Desafíos y resistencia a la intervención social con perspectiva de género: Reflexiones desde la práctica

IV Seminário de Trabalho e Gênero : “Protagonismo, ativismo, questões de gênero revisitadas”

Sessão temática: “Memória, Gênero, Trabalho”

“Desafíos y resistencia a la intervención social con perspectiva de género: Reflexiones desde la práctica”. Rodrigo Azócar.

Goiânia, Setembro 2012

Resumen: El rol de la mujer profesional en el trabajo interventivo interdisciplinario con jóvenes infractores de ley en Chile es ampliamente reconocido y constituye un espacio de desarrollo profesional culturalmente asociado a labores femeninas. La tradición y cultura se ponen en entredicho cuando se hace urgente desarrollar estrategias de erradicación y modificación de ciertos patrones culturales asociados al machismo, el mismo que se reproduce y valora en la vida cotidiana de jóvenes usuarios de los programas de asistencia, como en el trabajo diario de profesionales que, a pesar de su origen académico en las ciencias sociales y humanidades, no reflejan la esperada sintonía con este gran cambio cultural. Romper con esa tendencia y ser parte de revolucionar la vida cotidiana de estos jóvenes es una tarea pendiente, a la luz de los antecedentes expuestos en esta experiencia práctica, fruto del análisis de tres años de intervención social en una organización colaboradora del Estado, en la ciudad de Villa Alemana, región de Valparaíso, Chile. Palabras clave: Intervención Social, Género, Resistencias.

I. Introducción. La participación de la mujer en todas las áreas productivas del país es un hecho que venimos constatando en las últimas década. Ya no resulta extraño encontrarlas conduciendo grandes máquinas en la minería, participando de las actividades del sector construcción, siendo parte de los equipos gerenciales de grandes empresas, o liderando pequeños emprendimientos que permiten mantener la economía familiar. Las cifras de la encuesta nacional de caracterización socioeconómica1, CASEN, para el año 2012 hablan que entre 1990 y 2011 se duplicaron los hogares chilenos dónde la mujer es jefa de hogar2 pasando de un 20% para el año 1990 a un 39% para el año 2011. Complementado aquello que observamos en miles de hogares chilenos, a pesar del peso de las tradiciones machistas, es la importancia absoluta de la mujer trabajadora para la sobrevivencia de las familias, y no solamente en sectores de menores ingresos, sino como fenómeno transversal en la configuración de la sociedad chilena del siglo XXI. Los datos presentados cobran aún mayor relevancia si observamos los resultados preliminares del último Censo3 de población desarrollado en el país durante el primer semestre del año en                                                                                                                 1

Cifras corresponden a los datos disponibles en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social del

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Se entiende como “Jefe de hogar” a la persona que provee el ingreso principal de la familia, en este caso, el 39% de casi cinco millones de familias en Chile, el ingreso principal del hogar es procurado por una mujer. 3

Datos preliminares presentados en reportaje por el diario “El Mercurio” en su edición del día 31 de agosto de 2012. Disponible en: Visitado el: 8 de septiembre de 2012.

 

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curso, dónde se indica que de un total de 16.572.475 habitantes, 8.513.327 son mujeres y 8.059.148 son hombres, reflejando un sostenido aumento de población femenina desde la medición anterior ocurrida en 2002. Este hecho se proyecta en la presión que ejercen las mujeres hacia el manipulado concepto de “desarrollo”, dónde su presencia no es sólo cuantitativa, sino que implica un compromiso del país por mejorar las condiciones en que ellas desempeñan las labores productivas, apuntando a la equiparación de derechos laborales y sociales (incluyendo los derechos reproductivos y sexuales). Una de las luchas más significativas para las mujeres en Chile durante el siglo XX, fue su incorporación plena como ciudadanas y sujetos de derecho. Sólo en 1949 la mujer tuvo pleno derecho a sufragar, lo que la inserta en una de las áreas de la vida pública con mayor grado de resistencia al cambio social. Sin duda, la primer mujer que ingresó a la Universidad en 1881 marcó un hito en la historia nacional, que tímidamente fue permitiendo el ingreso a algunas carreras “para mujeres” (entre ellas Servicio Social). Hoy la realidad dista mucho de esos tiempo. Para el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior4, SIES, en 2008 las mujeres ocuparon el 52% de las matrículas de las carreras universitarias, y en relación a los egresos del sistema, el 60% de los egresados de las 18 carreras más demandadas del sistema educativo superior chileno fueron mujeres, acrecentando en diez puntos las cifras de hace una década atrás. Tan sólo algunos antecedentes para graficar el camino que aún queda por mejorar y lo ya logrado. Y con ello, comenzar un trabajo tanto o más complejo que es el de la incorporación cualitativa de la mujer a todos los espacios de la vida social local, desterrar de todas estas esferas la discriminación intrínseca que existe al desvalorar la labor de las mujeres, situación que se observa tanto en el menor salario que perciben frente a un hombre al realizar similar trabajo con igual nivel de capacitación y/o formación, como aquellos prejuicios y tradiciones irreflexivas o descontextualizadas que promueven o perpetúan el machismo fuertemente imperante, aún, en Chile. Es precisamente en uno de estos espacios tradicionalmente asociados a la labor técnica y profesional de mujeres formadas académicamente dónde se inserta la reflexión práctica de este trabajo. La antiguamente llamada área de intervención con “minoridad irregular”5 desde sus inicios en la oferta de atención del Estado, y dentro de las diversas funciones de cuidado, atención, intervención y tratamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, han contado con un marcado rol maternal de la mujer profesional. Desde las otrora “casas de menores”, pasando por los PIA6 y llegando hoy a los programas de Responsabilidad Penal Adolescente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4

Información disponible en el sitio de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile. < www.divesup.cl> visitado el: 8 de septiembre de 2012. 5

La Universidad de Valparaíso, dónde me formé como Asistente Social, primera casa de estudios en ofrecer la carrera de Servicio Social a nivel profesional en Chile desde el año 1945 y hasta los primeros años de la década del 2000, denominada al curso de preparación al trabajo con niños y adolescentes en situación de conflicto con la justicia, entre otros, como “Minoridad irregular”. 6 PIA hace referencia a los programas de Intervención Ambulatoria existentes en Chile desde 1993 hasta la aprobación y puesta en marcha de la Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente en 2007.

 

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a mi juicio, el rol femenino no ha cambiado, y está en función de ofrecer al y la joven en conflicto con la justicia, una imagen materna. Esto se profundiza con la organización interna de las instituciones colaboradoras del Estado que ofrecen servicios de intervención social y tratamiento psicosocial a éstos jóvenes. Es aquí dónde la memoria de la lucha femenina por conquistar todos los espacios de desarrollo profesional se ve fuertemente limitada con la cultura asistencialista y machista existente aún en el sistema judicial chileno, y por consiguiente, en los programas de atención e intervención. II. El contexto de la intervención social con jóvenes infractores de ley Desde el año 1979, y principalmente con el retorno a la democracia en 1990 y la creciente preocupación internacional por los derechos de niños y niñas se crea el Servicio Nacional de Menores, dependiente del Ministerio de Justicia que actúa “acuerdo a las instrucciones que le indican los diversos tribunales, a través del país. Todas las prestaciones, salvo las Oficinas de Protección de Derechos, están ligadas a la justicia y los niños, niñas y adolescentes que son atendidos han sido enviados directamente por los Tribunales de Familia, vale decir, se encuentran judicializados”7. Su misión es “contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes infractores/as de ley, a través de prestaciones de calidad mediante una red de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del Servicio”8. Durante el año 2012 se presenta al Congreso Nacional un proyecto de ley que divide las funciones de este servicio, encargando al Ministerio de Justicia el trabajo con jóvenes infractores de ley y al Ministerio de Desarrollo Social lo concerniente a protección y promoción de los derechos. En cuanto al trabajo relativo a los jóvenes en conflicto con la justicia, y vinculado al trabajo de reflexión y análisis del presente texto, los tratado internacionales suscritos por el país, obligaron a la creación de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes orientado principalmente al trabajo en el medio libre, como indican Ortíz, Sepúlveda y Viano (2005). El centralizar la atención psicosocial y acompañamiento del joven en un proceso de reinserción social en medio libre privilegia la oportunidad de vinculación con el entorno y resignificación del mismo, obligando a reestructurar espacios en medio cerrado para aquellos delitos de mayor peligrosidad y complejidad en el tratamiento, separando definitivamente el sistema de sanciones de la justicia para adultos. Para el año 2007, la implementación de este proceso revoluciona la intervención social que, hasta entonces, estaba más bien orientada a la sanción que a la reinserción. En función de la experiencia práctica y en el contexto de la estructura organizacional vinculada a la atención de jóvenes en medio libre, se estable un sistema de intervención y acompañamiento que va a depender de la gravedad del delito cometido por el o la joven. En grado creciente, corresponden a los Servicios en Beneficio de la Comunidad, Libertad                                                                                                                 7

Servicio Nacional de Menores, SENAME. visitado el 9 de septiembre de 2012.

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SENAME. Op.Cit.

 

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Asistida y Libertad Asistida Especial. En los tres casos, la intervención se realiza con jóvenes imputables ante la ley, es decir, entre 14 y 18 años de edad, que hayan cometido delito y que la gravedad de este les permita optar a sanciones en el medio libre, según el tribunal competente. Dentro del sistema de intervención existe la figura del Delegado o Delegada, que corresponde al o la profesional de las áreas de la educación, humanidad o ciencias sociales que acompaña y orienta el proceso con el o la joven y se hace responsable de las estrategias de reinserción y restitución de los derechos del joven. En el modelo de trabajo de SENAME en relación al medio libre, son instituciones colaboradoras del Estado quiénes se hacen responsable de la oferta de servicios profesionales para atender a esta población, por tanto se realizan procesos de licitación para la selección de las instituciones oferentes de servicios. Cada institución postulante debe presentar un proyecto de trabajo, en conjunto con elementos mínimos de solvencia institucional y económica, como también de un equipo de profesionales con formación y visión de trabajo orientada a este grupo de adolescentes en particular. Es en esta contexto que realizo el presente análisis, como parte de un equipo de profesionales de una institución colaboradora de SENAME y en la función de Delegado de Libertad Asistida Especial entre los años 2009 y 2011, en la ciudad de Villa Alemana, región de Valparaíso. III. Mujeres profesionales en la intervención con infractores de ley Recorriendo la historia de Chile en el siglo XX y sus procesos vertiginosos de transformación muchas veces totalmente opuestos, emerge una categoría de análisis relevante en cuanto a la situación de la mujer en los procesos de profesionalización de la labor interventiva con jóvenes. Para Gabriel Salazar y Julio Pinto esta categoría está asociada a la “potenciación cívica de la mujer” (2002, pg. 53), marcando un progresivo acercamiento femenino a las esferas de poder político dominado por lo hombres. Los autores plantean que las masacres obreras ocurridas durante la primer mitad del siglo XX y la sistemática y general violación a los derechos humanos en la segunda mitad del mismo período, vienen a desprestigiar el imaginario de masculinidad vinculada a la fuerza y las armas, obligando a virar la mirada hacia modelos humanistas más cercanos al respeto y tolerancia, vinculado históricamente a las demandas femeninas por visibilidad, igualdad, oportunidades, entre otras (Salazar y Pinto, 2002). Mención especial realizan los autores al papel de la Iglesia Católica, relevante actor en la escena nacional hasta el día de hoy, que mantuvo el rol de la mujer circunscrito y controlado en funciones de asistencia, caridad y filantropía, situación que permite a inicios de siglo la fundación de la primera escuela de Servicio Social en 1925, compuesta íntegramente por estudiantes mujeres de clase alta y bajo la dirección de un hombre, el Dr. Alejandro del Río. Esta función protectora y maternal de la mujer en la vida social del país se acompaña con el rol que el Estado le va asignando conforme avanza el siglo. Son profesoras quienes se hacen

 

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cargo de la formación inicial y básico de los y las jóvenes, son enfermeras quienes velan por la recuperación de los enfermos, son “visitadoras sociales” las que se administran los beneficios del Estado y son las “tías” que cuidan de aquellos niños en hogares de menores. Frente a un Estado proveedor, existe una mujer protectora que acerca dedica su vida profesional al cuidado del joven con problemas. Desde el fin de la dictadura (o regreso a la democracia, según el prisma crítico con el que se le mire), el rol de la mujer en los servicios asistenciales del Estado no ha variado, a mi juicio, producto del machismo histórico presente en cada acto básico o complejo que implique la estructuración de roles en función de privilegios ancestrales, históricos, biológicos, religiosos, entre otros. La función de la cuidadora, la cocinera o la Asistente Social y/o Psicóloga en las casas de menores, en las antiguas secciones juveniles de las cárceles del país se hizo parte del machismo presente en las clases populares, de dónde principalmente provienen los jóvenes atendidos por estos servicios. En materia de atención a jóvenes en conflicto con la justicia, desde 1993 hasta 2007 existieron programas de intervención social específicamente orientados a la sanción de jóvenes infractores, llamados PIA. Su función de control reproducía los esquemas de intervención históricos en esta área, privilegiando el cumplimiento de ciertas metas cuantitativas en los jóvenes (escolaridad, asistencia al programa, acceso a la salud, entre otras) y se despreocupaba de los factores complejos (desde la perspectiva del concepto de complejidad de Edgar Morin) que están en relación con su situación de infractor. Junto con ello, y en respuesta a los tratados internacionales de respeto por los derechos del niño, en el año 2007 se pone en marcha una nueva estructura que interviene con los jóvenes desde la perspectiva de la responsabilidad del mismo, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil 20.084 viene a reorganizar y reestructurar un área de intervención criticada y en crisis. Si bien esta nueva institucionalidad promete revolucionar la intervención social en esta área, según mi experiencia y óptica, sólo existe un cambio en la estructura de los procedimientos judiciales vinculados a los delitos cometidos por jóvenes, su distribución según edad y peligrosidad y declara inimputable a menores de 14 años. En todo lo demás, conviven estructuras históricas y arraigadas en la cultura delictual juvenil y en los procedimientos interventivos coordinador principalmente por asistentes sociales, psicólogos y psicólogas, profesores y profesoras, cómo también por un gran número de personas sin formación académica en las ciencias sociales, humanidad o educación y que son parte del sistema de intervención de manera histórica, validados por su experiencia, aunque no necesariamente por las experiencias exitosas de reinserción social. En este sentido, y desde la intervención profesional que realizan asistentes sociales (análisis que hago en relación a mi formación de origen en la disciplina) se observa cierta distancia con uno de los principales focos de intervención del Servicio Social, cuando determina que su acción de transformación requiere de la lucha constante por las nuevas relaciones sociales en todos los campos posibles (Faleiro:1989, Pg. 134) Este panorama nebuloso viene a coronar un hecho vivido personalmente en esta experiencia de intervención, cómo es la obligatoriedad de organizar los procesos interventivos, de promoción e integración desde una mirada de género, sin saber exactamente de qué se está hablando.

 

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Hace no más de una década atrás que comienzan a aparecer en Chile, y posteriormente en la región de Valparaíso, cátedras universitarias vinculadas al concepto de género. Las primeras, desde una perspectiva del feminismo y los derechos de las mujeres, y mucho más actualmente la complejización del concepto “género”, englobando el análisis de la sociedad desde el valor de las diferencias, convocando aquí, tocas aquellas manifestaciones de la diversidad humana posible, en función de un factor diferenciador cómo es el sexo, y bajo la multiplicidad de opciones de género, desde la posición de seres humanos dominados por definiciones homogeneizantes. Por tanto, la obligatoriedad de generar intervenciones sociales desde una perspectiva “ampliada” de género es un requisito que no está en concordancia con la formación académica que gran parte de los y las profesionales que actúan hoy en el sistema cuenta, como además, no tiene vinculación con la realidad que se observa en las historias de vida de los y las jóvenes usuarios y usuarias del sistema (Aguayo, 2006) Si bien, existe una idea popular arraigada en los y las profesionales “del área social” vinculada a que género implica el respeto a la mujer, principalmente basado en los programas sociales de lucha contra la violencia contra la mujer, esta no tiene asidero en la multiplicidad de realidades existentes, no se tiene relación con la superación del binarismo Sexo-Género y mucho menos incluye en su definición el respeto por la diversidad sexual, los derechos de las personas y la promoción de miradas complejizadoras de la sociedad. IV. Análisis desde la práctica Alberto (nombre ficticio en función del resguardo de la privacidad) tiene 16 años y está cumpliendo sanción de Libertad Asistida Especial en el año 2011, durante tres años por un robo con violencia, muy cerca de su casa en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso. Es parte de un proyecto de inserción de la perspectiva de género dentro de la institución para lo cuál se han establecido una serie de entrevistas con joven usuarios con el fin de complementar estos antecedentes a una propuesta general de modificación de las prácticas interventivas e instituciones en función del respeto por los derechos de las personas desde sus diferencias y el cambio de las conductas profesionales que promueven y mantienen el machismo hegemónico. Alberto tiene una relación de pareja de tres meses de duración con una joven dos años mayor que el, la cual está embarazada. A sus 16 años y un retraso escolar de cerca de cuatro niveles no cuenta con una red familiar que haga presumir que el proceso de paternidad y maternidad cuente con los elementos mínimos. Alberto comenta sus preocupaciones ante este nueva etapa en su vida y valora la oportunidad que le ha dado su madre de “criar a su hijo”, para así poder estar tranquilo y dedicarse a “jugar a la pelota” y “salir a trabajar” (es decir, cometer delitos de robo) con sus amigos. Ante esta caracterización de sus preocupaciones, se le consulta sobre sus emociones vinculadas al hecho de convertirse en padre, respondiendo que el no tiene nada que ver con eso, que su mamá con la madre del niño se entenderán para cuidar a su hijo y que la responsable por su crianza y mantención será la propia enamorada del joven. Para el, su rol está en conseguir el dinero necesario para comprar leche y pañales para su hijo. Este ejemplo grafica tristemente la visión de gran parte de los jóvenes usuarios del sistema y a quienes realizan un trabajo profesional de intervención psicosocial. Evidencia elementos de un machismo arraigado en las propias tradiciones y definiciones populares de lo bueno y lo

 

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malo, lo que debe y cómo debe ser, como también de las sanciones por alejarse de ese modelo y el desprecio por todos aquellos que no estén en la norma. Ya lo escribe Oscar Contardo al revisar los patrones que históricos y sociales que configuran el machismo imperante en Chile, base para la intolerancia e irrespeto a la diversidad (2011). Los programas de intervención en medio libre deben cumplir generar estrategias de intervención en áreas de responsabilización, reparación, habilitación e integración del joven, como parte de un complejo proceso de acercamiento a modelos de vida alejados del delito y en complemento con un proceso de escolarización y monitoreo de las condiciones sociales, económicas y afectivas de su núcleo más cercano. Es en estas áreas que SENAME viene procurando la reconfiguración de estos niveles de intervención en función de una nebulosa y poco clara “perspectiva de género”, concepto que se viene repitiendo en las políticas sociales chilenas desde los años noventa y que con mayor fuerza se implementan en la última década en el país. Cada profesional, cada programa de intervención y cada programa colaborador del Estado debe organizar su actuar en función de esta perspectiva, como requisito base para la renovación de la concesión de trabajo, y por tanto, el financiamiento. En este sentido, me permito una reflexión en torno a los grandes aportes en materia de intervención social que han realizado los reformuladores del Trabajo Social en Latinoamérica. Al entender los servicios sociales en la sociedad capitalista de hoy, se entienden desde la apropiación de los sectores dominantes de grandes partes de los excedentes de los trabajadores y que son devueltos en la forma de “servicios sociales” que, muchas veces, aparecen como aportes de la Estado y del empresariado, cuando en realidad, son los dineros de todos quienes somos parte de esta sociedad (CELATS, 1986). El contexto institucional El programa de Libertad Asistida Especial analizado en el presente documento está en función de una institución colaboradora de SENAME de la ciudad de Villa Alemana en la región de Valparaíso y que tiene alrededor de treinta años de trabajo con niños y adolescentes de la zona. Actualmente está administrada por una congregación religiosa católica y dentro de sus características está la aplicación de un modelo de trabajo con niños y jóvenes basados en la experiencia internacional de la congregación. Desde el punto de vista organizacional, la institución funciona desde un esquema piramidal, dónde un único director coordina todos los programas existentes en la institución, vinculados a la red de atención en protección e infractores de ley de SENAME. Debido a orientaciones técnicas emanadas de la autoridad Estatal, existen coordinadores profesionales (Asistente Social y Psicóloga) que son la cabeza de los equipos de profesionales de los programas de Libertad Asistida y Libertad Asistida Especial. Si bien, estos primeros antecedentes generales nos hablan de una institución sin mayores diferencias a cualquier que esté actualmente trabajando en el área, existen algunas características del contexto particular que ayudan a entender el sentido de este análisis.

 

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Dada su condición de institucional vinculada a una congregación religiosa, la estructura de dirección está ligada a los intereses particulares de la colectividad, entre los que se socializa la idea de promover un modelo específico de trabajo socioeducativo con jóvenes con condiciones de vida complejas. Es por ello que mantienen residencias para niños y adolescentes, como también los citados programas de responsabilidad penal adolescente. La dirección general no necesariamente está vinculada a un profesional con formación en el área de la intervención social con niños y adolescentes, junto con ello la institución sólo está formada por hombres. La selección de profesionales y personal técnico vinculado al trabajo con niños y adolescentes en el área residencial se hace sin mediar procesos estandarizados de selección por formación, afinidad y experiencia con el trabajo de intervención, más bien responde a solicitudes particulares de trabajo de personas con algún familiar que ya trabaja dentro de la institución o por recomendaciones desde estos mismos a terceros. Las labores de trabajo directo con los niños de esta área la desarrollan hombres, en casi la totalidad de los casos sin formación profesional en el área, sin experiencia en el trabajo específico y con un mínimo de escolaridad requerido para cualquier labor dentro de las instituciones colaboradoras de SENAME. Por tanto, no existe figura femenina dentro de las residencias de niños y jóvenes, a excepción de las mujeres encargadas de la limpieza y cocina. Cabe señalar que el modelo interventivo propuesto por la institución basa su trabajo en la figura de estos monitores, relegando a un plano asistencial la intervención profesional del área de Trabajo Social, Educación y Psicología. El modelo de trabajo socioeducativo desarrollado, principalmente con niños y adolescentes en programas de residencia, que propone la institución se basa en el concepto de “reeducación”, entendiendo por ello la promoción de valores y habilidades de apresto laboral como herramientas de inserción social. Los valores promovidos son claramente los vinculados a la fe católica y las habilidades laborales aquellas vinculadas a los oficios de carpintería y mecánica general, no existiendo dentro de la oferta áreas de desarrollo de las artes, habilidades deportivas u áreas que se escapen de las ideas hegemónicas de labores masculinas. En el área de los programas de Responsabilidad Penal Adolescente, la selección de Delegados y Delegadas se hace, en su gran mayoría, de la misma forma que en los programas residenciales, bajo el criterio de contratar personas conocidas, familiares o amigos de quienes ya laboran en la institución, sin un proceso de concurso de antecedes. Esta situación se fue modificando en la última parte del período analizado, a raíz de las orientaciones emanadas desde SENAME. Dentro de esta línea, cabe destacar que las mismas orientaciones recomendaron la contratación de mujeres profesionales, puesto que en esta área específica de intervención tan sólo una de nueve profesionales es mujer. Otro antecedentes relevante lo constituye la distribución de las labores dentro de la institución, dónde la mujer cumple un papel secundario, pues está mayoritariamente presente en las labores de limpieza, cocina y asistencia.

 

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Las resistencias Dentro del contexto arriba descrito, es que se me encarga la tarea de implementar “una perspectiva de género” dentro del programa de Libertad Asistida Especial de la institución, atendiendo a mi formación y afinidad con la temática. Si bien esto puede sonar a un halago profesional, en realidad es la constatación de la triste realidad que, dentro de la intervención social, aún es visto como una habilidad extraña el tener conocimiento y cercanía con la temática de género. Al responder a este desafío, es que involucro en esta tarea al “Observatorio Sociedad & Género”, organización de la sociedad civil dirigido por la maestra Victoria Gálvez, quién se ha dado a la tarea de generar espacios de auténtica reflexión y cambio de la sociedad, a través del empoderamiento y formación de personas, principalmente educadores y profesionales de la intervención social. En conjunto con esta organización, organizamos una serie de acciones tendientes a la identificación de aquellos nudos posibles de modificar, la preparación de los profesionales interventores en aspectos básicos de las teorías de género y en la propuesta de acciones de cambio dentro de los planes de intervención de los jóvenes usuarios. Entre las actividades realizadas durante tres años, se cuentan entrevistas con directivos y coordinadores de la institución, análisis de la estructura organizacional, entrevistas con funcionarios técnicos y con jóvenes usuarios, como además, un programa de formación específica en género para los y las profesionales, como la modificación de los procedimientos para que sean coherentes con estas orientaciones. En este sentido, las experiencias no sólo involucraron las áreas de trabajo con infractores de ley, sino que se fue expandiendo en función del trabajo de profesionales del área residencial, como quedó expuesto en un trabajo para el Congreso Nacional de Violencia realizado en Viña del Mar, durante el año 2011. (Azócar y Quezada, 2011). Situación que fue permitiendo permear un complejo sistema de resistencias ante la idea de trabajar en función de las masculinidades con niños y jóvenes en un contexto claramente marcado por la intolerancia, el machismo y la homofobia, abiertamente promovido por cuidadores y personal de trato directo de estos chicos. Si bien la práctica profesional e interventiva tiene un carácter técnico, esta siempre está en relación a una dimensión política e institucional (CELATS, 1986), por lo que la configuración de intervenciones dentro de un contexto particular por parte de profesionales, siempre va a responder a contextos mayores, institucionales, orientados y claramente dirigidos. Con esto no quiero “exculpar”, si se me permite el término, a los y las profesionales de su obligación de modificar la realidad social, pero creo que ayuda a entender de mejor manera la responsabilidad compartida existente entre un Estado orientador, un intermediario y los profesionales de base. En este mismo sentido, el Estado capitalista ha generado un proceso de erosión de los derechos ciudadanos, como se exponen en los trabajos compilados por Gonçalves (2004). La “resignificación, instrumentalización y despolitización” de la sociedad a manos del Estado y las grandes empresas, nos llevan a contar hoy con una débil y perdida sociedad civil,

 

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compuesta también por profesionales de la intervención social que deben subsistir en empleos de mala calidad y bajo orientaciones que pueden generar un confronto con los principios profesionales. Con todo este contexto, es que se fueron evidenciando las tensiones internas, costumbres, usos y definiciones implícitas en la dinámica interna de la institución que, a nuestro juicio, perpetúan un modelo basado en la subvaloración de la figura femenina y el trabajo profesional de ellas, como también en la exaltación de la virilidad y masculinidad mediante la demostración de fuerza, poder y arbitrariedades. En un primer plano de análisis, resulta interesante rescatar aquellos elementos que surgen del análisis de los antecedentes y estructuras organizaciones. Es decir, de la resistencia cultural a generar cambios que posibiliten la mutación de un estado de irreflexivo frente a la urgencia de modificación del patrón relacional cultural de la institución. Esto se observa en el ejercicio del poder por el poder, es decir, de la toma de decisiones sin un fundamento claro, buscando el castigo y la represión frente a conductas que se escapan de las respuestas estandarizadas y autorizadas por la dirección central de la institución. Aquí es dónde se producen paradojas, en el sentido de castigar conductas o acciones que tienen relevancia y notoriedad frente al grupo, pero se tiende a invisibilizar aquellas acciones de igual o mayor importancia, pero que ocurren en contextos cerrados o menos expuestos al escrutinio social. Este tipo de estrategias de ejercicio del poder potencia el desvío de la atención frente a abusos ocurridos dentro de las esferas cotidianas de la institución, pero castiga fuertemente aquellas que se vinculan con la imagen externa de la misma. En un segundo plano de análisis, se evidencia una resistencia por parte de los y las profesionales interventores, principalmente por un desconocimiento o desafecto con las implicancias prácticas de pensar la intervención desde el respeto a las diferencias, el valor de la igualdad. En este sentido, es común escuchar argumentos que cuestionan la sexualidad de un profesional hombre trabajando o preocupado por las implicancias del género o, lo que puede resultar igualmente descalificador, el generar mofa o bromas en torno al trabajo con esos conceptos. Es común observar una vinculación y adhesión meramente discursiva con estas mudanzas cotidianas, pues en el ejercicio práctico y diario, esas propuestas están ausentes, o simplemente se deslegitimizan desde la evidencia del ejercicio profesional. En un tercer nivel de análisis, y quizás el que mejor convoca la presentación de estas reflexiones, está el desvalor de la figura de la mujer como parte fundamental de un proceso de intervención, lo que se evidencia en la distribución de funciones al interior de la institución, repartido en labores de cocina y limpieza, como en el periférico vinculo que generan con los jóvenes y niños de todos los programas existentes en la institución. En el área residencial, la presencia de la mujer está orientada a fortalecer el rol cuidador, es ejercida desde la sanción a expresiones diversas de la sexualidad y al castigo social para quienes no están conformes con la oferta que existe dentro de la institución. En el plano de la intervención social, no existen profesionales mujeres que estén presentes en la cotidianeidad de los chicos, fomentando la cosificación e instrumentalización del cuerpo femenino como expresión cotidiana de la masculinidad, la cuál debe ser resaltada en tanto cuanto exista presencia femenina. La nula existencia de un programa de relacionamiento, vínculo y trabajo

 

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en relación al respeto y el amor, desde la perspectiva de las relaciones sociales, fomenta la formación de personas fragmentadas entre seres sociales, relacionales y sexuales. En el contexto de los programas para infractores de ley, se observa una relación que promueve el trato diferenciado entre un delegado y una delegada, es decir, que debiese existir cierta empatía y respeto por el otro a priori por el hecho de ser mujer, y una desvinculación y violencia por el hecho de ser profesional hombre. La mantención de estos esquemas pasa también por la validación que hacen las profesionales mujeres de estos procedimientos, como el valor que le dan a ciertas conductas “caballerosas” de algunos jóvenes. Sin duda la principal evidencia del machismo en la intervención social, está en la generación de un relacionamiento agresivo y arisco con el usuario, como establecimiento de un contrato que parte de la aceptación implícita del poder que tiene otro que está en situación de interventor y un usuario, en situación de intervenido. V. Reflexiones finales Sin lugar a dudas, la oportunidad de reflexionar sobre la práctica profesional, sistematizarla y exponerla en un documento público es un verdadero lujo para quienes desarrollamos nuestras actividades profesionales en las áreas de intervención social. La urgencia de las necesidades y la escases de recursos económicos y metodológicos para responder a estas complejidades impone cierta obligatoriedad en los y las profesionales por buscar y demandar espacios de constante capacitación y formación especializada, como también un ejercicio de autoformación que es parte de los requisitos éticos de cualquier persona formada con la intención de generar cambio social. Este ejercicio particular de compartir la experiencia de tres años frente al trabajo con jóvenes en un contexto de infracción a la ley, desde una perspectiva de género, resulta para mi de valor incalculable al leer lo escrito y reflexionar sobre esos episodios. Por ello, este trabajo bajo ninguna circunstancia puede tomar como conclusivo ni mucho como una regla general. Esta reflexión nace de la mirada etnográfica de un profesional con ciertas motivaciones vocacionales que producen resquemor y distancia entre quienes prefieren mantener la realidad tal como está. Es producto de una mirada externa en un proceso interno, paradoja que dentro de las ciencias sociales se hace cotidiana en el ejercicio de la intervención social. No se pretendió realizar un diagnóstico ni mucho menos generalizar en torno a experiencias particulares, mejor dicho se buscó rescatar una experiencia práctica que da luces sobre un amplio espectro de desigualdades por corregir. Bajo esos resguardos, considero relevante el compartir estas líneas y mostrar desde una narración sencilla, lo complejo de la vida en comunidad, pero lo sencillo que resulta si esta se hace con honestidad y en beneficio de todos. Por ello, gustaría de rescatar la importancia que tuvo para el sistema judicial chileno el separar la justicia regular de la justicia para adolescentes y adultos, y con ello, la implementación de estrategias diferenciadas de reinserción social. Si bien, son insuficientes y a veces inconexas con las realidad, estás son susceptibles de mejorar desde la perspectiva de

 

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la práctica. Es por ello que considero necesario que los procesos de evaluación de estas políticas públicas deben estar en concordancia con la práctica. En segundo lugar, la oportunidad de remirar los valores profesionales y el espíritu que guía la intervención de las ciencias sociales aplicadas en la práctica, es una tarea que debiésemos realizar a diario. La desvinculación del profesional con los valores y principios sociales lo hace convertirse en un mero administrador de un poder delegado por quién está siendo intervenido y no empodera de un valor ajeno y sucio, del cual pocos son capaces de reaccionar. En tercer lugar, y el que convoca el punto central de este trabajo, está la participación gravitante de la mujer en los procesos de intervención social. El inigualable aporte que realizan a diario no puede ser comparado ni suplido por nadie que no piense y mire el mundo con los ojos de una mujer. Por poético que suene, la intervención social requiere de una mirada femenina de los problema, pero siempre teniendo en consideración que esa mirada es de quién ha estado históricamente excluida de los círculos de poder, de las tomas de decisiones y de las esferas que mueven el mundo. No me refiero a una fuerza vinculada a la delicadeza o maternidad con que una mujer potencialmente puede generar vínculos terapéuticos con otro, pues me parece que es una definición parcial y evidentemente machista de la mujer. Prefiero reconocer en mis colegas mujeres, el valor de un género que está viendo cómo es posible cambiar el mundo desde el valor y empoderamiento de quienes son pisoteados por el sistema a diario.

 

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