El colapso del sistema de partidos y la emergencia de outsiders en Bolivia y Ecuador

El colapso del sistema de partidos y la emergencia de outsiders en Bolivia y Ecuador Eduardo Albán Gallo 19-03-2010 I. RESUMEN El presente trabajo tiene dos objetivos principales: el primero es identificar y a la vez describir algunas de las causas del colapso del sistema de partidos en Bolivia y Ecuador y, segundo, cómo a partir de ese colapso, se ha dado la emergencia de los outsiders en ambos países; en cada caso se hará una pequeña conclusión al respecto. Sin embargo, antes de iniciar con los objetivos planteados, es importante hacer un acercamiento a la realidad de los partidos políticos en la región andina. II. LOS PARTIDOS POLÍTICOS “Los partidos políticos están presentes en América Latina desde los albores de la independencia y han ido evolucionando a lo largo de ya casi dos siglos de activa vida pública, siguiendo diferentes patrones y ajustándose al contexto en el que se encuentran insertos, que es el sistema político” (Alcántara, 2004: 11).

Para (Freidenberg, 2006: 2), “América Latina es hoy mucho más democrática que hace treinta años”, esto se justifica porque la mayoría de los países y sus habitantes se desenvuelven en un ambiente donde existe respeto a los derechos políticos y, además, donde las elecciones se celebran de forma competitiva mediante los canales de información alternativos; en definitiva, todo el que se quiere presentar como candidato puede hacerlo, puede votar y ser votado. Tras este escenario, “la democracia, entendida en el sentido shumpeteriano, como la forma por medio de la cual se elige al personal político a través de procesos electorales competitivos, limpios y libres, se encuentra ampliamente asentada en la región” (Freidenberg, 2006: 2); el fin a los regímenes dictatoriales fue un hecho. 1

Puede señalarse que durante las últimas tres décadas se ha vivido un período democrático sin precedentes en la región; la evaluación del período 1978-2003 en América Latina en términos de la estabilidad del sistema poliárquico resulta sumamente positiva. La extensión de la definición de poliarquía a los casos latinoamericanos, entendida como la institucionalización de las elecciones, ha sido ampliamente aceptada por la academia (Alcántara, 2003). Una democracia estable ha sido visible, pese a que en algunos casos, diversos sistemas políticos han tenido que enfrentarse a profundas crisis económicas, ajustes estructurales, constantes reformas institucionales, conflictos armados, violencia política, corrupción galopante, y pujas de diversos actores por imponer otro sistema político, todo ello en el marco de profundos niveles de desigualdad social y extrema pobreza (Alcántara, 2004: 7). Ciertos analistas han centrado su atención en la relación de los partidos con su entorno, es decir como parte de los procesos de cambio político; así como en la interacción con el sistema de partidos, con la sociedad civil y también con las instituciones. Para Alcántara y Freidenberg (2003) existe una necesidad de pensar en los partidos como sistemas, debido a la revalorización del papel de los partidos en América Latina, a su comportamiento en sí mismos. Con esta posición se debe entender que un partido se articula en torno a una serie de reglas y normas definidas por sus integrantes, de la forma más democrática posible. Los partidos se convierten en mini sistemas integrados por actores internos que compiten por ganar el control de sus cuerpos de gobierno e influencia sobre la vida partidista (Alcántara y Freidenberg, 2003). En ese marco, las organizaciones partidistas no son actores unitarios sino complejas estructuras que se comportan de acuerdo a la situación y en perspectiva de sus intereses. No son uniformes no homogéneas, son sumamente complejas y heterogéneas (Alcántara y Freidenberg, 2003). Su trabajo gira en torno a varias motivaciones, ya sean ideológicas, políticas, territoriales, estratégicas, entre otras. Pero como existen motivaciones, también existen maneras de relacionarse en su ambiente, tanto en el orden interno como externo. 2

El ámbito interno está compuesto por individuos, grupos y estructuras que conforman el partido. Lo importante es establecer un mínimo de organización en base a reglas internas, pero también generar un espacio donde la interacción sea efectiva entre los distintos actores que conforman está estructura partidista. Los partidos políticos tienen como fin ganar elecciones; por tanto, el trabajo a nivel externo se compone por esa capacidad de diseñar metas y estrategias que permitan, primero, competir en elecciones y, segundo, conquistar el poder político. Una vez en el poder, el partido debe prepararse para ejercer el gobierno, por lo tanto, los incentivos políticos deben ser altos para mantener la solidez en el partido. Aplicado a los partidos políticos, su entramado conceptual se justifica en la medida de sus interconexiones con el sistema político. Los partidos son elementos fundamentales de éste y su institucionalización contribuye a su estabilidad y buen funcionamiento siendo determinantes, en muy buena medida, de un alto grado en la calidad del desempeño democrático (Alcántara, 2004:14). Los problemas de los partidos en la región andina se enmarcan en la pérdida de legitimidad, la falta de confianza ciudadana respecto de su institucionalidad política y poca capacidad de gestión y presentación de propuestas. En cuanto a la institucionalización, por el mismo hecho de que se convierten en los principales actores de la política democrática en América Latina, los partidos están en ese dilema de configurarse como instituciones sólidas o simplemente como máquinas electorales. Que los partidos funcionen de acuerdo a los criterios de racionalidad y eficacia partidista, dejando de lado el surgimiento de líderes personalistas, quienes optan por hacer uso de maquinarias partidistas para fortalecer sus propuestas por fuera de la política; cuando el partido se enmarca como una organización con una ideología y estructura. Un segundo elemento son los niveles de participación que otorgan a los ciudadanos y en esta lógica, los procesos electorales son una práctica aceptada así como también los resultados que de ella se generan; uno de los retos de los partidos es mantenerse fuertes

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durante el tiempo, pero a la vez ser generadores de una ciudadanía efectiva en todos los sentidos. En algunos países, la participación de los ciudadanos en los procesos políticos de manera plena aún es una cuestión pendiente; por ejemplo, indígenas, campesinos, negros, habitantes de sectores rurales cuentan con derechos ciudadanos formales, pero en la práctica se encuentran en la marginalidad y no tienen posibilidades reales de hacer efectivos esos derechos (Alcántara, 2004). Esto genera un problema de representación política y desquebraja la relación que tiene que existir entre los ciudadanos y las instituciones, a través de las demandas. Sin duda, la canalización de demandas y la agregación de intereses son exclusivas de los partidos, quienes son los únicos, a diferencia de los movimientos sociales, que pueden cumplir con todas ellas al mismo tiempo (Pachano, 2004) Sin embargo, los partidos no han desaparecido, más bien han cumplido un papel importante en el desarrollo de América Latina; los partidos siguen participando y estructurando la competencia política. En cierta medida hacen operativo el sistema político con ciertas acciones que legitiman el poder de los gobiernos en la región. Un tercer elemento es la representación política, como una de las funciones principales de los partidos políticos; a los partidos de les exige representar directamente segmentos aislados de la sociedad, lo que constituye una negación de su condición de organización, esto contribuye a su desgaste, ya que se crean expectativas de satisfacción inmediata de demandas que, por la coexistencia de múltiples intereses y por las condiciones en las que opera la representación política no pueden ser respondidas positivamente (Pachano, 2004: 20). Junto a lo anterior, las reformas constitucionales han incidido de manera directa en los partidos políticos, en cierta medida han beneficiado a los niveles de participación, pero a su vez han provocado que los partidos políticos entren en una etapa de crisis. Con estos elementos se iniciará el detalle de algunas de las causas del colapso de los sistemas de partidos en los países seleccionados para este documento: 4

III.BOLIVIA Bolivia ha tenido a lo largo de su historia tres períodos de democracia representativa estable 1884-1934, 1952-1964 y desde 1982 hasta la fecha. Los primeros años del último período democrático se caracterizaron por la fragmentación partidista (Alcántara y Freidenberg, 2003). Sin embargo, frente a la crisis de gobernabilidad originada en la fragmentación de la representación política y de los sistemas de partidos, así como la incapacidad del Estado de dar soluciones a las crecientes demandas y conflictos sociales, Bolivia constituye una relativa excepción por una estabilidad política y económica de la región andina, y esto se sustenta de acuerdo a Mayorga (2004) en tres factores: 1. Un moderado creciente económico entre 1989 y 1997 del 4 % anual 2. Gobiernos de coalición estables (MIR – ADN- MNR) 3. Reformas institucionales del Estado que orientaron alternativas neopopulistas y autoritarias similares a Chávez y Fujimori. Contrario a los que se esperaba, el sistema de partidos boliviano no se ha derrumbado ni ha llegado a su fin. El cambio notable ha sido fundamentalmente la desaparición y declinación de algunos de los partidos y el surgimiento de otros (Mayorga, 2003). La crisis generada a partir del Gobierno de Banzer y la consecuente caída de gobierno de Sánchez de Lozada en Octubre del 2003, generó un clima de crisis bastante alto, pero además, provocó dos consecuencias catastróficas para el sistema político boliviano: en primer lugar, el derrocamiento de los partidos relevantes (MNR y el MIR) que conformaron los gobiernos democráticos desde 1985 y, en segundo lugar, el fin del sistema de gobiernos de coalición (Mayorga, 2004). Ante esta situación Bolivia se plantea la misma problemática para una viabilidad democrática que se enmarca en la existencia de partidos políticos representativos y de penetración nacional, como actores claves del sistema político, están arrinconados y desgastados porque han generado un panorama antipolítico y antipartidario (Mayorga, 5

2004: 27); a lo que se suma la existencia de gobiernos capaces de cumplir con sus funciones básicas, que velen por el bien común y los intereses generales. El inminente fracaso y las crecientes deficiencias de los partidos políticos bolivianos en la gestión gubernamental significan que “la crisis de la

representación política es una

consecuencia de la crisis de los partidos como actores gubernamentales, y no a la inversa” (Mayorga, 2004: 28). En ese marco, retomó las interrogantes planteadas por Mayorga y que luego serán explicadas: ¿Por qué los Partidos Políticos no han tenido la capacidad que la teoría y el sistema democrático les atribuye?; ¿Pueden los movimientos sociales sustituir a los Partidos Políticos?; ¿Es posible la democracia sin partidos políticos? Desde 1985 Bolivia tuvo un sistema multipartidista moderado que descansaba en un eje central de tres partidos que eran el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) por consenso; para impulsar la democracia representativa y el libre mercado); ninguno de los tres partidos ejerció un real dominio hegemónico y básicamente se caracterizó por la distancia ideológica leve entre los tres partidos; por la formación de coaliciones entre partidos y por la competencia partidaria predominamente. Entre los factores que incidieron en la formación del sistema político boliviano se encuentran (Mayorga, 2004: 28): a) La concertación y los acuerdos para la coalición b) La política económica de ajuste estructural c) La emergencia de posiciones centristas d) La derrota y desplazamiento político de los partidos de Izquierda y del movimiento sindical. En este marco, cabe destacar que en la base de acuerdos y consensos entre partidos pudo sobrevivir la denominada “Democracia Pactada” que vivió Bolivia a partir de 1985.

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El sistema multipartidista que se gesta en Bolivia se caracteriza por que existe una reducción progresiva del número de partidos, es decir se transforma de un multipartidismo moderado a uno polarizado; además existe una disminución del grado de fragmentación partidaria (CONDEPA y UCS). En este país, desde 1985, con la presidencia de Víctor Paz Estensoro (MNR) y hasta las elecciones de 2002, se instauró un sistema de partidos con tres actores básicos que gobernaron formando coaliciones (MNR, MIR y ADN) (Tanaka 2006). La triada MNR, MIR, ADN en las elecciones de 1985 a 1997 lograron conquista en conjunto: 65 y el 57 % de los votos y formaron dos bloques de ADN, MIR y MNR, los cuales se alternaban en el gobierno en coaliciones de diversa índole. Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaria (UCS), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En ese sentido, ningún partido tuvo una gran mayoría o hegemonía política. Se forman coaliciones gubernamentales con mayoría parlamentaria y la estabilidad política se mantenía; sin embargo, al desarrollar un tipo de competencia centrípeta, se redujo sustancialmente la tradicional polarización y los antagonismos entre las tendencias de democratización liberal y la izquierda tradicional. Durante las elecciones del 2002, un fenómeno interesante se presenta en Bolivia, debido a la configuración de los partidos en Bolivia, “se da el aparecimiento de nuevos Partidos Políticos, el reconocimiento de derechos y la apertura de espacios participativos facilitó el fortalecimiento de sectores tradicionalmente excluidos, que ya venían ganando importantes espacios por sí mismos, creándose una estructura de oportunidad política favorable para éstos” (Tanaka, 2006:4). Por lo tanto, una se presenta una fuerte polarización ente los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas políticas, y por ende un gran logro en cuanto a la representación política por la inclusión de sectores indígenas y campesinos al sistema político. Además, se da una importante redistribución territorial del voto: PARTIDO

1997

2002 7

22.26 % (45 escaños)

3,4 % (5 escaños)

-

22,46% (47 escaños)

MAS

-

20,91% (35 escaños)

UCS: (Populista)

-

5,51 % (5 escaños)

CONDEPA:

-

0,37%

ADN (MNR,

MIR,

UCS)

Coalición

(Populista)

Elaboración propia a partir de los datos de Mayorga (2004).

El MAS y el MIP movimiento cocalero, se ubicó en el segundo lugar, su característica principal es que es de tendencia fuertemente anti sistémica por lo que el sistema de partidos se polarizó; su posición contestaría a la democracia representativa y a los modelos de economía de mercado, le otorgo altos incentivos porque capturaron el descontento popular acumulado por la crítica situación de pobreza y exclusión social y los graves desaciertos del gobierno de Banzer (Mayorga, 2004: 33). Entre los resultados de este fenómeno están: a) el electorado se dividió en dos campos: reforma moderada o cambios radicales (MAS). Evo y Costa Obregón; b) se generó un clima de tensiones étnico-culturales que estuvo latente desde la transición por los Movimientos Sociales de los cocaleros de Chapare y de los campesinos aymaras del Norte de la Paz; c) se consolida la idea de una democracia comunitaria; d) se da énfasis, simbólico sobre todo, a la economía de la coca; e) el rechazo a la economía del mercado y a la globalización es latente en el discurso del líder “outsider” Evo Morales, quien además propone la recuperación de territorio originario, el retorno al mítico pasado del Incario y la recuperación de las tradiciones ancestrales (Mayorga, 2003 y 2004). Enseguida, resumo algunas de las causas que identifica Mayorga (2003, 2004) como parte del colapso del sistema de partidos en Bolivia.

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Principalmente, las coaliciones gubernamentales llegaron a convertirse en mecanismos insuficientes de gobierno, la famosa democracia pactada se desfiguró y decayó; los partidos dejaron de ser mediadores entre el Estado y la Sociedad y se convirtieron en actores integrados al poder estatal, los denominados “partidos cartel”. Los procesos de democratización interna no alteraron al control caudillista de los líderes sobre las organizaciones partidarias. Lo que dio lugar a la aparición de movimientos encabezados por outsiders, líderes con fuertes discursos anti-sistémicos, que llegaron a concitar un importante respaldo electoral desde finales de los años noventa (UCS y CONDEPA), aunque sin lograr desplazar a los tres partidos eje como pilares del sistema político (Tanaka, 2006). Los partidos no integraron a los sectores emergentes en los cargos de dirección y las deficiencias de su organización interna repercutieron en la calidad del liderazgo político, descendiendo a niveles de incompetencia e irresponsabilidad, no impulsaron nuevos cuadros políticos con liderazgo nacional. El estancamiento económico desde 1999 por efectos de la recesión internacional (PIB 2 % entre 1999 y 2002). Estos factores confluyeron en los gobiernos de Banzer y Sánchez de Lozada, para un proceso regresivo de ingobernabilidad e incertidumbre, lo cual derivo en la emergencia de movimientos sociales y líderes en oposición al sistema político (Mayorga, 2004). IV. ECUADOR Desde el retorno a la democracia, en 1979, el Ecuador adoptó un sistema de gobierno presidencial y una estructura estatal unitaria. Pese a vivir el período de democracia ininterrumpido más largo de su historia, los ecuatorianos han sido testigos de una serie de hechos políticos y sociales que han marcado el desarrollo de su democracia durante los últimos treinta años, cuando se dio el cierre del ciclo de dictaduras militares de la década de los 70.

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“En 1976, las élites políticas ecuatorianas estaban convencidas de que las respuestas a los males del país y el éxito de la transición democrática estaba en los partidos: había que diseñar e implementar un sistema de partidos1 fuerte con organizaciones nacionales y modernas como requisito para el funcionamiento de la democracia” (Alcántara y Freindenberg, 2003: 235). Durante la década de los 70 ya se trabajaba en un plan de reestructura del Estado, el gobierno de régimen militar (1972-1979) y su principal Consejo de Gobierno diseñaba un Plan de Reestructuración Jurídica del Estado, una herramienta que permitiría generar mecanismos adecuados durante el proceso de transición desde el sistema autoritario al democrático. En 1976 se conformaron las Comisiones Jurídicas, como parte fundamental del Plan de Reestructuración y contemplaba los siguientes pasos: “a) el mantenimiento de un clima de concordia nacional y un diálogo político con los partidos y organizaciones de diverso tipo; b) renovación de las cédulas de ciudadanía y confección de padrones electorales; c) formación de tres comisiones jurídicas encargadas de reformar la Constitución de 1945 y elaborar una Ley de Partidos y Elecciones y una propuesta de nueva Constitución; y, d) formación de un Tribunal Supremo Electoral que organice un referéndum” (Sánchez, 2008: 28). Dentro del “Plan de Reestructuración”, se incluían algunos puntos referentes al diseño institucional que debía regir desde el retorno a la democracia y que definirían el papel de los partidos políticos desde 1979, ya que se los consideraba como elementos centrales en el ordenamiento político con el retorno al régimen constitucional.

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Entiendo por sistema de partidos a “la composición estructural de la totalidad de los partidos políticos de un Estado; entre sus componentes están: a) el número de partidos; b) su tamaño; c) la distancia ideológica entre ellos; d) sus pautas de interacción; e) su relación con la sociedad o con grupos sociales; y, f) su actitud frente al sistema político” (Pease, 1999: 29). Además Lislie Lipson afirmo que en un Estado democrático (ellos constituyen) el punto de intersección donde convergen todas las fuerzas políticas; todo lo que es de importancia política encuentra su lugar dentro de los partidos políticos y en las relaciones entre ellos (Pease, 1999).

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“No se pensaba en cualquier tipo de partido sino que desde la misma ley se les exigía una serie de requisitos para darles el membrete de estructuras organizadas, ideológicas, fuertes y estables” (Alcántara y Freindenberg, 2003). El objetivo de este diseño institucional se enmarcaba en reducir la presencia de líderes populistas y también a las maquinarias electorales que habían predominado hasta esa fecha; se buscaba conciliar a la política nacional a una etapa de trasformación a un régimen democrático, partidos políticos que satisfagan las demandas y aspiraciones de la sociedad. Lo que se buscaba era crear una nueva institucionalidad centrada en los partidos como modo para garantizar una democracia estable, se convertirían en el eslabón legítimo entre la sociedad y la política (Freidenberg y Alcántara, 2001: 22). La Ley de Partidos Políticos y la Ley de Elecciones fueron cuestionadas porque fueron diseñadas por una Comisión y su puesta en marcha fue por un Decreto Supremo de la dictadura militar. Sin embargo, se destacaban en estos documentos: la representación de minorías, el sistema de divisores y residuos para la asignación de cargos, la creación del Tribunal Supremo Electoral, como ente organizador y a la vez regulador de los procesos electorales; además, para el cumplimiento de las elecciones se solicitó la elaboración de un padrón por el Registro Civil, lo cual garantizaba la obligatoriedad del voto. Sin lugar a dudas, “la evolución de las reglas electorales y el sistema electoral da cuenta de los cambios permanentes en los que los políticos ecuatorianos han tenido que diseñar sus estrategias electorales, legislativas y organizativas. No ha habido un solo conjunto de reglas sino que éstas han variado en el tiempo de múltiples maneras” (Alcántara y Freindenberg, 2003: 240). Desde el retorno de la democracia, el Ecuador cuenta con un sistema de partidos fragmentado, lo cual no permitía lograr una mayoría dentro del poder Legislativo y a su vez generaba esa necesidad de establecer alianzas para tener un Ejecutivo con un gobierno sólido.

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Estas alianzas se convertían en el paso obligado de maniqueísmos entre los partidos tradicionales, quienes a cambio del respaldo de otras bancadas entregaban cargos públicos y hasta recursos económicos, lo cual se convirtió en un vicio recurrente durante muchos años dentro del Congreso Nacional, poco visible, pero altamente cuestionado. Andrés Mejía (2004) ha mostrado el reverso del conflicto, esto es alrededor de las alianzas, demuestra que existe una práctica constante de negociaciones y acuerdos entre partidos, desde una lógica que llama muy acertadamente “coaliciones fantasmas” (Burbano, 2005). Pero un segundo intento para eliminar ese monopolio se llevo a cabo en la Consulta Popular de 1994, allí se consagró la posibilidad de que cualquier ciudadano independiente pueda acceder a la competencia electoral, ya sea, auspiciado por un partido político, como por un determinado número de ciudadanos de una determinada circunscripción. El hecho de transformar las reglas de juego en la política ecuatoriana dio paso al momento de crisis de los partidos políticos, sobre todo después de eliminar ese monopolio del que gozaban, lo que permitió el aparecimiento de movimientos ciudadanos, sociales e indígenas producto de la apertura y desbloqueo del sistema electoral y de partidos. La presencia de nuevos actores políticos con mayor y gran incidencia en el desenvolvimiento político (Aguinaga, 2005) fue importante para el reconocimiento y la inclusión de demandas ciudadanas a gran escala. Los partidos políticos, a pesar que continuaban controlando el voto popular, resultan ser incapaces de representar y canalizar institucionalmente las aspiraciones ciudadanas (Hernández, 2002). Esto resulta un terreno propicio para que otros movimientos ciudadanos, organizaciones políticas y no políticas aparezcan en la arena política y contrarresten la crisis de representación que atravesaba el país a finales de la década de los 90. A partir de ese momento, aparece el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que es parte de la competencia política. La participación de los indígenas es más fuerte, porque no solo lo hacen a través de sus organizaciones clasistas, sino también por 12

intermedio de su partido político, por el que lograron electoralmente el control de una serie de gobiernos seccionales que se constituyeron en ejemplo de administración local. También varios dirigentes alcanzaron la diputación (Paz y Miño, 2006: 96). Los resultados electorales no favorecen a los partidos tradicionales a partir de la caída de Mahuad. La presencia de los militares insurgentes que provocaron su caída, dota a los movimientos independientes de un protagonismo excepcional, todo aquel actor que se ubique en una situación de contradicción a la política tradicional con un corte antipolítico y reivindicativo de las demandas ciudadanas puede tener éxito en la competencia política. La participación de Lucio Gutiérrez con su Partido Sociedad Patriótica (PSP) y a la par el aparecimiento de Álvaro Noboa, con su Partido de Renovación Institucional y Acción Nacional (PRIAN) es un ejemplo del aquello; a pesar que al interior de sus estructuras es normal el reciclaje político; es decir, la adhesión de políticos que pertenecían a los partidos tradicionales. Esta realidad revela la crisis de hegemonía, debido a la escasa y hasta ausente política de generación de proyectos nacionales, que se complementa con la carencia de partidos políticos que sean capaces de construir “intereses generales” (Hernández, 2002), que escapen a la voluntad de ciertos sectores de poder. No cabe duda que el debilitamiento de los partidos y la crisis a la que se ven sometidos incluso la institucionalidad política, dieron paso a la creación de políticos denominados como “outsiders” o a nuevas organizaciones políticas que, en el escenario político tradicional no tenían cabida alguna. El surgimiento de un “outsider” -esto es, actores neopopulistas y antipolíticos- ha sido el resultado dramático de la crisis de representación democrática y particularmente el derrumbe de los partidos; la crisis del sistema de partidos fue una derivación de del fracaso de los partidos predominantes en su papel de gobernantes; es decir, la creciente incapacidad de los partidos para reflejar y explicitar preferencias electorales, que se hizo evidente en la profunda desconfianza de los ciudadanos y la marcada caída del apoyo electoral (Mayorga, 2008: 210). 13

La interpelación a la élite política tradicional que hace el outsider y esa auto-representación como parte de la gente y fuera de los partidos políticos es la que genera desconfianza por parte de la ciudadanía hacía los partidos políticos y a las instituciones; prima por sobre todo la demanda de políticas horizontales basadas en nuevos actores sociales (Panizza, 2008: 80). El discurso neopopulista es fundamentalmente antipolítico por el hecho de cuestionar a los partidos políticos establecidos como instituciones corruptas y culpar a la clase política y la elites económicas de los problemas padecidos por el país, así, el discurso de los outsiders expresa esencialmente no sólo un rechazo radical de los sistemas de partidos existentes como tales, sino también la idea de que esos partidos son organizaciones inútiles y perniciosas. (Mayorga, 2008: 214). El colapso del sistema de partidos en el Ecuador se da con la presencia de Rafael Correa en el poder, específicamente cuando es parte de la destitución de 57 legisladores que se oponían a la realización de una Consulta Popular que de paso a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, cuya facultad era elaborar una nueva Constitución y que reemplace a la 19982. Esta decisión desquebraja por completo las estructuras políticas tradicionales porque aquellos actores que están en contra de los líderes improvisados son dueños de un discurso de desconfianza. Su credibilidad es nula frente a la presencia de un outsider que representa un proceso de ruptura con el orden político. En esa misma línea de confrontación a los partidos políticos, Correa resulta ser el mayor crítico a la partidocracia; de hecho, su triunfo se explica en gran medida por su discurso 2

Con cuatro votos a favor, el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió destituir a 57 diputados del Congreso Nacional, por haber tramitado un juicio político en su contra, ante la polémica por la convocatoria a Consulta Popular. Se dio la orden para no permitir el ingreso de los congresistas al ex edificio del Banco Central, donde funciona el Parlamento. La resolución del pleno de TSE determina además que los diputados fueran sancionados con la pérdida de sus derechos políticos por el periodo de un año y que sus suplentes deben asumir inmediatamente los cargos. 14

radical en contra del viejo orden político; el uso del término partidocracia está directamente relacionado al enfrentamiento frontal con las elites políticas y a la propuesta de eliminación del orden político vigente desde el retorno a la democracia (Pachano, 2008). V. BIBLIOGRAFÍA  Aguinaga, Carlos. Análisis comparativo de los sistemas electorales andinos, en Sistemas electorales andinos. Parlamento Andino. 2005.  Alcántara,

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