilla de algodón: “Actualmente presionan al mercado 800 mil pacas sin comercializar y en proceso de producción, y la industria textil mexicana no colabora con nosotros. Ha restringido sus compras para trabajar con el mercado abatido en demanda. Urge una participación más activa de los industriales...La óptima calidad de nuestro algodón lo coloca en desventaja, porque su precio es entre dos y cuatro dólares más que los demás algodones del mercado mundial...También nos perjudica el derrumbe de precios en la semilla del algodón, de donde se extrae aceite comestible, pastas para concentrados, alimentos para ganado y otros productos. La causa de este mal es la competencia de artículos de importación, como la soya...Sus precios se redujeron y en su caída arrastraron a los de la semilla de algodón”. Para remediar la situación piden, ni más ni menos, que la industria se someta a la producción agrícola; que la industria algodonera adquiera la materia prima producida en el país a precios altos; que no se permitiera la importación barata de semilla y fibra de algodón. Las circunstancias vigentes durante 1977 explican claramente el que tales pretensiones no hayan sido satisfechas, por lo que –si efectivamente la existencia de estos factores obstaculiza el mantenimiento del ritmo de producción algodonera-, los rendimientos de esta actividad también se vieron notablemente reducidos. De lo anterior, es posible obtener una octava categoría de obstáculos que se yerguen ante supuestas pretensiones de la burguesía en cuanto a aumentar los rendimientos de sus mejores empresas agropecuarias ó agroindustriales. En términos generales, la importación de bienes agropecuarios alternativo de las áreas más desarrolladas y de los renglones más lucrativos de la agricultura nacional; tal es el caso de la soya, que se importaba para sustituir a la semilla de algodón en la elaboración de aceite comestible. En el mismo sentido, debe considerarse la fluctuación de los precios internacionales de productos de exportación, como en el caso del café y del cacao. Por último, un noveno factor. Una de las actividades más lucrativas en materia agrícola es el cultivo y comercialización de cannabis indica. En algunas regiones del país, determinadas fracciones de la burguesía rural tienen aquí jugosos ingresos. La producción y venta de drogas en Sinaloa, durante 1976, su valor fue de 10 mil millones de pesos; solamente en el valle de Culiacán fue de 5 mil millones (IV/30). Sin embargo, la acción policiaca al interior del país –la operación Cóndor, en particular-, y en los Estados Unidos, tendió a echar abajo los intentos de los empresarios capitalistas que pudieran orientarse hacia la elevación de la productividad y rendimientos en esta rama de la producción. En síntesis, se podrían destacar algunos puntos. Para que se cumpla el esquema estatal de descampesinización del agro, la burguesía rural tiene que mantener –como mínimo- ó acrecentar los rendimientos de las actividades económicas más redituables,

que se efectúan en las regiones físico-geográficas más desarrolladas del medio rural. Ya en el capítulo IV se ha visto que la clase del capital, en general, no acepta la rienda gubernamental en lo que respecta a inversiones productivas y que prefiere la especulación. Sin embargo, partiendo del supuesto de que los sectores de la burguesía rural involucrados hubiesen efectivamente intentado incrementar –durante 1977- los rendimientos y la producción de las empresas dinámicas, se toparían con algunos obstáculos. En primer lugar, la penuria económica gubernamental determina la disminución del volumen total de recursos públicos orientados al agro, particularmente en lo que respecta a la rehabilitación de las tierras de riego ya existente, ó al aumento efectivo de la superficie irrigada, y en lo que concierne a la investigación agropecuaria básica al servicio de las empresas capitalistas. Como el empresario rural generalmente no está dispuesto a aumentar sus rendimientos a costa de realizar obras de riego y de efectuar investigación sufragada por él mismo, los rendimientos tienden a decrecer. En segundo lugar, la sobre utilización de recursos naturales gracias a los cuales se habían desarrollado hasta los niveles vigentes las empresas rurales más dinámicas, determinan el empobrecimiento de tierras y el abatimiento de los mantos acuíferos que se requerirían para su mayor crecimiento, por lo que también por este concepto los rendimientos no aumentan sustancialmente. En tercer lugar, el cierre de algunos puntos clave del mercado internacional de los exportadores de productos agropecuarios del país, desalienta los intentos de la burguesía rural de producir más para exportar. En cuarto lugar, el alza de los precios de los insumos utilizados en las actividades más sólidas del sector agropecuario tiende también a repercutir en dificultades para los empresarios rurales –sobre todo los medianos y pequeños- para sostener su ritmo vigente de producción, y más aún para incrementarlo. En quinto lugar, el cierre de las unidades productivas de menor escala en donde se realizan las leyes del mercado- por la de las empresas de mayor escala. En sexto lugar, la demanda de materias primas agrícolas y ganaderas destinada a la industria nacional se había reducido y tendía más bien a absorber la oferta de las mismas –ó alternativas- materias primas, pero de importación, por su bajo precio comparativo. Un séptimo factor consiste en que la producción ilegal de drogas, actividad ejemplarmente redituable para la burguesía rural, en apariencia estaba siendo eficientemente combatida por la acción policiaca interna y externa del país. Cuarta Tesis: debido principalmente a las perspectivas de obtención de bajas utilidades, la burguesía industrial, financiera y comercial muestra reticencia para invertir en el agro. En el contexto de crisis general de 1977, la óptima solución presentada por el estado para resolver la problemática del campo, estriba en el tipo de asociación claramente ejemplificada por la agroindustria. El aparato burocrático, en particular, llega a esta solución con base en el supuesto de que la asociación propuesta es necesaria para elevar la economía del sector agrícola. Puesto lo anterior en palabras del secretario de comercio (XI/10): “Dentro de la decisión de incrementar la producción tienen prioridad energéticos y alimentos. Los energéticos están ahí; el que estén ahí no quiere decir que no impliquen

esfuerzo para sacarlos, inteligencia para utilizarlos, pero se han tomado ya las decisiones para hacerlo. El otro punto son los alimentos. Los alimentos no están ahí, los alimentos hay que producirlos, los alimentos hay que decidirnos a entender que no podremos levantar nuestra economía si no levantamos no sólo paralelamente, sino previamente, la economía del campo mexicano. Y hablo no solamente de un problema de justicia social, de un problema de atender a los grupos que han estado marginados durante más tiempo; hablo de un problema de eficacia económica a nivel nacional”. A su vez, para que se de el crecimiento del sector agrícola, es necesario –desde la perspectiva estatal- transferir recursos al campo; “necesitamos darle al campo más; el producto agrícola...se estima en 10 ó 12% del producto interno bruto y en el campo trabaja la mitad de la población mexicana...El campo está menos redistribuido que otros sectores de la sociedad nacional. Por eso es que...dentro de ciertos límites...hace falta continuar transfiriendo recursos de la ciudad al campo...(XI/10). Sin embargo, la burocracia central, por su penuria económica, tiene problemas para transferir directamente –a no ser por el uso limitado de algunos de sus instrumentos específicos, como el de precios de garantía- volúmenes suficientes de estos recursos al medio rural. Por esta razón –ante sus imposibilidades materiales- el aparato salvará la situación; en ella deja sentado, desde luego, que el gobierno no escatimará esfuerzos para inducirla. Al respecto, el secretario de agricultura y recursos hidráulicos es más que claro (XI/25): “Es necesario que el sector privado participe intensamente en la solución del problema del campo a través de la creación de agroindustrias...De no hacerlo, continuará la escasez de alimentos, de materias primas; se agravará el problema del desempleo y se generará una mayor intranquilidad social...El estado creará las condiciones adecuadas para hacer frente al problema agrario y...si bien existe falta de coordinación entre los organismos oficiales, se hace todo lo necesario para terminar con este problema...” con la inversión privada en el agro, de lo que se trata fundamentalmente es de lograr dos objetivos: a) industrializar al agro; b)subordinar la agricultura a las necesidades de los otros sectores de la economía, principalmente del industrial. Con respecto al primer objetivo, su contenido queda suficientemente especificado en la siguiente declaración del presidente del consejo industrial agropecuario (XI/25): “El sistema jurídico mexicano es rico y permite cualquier forma de asociación entre inversionistas particulares, pequeños propietarios y el estado, y dentro de las reformas en materia agraria se darán posibilidades también al capital extranjero. Lo importante es que traigan tecnología y tengan conocimientos de mercado, con objeto de levantar al sector agropecuario, con ó sin intervención del capital del estado, a fin de llevar adelante un proceso de integración económica”. Queda claro que, en realidad se pretende que en las reformas jurídicas que la SHCP, Banrural, Sarh, y SRA promovían ante el jefe del ejecutivo, con el fin de modificar la ley federal de reforma agraria y la ley de crédito rural, se incluyera la posibilidad de

industrializar al agro sin presencia del estado, y preferentemente con inversión extranjera. En relación al segundo objetivo, el propio presidente de la república sostiene que, ante la necesidad de eliminar todo obstáculo a la expansión del capital en la agricultura, no queda otro camino inteligente más que subordinar la agricultura a la industria: “Es imperativa la asociación de la industria con la agricultura y que se cree la organización tal como se experimenta en la región de la Chontalpa, para acabar con los problemas resultantes de la insuficiencia que es un inconveniente de crecimiento en un mundo tan ávido de soluciones adecuadas e inteligentes...”(XI/3). “Es necesario introducir la industrialización en la agricultura para dinamizarla y convertir en realidad el esfuerzo de justicia que representa la reforma agraria. Sólo la industria puede activar a la agricultura e impedir rezagos de consideración en el futuro. Aquí es donde los productores industriales y los agrícolas deben comprometerse para crear condiciones que permitan dar el paso adelante en la encrucijada grave que vive el país” (XI/25). De esta manera, con la implantación de la solución vía agroindustria –que se lograría mediante la canalización de recursos de la industria, comercio y finanzas a la agricultura y ganadería- se pretenden alcanzar tres metas específicas (XI/25); dejar de tener pérdidas en los sobrantes que no se consuman en las cosechas; dejar de importar productos manufacturados que el propio país exporta como materias primas; combatir el desempleo. Para lograr su consecución, los empresarios industriales proponía formalmente, el 15 de noviembre, que con base en los resultados de su congresoexposición en torno a agroindustriales, se formularía un plan de acción conjunta que podrían adoptar el gobierno y el sector privado para el fomento de la industrialización del campo. Esta solución –aún cuando en principio le era altamente favorable- presenta algunas dificultades reales para las fracciones y grupos de la burguesía interesados en realizar su función económica en el medio rural de acuerdo con ella. La pretensión –incluso de grupos de la propia burguesía- de canalizar inversiones de otros sectores de la economía a la producción agropecuaria se enfrenta a algunos obstáculos. a) el comerciante, el banquero ó el industrial no invierten en el campo por escasez de crédito oficial.

Durante 1977, a pesar de que en declaraciones y en acciones el gobierno parece preocuparse realmente por ello, el sistema crediticio oficial orientado al agro no denota mejoría significativa. Esta, en caso de que se diera, sería más bien a mediano plazo. Para fines de noviembre, por ejemplo, aún no se habían definido siquiera las actividades de la futura financiera de crédito rural. Además, en el marco de referencia de las

necesidades de crédito en el medio rural, ni aún en 1978 se satisfarían significativamente; para ese año, según anunciaba el director general de Banrural el 22 de noviembre, la banca oficial agropecuaria dispondría de 28 mil millones de pesos –lo que representaba un levísimo aumento en comparación a 1977-. Esta no adecuada disponibilidad de recursos crediticios está íntimamente vinculada al financiamiento exterior del régimen de López Portillo. El sector público debía ya alrededor de 807 mil millones de pesos; con intereses, la deuda llegaba a un billón de pesos (IX/30). Según el presidente de la república, el fondo de la política de endeudamiento externo del régimen estriba en respetar las reglas del juego establecidas para hacerla posible, de manera que se asegurara el máximo financiamiento proveniente del exterior es cada vez más difícil de conseguir. Incluso desde la perspectiva oficial, el volumen adicional anual, no sufriría incrementos verdaderamente importantes sino en el mediano plazo, cuando –entre otras cosas- la actividad petrolera estuviera en pleno auge y existieran posibilidades de romper el candado del fondo monetario internacional. b)El industrial ó comerciante interesado en el agro, encuentra que no solamente hay escasez de crédito oficial respecto al agro, sino también de crédito bancario privado.

El sistema crediticio privado no desarrolla una intensa actividad respecto al agro durante 1977. Lo que origina este hecho es la insuficiente captación bancaria. Recuérdese que, para fines de septiembre, la captación bancaria era de aproximadamente 55 mil millones de pesos (IX/29). La insuficiencia de recursos captados es, de esta manera, un determinante básico de la escasez de crédito bancario. Este, además, se vuelve de corto plazo – generalmente no mayor de un año-, con altas tasas de interés –de hasta 22% (XI/24)- y con fuertes requerimientos de solvencia –aval, escrituras de propiedad y hasta cuatro firmas (VIII/25)-. Es cierto que, para solucionar la escasez de crédito, las grandes corporaciones siempre podían acudir al recurso de colocar valores de renta fija (XI/24). Incluso, la banca del país estaba interesada en desarrollar un mercado bursátil. Al respecto, el director general del Multibanco comermex decía: “Los bancos mexicanos más importantes están conscientes de la necesidad de desarrollar un mercado bursátil adecuado para que éste a su vez desahogue las presiones que los créditos de alto volumen de la gran empresa mexicana ejercen sobre el uso de recursos de la banca. Igualmente, están conscientes de que un desarrollo armónico de la gran industria requiere una capitalización adecuada y limita los riesgos de la banca cuando el endeudamiento de la empresa excede a las relaciones de pasivo-capital aconsejable” (XI/18).

Pero el desarrollo del mercado bursátil en que se empeña la banca para desahogar los créditos de la gran industria del país, difícilmente era funcional para las empresas cuya creación requeriría, el real cumplimiento del esquema estatal de descampesinización del agro. ¿Quién iba a comprar acciones quirográficas de una empresa agro industrial, durante 1977? Tal vez éstas se pudiesen vender en el futuro, pero ello no sucedería en el año 1977. De cualquier manera, si la banca privada no satisfacía sus necesidades de crédito, ¿existía alguna otra fuente de recursos? Sí; los agiotistas. Aquí hay que tener en mente que alrededor del 50% de los bienes agropecuarios producidos durante 1977 fueron habilitados por agiotistas (XI/16). Las condiciones de operación que implicaba el caer en sus garras, difícilmente configuraban un panorama optimista para el comerciante ó industrial interesado en reinvertir una parte de su capital en la creación de agroindustriales. Y ese parecía ser el destino que le esperaba, a no ser que planeara e hiciera las cosas de tal forma que rápidamente se convirtiera su flamante empresa en una unidad productiva boyante, en cuyo caso tendría muchas más posibilidades de obtener crédito de la banca privada (X/15). El crédito privado, efectivamente, llegaba ocasionalmente al agro, pero lo hacía siempre y cuando se tratara de proyectos de alta posibilidad de recuperación. Por ejemplo, en Sinaloa otorga la banca un crédito por 1.5 millones de pesos para la creación de una cuenca lechera en la región de Surutato (X/4). c)La presencia –posiblemente incrementada- de las transnacionales en el agro, obstaculiza la inversión en el campo de las fracciones de la burguesía que tiene intereses en otros sectores de la economía. El 26 de octubre, el embajador norteamericano en México afirma que durante los pasados meses había existido un continuo proceso de consultas conjuntas en los campos político, económico y social entre los gobiernos de México y EU. El contenido de estas consultas no fue explicitado por el embajador; sin embargo, éste se descubre cuando, una semana después (el 31 del mismo mes), un expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa señala que ante el peligro legislativo de que en Estados Unidos se frenaran las inversiones en el exterior, el gobierno mexicano debía apresurarse para atraer capitales provenientes de ese país. México estaba situado en el undécimo lugar en cuanto a inversiones norteamericanas directas en el mundo, y el tercero en el hemisferio después de Canadá y Brasil (X/26). Pero esta posición de privilegio –se dice- estaba en peligro de perderse. El 29 de septiembre, el presidente de la Cámara Americana de Comercio señala que el congreso de EU posiblemente tomaría medidas para frenar las inversiones del país; de 500 millones de dólares de inversión directa proyectada para 1977, se sabía para entonces que sólo llegarían 400. Las inversiones norteamericanas en el país se identificaban casi en su totalidad con las efectuadas por las grandes empresas transnacionales. Estas dominaban, en la economía mexicana, las ramas más dinámicas de la industria; caucho y hule; petroquímica, químico-farmacéutica; máquinas y herramientas; tabaco; automotriz; alimentos procesados. El presidente López Portillo llegó a definir a las transnacionales

como una muy peligrosa clase de capitalismo sin responsabilidad nacional. El 14 de octubre afirma: “la empresa transnacional no es la solución para el mundo al que aspiramos. A ella se deben oponer los esfuerzos de los empresarios y de los gobiernos interesados en lograr, por el camino de la soberanía nacional, el del desarrollo”. Esta peligrosidad sentida en cuanto a las transnacionales lleva a los dirigentes de la maquinaria corporativa del estado a ejercer presión para que el gobierno las controle. El secretario del Trabajo de la CTM declara, el 10 de noviembre: “El capital se ha prodigado en la industria alimentaria en forma tal que casi no puede ya ser llamada nacional...Sólo falta que alguna transnacional establezca en México cadenas de tortillerías...Es necesario establecer en México, y permitir que venga únicamente las que respondan a las necesidades reales de la economía nacional...” pero estas declaratorias son a nivel formal. A nivel real, las actividades concretas contradicen al discurso político. Mientras se condena a las transnacionales, se les abre paso a través de múltiples caminos. La llamada al capitalista extranjero a participar – con todo tipo de facilidades- en la creación de agroindustrias no es, en este sentido, más que un ejemplo. Cierto es que algunas fuerzas políticas –incluso funcionarios públicos, como el subsecretario de Planeación, de la SARH- advirtieron que las empresas transnacionales en el campo mexicano debían regirse (debían estar controladas) por las leyes mexicunas. Pero si se intentaba que las leyes mexicunas se modificaran precisamente para legitimar su existencia ó para propiciar su entrada, en mayores volúmenes, bien poco es lo que el aparato burocrático podría hacer, para sujetar a las transnacionales a su control. De esta manera que, ante el fantasma de una mayor penetración de las transnacionales en el agro, el pequeño y mediano industrial ó comerciante difícilmente iba a intentar reproducir parte ó todo su capital en el medio rural. Estaba seguro de que, si este fantasma dejara de ser tal, si los propósitos de industrialización del agro a base de inversionistas extranjeros dieran resultado, no sólo no obtendría altas utilidades, sino que estaría en peligro de perder su inversión, como sucedía ya en los renglones más desarrollados del sector agropecuario que habían caído en manos de las transnacionales. Ello es magníficamente expuesto por un protagonista en este proceso de desplazamiento del pequeño y mediano capital del país, por el gran capital extranjero en el agro: “Las empresas transnacionales productoras de alimentos para aves están desmembrando a la industria avícola nacional. En los últimos 30 días, PURINA se apoderó de plantas de incubación de pollitos y granjas reproductoras, mientras que la ANDERSON CLAYTON tiene controladas varias explotaciones mediante contratos de aparcería...En lo que va del año, alrededor de mil granjas, entre pequeñas y grandes, han quebrado...Si las autoridades competentes no toman de inmediato una medida enérgica, la industria pasará a manos de extranjeros, como ha sucedido en otras actividades (XI/25), gerente general de la Unión Nacional de Avicultores)”.

d) Las divisas generadas por el petróleo se orientarían fundamentalmente a la creación de una industria de bienes de capital; en cierto sentido, al agro sólo irían los residuos. La actividad petrolera representa la obtención de fuertes volúmenes de divisas que, en principio, podrían ser transferidas por el aparato burocrático con objeto de cumplir adecuadamente su papel de socio. La reserva (una vez aflorada) probada de 16,800 millones de barriles, hasta el 27 de octubre, tenía un valor estimado aproximado de 4 billones de pesos. La política al respecto consistía en que ésta no fuera utilizada como combustible en el país (XI/12), sino que debería ser masivamente exportado ante la posibilidad de que apareciera un nuevo sustituto como fuente de energía en los países industrializados (XI/12). No sólo se negociaría con crudo en el exterior, sino con petróleo refinado. Lo anterior condujo a la optimista posición de algunos sectores de la propia burocracia en cuanto a que con éste recurso se abre por primera vez la posibilidad de tener un país permanentemente próspero (X/27). El auge del petróleo –se aseguraba (X/21)permitiría venderlo a Sudamérica, Europa y Oriente. Se buscaría la asociación con empresas petroleras estatales de esas latitudes para refinar el crudo mexicano y obtener productos con la marca Toltec, cuyas utilidades serían compartidas por el gobierno de México y por los de las naciones que participaran en la operación. Sin embargo, aún cuando se pudiera efectivamente generar este estado de prosperidad, ello no repercutiría en el agro durante 1977. En primer lugar, porque no se empezarían a generar significativamente las divisas señaladas sino hasta 1979. En segundo lugar, porque cuando éstas se empezaran a generar, el esquema estatal incluía el utilizarlas fundamentalmente para pasar a una tercera fase en el proceso de sustitución de importaciones; la sustitución de importaciones de bienes de capital, principalmente para satisfacer la demanda de la propia industria petrolera. En efecto, las fracciones de mayor peso de la burguesía piden su tajada de los ingresos que el aparato burocrático podría obtener vía afloramiento, refinamiento y venta de petróleo y derivados. Presionan para que éstas se destinen hacia la ampliación de la planta industrial. Al respecto, considérese que el presidente de Consultores Internacionales señala el 27 de noviembre: “México debe utilizar su riqueza petrolera para construir una planta industrial capaz de producir riqueza a largo plazo y para consolidar nuestro desarrollo y no usarlo en la compra de alimentos ó para intensificar la dependencia exterior. Nuestro país cuenta con capacidad para elaborar productos derivados del petróleo y la velocidad del desarrollo tecnológico en el mundo, impone la necesidad de abordar esta nueva etapa de desarrollo industrial”. La fracción hegemónica de la burguesía tiene, efectivamente, interés en que el petróleo genere el desarrollo integral del país. Pero, éste no se fundamenta de manera alguna en la preocupación por mejorar la situación de las clases explotadas del agro y de las ciudades, sino en su preocupación por tener un seguro marco en el cual pueda

reproducir su capital. Por esta razón, en pasar a la producción de bienes de capital; la exportación de crudo y gas sería aquí sólo coyuntural: “Exportaremos petróleo crudo y gas, sólo como una medida coyuntural para orientarnos a un programa de industrialización de mediano y largo plazo...El petróleo es muy importante, pero no es la solución en sí mismo; tiene que ser el pivote para lograr nuestro desarrollo integral con un sentido nacionalista, que permita el desarrollo de la industria de bienes de capital...El petróleo desempeñará un papel fundamental, al propiciar la integración vertical de nuestra industria de maquinaria y equipo; sin traducirse en importaciones crecientes que desequilibren nuestra aparentemente favorable balanza comercial del petróleo; dando además, energéticos a la industria nacional y materias primas para el desarrollo de la industria petroquímica...No somos un país que vea a su petróleo con el concepto primitivo de exportar crudo y gas. No tenemos esas características. Somos ya un país suficientemente desarrollado para darle otra dimensión al problema (secretario de patrimonio y fomento industrial, (XI/24).” Así, parecía quedar claro que las divisas generadas por el petróleo se orientarían fundamentalmente, no al agro, sino a la rama de bienes de capital del sector industrial. En estas condiciones, un comerciante ó industrial que se preciara de serlo, en el contexto de crisis del año 77, seguramente recurría a su cuerpo de asesores para que respondieran a la interrogante: ¿Qué es mejor –más redituable- invertir utilidades ahora, en 1977, en el agro, enfrentando escasez de crédito oficial y privado, luchando contra las manifestaciones de la presencia de las transnacionales cuya participación se estimula oficialmente, y en un marco jurídico-legal aún no totalmente seguro; ó acumular las utilidades generadas por la especulación y esperar a invertirlas, quizá en 1980, en la producción de bienes de capital ó en alguna otra rama, donde el aparato burocrático seguramente dará muchas más facilidades? La respuesta que darían los asesores es obvia. e)Incluso el gran capital extranjero no-norteamericano, cuya entrada se intentaba estimular, se dirigía preferentemente a otros sectores de la economía, no al agropecuario. El gobierno mexicano tenía múltiples convenios con el exterior. Hasta diciembre de 1977, había: firmado 26 convenios comerciales bilaterales (el último, precisamente con EUA, a principios de diciembre); suscrito 19 comisiones mixtas bilaterales de cooperación económica; signado 15 convenios para establecer comisiones gubernamentales mixtas de cooperación económica; y, firmado 5 convenios comerciales multilaterales (XII/7). Estos convenios con el exterior deberían hacer posible, en principio, que se diera fuerte afluencia de capital extranjero –de todo signo, no sólo norteamericano- al país. Aprovechando las devaluaciones del dólar frente a las monedas europeas y japonesa, el aparato burocrático intenta hacer cristalizar especialmente la afluencia de inversiones directas no norteamericanas. Las medidas tienen algún éxito. Sin embargo, todo parece indicar que el capital extranjero fue invertido fundamentalmente en los sectores de la

economía –obras de infraestructura relacionadas con el petróleo, por ejemplo (VII/20)que más beneficiasen los intereses de la burguesía de las metrópolis internacionales. Esta dirección efectiva no necesariamente coincidía con los señalamientos de prioridad establecidos por el gobierno mexicano en lo referente al medio rural. El director general del Banco de México indica reiteradamente que, durante 1977, la necesidad de crear un fondo de coinversiones con naciones extranjeras para crear empresas conjuntas (X/29). Sin embargo, las que se crean durante el año, sólo excepcionalmente se establecen en el campo. Con Canadá, por ejemplo, se plantea la posibilidad de establecer maquiladoras (XI/22), ó sociedades, para que el gobierno de ese país contribuyera al financiamiento de grandes empresas industriales, como en la construcción de una planta de aluminio en Coatzacoalcos, Veracruz (XI/23). A su vez, con España se crea un fideicomiso manejado por Nafinsa; el gobierno mexicano aporta el 51% de los capitales, y los inversionistas españoles el restante 49%. En este caso, se atienden principalmente diversas ramas de la producción petroquímica (X/18). Sin embargo, no puede hacerse a un lado el hecho de que en ocasiones el capital extranjero no-norteamericano sí fluye al agro. Por ejemplo, el embajador de Israel anunciaba –el 11 de noviembre-, la existencia de proyectos de coinversión entre su gobierno y el de México para la creación de empresas agroindustriales en zonas áridas y en la aplicación del sistema de riego por goteo para el aprovechamiento agrícola en el estado de Querétaro. En este mismo sentido, debe considerarse la constitución de algunas compañías mixtas destinadas a la producción de bienes agrícolas de exportación. Tratándose de café, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Café y Carbonelli y Compañía –de España- establecen una empresa para su explotación y comercialización (X/10). f) La transferencia de recursos mas bien sigue siendo al revés; de la agricultura a la banca, la industria y el comercio. Por todo lo anterior, es posible concluir que la transferencia de recursos de la industria y del comercio al agro –demandada por el esquema estatal de descampesinización del agro- no se logra en 1977. Durante este año, el sentido es más bien el inverso; de la agricultura y ganadería continúan saliendo recursos que son apropiados por las fracciones industriales, comercial y financiera de la burguesía. El sector agropecuario, pues, continúa, descapitalizándose (XI/16). Esto es explicable. Si la burguesía industrial y comercial, con inversiones ya cristalizadas en empresas operantes –con ó sin pérdidas- se niega incluso a aumentar la proporción que, de su capital instalado, efectivamente se utiliza, porque ello no conviene a sus intereses en la crisis general del 77, es más difícil todavía que coloque inversiones en la riesgosa dimensión de crear empresas agro industriales ó agropecuarias (VII/5). Además, de haber persistido ciertos indicadores económicos y superestructurales, era posible que se diera, no una entrada de inversiones extranjeras, sino una agudización de la huida de los mismos. La ley que regula las inversiones extranjeras estaba hecha para atraer capitales, no para evitar su salida. En este caso, si su contenido no se

modificaba, incluso la inversión descampesinización del agro (X/13).

extranjera

no

sería

un

sólido

factor

de

Quinta Tesis: la generación de bienes de exportación, materias primas industriales y alimentos, no observa aumentos considerables, ni se producen en volúmenes suficientes. Para que la consecución del objetivo estatal de descampesinización se convirtiera en un hecho real, se requería que la burguesía fuera capaz de cumplir con las principales metas del Plan Nacional Agropecuario y Forestal. Era necesario que diera cumplimiento al Plan, en tanto que constituía el referente rural de la Alianza para la Producción. Estas metas, como sería afirmado por la burocracia central del Estado mexicano en múltiples ocasiones, se agrupaban principalmente en torno a tres grandes dimensiones; la generación de alimentos en mayores volúmenes; el aumento en la producción de materias primas agropecuarias para el sector industrial; el incremento en la producción de bienes agrícolas y gunaderos de exportación. El efectivo logro de estas tres categorías de objetivos por parte de la burguesía se topa con algunos obstáculos. En primer lugar, obstáculos vinculados con la situación guardada por las exportaciones, por la generación de alimentos y por la producción de materias primas industriales, en general; escollos a que se enfrenta –en mayor ó menos medida- la burguesía en su conjunto, independientemente de la ubicación sectorial de tal ó cual fracción concreta. En segundo lugar, se enfrenta a barreras relacionadas con cada una de estas dimensiones, en el caso concreto del sector agropecuario (los problemas específicos que al respecto encuentran las fracciones de la burguesía que ahí tienen ubicados intereses inmediatos). En última instancia, buena parte de las dificultades encontradas por la burguesía para tener más exportaciones, alimentos y materias primas, son generadas por sus propios actores sociales. En primer lugar, porque las diversas fracciones de la burguesía que pueden considerarse responsables de la fuga de capitales observada a raíz de la devaluación de septiembre de 1976 (tanto por sus propiciamiento del hecho mismo de la fuga, como por la circunstancia de que se había propiciado su retorno a ritmos muy bajos), son uno de los principales determinantes de la crisis de liquidez vigente durante todo 1977. En segundo lugar, porque los empresarios privados denotan desinterés en realizar inversiones en actividades productivo-prioritarias. Ello condujo a que admitiera que la mejoría sustancial de la situación económica del país no se lograría en grado significativo sino hasta 1979, y a que se sostuviera que la tasa de crecimiento del producto interno bruto de la economía durante 1977 sería entre 2% (VII/14) y 3% (XI/16). Y es precisamente por esta responsabilidad de la propia burguesía –por esta incapacidad capitalista para sacar al país de la crisis- que el grupo dominante al interior del aparato burocrático promueve la creación de diversos mecanismos destinados a permitirle sistematizar los logros y deficiencias obtenidos en la realidad, en comparación con lo inicialmente programado. Estos estaban realmente dirigidos –al menos en parte-

a difundir ideológicamente los primeros, y a superar las segundas. Entre estos mecanismos, destacan aquellos que se destinan a la evaluación de los objetivos en torno a la producción: “Están destinadas a no ser una crítica desgarrante, sino que permitan sistematizar el análisis de la realidad nacional para conocer el comportamiento de nuestra conducta y en qué medida los compromisos que se han concertado se han cumplido y que permite, al hacerlas públicas, atribuir, imputar responsabilidades específicas y concretas y de esta manera alentarlas ó reclamarlas” (JLP, X/23). Así, la responsabilidad de la burguesía es un hecho. Es en buena parte debido a su actuación en los diversos sectores de la economía, que la producción general de alimentos y bienes de exportación, así como el acceso a la industria de sus materias primas, no haya aumentado hasta los niveles programados. Pero, debido a que ello es de suma importancia para delimitar las posibilidades que tuvo la burguesía de hacer efectivas estas tres cosas precisamente en el sector agropecuario, interesa ver cuáles son algunos determinantes de lo anterior. Analicemos el caso de las exportaciones. Es un hecho que la burguesía del país no exporta de acuerdo a los ritmos necesarios para salir de la crisis, durante el año de 1977 (X/25). No solamente no exporta, sino que tampoco importa; en los primeros siete meses del año, se redujo en 75% el déficit de comercio exterior. Un claro indicador de ello, estriba en que la actividad de los principales puertos del país, para noviembre, estaba casi paralizada (XI/15). A pesar de los diversos estímulos fiscales a la exportación, ésta no creció significativamente; excepción de esto es el caso de petróleo y sus derivados (actividad del sector público), y el de la exportación de productos manufacturados. Estos últimos crecieron 14.1% durante los 10 primeros meses del año, pero en octubre se estancó su mejoría (XI/12). No hay que olvidar que estos estímulos llegaban hasta el 100% del impuesto que resultase de la aplicación de la tasa complementaria sobre utilidades brutas excedentes, para las empresas que incrementaran sus utilidades por exportaciones y por servicios en el extranjero (IV/16). Como uno más de los intentos estatales por aumentar las exportaciones, y por racionalizar y facilitar las actividades de las fracciones de la burguesía vinculadas directamente a ellas, a mediados de noviembre se crea en Consejo Nacional de Comercio Exterior (Conacex). Pueden ubicarse tentativamente en dos grandes categorías, a los factores que determinan el que las inversiones de la burguesía no sean suficientes como para incrementar significativamente el volumen de las exportaciones; por un lado, las perspectivas nada halagüeñas del mercado internacional; por otra parte, los acontecimientos que tienen lugar en los EUA, principal metrópolis al nivel del capitalismo internacional. Desde la posición de la burguesía con intereses ubicados en el país, las perspectivas del mercado internacional eran críticas. Esta posición le es alimentada por apreciaciones como la del vicepresidente de la Comisión de la Comunidad Económica

Europea (nunca en los últimos 30 años el mundo ha estado tan cerca como hoy de recaer en el proteccionismo de los años ’30 –VIII/19-), ó de diversos editoriales de documentos periódicos especializados (tales como el de Le Nouvelle Economiste: “la escalada proteccionista comenzó. El libre intercambio ya no es más que una idea agonizante. Para proteger a corto plazo sus economías, los países industrializados la abandonan. Una traición que podrá costar cara” –VIII/19-). El propio Fondo Monetario Internacional, en su Informe Anual (IX/12), hace un llamado a los gobiernos del mundo capitalista en el sentido de que –ante las bajas inversiones, inflación y desempleo que imperan- no deberán ceder ante las presiones para establecer demandas proteccionistas en materia de comercio: “El estado de la economía mundial es insatisfactorio a causa del aumento del desempleo y el crecimiento subnormal, y de que la inflación generalizada ha impuesto restricciones monetarias y fiscales que dejan poco espacio ha impuesto restricciones monetarias y fiscales que dejan poco espacio para mejorar la situación. Es necesario que los 120 miembros del FMI no cedan ante las demandas proteccionistas en materia de comercio”. Así las cosas, las condiciones objetivas del mercado mundial hacían difícil el que se exportara el 30% del producto industrial bruto del país, considerado oficialmente como indicador del momento en que México dejaría de ser subdesarrollado. De hecho, sólo se exportaba el 5%. La anulación de esos 25 puntos de diferencia es precisamente lo que los estímulos gubernamentales buscaban. Sin embargo, ante los intentos oficiales –que a fin de cuentas aludían al sentimiento patriótico de los capitalistas del país- se yerguen las perspectivas reales del mercado mundial. Los estímulos del aparato burocrático, se estrellan contra los factores que se desprenden del hecho de que los inversionistas-exportadores mexicanos, al responder a estos estímulos, tendrían que competir con las economías desarrolladas y subdesarrolladas que tenían desequilibrios externos y que también buscaban apoyarse en las exportaciones para superar sus propios problemas (VIII/22). Pero, de todo lo que sucede en el mercado internacional, lo que es más importante para normar la actividad de la burguesía exportadora del país, es lo que ocurre en los EU. Y lo que acontece ahí no es precisamente un gran estímulo para esta actividad. Tal y como fue afirmado por el vicepresidente ejecutivo del First National Bank of Chicago: “Mucho de lo que ocurra en México dependerá de lo que suceda en Estados Unidos, donde se puede esperar una expansión general en 1978, aunque la tasa inflacionaria para el año entrante no será tan buena como la que se espera a finales de 1977” (XI/8). Efectivamente, la crisis en Norteamérica se manifiesta de múltiples maneras, tangibles, ante los ojos de la burguesía. Por ejemplo, si la mayoría de los bancos de EU suben –a fines de octubre- los tipos de interés para sus operaciones crediticias comerciales en la mayor magnitud en los últimos dos años (del 7.5% al 7.7% -X/25-), prácticamente ningún capitalista mexicano consideraba que en Estados Unidos todo andaba bien. Igual sucede cuando la prensa nacional publica noticias en el sentido de que la recesión

norteamericana obligaba a los sindicatos norteamericanos relacionados con la industria del vestido a celebrar reuniones de protesta con las importaciones de ropa; México y Brasil, principales exportadores latinoamericanos de ropa a EU, eran los principales afectados (IV/14). Los representantes directos de la burguesía vinculada por sus intereses al país, consideraban en este mismo sentido el hecho de las progresivas devaluaciones del dólar; a finales de julio, el dólar se devaluó 15% frente al yen y al marco; a principios de noviembre, se vuelve a devaluar, esta vez frente a la libra esterlina. Por esta razón –y a pesar de que la flotación del peso mexicano servía formalmente para amortiguar las consecuencias de la pérdida del valor del dólar en los mercados europeos, y ante el aumento de precios de otras monedas (X/28)- la devaluación del dólar, lejos de representar mayores posibilidades de exportación, trajo como consecuencia fundamental un encarecimiento de los productos importados de estos países (VII/27) y, por tanto, una más estrecha dependencia de la economía mexicana con respecto a la norteamericana. El convenio bilateral firmado a principios de diciembre entre México y EU consistía un claro indicador de esto último. Pero, sea como fuere, si la devaluación del peso, de finales de 1976, no logró incrementar sustancialmente las exportaciones, difícilmente ello sucedería como consecuencia de la devaluación del dólar frente a la moneda japonesa y a la de la comunidad europea. Por todo ello, en la situación de crisis del año 77, los exportadores del país no pudieron dejar de seguir desperdiciando el mejor mercado del mundo, aumentando significativamente el volumen de productos vendidos a Norteamérica; en mayo (V/7), las importaciones procedentes de México representaban sólo el 3% del total. Lo que sí es claro, en todo caso, es que los productores y comerciantes del país incrementaron sus exportaciones a EU en sólo 13.2% durante el primer semestre del año –en tanto que algunos otros países lo hicieron hasta en 45%-, no estuvo determinado por el hecho de que estos desconocieran los mecanismos del Sistema generalizado de preferencias de Norteamérica (VI/18). Fue la mencionada serie de factores, externos a la formación social mexicana, lo que así lo determinó. El problema es que, durante 1977, el mercado interno tiende a contraerse cada vez más, como resultado de la inflación-recesión, con simultaneidad a una progresiva reducción del mercado externo como efecto de la crisis económica mundial (VII/30). Ambos factores afectan severamente la posibilidad de producción de exportaciones, así como de alimentos y materias primas. La inflación tiende, en general, a disminuir su ritmo de incremento. Pero ello no quiere decir que desapareció. Aún cuando el papel de la maquinaria corporativa del Estado determinó la inexistencia de un aumento, significativo y generalizado, de salarios, bastaba con que prosiguiera la tendencia de que el circulante aumentara (sufrió un incremento durante el primer trimestre de 31.7%) con mucha más rapidez que la producción (que creció un máximo de 3% durante 1977 y posiblemente sería igual para 1978), para que el proceso inflacionario continuara (VII/19). El proceso inflacionario denota una importantísima diferenciación interna; el precio de los bienes de capital bajan mucho más de lo que los otros han subido (VIII/25). El resultado estriba en una progresiva reducción del mercado interno; en estas

condiciones, la inflación difícilmente podría detenerse. Esta es la razón por la que los empresarios, a pesar de que en su programa de diez puntos presentado a JLP aseguran que no subirían los precios de los productos básicos, un mes después, anuncian que los incrementos serían de sólo 5 ó 6% para diciembre (IX/21). Recuérdese que, para julio, solamente se había logrado incorporar realmente tres productos alimenticios, de los 90 bienes que habían sido aprobados para configurar la base del Plan de abatimiento del precio de productos básicos (VII/22). En palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey: “De los 90 productos que han sido aprobados para producirse a precios bajos, se opera actualmente con 35. Únicamente tres –frijol, galletas y pastas- de estos 35 son alimenticios. En estos momentos, el impuesto sobre ingresos mercantiles es inflacionario, porque en cada una de las etapas por las que pasa el producto, se encarece cada vez más, hasta llegar con precios altos al consumidor” (VII/22). Lejos de producir más alimentos, materias primas ó bienes de exportación, la tendencia a general del capital (independientemente de su ubicación en la agricultura, en el comercio, en la industria ó en la pesca), es a responder a la crisis de manera casi opuesta a cómo le ha sido señalado –y que diversas fracciones de la burguesía han formalmente aceptado- por el gobierno. En vez de invertir más y tener mayores volúmenes de estos productos, a menor precio de venta, se tiende a invertir menos, con menor producción y a mayor precio de venta. Esto es cierto, tanto para el caso de la industria automotriz, como cuando se trata de la leche. De esta manera, la burguesía rural –en su calidad de fracción de la clase dominante global- comparte con el resto de la clase del capital, los mismos obstáculos. Sin embargo, estos obstáculos generales – este común denominador de escollos con que se topa la burguesía para producir materias primas, alimentos y bienes de exportación-, cuando se ubican concretamente en el sector agropecuario, adoptan un contenido también específico. Desde su propia perspectiva, las fracciones de la burguesía que tienen intereses fundamentales ubicados en el campo, se encuentran con por lo menos tres grandes categorías de obstáculos respecto a la problemática que interesa en este apartado; a)obstáculos que se desprenden de la inadecuada canalización de recursos gubernamentales a las empresas capitalistas; b)dificultades que surgen como consecuencia de la descapitalización de la burguesía rural en el contexto de crisis; c)escollos físicos y geográficos que se vuelven más difíciles de combatir por la falta de fondos y recursos con motivo de la inflación-recesión.

La canalización de recursos gubernamentales a las empresas capitalistas del agro es considerada por la burguesía como insuficiente. A sus ojos, tal y como éstos se asignan durante 199, ello representa una reducción en el volumen total de privilegios, canonjías y subsidios que tradicionalmente eran asignados por el aparato burocrático a los diferentes grupos de la burguesía rural. Es considerada de esta manera la eliminación de los subsidios disfrazados que conducían a la obtención de insumo básicos a

precios bajos, tales como los otorgados a los usuarios de las obras de irrigación (V/24). El inminente aumento al precio de diesel y de la gasolina (XI/16) profiere fuertes influencias en el mismo sentido (X/10). Y, sobre todo, el giro que se le da a la banca rural oficial, consistente en que ésta dejaría de ser simple canalizadora de recursos –a menudo sin retornopara convertirse en generadora de ingresos, afectaría a la burguesía agrícola y ganadera, ya que también le sería aplicable la no continuación – por ejemplo- del sistema de condonación de deudas (XI/17). Todos estos factores repercuten, en alguna medida, en la disminución de alimentos, exportaciones agropecuarias y materias primas industriales. Pero, para la burguesía, el trato gubernamental respecto a ella es desfavorecedor en otros niveles. En este sentido, la producción de bienes agrícolas y gunaderos a que se comprometió en la Alianza para la Producción no alcanza niveles adecuados porque, además de la eliminación de subsidios, durante el año la burguesía rural no resulta favorecida mayormente con la creación de nuevas grandes obras durante 1977, pero éstas no se dirigieron a las empresas rurales ya existentes. Por ejemplo, dentro de los distritos de temporal –109 ya creados para mediados de noviembre, en 30 estados y en el D.F.-, para fin de año se tenía programado el realizar trabajos de subsoleo en 200 mil has. (X/18), lo que no es una actividad insignificante. Sin embargo, no es precisamente en las áreas temporales donde se ubican los principales bastiones de la empresa capitalista rural. Además, el insuficiente volumen de recursos asignados al campo (así, en abstracto) por parte del aparato burocrático durante 1977 se convierte, para el empresario rural, en un aspecto tangible por lo que respecta al personal técnico gubernamental de que tradicionalmente había dispuesto y que le facilitaba en gran medida la delimitación de las formas de hacer más redituable su empresa. No sólo su número durante este año está muy por debajo del requerido por las empresas, sino que éste ya no tiene la mística de apoyo incondicional de antes. Respecto a este último punto, resulta ilustrativo mencionar la necesidad, señalada en alguna ocasión por el secretario en turno de la SARH, en el sentido de que los agrónomos radicasen en los centros de producción del campo. Ello era difícil realización, dado que los profesionales mencionados tienen generalmente expectativas no coincidentes con su servicio proempresarial en el agro y están; ó bien identificados con metas de índole social, de cambio, conforme a una concepción de transformación; ó bien persiguen la obtención de una movilidad vertical rápida y segura. Con respecto al bajo número de especialistas, basta con mencionar que sólo existían en el país 200 edafólogos para atender una superficie de 200 millones de hectáreas (XI/7); un millón de hectáreas por edafólogo. Esta disminución en la cantidad y calidad de recursos gubernamentales destinadas a las empresas capitalistas es uno de los principales factores que, ubicados en el contexto de crisis de 1977, determinan la descapitalización progresiva de las pequeñas

y medianas empresas capitalistas del agro (X/21) y, por tanto, una de las principales causas por las que la burguesía rural en su conjunto no puede cumplir el requerimiento de generar más alimentos, materias primas industriales y bienes de exportación. Sólo la gran burguesía rural –considerada como el conjunto representado por la burguesía agrícola-comercial y agro industrial- aparentemente sí está en posición de cumplir con estos compromisos. El 15 de noviembre, por ejemplo, se anunció que la CONCAMIN y el Consejo Industrial Agropecuario celebrarían, a fines del mismo mes en Guadalajara, el evento denominado México Agro industrial; la solución es producir. Esta exposición tendría el fin de aumentar la disponibilidad de alimentos procesados para atender las necesidades del consumo interno y eliminar sus importaciones; ampliar la oferta de materias primas agropecuarias para la industria; canalizar mayores corrientes de capital y tecnología que elevaran la productividad; coordinar las inversiones privadas en el campo, con el Plan Nacional Agropecuario y con las obras de infraestructura por parte del gobierno. A la inadecuada canalización de recursos gubernamentales al agro en general, con la consecuente descapitalización –particularmente en lo que se refiere a la pequeña y mediana empresa agropecuaria capitalista- habría que agregar factores climatológicos adversos –tales como la sequía señalada en el Informe Presidencial como principal causa de que en Sonora se redujera la superficie aprovechable de riego en 44 mil hectáreas- para tener un cuadro más completo de las circunstancias generales que dificultan la producción prioritaria del sector agropecuario. Pero, a su vez, la producción de exportaciones, de alimentos y de materias primas industriales tiene, en cada caso, una problemática específica. A continuación se intentará desglosarla de manera somera. a) La producción de alimentos básicos no crece:

En el contexto de crisis de 1977, es indudable que es preocupación del aparato burocrático el encargarse prioritariamente de alimentos y energéticos, para sentar las bases sobre las cuales se pueda realizar la actividad económica global. Al respecto, son claras las siguientes palabras de JLP: “reiteradamente hemos dicho que los dos pilares, que la horquilla que habrá de sacar al país de cualquier postración a éste y a cualquier otro, son alimentos y energéticos. Si el estado se responsabiliza de una y otra materia, la sociedad podrá complementar y tejer el resto de los aspectos que la integran; pero sólo el estado, con su información, con sus recursos, con su autoridad, en un país como el nuestro, puede garantizar alimentos y energéticos y esto es lo que intentamos” (VIII/3). Pero los propósitos gubernamentales no son sólo formales; en alguna medida son también reales. Por ejemplo, para principios de noviembre se estaban tomando medidas concretas para aumentar la producción de azúcar (XI/11): mecanización en el campo, especialmente del corte de caña; sincronización entre campo y fábrica, especialmente en el transporte, evitando la lejanía de fuentes de abastecimiento de los

ingenios, para que no disminuye el punto de sacarosa en la caña; eliminación general de tiempos perdidos. En el mismo sentido, considérese el hecho de que algunas entidades, como Querétaro, las proyecciones permitían señalar que, con la nueva Reforma Agraria, se cuadruplicaría la producción de leche, huevo y carne (XI/10). Sin embargo, a pesar de esta preocupación fundamentalmente formal, y no obstante el haber tomado algunas acciones concretas reales, todo parece indicar que el déficit de alimentos era cada vez mayor; la demanda de éstos era mucho mayor que las proyecciones de su productividad (VII/26). Se sabía que, en el futuro inmediato, se consumirían 5,475 millones de kilogramos de alimentos (XI/5). Por esta fortísima demanda, en agosto (VIII/24), las predicciones hacían esperar fuertes déficits en alimentos, para fines de año: durante el año se habrían producido 7,233,000 toneladas de maíz, pero se habrían consumido 11,548,000; de arroz, la producción sería de 808,000 toneladas, pero se requerirían 3,765,000; de soya, su producción sería de 274,000 y se habrían requerido 367,000; la producción sería de 808,000 toneladas, en comparación con las 350,000 toneladas que sería la demanda. Entre otras cosas, ello significaba que, ante una inadecuada respuesta –principalmente del sector empresarial vinculado a la agricultura y a la ganadería- los incrementos en el volumen de importaciones de productos agropecuarios alimenticios serían muy altos, con objeto de suplir los respectivos déficits en la producción nacional (IV/1). Los déficits esperados en la producción de alimentos se deben en algún grado a que la burguesía rural y el campesinado acomodado habían disminuido sustancialmente la superficie destinada a su producción. Durante 1976, disminuyó en 630,000 hectáreas la superficie destinada a los cultivos básicos (XI/11). El principal determinante de esta reducción estriba en que los empresarios rurales –en el contexto de crisis- encontraron más redituable cultivar productos diferentes de los alimenticios. En otras palabras, los déficits en la producción nacional de alimentos (y su consecuente importación en elevadas cantidades) y la reducción de las superficies destinadas al respeto, básicamente no son más que la manifestación del hecho real de que los empresarios rurales destinaron sus inversiones a producir únicamente los productos más rentables. Para ilustrar lo anterior, se podría mencionar el que la confederación de Asociaciones Agropecuarias del Estado de Sinaloa (CAADES) propuso que el gobierno federal elaborara un plan de importación de alimentos, que permitiera cultivar sólo aquellos productos que fueran rentables, y los que no –maíz, por ejemplo- tendrían que comprarse en el mercado internacional, porque resultaría más barato (VII/29). Atendiendo ó no a esta petición, lo cierto es que semanas después el secretario de agricultura y recursos hidráulicos anunciaba que –dado que el trigo estaba barato en el mercado internacional- habría que comprar fuertes volúmenes del grano, con objeto de engrosar la reserva de ella. En un factor se carga buena parte de la determinación de esta no redituabilidad. Se trata de un factor fundamentalmente político. Es de todos sabido que el deterioro de las condiciones de vida de las masas populares y urbanas sufre un notabilísimo incremento durante 1977 (VIII/12), principalmente debido a los devastadores efectos de la inflación y del desempleo.

Por esta razón, como una medida destinada a mantener la legitimidad en niveles de seguridad, el aparato burocrático continua cierto control de precios de los artículos socialmente necesarios, particularmente de los alimentos básicos. Es particularmente clara al respecto la declaración de la secretaría de comercio –el 20 de agosto- en el sentido de que no se concederían aumentos de precios más que en los casos en que hubiera inversiones. Ante este panorama de relativo control gubernamental sobre los precios de venta de productos alimenticios, bajo condiciones en que los insumos agropecuarios presentan irrefrenable tendencia al alza, la burguesía rural opta por producir bienes agrícolas y ganaderos que tengan mayor redituabilidad; que les generen mayores utilidades, que la producción de alimentos. El resultado; la superficie destinada a su cultivo disminuye notablemente; los volúmenes de producción de estos artículos baja en no despreciables proporciones. En el caso del huevo, por ejemplo, donde la secretaría de Comercio mostró formalmente cuenta reticencia para autorizar un aumento en el precio de venta del producto al consumidor, se llegó al punto de gran escasez a nivel nacional en que, consecuentemente, se tuvo necesidad de importar el producto de los EU. Hasta agosto, en efecto, se producían 61 mil cajas diarias (con 360 huevos por caja); para mediados de agosto, la producción había bajado a 43 mil cajas (X/19). A este factor principal en lo que concierne, no ya al aumento, sino a la disminución de la producción de alimentos básicos por parte de la burguesía rural, se agregarían algunos otros marginales. Uno de ellos estaba vinculado con aspectos naturales adversos cuyos efectos, en la contingencia de crisis del año 1977, se agudizan por la disminución de los elementos requeridos para combatirlos. Por ejemplo, en octubre se dice que el 15% de la producción total de alimentos se perdía por un deficiente sistema de control de plagas a nivel nacional (X/10). El 12 de noviembre, un alto funcionario de la secretaría de comercio declara que el ritmo de crecimiento denotado durante el año había sido lento. Se tiene –señalaimperiosa necesidad de importar alimentos, materias primas y bienes intermedios, en tanto que las exportaciones era especialmente válido para el sector agropecuario, tanto en sí mismo como en comparación con otros sectores. El decrecimiento de las exportaciones era especialmente válido para el sector agropecuario, tanto en sí mismo como en comparación con otros sectores. El 35% de las exportaciones totales (por valor aproximado de 1,245 millones de dólares) estaban representadas, para noviembre, por las exportaviones de petróleo, camarón y café. Estos tres productos generaban el 32% del total de divisas obtenidas vía venta a los mercados internacionales de productos mexicanos. Sin embargo, aún cuando un producto agropecuario era uno de los tres principales productos de exportación, la agricultura empeoraba su situación. Esto es claro sobre todo si se considera que, no obstante que competía con un sector industrial en retracción, en el primer trimestre de 1975, participó con el 42% del valor total de las exportaciones, en tanto que durante el primer trimestre de 1977, su participación se reduciría al 36% (VII/22).

En términos generales, el crédito falta en la industria y en el comercio; sin embargo, la acción de la banca gubernamental hace que no sea un elemento escaso para las actividades orientadas a la exportación. El presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, afirma el 13 de septiembre: “Hay suficientes créditos para las exportaciones en el país. El fondo establecido para tal fin tiene bastantes recursos. Basta con acercarse a él para que se otorguen. Falta crédito en general para la industria y el comercio, más no para las ventas al extranjero. La producción ha bajado en los últimos meses en la industria y en el campo. Esta baja repercutió en las exportaciones. Consecuentemente, necesitamos producir más. Al haber mayor producción surgirá la necesidad de venderla, de promoverla”. Si lo anterior es cierto, entonces ¿Porqué razón las exportaciones de productos agropecuarios disminuían, en términos absolutos y relativos? La respuesta brindada por el propio presidente de la ANIERM es correcta en primera instancia; las exportaciones de bienes agropecuarias disminuían por que se denotaban bajas en su producción. Pero, a su vez, estas bajas estaban dadas fundamentalmente por tres factores; muy amplias fluctuaciones en los precios internacionales de los productos agropecuarios; tendencia al abatimiento de la demanda norteamericana de estos productos; esfuerzos gubernamentales destinados a que la producción estatal de estos productos, primero satisficiera la demanda nacional. La fluctuación de los precios, en los mercados internacionales, de los bienes agropecuarios, es quizá uno de los más fuertes obstáculos para que la burguesía aumente su producción. En ocasiones, el derrumbe de precios es tal, que los productores incluso organismos oficiales vinculados a la exportación, hacen recomendaciones en este sentido- prefieren perder la producción que exportarla a precios bajísimos. De acuerdo a las declaraciones del director general del Inmecafé, este era el caso del café, a finales de octubre (X/29). Por otro lado, se requería que la demanda norteamericana mantuviera su nivel, para que la burguesía rural del país no abatiera la producción de los bienes destinados a este mercado. En el caso de la producción pecuaria, los ganaderos del país ocupaban el segundo lugar como proveedores de las materias primas pecuarias de ese mercado. Según un informe del departamento de estado del gobierno norteamericano, se esperaba que los EUA importaran carne con valor del 7% de su consumo interno total. El volumen de las importaciones sería de 1,272 millones de libras; Canadá vendería 75 millones; México 62 millones; Australia, 653 millones (cuota extraordinaria); Costa Rica, 35 millones; República Dominicana, 15 millones; El Salvador, 12 millones; Panamá, 5 millones; Haití, 2 millones; Belice, 500,000 libras (III/4). No se tiene información sobre el cumplimiento de estas predicciones; si así fue, las importaciones norteamericanas de carne sobrepasarían en 40 millones de libras a las del año 1976. El problema, para el sector de la burguesía rural que exporta ganado y productos pecuarios era; ¿Qué ocurriría si la crisis de la economía norteamericana limitara las importaciones de ganado? Esto es especialmente importante, sobre todo sí se considera que las exportaciones pecuarias por parte de los empresarios del agro vinculados a ellas, no

era una actividad tan redituable como podría serlo, especialmente en virtud de que el ganado era generalmente mal alimentado y se exportaba muy joven. En el extranjero se les proporcionaba mayor atención, a través de buenos alimentos, que redituaba en un mayor rendimiento, lo que beneficiaba a los grupos importadores norteamericanos, en detrimento de los exportadores del país (XI/7). Existía además un factor que, a los ojos de la burguesía, se convierte en un obstáculo para aumentar la producción de bienes agropecuarios de exportación. Tratándose de ciertos productos, el aparato burocrático intenta que éstos se destinen al mercado interno, primero, y al mercado externo después. El dilema era; si se cubrían las demandas nacionales de productos agropecuarios en detrimento de su exportación, el empresario dejaría de obtener las mayores utilidades que lo segundo representaría (III/11). En estas circunstancias, prefiere dejar de producir estos bienes. Este es el caso del azúcar; sólo si se superaba la producción de 2.6 millones de toneladas, sería posible volver a exportar (X/2). c)No se incrementa la producción de materias primas agropecuarias requeridas por la industria. La implantación del esquema estatal de desarrollo en el campo, demanda que la burguesía rural efectúe el adecuado abastecimiento de materias primas agropecuarias a la industria. Contrario a ello, sin embargo, el decrecimiento en la superficie cultivada en algunos de estos productos, motivó el cierre de buena parte de la capacidad productiva de las industrias que las utilizaban (V/8). Ante la baja en la producción de éstas, de septiembre de 1976 a abril de 1977, el precio del algodón había subido en 40%, y el de la luna en 60% (IV/14). Ello colocaba a la industria textil en una situación en que la producción se redujo al 75% de su capacidad. De hecho, para fines de mayo se hablaba de un cierre generalizado de empresas en esta industria (V/24); para abril, éste había perdido el 30% de sus mercados internacionales en los siete meses previos, porque las alzas en los precios de las materias primas utilizadas habían motivado la disminución de su competitividad internacional. Por la misma razón, hay déficit de aceite; el decrecimiento en la producción de semilla de algodón lo ocasiona (IV/6). La burguesía industrial no deja de demostrar su preocupación por la tendencia existente, que señala hacia aumentos aún mayores, lo que significaría una reducción más acentuada de sus mercados (IV/12). Sexta Tesis: por la falta de tasas de ganancia convenientes, las inversiones de la burguesía no generan nuevas fuentes de empleo al ritmo requerido por la descampesinización. En el contexto de crisis de 1977, aún cuando la burguesía que actúa en el sector agropecuario presenta características específicas en lo que se refiere a la generación de empleos, tiene en común con el resto de las fracciones de la clase capitalista una serie de problemas al respecto. De ahí que sea menester partir de un breve análisis del fenómeno del desempleo en general, durante el año.

El desempleo es considerado por el aparato burocrático como uno de los problemas fundamentales de la economía durante 1977. Algunos indicadores señalan la gran importancia que tiene el desempleo. Cifras oficiales indican que, para mediados de noviembre (XI/10), hay en el país dos millones de desempleados, y de siete a ocho millones de subempleados. Según datos de la Confederación Mexicana de Asociaciones de Ejecutivos de Compras y Abastecimientos (XI/19), en 1977 sólo 47.5% del total de la población en edad de trabajar tiene ocupación plena. Esta proporción había venido empeorando en el transcurso de las tres décadas anteriores, pues en tanto que para 1950 el porcentaje referido era de 57.8% para 1970 ya había bajado al 50.9%. Solamente 700,000 subempleados; esta población es la que constituía buena parte de los habitantes de las 843 ciudades perdidas de la capital del país. Y ello con todo y que muchos de los empleos considerados para fines estadísticos como fijos, no lo eran en la realidad. En el agro, por ejemplo, aproximadamente 6 millones de campesinos tenían en promedio, ocupación plena durante sólo 4 meses al año (IX/5). Aún los sectores de trabajadores relativamente más privilegiados, presentan también esta característica. Por ejemplo, 60% del total de burócratas ganaba entre 2,750 y 5,437 pesos al mes; debido a ello, tenían que realizar simultáneamente dos ó más ocupaciones remuneradas (IX/29). A su vez, para principios de agosto (VIII/8), el desempleo afectaba ya aproximadamente al 15% de los obreros organizados del país. La situación para este sector específico de los trabajadores era tan grave, que los dirigentes de la maquinaria corporativa, ante la arrolladora realidad, acaban por aceptar la imposibilidad de lograr el pleno empleo, y se ven compelidos a presionar para que se cree el seguro nacional del desempleo (IX/10 y X/3). Lo era mas grave, la situación del desempleo tendía a agudizarse. El número de personas sin trabajo fijo crecía 5% al año (X/3). Concretamente, de 1977 a 1982 se generarían presumiblemente alrededor de 350 mil plazas anualmente, frente a una demanda de 1,195,000 buscadores de empleo. Sólo para absorber el incremento de la fuerza de trabajo en el D.F., derivado del crecimiento demográfico, se tendrían que crear –de 1977 a 1985- 100,000 empleos nuevos por año; ritmo de creación de fuentes de ocupación muy lejano del acontecer real (VI/17). Estudios realizados por el sector privado permitían prever que, de continuar la tendencia denotada desde 1950, para 1985 sólo el 43.9% del total de la población, en edad de trabajar, tendría empleo fijo (XI/19). Ahora bien, el plan de emergencia contra el desempleo puesto en marcha por la secretaría del trabajo, incluía la creación de 600,000 empleos en el mediano plazo, no en el futuro inmediato. Se decía que, aún cuando se continuara con el sacrificio de los trabajadores, sólo para 1979 se estaría en posición de empezar a absorber el déficit extraordinario de empleos ocasionado durante 1976 y 1977: “El país requiere crear 600,000 empleos al año; no los creó el año pasado, no los crea este año, y por eso estamos en casi cerca de dos millones de desocupados; pero si continuamos con el esfuerzo, con la armonía nacional, con el espíritu de la Alianza para la Producción y la Distribución...estaremos creando casi tantos empleos como se

demanda el próximo año. Todavía no estaremos en condiciones de absorber el rezago. Y en 1979, si continúa el esfuerzo...podremos estar ya creando más empleos de los que se demanden y podremos empezar lentamente, pero ya empezar a absorber el rezago” (secretario de comercio, XI/10). Ante la presión hacia el deterioro de las condiciones materiales de vida, ni aún los trabajadores organizados aceptan pasiva e indefinidamente este proceso, por lo que se agudizan los obstáculos a la armonía nacional, manifestados principalmente en acciones políticas tendientes al resarcimiento de las constantes pérdidas en el poder adquisitivo de los salarios. De acuerdo a la política de austeridad del gasto público, impuesta directa ó indirectamente por las cartas de intención firmadas por el gobierno mexicano con el FMI, se revisa –a principios de octubre (X/7)- la existencia de 250 empresas paraestatales, con objeto de detectar la incosteabilidad y consecuente cierre de algunas de ellas. Este tipo de acciones estatales obviamente repercuten en el engrosamiento absoluto y relativo de las cifras relacionadas con el desempleo en el futuro inmediato. El número de desempleados y subocupados aumenta significativamente, no solamente porque no crece el ritmo de creación de nuevos empleos, sino debido a que además cierran parte de las fuentes de trabajo que hasta entonces existen. En este sentido, la tendencia a la agudización del desempleo es alimentada por dos grandes categorías de hechos. La primera categoría de hechos que agudizan el desempleo durante 1977, estriba en los acontecimientos político-económicos (ya ocurridos y potenciales), que tienen lugar en la sociedad norteamericana. El ritmo de creación de empleos sufriría aún más bruscos descensos si, ante la crisis vigente, el congreso norteamericano tomaba decisiones concernientes a la actuación de los intereses de los capitalistas norteamericanos ya establecidos en México –por ejemplo, mediante la implantación de gravámenes al valor agregado de las maquiladoras, que en número de 453 ocupaban 75 mil trabajadores, para reducir su presencia en el país (X/15)-. Lo mismo sucedería si se rigidizaba la legislación estadounidense en lo referente a futuros intereses de la burguesía norteamericana en el país –estableciendo, en casos extremos, severos controles para la inversión norteamericana en el extranjero-, ó en lo concerniente a los trabajadores mexicanos en ese país –por ejemplo, tomando medidas para su deportación ó estableciendo mecanismos más eficaces para impedir su ingreso a EUA (VIII/3). La segunda categoría, quizá el factor de mayor determinación en la tendencia hacia la agudización del desempleo, estriba en la manera como se comportan los intereses de la burguesía del país ante la crisis. En primer lugar, el capital privado había venido creando un promedio de sólo 150,000 empleos anuales; ésta era la principal razón de que cada año se presentara un déficit acumulativo de 450,000 empleos, ya que –como se ha dicho- se calculaba que el país requería de 600,000 empleos anuales para absorber el crecimiento demográfico (IX/5). El bajo ritmo de inversiones del capital

privado y la más baja utilización de la capacidad instalada de las empresas (XI/4) de la burguesía, eran los dos hechos principales que determinaban el aumento del ritmo de desempleo. Se afirma esto, a pesar del reconocimiento del gobierno federal de que los empresarios privados deberían tener como última –y única- meta, la obtención de utilidades. En el planteamiento gubernamental, la función principal del Estado es la de estimular, invitar, casi suplicar, a la burguesía a que reinvierta sus utilidades. Oficialmente se acepta que la burguesía, a diferencia de ello, no puede comprometerse con, por ejemplo, la implantación de una estrategia de generación de empleos y que esto, por tanto, debe ser un área privativa del Estado. Así, de acuerdo a la ideología oficial, es el estado quien debe tomar a su cargo la ampliación del mercado interno para que la burguesía pueda vender sus productos. Sin embargo, el aparato burocrático no puede emprender cabalmente la ampliación del mercado –es decir, cubrir el déficit de empleos- por la razón ya unalizada previamente, de que su gasto público está tan congestionado (X/3) que se puede incluso hablar de una penuria gubernamental. A pesar de la presión de los trabajadores para que el aparato burocrático cree directamente las fuentes de empleo que los empresarios no pudieran ó no estuvieran dispuestos a generar (IX/30 y XI/14) –presiones que por otro lado llegaron a ser compartidas por importantes sectores de la propia fracción hegemónica de la burocracia pública, como lo deja ver el trasfondo de la dimisión de dos secretarios de estado a mediados de noviembre 170-, éste se encuentra imposibilitado para hacerlo. Se encuentra impedido, por dos razones básicas: i) porque la estrategia de vinculación más estrecha al gran capital, representada por el acuerdo con el FMI, establece precisamente lo contrario; ii) porque al hacerlo, dañaría los intereses inmediatos de importantes sectores de la burguesía que actúa en el país. Las grandes compañías contratistas, por ejemplo, presionarían para que no tuvieran efecto las proposiciones de utilizar intensivamente de obra en los programas de inversión gubernamental. Propuestas, como la realizada a mediados de octubre (X/10) por el director general de caminos rurales de la SAHOP, están así destinadas al fracaso. Este funcionario afirmaba que en 1976, 20% de la inversión pública se había pagado a contratistas de construcción; si este dinero se hubiese utilizado en mano de obra, se habrían creado entre 400 mil y 600 mil empleos. Esto es necesario –señala- ya que entre 1970 y 1976, se crearon 300 mil empleos por año y la población en edad de, aumentó anualmente en un millón; a diferencia de ello, entre 1976 y 1982, habría solamente un aumento de 360 empleos anuales y 1 millón 195 mil personas más en edad de trabajar cada año. De ahí que, si el Estado se veía impedido para ampliar cabalmente su gasto, para abatir el desempleo, el único actor social que podría hacerlo en principio era la propia burguesía. Pero los acontecimientos ocurridos en 1977 señalan un hecho claro; en términos globales, la burguesía no es capaz, durante este año, ni de mantener los niveles de empleo hasta entonces denotados, ni mucho menos de generar volúmenes significativos de nuevas fuentes de trabajo.

Del primer punto son ilustrativas las afirmaciones de Fidel Velásquez (XI/17), en torno al cierre de empresas en el D.F. En torno al segundo punto; a)la muy tardía notificación por parte de la Asociación de Banqueros de México (VII/20) del inicio de los proyectos de inversión de la iniciativa privada; b)el hecho de que sólo hasta el mes de junio –casi seis meses después de contraer compromisos conforme a los lineamientos de la Alianza para la producción- la Canacintra también anunciaba el inicio de un proceso de auscultación entre los industriales del país, conforme al cual –a través de la celebración de 150 juntas de trabajo que se celebrarían a lo largo y a lo ancho del territorio- se llegaría al establecimiento de metas concretas para activar la inversión a corto plazo, elevar el nivel de empleo, el uso racional de recursos, incrementar y agilizar el financiamiento y reducir las importaciones e incrementar las exportaciones de productos manufacturados (VI/22); c)las declaraciones (XI/7) del presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, en el sentido de que habría más desempleo porque no se alcanzarían los niveles de producción requeridos; d)la notificación del vicepresidente de la Canacintra (XI/22), en el sentido de que, por la descapitalización y en condiciones en que cada, nuevo empleo tenía un costo de 200 mil pesos, la industria del Estado de México no estaba en condiciones de crear nuevas fuentes de trabajo. Las causas del desempleo generado por una baja en las inversiones no se agotan con decir que éstas siguen un ciclo sexenal: que no han invertido los empresarios lo suficiente por que –al igual que al inicio de cada sexenio- durante 1977, primer año de la administración López Portillista, están esperando para ver por dónde van las cosas (XI/22). No basta con afirmar lo anterior porque, si bien es cierto que la dirección y contenido de la política económica favorece a la burguesía, las entonces vigentes circunstancias de crisis le dan una especificidad diferente al comportamiento de la burguesía en cuanto a la creación de empleos. Es necesario reconocer que, en general, la incapacidad de los capitalistas con intereses económicos al interior de la sociedad mexicana, por resolver el problema del desempleo, si es consecuencia de su no inversión en los ritmos necesarios. Inversión que es detenida ó reducida por la inexistencia de claras perspectivas en cuanto a la obtención de tasas aceptables de ganancias. El capital no está seguro de ganar si invierte porque; se da una progresiva restricción del mercado; tiene un encarecimiento de sus costos de producción; le falta capital de trabajo; cuenta con una administración de su empresa que tiene dificultades para adaptarse a las circunstancias de crisis. Aún en la ideología oficial-gubernamental, se reconoce que hay diferenciación en el interior de la burguesía, en cuanto a su grado de disponibilidad y actuación real, para invertir, en general, y para invertir en las actividades productivo-prioritarias, en particular (VII/20). Fuera de la ideología oficial, esto significa que las cuatro grandes categorías de factores señalados, que impiden altos niveles de inversiones, utilidades y generación de empleos por parte de la burguesía, repercuten de manera diferente en cada una de las dos grandes agrupaciones del capital; el gran capital, por un lado, y el pequeño y mediano capital, por el otro.

El pequeño y mediano capital, por la reducción del mercado interno, por los altos costos de producción, por la inadecuada administración y por la falta de crédito, es el más afectado por la crisis; en este grupo de capitalistas se generaliza la quiebra y el consecuente cierre de empresas. Si no fuera por la falta de liquidez, podría soportar relativamente la situación. Pero el caso es que su presencia es indiscutible; hay carestía, escasez y riesgo del crédito. Con todo y el préstamo extraordinario de 5,950 millones de pesos que otorgó el Banco de México, a partir de septiembre de 1976, a la banca privada, lo cierto es que éste no pudo mantener durante 1977 un adecuado nivel de financiamiento. El crédito privado –y en algún grado incluso el oficial- se otorga sólo si hay altas posibilidades de recuperación (VIII/28). Por esta razón, llegan a exigirse requerimientos que un pequeño y mediano capitalista no está en posibilidad de satisfacer; escrituras de propiedad; hasta cuatro firmas; aval; altos intereses; corto plazo (VIII/25). Esta percepción es, a fin de cuentas, lo que lleva al presidente de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Crédito a afirmar (X/26) que la falta de liquidez ocasionaría más cierres de empresas: “La implantación de tasas atractivas a los ahorradores no ha servido para solucionar el problema de crédito no para hacer regresar los capitales que salieron del país antes y después de la devaluación, y muchas empresas han tenido que ir a la quiebra...De persistir la falta de liquidez en las empresas, muchas más tendrán que cerrar y agravarán con ello el problema del desempleo...Las medidas tomadas para propiciar el retorno de los capitales que se fugaron con la devaluación, no sólo no han aumentado la oferta de créditos, sino que los han hecho más caros y consecuentemente más difíciles de obtener, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas. A la falta de crédito tiene que ponérsele remedio pronto, a fin de evitar el cierre de fuentes de empleo que al agravar el problema del desempleo, desembocarían en presiones sociales más fuertes que las que actualmente se presentan”. El gran capital, en cambio, está en posición, no sólo de resistir la crisis, sino incluso de beneficiarse de ella. En primer lugar, puede sacar ventaja de la reducción del mercado, vendiendo a precios más altos productos dirigidos a un mercado más compacto pero con alta capacidad de compra, como sucedió en el caso de la industria automotriz. Por otro lado, se apropia de los renglones del mercado global que estaban en manos de los pequeños y medianos capitalistas, al darse el cierre generalizado de las empresas de éstos. Precisamente por la mayor intensividad con que podría atacar al mercado, generalmente donde detenta control de precios por su estructura monopólica, puede traducir las alzas de los costos de producción en la elevación de sus productos. Además, está en posibilidad de contar con altos volúmenes de créditos y otras formas de financiamiento, tales como la emisión de acciones. En este último punto, habría que considerar que la adecuación del mercado de valores –que para 1977 tenía programado lanzar de 500 a 2 mil millones de pesos en obligaciones industriales con tasas superiores hasta en 1.5% a las que ofrecían las inversiones financieras a 12 meses- representa una hábil medida para que las grandes empresas robustezcan su posición, en el contexto de crisis de 1977 (VI/17).

Y es precisamente lo que hace el gran capital; fortalecerse. Aprovecha la crisis para incrementar sus utilidades. Ciento cincuenta empresas registradas en la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, tuvieron utilidades por cuatro mil millones de pesos, durante los primeros seis meses del año (XI/17). Pero este robustecimiento no significa que necesariamente se generarían más empleos. El gran capital está en excelente posición; a)porque a través del seguro contra la devaluación tiene seguridad de inversión (XI/10); b)porque no tiene necesidad de invertir para crear nuevos empleos sino, como máximo, aumentar la proporción del total de la capacidad instalada que es efectivamente utilizada; c)porque está en posibilidad de aprovechar la flotación del peso frente al dólar y las devaluaciones del dólar frente a las monedas de los socios capitalistas de la oligarquía norteamericana, para hacer posibles exportaciones. Con todo ello, el gran capital no genera suficientes volúmenes de empleo; sus reinversiones son siempre tibias. En primer lugar, la burguesía concibe que si invierte más en una producción orientada al mercado extenso, aumentando significativamente la capacidad instalada al mercado extenso, aumentando significativamente la capacidad instalada de sus empresas, sus ventas no se elevarían en la misma proporción en que ha invertido. En segundo lugar, el gran capital se orientaba básicamente hacia la sustitución de importaciones de bienes de consumo: por ello, el pasar a la situación de bienes de capital (que sería más generadora de empleo) se dificultaba con la planta industrial vigente. Por tanto, aún estando en posibilidad de resistir a los efectos de la crisis, no reinvierte lo suficiente, ni crea volúmenes significativos adicionales de fuentes de empleo. Por todo lo anterior, el combate del desempleo en la sociedad mexicana, durante 1977, es dificultado, tanto en lo que respecto a evitar su crecimiento, como en lo concerniente al mantenimiento del empleo en los niveles previamente existentes. Los trabajadores – aún los organizados- dan muestras de no soportar mucho tiempo más la pesada carga que llevan sobre sus espaldas. El congreso norteamericano se encamina hacia decisiones que limitarían las inversiones de sus nacionales en el extranjero, que gravarían los productos de las maquiladoras y/ó que permitirían la deportación de trabajadores mexicanos. El aparato burocrático del estado mexicano se encuentra imposibilitado para tener un gasto público que genere empleo. Pero el factor más importante es que la burguesía no invierte lo suficiente para cubrir el déficit ordinario y extraordinario de empleos. La reducción de mercados, los altos costos de producción y la falta de capital de trabajo son factores que lo impiden. Sin embargo, afectan de modo diferente al gran capital. Para el pequeño y mediano empresario, la presencia de estos obstáculos a menudo significan su quiebra y, consecuentemente, el cierre de su empresa con el consiguiente incremento del número global de desempleados ó subempleados. A su vez, la gran firma monopólico-transnacional está en posibilidad de resistir los efectos de estos factores y, en cierto grado, de beneficiarse de ellos para fortalecerse a costo del proceso de concentración que necesariamente conllevan. Tiene la posibilidad de modificar el destino de su producción (cambiando de un mercado interno extensivo a uno intensivo, por ejemplo), de tener acceso al crédito barato, de tener posibilidades de exportación y de pasar a una etapa de producción de bienes de capital. Sin embargo, durante 1977 no invierte más que en la medida necesaria para

obtener altas tasas de ganancia inmediata. Es por ello, que no genera los suficientes niveles de empleo. Estos factores se encuentran presentes en todos los sectores de la economía; en la industria, en el comercio, en los servicios y en las actividades primarias. Sin embargo, dado el tema central del trabajo que aquí se presenta, interesa analizar los factores específicos que impiden la constante creación de fuentes de empleo en el medio rural es particularmente relevante. En primer lugar, porque la mayor parte de la fuerza de trabajo –ocupada y no- está en el agro. De los aproximadamente 15 millones de habitantes que tienen ocupación en septiembre, se calculaba que en un 46% estaba ubicado en el campo y en actividades primarias; 15% en la industria; 10% en el comercio; y, 29% en el transporte y los servicios (IX/5). En segundo lugar, porque en el contexto de crisis, el desempleo rural podía ser considerado el punto definitorio del grado y nivel de crecimiento del desempleo en la sociedad mexicana global. La crisis agrícola venía desde la década de los ’60 (en la cuál la producción del campo creció a un ritmo promedio anual de 3.6%); posteriormente, durante el quinquenio de 1970 1975, se agudiza (crece, durante este tiempo, a sólo o.1%); finalmente, la producción de desploma en 1976 (donde la producción decrece en 2.1%). Si, además, esta crisis agrícola había sido un factor determinante de la crisis industrial, ¿En 1977 el ritmo de creación de empleos alcanza el nivel requerido para hacer real el esquema de descampesinización del agro? Los hechos parecerían fundamentar respuesta negativa a esta interrogante. En general, la falta de inversiones en el sector rural es el principal factor obstaculizante del abatimiento de la curva de desempleo en el medio rural (IX/5). Sobre el particular ya se ha discutido con cierta extensión en el apartado relacionado con la factibilidad, durante el año que aquí nos ocupa, de que la función económica del ejido y del minifundio privado sea efectivamente desplazada por la función económica vinculada con las inversiones de capitalistas privados. Sin embargo, conviene aquí tener en mente algunos puntos clave. Por un lado, la forma en que se manifiesta la presencia del aparato burocrático tiende, más que a atenuar, a agravar la situación del desempleo. Para empezar, su penuria económica lo coloca en una posición muy lejos de la adecuada para abatir directamente (IX/10) el desempleo rural. Cierto es que existían proyectos para lograrlo. Recuérdese que el director general de distritos de temporal, de la SARH, señaló la posibilidad de que el estado se convirtiera en patrón en los casos en que los minifundistas se negaran a la organización colectivo-empresarial; rentaría las tierras y daría ocupación en ellas al productor. En la ley federal de producción rural, cuyo contenido preeliminar era discutido por comisiones de diputados en el congreso de la unión, se podrían incluir las modificaciones necesarias para posibilitarlo legalmente (IX/25). Sin embargo, contra estos proyectos estaba la cruda realidad de la escasez de recursos gubernamentales. Esta forzaba la implantación de una política de eliminación de subsidios federales, que incidía negativamente, inclusive, en el nivel vigente del empleo. En Yucatán, por ejemplo, el presidente de la unión agrícola regional de productores de Henequén, señala a fines de septiembre que en la zona henequera era necesario dejar de tirar a la

basura los mil millones de pesos que el Banrural otorgaba a los 80 mil ejidatarios que no trabajaban, para pagar sólo al que verdaderamente lo hacía; el resto, obviamente, estaría así sin empleo. Pero, además de esta incapacidad gubernamental para emplear directamente a proporciones numéricamente significativas de la población rural, tampoco muestra tener mucho éxito en cuanto a la generación indirecta de empleos. Fue puesto en claro que sólo hasta principios de 1978, el gobierno federal haría despegar el programa de estímulos a la industrialización del agro como medio para acelerar la generación de fuentes de trabajo. Aún más, si se tomaban en cuenta medidas verdaderamente eficaces para desterrar al minifundio y a la economía campesina, llegando incluso a permitir legalmente el arrendamiento y venta de parcelas ejidales (VII/3), es indudable que el proceso de concentración de la tierra traería consigo mayores niveles de desempleo, al menos mientras este proceso se realizara. Pero, por otro lado –al igual que en el resto de los sectores de la economía-, de lo que verdaderamente dependía la elevación ó el decrecimiento del nivel de empleos, era de las inversiones de la burguesía. Es decir, en el marco estatal de la proletarización absoluta del agro, era importante que fuese la clase del capital la que brindara nuevas fuentes de trabajo porque el gobierno –a pesar de sus intenciones formales- no lo podía lograr durante 1977. Se encontraba imposibilitado, entre otras causas, porque no podía sustituir el tradicional uso de técnicas altamente mecanizadas en la construcción de infraestructura, por un nuevo proceso de uso intensivo de mano de obra (X/10). Sin embargo, aquí surge una serie de problemas. Un primer problema estriba en que los sectores, grupos y fracciones de la burguesía generalmente no se sintieron obligados a invertir de acuerdo a los lineamientos del aparato burocrático. Puesto que realmente el recurso a la compulsividad era inexistente, el gobierno no tiene forma alguna de asegurarse, por ejemplo, que los agricultores capitalistas sonorenses –indemnizados con 550 millones de pesos a cambio de las 37,000 hectáreas que les fueron afectadas a fines del sexenio de Echeverría- den efectivo cumplimiento al compromiso contraído con el gobierno federal en cuanto a no sacar el dinero del país, destinando la cantidad, obtenida como indemnización, a la industrialización del estado de Sonora y a la creación de nuevos centros de desarrollo en el sureste (VII/3). Un segundo problema parte del supuesto de que existiera efectivo interés por parte de la burguesía para invertir en el agro. Este supuesto parece tener alguna vinculación con el acontecer verdadero. En apariencia, se dan intentos reales de la burguesía por generar empresas, por pasar al capítulo inédito de la reforma agraria (VI/9), consistente en la industrialización rural. En el varias veces mencionado evento “México Agroindustrial”, la CONCAMIN y el Consejo Industrial Agropecuario intentan conducir a los inversionistas nacionales y extranjeros a industrializar, entre otros; carnes y sus derivados, alimentos balanceados, productos lácteos, frutas y legumbres, aceites y grasas, cacao y sus derivados, derivados de la silvicultura, café industrializado y productos de maíz (XI/18).

Pero el inversionista aquí se enfrenta con dos dificultades, correspondientes, respectivamente, al gran capital y al mediano y pequeño capital. Si es un inversionista de pequeña ó mediana envergadura, generalmente nacional de México, se enfrenta; a)a que se invierte en la creación de una empresa en alguna de las 95 industrias que la Concamin considera factibles, se enfrentará, en condiciones de desventaja original, a la estructura monopólica que de por si ya caracteriza al sector agropecuario; b)al hecho – señalado, por ejemplo, por el presidente de la sociedad agronómica mexicana (IX/12)de que para crear un empleo en la agricultura altamente tecnificada se requiere una inversión de 500 mil pesos; c)a que el constante deterioro de las condiciones de vida de las clases explotadas del país parecería forzar una política de bajos precios de garantía (al menos bajos, en la perspectiva de obtención máxima de ganancias). Esta tres categorías de escollos dificultan así la influencia del pequeño y mediano capital al agro, con lo cual éste no colabora gran cosa en el abatimiento de los niveles de desempleo del sector. Por otro lado, están las dificultades del gran capital. En las circunstancias mencionadas, parecería que la industrialización del agro –y, consecuentemente, la creación de empleos asalariados- era factible sólo si acudía a él el gran capital. Era muy probable que así fuera. Sin embargo, si el inversionista en el agro es de gran envergadura, generalmente extranjero, además de enfrentarse a por lo menos dos de las tres anteriores dificultades, se encara con la posibilidad de que su libre afluencia al país tal vez resultaría obstaculizada. Todo parecía indicar que los controles no serían intentados por el aparato burocrático del estado mexicano, sino precisamente por diversas instancias del propio estado norteamericano. Dada la recesión de la economía estadounidense, con los consiguientes altos niveles de desempleo, los sindicatos estadounidenses presionaban fuertemente al congreso para que se derogaran ó modificaran los ordenamientos legales que regulan las inversiones tipo maquiladoras, así como al bracerismo (VII/30). Esto genera cierta desconfianza en las fracciones de la burguesía norteamericana potencialmente interesadas en invertir en el agro mexicano; la desconfianza surge, sobre todo cuando se dan problemas para que ésta invierta incluso en las zonas más deprimidas del campo, que son los polos de repulsión de los ilegales mexicanos en EU. Veamos un ejemplo. El 12 de septiembre, la prensa nacional difundió las proposiciones del director de estudios fronterizos, del colegio de México, en el sentido de que, para evitar emigración de braceros, era necesario crear un plan de contratación en la región centro norte del país, que sirviera como una suerte de barrera a los potenciales braceros ilegales; el llamado a la inversión extranjera es claro en el texto de la nota periodística: “El plan de empleo abarcaría la zona norte de Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz, y la zona sur de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay un sistema de comunicación por ferrocarril que podría comunicar de costa a costa en esa zona y que podría financiarse con fondos de agencias internacionales para programas de desarrollo y establecer unidades de producción diseñadas para el uso intensivo de mano de obra. De ninguna manera este plan debe estar en la frontera, pues crearía una atracción adicional...Haríamos un análisis de costo-beneficio, para que los emigrantes desempleados vieran que es más costoso el

riego de aventurarse a cruzar la frontera sin documentos que competir por un empleo dentro del país y el flujo migratorio se reduciría notablemente (IX/12). Pues bien, las presiones para impedir esta afluencia de capital norteamericano en las zonas más deprimidas del país se evidenciaron poco después. El 19 de septiembre, se supo públicamente que el embajador norteamericano en México afirmaba que el presidente Carter tenía un plan para crear –mediante una inversión de 2,000 millones de dólaresempleos en las principales áreas generadoras de indocumentados”: “Lo que sucede es que el senador Lloyd Bentsen, de Texas, en un discurso propone la creación de un fondo conjunto mexicano-estadounidense para el desarrollo, con el propósito de crear industrias en las regiones de origen de gran número de trabajadores indocumentados. Esta propuesta señala la necesidad de una discusión previa con funcionarios mexicanos gubernamentales y, en caso de que éstas sean favorables, patrocinaría una legislación en el congreso de EU para ponerla en práctica (X/2). Dada la tremenda urgencia de capital canalizable al agro, es de esperarse que la fracción hegemónica de la burocracia pública mexicana no haya puesto mayores trabas al proyecto. Estas debieron surgir del propio congreso norteamericano, en tanto importante instancia del estado de ese país. De ésta y de otras maneras, las diversas fuerzas sociales ubicadas en el estado norteamericano, se convierten así en factor que directa ó indirectamente incide sobre el volumen del desempleo en el agro de México. Recuérdese aquí el juego político en EUA en torno al bracerismo, ya que ello ilustra la otra gran posibilidad de incidencia, en el desempleo rural mexicano, de lo que ocurra en la metrópoli más importante del capitalismo mundial. Las fracciones más poderosas del capital rural norteamericano favorecen el bracerismo de origen mexicano. El 27 de octubre, el presidente de la federación de agricultores y ganaderos de Estados Unidos –agrupación que contaba con tres millones de miembrosdeclara que se necesitaban trabajadores mexicanos en el campo de EU, por lo que los miembros de la federación no denunciarían a trabajadores ilegales y solicitarían –por el contrario- un nuevo tratado de braceros. El hecho es tan importante, que vales la pena incluir la declaración textual: “Hay muchos trabajos del campo que se necesitan hacer en los Estados Unidos. Hay miles de empleos que los trabajadores agrícolas mexicanos podrían llenar, si los problemas legales y de otro tipo se pudieran solucionar entre nuestros gobiernos. Mucho de esos trabajos agrícolas son duros, pero generalmente bien remunerados...Cada año hay menos trabajadores estadounidenses dispuestos a laborar en el campo...Hace algunos años existía un convenio entre México y EU, mediante el cual se permitía, aunque fuese temporalmente, la entrada de los braceros mexicanos...Los sindicatos estadounidenses protestaron y ahora...el procedimiento legal es tan complicado que muchos patrones se desaniman y prefieren no solicitar permisos para introducir trabajadores agrícolas al país...Por eso, muchos agricultores han comprado costosas máquinas para sustituir a las gentes...Gente que no trabaja en la agricultura no puede entender como la naturaleza nos dice cuando se debe hacer

algo...Se requieren programas de trabajo agrícola y acuerdos a largo plazo entre Estados Unidos y México”. A diferencia de esta posición de las grandes empresas rurales, los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores agrícolas norteamericanos se oponen, en general, a la reanudación de los programas de braceros. De triunfar esta posición; a)la incorporación de fuerza de trabajo mexicana a la economía de los EUA sólo podría seguir persistiendo en la ilegalidad (VI/22); b)la repatriación de mexicanos ilegales en EU, calculada en un millón de personas para fines de 1977, vendría a agravar considerablemente el desempleo en el país (V/26). Esta posición parece convertirse parcialmente en la que es realmente implementada; desde febrero (II/25), se anunció la reducción de la cuota de inmigrantes mexicanos a los Estados Unidos. En esta perspectiva, la disminución del desempleo en el agro mexicano, pues, parece no tener una sólida salida en el contexto de crisis de 1977. Séptima Tesis: el intermediario se sigue quedando con la mayor parte del producto agropecuario. La necesidad de mantener un cierto control, es lo que conduce al aparato burocrático al intento de aumentar su capacidad rectora en materia de comercialización de productos provenientes de los diversos sectores de la economía. El secretario de comercio anuncia, el 19 de noviembre: “Se enviará una iniciativa presidencial para que el Ejecutivo tenga más atribuciones en materia económica...La legislación para apoyar esta acción del estado como promotor del desarrollo comercial se reduce, de hecho, al artículo 34 de la ley orgánica, legislación sustancial, marco de referencia básico, pero aún insuficiente...Hasta 1976, el gobierno sólo intervenía en la actividad comercial...a través del instrumento de control de precios...Desde luego, actuaba también regulando, por conducto de la CONASUPO, el mercado de algunos artículos fundamentales. Pero como órgano de autoridad, es hasta enero de este año, al entrar en vigor la nueva ley orgánica de la administración pública federal, que se establecen las bases para trazar una política comercial y elaborar un programa integral de modernización y desarrollo del comercio del país”. Durante 1977, el control y regulación de la actividad comercial es especialmente importante para el estado. El esquema estatal de descampesinización del agro, sólo posible mediante inversiones privadas suficientes como para desplazar la función económica del ejido y del minifundio, requiere que las utilidades reviertan a los capitalistas que las efectúan. Esto implicaba debilitar al sector de comerciantes que, hasta entonces, sin tomar parte directamente en la producción agropecuaria, sí se quedaban con la mayor parte del producto agropecuario. Para el aparato burocrático era importante debilitar a este sector de comerciantes, pues su acción hacía que en ocasiones los productos del campo aumentaran hasta en un 1,200% (III/11).

Con objeto de mantener este control sobre el proceso de intermediación de bienes agrícolas y ganaderos, el aparato burocrático se apoya, por un lado, en los intereses de algunas fracciones de la burguesía con intereses íntimamente vinculados al campo; algunas de éstas están verdaderamente interesadas en hacer desaparecer a los intermediarios. La confederación nacional ganadera, por ejemplo, manejaba en agosto un proyecto en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tabasco y Distrito Federal, dirigido a hacer posible que la carne llegara directamente al consumidor –sin intermediarios- con un 20% de reducción en su precio al consumidor (VIII/22). Por otro lado, también cuenta con la venia de la maquinaria corporativa del estado. Los golpes contra el aparato de comercialización provienen, así, muy significativamente del congreso del trabajo, en general, y de la CTM, de manera particular. El 21 de agosto, el órgano oficial de la CTM, afirma que el comercio tradicional se había convertido en el drenaje de la economía nacional. En el mismo documento se anunciaba que, a partir de la reunión nacional de la CTM –del 30 de agosto al 2 de septiembre- se incrementaría la presión de la confederación sobre el capital comercial (VIII/2). Con estos apoyos, la burocracia central del estado mexicano parecía estar en una posición lo suficientemente sólida como para emprenderla seriamente contra los intermediarios atrasados del campo y de la ciudad. Al menos así parecía, con base en algunas partes del contenido del informe presidencial del 1° de septiembre: “El inversionista representa la parte más útil y osada del proceso económico, frente a los intermediarios que no se necesitan, rentistas que no trabajan y especuladores que medran, todos éstos, sin más riesgos hasta ahora que escuchar este tipo de reproches. Eso es muy serio. Habremos de remediarlo como una de las premisas de la estrategia de arranque”. Los intermediarios de productos agropecuarios, dentro del esquema estatal, son particularmente nocivos; hay que desaparecerlos. El presidente de la república decía al respecto, el 25 de noviembre: “La auténtica justicia para los trabajadores del campo la representa el reparto de la producción. No podemos afirmar que hay justicia para el campesino cuando le entregamos la tierra, pero su producción queda en manos de los intermediarios ó acaparadores; ahí no hay justicia, hay un proceso de deterioro que debemos combatir”. Para meter en cintura a este sector de la burguesía comercial, el aparato burocrático tenía que ampliar sus facultades en materia de distribución, hasta posibilitar la delimitación de una política comercial y la elaboración de un programa integral para su modernización y desarrollo. Lo primero que hace para lograrlo, es promover una adecuación jurídica que lo permita: la aprobación del artículo 34 de la ley orgánica de la administración pública federal da así las bases legales necesarias para que el gobierno atienda problemas comerciales. La coyuntura del ’77 es la que conduce al gobierno a actuar para intervenir de manera supuestamente decisoria en materia de comercio. En la ideología oficial se justifica el que lo hiciera sólo hasta entonces, porque los

problemas que se le presentaban al régimen López Portillista así lo ameritaban. Al respecto, el secretario de comercio es muy claro (XI/10): “El esfuerzo en el campo del comercio, al menos, apenas se inicia ahora. Y la verdad esa; la verdad es que en el campo del comercio, visto como una decisión, como un acto de gobierno, para orientar la modernización del comercio nacional, no había habido los recursos de ley ni los instrumentos administrativos que se dedicaran exclusivamente, como autoridad, a realizar esa tarea...Si algo tienen los gobiernos de la revolución es continuidad en sus objetivos y continuidad en su tarea. Pero los problemas de 1924, ó del 45, ó del 60, no son los mismos problemas de 1976 y 77 y los gobiernos de la revolución han tenido siempre la sabiduría de adecuar posiciones políticas e instrumentos administrativos para atender los problemas que se van presentando en cada momento de la historia...” De manera que, para el aparato burocrático, las circunstancias forzan a sus diversas dependencias –de acuerdo a su competencia formal- a tener una presencia mucho más activa en la esfera de la distribución. Es esta presencia incrementada la que debería conducir a la modernización del sector comercial; la modernización del comercio entendida, conforme a su peculiar lógica, como monopolización de la estructura del comercio: “En los últimos tres años se agudiza la tendencia hacia la concentración en el sector moderno del comercio. Por ejemplo: respecto del personal, en 1971 el 15% de los establecimientos absorbía el 50% de la mano de obra ocupada. En cuanto a las ventas netas que se registraron en el país. Debemos transformar esa parte de nuestro comercio que es costosa, retrasada y deficiente, para modernizarla y convertirla, aunque sea gradualmente en un factor positivo para el cambio. Necesitamos que nuestro sistema comercial deje de ser cuello de botella, para convertirse en estímulo del desarrollo. Esta es la tarea de la Secretaría de Comercio” (secretario de comercio, XI/9). Ante estas declaraciones, parece ser claro que para la fracción López Portillista de la burocracia central, modernización del comercio era igual a concentración monopólica del comercio. En otras palabras, se empeña en la tarea de sentar las bases para que todo el sector comercial tuviera más ó menos el mismo grado de concentración que – sólo por mencionar un ejemplo- el que daba en el caso de la distribución de pan de trigo; de las 1,500 pastelerías en el D.F., 150 estaban en manos de Albino Sánchez Pielas; 200 eran propiedad de Antonio Vázquez; y Cipriano Ordóñez era dueño de otras 100. Cuatro personas concentraban la tercera parte de las panaderías existentes en la ciudad (IX/21). Mediante el manejo de diversos instrumentos –en donde sobresale la política oficial de otorgamiento de créditos (IX/14)- el esquema estatal de desaparición (vía modernización, igual a monopolización) del sector de intermediario-comerciantes atrasados, estaba siendo aplicado. En algunos casos, inclusive se tuvo cierto éxito; por ejemplo, en materia de distribución de fertilizantes en el agro, y de carne en las ciudades. Con respecto al primer ejemplo, el director general de Guanos y Fertilizantes de México anuncia orgullosamente, en octubre, que sólo el 25% de los fertilizantes que

se manejaban entonces se distribuían en el mercado por medio de comisionistas, agregando que de ahí en adelante el nuevo sistema sería el de distribuir fertilizantes a través de agencias directas de venta, ó bien mediante fábricas productoras establecidas con inversión federal y de la entidad federativa en que se ubicaran éstas (X/26). El segundo ejemplo se refiere concretamente al convenio, firmado a mediados de septiembre (IX/19), entre el Congreso del trabajo, la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz, e Industrial de Abastos, para la venta masiva de carne –20% más barata que en el comercio establecido- en la ciudad de México. Los ganaderos veracruzanos se comprometían a abastecer, en volúmenes ilimitados de carne, a las zonas habitaciones que previamente serían sugeridas por el congreso del trabajo; también se abastecerían las tiendas CONASUPO y los establecimientos sindicales. Conampros proporcionaría asesoría a los miembros de la unión ganadera para que la comercialización se hiciera en forma sistemática, integrada y con alto nivel de organización para garantizar su éxito. Industrial de Abastos pondría a disposición de la Unión Ganadera los locales que fueran necesarios para la venta de la carne, permitiendo además a los ganaderos el uso de dichas instalaciones tanto para la conservación como para matanza. En síntesis, se trataba de eliminar a los intermediarios en el proceso de distribución de la carne. Sin embargo, independientemente del grado de éxito alcanzado, existe alguna evidencia en base a la cual estos dos ejemplos en el intento de implantar la modernización-monopolización del comercio por parte del aparato burocrático no se pueden considerar como representativos de la generalidad de respuestas que el intento de lograrla realmente tuvo. Al menos, esto es muy claro en el caso del proceso de comercialización, distribución e intermediación de bienes agropecuarios. ¿Cuáles son algunas de las dificultades para hacer que desaparezca el comerciante atrasado de productos agrícolas y ganaderos, durante el año 1977? En primer lugar, las características de la intermediación en el agro eran tales –estaba tan arraigado el sistema de comercialización atrasado- que el aparato burocrático no podía crear un sistema de comercialización que efectivamente lo desplazara (X/29). Los intentos de hacerlo, al menos durante el año que aquí se estudia, así lo indican. El caso de la intermediación de la fruta es muy claro. Aproximadamente 50% de las 7 millones de toneladas de frutas del país era controlado por los acaparadores de La Merced, en la ciudad de México. Estos establecían precios de venta, que incrementaban hasta en 700% con respecto al de producción. La Comisión Nacional de Fruticultura representaba el mecanismo a través del cual, en principio, el aparato burocrático podría intentar modificar la situación. Sin embargo, la CONAFRUT no podía hacer nada al respecto, porque, según declaraciones de su propio director (X/7), “se necesitarían muchos cientos de millones de pesos para evitar que por lo menos la mitad de la producción vaya a parar a las bodegas de Conafrut y se comercie directamente”. La impotencia es notoria; los organismos oficiales manejaban diariamente 10 millones de pesos y 10 toneladas de fruta; los acaparadores de fruta manejaban 1,500 toneladas de fruta, y unos 7 mil millones de pesos diarios (X/7).

Pero aumenta esta impotencia gubernamental para crear un sistema de comercialización alternativo al existente, cuando se percibe una clara tendencia al incremento del costo de operación del mismo. Por ejemplo, el aumento en las cuotas de ferrocarril y de auto transportes federales, anunciada a mediados de noviembre (XI/13), hacia que cada vez fuera más difícil para el gobierno encontrar un sistema de comercialización sustitutivo. Esto es lo que motiva que algunos altos burócratas afirmen que la acción de los intermediarios –atrasados ó no- es imprescindible durante 1977, aún cuando éstos adquieran espectaculares ganancias (VII/19). Lo más que la fracción hegemónica de la burocracia central puede hacer, es controlar el proceso de acumulación, a la vez que asegurar la participación gubernamental en ella, mediante el pago de impuestos efectivos. Por otra parte, la lucha contra los comerciantes voraces en general se ve obstaculizada porque éstos solidifican su posición, al prever que el aparato burocrático canalizarían los fondos obtenidos vía petróleo, de manera indirecta, al incremento del mercado interno. Al respecto, el presidente de la cámara nacional de comercio de la ciudad de México, por ejemplo afirma el 24 de noviembre: “Los cuantiosos ingresos que tendrá el estado en unos años más seguramente serán canalizados al desarrollo de infraestructura y a atender las necesidades sociales del país, y por eso no avizoramos problemas ó posibles rompimientos del sistema de economía mixta vigente”. Con base en este incremento –real y potencialmente aún mayor- de su capacidad de negociación, los diferentes sectores de comerciantes están en posibilidad de influir, por ejemplo, en lo que respecta a la política de control de precios. Es decir, el aparato burocrático del Estado Nacional mexicano postula la necesidad de racionalizar el proceso de distribución de productos agropecuarios, a fin de abatir el monto de los precios con los cuales éstos llegan al consumidor. Sin embargo, los intermediarios no tienen una actitud pasiva frente a este hecho; muestran no estar dispuestos a verse suprimidos de esta fuente de apropiación de riqueza. Consecuentemente, dan la lucha contra el operante –y pretendidamente mayor- sistema de control de precios (II/26). La burocracia central reconoce –y no tiene empacho en afirmarlo así públicamente- que la política de control de precios es el resultado de una lucha que tiene implicaciones superestructurales de mayor amplitud: “el subsidio y el sacrificio son decisiones políticas después de muchas horas de diálogos, razón por la cuál no sólo se analizan los aspectos técnicos sino también los políticos. Hay decisiones políticas porque en los aumentos de precios hay intereses en conflicto y no sólo se tiene que ver a quien se puede beneficiar, sino también a quién se puede perjudicar” (XI/25, subsecretario de comercio interior, Secom). Y, al anunciar (X/6) la Secretaría de Comercio que, definitivamente, autorizaría aumentos en los precios cuando así sea justo para el productor; ya que no puede comprometerse a congelar precios en una situación inflacionaria, y cuando el 25 de noviembre se notifica que la lista de 400 precios hasta entonces sujetos a control

gubernamental sería reducida a 300, queda claro: i)que los comerciantes estaban dando una auténtica lucha política; ii)que la lucha que estos llevaban a cabo era altamente eficaz; iii)que, en cuanto tal, era difícil que el aparato burocrático emprendiera acciones realmente eficientes tendientes a controlar al sector –así sea el más atrasado imaginable- de los comerciantes, en el agro. Pero, además de las dificultades gubernamentales para sustituir al sistema de comercialización, y aparte de la solidificación de la posición política de los comerciantes, en ocasiones el aparato burocrático se vió forzado a dar tratamientos especiales a ciertas operaciones comerciales. Este tratamiento especial –altamente favorecedor- se dio como premio, ó como estímulo, para que las fracciones involucradas continuaran induciendo altas tasas de producción agropecuaria. Tal es el caso del trato fiscal dado por la SHCP a las operaciones comerciales realizadas por los agricultores de Sinaloa durante 1977 (XI/12). Sin embargo, también este tratamiento especial, otorgado a determinados grupos de comerciantes, se debió a escasez de producción. Por ejemplo, en Nuevo león y en Matamoros, Tamaulipas, el Comité de Promoción Económica de la Frontera otorgó permiso para importar huevo a los comerciantes locales, como medida para contrarrestar el ocultamiento del producto, provocado por los avicultores para presionar hacia la autorización de un nuevo aumento de su precio (XI/4). En otras palabras, durante 1977 el aparato burocrático no solamente no puede combatir eficazmente a los intermediarios, sino que en ocasiones se ve obligado a favorecerlos ampliamente. Pero el enfrentamiento entre gobierno e intermediarios tiene una dimensión adicional: las posibilidades de la imposición gubernamental –a éstos- de sus perspectivas, se ven obstaculizadas por el sólido raigambre que tienen en la producción agropecuaria. Recuérdese que, como la banca oficial y privada apenas si financia alrededor de 50 mil de los 150 mil millones de pesos que se requieren en créditos destinados a la agricultura, los agiotistas y compradores anticipados de las cosechas aportan dos terceras partes del crédito (X/21). En estas condiciones, bajo el supuesto de que efectivamente fuera posible eliminar a los intermediarios, con el estado de penuria económica gubernamental y de crisis de liquidez generalizada, la eliminación de este sector representaría un enorme incremento del déficit crediticio que existía para el año que aquí se estudia. En este contexto, los llamados gubernamentales a la formación de un frente único contra los intermediarios agropecuarios son desbaratados por el hecho de que a menudo el gran y pequeño comerciante invierte directamente en la producción agropecuaria –financiándola-. Por esta razón, la llamada plaga agrícola mayor continúa causando estragos en la economía de los capitalistas del agro y, sobre todo, de las masas populares del campo y las ciudades (VI/12). Además, como salida a la intermediación excesiva, se planteaba que el sector privado invirtiera en la creación de empresas comerciales (IX/29). Sin embargo, ante las dificultades que representa la puesta en marcha de la política oficial de precios, los empresarios de la industria y del campo no estaban muy dispuestos a constituir modernas empresas comerciales en el medio rural.

Siguiendo con esta enumeración no exhaustiva de dificultades que determinan el que no desaparezca, durante 1977, el comerciante de productos agropecuarios que se queda con la mayor parte del producto agrícola, hay que considerar que el casi total dominio de los intermediarios sobre algunas ramas específicas del mercado, da al traste con los intentos gubernamentales de tener algún control sobre los precios. En el caso de la carne, por ejemplo, el mercado respectivo en el D.F. era controlado por 8 mil tablajeros y por los introductores de gunado; esto determinaba el que aún con la ciudad saturada de carne (posibilidad utópica, en 1977), el precio pudiera subir aún más (X/9). Los comerciantes –acaparadores e intermediarios-, no cabe duda, no son un hueso fácil de roer. Se sabía que aproximadamente 45% (X/7) de las cosechas totales se perdían al año por manejos inadecuados de los productos, así como por la ausencia de mecanismos para preservarlos y de tecnología adecuada para procesarlos. En principio, se pensaba que si se evitaban estas altísimas pérdidas, se aumentaría la oferta de productos agropecuarios, con lo que los precios bajarían y, presumiblemente, el intermediario también tendría una menor tajada. La técnica agrícola tenía incuestionables adelantos en esta materia. Por ejemplo, se había desarrollado en el país un proceso que permitía la conservación de frutas y legumbres, sin refrigeración (mediante la aplicación de una película de candelilla), durante 60 días, en vez de 12 ó 15 (X/2). Pero en esta afirmación abstracta, hace su aparición concreta la acción de los comerciantes. En este sentido, habría incluso la posibilidad de que la propia investigación gubernamental en materia de técnicas de conservación fuera utilizada por los intermediarios para acrecentar sus reservas especulativas de productos agropecuarios. En este sentido, las acciones gubernamentales podrían contribuir al arsenal que tenían a su disposición; éstas no sólo le bastaban para sobrevivir, sino incluso para fortalecerse en cierta medida. Ya se ha señalado aquí que el comerciante es difícil de controlar, entre otras cosas por su vinculación directa con la producción agropecuaria. Pero, esta frecuente ingerencia en la producción es sumamente versátil; el comerciante cambia fácilmente de giro comercial. Por ejemplo, si la importación de maíz deja utilidades, se dejará de financiar su producción en el país. Dejemos aquí la palabra al coordinador científico del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (IX/22): “México, que tiene capacidad para quintuplicar su producción agrícola, no es autosuficiente en granos, particularmente de maíz, porque su importación deja grandes ganancias a especuladores e intermediarios...Los granos que se importan quedan en manos de especuladores e intermediarios, los que además de mantener un mercado negro en maíz, frijol y trigo, aumentan el precio de los productos al consumidor en 50% como mínimo”. Pero, supongamos por un momento que el estado realmente –es decir, que no fuera una mera posición demagógica- hubiera establecido mecanismos operativos de control, eficaces para frenar la inflación. En este caso, difícilmente habrían repercutido en que el comercio organizado se sometiera a ellos (II/25). Es decir, si se hubiera tenido éxito en controlar políticamente a una parte de los comerciantes, el sistema comercial en su

totalidad hubiera amenazado con parar. Si las autoridades sancionaran a los comerciantes que violasen los precios oficiales, siempre quedaría la posibilidad de que los comerciantes, como conjunto, simplemente amenazaran con no vender artículos de primera necesidad. No es de otra manera que deben interpretarse las palabras del presidente de la Concunaco (IX/14): “Las autoridades deben sancionar a los comerciantes que violen los precios oficiales, pero al que no le convenga no va a vender los artículos de primera necesidad”. Y es en buena parte debido a esta implícita posibilidad –de que el sistema comercial se paralizara como medida de presión- que al aparato burocrático no le queda otra alternativa, durante 1977, que la de recurrir frecuentemente al tomo suplicante a fin de abatir los precios (ó, cuando menos, mantenerlos a su nivel preexistente) de los productos de primera necesidad. El 1° de marzo, el presidente López Portillo, en la LIX Asamblea de la Concanaco, decía: “Ayúdenos, comerciantes de toda la república, con este programa de consumo básico. No son muchos; de los miles de productos que se comercializan en el país, noventa, nada más noventa, son fundamentales para que nuestros mexicanos pobres vivan con cierta tolerable dignidad”. Los comerciantes manejaron con relativo éxito la imagen ideológica de que ellos no eran los responsables del alza de precios. En este sentido, el comerciante tuvo éxito en probar que compra caro y vende caro (VIII/1). Esta situación ideológica coadyuvaba al hecho de que fuera difícil de combatir. Con base en ella, por ejemplo, se torna escurridizo ante las propuestas de que se legisle contra su acción; no son eficaces los intentos de instrumentar legalmente la acción estatal contra la presencia de los intermediarios que elevaban los precios de productos de primera necesidad. Y las propuestas en su contra no fueron siempre tibias, algunas presionaban para que la actividad de los intermediarios fuera considerada como una forma específica de usura: “La carta Magna castiga la usura y debe entenderse que cuando un acaparador compra una cosecha antes de tiempo y agarra ahorcado al campesino, realiza usura con su dinero” (IX/5). Otro factor que obstaculiza el combate de la acción de los intermediarios en el agro; la gran cantidad de leyes y ordenamientos que generaba confusión en el mejor de los casos (e impunidad y corrupción en el peor). Al respecto, se llegó a afirmar públicamente que el sólo índice de leyes existentes con relación al comercio abarcaba 300 cuartillas mecanográficas (IX/6). Se planteaba, también, que una de las mejores formas de combatir al intermediario en el agro, consistía en tomar medidas que fortalecieran la capacidad de negociación de los productores. Sin embargo –y al menos esto es claro en el caso de los más sólidos rubros del sector agrícola y ganadero-, una altísima concentración de la distribución de insumos y productos recaía precisamente en la intermediación de las compañías

transnacionales. Esto, inequívocamente, dificultaba el que los beneficios formales del gobierno fueran realmente a los productores; iban, de hecho, al respectivo subsistema que los comercializaba y los abastecía de insumos, fortaleciéndolo. En este sentido, no era fácil, en el caso de la leche y harina de trigo, que los aumentos de precios autorizados repercutieran efectivamente en mejorías del capital instalado en el agro, ó en el mejoramiento de la organización para realizar compras y ventas. Tratándose de este último caso, la concentración extrema –tres compañías controlaban la industria de la leche y de alimentos equilibrados del ganado- lo impedían (VIII/24). El alza del precio de la leche sólo hubiese beneficiado a los productores-empresarios, en la medida en que se coordinara esta alza del 21%,con crédito oportuno y con la formación de un capital colectivo ganadero para garantizar la estabilidad de los precios de los insumos requeridos (VIII/25), cosa que no ocurre durante 1977. De esta manera, el comercio producía alrededor del 31% del producto interno bruto. Existían 400,000 comercios, cuyo número crecía a una tasa anual de 4.5% (mayor, por tanto, que el crecimiento de la población). Precisamente por esta posición es que –ni aún habiendo querido efectuarlo realmente- los sectores comerciales de la burguesía resultaban difícilmente controlables –y, más improbable aún, suprimibles algunas de sus fracciones más atrasadas- por el aparato burocrático durante 1977 (XI/9). Por otro lado, si se parte de la diferenciación entre intermediarios inútiles y los útiles en el terreno del discurso político empleado por la fracción López Portillista de la burocracia pública, en el terreno real era difícil el tomar medidas políticas diferenciales en cuanto a uno y a otro. Se decía fácilmente, pero en la práctica el depurar al sector de intermediarios atrasados de productos agropecuarios ofrecía fuertes dificultades; obstáculos que emanaban de la esencia misma del funcionamiento del modo de producción capitalista en su articulación con formas técnicas de organización diferentes en el agro (VII/27).

Capítulo VII: La no Realización de las Funciones Superestructurales Demandadas de la Burguesía Rural.- Desde su Óptica, al Gobierno y a la Maquinaria Corporativa hay que Mantenerlos Vigilados

En el capítulo anterior se ha visto que el comportamiento económico real de la burguesía, durante 1977, se aleja considerablemente de -e incluso contradice a- el que debiera tener de acuerdo a los designios estatales para establecer el esquema de descampesinización del agro mexicano. Las fracciones rurales de la burguesía, en efecto, no invierten, no substituyen al ejido y al minifundio privado. no produce más bienes agrícolas y ganaderos, no generan más empleos tienen problemas para mantener sus tasas de utilidad, se muestran incapaces para hacer desaparecer al intermediario comercial -atrasado- y tampoco logran que se transfiera recursos de otros sectores al agro. Pero la proletarización definitiva a la que el Estado como conjunto emplaza claramente, a la población rural durante este año, requerirá otra cosa de la burguesía. Además de un cierto comportamiento económico requerirá una determinada postura política. Esta última, básicamente, debería circunscribirse en torno al hecho de que el aparato burocrático y la maquinaria corporativa no son enemigos reales del capital privado sino, a fin de cuentas instancias -amigas- del propio Estado, con las cuales ocasionalmente se puede llegar a tener conflictos no esenciales. Sin embargo, parece ser que tampoco cumple la burguesía rural con este otro requerimiento. Se tienen a la mano elementos suficientes como para afirmar con relativo fundamento que ésta tiene un comportamiento con respecto al Gobierno que más bien parecería desprenderse de una concepción del-aparato burocrático, si bien no como enemigo antagónico, si como blanco constante de sus hostilidades más ó menos abiertas. Debido a que no interpreta "correctamente” los determinantes -y el contenidode la actuación de los aparatos económicos, políticos e ideológicos de poder en el agro, no solo no acepta el más leve daño a sus intereses inmediatos, sino que a menudo se opone a ellos, obligando al aparato burocrático a actuar a niveles muy cercanos a los de total pérdida de legitimidad popular. Se han elaborado al respecto tres tesis, mismas que en este capítulo se fundamentan. Primera Tesis: la burguesía no acepta que en el medio rural se dañen sus intereses inmediatos, ni aun cuando esto suceda como una respuesta política a la radicalidad alcanzada en la lucha de clases. a) La lucha de la burguesía como clase:

A nivel formal, la burguesía como conjunto acepta la conducción gubernamental de la macroeconomía. Inclina formalmente la cabeza y acepta en cierto sentido un relativo daño a sus intereses inmediatos. Esta aparente docilidad quedaría ejemplificada por el hecho mismo de que las fracciones más poderosas del capital participan en la Alianza para la Producción. Esta, como se sabe, surgió a principios de diciembre de 1976, cuando 140 empresarios anuncian a JLP su disposición de invertir 100 mil millones de pesos (crear 300 mil empleos) durante 1977, y se firman al respecto 10 convenios con el Gobierno Federal. Los representantes de los empresarios y los dirigentes del Congreso del Trabajo conciertan acciones en las 10 ramas industriales más importantes. Entre estas acciones, -orquestadas- por el aparato burocrático, resalta el compromiso conforme al cual los empresarios fabricarían productos básicos a bajo precio. A nivel real, sin embargo, la burguesía no está dispuesta a aceptar que esta conducción gubernamental dañe sus intereses inmediatos. Su actuación durante 1977 maestra claramente que no permitirá que se repita lo que sucedió en los inicios del régimen de Luis Echeverría. Ciertamente, existen algunas semejanzas -aunque en contextos may diferentes- entre la situación de crisis de 1971 y la de 1977(III/15). Pero, en el año que aquí se estudia, el capital denota una y otra vez que no está dispuesto a debilitar -aún en mínimo grado- su posición económica; no va a admitir trabas para su expansión, así sea en aras de la legitimidad global del estado mexicano. La burguesía, como clase, presiona realmente para evitar todo lo que pueda debilitarla. Es decir, evita toda medida destinada a hacer posible que los trabajadores se deshagan de una parte del peso que el Estado, en el afán de salir de la crisis sin molestar significativamente a los capitalistas, ha echado sólo sobre sus hombros y para evitar estas medidas, entra en contradicción con la instancia que sea: aún con el propio aparato burocrático -con la autoridad-, cuando por necesidades político-ideológicas éste da muestras de coadyuvar a liberar parcialmente de su carga a los trabajadores. Esto entre otras cosas, permite arrojarlas sobre el carácter fundamental que abarcan los conflictos de poder durante el proceso de administración estatal de la crisis durante 1977. En primer lugar, no se trata de una “crisis de autoridad”: en todo caso, son conflictos de autoridad. Hay indicios de que los conflictos más graves en torno al ejercicio de la autoridad no son del gobierno respecto al pueblo. No consisten en la pérdida de la capacidad gubernamental para hacerse obedecer por parte de los sectores explotados de la población; su relativa aceptación -por acción u omisión- de la forma en que se plantea la salida de la crisis, así lo demuestra. Parecería por el contrario que los conflictos fundamentales se manifiestan, sobre todo, en la disminución -real y potencialde la posibilidad de que los designios gubernamentales encuentren una pronta obediencia por parte de los diferentes grupos, sectores y fracciones de la burguesía. Correlativamente, la burguesía aumenta su capacidad para actuar a todo nivel -económico, político e ideológico- contra aquellas medidas tomadas por el Gobierno ó

propuestas por la maquinaria corporativa que puedan en alguna medida, minar en funcionamiento. El 30 de octubre, el Presidente del Comité de Uniones de Crédito, de la Asociación de Banqueros de México, afirmaba que movimientos empresariales como el de Nuevo León no sólo alteraban el orden político, sino también el económico, en perjuicio de todos los “sectores”. Esta afirmación es muy significativa, porque deja entrever que la burguesía actúa por lo menos en tres diferentes frentes, cuando se trata de luchar por la defensa de sus intereses. A nivel económico: a)lucha contra medidas redistributivas: b)utiliza, para su fortalecimiento, incluso las medidas gubernamentales tendientes a controlar en expansión; c)ejerce presión para obtener alimentos de precios; d)mantiene bajos los salarios; e)desradicaliza las demandas del movimiento -organizado- de los trabajadores, mediadas ó no por la intervención del aparato burocrático; f)toma medidas diversas para continuar beneficiándose con la inflación, lo que implica que el gran capital sale victorioso del enfrentamiento global con el pequeño y mediano capital. Las medidas políticas tomadas, para evitar el daño a sus intereses son, entre otras, las siguientes: a)aumenta en general, en capacidad de negociación política; b)efectúa campañas a favor ó en contra de determinadas posiciones al interior del aparato burocrático; c)incorpora, subordinándolas, a otras fuerzas sociales, utilizándolas como apoyo a su posición; d)se alía con otras fuerzas sociales, para apoyar aún más su postura. Sin pretender ser exhaustivo, la lucha ideológica emprendida por la burguesía para evitar daños en sus intereses, incluye; a)las presiones para que, mediante diversos medios, se presente un panorama optimista no coincidente con la realidad; b)la inclusión, en la ideología, de la aclaración de que el empresario sólo invierte si tiene utilidades, de lo contrario cerrará las fuentes de trabajo que maneja; c)la difusión de la imagen de que el capitalista no es culpable de la crisis, sino que es sólo una víctima más de ella. Veamos cada uno de estos puntos con mayor detalle. a)La lucha económica:

Los requerimientos que implica la administración de la crisis durante 1977, obligan al aparato burocrático del estado mexicano a formular algunas medidas que tienen un cierto carácter redistributivo. Esto se ve de alguna manera en la forma en que –el 9 de noviembre, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados- el Secretario de Comercio afirma que se buscaba manejar el conjunto de instrumentos destinados a la protección del consumidor: “La solución para el manejo de todo este conjunto de instrumentos, a veces contradictorios, está en buscar primer la protección de los más débiles, y luego, el concilio de las fuerzas en conflicto que pretendería ó desearían ventajas parciales. En la protección de los más débiles y en equilibrio, habrá que encontrar la respuesta. Sin admitir presiones de grandes grupos

de interés, ni ceder a expresiones populistas, ya que en el fondo ambas van contra el verdadero interés popular”. La secretaría de comercio, afirmaba su titular en esa ocasión, tenía entre sus objetivos fundamentales el proteger al consumidor, asegurando a toda la población el abasto de los bienes y servicios socialmente necesarios a precios accesibles. Sin embargo, en el anterior capítulo se ha visto ya cómo en la realidad el aparato burocrático se muestra incapaz de abatir significativamente la inflación y para asegurar el suministro de bienes socialmente necesarios, en el transcurso del año que aquí se estudia. El 11 de noviembre el presidente de la república daba por supuesto que existía afinidad de tesis entre iniciativa privada y el gobierno; no obstante, remarcaba que aún faltaba ponerse a trabajar en la solución conjunta de los problemas. Y es por ello que el año 77 es rico en ilustraciones de cómo la burguesía, a la hora de iniciarse la implantación de algunos de los planes y proyectos conjuntos, que la lucha de la burguesía contra el más mínimo daño a sus intereses se manifiesta más claramente. Por ejemplo, la lucha contra la reforma fiscal progresiva –contra el pago de impuestos por parte del capital- tiene su máxima expresión en la posibilidad de que la parte afectable decrete paros, como el ocurrido en Cuautla; 20,000 comerciantes de la localidad protestaban así, a mediados de julio, contra la presencia de 300 auditores (VII/20). También la lucha económica de la burguesía en su conjunto para evitar pagar impuestos adopta una forma para la derogación de múltiples impuestos. Por ejemplo, con respecto a la petición de derogar el impuesto sobre utilidades excedentes, uno de los principales asesores de la Concanaco informaba, el 29 de noviembre: “La Concanaco pidió ya al gobierno federal la derogación del citado impuesto, y si bien es cierto que no ha habido una respuesta afirmativa, creemos que se tomará en cuenta nuestra opinión...(ya) que el comerciante espera que en este año el paquete fiscal de reformas presentado al Congreso sea sustancial y no contenga el establecimiento del impuesto al valor agregado”. Si ocurría la amenaza de paro y la presión de todo tipo durante 1977, resultaba fácil imaginarse lo que ocurriría durante 1978, cuando –según

anuncios de la SHCP- se harían 40,000 auditorías, se revisarían declaraciones y se procedería a realizar efectivos exámenes de los libros de los causantes (X/31). De igual manera, es ilustrativo el ya mencionado intento redistributivo del aparato burocrático, -con lo que, simultáneamente pretende abatir costos y generar empleos- consistente en la eliminación del sistema de contratistas para la construcción de las obras gubernamentales, y en sustitución por el sistema de administración directa. Si esta idea hubiera proseguido, ello no podría haber significado otra que el retiro del apoyo que hasta entonces la burocracia había tenido, de la fracción de la burguesía que crecía a la sombra del Estado. En este mismo sentido de lucha contra las iniciativas redistributivas de la burocracia central, es que debe considerarse la posición del vicepresidente de la Concanaco, cuando afirma –el 10 de noviembre- que se debía impedir el aumento en los precios, pero sin lesionar a la libre empresa, que era lo fundamental. Pero la lucha económica de ninguna manera se agota con la lucha contra las medidas redistributivas formuladas por el aparato burocrático. En ocasiones, la burguesía acepta estas medidas redistributivas, se nutre de ellas y las convierte en mecanismos que conducen a objetivos totalmente contradictorios a los que formalmente sirvieron de fundamento para su formulación. Esto es claro en el caso de la burguesía comercial. Durante el año que aquí se analiza, fue insistentemente señalada la necesidad de que la Procuraduría Federal del Consumidor ampliara sus atribuciones legales, para tener funciones ejecutivas plenas. El 22 de septiembre, el procurador de defensa del consumidor, afirmaba: “Hace tiempo que insistimos en ampliar nuestras facultades; la procuraduría ha funcionado bien, pero no es suficiente; necesitamos funciones ejecutivas plenas, de poco sirve a los quejosos que establezcamos la responsabilidad de tal ó cual comerciante abusivo, si no tenemos los instrumentos legales para ejecutar nuestros dictámenes...Hay miles de asuntos resueltos a favor de los consumidores, pero hace falta reforzar nuestras atribuciones para que los dictámenes tengan algo más que carácter declaratorio, lo que se logrará con el establecimiento de tribunales. Así estaremos verdaderamente en condiciones de servir con éxito a los consumidores, ó sea, los ciudadanos en general”.

El hecho es que la ampliación de sus atribuciones legales –a lo que sí se hubieran opuesto los comerciantes- no se efectúa durante 1977. A lo más radical que se llega en esta materia, es al establecimiento del mecanismo de transparencia de precios que consiste en la difusión –en prensa y otros medios de comunicación masiva- de los precios, en diferentes grandes comercios y mercados, para un mismo artículo. Oficialmente esta campaña, emprendida concretamente por el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, estaba destinada a lograr concretamente por el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, estaba destinada a lograr una mayor competencia en el comercio. Sin embargo, realmente propició – al organizarse los grandes consorcios comerciales- el fortalecimiento de la estructura monopólica del comercio y, consecuentemente, el reforzamiento de los altores precios (X/11). De esta manera, oponiéndose a las medidas redistributivas, ó aprovechándolas para beneficiarse aún más, la burguesía entabla una lucha contra el gobierno y contra la maquinaria corporativa, para evitar el más mínimo daño a sus intereses. Y todo parece indicar que constituye el término que sale favorecido, a todo nivel, de esta lucha. Presiona eficazmente contra el sistema de control gubernamental que de alguna manera dificultaba el alza de precios; para mediados de septiembre, la secretaría de comercio mantenía precios oficiales de sólo 800 artículos (IX/14) y a través del sistema costos-precios, mantenía un muy relativo control sobre cerca de 20,000 artículos. A la vez, existían 200 solicitudes presentadas en la secretaría de comercio para aumento de precios lo que indicaba que, más temprano que tarde, esta dependencia los autorizaría (IX/13). También resulta la burguesía vencedora en materia de salarios; logra mantenerlos bajos, no sólo durante el año, sino con posibles extrapolaciones también para 1978, ya que establece que los aumentos tendrían que ser entre 10 y 15% para ese año. El 8 de noviembre, el nuevo presidente de la confederación mexicana de ejecutivos de ventas y mercadotecnia afirmaba: “El gobierno ha aguantado un año de presiones sociales para controlar la inflación y deberá hacer lo mismo durante 1978, en que se iniciará el despegue económico. Los salarios deberán aumentar como máximo 10% y en casos extraordinarios 15%”.

Esto explica el hecho de que el 25 de octubre se tomaba como excusa que en Jalisco, en Tlaxcala, Puebla, Baja California y Nuevo León, las comisiones regionales que presentaron los estudios necesarios para la fijación de salarios mínimos para el año siguiente, no habían llegado a un acuerdo, por lo que no se podrían fijar los aumentos respectivos. En ocasiones, se explicaba, los trabajadores ahí representados exigían más del 100% de aumento, por lo que tendría que decidir al respecto la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. De esta manera, logra la burguesía neutralizar las medidas provenientes directamente de la burocracia central que no le benefician. Sin embargo, encuentra más dificultades para desradicalizar algunas de las demandas que provienen de los dirigentes de la maquinaria corporativa, particularmente del movimiento obrero, cuando no se presentan formalmente con la intermediación del aparato burocrático. Bien poco pudo hacer, por ejemplo, para evitar que la diputación de la CTM presentara un voluminoso paquete de demandas reivindicativas en la Cámara de diputados. Aún cuando éstas no fueron, ni discutidas ni aprobadas en el período ordinario de sesiones, es de vital importancia ver su contenido general. Estas demandas giran básicamente en torno a la reforma del artículo 123 constitucional, a la ley federal del trabajo y a otros ordenamientos legales, a fin de: crear el Seguro Nacional del Desempleo; otorgar rango constitucional al Derecho al Trabajo; institucionalizar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas; establecer 5 días de trabajo por dos de descansos (con salario íntegro) y semana de 40 horas; lograr administración bipartita en el INFONAVIT; realizar 30 reformas a la ley del seguro social; obtener la federalización de los tribunales laborales (X/25). Tal y como afirmara el presidente de la Gran Comisión, en el Congreso de la Unión (X/25), las peticiones presentadas por los diputados de la CTM, siempre habían existido, pero –en su opiniónentonces se tenía una buena oportunidad para institucionalizarlas. Ello es así, porque la burguesía no se opuso realmente –no pudo ó no se interesó en hacerlo- a que se presentaran. Sin embargo, la experiencia de la actuación de la clase del capital indicaba que habría que esperar, a la hora de intentar aprobarlas legalmente y sobre todo de poner en práctica

las modificaciones propuestas por la CTM, para ver si no serían letra muerta en el transcurso del acontecer real. Por lo que se sabe de la actuación de los representantes directos de la burguesía durante 1977, es dudoso que estos ordenamientos –si es que algún día entraran en vigor legal- serían verdaderamente eficaces ante el criterio de los empresarios de obtener la máxima ganancia posible. La evidencia a la mano permite establecer la hipótesis de que mediante sus planteamientos, por ejemplo de productividad compartida ó de la gestión obrera en las empresas, el movimiento organizado de los trabajadores estaría tocando inútilmente a las puertas de la fortaleza que mantiene al 70% del ingreso nacional en manos de unos cuantos (IV/20). Sin embargo, la eficacia con que la burguesía en su conjunto conduce la lucha por el logro de sus objetivos económicos, no debe conducir a subestimar la importancia que tiene el hecho de que existían fuertes contradicciones en su interior. Se podría pensar que en el hecho de que existían fuertes contradicciones en su interior. Se podría pensar que en momentos de crisis económica, el capital hace a un lado sus diferencias y conflictos internos y presenta un bloque común de sus actores sociales. Esta afirmación estaría –a nuestro parecer- bastante distanciada de la realidad, ó menos no reflejaría adecuadamente los acontecimientos en el contexto de crisis de 1977 (VII/14). Para mediados de año es posible que ya hubiera pasado la llamada crisis de confianza de la burguesía (en el gobierno), pero lo que de ninguna manera estaba cerca era un período de fin del enfrentamiento entre sus componentes. Las circunstancias de crisis constituyeron un poderoso dique al cumplimiento de deseos al respecto, sostenidos tanto por el aparato burocrático como por las organizaciones de lucha del capital (V/2). La crisis, en efecto, exacerba las contradicciones secundarias al interior de la burguesía, de acuerdo a los distingos existentes en cuanto a sus intereses inmediatos, y determina diferencias en sus posiciones. Son estas posturas, así determinadas, las que condicionan el tipo de lucha que emprenden las diferentes fracciones de la burguesía; i)entre sí; ii)con respecto al aparato burocrático; iii)en lo referente a las clases trabajadoras del campo y las ciudades. Estas posiciones, pues, se manifiestan en que determinada fracción acepte ó no –y la medida en que lo hace- daños a sus intereses en situaciones explosivas de lucha de clases.

En el seno de la burguesía, la diferencia de intereses, de posiciones y de forma de dar la lucha durante 1977 se manifiestan en que determinada fracción acepte ó no –y la medida en que lo hace- daños a sus intereses en situaciones explosivas de lucha de clases. En el seno de la burguesía, la diferencia de intereses, de posiciones y de forma de dar la lucha durante 1977 se manifiesta principalmente en torno a algunos puntos. Aquí, de nuevo, no se pretenderá ser exhaustivo. Por principio de cuentas, existen divisiones al interior de la clase del capital, respecto a la posición a adoptar frente al cumplimiento de los compromisos contraídos en la Alianza para la Producción. Oficialmente se reconoce, incluso, que existen grupos a los que les interesa cumplir con sus compromisos, en tanto que otros están decididos a especular cuanto sea posible (V/6). De igual manera, se presentan diferentes posiciones respecto a la inflación; aquellas fracciones de la burguesía que resultan especialmente beneficiadas con ella, particularmente el capital transnacional monopolista, no muestran estar dispuestas a ceder su amplio margen de ganancias sin dar la lucha contra las fracciones interesadas en mantener la inflación a un mínimo (IV/9). Y es que, en general, los pequeños y medianos capitalistas –de todos los sectores de la economía, incluyendo al agropecuario (III/23)constantemente intentan poner cortapisas a la acción de los grandes consorcios. Los comerciantes, ya en oposición a la postura del gran capital financiero e industrial, señalaban desde principios de julio la necesidad de iniciar la reactivación de la economía, mediante la liberalización del gasto público (VII/7). Pero el gobierno, como instancia del Estado mexicano particularmente receptiva de las presiones provenientes de las diferentes fracciones del capital, no adopta la postura del pequeño y mediano capital. Si el gobierno hubiera cedido a las presiones de los diferentes grupos de técnicos –economistas, administradores públicos, sociólogos, etc- ubicados en su interior, así como a las presiones de las fracciones no hegemónicas del capital privado, y efectivamente hubiera liberado el gasto público, establecido un control selectivo de cambio, adoptado una política de generación de empleos y descongelado los salarios, seguramente que la fracción hegemónica del capital hubiera esgrimido de nuevo el argumento de pérdida de confianza en el aparato burocrático (X/13).

Pero habría un ejemplo particularmente claro de contradicciones al interior de la burguesía, en cuanto a la aceptación –para fines de mantenimiento de legitimidad- de daños marginales en sus intereses inmediatos. El 22 de agosto, la Concanaco, la Concamin, la Coparmex, la Asociación de Banqueros de México, la Canacintra, el CCE, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, presentaron al presidente López Portillo una propuesta de 10 puntos; otorgamiento de un regalo de 15 días de salario mínimo por trabajador; creación de un número, igual al 2% de los trabajadores en nómina de cada empresa, de becas de capacitación de seis meses de duración, por un período de un año, para desempleados, que podrían consistir en cursos ó en prácticas; sostener hasta fin de año la estructura de precios entonces vigente en el mercado; acelerar en lo posible los proyectos de inversión ya en marcha y apresurar la planeación de nuevos proyectos; hacer campaña permanente para sustituir importaciones y estimular exportaciones, para aprovechar la competitividad de los productos mexicanos que –como consecuencia de la devaluación y flotación del peso, y devaluación del dólar- se tenía en el mercado internacional; dar un 10% de descuento en la tasa del seguro de crédito para la exportación; seguir impulsando el programa de producción y distribución de productos básicos de consumo popular; dar 10% de descuento en la que participan en el programa de productos básicos tienen contratado, en radio y televisión, para la difusión de ofertas específicas (VIII/23). Resultan particularmente claras, en este ofrecimiento, tres cosas:, a)que por el hecho de que en sentido real el contexto de crisis los coloca al borde de la quiebra, el ofrecimiento no podría ser cumplido por las pequeñas y medianas empresas; b)que en este -ofrecimiento- es bien poco lo que se resarcen los trabajadores, en cuanto a la pérdida de en poder adquisitivo (VIII/23); c)que, consecuentemente, el ofrecimiento proviene del gran Capital, que en esta ocasión muestra estar dispuesto a aceptar un leve daño a sus intereses, para fines de obtención de legitimidad y de reforzamiento de la centralización económica en sus manos. Es decir, la propuesta empresarial presentada a JLP -con todo y lo limitada que es- no representa la posición de la burguesía como totalidad, sino exclusivamente la de la fracción hegemónica de la burguesía, y ello sucede porque (y aquí si tiene razón el Jefe del ejecutivo) los -empresarios tienen que manejar la enorme Variedad de posiciones y problemas que dificultan la decisión unificada-(VIII/23). Pero la -posición de clase- como diría JLP, no es tal; es solo la posición de la fracción hegemónica de la burguesía, por más que el aparato burocrático se ilusione con que es la posición de toda la clase del capital. Tan ello es así -tan la admisión de pequeños

daños en sus intereses no representa la verdadera posición de clase de la burguesía como conjunto- que el ofrecimiento hecho por los organismos cúpula del sector privado empieza a requebrejarse muy poco tiempo después de que le fuera formulado al Presidente de la República. En efecto, a los dos días de efectuarse. el Presidente de la Asociación de Industriales de Vallejo dió a entender que el compromiso no tenía el consenso de los empresarios (VIII/25). Un día después, de manera mucho más clara, representantes de 115 cámaras de Comercio del interior del país rechazaban el ofrecimiento de congelar precios y dar 1.5 días de salario, amenazando con reunirse en la ciudad de México para enjuiciar, al Presidente de la Concanaco y para pedir un cambio en las estructuras de esa organización, -para que se impida que siga al frente de ella gente que no representa los intereses de los comerciantes (VIII/26). La respuesta real de los empresarios a la propuesta de los diez puntos fue tan baja que, para el 30 de agosto, sólo la habían aceptado 11,322 empresas. Obviamente, se trataba de las firmas de mayor envergadura (VIII/31). Cabe preguntar, ¿Porqué esta posición del gran capital? ¿Porqué algunas veces en situaciones consideradas de peligro para la estabilidad política, está dispuesto a ceder una parte –mínima, pero la cede- de sus ganancias? Básicamente, porque tiene muchas más posibilidades –tanto desde el punto de vista económico, como político e ideológico- de poder sostener e incluso mejorar su posición, que el resto de las fracciones de la burguesía.

Un ejemplo muy claro es el de la posición de lucha del gran capital transnacional. Su importancia económica queda más que demostrada por el hecho de que las inversiones directas de EU en América Latina, y en particular en México, se daban a un ritmo mucho mayor que el cualquier otra parte del mundo; habían aumentado 50% las inversiones directas a EU en América Latina en los tres últimos años, ascendiendo a 29 mil millones de dólares (IX/25). Su alta eficacia de la lucha política emprendida podría quedar ejemplificada por dos hechos. El primero, su capacidad de presión sobre el aparato burocrático. Recuérdese (X/28) que las empresas farmacéuticas transnacionales amenazaron con huir del país si no se resolvían favorablemente sus demandas de aumentos de precios; cosa que se resolvió realmente así. El segundo, por el logro de institucionalización de la dependencia de México respecto a EU, en buena parte aprovechando las contingencias de las devaluaciones del dólar en el mercado mundial (lo que hacía que las importaciones provenientes de EU no subieran mucho de precio, pero sí las provenientes de otros países), representado por la firma –el 2 de diciembre- del primer convenio comercial entre ambos países. Conforme a este convenio, EU reduciría sus aranceles para la importación de frutas, verduras y otros productos mexicanos, entre ellos artesanías; a su vez, México, le hacía concesiones a los EU para que éste exportara a territorio mexicano productos de los cuales en 1976 le vendió 36 millones de dólares, entre ellos motores eléctricos, leches evaporadas, manteca de cerdo y frutas enlatadas (XII/13). A nivel ideológico, la eficacia del gran capital transnacional

estaría ilustrada por la eficacia con que puede conjugar la formalidad implícita en las leyes mexicanas en materia de inversión extranjera, con la realidad perseguida de incremento en sus tasas de ganancia. La mexicanización, pues, no representaba un escollo insalvable, sino simplemente una formalidad de legitimidad ideológica que había que satisfacer para expandirse plenamente. Esta facilidad para jugar con el contenido de los ordenamientos legales se ve muy clara cuando, el 16 de septiembre un alto ejecutivo de la empresa Sears Roebuck –en un foro acerca de cómo hacer negocios en México, auspiciado por el Club de Comercio Internacional de Chicago- al referirse al esfuerzo de su firma por despojarse del 51% de sus operaciones norteamericanas, a fin de acatar la ley mexicana, decía: “Teníamos la opción, bajo la ley, de permanecer con el ciento por ciento de propiedad extranjera si podíamos operar dentro del requerimiento de que no realizáramos nuevos negocios, nuevas funciones ó nuevas actividades...Esto hubiera sido una situación insostenible y se tomó la decisión de mexicanizar la compañía”. b) La lucha política. Para evitar daños en sus intereses económicos, la burguesía como clase dio para elevar los niveles generales de eficiencia de su lucha política. Esto implicaba, en primer lugar, luchar por que no se viera reducida la posición de negociación que ya había alcanzado. Que persigue esto durante 1977 queda claramente ejemplificado por el hecho de que, con motivo de la decisión mayoritaria de los Centros Patronales, de federalizar los tribunales laborales locales, en la segunda reunión nacional de juntas de conciliación y arbitraje, los centros de Chihuahua, Monterrey, Ciudad victoria y Hermosillo manifestaron su inconformidad (IV/23 y 24). Obviamente, lo hicieron porque ello implicaría el debilitar su control directo sobre los más típicos organismos de arbitraje del estado mexicano. Pero, en segundo lugar, de lo que se trataba era de acrecentar su capacidad de organización para la lucha política. En este sentido, debe interpretarse el intento de creación del partido liberal mexicano, identificado por sus parteros con principios juaristas, en que tendrían cabida obreros, campesinos, profesionistas y empresarios. A reserva de obtener más información sobre el mismo, parecería que se trataba de la conformación de un partido de corte fascista, que parte del desconocimiento de la lucha de clases (VII/11). 1977 no es sólo un año de preparación para la lucha, efectuada por la burguesía; también es un año en que su capacidad organizativa es puesta a prueba en múltiples ocasiones. Para efectos de mantener y aumentar sus niveles de eficacia política, se vale la burguesía de todo tipo de elementos y aprovecha diversas contingencias. Por ejemplo, las acusaciones de fraude contra aquellos funcionarios gubernamentales del sexenio procedente, que continuaban detentando puestos de importancia en la administración de López Portillo, dejaron ver claramente su trasfondo, consistente en eliminarlos de la escena política (VI/13 y 15).

No obstante, los golpes directos contra el echeverrismo aun incrustado en el gobierno no eran sino una parte de la estrategia claramente echada a andar, consistente en influir para que los representantes directos del capital llegaran a detentar los principales cargos de la maquinaria gubernamental. Esto fue insistentemente negado por las organizaciones de lucha de la burguesía. El presidente de la Concanaco, por ejemplo afirma el 19 de septiembre que, a pesar de que sí existían contradicciones la iniciativa privada no estaba tratando de que en el gabinete presidencial se hicieran cambios para que su influencia fuera mayor:

“Puede haber enemigos de la iniciativa privada en el sector gobierno, ¿Por qué no? A una gente que no le caiga bien otra gente, pues ya es su enemigo. También puede haber enemigos del sector público dentro de la iniciativa privada. Todo puede ser”. Independientemente de los cambios efectivamente acaecidos en el gabinete presidencial durante noviembre y diciembre –de lo que se discutirá en el siguiente apartado de este capítulo-, es muy claro que, por ejemplo, el grupo Monterrey intentó debilitar el poder del gobernador en turno sobre la sucesión en el estado de Nuevo león, que tendría lugar dos años después. Y es en este momento en que se puede afirmar que, en situaciones de crisis, es cuando especialmente la burguesía no está dispuesta a ceder ni un ápice de sus intereses; es cuando el intento de ampliar su capacidad organizativa le impide hacer concesiones. Los indicadores son innumerables. Téngase en cuenta, por ejemplo, la formación y actuación de la Fusión Cívica de Organizaciones Productivas de Oaxaca, en los momentos de la destitución del gobernador Zárate Aquino; la actuación de la CAADES, en Sinaloa, con motivo de la expropiación potencial de tierras en la entidad; la oficina de quejas, organizada por la oligarquía regiomontana para propiciar la destitución del gobernador de Nuevo León. Y las organizaciones de lucha directa de la burguesía se fortalecen, porque sus dirigentes ya han aprendido que la lucha política la tienen que hacer incorporando a su posición a terceras posiciones y partes; que la eficacia requiere de aliarse con otras fuerzas y sectores de clases sociales. En el caso de Nuevo león, la contradicción secundaria entre gobernador y capital oligárquico se da: por el lado del capital, incorporando activamente a su postura a sectores medios importantes y a sindicatos de trabajadores directamente controlados por él; por el lado del gobernador, se recurre al apoyo de la maquinaria corporativa estatal y del gobierno federal (III/4). c) La lucha ideológica

Pero la lucha por no recibir daños en sus intereses económicos, aún en situaciones de radicalidad de la lucha de clases, no se da sólo al nivel de la lucha política frontal y abierta. Se da también tras bambalinas, en el ámbito ideológico. La lucha ideológica, durante 1977, puede incluir –dependiendo de las circunstancias específicas- la fabricación de panoramas optimistas del éxito obtenido en cuanto al proceso de salida a la crisis. Por ejemplo, diversos elementos del juego político nacional, en reiteradas ocasiones, denuncian la existencia de presiones para que el gobierno presentara una imagen de bonanza económica, cuando las circunstancias objetivas hacían imposible que tal aseveración fuera real (IV/9). De acuerdo a estas denuncias, el aparato burocrático se oponía a tal utilización de la ideología, a petición de la burguesía. La no aceptación gubernamental parece haber sido un hecho, pero ello más bien se debió a que el aceptar estas presiones hubiera conducido a un debilitamiento de sus mecanismos ideológicos más necesarios. En otras ocasiones, la ideología adopta una connotación mucho más radical. La burguesía tiene éxito en dejar claramente sentado –y socialmente aceptado- que sólo invierte si obtiene ganancias. Y es el caso que, según la ideología en cuestión, la rentabilidad de los negocios había bajado; de 7% en 1974, a 2% a finales de 1977 (IX/9). Es por la difusión eficaz de esta imagen, que no hay mayor consecuencia cuando se desatienden los llamados de JLP, del 8 de diciembre, señalando la necesidad de que el capitalista invierta: “En un sistema cerrado como el nuestro, la riqueza tiene que asumir la responsabilidad fundamental de convertirse en capital, y frecuentemente en capital de riesgo, porque si no lo hace ese sistema se convierte en una trampa de injusticia que tarde ó temprano se quiebra ó se frustra. Si por una serie de circunstancias vivimos en este sistema, tenemos que acreditar que es eficiente para resolver los problemas que la sociedad demanda de quienes tienen la responsabilidad de cumplirla”. Es también por ello que la burguesía se puede dar el lujo de simplemente ignorar las amenazas de estatificación provenientes de algunos sectores de tecnócratas. Desde su posición, no eran –por lo pronto- verdaderamente

preocupantes declaraciones como las del Colegio Nacional de Economistas, cuando el 24 de octubre demanda una ley que reglamente el papel que la iniciativa privada debe tener en el desarrollo del país, el cual es invertir. Asimismo, el éxito de esta imagen empresarial permite, en buena medida, el que los objetivos de inversión para 1978 sean muy cortos, y que no haya más que represalias verbales al respecto. Se afirma que la inversión privada de 200 mil millones de pesos programada para 1978, sería como darle un mejoral a un moribundo, ya que apenas se crearían con esa cifra alrededor de 200 mil empleos, frente a los 6.5 millones de desocupados. Naturalmente, se ideológicamente logra legitimar el que la inversión empresarial esté condicionada a la certeza de obtención de ganancias, también recurriendo a la ideología se explica que saque dinero del país si éste no tiene redituabilidad. Por tanto, la burguesía no es culpable de la crisis. B) Los intereses de las fracciones rurales de la burguesía. La burguesía está dividida internamente, por factores políticos, económicos e ideológicos. Ello hace que no presente una respuesta homogénea respecto a las recomendaciones en torno a la manera de sortear la crisis. Ante una misma propuesta proveniente de la maquinaria corporativa y/ó del gobierno, habrá fracciones concretas que la apoyen firmemente, otras que utilicen su poder de veto, y otras más que propondrán contenidos alternativos de propuestas y lucharán por su implantación. La posición específica de una fracción, determina el que pueda ó no aceptar –en aras de un mayor poder político futuro ó una mayor ventaja económica en el mediano ó largo plazo- que sus intereses inmediatos sufran algún daño. Aquí se parte de la hipótesis de que las fracciones de la burguesía con intereses vinculados al agro no comparten esta posición; no aceptan que se dañen sus intereses, ni aún cuando ello sea un requerimiento para mantener temporalmente, a nivel político-ideológico, niveles mínimos de legitimidad y de control del esquema estatal de total descampesinización del agro, efectivamente representa la entrega de la política económica a los intereses del capital. Sin embargo, precisamente en aras del mantenimiento de las condiciones superestructurales de la reproducción del capital, el aparato burocrático –en circunstancias excepcionales,

particularmente explosivas de lucha de clases- se ve forzado a aparentar todavía la defensa de los intereses del campesino parcelario, de los jornaleros y del semiproletariado rural. Pues bien, ni aún en estas circunstancias la lógica de los capitalistas rurales permite el atentado contra sus intereses. Aún más, esta lógica requiere precisamente que surjan presiones políticas concretas. Para los grupos y fracciones de la burguesía que tienen empresas agrícolas ó ganaderas, sus intereses inmediatos están representados por el lema seguridad y garantías. Todo lo que no se inscriba en el contenido de éste es atentatorio, y por tanto, combatible en cualquier circunstancia, independientemente de las exigencias superestructurales de un momento específico. ¿Cómo se da el combate de estas fracciones de la burguesía rural, durante 1977, contra las medidas que de alguna manera dañan –ó pueden dañar- sus intereses inmediatos? a) La lucha económica Veamos primero la lucha que se emprende a nivel económico. Tentativamente, es posible partir del supuesto de que el núcleo alrededor del cual giran todas las medidas para evitar el daño en sus intereses, consiste en la eliminación de las fracciones rurales de la burguesía denominan economía ficción. Apuntan, pues, sus baterías especialmente hacia la elevación de los precios de la producción agrícola y ganadera. Sostienen que la mejor forma de acabar con la economía ficción estriba en que el gobierno brinde adecuados precios de garantía: “Nos explicamos el error alucinante de haberse enredado los economistas y los gobernantes en el establecimiento de precios de garantía al público consumidor, pero ya es tiempo de identificar el problema y ponerle remedio. El presidente López Portillo anunció que debíamos acabar con la economía de ficción. Cuando haya precio justo al producto del campo, todo vendrá, inclusive la tecnología” (XII/8). Conforme a su concepción, si se han de abatir los precios al consumidor de algunos productos agropecuarios, la única manera de hacerlo consiste en la eliminación real del fenómeno de su intermediación comercial ó –por lo menos- en su reducción a límites tolerables, pero de ninguna manera –sostienen- se deben pagar bajos precios al productor agropecuario (VII/22). Si ello es así –dicen-, si las empresas capitalistas del campo obtienen tasas de utilidad superior a la tasa media de ganancia, ¡podrían hasta dar salarios adecuados a sus trabajadores! “Debe tomarse en cuenta que ni el ejidatario, ni el comunero y menos el propietario son entes solitarios y exclusivos trabajadores manuales de su parcela. Independientemente que le dediquen todo ó parte de su trabajo personal, sea intelectual ó mecánico, todos

ellos son empresarios agrícolas que utilizan trabajadores asalariados, unos fijos, los menos, y muchos otros eventuales que constituyen la gran masa laborante agrícola en México. Estos trabajadores estacionales ó eventuales, es decir la gran masa laborante del campo que proporcionalmente son diez a uno respecto a los tenedores de tierra, son los que benefician ó perjudican si hay ó no precio de garantía al producto agrícola. Por más que se quiere, independientemente del sistema de tenencia de tierra, ó de la amplitud con que ésta haya sido repartida, esas masas dependen para su salario, es decir, para su sustento, del precio a los productos del campo. Sin precio (de garantía) no hay derrama adecuada de salarios. O sea, si no hay precio no hay pago satisfactorio y justo” (XII/8). Proponen, en síntesis, que el abatimiento de los precios de productos del agro sea consecuencia de la reducción en el proceso de su intermediación; lucha contra las medidas que harían que ello fuera consecuencia del abatimiento de sus ganancias. Al momento de librar la lucha económica para impedir que sean afectados sus intereses –esto es, con objeto de mantener altos precios de venta de su producción- pueden, desde recurrir al ocultamiento de los bienes producidos (como sucedió –X/28)- cuando los avicultores de Tehuacan, Puebla, como una medida más para presionar la autorización del alza del huevo, ocultaron 1.6 millones de cajas de ese producto). Hasta tomar una posición capaz de neutralizar las acciones de los asesores gubernamentales que no manejen la necesidad de aumentar los precios de garantía. Los dirigentes de las organizaciones de lucha de los empresarios rurales lanzan una señal de alarma; en el interior del gobierno hay tendencias que pueden, como en el caso de los precios de garantía, no estar totalmente de acuerdo con la obtención de altas tasas de ganancias del capitalista rural. Estas tendencias –afirman- hasta ahora han triunfado; hay que acabar con esta situación. Es necesario terminar principalmente con la influencia de los economistas-asesores, que con su conocimiento y posiciones alimentan estas tendencias contrarias a sus intereses: “Durante todo este largo período gubernamental revolucionario, 55 años, más que el que ha gobernado en muchas naciones contemporáneas...hemos estado influidos ó conducidos por grupos de economistas en materia de implementación, ó conducción de producción agrícola, es decir en cuanto al impulso de la agricultura nacional, se han dividido en dos bandos ó corrientes de economía semidirigida. Unos han propugnado por la fijación, por parte del gobierno, de precios de garantía respecto al público consumidor. Y ellos han caído en la trampa impelidos por el deseo de quedar bien con los sectores que tienen más a la vista. Otros economistas han pugnado, y hasta hoy han fracasado, en proponer la fijación de precios de garantía al productor agrícola y pecuario, es decir, de garantía para el que produce. El precio de garantía debe ser para el precio de producción al mayoreo, y nunca para el precio de venta del especulador ó revendedor” (XII/8). Ante su pretensión de obtener altos precios de garantía para la producción, incluso el otorgamiento de nuevos subsidios gubernamentales que podría permitir que éstos

permanecieran bajos, no es bienvenido. El rechazo inicial –y posterior aceptación a regañadientes, condicionados a que si existencia fuera temporal- del subsidio de Conasupo a los avicultores a fin de que el precio al consumidor del huevo se fijara en $15.40/Kg., da una clara idea de ello. Recuérdese cuáles fueron las circunstancias específicas. Según datos de la Secretaría de Comercio (IX/24), la industria avícola del país representaba una inversión de 17 mil millones de pesos. Existían 42 millones de aves en producción y 3,500 granjas, que daban ocupación a 104 mil trabajadores. La producción anual tenía un valor de 6,750 millones de pesos. Con el respaldo de su poderío, esgrimiendo argumentos de incosteabilidad, los avicultores presionan, intentando liberalizar el precio del huevo. El presidente de la Unión de Expendedores de Huevo del D.F. afirmó: “Actualmente, este producto básico se encuentra uno ó dos pesos por encima del precio oficial; (es necesario) que sea la oferta y la demanda la que regule el precio del huevo...Resulta incosteable la producción de blanquillo y los avicultores resienten pérdidas...En el mercado se está surtiendo el huevo a $16.20 y $16.30 el kilo, pero desde la semana pasada el precio de los blanquillos se ha reducido a un peso, porque se estaba expendiendo a $17.20 y $17.30 el kilo”. La petición de liberalización del huevo al consumidor, lo basan los avicultores en una buena razón, desprendida de su lógica capitalista: “Las autoridades no han entendido cabalmente la situación (de los avicultores)...No se debe perder de vista que congelar los precios en épocas inflacionarias carece de sentido, ya que irremisiblemente acaban por violarse” (IX/24). Efectivamente, la secretaría de comercio se muestra incapaz de mantener el precio oficial del huevo –cotizándose éste, por ejemplo, el 11 de septiembre en 10 y 12% más que el precio oficial, en los mercados de la Merced y Jamaica, en la Ciudad de México-. Ante esta situación, se anunció que Conasupo otorgaría un subsidio a los avicultores, consistente en la venta, a muy bajos precios, de alimentos balanceados. Sin embargo, una vez anunciado el subsidio gubernamental, diversas organizaciones piden que este subsidio sea temporal. En efecto, el 25 de septiembre, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño decía: “El subsidio otorgado por la Conasupo a los avicultores para que mantengan el precio del huevo debe ser transitorio, porque forma parte de la política de económica ficción que el gobierno anunció que se eliminaría”. Tan eficaces resultaron estas presiones que, a partir del 1° de enero de 1978, el nuevo precio oficial del kilogramo de huevo sería de $18.40. Sin embargo, en las ramas en que ya existían subsidios –abiertos ó disfrazados-, la posición de la burguesía rural estriba en que éstos no sean suprimidos. El caso de la leche y del azúcar son ilustrativos. El 23 de septiembre, el presidente de la Canacintra

ejercía diversas presiones sobre la Conasupo para que se bajara el precio de la leche en polvo que surtía a los industriales, amenazando con que de no hacerlo se provocaría el alza del precio e incremento del contrabando de ese producto. Afirmaba que el precio internacional fluctuaba entre 6.90 y 9.00 pesos/Kg., que de septiembre de 1976 hasta esa fecha, la Conasupo lo había subido 87.5% (poniéndolo a $36.00/Kg. En septiembre); y que intentaba además que el nuevo precio fuera aplicado a las compras que ya se habían realizado. Por otro lado, aseguraba que Conasupo diera marcha atrás para evitar las consecuencias mencionadas: “Existe desconcierto y alarma entre los industriales, porque podríamos vernos obligados a elevar los precios y ver reducidas nuestras ventas. Esto pondría en una posición difícil a muchas empresas, que correrían el riesgo de quebrar”. A pesar de que en esta ocasión las presiones no dieron resultado, ya que a las presiones Conasupo responde que las medidas tomadas se basan en que anteriormente la leche en polvo se vendía muy barata a empresas privadas y éstas la revendían a la Conasupo, el caso es importante porque ilustra la postura de la burguesía ante un subsidio abierto, existente con anterioridad. En otros casos, los subsidios previamente existentes son disfrazados; pero la postura de la burguesía es la misma; que éstos continúen. Considérese el caso del azúcar, por ejemplo, en donde los ingenios de los capitalistas privados estaban endeudados con FINASA. El 12 de noviembre, el presidente de la CONCAMIN, daba a entender que los cobros del gobierno a los ingenios privados deberían postergarse, dejándolos para un futuro nebuloso, en que esto deberían efectuarse por mutuo acuerdo. Pero la lucha emprendida por la defensa de sus intereses económicos inmediatos no se agota con la lucha por la eliminación de la economía ficción, el establecimiento de precios de garantía, el rechazo de nuevos subsidios no deseados y la presión para que continúen subsidios previamente otorgados. Esta abarca otros ámbitos. Así, las fracciones rurales de la burguesía tienen mucho cuidado en procurar que cualquier aumento en la participación gubernamental en el campo, sea controlado por ellas, impidiendo así que esto pueda traducirse en la estatización del sector. Es así que deben interpretarse las afirmaciones del 22 de noviembre del presidente de la Coparmex, en que asegura que en la industria azucarera –debido a la compra gubernamental de ingenios privados- se daba una nacionalización disfrazada, y que el mismo destino aguardaba a otras ramas de la economía, si continuaba la descapitalización. Para lograr este control, la burguesía rural lucha a dos niveles; al nivel local-regional y al nivel nacional. Lucha por obtener la representación y el control directo de las diferentes formas locales de unidades productivas estimuladas por el Estado. De esta manera, ya había logrado que sus intereses estuvieran adecuada y hegemónicamente representados en los Comités Directivos de los Distritos de Riego (III/19). A nivel nacional, es cada vez más eficaz en cuanto a lograr tomar la parte decisoria en el proceso de conformación específica de los planes estatales respecto al agro, y en la implementación concreta de los mismos. b) La lucha superestructural.

Veamos ahora cómo se da el combate a nivel superestructural, emprendido por la burguesía rural, en su afán por impedir el más pequeño daño a sus intereses. En primer lugar, la lucha político-ideológica se manifiesta en sus intentos por suprimir a las personalidades que –desde su perspectiva- sustenten tendencias agrarias nefastas, que aún subsistieran en el interior del aparato gubernamental. Los medios utilizables para lograrlo pueden ir, desde el nivel de denuncia (por ejemplo, en cuanto a que funcionarios traman una embestida contra la paz y la tranquilidad en el campo, II/28), hasta acusaciones concretas de fraude. Con la única finalidad de ilustrar esta manifestación de la batalla dada por la burguesía rural, considérese un caso. Consiste en el hecho de que, desde el 26 de octubre, el presidente de la CAADES afirmaba que el Gobernador de Sinaloa apoyaba invasiones de tierras, asegurando que cedía a las presiones de la UGOCM cuyos dirigentes alentados por la política Echeverrista, provocaron un gran número de despojos en la entidad. Al cambiar esta política –decía- se vieron presionados por los campesinos, a quienes habían prometido tierras y como no podían entregárselas, continuaban alentándolos, con la venia del gobernador, para que invadieran más predios. En diciembre, la burguesía pide la destitución del gobernador. No logran, porque ello implicaba al enfrentarse directamente a la CTM, por ser el gobernador de la entidad el único en el país cuyo origen se desprendía de su militancia en la confederación. El segundo caso, a nivel del gobierno federal, consiste en la actuación de un subsecretario de la SARH. El 12 de agosto, este funcionario afirmaba: “La incomprensión de las acciones que emprende el gobierno federal y su avidez (de los empresarios rurales) de ganancias inmediatas, no hace más que enconar y prolongar la crisis que inquieta y sacude al país. Su actitud negativa repercutirá como bumerang contra la mayoría de ellos”. A mediados de diciembre, en un contexto en que el gabinete presidencial estaba en la fase terminal del proceso de convertirse en homogéneamente conservador. circulan rumores falsos de que el citado Subsecretario (quien también había sido titular del área de planeación de la SRH durante el sexenio precedente), había presentado su renuncia. Pero la Iucha superestructural de la burguesía rural contra las tendencias agraristas trasnochadas implica además de la búsqueda de la eliminación de las personalidades más radicales. del aparato burocrático. otras cosas. Significa también, utilizando el argumento de que los latifundios son ya inexistentes, el enfrentarse a las denuncias de que aun existían grandes concentraciones de tierra. El 25 de noviembre, hay una denuncia en el sentido- de que los verdaderos latifundios en el sur de Sonora aun persistían. Se menciona, incluso. que 15 mil hectáreas pertenecen a un primo del entonces gobernador de la entidad. El Presidente de la Confederación Nacional Ganadera responde que estudios recientes de la SRA en Sonora y Sinaloa demuestran

que no existen latifundios en estas partes y que, en caso de que hubiera latifundistas en el interior de la CNG -por haber entregado documentación falsa- esa organización los combatiría y expulsaría de su seno(XI/4). En la misma dirección van las afirmaciones del Presidente de la CNPP, el 29 de octubre cuando asegura que la Confederación no defenderá a los latifundistas y acaparadores de tierra que se valen del sistema de prestanombres y que, para combatir el fenómeno, sería útil el primer Censo Nacional de la Pequeña Propiedad, que entonces confeccionaba la CNPP (que se calculaba estaría terminado para finales de 1978 ) . La lucha de la burguesía rural contra el agrarismo radical también se manifiesta en su interés por dejar claramente asentado que la expropiación de tierras por parte del Gobierno -aún cuando no haya Políticamente. otra salida- es inversamente proporcional a su seguridad. en el régimen: De lo que sucede durante 1977, ello se desprende de por lo menos dos acontecimientos. El primero de ellos consistiría en la Posición de la Coparmex y del CCE en Ciudad Obregón cuando, el 2 de octubre. aseguran que las expropiaciones de septiembre y agosto de 1977 -efectuadas en Sonora y Coahuilaimplica una contradicción con los postulados gubernamentales y por lo tanto, genera desconfianza: “Es de vital importancia para los mexicanos productivos, que se aclaren las instrucciones en relación al respeto ó no de la propiedad privada y se defina la política agraria del Gobierno que preside el licenciado José López Portillo. Es importante ya que al mismo tiempo que está demandando confianza, ha venido efectuando nuevas expropiaciones en Sonora y Coahuila. Se tiene confianza en que sólo se trata de un error de la SRA, porque se está afectando nuevamente el ánimo de los productores y la confianza de los mexicanos en sus instituciones”. El segundo acontecimiento -que ilustra la oposición a nuevas expropiaciones de tierrasocurre en Tabasco cuando los ganaderos se oponen abiertamente a la ejecución del Plan de la Sierra del Gobernador que afectaría a los pequeños propietarios en Tacotalpa, Jalapa y Macuspana para fraccionar la tierra en lotes de 25 hectáreas y repartirlas a los campesinos - derechosos (XI/8) . Entonces, la lucha por evitar el daño en sus intereses inmediatos efectivamente significa, a nivel político-ideológico el suprimir a funcionarios gubernamentales peligrosos el negar que existen latifundios y el oponerse a nuevas expropiaciones de tierras. Pero además, como corolario de todo lo anterior, se manifiesta en las exigencias de la burguesía rural por regularizar definitivamente la situación de las tierras detentadas en propiedad privada. Las medidas tomadas al respecto tienen éxito: el 14 de octubre, en efecto, el Secretario de la SRA afirma que se concluiría próximamente un catastro rural, en todo el país, para regularizar de una vez por todas las tierras ya que esta es la única vía de solución que conduce adicionalmente a la creación de infraestructura agraria, la seguridad jurídica y la confianza indispensable. Hay, sin embargo, otras formas de manifestación de la lucha superestructural emprendida por la burguesía rural para evitar daños en sus intereses. Se oponía a las

medidas que - plantean la organización política de 105 asalariados rurales, incluso cuando éstas son propuestas por la propia maquinaria corporativa del estado. Ante una oferta sumamente elástica de mano de obra en el agro, los empresarios capitalistas del campo se levantan contra la intromisión potencial de la Secretaría del Trabajo con objeto de que -en cumplimiento de la solicitud del Sindicato Nacional De Trabajadores Asalariados del Campo, de la CTM- éstos cumplan efectivamente su papel y sus obligaciones como patrones (VIII/10). ¿Cuáles son algunos de los mecanismos concretos de lucha empleados por la burguesía rural? Constituyen una amplia gama, que van desde las inofensivas opiniones hasta el amago -ó Utilización efectiva- de la violencia. Durante 1977 se dan estos dos extremos, pero entre ellos se dan (aunque de ninguna manera son los Únicos) los siguientes mecanismos de lucha superestructural: i)la oposición y consecuente retraso de las grandes obras de infraestructura que afectan Sus intereses. En este sentido, para principios de octubre, funcionarios gubernamentales achacan a problemas técnicos -el piso de la cortina tenía cavernas subterráneas que, a pesar de 40 mil toneladas de cemento inyectadas, no había podido tener la firmeza necesaria para construirla, cosa que estaba programada por iniciarse en 1975- las causas de que la Presa Cerro de Oro tuviera dos años de atraso en su construcción. Aun cuando ello fuera parcialmente cierto, recuérdese que siempre la burguesía regional se opuso a su construcción y operación. ii) la obtención -en caso de afectaciones inevitables- de altos precios pagados por tierra e instalaciones, incluso con la pretensión de que éstos estén por arriba de los comerciales. Los grupos empresariales afectados no se muestran dispuestos a asentar cantidades más Cajas a las terminadas por los precios comerciales de sus predios, conforme había sido una posición casi tradicional del Gobierno Federal, así lo indica el , entonces reciente caso de las expropiaciones de Sonora, ocurridas en noviembre de I976. En agosto de l977, casi un año después, los pequeños propietarios todavía seguían sin aceptar el avalúo federal, que en promedio arrojaba una indemnización de 38,000 pesos por hectárea mientras que ellos pedían 50 mil pesos (VIII/21). iii)la amenaza del paro de labores y realización de marchas de protesta. Siempre estuvo pendiente la amenaza de paro de los grupos empresariales rurales (VII/20), en los casos en que el aparato burocrático no cediera totalmente a sus Pretensiones. los pequeños propietarios de Tlaxcala organizaron una marcha a la Ciudad de México, porque se violan las garantías. La nota periodística, del 14 de octubre, es la siguiente: “400 agricultores a bordo de tractores y autobuses, iniciaron una marcha hacia el D.F. para exigir respecto a la pequeña propiedad, la salida de invasores y castigo a quienes han saqueado las cosechas de trigo y maíz. Afirman que se encuentran invadidas los predios del Valle de Soltepec , Quintanilla y otras fracciones de San Miguel el Grande, en cuyos lugares han sido arrasadas las cosechas que han llevado los invasores al Centro de población (ejidal) Domingo Arenas”. Segunda Tesis: durante 1977, la presión del capital sobre el aparato burocrático lo orilla a tener una presencia global cercana al punto de total pérdida de legitimidad popular.

Es posible afirmar que durante 1977 la derecha en México abandona su tradicional postura activa –por acción u omisión- para adoptar una posición de ofensiva (V/9). El crecimiento de la fuerza política de los grandes grupos económicos le brindan altas posibilidades de ejercer presión eficaz sobre el gobierno (VII/24), y sobre el resto de las instancias del estado nacional mexicano. Incluso el frenar el crecimiento económico del país, es buscado por los empresarios capitalistas, si ello aparece como necesario para obtener más canonjías y privilegios. El capital, en síntesis, presta apoyo absoluto a la política del régimen en turno, siempre y cuando ésta vaya por donde ha sido tradicionalmente; a favor total de sus intereses. En palabras del director general del poderoso grupo Bancomer: “Sentimos en usted (señor presidente) a un gran líder digno de toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo. Los empresarios, así como los banqueros, tenemos absoluta confianza en las directrices que usted señale” (XII/9). En su afán por evitar cualquier posible daño en sus intereses inmediatos, los diversos componentes de la burguesía inducen al aparato burocrático a colocarse en una posición de peligrosidad en cuanto al mínimo apoyo social requerido para su existencia y actuación. Las fuerzas ejercidas sobre la fracción hegemónica de la burocracia central la empujan más allá de los límites mínimos de legitimidad; la llevan incluso a que tome medidas impopulares”, si ello es requisito para continuar teniendo aceptables tasas de ganancias (VII/). Las presiones ejercidas por la burguesía sobre el aparato burocrático son, en general, eficaces. En este sentido, la era tecnocrática implantada por JLP, de controles salariales, restricciones presupuestales y reformas administrativas, genera momentos políticos que no siempre son controlables por los altos funcionarios públicos (VII/14). Tienden a extralimitarse las condiciones impuestas por la gran burguesía, para participar en la producción de acuerdo a los lineamientos establecidos por la burguesía central. Con su participación condicionada, la burguesía en ocasiones va más allá de los límites permitidos por la reproducción de las condiciones políticas e ideológicas requeridas para la persistencia de las características del capitalismo en el país. Pero, en otro sector, la eficacia de las presiones provenientes del gran capital posiblemente representa también el tiro de gracia a la autonomía relativa del estado mexicano (VII/14). Una insaciable sed de canonjías; ésta es la principal característica manifestada por la actuación de los diferentes organismos directos de lucha de la burguesía durante el año 77. En algunos momentos, su actividad denota que muy próximamente llegaría al punto en que se enfrentaría abiertamente a la pretensión del Estado de ampliar sus bases sociales de apoyo. La burocracia central había advertido claramente esta posibilidad. En noticias dadas a conocer en la prensa nacional el 2 de marzo, el New York Times notificaba que José López Portillo le había advertido a Carter que, si no mejoraban las condiciones de México antes de concluir su sexenio, él sería el último presidente constitucional, y que los que tomarían el poder serían grupos de derecha, no la desorganizada izquierda. En este sentido, se justifica el que meses después –el 6 de octubre- JLP expresara su preocupación –indudablemente en

previsión de sentirlo en carne propia- porque la mancha negra del fascismo se estaba extendiendo en América Latina. ¿Cómo es que la burguesía –incluídas las fracciones rurales- empuja al aparato burocrático hasta más allá de los límites marcados por la necesidad de tener una presencia socialmente legítima? Básicamente, porque tiene una intromisión progresivamente eficaz en la delimitación del contenido de la política económica gubernamental. Los voceros de la burguesía reconocen que el gobierno de JLP en gran medida logra hacer retornar su seguridad sicológica y su certeza política. Sin embargo, advierten la persistencia de pertubaciones de otro tipo (IX/24). Durante 1977, tratan constantemente de acabar con ellas. Y es precisamente así –como medio para introducirse totalmente en la definición del quehacer económico del aparato burocrático y de la sociedad- que debe considerarse la principal proposición de los representantes de las 420 grandes empresas, reunidas en diciembre en Los Pinos con objeto de evaluar un año de existencia de la Alianza para la Producción. En efecto, el gran capital, con objeto de tener una más permanente y eficiente presencia en la marcha de una política económica que acabara para siempre con los motivos de los desvelos de sus dirigentes, ofrece a JLP la formación de un comité empresarial de escala nacional para superar la falta de planificación que ha existido en el aspecto económico (XII/8). Este comité empresarial debería asegurarse, en esencia, de que durante 1978 prosiguiera la política económica seguida durante 1977. Las casi inmediatamente posteriores declaraciones del presidente de la Coparmex, que muestran el afán de la burguesía por seguir obteniendo indefinidamente los beneficios extraordinarios que tuvo durante el año que aquí se estudia, así permiten establecerlo (XII/11): “Los lineamientos de política económica establecida durante 1977, han dado buenos resultados porque se consiguió disminuir la inflación, reducir el déficit comercial y tener un mejor control en las finanzas públicas...Si los resultados como se ven han sido positivos, no tiene por qué modificarse el rumbo en el próximo año, porque esto garantiza aún mejores resultados”. Así, es el contenido de esta política económica gubernamental, directamente diseñada por la burguesía, la que por principio de cuentas empuja al gobierno hacia la pérdida de sus apoyos sociales. Ello se debe a que, durante 1977, ésta continuamente presiona para profundizar del Estado en la economía; liberalizar los precios de productos de primera necesidad; abatir los salarios; nulificar las medidas reivindicativas propuestas incluso por la maquinaria corporativa del Estado; y, eliminar las trabas nacionalistas a la expansión del gran capital monopolista transnacional. La burguesía es capaz de imprimirle sus intereses al contenido de la política económica global, entre otras razones porque –a diferencia de lo que sucedía con anterioridad- durante 1977 desarrolla como nunca antes la capacidad de colocar a sus representantes directos en posiciones clave de la burocracia central –y de los gobiernos de las entidades federativas de mayor relevancia- del estado mexicano. Esto no es más que un aspecto del hecho general consistente en que el capital financiero fortalece su militancia política a través de diversos medios.

Veamos cada uno de los puntos mencionados, con mayor detalle. A) La influencia en el contenido de la política económica gubernamental: a) austeridad del gasto público: Sus fracciones más importantes imprimen a la burguesía, como conjunto, la búsqueda del mantenimiento y la acentuación de la austeridad del gasto público. Aquí su perspectiva no es solamente inmediata; incluye también el futuro mediato. Presionan para que durante 1978 se sostenga esta situación, que beneficia principalmente al gran capital. Los ataques directos contra la política deficitaria del gasto público durante 1976, en clara previsión de que ocurriera lo mismo durante 1978, ocasiona que durante 1977 la burguesía no quite el dedo del renglón. Estas presiones se manifiestan de diverso modo. Incluso los representantes directos del capital, ubicados al interior del congreso de la unión, muestran su preocupación respecto al manejo del gasto público. En el debate de fines de noviembre (XI/24), en la cámara de diputados, en torno a la aprobación de la cuenta pública, los diputados del PAN aluden implícitamente a que el no tener esta austeridad nacional ocasionó el que el año anterior fueran factibles fraudes con –y robos de- fondos públicos. Básicamente por su determinación de los niveles de empleo, un insuficiente ejercicio de presupuesto gubernamental golpeaba terriblemente a los sectores más explotados de la población mexicana durante 1977. Sí, cediendo a estas fuerzas, la situación se extendiera hasta 1978, la inconformidad social generada –organizada ó no públicamente- llegaría a niveles peligrosos. b) debilitamiento de la presencia del estado en la economía: pero además de las presiones sobre el monto del gasto presupuestal, está también la cuestión de su destino. Monto y destino del presupuesto federal se unen para que los sectores más duros de la burguesía sostengan la necesidad de debilitar la presencia global del estado en la economía. Dejan claramente establecido, a través de diversos mecanismos, que el gobierno interviene excesivamente en la economía, en tanto que deja que la izquierda abuse de libertad (II/28). Desde su percepción, el gobierno debe ser socio del capital privado, jamás debe convertirse en su competidor. La lucha la encaminan hacia la consecución de esta meta. El presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas fue particularmente claro al respecto (XI/9): “El estado...debe participar en los negocios que son de utilidad pública, como socio del sector privado, pero nunca como ocurre ahora, en competencia con la iniciativa privada, porque esto daña a la economía del país...El estado, a través de nacional financiera y de la sociedad mexicana de crédito industrial, se ha convertido en un buen socio del

sector privado, pero esto ha ocurrido cuando su participación es minoritaria y son los particulares quienes administran las empresas”. A menudo, los grupos más hostiles a la ampliación –ó mantenimiento al mismo nivel vigente- de la esfera gubernamental en la economía, recurren a la utilización de argumentos encaminados interviene con un máximo de sólo 26% en las actividades productivas en tanto que en México lo hace en 52% (II/28). La izquierda no incorporada al estado, los dirigentes del movimiento organizado de los trabajadores, algunos grupos de asesores e incluso diversos sectores con representantes colocados al interior de la propia fracción hegemónica de la burocracia central, sostienen en cambio que el camino inmediato para salir de la crisis estriba en la participación abierta –si es necesario, precisamente en competencia con la iniciativa privada- del Estado en la economía (XI/3). La destitución de dos secretarios de estado y el desplazamiento horizontal de otro, ocurridos en noviembre y diciembre, muestran cuál de estas dos concepciones triunfa y –simultáneamente- señalan cómo, en materia de intervensionismo estatal, las presiones de la burguesía pueden crillar al gobierno a tener una posición cercana a la pérdida de altas dosis de legitimidad popular. c) liberalización de los precios de productos de primera necesidad. Otro aspecto en el que el capital empuja al gobierno a una situación políticamente inestable, estriba en el asunto de la inflación. La inflación, es bien sabido, es fuente de ganancias extraordinarias para la burguesía. Sin embargo, cuando ésta se refleja de manera muy importante en el alza de precios de productos alimenticios, es determinante de un progresivo deterioro de las condiciones de vida de las masas trabajadoras, tanto del campo como de las ciudades. De ahí que, en aras de un adecuado funcionamiento de las diversas instancias superestructurales, el estado procure mantener la inflación bajo un cierto control, sin verdaderamente intentar hacerla desaparecer. Pues bien, durante todo 1977, diversas fracciones de la burguesía presionaran para hacer desaparecer el exiguo control gubernamental sobre la inflación; éstas han sido eficaces. Todo parecía indicar, en la tercera semana de agosto, que aumentos como el de la leche y el pan se seguirían dando con respecto a otros artículos de primera necesidad (VIII/22). Ante la certeza de que el progresivo deterioro de las condiciones de vida necesita –en aras de la legitimidad- ser relativamente controlada por el gobierno, se alzaron protestas provenientes de la maquinaria corporativa, del propio aparato burocrático y de otras instancias del estado. Incluso de la propia Cámara de Senadores provinieron declaraciones que recordaban a los empresarios su obligación de invertir, pues si bien es verdad que ha sido importante su iniciativa empresarial (para acumular capital), no se debe soslayar que en la generación de su riqueza ha sido determinante el esfuerzo productivo de los trabajadores, con niveles de salarios generalmente inferiores a los justos y equitativos (VIII/22).

Simultáneamente, las presiones de la burguesía continuaban. Desde mediados de junio (VI/21 y 22), la iniciativa privada no ocultaba sus pretensiones de extender la liberalización de precios, hasta llegar a la desaparición total del control oficial. En este sentido, aumentaba la frecuencia de presentación de solicitudes de autorización gubernamental para aumentar los precios de diversos productos (VIII/25). Sin embargo, todavía para mediados de septiembre éstas no seran totalmente eficaces. El 13 de septiembre, en efecto, la secretaría de comercio anunciaba que existían 200 solicitudes de aumento a precios de productos y servicios que estaban siendo detenidas por la dependencia, porque muchas se referían a renglones que encarecerían más el costo de la vida. Se afirmaba que, como parte del esfuerzo que realizaba la Secom por mantener una política antiinflacionaria, se había negado oficialmente la autorización de aumento al precio del huevo, solicitada por los productores y distribuidores mayoristas de este producto. Pero bien pronto resultó claro que el aparato y distribuidores mayoristas de este producto. Pero bajo control oficial, 400 sufrirían reducciones de precio y los 7,100 restantes mantendrían el precio que habían tenido desde principios de año. Pero si aún existían dudas respecto a la eficacia de las presiones de la burguesía, estas desaparecerían cuando, en acuerdo presidencial publicado el 27 de octubre en el diario oficial de la federación, se relegaba de ejercer inspección, en cuanto control de precios, a la secretaría de comercio (en productos no alimenticios). Únicamente se ejercería vigilancia, en los términos del acuerdo, para evitar que surja la especulación (XII/13). d) abatir los salarios pero, si en sí mismo es políticamente peligroso para las condiciones demandadas por la reproducción del capital el auspiciar un incontrolado proceso inflacionario, lo es más aún cuando simultáneamente se da un abatimiento absoluto y relativo del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores. Por ello es las pretensiones del capital en cuanto a deprimir cada vez más los salarios, no podían conducir a otra cosa que a erosionar las propias bases de apoyo social del estado nacional mexicano. Que las pretensiones en este sentido fueron eficaces, es casi indudable. De las diversas instancias estatales, sólo los líderes de la maquinaria corporativa opusieron resistencia; ésta fue, por otra parte, enormemente insuficiente e ineficaz. Básicamente giraba en torno a demandas verbales presentadas por el congreso del trabajo, en cuanto a aumentos de los salarios mínimos más allá del tope del 10%, y en lo concerniente a introducir legislaciones que establecieran escalas móviles de remuneraciones (X/12). En comparación con la tibia y emotiva posición de la maquinaria corporativa, la del capital es agresiva, racional y –por tanto- eficaz. Cada vez piden sus dirigentes mayores decrementos reales de salarios, pero estas peticiones se adaptan a las circunstancias del momento, fortaleciéndose así de las contingencias. A principios de junio (VI/8), el argumento empresarial contra la elevación de los salarios está claramente representado por las siguientes ideas del presidente del Consejo Coordinador Empresarial:

“Mientras más elevados sean los salarios requeridos legalmente, menor será la proporción de la gente activa que pueda recibirlos...lo que implica un ineludible deterioro en la participación de la riqueza del 30% más pobre de la sociedad”. En última instancia, si los niveles de explotación no son lo suficientemente elevados, el capital amenaza simplemente con cerrar las fuentes de trabajo. El 5 de agosto, el presidente del CCE declara: “El sector obrero entiende que no hay salario más bajo que el que no se tiene, y cerrar fuentes de trabajo ó ahogarlas económicamente no es la solución...Desde tomarse en cuenta que no es lo mismo pedir que dar”. Pero ya para el 13 de septiembre, después del Informe Presidencial, se agregan nuevos elementos a las presiones de abatimiento de salarios. Se justifica ideológicamente el que ello suceda; se dice que, en última instancia, estas reducciones en las remuneraciones no son tan gran ayuda como podría pensarse. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), va sin esquivos al asunto: “Los costos de las manufacturas subieron tras la devaluación por el alza en pesos que experimentaron las materias primas importadas. Los salarios, que no han subido en gran porcentaje desde entonces, por este motivo pueden considerarse una ayuda pequeña a los precios con que nuestros productos concurren al exterior”. A finales de octubre (X/28), ya seguros los diversos grupos de la burguesía de la eficiencia de sus presiones, y en momentos en que se empezaba a definir la política económica gubernamental del año entrante, ahora postulan la necesidad de mantener la política salarial tenida durante 1977, para todo el año siguiente. En la primera semana de noviembre se llega a pedir, no la elevación de los salarios , sino el mejoramiento de los mecanismos ideológicos que harían posible para los trabajadores el seguir soportando el hecho de que cada vez sería más difícil subsistir con su remuneración. El director de Banamex propone no recobrar el poder adquisitivo de los salarios, sino reorientar los patrones de consumo (siguiendo cauces de austeridad y sobriedad) y generalizar una filosofía del trabajo productivo en todos los sectores de la sociedad (XI/7). Este mismo punto de vista es retomado pocos días después (XI/9) por el presidente de la Canaco de la Ciudad de México, quien lo aclara por su cuenta, afirmando que es necesario liberar los precios y, simultáneamente, que se controlen más las demandas de aumentos de salarios. En concreto, de lo que se trataría es de que el gobierno controlara los aumentos de los salarios, no los incrementos de los precios: “El control de precios cumplió su función en momentos de crisis; ahora ya no es necesario y es preciso liberar los preciso. El mayor estímulo que pueden tener los empresarios es la ganancia...Sin embargo, no apoyo las demandas laborales que pudieran ir arriba del 10%. Esta actitud del sector obrero sí sería inflacionaria...El problema es el de los que no tienen ocupación; los que la tienen son privilegiados...El problema se generará cuando haya más desempleados...”

E incluso se llega a perseguir la eliminación de la revisión anual de salarios, pidiendo la vuelta a las revisiones bianuales, argumentando que las situaciones vigentes a finales de 1977 y las previsibles para 1978, así lo requerían. Un consejero de la Coparmex, en efecto, afirmaba el 26 de noviembre, que: “Debe volverse a las revisiones bianuales, por haber desaparecido la situación eventual y emergente a la que se refiere la exposición de motivos de la reforma legislativa, (ya que en 1974, la reforma legislativa) se refería al concepto de resarcir al salario de su poder adquisitivo frente a lo que se llama costo de la vida”. Y, todo indicaba, a finales de diciembre, que este proceso conforme al cual diferentes grupos de la burguesía piden cada vez mayores reducciones al salario real, aún no terminaba. Los acontecimientos del año de 1978 estaban destinados a arrojar mucha más luz al respecto. e) nulificar las reivindicaciones de la maquinaria corporativa. Se ha afirmado aquí que la maquinaria corporativa del estado es básicamente –del conjunto de instancias estatales- la que mantiene una postura formal de relativa oposición al capital, en materia de incremento de salarios. Esta misma posición es sostenida en lo referente a otras medidas reivindicativas. Desde el 10 de octubre se sabía que los diputados Cetemistas propondrían modificaciones al artículo 123, que en algunas partes se consideraba obsoleto por parte de los cuadros dirigentes de la CTM. Al menos esto se sostenía en lo concerniente a: salarios, contratación colectiva y de carácter obligatorio, asociación profesional, derecho de huelga, etc (X/10). Pero las diversas fracciones de la burguesía tenían, también claramente, la meta de nulificar a su debido tiempo estas medidas reivindicativas; si bien no necesariamente a nivel legal, sí a nivel real. Por ejemplo, el 12 de octubre, el presidente del CCE, ni tardo ni perezoso, manifiesta no estar de acuerdo con las demandas de la CTM, precisamente en uno de los puntos más sensible del capitalista: el aumento de salarios. La oposición a la petición legislativa de establecer demandas móviles de salarios de fundamentaba, según este personaje, en que: “Sería dar patente de corso a la espiral inflacionaria y estar de acuerdo con la política de algunos países que han decidido vivir con este fenómeno” (X/12). De esta manera, la burguesía incide decididamente en el contenido y la dirección de la política económica en materia de aumento salarial, de control oficial de productos alimenticios, de austeridad del gasto público y de presencia del estado en la economía. Si además de todo ello, nulifica eficazmente la acción política de la maquinaria corporativa –en cuanto a ser prácticamente la única instancia intraestatal que le opone cierta resistencia-, la posibilidad de caer por el desbarrancadero” (palabras de JLP) de la falta de legitimidad, es muy cercana a la actuación del aparato burocrático durante 1977. Esta posibilidad parecía que también se acrecentaría durante 1978.

f) resistencia a la reforma fiscal. Ya se han analizado en otras partes de este trabajo las razones por las que el asunto de allegarse de recursos es un requisito imprescindible para la existencia de un aparato burocrático apoyado en sólidas bases superestructurales. En tre menos fondos tenga a su disposición, menos podrá el gobierno intervenir en la economía (ello, claro está, dentro de ciertos límites), tener un mayor gasto público y constituirse en un relativo valladar a las extralimitaciones y excesos del capital. De ahí que todas las medidas que provengan de la clase del capital para disminuir las disponibilidades presupuestales, siempre presentes durante el año que aquí se estudia, coadyuven significativamente a la colocación del gobierno en una situación de próximo enfrentamiento a estallidos sociales de inconformidad. Estas presiones del capital se manifiestan claramente en la continua resistencia a la implantación de una reforma fiscal impositiva antes de 1979 (presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos), (XII/13), lo que significaba que todo el proceso de salida a la crisis –si se cumplían las respectivas predicciones oficiales- se daría bajo condiciones de extrema penuria económica gubernamental, en buena medida a la oposición de la burguesía a ser sujeta de mayor extracción fiscal. g) Suprimir el nacionalismo económico. Pero hay un asunto más, de gran importancia en cuanto a las maneras conforme a las cuáles las presiones de la burguesía orillan al gobierno a denotar una actuación cercana a la de la carencia absoluta de bases de legitimidad a los ojos de los sectores medios y de las clases explotadas del campo y de la ciudad. Desde 1917, uno de los más sólidos pilares ideológicos del estado mexicano había consistido en el manejo de una imagen nacionalista inherente al aparato burocrático. La súbita eliminación de este elemento superestructural podría traer disfuncionalidades para el estado, que no serían fácilmente controlables. Sin embargo, las fracciones de la burguesía que se identifican con el capital transnacional monopólico tienden precisamente a ello; su postura es la de la abierta eliminación de las trabas nacionalistas a la expansión del gran capital extranjero. De un total de 187 empresas transnacionales, 179 tenían subsidiarias en México. En este sentido, el país ocupaba el dudosamente honroso primer lugar en América Latina en cuanto a penetración extranjera, y el quinto en el mundo (XII/14). Las transnacionales continúan ubicándose durante el año –aunque a ritmo diferente que en el pasado- en los sectores más dinámicos de la economía del país. El 14 de diciembre fue público que la general electric invertía en una planta de energía nuclear que debió haberse inaugurado en 1972, pero que fue pospuesta para 1983. Es sabido que en la experiencia del caso mexicano se invalida dramáticamente la tesis imperialista conforme a la cual el desarrollo de las naciones periféricas, con respaldo de inversionistas de las metrópolis internacionales, representa el camino idóneo para salir de sus crisis estructurales internas (VII/1). Sin embargo, los requisitos necesarios de satisfacer (ya mencionados antes) para llevar adelante el proceso de salida a la crisis

del ’77 –conforme éste había sido planteado por el estado- hacen que el aparato burocrático tienda a dar cada vez más facilidades al capital extranjero para su ubicación en el país. Estas facilidades son aprovechadas por las respectivas fracciones de la burguesía, a la vez que son acrecentadas por mutuo propio. Dada la escasez de inversiones en el país, en el marco de la ley de inversiones extranjeras, el capital internacional privado muestra cierta reticencia formal a colocarse en México, porque solamente podría asociarse con capital mexicano que cubriera el 51% del total, en empresas de pequeña y mediana envergadura, no en grandes empresas. Y estas últimas son precisamente las que le eran particularmente interesantes (VI/12). Este mismo argumento sería esgrimido por Henry Ford II, presidente de la compañía automotriz respectiva. Con similar tónice, algunos grupos de inversionistas extranjeros aducen, a principios de julio (VII/5), que las medidas que establecen su participación minoritaria en las empresas nacionales desembocan en su sentimiento de que sus intereses no están debidamente garantizados. Por lo tanto, para aumentar sus inversiones, demandan la supresión de esta restricción. Ello significa que la crisis empuja al estado hacia la aceptación de la inversión extranjera en condiciones aún más privilegiadas que las que habían estado vigentes hasta 1977. ¡El capital internacional pide, ni más ni menos, la desaparición de uno de los escasos controles – con todo y que éste es fundamentalmente sólo formal, no real- del imperialismo, sostén fundamental de la ideología nacionalista de la revolución mexicana! En igual sentido, la ideología nacionalista como base de apoyo del gobierno mexicano, es debilitada por las presiones provenientes del aparato burocrático del estado norteamericano en materia de petróleo y derivados. Hay que tomar en cuenta que las reservas petroleras probadas para diciembre de 1977 eran de 14 mil millones (XII/13). En caso de ser así, equivaldrían a 6 veces las existencias de Alaska. Esto colocaba al recurso mencionado en el ámbito de la seguridad de EU. Consecuentemente, aumentan las presiones del gobierno norteamericano e torno a su manejo. El 29 e noviembre, en un claro intento por continuar las presiones políticas sobre el aparato burocrático del estado mexicano, el EXIMBANK da a conocer que el crédito de 590 millones de dólares para financiar el gasoducto Cactus-Reynosa estaba técnicamente aprobado, pero seguiría siendo ponderado políticamente hasta fin de año, básicamente para recabar la decisión final del presidente del gobierno norteamericano al respecto (XI/29). Para fines de diciembre, la ponderación política conduciría a un aparente fracaso temporal (que proseguiría al menos durante 1978 y 1979) de las negociaciones respectivas. B) La reforma política y el fortalecimiento del capital Ya en el capítulo IV y V de este documento se ha visto que el aumento en la fuerza política del capital es un factor principal en el hecho de que el gobierno mexicano no pueda dirigir efectivamente el proceso de salida a la crisis. Aquí se volverá sobre el mismo asunto de la fortaleza política de la burguesía, pero ahora se considerará bajo una óptica diferente: no ya como posibilitadora de que el capital salga fuera del ámbito de acción señalado por el gobierno, sino ahora como factor determinante de que éste

sea capaz de definir el contenido, normar las directrices y establecer planes, programas y proyectos de la política global de la burocracia central. La reforma política significa, aunado al relativo reforzamiento de la izquierda, la legitimación de la participación política abierta –no por debajo del agua (VII/29)- de las organizaciones directas de lucha de las diferentes fracciones de la clase del capital. Este hecho, claro está, fue negado en múltiples ocasiones por estas mismas organizaciones. El presidente de la Concamin afirmaba el 20 de octubre que, como empresarios, no se puede participar en política; un empresario sólo lo puede hacer como ciudadano. Pero, los acontecimientos demuestran sin lugar a dudas que, aprovechando el contexto de modificaciones superestructurales, la burguesía como conjunto –y en su interior la fracción hegemónica- desarrolla durante 1977 mecanismos que conducen a una mayor capacidad organizativa y de presión política, y ensaya nuevos métodos de actuación. El grupo Monterrey y sus apéndices, en particular, desarrolla esta capacidad política de manera muy clara; sus dirigentes intentan convertir a los intereses que representan en los intereses efectivos de la burguesía en su totalidad. Para ello tratan de obtener el liderazgo de las principales organizaciones que permiten la lucha política de la burguesía. El 8 de diciembre, el líder de los pequeños comerciantes organizados denuncia: a) que el grupo Monterrey se ha apoderado de la Coparmex; b) que los comerciantes y empresarios del norte del país pretenden adueñarse de la dirección de la Concanaco; c) que estos dos puntos son parte de una estrategia del consejo coordinador empresarial para convertir a los organismos privados que lo integran en instrumentos de presión política sobre el aparato burocrático; d) que el entonces dirigente del CCE había engañado al presidente de la república, al proporcionarle datos falsos acerca de la participación del sector privado en la alianza para la producción. El 9 de diciembre, los representantes del grupo Monterrey admitían que, efectivamente, hacían campaña para que uno de sus miembros llegara a la presidencia de la Concanaco. La denuncia del líder de los pequeños comerciantes es importante porque, además de la información concreta que brinda, los términos en que ésta se hace arrojan luz sobre el hecho de que una determinada fracción de la burguesía, si intenta imponer su hegemonía política durante 1977, tiene que liberar la lucha por lo menos a tres niveles principales: a) contra la fracción hegemónica de la burocracia pública; b) contra el resto de las fracciones del capital; c) contra los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado. La lucha contra la posición de las organizaciones, grupos y partidos políticos que no lamen la conyunta que el gobierno ha impuesto al movimiento obrero y campesino corporativizado, es, en esta perspectiva, marginal. Los puntos b) y c) surgen cuando el denunciante afirma que divulga públicamente la información porque los pequeños comerciantes son víctimas de los grandes industriales y comerciantes, y (él) sí respeta a las instituciones y al régimen. El punto a) se establece cuando se sabe que los grupos empresariales utilizan, no solamente mecanismos para influir en los partidos y organizaciones políticas principales, sino que utiliza multitud de otros medios de

presión para obligar al aparato burocrático a ir más allá de los límites políticamente tolerables (VII/22). Entre estos otros mecanismos, se encuentra la utilización racional –en cuanto a servidumbre a sus intereses- de los medios de comunicación masiva. Según el gobernador de Nuevo León, en Monterrey –quizás el lugar donde la acción política directa de las organizaciones de lucha de la burguesía con respecto al gobierno, es más clara durante el año- las agrupaciones patronales presionan sobre los medios de comunicación masiva, cancelando el derecho a la información (XII/2). También, los paros de actividades se incluirían como otro medio para presionar al aparato burocrático. Aún siendo ilegales (III/3), el aparato burocrático del estado no toma acciones directamente represivas contra los paros de comercio, por ejemplo. Y, en general, en el momento en que algunas fracciones del capital perciben la posibilidad de que sean dañadas en sus intereses, pueden reaccionar simplemente señalando las negativas consecuencias que ello tiene en el proceso de salida a la crisis. Tratándose del caso en que el gobierno anunció la posibilidad de sustituir los permisos previos de importación por un mayor arancel, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana afirmaba que ello traería como consecuencia el cierre de empresas y fuentes de trabajo. En realidad, estos mecanismos de presión sobre el aparato burocrático habían estado presentes desde hacía tiempo en el arsenal de la burguesía que tiene intereses en el país. El aprendizaje de su utilización efectiva no toma lugar durante 1977. En sentido estricto, la nueva habilidad que realmente adquieren sus dirigentes directos durante este año estriba en la de colocar a sus representante directos en posiciones clave de la burocracia central del estado mexicano. Hasta el año ’77, sus representantes directos estaban ubicados solamente; en los referentes locales, municipales y –como máximo, y sólo por excepción- de entidad federativa, de la maquinaria corporativa del estado; en las propias organizaciones de lucha del capital. Hay por lo menos dos claros indicadores de que esto sucede; i) la agudización de los conflictos entre la oligarquía regiomontana y la fracción zorrilista de la burocracia de la entidad; ii) los cambios en el gabinete económico del presidente de la república. A pesar de que pública e ideológicamente los representantes de las organizaciones de lucha de la burguesía se empeñan en demostrar desinterés, lo cierto es que en algunos casos se cuelan declaraciones que permiten entrever, tanto que manejan la percepción de que el acceso a posiciones clave del aparato gubernamental garantizan en cierta medida un contenido de la política económica gubernamental ampliamente favorable a sus intereses, como que efectivamente tienen ingerencia en el asunto de las personas que ocupan los más importantes cargos públicos. El 18 de noviembre, el presidente de la Canacintra afirmaba: “Deseamos que estos cambios (en el gabinete presidencial) no entorpezcan la buena marcha de los asuntos públicos y signifique un cambio radical en la política que hasta ahora se venía siguiendo”.

Ya para el 6 de octubre, acontecimientos ocurridos anteriormente permiten que se empiecen a perfilar claramente posibles cambios en el gabinete presidencial. Incluso, algunos gobernadores mencionan, de pasada, esta posibilidad. Estos cambios habrían de ocurrir posteriormente, el 16 de noviembre (con la renuncia, simultánea, del secretario del programación y presupuesto, y el de la secretaría de hacienda y crédito público) y el 9 de diciembre (cuando el secretario de educación pública renuncia y es sustituido por el hasta entonces secretario de comercio). Sin embargo, antes de éstos habrían de ocurrir una serie de hechos en Nuevo León, que de alguna manera condicionan los posteriores cambios. A mediados de octubre se abre, en Monterrey, una oficina –creada por 60 grupos privados (El consejo de Instituciones), que reúne a 100 organizaciones que agrupan a 2,700 empresarios, seis mil comerciantes organizados y cinco mil mujeres- que, se anuncia, recibiría quejas contra excesos del gobierno de la entidad, tales como violaciones efectuadas por la policía preventiva y judicial, secuestro de vehículos, persecución de obreros, agresiones a ciudadanos, etc. Ante estas circunstancias, era inminente que el congreso local –de Nuevo león, iniciara una investigación de la gestión del gobernador, Pero Zorrilla Martínez (X/20). Es claro que lo que se pretende en esta ocasión es demostrar que la actuación del gobernador Zorrilla no tenía el consenso popular; que las bases sociales de apoyo de su gobierno eran prácticamente inexistentes. El objetivo inmediato; hacerlo renunciar; nombrar a su sucesor; acrecentar el poder de la burguesía a nivel nacional, generalizando su experiencia; imponer a sus representantes directos en las posiciones de la burocracia central que determinan la política económica gubernamental. El motivo de fondo; la existencia de un nada despreciable margen de independencia relativa del gobierno de la localidad, con respecto a la oligarquía regiomontana. Las contingencias; la significativa interrupción de la influencia de las diferentes organizaciones del capital, en el interior del gobierno de Nuevo León. En cuanto al objetivo, parecen válidas las interpretaciones de los referentes de la maquinaria corporativa a nivel de la entidad, y las del secretario general del PPS. En efecto, en un desplegado firmado el 19 de octubre por la CTM, CROC, y CGT de N. L. Se afirmaba: “De esta suerte, para ciertos círculos de acción probada, subsisten como objetivos fundamentales los mencionados en otras ocasiones: a) sentar como elemento sustancial la neutralización de la actual administración del Estado, por independiente; b) apuntar firmemente los términos en los cuáles, conforme a aquellos intereses, deban resolverse las sucesiones futuras en el mando político del estado (de Nuevo León); c) la pretensión de imponer al gobierno federal –y al estatal- condiciones para la conciliación que reclama la política del régimen actual”. Por su parte, en interpretación –realizada el 20 de octubre- del secretario general del Partido Popular Socialista, el grupo Monterrey intentaba partir de la experiencia de la

destitución del gobernador de Nuevo León, para generalizar este tipo de actuación por todo el país: “La actitud agresiva de la burguesía contra el gobierno anterior renace ahora para obligar al actual a virar hacia la derecha para servir a sus propios intereses. Si derrotan a Zorrilla Martínez derrotarían también una actitud hostil hacia ellos, contraria a sus desmedidos afanes de lucro...Zorrilla Martínez nunca ha estado con los intereses de la clase dominante y por eso se le han ido encima. Pese a lo que digan, los empresarios son los más políticos y luchan por obtener posiciones de poder...Si el gobernador fuera destituido la burguesía neoleonesa se constituiría en gran triunfadora y la lucha nacional de tipo político y económico se inclinaría hacia ellos por la enorme influencia financiera del grupo Monterrey...Monterrey es un punto estratégico en donde se asienta la gran burguesía nacional que trata de influir en todos los niveles para que las formas de gobierno sean favorables a sus intereses facciosos...” A su vez, en lo que respecta a los determinantes de fondo de la acción contra el gobernador, éstos se desprenden de la relativa independencia con que actúa el aparato burocrático de la entidad. Basta con sopesar las palabras del propio gobernador (X/19): “Están a la vista acciones de violencia que se han dado en otros lugares y que en Nuevo León no ha sucedido gracias a una política de respeto al ejercicio de los derechos laborales...¿Porqué no se dice la verdad? ¿Porqué no se habla de esa ausencia de justicia de parte de algunos grupos económicos y de controles sociales en Monterrey que impiden que las familias sientan que tienen abiertos los caminos por la educación, por la salud y por el trabajo, situación que se ha logrado, pero que se trata de ocultar?...Yo apuesto a que si este gobernador hubiera accedido a ciertas presiones no tendría problemas. Ciertos órganos se desvivirían en alabanzas, pero no tendría la frente alta para hablar como lo hago”. Por lo que se refiere a las contingencias –a la gota que derrama el vaso-, parece existir poca duda respecto a que éstas se identifican con las acciones del gobernador tendientes a disminuir la presencia directa del capital al interior del gobierno. En efecto, según el ya mencionado desplegado suscrito por las Secretarías Generales en Nuevo León de la CROC, la CGT y la CTM (X/19): “En tiempos superados, algunos grupos privados forzaban su acceso de modo diverso a centros de decisión (del gobierno de N. L.), como la Tesorería General del Estado, la Comisión de Planificación –urbanización y fraccionamientos-, Procuraduría General de Justicia, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y Junta Catastral, de tal manera que participaban de un modo irregular, por irresponsable socialmente, en el ejercicio del poder público...Así, al necesario y saludable margen de la independencia del poder público, con respecto a los legítimos intereses privados, era de esperarse, y siempre ha estado presente, la reacción ultra conservadora de quienes consideran disminuida su hegemonía económica...y en pocas ocasiones política: influencia en sucesiones políticas. No les basta la audiencia, porque quieren poder. Estas reacciones han estado apoyadas por una parte de la prensa de Monterrey”.

Independientemente de lo acertado ó no de estas apreciaciones, el hecho es que el conflicto entre el gobernador de N. L. Y la oligarquía regiomontana se agudiza durante las últimas semanas de octubre. Desde la capital de la entidad, pequeños núcleos identificados como pertenecientes a la Unión Nacional de Padres de Familia atacan a los libros de texto gratuitos (X/19). Se da un distanciamiento entre el Presidente Municipal de Monterrey y el Gobernador de Nuevo León (X/25). La oficina de quejas, recién instalada, empieza a arrojar información, demostrando los excesos del gobernador. Sin embargo, a la par que sucede esto, los personajes de la burocracia central más identificados con posiciones progresistas se definen a favor del gobernador. El secretario de gobernación establece la premisa de que los empresarios no pueden quitar a un gobernador: sólo el pueblo que lo eligió (X/20). Además, otras importantes fracciones de la burguesía se pronuncian contra los métodos frontales y abiertos de lucha, asumidos contra el gobierno local por la oligarquía regiomontana. En este sentido, fue crucial la declaración del presidente de la Asociación de Industriales del estado de México, en el sentido de que, en el caso de Monterrey, los empresarios utilizaban el poder del gremio para presionar al gobernador, cosa que no era aceptada por la Asociación (X/21). Asimismo, el gobernador obtiene el apoyo –además del de los dirigentes nacionales del PRI- de los líderes de los partidos de oposición registrados. El 21 de octubre, el congreso de Nuevo León acusa a las agrupaciones privadas que establecieron la mesa de quejas contra el gobernador, de usurpar funciones. El resultado: el gobernador de Nuevo León no renunció. De esta manera, de los objetivos perseguidos por el grupo Monterrey con el affaire Zorrilla, no se consigue la renuncia del gobernador ni –al menos durante 1977generalizar su experiencia a nivel nacional. Sin embargo, ello no implica el que tampoco hayan logrado alcanzar el objetivo de colocar a sus representantes directos en las posiciones clave del gobierno. El ámbito clave, el espacio burocrático-administrativo donde se generan los contenidos originales de la política económica, donde se retroalimentan los contenidos originales con presiones de todo tipo y se modifican éstos conforme a la correlación de fuerzas, y donde se formulan las versiones mas ó menos definitivas de ello, es el llamado Gabinete Económico: el conjunto operativo formado por la SPFI, SPP, SC, SHCP. Había dos elementos disfuncionales, dos personalidades incómodas, para el capital: los titulares de Educación Pública y de Programación y Presupuesto. El 16 de noviembre renuncia dos secretarios: de programación y presupuesto, y de hacienda y crédito público. Con la eliminación de Tello Macías, la incomodidad de la burguesía disminuye. Las declaraciones del 21 de noviembre del nuevo secretario de hacienda y crédito público, tranquiliza a sus dirigentes directos: el mercado interno no crecería; las reformas fiscales de fondo se postergarían; se respetarían los convenios y las cartas de intención suscritas con el FMI. El 9 de diciembre, renuncia el secretario de educación pública (otro personaje non grato a los ojos del capital, por ser miembro del gabinete presidencial de Luis Echeverría y por su filiación pretendidamente marxista) y es

sustituido por el secretario de comercio. La secretaría de comercio, a su vez, es ocupada por el hasta entonces gobernador de Chiapas. No es posible afirmar que los acontecimientos de Monterrey fueron un factor causal de los cambios en el gabinete presidencial. Sin embargo, los hechos parecerían señalar que éstos si fueron determinantes significativos. De alguna manera como reflejo de las presiones ejercidas contra el gobernador Zorrilla, la fracción hegemónica de la burocracia central del estado mexicano se transforma, se recompone a sí misma, se vuelve homogéneamente conservadora, aún más amalgamada con los intereses del gran capital. Se auto eliminan los obstáculos que, por la presencia de objetivos no del todo coincidentes entre sus miembros, surgen en su propio seno. Pero al hacerlo, pierde el aparato burocrático valiosos elementos que pudieran dificultar la eficacia de las presiones cada vez más fuertes del capital en lo que respecta a orillar al gobierno hacia toma de posiciones ilegítimas que podrían llevarlo lejos de la obtención de apoyos consensuales. C) Las fracciones rurales de la burguesía del país tienen un lugar especial en el proceso de pérdida popular del gobierno. En tanto componentes de la burguesía del país, los capitalistas rurales –y sus representantes directos- participan claramente de todo lo que se ha descrito en este apartado. Sin embargo, su actuación tiene una especificidad propia. Es necesario, entre otros factores, distinguir entre los sectores de la burguesía que ya tenían intereses en el agro, y aquellos cuya presencia en el campo el aparato burocrático se empeña en estimular durante 1977. Ello, en virtud de que con frecuencia la posición de los primeros no es totalmente coincidente con la de la burocracia central. La no coincidencia puede referirse a un programa concreto propuesto por el gobierno, como en el caso de las agroindustrias, donde levantan su voz contra la postura gubernamental que la considera como la solución óptima. La Asociación General de Agricultores del Estado de Colima se encarga de establecerlo así, el 8 de diciembre: “Es verdad que la industrialización de los productos agrícolas es una ayuda y grande para la producción agropecuaria en sí, en cuanto favorece el uso de alimentos perecederos que mediante la industrialización se conservan y además transforman su utilización, mejorándola. Es cierto que además la industria de transformación de materias primas agropecuarias favorece el uso de mano de obra creando empleos de todo tipo en las áreas rurales, donde se hace sentir más fieramente el desempleo y la desocupación. Pero es utópico que ahí, en la transformación industrial, esté la panacea para el problema del campo...Lo que queremos decir y aclarar es que los consumos básicos y masivos se produzcan en el propio país y no se importen. Después se sigue la capacidad de exportar que potencialmente tiene México y ya probada en un pasado no muy lejano...Entonces, el agro es primero y la urbe después. Sin el agro, solidifican la ciudad ó ésta prospera falsamente ó es foco detonante de desajuste social”. Pero las fracciones de la burguesía que tienen intereses en el agro y el aparato de gobierno también pueden no coincidir en lo que se refiere a aspectos de mayor generalidad; a las bases mismas de los planes de descampesinización del agro. De

hecho, no es raro que empujen y presionen a la burocracia central hasta cerca de los límites de debilitamiento de sus bases superestructurales de apoyo en el campo. Ya antes se ha mencionado que el aparato burocrático tiene que mantener, para los fines de legitimidad que requiere la descampesinización, la apariencia de que aún quedan tierras –pocas, pero quedan- por repartir para fines agrarios. Pues bien, la posición de la fracción de la burguesía del país que ya tiene intereses ubicados en el campo consiste en no repartir ni un metro cuadrado más, ya que esto sólo sería posible, desde su percepción, afectando a la pequeña propiedad. Sus organismos de lucha política parten de la idea de que la etapa útil del reparto agrario en México ha terminado; cualquier reparto durante y después de 1977 sería disfuncional: “Las reformas rurales han sido numerosas y constantes y el anhelo por una distribución adecuada de la tierra es connatural al género humano. Estas reformas rurales ó agrarias han tenido diversas realizaciones teóricas y prácticas en los diferentes estados ó países en que se han realizado. Tal parece que una repartición de tierra es útil y progresista hasta un punto, adelante del cuál se crea el mini-minifundio que llega a ser improductivo y por ende indeseable” (XII/9). Toman un nuevo lema, seguridad y garantías; detrás de él se esconden sus intereses reales. A la vez, se perfila el camino de la total pérdida de legitimidad de la presencia y la actuación del aparato burocrático en el agro: “No podemos producir en medio de invasiones agrarias que si bien han disminuido no han cesado, agravándose el cuadro con indicaciones de estatificación de la agricultura, si hemos de creerle al SR. Rojo Lugo (titular de la SRA). Preferimos creerle a las afirmaciones proteccionistas del señor presidente en su intervención en la gran reunión (México Agroindustrial, del 24 y 25 de noviembre), así como la del gobernador de Jalisco, y confiados esperamos sean creadas de verdad las condiciones previas a la reorganización nacional de la agricultura mexicana que son seguridad y garantías, en aras de una auténtica autosuficiencia nacional (XII/8). Presionan al aparato burocrático para que este lema sea tomado y operacionalizado por sobre cualquier otra circunstancia: “Los enfoques de la iniciativa privada para ayudar por vía de la industrialización de productos del campo, tanto agrícolas como pecuarios, son no obstante, reducidos en su alcance. Quedan de lado los dos requisitos que cual verdades de Perogrullo, deben ser enfatizados so pena de arar en el desierto: seguridad en el agro y en la tenencia de la tierra, y fijación de precios de garantía al mayoreo para los productos del campo...Resolviéndose esas tres cuestiones las otras usos de semillas mejoradas, uso de la mejor y más adecuada maquinaria agrícola, uso de insecticidas y fugicidas adecuados, uso de técnicas superiores de cultivo, planeación nacional y regional de cultivos, etc...llegarían con mayor seguridad al campo y complementarían la solución integral...La agroindustria es una ayuda grande, pero totalmente insuficiente, sin previas resoluciones a los factores señalados” (XII/8).

Y, desde su perspectiva, el gobierno debe pronunciarse formalmente a favor de la conclusión de la etapa de reparto agrario, porque mientras no lo haga, la sola posibilidad de reparto sería bandera de las organizaciones de los trabajadores del campo sin tierra –estén ó no incluidos dentro de la maquinaria corporativa-: “La mayoría de las tierras laborables en México han sido afectadas para ejidos de acuerdo con las leyes y puede asegurarse con razón, que prácticamente lo afectable ha sido repartido, y si algo queda por repartirse legalmente, ello es mínimo y sólo bajo el imperio de la ley y bajo su acatamiento debiera complementarse el reparto en base en acciones finales administrativas que procedan legalmente para concluir el ciclo de repartimiento que está prácticamente ya realizado, y procederse con todo el rigor de la administración pública y el empuje de los mexicanos, a la realización de la reforma agraria integral que contempla ahora la etapa de alta productividad en todas las formas de tenencia legal de tierra, sea ejidal, propiedad comunal de antiguos poblados, ó pequeñas propiedades agrícolas ó ganaderas. Mas, desgraciadamente, a menor posibilidad legal de reparto, corresponde una mayor agitación y demagogia que sin duda es parte de la estrategia del Partido Comunista manipulado desde el extranjero y sus muchos afines aliados para la toma del poder y la subversión del orden legal constitucional establecido “ (XII/8). De ahí el principal dilema suerestructural del estado, en el proceso de implantación de su esquema de descampesinización total del agro, bajo las condiciones de crisis de 1977; para los fines de legitimidad que requiere la implantación de su esquema de descampesinización, que beneficia abiertamente a la burguesía rural, tiene que permitir un mínimo grado de afectación de tierras; pero, precisamente la fracción de la burguesía que saldría enormemente favorecida de la situación, presiona especialmente al aparato burocrático con el fin de que asuma formal y realmente la obligación de no permitir ninguna acción agraria y, por el contrario, tome en serio la responsabilidad de brindar cabalmente seguridad y garantías, con lo que el nivel de legitimidad sufre una disminución impresionante. A esto, que ya de por sí es grave en lo concerniente a las bases sociales de apoyo del gobierno y del estado mexicano, en el agro, se le añaden algunos otros elementos. La aproximación al punto más allá del cual no es factible la actuación gubernamental legítima, es propiciada también por el hecho de que algunas fracciones de la burguesía sostienen la necesidad de que el ejido desaparezca, para ser sustituido por la pequeña propiedad. Un indicio en este sentido estriba en el reclamo del Consejo Coordinador Empresarial (X/14), en cuanto a que los ejidatarios y minifundistas privados debían pagar impuestos, en caso de que se llevara a efecto una redistribución tributaria. Para el 29 de noviembre, los indicios se convierten en pruebas; el presidente de la Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia declara: “La mejor solución al problema del ejido es que éste desaparezca, ya que ni siquiera el trabajo colectivo que se pretende implantar hará que se eleve la producción...El ejido debe desaparecer y suplirlo por la pequeña propiedad, ya que en la medida en que el

campesino tenga seguridad jurídica, en esa misma medida tendrá capacidad para elevar su productividad”. Pero eso no es todo. La Secretaría de la Reforma Agraria es, para la burguesía rural, la viva imagen de una posible reforma agraria radical. De ahí que los dirigentes de esta dependencia del gobierno federal, sean considerados como enemigos potenciales. Mientras persistiera como secretaría de estado, no habría la tranquilidad absoluta necesaria, ¿Porqué no suprimirla, de una vez por todas? Precisamente en esta dirección, para eliminar cualquier obstáculo a sus intereses, para asegurarse que la política agraria se someta clara, indiscutiblemente a la política agrícola del año ’77, la burguesía llega a presionar para que desaparezca la SRA y se incluya como subsecretaría de la SARH. El presidente de la Confederación Nacional de Aprovechamientos Hidráulicos afirmaba, el 25 de noviembre: “La Secretaría de la Reforma Agraria es el enfermo crónico de la administración pública. Como dependencia administrativa debe desaparecer, porque corrompe en el agro y alienta en los campesinos marginados y en las nuevas generaciones una esperanza que por las características del territorio nacional está liquidada: el reparto de tierras...La SRA debe pasar a ser una subsecretaría de la SARH, pues el agua y toda la tierra, sin importar su régimen de tenencia, debe ser manejada por una sola autoridad, que hermane a los productores y dirija y planifique la producción debe estar vigente, no sólo durante el sexenio de JLP, sino en el futuro, el 25 de noviembre, el presidente del Consejo Industrial Agropecuario afirma: “La alianza para la producción, que deberá estar vigente en el futuro y no sólo en el actual sexenio, debe lograrse mediante la acción de todos los sectores sociales y para ello se requiere de la participación del estado, los agricultores, ganaderos, inversionistas, del capital del trabajo y de la tierra”. Pero, a nivel superestructural, los sectores más poderosos de esta burguesía rural no se muestran suficientemente satisfechos con la confianza reinante en el agro, cuyo nivel está determinado por el Estado como globalidad, en función de las necesidades de reproducción de las condiciones políticas mínimas de legitimidad (V/2). Tercera Tesis: las fracciones de la burguesía vinculadas al agro no interpretan en su real dimensión el lenguaje utilizado y las medidas tomadas por la burocracia central del estado mexicano. Durante 1977, la implantación del esquema de descampesinización del agro mexicano requiere que la burguesía rural tenga la certeza de que sus intereses están siendo adecuadamente representados en –y eficientemente manejados y administrados porlas diversas instancias del Estado, especialmente en lo que se refiere al desenvolvimiento económico, político eideológico de la fracción que detenta la hegemonía al interior de la maquinaria gubernamental. En los dos apartados anteriores se ha visto que, sin embargo, no sólo no admite la clase capitalista del campo el más mínimo daño a sus intereses, sino que incluso presiona al aparato burocrático hasta

puntos muy cercanos al nivel de pérdida absoluta de legitimidad. Existen algunos datos que permiten afirmar que ello está determinado en algún grado por el hecho de que sus organizaciones de lucha, al no tener la visión de conjunto de la sociedad que sí tiene el gobierno, en ocasiones no se explican correctamente el rumbo que se anuncia toma el proceso de salida a la crisis. Al basar, en efecto, su conocimiento y su actuación en el contenido explícito de las declaraciones de los políticos, tiende la burguesía que actúa en el medio rural a ver moros con tranchete. Muestra, casi permanentemente, su incapacidad para distinguir entre objetivos formales y objetivos realmente perseguidos por la burocracia central del estado mexicano. De esta manera, sus acciones y comisiones coadyuvan a que la perseguida política de entendimiento (V/12) del sector público, privado y social, se base en un equilibrio sumamente endeble. Sus cimientos, por las condiciones que emanan de la crisis, están sometidos a una constante erosión. Pero, en este sentido, la miopía de la burguesía rural es –hasta cierto puntocompartida por el resto de los sectores de la burguesía. Se manifiesta esta misma desinterpretación en la actuación política del resto de las fracciones del capital. El discurso político es inadecuadamente interpretado por la burguesía, como clase, en numerosas ocasiones durante 1977. Sin embargo, es posible afirmar que no se explica correctamente los planteamientos del gobierno y/ó de la maquinaria corporativa, cuando éstos se refieren por lo menos a dos grandes categorías de hechos: cuando se menciona de alguna manera la necesidad de rectificar el contenido de la política económica seguida; cuando se presentan argumentos en torno a la necesidad de aplicar la reforma política. A) La inadecuada interpretación, de la burguesía como clase, de la actuación del aparato burocrático. En efecto, los dirigentes políticos de la burguesía se desconciertan cuando diversas instancias del estado señalan el potencial requerimiento de modificar en algunos de sus puntos el manejo de la macroeconomía que, favoreciendo ampliamente la posición del capital, el aparato burocrático efectúa durante todo 1977. En estos casos, sus organizaciones de lucha no son capaces de discernir lo que realmente determina el contenido de las afirmaciones de cambio, de descifrar en qué consisten éstos verdaderamente, y en saber en qué consistirían los efectos que podrían traer consigo. Concretamente se van con la finta cuando se habla de: liberalización del gasto público; que no se puede permitir que el capital sea juez y parte en el intento de sopesar la adecuación de la política económica seguida; la burguesía como culpable de la crisis, que no cumple con su parte en la alianza para la producción; no autorizar aumentos de precios; no aceptar la ingerencia directa de la burguesía en el contenido de la política y reforma fiscal; que el capital alimenta los conflictos entre políticos y técnicos; la incapacidad de la burguesía para obtener éxito económico real, sino cuenta con la protección del gobierno; que, pese a las presiones de la clase del capital, los economistas en el gobierno no son creadores de problemas, sino simplemente sus detectadores y solucionadores; la negativa gubernamental a ceder a la iniciativa privada sus empresas, argumentando que el hacerlo implicaría su debilitamiento; incrementar los salarios; la posibilidad de que el capitalismo monopolista de estado se

oriente hacia el fortalecimiento, no del gran capital, sino del movimiento obrero y campesino; eliminar los subsidios que tradicionalmente le han sido otorgados. Por otro lado, su falta de visión de conjunto de la sociedad determina el que no interprete en su real dimensión el contenido y los alcances de la reforma política promovida por la fracción López Portillista de la burocracia pública. Se desconcierta cuando se asegura que la Reforma Política; rompería el monopolio de la oposición que había estado tradicionalmente en manos del PAN; brindaría amplias posibilidades para que algunos grupos fuera del control estatal provocaran una crisis política, aprovechando la coyuntura de crisis económica de 1977; podría incluso significar la presencia de senadores de partidos de izquierda; no cambiaría la situación de monopolio del poder, sino que solamente traería una mejor imagen pública de éste; podría llegar a tocar los puntos más sensibles de la gestión empresarial, tales como la participación obrera en las decisiones de las empresas; no incluía realmente la posibilidad de eliminar la corrupción; era la respuesta a la necesidad de hacer corresponder el nivel político a los cambios ocurrían y ocurrirían en el nivel económico; en dos años más, posibilitaría el que en el congreso de la unión verdaderamente estuviera presente la oposición; ya había sido aprobada; creaba soberbia de la maquinaria corporativa, que acusaba a la burguesía de demandar definir jurídicamente las reglas del juego que favorecían a sus intereses; propiciaría un sorpresivo giro a la izquierda del aparato burocrático; estaba ya coadyuvado a que algunos gobiernos locales se opusieran eficazmente al gran capital; respondía a la necesidad de obtener el apoyo político-popular que requería la administración de la crisis; implicaba en algunos momentos, la necesidad de defender a funcionarios del régimen de Luis Echeverría, a quienes pretendía la burguesía borrar del mapa de efectivos actores políticos durante 1977; daría más posibilidades de actuación independiente a los personajes al interior del gabinete presidencial que le resultaran potencialmente peligrosos. Veamos cada uno de estos puntos con mayor detalle. a) la burguesía no interpreta correctamente los señalamientos de la política económica seguida. Desde el punto de vista del capital, bastaba con tener un mínimo conocimiento de las necesidades del momento, para alcanzar éxito económico. Tal y como fue afirmado por uno de los principales acciones de la ICA (IX/29): “Todo grupo de hombres que hoy en día se proponga trabajar en equipo, reuniendo sus capacidades en forma positiva, en un campo en el que el país esté especialmente urgido de trabajo y de realizaciones, creo que podría alcanzar los mismos resultados (que ICA) si actúan con tenacidad, amor a su oficio y entrega absoluta. Todo es cuestión de la época, de cumplir un papel adecuado a las necesidades del momento. A fines de siglo pasado se necesitaba construir ferrocarriles y los hombres que pusieron esfuerzo y buena capacidad en ello, actuando con tenacidad, tuvieron éxito. Durante la colonia, la urgencia del momento era explotar las minas ó hacer prosperar las haciendas, por ello los mineros y hacendados destacaron en aquel momento. En otras

épocas, los frailes ó militares fueron factores decisivos en la vida de México. Cada actividad tiene su momento. A nosotros nos tocó ser ingenieros en una época en que el país estaba desarrollando a marchas forzadas su infraestructura y por ello hemos tenido el privilegio de jugar un papel destacado en el proceso de desarrollo. Con visión suficiente para actuar en los campos más urgentes y con el esfuerzo y la capacidad necesarios, yo sí creo que eventualmente los jóvenes de nuestra época van a alcanzar los mismos y mejores resultados que los que hemos tenido nosotros”. Desde su propia lógica, la actividad del capital sí está en concordancia con los requerimientos de la crisis de 1977. La burguesía está tan convencida de que desempeña adecuadamente su papel económico, que su fracción hegemónica no acaba de entender, por ejemplo, el por qué no se permite que se auto postule como el máximo juez del grado de adecuación de la marcha y contenido de la política económica gubernamental (V/16). De ahí que sus diferentes fracciones se desconcierten ante las acusaciones –provenientes de los más disímbolos recodos de la formación social mexicana, incluso de la propia burocracia central- de que son las culpables de la crisis, por no cumplir con su parte en la Alianza para la Producción. Sus dirigentes políticos estaban tan seguros de que hacían todo lo posible –todo lo que estaba a su alcance-, considerando las condiciones desfavorables para la obtención de máximas tasas de ganancias durante el año, que llegan a afirmar –como lo hizo el presidente de la canaco de la ciudad de México, el 23 de septiembre- que acusar al sector privado de ser el culpable de la crisis, es como acusar al termómetro de la baja ó alza de la temperatura. ¿Quiénes son, entonces, desde la perspectiva de la burguesía, los culpables de la crisis? Lo son los técnicos y asesores del gobierno –la tecnocracia en general, y los economistas en particular-, cuya influencia había sido determinante en la conducción equivocada de la política económica del país durante décadas, de acuerdo a actitudes demagógicas. A los ojos de los dirigentes de la burguesía, estos profesionales incrustados en el gobierno son peligrosos, no sólo porque se convierten –para obtener movilidad vertical (X/14)- ex enemigos gratuitos de la burguesía. Al capital le es muy difícil el concebir el que los economistas no son los creadores de los problemas, sino que constituyen un cuero al interior de la maquinaria gubernamental que, precisamente por dominar el área específica del conocimiento para la que están profesionalmente formados, detectan las disfunciones del sistema económico vigente y proponen alternativas para suprimirlas ó modificarlas. Soslayan también el hecho de que su existencia, en este sentido, no es nada fácil; de que al intentar poner en práctica sus recomendaciones, entran frecuentemente en conflictos con los políticos de mas pura cepa, encargados de tomar las decisiones finales. Esto último, puesto en palabras de un miembro del Colegio Nacional de Economistas, el 2 de octubre: “Los políticos mexicanos oscilan entre Nerón y el Indio Fernández...Se oponen, sólo por oponerse, a las recomendaciones ó proyectos que presentan los técnicos, pero cuando hay fallas somos precisamente los técnicos lo que cargamos con el paquete...Los que deciden son los políticos; un técnico se limita a presentar y defender sus proyectos,

pero difícilmente podemos imponer nuestro criterio cuando se trata de un político a la mexicana. Así como Nerón abrió el cuero de su madre para ver en donde había sido engendrado, un político mexicano puede decidir experimentos caros y a la postre infructuosos, pero como él decide...y (el político mexicano se parece al actor, indio Fernández) porque a cualquier contradicción a sus planes ó metas, está dispuesto a sacar la pistola”. Así, normada su percepción, tanto por el convencimiento de que no eran los culpables de la crisis y de que –por el contrario- hacían lo más que podían en el contexto de administración de la crisis de 1977, como por su criterio de máxima obtención de ganancias, los capitalistas de desconciertan por el sólo anuncio formal de que no se autorizarían aumentos a los precios. En efecto, el 24 de agosto, ante el clamor popular despertado por el anuncio en el alza del precio de leche y harina de trigo, la secretaría de comercio tuvo que anunciar que en los próximos tres meses no se daría ningún otro aumento en los artículos de primera necesidad. En esta ocasión, la burguesía perdió de vista que el anuncio gubernamental era solo formal porque, de hecho, los precios subieron durante todo el año a grado tal que la inflación para fines de diciembre rebasaba realmente el 30%. De igual manera, el capital se opone incluso a que los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado soliciten verbal y formalmente aumentos de salarios más allá del 10%. En efecto, el 10 de noviembre, el presidente de la Asociación Nacional para el Fomento de Exportaciones, decía: “Es necesario acabar con las exigencias desorbitadas y demagógicas imposibles de atender en cuanto a las peticiones de salarios, porque esto conduciría al paro ó incluso al cierre de empresas, además de desalentar a los nuevos inversionistas, lo que en estos momentos sería casi un suicidio”. Al obrar de esta manera, la burguesía da muestras de no conocer las necesidades de dominación política que hace que los dirigentes del movimiento obrero organizado procedan así. Ello no quiere decir que no existieran algunas organizaciones de lucha del capital que sí estaban conscientes de que un aumento de salarios repercutiría en su propio beneficio. Tal es el caso de la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Mercadotecnia y Ventas, y de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Para estos últimos, al aumentar la burguesía los salarios de sus trabajadores, en un plazo máximo de 6 meses, al traducirse en mayores consumos de sus productos, se revertirían en su propio beneficio (XII/9). Pero el hablar de incremento de salarios conduce a otra cuestión. Una de las cosas que más preocupación causa, en este sentido, a la burguesía, son las críticas a las cartas de intención suscritas por el gobierno mexicano ante el FMI. Ello en virtud de que su posición estriba en que los préstamos y medidas recomendadas por el FMI son benéficas para el país, por lo que no se deben suprimir. Al respecto, el 22 de noviembre, el presidente de Bancomer afirma:

“Las medidas correctivas que el Fondo recomienda, tiene por objeto que los países que no manejaron bien su economía vuelvan a generar fuerzas productivas sanas que alientan el progreso interno de éstos y la ocupación plena de sus recursos humanos, físicos y de capital...Consiguientemente...los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional a nuestro país no son dañinos para México...Sólo por ignorancia ó mala Fé puede decirse que sean perjudiciales para la nación...” Efectivamente, la modificación de la política económica seguida tiene una amplia gama de implicaciones, que podrían afectar los intereses inmediatos de la burguesía. Debido a estas implicaciones, es que no es del agrado de sus dirigentes el que el aparato burocrático considere la supresión de algunos subsidios al capital. Recuérdese que el secretario de comercio, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados del 9 de noviembre, a la par que reconocía que no era posible hacer productivas todas las empresas públicas –porque la propia burguesía sería dañada-, establecía que se tomaban medidas para ver cuáles deberían desaparecer: “En algunas de las empresas del Estado habremos de lograr ese realismo económico, no en un mes, ó en una semana ó en seis meses, sino lo habremos de lograr en un lapso corto, quizá en un año, en un año y medio. Intentar poner algunas empresas públicas de la noche a la mañana en cifras de realidad económica no sería lo mejor para la economía total del país...” “Tiene muy buena razón la diputada de Acción Nacional cuando hace referencia a que en algún momento algunos subsidios no han servido para el objetivo que fueron concebidos; pero la mayor parte de ellos sí han servido para este objetivo de una manera directa ó indirecta, y una vez que se termine este difícil trabajo de precisión, de transparentar todos los subsidios que se manejan, en la administración pública, estamos seguros de que sabremos que todos y cada uno de ellos, no sólo parcial, sino totalmente, a donde están dirigidos y con qué objeto se han establecido...” y una forma de subsidio había sido tradicionalmente la política fiscal. Temen los líderes de la lucha directa burguesa que esta forma particular de subsidios les sea suprimida. Por ello es que causa preocupación, ante el señalamiento de la Coparmex de que era necesaria la participación de la burguesía en el contenido e implantación de la política fiscal, la respuesta tajante del gobierno (subsecretario de Ingresos, SAHOP, IX/23): “Las decisiones en materia impositiva son el Estado, y no están sujetas a negociación”. Otro asunto que no es interpretado en su real dimensión, son las declaraciones en cuanto a aumento del gasto público. El 23 de noviembre, el presidente del CCE señalaba que a los empresarios no les preocupaba la ampliación del gasto público, sino que el gobierno quisiera gastar más recursos que los que tenía en su haber. Ya desde el 15 de julio, algunos grupos de economistas llamaban al gobierno para que iniciara inversiones públicas de envergadura. Sostenían que, de no hacerlo, la inversión privada no resultaría estimulada. Una semana después, altos funcionarios gubernamentales afirmaban que si la iniciativa privada no invertía lo suficiente, el gobierno tendría que

liberar el gasto público (VII/23). Para el 29 de octubre, ante la tibia respuesta del capital privado, el presidente del Colegio de Economistas afirmaba que el Estado y los trabajadores no estaban en posibilidad de seguir accediendo a nuevas presiones de la burguesía, y que la reanimación económica sólo podría lograrse mediante la liberalización del gasto público (X/29): “El capital nativo exige mayores sacrificios del Estado y de la clase trabajadora para mantener sus beneficios. Empero, ni el Estado ni los trabajadores pueden soportar una sobrecarga, no sólo por consideraciones éticas ó sociales, sino porque nada garantiza que con ello el ahorro se convierta en inversiones, como evidentemente no ha sucedido en lustros...Las deficiencias históricas del capitalismo siempre las ha solventado el Estado...Hoy por hoy la reanimación económica sólo puede descansar en el robustecimiento de la inversión pública social y económicamente razonada en aquellas áreas de mayor urgencia como la gestación de empleo permanente, la producción de alimentos y bienes-salario, y finalmente, la generación de divisas”. El asunto de la liberalización del gasto público es un asunto que causa especial preocupación a la burguesía, porque es un caso en que las declaraciones se convierten parcialmente en realidad. El día 20 de diciembre, se supo que el presupuesto de egresos para 1978 sería de 912,000 millones de pesos, en comparación con los 660 mil millones de pesos ejercidos durante 1977. El descontento de la fracción hegemónica de la burguesía crece, especialmente porque –desde su percepción- las rotaciones en –y expulsiones de- el seno del gabinete presidencial estuvieron de alguna manera determinados por el hecho de que el secretario de programación y presupuesto sostenía la necesidad de robustecer el gasto público. No hay que olvidar que, desde el 22 de noviembre, el director general del grupo financiero continental afirmaba: “La salida de Carlos Tello Macías del gabinete presidencial se debió a que buscaba incrementar el gasto público hasta 900 mil millones de pesos para 1978, que representaban 200 mil millones más que la postura de Julio Rodolfo Moctezuma. Quería regalar dinero que no teníamos y mantener la política de subsidios a la ineficiencia”. ¡Finalmente, no serían 900 mil, sino 912 mil millones de pesos los que gastaría el sector público durante 1978! Mostrando no tener una adecuada visión política de previsión a mediano plazo, la iniciativa privada sigue atacando a las empresas paraestatales, calificándolas incluso de cuellos de botella que constreñían el gasto público y privado (XI/30). Reflejando una visión microscópica de la realidad nacional, se desalienta cuando, el 27 de octubre, el director general de estudios administrativos de la presidencia de la república declara que las empresas del estado no serían vendidas a la iniciativa privada y que las que no fueran indispensables sólo serían liquidadas ó fusionadas con otras, para evitar dispendios. Esto le causa alarma a los dirigentes políticos de la lucha burguesa porque –desde su punto de vista- refleja una postura de pretensión de fortalecimiento del aparato burocrático. Para ellos, se trata de una clara manifestación del hecho de que la maquinaria gubernamental opone fuertes resistencias a las presiones que le son ejercidas por el capital privado para su

debilitamiento. Es por ello que sus fracciones más poderosas, aunque reconocen que las afirmaciones gubernamentales en este sentido pueden tener un trasfondo político, se apresuran a demostrar su insatisfacción con ellas, particularmente en lo que se refiere a la posibilidad de aumentar el intervensionismo estatal. El 11 de noviembre, por ejemplo, el presidente de la Coparmex afirma: “Aunque son explicables las razones políticas que indujeron al secretario de comercio...a jactarse del intervensionismo estatal, no puede aceptarse ni mucho menos compartirse. Es preciso subrayar que fue la política socializante del sexenio anterior la que, en gran medida, condujo al país a la crisis que actualmente afrontamos y la jactancia del intervensionismo no contribuye a estimular el esfuerzo del sector privado tendiente a reactivar la vida económica del país, conforme a los principios y al espíritu de la Alianza para la Producción”. La preocupación de la burguesía, efectivamente, no es por el incremento en sí del intervensionismo estatal. No está en contra del capitalismo de Estado. Tal y como se desprende de las declaraciones del presidente de la Coparmex del primero de diciembre, siempre que la burguesía argumenta que existe una andanada verbal contra los empresarios (para que el Estado invierta en un proceso que debilite el capital privado. Ello se ve también claramente en el contenido de la declaración del presidente de la Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia, del 29 de noviembre: “El futuro del país está en el capitalismo monopolista del Estado. Se ha hablado mucho de la economía mixta, pero el gobierno a veces trata de tomar mayor ingerencia en renglones plenamente cubiertos por la iniciativa privada”. En lo que están en desacuerdo, pues, es en lo concerniente a la posibilidad de que el capitalismo monopolista de Estado tome una posición de apoyo al movimiento proletario y popular. Así, es como debe interpretarse la posición del presidente de la Canacintra cuando afirma, el 24 de noviembre, que la burguesía industrial estaba segura de que el fortalecimiento del Estado, como consecuencia de los nuevos ingresos al aparato burocrático derivados del petróleo, no cambiaría su posición de apoyo al gran capital privado: “El estado será el nuevo rico en unos años más, pero ello no es motivo de preocupación ni de temor porque no habrán de modificarse las reglas del juego para el sector privado, comprendidas dentro del sistema de economía mixta vigente”. Es por ello que incluso encuentran motivos de preocupación en declaraciones -como la del nuevo director general de Nafinsa, el 24 de noviembre-, que debían acallar cualquier síntoma de desconfianza de la burguesía, en cuanto a las normas de no substitución – sino de complementación y coexistencia- del sector privado y del sector público: “El sector privado en México ha tenido, tiene y tendrá particular importancia en el desarrollo del país. Vivimos dentro de un régimen de economía mixta, en el cual los esfuerzos de los sectores privados y público son complementarios. El papel del sector

privado en el desarrollo económico de México tiene importancia semejante al que desempeña el sector público...La acción del gobierno y de la iniciativa privada no es sustitutiva, es complementaria. Y todos debemos contribuir en verdadera armonía, en sensata coordinación a lograr los objetivos superiores del desarrollo económico y del bienestar de la población, particularmente de quiénes han quedado rezagados en el progreso social del país y que aún no tienen los frutos y beneficios del desenvolvimiento de la economía nacional”. b) La incomprensión de la reforma política, por parte del capital: la inadecuada interpretación de las diferentes fracciones del capital no se desprende únicamente de su suposición de lo que es el contenido real de las declaraciones en cuanto al funcionamiento de los aparatos económicos del Estado. Su preocupación también se manifiesta muy principalmente en cuanto al rumbo que, a nivel políticoideológico, había sido apuntado por el aparato burocrático (IV/12). La Cámara de Diputados aprobó, el 25 de octubre, las modificaciones a los 17 artículos constitucionales que darían cause a la reforma política propuesta por JLP. Posteriormente, a mediados de diciembre, también aprueba la ley sobre organizaciones políticas. Para la burguesía, con estos dos acontecimientos, es un hecho el inicio de proceso hacia una mayor apertura democrática. Desde su perspectiva, da comienzo así un proceso que podría culminar con la eliminación de sus privilegios (X/15). La defensa de sus intereses inmediatos y directos condiciona el que el capital pierda la perspectiva de que la reforma política, tal y como fue planteada por el Estado, permitiría la continuación del monopolio del poder, pero ahora con una buena dosis agregada de legitimidad –de imagen pública-. La reforma política, en general desconcierta a la burguesía. Después de la etapa en que prácticamente no existe (1914-1920) en el país, el Estado nacional mexicano –en particular la burocracia pública de él- se empeña en organizar a la sociedad a través de un tortuoso camino de ensayo y error. Después de 60 años, la experiencia estatal obtenida era ya notable. Para 1977, el Estado estaba tan organizado, que era capaz de emprender la administración de los intereses globales de la burguesía en un contexto de crisis generalizada, tanto interna como externa. Pero la administración de los intereses de la burguesía, en las condiciones de 1977, requería forzosamente que el Estado mexicano contara con un fuerte apoyo políticopopular, pues de otro modo el deterioro en las condiciones de vida de las masas paupérrimas del país sería percibido como altamente ilegítimo. Es en este sentido que hay que interpretar al presidente de la república cuando sostiene, el 15 de octubre, la necesidad de que los cambios políticos y los cambios económicos se dan simultáneamente: “Creemos que no es posible dar saltos en la estructura política y mantener rezago en la infraestructura económica, social ó cultural. De ahí que sostengamos la necesidad de un desarrollo integral, de evitar por igual avances desproporcionados que nos expongan a peligrosos retrocesos...El desarrollo de una nación es compensado e

integral, articulado en todas sus partes, ó resulta riesgoso y con frecuencia contraproducente”. Aparentemente, sin embargo, para la burguesía esto no está claro. Sus dirigentes consideran que la reforma política es campo fértil para que germine la semilla de la subversión. La alarma de sus líderes es alimentada por las declaraciones de altos funcionarios públicos, que se dan en el contexto de situaciones explosivas de lucha de clases. Por ejemplo, en clara alusión al movimiento huelguístico del STUNAM, a mediados de año, el propio secretario de gobernación reconocía la existencia de grupos que intentaban provocar una crisis producida en subversión, por tanto, determina el que la burguesía esté dispuesta a quebrar la reforma política. Muestra de ello, es la prestancia que demostró para apoyar la posición de rectoría en el movimiento del STUNAM, a través de los medios de comunicación masiva, en un intento por indirectamente evitar la participación de la oposición –en particular del Partido Comunista- en la reforma auspiciada por el gobierno. Sin embargo, no fueron del todo eficaces sus intentos. En el conflicto de la UNAM, el aparato burocrático –como conjunto- no mantuvo una posición totalmente favorable al rector y a sus temporales apoyos de la burguesía, como tampoco intentó realmente destruir de raíz el movimiento sindical. La represión dosificada y relativo con que se solucionó el conflicto –la entrada pacífica de la policía a Ciudad Universitaria- le demostraría a la burguesía que la fracción hegemónica de la burocracia pública continuaría adelante con la reforma política (VII/11). Las organizaciones de lucha del capital estaban preocupadas por lo que, en su perspectiva, podría posibilitar la reforma política: les preocupaba el que, con presiones adecuadas, el gobierno pudiera dar un sorpresivo giro a la izquierda ó, cuando menos, cerrarle el paso al acentuado proceso de acumulación de capital de las diferentes fracciones de la burguesía. Es por ello que a fines de diciembre, todavía se hablaba de la encrucijada en la que el país se encontraba: “El país está en la cruz de los caminos y del que se siga dependerá la bonanza ó la tragedia del pueblo mexicano...Tenemos que evitar seguir caminos que nos podrían llevar a encrucijadas inevitables cargadas de injusticia y tensiones sociales” (XII/2). Según la óptica burguesa, el giro hacia la izquierda no era sólo una posibilidad; ya se estaba dando. De acuerdo con ésta, la reforma política de alguna manera estaba coadyuvando a que, incluso en los bastiones del gran capital, los representantes regionales del aparato burocrático estuvieran coartando la libertad empresarial. A nuestro entender, éste es el trasfondo de la solicitud de desaparición de poderes al Congreso Local, presentada por un grupo de abogados el 8 de octubre, argumentando la existencia de terrorismo impuesto por el gobernador de Nuevo León. Aquí de nuevo, sin embargo, la burocracia central acrecienta la preocupación de los hombres de negocios. Recuérdese que el Congreso Local de Nuevo León no dio trámite a la solicitud de la oligarquía por decretar la desaparición de poderes en la entidad, por lo que sus representantes legales tramitaron y obtuvieron –en instancias judiciales del

D.F.- amparo contra las acciones del gobernador, y elevaron su solicitud de desaparición de poderes directamente al congreso de la unión. Pero el caso es que esta instancia tampoco llegó a decretar la desaparición de poderes. Tampoco estuvieron de acuerdo los empresarios en que la puesta en marcha de la reforma política implicara el que, en algunos momentos, la burocracia tuviera que defender al régimen precedente. El gran capital había declarado que una de las causas por las que originalmente se tenía desconfianza en JLP, consistía en que en su gabinete tenía Echeverristas. La declaración del presidente de la Junta de presidentes de Cámaras Industriales de Jalisco, el 17 de noviembre, así lo deja ver: “Al principio del actual régimen los industriales de Jalisco desconfiábamos de su administración porque heredó muchos funcionarios del sexenio pasado que obraron en forma unilateral durante ese período, pero con López Portillo han rectificado su conducta y se han disciplinado”. Las pretensiones de los empresarios en lo que toca al intento de borrar de la escena política a los residuos del sexenio echeverrista, nunca había sido oculta. Una de las posiciones más claras al respecto ya había sido expresada por el propio presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras de Jalisco, quien el 21 de agosto afirmaba (refiriéndose a la licencia, de Augusto Gómez Villanueva) que en la medida en que renuncien funcionarios que también estuvieron en la administración anterior, el sector privado del país incrementará sus inversiones (VIII/21) Sin embargo, ante lo que para ellas eran intentos –fundamentalmente de fines de noviembre y principios de diciembre- de redimir la política efectuada durante la administración presidencial pasada, después de un proceso casi ininterrumpido de ataques verbales permitido desde las alturas burocráticas, diversas organizaciones de lucha de la burguesía se muestran desconcertadas (XI/24). Recuérdese que, en efecto, por necesidades de legitimidad –básicamente, del manejo funcional de la imagen de continuidad de los regímenes revolucionarios- el 1° de diciembre José López Portillo hace una elocuente defensa del régimen pasado, y de LEA especialmente: “En México es de justicia elemental reivindicar la imagen del expresidente Echeverría, y hacer un estudio sereno de su actuación ya que es una figura histórica respetable y admirable que efectuó el más honesto y limpio de los esfuerzos para resolver muchos problemas acumulados que tenía México en su tiempo...El juicio de la historia está por escribirse...Yo expreso mi respeto por la figura del presidente Echeverría, mi amigo, a quien sigo admirando y sigo queriendo como lo admiré y quise desde que éramos niños”. En el mismo sentido, la aprobación del dictamen de la Cuenta Pública de 1976, efectuada por los diputados economistas -es preguntaba la burguesía- ¿No significará el fortalecimiento temporal del grupo echeverrista, de la izquierda agazapada? Al capital le causa alarma este dictamen, no sólo porque se tiende a reivindicar al Echeverrismo,

sino porque en él el culpable de la crisis es, precisamente, la burguesía. Recuérdese que en el texto del dictamen rezaba lo siguiente: “(1976 se caracterizó) por la insuficiencia del esfuerzo productivo conjunto; la gran desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza e ingreso; reducción de la inversión privada; insuficiente ingreso fiscal y...términos...desfavorables –significativos de una agobiante dependencia- de nuestra relación económica, comercial y financiera con el exterior...A pesar de que la tasa de utilidades se mantuvo en México desusadamente alta y de que nuestro régimen fiscal siguió siendo muy favorable a empresarios y hombres de negocios nacionales y extranjeros, la inflación y el retiro del país de enormes sumas de dinero fueron empleados como armas de agresión económica y de violenta presión política” (XI/22). Reflejando su estrecha visión, ante las realmente inofensivas acusaciones de que la burguesía era la culpable de la crisis, se desatan presiones por parte del capital. Estas llegan a incluir implícitamente la amenaza de la salida de capitales. El 24 de noviembre, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas declaraba: “No aceptamos las acusaciones que nos hicieron (provenientes de la Comisión de Cuenta pública de la Cámara de Diputados) porque incluso hemos sido afectados por la devaluación, y la fuga de capitales...Todo los sectores tuvieron que ver en la fuga de capitales y por lo tanto no se debe culpar a uno sólo...Lo más constructivo en estos momentos es mirar hacia delante y evitar situaciones que puedan provocar una nueva salida de capitales”. Para las más suspicaces organizaciones de la burguesía, el suprimir el papel de chivo expiatorio que venía desempeñando el régimen precedente, representaba la posibilidad del resurgimiento de los socializantes días de Luis Echeverría. El socialismo estaría ahora alimentado, según su visión de las cosas, incluso por hechos tales como el que buena parte de las personalidades allegadas directamente al presidente de la república (Reyes Heroles, Rosell, Arsenio Farell, Rafael Izquierdo, José Andrés de Oteyza) eran hijos de españoles –algunos hijos de republicanos españoles- aislados en México, por lo que –sostenían- no era de pensarse que éstos fueran totalmente apolíticos y maleables. El 11 de octubre, durante su viaje a España, el propio JLP había reconocido ya la importante presencia de estas personas, entre sus más cercanos colaboradores: “Estamos acreditando hasta qué punto estamos emulsionados México y España. La siguiente generación de la de quienes encontraron en México casa, está actuando en la vida nacional con toda amplitud, con toda eficiencia y, lo que es más importante para nosotros, con plena, general y aceptada utilidad”. La reforma política, desde el ángulo de preocupaciones del capital, no abre sólo la posibilidad de que al interior de la burocracia central del Estado mexicano afloren y se robustezcan las posiciones más nefastas y demagógicas. También posibilita –según su visión- el fortalecimiento indeseable de la maquinaria corporativa del Estado. Ya durante 1977, cuando la efectiva puesta en marcha de la reforma política está en

veremos, la maquinaria corporativa da muestras de soberbia. Hay muchos ejemplos de que esto es considerado de esta manera, pero un caso que parece particularmente importante es cuando –el 10 de noviembre-, espoleado por sus preocupaciones en torno al rumbo que tomaría el gobierno, el presidente de la Concamin demanda definir jurídicamente las reglas del juego, para que éstas se institucionalicen: “Al definirse las reglas del juego se da seguridad jurídica al inversionista y a la empresa, porque sabemos que no se modificarán de acuerdo a la manera muy especial de pensar de quienes ejercen autoridad”. Al día siguiente, Fidel Velásquez responden que las reglas del juego respecto a las inversiones sí son claras. Sostiene que lo que sucede es que la burguesía pretendía que se definieran las reglas que no le fueran totalmente favorables: “México requiere empresarios inteligentes y estos señores no lo son...No es que no estén claras las reglas del juego, lo que ocurre es que ellos quieren reglas que los favorezcan del todo, y según veo, definitivamente no invertirán, lo que ocasionará más dificultad para salir de la crisis económica en que nos encontramos, que ya no es solamente de inflación, sino de recesión”. En el mismo sentido, los dirigentes políticos de la burguesía se hacían el siguiente planteamiento: si en la actualidad, cuando la reforma política apenas se inicia, y cuando la oposición de izquierda no es verdadera, la propia maquinaria corporativa del estado está proponiendo su ingerencia en asuntos de la exclusiva competencia de los patrones, ¿Qué será en el futuro inmediato, cuando la reforma política posibilite la participación activa de la auténtica oposición? Este es, muy probablemente, el argumento que está detrás del señalamiento, efectuado el 31 de octubre, del presidente de la Canacintra, cuando afirma que en estos momentos no había intentos serios de implantar la cogestión en las empresas, y que en el futuro esta idea debería ser totalmente desechada. De todo lo que implica, lo que no acaba de comprender la burguesía es por qué efectúa –en aras de la legitimidad y del apoyo popular- una reforma política que por el momento fortalece sólo al aparato burocrático y a la maquinaria corporativa del estado mexicano, pero que en el futuro inmediato fortalecería a la verdadera oposición de izquierda. Y, desde su punto de vista, era claro que se iba a fortalecer la militancia revolucionaria, porque con la reforma política –en particular con la aprobación de la ley de organizaciones políticas y procesos electorales- se golpea duramente al monopolio de la oposición que hasta ese año era virtualmente ejercido por el PAN. Este partido había venido aglutinando en torno suyo –especialmente en los casos de elecciones- a buena parte de las fuerzas que escapaban al PRI. Su preocupación más importante con respecto a las consecuencias de la reforma política era, pues, que una alianza de grupos y organizaciones de izquierda, especialmente pensando en el caso de que se tratara de partidos que tuvieran interés en obtener su registro electoral, redundaría en la disminución de la fuerza de la única oposición política hasta entonces existente, que no era precisamente de izquierda; el PAN (V/5). Lo que es más, los dirigentes directos de

la burguesía no necesitan esforzarse mucho por hacer este tipo de conjeturas; los propios diputados del PRI se encargarían de formulárselos claramente. En efecto, el 20 de diciembre, el diputado prisita, Enrique Ramírez y Ramírez, decía: “El señor diputado Garabito (del PAN) dice que la ley es odiosa, porque tiene dedicatoria. Está dedicada, dice, a Acción Nacional; de una manera formal yo le voy a dar la razón al diputado Garabito. Sí tiene dedicatoria la ley; está dedicada a Acción Nacional en buena parte. Porque viene a acabar con ese dilema de hierro, al que se enfrentaban cientos de miles, tal vez, de votantes hasta la fecha. ¿Por quién votar, sino están de acuerdo con el PRI? ¿Por quién votar? Pues por quien dice que es el único partido de oposición: por el PAN...En ese sentido, como la ley viene a acabar con la soledad del Partido Acción Nacional, según él, de única y auténtica oposición, en ese sentido la ley viene a disipar un modus vivendi que ya resultaba muy cómodo para el Partido Acción Nacional”. Con el reforzamiento de los partidos de oposición, le preocupan a los representantes directos de la burguesía dos cosas: en primer lugar, la posibilidad de que en el futuro la acción de éstos quedara totalmente fuera del control estatal; en segundo lugar, la posibilidad de que pudieran llegar a constituirse en una corriente hegemónica al interior del congreso. Estas dos posibilidades eran, objetivamente, sumamente bajas, ya que la reforma política estaba concebida precisamente para mantener a la oposición de izquierda controlada, dándole –entre otras cosas- una participación institucional y controlada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la visión concreta inmediata del capital, hace que seguramente sus dirigentes se pregunten: si en la actualidad, en el Congreso se llegan a ventilar ordenamientos y medidas que afectan nuestros intereses –en donde, por ejemplo, se llega a afirmar que el PRI y el PPS coinciden en cuanto a la acción a tomar (X/25)-, ¿Qué no sucederá cuando, dentro de dos años más, la izquierda llegue verdaderamente ahí, quizá no solamente a la Cámara de Diputados, sino incluso al Senado (X/19)? B) Las fracciones rurales de la burguesía no interpretan correctamente al aparato burocrático. Ver para creer: tal parece ser la tónica de los dirigentes de la lucha política burguesa en lo que respecta a que el gobierno persigue la ilimitada expansión del capital en el agro. En efecto, el 25 de noviembre, el presidente de la Coparmex afirma: “El problema principal del país es el desempleo y éste no se resolverá mientras no se incremente la producción agrícola; debe haber organización en el campo...El actual gobierno, cuando menos en palabra, busca caminos de solución, aunque todavía no podemos hablar de hechos. La no comprensión del trasfondo de las declaraciones y medidas efectivamente tomadas, genera altos niveles de desconfianza en la burguesía rural. Es el caso en que la ideología estatal tiene tanta eficacia que engaña, en cierto modo, a determinadas

fracciones de la propia burguesía. Tal y como afirma el presidente del Centro Patronal del Valle del Yaqui, el 24 de noviembre: “Cuando algunos empresarios se deciden a invertir y empiezan a programas sus inversiones, surgen declaraciones oficiales y oficiosas que los intimidan y les hacen detener sus planes”. Estas inseguridades surgen, especialmente, ante lo que fueron concebidas como amenazas de estatización del agro, provenientes de algunos altos funcionarios gubernamentales. El secretario de comercio, por ejemplo, el 9 de noviembre afirmaba que, cuando el sector privado titubeara, el gobierno invertiría directamente en la producción de alimentos ó productos básicos: “El gobierno ha decidido invertir con prioridad en la producción de alimentos ó artículos básicos cuando el sector privado titubee ó posponga su decisión de producirlos, a pesar de los estímulos que se le dan y se le seguirán brindando”. Ni tardo ni perezoso, el 24 de noviembre, refiriéndose a estas declaraciones, el presidente del Centro Patronal del Valle del Yaqui afirmaba que los inversionistas del campo se sentían presionados por la amenaza del aparato burocrático de actuar directamente si el capital no fluía al campo: “Hay una serie de incongruencias que desalientan a los inversionistas. Por un lado, se les pide que inviertan sin que se les dé seguridad y por el otro, se les amenaza con la inversión del Estado si no actúan”. Desde su perspectiva, este era un proceso ya iniciado durante 1977. Es el caso –dicendel azúcar. Con el traslado a manos del gobierno de los ingenios particulares Primavera, en Navolato, Sinaloa; Puga, en Tepic, Nayarit, y Santo Domingo en Tehuantepec, Oaxaca, el aparato burocrático controlaría las tres cuartas partes de la producción nacional de azúcar. Significaba que produciría alrededor de 1,800,000 toneladas anuales. Con este traslado, 40 de los 67 ingenios existentes, pertenecerían ya a las empresas de la maquinaria gubernamental (X/29). ¿Por qué esta preocupación por lo que la burguesía rural denomina estatización del campo? La preocupación del capital privado por la estatización potencial del campo es consecuencia de por lo menos dos factores: a) que perciben que la estatización significaría el expulsar al empresario de la producción agrícola y ganadera; b) porque, la estatización redundaría en el agravamiento de la crisis. En lo que se refiere a este último punto, recuérdese que amplios sectores de la burguesía veían en la acción del aparato burocrático un determinante fundamental de los problemas acaecidos en casi todas las áreas de la economía. Es en este sentido que deben interpretarse, por ejemplo, las acusaciones de falta de organización y administración de los ingenios manejados por el gobierno que ocasionaría –junto con el desplome de precios y la falta de estímulos reales a los productores (privados) de caña- que se tuvieran que importar, durante 1977, entre 50 mil y 100 mil toneladas de azúcar. Consecuentemente, a mayor

estatización –según la postura del capital-, mayores y más profundos problemas en la economía global. El espectro de la estatización se levanta ante sus ojos, especialmente cuando el gobierno toma cualquier medida que directa ó indirectamente –a los ojos de la burguesía rural- afecte la tenencia de la tierra. La iniciativa presidencial, enviada al senado el 24 de noviembre, que incluye la posibilidad de que PEMEX efectuara exploraciones en terrenos particulares, levanta las coléricas voces del capital rural, considerando esto como una violación a la propiedad privada y un aumento de la capacidad política estatizante del aparato burocrático del estado mexicano. El texto de parte de los considerados de la Iniciativa mencionada, explica parcialmente la alarma de la burguesía: “PEMEX enfrenta la exigencia de un desarrollo acelerado a plazo breve...Por ello hay necesidad de eliminar los graves problemas a los que pudiera enfrentarse, sobre todo en lo que respecta a la ocupación de los terrenos que le sean necesarios, en forma provisional ó permanente, cuya afectación deberá efectuarse con la oportunidad adecuada. Esto, a pesar de que dichos terrenos sean federales, comunales, ejidales ó de propiedad particular y evitar en lo posible que se obstaculicen y detengan las obras que desarrolla la institución, lo que ocasionaría serios problemas de orden técnico y económico por producción diferida. Se evitará asimismo la necesidad de pagar por indemnizaciones cantidades mucho más elevadas de las realmente justas, ó la modificación del curso de algunas líneas de conducción, como a veces ha sucedido, con el siguiente incremento de los costos y el retraso en los programas (XI/25). Aunado a sus intereses inmediatos, la en apariencia no muy lejana posibilidad de estatización determinó en algún grado el que los productores capitalistas agropecuarios, especialmente en el caso de productos de exportación, recurrieran a la amenaza de paros, como medida para contener la ofensiva fiscal del aparato burocrático. A manera de ilustración, los directivos de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas amenazaron con terminar la temporada de cosecha de legumbres en junio (con lo que vendría el inmediato desempleo de 50 mil trabajadores agrícolas y empleados en 25 empacadoras del norte de Sinaloa), si no se bajaban las tasas fiscales de exportación, que en su opinión habían sido aumentadas entre un 500 y 1000% (VI/6). El gobierno, en estos casos, tuvo irremediablemente que ceder (VI/10), ante la magnitud de los problemas que una cuestión semejante acarrearía. Aparte de la falsa percepción de que el gobierno intentaba estatizar al agro, ¿de qué otras maneras se manifiesta la incomprensión, por la burguesía rural en particular, de las medidas y del lenguaje de la burocracia y de la maquinaria corporativa? La incorrecta interpretación del lenguaje de los políticos se manifiesta también en las presiones para que sean suprimidos miembros del área agraria que estuvieron en el sexenio pasado. En este sentido, hay que considerar las afirmaciones, del 25 de septiembre, del vicepresidente de la Coparmex:

“Para la moral pública, la detención de Barra García es saludable, porque ello demuestra que, quienes al ampar de su puesto se hayan enriquecido, serán castigados por la ley”. Esta misma incomprensión se refleja cuando, con base en los repartos agrarios de Coahuila y Chihuahua durante 1977, amenaza la burguesía con promover una amplia acción política fines del sexenio echeverrista. Recuérdese que en aquél caso hubo dos expropiaciones más ó menos simultáneas a las del Yaqui; una, en la costa de Hermosillo, y la otra en Caborca. Sin embargo, hubo escándalo en el caso de la del Yaqui, porque ésta fue coyunturalmente aprovechada e incluida dentro de los planes globales del CCE –centralizada su acción en Monterrey- de ataques al gobierno (IX/23). Asimismo, la burguesía rural denota desconocer en alto grado el funcionamiento de los mecanismos jurídico-legales en el agro, cuando se enfrenta a cualquier ordenamiento – promulgado, ó en vías de serlo- que atente contra sus intereses. Objetivamente, se sabía que las modificaciones de las diversas leyes agrarias habían sido meros refritos. Tal y como afirma Ramón Fernández, decano de la Universidad Autónoma de Chapingo (X/31): “López Mateos mandó hacer un nuevo código (agrario), pero le llevaron el mismo, aunque expurgado de algunos defectos y pequeñas contradicciones. Luego con la ley federal de la reforma agraria, la de Echeverría, resultó ser la misma historia, pero con adicciones a las formas de organización...A la cuestión agraria no se le introducen innovaciones, porque se le teme a eso y se le da la vuelta con otras soluciones, como la colectivización”. Pues bien, con todo y que los cambios en el cuerpo legal respecto al agro habían sido históricamente inofensivos para la burguesía, ésta presiona tanto al gobierno que ni siquiera permite que se hable de modificaciones en la legislación agraria entonces vigente. El 8 de diciembre, la Asociación General de Agricultores del Estado de Colima, incluía en sus declaraciones: “Téngase en cuenta que el sólo planteamiento de las modificaciones constitucionales ó leyes reglamentarias en materia de propiedad ó tenencia de la tierra han de resultar destructivas. Con mayor razón si el izquierdismo agazapado y encumbrado consiguiera las modificaciones legales que implicarían el caso agropecuario. Recordemos que el propio presidente López Portillo, siendo candidato al alto cargo que hoy ocupa acuñó la frase de que acceder legalmente ó de hecho al constante pedir la división y subdivisión de la tierra ni la daría a todos los campesinos sin tierra cada uno, lógicamente improductivo”. Claro está que no admite ni la necesidad, ni el hecho mismo de hacerlo, de modificar la legislación, excepto cuando éstas tiendan a beneficiar aún más sus intereses. El 25 de noviembre, el presidente del Consejo Industrial Agropecuario afirma que el aparato burocrático había detectado cuáles eran las causas por las que el sector privado no

invertía en agro industrias. Estas eran básicamente jurídicas e ideológicas, vinculadas a la Revolución Mexicana. En palabras del personaje mencionado: “El sector privado no invierte en agro industrias, ni por falta de decisión, ni por una actitud antipatriótica ó por cautela excesiva, sino porque hasta ahora existió una cadena de fenómenos negativos que el estado detectó y que ahora corrige, y porque el sector rural ofrece escasas perspectivas de rentabilidad al capital”. Tampoco denotan claridad integral los capitalistas cuyos intereses se ubican en el agro, cuando afirman que el gobierno no hace nada por impedir que las organizaciones independientes se adueñen del campo mexicano. ¿Qué es lo que impediría que, una vez iniciado el proceso posibilitado por la más importante, reforma en el ámbito político desde 1929, las minorías no se conviertan en mayorías?, se preguntan los dirigentes de las diversas organizaciones de lucha política de la burguesía rural. Para las fracciones rurales del capital, en particular, no estaba del todo claro que la reforma política era una cuestión necesaria para el Estado, tendiente a evitar las disfunciones políticas que también acaecían en el medio rural. No perciben, pues, que la posición gubernamental que se encamina hacia la continuación de acciones que subrayen la política militante de los miembros de la maquinaria corporativa en el campo, era en realidad una medida tendiente precisamente a impedir el fortalecimiento político de las organizaciones independientes en el campo (IX/6). Por último, la incapacidad para entender la problemática política e ideológica del aparato burocrático, lleva a la burguesía a solicitar al gobierno que ya no reciba solicitudes de dotación de tierra. Al hacerlo, parten del supuesto –totalmente alejado de la realidad- de que la recepción de una solicitud de tierra es garantía de que los solicitantes efectivamente recibirán tierra. Ello se percibe claramente en la posición del presidente de la federación de pequeños propietarios de Sonora, quién –el 24 de noviembre- afirma: “La secretaría de la reforma agraria continúa aceptando solicitudes de dotación de tierra, lo que significa que la amenaza de expropiaciones aún existe...Esto aumenta la desconfianza en el campo”. Cuarta Parte: perspectivas en cuanto al cumplimiento de las funciones, demandas de la maquinaria corporativa, para la efectiva realización del esquema estatal de descampesinización del agro. En la segunda y tercera partes de este documento, se ha visto que, tanto el aparato burocrático como el capital privado, tienen serias dificultades para dar cumplimiento a las funciones económicas y superestructurales (que el primero se ha auto atribuido y que al segundo le han sido asignadas por las diversas instancias del estado) requeridas para que el esquema de la descampesinización del agro mexicano pueda efectivamente ser llevado a la práctica. Sin embargo, un examen de la presencia del estado mexicano en el campo, en el contexto de crisis de 1977, no estaría completo si –aunado al análisis del comportamiento de gobierno y burguesía- no se incluye como objeto de

estudio el papel de la maquinaria corporativa del estado frente a la actuación económica y política de los asalariados y semiasalariados del campo. Ello, básicamente debido a que también se le ha delimitado una función a esta instancia: la de mantener controladas a las masas trabajadoras rurales, bajo contingencias en que la crisis determina el progresivo deterioro de sus condiciones materiales de vida. El control de las masas populares del agro demanda, a este nivel, dos cosas. Por el lado de la maquinaria corporativa del estado, se necesita su fortalecimiento político. Por el lado de las clases explotadas del campo, se requiere su sometimiento a las condiciones desprendidas de la conducción –económica, política e ideológicagubernamental-burgués del proceso de descampesinización, en particular, y de salida a la crisis, en general. Sobre estos dos grandes temas versa el capítulo VIII.

Capítulo VIII: las Dificultades para el Fortalecimiento de la Maquinaria Corporativa del Estado en el Medio Rural

La implantación del esquema de descampesinización del agro desataría el empeoramiento absoluto y relativo de las condiciones de vida de las masas populares que habitaban la mayor parte del tiempo en el campo mexicano. Es por ello que, para éste efectivamente se implantara, los mecanismos de control de la maquinaria corporativa sobre ellas –aparte de los constituidos por la acción directa del gobierno, ya analizados anteriormente en este trabajo- necesitaban volverse más eficientes. En el contexto de crisis de 1977, eficiencia de la maquinaria corporativa significa su fortalecimiento político. A su vez, el fortalecimiento de la maquinaria corporativa sólo se daría si: a) se formara una sola central en el campo; b) se fortalecieran sus cuadros dirigentes; c) los estratos intermedios y de base de sus organizaciones tuvieran una participación mayor, pero controlada; d) ésta fuera capaz de neutralizar la acción de las organizaciones independientes; e) mostrara capacidad para extender y profundizar su control sobre los asalariados, subocupados, desocupados y productores directos del agro. A continuación se presentan algunos de los resultados del estudio de los obstáculos a que se enfrenta el estado en este perspectiva. 2.

Dificultades para que la reforma política se traduzca, en el agro; en la formación de una sola organización de apoyo pro-estatal.

La reforma política es una parte muy importante de la estrategia seguida por los dirigentes gubernamentales para conducir el proceso de salida a la crisis. Apoyándose en la posibilidad de aprovechar la estabilidad política –desde su perspectiva, la única forma de estabilidad restante-, se realiza una adecuación organizativa intragubernamental -reforma administrativa-, se obtienen mayores recursos públicos – reforma fiscal- y se estimula la participación de todos los sectores a fin de tener una mayor productividad y una mayor producción –alianza para la producción-. La actualización de la estabilidad política en función de las condiciones de crisis del año 77 tiene, objetivamente, múltiples consecuencias. Igual que en otros países latinoamericanos –Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina, por ejemplo- donde simultáneamente se llevan a cabo homólogos, la reforma política significa, para el movimiento obrero y campesino; i) el establecimiento de nuevas formas de arbitraje estatal; ii) el fortalecimiento –auspiciado y controlado por el estado- de los sectores de izquierda que escapaban a los márgenes del control estatal; iii) la reforma interna (y la posibilidad de su fortalecimiento) de la propia maquinaria corporativa; iv) el robustecimiento y legitimación de la acción política no encubierta de la derecha.

Propicia la reforma política nuevas formas de arbitraje porque, en la crisis, el aparato burocrático y el estado mexicano en general tienden a no aparecer como una tercera parte unitaria, sino como un conjunto arbitral compuesto por “n” partes. Es una nueva modalidad en tanto que el estado no ocurre a realizar su función de arbitraje en tanto unidad, sino en tanto conjunto compuesto por múltiples unidades, mostrando sus propias contradicciones internas. Es nueva, pues, en la medida en que ahora el arbitraje no es realizado por una sola dependencia del gobierno que equilibra los dos factores principales de la producción, sino que éste es el resultado de la resolución, abierta y formalmente negociada, de la enorme batería de contradicciones de lucha de la burguesía-, tanto al interior de cada una de ellas, como entre sí. Si –desde la posición estatal- la RP auspicia estas nuevas modalidades de arbitraje, es precisamente con la finalidad de que permita echar sobre los hombros de los trabajadores el peso fundamental del proceso de salida a la crisis. Esta nueva forma de arbitraje estatal está presente, de manera muy clara en la constitución y funcionamiento de la Comisión Nacional de Precios, cuyo funcionamiento fue explicado por el secretario de comercio, en la Cámara de Diputados, el 9 de noviembre. En primer lugar, la Conapre es un mecanismo político-ideológico al servicio directo de la política de precios ampliamente favorecedora de la burguesía. Ello queda claramente establecido en el siguiente extracto de las palabras del citado funcionario: “Suele querer el productor del campo un mayor precio para sus productos...pero también tenemos que ver el interés de los consumidores urbanos, y también de los rurales, y pensamos que en los análisis que realicemos de estos problemas en el seno de la Comisión, podremos encontrar mayor claridad, mayor capacidad de profundidad en el análisis no solamente económico, sino social y político, para poder tomar las mejores resoluciones”. En segundo lugar, la Conapre es un mecanismo de arbitraje estatal, que surge especialmente para hacer frente a la crisis de 1977. La creación real de la Comisión Nacional de Precios –que formalmente funcionaba desde 1951- constituye el intento de legitimas la respuesta gubernamental a la demanda política de permitir la participación nominal de las mayorías populares en las decisiones oficiales sobre precios: “La Comisión Nacional de Precios...establecida en decreto desde 1951, y sin operación real, nunca llegó a operar, ha sido reconstituida, ha sido, diría yo, establecida de hecho, por decreto del presidente en días pasados. Esta decisión responde a una demanda de participación en las decisiones sobre precios” (XI/9). En tercer lugar, en la Conapre está presente –para su resolución negociada, explícita y abierta- toda la amplia gama de contradicciones secundarias que permean las relaciones de las diferentes instancias estatales entre sí, y que se encuentran también presentes en la vinculación de los elementos constitutivos de cada una de ellas. Veamos lo que dice al respecto el secretario de comercio, en la misma fecha: “El desarrollo político es la medida en la cual participamos en las decisiones que nos afectan. Si queremos un país que esté cada vez más desarrollado políticamente,

necesitamos decidirnos a encontrar y diseñar los mecanismos que le permitan a un mayor número de mexicanos participar en las decisiones que los afectan, participar directamente...La Comisión (Nacional de Precios) está integrada por los trabajadores organizados del país, que insistentemente y oportunamente demandaron su creación...Está integrada por: los campesinos; por los cooperativistas; por los representantes de los señores industriales y comerciantes; por las diferentes dependencias del ejecutivo federal que tienen algo que decir respecto de la política económica, y consecuentemente de la política de precios...No se trata de que la secretaria de comercio se quite la responsabilidad de las decisiones sobre los precios. La tiene, la ley orgánica se la da; la asume y la acepta, pero se trata de que tome estas resoluciones después de análisis y de discusiones, que se realicen no sólo parcialmente, como se han realizado hasta ahora, con los diferentes grupos uno por uno, sino discusiones y análisis que realicemos todos juntos, tratando de escuchar la opinión de todos para ver las consecuencias de las decisiones que podamos tomar”. Además de auspiciar nuevas formas de arbitraje estatal, la RP también podría estimular el fortalecimiento de la izquierda. La necesidad de legitimar la actuación de los aparatos estatales, ante las clases explotadas y sectores medios, y de mantener la autonomía relativa del estado y la independencia residual de aparato burocrático respecto al gran de transnacional y monopólico, determina el que una de las consecuencias de la reforma política estribe en el potencial robustecimiento de los grupos y partidos políticos que no habían venido actuando claramente dentro del ámbito de encuadramiento estatal. Aún cuando se trataba de una acrecentamiento coyuntural de la fuerza política de las organizaciones independientes, permitido, auspiciado, concedido, controlado e institucionalizado por el estado en el contexto de crisis de 1977, la RP podía ser propiciatoria del incremento real de la fuerza de la izquierda. La integración de diversos partidos políticos independientes en una sola organización podría abrir más amplias posibilidades de que éstos llegaran paulatinamente a obtener mayor fuerza real y representasen mejor sus intereses, agudizando en el futuro próximo los conflictos con el capital y con el estado (V/3). El fondo de esta situación es que la reforma interna de la maquinaria corporativa, a fin de adecuarse a su vez a los cambios introducidos –en el ámbito externo a ella- por la RP, origina las discrepancias de los líderes del movimiento obrero, campesino y popular organizado. En este contexto, los dirigentes de agrupaciones menores llegan a desconocer a los otros patriarcas todo poderosos. El 5 de noviembre, el secretario general de la CROC se muestra inconforme con el hecho de que sólo la CTM tenga cabida en la Conapre, argumentando que la Confederación de Trabajadores de México acapara los puestos en los organismos estatales de nueva creación, nulificando así la posibilidad de participación de las demás agrupaciones sindicales; incluso llega a afirmar que el representante de la CTM ante la Conapre –por ser millonario- no puede representar los genuinos intereses de la clase obrera. Textualmente, nuestro informante afirma:

“La CTM aprovecha su fuerza para acaparar posiciones de carácter administrativo en el Seguro Social, el Infonavit, el Departamento del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Precios y otros organismos oficiales. Si la CTM quiere la unidad obrera debería ser más consciente y dar mayor participación a las demás agrupaciones sindicales”. En otras ocasiones, surgen conflictos entre los líderes de la maquinaria corporativa en lo que respecta a lo mediato ó inmediato de la necesidad de solicitar reivindicaciones a la necesidad de solicitar aumentos salariales: los dirigentes de la COM llegan a amenazar con desatar la huelga si no bajan los precios. En el fondo, pues, los líderes intermedios de la burocracia sindical ven, en la crisis de 1977, que la ampliación de sus posibilidades de movilidad vertical son obstaculizadas por los grandes líderes: la lucha que consecuentemente se desata por aprovechar estas posibilidades deblita el funcionamiento de la maquinaria corporativa como globalidad. Estas discrepancias en las alturas de la burocracia sindical con respecto a la posición a adoptar en torno a la reforma política y a la Alianza para la Producción, llegan a ser tan fuertes que en ocasiones determinan el que sus organizaciones se dividan. La COM, por ejemplo, finalmente se escindió en junio de 1977; a partir de entonces, un grupo permanecería en la antigua COM, en tanto que otro daría lugar al nacimiento de organizaciones obreras, agrupación que incluiría en su seno a todos los sindicatos independientes – excepto a los de ideas exóticas, al decir de sus dirigentes- que quisieran hacerlo. Desde nuestro punto de vista, los requerimientos superestructurales de la realización de la Alianza para la Producción en el Campo, y para la implantación efectiva del esquema estatal de descampesinización, son cubiertos en buena medida por la ejecución de la RP en el medio rural. Y es, en este sentido, que no compartimos la posición de los que conciben que la reforma política, auspiciada por la fracción López Portillista de la burocracia central, estuviera dirigida fundamentalmente para el consumo de los sectores medios –específicamente urbanos- radicalizados. Existen indicadores inequívocos que señalan que las tres características fundamentales de las consecuencias desprendidas de la RP –surgimiento de nuevas formas de arbitraje, de una mayor fuerza de la izquierda, y de la recomposición interna de la propia maquinaria corporativa- se dan también específicamente respecto al agro. Veamos aquí sólo el tercer punto, ya que en otros apartados de este mismo capítulo se analizarán con mas detalle los dos primeros. La efectiva realización, a partir de 1977, del esquema estatal de la descampesinización y proletarización definitiva del agro mexicano, requiere que se fortalezcan los componentes de la maquinaria corporativa del estado que tienen ingerencia directa en el campo. Desde la perspectiva estatal, este fortalecimiento debería apoyarse en el proceso global de RP emprendida, y sólo podía lograrse mediante la formación de una única organización que incorporara en su seno a las diversas clases, sectores y fracciones que –encuadradas en el ámbito del estado- actuaban en el ámbito rural. La unificación de las diversas centrales existentes se daría sobre la base de la producción, para que los campesinos se convirtieran en socios de los industriales, banqueros, comerciantes y pequeños propietarios, así como en colaboradores de los obreros (X/7). En síntesis, se trataría de crear una nueva central que garantizara el control político

necesario para el cumplimiento de la legislación hasta entonces existente –e incluyendo las modificaciones que se introdujeran en la misma- con objeto de evitar que para hacerla respetar se tuviera que echar mano continuamente de la represión en su forma más brutal. Conforme a esta posición, ya desde agosto el secretario general de la CNC anuncia la realización de intensos trabajos en todo e país, para establecer una sola organización nacional que agrupara a la población rural del país (VIII/2). Era menester crear una nueva organización unitaria, pese a que formalmente existía una; el pacto de Ocampo. El pacto de Ocampo fue suscrito, a mediados del régimen de Echeverría, por las principales organizaciones políticas, de apoyo pro-estatal, que actuaban en el agro. A nivel formal, surgió en torno al compromiso de no auspiciar invasiones, de respetar la vida interna de cada central, y de participar en la Alianza para la Producción Campesina. Sin embargo, el pacto no llegó a actuar como la resultante de una alianza política; nunca logró dar una posición orgánica a los diferentes enfoques, de sus organizaciones individuales constitutivas, en cuanto a la participación política en el campo. Es por ello que, durante 1977, se tiene prácticamente que partir de cero, en lo concerniente a la tarea de crear una sola organización de control político en el agro. El 24 de septiembre, el secretario general de la CNC declaraba que el Pacto de Ocampo sería reformulado en torno a consignar como la de no dar tierras a los pequeños propietarios menores de 16 años. Dos meses después, el mismo dirigente anuncia que el pacto de Ocampo se enfrentaba a su inminente desintegración, y que sería sustituido por las organizaciones campesinas que, al margen de éste, habían venido formando una alianza para cooperar al mayor desarrollo agrícola del país, respetándose mutuamente (XI/24). Finalmente, el 10 de diciembre, se da a conocer al sustituto operativo –conforme a las nuevas circunstancias- del pacto de Ocampo: la Alianza para la Producción, Industrialización y Comercialización de los Productos Agropecuarios y Forestales, concertada por la Confederación Nacional Ganadera la Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Independiente, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, el Consejo Agrarista Mexicano y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. Como su nombre lo indica, se trata aún de una alianza política. Según declaraciones del secretario general de la CNC, sus objetivos son: a) planear y programar las actividades, a nivel de distritos de riego y de temporal y de zonas ganaderas forestales; b) fomentar la participación conjunta en la organización general de los productores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y ganaderos, de manera que se logre la autosuficiencia de las unidades productivas; c) entablar coordinación estrecha con el gobierno federal y la iniciativa privada, para capitalizar al agro a través del establecimiento de las agroindustrias; d) organizar un sistema nacional de comercialización de productos agropecuarios, a fin de evitar la excesiva intermediación; e) obtener asesoría de un cuerpo de técnicos especialistas en las diversas ramas de producción, comercialización e industrialización.

El 2 de julio, el presidente de la república decía a la Asociación Nacional de Productores de Café, Minifundistas y Asalariados Rurales, organizada por la CNC: “En la medida en que (los campesinos) estén divididos, seguirán siendo explotados; en la medida en que se unan y se organice podrá el estado apoyarse en ustedes y sacar adelante a la agricultura”. Sin embargo, el surgimiento y funcionamiento efectivo de una nueva y operativa organización política de la maquinaria corporativa se enfrenta a serias dificultades. La unión política de los campesinos, proclamada por JLP como un requisito indispensable para que el aparato burocrático se apoyara en ellos, se torna difícil de lograr (VII/2). La existencia de escollos queda de alguna manera indicada por el hecho de que, pese a que de Ocampo se verían sometidas a un proceso de unificación, formando una sola gran central, su fusión efectiva fue pospuesta en varias ocasiones; se auguraba que con la unificación se manifestaría también diversas formas de inconformidad y agitación. El 16 de mayo, el secretario general de la CCI afirmaba, en este sentido: “Las cinco agrupaciones que integran al Pacto de Ocampo (CNC, CCI, UGOCM, CAM y CNPP) no se unificarán en una sola central campesina...Por el momento es más importante la organización para la producción, que crear agitación diciéndole a los campesinos que se pasen de una a otra central”. Al decir esto, de una u otra forma el dirigente se está refiriendo a que el obstáculo más grande al que debe enfrentarse el intento por formar una sola central en el agro, estriba en el hecho de que ello agudizaría y generalizaría los cismas y escisiones que ya venían denotando las organizaciones, tanto entre sí, como en lo que respecta al ámbito interno de cada una de ellas. ¿Cuáles son , pues, las principales dificultades existentes para la formación de una sola organización política rural, controlada por –y base de- la actuación estatal en el agro? Sin que sean exhaustivas, se pueden mencionar las siguientes posibilidades: En primer lugar, la formación de una sola central corporativa se enfrenta al hecho indiscutible de que los dirigentes de cada una de las organizaciones que actúan en el medio rural basan su fuerza personal precisamente en la existencia de ellas. Al permitir la incorporación de su organización a una sola central, un dirigente estaría aceptando el debilitamiento de su fuerza personal; estaría dando su aprobación a la reducción muy significativa de su capacidad de negociación política y –consecuentemente. Se abatirían las posibilidades de su recepción de recompensas de todo tipo. Es por ello que cada líder campesino proestatal lucha porque, en todo caso, la organización que maneja directamente llegue a detentar la hegemonía en la potencial central única. Para un dirigente político del campo, el camino hacia el predominio político absoluto al interior de la futura central aparece despejado porque, a pesar de que la CNC se niega a abandonar formalmente su posición de hegemonía al interior del movimiento campesino, es claro que para 1977 ha disminuido notablemente la fuerza real que ésta necesitaba para mantenerla. Es en este sentido que hay que interpretar las palabras del

secretario general del CAM, cuando afirma el 4 de julio que la unidad político en el campo no había cristalizado, sencillamente porque la CNC no permitía que se repartieran los puestos políticos que sus dirigentes habían logrado concentrar. Abarcan una amplia gama las manifestaciones del desinterés en la formación de una sola central única; igual sucede con las luchas de los líderes, porque ello se da sólo si logran conquistar para sí la hegemonía al interior del movimiento campesino corporativizado: a) pueden las contradicciones manifestarse simplemente con la no asistencia de un dirigente determinado a reuniones concertadas para el sector campesino en su totalidad. Por ejemplo, el 13 de octubre, al reunirse en Ciudad Obregón para discutir algunas cuestiones en torno al reparto de noviembre de 1976 en Sonora, los líderes de la CNC, CNPP, CCI y UGOCM se reunieron. En la versión periodística del acontecimiento, el reportero explicita que se evitó mencionar al pacto de Ocampo y que no asistió a ella el secretario general del CAM. b) También puede reflejarse la cuestión de la obtención de la hegemonía en el movimiento campesino corporativizado, en el hecho de que los dirigentes se muestran profundamente enemistados entre sí. Para el 8 de septiembre, los dirigentes del Pacto de Ocampo habían venido dedicando buena parte de sus energías a atacarse mutuamente. Alfonso Garzón Santibáñez (CCI) se enemistó con Oscar Ramírez Mijares (CNC) porque la actuación del segundo determinó en alto grado el que los campesinos de la CCI en Baja California Norte se afiliaran a la CNC. A su vez, el líder de la CNC censuró acre y públicamente, durante todo el año, a Humberto Serrano (CAM). Por otro lado, los dirigentes de la UGOCM contradicen abiertamente –en palabras y en hechos- las consignas y línea política marcada por la CNC. c) También en aras de una futura hegemonía es que surgen las discrepancias de los dirigentes en los casos de repartos agrarios, en cuanto a quiénes serían los campesinos beneficiados. Todavía para el 22 de noviembre –un año después de haberse efectuado- los dirigentes de las centrales campesinas de disputaban el reparto de dos a cuatro mil vacantes en las tierras expropiadas por Echeverría en el Valle del Yaqui. d) Detrás de las acusaciones de deshonestidad de los líderes máximos de cada organización, está asimismo presente la pretensión, de cada una de las partes intervinientes, de convertirse en el elemento hegemónico del movimiento campesino. En este sentido, los conflictos entre los líderes de la maquinaria corporativa en el campo sirven incluso para traer a la discusión pública secretos a voces en cuanto a la corrupción imperante al interior de la burocracia de este tipo. El presidente de la Federación Nacional de Cañeros (CTM) arremetió a fines de agosto (VIII/25) contra los siete principales líderes de la Unión Nacional de Productores de Caña de la República Mexicana (CNC) y contra otros 28 líderes de menor jerarquía, acusándolos de recibir entre $5,000 y $20,000 por mes, por concepto de subsidio.

e) La lucha por la hegemonía se manifiesta también en el proceso de constante reafiliación de las agrupaciones campesinas, en organizaciones diferentes, todas de la propia maquinaria corporativa del estado. f) Por último, la lucha por la hegemonía al interior de la maquinaria corporativa puede llegar a manifestarse incluso en la violencia desplegada por cada una de las partes en lucha. El ámbito interna de la propia CNC fue terreno de violencia en este sentido, en múltiples ocasiones durante 1977. Por ejemplo, el 9 de mayo, en Martínez de la Torre, Veracruz, mil campesinos encabezados por un diputado federal bloquearon e impidieron que se realizara la asamblea del Comité Regional Campesino. Ambos grupos pertenecían a la CNC. Pero, lo que obstaculiza la formación de una central única, no es sólo la perspectiva de pérdida ó incremento de la fuerza de los dirigentes de cada una de las organizaciones de la maquinaria corporativa en el campo. También está el hecho indiscutible, de que cada organización defiende, a menudo, intereses contrarios a los que manejan otras, aún cuando todas sirvan de apoyo estatal. Estas diferencias surgen en algunos casos por la ubicación, en la división social del trabajo, de las bases de cada organización. Por ejemplo, con el nuevo tipo de asociación económica en el campo, surgen problemas entre los diversos elementos de la propia maquinaria corporativa del estado mexicano en el campo. En cuanto a esto, el secretario de organización del sindicato de trabajadores asalariados del campo se quejaba, el 14 de diciembre, de que la CNC a menudo tenía roces y conflictos con el SÑTAC (CTM), pues defendía siempre a las sociedades ejidales, cuando sus asalariados intentaban organizarse y formar un sindicato afiliado a la CTM. En otras ocasiones, las diferencias y contraposiciones de intereses surge del grado de avance del proceso de proletarización. Por ejemplo, en algunas agrupaciones políticas de apoyo estatal, podía no tener relevancia la lucha por impedir la suspensión de derechos de los ejidatarios usufructuarios de las parcelas vacantes –por ausentismo u otras causas-, en tanto que en otras, en cambio, la oposición a la realización de depuraciones censales, especialmente en las zonas más deprimidas, constituía una auténtica bandera de lucha (VII/22). Las perspectivas en cuanto al nivel de fuerza política que sus dirigentes aspiran a alcanzar, y los intereses sociales-globales defendidos por cada una de ellas, se conjugan para hacer que las diferentes organizaciones campesinas, constitutivas de la maquinaria corporativa del estado en el agro mexicano, tengan posiciones divergentes ante algunas de las más importantes cuestiones que se ventilan durante 1977. Esto, pues, se traduce inequívocamente en un obstáculo más a la formación de una central estatal única. En asuntos importantes cuestiones que se ventilan durante 1977. Esto, pues, se traduce inequívocamente en un obstáculo más a la formación de una central estatal única. En asuntos importantes respecto al agro, la posición del sector campesino no es uniforme; las posturas de las organizaciones formalmente miembros de la maquinaria corporativa tienen puntos de vista a menudo contradictorios. En un aspecto de tanta relevancia como es el de la inversión extranjera directa en el campo, el secretario general de la CCI se pronuncia, el 28 de noviembre, contra la inversión extranjera en la agroindustria, en tanto que su igual en la CNC se coloca a favor de ella,

únicamente bajo la limitante de que su presencia ahí sea, no sólo de lucro, sino también (!!!) social. De igual manera, en el sector campesino se manifiesta, a finales de diciembre, la existencia de profundas diferencias con respecto a la modificación del artículo 27 constitucional a fin de dar prioridad maquinaria corporativa en el campo algunos casos, incluso algunos elementos de la propia maquinaria corporativa en el campo van más allá de los planteamientos gubernamentales y de la generalidad del resto de las organizaciones campesinas domesticadas. Ya desde finales de julio, por ejemplo, la Asociación Nacional de Productores de Tabaco (CNC) pedía la completa nacionalización de la industria tabacalera (VII/30). A todo lo anterior hay que agregar otro elemento más: la constitución de una sola central de la maquinaria corporativa del estado en el medio rural se ve obstaculizada por el hecho de que las organizaciones estatales de la burguesía rural no están dispuestas a quedar incluidas –con el mismo tipo de sujeción y dominio político- al mismo elemento de la maquinaria estatal que encuadra también a los trabajadores rurales. Téngase en mente que, el 5 de mayo, la Unión Nacional de Pequeños Propietarios Cañeros, afiliada a la CNPP, declinó el formar parte en la Central Única de Cañeros, aduciendo que, para ello, sería necesario establecer bases políticas adecuadas, ya que la UNPPC agrupaba a 20 mil pequeños propietarios cañeros, que producían la mitad del tonelaje nacional de caña de azúcar. 2) Los problemas del corporativismo rural no son los únicos: durante 1977 se da un fortalecimiento individual de la posición de los máximos dirigentes de la maquinaria corporativa del estado en general, que no repercute en la unidad de la misma. La presencia del estado en el agro mexicano durante 1977 requiere, entre otras cosas, de la transformación de los componentes de la maquinaria corporativa que tienen ingerencia en él. Para cubrir efectivamente las funciones de control político que a ésta le han sido encomendadas, se necesita que se reduzcan significativamente las diferencias, tensiones y conflictos abiertos existentes entre cada una de las organizaciones que forman parte de ella, de manera que se forme una sola central. A su vez, la meta de lograr la unidad funcional de los mecanismos de control depende de la medida en que se desarrolle un proceso que permita que simultáneamente: a) se de el fortalecimiento del poder político de los líderes de cada una de las organizaciones políticas domesticadas en el campo; b) se logre la consolidación de un cuadro dirigente global, cuyas decisiones y acciones alcance a la totalidad del ámbito reservado a ella, de manera que brinden una unidad coherente al comportamiento político e ideológico de cada una de sus partes. En el anterior apartado Ya se ha visto que, en gran medida, lo contrario es lo que sucede; durante 1977, más bien parece recrudecerse los conflictos entre líderes y la formación de una sola central parece estar más alejada que nunca de las posibilidades reales. ¿Por qué sucede esto? Al intentar responder a esta interrogante, es importante no perder de vista un aspecto de primordial importancia: el que no se alcance la unidad del control sobre el movimiento político de los ejidatarios, comuneros, minifundistas privados, jornaleros, desempleados y subempleados del agro, está también determinado por factores

relativamente externos al movimiento campesino de apoyo pro-estatal. La maquinaria corporativa que actúa en el medio rural tiene su razón de ser, tanto en sí misma, como en cuanto a que constituye una de las partes –y, por cierto, una parte que durante 1977 no se manifiesta como la más importante- de la instancia destinada a brindar bases sociales de apoyo al estado mexicano en su conjunto. En la medida en que esto último es así, lo que sucede al interior del sector campesino viene a ser una suerte de reflejo de lo que acontece en el resto de los componentes de la maquinaria corporativa – especialmente lo que tiene lugar en el movimiento obrero, que en más de un sentido es una de las partes de mayor importancia de la misma-. Durante el año que aquí se estudia, se da efectivamente el fortalecimiento de algunos de los líderes, pero ello no parece redundar en un mayor acercamiento al cacareado logro de la unidad del movimiento obrero en su conjunto. Efectivamente, durante 1977 no resultan fortalecidos, ni todos y cada uno de los dirigentes, ni el aparato de control sobre los trabajadores en su conjunto. Los que ven incrementada su fuerza política son, particularmente, los líderes de las grandes centrales que, en tanto esto, son capaces de racionalizar exclusivamente los mecanismos de dominación ideológico-política que caen bajo su mando directo. Así, son específicamente los máximos dirigentes de la CTM, en detrimento del resto de los miembros del congreso del trabajo, quienes fortalecen su posición. Estaríamos así en el caso en que la mayor centralización económica que surge como una de las consecuencias fundamentales de la crisis, tiene su contrapartida en la agudización del proceso de monopolización de los controles políticos en el sector que detenta las posiciones de mayor importancia al interior de la maquinaria corporativa: el movimiento obrero. Y, dentro de esto último, el poder se concentra espectacularmente en el sector que es hegemónico: la confederación de trabajadores de México. Pero, justamente, al concentrarse en mayor medida el poder, y al acrecentar su capacidad de negociación política los jerarcas de la CTM, se obstaculiza la unidad del movimiento obrero en su conjunto. El fortalecimiento de la dirección de la CTM, en el proceso de administración estatal de la crisis durante 1977, está –entre otros- determinado por los siguientes factores: a) En la medida en que para los dirigentes de las pequeñas y medianas centrales es más difícil continuar eficientemente con su función de control en el contexto de crisis, los de la CTM –por la fuerza que detentaban con anterioridad- se convierten en prácticamente los únicos que se pueden enfrentar saludablemente al capital privado e influenciar adecuadamente al aparato burocrático, con cierto grado de éxito, en lo que toca a la obtención de algunas nuevas reivindicaciones y a la permanencia de aquellas que previamente habían sido logradas. Efectivamente, los dirigentes principales de las centrales medianas y pequeñas tienen cada día más dificultades, durante 1977, para cumplir con su papel de representante del estado en el movimiento obrero. El 27 de noviembre, el secretario general de la confederación obrera revolucionaria afirmaba: los trabajadores ya no soportan y cada vez están más inconformes...Cada día es más difícil el cargo de líder sindical.

Y tiene razón, indudablemente; cada día era más arduo, para los dirigentes del movimiento obrero, el cumplir con su doble papel de encargados de la paz pública y de representantes de los intereses empresariales. El deterioro de las condiciones de vida así lo determina. No hay que olvidar que se llegó al punto en que, a principios de octubre, el propio presidente del congreso del trabajo declaraba que, de no romperse el top de 10% de aumento salarial, estallarían muchas huelgas en el país (X/6). Y, ya desde agosto, sindicatos dentro de la propia FSTSE se apartaban grandemente de la postura de tregua declarada por el congreso del trabajo, solicitando –como en el caso del sindicato nacional de trabajadores de caminos y puentes federales de ingresoshasta 39% de incremento salarial (VIII/8). Al no poder manejar la situación conforme a la manera que más interesa al estado, los dirigentes menores y medios ubicados en el interior de la burocracia sindical, tienen serios problemas para continuar perpetuándose en el poder (IX/5). Por otra parte, en tanto que esto sucede, los dirigentes de la CTM se muestran plenamente conscientes de la ampliación de su poder político y de negociación en la coyuntura de crisis, y de la manera de proceder para incrementarla aún más (III/27). Cuando la situación así lo amerita, su postura puede incluso llevar formalmente al enfrentamiento con el gran capital transnacional. En el caso de una empresa textil en Morelos, cuyos trabajadores estaban en huelga desde hacía cuatro meses, Fidel Velásquez anuncia (el 28 de noviembre) que la CTM de toda la entidad iría a la huelga: “La intransigencia patronal hizo que surgieran acuerdos, como declarar públicamente la solidaridad con el movimiento de huelga de la Sección 51 de textiles: dar cinco pesos para cada trabajador cetemista de Morelos para el sostenimiento de la huelga, a partir del sábado próximo y fijar fecha y hora de la huelga estatal”. Que esta actitud de la CTM no era contraria a los intereses de la fracción hegemónica del aparato burocrático es clara cuando, al día siguiente, el secretario del trabajo afirma: “El paro anunciado ayer en Morelos por Fidel Velásquez no es una amenaza, sino una estrategia a la que tienen derecho los líderes obreros y los abogados sindicalistas para defender a los trabajadores...La secretaría del trabajo seguirá actuando como conciliadora entre factores de la producción donde haya conflictos laborales y en esa función de la dependencia no apoyará ni a empresarios, ni a trabajadores”. De igual manera, los jerarcas de la CTM, conforme a una actitud política pragmática que les era altamente eficaz –como tradicionalmente también lo había sido-, siguen la táctica de solicitar y de no solicitar aumentos de salarios; anuncian aumentos de salarios, después se retractan, para volver a tomar una posición más moderada después (IV/10). Esta posición ideológica, que crea confusión en la lucha de los trabajadores, no es otra cosa que la consecuencia del reconocimiento de los líderes de la CTM –reconocimiento compartido también por la burocracia pública y por el capital privado- de que la carrera de precios-salarios, podía conducir al agotamiento de la

paciencia de los asalariados de este país (III/23). Pero su posición respecto a salarios es importante porque ilustra, no solamente la manera condicionada con que se enfrentan los líderes de la CTM al capital privado, sino también los incrementos de fuerza política que obtienen en detrimento de la de otros dirigentes. Para fines de julio (VII/27), existían indicios de que, al interior del congreso del trabajo, se gestaban rupturas respecto al grado y ritmo con que debían efectuarse las solicitudes de aumentos de salario en la medida de su combatividad y de la productividad de la empresa con la que estuviera vinculado. Es la posición de la CTM la que triunfa. Al ser esto así, dejan sus dirigentes la puerta abierta para la mayor acumulación de poderío político, pues básicamente eran los sindicatos de la CTM los que contarían, en principio, con la fuerza necesaria para obtener aumentos salariales más allá del tope establecido; los sindicatos afiliados a las otras centrales del estado difícilmente podrían hacerlo. El poderío de los dirigentes de la CTM se incrementa, no solamente porque son capaces de menguar el poder del de otros líderes (también del movimiento obrero corporativizado), sino también porque aumentan la eficiencia de los mecanismos ideológicos que les brinda mayor legitimidad ante los ojos de dirigentes intermedios y miembros de base de los organismos que controlan directamente. En este sentido, les resulta particularmente valiosa su posición nominal de relativo enfrentamiento con el capital privado. Entre múltiples ejemplos, resaltarían los siguientes; la idea de democratizar el capital de las empresas, dando posibilidad a los trabajadores de ser socios de los capitalistas (VII/17); la postura consistente en que los obreros se sacrificarían en 1978, sólo si los empresarios también lo hacían (XII/2); las manifestaciones de incredulidad a los ofrecimientos continuos de los empresarios, afirmando, el 9 de diciembre, que el compromiso de la burguesía de invertir 200 mil millones de pesos durante 1978 era por lo menos el séptimo en lo que llevaba de transcurrido el año (XII/9): la negativa formal a manejar cifras –con objeto de que los incrementos fueran realmente justos- en torno al aumento que deberían tener los salarios mínimos para 1978, sino hasta después de navidad, cuando los precios alcanzaran su máximo nivel (XII/6). Aunado a la capacidad de centralizar más el poder político en detrimento de los dirigentes de otras organizaciones del movimiento obrero, y de manejar ideológicamente una imagen de enfrentamiento con los empresarios que fortalece su poder personal al interior de propias organizaciones, los dirigentes de la CTM también desarrollan una posición de presión constante al aparato burocrático, casi en su sólo beneficio. De esta manera, logran la participación exclusiva en representación del movimiento obrero corporativizado en su totalidad, en la Comisión Nacional de Precios. Esto despierta la inconformidad de otros dirigentes, pues para éstos queda claro que ello redunda en su debilitamiento. En efecto, el 26 de octubre, el secretario general de la CROC expresa su desacuerdo porque en la CONAPRE no estaban representadas las 32 organizaciones que

conformaban el congreso del trabajo, sino sólo la CTM. De igual manera, el secretario general de la CROC afirma, al día siguiente: “En la CROC nos extraña que el secretario de comercio, Fernando Solana, sólo haya mencionado a la CTM como participante de esa comisión. Debió haberse consultado al congreso del trabajo, que representa a la totalidad del movimiento obrero organizado”. Pero la presión de los jerarcas de la CTM sobre el aparato burocrático se manifiesta también en otros sentidos. Matando tres pájaros de un tiro –mayor eficiencia de la imagen ideológica de la CTM como organización de defensa de los trabajadores y del pueblo en general, aumento en su capacidad de negociación frente a la burocracia pública y debilitamiento de la posición de dirigentes de otras organizaciones obreras de apoyo proestatal- logra del gobierno reivindicaciones no sustanciales que son ampliamente difundidas. Recuérdese que en septiembre se expidió, por parte de la SHCP, un reglamento que establecía gravámenes fiscales para algunas de las prestaciones sociales que los empresarios otorgaban a los asalariados. El 24 de octubre, Fidel Velásquez afirmaba que, si no se obtenía la anulación del reglamento al impuesto sobre la renta expedido el mes anterior, donde se ponían impuestos a los fondos sindicales destinados a programas de protección social, quedaría sin efecto el compromiso del movimiento obrero con el gobierno federal, en torno a la alianza para producción. Ello se debía –según declaraba entonces el secretario general de la CTMa que nueve artículos del reglamento mencionado permitían a los empleadores ofrecer resistencia en la concesión de prestaciones, sobre todo en el campo de la jubilación. Tres días después, el titular de la SHCP precisaba que el nuevo reglamento de la Ley federal del impuesto sobre la renta no fijaba cargas fiscales a los fondos recibidos por los trabajadores: “Simplemente el nuevo reglamento, que entró en vigor el 19 de este mes, precisa el alcance de las disposiciones contenidas en la ley que regula, incorporando en un solo ordenamiento los diversos criterios, circulares y acuerdos que han conformado las experiencias administrativas. Por otra parte, establece procedimientos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, sin que en ningún caso se fijen nuevos impuestos, ya que no se modifican los elementos constitutivos del gravamen. En tal virtud, los trabajadores deben estar seguros de que sus ingresos no serán disminuidos bajo ninguna circunstancia por el nuevo reglamento, pues como se indica, no ha sido modificaciones de pago de impuestos. Por último, los alcances del grado de ampliación del poder de los dirigentes de la CTM frente al aparato burocrático quedan ejemplificados por el hecho de que, desde el 22 de septiembre, éstos demandan la redistribución del poder administrativo del gobierno: “En algunos cargos administrativos estratégicos de área económica del gobierno se encuentran funcionarios ligados, más allá de lo que conviene al país, con intereses de grupos minoritarios...Esta situación deberá cambiar en un futuro inmediato, redistribuyéndose en forma equitativa el poder administrativo”.

b) Con la forma política y la reforma interna del PRI, los dirigentes de las organizaciones menores del movimiento obrero proestatal difícilmente podrían resistir los embates de la izquierda militante y verían mortalmente mermadas sus bases de apoyo, centralizándose más la fuerza del corporativismo en la CTM, prácticamente como la única organización capaz de enfrentarse a los intentos –aún sólo formales- de democratización. Al igual que los técnicos e ingenieros gubernamentales descubrieron hace años que lo mejor en México era construir presas que tuvieran diversos usos simultáneos (riego, control de inundaciones, generación de energía eléctrica, criaderos de peces, afluencia turística, etc.), la reforma política es una medida de uso múltiple para el Estado. Entre estos usos múltiples, está el de brindar legitimidad al aparato burocrático. El 22 de diciembre, el secretario de gobernación implícitamente afirmaba que el estado –especialmente en México, donde es producto formal de una revolución. Requería de firmes bases populares: “En México, la administración no es neutra, ni el estado carece de contenido, es un estado dotado de profundo sentido social y por ello exige una administración que no olvide las causas populares”. Como coadyuvante a establecer la firmeza de las bases sociales del estado mexicano, surge la RP –generosamente concedida por el presidente de la república, como diría el 23 de noviembre e embajador norteamericano-. Representa la aceptación gubernamental del hecho de que los partidos formalmente de oposición habían disminuido su eficacia como sus apoyos (XII/18), hasta el punto en que las leves innovaciones introducidas tal vez acarrearían la pérdida del registro de algunos de ellos (XII/21). Constituye también, la RP, una medida superestructural destinada a auspiciar la participación, abierta y controlada, de los partidos reales de oposición –hasta entonces con alto grado de independencia frente al estado en el juego político nacional (XII/3). Por este motivo, diversos dirigentes de la maquinaria corporativa sienten que sus intereses podrían ser afectados por la FP. La burocracia dirigente de la CTM, sin embargo, no está dispuesta a permitir que la reforma política mine su poder. Tan no lo está, que despliego fuerza y presiona incluso respecto al contenido que debía tener la reforma, aprovechando así la coyuntura para lograr mayor capacidad de negociación frente al estado. Esto queda muy claro por los acontecimientos desatados por la declaratoria de Fidel Velásquez, del 10 de octubre, en el sentido de que estaba de acuerdo con la reforma política, como la concebía López Portillo, pero que si e PRI se desviaba, y el PAN ó el PC llegaban al poder –lo que a sus ojos indicaría que el PRI dejaba de ser el rector de la política nacional- la CTM y demás organizaciones del sector obrero harían su propio partido: se formaría así, un verdadero partido del proletariado. La amenaza de Fidel Velásquez, de formar un partido con la CTM, es secundada al día siguiente por el secretario general de la CROC: “Si el día de mañana el PRI, tuviera que aceptar grupos que no están identificados con nuestra política, tendríamos que dejarlo...Por ejemplo, si la tendencia democrática determinara afiliarse al PRI, nuestra actitud sería tajante; ellos ó nosotros...Los

trabajadores no estarían de acuerdo en vivir en una dictadura, aunque fuera del proletariado...Nuestra meta es que el obrero llegue a tener el control político del país, pero sin coartar las libertades fundamentales” (X/11). La respuesta del CEN del PRI no se hizo esperar. Aunque a título personal, el secretario general del PRI afirmaba, al día siguiente de la amenaza del jerarca de la CTM: “Tiene razón el compañero Fidel Velásquez cuando plantea que, si llegara a darse el caso de que el PRI se desviara de la trayectoria revolucionaria que ha seguido ó fuese incapaz de mantenerse en el poder, habría razones suficientes para que las organizaciones obreras decidieran integrar otro partido político...No existe ninguna posibilidad de que el PRI desvirtúe el camino ni de que la revolución cambie de rumbo; por lo cuál, tampoco podría ocurrir que la CTM y demás agrupaciones del movimiento obrero formen un partido ajeno al que siempre ha apoyado y fortalecido con su fuerza militante”. Con esto, se aclara el asunto del conflicto aparente entre Fidel Velásquez y el CEN del PRI, pero queda abierta otra gran dimensión de análisis; el de la reforma interna del PRI. ¿Qué es lo que causó tal declaración de Velásquez, en primer lugar?, ¿Es ello producto de que Fidel Velásquez ambicionara la presidencia del CEN del PRI?. Este no parece haber sido el caso: declaraciones y actuaciones del líder de la CTM permiten entrever que éste tiene, como tal, la fuerza que requiere y que para la función que desempeña no le es necesario el acceso formal a la residencia del CEN del Partido Revolucionario Institucional. El 26 de noviembre, la versión periodística de una entrevista a Velásquez, es la siguiente: “Se le preguntó a Fidel Velásquez que si aceptaría la presidencia del PRI a lo que contestó: yo no me hago ilusiones, no vivo de ellas; vivo de realidades, además yo no soy político, soy sindicalista”. Su juego, pues, parece más bien haber ido por otro lado. En la superficie, las amenazas a que aquí se alude aparecen como producto de la opinión de Velásquez de que el PRI venía eliminando a los sectores en la toma de decisiones, con lo que la fuerza de la CTM disminuiría: “Se sostenía que los sectores, como tales, no podrían participar en las decisiones, sino sólo los individuos, pero la cuestión está aclarada satisfactoriamente” (F.V., X/11). Esta es sólo la superficie de la causa, porque en realidad, dentro del proceso de democratización interna del PRI, el haber creado un procedimiento de selección interna que desplazara el centro de decisiones en cuanto a la selección de candidatos de elección popular, de los círculos dirigentes del PRI a la asamblea, es sólo formal, ya que los delegados a las asambleas llevarían la consigna de los máximos líderes.

Parece ser que, en el fondo, de lo que se trataba era de la defensa de las formas de militancia al interior del movimiento obrero proestatal, emprendida por los dirigentes de la CTM como medio para tener un factor más que coadyuvara a su fortalecimiento. Se auspició el enfrentamiento verbal con el CEN del PRI, como medio para que, en tanto principal referente de la reforma política global al interior de la maquinaria corporativa, la reforma interna del PRI no debilitara su posición de hegemonía dentro del movimiento obrero corporativizado sino que, al contrario, la acrecentara. La reforma política estaba efectivamente destinada a servir para traer legitimidad al aparato burocrático y para hacer posible una participación controlada de la izquierda. Sin embargo, también sirve para adecuar las características de funcionamiento de la maquinaria corporativa a las necesidades de la administración de la crisis durante 1977. Tal y como ha afirmado por el presidente del CEN del PRI, el 24 de noviembre, las modificaciones a la maquinaria corporativa del estado mexicano siempre han estado en función de las necesidades de dominación impuestas por el desarrollo del capitalismo en el país: “Cada vez que nuestro partido se ha transformado, en realidad se ha dado una respuesta política a los problemas esenciales de la crisis por la que, en cada caso, transitaba el país. De este modo, el partido robusteció, una y otra vez, la capacidad para cumplir con su papel histórico dentro del sistema revolucionario mexicano”. Al afirmar lo anterior, el presidente del CEN está diciendo que la reforma interna del PRI no es otra cosa que la recomposición interna del partido ante los desajustes, manifestados agudamente de 1968 en adelante, en el sistema de dominación que se crea de 1914 a 1934, que culmina de 1935 a 1940, y que es utilizado prácticamente sin cambios hasta finales de los años setenta. La maquinaria corporativa tiene, según reconocimiento casi expreso realizado por sus máximos dirigentes, la función de coadyuvar a los objetivos de la alianza para la producción, a través de: mantener la legitimidad popular; hacer posible la continuidad gubernamental; mantener la estabilidad política. Dicho por el presidente del CEN del PRI: “Nuestro partido tiene no solamente la función de obtener la supremacía electoral que permita la continuidad pacífica de los gobiernos revolucionario. Hemos de actuar como un organismo de acción política permanentemente capaz de mantener a las instituciones del país firmemente asentadas sobre la base del más amplio consenso popular posible. Cuando afirmamos que el partido ha cumplido y seguirá cumpliendo la función histórica de mantener la estabilidad política del país, estamos muy lejos de asumir como objetivo el inmovilismo ó el estancamiento. Al contrario, sostenemos que esa estabilidad es sólo un medio para hacer posible el avance revolucionario e independiente del país” y, precisamente para cumplir su función de estabilizador político, el PRI tiene que robustecerse, mediante la realización de una reforma interna que tiende a fortalecer a

cada uno de los sectores que lo integran. El 25 de noviembre, el presidente del CENPRI afirma: “El PRI tiene no solamente la función de obtener la supremacía electoral que permita la continuidad institucional de los gobiernos revolucionarios, sino también la de permitir que la ideología que impulsa sus acciones y que es el espíritu del dinamismo político de todo el sistema, conlleva a la transformación profunda e integral de la sociedad. Para ello, el partido se convierte en el protagonista, dentro del campo político, de la lucha a favor de los intereses de las clases sociales que lo integran, las cuales se agrupan en sus tres sectores . Por eso nuestra capacidad futura para responder a los retos del cambio político, dependerá del fortalecimiento de los sectores obrero, agrario y popular, cuyos derechos y aspiraciones son la fuente y el destino de nuestra lucha revolucionaria”. Así, si algo queda claro con el conflicto Fidel Velásquez-Sansores Pérez, es que los líderes de la CTM, en tanto fracción hegemónica en el interior del movimiento obrero, no están dispuestos a permitir que la reforma política, en general, y la reforma interna del PRI, en particular, minen su fortaleza política; no se muestran complacientes con esta posibilidad, aún cuando ello se intente en nombre de la legitimidad popular, de la estabilidad política y de la continuidad gubernamental. Aceptarán ambas cosas – reforma política y reforma interna-, pero sólo en la forma en que efectivamente fueron concebidas por la fracción hegemónica de la burocracia pública: para su fortalecimiento y mayor centralización del poder corporativo. Anotando un punto más a su favor, logran que en la elaboración de los documentos que normarían la transformación interna del PRI, participen sus representantes directos, junto con los de la CNC, CNOP y los sectores juvenil y femenil. El conflicto, pues, resulta funcional para el Estado en su conjunto. Sirve para hacer que los altos dirigentes del PRI cobren conciencia de los riesgos que implica la reforma interna del PRI: ni más ni menos, el debilitamiento de sus bases internas de apoyo, altamente identificadas con elementos de dirección-personas en los sindicatos y centrales incrustados en él, especialmente en el caso de la CTM. Por esta razón, pone el CEN tanto esmero en la preparación de la Asamblea del PRI en la que discutirían las modificaciones en la estructura del partido (que tomaría lugar en 1978). El presidente del CEN del PRI afirma, el 3 de diciembre: “Primero se especuló que la Asamblea del PRI podría ser en agosto (de 1977), luego en diciembre: hay quienes dicen que en marzo, hay otros dentro del partido que en junio, julio ó agosto (de 1978). Nosotros debemos obrar con plena responsabilidad; tenemos que hacer un trabajo bien hecho y vamos a convocar a la asamblea cuando estemos preparados con todos los elementos suficientes, para que la asamblea resuelva libremente cuáles son los cambios fundamentales que tenemos que hacer en nuestros documentos básicos y en la estructura del partido”. c) El contexto de crisis, la reforma política y la reforma interna del PRI son casi exclusivamente aprovechados por los dirigentes de la CTM para robustecerse, porque

tienen acceso a los mecanismos adecuados para ello. En primer lugar, la posibilidad de que los líderes de la CTM, en detrimento del resto de los miembros directivos del congreso del trabajo, fortalezcan durante 1977 su posición, se debe al hecho de que éstos son prácticamente los únicos que –a través de sus representantes directospuede obtener la aprobación del congreso de la unión a sus decisiones. Aquí hay que tener en mente que la diputación cetemista fue rica en iniciativas de ley, en el período ordinario de sesiones del congreso. Algunos, son los siguientes: i) la propuesta de modificación al artículo 5° constitucional, en donde la generación de riqueza tendría carácter social y el estado garantizaría el derecho de los mexicanos al trabajo (XI/3); ii) la iniciativa para introducir en la legislación laboral un sistema que vinculara los precios, los salarios y las utilidades de las empresas, a fin de que los salarios tengan la misma movilidad que los precios, y las utilidades de los empresarios no rebasen los límites de la costeabilidad (X/10); iii) la introducción de los contratos-ley, por rama de la industria, como medio para igualar situaciones contractuales y eliminar competencia entre empresarios de una misma rama (IX/10). Aún cuando estas iniciativas fueron congeladas (no se presentaron para su aprobación) durante el período ordinario de sesiones del congreso, la posibilidad de presentar iniciativas de ley en la cámara de diputados, que cuenten con probabilidades de ser aprobadas, está virtualmente fuera del alcance para el resto de los dirigentes del movimiento obrero corporativizado. En segundo lugar, la CTM es la organización que más conexión tiene con el movimiento obrero internacional, no revolucionario. A mediados de diciembre (XII/17) se hablaba de la inminente constitución de la organización americana del trabajo, auspiciada por la norteamericana AFL-CIO. Al igual que la AFL-CIO, la CTM es miembro de la CRIT; con la formación de la OAT, se acrecentaría su poder interno y, hasta cierto punto, se internacionalizaría la forma domesticada e inofensiva conforme a la cual ha luchado contra las transnacionales en el país. Esta posibilidad es difícilmente igualada por la que se le presenta a los dirigentes del resto de los componentes del movimiento obrero corporativizado del país. En tercer lugar, son los dirigentes de la CTM los únicos con la fortaleza necesaria para enfrentarse a los excesos de una burguesía cuya acción política no solamente es creciente, sino engreída. Es engreída porque, para los grupos más importantes de la burguesía, es pirata todo sindicato que no está totalmente controlado por sus empresas; todo aquél que no es blanco; el que hace abuso de la huelga. El 4 de diciembre, el director del centro patronal de Nuevo León, expresaba su preocupación por el incremento que –a su parecer- estaba tomando este tipo de sindicalismo: “Todo indica que empieza a prevalecer el abuso (de la huelga), por parte de la CTM, en apoyo de intereses transitorios y mezquinos que a largo plazo ocasionarán un desastre mayúsculo”. Su acción política es creciente, entre otras razones porque las tradicionales organizaciones de lucha de la burguesía intentan deshacerse de la influencia que hasta la fecha habían tenido por parte del gobierno. Por ejemplo, los comerciantes acusan al dirigente de los pequeños comerciantes de ser representante del gobierno, y

de pretender seguir las consignas marcadas por el aparato burocrático en las elecciones de la nueva mesa directiva de la CONCANACO, que tendrían lugar durante 1978. El presidente de la Canaco de Ciudad Obregón, Sonora, afirma: “El vicepresidente de la Concanaco desde hace varios años trabaja en la secretaría de comunicaciones y transportes y es en esta dependencia, ó en las oficinas del PRI, donde recibe las consignas...Ante la proximidad de las elecciones de nuevos dirigentes para la Concanaco –se efectuarán en febrero (de 1978)- Rodríguez Salazar está haciendo escándalo para llamar la atención. Pretende con ello darle valor a su voto y al de las cámaras que manipula para así poder vender esos votos al mejor precio posible y al mejor postor”. El que la acción de los líderes de la CTM se levanta relativamente contra esta actitud política de la burguesía, en el contexto de crisis de 1977, y que por lo tanto constituyen la fracción al interior del movimiento obrero que más pueden brindar apoyo al aparato burocrático, se manifiesta por el hecho de que su máximo jerarca declara, a mediados de mayo, que los obreros sólo apoyan las efectivas medidas del sector público y no las inefaces medidas que los empresarios anuncian que tomarán (V/14). Pese a que formalmente los líderes domesticados de la CTM indiquen lo contrario, lo cierto es que su forma real de actuación permite percibir que no conciben en la realidad que las relaciones entre burguesía y maquinaria corporativa del estado sean las mismas en tiempo de crisis aguda, que cuando ésta no se encuentra presente (V/7 y 8). Al reconocer de hecho esta diferencia, éstos tienen la capacidad de aprovechar las múltiples medidas planteadas para sortear la crisis, para su propio fortalecimiento. Por ejemplo, en el caso del petróleo, los máximos dirigentes de la CTM encuentran ahí un campo fértil para la expansión y concentración de su fuerza política, previo el desarrollo de la lucha en pos de ello. Tómese, en este sentido, la siguiente declaración, del 26 de septiembre: “Joaquín Hernández Galicia ‘La Quina’, el líder petrolero sindical todo poderoso en el norte del país, desplaza paulatinamente al dirigente Sergio Martínez Mendoza, en la zona sureste, la más importante por sus yacimientos de hidrocarburos. Grupos selectos de obreros incondicionales a Hernández Galicia llegan a esta región desde los mermados campos petroleros del norte. Su misión consiste en hacer proselitismo para que en las asambleas se adopten resoluciones que beneficien indirectamente a su jefe. Entre tanto, una pugna interna divide a las secciones bajo control formal de Martínez Mendoza porque sus líderes pretenden desplazarlo del mando regional...El país está dividido en tres zonas administrativas (por PEMEX)...En cada una...hay un líder obrero máximo, que se convierte en el cacique mayor. En el norte es Hernández Galicia, en el centro Oscar Torres Pancaro (sustituto del asesinado Heriberto Kehoe Vincent) y en el sur, Sergio Martínez Mendoza”. Un enlistado tentativo de los determinantes del hecho de que los dirigentes de la CTM se fortalecen, en detrimento del poder de otros líderes del movimiento obrero estatal, estaría incompleto si no se mencionara el hecho de que los primeros establecen

durante el año un mecanismo destinado a brindar la fuerza económica de la que hasta entonces carecían: el Banco Obrero (XI/14). 3) Los intentos de reformar la maquinaria corporativa en el agro no conducen al incremento de la militancia controlada del liderazgo intermedio y de los miembros de base de ella. Se ha visto, en los apartados que preceden al que aquí de desglosa, que la presencia del estado en el agro mexicano durante la crisis no se caracteriza en 1977, ni por significativos avances en la unificación –en una sola central- de aquella parte de la maquinaria corporativa que actúa en el medio rural, ni por un fortalecimiento de los cuadros dirigentes que pueda conducir a ello. La falta de unidad coherente del aparato de control político-ideológicos de las masas populares rurales, básicamente consecuencia del hecho de que sus cuadros dirigentes no se fortalecen en la medida y con los rasgos requeridos para ello, se convierte en un obstáculo más para la efectiva implantación del esquema estatal de descampesinización. Pero estos dos no constituyen los únicos escollos para que la maquinaria corporativa en el agro se desempeñe de manera que su existencia sea real coadyuvante a la implantación del esquema estatal de proletarización total y definitiva del medio rural. Para que se cumpla el esquema de descampesinización, ya se ha visto que se requiere que se fortalezca la maquinaria corporativa del estado que actúa en el campo. Pero, a su vez, ello depende, entre otros factores, de que sus bases sociales de apoyo incrementen realmente –y sólo hasta cierta medida- su militancia. Durante 1977, la militancia de sus miembros se incrementa, efectivamente, pero al hacerlo escapa en buena medida a los límites de control establecidos para ello; los líderes intermedios – regionales y locales, principalmente- tienden a brincarse las trancas. Con ello, el incremento en la participación política efectiva de sus miembros tiende a convertirse, no en una medida funcional, sino en una medida disfuncional para los planes del estado en su conjunto: el estado tiende a perder altas dosis del control que debe ejercer sobre el incremento en la militancia que se da en su seno. La necesidad estatal de incrementar la militancia de los miembros base de la maquinaria corporativa –y de aumentar la participación política de sus líderes intermedios-, es indicada por los hechos en múltiples ocasiones. Conforme a la concepción del estado, para que se cumplieran los objetivos político-ideológicos globales de la reforma política, la izquierda debía tener representación mayor y el PRI, en concreto, debía reformarse. Y uno de los aspectos en que debía transformarse, es precisamente el que se refiere al comportamiento específico de sus bases sociales de apoyo y de los dirigentes inmediatos de éstas. Se requería que el PRI y sus anexos cambiara, en el sentido de permitir a sus miembros modificar la forma en que se había dado su presencia hasta entonces; debía transformarse su participación, de pasiva y dirigida, a una postura relativamente activa, pero, también dirigida. Esto no es más que la respuesta al hecho, detectado por las alturas de la burocracia, de que la falta de militancia real de los miembros de base formalmente adscritos a la

maquinaria corporativa del estado, traía como consecuencia un débil apoyo efectivo de ésta a la posición y actuación política, del aparato gubernamental (VII/20). La inconformidad social, producto de la crisis, orilla a los altos dirigentes del partido a reconocer que la estabilidad política existente no significaba inmovilismo ó estancamiento político. Ya desde el 24 de noviembre, el presidente del CEN del PRI sostenía: “Cuando afirmamos que el partido ha cumplido y seguirá cumpliendo la función histórica de mantener la estabilidad política en el país, estamos muy lejos de asumir como objetivo el inmovilismo ó el estancamiento. Al contrario, sostenemos que esa estabilidad es sólo un medio para hacer posible el avance revolucionario e independiente del país” (XI/24). Las palabras del presidente del CEN-PRI implican el reconocimiento de que la crisis genera una movilización política que el estado mexicano tenía que controlar. Detrás de esta concepción puede estar sino el reconocimiento de que la crisis del ’77 genera mayor movilización política; en tanto esto, ó se genera una movilización al interior del partido, auspiciada por el partido mismo, ó surgen movilizaciones dentro y fuera de la maquinaria corporativa que, una vez iniciadas, serían difícilmente controlables sin recurrir –en cantidades muy peligrosas para la legitimidad estatal- a la fuerza bruta policiaco-militar. Desde la perspectiva estatal, el incremento de la militancia de los miembros del PRI debía darse en torno a la consecución de objetivos de justicia social, pues de otra forma su legitimidad se vería reducida. Si no se daban acciones reformistas –cuya obtención dependería de la mayor movilización política intra partido, auspiciada y controlada por sus círculos dirigentes-, la condiciones de crisis determinarían el que la maquinaria corporativa no pudiera seguir manteniendo la estabilidad del país. Es en este sentido que deben interpretarse las palabras, del 24 de noviembre, del presidente del CEN del PRI: “Hemos sostenido que, para poder ser revolucionario, un gobierno depende del apoyo popular, de que la voluntad de la nación sea cada vez más solidaria con las acciones de su gobierno; pero ese apoyo, a su vez, depende de que la justicia social aparezca como una realidad tangible y no sólo como una permanente aspiración. La estabilidad política sería imposible si nos dedicáramos a proclamar el reposo de las masas”. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos que formalmente se esgrimen como coadyuvantes a la consecución de objetivos, normados en torno a la justicia social para evitar la imagen de que se sostiene el reposo de las masas y dar genuino apoyo popular al aparato burocrático, que generan la movilización política al interior de la maquinaria corporativa? Para estimular el incremento en la militancia de sus bases, y la mayor participación del liderazgo intermedio, un mecanismo utilizado durante 1977 consistió en la democracia transparente para la detección de los candidatos del partido a puestos de elección

popular. Con la democracia transparente (al desplazar formalmente el peso de las decisiones de los círculos de dirigentes nacionales del PRI, a las asambleas), se estaría dando cabida a una mayor participación formal de los líderes regionales y locales y de los miembros base de la maquinaria corporativa. Sin embargo, los dirigentes nacionales del PRI, en concreto, reconocen que este sistema es un mecanismo que requiere aprendizaje: “Quiero decirles a ustedes una cosa, este proceso se ha aplicado en todos los ayuntamientos del país; es un proceso que se ha venido aplicando en forma gradual. Porque es una escuela en la que se van enseñando nuevos procedimientos democráticos; como no se ha aplicado en todas las partes del país, malo sería culpar al procedimiento interno del abstencionismo que haya llegado a presentarse; no es lógico eso (presidente CEN-PRI XII/3). En este sentido, la aplicación de la democracia transparente se daría, más en el futuro, que lo que fue durante 1977; primero se aplicaría la democracia transparente al nivel de los ayuntamientos; luego, a la elección de diputados locales; después, a la de diputados y senadores federales; más adelante, en torno a la selección de los candidatos a gobernadores. El 3 de diciembre, al hablar de esta secuencia, el presidente del CEN-PRI se cuidó mucho de incluir la democracia transparente como mecanismo para seleccionar al candidato a presidente de la república. Pero el mecanismo del que constantemente se echó mano para generar movilizaciones controlables al interior del partido (y anexos), fue el consistente en manejar la obtención de reivindicaciones económicas. La reivindicación a la que los dirigentes nacionales de la maquinaria corporativa recurrieron con más frecuencia durante el año consistió en el aumento de salarios, en general, y de los salarios mínimos, en particular. En efecto, desde principios de año, los dirigentes del movimiento obrero organizado señalaban la imposibilidad de seguir manteniendo su política de bajos aumentos de salarios ante la persistencia de la inflación. El 18 de marzo, por ejemplo, Fidel Velásquez sostenía que los trabajadores no podrían continuar su política de moderación indefinidamente, si el sector privado no respondía eficazmente al llamado del presidente de la república. Tres días después –el 21 de marzo- el presidente del congreso del trabajo, ante la previsión de alzas esperadas de hasta 70% para fin del año ’77, llegaba inclusive a plantear la posibilidad de que el sector campesino, obrero y popular, en su conjunto, entablaran acciones tendientes a evitarlo. A mediados de julio, los secretarios generales de la CROC y la COR afirmaban que la poca correspondencia del sector privado en la tregua pactada por los factores de la producción con el aparato burocrático, estaba determinando la posibilidad de que se relevara el acuerdo de no solicitar aumento de salarios, para pedir salarios más elevados en función de las posibilidades reales de cada empresa, y de acuerdo a la combatividad de cada sindicato. De esta manera, se estaba dando cabida, al menos a nivel formal, a que la posibilidad de obtención efectiva de sueldos menos pauperizantes dependiera del grado de éxito político que cada sindicato individual, tuviera con cada empresa individual (VII/13).

El 22 de agosto, el congreso del trabajo expresa su inconformidad ante el ofrecimiento de diez puntos hecho como manifestación de la clase del capital –diría el presidente de la república-, porque entre otras cosas éste no incluía la posibilidad de dignos incrementos salariales (VIII/23). Y, acercándose ya la fecha de fijación –último día del año- de los salarios mínimos que regirán durante 1978, los máximos dirigentes de la maquinaria corporativa empezaron a manejar el monto del aumento respectivo. Diferentes agrupaciones del país –dentro del congreso del trabajo- efectúan estudios directamente, arrojando el resultado de que se hacia necesario que los nuevos salarios mínimos se incrementaran en 100% (IX/24). El 21 d septiembre, el presidente del congreso del trabajo anunciaba públicamente la necesidad de que el incremento a los salarios mínimos fuera del 48%, por ser éste el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores en lo que llevaba de transcurrido el año. Incluso algunos dirigentes llegaron a impugnar las estadísticas gubernamentales como base para fijar los nuevos aumentos. El 16 de octubre, el secretario del trabajo de la CTM afirmaba que, por no ser precisas las estadísticas de inflación del Banco de México, de NAFINSA y de la Dirección General de Estadística, se dificultaba el establecimiento de un adecuado incremento salarial: “Los índices de aumentos de precios que se elaboran incluyen lo mismo los incrementos que registran los automóviles, que los de los artículos de consumo necesario, y en esa forma se obtienen porcentajes de encarecimiento muy bajos que no son los que en realidad afectan a los trabajadores.” Doce días después (X/28), el máximo jerarca de la CTM afirmaba que el deterioro de los salarios había sido del 48%; daba así, hábilmente, indicios de que el salario mínimo sería en esta misma porción. Aseguraba que se había establecido un compromiso con el gobierno para salir de la crisis, pero que eso no significaba que el movimiento obrero dejaría de seguir adelante en materia de sus reivindicaciones. A fines de noviembre (XI/27), el secretario general de la COR, vertía incluso una amenaza; si los aumentos de salarios mínimos para 1978 no restituían el poder de compra, la confederación obrera revolucionaria desencadenaría la acción sindical con huelgas y paros. El 29 de noviembre, presionado por las circunstancias, finalmente Fidel Velásquez es contundente; no se aceptarían topes en lo concerniente al aumento del salario mínimo, que debería ser –tomando en cuenta el deterioro de los salarios y el aumento del salario mínimo, que debería ser –tomando en cuenta el deterioro de los salarios y el aumento en el costo de la vida-, no ya del 48% (como lo había establecido dos meses antes), sino del 24%. De esta manera, el aumento de salarios es manejado constantemente por los dirigentes máximos de la maquinaria corporativa como una medida reivindicativa, que da la imagen de que efectivamente los líderes no propugnan por el reposos de las masas; que el partido y su séquito es genuinamente revolucionario y que, por ende, todavía sirve para prestar apoyo a la posición de la fracción hegemónica del aparato burocrático del estado mexicano, en el contexto de crisis. Pero también surgen, durante todo el año, algunos indicadores de que las movilizaciones políticas que genera esta

reivindicación concreta –el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios- no fueron siempre, y lo serían aún menos durante 1978, controlables. La movilización de sus bases, auspiciada por los dirigentes nacionales, se revierten, en este sentido, contra la propia maquinaria corporativa. Al sostener formalmente una posición de defensa del salario, y al estimular a sus líderes intermedios para que auspicien movilizaciones de las organizaciones que controlan, dan pie a que los obreros y trabajadores formalmente adscritos al PRI en cualquiera de sus sectores, tomen una posición real de lucha. En primer lugar, ante las condiciones objetivas, para los trabajadores encuadrados en los aparatos de control del estado mexicano, es cada vez más endeble el argumento frecuentemente esgrimido, tanto por el presidente de la república como por grupos empresariales, en el sentido de que el aumento de salarios en los dos últimos años era superior al ritmo inflacionario, por lo que no se hacían necesarios nuevos aumentos significativos (VIII/6). En segundo lugar, después de estar anunciando durante todo el año aumentos a los salarios mínimos de entre 100% y 24% -después de estar alimentando estas expectativas a los miembros de sus organizaciones-, cuando se anuncia a fines de diciembre que los incrementos serían en promedio nacional, de entre 12 y 15%, la militancia estimulada por los dirigentes de la maquinaria corporativa del estado tiende a generar altos niveles de inconformidad social que bien podía traducirse en inconformidad política contra los mecanismos que mantenían controlados a los movimientos de los trabajadores. Ante este hecho, parecería que ni siquiera mecanismos de control alternativos pueden nulificar totalmente las serias desavenencias que surgen en la propia casa del estado, la instalación de la comisión nacional de precios- en la que la CTM tenía asegurada su representación (X/23), que según declaraciones presidenciales permitiría que la sociedad viera quién es qué dentro de ella, es ineficiente ó abusivo, ó significa la instancia deformante- se revela, en este sentido, como un mecanismo insuficiente para contener la insurgencia de las bases sociales del movimiento obrero corporativizado. Una clara manifestación de esta tendencia al desbordamiento, estriba en el creciente número de huelgas que van más allá de los marcos de seguridad del estado, contando con la venia y con la dirección de líderes, de envergadura pequeña y mediana, de la propia maquinaria corporativa del estado. El 21 de noviembre, el presidente del congreso del trabajo daba la concepción estatal del derecho a la huelga. De acuerdo a ésta, la huelga debía ser un recurso condicionado, localizado, y nunca general . en la medida en que ello no fuera así, iría contra los intereses del estado. Ni aún en aras de la legitimidad, es que la reforma interna debía conducir a formas de militancia que incluyeran la posibilidad real de huelga general: “En México se ejercita el derecho de huelga, pero en contra de las empresas que se niegan a satisfacer las demandas obreras; imitar el sistema de huelgas generales (tipo europeo) sería retroceder”.

En ambos casos –N. L. Y Morelos-, precisamente por esgrimir la amenaza de la huelga general, se manifiesta ya la existencia de las semillas de una no concordancia total, entre la postura de las bases y sus líderes inmediatos, por una parte, y los líderes nacionales y la política presidencial, por la otra. En otros casos, la movilización no controlada empieza a manifestarse en los más caros bastiones de la maquinaria corporativa. Es muy claro que ello expresa las disfunciones de la reforma interna introducida en la crisis, especialmente cuando se gestan movilizaciones que manifiestan directamente el descontento de los trabajadores del gobierno. Las consecuencias de la crisis son tales que elementos de la propia FSTSE, tradicionalmente pilar de la política gubernamental, empiezan a formular demandas que denotan cierta salida de los marcos delimitados por sus dirigentes nacionales. A finales de agosto (VIII/25), el CONACYT es emplazado a huelga por sus trabajadores, en demanda de un 20% de aumento salarial. El 27 de noviembre, 12 secciones disidentes del SNTSSA, con representación de 20 mil miembros, rechazan el 10% de aumento y piden 30% de incremento salarial. A principios de noviembre, los empleados adscritos a la suprema corte de justicia expresan públicamente que no han recibido el aumento del 10% del primero de septiembre pasado y que, sin embargo, los ministros de la SCJ, los magistrados de los tribunales colegiados y unitarios, los jueces de distrito en las diversas materias y los secretarios de estudio y cuenta se auto aumentaron sus salarios hasta en 100%; por todo ello, anuncian que solicitarían 40% de aumento en sus remuneraciones. Todavía para fines de septiembre, los dirigentes de la maquinaria corporativa y del aparato burocrático no parecían estar siempre conscientes de que la movilización auspiciada –para fines de legitimidad- al interior de los propios órganos estatales de control, estaba yendo más allá de lo conveniente. Por ejemplo, el 27 de septiembre, el presidente del congreso del trabajo da muestras de sobre preciar la capacidad de aguante de los trabajadores, al afirmar implícitamente que era posible que éstos llevaran sobre sus espaldas, por tiempo indefinido, la mayor parte del peso de la salida a la crisis: “Vamos a seguir conservando el ritmo impuesto hasta ahora; quizá este año y no sabemos cuantos más. Tenemos que ser conscientes y responsables de la actitud que asumamos los trabajadores y sus representantes. Además, la situación que atravesamos no es exagerada ni nos vamos a morir por ella. Vamos a esperar mejores tiempos. Esta situación no durará toda la vida, pero no sabemos cuantos años se prolongará. Tampoco podemos precipitar ninguna decisión que dispare los precios y vuelva la inflación a agobiarnos”. Sin embargo, recuérdese que a principios de noviembre, estalla la huelga de varios sindicatos de aviación (XI/6). Estas huelgas ya son vistas incluso como medidas que tienden a conspirar contra la vida económica del país. Para estas fechas, si alguna duda había en la mente de los máximos dirigentes del gobierno y maquinaria corporativa, es borrada totalmente ante la posibilidad de que al aparato burocrático, y a los representantes del estado al interior del movimiento obrero, les saliera el tiro por la

culata. La reforma política, las modificaciones internas del PRI, el estímulo a la mayor militancia de sus miembros, se convierten en medidas que amenazan con volverse contra ellos mismos. Por ello es que es explicable que, refiriéndose a la huelga de Aeroméxico, Eastern Airlines, Varig y Panamerican, el director de relaciones públicas de la secretaría de turismo declara lo siguiente: “Esa huelga, más que a aspiraciones laborales, huele más a otro tipo de presión. La posición de los trabajadores es intransigente. Deberían de tener una conciencia más clara de la situación por la que atraviesa no sólo la empresa para la que trabajan, sino el país en general...La ocupación en hoteles se ha reducido ya a menos del 50%...18 convenciones que se efectuarán en esta metrópoli durante este mes están en peligro de ser canceladas...Tales eventos producirían una afluencia de 20,000 visitantes...y el turista extranjero gasta diariamente el país, más el importe de su hospedaje”. Estamos así presenciando el caso en que una de las medidas de la administración estatal de la crisis empieza a alimentar las situaciones que está destinada a combatir. Recuérdese que, en opinión de JLP, el proceso de salida a la crisis consta de cuatro grandes apartados: una Alianza para la producción –generar empleos, producir más y combatir la inflación- una reforma fiscal –hacer posible que el gobierno tenga más recursos propios-, una reforma administrativa –organizarse el gobierno en su interior, para organizar a la sociedad global de manera eficiente-, y una reforma política – mantenimiento de la estabilidad política. Ya previamente se han mencionado las graves deficiencia que ha tenido en todos y cada uno de los grandes apartados de salida a la crisis. Sin embargo, sí interesa destacar que la reforma política, que entre otras cosas significa el fortalecimiento de la maquinaria corporativa, amenaza al estado con no cumplir su cometido; en unos casos, por no llegar a los objetivos, en otros casos, porque va más allá de ellos. La implantación de los márgenes de movilización política, que implica el fortalecimiento de la maquinaria corporativa del estado, empieza a llegar a extremos que le son muy incómodos al estado. Esta es una de las razones por las que no se pueden calificar sino de ideológicamente optimistas las declaraciones del 31 de diciembre de JLP: “Es muy satisfactorio que hayamos llegado a este momento y que podamos empezar a hablar de los problemas en pretérito. Las cuestiones graves que alteraron nuestra economía están empezando a ser controladas...Ahora más que nunca debemos mantener todo nuestro esfuerzo y responsabilidad en la tarea, no volver a los causes de la disolución; mantener el rumbo, la convicción de servicio con toda fuerza”. Uno se pregunta, ante este hecho de inminente y graves dificultades para la implantación efectiva de la reforma política, si no habría que prestar seria atención al ejército como un mecanismo al que el estado mexicano tendrá que recurrir más frecuentemente. Uno se pregunta si no habrá que tomar, sólo como una declaración más, la de las fuerzas armadas cuando le manifiestan su lealtad institucional al jefe del ejecutivo. ¿Qué tan importante es, realmente, para la implantación del modelo estatal de salida a la crisis, la declaración del titular de la SDN, del 31 de diciembre?:

“Para el logro de los supremos objetivos nacionales, contará usted (señor presidente), en todo momento, con el más acentuado y optimista esfuerzo de los soldados de México, quienes por mandato de ley, convicción, vocación y fé, continuaremos transitando por el único camino que debe transitar todo soldado; el de la lealtad institucional”. Todo lo que hasta aquí se ha dicho se refiere a la maquinaria corporativa como conjunto: su reforma interna, una de las formas que adopta la reforma política global, tiende a generar movilizaciones de las bases que escapan cada vez más al control de los dirigentes nacionales de ella. Esto mismo sucede en el caso de la mayor militancia de las bases y de los líderes intermedios de aquellas partes de la maquinaria corporativa que tienen su ámbito de acción fundamental en el agro. Aquí la acción de las organizaciones regionales y locales, dirigida por líderes que dan el visto bueno al salto de las trancas impuestas a los movimientos de los diversos sectores, categorías y clases sociales del medio rural, también se va fincando de manera lenta y dispersa – pero inexorablemente- durante el año. En algunos casos, estas movilizaciones de las organizaciones rurales de la maquinaria corporativa son efectuadas por desocupados rurales en busca de tierra; adoptan, por el lado tibio, la forma de denuncias de tierras afectables para fines de reparto y, por el lado más radical, se manifiestan en invasiones ilegales. Los representantes del aparato burocrático, tratándose de líderes de la maquinaria corporativa que adoptan la línea suave, generalmente ceden a las presiones de los miembros de la CNC y anexos. Por ejemplo, el 4 de noviembre, el titular de la secretaría de la reforma agraria se compromete a resolver los problemas de 36 ejidos de Sonora, y a que continuaría la reforma agraria legal en el estado; anuncia, incluso, que suspendería las intervenciones del delegado de la SRA en la entidad, ante acusaciones diversas formuladas por los ejidatarios. De igual manera, cuando las organizaciones políticas rurales por-estatales no ponen en peligro los márgenes de seguridad del estado, no es raro que incluso participen otras instancias. Por ejemplo, en el conflicto entre pequeños propietarios tlaxcaltecas y el gobernador de la entidad, interviene la CNPP, afirmando que el gobernador había dado garantías a la pequeña propiedad y trataba de conciliar los factores de la producción en el campo (X/31). Sin embargo, tratándose de líderes de la maquinaria corporativa que se comportan adoptando la línea radical, no es infrecuente que se recurra a la represión. El 16 de octubre, el gobernador de Zacatecas se jacta de que en la entidad se encarcela a los que instigan invasiones. En otros casos, las movilizaciones tienen por protagonistas a asalariados ó semiasalariados rurales, corporativizados por el estado. Los trabajadores asalariados empiezan a hacer un uso cada vez mayor del recurso de huelga. Esto sucede de manera acentuada en Sinaloa, donde el presidente del CAADES señala, el 2 de diciembre, que la amenaza de huelga de los 200,000 trabajadores agrícolas de la entidad pondría en peligro las siembras de primavera-verano. En la misma dirección van los empleados de nivel técnico y operativo que laboran en diversas organizaciones del estado. El 15 de diciembre, por ejemplo, en torno a la petición del 35% de aumento salarial y mejores tratos por parte del personal norteamericano comisionado, de 800 a

1000 trabajadores de la comisión México-Norteamericana para la erradicación del gusano barrenador del ganado, emplazan a huelga a la empresa. 4) La maquinaria corporativa del estado en el medio rural no es capaz de neutralizar eficazmente la acción de las organizaciones políticas independientes del estado. La efectiva implantación del esquema estatal de descampesinización traería, como consecuencia inmediata, el empeoramiento de las condiciones de vida de las masas populares del agro. Es por ello que la RP promovida desde la fracción hegemónica de la burocracia pública –en su versión específica de transformación interna de la maquinaria corporativa que actúan en el medio rural, precisamente para evitar que el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras rurales se traduzca en el tipo de inconformidad social que pudiera desembocar en violencia política, su fortalecimiento es prácticamente una cuestión de vida ó muerte. Sin embargo, ya se ha visto que su supervivencia como fundamental mecanismo de control en el agro se ve amenazada porque durante 1977 –año en que se establecen los mecanismos concretos que serán empleados para descampesinizar al agro- no muestra la suficiente eficiencia para cambiarse a sí misma: no se fortalece porque es incapaz de formar una sola unidad coherente para ejercer el tipo de dominación que le es encomendada por el estado. A su vez, no se unifica coherentemente, básicamente debido a que los máximos dirigentes de cada organización miembro de la maquinaria corporativa adoptan una posición de competencia desenfrenada para obtener los puestos de dirección hegemónica. Además, la función de la maquinaria corporativa en el agro, como mecanismo básico de dominación se ve menguada por el hecho de que sus propias bases sociales, y los líderes intermedios –no de alcance nacional- que respectivamente las dirigen, tienen una militancia que cada vez más se aproxima al punto de no control sobre ellos. Pero éstas no son las únicas amenazas serias a que se enfrenta. Aunado a las dificultades para modificarse internamente, también se ve obstaculizada por el ámbito externo a sí misma, básicamente debido a lo que sucede en el terreno que se sitúa a su izquierda. Se ha visto, en este mismo documento, que la RP es, tanto el intento de fortalecer la maquinaria corporativa mediante su reforma interna, como el incremento de la participación política controlada, en el juego orquestado por el estado, de las organizaciones revolucionarias. El primer punto ha sido trabajado en los tres aparatados anteriores; del segundo se hará referencia aquí. En la medida en que esta mayor participación de la izquierda se dé sin perder un grado significativo de control real sobre ella, su ingerencia será sumamente funcional para el estado en su conjunto. Si ello no fuera así –si el incremento de la presencia real de la izquierda se diera en proporción inversa al incremento de la eficacia de las diferentes mediaciones estatales destinadas a mantenerla agazapada-, su ingerencia se convertiría en abiertamente disfuncional para el estado. Y esto último es lo que parece pasar en el medio rural, durante 1977. paradójicamente debilitada en su interior por una reforma política que tiende formalmente a que ocurra lo contrario –que está

concebida para que se fortalezca mediante la constitución de una sola central y de un cuadro dirigente único y sólido, que domine a líderes intermedios y a miembros base más militantes, pero más controlados-, la maquinaria corporativa es así también golpeada por una izquierda que cada vez gana más apoyos sociales en el campo. De esta manera, durante 1977 la maquinaria corporativa muestra progresivamente, en buena parte por sus propias debilidades internas, su incapacidad para neutralizar la acción de la izquierda en el campo y en las ciudades: la inexistencia de una única central, la ausencia de un cuadro dirigente hegemónico y la militancia de sus bases hasta puntos mas allá de su cabal control por el estado, no pueden menos que favorecer directamente a las agrupaciones políticas que se sitúan fuera del marco del encuadramiento estatal. Sin embargo, la incapacidad de la maquinaria corporativa para hacer frente a la expansión de las organizaciones de izquierda, es alimentada por algunos factores adicionales. Veamos con más detalle algunos de ellos. Por principio de cuentas, el mismo contenido de la política económica global esgrimida durante 1977 implica la posibilidad de debilitamiento del PRI (VIII/27) y, consecuentemente, la disminución de la eficiencia con que pueda someter –con su sola acción- a la izquierda no controlada. El rumbo marcado por la fracción hegemónica de la burocracia públicamente ocasiona que no esté asegurado el control de los dirigentes máximos de la maquinaria corporativa, sobre sus líderes subalternos y sobre las masas corporativizadas. Como diría el líder de los telefonistas, el 4 de mayo: “El problema actual no es de tregua ó no. Simplemente, los trabajadores no pueden soportar mucho tiempo esta situación, y si no cambia pronto, no será posible que los líderes traten de contener sus demandas”. Indirectamente, pero de manera muy clara, el sacrificio impuesto por la maquinaria corporativa a sus militantes determina el surgimiento de una tendencia caracterizada porque éstos se incorporen a las filas de la izquierda activa. Es quizá por ello –por temor a que el sindicato de la empresa textiles de Morelos abandonara la CTM por falta de apoyo, sentando un precedente que probablemente apresuraría una deserción a niveles más generales- que Fidel Velásquez anuncia, primero, un paro estatal de apoyo al sindicato y después, el 30 de noviembre, un paro nacional que se programaría por estados. Ciertamente, durante el año también se dan casos en que las filas de la izquierda son abandonas por algunas de sus organizaciones. Sin embargo, estos casos son, no solamente muy esporádicos sino que, cuando llegan a ocurrir, los dirigentes de la izquierda militante dan amplia difusión a los mecanismos empleados por el estado precisamente para lograr las escisiones, con lo que, en cierto sentido, las rupturas internas la fortalecen. El 24 de diciembre, por ejemplo, un vocero de tendencia democrática, del SUTERM, señala que la CFE sobornó a los dirigentes de la tendencia en Jalisco y Puebla, a fin de que éstos abandonaran a la tendencia democrática y se neutralizara así la acción de sus representados.

Por otra parte, la crisis agudiza el enfrentamiento abierto Inter e intra clases y sectores sociales. Esto debilita a la maquinaria corporativa –la desgasta-; en tanto esto, la crisis tiende a favorecer ampliamente a la izquierda. El desgaste de la maquinaria corporativa es muy claro tratándose de las pugnas electorales y postelectorales. Los dirigentes estatales consideran que es un mal menor el reconocer los triunfos electorales de la oposición; el mal mayor sería la pérdida total de legitimidad. Tal y como ha declarado Alfonso Martínez Domínguez, quien durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordáz encabezara el CEN del PRI (IX/9): “La violación de la ley electoral en perjuicio de las minorías ha ocasionado notable deterioro en la confianza de los mexicanos, en sí mismos y en sus instituciones...Esto crea al gobierno mayores problemas que los que pudiera significar reconocer, sin escamoteos, los triunfos legítimos de la oposición...De los 30 millones de electorales que existen en el país, 50% integran el ejército abstencionista...(lo) que puede llevarnos a un vacío político y poner en duda la legitimidad del poder público y en consecuencia la estabilidad de las instituciones”. La violencia de fin de año en Oaxaca y Tamaulipas, por ejemplo, ilustra que el no respetar los triunfos de los partidos de oposición registrados conduce a una guerra de desgaste de éstos con el PRI. Los partidos de oposición (los formalmente registrados) ponen así, en todo el país, cada vez más escollos reales a los triunfos del PRI a nivel electoral. Tanto el PAN como el PPS denuncian, el 3 de diciembre, que el partido revolucionario institucional quiso comprar a sus respectivos candidatos a la presidencia municipal en Nuevo Laredo. Pero lo esencial es que la exacerbación de las diferencias entre el PRI y sus anexos, a todo nivel, es realmente el reflejo del hecho de que la crisis agudiza, no sólo las contradicciones fundamentales, sino las contradicciones secundarias de la sociedad mexicana (VII/23). En estas condiciones, la estrategia de la izquierda –bien planteada, racionalmente confeccionada y escrupulosamente seguidapodía llegar a convertir este mal menor para el estado, en el bien mayor para su propia actuación; estaba en más ó menos adecuadas condiciones, para aprovechar la guerra interna entre las diferentes instancias del estado, para robustecerse. Pero al inicio de un proceso generalizado de deserción de sus organismos base, y al desgaste por pugnas internas y con otras organizaciones del estado, viene a sumarse el afloramiento de una fuerte corriente izquierdizante al interior del mismo PRI. Esta izquierda, atrincherada en sus propias filas es, pues, un factor más que coadyuvara a las dificultades de la maquinaria corporativa para neutralizar la acción de la izquierda ubicada en las líneas enemigas. El presidente del CEN del PRI habló de esto en más de una ocasión. El 24 de noviembre, por ejemplo, afirma: “No debe sorprendernos que se ataque al partido, no debe atemorizarnos que se empleen en contra nuestra las agresiones más innobles. Todo es parte de esa embestida contra revolucionaria que pretende, primero, la desmoralización de nuestros propios militantes para lograr, después, la infiltración de elementos adversos a la gran corriente histórica que nuestro partido representa. Frente a tales embates, este es el momento de vigorizar nuestra cohesión interna”.

Por estas tres razones –abandono de las filas del PRI por sus organizaciones, desgaste por pugnas intra estatales y surgimiento de una fuerte corriente de izquierda en su propio interior-, la maquinaria corporativa se ve debilitada en su papel de apoyo fundamental al proceso de dirección gubernamental de salida a la crisis. En la medida en que ello sucede, se ve obstaculizada para que su acción se oponga realmente –y someta- a las organizaciones de izquierda situados en su ámbito externo. Sin embargo, no debe pensarse que la creciente incapacidad de la maquinaria corporativa para neutralizar la acción de la izquierda está determinada sólo por factores relacionados con su propia existencia. A diferencia de esta concepción, aquí se establece que, el que la izquierda se vuelva cada vez más difícil de controlar, se debe fundamentalmente a la acción de la propia izquierda. Ello se debe básicamente a que los dirigentes de las organizaciones políticas que escapan al control estatal se plantean aprovechar las contingencias en torno a la reforma política para fortalecerse mientras se pueda. Tratan de llegar al punto en que, una vez que su presencia no sea imprescindible para el estado, puedan resistir con algún grado de éxito las tendencias de su disolución (vía represión, u otros medios). El aprovechar la izquierda el contexto de la reforma política para realmente robustecerse significa, durante 1977: a) que cada vez menos se preste a que se utilice su mediación para resolver las contradicciones intra estatales; b) que aproveche el hecho de que el fortalecimiento de la izquierda a nivel nacional es una necesidad –en el contexto de crisis- para el aparato burocrático, para actuar en posiciones ubicadas más allá de los márgenes estatales de seguridad, con relativamente menos posibilidades de represión abierta; c) que tiendan a unificarse, las diferentes agrupaciones de izquierda; d) que la izquierda incorpore verdaderamente a aquellas fuerzas sociales que se mantenían fuera del control estatal; e) que las reivindicaciones por las que lucha, muestren una mucho mayor adecuación con las necesidades reales de los trabajadores; f) que su acción desmistificadora sea cada vez más eficaz. A continuación, se profundiza en cada uno de estos puntos. Los sindicatos, organizaciones y partidos independientes tienen ante sí un gran desafío. Tienen que robustecerse, a sabiendas de que el estado se ve forzado a aceptar, incluso a auspiciar este hecho, porque la crisis económica hace que tenga que recurrir a ello para contrarrestar las embestidas de la derecha a través del incremento en su legitimidad y, consecuentemente, del apoyo popular. Sin embargo, la dirección de estos movimientos de izquierda tiene que asegurar que, al hacerlo, -al apoyar a la fracción hegemónica al interior del aparato burocrático-, no se sacrifiquen las futuras posibilidades de actuación genuinamente independiente. En otras palabras, tiene que fortalecerse lo suficiente, en la coyuntura de crisis que parecía se extendería por lo menos hasta 1979, para que llegado el momento en que ya no representara un factor de indispensabilidad para el aparato burocrático, éste no tratara de institucionalizarlo ó reprimirlo (VII/14).

Y hay indicios de que, aprovechando la reforma política, estos movimientos de izquierda efectivamente se fortalecen; de que al aprovechar la reforma política, la clase trabajadora organizada para la revolución gana suficiencia organizativa y claridad respecto a la coyuntura de crisis (III/17). Dependiendo del contenido concreto de su acción, es que la reforma política –aunque limitada en cuanto alcances, por provenir del propio gobierno- puede efectivamente convertirse en condicionante de cambios en la situación y correlación de fuerzas, dirigidos a favorecer al desarrollo democrático del país. En este sentido, parecía que las minorías de izquierda bien podían llegar a tener la fuerza de las mayorías; podían llegar a invertir el planteamiento presidencial respecto a la forma en que debía darse la unión entre mayorías y minorías, y dejar de serle funcional al estado: “Ahora que ustedes inician sus labores constitutivas, tengan en cuenta que esta asamblea está acreditando que van a unirse los que pueden ser minorías con mayorías, para integrar un solo organismo que hará más poderoso a los anteriores (sindicatos, de la SRH y de la SAG). Se unen (como sindicato de la SARH) para ser más fuertes y no para ser más débiles. En la unión no habrá vencedores ni vencidos. Habrá mayorías y minorías. Mayorías que tendrá que acreditar con su razón el derecho a decidir en beneficios propio y también de las minorías. No se unen para sacrificarlas, sino para mejorarlas y engrandecerlas” (JLP, IX/10). A la maquinaria corporativa, pues, se le dificulta la neutralización de la acción de la izquierda, ante todo porque ésta da muestras de estar en posibilidad de aprovechar la situación de la reforma política, para su efectivo fortalecimiento. Con las modificaciones superestructurales –principalmente jurídicas, durante octubre y diciembre del año 1977la izquierda está en posibilidad de iniciar el camino que le permita dejar de ser simple válvula de escape, como aparentemente fue concebido por el estado, para convertirse en verdadero detonador de la acción revolucionaria de las masas. El que, conforme a los planteamientos de sus auspiciadores, la reforma política está destinada a que la izquierda sirva de válvula de escape, es muy claro. En la información dada por la secretaría de gobernación respecto al envío de la iniciativa presidencial del 5 de octubre al congreso, se afirma: “El presidente López Portillo dice que las mayorías son las que deben gobernar pero deben evitarse los abusos de éstas, que surgen cuando se impide para todo la participación política de las minorías”. Luego, de lo que se trata es de estimular, en ámbitos restringidos (cuidando que ello, a su vez, no se convierta en todo), la participación política, controlada, de las minorías de izquierda. Se pretende: ampliar, mediante la aceptación de una más intensa participación política institucional de la oposición, la base de apoyo del estado; impedir el estallido de manifestaciones de descontento que estén totalmente incontroladas (VII/24); permitir la expresión de la oposición política; posibilitar el negociar con ésta sin tener que llegar forzosamente a la represión física; hacer posible que se conviertan, de grupos no incorporados disidentes, en grupos incorporados disidentes. Las intenciones

en cuanto a la reforma política son por demás claras en las afirmaciones incluidas en la iniciativa enviada a la Cámara de diputados el 6 de diciembre: “En la iniciativa de ley se mantienen los grandes postulados de nuestra tradición democrática, fortalecida y enriquecida con nuevas normas que coadyuvarán al propósito medular de mejorar nuestra organización política, ofreciendo más amplias posibilidades para la expresión de las diferentes corrientes y fuerzas políticas existentes en el país. Promovemos mejores condiciones para el desarrollo del pluripartidismo, por la idea de que la democracia significa la igualdad política de los ciudadanos. A través del principio de las mayorías se ha visto, sin embargo, que éstas, las mayorías, excluyen la gravitación, el peso e inclusive la voz de las minorías. Las mayorías de los representantes deben tener una adecuada minorías de representantes. De esta manera, se evita que la mayoría actúe como el todo...El proceso de rápida transformación que caracteriza a nuestro país ha determinado, particularmente en la última década, el surgimiento de agrupaciones de ciudadanos que aspiran a constituirse legalmente como partidos políticos registrados; el mecanismo vigente para esto no ha operado, como lo demuestra el hecho de que en los últimos veinte años no haya sido registrado un solo partido político...Consecuentes con los objetivos de la reforma política, en la iniciativa se introducen mecanismos flexibles que harán posible que las organizaciones interesadas puedan obtener su registro condicionado al resultado de las elecciones...” pero, si alguna duda quedara en cuanto al alcance que el estado pretende tenga la reforma política, queda borrada cuando JLP afirma que el dar posibilidades de acción a los grupos de izquierda –dentro de la RP- es la menos mala de las posibilidades: “Yo no veo más riesgos que los de la democracia, y todo es riesgoso en este mundo. Es el riesgo de la libertad; riesgo, ¿Pero la alternativa cuál es, cancelarla? ¿Cancelar la democracia, cancelar la libertad? Ese sería ya un peligro cierto, frente a un riesgo posible. No veo, pues, ninguna posibilidad de que se desordene nuestra sociedad, sino al revés; que se garantice el flujo de opinión mediante el sistema de acceso de los grupos minoritarios al poder legislativo” (IX/27). ¿Por qué se afirma aquí que la izquierda sacaba buen provecho de la RP, erosionando con ello las posibilidades de que su acción fuera posteriormente neutralizada por la maquinaria corporativa del estado? En primer lugar, porque durante el año 1977 surge una tendencia a que cada vez se preste menos a que su presencia sirva para resolver las contradicciones intra burguesas. Cierto es que, en algunos casos, la izquierda se deja llevar por los acontecimientos y plantea salidas demasiado optimistas. Por ejemplo, con motivo de la renuncia de los titulares de SHCP y SPP, el PST planteaba (XI/18) que ello era adecuado y que de una u otra forma, correspondía a las recomendaciones que le había hecho a JLP: “Hace unos días el comité central del PST planteó al presidente la necesidad de una reorientación de la economía del país, basada en mayor intervención del estado, sobre todo en las áreas de bienes de producción, acompañada de una reforma fiscal que,

además de detener la salida de divisas, grave las ganancias del capital...Y subrayamos que algunos de sus colaboradores de la actual administración no merecían confianza por sus antecedentes, y que en la práctica anulan algunas medidas emprendidas por otros funcionarios, por lo que los cambios recientes del gabinete son sanos y pueden conducir a la reorientación de la política económica del país”. Durante todo el año, en la solución de las contradicciones intra clases dominantes, concretamente la que se da al interior del aparato burocrático, se recurre todavía con eficiencia al manejo de las masas trabajadoras. Ello es bastante claro en el caso de la destitución del gobernador de Oaxaca, Zárate Aquino. Las masas rurales, particularmente ejidales, se enfrentaron al gobernador, siendo un factor de no despreciable peso en su destitución. En esa ocasión, el estado demostró una amplia capacidad de negociación política, efectuando una simple rotación en las alturas de la burocracia pública de la entidad. Fue destituido un personaje que aparecía como non grato, y fue sustituido por no menos popular personaje (militar, excomandante de la zona militar de Guerrero, captor del guerrillero Lucio Cabañas) (II/26). El movimiento de izquierda, pues, todavía era utilizado para resolver a favor de determinadas fracciones la lucha burocrática. La pregunta es: ¿Ante el fortalecimiento de la izquierda, auspiciada –vía reforma políticapor el estado, seguiría siendo manipulada en el futuro? Algunos indicadores señalan que la respuesta es, no. En primer lugar, ello está determinado, entre otros factores, por el hecho de que, para evitar la represión física más brutal, la izquierda revolucionaria se escuda –en su acción- precisamente en la debilidad de la maquinaria corporativa –entre otras cosas, por la huída de su seno de diversas organizaciones base- el gobierno tiene que reducir el apoyo que presta a ésta, a la vez que evita utilizar, con tanta frecuencia como antes, la represión abierta de la izquierda. Ello no quiere decir de su uso denota una cierta disminución. En segundo lugar, la izquierda aprovecha la RP porque, asegurada la disminución del recurso estatal –como primera instancia- a la represión totalmente disolutiva para resolver sus contradicciones fundamentales con el aparato burocrático y con las organizaciones de lucha directa de la burguesía, está en posibilidad de iniciar la unificación de sus diversas partes. La unificación de la izquierda, en estas circunstancias de aprovechamiento de la reforma política, se yergue así como un mecanismo más que tiende a que la acción de la maquinaria corporativa se aleja cada vez más de la posibilidad de neutralizar sus acciones. Cierto es que, durante el año, los logros en este sentido no son abrumadores. Continúan –y en algunos casos se acentúan- las fisuras en la izquierda. Fisuras que, por otra parte, son alimentadas por las tendencias del movimiento revolucionario internacional. A pesar de estas tendencias debilitadoras, la solución vectorial es a favor del robustecimiento de la izquierda. Como medida para enfrentar la solución estatal a

la crisis económica, política y social del país, se llega a hablar de la posibilidad de formar un solo partido de la izquierda revolucionaria (II/28). Esta potencial unificación es la que brinda alguna posibilidad, por ejemplo, de resistir los golpes al sindicalismo independiente que provienen de la maquinaria corporativa. La unificación de la izquierda del país aumenta las posibilidades de enfrentarse a golpes como el representado por la formación de una nueva central obrera internacional (OAT) que, patrocinada por la norteamericana AFL-CIO, concentraría a líderes sindicales de varios países latinoamericanos, para entrenarlos en negociaciones colectivas para contratos de trabajo, periodismo y propaganda obrera, ideología del movimiento obrero, etc (XII/16). Durante el año ’77, los progresos logrados en el proceso de unificación de la izquierda empiezan ya a brindar algunos frutos tangibles; si un sector de la izquierda es golpeado, la militancia real de las otras partes tiende a neutralizar ó a reducir el impacto directo y las repercusiones indirectas del golpe recibido. Por ejemplo, a fines de diciembre, diversos sectores políticos reaccionan contra la división del Instituto Nacional de Energía Nuclear, planteada por el estado y, consecuentemente, se oponen al debilitamiento de uno de los más fuertes bastiones de la Tendencia Democrática del SUTERM. Conforme al proyecto estatal, el INEN sería sustituido por otras nuevas organizaciones; Uranio de México, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (XII/14). Debido a la presión de la izquierda, en cuanto a impedir la disolución del INEN, llega a demostrar que su acción puede llegar a influir en importantes instancias estatales. Hasta los senadores del PRI se manifiestan, el 22 de diciembre, contra la aprobación de la nueva ley de Energía Nuclear, manifestando que únicamente el estado debe promover el desarrollo de la industria de energía nuclear. Pero la acción de la izquierda es cada vez más difícil de neutralizar por la maquinaria corporativa, en el contexto de crisis de ’77, debido a la presencia de otros factores. Entre éstos, está el hecho de que cada vez más la izquierda deja de ser un factor de mera presión política, para pasar a vincularse íntimamente a los trabajadores en los lugares mismos de sus labores. Es decir, las afirmaciones de Fidel Velásquez, del 10 de septiembre, se alejan cada vez más de la realidad: “cuando mucho (los sindicatos independientes) agrupan a unos 40,000 trabajadores... lo que hay son grupos de presión, que no manejan sindicatos, sino otro tipo de grupos con fines políticos”. La posibilidad y el peligro del incremento en la vinculación de la izquierda con el proceso productivo y, consiguientemente, su mayor eficacia en cuanto a la captación de las fuerzas sociales nuevas y emergentes, es reconocida por el propio presidente del CEN del PRI cuando, el 26 de noviembre, afirma: “La responsabilidad de organizar al pueblo corresponde, primordialmente, a los partidos políticos. El nuestro es incontrastablemente mayoritario pero no por ello debemos dejar en manos de otras corrientes ideológicas la tarea de reagrupar a las nuevas fuerzas sociales que han irrumpido en la realidad nacional. La revisión de nuestro partido, que

conduzca a su reforma interna, aparece así como una necesidad no solamente de coyuntura política; es un requerimiento ideológico e histórico-estratégico”. La preocupación de los dirigentes de la maquinaria corporativa no es gratuita. La izquierda incorpora cada vez con mayor eficacia a las nuevas fuerzas sociales que escapan al marco de encuadramiento estatal. Por un lado, se dan visos de que sectores explotados de la población del país, antes sin ningún tipo de organización, empiezan a plantear organizadamente (y desde fuera de la maquinaria corporativa) reivindicaciones que, por su contenido estratégico y táctico, se ubican en el marco de acción de la izquierda revolucionaria. Independientemente de las posibilidades existentes para su logro, el hecho de organizarse políticamente representa, en sí mismo, un adelanto. Por otro lado, se dan casos en que sectores de trabajadores, ya previamente organizados, adoptan una cada vez más fuerte posición de izquierda. Tal es el caso del surgimiento de un fuerte sindicalismo universitario, que lucha por reivindicaciones económicas y por el mejoramiento de su posición política. Este sindicalismo alcanza, durante el año, niveles sin precedentes. En marzo, por ejemplo, existía emplazamiento a huelga ó inminencia de paro; del sindicato de trabajadores académicos y administrativos de la universidad autónoma de Guerrero; del sindicato independiente de trabajadores universitarios de Guanajuato (III/3,10,11,12,13). En el mismo sentido de incorporación de nuevas fuerzas a la izquierda con más frecuencia que a la maquinaria corporativa, no se pudo saber en 1977 si –en caso de que tuvieran éxito las presiones de la diputación de la CTM, que pedía la sindicalización de los empleados bancarios (XII/10)los sindicatos potenciales de la Banca Privada se incorporarían a la maquinaria corporativa, ó a alguna organización política de izquierda. ¿Porqué es más eficaz la izquierda que la maquinaria corporativa, durante el contexto de crisis de 1977, para incorporar a nuevas fuerzas sociales y para estimular realmente una mayor militancia efectiva en sus miembros? Básicamente, por dos factores. En primer lugar, porque las reivindicaciones por las que lucha muestran una mucho mayor adecuación con las necesidades reales de los trabajadores. Por ejemplo, el 4 de agosto, el PCM propone la unión de los trabajadores asalariados en torno a la demanda de 20% de aumento salarial. Esto, frente a la ambivalente posición adoptada por el congreso del trabajo, no podía sino erosionar las bases reales de apoyo de este último. Frente a la posición concreta de la izquierda, se levanta la posición general –hasta demagógica-, ya señalada antes, de la maquinaria corporativa. Considérese, a manera de ilustración, el que el presidente del congreso del trabajo afirma, el 3 de agosto: “Las demandas de aumentos salariales y prestaciones se harán de acuerdo con la realidad económica de las empresas, no afectará a la economía del pueblo y se alejará la posibilidad de una nueva alza generalizada de salarios y su consecuencia en la escalada de precios, permitirá la planeación de instrumentos antiinflacionarios en la contratación colectiva y dará lugar a nuevas prestaciones sociales de defensa del salario”. La posición es demagógica, porque dejar de hecho el aumento de salarios a la combatividad y fuerza de cada sindicato miembro de la maquinaria corporativa, sin el

apoyo orgánico y real del conjunto de ésta, hace que sean muy pocos los que puedan obtener aumentos salariales significativos. En segundo lugar, la izquierda acrecienta sus posibilidades de captación de fuerzas externas, a pesar de la acción desplegada por la maquinaria corporativa para impedirlo, porque su acción desmistificadora –desideologizante- es cada vez más eficaz, en tanto que los mecanismos ideológicos de la maquinaria corporativa denotan progresivas fallas. En este sentido, la izquierda en México se encarga de quitar el disfraz a la ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales. El PMT, por ejemplo, en desplegado aparecido en la prensa nacional el 29 de diciembre, señala: “El gobierno, en vez de tomar en cuenta la opinión de los partidos registrados y no registrados (en torno a la auscultación sobre la RP), envió precipitadamente una iniciativa de ley denominada ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, que la Cámara de Diputados aprobó con algunas insustanciales modificaciones...Se ve que la nueva ley es peor que su predecesora, más anticonstitucional, más antidemocrática y más antipopular. El comité nacional del PMT considera injurioso para el pueblo que después de 76 años de revolución, se expida una ley de tipo totalitario por miedo al pueblo, cosa que no hicieron siquiera los gobiernos de Portugal y España después de más de 40 años de dictadura fascista”. La acción desmistificadora de la izquierda no sólo llega hasta las bases sociales de la maquinaria corporativa; incluso contagia su posición a la postura esgrimida por los dirigentes nacionales de diversas organizaciones de la maquinaria corporativa, y se convierte así en un elemento más que alimenta la lucha en las alturas de la dirección general de ésta. El 26 de octubre, el secretario general de la COR hacía resaltar el contenido ideológico de la recién creada comisión nacional de precios como organismo destinado por el estado a mantener controlada la inflación; establecía que, como la CONAPRE no tendría facultades ejecutorias, sino sólo deliberativas, no era más que uno más de tantos foros que se establecían en esos momentos y que, mientras no haya mecanismos que controlen a los oligopolios que manejan al comercio, no habrá una auténtica política de precios”. Incluso, la acción desmistificadora de la izquierda determina en algún grado la necesidad estatal de recurrir a mascaradas cada vez más sofisticadas. Las comparecencias de diversos secretarios de estado ante la Cámara de Diputados, no constituyen más que ejemplos de esto. Así, el 26 de octubre (después de un mes), los legisladores miembros de la Comisión de Defensa de la Economía popular citan, para comparecer el 7 de noviembre ante la Cámara de Diputados, al secretario de comercio. Antes, ya habían citado al subsecretario de comercio interior de la misma dependencia, con quien discutieron los incrementos a los precios del pan, la leche, el huevo y las medicinas. Por todo lo anterior, no se puede menos que calificar de ideológicamente optimista la aseveración, a nivel predictivo, en el sentido de que la reforma política no debilitaría el

monopolio del poder en el medio rural. El 27 de diciembre, por ejemplo, un exsecretario de la CNC, refiriéndose a la RP, afirmaba: “Para el sector campesino no se va a tener ningún problema; el resquebrajamiento podría surgir cuando un campesino que recurre a sus líderes no es tomado en cuenta y tiene que optar por nuevos caminos....(ante la fuerza que están tomando otros partidos y grupos políticos), al PRI no le queda otra que organizarse mejor, orientar bien a sus miembros y hacer, mínimo cada dos meses, reuniones a nivel nacional porque se sabe que a través de la CNC, que ha sido su vehículo de lucha, podrá lograr sus propósitos”. Cuando afirma que son nulos los efectos de la izquierda sobre las clases y sectores explotados del agro, en el contexto de la reforma política y en el marco de crisis económica del ’77, surgen serias dudas para el analista interesado en conocer la situación de la maquinaria corporativa en el medio rural. En este sentido, no se puede menos que concluir que se menosprecia la capacidad de la izquierda, cuando se observa el contenido de las aseveraciones de Arturo Luna Lugo (XII/27), exsecretario de la CNC: “La participación del PAN (en el agro) es nula; el PPS tiene influencia en estados como Veracruz, Oaxaca, Nayarit, la cual es muy relativa; el PDM tiene adeptos en el Bajío y Jalisco, con un sector...importante; mientras que el PST hace proselitismo y falta saber cuál es la respuesta de la masa rural”. Estas dudas surgen especialmente cuando se sabe que existen sectores de la izquierda militante que, sin pretender llegar a constituir un partido de izquierda que obtenga el registro electoral, realizan una labor callada, lenta y segura con jornaleros y agrícolas, cooperativistas pesqueros, minifundistas ejidales y privados, desempleados y subempleados rurales. Surgen estas dudas cuando la acción de la izquierda de todo tipo –dentro y fuera de la maquinaria corporativa del estado- desenmascara la presencia de la CIA en el campo (XI/30); cuando se difunde el contubernio existente entre la burguesía rural y SRA (IX/23); cuando aumenta su presencia aprovechando el surgimiento de conflictos entre autoridades agrarias y dirigentes de la maquinaria corporativa versus las organizaciones independientes del medio rural (V/31); y, cuando las organizaciones independientes del proletariado rural atraen, con intensidad progresiva, a las bases de la maquinaria corporativa en el agro. Sin lugar a dudas, en el campo, igual que en las ciudades y en las diversas zonas deprimidas del país, la acción de la izquierda en México estaba siendo –y lo sería cada vez más- difícilmente neutralizada por la acción de la maquinaria corporativa del estado. 5) La maquinaria corporativa en el campo revela su incapacidad para extender y profundizar su control sobre asalariados, subocupados y desocupados rurales. Para que la descampesinización del agro sea un hecho, se requiere que la maquinaria corporativa se fortalezca de tal manera que sea capaz, especialmente, de incorporar a sus filas a los asalariados y masas desocupadas del agro sobre los cuales no tiene

ningún control significativo y, simultáneamente, pueda profundizar la dominación política sobre los sectores de ellos que ya militan en sus cuadros. En efecto, el 24 de noviembre el presidente del CEN del PRI implícitamente afirmaba que era necesaria una afiliación mayor, en todos los sectores del partido, para que la maquinaria corporativa se fortaleciera: “Contra lo que quisieran los adversarios del PRI, nuestro partido gana cada día mayor número de adeptos. Además de su larga tradición como organismo político que resume, en su doctrina y en sus programas, las aspiraciones del pueblo y los postulados de nuestro desarrollo independiente, a partir del momento en que emprendimos la revisión de nuestros procedimientos internos para lograr más y mejor democracia, nuevas corrientes de simpatizantes han venido a engrosar nuestras filas. Ese flujo constante de nuevas corrientes de afiliados que se incorporan a las organizaciones de nuestro partido como su fuerza militante, es parte de un proceso de consolidación y crecimiento de nuestro organismo político que, en los momentos actuales, reviste la mayor importancia”. ¿Y de dónde tienen que venir los nuevos afiliados del PRI? ¿A qué grupos de la población se refiere implícitamente Sansores Pérez como importantes de incorporar? Básicamente, se refiere a los entre 8 y 10 millones de desocupados y subocupados del país. Y decir, subocupados y desocupados en general es, al referir sus declaraciones al agro en concreto, incluir principalmente a los asalariados y jornaleros rurales dentro del partido. Y aquí la tarea que se le presentaba a la maquinaria corporativa del estado mexicano, en el contexto de crisis, era enorme. En todo el país, había cuando menos 3 millones de asalariados agrícolas; en encuadramiento estatal sobre los asalariados era mínimo. Según diversas declaraciones –especialmente la del 27 de octubre, del secretario general del sindicato de trabajadores asalariados del campo (CTM)- el SNTAC agremiaba solamente a 100 mil trabajadores asalariados rurales. De ahí el énfasis en extender su ámbito de corporativización. Sin embargo, a los intentos de la maquinaria corporativa se le presentan fuertes obstáculos. Veamos someramente algunos de ellos. En primer lugar, los intentos de encuadrar a cada vez más asalariados rurales se ven obstaculizados por el hecho de que la maquinaria política tiene cada vez más dificultades para controlar las tensiones sociales en aumento –provenientes, precisamente, en su mayor parte, de los jornaleros agrícolas-, que son producidas por la mayor concentración de riqueza que ocasiona el proyecto generalizado de liberalización de precios (III/27). En segundo lugar, se ve obstaculizado el estado en sus pretensiones al respecto, porque las fracciones de la burguesía que tienen intereses concretos ubicados en el campo, ejercen presiones de todo tipo para evitar que los dirigentes de la maquinaria corporativa en el agro manejen banderas de lucha que justamente podrían ser atractivas para los trabajadores asalariados. Se oponen a la posición de Fidel Velásquez, anunciada el 8 de noviembre, de demandar la fijación de salarios mínimos

iguales para los trabajadores agrícolas y urbanos. Con igual ímpetu, se manifiestan contra las pretensiones del secretario general del SNTAC (CTM), quien el 27 de octubre anuncia que su organización demandaría en el congreso: a) que la agricultura fuera federalizada, porque los principales enemigos del campesino asalariados eran las autoridades locales y las juntas locales de conciliación; b) que se reformará el artículo 527 de la ley federal del trabajo, incluyendo en él a la agricultura; c) que la agricultura fuera considerada como una rama de la industria; d) que el IMSS no discriminara a los asalariados del campo. Y, si la burguesía rural se opone a las posturas y objetivos formales en el intento de incrementar sus bases sociales con dosis significativas de asalariados, con mucha mayor razón endereza sus baterías contra las pretensiones de actuación real por parte de sus dirigentes. En este sentido, los empresarios explotan a los trabajadores empleados en cerca de 45 mil predios distribuidos por todo el país; se oponen abiertamente a los intentos de sindicalizar a sus asalariados en el SNTAC. Para lograrlo, incluso la burguesía rural se fortifica. Por ejemplo, la CNPP, a partir del 6 de marzo, toma a su cargo la organización económica y verdaderamente política de sus 2.5 millones de agremiados (III/6). Los pequeños propietarios cafeticultores, por ejemplo, forman su propia agrupación política: la federación nacional de pequeños propietarios cafeticultores (V/5). Al levantar tan tenaz resistencia, los dirigentes de las organizaciones de lucha de la burguesía rural denotan graves fallas en la conducción de la batallas a favor de sus intereses mediatos. Dejándose llevar sólo por su percepción de ganancias inmediatas, amplían las perspectivas de la izquierda revolucionaria que actúa en el campo mexicano. Y la izquierda aprovecha esta oportunidad. El 6 de junio, por ejemplo, el partido socialista de los trabajadores anuncia la constitución de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, así como de los sindicatos nacionales de productores de tabaco Benito Juárez y de productores de café, Lázaro Cárdenas.

Quinta Parte: Resumen.

Capítulo IX: El contexto de crisis en que se desarrolla el fenómeno del poder en el agro, durante 1977 Se seleccionó la coyuntura del año 1977, para la enmarcación histórica-cronológica de la investigación. En el capítulo I, de este trabajo, se brindan algunas ideas del por qué de ello. En la dimensión económica, esta coyuntura es de crisis. Precisamente, la caracterización del momento como de crisis económica es lo que facilita el estudio del tema central. Hablar de crisis significa tomar en cuenta sus determinantes y sus efectos. Lo que aquí se trata es de ver el contexto de crisis en que se da la actuación estatal en el agro. Se persigue, pues, percibir las manifestaciones de sus efectos en el medio rural. Un enfoque teórico sobre el asunto será confeccionado más abajo. Veamos, pues, lo que significa la crisis, en el año 1977.

I) Problemas indicativos de la crisis en el país durante 1977. Durante el año 1977, la crisis en México se manifiesta objetivamente adoptando una amplia gama de modalidades; asimismo, es percibida, por los dirigentes de las diferentes fuerzas sociales, de múltiples formas 171. En la realidad, se hace sentir bajo un conjunto extremadamente complejo de situaciones. Aislar sus manifestaciones individuales –que es precisamente lo que se intenta hacer en este apartado- sólo se justifica para fines analíticos. En general, la crisis durante el año 1977 se manifiesta en la interrelación de problemas sumamente agudos, que: a) dificulten la organización económica global de la sociedad; b) detienen, ó llevan al mínimo absoluto, la continuación del crecimiento de los principales sectores productivos del país; c) obstaculizan la adecuación de los factores condicionantes del proceso productivo del país; d) impiden la satisfactoria resolución de las contradicciones que se manifiestan en el plano político-ideológico. En lo que sigue, se intentará esquematizar cada una de estas dimensiones de manifestación de la crisis. a) Se dificulta la organización económica de la sociedad: La organización económica global de la sociedad se dificulta enormemente, ante todo porque los tradicionales cuellos de botella administrativos, con los que venía cargando tradicionalmente la maquinaria gubernamental y las empresas públicas, llegan a extremos insostenibles. De esta manera, la forma en que el sector público auto administre sus recursos de todo tipo llega a alimentar un progresivo y difícilmente reversible proceso de irracionalidad e ineficiencia en sus acciones de planeación, ejecución, evaluación y retroalimentación.

El estado parece entonces incapaz de organizarse internamente de manera coherente y eficaz. Además de la persistencia en la falta de coordinación interna y de la incapacidad para desterrar la corrupción, se da un muy intenso proceso de acotación en las alturas de la burocracia. Sucesos superestructurales determinan el surgimiento de conflictos entre los altos estratos de la organización formal y real que debiera posibilitar el proceso de toma de decisiones del sector público. En su intento de paliar la situación, la burocracia pública emprende un proceso de desconcentración administrativa que lleva al acercamiento de la posibilidad de que ésta se traduzca en una diluida autoridad gubernamental, distribuida entre funcionario medios, en esferas en que objetivamente debiera presentarse una autoridad monopolística (deber ser, en cuanto conveniencia para el estado). Todo ello, en un marco en que los recursos dedicados al gasto público provienen de fuentes cada vez más difíciles de mantener como tales. En parte por estas deficiencias en cuanto a su auto administración, y fundamentalmente como resultado de la existencia de presiones provenientes del medio ambiente externo a la burocracia, el aparato de gobierno tiene dificultades crecientes para delimitar, conformar y poner en marcha una política económica coherente que haga posible –ó que cuando menos coadyuve, indicando los caminos a transitar- el rápido abandono de la situación de crisis económica. Existe una insuficiente flexibilidad de la administración pública federal, como para recomponerse en función de la verdadera absorción de las demandas provenientes de los trabajadores. La otra sumisa y dócil organización política de control sobre los trabajadores va a emprender una presión creciente, para que se inviertan, a favor del sector público y del sector social, los términos de la acumulación de capital en México. Las organizaciones de izquierda, también en este sentido, van a pugnar por tornar en realmente eficientes los mecanismos destinados a la protección económica de las masas populares. A su vez, los dirigentes de las organizaciones de lucha directa del capital se lanzan contra el ejercicio de varias de las mas importantes atribuciones legales del gobierno en materia de regulación política y económica. Estas organizaciones ejercitan presiones para que se constituyan, con lo que sus dirigentes consideran adecuados alcances, dependencias gubernamentales que atiendan directamente sus asuntos. En síntesis; se trata del intento de adecuar exclusivamente el contenido de la política económica global a los intereses concretos de los diversos grupos del capital privado. Por otro lado, se agudizan las luchas dentro de la propia burocracia pública, por obtener una mayor presencia política en el proceso de formulación e implantación de la política económica. Se emprende una reorganización de actividades claves de la economía, que implica un proceso de reacomodo de fuerzas. Este reacomodo trae consigo pugnas por la obtención de la hegemonía interna en los nuevos organismos. La manifiesta incapacidad para implantar la política económica global, se deja sentir nítidamente en el caso de la política económica específicamente referida al exterior. La peculiar vinculación existente entre las distorsiones del aparato productivo interno y el

vuelco dado por el sistema capitalista internacional, van a ser los principales factores obstaculizantes de la formulación de una política exterior eficiente. Emergen dificultades con el gobierno norteamericano, desprendidas de la existencia de grandes mantos de hidrocarburos en México. Por otra parte, el proteccionismo del gobierno de EU, y los serios problemas que afronta el capitalismo a escala mundial, toman de sorpresa a la burocracia pública del estado mexicano. La política exterior mexicana, demasiado pragmática y poco fundamentada, en el conocimiento fidedigno de la realidad interna y externa, se muestra incapaz de salir lo más airosa posible de la coyuntura. La actuación de poderosas fuerzas del estado norteamericano frenan las acciones gubernamentales dirigidas a reducir la dimensión de sus más cadentes problemas. Se acrecientan las deficiencias en las modalidades y ritmos de la inversión extranjera en México. b) Bajos niveles de crecimiento de los principales sectores de la economía. 1.2.1) Sector Agropecuario y forestal: La crisis significa también el estancamiento –y en algunos casos el decrecimiento absoluto- del ritmo de incremento de los principales sectores productivos. En el caso del sector agropecuario y forestal, la improvisación en el proceso de planeación, construcción y operación de obras y servicios del gobierno y de los capitalistas privados, coloca muy lejos las metas de autosuficiencia de alimentos y materias primas industriales. El ritmo de crecimiento de la producción de bienes agropecuarios y agro industriales exportables es detenido por la agudización de las crisis periódicas de la economía mundial (que determina amplias fluctuaciones en los precios de las exportaciones), y por el hecho de que los países altamente desarrollados han industrializado también su medio rural, tornándose en fuertes exportadores de bienes agrícolas y ganaderos. Estos factores, aunados a la ausencia de adecuados mecanismos de industrialización y comercialización de materias primas y alimentos básicos, al enorme rezago en materia de reparto agrario, al muy elevado índice de desempleo y migración, a la fuerte presencia del minifundismo y a la gran desconfianza y recelo de los grupos sociales privilegiados del campo respecto al rumbo impreso a la reforma agraria, van a configurar grosso modo las condiciones en que se presenta la crisis en el agro mexicano durante 1977. sobre esto se profundizará más abajo. 1.2.2) Sector Pesca: En el sector pesquero, la crisis va a cobrar la forma de un general desaprovechamiento de recursos. No existe un real plan de desarrollo del sector lo suficientemente eficaz como para superar los agudos problemas de bajos volúmenes de captura, distribución, industrialización y comercialización de las especies animales y vegetales marinas. El inadecuado uso de los equipos e instalaciones existentes, sumado a su insuficiencia numérica, determinan el que la producción no contribuye sustancialmente a resolver el

problema de la cantidad y calidad de alimentos de las masas trabajadores del campo y las ciudades. 1.2.3) Sector Industrial: la crisis también se manifiesta en el sector industrial. En primer lugar, adquiere la forma de la existencia de un mercado interno sumamente estrecho, condicionado por la elevación en el ritmo de desempleo. En el medio rural, especialmente, enormes contingentes de la población rural están fuera del mercado. El problema del mercado interno no se puede resolver vía el incremento de las exportaciones de productos industriales, porque es precisamente en este renglón en que el mercado internacional se ha tornado particularmente proteccionista. Es por ello que la crisis también se va a manifestar en una balanza de pagos sumamente deficitaria. La estrechez del mercado interno y las dificultades de acceso al externo, conducen al hecho de que sea muy baja la efectiva utilización de la capacidad instalada en la industria, ya que escasas inversiones se dirijan a crear nuevas unidades ó a hacer más eficientes las ya existentes. El mejoramiento en las tasas de productividad se obtiene a costa del desplazamiento de mano de obra y a través del ahorro de la fuerza de trabajo utilizada. Cada vez se torna más crítica la problemática emanada de la cadena falta de mercado-abatimiento de la producción-desinversión-desempleo-aumento de la falta de mercado. El petróleo, considerado como el factor-milagro que permitirá salvar la economía del país, se enfrenta a los obstáculos vinculados con la existencia de procesos irracionales que determinan el que proveedores nacionales no puedan satisfacer –por ejemplo- la demanda de bienes de capital, proveniente directa ó indirectamente de la expansión petrolera y petroquímica. En las ramas del sector industrial que podrían mantener un más ó menos adecuado ritmo de crecimiento, los problemas a través de los cuáles se manifiesta la crisis, cobran la forma de obsolescencia de la planta instalada, y de insuficiencia en el abastecimiento de materias primas, energéticos, refacciones y financiamiento, además, inadecuados niveles de investigación sólida en materia de desarrollo industrial; especialmente, ello se manifiesta en la falta de estudios de mercado, capaces de prever los puntos álgidos de las contradicciones en la demanda de productos industriales. La deformación de la estructura productiva-industrial es ya grotesca. No se trata sólo de la irracional utilización de la planta industrial, en cuanto a equilibrio regional se refiere. También se torna demasiado flácida la de por si floja relación existente entre éste y otros sectores de la economía. Por otra parte, los altos grados de concentración económica de la actividad coloca en graves aprietos al proceso de supervivencia de la pequeña y mediana industria, principal absorbente de la fuerza de trabajo empleada en el sector industrial. 1.2.4) Sector Comercio:

la crisis también se manifiesta en el ámbito del sector comercio. El sistema comercial es tan obsoleto, que constituye una de las principales fuentes del encarecimiento de productos básicos y del inoportuno e insuficiente abastecimiento de materias primas y productos terminados. Existe una infraestructura física, insuficiente e inadecuada para satisfacer las necesidades de comercialización. En comparación con las difíciles condiciones en que se desenvuelve el mercadeo, existe una generalizada escasez de recursos humanos calificados para planificar, implantar, operar, evaluar, controlar y retroalimentar programas de comercialización. Ello determina el que la crisis se manifiesta en: a) altos niveles de importación de artículos suntuarios innecesarios; b) excesivo e inadecuado sistema de proteccionismo oficial; c) irracionales hábitos de consumo de las mayorías del país, implantados a través de la comunicación de masas; d) excesiva intermediación innecesaria de productos vegetales y animales del campo; e) corrupción, improvisación y desorganización en los procesos de inspección oficial en materia comercial. 1.2.5) El sector Turismo: El sector turismo se enfrenta también a serios problemas. Existe una muy generalizada coordinación efectiva del aparato gubernamental con el capital privado en la formulación e implantación de una política de organización, vigilancia y fomento turístico. Las tarifas y la calidad de servios turísticos no son verdaderamente controladas. Las masas populares sólo excepcionalmente participan en el turismo; sus necesidades son mucho más apremiantes. Se realiza una inadecuada promoción interna y externa de demanda de servicios turísticos. Las zonas de interés turístico no reciben el cuidado necesario para su conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento. Hay una tendencia generalizada dirigida hacia la falta de cumplimiento en materia de compromisos contraídos en cuanto a programación ó desarrollo turístico se refiere. Los polos de desarrollo turístico, generalmente no se encuentran ubicados en las zonas mas pauperizadas del país. Además de esta descoordinación público-privada, acontecimientos ubicados en el exterior del sector también agudizan los crónicos problemas. Los efectos de la crisis sobre los trabajadores, determina el surgimiento de brotes de violencia espontánea. Se torna excesiva la vigilancia policíaca y militar, lo que resulta lesionante de la actividad turística. c) Disfunciones en los mecanismos que condicionan el proceso productivo. Además de manifestarse en la agudización de los problemas que directamente impiden que se lleve a cabo la racional organización económica de la sociedad, y que se mantenga un adecuado ritmo de crecimiento de los principales sectores de la economía, la crisis denota su presencia también en obstáculos para el funcionamiento de los proceso que condicionen indirectamente el proceso productivo mismo.

En primer lugar, surgen serios problemas vinculados con la infraestructura material y humana necesaria para lograr la plena integración física del país. Durante 1977, se está dentro de un período de relativo estancamiento en el desarrollo de las comunicaciones terrestres, de telecomunicaciones, transporte aéreo, marítimo, carretero y ferroviario. Los canales de distribución del aparato productivo se ven, así, seriamente menguados. Existen grandes cuellos de botella en el auto transporte carretero y urbano y en el transporte ferroviario de pasajeros y carga, así como una escasa coordinación entre la operación marítima, el transporte terrestre y los servicios portuarios. La marina mercante del país es del todo insuficiente. Este estancamiento está determinado en gran medida por el hecho de que la expansión de obras y servicios en la materia requiere de altos presupuestos, no disponibles en la situación de crisis, ya que además del bajo presupuesto público, a menudo se requiere de la importación de equipos especiales de alto costo. En segundo lugar, la crisis se va a manifestar aquí en problemas relacionados con la existencia y condiciones de los asentamientos humanos del país. En general, existe un muy débil arreglo social del territorio nacional; irracional distribución de la población a lo largo de la superficie; escaso número de polos de atracción demográficos; nula regulación del crecimiento ó decremento cuantitativo de los asentamientos humanos; fuerte concentración, en el valle de México, de las dependencias gubernamentales; corrientes incontrolables de migración rural-urbana; inadecuadas condiciones sociales, físico-ambientes y de servicios urbanos, en la mayoría de las ciudades del país; insuficiencia de vivienda adecuada, para las masas trabajadoras rurales y urbanas del país. El proceso de descentralización del gobierno federal, emprendido como medida emergente para ordenar el territorio nacional, es del todo incipiente; se lleva a cabo sólo en la medida requerida para mantener el símbolo de movimiento. En tercer lugar, la crisis se va a dejar sentir en el conjunto de factores condicionantes del proceso productivo, que se vinculan con educación, ciencia y tecnología. Grandes núcleos de población, carecen de enseñanza primaria. Enormes grupos sociales permanecen marginado del proceso del milagro económico, por lo que no son beneficiarios de la distribución de la cultura y de la educación. La investigación, la creación artística y la cultura no se difunden al grueso de la población. Cuantiosos volúmenes de recursos presupuestarios son desperdiciados: la investigación y la docencia permanecen altamente desvinculados de los requerimientos específicos de los sectores productivos y de las necesidades concretas de las masas populares. d) Insatisfactoria resolución de las contradicciones sociales, en el plano políticoideológico. Las anteriores manifestaciones de la crisis –bajo crecimiento de los sectores productivos del país, débil organización económica de la sociedad e inadecuado funcionamiento de los factores condicionantes del proceso productivo mismo- son básicamente económicos. Sin embargo, la crisis va a tener también una forma no estrictamente económica de manifestarse. Multitud de problemas van a impedir la

razonable solución de las principales contradicciones sociales del país. Los obstáculos políticos e ideológicos a los planes y al modelo de desarrollo del capital privado y público van a cobrar proporciones significativas. La crisis, pues, se manifiesta también en el plano superestructural. La contradicción capital-trabajo se expresa crudamente, en el contexto de crisis del año 1977. La armonía y la conciliación entre los factores de la producción está lejos de dar visos de ser perenne. Concretamente, durante el año se agudiza la hasta entonces lenta pero progresiva erosión del apoyo de las masas trabajadoras al estado mexicano. El derecho constitucional al trabajo tiene su plena vigencia únicamente en el papel; enormes contingentes de trabajadores del campo y de las ciudades carecen de empleo remunerador. Las condiciones materiales de vida de los trabajadores y sus familias son intolerables. El salario mínimo nominal, cuya aplicación no se ha generalizado, entre otras cosas debido a la escasa cobertura real de las autoridades e instituciones encargadas de formular e implantar la política laboral, se deteriora progresivamente; en el marco de inflación galopante, cada vez alcanza menos para cubrir las necesidades elementales de alimentación, vestido, vivienda, transporte, cultura, educación y recreación. La cobertura de la seguridad social alcanza a una proporción no mayoritaria de la fuerza de trabajo; su ausencia es particularmente notoria en el medio rural. No son aras las violaciones a los preceptos constitucionales y a los de la ley federal del trabajo, en los procesos de revisión de contratos- revisión de contratos colectivos, ó en las relaciones individuales entre empleados y empleadores. De manera especial, el funcionamiento del ámbito superestructural va a resultar afectado por la crisis económica, debido a que la acentuación del proceso de deterioro de las condiciones de vida –especialmente en aspectos de salud y nutrición- de las masas populares del país va a contribuir a desmitificar la imagen socialmente generalizada en torno al sistema. Se logran demasiado lentos avances en materia de mejoramiento y saneamiento del ambiente, que es uno de los principales factores que determinan la no total erradicación del país de los principales males endémicos. Hay un escaso número y equipamiento inadecuado de hospitales y centros de salud, especialmente en el medio rural; ello es producto del déficit monetario, permanente y progresivo, de la mayoría de las instituciones de salud y seguridad social. La situación empeora por la descoordinación existente entre las dependencias e instituciones del sector público, encargadas de la materia. La cobertura de los servicios de prevención, curación y rehabilitación de enfermedades llega a un bajo porcentaje de la población, entre otras cosas porque hay escasez e inadecuada distribución de profesionistas, técnicos y auxiliares requeridos para la implantación de los planes y programas. La tasa de crecimiento demográfico continúa con su ritmo ya tradicional; los logros reales en materia de su disminución son apenas perceptibles, y están aún lejos de llegar al 1% anual. La población de edad avanzada es desvinculada de las actividades productivas, debido al permanente crecimiento de la fuerza de trabajo desempleada ó subocupada. Existe una cada vez menor disponibilidad de alimentos per cápita producidos en el país. Las deficiencias alimentarias y nutricionales, en amplias capas de la población, aumentan. Capas enteras de la población son suprimidad como consumidores de

productos otrora considerados como nutricionalmente fundamentales: carne, por ejemplo. A la vez, hay grandes dificultades para que productos marinos y acuícolas lleguen a sustituir a la agricultura como principal actividad generadora de alimento en México. Por otro lado, se da una escasa cobertura de los mecanismos gubernamentales y privados –nacionales y extranjeros destinados a paliar emergentemente los ínfimos niveles nutricionales de las clases trabajadoras, rurales y urbanas. La situación tiende a empeorar: el incremento nominal de salarios mínimos es neutralizado, a las pocas semanas de implantado, por la agudización del proceso inflacionario. Pero la crisis económica va a repercutir además en el ejercicio de la función política global de la sociedad mexicana. Y a llegado al punto de vicios descarados en el desarrollo de procesos electorales, lo que determina una peligrosa (para el estado) tendencia al incremento del abstencionismo electoral. Existe una pésima imagen pública de los diversos niveles de gobierno, lo que lleva al temor, proveniente de sectores sociales privilegiados, ante procesos –muy escasos, por cierto- formalmente conducentes a revitalizar la vida democrática del país. El tradicional armonioso vínculo entre el poder ejecutivo federal y los gobernadores de algunas entidades federativas. Se manifiesta la existencia de una fuerte inconformidad social en las filas del movimiento organizado, pro-estatal, de trabajadores, ante la abierta política de restricción de aumentos salariales y ante la perenne excusa de anteponer los intereses generales de la nación a los intereses de la clase trabajadora. Ante problemas como el de la inflación y el del insignificante abatimiento de los niveles de desempleo, surgen fuertes conflictos en los niveles directivos del movimiento organizado de los trabajadores. Grupos políticos de izquierda y de derecha –pequeños numéricamente, pero con un gran potencial de crecimiento y actuación- no tienen acceso a los caminos institucionales que permitan la manifestación de sus demandas y la lucha legitimada por llegar a sus principales objetivos. El proceso de obtener para ellos una mayor representación genera conflictos en el ámbito del estado. Las organizaciones políticas de apoyo estatal, espoleadas por el robustecimiento potencial del sindicalismo de izquierda, intentan ganar más posiciones dentro del encuadramiento estatal. Emprenden la lucha para que sus militantes ocupen altos puestos en la burocracia central y en los poderes ejecutivos de las diversas entidades federativas clave; batallan por convertirse en la vanguardia de las luchas reivindicativas de las masas populares del país. Lo anterior conduce al incremento de la desconfianza empresarial. Se genera un proceso dirigido hacia el avance político del sector privado. Las organizaciones de lucha directa de la burguesía intentan ganar terreno político. Mantienen sólido dominio sobre los medios de comunicación masiva, truncan proyectos destinados a tornar más funcionales los mecanismos de arbitraje estatal en casos de conflicto social, pretenden entablar una más directa liga con el poder legislativo. A pesar de todo esto, emergen fuertes conflictos dentro de estas mismas organizaciones; surgen fisuras en su interior, aun cuando durante mucho tiempo habían sido prácticamente monolíticas. Algunas incluso se colocan en peligro de dividirse y/ó de abandonar las filas de las organizaciones mayores a que pertenecen.

Como contra respuesta, los dirigentes de los trabajadores organizados aumentan la presión: demandan la expulsión de los empresarios del partido mayoritario y del gobierno. Las contradicciones secundarias, en el plano superestructural, dentro del propio estado, se acrecientan. En regiones clave del país, una cruenta lucha se desata entre los organismos que representan directamente al capital, y los trabajadores organizados. Ello limita enormemente la capacidad de negociación de la burocracia central. Se plantea una tendencia hacia el aglutinamiento de mayor fuerza política, en manos de las instancias responsables del ejercicio de la fuerza pública. La inconformidad social sigue adquiriendo la forma de brotes esporádicos y localizados de violencia. Todo lo anterior conlleva la posibilidad de que la estabilidad política se termine. Consecuentemente, el ejercicio de la función militar y paramilitar adquiere mayor importancia. Se llega a un peligroso ritmo de utilización de los cuerpos represivos, para permitir el desempeño económico y político-ideológico del estado. Surgen algunas tendencias hacia el excesivo fortalecimiento del sector militar, en detrimento de las funciones civiles. Sin embargo, ha disminuido el consenso popular en torno al ejercicio de la fuerza pública, ante el público reconocimiento del incremento del espionaje policiaco-militar proveniente de Norteamérica. La fuerza pública de tierra, no obstante, aumenta en cantidad y pertrechos, en tanto que la de mar no cumple ni de lejos con su función de vigilancia del mar territorial, costas nacionales y zona marítima exclusiva. 2) Problemas indicativos de la crisis en el medio rural: 2.1) El significado global de la crisis en el agro. El contexto de crisis en general, pues, durante el año 1977, está significado ante todo por la agudización de los problemas que obstaculizan la adecuada auto administración del sector público y que impiden la delimitación e implantación de una política económica interna y externa más ó menos racional. En una palabra, la crisis significa ante todo la compleja interrelación de los crecientes obstáculos para llevar adelante la organización económico-global de la sociedad mexicana a estadios superiores de desarrollo capitalista. Esta incapacidad conduce a la detención del crecimiento del sector agropecuario y forestal, del industrial, comercial, pesquero, y turístico. Pero la crisis es porque, incluso los aspectos que se pudieran considerar como condicionantes del proceso productivo, también parecen caminar en reversa. La infraestructura material y humana necesaria para la movilidad de la fuerza de trabajo y para que el proceso de distribución de mercancías sea eficiente, está muy lejos de llenar su cometido. Los sectores productivos subsisten a pesar de las deplorables condiciones de las comunicaciones y los transportes. La distribución y las condiciones de las localidades, carecen de racionalidad rectora. La educación, ciencia y tecnología tienen enormes lagunas.

La crisis durante 1977 no significa sólo estancamiento de los sectores de la economía, irracional política económica interna y externa, disfuncionales procesos auto administrativos del gobierno y sus empresas, ineficaz sistema de integración territorial del país, pésimas condiciones de los asentamientos humanos y enormes rezagos en materia educativa. La crisis también va a tener referentes al nivel de lo político y lo ideológico. No se va a manifestar solamente en el plano económico. Va a hacerse presente a través del alto grado de deterioro en las condiciones materiales de vida de las masas rurales, por deficiencias en los sistemas de salud pública y seguridad social, lo que quita grandes dosis de consenso a la imagen social de un estado benefactorrevolucionario. Los conflictos entre capital y trabajo van a ser cada vez más abiertos, y su resolución, consecuentemente, menos sujeta a procesos de negociación-corrupción entre dirigentes de trabajadores, va a estar a la orden del día, sólo que ante el peligro de estallamiento de violencia, la función militar y paramilitar –dentro de ésta- cada vez va a ser más importante. Todo lo anterior es a lo que se hace alusión, cuando aquí se afirma que el fenómeno del poder en el agro se encuentra inmerso en un contexto de crisis durante el año 1977. pero, cuál es la significación que cobra la crisis general, en el caso específico del medio rural? Lo indicado más arriba, en cuanto a lo que significa la crisis para el país en 1977, va a tener vigencia en el medio rural. Las deficiencias estructurales señaladas, así como su impacto en la dimensión superestructural, se van a sentir de manera particularmente agudas en el campo mexicano. Sin embargo, aquí cobran una especificidad concreta, que es menester señalar. La agudización de la irracionalidad global, presente en la división de la producción social en el agro, va a determinar el crecimiento de las contradicciones secundarias, el desplazamiento del vértice de la contradicción principal y el que la manifestación abierta de la lucha de clases sobre tintes diferentes. Ante todo, la crisis en el agro significa la existencia (y los efectos) del estancamiento de los márgenes de actuación del estado en el agro, en materia de política económica. En general, la improvisación en el proceso de planeación, construcción y operación de obras y servicios, se traduce en que la producción se encuentre alejada del logro de autosuficiencia de alimentos, materias primas industriales y bienes exportables. La escasez de estrategias congruentes, entre las diversas entidades del sector público involucradas en el campo, combinadas con la desorganización económica y política de los productores directos y con la capital, van a determinar un general incumplimiento de los compromisos contraídos, como medidas emergentes, entre el gobierno y otras fuerzas sociales. A pesar del SAM y de la ley de fomento agropecuario, la falta de información estadística fidedigna, coherentemente manejada, sobre la marcha de las actividades económicas y sobre los recursos físicos y humanos de las distintas zonas y regiones del país, aunado a la falta de decisión política, va a constituirse en un complejo conjunto de factores determinantes de la incapacidad gubernamental para encontrar una salida eficaz a la crisis agrícola. Todo ello hace difícil el que se tomen medidas efectivas para conservar

los recursos renovables y no renovables; no se detiene el galopante proceso de degradación de tierras y aguas. El equilibrio ecológico está ante un peligro de envergadura nunca antes enfrentado. Como corolario de todo lo anterior, las actividades económicas emprendidas en el medio rural van a ser sumamente susceptibles a los efectos de fenómenos meteorológicos adversos. Denotan una baja en sus rendimientos las unidades económicas agropecuarias. Ello constituye otro indicador de la presencia de la crisis económica en el agro. La producción de alimentos básicos va a ser mucho menor que el incremento de la población. La producción para el mercado externo no crece lo suficiente como consecuencia de la crisis de la economía mundial, que determina amplias fluctuaciones en el precio de las exportaciones. Además, los productos exportados no son precisamente los de mayor valor agregado. El área bajo cultivo, especialmente la dedicada a granos básicos, continúa su tendencia decreciente. En tanto que los distritos de riego siguen requiriendo de enormes subsidios públicos, en las vastas superficies de agricultura de temporal se denota una generalizada ausencia de obras hidráulicas, crédito y técnica y capacitación para la producción: el funcionamiento de los distritos de temporal deja mucho que desear. La producción y utilización de semillas, ganado y variedades forestales mejoradas no rebasa el tradicional límite del 30% del total de unidades económicas. Persiste una enorme incidencia de plagas y enfermedades en los procesos productivos y distributivos. La agricultura y ganadería denota, en general, altos niveles de ineficiencia. La ausencia de adecuados mecanismos frena el proceso de industrialización y de moderna comercialización de las materias primas. Consecuentemente, las actividades de las unidades agro industriales y agro comerciales observan decrementos considerables. Las condiciones materiales de vida de la población rural configuran un cuadro de miseria y opresión. Ello es consecuencia, principalmente, de las elevadas proporciones de los habitantes del campo que están, abierta ó disfrazadamente, desempleados. Dada la inadecuada distribución geográfica de la población rural del país, el desempleo determina el incremento en las tasas de migración rural-urbana y rural-rural. En el contexto de la inflación, los enormes contingentes de población flotante están sometidos a condiciones degradantes de vida. Las masas trabajadoras del agro, en general, tienen escaso acceso a mecanismos de información sobre sus derechos jurídico-legales fundamentales. Consecuentemente, no son infrecuentes los casos en que los conflictos sociales del medio rural se resuelven, no por la vía conciliatoria, sino por medio de la represión física y abierta. Existe un enorme lastre administrativo en materia agraria. Las medidas formalmente emprendidas para reducirlo, no resultan tan eficaces como se había prometido. Ello se debe, entre otras cosas, a la alta centralización en los procesos de toma de decisiones y de acción, en cuestiones de reforma agraria. Además, los recursos humanos gubernamentales enfrascados en ello denotan insuficiencia e inadecuación en cuanto a equipo de trabajo; aunado a ello, su acción corresponde a una, no funcional distribución

físico-geográfica. De esta manera, continuándose una relativa baja correspondencia entre la distribución social de tierras y aguas, y los preceptos legales relativos. Ante el más mínimo viso de expansión ó intensificación, surge la desconfianza y el recelo de lo grupos sociales privilegiados del campo que están vinculadas a la posesión de la tierra. Los pequeños propietarios se sienten amargados e inseguros, y alegan la inexistencia de grados suficientes de la seguridad requerida para incrementar sus inversiones y, por lo tanto, su producción. Estas presiones reducen el grado de autonomía relativa del estado. 2.2) Crisis y diferenciación social en el medio rural. Del apartado anterior, se desprende que la crisis actual en el medio rural, significa globalmente; a) incapacidad gubernamental para encontrar una salida rápida y eficaz al abatimiento de los índices de crecimiento del sector, constitutivos de la llamada crisis agrícola; b) muy bajos rendimientos de las unidades económicas agropecuarias, agro industriales y agro comerciales, tanto de las destinadas al mercado interno, como al mercado externo; c) condiciones degradantes de vida de las masas populares, tanto de la desempleada y subocupada, como de la migrante; d) fuertes desigualdades sociales, indicadas por ilegales posesiones de tierras y aguas y por un enorme lastre en materia de reparto agrario, determinadas por el ritmo, intensividad y direccionalidad tradicionalmente impuesto a la reforma agraria; e) desconfianza proveniente de los grupos privilegiados del agro, ante medidas gubernamentales diversas. El intento de determinar el significado de la crisis en el medio rural será más útil para la definición del quehacer de la SRA, en la medida en que el análisis sea capaz de ubicarla dentro del conjunto de condiciones que rodean a los actores sociales que ahí tienen su ámbito de acción concreto. Un hecho cualquiera deviene problema sólo cuando afecta los intereses de tal ó cual capa, sector, grupo, fracción ó clase social. Es por ello que el interés por delimitar el contexto de crisis rural, en que se desenvuelve el funcionamiento del poder estatal, necesariamente conduce al intento de vincular los significados de la crisis, con la diferenciación social existente en el campo mexicano para 1921: ¿Qué es lo que significa la crisis para cada una de las principales categorías sociales del agro? A esto se dirige, precisamente, el presente apartado. Son múltiples las concepciones acerca de la diferenciación social en el campo mexicano. Los trabajos de Pozas, Stavenhagen, Martínez Ríos, Armando y Roger Bartra, Luisa Paré, Gómez Jara, entre otros, han permitido considerables avances en la materia. Es posible afirmar, sin embargo, que a pesar de los adelantos no hay actualmente un total consenso al respecto. No es lugar aquí para extenderse en el tema. Únicamente estableceremos que la aproximación de Roger Bartra, en cuanto a cuáles son las clases sociales del agro de nuestro país, sirve para nuestros fines. Es en función de esta conceptualización, que en lo que sigue se intentará detectar el contexto de crisis en que se desarrolla la acción de planeación y ejecución de la acción

estatal orientada al desarrollo del agro, y en el que surgen los principales obstáculos a ella. Concretamente, se trata de percibir lo que significa la crisis para: a) la burguesía que actúa en el agro: a.1) Gran burguesía agraria: -Terrateniente-tradicional; -Agro industrial; -Agro comercial a.2) Mediana burguesía agraria a.3) Burguesía agro política a.4) Burguesía comercial-rural-parasitaria b) El campesinado: b.1) Campesinado acomodado b.2) Campesinado medio b.3) Campesinado pobre c) El proletariado rural una síntesis de lo que significa –a nivel económico, en lo político y en cuanto a lo ideológico- la crisis para cada una de estas categorías sociales, se presenta en el siguiente cuadro (cuadro 1). 2.2.1) Lo que significa la crisis para la burguesía que actúa en el agro. Para la burguesía rural, la crisis en el campo mexicano se manifiesta principalmente en los altos niveles de pérdida de coherencia y lógica en la estructura económica. Las irracionalidades al nivel de la división de la producción social en el agro, se dejan sentir de manera sumamente aguda en los procesos de producción, distribución y comercialización. El empeoramiento de las deficiencias estructurales tiene su manifestación en la forma en que la burguesía rural mantiene el control de la superestructura. Desprendidas de éstas, las modalidades de ejercicio del poder político del capital sufren transformaciones. Se acentúan las contradicciones secundarias en el seno de la burguesía agraria. La desadecuación entre relaciones de producción y fuerzas productivas determina modificaciones en la dirección y radicalidad de la lucha de clases. La ideología pierde amplias porciones de terreno, en su perenne combate de la conciencia social desmistificadora. Los sistemas ideológicos instituidos pierden eficiencia. Cuadro 1: crisis y diferenciación social, agro mexicano durante 1981(burguesía rural). Significado

Gran burguesía agraria

Clases Fracciones De la crisis Significado Económico

Significado Político

Significado Ideológico

Terrate niente Tradicional Pérdida definitiva de los remanentes de factores que le permitían formar parte de la burguesía Expulsión, vía supresión, del bloque de clases dominantes Tierras afectadas proporciona n sustentación de la imagen pública de vigencia del reparto agrario

Agro Industrial

Agro Comercial

Escasez de abastecimiento de materias primas y subutilización de la capacidad instalada

Estrechamiento del mercado interno y estrangulamiento de las exportaciones

Predominancia económica, no traducida en hegemonía política

Estrecho espacio jurídico-legal, necesario para su expansión

Insuficientes dosis consensuales respecto a una mayor presencia del capital transnacionalmonopolista en el campo

Imagen difundida respecto a su actuación, no los diferencia respecto a los comerciantes parasitarios

Continuación del primer cuadro Moderna burguesía agraria Burocracia rural Inflación incrementa fuertemente sus costos de producción; inminencia de afectación por lucha reivindicativa del proletariado rural Sus intereses, sólo marginalmente considerados, en planes globales de burguesía agro política Bajos niveles de legitimidad de

Pérdida de vigencia de las bases del modelo de desarrollo del agro mexicano Necesidad de dirigir procesos de supresión de burguesía Terr-Trad. Y comerciantes parasitarios172 Existencia de mecanismos

Comerciantes parasitarios Establecimiento de mecanismos operativos para su supresión en el futuro inmediato Expulsión, vía supresión, del seno de la burguesía rural Ideología que los señala

la persistencia de la tenencia de la tierra en propiedad

políticos e ideológicos que no corresponden a la realidad objetiva

como culpables del proceso de alza de los precios de alimentos básicos

Cuadro 1: crisis y diferenciación social, agro mexicano durante 1981 (campesinado y proletariado). Significado Clases y fracciones de la crisis Significado económico

Campesinado

Significado político

Caciques son golpeados, como parte del proceso de búsqueda, implantación y vigencia de nuevos mecanismos más eficientes, de control político Trabajos jurídicolegales para convertir al ejido en pequeña propiedad, y a la pequeña propiedad en receptora de inversiones de otros sectores de la economía

Significado ideológico

Acomodado

Medio

Insuficiente aumento, precios de garantía de productos alimenticios básicos

Bajas posibilidades de movilidad vertical de ascenso; altas posibilidades de descenso No acceso a posiciones de poder político

Claridad en cuanto a que reforma agraria no válida. Citación de anomia social: desmitificación de valores de la P.A., pero no sustentación de valores conducentes a pensamiento social del proletariado

Significado, clases y fracciones de la crisis

Campesinado Pobre

Proletariado

Significado económico

Tremendo deterioro en condiciones materiales de vida

Significado Político

Insuficiente representación de sus intereses, a través de instituciones y organizaciones vinculadas con el estado Reforma agraria sólo excepcionalmente posibilitará ampliación de parcelas ó ejidos

Desempleo, permanente ó estacional, que no se satisface en el campo ó en las ciudades Escasos mecanismos de comunicación social, con la burguesía agro política y con organizaciones de izquierda

Significado ideológico

Reforma agraria sólo excepcionalmente significa reparto de tierra inicio proceso de desvinculación de ideología en la materia, promovido por el estado

La crisis significa, para la fracción terrateniente-tradicional de la gran burguesía agraria, la supresión de las bases sobre las que fincaba su poder económico y político. Las innovaciones institucionales de fines del sexenio anterior la habían debilitado grandemente. Es durante 1977-1980 que, conforme a un proceso espoleado precisamente por el contexto de crisis, se emprende su exterminio total. Las superficies de tierra ilícitamente detentadas por los remanentes de esta otrora poderosa fracción de la burguesía rural, son utilizados por la burguesía agro política para mantener viva la imagen de un régimen presidencial aun empeñado activamente en el reparto agrario. En síntesis, esta fracción es expulsada, vía supresión, del bloque de la gran burguesía agraria. Pero, en tanto que la crisis representa el debilitamiento y práctica eliminación de la fracción terrateniente-tradicional de la burguesía rural, ésta va a dejarse sentir en el ámbito de la moderna burguesía agro industrial en una generalizada escasez de abastecimiento de materias primas. El capital fijo de la planta agro industrial va a permanecer en gran medida subutilizado. El incremento de la plusvalía absoluta, va a

estarle limitado a esta fracción burguesa por el contenido de los diferentes ordenamientos jurídico-legales que, en principio, norman su actividad económica. El aumento en la plusvalía relativa, el otro gran camino que tiene este tipo de capital para incrementar sus utilidades, se torno también difícil. Ello demanda una mayor utilización de la capacidad instalada subutilizada, ó la adquisición de mejores formas de mecanización; las condiciones del mercado, en ambos casos, hacen que ello no le sea redituable. Los problemas económicos que significan la crisis, se traducen en que la fracción agro industrial busque la expansión de los que sus dirigentes y miembros individuales generalmente consideran como inadecuado espacio jurídico-legal. Para remediar en buena parte los cuellos de botella que se le presentan a las empresas agro industriales, los dirigentes del capital pugnan porque el capital transnacional-monopólico pueda tener una todavía más fácil entrada y acción en el medio rural. Sin embargo, ello demanda; a) aumentar el consenso social y la legitimidad respecto a la actuación transnacional en el agro: b) traducir su predominancia económica en la hegemonía política dentro de la gran burguesía rural. Es en este camino que sus dirigentes emprenden la lucha. El impacto de la crisis en la fracción agro comercial de la gran burguesía rural va a ser muy similar al ocurrido con la burguesía fundamentalmente agro industrial. El capital fijo permanece subutilizado, en tanto que existe la misma esencial insuficiencia en cuanto al espacio jurídico-ideológico necesario para su expansión. A pesar de que el control básico de los procesos de comercialización de bienes de exportación y de materias primas industriales está en manos de esta fracción de la gran burguesía rural, su eficiencia va a estar marcada por los límites desprendidos de la estrechez del mercado interno y del mercado externo. Junto con la fracción agro industrial, la burguesía agro comercial detenta la hegemonía al interior de las clases dominantes en el medio rural. Ambas fracciones son las menos golpeadas por la crisis. Durante 1977-1980, su lucha va estar esencialmente dirigida a aumentar el espacio jurídico necesario para su expansión. Va a emprender una tenaz lucha –que resulta eficiente- para golpear, no tanto a la burguesía terratenientetradicional, sino a la atrasada y atrasada fracción comercial. En este proceso en la burguesía agro política ó burocracia rural, va a encontrar un poderoso aliado. A su vez, la mediana burguesía agraria también es golpeada por la crisis. Los propietarios de empresas dedicadas al cultivo agrícola y/o a la producción de ganado, son testigos de una disminución en el proceso conforme al cual se convierte la plusvalía obtenida en capital. Esta fracción, dedicada a la producción de bienes de exportación ó que constituyen materias primas industriales, tiene serias dificultades para mantener tasas de ganancias igual ó superior a la media. La inflación incrementa fuertemente sus costos de producción, y los precios de muchos de sus productos finales, especialmente los destinados al mercado interno, están controlados por diversas instancias gubernamentales, debido al temor de la burocracia agro política de que el alza de precios incontrolada se traduzca en la generación de altas dosis de inconformidad

social. A su vez, la producción de componentes de lo que en algunos casos se ha dado en llamar agricultura de lujo se ve seriamente menguada por la reacción de granjeros norteamericanos, que presionan al estado del vecino país del norte para que se torne muy proteccionista en las importaciones de este renglón. La elevación de salarios mínimos rurales determina el que la expansión de las empresas agropecuarias –cuando la hay- se desprenda de la aplicación intensiva de capital, en vez del incremento de la fuerza de trabajo empleada directamente en la producción. Los intereses de la mediana burguesía agraria –que, como ya se ha dicho, está fundamentalmente dedicada a la producción de materias primas industriales y bienes agrícolas y ganaderos de exportación- son solo marginalmente considerados en los planes globales de la burocracia rural. Por esta razón, su lucha en el plano superestructural se encamina primordialmente hacia la obtención de una mayor presencia de sus representantes en el escenario político-ideológico. Sus líderes van a tratar de hacer ver que lo verdaderamente importante no es sólo lograr que la burguesía agro política satisfaga los requerimientos de las fracciones agro comercial y agro industrial, que detentan la indiscutible hegemonía al interior de la gran burguesía rural, sino también la satisfacción de los requerimientos de los empresarios agrícolas y ganaderos: protección y garantías en materia de tenencia de la tierra, por ejemplo. En regiones críticas, incluso toman directamente en sus manos las armas, para asegurarlo. Luchan contra la expansión de la influencia directa de la maquinaria estatal en la producción agropecuaria. En general, sostienen activamente el proceso ideológico de difusión de la imagen de empresarialización, como el único camino posible para salir de la crisis de producción de vegetales y animales. La burguesía agro política –ó burocracia rural- se enfrenta también a problemas cuya agudeza los convierte en parte de lo que aquí se ha denominado contexto de crisis en el medio rural. El año 1981 significa, para sus dirigentes: la existencia de fuertes problemas en el funcionamiento del esquema de desarrollo basado en la dualidad agricultura capitalista-agricultura campesina: deficiencias en la dinámica y en la eficacia de los mecanismos de control político e ideológico sobre las masas trabajadoras del campo; su actuación como principal factor generador de la agudización de las contradicciones secundarias preexistentes en el seno de la burguesía rural; la impresión de un ritmo y modalidad diferentes a la lucha de clases en el campo; el tener que ceder importantes posiciones, en el proceso de implantación de sus esquemas de desarrollo, a las fracciones hegemónicas de la burguesía que actúa en el campo. En términos generales, la burocracia pública vinculada con el campo, va a estar activamente comprometida en la implantación de un modelo de desarrollo rural que favorezca ampliamente a las fracciones agro comercial y agro industrial de la gran burguesía agraria, que suprima a las fracciones terrateniente-tradicional y comercialparasitaria de la burguesía que actúa en el campo y que dañe lo menos posible los intereses de la fracción rural que produce bienes agropecuarias de exportación ó que sirven como materia prima industrial. Este esquema en sí mismo, genera fuertes contradicciones secundarias en los grupos del capital rural cuyos intereses resultan afectados. Ello explica, en gran parte, la oposición a la ley de fomento agropecuario.

Simultáneamente, el esquema en que se empeña la burguesía agro política pretende que sea el campesinado acomodado y medio el que continúe produciendo –con la participación de volúmenes crecientes de importaciones- los bienes alimenticios básicos de las masas populares del país. Como condición, ello demanda la conversión de las unidades productivas, en poder ó posesión del campesinado, en auténticas empresas agropecuarias. El campesinado pobre deberá, conforme a este modelo, convertirse en proletario permanente, en tanto que el proletariado actualmente existente deberá abandonar toda pretensión de adquirir tierras en proporciones significativas. La urgencia de la situación económica en el campo, determina el que se inicie un proceso de sustancial modificación de los valores fundamentales de la reforma agraria. Ello conduce a la pérdida de grandes dosis de legitimidad en su actuación, a los ojos de un campesinado pobre y de un proletariado agrícola en que tenía sólida raigambre la imagen de que reforma agraria igual a reparto de tierra. Esto resta efectividad a la acción de una burocracia rural que busca extender su base social de apoyo para emprender eficazmente la solución de las contradicciones secundarias en el seno de la burguesía del campo: por ejemplo, no va a contar con el apoyo requerido para suprimir terminantemente a los comerciantes atrasados-parasitarios. Pero, lo mas importante es que este viraje en la reforma agraria va a significar el que las luchas sociales en el campo sean cada vez más proletarias y menos campesinas; se imprime una modalidad diferente a la lucha de clases, para la cual la burguesía agro política no está preparada. El análisis objetivo de la coyuntura política del año 1981 revela que, para los fines globales del estado en el agro, es necesario que la burocracia rural ejerza la hegemonía al interior de la gran burguesía agraria. Sin embargo, en cierto sentido, la crisis del proceso de delimitación de la direccionalidad del esquema de desarrollo, precisamente con las fracciones de la burguesía que intenta fortalecer. Sólo marginalmente es que en este proceso se encuentra presente la organización –incluso la organización de apoyo pro estatal- de los campesinos y proletarios agrícolas. Es por ello que el contexto de crisis del año 1981 parecería significar, para la burguesía agro política, que está ubicada en el umbral del proceso de pérdida del control exclusivo de la superestructura. La burguesía agro política está ante la existencia de formas de control político e ideológico sumamente desgastadas. Ello se da, incluso, en su pronto dominio interno. La burocracia rural capta, durante 1980 niveles de salarios y de ingresos ilícitos en volúmenes nunca antes vistos. Sin embargo, a la vez que esto ocurre en las alturas de la burocracia, sus bases son influenciadas por un proceso de marxisticación del pensamiento (social existente, de manera que va perdiendo eficiencia la influencia de la suerte de enajenación presente en la mentalidad burocrática, conforme a la cual los estratos mas bajos de ella acaban por creer terriblemente en la bondad de sus propios medios. La marxisticación del pensamiento social en las bases de la burocracia rural, pues, se convierte en un factor adicional que resta eficacia a los mecanismos de control superestructural empleados por el estado. Por otra parte, la crisis va a amenazar con la eliminación, a una de las fracciones de la burguesía rural que había podido mantenerse a pesar de su carácter retardatario: los

intermediarios parasitarios. La burguesía comercial-atrasado-parasitaria es, para el fenómeno de la distribución de mercancías en el agro mexicano, lo mismo que la fracción terrateniente-tradicional al proceso productivo moderno de bienes agrícolas y ganaderos. En ambos casos, su presencia es anacrónica, por lo que la agudización de las tradicionales deficiencias en el ámbito económico acelera el proceso de su destrucción. En un ambiente en el cual esta fracción resalta como uno de los principales factores determinantes del alza de precios, la burguesía agro política va a intentar aglutinar fuerzas sociales de apoyo para golpearla. Sin embargo, no es tan exitosa en ello como para suprimirla de una vez por todas; se limita a establecer los mecanismos operativos que permitirán –en principio- suprimirla en el futuro inmediato. 2.2.2) Crisis y Campesinado. Para las masas campesinas, el contexto de crisis va a significar ante todo, un tremendo aceleramiento en el proceso de deterioro de sus condiciones materiales de vida. En el campesinado se manifiestan fuertes convulsiones que van denotando una clara tendencia hacia el rompimiento de la cohesión social, sobre la cual se venía fincando la estabilidad política en el agro. Para 1981, es claro que la superestructura ha evolucionado con demasiada lentitud, en comparación con la base objetiva; se da una pérdida de vigencia de los valores-bondades de la reforma agraria, conduce a que en el campo se den procesos que corresponden a la búsqueda de nuevos canales de representación política del campesinado, ante lo que para ellos significa una muy clara demostración de ineficiencia de los tradicionalmente empleados. Consecuentemente, las luchas campesinas van a adquirir una forma diferente, y van a partir de mejores bases organizativas, aún cuando en este renglón existan enormes lagunas en cuanto a lo que resta por hacer. -De manera que, durante este año, se acentúa el proceso, comandado por la burguesía agro política, de actualización de la superestructura. Disminuye la eficiencia de los añejos planteamientos ideológicos en torno a la situación actual y a las perspectivas del campesinado. En este marco general, la crisis va a tener significados un tanto cuanto diferentes para cada uno de los estratos constitutivos del campesinado. ¿Qué significa la crisis, para el campesino pobre? La escasez de alimentos, la inflación de los rubros de satisfactores de necesidades vitales del campesino pobre en condiciones verdaderamente insoportables. Es por ello que el contexto de crisis significa, ante todo, muchos mas problemas para la subsistencia del campesinado pobre. Pera 1981, las relaciones de producción capitalista están ya tan arraigadas, que el campesino pobre es ya prácticamente un proletario total, aunque sólo una parte del año está verdaderamente empleado. Continúan los campesinos luchando, a través del expediente de la ampliación de sus parcelas y ejidos, pero de antemano la posibilidad de obtenerla aparece como lejana. Es por ello que sus miembros, en 1981 tienen ya

una clara percepción del abandono definitivo de la situación que les posibilita ser al mismo tiempo productores y dueños de los medios de producción. Ello, en un marco en que, por un lado, las organizaciones de izquierda emprenden una lucha teórica desideologizante que identifica la lucha por la tierra como la lucha contra el capital y en que, por otra parte, la burguesía agro política propaga la imagen de la necesidad de emprender la proletarización-descampesinización –empresarialización del medio rural, configura un complejo sistema de contradicciones en el plano superestructural. El balance global arroja como resultado el que los componentes del campesinado empiecen a perder la fé en los valores incluidos durante décadas en la ideología de la reforma agraria. Los dirigentes tradicionales del campesinado pobre ven cada día con mayor claridad la necesidad de representarse políticamente a sí mismos, no a través de los mecanismos que han servido como vínculo con los dirigentes estatales. De esta manera, la crisis significa, para el campesino pobre: a) enorme deterioro de sus condiciones materiales de vida; b) ineficiencia en la lucha por ampliar el tamaño de las unidades productivas con las cuales está vinculado a través de relaciones de propiedad ó posesión: c) no obtención de fuentes definitivas –no temporales- de empleo asalariado; d) interrupción de la creencia en los valores sustantivos de la reforma agraria; e) necesidad de encontrar canales a través de los cuales se representan verdaderamente sus intereses; f) influencia creciente de la concepción que desde fuera de los márgenes del estado mexicano, plantea que la lucha por la tierra es una lucha anticapitalista, en tanto que la burguesía agro política trata de vender la imagen ideológica de que la proletarización del campesino pobre representa el medio para el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida. El mismo fenómeno esencial de falta de vigencia de la creencia social en la reforma agraria, va a aplicarse también a ese grupo social, en permanente movilidad, constituido por el campesinado medio. A diferencia del campesinado pobre, enfrascado en la producción de auto subsistencia, el campesinado medio comparte con el acomodado la responsabilidad de producir alimentos básicos destinados al consumo de las masas populares del país. Durante 1981, las crecientes dificultades para mantener a la familia campesina media, causadas por la inflación, los coloca en un proceso de progresiva pauperización e inclusive proletarización; sus miembros perciben que es cada vez menos factible su conversión en campesinos acomodados. Día a día se afianza el proceso conforme al cual se acorta la distancia social que lo separa del campesinado pobre y del proletariado rural, en tanto que se acrecienta la que media entre él y el acomodado. A los ojos del campesino medio y de sus representantes, la ilusión desprendida de los ritos y de las ceremonias emprendidas por la burocracia rural ya ha quedado al descubierto. El trasfondo de la reforma agraria sale a la luz del día; sus valores han quedado desmitificados. Sin embargo, el campesino medio no sustituye estos valores por los fundamentos del pensamiento social proletario. Surge, en este estrato, una verdadera situación de anomia social.

Veamos ahora lo que significa la crisis para el campesinado acomodado. Es éste el principal productor de alimentos básicos de consumo popular. Su producción es distribuida precisamente por la fracción-atrasada-parasitaria (recuérdese que ésta cumple la misma función que la moderna burguesía agro comercial respecto a la distribución de los bienes producidos por la mediana burguesía agropecuaria, dirigida a la exportación y a ser consumida por las empresas agro industriales) un significado económico: sus posibilidades de ahorro resultan seriamente abatidas, debido a la existencia de un insuficiente aumento en los precios de garantía de estos productos. Este hecho determina el mantenerse al mismo nivel en la escala social; sus miembros perciben, inclusive, mas posibilidades de descenso que de ascenso. La crisis también tiene un significado político, para el campesinado acomodado. Tradicionalmente, esta fracción había estado ligada al poder de los caciques, representantes directos de la mediana burguesía agraria. Sin embargo, este proceso – que les permitía el acceso al poder-, para 1981 se encuentra ya caduco, debido a que la complejización de la problemática social determina el que la burguesía agro política inicie la búsqueda de nuevos y más eficientes mecanismos de control social. Los medios de comunicación de masas y formas sofisticadas de ejercicio del poder, han demostrado ser más eficaces en la tarea de mantener la estabilidad política en el medio rural que los dos mecanismos de poder del estado en el campo: el control vía cacique, y el control mediante la religión. En este contexto, en que su función económica se ve obstaculizada por el impedimento de alza de precios de los alimentos básicos producidos, y en que su acceso a una de las formas de poder tradicional se ve interrumpido un sector importante del campesinado acomodado no encuentra terreno propicio para lograr uno de sus mas caros objetivos: la privatización de los terrenos ejidales. Desde tiempo atrás, venía siendo una de sus metas, pues se consideraba que ello automáticamente elevaría las inversiones y la productividad de los predios en posesión de ejidatarios acomodados. De esta manera, la crisis también tiene un significado ideológico para el campesinado acomodado-ejidatario: la existencia de trabajo jurídico-legales para convertir al ejido en pequeña propiedad. 2.2.3) Proletariado y Crisis. Ante todo, la crisis en 1981 representa, para el proletariado rural, niveles nunca antes vistos de desempleo, permanente ó estacional. Sus miembros no encuentran trabajo asalariado remunerado, en los volúmenes requeridos, ni en el campo ni en las ciudades. Al igual que lo acontecido con el campesinado pobre, los jornaleros agrícolas y trabajadores asalariados de empresas agro industriales ó agro comerciales, tienen un progresivamente decreciente acceso a salario remunerador, bienes materiales, servicios esenciales y alimentos. Por ello, en el caso de los proletarios del campo ocupados, la tasa de explotación aumenta; el excedente producido y no pagado permanece igual ó aumenta, en tanto que se constriñe el salario.

A pesar de las opresiones existentes para igualar los salarios mínimos rurales y urbanos, los salarios reales están sumamente deteriorados. Ello, no obstante que los salarios mínimos nominales se incrementan. La crisis tiene, para el proletariado rural, también una significación política. Tradicionalmente, esta clase social había tenido escasa comunicación social, tanto con la burguesía agro política, como con las organizaciones de izquierda; esta situación persiste aunque con modificaciones tendenciales importantes, durante 1977-1980. En el contexto de crisis de este año, la gravedad de la situación condiciona el que, proveniente del estado, se capte la posibilidad de que la contradicción principal deje de consistir en la existente entre campesinado pobre y medio versus mediana burguesía agraria, para transformarse en la caracterizada por la existente entre proletariado versus mediana burguesía agraria, gran burguesía agro industrial y gran burguesía agro comercial. Esto plantea la necesidad, a los ojos de la burocracia rural, de emprender nuevas tareas. La principal de estas tareas estriba en sentar las bases para la implantación y el funcionamiento de mecanismos de control sindical, al servicio del estado, que permitan el control sobre los trabajadores. Es decir, auspicia el estado una alianza obrerocampesina y un sindicalismo rural, capitaneado y controlado por la propia burguesía rural. Se plantea, pues, la necesidad del ingreso del proletariado en el escenario político de alcance, no sólo local y regional, sino nacional, pero controlado y dirigido por el estado mexicano en su conjunto. Es por todo ello que la crisis, a nivel político, significa para el proletariado el inicio del proceso de establecimiento de estrecha comunicación social con la burguesía agro política y con la burocracia gubernamental en general. Sin embargo, entre un factor adicional en la escena: las organizaciones de izquierda. Es un hecho que los jornaleros agrícolas adoptan cada vez menos la posición del campesinado. En esta situación, y en un contexto global caracterizado por las medidas que toman los dirigentes estatales a nivel nacional –principalmente la reforma políticalas organizaciones ubicadas a la izquierda, fuera de los márgenes de encuadramiento estatal, expanden su acción. Los líderes de estas organizaciones plantean estrategias y tácticas que les permitan sacar el mayor provecho político sobre el hecho de que no existe control político-partidario, sindical ó asistencial, del proletariado rural. Para la clase obrera ubicada físicamente en el medio rural, el contexto de crisis de 1981 también va a traer consigo el convencionamiento de que la reforma agraria no significa más el reparto de tierra. Esto marca el punto de partida, a pesar de que la reforma agraria no significa más el reparto de tierra. Esto marca el punto de partida, a pesar de que persiste la lucha por la intensificación de la reforma agraria y por la obtención de tierras, de un proceso de creciente eficacia de la lucha reivindicativa emprendida por los trabajadores del agro. Continúa la lucha por la tierra, incluso indicada por la participación simultánea de importantes contingentes proletarios en comités agrarios (dedicados a demandar y solicitar tierra) y en sindicatos rurales (con la meta de obtener mayores salarios, jornadas de ocho horas, seguridad social, etc). Sin embargo, es posible afirmar que la crisis –y sus efectos- agudiza la visión política y torna más racional la consecuente acción de los dirigentes de las organizaciones –pro

estatales ó no- de trabajadores. Se desarrolla y difunde una concepción más objetiva de la realidad social, de la coyuntura política y de las condiciones de la realidad social, de la coyuntura política y de las condiciones de la lucha. Incluso los dirigentes de organismos de trabajadores de apoyo proestatal tienden cada vez menos a guiarse por estereotipos promulgados por la reforma agraria, ó por la ideología estatal en su conjunto. La lucha teórica, desideologizante, pasa así a convertirse en el fundamento sobre la cual se fincará la lucha económica y la lucha política del proletariado rural en el futuro inmediato.

Capítulo X: 1977, año de la reconstrucción: reforma política y alianza para la producción en el agro mexicano

I) La aceptación de alianza para la producción y reforma política: un asunto intraestatal. A partir de mediados de la década de los sesenta, en buena medida alimentada por los mismos factores que hasta entonces determinaron su crecimiento, entra en creciente crisis estructural el modelo de desarrollo capitalista, dependiente y derivado, que había propiciado el crecimiento de la economía del país desde principios de los cincuenta. Con la atonía de finales de 1970, aparecen los primeros signos inequívocos de crisis global de la economía del país. De 1970 a 1972, el avance acelerado de ésta se manifiesta fundamentalmente en la agudización de la inflación; a partir de 1972 – llegando hasta la actualidad- la crisis ya no es sólo inflación, sino también recesión. Ello significa que las diferentes instancias del estado mexicano se muestran incapaces, no únicamente para combatir eficientemente los efectos de los factores estructurales internos que crean distorsiones en el proceso de acumulación de capital, sino también para atenuar los efectos –fundamentalmente en los intereses de la burguesía con empresas ubicadas en la formación social mexicana- de la situación de crisis del capitalismo mundial, apuntalado por el deterioro de la economía norteamericana. A fines de 1976, y en el contexto de inicio del reacomodo sexenal, que tiene lugar en su interior, el aparato burocrático del estado mexicano aparece como el autor de una propuesta, consistente en una terna de objetivos, también propone un mecanismo: la alianza para la producción. Mediante la alianza se intenta lograr el concierto de los factores de la producción en una única acción destinada a lograr los tres objetivos señalados. Sin embargo, los dirigentes de la fracción hegemónica del aparato burocrático reconocen que, para el logro efectivo de los tres objetivos generales, esgrimidos como la receta del proceso de salida a la crisis, no basta con la alianza para la producción; no es suficiente que, conforme a este mecanismo, el gobierno se auto asigne un papel económico y que defina roles económicos fundamentales a las otras instancias fundamentales (maquinaria corporativa y capital privado) del estado mexicano. Es decir, reconoce el aparato gubernamental que es insuficiente la pretensión de hacer que el gobierno se organice internamente (mediante la reforma administrativa) para manejar más racionalmente mayores recursos económicos (posibilitados, entre otros determinantes, por la reforma fiscal) y se convierta, así, en el rector ó conductor efectivo del proceso global de salida a la crisis. Desde su perspectiva, tampoco basta el intento de hacer que la burguesía invierta productivamente en las áreas prioritarias de cada sector de la economía. Y sobre todo, reconoce que por sí sola es, asimismo, insuficiente la pretensión –y el hecho- de que los trabajadores sufran una muy considerable reducción en el poder adquisitivo de sus salarios.

Por el contrario, el esquema gubernamental reconoce explícitamente la necesidad de adecuar las circunstancias superestructurales a los pretendidos cambios de forma al nivel estructural; en él se advierte que es indispensable actualizar el funcionamiento de sus aparatos de dominación política y de manipulación ideológica, con objeto de hacer posible el que las clases trabajadoras –corporativizadas ó no-, las organizaciones de lucha de la burguesía, los dirigentes de la maquinaria corporativa, diversos grupos ubicados en el propio seno del aparato burocrático, y los grupos y partidos de izquierda, adopten una posición superestructural, que haga posible la implantación de la alianza para la producción y que suavice los efectos que ello traería sobre las masas populares. Es en esta dirección que surge la reforma política. Con ella pretende el aparato burocrático poner al día el funcionamiento de los principales aparatos políticos e ideológicos de dominación del estado mexicano. De esta manera, alianza para la producción (y, como dos de los medios para llegar a ella, la reforma administrativa y la reforma fiscal) y reforma política, son los dos aspectos fundamentales, inseparables, del esquema estatal, conforme al cual se plantea que el país podría sortear la crisis para 1980. No son, pues los únicos aspectos que contiene el esquema global de la burocracia central, pero sí son los básicos. La alianza para la producción representa el intento de conjugar el funcionamiento económico que, desde el punto de vista gubernamental, deberá tener el propio aparato burocrático, el sector estatal de la economía y el capital privado. A su vez, la reforma política constituye aquella parte de la respuesta global a la crisis, que pretende hacer posible el que las clases trabajadoras del campo y las ciudades, acepten con relativa tranquilidad el incremento de la explotación de que ya son objeto; esta aceptación sería la base fundamental de la implementación, legitimada ante las masas populares, del esquema global de salida a la crisis, marcado por la burocracia central del estado mexicano. No sería exacto pensar que sólo con el advenimiento del régimen capitaneado por JLP, es que los dos componentes fundamentales de la respuesta global mencionada, se empiezan a esgrimir como mecanismos para sortear la crisis. Un planteamiento así no sería del todo acertado, en virtud de que, en esencia, estos mismos dos componentes fundamentales –aunque con cada sector específico de la sociedad- fueron utilizados durante la administración presidencial encabezada por LEA. Tanto durante el período presidencial de Luis Echeverría, como durante el de José López Portillo, persiste la crisis estructural del capitalismo en el país, que se empieza a manifestar a partir de 1966. consecuentemente, el estado –en cuanto que es, a la vez, resultante de, e instrumento incisivo sobre, las condiciones materiales de la formación social mexicana-, y en particular el aparato burocrático de este estado, mantiene un común denominado en cuanto a la satisfacción de las necesidades estructurales y superestructurales, requeridas para afrontar esta crisis. De esta manera, especialmente a partir de 1970, la burocracia central plantea objetivos, metas y medios relativamente similares y continuos, para salir de la inflación-recesión. En el transcurso del régimen de Echeverría, y durante el de López Portillo, el aparato gubernamental del estado

mexicano plantea la necesidad de realizar modificaciones superestructurales a ellas. Objetivamente, esta similitud global tiene poco que ver con la amistad JLP-LEA; tampoco se vincula causalmente con las posibilidades –altas y bajas- que, en un momento dado, tenga la fracción Echeverrista, de constituirse en hegemónica de 1976 en adelante. En esta continuidad diferenciada que se observa de 1970 a 1982, en cuanto a la respuesta que propone la burocracia pública, el desplazamiento sexenal del poder formal es fundamentalmente contingencial. El cambio en el poder ejecutivo, ocurrido en 1976, no es capaz de romper la continuidad fundamental del proceso. Sin embargo, en la medida en que, a partir de 1970, se va agudizando la crisis de la economía del país, los cambios estructurales y superestructurales propuestos por el aparato burocrático, tienen que ir denotando cambios de grado en su contenido. De esta manera, la reforma política surgida en el régimen López Portillista, representa la continuación y profundización de la apertura democrática de LEA; la reforma administrativa que se maneja durante JLP, representa la permanencia de las ideas que, al respecto, se tenían durante el régimen de Echeverría; la reforma fiscal que propone JLP es la profundización de su homónimo, que se intentó establecer cuando el mismo López Portillo era secretario de hacienda de Luis Echeverría; la alianza para la producción es la continuación, extendiéndolas y acoplándolas a las ahora más agudas situaciones de la crisis, de medidas que durante el régimen presidencial precedente se habían tomado en sectores específicos de la economía (tales como la alianza campesina para la producción, vinculada específicamente con el sector agropecuario). Los antecedentes de los contenidos fundamentales de la respuesta global a la crisis, que propone el régimen de JLP, se encuentran ya incluidos en los mecanismos enfilados en la misma dirección durante 1977; a partir de 1978 –y por lo menos hasta 1980, año en que los cálculos oficiales señalan como el límite mínimo del proceso de salida a la crisis, si se siguen sus lineamientos- se intentará ponerlos en práctica. Lo anterior significa que, durante 1977, diversas fuerzas sociales van a aceptar, a pretender rechazar ó a intentar modificar el esquema global, propuesto por la burocracia central del estado mexicano. La lucha que al respecto se entabla, no es producto indirecto de la contradicción fundamental entre burguesía y proletariado. El asunto de la aceptación ó rechazo por las pretensiones gubernamentales depende, fundamentalmente, no de su aceptación ó rechazo por parte de las organizaciones revolucionarias de lucha del proletariado, sino de la resultante vectorial de los conflictos y pugnas que ocurren en el propio ámbito interno del estado. Es, por tanto, el contenido de la respuesta estatal-global de salida a la crisis, producto de la dirección en que se resuelven las contradicciones secundarias que: i) ocurren al interior de la burguesía, como clase; ii) se dan en el propio seno del aparato burocrático, como categoría social; iii) acontecen en el ámbito interno de la maquinaria corporativa como Unidad iv)tiene lugar entre aparato burocrático, maquinaria corporativa y las organizaciones de lucha de burguesía. Se habla aquí de una “solución vectorial”, porque la magnitud de la presión para delimitar, aceptar y/ ó rechazar –en su totalidad ó en partes- los lineamientos del aparato burocrático, para “salir a flote”, no es igual para todos y cada uno de los elementos intra estatales involucrados en la lucha : la fuerza ejercida –y, por lo tanto, las posibilidades de éxito

para cada instancia, sector, fracción, capa ó grupo social, ubicado al interior del Estadoes altamente igual. Veamos primero el caso de Alianza para la Producción. El implícito acuerdo, en cuanto a contenido general y objetivos globales de Alianza para la Producción, como el principal instrumento, potencialmente posibilitador de la salida de la crisis, es producto de la estrecha relación existente entre aparato burocrático (como conjunto) y burguesía (como clase). Este acuerdo en lo general, es lo que lo actual fracción hegemónica de la burocracia pública investiga y recoge durante la campaña presidencial de 1975-1976; es lo que se sintetiza en lo que el Presidente de la República interpreta y difunde en su discurso de toma de posesión y en su primer informe a la nación. Pero el contenido y objetivos específicos de l aparte propiamente económica de la “respuesta completa”, que brindan las diferentes dependencias gubernamentales – básicamente, el contenido concreto que es propuesto por las Secretarías de Estado-, no son automáticamente aceptadas en su totalidad por los diversos actores sociales que componen a la burguesía. A diferencia de ello, la aceptación de los lineamientos de actuación económica , propuestos por una determinante Secretaría de Estado a una fracción, sector, ó capa específica de la burguesía, dependerá del grado en que estas categorías del capital identifiquen a las propuestas con su propia perspectiva de lo que se necesita para lograr la producción de su capital. Es particular lógica capitalista, lo que determina el que una categoría social cualquiera de la burguesía con intereses ubicados en un sector específico de la economía, efectivamente intente desempeñar el papel delineado por los componentes del aparato burocrático que estén íntimamente vinculados con ese mismo sector de la economía. En esta lógica lo que determina el que efectivamente : la burguesía industrial creé más empresas, mayor producción y generación de fuentes de empleo, conforme a los lineamientos de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial; la burguesía comercial no suba artificialmente los precios de productos “socialmente necesarios”, conforme a los propósitos formalmente antiinflacionarios de la Secretaría de Comercio; la burguesía financiera y bancaria destine los recursos crediticios captados, a la actividad productiva (no especulativa), en concordancia con los rumbos marcados por el Banco de México; la burguesía rural produzca más alimentos, bienes de exportación, materias primas industriales y fuentes de empleo, conforme al contenido del Plan nacional Agropecuario y Forestal. ¿Qué sucede durante 1977 si, a juicio de los dirigentes de la lucha política de una categoría social cualquiera del capital, los lineamientos gubernamentales concretos – desprendidos de los propósitos generales de la alianza para la Producción- no benefician totalmente sus intereses?. En el caso de que la información provenga del gran capital ubicado en los sectores industrial, financiero y agropecuario-, su palabra es ley. Sí es necesario, existan altas posibilidades de que las propuestas gubernamentales se transformen en lo fundamental, de acuerdo a los señalamientos y presiones respectivas. Las modificaciones sustanciales en los lineamientos concretos del gobierno, así

determinadas, pueden llegar incluso a manifestarse en movimientos rotatorios y de expulsión, y en cambios en la correlación de fuerzas en el propio interior de la fracción hegemónica de la burocracia pública. Por el contrario, si la no total aceptación de las directrices gubernamentales proviene de fracciones específicas del pequeño y mediano capital, generalmente es mucho más restringido el ámbito en que podrán ejercer eficazmente su presión para modificarlas. En la medida en que el capital representado sea de mayor envergadura, y en función de lo prioritario que resulte el desempeño de sus actividades de influir en los rumbos señalados por el aparato burocrático. De cualquier manera, al mediano y pequeño capital parece estarle casi vedado el camino del rechazo total a las propuestas gubernamentales; en el caso de lograr modificaciones, rara vez son fundamentales. De esta manera, la propuesta original – en su versión de diciembre de 1976, por ejemplo-, presentada por la fracción Lopezportillista de la burocracia pública, en cuanto al funcionamiento estructural requerido de las diversas instancias del Estado para salir de la crisis, va a desempeñar el papel de la tela del sastre. El contenido fundamental de la política económica global –de la Alianza para la Producción, reforma administrativa y reforma fiscal- va a ser proporcionado por las organizaciones de lucha de la fracción hegemónica de la burguesía: el capital trasnacional-monopolista. Los objetivos y contenidos no básicos, a su vez, podrán corresponder a los intereses de los pequeños y medianos capitalistas. Sin embargo, dadas las desigualdades y contradicciones al interior de la propia burguesía, la burocracia central se demora un año –1977- en realizar la difícil tarea de conjugar los intereses concretos de cada fracción de la clase de capital, de acuerdo al sector específico de la economía en que se ubican sus actividades “empresariales”, con el contenido específico de los lineamientos propuestos por las diferentes Secretarías de Estado. De lo dicho hasta aquí, la Alianza para la Producción y sus corolarios (reforma administrativa y reforma fiscal), es decir, la parte propiamente estructural de la “respuesta completa” de “salida” a la crisis, es una cuestión que se define básicamente, tanto en lo general como en lo particular, por burguesía y aparto burocrático. A diferencia de ello, la reforma política –la parte superestructural de la respuesta- es impuesta, en lo general por el aparto burocrático; en lo particular, su contenido es fundamental definido por la maquinaria corporativa del Estado. Veamos, pues, lo concerniente a la Reforma Política. A mediados de 1977, la fracción hegemónica de la burocracia pública difunde un proyecto de conducción de lo político y de lo ideológico en la formación social mexicana, que estaría fundamentalmente destinado a permitir el mantenimiento bajo control de los efectos de una Alianza para la Producción que cargaba sobre las espaldas de la clase trabajadora el peso principal del proceso de salida a la crisis. Este proyecto no es nuevo; como se ha dicho antes, es realmente la profundización –la actualización, conforme al mayor grado de desarrollo de la crisis estructural- de la “apertura democrática” manejada en el régimen presidencial precedente. No obstante con el fin de evitar la perspicacias de fracciones de la burguesía especialmente susceptibles a cualquier cosa que tienda a indicar la

continuidad del nuevo régimen con los “socializantes2 días de Luis Echeverría Álvarez, la burocracia central del Estado mexicano bautiza al proyecto con el nombre de “Reforma Política”; da, así, a apariencia de que el esquema en cuestión es sólo producto de la “lucidez” de las personalidades que asesoran directamente a José López Portillo. La Reforma política constituye una acción –a implantarse parte de inmediato, y parte a mediano plazo-, cuyo contenido general y fundamental, no esta sujeto a negociación. Haciendo gala de la autonomía relativa que aún mantiene en lo que se refiere a la definición de los aspectos superestructurales, la fracción hegemónica del aparato burocrático establece –e impone- la necesidad de auspiciar el incremento, controlado institucionalizado, de la presencia política de la izquierda militante. Simultáneamente, se encamina a lograr reales incrementos en los niveles de eficacia de la maquinaria estatal que corporativiza amplias capas de las masas populares del país. Durante 1977, la definición de aceptación del contenido específico presenta un doble aspecto. En lo que se refiere a la acción que el Estado le delimita a la izquierda revolucionaria, esta última no tiene posibilidades de incidir en los lineamientos gubernamentales, para modificar la forma en que se ha concebido su “mayor participación”: la reforma política, se aprovecha ó se desaprovecha. A pesar de “auscultaciones” y “comparecencias”, que tiene lugar durante el año, el aparato burocrático mantiene su posición: la izquierda debe convertirse , de hecho, en una “válvula de escape”. Los intentos en otro sentido no son incorporados realmente al planteamiento original. Sin embargo, en lo que respecta a la delimitación y aceptación del contenido específico del papel que le toca jugar al Estado, la situación es diferente : la maquinaria corporativa si esta en posibilidades de influir en el proceso. Los dirigentes nacionales de la maquinaria corporativa, específicamente el CEN del PRI y los jerarcas de los principales sectores que lo componen, van a intentar incidir sobre la manera concreta en que se propone su robustecimiento, como medida para neutralizar la acción expansiva de la izquierda. Pero esta posible incidencia real no es tan monolítica como podía pensarse. La percepción al respecto, de los dirigentes nacionales de la maquinaria corporativa, tienen que enfrentarse a posiciones diferentes, sostenidas por dirigentes de mediana y pequeña envergadura que se ubican en su propio seno. Estas posiciones diferentes de los cuadros intermedios son, a su vez, reflejo del incremento relativo en la militancia de las bases sociales de la propia maquinaria corporativa, espoleado por el constante y progresivo deterioro de sus condiciones materiales de vida. Asimismo, tienen que enfrentarse los dirigentes nacionales de la maquinaria corporativa, a una corriente de izquierda cada vez mayor, localizada en su propio medio interno. Por todas estas razones, y con objeto de presentar un cuadro que permitiera delimitar -en lo concreto- el sentido, la magnitud y el ritmo que debería regir el proceso de recomposición interna y fortalecimiento de la maquinaria corporativa del Estado, los líderes nacionales siguen una clara estrategia. Con prolegómenos a partir del último tercio de 1977, e iniciado formalmente en enero de 1978, ponen en marcha un proceso de “auscultación interna”, destinado a permitir presentar, para agosto de 1978, un aposición uniforme –coherente- que dirimiera las contradicciones secundarias entorno a la manera conforme a la cual la maquinaria corporativa debía cumplir con su papel

neutralizador de la izquierda y de efectivo apoyo a la posición del aparato burocrático. Esto es, se desencadena un proceso destinado a “clarificar” como debería darse la recomposición interna de la maquinaria corporativa del Estado, delimitada –en términos generales- como necesidad en la reforma política, implantada por la fracción Lopezportillista de la burocracia pública.

II) La “respuesta completa” del estado en el campo La “receta” propuesta por el aparato burocrático para salir de la crisis, esta concebida para extender su acción hasta abarcar los más importantes ámbitos de la sociedad mexicana. Entre los rubros principales, contenidos en el “esquema salvavidas” del gobierno –Alianza para la Producción y Reforma política-, resaltan los siguientes: grado de vinculación con el exterior (“mexicanización”, inversión extranjera, negociación de la dependencia, deuda pública y privada,); niveles de desarrollo de la producción(artesanal, competitiva, monopolista); destino de producción(mercado interno, externo, intensivo, extensivo); diferenciación social pretendida (burguesía, proletariado, clases medias, marginados y capas, fracciones y grupos ubicados en el interior en cada una de las clases principales); organización interna de las unidades productivas (empresas capitalistas, formas de producción precapitalista, cooperativas y asociaciones); efectos esperados en distintos ámbitos físico-geográficos(campo, medio-urbano, regiones, desigualdades en cada uno de estos ámbitos); lucha política (maquinaria corporativa, organizaciones de lucha de la burguesía, izquierda militante); difusión de ideología(educación, bienestar socia, educación jurídico-legal, renovación del parlamento); actuación de diversas instancias de la división políticoadministrativo(gobierno federal, paraestatal, entidades federativas, municipios, localidades); monto y destino de inversión y gasto público (presupuesto austerocontraccionista, presupuesto expansivo-monetario); beneficiarios principales y canales de estímulo-desestímulo(política de precios al productor, política de precios al consumidor, subsidios, en monetario y especie). Es decir, el esquema global de lo que los dirigentes de la burocracia central consideran que es necesario para sortear las agudas condiciones de crisis estructural, brinda el contenido, tanto de cada uno de estos aspectos, como del “cruce” entre ellos. Sin embargo, la respuesta completa, así constituida, no es tan completa como pudiera parecer a simple vista. La propia fracción Lopezportillista reconocía, a principios de febrero de 1978, que aún faltaba integrar todos los elementos anteriores en un Plan Nacional de Desarrollo (en un “Plan Global de Congruencia”); lo que hasta entonces se tenía, eran sólo planes sectoriales. Ello significa que, durante 1977, se adelanto sólo en cuanto a la delimitación de cómo los rubros mencionados posibilitarían la salida a la crisis, en cuanto a cada sector de la economía: agropecuario, financiero-bancario, comercial y de servicios, industrial. Aquí se pretenden resumir los resultados de la investigación dirigida a delimitar las posibilidades de implantación del esquema global de salida a la crisis, en el caso específico del sector agropecuario. La Alianza para la Producción y la Reforma Política adquieren, en este sector, una especificidad concreta –y se enfrentan a obstáculos

históricos- relativamente diferente a la que cobran en otros. Interesa, por tanto, ver más en detalle ambas cuestione: dilucidar cómo “cobran vida” en el campo.

A) Alianza para la Producción y Medio Rural: La alianza para la Producción tiene objetivos concretos por cada uno de los diferentes sectores de la economía. En el caso del agro, la concepción gubernamental de la Alianza para la Producción, la coloca como posibilitadora de: incrementos en la producción de alimentos; la obtención de mayores volúmenes de productos agropecuarios de exportación; mayor producción de materias primas industriales; generación de fuentes de empleo en número más adecuado. Para llegar a estos objetivos , el aparato burocrático elaboro una serie de Planes de Desarrollo Agropecuario y Forestal. El Plan mencionado contempla: a)el papel que le toca jugar al sector agropecuario en la economía global del país; b)la delimitación de lo que debería suceder al interior del sector , para que este papel tenga cumplimento. Se pretende que la puesta en marcha del PNAF posibilite, en la economía global del país: elevar el ritmo de crecimiento del producto agrícola por encima del crecimiento demográfico; impedir que se agudice la tendencia a la reducción del área de cultivo, dedicada a la producción de alimentos de consumo interno, con los que presumiblemente se tendría un menos acelerado proceso de aumento de los precios al consumidor de estos productos; abatir el déficit de materias primas industriales de origen agropecuario; evitar que se contraiga más el crecimiento de las regiones geográficas y de los renglones económicos del sector que denotaba el mayor índice de crecimiento; evitar la mayor contracción de la demanda de productos provenientes de las empresas capitalistas del agro; colocar protecciones contra el incremento de los costos de insumos, utilizados en el proceso de producción; impedir la agudización del empleo rural y, consecuentemente, el urbano, arraigando a las clases trabajadoras del campo en sus lugares de origen. En lo que se refiere a lo que debe acontecer al interior del sector agropecuario, existe -en los planteamientos gubernamentales, respecto al contenido concreto que debe tener la Alianza para la producción en el agro- la clara convicción de que los objetivos mencionados son básicamente aceptables sólo a través de la significativa reducción de la presencia económica del “improductivo” sector ejidal y minifundista privado. El cumplimiento del papel que el toca jugar el medio rural, dentro de la Alianza para la Producción –y dentro del esquema gubernamental global del proceso de salida a la crisis -, sólo podría lograrse, así, en la medida en que el capitalismo se implantara “en serio” en el agro. Resulta indudable que el modo de producción capitalista es el predominante, no solo en el sector agropecuario, sino en el conjunto de la formación social mexicana. Sin embargo, también es incuestionable que, coexistiendo con el, persisten formas de producción no típicamente capitalistas, que algunos catalogan como “mercantilistas-simples”, y otros como formas de “organización campesina”. Lo que persiguen los planteamientos gubernamentales es precisamente la reducción – al máximo posible- de estas formas de producción no capitalistas. Es por ello que en

este documento se sostiene que el esquema estatal de desarrollo en el agro gira realmente, a partir de 1977, en torno al objetivo de la “descampesinización”, de la proletarización definitiva y sin embajes, de la mayoría de los productores directos del campo mexicano. De esta manera, la implantación en serio del capitalismo en el medio rural –implícito en los planteamientos gubernamentales, respecto al papel que debe jugar el sector en la Alianza para la Producción, implicaría máxima generalización de las empresas capitalistas, sea en su forma “pura2(donde se admiten abiertamente las relaciones saláriales) ó en su forma “mixta”(donde formalmente el capital privado ó público no emplea trabajadores ejidales y jornaleros agrícolas, sino que se asocia con ellos); obtener la descampesinización y proletarización definitiva de una gran parte de los productores directos existentes; minimizar la situación social conforme a la cual un trabajador directo en el campo es, a la vez, dueño ó poseedor formal de tierra. Más concretamente, estas cuatro implicaciones significarían que el aparato burocrático busca: el fortalecimiento de las empresas capitalista ya existente, continuando la canalización de recursos, tecnificación y mecanización gubernamental que se le había venido otorgando tradicionalmente; suprimir o reducir el apoyo gubernamental – representado por volúmenes adecuados y oportunos de crédito, tecnología e infraestructura, así como por todo tipo de subsidios y condonaciones- a las unidades productivas, existentes de nueva creación, que no satisfagan los requerimientos organizativos –de empresas “capitalista- planteados por los esquemas del aparato burocrático; auspiciar la mayor concentración de la producción, y de utilidades, en las empresas capitalistas agropecuarias, agrocomerciales y agroindustriales; lograr formas asociativas entre pequeños propietarios , ejidatarios, minifundistas privados, inversionistas nacionales y extranjeros y gobierno, con el fin de que las unidades productivas no fueran de tamaño pequeño; convertir a los ejidos y zonas comunales en unidades de producción autofinanciables, es decir, en empresas con organización, dirección y tasas de explotación, ganancias, acumulación y reproducción típicamente capitalistas; impulsar a la pequeña y mediana industria en el campo, para utilizar el subempleo estacional y mejorar el uso de la tierra; regularizar la tenencia de la tierra para que no ofrezca inseguridad al capitalista interesado en invertir en el agro; hacer productivas las tierras ociosas, haciendo depuraciones censales en los ejidos y aplicando la Ley de Tierras Ociosas en la pequeña propiedad ; no afectar superficies para fines de reparto de tierra y, por el contrario, evitar invasiones ilegales ; elevar los precios de garantía de productos agropecuario, mejorando el proceso de comercialización hasta llegar a niveles cercanos a la desaparición de los intermediarios del campo; aprovechar más racionalmente, en aras del mejor funcionamiento de las unidades productivas autofinanciables , las tierras y aguas en los distritos de temporal y de riego; proporcionar, a las nuevas unidades productivas, los resultados de la investigación agropecuaria realizada por el gobierno. El esquema estatal de desarrollo del campo, como coadyuvante en el proceso de salida a la crisis, contempla así la coordinación –y constante evaluación- de las diferentes instancias (federales, estatales, municipales) de la burocracia pública y representantes

del capital privado rural, financiero, industrial y comercial, a fin de que la acción de los Comités estatales de producción, los distritos de riego, los de temporal y los Comités Locales de Producción redunde, en última instancia, en la diferenciación social, básicamente constituida de burguesía y proletariado rural, minimizando la presencia del campesinado. Por el lado de la expansión de la burguesía, los mecanismos mencionados deberán intentar, según el esquema gubernamental, estimular la inversión privada en el campo, fundamentalmente de capital monopolista –incluso externa directa, proveniente de gran capital trasnacional monopolista- y competitivo, de manera de organización interna, de las unidades productivas en las áreas regadas y en las de buen temporal, redunde en la consolidación y/ ó creación de empresas agropecuarias y agroindustriales, de corte típicamente capitalista. Por el lado de la descampesinización y proletarización, se trata de: convertir a una minoría de ejidatario y minifundistas privados, en “socios” empresarios capitalistas; transformar a la mayoría de los actuales campesinos, en asalariados –reales o formales- de los empresarios actuales o nuevos-; dar ocupación más o menos permanente, a los aproximadamente 3 millones de jornaleros agrícolas que existían; convertir al grueso de los solicitantes de tierra en proletariados permanentes y a una minoría -vinculada con situaciones explosivas de lucha de clases- en ejidatarios, vía su colocación en las “vacantes” de tierra, abiertas por la compra gubernamental de superficies a pequeños propietarios, por la regularización de tierras, por la puesta en marcha de las grandes obras hidráulicas de riego iniciadas el sexenio pasado, ó por el establecimiento de nuevos centros de población –ejidal en el sureste del país. Todo lo anterior significa que, así como la Alianza para la Producción tiene objetivos concretos, diversos, para cada uno de los diferentes sectores de la economía, también el contenido de los planteamientos gubernamentales para un sector específico –en este caso, el agropecuario- incluye una clara delimitación de los roles económicos que las instancias intraestatales deben jugar. Con el objeto de lograr la implantación efectiva del esquema tripartita, compuesto por la cadena descampesinización-proletarizaciónempresarialización definitiva, conforme al cual el agro deberá convertirse en coadyuvante al sorteo de la crisis para 1980, en estas instancias tienen definido el papel que deberán desempeñar. El aparato burocrático, además de regir el proceso de implantación global del esquema, debe proporcionar infraestructura, financiamiento, mecanismos adecuados de comercialización y tecnología. El trabajador agrícola y ganadero debe tener una mayor productividad (mayor explotación). El empresario agrícola debe invertir más, ganar más y proporcionar mayores volúmenes de materias primas, bienes de exportación y alimentos populares; ala vez, debe abrir constantemente nuevas fuentes de empleo. El empresario, nacional extranjero, con intereses ubicados en otros sectores de la economía, debe canalizar fondos hacia la producción agropecuaria y agro industrial.

Ya se había visto, en el primer título de este documento, que la aceptación de las propuestas de fracción hegemónica de la burocracia pública, en cuanto a la implantación de la Alianza para la Producción como mecanismo para salir de la crisis económica del país, no compete básicamente a la izquierda revolucionaria; es asunto que se determina, en lo fundamental, en el ámbito interno del Estado de mexicano. También se ha pasado de vista al hecho de que las diferentes categorías sociales del capital privado, no acepten automáticamente las propuesta al respecto de la reacción Lopezportillista del aparato burocrático, sino que ello depende fundamentalmente de la medida en que estas presenten concordancia con sus propias perspectivas en cuanto a tasas de explotación, ganancia, acumulación y reproducción. Por último, hay que recordar la mención en el sentido de que el mismo aparato burocrático, frente a las respuestas globales y concretas en cuanto a la forma que a través de la Alianza para la Producción puede sortearse la crisis, no esta exento de contradicciones en su seno. En el caso concreto del sector agropecuario, todas estas circunstancias están presentes. El efectivo cumplimiento del rol económico que la fracción hegemónica de la burocracia central se delimita a sí misma (y delinea a las otras instancias intraestatales vinculadas directamente al medio rural), en concordancia con la Alianza para la Producción, el PNAF y el esquema de descampesinización, va a estar obstaculizado, tanto por factores ubicados en el propio seno del aparato burocrático, como circunstancias localizadas en el “medio ambiente” social en que éste se encuentre inmerso. Veamos lo anterior con mayor detalle.

a)El aparato burocrático y la conducción de la proletarizacióndescampesinización definitiva del agro, el aparato burocrático se autoasigna un papel: el de “rector” ó efectivo conductor de este proceso. Sin embargo, surgen en realidad algunas circunstancias que dejan ver claramente que el Gobierno Federal no tiene la fuerza real que ello requeriría. Estas circunstancias son, básicamente, las siguientes: a)al interior de la burocracia pública hay grupos que no están de acuerdo con la descampesinización; b)existe un feudalismo y tortuguismo administrativo, que impide la coordinación intraburocrática que se requeriría para que el gobierno, como conjunto, realmente condujera el proceso de descampesinización; c)el aparato burocrático no tiene los recursos monetarios requeridos, para cumplir con el papel que se ha asignado a sí mismo; d)el aparato burocrático no puede obligar a la burguesía rural a cumplir el papel que le ha asignado en sus planes. a.1)”campesinistas” y “descampesinistas” en el gobierno: Para empezar, el que el aparato gubernamental el real conductor del proceso de descampesinización, se enfrenta al hecho de que la búsqueda no tiene el total consenso interno; en su propio seno coexistían corrientes que sostienen puntos contrario, respecto a como debe el campo contribuir al proceso de salida a la crisis. Al interior de la burocracia central del

Estado mexicano se da una sorda lucha entre grupos “campesinistas” y grupos “descampesinistas”. Durante el año, aparece resolverse globalmente la contradicción – al hacer suya la fracción lopezportillista, la búsqueda de la “descampesinización”- a favor de los segundos, pero los sectores gubernamentales que sostienen la necesidad de la permanencia, durante la crisis, de las formas campesinas de producción en el agro continúan ubicadas en importantes posiciones. Existen algunos puestos secundarios de mando al interior del gobierno –principalmente en la SRA, pero también en la SARH y el Banrural-, con claros vínculos con el Congreso de la Unión y con sectores de intelectuales y organizaciones campesinas ubicadas en el medio exterior al aparato burocrático, de los cuales no han sido expulsados. La simple persistencia política de esta corriente , aunque por lo pronto debilitada, implica que no es imposible su potencial fortalecimiento, en grado determinado por la mera específica en que sus sostenedores sean capaces de nutrirse de las contingencias que se presenten. Su persistencia como corriente política representa, por tanto, la constante posibilidad de que sus respectivos proyectos, planes, esquemas y programas puedan en cualquier momento influenciar, en grado más ó menos significativo, a los lineamientos económicos Lopézportillistas de proletarización definitiva del agro. Estas corrientes “campesisnistas”, al intentar moldear (conforme a sus propias perspectivas) los planes de proletarización definitiva sostenidos por la fracción Lopézportillista, ó los “contaminan” con su posición de lo que debe suceder en el medio rural, ó se oponen a su puesta en marcha. Ello obviamente, reduce las posibilidades globales del aparato burocrático –como conjunto social- en tanto único rector de la implantación del esquema de “descampesinización”. a.2)Feudalismo administrativo y planes gubernamentales: Para el aparato burocrático se constituya en el auténtico rector del aplicación del esquema de la “descampesinización”, es requisito indispensable que sus canales internos de acción sean fluidos y eficientes. Sin embargo, durante 1977 esta posibilidad se enfrenta a serios problemas. En primer lugar, la puesta en marcha de una “reforma administrativa” –que en el caso del sector agropecuario está singularmente ejemplificada por la unión de la SRH y la SAG, dando lugar al nacimiento de la SARH- cubre, durante este año, la imprescindible primera etapa de ajuste en que, más de agilizar procedimientos, los obstaculiza aún más. Independientemente de ello, parecería que –en lo general- la reforma administrativa se muestra incapaz para acabar con la acción de las camillas intraburocráticas, de diversa magnitud de fuerza política, con mayor ó menor grado de vinculación con fuerzas externas a la burocracia, que obstaculizan la fluidez de las decisiones “jerárquicas” y conducen al “tortuguismo burocrático”, a la falta de coordinación entre dependencias gubernamentales, a la corrupción, al no adecuado embonamiento” de las oficinas agregadas al conjunto preexistente, a la lucha por mantener la organización interna tal como está, y al traslape de las funciones. a.3)Insuficiencia de recurso gubernamentales: La falta de fluidez y e total consenso interno no constituye, ni de lejos, los únicos obstáculos al que se enfrenta el aparato burocrático para ser el efectivo rector del proceso de implantación del esquema de proletarización del campo mexicano, como medio para cumplir con las metas específicas del PNAF y con los objetivos globales de la Alianza para la Producción. Se

les agrega, de inmediato, el problema representado por la relativa y absoluta penuria económica de la burocracia central. El monto del presupuesto federal autorizado (677, 000 millones de pesos) para el año, ligeramente superior -en términos reales- al de 1976, incluye 170,00 millones de pesos destinados a inversiones. Del total del presupuesto público destinado a inversiones, la parte correspondiente al fomento de actividades agropecuarias representa un incremento del 50% con respecto a lo del año anterior. Con todo y ello, el incremento en la parte de la inversión pública destinada al agro no basta para que el aparato burocrático cumpla con el papel que se ha autoasignado, conforme a sus propios planes, de rector del proceso de “descampesinización”: las Secretarias de Estado, y dependencias vinculadas a ellas, relacionadas con el agro tiene a hora que realizar mayores programas, generalmente con menos recursos reales que antes. Esta situación de inmediato conduce a que la generalidad de las dependencias gubernamentales no cubran la demanda de iniciación y construcción de nuevas obras, destinando lo fundamental de sus recurso presupuestarios al mantenimiento de servicios ya existentes. Son múltiples los determinantes de esta penuria económica gubernamental. El aparato burocrático se ve imposibilitado para abatir los elevadísimos niveles de defraudación fiscal por la oposición del capital –como clase- a la implantación de una reforma fiscal significativa. Por otra parte, se enfrenta al hecho e que no es posible obtener más ingresos fiscales mediante al recurso del expediente de la elevación de impuestos pagados directamente por las clases trabajadoras. Asimismo, los tibios intentos de dar “mejores” usos a la parte de los recursos públicos que se canalizan como subsidios a la burguesía rural, se enfrentan a muy eficaces presiones por parte de ésta. Se encuentra también con el hecho de que, por la imposibilidad de eliminar súbitamente su función subvencionadora de capital, las empresas estatales siguen produciendo “números rojos”. También, es un hecho que el incremento en la captación indirecta de divisas extranjeras, vía turismo, no es realmente alto; que le corresponde a la explotación del petróleo y gas no se plantea para 1977, y que la posibilidad de incrementar los impuestos a las exportaciones no se cumple en la realidad, porque estas no aumentan significativamente y porque los grupos de capital vinculados a la actividad exportadora se oponen al pago de mayores gravámenes fiscales. A su vez, el recurso gubernamental al crédito externo se encuentra limitado porque: i)la crisis mundial obliga a los países periféricos; ii)de los 21 mil millones de dólares de deuda pública, 5 mil millones vencían en 1977; iii)en “candado” del Fondo Monetario Internacional establece un máximo de deuda gubernamental de 3 mil millones de dólares; iv)en las circunstancias prevalecientes en cuanto a deuda pública externa, la contratación de nuevos préstamos tendría que realizarse en condiciones más desventajosas que de costumbre. Y, por si todo ello fuera poco, no cuenta el aparato burocrático con mecanismos verdaderamente eficientes para asegurar que los recursos que destina formalmente al campo, cumplan realmente su cometido; en este sentido, es importante la falta de verdadera vigilancia, por parte del poder legislativo, sobre el gasto público, dando lugar al surgimiento del “contratismo” y la “corrupción”. Lo limitado de sus recursos, pues, es uno de los determinantes de mayor peso en el hecho de que el aparato burocrático no se constituya en el efectivo conductor del

proceso de implantación del esquema de proletarización definitiva. El alejamiento real del desempeño de su función formal de rector se manifiesta, de inmediato, en lo limitado de las metas del propio PNAF para 1977, en cuanto a superficie total cultivada, cosechada, fertilizada, asegurada, irrigada, rehabilitada y cubierta con programas de extensionismo agrícola. La penuria económica obstaculiza también la importantísima función de “prestamista social” que el aparato burocrático del Estado se ha autodelimitado para lo que se refiere al medio rural; función en la cual la banca privada no lo suple en la medida que podría, a pesar de los impresionantes inonementos en sus niveles de captación de recursos y de todo tipo de estímulos otorgados a las fracciones bancario-financieras de la burguesía. En fin, por esta falta general de recursos, el aparato burocrático se ve maniatado en lo que respecta a la adecuación (cantidad) oportunidad(tiempo) de: la producción y distribución de energía eléctrica requerida para la formación de agroempresas; el funcionamiento del aparato estatal de comercialización y distribución de productos agropecuario, en los niveles necesarios para eliminar la “innecesaria” intermediación; la composición y desempeño de los distritos de temporal y de riego; la política de subsidios, monetarios y/ ó en espacie, a renglones específicos del sector agropecuario; la contratación de personal calificado en técnicas agrícolas y ganaderas; vinculación y enseñanza superior e investigación agrícola, con los programas gubernamentales dirigidos al campo. a.4)Inexistencia de compulsividad en la planeación del gobierno. Un cuarto factor, que dificulta el que el aparato burocrático sea el real conductor del proceso de implantación del esquema de proletarización del agro, estriba en que el gobierno del estado mexicano carece de mecanismos realmente compulsivos, que puedan obligar a determinada fracción ó grupo del capital –con intereses ubicados en el agro, ó no- a orientar su producción en la dirección con el volumen y en la calidad por él determinada a nivel de la planeación concreta desprendida de los grandes objetivos de la Alianza para la Producción. A esta incapacidad gubernamental para hacer cristalizar en la realidad sus planes en materia económica en el medio rural –y además de lo esencial, que consiste en que la plane4ación verdadera en una sociedad capitalista es prácticamente imposible -, contribuyen: lo heterogéneo de la burguesía rural, el que determina el que un mismo planteamiento gubernamental pueda ser aceptado por una fracción específica, n tanto que es posible que sea rechazado por otra; el fortalecimiento político del gran capital rural, lo que hace que en caso de “inconformidad” se entablen negociaciones entre una fracción especialmente poderosa de la burguesía y un gobierno que denota un a progresivo debilitamiento de la autonomía necesaria para delimitar como deben darse las modificaciones no sustanciales en la estructura del agro de la sociedad mexicana; el carácter trasnacional de la fracción hegemónica de la burguesía con intereses ubicados en el campo, lo que hace que ésta, especialmente en casos serios de no concordancia con el papel delineado para ella dentro de los planes gubernamentales , puedan reducir el ritmo de inversión directa ó indirecta, cortar definitivamente el flujo de inversiones, ó simplemente abandonar el sector agropecuario y/ó al país; las barrearas proteccionistas de los países metrópolis del sistema capitalista mundial, lo que impide que el gobierno efectivamente logre que los capitalistas rurales acepten la implantación de los planes gubernamentales en aspectos tales como el de producir bienes agropecuarios de

exportación; la reducción del mercado interno, lo que obstaculiza significativamente el que los empresarios en el campo que orientan su producción fundamental hacia el consumo nacional, incrementen el volumen de los alimentos y materias primas industriales. b)La Inversión y las Fracciones Rurales de la Burguesía: Para el efectivo cumplimiento del esquema estatal de proletarización total y definitiva del agro, se requiere no solamente que el aparato burocrático tome efectivamente las riendas del proceso de su implantación, sino que las fracciones de la burguesía, que tienen intereses ubicados en el medio rural, cumplan con su papel en cuanto a la “empresarialización” del agro. A su vez, la máxima expansión de la empresa capitalista en el campo, requiere de la burguesía rural: a)substituya, mediante nuevas inversiones, a la organización campesina de la economía, que abarca buena parte del sector agropecuario: ejido, comunidad y minifundio privado; b)invierta en el campo de acuerdo a alimentos que contemplen su asociación con ejidatarios, minifundistas privados, jornaleros agrícolas, otras fracciones de la burguesía y/ó con dependencias gubernamentales; c)mantenga el ritmo de crecimiento de los renglones económicos y de las regiones más desarrolladas del sector agropecuario; d)siente las bases para atraer inversionistas de otros sectores de la economía al agro; e)genere incrementos considerables en los volúmenes de producción de bienes de exportación, materias primas industriales y alimentos; f)proporciones nuevas fuentes de empleo, al ritmo requerido por el proceso de proletarización; g)reduzca la intermediación “innecesaria” de productos agropecuarios. Sin embargo, así como el aparato burocrático se le presentan obstáculos para el verdadero desempeño de su papel de rector, así también la burguesía rural se le presentan obstáculos para que el capitalismo en la agricultura y la ganadería tenga, en el contexto de crisis, una acción expansiva. Todos los determinantes del inadecuado comportamiento de la burguesía rural se desprenden de la aplicación, durante 1977, de un análisis –más ó menos explícito- realizado por el empresario del campo, que se dirige a detectar si sus inversiones arrojan o no utilidades iguales ó superiores a las que obtendría si especulara ó si invirtiera en otros sectores de la economía. A continuación se profundiza en algunos de estos determinantes. b.1)Incapacidad burguesa para sustituir a la organización campesina. El agro requirió, durante 1977, una inversión de 100 mil millones de pesos para “capitalizarse”. De estos, 55 mil millones fueron proporcionados por el sector público y entre 5 y 10 mil millones de pesos por el sector privado; el déficit de entre 35 y 40 mil millones de pesos, en cuanto a inversión requerida, mostró que la burguesía fue incapaz de hacerlo y los recursos los aporto la organización campesina de la economía agrícola y ganadera. Aduciendo factores –al igual que el resto de los actores sociales del capital- que dificultan un mayor ritmo de inversiones en el campo, la burguesía rural aparece así como el sujeto de una acción económica muy distanciada de la que la burocracia central le ha delineado para: i)poder implantar, vía la máxima expansión de la empresa capitalista en el agro, el esquema de proletarización total y definitiva; ii)alcanzar los objetivos específicos del PNAF; iii)que la agricultura y la ganadería coadyuven al logro

del los objetivos globales de la Alianza para la Producción. Determinado básicamente por el hecho de que los lineamientos gubernamentales en cuanto actuación económica en el agro no corresponden estrictamente a su criterio de producir sólo sí se obtienen las máximas ganancias, las diferentes fracciones del capital rural no cumplen con los requerimientos de inversión que les han sido asignados por el aparato burocrático del Estado mexicano. Esta no adopción del funcionamiento económico delineado por el esquema estatal de proletarización se manifiesta, entre otras cosas, en que la burguesía rural no aprovecha los estímulos crediticios –como los del Fondo de Equipamiento Industrial y del “seguro” contra la devolución, del Banco de México- para crear nuevas empresas agroindustriales ó agropecuarias, ó en que no amplia ó aumenta la proporción de la capacidad instalada de las empresas que ya existen. En fin, debido básicamente a la incertidumbre en cuanto a obtención de “aceptables” tasas de ganancias, la insuficiencia de la inversión de la burguesía rural es lo que conduce al hecho de que, de los 32 millones de hectáreas susceptibles de cultivo que existen en el país, durante 1977 sólo se sembraron entre 16 y 18 millones y se levantaron cosechas en alrededor de 14 millones de has. b.2)Empresas “asociativas” y bajas tasas de ganancias. A pesar de todo tipo de estímulos fiscales, las diversas categorías sociales incluidas en la burguesía rural, no invierten en el sector si no tienen la absoluta certeza de que con ello obtendrán tasas de ganancias iguales ó superiores a la media. En principio, al capital rural se le presentan posibilidades de incrementar los bajos volúmenes de producción de alimentos y bienes de exportación, de lograr aumentos en el ritmo de crecimiento correspondiente al producto agrícola y ganadero en relación con el producto interno bruto nacional, y de elevar la productividad por trabajador empleado en el sector. Sin embargo, estas posibilidades son neutralizadas por el hecho de que, desde la perspectiva capitalista, invertir significa, en las condiciones de 1977: i)transformar el carácter expansivo (determinante principal de algunos de los bajos niveles de rendimientos de producción) de las condiciones de producción agropecuaria temporalera, mediante una mayor intensividad en la aplicación del capital, lo que implicaría –en el caso del pequeño y mediano capitalista, especialmentenecesariamente el acceso a recurso (crediticios y de otra índole) de que no dispone; ii)utilizar mayores volúmenes de insumos que, por el alto control monopólico que existe en el proceso de su distribución y producción, tienen un alto costo; iii)producir, en condiciones en que las “trampas” de la legislación agrícola y ganadera puedan llevar a impedir que fructifiquen intentos, realizados por los empresarios, dirigidos a reducir el precio de los insumos (forrajes, por ejemplo, en el caso de los empresarios capitalistas ganaderos); iv)generar bienes que no es totalmente seguro (por presiones – provenientes de fuerzas políticas ubicadas en otros sectores de la economíaincidencias sobre la política respectiva manejada por el aparato burocrático) queden sujetos a precios de garantía juzgados como “adecuados”; v)arriesgarse a quedar involucrado en un proceso de real puesto en marcha de los planteamientos gubernamentales en cuanto a eliminar subsidios de infraestructura (cobro de uso de agua de riego y por obras de irrigación construidas, por ejemplo), de resultados de investigación agropecuaria-gubernamental y de energéticos (aumento en precios de diesel y gasolina, como potencialidad) que hasta 1976 había venido otorgando la

burocracia a la burguesía rural; vi) echar a andar las instalaciones (de empresas “mejoradas”, ó de nueva creación), producto de las inversiones realizadas, en medio de una crisis global de liquidez que dificulta el acceso oportuno y adecuado al crédito institucional-oficial y privado; vii)encontrar mayores dificultades para vender aquella parte de la producción, de una empresa capitalista rural, que e destina a la exportación, dada las crecientes barreras proteccionistas de Estados Unidos; viii)el posible abatimiento de las tasas de explotación de los trabajadores empleados, dado que el contexto sociopolítico del país obliga a la maquinaria corporativa a intentar extender sus mecanismos de dominación a los asalariados rurales, lo que implica su posible sindicalización y, potencialmente, la “igualación” de los salarios del campo y las ciudades. Con base en estas implicaciones posibles, la lógica de acumulación y reproducción de su capital le impide a la burguesía rural emprender seriamente los proyectos de su “asociación”con los diversos componentes sociales del campesinado y del gobierno, para la formación de empresas agropecuarias y agroindustriales . el empresario con intereses vinculados con el campo mexicano no invierte seriamente, durante 1977, en este tipo de empresas, básicamente debido a los factores en contra que detecta su perspectiva económica. Ello a pesar de que los planteamientos gubernamentales indican que las empresas “asociativas” serán objeto de una canalización adecuada de crédito a través del Banrural, especialmente tratándose de empresas agroindustriales; recibirán inyecciones de capital-dinero proveniente de otros sectores de la burguesía; tendrían enormes ventajas, entre las que destaca la posibilidad de aprovechar la gran oferta de mano de obra barata existente en las “zonas deprimidas2 del país. b.3)Inversión privada en renglones económicos y regiones geográficas desarrolladas. Además de la posibilidad de lograr que la burguesía rural invierta en empresas “asociativas”, en los niveles requeridos para iniciar el proceso de sustitución de las”formas campesinas” de producción, el cumplimiento del esquema de proletarización demanda que ésta sea capaz de mantener el ritmo de crecimiento de las áreas geográficas y renglones económicos, del sector agropecuario, que detenten el mayor grado de desarrollo relativo. Sí ello no es así, podría ocurrir que el agro se campesinizara aún más. Sin embargo, durante 1977 la burguesía se muestra incapaz, no sólo para mejorar la producción agrícola y ganadera en general, sino incluso para hacerlo en los lugares y renglones de la economía agropecuaria que tradicionalmente han sido sus bastiones. Ello es consecuencia de que: a) el volumen de recursos públicos subsidiados –en el contexto de penuria económica gubernamental general- a los empresarios capitalista de las áreas más desarrolladas, no solamente no aumenta, sino que incluso se reduce, traduciéndose ello en un tibio proceso de “rehabilitación” de las obras de riego en operación, y en un lento ritmo de apertura de nuevas superficies al regadío, así como el surgimiento de una tendencia hacía la eliminación del subsidio por el uso del agua de riego; b)se de un general abatimiento de los mantos acuíferos disponibles, como fuentes de irrigación, producto que durante décadas los distritos de riego han sido sometidos a una sobreutilización vinculada a los procesos de acumulación de capital

en el agro; c)la burguesía rural no se muestra dispuesta a emprender, por su cuenta y riesgo, la investigación agropecuaria-gubernamental y contratación directa de personal calificado, que tradicionalmente le ha sido proporcionada en forma gratuita por el aparato burocrático y que ahora, en las condiciones de escasez gubernamental de recursos, el empresario como tendiente a disminuir; d)los mercados internacionales – especialmente el de Norteamérica-, principales receptores de los productos obtenidos en las áreas más desarrolladas del sector agropecuario, se han cerrado significativamente, como una medida de defensa de sus economías internas en el contexto de crisis económica mundial; e)el precio de los insumos de producción e industrialización agropecuaria tiende alcanzar niveles más allá de los “costeables”; f)al interior del con junto de unidades productivas capitalistas de estas regiones geográficas y renglones más desarrollados, la crisis global de la economía agudiza el proceso de concentración y monopolización –principalmente en manos del gran capital trasnacional- del sector, disminuyendo la presencia de las unidades productivas de pequeña y mediana envergadura y siendo sustituidas por empresas monopólicas que no necesariamente llegan a los niveles de producción anteriormente obtenidos; g)la “floja” relación intersectorial de la economía mexicana determina que la producción de materias primas agrícolas y ganaderas no sea adecuadamente absorbida por la industria; h)=la producción ilegal de drogas, actividad singularmente redituable para la burguesía rural, era eficientemente combatida por la acción policíaca interna y externa del país. b.4)Fracciones “no rurales” de la burguesía, y su inversión en el campo. Ya se ha dicho que la asociación gobierno-capital privado-campesino aparece, dentro de los planteamientos de la burocracia central, como el camino optimo para lograr: la expansión del capitalismo en el campo mexicano; las metas específicas del PNAF; y, los objetivos generales de la Alianza para la Producción. En el anterior apartado se ha visto que los capitalista rurales no emprenden, durante 1977, significativos niveles de “asociación”, aún en las regiones físico-geográficas y los renglones económicas más desarrolladas del agro. Como el aparato burocrático esta en situación de progresiva penuria económica, sus planteamientos incluyen la aclaración de que solo la inversión privada en el agro, proveniente de todos los sectores de la economía, salvará la situación encontrada. Sin embargo, al industrial, comerciante ó financiero se le presentan, para invertir en el agro, más ó menos los mismos obstáculos a que se enfrenta el empresario eminentemente rural: escasez de crédito oficial (por crecientes dificultades para obtener financiamiento público adicional, tanto externo como interno) y privado(por insuficiencia de recursos captados, lo que determina que este sea caro, a corto plazo y con fuertes requerimientos de solvencia); inadecuado desarrollo del mercado bursátil, lo que hace que sea muy difícil la venta de acciones de posibles empresas agropecuarias; posibilidades de caer en las garras de los agiotistas que plagan el campo; probabilidad de que los intentos oficiales por estimular la presencia –reglamentada ó no por el Estado mexicano y/ó por el Norteamericano- de las trasnacionales en el agro brinden resultado, lo que implicaría (especialmente para el pequeño y mediano inversionista) el

peligro de perder su inversión al agudizarse el proceso de concentración monopólica y de cierre de empresas. Estos obstáculos, anulados al hecho de que las esperadas divisas generadas por el petróleo se orientarían en el futuro inmediato hacia la implantación de un modelo de crecimiento basado en el paso a la “tercera etapa de sustitución de importaciones” –de bienes de capital-, con el agro se destinarían básicamente los residuos, determinan el que el empresario e inversionista “no rural” –nacional y extranjero- prefiere especular con sus ganancias y esperar a que el modelo de desarrollo esté bien cimentado para invertirlas en otros sectores de la economía. Por todo lo anterior, el proceso más bien tiende a invertirse con respecto a los planteamientos gubernamentales : la transferencia de recursos no es de la banca, la industria y el comercio al agro, sino al revés (tanto empresarios del país, como de la inversión extranjera directa). b.5)Producción agropecuaria. Para que el esquema de la descampesinización tenga real cumplimiento, las fracciones de la burguesía con intereses ubicados en el agro tienen que demostrar que son capaces de producir en los niveles previstos por el PNAF. Sin embargo, ya se ha visto que la burguesía rural no invierte en la medida suficiente como para sustituir al ejido y al minifundio ejidal y privado; que no se “asocia” con otras fuerzas económico-sociales para constituir un número significativo de empresas agropecuarias y agroindustriales. También se ha mencionado que durante 1977 los inversionistas “extrarurales” –del país y de fuera de él- no canalizan volúmenes adecuados de recursos al agro y que igual sucede con las inversiones gubernamentales, que destinarían proporciones crecientes de las divisas y recursos hacia el desarrollo de una industria de bienes de capital. Todo ello determina el que, al igual que lo acontecido con los bajos niveles de producción del resto de las fracciones de la burguesía, el capital rural no produjo durante 1977 volúmenes suficientes de alimentos, materias primas y bienes de exportación. En este sentido, parecería que la burguesía rural responde, durante este año, de manera casi opuesta a como le ha sido señalado –y que diversas fracciones y grupos de ella han formalmente aceptado- por el Gobierno. En vez de invertir mas y tener mayores volúmenes de estos productos, a menor precio de venta, se tiende a invertir menos, con menor producción y a mayor precio de venta. El que la burguesía rural no cumpla con la función requerida para expandir las empresas capitalistas en el agro a costa de la reducción de la función económica de las formas campesinas de producción, esta determinado, como ya se ha visto, por tres grandes categorías de obstáculos: a)obstáculos que se desprenden de la inadecuada canalización de recursos gubernamentales a las empresas capitalistas; b)dificultades que surgen como consecuencia de la “descapitalización” de la burguesía rural en el contexto de crisis; c)escollos físicos y geográficos que se vuelven más difíciles de combatir por la mayor escasez de fondos y recursos surgida con motivo de la inflación-recesión. Estas tres grandes categorías de obstáculos determinan el que la producción de alimentos no crezca. Ante una inadecuada respuesta –principalmente del sector empresarial de la agricultura y de la ganadería -, los incrementos en el volumen de importaciones de productos agropecuarios alimenticios son muy altos. La burguesía

rural disminuye sustancialmente la superficie destinada a la producción de alimentos en virtud de que para ella –por no existir precios de garantía juzgados como “aceptables”es más redituable cultivar otros productos . guiados por su lógica de máxima acumulación y reproducción de capital, algunas fracciones de la burguesía llegan incluso a presionar al aparato burocrático, a fin de establecer mecanismos que permitirían cultivar en el país sólo productos “rentables”, y el resto tendría que importarse. Los obstáculos mencionados también repercuten en que la s exportaciones de productos agropecuarios disminuyan aún más: durante el primer trimestre de 1975, la agricultura participaba con el 42% del valor total de las exportaciones; en el mismo periodo de 1977, su participación se reduce al 36% (no obstante que compite con un sector industrial en retracción). La producción de bienes de exportación denota bajas; sin embargo, en este caso la reducción no se puede atribuir significativamente a la falta de crédito, ya que los estímulos gubernamentales a la exportación hace que éste no sea escaso con respecto a la exportación. Aquí, los factores que a los ojos de la burguesía se convierten en obstáculos básicos para aumentar las exportaciones, son: a)muy amplias fluctuaciones en los precios internacionales de productos agropecuarios; b) tendencia al abatimiento de la demanda norteamericana de estos productos; c)e3sfuerzos gubernamentales destinados a que la producción estatal e estos productos, primero satisfaga la demanda nacional. Tampoco se incrementa la producción de materias primas agropecuarias requeridas por la industria. De hecho, el decremento en la superficie cultivada en algunos de estos productos (fibra y semilla de algodón, por ejemplo) determinó en algunos casos el cierre de buena parte de la capacidad productiva de las industrias que los utilizaban. b.6)Burguesía rural y generación de empleos. La aplicación del esquema estatal de proletarización definitiva contempla el que la burguesía rural, al sustituir la función económica de la organización campesina de la producción, cree empleos en la medida requerida para dar ocupación permanente, tanto a los tres millones de asalariados agrícolas que ya existían, como a los nuevos contingentes de proletarios que implicaría la puesta en marcha del esquema. Sin embargo, al igual que al resto de las fracciones de la burguesía rural, por el contrario, al agudizamiento del fenómeno, debido a que: a)tienen un bajo ritmo de inversiones; b)tienen una muy baja utilización de la capacidad instalada en sus empresas; c)tienden a utilizar tecnología ahorradora de mano de obra. Por otra parte, el Gobierno –a pesar de las presiones de los trabajadores organizados de este y otros sectores de la economía- no pueden sustituir directamente esta función del capital privado rural, básicamente por dos razones: i)porque la estrategia de vinculación más estrecha al gran capital, representado entre otros por el acuerdo con el FMI, establece precisamente lo contrario; ii)porque al hacerlo, dañaría los intereses inmediatos de importantes sectores de la burguesía rural. De manera que, de acuerdo al esquema gubernamental de la proletarización, la solución al problema del desempleo en el campo esta en manos de la burguesía rural. Sin embargo, su incapacidad al respecto –denota durante todo el año, es notable. Esto

es especialmente claro en el caso del pequeño y mediano capital rural; resulta tan afectado (por la reducción del mercado interno y externo, por los altos costos de producción, por la inadecuada administración y por la falta de crédito) por la crisis estructural interna y por la recesión de la economía capitalista mundial, que se generaliza la quiebra y el consecuente cierre de sus empresas. A diferencia de ello, el gran capital rural puede fortalecerse con la crisis; esta en posibilidad de sacar ventaja del mercado, vendiendo a precios más altos productos dirigidos a un mercado más compacto, pero con la alta capacidad de compra; se apropia de los renglones del mercado de productos agropecuarios que estaban en manos de los pequeños y medianos capitalistas, al darse el cierre generalizado de las empresas de estos; puede traducir las alzas de los costos de producción en la elevación del precio de sus productos; esta en posibilidad de contar con altos volúmenes de créditos y otras formas de financiamiento, como la emisión de acciones. Pero este robustecimiento no significa que el gran capital rural genera mayores volúmenes de empleos. El gran capital rural es fundamentalmente trasnacional(norteamericano, básicamente); por ello, muy probablemente su afluencia (en mayores volúmenes) al país se vería obstaculizada, no por el aparato burocrático del Estado mexicano(que en el mejor de los caso los “regulara”), sino por diversas instancias del propio Estado norteamericano (en la recesión de la economía de ese país). Así, incidiendo en el monto y destino de la inversión extranjera norteamericana directa en el país (y también en el problema del creacerismo), las diversas fuerzas sociales de la sociedad norteamericana determinan indirectamente –en algún grado- el abatimiento de los niveles de desempleo rural en la formación social mexicana. b.7)La “innecesaria” intermediación en el agro. El control y regulación de la actividad comercial en el agro especialmente importante para el Estado. El esquema estatal de descampesinización del agro, solo es posible mediante inversiones privadas suficientes como para desplazar la función económica del ejido y del minifundio, requiere que las utilidades reviertan a los capitalistas que las efectúan. Esto implica debilitar al sector de comerciantes que, sin tomar parte directamente en la producción agropecuaria, sí se quedan con buena parte del producto agropecuario. Sin embargo, a pesar de modificaciones legales tendientes a hacer posible que las diversas dependencias del aparato burocrático tengan una presencia mucho más activa en la esfera de la distribución de productos agropecuarios, y no obstante que la burocracia central cuanta con el apoyo de fracciones de la burguesía rural y que están verdaderamente interesadas en hacer desaparecer esta intermediación innecesarias y sustituirla por un aparato de comercialización moderna, la desaparición de comerciantes “atrasados” no se da durante 1977. Ello está determinado por: a)la impotencia gubernamental para crear un sistema de comercialización alternativo al ya existente, debido a que ello implicaría altos costos que no pueden sufragar; b)el hecho de que los comerciantes en general, incluyendo a los “atrasados”, robustecen durante el año su capacidad de negociación en materia de política económica, llegando incluso a influir en la determinación de la política oficial de precios; c)el sólido raigambre que tienen que tienen –vía financiamiento, y en sustitución del crédito oficial y de la banca privada- los intermediarios en la producción

agropecuaria; d)el hecho de que los empresarios de la industria y el campo, ante la puesta en marcha de una política oficial de precios que juzgan como no del todo adecuada, no responden, en la acción, a los llamados gubernamentales para la creación de modernas empresas comerciales; e)el casi total dominio de renglones específicos del mercado de productos agropecuarios (carne, por ejemplo) por parte de los intermediarios “atrasados”; f)la posibilidad de que las nuevas técnicas de conservación de productos agropecuarios, durante el proceso de distribución, sean aprovechados precisamente por los intermediarios que se intenta suprimir; g)la versatilidad de la presencia del intermediario en la producción agropecuaria , lo que hace que si una rama específica del sector no le es lucrativa, ubica su actividad fundamental en otras; h)el eficaz manejo de la imagen ideológica conforme a la cual los comerciante aparecen, no como determinantes del proceso de inflación, sino como una víctima más de éste; i)la gran cantidad de leyes y ordenamientos que generan confusión, impunidad y corrupción en el proceso de intermediación de productos agropecuario; j)el hecho mismo de qué, en la práctica, es muy difícil distinguir entre la intermediación atrasada e innecesaria, y la intermediación moderna y necesaria. B)Reforma Política en el campo: Ya se ha dicho aquí que Alianza para la Producción y Reforma Política son los dos componentes inseparables dela manera conforme a la cual el aparato burocrático del Estado mexicano plantea poder salir de la crisis para 1980. en anteriores apartados, se ha desarrollado la tesis que señala que la efectiva puesta en marcha de ambos componentes –la “respuesta completa” que la burocracia central da a la crisis- es un asunto que compete básicamente a la resolución de las contradicciones secundarias al interior del Estado mexicano. La efectiva implantación de la Alianza para la Producción está fundamentalmente determinada por la dirección en que se resuelven los conflictos surgidos entre burguesía y aparato burocrático, así como por la “resultante vectorial” de las contradicciones intraburguesas e intragubernamentales. A su vez, la verdadera modificación superestructural que implica la Reforma Política depende de cómo se resuelvan las contradicciones entre –y en el interior de- el aparato burocrático, la maquinaria corporativa del Estado y las organizaciones de lucha política directa de la burguesía. También se ha mencionado que los determinantes, en el contenido y los efectos de la Reforma Política y de la Alianza para la Producción adquieren especificidad diversa, de acuerdo al sector concreto de la economía del país en que se intenta aplicar. En el anterior apartado se ha establecido que, en el caso concreto del sector agropecuario, la pretensión de aplicar la Alianza para la Producción –esto es, la implantación de un proceso de total y definitiva proletarización del agro- se encuentra dificultada durante 1977, tanto por factores ubicados en el propio seno del aparato burocrático, como por el alejamiento de la función de inversión que los planteamientos gubernamentales le asignan a las fracciones de la burguesía rural. Toca ahora hacer lo mismo con la reforma política: delimitar que escollos se le presentan para convertirse en el efectivo condicionante superestructural de la implantación del esquema de

“descampesinización” que, conforme a los planteamiento gubernamentales, deberá ponerse en aplicación de 1977 a 1980. En lo que sigue se pretende detectar los obstáculos que -provenientes del funcionamiento superestructural real del aparato burocrático, organizaciones de lucha de la burguesía rural y maquinaria corporativa del Estado en el campo- dificultan, durante 1977, la efectiva puesta en marcha de la reforma política que la fracción hegemónica de la burocracia pública ha impuesto en lo general. Las tesis básicas al respecto, que se intentará fundamentar en lo que resta del presente resumen, son: a)al funcionamiento superestructural real del aparato burocrático no cumple con su auto asignada tarea de generar altos niveles de confianza en la burguesía rural. Las acciones que emprende, encaminadas a promover una adecuación jurídica que legitime el proceso de proletarización, no necesariamente eleva la confianza del capitalista del agro, básicamente porque, paralelamente a ellas, el gobierno –debido, a su vez, a que tiene dificultades para mantener, dentro de los límites “soportables” el deterioro de los niveles de vida de las clases trabajadoras rurales, a que tiene problemas para institucionalizar la solución de los conflictos sociales en el campo, y a que no se muestra eficaz en la transmisión de la nueva imagen ideológica de la Reforma Agrariatiene que ser mínimamente permisivo (en aras de la permanencia de cierto grado de legitimidad) en cuanto afectación de tierras para fines de reparto y en lo concerniente a invasiones agrarias, y se niega hacer un uso verdaderamente profundo de la represión físico-militar.

b)el funcionamiento superestructural real de las fracciones, grupos, sectores y capas de la burguesía con intereses ubicados en el agro, tiende más bien a corresponder a una visión del ámbito político-ideológico conforme a la cual gobierno y maquinaria corporativa aparecen como entes sociales que requieren ser constantemente vigilado por las organizaciones de lucha política del capital. Debido fundamentalmente a su inadecuada interpretación de las acciones tomadas –y del discurso político empleado- por la burocracia central del Estado mexicano, con respecto al campo, la burguesía rural no acepta que se dañen sus intereses inmediatos, ni aún cuando esto suceda como una respuesta superestructural a la radicalidad alcanzada en la lucha de clases. Tiende, por el contrario, a presionar al aparato burocrático hasta colocar en una posición cercana al punto de pérdida total de legitimidad popular en el agro. c)A su vez, el funcionamiento superestructural real de la maquinaria corporativa del Estado en el campo, tiende alejarse significativamente del que le ha sido asignado en los planes gubernamentales respectivos. Debido básicamente a que los dirigentes nacionales de las diferentes organizaciones que componen al sector campesino del PRI compiten por obtener para sí la

hegemonía del proceso desatado por la reforma interna de la maquinaria corporativa, durante el año no se avanza significativamente en la formación, en el agro, de una única organización política del Estado. Sí a ello se le aúna el hecho de que, determinado por el agudizamiento del proceso de deterioro de sus condiciones materiales de vida, sus propias bases sociales y cuadros intermediarios de dirigentes denotan un incremento de su militancia efectiva que se acerca a los límites de seguridad del Estado, y si además se le agregan las crecientes dificultades para extender y profundizar su control sobre los asalariados, subocupados y desocupados rurales, se entiende porque la maquinaria corporativa muestra tendencialmente que sería incapaz de neutralizar eficazmente una acción expansiva seriamente emprendida, por las organizaciones políticas independientes en el campo mexicano, de 1977 a 1980. Veamos cada una de estas tesis con mayor detalle. a)Aparato burocrático y “confianza” de la burguesía rural: a.1)Intentos de Adecuación Jurídica. Desde la perspectiva de la fracción hegemónica de la burocracia pública, el Derecho “legitima la lucha de los contrario”. Conforme a su concepción, la lucha por transformar la sociedad aparece como posible, únicamente sí se da dentro de los marco jurídicos existentes: sólo para transformarlos, no para transgredirlos. Entre otras razones, es por ello que el proceso global de Reforma Política abarca, en la primera etapa, su aprobación formal por el Congreso de la Unión. Con fundamento en esta perspectiva, la posición gubernamental respecto a la necesidad de efectuar adecuaciones superestructurales de la sociedad mexicana (que sería necesario satisfacer para salir de la crisis) debe iniciarse precisamente con la actualización del ámbito jurídico-legal. Con relación al campo concretamente se trata de modificar la legislación para dar plena seguridad al empresario rural. En el caso del medio rural, sin embargo, esta preocupación de la burocracia central para sentar las bases jurídicas, que posibilitarán la legitimidad de la implantación del esquema de descampesinización y proletarización definitiva, va a contribuir a la producción de fuertes dosis de desconfianza en la burguesía rural. Esta desconfianza va estar determinada por el hecho de que, desde el ángulo de visión del capital agrícola y ganadero, aparece como posible: a)que la reforma política, al hacer factible que el aparato burocrático se apoye simultáneamente en la desgastada maquinaria corporativa y en las minorías políticas de izquierda, redunde en el fortalecimiento de la autonomía relativa del gobierno y, por lo tanto, en el incremento de la compulsividad para hacer que el capital privado del agro se comporte de acuerdo a sus lineamiento; b)que la reforma administrativa implique el fortalecimiento de la SRA, en la que el capital ve la continuación del reparto agrario de tierras que se oponen terminantemente; c)que el poder legislativo cobre una creciente independencia frente al poder ejecutivo –ente otras cosas porque en el Congreso de la Unión están ubicados residuos del Echeverrismo, porque los

mecanismos de control sobre diputados y senadores no funciona tan bien como antes, y porque las representaciones de los sectores de la maquinaria corporativa hacen planteamientos cada vez más audaces-, lo que podría llegar a manifestarse en la generación de ordenamientos legales que no favorezcan directamente a los intereses de los empresarios rurales; d)que los nuevos enfoques utilizados para el estudio del agro mexicano –alimentados por el auge cobrado por las ciencias sociales en el país-, al desenmascarar el verdadero carácter de los diversos niveles jurídicos-legales relacionados con el medio rural, “contaminen” las directrices marcadas por la burocracia central. Pero, además de todo ello, existe un caso en que la actualización jurídico-legal es especialmente importante. Para que haya cumplimiento con el papel de inversión que le ha sido asignado por el aparato burocrático, (a la burguesía rural), sus dirigentes afirman que requieren tener la certeza de que la inconformidad y los conflictos sociales, que generaría la implantación del esquema de proletarización definitiva, serán controlados, institucionalizados, 2arbitrados”, por el Estado. De ahí la relevancia que la burocracia central otorgue a la modificación de leyes y reglamentos, necesaria para la formación de los Tribunales Agrarios. Sin embargo, al igual que lo que sucede con la generalidad de las modificaciones antes mencionadas, las perspectivas del surgimiento de los Tribunales Agrarios, como mecanismo fundamental de arbitraje estatal en el agro, no parecen despertar en la burguesía del campo altos niveles de confianza. Ello esta determinado por: a)los antecedentes de la disfuncional existencia de organismos equivalentes a estos Tribunales, desde 1915; b)el hecho de que, al formarse los tribunales, se diluiría en ellos el poder de arbitraje que hasta entonces se concentraba en la SRA, con lo que, en ocasiones, estos organismos -al verse sometidos a nivel regional y local, a las presiones, difíciles de vencer, que proviene de la burguesía ruraltenderían al enfrentamiento con las instancias nacionales del Estado; c)la posibilidad de que el nuevo engrane del aparato estatal, de mediación política en el agro, este constituido por funcionarios gubernamentales que hayan sido “víctimas” del proceso de marxistización” ideológica, que hace que quede fuera de control del Estado nacional una no despreciable parte del ámbito de su propia actuación. a.2)Persistencia de invasiones agraria y afectaciones de tierra. Diferentes grupos de presión –dentro y fuera del engranaje estatal- intentan conducir al aparato burocrático hacía la realización de nuevos reparto agrario. Como el aparato burocrático no satisface estos requerimientos de tierra, persisten –a nivel mínimo- las invasiones legales. Inquietud, desempleo y violento deterioro de las condiciones materiales de vida de los trabajadores rurales, se unen y condicionan el que los líderes, locales y regionales, de las organizaciones políticas de apoyo proestatal actúen, en este sentido, de manera diferente a la que le esta señalada por los controles estatales establecidos. A pesar de que la perspectiva oficial estriba en sostener que las invasiones que existen son “herencia” del régimen pasado, las diferentes organizaciones de lucha, de la burguesía rural, sostienen que las invasiones continúan, por lo que no puede tener total confianza en el régimen.

Los dirigentes del aparato burocrático han normado su política de afectación de tierra en función del mantenimiento de un mínimo indispensable de niveles de legitimidad – juzgados, por ellos como “adecuados”-. Por esta razón, para ir eliminando expectativas incontroladas, se difunde masivamente el hecho de que el gobierno afectará sólo – cuanto antes- los que es posible afecta 8dejando, así, claramente establecido que la pequeña propiedad no será tocada), a la vez “desradicaliza” las acciones agrarias de finales del sexenio de Luis Echeverría. Pero si la desconfianza de la burguesía rural se genera por la persistencia –a niveles muy bajos- de invasiones “ilegales” de tierra, ésta se incrementa considerablemente cuando el Gobierno, en aras del sostenimiento de un mínimo de legitimidad de la imagen que lo presenta como heredero directo de las reivindicaciones campesinas del movimiento armado 1910-1917, plantea como todavía vigente, la abstracta posibilidad de afectación de tierras para fines agrarios. Diferentes agrupaciones de empresarios rurales señalan constantemente la probabilidad de que sus superficies sean afectadas – sin recibir pago “justo” en cambio-, por lo que demanda seguridad en la tenencia de la tierra. Su inseguridad se genera porque, en su concepción: a)siempre está presente la posibilidad de que, alimentada por la izquierda intra y extraestatal, que sostiene que lo afectable es mucho más de lo que asegura el Gobierno, la reforma agraria se radicalice; b)las investigaciones que continua realizando la SRA, para detectar latifundios de viejo tipo, representan un claro indicador de que la política de afectación, de hecho continua. a.3)La nueva imagen de la reforma agraria: la fracción hegemónica de la burocracia pública no sólo efectúa cambios en materia de adecuación jurídica, con objeto de generar altos niveles de confianza en la burguesía rural. Tampoco se agotan las modificaciones superestructurales que promueve, con la actualización de los procesos de institucionalización de conflictos agrarios y con los cambios en la actitud oficial frente a invasiones agrarias y afectaciones de tierra. Además de todo ello, promueve la difusión de una nueva imagen de la Reforma Agraria. En la nueva imagen ideológica: a)la reforma agraria aparece como posibilitadora de que el campo mexicano deje de ser determinante de la “economía ficción” del país; b)los repartos agrarios sólo pueden continuar haciéndose, en pequeña escala, en la modalidad de “Nuevos Centros de Población Ejidal”; c)se parte de la inexistencia de latifundios, aceptando sólo la presencia de acaparamientos de tierra; d)aparece la mano de los tecnócratas legitimadores del Estado, brindando como “solución” la ocupación en el medio rural vía asalarización, no vía reparto agrario de tierras; e)durante un primer periodo, en el proceso de su constitución, se hacían ataques oficiales a la política agraria del régimen echeverrista, para después, en un segundo momento, rectificar la posición y aclarar que el echeverrismo en el campo realmente benefició a la burguesía rural. Sin embargo, una cosa es la construcción de una nueva imagen de la reforma agraria, y otra es que ésta se convierta en verdadero elemento ideológico: que sea eficazmente difundida por el Estado, para su aceptación e interiorización por parte de las masa populares del agro. En cuanto a la eficiencia ideológica de la nueva imagen, se le presenta al aparato burocrático algunas dificultades: a)la monopolización privada de los medios de comunicación masiva hace posible que la imagen transmitida puede llegar a

tener un contenido bastante diferente al que la perspectiva gubernamental le ha dotado originalmente; b)la eficacia en la transmisión de la nueva imagen ideológica se ve obstaculizada porque a las peticiones institucionales de afectación de latifundios reales, las autoridades agrarias responden con argucias legaloides, señalando su inexistencia legal; c)simultáneamente, al inicio de acciones concretas, contenidas en esta nueva imagen ideológica –tales como las emprendidas para armar las empresas “asociativas” en el campo-, estas mismas medidas dejan de tomarse en otros sectores de la economía ; d)la nueva imagen es desideologizada por el conocimiento científico social y por la acción de las organizaciones campesinas independientes, juzgando permanentemente esto como erosionador de su efectividad ; e)sectores que tradicionalmente hubieran apoyado la difusión e interiorización de esta nueva imagen de la reforma agraria –como la Iglesia Católica-, en esos momento, por divisiones en su interior, son un dudoso medio auxiliar. a.4)Deterioro de las condiciones de vida de la población rural. La crisis del modelo de desarrollo capitalista, dependiente y derivado, iniciado desde mediados de los ´60, para 1977 tiene como corolario un muy acentuado deterioro en las condiciones de vida de las masas populares del país. El aparato burocrático –entre otras razones, por presiones de la maquinaria corporativa del Estado- toma medidas que permitirían mantener ese deterioro dentro de los límites tolerables, intentando evitar así los efectos político-ideológicos incontrolados, que el no hacer inevitablemente implicaría. Sin embargo, las medidas que toma en este sentido la burocracia, con todo y que no están encaminadas a detener y superar el proceso, sino simplemente a mantenerlo dentro de los márgenes de permanencia de legitimidad, se ven obstaculizados por: a)la propia penuria económica gubernamental hace que sean escasos los recursos que pueda dirigir a este renglón (COPLAMA, por ejemplo); b)la imposibilidad de implantar coercitivamente, a las diferentes fracciones del capital, sus lineamientos en cuanto a lograr que éstas colabores (en cuanto a mantenimiento de bajos precios, por ejemplo) en el proceso de control del deterioro mencionado; c)la posición, en contra de estas medidas, de las fracciones más poderosas de la burguesía, que consideran que el gasto público destinado al “beneficio social” es un desperdicio. Debido a estos obstáculos, las medidas que toma la burocracia pública para mantener “tolerable” el deterioro de la situación de las clases trabajadoras del agro, especularmente golpeadas por la crisis, son a todas luces insuficientes. Esta insuficiencia se manifiesta, tanto en el inicio de programas de abatimiento del índice de crecimiento demográfico en el medio rural, como en la puesta en marcha del “seguro de vida” campesino, cuanto en el establecimiento de centros de distribución de productos básicos de consumos en el agro. Pero lo paradójico es que, determinado en algún grado por esta insuficiencia –que en buen medida es producto de la posición de la burguesía-, las masas rurales no se arraigan a sus lugares de origen ni son meros participantes pasivos en el proceso que conducirá a su proletarización definitiva y, por lo tanto, la burguesía rural no estará totalmente satisfecha con la forma en que el gobierno maneja las medidas de control del agravamiento de los niveles de vida del campo durante el proceso de salida a la crisis.

a.5)Cuerpos represivos. Dentro de los planteamientos gubernamentales, parece clara la convicción de que una fuerte agudización de las contradicciones sociales surgirá como producto de la implantación del esquema de proletarización definitiva del agro. Por ello, además de intentar una adecuación ideológica y pretender fortalecer la maquinaria corporativa, el recurso a la violencia estatal para enfrentarse cruda y abiertamente a los diferentes manifestaciones potenciales de inconformidad social es una carta que no esta desterrada; permanece como el medio que, en última instancia, permitiría que en el campo se mantuviera la “estabilidad política”, tan jactanciosa difundida por la fracción hegemónica del aparato burocrático. El Estado se preparaba, durante 1977, para usar la represión, tanto a través de la modernización de los existente cuerpos militares y paramilitares, como mediante la creación de organismos especiales y secretos antigerrilleros. Sin embargo, para fines de obtención de legitimidad, en el contexto de la Reforma Política, dosifica su utilización efectiva. Este uso dosificado de la represión se enfrente –provocando “desconfianza”- a la posición de una burguesía rural interesada en que el Estado haga un uso extensivo e intensivo de ella, especialmente en casos de invasiones “ilegales” de tierra. b)La burguesía rural y su vigilante perspectiva política: b.1)Afectación de los intereses de los empresarios rurales. A nivel formal, la burguesía con intereses ubicados en el campo, acepta conducción gubernamental del proceso de implantación del esquema de descampesinización del agro. A nivel real, sin embargo, no esta dispuesta a permitir que esta conducción dañe sus intereses inmediatos, ni siquiera cuando ello sea parte de lo que globalmente se requiere para mantener, temporalmente, a niveles mínimos de legitimidad y de control sobre las diversas manifestaciones de inconformidad que la proletarización del medio rural pone a la orden del día. Mantiene una constante perspectiva de vigilancia y presiona para evitar que se lleve acabo todo lo que, incluido en el esquema gubernamental respecto al campo, pueda debilitarla; ejerce fuerza, no obstante que ello implica que entrar en contradicción con la fracción hegemónica de la burocracia central del Estado mexicano. Las presiones que ejerce el capital rural sobre el aparato burocrático no son, en este sentido, diferentes de las que emanan de otras fracciones. Al igual que el resto de los componentes de la burguesía, la lucha de los capitales del agro para que, incidiendo sobre los lineamientos gubernamentales, se evite el más ligero daño a sus intereses, tiene un contenido tripartita: económico, político e ideológico. ¿Cómo se da esta lucha de burguesía como clase? Durante 1977, la lucha orientada directamente por su perspectiva económica, incluye: a)la posición, más o menos abierta, a la implantación de medidas redistributivas; b)la utilización, para su fortalecimiento, incluso de las medidas gubernamentales tendientes a controlar su expansión; c)el mantenimiento de bajos salarios; d)el ejercicio de presión par obtener altos precios de sus productos; e)la desradicalización de las demandas del movimiento “organizado” de los trabajadores, f)el recurso a diversas medidas orientadas a permitir continuar beneficiándose con la inflación. La lucha política, a su vez, incluye: a)el aumento, en general, en su capacidad de negociación política con aparato burocrático y maquinaria corporativa; b)la realización de campañas, a favor ó en contra, de

determinadas posiciones ubicadas al interior del aparato burocrático; c)la incorporación y subordinación de otras fuerzas sociales, utilizándolas como apoyo a su perspectiva de lucha; d)negociación de alianzas con otras fuerzas sociales –corporativizadas ó nopara lograr la máxima efectividad de su postura. Por último, la lucha ideológica, emprendida durante 1977 por la clase social del capital, para evitar daños en sus intereses, incluye, entre otros: a)las presiones para que, mediante diversos medios, se presente un panorama optimista, no totalmente coincidente con la realidad, de las consecuencias emanadas de la forma en que se planteaba el proceso de salida a la crisis; b)la inclusión, en la ideología difundida, de la aclaración de que el empresario sólo invierte si tiene utilidades, de lo contrario cerrará su “fuentes de trabajo”; c) la difusión de la imagen de el capitalista no es culpable de la crisis, sin o sólo una víctima más de ella. Con comportamiento similar al denotado por las otras categorías sociales que componen al capital, el embate presentado durante 1977 por los capitalistas rurales, para evitar el más mínimo daño a sus intereses, se da a nivel económico, político e ideológico. Sin embargo, la lucha aquí cobra un contenido específico: todo lo que no se inscriba en su lema de “seguridad y garantías”, es atentatorio y, por lo tanto, combatible en cualquier circunstancia, independientemente de las exigencias superestructurales de un momento específico. La lucha económica de la burguesía rural, por evitar que sus intereses inmediatos sean afectados, va a perseguir, entre otros objetivos: a)la eliminación de la “economía ficción” en el agro, esto es, obtener de aparato burocrático adecuados precios de garantía para sus productos; b)el mantenimiento de los subsidios dirigidos a ella que previamente existían, pero evitando nuevos subsidios que impliquen la no obtención de altos preciso de garantía ó de venta; c)evitar que el incremento de la participación gubernamental en el agro se traduzca en “estatización” del medio rural y, consecuentemente, la posible expulsión de los empresarios capitalistas de la producción agrícola y ganadera. A su vez, el contenido superestructural de la lucha emprendida por los capitalistas del agro persigue: a)intentar suprimir las personalidades que sobreviven dentro del aparato burocrático en puestos secundarios de mando, que sustentan tendencias agrarias “campesinistas”; b)enfrentarse eficientemente a las denuncias que señalan que aún existen grandes concentraciones de tierra, imponiendo su visión de que los latifundios son ya inexistentes; c)dejar claramente establecido que la expropiación de tierras, por parte de l Gobierno –aún en los caso que éste no se le presente “políticamente” otra salida-, es inversamente proporcional a su “seguridad” en el régimen; d)obtener la regulación definitiva de la situación de las tierras, especialmente de las de pequeña propiedad, e)oponerse a las medidas que plantea la organización política de los asalariados rurales, incluso cuando estas sean propuestas por la propia maquinaria corporativa del Estado. Los mecanismos que emplea la burguesía rural en su lucha por lograr estos abarcan un amplia gama; incluyen los siguientes: a)la posición –y consecuente retraso en su construcción y operación- a los grandes obras de infraestructura que afectan sus intereses; b)la obtención en caso de afectaciones

inevitables, que no se pueden detener- de altos precios pagados por tierra e instalaciones, incluso arriba de los comerciales; c)la amenaza del paro de labores y realización de marchas de protesta. b.2)las presiones de la burguesía rural y la legitimidad del aparato burocrático en el agro. El capitalista –rural y no rural- presta apoyo absoluto a la política económica del régimen de López Portillo, siempre y cuando su contenido sea totalmente favorecedor de los procesos de acumulación y reproducción de capital. Es un requisito, para sus actores sociales, continuar teniendo “aceptables” tasas de ganancia. Por ello, si las medidas gubernamentales no son a su total favor, los diversos componentes de la burguesía pueden conducir –en su afán por evitar cualquier posible daño a sus intereses inmediatos- al aparato burocrático a tomar “medidas populares”, colocándolo en una posición en que se ponen en entredicho sus límites mínimos de legitimidad . tanto a la mayor reducción de la autonomía relativa del Estado mexicano, cuanto a que el aparato del Gobierno cuente con cada vez menos apoyos sociales, requeridos para su existencia y actuación.

La reforma política significa, aunado al relativo reforzamiento de la izquierda y a la recomposición interna de la maquinaria corporativa del Estado, la legitimación de la participación política abierta, de las diferentes fracciones del la clase del capital. Aprovechando el contexto de modificaciones superestructurales, promovidas por la fracción hegemónica de la burocracia pública, la burguesía, como conjunto social, desarrolla durante 1977 mecanismos que conducen a una mayor capacidad organizativa y de presión política, y ensaya nuevos métodos de actuación. Librando la lucha, por lo menos a cuatro niveles –contra la fracción hegemónica del aparato burocrático, contra el resto de las fracciones del capital, contra los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado y, marginalmente, contra la posición de las organizaciones, grupos y partidos políticos de izquierda militante-, determinadas fracciones del capital (especialmente la actuación del Grupo Monterrey) van a intentar obligar al Gobierno a tomar posiciones que, objetivamente, se ubiquen más allá de los límites políticamente tolerables. En esta lucha emplean diversos medios: a)utilizan racionalmente los medios de comunicación masiva; b)realizan paros de actividades; c)reaccionan contra la posibilidad de que sean dañados sus intereses, señalando las “negativas” consecuencias que ello tendría sobre el proceso de salida a la crisis; d)colocan a sus representantes directos –ya no sólo en los referentes locales, municipales y de entidad federativa de la maquinaria gubernamental, en posiciones secundarias de la burocracia central y en niveles de importancia, no principal, en la maquinaria corporativa del Estado- en posiciones clave de la burocracia central (básicamente en el “gabinete económico”, en tanto que es el conjunto operativo SPFI, SPP, SC, SHCP, donde se generan los contenidos originales de

la política económica, donde se “retroalimentan” y se modifican éstos conforme a la correlación de fuerzas, donde se formulan las versiones definitivas), volviéndolas “homogéneamente conservadoras”; e)establecen mecanismos más eficientes, de “consulta”, en el aparato burocrático, en torno al contenido de la política económica. Las fracciones rurales de la burguesía del país tiene un lugar especial en la señalada tendencia hacia la pérdida de legitimidad popular del gobierno. Especialmente fracciones de la burguesía que ya tienen intereses ubicados en el agro (como diferentes de aquellas, cuya presencia en el campo el gobierno se empeña en estimular), frecuentemente no coinciden con las propuestas del aparato burocrático, tanto en lo que se refiere a programas concretos (como en el caso de las agroindustrias), como en el concerniente a las bases mismas de los planes gubernamentales de proletarización en el agro. Empujan y presionan a la burocracia central hasta cerca de los límites de debilitamiento de sus bases superestructurales en el campo. Estas presiones se manifiestan en: a)la posición a que, aún formalmente, sostenga el aparato burocrático – para fines de obtención de consenso social- la apariencia de que aún es posible el reparto agrario, ya que ésto sólo sería factible (desde su percepción) afectando a la pequeña propiedad y, además la sola posibilidad de continuar con las dotaciones sería “bandera” de las organizaciones de los trabajadores del campo sin tierra – corporativizado ó no-; b)el afianzamiento progresivo de la posición que sostiene que el ejido debe desaparecer, para ser sustituido por la pequeña propiedad, c)las presiones para que desaparezca la Secretaría de la Reforma Agraria, con objeto de que ello garantice que la política agraria se someta indiscutiblemente a la política agrícola. b.3)Interpretación burguesa de la acción y discursos políticos. Si la burguesía rural no admite el más mínimo daño a sus intereses inmediatos, así sea en situaciones explosivas de lucha de clases y si, por el contrario, tiende a empujar al aparato burocrático hacia posiciones de peligrosidad en cuanto a la obtención –por parte de éste- de niveles adecuados de legitimidad, ello esta determinado, en buen grado, por el hecho de que los dirigentes de las organizaciones de lucha de los empresarios del agro, al no tener la visión de conjunto que si tiene el gobierno, no interpretan en su real dimensión el lenguaje utilizado y las medidas tomadas por la fracción hegemónica de la burocracia central. Al basar su conocimiento y su actuación en el contenido explícito de los discursos pronunciados en las “alturas” de la burocracia, muestra –la burguesía que actúa en el medio rural- su incapacidad para distinguir entre objetivos formales y objetivos realmente perseguidos por el Gobierno. Al igual que al resto de las fracciones del capital, los empresarios del campo “desintrerpretan” los planteamientos del aparato burocrático y/ó maquinaria corporativa, tanto cuando se menciona de alguna manera la necesidad de rectificar el contenido de la política económica seguida durante 1977, como cuando se presentan argumentos en torno en la necesidad de aplicar la reforma política. Las organizaciones de lucha de la burguesía, como clase, no fueron capaces de distinguir, durante 1977, lo que realmente determinaba el contenido de las afirmaciones de cambio de la política económica

gubernamental, para descifrar en que consisten éstos, verdaderamente, y en saber en que consistirían los efectos reales que podrían traer consigo. De esta manera, sus líderes se muestran desconfiados cuando se habla de: liberación del gasto público, que no se puede permitir que el capital sea juez y parte en el intento de sopesar lo “correcto” de la política económica seguida; la burguesía, como culpable de la crisis, que no cumple con su parte en la Alianza para la Producción; no autorizar aumentos de precios; no aceptar la ingerencia directa de la burguesía en el contenido de la política y reforma fiscal; que el capital alimenta los conflictos entre políticos y técnicos; la incapacidad de la burguesía para obtener éxito económico real, sino cuanta con la protección gubernamental; que, pese a las presiones para hacer ver lo contrario, los economistas que trabajan en el gobierno no son creadores de problemas, sino simplemente sus detectadores y solucionadores; que el aparato de gobierno no debe ceder a la iniciativa privada sus empresas, pues al hacerlo implicaría su debilitamiento; incrementar los salarios; la posibilidad de que el capitalismo monopolista de Estado se oriente hacia el fortalecimiento, no del gran capital, sino del movimiento obrero y campesino; eliminar los subsidios que tradicionalmente le han sido otorgados. A su vez, la falta de visión de conjunto determina también, en algún grado, el que la burguesía, como clase, no interprete en su real dimensión el contenido y los alcances de la Reforma Política, promovida e implantada por la fracción hegemónica de la burocracia pública. Se muestra “desconcertada” cuando se asegura que la Reforma Política: romperá el monopolio de la oposición que ha estado en manos del PAN; brinda amplias posibilidades para que algunos grupos, fuera de control estatal, provoquen una crisis política, aprovechando la coyuntura de crisis económica; podría incluso, significar la presencia de senadores de partidos de izquierda revolucionaria; no cambiará la situación de monopolio de poder, sino que solamente implicará una mejor “imagen pública” de éste, podría llegar a tocar los puntos más sensibles de la “gestión empresarial”, tales como la participación obrera en las decisiones de las empresas de capital privado; no incluye realmente la posibilidad de eliminar la corrupción; es la respuesta a la necesidad de hacer corresponder el nivel político a los cambios que están ocurriendo, y ocurrirán, en el nivel económico; en dos años más, posibilitará que en el Congreso de la Unión verdaderamente este presente la oposición de izquierda; crea “soberbia” de la maquinaria corporativa, que acusa la burguesía de demandar definir jurídicamente las reglas de un juego que favorecerá, aún más, los intereses del capital; está ya coadyuvando a que algunos gobiernos estatales se opongan eficazmente al gran capital; responde a la necesidad de obtener el apoyo políticopopular que requiere la “administración” de la crisis; implica, en algunos momentos, la necesidad de defender funcionarios del régimen precedente, a quienes la burguesía pretende borrar del mapa de efectivos actores políticos durante 1977; dará más posibilidades de actuación independiente a los personajes, al interior del Gabinete Presidencial, que le resultan potencialmente peligrosos. En el caso concreto de las fracciones rurales de la burguesía, están presentes todos los anteriores indicadores de desconcierto y desinterpretación; sin embargo, estos adquieren especificidad adicional. La ideología gubernamental respecto al campo, tiene tanta eficiencia que “engaña”, en cierto modo, a la burguesía rural, cuando: a)altos

funcionarios gubernamentales hablan de la necesidad de estatizar el agro, afirmando que ello surge como contrarespuesta a la respuesta que los capitalistas privados han dado a los lineamientos gubernamentales (la alarma surge porque, desde la perspectiva del capital rural, la mayor presencia del aparato burocrático en el campo significa el expulsar al empresario del sector agropecuario); b)se asegura que continuará el reparto agrario legal, en tanto que el aparato burocrático continua recibiendo y “dando trámite” a solicitudes de dotación de tierras; c)se afirma que –a pesar de que, objetivamente, los cambios al respecto han sido históricamente inofensivos para la burguesía- habría cambios en el cuerpo legal respecto al agro, que tenderán a beneficiar a las clases trabajadoras rurales; d)tienen la percepción de que el gobierno no hace nada por impedir que organizaciones políticas independientes se adueñen del campo mexicano, demostrando así, el capital rural, no tener claro que la Reforma Política es una cuestión de Estado promueve para evitar las disfunciones políticas, que también se dan –de manera especialmente cruda- en el campo mexicano y que, específicamente, tiende a evitar precisamente que se dé el fortalecimiento político independiente (no institucionalizado) de las organizaciones de izquierda. c)Los intentos de fortalecer la maquinaria corporativa en el campo. c.1)Centralización hegemónica del poder en su interior. La Reforma Política es una parte muy importante de la estrategia seguida por los dirigentes gubernamentales, para conducir el proceso de salida a la crisis. Es de mayor relevancia porque, desde su perspectiva, permite mantener la “única forma de estabilidad restante”: la estabilidad política. Así, la Reforma Política cumplirá el papel de sustentadora de la actividad política para el que ha sido concebida, en la medida que la posibilite: a)el establecimiento de nuevas formas de “arbitraje” estatal, de la lucha entre clases sociales (nuevas formas en cuanto a que ahora no es una sóla dependencia del Gobierno la que vela por el “equilibrio de los factores de la producción”, sino que el arbitraje aparece como el resultado de la resolución, abierta y formalmente negociada – como en el caso de la Comisión Nacional de Precios- de la enorme batería de contradicciones secundarias que pernean la existencia de las propias instancias estatales: Gobierno, maquinaria corporativa y organizaciones directas de lucha de la burguesía); b)el auspicio y control del Estado en cuanto al fortalecimiento de los sectores de izquierda que escapaban a los márgenes de su control surgidos como consecuencia de la necesidad de legitimar la actuación de los aparatos estatales ante las clases explotadas y sectores medio, y del requerimiento de mantener la autonomía relativa del Estado y la independencia residual del aparato burocrático con respecto al gran capital trasnacional-monopólico; c)el rebustecimiento de la propia maquinaria corporativa del Estado –vía su recomposición interna-, haciendo posible que neutralice la acción expansiva de la izquierda, que potencialmente podría determinar la propia reforma política. Luego, uno de los objetivos perseguidos por la Reforma Política es la reforma interna del PRI. Entre otras cosas, la Reforma Interna del PRI estaba concebida para permitir que se estableciera una clara centralización del poder político en su interior. Sin embargo, algunos hechos dificultan que se convierta en realidad la conceptualización

de la fracción Lópezportillista de la burocracia pública, en cuanto a ello. Entre otras razones, la Reforma Interna de la maquinaria corporativa, concebida como medio para lograr la centralización hegemónica del poder interno, se ve obstaculizada porque: a)la forma, el ritmo y la cobertura de las modificaciones internas no son aceptables por la totalidad de los dirigentes de la maquinaria corporativa (en la concepción de algunos, ésta es demasiado conservadora, lenta y tibia, en tanto que para otros es demasiado democrática, rápida y radical); b)los líderes de la maquinaria corporativa tienen diferentes perspectivas en cuanto a lo mediato e inmediato, de la necesidad de solicitar reivindicaciones económicas que sean de significación para los “cuadros intermedios” y las bases sociales directamente vinculadas a ellos. Básicamente son estos dos factores los que impiden que la Reforma Política se traduzca con el arribo a la total coherencia interna de los mecanismos de dominación, que demanda la recomposición de la maquinaria corporativa del Estado mexicano. Esto último es especialmente cierto para el agro. A partir de 1977, la efectiva realización del esquema estatal de la descampesinización y proletarización definitiva del agro mexicano requiere que –vía la implantación de la reforma política global- de fortalezcan los componentes de la maquinaria corporativa del Estado, que tiene ingerencia directa en el campo. Desde la perspectiva gubernamental, este fortalecimiento debe lograrse principalmente mediante la formación de una única “organización”, que incorpore efectivamente, en su seno, a las diversas clases, sectores y fracciones que venían actuando en el medio rural. La meta de lograr la unidad funcional de los mecanismos de control sobre las clases trabajadoras del agro, depende de la medida en que se desarrolle un proceso que permita que simultáneamente: a)se dé el fortalecimiento del poder político de los líderes de cada una de las organizaciones políticas domesticadas en el campo; b)que se logre la consolidación de un cuadro dirigente global, cuyas decisiones y acciones alcance la totalidad del ámbito reservado a ella, de manera que brinden una unidad coherente al comportamiento político ó ideológico de cada una de sus partes. Ya existían, desde 1974, intentos –especialmente los representados por el pacto de Ocampo- por lograr esta unidad de acción en los diversos referentes de la maquinaria corporativa del Estado en el medio rural. Sin embargo, estos intentos no habían cristalizado en la realidad. Luego, lo que los dirigentes de la burocracia pública pretendieron, durante 1977, fue llenar esta laguna: se intento avanzar en la dirección de formar, con sus organizaciones individuales constitutivas, una sola organización de control estatal en el agro, que lograse dar una posición verdaderamente orgánica a los diferentes enfoques en cuanto a la forma de su participación política. Es así que surge, a finales del año, la semilla de lo que podría ser el sustituto del Pacto de Ocampo: la Alianza para la Producción, Industrialización y Comercialización de los productos agropecuarios y forestales. Sin embargo, no se trata aún de una alianza política. La función de una nueva organización es básicamente económica: colaborar en la planeación y programación de actividades agropecuarias, de temporal y de riego, así como d zonas forestales; fomentar las nuevas formas de asociación empresarial en el agro; organizar un sistema nacional de comercialización que sustituya la intermediación.

El que el nuevo organismo sólo sea económico, no es sino el reflejo de que el surgimiento y funcionamiento efectivo de una nueva, operativa y única organización política de la maquinaria corporativa del Estado en el campo, se enfrenta a serias dificultades: a)los cismas y escisiones de las organizaciones corporativas, tanto entre sí como en el interior de cada una de ellas, se agudizan con el intento de formar una sola central; b)la unificación, en una única central, implicaría el debilitamiento de la fuerza política personal de los dirigentes de cada una de las “organizaciones”, ya que las posibilidades de su movilidad vertical están en relación directa con la fuerza que representa la organización que respectivamente encabezan; c)la clara pérdida de la hegemonía del sector campesino, en manos de la CNC, deja abierto el camino para que cada líder nacional del sector intente llegar a detenerla, con lo que se establece una fuerte lucha entre dirigentes rivales; d)se manifiestan abiertamente las consecuencias, del hecho de que las diversas organizaciones de la maquinaria corporativa del Estado (CNC y SNTAC-CTM, por ejemplo) manejan intereses sociales diferentes, y hasta contrarios; e)la existencia de posiciones, a menudo contradictorias, de cada una de las organizaciones, ante aspectos fundamentales del proceso de proletarización (como las diferencias en cuanto a fomentar ó no la inversión extranjera, directa, en el campo); f)las organizaciones estatales, de la burguesía del campo, no están dispuestas a quedar incluidas en el mismo engranaje de la maquinaria corporativa del Estado, que encuadra también a los trabajadores rurales. Durante el año, la existencia de estos obstáculos para la formación de una única central que corporativice a las clases populares del agro, se manifiesta en: a)la no asistencia de un dirigente determinado, a reuniones concertadas para el “sector campesino” en su totalidad; b)enemistades personales, abiertas y francas, entre líderes de la UGOCM, CAM, CNC, CCI; c)discrepancias entre los dirigentes, en los casos de repartos agrarios, en cuanto a quienes serán los campesinos beneficiados con ellos; d)acusaciones de deshonestidad, lanzadas entre sí por los dirigentes; e)en permanente proceso de reafiliación, en organizaciones nacionales, diferentes de la maquinaria corporativa, de las agrupaciones campesinas locales y regionales; f)la violencia física desatada entre líderes intermedios y miembros base, de organizaciones diferentes. c.2)Militancia y control en cuadros intermedios y bases sociales. Para que la maquinaria corporativa se desempeñe de manera que su existencia sea real coadyuvante a la implantación del esquema estatal de salida a la crisis, se requiere, además del fortalecimiento de sus cuadros dirigentes(en la medida y con los rasgos que se necesita para lograr la unidad coherente del aparato de control político-ideológico), que sus bases sociales de apoyo incrementan realmente –y sólo hasta cierto grado- su militancia. En la modificación de forma –de pasiva y dirigida, a relativamente activa, pero también dirigida- de la participación política de los miembros base de la maquinaria corporativa, la fracción hegemónica de la burocracia pública detecta un factor que permitiría que ésta incrementará el papel de apoyo afectivo a la posición burocrática que, a la vez, haría posible controlar la movilización política intracorporativa que la crisis desata (por el progresivo deterioro de las condiciones materiales de vida de los trabajadores) y que, por lo tanto, tiene que regular. Así, la inconformidad social que

la crisis genera en el propio ámbito interno de la maquinaria corporativa, obliga a los altos dirigentes del partido, y a la fracción Lópezportillista del aparato burocrático, a reconocer que la estabilidad política existente no significa inmovilismo ó estancamiento político de los contingentes sociales corporativizados por el Estado. Para incrementar esta militancia controlada de sus propias instancias, la maquinaria corporativa establece varios mecanismos generales: a)la “democracia transparente”, que desplaza formalmente (aunque no realmente) el peso de las decisiones, de los círculos nacionales del PRI, a las asambleas en apariencia permitiendo que los líderes regionales y locales de los miembros base de la maquinaria corporativa, tengan una mayor participación en el proceso; b)el manejo de la obtención de reivindicaciones económicas (aumentos de salario, en general, y de salarios mínimos, en particular), con objeto de dar la imagen de que los líderes nacionales no propugnan por el “reposo político” de sus agremiados. Pero, durante el año, esta movilización de sus bases, que auspician a los dirigentes nacionales, en cierto sentido tienden a revertirse contra la propia maquinaria corporativa. Por un lado, la posición formal de la defensa del salario da pie a que los obreros y trabajadores adscritos al PRI, en cualquiera de sus sectores, tomen una actitud real de lucha (en algunos casos, llegando a incluso a amagar con el uso del realmente proscrito empleo de la huelga general, como arma de lucha). Por otra parte, la ola de una movilización no controlada en toda su extensión y profundidad, empieza a llegar hasta los más caros bastiones de la maquina corporativa(al interior de sindicatos de la propia FSTSE, por ejemplo). De esta manera, la ampliación de los márgenes de movilización política, destinada a coadyuvar el fortalecimiento de la maquinaria corporativa del Estado, empieza a llegar a puntos que son particularmente incómodos para sus timonéeles. Esto mismo sucede en el caso de la mayor militancia –auspiciada por el aparato burocrático- de las bases y los líderes intermedios, de aquellas parte de la maquinaria corporativa que tiene su ámbito de acción fundamental en el agro. El empleo de éstos y otros mecanismos, efectivamente trae como consecuencia el incremento de la militancia de su bases y de la participación política de los líderes intermedios; sólo que este incremento no es tan controlado como lo habían concebido en un principio los dirigentes de la fracción hegemónica del aparato burocrático. Se da así la agudización del proceso conforme al cual los líderes intermedios –regionales y locales, principalmente- tienden a “brincárselas trancas”. El incremento de su militancia se refleja en movilizaciones efectuadas por desocupados rurales (formalmente corporativizados) en busca de tierra, que “denuncian” tierras afectadas ó invaden “ilegalmente” predios, así como en movimientos que tienen por protagonista a asalariados ó semiasalariados rurales (que empiezan a hacer un uso cada vez mayor de la huelga), e incluso en la lucha emprendida por empleados de nivel técnico y operativo, que elaboran en diversas organizaciones del Estado, que tienen su medio ambiente de acción en el campo mexicano. c.3)La izquierda y los intentos de su neutralización. Durante 1977, la maquinaria corporativa del Estado muestra, en buena parte por sus propias debilidades internas, su incapacidad para neutralizar la acción de la izquierda. En principio, la inexistencia de

una única “central” de control estatal, la ausencia de un cuadro dirigente hegemónico en su interior, y la movilización de sus bases hasta puntos más allá del cabal control por parte del Estado, no puede menos que favorecer a las agrupaciones políticas que se sitúan fuera del marco del encuadramiento estatal y cuya expansión se intenta auspiciar “desde arriba”. Sin embargo, la incapacidad de la maquinaria corporativa por hacer frente a la expansión de las organizaciones de izquierda es alimentada, además, por algunos factores adicionales: a)el mismo contenido de la política económica global (cristalizado en la Alianza para la Producción), al imponer el “sacrificio” de los “militantes” de la propia maquinaria corporativa del Estado, determina la agudización de la tendencia hacia el abandono de las “centrales” del PRI –y de sus anexos- por parte de sus organizaciones base; b)la crisis agudiza el enfrentamiento entre diversas instancias de la maquinaria corporativa del Estado (por ejemplo, manifestado en los conflictos electorales), trayendo como consecuencia el “desgaste” de la maquinaria corporativa por las luchas internas; c)el afloramiento de una corriente izquierdizante al interior del mismo PRI, que dificulta a la maquinaria corporativa la neutralización efectiva de la acción de la izquierda, ubicada en las líneas de sus enemigos. Sin embargo, la creciente incapacidad de la maquinaria corporativa para neutralizar – por sí sóla, sin recurrir a la represión directa- la acción de la izquierda, está también determinada por la acción de la propia izquierda. Ello se debe a que los dirigentes de las organizaciones políticas revolucionarias están en posibilidad de plantear y aprovechar las contingencias de la reforma política, lo que significa intentar: a)lograr que cada vez menos se preste la izquierda a que se utilice su mediación para resolver las contradicciones intraestatales; b)aprovechar el hecho de que el fortalecimiento de la izquierda es una necesidad –en el contexto de “salida” a la crisis- para el aparato burocrático, actuando en posiciones ubicadas más allá de los márgenes estatales de seguridad, con relativamente menos posibilidades de represión abierta inmediata; c)unificar, orgánica y coherentemente, a las diferentes agrupaciones de izquierda; d)que la izquierda incorpore verdaderamente aquellas fuerzas sociales que hasta entonces se mantenían fuera de control estatal (lo que estaría posibilitado por la medida en que las reivindicaciones, por las que lucha, muestran una mayor adecuación con las necesidades reales de los trabajadores, y por el grado en que su acción desmitificadora –desideologizante- sea cada vez más eficaz). Con una actividad desplegada en torno a estas grandes líneas, la izquierda demuestra durante 1977, estar iniciando un proceso que podría conducir a invertir con planteamientos gubernamentales respecto a los que debe ser su actuación política en el contexto de la reforma política. Puede así, ir mucho más allá de los planteamientos estatales –subvirtiéndolos- que claramente parte de que el supuesto de que las organizaciones revolucionarias deben convertirse, mediante su incorporación al proceso global de la Reforma Política, en una “válvula de escape” que debería permitir: ampliar la base de apoyo del Estado, mediante la aceptación de una más intensa participación política institucional (por lo pronto, en los procesos electorales y en el interior del Congreso de la Unión) de la oposición; posibilitar el negociar con la izquierda sin tener

que llegar forzosamente –en primera instancia- a la represión física; convertir a la izquierda, de abiertamente disidente. Con respecto a las organizaciones revolucionarias que actúan en el medio rural, esta posibilidad de aprovechamiento del contexto de la Reforma Política para realmente fortalecerse –subvirtiendo así los planteamientos estatales- se manifiesta, en otros, en los siguientes hechos: a)las denuncias del incremento de la presencia de la CIA en el campo mexicano; b)la difusión de contubernio existente entre burguesía rural, SRA, SARH y Banrural; c)el aprovechamiento del surgimiento de conflictos entre autoridades agrarias y dirigentes de la maquinaria corporativa, para aumentar su presencia en el agro; d)la atracción, cada vez con mayor éxito, de las bases sociales de la maquinaria corporativa que actúa el campo; e)los intentos de formar una sóla central, independiente del Estado, que aglutine al proletariado rural, a los desocupados del campo y a los semiasalariados. c.4)Encuadramiento estatal y asalariados rurales. La maquinaria corporativa, para cumplir eficientemente con el papel que le ha asignado la fracción hegemónica de la burocracia pública, tiene que extender su control –ahora mínimo- sobre los aproximadamente 9 millones de desocupados y subocupados del país y sobre los 3 millones de asalariados del agro. Sin embargo, en lo concerniente específicamente a los jornaleros rurales, sus intentos se ven obstaculizados por: a)las crecientes dificultades para controlar las tensiones sociales en aumento, producidas por la mayor concentración de riqueza y deterioro de las condiciones materiales de vida de los jornaleros, que ocasiona la puesta en marcha del proyecto de “salida a la crisis” (por ejemplo, determinado por la “liberación”· de precios de bienes de consumo); la burguesía rural ejerce presiones de todo tipo para evitar que los dirigentes de la maquinaria corporativa en el agro manejen banderas de lucha, que justamente podrían ser atractivas para los trabajadores del agro, aumentándose así las posibilidades de que estos pasen a formar de las líneas de la izquierda en el medio rural. Apéndice A: Acontecimientos que enmarcan la situación del campo mexicano durante 1977: una cronologíai Primera parte: Acontecimientos económicos 1. Hechos que ocurren en el aparato burocrático 1.1 Hechos que ilustran sobre el papel de no “rectoría” gubernamental de la economía. Febrero 25: Febrero 26:

Titular SARH: Aunque se pronostica una excelente cosecha de maiserá necesario importar varias toneladas del grano para el consumo interno. Yolanda Trápaga: Existen capitales extranjeros en México que

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tienen más posibilidades de establecerse aquí que en sus países de origen. Director Industria y Turismo del Gobierno de Canadá: a) Canadá tiene posibilidades de contratar trabajadores inmigrantes mexicanos. b) Director Industria y Turismo del Gobierno de Canadá: Canadá puede participar en la producción de artículos de primera necesidad que puedan ser exportados a ese país . Washington Post: La economía Latinoamericana puede recuperarse de acuerdo a la recuperación económica de los países que les compran materias primas . Departamento Norteamericano del Comercio: La balanza comercial de Latinoamérica ha mejorado gracias a la caída de su poder adquisitivo y al mejoramiento de las economías de los países desarrollados . Presidente CONCAMIN: Si la inflación no es detenida, el pesos sufrirá más bajas . Articulista Excelsior (Guillermo Knochenhauer): La inflación es la garantía para que obtengan ganancias los capitalistas . Coordinador Asuntos Agropecuarios DDF: Se obligará a los estableros a instalarse en la Cuenca Lechera del estado de Hidalgo para que abandonen la ciudad de México . Presidente del Parque Industrial de-Hermosillo, Sonora: La industria maquiladora se encargará de crear nuevos empleos, ayudando con ello al problema del desempleo. Subsecretario de Comercio Exterior: El Gobierno Federal pretende --que vuelvan $60, OÓO millones del dinero que salió con el fin de invertirlos en actividades productivas. Director General del grupo Blymsa: Gracias a la decisión de reducir el encaje legal por parte del Gobierno, se podrán liberar dos mil millones de pesos para reinversiones. Profesor de Economía de la Universidad de Stanford: la política "Fredman" da perspectivas a los industriales, que muchas veces los empresarios no llevan a cabo. Oficina del representante Especial de los Estados Unidos en las negociaciones sobre Comercio: fueron excluidos un total de 63 productos - mexicanos del sistema generalizado de Preferencias de los Estados Unidos. Director CONACYT: La producción de petróleo, la petroquímica y la;; capacidad de energía eléctrica serán aumentadas en el actual sexenio. Secretario de Comercio: la apertura del mercado norteamericano a -nuestros productos, debe tener prioridad sobre la inversión directa estadounidense.

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Presidente Cámara Nacional Industria de la Transformación: Si Estados Unidos no elimina restricciones recientemente impuestas, las medidas contra el "bache" no surtirán efecto . Presidente Comité de Hombres de Negocios México-Europa: Si los inversionistas no cooperan en la Alianza para la Producción, la inflación tendrá un gran incremento . Secretario del Patrimonio Nacional: Las políticas proteccionistas serán substituidas por medidas que alienten la producción. Director General de PEMEX: La reserva de petróleo promete un panorama satisfactorio para su exportación. Presidente de la Unión Social de Campesinos Mexicanos: La deuda de México ha llegado a tal extremo que se cierran los créditos trayendo como consecuencia que la espiral inflacionaria se incremente . Secretario General del Ejido "Alfredo Bonfil": La suspensión de créditos del Banco del Crédito Rural, y la falta de trabajo a consecuencia de ello en Cancún, ha obligado a los ejidatarios de Durango a retirar se del lugar . Horacio Flores de la Peña: durante el Segundo Congreso Nacional de Economistas: El Estado debe actuar con independencia de los grupos de presión para que las políticas de empleo y producción tengan éxito . Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas: Si la inflación no es controlada, la estabilidad monetaria podría peligrar . Examen de la situación económica de México (Abril BNM): El déficit presupuestario calculado en un 41% superior al del año 76 traerá como consecuencia el aumento en las presiones que hacen aumentar los precios. Presidente del CAADES: Tanto la sequía como la amenaza constante de invasiones pueden provocar el desplome de la producción de productos agrícolas . Presidente del Segundo Congreso Nacional de Economistas: los empresarios no ven realmente la situación que vive el país. Subsecretario de Comercio Interior de la Secretaria de Comercio en la primera reunión Nacional de Presidentes, Vicepresidentes y Gerentes -de la Cámara de Comercio: La Alianza para la Producción tiene como - fin combatir el desempleo, la inflación y la miseria e injusticia . Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania Federal, Japón, Italia y Canadá: Se otorgarán créditos por ocho mil millones de dólares, que serán distribuidos por la Agencia Internacional de Desarrollo. Secretario de Comercio: Mediante el crédito que se otorgará a

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empresarios comprometidos con la Alianza para la Producción, se podrá entrar a la etapa de recuperación . Articulista Excelsior, (Raúl Olmedo): La crisis agrícola hace denotar que ese sector es el eslabón más débil de la economía mexicana. Sergio Reyes Osorio: (ex-subsecretario de la SRA y actual investigador del Colegio de México): no es grave el problema del campo, ya que existen elementos que pueden superarlo. Subsecretario de Ganadería, de la SARH: un total de 296 millones de - pesos diarios cuesta la leche que se importa para abastecer la demanda nacional. Mexican Economic Report: Las reservas petroleras de México garantizan el crédito externo . Proveedores del Gobierno Federal: Los proveedores del sector público se encuentran en total incertidumbre ante el retraso de pagos que el sector oficial debe cumplir. Empresarios de Monterrey: Interés de construir el gasoducto que costará varios millones de pesos que básicamente serán obtenidos del exterior. Diputada Federal (Ifigenia Navarrete): No debe acabarse el sistema ejidal y el gasto público deficitario; si ello sucediera se llegaría a un estado caótico. Director del BANRURAL: La industrialización rural será el próximo capítulo inédito de la Reforma Agraria . Secretario General de la CNC: La ineficiente participación del sector empresarial en la Alianza para la Producción no permite que se cumplan los compromisos que se tienen con México. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado: En los meses posteriores a la devaluación los ingresos en dólares se redujeron por turismo. Secretario de Programación y Presupuesto: Los sectores empresarial y comercial no han cumplido con los propósitos de la Alianza para la - Producción. Secretario del Patrimonio y Fomento Industrial: el fin del control gubernamental de precios propone la libre competencia en varias ramas de la producción . Articulista Excélsior (Guillermo Knochenhauer): El decreto de liberalización económica de la industria automotriz marca el inicio de un proceso global de liberalización. Titular de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial: El tipo de cambio nos reveló que se encarecían los productos que se tienen que importar. Presidente COPARMEX: no se puede decir que haya créditos suficientes para crear empleos, ni que se frene totalmente la

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inflación, porque existen elementos negativos. Articulista Excelsior (Raúl Olmedo) : Los que simpatizan con la restricció0n presupuestaria son algunos grandes industriales y quienes se inclinan por la expansión son los medianos y pequeños industriales (y en ocasiones comerciantes). Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sonora: La fuerza perdida del peso mexicano está determinada por diversas causas, entre las cuales nos encontramos el crecimiento demográfico. La CTM declaró en la Reunión Extraordinaria de su Comité Nacional, que el poder de compra de los trabajadores ha bajado a causa de la in - ilación. Representante del Union Bank de Europa América Latina: La dependencia es un rasgo característico que tiene México y que difícilmente podrá eliminarse. Premio Nacional de Economía: Javier Ampudia): Por la no participación en inversiones por parte de los empresarios, el peso mexicano seguirá cayendo. Secretario General de la COR: Con un afán de volver a la época negativa del desarrollismo, los empresarios chantajean al Gobierno. Premios Nacionales de Economía (Rogelio Ramírez y Edmundo Sánchez) Las políticas adoptadas hasta ahora no han permitido visualizar el modelo de crecimiento actual. Comité de Ideología Empresarial de la Cámara de Comercio de Monterrey: Los empresarios si cumplen con su parte de la Alianza para la Producción, lo único que necesitan es un plazo razonable para demostrarlo. Titular de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial: Se suprimirán algunos subsidios a las empresas paraestatales .

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Federación de la Pequeña Propiedad, la Unión Ganadera Regional y la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Jalisco a José López Portillo: Deben crearse tribunales agrarios con gente competente pero cuyas resoluciones en última instancia puedan ser impugnadas mediante el juicio de amparo. Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en Seminario de Alto Nivel efectuado por las Secretarías de Patrimonio, Programación y Presupuesto: Un fondo de financiamiento, por varios millones de pesos, se necesita para impulsar la industria de bienes de capital en el país. Director General del Consejo Coordinador Empresarial: Los empresarios acordes con que se les brinde apoyo a los obreros, pero repudian la sobreprotección oficial.

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Agosto 9: Agosto 15: Agosto 16: Agosto 21: Agosto 22 Agosto 23. Agosto 24:

Agosto 29: Agosto 30:

Armando Labra, diputado Federal por el Estado de México: El gobierno debe liberar el gasto público sin esperar que el sector privado invierta. Vicepresidente de la CANACINTRA: Gran cantidad de pequeñas y medianas empresas se han ido a la quiebra, por falta de créditos. Augusto Gómez Villanueva, en la reunión de parlamentarios y norteamericanos y mexicanos: No se ha abandonado el modelo económico del FMI. Secretario de Comercio: Se inicia la, segul1da fase de la Alianza para la Producción. José López Portillo: en entrevista publicada en América Latina, revista soviética: Por la Naturaleza de nuestro sistema de economía mixta, la acción del Estado debe estimular la participación del sector social y del sector privado. José López Portillo, ante el Congreso del Trabajo, al permitir rompimiento de la tregua: el movimiento obrero organizado ha demostrado gran responsabilidad ante la crisis, sin embargo, otros sectores se han mostrado egoístas. José López Portillo: la cercanía con el país tal vez más poderoso del mundo acarrea muchos problemas, básicamente migratorios. Análisis político IMEP: La burocracia política se está ajustando en la actualidad. Gobernador BAJA California Sur: No existen diazordaísmo ni echeverrismo, por lo que debe entenderse que en el ambiente mexicano sólo existe un deseo de superación. Gobernador de Veracruz: Los expresidentes del país al terminar su periodo presidencial no vuelven a participar en la toma de decisiones de otros gobiernos. Presidente de la CROC: El gran aumento en los precios sigue predominado; los sindicatos pueden iniciar acciones apoyadas por el pueblo con el fin de frenar este incremento. Secretario General de la UGDCM: El alza del precio de los artículos de consumo necesario, es causa de un chantaje por parte de los industriales para que el gobierno les haga caso. César del Ángel, líder del Movimiento Coordinador, Revolucionario: se han complementado, la participación política de las organizaciones campesinas independientes y el movimiento obrero, para el desarrollo agropecuario. Fidel Velásquez: El sector obrero presenta el respaldo más importante a la política gubernamental. Gobernador de Nuevo León: En este momento debe establecerse políticas en materia crediticia industrial, de

Septiembre 1:

Septiembre 4: Septiembre 9:

inversiones, de comercio exterior, control de precios, etc. Informe Presidencial: Se puede afirmar que se esta saliendo de la crisis. José López Portillo: Como jefe del Ejecutivo Federal no puede recibir presiones. Informe presidencial: el gobierno se ha mantenido autónomo, evitando presiones económicas y sociales. Mensaje político: Hay condiciones para que la iniciativa privada siga su marcha de reconstruir, participando en la alianza para la producción que va a constituir su fuerza. Mensaje político: La perspectiva oficial es tratar de escuchar y atender, pero no aceptar presiones. Informe presidencial: El país puede recuperarse si todos los sectores colaboran para ello. Informe presidencial: En realidad, la Alianza para la Producción, fue un acuerdo entre el gobierno federal y 140 empresas industriales. Informe Presidencial: El financiamiento, el destino y la estructura del gasto público; provocan contradicciones secundarias entre las diferentes fracciones del capital. Informe presidencial: Es grande la reserva de petróleo , su combustible durará como 50 años y su petroquímica mucho más. Senador José M. Martínez líder de los trabajadores azucareros: Con el esfuerzo del gobierno y el sacrificio de los asalariados se puede mantener, pero con dificultad la espiral inflacionaria. Articulista de Excelsior (Raúl Olmedo): El aumento de salarios será uno de los factores que aumenta la inflación. Alfonso Martínez Domínguez: El Estado debe marchar con el pueblo, ó el pueblo marchará sin el Estado.

1.2.- Hechos que ilustran la penuria económica del Gobierno. Febrero 25: Febrero 25: Febrero 26: Marzo 2:

Delegado del Consejo Nacional de Turismo en Acapulco, Guerrero: El gran fuerte de divisas, por la devaluación, el turismo. Cuernavaca: El Estado recurrirá a evaluación de impuestos. Claro esta que en ciertos sectores tratarán de impedirlo como los comerciantes. Presidente de la Asociación Nacional de Banqueros: La captación del sistema bancario nacional ha registrado un promedio de mil millones de pesos por semana. Presidente De la CONCAMIN: Para poder fomentar los planes del Estado se requerirá de fondos gubernamentales, que

Marzo 17: Marzo 18:

Marzo 19: Marzo 30 Abril 12:

Abril 14:

Abril 17: Abril 26:

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Abril 29:

puedan proveer de prestamos internos y externos. Además, es necesario recuperar los capitales fugados. Líder de trabajadores Agrícolas y Senador: La azúcar morena que entre al mercado estará subsidiada por los precios del azúcar refinada. Jefe del Departamento del Distrito Federal: Algunas dependencias gubernamentales tendrán que destinar sus recursos presupuéstales a mantener los servicios y el pago de amortizaciones ya existentes. Presidente de la Generación 1952 de Ingenieros: México necesita construir una ciudad cada seis meses para un millón de habitantes. Banco de México: en 1976 el déficit del gasto público en México fue de 15, 143. 6 millones más con respecto a años anteriores. Presidente del (VICE): cuando se inicie la explotación masiva del petróleo, México se convertirá en exportador de capitales. Presidente (I de Navarrete) de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados: El aparato burocrático no tiene los mecanismos para vigilar bien el presupuesto. Asociación de industrias del Edo México: para que exista un verdadero estímulo en la exportación debe elevarse en un 11% la devaluación de impuestos a través de los CEDI. Líderes Congreso del Trabajo y de Telefonistas: El gobierno debe gravar al gran capital para contar con recursos para satisfacer las demandas de las grandes mayorías. Subdirector Médico del IMSS: El crecimiento demográfico hace que la indisponibilidad de los recursos públicos sea insuficiente. Director de la Facultad de Economía de la UNAM (José Luis Ceceña) Las Secretarías de Estado no puedan disfrutar sus presupuestos ya aprobados debido al cambio de gobierno entre otras cosas. Estudio del BMI: la deuda externa de América Latina que está pendiente; llego en 1976 a 65 mil millones de dólares. Jesús Puente Leiva: Se debe tratar de llevar a cabo una reforma fiscal en la que el Estado tome parte activa de los excedentes económicos del sector privado. Presidente de la Confederación de Productores de Café de la República Mexicana: Los pagos fiscales, representan el 50% del valor bruto del grano. Secretario General de Sindicatos Nacionales de Trabajadores

Mayo 2: Mayo 3: Mayo 8:

Mayo 11: Mayo 14:

Mayo 16: Mayo 19: Mayo 24:

de la Industria Azucarera: El sindicato apoya la recuperación por parte de FINASA, de 2,333 millones que le adeudan los grupos Suarez, Machado y Saenz. Representante del Banco Mundial en América Latina: BM otorga a México créditos duros a corto plazo. Presidente de la Unión Nacional de productores de Hortalizas: Necesario eliminar impuestos a la exportación de hortalizas. Presidente de la Asociación NACIONAL DE Abogados de Empresas (ABNADE): Se intenta revisar primero a las grandes empresas, y después a la base tributaria, para detectar las anomalías en el pago de impuestos. Presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos: La evasión fiscal, es debido al gran capital y sobre todo al trasnacional. CONASUPO: a partir del primero de junio se reducirá el precio del sorgo con el fin de apoyar el desarrollo de la ganadería. Director de Banco Nacional de Crédito Rural: para cifras brindadas, se ve que crédito oficial para el campo es muy exiguo. Director de Banco Nacional de Crédito Rural: no se recuperará en su totalidad los créditos gubernamentales dirigido al sector agropecuario. Presidente de la Unión Regional Ganadera del Norte de Veracruz: La falta de créditos bancarios obliga a los ganaderos veracruzanos a aceptar prestamos con altas tasa de interés. Presidente de la CANACINTRA: La falta de crédito oficial afecta a la pequeña y mediana burguesía. Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): El aumento de la inversión pública de 45.6% no será un estímulo para la actividad económica. Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial: La escasez de créditos ha propiciado la paralización de grandes empresas del Estado.

Junio 9:

Secretario General de la CNC: La reducción de las superficies de cultivo en Sonora, se debe en buena parte a la falta de precipitación fluvial. Presidente de la Unión Nacional de Pequeños Propietarios Cañeros: La superficie de cultivo donde se siembra caña no ha aumentado en los últimos años. Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial: se ha constituido

Junio 12: Junio 13: Junio 14: Junio 17: Junio 18: Julio 1:

Julio 3: Julio 4: Julio 9:

Julio 12: Julio 20:

Julio 22: Julio 23: Julio 24:

la Asociación de Fomento Industrial, que opera los ingenios. Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Agrícolas: Inaceptable, el aumento de tarifas en el agua de riego, impuesto por la SARH. Funcionarios de Peñoles: El sector minero inconforme con posibilidad de pagar más impuestos. Director del Banco Nacional de Crédito Rural: Se harán inversiones adecuadas de infraestructura en el campo. Fue formado el Comité coordinador de Instituciones Nacional de Crédito para racionalizar los fondos gubernamentales. Francis de C. Hamilton, de la Banca Inglesa: Inversionistas ingleses interesados en México; recursos casi ilimitados de la Banca Inglesa para ser canalizados al país. En última Instancia para detener la devaluación, el aparato burocrático trata de renegociar la deuda. Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): se obstaculiza el financiamiento internacional por la crisis mundial, dando lugar a que los países del Tercer Mundo no cumplen sus metas. Presidente Municipal de Rió Bravo, Tamaulipas: La incapacidad de las dependencias gubernamentales en el agro, ocasionan que no lleguen a almacenarse las cosechas de alimentos. Presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos: En las empresas menores hay defraudación fiscal. Subsecretario de Planeación, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos: El Estado no tiene los recursos monetarios para retener la crisis, pero se da la evasión de impuestos por parte de la iniciativa privada. Presidente de la ABM: La captación de moneda nacional y extranjera ha aumentado significativamente. Dirigente del Centro Nacional de Productividad: El 80% del potencial productivo en materia agropecuaria es desaprovechado por falta de técnica en la producción. Dirigente del Centro Nacional de Productividad: No se dispone del personal capacitado, para satisfacer las necesidades de tecnología, administración y desarrollo. Subsecretario de Inspección Fiscal de la SHCP: Continua la evasión de impuestos en los sectores de capital, por una recaudación inadecuada. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público va a tratar de mantenerse relacionada con el sector privado y se anunció el inicio de la institucionalización de la recaudación fiscal. Aspirante a la Presidencia de la Sociedad Agronómica Mexicana: Existe un promedio de 15,00 agrónomos de los cuales 2000 se encuentran sin empleo.

Julio 26: Julio 28: Julio 31: Agosto 2:

Agosto 3: Agosto 5: Agosto 15: Agosto 22: Agosto 28: Agosto 30: Septiembre 1: Septiembre 9. Septiembre 14: Septiembre 19: Septiembre 20:

Septiembre 21:

Reporte de Guanos y Fertilizantes: A causa de la escasez de fertilizantes, habrá elevación de costos de producción y de precios de venta de agricultura y ganadería. Presidente de la CONCAMIN: Es posible que el FMI habrá a México en el Crédito Externo. Premio Nacional de Economía (Ricardo Carrillo Arronte): México debe acatar las condiciones del FMI para que las medidas de corto plazo tengan éxito. Representantes de Comunidades Indígenas y miembros del Consejo Nacional de pueblo Indígenas: La Universidad Agrícola de Chapingo debe vincularse con la comunidad campesina con el fin de aumentar la producción. Ulrich Zierke, representante deL libra Bank Limited de Londres Coordinador General de Educación Normal, de la SEP: Hay desequilibrio académico en las instituciones públicas de enseñanza, lo que favorece al sector privado. Secretario General de SUTERM: Es menos importante que perdure el petróleo en el siglo XXI, que explotarlo ahora. Presidente de la Confederación Nacional de Aprovechamientos Hidráulicos protesta sobre el alza de precios del agua de riego, argumentando que afecta la economía rural. Subsecretario de ingresos de la SHCP: Jefes de oficinas Federales de Hacienda permiten ilegalmente que los causantes acumulen deudas en los concerniente a pagos al fisco. SEP inaugura la Reunión Nacional de Directores y subsecretarios académicos de Instituciones de Educación Agrícola Superior. Informe Presidencial. La inversión no está a la altura en lo inmediato, de lo que hace falta y de lo que sería necesario. Senador por Tlaxcala, Rafael Menor Franco: El manejo de los créditos externos, y su contratación, deben ser controlados por el Senado de la República. Diputado Federal, Antonio Labra: Los Técnicos del FMI revisaron al Gobierno Federal los términos de los comercios subscritos en nuestro país. Banco Mundial: De julio de 1976 a junio de 1977 se otorgaron 1,257 millones de dólares a México. Gerente de la Zona sur de PEMEX: Se pagará en 200 días el gasoducto Cactus-Reynosa. Informe de la Asociación de Banqueros de México: la banca mexicana ha entrado en un proceso de desdolarización para propiciar el regreso de capitales. Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): Conforme al sistema de “seguro contra la devaluación”, el capital fugado se depositará

Septiembre 22:

en dólares en el Banco de México. Director de la INIA: se ampliará la aplicación de tecnología agrícola, para mejorar la productividad. Director de INIA-SARH: La investigación agrícola, ayudará a la obtención de mejores cosechas. Propuesta del Secretario de México, en la reunión de Comercio e Inversión, México-EU: Debe institucionalizarse la interdependencia de la economía de México y Estados Unidos, y formular una política coherente en ambos países.

Septiembre 25:

BID: Se ha dado un nuevo préstamo en dólares; de 1970 a 1977, fueron 88 prestamos por 1,387 millones de dólares. Director General de Distritos de temporal de la SARH: Se esta creando 110 distritos de temporal en los 32 estados. Carlos Bermúdez Limón, expresidente de la Liga de Economistas Revolucionarios: El acuerdo que se lleva a cabo con el FMI es beneficio para México. Director de FMI: La aplicación del convenio con el FMI va por buen camino: ya hay resultados positivos.

Septiembre 26: Septiembre 27:

Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industrias de Aguas Gaseosas de la República Mexicana (COR): Los impuestos de capital trasnacional, son realmente sufragados por el consumidor. Director General de la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica: El acero que produce México, no alcanza ni para cubrir la demanda nacional. Director Nacional del Grupo Financiero Continental: El gasto público esta muy controlado. José López Portillo: Hace más daño que dejamos el sistema del FMI, que seguir perteneciendo a él.

1.3.- Hechos que ilustran la ineficacia de la Reforma Administrativa. Febrero 26: Marzo 5: Marzo 13:

Alianza Nacional de Productores de Caña: Deben desaparecer las comisiones de planeación y operación de zafra, ya que son factor de discordia. Jefe del DDF: No cambiarán ni se modificarán los impuestos en vigor durante este año. José López Portillo: Se termino la primera etapa de

Marzo 16:

Abril 11:

Abril 17:

Mayo 12: Junio 21:

Junio 24: Julio 20: Julio 23: Julio 29: Septiembre 24: Septiembre 25: Septiembre 27:

organización, dentro de la R. A. Director de Estudios Económicos y Planeación Industrial del Instituto Mexicano del Petróleo: Los proyectos tardan en madurar hasta 5 años; a menudo se requieren hasta 20 copias de un mismo proyecto. Alfredo B. Bonfil, en Champotón Campeche: Varios millones de pesos se perdieron al no entregarse oportunamente 70 máquinas trilladoras (por parte de la empresa “Servicios Ejidales”. Presidente Saliente de la Asociación NACIONAL DE LA Industria Química: El Gobierno Federal debe entregar a la industria esquemas de preferencia y estímulos para lograr un programa de descentralización. Secretario del Trabajo y Previsión Social: Con el fin de formar una política nacional de empleo, se realizarán estudios que abarquen aspectos vinculados con la productividad. Ex-director del Seminario de Derecho Agrario UNAM: Los gobernadores no intervienen en la resolución de problemas agrarios, por temor a comprometerse o equivocarse políticamente. Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Se creó la Dirección de Manejo de Fondos y Valores, y la Dirección de Control de Fondos y Valores. Titular SARH: Al levantarse la cosecha de esta temporada se sabrá si se siguen importando productos para el abastecimiento nacional. Coordinador de Estudios Administrativos de la Presidencia: En la segunda fase de la Reforma Administrativa se integrarán 898 entidades paraestatales en 12 sectores. Director de la Comisión Federal de Electricidad: La supervisión directa del presidente de la República a las labores del país es de vital importancia para que estas se cumplan con éxito. Premio Nacional de Economía (Carrillo Arronte): La falta de presencia del gasto público se debe fundamentalmente a la existencia real de los recursos requeridos. Director General de Distritos de Temporal: Los Distritos de Temporal son creados en todos los estados; en esta creación participan todos los secretarios que se relacionan con el agro. José López Portillo: La respuesta a la crisis es la reforma política, fiscal y administrativa y la Alianza para la Producción.

2.- HECHOS QUE OCURREN EN EL ÁMBITO DE LA BURGUESÍA

2.1.-Hechos que ilustran sobre su inadecuada generación de alimentos, materias primas y bienes de exportación. Abril 12: Abril 15: Junio 4:

Agosto 18: Agosto 31: Septiembre 30: Octubre 4: Octubre 9: Octubre 11: Octubre 26: Noviembre 5: Noviembre 6:

Titular de la SARH: La mayor parte de las 5 millones de has de riego del país se aprovechan con deficiencias en los sistemas de riego, lo que provoca descensos en la producción agrícola Presidente COPARMEX: Habrá dificultades para la recuperación económica en el país. Director General de Distritos de Riego de la SARH: Se pretende que las unidades de producción agrícola sean autosuficientes. Director de CONASUPO: Por acuerdo presidencial, precios de garantía aumentarán a partir de la cosecha de otoño. Secretaria de SARH: Sólo el 60% de las tierras de riego es eficiente. Director PEMEX: La banca privada debe prestar financiamiento a PEMEX con el fin de evitar préstamos a extranjeros. José López Portillo: Los comercios firmados entre gobierno y entidades federativas son insuficientes. José López Portillo: Habrá más créditos debido a la confianza de la banca extranjera. Director de la INIA: La investigación rural traerá beneficios al campo puesto que amentará la producción agrícola. Secretarios SHCP: Se debe evitar el crecimiento de la deuda pública. Presidente de la Unión de Productores de Algodón de la República Mexicana: Si no hay ayuda de la industria textil, los productos algodoneros tendrán que afrontar las consecuencias. Presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas: Se ve amenazada la exportación de tomate a E. U. Si se reforma la Ley de comercialización agrícola de Estados Unidos. Subsecretario de Planeación SARH: S e dispone ya del 90% de aguas superficiales y 10% subterráneas, en todo el territorio.

2.2.- Hechos que demuestran su incapacidad para abrir volúmenes significativos de empleo. Febrero 25:

Abril 4:

Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): El 40% de la población con posibilidad de trabajo es subempleada; con todo ello, aumentará más el desempleo, si los Estados Unidos regresan a los residentes mexicanos. Presidente Confederación de Cámaras Industriales: Las pequeñas y medianas industrias, pueden cerrarse a falta de

Abril 23:

Abril 26: Junio 9: Junio 11: Junio 12: Junio 17:

crédito. Secretario Ejecutivo de Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Agrícola: Las empresas mexicanas –tanto privadas como oficiales—han aumentado en el campo, reduciendo con ello la participación de las trasnacionales. Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores: Si México no genera suficiente capital interno se puede perder todo lo logrado. Director del Banrural: En 1978 se desarrollará el capítulo inédito de la Reforma Agraria; El de la Industrialización del Campo. Director del Banco de México: La línea especial de crédito por 8,200 millones está destinado a la aplicación de empresas no privadas. En las Juntas Estatales de Electrificación Rural se propuso a CFE establecer mecanismos de apoyo a la industria rural. Francisco Javier Gutiérrez de Centro nacional de Información y Estadísticas del Trabajo: Debe crearse en un promedio de 600 mil jóvenes empleos por año de aquí a 1985. Presidente de la ABM: La banca privada debe tener prioridad sobre el mercado bursátil.

Junio 22

Julio 3:

Julio 16: Julio 22:

Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): El capital se centralizará más, puesto que no todos los empresarios pueden absorber las altas tasa de interés. César Chávez, Líder del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de EU: Se intentan resucitar los programas de braceros. La CANACINTRA inicia un proceso de auscultación interna, destinado a detectar los requerimientos del cumplimiento de la Alianza para la Producción. Titular de la SRA: Actualmente la lucha fundamental de la Reforma Agraria es revindicar económicamente a las clases trabajadoras rurales. Ramón Fernández Investigador del Colegio de Postgraduados de Chapingo: Si el minifundio llegara a desterrarse se podría llegar a una concentración de la tierra, lo cual agravaría el problema del desempleo. Articulista Excelsior (Guillermo Knochenhauer): No es el momento propicio para que los empresarios inviertan, si así lo hicieran su producción no encontraría mercado. Información de BANCOMER: Causa preocupación el que haya un alto grado de importaciones principalmente de materias primas, maquinaria y equipo.

Julio 31: Agosto 4: Agosto 12:

Agosto 13: Agosto 25: Agosto 29: Septiembre 10: Septiembre 12:

Septiembre 19:

Septiembre 25:

Septiembre 26: Septiembre 29:

Premio Nacional de Economía(Ricardo Carrillo Arronte): El desempleo seguirá gravándose, porque no hay fuentes de empleo. Subsecretario de Fomento Industrial de SPFI: por falta de inversiones del sector privado existe una recesión y el desempleo afecta ya el 15% de los obreros organizados. Titular SPFI: El Estado debe tener mecanismos para la creación de empleos, ya que los empresarios particulares en principio no puedan orientar sus procesos de inversión en la creación de empleos. Presidente de la Asociación de Industriales de Vallejo: Algunos empresarios de esta zona se han visto obligados a reducir su capacidad productiva y en consecuencia su personal. Estaciones de Control en la Frontera Norteamericana: La propuesta de Amnistía de Carter trae consigo un incremento de ingreso de trabajadores ilegales en aquel país. Presidente de la Cámara Americana de Comercio: Aunque es necesario liberar los precios en este momento no es conveniente. Titular de la SARH: Se incluirá un presupuesto especial en la SARH, para dar empleo a los campesinos en caso de pérdidas. Presidente de la Asociación de Agronómica Mexicana Dr. Lorenzo MARTÍNEZ: se requiere crear fuentes de empleo en la Agricultura Altamente Tecnificada. Jorge Bustamante, Director de Estudios Fronterizos del Colegio de México: El plan para crear fuentes de empleo abarcará la zona media y norte del País. Embajador de Estados Unidos en México: Si el congreso resuelve favorablemente la propuesta de Jimmy Carter, nuestro gobierno hará inversiones para crear empleos para indocumentados en el país. Director de la Escuela Nacional de la Agricultura de Chapingo: La crisis agrícola ha tenido altibajos a raíz de sus surgimiento (1960). Director General de Distritos de Temporal de la SARH: El estado está dispuesto a otorgar recursos crediticios y económicos a los agricultores para que estos aumenten su producción. Presidente de la Unión Agrícola de Productores de Henequén en Yucatán: No deben desperdiciarse los mil millones que otorga Banrural a los 80, 000 ejidatarios no trabajan. Subdirector de Acción Cultural del ISSTE: ya que los salarios son deficientes, los obreros se ven obligados a buscar dos

Septiembre 30: Octubre 2: Octubre 3:

Octubre 7: Octubre 10:

Octubre 13:

Noviembre 4: Noviembre 5: Noviembre 7:

Noviembre 10:

empleos. Presidente de la CROC: los obreros apoyarán al gobierno si este toma la iniciativa de creación de empleos ya que los empresarios privados no lo hacen. CANACINTRA anuncia: La crisis de la industria de la construcción tiene posibilidades de recuperación. Centro Patronal del DF.: Al no crearse nuevas empresas el subempleo y desempleo aumentará. CTM: Ante la gravedad de la situación es imposible lograr el pleno empleo. SPFI: Serán revisadas las empresas paraestatales y de ello dependerá su existencia. Director General Caminos Rurales de la SAPO: La obra pública se sigue utilizando como instrumento político de corto plazo sin tomar en cuenta los efectos que provoca al interior de diversos sectores. Columnista (Héctor Ibarragán): Si las trasnacionales hacen efectivas las promociones del gobierno de establecer con el país, la situación económica de las pequeñas empresas se agravará. En Estados Unidos también se hacen polémicas en torno a la situación de gasto público del país. Fidel Velásquez: Mientras los empresarios no pongan nada de su parte, el problema del desempleo se agravará. Doctor López Portillo, subdirector del Área médica del ISSSTE: En el año 2000 deberán crearse un promedio de 40 millones de empleos. Presidente de la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia: Como se pueden alcanzar los niveles de producción que se requieren será más crítico el desempleo. Diputado de CTM, Abelardo Carrillo Zavala: Con el pretexto de reajuste en la estructura productiva, los empresarios reducen el personal. Secretario de Comercio: Fue necesario el Incremento al precio de la leche, de lo contrario hubiera sido afectados los establos y por consiguiente el trabajo que ellos realizan. Director General del Banco de México: Se han recibido solicitudes para depositar mil, millones de dólares, para obtener préstamos en moneda nacional. Secretario de Comercio: La crisis afecta de manera directa a los

trabajadores, agravándose con ello el problema de desempleo y subempleo.

Noviembre 14: Noviembre 17:

Noviembre 18: Noviembre 19:

Noviembre 22:

Secretario de Comercio: La esperanza de creación de empleos en la armonía nacional, en el espíritu de la Alianza para la Producción y en la distribución. Secretario de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores: Sólo el Estado tiene programas de creación de empleos. Comisión Nacional de Valores: Las empresas registradas en la CNV tuvieron grandes ganancias en el primer semestre de año. Fidel Velásquez: No solo los problemas con trabajadores son los que han propiciado el cierre de empresas sino también la administración deficiente. José López Portillo inaugura la exposición “México Agroindustrial” donde se darán a conocer las proposiciones de inversión rural. Presidente de Confederación Mexicana de Asociaciones de Ejecutivos de Compras y Abastecimientos: La demanda de empleos cada vez aumenta más en relación en la oferta por lo que para 1982 sólo el 43% de la clase trabajadora tendrá empleo. Vicepresidente CANACINTRA: La industria del Estado de México no esta en condiciones de crear empleos.

2.3.- Hechos que demuestran que no se obtienen tasas “adecuadas” de utilidad. Marzo 9:

Marzo 10: Marzo 16: Mayo 9:

Mayo 15:

Junio 8:

Presidente Academia Mexicana de Ciencias Agrícolas: Con los mismos recursos que utilizan el Centro del INIA para mejorar las técnicas en los grandes latifundios, debe reestructurarse la investigación agrícola. Director INIA: El número de técnicos que utiliza el INIA se encuentran por debajo de lo que se requiere. Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Chihuahua: El alza de precios en los fertilizantes hará incosteables las siembras para los agricultores. Economistas BANAMEX: La coyuntura económica internacional que hace prever un menor crecimiento en 1977, dificultará el aprovechamiento de las ventajas potenciales derivadas de la devaluación. Presidente de la Confederación Nacional Ganadera: La desprotección que sufre el pequeño ganadero es una de las dificultades que tiene la ganadería para suscribirse a la alianza para la producción. Director del Centro Coordinador empresarial: Mientras más

elevados sean los salarios requeridos legalmente menos será la proporción de gente activa que lo recibe.

Julio 2:

Julio 27: Agosto 25:

Septiembre 1: Septiembre 6: Septiembre 27: Octubre 9:

Octubre 10: Octubre 26:

Noviembre 6:

Noviembre 12:

Director del Centro Coordinador empresarial: En lo futuro, ni aún la distribución de la riqueza del sector agropecuario alcanzará para pagar el 85% del salario mínimo. Titular de SPFI: Se está haciendo lo posible por lograr un plan común de desarrollo industrial que el país tiene una economía mixta. Presidente COPARMEX: De la pérdida de utilidades sufrida por los empresarios es de donde se tienen que sacar los recursos para inversiones y generación de empleos. El presidente del Congreso del Trabajo: Pedirá a José López Portillo que libere a los obreros de su compromiso de no solicitar aumento de salarios. Director General de Distritos de Riego, de la SARH: Con el aumento en las tarifas del agua en los distritos de riego, se intenta suprimir los subsidio que el gobierno destina a la operación de los distritos de riego. Informe Presidencial, gracias a la inversión de mil millones de pesos en los distritos de riego se dispondrá de hectáreas más baratas. Presidente CCE: Resulta más cómoda la importación de ciencia que la utilización de la misma. Federación Nacional Cañera: Indispensable en aumento en el precio de garantía de la caña de azúcar. Ex-jefe del Departamento de Industrias Agropecuarias y Forestales de lo que era la Secretaría de Industria y Comercio: Los ganadores prefieren sacrificar ganado si no hay aumento en el precio de la leche.. Asociación de Agricultores del Rió Culiacán: La CONASUPO no ha autorizado el aumento del precio de garantía de la tonelada de soya. Director de GUANOMEXC: Habrá un 25% de descuento en los fertilizantes líquidos para generalizar su uso. Director de GUANOMEXC: La mitad de tierras cultivables se fertiliza aunque deficientemente. Presidente de la Asociación Nacional de Consultores en MERCADOTECNIA: Los primeros seis meses del año fueron difíciles para que las pequeñas y medianas industrias sin embargo en el segundo semestre han mejorado su situación. Secretario de la SARH: Fueron utilizados 14 millones de pesos en el sector agropecuario y forestal.

Noviembre 13:

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Noviembre 19: Noviembre 22: Noviembre 23:

Dirección General de Aranceles y Asuntos Fronterizos de la Secretaría de Comercio: La iniciativa de Ley que enviará José López Portillo está encaminada a proteger industrias nacionales de los productos extranjeros. Posible alza de precio de la gasolina. Secretaría General del Sindicato Nacional de Estibadores: Los consorcios navieros mexicanos en su mayoría se dedican al tráfico internacional. Presidente de la Junta de Presidente de las Cámaras Industriales de Jalisco: Se necesita de inyecciones económicas que soventizan la situación de las industrias locales. Jefe del Departamento de Economía y Administración Zootécnica de la Facultada de Veterinaria de la UNAM: Fuerte control por parte de las trasnacionales en la avicultura. Vicepresidente de la CONCAMIN: Aunque exista una capacidad mayor de producción de acero lo que se produce actualmente alcanza para cubrir la demanda interna y aún la exportación. José López Portillo: Se da pauta a la exportación de automóviles compactos(W). Director General de BANCOMER: Se fusionarán 35 bancos y la hipotecaria BANCOMER a la financiera BANCOMER. Subsecretario de Planeación de la SARH: Tiene más posibilidades de producción la agricultura intensiva en comparación a la ganadería extensiva. Subsecretario de la SARH: Se realizan estudios para detectar los límites de la frontera agrícola.

Noviembre 25:

Subsecretario de Planeación de la SARH: En 1977 El evento México Agroindustrial define la perspectiva del sector agropecuario que benéfica concretamente al capitalista nacional y extranjero. Presidente Confederación Nacional Aprovechamientos Hidráulicos: La solución para los problemas del campo es asociar a los productores, sin tomar en cuenta el régimen de tenencia de tierra a que está sujetos.

Noviembre 26:

Presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas: La producción de hortalizas creció un 15% en 1977 con respecto a 1976. Economistas Consultores Internacionales: Fueron estudiadas las posibilidades de las agroindustriales.

Dirección General Banrural: José López Portillo da instrucciones para la canalización de apoyo crediticios, requeridas en la instalación de agroindustrias. Presidente del Consejo Industrial Agropecuario: Las inversiones par poner en marcha las agroindustrias pueden engendrar nuevas inversiones. Presidente del Consejo Industrial Agropecuario: Las agroindustrias pueden funcionar si existe una verdadera cohesión entre las partes que componen esta planeación. 2.4.- Hechos que señalan su incapacidad para eliminar al intermediario. Febrero 25: Febrero 26: Marzo 1:

Junio 12:

Junio 19: Julio 27: Agosto 22:

Agosto 25: Septiembre 1: Septiembre 5:

Presidente del Grupo Monterrey: Si hubiera reducción de precios las mercancías llegarían al consumidor por debajo de su costo de producción. Presidente Unión Nacional de Productores de Algodón: Debe incrementarse los créditos al campo pero también actuar contra intermediarios. Asamblea LX de la CONCANACO, José López Portillo: El comercio debe acudir en ayuda de los productores básicos de consumo para evitar que las diferencias de interés caigan en la lucha de clases. Subsecretario de Planeación de la SARH: Mediante un frente sólido entre el gobierno y los productores podrá acabarse con los intermediarios etc., que perjudican el sistema de comercialización del país. Asesor General de la CNPP: Los intermediarios generan espectaculares riquezas. Secretario de la SRA: Se revisan varias leyes agrarias en pos de la generación de empleos. Presidente de la CNG: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tabasco se maneja un proyecto en que –sin intermediarios- los ganaderos bajaran el precio de la carne. Fidel Velázquez: Debe actualizarse el aparato de comercialización del país puesto que resulta inadecuado para el proletariado. Presidente de CNG: Si se da el alza de precio de la leche el beneficio resultante de ello estará en manos de los productores. Informe Presidencial: Los intermediarios rentistas y especuladores representan riesgos peligros en el proceso económico del país. Representante Nacional de la Federación de Cámaras de

Septiembre 7:

Septiembre 14:

Septiembre 21: Septiembre 22: Septiembre 29:

Octubre 2: Octubre 6: Octubre 7:

Octubre 9: Octubre 26:

Octubre 29: Noviembre 9:

Comercio en Pequeño: Propuestas para la legislación de controlación de intermediarios. Convenios entere el Congreso del Trabajo y la Unión Ganadera Regional del Noreste de Veracruz así como Industrial de Abastos con el fin de una disminución del 20% en el precio de la carne. Presidente CANACO ciudad de México: Si se habla del fracaso de la política de precios se hablaría del fin de la Alianza para la Producción. Presidente CANACO ciudad de México: Por falta de créditos a comerciantes estos laboran con menos mercancías, a pesar de todo no hay escasez de ningún producto en términos generales. Diputado del PPS, Héctor Ramírez Cuella: La industria panadera, en manos de extranjeros; proporciona listado de nombres. Coordinador Científico del Institucional de Investigaciones Agrícolas: La importación de granos deja grandes ganancias al intermediario. Presidente de la Asociación de Técnicos en Alimento, de México: Como los intermediarios aumentan en un alto porcentaje el precio de los alimentos, se plantea que el sector privado invierta en la creación de empresas comerciales. Hay gran adelanto en la técnica agrícola, en el país. Secretario de Comercio: es justo el aumento en los precios, éste se autorizara. Congreso de Ciencias y Tecnología de Alimentos: El 45% de cosechas se pierden anualmente, a causa de manejos inadecuados. Director de la Comisión Nacional de Fruticultura: El incremento de precios en la fruta no es controlable. Dirigente de la Sección I del Sindicato único de Trabajadores de la Industria de la Carne: Debe fijarse el precio de la carne para evitarse mayores problemas. Director General, GUNOMEX: Debe elaborarse un sistema para eliminar en definitiva a los intermediarios existentes en el mercado nacional de fertilizantes; con ello se ofrecen garantías al agricultor. Confederación de Cooperativas de la Industria Pesquera de México: Deben incluirse precios de garantía y reformas legales en la Nueva Ley de Pesca. Secretario de Comercio: El comercio produce un 30% del producto interno bruto.

Secretario de Comercio: La SC se ha impuesto la tarea de modernización del sector atrasado del comercio.

Noviembre 10:

Noviembre 12: Noviembre 17: Noviembre 19: Noviembre 23: Noviembre 24: Noviembre 25:

Secretario de Comercio: Se enviará una iniciativa presidencial con el fin de que el ejecutivo tenga mayor atribución en el plano económico. Secretario de Comercio: Se espera que la probación del Art. 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal proporcione las bases para que el gobierno atienda los problemas de l a comercialización. Secretario de Comercio: Es necesario que el gobierno intervenga cuanto antes en el sector comercial, para modernizarlo. SHCP da trato especial a los agricultores de Sinaloa que efectúan exportaciones. Procurador Federal Consumidor: Si no hay industria competitiva, no cesarán las presiones para incrementar precios. Delegación de la Secretaría de Comercio en Nuevo León: Se decomisaron 25 camiones que enviaban huevo al DF. Departamento de Agricultura de EU: Se aumentará la exportación de algodón por parte de México, debido al incremento de la producción de ese producto. CANACO DF: Los comerciantes confían en que el aparato burocrático logrará la ampliación del mercado interno. JLP: Para que los trabajadores del campo tengan justicia, debe haber un verdadero reparto de la eficiencia. Subsecretario de Comercio Interior SC: Se seguirán liberando algunos precios de artículos básico.

2.5.- Hechos que indiquen que no es capaz de sustituir la función económica del ejido y del minifundio privado. Marzo 1: Marzo 4: Marzo 6:

Marzo 16:

Miembros de la sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos: El desarrollo industrial es frenado a causa de la elevación en los costos de capital. Departamento del Estado EU: Los EU importarán carne con valor del 7% de su consumo interno. Presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad: La CNPP debe organizar a los agremiados a ella, para la constitución de ella, para la constitución de sólidos apoyos a la Alianza para la Producción. Secretario General de la Central Campesina Independiente: Si no se tiene un límite fijado en las inversiones hechas en el

Marzo 17: Marzo 18: Marzo 31: Abril 1: Abril 6. Abril 10: Abril 14:

Abril 20: Abril 24:

Mayo 2: Mayo 7: Mayo 8: Mayo 24: Mayo 29:

Mayo 31: Junio 5:

campo, la Alianza para la Producción será una farsa. Titular SPFI: Ante la limitación que caracteriza la economía nacional, debe fortalecerse la producción generadora de empleo y multiplicadora de otras actividades. Subsecretario de Agricultura: Se importarán 1.5 millones de toneladas de maíz, este año. Director, FIRST National City Bank: A causa de las pérdidas por los financiamientos a México, únicamente dará financiamiento a los sectores productivos ó que alienten a la exportación. Director Conasupo: La importación de maíz y soya suplirá el déficit que hay en estos productos. Unión de Productores de Aceite: El déficit de semillas hará necesaria la importación de aceite. CANCOMEXT: México exportó 29 489,000 dólares el año pasado(valor). Gerente, Cámara de la Industria Textil Puebla y Tlaxcala: La industria textil perdió el 30% de sus mercados internacionales. Protesta en Nueva York por la importación de ropa, organizada por industrias del vestido. Presidente saliente de la Cámara Minera: Sólo en un 15% son explotados los recursos mineros. Secretario del Interior, Sindicato Nacional de la Industria Automotriz: Las continuas pérdidas sufridas por las ensambladoras establecidas en el país, plantean la posibilidad de que estas salgan del país. Representantes del Banco Mundial en América Latina: Ya que la tasa de interés que presta el BM es de 8.5% los países que tienen deuda con el ven limitadas sus inversiones productivas. Subsecretario de Relaciones Exteriores: No se aprovecha al máximo las exportaciones al mejor mercado del mundo, Estados Unidos. Líder de Trabajadores de la Industria Aceitera: La crisis en la industria aceitera ha provocado un elevado porcentaje de cierre de molinos. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil: Con los altos costos de la producción, la inflación y la flotación puede provocarse el cierre de la industria textil algodonera. Subsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos(Gerardo Cruishank): El crecimiento agrícola mediante obras de infraestructura en ese sector puede ser la solución en un futuro para el autoabastecimiento de productos alimenticios. Banco de México: Los índices de precios al consumidor se han incrementado. Banco de México: Panorama agrícola actual no es halagador.

Junio 10: Junio 15: Junio 18:

Julio 17: Julio 19: Julio 20:

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Julio 30: Agosto 1: Agosto 3:

Vicepresidente COPARMEX: La agricultura como actividad económica debe desarrollarse con sentido empresarial para que este sector pueda funcionar. Presidente CANACO-DF: El incremento en índices de precios al mayoreo provoca la descapitalización del comercio. Director Sistema Generalizado de Preferencias, de EU: Desconocimiento de las ventajas que otorga el Sistema a Exportaciones, da como resultado que el índice de ventas por parte de México sea de únicamente el 13% del total. Titular SPFI: Dentro de dos años podrá recuperarse la situación económica del país. Articulista Excelsior(Guillermo Knochennahauer): A pesar de la inexistencia de aumento de salario, la inflación continuará debido a que el circulante aumenta. Presidente del Congreso del Trabajo: Necesario que los precios bajen, aunque no se aumenten salarios, para beneficio de los trabajadores. Secretario del Patrimonio y Fomento Industrial: Se requiere de una Comisión Nacional de Bienes de Capital que funcione a Nivel Secretaría de Estado. Que coordine la actividad y que satisfaga la demanda nacional. Presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey: El impuesto sobre ingresos mercantiles es inflacionario, porque en cada una de las etapas que atraviesa el producto se encarece, hasta llegar a un precio elevado al consumidor. Director del Fondo Nacional de Equipamiento Industrial: Existe un clima propicio para la inversión, por lo que es de esperar que esta se incremente. Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): Tanto la devaluación del peso mexicano, como la del dólar acarreará graves problemas. CAADES propone al gobierno federal que se cultiven productos rentables en el país, y que el resto se importe. Presidente de la COPARMEX: Para que cumplan las metas fijadas en el plano económico, es necesario que exista un clima de tranquilidad. Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): La industria no se recupera porque mercado interno y mercado externo se contraen, a consecuencia de la crisis. Investigador de Productividad Agrícola y Animal, de la UAM: disminución de la producción agropecuaria se debe a que las superficies de cultivo no son sembradas en su totalidad. JLP: Los alimentos energéticos serán los que sacarán al país de la postración, pero sólo si estos son bien manejados.

Agoto 12: Agosto 19: Agosto 21: Agosto 22: Agosto 24: Agosto 29: Septiembre 1: Septiembre 8: Septiembre 12: Septiembre 13:

Septiembre 17: Septiembre 21:

Septiembre 22: Septiembre 24:

Congreso del Trabajo: deben tomarse serias medidas a fin de evitar que el poder adquisitivo de los salarios continué deteriorándose. Vicepresidente de la Comunidad Económica Europea: Hay riesgos de caer en el proteccionismo de los años 30: Subsecretario de Comercio Interior, S. C. : Una forma de atacar la inoculación es que los empresarios inviertan más en la producción de bienes básicos. Economistas BANAMEX: Tanto la economía mexicana como otras economías buscan un apoyo en las exportaciones para resolver sus problemas. Secretario de Comercio: El precio de garantía del maíz subirá en octubre. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial: Se creará una comisión especial –coordinada por la SRA- la cual se encargará de organizar el desarrollo de la industria y la agroindustria. Informe Presidencial: La superficie de riego se ha incrementado. Banco de México: Sólo se ha regresado el 32% del dinero que se fugo en 1976. FMI: La economía mundial se encontrará en situación crítica debido al incremento de desempleo e inflación. Presidente de la ANIERM: Los créditos y los recurso son suficientes en el sector exportador, aunque no lo sean para la industria y el comercio. Aún así, las exportaciones de productos se han reducido, ya que aún su producción es baja. Gerente del Bank of América, en Houston: No se sabe con certeza cuanto dinero salió de México a causa de la flotación. Presidente del Congreso del Trabajo: Obreros abiertamente confundidos. Ofrecimiento inicial de empresarios era de no subir los precios; ahora anuncian que alza será del 5.6% para fin de año. Director del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, de la SARH: Agricultura ha pasado a ser el mejor de los negocios. Presidente de ANACOME: Las improductivas empresas estatales son las que perturban a la economía, entre otras muchas cosas. Presidente de ANACOME: Los empresarios extranjeros invierten en ocasiones violando la legislación, por actitudes negativas de empresarios del país.

Octubre 2:

Presidente de la CONCAMIN: No se debe hablar del futuro del país, puesto que no hay bases sólidas con respecto al capital monetario que ha retornado. Director General de la CONCAMIN Nacional de la Industria

Octubre 10:

Octubre 12: Octubre 18: Octubre 19: Octubre 20: Octubre 21: Octubre 23: Octubre 26:

Octubre 28:

Azucarera: Sólo aumentado la producción de azúcar, se puede exportar. Profesor de Chapingo: La producción de alimentos se pierde en un 15%, por el mal control de plagas. PEMEX ha tenido que racionar el diesel, debido al contrabando de que era objeto en la frontera norte del país. CCE: Invertir en México es buen negocio. Director General de Distritos de Temporal, Sarh: Los distritos de temporal ya funcionan; se organizan por unidades agrícola y de trabajo. Unión Nacional de Avicultores: Si precio del huevo no aumenta, habrá escasez en todo el país, y además se tendría que recurrir a la importación. Director General CONAFRUT: Se realizará un inventario nacional frutícula, del cual se habrán los métodos de producción y sus implicaciones. Secretario General UGOCM: La falta de capital en el campo impide que los campesinos cultiven con éxito sus cosechas. JLP: Reuniones concertadas con entidades federativas, pretenden la evaluación de compromisos fijados con respecto a la Alianza para la Producción. Deneyse Selesnick, Coordinadora Primera Exposición Internacional de Textiles Mexicanos: Los fabricantes cuyas compañías producen desde hilo hasta prendas de vestir, pueden recuperarse, ya que sus productos se volvieron competitivos en el mercado internacional. Titular SHCP: Flotación del peso sirve como amortiguador ante caídas de otros signos monetarios, como lo es el dólar. Director General CONACYT: Se impulsará la importación de técnicas extranjeras, cuando sea necesario.

Octubre 29:

Presidente Comité Uniones de Crédito, de la ABM: Muchos empresarios, por falta de crédito, caen en manos de usurero, lo cual pone en difícil situación los precios de sus productos. Director General de INMECAFÉ: A causa del desplome del precio internacional del café, se opta por la pérdida de la producción y no por su exportación a precios bajos. Subdirector de Bancos, Seguros y Valores, SHCP: Se proponen nuevos mecanismos para evitar la fuga de capitales en los momentos de crisis. Nuevo Presidente Colegio Nacional de Economistas: Debido a

Noviembre 5: Noviembre 7:

que las tasa de ganancias disminuyen, la inversión no reacciona. Subdirector de Área Médica, ISSSTE: Deben aprovecharse al máximo los recursos, para poder satisfacer demanda de alimentos. Jefe Departamento. Edafología, Inst. Geología, UNAM: Engorda de ganado es insuficiente, lo cual determina que novillos se exporten muy jóvenes. Jefe Departamento. Edafología, Inst. Geología, UNAM: Campo mexicano tiene baja productividad, por carencia de edafólogos.

Noviembre 8: Noviembre 10:

Premio Nacional de Economía, otorgado por BANAMEX: Crédito otorgados por banca oficial, privada y mixta es a corto plazo, selectivo y propiciante de la formación de fuertes grupos financieros-industriales. Vicepresidente Ejecutivo del First National Bank of Chicago: Lo que sucede en EUA afecta directamente a México. Secretario de Comercio: Los especuladores no confían en el futuro positivo; únicamente les interesa aumentar sus utilidades a corto plazo. Secretario de Comercio: la crisis generada en 1974 tocó fondo entre septiembre de 1976 y abril de 1977. Secretario de Comercio: Si los empresario no aprovechan las facilidades que le otorga el gobierno, este puede eliminarlos.

Noviembre 11:

Gobernador de Querétaro: Con Plan Querétaro –“nueva” reforma agraria-, se cuadruplicará la producción de leche, huevo y carne en la entidad. Banrural: En 1976, disminuyeron las superficies destinadas a cultivos básicos. Director General de IMCE: Para hacer más eficiente el sector industrial, será necesario eliminar los esquemas de protección. Presidente CANACINTRA: El objetivo de la Alianza para la Producción es la producción, no la inversión y en un futuro cercano, la generación de empleos. Presidente de la CONCAMIN: La no inversión es provocada por el déficit de financiamiento. Titular de la SARH: Próximamente podrá hacerse evaluación

concreta de resultados de la Alianza para la Producción en el agro.

Noviembre 12:

Presidente Confederación Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia: si los empresarios ahora no invierten, no podrán satisfacer demandas futuras, cuando la situación sea mejor. Titular SARH: El agro mexicano debe tener nuevas estrategias para desenvolverse adecuadamente en el futuro. Subsecretario de Comercio (Hernández Cervantes): Un 35% de las exportaciones, corresponden a petróleo, café y camarón. Subsecretario de Comercio (Hernández Cervantes): Crecimiento del país marcha lentamente: más importaciones que exportaciones.

Noviembre 13:

Jefe del Departamento de Pesca: Sólo si diversos sectores invierte 30,000 millones de pesos, es que la pesca tendrá crecimiento adecuado. Presidente de la CONCAMIN: En 1978, se invertirán 150 mil millones de pesos en la industria, lo que denotará un empuje en nuestro desarrollo. Presidente de la CONCAMIN: Una gran mayoría de empresas industriales tienen problemas de financiamiento.

Noviembre 15: Noviembre 16: Noviembre 17:

Titular de la SARH: Estado sólo cubre el 35% de créditos requeridos para el campo. Secretario General del Sindicato Nacional de Estibadores: Las actividades portuarias están paradas debido a que no se exportan e importan mercancías. Indicadores FMI: Durante 1977 el producto bruto será aproximadamente 3% mayor que en 1976. Los banqueros de Hermosillo, Sonora, se quejan de que Banrural les hace competencia desleal. Titular Sarh: No existe una real identificación de los agrónomos con su desempeño productivo.

2.6.- Hechos que manifiestan que el capitalismo no rural, no concurre al campo. Marzo 3: Abril 1:

Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos: Los informes de la ABM muestran que la captación bancaria se ha incrementado en forma extraordinaria. Vicepresidente Colegio Nacional de Economistas: Grupos

Julio 20: Agosto 5:

Agosto 17: Agosto 25: Septiembre 29: Septiembre 30: Octubre 6: Octubre 12: Octubre 13: Octubre 14: Octubre 15: Octubre 18: Octubre 20: Octubre 26:

económicos poderosos resultan favorecidos por los mecanismos y acuerdos de selectividad del crédito, implantados por el Estado. Embajador de EU: El Banco de Exportaciones e Importaciones, dispuesto a otorgar crédito para la construcción de gasoducto y coordinación de la obra. Gobernador de Baja California Norte: Gobierno ha tratado de descentralizar la industria, pero el hecho es que precios de insumos principales resultan a veces más baratos en las zonas metropolitanas, por lo que no se obtienen resultados. Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): Devaluación del dólar aumentará más la dependencia del país con respecto a EU. Presidente de la ANIERM: Instituciones bancarias ponen demasiadas trabas y requisitos para otorgar crédito. Titular de la SHCP: Mediante exportación de petróleo y gas, se obtendrán buena parte de las divisas que el país requiere. PAN: Deuda del país llega a un billón de pesos (incluyendo intereses). JLP: Deben respetarse reglas de juego establecidas para obtener financiamiento externo, para utilizarla racionalmente en el plano interno. Director General Asociación Hipotecaria Mexicana: Construcción de habitaciones en el agro, es una gran ayuda para su desarrollo. Premio Nacional de Economía (Villafuerte Zavala): Debe modificarse la ley que regula inversiones extranjeras, de manera que constituya un sólido factor de capitalización. JLP: México reclama una transferencia de tecnología, de los países más desarrollados a los menos desarrollados. Presidente Asociación Nacional Ejecutivos de Crédito: Porque sistema bancario básicamente se ocupa de industrias boyantes, muchas empresas irán a la quiebra. NAFINSA manejará la creación de fideicomisos México-España, que atenderán diversas ramas de la producción petroquímica. Senador Aldai Stevenson (EUA): Debe haber un acuerdo en cuanto al precio que tendrá el gas natural, para aprobar el financiamiento del gasoducto. Director General de PEMEX: Gasoducto producirá en dos años la misma cantidad de capital fugado del país con flotación. Presidente de la CONCAMIN: México debe rechazar las condiciones para la obtención de créditos provenientes del EXIMBANK, para la construcción de gasoducto. Embajador de EU: Se han efectuado diversas consultas entre

Octubre 27:

Octubre 29: Octubre 31: Noviembre 4:

Noviembre 5: Noviembre 10:

México y EU, en los campos político, económico y social. Presidente de la CANACINTRA: Petróleo es la salvación para la crítica situación de México. Director general PEMEX: Petróleo hará posible que en un futuro cercano, el país sea próspero. Director General del Banco de México: Creación de fondo de coinversiones con Europa occidental, dará posibilidad de crear empresas juntas. Director General de PEMEX: Se amplía el mercado para el petróleo y por consiguiente, ,la posibilidad de asociación para beneficio del crudo. Investigador IIE-UNAM: Ramas dinámicas de la industria está dominadas por trasnacionales. Jefe del Departamento Biotecnología, Unidad Ixtapalapa-UAM: Imposible la nacionalización de industria alimenticia, por carecer de técnicas adecuadas. Diputado Federal por NL: A PEMEX no le urge vender, pero a EU si le urge comprar. Secretario del trabajo, de la CTM: Las industrias alimenticias trasnacionales deben establecerse en México, con la condición de responder a las necesidades económicas del país. Embajador Israel: Existen proyectos de coinversión empresas agroindustriales en zonas desérticas.

de

Secretario de Comercio: Energéticos y alimentos tienen prioridad absoluta en la actualidad.

Noviembre 12: Noviembre 13:

Noviembre 15: Noviembre 16:

Secretario de Comercio: Campo necesita de colaboración y recursos: genera 11% del producto interno bruto, en tanto que en el vive la mitad de la población. CONACYT (Víctor M. Lozano): Ante futura posibilidad de sustitución del petróleo por otras fuentes de energía, deben abrirse mercados ahora. Gobernador de Tabasco: si PEMEX sólo extraerá petróleo, sin generar empleos, habrá problemas. JLP: Asociación de la Industria con el campo es un buen camino para resolver problemas económicos. CONCAMIN y Consejo Industrial Agropecuario: Se ofrecerán 95 perfiles económicos para crear nuevas industrias en el agro. Director General de BANRURAL: Continua trasferencia de utilidades de la agricultura a la banca, la industria y el comercio,

Noviembre 18:

Noviembre 22:

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Noviembre 24:

Noviembre 25:

la descapitaliza. Director General Multibanco Comermex: Banca mexicana pretende crear un mercado bursátil con el fin de apaciguar las presiones que ejerce las demanda de créditos, proveniente de la gran empresa. Departamento de Pesca: Si se abren negociaciones con otros países, en 200 millas de zona exclusiva; estas adoptarán la forma de coinversiones. Director General de Banrural: en 1978, se otorgarán 28,000 millones de pesos, para financiamiento de agroindustrias. Ministro de Industria y Turismo de Notario, Canadá: Es favorable que México y Canadá creen un organismo que permita la mutua interrelación e introducción a nuevos mercados. Representante del BID en México: BID otorgará un nuevo préstamo a México, por 1,000 millones de dólares. Pres. Bolsa Mexicana de Valores: A falta de crédito bancario, la única solución es que empresas coloquen acciones en mercado de valores. Director General de NAFINSA: Son necesarios: la producción de bienes de capital, substitución de importaciones y el aumento de las exportaciones. Titular de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial: La exportación de petróleo crudo y gas es medida coyuntural, necesaria para implantar programa de industrialización de mediano y largo plazo. Presidente CONCAMIN: Empresario está preocupado por el desempleo y crecimiento demográfico en el sector rural. Titular SARH: Estado escatimará esfuerzos para que empresas privadas inviertan en el agro, con el fin de contrarrestar la actual situación. JLP: Únicamente la industria puede salvar a la agricultura; para salir de la crisis, agricultores industriales deben unirse. Presidente del Consejo Industrial Agropecuario: Se presentarán propuestas de reformas jurídicas elaboradas por SHCP, Banrural y SARH, al ejecutivo, para modificar Ley Federal Reforma Agraria y Ley de Crédito Rural. Presidente del Consejo Industrial Agropecuario: Agroindustrias

evitarán pérdidas en los sobrantes, que no se consumen, evitarán importaciones respectivas de productos manufacturados que el país exporta como materia prima, y contrarrestan desempleo. Titular SARH: Leyes mexicanas deben controlar empresas transnacionales establecidas en el campo.

Noviembre 27:

Gerente Unión nacional de Avicultores: Si las transnacionales logran su objetivo de establecerse en el agro del país, se corre el riesgo de que las áreas más desarrolladas de él caigan en sus manos. Presidente de Consultores Internacionales: México debe encaminar bien su petróleo, de manera que a partir de éste pueda construirse una poderosa planta industrial.

3.- Hechos que ocurren en el seno de los trabajadores. 3.1.-Hechos que señalan la no fácil conversión consensual del solicitante de tierra en Asalariado Rural. Abril 5: Mayo 8: Mayo 16: Mayo 29: Julio 27: Agosto 1: Septiembre 1: Septiembre 23: Octubre 3: Octubre l6: Octubre 18:

Fidel Velázquez: Si los precios no se reducen, se pedirá aumento de salario. Subsecretario de Comercio Exterior, Secretaría de Comercio: El Compromiso de la Alianza para la Producción es ganar la batalla contra el desempleo, la miseria . y la injusticia. Jefe del Departamento Jurídico: de la CNC: Siguen vigentes los problemas del campo que la SRA no ha resuelto. Presidente CANACO Monterrey: El sector comercial no es el causante de la escasez de los productos alimenticios. Titular SRA: La revisión de diversas leyes dará paso a la creación de empleos, pasando definitivamente el reparto de tierras. Investigador del Centro de Productividad Agrícola Animal de la UNAM (Rafael Calderón): 5610 16 millones de hectáreas son utilizadas para el cultivo. Informe Presidencial: la solución de los problemas económicos deben comenzar por el impulso a la Agricultura. Titular SARH: Es importante que los campesinos permanezcan en sus tierras. Precio Nacional de Economía (Agustín Caso): La población mexicana que migra al norte del país ha disminuido. Investigador del Colegio de México (Alberto Gallos): Hay que reconocer que el problema agrario es económico. Subsecretario de Trabajo: en 1978 se llevar a cabo un plan

Noviembre 9: Noviembre 15: Noviembre 27: Diciembre 4: Diciembre 8:: Diciembre 18: Diciembre 27:

nacional de creación de empleos. Senador Jesús Hernández Rojas: No podrán igualarse salarios de los campesinos y los obreros. Secretario General Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas Asalariados: En México 1 550 000 peones acasillados Subsecretario Planeación de la SRA: La elaboración de un padrón nacional campesino abarcará todo lo relacionado con el agro. JLP: La planificación es una necesidad para México. JLP: La colonización de tierra requiere gran especialización. Asociación General de Agricultores del Estado de Colima: Toda la tierra mexicana debe involucrarse en el proceso de producción. Dirigente del Bloque Radical Revolucionario del PRI: Debe haber coordinación para el desarrollo agroindustrial, afectado por la SARH. Directora del Servicio Público del Empleo, de la SRA: Con el plan quinquenal, hay posibilidades de frenar el desempleo rural.

3.2.-Hechos que señalan dificultades para la constitución de Empresas “Asociativas”. Marzo 4:

Marzo 13:

Marzo 19: Abril 26: Abril 28: Abril 29: Julio 2

Jefe Sección de Suelos del Instituto de Geología de la UNAM y Director de Suelos y Aguas de la SARH: Hacen falta más agrónomos para resolver los problemas causados por las tierras dañadas. Subsecretario Forestal y de la Fauna (SARH): Los planes del Programa Nacional de Desarrollo se pueden venir abajo a causa de procedimientos irracionales en materia de recursos naturales. Director del Instituto Nacional de investigaciones sobre Recursos Bióticos: La investigación ecológica permitirá llevar los técnicas adecuadas a las regiones Tropicales y Subtropicales. Presidente del Comisariado Ejidal de San Miguel Chiontla Puebla: Es talla situación que, si no se tienen aseguradas las cosechas, no se recibirá crédito oficial ni privado. Srio. Liga Agraria Estatal (B. C. Norte): La apatía de los usuarios respecto a la construcción y operación de obras de infraestructura, irá desapareciendo. No se llevará a cabo un plan vía Farmer, según las conclusiones del Primer Seminario Internacional México EU de Ciencia y Tecnología Agroindustrial. Srio. General CNC: CNC auxiliará en el proceso de formación

Julio 3: Julio 11: Julio 17: Julio 26 Julio 29: Julio 31: Agosto 1 Agosto 3: Agosto 9: Agosto 21: Agosto 22: agosto 28:

Septiembre 1 Octubre 15 Octubre 26: Noviembre ó:

de Agroindustrias . Gobernador del Estado de Veracruz: Se utilizará la vía del diálogo para resolver la inconformidad de la gente que no quedó" contenta con las resoluciones presidenciales. Srio. Gral. CCI ante SLP: La efectividad del llamado a la inversión privada se va a demostrar con el funcionamiento de las agroindustrias. Estudio del Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo: En el DF se necesitan crear 100 000 empleos anualmente. Confederación de Cooperativas de la Industria Pesquera de México: se aplasta el cooperativismo. Director de la Escuela Nacional de Agricultura: No conviene a los latifundistas que los ejidos colectivos se desarrollen y tecnifiquen. Director del Centro de Postgraduados de Chapingo: La institución, que agrupará a los campesinos, será el incentivo de una mejor producción. Titular Secretaría de Comercio: Se reducen y se fijan oficialmente el precio de los productos medicinales. Director Gral. BANRURAL: Los campesinos ya no necesitan una política paternalista. Director del Instituto Nacional de Estudios de Trabajo: En México no está definida la participación de los obreros en las empresas. Director del Centro de Investigaciones Agrarias: Los productores minifundistas son un serio obstáculo para el crecimiento agrícola. Presidente de FLASCO (R. Stavenhagen): El minifundio y sus unidades agroindustriales deben convertirse en unidades tipo cooperativo. Legisladores, Ricardo Castillo, Artemio Iglesias, Arturo Luna y Filemón López; los agrónomos Sergio Reyes Osorio, Gustavo Granados, Mario Carrillo y Carlos Natividad Baray: El caciquismo no es sólo un problema para la colectivización, sino también para la producción. Informe Presidencial: La condición para el desarrollo es darle justicia al campesino. Srio. Gral. CNC: La organización colectiva es un recurso para cumplir Con la Alianza para la Producción. Subsecretario de Planeación de la SARH: La resolución del problema agrario e s la creación de complejo s agro industriales. Director General del Banco de Crédito Rural: No se puede hablar de un acaparamiento de créditos porque el 90% de los

Noviembre 9: Noviembre II: Noviembre 15: Noviembre 16:

clientes del BANRURAL son ejidatarios. Senador Hernández Rojas: No hay preparación para la colectivización de la tierra. BANRURAL: Por falta de organización BANRURAL no puede ejercer la totalidad de los recursos que están previstos en sus planes de crédito . Subsecretario de Organización y Acción Agraria, SRA : El gobierno utilizará métodos inductivos para combatir el minifundio . Director Gral. BANRURAL: GUANOMEX no debe seguir subsidiando al agro. Director Gral. BANRURAL: Un 80% de los ejidos existentes en el país no reciben créditos ni de la banca oficial, ni de la privada

Noviembre 21:

Noviembre 22:

Noviembre 23: Noviembre 27:

Director Gral. GUANOMEX: Si la producción agrícola está organizada, se le subsidiará. Titular SRA: La asociación de los productos podría abarcar con el minifundismo. JLP: La confusión del crédito con el salario ha envenena do las relaciones en el campo Titular SRA: El propósito de las asociaciones Edo-productos, es superar la etapa de subproducción. Titular SRA: Al término del sexenio se terminará con la organización de los ejidos. Subdelegado Agrario en Cajeme, Sonora: Dentro del programa único de organización, se han constituido 17 uniones de crédito. Subsecretario de Planeación e Infraestructura de la SRA , Se toman medidas inductivas, coercitivas e impositivas para romper con el tradicionalismo. JLP: La industria debe asociarse definitivamente a los X procesos agrícolas.

Noviembre 28:

Diciembre 1:

Srio. Patrimonio y Fomento Industrial: La administración, la elaboración de proyectos y la organización, deben estar en manos privadas, con el fin de solucionar problemas del campo Srio. Gral. CCI: En las superficies de temporal, más o menos bueno, se situarán las agroindustrias con inversión extranjera. En las zonas desarrolladas del campo entrará: el capital extranjero. Srio. Gral. CNC: Debe ser fortalecido el sector ejidal para practicar otras formas de asociación.

Diciembre 2: Diciembre 2: Diciembre 2:

Director BANRURAL : Las agroindustrias permitirán al sector público y privado crear más empleos en el campo. Subsrio. de la SRA: El sector privado debe concurrir al ejido, comunidades y pequeñas propiedades; pero debe I hacerlo conformando una relación justa. Director de organización Agraria, de la SRA: Los objetivos de la organización agraria son: mejor eficacia, justicia, racionalización y generación de empleos.

3.3..-Hechos que manifiestan Obstáculos para la Obtención de mayores tasa de explotación. Julio 17: Julio 24: Septiembre 1: Octubre 9: Noviembre 3:

Director de Graduados e investigación de la Escuela Nacional de Economía: El 70% de la población rural produce para el autoconsumo . Director Gral. de Distritos de Temporal, SARH: Hay que formar y legislar una estructura política que acabe con la erosión. Informe Presidencial: Las cuotas de maquilas darán medidas para que los campesinos que tienen máquinas les trabajen a los que no las poseen, en beneficio de todos. ANIME: La experiencia que requieren los técnicos egresados de escuelas superiores se adquiere con el tiempo y no en las aulas. Director Fundador del Colegio de Postgraduados de Chapingo: El clima y la técnica afectan las zonas del cultivo .

SEGUNDA PARTE Acontecimientos superestructurales 1.-Hechos que ocurren en el ámbito de la burguesía. 1.1.-Hechos que demuestran que no se afectan los intereses de la burguesía, aún existiendo situaciones explosivas de lucha de clases. Febrero 26: Febrero 28: Marzo 4: Marzo 15:

Presidente Unión Nacional de Productores de Algodón: Los industriales presionan al gobierno para que se fije un precio al algodón que se consume en el país. Se amplía la capacidad organizativa de las clases dominantes locales. Articulista (Roberto Esperón): los sectores más poderosos de la oligarquía regiomontana intentan destituir al gobernador de NL. Presidente Sistema Bancomer: actual gobierno trata de evitar

Marzo 17

Marzo 19: Marzo 31: Abril 20: Abril 24: Mayo 2: Mayo 6:

Mayo 24:

Junio 15:

Junio 22: Julio 7:

Julio 11: Julio 14:

las situaciones vividas durante 1971, con respecto a la inflación y a la balanza de pagos JLP, ante comité central SUTERM: el derecho de la clase responsable –los trabajadores de México- estará vigentes ante el surgimiento de diversos problemas, ya que ha bajado sus pretensiones de aumento salarial: de 25%, que era originalmente la pretensión, a 10%. Presidente consejo coordinador empresarial: para que los empresarios puedan obtener créditos en el exterior, necesario fijar la paridad de la moneda. Pequeños propietarios de Veracruz: si campesinos de la UGOCM no desalojan predios invadidos en municipios de la entidad, serán desalojados a la fuerza. Dirigente confederación obrera revolucionaria: 70% del ingreso nacional está en manos de quienes detentan la riqueza. Presidente centro patronal de Jalisco: no es conveniente federalizar las juntas de conciliación, ya que en provincia éstas desempeñan bien su función. Titular SRA: la secretaría discutirá las decisiones del poder judicial con respecto a la afectación de tierras en Sonora. Dirigente de la asociación nacional de consultores en mercadotecnia: los comerciantes e industriales se encuentran divididos, de acuerdo a sus intereses, en la alianza para la producción. Jefe de prensa del sindicato de petroleros de la república mexicana: si se realizan las obras y servicios de PEMEX, por administración directa, se podrá resolver el problema de los supernumerarios. Exdirector del fideicomiso Cumbres de Llano Largo (diputado Heladio Ramírez López): una campaña general contra empresas del estado y organismos de participación estatal, explica los ataques contra el fideicomiso. Vicepresidente Asoc. Nal. De fabricantes de alimentos pecuarios balanceados: inexistencia de un precio real del huevo, ha provocado una baja en su producción. Presidente Concanaco: en este momento se necesita activar la economía, porque de lo contrario habrá millones de desempleados, falta de compradores y paralización de la producción. Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sonora: el peso mexicano ha perdido fuerza ante el dólar; para fin de año, su cotización será de 28 pesos / dólar. Presidente Concamin: la iniciativa privada no está dividida; trabaja en forma coordinada, para cumplir los objetivos trazados.

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Agosto 25: Septiembre 14: Septiembre 17:

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Secretario de organización-CNPP, vicepresidente de la Federación de la Pequeña Propiedad en Coahuila, secretario general de la Unión de la Pequeña Propiedad en Coahuila, secretario general de la Unión de la Pequeña Propiedad y Presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Coahuila: se hará un paro de actividades agropecuarias, en apoyo a industriales y comerciales, si el gobierno de Coahuila no resuelve los problemas de invasiones. Andrew Young, embajador de EU ante la ONU: la situación geográfica de México y Canadá con respecto a EU, obliga al gobierno norteamericano a tener una política más estrecha con ambos países. Subsecretario de planeación, de la SARH: los empresarios que se niegan a invertir, ó que lo hacen con condiciones inaceptables, afectan la aplicación de la alianza para la producción. Secretario general, CNPP: los pequeños propietarios de Sonora siguen negociando la indemnización de sus tierras afectadas; piden 50,000 pesos por hectárea, en vez de aceptar el ofrecimiento gubernamental de pagar 38,000/ha. Presidente de la asociación de industriales de Vallejo: el compromiso contraído ante JLP no tomó en cuenta a todos los empresarios; simplemente, se trató a nivel de las Cámaras. Presidente de la Canaco, Cd. De México: secretaría de comercio ha fijado precios a 8’ artículos, y mantiene control sobre 20,000 Hope Camp, ejecutivo de Sear Roebuck, en un foro acerca de cómo hacer negocios en México, auspiciado por el club de comercio internacional de Chicago; se tomó la decisión de mexicanizar la compañía, debido a que legalmente ello era más conveniente. Presidente Concanaco: no se necesita que en el gabinete haya cambios, para que la influencia del sector se fortalezca. Procurador de defensa del consumidor: la procuraduría ha funcionado bien, pero no es suficiente porque se requiere de funciones ejecutivas plenas. Presidente Canacintra: la Conasupo debe bajar precios de leche en polvo, y asegurar su adecuada distribución a industriales que la utilizan. Vicepresidente Cámara Nacional de Comercio en Pequeño: el subsidio otorgado por la Conasupo a avicultores debe ser transitorio, puesto que forma parte de la política de economía de ficción. Frank Díaz, dirigente en Miami de la Asociación Interamericana de Hombres de Negocios: las inversiones estadounidenses en

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América Latina crecen más rápido que en otras partes. Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial, en Cd. Obregón: al mismo tiempo que el gobierno pide confianza, expropia tierras; por ello es necesario una definición gubernamental clara. Titular SRA: Catastro rural será la única solución para construir infraestructura agraria y proporcionar seguridad jurídica. Colegio Nacional de Economistas: se pide una ley que de un papel definitivo a la iniciativa privada en el desarrollo del país. Presidente de la gran comisión del senado: deberán jerarquizarse las peticiones levantadas por diputados de la CTM en el congreso. Gerente de la federación de la pequeña propiedad de Sinaloa: dirigentes UGOCM pretenden continuar invasiones, como si actual régimen las alentara (como sucedía con la pasada administración). Secretario general del comité de defensa del trabajador: 6 millones de cajas de huevo se ocultan en Tehuacan, puebla. Fidel Velásquez: mediante amenaza de retirarse del país, las empresas farmacéuticas transnacionales presionan a las autoridades, para que éstas autoricen aumento de precios de sus productos. CNPP: no serán defendidos los latifundistas y acaparadores que se valen del sistema de presta nombres. Presidente del comité de uniones de crédito, de la ABM: los movimientos empresariales como el de Nuevo León, son perjudiciales al orden económico, político y social del país. Nuevo presidente de la confederación mexicana de ejecutivos de venta y mercadotecnia: el gobierno debe mantener controlado los salarios (del 10 al 15% de aumento), durante 1978. Presidente Concamin: la rentabilidad de las empresas bajó a un 2%. Secretario de comercio: deben mejorarse los instrumentos destinados a proteger y orientar al consumidor. Vicepresidente Concanaco: grupos monopólicos deben ser combatidos, para evitar elevación de precios. JLP: existen tesis afines, entre la iniciativa privada y el gobierno. Presidente Concamin: en ramas en que sector privado esté en deuda con gobierno, pagos deben hacerse por mutuo acuerdo. Presidente Coparmex: en industria azucarera, se ha presentado una nacionalización disfrazada; lo grave es que puede suceder lo mismo con otras ramas industriales. Asesor Concanaco (Francisco Plancarte): se pidió al gobierno federal la derogación del impuesto sobre utilidades excedentes,

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pero no ha habido una respuesta afirmativa. Asociación General de Agricultores del Estado de Colima: debe acabarse con la economía de ficción: cuando haya precio justo al producto del campo, todo vendrá, inclusive la tecnología. JLP: el sistema cerrado de México debe tener un mecanismo, para que haya capital d riesgo que en determinado momento resuelva las situaciones críticas existentes. Presidente Concamin: utilidades de empresas, durante 1977, se incrementaron 5% con respecto a 1976. Director de graduados, ESE-IPN; si iniciativa privada invierte sólo 200,000 millones de pesos anunciados para 1978, se crearán solo 200,000 empleos; hay 6.5 millones de desocupados.

1.2) Hechos que demuestran que burguesía presiona a gobierno, hasta límites cercanos a la pérdida de legitimidad. Febrero 28: Febrero 28. Marzo 2: Marzo 3: Marzo 18:

Mayo 2: Mayo 9: Junio 8: Junio 12:

Junio 22:

Banco de México: el costo de la vida durante 1976, ha sido el doble que en 1975. Presidente CAADES: las invasiones y la falta de pago por parte del gobierno a pequeños propietarios, son los principales problemas actuales en Sinaloa. New York Times: JLP ha advertido a Carter: si no mejoran las condiciones de México, antes de cambiar el sexenio, él sería el último presidente constitucional. Presidente del congreso: los paros de comercio en Oaxaca son ilegales; deben ser sancionados los participantes en ellos. Presidente Coparmex y representante del grupo Monterrey: el acuerdo de unidad con JLP, que será firmado el 28 de marzo, plantea que a cambio de inversiones en regiones y áreas económicas básicas, se obtendrán modificaciones en aspectos fiscales. Presidente, centro patronal de Sonora: el rumbo de la revolución en materia agraria, se perdió hace mucho tiempo. Directora de la universidad obrera de México: la derecha mexicana ha adoptado una actitud ofensiva; abandona su tradicional posición defensiva. Presidente, Centro Coordinador Empresarial: mientras más elevados sean los salarios, menor será la proporción de la población que los pueda recibir. Embajador de Alemania Federal: un empresario extranjero difícilmente va a encontrar un empresario mexicano que disponga del capital legalmente necesario (51% del total) para asociarse con él. Presidente Concamin: la liberalización de la economía debe ser

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paulatina, cuidando de no desaparecer el control de precios de un solo golpe. Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de América Latina, EUA: el sistema económico internacional que permite ampliar las inversiones extranjeras dentro de fronteras nacionales, es el que ofrece esperanzas para un progreso económico mundial aceptable. Presidente Coparmex: si la grave situación amerita que el gobierno tome medidas impopulares, debe hacerlo. Presidente de la Cámara de Sociedades de Empresas Importadoras y Exportadoras de Europa: no hay afluencia de capitales de los países europeos hacia México, debido al desconocimiento de la situación real del país. Representante del Union Bank (EUA), en América Latina: México tiene que seguir dependiendo de las decisiones del FMI. Presidente del centro patronal de Monterrey: como no comulgamos con el comunismo, queremos con nuestra intervención fortalecer al PRI y al PAN. Senador y dirigente del PPS: la oligarquía pretende que el gobierno de JLP cambie su política económica con el fin de obtener más beneficios. Miembros del PRI y oficiales mayores de los gobiernos de los estados de Sonora, Nuevo León, Guanajuato y Tamaulipas: la violencia pondrá en peligro la paz y la seguridad social, por lo que la reforma política de be acelerar su actuación. Director del Instituto de Integración Iberoamericana: la reforma política debe ser ampliada, con el fin de que la clase empresarial y otros grupos de presión se involucren en el proceso político. Vicepresidente de la Anierm: si se da un cambio radical de los permisos previos de importación, por un mayor arancel, podrían cerrarse algunas empresas, y con ellas fuentes de empleo. Senador (Alejandro Cervantes Delgado): el estado debe fortalecerse más económicamente, y así garantizar el desarrollo económico y social del país. Secretario de comercio: no se autorizarán aumentos innecesarios de precios; sólo se autorizarán los que sean necesarios para incrementar la producción de bienes básicos. Presidente de la Anierm: los costos de producción de las manufacturas han aumentado en fuertes proporciones con la devaluación; el mantener bajos los salarios apenas si ha sido una pequeña ayuda, compara con esto. Secretario de comercio: existen 200 solicitudes de aumentos de precios, a lo que la política antiinflacionario de la S.C. se opone. Presidente Asoc. Nal. De Consultores en Mercadotecnia: existe

Octubre 6: Octubre 11: Octubre 12: Octubre 13. Octubre 14: Octubre 19:

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el peligro de una quiebra estatal, si no cesan los factores perturbadores. JLP: la mancha negra del fascismo se está extendiendo en América Latina. Presidente congreso del trabajo: se requiere de un control de cambios. Presidente del CCE: si se da una escala móvil de salarios, la espiral inflacionaria se incrementará. Vicepresidente de la Asociación de Economistas Mexicanos: el gobierno no debe otorgar más incentivos a la iniciativa privada, pues cuando la crisis haya pasado, éstos serán lesivos. Presidente CCE: los ejidatarios y minifundistas deben pagar impuestos, si realmente se quiere hacer una redistribución tributaria efectiva. Desplegado firmado por la CTM, CROC y CGT de Nuevo León: los objetivos del grupo Monterrey tienen como finalidad neutralizar la administración actual del estado, y convertirla en dependiente de éste. Por otro lado, imponer al gobierno federal condiciones para la producción, va contra la conciliación que reclama la política del régimen actual. Presidente de la Academia Mexicana de la Educación: la Unión Nacional de Padres de Familia ataca al contenido de los libros de texto gratuitos. Gobernador de Nuevo León: gracias a la política de respeto, y al ejercicio de los derechos laborales, se han evitado las acciones de violencia en Nuevo León. Secretario de gobernación: los empresarios no pueden quitar a un gobernador, únicamente el pueblo que lo eligió (refiriéndose al caso de Nuevo León). Secretario general, PPS: si el grupo Monterrey triunfa y quita al gobernador, será una experiencia reaccionaria muy útil, que se generalizará al resto del país. Presidente Concamin: como empresarios, no se puede participar en política; ello se puede hacer, sólo como ciudadanos. Presidente de la Asociación de Industriales del Estado de México: en Monterrey, los empresarios utilizar poder del gremio para presionar al gobernador; esto es inadecuado. Congreso de Nuevo León: las agrupaciones privadas que se formaron para enjuiciar al gobernador de Nuevo León, han usurpado funciones. Empresarios: durante 1978 debe mantenerse la política salarial y de gasto público sostenida en 1977, con el fin de cumplir los compromisos contraídos con el FMI. Director general de Crédito, SHCP: las metas fijadas por el FMI

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en este año, fueron alcanzadas mediante el esfuerzo de todos los sectores. Investigador IIE-UNAM (José Luis Ceceña): si se quiere salir de la crisis, se necesita que el estado participe abiertamente en la economía. Director Banamex: deben reorientarse los patrones de consumo, así como generalizarse una filosofía del trabajo productivo, en todos los sectores. Presidente Canaco, Cd. De México: puesto que la crisis ya está pasando, es necesario liberar los precios (eliminar su control), pero no dar aumentos salariales mayores del 10%. Presidente Asociación Nacional de Abogados de Empresas: el estado debe participar como empresario-socio del sector privado, más no como su competidor. Presidente Congreso del Trabajo: los empresarios quieren frenar al país, para obtener canonjías más favorables. Presidente Canacintra: los cambios en el gabinete, no deberán significar la modificación de la política de JLP. Titular nuevo de la SHCP: en estos momentos, es difícil realizar una profunda reforma fiscal. Nuevo secretario de programación y presupuesto: afirma no haber llegado al gabinete, con el apoyo de la iniciativa privada. Articulista Excelsior (Raúl Olmedo): según declaraciones del nuevo titular SHCP, se prevé escaso crecimiento del mercado interno. Diputado PAN (Sergio Lujambio): en dictamen de Cuenta Pública de 1976, no se determina al destino de 25,342 millones de pesos. Presidente Confederación Nacional de Aprovechamiento Hidráulicos: la Secretaría de la Reforma Agraria es quien causa más problemas a la administración pública. Presidente Consejo Industrial Agropecuario: la alianza para la producción debe abarcar, no sólo este sexenio, sin mucho más allá en el futuro. Consejero Coparmex (Rafael Lebrij S.): debe haber revisiones bianuales de salarios, por haber desaparecido ya la situación eventual de emergencia a la que se refiere la exposición de motivos de la reforma legislativa que establece la revisión salarial anual. JLP: los secretarios de estado que renunciaron no armonizaron en aspectos fundamentales para el ejercicio de las responsabilidades que les habían sido conferidas. Asociación General de Agricultores del Estado de Colima: para poder producir, se requiere seguridad y garantías en el campo. Grupo Monterrey: se admite que se hace campaña, para que

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uno de sus miembros llegue a presidente de la Concanaco. Presidente Coparmex: deben seguirse los mismos lineamientos de 1977, en la política económica de 1978. Vicepresidente del Congreso del Trabajo: la burguesía pretende mantener los salarios bajos, así como la inexistencia de una reforma fiscal progresiva que grave a los grandes capitales. Iliana Cida, en la mesa redonda sobre problemas de la política exterior de México y América Central, organizada por la FCPSUNAM: México ocupa el primer lugar en América Latina, en cuanto a penetración extranjera.

1.3) Hechos que indican que la burguesía no interpreta correctamente el lenguaje utilizado y las acciones tomadas por funcionarios gubernamentales. Marzo 18: Abril 12: Mayo 5: Mayo 6: Mayo 12: Mayo 16:

Junio 6:

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Julio 15:

Diputado panista (Jorge Garabito): si se une el PPS con el PCM, el PAN tendrá dificultades, al enfrentarse a la izquierda unificada. Presidente Canacintra: la iniciativa privada no tiene interés en comprar empresas estatales; únicamente le interesa que funcionen bien. Presidente Concamin: necesario presionar al gobierno, para que tome las medidas precisas con el fin de acabar con los grupos de agitación al interior de las universidades. Presidente Consejo Coordinador Empresarial: la inversión en el campo puede resolver el problema del desempleo y puede agilizar las actividades agropecuarias y ganaderas. Titular SHCP: México tiene los recursos suficientes para hacer frente a su endeudamiento. Presidente Club de Exportadores: si para fin de mes las estadísticas no muestran resultados favorables, será síntoma de que gobierno federal tiene que cambiar de ruta en materia económica. Directivos de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas: con la terminación de la temporada legumbrera, habrá un promedio de 60,000 trabajadores sin empleo en la costa del noroeste del país. Secretario general del PMT: el derecho a Huelga y asociación no puede ser reprimido, por lo tanto la actitud del rector de la UNAM es inadecuada; no actúa conforme a derecho. Secretario general, COR: la alternativa gubernamental para frenar el problema universitario fue la entrada de la policía, puesto que este movimiento intentaba quebrar la reforma política. Premio Nacional de Economía (Javier Ampudia): si los empresarios rehúsan invertir, el peso se devaluará aún más.

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Secretario de gobernación: no es verdad que la crisis económica actual implique una crisis política, pues existen mecanismos de gran consistencia y estructura, que se sustentan en el pueblo. Representante empresarial ante Infonavit: urge que la iniciativa privada emprenda más inversiones, a fin de que no se propicien cambios en la estrategia gubernamental que le otorga estímulos. Presidente CCE (Consejo Coordinador Empresarial): una de las respuestas que los empresarios dieron en torno al documento presentado por el Congreso del Trabajo ante JLP, fue que los empresarios aceptan que lo primordial es conservar el orden y la estabilidad política. Secretario de organización, del Sindicato Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo, de la CTM: la segunda parte de la reforma agraria se ha iniciado en forma desorganizada y con el apresuramiento que imponen las medidas desesperadas. Presidente-Coordinador de la Junta de Presidentes de Cámaras Industriales de Jalisco: en la medida en que renuncien funcionarios que también estuvieron en la administración anterior, el sector privado del país incrementará sus inversiones. Secretario de Comercio: ante la protesta popular por el alza de precios, la SC anuncia que los tres meses siguientes no habrá ninguna alza. Secretario de comercio: aunque suba el precio oficial del maíz, no subirán las tortillas. Presidente de la Canaco-Cd. Obregón: el grueso de los socios de la Canaco-Sonora tiene acceso a órganos de dirección. Diputado federal (Jorge Efrén Domínguez): en el sexenio pasado se reasumió el endeudamiento externo, para hacer frente a las grandes necesidades de inversión que se requerirían, y que la iniciativa privada no efectuaba. Canaco, Cd. De México: la eficiencia gubernamental, no se encuentra ausente: incremento de los precios es bajos. Bernardo Quintana, principal accionista de ICA: cada actividad tiene su momento en el proceso de desarrollo; es así que las generaciones futuras también tendrán su actividad determinada por éste. Vicepresidente Coparmex: la detención de Barra García es saludable para la moral pública, puesto que quienes al amparo de su puesto se enriquecen, deben ser castigados. Fernando Pescador, del Colegio Nacional de Economistas: los políticos mexicanos se oponen sin criterio a las recomendaciones ó proyectos que presentan los técnicos, que a

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final de cuentas terminan con la culpa. Empresarios de Nuevo León: rompimiento del orden legal, del estado, por el terror impuesto por el gobernador. Presidente CCE: tanto intelectuales como políticos pueden brindar al país el mejor cuerpo de leyes, pero sin virtudes cívicas, todo quedará en letra muerta. Presidente CCE: hay economistas que atacan para ser líderes de su sector, pero no es nuestro problema. JLP: como las Cámaras de Comercio son organismos descentralizados, los intereses de los agremiados en ellas se encuentran incorporados a los intereses generales y superiores que entraña y significa el estado. JLP: no es posible dar saltos en la estructura política y mantener rezago en la infraestructura económica, social y cultura. De ahí que se necesite un desarrollo integral. Presidente de la gran comisión del senado: no hay una razón política, ni de estructura en teoría general del estado, que pueda contemplar la implantación de senadores de partido. Jorge Garabito, diputado panista: los diputados de partido entorpecerían la conexión con el pueblo; además, deben tener en cuenta que su elección no depende del voto directo del ciudadano. Diputado Francisco Ortiz Mendoza, PPS: tanto el PRI como el PPS coinciden en la apertura de las vías democráticas, pero con fines diferentes. Director general de estudios administrativos de la presidencia de la república: la Conasupo es indispensable, por el servicio social que presta. Director general de estudios administrativos de la presidencia: la fusión ó liquidación de paraestatales significa racionalización. Presidente Colegio Nacional de Economistas: el capital nativo, exige mayores sacrificios del estado y de la clase trabajadora para mantener sus beneficios. Esto solo puede descansar en el robustecimiento de la inversión pública, social y económica. Titular SRA: se harán cambios en toda la estructura de la SRA. Presidente Canacintra: no hay, ni debe haber, intentos de cogestión en las empresas. Decano de la Universidad de Chapingo (Ramón Fernández y Fdz.): en la actualidad, a la cuestión agraria no se le introducen innovaciones, porque se les teme; se dan sólo cambios de forma, como los programas de colectivización. Director Com. Nal. De la Ind. Azucarera: no se desea expulsar al empresario de la industria azucarera. Srio. De Comercio: si titubea el sector privado, el gobierno invertirá en la producción de alimentos y artículos necesarios.

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Srio. De Comercio: lo que no funciona es el sistema y la capacidad para modernizar el comercio. Srio. De Comercio: en algunas empresas del estado, habremos de lograr el realismo económico a corto plazo. Presidente Concamin: al definirse las reglas del juego, se da seguridad jurídica al inversionista y a la empresa. Presidente de la Asociación Nacional para el Fomento de las Exportaciones: debe acabarse con las exigencias desorbitadas y demagógicas, puesto que no se pueden atender, en cuanto a peticiones de aumentos de salarios. Presidente Coparmex: la política socializante del sexenio anterior, condujo a la crisis y al intervensionismo, lo cual no contribuyó a estimular el esfuerzo del sector privado, tendiente a reactivar la vida económica del país. Fidel Velásquez: lo único que quieren los empresarios son reglas que les favorezcan ; además, su falta de inversión nos detendrá en la salida a la crisis. Titular SARH: los constructores del sector privado representan la mano ejecutora de la obra pública; por eso, coparticipan en los resultados obtenidos. Presidente CCE: los empresarios no tienen temor: los que están temerosos son los pequeños ahorradores. Presidente de la Junta de Presidente de Cámaras Industriales de Jalisco: como los funcionarios del actual régimen han rectificado su conducta, los industriales de Jalisco han perdido su desconfianza. Presidente Coparmex: si se mantiene el mecanismo de cambios en la política económica, se saldrá en su totalidad de la economía ficticia. Director general., Grupo Financiero Continental: la salida de Carlos Tello Macías del gobierno presidencial, se debió a que buscaba incrementar el gasto público y mantener la política de subsidios a la ineficiencia. Presidente Bancomer: no son dañinos los préstamos del FMI, ya que éste permite la renovación de las fuerzas productivas que alientan el proceso interno y la plena ocupación de los recursos humanos, físicos y de capital. Presidente Cámara Nacional Comercio, Cd. De México: acusar al sector privado de la fuga de capitales de 1976, es como acusar al termómetro de la baja ó alza de temperatura. Presidente Consejo Coordinador Empresarial: los empresarios no pudimos sacar los capitales del país, porque nuestras inversiones se encontraban y encuentran en maquinaria, equipo, plantas, etc, y no en efectivo. Presidente Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas: no

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aceptamos la acusación de ser causantes de la fuga de capitales, porque en realidad todos los sectores tuvieron que ver en ella. Presidente de la Federación de Pequeños Propietarios de Sonora: la amenaza de expropiaciones aún existe, porque la SRA sigue aceptando solicitudes de dotación de tierra. Presidente Centro Patronal del Valle del Yaqui: por un lado, se les pide a los inversionistas que inviertan sin que se les dé seguridad. Y por el otro, se les amenaza con la intervención del estado si no actúan. Presidente Centro Patronal del Valle del Yaqui: cuando los empresarios se deciden a invertir, surgen declaraciones oficiales que los hacen detener sus planes. Presidente IMEF: el dictamen de la cuenta Pública debiera ser elaborado desde un punto de vista técnico, despojado de la opinión de cualquier sectarismo político. Presidente Canacintra: aunque el estado sea, en el futuro, el nuevo rico, los empresarios no se preocupan ante ello, porque las reglas del sistema de economía mixta no se modificarán. Nuevo director general: Nafinsa: vivimos dentro de un régimen de economía mixta, en el cual los esfuerzos del sector público y privado son complementarios. Presidente Coparmex: debe haber una real organización en el campo, para solucionar en parte el desempleo. Presidente Consejo Industrial Agropecuario: la no inversión del sector privado en las agro industriales es causada por las escasas perspectivas rentabilidad al capital, que ofrece el sector rural. SHCP: el presupuesto para 1978 será de 900 mil millones de pesos, en comparación con los 660 mil millones de 1977. Presidente Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia: se ha hablado mucho de la economía mixta, pero el gobierno en ocasiones trata de inmiscuirse en los sectores cubiertos por la iniciativa privada. JLP: en México es de justicia elemental reivindicar la imagen del expresidente Echeverría, con un estudio sereno de su actuación. Presidente Coparmex: la burguesía señala su temor de que el capitalismo monopolista de Estado, se convierta en un paso que debilite al capital. Presidente Canacintra: tenemos que evitar los caminos que nos lleven a encrucijadas cargadas de injusticia y tensiones sociales.

2.- acontecimientos que ocurren en relación con la fuerza de trabajo

2.1.- Hechos de los que se desprende que el campesinado no se contenta con recibir ocupación, en vez de tierras. Marzo 21:

Mayo 16: Junio 18:

Julio 20: Julio 29:

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Agosto 21:

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Programa de organización de los núcleos ejidales de la región del mayo: se ha logrado la adhesión de 20 comisariados del municipio, con un total de 500 jefes de familias que poseen 6 mil has. Secretario general CCI: en los estados que tienen tierras fraccionadas y uno elevada población el reparto de tierras ha concluido. Lorenzo Martínez Medina: exsubsecretario de agricultura y director de productora nacional de semillas durante el sexenio pasado: si a los campesinos se les paga igual que a obreros calificados, se puede elevar la producción terminar las injusticias. Presidente del congreso del trabajo: las revisiones contractuales pueden ser una base para que los obreros busquen mejorías en sus participaciones. Director de la escuela nacional de agricultura: la actitud de los latifundistas a quienes no les conviene que las áreas ejidales se organicen y tecnifiquen representa un obstáculo a la creación generalizada de ejidos colectivos. Embajador de EU. en México: aunque no es el momento propicio para formar un nuevo convenio de braceros se continuará con el programa especial para contratar trabajadores temporales mexicanos. Ramón Danzós Palomino, secretario general de la central independiente de obreros agrícolas y campesinos: el campo mexicano se encuentra en un clima de desesperación por la pobreza creciente en que viven muchos campesinos sin tierra. Informe presidencial: los campesinos que no tienen tierras y que tal vez no alcancen pueden ser protegidos por las leyes del trabajo y no por la vía del reparto agrario. Informe presidencial: por la simple vía del reparto no se resolverá la demanda de ocupación y justicia del campesino. Humberto Serrano, secretario general CAM: las SRA reconoce que no tiene soluciones jurídicas que encausen las demandas de tierra. Presidente ANACOME: un 72% de la población no tiene acceso al salario mínimo sin embargo su consumo son de infrasubestemo. La CNC no provocó las invasiones de tierra en Sonora, Durango el sexenio pasado, lo que pasó fue que algunos campesinos actuaron por su cuenta.

Octubre 20: Noviembre 4: Noviembre 4:

Noviembre 5: Noviembre 5: Noviembre 8: Noviembre 11: Noviembre 22: Diciembre 13: Diciembre 29:

Presidente Concamin: la creación de empleos a descendido a su mínima expresión, aunque se requiera de 700 mil nuevos empleos. Secretario general CAM: la tregua solventada por José López Portillo en el agro a servicios para que los terratenientes y latifundistas desalojen a campesinos. Secretario general CAM: los problemas en el campo se agudizan por varias causas, entre ellos nos encontramos con la tibieza de los gobernadores, que en algunos casos llegan a cacicazgo. Raúl Olmedo: la forma de distribución y apropiación de tierra juega un papel decisivo en la producción y comercialización de las mercancías agrícolas. Delegado de la SRA y secretario general de CCI en Zacatecas: existe un número elevado de hectáreas latifundistas en el estado. National Land for People: en EU las transnacionales acaparan la tierra. CPNH: se solicitan promotores rurales para el desarrollo del trópico húmedo. Secretario SRA: los programas de inducción están encaminados a lograr la asociación entre estado y productores rurales. Coordinador de la DES de la facultad de economía UNAM: un 25% de la fuerza de trabajo obtiene menos del salario mínimo. Senador Rodríguez A. Secretario general del SUTERM: si PEMEX afecta tierras no debería pagar indemnización.

2.2.- Hechos que señalan que la resolución de los conflictos en el agro no se someten al arbitraje de instancias estatales consideradas legítimas. Marzo 17:

Abril 22: Abril 22: Mayo 2: Agosto 1:

José López Portillo ante el comité central SUTERM: el movimiento obrero organizado ha dado una lección en México y en el mundo entero. El día de mañana si las clases empresariales no responden estar unido permanente el derecho de una clase responsable –la de las trabajadoras de Méxicoque podrán hacerlo valer si no hay respuesta. Presidente Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México: La paz en el campo es un requisito para su desarrollo. Líder de los trabajadores de la industria química: el salario mínimo debe ser aumentado en un 100%. Gobernador Sinaloa: posibles choques sangrientos entre pescadores cooperativistas y los campesinos dueños de ejidos pesqueros. Presidente del Consejo Directivo de la CAMCO: existe un profundo interés de empresarios estadounidenses por invertir en

Agosto 22: Septiembre 25: Octubre 17:

Octubre 25:

Octubre 26: Octubre 27: Noviembre 4:

Noviembre 5: Noviembre 5:

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Noviembre 8:

Noviembre 10:

la industria petroquímica, mexicana. Director general de Distrito de Temporal SARH: los ejidatarios ubicados en las zonas temporales enfrentan a una crisis de confianza. En el municipio de Río Bravo, Tamps. Se pide la cancelación de 6 certificados de inafectabilidad, para satisfacer una petición ejidal. Secretario SER: si las patrullas armadas del Kukuxklan se colocan en la frontera de EU con México para detener inmigrantes indocumentados, el gobierno mexicano podría protestar. Diputados PPS Felipe Cervero López: los sobornos al delegado de la SRA en Puebla por parte del ganadero Reyes García de Pontepec permiten que este último despoje a los indígenas de sus tierras de labor. Unión de Trabajadores Agrícolas: se requiere el apoyo de José López Portillo para que intervenga directamente en la solución del problema de la presencia del Kukluxklan en la frontera. La SDN tiene acero fotografiado y fotografiado el país, ello proporciona un enorme mosaico del país. José López Portillo: el gran afecto que el cumplimiento de la tendencia democrática en los Pinos siente por los trabajadores electricistas ha impedido que se tomen medidas enérgicas contra él. Obispos de Torreón y Tlaxcala: la iglesia no se opone a cambios positivos, sino que desea el desarrollo social de México. Secretario general de la PPM: el pueblo nayarita debe formar un jurado popular con el fin de enjuiciar a varios funcionarios del sexenio pasado, entre ellos al expresidente Luis Echeverría todo ello suscitado por las elecciones en Nayarit. La policía desalojó el campamento de la tendencia democrática del SUTERM en los Pinos. Manifiesto de la tendencia democrática del SUTER, ante el desalojo del campamento de la lucha obrero en los Pinos: la reforma política queda sin sentido lo que queda es la represión y la mayor insolencia por parte de la maquinaria corporativa de estado. Presidente municipal de Compostela, Nayarit. Los fondos del fideicomiso Bahía de Banderas fueron utilizados por Ríos Camarena para su precampaña como posible gobernador de Nayarit, entre otras cosas. Secretario de comercio: la revolución mexicana ha provocado el incremento de la población, sin embargo la revolución aún tiene un compromiso con la nación el de reestructurarla socialmente.

Noviembre 12: Noviembre 18: Noviembre 21:

Noviembre 28: Diciembre 4: Diciembre 11:

Diciembre 14: Diciembre 15: Diciembre 17: Diciembre 17:

Diciembre 21: Diciembre 23: Diciembre 27: Diciembre 29: Diciembre 31: Diciembre 31: Enero 3, 1978:

Director general de Pol y Trans DDF: debe total identificación de las patrulleros asignados a cada barrio con el fin de observar de cerca su labor y cumplimiento de su misión. José López Portillo: la revolución mexicana tiene el compromiso de encausar la salida de la crisis. Asociación de Cámaras de Comercio de EU: según el propio procurador general de la república asegura que la actual ley de responsabilidades de funcionarios gubernamentales representa una auténtica ley de Saúl Azua Sabab líder de la CCT en SLP (congreso de la CCI): el delegado agrario en SLP debe desaparecer de su cargo ya que traicionara la política de secretario de SRA Comunicado periodístico: campesinos del estado de Puebla denunciaron que el ejército arrasó varios poblados. La burocracia pública central en ocasiones no es capaz de ejercer racionalmente de los fondos de que dispone para su cumplir con los cometidos de la Alianza para la Producción en el Agro. Presidente ACNP: peligro de que estalle la violencia a causa del distanciamiento entre ejidatarios y PPEN de Sinaloa. Secretario de la Defensa Nacional: el ejército no tiene cárceles clandestinas; no existe violación de las garantías individuales en el estado de Guerrero. Secretario SRA: se han resuelto un número elevado de casos de invasión agraria. Secretario de la reforma agraria: la experiencia del Plan Querétaro mostró que las reformas constitucionales lanzadas con apresuramientos entorpecieron el funcionamiento de los tribunales. Oficio publicado ayer en el Diario según oficial: las condiciones especiales que seguía la SHCP impiden a los agricultores cubrir sus obligaciones fiscales en Sonora. Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje: en 1978 la justicia laboral federal será más expedita. El Oaxaca las condiciones políticas e ideológicas del capital se enfrentan con serias limitantes esto ha provocado un estallido de violencia. Los mecanismos ideológicos sirven para desplazar la violencia: mediante diversas campañas se podrá reducir la misma. Secretario del SDN: por enésima ocasión las fuerzas armadas manifiestan su lealtad institucional. El segundo período ordinario de sesiones de la legislatura fue clausurado, lo importante del caso es que de los 59 asuntos generales destacan las reformas a 17 artículos constitucionales. En Oaxaca los partidos de oposición registrados se acercan a

Enero 3, 1978:

nivel local y regional al punto de serlo efectivamente. Militantes del PARM impiden la posición de los alcaldes electos en Tamaulipas.

2.3.- Hechos que indican que pierden fuerza la concepción social que considera que el mejoramiento de las condiciones de vida es factible en la actualidad. Febrero 25: Febrero 28: Marzo 3: Marzo 8: Marzo 18: Marzo 19: Marzo 23: Abril 31: Abril 14: Abril 27: Mayo 2: Mayo 16:

Mayo 31:

Junio 13:

José López Portillo: la economía de México ya se reactivó. Banco de México: en el año de 1976 el costo de la vida aumentó casi al doble con respecto a 1975. Raúl Olmedo: la crisis histórica de una flotación hace un análisis de la gráfica de flotación del peso. Consejo de Pueblos Indígenas: solicita a José López Portillo la realización y ejecución de un Plan Nacional de inversiones en sus comunidades. Dirigente Concanaco: la escasez de café y azúcar estándar no implica que el país afronte una crisis alimenticia. Fidel Velásquez: se celebrará una asamblea general de la CRM donde se tomará una actitud con respecto a las promesas incumplidas por parte de los empresarios. Director Conasupo: se requiere que los precios de garantía de los productos básicos, se mantengan un equilibrio que a su vez estimule la producción general. Vicepresidente Canaco: aunque se sacrifiquen ganancias, Canaco distribuirá productos básicos a precios bajos. El Instituto Nacional de Estudios del Trabajo y la Universidad de París han firmado un convenio de colaboración con el fin de formar investigadores y profesores. Dirigentes Tabacaleros en Veracruz: si Tabamex no aumenta un 20% los precios del producto corre el riesgo de que productores de Tabaco en Veracruz y Puebla suspendan sus productos. La mesa de trabajo del segundo congreso nacional de economistas si se impulsa la producción en el campo puede combatirse la inflación y especulación. José López Portillo: en determinados momentos algunos sectores obtienen más ventas a costa de otros, pero en otros momentos los sectores beneficiados tendrán que renunciar a esos beneficios, por lo que finalmente debe haber un equilibrio. Gerente del Banrural del Norte: con el fin de que los campesinos comprendan que los créditos deben ser recuperables para bien de México, estos deben cambiar su mentalidad. Secretario general del sindicato nacional de la industria química: el incremento de un 200% en las medicinas, ha convertido a estas en un artículo de lujo.

Junio 29:

Julio 2: Julio 17: Julio 20:

Julio 26: Julio 29: Agosto 14: Agosto 14: Agosto 16:

Agosto 24: Agosto 28:

Agosto 30: Septiembre 1: Septiembre 1: Septiembre 1: Septiembre 7:

Presidente de la comisión nacional de valores: mediante el ingreso del pequeño y mediano comercio al mercado de valores podría democratizarse el capital, y con ello los obreros podrían ser socios de las empresas en que trabajan. Titular SPFI: la carga del desarrollo económico de México no únicamente deben llevarlo unos sectores, sino su parte de la Alianza para la Producción. Comité de Ideología Empresarial de la Cámara de Comercio de Monterrey: los empresarios se cumplen con su parte de la Alianza para la Producción. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial: la inversión en Obras Públicas en estos momentos sería errónea puesto lo que propiciaría sería una inflación y no un elemento para reactivar la economía mexicana Economistas de Bancomer: si la inflación continúa el índice de aumento de precios puede llegar a fines del 77 a 30%. José Campillo Sainz, director general del Infonavit: se inició un programa de construcción de viviendas rurales, para los trabajadores agrarios que sean derecho habientes. S. de C: se fijaron precios a 12,000 productos medicinales que se venden en el mercado. PAN: si se produce un enfriamiento entre salarios y precios en estos momentos la economía puede sufrir daños irreparables. Director general de avicultura y especies menores, de la SARH: se prevé un crecimiento en la avicultura en los próximos años lo cual permitirá el abastecimiento interno. Director de graduados e investigación de la escuela nacional de economistas, IPN: gran déficit de alimentos básicos. Presidente de la confederación de ejecutivos de ventas y mercadotecnia: los líderes obreros han olvidado que el sector obrero no puede colaborar económicamente para ayudar aliviar la crisis que enfrenta el país. Director del IEPES, del PRI: el 10% de aumento a los salarios otorgados a obreros representa un punto de equilibrio voluntario otorgados a obreros y aceptado por los trabajadores. Informe presidencial: mediante la reforma política la sociedad se fortalecerá, los grupos políticos, podrán tener mayor participación política institucional, etc. Informe presidencial: tanto Conasupo como Impecsa deben vigorizar el programa nacional de obras crecimiento con el fin de que se abran todas las localidades del país. Informe presidencial: el fin del programa de productos básicos es el de estimular la buena producción y distribución. El presidente de la ABM ha dicho que se liberarán las tasas de interés del crédito hipotecario.

Septiembre 17:

Septiembre 24: Septiembre 29: Octubre 3: Octubre 9:

Octubre 14: Octubre 14: Octubre 20:

Octubre 25: Octubre 25: Octubre 28: Octubre 28:

Octubre 29: Octubre 30: Noviembre 4:

Secretario general del sindicato nacional de trabajadores agrícolas: las zonas rurales están olvidadas a comparación de las zonas urbanas, en las primeras la vida es más cara, en las segundas no dude de los mismo. Raúl Olmedo: fantasma el hambre trae consigo dos cosas una sería la ira recoleccionaria y la otra sería un apoyo de las clases medias al fascismo Secretario SHCP: la primera etapa de la crisis ha sido superada. Alcalde de Orizaba, Veracruz: la crisis abarca hasta a medianas ciudades como Orizaba. Secretario de la Sec. Del Sind. Unido de Trabajadores de la Industria de la Carne: el precio de la carne sigue aumentando y no puede haber una propuesta por parte del consumidor y a que esta alza se realiza sutilmente. Marco Antonio González Gómez: en la actualidad la inflación propicia un estancamiento. Ideología Empresarial: si se da una represión estatal contra trabajadores los empresarios estarán de parte de los trabajadores. Mario silva Luna, exjefe de Industrias Agropecuarias y Forestales en la S de C.: el gobierno concedió un subsidio a los avicultores en granos como maíz y trigo con el fin de que el precio del huevo no aumente demasiado. S. de C.: se dará prioridad a los bienes de producción sobre los de consumo mediante el control del proceso de importación de bienes. Presidente Coparmex: los campesinos los obreros, artesanos agricultores, etc. Tienen que prepararse para un largo periodo de recuperación. Jefe del departamento de pesca: con el fin de regular el mercado de que el pueblo pueda adquirir el alimento deben darse precios de garantía a los productos pesqueros. Director general de protección del consumidor: la ley federal de protección al consumidor tiene como objeto que el consumidor se defienda de situaciones in equitativas, de darle información fidedigna oportuna y veraz; entre otras de sus muchos objetos. José López Portillo ha dado orden para hacer efectivo el Plan Nacional de Planificación Familiar. Director de los servicios médicos del DDF: el crecimiento de población rural y urbano no permite que la satisfacción de demandas gratuitas de salud. Ignacio Hernández Gutiérrez investigador del IIE-UNAM: hay una gran cantidad de artículos que están sujetos a fluctuación de precio por lo que está fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos.

Noviembre 4: Noviembre 5: Noviembre 6: Noviembre 8: Noviembre 9: Noviembre 9: Noviembre 10: Noviembre 10: Noviembre 10: Noviembre 10:

Noviembre 10: Noviembre 10: Noviembre 10:

Noviembre 10: Noviembre 10:

Noviembre 10:

Titular SPFI: el precio de la azúcar aumentará. Representantes de más de 400 comercios e industrias ante José López Portillo hicieron alusión a que no aumentarían los precios de 600 artículos básicos. Subsecretario de planeación de la SSA: diez millones de mexicanos no tienen derecho de salud debido a marginación en que viven. El secretario de Comercio ante la cámara de diputados señaló que el aumento de los precios en gran medida será para beneficio de las masas productoras. Secretario de comercio: el control de precios únicamente puede atraer el aumento de precio hechos arbitrariamente por lo que la inflación no se puede detener en su totalidad. Secretario de comercio: existen razones que fundamentan un optimismos con respecto al desarrollo de la economía nacional, entre otras muchas la mejoría de la balanza comercial. Secretario de comercio: el gobierno ha controlado las acciones de los especuladores; esto según argumentos ideológicos. Secretario de comercio: la inflación se ha reducido a un 1% en la actualidad. Secretario de comercio: la S. De C. No puede tener un control estricto sobre el alza de precios aunque si se puedan moderar con el fin de que el alza no sea estratosférica. Secretario de comercio: si el gobierno de subsidios a grupos de la población que lo requieran debe hacerlo con conocimiento de base, es decir, que los solicitantes deben tener una verdadera necesidad de ellos. Secretario de comercio: el control de precios es inpunerable para el parcial control inflacionario. Secretario de comercio: las masas trabajadoras y explotadas no comprenden los argumentos que explican que la inflación se ha ido reduciendo. Secretario de comercio: la S. De C. Debe proteger al consumidor mediante diversos objetivos como lo son el combatir al especulador el orientar los instrumentos de la política macroeconómica en bien del consumidor, el modernizar los sistemas comerciales, etc. Secretario de comercio: el precio de los productos debe ser entendido a partir del nacimiento de los productos y no del precios establecido en el mercado. Secretario de comercio: tanto la inflación como el desempleo deben ser combatidos pero resulta que si quiere afectar la inflación el desempleo se agrava, sucediendo lo mismo si se afecta el desempleo. Secretario de comercio: la inflación reviste un carácter mundial

Noviembre 10:

Noviembre 10: Noviembre 10: Noviembre 15: Noviembre 16: Noviembre 16: Noviembre 18: Noviembre 19:

Noviembre 22:

Noviembre 23: Noviembre 25: Noviembre 27:

esta inflación ha manifestado abiertamente a partir de 1968. José López Portillo: no existen palabras para expresar mi contrariedad producida a raíz de las carencias que sufren muchas personas en México. Sin embargo debe existir alguna forma de salventizar este problema. Subdirector general médico del IMSS: hay 4,299,016 campesinos derecho habientes. Secretario de comercio: gracias al sacrificio de los obreros el mecanismo de control de la inflación ha ido por buen camino. Director del Instituto Nacional de Energía Nuclear: el uranio, puede ser el energético más abundante e importante tanto económicamente como políticamente en el futuro. Director del Banco de México: las mejorías que ha manifestado el país son básicamente circunstanciales. Director general productos básicos de la S. C.: un total de 600 productos básicos han disminuido su precio. José López Portillo: si hay alejamiento de los principios de justicia social es por ineficacia, sin embargo estos propósitos son los de la revolución. Subsecretario del trabajo Gustavo Carvajal. En concreto, si no existen resultados favorables de los programas de incremento de la producción el alza de precios continuará su línea ascendente. Director Ings. In desérticas UASLP: con tierras del sureste, se resuelva el problema inmediato y se está acorde con las metas de José López Portillo, pero a mediano plazo se están acabando las selvas del sureste. Jefe del departamento DF: el sistema de transportes quedará resuelto en 5 años más. Secretario de gobernación: si existe libertad de expresión en su caso debe existir libertad de información. Presidente de la asociación nacional de abogados de empresas: algunos grupos de la burguesía no disimulan en cuanto a la necesidad de utilizar diversas medidas represivas.

2.4.- hechos de los que se desprende que los trabajadores del agro se incorporan a organizaciones relativamente independientes del estado Febrero 26: Marzo 3:

Zafarrancho de Iztapalapa la intervención de 6000 personas, por posesión de terrenos ubicados en el Km. 18 de la carretera México-Tulyeualco. Representantes de 40 ejidos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Jalapa Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Nayarit piden al secretario de la SRA que se agiliza la investigación que se realiza acerca de los latifundios, puesto

Marzo 19: Abril 10: Mayo 6: Julio 19: Julio 20: Agosto 24: Septiembre 1: Septiembre 1: Septiembre 2: Octubre 13: Octubre 15:

Octubre 25: Noviembre 7: Noviembre 9: Noviembre 9: Noviembre 17: Noviembre 18:

que algunos grupos han gestionado sus problemas hace 40 años y aun no se solucionan. Líder del sindicato de trabajadores de la industria azucarera ya que la industria azucarera es poco atractiva para la IP esta debe pasar a manos del gobierno. Secretario de comercio: México comienza a sortear la crisis de su desenvolvimiento económico. Dirigente de la Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia: la Alianza Popular para la Producción era provocada una división de intereses a nivel de empresarios. Secretario general de UGOCM: la violencia siempre está acompañada de armas y dinero. Presidente Coparmex: el sector privado rechaza la postura de quienes conciben el progreso en un orden y sin x libertad. Sostiene García Ceceña dirigente de la UGOCM: la tregua burla para los campesinos, al decir que al aumento el precio de la elche y el pan es para su beneficio. Informe presidencial: debido a la potencialidad de la violencia del campo esta no podrá reducirse fácilmente. Informe presidencial: la existencia de grupos políticos minoritarios al interés del congreso no muestra una posibilidad real de gobernar. Presidente congreso de trabajo: si el estado y los empresarios no resuelven el problema del desempleo y subempleo la paciencia de los grupos marginados puede acabarse. Tanto la cnc, cci, ugocm, como la cnpp, hacen un llamado a los campesinos para que eviten la violencia. Julio Mouel, coordinador del seminario de la cuestión agraria de la facultad de economía: si hubiera habido un movimiento campesino y obrero conjunto, en la revolución la reforma agraria hubiera avanzado más. Existen alto grado de represión contra campesinos que se revelan. Secretario general cnc y de cnpp: el frente campesino independiente intenta reacomodar gente que no tiene derecho sobre el valle del Yaqui. Rafael Fernández PST: la presión ejercida por PST, obligó al gobierno veracruzano a devolver el ejido El Mirador, en Ishuatlán Madero. Mario Cortés; si los trabajadores mexicanos en EU no se consolidan políticamente pueden sucumbir. Secretario general CAM: la derecha hace ensayos de guerrilla en Ocotzengo Chiapas, con intervención de la CIA. Gobernador de Jalisco: el mantenimiento de la estabilidad sociales de gran preocupación y para ellos se manifiestan

aspectos concretos, como por ejemplo la meta explícita en el presupuesto del gobierno de Jalisco para 1978. 3.- Acontecimientos que ocurren al interior de la maquinaria corporativa. 3.1.- Hechos que indican que los cuadros dirigentes no se fortalecen. Marzo 20: Marzo 23: Marzo 27: Abril 10: Abril 16: Mayo 7: Mayo 8:

Mayo 14: Julio 17:

Julio 27:

Agosto 8:

Secretario general de CROC: si el sector privado no cumple, los trabajadores podrían llegar a controlar las fuentes de producción, con el apoyo del gobierno. Gobernador de Sonora: si la paciencia de los trabajadores se agota ante la cámara precios salarios el país podría perder su soberanía. Fidel Velásquez: infonavit tiene déficit de 7000 millones de pesos. La CTM pedirá que se acaben los sorteos y que sea el propio CTM quien haga la distribución de viviendas. Fidel Velásquez: la CTM no pedirá aumento de salarios de emergencia. Dirigente UGDCM: la mayoría de los representantes de las agrupaciones de trabajadores, con el tiempo se convierten en enemigos de la doctrina sindical. Fidel Velásquez: las relaciones entre empresarios y obreros siempre son conflictivas, porque manejan intereses opuestos, por lo que los enfrentamientos entre ambos son normales. Diputado Cecilio Salas González, secretario de la confederación general de trabajadores: entre los sectores obrero-empresarial existe un matrimonio en el que no puede haber divorcio por lo tanto los problemas existentes a su interior son comunes. Fidel Velásquez: los obreros apoyan las medidas del sector público contra la inflación porque son efectivas. Presidente de la bolsa mexicana de valores: se busca un mecanismo mediante el cual los trabajadores se conviertan en sabios de las empresas, que permita la participación de los pequeños y medianos inversionistas, con el fin de formar un amplio mercado capital. Titular de la SRA: se incluirán en las asociaciones campesinas de diversas formas de tenencia a los intermediarios que practican un trabajo necesario, útil y moral además se combatirá a los intermediarios que especulan en el trabajo de los campesinos. Secretario general del sindicato nacional de trabajadores de caminos y puentes federales de ingreso: el sindicato demandará aumento del 35% a los salarios, en virtud de que la empresa pueda pagarlos.

Septiembre 10: Septiembre 22: Septiembre 23:

Octubre 1: Octubre 6: Octubre 6: Octubre 10:

Octubre 11: Octubre 11:

Octubre 11: Octubre 24: Octubre 26: Octubre 27: Octubre 27: Octubre 27:

Fidel Velásquez: con los contratos ley se pueden resolver en forma simultánea 300 ó 400 problemas entre sindicatos y empresas. Senador de la CTM, Arturo romo Gutiérrez, subprocurador de la defensa del consumidor: debe distribuirse en forma equitativa el poder administrativo. José López Portillo: estoy completamente seguro que cuando les pidamos tareas concretas específicas para cumplir el plan de desarrollo económico y social encontraremos en todos y cada uno de ustedes las respuestas generosas que el país merece. Secretario general de FSTSE: para 1,100,000 burócratas, solo hay 28,778 casas: FSTSE demanda una solución visible. Presidente congreso del trabajo: de no romperse el tope de 10% de aumento salarial estallarán muchas huelgas en el país. Comité ejecutivo nacional del sindicato nacional de telefonistas de la RM: el sindicalismo auténticamente demócrata y genuinamente representativo solo sobrevive histéricamente. Fidel Velásquez: se está de acuerdo con la reforma política, pero si el PRI desvía su camino y deja de ser el rector de la política nacional, la CTM y las demás organizaciones obreras formarán un partido del proletariado. Fidel Velásquez: el PRI vería eliminado a los sectores en la toma de decisiones. Secretario general del PRI: no existe posibilidad de que el PRI desvirtúe el camino: por lo cual la CTM y demás agrupaciones obreras formen un partido ajeno al que siempre han apoyado y fortalecido. Secretario general de la CROC: si el día de mañana el PRI tuviera que aceptar grupos que no están identificados con nuestra política tendríamos que dejarlo. Fidel Velásquez: si no se anula el reglamento al impuesto sobre la renta expedido en septiembre pasado, quedará sin efecto el compromiso del movimiento obrero. Secretario general de la COR: en la comisión nacional de precios no están representadas las 32 organizaciones que conforman el congreso del trabajo, únicamente la CTM. Secretario general de la CROC: el secretario de comercio debió consultar al congreso de trabajo y no solo mencionar a la CTM como participante de la comisión nacional de precios. Secretario general: la comisión nacional de precios no sólo debe autorizar aumento de precios, sino también debe fijar reducciones. SHCP: la ley del impuesto sobre la renta establece, procedimientos para facilitar el cumplimiento de las

Octubre 29: Noviembre 2: Noviembre 3: Noviembre 4: Noviembre 5:

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obligaciones fiscales, pero en ningún caso fija nuevos tributos. Fidel Velásquez: existe el conflicto entre la American Federation of Labor-Congreso of Industry Organization y la CTM, en lo que se refiere, a braceros, tarjetas verdes y los maquiladores. Presidente CCE: el sector privado pelea para no ser reemplazado dentro del sistema de la economía mixta. Ríos Camarena: la campaña política del gobernador de Nayarit; fue pagada por el fideicomiso Bahía de Banderas. Secretario general CAM: en estos momentos el artículo 27 constitucional no garantiza ni la pequeña propiedad, ni el ejido. Gobernadores, de Sonora Baja California Sur y Baja California Norte: conforme a la ley electoral, los espirantes a cargos políticos, deben ofrecer un informe tanto de los gastos en campaña como recursos personales. Asesora de la presidencia en reforma administrativa: la reforma política propiciará la reforma económica. Director de la comisión nacional de precios: las primeras soluciones de Conapre, serán el de huevo, medicinas, gasolina y dicel. Presidente del CEN? Del PRI: se realizarán documentos, que cambiarán el PRI, en el cual participarán dirigentes de la CTM, CNC y CNDP, senadores juveniles. Secretario general del sindicato de trabajadores de la industria azucarera, alcoholera y senadores de la república mexicana: la SNTIZ, demandan que se igualen los precios de la azúcar en toda la república, para evitar especulaciones. Embajador de EU: funciona bien la iniciativa de José López Portillo. Presidente del CEN, del PRI: la verdadera función de nuestro partido, no es solo el de obtener la supremacía electoral, sino de sostener la estabilidad, para realizar el avance revolucionario. Presidente CEN del PRI: cada que nuestro partido da una respuesta política a los problemas esenciales de la crisis, va adquiriendo mas forma, para cumplir su papel histórico dentro del sistema revolucionario mexicano. Presidente de la CEN del PRI: como la ideología que impulsa al partido es el espíritu del dinamismo político de todo el sistema, el partido debe convertirse en el protagonista dentro del campo político. Fidel Velásquez: no aceptaré la presidencia del PRI, porque no soy político sino sindicalista. Secretario general de la cor: el cargo de líder sindical es cada vez más difícil y a que los trabajadores no soporten la situación. Fidel Velásquez: la intransigencia patronal hizo que surgieran

Noviembre 29: Noviembre 30:

Diciembre 1: Diciembre 3: Diciembre 3: Diciembre 3:

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acuerdos donde se declara públicamente, solidaridad con el movimiento de huelga de la sección 51 de textiles. Secretario del trabajo: la secretaría de trabajo seguirá actuando como conciliadora entre los factores de producción. PEMEX y el stprm: es posible que con las presiones del capital privado, el gobierno de su autorización para la participación de éste en una de las escasas ramas en que está interesado en invertir. PEMEX y stprm: niegan que contratistas particulares harán la perforación y extracción de petróleo y gas. Fidel Velásquez: los obreros se sacrificarán en 1978, sólo si los empresarios también lo hacen. Reforma política es reforma interna del PRI y participación controlada de los partidos de oposición. Presidente CEN-PRI: la asamblea del PRI, se convocará cuando estemos preparados y con los elementos suficientes para resolver los cambios en los documentos fundamentales del partido. Presidente CEN-PRI: por encima de los criterio distintos debe trabajarse por los ideales del partido, atendiendo cada miembro del mismo a sus responsabilidades. Director del centro patronal de Nuevo León: prevalece el abuso de la huelga, en apoyo de intereses transitorios, que ocasionarán un desastre mayor. Vicepresidente congreso del trabajo: nos veremos obligados a demandar aumentos extraordinarios de salarios, si los comerciantes siguen con la política de elevar los precios, durante el tiempo de vacaciones. CTM: en la época navideña, cuando los precios alcanzan su máximo nivel, se llegará al punto máximo de la inflación anual; por lo tanto, habrá que esperar a que pase esta época para fijar el monto de los aumentos de salarios mínimos. Secretario general cor: es el momento propicio para que las organizaciones que forman el congreso del trabajo cuestionan la actual política de salarios y precios. PAN y el PPS: por pugnas electorales con el PRI, ha disminuido nuestra eficacia como apoyos del gobierno. Fidel Velásquez: la CTM y otras organizaciones obreras de A. L. No permitirán que la AFL-CIO intensifique sus actividades en el continente. El PARM, tal vez pierda su registro. Fidel Velásquez: el movimiento obrero del país y particularmente la CTM ha adquirido un compromiso con el gobierno de México para caminar juntos en el afán de superación de la situación económica.

Diciembre 22: Diciembre 26: Diciembre 26:

Diciembre 27:

Secretario de gobernación: la administración no debe olvidarse de las causas populares. Congreso del trabajo: es necesario que los comerciantes no intenten aprovechar los aumentos de los salarios mínimos. Presidente de la cámara nacional de comercio de ciudad obregón, sonora: el vicepresidente de la Concanaco tiene funciones en la SCT y en el PRI desde hace varios años: cuál será su situación ante la proximidad de elecciones de nuevos dirigentes para la Concanaco? Manzanilla Sehaffer, diputado CNC: la conducente sería modificar el artículo 127 de la ley de la reforma agraria, para que de alguna forma se realice ocupación definitiva.

3.2.- Hechos que señalan que las bases se encuentran sobre movilizadas. Marzo 18: Marzo 21: Julio 13:

Julio 20:

Agosto 16: Agosto 23: Agosto 25: Septiembre 21: Septiembre 21: Septiembre 27: Septiembre 27:

Fidel Velásquez: los trabajadores no pueden continuar su política de moderación si el sector privado no responde al llamado del presidente. Presidente congreso del trabajo: si no se frena la comercialización y de seguir las cosas como van el costo de la vida de habrá elevado en diciembre al 70% Secretario general de la cor y secretario general de la CROC: ya que los empresarios no han cumplido con su compromiso ante José López Portillo; el congreso del trabajo pasará por alto el suyo y solicitará aumento de salario. Secretario general de los sindicatos obreros libres: los trabajadores sindicalizados no eran representados democráticamente por lo cual los obreros no apoyan en lo que pudieran al gobierno. Secretario general de la federación de la CTM en N.L.: lo único que ha hecho la devaluación es favorecer a la clase capitalista. Presidente del congreso del trabajo: queremos que la clase empresarial adopte una política de cumplimiento con sus compromisos. CONACYT: emplazado a huelga por el 20% de aumento. Presidente del congreso de trabajo: concederá que el incremento a los salarios mínimos debe ser de 48% Presidente del congreso del trabajo: si imitamos el sistema de huelgas generales como un Europa retrocederíamos; México se va a huelga por demandas obreras. Secretario general CRC: con el fin de que los comerciantes no generen la inflación, se prevé un aumento del 12% de salario mínimo. Presidente del congreso de trabajo; seguiremos conservando el ritmo, para no precipitar soluciones y que nuevamente se

Octubre 16: Octubre 16: Octubre 23: Octubre 23: Octubre 28: Noviembre 4:

Noviembre 4: Noviembre 6: Noviembre 9:

Noviembre 24: Noviembre 24: Noviembre 27: Noviembre 29: Diciembre 2: Diciembre 3:

disparen los precios y vuelva la inflación. Secretario de trabajo de la CTM: el aumento de precios se elabora en general, de esa forma se obtienen porcentaje bajos de encarecimiento. Gobernador de Zacatecas; a los que promueven invasiones, se les encarcela en Zacatecas. Fidel Velásquez: en la comisión nacional de precios, los obreros organizados del país participaron por lo cual los precios estaban controlados. José López Portillo: la participación de todos los sectores en la comisión nacional de precios, participará quién es el ineficiente y deformante del proceso. Fidel Velásquez; el compromiso que tenemos con el estado para salir de la crisis, no significa que no sigamos adelante en materia de derechos. Empleados adscritos a la suprema corte de justicia; se auto administraron sus salarios el 100%. Los ministros de la suprema corte de justicia, los magistrados de los tribunales colegiados y unitarios, los jueces de distrito y secretarios de estudios y cuenta. Titular de la SRA: se suspenderán intervención del delegado de la SRA, ante las acusaciones de los ejidatarios. Asociación sindical de sobrecargos de aviación (ASSA) y el sindicato nacional de técnicos y trabajadores de aeroméxico: (SNTTAM). Huelga en aeroméxico. Director de relaciones públicas de la secretaría de turismo: deben tener más conciencia los trabajadores de aeroméxico, porque sus aspiraciones son intransigentes, ante la situación en que se encuentra el país. Presidente del CEN, del PRI: la estabilidad que trata de mantener el partido no indica que sea como objetivo el estancamiento. Presidente del CEN del PRI: el fortalecimiento de un gobierno requiere del apoyo popular pero ese apoyo a su vez depende de una justicia social hecho realidad. Secretario general de la cor: si el aumento de salario mínimo, no adquiere gran poder de compra, habrá gran acción sindical. Fidel Velásquez: no aceptaremos topes, ante el aumento de salarios mínimos. Presidente de la CAADES: hoy amenaza de huelga, por los trabajadores agrícolas en Sinaloa. Presidente del CEN, del PRI: se sostiene que el proceso de democratización va por largo tiempo, dentro del PRI.

3.3.- Hecho que señalan, que no se neutraliza eficazmente la acción de la

izquierda. Febrero 26: Mayo 4: Mayo 5: Mayo 31:

Junio 8:

Julio 14: Julio 19: Julio 23: Julio 24:

Julio 28: Agosto 2: Agosto 4:

Agosto 25:

Oaxaca, Zarate Aquino: no renunciaré por contar con un congreso. Líder de los telefonistas: como los trabajadores, no soportarán, mucho la situación actual, será imposible contener sus demandas. Diputado Rafael Aseguera Ramos, del PRI: al PRI, le hace falta una oposición organizada, consolidada y realmente opuesta. Secretario general de consejo nacional cardenista: en colima las autoridades ejidales, los campesinos cenesistas, la liga de comunidades agrarias y los terratenientes se han compaginado para que los campesinos cardenistas no se les cumplan sus exigencias. Representante del centro coordinador de proyectos económicos de México, y expresidente latinoamericano del Noviembreto Familiar Cristiano: es propio y prioritario de toda actividad religiosa, buscar el establecimiento de un régimen económico e internacional, que permita a la liquidación del actual sistema capitalista. Secretario general, adjunto de la COM: el movimiento obrero de México, atrasado y disperso ofrece un panorama disperso y desalentador. Secretario A del gobierno del DF: la legislación laboral mexicana, es traicionada por un sindicalismo espurio. Gobernador de Nuevo León: la lucha por el poder por grupos económicos y políticos, se mantiene a pesar de la grave crisis por la que atraviesa el país. Líder de la unión nacional sinarquista y del partido demócrata mexicano: negar el robustecimiento de los partidos de izquierda, aunque no estamos de acuerdo con su tesis lennista y marxismo científico, será simplemente estar a favor de la dictadura. Fidel Velásquez: se ha reiterado respetar la tregua moderando la demandas salariales ante las empresas. Presidente de la CROC: si no tomamos medidas a tiempo en el congreso del trabajo corremos serio peligro de ser rebasados por las organizaciones independientes. Presidente del congreso del trabajo: las demandas de aumento salarial y prestaciones, se harán de acuerdo con la realidad económico de las empresas; no afectarán la economía del pueblo y se alejará la posibilidad de una nueva alza generalizada de salarios. Fidel Velásquez: la CTM se siente copartícipe de la responsabilidad nacional; apoya las decisiones siempre que

Septiembre 10.

Septiembre 10: Octubre 6: Octubre 6: Octubre 11: Octubre 13: Octubre 17: Octubre 21: Octubre 26: Octubre 26: Octubre 26: Octubre 26:

Noviembre 30: Diciembre 3: Diciembre 7:

Diciembre 7.

tiendan al beneficio colectivo. José López Portillo: ahora que ustedes inicien sus labores constitutivas tengan en cuenta que van unirse los que pueden ser minorías con mayorías. Para integrar un solo organismo que hará más poderoso a los anteriores sindicatos. Fidel Velásquez: hay grupos de presión que manejan sindicatos, con fines políticos. Secretario de gobernación: uno de los puntos principales de la reforma política es la participación total de las mayorías como de las minorías. Iniciativa Presidencial: reforma y adición a los artículos constitucionalistas: 6,41,51,52,53,54,55,60,61,65,70,73,74,76,93,97,115. Líder del partido socialista obrero español; aunque se desarrollen más algunas de las minorías políticas, en la perspectiva histórica de México seguirá actuando el PRI. Comité central: la formación y desarrollo de los partidos políticos en base a reforma política asentarlas fundamentos del desarrollo democrático del país. PCM: la lucha política, debe darse dentro de los causes democráticos. CRT: para diciembre deben aumentarse el salario en un 37%. Comisión de defensa la economía popular, ante la cámara de diputados o del secretario de comercio: se discutieron los encarecimientos a los precios del pan, leche y medicinas. Secretario general del cor: no habrá política de precios, mientras no haya mecanismos de control para los oligopolios. Presidente CEN-PRI: la reforma interna del partido debe atender la capacidad de movilización, social con el fin de que el gobierno tenga más apoyo popular. Presidente de la CEN-PRI: la revisión de nuestro partido en su reforma interna aparece como una necesidad no solamente de coyuntura política sino como requerimientos ideológico e histórico estratégico. Fidel Velásquez: por tomar a que el sindicato de la empresa textil de Morelos abandone la CTM, se anunció un paro nacional en apoyo a ésta. Partido de oposición: los partidos registrados formalmente, ponen escollos al PRI a nivel electoral. José López Portillo en iniciativa enviada a la cámara de diputados: la reforma política, representa el fortalecimiento del estado de derecho y las formas democráticas, dentro de la convivencia social. José López Portillo: se promueven mejores condiciones para el desarrollo del pluripartidismo ya que en los últimos 20 años no

Diciembre 10: Diciembre 14: Diciembre 16:

Diciembre 23: Diciembre 24: Diciembre 24:

se han registrado ningún otro partido político. Diputados CTM: se pide la sindicalización de empleados bancarios. Director del Instituto Nacional de Energía Nuclear; el IN: planificará y desarrollará la investigación en diferentes campos de la energía y técnica nuclear. AFL-CIO: se creará en México una central obrera que transformará la organización regional interamericana del trabajo, que concentrará a líderes sindicales en negociaciones colectivas. Senadores del PRI: existe inconformidad por la nueva ley de energía nuclear, pues el gobierno quien debe promover el desarrollo de esta industria. Suterm: la CFE sobornó a los dirigentes de la tendencia democrática para neutralizar a sus representantes. Articulista excelsor (Raúl Olmedo) en entrevista hecha a Lovis Altheiser: aunque comunismo internacional se encuentra en una crisis muy acentuada el imperialismo se encuentra en su 3 etapa de crisis la cual tiene características diferentes.

4) Acontecimientos que ocurren en el seno del aparato burocrático. 4.1) Hechos que indican que no se alcanzan los niveles de seguridad demandados por el capital. Marzo 27:

Abril 27: Mayo 2: Junio 10: Julio 28:

Agosto 4:

Secretario general, CNC: el amparo agrario, como institución de defensa es positivo cuando se utilizan en bien de derechos colectivos; es negativo cuando se protegen intereses particulares. JLP: la reforma política en México dará canales de expresión institucional a las disidencias y a los juicios de las minorías que ahora no tienen oportunidades de participar. JLP: el movimiento obrero está haciendo un llamado cada vez más enérgico a los patrones, para que éstos les respondan positivamente. Delegado político del DF en la delegación Miguel Hidalgo: se rescatará a comerciantes de mercados públicos –y a vendedores ambulantes- de las garras de los agiotistas. Presidente de la confederación nacional de colegios y asociaciones profesionales de México (CONCAP): la ineficiencia y deshonestidad de los funcionarios gubernamentales hizo que el ejido colectivo fracasara como modelo de desarrollo del campo. JLP, ante el congreso del trabajo: el estado se empeñará en

Agosto 23:

Septiembre 1: Septiembre 1: Septiembre 10: Septiembre 21: Septiembre 29: Septiembre 29:

Octubre 7:

Octubre 10: Octubre 13: Octubre 13: Octubre 11:

resolver la crisis, con todos los recursos que un sistema democrático tiene, sin violar el esquema del estado de derecho. Presidente de la cámara de diputados (Juan Osorio): tal vez el secretario de comercio, Fernando Solana, sea convocado a comparecer ante el cuerpo legislativo, pues se considera que el aumento de la leche y el pan es una medida equivocada. Informe presidencial: se tienen proyectos para la creación de tribunales agrarios y para la reconstrucción y organización colectiva de las unidades de producción. Mensaje político: la peor situación que puede presentarse es la indefinición jurídica en la que grupos sociales ó políticos, por la interpretación, quieran definir la pauta política, cambiándola. JLP: hay que organizarnos, para hacer producir al campo, mediante la conjunción de agua, tierra y esfuerzo humano. Premio nacional de economía (Carrillo Arronte): el problema radica en salir con una orientación adecuada que permita un desarrollo justo y duradero. Srio. SRA: se trata de adecuar la norma legal, para que se adapte a la realidad. Principal asesor jurídico de Adolfo López Mateos (Cervantes Ahumada): a los diputados no pueden pedírseles que examinen la cuenta de gasto de l poder federal, debido a que éstos requieren sueldos, prebendas y gastos de representación. Subsecretario de planeación e infraestructura agraria, SRA: la realidad de la política rural es proporcionar seguridad de tenencia de la tierra, ocupación de mano de obra y gran productividad. Director de planeación, de la SRA: la SRA será reestructurada, para convertirla en organismo ágil y flexible. Asesor político de la CTM: la CTM pide acceso de los sindicatos a la contabilidad de las empresas. Asesor de la CTM, diputado Gonzalo Esparedo Zevadúa: los fraudes a los trabajadores, ocurren en empresas privadas y en organismos paraestatales. JLP: el derecho ha sido el medio por el que es factible la terminación de los conflictos sociales.

4.2.- Hechos que señalan que continúan las invasiones en el agro. Mayo 18: Mayo 20: Julio 13:

Srio. De organización de UGDCM de Durango: los grupos radicalizados del estado de Durango amenazan con invasiones, como medio para satisfacer necesidades agrarias. Srio. Prensa, CCI: 3,000,000 de has. Están en manos de latifundistas. Delegado de la CCI en San Luis Potosí: los campesinos

Julio 23: Agosto 29: Septiembre 14: Septiembre 27:

invadiremos las tierras en manos de latifundistas que existen en SLP, si la SRA no resuelve las solicitudes. Representante empresarial ante Infonavit: persiste la presión sobre el gobierno, que ejercen los grupos disidentes urbanos y rurales, debido a las invasiones de tierras agrícolas. Gobernador de Hidalgo: la actividad política de los dirigentes de organizaciones políticas, son el principal factor generador de invasiones agrarias. Titular SRA: no cederá la SRA ante presiones de grupos que se posesionen ilegalmente de predios agrícolas. Srio. Gral., CNG: debido a que siguen las invasiones, es necesaria la intervención de las autoridades competentes, para frenar la actitud irresponsable.

4.3.- Hechos que manifiestan que permanecen los conflictos emanados de afectaciones de tierras. Marzo 13: Mayo 10: Mayo 16: Mayo 16: Septiembre 1:

Septiembre 17: Octubre 13:

Dirigente central independiente de obreros agrícolas y campesinos: para generar más empleo, la única salida es afectar las tierras de quien no las trabaja personalmente. Pres., Confedern. Patronal de la Rep. Mexicana: la desconfianza aumenta, ante la falta de tierra. Representante de la unión regional ganadera de N.L.: el problema agrícola de México es de trabajo y confianza, y esta última solo puede darla la seguridad de la tenencia de la tierra. Representante de la unión regional ganadera de N.L.: necesario modificar el artículo 160 de la ley de la reforma agraria, con el fin de tener mas seguridad en la ganadería. Informe presidencial: ya se han dado resoluciones que garantizan los derechos individuales de ejidatarios, comuneros colonos para dedicarse a organizar la producción, fomentar la agro industria, en el sistema correcto de comercialización. SRA: en 1978 se regularizaron 25 millones de has. De tierra. Líderes de CCI, UGDCM, CDNC y CNPP: acordaron devolver en poder de los ejidatarios que compraron tierras en Sonora. Los criterios serán: antigüedad en la solicitud, necesidad real, o sea una capacidad agraria.

4.4.- Hechos que indican dificultades para transmitir una imagen ideológica de la reforma agraria. Abril 30:

Presidente municipal de Ignacio de Ilave, Jamapa, Medellín y Tlaxcala, denunciaron ante el gobernador de Veracruz: la SRA es responsable de los problemas que afrontan varios ejidos. Que no cualquier momento pueden causar violencia física.

Mayo 6: Agosto 24: Octubre 2:

Octubre 6: Octubre 11:

CCI y UGDCM: todavía existen latifundios en Sonora; puesto que los datos de esas tierras afectables están en poder de SRA: SARH: si los aumentos en precios de productos populares son autorizados, es para salir de la economía de ficción, que a fin de cuentas pongan los consumidores. SRA: durante el régimen pasado se repartieron 4.2 millones de has., que favorecieron a pequeños propietarios agrícolas y ganaderos. Pero a los comuneros y ejidatarios se les expropió 600,000 has. Que tecnificó a secretaría de comunicaciones, SRHR, PEMEX y CORETT y lo cual privó derechos al 95% de campesinos. Iglesia: explotación de indígenas en la Sierra Norte de Puebla. José López Portillo: con la estabilidad política, viene la estabilidad de precios, monetario y de trabajo.

4.5.- Hechos que señalan el deterioro de las condiciones de vida de las masas rurales, conduce a una progresiva reducción de sus expectativas. Julio 7: Agosto 12: Septiembre 14: Septiembre 29: Octubre 6:

Octubre 11: Octubre 13: Octubre 13:

Director del Instituto Nacional del Consumidor: en las zonas del país donde el trabajador gana menos, tiene que pagar los productos básicos a precios más elevados. Subsecretario de Comercio Interior: el aumento de precios de productos básicos es una medida que estimulará la producción de ellas. DIF Plan de Zonas Deprimidos y Grupos Marginados: se firmó convenios para complementarse mutuamente. Secretario SHCP: ante la incapacidad para salir de la crisis, se pedirá un nuevo préstamo al banco mundial. Presidente congreso de trabajo: ante el anuncio de la secretaría de no comprometerse a congelar precios, de inmediato el movimiento obrero organizado recordó al aparato burocrático de consultarlo, ante la situación. Javier Vázquez González, director de información y relaciones públicas de la SARH: ante José López Portillo: autoriza el aumento en el seguro de vida del campesino. Secretario de obras y servicios del DDF: no se municipalizará el transporte colectivo. Director de planificación del DDF: tiene que haber planificación para contener la migración de los provincianos al DF.

4.6.- Hechos que indican que la acción de cuerpos represivos no se legitima. Febrero 28:

Culiacán Sinaloa, presidente de las Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa: deben evitarse los envestidos contra la paz y tranquilidad en el campo y tratar de consolidar una Alianza

Marzo 17: Marzo 27: Abril 4. Abril 21: Julio 29. Septiembre 1: Septiembre 10:

Octubre 14:

Popular para la producción. Presidente del congreso: la actividad política no debe ser confundida con una invitación a convocar una asociación defectuosa misma subversión Procurador de justicia del DF: ya que en México no existe corporaciones secretas ni policías represivos. Director del CEPES de DF: afirma el director general del CEPES, del DF es necesario que exista una policía política. Gobernador de Sinaloa: la liga comunista 23 de septiembre solivearta a estudiantes como lo hicieron Oaxaca para atentar en contra del orden establecido. Consejo Coparmex: de seguir afiliándose al IMSS, en forma indiscriminada a trabajadores podemos ahogar y destruir a dicha institución. Informe presidencial: ha permanecido estable un crecimiento de población derecho habiente de seguridad social. Jefe del departamento DF: se ha establecido instalaciones en la universidad latinoamericana, donde funciona el Colegio de Policía. Para que tenga un mejor criterio de la sociedad a lo que tiene servicio. Vicepresidente Coparmex: las afectaciones de tierra ilegales, provocan desconfianza social, retracción de inversiones, inhibición empresarial y escasez de alimentos.

Apéndice B: directorio de fuerzas políticas que aparecen en el escenario rural. Durante 1977. (Nota; será necesario actualizar el presente directorio, con los datos provenientes de la investigación periodística en torno al año 1978). 1.- Gobierno 1.1.- Poder Ejecutivo Federal: 1.1.1.-Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos: -Titular de la SARE. -Subsecretario de Planeación-SARH -Director General de Agricultura-SARH -Director General de Ganadería-SARH -Subsecretario Forestal y de la Fauna-SARH -Dir. Gral. de Avicultura y Especies Menores-SARH -Dir. Gral. Distritos de Riego-SARH -Dir. Gral. Distritos de Temporal-SARH -Delegados de la SARH en entidades federativas

-Colegio de Postgraduados de Chapingo, presidente. -Presidente Acad. Mexicana de Ciencias Agrícolas -Presidente, Asoc. De Instituciones de Enseñanza -Agrícola Superior -Director Centro de Ecodesarrollo- CONACYT -Director, Universidad Autónoma Agrícola Chapingo -Instituto Nacional Indigenista -Instituto Nal. De Investigación sobre Recursos Biológicos -Sociedad Agronómica Mexicana -Centro Regionales de Investigaciones Agrícolas, Directores -Cordemex, Gerente -Fonafe, director -Guanos y fertilizantes de México, director -Inmecafé, director -Instituto Nal. De Investigaciones Agrícolas, director -Productos Forestales Mexicanos, director -Productora Nacional de Semillas, director -Tabamex, director -Coordinador Coplamar- Dir. Gral. Aprovechamiento Agro industrial -SARH -otros. 1.1.2.- Secretaría de la Reforma Agraria: -Titular de la SRA: -Director Gral. de Conciliación Agraria-SRA -Responsable de la Procuraduría Agraria-SAR -Responsable Cuerpo Consultivo Agraria-SRA -Secretario Ejecutivo del Gabinete Agropecuario -Director Ejecutivo del Gabinete Agropecuario -Director General Colonias -Director General de Derechos Agrarios -Extitulares de DAAC -Delegados SRA en entidades federativas -Otros 1.1.3.- Secretaría de Comercio -Titular SC. -Subsecretario de Comercio Interior, SC. -Jefe Departamento de Pesca, SC. -Director General de Precios, SC -Director Comisión Nacional de la Industria Azucarera -Comité Nacional Mixto de Protección al Consumidor -Director Conasupo -Director Fonacot -Director Impecsa (Impulsora Pequeño Comercio, S.A.) -Director Instituto Mexicano de Comercio Exterior

-Director Instituto Nacional del Consumidor -otros 1.1.4.- Secretaría de Educación Pública: -Titular, SEP -Director General de Educación normal, SEP Subsecretario de Educación Superior Ciencia y Tecnología, SEP -Director CONACYT -Presidente, Colegio de Economistas -Presidente Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones Profesionales de México (CONCAP) -Rector de la UNAM -Director Facultad de Derecho, UNAM -Coordinador de Derechos Agrario, Facultad de Derecho, UNAM -Director Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM -Centro de estudios sociológicos, Colegio de México -Instituto de Geología, Jefe Departamento de Edafología, UNAM -Centro de Investigación y Docencia Económica, director -Presidente, generación 1952 de Ingenieros -otros 1.1.5.- Titular secretaría de gobernación -otros 1.1.6.- Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial: -Titular SPFI -Combinado Industrial Sahún, director -Gerente de Relaciones Industriales, Altos Hornos de México -Comisión Federal de Electricidad, director - Comisión Federal de Electricidad, subgerente Comercial - Instituto Nacional de Energía Nuclear, director - PEMEX, director general - PEMEX, Instituto Mexicano de Petróleo, director de estudios económicos y planeación industrial -Productos Forestales Mexicanos (Prodormex), director -Siderúrgica Lázaro Cárdenas, director general -otros 1.1.7.- Titulares Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional -otros 1.1.8.- Secretaría de Relaciones Exteriores: -Titular SRE -Embajador México en EU, SRE -Embajador méxico en Francia, SRE -Embajador México en Italia, SRE

-Embajador méxico ante UNESCO, SRE -Presidente Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales -Facultad de Economía de la Universidad de Stanfor, EU -Director del Instituto Centroamericano de Administración -Gobierno Norteamericano, departamento de comercio -Gobierno Norteamericano, departamento de estado, titular -Gobierno Norteamericano, servicio de inmigración y naturalización, titular y comisionado en Eagle Pasa, Texas -otros 1.1.9.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público; -Titular, SECP -Subsecretario de Inspección Fiscal, SHCP -Dirección general de Promoción Fiscal, SHCP -Director en Jefe de Administración Fiscal Central, SHCP -Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública, SHCP, Director -Director General de Estudios Económicos-Hacendarios, SHCP -Presidente, Banco Nacional de Comercio Exterior -Director, Banco Nacional de Crédito Rural -Jefe Departamento Comercial, Banrural -Directores Banrural de Yucatán, y del Centro y Norte -Banco de México, director general -Financiera Nacional Azucarera, director -Director Fondo de Garantía y Fomento de Exportaciones (Fomex), Banco de México -Director, Fondo Nacional de Fomento Ejidal -Director General, Nafinsa -Responsable de Emisión de Petrobonos y Bonos-Plata, Nafinsa -otros 1.1.10.- Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas -Titular SAHDP -Director de Planeación y Asentamientos Humanos -Director de Tecnologías Auto constructivas de la SAHDP -otros 1.1.11.- Secretaría de Salubridad y Asistencia: -Titular SSA -Responsable del Programa de Consultorías Médicos Rurales, SSA -Director IMSS -otros 1.1.12.- Secretaría de Programación y Presupuesto -Titular SPP -Director General de Estadística, SPP -Subsecretario de Presupuesto, SPP -Coordinador Estudios Administrativos de la Presidencia

-otros 1.1.13.- Departamento del Distrito Federal: -Jefe Departamento del Distrito Federal (DDF) -Coordinador de Asuntos Agropecuarios, DDF -Director General de Policía y Tránsito, DDF -Director de Planeación, DDF -Procurador de Justicia, DDF -Instituto Nacional Interdisciplinario de Planeación Urbano-Regional, presidente. -otros 1.14.- Secretaría del Trabajo -Titular, St. -Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, director -Director General Infonavit -Representante Empresarial, Infonavit -Representante Obrero, Infonavit -Director Inst. Nal. De Estudios del Trabajo -Presidente Juntas de Conciliación y Arbitraje ( 1 Reunión Nacional) -Director de Estudios Económicos, St. -Director del Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo -Presidente, Centro Nacional de la Productividad -otros 1.2.- poder Ejecutivo Entidades Federativas: -Gobernador Baja California Norte -Gobernador Baja California Sur -Gobernador Chiapas -Presidente del comité del desarrollo económico del estado de Chihuahua -Gobernador de Hidalgo -Gobernador de Jalisco -Gobernador de Estado de México -Gobernador Oaxaca -Gobernador de Querétaro (y secretario general de gobierno local) -Gobernador Sinaloa -Gobernador de N.L. -Gobernador Sonora -Gobernador Tabasco -Gobernador Estado de Veracruz -Gobernador Yucatán -Gobernador (y esposa) de Zacatecas -Gobernador Guerrero (y rector UAG) -Rector Univ. Autónoma de Michoacán -Rector Univ. Autónoma de Morelos -Rector Univ. Autónoma de Oaxaca -Rector Univ. Autónoma de Zacatecas

-otros 1.3.- Poder Legislativo Federal: -Presidente de Congreso de la Unión -Presidente de la Cámara de Diputados -Coordinador de la Diputación Campesina -Presidente de la Comisión Permanente del Congreso -Presidente de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de tribunales Agrarios (Raúl Lenus García) -Diputado Federal por Yucatán, Carlos R. Calderón -Diputado Federal por Estado de México, Armando Labra -Presidente de la gran comisión, Adolfo de la Huerta Oriol -Diputado Heladio Ramírez López, exdirector del fideicomiso de cumbre de Llano Largo -Senador Celestino Salcedo Monteón, exdirector del Fondo Nacional de Foemnto Ejidal -otros 1.4.- Poder Legislativo Local -Congreso Estado de Oaxaca -Congreso Estado de Querétaro -Congreso Estado de Nuevo León -otros 1.5.- Poder judicial: -Presidente suprema corte de justicia -Procurador general de la república -procurador de justicia del DF -Otros II.- Maquinaria corporativa del estado y lucha política: II.1.- PRI -Secretario general CEN-PRI -Presidente CEN-PRI -Director CEPES-PRI -Otros II.2.- Sector campesino: -Secretario general de la confederación nacional campesina -fundador de la CNC. Ramón G. Bonfil -Exsecretario general CNC, Amador Hernández -Exsecretario general CNC, Celestino Salcedo Monteón -Director Revista México Agrario, CNC -secretario de Acción Sindical, CNC -Secretario de Procuración de la Producción Ejidal, CNC -Secretario General, Alianza Nacional de Productores de Caña, CNC -Presidente de la Federación Nacional de Colonias Agropecuarias CNC. -Secretario General, Unión de Caficultores de Zonas Marginadas CDN

-Presidente, Unión Nacional Ejidos Forestales, CNC. -Presidente, Confederación de Productores de Café de la República Mexicana -Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de la Industria Pesquera -Presidente de la Asociación de Sociedades Ejidales del Sur de Sonora -Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos Chihuahua -Secretario General de la Unión de Ejidos de Baja California Norte, CNC -Dirigente, Vieja Guardia Agrarista -Unión General de Obreros y Campesinos -Sostenes García Acuña, Secretario General UGDCM -Dirigente, Movimiento Nacional de los 400 pueblos -Secretario General, Federación de Obreros y Campesinos del Estado de Sonora -Representantes, Consejo Nacional de Pueblos Indígenas -Secretario General, Consejo Nacional -Secretario General, Consejo Agrarista Mexicano -Secretario General, Central Campesina Independiente -Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Srio. General -Unión Nacional de Ejidatarios, Colonos y auténticos pequeños propietarios, secretario general. -Dirigente, Frente de Defensa de los Derechos del Pueblo de Guerrero -Secretario general, unión campesina de Oaxaca -Partido Proletario Unido de América, Secretario General -Dirigente, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos, EUA -Secretario General, PARM -Secretario General, PPS -Directora, Universidad Obrera de México -Secretario General PAN -Dirigente Unión Nacional Sinarquista y Partido Demócrata Mexicano -Presidente Comité Central, Partido Comunista Mexicano -Secretario General, Partido Mexicano de los Trabajadores -Representante de 40 ejidos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, del PMT -Secretario General, PRT -Secretario General PST -Secretario General PSR -Otros II.3.- Sector Obrero -Congreso del trabajo, presidente -Secretario General, Comité de Defensa del Trabajador -Secretario General y secretario del Interior del SUTER -Jefe de prensa, del sindicato nacional de la industria química -Secretario general, del sindicato nacional de trabajadores de la industria azucarera -Secretario, sindicato nacional de trabajadores asalariados de campo, CTN -Secretario general, sindicato nacional de estibadores y alijadores, presidente, federación de trabajadores de la industria del transporte marítimo mexicano.

-Dirigentes, federación obrera del DF, CTM -Arturo Romeo Gutiérrez, Comité Ejecutivo CDTM -Secretario general CTM -Secretario General, Confederación General de Trabajadores -Secretario General, Confederación Regional de Obreros y Campesinos -Secretario General, Confederación Obrera Revolucionaria -Secretario General, Sindicatos de Obreros Libres -Secretario General, Sindicato de Trabajadores de la UNAM -Secretario General, Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres -Secretario General, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero -Movimiento Independiente Petrolero “Lázaro Cárdenas”, dirigente -Otros III.- Organizaciones de lucha de la burguesía III.1.- Organismos Cúpulas: -Concamin, expresidente Sánchez Mejorada -Concamin, presidente actual -Presidente, Consejo Coordinador Empresarial -Coparmex, asesor departamento legal -Concanaco, presidente -Concanaco, candidato a la presidencia -Cámara Minera de México, presidente -Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, presidente -Cámara Nacional de la Industria Textil, presidente -Cámara Nacional de la Industria de la Construcción presidente -Cámara de Sociedades de Empresas Importadores y Exportadores de Europa, presidente -Congreso de Industriales Latinoamericanos, presidente -Cámara Americana de Comercio, presidente -Cámara Americana de Comercio, presidente -Delegación Europea al Coloquio Comercial con México -Observador, en el período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina III.2.- Referentes Regionales y locales de los organismos cúpula -Cámara de la Industria Metálica de Guadalajara, presidente -Cámara Industriales del Estado de Jalisco, presidente-coodinador -Cámara Nacional de Comercio, ciudad de México, presidente -Conaco-Puebla, presidente -Canaco-Monterrey, presidente -Cámara de la Industria de Transformación de N.L. presidente -Centros Patronales de Chihuahua, Monterrey, Cd. Victoria y Hermosillo, presidentes respectivas -Centro Patronal de Jalisco, presidente -Centro Patronal del Norte de Sonora, presidente -Federación de Cámara de Comercio de Sonora, presidente -Asociación de Industriales del Estado de México, presidente -Asociación de Industriales de Vallejo, presidente

-Asociación Mexicana de Contadores Públicos, presidente -Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, presidente -Asociación Nacional de Abogados de Empresa, presidente -Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia, presidente -Asociación Nacional de la Industria Química, presidente -Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, director -Club de Exportadores, presidente -Club de Sembradores de la Amistad en Monterrey, presidente -Comisión Organizadores de Jornadas 1977, del Colegio de Contadores Públicos de México, presidente -Confederación de Ejecutivos en ventas y M. presidente -Consejo Empresarial Mexicano, para Asuntos Internacionales, director -Consejo de Administración de Fábricas Cromastros de México, presidente -Economistas Consultores Internacionales, presidente -Exportadores de Monterrey y M. Director -Grupo Alpha, Hernardo Garza Sada, dirigente -Grupo Editorial Expansión, director general -Grupo Fundidora, presidente -Ingenieros Civiles Asociados, Bernardo Quintana -Instituto de la Integración Iberoamericana, director -Instituto Interdisciplinario de Planeación Urbana, presidente -Instituto Mexicano de Ejecutivos en Ventas y Mercadotecnia, presidente -Instituto Mexicano de Investigación y Difusión de Costos Económicos, presidente -Presidente, Parque Industrial de Hermosillo Sonora -Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, presidente -Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, dirigentes III.3.- Organismos de Lucha del Capital Financiero -Asociación Nacional de Banqueros, presidente -Asociación de Banqueros de México, presidente -Asociación de Banqueros de México, vicepresidente -Asociación de Banqueros de México, presidente del Comité de Financieras -Asociación de Banqueros de México, presidente de comité de unión de crédito -Presidente, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros -Comisión Nacional de Valores, presidente -Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, presidente -Banamex, presidente -Banca Inglesa, Francia, C. Hamilton, representante -BID, presidente -Banco Mundial, representante en América Latina -Bancomer, presidente -Banco Popular de España, representante -Bank of Montreal, presidente -Bolsa Mexicana de Valores, presidente -Eximbank, presidente -First National City Bank, director

-Blaymsa, director general -Grupo Financiero Continental, director general -Grupo Serfin, en Monterrey -Multibanco Comermex, presidente -Otros III.4.- Organismo de Lucha de la burguesía que tienen interés fundamental ubicados en el Medio Rural -Asociación de Pequeña Propietarios de Henequén, presidente -Asociación Ganadera de México, presidente -Asociación General de Agricultores del Estado de Colima, presidente -Asociación Nacional de Avicultores, presidente -Asociación Nacional de Avicultores, presidente -Asociación Nacional de Avicultores, presidente de la Delegación de Monterrey N.L. -Asociación Nacional de Fabricantes de alimentos pecuarios balanceados, presidente -Cámara Nacional de las Industrias azucarera y alcoholera, presidente -Cámara Nacional de Industria de Producción de Masa y Tortilla, presidente -Comisión Nacional Azucarera, director -Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, presidente -Consejo Industrial Agropecuario, presidente -Confederación Nacional Ganadera, presidente -Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, presidente -Federación Nacional de Pequeños Propietarios Cafecultores, presidente -Federación Veracruzana de Productores de Café, presidente -Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, de la DEA, asesor de la región norte -Federación de la Pequeña Propiedad de Tamaulipas, presidente -Unión de Comerciantes en Frutas y Legumbres de la Cd. De México, presidente -Unión de Productores de Aceite de la República Mexicana, presidente -Unión Ganadera Regional del Norte del Estado de Veracruz, presidente -Unión Nacional de Pequeños Propietarios, presidente -Unión Nacional de Productores de Azúcar, presidente -Unión Nacional de Productores de Cacao, presidente -Unión Nacional de Productores de Hortalizas, presidente -Unión Regional Ganadera de Nuevo León, presidente -Otros Apéndice C: Paradigma de problemas indicativos del contexto de crisis en que se desarrolla el fenómeno del poder en el agro. 1) Problemas para la organización global de la sociedad d) Problemas vinculados con la forma en que el sector público auto administra sus recursos v. No adecuada ejecución de la reforma administrativa

-Extremo pragmatismo modifica normas de adquisiciones, almacenes, obras públicas, sueldos, contabilidad y auditoría gubernamental -Se queman etapas en la implantación de las fases (cuatro) de la reforma administrativa -Fuertes resistencias para modificar los sistemas tradicionales de administración -Insuficiente elevación de la eficiencia del trabajo de los servidores públicos -Corrupción descarada de funcionarios de alto nivel, genera inconformidad en empleados y servidores públicos de menor jerarquía -Deuda de salarios y/o prestaciones de dependencias del sector público a contingentes significativas de sus empleados, redunda en la baja de su productividad -Mecanismos de programación, no extendidos realmente a la totalidad del ámbito del gobierno y las empresas públicas 1.1.2) Falta de Coordinación Interna -Insuficiencia de las acciones gubernamentales -Retraso en la ejecución de los planes aprobados -Deficiente concierto de los diferentes niveles de gobierno y de los poderes de la Unión, en acciones coherentes -Retraso en la formulación de planes y proyectos -No total actualización de las bases legales de la Administración Pública Federal -Rigidez del sistema burocrático dificulta que sus mas cercanos colaboradores critiquen constructivamente al presidente de la república -Deficiencias en sistemas de evaluación de la marcha de acciones -Exceso de subjetividad, en análisis y auto evaluación de la marcha de las instancias estatales, efectuados por los titulares 1.1.3) Fuerte rotación en las alturas de la burocracia -Dificultades para que el gobierno se organice internamente de manera coherente y racional -Sucesos superestructurales determinan el surgimiento de conflictos entre los altos estratos de la organización que posibilita el proceso de toma de decisiones del sector público -Cambios irracionales del contenido de planes y acciones, determinados por rotación , lucha y desplazamientos en altos estratos -Futurismo político en el gabinete presidencial 1.1.4) insuficiente lucha contra la corrupción -Persistencia de altas dosis de corrupción intraburocrática -Ineficacia real de los intentos estatales, aunque formalmente delimitados, por auspiciar acción popular que denuncie a funcionarios del sector público que sean corruptos o ineficientes -Lucha contra la corrupción se torna progresivamente selectiva: básicamente contra enemigos de la fracción hegemónica del aparato burocrático -Insuficiencia del contenido del cuerpo de normas jurídico-legales que sanciona la acción de servidores públicos, para frenar vandalismo y corrupción -Impartición de justicia en la materia, obsoletamente efectuada -Modificaciones en los objetivos últimos de la lucha contra la corrupción, ya no se trata de moralizar funcionarios, sino de rehabilitarlos 1.1.5) Ineficiencia, en el proceso de desconcentración administrativa -Existencia de altos grados de feudalismo administrativo

-Refuerzo de la situación de penuria y no autosuficiencia económica, pese a la existencia de programas en contrario, de la mayoría de los municipios del país -Dependencias que se desconcentran, a menudo sufren mengua en sus capacidades ejecutivas, quedándose sólo con capacidad resolutiva -Rezago administrativo (por ejemplo en materia agraria) se reduce muy lentamente, a pesar de convenios firmados entre gobernadores y poder ejecutivo federal -Con mucho, los municipios continúa siendo el patito feo de los tres niveles básicos de gobierno en el país -Peligro de que afán de desconcentración administrativa se convierta en una diluida autoridad gubernamental distribuida entre funcionarios medios del sector público, en esferas en que se debe presentar una autoridad monolítica -Sólo mediante compulsión acuden las masas populares del país, tradicionalmente sometidas a la necesidad de trasladarse al DF para resolver sus problemas pendientes con el gobierno, a los referentes regionales y estatales de la burocracia central del estado mexicano -No total desaparición de imposición, paternalismo y autoritarismo, emanados del gobierno federal, en el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Provincia -Falta de recursos monetarios, resta facultades reales a dependencias 1.1.6) Escasa participación de grupos sociales en los planes y procesos de adecuación administrativa -Poca participación de representantes de los trabajadores en las acciones y planes gubernamentales dirigidos a acortar rezagos administrativos en las diversas áreas de su competencia -Explícita manifestación de los empresarios, de que contenido de la reforma económica propuesta por los trabajadores organizados, no se convierta en actos administrativos de gobierno -Empresarios presionan para que se constituyan, con lo que sus dirigentes consideran adecuados alcances, dependencias gubernamentales que atiendan directamente sus asuntos -Insuficiente flexibilidad de la administración federal como para recomponerse en función de la absorción real de demandas provenientes de los empresarios y trabajadores -Grupos empresariales se lanzan contra el ejercicio de varias de las mas importantes atribuciones legales del sector público, en materia de regulación política y económica e) Problemas relacionados con la delimitación y puesta en marcha de la política económica global 1.2.1) Escasa participación de trabajadores e intelectuales en la formulación y ejecución de la política económica gubernamental -Alternativas de política económica, no fundamentales en permanente diagnóstico y pronóstico de la economía -Sectores campesino, obrero y popular, altamente distanciados del proceso de formulación de la política económica global

-Los partidos de izquierda no participan en las acciones definitorias de la política económica -Dificultades para incorporar realmente los planteamientos del plan para la reforma económica, de la CTM, a la política económica delimitada previamente por los técnicos gubernamentales -Trabajadores presionan para que se eleve porque el mantenerlo bajo no ha conducido a los objetivos que se esperaba obtener, el encaje legal de la banca privada -Gobierno no acierta a encontrar el punto preciso que permita simultáneamente; aumentar su legitimidad; fortalecer la estabilidad política; incrementar la eficiencia de sus mecanismos ideológicos; y, aumentar el crecimiento económico -Insuficiencia de la acción gubernamental para detener monstruoso ritmo de destrucción de los recursos renovables y no renovables del país -Estallamiento de fuertes manifestaciones de inconformidad contra la política gubernamental en materia de energéticos -Muy baja proporción de la población conoce el contenido general de la política económica nacional -Radicalidad en los planteamientos en materia de política económica, sin tener el poder realmente necesario para implantarlos, determina el que la posición del congreso del trabajo sea utópica -Presión creciente de los trabajadores para que se inviertan, a favor del sector público y del sector social, los términos de la acumulación de capital en México -Trabajadores organizados plantean necesidad de nacionalizar la industria alimenticia, la Banca Privada y la industria químico-farmacéutica 1.2.2) Luchas internas por obtener mayor presencia política en el proceso de formulación e implantación de la política económica -Acontecimientos coyunturales condicionan modificación a planes prefijados en cuanto a asignación de recursos públicos -Escasa presencia de los gobernadores, en la delimitación de la política económica global -Organización (sectorialización) de actividades clave de la economía, siderurgia por ejemplo, implica un proceso de reacomodo de fuerzas, que trae consigo pugnas por la obtención de la hegemonía en los nuevos organismos -Recursos crediticios gubernamentales, destinados a una determinada actividad productiva, no siempre son eficazmente coordinados, controlados y destinados por la cabeza del sector respectivo -Exceso de tardanza para que dependencias gubernamentales encargadas de ello, entreguen al congreso de la unión la cuenta pública del año precedente -Permanente falta de acuerdo entre las partes, determina reestructuración de los mecanismos creados por el gobierno para mantener cierta concordia, entre los factores de la producción, en el proceso de aguda inflación 1.2.3) Presiones para adecuar el contenido de la política económica a los intereses concretos de diversos grupos del sector privado -Representantes del sector privado luchan por tener mayor ingerencia en la formulación de la política económica global

-Incremento de las demandas empresariales para que se clarifiquen las reglas del juego; que se delimite la política económica, no sólo de coyuntura y corto plazo, sino también de largo plazo -Resistencias de empresarios a reorganizar, transformar, modernizar y/ó fusionar unas empresas con otras -Progresiva agresividad de las medidas tomadas por grupos del sector privado, para presionar contra el contenido concreto de la política económica que afecta sus intereses -Empresarios se yerguen contra la puesta en marcha de muy pequeñas aperturas en el sistema de proteccionismo oficial a la producción nacional -Falta de solidez de los planteamientos, así como, presiones no previstas originalmente, determina que el plan quinquenal 1978.1982 sufra continuos cambios de fondo -Comercio organizado protesta y acciona contra intentos oficiales por expandir su esfera en materia comercial -Presión, basada en argumento de la baja productividad de la mano de obra, ejercida por los empresarios -Empresarios demandan participar directamente en fideicomisos gubernamentales para el fomento de actividades económicas diversas -Dirigentes de la gran Banca Privada, no dispuestos a dejar que ésta se debilita, en aras del fortalecimiento de la Banca mediana y pequeña -Presiones de los empresarios, para que se modifiquen los escasos ordenamientos legales que son verdaderamente operativos, en cuanto a impedir un incontrolable engrosamiento de sus utilidades -Fuerte inconformidad empresarial, provocada por el hecho de que en el informe presidencial (1978) se asegura que las pretensiones (plan para la reforma económica) de los trabajadores, se convertirán en actos de gobierno -Alianza para la producción en peligro, dados los cruentes ataques mutuos entre el sector privado y los dirigentes del movimiento organizado de los trabajadores 1.2.4) Ineficiencias de los mecanismos destinados a la protección económica de las masas populares -Existencia de grandes lagunas en estadísticas nacionales -Fortísima alza de costos de producción afecta irreversiblemente la situación de los pequeños y medianos productores -Extremo privilegio a acciones estimulantes de la formación de capital, en tanto se relega a un segundo plano la búsqueda de bienestar popular -Práctica eliminación del control oficial de precios -Fuertes conflictos político-sociales, por decisión de racionalizar el gasto público -Gasto presupuestario estimula la inflación -Retiro de 15 mil millones de pesos de la circulación (1978), como medida gubernamental para coadyuvar al control de la inflación, condiciona disminución en la capacidad de financiamiento de la Banca del país -Exagerado desequilibrio interno, en cuanto al grado de desarrollo alcanzado por las diversas regiones del país -Signos de que se acentuará proceso de elevación de precios; autorización gubernamental de elevación del precio de diesel, acero y combustóleo -Muy alta desigualdad en la distribución nacional del ingreso

-Zonas tradicionalmente sin significativa atención gubernamental, continúan realmente así. -Debilitamiento del apoyo de los trabajadores organizados a la política económica del gobierno, debido a que el proceso de deterioro de las condiciones materiales de vida torna difícil el que los líderes nacionales mantengan control sobre las acciones reivindicativas emprendidas por las bases sociales y por los cuadros intermedios de dirección -Escasas posibilidades de trabajo productivo y bien remunerado para la población femenina -Difusión de la imagen de que, de existir turbulencias sociales fuertes, la economía mexicana no será bonancible para 1981 -Enorme desperdicio, al desvincular a la población de edad avanzada, del proceso productivo -Decisión del movimiento organizado de los trabajadores, de no participar en los mecanismos instituidos por el gobierno para controlar inflación (Conapre), por no funcionar verdaderamente -Práctica eliminación del control de precios, despierta descontento popular 1.2.5) Dificultades para que gobierno maneje racionalmente sus recursos presupuestarios -Sectores sociales combaten estrategias, políticas y lineamientos de obtención y manejo del gasto público -Contrabando al exterior (cemento, diesel, gasolina, ajonjolí), mengua seriamente los alcances de la política económica global y las posibilidades de incremento del erario federal vía aplicación de impuestos a la exportación -Dificultades para obtener acceso a las mejores fuentes de recursos crediticios -Persistencia de altos índices, con combate sólo simbólico, de defraudación fiscal -Verdadero sacrificio del erario federal, en aras del estímulo no del todo eficiente a la inversión privada, nacional y extranjera -Disfuncional sistema de vigilancia y control del ejercicio de la cuenta pública nacional -Deficiente sistema de retroalimentación y reprogramación de la marcha del sector público -Inexistencia de un sistema nacional de información política y social, que actúe como instancia centralizadora de datos -Capas de población se oponen a implantación de política hancendaria basada en la búsqueda de equidad tributaria -Incremento de ahorro interno no se traduce, en la medida requerida, en el aumento de los recursos globales requeridos para el crecimiento -Fenómenos internacionales, no previstos originalmente desarticulan el sistema destinado a mantener niveles adecuados de divisas -Insuficiente recaudación fiscal, vía impuestos principales 1.2.6) Insuficiente recuperación de la inversión privada, en actividades prioritarioproductivas -Imposibilidad gubernamental para implantar planes mediante mecanismos compulsivos determina el que acciones contenidas en los planes formulados no sean acatadas ó ejercidas por los sectores sociales, a que van dirigidos

-Ante no adecuados ritmos de inversión del sector privado, aumento de susidios a él por parte del estado -Insuficiente eficiencia de planeación y programación de actividades del sector público -Grupos privados consideran no existen suficientes garantías a las utilidades de sus inversiones, en determinados sectores de la economía -Cumplimiento, sólo excepcionalmente, de los compromisos empresariales en cuanto a inversión y creación de empleos, contraídos con el poder ejecutivo federal -Con todo y los ajustes básicos al Plan Nacional de Desarrollo Industrial, realizados para adaptarse a las nuevas perspectivas abiertas por el petróleo (en 1978), el crecimiento industrial-privado continúa siendo muy lento -Empresarios, reacios a invertir aún en proyectos ampliamente respaldados y avalados por el gobierno -Bajo ritmo de creación de fuentes de empleo -Enormes dificultades para pasar en México de lleno a la etapa de fabricación de bienes de capital -Fortalecimiento del sistema financiero no redunda en mayor inversión en actividades económicas prioritarias -Pronósticos empresariales de fuerte caída en la paridad monetaria (dólar / peso), genera altas dosis de desconfianza -Bajo aprovechamiento efectivo, por parte de los empresarios, de los créditos oficiales disponibles para apoyar la producción de bienes básicos -Grandes números de empresas pequeñas y medianas cierran por incosteabilidad de operación, ante competencia de las grandes unidades -Surgimiento de fortísima especulación en la Bolsa de Valores -Inversión no tiene garantías de obtener utilidades a largo y mediano plazo; éstas sólo se dan con respecto a las utilidades en el corto plazo -Poderosos grupos empresariales sostienen que la mayor parte de los nuevos empleos, deberán crearse en el sector servicios -Complejidad de la problemática enfrentada determina que se de más tiempo para lograr los objetivos de los planes gubernamentales de modernización de los diversos sectores de la economía, planteados muy optimísticamente a principios del régimen -Para modernizar algunos de los mas atrasados sectores de la economía, se requerirían volúmenes de recursos disponibles (en el agro, se necesitarían 200 mil millones de pesos, adicionales a los actuales niveles de inversión) -Con los recursos captados, la Banca Privada beneficia principalmente con crédito a sus propias empresas -Exportación de hidrocarburos no mejora sensiblemente balanza comercial del país 1.2.7) Incremento de inversiones directas e indirectas del extranjero -Inversión productiva interna consistente, en alto grado, en inversión directa ó indirecta proveniente del exterior -Créditos extranjeros, contraídos por el gobierno y canalizados a diversos sectores de la economía, benefician principalmente a los productores de mediana y gran escala, marginando a los pequeños -Monto de préstamos extranjeros, destinadas a reactivar a sectores prioritarios de la economía, continúa en aumento; sin embargo, no es pleno el logro de los objetivos a lograr con ello

-No total éxito en cuanto a la pretensión de generalizar en el medio rural empresas productivas autofinanciables, vía inversión extranjera directa -Poca investigación sistemática, en cuanto a las importaciones y exportaciones del país -Fuerte presión social obstaculiza importación de maquinaria agrícola, por ejemplo, la necesaria para resolver inaplazables problemas de mecanización de sectores atrasados de la economía -Presiones de fuertes grupos empresariales, para que no se limite el endeudamiento público respecto al extranjero f) Problemas conectados con la vinculación existente entre la situación interna y el contexto internacional 1.3.1) Dificultades en relación con EU, desprendidas de la existencia de grandes mantos de hidrocarburos -Obstáculos para que la venta de energéticos mexicanos a EU se traduzca en una mejor política comercial de Norteamérica hacia México -Propuesta Cranton, del congreso de EU, prevee el ingreso de sólo 40,000 inmigrantes mexicanos al año -Viajes permanentes de funcionarios gubernamentales (y del congreso) de EU, con objeto de inclinar la balanza más a favor de los intereses del imperio, en el complicado proceso de negociaciones México-norteamericana -Fórmula H-12 (contratación de mano de obra mexicana sólo cuando se requiera), cada vez más aplicada por el SIN de EU -Enjuiciamiento a 10,000 chicanos en EU, por introducir, proteger ó no reportar a indocumentados -Ku Klux Klan patrulla la frontera norteamericana con México -No reconocimiento de derechos laborales a indocumentados mexicanos en EU -A pesar de declaraciones en contrario, relación amo-cliente entre EU y México no es muy fácil de romper -Erección de cerca de alambre en la frontera norteamericana con México, para impedir el paso de indocumentados -Incrementa presión del gobierno de EU sobre el mexicano, en vista de la importancia creciente del país, representada por sus reservas petroleras -Gobierno, insuficientemente exitoso en cuanto a recabar la suficiente fuerza como para resistir y neutralizar las presiones provenientes del exterior 1.3.2) Recesión mundial y creciente proteccionismo de EU -Problemas económicos mundiales determinan generalización de políticas proteccionistas de los diversos gobiernos nacionales -Colapso en la Bolsa de Valores de N.Y. y devaluaciones sucesivas del dólar, constituyen síntomas del avecinamiento de fuerte recesión en EU que afectarías las exportaciones mexicanas y el flujo de inversión directa norteamericana en el país -Eliminación de más de un centenar de productos mexicanos, del sistema generalizado de preferencias de EU -Bloqueo de granjeros norteamericanos, a productos agrícolas mexicanos de importación a EU -Las principales siete potencias mundiales acuerdan reducir sus importaciones de petróleo

-Insuficiencia en las medidas internas, tomadas en previsión del impacto negativo de lo que parece ser una próxima y muy fuerte recesión norteamericana -Pese a ventas de petróleo, continúa el fuerte déficit de la balanza comercial del país 1.3.3) Política exterior mexicana, demasiado pragmática y poco fundamentada en el conocimiento fidedigno de la realidad interna y externa -Insuficiente participación de la burocracia pública del país, en la política y en la delimitación de estrategias económicas mundiales -Desvinculación entre reacomodos de fuerzas sociales, que tienen lugar en EU y en otras potencias mundiales, y la actuación racional del gobierno mexicano en materia de política exterior -Deficiente funcionamiento de las representaciones, misiones y delegaciones mexicanas en el extranjero -Estrategia y tácticas emprendidas por la SER –reuniones de embajadores, por regiones mundiales, por ejemplo- no aciertan a encontrar el mejor camino para las importaciones y exportaciones del país -Desvinculación entre las necesidades de instancias concretas del sector público y privado, y el contenido de la política exterior del país -Poca utilización efectiva del resultado y de la acción de los organismos internacionales en México -Inadecuado manejo del hecho de que poderosas organizaciones chicanas pretenden establecer relaciones directas con el gobierno de México -Corto provecho del hecho de que organizaciones chicanas se oponen a las fuertes restricciones al flujo de trabajadores mexicanos a EU, intentado por el gobierno de Carter -Escaso apoyo real del país, a diferencia de lo acontecido en el régimen Echeverrista, al proceso de integración económica latinoamericana, y a la lucha de los países del tercer mundo -Presiones externas obstaculizan la consecución del objetivo de colocar al país como potencia mundial de mediana envergadura -Dificultades socio políticas en el efectivo funcionamiento de un sistema de cooperación, consulte y coordinación de los países latinoamericanos -Pocos frutos reales de las reuniones interparlamentarios entre México y -No se aprovecha racionalmente, en toda su potencialidad, para que gobierno mexicano gane posiciones en la negociación con EU, que acontecimientos internos en Irán disminuyen el aprovisionamiento petrolero a Norteamérica -Países desarrollados acentúan la utilización de la venta de alimentos como mecanismo de control político sobre los gobiernos de países subdesarrollados -No se saca suficiente provecho del hecho de que poderosas organizaciones empresariales norteamericanas consideran que, en el marco vigente, México es el campo mas propicio en América Latina para sus inversiones 1.3.4) Acontecimientos externos limitan el éxito de la política económica global interna -Incremento de precios de bienes importados, necesarios para el crecimiento, alimento el proceso interno de inflación -Actuación de poderosas fuerzas de grupos privilegiados de EU, frenan las acciones gubernamentales mexicanas, dirigidas a reducir la dimensión de sus mas candentes problemas

-Mercado norteamericano cierra significativamente sus puertas, a productos de exportación mexicanos -Agudización de pretensiones norteamericanas de erradicar el flujo de trabajadores mexicanos contratados en EU -Si EU efectivamente no compra el gas mexicano, enormes dificultades técnicas para utilizar extensiva y racionalmente el sistema Troncal de Distribución de Gas en la planta industrial del país -País pierde grandes dosis de competitividad -de por sí baja- internacional -Características del proceso, oficialmente estimulado, de reactivación de divisas que serán generadas por petróleo de exportación- se deje de recurrir intensivamente al incremento de la deuda pública externa -Devaluación internacional del dólar impide la diversificación significativa de nuestros productos -Dificultades para poder vender siempre el petróleo mexicano a precios más altos que los fijados por la OPEP -Aclaración del gobierno norteamericano, en cuanto a que se utilizarán primero sus propias fuentes de energía, antes de comprar gas a México ó Canadá -Escollos políticos y técnicos, para desarrollar la alternativa de construir un gasoducto de México a Centroamérica 1.3.5) Deficiencias de las modalidades y ritmos de la inversión extranjera en México -Empresas transnacionales, en proceso de cubrir permanentemente nuevas actividades vislumbradas -Insuficiente diversificación -concentrándose en la norteamericana- de la inversión privada directa, de otros países en México -Necesidades de inversiones extranjeras directas, conducen a la posibilidad de modificar los ordenamientos legales en la materia, a fin de allanarle aún más el camino -Inversión extranjera directa en México, tiende a concentrarse demasiado en petroquímica y turismo -Poca respuesta a los intentos oficiales por impulsar la inversión y tecnología extranjera, al agro mexicano del norte del país -Dificultades para continuar resistiendo las presiones de compañías extranjeras, que pretenden autorización de PEMEX para explotar directamente los mantos de hidrocarburos -Purina, Nestlé, Acco y Carnation tienen más ingresos que toda la agricultura y ganadería del país -Graves imprecisiones en el contenido de la legislación sobre inversiones extranjeras -Condiciones inaceptables determinan que gobierno mexicano rechace programa norteamericano de desarrollo rural, para generar 800,000 empleos en las entidades federativas del norte del país -Posibilidad de que congreso norteamericano impida que las instituciones de crédito de ese país destinen más del 10% de sus recursos crediticios a una sola nación 2) Problemas que dificultan el pleno crecimiento de los principales sectores de la economía nacional 2.1) Sector agropecuario y forestal:

-Improvisación del proceso de planeación, construcción y operación de obras y servicios -Producción del sector, alejada de autosuficiencia de alimentos, materias primas industriales y bienes exportables -Crecimiento de producción de alimentos básicos, menor que el incremento de la población -Fenómenos meteorológicos adversos -Escasez de estrategias congruentes entre diversas entidades del sector público involucradas en el sector -Desorganización económica y política de los productores directos y de los trabajadores asalariados -Crisis periódicas de la economía mundial, que determinan amplias fluctuaciones en precios de exportaciones -Incumplimiento de compromisos contraídos entre gobierno y otros actores sociales -Bajos rendimientos de actividades primarias -Ausencia de adecuados mecanismos de industrialización y comercialización de las materias primas producidas -Fuerte presencia del minifundismo -Alto índice de desempleo y de migración rural -Galopante degradación de tierras y aguas en zonas urbanas, industriales y rurales -Decremento del área bajo cultivo -Distritos de riego no autosuficientes -Falta de obras hidráulicas, crédito y técnicas en las enormes superficies de agricultura de temporal -Pésimas condiciones generales de vida de la población rural -Escasa capacitación para la producción, de los trabajadores asalariados y productores directos del agro mexicano -Enorme incidencia de plagas y enfermedades en cultivos, ganado y bosques -Inexistencia de medidas efectivas para conservar recursos renovables y no renovables -Falta de información estadística sobre la marcha del sector -Insuficiente producción de semillas, ganado y variedades forestales mejorados -No exportación de productos con mayor valor agregado -En peligro, el equilibrio ecológico -Infraestructura hidráulica, con poca vida útil, pese a su alto costo económico y social -Distribución de tierras y aguas, no totalmente idénticos con contenido de preceptos legales relativos -Producción con escasa eficiencia -Enorme rezago administrativo en materia agraria -Alta centralización de toma de decisiones y de acción agraria -Escasez de personal destinado a llevar adelante reforma agraria -Inadecuado equipo de trabajo y distribución físico-geográfica de los recursos humanos gubernamentales enfrascados en acciones agrarias -Existencia de acumulación ilícita de tierras -Desconfianza y recelo de grupos sociales privilegiados del campo, respecto del rumbo impreso a la reforma agraria

-Falta de material, coherentemente formulado, respecto a recursos físicos y humanos de distintas zonas y regiones del país -Generalización de conflictos rurales, no resueltos por vía conciliatoria -Insuficientes grados de la seguridad necesaria para incrementar la producción -Inadecuada distribución geográfica de la población del país -Auténticos pequeños propietarios se sienten amagados e inseguros -Muy incipiente sistema de capacitación campesina -Campesinos sin acceso a mecanismos de información sobre sus derechos fundamentales -Escasa participación de la mujer del agro, en procesos productivos modernos ahí establecidos -Población migratoria del medio rural, sometida a degradantes condiciones socioeconómicas y de vida 2.2) Sector Pesquero -Desaprovechamiento de recursos, por inexistencia de un real plan de desarrollo del sector -Escaso consumo interno y débil demanda externa de productos pesqueros -Inadecuado uso de equipos existentes -Escasa investigación tecnológica y difusión de resultados en la materia -Insuficiencia y baja calidad de las instalaciones -Atrasados procedimientos de industrialización y almacenamiento de productos -Deficientes sistemas de captura -Disfuncional sistema de comercialización de materia prima y de distribución de productos industrializados -Habitantes rurales no aprovechan íntegramente recursos acuícolas para mejorar sus niveles nutricionales -Falta de capacitación técnica y administrativa a pescadores actuales ó potenciales -Inexistencia de sistemas de información eficientes, relativos a la pesca -Bajos volúmenes de captura, distribución, industrialización y comercialización de especies marinas y vegetales 2.3) Sector Industrial -Estrecho mercado interno, por altos niveles de desempleo y porque grandes masas rurales están fuera del mercado -Déficit de producción de bienes de consumo básico -Mercado internacional, progresivamente proteccionista -Escasa producción nacional de maquinaria y equipo -Balanza de pagos deficitaria -Escasa integración vertical de la industrial -Floja relación entre sector industrial y otros sectores de la economía -Altos grados de concentración económica de la actividad sectorial -Fuerte desequilibrio regional en cuanto a ubicación de la planta industrial -Bajo porcentaje de utilización efectiva de capacidad instalada en las industrias -Escasas inversiones dirigidas a crear nuevas unidades ó a hacer más eficientes las ya existentes -Mejoramiento en tasas de productividad, a costa del desplazamiento de mano de obra y ahorro de fuerza de trabajo utilizada

-Operación de empresas industriales del sector paraestatal, representan sangrado de finanzas públicas -Posibilidad de que expansión de explotación y venta de energéticos deforma la estructura productiva del país, acabe con las reservas y genere corriente de divisas que incrementen el ritmo interno de inflación -Insatisfacción nacional de la demanda de bienes de capital proveniente de la expansión petrolera y petroquímica -Industria petroquímica desaprovecha los mantos de hidrocarburos -Irracional ubicación de parte de la planta industrial, en cuanto a equilibrio regional se refiere -Insuficiente utilización de la infraestructura existente, por parte de la industria -Contexto internacional no utilizado adecuadamente para obtener el máximo provecho, en función de la exportación de hidrocarburos y derivados -Escaso desarrollo industrial en las zonas rurales del país -Baja competitividad (altos costos y baja calidad de la producción) de la pequeña y mediana industria -Falta ó inoportunidad en cuanto a aprobación de inicio de actividad industrial -Escasez de asesoría técnica -Falta de entrenamiento de recursos humanos -Inadecuados e inoportunos recursos financiero-crediticios -Fallas técnicas generalizadas -Deficiencias en la comercialización de los productos -Frecuentes suspensiones de abastecimiento de energéticos -Retrasos en la entrega de equipos y maquinaria, necesarios para la producción industrial -Obsolescencia, en altos grados, de la planta industrial -Bajos precios internacionales en los bienes de exportación -Fuertes problemas iniciales de arranque, aprendizaje y mercado, en las unidades productivas de nueva creación -Bajos Volúmenes e inadecuada calidad de la investigación en cuanto a desarrollo industrial -Déficit de preparación de personal altamente calificado -Escasez de materia prima -Frecuentes interrupciones en la producción, por no hacer mantenimiento permanente de la planta industrial -Inadecuado abastecimiento de refacciones -Relaciones conflictivas entre obreros y patrones -Recursos, cada vez más frecuente, de estallamiento de huelga para resolver situaciones de conflicto -Errores graves en cuanto a cálculos vinculados con la programación, construcción y operación de las plantas industriales de nueva creación -Incumplimiento generalizado de proveedores de materias primas -Burocráticos procedimientos conducentes al aprendizaje de personal de nuevo ingreso al sector industrial -Inadecuada red nacional de distribución de bienes industriales

-Falta de estudios mercadológicos, capaces de prever contracciones en la demanda de productos industriales 2.4) Sector comercial -Resistencia de empresarios privados, a reorientar la estructura de su producción -Escasez de financiamiento -Inexistencia de lonjas -Poca modernización del comercio -Incipiente presencia de un sistema nacional de centrales de abasto -Inadecuada infraestructura física para la comercialización -Inadecuados, insuficientes e inoportunos apoyos directos de todo tipo a la comercialización -Encarecimiento de productos básicos, debido a obsoleto aparato distributivo de los mismos -Sector privado, social y público, no se coordinan lo suficiente como para racionalizar el aparato de comercialización -Funcionamiento aparato distributivo se traducen en inoportuno e insuficiente abastecimiento de materias primas industriales y productos terminados -Floja relación entre producción, comercialización e industrialización de productos animales y vegetales del campo -Excesiva intermediación innecesaria de productos rurales -Campesinos de escasos recursos, fuera del mercado -Trabajadores asalariados del campo, débiles consumidores -Alto costo de bienes producidos ó utilizados en las unidades productivas del campo -Escasez de recursos humanos calificados para planificar, implantar, operar, evaluar, y retroalimentar programas de comercialización -Extremos alcanzados por el consumismo: irracionales hábitos de consumo de las mayorías del país, implantados por los medios de comunicación de masas -Inefectividad de normas de calidad en proceso de comercialización de productos del campo -Corrupción, improvisación y desorganización, en procesos de inspección oficial en materia comercial -Excesivo e inadecuado sistema de proteccionismo oficial -Política comercial exterior, sólo débilmente estimula la producción nacional de exportación -Altos niveles de importación de artículos suntuarios innecesarios -Bajo aprovechamiento del potencial comercial de las franjas fronterizas, zonas francas y perímetros libres 2.5) Sector Turístico -Escasa coordinación de sectores público, privado y social en la formulación de una política de organización, vigilancia y fomento del turismo -Incorrecta imagen turística del país en el extranjero -Infrecuentes superavits en la balanza comercial turística -Insuficiente participación del país en eventos turísticos internacionales -Escaso desarrollo del turismo de nacionales en el país -Inadecuados mecanismos de información al turista -Escaso control real sobre tarifas por concepto de servicios turísticos

-Insuficiente calidad de servicios turísticos -Insuficiente inspección, vigilancia y control sobre prestadores de servicios turísticos -No participación significativa de las mayorías nacionales en el turismo -Relaciones conflictivas entre empresarios y trabajadores de los centros turísticos, y en los medios de transporte colectivo que le sirven -Surgimiento de movimientos políticos de inconformidad social, en detrimento del turismo -Excesiva vigilancia policiaca y militar, lesionante de la actividad turística -Reducidos márgenes de utilidad, producto de inversiones directas en el sector -Falta de unificación e incompatibilidades entre los programas de capacitación de servicios turísticos -Incumplimiento generalizado en materia de compromisos contraídos en cuanto a programación ó desarrollo turístico -Inexistencia de polos turísticos de desarrollo, en zonas deprimidas -Conflictos surgidos de la tenencia de la tierra, en zonas de interés turístico -Inadecuados procedimientos de conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos naturales, en las zonas de interés turístico 3) Problemas que obstaculizan la adecuación de los factores condicionantes del proceso productivo del país 3.1) Problemas vinculados con la infraestructura material y humana necesaria para lograr la plena integración del territorio nacional -Inadecuado desarrollo de las comunicaciones terrestres, telecomunicaciones, transporte aéreo, marítimo, carretero y ferroviario -Necesidad de importación de equipos especiales -Falta de cumplimiento de contratistas de obras y estudios -Falta de presupuesto, ó transferencias del mismo -Entrega inoportuna de equipos y partes -Retrasos en la autorización de inversiones -Desfasamientos en el contenido de los programas -Retrasos en firmas de convenios que involucran a diversas instancias del sector público y/ó privado -Incremento en costos -Extemporaneidad en el otorgamiento de contratos -Altos presupuestos necesarios para la expansión de obras y servicios -Inconformidad (por motivo de avalúos, indemnizaciones, etc) de propietarios de bienes inmuebles necesarios para construir ó ampliar obras -Objeciones de autoridades jerárquico-superiores, en el caos de adquisición de equipo especial imprescindible -Insuficiente kilometraje de redes de carreteras federales (troncales), alimentadoras y rurales -Insuficientes localidades rurales comunicadas todo el año mediante caminos de -Cuellos de botella en el auto transporte carretero y urbano, y en el transporte ferroviario de pasajeros y carga -Escasa coordinación entre la operación marítima, el transporte terrestre y los servicios portuarios

-Insuficiente marina mercante 3.2) Problemas relacionados con la existencia y condiciones de los asentamientos humanos -Inexistencia, pese a su objetiva necesidad, de una ley de reforma urbana -Escasa coordinación de las instancias del sector público destinadas a invertir en las localidades del país -Fuertes críticas empresariales a la política gubernamental de descentralización industrial -Escasez de regulación del crecimiento ó decremento de los asentamientos humanos -Débil ordenamiento del territorio nacional -Inarmónica distribución de la población en el territorio nacional -Fuerte concentración, en el Valle de México, de las dependencias y del sector público -Muy insuficientes procesos de descentralización del gobierno federal; se llevan a cabo, sólo en la medida requerida para mantener el símbolo de movimiento -Escaso número de polos de atracción demográfica -Incontrolado crecimiento numérico de las principales urbes del país -Insuficiente número de ciudades de mediana envergadura -Programa de ciudades industriales no rinde los frutos esperados -Poco arraigo de la población rural a su tierra -Irracional duplicidad y traslape de funciones, en materia de planes y acciones de desarrollo de la comunidad y de bienestar social -Inadecuadas condiciones sociales, físico-ambientales y de servicios urbanos, en la mayoría de las ciudades del país -Escasa participación de las mayorías rurales y urbanas, en la planeación territorial de los asentamientos humanos -Insuficiente número y calidad de obras de captación y almacenamiento de agua potable y alcantarillado -Excesiva concentración y centralización industrial -Inseguridad en la tenencia de la tierra 3.3) Problemas conectados con educación, cultura, ciencia y tecnología -Grandes núcleos de población, sin estudios de enseñanza primaria, media y superior -Grupos marginados, urbanos y rurales, no son beneficiarios de la distribución de la cultura y de la educación -Investigación, creación artística y cultura es difundida a toda la colectividad -Enormes recursos presupuestarios desperdiciados -Peligro de que educación se torne más selectiva -Investigación científica y tecnológica insuficiente -Investigación científica y tecnológica no redunda en la disminución de la dependencia con respecto al exterior -Escasa proporción de población infantil tiene acceso a educación preescolar y a guarderías -Escasa proporción de población infantil tiene acceso a educación preescolar y a guarderías -Enormes núcleos de población, carentes de posibilidad de cursar educación media básica y superior -Educación superior y de postgrado, sólo abierto a las minorías privilegiadas del país

-Insuficiente formación de técnicos en materia pesquera, agropecuaria, industrial, comercial, turística, etc -Desequilibrio regional en cuanto a todos los niveles de educación -Investigación y docencia, desvinculados de las necesidades concretas de los sectores de la economía de las mayorías nacionales -Escaso intercambio cultural, científico y tecnológico, entre México y países del tercer mundo -Grupos marginados, de zonas deprimidas del país, reciben escasa atención en materia educativa -Muy débil respuesta del sector privado al llamado oficial para que educación se vincule más a éste -Insuficiencia de los sistemas de educación abierta, a todos los niveles -Inexistencia de una ley federal de educación superior -Amplios porcentajes de los jóvenes del país, sin acceso a programas de educación física, cultural y cívica -Escaso desarrollo de investigación educativa sobre alfabetización, enseñanza elemental, técnica, media y superior, educación extraescolar y difusión educativa -Insuficientes programas de orientación sobre utilización del tiempo libre de las masas populares del país, así como, inadecuado acceso de éstas a la cultura, artes y recreación -Insuficiente desarrollo de investigación tecnológica y científica sobre las áreas prioritarias del país (alimentación, demografía, ecología, salud, actividades agropecuarias y forestales, recursos marinos, recursos minerales y ciencias básicas) -Escasa coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para promover el desarrollo científico y tecnológico -La formación de recursos humanos de alto nivel (postgrado), altamente desvinculada de las necesidades del desarrollo nacional -Insuficientes efectos reales, desprendidos de las medidas tomadas para acoplar el sistema educativo nacional a la satisfacción de las necesidades del desarrollo -Escasa participación de los organismos profesionales en la resolución de los principales problemas del país -Desconfianza de que el mayor presupuesto destinado a la investigación y al progreso de la ciencia (CONACYT, en 1978) en la historia de México, realmente acabe con problemas de ineficiencia, desorientación y desarticulación de la investigación -Falta de continuidad, escasa solidez de planteamientos y extrema improvisación, determinan que autoridades educativas den marcha atrás en diversos proyectos de capital importancia 4) Problemas presentes en el proceso de manifestación y superación de contradicciones políticas e ideológicas 4.1) Problemas relacionados con las condiciones generales de vida de las masas populares del país 4.1.1) Insuficiencia de logros reales en materia de disminución de la tasa de crecimiento demográfico -Escasa acción real –en cuanto a efectos palpables- en materia de control de crecimiento demográfico -Cada vez menor disponibilidad de alimentos per cápita, producidos en el país

-IMSS, ISSSTE y SSA no se coordinan lo suficiente como para verdaderamente lograr abatir la tasa de crecimiento demográfico, hasta llegar al 1% anual, para 1982 -Persistencia de la consideración del aborto como ilegal 4.1.2) Deficiencias alimenticias y nutricionales en amplias capas de la población -Capas enteras de la población, suprimidas como consumidores de productos otrora considerados como nutricionalmente fundamentales: carne, por ejemplo -Ridícula cobertura de mecanismos gubernamentales y privados destinados a paliar emergentemente ínfimos niveles nutricionales de grupos marginados, rurales y urbanos -Pocas campañas efectivas de orientación nutricional -Dificultades para que productos marinos y acuícolas lleguen a sustituir a la agricultura como principal actividad generadora de alimentos en México -Del todo insuficiente volumen de raciones alimenticias distribuidas por el gobierno 4.1.3) Encarecimiento de precios de alimentos básicos -Acciones oficiales para eliminar intermediarismo no surten efecto en cuanto a lograr mejoría de precios al producto y abatimiento de costos al consumidor -Aunque con gran pompa, nacimiento (1978) de la subsecretaría de regulación y abastos (Secom) es del todo insuficiente en cuanto a atribuciones, recursos humanos y recursos financieros, para eliminar la innecesaria intermediación de productos básicos -Conapre tiene alto número de peticiones de autorización de aumento de precios -Presiones para obtener liberación del control oficial de precios, de alrededor de once mil medicamentos -Neutralización en pocas semanas del incremento anual de salarios mínimos, debido a la agudización del proceso inflacionario -Insuficiente acción del Comité de Defensa de la Economía Popular, de la Cámara de Diputados 4.1.4) Escasa organización global de la población, destinada a mejorar las condiciones individuales y colectivas de salud y vida -Recoordinación acentuada entre las dependencias e instituciones del sector público, encargadas de la salud y seguridad social -Insuficiencia de los programas médicos de curación -Deficiencias de los programas de rehabilitación y prevención de enfermedades -Escaso incremento de la cobertura de los servicios -Escaso control sanitario efectivo sobre medicamentos, bebidas y alimentos -Poca capacitación de la población, para la auto protección de la salud -Lentos avances en materia de mejoramiento y saneamiento del ambiente -No total erradicación del país, de los principales males endémicos -Escaso número y equipamiento de hospitales y centros de salud -Lagunas de las estadísticas nacionales en cuanto a información relacionada con la materia -Escasez de profesionistas, técnicos y auxiliares requeridos para la implantación de los planes y programas en materia de salud y seguridad social -Poco control real sobre deshechos humanos y emisiones contaminantes, tanto de fuentes fijas como de automóviles -Deficiente protección real contra los riegos y enfermedades del trabajo -Déficit monetario, permanente y progresivo de la mayoría de las instituciones de salud y seguridad social

-Escasos efectos del impulso a la educación, la economía doméstica, el mejoramiento de la alimentación y la vivienda, y la capacitación para el trabajo -Escaso número de guarderías, en comparación con su demanda real ó potencial -Desaprovechamiento de los descansos semanales de la fuerza de trabajo -Dimensiones sociales de los problemas vinculados con alteraciones psicológicas de los trabajadores del país 4.2) Problemas relacionados con la forma en que los trabajadores del país se vinculan con sus empleadores 4.2.1) Existencia de fuerte inconformidad social en las filas del movimiento organizado, pro-estatal, de trabajadores -Bajos niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias -Frecuente estallamiento de huelgas, incluso en sectores clave de la economía -No infrecuente, injusta resolución de conflictos en materia obrero-patronal -Amplias capas de trabajadores al servicio del estado, no tienen las prestaciones a que legalmente tienen derecho -Escasa expansión de la jurisdicción real de las autoridades e instituciones encargadas de formular e implantar la política laboral -Abierta política de restricción de aumentos salariales -Salario mínimo, insuficiente para cubrir necesidades elementales de alimentación, vivienda, vestido, transporte, cultura, educación y recreación -Trabajadores al servicio del gobierno federal, estatal y municipal, no obtienen aumentos significativos de salarios, sino –en el mejor de los casos- incrementos en sus prestaciones -Frecuentemente inseguras instalaciones y condiciones ambientales de los lugares de trabajo -Anteposición, perenne, de los intereses generales de la nación, a los intereses de la clase trabajadora -Deterioro progresivo del poder adquisitivo de los salarios -Peticiones difícilmente obtenibles, lanzadas por algunos grupos de trabajadores del país -Acceso de los trabajadores a bienes de consumo, en pésimas condiciones de mercadeo y calidad -Amago con la utilización de huelga general -Escasa asesoría legal-gubernamental a los trabajadores y a sus sindicatos -Demandas obreras, por incrementar su participación en las utilidades de las empresas -Servicios institucionales en materia laboral, no se proporcionan en los mismos lugares donde se genera su necesidad -Claros síntomas de que productos esenciales –harina de trigo, leche, carne, masa de maíz- aumentarán más su precio al consumidor -Programa de productos básicos (Alianza para la Producción) se viene abajo, debido a la escasa participación de los empresarios en él -Reticencia para implantar verdaderamente un Plan Nacional de Alimentos, que resuelva al problema de los nutrientes indispensables para las masas populares del país -Insuficiencia del sistema de información estadística en materia laboral -Escasísimos alcances del seguro de vida campesino

-Poco impacto real, del programa de educación para todos, en el agro -Patrones renuentes a destinar recursos significativos a la recreación de los trabajadores -En relación a las necesidades globales, muy pocas tiendas sindicales destinadas a abaratar el consumo básico de los trabajadores -Empresarios presionan hacia la vuelta –retorno- a la visión bianual, en vez de anual, de salarios -Proceso de estira y afloje, de revisión anual de salarios mínimos, ocasiona expectativas, posteriormente no cumplidas, en los trabajadores -Persistencia de la fuerte desigualdad entre salarios rurales y urbanos. -Frecuente s violaciones a los preceptos legales en los procesos de revisión de contratos ley, en la firma ó revisión de contratos colectivos, ó en las relaciones individuales entre empleadores y empleados. 4.2.2)Insignificativo abatimiento de los niveles del desempleo. -Irreal vigencia del Derecho Constitucional al Trabajo (1978). -Irracional aplicación de formas de mecanización, agrava aún más el problema del desempleo. -El caso ritmo de creación de Fuentes de trabajo productivo y remunerador. -Programas gubernamentales para combatir desempleo, son negativamente impactados por la modificación en la política norteamericana respecto a fuerza de trabajo mexicana en los EU. -Débil existencia, y pocas posibilidade4s de expansión, del cooperativismo y de otras formas de organización social para el trabajo. -Inexistencias de mecanismos que, contando con apoyo gubernamental, del sector privado y “social”, efectivamente coordinen y controlen el proceso de satisfacción de las necesidades de empleo. -Oferta y demanda de empelo, desvinculados por carencia de un sistema funcional de Bolsas de Trabajo. -Sectores medios que empiezan a sufrir agudizamiento de desempleo ó subempleo, manifiestan abiertamente su descontento. -Poca capacitación de los trabajadores rurales y urbanos. -Insuficiencia, tanto de las tierras como de empleo asalariado, para las grandes masas de desempleados y subempleados rurales. -Gobierno norteamericano intensifica aplicación de sanciones a empresas y granjas que contraten indocumentados mexicanos. -Plan Nacional de Empleo, del todo insuficiente. -Insuficiencia e ineficiencia, en el funcionamiento de las Unidades Coordinadoras de Empleo, Capacitación y Adiestramiento, formalmente creadas en todo el país. -Muy tardío (1979) inicio de labores, del Fondo Nacional de Empleo. -Poco avance en el proceso de organización social para el trabajo. -Insuficiente representación del Congreso del Trabajo (como tal, aún si la hay de sus más poderosas organizaciones-miembros) en los mecanismos destinados a atenuar el desempleo. -Inexistencia de un coordinado Sistema Nacional de Bolsas de Trabajo, que racionalice la relación entre la oferta y la demanda de Fuerza de Trabajo.

-Si se canalizan fondos derivados del petróleo a crear directamente empleo, sólo alcanzarían para brindárselo a 12 de los 22 millones de habitantes que carecen de él. 4.2.3) Conflictos en –y de- los niveles directivos del movimiento organizado de ls trabajadores. -Cambios en la Dirección del PRI, acrecentan confusión respecto al papel del organismo en el contexto de la Reforma Política. -Sindicalización de enormes capas de asalariados rurales, anteriormente desorganizados, abre nuevo filón de conflictos Inter.-directivos, en el “sector” campesino del Estado. -síntomas de proximidad del relevo de mano, en las organizaciones de trabajadores que durante décadas ha sido el mismo, generan fuertes contradicciones secundarias. -Competencia entre sector obrero y sector campesino, por la hegemonía en el inicio real del proceso de sindicalización de los trabajadores agrícolas. -Poco avance en el proceso de organización política de los pequeños productores de diversos sectores de la economía, por rama concreta de actividad productiva. -no adeuda respuesta a las demandas de los campesinos por recibir –igual que los obreros,- los beneficios de los programas nacionales de capacitación y adiestramiento. -4.2.4)Conflictos generados por el robustecimiento potencial del sindicalismo y la organización política de izquierda. -Déficit de investigación social en materia laboral. -Formación de grupos numerosos (800 miembros), que entraría en acción defensiva del movimiento obrero organizado pro-estatal, si la Reforma Política surte efectos dañinos para éste. -Izquierda ampliamente atomizada no es fuerte acicate para la profunda transformación del “movimiento” organizado de los trabajadores. -Insuficiente atención estatal a la creciente insurgencia de los trabajadores de centros de educación superior del país. -Izquierda organizada no es bienvenida al interior de organismos del movimiento organizado, pro-estatal de los trabajadores. -Distanciamiento entre las banderas formalmente sostenidas y las aspiraciones reales de sus bases sociales, determinan el debilitamiento de las organizaciones pro-estatales, de los trabajadores del campo y las ciudades. -Trabajadores organizados aseguran tomarán los instrumentos de producción, sin llegar al comunismo ó al socialismo. -4.2.5)Desconfianza empresarial, generada por la lucha de los trabajadores ORGANIZADOS, por ganar más posiciones dentro del Estado. -Lucha de organismos pro-estatales de apoyo político, para que sus militantes ocupen altos puestos en la burocracia central y en los poderes ejecutivos de las diversas entidades federativas clave de la coyuntura. -Distanciamiento entre objetivos y hechos reales, en lo concerniente al establecimiento de una sólida alianza obrero-campesina (intraestatal), dentro del sector oficializado de los trabajadores. -Petición proveniente de organizaciones del Partido, de que empresarios sean expulsados del PRI. -En entidades federativas clave, poder de los trabajadores organizados se considera como un aliado indispensable para gobernadores (N.L., Sinaloa, etc.): empresarios

buscan entonces sucesión, en Ejecutivo Local, condicionada a restarle fuerza a este poder. -No aceptación, para su discusión en el Congreso (sesiones de 1977 y 1978), del “paquete legislativo”, propuesto por la CTM desde 1977. -No creación del “Seguro del Desempleo”. -CTM acrecenta su poder nacional y por rama industrial, vía empleo de “contratos-ley”. -Iniciativa de ley de la CTM, sobre salario móvil, no discutida en el Congreso. -Aún cuando la legislación lo permite, dificultades reales para que el Gobierno se haga cargo directamente del funcionamiento de unidades productivas que están paralizadas por conflictos laborales. -Negativa de los poderosos grupos del capital involucrados, para permitir la sindicalización de los empleados bancarios. -Pese a su elevación a rango constitucional, el Derecho al trabajo tiene enormes rezagos que acabar, para que entre efectivamente en funcionamiento. -Acusaciones, provenientes de trabajadores “organizados”, de que el sector privado es perezoso e inepto. -Dirigentes obreros a menudo olvidan que su acción defensiva contra los empresarios está marcada por la limitante de mantener abiertos los empleos existentes. -Empresarios presionan hacia la renovación de los cuadros dirigentes de la CTM, buscando su sustitución por personas interesadas en no tener y mantener conflictos con representantes políticos directos del capital privado. 4.2.6)Trabajadores organizados buscan convertirse en vanguardia de las luchas reivindicativas de todo el pueblo mexicano. -Grandes masas de población, fuera del régimen del salario mínimo. -Distanciamiento entre representantes de trabajadores en el Congreso del Trabajo, y las necesidades reales de la población laborante. -Autoridades del Trabajo no cubren la totalidad del ámbito de solución de problemas laborales del país. -Conflictos, surgidos de la aparente pretensión de los líderes del sector obrero, por convertirse en la vanguardia de la lucha popular-global-reivindicativa. -Enormes núcleos de población trabajadora, desvinculados de los sistemas de seguridad social. -Pretensiones del Congreso del Trabajo, de que le Estado mexicano aumente sus atribuciones en materia de comercio. -Falta de evaluación objetiva, de las acciones sindicales y políticas de los trabajadores organizados, que crean Centrales de Maquinaria y fuentes directas de empleo. -Tremendo deterioro de las condiciones de vida de las masas populares del país, torna difícil aglutinar apoyo social en torno a la imagen de que la Alianza para la Producción representa el programa actualizado de la Revolución Mexicana. 4.3)Problemas desprendidos del ejercicio de la función política global en la sociedad mexicana. 4.3.1)Estrechos límites de la Reforma Política, en cuanto canal de participación de las masas populares. -Clara tendencia la incremento del abstencionismo electoral.

-algunos partidos y organizaciones de izquierda se niegan a participar en la institucionalización de su actuación, implícit6a en la Reforma Política. -Amplios sectores de la juventud, sin adecuados mecanismos de participación política. -Ante falta de canales participativos adecuados, sectores particularmente depauperados de la población emprenden acción directa; huelgas, invasiones de tierra, toma de oficinas gubernamentales, etcétera. -Insuficientes alianzas (tanto entre partidos y organismos de apoyo estatal, como entre partidos y organizaciones de izquierda), requeridas para configurar un auténtico juego político en las elecciones para Diputados Federales de 1979. -Escasa difusión efectiva de los alcances coyunturales y de los objetivos últimos de la Reforma Política. -No total consenso, en partidos políticos de oposición tradicional, en cuanto a participar en las elecciones federales de 1979. -Jornaleros rurales, sin control real partidario, sindical ó asistencial. -Nuevos mecanismos de presión –huelgas de hambre, por ejemplo- empiezan a ser utilizados por capas de la población rural y urbana tradicionalmente alejadas de su uso. -Medios de comunicación masiva, no al servicio de los grandes grupos sociales. -Algunas fuerzas presionan para que la primera etapa de la Reforma Política vaya más allá de los niveles preestablecidos por el Gobierno: senadores de oposición; democracia transparente para candidatos a Gobernadores y Presidente de la República, etcétera. -Velada amenaza presidencial (Informe de Gobierno, 1978) contra detractores sistemáticos de la “pureza” de la Revolución Mexicana, dificulta ka conformación de una crítica sana y no cortesana, proveniente de grupos ubicados fuera del encuadramiento estatal. -Estado, no tan preparado como se pensaba, para manejar y controlar los efectos producidos por una Reforma Política que ya empieza a ceder y entregar medios (aunque en dosis pequeñas) para disentir e impugnar. -Posibilidad de que Reforma Política haga posible –incluso mediante la coalición de izquierda y derecha- que oposición en la Cámara de Diputados llegue a obstaculizar los planes gubernamentales. -Izquierda va a la zaga, en cuanto a demandas y reivindicaciones, con respecto a las banderas esgrimidas por las organizaciones pro-estatales de trabajadores. -Aunque muy alta, capacidad de negociación y conciliación del Jefe del Ejecutivo Federal tiene límite claro: que se juegue en su campo y de acuerdo a sus reglas. -partidos de izquierda realmente insuficientemente preparados para ganar terreno significativo en las elecciones de diputados federales de 1979. 4.3.2)Fuerte avance político del sector privado. -Estado sufre revés, al intentar debilitar el control del sector privado sobre los medios de comunicación colectiva. -Presiones extra-burocráticas obligan a truncar proyectos destinados a tornar más funcionales los mecanismos de arbitraje estatal en conflictos sociales. -En regiones clave del país, cruenta lucha se desata entre sector privado y las organizaciones estatales de trabajadores, especialmente por motivo de elecciones; ello limita enormemente la capacidad de negociación del régimen.

-Representantes del sector privado manifiestan desconfianza latente, al menor viso de democratización de las instituciones políticas. -Insuficiente capacitación política real de los miembros de partidos tradicionalmente encuadrados en el juego político estatal. -Empresarios pretenden “depurar” a su gusto, las instituciones políticas del país. -Fuertes conflictos al interior de las organizaciones de lucha del sector privado, que durante mucho tiempo habían dado síntomas de ser prácticamente monolíticas; algunas incluso en peligro de dividirse y/ó de abandonar las filas de las organizaciones mayores a que pertenecen. -Pretensión de lograr un mayor acercamiento con el poder legislativo, a fin de que empresarios acrecenten su poder político. -Pretensión explícita, de dirigentes de poderosas organizaciones de lucha del sector privado, de intervenir más eficientemente en política. -Fuerte estructura de poder respalda la transmisión de imágenes y mensajes no educativos a través de los medios de comunicación masiva. -Empresarios deciden difundir más ampliamente –vía medios de comunicación masivasu ideología. -Empresarios apuntan a la meta de lograr una mayor participación política, para lo que pretenden llevar a poder movilizar hasta un millón de personas. -Mejoramiento del análisis de coyuntura efectuado por dirigentes del sector privado. -A diferencia de otras fracciones de los empresarios del medio rural, a los comerciantes agroindustriales modernos n o les interesa fundamentalmente la tenencia de la tierra; les interesa medularmente obtener utilidades. -Ideas Presidenciales del Derecho a Información son neutralizadas por el muy poderosos grupo tras los medios de comunicación masiva. -Obstáculos para que la desinformación sea sustituida por la información sana y saludable, transmitida por los medios de comunicación de masas. -Enorme movilización popular (1979), en torno a la visita del papa, indica la existencia de enormes lagunas en materia de mecanismos de participación política, que pueden ser aprovechadas muy eficientemente por la derecha. -Desconfianza empresarial por lo que podrá acontecer en el congreso de la Unión, a partir del primero de septiembre de 1979. -Por dificultades para reunir grados adecuados de consenso, modificaciones legales juzgadas como inaplazables, propuestas al Congreso de la Unión, no se llevan a cabo. -Creciente generalización del conocimiento en torno al contubernio existente entre dirigentes obreros pro estatales, y empresarios. -Aumento de la posibilidad de que, en cuanto a delimitación del modelo de país que se requiere y pretende, se pueda llegar al fascismo. -Se afirma explícitamente que, si izquierda intentase tomar el poder político surgiría una dictadura de derecha. -Sector privado manifiesta desconfianza e inconformidad con que la Ley de Amnistía (1978) permita l apuesta en libertad de 500 presos políticos que se incorporarán al juego político institucional. 4.3.3)Disminución de la eficiencia de los mecanismos generadores de base social de apoyo estatal. -Peligro de que estabilidad política se termine.

-Al interior del movimiento político de trabajadores que apoyan al Estado, surgen poderosos grupos que –al pretender enfrentarse a grupos previamente hegemónicospuedan poner en peligro su coherencia interna. -Vicios descarados en el desarrollo de procesos electorales. -Tardanza, en cuanto a celebrar eventos nacionales del PRI, ocasiona confusión entre sus cuadros intermedios de Dirección, y en sus miembros base. -Pésima imagen pública, de los diversos niveles de Gobierno. -Partidos tradicionales de “oposición”, en fuerte crisis de organización interna. -Aplicación selectiva de la legislación en materia de asuntos políticos. -Afloramiento de fuertes discrepancias ideológicas en el interior del pensamiento social del PRI. -Dificultades gubernamentales para mantener permanentemente estudiado el panorama social y político del país. -Posibilidad e que el PRI deje de ser la más clara manifestación de colaboracionismo y alianza-coalición entre clases sociales. -Disfuncional actuación de las “Diputaciones”, por el sector, del PRI en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. -Disminución de la base social efectivamente movilizada y controlada por el PRI. -Debilitamiento de los mecanismos de control del Poder Ejecutivo Federal, sobre Diputados y Senadores. -Sacudida sociopolítica, provocada por auto declaración del PRI como partido de los trabajadores (1978) y como organismo que sólo se aliará con las fuerzas progresistas del país. -Diputados y senadores desconocen en alto grado lo que es la Reforma Política , inscrita en el contexto de la Revolución Mexicana. -Apoyo popular-rural al gobierno se debilita, porque la política económica en el agro tiende a dejar de vigilar la supervivencia del más claro actor social producido por la revolución mexicana: el ejidatario. -Muy intenso proceso de modificaciones jurídico-legales de Congresos locales, torna difícil el que cualquier instancia estatal mantenga un conocimiento aceptable, actualizado, sobre la situación legal del país como conjunto, en un momento dado. -Bajos niveles de autocrítica real, al interior del PRI. -dificultad para romper la inercia que impide que el PRI sea verdadero partido de lucha política e ideológica. -Pugnas internas dificultan el que el PRI siga prestando al Gobierno el apoyo incondicional que requiere para seguir salvando obstáculos. -No total certeza de que el PRI “continuará” conduciendo la acción revolucionaria del país. -No todos los sectores del PRI se democratizan formalmente en la medida y al ritmo marcado por los acontecimientos superestructurales. 4.3.4)Fuertes conflictos intraestatales. -Inmediata posibilidad de interrupción del anteriormente armonioso vínculo entre el poder legislativo y el Ejecutivo. -En el proceso de adecuación legislativa, los Congresos Locales y los respectivos poderes ejecutivos, no participan lo suficiente.

-Mecanismos de auscultación intra-PRI, respecto a cuestiones fundamentales, no funcionan eficientemente. -Sucesión en altos estratos del PRI, ocasiona polarización interna de furzas que posteriormente se traducen en amargos y duraderos conflictos. -Inconformidad por procesos de dirección –y por resultados obtenidos- para designación priista de candidatos a diputados (1978). -Inconformidad de Gobernadores, porque se han convertido sólo en instancias de consulta –no de ejecución- en el proceso de elecciones (designación) de la Presidencia y Secretaría General del CEN del Partido. -Surgimiento de conflictos entre el Poder Ejecutivo Federal y los Gobernadores de algunas entidades federativas. -Aplicación del sistema de “Democracia Transparente”, se encuentra con fuertes resistencias provenientes de los grupos cuyos intereses resultan afectados. -Constante re-afiliación de individuos y grupos, dentro de los diversos sectores del PRI. -Inexistencia de una única organización del “Sector” campesino –tipo el Congreso del Trabajo, en el caso de los obreros-. -En regiones de alto desarrollo relativo, luchas entre poder ejecutivo local y sector privado. -Continuación, ya casi a mitad del sexenio de J.L.P., de los golpes contra el grupo del ex-presidente Echeverría. -Poderosa corriente intra-PRI pugna porque el Partido limite fuertemente la afiliación de empresarios; sólo pequeños y medianos empresarios nacionalistas. -Dirigentes del movimiento organizado de los trabajadores perciben actual coyuntura como favorable para finalmente hacer posible el éxito de la lucha del proletariado por: a) evitar que el poder político caiga en manos del poder económico; b) la transformación social del país; c) tomar los medios de producción, sin llegar no al comunismo ni al socialismo. -Sector obrero, por fuerza ganada en la coyuntura, genera conflictos internos al dar la imagen de pretender apoderarse de la Dirección Global del PRI. -Declaración de Principios, del PRI (filosofía SOCAL, democracia social, nacionalismo revolucionario), intento por actualizar los preceptos básicos del PRI, genera inconformidad y pugnas. -Persistencia de fuertes conflictos agrarios, emanados de la enorme presión demográfico-política sobre la tierra laborable. 4.4)Problemas referentes al ejercicio de la función militar y paramilitar . -4.4.1)Disminución del consenso popular, en torno al ejercicio de la fuerza pública. -Corrupción y desorganización administrativa, en los centros y Dependencias del sector. -Existencia de cuerpos represivos anticonstitucionales. -Desvinculación del Servicio Militar Nacional, de las necesidades más apremiantes del país. -En algunas regiones, con problemas especialmente fuertes, ejército y policías locales imponen frecuentemente “toque de queda”. -Transformación del Servicio Militar Nacional, convirtiéndolo en ente más de “beneficio social”, no avanza conla suficiente rapidez.

-Insuficiente vigilancia y control de la explotación del mar territorial, costas nacionales y zona marítima exclusiva. -Persistencia de la tortura y del asesinato, como último recurso para solucionar conflictos de fuerzas ubicadas dentro del propio Estado, y entre Estado y corriente actuantes fuera de él. -Posibilidades de que acciones para resolver directamente situaciones de extrema miseria –invasiones de tierra, por ejemplo- sean consideradas actos delictivos, con lo que se echará mano más frecuentemente de represión directa. -Oficiales militares no adecuadamente controlados por el poder central, emprenden motuo propio acciones que lesionan severamente la imagen del servicio social que los dirigentes nacionales del Ejercito se empeñan en proyectar. 4.4.2)Mayor intervención espionaje –policíaco de EU a México. -Acrecentamiento de la relación de “cooperación” militar entre México y EU. -Manual de Instrucción, del BID, recomienda en algunos casos medidas políticas de represión. -Vigilancia del gobierno norteamericano, en Universidades, partidos de izquierda y asociaciones estudiantiles mexicanas -Incremento del espionaje, industrial y de la CIA, en materia petrolera (y derivados) del país -Circulación, en niveles oficiales de EU, del rumo de que México confronta la posibilidad de un golpe de Estado, similar al que el gobierno mexicano pudo frustrar en 1972, auspiciado por la URSS -Divulgación del hecho de que en movimientos protestantes se encuentran incrustados agentes del gobierno y del sector privado norteamericano -Fundación Rockefeller contrata servicios de intelectuales mexicanos, para estudiar la situación actual del país 4.4.3) Tendencia hacia el aglutinamiento de mayor fuerzas política, en manos de las instancias estatales responsables del ejercicio de la fuerza pública. -Peligroso ritmo de utilización de la fuerza pública, para permitir el desempeño políticosocial y económico del estado -Organizaciones que configuran la cara de participación política del ejército, empeñadas en acrecentar su fuerza mediante su incorporación al proceso de reforma política -Tendencias hacia el excesivo fortalecimiento del sector militar, en detrimento de las funciones civiles -Organización política de militares retirados obtiene registro en la CFE como Asociación Política Nacional -Fuertes subsidios, destinados a gastos militares -Gobernadores llegan a explicitar la necesidad y conciencia del uso de la fuerza pública, como último recurso -Crecientes deficiencias conducen a que el congreso de la unión sistematice los casos en que procede suprimir los poderes de una determinada entidad federativa -En regiones rurales críticas del país, partes e informes policiaco-militares señalan que hasta el 30% de los campesinos están armados Organismos cúpula de los empresarios presionan para que se reforme el Código Penal, para implantar la pena de muerte contra terroristas

4.4.4) Inconformidad social adquiere la forma de brotes esporádicos y localizados de violencia popular -Surgimiento de fuertes movimientos de violencia, entre organizaciones políticas que formalmente sirven de apoyo al estado, por motivos formales que giran en torno a los procesos y resultados electorales locales -Esporádicos estados de sitio de localidades enteras, emprendidos por trabajadores del agro ultra depauperados -Aún afectaciones simbólicas de tierra generan dosis altas de inconformidad entre pequeños propietarios y, por tanto, aumenta la posibilidad de estallidos de violencia Apéndice D: el año 1977 en cuadros y estadísticas utilizados (datos del informe presidencial de 1978)

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Véase para una discusión más amplia al respecto, a BARTRA, Roger: Estructura Agraria y Clases Sociales. Edit. ERA y MARTINEZ RIOS, Jorge: “Los Campesinos Mexicanos; Perspectivas en el Proceso de su Marginalización”, El Perfil de México en 1980, Siglo XXI. 2 Sin que ello signifique, de manera alguna que al interior de cada uno de estos períodos no coexistieran acciones estatales dirigidas en uno y otro sentido. Lo que varía es el peso específico del conjunto de cada una de las dos grandes categorías de medidas en cuestión. 3 Esta tendencia hacia la apertura casi total al desarrollo capitalista, no se da solamente con referencia al sector rural, sino que se da en prácticamente en toda esfera en la que la presencia de las prácticas populistas es fuerte. Por ejemplo, se da también en el sector de la pesca; el 18 de abril (Excelsior, 19 de abril). El asesor jurídico de la cámara nacional de la industria pesquera declaraba que el desarrollo pesquero debe fundarse en la libertad de todos los sectores con el fin de participar en las diferentes actividades de la pesca, por lo que es necesario terminar las concesiones de pesca brindadas a las cooperativas. Es también claro en materia forestal; el subsecretario de organización y desarrollo, de la SRA ha señalado recientemente (Excelsior, 30 de abril de 1977) que la actual política gubernamental en materia forestal consiste en crear empresas mixtas (campesinos e iniciativa privada) a fin de lograr el completo desarrollo del bosque. 4 Por ejemplo uno de los aspirantes a la presidencia de la CONCANACO declaraba (Excelsior, 28 de febrero de 1977) que se pretendía dotar a esa organización de auténticos dirigentes que promuevan y desarrollen la actividad comercial, critiquen los desaciertos de las autoridades y apoyen los programas de desarrollo de la comunidad. 5 A manera de ilustración es interesante tomar en cuenta lo señalado por el presidente de la CANACO de Monterrey (Excelsior, 4 de marzo de 1977), en el sentido de que este organismo firmaría –el siguiente 28 de marzo- un convenio de inversión y creación de empleos con el gobierno federal, a cambio de que éste se comprometiera a solucionar los problemas fiscales, laborales y de infraestructura que afectan a la CANACOMonterrey. 6 Por ejemplo, en ocasión de la firma del convenio del grupo Monterrey con JLP, para la alianza para la producción, el máximo dirigente del grupo reconocía que en algunos casos, los empresarios han obrado con miopía frente a la actuación gubernamental (Excelsior, 29 de marzo de 1977). El acto de la firma del convenio, fue calificado por la prensa nacional, como de la unión de las fuerzas progresistas del país con el gobierno, en busca de superar los problemas de disgregación social, originados por la carencia de los muchos, con la opulencia de los pocos. 7 El presidente de la CONCAMIN ha puesto el dedo en la llaga; la situación requiere de la solidaridad empresarial; tener fe realista; conocer el lenguaje de los políticos; pagar los impuestos; sacrificar ganancias; reinvertir para crear los empleos que se requieran para satisfacer la demanda; señalar errores; reconocer aciertos...(Excelsior, 2 de marzo de 1977). Es precisamente el reconocimiento de los aciertos gubernamentales, lo que parece normar la siguiente declaración de Agustín Legorreta (Excelsior, 20 de abril de 1977): como uno de los logros más favorables alcanzados de 1971 a 1976...(se encuentra) que el gobierno estuvo en condiciones de imprimir a la economía el rumbo conveniente y de influir mediante suficiente gasto de inversión...El sector público no sólo ha recuperado la posición que antes detentaba, sino la ha agrandado, ya sea medida a través del aumento de la carga fiscal ó bien de su participación en el ingreso nacional. El reconocimiento a los aciertos gubernamentales en cuanto a que el aparato burocrático sigue los caminos señalados por las diferentes fracciones de la burguesía, salta fácilmente a la vista en el señalamiento hecho por el presidente de la república mexicana (Excelsior, 24 de abril de 1977): si hay elementos como recursos naturales, materias primas, mano de obra abundante y barata...(cualquier) inversionista del extranjero colaborará a nuestro desarrollo...(ya) que el capital no tiene nacionalidad...(sin embargo, para ello) es indispensable –mucho se ha logrado ya- el asegurar la paz jurídica y política en el país, antes de cualquier inversión. 8 Declaraciones de la diputada Ifigenia de Navarrete, Excelsior, 3 de mayo de 1977. 9 Resultados de un estudio de la CEPAL, publicados en Excelsior, el 3 de mayo de 1977. 10 Cifras dadas a conocer por el director general del grupo editorial Expansión (Excelsior, 23 de abril de 1977) 11 El presidente del consejo empresarial mexicano para asuntos internacionales, en el coloquio Europa- México, incluso calificaba a la inflación de incontenible (Excelsior, 20 de abril de 1977): no habrá fugas de capitales y el deterioro registrado en el poder adquisitivo de los consumidores no será compensado. A corto plazo, el gobierno se enfrenta a tres problemas: falta de ahorro interno, elevado inflación y desaceleración derivada de una crisis de liquidez. El gasto público de 1977 es nominalmente superior en 35% al de 1976, realmente superior sólo en 5%; ello estimulará el ahorro y reducirá la inflación. 12 Ello, no obstante que el Banco de México afirma que hay una disminución de la aceleración de la inflación, durante los primeros cuatro meses de 1977: 3.2% en enero; 2.2% en febrero, 1.7% en marzo; 1.5% en abril (Excelsior, mayo 7 de 1977).

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Presidente del Colegio de Economistas de México (Excelsior, 21 de abril de 1977). Resoluciones de la Asamblea Nacional de la COPARMEX (Excelsior, 30 de abril de 1977). 15 Es ilustrativo el señalamiento hecho por el subsecretario de comercio interior, de la secretaría de comercio: el compromiso de la alianza para la producción es para ganar la batalla nacional contra el desempleo, la recesión, la inflación, la miseria y la injusticia. No hay que esperar confianza invirtiendo. Si perdemos la batalla contra la inflación todos resultaríamos vencidos. (Excelsior, 7 de mayo de 1977) 16 Posibilidad que ha sido públicamente señalada por Horacio Flores de la Peña, durante el segundo congreso nacional de economistas (Excelsior, 27 de abril): las políticas de empleo y producción no pueden tener éxito si descansan en estímulos a la inversión privada, porque ésta no se comporta como la economía lo requiere...Para que las políticas de empleo y producción capitalicen, es indispensable que el estado actúe con bastante independencia de los grupos de presión; de lo contrario...termina subordinado a los hombres de empresas, que es lo más frecuente cuando no se observa esta objetividad. 17 Punto en que existe concordancia con el recientemente celebrado II Congreso Nacional de Economistas: en la relatoría de conclusiones se dice: de continuar el crecimiento económico a costa de la marginación social y el desempleo de seguir la senda del capitalismo dependiente y colonizado y de acceder a presiones de minorías retardatarias, se agotarán las alternativas democráticas –aún abiertas- para superar la crisis. La inversión pública (por tanto) ya no debe ser compensadora, debe ser rectora de la economía del país. (Excelsior, 29 de abril). 18 En palabras del presidente del FMI, el mecanismo operativo es el siguiente (Excelsior, 26 de abril de 1977): hasta ahora, México ha utilizado 466 millones de dólares de los 963 millones que la autorizó el FMI, conforme a un programa trienal. Conforme a este programa el gobierno precedente giró en los primeros días de noviembre de 1976, la cantidad de 366 millones de dólares; el actual gobierno ya utilizó 100 millones, de dólares del primer semestre de 1977, cada seis meses se autorizará el uso de los fondos restantes, dependiendo de que se efectúen los cambios que corrijan los desequilibrios del país. Ello permitirá llegar a una adecuada tasa real de crecimiento económico, reducir las presiones inflacionarias, la adopción de medidas fiscales que aumenten los recursos para el sector público mediante impuestos (ligado con un estricto control del gasto público), reducir las necesidades de financiamiento externo, para gastos corrientes del gobierno. Se ha establecido el compromiso, por parte del gobierno mexicano, ante el FMI, de establecer un control de precios de productos de consumo esenciales, para evitar aumentos desmedidos, pero admitiendo que solamente podrá autorizarse el alza de precios si aumenta a su vez el alza de costos. 19 Resultados de un estudio de NAFINSA, que informa sobre la emisión de petrobonos (Excelsior, 19 de abril de 1977). 20 Hay que cuidarse de la posibilidad de sobreestimar la capacidad real de la alianza especialmente cuando algunas fracciones poderosas del capital muestran dudas al respecto: la alianza para la producción puede ser flor de un día; de un día sexenal, y convertirse en el retiro que encubre las pasiones por un tiempo, sólo para hacer aflorar torrencialmente más tarde. Existen los mismos problemas económicos, sociales y políticos de 1976...pero vamos por buen camino: hay liderazgo bien intencionado y respuestas solidarias de la abrumadora mayoría de los mexicanos (declaraciones del presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Excelsior, 22 de abril). 21 Excelsior, 27 de abril de 1977. 22 En lo que concuerda con el secretario de Hacienda, en sus declaraciones de Washington (Excelsior, 27 de abril de 1977): se ha iniciado una movilización gradual de recursos del sector público y privado para reactivar la economía nacional, a fin de aumentar la producción y productividad y se genere más empleo. 23 Profundizando al respecto, el diputado Jesús Puente Leyva señala (Excelsior, 28 de abril de 1977): lo que está en juego en el país es la decisión de quien va manejar el excedente económico...alternativa que divide sus posibilidades entre los sectores público y privado; en el marco de la política que la actual administración ha definido en el marco de la política que la actual administración ha definido como alianza para la producción y que el sector privado ha concebido como restitución de la confianza. El sector público está favoreciendo los estímulos a la producción, para lo cual ha liberado mayores volúmenes de crédito, ha rehabilitado los estímulos a las exportación de manufacturas por medio de los llamados CEDIS, y ha propiciado, en general, una serie de convenios en las ramas industriales junto con el sector privado. La única incógnita futura...es si el sector privado propicia volúmenes adicionales de inversión significativos... 24 El 5 de mayo, la prensa nacional publicó el anuncio efectuado por la SAHCP, en el sentido de que se daría un subsidio hasta del 40% del impuesto general de importación de maquinaria y equipo, a empresas productoras de bienes de consumo básico, con un capital contable no mayor de 30 millones de pesos, mayoritariamente mexicano y representado por acciones nominativas. Para determinar el monto del subsidio, se tomarán en cuenta: 1) los efectos de la producción de la empresa en la balanza de pagos y sobre la sustitución de importaciones; 2) los efectos sobre el empelo; 3) la incorporación de materiales nacionales en la elaboración de 14

sus productos; 4) la contribución al mantenimiento de estructuras competitivas del mercado y al control del proceso inflacionario; 5) condiciones financieras bajo las cuales sean contratadas las importaciones en cuestión; 6) la estructura de capital de la empresa y su situación financiera, así como la rama de actividad económica de que se trata y, en general, la medida en que coadyuva al logro de los fines de la alianza para la producción. 25 Este incremento en la productivad, en opinión del presidente de la república, deberá lograrse aún a costa de pagar altos precios político-sociales. En efecto, el 27 de febrero de 1977, al inaugurar el IV Congreso General Extraordinario de la Confederación Obrera Revolucionaria, establecía: la única forma de combatir la carestía es con una mayor producción y con una mayor productividad; es grave que una sociedad que necesita producir con productividad no lo haga por temor ó por ira que produce la lucha contra la injusticia. Respecto a la productividad como medio para frenar la inflación, es ilustrativa la posición del presidente de la CANACITRA (Excelsior 2 de marzo de 1977): es necesario para evitar la inflación canalizar la inversión hacia la producción. En el caso de la agricultura, hay presión para que aumenten los precios. Si esto se da con simultaneidad a una mayor productividad, el problema no es grave; si se da el aumento de precios, por el contrario, sin un correlativo aumento de la producción, ello significará el incremento de la inflación. 26 El secretario de trabajo, el 21 de marzo (Excelsior) indicaba que la alianza para la producción está normada por 5 objetivos: promover oportunidades de empleo; elevar la productividad; mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores; promover la justicia laboral y fortalecer las instituciones. 27 Esta opinión es unánimemente sostenida por los altos funcionarios del aparato burocrático de Estado. Por ejemplo, véase la posición del subsecretario de asuntos agrarios, de la secretaría de la reforma agraria, aparecida en Excelsior el 17 de abril. 28 En ello concuerdan las fracciones más importantes de la burguesía. El director del centro de estudios económicos del sector privado, declaraba a la prensa hace poco (Excelsior, 5 de mayo de 1977), que la crisis que afecta a la industria azucarera se presenta en mayor ó menor grado en todos los sectores del campo, como resultado de una política sofocante de precios y de un orden económico que se padece desde hace años. 29 Declaraciones del subsecretario de asuntos agrarios, de la SRA (Excelsior, 16 de abril de 1977). 30 Cifras dadas por Pedro Gollas Arciniegas, en Excelsior 28 de abril de 1977. 31 Cifras de Raúl Olmedo, citando a Horacio Flores de la Peña, en Excelsior, 4 de mayo de 1977) 32 Tal y como ha sido manifestado recientemente (Excelsior 16 de abril) por el director del órgano informativo de la CNC. 33 Declaraciones del presidente de CANACINTRA, aparecidas en Excelsior el 2 de marzo. 34 Según información del Banco de México (Excelsior, 1° de abril de 1977). 35 Las alzas son (Excelsior, 13 de abril de 1977): los chiles jalapeños, tuvieron un incremento del 60%; los alimentos gerber, 40%; jabón de baño, 44%; detergentes, 48%; chiles serranos del monte, 90%; Consomés de pollo, 96%. Bajaron de precio: arroz en bolsa de un kilo, 2.5%; hojas de afeitar, 10.4%; margarina, 1.5%. Además las escasas reducciones son en los grandes supermercados (a donde acude sólo el 40% de la población) y no se ha logrado nada en los estanquillos y tianguis (a donde acude el 60% de la población total). 36 Secretario General del Sindicato de Trabajadores Asalariados del Campo, Perfecto Arredondo (Excelsior, 3 de abril). 37 En este sentido, más bien serían excepcionales los casos como el del estado de México en donde se ha aprobado recientemente (Excelsior, 7 de mayo de 1977) la intervención gubernamental en los libros contables como medida para evitar la especulación. 38 Director General de Precios, de la Secretaría de Comercio (Excelsior, 21 de abril de 1977): ni el control de precios, por más eficiente que sea, ni las medidas coercitivas frenarán la inflación, si no se mejora simultáneamente la producción. 39 A guisa de ejemplo, (Excelsior, 26 de abril de 1977), se presentó una demanda ante la Procuraduría del Consumidor, contra el despliegue publicitario realizado por los grandes almacenes en el D.F., destinado a convencer del abatimiento de los precios de artículos de consumo. La demanda fue suscrita por el: Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento; el secretario General de la Industria Azucarera; de los Músicos del D.F.; de la Costura, Corte y Confección del D.F.; y, por la subcomisión Femenil del Congreso del Trabajo. 40 Lo cierto es que estas luchas del movimiento obrero organizado se han dado en un contexto más amplio; en un marco en que éstas entran como factores de presión utilizados por el aparato burocrático del Estado. Constituyen factores destinados a obligar a ciertas fracciones recientes de la burguesía a cumplir con lo pactado en la Alianza. 41 El líder del Sindicato de Telefonistas ha declarado recientemente (Excelsior, 4 de mayo de 1977): el problema actual no es de tregua ó no. Simplemente los trabajadores no pueden soportar mucho tiempo esta situación, y si no cambia pronto, no será posible que los líderes traten de contener sus demandas.

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Es necesario tener claro que este deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores abarca muchos otros aspectos, entre ellos el de la vivienda. En este marco, son importantes las cifras dadas por el diputado Jesús Puente Leyva (Excelsior, 3 de mayo de 1977), en el sentido de que dentro de 5 años, habrá un déficit de 7 millones de viviendas porque los programas de los organismos oficiales no tienen la cobertura que requiere la solución del problema habitacional. 43 Aunque, el Diputado Francisco Ortiz Mendoza, por ejemplo, opina (Excelsior, 3 de marzo de 1977) que Oaxaca no es el único problema; existen otras entidades con conflictos potencialmente similares. Estamos en la antesala de los motines en diversos lugares. 44 Ramón G. Bonfil, colaborador de la Vieja Guardia Agrarista, afirma (Excelsior, 3 de marzo de 1977): a nivel nacional el campo está pacífico, pero hay regiones donde la situación económica de los campesinos es muy precaria, y ahí puede haber desesperación. 45 El secretario de la Defensa Nacional advierte (Excelsior, 4 de marzo de 1977): en caso de que la escalada de violencia se propague, el ejército y la marina intervendrían para mantener el orden y la integridad territorial. La crisis actual (refiriéndose al caso de Oaxaca) es sólo local, estamos lejos de tener una inquietud ó violencia nacional. Sin embargo, es necesario reestructurar el SMN, a fin de contar con una reserva humana eficaz, en caso de que la nación lo exigiera. 46 Dice el Vicepresidente del Colegio de Economistas (Excelsior, 3 de marzo): en la misma medida en que el pueblo padezca hambre se acentuará la violencia y en esto, el sector privado debe cobrar conciencia y colaborar con el gobierno federal para evitar que la ola de violencia siga extendiéndose (refiriéndose a los acontecimientos del Estado de Oaxaca, que llevaron a la renuncia del gobernador Zárate Aquino). 47 Este es el caso, por ejemplo de la industria textil. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (en declaraciones publicadas en Excelsior, 14 de abril ) ha señalado que, de septiembre a abril, el nylon había subido en 40%, el algodón en 40% y la lana en 60% dando lugar a que la industria trabajara al 75% de su capacidad. Ello puede incluso dar lugar a pugnas entre industriales y empresarios rurales. A manera de ilustración considérense las declaraciones del presidente de la Unión Nacional de Productores de Algodón (Excelsior, 26 de febrero de 1977): los industriales están presionando al gobierno para que se fije un precio tope al algodón de consumo interno, por abajo del precio que rige en el mercado internacional; si las autoridades lo aceptan, esto desalentará la producción. 48 Como en el caso del trigo, en Sonora (Excelsior, 23 de abril de 1977). 49 Esto sucede, en el caso específico de la avicultura, según lo indica el Presidente de la Sección de Alimentos Balanceados, de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Excelsior, 1 de abril de 1977): los avicultores de Nuevo León que consumen el 20% del total nacional de alimentos balanceados deben subir los precios del huevo. En la actualidad el kilo de huevo se paga a $12.80/Kg., monto aproximadamente igual al precio de venta vigente hace cinco años, cuando el producto alimenticio de gallinas era 320% más barato que el actual. 50 Cifra dada por el gobernador de Yucatán (Excelsior, 14 de abril de 1977). 51 Por ejemplo, el 30 de abril, el gobernador de Yucatán establecía que 111 centros de población ejidal, creados de 1964 a 1970 en el área henequera, no habían podido proporcionar empleos para los 400,000 campesinos productores de la fibra a que estaban destinados, por lo que esta fuerza de trabajo sobra en la actualidad. 52 Datos tomados de Excelsior, 25 de abril de 1977. 53 Sobre este concepto de disfraz del desempleo, es ilustrativo la declaración del dirigente de la confederación revolucionaria de trabajadores referida al D.F.: la situación se ha agravado en últimas fechas, debido a la falta de interés de los empresarios por reinvertir, lo que ha provocado desempleo entre la gente que ya vivía aquí. Hasta hace algún tiempo no era tan notable el desempleo, porque los trabajadores eventuales eran recontratados una y otra vez, aunque no se les diera la base. Pero ante la inseguridad económica y el alza de los costos de producción, muchas empresas ya no reciben eventuales; miles de estos han pasado a engrosar las filas de los desempleados. 54 Tal y como es manifestado en las resoluciones del segundo congreso del Colegio de Economistas (Excelsior, 2 de mayo de 1977). 55 Por ejemplo el director del Centro de Ecodesarrollo, del CONACYT, se ha pronunciado en general (Excelsior, 3 de mayo de 1977), de la siguiente manera: El Estado...debe apoyar con tecnología, no la expansión de los cultivos sino el mejor uso del suelo (refiriéndose concretamente al caso de la azúcar). La solución en general debe incluir un proceso cooperativo, en donde el Estado tenga bajo su cuidado la regulación del crédito, la tecnología, la organización campesina e industrial, etc. 56 Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Excelsior 8 de mayo. 57 El secretario de la SARH hace referencia a tres objetivos globales: a) generar los empleos suficientes en el campo para contener la migración; b) producir los alimentos que el país requiere; c) terminar con la importación de granos.

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Excelsior, 12 de marzo de 1977. El argumento del Sr. López Portillo se basa en que, aún cuando se procediera a la división de la tierra ya repartida, no se podría dotar a todos los campesinos sin ella; no alcanzaría para dar empleo a más de medio millón de personas en el medio rural. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social deberá centrarse en la creación de empleos en todos los sectores productivos. En el campo, pues deberá posibilitarse el acceso a empleos remunerados al peón, al jornalero y al encasillado agrícola. 60 Por ejemplo, el subsecretario de nuevos centros de población, de la SRA, es muy claro (Excelsior, 20 de abril de 1977) respecto a la necesidad de proletarizar al campesino, cuando indica que ante la posibilidad de que en el transcurso de la siguiente década no haya tierra que repartir, lo cual provocaría graves conflictos sociales, podría instrumentarse desde ahora, una política ocupacional mediante la cual se busque trabajo a campesinos con derechos a salvo. Por ejemplo, podrían emplearse como meseros en ejidos turísticos o distribuidores de fertilizantes, en ejidos-industria, pequeñas propiedades agrícolas y en otras empresas particulares y oficiales en el medio rural. 61 Declaraciones del presidente de la república (Excelsior, 20 de marzo de 1977): es necesario dejar de soñar que se hace agricultura; se requiere de técnicas de subsuelo, incluso con maquinaria pesada que no se produce en México. 62 Inclusive hay noticias de que el Pacto de Ocampo pedirá al Congreso de la Unión, el que ello sea legalmente dispuesto (Excelsior, 16 de marzo de 1977). 63 El secretario de la SRA ha dado una clara idea de cómo deberán las unidades productivas agropecuarias (Excelsior, 21 de marzo de 1977: los ejidos deben contar con: un plan , porque no puede haber empresas sin que se establezcan lineamientos que deban seguirse; una diversificación de las funciones que deben desarrollarse; un sistema para nombrar al personal dedicado a cada función ó tarea a desempeñar; una adecuada dirección de la empresa, porque para que haya orden en un negocio, se requiere señalar al jefe ó jefes; un sistema de sanciones en caso de incumplimiento. 64 El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ha afirmado, en repetidas ocasiones (Excelsior, 5 de abril y 6 de mayo de 1977), que en el campo está la solución más rápida para sacar del estancamiento a la economía y la base para mantener la tranquilidad en el país. Los empresarios –solos ó asociados con los usufructuarios de las tierras- pueden crear ahí los más altos números de empleos y elevar, hasta los niveles requeridos, la producción de alimentos y materias primas. 65 En efecto, el presidente del consejo empresarial mexicano para asuntos internacionales ha afirmado que México regresa a la política de solidaridad gobierno-iniciativa privada (Excelsior, 20 de abril de 1977). 66 Por ejemplo, el 13 de abril, el presidente de la CANACINTRA reconocía que la industria de la transformación no había podido generar ni uno sólo de los 300,000 empleos que se había propuesto para 1977, conforme a los objetivos de la alianza para la producción. Argumentaba que ello se debía a que, durante los primeros cuatro meses del año, no hubo financiamiento y no tuvieron rentabilidad las empresas. Añadía que esto conduciría a que los industriales se esforzaran en el curso de los siguientes ocho meses, en recuperar el ritmo usual de inversión y llegar a la meta fijada. Sin embargo, una semana después, el mismo vocero establecía categóricamente que solo si el panorama jurídico y político en el campo se lograra esclarecer totalmente, la CANACINTRA promovería la inversión de 60,000 millones de pesos en el sector agropecuario y agro industrial. 67 El director de la revista México Agrario señala (Excelsior, 16 de abril de 1977) que la implantación en serio del capitalismo en el campo es el único camino para salir de la crisis, en vista de que las medidas socialistas no se pueden aplicar por ahora...Es demagógico prometer tierras a todos los campesinos. Por lo pronto, el gobierno debe impulsar el desarrollo del capitalismo en el campo. Las medidas socializantes ó socialistas se pueden aplicar cuando la clase obrera ha tomado el poder y dirige el gobierno. Eso no ocurre en México, donde es la burocracia política, en interés de la burguesía , la que tiene el poder. Por otra parte, los dirigentes del Movimiento de los 400 Pueblos, entre otros, parecen apoyar también esta posición al plantear –el 21 de abrilque las invasiones en el campo se verán frenadas a través de métodos coercitivos. 68 Incluso implica la posibilidad de devolución de las tierras ya afectadas durante el régimen pasado, como en el caso, que actualmente se ventila, de Sonora. 69 Por ejemplo, el dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sonora, ha señalado (Excelsior, 20 de abril de 1977): el clima de confianza que se busca requiere de mayor energía de los gobernadores de los estados contra los invasores de tierras, una definición en cuanto a la tenencia de la tierra y un aumento de los precios de garantía. 70 Esto es lo inducido al presidente del Consejo Coordinador Empresarial a afirmar (Excelsior, 30 de abril de 1977): en estos breves cinco meses –del gobierno de López Portillo- es mucho lo que se ha hecho en el reestablecimiento de un ambiente de paz, confianza y trabajo, pero es mucho más lo que falta por hacer. 71 Dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Excelsior, 20 de abril de 1977): existe la intención del gobierno de dar garantías en el campo, pero es difícil que en un lapso tan corto 59

encontremos todos los signos que quisiéramos ver. 72 Secretario de la SRA (Excelsior, 6 de mayo de 1977): se debe propender, tanto a las necesidades agrarias como a las necesidades de producción; las dos igual de importantes. Ambas, llegado el caso, serían estudiadas por las autoridades agrarias. 73 El secretario de Programación y Presupuesto afirmaba (Excelsior, 17 de marzo de 1977): el programa de inversiones públicas para 1977 será de 160,000 millones de pesos: 20% se destinará a actividades agropecuarias; 44% al sector industrial...El énfasis en estos dos sectores manifiesta la intención de alcanzar la autosuficiencia en alimentos y energéticos , alimentos, educación, salud y seguridad social; energéticos, petroquímica, fertilizantes y minería caracterizan el programa de inversiones...Ante la limitación de recursos que caracteriza hoy a la economía nacional, se ha optado por fortalecer la producción generadora de empleo y multiplicadora de otras actividades. 74 Esto, al menos , es lo que espera el Director General del Multibanco Comermex (Excelsior, el 26 de abril de 1977). 75 En alguna medida gracias a este apoyo, aún cuando en la actualidad el crédito sea algo difícil de obtener para el gobierno, el Banco Interamericano de Desarrollo ha anunciado que, para 1977, dará 200 millones de dólares para su aplicación en la agricultura. De esta cantidad, 54 millones de dólares se utilizarán para construir 500 obras de riego que irrigarán 61,000 hectáreas e incorporarán a la economía de la producción a 19,000 familias (Excelsior, 27 de marzo y 15 de abril de 1977). 76 Recomendación enunciada –entre otras- por el presidente de la sociedad agronómica Mexicana (Excelsior, 28 de febrero de 1977). 77 Recomendaciones del Instituto Mexicano de Investigación y Difusión de Costos Económicos (Excelsior, 1° de marzo de 1977). 78 Racional, claro está, en función de las necesidades del capital. 79 Como el caso del Comité, establecido en la zona de la Papantla, para la producción de maíz (Excelsior, 30 de abril de 1977). 80 Sobre esto, ya se ha hablado en el apartado A. 81 El presidente de la CONCAMIN ha informado a la prensa nacional (Excelsior, 2 de mayo de 1977), que los representantes de los industriales sostienen reuniones cada semana con funcionarios de la Secretaría de Comercio, para buscar los mecanismos mas adecuados, tendientes a disminuir los costos de producción, subir eficiencia y reducir desperdicios. Sin embargo, se requiere la participación de todos, y para lograrlo deben intervenir los sectores agropecuario, gubernamental, etc. 82 Esto se desprende, por ejemplo de la ocasión en que el secretario de agricultura y recursos hidráulicos anunciaba (Excelsior, 25 de febrero de 1977) la serie de objetivos y acciones a emprender por la dependencia federal a su cargo. 83 Informando al respecto, el gobernador del Estado de México (Excelsior, 28 de abril de 1977) se manifestó en contra de la pulverización de la tierra: hay gente que apenas tiene un pedazo de tierra donde levantar su choza, menos pueden hacer producir una tierra que no tienen. Los trabajos de unificación de sistemas económicos de producción, proyecto la duplicación de la producción agropecuaria en cinco años. De acuerdo con el plan en el Estado, cualquier persona que quiera trabajar la tierra podrá solicitarla a las autoridades municipales cuando ésta se encuentra abandonada. En los 121 municipios de la entidad, se han instalado Comités Locales de Producción agropecuaria y, si se sigue con el régimen de colectivización de los ejidos, el Estado podrá producir alimentos para 10 millones de habitantes. La colectivización haría producir el 70% de las tierras en México. 84 El secretario de la SARH anunció (Excelsior, 26 de marzo de 1977) los objetivos del Plan para el Desarrollo Agropecuario de Tlaxcala, para 1977: se sembrarán 200,000 has, de las que se atenderán con asesoría técnica 74,000 con fertilizantes 127,000 y con asistencia fitosanitario 100,000. 85 Declaraciones del secretario de la SARH, Excelsior, 15 de abril de 1977 86 Declaraciones del secretario de la SARH, Excelsior 24 de abril de 1977 87 Secretario de SARH, Excelsior 24 de abril de 1977 88 Su funcionamiento fue anunciado (Excelsior 28 de abril) por el gobernador del Estado de México. Véase arriba, nota 82. 89 En una reunión celebrada en Monterrey (Excelsior, 31 de marzo de 1977), los directores de instituciones de enseñanza agrícola superior acordaron hacer programas de investigación en el campo, en coordinación con el gobierno federal. 90 Desde ahora se menciona (Excelsior, 22 de marzo de 1977) que es necesario producir tipos diferentes de fertilizantes, y no uno solo, como se ha venido haciendo hasta ahora. 91 Por ejemplo , Excelsior 1° de abril de 1977, para resolver el déficit existente de fertilizantes –de 1.1 millones de toneladas- se invertirán este año 1,500 millones de pesos en un programa coordinando entre la SARH y Guanos y fertilizantes de México.

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Al respecto, se sabe que uno de los puntos de la alianza para la producción estriba en rehabilitar y reconstruir tractores (Excelsior, 23 de marzo) y que ciudad Sahún producirá tractores con tecnología soviética, que tendrán un costo 75% más bajo del que rige normalmente en el mercado. (Excelsior, 21 de abril de 1977) 93 A la fecha, ya se tienen algunos resultados. Por ejemplo, en el ciclo de invierno se logró incorporar 190,000 hectáreas nuevas al cultivo en Veracruz y Tamaulipas (Excelsior, 3 de mayo de 1977). 94 Declaraciones del Lic. Cuauhtemoc González Pacheco, del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM: encontramos un doble fenómeno en la agricultura: por un lado, existe una clara tendencia a reducir las áreas de cultivo de los productos de consumo básico y, por el otro, observamos que las mejores tierras se dedican a la producción de alimentos comerciales destinados a los mercados internacionales. 95 A manera de ilustración, el secretario de la SARH anunció (Excelsior, 12 de abril de 1977) que en el istmo de tehuantepec se sembrarán 474,000 hectáreas con maíz, este año. 96 En palabras del subsecretario de Ganadería de la SARH, (Excelsior, 23 de marzo de 1977), se estarían tomando medidas para cubrir el 40% de la demanda total, que en la actualidad no es satisfecho. 97 El director de sanidad vegetal de la SARH, ha afirmado (Excelsior, 3 de mayo de 1977) que solo salvando 10%, del total de pérdidas que por plagas y enfermedades confronta nuestro país, se podrán lograr cosechas que impidan las importaciones de productos agropecuarios. 98 Declaraciones del secretario de la SARH, Excelsior 23 de abril de 1977. 99 El secretario de Promoción de la Producción Ejidal- CNC señala (Excelsior 14 de marzo de 1977) que durante el sexenio pasado a los cursos de capacitación de ejidatarios siempre se les daba mucha teoría y poca práctica; ahora se trata de invertir el proceso. El campesinado sólo está organizado para votar, pero ahora lo estará también para producir y para manejarse en todas las tareas del campo. 100 El secretario de la Reforma Agrario está convencido de que el único camino para consolidar la reforma agraria estriba en fijar metas y programas reales; programas que efectivamente puedan llevarse a cabo (Excelsior, 16 de marzo). 101 Lo que, de hecho, constituye una asociación entre parte sumamente diferenciadas; la ventaja, obviamente, es para el capital así asociado. 102 El delegado de la SARH en Colima opina (Excelsior 27 de abril) que la dimensión de la parcela ejidal y de la pequeña propiedad son causantes de que la productividad en el campo sea baja; es necesario colectivizar la propiedad en el agro, con el fin de crear mayores extensiones productivas. 103 Recuérdese que, con relación al estado de México (ver nota 82), los programas de colectivización permitirán duplicar la producción en 5 años. 104 Esto está implícito en las ya mencionadas declaraciones del secretario de promoción de la producción ejidal, del la CNC (nota 97), al señalar que la capacitación debe tener menos teoría y más práctica. 105 Al respecto es necesario considerar que el FIRA invertirá, durante 1977, 11,000 millones de pesos en créditos (Excelsior 27 de abril de 1977). 106 El director del FONAFE ha anunciado (Excelsior 27 de abril de 1977) que; setenta de las 387 empresas ejidales que administra el Fondo Nacional de Fomento Ejidal serán liquidadas por incosteables y aproximadamente 280 serán rehabilitadas con una inversión inicial de 60 millones de pesos. El resto de las industrias rurales es autosuficiente. 107 Tratándose de la industria basada en productos agropecuarios, en el caso concreto del azúcar, la tendencia es la misma. Es en esta perspectiva que debe considerarse el cobro de NAFINSA de más de 2,300 millones de pesos que le adeudan tres grupos empresariales, dueños de ingenios. (Excelsior, 29 de abril de 1977). 108 Calculada en el caso del Banco de Crédito Rural, en 5, 665 millones de pesos (Excelsior, 4 de mayo de 1977). 109 Miguel de la Madrid, subsecretario de Hacienda y Crédito Público: se fortalecerá la vía del crédito al desarrollo socioeconómico de los estados, cuidando que se jerarquice el gasto, se evite un endeudamiento excesivo y dando garantías para que el financiamiento no se limite a obras y servicios, sino a planes generales de desarrollo (Excelsior 7 de mayo). 110 Cifras proporcionales (Excelsior, 5 de mayo de 1977) por el presidente de la Asociación Nacional de Consultores en Mercadotecnia. 111 En el caso del frijol, por ejemplo, CONASUPO ha anunciado que para evitar que siga creciendo el monto de su producción, en detrimento de la de maíz, no subirán los precios de garantía (Excelsior, 26 de abril). Por lo que se refiere al arroz y sorgo de temporal, se sabe que ya ha sido solicitado un aumento de 25% en los precios respectivos de garantía (Excelsior, 7 de mayo de 1977). 112 Aunque, por ejemplo en el caso del café, ello está generando presiones políticas por parte de los grandes caficultores, tendiente a suprimir este pago (Excelsior, 16 de abril de 1977), cuyo efecto aún no se ha aclarado. 113 Pero la CNPP, por ejemplo, ya ha pedido una prórroga de 90 días a la SHCP para presentar la declaración anual de impuesto de sus agremiados (Excelsior, 27 de marzo y 21 de abril de 1977).

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Aunque, como en el caso de las recientemente afectadas tierras de Sonora, se intentará establecer impuestos del Gobierno del Estado, incluso en zonas ejidales (Excelsior, 26 de abril de 1977). 115 Recomendaciones de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos (Excelsior, 13 de abril de 1977). 116 En el caso de la producción de azúcar, el subsidio federal disminuirá en un 50%, en 1977 (con respecto a 1976), para ser de hecho subsidiada por las industrias derivadas de este producto: licores, refrescos, dulces, etc. (Excelsior, 14 de abril de 1977). 117 Declaraciones de la esposa del Secretario de la SARH, en la Primera Reunión Nacional del Comité de Promoción de Servicios Sociales (Excelsior, 15 de abril de 1977). 118 Recuérdese que el Presidente de la CONCAMIN señalaba (Excelsior, 2 de marzo de 1977) que tener fé realista y conocer el lenguaje de los políticos son dos condiciones que se requieren de los empresarios para salir de la situación actual. 119 Estos se dan, no sólo a través de la actuación de las esposas –por ejemplo- de los funcionarios del gobierno federal, sino a lo largo y a lo ancho del país. Tómese sólo como ilustración la reciente clausura del Primer Seminario de Capacitación para Promotores Sociales, organizado por el gobierno del estado de Zacatecas (Excelsior, 29 de abril de 1977). 120 Es importante tomar en cuenta que, según cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de la Publicidad (Excelsior, 26 de abril), las empresas de comunicación masiva han cedido, en tiempo y espacio, 1,300 millones de pesos por su colaboración en 27 campañas de servicio social. 121 Véanse las declaraciones del presidente de la COPARMEX: exigir soluciones rápidas a la crisis económica del país nos puede llevar a la anarquía, ó al totalitarismo. La gente en el ejido, en las fábricas, en las oficinas, tiene derecho a estar bien informada sobre la profundidad de la crisis y la limitación de recursos para salir de ella, porque sólo así se podrán forjar expectativas nacionales realistas, evitando las frustraciones y desesperanzas. Los empresarios pedimos una tregua ante la opinión pública y el gobierno, una espera para recuperar energías dispersas (Excelsior, 30 de abril de 1977). 122 Al menos con respecto a la forma en que aparecía hasta principios de 1976. El presidente de la República decía, al respecto (Excelsior, 3 de abril de 1977): es necesario hacer un pacto entre la ciudad y el campo, con condiciones justas para ambas partes, sin desgarrar y desorganizar al resto de la sociedad. 123 El presidente de la República decía, al respecto (Excelsior, 3 de abril de 1977): es necesario hacer un pacto entre la ciudad y el campo, con condiciones justas para ambas partes, sin desgarrar y desorganizar al resto de la sociedad. 124 Declaraciones del Secretario del Trabajo (Excelsior, 3 de abril de 1977). 125 La confederación Nacional de la Pequeña Propiedad ha anunciado tal cosa (Excelsior, 25 de marzo de 1977). 126 Al menos, es en este sentido que deben tomarse las declaraciones del presidente del Colegio de Economistas (Excelsior, 25 de abril de 1977). 127 Ello se desprende, entre otras, de las declaraciones del secretario de la Reforma Agraria, Excelsior 14 de abril de 1977. 128 Declaraciones del subsecretario de asuntos agrarios, de la SRA, Excelsior 17 de abril de 1977. 129 Al menos en este sentido van las recomendaciones de algunos de los estudios del instituto de investigaciones económicas de la UNAM (Excelsior, 10 de abril de 1977). 130 Hechos por la presidente del Patronato del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Excelsior 30 de marzo de 1977. 131 Durante 1977, la SSA podrá en marcha 480 hospitales rurales (Excelsior, 15 de abril de 1977) 132 Gracias a ésta, el índice de crecimiento demográfico se ha reducido de 3.6% anual a 3.2%; en 20 años, éste será de 1% (Excelsior 21 de abril). 133 Excelsior, 20 de abril de 1977 134 La ideología directamente manejada por el capital tiene –sin lugar a dudas una mayor agresividad. Esta puede ir, desde solicitar que no se entregue maquinaria a ejidatarios (Excelsior, 3 de abril), argumentando que se tiene una marcada ineficiencia en las tierras ejidales (Excelsior 5 de abril) hasta el señalamiento de aquellas dimensiones que requieren precisamente de un enmascaramiento ideológico. Respecto a esto último, el presidente del CAAADES, por ejemplo afirma que entre los problemas principales de los pequeños propietarios de Sonora, se encuentran las afirmaciones de concentración de la tierra y los rumores de que el financiamiento de la producción se hace con crédito externo (Excelsior 28 de febrero). Estos rumores y afirmaciones por tanto, deben cesar y ser sustituidos por hechos reales. En el caso concreto de la ganadería, por ejemplo se ha señalado (Excelsior, 28 de abril) que la existencia de un tope de 500 animales por predio, para que éste sea considerado como de superficie ganadera inafectable, es algo que frena la producción y productividad pecuaria. Así, se pretende ocultar el hecho real de que la ganadería extensiva sirve para justificar la posesión de una

mayor cantidad de hectáreas, pero que está en contradicción con las necesidades actuales, que exigen una ganadería intensiva (Excelsior 14 de abril). 135 Toda la ideología de estas fracciones tiene su origen inmediato en la necesidad de evitar invasiones agrarias y afectaciones gubernamentales. El CAADES (Excelsior 28 de febrero) señala estos dos aspectos como los principales problemas a que se enfrenta la pequeña propiedad en Sonora. La confederación nacional de la pequeña propiedad (Excelsior 23 de marzo) parece apoyar esta posición, inclusive dando el dato de que solamente en Jalisco y Nayarit hay más de 800 predios invadidos. 135’ Excelsior 28 de abril de 1977. 136 Tal y como ha sido señalado (Excelsior) por el secretario general de la CNC. 137 Por ejemplo, se tiene alguna información que indica que más de 60 diputados revisan actualmente leyes relacionadas con la ley de tierras ociosas (Excelsior 15 de abril de 1977). 138 Excelsior, 28 de abril de 1977 139 El senador Horacio Castellanos Coutiño, establece que es necesario que el gobierno promueva iniciativas de ley para facilitar la inversión privada, otorgar mayores garantías al inversionista de acuerdo a un plan nacional que fije renglones prioritarios de inversión (Excelsior, 28 de abril). 140 Excelsior 25 de abril de 1977. 141 Secretario de la reforma agraria (Excelsior, 22 de marzo). 142 Se ha llegado a afirmar (Excelsior 14 de abril), que dentro de tres años, con la actual política agraria se resolverá el problema del campo y entonces solo quedarán por repartir las tierras de ganadero, concesionadas por el general Cárdenas con vigencia de 25 años. 143 Secretario de la reforma agraria (Excelsior, 6 de abril). 144 Incluso, afirmando que el número total de solicitudes sin resolver duplica al de las ya desahogadas (Excelsior, 22 de marzo). 145 Secretaría de la Reforma Agraria, Dirección General de Derechos Agrarios (Excelsior 21 de abril). 146 Secretario de la reforma agraria: no será práctica común en este sexenio comprar tierras de particulares para dotar a los campesinos carentes de ella. Las compras efectuadas por el gobierno precedente se debieron a que en algunas regiones las necesidades eran muchas y no existían predios afectables (Excelsior 6 de mayo). 147 Se ha señalado (Excelsior 1° de marzo) que este aspecto de la regularización en tres años que tiene de funcionar intensamente, ha tenido el efecto de quitarle tierra a más de 300,000 campesinos ausentistas, para otorgárselas a otros. 148 Director General de Colonias de la SRA (Excelsior 23 de abril). 149 Anunciada por el gobernador del Estado. 150 Véanse, al respecto las declaraciones del senador Horacio Castellanos Coutiño (Excelsior 28 de febrero de 1977). 151 El secretario de la reforma agraria ha afirmado (Excelsior, 11 de abril) que la justicia agraria no debe ser mera fórmula política porque en muchas ocasiones no sería cumplida. En este sentido, los tribunales agrarios serán un instrumento de ello. 152 Dado a conocer por el gobernador de la entidad como un gran logro. 153 Incluso, se ha llegado a mencionar (Excelsior, 18 de marzo) que se crearán juntas federales de conciliación agraria. 154 Excelsior 28 de febrero 155 El coordinador de la comisión de legisladores que analizan el establecimiento en México de los tribunales agrarios (Excelsior 10 de abril): los tribunales agrarios –que no deberán ser de corte tradicional, sino ajustados a un procedimiento debidamente comprobado en la práctica- no deberán interferir, bajo ninguna condición en la política agraria que debe llevar a cabo el jefe del ejecutivo en materia de reparto agrario y en organización económica de los campesinos. Deberán descargar a la autoridad agraria de toda el área conflictiva que actualmente a organización económica y reparto agrario. 156 Secretario general de la CNC (Excelsior 29 de marzo): es necesario que en los cuadros dirigentes de la CNC entren hombres nuevos, de la base... 157 Por ejemplo, el secretario general del Comité Regional de los Nuevos Centros de Población Ejidal de Quintana Roo, opina (Excelsior 7 de mayo): es necesario contar con los recursos requeridos para organizar y capacitar a los campesinos de la entidad con el propósito de reorganizar mejor las uniones y establecer un organismo estatal que las agrupe, para que termine la actual situación en la que las organizaciones ejidales dedicadas a la explotación forestal, sólo sean grupos de membrete. 158 El carácter corporativo-estatal de esta unión se deja ver claramente a través de los objetivos de su creación, explicitados en su asamblea constituyente (Excelsior 22 de abril): a) apoyar la política de JLP: b) fortalecer la alianza para la producción: c) apoyar a Fausto Cantú Peña como director de INMECAFE: d) solicitar más financiamiento para el Instituto a fin de que éste incremente sus actividades; e) solicitar apoyo del INMECAFE y del INI, a fin de que la población marginada de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Morelos,

Puebla y Nayarit, tenga acceso a la educación y la salud. 159 Las agrupaciones que constituían el Consejo (Excelsior 15 de abril) eran originalmente: organismos en la CNC; Unión de Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana; Federación Nacional de Cañeros; Alianza Nacional de Productores de Caña; Asociación Nacional de Productores de Caña de Azúcar-CNC. En esa ocasión, la Unión Nacional de Pequeños Propietarios Cañeros –afiliada a la CNPP- rehusó formar parte del Consejo, indicando que la razón de ello estribaba en que no se habían establecido los mecanismos que permitirían su participación en el grado adecuado, pues ésta representaba a 20,000 pequeños propietarios que producían la mitad del tonelaje total-nacional de caña. Sin embargo, el 4 de mayo, la Federación Nacional de Cañeros-CNC, anuncia que se retira del Consejo, hasta en tanto los organismos cañeros que militan dentro de la CNC no se unificaran totalmente. Ello coincide con el inicio del proceso legal de FINASA contra los ingenios que adeudan más de dos millones de pesos. 160 Director de la Revista México Agrario, de la CNC (Excelsior, 16 de abril): es demagógico prometer tierras a todos los campesinos...Por lo pronto el gobierno debe impulsar el desarrollo del capitalismo en el campo. Para ello, debe permitirse la existencia de sindicatos agrícolas... 161 Perfecto Arredondo (Excelsior, 3 de abril) parece no coincidir en esta cifra, pues afirma que en su sindicato se encuentran agrupados 85,000 asalariados del campo. 162 En este sentido, van encaminados los efectos políticos del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales, entre cuyos logros ya efectuados se encuentra la organización del Segundo Congreso Nacional De Pueblos Indígenas (Excelsior, 25 de febrero). 163 Declaraciones de la directora de Planeación del DDF (Excelsior 20 de abril de 1977). 164 Si bien es cierto que éstas no son de envergadura. Por ejemplo, se ha anunciado que muy próximamente las oficinas centrales de INMECAFE, PROFORMEX, y COVE se ubicarán fuera de la Ciudad de México (Excelsior 13 de abril de 1977). 165 El director general de policía y tránsito del D.F. (Excelsior 17 de abril) señala: ante actos como los de la liga 23 de septiembre , todos los policías estamos obligados a reprimirlos sin tibiezas ni contemplaciones. Yo en lo personal ofrendaría mi vida con mucho gusto por México. La tibieza ya se acabó, esto es una guerra a muerte. 166 Como, por ejemplo la anunciada (Excelsior, 22 de abril) por el gobernador de Jalisco. 167 Excelsior, 21 de abril. 168 Para ver de cerca, tanto los argumentos a favor, como la difusión de las opiniones en contra de esta medida, véase: a favor, Excelsior del 22 de abril y del 5 de mayo; en contra, Excelsior, del 22,23,24,25 y 26 de abril, así como, del 3 de mayo.  Los datos entre paréntesis, que aparecen constantemente de aquí en adelante, se refieren a la fecha en que ocurre el acontecimiento que funge como materia prima para una afirmación cualquiera. Para el lector interesado en profundizar en el acontecimiento, ó en ubicarlo –con cierto orden cronológico- en el devenir histórico del período que aquí se estudia, se recomienda remitirse al apéndice A. 169 Cfr. Capítulos II y IX, así como el apéndice “C”. 170 Sería, más ó menos, la expresión del enfrentamiento de concepciones diferentes de dos de los sectores existentes al interior de la fracción hegemónica de la burocracia pública. La primera –conservadora- tendería al mantenimiento, durante por lo menos dos años más, de una política económica favorecedora del gran capital mediante el freno del presupuesto y el mantenimiento de niveles reducidos del flujo monetario, a fin de evitar la inflación. La segunda –más liberal- tendería hacia el favorecimiento del pequeño y mediano capital mediante una política monetaria y fiscal básicamente expansiva, que redujera las tasas de desempleo más de prosa. La contradicción entre ellas se resuelve durante el año realmente a favor de la primera concepción, pero como la contraposición de las dos corrientes se da en un contexto de reforma política, los representantes de ambas son expulsados –ambos, triunfador y vencido- del gabinete económico, a fin de mantener cierto equilibrio en la correlación de fuerzas que, situadas en su exterior, actúan sobre la burocracia. 171 Véase apéndice “C”: paradigma de problemas indicativos del contexto de crisis en que se desarrolla el fenómeno del poder en el agro. i El ordenamiento cronológico y el resumen de la información recabada por el autor, fueron realizados por Cecilia Margarita López y por Margarita Edwina Sortbrand Rivera, ambas estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.