El alza de las gasolinas, ventana a las entrañas de un sistema que palmó
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El alza de las gasolinas, ventana a las entrañas de un sistema que palmó
Mario Rechy 8 de enero de 2017
Durante tres días ha repetido el presidente Peña Nieto que la causa fundamental del alza de precio de la gasolina es el aumento del precio del petróleo en el mundo. Como perico, también el Secretario de Hacienda ha reiterado la afirmación. Ambos han agregado, además, que aunque doloroso es lo mejor, y para bien de los mexicanos. Sin embargo, entre otras fuentes, el 8 de enero aparece en la prensa una nota del gobierno de los Estados Unidos que afirma lo contrario. Literalmente dice la declaración del Departamento de Energía estadounidense: la gasolina tiene este año el precio más bajo desde el año 2004, es decir, desde hace doce años.
Es evidente pues que las autoridades mexicanas mienten. También mienten al decir que nada tiene que ver este aumento con la llamada Reforma Energética. Aun así, son varios factores, con diverso origen, los que explican el alza, y tenemos que citarlos a todos para explicarla en rasgos generales.
La gasolina no aumentó de precio únicamente porque se le aplique el Impuesto especial (IEPES) que asciende al 26 % de su precio de importación (poco más del , que es de $10 pesos con 25 centavos (que es lo que paga el gobierno mexicano), para vendernos la magna a más de 16 pesos y la Premium a más de 18 pesos. Ese ingreso que percibe el gobierno, o que aspira a percibir, tiene por objeto obtener los recursos que mantengan el gasto público. Y ya el año pasado de 2016 representó un total de $278,568 millones (doscientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho millones).
Esa recaudación nos lleva, desde luego, a ver si el gasto público justifica esa medida. Lo cual nos remite al análisis del presupuesto de egresos, y del tren de dispendio de la partida presidencial de la que no entregan cuentas, y a lo que es un consenso sobre el dispendio, la corrupción y la falta total de un proyecto de desarrollo. Y en ese caso no hay autoridad, ni moral ni económica, para justificar el presupuesto y sus aumentos. Es falso, en este caso, como miente el presidente, que sean los programas sociales los que justifican ese gasto.
El ingreso fiscal del gobierno sostiene muchos gastos, rubros, que no podrían justificarse ni con criterios sanos de administración, ni como instrumentos para recuperar el crecimiento económico y el desarrollo. No hay aquí espacio para desglosarlo, pero citemos que el pago de sueldos, bonos y prerrogativas de la clase política es más alto, mucho más alto, que el presupuesto de educación o de salud.
Sin embargo hay dos factores más en el alza. Uno de razones coyunturales para este y los siguientes años. Y otro que se remonta a la situación y los cambios de la industria petrolera y el sector energético. La razón coyuntural, como explicó el cínico del Secretario de Hacienda, es que no tenemos una infraestructura de distribución suficiente a nivel nacional, y que el gobierno calcula que se necesitan dos mil gasolineras más. Pero como ni el Estado mexicano ni los particulares nacionales hacen ademán alguno al respecto, o carecen de intenciones para crear esa infraestructura, pues simplemente se trata de elevar la rentabilidad de la actividad para animar a los inversionistas extranjeros, o dicho en términos económicos estrictos, se trata de aplicar la garantía estatal para que los privados obtengan buenas ganancias si es que invierten en esta que hoy debe ser jugosa actividad.
Y subrayemos estos dos hechos, el que no tengamos una infraestructura de distribución, y el que se haya desmantelado la capacidad nacional para producir gasolinas, eso sí tiene que ver con la Reforma energética, pues esa reforma tiene como objetivo central destruir la industria nacional y entregar el control del petróleo mexicano a las trasnacionales. Cosa que se hace visible observando cómo desde el régimen de Salinas se ha reducido la capacidad de negociación, y se ha importado una cantidad creciente de combustibles.
Este hecho constituye un acto criminal, confeso y claro, por parte de la administración pública, pues confirma que le es más importante garantizar la ganancia privada que cuidar el ingreso y el bienestar de los ciudadanos que han de pagar la gasolina. Y prueba también que el gobierno instrumentó la reforma para servir al exterior y no a los mexicanos. Pero esta política no es nueva, pues si le hubiera interesado al gobierno la soberanía nacional o el fortalecimiento de la infraestructura petrolera, hubiera hecho algún esfuerzo para construir las refinerías que necesitamos para no estar importando más de la mitad del combustible que consumimos.
En lugar de ello, han inventado que es más barato importar el bien que producirlo. Como también lo han sostenido en el caso del maíz, del trigo, del frijol, del arroz, pues para los neoliberales no cuenta el desempleo estructural que provocan las importaciones, no les importa la dependencia alimentaria, ni se plantean de dónde generar el ingreso para financiar las importaciones; y precísamente por ello es que la balanza comercial es negativa, y por ello también es que la deuda se ha duplicado en este sexenio hasta representar más del cincuenta por ciento del Producto Nacional. Pero siguen alimentando esa globalidad como el modelo a seguir. Y el presidente acaba de reiterar, en su mensaje de año nuevo, su compromiso con la economía global.
El otro tema relacionado con esta alza, pero de viejo antecedente, es justo esto que venimos mencionando de la falta de una política y una estrategia nacional para desarrollar la infraestructura energética. Desde el régimen de Salinas se clausuró la petroquímica, se privatizó paulatinamente lo que teníamos, y se abandonó la investigación, en la que ya éramos líderes, para pasar a una dependencia creciente en todo lo relacionado con el petróleo y su procesamiento.
Pocos países en el mundo habían desarrollado una capacidad propia como la que México alcanzó con la ingeniería petrolera entre 1938 y 1988. Cincuenta años de extraordinario desarrollo, que además financiaron al gobierno, pues se le aplicó a Pemex un elevado impuesto. Después pesaron más los dogmas ideológicos de los neoliberales a partir de 1988, y fueron cortados de tajo todos los esfuerzos para un desarrollo de la industria energética a partir del régimen de Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces se abandonó la construcción de refinerías, y la búsqueda de nuevas metas en la petroquímica. Y todas las declaraciones han sido después parte de una criminal simulación.
Por otra parte, el problema no se agota con el alza de precios, que ya repercutió en la tortilla y otros bienes básicos. Y ni siquiera se terminaría con un decreto del poder legislativo que reestableciera el nivel de precios anterior a enero de este año de 2017. El problema es cómo desarrollar una infraestructura de refinación en el corto plazo. Y más importante todavía, cómo desarrollar una estrategia de aprovisionamiento energético que vaya más allá del petróleo y garantice a México un horizonte de prosperidad.
Y además, cómo formular al mismo tiempo un plan nacional de empleo y de reactivación del campo, pues al contrario de lo que siguen diciendo Peña Nieto y el Secretario de Hacienda, no se trata de insistir en la globalidad, sino de prepararnos para recibir a tres millones de deportados de los Estados Unidos, a quienes sólo podremos emplear en la actividad agropecuaria. Lo que requerirá un rediseño del presupuesto público, con crédito rural, extensionismo y hasta una reactivación de la Reforma Agraria.
Y en cuanto al déficit fiscal, y la comprobada incapacidad del sector exportador para mantener el saldo positivo de la balanza, sólo nos queda un cambio al régimen impositivo, que en lugar de cargar a los consumidores y a los causantes cautivos el peso de la recaudación, se instituya un régimen redistributivo, es decir, se graben las grandes fortunas. Tan sólo si se aplicara a Slim un régimen como el que tiene Suecia, la administración pública duplicaría sus ingresos fiscales. Pero tenemos otros cien millonarios que detentan más de la mitad del ingreso nacional a los que se podría grabar la utilidad. Y asunto resuelto. Evidentemente que eso no es lo que hará el sistema político mexicano.
Y eso sí que son palabras mayores. Lo son en el contexto de un gobierno neoliberal que no tiene ni idea ni propósito de instalar la capacidad de refinación, pues está al servicio de los fabricantes de gasolina que están en Estados Unidos. Pero además, porque a pesar del ritual de publicar cada seis años un Plan Nacional de Desarrollo, no existe una línea de trabajo para impulsar o crear un complejo industrial de fotoceldas o de diversas tecnologías que generen electricidad, o de desarrollar una economía energética post petróleo.
Peor aún, porque las dependencias públicas han establecido una lista de requisitos interminables para los interesados en instalar estas tecnologías, obtener algún crédito o desarrollar su fabricación. Como si se tratara de obstaculizar la instalación de esta rama estratégica de la economía futura. Al cabo ellos, todas las autoridades y su personal, están al servicio de los que los fabrican en el extranjero, no de los que quieren producirlos aquí, o impulsar su aplicación.
Por todo esto es que el estado organiza desapariciones diarias de personas y que se ha asociado con la delincuencia para mantener a raya a la población. Es la forma de sostener una política de shock que impida las expresiones de inconformidad. Por eso también la organización de grupos provocadores que en estos días recientes han distribuido los camiones de policía en puntos estratégicos, para crear el caos y justificar la represión. Tienen miedo a la verdadera insurgencia popular. Pero está visto que las provocaciones no han detenido las protestas. Que crecen.
En resumen, el alza de las gasolinas es la prueba contundente de la ineptitud absoluta de un régimen que no tiene ya capacidad para seguir conduciendo el destino nacional. Es la prueba de que llegó el momento de sustituirlos. Pues el costo que está pagando cada mexicano es con sangre, sacrificios inútiles, vidas, desapariciones, empobrecimiento y un régimen de impunidad total.
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