Argos ISSN 0254-1637 versão on-line
Argos n.40-41 Caracas jan. 2004
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Democracia y geografía de guerra en caracas: organizaciones ciudadanas y politización de los espacios públicos María Pilar García-Guadilla Universidad Simón Bolívar.
[email protected] Resumen Las organizaciones sociales de la oposición política utilizaron las movilizaciones de calle, en el marco de la democracia participativa inaugurada en el Constitución de 1999, como un medio de participación ciudadana y como una estrategia para rechazar al Presidente Hugo Chávez. Dada la elevada polarización política, social y económica existente en Venezuela, estas organizaciones se articularon con los partidos políticos y los gremios empresariales y sindicales de la oposición con el fin de rechazar la racionalidad y al modelo de sociedad propuesto por Chávez y desplegaron acciones que acentuaron la polarización y alimentaron los imaginarios sociales de exclusión del «otro». Palabras claves: movilizaciones sociales, movimientos sociales, polarización política, democracia participativa, imaginarios sociales. Abstract Social organizations of the political opposition used street mobilizations within the «participatory democracy» inaugurated by the Constitution of 1999, as the strategy for citizen participation to oppose President Hugo Chávez. Given the high political, social and economic polarization existing in Venezuela, these organizations got articulated with political parties, the entrepreneurial sector and the labor trading unions of the opposition with the objective to reject the model of society proposed by Chávez. Their actions tended to accentuate polarization and fed social imaginaries of exclusion. Key words: social mobilizations, social movements, political polarization, participative democracy, social imaginaries. Recibido: 17/10/2003
Aprobado: 11/05/2004
1. La calle, la gente y las luchas por la democracia Al igual que en otras ciudades importantes de Venezuela, las calles, las avenidas, las autopistas, los puentes, las plazas y los edificios públicos de la ciudad de Caracas se han convertido en el espacio privilegiado de lucha por la democracia. La estrategia de movilización de calle como medio de participación ciudadana por la democracia se observa tanto en las filas de la denominada “oposición política” 1 como en la de los adeptos al Presidente Chávez (López Maya, 1999). Mucho se ha escrito sobre el potencial democratizador y el rol que jugaron los movimientos y organizaciones sociales en Venezuela a lo largo de los últimos treinta años (García-Guadilla, 1994, 1997, 1999, 2002, 2002c; Gómez Calcaño,
1987, 1997; Lander, 1995; Ramos, 1995; Salamanca, 1999; Santana, 1986). De hecho, la descentralización política iniciada por decreto presidencial con la creación de la Comisión de Reforma del Estado (COPRE) en los ochenta, y expresada en las leyes orgánicas de descentralización, electorales y del régimen municipal aprobadas en 1989 fueron también motorizadas por las movilizaciones de los movimientos y organizaciones ciudadanas, populares y cooperativas entre otras (Silva, 1999). Si bien la descentralización contribuyó, en principio, a mejorar la representación y aumentó la legitimidad política de los nuevos actores descentralizados, el énfasis puesto en la transferencia de competencias y funciones dada la aguda crisis económica sin que se transfirieran, al mismo tiempo, los recursos económicos y de poder necesarios, dificultaron la democratización del proceso de toma de decisiones y la inclusión de las nuevas identidades y derechos demandados por los movimientos y organizaciones sociales (García-Guadilla, 2000). En diciembre de 1989, después de los graves disturbios ocurridos en las calles de Caracas en febrero de ese año y conocidos como “El Caracazo”, se sancionan algunas leyes descentralizadas realizándose las primeras elecciones populares y directas de gobernadores de estados y de alcaldes de municipios. El Caracazo inauguró un estilo de protestas a través de las cuales los “excluidos” demandan los derechos de “ciudadanía”, es decir, se reclama en la calle, de manera violenta e individualizada, el acceso a los bienes y servicios que ofrece la ciudad (López Maya, 1999). Estos avances descentralizadores estimularon las movilizaciones y las luchas de los movimientos y organizaciones sociales a lo largo del decenio 1989-1999 (Salamanca, 1999; López Maya, 1999)) con el objetivo de que se incluyeran en una nueva constitución sus identidades y derechos y una vez incluidos, se reconocieran como la base de su interrelación con el Estado. Durante ese período, las movilizaciones pacíficas de calle, junto con las alianzas estratégicas entre organizaciones sociales con distintas interpretaciones de la democracia participativa, contribuyeron al fortalecimiento de la democracia (García-Guadilla y Roa, 1996; García-Guadilla 2002. Mas aún, la extensión y/o inclusión en la Constitución de 1999 de nuevos derechos humanos, ambientales, indígenas, de género y sociales guarda una estrecha relación tanto con las movilizaciones desplegadas por los movimientos y organizaciones sociales a lo largo del Proceso Constituyente como con las de periodos previos (García-Guadilla 2002, GarcíaGuadilla y Hurtado, 2000. A pesar del reconocimiento constitucional de los nuevos derechos y de los actores y organizaciones que los propiciaron, han existido dificultades para resolver de manera democrática los conflictos Estado- Mercado-Sociedad que han surgido dentro del nuevo marco constitucional debido, entre otros factores, a la elevada polarización social, ideológica y política que existe. Ello llevó a que tanto las organizaciones sociales que conforman la “oposición política” como las que apoyan el proyecto del Presidente Chávez se mantuvieran movilizadas durante el bienio 2000-2002 (García-Guadilla, 2002, 2002c). Este trabajo se focalizará primordialmente en el comportamiento de las organizaciones y movimientos sociales que forman parte de la “oposición”2 ya que las intensas movilizaciones ciudadanas y otras acciones de impacto como la recolección de firmas para el referéndum consultivo y el revocatorio de fines del 2002 y principios del 2003 llevan a concluir que dichas organizaciones jugaron un papel protagónico en la mediación de los conflictos con el Estado tanto por vías democráticas como no democráticas. Durante el periodo 1958-1989, en Venezuela las diferencias de clase, la acentuación de las desigualdades sociales, el incremento de la pobreza y el déficit en la cultura política democrática, entre otros aspectos, fueron minimizados en el análisis de los planificadores urbanos, de los sociólogos y de los politólogos a pesar
de que la realidad y los problemas existentes contradecían esta percepción (Naím y Piñango, 1984). Se consideraba al país, junto con Colombia, Costa Rica y en algunos casos México, como un caso de excepcionalidad democrática en la región dada la estabilidad económica producto de la economía petrolera, los acuerdos y pactos tácitos o implícitos establecidos desde 1958 (López Maya y col., 1989) para garantizar la estabilidad política entre los principales actores políticos, económicos, militares e incluso religiosos y la movilización creciente de las organizaciones y movimientos sociales a favor de la democratización de la democracia3. Los estudiosos la democracia venezolana de los últimos cincuenta años han destacado que se trata de un caso atípico en lo que respecta a la estabilidad y consolidación del sistema político democrático, la madurez de sus instituciones y la cultura cívica y fortaleza de sus organizaciones sociales. Una de las pruebas esgrimidas fue el crecimiento de las organizaciones y los movimientos sociales así como también su movilización activa a favor de reformas políticas que les garantizaran una mayor participación. Sin embargo, ni la sociedad civil era tan madura cívicamente ni la democracia tan consolidada, ni la sociedad civil tan autónoma y fuerte, aspectos éstos que servirán para defender la tesis de la “no excepcionalidad” de la democracia venezolana al compararla con otros países de América Latina. De hecho, los procesos de exclusión y polarización social, económica, política, ideológica e incluso, espacial o territorial 4 que han aflorado en el último quinquenio y subyacen en gran parte de los conflictos sociopolíticos y en las movilizaciones de las organizaciones sociales, ya existían en germen desde fines de los sesenta y se expresaron no sólo en el Caracazo sino también en los dos intentos de golpe de Estado de 1992. Paradójicamente, los conflictos derivados no pudieron ser anticipados por los sociólogos debido, entre otros factores, a que sus explicaciones se enfocaron principalmente en los conceptos y modelos de los movimientos sociales y desecharon el análisis de clase5; tampoco pudieron ser anticipados por los politólogos quienes pusieron su acento explicativo en los aspectos institucionales y en los partidos políticos. Ni siquiera los planificadores urbanos pudieron anticipar los conflictos territoriales resultantes de estos procesos de exclusión y polarización económico-político; si bien enfatizaron las consecuencias en el espacio urbano de algunos factores sociales, entre estos factores no se encontraban las diferencias de clase social. De esta forma, la pobreza urbana se consideró dentro de las políticas públicas como una variable independiente, difícil de modificar y, por tanto, de enfrentar, en lugar de ser considerada como una de las causas más importantes de los procesos de exclusión y segregación socioespacial. Por esta razón, la mayoría de las políticas públicas del periodo democrático que se inicia con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958 estuvieron orientadas a atacar las consecuencias de la pobreza urbana tales como la falta de vivienda y de servicios de redes y de infraestructura sin poder afectar los procesos de exclusión y segregación socio-espacial cuya causa es, precisamente, la pobreza urbana. En un escenario de creciente polarización socio-política e ideológica, son los procesos mencionados anteriormente los que explican la geografía de guerra y la emergencia de espacios de violencia en la mayor parte de las ciudades grandes de Venezuela, sobre todo en la ciudad capital de Caracas. Dentro de esta geografía de guerra, una determinada clase social se apropia de determinados espacios de la ciudad para movilizarse y expresar sus preferencias político-ideológicas excluyendo al “otro” e incluso ejerciendo violencia contra el otro. Estas prácticas anticiudadanas han llevado a la aparición de espacios del miedo, de la violencia, de la exclusión; en suma, al surgimiento de guetos y feudos territoriales que reflejan las diferencias político-ideológicas y de clase que existen y expresan una subcultura urbana con símbolos y estrategias propios.
La comprensión de conflictos territoriales anteriores con el fin de aminorar sus efectos pasa por incorporar en el proceso de diseño y planificación de las políticas públicas, el impacto que tienen las diferencias político-ideológicas y de clase social en el patrón de actividades y en el uso del espacio. Un enfoque político y social del territorio que incluya la variable clase social develaría que las organizaciones ciudadanas, entre las que se encuentran las organizaciones y asociaciones de vecinos, no siempre son tan democráticas, pluralistas y autónomas como lo ha asumido la literatura sobre el tema o como se asumió en el pasado. Ello se debe a que, dentro de contextos políticos y sociales fuertemente polarizados, dichas organizaciones pueden estar dispuestas a utilizar medios no democráticos para defender su territorio y los valores democráticos de la propiedad privada 6. Además, estas organizaciones ciudadanas pueden establecer compromisos con el Mercado o con organizaciones económicas corporativistas que debiliten su autonomía. En resumen, el enfoque político y de clases del territorio revelaría que las organizaciones y actores sociales pueden desarrollar prácticas antidemocráticas “de exclusión y negación del otro” que tienen un fuerte impacto en la democratización del territorio7.Estos comportamientos son más frecuentes en presencia de altos niveles de pobreza, elevada polarización social y política y frustración de las expectativas de clase de los actores sociales organizados8. Si bien la democracia “vitrina” que Venezuela inauguró en 1958 con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez se resintió o inviabilizó con la aguda crisis económica social y política de las últimas dos décadas, debe añadirse que esta crisis hizo manifiesta la insuficiencia de la democracia representativa para lidiar con los problemas derivados de la misma; además, presionó para que el sistema político se abriera a la participación e incorporara las demandas de la sociedad civil por la profundización de la democracia y por una mayor equidad social. A lo largo de este proceso: a) las diferencias de clase tendieron a transformarse en diferencias políticas e hicieron que la demarcación entre los actores sociales, económicos y políticos se volviera más tenue y que las organizaciones y movimientos sociales fueran mas allá de su identidad como tales; b) los conflictos de carácter político se impregnaron con contenidos de clase y derivaron en conflictos socio-políticos que enfrentan a las clases sociales de forma polarizada lo que dificulta una solución democrática y, c) la polarización sociopolítica se plasmó en conflictos territoriales ligados al surgimiento de feudos y ghettos urbanos; es decir, de espacios antidemocráticos. La tradición teórica neoconservadora y liberal ha contrapuesto a la sociedad civil con el Estado tendiendo a considerar a ambos como entes autónomos y a la sociedad civil como portadora de valores éticos que están por encima del Estado. A la hora de aplicar el concepto de sociedad civil a América Latina se le adosó la característica de antiautoritaria o democrática. Esta afirmación, que se fundamenta no sólo en el rechazo de la sociedad civil a los regímenes militares y autoritarios prevalecientes en América Latina durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, sino también en la búsqueda de formas “más participativas” de democracia en los noventa, contrasta con la emergencia reciente de comportamientos antidemocráticos y excluyentes tales como las coaliciones establecidas entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo los militares, para derrocar a gobiernos democráticamente elegidos. Se afirma también, sin suficiente fundamento, que la sociedad civil es policlasista y portadora de intereses colectivos que permean por igual a todas las clases sociales en su enfrentamiento con el Estado. Esta última característica no sólo desconoce la fuerza disgregadora del Mercado que además de crear desigualdades sociales acentúa la exclusión, sino que también desconoce que en sociedades con elevados niveles de desigualdad y pobreza, como lo es la latinoamericana, la autodenominada “sociedad civil” ha tendido a identificarse en muchos casos con la defensa de los intereses de las
clases media y alta más que con los pobres. En Venezuela, al igual que en América Latina, el concepto de sociedad civil ha estado vinculado con el de las organizaciones y movimientos sociales y ha sido construido teóricamente desde fines de los sesenta sobre la experiencia de Europa, destacándose su autonomía del Estado y el carácter policlasista y democrático. Sin embargo, dicho concepto no parece reflejar las nuevas prácticas y relaciones con el Estado que se han establecido como consecuencia de la aguda crisis económica y de la elevada polarización existentes. Por tanto, uno de los objetivos de este artículo es el de analizar las consecuencias de la polarización de la sociedad civil venezolana, considerada como una de las más maduras y de más larga trayectoria en América Latina debido a la continuidad de regímenes formalmente democráticos desde 1958, con el fin de destacar las divergencias con las nociones europeizantes, sobre todo en lo que respecta a las características definitorias. La polarización de la sociedad civil venezolana no es un fenómeno nuevo ya que desde los años sesenta se vienen conformando y coexisten dos sociedades civiles: la de los pobres que tiene su expresión en las organizaciones populares o de base y en un proyecto de democracia radical y la de las clases media y alta que se afincó originalmente en las organizaciones y asociaciones ciudadanas que reivindicaban un proyecto de democracia liberal. Existen diferencias entre estas dos sociedades civiles y entre éstas y el Estado que tienen que ver con: a) el marco constitucional bajo el cual se establecen las relaciones (Constitución de 1961 versus la de 1999), la clase social de pertenencia c) los valores democráticos que se enfatizan y d) las prioridades y agenda que se define. La actuación de las organizaciones y movimientos sociales durante el periodo que estuvo vigente la Constitución de 1961 se caracterizó por una elevada solidaridad y nivel de integración entre las dos sociedades civiles alrededor del tema de la democratización de la democracia. Durante los treinta años previos al sancionamiento de la Constitución Bolivariana e, incluso, durante el Proceso Constituyente que le dio origen, las organizaciones y movimientos sociales pusieron de lado sus intereses de clase y se aliaron estratégicamente alrededor de “la democracia participativa” como un medio para lograr la inclusión política. Durante este periodo la interpretación de la democracia participativa o de la “profundización de la democracia” era compartida; se trataba de abrir nuevos espacios políticos descentralizados que les permitieran incidir en la gestión pública bien fuera para permear dicha gestión con las identidades y por tanto, los valores y prioridades de los cuales eran portadores, fuera para coparticipar en las decisiones acerca de cómo distribuir los recursos escasos (Jelin, 1993). El sancionamiento de la democracia participativa en 1999 significó la inclusión formal en la Constitución de la mayor parte de las identidades y valores demandados por las organizaciones y movimientos sociales. Al amparo de la constitución, las organizaciones que componían la “aparente” sociedad civil policlasista se dispusieron a utilizar los mecanismos constitucionales para imponer sus proyectos de democracia los cuales eran diametralmente opuestos entre sí en lo que respecta a la interpretación de la democracia participativa, los valores a ser maximizados, las demandas de ciudadanía que se diferenciaban según la clase social y las estrategias o medios para lograr plasmar dichos valores y demandas en políticas públicas. También significó la ruptura de las alianzas estratégicas y coyunturales que existían entre las distintas organizaciones sociales. Esta ruptura tuvo que ver con el aumento vertiginoso de la pobreza y de las desigualdades sociales que llevaron al Estado a priorizar discursivamente la reducción de la pobreza y el logro de la equidad social, más ligado con el proyecto de los sectores populares que con el de las clases media y alta. Por primera vez
desde 1958, el proyecto político del Presidente Chávez o Proyecto Bolivariano tenía mayor afinidad con la concepción de democracia radical que con los valores promovidos por la democracia liberal; por primera vez, los sectores de clase media y alta se sintieron amenazados en su respaldo a los valores individualistas de la libertad de expresión y la propiedad privada los cuales consideraban como la piedra angular de la democracia mientras que los sectores populares vieron la posibilidad de maximizar los valores de la justicia social redistributiva. Además, cada sector se retrajo a su interpretación de la democracia participativa, de los valores a ser maximizados y, en general, a sus demandas particulares o de clase social. De esta forma, las organizaciones sociales rompieron con el mito de la “sociedad civil” policlasista y pluralista, creándose una brecha social, ideológica y política entre los dos tipos de sociedad civil representados en la clase media y en los sectores populares. Ello abrió la puerta a la posibilidad de utilizar medios o estrategias no democráticos para imponer su proyecto de sociedad y de democracia. 2. ¿Una o varias sociedades civiles, uno o múltiples territorios? En Venezuela, el término sociedad civil sujeto de la democracia no ha sido ni es unívoco; está revestido de un tinte clasista que diferencia y enfrenta, al menos a nivel empírico, a la clase media con los sectores populares o los pobres. Teóricamente, denota tanto a la clase media que defiende prioritariamente los valores democráticos como la libertad de expresión y la propiedad privada como a los sectores populares que privilegian la inclusión vía la reducción de la pobreza y mayor justicia social. No obstante, la categoría clase social, núcleo de las diferencias entre la sociedad civil adepta o en contra del Presidente Chávez, tiene efectos en el territorio a través de las diferencias en el patrón de uso y actividades 9. Es por ello que estas diferencias conceptuales se expresan en la “espacialización” de los conflictos sociopolíticos, en el recrudecimiento de los conflictos de clase asociados con el territorio y en la desdemocratización de los espacios públicos mediante la exclusión del otro. Los conflictos socioespaciales se expresan de forma dinámica tanto en los ámbitos privados de la residencia u hogar familiar como en los ámbitos públicos de la calle, plaza o autopista. La denominada sociedad civil venezolana, uno de los principales actores de la democracia, ha sufrido cambios en su definición, composición, caracterización e incluso, el nivel de inclusión-exclusión a lo largo del periodo democrático 19582003. Desde 1961, cuando se firmó el denominado Pacto de Punto Fijo entre el gobierno y los principales actores políticos, sociales e incluso militares que existían en ese momento y cuya alianza era necesaria para defender la estabilidad de la naciente democracia (Rey, 1989), el término “empírico sociedad civil” excluía no sólo a los partidos políticos, los militares y la Iglesia tradicional sino también a las organizaciones empresariales y sindicales signatarias de tal Pacto por considerarse que no tenían autonomía del Estado. A medida que la democracia venezolana se fue consolidando, el término sociedad civil denotó a las organizaciones sociales emergentes entre ellas a las organizaciones ciudadanas, populares, cooperativas y de mujeres, que no formaron parte de tal pacto constitutivo de la democracia representativa venezolana. La crisis económica y política de los ochenta que tuvo una de las expresiones más relevantes en 1989 con el “Caracazo” sirvió para sacar a la superficie los contenidos de clase. A pesar de que detrás del “Caracazo” no existió un actor organizado, fueron los sectores más pobres quienes con sus acciones alertaron acerca de su capacidad para sembrar el caos y poner en “entredicho” el estilo de vida de la clase media si no se resolvía, en primer lugar, la pobreza y las desigualdades sociales. En 1998, la llegada al poder del Presidente Hugo Chávez y en 1999 la aprobación
de una nueva Constitución contribuyeron a reconstituir el sujeto social y a reconstruir el significado de sociedad civil al oponerse discursivamente este término y el sujeto que lo encarna, con el término y el sujeto de “pueblo”. De este modo, el discurso de Chávez junto con el deterioro de las alianzas entre los actores hegemónicos que formaron parte del Pacto de Punto Fijo y sobre todo, los intentos del Presidente Chávez por imponer discursivamente el modelo “bolivariano” que discrepa sustancialmente del proyecto neoliberal que se venía aplicando y que se apoya en el “pueblo”considerado como “el Soberano” por excelencia, han llevado a la sociedad a dividirse en dos sujetos posiblemente antagónicos: el pueblo encarnado en los pobres y la sociedad civil encarnada en las clases media y alta. 10 Es preciso destacar, sin embargo, que ni el sancionamiento de la democracia participativa ni el Proyecto Bolivariano del Presidente Chávez ni siquiera la acentuación de la crisis son los responsables por el fraccionamiento de la sociedad civil. Los códigos o signos para caracterizar a la sociedad civil venezolana dentro de un esquema de clase y no solo dentro de un enfoque de movimientos sociales ya existían en el pasado aunque de forma sumergida; lo único que hicieron los factores señalados fue hacerlos aflorar a la superficie. Es quizás en el territorio o en la calle donde mayormente se plasman los conflictos que movilizan a la sociedad civil. Tal como lo demuestra la ciudad de Caracas, capital de la República y, de manera semejante, lo que ocurre en la mayoría de las grandes ciudades venezolanas, las luchas para imponer los proyectos de sociedad se han “espacializado” expresándose de forma dinámica tanto en los ámbitos privados de la residencia u hogar familiar como en los ámbitos públicos de la calle, plaza o autopista de las ciudades. Las consecuencias han sido una ciudad segregada socio-espacialmente, la creación de feudos y guetos urbanos que responden a las diferencias sociales y políticas, la territorialización de los conflictos políticos, la pérdida de libertad para desplazarse en la ciudad dado el alto riesgo de ser identificado con el “otro”, el creciente deterioro de los servicios y calidad de vida de los ciudadanos y el surgimiento de los espacios del miedo y de la violencia. En síntesis, la pérdida del derecho a la ciudad: la exclusión, desdemocratización y desciudadanización. Dada la existencia de una sociedad civil dividida, el espacio o territorio de Caracas que le sirve de expresión física, no es uno sino múltiple y podría hablarse de dos territorios políticos11: el chavista por un lado y el de la oposición por el otro. En estos territorios la tarea de identificar la localización de las actividades urbanas y de diseñar el recorrido de las movilizaciones sociales es de índole no solo geográfica sino también clasista. El territorio chavista es el de las barriadas pobres localizadas en los cuatro márgenes cardinales de la ciudad como lo apuntaba la periodista Taynem Hernández (El Universal, Domingo 22 de diciembre de 2002, página 1-7), es el espacio donde los índices de violencia urbana son mayores dada la falta de vigilancia y control policial. Su ubicación marginal se vuelve estratégica a la hora de los conflictos porque en este territorio se pueden cerrar (aislar) las murallas y puertas de acceso a la ciudad y a sus actividades tal como ocurría con las murallas de la Edad Media12. El territorio de la oposición es fundamentalmente el de las urbanizaciones de clase media, menos estratégico en la medida que se encuentra alejado de las principales actividades y de difícil acceso si no se dispone de un automóvil. El recorrido por los territorios chavistas y de la oposición 13 que incluye las barriadas pobres, las afluentes urbanizaciones de clase media y los espacios públicos que ambos comparten, la observación crítica sobre la clase social de los peatones que se desplazan por las calles, plazas y avenidas de Caracas y, finalmente, el análisis de las características físicas del espacio y la naturaleza de las actividades que en estos espacios se realizan, mostrará una ciudad sitiada, con rejas, alambrado
eléctrico, casillas de vigilancia y hasta barricadas en las casas, edificaciones, calles y urbanizaciones para salvaguardar la propiedad privada de la clase media y alta; donde los ciudadanos no se identifican o apropian de los espacios públicos los cuales están deteriorados y son inseguros; donde muchos espacios públicos han sido privatizados reduciendo la ciudad del ciudadano; donde las calles y espacios de circulación peatonal han sido apropiados por los comerciantes informales no para cuidarlos sino para transformarlos al uso económico. En suma, mostrará una ciudad donde los espacios de convivencia social se han polarizado y segregado dividiéndose en “espacios de los pobres y espacios de la clase media”. Esta polarización tiende a coincidir con los espacios de quienes apoyan al presidente Chávez y quienes lo adversan por lo que en Caracas se han reproducido las “áreas naturales” del Chicago de 1920, entendidas éstas como áreas territoriales homogéneas en términos socioeconómicos. (García-Guadilla, 1998; Rodríguez y Winchester, 2000; García y Villá, 2001). Según los escritos de la ya famosa Escuela de Chicago (Park y Burguess, 1925), a comienzos del siglo XX, en esta ciudad las pandillas juveniles se dividían el territorio y quien osara entrar en el territorio del otro era fuertemente reprimido. Sin embargo, los factores que ocasionaban estos conflictos eran fundamentalmente étnico-raciales ya que la composición socio-económica de las áreas en conflicto (fueran éstas negras, polacas o italianas) era semejante puesto que todos eran pobres. Por tanto, el conflicto entre grupos étnicos tenía que ver mas con la defensa y/o apropiación de un espacio o territorio que con diferencias políticas o sociales. En contraste, el desencadenante de los conflictos espaciales en la Caracas del 2003 es fundamentalmente de carácter político y social; es decir, el apoyo o el rechazo al Presidente Chávez y la pertenencia a una determinada clase social 14. Los chavistas y la oposición coinciden en la exclusión del “otro” de su territorio legitimando así un patrón segregado de ocupación con fuertes confrontaciones de clase asociadas al espacio que se ocupa: si se es pobre se tiende a ser chavista y a vivir en el Oeste y si se tiene algo que perder (clases media y alta), se opta por la oposición política que se ubica preferentemente (aun cuando no exclusivamente) en el Este de la ciudad capital. El recorrido por la ciudad de Caracas permite observar la faceta antidemocrática de los procesos socio-espaciales y políticos que están emergiendo y que se expresan en espacios del miedo (Rotker, 2000) y en ciudadanías de guerra que alientan procesos de desciudadanización. Si se toma en cuenta que dichos procesos se vinculan con los distintos imaginarios sociales, los cuales también tienden a estar asociados con una posición de clase social, el recorrido mostrará la cara de una ciudad dividida en geografías sociales y donde la movilización de los ciudadanos/as en las calles se encuentra estrechamente asociada con la defensa de los estilos de vida de cada clase social. Las condiciones sociopolíticas y los imaginarios sociales que alimentan la polarización territorial o la territorialidad política ya existían en el pasado. Desde la época de la Colonia, las plazas y calles han servido para que la gente reclame sus derechos en momentos de crisis políticas o económicas tal como ocurrió con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958 o con el “Caracazo” de 1989 rememorado por la clase media y alta como “el día en que los cerros bajaron a Caracas”. Sin embargo, a partir de 1999 aparece un fenómeno novedoso dada la intensidad y duración de las protestas de calle; los espacios quedan “ marcados” o identificados políticamente y, en ocasiones, cambian sus usos, permanentemente o por un tiempo relativamente largo, como en el caso de Puente Llaguno o la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en La Campiña, sede de los grupos organizados chavistas o la Plaza Altamira, sede de los militares opositores a Chávez y centro de movilización de la oposición.
En la medida en que las organizaciones sociales y políticas expresan su adhesión o rechazo al Presidente Chávez, estos espacios se llenan de contenido y se convierten en símbolos a defender. Su defensa adquiere la forma antidemocrática de exclusión del otro y en ellos aumenta la probabilidad de que se ejerza la violencia en caso de que el “otro” intente traspasarlos15. Cada grupo, sea a favor o en contra de Chávez, tiene sus hitos y sus recorridos bien marcados no permitiendo que “el otro” se desplace en estos espacios: cuando uno de estos grupos intenta entrar en el territorio del otro ocurren fuertes enfrentamientos incluso físicos. Los espacios marcados por estas expresiones socio-políticas dentro de la elevada polarización social e ideológica existente tienden a desdibujar su función urbana original, si no de forma permanente al menos en los momentos en que el conflicto político se activa y se instala en ellos: las autopistas no sirven para que circulen los vehículos en ruta a las actividades cotidianas sino para realizar manifestaciones multitudinarias, hacer vigilias (con tiendas de campaña y los enseres de un moderno camping) o albergar a las miles de personas en ruta a apoyar o rechazar el régimen; las plazas tampoco sirven para el descanso y la recreación pasiva sino para expresar el apoyo o el rechazo político al Presidente. Los jóvenes de la clase media que en el pasado siguieron los hábitos norteamericanos de recreación son los primeros en reforzar esta nueva sub-cultura de las marchas que incluye la vestimenta que se utiliza para asistir con colores de la bandera nacional, la música del folclore nacional que las anima y los símbolos y pancartas de sabor nacionalista. El incremento de las relaciones sociales cara a cara y el surgimiento de un espíritu de solidaridad entre iguales socialmente son también parte de esta subcultura de las marchas. Se trata de una subcultura “patriótica y nacionalista” que difiere de la de la clase pobre en lo que se refiere a la apropiación de los hitos y símbolos espaciales urbanos tradicionales y modernos. En una sociedad fuertemente dividida en clases sociales, los símbolos patrios tradicionales como La Plaza Bolívar en el centro de la ciudad, el Panteón Nacional donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, el Palacio Presidencial de Miraflores, la Asamblea Nacional y el Paseo Los Próceres entre otros, han sido apropiados por el sector que apoya al gobierno. Este territorio que no le pertenece “a la clase media” según los chavistas, tiene un elevado valor simbólico y patriótico; dentro del imaginario quizás no consciente de los adeptos a Chávez se encuentra la idea que ”sólo los chavistas son los dueños de esos símbolos”. También se enfrentan lo tradicional y lo moderno dentro de estos espacios simbólicos ya que la Plaza Altamira, las autopistas Francisco Fajardo y Prados del Este y los espacios públicos contiguos a las grandes edificaciones como la sede de PDVSA en Chuao que son los espacios de protesta de la clase media y alta, representan los símbolos de la moderna cultura petrolera. 3. El derecho a la ciudadanía: prácticas democráticas y antidemocráticas Dada la definición de la Constitución de 1999 de la democracia venezolana como “participativa y protagónica”, una de las razones que ocasionó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición en el 2000 fue el derecho a participar en la elaboración del marco legal o leyes que debían desprenderse de la Constitución. El conflicto se inició con la aprobación mediante decreto presidencial del paquete de leyes “habilitante” lo cual frustró la expectativa creada por la Constitución de 1999 de que dichas leyes se aprobarían por vía de la democracia participativa; además, se nutrió con la aprobación de políticas y otras medidas que, en opinión de la oposición, le perjudicaba ampliamente. Mucho se ha elaborado acerca del rol democrático de las organizaciones sociales ciudadanas y muy poco sobre la posibilidad que éstas desplieguen comportamientos anti-democráticos. El análisis de las prácticas antidemocráticas se torna relevante
al constatar que quienes las realizan son los mismos actores que al mismo tiempo se movilizan democráticamente para buscar salidas constitucionales y democráticas a la grave crisis política como en los casos del “Firmazo” y de los Planes de Contingencia que se describen más adelante. Una de las propuestas profundamente democrática de las organizaciones sociales de la oposición surgidas en medio de la profunda crisis que llevó al denominado “Paro Cívico Nacional” en contra del Presidente Chávez, el cual duró dos meses (del 2/12/2002 al 4/2/ 2003), fue el llamado a activar las figuras de la democracia participativa que existen en la Constitución (en particular, el referéndum consultivo, revocatorio, la enmienda constitucional, el proceso constituyente e incluso la desobediencia civil). Estos procesos democráticos se expresaron primero en la recolección de mas de dos millones y medio de firmas (más del 10% que requiere la Constitución) por parte de las organizaciones sociales ciudadanas (Queremos Elegir y Primero Justicia entre otras) y su entrega el 4 de noviembre del 2002 al Consejo Nacional Electoral (CNE) para activar el referéndum consultivo y, segundo en el “Firmazo” o jornada cívica ciudadana del 2 de febrero del 2003 donde se recogieron cuatro millones y medio de firmas para activar las figuras de la democracia participativa presentes en la Constitución de 1999 tales como los referenda consultivo y revocatorio, la enmienda constitucional y un nuevo proceso constituyente; entre ellas se recogieron más de 3.000.000 de firmas solo para el referéndum revocatorio contra Chávez. En esta oportunidad, la organización ciudadana SÚMATE16 activó la campaña para la recolección de las firmas mediante una jornada totalmente realizada por la oposición cual asumió las tareas que normalmente le correspondían desempeñar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a otros organismos del Estado tales como la revisión de los credenciales e inscripción en el Consejo Nacional Electoral de los votantes, el funcionamiento de las mesas de votación, el conteo de votos y el traslado de las urnas electorales al CNE; incluso, asumió la tarea técnica de la certificación de firmas y otras legalidades formales dado que para el momento el CNE atravesaba por una fuerte crisis institucional 17. Este proceso de recolección de firmas para el referéndum revocatorio y demás procesos sancionados en la democracia participativa, constituyen ejemplos de la cara democrática y propositiva de las movilizaciones ciudadanas de la oposición. Es preciso destacar que el proceso fue profundamente democrático y que a pesar de su desdibujamiento al interior de la CACIV, el liderazgo y la organización de los dos eventos estuvo en manos de las organizaciones sociales. No siempre las movilizaciones y las acciones que han llevado a cabo las organizaciones sociales ciudadanas como medio para defender la democracia y los derechos constitucionales revisten un carácter democrático. Ejemplos de ello fueron el cerramiento y toma de las calles y autopistas por parte del movimiento ciudadano para protestar contra el Presidente Chávez y la transformación de las organizaciones de vecinos en comunidades seudomilitarizadas de defensa e incluso armadas para “protegerse del otro”, el enemigo, y de este modo supuestamente, defender la propiedad y los espacios privados del hogar o residencia familiar, el edificio o condominio y la urbanización en que se habita 18. El “trancazo” o levantamiento de barreras u obstáculos para impedir la circulación de los vehículos en calles, avenidas y autopistas seleccionadas e incluso en la misma urbanización de acuerdo con determinados horarios definidos por las organizaciones ciudadanas tales como Queremos Elegir fue llevada a cabo durante el denominado “paro cívico” de la oposición en los meses de diciembre 2002 y enero 2003. La medida generó gran tensión y un alto rechazo entre los vecinos de las urbanizaciones de clase media que eran los más afectados al trancarse unos a otros por lo que fue suspendida. Lo paradójico es que dicha medida no fue suspendida por antidemocrática, es decir, por cercenar el derecho constitucional a transitar
libremente por las calles, avenidas o autopistas de la ciudad, sino porque una encuesta de los medios de comunicación destacó su alta impopularidad. Otra estrategia antidemocrática que utilizó la oposición durante los meses más agudos del conflicto, en un intento por aumentar la visibilidad mediática, fueron las tomas y marchas cotidianas de la las autopistas cercanas a sus urbanizaciones impidiendo la circulación vehicular 19. Un tercer ejemplo de comportamiento antidemocrático, a pesar de que sus objetivos fueran «el intercambio o entendimiento entre los dos grupos en conflicto”, fue el juego de pelota entre chavistas y oposición durante el paro “cívico” en la autopista de Prados del Este a la altura de la urbanización Santa Fe y el barrio el Güire, así como también la celebración en el mismo lugar de la Misa por la Paz; ambas actividades impidieron el derecho constitucional al libre tránsito. Esta cara antidemocrática de las organizaciones sociales está basada en el miedo al “otro”, a quien se considera como el enemigo y se define como “no demócrata”. En el caso de la clase media y alta, “el otro” es negado y excluido incluso del término o categoría “sociedad civil” mientras que para la clase pobre, “el otro” es el “oligarca” a quien se excluye de los términos “Pueblo y Soberano” 20. En ambos casos estos imaginarios sociales que se encuentran reforzados por la elevada polarización política frente al gobierno del Presidente Chávez sirven de justificación a las acciones de violencia, exclusión espacial y social del “otro” y de la otra “sociedad civil” adquiriendo una racionalidad propia que nada tiene que ver con las categorías éticas que sustentan los individuos, la familia y el grupo social. Según las encuestas de opinión pública realizadas en los dos últimos años, el imaginario social de las clases media y alta venezolana representa al pobre como “un criminal y un delincuente” e identifica a sus organizaciones como violentas. Dentro de la elevada polarización social y política existente en Venezuela, el término “sociedad civil”, que también ha sido identificado de forma estereotipada por los medios de comunicación con el eje de la sociedad civil, tiende a excluir a las organizaciones comunitarias o populares de la población de escasos recursos económicos que se han alineado a favor de Chávez. La percepción de la oposición acerca de estos sectores es “que están organizados alrededor de los denominados Círculos Bolivarianos, que son violentos y que están armados”. Sin embargo, esta percepción se sustenta en estereotipos y en un imaginario social que desconoce la pluralidad y/o heterogeneidad de tales organizaciones ya que el único rasgo común entre la multiplicidad de organizaciones que existen a nivel popular es su procedencia o base popular. En general los adeptos al oficialismo prefieren autodenominarse “Pueblo, Soberano, grupo comunitario, organización popular, comité e incluso, círculo bolivariano” y perciben a la clase media y alta también como «delincuente, corrupta y explotadora”. En sus propias palabras o estereotipos, la clase media y alta son los “escuálidos”, los “oligarcas”, a pesar de que la sociedad civil de la oposición es sumamente heterogénea y quizás el único punto de consenso que tenga sea el “salir de Chávez” y la defensa de sus intereses de clase. Quizá el ejemplo más revelador del uso de estrategias no democráticas sean los “Planes de Contingencia”, o planes guerra que se prepararon con motivo del 23 de enero del 2003. Dichos planes fueron una consecuencia del rumor de que “las hordas chavistas y los círculos bolivarianos” supuestamente invadirían las residencias de la clase media y alta el 23 de enero en pleno paro cívico, el cual casi duraba dos meses. Algunos de los militares retirados que intentaron liderizar la oposición a Chávez 21 sembraron fuertes rumores que retumbaron en los espacios privados u hogares de la oposición sobre la invasión que supuestamente los Círculos Bolivarianos Chavistas realizarían al sagrado recinto de las residencias de la clase media. La
hora cero sería el día 23 de enero del 2003, fecha en que se conmemora el inicio de la democracia o la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Los diagnósticos o partes de guerra presentados por algunos de estos militares de la oposición indicaban que ese día habría una terrible violencia de parte de los Círculos Bolivarianos y que la única forma de contrarrestarla sería con tácticas de guerra. Como parte de esta estrategia, un grupo de militares retirados, muchos de los cuales estaban vinculados laboralmente con empresas de seguridad, se alió con los representantes de las comunidades de vecinos de clase media y diseñaron el “Plan Comunitario Defensa Activa” www.segured.com) el cual fue distribuido por
[email protected] para ser aplicado en las residencias particulares, edificaciones y urbanizaciones de clase media. En la “Introducción Versión Terrorismo)” (p. 3) del documento se destaca su objetivo: “Este es un material desarrollado por un grupo de vecinos con el consenso y participación de comunidades amigas y especialistas en el área de seguridad comunitaria, con la finalidad de establecer lineamientos operativos que nos permitan aumentar la efectividad de respuesta al enfrentar situaciones de emergencia que pudieran presentarse en nuestras viviendas, institutos escolares o trabajos” (p.3) resaltado nuestro). Los planes, que eran muy semejantes entre sí, incluían el uso de las armas “por si acaso”, pues es preciso destacar que en los últimos meses, no sólo los círculos bolivarianos parecen haberse armado sino que también lo ha hecho la clase media22. En palabras de uno de los entrevistados de la oposición, la diferencia es “que la clase media se ha armado para defender los sagrados derechos a la propiedad, familia y libertad” mientras que los chavistas lo hacen para atacar dichos derechos”. La versión desde los adeptos a Chávez es que ellos “no están armados” y que también “defienden sus derechos”. Estos planes de defensa, más adecuados para fortificaciones sitiadas al mejor estilo de la Edad Media que para modernas edificaciones urbanas, incluían el uso de armas, el cerramiento con candados internos de las rejas y puertas de los edificios, el derramamiento de barriles de aceite y de agua caliente sobre el agresor, la construcción de barricadas y la elaboración de bombas molotov entre otras cosas. El Plan de Defensa Activa también implicaba la vigilancia nocturna y por turnos de los propios residentes pues, en la mayoría de los casos, no se confiaba ni en el servicio doméstico ni en los vigilantes privados quienes pertenecen a la clase pobre y normalmente custodian la entrada de las edificaciones23. A este respecto el Plan Comunitario de Defensa Activa señalaba: “No sea tan confiado con los empleados domésticos específicamente los que vienen por días. Recuerde que muchas de estas personas han sido manipuladas y algunas nos comienzan a ver como enemigos. Esto es un asunto delicado y no hay porqué generalizar... pero debe estar alerta ante cualquier evidencia” (p. 17). Dicho Plan recomendaba “estar preparado para cualquier contingencia que pueda ocurrir” (p.1), la activación de un sistema de alertas que iba del verde al rojo, de un sistema de comunicación altamente sofisticado para comunicarse con las policías locales, con los medios de comunicación y con los vecinos. La mayoría de las urbanizaciones reforzaron el número de vigilantes (paradójicamente pertenecientes a la clase pobre), se construyeron barricadas y se estuvo alerta durante toda la noche. Nada ocurrió pero las amas de casa, los niños y la población de clase media en general, percibieron que el pobre era el “enemigo” mientras que el pobre percibió que el oligarca, la clase media o los “escuálidos” como los llamó el presidente Chávez, eran el enemigo. La Alianza Cívica de la Sociedad Civil conformada por las organizaciones ciudadanas Queremos Elegir, Nulidad 1011y Ciudadanía Activa, emitió un documento con
recomendaciones sobre previsiones básicas en cada hogar vinculadas con alimentos, agua, energía, salud, documentos y dinero en caso de una “Perturbación Natural o Social”. cuya complejidad fue clasificada en cinco niveles o escenarios: Conmoción Social, Intervención Militar, Sin Garantías, Circunstancias Extremas y El Colmo. En el documento se señala que los escenarios previsibles eran el de Perturbación Natural (N) producto de un fenómeno natural para el cual había que estar preparado y el de Conmoción Social (S1) que se refiere a la existencia de “disturbios masivos o situación de emergencia general. Incluye movilización o confrontación militar, pero en principio no tiene a organizaciones como la nuestra señaladas” (p. 2). El “estar preparados para lo peor” (p.4) significaba tomar previsiones básicas en cada hogar en lo referente a “contar con reservas de alimentos y productos para largos periodos sin abastecimiento”, energía, cocina e iluminación, salud y primeros auxilios, documentos y dinero. 4. Reconstruyendo la democracia y construyendo ciudadanías plurales El enfoque político de consenso que ha privado entre los especialistas desde la inauguración de la democracia en 1958 en Venezuela, llevó a ignorar la intensidad de los conflictos existentes entre organizaciones y movimientos sociales que promovían proyectos de sociedad y democracia diametralmente distintos. En los años noventa, la grave crisis política y económica junto con la cooptación por parte de los desprestigiados partidos políticos del movimiento ciudadano de clase media que por casi dos décadas liderizó las movilizaciones a favor de la democracia participativa, contribuyeron a vaciar el espacio desde el cual construir las ciudadanías diferenciadas, complejas y plurales que requiere la democracia participativa y que pudieran encarnarse en la sociedad civil. Una vez electo el Presidente Chávez en 1998 y aprobada la Carta Magna en la que se sancionó la democracia participativa y se incluyeron las demandas y derechos de las organizaciones sociales previamente excluidas, las organizaciones sociales tendieron a polarizarse ideológicamente en organizaciones a favor del proyecto bolivariano o de democracia radical del Presidente Chávez que enfatiza, la inclusión vía la redistribución y justicia social y organizaciones a favor del proyecto de democracia liberal que enfatizan la libertad y el respeto a la propiedad privada entre otros valores de la democracia. Esta polarización que tiende a coincidir con una polarización de clase social e incluso se expresa territorialmente, ha originado una crisis de ciudadanía donde los intereses particulares y colectivos, los ámbitos de lo público y lo social e incluso, los espacios público y privado se encuentran desdibujados y donde los actores sociales han perdido la autonomía. A lo largo de estos procesos han emergido “nuevas formas y espacios” de hacer política que implican el uso intensivo y la redefinición de los espacios públicos. Los lugares tradicionales de hacer política, como por ejemplo la Asamblea Nacional, no son cónsonos con el proyecto revolucionario del Presidente Chávez; su proyecto se expresa en “las calles” y genera conflictos en la medida que la oposición ha reaccionado intentando disputar al chavismo el espacio de la calle. Por otro lado, el vacío dejado por la falta de actores sociales autónomos y por el desprestigio de los partidos o actores políticos tradicionales ha llevado a la distorsión de las identidades de los actores económico y social y del rol que cada uno debía desempeñar para enfrentar tal crisis. Con frecuencia, los actores o partidos políticos se disfrazan de organizaciones no gubernamentales o fundaciones y las organizaciones sociales usurpan, aunque sea momentáneamente, el papel de los partidos políticos. Dentro de esta transgresión de roles, a lo largo de la crisis que significó el paro “cívico” de diciembre 2002 a febrero 2003, los actores económicos y los gremios sindicales se movilizaron alrededor de objetivos políticos que trascendieron sus gremios corporativos; peor aún, las organizaciones sociales
se aliaron con los empresarios y sindicatos con un propósito político claramente definido por los partidos de la oposición “salir de Chávez”. Esta situación arroja dudas sobre la pretendida autonomía de las organizaciones sociales: ¿pueden las organizaciones sociales actuar autónomamente cuando se alían con los partidos políticos y pretenden fines políticos? Las alianzas de los actores económicos y organizaciones sociales con los partidos políticos desdibujó y dejó desprotegido el núcleo de los intereses e identidades de los actores económicos y sociales que fueron quizás quienes perdieron mayor legitimidad en el confuso, vertical y personalista proceso de toma de decisiones 24. Tal como evidencia en la experiencia de la Coordinadora Democrática a lo largo del conflicto anterior, estas transgresiones o usurpaciones de roles se vieron facilitadas por la inexistencia de un proyecto común de ciudadanía que además de delimitar claramente los roles que le corresponde ejercer a cada actor sentara las bases del pluralismo necesario que debe existir en las organizaciones sociales que luchan por la democracia y los derechos de ciudadanía. El vacío existente ha llevado también a las organizaciones sociales de la oposición a dirigir la mirada salvadora hacia el actor militar lo cual ha estimulando alianzas cívico-militares de carácter no democrático tales como la descrita a propósito de los Planes Comunitarios de Defensa Activa25. El hecho de que las “comunidades” de vecinos: 1) se asociaran con el sector militar opositor a Chávez para elaborar sus planes de defensa, 2) renunciaran a su autonomía como actor social al incorporarse a las decisiones que tomara la Coordinadora Democrática liderizada por instancias corporativistas tales como la CTV (acusada de corrupta) y Fedecámaras, 3) se organizaran en milicias para defender sus intereses particulares y de clase y, 3) avalaran la violencia como estrategia para la defensa de tales intereses; todo ello en nombre del derecho a “la desobediencia civil” que sancionó la Constitución Nacional en el artículo 350 y, sobre todo, en nombre de la democracia que decían defender, lleva a cuestionar la existencia de una cultura ciudadana y de un movimiento social urbano tal como se planteó durante los años ochenta y noventa. Lleva también a interrogarse acerca de si es posible la existencia de un movimiento ciudadano autónomo que traspase las barreras de clase social (García-Guadilla y González, 2000a) en ausencia de una cultura cívica y en presencia de grandes desigualdades sociales y polarización política. ¿Es posible un movimiento ciudadano que comparta un mismo proyecto de democracia? El interrogante clave es si se puede avanzar la ciudadanía democrática en situaciones de baja institucionalidad, déficit de cultura política democrática, elevada desigualdad, polarización de clase y transgresión de roles entre los actores económicos y sociales. Diversos factores dificultan la resolución de la crisis en Venezuela de una manera democrática e interfieren en la posibilidad de reconstruir la ciudadanía sobre una base pluralista de reconocimiento del otro y de respeto a las diferencias políticas y a las distintas identidades de clase. Un primer factor es la falta de institucionalidad que se viene arrastrando como consecuencia: a) del desmantelamiento de las viejas instituciones que soportaban la Constitución de 1961, b) de la falta de consenso para reconstruir democráticamente las instituciones que den soporte a la Constitución de 1999, c) de la carencia, la cual es anterior a Chávez, de una cultura política democrática que coadyuve en la resolución de los conflictos y, d) de la existencia de una alta polarización de clases sociales que conlleva diferentes visiones sobre tal institucionalidad. Un factor adicional a destacar es la falta de organización política o, tal como lo señaló Tulio Hernández en El Nacional (23/2/2003), la carencia de una organización “para la política” a pesar de la intensa movilización popular de los dos últimos años26. El esfuerzo de la oposición mediática e incluso de la Coordinadora Democrática ha sido en movilizar a la gente, no en organizarla. Ello se debe quizá a
la falta de un proyecto alternativo e incluyente de ciudadanía capaz de nuclear no solo a la oposición sino también a los adeptos a Chávez. Dicho proyecto pudiera reconstituirse alrededor de la Constitución Bolivariana de 1999 a la cual se llegó mediante un Proceso Constituyente aun cuando paradójicamente ha sido utilizada para legitimar las acciones de exclusión y las protestas de las dos partes en conflicto. Puesto que la configuración del espacio urbano es la expresión de los distintos actores sociales y políticos que en él interactúan, dos condiciones parecen ser necesarias para robustecer la democracia y el ejercicio de las nuevas ciudadanías: a) una cultura cívica que se expresa en la movilización activa de las organizaciones sociales autónomas en defensa de los derechos de ciudadanía y, b) la existencia de una sólida cultura política democrática entre todos los actores que interactúan en el espacio urbano. Dicha participación debe tener como objetivo la participación de los distintos actores, no solo en la producción de bienes y servicios, sino también en la construcción de ciudadanías plurales que lleven a una ciudad con ciudadanos Notas 1
La «oposición política» puede definirse como una categoría sumamente amplia, heterogénea ideológicamente y diversa en sus identidades e intereses que alberga a todos los descontentos con el presidente Chávez. Además de las organizaciones sociales que se oponen a Chávez, incluye a las amas de casa predominantemente de las clases media y alta, a gran parte de los jóvenes de clase media y/ o alta, a los partidos políticos de la oposición con diversas ideologías y a las organizaciones corporativistas como la Federación de Cámaras de Industriales y Comerciantes (Fedecámaras) y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV). La oposición como actor político ha tendido a identificarse con la Coordinadora Democrática de Acción Cívica (CACIV) cuyo documento constitutivo data de enero del 2001, se presentó a los medios el 15 de marzo del 2001 e hizo su debut formal el 5 de junio de ese mismo año a través de la firma de un pacto de gobernabilidad democrática. La CACIV se conformó originalmente por ocho partidos y dieciséis organizaciones de la sociedad civil, cifra ésta que aumentó significativamente a lo largo de su gestión. Desde su fundación ha tenido gran actividad pues organizó mas de 150 marchas de protesta contra Chávez en el plazo de veintiún meses que van desde su fundación hasta fines del 2002. Se autodefine como «un movimiento democrático y pluralista, destinado a canalizar esfuerzos de diversos grupos e individualidades de la sociedad civil, respetando la autonomía y la independencia de cada uno, con la finalidad de defender el sistema democrático, el estado de derecho, las libertades individuales y la estabilidad institucional» (www.geocities.com/caciv_ve/). Mas aún, aspira a convertirse «en un punto de apoyo para la oposición democrática, y en una referencia válida, sólida y coherente con credibilidad y alcance dentro del entorno político nacional e internacional y actuar como ente vigilante del Estado, sin pretender convertirse en un partido político ni en plataforma electoral. CACIV activará sus mecanismos de acción cada vez que la estabilidad democrática sea amenazada por prácticas de carácter totalitario» (www.geocities.com/caciv_ve/). 2 Es preciso destacar que, a pesar de ser mayoría numérica, las organizaciones sociales no han jugado un rol preeminente dentro de la oposición política y la Coordinadora Democrática en comparación con los partidos políticos y otras organizaciones corporativistas como la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras (Fedecámaras). Ello se debe a su poca visibilidad mediática y al hecho que los partidos políticos y sobre todo las denominadas «instituciones» como la CTV, Fedecámaras y el sector petrolero, hayan copado el liderazgo y el espacio político de la Coordinadora Democrática de la cual forman parte, dejándolas prácticamente al margen de los acuerdos formales democráticos tales como la Mesa de Negociación y Acuerdos establecidos con el gobierno para resolver los conflictos.
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Es preciso destacar que para la fecha del Pacto de Punto Fijo, las organizaciones sociales eran de carácter incipiente por lo que no formaron parte de los pactos constitutivos de la democracia y debieron dar una batalla por su inclusión constitucional. La democracia participativa, término que quedó inscrito en la Constitución Bolivariana de 1999, y que sirvió de objetivo a las luchas ciudadanas que liderizaron las asociaciones de vecinos en los años setenta y ochenta por la inclusión, es un término sumamente amplio y ambiguo que en la actualidad es utilizado por las dos partes en conflicto como respaldo de sus luchas. 4 A menos que se especifique, utilizaremos el término polarización en un sentido integral que incluye todas las dimensiones: la social, la política, la ideológica, la económica, la ecológica e incluso, la espacial. 5 Los análisis políticos persisten en enfocarse casi exclusivamente en el comportamiento de los actores «políticos» sean éstos los partidos políticos, el Estado e incluso los militares. Ello se debe a la prevalencia de una definición estrecha que excluye a los actores sociales (entre los que se encuentran tanto las organizaciones sociales como las económicas y religiosas) y a los medios de comunicación como parte de los actores socio-políticos. Al menos en América Latina, la exclusión de las organizaciones sociales ciudadanas y de los medios de comunicación del análisis político ha impedido la comprensión integral del proceso político y de los efectos de las organizaciones ciudadanas. 6 La idea que las organizaciones ciudadanas tales como las asociaciones vecinales pueden responder a intereses particulares y limitados ya fue asomada por Ramos en 1995 en el libro, De las protestas a las propuestas: identidad, acción y relevancia política del movimiento vecinal en Venezuela. También puede verse Lander (1995) y Ellner (1999). 7 A pesar de que el foco de análisis lo constituyen las organizaciones sociales de la oposición, la utilización de prácticas antidemocráticas no puede ser atribuido exclusivamente a éstas organizaciones ya que se observan igualmente entre los partidos políticos y organizaciones corporativistas de la oposición y entre las organizaciones sociales, partidos e individuos adeptos al gobierno. 8 Es preciso destacar que en las demandas y expectativas de las organizaciones sociales pueden mezclarse demandas vinculadas con el logro de los fines de la organización y con expectativas de clase. Cuando esto ocurre, algunas de las demandas de estas organizaciones trasvasan las líneas identitarias de dichas organizaciones. 9 Ambas, la categoría clase social y organizaciones sociales permean de forma diferente la delimitación conceptual y empírica del término «democracia participativa», el cual se entiende como complemento de la representación en el caso de las clases medias o como sustituto de la representación en el caso de las organizaciones de base y populares. 10 La apropiación del término «sociedad civil» por parte de la clase media y alta con exclusión de los pobres no ha sido sólo la consecuencia de la polarización discursiva del Presidente Chávez, las propias clases media y alta lo han adoptado para organizarse en pro de la defensa de valores neoliberales individualistas. 11 Identificamos a los territorios políticos como territorios en conflicto y confrontación y de forma semejante como en Colombia se habla del territorio de la guerrilla, el del gobierno, el de los paramilitares y el de los narcotraficantes entre otros. 12 Un ejemplo de ello fue el intento del Grupo Carapaica o Tupamaros de cerrar la Avenida Sucre cercana a la populosa Urbanización del 23 de enero y con ello la salida hacia el puerto y el aeropuerto de la ciudad. Otro posible ejemplo fue cuando bajó la población de las barriadas populares del 12 al 14 de abril del 2002 para apoyar al Presiente destituido con motivo del golpe de Estado desatándose saqueos y gran violencia urbana que dejó más muertos que los eventos que condujeron al golpe. Al igual que con el Caracazo de 1989, la clase media permaneció recluida en sus viviendas. 13 El espacio o Territorio Chavista cubre el centro de la ciudad, muy cerca de
Miraflores donde se ubican el Puente Llaguno, la «Esquina Caliente» y la Plaza Bolívar, espacios que sirven de sede casi permanente a los defensores más radicales de Chávez. También cubre temporalmente la Avenida Bolívar cuando allí se instala el Mercado Popular Chavista y el Paseo Los Próceres y la Plaza O´Leary cuando en éstos se realizan actos de masas políticos o recreativos como «El Gaitazo»; la Plaza Venezuela, que representa el límite simbólico entre el Este y el Oeste, utilizada frecuentemente por el Alcalde del Municipio Libertador para realizar mítines y actividades festivas vinculadas con dicha alcaldía y; la calle frente al edificio sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la urbanización La Campiña, que si bien fue por un tiempo un espacio de competencia entre el chavismo y la oposición, finalmente fue cerrada y apropiada por el chavismo. En contraste, los espacios o el Territorio de la Oposición son: la Plaza Altamira o Plaza Francia convertida en símbolo al ser declarada por los militares anti-chavistas como Plaza de La Libertad y territorio libre; la Plaza de PDVSA en Chuao, rebautizada como Plaza de La Meritocracia en honor a la huelga del personal profesional y técnico realizada un poco antes del 11 de abril de 2002. De forma temporal o menos permanente, es territorio de la oposición la Autopista del Este a la altura del distribuidor Santa Fe y la Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Altamira; las calles de urbanizaciones de clase media tales como La Florida, El Paraíso, Cumbres de Curumo y algunas plazas y avenidas como La Plaza Candelaria y la Avenida Victoria, escenarios de fuertes cacerolazos, trancazos y otros eventos por ubicarse en la frontera entre los dos territorios. La mayor parte del Territorio Chavista se encuentra en el Municipio Libertador (Oeste de la ciudad de Caracas) y gran parte del Municipio Sucre (al Este); el Territorio de la Oposición abarca los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, todos ellos en el Este de la ciudad. En estos tres municipios del Este viven los residentes con mayor ingreso socioeconómico; no obstante, su tamaño poblacional es al menos diez veces menor que el del Municipio Libertador 14 No obstante, estas diferencias políticas tienden a vincularse con diferencias de clase social al asociarse con los estereotipos alimentados por el propio Presidente de la República quien ha equiparado la división política con división de clase, ha plasmado su definición de pueblo exclusivamente en los pobres y ha alienado a la clase media estereotipándola de «oligarca». 15 Podría hablarse de feudos sociales donde los intentos por recuperar territorio político se convierten en luchas campales. Un ejemplo de ello fueron los intentos de la oposición (concretamente de los partidos Acción Democrática, Copei y MAS) por imponer su presencia y recuperar el espacio político en las zonas populares tales como Catia y Petare a través de acciones tales como el «Catiazo y el Petarazo». 16 SÚMATE fue fundada a fines del 2002 con una alta disponibilidad de recursos que provienen principalmente del sector privado; se autodefine como una cooperativa de investigadores y abogados, que se encarga «de concentrar, codificar, organizar y transcribir las firmas captadas por la oposición». 17 El proceso de recolección de firmas fue posteriormente cuestionado por el nuevo Consejo Nacional Electoral que nos solo rechazó las firmas sino que cuestionó la legitimidad de la organización SÚMATE para levantarlas y evaluarlas. 18 Aún cuando el foco de estudio sea la sociedad civil de la oposición, debe destacarse que los comportamientos antidemocráticos desplegados por la sociedad civil de clase media también se observan en los sectores populares. Un ejemplo de ello es su defensa del derecho a la tierra y a la vivienda a través de invasiones que vulneran los principios constitucionales de la propiedad privada. 19 Este no es un fenómeno exclusivo de la oposición ya que ésta, en sus marchas, también utiliza las autopistas y otros espacios públicos relevantes generando las mismas consecuencias. Si a esto se le suma que la calle, ocupada por los comerciantes informales o buhoneros, por los mercados populares o por otras las expresiones recreativas e incluso religiosas que se instalan en ocasiones especiales que así lo decida el gobierno o la oposición, el territorio urbano se vuelve cada vez más inaccesible para el ciudadano.
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Es preciso destacar que la Constitución venezolana de 1999 se refiere muy escasamente a la sociedad «civil»; utiliza preferentemente los términos sociedad, sociedad organizada, comunidades, organizaciones sociales y sobre todo «Soberano» quien representa al Sujeto por excelencia de la democracia participativa y protagónica como referente del colectivo social. 21 Por ejemplo, uno de estos militares contribuyó a alimentar los rumores y a instruir sobre el Plan en el Polideportivo de la emblemática urbanización Santa Fe, de clase media. 22 Los planes de contingencia contemplaban varios niveles: la edificación o el condominio, la urbanización y el sector más amplio de urbanizaciones. Por lo general incluían un plan de comunicación y alertas de diferente tipo a través de radios, pitos, sirenas, teléfonos celulares, ruidos etc; un plan para «levantar el puente», es decir, obstruir el acceso a la edificación y/o urbanización mediante barricadas de hierro o atravesando camionetas o carros como obstáculos; un plan para el cerramiento interno de las puertas de los edificios y de acceso a las escaleras, incluyendo la inmovilización del ascensor en los pisos superiores; un plan de ataque al invasor a través del derramamiento de agua o aceite caliente y, en caso de que todo fallara, el plan contemplaba que las mujeres, los ancianos y los niños se retirarían a espacios resguardados y los hombres utilizarían las armas (Testimonios recogidos por la autora entre cuarenta participantes en estos planes de diferentes urbanizaciones). 23 Al igual que con el servicio doméstico y con los comerciantes informales, el vigilante tiende a ser considerado en el imaginario de la clase media y alta como «el otro»; no como un igual debido a su condición de clase. La expectativa de la clase media que normalmente contrata a los vigilantes privados para custodiar sus residencias era que en caso de ocurrir tal invasión, éstos saldrían corriendo en lugar de permanecer para defender las propiedades de «otros». En algunos casos, incluso, se les asoció con el enemigo por ser pobres y se les tildó de «chavistas» sin evidencias suficientes. 24 Para nadie es un secreto que muchas de las decisiones expresadas frente a los medios de comunicación por el líder sindical de la CTV, Carlos Ortega, incluyendo la decisión de ir al paro cívico en diciembre, no contaban con el aval de las organizaciones sociales 25 No queda claro cuál fue el rol de algunas de las organizaciones sociales más significativas como Queremos Elegir, la Asamblea de Ciudadanos y Nulidad 1011 en los eventos que desencadenaron el golpe del 11 de abril ya que algunos de sus líderes aparecieron firmando a «titulo personal» un cintillo de felicitación al nuevo gobierno de Pedro Carmona Estanga (El Nacional, 12 de abril de 2001). Tampoco queda clara cuál fue la vinculación entre algunas organizaciones sociales y los militares alzados en la Plaza Altamira. Estas incertidumbres llevan a interrogarse acerca de la existencia de una cultura política democrática y del potencial democratizador de algunas de las organizaciones sociales que sienten amenazados sus intereses objetiva o subjetivamente: ¿Serán capaces estas organizaciones de desplegar e incluso hacer alianzas cívico-militares y utilizar medios o estrategias no democráticas para lograr sus fines? 26 Asumimos el 10 de diciembre del 2001 como la acentuación de los procesos aquí descritos por ser la fecha en que se dio la primera gran manifestación de la oposición en Caracas y el día en que la clase media empezó a tomar la calle o a «marchar» para expresar su descontento. Bibliografía 1. De Certeau, Michel (1984). The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley, Los Angeles-Londres. 2. Ellner, Steve (1999). “Obstáculos a la consolidación del movimiento vecinal venezolano: la brecha entre lo nacional y lo local”. Revista Venezolana de Economía
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