De la exclusión neoliberal a la inclusión-excluyente de los sectores populares y los movimientos sociales en el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela

DE LA EXCLUSION NEOLIBERAL A LA INCLUSION-EXCLUYENTE DE LOS SECTORES POPULARES Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI EN VENEZUELA (*) María Pilar García-Guadilla

Introducción La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 inició un quiebre definitivo con el puntofijsimo al definirse un nuevo proyecto sociopolítico de corte anti-neoliberal y un proceso constituyente cuya constitución resultante incorporó la democracia participativa y las demandas de inclusión por las que venían luchando y movilizándose tanto los sectores populares como los nuevos movimientos sociales. Ante la ausencia de una base social organizativa propia, el Proyecto Revolucionario Bolivariano estimuló la creación de nuevas organizaciones sobre todo en los sectores populares con el fin de concretar la democracia participativa y construir el poder popular; dichas organizaciones sirvieron además como mecanismos para la distribución de la renta petrolera y, en momentos de crisis política o en periodos electorales, como espacios de movilización política en apoyo del presidente Chávez1. Este capítulo analiza las distintas formas y espacios para la incorporación de los sectores populares organizados y de los movimientos sociales,

la evolución de sus

prácticas, las lógicas que orientan sus acciones frente al Estado y la forma en que tales lógicas se construyen y transforman; en síntesis, el rol que juegan en los procesos de transformación hacia el Socialismo del Siglo XXI. A partir de la experiencia pionera venezolana con el auto-denominado Socialismo del Siglo XXI el cual lleva más de tres lustros implementándose, este capítulo analiza el alcance y los dilemas de la democracia participativa para lograr la inclusión de los sectores excluidos: ¿en qué medida el modelo (*) Versiones de este capítulo fueron presentadas en el Taller “From Resistance to Neoliberalism to the Second Wave of Incorporation; Comparative Perspectives on Reshaping the Political Arena in LA”. Tulane University (24-27 Oct. 2012) y en el Seminario Internacional “Estado, Democracia e Participacao Popular na América Latina”, Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ/FFP (15-16 Sept. 2015) 1 Estas propuestas organizativas han tendido a excluir a las clases medias quienes desde la aprobación de la segunda ley habilitante concedida por un año (2000-2001) por la Asamblea Nacional y mediante la cual se dictaron numerosas leyes que afectaban negativamente a estos sectores, iniciaron movilizaciones que llevaron incluso al golpe de Estado de abril de 2002 contra el Presidente Chávez.

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de democracia participativa venezolano que discursivamente debería romper con la lógica del modelo neo-liberal y de la democracia representativa ha contribuido al reconocimientoinclusión-y participación de los sujetos excluidos tales como los sectores populares, los indígenas y las mujeres, entre otros, sin excluir a los sujetos previamente incluidos?, A pesar que el

énfasis del trabajo es en el periodo 1999-2014, se describirá

brevemente el periodo precedente (1958-1999) dada la importancia que las organizaciones populares y los movimientos sociales tuvieron en la transformación constitucional del modelo de democracia2. Las formas de incorporación de las organizaciones y movimientos sociales y sus demandas durante el periodo 1999-2014 son diversas y en ocasiones no responden a una dinámica solo desde de arriba o solo desde abajo pues se presentan formas mixtas. No obstante, con propósitos analíticos se pueden agrupar al menos en dos tendencias: 1) la incorporación desde abajo resultante de su movilización y participación activa en el Proceso Constituyente que dio origen a la Constitución Bolivariana de 1999 y 2) la incorporación desde arriba promovida por el Presidente Chávez como parte de su Proyecto Revolucionario Bolivariano. Esta última modalidad tiene dos vertientes: la creación de las organizaciones sociales bolivarianas y la puesta en práctica de políticas sociales en gran escala denominadas “Misiones Sociales”. Por su parte, muchos movimientos sociales pre y post Chávez rechazan la incorporación desde arriba oponiéndose al modelo “neo-extractivista” plasmado en los planes de desarrollo económico y social de la nación los cuales consideran desarrollistas. Ello ha generado serios conflictos especialmente con el movimiento socio-ambiental que articula a los movimientos indígena, ambientalista y de derechos humanos. A diferencia de las organizaciones sociales, estos movimientos utilizan una dinámica movilizadora para defender sus derechos constitucionales los cuales consideran amenazados, no por el modelo político el cual comparten en la mayoría de los casos, sino por el modelo económico que orienta los planes y las políticas de desarrollo nacional. Estos movimientos no responden al modelo de incorporación propuesto desde el gobierno para las organizaciones sociales pues 2

La información utilizada procede fundamentalmente de los resultados del proyecto FONACIT/ GAUS-USB (2000-2010), “La Constitucionalización de nuevas ciudadanías y conflictos post- constituyente” y de la base de datos hemerográfica, documental y de entrevistas sobre los Comités de Tierra Urbana, Consejos Comunales y Comunas levantada a lo largo del periodo 2002-2014 dentro del proyecto “Las Organizaciones Sociales Bolivarianas” (GAUS-USB , 2001-2014)

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consideran que es suficiente el reconocimiento constitucional de sus demandas; por tanto, propugnan una relación directa con el gobierno pues temen que su institucionalización puede estimular el burocratismo y la cooptación tal como viene ocurrido con muchas de las organizaciones bolivarianas.

Organizaciones populares reformistas: la “democratización de la democracia,” 1958-1988 Al final de la dictadura del general Juan Vicente Gómez en los 1930s emergieron las primeras organizaciones populares en los barrios de Caracas exigiendo los derechos democráticos. Sin embargo, estas organizaciones populares terminaron organizándose alrededor de los incipientes partidos políticos quedando desactivadas hasta la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 cuando volvieron al escenario político. El evento que originó su reaparición fue el Plan de Emergencia para aliviar el desempleo que consistió en la repartición del “Bono de Desempleo” en los barrios populares de Caracas por parte de la Junta de Gobierno provisional (1958-1959) presidida por

el Almirante Wolfang

Larrazábal. Este plan populista de la naciente democracia dio origen a las Juntas comunales encargadas de distribuir dicho bono en los barrios populares de la ciudad. El Plan de Emergencia duró apenas unos meses pues en agosto de 1959 el gobierno elegido de Rómulo Betancourt lo eliminó al hacerse oneroso económicamente debido a la magnitud de los migrantes del medio rural que llegaron a instalarse en los cerros de Caracas atraídos por la caída de la dictadura y, sobre todo, por la repartición del bono. A pesar de su corta duración, este Plan contribuyó a que el actor popular naciera cooptado debido a las practicas populistas y clientelares que desplegaron los partidos políticos en el poder. Cónsono con el Pacto de Punto Fijo (Rey, 1989), la democracia inaugurada con la Constitución de 1961 fue de carácter representativo y su enfoque liberal sacrificó la participación ciudadana a favor de la estabilidad política. Esto significó que los partidos políticos fueran el eje de la representación y que en esta alianza no figuraran interlocutores provenientes de la sociedad organizada que no fueran los incluidos en dicho pacto (militares, empresarios, sindicatos, iglesia tradicional y partidos políticos). En la década de los años setenta surgen las asociaciones de vecinos en las urbanizaciones de clase media (Lope Bello, 1979, Santana, 1986, 1988; García-Guadilla, 3

2002, 2005) con el objetivo de defender los espacios que habitaban lo que frecuentemente significó la exclusión de los sectores populares de tales espacios mediante las luchas dirigidas a impedir la instalación de servicios de infraestructura masivos y de vivienda pública de alta densidad que afectaran la exclusividad, privacidad y calidad de vida de su hábitat local. Frente a la falta de mecanismos legales e institucionales para lograr la participación por la defensa de estos intereses de clase, estas asociaciones de carácter vecinal se agruparon en la

Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas

(FACUR) las cuales se multiplicaron en las principales ciudades del país sobre todo en Caracas y constituyeron el germen de lo que desde fines de los años setenta hasta fines de los noventa se autodenominó como el Movimiento Ciudadano. Sin embargo, dicho movimiento trascendió los intereses particulares y de clase de las asociaciones de vecinos al ampliar su objetivo hacia la “profundización o democratización” de la democracia. Desde fines de los años setenta existían también algunas formas organizativas tipo asociaciones de vecinos en los sectores populares conformadas en “Juntas de Desarrollo y Pro-mejoras” las cuales estaban sometidas a las tensiones del clientelismo y la cooptación política por parte del partido político de turno. Adicionalmente, había comités (entre otros de salud y mujeres), centros de servicios y otras instancias organizativas de carácter más autónomo que aglutinaban a las distintas expresiones del tejido social preexistente en los barrios populares. Las demandas de ambos tipos de organización se dirigían a reducir la pobreza y desigualdad dentro del modelo que proponía la CEPAL sin cuestionar ni el modelo capitalista ni el enfoque predominantemente “desarrollista y funcionalista” que predominaba en América Latina para ese momento. En los años ochenta y noventa, las organizaciones populares autónomas que funcionaban también como movimiento social se asociaron al objetivo democratizador del Movimiento Ciudadano liderado por FACUR y en respuesta a tales demandas se crea la Comisión de Reforma del Estado en 1994 la cual elaboró una propuesta que se mantuvo congelada en el Congreso Nacional hasta 1989 cuando frente a la grave crisis política fue aprobada por decreto presidencial de Carlos Andrés Pérez (Gómez Calcaño y López Maya, 1990; Combellas, 1993; García-Guadilla y Roa 1996) . También a lo largo de la década de los años ochenta, los movimientos sociales emergentes (ambientalista, de mujeres, indígena y de derechos humanos entre otros) se 4

sumaron a las demandas del movimiento ciudadano por considerar que la democratización era una condición sine-qua-non para su reconocimiento como actores y para la institucionalización de sus demandas. Paradójicamente, a pesar que en estos movimientos participaban ex miembros de algunos partidos políticos de izquierda como el MAS, el PCV y el MIR, su cuestionamiento al Estado tampoco apuntaba hacia las transformaciones estructurales o la vía revolucionaria sino hacia la reforma del Estado y la descentralización política promovidas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Organizaciones populares, movimientos sociales y anti-neoliberalismo: 1989-1998 Debido a su carácter petrolero, el anti-neoliberalismo en Venezuela se retardó casi una década con respecto a otros países de América Latina expresándose con mayor fuerza a fines de los 80`s al iniciarse la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. Este aplicó un severo programa de ajuste estructural sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el cual agudizó la pobreza y desigualdades sociales e intensificó las luchas urbanas populares (López Maya 1999, Cariola y Lacabana, 2005). Su expresión más fuerte fue “El Caracazo” o revuelta popular de febrero 1989 contra el “paquetazo” o modelo neoliberal implícito en el ajuste macroeconómico del gobierno de Pérez. Una consecuencias institucional del Caracazo fue el diseño de políticas sociales de carácter asistencialista tendientes a paliar la exclusión y pobreza resultante de las medidas macroeconómicas y así garantizar un mínimo de gobernabilidad. Otra consecuencia fue la aprobación mediante decreto presidencial a fines de 1989 de la demorada Reforma Constitucional y de las leyes descentralizadas que se discutían en el Congreso Nacional desde 1983. Esto posibilitó la elección directa de representantes en los distintos niveles de gobierno y la apertura de algunos canales de expresión al descontento contra los ajustes macroeconómicos institucionalizándose de esta forma, algunas de las demandas del movimiento ciudadano las cuales permitieron continuar la lucha por la “democratización” de la democracia. Como resultado de las leyes descentralizadoras se dio voz y espacio, aunque limitado, a las organizaciones sociales emergentes las cuales aumentaron mediante través la conformación de comités, cooperativas y asociaciones civiles del barrio en las aéreas de 5

salud, cultura 2005).

deportes, educación, jóvenes e incluso, mujeres…etc. (Garcia-Guadilla

Algunas de las organizaciones que defendían la “democracia de calle”

constituyeron el germen del “asambleísmo popular” y de la democracia directa lo cual se vino a asociar con la emergencia de un movimiento popular. Por esta razón, algunos analistas consideran que el Caracazo posibilitó el surgimiento de un movimiento popular más allá del reformismo y con mayor capacidad de transformación en la década de los noventa (Denis, 2006 ). Una de estas organizaciones fue la Asamblea de Barrios de Caracas que se fundó en el año 1991 y duró hasta 1993 y entre cuyos primeros promotores se encontraban miembros del MBR-200. Dicha Asamblea reunió a más de dos centenares de líderes de los barrios de Caracas y contribuyó significativamente a la definición y articulación de un programa de luchas de los barrios de Caracas. Al desactivarse la Asamblea de Barrios, el movimiento popular perdió un espacio importante para debatir la construcción de alternativas de incorporación de los sectores populares que trascendieran el neoliberalismo imperante. Sin embargo, dicha experiencia tuvo gran impacto en las organizaciones bolivarianas que fueron creadas posteriormente a instancias del presidente Chávez.

Según la opinión de sus fundadores y activistas,

constituyó el germen del movimiento social popular autónomo y transformador visionado por el presidente Chávez . En la década de los noventa,

el movimiento ciudadano y los movimientos

ambientalistas, indígenas, de mujeres y de derechos humanos entre otros se encontraban activos a nivel nacional; también existían experiencias limitadas de co-gobierno alrededor del presupuesto participativo como las del Municipio Caroní en Ciudad Guayana durante la gestión del alcalde Clemente Scotto. En los barrios populares se desarrolló una base organizativa relativamente autónoma constituida por diversos comités (salud, deporte y mujeres por ejemplo), el movimiento cooperativo, las comunidades cristianas de base. Muchas de estas organizaciones y redes populares cuestionaban estructuralmente la falta de mecanismos constitucionales para la participación y expresión de sus demandas frente a los agudos conflictos existentes por lo que en 1998, el Comandante Hugo Chávez incorporó en su agenda política como candidato a la presidencia de la Republica, las demandas por el reconocimiento y la democracia participativa que venían haciendo estas organizaciones. Dicha agenda también incluía la creación de un nuevo orden o proyecto de incorporación 6

anti-neoliberal contemplándose la democracia participativa y la inclusión social como los medios para empoderar al Pueblo en su sentido más general. Con esta agenda, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998.

Modos de Incorporación Post-neoliberales, 1999-2014

Incorporación desde abajo: La Constitución Bolivariana de 1999 La Constitución de 1999 se convirtió en el vehículo para la inclusión o el otorgamiento de los derechos de ciudadanía de los sectores populares excluidos históricamente y, en general, de las organizaciones y los movimientos sociales preexistentes. Estas organizaciones y movimientos que desde 1992 venían demandando mayor participación y nuevos derechos junto con la ampliación de los existentes, participaron activamente sin distingo de clase social en la oportunidad abierta por el proceso constituyente que las incorporó y reconoció como actores esenciales del mismo. Además de la inclusión, la constitución de 1999 definió un nuevo orden, se incluyó un enfoque de derechos y se propiciaron nuevos modelos de organización comunitaria para reclamar tales derechos. Aunque incluyó la democracia representativa, privilegió la denominada democracia participativa institucionalizando la participación como uno de los objetivos de las políticas públicas y otorgando un poder protagónico a las organizaciones y movimientos sociales que supuestamente encarnan al Pueblo Soberano, sujeto fundamental del Poder Popular. Junto con la ampliación de los derechos cívicos y políticos que ya existían en la constitución de 1961, se expandieron los derechos civiles y políticos y se incluyeron nuevos derechos sociales, económicos ambientales, indígenas y de género entre otros (García-Guadilla y Hurtado, 2000 ; García-Guadilla 2002 ). Debe destacarse que a partir de 1999, el reconocimiento constitucional del Sujeto popular y de nuevos derechos junto con la inclusión de la democracia participativa como la forma constitucional de dirimir los conflictos y definir las política públicas no solo recrearon un contexto legal, político y social diferente del periodo anterior sino que abrieron la posibilidad de crear nuevas formas de incorporación más institucionalizadas.

Incorporación desde arriba: La explosión de la organización popular 7

La falta de credibilidad en los partidos políticos y sobre todo la necesidad de contar con una base social organizativa propia para llenar este vacío y apoyar su

proyecto

político, llevó al Ejecutivo a visibilizar a las organizaciones y a los movimientos sociales en vez de a los partidos políticos como los interlocutores y destinatarios de la “refundación de la República”. Con ello surge un segundo modo de incorporación pues se hizo necesario crear un movimiento popular fuerte que permitiera la construcción de hegemonía para lograr las transformaciones sociales implícitas en el Proyecto Revolucionario Bolivariano y hacerle frente a la debilidad organizativa del chavismo y al descrédito de los partidos políticos incluyendo el MVR el cual vino a substituir al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) que fue la primera expresión política del movimiento liderado por Hugo Chávez. Tal como lo señaló el presidente en 2005, era necesario contar con la base social para “construir el Socialismo del Siglo XXI”. Desde el punto de vista ideológico, esta base social organizada encarnaría el Proyecto Revolucionario Bolivariano y constituiría el sujeto concreto de la democracia participativa. Por ello, en este segundo modo de incorporación, no solo se reconoció a las organizaciones y movimiento sociales como los interlocutores legítimos de la democracia participativa constitucional sino que también se les asignó un rol estratégico como lo fue la construcción del Poder Popular, sobre todo en el caso de las organizaciones populares. De esta forma, la promoción de organizaciones sociales pasó a formar parte de las políticas del gobierno con el fin de hacer realidad los derechos de ciudadanía inscritos en la Constitución de 1999, sobre todo los vinculados con el derecho al hábitat y al habitar; es decir, el reconocimiento de los asentamientos informales, la regularización de la tenencia de la tierra, el ordenamiento del hábitat de los barrios populares y la dotación de los servicios básicos, de infraestructura social y de una vivienda adecuada. Cabe destacar que si bien este modo de incorporación ha supuesto la promoción o incorporación del sujeto popular “desde arriba” mediante la promoción activa de organizaciones sociales, en algunos casos, la dinámica organizativa ha escapado al control desde arriba generándose una dinámica propia desde abajo que se parece más a la de los movimientos sociales 3.

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Estas organizaciones sociales, de carácter permanente y relativamente institucionalizadas y cuyo ámbito de actuación se limita a lo comunal o a lo local, se definen por sus objetivos puntuales y aunque se inscriban dentro de un proyecto de transformación social como es el caso de las organizaciones bolivarianas, sus objetivos no trascienden del mejoramiento físico y de la calidad de vida de su entorno; pueden compartir o no

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La promoción y creación de las organizaciones sociales por parte del Presidente Chávez trajo como consecuencia que a partir del año 2000 emergiera “un amplio, heterogéneo y difuso tejido social popular que se ha caracterizado no tanto por su continuidad orgánica sino por su capacidad de reunirse, movilizarse y responder ante cambiantes coyunturas” (Lander, 2011). Este extenso tejido social comprende tanto a las organizaciones sociales que tienen como objetivo la incorporación de los sectores populares y organizados en la gestión comunitaria local como a los movimientos sociales donde se distinguen dos grupos: los anteriores a 1999 y los movimientos surgidos al calor del proyecto bolivariano del Presidente Chávez. Además de participar en la gestión de su hábitat de modo de garantizar los derechos de ciudadanía vinculados con la satisfacción de los servicios básicos y de infraestructura social, las organizaciones bolivarianas representan una base importante de apoyo a las Misiones o programas sociales del gobierno que constituyen otra forma de inclusión vinculada con la apropiación de los beneficios del petróleo ya que están dirigidos a resolver las necesidades básicas de los sectores populares de forma asistencialista (D´Elia,2006). Dichas organizaciones populares tienden a diferenciarse según su nivel de politización, el ámbito en que actúan, las características de sus miembros incluyendo su experiencia organizativa previa, la reproducción o no de prácticas clientelares con el Estado y su potencial de cooptación sobre todo en aquellos casos en que las organizaciones son financiadas por el gobierno . La promoción gubernamental de las organizaciones sociales populares ha tenido un carácter clientelar-asistencialista lo que ha resultado frecuentemente en la cooptación por parte del gobierno, el PSUV o de otras instancias ideológicas como el Frente Francisco de Miranda. Además, en el caso de muchas de las organizaciones sociales a las cuales se les otorgó financiamiento, se observa falta de transparencia en la rendición de cuentas y corrupción lo cual ha tendido a frenar el surgimiento de un genuino movimiento social popular de carácter autónomo.

la ideología bolivariana. Entre los opositores al proyecto bolivariano se encuentran la mayoría de las antiguas asociaciones de vecinos y algunas organizaciones no gubernamentales que se identifican con la clase media y la oposición política. Los movimientos sociales se definen sobre la base de su identidad, estrategias de movilización, y sobre todo autonomía entendida como la capacidad de tomar decisiones propias. Además de auto-organizarse desde la base, tienden a un bajo grado de institucionalización.

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Los Círculos Bolivarianos: ¿politización de la organización popular? Estas organizaciones populares representaron el primer intento por incorporar a los sectores populares a la participación y el protagonismo; sin embargo, se trata de una incorporación principalmente política. Al llegar al poder, el presidente Chávez convocó el apoyo político del MBR-200 con el fin de crear un contra-movimiento capaz de hacer frente a los partidos políticos y organizaciones sociales que se oponían a su proyecto (García-Guadilla, 2003) lo que llevó a transforma el MBR-200 en un mecanismo cívicomilitar de respaldo al proceso revolucionario. En el año 2000, el presidente Chávez lanzó la idea de los Círculos Bolivarianos los cuales fueron creados en el 2001 por Decreto Presidencial y, según el propio presidente, se fundamentaban el Art. 52 de la Constitución Bolivariana. Con el fin de fortalecer el proceso revolucionario a través del apoyo popular y de la participación del pueblo en la gestión del gobierno de modo de hacer efectiva la democracia participativa y protagónica, también convocó a las mujeres, campesinos, estudiantes y “trabajadores honestos y patriotas” (Aló Presidente, 10/06/2001). Los Círculos Bolivarianos fueron el primer tipo de organización para promover la inclusión ya que entre sus objetivos formales se encontraba debatir los problemas de la comunidad y buscar soluciones canalizándolas a través de los organismos oficiales. Los Círculos fueron adscritos al Ministerio de Secretaria de la República; muchos de miembros provenían del MBR-200 o habían participado en las Asambleas de Barrios lo cual hizo que nacieran estrechamente vinculados con la ideología bolivariana y con el partido (Movimiento V República, MVR) que el Presidente Chavez creó para ganar sus primeras elecciones.

Ello llevó a privilegiar en mayor grado la “identidad” política

implícita y los objetivos de formación, movilización y apoyo a la gestión del gobierno gravemente amenazada por el golpe de estado en el 2002 perpetrado por la oposición política que los objetivos sociales para los que fueron formalmente creados.

Según

Hawkins and Hansen (2006), los Círculos Bolivarianos no están basados en la “clase de autonomía que la democracia requiere” (p.127) y funcionan con criterios clientelares para transferir recursos por lo que se les califica como instancias populistas (Hawkins, 2003; Arenas y Gómez Calcaño, 2006, De la Torre, 2013); además tienen un bajo grado de institucionalización,

funcionan más como movimiento político, se relacionaban

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directamente con el líder carismático (Chávez) y no tienen identidad o fines propios más allá de los del líder (Hawkins, 2010). Su periodo de mayor actividad fue de 2001-2004 cuando jugaron un rol político importante dentro del clima de aguda polarización existente motorizando numerosas movilizaciones a favor del Presidente Chávez contra el golpe de Estado de 2002 (Hawkins y Hansen 2006). Aunque han perdido vigencia como figura organizativa de los sectores populares, todavía están vigentes como instancias políticas.

Las Mesas Técnicas, los Comitès y los Frentes: participación en ámbitos limitados Uno de sus antecedente son las Asambleas de Barrio bajo el gobierno municipal de Aristóbulo Istúriz (Arconada, 1996). A partir de 2001, el gobierno estimuló la creación de organizaciones comunitarias para que fueran interlocutoras de sus políticas públicas en las áreas de servicios básicos como el agua, vivienda, salud, alimentación entre otras ..etc. Las Mesas Técnicas del Agua fueron creadas en 2001 con base en la Ley Orgánica para el Servicio de Agua Potable y Saneamiento (LOPSA) como espacios de democracia directa para la gestión directa de servicios específicos a nivel comunitario (Lacabana y Cariola 2005; Arconada, 2005); por esta razón, su alcance o ámbito territorial es muy limitado. Estas mesas a las que posteriormente se sumaron otras como las de energía, transporte, telecomunicaciones e informática y desechos sólidos entre otras aún están activas (Cariola y col. 2010) aunque de acuerdo al proyecto organizativo que supuso la creación de los Consejos Comunales en 2006, deben incorporarse a la estructura de los consejos comunales.

Los Comités de Tierra Urbana: incorporación de las identidades socio-territoriales y socio culturales. Los Comités de Tierra urbana (CTU) constituyen uno de los modos de incorporación con mayor potencial de inclusión y de autonomía. Si bien tienen como antecedente el movimiento de pobladores implícito en la Asamblea de Barrios, formalmente se constituyeron como nuevas formas de organización dirigidas a los sectores populares y creadas mediante el Decreto Presidencial 1666 en el año 2002 con el objetivo de regularizar la tenencia de la tierra y garantizar el derecho a la vivienda que sanciona la 11

Constitución de 1999. Implican el rescate para los sectores populares de los derechos de ciudadanía incluyendo el derecho a la ciudad y el reconocimiento de sus identidades socioterritoriales y culturales (Antillano, 2005; García-Guadilla, 2011). A pesar de

que se trata de una organización formal creada por el decreto

presidencial, en ocasiones su dinámica organizativa ha escapado al control desde arriba generándose una dinámica propia desde abajo sobre todo en los conflictos frente al estado. Pueden comportarse como movimiento social en la medida que reivindican la no interferencia del Estado en los procesos de decisión y rechazan el

financiamiento

gubernamental para evitar ser cooptados; incluso, de forma temporal y coincidiendo con momentos de crisis política o electorales, pueden comportarse como movimiento político. Su identidad socio-cultural se asocia con el territorio que ocupa una pluralidad de personas diversas: se reivindica el barrio en sus dos aspectos territorial y cultural (Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana 2004: 7). Adicionalmente, en sus luchas se expresa una identidad de clase social pues es, justamente, en su condición de clase excluida de la ciudad formal que ha tenido que construir su propio hábitat, donde reside el elemento identitario de los CTU. Además de luchar contra la exclusión social, política y económica; exigen participar en los procesos de toma de decisiones abogando por una democracia de la diferencia o de la igualdad compleja (Hopenhayn, 2000: 116). Dada la conexión entre las demandas y los conflictos “políticos” en los que participan los CTU el reclamo por el derecho a una vivienda digna (que incluye el derecho a la propiedad de la tierra) pasa por la participación en los procesos de diseño de políticas y de planificación de la ciudad; es decir, se transforma en la lucha por el ejercicio de un derecho político como lo es el derecho a la participación para incidir en los asuntos de la Polis.

Ello es resultado del carácter antagónico de sus demandas que expresan la

resistencia al discurso dominante y la posición de subordinación que mantienen los habitantes de los barrios pobres con la ciudad. A pesar de haber sido promovidos por el gobierno, los CTU se consideran autónomos por la autogestión y por la independencia del Estado en los procesos de decisión; es decir, por su participación e impacto en las políticas del Estado y por la posibilidad de plasmar su proyecto de sociedad alternativo en dichas políticas. Su negativa y falta de personería jurídica para recibir recursos económicos directamente del Estado, han 12

dificultado las prácticas neo-clientelares; además, la identidad colectiva y el enfoque de derechos que detentan les han permitido mantener una mirada crítica y pedir la rendición de cuentas al gobierno sobre los recursos que éste destina para satisfacer sus demandas. Sin embargo, existen tensiones y contradicciones en lo que respecta a la autonomía; los partidos políticos pro-chavistas como el extinto MVR y actualmente, el PSUV, e incluso el propio Presidente,

frecuentemente los han utilizado como clientela política movilizándolos

electoralmente en apoyo al Presidente o a su proyecto político. (García-Guadilla 2011). En la medida que la polarización y la crisis política se han agudizado existe el riesgo que estas “lealtades” políticas temporales se conviertan en permanentes y desplacen a las identidades colectivas de los CTU dada la presión para que sus coordinadores y miembros se inscriban y participen activamente en los partidos políticos afines al proceso. Otro factor que atenta contra la sobrevivencia de los CTU es la institucionalización de los Consejos Comunales creados en 2006 a cuya estructura deberían incorporarse según la ley. Sin embargo, aunque disminuidos en número, todavía coexisten algunos CTU autónomos conformados en red que despliegan prácticas de movimiento social sobre todo en el Área Metropolitana de Caracas.

Los Consejos Comunales: ¿poder popular o nuevos populismos? Dentro de la amplia variedad de organizaciones sociales promovidas por el Presidente Chavez son quizás los Consejos Comunales (CC) creados formalmente en 2006, las organizaciones más relevantes que existen en los barrios populares en cuanto a su número, funciones y monto del financiamiento otorgado por el gobierno para proyectos comunitarios (García-Guadilla 2008). En contraste con las demás organizaciones, la Ley de los Consejos Comunales de 2006 los privilegia como la instancia de organización comunitaria par a gestión de las políticas públicas y dada su adscripción a la Comisión Presidencial del Poder Popular, los considera el eje donde discursivamente se ancla el Poder Popular. Además, contemplan la posibilidad de incorporar en su seno a través de Comités, a las otras organizaciones existentes en el espacio comunitario. También fueron definidos por el presidente Chávez como las “unidades primarias de un nuevo orden sociopolítico” enfocado a la solución de los problemas de la comunidad y como el “poder popular en marcha, la democracia 13

participativa” (Aló Presidente, 9/4/2006) pues a través de ellos debía ejercerse la soberanía del “pueblo” al que se considera como el sujeto histórico del proyecto socio-político y popular chavista. A comienzos del 2007, cuando se radicaliza el proceso, se les definió como el sujeto revolucionario por excelencia y la piedra angular para construir el Poder Popular y hacer las transformaciones necesarias para concretar la revolución bolivariana y así, arribar al Socialismo del Siglo XXI . Aunque comparten con los CTU la incorporación socio-territorial, política y sociocultural, en contraste con éstos, pueden recibir recursos públicos o financiamiento para la autogestión y ejecución de proyectos comunitarios; también se les permite administrarlos, y ejercer la contraloría social de manera directa (García-Guadilla, 2013). Desde la oposición política e incluso, desde algunos de los voceros y organizaciones afines al proceso bolivariano como los CTU, se ha puesto en tela de juicio este manejo directo de los recursos otorgados por el Estado ya que no existe independencia de la función de contraloría social. También se ha cuestionado su pretendida autonomía y se duda de su capacidad para incluir a todos los ciudadanos independientemente de su ideología y clase social (Álvarez y García-Guadilla, 2011) Si bien originalmente los CC fueron propuestos para todos los grupos sociales y sin distingo ideológico, la aguda polarización política existente junto con la Ley Orgánica de los CC de 2009 que los define como “parte del proyecto socialista”, los ha ido identificando con el oficialismo. Cada vez con mayor frecuencia se exige la afiliación ideológica y política de los miembros para obtener los recursos económicos que otorga el gobierno y cuanto mayor es la dependencia de tales recursos, más probable es la cooptación y aparición de relaciones neo-clientelares (García-Guadilla, 2002). Su adscripción directa a los organismos que otorgan los recursos económicos estimula este tipo de relaciones y los hace más vulnerables a las presiones del gobierno para movilizase en los procesos políticoelectorales (GAUS-USB, 2001-2013). A pesar de estas presiones, existen consejos comunales que defienden su autonomía para tomar las decisiones propias sin las intermediaciones de los partidos políticos o del Estado. En ese sentido se acercan más a la noción de movimiento social. Se trata por ejemplo del Frente Nacional Comunal Simón Bolívar y del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora los cuales se auto-definen como parte del Poder Popular pero han 14

adoptado también la figura de Consejos Comunales para recibir el apoyo financiero del gobierno que según ellos “les corresponde aunque defienden la autonomía (Conclusiones I Encuentro Nacional de Consejos Comunales, 2007 ). Otros CC con “doble membresía” son los Comités de Salud, Cultura, Mujeres y otras organizaciones de base popular quienes si bien mediatizan políticamente sus demandas específicas cuando actúan como parte de los CC, tienden a comportarse como movimiento social cuando se agrupan en redes y se orientan hacia reivindicaciones específicas de género o culturales logrando

en ocasiones, trascender la polarización

ideológico-política. Una de los objetivos compartidos por estos CC/movimientos sociales es “ planificar acciones contra …. la criminalización de la lucha popular o de la protesta ” por parte del gobierno (1era Asamblea de Movimientos Populares Revolucionarios, mayo 2012.)

La Comuna: hacia el Estado Comunal La Constitución Bolivariana de 1999 no hizo mención expresa al término Comuna por lo que la derrota del referéndum de 2007 donde se incluía una nueva geografía del poder basada en la noción de comuna y la necesidad de darle un piso legal a esta figura, llevaron a que tales objetivos se vertieran, e incluso se ampliaran, en las leyes del Poder Popular del año 2010. Según la Ley Orgánica de las Comunas (LOC, 2010), el poder popular derivado del poder constituyente y encarnado según la constitución en el Soberano, el cual es ejercido a nivel local por la agregación de los Consejos Comunales (CC) que se crearon formalmente en 2006 y de otras organizaciones comunitarias como las Mesas Técnicas del Agua, los Comités de Tierra Urbana y los Comités de Salud entre otras, daría la posibilidad para expresarse en niveles superiores con el fin de construir el Estado Comunal cuya célula fundamental sería la comuna. La democracia participativa expresada en los autogobiernos comunales sentaría las bases de la sociedad socialista en Venezuela (artículo 4 de la LOC) ya que tal como lo expresó Hugo Chávez “ La comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo”. (Citado por Martha Harnecker,2009: Hugo Chávez, Aló Presidente Teórico, No1, 11 junio 2009). La Comuna se viene promoviendo desde el gobierno en los diferentes planes de desarrollo económico y político como la forma de organización económica, social, política 15

y territorial para construir el Estado Comunal mediante la participación en definición, diseño, gestión y evaluación de las políticas, planes y programas de los niveles que trasciendan la escala micro-local y local como lo son el nivel urbano, regional y nacional. Sin embargo, no está surgiendo producto de la democracia participativa sino que está siendo promovida desde arriba; además, tal tipo de democracia no ha logrado trascender a los niveles superiores como es su objetivo. El Plan de la Patria o II Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar para el período 2013-2019 prevé la conformación de tres mil comunas a nivel nacional. No obstante, en la actualidad no existen más de 250 comunas que cumplan con los requisitos formales. La mayoría de las comunas se encuentran “en construcción” o son “salas de batalla social”, términos para denotar a las agregaciones de consejos comunales y otras organizaciones a las cuales les falta algún requisito para constituirse como comunas sea la territorialidad dada por la continuidad y contigüidad espacial basada en una historia común compartida, sean la instancias para el autogobierno como el Parlamento Comunal, sean los proyectos de auto-sostenibilidad económica o autogestión productiva que definen el modelo económico de economía social comunitaria (García-Guadilla y Álvarez, 2013, GarcíaGuadilla 2014ª) . Estas dificultades limitan sus potencialidades para articularse territorial, política y económicamente y sobre todo, cumplir con el ejercicio directo “de funciones en la formulación, ejecución y control de la gestión pública” (art. 7 de la LOC). Adicionalmente, no existe consenso sobre la pertinencia de la Comuna ni entre lo adeptos al gobierno ni en los sectores populares; más aún, el modelo de Estado Comunal estaría excluyendo a aquellas organizaciones comunitarias que no comparten ideolólogicamante el modelo socio-económico implícito y que por tanto se oponen a las comunas. Incorporación desde arriba: Las Misiones Sociales Un tercer modo de incorporación “desde arriba” no muy diferente del modelo asistencialista-populista propuesto por Carlos Andrés Pérez en su primera presidencia, es el de las Misiones Sociales. A fines de 2001, la aprobación por Decreto presidencial del paquete de leyes que se dirimía de forma participativa en la Asamblea Nacional abrió el paso a una severa crisis política que llevó a la oposición política a un golpe de estado y posteriormente a plantear un referéndum revocatorio presidencial. La estrategia 16

gubernamental para enfrentar esta crisis y aumentar su legitimidad de modo de neutralizar el referéndum fue el despliegue de políticas asistencialistas denominadas Misiones Sociales las cuales iban dirigidas a desactivar el descontento existente por los déficits en los servicios básicos (salud, educación) y la escasez de alimentos. De forma paralela a la promoción de las organizaciones sociales bolivarianas, el gobierno estimuló la incorporación de los sectores populares mediante la creación de estas misiones con el fin de reducir la pobreza y enfrentar la desigualdad social y la exclusión. Este modo de incorporación ha generado prácticas clientelares y la exclusión de quienes no concuerdan ideológicamente con el gobierno.

Movimientos sociales de resistencia al modelo de desarrollo económico Si bien parte de los movimientos sociales se desmovilizaron una vez lograda la institucionalización de sus demandas en 1999, otros continuaron expresándose con mayor fuerza, en el espacio público político como es el caso del movimiento socio-ambiental resultante de la articulación de los movimientos ambientalista, de derechos humanos e indígena, quien, al igual que en Ecuador y Bolivia, ha desafiado el modelo de desarrollo extractivista basado en los hidrocarburos (García-Guadilla, 2014) . El movimiento socioambiental se ha movilizado alrededor de los derechos constitucionales al territorio, a la identidad, a las ciudadanías diferenciadas y a un ambiente sano entre otros. A pesar de su agenda contra el neoliberalismo y la globalización, ha cuestionado severamente al gobierno y se ha movilizado contra los graves efectos ambientales y sociales del

modelo

“desarrollista y extractivista” expresado en los planes de desarrollo nacional. También ha cuestionado al modelo de desarrollo por no ser producto de la democracia participativa sino que fue impuesto desde arriba 4. Según el movimiento socio-ambiental, a pesar del fuerte discurso anti-neoliberal, anti-capitalismo, anti-imperialismo y anti-globalización del gobierno, algunas de las políticas y planes que se desprenden del modelo económico propuesto son desarrollistas y . El movimiento socio-ambiental el modelo bolivariano porque “no sólo mantiene el viejo paradigma, sino que profundiza el modelo de desarrollo capitalista y neoliberal basado en la sobre-explotación de los recursos naturales, donde lo ambiental está totalmente subordinado y la participación protagónica de las comunidades y movimientos sociales se desestima..” (www.amigransa.blogia.com). 4

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representan la continuación e, incluso, la acentuación de la lógica del capitalismo industrial y de la globalización que tantos impactos negativos ha traído en las comunidades más vulnerables (Lander,2011ª; Garcìa-Guadilla, 2013ª). Paradójicamente, este modelo económico que ocasiona exclusión y fuertes impactos negativos sociales y ambientales constituye la herramienta principal en la lucha contra el neoliberalismo. Por esta razón, su implementación ha ocasionado fuertes conflictos entre el gobierno y los movimiento sociales quienes se han manifestado en contra de tal modelo independientemente que muchos de sus miembros apoyan políticamente al Presidente Chávez. Sin embargo, el carácter reactivo de sus demandas al menos en la actual coyuntura política y el rechazo y criminalización de sus protestas por parte del gobierno, resulta poco factible que ese trasformen en el Poder Popular visionado en la Constitución.

Conclusión: De la Exclusión Neoliberal a una Incorporación o Inclusión Postneoliberal Excluyente, Tutelada y Paralela El “puntofijismo” excluyó a los sectores populares de los pactos fundacionales de la democracia representativa a pesar de su importancia numérica y de sus luchas junto al movimiento ciudadano por la reforma del Estado y por la “profundización de la democracia” y, después de 1989, de su rechazo a los programas de ajuste estructural propuestos. A partir de 1990, la resistencia frente al modelo neoliberal llevó a crear espacios organizativos en los barrios populares como las Asambleas de Barrio cuyos miembros, se reconformaron en algunas de las organizaciones posteriormente promovidas por el Presidente Chávez como los Círculos Bolivarianos para incorporar a dichos sectores. Entre 1999 y 2013, pueden identificarse al menos tres modelos de incorporación de los sectores populares. El primero, es el modelo constituyente. Este significó el reconocimiento, legitimación y protagonismo constitucional de dichos sectores y que si bien venía siendo promovido desde abajo, la oportunidad política para implementarlo fue dada por la coyuntura chavista y por el propio presidente Chávez quien convocó al proceso constituyente.

Si bien la Constitución de 1999 otorgó reconocimiento y legitimidad

constitucional a todos los sectores de la sociedad, el proyecto bolivariano implícitamente definió al sector popular, otrora excluido, como el protagonista e interlocutor por excelencia con el Estado en su proyecto de trasformación social excluyendo prácticamente 18

desde sus inicios, a la clase media en las modalidades propuestas para tal incorporación. El segundo modelo de incorporación es la inclusión tutelada y excluyente; tutelada porque se basa en la creación y promoción de organizaciones por parte del presidente Chávez para ejercer la democracia participativa y excluyente porque los objetivos de control político y movilización llevaron a excluir los no alineados ideológicamente, a la continuidad de las prácticas populistas y a cercenar la democracia representativa a nivel local e intermedio. Mas aun, en algunos casos estas modalidades de incorporación han comprometido la autonomía frente al Estado con algunas prácticas que estimulan la cooptación, en la rendición de cuentas es más frecuente la corrupción que la transparencia y persisten prácticas clientelares. Ello se debe a que las prácticas están atravesadas por las contradicciones que implican el proceso de transformación social bolivariano dentro de una sociedad profundamente polarizada como lo es la venezolana.

En teoría, tales organizaciones

enriquecen el concepto de ciudadanía y estimulan la emergencia de subjetividades sociales asociadas con identidades socio-territoriales basadas en la diversidad cultural y democratización de la sociedad y con nuevas dimensiones como la inclusión en los aspectos materiales y post-materiales, la igualdad dentro de las diferencias y pluralidad cultural, y la participación en los procesos de toma de decisiones. En la práctica, se observan exclusiones por razones ideológicas no solo de los opositores políticos pertenecientes mayormente a las clases medias y alta sino también de aquellos sectores populares que no concuerdan ideológicamente con el proyecto chavista. Existen fuertes tensiones entre los objetivos de hacer realidad los preceptos constitucionales de la inclusión, la equidad y la participación y la constatación empírica del autoritarismo y la exclusión por razones políticas. También existen tensiones entre los objetivos de autogobierno y autonomía de las organizaciones y los requerimientos de control, apoyo y movilización partidaria que llevan al gobierno a estimular la cooptación política y las prácticas clientelares. En última instancia, esto produce la exclusión de todos aquellos no alineados ideológicamente con el Proyecto Revolucionario Bolivariano. El tercer modelo de incorporación es el asistencialista paralelo que se expresa en una gran diversidad de programas sociales paralelos trayendo como consecuencia la creciente debilidad de las instituciones formales del Estado debido al solapamiento de funciones y a 19

la competencia por financiamiento entre ambas. Este modelo no escapa a las prácticas asistencialistas-populistas que estimulan prácticas clientelares, la cooptación política y excluyen a los no afines ideológicamente. En síntesis, los modos de incorporación de los sectores populares reflejan una inclusión que implica la satisfacción de las necesidades básicas y materiales pero que no contempla las necesidades post- materiales y que además excluye a aquellos grupos de la población que no sean afines ideológicamente al gobierno, una equidad identificada con la igualdad formal difícil de concretar; decisiones asamblearias que en ocasiones vulneran el principio de la minorías, y una participación que al concentrarse en lo local no permite trascender a niveles superiores. La creación de Poder Popular autónomo, más que organizaciones estructuradas y tuteladas, requiere de movimientos sociales o de una amplia red de organizaciones surgidas desde abajo que tengan la capacidad de autonomía frente al estado en lo que respecta a la toma de decisiones estratégicas; ello, independientemente que reciban o no financiamiento del gobierno. Además deben tener la capacidad para incentivar las nuevas formas de ciudadanía y la construcción de hegemonía para la transformación social de manera de hacer realidad el Poder Popular visionado en la Constitución. La paradoja es que las organizaciones con el mayor potencial a nivel local para construir tal poder popular autónomo están siendo desmovilizadas al adscribirlas según la ley a figuras clientelizadas y politizadas como lo son la mayoría de los Consejos Comunales y más recientemente las Comunas. La paradoja que envuelve la acentuación el modelo de desarrollo extractivista es que éste sea la clave para “incluir a los excluidos” a través de la generación de la renta petrolera, principal motor que alimenta las Misiones Sociales y que financia a la diversa y compleja red de las organizaciones sociales bolivarianas. Tal modelo está hoy seriamente comprometido ante la baja de los precios del petróleo y la aguda crisis económica que atraviesa Venezuela. Otra paradoja es que sean los movimientos sociales quienes fueron los actores de la incorporación constitucional y apoyaron desde sus inicios el proyecto discursivo antineoliberal bolivariano quienes estén siendo no solo excluidos, sino también “substituidos”

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en los Foros Mundiales, Cumbres y organismos internacionales (ALBA, UNASUR) por para-movimientos afines al proceso por rechazar el modelo económico propuesto para tal incorporación. Una última paradoja es que sea un gobierno que se autodenomina de izquierda, quien tomó prestada su agenda para ascender al poder

y quien

constitucionalmente reconoció a los movimiento sociales, quien los excluya, “criminalice” sus protestas y cree organizaciones paralelas cuando éstos mantienen una posición crítica y de autonomía para exigir los derechos constitucionales. Este es el caso no solo del movimiento socio-ambiental sino también de organizaciones y movimientos sociales desplazados por este modelo de incorporación “tutelado” que para “incluir” exige la afinidad ideológica acrítica. Bibliografía Álvarez, Rosangel y María Pilar García-Guadilla (2011). “Contraloría social y clientelismo: la praxis de los consejos comunales en Venezuela”. Revista Politeia, N° 46, vol. 34. Instituto de Estudios Políticos, UCV:175-207 Antillano, Andrés (2005). “La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los comités de tierras urbanas”. Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, vol.11, nº 3, pp. 205-218 Arenas, Nelly y Gómez Calcaño, Luis. (2006). Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005. CENDES-CDCH, UCV. Arconada, Santiago (f2005). “Seis años después: mesas técnicas y consejos comunitarios de aguas”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 11(3). pp. 187-203 Arconada Rodríguez, Santiago (1996) . “La experiencia de Antímano. Reflexiones sobre algunos aspectos de la lucha por la constitución de los gobiernos parroquiales en el municipio Libertador de la ciudad de Caracas”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, no 4, Caracas, oct.-dic., 1996). Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana de Caracas (2004). Democratización de la ciudad y transformación urbana: Propuesta de los CTU a la Misión Vivienda”. Caracas. Vicepresidencia de la República, Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

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