DROGAS, NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA EN MÉXICO: PROTOCOLO DE HIPOCRESÍA (1969-2000)
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DROGAS, NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA EN MÉXICO: PROTOCOLO DE HIPOCRESÍA (1969-2000)* Froylán Enciso
A la memoria de Samuel del Villar
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as drogas en nuestros días parecieran ser un objeto tan inherentemente malo y estigmatizado, como lo fue —y sigue siendo en algunos círculos— el sexo. Mi objetivo aquí es repasar los episodios más importantes de la historia del narcotráfico en México desde 1969 hasta 2000, con el propósito de brindar una visión, aunque panorámica, que ordene la gran cantidad de información fragmentada sobre drogas, narcotráfico y política con que los medios de comunicación, los gobiernos y los académicos nos han bombardeado en los últimos años. Empezar a superar la fragmentación es un paso necesario para poder vencer la grave tendencia a la hipocresía a la que nos empuja la manera con que, en la actualidad, se maneja el tema de las drogas. En cada sección inicio el relato analizando la cruzada estadunidense para hacer del uso de drogas un régimen trasnacional de prohibición junto al repaso de las reacciones de los gobiernos mexicanos; luego esbozo algunas claves para entender el efecto de las políticas estatales en la organización de los productores, traficantes y distribuidores de narcóticos ilegales; y, posteriormente, apunto las consecuencias sociales del narcotráfico en las relaciones sociales, el consumo, la violencia, la cohesión nacional, el papel de los campesinos o los periodistas, etcétera. Como ocurre en ciencias sociales, en general, podría argumentar que la línea narrativa de este capítulo es arbitraria. Sin embargo, debo apuntar que no lo es tanto, si se toma en cuenta que parte de consideraciones teóricas y empíricas que han sido ampliamente documentadas y que parten de la preocupación por que la visión criminalizadora y prohibicionista de las drogas no siga influyendo en que los análisis académicos dejen de lado sus consecuencias sociales. Politización de las drogas No es exagerado afirmar que la década de los años setenta estuvo marcada por la reacción mexicana a la política estadunidense de combate a las drogas. El tema sufrió un paulatino proceso de politización en Estados Unidos, y México tuvo que ser receptivo a ese interés, sobre todo después de la Operación Intercepción de 1969. Ese hecho marcó el tono de la discusión * La revisión de fuentes primarias del Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante Arsere) se realizó gracias al apoyo de CONACyT al proyecto “Las relaciones México-Estados Unidos de la segunda guerra mundial a nuestros días. La visión de sus diplomáticos”, dirigido por el doctor Lorenzo Meyer.
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y México se alineó sin remedio, aunque mantuvo ciertos principios retóricos acerca de la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. En el tema de la soberanía, el gobierno mexicano se mostró aparentemente firme: las autoridades estadunidenses no debían realizar operaciones extraterritoriales. En cuanto a la seguridad, mostró su preocupación por el posible intercambio de armas por drogas, en particular en zonas donde había movimientos de izquierda radical y guerrillas. A lo largo de los años 1960, y hasta los 1970, algunos estadunidenses se aventuraban al sur de la frontera para regresar a su país con un cargamento de mariguana u opiáceos. Años después, a mediados de los setenta, fueron apareciendo grupos de traficantes con el nivel organizativo al que ahora estamos acostumbrados a ver. Del lado mexicano los liderazgos criminales no estaban tan coordinados y se limitaban, más bien, al ámbito local, pero en el siguiente decenio las políticas de erradicación, cierre de rutas de trasiego y la intercepción fronteriza impulsaron un salto cualitativo en el tráfico de drogas. Los delincuentes locales, más conocedores de la producción y las debilidades de las autoridades mexicanas, empezaron a controlar más mercados. Las consecuencias sociales fueron el inicio de un sostenido clima de violencia, que aún impera en algunas regiones del país, y la fundación de una cultura y un estilo de vida que, con el tiempo, mermó la imagen del gobierno mexicano. La reacción mexicana El 21 de septiembre de 1969, debieron informar a Gustavo Díaz Ordaz que el gobierno estadunidense había iniciado la Operación Intercepción I. El hecho debió resultarle, por lo menos, sorpresivo. Días antes, Richard Nixon brindó con Díaz Ordaz cerca de Puerto Vallarta y lo acompañó a inaugurar la presa de La Amistad.1 No obstante, las relaciones entre México y Estados Unidos se habían deteriorado desde el fin de la segunda guerra mundial. El aumento del proteccionismo de Estados Unidos,2 su abandono paulatino de los acuerdos de braceros y sus constantes reclamaciones estaban dejando atrás los buenos propósitos de la Alianza para el Progreso, y se hacía cada vez más evidente que México ya no tendría el trato preferencial logrado durante la segunda guerra mundial. Aunado a esto, se habían registrado recriminaciones por el aumento del tránsito de drogas desde México a Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la Operación Intercepción I, ya no se trataba, como antes, de acusaciones provenientes de los estados fronterizos, sino de un reclamo de un país a otro.3 A lo largo de los años 1970, ambos gobiernos concertaron acciones para combatir las drogas y el crimen organizado. El último de estos acuerdos se llevó a cabo del 9 al 11 de junio de 1969, y en el comunicado conjunto ambas naciones se comprometieron a cooperar para combatir el “problema global de las drogas”. Por eso, no podía dejar de sorprender la abrupta Operación Intercepción I. Los funcionarios de la garita de San Ysidro recibieron la orden de revisar de manera acuciosa los autos que se internaran en Estados Unidos. Las filas, de varios kilómetros, provocaron caos y daños económicos en la frontera. Al llegar a Estados Unidos, grandes carteles recibían a los automovilistas: “Warning! Pot Users” (¡Cuidado! Usuarios de mariguana), como anuncio de la amenaza de cinco años de prisión para los traficantes.4
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Esta actitud se explica, en parte, por la política interna estadunidense, cuya ala derecha se radicalizó ante los movimientos progresistas de los sesenta. En su campaña, el republicano Richard Nixon dijo que la mariguana, el hachís y el LSD eran “la maldición moderna de la juventud”, y prometió que, de llegar a la presidencia, triplicaría el número de agentes aduanales5 y trabajaría con naciones “amistosas” para “movilizarse contra las fuentes de esas drogas”.6 Así, la Operación Intercepción I fue una de las primeras acciones que mostraron su credo y el sector político que representaban. La maniobra no logró grandes incautaciones. Incluso, en su momento, se consideró ingenuo que el gobierno estadunidense creyera que mayor vigilancia en los puntos oficiales de cruce reduciría el tráfico de drogas. Sin embargo, el objetivo iba más allá; el gobierno de Estados Unidos quería presionar para que México adoptara medidas más agresivas. El gobierno mexicano respondió de inmediato. David Franco Rodríguez, subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), salió rumbo a Washington encabezando una misión en la que participó el embajador Hugo B. Margáin. El objetivo era corregir los daños sufridos tanto en la frontera como en las relaciones bilaterales. El 10 de octubre de 1969, la misión anunció que había persuadido a los estadunidenses de cancelar la actuación unilateral y sustituirla por la Operación Cooperación.7 Ese cambio no fue una trivialidad semántica, pues México logró frenar los abusos e inconvenientes que las autoridades estadunidenses estaban causando en la frontera, y reorientar el tema. Entre otros acuerdos, se convino en realizar una reunión para el 27, 28 y 29 de octubre de 1969. A partir de entonces, Washington maniobró para que México siguiera sus lineamientos en el combate al narcotráfico. El 30 de octubre se anunció el establecimiento de un grupo de trabajo conjunto. Del lado mexicano, el grupo fue presidido por Sócrates Huerta Grados, procurador general de la República, y, del lado estadunidense, por Jack B. Kubisch. En su informe del 15 de diciembre de 1969, hicieron diversas recomendaciones operativas dirigidas, de manera particular, al gobierno mexicano.8 Los representantes de los dos países sabían que el paso de la Operación Intercepción I a la Operación Cooperación ayudaba a mantener la imagen de cordialidad diplomática, cuando el régimen autoritario mexicano necesitaba del apoyo estadunidense, sobre todo después de la matanza de Tlatelolco, y el gobierno de Estados Unidos necesitaba de un México estable durante la guerra fría. Esto tuvo como consecuencia que México entrara a los años 1970 atado a la lógica con que Estados Unidos enfrentaba el problema de la creciente adicción a estupefacientes ilegales entre sus ciudadanos. Los pendientes de la reunión se fueron resolviendo, pero algunos, como el uso de herbicidas, tuvieron que esperar hasta la segunda mitad de los años 1970. El 5 de marzo de 1970, Sócrates Huerta Grados firmó un acuerdo con George H. Gaffney, jefe de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia estadunidense, en el que el gobierno de Estados Unidos se comprometió a entregar, en dos años, apoyos económicos por un millón de dólares.9 En ese momento en particular, la prioridad de los estadunidenses era atacar la producción de drogas en los campos de cultivo. Como señala James van Wert: Las estadísticas indican una aplicación creciente del método de destrucción a mano de los campos de adormidera. Por ejemplo, se tiene noticias de que en una de las prime-
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ras campañas, que comenzó en 1947, se destruyeron 200 campos y 90 acres. En la que comenzó en 1964, se destruyeron 1,000 acres; en 1968, se erradicaron 7,848 campos con una superficie de 4,500 acres; y según los informes recibidos, en 1973 la campaña destruyó 10,000 campos y 10,000 acres aproximadamente. En 1963, los mexicanos primero utilizaron helicópteros para descubrir los campos y luego, en 1967, comenzaron los primeros ensayos de defoliación química en parcelas muy pequeñas.10 Sin embargo, la PGR aceptó el uso de herbicidas hasta la segunda mitad de los setenta, pues se pensaba que su aplicación causaría importantes reacciones de rechazo en la opinión pública. En Washington, el grupo de trabajo continuó las discusiones sobre los dos asuntos aún pendientes: las medidas de prevención del tráfico aéreo y marítimo, y la organización de seminarios de capacitación.11 Según el informe presentado por el gobierno mexicano, del primero de septiembre de 1969 a marzo de 1970, el ejército y la policía judicial habían realizado importantes erradicaciones de plantíos y decomisos de estupefacientes, e inició juicio contra 764 personas involucradas, de las cuales 90 eran estadunidenses.12 En pocas palabras, más allá de cualquier malabarismo retórico, el gobierno mexicano estuvo siempre alineado a Estados Unidos y consciente de su grado de responsabilidad.13 Las labores de información sobre los logros mexicanos en la intercepción de tráfico de drogas se volvieron cosa de todos los días para los diplomáticos mexicanos. Por su parte, el gobierno, aunque compartía el enfoque estadunidense, también trataba de posicionar la idea de que era una responsabilidad compartida, no sólo porque en Estados Unidos hubiera un creciente consumo de drogas, sino porque muchos de los involucrados en estas actividades eran estadunidenses. La constante intervención y labor de relaciones públicas de los diplomáticos mexicanos tuvieron sus beneficios. El 15 y 16 de junio de 1972, durante la visita de Luis Echeverría a Estados Unidos, el tema de las drogas no fue tratado con demasiada virulencia. En esa ocasión, quizá porque la visita fue usada por Nixon para mostrar una cara conciliadora hacia América Latina y el tercer mundo, existió el mismo énfasis al abordar los temas de la salinidad del río Colorado, los trabajadores migratorios y los asuntos de intercambio cultural. En el comunicado conjunto se trató el asunto de las drogas en el mismo tenor con que se había manejado la Operación Cooperación. La colaboración entre México y Estados Unidos se extendió a todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, en marzo de 1974 el senador Vance Hartke escribió a José Juan de Olloqui que estaba preocupado por el intenso tránsito de drogas de México a Estados Unidos, por lo que solicitaba información sobre los planes del gobierno mexicano para combatirlo, y ofreció su colaboración para apoyarlos.14 Estados Unidos nunca quitó el dedo del reglón ni abandonó la idea de impulsar un régimen global de prohibición. De ahí que intensificara esa iniciativa en los foros internacionales, lo que obligó a la participación mexicana en estos espacios de concertación. En el 58º periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, los representantes mexicanos dejaron claro que parte de su interés en el combate a las drogas se fincaba en la necesidad de defender la soberanía del país, dada su vecindad con una de las potencias mun-
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diales más activas en esa cruzada. De ahí que las dos tesis en que basaban su colaboración fueran la reducción de la demanda y los apoyos económicos para sustituir cultivos en zonas productoras de drogas.15 Pero aun cuando México respaldaba la retórica del prohibicionismo universal, sus argumentaciones obedecían más a un intento por adelantarse a los planteamientos y demandas de Washington. La beligerancia mexicana permitió que las políticas de combate fueran menos vigorosas en la segunda mitad de los años 1970. Quizá parte de la explicación está en que México pudo envalentonarse gracias a las dificultades que pasó la clase política republicana luego del caso de corrupción Watergate, que terminó con la dimisión de Nixon y el ascenso de Gerald Ford al poder. Este cambio se acompañó de una ola de moralización del lado estadunidense. En 1975, Estados Unidos reenfocó su interés en reforzar la cooperación con México. Tiempo después, con el desmantelamiento de la ruta turco-francesa de abastecimiento de heroína, México se convirtió en el principal proveedor. De hecho, uno de los estudios más certeros en el ámbito gubernamental estadunidense, The White Paper on Drug Abuse, publicado en 1975, urgía a intensificar los acercamientos con México. Desde la perspectiva de los estadunidenses no era para menos, si se toma en cuenta que 90% de las interdicciones de heroína realizadas en trece ciudades de Estados Unidos fueron procesadas en México, un aumento significativo desde 1972, año en que sólo 40% venía de México. Por su lado, México empezó a quejarse por el aumento del tráfico de armas, que, según ellos, bien pudieron acabar en manos de grupos radicales que buscaban la apertura del sistema autoritario y hasta una revolución a la manera de Cuba.16 Las fricciones fueron canalizadas por la vía de la cooperación. En marzo de 1975, Pedro Ojeda Paullada, procurador general de la República, recibió a Webster B. Todd, Jr., del Departamento de Estado, y a Joseph John Jova, embajador estadunidense en México. Lejos de hacer reclamos, el propósito fue ofrecer ayuda para mejorar la imagen de México en sus labores de combate al narcotráfico. Más tarde, Ojeda Paullada anunció que se iniciaba una nueva etapa en la campaña contra las drogas, con equipo proporcionado por Estados Unidos. La novedad era que, tal como lo querían los estadunidenses, se usarían defoliantes para las labores de erradicación.17 El procurador fue cuidadoso al comunicar el asunto: “el gobierno de México en ninguna circunstancia conducirá operaciones que puedan tener efectos adversos en la ecología del país [...] pero eso no significa que no debamos usar herbicidas”. En enero de 1976, Alejandro Gertz Manero, quien estuvo al frente de la nueva campaña, dijo que “había demasiados campos para destruir”. La declaración hacía alusión al reconocimiento oficial de que se usaban alrededor de 600,000 kilómetros cuadrados para cultivos ilícitos. “Estamos esperanzados de que los herbicidas hagan la diferencia.” Poco después, el secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, admitió que ya se hacían pruebas con herbicidas en Sinaloa y Guerrero. Ante la presión de la opinión pública, Gertz Manero aclaró: “Sí, estamos usando herbicidas [...] y antes de la primera mitad del año, vamos a erradicar completamente el cultivo de drogas”. El primero de junio de 1976, México consideraba que su campaña para combatir las drogas era “permanente” —más bien anual. La PGR trabajó para mejorar la coordinación entre cuerpos policiacos locales y el ejército, la cooperación con Estados Unidos, combatir la corrupción y modernizar la tecnología de erradicación. El 30 de septiembre, Félix Galván López,
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secretario de la Defensa, lanzó la Operación Cóndor18 en Chihuahua, Sinaloa y Durango, seguida por el Plan Canador, acrónimo de cannabis y adormidera, cultivos que se buscaría erradicar en las 36 zonas militares.19 Se usaron alrededor de 40 aeronaves, muchas de ellas proporcionadas por Estados Unidos, y se habilitaron once bases aéreas cerca de las zonas productoras para facilitar el transporte del personal asignado20: 5,000 soldados y 350 agentes de la Policía Judicial Federal.21 De hecho, Estados Unidos proporcionó recursos tecnológicos de telecomunicaciones y fotografía aérea, así como helicópteros; incluso capacitó y pagó a pilotos mexicanos. Y para disminuir la corrupción se buscó mover de una zona a otra al personal involucrado en la campaña, con lo que se obtuvieron resultados difíciles de evaluar, pero mostraron buena voluntad por parte del gobierno mexicano.22 La Operación Cóndor fue vista como una fórmula exitosa por los estadunidenses, y no era para menos. En su visión, ayudó a disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos y logró la recuperación de territorios en manos de contrabandistas mexicanos. Los números hablaban por sí mismos. Del primero de septiembre de 1975 al 31 de agosto de 1976, la Policía Judicial y el ejército habían destruido 21,405 parcelas de opio, cuando el año anterior habían sido 13,580. En ese mismo periodo eliminaron 16,686 parcelas de mariguana, frente a 6,762 un año antes. Del periodo 1974-1975 a 1975-1976, el número de aprehensiones aumentó de 2,752 a 4,399. Además, se decomisaron 215 kilos de cocaína en tránsito y se desmantelaron 16 laboratorios.23 Al margen de estas cifras, el uso de herbicidas implicó un cambio cualitativo en las políticas de erradicación. Antes de 1975, la amapola se localizaba mediante vuelos de inspección. Sin embargo, era frecuente que pasaran varios días desde su descubrimiento hasta su destrucción, lo que daba oportunidad a los agricultores, alertados por esos vuelos a poca altura, para cortar los bulbos de la adormidera. En muchas ocasiones, cuando llegaban los militares, los agricultores habían desaparecido con la cosecha.24 En agosto de 1976 Alejandro Gertz Manero presumía ya la aprehensión de “cabezas” del narcotráfico, como: Jorge Moreno Chaivet, Alberto Sicilia Falcón, Jorge Azaf, Salvador Chávez Nájera, María Luisa Beltrán Félix, Guillermo Rivera Beltrán y Jorge Favela Escobosa.25 Muchas de estas aprehensiones fueron realizadas con la intervención directa de las autoridades estadunidenses, principalmente la Drug Enforcement Administration (DEA). Y algunas se hicieron gracias al contacto constante con 30 agentes de la DEA apostados en México. “Ningún otro esfuerzo internacional para combatir el tráfico de heroína está teniendo mejores resultados que el programa de erradicación del gobierno mexicano”, resumieron en 1976 el asesor de Henry Kissinger, Sheldon Vance, y el director de la DEA, Peter Besinger.26 En esos años no era raro que altos funcionarios estadunidenses recorrieran las zonas de producción y regresaran a su país satisfechos ante los esfuerzos de erradicación. Así lo hicieron en 1977 Mathea Falco, asesora del Departamento de Estado, y Peter Bourne, jefe del programa antinarcóticos de la administración de James Carter. Ambos conversaron con el procurador y el secretario de la Defensa, quienes informaron que estaban erradicando plantíos de opio y mariguana con los herbicidas 2,4-D y Paraquat, en aeronaves suministradas por Estados Unidos. De vuelta en Washington, los dos funcionarios suscribieron un reporte afirmando que “todos con los que hablamos, del gobierno mexicano y la misión estadunidense [afirmaron] que el programa de erradicación de opio había sido casi 100% exitoso esta temporada”.27
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Esta colaboración no terminó con la fricción diplomática entre ambos gobiernos. Las críticas provenientes de Estados Unidos más de una vez provocaron reacciones virulentas entre los funcionarios mexicanos, que señalaban la “ineficiencia y falta de colaboración” de la DEA. La discusión sobre el tema de las drogas no cesó en la segunda mitad de los años 1970. Reflejo de estas discusiones fueron los señalamientos del senador Lloyd Bentsen. Según él, entre 1975 y principios de 1976, 102 avionetas que cargaban drogas se habían estrellado en la frontera, y que ese auge del tráfico se debía a la alianza entre grupos subversivos que ayudaban a la producción y trasiego de drogas a cambio de las armas que les ofrecían los traficantes. No dejó datos que demostraran el supuesto vínculo. Como prueba mencionó el testimonio de un funcionario de El Paso, quien aseguró al ejército estadunidense 700 armas robadas que llegaron a México. También mencionó que la DEA había recibido numerosos reportes de aeronaves que transportaban armas hacia México y que regresaban a Estados Unidos con cargamentos de drogas. La solución, según el senador, era aumentar la cooperación con México y conseguir más recursos y personal que cuidara de la frontera estadunidense.28 La persistencia de la oferta de drogas, a la que se sumó cierta preocupación por el flujo de migrantes ilegales, hizo que la atención estadunidense se concentrara en la frontera. En el gobierno de James Carter, la Oficina de Políticas sobre el Abuso de Drogas tuvo entre sus tareas analizar mecanismos para mejorar la vigilancia en la frontera. En febrero de 1978, en una comparecencia ante el senado, Richard L. Williams, subdirector de esa oficina, propuso que se reorganizaran las actividades, agencias y funciones de control fronterizo para evitar la falta de coordinación y la duplicación de funciones entre las instancias encargadas del control de drogas, tráfico de armas y contrabando.29 Poco después, el 19 de abril de 1978, el senador demócrata John Culver presidió una audiencia con la participación de: William Anderson, representante de la General Accounting Office; Peter Besinger, director de la DEA; Rex Davis, director de la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego; y Charles Sava, de los servicios de inmigración y naturalización, entre otros. En su intervención, Culver se limitó a insistir en la necesidad de cooperar con México en el combate a las drogas.30 Por su parte, Anderson, a pesar de reconocer la cooperación con México, mostró preocupación por el aumento de la participación mexicana en el mercado de heroína. México, según sus cifras, de 1971 a 1975 había pasado de 20 a 89% en su oferta del fármaco. Y, en 1977, a pesar de los programas de erradicación seguía siendo un oferente importante. Sin embargo, no atribuía toda la responsabilidad al gobierno mexicano y, de hecho, criticó la ineficiencia de los programas de intercepción de la DEA, el servicio de aduanas y el migratorio. Propuso mejorar la coordinación y evitar la duplicación de funciones entre las agencias involucradas en el combate a las drogas y el control fronterizo.31 Ante esto, Peter Besinger argumentó que la DEA hacía operaciones de inteligencia y erradicación dentro y fuera de Estados Unidos. Según él, de 1975 a 1978 la cooperación con México había ayudado a reducir la disponibilidad de drogas. Planteó la dificultad de controlar una frontera tan larga y transitada, pero aun así, la presencia de la DEA había cumplido con eficiencia en la erradicación de plantíos. En los primeros nueve meses de 1976, los 1,597 agentes de la DEA ubicados en Estados Unidos interceptaron cerca de 230 kilos de heroína, mientras que los 165 agentes asignados a operaciones externas decomisaron 640. De ahí que los programas de erradicación en los países productores fueran considerados una estrategia eficiente. Para defender el programa de erradicación en México, Besinger dijo:
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A pesar de que la producción mexicana representa la mayor parte de heroína en nuestras calles, nuestros registros muestran que la proporción de la heroína mexicana disminuyó en el mercado en los últimos seis meses del año pasado [1977], lo que corrobora la declinación general de la heroína disponible de ese país. [Este logro se debió] en particular [al] esfuerzo México-Estados Unidos para el control del opio. Por otra parte, la aprehensión de algunos líderes del narcotráfico —como el duranguense Jaime Herrera y el sinaloense José Valenzuela— no hubiera sido posible sin “cooperación en inteligencia”.32 Rex Davis analizó la posibilidad de que se estuviera intercambiando drogas por armas. Según él, el contrabando de armas se debía al fácil acceso a la compra en Estados Unidos, y a las políticas restrictivas sobre su posesión en México. Sin embargo, el monto real del tráfico de armas hacia México era muy difícil de estimar.33 Al margen de lo anterior, a fines de los setenta, las cifras dieron la razón a Besinger: la política mexicana de combate a las drogas era un éxito. Según los cálculos del Comité Nacional de Inteligencia sobre Consumos de Drogas, de representar casi 90% de la heroína que circulaba en Estados Unidos, como señalaba Anderson, la heroína mexicana representaba 30% en 1979 y 25-30% en 1980.34 Estos resultados sirvieron para mantener la calma en la relación con los estadunidenses, pero sólo por un tiempo. A partir de 1979 aumentó la cantidad de mariguana y heroína mexicanas que entraba a Estados Unidos. A su vez, en los últimos 18 meses de la administración de López Portillo, los agentes de la DEA fueron confinados a la embajada. Pero esta baja en la prioridad del tema de las drogas cambiaría con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1981.35 Aprehensiones A principios de los años 1970 era frecuente que jóvenes estadunidenses se aventuraran a viajar a México para conseguir mariguana o heroína. El auge de su consumo en las universidades, las clases media y alta, y la integración de las drogas a la cultura pop proporcionaban los incentivos necesarios. Éste fue el caso de George Jung, quien en 1967 se inició como revendedor —venía a México, obtenía mariguana barata y multiplicaba sus ganancias. En 1974, cuando fue aprehendido, las ventas de Jung iban de 300 a 400 kilos de mariguana al mes, por la que recibía de 45,000 a 60,000 dólares, suma considerable en esa época. Viajaba a México para negociar con campesinos de la sierra de Sinaloa, volar en avioneta desde el desierto de Sonora hasta California y llevar la mercancía, por tierra, hasta Amherst, Massachusetts, donde era distribuida en una zona escolar, con 30,000 estudiantes, ansiosos de mariguana, de cuatro preparatorias y una universidad estatal. Luego de su captura, en la prisión se conectó con algunos colombianos y se volvió uno de los traficantes de cocaína más importantes.36 Al iniciar los años 1970 no había grandes organizaciones criminales, aunque sí una creciente producción de drogas. A pesar de la fuerte política de erradicación y la afectación a gran número de campesinos involucrados, los productores empezaron a sembrar extensiones más pequeñas, en terrenos localizados a alturas inalcanzables para los helicópteros Bell, usados para
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fumigar.37 La mayoría de los campos de amapola estaba en Sinaloa, Durango y Chihuahua, el legendario “Triángulo de Oro”, pero después surgieron en Guerrero, Michoacán y Chiapas, donde los operativos eran menos intensos.38 Después de la erradicación de sembradíos, la intercepción fue la segunda política en importancia, porque el número de mexicanos involucrados, con ser considerable, no igualaba al de los productores. En el caso de la heroína, una vez cosechado el bulbo de la amapola, la goma de opio se transportaba a los lugares de recolección, donde se procesaba en laboratorios clandestinos llamados “cocinas”. Hasta ahí los mexicanos eran fundamentales. Pero una vez que llegaban a las áreas de almacenamiento, y hasta que se introducían a Estados Unidos, los traficantes extranjeros eran dueños de la operación. Pero también hubo organizaciones mexicanas que operaron en Estados Unidos, como la de Jaime Herrera y la de José Valenzuela. La DEA tenía reportes de las actividades de Herrera en el transporte de la heroína que llegaba a Chicago, pero fue hasta septiembre de 1977 que inició acciones para detenerlo.39 En el caso de Valenzuela, luego de más de un año de investigaciones, en noviembre de 1977, la DEA logró su captura, junto con ocho de sus cómplices. Valenzuela operaba laboratorios en Culiacán y distribuía la droga en California, desde donde se enviaba a cinco distritos de Nueva York.40 Sin embargo, ni Herrera ni Valenzuela tenían el grado de organización ni los vínculos con el sistema judicial y la clase política de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, que logró, sólo por poner un ejemplo, Alberto Sicilia Falcón, un cubano-estadunidense que luego de trabajar para la Central Intelligence Agency (CIA) intentó establecer un monopsonio de mariguana mexicana y cocaína colombiana. Además, tuvo vínculos con traficantes mexicanos de importancia local, como Pedro Avilés, y otros que más adelante pertenecieron a bandas que controlaron el tráfico de drogas en los ochenta, como Jorge Favela Escobosa o Manuel Salcido Uzeta (a) el Cochiloco.41 El primer narcostar Alberto Sicilia Falcón nació en Matanzas, Cuba, el 30 de abril de 1945. Luego de la llegada de Fidel Castro al poder partió a Miami, donde se enlistó en el ejército, y también se enroló en una o más agencias de inteligencia. En su expediente judicial hay cargos por conducta desordenada, vandalismo y “sodomía”, referidos a su adolescencia. En 1968, a los 23 años, cuando cruzó por primera vez la frontera hacia Tijuana, los funcionarios de la garita lo aprehendieron al comprobar que no era ciudadano estadunidense. Cuando fue liberado, regresó a Estados Unidos y empezó a tejer una red de traficantes que se extendió alrededor del mundo. Pocos años después, cuando las autoridades seguían sus huellas, James Mills, un periodista estadunidense que tuvo acceso a la investigación, escribió, en The Underground Empire, que para 1972: Sicilia era parte del mundo de las mansiones fortificadas, los carros caros, los botes acuáticos de carreras, el champagne Dom Pérignon, los puros Montecristo y la cocaína por kilo. Sus fiestas lo mismo en yates, salones de hotel o casas privadas en tres continentes, divirtieron a líderes políticos, industriales, estrellas de cine, criminales internacionales y jefes de inteligencia. Sus sobornos y regalos incluían carros deportivos italianos, joyas y pagos de millones de dólares [...] Su dinero rondó secretamente alre-
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dedor del mundo en bancos de media docena de países, Rusia incluida. Su influencia alcanzó los servicios de inteligencia de varios países, entre ellos, México, Cuba y seguramente Estados Unidos.42 El texto de Mills se basó en la información de la Central Tactical Units (CENTAC 12), una organización policial y de inteligencia que formó, en junio de 1976, el gobierno estadunidense para perseguir específicamente a Sicilia Falcón y su gente. En la primera fase, el CENTAC 12 buscaba desmantelar la red de tráfico que Sicilia manejaba desde México. En la segunda fase, de agosto de 1977 a diciembre de 1978, el CENTAC 12 trató de destruir las fuentes de abastecimiento de cocaína de lo que fue la organización de Sicilia.43 Cabe destacar que, en la operación contra Sicilia, el CENTAC 12 contó con la participación directa de agentes de la Policía Judicial Federal. A principios de los setenta, el centro de operaciones de Sicilia estaba en Tijuana. Esto le permitió supervisar el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, consolidar un grupo de trabajo, mantenerse alejado de las investigaciones de las autoridades estadunidenses y, mediante la expansión de sus relaciones en México, lograr complicidad e impunidad dentro el sistema policiaco mexicano. Uno de sus mejores contactos en México fue Gastón Santos, cacique de San Luis Potosí y miembro de la familia revolucionaria; hijo de Gonzalo N. Santos, hombre público de infausta fama y memoria. Desde Tijuana, pues, Sicilia tejió sus redes y creció en el mundo de los negocios. En algún punto de este proceso, diversos miembros de su grupo empezaron a querer más dinero, especialmente el mexicano Alberto Barruetta, quien incluso intentó independizarse. Ante esto, Sicilia ideó una nueva forma de operar que permitiera incrementar las ganancias de todos. Así, sin mayor explicación, citó a los miembros de la banda en su villa en Acapulco, donde organizó una fiesta espectacular, en la que todos se emborracharon, menos él. Al otro día, tres camionetas de campesinos armados rodearon la villa de Sicilia; uno de sus dirigentes venía a hablar con él. Dice Mills que Alberto Barruetta sabía de las conexiones de Sicilia con las guerrillas. De hecho, Gastón Santos se encargaba de enviar cargamentos de la mariguana producida por los guerrilleros a las casas de seguridad que Sicilia tenía en Mexicali. Al parecer, estas transacciones fueron parte de las estrategias del movimiento subversivo de Guerrero para conseguir armas y abastecimiento. La reunión duró tres horas, luego Sicilia y su gente fueron a un restaurante de la costera, donde explicó: “No va a haber problemas con socios que sólo ganen 45,000 dólares por tonelada. Vamos a controlar toda la mariguana de México”.44 El nuevo plan empresarial era que la guerrilla, siempre necesitada de recursos para sostener su movimiento, entregara un primer cargamento de 100 toneladas, y así siguiera en el futuro. Y sabedor de que la otra gran fuente de mariguana era Sinaloa, sobornó a las autoridades mexicanas para que concentraran sus esfuerzos punitivos en ese estado, con lo que sólo la competencia tendría que soportar los costos de las campañas de erradicación e intercepción del gobierno.45 Antes de radicar en la ciudad de México, Sicilia también incursionó en el tráfico de cocaína de Sudamérica y heroína europea e intentó entrar al negocio de la producción y tráfico de armas, con ayuda de algunos miembros de la clase política mexicana. En Tijuana, se reunieron Sicilia y Gastón Santos con James Morgan, dueño de Morgan Arms Company. Morgan
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necesitaba 10 millones de dólares para arrancar la producción de una sofisticada arma en Portugal. Según Mills, el arma no sólo serviría para que Sicilia la pudiera intercambiar por droga, sino que Santos la podría usar para defender sus dominios en San Luis Potosí. No queda claro si el negocio prosperó, pero, al parecer, algunos políticos mexicanos estuvieron involucrados.46 Alrededor de 1975, el endurecimiento de las autoridades estadunidenses en la frontera persuadió a Sicilia de trasladarse a la ciudad de México, donde siguió cultivando sus conexiones. Poco después, el 2 de julio de 1975 fue aprehendido en Nieve 180, en Jardines del Pedregal: “encamado, con una mano fracturada, junto a una pistola”. En un principio se negó su arresto, quizá porque, como él mismo relató, fue sometido a torturas por agentes a cargo del comandante Florentino Ventura.47 Su abogado, Roberto Sánchez Juárez, declaró a los diarios que se violaron sus derechos al no consignarlo dentro de las 72 horas marcadas por la ley. La detención se hizo pública hasta el 10 de julio. Ese día, en las notas periodísticas la detención del primer “barón de las drogas” que se hizo famoso en México, compartió espacio con la breve detención de Gastón Santos, por su posible vínculo con el narcotráfico. Lo que no se aclaró nunca fue la relación de Sicilia con el “rejoneador millonario”. Al parecer, la detención de Santos se hizo cuando éste fue a visitar a Sicilia, a su casa del Pedregal, un día después de la aprehensión.48 La captura de Sicilia descubrió una serie de complicidades que nunca fueron del todo aclaradas. El día de su detención encontraron que, al igual que Gastón Santos, tenía una credencial que lo acreditaba como agente especial de la Secretaría de Gobernación. Las investigaciones apuntaron hacia Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación y, por lo mismo, señalado como el ungido para suceder a Luis Echeverría en la presidencia de la República. James Mills dice que cuando se supo de las conexiones de Sicilia con Moya Palencia, el PRI remplazó a este último por José López Portillo.49 Ojeda Paullada presentó la detención de Sicilia como el resultado de una operación conjunta con agentes de la DEA. Ese día también se capturó a buen número de personas en México y en California. Entre los presos estaba su lugarteniente en México, Carlos Ángel Kiriakides y la directora de distribuidores, Mercedes Coleman Bisval.50 A los pocos días, Sicilia fue trasladado a la Cruz Roja para detener una hemorragia provocada por las heridas que él mismo se infligió al tratar de suicidarse.51 La circunstancia fue aprovechada por su abogado para denunciar las irregularidades del proceso. Entre los escándalos paralelos, Irma Serrano, la Tigresa, declaró que ella podía decir mucho sobre “los verdaderos jefes del narcotráfico”. De hecho, dijo que hablaría con la Procuraduría sólo “con la autorización del presidente Echeverría”:52 declaración insólita si no se toma en cuenta que la prensa de la época afirmaba que ella había sido aval para que Sicilia Falcón rentara la casa del Pedregal. Aunque quizá fue una velada amenaza contra la clase política priísta, que le permitió zafarse del asunto. Agustín Bárcenas, secretario del Tercer Juzgado Penal Administrativo, declaró a la prensa que no requeriría del testimonio de la Serrano; mientras que el abogado de Sicilia dijo que la artista “no [tenía] ninguna relación” con su defendido.53 James Mills proporciona, además, datos sobre la probable participación de la familia Echeverría en este asunto:
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Los agentes estadunidenses descubrieron que era más que curioso, el hecho de que el nombre de un presidente de la República haya salido a la superficie en otro aspecto de investigación sobre Sicilia Falcón. Cuando fue arrestado, le encontraron una carta que tenía información sobre transacciones comerciales de plata, mercurio, cemento, hierro y productos petroleros entre México y Estados Unidos que fueron autorizadas por Antonio Buch, representante personal de María Esther Zuno de Echeverría, la esposa del presidente de México. La carta estaba fechada dos meses después de la reunión en Tijuana con Gastón Santos y James Morgan, concerniente a la fabricación de un super-rifle de visión láser. Otros esfuerzos de inteligencia sugieren que la señora Echeverría, cuyo padre y hermanos habían sido vinculados ya con operaciones de heroína europea, pudo tener inversiones en la manufactura de esa arma. La posible participación del presidente Echeverría en el tráfico de drogas y armas (por medio de su esposa, su secretario de Gobernación, Moya Palencia, y otros) era de particular interés, por su conocida ambición: cuando dejara el cargo, deseaba ser elegido como secretario general de las Naciones Unidas.54 Otra pista que jamás se agotó fue la de un Rolls Royce del año, propiedad de Sicilia, estacionado en la casa de Dolores Olmedo. Al parecer el auto fue usado por la banda de Sicilia para trasladar heroína desde España, cuando éste estuvo en Madrid para la negociación de un cuarto de millón de dólares en armas de la CIA. Investigaciones posteriores revelaron que Olmedo mantuvo una relación con Arturo Izquierdo Ebrard, importador de heroína francesa por el puerto de Veracruz, donde tenía una finca y donde fue desembarcado el Rolls Royce.55 Tiempo después, Izquierdo Ebrard llegaría a ser cuñado de Arturo, el Negro Durazo. El 15 de julio, Sicilia Falcón fue consignado por asociación delictuosa, contrabando y acopio de armas, falsificación de documentos y delitos contra la salud en sus modalidades de posesión, transportación, compraventa, tráfico y suministro de mariguana y cocaína. Al parecer era el final, pero después de unos meses, el caso volvió a los medios de comunicación luego de que Sicilia, junto con Alberto Hernández Rubí, José Egozzi y Luis Antonio Zuccoli, se fugara de Lecumberri, por un túnel de 40 metros de largo, en abril de 1976. La fuga despertó las sospechas sobre los nexos de las autoridades con el narcotráfico. Desde diciembre de 1975, La Prensa denunció el contubernio entre la banda criminal y algunos magistrados de Hermosillo, que dieron su aval para que Sicilia fuera trasladado a Tijuana, donde sus conexiones le permitirían mejor trato. Después de la fuga, los periodistas de ese diario reprocharon haber advertido “con toda oportunidad de lo que ahora se lamenta la sociedad: la fuga y burla a la justicia de uno de los más grandes traficantes de estupefacientes”. La presión mediática no fue la única que enfrentó el gobierno. Antes, el 16 de febrero de 1976, Henry Kissinger, secretario del Departamento de Estado, envió una carta a Alfonso García Robles, secretario de Relaciones Exteriores, en la que planteaba: “Mi fuerte convicción de que el tráfico de drogas debe parar está acompañada por una convicción igualmente fuerte de que los detenidos, sin importar los crímenes por los que deban ser procesados, deben recibir sus derechos legales y humanos dentro de la ley aplicable”.56 La respuesta de García Robles fue cordial y firme. Dijo que el aumento de presos estadunidenses se debía al crecimiento del contrabando de Estados Unidos a México y del tráfico de drogas de México a Estados Unidos. El tono de la carta no buscaba atizar conflictos ni vender falsas expectativas: “No podemos espe-
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rar que no se cometan ocasionalmente algunas irregularidades, sobre todo, cuando las detenciones se efectúan en lugares alejados”.57 No obstante, las autoridades se vieron obligadas a actuar. Se destituyeron a los magistrados de Hermosillo; los retratos hablados de las personas que ayudaron a la fuga se distribuyeron entre los cuerpos policiacos; se pidió ayuda a la DEA e INTERPOL; se siguieron todas las pistas, desde la compra de la casa donde desembocaba el túnel, hasta los contactos de Sicilia a lo largo de la frontera. Las cosas se complicaron cuando La Prensa denunció que Sicilia había “comprado” por dos millones y medio la crujía L, al jefe de vigilancia de Lecumberri, Edilberto Gil Cárdenas, y que Zuccoli —uno de los prófugos— era compadre y exsecretario particular de Gustavo Malo, presidente de la Comisión Administradora de Cárceles y Reclusorios del Distrito Federal. Ojeda Paullada exculpó al director del reclusorio, general Francisco Arcaute, y dijo que “los viejos reos, que son como caciques de Lecumberri, seguramente son los responsables de la fuga de los narcotraficantes”.58 Por contraste, Gil Cárdenas fue aprehendido y acusado de varios actos de corrupción. El 2 de mayo de 1976, los periódicos informaron sobre la recaptura de Sicilia Falcón, operativo a cargo del subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, y los comandantes Florentino Ventura y Pedro Ismael Díaz Laredo. Sicilia fue trasladado al Reclusorio Sur y, en 1991, a Almoloya de Juárez. Las autoridades cerraron el capítulo de la captura del que ha sido señalado como el primer narcostar de México,59 con granaderos resguardando Lecumberri, ante llamadas que amenazaban con: “dinamitar el edificio” el día de la recaptura; declaraciones de inocencia de Sicilia; declaraciones de Ojeda Paullada de que la investigación había sido “un prodigio” y felicitaciones a su estratega, Alejandro Gertz Manero. El periodista James Mills transcribe una conversación entre los agentes estadunidenses que participaron en la captura de la banda de Sicilia y senadores de su país, en enero de 1977, en la que destacan los comentarios de uno de ellos: Tradicionalmente, el secretario de Gobernación es el próximo presidente de México. Por lo menos, desde los últimos tres o cuatro presidentes. Cuando arrestamos a Sicilia, él tenía una credencial de agente especial de Gobernación [aunque] ni siquiera tenía la ciudadanía mexicana. Hay historias que no hemos podido confirmar, pero una, que es clave, dice que los apuros del gobierno mexicano con la aprehensión de Sicilia y sus declaraciones a la policía judicial sobre otras agencias del gobierno [provocaron que] Moya Palencia, que había sido señalado [...] como el próximo presidente [...] no fue ya el hombre de los reflectores. Una semana después, López Portillo, el actual presidente de México, fue elegido por Echeverría.60 La banda de las Bolas de cocaína Al parecer, la investigación sobre esta banda inició después de que una avioneta arrojó “bolas de cocaína” cerca de Teotihuacán, en febrero de 1974. Luego de esa “lluvia blanca”, ocurrió otro incidente similar en mayo de 1975: una avioneta tiró dos sacos en las cercanías del río Lagartos, en Yucatán. Unos marinos se percataron del hecho, por lo que los traficantes sólo tomaron uno de los sacos y se dieron a la fuga. El 7 de julio de 1975, los periódicos de la ciudad de México informaron sobre la detención de esa “mafia” que introducía de 100 a 200 kilos de
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cocaína al mes. Las investigaciones permitieron atrapar a esta banda en diversos puntos del país. El grupo estaba formado por los mexicanos Jesús Madrid Muñoz, Víctor Lozano Cerón, Luis Roldán Melo, Enrique González Benítez (en la ciudad de México), José Guadalupe Franco Lincoln (Querétaro), Cesáreo Salomón Monzón (Tecomán, Colima), los colombianos Carlos Estrada Ortiz, Marlene Ríos Gómez, el argentino Ricardo Horacio Giarini (ciudad de México) y el estadunidense Martín Román Zamora (Mexicali). En una conferencia de prensa, el procurador informó que desde Colombia se enviaban los insumos para elaborar la droga. Normalmente se lanzaban desde el aire a sitios donde pudieran recogerse. Con la droga en su poder, los contactos llamaban a Carlos Estrada Ortiz, quien tenía laboratorios clandestinos, uno de ellos en Querétaro, para procesarla y luego distribuirla. No quedaba claro si la droga sólo se vendía en México, o si además se llevaba a Estados Unidos. Sin embargo, se detalló que la detención del estadunidense fue en Mexicali, “en momentos en que recibía dinero del importe de la droga”. Es decir, la banda trasladaba cocaína desde Colombia y se dedicaba a su procesamiento, venta y trasiego, por lo menos hasta la frontera con Estados Unidos. Ojeda Paullada no dio detalles de las conexiones del grupo con los estadunidenses, y no es de extrañar, si recordamos que eran los momentos de fricción con Estados Unidos, antes de la Operación Cóndor. No obstante, afirmó que contaba con información que comprometía a “varios agentes norteamericanos de narcóticos”.61 El 14 de julio de 1975, Estrada Ortiz declaró haber comprado un rancho para el aterrizaje de avionetas y “presumió de ingenioso” al aceptar que inventó los compartimentos secretos en los motores de camionetas Combi para ocultar la cocaína. Por su parte, el químico Franco Lincoln confesó encargarse del procesamiento de la cocaína. Franco Lincoln dijo que conoció a Estrada Ortiz en Tijuana, mientras trabajaba en un laboratorio. Ahí, Estrada Ortiz le ofreció procesar cocaína a cambio de 30,000 dólares. Luego, el aumento de la demanda le permitió abrir un segundo laboratorio en Tijuana y un tercero en Querétaro. Según él, a esos laboratorios llegaban los principales distribuidores de Boston, Chicago y Nueva York.62 Un líder mexicano En agosto de 1976, la Policía Judicial Federal anunció la aprehensión de Jorge Favela Escobosa, hombre de 59 años, dedicado al tráfico de narcóticos desde hacía 30. Ninguna droga quedó al margen de sus operaciones: cocaína, mariguana, psicotrópicos, heroína. Favela Escobosa tenía una fortuna calculada en casi 500 millones de pesos de aquellos años, y muchas propiedades en Sinaloa, ciudad de México, Tijuana y Cuernavaca. La primera vez que lo detuvieron, en 1961, traía 60 gramos de heroína, y consiguió una sentencia absolutoria.63 A partir de ese momento, y como ha ocurrido con otros narcotraficantes, Favela Escobosa reorganizó su negocio y estableció mecanismos de seguridad: teléfonos especiales para hacer contactos, un grupo pequeño de incondicionales, casas de seguridad, identificaciones con más de diez nombres diferentes, cuentas bancarias con nombres ficticios. Según la PGR, Favela tenía conexiones en Colombia, Perú, Estados Unidos, Turquía, Alemania, Francia e Italia, y relación con otros narcotraficantes de la época, como Lalo Fernández, Jerónimo Gutiérrez, Pedro Avilés y Kuri Karim. La aprehensión de Favela Escobosa se llevó a cabo luego de una larga investigación. En 1975 fueron aprehendidos en Tijuana, Guillermo, Ricardo y Jesús Favela con un cargamento de
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cocaína y heroína. En marzo de 1976, se aprehendió a otros 23 miembros de la banda, a los que les decomisaron 83 kilos de cocaína y 5 de heroína en La Paz, Tijuana, Culiacán y el Estado de México. A raíz de esto, un juez libró orden de aprehensión contra Jorge Favela y cinco de sus lugartenientes. Su aprehensión ocurrió en la colonia Polanco, de la ciudad de México. En ese momento, Favela esperaba hacer una conexión para la compra de 17 kilos de cocaína y tres de heroína por 20 millones de pesos. La droga y 12 mil dólares fueron decomisados a Guillermo Polanco Ávalos. Una vez procesada, la droga hubiera cuadriplicado su valor. La primera reacción de Favela fue tratar de suicidarse, pero los agentes no lo dejaron. Luego ofreció: “son cinco, les doy diez millones y nos vamos todos, tengo mucha lana, solamente de Tijuana me ha girado mi sobrino Rafael, 50 millones de mis operaciones en Chicago”. Después de la aprehensión de Favela Escobosa, se hicieron varias detenciones más, que reflejan el grado de sofisticación de sus procedimientos. En la ciudad de México fueron detenidos Sergio Guillermo Moreno Coronado, cajero general de una sucursal del Banco Nacional de México, quien hacía algunas de sus transacciones; Antonio Cárdenas Iribe, su mano derecha; Mario Villalobos, almacenista y distribuidor; Héctor Herrera Contreras, encargado del transporte de droga y dinero; José Guillermo Aguilar, contador; y Juan Francisco Serrano Gutiérrez, su asesor jurídico. En Durango cayó Felipe Favela Shaire, encargado del lavado del dinero de las operaciones en Chicago. En Culiacán se detuvo a Óscar Humberto Aguilar Avilés, su lugarteniente.64 En su conferencia de prensa del 8 de agosto de 1976, Gertz Manero anunció que se había desintegrado la organización “más audaz y difícil de penetrar en la historia del crimen organizado en México”.65 Sin embargo, Favela Escobosa siguió operando, por lo menos hasta mediados de los años 1980.66 El Cochiloco y Pedro Avilés Manuel Salcido Uzeta, (a) el Cochiloco, y su banda fueron aprehendidos en febrero de 1974. Enfrentó cargos por homicidio, portación de armas, desorden público y asociación delictuosa, aunque no por delitos contra la salud. En un periódico de la época, esto causó indignación: “hay ya un maridaje excesivo entre el narcotráfico y los encargados de combatirlo... [Esto] muestra hasta dónde la mafia de los gomeros ha logrado calar, comprando protección, conciencia, gatillos con credencial”.67 Meses antes, tuvo enfrentamientos con otro grupo de traficantes, liderado por Braulio Aguirre, por el control del narcotráfico en el sur de Sinaloa. En los medios locales se supo que, a principios de 1974, el Cochiloco había pagado un cuarto de millón de dólares para que tres agentes de la Policía Judicial Federal secuestraran a seis integrantes de la banda de Aguirre. Los judiciales llevaron a los jóvenes a una casa en Río Humaya 31, en la colonia Lomas del Mar, en Mazatlán, propiedad del Cochiloco. Los cuerpos de los seis muchachos fueron encontrados en un rancho cerca de Mazatlán. El hecho evidenció la colusión de las policías con el Cochiloco. Los agentes federales fueron apresados, junto con el jefe de la Judicial comisionado en Sinaloa, Ramón Herrera Esponda, bajo el cargo de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, luego de su traslado al Distrito Federal fueron exonerados. Tiempo después, el Cochiloco y su banda fueron aprehendidos en
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la colonia Chapalita, en Guadalajara. Se les trasladó a Mazatlán y luego a Culiacán. No obstante, él no duró mucho en la cárcel. En noviembre de 1975, con un soborno de medio millón de pesos, escapó. Desde entonces siguió operando en todo el Pacífico. Versiones periodísticas señalan que se paseaba sin problemas por Sinaloa.68 Los rumores sobre sus operaciones se prolongaron hasta principios de los años 1990. Se dice que él vengó la muerte del famoso narcotraficante Pedro Avilés. Este asunto, no confirmado, se explica porque el Cochiloco no operó sólo en los años 1970. El dueño de la plaza era, precisamente, Avilés. Luis Astorga reconstruye así la muerte de este último: La noche del 15 de noviembre de 1978, en el entronque de los caminos hacia Tepuche y La Pitayita, a menos de veinte kilómetros de Culiacán, hubo un enfrentamiento a tiros entre agentes de la PJF y “presuntos narcotraficantes”. Así, por casualidad, pues no lo andaban buscando a él precisamente, terminó sus días Pedro Avilés Pérez, quien también utilizaba el nombre de Guillermo Pérez, originario de Las Ciénegas de los Silva, Durango. Figura importante en el “bajo mundo” sinaloense, según la DEA; “el más grande de los siete del reinado”, según uno de sus corridos; “uno de los más famosos narcotraficantes a nivel nacional”, según la PGR. Avilés era buscado hacía cinco años y jamás había sido detenido a pesar de las más de veinticinco órdenes de aprehensión en su contra.69 Al inicio de los años 1990, el Cochiloco robó un cargamento de cocaína de un barco, en Colima; la droga era propiedad de unos colombianos. Quizá por este robo lo mataron, pero el mito sobre sus hazañas se ha mantenido. El cronista sinaloense Javier Valdez afirma: Se le atribuyeron más de 75 muertes. Le gustaban los palenques y lo mismo se le señalaba como bandido generoso que como matón sanguinario y extremadamente violento. Hay quien dice que como Pedro Infante y Amado Carrillo, él está vivo y les sigue llevando la tambora a los de San Juan, su tierra. Si en vida se contaba que tenía una persona que se parecía mucho a él y que la hacía de su doble, ahora se cuenta que no ha muerto. Que no murió ni con los más de cincuenta balazos que dicen que recibió, aquel 9 de octubre de 1991.70 Si no fuese porque en varios archivos periodísticos el Cochiloco aparece retratado con el exgobernador de Colima, Elías Zamora Verduzco, lo narrado parecería un simple ejercicio literario.71 Un estilo de vida sienta sus reales Una de las consecuencias sociales más importantes del narcotráfico ha sido la erección de un estilo de vida, por lo menos en algunas regiones de México. Robert DuPont, asesor sobre drogas de la Casa Blanca en tiempos de Gerald Ford, visitó Culiacán, poco después de que aquél asumiera la presidencia de Estados Unidos, en 1974. A su regreso, dijo que Culiacán era lo más cercano al Viejo Oeste que había visto.72 Otro observador, Richard Craig, visitó Culiacán en 1976. Luego, en un artículo, describió así el escenario:
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No sólo es el estado clave de la industria mexicana de la heroína, sino un microcosmos clásico de lo bueno y malo del milagro mexicano. Por un lado, Sinaloa es el estado agrícola líder nacional, el lugar de la agricultura de exportación más avanzado, un centro minero de importancia y la sede de dos hermosas, aunque muy diferentes ciudades, Mazatlán y Culiacán. Por el otro lado, es el centro de una pobreza apabullante, repetidas confiscaciones de tierras, desafío abierto y armado a la autoridad, notoria corrupción, ley marcial y, hasta hace muy poco, el sitio de una de las mayores concentraciones de producción de heroína en el mundo.73 En un artículo de Excélsior del 4 de febrero de 1976, Alfonso G. Calderón, entonces gobernador del estado, reconoció que el problema era “insoluble”, porque “los mafiosos no tienen ningún respeto”. Mencionó un área de 21,161 kilómetros cuadrados de la sierra de Sinaloa, donde por lo menos 20,000 de los 200,000 campesinos que ahí vivían se dedicaban a la producción de drogas, porque “quieren tener un buen par de pantalones, un buen sombrero y una buena camisa [...] incluso trayendo al ejército completo a Culiacán, no sería suficiente”. Tiempo después, el gobierno federal lanzó la Operación Cóndor. Obviamente, algunos de los campesinos a quienes el cultivo de drogas les dejaba diez veces más de ganancias que sus cultivos tradicionales, defendieron sus plantíos, lo que produjo verdaderas batallas campales en la sierra. A este grupo se le sumaron otros que estaban descontentos por las arbitrariedades que cometían los soldados y policías a su paso por los poblados. Con la Operación Cóndor aumentó el descontento social. Así lo comentó un diplomático estadunidense: Mira, cuando esas unidades barren las zonas, segura o presuntamente, productoras de drogas, a veces limpian de más. Las casas son saqueadas, los hombres golpeados, las mujeres violadas y sus pertenencias confiscadas. Con esas tácticas, aunque raras, los militares no precisamente se hacen querer por los campesinos.74 Desde entonces, las denuncias por torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de policías federales, o de saqueos y abusos de autoridad por parte del ejército, han sido frecuentes.75 Una de las primeras consecuencias de las operaciones de los setenta fue el éxodo masivo de campesinos de la sierra hacia las zonas urbanas.76 Esto propició el caldo de cultivo para que los recién llegados a las ciudades se dedicaran a actividades relacionadas con el narcotráfico y para que surgieran las simientes de identidades locales vinculadas con el narcotráfico. Como bien dice Luis Astorga, por medio de los corridos empezó a crearse una mitología propia. Y la exaltación de la ilegalidad alcanzó dimensiones mitológicas. Prueba de ello es Jesús Malverde, el ladrón generoso asesinado por los rurales en 1909, a quien no sólo compusieron versos y canciones populares, sino que se le atribuyen milagros, al grado que ahora se ha convertido en un santo apócrifo con adeptos en México, Colombia y Estados Unidos, que cuenta con santuarios en Culiacán, Badiraguato, Tijuana, Cali y Los Angeles. Esta mitología se ha acompañado de expresiones lingüísticas propias que han sido recogidas en novelas como Un asesino solitario, de Elmer Mendoza, o los trabajos literarios de Juan José Rodríguez y Leónides Alfaro; el periodista Jesús Blancornelas habla de la existencia de una ética particular; y los trabajos de artistas plásticos como Óscar García, Fritzia Irízar, Lenin Márquez y Aurora Díaz, entre otros, exploran la recuperación de la estética del narcotráfico.
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La guerra contra las drogas (1981-1989) La década de los años 1980 fue quizá uno de los periodos más infames de la política exterior estadunidense. Sus dobles raseros morales, las consecuencias no deseadas de la guerra fría, su actitud intervencionista, el apoyo a movimientos políticos y militares represores, y la torpeza de su elección de enemigos externos para solucionar pugnas internas dan fe de la falta de racionalidad de esa gestión. En el caso de los estupefacientes y su relación con México y otros países productores, los 1980 vieron surgir la “guerra contra las drogas”. En el caso de México, el objetivo final era encontrar en la corrupción y el auge del narcotráfico un enemigo externo que redituara votos dentro de Estados Unidos. Las estrategias para “presionar” se basaron en imponer prerrequisitos para cualquier negociación. Proporcionaron ayuda económica para las operaciones de combate al narcotráfico, pero también idearon un proceso de “certificación” para condicionarla. Las “ayudas” forzaban el alineamiento a las políticas económicas estadunidenses, ante la amenaza de retirar el apoyo a las maniobras de los jerarcas priístas. No es aventurado decir que, por lo menos desde los 1980 la denuncia pública de los métodos fraudulentos del sistema político mexicano fue usada como método de negociación en temas como las políticas de combate a las drogas. La reacción mexicana más llamativa fue la aparente limpieza y militarización de sus aparatos judiciales, cuya expresión más clara se dio en 1985, cuando quedó desmantelado uno de los brazos de control de la izquierda, la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Por su parte, los movimientos sociales también buscaron la democratización y el fin de la corrupción inherente al sistema, lo cual propició cambios paulatinos dentro del régimen autoritario y una redefinición del modelo económico. En este proceso, el narcotráfico fue el punto de apoyo de los estadunidenses para imponer determinadas políticas. Las cifras de intercepción y erradicación de drogas durante este periodo fueron “históricas” —o siempre mayores que el año anterior—; sin embargo, la década de los años 1980 fue un momento de gloria para las organizaciones criminales mexicanas, pues tomaron control de la producción nacional. Las políticas A finales de los años 1970 y principios de los 1980, como afirma Sergio Aguayo, el tema de las drogas no fue importante en las relaciones México-Estados Unidos, por el temor estadunidense a que la ocasional simpatía mexicana por las causas izquierdistas se convirtiera en verdaderos compromisos. Sin embargo, este bajo perfil cambió en 1985, pues el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, evidenció que el narcotráfico era un asunto trascendental. Estados Unidos denunció la corrupción de las autoridades mexicanas y usó todos sus recursos para influir en las políticas de combate a las drogas. Pero ¿acaso hasta ese momento Estados Unidos se percató de la corrupción en México? No; desde principios de los años 1950, los informes de la CIA eran contundentes: “algunos de los poco escrupulosos jefes [de la Dirección Federal de Seguridad] han abusado del considerable poder que se les ha otorgado, porque toleran, y de hecho realizan, actividades ilegales como el contrabando de narcóticos”.77 Es
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decir, la corrupción no era novedad, pero también hubo otras circunstancias que desembocaron en la crisis bilateral, en la segunda mitad de los años 1980. Las drogas y el narcotráfico fueron uno de los principales temas de campaña de Ronald Reagan. La misma Nancy Reagan declaró que su compromiso en la lucha contra el narcotráfico se fincaba en sus dificultades para “educar a dos hijos durante los años sesenta”.78 Pero, en un primer momento, la prioridad no fue la mariguana ni la heroína, sino la cocaína, cuyo consumo alcanzó un gran auge. Durante el verano de 1981, una portada del Time mostraba una copa con polvo blanco: cocaína, “the all-American drug”. La revista aseguraba que ya no era un “pecaminoso secreto” que la cocaína fuera la droga favorita de las clases adineradas y un símbolo de estatus.79 Durante la campaña de 1982, Reagan, necesitado de más votos, anunció un “plan confiable y audaz” contra la importación de drogas. Este plan estuvo acompañado de una reorganización intergubernamental y redefinición de prioridades.80 Sin embargo, el ataque al tráfico de cocaína del Caribe, a principios de los 1980, abrió las puertas de México como ruta alterna para introducir drogas desde Sudamérica. Ante esto, Estados Unidos consideró la necesidad de militarizar la lucha contra las drogas. La Ley de autorización de la defensa, de 1982, permitió a los militares estadunidenses cooperar con autoridades civiles.81 Reagan cedió a las presiones del congreso para que la participación del ejército estadunidense aumentara dentro y fuera de Estados Unidos. Este hecho se limitó a ciertos lineamientos, que Bruce Bagley resume así: “1. las fuerzas de Estados Unidos tenían que ser invitadas por el gobierno anfitrión; 2. las fuerzas serían dirigidas y coordinadas por agencias civiles de Estados Unidos; y 3. su papel quedaría limitado a funciones de apoyo”.82 Nada nuevo. Estados Unidos estableció la cooperación selectiva con el fin de extender sus políticas antidrogas, erigiendo a su vez un filtro para las estrategias de los otros países. México impuso severas medidas contra las drogas, pero hizo señalamientos que le permitieron cierto margen de negociación. Por un lado, definió el consumo de drogas como un problema externo, y así pudo criticar al gobierno de Estados Unidos por no poner el énfasis necesario en combatir la demanda de drogas entre su población. Por otro lado, gracias a que mantuvo el discurso tradicional de su política exterior (es decir, continuó reivindicando los valores nacionalistas, la independencia económica y política de Estados Unidos y el mantenimiento de su jurisdicción territorial), México pudo justificar su combate a las drogas por razones internas. Mientras la visión dominante en Estados Unidos era que el gobierno de México había fracasado para hacer efectivos los esfuerzos por controlar la oferta de drogas en el mercado estadunidense, en México dominó la idea de que el aumento del narcotráfico se debía a la falta de interés de Estados Unidos en controlar su demanda. 83 Autores como Ethan Nadelmann concluyeron que “el alcance monumental del tráfico de drogas ilícitas estaba creado, en gran medida, por la demanda estadunidense y la ilegalidad del mercado”.84 En efecto, el ataque a la oferta era inocuo ante los crecientes intereses “empresariales” de los narcotraficantes mexicanos y el mantenimiento de la demanda estadunidense.85 Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el de las crisis financieras por las que de manera periódica atravesaba México. Según Richard Craig, “el fenómeno de las drogas no sigue los modelos clásicos del desarrollo, especialmente en épocas de grave crisis económica”.86 Después de 1982, el retraimiento de la inversión privada y el desplome de los ingresos petroleros provocaron graves crisis financieras en la economía mexicana. En esta situación, es lógico que
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ante la caída de los precios del petróleo, la fuga de capitales, el aumento del índice de precios reales, el incremento del costo real del servicio de la deuda y el desplome generalizado del nivel de vida de los mexicanos, el gobierno de México tuviera dificultades para canalizar mayores recursos a las campañas de combate al narcotráfico. Las políticas adoptadas a partir de estas negociaciones fueron las más coherentes en términos económicos, pues el hecho de declarar que el problema debía combatirse desde la oferta y que México no tenía un problema grave de consumo de drogas ilegales, a más de reafirmar la independencia frente a Estados Unidos, permitió a México establecer programas que no fuesen una carga presupuestal excesiva al gasto gubernamental ya conflictivo en otros aspectos, aunque tuvieron alcances muy modestos.87 Ante ese escenario, los impresionantes ingresos del narcotráfico fueron a la alza. Sólo para dar una idea de su importancia, baste mencionar que en 1988 el PIB fue de 174 mil millones de dólares, mientras que los ingresos derivados del narcotráfico fueron de 38 mil millones de dólares, es decir, casi 20% de la economía legal. Esto ha llevado a que autores como Reuter y Ronfeldt hayan asegurado que “la industria de drogas ilícitas en México era suficientemente grande en los últimos años del decenio de 1980 que el control de las drogas podría ser percibido como un asunto con importantes consecuencias económicas adversas”.88 Por otro lado, las inercias y malos manejos burocráticos alimentaron el conflicto diplomático. La coordinación entre México y Estados Unidos, que caracterizó la Operación Cóndor, terminó por deteriorarse. Del lado mexicano, las rivalidades y la corrupción de las agencias encargadas de combatir las drogas provocaban que algunos plantíos quedaran sin rociar, o que otros fueran rociados hasta tres veces, y que, mientras un cuerpo policiaco consideraba prioridad perseguir a tal o cual grupo de narcotraficantes, otros los defendieran. Según una misión de estudio de la cámara de representantes estadunidense —que trabajó en México de agosto de 1984 a enero de 1985—, “las estadísticas de erradicación proveídas por el gobierno mexicano no eran de fiar y, probablemente, estaban muy infladas”.89 En general, las estadísticas sobre el tema no son confiables tanto por la ilegalidad del mercado como por los incentivos de las autoridades para inflarlas. Sin embargo, en este caso, evidenciaban el descuido generalizado de las burocracias de ambos países y de la corrupción de muchos de sus funcionarios. De 1981 a 1983,90 la campaña mexicana contra las drogas sufrió de “abandono, falta de orientación y escaso entusiasmo” de sus operadores, por ello enfrentó un desprestigio generalizado a finales de 1984.91 En noviembre de ese año fue descubierto el rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde se incautó la cosecha de casi mil hectáreas de mariguana.92 Este hecho descubrió las relaciones de las autoridades mexicanas con los cabecillas de la época, entre ellos, Rafael Caro Quintero. Según fuentes estadunidenses, por lo menos diez horas antes autoridades mexicanas informaron a los traficantes sobre el operativo. Esto provocó que no se aprehendiera a ningún líder importante. Incluso los estadunidenses testificaron que el operativo casi se canceló, porque los camiones que transportaban el combustible para los doce helicópteros, proveídos por Estados Unidos, fueron enviados “por error” al lugar equivocado. Como resultado, sólo uno estuvo en condiciones de participar. Las denuncias de corrupción más consistentes señalaban a la Dirección Federal de Seguridad; ocho agentes de esta institución fueron arrestados en el operativo de Chihuahua.93
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El episodio escandalizó a los estadunidenses. La misión de estudios de la cámara de representantes señaló que México era uno de los mayores productores de mariguana y opiáceos, y un lugar privilegiado para el tránsito de cocaína. Según los estadunidenses, los traficantes mexicanos, bajo el amparo de las autoridades, estaban organizados en “33 familias”, en áreas productoras tradicionales y Guadalajara. En el caso del tráfico de cocaína, sobre todo peruana, aunque los líderes y operadores se concentraran en otros estados, buena parte de las labores de trasiego se hacían en la península de Yucatán, donde sólo en 1984 se descubrieron 49 pistas clandestinas de aterrizaje. Además, los estadunidenses veían poca voluntad del gobierno para aprehender traficantes y, mucho menos, para extraditar a los 350 delincuentes requeridos por Estados Unidos. El gobierno estadunidense esperaba que la actitud mexicana cambiara con la extradición hacia México de Arturo Durazo, exjefe de la policía del Distrito Federal y amigo del expresidente López Portillo. Esta esperanza —que se concretó hasta el sexenio de Ernesto Zedillo— estaba fundada en la percepción de que, a pesar de la corrupción, la cooperación con México había mejorado con Miguel de la Madrid, quizá por el temor de que, en medio de la crisis económica, los narcotraficantes adquirieran poder político ante el evidente debilitamiento del Estado.94 Los miembros de la misión estadunidense agregaron una detallada descripción de los malos manejos burocráticos de ambos países. Del lado mexicano, encontraron que: 1. las agencias gubernamentales encargadas de labores de combate a las drogas sufrían de una descoordinación tal que los agentes judiciales federales se liaban a balazos con los de la Dirección Federal de Seguridad; 2. a pesar de la ayuda estadunidense para establecer un programa de verificación sobre los resultados del uso de las 76 aeronaves para erradicar e interceptar drogas, el programa carecía de resultados concretos; y 3. los pilotos y mecánicos mexicanos, entrenados por Estados Unidos, dejaban sus trabajos por los bajos sueldos.95 Del lado estadunidense encontraron que: 1. la representación de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado en la embajada en México y el consulado no se coordinaban, y hasta rivalizaban con la representación de la DEA, lo que provocaba, por ejemplo, que no hubiera listas de los narcotraficantes a los que se debía negar una visa; 2. la embajada no hacía esfuerzos para aclarar el lavado de dinero; 3. había sospecha de malos manejos en la administración de los 10 millones de dólares anuales (sumaban 115 millones en la última década), con que se había financiado la compra y el mantenimiento de las 76 aeronaves que Estados Unidos dio a México; 4. la injustificada compra de tres jets Lear, de los que sólo encontraron uno, cuyo mantenimiento costaba 80,000 dólares anuales; 5. la falta de auditorías a la empresa E-Systems, que tenía el contrato de mantenimiento de las aeronaves; y 6. a pesar de que los 30 agentes de la DEA apostados en México eran el contingente más grande que Estados Unidos tenía en el exterior, su labor de persecución estaba limitada debido, por un lado, a las restricciones que la Enmienda Mandsfield imponía a la presencia de autoridades estadunidenses en el arresto de narcotraficantes y, por otro, a la suspensión, durante el gobierno de López Portillo, del programa JANUS, que permitía la persecución de mexicanos, en territorio mexicano, que enfrentaran cargos de narcotráfico ante la justicia estadunidense, y la hipótesis de cortesía de que esta política pudiera ser aplicable a la inversa.96 En fin, el panorama desde la perspectiva estadunidense, por decirlo amablemente, no era alentador. A contrapelo de la intención de “interna-
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cionalizar” la lucha contra las drogas, los funcionarios de Estados Unidos mostraban síntomas de haberse infectado tanto o más que los mexicanos por el poder corruptor del narcotráfico y la inercia burocrática. El 7 febrero de 1985, el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, fue secuestrado al salir del consulado estadunidense en Guadalajara. Un par de horas después, también secuestraron al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en la carretera Guadalajara-Chapala. El 12 de febrero, el embajador John Gavin y Francis Mullen, titular de la DEA, revelaron que el operativo de El Búfalo se había realizado con información proporcionada por esta agencia estadunidense. Además, afirmaron que Guadalajara era el principal centro de operaciones del narcotráfico —en ese entonces introducía 38% de la heroína consumida en Estados Unidos—, y ofrecieron una recompensa a cambio de datos que permitieran localizar al agente. El asunto dio origen a la Operación Intercepción II y luego a la Operación Leyenda. La DEA estaba en guerra.97 La PGR informó que México no era trampolín para el tráfico de drogas, pero que ya había “descubierto” a siete líderes del narcotráfico: José Ramón Matta Ballesteros, de Honduras, y los mexicanos Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragoza, Jorge Favela Escobosa, Jaime Herrera y Juan Carlos Labastida. Según Armando Pavón Reyes, comisionado por la PGR para esclarecer el secuestro, los responsables fueron pistoleros de Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca. El 24 de febrero, Mullen declaró a los medios que la Dirección Federal de Seguridad protegía a Caro Quintero y que la Policía Judicial Federal, al mando de Armando Pavón Reyes, había ayudado a su huida en el aeropuerto de Guadalajara. Es probable que estas declaraciones provocaran su destitución de la DEA pocos días después. Todavía se discutía la legalidad de la intervención extraterritorial de la DEA, cuando en marzo los cadáveres de los secuestrados fueron encontrados, con muestras de tortura, en el rancho El Mareño, en Michoacán. La PGR afirmó que había recibido un anónimo en inglés, desde Los Angeles, el cual ayudó a la localización. No obstante, el gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, se quejó del comportamiento de los judiciales: cien agentes al mando de Pavón llegaron al rancho donde se encontraban los cadáveres y masacraron a cinco personas que vivían ahí. Las denuncias de la DEA siguieron: el 14 de febrero de 1985 sus agentes localizaron en la ciudad de México a Matta Ballesteros, pero el titular de la Policía Judicial, Manuel Ibarra Herrera, retrasó el operativo casi un día, por lo que el traficante pudo huir. La PGR se vio obligada a reconocer que trece de sus agentes y la Policía Judicial de Jalisco protegían a narcotraficantes. Al mismo tiempo, el hermano de Alfredo Zavala declaró a los medios que el piloto era informante del consulado estadunidense de Guadalajara, y que la tortura y asesinato de los secuestrados se relacionaban con el operativo de El Búfalo. El 23 de marzo de 1985, la PGR retiró a Pavón del caso y puso en su lugar a Florentino Ventura. Aunque el asunto nunca se aclaró del todo, la DEA, y más tarde la PGR, denunciaron que Pavón recibió un soborno millonario para dar credenciales de agente de la DFS a sicarios —firmadas por José Antonio Zorrilla Pérez, entonces titular de la dependencia— y dejar escapar a Caro Quintero. En abril de 1985, Pavón fue apresado por estas acusaciones. Hubo otros cambios: Zorrilla fue sustituido por Pablo González Ruelas en la DFS, y Miguel Aldana Ibarra por Florentino Ventura en INTERPOL México.98
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La intervención de Ventura fue exitosa. El 4 de abril de 1985, Caro Quintero fue apresado por la policía de Costa Rica, gracias a la información de la DEA. Estaba acompañado por Sara Cosío, sobrina del entonces presidente del PRI en el Distrito Federal, Guillermo Cosío Vidaurri, exgobernador de Jalisco. El encargado de su traslado a México fue Florentino Ventura. Al margen de esto, el gobierno estadunidense siguió explotando el caso para influir en la política mexicana de combate a las drogas. Por ejemplo, el asunto de las credenciales de la DFS, utilizadas por gatilleros de Caro Quintero, fue una filtración de la DEA al semanario Proceso. Y aunque Gobernación exoneró a Zorrilla, aceptó que su desempeño era ineficiente, y lo remplazó por Pablo González Ruelas; además encarceló a más de 9, remplazó a 19 de sus 31 delegados estatales y destituyó a 427 de sus 2,200 agentes e incautó las credenciales de todos.99 Al poco tiempo, la DFS fue desmantelada y surgió la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, que buscaba hacer las funciones de policía política e inteligencia, fundiendo las facultades de la DFS con las de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que venía operando desde 1947. Al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari se sabría que Zorrilla estaba involucrado en hechos delictivos de cuantía mayor, como el asesinato del periodista Manuel Buendía, por el cual, en mayo de 1984,100 fue sentenciado a 40 años de prisión. Al final, estos cambios desembocaron en la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante el gobierno de Salinas de Gortari.101 La purga en la PGR fue más discreta. A pesar de que Caro Quintero admitió haber sido protegido por Pavón y sus agentes, éstos no fueron aprehendidos ni juzgados, pero al final de 1985 la PGR había expulsado entre 1,500 y 2,000 miembros de las fuerzas policiacas. Casi por casualidad, luego del sismo del 19 de septiembre de 1985, se renovaron las presiones para limitar los procedimientos de las policías: los cuerpos de varios colombianos, con claros signos de abuso físico y tortura, fueron encontrados bajo los escombros de la Procuraduría de Justicia de la ciudad de México, concienciando al público mexicano sobre el extendido uso de la tortura en México. A raíz de este incidente, el senado de la República se vio obligado a aprobar la Ley para prevenir y sancionar la tortura el 18 de diciembre de 1985. Poco después, el 26 de diciembre, la procuradora Victoria Adato de Ibarra renunció, en medio de acusaciones de ineficiencia, para ser sustituida por Renato Sales Gasque.102 A partir de 1985 el narcotráfico afectó todos los aspectos de la agenda bilateral con Estados Unidos, y así se reconocía en un informe de la embajada mexicana en Washington: Si bien es obvio que [el asesinato de Camarena] se trató de un acto condenable, sorprendió a esta misión la reacción desmesurada por parte de ciertos sectores del gobierno norteamericano y de algunos medios de comunicación. Este hecho fue magnificado y utilizado por dichos sectores, algunos de ellos dominados por grupos de clara tendencia conservadora y actitud inamistosa hacia México.103 Los diplomáticos mexicanos atribuyeron la “magnificación” del asunto al inicio del segundo periodo presidencial de Reagan. Pero en el fondo pareciera que se trató de un asunto menos circunstancial, dado que las fricciones y muestras de rechazo hacia México continuaron con gran intensidad entre 1986 y 1988. Laurie Freeman y José Luis Sierra afirman que a
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partir de 1986 Estados Unidos reaccionó con una política antidrogas que tuvo un impacto permanente en las acciones mexicanas. Esta estrategia incluyó la cooperación en el desmantelamiento de redes policiacas corruptas, promovió la formación de grupos especiales y proporcionó entrenamiento y recursos para infraestructura; se buscó una mayor injerencia militar en las operaciones antidrogas y se impuso un proceso de certificación anual para condicionar los apoyos económicos al gobierno de México, así como de todos los países productores y de tránsito de drogas. Al final, estas medidas “fortalecieron el enfoque militarista, incentivaron prácticas abusivas, y causaron serias tensiones y conflictos entre los gobiernos de México y Estados Unidos”.104 En esta época, la animadversión contra México se extendió entre muchos funcionarios estadunidenses. En un informe del Departamento de Estado, donde se revisaron los resultados de la “internacionalización” de la lucha contra las drogas, se menciona a México como uno de los retos más importantes, debido a la corrupción generalizada y al aumento de productores y narcotraficantes. Las cifras oficiales mexicanas sobre erradicación se califican de imprecisas y hasta falsas. Se reclama la ineficacia del gobierno mexicano ante el secuestro y asesinato de Camarena, lo que se explicaba por la ausencia de un estado de derecho sólido. Según el Departamento de Estado, México seguía siendo el mayor proveedor de heroína, como lo indicaba el aumento de la pureza y la baja en los precios del fármaco. La oferta de mariguana y anfetaminas mexicanas había aumentado. Con mayor frecuencia la cocaína consumida en Estados Unidos pasaba por México. Los funcionarios estadunidenses no exageraron, incluso fueron imparciales al señalar que “a pesar de que los narcotraficantes mexicanos involucrados con el tráfico de cocaína tienen lazos o vínculos con los criminales colombianos, no hay evidencia de redes multinacionales operando en ambos países”. Hicieron énfasis en las reuniones bilaterales de los dos países en 1985, y propusieron que se aumentara el presupuesto destinado a apoyar el programa de erradicación, así como el monitoreo de plantíos susceptibles de erradicación y un plan de verificación de resultados.105 Mientras los estadunidenses se empeñaban en la “internacionalización” del combate a las drogas, los políticos y diplomáticos mexicanos seguían con sus quejas habituales.106 Además, la profunda crisis financiera en que estaba inmerso el país lo hacía especialmente vulnerable frente a Estados Unidos, cuyos políticos se esforzaban por aumentar su influencia mediante la búsqueda de chivos expiatorios externos. En una entrevista del diario The San Diego Tribune a Paul D. Taylor, asesor de asuntos interamericanos del Departamento de Estado, las preguntas giraron en torno a las fricciones con México por el tema de narcotráfico, la inseguridad fronteriza y la crisis financiera mexicana. Aunque Taylor inició con comentarios optimistas que hacían hincapié en el entendimiento entre los procuradores de México y Estados Unidos, dejaba claro que los estadunidenses no estaban conformes con los resultados de las investigaciones del caso Camarena y que las ascendentes cifras sobre narcotráfico y producción de drogas en México les preocupaban. No es desperdicio señalar que en la revisión de la agenda bilateral más amplia fue tajante en sus juicios. En lo económico, envió el mensaje de que México debía dar algo a cambio del apoyo estadunidense para superar su crisis financiera liberando su mercado, y que —como si de un pago, o velado chantaje al régimen autoritario se tratara— descartaba la posibilidad de que el descon-
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tento social por la crisis económica se saliera de control, porque México era estable, había “pluralismo” y “posibilidad de disentir”. Éste era el tono de las discusiones sobre México, cuando el congreso estadunidense empezó a vislumbrar la posibilidad de condicionar la “ayuda internacional” para el combate a las drogas, como una forma de arrebatar el tema que había usado el presidente Reagan y, seguramente, usaría en las elecciones de 1986. El 8 de abril de ese año, Reagan firmó la Decisión Directiva de Seguridad Nacional 221 (NSDD 221, por sus siglas en inglés). Con este documento, Reagan oficializó algo que ya era obvio: el tráfico de drogas era una prioridad de la política exterior. Para México, el significado político del documento era claro: las políticas de combate a las drogas pasarían por un mayor escrutinio por parte de Estados Unidos.108 Al tiempo que se militarizaba la estrategia de control fronterizo, los señalamientos iban de un lado a otro de la frontera. Así sucedió el 12 y 13 de mayo de 1986, luego de una audiencia de los republicanos, liderada por Jesse Helms. A las recriminaciones de los legisladores estadunidenses siguió, el 14 de mayo, una carta de protesta del embajador Jorge Espinosa de los Reyes. Pero ¿qué se dijo en esa audiencia que provocó una queja tan airada? La respuesta vino poco después, cuando el 27 de junio los diarios estadunidenses publicaron que el senador republicano decía tener informes de inteligencia que involucraban a Edmundo de la Madrid Ochoa, sobrino de Miguel de la Madrid, y a Florentino Ventura, director de la Policía Judicial, en el tráfico de drogas. El presidente De la Madrid declaró que él no podía actuar basado en rumores y que la ley debía cumplirse al margen de cualquier relación familiar.109 En septiembre de ese mismo año, Jacques Denisse Derive, exchofer del sobrino del presidente, declaró a la CBS que vio el portafolios de Edmundo repleto de cocaína, luego de que éste viajó a Sudamérica.110 Sin embargo, a finales de septiembre, las autoridades mexicanas concluyeron que no había evidencia para sostener que el sobrino fuese culpable de delito alguno.111 Por su parte, Elliot Abrams, subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales, en un comunicado señaló que México no había cooperado en el combate a las drogas, y presentó al PRI como un monopolio de poder sostenido mediante el fraude. También en esos días David Westrate, encargado de la DEA, y William von Raab, encargado de la oficina de aduanas, aseguraron que Rodolfo Félix Valdez, entonces gobernador de Sonora, no sólo ocultaba a Miguel Ángel Félix Gallardo, sino que era propietario de cuatro ranchos en los que se sembraba amapola. El gobernador de Sonora amenazó con entablar juicios por difamación, y el procurador García Ramírez pidió pruebas de lo dicho por los funcionarios estadunidenses. El embajador John Gavin respondió que temía represalias contra sus informantes. Al final, la Casa Blanca anunció que enviaría una disculpa formal al gobernador el 29 de mayo.112 En la XXVI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, del 30 de mayo al 2 de junio de 1986, las recriminaciones y la tensión bilateral continuaron. Ante la posibilidad de una ruptura mayor, la Casa Blanca anunció que revisaría el trabajo de las diferentes oficinas que trataban asuntos mexicanos, con el fin de evitar acciones descoordinadas, y el 5 de junio Reagan sustituyó al embajador Gavin por el empresario llantero Charles Pilliod. En la tercera audiencia que organizó Helms en el senado, a finales de junio, invitó al exembajador Gavin, quien decidió defender al gobernador de Sonora. Sin embargo, no dejó de puntualizar que Miguel Ángel Félix Gallardo sí era protegido del gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, quien
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le proporcionaba “atenciones, confort y protección” al “amo y señor de las drogas en México”. Por supuesto el gobernador negó los cargos.113 En agosto hubo otro momento de tensión con el arresto del agente de la DEA, Víctor Cortez, presuntamente por órdenes de Félix Gallardo, Caro Quintero y Matta Ballesteros. Cortéz fue liberado y el asunto no pasó a mayores, si se pasa por alto el que, una vez más, la DEA actuaba por encima de las leyes mexicanas.114 Por esas fechas, Miguel de la Madrid programó un viaje a Estados Unidos con el objetivo de recomponer la relación. Durante la visita, en agosto de 1986, el senador demócrata Dennis DeConcini le entregó una carta, donde señalaba —evidenciando la imagen de “ineptitud y corrupción” del gobierno mexicano— que entraba gran cantidad de heroína y cocaína desde México; que el gobernador de Sonora tenía dos “ranchos” usados para actividades criminales, custodiados por policías y soldados; que el gobierno mexicano no había actuado con dureza contra Caro Quintero y Félix Gallardo; que no había información suficiente sobre el proceso penal del recién deportado Arturo Durazo, y que el gobernador de Sinaloa Toledo Corro tenía vínculos con el narcotráfico. El gobierno de México se limitó a contestar de manera protocolar, aunque firme.115 Poco pudo hacer De la Madrid para mejorar la relación. En septiembre, The San Diego Tribune publicó una nota en que se mencionaba a Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa, como uno de los 45 funcionarios de alto nivel involucrados en el narcotráfico.116 El tema tomó enorme relevancia entre el electorado estadunidense. Se estableció una competencia por demostrar quién tenía una postura más agresiva para enfrentar el asunto. De esta manera se volvió necesaria una medida como el condicionamiento o “certificación” de la “ayuda” estadunidense. En palabras de Rosario Barajas: “[...] el congreso obtuvo dos beneficios: por un lado, satisfizo las expectativas de sus electores, y por el otro, abrió un nuevo camino para influir en la política exterior”.117 Un ejemplo ilustrativo de las implicaciones internas del tema es la declaración de Jack Blum, consejero especial del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, durante el seminario “La conexión de los narcóticos y la ayuda al exterior: ¿Una medida efectiva en política exterior?”, organizado por el Comité de Control Internacional de Narcóticos del senado. En esta ocasión Blum planteó lo siguiente: Teníamos una elección en puerta [...] y mucha gente en ambos partidos y en la administración deseaba ser vista como muy estricta con el control de las drogas [...] era una carrera para ver quién saldría con la legislación más rigurosa [...] cuando vino el tiempo de concretar acciones [...] todo mundo dijo que bien sabíamos que había sido un ritual, la danza previa a las elecciones y que no se suponía que se cumpliera con lo que se había escrito en la ley.118 La certificación se estableció mediante la aprobación de la Ley contra el abuso de drogas de 1986, la cual establecía que el primero de marzo de cada año el presidente debía proporcionar una lista de países cuyas acciones de combate contra las drogas habían sido certificadas o no. El proceso implicaba las siguientes categorías: 1. países certificados, los que habían cumplido con las expectativas de “cooperación” estadunidenses y los objetivos de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas de 1988, acor-
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dada en Viena; 2. países que eran certificados por motivos de seguridad nacional, es decir, que a pesar de no cumplir con las expectativas, sus intereses estratégicos impedían cualquier sanción; y 3. países no certificados, los que no cumplían con los estándares de Washington.119 Las sanciones contra los países no certificados eran la suspensión de hasta la mitad del paquete de ayuda económica y militar, la eliminación de ayuda alimentaria, la reducción del tráfico aéreo, la posibilidad de retirar los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias y la imposición de aranceles extras a las importaciones que provinieran de ese país. Además, un país sin certificación no contaría con el voto de Estados Unidos en organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en caso de necesitar asistencia financiera.120 Aprobada la Ley, el primero en protestar fue el senado mexicano, por conducto del presidente de la gran comisión, Antonio Riva Palacios;121 pero quizá la protesta más elocuente fue de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la embajada: Esta embajada comunica al Departamento de Estado la formal protesta de su gobierno por la inclusión de disposiciones dentro de la citada legislación, lesivas para México, las que se fundan en la afirmación inexacta de que México no ha observado sus compromisos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Resulta preocupante que mientras México ha propiciado el diálogo bilateral con Estados Unidos de América y multilateral con los países del área en la búsqueda de soluciones al problema internacional del narcotráfico, en la ley de referencia se consignen amenazas [...] lo anterior está patentemente orientado a presionar a México, a fin de que solucione un problema que tiene su origen en el creciente consumo interno de diversos estupefacientes en los Estados Unidos de América, tal como lo ha señalado el gobierno de México.122 Al final, esta crisis obligó a que México reforzara sus programas antidrogas, lo cual generó un gradual aumento de presupuesto y militarización. A partir de 1985, el ejército empezó a usar más efectivos para la lucha contra el narcotráfico. A la Operación Canador, de carácter permanente, se agregaron operaciones que respondían al ciclo natural de siembra de amapola (enero-abril) y mariguana (septiembre-diciembre), y un grupo especial, denominado “Marte”, que operaba en Sinaloa, Chihuahua y Durango. El presupuesto de la PGR para combate al narcotráfico pasó de representar 40.1% en 1983 a 60.3% en 1987.123 Y a pesar de la crisis financiera, en 1987, la PGR recibió un aumento presupuestal de 75%, con lo cual engrosó su aparato burocrático, creando la Supervisión General de Servicios Técnicos y Criminalísticos para coordinar las acciones contra el narcotráfico, asimismo amplió su esfera de acción a las costas y la frontera sur.124 Las acciones gubernamentales subieron de intensidad en el ámbito presupuestal, organizativo, pero también jurídico y discursivo. En 1985 se aumentaron las penas por delitos contra la salud, y en 1987 se reguló la producción y comercialización de sustancias psicotrópicas en la Ley General de Salud. En 1987, Miguel de la Madrid declaró al narcotráfico un “problema de Estado”.125 También en 1987 la PGR empezó a hacer ediciones bilingües de sus boletines de prensa y folletos de resultados,126 e incluso en navidad informaba los logros de sus operativos día a día.
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En noviembre de 1987, cuando se rumoraba la intención estadunidense de decertificar a México, la Secretaría de la Defensa organizó una quema pública de 4,352 kilos de cocaína, 7.8 kilos de heroína, incautados por el ejército en Baja California, Sonora y Sinaloa. El discurso oficial estuvo a cargo de Jorge Rico Schroeder, procurador general de Justicia Militar: Cuando un país, a pesar de los problemas que afronta no se aparta de sus principios [...] cuando a pesar de los múltiples escollos que tiene que salvar sigue fiel a sus deberes sociales y morales [...] y cuando para ello cuenta con su organización política y administrativa con instituciones firmes en su decisión de cumplir las misiones que tiene conferidas y cuidadosas de su estricto ajuste a la constitución, a las leyes y a los compromisos internacionales [...] Este país que es México, merece el respeto del mundo entero.127 En contraste con esta retórica de legitimación, la Secretaría de Marina se limitaba a declaraciones menos aparatosas y se circunscribía a datos duros. Sus boletines de prensa, como el del 5 de diciembre de 1987, se limitaban a anunciar sus nuevos operativos y a ostentar los resultados de los anteriores.128 En 1988, la administración de Reagan decidió certificar a México, porque, a pesar de que la eficacia de sus operativos estaba en duda, había incrementado los recursos asignados al combate al narcotráfico. El 14 de abril, el senado desaprobó, con 63 votos a favor y 27 en contra, la certificación otorgada por el ejecutivo estadunidense, pero la cámara de representantes salvó la situación certificando a México.129 Sin embargo, los meses previos fueron tortuosos. La segunda semana de enero, por ejemplo, los medios estadunidenses difundieron que Jorge Carranza, Manuel Álvarez Brunel y Pablo Girón, tres presuntos narcotraficantes detenidos en Estados Unidos, pertenecían a altos mandos del ejército y de la Policía Judicial Federal. La PGR lo desmintió, y declaró que los asuntos relacionados con el narcotráfico estaban siendo utilizados como “instrumentos de sus manejos políticos [para] buscar votos que probablemente no obtendrían si no fuera a través de sus amarillistas ataques contra México y algunos mexicanos”. A los ojos del gobierno mexicano, los ataques de Estados Unidos eran “arbitrarios, definitivamente injustos y malintencionados, evidentemente malintencionados”.130 Y la reacción no era para menos, porque, como dijo un funcionario que estuvo en las reuniones entre Von Raab y el secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor, los funcionarios mexicanos “sabían que la fortaleza del sistema político mexicano estaba en juego”.131 Al final del sexenio de De la Madrid cambió la naturaleza de las políticas de combate al narcotráfico. En 1987, agentes estadunidenses recabaron información sobre un traficante que estaba creando un enclave productor casi impenetrable. Funcionarios de la CIA ofrecieron preparar a unos 50 miembros del ejército, con el fin de que participaran en operaciones con estándares más altos que los de la policía mexicana. De hecho, no se informó a los grupos policiacos de la existencia de este grupo de elite. Su primer operativo, en Sinaloa, terminó con uno de los miembros del grupo especial, capturado por un policía que trabajaba para el traficante atacado. El segundo operativo fue peor aún, el 11 de abril de 1988 llegaron en helicópteros a un rancho cerca de Caborca, Sonora, con la idea de apresar a los implicados. Así lo hicieron, pero mataron a cuatro personas en el camino. El ejército emitió un comunicado responsabilizándose de los hechos, pero sin revelar la participación de la CIA. Después de un tercer operativo fallido, el grupo fue desarticulado.132
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Del lado de la estrategia fue evidente la toma de conciencia entre los diferentes actores administrativos y políticos. Era necesario adelantarse a las demandas de Estados Unidos si se quería que el sistema político priísta conservara el apoyo estadunidense. Esto fue claro desde mediados de los años 1980, pero aún más con la caída del bloque soviético. Al mismo tiempo, se vio la necesidad de adecuar marcos jurídicos, administrativos, mediáticos y discursivos para llevar otros temas al primer plano de la relación bilateral. Entre los cambios tecnológicos, estuvieron la sofisticación de los métodos de localización de los cultivos, el mejoramiento de la infraestructura y el entrenamiento del personal. Pero las cosas no podían quedarse ahí. En el último año del sexenio, 1988, se estableció un sistema de radares para controlar el tránsito de aeronaves en la frontera sur. La razón para hacerlo fue doble: por un lado, se reduciría la crítica perenne de Washington, y, por el otro, el gobierno se adelantaba a la demanda estadunidense de entrar a territorio mexicano para perseguir a narcotraficantes.133 Con el cambio de gobierno las condiciones para continuar con la normalización de la agenda México-Estados Unidos estaban dadas. Carlos Salinas de Gortari llegó al poder al mismo tiempo que George Bush a la presidencia de Estados Unidos. Salinas sabía que el fraude electoral de 1988 lo obligaba a ganar legitimidad. Así, en los primeros años de su gobierno dio golpes espectaculares, como el de atrapar al mayor narcotraficante del sexenio anterior: Miguel Ángel Félix Gallardo, aprehendido en abril de 1989. La complicidad oficial con los “casi empresarios” Luis Astorga ha desarrollado la tesis de que, con la consolidación del régimen priísta, el tráfico de drogas pasó de ser un asunto que implicaba liderazgos y alianzas locales a un fenómeno de alcance nacional. Aunque los operativos de los años 1970 hayan sido exitosos, propiciaron el aumento de poder y capacidad de organización de los traficantes. En este fenómeno convergieron, por lo menos, dos procesos. En primer lugar, los cabecillas de las bandas, especialmente de Sinaloa, tuvieron que migrar a otros estados. En palabras de Astorga: la “acumulación primitiva” de los narcotraficantes mexicanos fue constituida mayormente con el tráfico de opio y después de mariguana. Este capital se reinvirtió en los años setenta [...] con el propósito de entrar en la bonanza de la cocaína en coalición con los colombianos —al mismo tiempo fueron desplazando a los pioneros cubanos en el área.134 En efecto, luego de las “exitosas” operaciones de erradicación, intercepción y aprehensión de narcotraficantes en los años 1970, muchos narcotraficantes huyeron de sus zonas tradicionales de operación, para refugiarse en otras ciudades, como Guadalajara, justo cuando empezaba el sexenio de Miguel de la Madrid. A partir de ahí, el narcotráfico se volvió una actividad que implicaba operaciones nacionales e internacionales, con la protección de algunas instancias de gobierno. En segundo término, la guerra fría fue un campo propicio para que organismos del gobierno mexicano, que debían encargarse del control, estudio y represión del movimiento de
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izquierda, tuvieran una actuación laxa, cuando no criminal. Algunas instituciones, como la Dirección Federal de Seguridad, degeneraron casi por completo para servir a los fines del control del narcotráfico, y las denuncias de corrupción llegaron a las esferas más altas del poder. Desde Estados Unidos diversos actores políticos señalaban la presunta participación de altos mandos militares, secretarios de Estado, algunos gobernadores y la misma familia de los presidentes. Sin embargo, también hay otros personajes mencionados al margen, que evidenciaban el grado de descomposición de los cuerpos policiacos de aquellos años: Arturo Durazo Moreno, jefe de la Federal de Seguridad en el gobierno de López Portillo, fue incriminado por la corte del condado de Dade, Miami, por “conspirar para importar cocaína a Estados Unidos”, según el expediente 76-43-Cr-JE-1, fechado el 29 de enero de 1976.135 Tiempo después, López Portillo habló con el exembajador Joseph John Jova: “Dijo que sabía de las acusaciones contra Durazo en Estados Unidos. Pero me explicó que se trataba de un asunto interno mexicano y, que en todo caso, él conocía a Durazo, era un amigo fiel, y que estaba seguro de que iba a cambiar”.136 Francisco Sahagún Baca, jefe de la Dirección para la Prevención de la Delincuencia, durante el mismo periodo que Durazo, terminó su mandato siendo prófugo, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra por el asesinato de doce personas, en su mayoría colombianos, que aparecieron en el río Tula.137 Miguel Aldana, jefe de INTERPOL-México durante el gobierno de De la Madrid, dejó el cargo bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico, cuando sus subordinados retiraron un cargamento de cocaína del aeropuerto de la ciudad de México, arguyendo que lo había pedido su jefe.138 Miguel Nazar Haro, director de la Federal de Seguridad en el periodo de López Portillo, y director de Inteligencia de la policía del Distrito Federal durante los primeros cuatro meses del gobierno de De la Madrid, fue enjuiciado primero en Estados Unidos por haber organizado una red de tráfico de automóviles. Fue detenido en San Diego, pagó una fianza y huyó a México. Luego fue mencionado como cómplice en varios juicios contra narcotraficantes, y denunciado por organizaciones sociales como uno de los más sanguinarios violadores de derechos humanos.139 Manuel Ibarra, director de la Policía Judicial Federal, fue acusado por la DEA de haber dejado escapar a Ramón Matta Ballesteros en la ciudad de México. Florentino Ventura fue director de INTERPOL-México, después de Aldana. Su nombre apareció en el juicio contra Nazar Haro, en San Diego. Luego de la aprehensión de Matta Ballesteros fue mencionado como uno de sus cómplices. Se suicidó después de matar a su esposa y a una comadre.140 José Trinidad Gutiérrez Sánchez, director de Policía Judicial del Distrito Federal, dejó su puesto cuando se encontraron los cuerpos de cuatro colombianos con signos de tortura, después del sismo de 1985. También fue acusado de entorpecer la investigación sobre el asesinato de Manuel Buendía, y de torturar a Caro Quintero por haber hecho declaraciones a la prensa que lesionaban los intereses de Guillermo Cosío Vidaurri.141 Jesús Mizawa sustituyó a Gutiérrez Sánchez. Renunció luego de que sus agentes mataron a un policía judicial del Estado de México en el estacionamiento de la Procuraduría.142 La
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lista podría ser mucho, pero mucho más larga; incluir a miembros específicos del ejército, autoridades locales, políticos, empresarios, legisladores, y no sólo a policías. Sin embargo, con este breve recuento queda claro que no se trataba de la simple penetración del crimen en el gobierno, sino de un intento articulado, que tuvo su primera expresión con Arturo el Negro Durazo como jefe de policía del D.F., por manejar al crimen organizado como clientela, mediante un modelo llamado por los teóricos de centralización competitiva. Esto tuvo su expresión más clara en las formas de operación del grupo de Guadalajara, cuyos principales líderes, según los medios de comunicación y el gobierno, fueron: Rafael Caro Quintero, (a) el Rafa; Ernesto, (a) don Neto Fonseca; Manuel Salcido, (a) el Cochiloco; y Miguel Ángel Félix Gallardo. Más tarde nos enteraríamos de la importancia de otros tantos que adquirieron mayor poder luego de la aprehensión de estos cuatro, como el hondureño José Ramón Matta Ballesteros o el sinaloense Juan José Esparragoza (a) el Azul. Algunos emprendedores Antes de esbozar una breve nota sobre los tres personajes más importantes del grupo de Guadalajara, que no han sido tratados, es necesario hacer dos puntualizaciones. La primera es que, durante los años 1980, la importancia de los extranjeros en el narcotráfico disminuyó en lo que a operaciones nacionales se refiere. Esto se refleja bien en el caso del narcotraficante estadunidense Michael Ludiwin Walters. Lo central sobre el papel de los extranjeros fue el cambio en la naturaleza de sus vínculos transnacionales con los operadores mexicanos, especialmente desde Centro y Sudamérica. En segundo lugar, debe quedar claro que el grupo de Guadalajara no fue el único, como se ilustrará con el caso de Juan N., que puede ser tomado como el antecedente directo de lo que luego se conoció como el llamado “cártel del Golfo”. Michael Ludiwin Walters143 Ludiwin era un contratista de la construcción que, luego de abandonar Estados Unidos, a los 42 años, llegó a México en 1984, para establecerse en Chihuahua. Rentó tierras para criar ganado, antes de entrar en contacto con productores de mariguana de Durango y Chihuahua. Posteriormente se casó con Rosario Guerrero Olivares. Después de algún tiempo, con las ganancias del tráfico de mariguana, compró el rancho El 40, de 3,700 hectáreas, en el municipio de Villa Ahumada, donde estableció su centro de operaciones. Contaba con una avioneta, pista clandestina de terracería y 250 cabezas de ganado Brangus de alto registro. La esposa de Ludiwin administraba los dineros del tráfico de mariguana, que llegaba al rancho por avión para ser transportada a Estados Unidos. Su cuñado, José Guerrero Olivares, participaba en la logística de transporte, por lo que de vez en cuando viajaba a Ojinaga. El capataz del rancho, Manuel Villarreal Meraz, se encargaba de la descarga de los aviones y de la seguridad. El grupo de Ludiwin fue detenido por la Policía Judicial Federal en septiembre de 1990. Los policías aseguraron 100 mil dólares, 350 millones de pesos, 66 armas largas, 34 pistolas de alto calibre, 13,000 cartuchos, 8 kilos de pólvora, equipos de radiocomunicación, 150 cargadores, 2 kilos de cocaína y una báscula. Según cálculos policiacos, este grupo logró introdu-
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cir 50 viajes de 300 kilos de mariguana en cinco años; unas 15 toneladas. No es desperdicio apuntar que en esa ciudad hizo sus primeras operaciones de tráfico de drogas Amado Carrillo Fuentes, que después conoceríamos como “el Señor de los Cielos”, bajo el mando de Félix Gallardo. Era precisamente Ojinaga el centro de operaciones del traficante Pablo Acosta, quien trabajaba de la mano con Félix Gallardo. Juan N. Guerra o la simiente del llamado “cártel del Golfo” Antes de sufrir una embolia que le paralizó el lado izquierdo del cuerpo, Juan Nepomuceno Guerra controlaba el paso de drogas y autos robados en la frontera de Tamaulipas. “Soy un ciudadano que se ha dedicado a trabajar. Soy agricultor, ganadero, transportista [...] soy un hombre triunfador y cuando un hombre tiene éxito surgen enemigos gratuitos. Mi imagen está limpia por completo y si no pregúntele a la gente que todo lo sabe”, le dijo a la reportera Irma Rosa Martínez, en 1987, en un restaurante de Piedras Negras, a los 72 años.144 Cuando se preguntaba a la gente o a las autoridades, la historia era muy diferente. Juan N. tenía un largo historial delictivo. Además del tráfico, se le atribuían varios asesinatos, entre ellos el de su esposa. Según diversas fuentes, Juan N. empezó muy joven, traficando whisky en los treinta, cuando en Estados Unidos imperaba la prohibición del alcohol. Para 1987, se calculaba que su fortuna era de alrededor de 5,000 millones de dólares y que era dueño de cerca de 3,000 hectáreas de tierras. En esos años Juan N. no tenía ya el ímpetu que tuvo en los setenta, cuando se decía que no sólo participó en política,145 sino que intensificó sus actividades de contrabando, para luego dedicarse a la exportación de mariguana. Entre 1984 y 1987, uno de sus sobrinos, Jesús Roberto Guerra, fue presidente municipal de Matamoros. Pero quien aprendió a operar el “negocio” fue su sobrino Juan García Ábrego.146 En 1990, durante el sexenio salinista, hubo una reconfiguración del poder: García Ábrego era el titular de lo que luego conocimos como el cártel del Golfo.147 Juan N. murió el 11 de junio de 2001, en Matamoros, sin haber pisado la cárcel, debido, entre otras cosas, a su deteriorada salud. Tenía 82 años. El Rafa y don Neto Ernesto Fonseca Carrillo (a) don Neto, tío de Amado, Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes, que luego conocimos como capos del cártel de Juárez, era desde aquellos años un traficante veterano. Existen referencias de su actividad en este negocio desde 1955.148 Se sabe que de todos los narcotraficantes que empezaron actividades antes del periodo aquí tratado, “sólo el sinaloense originario de Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Ernesto Fonseca, permanecía de manera visible en el negocio hasta su captura en 1985”.149 Rafael Caro Quintero era más joven. Provenía de la misma región que don Neto, donde el apellido Caro había estado involucrado con el narcotráfico, al menos desde la generación anterior. Quizá por eso más de una vez presumió que aprendió a usar pistola a los 12 años. Sin embargo, tomó preeminencia en los medios por operar bajo el lema de “plomo o plata”. La prensa de la época refiere que Caro decía a los policías: “Nos arreglamos ahorita o nos matamos aquí mismo”, agregando que el arreglo implicaba sobornos de alrededor de 45,000 dóla-
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res.150 La publicidad de estos hechos hizo surgir la idea de que las organizaciones criminales estaban penetrando todas las estructuras policiacas y políticas. Como si esas instituciones hubieran funcionado con criterios de eficacia y honestidad antes de que las “corrompieran”. Caro fue aprehendido el 4 de abril de 1985, en Costa Rica, en compañía de Sara Cosío. A raíz de esto se supo que era dueño de 36 casas en Guadalajara y otras propiedades en Zacatecas, Sinaloa y Sonora; dueño o accionista de más de 300 empresas, con una fortuna estimada en 100,000 millones de pesos. Tres años después de ser aprehendido, dio algunas entrevistas, en las que declaró que tuvo una buena relación no sólo con el padre de Sara Cosío, quien fue candidato a la gubernatura de Jalisco, sino también con uno de sus tíos, que entonces era secretario de gobierno del Departamento del Distrito Federal. Poco después denunció que había sido torturado por Florentino Ventura por su indiscreción. El 12 de diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado a 92 años de cárcel.151 Con todo, la información de los medios no fue precisa. Unos lo ubicaron como el tercero en la línea de jerarquía, con Félix Gallardo en segundo y don Neto a la cabeza. Sin embargo, otros lo señalaron como el líder de una banda a la que pertenecían “su hermano menor Carlos, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, su sobrino Gil Caro Rodríguez, los hermanos Manuel y Sergio Salcido Uzeta y el hondureño Juan Matta Ballesteros”.152 Al poco tiempo, aprehendieron a Ernesto Fonseca en una casa de Puerto Vallarta que era propiedad de Candelario Ramos, director de Seguridad Pública de Ameca, Jalisco.153 Don Neto acusó a Caro de perpetrar el asesinato de Enrique Camarena. Por supuesto que Caro le regresó la misma acusación.154 Quizá porque fue más discreto que Caro Quintero en sus declaraciones, los medios de comunicación y los funcionarios, tanto mexicanos como estadunidenses, comentaron menos su caso.155 El Azul Personaje sumamente hábil que participó en la organización de Félix Gallardo, motivo por el que fue a la cárcel; pero luego de ser liberado nadie se ocupó de él, y así, desde la sombra, fue articulando una organización que no hizo demasiado ruido, hasta abril de 2004, cuando se le vinculó con el gobernador de Morelos. Por aquella época, Miguel Ángel Granados Chapa escribió: “El Azul Esparragoza si no es el jefe de todos los jefes del narcotráfico mexicano, sí parece el más dotado entre ellos para establecer arreglos y delimitar territorios”.156 El Azul nació el 3 de febrero de 1949 en el pueblo de Chuicopa, Sinaloa. En los años 1970 perteneció a la DFS. Ahí adquirió las habilidades y contactos para incorporarse al grupo de Guadalajara, aunque por poco tiempo, porque en 1986 fue aprehendido por estar relacionado con el asesinato de Camarena. Estuvo preso en el Reclusorio Sur de la ciudad de México, de marzo de 1986 hasta 1992; después fue trasladado a Almoloya de Juárez, donde terminó su condena de siete años. Se dice que en la cárcel gozó de toda clase de privilegios, lujos, y hasta permiso para salir a arreglar asuntos de vez en cuando. De tal suerte que pudo ser una especie de concilieri, luego de la aprehensión de Félix Gallardo, y hacerse presente en una supuesta reunión en Acapulco, en la que hubo el intento de organizar al grupo en varios territorios.157 En 1994, el Azul vivía en Cuernavaca, quizá siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo Fuentes —de quien fue compadre al apadrinar a su hijo Juan Manuel—, el cual se estableció allí
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alrededor de 1990. Según Granados Chapa, “no tardó en ser pública la presencia en la capital de Morelos de esos jefes del narcotráfico”, debido al número de guardaespaldas que los acompañaban, incluso en su casa, por cierto cercana a la del entonces gobernador, Jorge Carrillo Olea, y porque aquéllos y éste confiaban en las mismas personas. Carrillo Fuentes hacía constar sus adquisiciones inmobiliarias en la notaría a cargo de Hugo Salgado Castañeda, a quien Carrillo Olea hizo secretario de Gobierno en las postrimerías del suyo [...] Como suelen hacer, también los miembros de este novedoso cártel de Morelos organizaban fiestas rumbosas. Se tienen datos, y aun filmaciones, de la que Esparragoza ofreció con motivo de su vigésimo quinto aniversario de bodas, en diciembre de 1996. El jolgorio terminó a la mañana siguiente de su inicio, sin que nadie de los muchos asistentes que tenían cuentas con la justicia experimentara el menor temor de ser detenido o siquiera molestado, pues el magno acontecimiento contaba con la protección de agentes de la policía judicial del estado, entonces dirigida por Jesús Miyazawa.158 Prescindiendo de estos hechos, este exmiembro del grupo de Guadalajara parece no haber cometido ningún error insalvable. Esto hace del Azul un integrante atípico de la organización de Félix Gallardo, puesto que, a diferencia de Ernesto Fonseca y del estridente Caro Quintero, logró navegar a lo largo de varios sexenios sin problemas. Miguel Ángel Félix Gallardo El papel de México como un punto de tránsito de cocaína se consolida en los años 1980, debido al aumento de las intercepciones en las rutas del Caribe. Esto propició que se buscaran nuevas rutas al noroeste de México,159 donde las operaciones fueron controladas por los narcotraficantes sinaloenses. Miguel Ángel Félix Gallardo, nacido en 1946, formó una de las organizaciones más grandes en la historia de México, gracias a la ayuda de funcionarios gubernamentales.160 Su poder decayó luego del asesinato de Enrique Camarena. Se inició en el negocio con el traficante de heroína Eduardo, Lalo Fernández, mientras fungía como guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968).161 De hecho, Sánchez Celis fue su padrino de boda. En 1975 Miguel Ángel Félix Gallardo se asoció con Juan Ramón Matta Ballesteros, quien trabajó con el cubano-americano Alberto Sicilia Falcón. Originario de Culiacán, Sinaloa, comenzó su carrera delictiva desde 1971, fecha en que se giró la primera orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. En esa ocasión no lo detuvieron. Tampoco pasó nada con las siguientes 15 órdenes giradas en su contra. A finales de los años 1970s y principio de los 1980, ya se le asociaba con Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo (a), don Neto, Manuel Salcido Uzeta, (a) el Cochiloco, José Contreras Subías, y el hondureño Matta Ballesteros. En 1977, ante el endurecimiento de las acciones de combate al tráfico de drogas en Sinaloa, Félix Gallardo decidió trasladarse a Guadalajara, durante el gobierno de Flavio Romero de Velasco (1977-1983), quien hasta 2007 fue su compañero en el penal de Almoloya de Juárez. En 1977 fue acusado de ser el dueño de un cargamento de 100 kilos de cocaína y 10 de heroína interceptado en Tijuana, en una aeronave de su propiedad. Se libró una orden de apre-
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hensión en su contra, misma que no fue cumplida. En 1981 Félix Gallardo se presentó ante el juez tercero del distrito de Baja California, Ángel Morales, para rendir declaración. Fue absuelto de los cargos en menos de 24 horas.162 Desde 1980, Félix Gallardo aparecía en la lista de accionistas de Banca Somex. En 1984 la DEA filtró información sobre las transferencias millonarias de Félix Gallardo en Banca Somex: mandaba dinero de Guadalajara a San Diego, y de ahí a Alto Huallaga, Perú, para pagar la cocaína. En 1985 dos cuentas —una de Félix Gallardo y otra de su lugarteniente, Tomás Valles Corral— fueron congeladas en El Paso y Laredo, Texas, porque presuntamente se usaban para operaciones de lavado de dinero. Ambas cuentas sumaban cerca de ocho millones de dólares, en el First National City Bank y el Saving and Loan. Estaban a nombre de Mardoqueo Alfaro, subdirector de crédito de Banca Somex, en Chihuahua, hasta 1981.163 Para evitar ser aprehendido, se refugió en una finca del exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro. Cuando este político fue cuestionado sobre su relación con el traficante, contestó que no estaba consciente de que existieran órdenes de aprehensión en su contra.164 El periodista Terrence Poppa señala que Félix Gallardo envió a Amado Carrillo Fuentes, acreditado como judicial federal, a Ojinaga para supervisar el paso de cocaína a Estados Unidos, que hacía en sociedad con el colombiano Pablo Acosta.165 El 8 de abril de 1989, Javier Coello Trejo, subprocurador para la lucha contra el narcotráfico, y el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni —a quien se relacionó en la segunda mitad de los noventa con el luego llamado cártel de Juárez, liderado por Carrillo Fuentes— encabezaron el operativo ordenado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, para capturar a Félix Gallardo. No hubo una sola bala de por medio,166 quizá porque la familia del traficante estaba en el lugar. Al día siguiente la PGR emitió el siguiente boletín: La Procuraduría General de la República, a través de la Policía Judicial Federal, logró en un operativo relámpago realizado ayer por la tarde en Guadalajara, Jal., la captura del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado el traficante de drogas número uno a nivel internacional. Félix Gallardo fue detenido como resultado de una investigación iniciada hace tres meses por judiciales federales, en la casa ubicada en la calle Cosmos 2718, colonia Jardines del Bosque de la ciudad de Guadalajara [...] Con la captura de este peligroso delincuente, buscado durante los últimos nueve años, se reafirma la voluntad política del Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari de combatir hasta sus últimas consecuencias este cáncer social y de que la PGR trabaje intensamente en esta guerra por el bienestar de los mexicanos. En una entrevista el subprocurador Javier Coello Trejo afirmó: Es un hombre inteligente, no te puedes imaginar cuánta inteligencia natural tiene. Estudió hasta el tercero de secundaria, pero en 20 años dedicados al narcotráfico se las arregló para controlar sobre todas las bandas de narcos. Es una persona seca, no es malhablado, no es grosero, habla muy directo, y es una persona muy extraña, porque es muy católico, incluso, por medio de otras personas ha donado dinero a la iglesia [...] Lo único que pidió fue que lo matáramos para morir con dignidad, y que respetáramos
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a su familia, que entendiéramos que los niños no tenían la culpa de los errores de sus padres. Justo después de pedir su muerte, Félix Gallardo intentó sobornar a los policías. Pidió un día para juntar cinco millones de dólares.167 Poca cosa si se toma en cuenta que, casi al mismo tiempo, se sabría que sólo Enrique Gregorio Corza Marín, encargado de combate al narcotráfico en Sinaloa, según la declaración de Félix Gallardo, recibió 55 millones de pesos al mes por mantenerlo al tanto de los operativos. Junto a Corza Marín, quien trabajó para el procurador general de la República, Enrique Álvarez del Castillo, cayeron otros cinco elementos policiacos, entre ellos Arturo Moreno Espinosa, jefe de la Policía Judicial de Sinaloa.168 Luego, en sus declaraciones, Félix Gallardo reveló que destinaba, por lo menos, 300 millones de pesos mensuales para sobornar autoridades.169 En un operativo casi simultáneo el ejército detuvo y desarmó a 600 policías en Sinaloa, acusados de colaborar con el narcotraficante durante el gobierno de Francisco Labastida Ochoa. Los soldados de la IX Zona Militar, bajo el mando del general Jesús Gutiérrez Rebollo, también detuvieron al director de Seguridad Pública Robespierre Lizárraga Coronel y al jefe de la Policía Judicial municipal Arturo Moreno, quienes fueron trasladados a la ciudad de México. Según Gutiérrez Rebollo, las acciones del ejército se realizaron por solicitud de la PGR.170 El gobierno estadunidense reaccionó favorablemente ante la aprehensión. El 11 de abril Margaret Tutwiller, vocera del Departamento de Estado, declaró que el arresto era “un acontecimiento extremadamente importante” y que demostraba la determinación del gobierno mexicano para “actuar resueltamente contra los traficantes de drogas”. La DEA, a contrapelo de la tonelada y media estimada por la PGR, dijo que Félix Gallardo introducía alrededor de 4 toneladas de cocaína mensuales al mercado estadunidense, es decir, entre 50 y 70% de la droga en circulación; y calculó que su fortuna ascendía a 500 millones de dólares. Para la DEA, Félix Gallardo era uno de los cuatro narcotraficantes más buscados. Su beneplácito no podía ser mayor.171 Incluso las primeras planas de los cinco periódicos más importantes de Estados Unidos consignaron la noticia.172 Sin embargo, este arresto no implicó un cambio realmente sustantivo. Según Astorga, resurgieron los líderes del “viejo oligopolio” de narcotraficantes sinaloenses, que llegaron a controlar las rutas de tránsito de la cocaína y la mayor parte de las regiones productoras del país,173 a excepción del noreste, que era controlado por Juan N. Guerra, su sobrino Juan García Ábrego y los hermanos Muñoz Talavera. Este arresto y las crecientes medidas punitivas de Estados Unidos y México influyeron para la fragmentación de las organizaciones criminales y el encumbramiento de algunos narcotraficantes que, hasta entonces, desempeñaban un papel secundario. Así, al inicio de los años 1990, tomaron forma los llamados “cárteles” de las drogas y se consolidaron ciertas características culturales de algunas comunidades que habían participado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas: no se mejoró su situación de exclusión política y económica, y aumentó su tendencia a establecer relaciones de corrupción y destrucción de los instrumentos del Estado y su exaltación de la ilegalidad, es decir, en algunas regiones se fortalecieron los valores, las relaciones sociales y las alianzas que las hacían menos adversas al riesgo de enfrentar al Estado para llevar sus productos al consumidor final.
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Las consecuencias: a veces silencioso el desastre social Los momentos de tensión con Estados Unidos, relacionados con el tema de las drogas, tuvieron diversas consecuencias sociales en México: el desarrollo de la producción de drogas en todo el país, usando al campesinado pobre como la fuente principal de mano de obra; el aumento de la farmacodependencia, fenómeno reconocido con mucha reticencia en el ámbito oficial; y la generalización de la violencia, sobre todo en las zonas de tráfico y producción de drogas, como Tamaulipas, Sinaloa o Jalisco. Luego del operativo del rancho El Búfalo, en un arranque retórico durante una visita a Chihuahua, el 26 de noviembre de 1984 el presidente De la Madrid ordenó que todas las propiedades que se usaran para la siembra de drogas se entregaran a campesinos y ejidatarios. Entre los detenidos hubo cientos de campesinos, procedentes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. El hecho revelaba un lugar común: la pobreza obligaba a dedicarse a actividades más rentables, aunque fueran ilegales. En defensa de los campesinos se unieron muchas voces que los señalaban como víctimas del sistema político. Ante esto, el entonces secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña, declaró: “Los campesinos no son víctimas [...] Ellos sabían a lo que venían. Por eso no podemos más que lamentar que esto haya ocurrido [...] vinieron por el atractivo del dinero”. Y negó que el desempleo los hubiera expulsado de sus lugares de origen. Es decir, según este punto de vista, la exclusión no lleva a la ilegalidad; se trata de una opción personal.174 Subterfugios retóricos aparte, en ese momento era evidente el papel del campesinado pobre en la producción de drogas. Por ejemplo, en febrero de 1985, en el ejido El Bedal, municipio de Navolato, Sinaloa, fueron localizadas 62 hectáreas de sembradíos de mariguana. Se supo entonces que los campesinos rentaban sus terrenos, a cambio de casi un millón de pesos de aquellos años. Según el general Carlos Rosas, comandante de la IX Zona Militar, a pesar de que en el “Triángulo de Oro” este fenómeno fuera más frecuente, en realidad era algo que ocurría en todo el país.175 Entonces los campesinos no sólo servían de mano de obra, como en El Búfalo, sino que, además, la renta de sus terrenos representaba una opción de ingresos más redituable que los cultivos tradicionales. En aquella visita de De la Madrid a Chihuahua, el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, hizo una declaración por demás reveladora de la situación real del combate al narcotráfico: El vicio está apoderado del mundo. Desgraciadamente, ni el ejército ni la Procuraduría General de la República pueden detenerlo. Y no nos enfrentamos a ellos, porque esa gente siempre está oculta y, desgraciadamente, sólo aprehendemos a mujeres embarazadas, a niños hambrientos y a uno que otro ejidatario engañado para venir a trabajar como burro [...] nunca hemos tenido la oportunidad de encontrar a las cabezas del narcotráfico.176 Un par de meses después de esta declaración, el periodista Jesús M. Lozano, luego de entrevistar a Arévalo, reconstruyó así la situación del campesinado:
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El año pasado fue un buen año de lluvias, y esto favoreció la labor de los narcotraficantes, que entregaron grandes cantidades de semillas a los campesinos, quienes fueron objeto de un engaño generalizado; se les aseguró que sembraban otros productos. A los cuatro meses los narcotraficantes les compraban a los campesinos la cosecha de mariguana, en algunos casos a razón de cien pesos el kilogramo. En cambio, cuando se les captura a estos campesinos se les aplica todo el rigor de la ley y hasta su parcela pueden perder.177 En el ámbito académico ha habido diversas discusiones sobre el grado de coacción y engaño que sufren los campesinos. Luis Astorga tomó registro del caso de Sinaloa, durante el gobierno de Antonio Toledo Corro: Para las cosechas en la sierra se reclutaban a jóvenes de colonias populares de Culiacán como la 6 de enero, Libertad y Rosales y de rancherías aledañas a la capital o camino a la sierra. Por allí pasaban camiones de redilas anunciando con magnavoces las ofertas de empleo para “la pizca de manzana”. En los valles agrícolas de la entidad ganaban 660 pesos diarios, a los jóvenes pizcadores de drogas se les ofrecía de cuatro a cinco mil pesos diarios. El éxodo fue tal, que varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos. Los agricultores de los valles tuvieron que contratar jornaleros en otros estados del país.178 Al margen de estas consideraciones, es claro que en el decenio de los años 1980 se empezó a discutir un asunto que en algunas regiones del país inició, por lo menos, desde hacía cuatro decenios: los campesinos serranos se habían involucrado de varias maneras en el tráfico de drogas. Aunque puedan existir casos de coacción y engaño, los testimonios a los que he podido acceder, sobre todo en la zona rural y serrana de Sinaloa, me hacen inclinar más a posturas como la que aquí recojo del secretario de la Reforma Agraria en el gobierno de Miguel de la Madrid: los campesinos sabían en qué se metían. Sin embargo, lejos de compartir su cinismo, estoy convencido de que es necesario combatir las razones estructurales que llevan a los campesinos a realizar su codicia o cubrir sus necesidades por medios ilegales. Es totalmente irracional y hasta peligroso empeñarse en desmantelar la economía tradicional campesina en lugar de buscar el aumento de su productividad. En este sentido, es evidente que la falta de programas de modernización y sustitución de cultivos es una apuesta que nunca se ha hecho con seriedad en México.179 En la década de los años 1980 se generalizaron los “encostalados” y los “ajustes de cuentas”. Antes de este periodo había violencia, pero no era tan frecuente ni tan brutal, quizá por la existencia de acuerdos mejor definidos entre los traficantes y las autoridades. Con la injerencia del gobierno estadunidense dejaron de respetarse los acuerdos entre traficantes y autoridades mexicanas, y el uso de la violencia se convirtió en un mecanismo de negociación interna de los grupos delictivos y una forma de enfrentar al gobierno. El 26 de febrero de 1985 el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, declaró que durante los primeros tres años del sexenio de De la Madrid murieron 315 soldados en el combate al narcotráfico.180 De 1985 a octubre de 1987, murieron 26 agentes de la PGR.181 El pri-
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mero de noviembre de 1985, un grupo de narcotraficantes asesinó a 17 policías, 5 de ellos federales, con una saña desmedida: les arrancaron la lengua y les sacaron los ojos, en un paraje cercano al puerto de Veracruz. Sin mencionar los asesinatos de agentes extranjeros.182 De 1978 a 1988 murieron 50 personas en Nuevo Laredo, en ajusticiamientos relacionados con las drogas. Poca cosa, si se confronta con lo sucedido durante los primeros ocho meses de 1988 en Matamoros, donde murieron 30 personas, al parecer por ajustes de cuentas entre facciones del grupo de Juan N. Guerra. El caso más estridente ocurrió en la clínica Raya, el 17 de mayo de 1984: un comando armado con metralletas fue disparando en cada pabellón en busca de un miembro de la organización de Juan N., llamado el Chacho Espinoza. Mataron a seis personas e hirieron a muchas otras, pero no lograron su cometido.183 En Sinaloa el asesinato de la defensora de los derechos humanos, Norma Corona, en mayo de 1990, quizá sea una de las imágenes más ilustrativas del clima de violencia solapado, cuando no creado, desde el gobierno del estado.184 Pero fue en la primera mitad de los ochenta cuando la violencia llegó a la intensidad que marcaría el futuro del estado. Por otra parte, la postura del gobernador Antonio Toledo Corro (1981-1986) eludía cualquier responsabilidad y casi evidenciaba su conformidad con el fenómeno: “El narcotráfico es una herencia de otras generaciones. No es un problema que haya nacido ayer y tampoco se va a resolver mañana”. La presunta protección de Toledo Corro a ciertos narcotraficantes hizo frecuentes los asesinatos, a plena luz del día, en Mazatlán y Culiacán. Así cayeron, por ejemplo, el jefe del Departamento de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa y exdirector de Seguridad Pública de Culiacán, Jaime Cota Félix, en 1983, y el director de esa dependencia, Ceferino Ojeda, el 15 de octubre de 1984.185 En diciembre de 1984 hubo 11 asesinatos en Guadalajara, lo cual permitió que el gobernador de Jalisco declarara que “diciembre ha sido un mes blanco”, y que ante las críticas de algunos medios replicara que “son refritos mal acomodados”. Pero su tozudo optimismo no resistía los datos duros: en 1982 hubo 2,435 muertes violentas en Jalisco; en 1983 hubo 2,355; y en 1984 la cifra se acercaba a las 2,500. En este último año la situación en la zona metropolitana era grave: 295 homicidios; 151 con armas de fuego, 66 con arma blanca, 56 a golpes y 22 por otros medios.186 Con el tiempo este tipo de reportes han sido cada vez más frecuentes en los medios, especialmente en los periodos en que las autoridades decidían atacar a tal o cual organización, o cuando los intereses en juego desbordaban los acuerdos internos de las organizaciones criminales y las relaciones con el gobierno local o federal. El consumo de drogas Quizá desde los años 1970 empezó a preocupar la posibilidad de que la drogadicción cobrara impulso en México. Se pensaba que los jóvenes mexicanos adoptarían el consumo de drogas imitando a los adolescentes estadunidenses. En el fondo, los funcionarios mexicanos compartían el principio conservador implícito en el discurso de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Lo importante era la defensa de la institución familiar. Así, por ejemplo, durante la instalación de un Consejo Ciudadano del Programa de Atención a la Delincuencia Asociada a la Farmacodependencia de la Delegación Tlalpan, en la ciudad de México, en 1985 su titular, Gilberto Nieves Jenkin, dijo:
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La sociedad mexicana se ve amenazada diariamente en su núcleo familiar por el aumento en el uso de sustancias psicotrópicas, y por desgracia sus principales consumidores son la esperanza de México [...] la autoridad, así posea la mejor voluntad para erradicar y combatir a los mercaderes de vicio, no logrará el éxito deseado si no cuenta con la ayuda y participación interesada de los sectores y, fundamentalmente, de los padres de familia.187 El reconocimiento de la existencia de consumo de drogas en México no era frecuente en aquellos años. Pero la expresión aislada de la preocupación, así fuera por la defensa de la familia, es un indicador de que el problema estaba presente. En el reporte de los resultados de la estrategia internacional de control de drogas de 1986, el Departamento de Estado abordó así la situación mexicana: A pesar del papel de México como un país de tránsito de cocaína y productor de heroína, no tienen un gran mercado para ninguna de esas drogas. Es difícil calcular qué tan extendido es el abuso [de] las drogas en México, en cifras generales o clases sociales, pero la mayoría de los expertos coinciden en que el problema nacional de drogas está ya en sus etapas tempranas con la mariguana y el resistol como las sustancias usadas más comúnmente.188 En los años 1970 y 1980, la fuente más confiable para dar una idea sobre la magnitud del consumo de drogas fueron las encuestas que el Instituto Mexicano de Psiquiatría y la Secretaría de Educación Pública (SEP) levantaron entre estudiantes de nivel medio superior, sobre todo en la ciudad de México y el área metropolitana.189 En aquellos años, al ya difícil escenario de nacer pobre, se agregaba cierta propensión social a algunas sustancias. Sin embargo, para 1980 cambió el perfil de los usuarios, pues el consumo había alcanzado las clases altas. En 1981, los Centros de Integración Juvenil (CIJ) hicieron un estudio entre los estudiantes de enseñanza media, media superior y universitaria en las escuelas de las áreas de influencia de cada centro, tanto en la ciudad de México como en los estados. El porcentaje general de consumo oscilaba entre 9.4% alrededor de un centro ubicado en Nogales, a 22% en la zona de influencia de un centro de Tijuana, y había una desviación preocupante en cuanto al consumo de cocaína entre los estudiantes de Guadalajara. El resto de las encuestas realizadas en los ochenta, según la SEP y el Instituto Nacional de Psiquiatría, mostró que el consumo de drogas entre estudiantes había “aumentado en cuanto a su magnitud y a su extensión”, con variaciones regionales. Sin embargo, en una encuesta de 1991-1992 hecha por estas instituciones, el porcentaje de estudiantes que habían consumido drogas, al menos una vez, era de 8.23%, y no el 12.3% calculado en los ochenta. Obviamente la variación se debió a la metodología aplicada. Sin entrar en detalles, la encuesta de 1991-1992 sobrerrepresenta a los estudiantes más jóvenes, es decir a los que estaban por llegar a la edad promedio de iniciación en el consumo de drogas. Al margen de esto, es importante subrayar que la estrategia de negociación con Estados Unidos, que implicaba negar que México fuera un consumidor importante, justificó la desatención a los programas de tratamiento de adicciones en un país donde, como es posible ver con claridad en la tabla 1, a principios de los noventa tenía una población de estudiantes varones mayores de 18 años, en la que 20.18% eran consumidores ocasionales, 7.51% moderados y 4.62 % altos.
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Tabla I. Consumidores de drogas altos, moderados y ocasionales entre estudiantes de educación media y media superior, por sexo y por edad, 1991-1992 SEXO/EDAD
PROPORCIÓN DE LA MUESTRA (%)
USARON DROGAS ALGUNA VEZ (%)
USARON DROGAS EN EL ÚLTIMO AÑO (%)
USARON DROGAS EN EL ÚLTIMO MES (%)
Hombres Menor de 14 14 15 16 17 18 Mayor de 18 Subtotal
21.16 10.21 7.85 5.42 3.56 1.60 1.44 51.8
6.84 9.50 9.74 13.05 14.75 16.45 20.18 9.68
3.60 4.58 5.12 6.66 7.65 8.48 7.55 4.89
2.20 2.52 2.87 3.85 3.78 3.94 4.62 2.77
Mujeres Menor de 14 14 15 16 17 18 Mayor de 18 Subtotal
21.41 9.34 6.47 4.81 2.76 1.03 0.94 47.1
4.85 7.28 8.00 8.65 8.99 10.87 9.98 6.65
2.80 4.21 4.53 5.12 4.75 5.04 5.34 3.78
1.75 2.39 2.83 2.63 2.38 2.36 3.27 2.19
100.00
8.23
4.35
2.49
Total
Fuente: Encuesta nacional sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, México, Secretaría de Educación Pública-Instituto Nacional de Psiquiatría, 1993, “cuadros de resultados”.
Las drogas y el libre mercado (1988-2000) La falta de legitimidad, derivada del fraude electoral de 1988, obligó a que Carlos Salinas se adueñara de la Presidencia desde la Presidencia misma,190 mediante golpes espectaculares de legitimidad. Pero en el tema del narcotráfico algunos analistas señalan que durante el gobierno de Salinas se decide pugnar como nunca por un entendimiento relativamente estable con Estados Unidos. El sustento de dicho entendimiento sería, desde entonces, la profundización del viraje económico a favor de la privatización y de la apertura comercial y, de manera sobresaliente, la negociación de un Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) [...] el debate sobre narcotráfico y otras cuestiones fue opacado por la prioridad otorgada por ambos gobiernos al Tratado en sí mismo.191 Al respecto, en 1998, un reporte especial de The New York Times puso en evidencia la hipocresía y política de oídos sordos que llevó a cabo el gobierno estadunidense alrededor del
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tema de las drogas durante el salinato. El mismo reporte señaló que esta política de ceguera frente al tema indica que el interés de Estados Unidos por no afectar su relación con México se mantuvo después del préstamo de 12,500 millones de dólares para paliar los efectos de la crisis de 1995.192 El expresidente Salinas no estuvo de acuerdo y, en un libro que publicó al final del sexenio de Ernesto Zedillo, escribió: A partir de 1995 no faltó quien afirmara que durante mi presidencia el gobierno norteamericano había reunido información sobre supuestas actividades ilícitas de mi familia pero que no las había hecho públicas para lograr la ratificación del TLC. Sin embargo, varios de los reportes citados arriba se publicaron después de la ratificación del Tratado. Además, durante la presidencia de George Bush (1989-1993) tampoco aparecieron en los Estados Unidos publicaciones gubernamentales que señalaran a mi gobierno en ese sentido. Algunos insinuaron que las críticas se habían “escondido” para no afectar la relación bilateral.193 En efecto, terminada su gestión abundaron las filtraciones y se hizo evidente la campaña contra su administración, aunque hubo casos en que los ataques no carecieron de fundamento.194 De cualquier modo, siempre será más conveniente confrontar las aseveraciones de los políticos, en general, y del presidente Salinas, en particular, con los hechos.195 Los dos primeros años del sexenio, el objetivo de Salinas fue dar contenido al concepto “seguridad nacional”, término que se empezó a usar desde los últimos meses del gobierno de De la Madrid. Esto marcó un viraje en el que México se acomodó a los enfoques estadunidenses alrededor del tema de las drogas,196 y más tarde, desde 1990 a la entrada en vigor del TLC, la prioridad del gobierno salinista fue evitar que la buena disposición del ejecutivo estadunidense se viera obstaculizada por la actitud beligerante de la DEA y otras instancias, incluso civiles. En lo que a las organizaciones criminales se refiere, Salinas supo que debía mandar una señal que aligerara el tema del narcotráfico, frente a la entonces irascible administración estadunidense. Con ese propósito organizó un operativo espectacular para aprehender a Miguel Ángel Félix Gallardo, el gran capo cuyo éxito se fincó en su capacidad para manejar la conexión colombiana de la cocaína y, después, desde la cárcel, en su tino para repartir territorios entre sus lugartenientes.197 Esta aprehensión tuvo el efecto no deseado de consolidar la “cartelización” del narcotráfico. Pero, desde el punto de vista de las prioridades del gobierno, fue un éxito. El combate a las drogas durante el periodo neoliberal Cuando Salinas asumió el poder, se ciñó a los lineamientos de las políticas estadunidenses que abordaban el tema, una postura que Miguel de la Madrid había iniciado en los últimos meses de su mandato. Años después Salinas escribiría: “el combate al narcotráfico se convirtió en una prioridad nacional pues amenazaba la seguridad del país. Mi administración actuó con certeza de que esa lucha era fundamental para garantizar el futuro del país”.198 Esta retórica mejoró la imagen del gobierno e impulsó una relación enfocada al logro de un acuerdo de liberación comercial, atenuando las recriminaciones que habían caracterizado la década anterior. Estados Unidos pospuso el tema en su lista de prioridades para proteger
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los intereses económicos involucrados en la liberación comercial. Y, al parecer, la estrategia mexicana de tratar cada tema por separado, para evitar que la discusión de un asunto contaminara toda la agenda bilateral, surtió efecto en el corto plazo. Sin embargo, esto no implicó que el narcotráfico dejara de ser fuente de conflicto y fricciones.199 Al inicio de los noventa, el gobierno mexicano asumió que el combate al narcotráfico era imprescindible “por salud de los mexicanos, por seguridad nacional y por cooperación internacional”.200 Con la llegada de Salinas, el nombramiento de Enrique Álvarez del Castillo como titular de la PGR, fue criticado en Estados Unidos, porque había sido gobernador de Jalisco cuando fue asesinado Enrique Camarena.201 Junto con Álvarez, fue nombrado Javier Coello Trejo como titular de la recién creada Subprocuraduría General de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico. Los recursos humanos y económicos de la PGR para el combate al narcotráfico crecieron de manera importante. De 1988 a 1989, el presupuesto de la PGR para el combate al narcotráfico subió de 44,613 millones a 122,600 millones de pesos, lo que implicó un aumento de 174%. En 1989 el dinero destinado al combate a las drogas representaba más de 61% del presupuesto de la PGR. En 1990 el presupuesto antinarcóticos de la PGR fue de 150,173 millones de pesos, lo que representaba 54% de su presupuesto total.202 En la Policía Judicial Federal se creó la División Antinarcóticos, y en la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Junto con los operativos se promovieron diversas reformas legales. Desde el 14 de diciembre de 1988, Salinas promovió el aumento de penas para los delitos relacionados con el narcotráfico; reducción del plazo para dictar sentencia; agravación de penas por posesión de armas de uso exclusivo del ejército sin permiso, o por el tráfico de las mismas, y penas de hasta nueve años de prisión a quienes realizaran operaciones con dinero de procedencia ilícita.203 En el mismo sentido, los medios se encargaron de hacer pública la corrupción en los círculos más altos del poder. El 9 de agosto de 1989 Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Echeverría, fue aprehendido en San Antonio, Texas, para que testificara en un juzgado de Los Angeles, porque, presuntamente, tenía información importante sobre el caso Camarena. Astorga repasa así el hecho: Estuvo encarcelado dos meses sin cargo en su contra. Después de haber declarado que desconocía a Caro, Fonseca y Félix Gallardo, fue acusado de perjurio, pero fue absuelto de ese cargo. La casa donde se dijo que Camarena y Zavala habían sido torturados y asesinados había sido vendida por Zuno un mes antes de los secuestros a una persona cercana a Caro. El propio Zuno había viajado voluntariamente a Estados Unidos en 1986 para entrevistarse con agentes de la DEA y explicarles la historia de esa casa. Al parecer, en ese entonces, la agencia estadunidense no mostró ninguna inconformidad. Años después, testigos pagados por la DEA, reclutados entre los pistoleros y guardaespaldas de Fonseca y socios de Caro, señalaron a Zuno a los titulares de Gobernación, Manuel Bartlett; de la PGR, Enrique Álvarez del Castillo, y de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, como los autores intelectuales del crimen. El 21 de diciembre de 1992, un jurado lo declaró culpable y, posteriormente, fue sentenciado a cadena perpetua.204 Con el tiempo, el mismo presidente Salinas denunció la existencia de testigos comprados por la DEA. En sus memorias narra cómo las autoridades estadunidenses declararon cul-
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pable a Zuno y cómo después un juez, al detectar irregularidades en el juicio, ordenó que se reiniciara. Zuno fue a Estados Unidos para aclarar los cargos, pero, en palabras de Salinas, para su sorpresa, se enfrentó con un proceso judicial basado en el testimonio de testigos de baja confiabilidad. Uno de esos testigos de cargo, René López Romero, resultó ser otro criminal. En México se le había perseguido como corresponsable en la muerte de cuatro Testigos de Jehová ocurrida en Guadalajara durante los años ochenta. Además López Romero había aceptado su participación en el secuestro y la tortura de Camarena. La DEA logró su dispensa por los asesinatos de los Testigos de Jehová; por si eso fuera poco, de manera increíble le consiguió inmunidad por su participación en el asesinato de Camarena y le entregó varias decenas de miles de dólares. Su testimonio fue utilizado de manera eficaz contra Zuno.205 Según Salinas, además de López Romero, otro “cómplice de traficantes”, Jorge Godoy, declaró en el juicio contra Zuno. Godoy no había mencionado a Zuno en su declaración inicial, pero después lo acusó directamente. Esta modificación se adjetivó de “asombrosa”. De acuerdo con Salinas, cuando se volvió a juzgar a Zuno, el gobierno mexicano estuvo consciente de que muchos de los testimonios se “compraron” y fueron proporcionados por policías mexicanos, entre ellos el excomandante González Calderoni. “Una de las prácticas más corruptas entre elementos de las policías mexicanas parecía confirmarse: al convertirse en colaboradores de agentes extranjeros, facilitaban testigos a modo, y ganaban la protección de las autoridades de otros países.”206 Sin considerar la práctica —normal en el ámbito legal estadunidense— de incentivar a criminales menores para que denuncien a otros mayores, en opinión de la familia de Zuno, Salinas no hizo gran cosa. Ruth Zuno Moreno, hija de Rubén, contó que luego de la aprehensión de su padre fue a Los Pinos, para buscar la ayuda del entonces presidente Salinas. Le entregó una carta que nunca contestó. En su opinión, Rubén Zuno fue un chivo expiatorio de Salinas, para mostrarle a los estadunidenses que se estaba haciendo algo contra la corrupción derivada del narcotráfico. A su vez, fue un ajuste de cuentas político de Salinas contra Echeverría: No creo que sea una confabulación en contra de mi papá... o sea lo que nosotros pensamos [la familia de Zuno] y por pláticas con mi papá, cuando fueron las elecciones para Presidente en el 88 se decía que mi tío Luis apoyaba a Cárdenas y todo mundo sabe —yo no sé si es cierto o no es cierto, pero se habla mucho de eso—, entonces yo siento, como hija de Rubén Zuno y por lo que he oído y por lo que he vivido, yo siento que fue ponerle un hasta aquí a Echeverría y decirle “¿sabes qué?, no te metas con nosotros, estate en tu lugar quietecito porque te puede pasar algo por el estilo, a ti o a cualquiera de tus hijos”.207 Por otra parte, las acciones para “limpiar” la imagen de las corporaciones policiacas mexicanas no redujeron las embestidas mediáticas y procedimentales de Estados Unidos. El 12 de junio de 1989, José Antonio Zorrilla, exdirector de la Federal de Seguridad, fue arrestado, acusado de asesinar al periodista Manuel Buendía. En octubre Roberto Soto, exprocurador
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estatal de Sonora durante el gobierno de Félix Valdés, fue arrestado en Hermosillo y trasladado a Ciudad Juárez, acusado de siembra, cultivo y posesión de mariguana. Pero en septiembre de 1989, el subprocurador William Barr redactó un documento en que señalaba que el poder ejecutivo estadunidense tenía derecho de ordenar la aprehensión de fugitivos en el exterior. Esto fue una premonición de los problemas que esperaban a México. A pesar de las violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos policiacos, a finales de 1989 se alardeaba de la sentencia contra Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Pero no era suficiente, el libro de Elaine Shanon, Desperados, publicado en 1988, sirvió de guión a la miniserie “Drug Wars: The Camarena Story”, transmitida por la NBC en 1990, donde no sólo se acusaba a la policía mexicana de corrupta, sino que se mencionaba a Arévalo Gardoqui, al procurador Álvarez del Castillo, al secretario de Educación, Manuel Bartlett y al expresidente De la Madrid como protectores de narcotraficantes. El embajador mexicano en Washington dijo que la serie se basaba en especulaciones e inexactitudes. Incluso Miguel Aldana Ibarra declaró que, en 1976, Enrique Camarena había sido aprehendido con droga en Mexicali, y que quizá ni siquiera hubiera sido asesinado. Pero los desesperados intentos de descargo no sirvieron. El 30 de enero de 1990, la fiscalía federal de Los Angeles formalizó cargos contra: Aldana Ibarra, exdirector de INTERPOL-México; José Antonio Zorrilla Pérez, extitular de la Federal de Seguridad; Manuel Ibarra Herrera, exjefe de la Policía Judicial Federal; Antonio Vázquez Ochoa, exjudicial; y Humberto Álvarez Machain,208 exmédico de la Federal de Seguridad en Jalisco y médico de los hijos de Caro Quintero. En total, se acusó a 22 mexicanos por actividades relacionadas con el tráfico de drogas y delitos relacionados con el caso Camarena. Además se contaba con elementos para proceder contra el exsecretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui.209 Zorrilla, como vimos, ya había sido arrestado en la ciudad de México por la presunta autoría intelectual en el asesinato de Manuel Buendía, no así los otros.210 El 2 de abril de 1990, Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara y entregado a la DEA, presuntamente para cobrar los 100,000 dólares de recompensa ofrecidos por su captura.211 Lo sacaron de su consultorio por la fuerza y lo trasladaron a El Paso, Texas, en un avión particular. La DEA lo acusaba de estar involucrado en el caso Camarena.212 El incidente fue tomado en los círculos del presidente Salinas como un golpe bajo “que estuvo a punto de descarrilar la negociación del TLC”, que había iniciado en secreto y que sólo fue conocida por una filtración de las autoridades estadunidenses a The Wall Street Journal, el 26 de marzo de 1990.213 El 18 de abril, Relaciones Exteriores mandó una nota diplomática al Departamento de Estado, en la que señalaba que de comprobarse la participación ilegal de autoridades norteamericanas en estos hechos [el secuestro de Álvarez Machain] se pone en riesgo la cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico, pues como es de su conocimiento, corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas la responsabilidad del combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales dentro del territorio de México.214 Ese mismo mes, seis mexicanos fueron arrestados por su presunta responsabilidad en el secuestro; tres de ellos habían trabajado en la Policía Judicial de Jalisco, y todos reconocie-
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ron haber recibido recompensas por parte de la DEA para participar en la detención. Ni las reuniones de Salinas con representantes del gobierno estadunidense, ni las negociaciones del procurador con su homólogo, ni las protestas diplomáticas sirvieron para que las autoridades estadunidenses cambiaran de parecer. En mayo de 1990, la Presidencia estaba consciente de que la DEA tenía la intención de no amilanarse y, más aún, amenazaba con publicar informes que pretendían involucrar a algunos funcionarios de la administración del presidente Miguel de la Madrid en el narcotráfico. La DEA estaba preparada para atacar y provocar “un escándalo mayúsculo”. Por otra parte, el presidente Salinas tenía la intención de concretar un encuentro con George Bush el 10 de junio, para anunciar el inicio de las negociaciones formales del TLC. En medio de las amenazas de “escándalo”, Salinas escribió en sus notas personales: “Si la DEA decide publicar sus supuestos hallazgos, veo prácticamente imposible hacer el anuncio sobre el arranque de las negociaciones [del Tratado de Libre Comercio]”.215 A pesar de ello, el gobierno mexicano solicitó la extradición de dos agentes de la DEA involucrados en el operativo de captura de Álvarez Machain: Héctor Berréllez y Antonio Gárate. Después de una reunión con Dick Thornburgh, procurador general de Estados Unidos, el procurador mexicano explicó el punto de vista estadunidense: “más que un legítimo derecho de las autoridades mexicanas por reclamar a estos señores como responsables intelectuales del secuestro, piensan que es una actitud para obstaculizar el juicio en Los Angeles, en donde se ha puesto en duda la moralidad e integridad de algunos funcionarios mexicanos”.216 Dados los desencuentros descritos, no es de extrañar que el juicio se haya desarrollado en medio de escándalos. Una vez más, un testigo contra Álvarez Machain señaló como posibles autores intelectuales a los personajes mencionados en el juicio contra Zuno: Bartlett, Álvarez del Castillo y Arévalo Gardoqui. Finalmente, el 14 de diciembre de 1992, un juez federal liberó a Álvarez Machain por falta de pruebas; regresó a México el 15 de diciembre. No obstante, en México la PGR había señalado su responsabilidad en el lavado de dinero de Caro Quintero. Entrevistado en marzo de 1993, en Almoloya, Caro Quintero aceptó que Álvarez Machain fue propietario de entre 50 y 80 hectáreas del rancho El Búfalo.217 Luego de este episodio, tardamos muchos años en percatarnos de que el verdadero enemigo de la administración salinista era la DEA y el poder judicial estadunidense. Una serie de artículos de Los Angeles Times, por ejemplo, dio a conocer a Héctor Cervantes, un testigo que aceptó que agentes de la DEA le pagaron e instruyeron para declarar ante la corte. Cervantes había recibido la promesa de que recibiría 200,000 dólares, la residencia y un permiso para trabajar en Estados Unidos.218 El 28 de noviembre de 1997, Excélsior refirió el testimonio de Cervantes: En varias otras sesiones me reuní con [los agentes de la DEA] Medrano y Berréllez para ensayar mi testimonio. Fue en estas sesiones que ellos me prepararon para atestiguar acerca de otras reuniones entre Zuno y los traficantes que en realidad nunca se habían llevado a cabo [...] Ellos querían que atestiguara de otras reuniones donde yo supuestamente había visto a Bartlett en persona. Esta vez, me puse de acuerdo con ellos para inculpar falsamente a Bartlett y atestiguar que lo había visto con Barba, Zuno y Gardoqui.219
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Esto descubre algunos de los procedimientos de la DEA; sin embargo, no es evidencia de descargo para los inculpados. Sin duda, estos métodos judiciales pueden escandalizar, pero más de un funcionario estadunidense señaló que antes de disminuir ese tipo de presión sobre México “se debe considerar que en ese país la intervención de líneas es ilegal, las leyes conspirativas no existen, la policía no puede usar informantes confidenciales, no existe un programa de testigos protegidos, y el lavado de dinero no es un crimen”.220 Lo anterior fue expresado en 1996 por el director de la DEA, Thomas Constantine, en una audiencia ante el senado. Los funcionarios del gobierno de Salinas sabían que la falta de herramientas jurídicas y unidades de inteligencia tenía dos aristas peligrosas para el proceso de negociación del TLC. Por un lado, era muestra de debilidad del sistema judicial y de justicia; por el otro, una mayor asignación de atribuciones policiacas podría venir acompañada de un sinnúmero de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y ya fuera por esto, o por ceder a las presiones de las ONG, partidos y la sociedad civil, el 6 de junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que, desde entonces, ha servido como instrumento retórico para dar la impresión de que el gobierno está fiscalizado por un órgano autónomo,221 aun cuando persistan informes de pueblos arrasados por el ejército, torturas a los presos, robo a campesinos, violaciones de mujeres en operativos, etcétera. El año de 1993 trajo consigo muchos cambios en el área del combate al narcotráfico. Ese año el procurador Jorge Carpizo promovió una orden de aprehensión contra el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, a quien las autoridades estadunidenses “lo tenían en la lista negra del narcotráfico” por más de un motivo.222 El 14 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió en una balacera ocurrida en el aeropuerto internacional de Guadalajara. Según la versión oficial, los sucesos fueron resultado de un enfrentamiento entre la banda de narcotraficantes comandada por Joaquín Guzmán Loera (el Chapo Guzmán) y Héctor Luis Palma Salazar (el Güero Palma), en contra de la banda encabezada por los hermanos Arellano Félix [...] Las investigaciones llevadas a cabo por la PGR han aportado información suficiente para concluir que el atentado tuvo su origen en la lucha de los narcotraficantes por asumir el control del cultivo y la exportación de mariguana, así como de otras drogas “duras” como la cocaína y la heroína. Las rencillas personales existentes entre los miembros de las bandas, también fueron un ingrediente importante.223 Sin embargo, hubo otras versiones que señalaron que el cardenal poseía copias de documentos sustraídos de la oficina del secretario de Salinas, Justo Ceja Martínez, que presuntamente demostraban la relación de la familia presidencial con los cárteles de las drogas.224 El suceso no sólo dio elementos para entender la organización de los narcotraficantes y constatar la crudeza de sus procedimientos, sino que propició la discusión del papel de la Iglesia católica como receptora de recursos provenientes del narcotráfico. Con relación a esto, Jorge Carpizo, entonces titular de la PGR, cuenta que un día, alrededor de las 23:00 h., a mediados de diciembre de 1993, lo llamaron para que se reuniera con el presidente Salinas y el nuncio apostólico Girolamo Prigione. Monseñor intercedía para que Salinas recibiera a uno de los Arellano Félix, pues quería dar su versión sobre el asesinato de Posadas y asegurarle que los hermanos “eran inocentes”. Salinas pidió consejo a Carpizo.
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“No, señor presidente, usted no puede hacerlo, usted no puede recibirlo”, dijo Carpizo. Entonces el nuncio atajó la respuesta de Salinas, preguntando qué debía decirle a ese Arellano Félix que lo esperaba para recibir una respuesta en la nunciatura. “Que se entregue”, contestó Carpizo. Luego de intercambiar un par de comentarios más, monseñor Prigione hizo una solicitud al despedirse. “Señor presidente, con todo respeto le pido que se preserve la integridad de la sede diplomática.” Dice Carpizo que en ese momento pensó organizar un operativo para aprehender al Arellano que estaba en la nunciatura, pero que no lo hizo por miedo a las consecuencias de improvisar una acción policiaca, que no sólo podría causar un conflicto diplomático, sino que implicaba enormes riesgos logísticos. La anécdota despertó muchas suspicacias, pero también sacó a la luz el proceder de los jerarcas del catolicismo frente al narcotráfico.225 En septiembre de 1997, con la muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, el tema volvió a los medios. El 20 de ese mes, Raúl Soto Vásquez, vicario de la Basílica de Guadalupe y profesor de la Universidad Pontificia de México, justificó las limosnas de los narcotraficantes: “ellos hacen obras de servicio social en algunas entidades y aplaudo lo realizado en este sentido por Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo, quienes no por ello dejan de ser pecadores”. El periodista sinaloense Alejandro Sicairos clasificó la actitud de los jerarcas eclesiásticos en las relaciones narco-Iglesia: [Unos] creen que los narcotraficantes deben ser excomulgados, como lo postula el obispo de Mazatlán, Rafael Barraza. Otros consideran prudente recibir las limosnas de los traficantes de drogas para traducirlas en el bien común; planteamiento que respalda el padre Benjamín Oliva y, entre otros, el arzobispo emérito de Ciudad Juárez, Manuel Talamás, quien opina que ‘el dinero [de las drogas o la prostitución] es adquirido de una manera inmoral, pero eso no implica que su donación sea ilegal. Una tercera postura se aferra a que el tema persista como un tabú, pero sin cerrarle la entrada a los donativos de origen dudoso.226 Ante las abigarradas ideas de la redención comprada, pareciera que Jorge Carpizo no exageraba cuando escribió que la “reconciliación” salinista con la Iglesia y la aceptación social de su papel público aceleró más de un efecto cuestionable: “Los Arellano Félix, antes y después del episodio narrado enviaron una carta al papa alegando su inocencia y solicitando su apoyo; su cómplice de muchos hechos, el sacerdote Gerardo Montaño, a pesar de las pruebas que existen, continúa gozando de impunidad; realmente ya vuelve a existir en México, como en el siglo XIX, el fuero eclesiástico”.227 Luego del asesinato del cardenal Posadas, se hizo evidente que el sexenio de Salinas se caracterizaría por un cambio en el enfoque de los temas de inteligencia para el combate al narcotráfico. El 26 de junio de 1993 se hizo pública la existencia del Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO), a raíz de la captura de Joaquín Guzmán Loera, (a) el Chapo. El objetivo del Centro fue hacer trabajos de inteligencia desde una organización compacta y leal que no llegara a contaminarse.
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La aprehensión del Chapo Guzmán sacó al CENDRO del anonimato. Según versiones periodísticas, su edificio se construyó con dinero nacional y estadunidense; contaba con tecnología de punta que permitía rastrear aeronaves, comunicarse con agencias colombianas y estadunidenses en tiempo real e interceptar llamadas telefónicas. Una de sus oficinas, llamada CENDRO 6, podía conectarse a los radares estadunidenses en Centroamérica.228 Luego de aquella captura, Jorge Tello Peón, su titular, entró como primer comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), formalmente creado el 17 de junio de 1993, y en 1994 se hizo cargo del CISEN, hasta 1999. El INCD continuó operando bajo distintos mandos; en 1996 asumió el cargo el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo. Este militar fue detenido en 1997 por haber colaborado con el cártel de Amado Carrillo.229 A lo largo de 1994 cobraron importancia los asesinatos políticos. El 3 de marzo, por ejemplo, un enfrentamiento en Tijuana entre la Policía Judicial Federal y la estatal de Baja California dejó cinco muertos y la captura, el 2 de mayo, de Sergio Ortiz Lara, subprocurador de Justicia de Baja California, por su responsabilidad en la balacera. El 9 de mayo de 1994, Eduardo Valle Espinoza anunció su salida de la PGR, donde fungió como asesor, primero, de Jorge Carpizo y, luego, de Diego Valadés. El motivo expresado por el experiodista fue la “incapacidad” de la institución para aprehender a los líderes del cártel del Golfo y la falta de una política de largo alcance. Más tarde, Valle se volvió testigo protegido en Estados Unidos, donde el 25 de agosto de 1994 rindió una declaración en el consulado mexicano en Washington ante personal de la PGR. En su declaración habló sobre la relación entre altos funcionarios con el narcotráfico y su posible relación con el asesinato del Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994. Entre otros personajes, mencionó a Emilio Gamboa, Raúl Zorrilla y Juan José de Olloqui, por sus nexos con el narcotráfico.230 El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre de 1994, cerró el sexenio de Salinas. Las indagaciones indicaron que los autores intelectuales habían sido Manuel Muñoz Rocha, diputado federal por Tamaulipas, y Abraham Nava, excolaborador de Ruiz Massieu, cuando éste fue gobernador de Guerrero. Ambos estaban presuntamente involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico. Las hipótesis sobre la relación con el narcotráfico y la política interna priísta causaron verdadero revuelo. Ya como expresidente, Salinas hizo una evaluación final sobre el tema del narcotráfico durante su sexenio: El combate al narcotráfico representó una batalla larga. Era por motivos de seguridad nacional. No se ganó la guerra. Como se verá, a partir de 1995 muchos de los miembros más corrompidos de esas policías pudieron regresar al control de las procuradurías de justicia, por lo que el avance democrático y la vigencia del estado de derecho ingresaron en una zona de riesgo mayor.231 El 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari fue detenido, acusado de haber ordenado el asesinato de su excuñado y adversario político José Francisco Ruiz Massieu. Julia Preston y Samuel Dillon, entonces corresponsales de The New York Times en México, señalaron: “A ojos de la sociedad, su papel en el descrédito del sistema fue excepcionalmente espectacular, con lo que contribuyó a precipitar el régimen autoritario”.232
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La discusión retomó fuerza el 15 noviembre de 1995, cuando Paulina Castañón, esposa de Raúl, fue detenida en Suiza mientras intentaba hacer un retiro millonario con un pasaporte falso. Castañón puesta en libertad, pero los 130 millones de dólares que Raúl tenía en cuentas secretas se congelaron y sometieron a investigaciones por parte de autoridades suizas. Los funcionarios suizos concluyeron que una parte del dinero de Raúl procedía del narcotráfico, por lo que le decomisaron 90 millones de dólares. Además, una investigación del gobierno federal, en México, determinó que el expresidente Salinas hizo traspasos, por cerca de 38 millones de dólares, de sus cuentas a otras que estaban a nombre de varios seudónimos de su hermano Raúl. Las investigaciones siguieron a lo largo del sexenio de Ernesto Zedillo. Finalmente el 21 de enero de 1999, un juez federal declaró culpable a Raúl Salinas por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Esa primera condena fue por cincuenta años de prisión. Luego la sentencia se redujo a veintisiete años; sin embargo, alcanzó la libertad en 2006. Por su parte, Mario Ruiz Massieu, presuntamente, terminó suicidándose el 15 de septiembre de 1999 con una sobredosis de antidepresivos, al parecer, por las presiones a las que estaba sometido por un juicio en Houston, donde enfrentaba cargos que lo relacionaban con el narcotráfico, mientras fue alto funcionario judicial en México.233 Al finalizar su sexenio, Salinas inició un prolongado esfuerzo por defender su imagen y la de algunos miembros de sus equipos de trabajo y familia. Por otro lado, al asumir la presidencia Ernesto Zedillo Ponce de León, el narcotráfico siguió siendo un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, se acentuaron algunas medidas, como el aumento de la participación de los militares y la instrumentación del Programa Nacional de Control de Drogas 1995-2000. En el ámbito externo, el objetivo de Zedillo fue bajar la intensidad de la discusión sobre el tema y llevarlo a foros en donde la presencia de otros actores internacionales aumentara el campo de maniobra mexicano. Pero, sobre todo, promovió el acercamiento con Estados Unidos e ignoró el aumento de los operativos que la DEA y el FBI realizaban en México. La cooperación pareció estrecharse más con la visita de William Clinton en mayo de 1997. En aquella ocasión el presidente estadunidense —que en 1992 afirmó haber fumado mariguana en su juventud, pero no haber inhalado el humo—234 y Zedillo firmaron la “Declaración de la Alianza México-Estados Unidos contra las drogas”, en la que reconocían una responsabilidad conjunta en el tema.235 Detengámonos un poco en el tema de la militarización durante este periodo. En 1995, en Chihuahua, se estableció un proyecto piloto para sustituir a 120 agentes de la Policía Judicial Federal por militares. Y a pesar de que desde los primeros meses el proyecto daba señales de fracaso, la sustitución se extendió por todo el país.236 Más tarde, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue nombrado director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, de la PGR. El punto culminante de este proceso de amalgama policiaco-militar fue la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999. En su origen, la PFP estuvo integrada, en gran parte, por militares convertidos en elementos de fuerza policiaca.237 Aun cuando Zedillo dejó al ejército la responsabilidad del combate a las drogas, William Perry, secretario de la Defensa de Estados Unidos, estaba alarmado por la falta de nexos entre los cuerpos militares de ambos países. En octubre de 1995, Perry visitó México para hacer los contactos necesarios. En adelante, se dio marcha atrás a la política salinista de independen-
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cia en la disposición de recursos para el combate al narcotráfico —desde 1993, México se había negado a recibir “ayuda” estadunidense para sus operativos antinarcóticos. A partir de la visita de Perry, ambos gobiernos no sólo acordaron establecer un grupo de trabajo bilateral sobre asuntos militares, sino que se aceptó la asistencia estadunidense contra el narcotráfico. En 1996, el Pentágono estableció un programa para entrenar y equipar a los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE). Y, en 1998, se empezó a entrenar a los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales, que incluyeron a miembros de la armada.238 El gobierno estadunidense también participó en el mejoramiento de recursos, mediante venta de equipo y la donación de 73 helicópteros UH-1H. Sin embargo, “la efectividad y utilidad de algunos equipos proporcionados o vendidos a México era limitada”, según la General Accounting Office. En efecto, los estadunidenses enviaron equipo que databa de la guerra de Vietnam, y no volaban lo suficientemente alto como para localizar los cultivos en la Sierra Madre Occidental. En 1999, México regresó todos los helicópteros, a excepción de uno que se estrelló.239 Además de los helicópteros, Estados Unidos proporcionó cuatro aviones C-26.240 De 1981 a 1995, el total de efectivos que asistieron a una academia militar estadunidense fue de 1,488, pero en sólo dos años este número se duplicó, ya que en 1997 y 1998 más de mil miembros de los GAFE se entrenaron en Estados Unidos, superando el número de entrenamientos militares internacionales de los quince años anteriores. Por su parte, la Interamerican Air Force Academy entrenó a 141 elementos en 1996, 260 en 1997 y 336 en 1998. Durante el sexenio de Zedillo se creó el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) del ejército, el cual tenía oficinas encubiertas por todo el país, que reportaban a una central que participaba lo mismo en espionaje que en aprehensiones. La prensa anunció la existencia del CIAN hasta 2002, cuando la PGR, el ejército y la Secretaría de Seguridad Pública Federal anunciaron el descubrimiento de una red que filtraba información a las organizaciones criminales desde las propias oficinas gubernamentales. Por lo menos tres agentes del CIAN resultaron involucrados.241 El proceso de militarización fue acompañado de la reorganización jurídica y burocrática de los organismos judiciales encargados del combate al narcotráfico. Así, al llegar Antonio Lozano Gracia a la PGR, se consideró que los problemas principales eran la falta de coordinación, control y equilibrio entre las distintas áreas. Para superar estas deficiencias se emprendió una reforma integral, lo que implicó la supervisión y evaluación de los ministerios públicos y la Policía Judicial Federal. Estas regulaciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1996. A su vez, con el propósito de modernizar los estatutos legales para la persecución de delitos federales, se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996.242 De modo paradójico, uno de los obstáculos para la modernización del aparato judicial fue la asignación de atribuciones de justicia civil al ejército. En este sentido el procurador Jorge Madrazo dijo alguna vez, ante la CNDH, que “el ejército no puede llevar a cabo las funciones de la policía”.243 Y la experiencia demuestra que la inclusión del ejército en actividades de impartición de justicia civil provoca innumerables violaciones a los derechos humanos. Desde el sexenio de Zedillo se intensificó la militarización del combate a las drogas. Aunque es explicable la incorporación del ejército a estas actividades en un país que goza de la mejor reputación, también lo es que, en México, ha servido como un simple paliativo que tie-
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ne el efecto perverso de dilatar la reforma del sistema de justicia. Y, aunque también sea comprensible que desde el sexenio de Zedillo en adelante se haya intensificado la militarización del combate a las drogas en consonancia con el enfoque estadunidense, es necesario tomar en cuenta que, en el largo plazo, entre los tantos afectados por esta idea están los propios militares, que se ven obligados a introducirse en un medio y tomar acciones cuyos costos deben asumir sin que se resuelvan los problemas de fondo.244 Lo anterior viene a cuento porque durante el sexenio de Zedillo los escándalos de corrupción más sonados tuvieron como protagonistas a militares que se vendieron a las organizaciones criminales, mientras cumplían con labores de combate al narcotráfico. En 1997, el general Gutiérrez Rebollo fue acusado de colaborar con el traficante Amado Carrillo, (a) el Señor de los Cielos, y removido de su cargo. El episodio puso en jaque al sistema de justicia y a la clase política. Entre 1980 y 1990, los mexicanos observaron que el narcotráfico corrompía prácticamente a todas las instituciones del país; parecía que sólo el ejército se salvaba, pero no fue así. El 12 de noviembre, Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional, afirmó que “el riesgo de contaminación al interior del ejército siempre ha existido. Lo novedoso pudiera ser la voluntad para combatir a los que en ello se involucran sin importar prestigios, jerarquías o posiciones que ocupen”. Luego del proceso de Gutiérrez Rebollo, el ejército purgó sus filas, entregando a 34 elementos que colaboraban con cárteles de drogas. A su vez, la armada también acusó a 14 marinos. El caso Gutiérrez Rebollo tuvo elementos de novela policiaca: un personaje fuerte, militar de carrera, que ejemplificaba las posibilidades de arribo social, que representa el ejército para algunos mexicanos; una vida personal que involucraba, por lo menos, dos “casas chicas”; vínculos con el narcotráfico; investigaciones que pasaron de la Presidencia de la República a los medios de comunicación; su captura, la cual permaneció en secreto varios días, antes de que se diera a conocer; esfuerzos diplomáticos para evitar que el caso provocara la descertificación de México; el asesinato o desaparición de tres involucrados, y la participación de una reina de belleza como intermediaria entre el ejército y los narcotraficantes.245 El escándalo llegó a afectar la imagen del entonces zar antidroga Barry McCaffrey, dado que en diciembre de 1996, cuando visitó México, declaró que Gutiérrez Rebollo era “una persona de absoluta, incuestionable integridad”. Para McCaffrey, México era fundamental en su estrategia, porque, en su opinión, era la principal entrada de drogas a Estados Unidos. Según Michael Massing, “esta humillación pública pudo influir en que se convirtiera en un hombre menos determinado, aunque retomó el ímpetu, regresando a México en mayo de 1997 y luego visitando la frontera suroeste en octubre”.246 Prescindiendo de lo anterior, sería un error asumir que la lógica estadunidense de la militarización no tenía una estrategia detrás. Estados Unidos planteó la estrategia de enfocar sus esfuerzos con una visión “integral” de la producción y tráfico de drogas. En este sentido, Colombia fue el punto de producción en que enfocaría sus esfuerzos para tratar de evitar la proliferación de plantíos y espacios de procesamiento de drogas. A su vez, México era un eje toral de la estrategia estadunidense para desarticular a los grupos que se dedicaban al trasiego. Esto se entiende bien si se toma en cuenta la cantidad de estupefacientes que entran a Estados Unidos por la frontera con México, y el proceso de sofisticación y expansión que han tenido las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.247
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Otro error que se debe evitar en la evaluación es caer en la descalificación de la estrategia zedillista de seguir a Estados Unidos por su carácter “entreguista” y de abandono de la retórica tradicional de la política exterior de México. Para bien o para mal, la retórica siguió. En esos años, México pugnó por llevar el tema al ámbito multilateral, con el fin de contrarrestar un poco la influencia de Estados Unidos. En este marco se circunscriben algunas críticas a los mecanismos de certificación. Al respecto, el artículo 16 de la Carta de la Organización de Estados Americanos prohíbe el uso de cualquier clase de coerción económica o política para interferir en las decisiones soberanas de otros Estados, o para obtener cualquier tipo de beneficio.248 De ahí que México impulsara en éste y otros foros multilaterales la inclusión del tema del narcotráfico, con el fin de vencer la preferencia de la potencia del norte por las medidas unilaterales. En el seno de la Organización de Estados Americanos, México apoyó las negociaciones para el establecimiento del Mecanismo de Evaluación Mutua de la Convención Interamericana contra el Abuso de Drogas,249 y, por iniciativa del poder ejecutivo mexicano, se realizó la Cumbre Mundial contra las Drogas, durante un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 8 al 10 de junio de 2000.250 Estados Unidos se vio obligado a participar en estos foros, porque de no hacerlo contradiría su discurso antidrogas y sus supuestos afanes de cooperación internacional. En julio de 2000, México fue borrado de la lista de países a certificar, ante la imposibilidad de sancionar a un país con el que lo unen tantos intereses. Las muestras retóricas de distancia de México frente a Estados Unidos no se circunscribieron a la estrategia multilateral. Además, hubo casos, como la Operación Casablanca, en que el gobierno de Zedillo mantuvo el tradicional discurso de protesta por las violaciones de Estados Unidos a la soberanía mexicana. Estas protestas incomodaron a más de un funcionario estadunidense. Así lo aceptó el embajador Jeffrey Davidow: La situación era terrible como intensa resultaba la reacción [...] A la secretaria de Estado, Albright, también la agarraron desprevenida, como me lo hizo saber con toda claridad su desafortunado secretario adjunto para América Latina [...] Ella tenía que contestar las llamadas telefónicas de la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, quien había recibido órdenes de un completamente disgustado presidente Zedillo de no escatimar saliva para protestar por el asunto Casablanca.251 Pero ¿por qué se enojó tanto el presidente Zedillo? El 18 de mayo de 1998, los corresponsales en Washington de algunos medios nacionales enviaron sus notas sobre los resultados de la Operación Casablanca contra el lavado de dinero. Robert Rubin, secretario del Tesoro, y Janet Reno, procuradora general, dijeron en conferencia de prensa que habían arrestado a 12 banqueros mexicanos, confiscado 35 millones de dólares, expedido órdenes para congelar otros 122 millones en cuentas de Estados Unidos y Europa, decomisado dos toneladas de cocaína y cuatro de mariguana, además de acusaciones formales contra Bancomer, Banca Serfin y Banca Confía. Según los medios, fuentes de la Reserva Federal señalaron que las acusaciones podrían tener como consecuencia el cierre de las operaciones y sucursales, en Estados Unidos, del banco Santander, Serfin, Bancomer, Bital y Banamex.252 Al final, se arrestaron a 55 personas, mientras otras 42 involucradas permanecieron fugitivas, incluyendo a siete directores de bancos.253 El departamento de aduana estadunidense inició la investigación en 1995, cuando supo que el cártel de Cali usaba bancos mexicanos y venezolanos para lavar dinero. Las pes-
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quisas fueron clasificadas para proteger a los agentes encubiertos; ni siquiera Barry McCaffrey ni las autoridades mexicanas supieron del asunto hasta el día del anuncio de los resultados.254 Aunque no se señaló a ningún alto funcionario de los bancos, los riesgos de sanciones civiles y penales, la pérdida de prestigio y valor de sus acciones estuvieron latentes. El impacto en la relación bilateral fue mayúsculo y la exhibición pública de los banqueros, muy desafortunada para sus intereses. Otra vez, las notas del exembajador Davidow resultan invaluables para entrever las reacciones estadunidenses y los efectos de la exposición de los banqueros mexicanos: Albright reclamó a Reno y Rubin telefónicamente y por escrito. Su argumentación, no exenta de pasión, era que las tácticas de sus agentes y la alharaca pública de los miembros del gabinete habían puesto en peligro la cooperación que necesitaríamos para tener éxito en el futuro. Reno entendió el mensaje. Pero Rubin se mantuvo a la defensiva y señaló que las voces en el congreso, incluso la del líder de la mayoría republicana, Trent Lott, ya había rechazado las críticas del presidente Zedillo con respecto a la operación. Desde luego, Rubin estaba defendiendo su propia burocracia. Pero su creencia palpable en la corrupción esencial del aparato de orden y justicia mexicano justificaba, según él, la operación unilateral. “Todos son unos corruptos”, me dijo cuando nos reunimos unos días antes de abandonar Washington. Varios años después, una vez fuera del gobierno, Rubin guiaría al gigante Citibank para pagar 12 mil 500 millones de dólares a cambio de uno de los bancos mexicanos que habían sido atrapados en la operación; sin embargo, dudo de que sus impresiones acerca de la pulcritud para aplicar la ley en México hayan cambiado radicalmente.255 Para este observador externo y fundamental para la posición de México en el mundo, era obvia la debilidad de las instituciones mexicanas y su incapacidad para poner freno al “caos” y la corrupción en todos los rincones del país. Cuenta en un libro que, al recorrer México, preguntaba en diferentes estados si confiaban en sus policías; recibía como respuesta otra pregunta: “¿estás loco?” También estuvo al tanto de la profunda penetración del doble discurso, los encubrimientos y la hipocresía generalizada, no sólo del ejército, los banqueros y la policía, sino de la clase política frente a las drogas. Según él, muchos casos confirmaban su percepción: la posible responsabilidad de Bartlett en el secuestro de Camarena, que se comentó una vez más durante su participación en la contienda interna del PRI para elegir candidato a la presidencia en 2000; el encubrimiento del gobernador priísta de Yucatán, Mario Villanueva, quien “prácticamente rentaba el estado a los narcotraficantes”, hasta pocos meses antes de que huyera —abril de 1999—, para luego ser capturado bajo cargos de lavado de dinero; las constantes acusaciones por narcotráfico lo mismo a candidatos a gobernador que al presidente, etc. Todo esto por no mencionar el asesinato impune de agentes del FBI y la DEA, mientras cumplían funciones en México. Y aunque lo afirmado por Davidow deba tomarse con una pizca de sal, tiene algo de razón al decir: El efecto más negativo de la ley de certificación fue que dirigió la atención de los mexicanos hacia el asunto equivocado: el derecho de Estados Unidos a juzgar a sus vecinos en materia de desempeño antidrogas. Esto le dio un pretexto a México para ignorar la realidad de su situación a este respecto. Y se trata de una realidad que era, y sigue siendo, repugnante y amenazadora.256
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La era de los “cárteles” Las operaciones de erradicación e intercepción, aunadas al cierre de las rutas del Caribe, derivaron en un proceso de sofisticación tanto de las organizaciones criminales y sus vínculos transnacionales como de los productores, que después de esto optaron por sembrar en parcelas más pequeñas y de difícil acceso.257 En este sentido, precisamente la aprehensión de Miguel Ángel Félix Gallardo tuvo el efecto de atomizar a las organizaciones criminales. Y nadie retrató el hecho como el periodista Jesús Blancornelas: Rafael Aguilar Guajardo fue el encargado del hospedaje [...] logró rentar la casa que en algunas ocasiones ocupó el Shá de Irán; quién sabe cómo le hizo; y no por un día o una noche, toda la semana. Era 1989. Todos llegaron allí en obediencia al recado que desde prisión mandó el gran jefe Miguel Ángel Félix Gallardo. Incapaz para seguir maniobrando el narcotráfico mexicano, sabedor de que nunca más recobraría su libertad, pensó y decidió: el pastel debe repartirse. Naturalmente, siguiendo la vieja conseja: el que parte y comparte se queda con la mayor parte. Claro, no recibiría ni un centavo en la cárcel, pero a su familia no le faltaría dinero; además no viviría en la angustia de saber que “al hombre de la casa” podrían matarlo algún día [...] Lo capturaron más por necesidad política que por sorprenderlo con las manos en la masa; dio la lucha legal; la ganó, pero no se la reconocieron. La autoridad le tuvo miedo a la venganza. Pero los gobernantes de la época no entendieron: para Félix Gallardo, mexicanote, más valía un mal arreglo que un buen pleito. Por eso, influyente y respetado en la prisión, invitó a los novatos del narco, a los que consideró “soldados” y “capitanes” de “su familia”, porque entonces cártel no era ni siquiera palabra conocida. Me imagino el mensaje: “Júntense y arréglense, nada de pleitos, un territorio para cada quien, respétenlo, ayúdense, que todos se pongan de acuerdo” [...] Nunca nadie podrá repetir lo que hizo Félix Gallardo y [...] por vez primera en México, el narcotráfico se dividió en “territorios”.258 Según Blancornelas, los personajes convocados por Félix Gallardo obtuvieron los siguientes territorios: Joaquín Loera Guzmán, el Chapo: Tecate. Rafael Aguilar Guajardo: Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo. Luis Héctor Palma, el Güero: San Luis Río Colorado. Emilio Quintero Payán: Nogales y Hermosillo. Jesús Labra Avilés, don Chuy: Tijuana. Ismael Zambada, el Mayo, y Baltazar Díaz Vega, el Balta: Sinaloa. Rafael Chao: Mexicali. Manuel Beltrán Félix, Rigoberto Campos y Javier Caro Payán: enlaces para moverse en todos los territorios. Poco duró el intento de reparto. Durante el sexenio de Salinas México fue testigo de las rencillas entre estos personajes. Primero fue el enfrentamiento del Chapo Guzmán, el Güero Palma y los hermanos Arellano Félix contra Rigoberto Campos.259 El recuento del Reforma es claro:
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Vinieron las disputas, a balazos, por la herencia. El 28 de septiembre de 1989, asesinan en Xochimilco a Carlos Morales García, el Pelacuas, quien era abogado de Juan José Esparragoza, el Azul, y de Miguel Ángel Félix Gallardo. En noviembre de 1990 matan a Rodolfo Sánchez Duarte, hijo del exgobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis y ahijado de Félix Gallardo [...] En septiembre de 1992 aparecen mutilados nueve cadáveres cerca de Iguala, Guerrero: eran familiares y un abogado de Félix Gallardo. En medio de los ajustes de cuentas, Emilio Quintero Payán se hace del liderazgo del cártel junto con Luis Fernández. Quintero muere el 29 de abril de 1993 durante un enfrentamiento con la policía. Un año después, en junio de 1994, estalla un auto bomba en el Hotel Camino Real de Guadalajara, durante la fiesta de 15 años de Karime Fernández Castro, hija de Luis Fernández. Hay dos muertos.260 Pero la lista de ataques es más larga: en enero de 1990, los hermanos Arellano Félix ordenaron que descuartizaran a la esposa del Güero Palma y le enviaron la cabeza en una caja. También asesinaron a los hijos del Güero, Nataly y Héctor, en Venezuela. El grupo de Sinaloa respondió matando y asesinando a varios colaboradores de Félix Gallardo, entre ellos a su abogado.261 En el sexenio de Salinas, el llamado “cártel del Golfo” experimentó un aumento paulatino de poder bajo el mando de Juan García Ábrego. A partir de entonces su organización representó una seria competencia para los narcotraficantes sinaloenses. El comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, fue fundamental en este reacomodo, gracias a dos operativos que estuvieron a su cargo. El primero fue la aprehensión de Pablo Acosta, en abril de 1987. El FBI y la PGR unieron fuerzas para atrapar a Acosta, quien, se asegura, murió a consecuencia de los golpes. La segunda operación se hizo en 1990, para aprehender a Juan N. Guerra, lo que provocó reacomodos de poder en Tamaulipas y una subsiguiente reasignación de mandos. Así lo relata Jorge Fernández Menéndez: Desde su detención, Guerra ya no tuvo influencia en el tráfico de drogas en esa parte de la frontera. Y con el cambio de gobierno [Zedillo en la presidencia] vendría la caída de su sobrino, Juan García Ábrego, y una nueva redistribución de los grupos del narcotráfico en el noreste mexicano. Se acentuó la lucha entre los herederos de García Ábrego: en Laredo estaba la banda de los Texas; en Matamoros, Jesús, el Chava Gómez; en esa misma zona, Osiel Cárdenas. Los primeros fueron detenidos, aunque conservaron desde el penal de Nuevo Laredo y Puente Grande el control de ese puesto fronterizo durante años; los otros trabajaron juntos, pero la presencia del cártel de Juárez se fue extendiendo hasta conquistar buena parte de esas plazas. En 1998, Gómez y Cárdenas fueron detenidos y encerrados en una casa del Pedregal, en el Distrito Federal. Pagaron, se dice, 700 mil dólares a los policías que los custodiaban y se fugaron. Allí mismo comenzó la guerra entre ambos y ganó Osiel Cárdenas: meses después, el cuerpo acribillado de Gómez aparecía en las afueras de Matamoros. Hoy, el sobreviviente de esa lucha, asociado con el cártel de Juárez y particularmente con Juan José Esparragoza, el Azul, parece ser el hombre que controla el tráfico de drogas en esa región del país.262 El texto es de 2001, un par de años antes de que Osiel Cárdenas fuera aprehendido, cuando existía una encarnizada lucha entre su organización y los sinaloenses. Un agente encu-
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bierto del FBI dijo que, desde 1986, Calderoni estaba asociado con García Ábrego. Poco duró a Calderoni el negocio. En 1993 se le acusó de enriquecimiento inexplicable. Huyó a Estados Unidos para entrar al programa de testigos protegidos, donde declaró haber hecho espionaje para Raúl Salinas de Gortari. Según la prensa, ante la posibilidad de ser extraditado a México, Calderoni amenazó con “acordarse” de muchas otras cosas si el gobierno mexicano insistía.263 Luego de la primera mitad del sexenio de Salinas, cuando ya se había desatado la lucha por el control de territorios, había seis organizaciones importantes que la prensa y el gobierno empezaron a llamar “cárteles”: el cártel del Golfo, de García Ábrego; el cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, (a) el Chapo, y Héctor Palma Salazar, (a) el Güero; el cártel de Amado Carrillo, (a) el Señor de los Cielos; el cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix; el cártel de Juárez, de Rafael Aguilar Guajardo; y el cártel de Guadalajara, de Emilio Quintero Payán.264 Durante 1993, los asesinatos relacionados con el narcotrafico incluyeron al cardenal Juan Jesús Posadas, Rafael Aguilar Guajardo y Emilio Quintero Payán. También, a finales de ese año, Amado Carrillo sufrió un intento de asesinato, organizado por el excomandante de la Policía Judicial Federal, José Luis Larrazolo Rubio, quien, según algunos analistas, “actuó por órdenes de García Ábrego o por órdenes de los Arellano Félix”. Para 1994, las organizaciones de García Ábrego y Amado Carrillo se disputaban la mayor parte del mercado. Durante el sexenio de Zedillo, la captura del Güero Palma y García Ábrego modificó el escenario al dejar la disputa entre los hermanos Arellano Félix y Amado Carrillo. Los episodios de esta lucha estuvieron repletos de lo que pueden considerarse mensajes políticos intersexenales. Las autoridades capturaron a García Ábrego a principios de 1996, y de inmediato Zedillo tomó la decisión de extraditarlo a Estados Unidos. Este hecho no sólo fue un mensaje de buena voluntad que satisfizo a los estadunidenses, el extraditado también representaba un acuerdo con un grupo político del que Zedillo quería desmarcarse.265 Después de la captura de García Ábrego, la prioridad de los estadunidenses fue Amado Carrillo, pues era considerado uno de los traficantes más poderosos del mundo. Se le consideraba un excelente negociador, en todo caso sabía que las autoridades mexicanas eran más receptivas a los cañonazos de billetes que de plomo, aunque no dejó de usar la violencia cuando lo creyó necesario. Carrillo era un viajero inteligente, cosmopolita, hábil para evadir a las autoridades en sus viajes a Estados Unidos, el Caribe o el Medio Oriente. Pocos meses después de que Gutiérrez Rebollo fuera acusado de encubrirlo, Amado Carrillo apareció muerto en una clínica estética de la ciudad de México. Y como suele ocurrir en estos casos, la duda sobre las circunstancias de su muerte inundó los medios y el imaginario popular. Se dudó que fuera él, se puso en tela de juicio que hubiera decidido hacerse una cirugía plástica en México y no en algún otro lugar del mundo. Pero lo cierto es que las autoridades mexicanas identificaron el cadáver de Carrillo el 4 de julio de 1997.266 Durante los sexenios de Salinas y Zedillo, los Arellano Félix fueron el objetivo de varios operativos militares poco exitosos, que bien pudieron ser enviados por los aliados de Amado Carrillo. El exprocurador Jorge Carpizo afirma que de esta lucha resultaron “217 cateos; aseguramiento de 250 propiedades, de dinero en efectivo y joyas, de armamento, ocho vehículos, cuentas bancarias, 352 animales exóticos; la identificación de 54 integrantes importantes de esa banda; la detención de personajes de ese cártel, entre los cuales se puede mencionar a Alfredo Valdés Maneiro, su técnico de comunicaciones, José Alberto Loza Félix y Gregorio Rodríguez Bení-
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tez”.267 Es decir, no se detuvo a ningún líder importante. De hecho, el único Arellano Félix que fue detenido durante toda la década fue Francisco Rafael Arellano Félix, en diciembre de 1993. Este tipo de hechos llevó al Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO) a concluir que en la centralización del narcotráfico, la persecución legal cumple un papel decisivo [...] Con frecuencia se utilizan las presiones de Estados Unidos y la opinión pública nacional y la actuación decidida de servidores públicos de buena fe para golpear a un grupo, con el fin de limpiarle el camino al cártel predilecto. Así ocurre, por ejemplo, en los casos de la persecución de ciertos capos que fue menos simulada que la de otros, como es el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Aguilar Guajardo, Joaquín Guzmán, Héctor Palma, y por momentos, los mismos Arellano Félix. Los casos de Félix Gallardo [junto] con García Ábrego son ejemplos de cambios drásticos en la suerte de los capos y sus organizaciones, de la protección casi absoluta a la persecución. Esto obedece a relevos en los mandos políticos del régimen, a la pretensión de servidores públicos corruptos de ejercer un poder criminal “propio” y a la necesidad de simular que se actúa contra el narcotráfico, mediante el sacrificio de alguna cabeza visible, y así salvar la integridad del negocio.268 Entender este proceso, que explica el acercamiento paulatino a las autoridades colombianas en los últimos años, es todo un reto, como lo es descubrir cómo influyen los cambios de gobierno y la alternancia, no sólo federal, sino en los ámbitos locales, en la organización del narcotráfico. Alcances del narcotráfico Si consideráramos cierta la afirmación de Helvetius de que “[las] pasiones son en el campo moral lo que el movimiento es en el campo físico”,269 podríamos aventurar la idea de que el tema de las drogas se resume a la pugna entre pasión y coacción. Con el tiempo, el asunto ha constituido un complejo entramado de vínculos entre placer, moral y poder. Normalmente el narcotráfico se asocia con grandes cantidades de dinero, y de cómo su manejo afecta “el curso normal de la economía”. Es decir, cómo ese dinero cambia vidas e involucra a los aparatos financieros. Por otra parte, durante los años 1990, el caso de los ataques tanto de los hermanos Arellano Félix como de políticos priístas contra Jesús Blancornelas y los demás trabajadores del semanario Zeta, de Tijuana, ilustró la vulnerabilidad de los periodistas. Blancornelas es una imagen en la que se reflejan muchos periodistas y editores mexicanos y latinoamericanos, quienes no sólo tienen que enfrentar el riesgo de informar sobre el mundo de las drogas, sino que sufren presiones, amenazas y atentados de políticos criminales. Sin embargo, tampoco se debe caer en romanticismos. Los medios también han llegado a involucrarse en estas actividades. El asunto no es de extrañar si tomamos en cuenta que los medios han servido con bastante frecuencia a los detentadores del poder.
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Lavado de dinero y deterioro productivo Las consecuencias económicas de actividades ilegales, como el narcotráfico, siempre se han analizado desde categorías que separan el dinero “sucio” del “limpio”, aunque la frontera no sea tan maniquea. Durante los años 1970 y principios de los 1980, los narcotraficantes hacían depósitos en bancos estadunidenses. Transferían su dinero a Colombia o a otros paraísos fiscales. Quizá por eso, en 1986, el gobierno de Estados Unidos aprobó leyes que obligaban a los bancos a presentar reportes de todos los depósitos con un monto mayor a 10,000 dólares. En el ámbito multilateral, la Convención de Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas de 1988 proponía hacer del lavado de dinero un delito grave, y recomendaba a los gobiernos no usar el secreto bancario como un impedimento para cooperar en esta área. Por su parte, en diciembre de 1988, el Comité de Regulación Bancaria y Supervisión de Prácticas, formado por representantes de bancos centrales de países desarrollados, adoptó una resolución para prevenir estas prácticas. Acuerdo similar al que propusiera el G7 y el presidente de la Comisión de la Comunidad Europea en 1989, para fortalecer los sistemas legales, financieros y la cooperación internacional, mediante 40 recomendaciones contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.270 El papel económico del narcotráfico también ha tenido consecuencias en las relaciones México-Estados Unidos. En 1996, un reporte del Departamento de Estado insistía en que el sistema financiero de México carecía de controles adecuados contra el lavado de dinero, lo que lo convertía en uno de los principales centros de esa actividad. Ese año se reunieron grupos de trabajo de la PGR y el procurador general estadunidense para formular acuerdos de cooperación, con el propósito de mejorar la aplicación de la ley. En 1994, la PGR estimó que las ganancias de los narcotraficantes habían sido de 30 a 40,000 millones de dólares; cuatro veces los ingresos petroleros, casi cinco veces las reservas internacionales mexicanas y aproximadamente 7.1% del PIB de ese año. El 9 de enero de 2001, el gobernador de Sinaloa, Juan S. Millán, afirmó: Es una pena que todos los sinaloenses reconozcamos que nuestro estado es el más señalado como el origen del narcotráfico [...] y que lleguen a niveles de sofisticación impresionantes. Mueven recursos económicos muy por encima de la capacidad económica de cualquier estado del país. Cuentan con un equipo que les permite conocer los movimientos de las corporaciones policiacas. Lo que llevó al gobernador a decir esto fueron las críticas que su gobierno estaba recibiendo por el número creciente de homicidios relacionados con el narcotráfico. Además, buscaba nexos con el gobierno federal para conseguir mayores recursos y, de paso, dejar claro que se trataba de delitos de competencia federal. La ola de violencia y las declaraciones del gobernador tuvieron repercusiones en el sector empresarial, el cual se mostró preocupado porque la estridencia política pudiera provocar una baja en el flujo de inversiones. Luis Ignacio Muñoz Orozco, presidente de la Canaco de Culiacán, declaró que “Sinaloa es algo más que sólo narcotráfico”. Por encima de todo debía asegurar que Sinaloa era un buen lugar para invertir.271
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En esa misma ocasión, Muñoz declaró que “un porcentaje de la economía global del estado está reflejado en ingresos del narcotráfico, tratar de negarlo sería inútil. Hay ciertas áreas donde se incide más, como los bienes raíces, pero en comercio no tiene un impacto que ponga en peligro la permanencia de negocios”.272 Después, Ernesto Hais Olea, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sinaloa, reconoció que existían serias sospechas sobre socios y no socios del organismo que incurrían en lavado de dinero proveniente del narcotráfico: “definitivamente estamos de acuerdo en que las ejecuciones por lavado de dinero en Sinaloa son una realidad, lo que constituye un factor de violencia cuando se rompen relaciones entre narcotraficantes y empresarios”. Entre otras cosas, Hais Olea responsabilizaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la falta de revisiones y auditorías a esas empresas, y a la PGR por la tibieza de sus acciones contra los vínculos entre las actividades formales e informales. Es decir, se deslindaba de cualquier responsabilidad —y de paso deslindaba al gobierno estatal—, a pesar de que reconocía tener conocimiento de actividades ilegales.273 El gobierno federal, por su parte, sabía que la avalancha de declaraciones tenía un objetivo político y respondió tratando de deslindarse. En julio de 2001, a unos meses de las declaraciones de Millán, el delegado estatal de la PGR, Miguel Alejandro Sánchez Castillo, informó que 62% de la economía regional se encontraba permeada por dinero procedente del narcotráfico. Ante el reconocimiento de lo evidente, Millán no pudo más que preguntar: “¿Qué sinaloense medianamente, superficialmente enterado pudiera decir que en Sinaloa no hay dinero del narcotráfico?”. Según Millán, éste era el origen de gran parte de la violencia y los asesinatos en el estado, pero, una vez más, planteó que la SHCP era la que debía investigar el origen de los recursos de las empresas que exhibían una riqueza inexplicable.274 El gobierno federal no tardó en iniciar investigaciones: En Sinaloa se tienen indicios de que existe lavado de dinero en varios sectores de la economía, por lo que una unidad especializada investiga a varias empresas para conocer el origen de sus recursos económicos, dijo el delegado de la Procuraduría General de la República, Alejandro Sánchez Castillo; a su vez, el gobernador del estado, Juan S. Millán Lizárraga, dijo que los empresarios honestos no deben sentirse ofendidos por estos señalamientos, sino preocupados por la infiltración del dinero sucio.275 El resultado de las investigaciones, si lo hubo, no se discutió públicamente. Al parecer, se trató más bien de mensajes políticos cruzados. Pero no es difícil conjeturar que la consecuencia lógica de la falta de inversiones, ante los peligros derivados de las luchas entre narcotraficantes, provocará el deterioro productivo de cualquier economía local. Este aspecto merece consideraciones más serias que asegurar, de manera simplista, que el narcotráfico “da divisas”, según la expresión atribuida al expresidente Miguel Alemán. Los periodistas La relación del narcotráfico con quienes ejercen el oficio periodístico o de investigación es complicada, por lo menos desde los años setenta. Esto no es de extrañar, dado que los creadores presentan una mayor vulnerabilidad que los editores y dueños de medios de comu-
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nicación. Los peligros no se limitan a las amenazas de funcionarios corruptos, también incluyen las posibles reacciones de los traficantes, pues cuando se habla mucho de ellos aumenta el peligro de un operativo gubernamental. Por poner el ejemplo más viejo que he visto documentado, el periodista sinaloense del Noroeste, Roberto Martínez Montenegro, fue asesinado en Culiacán, en 1978. En abril de 1977 Martínez escribió una serie de siete artículos sobre el tráfico de drogas en Sinaloa. En los círculos periodísticos se dijo que su trabajo llamó la atención del gobierno federal, y que no era exagerado que hubiera contribuido a la aprehensión de Alejandro Valenzuela Chávez, exjefe de la Policía Judicial del estado, capturado con 750 kilos de mariguana, en el municipio de Ahome. El crimen nunca se aclaró. Sin embargo, queda claro que los artículos no descubrían nada que personas más o menos enteradas no supieran o hubieran escuchado en el trabajo, la escuela, el café o en pláticas familiares. Ni nada por lo que un traficante lector de periódicos pudiera haberse preocupado o sentido en peligro. La novedad fue que esa recopilación de observaciones, datos oficiales y recuerdos de algunos se publicó en el momento coyuntural de la Operación Cóndor, lo cual le dio una proyección nacional e internacional.276 Sin embargo, los periodistas y los medios están lejos de ser sólo víctimas. Hay casos documentados de informadores que, en los ochenta, tuvieron relación con el tráfico de drogas. Y episodios en que connotados traficantes de drogas han incursionado en el negocio de los periódicos. Sobre este asunto, a finales de los ochenta, en Nuevo Laredo, se comentó que José Carlos Aguilar Garza, traficante con títulos universitarios, seguía la línea trazada por el costarricense Jorge Brenes, quien, luego de trabajar como funcionario en una clínica del ISSSTE y de incursionar en el tráfico de drogas, compró un periódico. Este hecho inició la tradición de lo que se denominó “narcoperiodismo”, en el norte del país. Brenes fue propietario de los periódicos El Río y Valle de Bravo, en Reynosa. Por su parte, en 1987, Aguilar Garza estuvo a cargo del diario La Tarde, y la edición vespertina de El Mañana, uno de los principales periódicos de Nuevo Laredo. Además, se dijo que Leopoldo Mascorro, director de Y... Punto, era muy cercano al traficante Juan N. Guerra. Ese mismo año, corrió el rumor de que el entonces poco conocido Juan García Ábrego había comprado la edición vespertina de El Gráfico. Por su parte, los periodistas aprendieron a ejercer el oficio en ese ambiente, y más de uno perdió el rumbo. En 1986, en Matamoros, fue muy comentado el acribillamiento de los periodistas Ernesto Flores Torrijos y Norma Moreno frente al diario El Popular. Ambos habían denunciado las actividades de Juan N. Guerra, pero, a diferencia de lo que se pudiera esperar, los comentarios de sus colegas no fueron de protesta: Ninguno de los reporteros locales duda que haya existido en principio una participación en el negocio del tráfico por parte de ambos y que luego hayan pretendido ejercer algún tipo de presión. Es tal hecho lo que parece haber tendido una bruma en torno a la investigación sobre los asesinatos de Brenes, Flores y Moreno, que en otras circunstancias podrían haber conducido directamente a los autores materiales e intelectuales. Estos casos, sin embargo, según fuentes extraoficiales, fueron presumiblemente archivados bajo el rubro de lo que, en el argot policiaco, se conoce como ajuste de cuentas.277
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Además de la colusión entre traficantes y algunos periodistas, también se debe tomar en cuenta la influencia de los medios en la creación de estereotipos y prejuicios socialmente compartidos sobre esta actividad. Es decir, el papel de los periodistas como voceros de la visión “oficial” sobre las drogas. Luis Astorga es tajante: La percepción y caracterización del tráfico de drogas, los traficantes, y los usuarios de las drogas ilícitas en los medios de comunicación ha estado y está generalmente permeada por una visión moral, policiaca y uniforme que deja poco espacio a la pluralidad de enfoques, no mantiene una distancia crítica, o por lo menos prudente, respecto a los discursos oficiales, como si éstos fueran la verdad revelada, y omite o ignora los estudios especializados de académicos nacionales y extranjeros y de organismos internacionales sobre un fenómeno del cual se habla de manera cotidiana.278 Sin embargo, algunos medios han abierto algunos espacios, como www.drogasmexico. org o www.narconews.com, y revistas independientes, como Gaceta Cannábica, aunque de difusión limitada y con pocos recursos. No obstante, el escenario siempre es ominoso. En Mapa de riesgos para periodistas, publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa, al final del sexenio de Vicente Fox, la periodista que se encargó de la sección mexicana, María Idalia Gómez, inicia con un texto muy elocuente: En el México de hoy existe una grave amenaza al ejercicio libre del periodismo. El crimen organizado, en diferentes zonas del país, se ha erigido como el censor y guardián de este oficio, siempre cuidando sus intereses. En algunos lugares la evidencia es palpable, en otros es más difícil identificarlo porque su presencia es disfrazada. La gran mayoría de los reporteros ha optado por censurarse, no investigan y ni siquiera reportean sobre las mafias y sus tentáculos. En aquellas ciudades o regiones en donde los periodistas están enfrentando el desafío, los resultados que han obtenido son amenazas, presiones y hostigamiento, en el peor de los casos han muerto.279 Ante las posibilidades de muerte violenta, pareciera que no hay más ruta que la autocensura. Por ello viene a cuento un fragmento del discurso de Jesús Blancornelas al recibir el Premio Mundial de Periodismo: Después de la balacera muchos me aconsejaron retirarme y, encamado aún, casi lo decidí. Pero fui reflexionando y pensé en un par de cosas: si me retiro quedaré como un cobarde. Además, la mafia me tomará de ejemplo con otros periodistas diciéndoles: ya ves cómo le fue a éste, a ti te puede pasar igual. Por eso decidí seguir, aunque ya no tengo necesidad de hacerlo. Al tomar la decisión, lo más importante fue el apoyo de mi esposa, de mis hijos y de mis compañeros de trabajo. No puedo olvidar especialmente a muchos periodistas de casi todo mi país. Hicieron tanto ruido que espantaron y frenaron temporal, aunque no definitivamente, a mis atacantes. Por eso cuando me dijeron que el premio sería entregado en Colombia, mis amigos y algunos familiares me pidieron no venir. Me dijeron que me iba a meter en la boca del lobo. Y aquí estoy. Toco madera. Por lo menos hasta este momento, el lobo y el león tienen parecido. No
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son como los pintan. Es como cuando dicen que México se va a colombianizar. O les digo que si aquí pasaron o pasan amargos momentos en su tiempo y ahora los tenemos nosotros, esto no tiene etiqueta. Son cosas de la vida. Yo les digo que en vez de pensar en eso de colombianizar, pensemos en americanizar periodísticamente para espantar el mal del narcotráfico y los malos gobiernos que los solapan.280 Blancornelas murió en 2006, sin haber faltado a lo que sentía su deber: “seguir investigando y escribiendo sobre el narcotráfico”.281
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