\"Contaminación del agua por el beneficiado del café en Costa Rica entre 1840 y 1910”

C O N T E N I D O junio 2009 - Nº 37 - ISSN 1409-2158

Ambientales , revista semestral de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, fue creada en 1980. Su objetivo es estimular y difundir la investigación y la discusión científica en el campo de lo ambiental. Publica resultados de investigación referentes a situaciones ambientales y, secundariamente, ensayos teóricamente consistentes con algún enfoque científico atinentes a problemas de ese mismo ámbito temático. Se dirige principalmente, a académicos, a estudiantes de nivel superior y a funcionarios e integrantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con competencias en lo ambiental.

Revista semestral de la Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional Teléfono: 2277-3688 Fax: 2277-3289 Apartado postal: 86-3000 Heredia, Costa Rica [email protected] www.ambientico.org Consejo editor Marielos Alfaro, Universidad Nacional Gerardo Budowski, Universidad para la Paz Enrique Lahmann, UICN Enrique Leff, UNAM (México) Olman Segura, Universidad Nacional Rodrigo Zeledón, Universidad Nacional

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Editorial

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Alternativas para el mejor aprovechamiento de la electricidad en Costa Rica René Castro, José A. Porras y Gustavo Jiménez

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Producir más energía: cómo, cuándo y cuánto Leiner Vargas

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Eficiencia energética: una estrategia de política pública en Centroamérica José María Blanco

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Contaminación del agua por el beneficiado del café en Costa Rica entrte 1840 y 1910 Andrea Montero y José Aurelio Sandí

Director y editor Eduardo Mora Fotografía www.galeriaambientalista.una.ac.cr Asistencia, administración y diagramación Rebeca Bolaños

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Normas mínimas para la presentación de artículos a la revista AMBIENTALES con vistas a su publicación

Foto de portada Alfredo Huerta

634.9 C569C

Ambientales/ Escuela de Ciencias Ambientales.— No. 37 (2009) – Heredia, C.R. Semestral 1. Ecología Publicaciones periódicas. I. Universidad Nacional. Escuela de Ciencias Ambientales.

1

Editorial En este contexto nacional de efectiva ausencia de política estatal energética, entre los expertos no deja de haber consenso respecto de varios puntos álgidos referentes a qué hay que hacer: debemos ahorrar energía -particularmente electricidad-, debemos hacer que crecientemente el transporte -principalmente el público- pase a depender de la electricidad no producida con petróleo, y debemos de producir electricidad solo con fuentes renovables y no contaminantes. Pero la falta de una política energética categóricamente ambientalista, solidaria y progresista, impide que se avance por esos derroteros. La carencia de tal política hace que el consumo de energía siga aumentando, porque prácticamente no hay educación al consumidor ni decisiones tecnológicas y económicas para el ahorro, y que, además, no se fomente contundentemente la explotación creciente de fuentes de energía renovable, propias y no contaminantes, y se “pene” las de signo contrario. En un ámbito de actividad humana tan capital y dinámico como el de la producción y consumo de energía, hay conceptos muy claros en todo el orbe, como el de que la demanda de energía es ascendente y que ésta, particularmente la electricidad, es un insumo cada día más indispensable para satisfacer todas las necesidades y deseos humanos. Pero así como hay conceptos irrebatibles, y también avances tecnológicos gigantes en la esfera de la generación, el uso y el ahorro, asimismo hay permanente incertidumbre y controversia respecto de en qué fuentes y con qué tecnologías las sociedades deben de invertir y confiar en el corto y en el largo plazos. En esto incide no solo el hecho de que la investigación científica es muy copiosa, diversa y alentada por intereses distintos, lo que hace que sus resultados sean muy heterogéneos, sino también el hecho de que hay fuerzas políticas y económicas muy poderosas que pujan por opciones disímiles y hasta contrarias, las cuales ni siquiera son estables sino permanentemente cambiantes, a tono con el dinamismo del sector energético y del proceso de conocimiento científico e innovación que se da en función de él. Tal dinamismo y mutabilidad se ven ilustrados –mundialmente- por la relegitimación, que se está dando en Europa y otras regiones, de la explotación de la energía nuclear, hasta hace muy poco rechazada por todos los ambientalistas y sectores decisivos de la clase política; y nacionalmente se ven ilustrados por el despunte de la discusión sobre la pertinencia de la explotación geotérmica en áreas silvestres protegidas.

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Inicio – Siguiente Castro, R., J. Porras y G. Jiménez. “Alternativas para el mejor aprovechamiento de la electricidad en Costa Rica”, Ambientales, No. 37, junio 2009, Costa Rica. Págs. 3-12.

Alternativas para el mejor aprovechamiento de la electricidad en Costa Rica por RENÉ CASTRO, JORGE A. PORRAS Y GUSTAVO JIMÉNEZ

RESUMEN Se propone que ante la creciente demanda de energía eléctrica Costa Rica aproveche el gran potencial disponible de fuentes propias y renovables, en lugar de invertir en centrales térmicas que funcionan con recursos importados y contaminantes; y se expone las que podrían ser las limitaciones que impidan ese aprovechamiento. Finalmente, se presenta -a modo de ejemplo- una alternativa para un mejor aprovechamiento de la oferta eléctrica actual, mediante la implementación de un plan piloto para sustituir parte de la flota vehicular por carros eléctricos, lo cual abriría nuevos mercados eléctricos y ayudaría a disminuir el uso de combustibles fósiles en el sector de mayor consumo: transportes. The proposal examines that, in the face of a growing demand for electric energy, Costa Rica takes advantage of the great potential available and renewable sources themselves, instead of investing in thermal power plants that work with imported resources and pollutants. In addition to this, the constraints that prevents taking advantage of this opportunity are also examined. Finally, it presents an example of an alternative for more efficient use of electricity supply by implementing a pilot plan to replace part of the fleet of electric cars, which would not only open new electricity markets, but would also help to reduce fossil fuel use in the industry with the highest consumption: Transport. Palabras claves: Costa Rica, energía eléctrica, energía renovable, plan piloto, transporte. Key words: Costa Rica, electrical energy, renewable energy, pilot plan, transportation. Fecha de recepción: junio, 2009. Fecha de aceptación: julio, 2009.

E

l desarrollo socioeconómico mundial tiene sus bases en el consumo de energía, ejemplo de ello es que uno de los principales impulsores del salto tecnológico y productivo que se dió en los siglos XVIII y XIX, durante la Revolución Industrial, fue la máquina de vapor y la capacidad de ésta de transformar calor en energía mecánica (Casilda 2002).Por lo tanto, es considerada un elemento crucial para el buen funcionamiento de las actividades productivas y, con ello, del crecimiento y el desarrollo económicos de los países, lo que hace posible hablar de una correlación casi lineal entre el grado de desarrollo y el consumo de energía por habitante (Uned 2009). De esta forma, mejorar el nivel de vida de una sociedad implica, inevitablemente, un incremento en los consumos energéticos (González 2005), lo cual hace que la energía sea al mismo tiempo una solución y un problema para el desarrollo sostenible de las naciones, ya que, a pesar de ser uno de sus impulsores, es una de las principales fuentes de salida de divisas, de contaminación y la causa de múltiples daños ambientales (Cumbre Johannesburgo 2002). Es con el fin de contrarrestar estos efectos negativos que se hace necesario, por un lado, buscar fuentes de abastecimiento y tecnologías de producción que permitan un uso más eficiente de los recursos y, por otro, R. Castro, ingeniero civil y economista ambiental, es profesor en Incae y exministro de Ambiente. J. Porras, arquitecto y especialista en políticas energéticas, es profesor en la Universidad de Costa Rica. G. Jiménez, ingeniero electromecánico y especialista en desarrollo sostenible y energía, es investigador en Incae. Este artículo está basado en las consultorías: Infraestructura y desarrollo económico en Costa Rica y Revisión de Plan Estratégico del Mercado Eléctrico Regional Centroamericano realizadas por los autores para la Academia de Centroamérica y el Banco Interamericano de Desarrollo.

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un consumo más equitativo y responsable. Con el fin de acercarse a una correcta simbiosis entre producción-consumo y su relación con respecto al desarrollo sostenible, es necesario tener en cuenta tres temas capitales. El primero es la seguridad del abastecimiento energético en el largo plazo, lo cual implica garantizar el acceso a las fuentes de energía a precios predecibles y accesibles. Desde un punto de vista mundial, crece la conciencia de las reservas finitas de petróleo, carbón y gas natural, por lo que es necesario buscar fuentes alternas, así como emplear la tecnología para mejorar la eficiencia no solo desde la oferta sino también desde la demanda. Desde una perspectiva nacional esto significa diversificar los aprovisionamientos, mejorar la eficiencia energética, fomentar el ahorro y limitar la dependencia de otras naciones. Como segundo punto, está el impacto ambiental de la producción y el gasto de energía. En este sentido se debe considerar que aproximadamente un 90% del consumo mundial proviene del petróleo, el carbón, el gas natural y la biomasa, fuentes que en los procesos de combustión emiten a la atmósfera gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el azufre, los cuales pueden afectar seriamente la salud de las personas. Sabemos que el CO2 es el gas de efecto invernadero (gei) más importante originado en actividades humanas y aunque las emisiones humanas, comparadas con la totalidad, son pequeñas, han logrado modificar el balance natural del dióxido de carbono, convirtiéndose en la principal causa del cambio climático. Adicionalmente, se debe de colocar en la balanza otros impactos, como la deforestación del bosque a causa del uso tradicional de la biomasa, el ruido y detrimento del paisaje ocasionado por la colocación de las torres eólicas, la inundación de vastos territorios y la consiguiente movilización de poblaciones enteras provocada por las grandes hidroeléctricas o los desechos radio-

Tabla 1. Datos generales de población y energía, Centroamérica. Población (millones hab.)

Superficie (103 Km2)

Consumo energía (Mbep)

Consumo per cápita (bep / hab)

IEa

Guatemala

13,0

108,9

53,9

4,14

Honduras

7,5

112,1

24,6

El Salvador

7,0

20,9

Nicaragua

5,6

139,0

Panamá

3,3

Costa Rica

4,4

Electricidad Capacidad instalada (MW)

Generación anual (106 kWh)

Generación per cápita

2,57

2.126,8

7.221

569

3,28

3,24

1.474,1

5.625

766

24,0

3,43

1,57

1.281,8

4.943

719

18,6

3,32

3,89

767,2

2.808

512

77,1

22,8

6,95

1,47

1.575,8

5.775

1.789

50,9

24,0

5,47

1,14

2.095,7

8.146

1.885

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Estado de la Región, CEPAL y CEAC. a/ La Intensidad energética es el cociente del Consumo final de energía dividido Producto interno bruto. Unidades en BEP por cada mil dólares del PIB.

activos de las plantas nucleares. No menos importante son las implicaciones sociales de la energía. El acceso a formas avanzadas como la electricidad y los combustibles líquidos y gaseosos, en sustitución del uso tradicional de biomasa, está estrechamente vinculado con el desarrollo de la población, teniendo efectos sobre aspectos tan diversos como la demografía, el trabajo calificado, la migración de las personas a la ciudad o el índice de oportunidad humana 1, entre muchos otros. Ejemplo de ello es que los patrones de consumo de las sociedades que utilizan biomasa como única fuente energética tienden a reforzar su situación de pobreza extrema, ya que el tiempo empleado en conseguir la energía limita su acceso a la educación u otras actividades más productivas (Pérez 2002). En general, el acceso a la energía, especialmente cuando se combina con otros servicios básicos como el agua potable y la educación, contribuye a reducir la pobreza, ya que no solo brinda acceso a nuevas oportunidades de trabajo, sino que también ayuda a aumentar la productividad, la diversidad y la calidad de los productos elaborados. Partiendo de lo anterior, en la primera parte de este artículo se expone las oportunidades que tiene Costa Rica en materia energética y especialmente eléctrica, tocando puntos neurálgicos como el potencial en fuentes limpias, lo cual le permitiría alcanzar no solo autonomía en el subsector electricidad sino también la provisión de servicios universales de calidad. A su vez se presenta la otra cara de la moneda, donde múltiples limitaciones a la inversión, entre ellas seguridad jurídica, impiden beneficiarse de los recursos disponibles, desencadenando con ello un 1

El índice de oportunidad humana, desarrollado por el Banco Mundial, es una medida sintética para medir la desigualdad de oportunidades en los servicios básicos para niños. El índice está compuesto por dos elementos: cuántas oportunidades están disponibles y qué tan equitativamente están distribuidas (Paes de Barros et.al. 2008).

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aumento en la construcción de centrales termoeléctricas y aumentos en la importación de hidrocarburos. Por otro lado, la segunda parte muestra, a modo de ejemplo, una alternativa para un mejor aprovechamiento de la oferta eléctrica actual, abriendo nuevos mercados y oportunidades, con lo cual también se ayudaría a disminuir el uso de combustibles fósiles en el sector de mayor consumo: transportes. Tanto la generación mediante fuentes renovables propias como el mejor aprovechamiento de la producción existente acercan a Costa Rica a un desarrollo cada vez más sostenible, de largo plazo, que fomenta una Costa Rica próspera, verde y solidaria. Eso nos permitiría alcanzar la meta país de ser la primera nación carbononeutral en 2021, convirtiéndonos en un líder mundial ambiental.

Situación nacional del subsector electricidad

Costa Rica tiene una superficie de 51.100 km2 y una población cercana a los 4,4 millones de habitantes, de los cuales más de un 50% vive en las zonas urbanas. El producto interno bruto (pib) per cápita anual es de aproximadamente 5.500 dólares, lo cual ubica al país en un nivel de desarrollo económico medio; no obstante, casi un 20% de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza. En lo que respecta a la oferta y la demanda de energía, el informe Energía en cifras, realizado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), determinó que el consumo durante el año 2006 ascendió a 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (bep), lo cual significa un promedio de 5,5 bep por persona, cifra que (véase tabla 1) es superior al resto de las naciones del istmo, con excepción de Panamá. Otro aspecto significativo del mismo estudio es que, a pesar de haber mejorado durante los últimos años la intensidad energética por unidad de producto, todavía es alta, ya que para producir mil dólares del pib se requiere de más de un barril de petróleo (Olade 2007). Tomando en cuenta solo la energía comercial, durante el mismo período se utilizaron 121.799 terajulios, lo cual representa un incremento del 4,1% con respecto al 2005. La fuente más importante de la energía son los hidrocarburos con un 67%, mientras que un 9% corresponde a la biomasa y un 23% a la electricidad (Molina, 2008). Lo anterior refleja no solo una matriz energética poco diversificada sino también una clara dependencia de los combustibles fósiles, lo cual pone en riesgo el abastecimiento de energía, la competitividad y el desarrollo sostenible de la nación. Gráfico 1.

Consumo de electricidad 2006 en porcentaje por sector

8,6%

Residencial Industrial

10,8%

Público 41,6%

10,9%

Servicios Com ercial Agropecuario

23,4%

Otros

Fuente: Elaboración propia con datos del Balance Nacional de Energía de la Dirección Sectorial de Energía (Molina 2008).

Si se considera que solamente el 6,7% de la electricidad se generó con combustibles fósiles, es obvio que el talón de Aquiles lo constituye el sector transporte. Esta relación se ha venido estrechando. En el año 2000 la rela5

ción fue 3,7 a 1 de consumo de hidrocarburos versus renovables, cuando se considera energía y no solo electricidad. El subsector eléctrico, a diferencia del de los combustibles, genera el 93% de la generación con fuentes propias y renovables, principalmente la turbinación de agua (76%), lo cual le brinda al país cierta autonomía energética en este campo (Fernández y Araujo 2007). En lo que se refiere al consumo por sectores, el residencial es el que más electricidad requiere, con un 41,6%, utilizada principalmente en cocción de alimentos e iluminación. Le siguen el sector industrial, con 23,4%, el público, con 10,9%, y el de servicios con 10,8% (ver gráfico 1). El sistema de generación actual está concentrado en cinco grandes empresas de servicio público y 31 generadores privados (Ice 2007); sin embargo, en el año 2007 más del 75% de los 8.990 GWh fueron producidos por la compañía estatal Instituto Costarricense de Electricidad (Ice), la cual, junto a su subsidiaria la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), comercializó cerca del 80% de la electricidad (Ice 2008). En lo que respecta a la potencia instalada, existe un parque de aproximadamente 2.180 MW, del cual casi un 70% corresponde a plantas hidroeléctricas. En orden de importancia le siguen las centrales termoeléctricas, con una participación del 20%, cuyos generadores funcionan principalmente con base en bunker y diesel, y el 11% restante se divide en geotérmica (7,6%), eólica (3,2%) y algunos pequeños proyectos de cogeneración que utilizan biomasa (0,2%) (Ice 2007). A pesar de presentar mejores condiciones que el resto de los países centroamericanos, donde más del 50% de las plantas son termoeléctricas, resulta paradójico que una quinta parte de las centrales costarricenses funcionen con base en hidrocarburos, esto porque diferentes estudios demuestran que el país posee el potencial energético suficiente en fuentes alternativas no solo para abastecer el mercado interno sino también para convertirse en una nación exportadora de electricidad “verde”, paliando con esta entrada de divisas parte de la factura petrolera. Por ejemplo, según el Centro Nacional de Planificación Eléctrica, Costa Rica posee un potencial en fuentes renovables de más de 8.000 MW, de los cuales (véase tabla 2) solo se han explotado alrededor de 1.700 MW. Por lo tanto, aun si se descarta el potencial que se encuentra en parques nacionales, en los que la ley prohibe el aprovechamiento del recurso, queda todavía un remanente 4.600 MW, lo que representa más del doble de la totalidad de la capacidad instalada actualmente (Fernández y Araujo 2007) y lo que serviría para cubrir la demanda proyectada por el Ice en un horizonte superior a los 15 años (cifras aproximadas que dependerán en gran medida del ritmo de crecimiento de la economía. Existen proyectos para permitir al Ice extraer energía geotérmica en parques nacionales de Guanacaste a cambio de una regalía para el sistema de parques nacionales.). Sin embargo (véase gráfico 2), el porcentaje de electricidad producido con centrales térmicas ha venido en aumento desde el año 2000 y, según las proyecciones del Ice, en 2025 podría alcanzar el 27% de la producción, lo que unido al retraso en importantes proyectos renovables podría comprometer el abastecimiento de electricidad en el futuro. (En 2008, el porcentaje de electricidad producido con termoeléctricas disminuye, principalmente por la crisis económica mundial y un incremento de las precipitaciones, que permite la recuperación de los niveles de agua en los embalses.) Se debe de tomar en cuenta que, aun cuando las plantas térmicas pueden llegar a ser instalaciones de baja inversión inicial, fácil ubicación y rápida construcción, lo cual las vuelve en un principio muy atractivas, tienen costos de generación cuyo valor puede llegar a ser hasta 10 veces superior al de la hidroelectricidad, afectando de esta forma la competitividad, al existir un mayor diferencial en las tarifas eléctricas respecto de otros países del continente, lo que finalmente terminaría dándoles ventaja (García, Rojas y Velásquez 2005). Tabla 2. Potenciales remanentes de energías renovables para la producción de electricidad (MW). Fuente

Potencial bruto estimado (MW)

Potencial disponible estimado (MW)

Potencial utilizado (MW)

Potencial en ejecución

Potencial remanente estimado (MW)

Hidroeléctrica

6.633

5.851

1.469

128

4.254

Geotérmica

865

301

164

35

102

Eólica

274

274

66

50

158

Biomasa

300

104

20

0

84

8.072

6.530

1.719

213

4.598

Total

Comentario al potencial remanente estimado Sin incluir potencial en P. Nacionales Sólo zonas fuera de P. Nacionales Sin incluir potencial en P. Nacionales Bagazo y palma africana Sin incluir potencial en P. Nacionales

Fuente: Centro de Información Comercialización Mayorista UEN CENCE y estrategia de inversiones UEN- CENPE. Instituto Costarricense de Electricidad (tomado de Fernández y Araujo 2007).

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¿Por qué, a pesar del gran potencial en energías propias renovables y de haber establecido la meta de ser una nación carbono-neutral en 2021, el país recurrió a la generación con productos importados y altamente contaminantes? Las razones pueden ser múltiples, abarcando desde factores políticos e institucionales hasta tecnológicos y económicos, los cuales muchas veces traspasan los ámbitos de decisión nacional. No obstante, se debe tomar en cuenta que la construcción de centrales eléctricas renovables en toda Latinoamérica no ha sido una tarea fácil en las últimas décadas para los empresarios, sean estos estatales o privados. El documento Estrategia para el fomento de las fuentes renovables de energía, de Cepal, pone de manifiesto la existencia de gran cantidad de factores que obstaculizan este tipo de inversiones (Cepal 2004). Algunos de ellos, por ejemplo, se refieren a los mayores costos en la inversión inicial, plazos de ejecución y financiamiento con respecto a las plantas térmicas. Otros son propios de la localización de las fuentes, la cual en muchas ocasiones, por estar en lugares alejados, generan costos adicionales en personal, caminos y redes de transmisión. En lo que resTabla 3. Modelos de E V ofrecidos por el mercado. Modelo

Ultimate Aero EV

Tesla Roadstera

i-MiEVb

Revac

Compañía

Shelby Supercars

Tesla Motors

Mitsubishi Motors

Reva Electric Car Company

Fabricación

EE.UU.

EE.UU.

Características

Vehículo deportivo de 2 puertas

Vehículo deportivo de 2 puertas

N.D.

$ 101.500

Japón Vehículo de 4 puertas hatchback para hasta 4 personas, tracción trasera $ 17.000- 19.000b

Bangalore, India Vehículo de 2 puertas hatchback para hasta 4 personas, tracción trasera $ 12.500- 14.250c

330 km/ h

200 k/ h

130 km/ h

65 a 80 km/ h

240- 320 km

350 km

130- 160 km/h

65 a 80 km

373 kW

185 kW

47 kW

13 kW

Batería

Lithium- ion

Lithium- ion con una duración de 160.000 Km

Lithium- ion 330 V

Tiempo de carga

10 minutos

3.5 horas

7 a 14 horasd

N.D.

N.D.

16- 20 kWh

Precio de venta Velocidad máxima Autonomía Potencia máxima

Electricidad X carga Eficiencia Costo del kilómetrob Consumo diario

8 baterías de 6V de plomo ácido con una duración de 3.000 ciclos 80%: 2.5 horas 100%: 8 horas 9 kWh 0,11- 0,14 kWh/ km 0,2- 0,24 dólares 7,4- 9,1 kWh

Costo diario

1,3- 1,6 dólares

Fuente: Ultimate Aero EV en www.shelbysupercars.com, Roadster en www.teslamotors.com, i-MiEV en www.mitsubishi-motors.com y Reva en www.revacr.com. a/ Además del Roadster, Tesla Motor tiene el modelo Model S, cuyo precio es de 49.900 dólares. b/ Todavía no se comercializa. Precio aproximado. c/ Único comercializado en Costa Rica. Se deben de sumar los gastos de inscripción. d/ Utilizando un cargador rápido puede durar 30 minutos.

pecta al clima, la falta de datos meteorológicos durante largos períodos de tiempo dificulta el cálculo del potencial, así como la estacionalidad puede afectar significativamente la producción. También existe oposición de grupos ambientalistas a hidroeléctricas grandes. Todo lo anterior obstaculiza la consecución de capital, ya que estas variables son evaluadas como factores de riesgo por parte de las entidades bancarias. Unido a ello existen pocos incentivos a la generación mediante fuentes alternativas, y el sistema financiero no valora los beneficios ambientales, sociales y de salud de los proyectos (adicionalidad) (González 2005). En el caso particular de Costa Rica, los factores relacionados con infraestructura y know how no han presentado grandes escollos; las limitaciones más bien han estado relacionadas con aspectos legales y políticos, los cuales no solo han limitado la participación privada sino también una inversión pública más expedita. A esto se suma, en forma creciente, comunidades y ambientalistas que se han opuesto a hospedar nuevos proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo, la generación de electricidad se mantuvo cerrada al sector privado hasta 1990, año en que la Ley de generación autónoma o paralela (nº 7.200) abrió parcialmente el monopolio estatal, permitiendo vender al Ice los excedentes de electricidad generados mediante plantas con base en energías no convencionales y con una capaci-

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Alfredo Huerta

dad instalada de hasta 20 MW, siempre y cuando la totalidad de éstas no superara el 15% de la capacidad del sistema eléctrico nacional. Posteriores reformas a la ley, introducidas en 1995, crearon la “compra de energía bajo régimen de competencia” autorizando al Ice a comprar, bajo licitación pública, un 15% adicional en bloques de no más de 50 MW. Los períodos de compra-venta están limitados a un máximo de 20 años, tiempo después del cual las empresas privadas deberán pasar al Instituto la totalidad de los activos de la planta eléctrica en operación. De este tipo de proyectos, que se conocen como bot, del inglés Build Operate & Transfer, actualmente operan en el país tres centrales con una capacidad instalada de 122,6 MW. Aun cuando estas dos leyes han permitido la instalación de más de 180 MW (9%) de centrales eléctricas que funcionan con base en fuentes limpias, todavía existen grandes limitaciones al capital privado; ejemplo de ello es la información publicada en abril de 2007 por el períodico La Nación (Agüero 2007), en la que se cuestiona el desaprovechamiento de 135 MW que pudieron haber sido aportados por los cogeneradores privados a un costo de entre 6 y 12 centavos de dólar, en contraposición a los 45 centavos de dólar que cuesta produccir el kilovatiohora en una planta térmica (cálculo realizado tomando en cuenta los precios del barril de petróleo en febrero de 2009). No obstante, las instituciones de energía del sector público, entre ellas el Ice, también alegan haber sufrido una disminución de sus facultades a raíz de la creación de legislaciones restrictivas que han impuesto “numerosas

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instancias de regulación dispersa, confusa, contradictoria y detallista” (De la Torre 2007), provocando un descenso considerable en las inversiones en infraestructura y el consecuente incumplimiento de los planes de generación eléctrica. Ejemplo de ello es Garabito, planta térmica de 200 MW que debió haber entrado en operación en 2006 pero que, por distintas razones, su inicio fue pospuesto en dos ocasiones. Finalmente, la construcción comenzó en 2008 y se espera que empiece a generar a principios de 2011. Este retraso costó al país varios apagones entre abril y mayo de 2007 e implicó la renta de emergencia de las plantas térmicas Barranca y San Antonio para que suplieran el déficit, con altos costos. A pesar de los inconvenientes mencionados, los altos precios del petróleo, que en junio de 2008 llegaron a cerca de 140 dólares por barril, así como el eventual agotamiento de las reservas mundiales del recurso, hace que el uso de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica sea una alternativa poco viable en el largo plazo. Esta situación debería alertar al país sobre la necesidad de crear un marco legal de referencia que autorice la aplicación de un modelo de participación mixta y que brinde seguridad jurídica a los inversionistas, con el fin de ofrecer servicios de calidad a precios razonables. Se debe de tomar en cuenta que las inversiones necesarias para asegurar el ritmo de crecimiento de la economía costarricense, así como la universalización del servicio, son de entre 500 y 900 millones de dólares anuales (cálculo realizado antes de la crisis energética mundial), suma que sobrepasa las posibilidades de inversión y endeudamiento del Estado (De la Torre 2007, Castro 2008). Actualmente se encuentran en la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley bajo las cuales se le estarían dando las herramientas al Estado y al sector empresarial para unir esfuerzos y desarrollar el mercado eléctrico a la velocidad que el país lo requiere. Por un lado, la Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas y empresas del subsector electricidad pretende que las empresas estatales del subsector electricidad tengan mayor capacidad de endeudamiento y más autonomía operacional y empresarial en financiamiento, contratación de bienes y servicios y contratación y remuneración de personal, así como facultades legales para establecer alianzas estratégicas y la constitución de empresas de capital mixto (tomado del documento Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas y Empresas del Subsector Electricidad de la Asamblea Legislativa). Por el otro, la Ley general de electricidad abriría el mercado eléctrico al facilitar el rompimiento de topes o límites de producción máxima (15%) de energía para los generadores privados, empresas de servicio público y cooperativas (La Nación 2009), además de que está orientada a asegurar a los consumidores un suministro de electricidad en condiciones similares a las de los países desarrollados, garantizándoles en el futuro mejores precios, calidad, confiabilidad y continuidad en la prestación de los servicios, tiempos de entrega reducidos y confiables e implementación expedita de las innovaciones. Gráfico 2.

Generación promedio anual esperada PEG-2005 (GWh)

Eólica

100%

Geotérmica Térmica

80% 60%

▲Coincide con la entrada en operación de Reventazón (300MW) y Diquís (622MW)

Hidráulica 40% 20% 0% 2006

2008

2010

2012

2014

Años

2016

2018

2020

2022

2024

Fuente: Elaboración propia basado en el Plan de expansión de la generación eléctrica período 2006- 2025, ICE.

Sin lugar a dudas, en la medida en que el país diversifique la oferta para la generación eléctrica, haciendo uso del potencial renovable existente, podrá disminuir parte de la dependencia y aminorar los impactos económicos de las facturas petroleras. Unido a ello se reducirán las emisiones de gases efecto invernadero y otros compuestos 9

contaminantes a la atmósfera que provocan fuertes impactos en la salud de los habitantes y los ecosistemas. Además, podría exportarse un pequeño excedente o utilizarse en el transporte eléctrico.

Transporte eléctrico: mejor aprovechamiento de electricidad y menor dependencia del petróleo

El acápite anterior trató sobre cómo gran parte de los hidrocarburos que actualmente se utilizan en la generación de electricidad podría reemplazarse si se aprovechara el potencial en energías alternativas que posee el país. Sin embargo, a pesar de los beneficios que esto conllevaría, la mayor parte de los combustibles no se emplea en la producción eléctrica sino en otras actividades como el transporte (según el estudio Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020, en 2006 el 66% de los derivados de petróleo se utilizaron en el sector transporte [Cepal-Sica 2007]), por lo que es necesario emprender acciones paralelas en este campo que contribuyan a disminuir la factura petrolera. A raíz de que Costa Rica no posee depósitos o reservas probadas de combustibles fósiles, son pocas las estrategias que se han llevado a cabo desde la oferta, limitándose a planes piloto que han mezclado bajos porcentajes de biocombustibles con diesel o gasolina. Por lo tanto, la mayor parte del trabajo se ha enfocado en la demanda, principalmente con acciones que promuevan el ahorro. Aun así, mediante una correcta gestión, parte de la generación que se realiza con fuentes renovables podría ser utilizada en el sector transporte, haciendo uso de automóviles con motores eléctricos, ya que en la actualidad, y después de superar varias barreras tecnológicas, estos vehículos han alcanzado un desempeño aceptable, con autonomías superiores a los 200 km por carga, velocidades de hasta 300 km/h y bajos costos operativos (el modelo Ultimate Aero EV de la compañía estadounidense Shelby Supercars puede alcanzar una velocidad de 332 km/h, recargando además en solo 10 minutos una batería que brinda una capacidad de desplazamiento de entre 240 y 320 km [www.shelbysupercars.com]). No obstante, como todas las nuevas tecnologías, presentan el inconveniente de una alta inversión inicial. Hoy en día, estos vehículos conocidos como EV por las siglas del inglés Electric Vehicle, cuentan en el mercado con modelos como el i-MiEV de Mitsubishi, el Reva de la casa indú Reva Motors que ya se comercializa en Costa Rica, el francés Citroen C1-Evie, así como los autos deportivos Roadster y Model S de Tesla Motors o el Ultimate Aero EV de Shelby Supercars, que es hasta el momento el EV más potente en venta (ver tabla 3). Una de las mayores ventajas con la que cuentan estos vehículos es la eficiencia del motor eléctrico, ya que este aprovecha entre el 85 y 90% de la energía, el cual es un porcentaje muy superior que el de los motores de combustión interna que hoy en día no superan el 30%, a raíz de las pérdidas que se dan por calentamiento. Esto hace posible que aun cuando se utilicen combustibles fósiles para la generación de la electricidad, el consumo y por lo tanto las emisiones de CO2 sean menores. Unido a ello también se considera un beneficio la disminución de la contaminación sónica ya que producen menos ruido.

Plan piloto en Costa Rica Costa Rica destina aproximadamente un 52% de la energía y un 98% de los hidrocarburos al sector transporte (Molina 2008). Sin embargo, a diferencia de las otras economías centroamericanas genera más del 90% de la electricidad utilizando fuentes renovables y 76% mediante el empleo de plantas hidroeléctricas (Molina 2008), lo cual le permite no solo reducir un gran porcentaje de las importaciones de combustibles fósiles sino también tener costos de producción mucho menores y predecibles. Tenemos un parque vehicular de más de 1.200.000 vehículos, de los cuales aproximadamente 792.000, alrededor del 66% (Liao 2008), corresponden al uso privado o particular. Albergando la densidad de carros por habitante más alta de América Central (en 2005 la densidad fue de 4,3 vehículos por habitante [estado de la nacion.or.cr]), este país presenta las condiciones idóneas para realizar un plan piloto que permita sustituir un porcentaje de los automotores de gasolina por vehículos eléctricos, aprovechando la energía que generan las plantas que no pueden ser apagadas durante la noche y que en la actualidad se desperdicia por falta de demanda nocturna. Para calcular el número de carros que se podrían reemplazar, se realizó una estimación de los excedentes de oferta que se dan cuando la demanda es menor a 1.000 MW (se utilizó la cifra de 1.000 MW, ya que ésta es la electricidad que demanda Costa Rica a las 6 am, hora en que termina el horario nocturno, cuyas tarifas son más baratas). Estos valles ocurren entre las 10 pm y la 1 am y representan un remanente promedio de aproximadamente 264 MWh diarios (gráfico 3).

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Gráfico 3. Demanda energética en Costa Rica según las horas del día 2006.

Fuente: López 2006.

Un EV con una eficiencia de 0,2 kWh/km, y que recorre diariamente 66 km (según www.fueleconomy.gov – página del Departamento de Energía de EU-, el promedio anual recorrido por un automóvil es 24.000 km), necesitará cada noche al menos 13,2 kWh (los carros que actualmente distribuye Reva en Costa Rica tienen una eficiencia de entre 0,11 y 0,14 kWh/km [www.revacr.com]), por lo que con la energía sobrante se podrían cargar poco más de 20.000 unidades, lo que representa cerca del 2,5% del total de carros particulares del país (ver tabla 4). Esto además significa dejar de importar 22,7 millones de litros de gasolina anualmente. Para poder determinar la diferencia entre el costo del combustible en un carro de gasolina de muy alta eficiencia y un EV, se compararon diferentes tarifas residenciales de la CNFL con respecto al precio del litro de gasolina (el día 25-2-2009). El porcentaje de ahorro estuvo entre el 4 y el 70%, por lo que el plan piloto representaría una economía que estaría en un rango de entre 0,7 y 12,4 millones de dólares dependiendo de los precios del petróleo.

Tabla 4. Costo del combustible según diferentes tarifas de electricidad y gasolina. Automóvil eléctrico (varía costo de combustible)

Tipo de carro

Automóvil gasolina

A

B

C

D

24.000 km

24.000 km

24.000 km

24.000 km

24.000 km

Eficiencia

0,2 kWh/ km

0,2 kWh/ km

0,2 kWh/ km

0,2 kWh/ km

0,047 litros/ kmb

Costo combustible

0,10 $/ kWh

0,16 $/ kWh

0,18 $/ kWh

0,05 $/ kWh

0,78 $/ kWhc

4.800 kWh

4.800 kWh

4.800 kWh

4.800 kWh

1.128 litros

$ 0,02

$ 0,031

$ 0,035

$ 0,011

$ 0,037

$ 489,6

$ 744,0

$ 840,0

$ 259,2

$ 876,2

Ahorro respecto a carro gasolina

$ 386,6

$ 132,2

$ 36,2

$ 617,0

Ahorro respecto a carro gasolinaa

44%

15%

4%

70%

$ 7,8 millones

$ 2,6 millones

$ 0,7 millones

$ 12,4 millones

86,8 GWh

86,8 GWh

86,8 GWh

86,8 GWh

Desplazamientoa

a

Consumo

Costo por Km a

Costo del combustible

a

Plan Piloto: 20.000 Ahorro Consumo 20.000 carros

22,7X106 litros

Fuente: Elaboración de los autores basados en fuentes externas A: Primeros 200 kWh a 10,2 centavos el kWh. B: Segundos 100 kWh a 15,5 centavos el kWh. C: kWh adicional a 17,5 centavos el kWh. D: Horario residencial nocturno a 5,4 kWh. a/ Cifras anuales. b/ Equivalente a 21 km/ litro o 50 millas/ galón. c/ Precio litro de gasolina 25 de febrero 2009. d/ Tarifa eléctrica CNFL, según ARESEP, mayo 2009. Tipo de cambio promedio: 560 colones por un dólar EE.UU.

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Unido a lo anterior, un plan de esta naturaleza también evitaría la generación de cerca de 54.000 toneladas de CO2 anuales, las cuales se podrían colocar en el mercado como certificados de reducción de emisiones a un precio que actualmente ronda los 18,1 dólares por tonelada (tomado de pointcarbon.com el 14-6-2009 a las 3 pm, siendo el tipo de cambio del Banco Nacional de Costa Rica para el mismo día y hora: US$1 = € 1,39), lo que implica un ingreso adicional de un millón de dólares anuales. Dicho ahorro en combustibles tendría un impacto directo en la economía costarricense dando lugar a lo que se podría considerar un círculo virtuoso donde el dinero de los ahorros es utilizado para promover la generación de más energía limpia, que a su vez podría dar lugar a más ahorros en el consumo de combustibles, permitiendo una reducción paulatina que le posibilite al país disminuir la dependencia y la contaminación del ambiente, así como ganar competitividad.

Referencias bibliográficas

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Gregory Basco

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Inicio – Siguiente Vargas, L. “Producir más energía: cómo, cuándo y cuánto”, Ambientales, No. 37, junio 2009, Costa Rica. Págs. 13-22.

Producir más energía: cómo, cuándo y cuánto por LEINER VARGAS

RESUMEN Aumentar la generación de electricidad no es la única solución para un sistema eléctrico. Existen muchas maneras diferentes, las tecnologías están disponibles y también las diferentes instituciones de apoyo. El principal problema es definir el derecho institucional a fin de lograr una vía sostenible de desarrollo del sector. En este documento se trata la cuestión de la sostenibilidad del sector eléctrico respecto de la respuesta a la pregunta sobre cómo, cuándo y cuánto producir de electricidad a partir de diferentes fuentes, en virtud de un sistema eléctrico orientado a nuevas instituciones de mercado. To increase electricity generation is not the only available solution for an electricity system. Many different ways and technologies are available as well as different institutions to support them; the main problem is to define the right institutional setting in order to achieved sustainable path of sector development. The paper tried the issue of electricity sector sustainability with respect to the answers to the questions: how?, when? and how much? Electricity must be generated from different sources under a market oriented electricity institutional background. Palabras claves: Política energética, instituciones, energía renovable, democracia. Key words: Energy policy, institutions, renewable energy, democracy. Fecha de recepción: junio, 2009. Fecha de aceptación: junio, 2009.

E

l funcionamiento del sistema económico requiere de una amplia y diversa cantidad de fuentes de energía. Aunque existe energía en muy diversas formas y fuentes, las energías que se pueden comprar y vender en el mercado son, por lo general, las de fuentes que permiten el almacenamiento y distribución de forma separada entre el lugar de generación o producción y el lugar de uso o consumo. La dimensión de cómo, cuándo y cuánto se produce y se consume determina, en general, las particularidades asociadas al impacto ambiental y, entonces, la categoría a la que pertenece la fuente energética: verde -o limpia- o sucia -o no amigable con el ambiente-. La particular manera en que se utiliza una fuente de energía puede afectar de forma importante la sostenibilidad, por lo que una vez que ingresa al mercado y, como tal, opera, no solamente la dimensión tecnológica sino el costo de producción, distribución y consumo de la energía determinan la competitividad de la fuente en el sistema de mercado particular. Por esta razón, la institucionalidad y características de estructura y arquitectura del mercado en particular, determinan en cada momento de tiempo la competitividad de las fuentes energéticas, y como tal, generan los incentivos económicos para su producción o generación. Existe una relación simbiótica entre la estructura institucional específica de cada mercado y las condiciones tecnológicas que determinan en forma intertemporal la respuesta de cómo, cuándo y dónde producir energía. En algunos momentos y circunstancias institucionales estas respuestas pueden ser alteradas por signos de incertidumbre, tales que se pueda producir un faltante o falla en la generación –más allá de las motivadas por factores técnicos u ocasionales- que llevan implícita un falla económica. En estas circunstancias puede generarse apagones por problemas de oferta, si se trata del sector eléctrico o desabastecimiento, para el caso de otras fuentes de hidrocarburos o bio-energía. El autor, economista, es profesor e investigador en la Universidad Nacional.

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En este artículo se plantea la actual situación del sector eléctrico costarricense y la forma muy particular de responder tres sencillas pero cruciales preguntas: cómo, cuándo y dónde producir y consumir electricidad. Para ello, en la primera parte se hace una breve presentación del estado de situación del balance energético en el sector, en la segunda se procede a un análisis institucional del mercado y, finalmente, se plantea un conjunto de dilemas sobre el futuro cercano y las disyuntivas a enfrentar.

Sector eléctrico en Costa Rica En esta sección se realiza una caracterización del sector energético en sus dos dimensiones, el sector de los hidrocarburos y el sector eléctrico nacional, tomando en consideración en cada uno de los casos el apoyo institucional que le da soporte a su diario accionar. Es decir, se reconoce la existencia de un proceso co-evolutivo entre la dinámica tecnológica e institucional. Históricamente, Costa Rica ha sido uno de los países en utilizar, en una mayor proporción, la producción de energía con fuentes renovables en el sector eléctrico, proveniente de recursos hidroeléctricos, geotérmicos, de biomasa y eólicos. Posee uno de los mejores indicadores de cobertura a nivel latinoamericano que la han colocado como el segundo país en cuanto a cobertura solo superado por Chile (Organización Latinoamericana de Energía 2006) (en 2008 se cubrió al 98,62% de la población). El sistema eléctrico costarricense se caracteriza por estar compuesto por una estructura de propiedad dominada por actores públicos de naturaleza nacional, municipal y local. En generación se puede hacer una categorización entre el sector público y el sector privado debido a la estructura de propiedad, estando el sector público conformado en 2008 por aproximadamente 39 plantas eléctricas de generación, de las cuales 32 le pertenecen al Instituto Costarricense de Electricidad (Ice) y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); las restantes siete pertenecen a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), a la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec), a Coopelesca y a Coopeguanacaste, que están ubicadas en diferentes sectores del país. Por otra parte están las 87 plantas eléctricas del sector privado ubicadas en diferentes lugares del país con capacidades limitadas de generación (según la ley nº 7.585, que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela), menores a veinte mil kilovatios. La actividad de generación está concentrada en las empresas del sector público, aportando éste en 2008 aproximadamente el 68,07% de lo generado, y dentro de éste el Ice y CNFL representan el 96,55% de la capacidad instalada. Por otra parte, las empresas regionales -a saber: Jasec, ESPH, Coopelesca y Coopeguanacaste- cuentan con una capacidad instalada del 3,45%. En el sector privado o en las actividades de co-generación paralela o generación privada se realiza alrededor del 31,93% de la capacidad instalada del año 2008. Gráfico 1. Capacidad instalada para generación eléctrica por tipo de fuente en los sectores público y privado en 2008.

Fuente: Dirección Sectorial de Energía, base de datos del Sien.

De los 171.920 KW de capacidad instalada para generación de tipo eólico un 90% está en manos del sector privado, y distribuida en 10 plantas; el restante 10 por ciento de la generación lo realiza una planta propiedad de 14

Coopeguanacaste; la generación tipo térmica está principalmente concentrada en el sector público: de los 395.950 KW de capacidad instalada el 75% pertenece a este sector, y el restante 25% está en manos del sector privado. La generación térmica está mayoritariamente en manos del sector público: de los 1.551.968,20 KW de capacidad instalada el 71% está en esa condición, dejando solo el 10% en manos privadas. La generación geotérmica está particularmente concentrada en manos del sector público: la capacidad instalada, de 70.000 KW, está concentrada en dos plantas del Ice. En resumen, el 68% de la generación y la capacidad instalada está en manos del sector público, lo que en 2008 representa un aproximado de 1.490.689 KW de capacidad, estando el restante 32% en manos de pequeñas plantas privadas con 699.149,20 KW de capacidad. Gráfico 2. Participación de la capacidad instalada para generación eléctrica en los sectores público y privado de acuerdo al tipo de fuente en 2008.

Fuente: Dirección Sectorial de Energía, base de datos del Sien.

Analizando el comportamiento de cada uno de los sectores, público y privado, se encuentra un patrón muy similar en cuanto al tipo de generación al que Costa Rica ha apostado, y es interesante ver cómo en el sector público del total de la capacidad instalada el 74% es de tipo hidro, el 20 de tipo térmico, el 5 geotérmico y solo el 1% es eólico. En el sector privado se mantiene la tendencia y esto se nota en el hecho de que el 64% de la capacidad es de tipo hidro, mientras que la generación térmica representa el 14%, siendo superada por la generación, que representa el 22% de la capacidad instalada. Comparando la capacidad instalada en cada uno de los sectores de acuerdo al tipo de fuente, se aprecia que Costa Rica se ha preocupado por generar el 82% de su energía con base en fuentes renovables (71%, 3% geotérmica y 8% eólica). Sus constantes inversiones en la obtención de fuentes de energía renovable hoy colocan al país como uno de los pocos en Latinoamérica que depende en menor escala de las fluctuaciones volátiles de los precios del petróleo para la producción de energía eléctrica. La generación de las empresas regionales se concentra en fuentes renovables, como la hidro. Recientemente, la CNFL ha licitado la construcción de dos plantas térmicas como parte de la estrategia del sector de reponer y sacar de operación el parque térmico existente. (La generación térmica en Costa Rica se utiliza básicamente como complemento de la generación hidroeléctrica para horas pico del día o para corregir problemas de ciclo hídrico en épocas de largos veranos o cuando se debe sacar del sistema alguna de las plantas existentes por motivos de emergencia. Los costos son altos y la eficiencia es bastante baja comparada con otros parques térmicos de la región. Así, por ejemplo, mientras que el costo promedio de generación del Ice en 1998 fue de 4,07 centavos de dólar por Kw/h generado, el costo de generación térmico promedio fue de 12,76 centavos de dólar. La generación con fuentes hidroeléctricas es la más barata, con un costo de 2,36 centavos de dólar, y la generación geotérmica costó en 1988 8,44 centavos de dólar en promedio.)

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Gráfico 3. Generación eléctrica anual de acuerdo al tipo de fuente, 1996-2008.

Fuente: Dirección Sectorial de Energía, base de datos del Sien, tomado del informe anual de labores del Ice.

A pesar de que existen alrededor de 29 proyectos de generación privada, la capacidad instalada e ingresos por generación está dominada por alrededor de cinco grupos de inversionistas que, con la excepción del consorcio Coneléctricas, que está en poder de las cooperativas de electrificación rural, se encuentra dominado por alianzas de capital local con inversionistas norteamericanos. Los grupos corporativos de mayor tamaño del sector son el grupo Matamoros, las empresas de Energía Global que tiene una participación importante de capital norteamericano, el grupo Saret que tiene intereses en varios proyectos, las inversiones de la Corporación Superior y el Grupo Taboga. Recientemente, una publicación de La Nación (1-7-2000) muestra cómo el total pagado por contratos a privados se concentra en ocho empresas: Platanar, propiedad del grupo Matamoros, San Lorenzo, del Consorcio Cooperativo Coneléctricas, Aguas Zarcas y Río Lajas de un grupo de inversionistas locales, Doña Julia de coinversión costarricense-norteamericana, Río Volcán y Don Pedro del grupo Energía Global y Pesa, proyecto eólico de capital norteamericano. Si bien es cierto que la gran parte del parque de generación instalado es hidroeléctrico, con las inversiones en investigación y desarrollo en geotermia del Ice desde los años setenta, y las inversiones pioneras en medición del potencial eólico, se han activado dos nuevas fuentes, la generación geotérmica y la eólica, durante los años noventa. La biomasa es escasamente aprovechada, con inversiones en cogeneración por parte de los ingenios azucareros, y a pesar de su potencial se encuentra bastante rezagada en los planes de expansión del sector. En materia de transmisión o red de alto voltaje la actividad es dominada por completo por el Ice, así como el proceso de despacho físico de la energía y la planificación del despacho económico. En este sentido, Ice opera bajo un esquema de mercado conocido como monopsonio 2 en términos de sus compras, es decir, es el único comprador dentro del sistema, y monopolio en términos de sus ventas, es decir, es el único vendedor dentro del sistema. Las funciones de despacho y de transmisión son esencialmente costeadas con base en los niveles de costos medios y son reguladas, a través de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

Institucionalidad del sector, lo público y lo privado Con los cambios en la estrategia de desarrollo -iniciados en los ochenta y profundizados en los años noventase ha puesto en entredicho la naturaleza pública del sector energía. Inclusive muchos países han pasado por procesos de privatización de activos públicos y reformas en los regímenes regulatorios tendientes a motivar un papel más preponderante del sector privado y del mercado en general en la asignación de los recursos (Cepal 1999). Sin embargo, en Costa Rica, a pesar del interés de varias administraciones de gobierno por realizar reformas y de las restricciones de financiamiento externo motivadas por presiones de los organismos financieros internacionales, no se han aprobado proyectos concretos de privatización y reformas al mercado. No obstante, las manifestaciones de sindicatos, estudiantes y ambientalistas en contra de la aprobación del combo 3 eléctrico a principios del año 2000 es una expresión clara de rechazo a la corriente liberalizadora y de apertura. Si bien es cierto no son todos 2

La figura de monopsonio se presenta en aquellos mercados en donde existe un único comprador. En este caso, el Centro de Compras del Ice, que además realiza las funciones de despacho, asume un carácter monopsónico. 3 El combo hace referencia a las leyes sobre modernización del sector de energía y telecomunicaciones, así como, a la ley de reforma al Instituto Costarricense de Electricidad.

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los grupos sociales los que se oponen a dicha tendencia, resulta interesante valorar la problemática de fondo sobre el carácter público o privado de la actividad. Existen algunas dudas concretas sobre las ventajas que para los consumidores finales tendrá este tipo de reformas. (Es clara la escasa participación de los consumidores finales en los mercados eléctricos reformados. Además, existen claros problemas de coordinación de mercado incluso en experiencias hechas en países desarrollados, tal es el caso de la reciente crisis del mercado eléctrico en California [Vargas 2001]). Por una parte, los precios no parecen reaccionar simplemente con la apertura y la privatización, dada la presencia de condiciones oligopólicas en el mercado, producto del escaso tamaño del mismo, de las débiles condiciones de regulación y de la presencia en la región de intereses extrarregionales en materia de inversión extranjera directa dentro del sector. Además, en segundo término, para países como Costa Rica que mantienen en materia de precios de los combustibles y precios de electricidad una ventaja relativa importante, la apertura sin una debida regulación y promoción de la competencia adecuada puede significar un retroceso en materia de eficiencia económica. De igual forma, la escasa y poco efectiva regulación ambiental hace del sector una actividad muy vulnerable ante inversiones externas en materia de exploración de hidrocarburos, explotación de recursos hidroeléctricos de mediana y gran escala y de distribución de algunos combustibles. En este sentido, las perspectivas de integración eléctrica o el potencial desarrollo de un gasoducto en el ámbito centroamericano parecen mostrar signos similares de concentración de poder de mercado y escasa acción para la competencia efectiva. Las instancias regulatorias están sujetas a restricciones financieras y técnicas importantes. En materia del mercado eléctrico regional, se observa en Centroamérica estrategias corporativas de grupos privados que tienden a dominar importantes segmentos del mercado energético a escala regional, lo que probablemente anticipe una estructura oligopólica en cuanto al mercado (Ecomap 2000). El argumento según el cual el financiamiento de la infraestructura es lo que obliga a que las actividades pasen a manos privadas es un mito. Si bien las compras de las empresas privatizadas en el Cono Sur fueron una posibilidad para colectar recursos frescos por parte de los estados, las empresas vendidas pasaron a manos de empresas públicas europeas en muchos casos. (Así, por ejemplo, ha sido ampliamente destacado el papel de las empresas españolas, norteamericanas e inglesas en las privatizaciones de Chile, Brasil, Perú, Argentina y más recientemente Bolivia y Venezuela.) De hecho, la naturaleza pública como tal no está en entredicho, lo que se valora es la capacidad empresarial de los consorcios. Por otro lado, las restricciones financieras del Ice y Recope son producto de una estrategia macroeconómica que no ha sido consistente en materia de reforma fiscal, de tal forma que la restricción de deuda no es propia del sector sino, por el contrario, depende de la manifestación de un problema estructural en la hacienda pública (Es claro que el Ice cuenta con capacidad de endeudamiento importante, si se compara la razón de endeudamiento con empresas similares en América Latina; sin embargo, las restricciones son producto de los límites generales del sector público costarricense. Al respecto, se ha iniciado un proceso de aprovechamiento del ahorro local, con una primera experiencia para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Peñas Blancas; es de esperar creciente demanda de recursos a futuro, de prosperar este tipo de mecanismos, dado que a la fecha se requiere alrededor de 300 millones de dólares anuales en inversión para lograr abastecer la demanda de los años próximos (Ice 2001). El carácter público, entonces, no se trata de una necesidad económica, dado que los servicios pueden efectivamente darse a través de la iniciativa privada. Sin embargo, las externalidades existentes hacen del mercado sin regulación un mecanismo de alto riesgo en materia de eficiencia económica y protección ambiental. Asimismo, las áreas de satisfacción de necesidades que no llevan aparejada una demanda con poder de compra quedan fuera de la posibilidad de resolución por esta vía, de la tal manera que los ideales de cobertura universal y de acceso y garantía de consumos mínimos no pueden satisfacerse sin una necesaria característica pública del servicio. En síntesis, lo que está en juego es una valoración política clara, sobre si es vital el acceso y garantía a toda la población de servicios públicos en este campo. Al respecto, la sociedad costarricense manifiesta un problema concreto de ingobernabilidad.

Desarrollo futuro del sector eléctrico Cuando miramos el horizonte de desarrollo del sector eléctrico notamos desafíos importantes, la consideración del ambiente como ventaja competitiva o simplemente como una restricción al crecimiento del sector, la centralización o descentralización de la institucionalidad y la propiedad del sector, el dilema de modernización y mercado, y la gobernabilidad, la democracia y la sostenibilidad del sistema.

Ambiente como ventaja o restricción Existe un temor importante por parte de las empresas públicas de incorporar el ambiente en forma sistémica. La existencia de conflictos regionales evidentes en materia de uso de recursos hídricos para generación eléctrica y 17

las manifestaciones en contra de la exploración petrolera ponen en jaque una condición de debilidad estratégica del sector. Como manifestación concreta, el sector del transporte es el que muestra mayor ineficiencia y rezago en materia de impacto ambiental. La contaminación producto de las emisiones vehiculares ha crecido en forma exponencial en los últimos años producto de la mayor apertura y el cierre de otras alternativas de transporte. El sector eléctrico presenta una condición de oferta bastante favorable en un porcentaje alto de uso de recursos renovables, a pesar de que las fuentes limpias no tradicionales apenas están iniciando un proceso de crecimiento (En el caso de las fuentes de energía alternas, es importante destacar que si bien la energía solar muestra índices de penetración importantes en zonas rurales alejadas de la red, los costos relativos por familia son altos comparados con las posibilidades, calidad y características de las conexiones dentro de la red. Es por lo tanto no predecible una competencia fuerte de proyectos solares en áreas con cobertura eléctrica tradicional.) El tema más importante al respecto es el del consumo y uso eficiente de la energía; es precisamente en esa área donde no se ha logrado avances importantes, a pesar de la nueva legislación sobre uso racional de la energía.

Isla Chira, Costa Rica

Gino Biamonte

Existen algunos programas estratégicos, como el pago de servicios ambientales a fuentes de energía limpia o la transmisión de dicha ventaja a la protección de cuencas, que permiten sostener o balancear los recursos hídricos. Tanto las actividades iniciales de implementación conjunta como el recientemente anunciado proyecto Ecomercados son iniciativas que permiten apoyar una relación más sistémica entre el uso de recursos naturales y la actividad económica competitiva. En parte, podemos hablar de círculos virtuosos entre ambiente y competitividad. La necesidad de introducir en forma estratégica el transporte eléctrico en el área metropolitana, la introducción de la energía solar pasiva y el fortalecimiento de las energías no convencionales en materia de abastecimiento energético y del ahorro como pilar fundamental, el fortalecimiento de la regulación preventiva y de sustitución 18

de combustibles, así como un programa directo de impuestos verdes que favorezca las fuentes limpias, son, entre otras, la agenda energética ambiental de futuro.

Institucionalidad centralizada o descentralizada El desarrollo del sector energía durante los últimos cincuenta años ha estado centrado en una creciente estrategia de centralización y verticalidad en materia de toma de decisiones. Esto fue hasta cierto punto necesario para aprovechar las economías de escala en materia de interconexión eléctrica nacional y en el campo de distribución de combustibles. Sin embargo, la necesidad de replantearse dicha estrategia de centralización y verticalidad es hoy por hoy un reto importante en el sector. Las nuevas formas de energía no convencionales, la conservación y uso eficiente de la energía y la promoción de fuentes pasivas en los campos de transporte, cocimiento, calefacción y ahorro, hacen de la descentralización un tema importante. La planificación local con participación de actores nuevos como comunidades, ambientalistas y propietarios locales de recursos, requiere de democratizar la toma de decisiones y descentralizar las actividades de planeamiento, ejecución y administración de los recursos. El desarrollo de estas condiciones es una labor de la política energética y requiere de reducir el poder político de los grupos sindicales de las grandes empresas como el Ice, Recope y las compañías eléctricas regionales y fortalecer el papel de las comunidades y los municipios. Es en este campo que hay que regresar a la planificación local. Una propuesta de política importante a considerar es la fragmentación del Ice en un conglomerado de empresas de generación, una empresa de transmisión y un grupo mayor de entidades regionales de distribución. Las actividades de generación nuevas pueden dar cabida a empresas mixtas de capital social ampliado con participación privada y de entidades locales en forma minoritaria. Este tipo de empresa podría operar en forma relativamente independiente, garantizando, de una u otra forma, una competencia sana de recursos, fuentes de generación y actores. El mecanismo de despacho puede tener dos segmentos separados, el despacho central para recursos superiores a los 10 MW y el despacho no central a las plantas de capacidad instalada inferior con fuentes limpias. Esto permitirá la creación de importantes ventajas para el desarrollo de proyectos eólicos, de pequeñas empresas hidroeléctricas y de fuentes alternas como la biomasa y la energía solar. La descentralización de la empresa puede favorecer los procesos de autorregulación en materia de comportamientos estratégicos en el mercado a pesar de mantener el carácter público del sector. El papel más activo de los actores locales, sean ellos consumidores, ambientalistas o inclusive los propios generadores, diversificaría las opciones. (En este caso, la mayor diversidad de actores y de opciones técnicas es pilar central para mejorar la capacidad innovadora del sector [Vargas 2001]).

Modernidad o mercado Parece notarse en los discursos y manifestaciones de los gobiernos e instituciones financieras internacionales un debate acerca de la idea de modernidad a la que se aspira. Algunos fácilmente han asumido el discurso de modernidad con el desarrollo del mercado libre o con una profundización de las reglas en el marco del mercado. Existe poco avance sobre el estilo de capitalismo de mercado o del tipo de mercado al que se aspira. El mercado, como otras instituciones presentes en el sistema económico, genera resultados buenos o malos acorde con la institucionalidad asociada. La situación existente en materia de derechos de propiedad, la existencia o no de reglas en materia de transparencia para manejar la información, las características de la normativa y regulación, así como, su estilo son elementos importantes. La planificación por objetivos no debe sustituir al mercado, debe orientar su accionar para alcanzar metas en campos donde el libre accionar del mismo no lo garantice. Creo que la modernidad pasa necesariamente por una reforma del mercado, pero el tipo de institucionalidad que lo sustente es vital para alcanzar el fin último de modernidad. El mercado bien orientado puede conducir hacía una idea de modernidad que permita equilibrar los objetivos económicos básicos de eficiencia y competencia, con objetivos de equidad de acceso y sustentabilidad ambiental.

Gobernabilidad, democracia y sustentabilidad, nuevos retos El despacho económico es una función fundamental en los nuevos esquemas de mercado orientados por la des-regulación y apertura del sector eléctrico. A pesar de lo anterior, existe un marcado desconocimiento acerca del impacto futuro de las reformas en áreas como el ambiente, la eficiencia económica y la seguridad del sistema y, especialmente, el impacto sobre la distribución del ingreso vía cambio en las tarifas y calidad del servicio (Las

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reformas en distintos países de América Latina, han llevado a un peligroso acercamiento de la capacidad instalada a los márgenes de uso de las horas pico del sistema, llevando a apagones y crisis de demanda como las chilenas, la brasileña y la de California. A pesar de tener distintas causas, los procesos de reforma han implicado dislocación de las bases tradicionales de planificación del sistema eléctrico.) Entre otras preguntas se encuentran las siguientes: ¿En qué consiste dicho cambio y cómo se manifiesta? ¿Qué significará este cambio para la futura expansión del sistema y en particular para la generación con fuentes renovables? ¿Están dichos cambios promoviendo realmente la competencia y la mayor eficiencia en el sector? ¿Qué efectos se podrían prever en materia de precios, ambiente y eficiencia económica? ¿Qué otras implicaciones representan dichos cambios para la actual estructura y dinámica del sector? Hasta la fecha, el despacho económico ha sido realizado por una unidad técnica dentro de la empresa líder y verticalmente integrada al Ice. La principal función de la unidad ha sido minimizar los costos del sistema, organizando la curva de carga de acuerdo con los recursos disponibles (unidades de producción existentes y sus distintas características técnicas), procurando en todo momento garantizar que la oferta existente se iguale a la demanda. A la fecha, dicha optimización se realiza considerando períodos pico dentro del día (de 10 a.m. a 1 p.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.) y estaciones del año (época seca y época de lluvias). (De acuerdo con una entrevista realizada en la unidad de pre-despacho económico, ésta se encuentra trabajando en una optimización que permita determinar en forma horaria la combinación óptima de plantas para atender las necesidades del sistema. Además, a la fecha, la generación basada en compras al sector privado ha sido considerada como base, dado que la estructura de contratos no permite generar discriminación en el despacho.) Dado que las compras del Ice a privados se realizan bajo contratos de energía, energía y potencia y bajo parámetros fijos establecidos, la mayoría de los proyectos son considerados como un complemento a la oferta del Ice, que se despacha de acuerdo con las características de eficiencia técnica y de valor máximo del agua de los embalses principales. (La gran mayoría de dichos contratos se encuentran en el marco de la ley nº 7.200, que garantiza períodos de 15 años y condiciones preferenciales de despacho y precios para proyectos renovables cuya capacidad instalada no supere los 20 MW.) Dada la estructura de la curva de carga del sistema, se utiliza la energía renovable (hidroeléctrica y geotérmica) como la base para llenar la curva de demanda y se atiende la demanda en períodos pico con fuentes térmicas. Adicionalmente a la minimización de costos de despacho, se agregan los criterios técnicos de estabilidad del sistema, servicios adicionales tales como potencia activa y reactiva y otros requerimientos de consistencia regional y energía de soporte para fallas repentinas o inestabilidad provocada por el tipo de fuente de energía despachada. (Esto es particularmente importante en el caso de la energía eólica, que requiere un soporte complementario dada la inestabilidad de su curva de potencia, asociado a la escasa predicción existente para el recurso. Algo similar sucede con los proyectos hidroeléctricos de pequeña escala con alto riesgo de inestabilidad en su ciclo hídrico.) A diferencia de la optimización basada de costo marginal de corto plazo que se utiliza en un sistema térmico, el despacho económico en un sistema mixto como el costarricense requiere de la combinación de factores de costo de hoy, adicionados a valores esperados del precio del agua en los embalses, los cuales dependen de una función futura de caudales. De esta manera, la planificación del despacho y del uso de los embalses representa una función de optimización intertemporal sujeta a condiciones de incertidumbre. Siempre que las plantas que se adicionen al sistema y a la lista de despacho tengan un ordenamiento por costo mínimo y se conozcan con cierta precisión los caudales esperados (pronosticados a partir de diversa información del pasado), se puede obtener un ordenamiento y despacho económico de plantas que minimiza los costos de operación del sistema. Para garantizar que los riesgos de racionamiento sean minimizados, el sistema eléctrico requiere mantener una capacidad instalada disponible superior a la demanda máxima del sistema, de tal forma que se pueda atender situaciones inesperadas motivadas por múltiples problemas o riesgos dentro del sistema. En el caso actual dicha capacidad es garantizada por el Ice, que da soporte al sistema dado su carácter de líder dentro de él. Actualmente, todos estos costos son transferidos al sistema, al igual que el valor de la energía pagada por el Ice a los generadores privados, mediante un sistema tarifario regulado que reconoce como costos operativos esta etapa de despacho. Éste es un elemento que ha beneficiado a fuentes de energía que, como la eólica, presenta una calidad inferior en términos de estabilidad y soporte dentro del sistema. (El desarrollo de la generación privada en el marco de un nicho complementario a la participación del Ice ha permitido que la empresa pública asuma una serie de servicios complementarios dentro del despacho, que con los cambios propuestos deberán volverse mucho más transparentes. Éste es un área donde las fuentes no convencionales pueden presentar una desventaja relativa respecto a la fuente térmica o hidroeléctrica de gran escala.)

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Perspectivas y retos de mediano plazo del sector (1) Una creciente diversificación de fuentes y opciones tecnológicas en materia de producción de energía. En el caso particular de Costa Rica, a la creciente construcción de proyectos hidroeléctricos de menor tamaño motivados en la ley nº 7.200 se suman el ingreso de la generación geotérmica y eólica, que representan una clara diversificación de las opciones, a pesar de representar un nicho pequeño en materia de generación. El reto al respecto es mantener el espacio competitivo de dichas fuentes alternas en las nuevas condiciones de mercado. (2) Un segundo aspecto muy aparejado a dicha diversificación es la existencia de mayores y más diversos actores involucrados en el contexto del sector, tanto en forma directa como en sus relaciones con otros sectores. Se trata entonces de una ampliación de la base social en la que se fundamenta el sector. La mayor participación de comunidades rurales, ambientalistas y de intereses de gremios privados, así como una futura participación de asociaciones de consumidores, obliga a replantear los esquemas de participación y representación política, tanto en los entes regulados como por parte de las autoridades reguladoras. Al respecto, si bien las audiencias públicas en materia de tarifas han significado un paso adelante en cuanto a participación de los usuarios en el control de calidad y poder de mercado de las empresas reguladas, aún existen importantes asimetrías de información y problemas de control que no permiten una amplia participación de actores en la definición de otras políticas en aspectos ambientales y de inversión. (3) La tendencia más particular y que ha motivado en parte esta estrategia diversificadora en materia de actores ha sido la restricción creciente de acceso al crédito para las actividades de infraestructura dentro del Estado. Dicha restricción ha generado procesos masivos de privatización en otros países, mientras que en Costa Rica apenas ha generado incipientes procesos de concesión de obra, como en el caso del Proyecto Geotérmico Miravalles III, y espacios de co-generación en el marco de la ley 7.200 y 7.508. Las recientes resoluciones de la Sala Constitucional han mostrado un vacío legal importante en materia de co-generación de energía que debe resolverse si se pretende mantener los ritmos de inversión en el sector. La participación privada ha sido un factor importante en el desarrollo del cluster de energía en años recientes; la reorientación de dichos esfuerzos debe procurar mantener el espacio abierto para la incorporación de dichos flujos de inversión, con el adecuado respeto a la legislación vigente y a las normas ambientales. (4) Otra importante tendencia en el sector es el fortalecimiento de la actividad regulatoria, que, más que convertirse en una supervisora del mercado, pretende funcionar como un mecanismo regulador en el nuevo esquema. Al mismo tiempo se ha fortalecido la posición de los consumidores y particularmente de los derechos ambientales. Al respecto, es de vital importancia un fortalecimiento de instancias como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y los procesos de participación de actores en materia de tarifas. (5) Además, son cada vez más claras las oportunidades y riesgos inminentes de una integración regional. En este campo, el proyecto Siepac es en sí mismo un promotor de los cambios en los sistemas eléctricos nacionales en Centroamérica. Si bien las expectativas de culminación de la red Siepac hacen prever que en 2010 se tendrá mayores requerimientos de interconexión, es importante ampliar los espacios de comercio, sin confiar en que es el Siepac una solución única a nuestro abastecimiento futuro. (6) Finalmente, es claro que el sector ha mostrado cierto dinamismo en materia de aprovechamiento de las iniciativas internacionales que han generado una gran variedad de productos nuevos, tales como las ofertas en materia de carbono y las posibilidades de aprovechar las actividades de implementación conjunta o de comercio de emisiones en el marco de las negociaciones sobre cambio climático. Con este entorno y dinámica, los principales retos que enfrenta el sector eléctrico son: Obtener los mejores resultados con el menor posible uso de recursos, lo que requiere replantearse la forma e institucionalidad del mercado. Modernizar la planificación y los instrumentos de democracia en el campo de las decisiones a tomar y las prioridades a atender, que requiere de un trabajo de mejora sustancial de la gobernabilidad. Obtener un balance entre precios, calidad e impactos ambientales, lo que requiere de una estrategia de minimización de costos con incorporación de objetivos sociales y ambientales. El país ha logrado mantener una cobertura eléctrica que supera con creces el promedio de los países en desarrollo. Además, se ha mantenido una política de subsidios cruzados por usos y regiones que de una u otra forma han permitido generar un balance más equitativo en materia de acceso a la energía. El nuevo lenguaje de mercado, basado en eficiencia y eliminación de distorsiones pone en entredicho las políticas que dieron sustento al sistema eléctrico existente. ¿Cómo garantizar esa equidad distributiva sin afectar el uso correcto de los recursos? ¿Cómo mantener actividades de consumo protegidas o des-incentivar usos irracionales de energía por parte de algunas actividades económicas, sin crear desequilibrios financieros, ambientales o de planificación regional? En el campo social pareciera enfrentarse un reto en términos de solidaridad y transparencia. Mejorar la forma de definir las prioridades y los instrumentos es esencial, para no esconder subsidios cruzados a actores de poca

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relevancia en el campo de la equidad. Replantear la planificación con objetivos de equidad intergeneracional y regional es estratégico, pero sobre todo mejorar la capacidad de concertación local entre actores. Las actividades relacionadas con el sector energía tienen un claro y algunas veces pernicioso impacto ambiental. La atención de crecientes necesidades de calefacción, cocimiento y enfriamiento de alimentos, fuerza e iluminación, transporte y recreación llevan implícita la necesidad de transformar la energía y, como tal, algunas de sus externalidades se traducen en contaminación o deterioro de los recursos. La necesidad de mantener un uso de recursos acorde con cierta capacidad del sistema para autorregenerarse nos hace pensar en una modernidad del sector más allá de la simple mejora en eficiencia motivada en la idea neoclásica de mercado. La presencia de fallas de información, fallas de coordinación, externalidades, bienes públicos y derechos de propiedad colectiva hace de la actividad un campo de intervención pública claro. El mantener equilibrios y balances intra e intertemporales en materia de uso de recursos nos hace pensar en la necesidad de orientar al mercado hacia la búsqueda de mejores objetivos. Fortalecer los existentes círculos virtuosos entre equidad y ambiente, y competitividad y ambiente, es un reto básico de una política energética moderna. La consolidación del esquema de servicios ambientales en el campo no debe esconder la existencia de fallas o mercados en otros campos. La descentralización en materia de toma de decisiones debe privilegiarse en los próximos años. El fortalecimiento de los entes de planificación por objetivos y la participación de los actores en la autorregulación en materia de uso de recursos comunes es un campo a fortalecer. La sociedad costarricense debe superar el trauma del combo y valorar a mediano y largo plazos el papel de las instituciones del sector; las reglas del juego nuevas deben sobre todo partir de una transparente y democrática discusión, que no interponga el papel de una u otra organización, tal como lo es el Ice, la CNFL u otras, sobre el interés de los costarricenses. Si bien es claro que han jugado un papel estratégico en el pasado, las formas institucionales del futuro deben co-evolucionar a formas más flexibles y acordes con el correr de los tiempos. Las reformas deben de venir en la dirección de alcanzar los objetivos y fines de sostenibilidad, solidaridad y eficiencia en el uso de los recursos y la atención de las necesidades.

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Inicio – Siguiente Blanco, J. “Eficiencia energética: una estrategia de política pública en Centroamérica”, Ambientales, No. 37, junio 2009, Costa Rica. Págs. 23-29.

Eficiencia energética: una estrategia de política pública en Centroamérica por JOSÉ MARÍA BLANCO

RESUMEN Este ensayo posiciona el tema de la eficiencia energética en la industria eléctrica de Centroamérica como un complemento al desarrollo convencional de la infraestructura eléctrica basado en la construcción de nuevas plantas de generación. Después de exponer los grandes retos que enfrenta el sector eléctrico regional -donde Costa Rica no es la excepción- para atender la demanda creciente del consumo eléctrico, el uso eficiente de la electricidad con la participación activa del consumidor final es una oportunidad inmediata para cambiar el paradigma actual con beneficios ambientales globales. Se explica los avances de esta región en años recientes a partir de la formulación de una estrategia de política pública en eficiencia energética, las lecciones aprendidas a la fecha y las perspectivas para una región altamente dependiente de los hidrocarburos importados para generación eléctrica, en términos de ahorro energético, los costos económicos evitados y las toneladas de gases de efecto invernadero mitigadas. This essay highlights the energy efficiency topic in the context of the Central American power industry, as a complement to the conventional development of the national energy system based on the construction of new power generation plants. After describing the challenges faced by the regional power sector –where Costa Rica is not the exception- to cope with the growing electricity consumption, the energy efficiency approach integrating the active participation of the end user is an immediate opportunity to change the current paradigm with global environmental benefits. This article explains the progress of this region in recent years based on a Public Policy Strategy on Energy Efficiency, the lessons learned till this day, as well as perspectives for a region highly dependent on imported hydrocarbons for power generation, in terms of energy savings, avoided costs, and mitigated tons of global warming gases.

Palabras claves: eficiencia energética, Centroamérica, industria eléctrica, política pública, estrategia regional. Key words: energy efficiency, Central America, power industry, public policy, regional strategy. Fecha de recepción: junio, 2009. Fecha de aceptación: julio, 2009.

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entroamérica -como otras regiones a nivel mundial- experimenta un crecimiento en la demanda energética superior a su capacidad económica y ambiental para sostener sus actuales patrones de consumo. Este ensayo posiciona el tema de la eficiencia energética como una alternativa innovadora en la gestión de la industria eléctrica centroamericana, a partir de los grandes retos que enfrenta esta industria a nivel regional. Históricamente, la forma en que ha operado el sector energético ha sido supply driven, es decir, la industria energética debe proveer los insumos que demandan los diferentes sectores de consumo. Sin embargo, en años recientes los problemas asociados con el abastecimiento energético han sido recurrentes por la falta de planificación con una visión de largo plazo, así como por la falta de inversiones oportunas para atender con confiabilidad y calidad la demanda energética creciente que requieren los países; ello aunado a una creciente vulnerabilidad regional al aumentar también el consumo de los hidrocarburos importados. En el caso particular del sector eléctrico, la gestión institucional en materia de política pública se ha concentrado en atender el déficit en la generación, la extensión de las líneas de distribución a zonas pobladas aún no electrificadas y la reducción de las pérdidas en las redes, sin prestar mayor atención al papel de la eficiencia en torno al uso final de la energía. En este contexto, se le ha dado poca atención al papel del consumidor final para El autor, ingeniero especialista en energía renovable y eficiencia energética, es director regional de la organización no gubernamental centroamericana Bun-CA (www.bun-ca.org).

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que sea parte activa de la industria eléctrica, y sea motivado a emprender los cambios tecnológicos y las buenas prácticas que tienen como resultado una optimización de la cantidad de energía utilizada en todos los sectores de consumo. La vulnerabilidad energética en el contexto centroamericano se caracteriza, entre otros factores, por la creciente dependencia de los hidrocarburos importados, lo que representa un reto mayúsculo para las pequeñas economías centroamericanas que buscan insertarse competitivamente en el escenario del comercio mundial, así como contar con la capacidad para atender la demanda del crecimiento socio-económico en forma confiable y oportuna. El principal reto -en un contexto de desarrollo sostenible- para la industria eléctrica centroamericana, caracterizada por esquemas socio-económicos cada vez más electro-intensivos, consiste en aprovechar no solo el amplio potencial de energía renovable que caracteriza a todos los países de la región centroamericana sino también en desarrollar mercados para que el consumidor final participe activamente utilizando equipos eléctricos eficientes a fin de reducir el consumo final de electricidad, sin afectar su nivel de confort y servicio, ni la calidad de la producción.

Sector eléctrico en Centroamérica Un repaso de los principales aspectos del contexto energético de la región muestra cómo las reformas macroeconómicas emprendidas desde los años noventa se propusieron desarrollar mercados eléctricos más competitivos, desapareciendo los monopolios públicos verticalmente integrados en la generación y distribución de electricidad. En la última década, los estados tienden a abandonar sus funciones empresariales, asumiendo las tareas de planificación indicativa y una nueva responsabilidad focalizada en la regulación, fiscalización y coordinación operativa en la prestación de este servicio público. En consecuencia, Centroamérica ha visto emerger nuevos agentes de mercado en la generación y distribución de la energía, donde ha habido una transformación de los mercados de generación hacia esquemas más dependientes de los combustibles importados, ya que esos nuevos agentes -excepto en Costa Rica- tienden a seguir una racionalidad lógica de ganancia máxima para operar en los emergentes mercados mayoristas de generación eléctrica, especialmente con la instalación de plantas de generación térmica utilizando combustibles fósiles importados. Según la matriz energética centroamericana (Bun-CA 2006), los usos finales de la electricidad por sector muestran que los sectores industrial y comercial consumen cada uno el 28% del total de la electricidad generada, mientras que el sector residencial el 36%. La diferencia la consumen otros sectores, principalmente el sector gubernamental. Con respecto a las principales tecnologías empleadas en Centroamérica (equipamiento eléctrico), los sistemas de iluminación se utilizan principalmente en los sectores comercial, residencial e industrial, los motores eléctricos son empleados en el sector industrial, los acondicionadores de aire en el sector comercial e industrial, y los equipos de refrigeración se emplean principalmente en el sector residencial y en menor proporción en el sector comercial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reporta que mientras en 1999 la generación de electricidad utilizando hidrocarburos fue de 9.355 gigavatios-hora, en 2007 ésta casi se duplicó alcanzando los 15.577 gigavatios-hora (Cepal 2009), aprovechando casi una década de petróleo barato en el mercado internacional. Como resultado de esta coyuntura, mientras que en la década de los ochenta la región generaba un 80% de su electricidad utilizando recursos renovables -particularmente hidroelectricidad- y un 20% con hidrocarburos importados, en 2006 la generación con recursos renovables ha disminuido al 50%, con el consecuente aumento en las emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. La región centroamericana pagó 6.878 millones de dólares en 2006 por concepto de la factura petrolera anual, de los cuales unos 1.300 millones correspondieron al aumento sostenido en la producción de electricidad utilizando diesel, bunker y recientemente carbón mineral importado. Este fenómeno en el mercado energético se dio sin una planificación de largo plazo -al menos indicativa- que hiciera repensar el actual paradigma energético hacia esquemas más sostenibles. Nicaragua es el país con mayor participación de generación térmica, con un 80%, seguido de Honduras con un 66%, donde Costa Rica mantiene el sistema de generación eléctrica que menos consume hidrocarburos, con un 6% reportado en el 2007 (Cepal 2009). Por otra parte, los costos de capital para financiar nueva infraestructura eléctrica representan un reto mayúsculo para las pequeñas economías regionales. El Consejo de Electricidad de América Central (Ceac) ha elaborado varios escenarios y estima que los requerimientos financieros para desarrollar los planes de expansión eléctrica de 2009 a 2020 son del orden de los 6.287 megavatios, lo cual representa la movilización de financiamiento en el orden de 11.427 a 14.923 millones de dólares (Ceac 2007). Es importante mencionar que mucho de este desarro-

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llo se planea en áreas de gran fragilidad ecológica, lo cual conlleva un serio conflicto en torno al uso del suelo, provocando impactos negativos sobre los ecosistemas si se desea explotar el potencial de las fuentes de energía renovable de origen local. Si bien es cierto las emisiones de gases efecto invernadero en Centroamérica son proporcionalmente bajas con respecto al promedio de América Latina, paradójicamente es una de las regiones más vulnerables ante los embates del cambio climático, sobre todo por el mayor riesgo ante eventos climáticos extremos, situación que afecta la operación de la infraestructura para generación hidroeléctrica dada la variabilidad de los caudales de los ríos en años secos y las avenidas máximas asociadas a eventos naturales extremos, como inundaciones. En resumen, el incesante aumento promedio de la demanda de electricidad en los años previos a la crisis financiera mundial de 2008, cercano al 5%, donde casi el 60% de la electricidad lo consumen el sector industrial y comercial, la utilización sostenida de combustibles fósiles (bunker, diesel y carbón mineral), y el aumento de los costos de inversión, implican en el paradigma actual de la industria eléctrica centroamericana mayores costos operativos, tendencia hacia el alza en las tarifas eléctricas y mayores compromisos con el ambiente global, todo ello comprometiendo aun más su vulnerabilidad energética según los patrones actuales de consumo energético.

Oportunidad: uso eficiente de electricidad Centroamérica ha visto cómo en la mayoría de los países efectivamente se ha ampliado y diversificado la participación de los agentes de mercado en la industria eléctrica, donde las transnacionales energéticas y los grupos económicos regionales han ocupado el papel histórico de los gobiernos en la generación y en la distribución de electricidad, excepto en Costa Rica y Honduras, quienes todavía no terminan por definir el esquema de apertura de sus mercados para la generación y la distribución respectivamente (en todos los países, el Estado ha mantenido la propiedad del sistema de transmisión). Las reformas legales realizadas a la industria eléctrica que transformaron los monopolios públicos de una industria verticalmente integrada a una estructura horizontal público-privada, tuvieron una característica común: las nuevas legislaciones obviaron complementar el nuevo paradigma institucional con legislación específica para desarrollar los mercados en torno al uso final eficiente de la energía. La capacidad de alcanzar mayores beneficios con menos recursos y con el menor impacto ambiental es lo que se define eficiencia energética. Esta definición implica aprovechar los recursos técnicos, financieros y gerenciales con el fin de optimizar el consumo de energía, de una manera rentable para el usuario final. Desde la óptica técnica, la gestión en torno al uso final eficiente de la energía cubre varios horizontes, i.e.: (1) buenas prácticas, o sea un cambio de hábitos y actitudes por parte de los mismos usuarios o consumidores eléctricos, (2) control operacional mediante la introducción de dispositivos manuales, semi-automáticos y automáticos, por ejemplo la instalación de termostatos en tanques de agua caliente, y (3) nuevas inversiones en tecnologías modernas energéticamente más eficientes, por ejemplo la sustitución de las lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas. Uno de los grandes retos para desarrollar estos mercados es enfrentar la falta de políticas públicas que promuevan, con una visión sostenible de planificación en el largo plazo, el potencial del ahorro de energía en los sistemas eléctricos nacionales, entendiéndose por una política pública energética el conjunto de decisiones y acciones emprendidas desde el Estado para el aprovechamiento sostenible (socialmente equitativo, económica y ambientalmente viable) de los recursos energéticos (renovables y no renovables) que resultan de la producción, transformación, transporte, distribución y uso final de la energía, a fin de reducir la vulnerabilidad energética y para resolver o evitar problemas que enfrenta la sociedad en su conjunto (adaptado de Ente 2009). A diferencia de los países fabricantes de equipo eléctrico, en la región se importa casi la totalidad del equipo eléctrico, de forma tal que deben enfrentarse tres elementos clave para desarrollar una política pública de eficiencia energética con visión de largo plazo, i.e.: (1) Existen pocas instituciones públicas y privadas fortalecidas con presupuestos y recurso técnico capacitado en la materia; por ejemplo, oficiales públicos entrenados no solo en la preparación de normas mínimas de eficiencia energética, sino también en calcular los beneficios económicos de la normalización, así como desarrollar la capacidad para verificar su cumplimiento, tal es el caso de los funcionarios aduaneros que deben controlar la importación de equipos eléctricos usados que no cumplan con los índices mínimos de consumo energético establecidos en las normas (2) La necesidad de establecer fondos de inversión especializados en el financiamiento hacia transformaciones tecnológicas energéticamente más eficientes, sean de carácter público o privado, por ejemplo, para promover la sustitución masiva de refrigeradores ineficientes en el sector residencial por equipos más modernos y de menos consumo energético. (3) El establecimiento de precios reales de la energía que reflejen en las tarifas los costos económicos y ambientales que no estén asociados a los vaivenes de la agenda política de turno.

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Estrategia de política pública en eficiencia energética Desde 2005, los entes encargados de la política pública de los países centroamericanos -con el apoyo técnico de la organización centroamericana Bun-CA- dimensionaron una plataforma política, técnica y financiera para promover y dinamizar los mercados en eficiencia energética en torno al uso final de la electricidad con una visión de largo plazo, acciones que han tenido la cooperación técnica y financiera de una multiplicidad de agencias internacionales para el desarrollo. Este ensayo destaca las principales acciones emprendidas en el marco de la “Estrategia de Política en Eficiencia Energética en el Sector Eléctrico de Centroamérica y República Dominicana”, donde cada país selecciona las políticas que mejor se adapten a su contexto económico, político y técnico. En enero de 2007, ella fue refrendada por los ministros de Ambiente y Energía, reunidos en la Ciudad de Belice. Esta iniciativa complementa en materia de eficiencia energética en el sector eléctrico la acción regional de política pública liderada por la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-Sica) en el marco del Programa de Integración Energética Centroamericana (Piem), a fin de reducir la vulnerabilidad de los sistemas nacionales interconectados, de cara a los altos costos de los energéticos importados a partir de 2005, utilizados en la producción de electricidad con plantas térmicas con base en diesel, bunker y carbón mineral. La Estrategia de Política en Eficiencia Energética propone cuatro objetivos específicos: (1) Integrar las acciones de eficiencia energética en el sector eléctrico con las iniciativas regionales de producción más limpia y la matriz de acciones del Piem en torno al uso final de la electricidad que impulsa la SG-Sica. (2) Establecer una plataforma política favorable que permita la apertura del mercado en torno al uso eficiente de electricidad. (3) Promover y apoyar la cooperación técnica regional, y a nivel de cada país, con una visión integrada y de largo plazo. (4) Fortalecer las capacidades regionales y nacionales en los ámbitos públicos y privados. Para alcanzar los objetivos anteriores esta Estrategia de Política propone a su vez cuatro enunciados de política, los cuales se ejecutarán en un plazo determinado bajo el liderazgo político de las instituciones públicas del sector energía, pero con una amplia participación de otras instituciones públicas -como las aduanas- y las empresas de carácter privado que participan en el desarrollo de los mercados de eficiencia energética -como los importadores de equipo eléctrico- a través de siete lineamientos específicos (véase tabla 1).

Una mirada retrospectiva Es cierto que el camino recorrido desde 2005 ha sido relativamente poco para medir un cambio significativo hacia un paradigma energético más sostenible donde no solo se logre desarrollar una oferta energética que reduzca la dependencia de los hidrocarburos importados para generación eléctrica, sino que también vea en el ahorro de energía una forma de diferir inversiones integrando al consumidor como un agente activo en la industria eléctrica. De esta manera, en este corto período afloran algunos resultados alentadores, según los cuatro enunciados anteriores. Desde un ángulo de análisis político en relación al enunciado I, el inicio y la continuidad de acciones públicas orientadas al fortalecimiento institucional de las entidades de política energética en torno a la eficiencia energética es uno de los grandes pasos logrados. En general, los decisores de política son ahora más conscientes de la importancia del uso racional de la energía y el ahorro de energía mediante la participación activa del consumidor final, gracias a un programa sostenido de capacitación regional coordinado por Bun-CA dirigido a los oficiales públicos responsables de la gestión energética, así como a los técnicos de los organismos nacionales de normalización. En atención al enunciado II, orientado hacia la transformación del parque tecnológico, a nivel regional se han elaborado 31 normas de eficiencia energética para equipo eléctrico, donde destacan las acciones emprendidas en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, donde ahora existen normas técnicas de eficiencia energética para las lámparas fluorescentes compactas y los fluorescentes lineales, motores eléctricos, acondicionadores de aire y equipos de refrigeración. En los otros países, aunque las acciones emprendidas han sido más lentas, ahora los oficiales públicos también reconocen que las normas mínimas de eficiencia energética en equipos eléctricos son un instrumento de mercado fundamental para complementar por el lado de la demanda las acciones emprendidas por el lado de la oferta, en el sentido de seguir construyendo nuevas plantas de generación eléctrica. Como complemento a la elaboración de las normas, y considerando que la región es un importador neto de equipo eléctrico, el establecimiento de etiquetas homologadas que informen al consumidor final de los índices de eficiencia energética en el equipo que desea comprar es aún una tarea pendiente y su desarrollo debe enfocarse desde la instancia regional, como acción estratégica liderada por el Sica. El enunciado III expone la necesidad de remover las barreras de información para que el consumidor final seleccione y adquiera los equipos energéticamente más eficientes, para lo cual la norma de eficiencia energética y la etiqueta con la información respectiva para cada producto son instrumentos idóneos, según lo ha demostrado la 26

práctica en los mercados eléctricos más desarrollados. La experiencia inicial desarrollada por el Instituto Costarricense de Electricidad (Ice) ha demostrado cómo el desarrollo de los mercados de eficiencia energética es una forma costo-eficiente para desacoplar el crecimiento de la demanda sin afectar los ingresos de las empresas distribuidoras, donde se aprovecha en forma innovadora el sello de eficiencia energética, denominado energice, creado por el organismo nacional responsable de elaborar las normas de eficiencia energética, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco). El Ice incentivó la venta a los consumidores nacionales directamente en el comercio detallista de forma tal que el consumidor adquiría en una sola compra tres lámparas fluorescentes compactas pero pagaba únicamente el precio de dos, para sustituir las lámparas incandescentes convencionales de alto consumo y con baja eficiencia energética. A los importadores de lámparas eficientes certificadas cuyo producto excedía los rangos mínimos establecido en la respectiva norma de eficiencia energética el Ice les pagaba el precio de una unidad y el consumidor pagaba el precio de mercado de las otras dos lámparas. Así, se colocaron en el mercado nacional solo en el período de febrero a julio de 2008 unas 931.400 unidades, lo cual le ahorró a los consumidores finales 55.178 megavatios-hora, evitó la emisión de 3.036 toneladas de dióxido de carbono, estimándose el costo evitado por generación térmica en la factura petrolera del país en unos 4,1 millones de dólares, solo en el primer año de aplicación de la norma de eficiencia energética (CCAD/USAID/Bun-CA 2009).

Enunciado de política pública I. Fortalecimiento institucional de las entidades de política energética en América Central y República Dominicana II. Transformación del parque tecnológico centroamericano y de República Dominicana

Tabla 1. Esquema de una Estrategia de Política en Eficiencia Energética. Período de Nombre del lineamiento Objetivo de política aplicación Apoyar los lineamientos definidos en el marco de la Matriz de Acciones para la Integración y Desarrollo Energético de Apoyar las políticas públicas en Centroamérica, SG-Sica 5 años materia de ahorro de energía

Fortalecer las iniciativas de programas de normalización de equipo eléctrico eficiente Fortalecer el conocimiento para desarrollar esquemas de etiquetado homologados, en el nivel regional Incorporar la eficiencia energética como un instrumento costo-eficiente que contribuya al desarrollo de una política regional en producción más limpia

III. Desarrollo de la capacidad, por parte de los usuarios, para seleccionar los equipos eficientes adecuados

3 años

3 años

5 años

Desarrollar una plataforma de información regional en el nivel técnico y financiero, para el uso eficiente de la energía 4 años

IV. Desarrollo de los mercados, en EE, de productos y servicios

Proponer instrumentos de incentivos fiscales (i.e.: tasas aduaneras e impuestos), financieros (i.e.: depreciación acelerada) y de gestión administrativa Promover el acceso a mecanismos financieros innovadores (fondos propios, leasing, ESCO, ESE, etc.)

Transformar el mercado regional de los equipos eléctricos ineficientes para el ahorro de energía Proporcionar información al usuario sobre el consumo energético de los equipos eléctricos que va a adquirir Integrar la Estrategia de Eficiencia Energética como una herramienta para la competitividad en los acuerdos de producción más limpia, para promover el ahorro de energía Apoyar el desarrollo de proyectos en eficiencia energética para los sectores públicos y privados, a través de un sistema de información regional de carácter técnico, financiero y político, para remover las barreras de información y conocimiento técnico

5 años

Incentivar a los importadores a introducir equipos eficientes en el mercado regional

4 años

Brindar a la región los mecanismos financieros necesarios para promover las inversiones en EE, a fin de remover barreras de financiamiento

Fuente: Bun-CA 2006.

Los resultados anteriores se lograron no solo por el compromiso directo de la empresa eléctrica de aprovechar la normalización y el etiquetado como un detonador de mercado de eficiencia energética para las lámparas fluorescentes compactas, sino también porque la iniciativa estuvo acompañada de una campaña de comunicación e

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información al consumidor final, aspecto fundamental enunciado para el desarrollo de capacidades de los usuarios para seleccionar los equipos energéticamente más eficientes. En atención al enunciado IV, esto es, el desarrollo de los mercados de productos y servicios en eficiencia energética, la respuesta de los tomadores de decisión a nivel centroamericano ha sido lenta. Se requiere diseñar, promulgar e incentivar mecanismos económicos y de financiamiento, mediante subsidios directos a la inversión inicial, ya que las tecnologías más eficientes son de mayor costo, deducciones de impuestos y trámites aduaneros ágiles, entre otros, para que los usuarios finales sean motivados a adquirir equipos más eficientes. En relación con el financiamiento para este tipo de inversiones, sobre todo para la sustitución de equipos obsoletos, existen varios fondos privados y recursos de financiamiento disponibles en la banca comercial de carácter ambiental para financiar este tipo de inversiones. Sin embargo, la región necesita promover el acceso a mecanismos financieros innovadores para acelerar la transformación del parque tecnológico, como son los denominados contratos de desempeño para el ahorro de energía. En este tipo de mecanismos financieros, los inversionistas y las firmas de ingeniería que instalan los equipos energéticamente más eficientes participan en la rentabilidad de la inversión, ya que reciben como parte de pago, total o parcialmente, una suma equivalente a los ahorros calculados con respecto a un Alfredo Huerta consumo histórico, en un período determinado pactado contractualmente (CCAD 2009).

Lecciones aprendidas Al momento de su formulación en 2006, la Estrategia de Política propuso diferentes períodos para evaluar la aplicación de cada uno de los enunciados para aumentar la competitividad centroamericana en la producción de bienes y servicios de cara a la entrada en vigencia de diversos tratados comerciales internacionales, así como para reducir los impactos negativos en las tarifas debido a los altos precios de los hidrocarburos importados utilizados en la generación eléctrica. A 2009, en el marco de este ensayo se ha identificado una serie de lecciones aprendidas, como se detallan a continuación: (1) Para cumplir con los objetivos específicos propuestos en la Estrategia debe existir una clara voluntad política en cada país, para generar un decidido liderazgo en el tema, empezando por el mismo gobierno central cuya facturación eléctrica globalizada de todas sus dependencias equivale a un macro-consumidor, sea adquiriendo equipos eléctricos más eficientes que cumplan con las normas de consumo mínimo, o estableciendo buenas prácticas en el uso final de la electricidad con una activa participación de los mismos empleados públicos. En este sentido, los estados han sido lentos, en gran parte porque muchas de las políticas acordadas en el momento de formular la Estrategia por parte de los tomadores de decisión en 2006 no han tenido continuidad en vista de los cambios frecuentes del personal técnico capacitado, cuando se producen cambios en el gobierno central por razones meramente políticas. (2) Debe existir el financiamiento suficiente y oportuno que permita disponer de recursos, tanto en el sector privado como en los presupuestos públicos, para realizar las inversiones e informar a los consumidores eléctricos de las bondades financieras de los equipos energéticamente más eficientes. La misma novedad del tema invisibiliza el hecho de que un kilovatio-hora ahorrado es más barato que un kilovatio-hora generado, de manera que sin un marco de incentivos de tipo económico previamente acordado entre los tomadores de decisión del sector energético y los responsables en materia fiscal, la movilización de inversiones por parte de desarrolladores, importadores y consumidores finales toma mucho más tiempo. (3) Los mercados eléctricos en Centroamérica son relativamente pequeños comparados con otras regiones a nivel latinoamericano; las marcas comerciales reconocidas de equipo eléctrico se distribuyen en todos los países de la región, de manera que es necesario homologar regionalmente muchas de las acciones enunciadas en la Estrategia, acción que debe estar liderada por una organización regional, agencia o instituto de carácter técnico especializado que, entre otras acciones, proporcione una plataforma de información actualizada y homogénea en el tema de eficiencia energética y facilite los procesos de coordinación institucional entre países.

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(4) Los programas de formación de capacidades técnicas son fundamentales para apoyar la detonación de mercados de eficiencia energética. Estos programas deben responder a las necesidades específicas de cada entorno nacional y formularse en el marco de una alianza público-privada para asegurar su continuidad, como ha sido la experiencia desarrollada por la Asociación Salvadoreña de Industriales desde 2007, respondiendo a una directriz política de fortalecer la competitividad de su industria macro-consumidora para aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En este mismo tema, la región tiene que emprender también acciones de capacitación a las pequeñas y medianas empresas, por el peso específico que tienen en algunos subsectores económicos, como es el caso de la experiencia regional desarrollada por Bun-CA en el uso eficiente de la energía de los pequeños hoteles, así como el desarrollo de esquemas de micro-financiamiento dirigidos a las pequeñas empresas para que realicen los cambios tecnológicos recomendados.

En perspectiva El desarrollo sostenible de los mercados de eficiencia energética en el sector eléctrico centroamericano contribuye a mejorar la gestión integral de la industria eléctrica centroamericana y a reducir la vulnerabilidad de la matriz energética regional altamente dependiente de los hidrocarburos importados, Los flujos de inversión en eficiencia energética contribuyen a reducir los costos de producción en el sector industrial, lo cual incrementa la rentabilidad de las empresas y aumenta su competitividad económica, social y ambiental. Según cálculos preliminares de Bun-CA, el potencial de ahorro de electricidad en el sector industrial centroamericano varía entre el 5% y el 25% con respecto a la línea base calculada en 2004, dependiendo del esquema de inversión para realizar los cambios tecnológicos (Bun-CA 2006). Si se considera en promedio un 17,5% de ahorros potenciales con respecto al consumo anual del sector, el análisis mostró un ahorro potencial de 28.450 gigavatios-hora en un período de 20 años, lo cual representaría solo en el sector industrial ahorros por energía no facturada en el orden de 282 millones de dólares. Con respecto al sector comercial, las inversiones en eficiencia energética también reducen significativamente sus costos operativos. Bun-CA también ha estimado que el potencial de ahorro de electricidad varía entre el 5% y el 30% con respecto a la línea base calculada en 2004, dependiendo del esquema de inversión para realizar los cambios tecnológicos (Bun-CA 2006). De nuevo, asumiendo un promedio de 17,5% de ahorros potenciales con respecto al consumo anual en este sector, el análisis mostró un ahorro potencial de 35.8200 gigavatios-hora en un período de 20 años, lo cual representaría solo en el sector comercial ahorros por energía no facturada en el orden de 222 millones de dólares. En ambos casos, en términos monetarios este monto podría aumentar hasta en un 10% si se logra monetizar las reducciones en las emisiones de dióxido de carbono equivalentes, en el marco de las nuevas políticas de cambio climático que resulten en la era post-Kioto. La demanda eléctrica a nivel regional mantiene una tendencia de crecimiento -aproximadamente un 5% anual-, lo cual proyecta agregar una capacidad instalada adicional en el orden de unos 6.287 MW en los próximos 11 años. En el escenario hipotético que se mantenga la misma tendencia renovable-térmico en el rango aproximado de 50-50% que se observa en 2008 (Cepal 2009), se espera en 2020 agregar unos 3.000 megavatios en nuevos proyectos de energía térmica, comprometiendo aun más la vulnerabilidad energética. Por ello, las diferentes formas de implementar una nueva cultura que promueva el ahorro energético contribuyen significativamente a disminuir esa presión sobre la adición de potencia adicional en el sistema eléctrico, sobre todo retrasando o sustituyendo la incorporación de nuevas plantas térmicas de generación que demandan hidrocarburos importados y contribuyen al calentamiento global. En síntesis, el desarrollo de los mercados de eficiencia energética contribuye a posicionar a un conjunto de participantes -amplio y diversificado- en el mercado eléctrico con la “fuente energética” de menor costo, generando nuevos empleos y mitigando los impactos ambientales globales.

Referencias bibliográgficas Bun-CA. 2006. Estrategía de Política en Eficiencia Energética para el Sector Eléctrico de Centroamérica y República Dominicana. CCAD. San Salvador. Bun-CA. 2009. Financiamiento de Proyectos en Eficiencia Energética en Centro America. Bun-CA. San José. Bun-CA. 2006. Programa Regional en Eficiencia Energetica para los Sectores Industrial y Comercial en America Central. Project Document. San José. CCAD, USAID, Bun-CA. 2009. Procedimientos de Evaluación de la Conformidad. San Salvador. Ceac. 2007. Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020. Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2009. CEPALSTAT, Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. En: http://www.eclac.org/estadisticas/bases/ Ente, S. C. 2009. Fondos públicos para programas de ahorro de energía y aprovechamiento de energías renovables. Energía, Tecnología y Educación, S.C. México, DF. Ente, S. C. 2009. Fondos públicos para programas de ahorro de energía y aprovechamiento de energías renovables. Energía, Tecnología y Educación, S.C. México, DF.

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Inicio – Siguiente Montero, A y J. Sandí. “Contaminación de aguas por el beneficiado del café en Costa Rica entre 1840 y 1910”, Ambientales, No. 37, junio 2009, Costa Rica. Págs. 30-35.

Contaminación de aguas por el beneficiado del café en Costa Rica entre 1840 y 1910 por ANDREA MONTERO y JOSÉ AURELIO SANDÍ

RESUMEN La contaminación con las aguas mieles del café debe ser entendida como un “conflicto de contenido ambiental”. En este sentido, resulta necesario contextualizarla, pues la teorización de los que son conflictos ambientales ha suscitado cierto debate dentro de la academia, sobre todo después de la difusión exitosa de la teoría del “ecologismo popular” (Joan Martínez-Alier y Ramachandra Guha). En vista de lo anterior, en este artículo se aborda la temática de la contaminación de aguas superficiales con mieles de café aludiendo a los discursos que articularon la población civil, como parte demandante, y los beneficiadores del la fruta, como parte demandada. Asimismo, se versa sobre las respuestas estatales y privadas ante la contaminación de las fuentes de suministro hídrico. The contamination from residual coffee water should be understood as a “conflict of environmental content”. In this sense, it is necessary to put it in context, given that the theorization of environmental conflicts has caused debate within the academic community, more still after the successful dissemination of the “environmentalism of the poor” theory proposed by Joan MartínezAlier and Ramachandra Guha. In view of what has been previously stated, we now undertake the subject of the pollution by the residual coffee water alluding to the discourses that have articulated the civil population as the plaintiff and those that benefited from the fruit as the defendant. Likewise, we will deal with both private and public entities answers to the contamination of the water sources.

Palabras claves: residuos de café, conflictos de contenido ambiental, ecologismo popular. Key words: coffee residual, conflict of environmental content, environmentalism of the poor. Fecha de recepción: junio, 2009. Fecha de aceptación: julio, 2009.

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l café, a diferencia de otros productos agrícolas, debe ser transformado para su comercialización. La fruta recolectada se procesa por vía seca o húmeda para obtener el grano en “oro” o en “pergamino”. En un primer momento, la mayor cantidad de cereza costarricense se procesó bajo la primera modalidad; después de 1840, algunos cafetaleros ensayaron y adaptaron la segunda, cuyo uso se generalizó tan solo dos décadas más tarde. Para algunos, el beneficiado húmedo contribuyó a “mejorar” la calidad del producto, tanto en la apariencia del grano como en las características organolépticas de la taza, lo que condujo a buenas cotizaciones en los mercados. No obstante lo anterior, la producción de un “buen café” tuvo su costo social y ambiental. El procesamiento húmedo requirió de mucha agua, en un primer momento para lavar el café y posteriormente para lavarlo y mover la maquinaria, pues la fuerza animal se sustituyó paulatinamente. En la mayoría de ocasiones, el recurso se obtuvo de las fuentes que sirvieron de suministro a la población civil. Durante el periodo de cosecha, muchos pobladores enfrentaron la escasez o falta del líquido, aunque el problema más grave fue el de salubridad pública. La mayoría de beneficiadores, sin tratamiento previo, derramaron las mieles del café, contaminando el agua para el consumo. Ante la problemática, hubo una respuesta social, por lo que el Estado tuvo que intervenir planteando generalmente soluciones paliativas. A. Montero, historiadora, es investigadora en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. J. A. Sandí, historiador, es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Curia Metropolitana de San José.

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A continuación, se expondrá el discurso de las demandas interpuestas por parte de la población civil en contra de los beneficiadores, con motivo de la contaminación originada por las aguas con mieles del café. Además, se abordarán las respuestas de los procesadores de la fruta en relación con la problemática, pues resulta necesario comprender la defensa de la parte demandada. Asimismo, se explicará la intervención estatal, por medio de la participación de las autoridades y la implantación de algunos mecanismos. Es necesario aclarar que el periodo de investigación responde a una cuestión de disponibilidad de fuentes. Durante este lapso temporal se encontró en los diferentes fondos del Archivo Nacional de Costa Rica (A.N.C.R.) la mayor cantidad de protestas.

Aproximación conceptual El problema de la contaminación con las aguas mieles del café debe ser entendido como un “conflicto de carácter ambiental”; en este sentido resulta necesario conceptualizarlo. Dentro del círculo académico, la definición de lo que es un “conflicto ambiental” ha suscitado cierto debate, sobre todo a partir de la publicación de artículos que reprochan o matizan la tesis de Ramanchandra Guha y Joan Martínez Alier sobre el “ecologismo de los pobres” o “ecologismo popular” (González de Molina y Ortega: 892). La tesis se planteó como una objeción al discurso que esboza que el ecologismo surgiría como una sofisticación intelectual propia del Primer Mundo, pues el nivel de desarrollo material alcanzado les permite abarcar valores post materialistas, como los albergados por los movimientos pacifistas o ecologistas. Es así como postulan que el ecologismo no puede arraigarse en las sociedades pobres, ya que no han atravesado el umbral de bienestar que antecede a los valores postmaterialistas. Desde su percepción, el ecologismo sería “un fenómeno social de personas con estómagos llenos, una nueva moda de lujo y de tiempo de ocio” (Folchi 2001: 83)”. La tesis del “ecologismo popular” rechaza la creencia que los ricos sean más ecologistas que los pobres o que los pobres sean demasiado pobres para ser ecologistas, llegando a plantear incluso que los segundos son ecológicamente menos dañinos que los primeros. Es así como se recalca la existencia de un ecologismo distinto, surgido entre los pobres de los países pobres, que intentan conservar el acceso de las comunidades a los recursos naturales y a los servicios ambientales de la naturaleza (Ibid.). Los conflictos o luchas que constituyen el “ecologismo de los pobres” son particulares, pues están relacionados con la defensa del sustento y del acceso comunal a los recursos naturales amenazados por el Estado o la expansión del mercado (Ibid.: 84). La teoría no atiende tanto a lo que los pobres piensen sobre el ambiente, sino en lo que hacen, es decir, cómo lo defienden, es así como postula que el componente ecologista está implícito en sus acciones (Ibid.). En este sentido, toda defensa o resistencia de las comunidades puede llamarse “ecologismo popular”, “ecologismo de los pobres” o “movimiento de justicia ambiental” (Martínez 2007: 148). La teoría del “ecologismo popular” ha sido debatida por algunos intelectuales como el chileno Mauricio Folchi. Según su percepción ni todos los conflictos de contenido ambiental son ecologistas ni todos los conflictos ecologistas son protagonizados por los pobres. Folchi sostiene que las luchas que emanan de la relación sociedadnaturaleza solo en pocas ocasiones desembocan en “ecologismo popular” (Folchi 2001: 94), por lo que muchos de los conflictos deben comprenderse como de “contenido ambiental”. Los conflictos de contenido ambiental se producen cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat, lo que ocurre como consecuencia de la acción de algún agente que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente afectando los intereses de alguien más (Ibid.: 91). En este sentido, lo que se produce no es un conflicto entre dos actores por el ambiente, sino un conflicto de intereses entre dos actores en un ambiente específico, es decir, una tensión entre intereses incompatibles con el ambiente de por medio (Ibid.). En estos conflictos, los involucrados no asumen la postura de defender el ambiente, lo que se reinvidica es la conveniencia de cada parte (Ibid.). De acuerdo con lo anterior, los conflictos de contenido ambiental “son aquéllos en los que existe una disputa por un recurso o por el impacto que genera un determinado uso del mismo, sin cuestionar la forma en que se explota o sin existir un propósito explícito de conservar o hacer un uso sostenible del recurso” (González de Molina y Ortega: 892).

Discurso de comunidades e individuos En un primer momento, el contenido del discurso de la demandas por la contaminación con las aguas mieles se mantuvo relativamente constante. En 1841, un señor de apellido Escalante y vecino del Mojón protestó en contra de Juan Salazar por instalar un patio de beneficio cerca del cauce que abastecía de agua al vecindario. Argumentó que las mieles del café provocaban la polución del agua, lo que impedía hacer algún uso de ella (A. N. C. R., Gobernación, 23197, 1841: 56). Algunos años más tarde, una demanda en la misma dirección la impuso José Castillo en contra de Benito Dengo, por depositar el agua sucia de su beneficio en la Quebrada los Can-

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grejos (A.N.C.R., Municipal, 476, 1845: s.f). Lo mismo ocurrió algunas décadas después en San Juan de Tibás, cuando los vecinos señalaron que las mieles del café de la hacienda de don Francisco Pinto, emplazada en el Barrio San Vicente, contaminaba las aguas de la quebrada que les servía para abastecerse del líquido (A.N.C.R., Municipal, 4508, 1863: 1). Una situación análoga aconteció en 1867, pues los vecinos de San Antonio de Alajuela interpusieron una querella en contra de Pedro Alfaro y Ezequiel Muñoz por contaminar con desechos de beneficio la acequia que les abastecía de agua. En este caso, la contaminación llegó al límite de impedir que los animales pudieran ingerir el líquido. Se invitó a que se examinara la mortandad que había provocado en éstos y las enfermedades causadas en las personas (A.N.C.R., Gobernación, 28023, 1867: 2-4). En el último tercio del siglo diecinueve la retórica continuó, sin embargo se agregaron nuevos elementos al discurso. En 1871, los vecinos de Guadalupe interpusieron una demanda en contra de los beneficiadores del lugar por malear el agua para el consumo y afectar la salud de los pobladores (A.N.C.R., Municipal, 3505, 1871: 1). En 1876, Ascensión Vindas, vecino de San Pablo de Heredia, interpuso una queja en contra de su vecino Juan Zamora Ocampo, para que variara el curso de las aguas de su beneficio, pues cruzaban por el camino público y la putrefacción afectaba la salud (A.N.C.R., Policía, 5459, 1876: 1). En 1877, ciudadanos de San Joaquín de Flores demandaron a Manuel Zamora por afectar con las mieles de su beneficio el agua para la ingesta, perjudicando la salud de los habitantes y causando enfermedades a los animales domésticos (A.N.C.R., Policía, 9427, 1877: 2). En el mismo año, pobladores de Barrio Jesús de Santa Bárbara de Heredia protestaron en contra de Caledonio Solís, pues su beneficio contaminaba el agua de consumo. Argumentaron que estaban expuestos a sufrir enfermedades y que algunos de sus animales murieron de morriña (A.N.C.R., Policía, 5306, 1877: s.f.). En 1878, los vecinos de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia levantaron una queja en contra de los beneficiadores, alegando que las aguas mieles provocaban perjuicio a la higiene pública y que algunos de sus animales murieron de morriña. Además, señalaron que por el mal olor despedido existía el peligro de una peste por la fetidez y los miasmas (A.N.C.R., Gobernación, 26256, 1878: s.f.). A finales del siglo diecinueve, se interpusieron nuevas acusaciones. En 1890, pobladores del Barrio San Antonio, en la provincia de San José, protestaron en contra de Francisco Jinesta Aquecho por la contaminación que causaba su patio a las aguas, lo que provocó la muerte en los animales domésticos e incluso vacunos. Además, se señaló que la población siempre estaba expuesta a enfermedades e incluso a la muerte (A.N.C.R., Municipal, 12606, 1890: 1). Un bienio más tarde, vecinos de Guadalupe entablaron una queja similar en contra de Francisco Brenes y luego su viuda Micaela Mora, debido a la costumbre de arrojar las mieles en la acequia y en la calle. En los caminos, las mieles se empozaban provocando malos olores, enfermedades y obstaculizando el tránsito de las carretas y transeúntes (A.N.C.R., Gobernación, 040515, 1891: 1). Algunos años después, un grupo de vecinos de la Uruca dirigieron un memorial al gobernador de San José quejándose en contra de varios beneficiadores como Clodomiro Salas, Anselmo Esquivel, Virginia Bonefil y Juan Troyo, pues inoculaban el agua que salía del río Tibás, afectando la salud comunal (A.N.C.R., Municipal, 002768, 1894: 13). Durante los primeros años del siglo veinte, el discurso de las demandas de la población continuó en la misma dirección. En 1901, vecinos de Santiago Este de Alajuela pusieron una queja en contra de Nicolás Calivá Musacha, Rufino Soto Arias, Auristela Rodríguez Portuguez y Melchora Soto Alfaro, todos beneficiadores de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia, pues las aguas mieles de sus beneficios afectaban la paja de agua que les servía desde “tiempos inmemoriales”, causando daños en la salud de la población (A.N.C.R., Policía, 00569, 1901: 1). Un año después, una demanda en la misma dirección fue interpuesta por los vecinos de Escazú en contra de Marcial Peralta, quien arrojaba las aguas mieles al río Covento. El caso es interesante, pues en 1908 aún no se había resuelto, debido a las constantes apelaciones del demandado. En 1902, los pobladores argumentaron que de persistir el problema debían abandonar sus propiedades, pues de lo contrario podían morir de tifoidea o disentería (A.N.C.R., Policía, 000336, 1902: 3). Algunos años después, señalaron lo conveniente de solucionar el problema, para que la población no continuara diezmándose. En resumen, y como se puede observar, la población civil articuló su discurso en doble vía: por un lado la salubridad pública y por el otro la afectación de la economía local con la enfermedad o muerte de animales domésticos y vacunos. Algunos de los afectados propusieron soluciones a la problemática. En 1863, los vecinos del Barrio de San Juan, perjudicados por la contaminación de las aguas mieles del beneficio de Francisco Pinto, postularon que fueran depositados en la quebrada El Barrial, dado que no afectaría ninguna población (A.N.C.R., Municipal, 4508, 1863: 1). En 1877, los vecinos de Barrio Jesús de Santa Bárbara solicitaron que se destruyeran las pilas del dueño del beneficio, para que las construyera en un sitio que no perjudicara a nadie (A.N.C.R., Policía, 5306, 1877: s.f.). En 1890, los vecinos de San Antonio de San José, consideraron que el imputado Manuel Zamora debía construir pozos de capacidad suficiente para recibir y absorber las aguas que distrajera de la acequia y que salieran de sus pilas de desmielo (A.N.C.R., Municipal, 12606, 1890: 1). En resumen, las propuestas responden al daño personal o comunal que sufrieron los quejosos, no se percibe una preocupación de carácter ambiental.

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Discurso de los beneficiadores El discurso de defensa utilizado por los beneficiadores fue diverso. En 1876, Juan Zamora, que fue acusado por los vecinos de San Pablo de Heredia por contaminar el camino público con aguas mieles, se defendió de la recriminación. En un primer momento, argumentó que las aguas de su beneficio, luego de pasar por el camino, se encausaban por un desagüe que había sido construido “desde tiempos inmemoriales”, por lo que no perjudicaban al vecindario o a sus habitantes (A. N. C. R. Policía, 5459, 1876: 1). La autoridad decidió realizar una visita al lugar para determinar un veredicto. Después de la inspección, se resolvió que el imputado debía construir un estanque al lado oeste de su propiedad para evitar el mal producido por las aguas (A. N. C. R. Policía, 5459, 1876: 2). Ante el dictamen, y en segundo momento, señaló que por ley el jefe de policía debía velar por la agricultura, en este sentido su posición iba en detrimento de lo establecido (Ibid.: 6). Al final, ninguna de sus valoraciones fue considerada, por lo que tuvo que construir la infraestructura exigida para continuar operando. La defensa también se articuló argumentando tener permiso para verter las mieles. En 1877, Manuel José Zamora, que fue acusado por 14 vecinos de San Joaquín de Flores por contaminar las aguas y con ello perjudicar al ganado y la salubridad pública, se defendió de la denuncia señalando que realizó el desagüe con todos los permisos de las autoridades políticas provinciales, por lo que no consideró contravención alguna desaguar las mieles de su beneficio en la acequia (A. N. C. R. Policía, 9427, 1877: 3). Las autoridades consideraron pertinente nombrar peritos para investigar lo acontecido; los tres coincidieron en que existía contaminación, sin embargo Zamora tenía derechos, pues la acequia pasaba por la línea divisoria de su hacienda. En conjunto, concluyeron que la situación no era tan seria, pues únicamente duraba dos meses al año, considerando menos pertinente arrojarlas al camino público (A. N. C. R. Policía, 9427, 1877: 6). Los vecinos apelaron la sentencia, no obstante se desconoce la resolución del conflicto. El caso más interesante de defensa fue el de Marcial Peralta, demandado por varios vecinos de San Rafael de Escazú por contaminar con mieles las aguas del río Convento. En su favor señaló que el agua del río no era potable, que en el país existía una costumbre generalizada de arrojar las aguas que habían servido para lavar el café, que prohibirlo equivaldría a hacer imposible el beneficio de la fruta, significando la ruina para los beneficiadores y productores. Además, aseguró que había pagado el impuesto de 50 colones, lo que lo autorizaba a trabajar y que, por “prescripción inmemorial”, tenía derecho a hacer uso del río debido a la antigüedad del patio. En este sentido, consideró que ni aun en beneficio de la higiene se le podría cortar el desagüe sin un procedimiento de expropiación, previa la indemnización correspondiente. Es importante mencionar que el propietario señaló haber solicitado autorización para llevar las mieles a un punto más distante del río donde no había población, pero le fue negado; debido a lo anterior adaptó el proceso de desinfección recomendado por el ingeniero Enrique Jiménez, construyendo los filtros por los cuales pasaban las aguas mieles (A.N.C.R., Policía, 000336, 1902: 3-4). En 1904, lo notificaron prohibiéndolo que arrojara las aguas, por lo que interpuso una apelación (Ibid.: 8); cuatro años después continuaba vertiendo el líquido. Después de este año, el beneficio pasó a ser propiedad de Benjamín Piza, quien solicitó permiso municipal para arrojar las aguas al río Convento, no obstante le fue denegado. El nuevo propietario debió verter las aguas mieles en propiedades particulares para que el beneficio continuara operando. En resumen, la articulación del discurso de defensa respondió al derecho de protección agrícola, permisibilidad institucional, prescripción inmemorial y pago de impuestos.

Posturas estatales En 1849, se decretó el Reglamento de Policía, que estipuló, mediante los artículos 197 y 198, que a la policía le correspondería las faltas de higiene vinculadas con el beneficiado del café. Los funcionarios públicos debían vigilar que en las haciendas no se hicieran depósitos de las cáscaras del café ni de las aguas en que éste se lavara. Se ordenó que las primeras fueran quemadas y a las segundas se les diera libre curso. El incumplimiento debía castigarse con una multa que osciló entre 5 y 10 pesos, además de los gastos emprendidos por el policía. Asimismo, se prohibió bajo la misma carga, quebrar, ventilar o moler café dentro de las poblaciones (Leyes Decretos y Ordenanzas 1868: 131). Antes de la legislación, los litigios por la contaminación con las aguas mieles no tuvieron amparo legal, aunque es necesario rescatar que se postuló desde muy temprano, pues el beneficiado húmedo se introdujo al país a principios de la década. El decreto es un tanto impreciso, pues no aclara en qué lugares debe hacerse el libre curso de las aguas; en este sentido, las quejas provenientes de diferentes comunidades y en distintos momentos pueden responder a la ambigüedad de la ley. En 1901, el diario oficial La Gaceta informó, por medio de una circular, que se prohibía a los beneficiadores arrojar a los ríos las mieles sin antes haberlas desinfectado con cal u otra substancia equivalente en sus efectos. Cada beneficiador, dado un término prudencial, debía instalar un depósito para poder verificar la desinfección. Mientras construían la infraestructura estaban en la obligación de arrojar cal al río, en la forma y cantidad que la

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oficina de higiene lo dictara (La Gaceta 31-1-1901: 104). La medida fue aplaudida por la prensa nacional, que se quejaba constantemente de los malos olores que despedían los ríos María Aguilar y Ocloro (El Heraldo 13-11901). En ese mismo año, la Facultad de Medicina abrió el Concurso Médico Científico para 1902, con el tema: “Medios prácticos para evitar en Costa Rica que se infecten las aguas con las mieles del café”. El concurso fue patrocinado también por la Municipalidad de San José. Entre los participantes estuvieron los ingenieros Guillermo Echeverría y Enrique Jiménez Núñez. El primero expuso su trabajo sobre la purificación de aguas con mieles a partir del aprovechamiento agrícola (Echeverría 1905: 3-33). La propuesta consistió en utilizar dichas aguas para regar, irrigar o drenar los terrenos, que debían estar debidamente labrados por medio del peine y del arado. De tal modo, se cumpliría con las exigencias de higiene y se aprovecharía todos los elementos fertilizantes en la agricultura. Las mieles se llevarían desde el punto de salida de cada beneficio, por una zanja de tierra, hasta un terreno más bajo donde se utilizaría el sistema más conveniente de acuerdo con las circunstancias especiales del lugar. El segundo ingeniero planteó varias propuestas, no obstante fue la de “depuración bacterial” la que lo hizo ganar el premio del concurso (Núñez 1933: 268-320). Para Jiménez Núñez, el primer paso debía ser la separación de la broza y de las aguas con miel, para luego tratarlas. En este sentido, las primeras servirían como abono de los cafetales y las segundas podrían depurarse a partir de varios métodos como la sedimentación, la precipitación y la “depuración bacterial”. La “depuración bacterial” consistió en utilizar como agente de depuración las bacterias que se desarrollaban espontáneamente en los tanques o filtros que se construían para favorecer su multiplicación y acción biológica. De acuerdo con la propuesta, hubo dos fases: la “anaerobita” y la “aerobita”. La primera ocurría en los tanques sépticos donde se eliminaban las materias sólidas en suspensión y se destruía gran parte de la materia orgánica de las mieles. La segunda se producía en los filtros, cuando las mieles ácidas del tanque séptico se purificaban por la destrucción del ácido y la nitrificación de la materia albuminoide. Lo anterior podía obtenerse de dos maneras: neutralizando el ácido por medio de cal o por un doble filtro. En la primera se filtraba la miel en un filtro nitrificante después de separar el precipitado en un tanque de sedimentación, en la segunda se purificaban las mieles ácidas del tanque séptico a partir de la destrucción del ácido y la nitrificación de la materia albuminoide, ya fuera neutralizando el ácido por medio de cal o por un doble filtro. De acuerdo con la propuesta, los filtros debían ser porosos y permeables, para que dejaran espacios vacíos en el aire. El proceso de nitrificación transformaría las sustancias nitrogenadas en nitratos inofensivos por la acción de las bacterias aerobitas. El paso de las mieles a través de un percolador nitrificante reduciría la materia orgánica en un 90%. El procedimiento que debía adaptarse dependería del terreno y de las particularidades de la localidad, como la cantidad de población y el caudal de los ríos. El sistema de Jiménez se probó en el beneficio de Jesús Jiménez y en el de Hipólito Tournon. Se desconoce la difusión del método, aunque es posible que no tuviera mucho éxito, pues requería de una fuerte inversión de capital. Además, durante la década de los veinte hubo una

Café

Gregory Basco

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serie de reclamos por la contaminación con las aguas mieles y se postularon algunas propuestas. En resumen, la participación estatal en la resolución del problema con las aguas mieles del café fue bastante tímida. Durante el periodo de estudio, se limitó a emitir una legislación, una circular y un concurso. En ninguna de las tres respuestas se percibe una preocupación de carácter ambiental, como el impacto que podía tener la cal sobre la salud humana y la flora y fauna acuática.

Posturas privadas Durante el periodo de estudio, la propuesta privada para solucionar el problema de la contaminación con aguas mieles estuvo tímidamente presente en el círculo cafetalero nacional, pues solo se encontró un caso. En 1907, Buenaventura Carazo Alvarado solicitó patente de invención por su planta de depuración de las mieles de café. La planta consistió en una pila pequeña para depósito de agua de cal, con un chorro calculado para mezclarse al pasar con las aguas con miel. El líquido iba en seguida a un tanque de sedimentación, donde las mieles, por efecto de la cal y por tener que rebalsar dichas aguas por uno de los bordes del tanque, quedaban en el fondo mezcladas con las materias gruesas. El agua rebalsada pasaba a unos canales que cada ocho metros tenían un tope para continuar desbordándose hasta caer en otros; la longitud de éstos dependía de la cantidad de café para beneficiar. De los canales, el líquido rebalsaba a un tanque filtro, en cuya base se depositaba aserrín y carbón; por medio de tubos, y desde el fondo, descargaba a un segundo tanque filtro, compuesto de los mismos materiales más piedra; de éste, el agua saldría limpia y libre de impurezas. En el fondo de los tanques de sedimentación y canales quedaban materias que, mezcladas con tierra y arena, servirían de abono para la agricultura. Se desconoce si el sistema se utilizó en varios beneficios del país; lo que está claro es que en 1912 Buenaventura Carazo solicitó una ampliación de la patente (A.N.C.R., MAG, 000089, 1906: s.f.). No se puede descartar el hecho de que algunos beneficiadores implementaran métodos para impedir la contaminación con las aguas mieles, pero nunca los patentizaron o hicieron públicos.

Conclusión El problema de la contaminación con las aguas mieles en Costa Rica debe ser entendido como un “conflicto de contenido ambiental”, comprendiéndolo desde el enfoque de Folchi. Los actores principales fueron la población civil, que se articuló de manera individual o comunal, y los beneficiadores de café. El conflicto, como se constató anteriormente, surgió en ausencia de cualquier sensibilidad o racionalidad ambiental, por lo tanto su génesis debe explicarse sin apegarse a ningún ecologismo. El discurso de los afectados se articuló en la defensa del derecho de la salud pública y la protección de la economía local; el de los beneficiadores, por su parte, en el resguardo de la agricultura, la prescripción inmemorial y la permisibilidad institucional. Por otra parte, en el conflicto tampoco se percibe un enfrentamiento directo entre pobres y ricos, como lo plantea la teoría del “ecologismo de los pobres”, o al menos no se puede comprobar, pues no todos los beneficiadores fueron acaudalados ni toda la población civil insolvente. El resultado de las demandas interpuestas respondió a los dos intereses, pues en algunos casos se dictaminó a favor de los individuos o comunidades y en otros en beneficio de los procesadores. La participación estatal fue tímida, pues se encontró en una doble encrucijada: la defensa de la agricultura o la defensa de la salud pública; su respuesta tampoco se dirigió en defensa del ambiente. En este sentido, la polución de las aguas mieles debe comprenderse necesariamente como un conflicto de contenido ambiental.

Referencias bibliográficas A. N. C. R., Gobernación, 23197, 28023, 26256,040515. A.N.C.R., Municipal, 476, 4508, 3505, 12606, 002768. A.N.C.R., Policía, 5459, 9427, 5306,. 00569, 000336, 9427. A.N.C.R., fondo MAG, signatura 000089. Danse, Myrtille y Freddy Bolaños. “Reconversión del beneficiado del café en procura de la sostenibilidad”, en Ambientico 101. Consultado 15-112008. En: http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/101/dansebolanos.htm. Echeverría, Guillermo. “Medios prácticos de evitar que las mieles del café infecten las aguas en Costa Rica”, en Gaceta Médica 1, octubre de 1905. Costa Rica. El Heraldo 13-1-1901. Folchi, Mauricio. “Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas”. Consultado 15-112008. En: http://www.historiaecologica.cl/Conflictos%-20ambientales.pdf. González de Molina, M. y Antonio Ortega. “Para una tipología de los conflictos ambientales en perspectiva histórica: estudios de caso”. Consultado 15-11-2008. En: http://www.dpz.es/ifc2/libros-/ebook2447_2.pdf. Jiménez Núñez, Enrique. “Purificación de las aguas del beneficio”, en: Monografía del café. Imprenta Nacional. Costa Rica. La Gaceta 31-1-1901. Leyes Decretos y Ordenanzas del año de 1849-1850. Imprenta de la Paz. Costa Rica. Martinez Alier, Joan. “El ecologismo popular”. Consultado 15-11-2008. En: http://www.revistaecosistemas.net/pdfs/498.pdf.

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Normas mínimas para la presentación de artículos a la revista AMBIENTALES con vistas a su publicación Formato de presentación El artículo ha de ser presentado impreso en papel -a doble espacio- y en soporte informático –a espacio sencillo- en lenguaje Word. Resumen o abstract El artículo debe estar precedido por un resumen (en el que, ¡atención!, debe evitarse dar información adicional al artículo, ni de presentación de él) de unos 10 renglones con su traducción al inglés. Palabras claves Debajo del resumen habrá de consignarse palabras clave -con su traducción en inglés- que indiquen al lector los temas principales del documento. Tamaño y características tipográficas El artículo no debiera exceder las 9.000 palabras, o sea: unas 12 páginas tamaño carta (8 ½ x 11 pulgadas), a espacio sencillo y escritas en letra Times New Roman tamaño nº 11. Apoyos gráficos Las figuras, cuadros e ilustraciones que el artículo contuviera o llevara como anexos -que se justifican solo si hacen al artículo verdaderamente más comprensible- deberán caber en aquella docena de páginas, disminuyendo así el número de palabras del estricto texto y habrán de ser entregadas dos versiones de la misma imagen, figura o gráfico, ambas en formato JPG. La primera en alta resolución y en blanco y negro y, la segunda, en mediana resolución y a color (ésta última para la versión digital de la revista). Respecto de tales gráficos, figuras e ilustraciones, es importante que en el texto venga señalado, entre corchetes, los lugares en que preferiblemente deben aparecer (los cuadros sí pueden venir en el mismo archivo del texto del artículo en lenguaje Word). Los gráficos, figuras, cuadros e ilustraciones que se incluya, además de tener soporte informático, deberán ser acompañados de una muy nítida impresión en papel (recuérdese que la revista no usa colores en su interior). A cada uno de esos apoyos debe corresponder una o varias referencia(s) en el texto. Para la versión digital de la revista se necesitarán los gráficos o ilustraciones de cualquier tipo, en formato jpg, a color, además de la versión blanco y negro para la versión impresa. Estilo de los subtítulos En el artículo puede haber subtítulos de tres rangos distintos que deben distinguirse claramente. 

Los subtítulos de primer

rango deberán escribirse en letra tamaño 14 sin negrita;

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Citas textuales Citas textuales no han de ponerse en cursivas, ni usando sangría ni en párrafo aparte, sino entrecomillando. Comunicaciones personales y entrevistas La mención en el texto de comunicaciones personales o entrevistas se hará así: luego de una apertura de paréntesis se consigna el apellido del entrevistado y, después, y sin ningún signo de puntuación, por el año en que se efectuó la comunicación (sin hacer la tradicional aclaración de Com. pers.). Ejemplo: (Obama 1999.) Las entrevistas referenciadas se consignarán en una subsección de la sección Referencias bibliográficas (en letra 14), llamada Entrevistas (subtítulo, éste, escrito con negrita y letra tamaño nº 12). Notas al pie de página Aparte de las referencias bibliográficas, y solo en casos imprescindibles, podrá hacerse notas a pie de página con el fin de ir aclarando o ampliando al lector (se aconseja insertar el contenido de las potenciales notas-al-pie en el texto, entre paréntesis). Uso de cursivas y uso (excepcional) de comillas (nunca negritas, ni subrayado) Se usará cursivas para enfatizar conceptos, pero no negritas, ni subrayado ni mayúsculas. Vocablos en otras lenguas no aceptados por la Real Academia Española de la Lengua, y neologismos, han de escribirse también en cursivas. Asimismo, irán en cursivas nombres de obras de teatro y cinematográficas, de libros, de folletos, de periódicos, de revistas y de documentos, y también de capítulos de libros y de artículos de publicaciones periódicas cuando a la par no se esté mencionando el nombre del libro o la publicación que los contiene –en caso de hacerse esto último el capítulo o artículo se escribirá entre comillas-.

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Uso de números Cuando las cantidades sean escritas numéricamente ha de usarse la coma solo antes de los decimales (no usar puntos); y el punto para señalar miles y millones (no usar comas). Las unidades de medida, en caso de consignarse abreviadamente, habrán de escribirse en singular y en minúsculas. Ejemplo: “... la bestia, de 100 k de peso, recorrió 90 m antes de caer exangüe...”. Originalidad Los artículos publicados en la revista deben de ser estrictamente originales, es decir, no pueden haber sido publicados con anterioridad en ninguna otra revista o medio de comunicación escrito. Información del autor Dado que la revista, en la primera página de cada artículo hace una muy breve presentación del autor, en dicha página, abajo del nombre del autor, habrá de consignarse la especialización científica y los cargos -académicos, gubernamentales o de otro tipo- de él. Ejemplo: El autor, biólogo especialista en manejo de vida silvestre, es director del Instituto de Investigaciones sobre Animales Hipotéticos. Referencias bibliográficas (dentro del texto) Las referencias bibliográficas deben hacerse intercaladas en el texto, entre paréntesis, con los siguientes datos: Libros: El apellido del autor al que se hace referencia, el año de publicación de la obra y, en caso necesario, la(s) página(s). Por ejemplo: (Pérez 1999: 83) Artículos de revistas y periódicos: Tratándose de un artículo de revista se procederá igual. Tratándose de un artículo aparecido en un periódico habrá de consignarse la fecha de manera abreviada y apretada. Ejemplo: (Núñez 16-3-09: 22). Si el artículo o pieza periodística careciera de autor explícito habría que consignar, en vez de éste, el nombre del periódico en letras cursivas. Ejemplo: (La Nación 15-3-99: 1) Presentación de la bibliografía Al final del artículo, debajo del subtítulo Referencias bibliográficas (de primer rango), habrá de consignarse todas las obras referenciadas: 1. Libros: Primero se anotará el apellido del autor, luego, precedido de una coma, su nombre; después, e inmediatamente luego de un punto, el año de publicación de la obra; seguidamente, y en cursivas, el título de la obra; posteriormente, y después de un punto, el nombre de la editorial, y, finalmente, antecedido por un punto, el lugar de publicación de la obra (si la editorial tiene como parte de su nombre la palabra “editorial”, ésta debe ponerse, pero, si no, no; si la ciudad es internacionalmente conocida no hace falta señalar el país, pero, si no es reconocida fácilmente, solo el país). Ejemplo: Pérez, Juan. 1999. La ficción de las áreas silvestres. Anagrama. Barcelona. 2. Artículo contenido en un libro o en una revista: Si lo referenciado es un artículo contenido en un libro o en una revista, el artículo deberá consignarse entre comillas, después de lo cual, seguido de una coma, habrá de ponerse la preposición “en” y luego el nombre del libro o revista –éste sí con cursivas-. Para indicar la fecha de publicación procédase según el caso: 2.1. Artículo estuviera contenido en un libro de varios autores: La fecha de publicación se anotará inmediatamente después del nombre del autor (o compilador, o editor) al que se le atribuye principalmente el volumen, y no del autor del artículo. Ejemplo: Fernández, Pedro. “Las huellas de los dinosaurios en las áreas silvestres protegidas”, en Ordóñez, Jaime. 1950. Aunque usted no lo crea. Editorial Aguaclara. Managua. 2.2. Artículo estuviera contenido en una revista: La fecha iría después del nombre de la revista (que se escribiría en cursivas) y del número de edición de la misma. Ejemplo: Fernández, Pedro. “Las huellas de los dinosaurios en áreas silvestres protegidas”, en Fauna prehistórica 15, enero de 1999. Costa Rica. 3. Periódicos: Si la referencia fuera a un diario o semanario habría de procederse igual que si se tratara de una revista, con la diferencia de que la fecha de publicación se consignará abreviada y apretadamente. Ejemplo: Núñez, Alicia. “Descubren vida inteligente en Marte”, en La Nación 16-3-99. Y si el artículo o pieza periodística referenciada careciera de autor explícito habría que anotar como autor el nombre del órgano de prensa, en letras cursivas (porque es a la vez autor y nombre de la obra). Ejemplo: La Nación. “¡Vida en Marte!”. 15-3-09.

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4. Documentos en línea: Si se trata de un autor personal se anotará el apellido de éste, luego, precedido de una coma, su nombre; en el caso de un autor corporativo, se pone la sigla oficial, seguida entre paréntesis del nombre completo de la institución, y el país donde está localizada en forma abreviada. Ejemplo: C.R.; en el caso de que carezca de siglas, se introduce directamente el nombre de la institución. Si el documento no tiene la indicación del autor personal o corporativo, y carece de editor (es) responsable (s), la referencia bibliográfica se detalla por el título de la publicación. Posteriormente, se introduce el año de publicación, salvo en aquellas obras anónimas en las cuales se indica el año a continuación del título, separado por punto y un espacio. Si no ha sido posible identificar el año de publicación, se registra en la referencia bibliográfica la del derecho de autor (copyright). Si este dato se desconoce pero es posible estimar el año aproximado de publicación, se indica esta información con signo de interrogación. Ejemplo: ¿1998?. En los casos en que no se ha podido determinar la fecha de publicación de un documento, esta condición se señala con la anotación s.f. (sin fecha). Inmediatamente, luego de un punto, se incorpora el título de la obra o artículo, la referencia bibliográfica, entonces, se sigue elaborando tal y como se especifica en los puntos 1, 2 y 3, sea un libro, un artículo de revista, o de periódico, respectivamente; si el material carece de título, redáctese uno de acuerdo al tema que se describe y anóteselo encerrado entre paréntesis. Posteriormente, se incorpora la fecha en que se consultó el material; este dato se indica después de la ciudad o el país de la publicación, separado por un punto y anotando el término “consultado”; para la mención de la fecha, se registra primero el día, luego el mes abreviado y por último el aña. Ejemplo: 10-6-2001. Finalmente, e inmediatamente luego de un punto, se señala la dirección electrónica en la que el documento está disponible anotando el término “en” seguido de dos puntos y el enlace electrónico. 5. Números de páginas: No habrá de consignarse número de páginas de libros ni de artículos referenciados, ni tampoco el dato referente a en qué página comienza y en cuál termina un artículo. 6. Autores múltiples: Cuando el texto referenciado tenga dos o tres autores, el primero será consignado empezando por el apellido, seguido de la inicial de su nombre, y el segundo y el tercero por la inicial de sus nombres, seguido por el primer apellido, y entre el segundo autor y el tercero (o entre el primero y el segundo si solo fueran dos) se pondrá la conjunción “y”. Ejemplo: Fernández, J., A. Otárola y M. Sáenz. 1985. La enfermedad principal de las vacas. Euned. San José. Tratándose de más de tres autores, después de la consignación del primer autor, con apellido y nombre completo, se escribirá et al. (en cursivas), y se prescindirá de consignar los nombres de los otros.

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