Arqueología de la represión y de la resistencia en América Latina

"Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina en la era de las dictaduras (décadas de 19601980)". Pedro Paulo A. Funari y Andrés Zarankin (organizadores)

INDICE Prologo de la Secretaria de Derechos Humanos de la Republica Argentina Introducción, Pedro Paulo A Funari y Andrés Zarankin 1. Arqueología de una búsqueda: una búsqueda arqueológica: La historia del hallazgo de los restos del Che Guevara, Roberto Rodríguez Suárez 2. Rayando tras los muros: Graffiti e imaginario político-simbólico en el Cuartel San Carlos, (Caracas, Venezuela), Rodrigo Navarrete S. y Ana María López Y. 3. “México 1968”: Entre las fanfarrias olímpicas, la represión gubernamental y el genocidio, Patricia Fournier y Jorge Martínez Herrera 4. Arqueología e Izquierda en Colombia, Carl Henrik Langebaek 5. A Arqueologia do conflito no Brasil, Pedro Paulo A Funari y Nanci Vieira de Oliveira 6. Arqueología y Antropología forense: un breve balance, Luis Fondebrider 7. Tortura, verdad, represión, arqueología, Alejandro F. Haber 8. Una mirada arqueológica a la represión política en Uruguay (1971-1985), José Ma.López Mazz. 9. La materialización del sadismo; Arqueología de la arquitectura de los Centros Clandestinos de Detención de la dictadura militar argentina (1976-1983), Andres Zarankin y Claudio Niro

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Prólogo Arqueología de a Represión y la Resistencia en América Latina en la era de las Dictaduras (décadas de 1960-1980) da cuenta de la evolución de los derechos humanos como campo de estudio y trabajo que se abre a nuevas disciplinas, o bien, a nuevos enfoques dentro de las ciencias tradicionales. Como enseña uno de los trabajos aquí incluidos no fue fácil que parte de la comunidad científica se involucrara en estas tareas. De manera especial este libro testimonia cómo la arqueología y la antropología forense han expandido sus horizontes y, en la actualidad, son un instrumento fundamental para el estudio de las secuelas del terrorismo de estado y fundamentalmente para el avance de la justicia en varios de nuestros países. En efecto, además de proporcionar elementos claves para revelar lo que se llama la verdad global del funcionamiento del terrorismo de estado o la “lógica de la represión”, no menos importante es la contribución de la antropología forense para esclarecer la verdad individual, es decir, lo que ha ocurrido con cada una de las víctimas del terrorismo de estado. Sin eufemismos, la arqueología y la antropología forense en términos prácticos son para numerosas familias la esperanza de recuperar una parte de su historia, la de su ser querido y los restos del familiar desaparecido. La publicación que aquí se presenta muestra una perspectiva regional ya que compila trabajos sobre distintos países de América Latina y sus organizadores son de nacionalidad brasileña y argentina. Esta perspectiva regional enriquece nuestro conocimiento y nos acerca como ciudadanos de un mismo continente con desafíos comunes. Es esa misma convicción de ser parte de una comunidad latinoamericana la que guía a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la lleva a impulsar espacios regionales de trabajo como la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos en el MERCOSUR y Asociados y los esfuerzos de cooperación del Estado argentino con iniciativas de promoción de verdad y justicia con países hermanos como Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Esta publicación reúne el trabajo de investigadores que expresamente rechazan el lugar de “investigadores neutros”. Al contrario, sus editores explicitan desde el inicio su compromiso político tanto en su rol de investigadores como en el de ciudadanos. Por nuestra parte, como lo hacen ellos, creemos que se debe dejar de lado una imposible neutralidad cuando se trata el terrorismo de estado y sus secuelas, postura a la que muchas veces han pretendido recurrir importantes sectores sociales. No puede haber neutralidad académica ante un fenómeno como el terrorismo de estado. Por el contrario, la antropología y arqueología forense reflejan un compromiso con la verdad con la justicia y con la memoria pero fundamentalmente con los quienes más han sufrido en nuestras sociedades, las víctimas del terror estatal. Bajo ese entendimiento el gobierno argentino -por primera vez en veintiún años- se sumó a otros gobiernos del mundo brindando su apoyo al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Más aún en el año, 2005, el Presidente de la Nación Argentina, Dr. Néstor Carlos Kirchner en reconocimiento a la labor desarrollada por el EAAF le otorgó el Premio “Azucena Villaflor de De Vincenti", galardón destinado a reconocer a personas y entidades destacadas por su trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos. Sólo en nuestro país el EAAF identificó los cuerpos de más de 250 personas desaparecidas durante el periodo de la última dictadura militar; entre ellas logró la identificación de los restos de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco, y de la religiosa francesa Leónie Duquet.

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Creemos que este libro es además oportuno, ya que sale a la luz cuando se conmemora en la Argentina el trigésimo aniversario del golpe de estado de 1976, una oportunidad que nos permite una profunda reflexión y la reafirmación de la democracia y los derechos humanos. Por estos motivos le damos una calurosa bienvenida a Arqueología de a Represión y la Resistencia en América Latina en la era de las Dictaduras; décadas de 1960-1980; editado por Pedro Paulo A Funari y Andrés Zarankin, como una contribución al debate académico, pero también como aporte desde el compromiso por una sociedad mejor en una región del mundo que necesita afianzar la vigencia de los derechos humanos día a día. SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Buenos Aires, marzo de 2006

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"Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina en la era de las dictaduras (décadas de 1960-1980)". Pedro Paulo A. Funari* y Andrés Zarankin** "Cada vez que se identifica a un NN, éste deja de ser un cuerpo para transformarse en una historia”. Jorge Herbstein (EAAF)

Probablemente cuando la mayoría de las personas piensa en Arqueología, una de las primeras ideas que vienen a la cabeza sea Indiana Jones o la búsqueda de algún tesoro de una civilización remota. En otras palabras, una visión de que la Arqueología trabaja con cosas exóticas y distantes. Esta idea tiene una base verídica, ya que hasta hace sólo algunas décadas, la Arqueología centraba su trabajo casi de forma exclusiva en el estudio de grupos y sociedades prehistóricas. Debemos considerar también, que los orígenes de la disciplina están asociados a las aventuras imperialistas de las grandes potencias. Afortunadamente esta situación ha venido cambiando a través del tiempo, como resultado de la influencia de movimientos socio-políticos y cambios epistemológicos en las ciencias sociales. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) movimientos por los derechos civiles, por la emancipación de la mujer, entre otros, produjeron importantes transformaciones. Entre éstas destacamos el reconocimiento y respeto por la heterogeneidad en el interior de cualquier sociedad. Fue en este contexto que las ciencias humanas y sociales comenzaron a preocuparse por destacar y preservar esta diversidad cultural. Ello generó un acercamiento entre estas disciplinas y la sociedad, que se materializo en programas epistemológicos nuevos, y una creciente interacción con grupos y comunidades locales. En Arqueología, estos cambios se expresaron a partir de 1980 con el surgimiento y desarrollo de una corriente teórica conocida como Arqueología Contextual o Simbólica (Hodder 1982, Funari, Zarankin y Stovel 2005). También con la creación del Congreso Mundial de Arqueología, que contó con la participación de indígenas, grupos sociales e investigadores de diversas disciplinas. Desde estas nuevas perspectivas, la Arqueología -ahora entendida como el estudio de las personas a través de la cultura material- ofrece la posibilidad de generar visiones alternativas a las de la historia escrita, independientemente de variables como tiempo y espacio. Tradicionalmente, la Historia -al trabajar mayoritariamente con fuentes escritas concebidas desde el poder- presentó una visión parcial y sectaria del pasado, dejando fuera de sus trabajos diversos grupos considerados marginales o sin importancia –tales como las mujeres, niños, viejos, o grupos étnicos y religiosos diferentes, y claro, las clases explotadas (Funari et al. 1997). Ellos conforman lo que el antropólogo Eric Wolf (1982) denominó “personas y grupos sin historia”. Al contrario de la Historia “tradicional”, la Arqueología cuenta con el potencial de ser “democrática”. Particularmente, ello se asocia a que trabaja con algo que todas las personas producen: “restos materiales” -que en muchos casos solemos llamar “basura”. De esta Professor Titular, Departamento de História (DH/IFCH/UNICAMP), Coordenador-Associado do Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE/UNICAMP), Universidade Estadual de Campinas. ** Dipa-Imhicihu-Conicet y Profesor Visitante NEE-UNICAMP (Fapesp). *

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manera, no sólo se torna posible construir relatos alternativos a los de la historia oficial, sino también dar voz a los grupos invisibles, a las minorías y a los oprimidos. En otras palabras, surge la oportunidad de construir una “historia de los grupos sin historia”. En América Latina, la Arqueología se vio afectada por los contextos socio-políticos ocurridos en la región, principalmente dictaduras, que dificultaron una democratización temprana de la disciplina. Sin embargo, desde hace más de veinte años viene produciéndose una transformación libertadora, que se refleja en el desarrollo de nuevos aporte críticos sobre el estudio del pasado reciente en nuestro continente. La represión en Latinoamérica en las décadas pasadas Un caso paradigmático, en el que más de treinta anos de historia han sido borrados y distorsionados es la historia de la represión militar en Latinoamérica entre las décadas de 1960 y 1980. Podemos decir que existe un “una brecha” en los libros generados por la historia oficial en relación a ese periodo. Las dictaduras latinoamericanas surgieron en un contexto político internacional claro, la Guerra Fría y la Revolución Cubana (1959). Éstas perduraron hasta que los cambios internos e internacionales permitieron establecer y consolidar las libertades democráticas y el retorno de los civiles al poder. Durante el período represivo, la oposición fue controlada por diversos métodos –tales como el exilio, la detención o el mismo asesinato. Estos dispositivos represivos partían de la limitación a la información de las personas comunes. A su vez, la documentación escrita sobre la represión clandestina generada desde el aparato represivo del Estado en este periodo fue escasa y fragmentaria. Por otra parte fue común, que al final de los gobiernos militares, estos documentos fuesen eliminados. En este contexto, el aporte de la Arqueología a través del estudio de vestigios materiales puede resultar importante para ayudar a esclarecer procedimientos represivos, construir una memoria material del período, e incluso recuperar la historia -y los restos- de los desaparecidos. Consideramos que los desaparecidos son, de alguna manera, “personas sin historia”. Gente que tuvo una historia, interrumpida de manera cruel y despiadada por el propio hecho del secuestro-desaparición. A partir de ese momento, no están vivos ni muertos, simplemente no están. Somos conscientes que las personas que participaron de estos gobiernos tuvieron el poder de hacer desaparecer gente, de desaparecer la justicia y hasta la Historia. Sin embargo hay algo que no importa el poder que posean nunca podrán hacer desaparecer, el pasado. Desde esta perspectiva, la Arqueología tiene mucho que ofrecer, asumiendo un compromiso social y político claro del lado de las personas comunes, y contribuyendo a reconstruir –de manera concreta- la historia robada y negada desde el sistema. Este libro refleja el esfuerzo de diversos arqueólogos latinoamericanos que, desde distintas investigaciones, trabajan por este objetivo. Por otra parte, la decisión de generar una publicación que incluya colegas de varios países latinoamericanos no es casual. De la misma manera que existió el plan Cóndor1, es importante generar un libro que muestre este proceso no como resultado de decisiones aisladas de los gobiernos militares de turno en cada país, sino como una práctica consensuada entre los mismos que unificó América Latina a través del terror. Las dictaduras militares que gobernaron los países del Cono Sur, en las décadas de 1970 y 1980, instrumentaron y aplicaron un operativo de inteligencia y de represión extrafronterizo que denominaron Plan Cóndor 1

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"Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina en la era de las dictaduras (décadas de 1960-1980)". El libro está compuesto por 9 artículos: Roberto Rodríguez Suárez, en “Arqueología de una búsqueda: una búsqueda arqueológica: La historia del hallazgo de los restos del Che Guevara “, explica de manera detallada y minuciosa la historia de la búsqueda y localización de los restos del Che Guevara en Bolivia. A partir de su relato, es posible conocer los métodos analíticos y tecnológicos utilizados por el equipo de arqueólogos y antropólogos físicos que participaron en la búsqueda de uno de los personajes más importantes del siglo XX, cuyo paradero permaneció oculto por más de 30 años. Rodrigo Navarrete y Ana María López, en “Rayando tras los muros: Graffiti e imaginario político-simbólico en el Cuartel San Carlos (Caracas, Venezuela)”, exploran la aplicación de una perspectiva arqueológica para la interpretación del imaginario carcelario, a través del estudio de los graffiti y otras expresiones figurativas y textuales espontáneas en las paredes y recintos del Cuartel San Carlos (Caracas, Venezuela). Éstas son entendidas por los autores como “manifestaciones parietales”, por representarse sobre las paredes -ocasionalmente pisos o techos- de los diversos recintos del edificio. Patricia Fournier y José Martínez Herrera, en “México 1968: Entre las fanfarrias olímpicas, la represión gubernamental y el genocidio”, analizan uno de las masacres más terribles de la historia reciente de México, la de la Plaza de las Tres Culturas, ocurrida en 1968. Allí, miles de estudiantes y personas comunes fueron masacradas por el aparato represivo estatal, mientras realizaban una manifestación pacífica en contra del gobierno. Casi 40 años después, y en el marco de una herida que sólo puede ser cerrada con verdad y justicia, los autores plantean la necesidad de generar un proyecto interdisciplinario “para la recuperación de la memoria”. Entre sus objetivos principales se proponen esclarecer los hechos de violencia, y contribuir a localizar los muertos y desparecidos. Carl Henrik Langebaek en “Arqueología e Izquierda en Colombia”, se propone estudiar las relaciones entre el marxismo y el estudio del pasado prehispánico en Colombia. Para eso desarrolla un mirada sociológica de la disciplina Arqueológica, estableciendo lazos directos entre el desarrollo de la misma, principalmente el de las corrientes marxistas, y la historia política y académica en Colombia durante el siglo XX. Pedro P. Funari y Nancy Vieira en, “A Arqueologia do conflito no Brasil”, discuten las bases epistemológicas de una Arqueología del conflicto. A partir de ello, analizan una situación particular que se planteó en Brasil a comienzos de la década de 1990, relacionada con la posibilidad de generar un proyecto arqueológico sobre los desaparecidos de la dictadura militar. Luis Fonderbrider en “Arqueología y Antropología forense: un breve balance” presenta una síntesis sobre los logros y la experiencia de más de 20 años de trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Sus orígenes, resultados y desafíos son claramente expuestos por el autor. Alejandro Haber en “Tortura, verdad, represión, Arqueología”, establece una comparación simbólica entre las representaciones de la conquista europea de América en el siglo XVI, que

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implicó el exterminio de los grupos indígenas, con el genocidio de las dictaduras militares en el siglo XX. Su discusión reflexiona sobre los distintos regímenes de verdad que existieron y existen en Arqueología, y cómo estos condicionan nuestra mirada del pasado. José López Mazz en “Una mirada arqueológica a la represión política en Uruguay (1971-1985” reflexiona sobre las posibilidades de trabajo de una Arqueología de la represión en Uruguay, entendida como una aproximación arqueológica al terrorismo de Estado para generar información sobre hechos hasta ahora invisibles. Paralelamente, plantea la posibilidad de discutir situaciones de resistencia a esta represión, a través del estudio de fugas, o pequeñas conductas que permitiesen a las personas comunes escapar a la violencia impuesta por la dictadura militar. Andres Zarankin y Claudio Niro en “Arquitectura del terror. Organización espacial y arquitectura de los centros clandestinos de detención de la dictadura militar argentina (19761983)” se proponen discutir a partir de dos niveles, uno teórico y otro corporal (a partir de experiencias reales, sufridas por uno de los autores), la arquitectura y organización espacial de los centros clandestinos de detención (CCD) en Argentina. Para ello efectúan una serie de reflexiones sobre la materialidad de estos lugares y sus implicancias en el proceso represivo. Utilizan como caso de análisis el CCD conocido como “Club Atlético”, así como referencias a otro CCD llamado “El Vesubio” –donde Claudio Niro estuvo detenido. En síntesis, el libro que presentamos al lector refleja un esfuerzo por rescatar una historia que consideramos aún poco tratada. Al mismo tiempo, estamos convencidos que discutir este tipo de problemáticas permitirá superar definitivamente los rasgos positivistas y reaccionarios de la Arqueología. Nos interesa dejar en claro que, contrariamente a lo que se supone, la misma no sólo está preocupada en ser una ciencia abstracta, o una fuente de estudio de las supuestas “grandes civilizaciones”, sino que también se refiere a nosotros mismos, a nuestro presente y futuro. Esperamos que este volumen permita mostrar que el estudio de la represión no es un ejercicio histórico neutro, un tema más a ser explotado “objetivamente” por el científico, sino un compromiso político que asumimos como investigadores. Somos conscientes que la situación de pobreza y exclusión que vivimos en la actualidad tiene mucho que ver con este pasado cercano. Esperamos que este volumen pueda ayudar en la difícil tarea política y científica de comprender sus causas y funcionamiento, a la vez que su trágico legado. AGRADECIMIENTOS Agradecemos a todos los autores y, en especial, a Lourdes Domínguez. Mencionamos, también, el apoyo institucional de FAPESP, CNPq, Conicet, y Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE/Unicamp). La responsabilidad por las ideas es solo de los editores. BIBLIOGRAFIA Funari, P.P.A., Hall, M., Jones, S. (1997) Historical Archaeology, Back from the edge. London and New York, Routledge. Funari, P, A. Zarankin y E. Stovel (editores). 2005. Global Archaeological Theory: contextual voices and contemporary thoughts. Plenum-Kluwer, New York. Hodder, I (1982) Simbols in Action. Cambridge University Press, Londres. Wolf, E. (1982) Europa y la Gente Sin Historia. Fondo de Cultura Económica, México.

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Arqueología de una búsqueda: una búsqueda arqueológica: La historia del hallazgo de los restos del Che Guevara. Roberto Rodríguez Suárez* Introducción El año 1997 marcó un hito en el ámbito internacional en cuanto al significado de la figura de Ernesto “Che” Guevara y sus compañeros de guerrilla. La foto ampliamente difundida en que aparece su recia figura, captada magistralmente por el fotógrafo cubano Alberto Korda, se convirtió en un símbolo de lucha de no pocas generaciones, que trascendió el ámbito latinoamericano para internacionalizarse. A no dudar, la imagen del guerrillero cubanoargentino y sus ideas se elevan para transformarse en algo tangible, pues se anunció al mundo el hallazgo de sus restos. La Arqueología, como forma de reconstrucción de la memoria antigua y de un pasado reciente, se constituyó en un instrumento metodológico útil que permitió, con participación multidisciplinaria, abordar la búsqueda de los restos de los guerrilleros que cayeron durante la contienda boliviana de 1967. Como era de esperar, el tiempo transcurrido y el silencio que envolvió la ubicación de los restos de los guerrilleros, exigían un abordaje acucioso del proceso de búsqueda en el que se hacía necesario establecer una propuesta que se contrapusiera a estas limitantes. De tal manera, se describirá aquí en que consistió la misma; y si bien no se constituirá en la única, representa un modelo adecuado con un nivel de generalización apreciable para aquellos casos con características similares. Los métodos e instrumentos analíticos utilizados y los resultados obtenidos, dan fe de su validez y de la posibilidad de aplicarlos aún en contextos de enterramiento disímiles, pues serán adaptables como una función de la ”filosofía” conque se aborden los casos particulares; es decir bajo que condiciones se aplican y qué se busca. El contexto vallegrandino La provincia Vallegrande se encuentra en la región Sur Occidental de Bolivia a 241 kilómetros del Departamento de Santa Cruz de la Sierra. Originalmente estaba habitada por una población de 26.027 habitantes, tiene una superficie de 6.414 kilómetros cuadrados y está ubicada a una altura media de 1.970 metros sobre el nivel del mar. Esta región de los valles cruceños, antes de la ocupación colonizadora por parte de los españoles, recibió la incursión del pueblo quechua, principalmente desde provincias vecinas como las de Carrasco y Campero del Departamento de Cochabamba. La misma, que tuvo lugar por disposición de Tupac Inca Yupanqui y continuada por su sucesor Huayna Kapac durante el siglo XVI, tenía que enfrentarse con las tribus Chiriguanas y Yuracares, que salieron de los bosques del noreste de la provincia y que también se desplazaban por estos valles. Luego de la fundación de las primeras ciudades en lo que hoy es Bolivia, como La Plata, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Salinas del Río Pisuerga o Mizque, a partir de 1538 la comunicación entre occidente y oriente se intensificó, pero en esta parte intermedia de la ruta, las incursiones cada vez más frecuentes y osadas por parte de las huestes chiriguanoyuracares constituían un verdadero peligro para los viajeros que se arriesgaban a transitar por *

Laboratorio de Arqueometría. Museo Antropológico “Montané”. Universidad de La Habana.

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el camino del Inca. Esto determinó que el presidente de la Real Audiencia de Charcas, Lic. López Cepeda, accediendo a repetidas peticiones, dispusiera la fundación de centros de población intermedios que de alguna manera garantizaran la seguridad de los viajeros. Estos antecedentes dieron lugar a que el 30 de marzo de 1612, se expidiera la cédula mediante la cual el virrey de Perú encomendaba al Capitán Pedro Lucio Escalante de Mendoza la fundación de dos ciudades en estos valles. El capitán Pedro Lucio Escalante de Mendoza, sobrino del Virrey del Perú, Don Juan de Mendoza y Luna, recibió la encomienda de este para fundar una ciudad de blancos que sirviera de nexo entre Charcas y Santa Cruz. Cumpliendo con este mandato, sale de Lima con 30 familias de españoles, a las cuales se suman otras en Potosí hasta completar 200. Cuando Escalante de Mendoza llega el 30 de marzo de 1612 a fundar la ciudad de Jesús de Montes Claros de los Caballeros, ya encontró algunos españoles asentados allí. Las primeras casas de aquel poblado se encontraban resguardadas por una muralla orientada de norte a sur, que protegía a sus habitantes del constante asedio de las tribus chiriguanas, que defendían sus territorios desde 1583 cuando levantaron sus armas contra los españoles. En enero de 1584, recién fundada la Villa de San Miguel de la Laguna, relativamente cerca de Vallegrande, habían aniquilado a los primeros colonos. La ciudad de Jesús de Montes Claros de los Caballeros, hoy Vallegrande presenta las características constructivas propias de todas las villas fundadas por los colonos españoles en América. Se ubica su Plaza de Armas, donde se construye el Cabildo, la iglesia y se asientan las autoridades correspondientes. Con el transcurso del tiempo varios miles de chiriguanos optan por deponer las armas y se integran a esta ciudad. Esta fusión cultural se complementa cuando durante la guerra de independencia, Vallegrande cobija a los negros cimarrones provenientes de Santa Cruz que se revelaron contra sus amos y adoptan la bandera patria izada en 1809 (Diaz Oropeza 1997)2. Con la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, Vallegrande quedó relegada, por lo cual pierde en importancia en el intercambio comercial Este-Oeste y como centro agropecuario. Debido a la incorporación de nuevas tierras a lo largo de la carretera, algunas d ellas regadas por varios ríos; los grandes proyectos agroindustriales en la zona tropical durante la Revolución Nacional y el auge del petróleo, estimularon una fuerte corriente migratoria desde esta provincia a esas tierras y fundamentalmente hacia la llanura cruceña (Peña 1997). Hoy día apenas está habitada por unas 6000 personas, debido entre otras causas al olvido de los gobiernos de turno y la falta de fuentes de trabajo. En consecuencia, la gente migró hacia ciudades de mayor prosperidad económica como Santa Cruz y a otros países cercanos, como es el caso de Argentina. Actualmente, Vallegrande pierde su apacibilidad en época de fiestas señaladas (procesiones, carnavales, fiestas patrias, etc) y se llena de gente que, con sus raíces en el pueblo, vienen principalmente de Santa Cruz a estas celebraciones, cobrando nueva vida, y se reabren casas 2

http://www.hoybolivia.com/turismo/30vallegrande.htm, 2005. (3), http://comarapa.com/Historia.htm. Consultado 15 de junio, 2005.

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que estuvieron cerradas durante una buena parte del año para cobijarlos durante estas celebraciones. Como parte de su atractivo no puede soslayarse el interés que suscita para naturales y foráneos la existencia en esa región y otras cercanas, de espacios relacionados con los hechos de la guerrilla del 67, visitados durante muchos años y ahora más intensamente a partir del hallazgo de los restos del Che y sus compañeros en 1997. Bolivia en los 60 A partir del 4 de noviembre de 1964 comienza para Bolivia otro largo tiempo de poderío militar, porque las Fuerzas Armadas, regidas por la Doctrina de la Seguridad Nacional ocupan el papel protagónico. El General de Aviación René Barrientos Ortuño, desarrolla una campaña para confundir a las masas, siendo los campesinos los principales tributarios de la misma por ser la clase de menos desarrollo político. Como parte de ella respetó la Ley de Reforma Agraria e incluso concibió la precipitación de la fase jurídica para la entrega de títulos, concediendo además a los antiguos propietarios enormes indemnizaciones hurtadas del erario nacional. Se distancia a los obreros de las decisiones políticas quedando sin cubrir por ellos espacios en el gabinete (Pérez Guillen 2004). Los espacios no cubiertos fueron aprovechados por la alianza campesinos-militares, tomando cuerpo la implementación y colaboración de las milicias campesinas y los regimientos del ejército en la pacificación de numerosas revueltas obreras. La proyección militar de la “Alianza para el Progreso”, con el nombre de Acción Cívica tuvo como fin inutilizar las fuerzas insurgentes con el apoyo de Estados Unidos, que colaboró en el entrenamiento y equipamiento de miles de reclutas, convirtiéndose los militares en administradores de una parte de sus fondos. A través de esta política, adicionalmente se utilizaron los soldados, máquinas y vehículos militares en función de obras sociales, apoyando la construcción de escuelas, caminos, carreteras y puentes. La presencia militar en los campos se hizo habitual para sus habitantes. Los soldados aparecían como copartícipes del esfuerzo por el desarrollo de las zonas rurales históricamente obviadas. La complicidad se extendía a toda la institución, de manera que Barrientos sólo se aprovechó de las circunstancias y en medio de la efervescencia de las elecciones, en Cochabamba, el 11 de abril, promulgó el Pacto Anticomunista Militar Campesino. A pesar de la popularidad del presidente en las zonas rurales, lo cierto es que se tomaron decisiones que atentaban contra las conquistas más recientes de los campesinos. Elementos vinculados a antiguos terratenientes ocuparon cargos de autoridad en el campo y si hasta entonces la entrega de títulos de propiedad de la tierra había sido lenta, con Barrientos se detuvo del todo. En el plano internacional, la década de los 60 resultó una etapa convulsa, tanto en los países más desarrollados como en los del llamado Tercer Mundo. En estos últimos se vivía la lucha contra la colonización que todavía en pleno siglo XX dictaba sus destinos, lo cual era expresión de inconformidad que se tradujo en la creación y desarrollo de guerrillas que poco a poco iban extendiendo su accionar (Pérez Guillen 2004). En el caso particular de la región andina, que hasta el momento sólo había sido utilizada como zona de paso o asiento temporal de otros focos guerrilleros, a fines de 1966 se completa

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el cuadro en relación con los movimientos de liberación nacional en el ámbito continental. Ernesto Che Guevara, una de las figuras líderes de la Revolución Cubana, teórico de la Guerra de Guerrillas, conocedor a fondo de la realidad imperante en Latinoaméricae ideólogo antimperialista, escogió a Bolivia, por circunstancias coyunturales, para iniciar la lucha que irradiaría después a toda América. La zona de Ñancahuazú, de extensas serranías, vegetación poco densa, con un clima irregular y muy húmedo, sería el escenario en que los guerrilleros comenzarían sus acciones. El Che, combatiente de vanguardia, juzgaba el escenario natural agreste de las zonas rurales como el ideal para la formación del ejército popular. En esas condiciones se preservaba el núcleo dirigente de la revolución, compuesto por los más radicales y en torno a él las nuevas fuerzas que se incorporaran con la puesta en práctica de tácticas de combate. Las discretas, pero persistentes victorias contra el enemigo que seguirían al entrenamiento y reconocimiento de la zona de operaciones, deberían propiciar el debilitamiento del contrario y los enfrentamientos de mayor envergadura en que las fuerzas guerrilleras salieran airosas. En los primeros meses los combatientes establecieron su campamento y recibieron entrenamiento, que además de la preparación militar, incluía el reconocimiento de la zona de operaciones. El proceso inicial de formación de la guerrilla perseguía la creación ante todo de una conciencia de lucha y moral combativa. Para ello, su máximo organizador basaba la disciplina en la moral del guerrillero y en la fuerza de su propio ejemplo (Pérez Guillen 2004). En este contexto sociopolítico de Bolivia tiene lugar el desenvolvimiento de las acciones de la guerrilla del Che, hasta que las circunstancias que rodearon la existencia de la misma llevaron a los acontecimientos de octubre de 1967. Arqueología de una búsqueda Desde el momento en que se produce la aprehensión del grupo comandado por el Comandante Ernesto Che Guevara en la Quebrada del Churo el 8 de octubre de 1967 y la posterior ejecución de los guerrilleros, el destino de sus cuerpos, habida cuenta el velo tendido sobre esta maniobra en un ambiente de secreto militar, resultó una incógnita hasta noviembre de 1995. Transcurrieron 28 años para que finalmente se develara el posible paradero del Comandante de América y la posibilidad real del hallazgo de sus restos. Una histórica revelación del general boliviano retirado Mario Vargas Salinas desencadenó la búsqueda de los restos de Ernesto Che Guevara y sus compañeros de guerrilla. Sus declaraciones fueron publicadas por el New York Times en 1995 a partir de una entrevista del periodista norteamericano John Lee Anderson y en ellas puntualizaba que el Che había sido enterrado en una fosa común, en el área de la pista vieja del aeropuerto de Vallegrande, lo cual se contraponía a la versión de que sus restos habían sido incinerados. Si bien de esta versión ya se tenía noticias con anterioridad, adquiere ahora otra dimensión teniendo en cuenta las características del testimoniante, un jefe militar de alto rango. Una vez dada a conocer la noticia, la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ASOFAMD) de Bolivia solicitó al gobierno se emprendiera la búsqueda. Tal reclamo tuvo la respuesta esperada y mediante Decreto Supremo del presidente de la República se conformó una comisión encargada de dar cumplimiento a esta solicitud. Dicha comisión solicita el apoyo profesional del equipo argentino de Antropología Forense, representado inicialmente por el

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antropólogo Alejandro Incháurregui y al que se incorporan después sus colegas Patricia Bernardi y Carlos Somigliana. Estos son apoyados por soldados, los que emprenden excavaciones en la antigua pista del aeropuerto de Vallegrande que comienzan a principios de diciembre de 1995. Las excavaciones se inician en un área de la zona sur del aeropuerto detrás del cementerio, y se extienden hasta mediados de diciembre. En apoyo de estos trabajos, se incorpora un georradar operado por técnicos argentinos no obteniéndose resultados positivos respecto al hallazgo del lugar de enterramiento del Che. Paralelamente, se localizan restos de 3 guerrilleros en la zona de Cañada de Arroyo, a unos 5 km del aeropuerto de Vallegrande a partir de información obtenida de un testimoniante. En ese ínterin, se incorpora a esta investigación el Dr. Jorge González como representante de los familiares de los guerrilleros cubanos caídos en la contienda boliviana. Las labores de prospección y excavación efectuadas entre diciembre de 1995 y febrero de 1996 no aportaron los resultados esperados en relación con la localización del enterramiento de los restos del Che y sus compañeros de guerrilla en el aeropuerto de Vallegrande en los plazos esperados. Así, el equipo argentino se retira del escenario por falta de financiamiento, mientras que se conforma un equipo cubano de investigadores para continuar la búsqueda. Una búsqueda arqueológica. Propuesta metodológica. La posibilidad del hallazgo de los guerrilleros en Vallegrande estuvo signada por el tiempo transcurrido desde el momento de los enterramientos y las circunstancias en que estos se produjeron, tanto desde el punto de vista político-militar, como por las transformaciones del entorno que provocaron cambios en la fisiografía del terreno, haciendo que los propios protagonistas de tales entierros y posibles testigos se sintieran desorientados. No debe descartarse tampoco la dimensión tomada por la figura del Che a escala internacional, en tiempos en que pronunciar su nombre resultaba un peligro en las condiciones sociopolíticas que imperaban en Bolivia, lo que hasta los momentos en que se devela el posible lugar de enterramiento por Vargas Salinas, entorpeció en alguna medida, por no disponer de información oficial, la investigación histórica para precisar el posible lugar de enterramiento. Bajo estas circunstancias, a no dudar la investigación se hacía compleja, por lo que se tomó la decisión de diseñar una propuesta metodológica en la que se contemplaba una participación multidisciplinaria con la que se hiciera factible reducir a un mínimo los espacios a investigar en detalle para el logro de los objetivos propuestos. Así, una vez que los investigadores cubanos asumieron el peso del trabajo, se determina conformar un Comité de Expertos con la finalidad de establecer una metodología en la que se consideraba como punto de partida los posibles “ruidos” que el paso del tiempo y las condiciones del terreno de los probables lugares de enterramiento podían originar y que de alguna manera impidieran o entorpecieran los hallazgos. Un superobjetivo estaba claro: encontrarlos a todos. En la creación de este Comité de Expertos estuvieron involucradas más de 15 instituciones científicas, las que por sus características podrían aportar elementos técnicos y personal científico que permitieran conformar una metodología de trabajo que delimitaría las áreas de estudio partiendo del principio de que la apertura de fosas para la inhumación de cadáveres provoca alteraciones del terreno que originan anomalías susceptibles de ser detectadas.

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Por otra parte, al margen de la información aportada por el General Vargas Salinas, la decisión de encontrar a todos los guerrilleros exigía una acuciosa investigación histórica que ampliara la información acerca de los lugares de enterramiento de los diferentes grupos de guerrilleros que fueron inhumados en el entorno de Vallegrande y otras áreas fuera de esta región. Este fue un proceso clave en el éxito de la búsqueda. Como resultado de este esfuerzo, se conformó una propuesta para la búsqueda no sólo en Vallegrande, sino en todos los escenarios en que se inhumaron guerrilleros y que constó de 5 etapas fundamentales, a saber: • • • • •

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA ESTUDIOS BÁSICOS PROSPECCIÓN EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA IDENTIFICACIÓN DE RESTOS HUMANOS

Parte importante del diseño radicaba en la “filosofía” que la sustentaba; esto es que, sabiendo que no existen métodos directos para la detección de restos humanos, de lo que se trataba no era de “encontrar una aguja en un pajar”; por el contrario, había que encontrar el “pajar” en el cual descansaba la “aguja”. Con este objetivo fue que se abordó el trabajo en el campo, lo que se traducía en que era imprescindible encontrar un lugar en el terreno que hubiera sufrido alteraciones en su estratigrafía por efectos de alguna excavación. La fase inicial de la propuesta, a no dudar descansaba firmemente en la investigación histórica. La investigación histórica A la par que se emprendían los trabajos de prospección en el área de la pista del aeropuerto de Vallegrande se profundiza en las versiones alrededor del lugar de enterramiento del Comandante Guevara para lograr mayor precisión. Hay que tener en cuenta que además de la revelación del General Salinas acerca del posible lugar de enterramiento, se compilaron un centenar de versiones en relación con el lugar preciso de la inhumación. Como antes se dijo, el tiempo transcurrido y los cambios en la fisiografía de la zona del aeropuerto, no permitían que incluso el propio Salinas, de nuevo en el lugar de los hechos, pudiera ubicar el área precisa en que este se produjo. Así, la investigación histórica estuvo dirigida a la búsqueda, análisis y confirmación de información relacionada con las circunstancias y lugares en que se produjeron inhumaciones de guerrilleros. Era evidente que se hacía necesaria la localización de personas que de alguna manera estuvieran vinculadas o involucradas directa o indirectamente con estos acontecimientos; es decir, oficiales, soldados, familiares de estos y posibles testigos que aportaran elementos confiables acerca de los lugares de enterramiento en Vallegrande y en todo el país. Esta fase inicial de la metodología que tenía antecedentes en abril de 1996, cuando ya se habían iniciado las pesquisas, se hacía difícil por cuanto el cúmulo de información resultó abrumador, de manera que se afinaron los métodos de investigación, en los que el cruzamiento de información permitía ir decantando versiones como resultado de la evaluación de la confiabilidad de las fuentes a partir del nivel de vinculación con los hechos. Este proceso resultó muy útil y los resultados mostraron la validez de los mismos.

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En el caso particular de la fosa del Che existían fuertes indicios como resultado de las indagaciones, de que se había excavado con un “bulldozer” o máquina que permite mover volúmenes grandes de tierra; que en la madrugada en que se produce el enterramiento estuvo lloviendo, así como que la profundidad podía ser superior a los 2 metros para inhumar 7 cadáveres. Ya se sabía por la documentación recabada el número de personas y nombres de los caídos junto al Che, de manera que había que confirmar con el hallazgo si en realidad todos habían sido enterrados allí, pues no se tenía la certeza total. Por supuesto existía la probabilidad de que hubiesen sido enterrados en pequeños grupos, lo que hubiera complicado mucho más el trabajo de localización. Como después se verá, hubo plena coincidencia entre los hallazgos y el resultado de la investigación histórica. Los trabajos de prospección comenzaron en enero de 1997 en un área de 20 hectáreas del aeropuerto, las que apoyadas por la investigación histórica quedaron circunscritas a doce zonas de 25 por 30m cada una que sumaban un total de 9000 m2. Estas, a su vez, fueron estudiadas con intervalos de muestreo de un metro, insistiendo con este nivel de detalle en las zonas 7, 8 y 9 acorde con las fuentes. Los estudios básicos En esta fase era necesario recabar información acerca de las características del terreno con vistas a entender qué respuestas podrían esperarse en la etapa siguiente (la de prospección) que indicaran alteraciones sugerentes de la existencia de una excavación. Es por ello que nos propusimos el estudio a fondo de los suelos de Vallegrande. Con tal objetivo, diferentes especialistas fueron incorporándose a la investigación, participando un edafólogo y un físico de suelos, los que aportaron un volumen de información que permitió acopiar datos acerca de la estratigrafía, geología, geomofología y características físicas de los suelos, no sólo del área del aeropuerto sino de otras aledañas que permitieran tener un cuadro lo más completo posible. La exhaustividad de los estudios llevó a una caracterización general del área que abarcó una buena parte de la historia geológica de Vallegrande, prácticamente de los últimos 10000 años de su existencia. Aunque parezca exagerado, este nivel de detalle permitió literalmente “tomografiar” los terrenos del valle y en consecuencia, entender el comportamiento de las lecturas de las diferentes técnicas utilizadas en la fase de prospección obtenidas durante su aplicación. Paralelamente se realizó el levantamiento topográfico del área de estudio con la finalidad de llevar el control riguroso de los espacios investigados y las excavaciones realizadas. El trabajo de prospección En esta fase de trabajo se escogió una batería de pruebas en las que se incluyeron: • • •

Foto aérea Técnicas geofísicas Técnicas geoquímicas

Se tomaron fotos aéreas a baja altura empleando película fotográfica normal e infrarroja con la finalidad de determinar posibles contrastes en el terreno que indicaran modificaciones como

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resultado de movimientos de tierra, a saber: humedad y temperaturas diferenciales y/o cambios de color podrían ser detectadas mediante este procedimiento. De las técnicas geofísicas disponibles, se aplicaron las de Capametría, Resistividad Eléctrica, Sísmica, Georradar y Conductividad Eléctrica. En todos los casos se utilizaron equipos de punta en concordancia con el desarrollo tecnológico de los mismos. Adicionalmente, se realizaron pruebas de Penetrabilidad mediante el empleo de barrenas mecánicas y manuales. Estas podrían dilucidar acerca del nivel mayor o menor de compactación del terreno asumiendo la posibilidad de alteración de este rasgo a pesar del tiempo transcurrido. Como posteriormente se constató, estas perforaciones resultaron útiles pues en el trabajo general con estos fines, horadando a intervalos de 20 m hasta un máximo de 4 metros siempre que fue posible, se tomaron muestras de suelo a profundidad controlada, las cuales fueron sometidas posteriormente a estudios físicos y químicos. Un detalle importante a resaltar y que resultó ventajoso, está relacionado con el comportamiento de la estratigrafía del terreno, bastante homogénea y por la presencia de “fragipán”, una capa intermedia poco potente y con características muy particulares de color, dureza y permeabilidad, que resultó una guía diagnóstica. Esto, a los efectos de las lecturas de los equipos geofísicos empleados. La profundidad promedio a que se encontraba dicha capa en toda la zona de estudio (entre 0.80 y 1.20m desde la superficie) resultaba orientadora respecto a cualquier cambio en los parámetros geofísicos evaluados. Así, dados los datos de que se disponía de las fuentes, era de esperar que la maquinaria empleada para cavar la fosa hubiera roto el fragipán y por otra parte, que los cuerpos habían sido enterrados a una profundidad superior a los 2 m, por tanto tal alteración podría ser detectada por las diferentes técnicas geofísicas. Esto, teniendo en cuenta que la mayoría de las que se emplearon producen emisiones de alguna señal sobre el suelo del que se espera una respuesta como una función de sus características y en este caso, de las alteraciones de su condición natural por la presencia de restos humanos y los cambios que la apertura de una fosa puede producir. Ningún detalle escapó, al punto, que se estudiaron modelos de excavación realizados por este tipo de máquinas en los que se tuvo en cuenta por ejemplo, el recorrido necesario de entrada y salida a una zanja excavada a una profundidad de más de 2m, con la finalidad de tener idea de posibles dimensiones de la fosa y otras características. En relación con las pruebas geoquímicas utilizadas en esta investigación, las mismas han demostrado su utilidad en la investigación arqueológica para la determinación de acumulaciones orgánicas y delimitación de áreas de actividad. Entre ellas, en esta metodología se emplearon dos que están muy relacionadas con alteraciones del suelo como resultado de la ocupación humana: la determinación de fosfatos y la medición del pH. Incluimos también la determinación del color como prueba adicional, teniendo en cuenta los cambios que podrían esperarse de esta variable por la remoción de capas del terreno. Para ellos se empleó la carta de colores Munsell. El análisis de fosfatos es una de las técnicas de estudio de suelo más populares y suficientemente probadas en Arqueología. Aunque su empleo ha sido básicamente dirigido a la agricultura y ramas afines, al aplicarse a problemas arqueológicos ha permitido recabar información muy valiosa relacionada con las actividades realizadas por el hombre.

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Dado que el fósforo proviene del tejido óseo, de las heces fecales, así como de desechos de carne y piel, resulta obvia su utilidad como método de prospección en la detección de la presencia de restos cadavéricos. Una particularidad muy importante del fósforo, en forma de fosfato, es su estabilidad química, lo que determina que permanezca durante mucho tiempo en el sitio en que fue depositado. Así, pasados muchos años, es posible detectar la presencia de fosfatos en el suelo y en consecuencia dilucidar la presencia de acumulaciones orgánicas, que por supuesto, pueden corresponder o no a restos humanos, dado que la técnica no discrimina la fuente de procedencia de las mismas. La ulterior excavación determinará el origen de la “contaminación”. En esta investigación se utilizó una prueba semicuantitativa susceptible de ser realizada en condiciones de campo. Otro parámetro que se evaluó fue el pH del suelo, concepto derivado de la necesidad de cuantificar la acidez y la alcalinidad. En el caso particular de los suelos, dicho parámetro varía entre 4 y 9 en condiciones naturales. El pH es un buen indicador de áreas de actividades en las que los desechos humanos provocan alteraciones de las características ácido-básicas del suelo y permite determinar las condiciones de preservación de los materiales depositados. Las mediciones realizadas se llevaron a cabo utilizando un medidor de pH portátil (Barba, Rodríguez y Córdoba 1991) En relación con el pH, la acumulación de animales y seres humanos produce alteraciones en las condiciones ácido-básicas del suelo como resultado de los procesos putrefactivos en los casos de enterramientos recientes y aún cuando se encuentran en estado esquelético, como una función de la humedad del suelo y los intercambios que tienen lugar por efectos de la diagénesis. La movilidad iónica y en consecuencia, las variaciones de pH serán una función del agua circulante. En el caso particular de este estudio-con la finalidad de aprovechar todas las potencialidades de los recursos disponibles- las muestras de suelo tomadas durante las perforaciones permitieron caracterizar mediante el análisis de las mismas, los patrones de fosfato y pH en el área de estudio. Afortunadamente, los suelos de Vallegrande son muy pobres en fosfatos y se caracterizan por valores de pH ligeramente ácidos, cercanos a la neutralidad. Esto por supuesto resultaba una ventaja pues la acumulación de restos cadavéricos necesariamente produciría valores contrastantes de fosfatos, que mediante el análisis de muestras de suelo extraídas durante las perforaciones como las planificadas a profundidad controlada podrían resultar diagnósticas de la presencia de los guerrilleros. La excavación arqueológica Con el avance de los estudios se pudo ir planificando la táctica de trabajo al momento de las excavaciones, una vez que el análisis cruzado de la información recabada con los métodos de prospección, apuntara a posibles zonas donde podría ser positiva la presencia de enterramientos; para ello se disponía del instrumental necesario para proceder al trabajo de exhumación y control de evidencias, preparación de planos, registro fotográfico y embalaje de los restos. La identificación de restos humanos

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Esta, la etapa conclusiva, estaba garantizada en primer lugar porque se disponía de los especialistas y técnicas adecuadas para una identificación indubitable de cada uno de los guerrilleros y sus fichas personales enriquecidas con los datos de detalles particulares de cada uno aportados por sus familiares y allegados. Resultados de la aplicación de la metodología propuesta El 28 de junio de 1997 a las 9:30 am bajo una pertinaz lluvia y baja temperatura, se produce el hallazgo de lo que posteriormente se comprobó era un entierro colectivo y que se trataba del grupo del Comandante Ernesto Che Guevara. La fosa se ubicaba aproximadamente a unos 50m de distancia del muro posterior del cementerio viejo del pueblo, sobre la antigua pista del aeropuerto de Vallegrande. Aunque en sólo unas pocas líneas del párrafo anterior se sintetiza el resultado, en realidad este fue posible gracias al empeño de un nutrido grupo de especialistas: unos directamente sobre el campo y otros en la “retaguardia”, colegiando y discutiendo en una relación biunívoca toda la información que se iba obteniendo. Este fue en verdad un trabajo multidisciplinario, que a la vista del tiempo, hubiera sido difícil no alcanzar resultados positivos, por lo minucioso de su abordaje y con la buena dosis de empeño por lograr el objetivo planteado al inicio. Prácticamente no quedaba ningún resquicio durante su realización que pudiera impedir el hallazgo. Ante todo, el gigantesco volumen de información histórica y su procesamiento resultaron cruciales, no sólo ya para la ubicación de la fosa, sino para la localización de enterramientos posteriores que se efectuaron en esta ciudad; en áreas aledañas e incluso en otras más lejanas, teniendo en cuenta que los caídos iban siendo enterrados sobre la marcha por los guerrilleros. Para el caso de Vallegrande, los combatientes que fueron emboscados en la Quebrada del Churo y zonas relativamente cercanas eran llevados para ser inhumados en el área del regimiento Pando destacado en esta ciudad, que por ser zona militar restringía el acceso y facilitaba el encubrimiento de actividades de este tipo que se hacían generalmente de madrugada. Esta práctica marca su comienzo a partir de la eliminación del grupo de Vado del Yeso, en agosto de 1967. En el caso particular del hallazgo sobre la pista antigua, que correspondía al grupo en el que se encontraban el Che y otros 6 compañeros, se confirmó la información de que ya se disponía con anterioridad acerca de la ubicación de la fosa en el entorno de la pista vieja del aeropuerto, y que se vio reforzada con la declaración posterior del general Vargas Salinas, lo cual permitió incluso precisar la forma de abordar la excavación. Los estudios básicos aportaron información clave acerca de las características físicomecánicas de los suelos de Vallegrande y permitieron obtener datos de vital importancia en relación con la evaluación posterior de las respuestas obtenidas con los equipos geofísicos y podían ser explicadas, sobre todo en aquellos casos de algunas excavaciones preliminares, a manera de testigos, que se realizaron en varios puntos de la pista a sugerencia de los especialistas y como control de la calidad y patrones específicos que se fueron presentando. El análisis de fotografía aérea no permitió precisar áreas anómalas que sugirieran algún movimiento de tierra; hay que tener presente que el nivel de deterioro del terreno, la formación de cárcavas por acciones erosivas intensas en muchas zonas, la pobre presencia de

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vegetación y tipo de ella, no permitía la observación de contrastes. Los estudios edafológicos y de física de suelos, por ejemplo, permitieron comprobar la homogeneidad de la estratigrafía en toda el área de interés, la profundidad y buzamiento de las diferentes capas, principalmente del fragipán, la composición y dimensiones de partículas y el comportamiento de la conductividad del suelo. Literalmente se radiografió el terreno hasta 4 metros de profundidad. El proceder general pudiera compararse con el de un cirujano, quien no interviene al paciente hasta tanto no tiene el apoyo de análisis complementarios que le permiten ganar en precisión acerca de la localización y dimensiones del objetivo operable. Ya sobre el terreno, el conjunto de técnicas geofísicas mostró en la práctica la efectividad de cada una, encontrándose que fundamentalmente el georradar y las diferentes variantes de los métodos eléctricos resultaron determinantes en la precisión de anomalías sugerentes. En el primer caso se usaron las antenas correspondientes para lograr la mayor penetrabilidad de la señal; en el segundo, se utilizaron los diferentes arreglos que permitían ganar en información, tanto vertical como horizontalmente. Los métodos Wenner y dipolar fueron muy útiles. Del total de los doce sectores resultantes de la evaluación del área del aeropuerto de Vallegrande, como se dijo al principio, los numerados como 7, 8 y 9 presentaban las mayores posibilidades de acuerdo con el análisis de los resultados del cruzamiento de información obtenida de las técnicas geofísicas. La selección de un intervalo de muestreo de 1m con separación de los transectos también de 1m, reducía al mínimo la posibilidad de exclusión; esto es, que no se descartó la existencia de entierros individuales, por lo cual se previó el empleo de este proceder y la reducción de los intervalos de muestreo cuando se consideró necesario. El conocimiento de la posible profundidad a que podrían estar los restos esqueléticos y las características de dureza del terreno permitían ganar tiempo en la comprobación de las anomalías detectadas a lo largo del estudio. Determinadas condiciones sociopolíticas que se presentaban en Bolivia en esos momentos, tales como el cambio de gobierno que se avecinaba y la posibilidad de que el gobierno entrante interrumpiera las labores de búsqueda recomendaban acelerar las excavaciones; al respecto, conviene abundar en detalles que justificaron el proceder posterior. En mayo de 1997, Aleyda Guevara, la hija del Comandante Guerrillero recibe una misiva de Gustavo Villoldo jefe de los Team CIA de la época, en la que se ofrecía a colaborar, por considerarse uno de los protagonistas y según él porque los cubanos habían demostrado que carecían de un conocimiento exacto del lugar donde ponían en práctica sus investigaciones y su falta de eficiencia. Esta propuesta no recibe respuesta pues conociendo el personaje, lo que cabía esperar era confusión y la intención de detener la búsqueda o retardar los trabajos hasta la toma de posesión de Banzer, dado que la situación electoral presagiaba el triunfo del ex dictador. Esto podía llevar a que el Decreto Presidencial vigente que autorizaba los trabajos, perdiera su validez. Villoldo entonces escribe a las autoridades de La Paz. Ante estas circunstancias, después de las gestiones correspondientes, el 19 de mayo se hizo valer el Decreto Presidencial de noviembre de 1995 que derogó uno emitido por las autoridades municipales de Vallegrande, que había interrumpido las investigaciones por un espacio de casi dos meses. El consenso entre Cuba y Bolivia respecto a las investigaciones, concedía un margen de tiempo para intensificar la búsqueda volcando los esfuerzos fundamentalmente hacia las áreas donde los resultados de los análisis aportaban las mayores

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posibilidades de hallazgo. De otra parte, el gobierno boliviano advierte que si en un tiempo prudencial no se produce el hallazgo, se recurriría a Gustavo Villoldo (Pérez Guillen 2004). Bajo esta presión y con este ultimátum nos vimos obligados a ganar tiempo y por ello se empleó una retroexcavadora, que aunque metodológicamente no era lo adecuado, la forma en que se utilizó minimizó al máximo posibles daños en los restos óseos que pudieran aparecer. El proceder en este caso consistió en la vigilancia estricta de la velocidad y profundidad a que se hincaba la pala extractora: esta se empleó a modo de raspador, permitiendo que sólo se insertaran sus dientes hasta 10 cm de profundidad y la retracción de la misma se hacía muy lentamente. En los momentos iniciales, es decir los primeros 150 cm, esta se utilizó como opera en condiciones normales. A partir de allí se procedía como se explicó anteriormente bajo la vigilancia de al menos uno de los especialistas. Así, una vez que se avistaron los primeros restos, se eliminó el uso de la maquinaria y se procedió con los métodos usuales de la arqueología. Una característica que hacia difícil la excavación era la dureza del terreno; téngase en cuenta que de acuerdo a las informaciones recabadas durante la investigación histórica, en la madrugada en que se produjo el enterramiento, llovía, lo que implicó que los restos esqueléticos prácticamente se encontraban cimentados. Por ello, se emplearon martillos y formones al menos para delimitar los restos que progresivamente se fueron encontrando. Una vez ampliada la fosa para poder facilitar las labores y la preservación de los restos y comprobada la existencia de 7 individuos, esta se cuadriculó mediante una grilla de 3X 4m, conformándose 12 cuadrículas de 1m x 1m para el control y registro de las evidencias. Posteriormente se continuó empleando el instrumental propio de la arqueología (brochas, pinceles, instrumental estomatológico, etc) y se estableció un nivel 0 convencional contra el cual se expresaron las profundidades. Con el avance de las excavaciones se pudo descubrir el piso original de la fosa, que se encontraba a 1.93m de profundidad. Una vez expuestos e individualizados los restos esqueléticos se tuvo una visión tafonómica de cómo pudo haber tenido lugar el enterramiento. De acuerdo a la posición de los mismos se encontraba correspondencia con la versión de que habían sido arrojados desde una camioneta mediante volqueteo de los mismos, colocándose esta en una posición en retroceso que se correspondería aproximadamente con el borde norte de la excavación. Los restos esqueléticos de 4 individuos, numerados desde el 4 hasta el 7 se encontraban unos sobre otros, quedando individualizados los correspondientes a los tres primeros, lo que facilitó las labores de excavación en estos últimos casos. En vista de que había coincidencia entre la información obtenida acerca de la composición del grupo que fue enterrado en la madrugada del 10 de octubre de 1967 y los restos encontrados en la fosa, existían altas probabilidades de que efectivamente en ella se encontrara el Che; es decir se trataba de un “grupo cerrado”. Esto facilitó el proceso de identificación posterior. Las excavaciones fueron realizadas por un equipo de cubanos y los tres colegas argentinos que participaron en las actividades iniciales de búsqueda, con larga experiencia en este tipo de trabajos. En relación con los estudios geoquímicos, estos mostraron su validez en relación con la localización de acumulaciones orgánicas. Durante los trabajos generales de prospección, en que se hicieron las perforaciones con barrena mecánica, se tomaron muestras de suelo para

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ser analizadas y por los resultados de las mismas, algunas excavaciones realizadas se justificaron por la presencia de altas concentraciones de fosfatos a determinada profundidad. Aunque en estos casos no se correspondían con la presencia de los restos de los guerrilleros, todas las que se efectuaron pudieron explicar la fuente de la “contaminación”. En total se realizaron más de 1200 perforaciones en el área del aeropuerto y unas 1300 determinaciones de fosfatos. Una dificultad que se presentó y que en alguna medida impidió el poder detectar la fosa utilizando la geoquímica, fue la imposibilidad de lograr penetrar más profundamente, tanto con la barrena mecánica como con la manual, empleando este procedimiento como método de avance-pues se perforó también a intervalo de un metro-en la franja paralela al talud de la pista vieja (zona probable del enterramiento). Las barrenas que se utilizaron se desgastaban y aguzaban como un lápiz debido al poder erosivo del suelo, lo que impedía que penetraran aún colocando peso sobre el motor que las hacía rotar (dos y tres hombres). Mucho menos en esta área se pudo lograr penetrar con la barrena manual. Sí se comprobó que en las zonas en las cuales el equipo argentino de antropología forense había realizado excavaciones con anterioridad no se presentó dificultad con la penetrabilidad de las barrenas y se pudo precisar la ubicación de las mismas, discriminando estas áreas de la pista. Un estudio posterior a la exhumación de los restos, permitió comprobar que de no haber existido esta impedimenta, mediante los estudios geoquímicos hubiera sido factible el hallazgo tiempo antes, pues varias perforaciones coincidieron con el lugar de enterramiento, pero estas sólo alcanzaron 0.90m de profundidad. No obstante una vez realizada la exhumación de los restos del grupo del Che, se llevó a cabo un muestreo de suelo en la fosa a intervalos de 0.25m en el área de 12 m2 que comprendía la misma. Se tomaron 208 muestras, las que fueron sometidas a análisis de fosfatos, pH y color de suelo. Esto permitió corroborar que potencialmente era posible localizar los restos empleando estas pruebas. Los resultados obtenidos fueron plasmados en mapas de isolíneas que consideramos resultarán de valor en futuros estudios pues expresan el patrón de contaminación que produce una fosa colectiva y la dinámica del mismo (Fig 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

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De estas determinaciones se pudo constatar que: 1. Los niveles de fosfatos altos se circunscriben al área que ocupan los cuerpos mientras que fuera del borde de “contaminación” intensa, los cambios en las lecturas permiten circunscribir con mayor precisión el área de ocupación, lo que resulta una ventaja debido a que 24

se facilita la localización de los enterramientos. Esto corrobora la práctica arqueológica con relación a la inmovilidad de los fosfatos. 2. Respecto al pH, se puede apreciar un gradiente en los valores como una función del desplazamiento de los líquidos orgánicos y los intercambios que tienen lugar con el contexto, en dependencia del régimen hídrico circulante. En el caso que nos ocupa se destaca que en el espacio donde descansaban los cuerpos se producen los valores mínimos de pH mientras que un gradiente que aumenta hacia la periferia, expresa la movilidad de los iones responsables de las variaciones en este parámetro. 3. Respecto al color, existe bastante uniformidad en el piso de la fosa. Sólo algunas variaciones de tono se presentan probablemente por la mezcla originada en el actuar de la máquina durante el proceso de ruptura del terreno para la inhumación de los cadáveres, la presencia de los propios cuerpos con los aportes correspondientes durante el proceso de biodeterioro de los mismos y los materiales asociados con ellos, y posteriormente al producirse el relleno para cubrirlos. No se aprecian colores contrastantes que definan un patrón característico digno de ser tenido en cuenta como elemento diagnóstico. En lugares donde los horizontes estratigráficos resultan más complejos, el color de suelo ha mostrado su valor como coadyuvante en este complejo de pruebas que se ha aplicado según experiencias del autor. Nos hemos detenido en la profundización de estos detalles teniendo en cuenta que el “patrón de contaminación” originado por la acumulación de restos humanos es un fenómeno de importancia relevante para su localización y por lo tanto puede servir de referencia, tanto para la búsqueda de entierros individuales como colectivos. Aquí incluimos gráficos también de entierros procedentes de otras áreas, cercanas a la pista; uno de ellos expresa el comportamiento de los fosfatos y el pH en otro entierro colectivo, pero de tres individuos y en otro el patrón de uno individual. En el primero, se puede observar una distorsión en el patrón que caracteriza al pH por efectos de agua de infiltración procedente de una de las excavaciones realizadas en la primera etapa de búsqueda, contigua y muy cercana a la que comentamos, que al quedar abierta se inundó. Este exceso de humedad, provocó una movilización iónica adicional que modificó la “mancha” de pH que identificaría las alteraciones que producen los cadáveres. Dentro de la fosa que analizamos podrá observarse que al menos en uno de los individuos el comportamiento es el esperado, al menos en este contexto. Por su parte, en la fosa individual la evidencia geoquímica es representativa del patrón característico de un individuo depositado decúbito dorsal derecho que muestra el potencial para ser detectado en un contexto, teniendo en cuenta que bajo estas condiciones- enterrado directamente sobre el terreno- se dispone al menos hacia la región proximal del cuerpo, de unos 45 cm de suelo “contaminado”, susceptible de aportar resultados positivos en los trabajos de prospección geoquímica cuando se toman muestras desde la superficie a profundidad controlada. Como se comprobó en la fosa colectiva en la que descansaban tres cuerpos, una vez producida la exhumación se realizó un sondeo con barrena manual en el lugar correspondiente al espacio donde descansaba la zona torácica de uno de los individuos, tomándose muestras a intervalos de 10 cm. Sometidas las mismas a análisis de fosfatos, se pudo precisar que cuando las condiciones de drenaje son las adecuadas, se dispone de una profundidad adicional de 40 cm para encontrar valores altos de fosfatos como representativos de la presencia de una acumulación orgánica de interés a los efectos prospectivos.

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Debe aclararse que las determinaciones geoquímicas que hemos realizado en esta propuesta metodológica han resultado válidas en entierros contemporáneos con una antigüedad de 30 años en suelos con características específicas; es decir, ellas son válidas en si mismas para estos fines, pero al menos para el caso del pH y el color, debe tenerse en cuenta las dinámicas particulares de los contextos de enterramiento y los procesos de intercambio como una función del tiempo transcurrido, las circunstancias de los enterramientos, posibles materiales asociados y régimen hídrico entre otros. Sin embargo, los fosfatos presentan un comportamiento más universal y aún en aquellos suelos en donde estos son abundantes, la presencia de restos humanos puede ser diagnosticada pasados miles de años. En relación con la exhumación, una vez que fueron individualizados en la fosa, se tomaron fotos y videos del plano general del enterramiento y se procedió posteriormente al levantamiento de cada uno, envasando los restos por región anatómica. Llevados al laboratorio, se procedió al lavado y restauración del material óseo una vez que estos estuvieron secos, trabajando siempre con un solo individuo a la vez. En esta etapa final de exhumación y trabajo posterior de identificación participaron tres especialistas cubanos y tres argentinos. En el proceso de identificación se procedió en una primera etapa a la caracterización racial (técnicamente hablando) del grupo a identificar, partiendo del conocimiento de su composición y por tratarse de un “grupo cerrado”; es decir, del que se conocía quienes eran por la información recabada durante la investigación histórica. El mismo constaba de 7 individuos: 4 cubanos, 2 bolivianos y 1 peruano. Esto facilitaba la identificación, dado que aplicando el método de descarte o exclusión, podía separarse un grupo de 4, en que quedarían ubicados los cubanos y otro de tres con el resto. En este último caso fue posible dilucidar el patrón amerindio que no era posible estuviera presente en el grupo de cubanos, a partir de características visualizadas en el cráneo; entre otras, el diagnóstico “diente en pala”. Con posterioridad, el estudio antropológico en el que se determina la tetralogía identificativa (edad, sexo, raza y estatura) aportó datos de importancia en este proceso, que sumado a los recabados mediante el estudio de dentigramas y radiografías dentales y demás informaciones contenidas en las fichas individuales de que se disponía, así como la aplicación de técnicas especiales como las de superposición craneofotográfica y ADN, posibilitaron la identificación indubitable de cada uno de los componentes de este grupo. De la misma manera que como aquí se ha descrito, se procedió en las diferentes zonas donde la investigación histórica apuntaba a la presencia de enterramientos de guerrilleros.

Conclusiones Ante todo, resulta importante destacar que más allá del resultado obtenido, que demostró la eficiencia del modelo metodológico propuesto con el cumplimiento de los objetivos: el hallazgo de los componentes de la guerrilla, el éxito de la investigación descansó en la labor multidisciplinaria. Este puede considerarse como un ejemplo de trabajo en equipo en el que en ningún momento se puso de manifiesto el protagonismo personal y en el que cada cual asumió el papel que fue necesario en el curso de la investigación. Precisamente un logro importante resultó la manera en que cada uno fue activo colaborador de los demás cuando su especialidad lo requirió, lo cual constituyó una vía de aprendizaje.

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En nuestra opinión, las cinco etapas en que fue concebida esta propuesta muestran un nivel de generalización que las hacen susceptibles de ser aplicadas a otros contextos y por supuesto de ser mejorada, partiendo de las experiencias acumuladas en el transcurso de su aplicación. Una vez más queda demostrada la eficiencia de la Arqueología como ciencia en la que la interdisciplinariedad juega un rol fundamental en el estudio de actividades humanas tales como las relacionadas con la inhumación de cadáveres, tanto en yacimientos colectivos como individuales. Este proceder se empleó en la búsqueda de todos los guerrilleros, no sólo en Vallegrande sino también en otras localidades de Bolivia. AGRADECIMIENTOS El autor desea recalcar su agradecimiento a la Dra. Maria del Carmen Ariet por la revisión del manuscrito y atinadas sugerencias; a la Lic. Daily Pérez Guillén por su apoyo bibliográfico, ambas del Centro de Estudios Che Guevara y al ingeniero geofísico Noel Pérez por cedernos la imagen de georradar que ilustra este trabajo. BIBLIOGRAFÍA Díaz de Oropeza, C. (1997): Enfoques. Revista mensual (julio) pp. 1-16. Bolivia Aguilar Peña, P. (1997): Vallegrande: Algo de historia. Inédito. Pp.1-8. Pérez Guillén, D. (2004): El vano intento de esconder la luz. Tesis de Licenciatura, Universidad de La Habana. Barba, L.; R. Rodríguez y J.L. Córdoba (1991): Manual de técnicas microquímicas de campo para la arqueología. Cuadernos de Investigación. IIA, UNAM, México.

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Rayando tras los muros: Graffiti e imaginario político-simbólico en el Cuartel San Carlos, (Caracas, Venezuela). Rodrigo Navarrete S. y Ana María López Y.* El tema de los graffiti y su conexión con la arqueología Las manifestaciones rupestres son tan antiguas como la historia humana, y en el caso de los petroglifos y pinturas rupestres americanas, testimonios invalorables de nuestra historia indígena. De hecho, la intervención informal y espontánea sobre edificaciones y muros equivalente al graffiti moderno- se conoce desde el Antiguo Egipto y Grecia. Pero el graffiti como fenómeno urbano es definitivamente moderno al mismo tiempo que un fenómeno típico del capitalismo tardío, o para otros postmoderno, partir de la década de los setenta en los grandes centros urbanos del mundo (Silva Téllez, 1987). Estas inscripciones que aparecen en las grandes ciudades de los diferentes países, empezaron a constituirse en los voceros de las tendencias ideológicas, comportamientos sociales, artísticos, políticos y filosóficos, no permitidos por los cauces oficiales. En Nueva York, por ejemplo, aparecen en la década de los sesentas, mientras que en Latinoamérica el graffiti y el mural político se agolpan en las paredes de nuestras ciudades. Utilizando el metro de Nueva York como pizarra ambulante, o las paredes de Santiago de Chile, grupos de jóvenes subvierten el orden, inscriben sus nombres, proyectan su mundo político utilizando todo tipo de artimañas y enfrentándose a la más rígida persecución, emprendida por los aparatos político-represivos o las autoridades de transportes públicos (Silva Téllez, s/f). El graffiti, en este sentido, se incorpora al paisaje público como artefacto y mensaje trasgresor de los espacios públicos y su orden. En esencia, representan artefactos y mensajes políticos profundamente identificados en Latinoamérica con los mecanismos de difusión y protesta contra los aparatos represivos del Estado, tanto en regimenes dictatoriales como en sistemas democráticos como el venezolano, el cual reprimió sistemáticamente la disidencia política desde sus inicios en la época de los sesenta (Jaimes Quero, 2003; Navarrete, 2004). El graffiti como medio de comunicación visual, espontáneo, efímero, impersonal, clandestino y alternativo se ha convertido en una de las expresiones estéticas, políticas y en uno de los artefactos culturales más potentes y polivocales de nuestras culturas urbanas occidentales. Su acción comunicativa transgresora permite recuperar espacios de expresión de resistencia pasiva y/o activa frente a la represión ideológica permanente del sistema. Asimismo, constituye un espacio de comunicación alternativa en donde se expresa la memoria urbana, ventilando de esta forma públicamente, las pasiones, conflictos y rivalidades, conformadores de nuestros continuos cambios políticos y sociales. En los últimos tiempos, además, se ha conformado en un medio de comunicación abierto de valor estético e identitario para ciertos grupos sociales –básicamente juveniles- (García Canclini, 2001; Navarrete, 2005). Uno de los espacios predilectos de afloramiento de esa fuerza interna de los agentes sociales son los espacios carcelarios. En su doble carácter de públicos y privados se han convertido en espacios idóneos de comunicación indirecta o diferida entre los individuos. De hecho, los espacios internos de las celdas se convierten en una superficie blanca vacía, imagen de “pagina abierta”, que invitan al recluso –frecuentemente sin otra alternativa comunicacional *

Escuela de Antropología – Universidad Central de Venezuela

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directa- a expresar privada pero públicamente sus mensajes, ansiedades y necesidades políticas, sociales, raciales, sexuales y de género. Una breve historia de la importancia histórica-política del Cuartel San Carlos El cuartel San Carlos se ubica en la denominada Planicie de la Trinidad –Zona noroeste de la ciudad de Caracas- Desde su construcción, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX funcionó como Casa de Milicias, con el fin de cumplir con las operaciones básicas de cuartel militar, punto de defensa y resguardo, reducto estratégico militar y depósito de armas durante gran parte del siglo XX. Se le denominó San Carlos en honor a Carlos III, pero luego fue llamado Cuartel de Veteranos (IPC, 2000). Esta estructura se asoció a la estrategia de control y defensa militar que el Brigadier de las Fuerzas Reales, Agustín Cramer, creó con el doble propósito de fortalecer el dominio y comercio europeo en la capital venezolana y, a su vez, comenzar a afrontar los atisbos de crisis política e insurrección anticolonialista que se asomaban a fines del siglo XVIII en esta colonia. Parte de este mismo plan lo formaron los Fortines de San Rafael y San Andrés en Ciudad Bolívar, El Fortín de Puerto Cabello, los Fortines y el Camino Real Caracas-La Guaira y los Fortines de la Barra de Maracaibo (Amodio et al. 1997). Es una estructura, cuadrangular originalmente, construida en tapia, con un patio interno rodeado de corredores y galerías, con cuartos separados al menos en tres alas –oeste, este y sur- y una fuente en el sector final norte del patio central. Sus obras, proyectadas por Fermín de la Rueda, Jefe del Batallón de Ingenieros de la Provincia de Venezuela, se iniciaron en 1795 y culminaron en 1790 (González, 1998).

(Fuente: IPC 2000, pp.27-28)

Es a partir del llamado período democrático venezolano (1958-1999), luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) que el Cuartel San Carlos se convirtió en un sitio de retención de presos militares, políticos –y, en menor escala, comunes- hasta finales del siglo XX. Luego de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, se formó una coalición de gobierno integrada por los partidos de derecha Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y Comité de Organización Política Independiente (COPEI), excluyendo en sus reuniones iniciales al Partido Comunista de Venezuela (PCV), el cual jugó un activo papel en el derrocamiento de la dictadura. Esta exclusión de las fuerzas de izquierda del nuevo

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poder democrático generó una nueva fase de tensiones y sublevaciones que devino en la conformación de fuerzas de guerrillas armadas contra los gobiernos de derecha, los cuales atacaron agresivamente a estos grupos subversivos. Este período de enfrentamiento se inició con Betancourt, se intensificó profundamente durante el gobierno de Leoni y, finalmente, fue abruptamente cortado durante el gobierno de Caldera con la detención de sus principales líderes, la disolución de sus unidades tácticas rurales y urbanas, la militarización de la Universidad Central de Venezuela en 1970 –que fungía en gran medida como centro de operaciones clandestinas en la región capital de algunos de estos grupos- y la firma de un pacto de pacificación al cual se acogieron el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), más no otros como el Movimiento al Socialismo (MAS) (Cadena Capriles, 2000).

(Fotografía: Ezequiel Korin)

Es así como el Cuartel San Carlos se convirtió en centro de reclusión de presos políticos y en sus recintos estuvieron retenidos y fueron torturados numerosos miembros de las fuerzas armadas guerrilleras urbanas y rurales que enfrentaron a los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959-1964), Raúl Leoni (1964-1969) y Rafael Caldera (1969-1974), siendo las más importantes las FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) y las UTC (Unidades Tácticas de Combate). En 1961, se creó el Destacamento Mixto de Policía militar No. 1, asentándose el Departamento de procesados Militares de Caracas en el Cuartel San Carlos, por decisión del entonces presidente Rómulo Betancourt. Es durante este período, paradójicamente denominado de la democracia, cuando el Cuartel recibe estructuralmente la mayor cantidad de intervenciones arquitectónicas asociadas con su nuevo papel como presidio. Se desarrollaron improvisadas inserciones, agregados, refacciones y remodelaciones que no sólo cambiaron estructuralmente el edificio. De hecho, en términos de su relación con el entorno urbano y, por supuesto, su percepción como espacio y representación material evoluciona hacia un ámbito más segmentado, con recintos cada vez más restringidos y áreas de uso exclusivo para la reclusión. En el año de 1961, luego de la creación del Departamento de Procesados Militares de Caracas, fueron transferidos al Cuartel San Carlos un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, quienes se encontraban presos en diferentes cárceles del país por estar comprometidos en los intentos de golpe de Estado del 22 de julio de y del 7 de septiembre de 1958 en Caracas, así como el denominado Barcelonazo -por producirse en la ciudad de Barcelona el 26 de junio de 1961-. Otros eventos de insurrección cívico-militar regionales que alimentaron el ingreso de presos políticos -ya no necesariamente militares sino también civiles- fueron el Carupanazo y el Porteñazo, los cuales combinaron

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fuerzas militares y grupos de izquierda con la intención de derrocar al Presidente Rómulo Betancourt en el interior del país. Durante este gobierno, se produce el 5 de febrero de 1967 una fuga masiva del Cuartel de un gran número de líderes de estos movimientos. Debido a la continuidad de los movimientos subversivos durante la década de los setenta, este Cuartel continuó siendo la prisión política de una inmensa cantidad de líderes revolucionarios que aún desarrollaban estrategias subversivas durante gobiernos como el de Caldera o Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Un hito importante en la historia democrática venezolana y que aún juega un papel central en la memoria política de la nación de la ciudad de Caracas corresponde a la fuga de los líderes políticos Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y Guillermo García Ponce, líderes comunistas retenidos por rebelión militar el 5 de febrero de 1967, y posteriormente la fuga de 23 otros procesados de izquierda el 15 de enero de 1975 (IPC, 2000; García Ponce, 1968). También estuvieron presos en esta cárcel por la voladura de un avión cubano en 1976 otros dirigentes subversivos, dos de los cuales escaparon también en el 8 de agosto de 1982. Sin embargo, uno de los hechos más importantes para nuestro caso de estudio es la reclusión en estos espacios de los procesados militares por la rebelión de 1992. Estos dirigentes recluidos en los espacios del cuartel, entre los que se cuenta al actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Entre el 3 y 4 de febrero de 1992, un intento de golpe militar -denominado Operación Zamora- se alzó contra el gobierno del entonces Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. El Movimiento Bolivariano MBR200, agrupación fundada clandestinamente en 1983 en el seno de las Fuerzas Armadas por los entonces capitanes del Ejército Hugo Chávez Frías, Luis Felipe Acosta Carlés y Jesús Urdaneta Hernández, quienes se desempeñaban como instructores de la Academia Militar, se responsabilizó por la acción. Debido a que entre sus miembros figuraban oficiales de graduaciones medias tales como comandantes, mayores, capitanes, tenientes y tenientescoroneles, dicho movimiento se conoció como COMACATES (Rodríguez, 2000). Los oficiales golpistas argumentaron una gran insatisfacción respecto a la gestión política y económica del Presidente Pérez, hacia la creciente corrupción y desigualdad social que la etapa democrática había generado en el país, el descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares, la utilización de las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército y la Guardia Nacional, en la represión del alzamiento popular y disturbios del 27 de febrero de 1989 –denominada el Caracazo-, y otras razones políticas. La rendición de los insurgentes comenzó una vez que las tropas leales al Presidente retomaron el Palacio de Miraflores cerca del mediodía del día 4, cuando se entregó el líder de la operación, el comandante Hugo Chávez Frías. El alzamiento, que se había manifestado en otras ciudades importantes como Maracaibo, Maracay y Valencia, en vista del fracaso de las operaciones en Caracas, depuso también las armas. El comandante Chávez y los oficiales de mayor rango involucrados en la insurrección fueron recluidos en el Cuartel San Carlos de Caracas y luego en la Cárcel de Yare en los Valles del Tuy. Con el tiempo, las causas de muchos de los militares presos fueron sobreseídas; otros fueron dados de baja, y otros indultados por el presidente Caldera en 1994 bajo la condición de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas, tal como sucedió con los oficiales que dirigieron la operación (Rodríguez, 2000). Durante los últimos años, el Cuartel San Carlos ha sido foco de múltiples proyectos culturales, ninguno de los cuales ha sido llevado a feliz término, que intentan restituir la edificación como un espacio para la cultura, las artes, la educación y, en consecuencia, simbolizar la libertad y

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la democratización cultural. Declarado Monumento Histórico Nacional el 6 de octubre de 1986, el Cuartel San Carlos ha sido propuesto como sede para el Museo Nacional de Historia (1986), El Centro Nacional de Culturas (1999) y la Universidad de las Artes (2003) (IPC, 2000). En la actualidad, además de los proyectos de excavaciones arqueológicas desarrollados en 1998 y 2004 (Sanoja, 1998a, 1998b, 1998c; Sanoja y Vargas, 1998). la edificación, bajo la custodia del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) alberga el Foro Latinoamericano de las Artes y, debido a las circunstancias de las catástrofes naturales acaecidas en el país en 2004, es en este momento albergue de un numeroso grupo de damnificados que requieren una reubicación habitacional luego de la tragedia. Todas estas intervenciones, usos y reutilizaciones recientes de la edificación, lamentablemente, han atentado no sólo contra la integridad estructural o arquitectónica de la edificación sino que han afectado dramáticamente la integridad y presencia de las manifestaciones parietales que nos conciernen en este trabajo (graffiti, murales, escrituras, etc.) La edificación del Cuartel San Carlos representa un hito en la historia colonial y republicana de la ciudad de Caracas y de la nación venezolana. Desde su misma construcción a finales del siglo XVIII hasta los más recientes procesos sociopolíticos de la historia nacional, esta edificación ha sido recinto, espacio de acción y coacción, y testigo inmueble de las convulsiones de la historia caraqueña. A su vez, también ha formado parte integral de la vida cotidiana y de la memoria colectiva en el proceso de conformación del contexto de nuestra ciudad capital. En sus inmediaciones, han crecido barrios y comunidades que han interactuado espacial y culturalmente con dicha edificio, asumiendo distintos usos físicos y/o simbólicos de sus espacios. Es, precisamente, en esta conjunción de la interacción del Cuartel San Carlos, por un lado, con eventos o acontecimientos históricos que han marcado nuestra historia y, por otro lado, con la conformación cotidiana de los ciudadanos que forman la ciudad que vemos la importancia nodal del inmueble. Su recuperación y puesta en uso, junto a la valorización simbólica de sus condiciones y agregados materiales, no sólo recuperará la importancia que debe tener para la identidad y conciencia histórica del caraqueño, sino que a su vez lo reintegrará a la dinámica de la participación ciudadana. Objetivos y metodología del trabajo de campo Uno de los elementos más llamativos en los recintos internos del Cuartel San Carlos es la abundancia de expresiones gráficas como graffiti y representaciones pictóricas como murales presentes en sus paredes y otras superficies. Gran parte de estos graffiti están históricamente relacionados con el período de encarcelamiento de los militares sublevados contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, por lo que forman parte de la historia patria contemporánea más allegada a la etapa constitucional actual. Como representación comunicativa y estética, así como manifestación cultural y política, el análisis del graffiti se ha convertido en un tema crucial en el campo de los estudios culturales. Aún cuando existen algunos estudios realizados sobre estas expresiones en el Cuartel San Carlos no presentaron un enfoque sistemático o abordaron el asunto desde una perspectiva más simbólico cultural (Ramírez, 2000).

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Es por esto que se hizo necesaria una estrategia de registro controlado e integral, con cobertura total, de estas manifestaciones culturales, mediante la aplicación de estrategias arqueológicas para el levantamiento de evidencias rupestres (De Valencia y Sujo, 1987). Esta consistió en la realización de un relevo fotográfico y gráfico sistemático de los graffiti y otras expresiones pictóricas en las paredes y otras superficies del Cuartel San Carlos. Como producto final de la aplicación de esta metodología, se obtuvo un inventario sistemático detallado de las representaciones gráficas y/o pictóricas presentes en las paredes y otras superficies del Cuartel y así, pudimos realizar recomendaciones para su conservación, puesta en valor y posible musealización o divulgación.

(Fuente: IPC 2000, pp.42-43)

Al abordar el estudio de los graffiti del Cuartel San Carlos nos enfrentamos, en primer lugar, con un contexto excepcional de producción de manifestaciones culturales que, en sí mismo presenta complejos niveles de significación. En segundo lugar, las manifestaciones parietales que estos espacios albergan son producto de diferentes momentos históricos, códigos morales, criterios estéticos y tecnológicos, discursos ideológicos, religiosos, rituales y las más diversas historias personales. El trabajo de campo que sustenta esta investigación tuvo lugar en el mes de julio del 2004 comenzando con la realización de una exploración sistemática de los espacios del Cuartel San Carlos a fin de generar el preinventario de graffiti y pinturas existentes en el lugar acogiéndonos a una metodología arqueológica de rescate inspirada en la metodología tradicional de relevo de manifestaciones rupestres. El preinventario estuvo organizado en base a 41 unidades de análisis. Estas unidades corresponden a una entidad mayor o conjunto significativo de motivos que representan, en sí mismos, el principal objeto de estudio de la investigación. Las unidades de análisis fueron seleccionadas dentro de los espacios internos de la primera y segunda planta de las edificaciones que componen el Cuartel San Carlos en la actualidad. Como recurso metodológico para la realización del preinventario era imprescindible configurar los posibles esquemas organizativos de los lugares de concentración y producción de graffiti. Cada unidad evidencia motivos (graffiti, dibujos, etc.) dispuestos en distintos soportes o estructuras materiales que sirven de base a los distintos motivos (pisos, techos, paredes). Para el levantamiento se efectuó el recorrido espacial del diseño de la planta original del Cuartel

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siguiendo la dirección de las agujas del reloj tanto en relación a cada unidad de significación como a los motivos presentes en éstas (ver anexo 1). En una segunda fase de campo se realizó todo el registro fotográfico de los graffiti, tanto de cada uno de los motivos específicos como de pequeños conjuntos de motivos. Si bien en la mayoría de las unidades de significación la ausencia de un corpus coherente de motivos dificultó su posterior análisis e interpretación como conjunto, la agrupación de motivos nos permitió realizar su estudio en base a la observación de similitudes de actividades y convivencia dentro de los espacios en cuestión. Uno de los principales problemas a resolver dentro de la fase de registro gráfico es que la gran mayoría de las manifestaciones están expuestas a la agresión de los elementos climatológicos y sociales que las rodean. En muchos de los casos no es posible reconocer su forma expresiva. Por otra parte, en el caso de los graffiti del Cuartel hay que destacar que los soportes sobre los que están dispuestos no son muebles ni son separables de su entorno, por tanto, la comprensión del motivo o conjunto de motivos misma comprensión depende de su contexto físico. Igualmente, algunos de estos soportes han sido alterados estructuralmente o han sufrido la superposición de pinturas que hacen imposible la lectura de manifestaciones previas. Por otro lado, para fines de la investigación los escritos más recientes asociados a visitas circunstanciales únicamente fueron relevados si éstos se encontraban asociados de manera significativa a otras unidades históricas o conjuntos de motivos. La tercera fase de campo se caracterizó por el registro sistemático de cada motivo reconocible mediante el diseño de una ficha de clasificación en la cual se describe su ubicación, la temática abordada, el ámbito de producción y, de ser el caso, se realizó la transcripción de los escritos, muchos de los cuales presentan fecha de realización y autoría. Consideramos importante este registro exhaustivo de las manifestaciones por su carácter efímero, dadas las agresiones climatológicas y sociales a las que están expuestas, además de que el mismo permite realizar comparaciones entre los graffiti registrados y establecer relaciones de similitud o diferencia, cronologías, características formales y ámbitos de producción que pudieran tener relevancia para los fines de la investigación. Por otro lado, el trabajo de campo se vio reforzado mediante el análisis contrastivo con los testimonios escritos encontrados en la escasa bibliografía y hemerografía existente, así como también mediante entrevistas realizadas a personas que fueron protagonistas de primera línea en la historia del Cuartel San Carlos. En definitiva, la metodología implementada cubrió dos grandes campos de abordaje al tema: por una lado, el trabajo de campo, el cual incluyó la prospección de los espacios, la realización del preinventario de graffiti y pinturas, entrevistas personales, registro fotográfico de manifestaciones, registro de técnicas de producción y proceso de clasificación, y por otro la investigación documental que comprendió estudios cartográficos, bibliográficos, hemerográficos y de fuentes de internet. El instrumento fundamental para la clasificación de las representaciones parietales consistió en una ficha de registro compuesta por diversos apartados informativos que permitió que cada una de las estructuras o estratos documentados, quedaran registradas en base a catálogo numérico sistemático. En las fichas se describen, ubican y relacionan las unidades y se establece una correspondencia temporal y física respecto a las estructuras que las soportan. Así mismo, se registran los rasgos tecnológicos, formales, ideográficos, simbólicos o contextuales de cada motivo. Los campos comprendidos son los siguientes: unidad, conjunto, tipo de soporte, descripción formal o transcripción –los textos fueron transcritos respectando la

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grafía original-, temática abordada, técnica de manufactura, dimensiones, fecha de realización, autor y estado de conservación del motivo (ver anexo 2). ¿Y que nos dicen? Análisis de las evidencias Las investigaciones realizadas en los espacios del Cuartel San Carlos permitieron establecer, al menos, diez protocolos de clasificación de los mensajes de los graffiti y pinturas. Si bien, los relacionados con la política, los derechos humanos, la justicia y la libertad presentan una incidencia significativa, no presentan características de exclusividad ni son los únicos ejes temáticos registrados en este espacio carcelario. La variabilidad de temáticas, reflexiones y figuraciones representan un mundo de tensiones, convergencias y discrepancias, visiones de mundo compartidas por los individuos que alguna vez estuvieron recluidos en estos espacios. De alguna manera, condensan parte del imaginario socio-político nacional contemporáneo, integrado y filtrado a su vez por las intenciones y necesidades de cada uno de los individuos y colectivos de acuerdo a sus posicionalidades dentro del contexto carcelario venezolano. Uno de los temas de mayor recurrencia dentro de las celdas de castigo, generalmente asignadas a los presos comunes, es la representación permanente de la violencia. Esta violencia está referida tanto a experiencias cotidianas de la vida en el interior de la cárcel como la ensayada más allá de sus muros. Así, en las manifestaciones que encontramos en estas celdas se condensa, refleja y resignifica la violencia de un núcleo urbano capitalista tardío, altamente estratificado y agresivo como lo es la ciudad de Caracas (García Canclini, 2001). En las celdas de castigo, popularmente conocidas como “tigritos”, existe una amplia variedad de motivos que, en ocasiones, se superponen dado el excesivo flujo de reclusos por estos espacios. Entre los mensajes que se evidencian en las paredes, techo, piso y marcos de las puertas de estas celdas de reducidas dimensiones resaltan aquellos que expresan una necesidad de destacarse dentro de un grupo al mismo tiempo que atemorizar al resto de la comunidad de reclusos; es decir, conformar un espacio de identidad a partir de la violencia. En estos mensajes podemos apreciar una búsqueda de reconocimiento, de salir del anonimato al dejar constancia que el autor del mensaje estuvo castigado en ese lugar por su “mala conducta” o su “carácter violento”. Posiblemente, en estos espacios algunos de los mensajes reflejen la llamada “ley de la selva” carcelaria, en la que los más fuertes, duros y resistentes sobreviven, prevalecen y son respetados por el resto de la comunidad carcelaria. Los escritos registrados denotan, ocasionalmente, una actitud de competencia pues muchos de los autores reincidían en el castigo y volvían a dejar testimonio de su paso por estos espacios.

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(Fotografía: Ezequiel Korin)

En varias de estas celdas o “tigritos” son recurrentes escritos que rezan “la ley de Pedro Navaja”, “la ley del chuzo”, o “aquí estuvo la maldad”, así como presencia de dibujos de armas de fuego, calaveras, esqueletos, esvásticas, etc. Estas manifestaciones fueron realizadas, casi de manera exclusiva, mediante el uso de elementos alternativos a la pintura. En la mayoría de los casos se evidencia el uso de la técnica del raspado, la cual intuimos pudo ser ejecutada con el uso de piedras, chapas o cualquier otro instrumento filoso. Indudablemente, la militancia política conforma una temática nodal y cuantitativamente significativa dentro de los espacios del Cuartel. Si bien la mayor parte de los motivos que pudieran ser clasificados como mensajes transmitidos desde una profunda militancia son escritos, generalmente inherentes a temas de coyuntura política y protesta social, también hay una amplia variedad de dibujos que caracterizan a personajes relevantes y líderes de la política y la historia social (Martí, Bolívar, etc.). La recurrencia permanente –escrita y gráfica- a la figura de Bolívar, casi a manera de culto teológico-político esta íntimamente vinculada a los ideales, convicciones y lineamientos de los líderes fundacionales del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) (IPC, 2000; Rodríguez, 2000). Los dibujos de personajes ilustres, héroes patrios, caudillos locales y figuras revolucionarias, generalmente tienen magnas dimensiones, a manera de grandes murales creando una mayor pregnancia en el ojo de la persona que lo observa y captando la atención de todo aquel que incursione en ese espacio. De hecho, estas representaciones frecuentemente ocupan paredes principales y están realizadas combinando técnicas complejas de manufactura. Muchos de los dibujos y murales del Cuartel San Carlos acompañan a las letras. Dentro de uno de los conjuntos, por ejemplo, se puede observar, el rostro sobredimensionado de Simón Bolívar, enmarcado entre las de firmas y mensajes de los reclusos, la mayoría oficiales de alto rango, quienes protagonizaron la conocida asonada militar del 27 de noviembre de 1992, entre los que se encuentran el general Francisco Visconti Osorio, jefe de logística del Estado Mayor

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Conjunto, el contralmirante Hernán Grüber Odremán de la Marina, el oficial de más alto rango y antigüedad de los sublevados y el contralmirante Luis Cabrera Aguirre (IPC, 2000; Rodríguez, 2000). Con gran frecuencia, los textos que acompañan estos murales aluden a valores de libertad, justicia social, resistencia armada y promueven la lucha por una sociedad más igualitaria y sin división de clases.

(Fotografías: Ezequiel Korin)

En el Cuartel San Carlos los motivos iconográficos y textos que reflejan algún tipo de militancia política fueron realizados mediante la utilización de diversas técnicas de manufactura –simples o combinadas- en las que se utilizaron pinturas, tizas, lápices o carboncillos ya que sus autores, al pertenecer, en su mayoría, a la institucionalidad castrense, haber podido tener un acceso privilegiado a estos materiales. Entre los muchos mensajes registrados, podemos destacar los siguientes: “Vivan los boinas rojas!” “Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto ni mucho menos un santo para prenderle una vela”. “La libertad los gobiernos no se compran y un verdadero hombre acepta sus derrotas y no se ciega ante un pueblo con tal de permanecer en el poder” “La lucha continúa, las rejas no callaron el grito de libertad” “Quien se para de frente es el que escribe la historia” Este último texto presenta una dramática relevancia dentro del aura simbólica del Cuartel San Carlos y aún más dentro del contexto político-social venezolano, ya que, aunque no existan referencias testimoniales confiables, su producción es atribuida al Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, este recinto es recurrentemente visitado por las personas que acuden al San Carlos debido al anecdotario asociado con este graffiti. Profundamente relacionado con la temática expuesta anteriormente está el de la institucionalidad castrense. Entre estos motivos encontramos íconos más esquemáticos y de fácil ejecución como símbolos patrios, sellos personales o señales distintivas de agrupaciones militares y policiales conformando un sistema de alianzas y competencia entre 37

los distintos cuerpos y niveles de mando institucionalizados. La representación de escudos, emblemas, lemas y siglas distintivas dentro del ámbito castrense son abundantes e interactúan, de manera dialógica, con otras temáticas menos institucionales e informales. Manifestaciones parietales recurrentes de está temática son: “Ejército venezolano, forjador de libertades” “Sierra C/07” “Fuerte Tiuna grupo de la policia militar” “Power la fuerza de C/07 julio 92 cumplace armada ” Por otro lado, existen otras referencias que pertenecen a colectivos urbanos menos estructurados tales como las pandillas, “tribus” y organizaciones informales, colectivos que establecen categorías de adscripción para relacionarse, identificarse y diferenciarse de otras agrupaciones. Este tipo de organización también plasma su marca identitaria y defensiva dentro de la cotidianidad carcelaria a través de pinturas o textos, compartiendo insignias individuales y/o colectivas (un tipo de daga, una estrella, un ancla, etc)., a manera de señales o marcas territoriales de “tribus” que tratan de mantener una identidad común para protegerse y sentirse más poderosos. En este sentido, en múltiples motivos conjugan imágenes con leyendas recogiendo las aspiraciones de una comunidad que intenta construir un sistema de jerarquías, lealtades y reconocimiento inter e intra-pandillas. En éstos se entremezclan temáticas como el amor, la lealtad grupal, la camaradería, las drogas, el conflicto, el status, etc. Entre varios motivos podemos destacar: “Mariuuana” “Dont walk here” “los capo de Cuar Sanca” Dibujo de estrella de cinco puntas “Death” Dibujo de daga Dibujo de cruz de malta “Ron pa todo el mundo y mariguana y perico y bazuco viva la droga”

(Fotografía: Ezequiel Korin)

En otro orden de ideas, las manifestaciones relacionadas con la mujer, el sexo y el amor dentro de los espacios del San Carlos, diferencian los espacios entre la población carcelaria. En los espacios destinados a los reos comunes, generalmente áreas de confinamiento reducido y aislamiento, es donde se concentran mayormente las manifestaciones eróticas

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mientras que, en las de los presos políticos, áreas de mayor circulación y acceso público, destinadas a los presos que por su rango deberían mantener una mayor respetabilidad y autoridad moral, los graffiti y pinturas tienden a hacer referencia al amor hacia la madre o la familia. Es por esto que, dentro de las denominadas celdas de castigo, cuyas dimensiones las convierten en unipersonales, es donde la sexualización del contexto carcelario tiene su mayor expresión. En estos espacios, al dejar plasmada su obra, el artista no sólo sublimaba su excitación sexual a la hora de realizar dibujos eróticos sino que sentía un mayor placer al permitir que sus pinturas y graffiti fuesen apreciados por otros reclusos. Es así como esta sublimación se convierte, también, en un recurso de poder sobre el ámbito simbólico y físico de la celda, ya que el individuo no sólo ocupa el recinto sino que lo posee sexualmente e infringe ese poder sobre la representación en sí misma – por ejemplo, las cicatrices que se evidencian sobre los cuerpos representados– (Navarrete, 2004). En otros casos, en estos espacios también tenía lugar la objetivación del amor platónico o la atracción hacia las mujeres descritas o dibujadas de acuerdo a su atracción sexual particular, usualmente dirigida desde una perspectiva heterosexista y androcéntrica. Así, en varias de las celdas del Cuartel San Carlos hay dibujos de desnudos de exuberantes mujeres e incluso, con la intención de reproducir la fisicalidad femenina, uno de estos presenta una perforación en el área de la vagina. Muchos de los dibujos están acompañados por frases cargadas de erotismo y fantasía como el del “cuerpo del delito” que está ubicada justo al lado del dibujo de una escultural mujer desnuda. Otros están cargados de contradictorios sentimientos, característicos de la manera como la sociedad moderna occidental se aproxima a la sexualidad: entre el deseo y la culpa, la bondad y la maldad, la virtud y el pecado y, en esos casos, hemos encontrado el cuerpo desnudo asociado de la frase “Satán” o “la maldad”.

(Fotografías: Ezequiel Korin y Rodrigo Navarrete)

En el caso de las celdas cuyos motivos expresan amor hacia la familia y las alianzas hay muy pocos dibujos y muchos escritos que revelan arrepentimiento, remordimiento moral por la falta cometida, palabras de justificación/disculpa y, en muchos casos, poemas de amor que evocan eventos amorosos pasados que van de la mano con un profundo sentimiento de desesperanza o, por el contrario, sentimientos entremezclados de tristeza e ilusión por el posible y anhelado reencuentro con los familiares y amigos. Es la esperanza y a la vez la representación del retorno a la vida cotidiana expresada en valores y emociones como la libertad y el afecto.

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(Fotografía: IPC 2000, p. 39)

Entre estas manifestaciones parietales, destacan: Dibujo de corazón dividido a la mitad. En cada uno de los lados reza“La mitad para la pure – para mi familia” “Zulay y Oscar” (Dibujo de corazón) Dibujo de mujer “La belleza de la mujer y su cuerpo y estilo es la belleza del mundo. Dibujado con amor a las mujeres” “Amor de madre” (dibujo de mujer desnuda de espaldas) “Cuerpo del Delito” Dibujo de mujer “La mujer” “Modelo erotica” Dibujo de corazón con daga atravesada “Amor y paz la ley del amor” Otra de las temáticas ampliamente observadas entre las manifestaciones parietales del Cuartel son las inherentes a la religión y la fe. Al menos dentro de los motivos registrados para fines de la investigación, existe una gran variedad de motivos iconográficos y textos pertenecientes al ámbito del catolicismo, si bien es cierto que se registro un conjunto minoritario de mensajes que están estrechamente vinculados con la santería. Entre las imágenes más comunes podemos mencionar vírgenes y santos, cruces así como textos de oración, relatos bíblicos y mensajes que pretenden dar testimonio de una profunda convicción religiosa y de actos de fe. En este sentido, la religión se convierte en un recurso emancipatorio y de esperanza para sobrellevar la reclusión permanente. Algunos de los graffiti registrados hablan del amor a Dios, se registran peticiones de protección a la virgen Patrona de la Armada como los siguientes: “Yo no tengo miedo, no quiero el terror. Dios es amor, en toda la creación no hay nada que teme. Yo tengo fe, quiero sentir fe”. “Virgen Reyna del Oriente del Valle Patrona de la Armada Cunplace 1981 La Patrulla de los Caballeros del Mar” “En el año 1955 se realiza el encuentro de la virgen del Valle y la virgen de (ilegible) en el puerto de la Guaira a bordo del destruto (¿?) ARV Nueva Esparta (dell) buque insignia de la armada de Venezuela Esta es la primera vez que la virgen abordan una unidad de la marina de guerra. Escrito por el PN Sierra Guevara” Dibujo de virgen a lápiz fechado 91 y firmado “Los 7 poderes”

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(Fotografías: Rodrigo Navarrete y Ana María López)

Otro de los elementos evasivos comunes en el imaginario de estas representaciones parietales corresponde al humor como sublimación de las precarias condiciones de vida del presidiario. El humor, ya sea en términos de ironía o de subversión del orden lógico de las condiciones de existencia, permite articularse de manera lúdica con la realidad y transformarla a nivel simbólico en busca de una salida imaginaria. En muchos de los graffiti y pinturas registrados en el Cuartel se evidencia una alta dosis de humor –usualmente el denominado humor negro-, el cual hace uso de las experiencias traumáticas como recurso para burlarlas e ironizar sobre si mismo. Suponemos, precisamente que, dentro del contexto carcelario, estos mensajes ayudarían a los reclusos a neutralizar una serie de circunstancias que, de otra manera, serían muy destructivas. Como el polo opuesto a estos mensajes, la desesperanza forma parte del discurso expresado en otras manifestaciones, que reflejan sentimientos aflorados desde la psicología más profunda del individuo en su impotencia e incapacidad de solucionar su situación inmediata. Ej. “Favor cerrar la puerta después de entrar. Pabellón 04” “Aquí también yo pasé mis ultimos dias como militar tan solo contando 10 lindos dias para hirme de baja porque mas vale la moral de delincuente que la de un millón de sapos porque no hay bala que mate la verdad cuando defiende la razón. No quiero lujo en nada pero tampoco indecencia. La vida es corta no se cuando la perdere. Un dia sin luz es irreparable”. “Artista plastico patrocinado por matel” (dibujo de un sol)

(Fotografías: IPC 2000, p. 40 y Ana María López)

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Un elemento especial, exclusivamente de carácter gráfico, que queremos resaltar entre los mecanismos de evasión de los espacios carcelarios es la representación de un una serie de artefactos y paisajes asociados en nuestro mundo occidental moderno con la idea de libertad, viaje o evasión, tales como la presencia de barcos, aviones y paisajes abiertos de playas y campos en las paredes del Cuartel. El valor emancipatorio de estas representaciones simbólicas va más allá de las paredes del recinto y comunica al presidiario con el mundo externo y con sus propios referentes de libertad y escape. La presencia de aviones y barcos podría estar asociada con el hecho de que muchos de ellos vienen de una instrucción militar y, probablemente, estos formaban parte de su competencia profesional. Igualmente, las pinturas murales que representan campos, espacios abiertos y playas –y no ciudades aglomeradas y cerradas- no sólo se vinculan con la relación simbólica moderna entre naturaleza y libertad sino con la posible proveniencia de algunos de estos reclusos de áreas rurales o del interior del país, así como también con una visión estética del paisajismo como arte.

(Fotografías: Rodrigo Navarrete)

Dibujo de avión de hélice sobre mapa de Venezuela “Eduanny”. Dibujo de Barco sobre pintura roja Dibujo de atardecer en la playa con un barco zarpando. Ahora, el tiempo más que el espacio –constreñido y literalmente limitado- se convierte en el referente central del discurso. Así, muchos motivos presentes en las celdas son indicadores cronológicos de los días transcurridos en prisión. Calendarios, fechas, rayas, palotes verticales, que no es otra cosa que la contabilidad, el día a día, de la condena impuesta en cada caso. Muchos de los motivos indican una fecha en concreto (día, mes, año), quizá como testimonio de la fecha de reclusión en ese espacio. En unas celdas encontramos calendarios completos donde se lleva la cuenta de los días transcurridos, ocasionalmente tachados por segmentos –posiblemente semanas o meses, mientras que en otras encontramos escritos del día en que se cumplirá el final de la condena. También hay evidencias que tan sólo dejan constancia del ser y el estar en situación de reclusión. Ej. “Sólo tengo 4 noches y 4 días y ya quiero salir de aquí” “Feliz Año nuevo 1989 les desea el Fusil 33 meses” Dibujo de palotes (cuenta)

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(Fotografía: Ezequiel Korin e IPC 2000, p. 35)

Hacia una visión más integrativa de la interpretación histórica, el estudio de la cultura material y la cultura política contemporánea. La implementación de una estrategia arqueológica de recuperación sistemática de la información histórico-cultural y arquitectónica de una edificación nuclear para la historia político social de la nación y del contexto urbano caraqueño, tal como lo es el Cuartel San Carlos, redundaría en una comprensión más integral del patrimonio histórico nacional y en la definición de estrategias de valorización más acordes con las condiciones estructurales, históricas y simbólicas del bien patrimonial inmueble. Cuando nos referimos a una perspectiva integral, estamos aludiendo a la incorporación del patrimonio histórico general de la edificación, tanto sus restos y evidencias materiales como su integración simbólica a la historia política y cultural del país, dentro de una visión arqueológica que sea capaz de dar cuenta de las historias, individuales y colectivas, acaecidas en el sitio y expresadas en su estructura y posición actual física y valorativa dentro de la actual ciudad. Esto implica, a su vez, la incorporación de la edificación a la historia política de la ciudad así como también la remantización de este espacio para la ciudadanía que requiere y necesita recordar tanto los momentos heroicos como también los procesos de represión y discriminación política sucedidos en Venezuela durante el denominado período democrático. Sólo así podemos establecer una verdadera conexión entre la interpretación de la cultura material como arqueólogos, la concientización nacional sobre la historia reciente y la cultura política contemporánea. Consideramos que el afán de un antropólogo, como cualquier científico social o humanista es, precisamente humanizador y, en tal sentido un estudio como el de las manifestaciones culturales parietales en los recintos del Cuartel San Carlos representa un paso más en la atestiguación, valorización social y reflexión colectiva sobre el pasado, incluso el más cercano, y la experiencia humana, para la construcción de proyectos políticos a futuro basados en los conceptos de justicia y libertad sociopolítica. AGRADECIMIENTOS Agradecemos al Instituto del Patrimonio Cultural la colaboración prestada durante la realización del registro de las manifestaciones parietales en el Cuartel San Carlos, especialmente al antropólogo George Amaiz y la museóloga María Gabriela Martínez. Igualmente, a los antropólogos Daniel Ramírez y Lilia Vierma por las informaciones e imágenes suministradas, así como al comunicador social Ezequiel Korin por el trabajo fotográfico durante el proceso de relevo de información.

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Anexo 1. PRE-INVENTARIO DE GRAFFITI

Cantidad

A Techo

18

B Pared Norte

67

Soporte

Ubicació n

Unidad IV: Celda 01 pasillo interno con arcos (patio W) Descripción Motivo 01) “Yane” MQR 02) “cumplaces” 03) “Sierra” 04) “Kelvin 08-09-97” 05) (Dibujo de daga) 06) “ SM” (ilegible) 07) “Cumana” 08) “enero 92” 09) “C/05” 10) “La masima” 11) “Anteliz” 12) “Mariuuana” 13) “5K5” 14) “PN Julio 92” 15) “IL 09 93” 16) “MI Serpa” 17) “Menutre” 18) Ilegible (01) 01) “30 DIA” (Dibujo de cuentas) 02) “Sierra Miseria Guevara” 03) “Paracaidista” (Dibujo de un paracaidista) 04) “Orlando” (Dibujo de corazón) 05) “Zulay y Oscar” (Dibujo de corazón) 06) “Erick” 07) Dibujo de Guerrero 08) Dibujo de Avión 09) “X-men” 10) “Abril 91 C/02” 11) “21-10-93” 12) “Jose Miguel Lanza 351” 13) “Todo se vive una experiencia” 14) “14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30…16 dias” 15) Dibujo de Escudo de la Armada 16) “Dibujado por el C/07 Sierra Guevara Kelvin de mis dias preso matricula 79.53 17) “El alma pensativa se aleja a la soledad. PN Sierra Guevara” 18) “4 dia y no me veo aquí en el pote” 19) “Recuerdo de mis dias preso” 20) “El amor a la Patria el amor a la ley (…)” (borroso) 21)Dibujo de pulpo con uniforme de marinero 22) “Marino defensores de la patria por ella boy a dar la vida con juramento y honor entre puerto y mares de la nacion. cumplace armada” 23) Dibujo ancla 46

B Pared Norte (cont.)

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24) Dibujo mujer desnuda 25) “pelusa 20-3-2001” 26) “C/02” 27) “Lysbed y Cardenas” 28) “Cebolla” 29) “carsel” 30) “fuerte uno” 31) “fuerte Tiuna” 32) “351 Batallon Jose Miguel” 33) “El Caiman” 34) “Pquito” (dibujo ¿?) 35) “Soldado de la Libertad” 36) Dibujo Tanque Naval 37) “Símbolos patrios” (dibujado por el C/07 Sierra G.) 38) “Ejercito de la Armada” 39) Dibujo de Soldado 40) “Soldado luchador de la Guerra” 41) “Monopajaro” 42) “Fuerte Tiuna grupo de la policia militar” 43) Dibujo de Tanque “Ejercito VZN” 44) Dibujos de calendarios de octubre, noviembre y diciembre 45) Motivo borroso 46) “Saber y honradez no dinero es lo que requiere el ejercicio del poder publico. Simon Bolivar” 47) “misero dos meses enero 94 C/05” 48) “miércoles” (dibujo de daga que atraviesa un corazón) 49) motivo borroso 50) motivo borroso 51) motivo borroso 52) Dibujo de Submarino 53) “Submarino nave de navegación acuatica” 54) motivo borroso 55) “El llanero y el marinero son el hermano y junto montan caballo y navegan por el mar” 56) Dibujo de un chuzo “La ley del chuzo” 57) “Abril 92” “curso 06” “severo” 58) Dibujo de pistola 59) Dibujo de Pablo Mármol y Pedro Picapiedras “ 2 meses” (Pablo M.): “hola amigo” “miseria” “si cumplase” / (Pedro P.): “hecho por escrivo y cumpliece Sierra Guevara” 60) Dibujo rostro de hombre “Sabala” 61) Dibujo de mujer elegante “La belleza de la mujer y su cuerpo y estilo es la belleza del mundo. Dibujado con amor a las mujeres” 62) “Sueños de amor” 63) “El Tige esto. Anzoátegui” 64) Dibujo de mujer 66) Motivo muy arriba 67) Motivo muy arriba

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C Pared Sur

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01) “Cristo ya viene” 02) “Sierra C/07” 03) Dibujo Calavera 04) “Cristo te ama” 05) “asa” 06)”Señor te alabaran todos los Reynos porque lla han sido el dicho de tu voca y te la lavan el camino de la verdad porque la “Gloria de Jehová es grande por Jehová abierto tu camino de la libertad. Amen. Escrito Sierra Guevara ¿?-08-93” 07) “Liberta liberta” 08) Dibujo de militar (muy borroso) 09) “Escrito cumplace Sierra Guevara 05-09-93. Juro delante de usted Juro por el Dios de mis padres Juro por ello Juro por el ¿Honor? Juro por la patria que no dare descanso a mis brazos ni reposo a mi ¡alma! Hasta haya roto las cadenas que nos oprimen. El poder militar” 10) Dibujo flecha 11) “Amor de madre (dibujo de mujer desnuda de espaldas) Cuerpo del Delito” 12) “Dios es amor la Biblia lo dice” 13) “14-9” 14) dibujo (¿?) 15) “Madrid” 16) “La salvaje” (Dibujo de mujer) 17) Dibujo de revolver 18) Dibujo de calavera con daga atravesada 19) Dibujo de libro abierto 20) “Lulio 92 C/07” 21) “La ley del chuzo” 22) “La Ley de Pedro Navaja” (Dibujo de navaja) “28-10-97” 23) “Estado Anzoátegui. El Tigre” 24) Dibujo de escudo de la Armada 25) “L.H.C.M El Caliche” 26) “Si ombre es libre pero cuando le quitan la liberta deja de ser un hombre libre. Si le dan la liberta siempre fue libre pero si no se la dan nunca lo fue. Consejo que le doy. (ilegible)” 27) “La liberta es lo mas bonito que hay si no la cuidas te la quitaran ese consejo te lo da un pana que estuvo aquí por 15 dias Firma B.M.A el agregado” 28) “Amor de madre Liberta” 29) “Si pisas este tigrito procura nunca mas pisar esto en la vida no te sientas triste porque esto pasa rapido esto lo escribe un pana del contingente (ilegible)” 30) “Horas y no me veo el pote PN. Sierra G.” 31) “Enero 2001 C/38 Cunplace” 32) “Horóscopo escorpión “rojo”” (Dibujo de escorpión) 33) Dibujo de tanqueta 34) Dibujo de mujer “La mujer” “Modelo erotica” 35) Dibujo de corazón con daga atravesada “Amor y paz la ley del amor” 36) Dibujo de copa “copa de amor”

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C Pared Sur (cont)

65

F

04

Dintel de la Puerta (der. del marco) F Dintel de la Puerta (techo del marco) F Dintel de la Puerta

37) “Bravo 02 El Hampa” 38) Dibujo de esqueleto (la calavera está atravesada por espadas cruzadas) 3010-98” 39) “Power la fuerza de C/07 julio 92 cumplace armada” 40) Dibujo de brazo musculoso y puño 41) “La flaca” 42) “La Flaca 16-04-96 2:17 p.m.” 43) “enero 2003 lo mejor” 44)Dibujo de esqueleto humano 45)”Esqueletos” 46) Dibujo de virgen (hecho por Sierra Guevara) 47) “Virgen Reyna del Oriente del Valle Patrona de la Armada Cunplace 1981 La Patrulla de los Caballeros del Mar” 48) “En el año 1955 se realiza el encuentro de la virgen del Valle y la virgen de (ilegible) en el puerto de la Guaira a bordo del destruto (¿?) ARV Nueva Esparta (dell) buque insignia de la armada de Venezuela Esta es la primera vez que la virgen abordan una unidad de la marina de guerra Escrito por el PN Sierra Guevara” 49) escrito muy borroso 50) escrito muy borroso 51) escrito muy borroso 52) escrito muy borroso 53) escrito muy borroso 54) Dibujos abstractos 55) Dibujos abstractos 56) Dibujos abstractos 57) Dibujos abstractos 58) Dibujos abstractos 59) Dibujos abstractos 60) Dibujos abstractos 61) “oct 92” 62) “Laguado” (¿?) 63) “amor de madre” 64) Dibujo de corazón roto con cuchillo “Amor” 65) “enero 92 C/05 La Malda” “C/2” “ Victor Anteliz” “julio 91” “03”

01

Ilegible (1)

01

“23”

49

(Izq. del marco) Anexo 2. FICHA DE MOTIVO Unidad: IV Celda número 01, patio Oeste. Conjunto: C Tipo de Soporte: Pared Sur Descripción Formal o Transcripción: “Cuerpo del delito”, Amor de madre. Dibujo de mujer desnuda de espaldas en blanco sobre negro. La frase Cuerpo del Delito, está enfatizada al encontrarse encerrada entre comillas. Temática que aborda: Combina sexualidad, amor materno-filial. Técnica de manufactura: raspado / abrasión sobre pintura negra Dimensiones: 10x13 cms. Fecha de realización: s/f Autor: anónimo Estado de Conservación: óptimo

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“México 1968”: Entre las fanfarrias olímpicas, la represión gubernamental y el genocidio Patricia Fournier y Jorge Martínez Herrera* Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿quién es el que mata? ¿quiénes los que agonizan, los que mueren? ¿los que huyen sin zapatos? ¿los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿los que se pudren en el hospital? ¿los que quedan mudos, para siempre, de espanto? ... No busques lo que no hay: huellas, cadáveres ... No hurgues en los archivos pues nada consta en actas. ... Recuerdo, recordemos ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos hasta que la justicia se sienta entre nosotros. Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco

De la antigua ciudad del “tlatelli” a la Plaza de las Tres Culturas Tlatelolco, el sitio del montículo según su etimología en nahuatl, se ubica en la actualidad en el corazón de la ciudad de México y ha sido el escenario de trágicos eventos a lo largo de los siglos. La fundación precolombina del asentamiento en un islote en el lago de Texcoco data del siglo XIV de nuestra era, floreciendo económicamente bajo la hegemonía azteca como sede del mercado más importante que existiera en el nuevo mundo (Gibson 1980). No obstante, estos desarrollos se vieron truncados a la caída de las ciudades gemelas de Tenochtitlan y de Tlatelolco el 13 de agosto de 1521 al concretarse la conquista hispana, los vencidos quedaron recluidos en la segunda urbe citada y los españoles en la de MéxicoTenochtitlan (Berlin y Barlow 1980:75). Una vez que se constituyó Tlatelolco en un pueblo de indios, se mantuvo como marginal ante la pérdida de jerarquía política y económica frente a la ciudad de México, sede de los poderes virreinales. De cualquier manera, desde 1531 los franciscanos se dieron a la tarea de catequizar a los naturales, construir un templo dedicado a Santiago y fundar tanto un convento como un “colegio para dar estudio a los indios”, edificios que conformaron un conjunto en la parte céntrica del asentamiento en torno a su gran plaza (Barlow 1987; Villaseñor y Sánchez 1980 [1748]). Pasada la independencia en 1821 y una vez que se abolieron las repúblicas de indios, Tlatelolco se mantuvo como un barrio empobrecido con casas ruinosas, revitalizándose paulatinamente a lo largo del siglo XX hasta que a inicios de la década de los 60 se dio cauce a un amplio proyecto de renovación urbana con la construcción de edificios apartamentales, el rascacielos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la habilitación de una zona arqueológica en la que se dejaron al descubierto muchos de los edificios del recinto sagrado de la ciudad prehispánica (González Rul 1988), armonizando con los inmuebles de la unidad próxima al centro de la ciudad de México, Distrito Federal.

*

Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.

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Así, quedó conformada la llamada Plaza de las Tres Culturas en el núcleo del conjunto arquitectónico, donde se integraron las raíces indígenas con los símbolos de la conquista hispana y del México moderno (Figura 1). El 2 de octubre de 1968, a diez días de la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos, la primera olimpiada celebrada en Latinoamérica, esta plaza sería el escenario del espantoso y repugnante aplastamiento de estudiantes (Labastida 1998) por parte del aparato represivo del Estado, de un genocidio que por la vía del asesinato cobró más vidas que el terremoto de 1985, cuando las fuerzas de la naturaleza provocaron el desplome de varios de los edificios de la unidad habitacional de Tlatelolco.

Figura 1. Panorámica de la Plaza de las Tres Culturas mostrando en primer plano estructuras de la ciudad precolombina y el templo de Santiago, y al fondo el edificio “Chihuahua” de la unidad habitacional de Tlatelolco (foto de Jorge Martínez Herrera).

Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos3 La historia moderna de México desde que se instaurara un régimen presuntamente democrático en la década de los 20 del siglo pasado, se ha teñido continuamente con el color de la sangre de obreros, trabajadores, opositores al gobierno, campesinos, indígenas, integrantes de partidos políticos de oposición y de estudiantes (Labastida 1998). A lo largo del siglo XX, durante más de siete décadas y a diferencia de lo acaecido en muchas naciones iberoamericanas, un solo partido político (el “PRI”, Partido Revolucionario Institucional) mantuvo en sus manos las riendas de México, garantizando su victoria en los procesos electorales mediante toda clase de mecanismos ilícitos y nada transparentes (Reding 1995; Story 1986). Esta dictadura partidista se sustentó en gran medida en el control de las principales organizaciones obreras y campesinas del país, la infiltración de agentes gubernamentales en las organizaciones estudiantiles, así como en un intrincado manejo de los sectores productivos y de las arenas políticas en beneficio de dinastías que monopolizaron el poder y la riqueza. Toda narrativa de acceso público, asimismo, pasaba por el tamiz de la oficialidad, quedando los medios informativos a merced del autoritarismo y de la censura, o bien comprando su silencio (Monsiváis 2001: 22; Reding 1995). En consecuencia, los cauces Frase aún vigente que refiere al yugo estadounidense sobre México, y que se acuñó desde el siglo XIX posterior a la guerra México-Estados Unidos. 3

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de la historia mexicana quedaron preestablecidos en forma tal que con cada cambio de administración sexenal el gran vecino del norte, los Estados Unidos de América, poco tuviera que preocuparse por la estabilidad sociopolítica y de frenar la amenaza comunista en su frontera sur. A partir del inicio de la Guerra Fría y de la cacería de los “rojos”, las instancias represivas gubernamentales dieron calurosas bienvenidas a asesores militares y agentes de la CIA. Los informes y actividades tanto del FBI como de la CIA posibilitaban –o tal vez todavía posibilitan- mantener tanto el equilibrio en el país como la seguridad de las inversiones estadounidenses, capitalizando con la pobreza de la mayoría de los mexicanos. En palabras de Agee (1975: 503), detractor de la CIA, las operaciones efectuadas en Latinoamérica a fines de la década de los 60 e inicios de los 70 para suprimir los movimientos de izquierda eran conducentes, a final de cuentas, a fortalecer a las minorías en el poder vinculadas con los negocios y el gobierno estadounidenses cuyos intereses compartidos eran la estabilidad y la obtención de dividendos en las inversiones. La distribución desigual de la riqueza y las condiciones sempiternas de miseria de las masas eran, en consecuencia, la respuesta lógica que llevaba a la organización de movimientos extremistas con ideas socialistas, que era indispensable exterminar por constituir graves amenazas al sistema capitalista. Todo es posible en la paz La industrialización y el desarrollo económico del México moderno durante las décadas de los 50 e inicios de los 60, propiciados por las inversiones extranjeras y la explotación de los abundantes recursos naturales del país, lo convirtió en un candidato adecuado para postular que la capital fuera la sede de los XIX Juegos Olímpicos en 1968, año convulsivo por los movimientos sociales de protesta en Europa y América, en los que los jóvenes fueron los principales protagonistas. Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República procuró con cuantiosos capitales privados transnacionales y dilapidando las arcas hacendarias [la cifra oficial es de 140 millones de dólares (Mabry 1982)], que lo requerido para celebrar los programas deportivos y culturales estuviera listo para el arribo de los contingentes de todo el orbe desde septiembre de ese año. Bajo el lema de “todo es posible en la paz”, llegaría desde Grecia la antorcha que iluminaría el flamante estadio remodelado de la Universidad Nacional Autónoma de México (rebautizado como el Estadio Olímpico) en la magna inauguración el 12 de octubre de 1968: el éxito de las olimpíadas debía garantizarse a toda costa para que la dictadura partidista obtuviera el reconocimiento internacional por mantener durante décadas la estabilidad política y una imagen de progreso económico bajo el cobijo del imperialismo norteamericano (Paz 1970). No obstante, más allá de la demagogia gubernamental, la realidad era otra, pues a pesar de la imagen de bonanza y abundancia, México era en aquel entonces “un país con 20 millones de hambrientos y 10 millones de analfabetas, un país en el que sólo una camarilla que está en el poder impone su verdad y su ley” (Ramírez 1998a: 218 [1969a]). El movimiento estudiantil del 68 en México (Figura 2) fue la consecuencia histórica de una década de represión gubernamental en las instituciones educativas y entre obreros, que se logró a través del desmantelamiento paulatino del financiamiento destinado a la educación popular, la disolución de huelgas y las detenciones extrajudiciales de líderes de sindicatos progresistas, que se convirtieron en presos políticos.

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Figura 2. Agrupamiento y organización de estudiantes del movimiento de 1968 (Anaya 1969:16).

Para 1968 los estudiantes se organizaron en un primer momento y de manera espontánea conforme a una visión general de los problemas universitarios y educativos del país, para posteriormente desafiar y combatir las formas despóticas y de control del PRI como respuesta a las acciones represivas del Estado, en el contexto de un agudo autoritarismo político (Álvarez Garín 2002: 165, 167 [1998]). Se trató de una crítica al sistema de dominación y al despotismo gubernamental, derivada de la imperiosa necesidad de la apertura al diálogo entre el Estado y la sociedad que demandaba el cambio a un régimen de libertad y democracia (Montes 1998), que bajo el mando del PRI a todas luces era inasequible. No obstante, en absoluto se pretendía derrocar al gobierno y si bien participaron militantes de organizaciones y partidos políticos de izquierda, se incorporaron a la estructura democrática del movimiento y a las instancias dirigentes (Álvarez 2002 [1998]) A raíz de una escaramuza casual entre alumnos preuniversitarios de instituciones públicas rivales, que ocurriera en las proximidades del centro de la Ciudad de México el 22 julio de 1968, la policía y el ejército actuaron en forma violenta, incluso con el uso de bazucas, contra de los estudiantes en varias manifestaciones y en las instalaciones educativas que habían ocupado los jóvenes en señal de protesta. Para fines de ese mes, los detenidos ascendían a 1200, los heridos a 400 y se hablaba de hasta 200 muertos, además de que el grueso de la sociedad reprobaba que agentes policiales y militares hubieran irrumpido en planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Menéndez Rodríguez 1968a). A inicios de agosto se constituyó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el IPN, así como múltiples escuelas y universidades tanto privadas como de gobierno, con sede en la capital y en varios estados del país, que en su conjunto interrumpieron sus actividades docentes (Menéndez Rodríguez 1968a; Ramírez 1998b:81 [1969b]). Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio con los siguientes puntos (Menéndez Rodríguez 1968b): 1. Libertad a los presos políticos.

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2. Derogación de los artículos del Código Penal Federal en los que se instituía el delito de disolución social, que constituía la base jurídica para que el gobierno aplastara cualquier acto público en el que se congregaran los estudiantes4. 3. Desaparición del cuerpo policial de choque, conocido como los granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. A los clamores de los estudiantes (Figura 3) se unieron los de trabajadores de los ferrocarriles nacionales, maestros, intelectuales, militantes políticos de izquierda y otros sectores de la sociedad, en un movimiento de resistencia a partir de la indignación moral, de vislumbre de la sociedad civil, de combate antiautoritario y de lucha por los derechos humanos (Ponce 1998).

Figura 3. Volante de protesta del movimiento estudiantil de 1968 (colección particular).

Fueron varias las manifestaciones masivas en agosto y septiembre, con la concurrencia de hasta 300,000 personas en una marcha que llegó al Zócalo Capitalino frente al Palacio Nacional, en el centro de la urbe. Continuamente había numerosos policías haciéndose pasar por estudiantes, que actuaban como agitadores, pretendían comulgar con la ultraizquierda y cometían actos vandálicos, con el fin de que la opinión pública aplaudiese las medidas represivas del gobierno que alegaba que el trasfondo del movimiento estudiantil era una conjura comunista5 (Menéndez Rodríguez 1968a). No hubo una respuesta positiva a las El delito de disolución social fue incorporado al Código Penal Federal en tiempos de guerra, facultando al gobierno para actuar contra quienes considerara peligrosos con base en simples sospechas, por lo que cualquier individuo de tendencias de izquierda podía ser encarcelado sin mayores miramientos (Scherer y Monsiváis 2004:11). 5 El Estado culpaba a los estudiantes de intentar generar el caos durante las olimpíadas y tratar de derrocar al estado burgués; formar centros de resistencia y guerrillas urbanas; convertir las escuelas en cuarteles y las calles en campos de batalla; acusar a Díaz Ordaz de ser un títere del imperialismo yanqui; retomar ideales de la revolución cubana; luchar junto 4

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demandas del CNH que en su mayoría fueron descalificadas por Díaz Ordaz, quien se negó al diálogo y profirió amenazas de que estaba más que facultado para disponer de todas las fuerzas armadas de la Federación para garantizar la seguridad interior: la presidencia hizo clara su intención de lograr a toda costa la realización de las olimpíadas sin contratiempos (Ramírez 1998a [1969a]). En consecuencia, la represión continuó y el 18 de septiembre el ejército ocupó el campus de la UNAM, con la consecuente violación a la autonomía universitaria, ante lo cual continuaron las movilizaciones y los enfrentamientos entre las corporaciones tanto policíacas como militares y los estudiantes, a quienes se habían unido múltiples personas (Ramírez 1998a [1969a], 1998b [1969b]). Con la indignación social en aumento, la manipulación oficial de los hechos, el ocultamiento de las cifras acerca de detenidos y muertos, así como el mutismo de la Presidencia de la República para dar solución al pliego petitorio, el CNH convocó a un mitin con la finalidad de efectuar una marcha de protesta. Se fijó la cita el 2 de octubre a las 17 horas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco (Figura 4), área extensa para alojar un amplio contingente donde ya se habían efectuado reuniones nutridas el 7 y el 27 de septiembre (Ramírez 1998a [1969a]). Ni los organizadores ni las miles de personas que asistirían, sospechaban que Tlatelolco estaba por convertirse en el escenario de uno de los más aberrantes actos genocidas en la historia moderna de México.

Figura 4. Plano de la zona centro-oeste de la ciudad de México, Distrito Federal, con ubicación de los principales lugares mencionados en el texto. 1 Palacio Nacional; 2 Tlatelolco: Plaza de las Tres Culturas; 3 3ª Delegación del Ministerio Público; 4 Servicio Médico Forense; 5 Cruz Verde (Hospital Rubén Leñero); 6 Cruz Roja; 7 Campo Marte; 8 Panteón Civil de Dolores; 9 Campo Militar número 1.

No luchamos por la victoria, luchamos por la razón6 En años recientes han venido saliendo a la luz textos e imágenes que han contribuido a esclarecer en parte los hechos que ocurrieron el 2 de octubre de 1968. El general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa bajo el gobierno de Díaz Ordaz, legó a su muerte partes militares y otros reveladores documentos “para la historia, que ésta se escribe a largo plazo” (Scherer y Monsiváis 2002). En 1998 una importante cadena televisiva dio a conocer menos de 10 minutos de las más de 20 horas de material fílmico con escenas que captaron varias cámaras, que por instrucciones de la Secretaría de Gobernación se colocaron en los con la clase obrera por el socialismo; programar actos terroristas para destruir instalaciones públicas de la ciudad de México; enarbolar banderas marxistas-leninistas para provocar el colapso del gobierno de Díaz Ordaz (Corona del Rosal 1995). 6 Éste y los subsecuentes subtítulos son lemas y consignas del movimiento del 68.

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alrededores de la Plaza de las Tres Culturas el día de los trágicos eventos (Canal Seis de Julio 2002; Gallegos 2000; Montemayor 1999: 429). Hay, además, imágenes fotográficas que sobrevivieron a la depredación que sufrieron todos los diarios de la capital, y que El Universal publicó en 2002 (Almazán 2002a; Rodríguez Reyna 2002), al igual que impactantes tomas de un fotógrafo (al parecer bajo las órdenes del Secretario de Gobernación) que captó las vejaciones de las que fueron objeto estudiantes a los que se apresó en el edificio “Chihuahua” de Tlatelolco (Martínez 2001a; Gil Olmos 2001a). Se cuenta también con nuevos testimonios de quienes, por terror a la represión gubernamental, no se habían atrevido a relatar lo que vivieron en el 68 y por fin rompen el silencio. Resaltan, asimismo, el acceso público a documentos desclasificados de la CIA, FBI, el Departamento de Defensa y la embajada de los Estados Unidos de América en México (Doyle 2003), al igual que los archivos de las extintas Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales así como de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que constan de miles de cajas con millones de documentos, aunque mutilados, en los que se registran acciones represivas asociadas con la masacre de Tlatelolco (Scherer y Monsiváis 2004). A partir de que estas piezas que conforman un intrincado rompecabezas empiezan a unirse, se viene reconstruyendo la historia de la matanza de Tlatelolco: con esas bases y fuentes adicionales presentamos una versión canóniga donde se incorporan los hechos esenciales. La demostración fue programada originalmente para marchar desde la Plaza de las Tres Culturas7 hasta uno de los principales planteles del IPN, relativamente cercano. Los oradores del CNH habían elegido el balcón del tercer piso del edificio “Chihuahua” de la unidad habitacional Tlatelolco (Figura 5), por su altura y ubicación privilegiada frente a la gran explanada; micrófono en mano, les hicieron saber a los asistentes que se cancelaba la marcha por temor a acciones de agitadores que llevarían a la represión de los manifestantes; procedieron a exponer la situación política y tenían la intención, además, de reportar la solidaridad internacional que venía recibiendo el movimiento y los avances de las brigadas informativas, entre otros aspectos (Álvarez Garín 2002: 85 [1998]).

Figura 5. Panorámica de la Plaza de las Tres Culturas desde el edificio “Chihuahua”, mostrando en primer plano estructuras precolombinas de la ciudad de Tlatelolco y el templo de Santiago, parte del edificio de la Secretaría de Relaciones a la izquierda, en el centro la explanada de la plaza con el monumento conmemorativo a los caídos el 2 de octubre de 1968 y al fondo el edificio del ISSSTE (foto de Jorge Martínez Herrera).

“La plaza... es un rectángulo de losa elevado dos o tres metros sobre el nivel general del piso. Está rodeada por las ruinas de Tlatelolco al poniente, la Iglesia de Santiago, y atrás de ellas el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el sur, el edificio de la Escuela Vocacional Número 7 del IPN y algunos edificios de viviendas de la unidad en el norte, y el edificio Chihuahua en el oriente. Sus accesos principales son dos corredores angostos y una escalera central de 25 a 30 metros de ancho. Solamente por el lado norte el desnivel es menor y puede librarse fácilmente.” (Álvarez Garín 2002: 86 [1998]). 7

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Para las 17:30 horas del 2 de octubre del 68, una multitud que llegó a calcularse en alrededor de 10,000 personas (Gil Olmos 2001b:18) cubría por completo el amplio espacio: de pie o sentados en el suelo, se congregaron pacíficamente hombres, mujeres, niños y ancianos, estudiantes, profesores, empleados, periodistas, una delegación del sindicato de trabajadores ferrocarrileros que apoyaba el movimiento estudiantil (Mendoza Gaytán 2004), gente común como “vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la Unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosear, los habituales mirones y muchas personas” (Poniatowska 1969). Nadie sospechaba la causa de que paulatinamente arribaran tropas y policías, incluso tanquetas del ejército, que se apostaban en los principales puntos de acceso y alrededor de la plaza (Montemayor 1999); todo parece indicar que el grueso de los integrantes de estos cuerpos desconocía cuál sería su papel histórico, más allá de mantener la seguridad pública, “desalojar a los estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas empleando la prudencia” (Scherer y Monsiváis 2002:111) y "repeler las acciones de los grupos subversivos, en el caso de que se presentara una situación con armas de fuego, poniendo especial cuidado en evitar, en lo posible, desgracias de personas inocentes" (Rodríguez y Lomas 2001). Desde días antes los altos mandos del gobierno habían orquestado una operación cuyos responsables eran Díaz Ordaz, el Estado Mayor Presidencial y muy probablemente el Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien se convertiría en Presidente de la República en 1970; de hecho, en la carrera por la sucesión, aseguró que Díaz Ordaz le diera la candidatura ante sus rivales, a quienes aventajó en capacidades represivas en el fatídico año de 1968, garantizando la continuidad de una política de control (Flores 2002; Petrich 2004). Echeverría usaría, además, sus influencias y relaciones con la CIA para impulsar su carrera presidencial (Agee 1975). Hacia las 18:10 horas un helicóptero lanzó bengalas como señal del inicio del operativo por parte de francotiradores del Estado Mayor, quienes no portaban uniformes y se encontraban emplazados en varios edificios, incluido el “Chihuahua”, así como en el techo abovedado de la iglesia colonial (Figura 6). Dispararon indiscriminadamente en contra de civiles y del ejército, hiriendo al general que comandaba a los efectivos cuando con un megáfono portátil exhortaba a los asistentes al mitin a dispersarse (Álvarez Garín 2002: 86 [1998]; Montemayor 1999:46). Los francotiradores alimentaron el desconcierto con el objetivo de desatar una escalada de violencia en el ejército que repelía la agresión que se asumía era responsabilidad de estudiantes radicales; los tanques ligeros del Escuadrón Blindado intruyeron en la plaza vaciando cargas de metralleta contra el contingente y en dirección al edificio “Chihuahua”, intervinieron además el batallón de Fusileros Paracaidistas y el Batallón Guardias Presidenciales (Montemayor 1999:48), entre otros. Entre fuegos cruzados, los civiles huyeron despavoridos hacia la iglesia, transformada en paredón, o bien tratando de dirigirse hacia la salida lógica, ubicada en un corredor entre la plaza y el edificio “Chihuahua” (Álvarez Garín 2002: 86 [1998]), para ser atajados por soldados que los atacaban a bayoneta calada traspasándolos, que los acribillaban; hombres, mujeres, ancianos, niños, incluso mujeres embarazadas (García Hernández 1998; O'Donnell 2003) cayeron heridos por doquier, desangrándose sin que nadie les prestara ayuda (Rodríguez 2002) o se desplomaron sin vida e, incluso, los disparos alcanzaron a residentes de algunos apartamentos: en un lapso de escasos diez minutos la plaza se convirtió en una ratonera y el edificio “Chihuahua” en la trampa (Gil Olmos 2001b:18).

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Figura 6. Emplazamiento de francotiradores en varios de los inmuebles circundantes a la Plaza de las Tres Culturas y direccionamiento de los disparos. 1 Plaza de las Tres Culturas; 2 Edificio “Chihuahua”; 3 Iglesia de Santiago; 4 Escuela del IPN; 5 Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Paralelamente, en ese inmueble los integrantes del Batallón Olimpia8, miembros de la milicia bajo el comando de la Guardia Presidencial, vestidos de civiles y que portaban como distintivo un guante blanco en la mano izquierda o en su defecto un pañuelo blanco anudado, cumplieron sus órdenes claras y quirúrgicas: bloquear el edificio ``Chihuahua'', detener a los miembros del CNH, tomar el segundo y tercer piso, disparar sobre la multitud (Taibo 1998). Dentro de inmueble laberíntico, dispararon a quema ropa y a mansalva a los asistentes que buscaban refugio de la balacera apocalíptica en la plaza - donde el tiroteo se prolongó por 90 minutos-, atajando a algunos en la planta baja del edificio. Afuera el fuego se volvió esporádico, aunque se intensificó de nuevo hacia las 11 de la noche y ya para la madrugada, los soldados formaron una montaña de cuerpos sin vida, que después trasladaron en vehículos sin sigla alguna (Alcántara 2002b; Castillo 2003). Posteriormente los bomberos entrarían en acción y en medio de una intensa lluvia limpiaron los ríos de sangre que corrían por la plaza, tapizada con prendas de vestir ennegrecidas por la pólvora, perforadas por las descargas de las armas o bayonetas, zapatos, volantes del movimiento estudiantil, restos de cráneos, dedos de personas (Almazán 2002c; Rodríguez 2002). Durante horas, el Batallón Olimpia allanó los apartamentos de los edificios, en particular del “Chihuahua”, donde muchos estudiantes se habían refugiado en las azoteas o encontraron cobijo con algunos vecinos: fueron detenidos, golpeados, forzados a despojarse de sus ropas hasta quedar en paños menores (Álvarez Garín 2002: 88 [1998]; Gil Olmos 2001a:12-13). Hasta donde puede confirmarse, gran parte de los jóvenes que quedaron detenidos extrajudicialmente fueron trasladados a instalaciones del ejército (Almazán 2002b, 2002c; Scherer y Monsiváis 2004:25). La violencia está contra nosotros, no en nosotros Desde la madrugada del 3 de octubre, los familiares de quienes habían desaparecido en Tlatelolco intentaron indagar su paradero en hospitales como el Rubén Leñero de la Cruz Verde o la Cruz Roja así como ante las instancias judiciales y forenses citadinas, en muchos casos sin tener éxito; varios fueron obligados a aceptar que se expidieran certificados de defunción en los que constara que la muerte había sido por causas naturales, condición para que les fueran entregados los cuerpos (Ramos Pérez 2002; Taibo 1998). Testigos de la época vieron como los cadáveres de decenas de jóvenes, mujeres, adultos y niños que concurrieran al mitin en Tlatelolco, desfigurados y destrozados por balas expansivas de alto calibre y con heridas de bayoneta incluso en sus espaldas (Almazán 2002c), yacían en “El Batallón Olimpia había sido integrado en febrero del 68 con la misión de custodiar las instalaciones y ejercer servicios de orden en las futuras Olimpiadas, dependía directamente en la línea de mando del Estado Mayor Presidencial y, por lo tanto, de la Presidencia de la República. Había sido formado tomando tropa de batallones de todo el país y tenía un número de suboficiales más alto de lo normal... el 2 de octubre había sido reforzado por dos secciones de caballería” (Taibo 1998). 8

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el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la 3ª Delegación del Ministerio Público (Figura 7), entre otros centros y nosocomios. Pocos llegaron en ambulancias o en taxis, la mayoría en camiones del ejército en los que se trasladaría a los individuos que habían fallecido y que carecían de documentos que permitieran identificarlos en la tarde del 3 de octubre (Rodríguez Reyna 2002), lo cual es altamente probable que sucediera en múltiples casos dado que sus ejecutores los despojaron de sus ropas y pertenencias. Hasta hoy día, es un enigma cuántos murieron a resultas de las heridas que recibieron en la Plaza de las Tres Culturas y qué ocurrió con los cadáveres.

Figura 7. Jóvenes masacrados en la Plaza de las Tres Culturas (Álvarez Garín 2002: 35 [1998]).

Muchos de los activistas que sobrevivieron a la matanza en la Plaza de las Tres Culturas fueron perseguidos, hubo innumerables secuestros, cientos quedaron aislados y detenidos sin orden de aprehensión, tras las rejas en instalaciones militares, posteriormente la mayoría fueron recluidos en penitenciarías. Las víctimas fueron objeto de toda clase de atrocidades y torturas, golpes y presiones morales, para obligarlos a rendir declaraciones que coincidieran con la historia oficial de los hechos; se fabricaron pruebas en su contra (Álvarez Garín 2002: 112-113 [1998]; Correa 2001:31) e incluso se les ejecutó sumariamente. La prensa fue obligada a callar y agentes de la Secretaría de Gobernación saquearon los archivos para garantizar que desaparecieran las evidencias gráficas: “se estaban robando la historia” (Almazán 2002c). Todavía continuaba la masacre en Tlatelolco cuando tanto en los noticiarios como en casi todos los medios informativos, se daba a conocer la versión oficial dictada por el gobierno, con pocas variaciones; el ejército había sido atacado por estudiantes que actuaron como francotiradores, no hubo más alternativa que iniciar el combate ante la provocación (Álvarez Garín 2002: 89 [1998]) de quienes se decía eran terroristas que pretendían derrocar el gobierno de Díaz Ordaz: los victimarios se convertían en víctimas. Los agentes del gobierno estadounidense siguieron con suma atención todas las fases del movimiento estudiantil previas a la masacre, primero con la seguridad de que eran veraces los informes del gobierno de México acerca de que grupos comunistas extranjeros asesoraban a los mexicanos “subversivos” y después del 2 de octubre con la certeza de que nunca hubo esa clase de incitadores ni conjura comunista alguna que frenar. Los espías dejaron sentado en sus comunicados confidenciales girados a sus superiores en Washington, que lo ocurrido en Tlatelolco era un indicio de la torpeza del gobierno de Díaz Ordaz y de que los dirigentes de la milicia no acataran correctamente órdenes; agregaron sin cuestionamiento alguno que los estudiantes apostados como francotiradores habían sido los responsables de la respuesta del ejército (Doyle 2003). 60

Prácticamente en un contexto de estado de sitio, se evitó cualquier acción masiva de los estudiantes de manera que los presuntos “terroristas” no alteraran la “seguridad pública”; si bien hubo varias marchas y mítines de protesta encabezadas incluso por las madres de los desaparecidos (Figura 8), los principales líderes estudiantiles estaban encarcelados y muchos de los activistas ocultos para prevenir caer presos. Con el miedo generalizado el movimiento se fue desarticulando a pasos agigantados ante el auténtico terrorismo impuesto por el Estado, aun cuando el pensamiento político que lo fundamentó dejó sembrada la simiente de otros movimientos (Álvarez Garín 2002:199 [1998]).

Figura 8. Manifestación de octubre de 1968 encabezada por madres de los desaparecidos (Scherer y Monsiváis 2002: 148).

Se calcula que en la matanza de Tlateloco, que fue un sangriento crimen de Estado, intervinieron más de 8,000 efectivos, soldados, granaderos, policías de la ciudad de México, policía secreta de todas clases, policía judicial local y federal, Policía Montada, integrantes del Batallón Olimpia, bomberos y 300 vehículos (tanques, tanquetas, blindados y jeeps con metralletas). La cifra de heridos alcanzó 700 mientras que el número de personas que perdieron la vida en la masacre sigue siendo tema de especulaciones. El saldo de estudiantes y trabajadores que fueron detenidos llegó a 2000, algunos de los cuales serían puestos en libertad pasadas horas o días, la mayoría saldrían hasta diciembre del 68, y más de 800 individuos quedarían formalmente en prisión, sin juicio alguno, hasta que Echeverría decretó desde la presidencia una amnistía en 1971 (Taibo 1998; Zarco 1998). En septiembre de 1969 Díaz Ordaz asumió públicamente su responsabilidad de los hechos, legitimada en las atribuciones constitucionales conferidas al presidente de la República; años después declararía su orgullo de haber servido a la nación en 1968 (Canal Seis de Julio 2002). A final de cuentas su mano dura que movilizó a las fuerzas coercitivas del Estado, garantizó que al son de las fanfarrias y a ojos de las potencias extranjeras se desarrollaran los XIX Juegos Olímpicos, las irónicamente llamadas “olimpíadas de la paz”. Para mediados de los 70, un exagente de la CIA (Agee 1975), relataría que el gobierno mexicano destruyó el movimiento de protesta y probablemente varios cientos de vidas, y que lo sucedido la Plaza de las Tres Culturas estaba ocurriendo en todo el mundo entre las personas que trataban de cambiar el sistema.

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El ejército es para defender al pueblo, no para AGREDIRLO Las dimensiones sociales y culturales de la represión en México son las que la envisten con poder y significado, lo cual es evidente por el hecho de que el Estado está facultado para manipular la dicotomía de la violencia (Scheper-Hughes y Bourgois 2005:1-2) según lo estipulado en la legislación del país. Así, la violencia desatada por el gobierno era legítima frente al movimiento estudiantil, que fue declarado ilegítimo con pruebas artificiales9: bajo tortura fueron obligados a firmar declaración en las que aceptaban, por ejemplo, delitos de invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad (Martínez 2003). En consecuencia, la respuesta de las fuerzas públicas “del orden” era permisible y las acciones de los “agitadores” estaban sujetas a sanciones por ser ilícitas. La misma construcción de una narrativa histórica oficial, el robo de la historia, constituyó un acto violento. En los actos represivos y sanguinarios de gobierno, los recuerdos se seleccionan y controlan para extirpar todo lo que se relacione con la indignación moral, se elimina por ende la memoria histórica y cualquier protesta se etiqueta como subversiva, se manipulan los conteos de cadáveres hasta volatilizarlos: la amnesia forzada constituye un instrumento coercitivo del Estado (Monsiváis 2001: 21-22). La desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad según el derecho internacional. En los sistemas políticos democráticos, aun cuando sea en apariencia como en el caso de más de 70 años en la historia mexicana, los crímenes que comete el gobierno contra sectores inconformes de la población deben categorizarse como terrorismo desde el Estado, que genera la impunidad al impedir que se de cauce a investigaciones que aporten pruebas para perseguir y castigar a los culpables de actos genocidas como el del 2 de octubre de 1968 (Martínez 2001b:29, 31). El genocidio, según tratados internacionales suscritos por México, incluye aquellos actos que se cometen con la intención de destruir, en su conjunto o en parte, a grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, de asesinar a miembros de estos grupos o causarles serio daño físico o mental, e inclusive someter al grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, total o parcial (United Nations 1951 [UN]). Además, hay que tomar en cuenta que los desaparecidos no están muertos, están desaparecidos: … se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994 [CIDH]).

Para el Estado, el fin del movimiento estudiantil era “derrocar al gobierno constituido en la República Mexicana y sustituirlo por un régimen comunista de obreros, estudiantes y campesinos (Castillo et al. 2002). 9

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La práctica de desapariciones forzadas en América Latina data de principios del siglo XX, pero fue consolidada en la década de los 60; la lógica de este mecanismo, si es que la tiene, es que al desaparecer a las víctimas no hay victimarios ni delito. Esta política represiva fue principalmente instaurada por las dictaduras militares, aun cuando en el caso de algunos países como México, Colombia y Perú se aplicó por los gobiernos “democráticamente” electos (Molina Theissen 1998). En México, la dictadura enmascarada del PRI y el poder de todo su aparato de Estado, incluyendo centrales obreras y campesinas, solidificó un marco de sumisión social que afecta a todos los sectores del país, posibilitando que dentro del marco jurídico nacional las desapariciones queden impunes hasta la fecha. A partir de diciembre de 2000 el ascenso a la presidencia de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), representó esperanzas de que ocurriera el “cambio” democrático que prometía en su campaña como candidato, así como de que se generaran expectativas entre los familiares y amigos de los desaparecidos y del pueblo mexicano en su conjunto. La instauración en 2002 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) parecía responder a las demandas que nunca fueran atendidas con rigurosidad y transparencia; sin embargo, los avances han sido limitados y la impunidad persiste, no sólo con los casos del pasado sino que a éstos se suman otros de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales en el actual régimen (Amnistía Internacional Sección Mexicana 2005; Avilés Allende 2002; Castillo 2005; Correa 2002; Granma 2004; Sullivan 2005). Los desaparecidos del movimiento estudiantil de 1968 se pueden caracterizar como personas privadas de su libertad por agentes del Estado o con autorización de éste, de tal forma que no se les puede considerar en definitiva como muertos. Organizaciones de familiares de desaparecidos exigen la presentación de sus familiares, con consignas como la del Comité “Eureka”10 de que “Vivos los llevaron, vivos los queremos” (Herrera y Castillo 2003), o declaraciones como: No decidiremos que están muertos, eso simplemente no se decide: ellos están desaparecidos. Es precisamente lo que el mal gobierno espera de nosotros: que asumamos lo peor sin decir ni asumir responsabilidades; que olvidemos; que sintamos que éste es un asunto del pasado en vez de uno, lacerante, de nuestro presente (HIJOS-México 2005). Con esto es factible pensar que no sólo debe determinarse el paradero de quienes sucumbieron ante las balas en la Plaza de las Tres Culturas sino también de aquéllos individuos que han quedado bajo la categoría de desaparecidos, entre los cuales un número indeterminado fueron asesinados, de ahí la pertinencia de plantear un diseño de investigación forense que llegue a contribuir al esclarecimiento de los hechos. No tenían más armas que su sangre Las fuentes documentales coinciden en que en la madrugada del 3 de octubre, los soldados estaban apilando infinidad de cadáveres en la Plaza de las Tres Culturas (Alcántara 2002b). Un general declaró haber visto 38 cadáveres de civiles en la explanada de la plaza, los cuerpos de 4 soldados en ese mismo lugar, además de un niño que sucumbió a las balas en el edificio “Chihuahua” (Corona del Rosal 1995). Varios de los manifestantes sobrevivieron al Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que es una de las primeras organizaciones de derechos humanos que se constituyó en México (Amnistía Internacional 2002). 10

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quedar protegidos por los caídos en la balacera, caso de un joven sudamericano que logró cubrirse con los cuerpos sin vida de un anciano y una mujer, sólo dos de los cientos de cadáveres que vio (Anonymous 1968:16). Por un testimonio de un expiloto de la empresa paraestatal PEMEX (Petróleos Mexicanos), quien dice haber participado en el traslado de cuerpos de Tlatelolco, se sabe que hubo cadáveres que se arrojaron al mar, lo cual coincide en parte con documentación que se integró a las investigaciones de la Comisión de la Verdad en la década de los 90, donde se hace constar que aviones militares arrojaron cuerpos al Golfo de México (Taibo 1998) Hay testimonios de lo que paralelamente ocurría en algunos hospitales, a donde llegaron bastantes heridos incluso de muerte, según relata un fotógrafo quien “recuerda mucho a un joven... tirado en uno de los pasillos: una bala le había reventado el estómago. Soy de la Universidad de Sinaloa le dijo el joven al fotógrafo. ¿Quieres que le avise a alguien? No, se van a enojar, se van a enojar. Al rato, cuando regresé de tomar otras fotos, el chico seguía tendido en el piso, ya muerto” (Almazán 2002c). La brutalidad con que fueron masacradas centenares de personas quedó evidenciada en los testimonios de los médicos que atendían a los heridos en los nosocomios, quienes recuerdan lo ocurrido en el Hospital Leñero de la Cruz Verde, que “... era un rastro, llegaban ensangrentados, sin manos, balaceados” (Aguirre 2002). Ayudantes en el SEMEFO fueron testigos de la matanza cometida, pues los cuerpos “Tienen algo en común: muestran el uso diestro de las bayonetas y disparos de armas de fuego con balas expansivas. Sabían dónde atacar. Las heridas no están en los brazos, en las piernas o en un pie. Van al corazón y a los órganos vitales”. Incluso para ellos era impresionante ver que "Los cadáveres tenían destrozado el tórax", muestran el "cráneo deshecho por instrumento corto-contundente", es evidente un "traumatismo brutal", se observa en un cuerpo una "herida por proyectil expansivo en la cabeza", las "heridas van dirigidas al corazón", hay "gran escurrimiento de sangre sobre abdomen"... “Eran balas del Ejército. El soldado en batalla tiene un propósito: destruir, matar..." (Rodríguez Reyna 2002). La crueldad represiva se manifestó en los nosocomios ante la impotencia de los médicos y enfermeras que trataban inútilmente de cumplir con su deber, pues “los granaderos y los [policías] secretos venían y nos quitaban a los muchachos de los quirófanos donde los estábamos operando y se los llevaban. Dónde quedaron esos muchachos, y si murieron, nadie lo sabe'' (Taibo 1998). Se dice que en la 3ª Delegación del Ministerio Público había más de 40 cadáveres de jóvenes entre los 18 y 20 años (Canal Seis de Julio 2002), cuyo paradero se desconoce en la mayoría de los casos, aun cuando los vecinos del barrio llegaron a comentar que durante los días posteriores a la matanza “olía a carne quemada pues, decían, estaban quemando a los jóvenes en hornos” (Almazán 2002b). Muchos de los cuerpos que se encontraban en el SEMEFO el 3 de octubre, despojados de sus ropas e identificaciones11, fueron desaparecidos por el ejército, pues: Entraban militares, venían a hablar con el director, bajaban los militares, subían... Las instalaciones estaban como tomadas por militares. El control lo tenían ellos... Se metían al anfiteatro, estaban ahí. Se asomaban... En la tarde llegaron vehículos del Ejército a recoger los cuerpos que no tenían identificación. La orden fue que se los llevaran... (Rodríguez Reyna 2002).

En un informe del director del SEMEFO, con fecha del 17 de octubre de 1968, se registra que sólo hubo “26 víctimas reconocidas” (Cuellar 2003). 11

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Surge la pregunta de a dónde trasladaron los cadáveres y qué se hizo con ellos, por lo que hay que tomar en cuenta una serie de testimonios que hablan de la posibilidad de que algunos cuerpos fueran cremados y otros enterrados por el ejército en instalaciones militares de la ciudad de México como el Campo Marte, el Campo Militar número 1, en el Panteón Civil de Dolores, próximo al último campo citado, así como en las faldas de un volcán extinto que se encuentra relativamente cercano a la ciudad de México. Cabe destacar que antes de la masacre del 2 de octubre y en medio de la represión que había desatado el gobierno contra los estudiantes: “A un corresponsal extranjero que preguntó si ya se han identificado algunos de los estudiantes que se dice han muerto, el comité [de huelga] le dijo que, de un lado, ‘al gobierno no le conviene presentar los cuerpos’, y de otro: ‘tenemos noticias de que los cuerpos han sido cremados en el Campo Marte’.” (Ramírez 1998a: 202 [1969a]). Adicionalmente, entre los activistas de la época se supo que después de los sangrientos eventos en Tlatelolco, varios cuerpos fueron trasladados en vehículos militares y tanquetas al Campo Militar número 1 donde fueron incinerados, incluso algunos individuos heridos aún vivos pues “de esos vehículos salían todavía los lamentos y así los quemaron... se les ocurrió a nuestros soldados mexicanos” (Alcántara 2002a). Aunado a estos terroríficos testimonios, causa sospecha que los altos mandos del ejército sigan pretendiendo que no hubo cremación de cadáveres en instalaciones de la milicia y menos aún en dicho Campo: Decían que se utilizó para incinerar cinco mil cadáveres. Me pongo a pensar que para cremar un cadáver se tardan tres horas y, en primer lugar, ahí no hay incineradores. En segundo lugar, y es lo más importante, dónde están esas cinco mil madres, porque decían que hubo ese número de muertos en Tlatelolco, ... que lucharían como las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Si alguien es culpable, que se le acuse (Garduño y Pérez 2001). Por otra parte, el ya citado Luis Echeverría Álvarez, titular de la Secretaría de Gobernación en 1968 y quien al parecer tuvo una participación activa en la matanza de Tlatelolco, ya como Presidente de México orquestó otro operativo el 10 de junio 1971, cuando una manifestación estudiantil pacífica fue reprimida por los “Halcones”, grupo paramilitar bajo las órdenes directas del gobierno, con un saldo extraoficial de hasta 125 muertos (Ramírez Cuevas 2003). De ese jueves de Corpus del 71, hay un testimonio de que el presidente giró instrucciones telefónicas acerca de lo que debía hacerse con los apresados y muertos. Echeverría, tal vez con base en sus experiencias de octubre de 1968, fue enfático: ¿Heridos? Llévelos al Campo Militar. No permitan fotografías… ¿herido uno de los nuestros?¿muerto? al Campo Militar ¿Hay mas enfrentamientos, muchos muertos? Todos para el Campo Militar ¿a la Cruz Verde? No, no. No permitan fotos. “Quémenlos”… Quemen a los muertos. Que nadie quede. No permitan fotografías (Scherer y Monsiváis 2004: 52-53). Aun cuando la referencia no se asocia de manera directa con la masacre de Tlatelolco, indicaría que la cremación de los cuerpos de los opositores al sistema era una práctica utilizada y conocida por los altos mandos del gobierno. De haberse hecho desaparecer los cadáveres con la destrucción de los restos óseos por la acción del fuego, se enfrentarían obstáculos insoslayables para la investigación forense.

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Por lo tanto, entre las instalaciones militares, destaca una en particular a la que se hace referencia en partes del ejército12 (Rodríguez y Lomas 2001), además de que es recurrente en los testimonios de quienes quedaron tras las rejas en octubre de 1968. Uno de nuestros informantes fue detenido semanas antes del evento sangriento por hechos no vinculados con la masacre de Tlatelolco dados sus nexos con organizaciones de izquierda desde muy temprana edad. Después de sufrir torturas físicas, quedó preso, aislado e incomunicado en un galerón ubicado en sótanos del Campo Militar número 1. Según relata, la peor tortura que casi lo enloqueció fue que nadie hablara con él, hasta que ese silencio fue roto por un soldado, quien trataba de obtener información acerca de actividades guerrilleras y el movimiento universitario; dicho soldado le mencionó que por charlar con él sus superiores lo habían castigado, por lo cual no se le había enviado a Tlatelolco a pesar de sus “deseos de matar estudiantes”. Hacia la madrugada del 3 de octubre, fueron apresados en ese galerón cientos de participantes en la manifestación de la Plaza de las Tres Culturas, algunos golpeados. Días después, él y otro de los detenidos fueron liberados una vez que se les obligó a vestir uniformes del ejército; para su asombro, entre las listas de desaparecidos y muertos la noche del 2 de octubre, encontró su nombre y sus compañeros le aconsejaron que por su propio bien evitara aclarar ante las corporaciones policíacas o militares que seguía vivo. De entre los activistas del CNH que estuvieron presos hasta enero de 1969 en el Campo Militar número 1, para después ser liberados, uno de ellos nunca fue visto posteriormente, por lo que se trata de un caso de desaparición forzada como consecuencia directa de la represión estudiantil de 1968 (Castillo y Méndez 2005). Estos testimonios complementan a otros análogos, que evidencian que posiblemente algunos de los desaparecidos fueron ejecutados extrajudicialmente por sus captores: Nos alimentaron muy bien, pero en la noche se oían disparos y algunos de los que nos vigilaron decían que estaban formando ‘cuadro’, que estaban matando a algunos… en el Campo Militar Número Uno nos llevaron a las galeras con camas de metal. Nos despertaban a la media noche y nos decían que nos iban a fusilar. Había ferrocarrileros, trabajadores del banco, estudiantes. Me golpeaban mucho, la tortura también era psicológica. Sacaban gente y se oían tiros, todos temblaban. Nunca vi que regresaban (Gil Olmos 2001a). Respecto a la inhumación de quienes fueron asesinados, tiempo atrás uno de los integrantes del movimiento estudiantil del 68 quien desafortunadamente ya falleció, les comentó a sus compañeros de lucha que los sepultureros del Panteón Civil de Dolores le habían informado que ahí se dispuso de cuerpos de la masacre de Tlatelolco en fosas clandestinas bajo tumbas legalmente registradas, e incluso le mostraron en qué zonas del campo santo se encontraban los cadáveres; no obstante, el dato preciso se perdió con la muerte de ese activista por lo que se carece de seguridad respecto a esta ubicación. Además, un afamado caricaturista mexicano cuya obra se centra en la sátira política, declaró que fue secuestrado a inicios de 1969 (Sánchez González 2004) y estuvo a punto de ser ejecutado por agentes de la DFP, quienes le confesaron que “en un paraje del Nevado de Así como en muchos otros de los hechos ocurridos en 1968, las fuentes gubernamentales son contradictorias, caso de un general que niega categóricamente que en el Campo Militar número 1 hubiera torturas y que se desapareciera a los estudiantes capturados el 2 de octubre de 1968; presuntamente sólo quedaban detenidos de forma transitoria y de ahí simplemente se conducía a los estudiantes con las autoridades civiles, cuyas instalaciones carecían de suficiente espacio (Garduño y Pérez 2001). Un testimonio adicional es de alguien que dice ser hermano de un soldado, quien le relató que en ese campo militar hay miles de cadáveres en fosas clandestinas. 12

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Toluca había unos árboles marcados con cruces, debajo de los cuales estaban enterrados algunos de los desaparecidos del 68” (Aranda 2002). En consecuencia, con base en las fuentes documentales y los testimonios, es altamente probable que al menos en el Campo Militar número 1, en el Panteón Civil de Dolores y en un punto indeterminado del pie de monte del Nevado de Toluca, pudiera ser factible recuperar restos óseos de algunos de los individuos que perdieron la vida en la masacre de Tlatelolco, así como de otros que quedaron detenidos y fueron ejecutados tiempo después. Pero cabe cuestionarse de cuántas personas podría tratarse, dado que el gobierno confeccionó e impuso una historia oficial en torno a los hechos ocurridos en Tlalelolco y en definitiva es difícil estimar cuántos murieron entre el 2 y el 3 de octubre de 1968, entre julio y esas fechas en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los estudiantes o posteriormente al menos hasta inicios de 1969. A mediados de los 70, el expresidente Díaz Ordaz frenaba sardónicamente los intentos de esclarecer el número de caídos bajo el fuego: …mencionan centenares de muertos, desgraciadamente hubo algunos, no centenares; tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40, entre soldados, alborotadores y curiosos. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir, pero yo emplazo a cualquiera que tenga valor, de sus propias opiniones, y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente. Nos podría bastar con lo siguiente, que nos haga la lista con los nombres, podrán decir como se ha dicho en otras ocasiones, que se desa… se hicieron desaparecer los cadáveres, se ocultaron clan… se sepultaron clandestinamente, se incineraron, eso es fácil; no es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo… (Canal Seis de Julio 2002). Causa asombro el evidente descaro y la prepotencia en estas palabras, “tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40”, como si la diferencia entre un número y otro en la pérdida de vidas humanas no fuera importante. En la madrugada del 3 de octubre de 1968 estas cifras fueron impuestas por los agentes de gobernación que tomaron las instalaciones de los periódicos para destruir las crónicas de los eventos y llevarse los materiales fotográficos, gritando: “¡Las fotos, cabrón, las fotos!… ¡nada más 33 muertos, 33! ¿eh? ¡Esa es la cifra oficial!… ¡Son órdenes de Gobernación, de Echeverría!… ¡Que es una orden presidencial! ¡Díaz Ordaz quiere ocultar todo! Ocultar todo” (Almazán 2002c). A partir de ese momento durante muchas décadas esa fue la cantidad de muertos en la masacre, predeterminada por el gobierno aunque con inconsistencias, pero los sobrevivientes y testigos empezaron a hablar y a mencionar que habían visto muchos cuerpos en el edificio “Chihuahua”, donde “... había varios cadáveres apilados, en la salida. Un soldado me dijo que no siguiera volteando, y de reojo alcancé ver los cadáveres uno encima de otro, estaban semidesnudos” (Gil Olmos 2001a). Un padre que desesperado trataba de localizar a su hijo, afirmó haber visto 121 víctimas sin vida (Jardón 2003: 38) mientras que en el SEMEFO “... ya se empezaba a juntar la gente, buscando a sus familiares. Toda esa madrugada hubo enormes filas de carrozas. Yo he de haber visto más de 500 cadáveres, todos muertos por bala” (Almazán 2002c). Este cálculo se refuerza con lo que le comentó un soldado a uno de los estudiantes extranjeros detenidos en el Campo Militar número 1, orgulloso de que los militares habían matado “a 500 de ustedes, comunistas” (Anonymous 1968). Entre los activistas del CGH, se ha hablado recientemente de 635 estudiantes que fueron asesinados en la Plaza de las Tres Culturas (Alcántara 2002a), mientras que Agee, detractor de la CIA, recuerda que en la Embajada de los Estados Unidos en México el rumor era que habían sido

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acribilladas 82 personas, aun cuando pudo haber cientos o más de 1000 (Rocha 2002). La práctica ausencia de denuncias de la época fue el resultado que el gobierno y los involucrados en los hechos han venido amenazando desde entonces a los testigos, sobrevivientes, familiares y amigos de todos aquellos que desaparecieron, para garantizar su silencio: “... en los días, semanas, meses y años que sucedieron a la matanza de Tlatelolco era común escuchar las denuncias de los familiares de las víctimas: ‘Además de nuestra pena, todavía nos amenazan de muerte’. Muchos... cesaron en la búsqueda de justicia, otros, organizados o no continúan en ella” (Alcántara 2002a). Nos vemos forzados, por lo tanto, a regresar a la pregunta que nos formuláramos, misma que sigue sin respuesta precisa, ya que la DFS incurrió en contradicciones al maquinar la historia oficial y con sangre “redondeó” hacia 30 el número de personas asesinadas: en los listados expedidos el 4 de octubre de 1968 el saldo era de 26 muertos, que incluían 4 mujeres y un soldado, mientras que en la lista del 31 de enero de 1969 figuraban 26 civiles y 2 militares, más un niño cuyo nombre aparecía tanto en la relación de muertos como en la de heridos (Jardón 2003: 38). El 6 de octubre del 68 integrantes del CNH declararon que hasta ese momento se sabía que 100 personas habían perecido, aun cuando se consideraba que todavía no acababa el saldo de la masacre de Tlatelolco (Ramírez 1998b: 410 [1969b]). En el extranjero, los medios hablaban de 130 estudiantes, de hasta 325 muertos (Jardón 2004: 40), cálculo semejante al de un camarógrafo según el número de camiones en los que se transportaron los cuerpos, unos 300, de la Plaza de las Tres Culturas en la madrugada del 3 de octubre (Caballero 2003). Además hay que tomar en cuenta documentos desclasificados de los servicios de inteligencia norteamericanos, entre los que existe un reporte confidencial donde se menciona que “... como es típico en México, las estadísticas precisas respecto al número de muertos en la batalla del 2 de octubre no se pueden determinar. Los informes que se han recibido alcanzan hasta 350 muertos. El mejor cálculo de la embajada es que esta cifra va de 150 a 200” (Defense Intelligence Agency 1968: 9). De tal forma, la versión del gobierno queda claramente superada por otras fuentes y testimonios disponibles, que indican que a resultas de los hechos violentos del 2 de octubre tal vez se perdieron 500 vidas humanas. En el saldo definitivo habría además que agregar a un número indeterminado de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en el Campo Militar número 1 en fechas posteriores, así como hasta a 200 muertos que se reportaron para fines de julio (Ménendez Rodríguez 1968a), de los cuales se desconoce su suerte aunque al parecer un número indeterminado de cadáveres fueron cremados. Quedaría, entonces por dilucidar cuál fue el destino de, tal vez, cerca de 700 o más personas que perecieron a manos del gobierno en los hechos violentos que iniciaron en julio de 1968. ¡Unidos venceremos! Más allá de las demarcaciones del campo de acción de las diferentes ciencias forenses o de la aplicación de heurísticas específicas, la concurrencia de disciplinas en el esclarecimiento de hechos violentos que resultaron en la muerte de seres humanos está determinada por los sistemas jurídicos vigentes en cada país, que restringen, nulifican o promueven la participación de especialistas en los estudios (Boddington et al. 1987; Cox 2001; Crist 2001; Doretti y Snow 2003; Hunter et al. 1996; Joyce y Stover 1991; Rodríguez 1994; Sanford 2003; Skinner et al. 2003; Stewart 1979). Respecto a México, la arqueología es competencia del Estado y de ejercicio profesional, de manera que a través de la legislación relacionada con el patrimonio cultural prehistórico,

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prehispánico e histórico (hasta las postrimerías del siglo XIX), que en su conjunto es propiedad de la nación, los arqueólogos son los únicos facultados para llevar a cabo investigaciones enfocadas al estudio de los materiales del pasado, incluyendo bienes muebles e inmuebles, así como restos humanos, en cuya recuperación pueden intervenir antropólogos físicos siempre y cuando sea en el marco de proyectos supervisados por arqueólogos. Desde la prospección, pasando por la excavación, hasta el análisis de materiales, los proyectos, programas de trabajo e informes son sancionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo federal a través del cual el Estado puede impedir la consecución de estudios específicos con base en las disposiciones reglamentarias del mismo INAH. Las intervenciones en contextos arqueológicos que datan del siglo XX quedan, en consecuencia, legalmente excluidas para la investigación arqueológica en el país, por lo que no se cuenta con un marco jurídico que sustente a la arqueología forense como parte de la estrategia de investigación de la arqueología histórica como ocurre en otros países (Cox 2001; Crist 2001). La antropología forense también se encuentra en un limbo legal, si bien llegan a participar antropólogos físicos en análisis forenses fundamentalmente de laboratorio, supeditados a los lineamientos de SEMEFO y de la Procuraduría General de Justicia o, en su defecto, de las procuradurías estatales, que marcan que en las acciones periciales los médicos forenses deben intervenir y expedir cualesquiera dictámenes para que puedan avalarse ante el Ministerio Público y las autoridades judiciales en procesos penales. En condiciones especiales, la Suprema Corte de Justicia puede autorizar que funjan como peritos especialistas externos a las instancias gubernamentales, vía a través de la cual eventualmente podrían incorporarse tanto arqueólogos como antropólogos físicos a investigaciones que pudieran contribuir a definir qué ocurrió con quienes desaparecieron a raíz del movimiento estudiantil de 1968. En consecuencia, se requeriría plantear un proyecto de investigación interdisciplinario en el que participen activamente tanto arqueólogos como antropólogos físicos, criminalistas, médicos, historiadores, sociólogos, economistas, especialistas en legislación nacional e internacional en materia de crímenes contra la humanidad y violación de derechos humanos. El objeto teórico y las repercusiones prácticas deberán centrarse en la explicación de los hechos asociados con los crímenes de Estado y cuál es el paradero de las personas que fueron objeto de desapariciones forzadas. Los especialistas existen en México, han sido formados en el país y en ocasiones han complementado sus conocimientos en el extranjero, lo que falta es la disposición política del Estado para emprender un estudio científico de la masacre de Tlatelolco y de sus secuelas. Para realizar investigaciones de esta clase sería necesario organizar un proyecto académico y social de recuperación de la memoria histórica, integrado por especialistas en los diferentes campos a investigar, sobrevivientes y por familiares de desaparecidos. Los estudios se enfocarían a tratar de esclarecer los hechos de violencia y sus causales, analizando los antecedentes del movimiento estudiantil y sus fases, reconstruyendo los contextos históricos, políticos, sociales, económicos y militares. Una de las metas sería la identificación tanto de los actos como de los actores de la violencia y terrorismo desde el Estado: las víctimas de las represión como grupos y en el nivel individual, además de la localización de los muertos y desaparecidos (Etxeberria 2004; United Nations [UN] 1991), para así sentar las bases que posibiliten enjuiciar a los responsables de los crímenes. Respecto al movimiento estudiantil de 1968 estas tareas son en extremo complejas, ya que el Estado ha destruido o todavía mantiene oculta documentación que podría aportar pruebas que sustenten los hechos, incluyendo listados completos con los nombres de quienes fueron

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victimados, además de que los amigos y familiares de las víctimas han preferido callar ante las amenazas del gobierno y continúan sin presentar denuncias (Castillo 2004: 7). Aun cuando existen testimonios acerca de algunos sitios donde posiblemente se inhumaron los cuerpos (Campo Militar número 1, Panteón Civil de Dolores y el Nevado de Toluca, al menos), a la fecha no se ha logrado realizar intervenciones arqueológicas por ser instalaciones del ejército que están bajo el fuero militar, de manera que no ha sido factible corroborar la presencia de fosas clandestinas. Este tipo de investigaciones podrían efectuarse en dos sentidos, ya que por una parte habría que recabar información entre los funcionarios gubernamentales que fueron protagonistas o copartícipes de los hechos, desde la cúpula dado que el presidente es jefe supremo de las fuerzas armadas y responsable de las políticas a seguir dentro del país, o bien desde los mandos medios y bajos pasando por todas las autoridades federales, locales, judiciales y militares así como con los empleados y prestadores de servicios de salud en casos muy específicos. El segundo sentido en el que se pueden investigar los hechos es desde abajo, con base en los testimonios de los sobrevivientes y ejecutores, tratando de reconstruir los eventos que ocurrieron, quiénes estuvieron involucrados como individuos o colectivos en los actos de violencia y represión o fueron objeto de vejaciones. El trabajo de la antropología y arqueología forense en particular, se centraría en la recuperación de los restos óseos de quienes fueron masacrados en la plaza de las Tres Culturas, así como de aquellos que fueron detenidos y posteriormente desaparecieron al ser asesinados por sus captores, considerando que sus cuerpos fueron depositados en lugares clandestinos. Los estudios constarían de cinco fases básicas así como de una complementaria, de apoyo a los familiares y sobrevivientes: 1. Histórico: recuperación de fuentes documentales de archivo, hemerográficas, filmográficas, fotográficas y audiofónicas. 2. Testimonial: recolección y procesamiento de la información recabada de manera oral entre testigos de los hechos o entre quienes tuvieron conocimiento de éstos a través de terceras personas manteniendo, si así procediere, el anonimato de quienes brinden datos. 3. Legal: presentación de denuncias, solicitudes y trámite de permisos para realizar trabajos de campo (prospección y excavación) conducentes a la exhumación de restos, expedición de dictámenes según los requerimientos del aparato judicial, entre otros. 4. Arqueológico: prospección geofísica y excavación de depósitos, definición de los procesos culturales y naturales de formación de los contextos de enterramiento (Schiffer 1987), registro detallado, recuperación controlada de evidencias materiales, selección de muestras en campo para análisis específicos por parte de especialistas, reconstrucción de la posición anatómica de los individuos en campo y en laboratorios, así como análisis de artefactos en gabinete y laboratorio. 5. Antropológico: recuperación in situ de los restos óseos además de análisis de laboratorio (osteométricos, osteológicos, odontológicos, genéticos y químicos, principalmente) requeridos para la identificación de los individuos y la determinación de las causas que llevaron a su muerte. 6. Psicológico: tratamientos de salud mental, incluyendo tanatológicos si se requiere, de apoyo a los familiares de las víctimas.

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Los resultados de las intervenciones se incluirían en un informe técnico en el cual se detallarían todas las tareas cubiertas y el procesamiento de los datos analíticos, que se conjuntarían con los testimoniales y los registros personales de las víctimas, además de explicar las razones que permitieron la identificación de individuos cuando haya sido factible13. Con base en estos informes, conforme al derecho podría procederse a fincar responsabilidades y a perseguir los delitos, según el caso, tarea que correspondería a juristas y otros especialistas. El color de la sangre jamás se olvida En México el pasado se inserta en el presente, en el imaginario colectivo y en las luchas sociales al tratarse de eventos que ensangrentaron al país. Se preserva y reproduce la memoria de hechos violentos dirigidos por el gobierno para truncar acciones reivindicatorias de aquéllos que pugnan por aperturas políticas y libertarias. El Estado acalla las voces de protesta por la vía de la fuerza a través de la imposición del terror y del asesinato. De años a la fecha se mantienen los privilegios de un régimen corrupto y corruptor (Reding 1995) y, a pesar de los clamores que exigen justicia y el castigo de los responsables de asesinatos políticos, desapariciones forzadas, torturas y genocidio, prevalece la impunidad de los ejecutores14; estos victimarios orquestaron masacres, giraron y ejecutaron las órdenes para matar a inocentes cuyo único pecado fue externar su opinión contraria a la gubernamental. A pesar de que desde 2001 existe un marco de presunta apertura y acceso a la información, el derecho a la verdad de las causales de incidentes pasados se parcializa, pues se mutilan los pocos acervos documentales abiertos a la opinión pública mientras que otros se conservan en archivos secretos del Estado (Scherer y Monsiváis 2002, 2004). Organismos como Amnistía Internacional reportan que continúan las aprehensiones ilegales, la tortura, la violación a los derechos humanos y la desaparición de personas (Amnistía Internacional 2001, 2002) que se atreven a impugnar el status quo, de participantes en movimientos políticos tanto en los ámbitos urbanos como rurales. Para masacres como la del 2 de octubre de 1968, la impunidad de los altos mandos del país, del ejército, de la presidencia misma, se ha cimentado al silenciar a los ejecutores de menor rango, nulificando e incluso asesinando a testigos y actores que podrían haber implicado a sus superiores (Maza 1988); otra vía para evitar que se haga justicia, se sustenta en un marco jurídico ambiguo, de manera que la tipificación de los crímenes exime a los responsables de su culpa dado el tiempo transcurrido: éste ha sido un eficiente mecanismo para mantener ocultos los crímenes de lesa humanidad, de los genocidios que caracterizan al sistema político mexicano año tras año, administración tras administración. Una exigencia social es que deben quedar señalados los responsables de los actos criminales y, como declaran integrantes de la organización HIJOS-México (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), la única reparación posible para quienes han crecido rodeados de ausencia rechazando que la muerte haya sido el fatídico destino de los desaparecidos (HIJOS-México 2005), es que a pesar de la complicidad del aparato de justicia

Equipo de Antropología Forense de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (EAFENAH), que en 1998 y 1999 diseñó una metodología cuando participó en el estudio de restos óseos de desaparecidos en la Republica de Guatemala. 14 Conforme al fuero de guerra que se establece en la Constitución mexicana, el personal militar acusado de delitos no puede ponerse fácilmente a disposición del sistema de justicia civil, pues es de jurisdicción de los tribunales militares en donde los procesamientos quedan supeditados, en última instancia, a las órdenes del poder Ejecutivo Federal, es decir de la presidencia de la República (Amnistía Internacional 2001). 13

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mexicano se logre esclarecer cuál fue el paradero de sus seres queridos, desde el inicio de la Guerra Sucia en 1968 y a lo largo de las décadas de los 70 e inicios de los 8015. La memoria se sigue debatiendo contra el olvido, aun cuando las acciones reivindicatorias pocas veces tienen las repercusiones legales requeridas. Recientemente se reportó que los sobrevivientes de la represión, familiares y amigos de quienes fueron asesinados o desaparecieron tienen la intención de exigir la constitución, por fin y en aras de hacer justicia, de una comisión de la verdad sobre el 68 que no sea una farsa gubernamental como la que se instauró en 1993: es imperante que se conozcan los hechos, se enjuicie a los responsables de los crímenes y se de término a la impunidad (Garrido 1998; Martínez Martínez 2004). En el marco del sistema sociopolítico mexicano que hoy día se autoproclama como transparente en sus acciones, estará por definirse la validez jurídica de recuperar los restos de quienes fueron masacrados y de someter a proceso tanto a genocidas como a torturadores. No obstante, permanece la duda ante la infinita posibilidad de que la verdad se siga ocultando para proteger, una vez más, a los criminales de lesa humanidad. Nuestra propuesta podría contribuir a esclarecer los hechos aun cuando se trata de una primera aproximación al problema. La construcción de un modelo como el que hemos planteado deberá sustentarse en evidencias documentales y testimoniales que podrían sentar las bases para desarrollar proyectos específicos si llegaran a existir las condiciones sociopolíticas en México. Sería indispensable, en consecuencia, dar cauce a una investigación científica con una perspectiva interdisciplinaria, en donde la arqueología y la antropología forenses serían medulares. Así, sería factible aportar evidencias para satisfacer las demandas sociales por la justicia que debe hacerse a quienes fueron objeto de crímenes de lesa humanidad en México, en particular de la matanza del 2 de octubre de 1968 y de sus secuelas en el país. Una investigación interdisciplinaria de esta naturaleza únicamente podrá estructurarse a través de organizaciones no gubernamentales aun cuando el Estado debería designar como peritos a especialistas de instituciones académicas, sin intimidarlos. Cualquier “comisión de la verdad” que dependa del gobierno y de las instancias periciales llegará a resultados sesgados y parcializados como los que ya se han presentado en el pasado. En definitiva este tipo de investigación debe ser enfocada a las necesidades y demandas de la sociedad, más allá del interés del científico compenetrado en el tema, quien coloca bajo el microscopio al sujeto histórico que fríamente se observa como un entierro en su contexto deposicional, como un individuo cuyos restos óseos se estudian en laboratorio y cuyas partes se convierten en muestras para análisis específicos. Cuando hablamos de análisis sociales, la ciencia dura, aséptica, desde el pedestal, es totalmente inútil y estéril si no se toman en cuenta el factor humano y las demandas sociales de justicia para investigar los sucesos ocurridos en torno al movimiento estudiantil de 1968. El factor social, ético y profesional, cobra importancia trascendental al evidenciar que las razones de la investigación recaen en la existencia de un proceso histórico, político y social que prácticamente enmudeció a un país durante casi 40 años. Las implicaciones del 68 tienen una huella profunda, son una herida abierta en el pueblo mexicano: lo ocurrido en Tlatelolco ha marcado el devenir histórico del país. Por lo tanto, los especialistas involucrados en la investigación de los hechos deben de reconocer la función social de sus labores y el compromiso que adquieren con los sobrevivientes, familiares de los desaparecidos y con el pueblo en general.

La "guerra sucia" en México abarcó de 1968 hasta principios de los 80 y el número de desaparecidos tanto en los ámbitos urbanos como en los rurales puede ascender al menos a 1,500 personas (Castillo 2003). 15

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Una arqueología del mundo contemporáneo podría contribuir a la recuperación de la memoria histórica con base en la cultura material y, aplicando las heurísticas de la arqueología histórica, hacer uso de las fuentes documentales pertinentes al caso en el marco de investigaciones interdisciplinarias. Quedará pendiente determinar hasta qué punto los arqueólogos mexicanos estarán dispuestos a adquirir un compromiso para con la sociedad moderna y estudiar un pasado reciente de masacres y asesinatos, rebasando el papel legal que les ha asignado el Estado, centrado en la protección, conservación, difusión e investigación del patrimonio cultural. Aun cuando en México el Estado recurra al olvido para sustentar la impunidad, la matanza de Tlatelolco no ha desaparecido en la memoria colectiva16, pues ha sido la base para la construcción de identidades relativas17 entre distintos grupos con intereses o necesidades emocionales específicos: algunos manejan la consigna del recuerdo como deber político (Scherer y Monsiváis 2002: 34) en la conformación de cuadros y como vía de acceso al poder; para otros legó la simiente de la cultura de la rebeldía, que sigue germinando en luchas propositivas y visionarias (González Souza 1998); los aún compañeros que participaron en el movimiento estudiantil marchan en cada aniversario luctuoso al lugar de los hechos para protestar por las injusticias de ayer y de hoy; muchos de los habitantes de la ciudad de México siguen indignados por lo ocurrido, otros continúan esperando que se castigue a los culpables, algunos tienen información limitada de lo ocurrido: todos reproducen discursos y narrativas que perpetúan los recuerdos del terrorismo desde el Estado. Transitando por la Plaza de las Tres Culturas en donde procedíamos a tomar las fotografías que se incluyen en este estudio, observamos que tres niños de no más de 12 años se detuvieron frente al monumento conmemorativo a los caídos el 2 de octubre, la Estela de Tlatelolco (Figura 9). Uno interpelaba a los otros con una pregunta de simple curiosidad: “oigan, ¿y esto qué es?”; la única jovencita del grupo rápida y doctamente dio una respuesta clara y concisa, que obviamente no aprendió en las clases de historia en su escuela pues no figura en los libros de texto: “Es que aquí mataron a muchos estudiantes que protestaron contra cosas malas que el gobierno le hace a la gente.”

Figura 9. Monumento a los caídos en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, erigido en el 25 aniversario de la masacre (foto de Jorge Martínez Herrera). Según una encuesta nacional telefónica levantada por el diario El Universal en 2003, la matanza de Tlatelolco ha permanecido en la memoria colectiva: en la muestra, 53% saben de la masacre del 2 de octubre, 49% adjudican al gobierno federal la responsabilidad directa y el 80% considera que se requiere esclarecer los hechos, encontrar a los culpables para hacer justicia y terminar con la impunidad, aun cuando 54.2% cree improbable que se encuentre a los responsables debido a que existen grupos poderosos que se oponen, a la incompetencia y a la burocracia (Ordoñez 2003). 17 Retomamos de Augé (1995) el concepto de identidad relativa, que es aquella que tiene una referencia espacial, social o moral en relación con, por ejemplo, una etnia, nación o religión, e inclusive una colectividad o grupo corporativo. 16

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La masacre del 68 se mantiene, en consecuencia, en el imaginario colectivo, en la memoria social, a través de tradición oral y de las crónicas que se publican, de los testimonios que se difunden. La exigencia de esclarecer los hechos de la fatídica noche de Tlatelolco y de muchos otros actos criminales del terrorismo desde el Estado, se sintetizan en una consigna que se acuñó en el primer aniversario de la masacre (Pérez Arce 1998), lema que aún es vigente entre quienes pugnan por un México democrático: ¡2 de octubre no se olvida! AGRADECIMIENTOS A Raúl Álvarez Garín y Luis Sosa, por sus asesorías y sugerencias para llevar a cabo este estudio. A quienes compartieron sus vivencias del 68 con nosotros. A Raquel y La Nacha, por tender los puentes. Gracias a ellos y ellas. BIBLIOGRAFIA Agee, Philip (1975) CIA Diary. Inside de Company. Penguin Books, Londres. Aguirre, Mayra Nidia (2002) "Parecía la Cruz Verde campamento de guerra". El Universal 13 de febrero: A12. México. Alcántara, Liliana (2002A) Identifican a una víctima. El Universal 13 de febrero: A13. México. Alcántara, Liliana (2002b) Tiene oportunidad el Ejército de rehabilitarse entre las víctimas. El Universal 20 de febrero: A7. México. Almazán, Alejandro (2002A) Las fotografías perdidas. El Universal 11 de febrero: A11. México. Almazán, Alejandro (2002b) “Exagerada, la reacción oficial”. El Universal 13 de febrero: A12. México. Almazán, Alejandro (2002c) "Se querían robar la historia". El Universal 13 de febrero: A14. México. Álvarez Garín, Raúl (2002) [1998] La estela de Tlatelolco : Una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil de 68. México. Editorial Ítaca, México. Amnistía Internacional (2001) México. Justicia traicionada: la tortura en el sistema judicial. Índice AI: AMR 41/021/2001/s Amnistía Internacional, junio de 2001. Amnistía Internacional (2002) México. La “desaparición”: Un delito permanente. Índice AI: AMR 41/020/2002/s Amnistía Internacional, mayo de 2002. Amnistía Internacional Sección Mexicana (2005) Amnistía Internacional. Informe 2004. Comunicados, 25 de mayo de 2005. Documento electrónico, http://web.amnistia.org.mx/prensa, accesado el 30 de mayo de 2005. Anaya, Héctor (1969) ¿Quién dijo miedo estudiantes? Juventud 70 11:15-18. México.

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ARQUEOLOGÍA E IZQUIERDA EN COLOMBIA Carl Henrik Langebaek*

Introducción Colombia no ha sido un país de dictaduras. Es más, se le conoce por su tradición civilista, ajena a los gobiernos militares (Deas 1999). Eso no quiere decir que no haya existido la represión, ni que los arqueólogos de alguna manera sufrieran algún tipo de persecución, especialmente durante el gobierno conservador de Laureano Gómez (1950-1, 1953). Pero el hecho es que el medio académico más conocido del país, la Revista Colombiana de Antropología, órgano de difusión del Instituto Colombiano de Antropología, se inauguró en el gobierno militar bajo el auspicio del “Excelentísimo señor” Teniente-General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) prácticamente el único dictador que tuvo Colombia a lo largo del siglo XX. Su régimen militar, populista y de consenso entre los partidos políticos tradicionales, no fue el encargado de perseguir a los arqueólogos y por lo tanto no se puede comparar con las dictaduras que en cono sur reprimieron las universidades y en muchas ocasiones obligaron al exilio a sus protagonistas. Una interesante peculiaridad adicional es que, en contraste con algunos países de Latinoamérica, en Colombia, no se ha desarrollado una arqueología explícitamente marxista. Si ha existido una sociología, una historia y una economía marxistas. Incluso una antropología marxista, aunque débil (Miranda 1984). Por lo tanto, si no se ha desarrollado una arqueología marxista es prudente no buscar las razones en la represión política, sino en la misma forma como se desarrolló la disciplina.. El paradigma dominante de la arqueología colombiana es, como lo ha sido en los últimos 50 años, el histórico-cultural. De todos los países latinoamericanos es quizás el que más refractario se ha mostrado a modificar esa clase de arqueología, pese al desarrollo de diversas alternativas especialmente en los últimos tiempos (Gnecco 1995, 1999; Langebaek 1996). Colombia fue uno de los pocos países de América Latina donde no se ha desarrollado ningún tipo de arqueología marxista, y donde la arqueología procesual tampoco ha logrado imponerse. En este sentido, la disciplina no siguió una trayectoria exactamente igual a la de otras arqueologías en América Latina. Desde luego, los procesos políticos no fueron tampoco comparables. El país no tuvo, como en el Cono Sur (Politis 1988, 1995), una corriente de arqueología evolucionista a lo largo del siglo XIX. A diferencia de México, Perú y Venezuela no ha tenido tampoco parte del gremio vinculada con el pensamiento marxista. Como en la mayor parte de América Latina (Politis 2002: 196; Funari 2004) en Colombia predomina la arqueología empirista e histórico-cultural, la cual en el caso particular del este país, prosperó bajo el amparo de la llamada hegemonía liberal y en el marco de un pensamiento antievolucionista y supuestamente apolítico (Langebaek 2003). Pero, de nuevo, lo sorprendentemente débil en Colombia han sido las propuestas alternativas y desde luego la nula o casi nula presencia de la arqueología marxista (Langebaek 1996; Gnecco 1997; Mora 1997). La arqueología histórico-cultural creció en Colombia gracias a la influencia de la escuela boasiana, a través de los trabajos de Alden Mason (1931-9) en la Sierra Nevada de Santa *

Departamento de Antropología - Universidad de los Andes

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Marta, así como de misiones francesas (Lehman 1953) y norteamericanas (Ford 1944), y a la significativa presencia de Paul Rivet. Hacia mediados del siglo XX, la escuela históricocultural en Colombia definió sus alcances: brindar descripciones lo más detalladas posibles de la cultura material, establecer cronologías y “relaciones” culturales, asumiendo que los rasgos de esa cultura material reflejaban “patrones mentales” (Schottelius 1940, 1946). Hoy en día múltiples investigaciones—probablemente la mayor parte—se enmarcan en ese esquema (p.e. Santos y Otero 2003). El objetivo de este artículo es estudiar las relaciones entre el marxismo y el estudio del pasado prehispánico en Colombia. Se pretende demostrar que el discurso marxista sobre ese pasado no se ha desligado de la arqueología histórico-cultural, pese a la enorme insatisfacción que los pensadores marxistas expresaron con respecto al trabajo de los arqueólogos, su apego a una definición normativa de la cultura y a su proclividad a brindar explicaciones antievolucionistas del pasado. Pese a que en el país no ha existido una arqueología marxista (o escuela de “arqueología social”), una tradición intelectual de izquierda se ha preocupado por el tema del pasado prehispánico. En otras palabras, aunque no ha existido un grupo de profesionales de la disciplina que explícitamente utilice la obra de Marx (y del marxismo) para interpretar el pasado indígena, se puede hablar de una tradición de pensadores de izquierda que, por fuera de la disciplina, han intentado hacerlo. Estos pensadores fueron particularmente activos entre 1930 y 1980. Aunque no todos ellos compartieron una posición homogénea, los unió una reacción más o menos radical contra la arqueología de su época, aunque no la formulación de propuestas alternativas a las explicaciones clásicas sobre el pasado. El análisis de la producción de estos intelectuales de izquierda es útil no solo para adelantar una nueva crítica a la arqueología histórico-cultural, sino también como punto de partida en la reflexión para la evaluación de los retos y limitaciones del pensamiento marxista sobre el pasado prehispánico. Desarrollo de la arqueología histórico-cultural Durante el siglo XX, a medida que la arqueología se profesionalizó y se puso como meta la descripción sistemática de sitios y restos antiguos, sus alcances políticos se hicieron cada vez más inocuos. En Colombia, el auge de la República Liberal (1930-1946) coincidió con el apoyo institucional a la arqueología. Desde luego, sería exagerado afirmar que la arqueología histórico-cultural servía de base científica para la exclusión, al menos en el sentido en que los estudios sobre raza, degeneración, decadencia o evolución lo habían sido en el pasado. La influencia de Rivet y de Boas implicó un alejamiento explícito de las ideas racistas. Y además se debe señalar que la mayor parte de los arqueólogos que trabajaban (y trabajan) la arqueología histórico-cultural fueron críticos de las formas más elementales de exclusión, por ejemplo, aquella basada en el racismo. Pero lo cierto es que al hacerse al margen del debate político y optar por la pulcra y neutra descripción, los arqueólogos dejaron de erigirse en una forma de denuncia. Desde entonces, la disciplina fue caracterizada frecuentemente como una práctica conservadora, incuso, reaccionaria. En su momento, antropólogos como Milciades Chávez criticaron la obsesión de los arqueólogos por describir aspectos materiales de las culturas prehispánicas sin alcanzar interpretaciones sobre ellas. Y sin comprometerse con interpretaciones sobre su propia sociedad (Chávez 1986). La respuesta de algunos de los antropólogos de la época a la “neutralidad” y “objetividad” de la arqueología histórico-cultural fue, en general, la de abandonar la práctica y dedicarse a cuestiones de antropología aplicada, como sucedió con Hernández de Alba (Langebaek 2004). En pocos casos, la arqueología— extraordinariamente conservadora hasta hoy—se interesó por el marxismo, aunque a algunos

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políticamente les resultara atractiva a la izquierda. No obstante, desde afuera de la arqueología sí hubo interés por los temas prehispánicos, y con frecuencia ese interés provino de la izquierda. Evidentemente había aspectos políticos en el trabajo de la arqueología histórico-cultural que podían esperar reacciones críticas por parte de otros intelectuales, no necesariamente arqueólogos, pero para quienes el pasado era importante en términos políticos. Quizás uno de los primeros en hacerlo, sobre quien volveré más adelante, fue Antonio García. En 1937, escribió Geografía Económica de Caldas, trabajo en el cual declaró inútil lo que habían escrito los arqueólogos sobre el pasado prehispánico de Caldas. García entonces se refirió al “moralismo cristiano” que en su opinión se ocultaba en los planteamientos que hacían los profesionales cuando se referían al pasado indígena. A partir de entonces, numerosos intelectuales de izquierda se alejaron de la propuesta históricocultural e iniciaron por su cuenta no solo una crítica de la misma, sino varios intentos por ofrecer reconstrucciones alternativas del pasado Crítica de izquierda a la arqueología histórico-cultural En el contexto nacional se presentaron dos circunstancias que facilitaron que un grupo de académicos se desligara del conocimiento experto de la arqueología histórico-cultural y emprendieran por sus propios medios la investigación sobre el pasado indígena. En primer lugar, la introducción de una historiografía marxista que consideraba que la historiografía tradicional estaba agotada. A partir de los años cincuenta del siglo XX, empezaron a desarrollarse con mayor fuerza las críticas a la Academia Tradicional, acusada, como la arqueología histórico-cultural, por el apego a la información y el poco análisis de la misma. En segundo lugar, existían razones políticas relacionadas con el papel de las sociedades indígenas. A partir de mediados del siglo XX, profesionales de otras disciplinas, especialmente abogados, economistas e historiadores, usualmente vinculados con la izquierda comunista o liberal, encontraron poderosas razones para interesarse por las sociedades nativas y su pasado. En 1947 se imprimió la primera edición de La cuestión indígena en Colombia. Su autor, Ignacio Torres Giraldo, historiador del movimiento obrero y secretario general de la Confederación Obrera Nacional, hizo una profunda crítica del indigenismo tradicional. En primer lugar, lo acusó de ser un movimiento de blancos y mestizos, no propiamente una corriente indígena (Torres 1975: 3-5). En segundo lugar, objetó la tendencia a aislar el “problema indígena” de los problemas más amplios en el país, en particular del proyecto campesino y obrero. Torres criticó también que la defensa del indígena se fundamentara en cuestiones de su supuesta superioridad racial. No obstante, al mismo tiempo, defendió la idea de que la lucha indígena incluía reivindicaciones de tipo cultural, no solo de tierras. La izquierda reclamó entonces un mejor conocimiento de las especificidades culturales nacionales y con ello el pasado y su estudio adquirió súbita importancia: para Torres Giraldo era relevante demostrar la existencia de notables culturas al arribo de los españoles. En su opinión, los indígenas colombianos formaban un núcleo común con la gran civilización maya, sin duda más notable y más antigua que Egipto. Los catíos asentados en Antioquia habían sido una adelantada “civilización” con vínculos con los mayas e incas; dominaban la metalurgia a la perfección, inventaron aleaciones que los laboratorios de Medellín no habían podido descifrar. En el Alto Sinú, en el Quindío, la Sierra Nevada de Santa Marta y otros lugares de Colombia, los conquistadores no habían encontrado solamente tribus salvajes (Torres 1975: 12-3). El llamado de Torres no consistió, sin embargo, en una romántica nostalgia por el legado indígena. Por el contrario, criticó que romantizara a las civilizaciones prehispánicas. El objetivo de su libro consistió en sacar el problema indígena del plano contemplativo, de la “fronda

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literaria puramente especulativa, del intelectualismo abstracto y de la simple añoranza sentimental” (Torres 1975: 12). En ese sentido, tanto los arqueólogos como quienes estudiaban a los indígenas contemporáneos salían mal librados. Estos últimos se concentraban en aspectos de raza. Y en cuanto a la arqueología no dudó en considerar que podía ser importante: era indispensable para establecer la verdad, es decir, el alto grado de civilización prehispánica, diferente a las tradiciones griega y latina. Pero simultáneamente acusó a los arqueólogos de ser “los que se maravillan ante los doscientos monumentos de la civilización agustiniana; ante las raíces ya localizadas del Templo del Sol de los incas; ante las obras de arte de los quimbayas y las huellas de la cultura paeces en Tierradentro, … principalmente con el criterio de los coleccionistas de antigüedades, de los empresarios de museos que piensan en la industria del turismo mucho más que en el destino de los indígenas que vegetan todavía en un Estado indiferente con ellos, un Estado que no aprecia su vitalidad potencial como fuerza de progreso, sino como sombra del pasado que se extingue” (Torres 1975: 13). Por esos mismos años, un abogado, dirigente del Partido Comunista y uno de los carismáticos ideólogos de la reforma agraria, Guillermo Hernández Rodríguez, se interesó en el asunto de las comunidades indígenas prehispánicas. Entrenado en Moscú, Nueva York y París, Hernández publicó en 1949, De los chibchas a la colonia y a la república. En esa obra, el autor consideró prioritario el estudio de las fuerzas económicas que habían conformado la historia del país. En su opinión, la desintegración de los clanes indígenas después de la conquista había dado lugar a una sociedad política basada sobre el territorio. Además, la mano de obra indígena, se podía considerar ancestral con respecto a otras formas de trabajo más modernas: primero al aprovechamiento colonial de mano de obra coloniales y luego al surgimiento de la clase obrera. La sociedad colombiana, por lo tanto, había sido formada a partir de una organización económica prehispánica que valía la pena estudiar. Esto añadió otra importante justificación para estudios marxistas sobre el pasado indígena. Sin embargo, aunque De los chibchas a la colonia y a la república fue por mucho tiempo el trabajo más detallado de la organización social muisca, su autor incorporó poca información arqueológica. La arqueología histórico-cultural del momento poco aportaba para entender cuestiones la organización social prehispánica, fundamental para el marxismo. Pero, por otra parte, las pocas veces en que Hernández (1975) utilizó información proveniente de la arqueología, no se apartó demasiado de las ideas que predominaban en su momento. Para el autor, los muiscas, ocupaban el tercer lugar en complejidad política después de los incas y los aztecas, una idea propuesta desde el siglo XVIII por los líderes criollos con el fin de fortalecer la identidad nacional, pero que no había sido evaluada con seriedad. Para Hernández Rodríguez (1975) también resultaban válidas las propuestas que reducían la historia prehispánica a un proceso de migraciones. En su obra defendió la existencia de una migración oriental, una migración de los Llanos Orientales y finalmente el arribo de grupos centroamericanos, entre los cuales se incluían los muiscas. El interés por entender la organización económica indígena continuó con el propio Antonio García, el mismo que en 1937 había hecho una de las primeras críticas a la arqueología. García fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde alcanzó a ser vicerrector, y consultor de la reforma agraria. Además fue director del Instituto Nacional Indigenista. Su visión sobre el pasado prehispánico, y más importante aún, sobre los arqueólogos, se encuentra en Bases para la economía contemporánea (1948) y en La Crisis de la Universidad (1985). El primero es un intento de conciliar la doctrina ortodoxa marxista, aunque García no fue un militante de partido, especialmente en sus aspectos evolucionista y materialista, pero sin caer en el

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“fetichismo doctrinario” de la Unión Soviética. En su opinión, la historia de la humanidad se podía dividir en fases que iban desde el colectivismo primitivo hasta el socialismo planificado. Sin embargo, dicha clasificación resultaba apresurada, si no se tenían en cuenta factores “geoculturales”, es decir, si no se hacía abstracción de los aspectos puramente económicos, los tipos sociológicos y las diferencias en el ámbito cultural, los cuales, a su vez, eran susceptibles de diversas clasificaciones. Un ejemplo: el colectivismo primitivo existía en las más diversas sociedades indígenas, desde los contemporáneos kofán del Amazonas, hasta los antiguos incas del Perú prehispánico. Sin embargo, ese colectivismo se manifestaba de una forma muy distinta en cada sociedad. En todo caso, por encima de las diferencias, se distinguía por la inexistencia de la personalidad individual y la escasez de medios técnicos para dominar la naturaleza; sin embargo, tenía un enorme potencial evolutivo: permitía la acumulación de excedentes, la sistematización del trueque, la agricultura y la domesticación de animales. En la zona tropical su desarrollo era lento, en la medida en que el progreso agrícola también lo era. Solo después de una dilatada experiencia y cuando se alcanzaba una alta densidad de población, como en el caso de los muiscas, era posible pasar de la agricultura migratoria a la sedentaria. En su argumentación, García no incluyó los resultados a los que habían llegado los arqueólogos de su época, los cuales, dada su probada aversión por el evolucionismo, de todas maneras probablemente no le habrían resultado útiles. En realidad, su opinión sobre los arqueólogos era bastante pobre, debido en parte al conflicto personal que tuvo con uno de ellos: Luis Duque Gómez. En su condición de rector de la Universidad Nacional, este último lo había apartado de su cargo como vicerrector. La reacción no se hizo esperar. García dirigió una carta a Misael Pastrana, presidente conservador que había nombrado a Duque, para expresarle que con ese nombramiento los profesionales de la Universidad Nacional “tendrían el mismo rango y la misma inocuidad que los arqueólogos formados en Estados Unidos”. El nombramiento de Luis Duque (quien es justo decirlo no se formó en los Estados Unidos), afirmó García, era premeditado por parte de un gobierno que no quería una ciencia comprometida. La afirmación de García se debe entender en su contexto. El contacto que tuvo con la arqueología correspondió a la creciente influencia norteamericana y en particular de la arqueología financiada por entidades estadounidenses. El caso es que, para García, estudiar la estatuaria prehispánica de San Agustín—precisamente la especialidad de Duque—no implicaba el compromiso de una investigación social entre los campesinos contemporáneos que llevaban su vida indigente al lado de las estatuas. Diego Montaña, otro militante del partido, pretendió retomar, al igual que García, el interés que sentía olvidado en los arqueólogos por el evolucionismo. Sus trabajos más importantes sobre el pasado prehispánico fueron Sociología Americana (1950), Colombia-país formal y país real y algunos artículos de sus Memorias (1996). En el primero, Montaña criticó las visiones de la historia que la reducían a cuestiones de raza o de determinismo geográfico. En este sentido, su obra no se apartó de la crítica a los aspectos más cuestionables del evolucionismo. Las teorías sobre raza se basaban en el estudio de cráneos y constituían hipótesis aventuradas, mientras aquellas que se inspiraban en el medio simplificaban todo al considerar que los pueblos debían soportar la ley del suelo que le había tocado en suerte (Montaña 1950: 19-20). No obstante, los aspectos físicos eran importantes. No era gratuito que los indígenas muiscas se hubieran formado gracias a la acción de la atmósfera enrarecida y la temperatura uniforme que constituye el ambiente en los Andes (Montaña 1950: 21). Tampoco, que de esas mismas condiciones hubiera surgido un tipo propenso a la vida industrial, sedentaria, a la agricultura, a la elaboración de tejidos y cerámica. Sus cortos dedos, por ejemplo, eran eficaces auxilios para las labores industriales (Montaña 1950: 22).

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Es más, incluso los aspectos geológicos no eran despreciables. La geología de Suramérica era peculiar en comparación con cualquier otro continente y, por lo tanto, no tenía nada de raro que la formación de sus pueblos también lo fuera (Montaña 1950: 63-5, 86). Los pueblos colombianos eran producto de tres migraciones. Las razas más antiguas correspondían a las culturas megalíticas del Titicaca, las cuales se relacionaban con San Agustín. Esta temprana migración incluía a los pastos, quimbayas, catíos, zenues, chibchas y guanes. La segunda oleada migratoria había llegado a través del Orinoco y podría tener, aun cuando no estaba comprobado, influencia fenicia. Finalmente, habrían arribado pueblos a través del río Magdalena, entre los cuales se encontraban los panches, los pijaos y, en fin, los pueblos caribes (Montaña 1950: 159-163). Con esta propuesta, desde luego, Montaña terminó por alejarse completamente de una visión evolucionista, aunque en todo caso reconoció algunas etapas en el desarrollo de ciertos pueblos. Por ejemplo, entre los muiscas se podía hablar de una época marcada por cataclismos geológicos, seguida de la consolidación del pueblo muisca que encontraron los españoles. Su interés por los muiscas no era gratuito. Su tesis de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional había sido un intento de recuperar el pasado aborigen y en sus Memorias se incluyó un artículo titulado “La Cultura Chibcha vista desde abajo” (Montaña 1996: 113-27). En Colombia-país formal y país real se encuentra un argumento más elaborado contra el determinismo ambiental y el determinismo racial. Los llamados “males” que se le achacaban al pueblo colombiano no eran más que condiciones sociales que podían ser remediadas. De allí que dedicara un capítulo, titulado “la realidad física y social de Colombia en la época primitiva” (Montaña 1963: 29-56), a comprender aspectos relacionados con la organización social y el desarrollo de las fuerzas productivas antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, el medio y las migraciones, de nuevo, se tomaron como aspectos sin los cuales el pasado prehispánico no se puede entender. Por ejemplo, los muiscas se destacaron como pueblo laborioso debido al clima frío y la ausencia de ganado. La estatuaria de San Agustín, por su parte, demostraba una fuerte influencia polinésica (Montaña 1966: 35). Incluso los políticos de izquierda, aquellos que tenían los mejores argumentos en contra de la arqueología históricocultural, pero que también los tenían para defender el evolucionismo, terminaron, como lo ilustra el caso de Hernández Rodríguez y Diego Montaña, plegados a la visión más tradicional del pasado prehispánico. Una visión en la que el peso del anti-evolucionismo, y el apego a las migraciones, terminaría si no por imponerse, sí por ejercer una enorme influencia. Durante la década de los setenta, cuando el marxismo hizo sentir su influencia en las universidades colombianas, al igual que en las europeas y norteamericanas, numerosos investigadores aplicaron ese pensamiento a las sociedades prehispánicas. Esta nueva generación, en gran parte educada en la Universidad Nacional de Colombia, o al menos con vínculos con ella, escribió en un contexto en el cual el tema era debatido ampliamente en otros países de América Latina. En los setenta se hizo famoso el debate sobre el carácter feudal o capitalista de la América colonial. Algunos de los participantes en el debate de esa época— entre ellos Andre Gunder Frank. Rodolfo Puiggros y Ernesto Laclau (1972: 56-61)— consideraron importante precisar la naturaleza de la sociedad indígena al momento de la conquista. La idea de “modos de producción” y en particular la propuesta del modo de producción asiático fueron populares. Roger Bartra había escrito en México Marxismo y sociedades antiguas (1975). También en México se habían publicado las versiones en español de la obra de Maurice Godelier, El Modo de Producción Asiático, la de Jean Chesnaux El Modo de Producción Asiático y de Antonine Pelletier y Jean-Jacques Goblot Materialismo Histórico e Historia de las Civilizaciones. En Colombia se tradujo y publicó Las Sociedades

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Primitivas y el nacimiento de las sociedades de clase, según Marx y Engels, con prólogo de Jorge Orlando Melo. Siguiendo el ejemplo de Hernández Rodríguez, García y Montaña, algunos investigadores de la década de los setenta se animaron a investigar el pasado prehispánico, particularmente sobre los muiscas. La idea de una historia propia, y de conocer las raíces de la sociedad colombiana y la desigualdad social resultaban más que estimulantes. Desde luego, algunos de los primeros que desde la izquierda se habían preocupado por el tema de las sociedades prehispánicas tenían una influencia de las obras de Marx, pero también de la sociología norteamericana. Con la segunda generación ese entusiasmo continuó, pero con una mayor orientación hacia la Universidad Soviética o las universidades europeas, pero rara vez hubo un sólido aporte de ellas, especialmente de las primeras. En Moscú, la investigadora Svetlana Sózina (1978) publicó “La Formación de los Estados Muiscas”, pero la trascendencia de ese trabajo fue mínima, entre otras cosas por la falta de rigor con el manejo de la información y porque pese a su aproximación “marxista” no agregaba mucho a los estudios clásicos sobre los muiscas del siglo XIX. En Colombia de mediados de los setenta salió a la venta Ensayos marxistas sobre la Sociedad Chibcha, que incluyó artículos de Francisco Posada, José Rozo y Sergio de Santis (s.f.); Los Muiscas-organización social y régimen político, de José Rozo (1978), quien estudió en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, y Notas sobre el modo de producción precolombino y La Formación Social Chibcha publicados por Hermes Tovar (1974, 1978). Todos estos libros tenían un formato económico, con la pretensión de alcanzar a gran público al cual seguramente las obras de los arqueólogos no llegaban. Este pequeño, pero activo, grupo de académicos, ninguno de ellos arqueólogo, estaba interesado en el pasado indígena y dispuesto a explorar interpretaciones muy diferentes a las de quienes por entonces se consideraban expertos en el tema. Francisco Posada, como Hernández Rodríguez, era abogado que profundizó sus estudios en filosofía en Francia y Alemania. Además de su interés por los muiscas, trabajó sobre problemas agrarios y el movimiento comunero. Pese a su corta edad al morir, 34 años, llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Los objetivos de sus Ensayos marxistas incluyeron identificar el nivel de desarrollo de los muiscas dentro de escalas evolucionistas, determinar los alcances de la noción de comunidad, analizar la estructura familiar, comprender las formas de trabajo y el desarrollo de los medios de producción. La motivación: conocer las tradiciones nacionales, entender la sociedad que surgió después de la conquista y el impacto de la misma (Posada, Montaña y Santis s.f.: 6). El caso de Hermes Tovar es algo diferente. Historiador (uno de los primeros graduados de esa carrera en la Universidad Nacional de Colombia), con estudios en Chile e Inglaterra, fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde se interesó por el tema de las sociedades prehispánicas gracias a Antonio García. Su obra enfatizó la necesidad de estudiar las estructuras de tenencia de la tierra y las formas de trabajo, como antesala para diseñar reformas agrarias y entender al campesinado andino (Tovar 1974: 5-14). El estimulo para hacerlo fue muy similar al de Posada; reclamó la necesidad de hacer un análisis estructural de la historia latinoamericana que incluyera comprender las características de las sociedades que encontraron los europeos y cómo se habían transformado en el contexto capitalista. Su investigación enfatizó la necesidad de comprender el modo de producción de las comunidades indígenas en sus propios términos, sin acudir a los modos ya conocidos en el Viejo Mundo. El trabajo de Posada, Rozo y Tovar, no fue una excepción al alejarse de la arqueología oficial. El primero se concentró en la sociedad muisca del siglo XVI razón por la cual las crónicas de

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la conquista proveían información si no suficiente por lo menos satisfactoria. No desconoció una dinámica anterior al siglo XVI; por ejemplo, aceptó la existencia de una etapa arcaica en la cual había predominado la recolección de alimentos, a la que había seguido la producción de los mismos; incluso, coherente con la tradición que García y Montaña habían seguido, reconoció el papel del medio ambiente en ese proceso. En ese sentido, propuso que como en la Costa Caribe los recursos eran abundantes los indígenas habían podido vivir de la recolección; en cambio los grupos andinos se habían visto “obligados a abrirse un nuevo camino: la rareza de alimentos suministrados por la naturaleza los llevó a producirlos” (Posada s.f: 14). Por otra parte, su trabajo consideró que los muiscas se encontraban en una etapa de transición en la cual no había formas clásicas de propiedad. Contrariamente a Hernández Rodríguez, para quien los muiscas habían sido una sociedad “bárbara”, para Posada, se podía hablar de la disolución de los hábitos de la barbarie neolítica. No obstante, no brindó una interpretación dinámica de esa transición. Cuando se acudió a los arqueólogos fue para sustentar que los datos de Emil Haury y Julio César Cubillos—así como las más recientes contribuciones de Sylvia Broadbent—, quien había llegado a la Universidad de los Andes, ayudaban a sustentar la idea de un poblamiento disperso, que podía plantearse también a partir de los documentos. En algunas ocasiones se acudió a algún dato arqueológico para sustentar el desarrollo tecnológico—o falta del mismo—entre las comunidades nativas. Pero los arqueólogos de la época estaban interesados en saber qué cerámica era más antigua que la otra, y poco podían aportar al esfuerzo de Posada. Hermes Tovar (1974) admitió que en muchos casos se contaba únicamente con información arqueológica para reconstruir cómo habían sido ciertas comunidades en el pasado. Sin embargo, a lo largo de su trabajo, cuando diferenció entre comunidades tribales, compuestas, ampliadas, reinos comunitarios e imperios comunitarios, todas formas sociales propias de la América precolombina, el aporte de la información arqueológica fue mínimo. Los grupos caribes eran ejemplo de sociedades tribales, los quimbaya de comunidad compuesta; los muiscas, los taironas y San Agustín de comunidades ampliadas. Pero lo que respaldó el esquema de Tovar no era el trabajo de los arqueólogos. Cuando explicó la naturaleza de las comunidades tribales acudió a los datos de cronistas sobre los grupos caribes. Incluso la analogía etnográfica valía como alternativa para demostrar por una parte cierto determinismo ecológico, y por otra, la validez de comparar las sociedades “primitivas” de hoy con una fase histórica. Tovar se sirvió de la información sobre sociedades contemporáneas de las tierras bajas—de la Amazonia y Orinoquía—para entender la “comunidad tribal”, dado que asumió que ellas habrían sido siempre más comunes en las tierras bajas y regiones tropicales (Tovar 1974: 17 y 22). José Rozo (1978) afirmó que el proceso de cambio social pasaba por las etapas de Preestado, Semiestado y Estado; en la primera se encontraban los caribes; en la segunda, algunos grupos caribes y otros arawak; los muiscas se hallaban en transición entre las dos últimas. La formación de clases sociales fue atribuida al desarrollo de la agricultura (en contraste con la ganadería que explicaba el proceso en el Viejo Mundo), lo cual revelaba por qué había sido comparativamente tan lento. No obstante, a la hora de referirse a la formación del Estado entre los muiscas, acudió a los relatos de cronistas que narraban las guerras entre caciques indígenas poco antes de la llegada de los conquistadores. Así, el desarrollo de los “muiscas” solo podía analizarse con una profundidad histórica equivalente a la que la propia memoria indígena alcanzaba en el momento de la conquista. Más atrás, los arqueólogos solo podían hablar de “secuencias cronológicas” sin sentido de cambio social. No todos los ensayos marxistas que se preocuparon por el tema indígena llegaron a las

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mismas conclusiones. Para la mayoría, al igual que para los criollos del siglo XVIII, demostrar logros culturales y un notable grado de civilización fue importante; tal fue el caso de Torres, por ejemplo. Un disidente del estudio de cómo se habían desarrollado, aunque fuera de manera insipiente, las diferencias sociales entre los muiscas, fue Hernán Sepúlveda (1978). Este autor aseguró que las sociedades prehispánicas eran tan igualitarias que podían servir de inspiración para pensar la existencia de sociedades sin divisiones ni explotación de clases. Ello implicaba, rechazar tergiversaciones históricas con un claro objetivo de colonialismo cultural. Pero al igual que los demás, también la obra de Sepúlveda se caracterizó por escasas referencias al trabajo de los arqueólogos. Muchos investigadores interesados en el pasado, pero que no militaban en el marxismo, se interesaron por asuntos parecidos a los de Rozo, Tovar y Posada. En particular se desarrolló un enorme interés por conocer la organización social indígena, y en particular muisca, y la forma como se desarrolló posteriormente la sociedad campesina y colonial. Los ejemplos son numerosos: Germán Colmenares, Juan Friede, Darío Fajardo, Fals Borda, y también Broadbent, quien llegó al país como arqueóloga, incursionó en el asunto con un estudio titulado Los chibchas, organización socio-política (1964). Casi todos ellos se interesaron por el trabajo, la organización económica y la demografía. Pero ninguno de ellos se basó para esto en la producción de los arqueólogos. Durante los setenta, Germán Colmenares (1970), Juan Friede (1974) y Darío Fajardo (1964) se interesaron por la organización social indígena en el momento de la conquista con el fin de hacer historias regionales basadas en aspectos sociales como la demografía y la distribución de la tierra. Pero para estudiar el tema consultaron extensamente la información documental, no el trabajo de los arqueólogos histórico-culturales que simplemente no estaban interesados en esos temas. Ni siquiera Broadbent (1964), quien conocía de primera mano la información arqueológica, pudo utilizar un solo dato del registro arqueológico para reconstruir la organización social muisca. Consideraciones finales Durante el siglo XX no se desarrolló una arqueología marxista en Colombia, pero sí una corriente—o varias—de pensamiento de izquierda (nutrida del marxismo en diferente grado) que se ocupó del tema de las sociedades prehispánicas. Para esas corrientes, fue difícil aprovechar la información que aportaba la arqueología. Enfrascada en la descripción de cerámica, en la definición de áreas culturales y en la especulación sobre relaciones culturales y migraciones, poco podía aportar sobre temas que a partir de los setenta, no sólo los investigadores marxistas, sino también, en general, quienes compartían su interés por el evolucionismo, empezaban a considerar cada vez más prometedores. El resultado fue una abundante producción bibliográfica. Por fuera de la arqueología, se comenzó a rescatar el evolucionismo y la idea de poder reconstruir cómo se habían organizado las sociedades del pasado y cómo habían cambiado a través del tiempo. La resistencia al evolucionismo por parte del establecimiento se imponía una vez más como una estrategia que fue vista desde el punto de vista de quienes no practicaban la disciplina como una estrategia para no investigar el pasado y no imaginar—y construir—el futuro. No obstante, las propuestas de la izquierda colombiana sobre el pasado prehispánico estuvieron plagadas de problemas. Se alejaron de la investigación empírica destinada a apoyar sus ideas sobre el pasado. La reflexión sobre cómo se articulaban sus categorías de pensamiento con el estudio del registro arqueológico fue nula, o casi nula. En muchos casos asumieron como ciertas, ideas claramente desvirtuadas sobre la influencia del medio, las migraciones, la difusión, e incluso caducas nociones de raza, y las incorporaron sin crítica en

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sus esquemas interpretativos. En muchos casos no escaparon del determinismo ambiental o de ingenuas comparaciones etnográficas. Nunca pudieron desarrollar una noción de cultura que no fuera equivalente a la concepción normativa de la arqueología institucional. En otros casos, simplemente aceptaron esquemas tipológicos en los cuales se acomodó la información etnográfica y arqueológica sobre las sociedades indígenas con poco análisis crítico. Pero lo cierto es que pese a todas esas limitaciones, su trabajo resultaba más interesante que los esfuerzos de la arqueología profesional por “entender” el pasado. Las enormes limitaciones de la izquierda en alejarse de las propuestas basadas en migraciones y difusión, así como de los rígidos esquemas clasificatorios, no evitan pensar en las ventajas de sus propuestas sobre aquellas que se basaban en la descripción “científica” e inocua de restos arqueológicos. No obstante, la arqueología histórico-cultural resultó en su momento, y aún hoy, extraordinariamente refractaria a cualquier cambio. Las propuestas de los pensadores de izquierda tampoco fueron atractivas. Ninguna fue tomada con interés por parte de los arqueólogos profesionales. Y, como se ha demostrado, terminología aparte, la izquierda terminó plegándose a las interpretaciones basadas en migraciones, difusiones e influencias, es decir al paradigma de la arqueología histórico-cultural. Más tarde, cuando en Colombia se introdujo la arqueología procesual, se rechazó cualquier aporte que ella pudiera ofrecer. Pero se le rechazó desde la arqueología histórico-cultural. Es decir desde una propuesta aún más conservadora y positivista. De nuevo, una larga tradición histórica de hacer las cosas terminó por asimilar cualquier corriente innovadora. En todo caso la lección difícilmente se aplica a la arqueología histórico-cultural. Ella se resiste a cualquier reforma profunda, y aunque acepte la terminología de la moda de turno, resulta inmune al cambio conceptual. No obstante, pensando positivamente, la lección es más útil para una mejor arqueología marxista. La producción intelectual marxista es atractiva por la solidez de la filosofía materialista, sus objetivos académicos y miras políticas. Pero, en general, hasta ahora ha sido limitada por sus resultados empíricos y metodologías. Es crítica su falta de identidad que en resumidas cuentas la acerca a la arqueología histórico-cultural, si no por su discurso teórico, sí por sus resultados. La notable persistencia de la arqueología tradicional en Colombia puede ser excepcional, pero otros países de América Latina no están exentos—en mayor o menor grado—de ese fenómeno. La arqueología marxista latinoamericana, a veces vista de forma un tanto paternalista por algunos (McGuire 1992), no se ha librado de ella. Una historia de la arqueología marxista en América Latina está aún por hacerse, aunque se han adelantado algunos estudios importantes (McGuire 1992: 64-8; Patterson 1994; Politis 1995, 1999; Zarankin y Acuto eds. 1999). Pero lo cierto, pese al balance desigual que esa historia pondrá al descubierto, es el notorio lastre de los aspectos más negativos de la arqueología histórico-cultural. Al respecto, cabe un comentario. De acuerdo con Oyuela, Amaya, Elera y Valdez (1997: 371-2) no existe una arqueología social (i.e. marxista) latinoamericana en la medida en que quienes la practican no comparten una sola escuela unificada de pensamiento. Los autores tienen razón al quejarse de que la arqueología en América Latina se estereotipe como perteneciente a una sola práctica (i.e. la “arqueología social”). Pero desde otro punto de vista, según esa observación, simplemente no habría arqueología de ninguna clase. En efecto, la afirmación es cuestionable por diversas razones. Primero por su sesgo positivista que ve en la conformación de una escuela “unificada” la madurez de una disciplina. Segundo, porque el marxismo es pretendidamente— independientemente de cualquier juicio de valor sobre su validez—una teoría unificada. Pero además, en el fondo, porque en la práctica sí parece existir un cuerpo unificado de teoría detrás de gran parte de la arqueología marxista en América Latina. Lo malo es que ese cuerpo proviene de la arqueología histórico-cultural. O a lo sumo, de la ecología-cultural.

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Un ejemplo es Cuba, la cual según McGuire (1992: 65) inspira buena parte de la arqueología marxista en América Latina. En Cuba la mayor parte de las publicaciones involucra ritualmente terminología marxista, pero continúa—en la práctica—siendo una clásica arqueología histórico-cultural como la que se hacía en los años cincuenta (Tabío y Rey 1987; Guarch 1987; Domínguez 1995). Por ejemplo, Tabío (1995: 134) considera un “deber” de los hombres de ciencia seguir el materialismo histórico y dialéctico, pero su estudio del pasado de las Antillas no es más que un debate en torno de la propuesta cronológica de Rouse en los mismos términos propuestos por la arqueología histórico-cultural (Tabío 1995: 134). Otro ejemplo: Guarch (1987: 53-8) hace una defensa del término de “tradición” virtualmente indistinguible de su definición en Norteamérica alrededor de los años cincuenta; además, plantea como “novedoso” aporte de la arqueología cubana la ubicación de objetos en una escala tridimensional y la defensa de las excavaciones estratigráficas (Guarch 1987: 60-7). En Perú (Lumbreras 1974) y México (Gándara 1981; Gándara, López y Rodríguez 1985), se han producido reflexiones teóricas, generalmente encausadas a criticar la arqueología procesual, pero también la aproximación histórico-cultural. Sin exageración se puede afirmar que las críticas más demoledoras a la arqueología procesual se produjeron gracias a esos trabajos. Pero a la hora de interpretar el pasado prehispánico, las propuestas “marxistas” no parecen, en muchos casos, alejarse demasiado de la práctica convencional. Después de una amplia discusión teórica sobre la necesidad de una arqueología basada en la idea de modos de producción, al tratar la arqueología colombiana, Lumbreras (1981: 45-52) no criticó la interpretación basada en el modelo ecológico-cultural de Reichel-Dolmatoff. Es más, terminó por aceptar explícitamente los conceptos histórico-culturales de “horizonte” y “tradición”, sobre todos aplicados a la metalurgia, los cuales habían sido ya criticados en Colombia por hacer parte de lo más revaluado de la arqueología histórico-cultural. Muchos aportes teóricos “marxistas” en México (i.e. Sarmiento 1992) se han limitado a revivir propuestas históricoculturales esquemáticas de los años cincuenta, o modelos como el de Service (1962) basados en la secuencia bandas-tribus-cacicazgos-estados. En Venezuela, la producción ha sido amplia (Vargas y Sanoja 1999; Sanoja y Vargas 1995, 1999). No obstante, gran parte de la producción, cuando se hace abstracción del caparazón terminológico tiene más de arqueología histórico-cultural y ecogico-cultural. La interpretación del pasado prehispánico de Venezuela continúa aceptando una visión normativa de la cultura con el consecuente peso en las migraciones, la difusión y las influencias como alternativa a explicaciones más dinámicas de cambio social centradas en las sociedades que sufren dichos cambios. En Colombia, hasta donde llega el conocimiento del autor de este artículo, únicamente dos arqueólogos profesionales han asumido la “arqueología social” como propia, los dos bajo influencia de Mario Sanoja e Iraida Vargas. En el prólogo a la obra de Carlos Angulo Valdéz (1995), se formuló que había tres tipos de arqueología: una que asumía que la disciplina era “antropología del pasado” y que estaba orientada a establecer regularidades “atemporales” y “aespaciales” entre culturas desaparecidas; otra, la arqueología procesual, que generaba “leyes atemporales y ahistóricas” y, finalmente, la arqueología como ciencia social, que consideraba la disciplina como una saber histórico. Efectivamente el trabajo presenta una visión histórica de los “modos de vida” del Caribe colombiano: Comunitario simple, de producción tribal o productor y de vida aldeano-cacical. No obstante, la síntesis de la arqueología del Caribe se expone en los mismos términos en que Angulo la había presentado en 1962 (salvo nuevos sitios y nuevos períodos), en el marco de una interpretación ecológicocultural. Otro ejemplo, es la reciente obra de Rodríguez (2002) sobre el Valle de Cauca. El prólogo, escrito por Mario Sanoja e Iraida Vargas, se congratula por la aplicación correcta de

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las categorías de la arqueología social. Pero la visión de la secuencia arqueológica del Valle del Cauca no es realmente interpretada de forma diferente a la que convencionalmente se ha trabajado en obras anteriores, aunque sin usar categorías como “formación social” y “modo de vida”. De ningún modo quiere decir que los trabajos de Angulo y Rodríguez no sean válidos. Lo que significa es que, despojados de cierta terminología, son trabajos que tienen de marxistas lo mismo que muchos otros trabajos que no acuden a esa terminología. Y también que en ambos casos la herencia con la propuesta histórico-cultural y de la ecología cultural es grande. El reto es demostrar que la arqueología marxista no sufre del mismo síndrome de la arqueología histórico-cultural: ser capaz de decir lo mismo siempre, independientemente de cualquier contacto con la realidad, simplemente modificando su retórica. Es más, consiste en aclarar que en el fondo (es decir salvo terminología académica y política aparte) arqueología histórico-cultural y marxista no son lo mismo. El ejemplo de la relación entre los pensadores marxistas y la arqueología en Colombia sirve para ilustrar un punto vigente no solo en el país, sino también—como lo insinúan los ejemplos anteriores—en otras partes de América Latina. Una de las más severas limitaciones de los intelectuales marxistas interesados en el pasado prehispánico en Colombia fue la ausencia de reflexión sobre lo que se puede inferir del registro arqueológico. Esa tarea se le dejó a otras escuelas y se ha perdido la posibilidad de evaluar productivamente la fortaleza del marxismo para estudiar el pasado prehispánico. Recientemente, Borrero (2004: 76) se ha preguntado si es necesaria—o útil—una arqueología nacional o sudamericana con esquemas de pensamiento “propios”, los cuales en la práctica se han proclamado como necesariamente marxistas (Benavides 2001). Borrero tiene razón cuando afirma que lo que se requiere es buena arqueología (que no necesariamente se deslinda del compromiso político), no líneas de pensamiento que se dediquen a discutir “categorías correctas” de pensamiento o a establecer quien es poseedor de un pensamiento “políticamente correcto”. Como anota Valdez (2004), la arqueología social tampoco progresará en tanto se piense como pensamiento “nacional” o “latinoamericano” cerrado a las contribuciones reales de la disciplina en otras partes del mundo y, en particular, mientras se siga creyendo que todo lo que se produce por fuera de un determinado círculo de colegas, o peor aún por fuera de Latinoamérica, es reaccionario y colonialista. No habrá arqueología marxista sin una profunda autocrítica del legado histórico-cultural y ecológico-cultural que aún la atrapa—pese a lo locuaz de su terminología; no podrá existir, además, sin un verdadero compromiso con el estudio del registro arqueológico que pueda competir efectivamente con otras formas de hacer arqueología, en lo académico y en lo político. De otra forma cuando se quiera discutir sobre teoría o sobre cuál es la forma “correcta” de hacer las cosas se leerán trabajos de “arqueología social”, pero cuando se quiera aprender sobre el pasado prehispánico se consultarán otras fuentes. Y ese es un lujo que no nos podemos dar. BIBLIOGRAFIA Angulo, Carlos (1962) Evidence of the Barrancoid Series in North Colombia. En: The Caribbean: Contemporary Colombia (Wilgus A. Curtis ed.): 55-66. Gainesville: University of Florida Press. Angulo, Carlos (1995) Modos de vida en la prehistoria de la llanura atlántica de Colombia. Barranquilla: Centro de Estudios Regionales-Universidad del Norte.

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A Arqueologia do conflito no Brasil “Com o golpe de 1964, a Universidade de São Paulo, como todas as universidades do Brasil, foi entregue à políticas implacável do rinocerontes, que sonham com uma universidade só de catedráticos, mas sem alunos. Os rinocerontes passaram a ser apoiados pela situação implantada em 1964”. Paulo Duarte (1970:371).

Pedro Paulo A Funari* Nanci Vieira de Oliveira** Introdução A História recente da Arqueologia, no Brasil, foi bastante tumultuada. Surgida no século XIX, apenas depois da Segunda Guerra Mundial a Arqueologia tomaria rumos acadêmicos no Brasil, em especial graças às iniciativas de Paulo Duarte. O golpe militar de abril de 1964, contudo, representou um momento de inflexão da disciplina, que se inclinava para o humanismo francês, inspirada em Leroi-Gourhan e no respeito aos direitos humanos. O país mergulhou num regime de repressão crescente, com a cassação de inúmeros políticos, líderes sindicais e intelectuais, culminando com o AI 5, medida ditatorial explícita (1968), com a junta militar (1969), com exílio, detenção e assassinato de opositores à ordem discricionária. Já em 1964, iniciava-se um Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, sediado em Washington, sob a égide da aliança entre os Estados Unidos e o regime militar. Em 1969, com a ascensão de intelectuais ligados ao regime, cassam-se muito acadêmicos, com destaque para Paulo Duarte, com a conseqüente tentativa de destruição do Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo (Duarte 1994). Apesar da abertura do regime, a partir da Anistia, em 1979, o regime manteve o controle das instituições de pesquisa e, em particular, da Arqueologia, até 1985. Próceres do regime controlavam as pesquisas e as instituições e promoviam seus afilhados em cargos e funções, herança pesada que marcaria o período de restauração das liberdades civis em 1985. A liberdade permitiu que florescessem pesquisas e pontos de vista os mais variados, mas a tutela dos herdeiros do regime militar, que passaram a se apresentar como democratas, dificultou, no que foi possível, o estudo dos conflitos sociais pela Arqueologia. As pesquisas pioneiras sobre quilombos e sobre Canudos, desde a década de 1990, abriram caminhos inovadores, mas o estudo da repressão, durante o período militar, continuou a contar com um óbice oculto: o papel político dos herdeiros do regime, ainda importante em pleno século XXI (Funari 2002; 2003a). Neste contexto, entende-se que pouco se pesquisou, até o momento, sobre o período ditatorial, o que, por outro lado, permite esperar que, nos próximos anos, a pesquisa possa se desenvolver com grandes contribuições. A Arqueologia brasileira insere-se, cada vez mais, nas discussões internacionais (cf. Funari, Zarankin e Stovel 2005) e as novas gerações, isentas da colaboração com o regime militar, podem voltar-se para tais temas com autonomia. Neste capítulo, trataremos, num primeiro momento, das bases epistemológicas que nos permite propugnar a importância do estudo dos conflitos sociais pela Arqueologia para, em seguida, apresentarmos um estudo de caso, único em nosso país, sobre a Arqueologia dos

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Professor Titular, Departamento de História (DH/IFCH/UNICAMP), Coordenador-Associado do Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE/UNICAMP), Universidade Estadual de Campinas. ** Professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Diretora do Laboratório de Antropologia Biológica (LAB/UERJ).

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desaparecidos. Concluímos com algumas considerações sobre as perspectivas futuras de pesquisa e ação social. O estudo arqueológico dos conflitos sociais Nos últimos anos, os estudiosos têm demonstrado interesse crescente em explorar o uso da cultura material para estudar conflitos e lutas sociais, assim como na maneira como a interpretação do passado é construída pelas concepções modernas. Conflitos no passado e na sua interpretação constituem preocupações cada vez mais atuais. A sociedade caracteriza-se, sempre, pelo conflito e, a partir de uma epistemologia dialética, a experiência dos povos do passado é considerada como parte de um confronto constante entre atores sociais. A História das sociedades dividas por classes implica o estudo da apropriação de excedentes, assim como da exploração que engendra conflitos abertos e contradições internas na sociedade e das forças de dominação e resistência. A interpretação desses conflitos é maleável e subjetiva e podemos interpretar o passado como um conjunto de textos complexos, formando um discurso. Se o conflito e a subjetividade fazem parte tanto da evidência quanto de sua interpretação, é inevitável a multiplicidade de interpretações e não se pode evitar tomar posições. Há diferentes maneiras de conhecer o passado e devemos afrontar a questão de quem pode saber e de quem pode participar no processo de invenção e ressignificação do passado. Neste contexto, trataremos, neste capítulo, dos estudos arqueológicos sobre os conflitos durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), com um estudo de caso, visando, também a apontar as perspectivas de pesquisa. O estudo da cultura material pode ser um poderoso instrumento na análise das histórias subalternas e na transferência de poder para os próprios agentes sociais e as controvérsias sobre a interpretação dos mecanismos materiais de repressão fornece um bom exemplo da relevância do estudo do passado para a sociedade em geral. Como costuma acontecer com estudos científicos, este capítulo levanta tantas questões quanto propõe respostas, mas, antes que apresentarmos soluções aparentemente corretas, preferimos incentivar uma discussão pluralista do tema. Quando se busca descrever e interpretar as culturas do passado, convém incorporar o estudo tanto de textos e relatos orais, como de artefatos, o que é particularmente relevante no estudo da repressão no Brasil recente. Os dados textuais, orais e materiais podem ser encarados como interdependentes, complementares e contraditórios, ao mesmo tempo. Neste contexto, para lidar com a tarefa de interpretar o conflito no interior da sociedade impõe-se uma abordagem interdisciplinar que combine análise textual, oral e artefatual, com aportes sociológicos e antropológicos, entre outros. O conflito tem sido, tradicionalmente, interpretado pelos grupos sociais dominantes. Até a década de 1960, os arqueólogos voltavam-se quase que de forma exclusiva para os ricos e famosos, o que contribuía para a manutenção e reforço de ideologias conservadoras. Gradualmente, os arqueólogos começaram a seguir seus colegas nas Ciências Humanas e Sociais em seu estudo dos grupos subordinados e o estudo das evidências materiais dos grupos subalternos permitiu um acesso mais amplo aos grupos sociais pouco representados no registro escrito. Ainda que alguns estudiosos com pouco conhecimento da cultura material tenham questionado abertamente a capacidade de a Arqueologia poder contribuir para o conhecimento do passado, diversos livros e artigos publicados nos últimos anos confirmaram que a evidência material é de particular importância para a compreensão da complexidade dos conflitos sociais.

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Como interpretar o conflito social depende, de maneira direta, de como se entende a própria sociedade, interpretada pelos estudiosos, tradicionalmente, como entidades homogêneas e bem delimitadas. Esta noção, no estudo da cultura material, deriva da definição clássica criada por Vere Gordon Childe: “a cultura é uma herança social; corresponde a uma comunidade que compartilha instituições e modo de vida comuns [ênfase acrescentada]”. Esta definição implica harmonia e unidade no interior da sociedade, um compartilhar de interesses e, portanto, a ausência do conflito. As raízes desta compreensão da vida social encontram-se, em grande parte, em Aristóteles e sua definição de sociedade como koinonia, ou seja, como uma parceria (cf. Aristóteles, Política 1252a7). Compartilhar valores em uma cultura homogênea significa aceitar características e tradições comuns a todos (cf. Aristóteles, Politica 1328a21). A homogeneidade é um conceito originário dos movimentos nacionalistas e capitalistas e em direta oposição a uma abordagem internacionalista. As culturas, assim como as nações, foram vistas pela ideologia burguesa como entidades homogêneas e delimitadas e a História passou a ser concebida como o produto das ações e eventos associados a tais entidades homogêneas. A busca burguesa pela solidariedade nacional tem sido posta em questão desde Marx e, particularmente nos últimos anos, pelos críticos das interpretações da sociedade como entidades baseadas antes na solidariedade do que no conflito. Neste contexto, o conceito de cultura arqueológica pode ser entendido. Complexos materiais fechados e homogêneos são interpretados como o produto de grupos do passado porque, dizse, as pessoas dentro de tais grupos compartilhavam um conjunto de normas prescritivas de comportamento que eram aprendidas em tenra idade e, portanto, produziam uma cultura comum. A própria noção de doutrinação infantil inspira-se no uso das escolas na construção das identidades nacionais modernas, em um perspectiva burguesa, como no notável caso da França após a Revolução Francesa. As entidades arqueológicas são interpretadas da mesma forma, como unidades orgânicas equivalentes às nações burguesas. Contudo, contradições e conflitos sociais só são possíveis, em termos epistemológicos, se a sociedade for heterogênea e a dialética entre homogeneidade e heterogeneidade sociais torna-se compreensível neste contexto. A generalização, portanto, implica homogeneização e observa-se uma crescente insatisfação com o uso de abordagens normativas na interpretação da vida social. A natureza holística, monolítica de culturas e sociedades tem sido questionada tanto por estudos empíricos como teóricos, nas últimas décadas. Homogeneidade, ordem e limites têm sido associados ao pressuposto a priori que a estabilidade caracteriza as sociedades, antes que o conflito, uma concepção claramente conservadora e ahistórica. No entanto, um número crescente de dados e um estudo crítico do pensamento social têm desafiado este ponto de vista tradicional, passando a considerar a sociedade como heterogênea, com construções conflitantes sobre identidade cultural. Heterogeneidade, fluidez e mudanças contínuas implicam a existência de múltiplas entidades sociais, sempre em mutação na sociedade (Funari 2003b; Oliveira 2004). Neste contexto teórico insere-se o estudo da Arqueologia dos conflitos durante a ditadura militar. A Arqueologia dos desaparecidos no Brasil No Brasil, assim como na maioria das sociedades acadêmicas latino-americanas, ainda existe uma forte resistência de arqueólogos e antropólogos físicos em trabalhar com casos que estejam relacionados à violação dos direitos humanos. Da mesma forma, não parece haver

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interesse das instituições governamentais na presença de qualquer antropólogo ou arqueólogo forense nos quadros das instituições judiciais, como também não há procura por parte destas instituições aos pesquisadores acadêmicos, seja no auxilio com técnicas específicas ou no preparo das equipes de investigação para os casos que exijam exumações. Isto não indica a inexistência de tentativas na formação de equipes forenses, embora ainda sejam mínimas, como ocorreu em 1992 através do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, com a colaboração de antropólogos da Equipe Argentina de Antropologia Forense, e posteriormente, o empenho de antropólogos físicos envolvendo a Escola Nacional de Saúde Pública FIOCRUZ e o Museu Nacional - UFRJ para a vinda do antropólogo Douglas H. Ubelaker que ministrou um curso de Antropologia Forense. Arqueólogos e antropólogos físicos brasileiros estão acostumados a trabalhar com restos materiais de um passado distante da realidade sócio-política do próprio pesquisador. O desafio de uma Arqueologia e Antropologia Forense brasileira é a possibilidade de romper com uma postura dita “neutra”, ao articular as experiências acadêmicas com a demanda de feridas de um passado ainda presente, que envolvem familiares de desaparecidos políticos, buscando respostas a indagações que incomodam a muitos na sociedade atual. Mas, muito mais que esta contribuição para um momento histórico do país, a articulação com os problemas sociais brasileiros, onde a violência no campo, e cada vez maior uma violência urbana, colocam a necessidade de investigações científicas. Onde estão os cientistas capazes de preparar investigadores competentes na sociedade? Onde estão os pesquisadores que possam contribuir com técnicas mais refinadas no resgate de cenas de vida e morte? Onde estão os pesquisadores que possuem um melhor conhecimento sobre as populações e práticas culturais brasileiras? Dentro dessa premissa, em 1992 integrei-me, com dois médico-legistas, aos trabalhos no cemitério de Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro. Acostumada a ter como objeto de pesquisa populações pré-coloniais, esta oportunidade significava exercer um campo em que o sentimento e a emoção seriam elementos marcantes, mas que por tal característica tornava-se desafiador. Estabelecer uma rotina de escavações arqueológicas com material humano recente significa estar submetido a uma burocracia policial, exigindo a integração da equipe à administração do cemitério e órgãos oficiais. De acordo com as informações levantadas pelos membros do GTNM/RJ, 14 desaparecidos políticos18 encontravam-se entre as ossadas em uma vala clandestina, aberta para depositar cerca de 2100 ossadas, oriundas de covas rasas comuns e de indigentes. Embora a partir do final da década de 70 tenha sido instituída a obrigatoriedade de individualização dos restos ósseos nos ossuários, geralmente em sacos plásticos, as escavações demonstraram que isto não ocorreu com os que foram depositados nesta vala clandestina. A partir da espacialização dos restos ósseos pretendia-se obter a identificação dos indivíduos presentes, entretanto no decorrer das escavações observou-se que os restos esqueletais encontravam-se totalmente desarticulados e impactados, misturados com materiais plásticos e metálicos das urnas funerárias. A presença da violência entre estes restos ósseos foi indicada por uma cápsula de fuzil, embora sem possibilidade de relacioná-la a qualquer individuo. Ramires Maranhão do Vale, Vitorino Alves Moitinho, José Bartolomeu R. da Costa, José Silton Pinheiro, Ranúsia Alves Rodrigues, Almir Custódio de Lima, Getúlio de Oliveira Cabral, José Gomes Teixeira, José Raimundo da Costa, Lourdes Maria W. Pontes, Wilton Ferreira, Mario Prata, Merival Araújo e Luis Ghillardini. 18

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Cabe mencionar que os “desaparecidos” correspondiam a pessoas de cor branca entre 18 e 45 anos, mortos por projéteis de arma de fogo, estando alguns carbonizados, todos mortos no inicio da década de 1970. A disposição dos restos ósseos em diferentes setores da vala indicou que os sepultamentos foram exumados de suas covas sem qualquer cuidado, apresentando muitos dos restos ósseos marcas de impactos por enxadas, transportados provavelmente vários ao mesmo tempo e jogados no local. Tais características ampliaram a dificuldade em identificar as ossadas, mesmo dispondo das fichas cadavéricas dos desaparecidos políticos. Assim, a possibilidade resumia-se nos crânios, porém estes também não apresentaram as condições que presumíamos inicialmente. Quando não totalmente fragmentados, apresentavam ausência de ossos da face. A dificuldade de financiamento, já que o trabalho foi realizado por pesquisadores voluntários, exigia a definição de grupos menores de crânios onde os desaparecidos políticos poderiam estar incluídos, para futuras análises dentárias e de DNA. A dificuldade em definir estes grupos, impossibilitou a identificação. Inicialmente poderíamos interpretar que o estado do material ósseo fosse resultado de ações intencionais para impedir a descoberta de pessoas desaparecidas na ditadura militar. Mas, acompanhando as exumações por funcionários do cemitério, que ocorreram no período dos trabalhos de campo, percebemos que a forma como eram realizadas nos túmulos não procurados pelos familiares e nos de indigentes, estas destruíam todas as evidências importantes para o trabalho arqueológico. Embora os indivíduos presentes na vala tenham sido exumados, provavelmente, após o estabelecimento do uso obrigatório de sacos individualizando as ossadas, tal procedimento não foi respeitado pelo descaso da própria administração do cemitério. Como a maioria destas ossadas era proveniente de sepultamentos de indigentes, o tratamento indicou que indivíduos excluídos socialmente em vida, o foram igualmente após a morte, ou seja, covas anônimas e exumações destruidoras. Embora os resultados pretendidos não tenham sido alcançados, acreditamos que Arqueologia e a Antropologia Física podem contribuir com seus conhecimentos técnicos para o estabelecimento de uma Antropologia Forense Brasileira, preparando especialistas em conjunto com a Medicina Legal. Isto exige não somente um reconhecimento pelos órgãos oficiais da contribuição destas áreas, como também que suas análises tenham valor judicial no Brasil. Conclusão: balanço e perspectivas A Arqueologia da repressão está apenas no início, no Brasil. Neste capítulo, tratamos de apenas um aspecto, referente aos desaparecidos. Contudo, há uma pletora de aspectos relevantes, relacionados à repressão e que estão abertos à pesquisa e cuja relevância social e política não pode ser subestimada. Do ponto de vista da História da Ciência, o período militar constitui um imenso manancial a ser explorado, a partir de uma abordagem social que reconstitua os liames entre as redes de poder e a constituição de uma ortodoxia, no sentido atribuído por Pierre Bourdieu à doxa, empirista e positivista. Embora a História da Arqueologia brasileira, em geral, já seja objeto de pesquisa, ainda faltam estudos sobre o papel repressivo exercido pela ditadura na disciplina, em particular a partir de uma abordagem social, tal como proposta por estudos clássicos como Bruce G. Trigger (1990) e Thomas Patterson (2002; cf. Funari 2003c). Não se pode bem estudar a repressão, sem um exame das condições que

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levaram a Arqueologia, em nosso país, a abster-se do tema por tanto tempo e de maneira tão persistente. Em seguida, mas não menos importante, abrem-se os estudos arqueológicos de todo o universo material da repressão, na forma tanto das prisões, campos de detenção legais ou ilegais, como das instituições disciplinares em geral, em um contexto ditatorial. Um imenso manancial de artefatos, associados à repressão, também estão por ser estudados: instrumentos de tortura, de forma mais evidente, mas igualmente os usos normativos e repressivos de artefatos aparentemente destinados a outros fins, como no caso dos usos repressivos de automóveis – que serviam para seqüestrar pessoas – ou de simples lenços. Quando Caetano Veloso cantava uma vida ‘sem lenço nem documento’, não se referia, apenas, à falta de preocupação com as formalidades burguesas, com o lenço para assoar o nariz, com o documento que nos permite entrar no cinema, mas com os usos repressivos de tais simples artefatos: o documento identifica o ‘subversivo’ e o lenço serve para vendar, calar ou mesmo executar o identificado. Há mais de vinte anos do fim da ditadura, multiplicam-se as oportunidades de estudo, os antigos beneficiários e sustentáculos do regime, mesmo quando ainda no poder, são obrigados a conviver com o contraditório, com a diversidade, valor maior tanto no Brasil, como em termos internacionais. A importância do estudo da repressão não pode ser desprezada, pois apenas o estudo da opressão permite garantir a liberdade e entender como foi possível a barbárie (Funari 2003d). Esta é uma condição necessária, ainda que não suficiente, para que a barbárie não volte a triunfar. AGRADECIMENTOS Agradecemos a Thomas Patterson, Bruce G. Trigger e Andrés Zarankin. Escrevemos em homenagem ao Prof. Passos, por sua defesa do IPH e de Paulo Duarte, nos momentos mais duros da repressão ditatorial. Devemos mencionar, ainda, o apoio institucional do NEE/UNICAMP, LAB/UERJ, CNPq, FAPESP. A responsabilidade pelas idéias restringe-se aos autores. Dedicamos este capítulo a todos que foram perseguidos durante o regime militar. BIBLIOGRAFIA Childe, V.G. (1935) Changing Methods and Aims in Prehistory, Presidential Address for 1935. Proceedings of the Prehistoric Society 1:1-15. Duarte, P. (1970) Fontes de pesquisa pré-histórica, Estudos de Pré-História Geral e Brasileira, São Paulo, IPH/USP, 374-442. Duarte, P. (1994) Paulo Duarte e o Instituto de Pré-História, Idéias, Campinas, 1,1, 155-179. Funari, P.P.A (2002) Class interests in Brazilian archaeology, International Journal of Historical Archaeology, 6,3, pp.209-216. Funari, P.P.A. (2003a) Dictatorship, democracy, and freedom of expression, International Journal of Historical Archaeology, 7, 3, 2003, 233-237. Funari, P.P.A. (2003b) História, contradições e conflitos, in Marxismo e Ciências Humanas, São Paulo, Ed. Xamã/Cemarx/FAPESP, 2003, pp. 101-106, ISBN 857587011-4.

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Funari, P.P.A. (2003c) Resenha de “A social history of anthropology in the United States”, by Thomas Patterson, Diálogos, UEM, Maringá, 7, 2003, 291-293, ISSN 1415-9945. Funari, P.P.A. (2003d) Dictatorship, democracy, and freedom of expression, International Journal of Historical Archaeology, 7, 3, 2003, 233-237, Funari, P.P.A., Zarankin, A., Stovel, E. (2005) Global Archaeological Theory, Contextual voices and contemporary thoughts, Nova Iorque, Kluwer/Plenum. Oliveira, N.V. (2004) Arqueología e Historia: estúdio de um poblado jesuítico em Rio de Janeiro, in Arqueologia Histórica em América del Sur, Los desafios del siglo XXI, P.P.A. Funari & A. Zarankin (eds), Bogotá, Uniandes, 73-91. Patterson, T. (2002) A Social History of Anthropology in the United States. Nova Iorque, Oxford University Press. Trigger, B.G. (1990) A history of archaeological thought. Cambridge University Press, Cambridge.

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Arqueología y Antropología forense: un breve balance Introducción

Por Lic. Luis Fondebrider*

Una fría mañana del mes de julio de 1984, un grupo de jóvenes se encuentra alrededor de una sepultura en el cementerio de San Isidro, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. No están solos, un cordón de policías, unos 40, rodea en círculo toda el área. Detrás de ellos, unas mujeres con pañuelos blancos miran angustiadas la escena. El silencio es quebrado por los sollozos de las mujeres, el ruido de las cámaras de los fotógrafos de prensa presentes y la radio policial que cada tanto suelta su sonido mecánico. Después de ocho años de dictadura militar la democracia ha vuelto a la Argentina, y con ella la necesidad de buscar a las más de 10.000 personas que desaparecieron a manos de las fuerzas armadas y cuyos cuerpos, al menos muchos de ellos, se hallan enterrados sin identificación, como NN o XX, en cementerios municipales de todo el país. El grupo de jóvenes tiene miedo, son estudiantes de arqueología, antropología y medicina que nunca pensaron estar en tales circunstancias. La democracia es frágil, aún no se sabe si va a durar mucho, y esa misma policía que hoy los custodia pocos meses antes los perseguía y los hacía desaparecer. Junto con ellos, además hay otra gente con la que nunca les tocó interactuar, abogados, jueces, médicos de policía, todos manejan una jerga desconocida, hecha por códigos y señales que nunca vieron y que les cuesta entender. También está con ellos un hombre de ya avanzada edad que no habla español y que a pesar de las circunstancias se muestra tranquilo y seguro. Él es quien los invitó a participar en la exhumación del cuerpo de una persona desaparecida, su nombre, Clyde Show, un reconocido antropólogo forense estadounidense que vino a la Argentina a tratar de recuperar adecuadamente los cuerpos enterrados sin identificación y tratar de devolverles su nombre. El Dr. Show habla en forma pausada, con un fuerte acento tejano y es uno de los primeros antropólogos forenses que por la década de los setenta decidió utilizar la arqueología en la recuperación de cuerpos en casos médico legales. Su presencia en la Argentina se debió a la iniciativa de organismos de derechos humanos locales, que durante los meses anteriores vieron cómo palas mecánicas, sepultureros y médicos de policía exhumaban sin ningún tipo de cuidado ni mucho menos metodología científica cientos de restos esqueletarios, presumiblemente de desaparecidos, que se hallaban inhumados en las áreas de NN, es decir, las zonas para indigentes de los cementerios. Las imágenes que trasmitía la televisión y los periódicos de esas exhumaciones fueron denominadas con un cruel sarcasmo “el show del horror”, más por lo que descubrían que por la forma en que se estaba llevando a cabo. Mientras la pala de uno de los sepultureros comienza a abrir los primeros 20 centímetros de la fosa, los estudiantes piensan que están allí no porque el departamento de arqueología de la universidad local los envió o porque uno de sus profesores está involucrado en el proyecto, sino por iniciativa propia, por su deseo de hacer algo concreto, a partir de la arqueología o la medicina, en un momento clave de la historia Argentina. Solamente un arqueólogo recibido se *

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

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sumó a la iniciativa, el resto de la comunidad científica – arqueólogos o antropólogos físicos – no se mostró interesada, por razones diversas. Pero es interesante resaltar que este patrón de conducta de la comunidad arqueológica/antropológica Argentina, con algunas excepciones individuales, se vio también en otros países de América Latina que en los años posteriores comenzaron a desarrollar una línea de arqueología y antropología forense. Luego de una hora de trabajo, la tierra comienza a cambiar de color y textura, por fin algo reconocible y que les hace sentir menos asustados y más en control de la exhumación. Uno de los médicos de policía se acerca y le dice al sepulturero: “ya estamos cerca, avisame cuándo tocas el hueso con la pala” y cuando comienza a alejarse, casi al unísono, los estudiantes estallan en un solo grito: “no, no, así no se hace”, y ante la mirada sorprendida del juez y todos los que rodean la fosa, y la media sonrisa de Snow, uno de ellos se mete dentro de la sepultura y comienza a despejar la tierra con un cucharín, mientras otro la recoge y la comienza a tamizar. Es probablemente la primera vez que en la Argentina la Arqueología se da la mano con el ámbito judicial/médico/policial, aunque parece más una irrupción inesperada y no deseada que un procedimiento planificado y pactado de antemano. Horas más tarde, los estudiantes y el arqueólogo se encuentran en pleno control de la escena, y la exhumación comienza a parecerse a un trabajo arqueológico, pero esa ya es otra historia. Varios años después Veinte un años han pasado desde esa experiencia en Argentina, y hoy en día hablar de arqueología y antropología forense en el mundo no suena tan extraño para abogados, fiscales y forenses en general. Incluso familiares de las víctimas y las organizaciones que las nuclean, en algunos países, se oponen cuando personal no capacitado pretende hacer exhumaciones sin arqueólogos o no se utilizan antropólogos forenses en el análisis de restos óseos. Varios países de América Latina han incorporado antropólogos forenses a sus servicios médico-legales, tanto a nivel judicial como policial, y sus opiniones y análisis son en general respetados y tenidos en cuenta. Fuera de la región, por otra parte, y partir de 1996 cuando el Tribunal Internacional Criminal para la ex Yugoslavia comenzó a realizar exhumaciones masivas de víctimas del conflicto en los Balcanes, la tarea de arqueólogos y antropólogos forenses de Argentina, Guatemala, Perú, Colombia y Costa Rica resultó fundamental, tanto por la experiencia acumulada a lo largo de los ochenta y noventa así como por su capacidad de análisis. La creación en el año 2003 de la Asociación Latinoamérica de Antropología Forense (ALAF) fue en cierta manera la consolidación de todas estas experiencias y al mismo tiempo la presentación de un nuevo modo de hacer arqueología y antropología forense, que incluye a) una interdisciplinaridad con todos los ámbitos de la Antropología representados –cultural, arqueológica y biológica-, b) un sesgo fuertemente social, con las familias de las víctimas como un eje fundamental de las tareas, respetando sus patrones culturales y religiosos, así como su derecho a saber. Estos cambios también en cierto modo se reflejan en la producción científica, donde poco a poco, comienzan a aparecer investigaciones sobre diversas metodologías de trabajo en fosas comunes en contextos forenses, sobre la tarea del antropólogo en desastres masivos o la perspectiva antropológica en el análisis patológico a nivel óseo y en particular de lesiones peri mortem.

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Desafíos No obstante los logros alcanzados en los últimos años, aún queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, si bien en Colombia y México ya hay algunos cursos de post grado, aún no se cuenta en América Latina con suficientes cursos de Arqueología y Antropología Forense, la gente debe irse a Estados Unidos o Inglaterra para completar su formación. Por otra parte, la utilización de las dos disciplinas dentro del ámbito médico-legal sigue dependiendo en muchas ocasiones de la buena voluntad o criterio de la autoridad a cargo de la investigación, llámese un fiscal, un juez o un detective de homicidios. Aún no está reglamentado, por ejemplo, que el levantamiento o exhumación de un cuerpo esqueletizado deba ser realizado por un arqueólogo. Al mismo tiempo, desde el ámbito académico en general no ha habido un interés en desarrollar una línea de trabajo en el ámbito forense, a pesar que los estudiantes de arqueología y antropología se interesan en participar en trabajos concretos cada vez que surge la oportunidad. A modo de balance El aporte que ha realizado la arqueología y antropología forense en la investigación de casos de violencia política/étnica en los últimos veinte años sin duda fue, y sigue siendo, fundamental.

Excavaciones en tumbas NN en Cementerios Argentinos

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Excavaciones de fosas comunes de personas asesinadas por la dictadura militar (1976-1983) en Argentina

Excavaciones de fosas comunes de personas asesinadas por la dictadura militar (1976-1983) en Argentina

La exhumación arqueológica de fosas en América Latina, África y la Ex Yugoslavia, por mencionar los casos más notorios, ha permitido recuperar los cuerpos de cientos de personas que fueron secuestradas y ejecutadas, en la mayoría de los casos por el Estado, e identificar muchos de esos cuerpos. Este proceso significó poder devolverles a sus familiares los restos

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de sus seres queridos, aportar pruebas científicas a la justicia para perseguir penalmente a los responsables, y reconstruir una parte importante de la historia reciente de esos países.

Excavaciones del EAAF en el Congo, Africa

Excavaciones del EAAF en Etiopia, Africa

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Excavaciones del EAAF en Etiopia, Africa

Al mismo tiempo, abrió una nueva línea de trabajo e investigación dentro de la disciplina, forzándola a interactuar con otras especialidades científicas, y con otros actores de la sociedad, mostrando que la antropología en general, y la arqueología en particular, pueden brindar un aporte fundamental a la comprensión de nuestro pasado reciente y a la preservación de la memoria de lo sucedido. BIBLIOGRAFIA Boddington, A., Garland, A.N., Janaway (Eds) (1987) Death, decay and reconstruction. Approaches to archaeology and forensic science. Manchester University Press, UK. Brothwell, D.R. (1987) Desenterrando huesos. La excavación, tratamiento y estudio de restos del esqueleto humano. Ed. FCE, México. Doretti, M. and Fondebrider, L. (2004) Perspectives and Recommendations from the field: Forensic Anthropology and Human Rights in Argentina. Presented at the 56th Annual meeting of the American Academy of Forensic Sciences, Dallas. Doretti, M. and Fondebrider, L (2001) Science and Human Rights: Truth, Justice, Reparation and Reconciliation: A long way in Third World countries. Archaeologies of the Contemporary Past, Edited by Buchli, V. and Gavin, L. Routledge. Equipo Argentino de Antropología Forense (1990) Seis años de Antropología Forense en el Cono Sur. En Actas del II Congreso Mundial de Arqueología, Venezuela. Equipo Argentino de Antropología Forense (1991) Antropología Forense: Nuevas respuestas para problemas de siempre. En Gaceta Arqueológica Andina, Perú. Equipo Argentino de Antropología Forense (1993) La Antropología Forense: informe de situación. En Publicar en Antropología y Cs. Sociales, Año II, Nro. 3, pp. 109-118.

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Tortura, verdad, represión, arqueología Alejandro F. Haber* La tortura aplicada en los pozos de la última dictadura argentina no tendía sólo a la búsqueda de información; se orientaba además a la autonarración del detenido de acuerdo a los cánones del torturador. La tortura implicaba, así, el establecimiento de un régimen de verdad. Este, además de ser necesariamente autoritario, no implicaba una descripción pasiva (DuBois 1990). DuBois caracterizó a la tortura como la dominación final, no tan sólo de los cuerpos sino sobre todo de las ideas. En su argumento, la tortura no agotaría su sentido en la derrota de un enemigo presente sino en el deseo de imponer particulares interpretaciones de la historia, una particular ‘verdad’ en la continua lucha por la comprensión de la realidad del país. Sosteniéndose en la innegable desproporción entre el número de combatientes y el de los detenidos y torturados, la tesis de DuBois trajo al primer plano el altísimo precio que la sociedad ha debido pagar por el establecimiento de la ‘verdad’. Dado que la arqueología es puesta en práctica en el develamiento de las huellas del terrorismo de estado en el marco del cual la tortura se estableció como vigía del régimen social de verdad, cabe preguntarse: ¿Cuál es la relación que esta disciplina establece entre verdad y autonarración? No es en la arqueología de la represión reciente en donde la disciplina se ha constituído en un régimen de verdad; por el contrario, la expansión del campo de la arqueología al reciente pasado de tortura, desaparición y muerte no sólo conlleva la aplicación de técnicas y métodos; junto con estos se extiende la pretensión de validez de lo que acerca del pasado se dice. Tales pretensiones veritativas son tranportadas por el marco institucional de una disciplina académica cuyos criterios de validación, se dice, son independientes de la realidad a interpetar, o sea, son metodológicos y técnicos. No deja de resultar problemática la apelación el régimen de verdad disciplinario en el marco del nuevo campo de aplicación: la neutralidad valorativa y el objetivismo se resquebrajan cuando los hechos tratados son tan indiscutiblemente atroces que no tan sólo conforman parte de una realidad que no puede ser negada sino de una realidad que tampoco debe ser negada. La autocomprensión objetivista – que es asimismo cientificista en cuanto la ciencia se presenta como un valor- de la arqueología como disciplina académica no es explícitamente cuestionado por la arqueología de la represión más reciente. Pero las condiciones de la relación cognoscitiva en ambas arqueologías son lo suficientemente distintas como para que, implícitamente, se trate de un modelo investigativo diferente. La delimitación del campo objetual de la arqueología académica, lo que ha venido a llamarse el registro arqueológico o la cultura material del pasado, implica un posicionamiento del observador frente a esos hechos que estructura su proceso cognoscitivo. El observador se constituye como sujeto al mismo tiempo que sobre-constituye a su dominio objetual: como objeto de su observación y como objeto material. Al mismo tiempo, es en la objetivación en donde se sustentan las pretensiones veritativas de los discursos narrativos. El dominio objetual, entonces, fundamenta la relación cognoscitiva en tres planos complejamente vinculados entre sí: en el plano ontológico (los objetos arqueológicos quedan definidos como materia), en el plano metodológico (los objetos arqueológicos son los vestigios del pasado que *

Universidad Nacional de Catamarca – CONICET

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se conoce mediante su estudio), y en el epistemológico (la separación esencial -y asimétricaentre sujeto y objeto permite que el primero acceda al conocimiento del segundo tal cual este es, desprovisto de inclinaciones valorativas o intereses). La operación conjunta de los tres planos produce una indistinción entre el fisicalismo, el empirismo y el objetivismo, que conforman una dura base rocosa sobre la que se apoya el edificio disciplinario (Haber y Scribano 1993). Todo esto no es un mero ejercicio retórico, no se trata de adjetivar la disciplina con el fin de marcar una propia morada en la cual hallar refugio teórico. Sobre aquella misma roca se apoya el signo político de la relación cognoscitiva que se establece en la arqueología. Lo no dicho o, mejor, lo que no dice, es decir, el objeto arqueológico mudo e inerte, se expresa precisamente en su locuacidad acallada: los sujetos cuyos intereses son apartados y excluidos de la relación arqueológica por la sanción de esta como un dominio epistémico y disciplinario (Haber 1994, Haber y Scribano 1993). La exclusión del sujeto es un elemento fundamental en la conformación de los habitus disciplinarios de la arqueología. Parte del disciplinamiento arqueológico consiste precisamente en aprender a ignorar a los otros sujetos co-presentes al interés cogniscitivo arqueológico (Gnecco 1999). Haciendo uso de unas metáforas biológicas, podría decir que este disciplinamiento opera filo y ontogenéticamente. El disciplinamiento ‘filogenético’ consistió en la etapa liminar de la arqueología argentina entre 1875 y 1900 (Haber 1995). En dicha etapa las sanciones disciplinarias no se habían aún estatuído, los dominios objetuales no habían sido designados, y los sujetos co-presentes no habían sido del todo excluídos. Un conjunto de autores -los filólogos- designaban a lo arqueológico con los nombres indígenas contemporáneos (huaca, puco, virque, antigal, pucará, pueblo viejo, piedra pintada, conana, etc.), lo narraban apelando a tradiciones folklóricas y crónicas coloniales, y presuponían la significatividad de los objetos. Otro conjunto de autores -los naturalistas viajeros- se esforzaban por definir extensamente los términos descriptivos, tendían a describir y clasificar los objetos, y sostenían la no significatividad de los objetos –o bien que su descripción y estudio podía prescindir de ella-. La institucionalización de la disciplina en los museos Etnográfico de Buenos Aires y de La Plata conllevó una exclusión de los estilos, métodos e intereses cognoscitivos de los filólogos y una sanción de los de los naturalistas viajeros como la normalidad diciplinaria. Al veloz decir de Moreno mientras se daba un programa para su museo al tiempo que se apagaban los fusiles de la guerra de la Argentina contra los pueblos indígenas, la arqueología debía trabajar “para tener siquiera un bosquejo de lo que fueron las civilizaciones que se consumieron en este suelo” (Moreno 1990). El disciplinamiento ‘ontogenético’, por su parte, es aquel que atraviesan los aspirantes en las etapas iniciales de la formación disciplinaria. Los discursos pedagógicos se orientan a que los alumnos incorporen el juego del lenguaje de la disciplina mediante el cual se señala -es decir, se designa- el dominio objetual. Es común que los alumnos de arqueología no demoren más de un año en olvidar los impulsos personales, familiares y comunitarios que los llevan a ingresar en la carrera, y los reemplacen por autorrepresentaciones que reproducen definiciones disciplinarias y objetivos sancionados. O bien se aprende a ignorar la inquietud adolescente por las consecuencias de la represión del pasado en la estructuración del presente social, o bien se deserta de la carrera disciplinaria como el único camino alternativo19. Hace ya más de diez años tuve la oportunidad de comprobarlo con un grupo de alumnos de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, que fueron capaces de narrar sus metas e intereses extradisciplinarios al inicio de su primer año, pero al cabo de un año habían olvidado incluso la conversación sostenida el año anterior, y estructuraban sus respuestas en términos y conceptos estrictamente disciplinarios. 19

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Una vez que los mecanismos ‘genéticos’ han operado exitosamente, se reproducen los habitus disciplinarios mediante una combinación tácita de preterización del sujeto y represión del sentido. Los mecanismos habituales hacen que la natural mudez de los objetos no permita escuchar a los sujetos -entre estos, los propios investigadores. Los sujetos quedan, entonces, excluidos del pasado que, enunciado como historia, es expropiado de la memoria (Gnecco 1999). Los mecanismos mediante los cuales la arqueología objetiva lo indígena no dependen de la conciencia de los actores, no son materia de voluntad individual sino de habitus disciplinarios que se sustentan en prejuicios culturalmente reproducidos20. Todos los ciudadanos, disciplinados o no por la arqueología, lo hemos sido antes por la escolarización. Tempranamente hemos aprendido el sentido inmutablemente progresista del tiempo histórico, así como se nos ha enseñado que los hechos más atroces de nuestra historia pueden ser materia de coloridos debates que se enuncian como leyendas o partidos de opinión. Los genocidios, entre ellos el mayor que ha conocido la historia humana, es decir, el producido por los conquistadores españoles en América, son presentados como lejanos horizontes dolorosos e inevitables que posibilitaron el desarrollo normal de nuestra civilización. Cuán rosado o negro sea el pasado queda en el plano de las posiciones posibles, demarcando los extremos entre los cuales estaría la verdad. Las representaciones arqueológicas acerca de la explotación y/o dominación de unos indígenas por otrosse producen en un contexto de ausencia de reflexión acerca del sentido que han tenido las representaciones del mundo indígena previo a la conquista en el sustento ideológico y político de la propia empresa de conquista. El sometimiento, secuestro, tortura y muerte de millones de personas, y el establecimiento de un orden colonial de explotación, obtuvieron parte de sostenimiento en las representaciones de los indígenas y de la conducta de los conquistadores con ellos (Todorov 1987, Vollet 2001). Sin lugar a dudas, es esta la más pesada herencia de las arqueologías sudamericanas, cuyo signo ha sido revelado por interpelación de la movilización de los descendientes de los sobrevivientes del genocidio. El orden colonial no solamente ha tenido un correlato en el plano de las representaciones, las que han dado lugar al espectro cromático con el que en las escuelas se nos infunde el sentido de la historia. La colonización cultural de los pueblos indígenas ha tenido la forma de acciones represivas organizadas y concertadas por el estado, la iglesia y los particulares, orientadas a la conversión al catolicismo de los indígenas y al abandono y represión de sus creencias y prácticas religiosas y culturales. Lo que ha sido llamado ‘la extirpación de idolatrías’ fue, en resumen, una dilatada campaña de sometimiento ideológico sustentada en acciones represivas, tortura y muerte de miles de indígenas (Duviols 1977 y 1986). El delgado hilo que separa la definición de etnocidio de la de genocidio no fue particularmente atendido por los agentes coloniales. La represión del culto a los antepasados conllevó, además, la destrucción de cientos de lugares y objetos sagrados, cuerpos momificados, tumbas, monumentos, y el procesamiento (seguido de tormentos, castigos y, muchas veces, incluso la muerte) de los indígenas sospechados de ejercer el culto (Duviols 1986, Farberman 2005). La extirpación de idolatrías fue una etapa posterior a la guerra, es decir, la generalización al imaginario colectivo de la dominación de los cuerpos individuales. Las torturas tuvieron el objetivo de la construcción de un enemigo –lo indígena demoníaco- y la autonarración del sujeto a tono con la visión del mundo del torturador como clave para la instauración de un régimen de verdad. No significa ello que, sometidos a crítica que, en gran parte es autocrítica, no puedan ser modificados, siempre que se asuma que deben ser modificados. 20

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Parece una simple cuestión de actualización terminológica que lo que en 1891 fue llamado ‘huaca’ por Samuel Lafone Quevedo sea hoy considerado un sitio arqueológico. Que los pobladores del área fueran indígenas para Lafone y, de hecho, le prestaran a este la denominación de Chañar Yaco y el sentido indígena de las ruinas, no es ahora más que un renglón del anecdotario (Lafone Quevedo 1991). Pero que los cultos populares actuales en sitios arqueológicos del noroeste argentino sean criminalizados por el derecho positivo que los sanciona como sitios arqueológicos (Ley Nº 25.743/2003 de Protección del patrimonio arqueológico y paleontólógico), podría ser parte del mismo proceso de colonización cultural. En un mundo heredero del orden colonial sustentado en privilegios de raza, clase y género, en cuyo establecimiento y sostenimiento han participado prácticas y discursos acerca de lo indígena y sus objetos y monumentos antiguos, no puede ser neutral que el tratamiento de esos objetos y monumentos quede reservado al ámbito de una disciplina académica. Lo es mucho menos si la misma se recorta en un horizonte de distanciamiento y fisicalización del objeto. Es hora sacudirse las rémoras culturales que han enseñado a enunciar las tradiciones indígenas pasadas como arqueológicas y a las vivientes como folklóricas, a los indígenas como pretéritos y a lo arqueológico como a-la-mano del conocimiento científico. Se suele considerar que la expansión de la disciplina arqueológica hacia la temática de la más reciente represión de estado es una demostración de la utilidad de la disciplina en problemáticas de actual interés. Los regímenes de verdad de una y otra arqueología, no obstante, se basan en condiciones fundamentalmente diferentes. La más importante entre ellas es la inclusión o exclusión de la co-presencia de intereses cognoscitivos extradisciplinarios (Bellelli y Tobin 1985, Bozzutto y otros 2004, Cohen Salama 1991, Equipo Argentino de Antropología Forense 1992). La mera enunciación del dominio objetual de la disciplina excluye de su tratamiento a quienes los interpelan intereses distintos del conocimiento académico o científico de la reconstrucción histórica del pasado. En el ámbito de la arqueología de la represión más reciente, en cambio, el régimen de verdad de la narrativa histórica no podría pretender sostenerse en la exclusión de la memoria; en todo caso, se apoya en su colaboración y sostenimiento (Bianchi y otros 2000, Cohen Salama 1992). Ello no hace que la narrativa resultante sea menos verdadera ni menos académica, ni siquiera menos científica. Todo lo contrario. El proceso de investigación es relevante tanto académica como socialmente, precisamente por la inclusión de los intereses subjetivos extra-académicos en la definición de sus objetivos y condicionamientos (Bianchi y otros 2000, Equipo de Investigación por la Memoria Política Cultural 2004). No sería posible para los arqueólogos de la represión reciente objetivar los restos de los seres queridos, manipular la narración de acuerdo a teorías de pretendido alcance general, ni utilizar la investigación para poner a prueba modelos de comportamiento, sin comprometer la labor en el sentido de una nueva represión. Un grupo de sobrevivientes del centro de detención clandestina conocido como ‘el pozo’, en pleno centro de la ciudad de Rosario, rechazó su representación, y la de sus compañeros muertos, como víctimas del aparato represivo. El sentido de sus experiencias estando detenidos, que una y mil veces son narradas por los sobrevivientes como inagotable fuente de dolor, sería reprimido junto con la negación de su identidad política. En el sentido de DuBois, se resisten, y junto a ellos los investigadores, a que el sometimiento de los cuerpos se extienda sobre las mentes, que la memoria colectiva sea reemplazada por la narración histórica, opinable y colorida, de lo que le pasó a otros que nada tienen que ver con nosotros. La arqueología de la represión más reciente origina su intervención en intereses extraacadémicos, y no pocas veces debe desarrollarse en el marco de complejas negociaciones entre visiones distintas, muchas de ellas igualmente atendibles. La pregunta inevitable es, a

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esta altura, por qué, en cambio, la manipulación disciplinaria de lo arqueológico sí es posible cuando se trata de la arqueología indígena. La respuesta, que no es otra que la explicación de las diferencias en la relación entre regímenes de verdad y autonarración, no puede ser remitida a la identidad sin que erosione toda pretensión de interés público de la empresa congnoscitiva. La posición según la cual los profesionales de la arqueología defienden el privilegio a los discursos y objetos indígenas está llamada a disolverse, pues es tan insostenible política como teóricamente. Es probable que el efecto de la arqueología de la represión más reciente en la disciplina haya sido, precisamente, la incorporación de la experiencia del diálogo intersubjetivo a través de las fronteras disciplinarias. El aprendizaje del acompañamiento mutuo con intereses no meramente cognoscitivos resalta la importancia social y política de la historia como memoria colectiva21. De ser así, una de las tareas de la reconstrucción de la arqueología para el proyecto descolonizador debe ser la revisión crítica de las relaciones profundas entre tortura, verdad, represión y arqueología. AGRADECIMIENTOS Los integrantes del equipo de investigación y sobrevivientes del ‘pozo’ de la Jefatura de Rosario me permitieron compartir sus experiencias en el proyecto. Diversos colegas, entre ellos Patricia Bernardi, Silvia Bianchi, Luis Fonderbrider, Cristóbal Gnecco, Jacko Jackson, Darío Olmo, Bob Paynter, Claire Smith, Myriam Tarragó y Martin Wobst, aportaron ideas, comentarios y experiencias que, mal o bien, han quedado aquí escritas. A Pedro Funari y Andrés Zarankin, por ofrecerme la oportunidad de hacerlo. BIBLIOGRAFIA Bellelli, Cristina y Jeffrey Tobin (1985) Archaeology of the desaparecidos. SAA Bulletin 14(2). Bianchi, Silvia y otros (2000) Proyecto de Recuperación de la Memoria. Universidad Nacional de Rosario. ms Bozzuto, Damian L., Anabella N. Diana, Antonella L. Di Vruno, M. Vanina Dolce y Viviana M. Vazquez (2004) “Mansión Seré”: debates y reflexiones. Río Cuarto, Resúmenes del XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Cohen Salama, Mauricio (1992) Tumbas anónimas. Informe sobre la identificación de restos de víctimas de la represión ilegal. Equipo Argentino de Antropología Forense. Buenos Aires: Catálogos. DuBois, Lindsay (1990) Torture and the construction of an enemy: the case of Argentina 1976-1982. Dialectical Anthropology 15:317-28 Duviols, Pierre (1977) La destrucción de las religiones andinas (conquista y colonia). México: Universidad Nacional Autónoma de México. Duviols, Pierre (1986) Cultura andina y represión. Procesos y visitas de idolatrías y hechicerías. Cajatambo, siglo XVII. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de Las Casas”

Algunos primeros síntomas, como la Declaración de Río Cuarto (Declaración 2005), indican que la arqueología podría atravesar su propia reconversión en el acompañamiento de prácticas emancipatorias. 21

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Equipo Argentino de Antropología Forense (1992) Excavando la violencia: arqueología y derechos humanos en el Cono Sur. En “Arqueología en América Latina, hoy”, páginas 160166, editado por Gustavo Politis. Bogotá: Biblioteca Banco Popular. Equipo de Investigación por la Memoria Política Cultural (2004) La ronda: aportes para una construcción colectiva del conocimiento. Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Río Cuarto. Farberman, Judith (2005) Las salamancas de Lorenza. Magia, hechicería y curanderismo en el Tucumán colonial. Buenos Aires: Siglo XXI. Gnecco, Cristóbal (1999) Multivocalidad histórica. Hacia una cartografía poscolonial de la arqueología. Bogotá: Universidad de Los Andes. Haber, Alejandro F. (1994) Theory and practice in northwestern Argentine archaeology. En “Relationship between archaeological theory and practice”, editado por I. Hodder, B. Molineaux y K. Paddayya. New Delhi: World Archaeological Congress 3. Haber, Alejandro F. (1995) Supuestos teórico-metodológicos de la etapa formativa de la arqueología de Catamarca (1875-1900). Publicaciones del CIFFyH - Arqueología (1994) 47:3154. Haber, Alejandro F. y Adrián O. Scribano (1993) Hacia una comprensión de la construcción científica del pasado: ciencia y arqueología en el noroeste argentino. Alteridades 3(6)39-46. Lafone Quevedo, Samuel A. (1991) Las huacas de Chañar Yaco (provincia de Catamarca). Revista del Museo de La Plata 2. Moreno, Francisco Pascasio (1990) Esploracion arqueológica de la Provincia de Catamarca. Primeros datos sobre su importancia y resultados. Revista del Museo de La Plata 1:199 y ss. Río Cuarto, Declaración de (2005) Declaración de Río Cuarto. Arqueología Suramericana/Arqueologia Sul-Americana 1(2) Todorov, Tzvetan (1987) La conquista de América. El problema del otro. Buenos Aires: Siglo XXI. Vollet, Mattthias (2001) La vana europeización de los bárbaros. El aspecto autoreferencial de la discusión española sobre la Conquista. En “Concepciones de la conquista. Aproximaciones interdisciplinarias”, páginas 119-133, editado por Felipe Castaneda y Matthias Vollet. Bogotá: Uniandes.

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Una mirada arqueológica a la represión política en Uruguay (19711985). José Ma.López Mazz* Arqueología de la represión. El sistema de represión instalado en los años 70 y 80 en el Uruguay aparece como parte de una (geo) política más amplia, que abarcó a diferentes fuerzas “golpistas” represivas sudamericanas, con la coordinación de organismos especializados y de agentes de EEUU de aquella época. La instalación de la dictadura se vio anunciada en medidas represivas previas y recortes de derechos ciudadanos a través de “medidas prontas de seguridad”; única medida según el Parlamento de aquella época de poder hacer frente al estado de “guerra interna” (Martínez 2005). A partir de la desclasificación de documentos en EEUU y en la Cancillería de Uruguay, nuevas pruebas fueron aportadas para el enjuiciamiento del Presidente civil Juan María Bordaberry y su Ministro Juan Carlos Blanco; vinculados a la muerte de disidentes políticos uruguayos y argentinos en ambas márgenes del Río de la Plata; en el marco del tristemente célebre “Plan Cóndor”. Las leyes de “punto final” consagraron en el Río de la Plata la impunidad en los casos de torturas y muertes por razones políticas, dificultando las actividades de investigación. Sólo recientemente se han retomado las investigaciones sobre detenidos-desaparecidos y sobre la violencia política. Los procesos de revisión histórica en los países del Cono Sur permiten profundizar la democracia, construir una memoria ciudadana y realizar actos de justicia; necesarios particularmente para estas naciones jóvenes que emergieron con dificultad del orden colonial sudamericano. Una aproximación arqueológica a la represión política pretende enriquecer la mirada sobre hechos hasta ahora invisibles. Se trata de emplear la Arqueología como una herramienta para la descolonización; al tiempo de contribuir a la formación de identidades ciudadanas más saneadas y apropiadas al siglo XXI. Foucault (1976) defendía las virtudes de una mirada “genealógica” sobre los dispositivos disciplinarios occidentales responsables –en diferentes circunstancias-, de “vigilar y castigar” a sus ciudadanos. En este caso, la mirada arqueológica responde a orientaciones que científicos y académicos vienen siguiendo con éxito en diferentes países para esclarecer la relación entre conductas represivas, productos materiales y derechos humanos (EAAF 2003). Esta orientación en la aplicación del trabajo arqueológico busca reconocer e interpretar las causas (conductas) responsables de producir un registro material a través de “contextos significativos”. Estos contextos reflejan las relaciones sociales represivas que asociaron de manera asimétrica a los diferentes actores vinculados a la represión de los años 70 y 80. Una arqueología de la represión política. La represión violenta de opositores debe ser vista en el contexto más amplio de los intereses económicos, políticos y geopolíticos dominantes. No estamos frente a un hecho aislado, ni la *

Universidad de la República-Uruguay

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violencia es producto de la diversidad ideológica o de la rivalidad partidaria. Por el contrario pensamos que la violencia y la represión son un medio para alcanzar un fin preciso, el ejercicio discrecional del control económico y político-social. La represión de los 70 y 80 fue ejercida por aparatos especializados y coordinados, al tiempo que desarrolló una metodología de torturas, asesinatos, desapariciones forzosas y reclusiones sin proceso justo. Esa violencia se dirigió a parlamentarios, militantes políticos, trabajadores y estudiantes; alcanzó todas las clases sociales, los géneros y los grupos de edad. El beneficio del ejercicio de esa represión fue tanto de civiles como de militares, que conservaron el poder político y sacaron provecho de las instancias y circunstancias económicas dependientes del Estado. El conjunto de las actividades y conductas involucradas en la represión política se relacionan entre otras cosas, con restos humanos, objetos y lugares que son testimonio directo de aquellas circunstancias. El presente artículo busca conocer y reconocer una producción material vinculada directamente a aquella represión. Por un lado ilustra, instancias producidas directamente por los represores; y por otro lado instancias protagonizadas fundamentalmente por los reprimidos. Entendemos que existe un registro arqueológico específico de la represión y de la violencia política constituido, entre otras cosas, por restos óseos, objetos producidos en las cárceles y lugares asociados a la represión; que permiten conocer aspectos puntuales de la “tecnología de poder” y de los actores involucrados en la violencia política. Creemos que esta información constituye un insumo útil y original para escribir la historia reciente del Uruguay. Una arqueología de la represión sin embargo, debe diferenciar la naturaleza de su objeto de estudio (la materialidad de objetos y lugares) de la interpretación política que desde hoy se haga de la violencia represiva de la época estudiada. Lo que tampoco deja de ser un objetivo de estudio de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Una dimensión importante de estas prácticas arqueológicas es el contexto político en el que se realizan y la atención dada a la Ciencia, en este caso como herramienta de descolonización. Descolonización de las relaciones sociales (económicas y políticas) y también de los prejuicios académicos. En América Latina se esta desarrollando un estudio arqueológico material y social de las sociedades del presente y del pasado, que muestran un notable cambio a nivel teórico como a nivel de la praxis profesional. Se busca conocer mejor a los “olvidados” y a los “oprimidos”, invisibles hasta ahora para la historia oficial. Así se democratiza la memoria histórica, se entiende mejor el presente y se construyen identidades. Más allá de las buenas intenciones, la nueva actitud exige desarrollos metodológicos específicos que realmente hagan de la represión un claro objeto de estudio de la Arqueología y la Antropología. Las tumbas y los restos óseos humanos. Los restos óseos humanos constituyen un documento fundamental para reconstruir la historia de vida de los individuos. Las aproximaciones sistemáticas agrupadas bajo el rótulo de “arqueología de la muerte” han despertado particular interés en los últimos 30 años y han resultado una contribución fundamental para estudiar la sociedad de los vivos. Las orientaciones privilegian en las tumbas una lectura de las jerarquías y las relaciones sociales (Binford 1972; Lull 1998;O¨Shea 1978) la cantidad de energía invertida en las tumbas (Tainter1978) el “trabajo” y la cooperación social (Lull 1998) el conflicto a través de las trazas de violencia (Gianotti y López 2000; Moreno 2001) así como el análisis contextual del

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simbolismo desde un punto de vista estructuralista (Hodder 1982). Los estudios arqueológicos sobre la muerte han tenido suceso en el período prehistórico, pero han significado también una contribución de valor metodológico para el establecimiento de una “tafonomía” de los resto óseos humanos (Turner y Turner; Gianotti y López Mazz 2003; Moreno 2004). El tratamiento de los muertos ha orientado la reflexión al respecto de la intencionalidad del emplazamiento y su carácter formal en el espacio (Buikstra 2002). En ese sentido, la ubicación del enterramiento clandestino de un detenido desaparecido puede transformar un espacio hasta ahora irrelevante y pasible de ser considerado como un “no lugar” (en el sentido de Augé 1999) en un “lugar de represión”. El tema de la desaparición física de detenidos constituye un capítulo central en el tema de la represión. Por un lado menoscaba los derechos de las víctimas y atenta contra el desenlace jurídico de la situación creada a partir de la ausencia física de la persona. Por otro lado la desaparición permanente constituye una herida abierta en el círculo de amigos y familiares, que indirectamente la represión continúa afectando en una dimensión intemporal. Cuando se localizan restos humanos provenientes de detenidos desaparecidos dos cosas se plantean inmediatamente (EAAF 2003). La primera tiene que ver con las posibilidades de identificar la identidad del cuerpo. La segunda tiene que ver con reconocer las condiciones de muerte del individuo. Entre las investigaciones de actualidad vinculadas a la temática, sobresalen las llevadas adelante por los equipos de “Antropología Forense”que han contribuido con la Justicia para abordar temas de represión política en los cinco continentes (EAAF 2003). Estas investigaciones en algunos casos han buscado sólo conocer la verdad y recuperar los restos, mientras que en otros son el principio de procesos legales vinculados a una revisión histórica de mayor aliento. En Uruguay estudios forenses sobre restos humanos se han realizado sobre tumbas NN en el cementerio de Colonia del Sacramento. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que realizó los trabajos no consiguió identificar detenidos desaparecidos uruguayos, por lo que puede tratarse de cuerpos llegados a la costa tal vez provenientes de “vuelos de la muerte” realizados en Argentina (Comisión para la Paz 2004). Otro caso de estudio de un enterramiento NN proviene del cementerio de la ciudad de Castillos (Dpto. de Rocha). En este caso los estudios de ADN no confirmaron la identidad de un detenido desaparecido de quién se sospechaba perteneciera el cuerpo hallado en la costa (Comisión para la Paz 2004). Entre los pescadores de Rocha se recuerda la llegada a la costa de cuerpos posiblemente también provenientes de “vuelos de la muerte” desde Argentina. Los estudios de ADN realizados dieron sustento a esta hipótesis. Metodológicamente se pudo apreciar la discordancia entre los métodos basados en el estudio de ADN y los de superposición de imagen digital (Comisión para la Paz 2004; Por todos ellos 2005) Es por efecto de la propia tecnología represiva y del “pacto de silencio” que no se han recuperado hasta ahora, restos significativos de ciudadanos detenidos desaparecidos. La excepción lo constituye el caso de Roberto Gomensoro, cuyo cuerpo apareció flotando en el lago del Rincón del Bonete en el centro de Uruguay. Gracias a que un médico consiguió guardar su cráneo (el resto del esqueleto fue objeto de una segunda desaparición por parte de los “servicios”) fue posible realizar la identificación por ADN (Comisión para la Paz 2004) y superposición de imágenes digitales (Solla y Mhemet 2005) y así restituirlo a su familia.

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Otro singular caso de estudios forenses sobre restos humanos, tiene que ver con el científico chileno Eugenio Berríos asesinado por un comando militar chileno-uruguayo en Uruguay en 1998. Los restos hallados enterrados en una playa cerca de Montevideo fueron identificados por técnicos del Instituto Forense (Mhemet et al.2000). El hallazgo de una cadena con una medalla de la virgen protectora de Chile hallada junto al cuerpo, resultó una prueba arqueológica contextual y concurrente con la identificación forense (además de un reloj y la “prueba dentaria”) (idem.). Una tipología de la muerte en tiempos de represión es posible de ser realizada y constituye un aspecto fundamental para el estudio de las tecnologías represivas. La persona física objeto de la represión constituye un testimonio directo de la misma. La recuperación de restos humanos posee desde ese punto de vista el valor de un documento que revela instancias claves de la violencia vivida, y además devuelve historicidad a la “persona” que fue objeto de desaparición y muerte. El destino de las personas desaparecidas y muertas, se ha traducido por una diversidad de circunstancias en el destino de los cuerpos. Esto expresa aspectos asociados a la situación política en los diferentes momentos del “período represivo”; y razones estratégicas asociadas al cambio del modelo militar, antes y después de la formalización del “Plan Cóndor”. Un repertorio de las situaciones permite ver la existencia de: - Cuerpos humanos devueltos a las familias (antes del Plan Cóndor). - Cuerpos humanos en enterramientos en cementerios formales como NN (Castillos). - Cuerpos humanos en enterramientos individuales y múltiples en cementerios clandestinos (Batallón 13 y 14). - Cuerpos humanos enterrados clandestinamente fuera de predios militares (Berríos). - Cuerpos humanos abandonados sin enterrar (Soca). - Cuerpos humanos arrojados al mar desde aviones (Colonia, Rocha). - Cuerpos humanos arrojados al mar con pesas para su inmersión. - Cuerpos humanos enterrados y desenterrados (Batallón 13 y 14). - Cuerpos humanos enterrados, desenterrados y vueltos a enterrar (secundarios)(Batallón 13 y 14). Tecnología de la represión y aspectos de la resistencia a la misma. Michael Foucault (1978) llamó la atención sobre los espacios de disciplinamiento como parte de una estrategia mayor de control y de represión social. La lectura de la arquitectura represiva que construye, con una dialéctica de exclusión los ámbitos de socialización, permitió luego llevar esa mirada a diferentes ámbitos represivos. La ciudad creo sus bulevares para facilitar la circulación de los ejércitos represores luego de la comuna de Paris (Foucalult1978). El “panóptico de Jeremias Bentham” sirvió también de modelo útil para el estudio del sistema represivo carcelario (op.cit). A partir de aquí se derivaron modelos de uso arqueológico para el estudio de los “fortines” que llevaron adelante la “guerra del desierto” en la Argentina de mitad del siglo XIX (Gomez Romero 2002). La escuela y la ciudad como institución de disciplinamiento también fue objeto de estudio espacial arqueológico (Zarankin 2002). Los sistemas de violencia producen una articulación de lugares a través de la cual la represión se territorializa generando el espacio de su autorepreoducción. El orden puede responder a un modelo institucional como fue en la primera época, donde la violencia se centró en lugares militares y policiales oficiales. Un segundo modelo se instala a partir del Plan Cóndor cuando la internacionalización del terrorismo de Estado. En ese momento cambia la estrategia y se genera una red de locales clandestinos, algunos de ellos apropiados al enemigo; otros

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generados en los sótanos, los vagones de trenes y los galpones, a menudo al fondo de los cuarteles. Estos lugares, con nombres codificados al igual que los represores (y los médicos que los asistían en las torturas) llegaron a conformar famosos itinerarios del terror. En ese marco adquirió todas sus connotaciones macabras la palabra “traslado”. Las personas podían ser detenidas en Argentina, pasar por los “chupaderos” de la ESMA, ORLETI o el Pozo de Banfield; viajar a Uruguay para ingresar en el circuito de tortura del Infierno Chico, pasar al Infierno Grande del 300 Carlos (Batallón No.13) para finalmente ser asesinado (Batallón No.14) o enviado a las cárceles de alta seguridad (Penal de Libertad, Punta de Rieles). Los ciudadanos ejecutados o muertos en la torturas serían luego inhumados clandestinamente en lugares aún desconocidos. Los testimonios frente a organismos de Derechos Humanos dan detalles de varios lugares vinculados a la represión. No obstante la ausencia total de información sobre cementerios clandestinos ha cuestionado fuertemente los resultados de la Comisión para la Paz que trabajo entre 2000 y 2004. La historia de los acondicionamientos y las acciones físicas que buscaron eludir o escapar de la represión, recién empieza y esta lejos de haber sido escrita. Hablamos de agujeros en muros, herramientas para excavar, túneles, cloacas, disfraces y otras instancias que permiten en retorno sentar las bases de una Arqueología de la anti represión, o de la libertad. En el caso uruguayo estos lugares de “fuga” constituyen un escenario formado por espacios “producidos” para la fuga y otros “apropiados” para la fuga. En el segundo caso sobresale el caso de la red cloacal de Montevideo que constituyó un espacio apropiado por la guerrilla urbana al servicio de la fuga carcelaria y la circulación clandestina de personas. Los guerrilleros en poder de los mapas de la red cloacal desplegaron su control por debajo de la ciudad. Los represores si bien ejercían su control en la superficie, mostraron siempre su desconfianza y temor de aventurarse en ese espacio infraurbano. Un elemento dialécticamente vinculado a la represión de seres humanos, es la propia resistencia a las condiciones represivas que manifiestan las personas. Entre las conductas anti represivas clásicas esta el caso de las “fugas”; protagonizadas en Uruguay recurrentemente por algunos presos y presas políticas en diferentes cárceles (Jefatura, Cabildo, Punta Carretas). La conducta de “fuga carcelaria” esta presente en diferentes momentos de la Historia y generalmente simboliza el valor universal de la libertad. La Arqueología de la fuga esta constituida a menudo por un túnel que por debajo de los muros de la arquitectura especializadamente represiva, conecta el espacio de represión (celdario, hospital, patio, baño) con el espacio de libertad de extramuros. Durante 1971 las cárceles uruguayas comenzaron a aumentar su población debido a que muchos presos luego de cumplida su pena no recuperaban la libertad. Estas personas continuaban detenidas bajo el estricto régimen de “medidas prontas de seguridad” por un tiempo indefinido. En ese contexto de cárceles llenas, en octubre de 1971 ocurre una fuga de 111 presos políticos de penal de Punta Carretas. La fuga expresaba además de la propia voluntad de escapar a la situación represiva, la resolución de una serie de problemas prácticos que pone a los individuos camino a su libertad, más allá de los muros de la cárcel. En esta misma cárcel han tenido lugar diversas fugas lo que muestra que no se trata de hechos aislados, sino que por el contrario son conductas anti represivas recurrentes. La

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primera fuga es en 1931 protagonizada por anarquistas expropiadores y tiene como destino la “carbonería del Buen Trato” ubicada al otro lado de la calle Solano García. La segunda fuga (arriba mencionada) conocida como “el abuso” partió del celdario y fue realizada por guerrilleros tupamaros en 1971. Fue la más numerosa y también salió al otro lado de la misma calle. La tercera fuga llamada “el gallo”de 1972, partió de “la enfermería” y alcanzo la red de cloacas en proximidad de la rambla costanera. En todos los casos el elemento común fue el túnel excavado por debajo del muro perimetral y a través de muros del celdario.

Plano del tunel de los Anarquistas

Otras cuatro fugas sin túnel tuvieron lugar en el mismo edificio del penal. Un guerrillero escapó dentro de un camión de basura (1970) otro cambió su lugar con su hermano (1972) y con anterioridad (1969) un delincuente apodado el “sátiro” había conseguido saltar los muros y ganar la calle Solano García hacia el Río de la Plata. Por el contrario, resultó un fracaso la fuga organizada por asaltantes de bancos (1966) que armados consiguieron pasar el primer recinto de seguridad, sin alcanzar la calle Ellauri. Debieron volver sobre sus pasos para esconderse en las celdas, donde fueron hallados y violentamente muertos varios de ellos. Una tipología de las fugas es posible, tanto como una Arqueología documentada que contribuya a su estudio material. Ella deberá tener cuenta de un marco teórico y metodológico que focalice aspectos como el número de participantes, el tipo de estrategia (simulación, túnel, salto de muro, etc.) la energía invertida, el riesgo, la duración (planificada u oportunista) los beneficiarios y el impacto en el contexto histórico y político. La fuga llamada “el abuso” fue planificada por ingenieros y especialistas, lo que explica lo sofisticado de la construcción del “túnel” central, que incluía sistema lumínico, de aire y de evacuación de tierra (Fernandez Huidobro 2005). La fuga llamada “el gallo” alcanzó la red cloacal (desde la enfermería) a través de la que escaparon 21 presos haciendo uso de unos carritos construidos para aumentar la velocidad de desplazamiento en un espacio reducido. Mientras “el abuso” gano el exterior con la cobertura de un operativo más amplio que incluía un baile de cobertura; “el gallo” con sus carritos llevo los presos a la orilla del Río de la Plata.

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En todos los casos, el estudio arqueológico de las fugas puede permitir colmar espacios vacíos de la memoria histórica vinculada a la resistencia. Al mismo tiempo permite recuperar valores universales asociado a la dignidad humana que han caracterizado la resistencia a los gobiernos autoritarios. La producción de juguetes en la cárcel. La represión política tuvo mucha facilidad para extender su efecto más allá del individuo focalizado originalmente, y rápidamente alcanzar a vecinos, amigos y familiares. Es el caso de los niños hijos de presos políticos, que fueron objetos indirectos de la represión que se instaló a través de ellos dentro del núcleo familiar. En el contexto de la “visita semanal” carcelaria padres e hijos realizaban intercambios afectivos al interior de los cuales rescatamos para una mirada arqueológica, a la producción de juguetes que los presos confeccionaban para sus hijos y otros niños. Sólo recientemente la Arqueología ha tomado cuenta de los niños, hasta ahora invisibilizados por marcos teóricos y aproximaciones, que haciendo énfasis en lo social de alguna manera dejaban en el olvido a los individuos (Politis 1999). Ha sido el caso de la situación de los niños durante las dictaduras represivas del Cono Sur que ha sido objeto de intenso seguimiento y preocupación por parte de los familiares, algunas autoridades públicas y los organismos de derechos humanos. Los niños durante la represión fueron robados como un botín de guerra, usados en los interrogatorios de sus padres, fueron castigados, en algún caso separados violentamente de sus familias. La aproximación arqueológica que proponemos se orienta a los niños familiares de presos políticos, en tanto consumidores de una producción especializada de “juguetes” producida en las cárceles. Los juguetes eran realizados con materiales accesibles al detenido desde su celda. Los materiales usados tienen que ver con la actividad doméstica carcelaria y su estricto control. Entre los materiales sobresalen el papel, el tejido, el cuero, el hueso y la madera. La fabricación se realizaba de manera regular pero adquiría particular significación en proximidad a fechas como navidad, “Reyes”, “el día del niño” o los cumpleaños. Esta producción artesanal orientada a la satisfacción afectiva de hijos de presos políticos, constituye un documento privilegiado, de la presencia de los niños al interior de la cárcel. Presencia en términos metafóricos, pero presencia a través del trabajo artesanal orientado a producir objetos especializados para contrarestar el efecto represivo de la reclusión y la separación forzosa. Esos objetos como pocos simbolizaban la relación entre padres e hijos en contextos de represión social. Si bien esta producción artesanal dirigida a niños era una actividad frecuente en las cárceles, hoy resulta difícil acceder a aquellos objetos, que todos recuerdan con mucho afecto pero que muchos han perdido en sus cajones y en sus mudanzas. Entre los objetos encontramos una gran variedad que se orienta desde los muy pequeños hasta los casi adolescentes. Los adornos y juguetes en hueso pulido fue una técnica que tuvo particular destaque en aquella época; facilitada por el fácil acceso al hueso a través de la comida. Los clavos, el vidrio y la lija se transforman en herramientas claves de esta producción altamente personalizada. Los trabajos en hueso y madera (Fig.2 y Fig.3) adquirieron particular desarrollo, al igual que los confeccionados en tela y lana (Fig.4). Cabe mencionar también el uso sistemático de cartón y papel.

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Fig 2. "totem" en hueso de Luis Ifrán, Penal de LIbertad 1983

Fig 3. "tortuga" en madera

Fig.4 Payaso de tela es de Pedro Buffa, Penal de Libertad 1980

La actividad artesanal en ese contexto comienza a ser una práctica nueva para muchas mujeres y hombres, y es a través de ella que se realiza una comunicación real, al tiempo de desafiar la separación física. El juguete o adorno que sale de la cárcel se instala como

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distintivo corporal reconocible en la escala de persona a persona. También se ubica en la casa en un espacio de carácter casi ceremonial en un lugar central de la vida del familiar. Como soporte comunicativo es polisémico, da cuenta de una relación interpersonal, ilustra el desarrollo de los medios de producción de los presos y ejemplifica el grado de tolerancia o de “apriete” en un momento dado en una cárcel. Conclusión. La Arqueología ha demostrado que constituye una útil disciplina auxiliar de la Historia y de la Justicia; y cumple a rigor ese rol en relación a la historia moderna de las naciones involucradas en la represión política de los años 70 y 80. Ella contribuye con su especificidad disciplinaria, a través de la posibilidad de focalizar una materialidad concreta, que en muchos sentidos esta desprovista de la subjetividad de los testimonios de los protagonistas. La constitución de un objeto de estudio denominado Antropología Forense focalizada en la represión, hace parte de una tendencia actual en la Antropología y la Arqueología Sudamericana (EAAF 2003). Busca hacer visibles a las clases sociales oprimidas, ignoradas hasta ahora por las historias oficiales (Politis 2002: 194). La Arqueología además define su propio registro material, capaz de expresar dimensiones aún desconocidas de viejos problemas, o capaz de servir de materia prima para investigar nuevas temáticas vinculadas a la represión, su efecto y su resistencia. Pensamos que este aporte reciente recién empieza y puede constituir el único acceso a algunas problemáticas complejas. Por lo pronto, nos ha permitido aproximarnos a los restos de los desaparecidos, confirmando el peor de los pronósticos. El del asesinato sistemático y de la implementación de una tecnología exhaustiva de ocultamiento de los cuerpos. Por otro lado, muestra también aspectos contradictorios de las técnicas de identificación (entre ADN y superposición de imágenes digitales). La Arqueología permite recuperar la memoria de los niños víctimas directas de la represión, pero sujetos a un tenaz olvido histórico por causa del “fuego amigo”. Los juguetes y adornos constituyen un material necesario para los futuros museos del horror que acepten el desafío de educar sobre memoria y justicia. Existe finalmente un registro arqueológico que permite recuperar un escenario alternativo a la imposición de la represión carcelaria. Se trata de aquél vinculado a una dimensión desafiante de la naturaleza humana y que es su permanente búsqueda de libertad. Las fugas de detenidos constituyen y constituirán siempre una prueba directa de ese fenómeno. BIBLIOGRAFIA Binford, Lewis. (1972) “Mortuary Practices: Their study and Their Potencial”. En Archaeological Perspective.pp.105-140. Seminr Press, New Cork. Comisión para la Paz (2004) Informe Final de la Comisión para la Paz. Presidencia de la República, Montevideo.

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Lull, Vicente (1998) “El Argar: La muerte en casa”. Anales de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Murcia,pp. 65-80. Murcia. Fernández Huidobro, Eleuterio (2004) La fuga de Punta Carrretas. Banda Oriental, Montevideo. Foucault, Michel (1978) Surveillier et punir. Gallimar, Paris. Gianotti, Camila y López Mazz, José (2002) “Intensificación ceremonial y prácticas mortuorias en la localidad arqueológica del Rincón de Los Indios (Rocha)”. Congreso AUA 2003. Montevideo.CD. Gómez Romero, Facundo (2002) “Philosophy and historical archaeology. Foucault and a singular technology of power developement at the borderlands of nineteenth century, Argentine”. Journal of Social Archaeology, vol. 2 (3):402-429. Comisión para la Paz (2004) Informe Final de la Comisión para la Paz. Presidencia de la República. Informe de Madres y Familiares de uruguayos detenidos desaparecidos (2005) A todos ellos. Madres y familiares de detenidos desaparecidos. Montevideo. Hodder, Ian (1982) Symbolic and Structural Archaeology.Cambridge. Martínez, Virginia (2005) Tiempos de dictadura. Ed.Banda Oriental, Montevideo. Moreno, Federica (2004) Estudio del material óseo asociado a los enterramientos del sitio Los Indios. Monografía del Taller II de Arqueología. Dpto. de Arqueología, FHCE/UdelaR. Inpublished. Mhemet, Yasa Iscan; Solla, Horacio y Mc.Cabe, Barbara (2005) “Vicitim of dictatorial regime: Identification of Mr. Roberto Gomensoro Josman”. En Forensic Science Internacional, xxx:1-8. O´Shea, John (1984) “ The development o fan Archaeology Theory of Mortuary Behavior”. En Mortuary variabilty. An archaeological investigation, pp.1-50.Academic Press, Londres. Politis, Gustavo (1999) ”La actividad infantil en la producción del registro arqueológico de cazadores-recolectores”. En Revista do Museo de Arqueología e Etnología.Isabel d´Agostino Ed, Suplemento 3: 263-283, Sao Paulo. Politis, Gustavo (2002) “South America: In the Garden of Forking Paths”. En Archaeology. The Widning Debate,pp.193-244. Oxford University Press, Londres. Solla, Horacio y Mehmet, Yasar Iscan (2000) “Skeletal remains of Dr. Eugenio Antonio Berríos Sagrado”. En Forensic Science Internacional 2912:1-11. Zarankin, Andrés (2002) Paredes que domesticam: Arqueología da Arquitetura Escolar Capitalista. O caso de Buenos Aires. UNICAMP, Sao Paulo.

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La materialización del sadismo, arqueología de la arquitectura de los Centros Clandestinos de Detención de la dictadura militar argentina (1976-1983) “Quien no estuvo en un campo de concentración, jamás podrá entrar allí, imaginarse lo que significa y quien estuvo, nunca podrá salir del todo” Daniel M, sobreviviente del Club Atlético (2002:10)

Andres Zarankin* Claudio Niro** Un día en El Vesubio. El 9 de mayo de 1978 en horas de la madrugada a bordo de un Ford Falcon llegué al centro clandestino de detención conocido como El Vesubio y ubicado en el Camino de Cintura y la Autopista Richieri, partido de La Matanza. Cuatro individuos a las órdenes de Suárez Mason me bajaron del coche encapuchado con las manos esposadas a la espalda, mientras me insultan y golpean para conducirme a una habitación. Dentro de la misma me hicieron colocar con las piernas extendidas junto a una pared y mientras me obligaron a apoyar la cabeza en el muro varios torturadores me propinaron patadas en los testículos y me insultaron. A dicho procedimiento lo denominaban “el ablande” y consistía en un método de acobardamiento del prisionero anterior al ingreso en la sala de tortura. Todos estos hechos sucedían en la casa 3, dado que el centro clandestino constaba de tres cuerpos y cada uno de dichos inmuebles estaba destinado a distintas funciones. Mientras en la casa 1 estaba la jefatura, sede de la comandancia y vivienda del encargado del campo; en la casa 2 se encontraban los “quirófanos o enfermerías”, es decir, las salas de tortura; y la casa 3 era el lugar de las celdas de detención o “cuchas”. Las “cuchas” eran unos habitáculos de uno por dos metros donde estábamos unas cuatro o cinco personas encapuchadas, engrillados de brazos y piernas a la pared, y a la vez esposados unos a otros. Cuando recién llegábamos a las “cuchas” nos obligaban a quitarnos las ropas y nos entregaban unos uniformes marrones que todos debíamos vestir. A través de este procedimiento nos hacían perder, junto a la ropa, los últimos rastros de nuestra vida exterior. Al principio reinaba el total desconcierto de parte de los que nos encontrábamos en esta situación. No sabíamos donde estábamos ni qué iba a suceder con nuestras vidas. La primera semana no comí nada a raíz del asco que me daba lo que nos daban (guisos orinados por los guardias) y por la forma en que nos hacían comer (debíamos comer de una olla inmensa tomando el alimento con las manos). Pasada la primera semana el hambre me hace comer todo. Un compañero secuestrado desde hacía mucho tiempo era quien nos suministraba el agua y a quien llamábamos “Hueso”. Este compañero era la única persona a quien podíamos ver mientras nos levantábamos las capuchas en caso de que no hubiera ningún guardia dando vueltas. Esto sucedía en pocas ocasiones dado que los guardias estaban vigilando constantemente. * **

Dipa-Imhicihu-Conicet y Profesor Visitante NEE-UNICAMP (Fapesp). Estudiante de la Carrera de Ciencias Antropológicas (UBA) y ex-detenido desaparecido.

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Dado que había un pequeño agujero en la capucha, (seguramente la misma había sido usada por otros compañeros en muchas oportunidades debido al olor que despedía) pude observar a través de la misma y reconocer la Autopista Richieri y a los colectivos de la línea 86 por medio de una ventana que se encontraba en lo que probablemente había sido un antiguo comedor de la casa 2. A partir del tiempo que soportamos en las cuchas y de la relación con “Hueso” comenzamos a conocer el lugar por las descripciones que él nos hacia. De este modo nos enteramos que la comida venía del cuartel de La Tablada cargada en una camioneta para luego ser deteriorada en El Vesubio. También nos contó que los captores nos consideraban “perejiles” a los compañeros que habíamos sido secuestrados en los secundarios Carlos Pellegrini y en el Juan José Paso. Nos explicó que en la casa 2 estaba la sala de torturas, quirófanos, y algunas veces nos conseguía pastillas robadas para calmar el dolor de los golpes. Mientras sucedía todo esto, afuera era el Mundial 78, entonces los verdugos veían los partidos por varios televisores y algunas compañeras los veían con ellos. Igualmente, las mujeres estaban detenidas en cuchas separadas de los hombres. También sabíamos que les hacían realizar tareas de orden doméstico en el campo de detención. Los guardias procedían de las escuelas del ejército: Lemos y Cabral. Muchos de ellos eran del litoral y escuchaban a menudo chamamé. Estos solían insultar con consignas racistas a los compañeros que identificaban como judíos y a todos en general. Me acuerdo que estaba con dos personas que habían caído, nuevas. Y empezamos a hablar como podíamos, y claro.... no hablaban de comida ni nada. Hablaban de la Revolución Rusa. Y yo no lo podía creer, me emocionó porque digo: estar hablando acá en medio de este lugar. Y los tipos me querían medio como captar para el trotskismo. Y después me puse feliz por un lado, si los tipos estaban ahí y yo podía escuchar la palabra Trotski y la palabra Lenin, ¡todavía no me pudieron! La sala de tortura era una habitación cubierta con telgopor y escrita con cigarrillos había una frase que decía: “si lo sabe cante, sino aguante”. Las paredes de telgopor estaban manchadas de sangre. Había un balde con agua, una foto de Hitler colgada debajo de la cual decía: Heil Hitler. La mesa era una mesa de madera con tablones, recubierta con hierros y estaba manchada de sangre. El Vesubio me trae ciertos recuerdos. Me acuerdo de la ciudad de Pompeya destruida en el año 79 DC. Las cenizas preservaron los edificios e incluso los cadáveres de sus víctimas. Este Vesubio año 1975 a 1978 DC también arraso con vidas y bienes de los detenidos, imponiendo una lógica del terror. Del terrorismo de Estado. Antes fue la lava ahora los Ford Falcon que se extendieron por toda Argentina. Mi compañero Leonardo, que era mi responsable en la agrupación en la que militaba, en un momento antes de la tortura me dice que “hay que cortar la cadena”, no delatar a nadie. No reconocer que éramos de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y tampoco Montonero. Debíamos fingir que no sabíamos nada de nada. El problema fue que alguno de los detenidos había reconocido su militancia en la UES. Mientras nosotros tratábamos de convencerlos que no teníamos nada que ver, que habíamos dejado de militar antes de la dictadura.

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En la sala de torturas me preguntaban por el responsable de mi pelotón pero yo nunca di ningún nombre. Los torturadores preguntaban con palabras propias de la militancia por lo cual debíamos darnos por ignorantes para no pisarnos. Usaban palabras como “embute”, “pepas”, etc. Posteriormente, fuimos trasladados a Villa Martelli, al Logístico 10. Nos metieron en unas celdas con una custodia que eran tres colimbas y un sargento o cabo. Ahí pudimos sacarnos las capuchas. Allí aparecía el Mayor Teslaf que hacía el rol de bueno pero después me enteré que era uno de los jefes del Vesubio. A través de los soldados, dado que habíamos hecho cierta amistad con ellos, sacamos una carta clandestinamente para nuestras familias avisando que nos encontrábamos vivos. El colimba no podía decir donde estábamos para evitar que corriera peligro su vida y la nuestra. Su nombre es Horacio Sap. Tres compañeros: Mauricio Westein, Juan Carlos Martire y Gabriela Juárez Celman, que cayeron días antes que nosotros continúan desaparecidos. Mediante Horacio Sap recibíamos notas de nuestras familias. Cierta vez escuchamos una conversación entre militares de alta graduación en la cual mencionaban que nos habían dividido en grupos de a cuatro en distintos cuarteles. De esta forma pudimos avisarles a nuestras familias que no sabíamos donde, pero que todos estábamos vivos . En realidad, durante el cautiverio, más de 40 días no dormimos. Era imposible dormir y olvidarse de lo que sucedía, tener sueños. La capucha te aísla por completo, del mundo interior. A su vez, hay otro detalle siniestro, rayano con la maldad de otros seres humanos: los gritos, aullidos, lamentos, los pedidos de piedad que gritan los torturados; los insultos, las puteadas, “subversivo de mierda....”, “bolche hijo de puta”, el Heil Hitler, la patota que viene pisándonos, las palizas con puños, patadas, fierros, contra nosotros, engrillados los tobillos, esposados e indefensos. Otra forma de resistir que tuvimos los compañeros: cuando llevroan a Leonardo a la tortura (casa 2) lo acostaron en “la parrilla” y le empezaron a dar picana para que “cante” a la hermana. En determinado momento hicieron entrar a Mauricio Westein y Juan Carlos Martire (estos compañeros siguen desaparecidos) les ofrecieron darle picana a Leonardo, como se negaron, los ataron a la misma parrilla en la que esta Leonardo y los torturaron a los tres. Había tres o más guardias que duraban veinticuatro horas. Una de las guardias era mandada por “Fierrito” y su patota. A este “Fierrito” le gustaba escuchar rock nacional (por ejemplo “Plegaria para un niño dormido” de Spinetta) y nosotros pensábamos que hijo de puta cómo puede escuchar este tema. También decía que le gustaban las películas de Igmar Bergman. Y a menudo solía hablarnos de su familia, de sus hijos. Otra guardia estaba a cargo de “Pancho” quien a veces nos daba pan y algún día nos tiró una frazada por el frío que hacía a consecuencia del invierno. Cierto día que estábamos a su cargo no nos trajo pan, entonces le empezamos a pedir a lo que Pancho contestó que al panadero lo habían secuestrado. Cierta vez vinieron los colaboradores (militantes de organizaciones políticas que en su momento habían sido secuestrado y que durante la etapa de cautiverio se pasaron al bando de los militares) y entre ellos había uno que se llamaba “Lucho”. Este era médico y en los operativos de secuestro iba con una jeringa que aplicaba a quienes tomaban la pastilla de

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cianuro para que la vomitaran. Los colaboradores habitaban el mismo chupadero en una dependencia que llamaban la “Q” de Quebrados. El grupo que vimos en El Vesubio estaba integrado por Lucho y tres mujeres. Una de ellas, la “Negra”, también torturaba con la picana. Los colaboradores en una oportunidad llegaron a la casa 3 y luego de hacernos subir la capucha para que podamos mirarlos nos hicieron un tipo de encuesta. Querían saber la clase social a que pertenecíamos, la religión, la organización en la que militábamos. Desde ya que estas preguntas no las contestábamos dado que no era más que un interrogatorio pero sin picana. Al poder mirarlos constatamos que ellos estaban bien vestidos y limpios. Además, nos pedían que colaboráramos mientras hablaban pestes de las conducciones de las organizaciones armadas. Nos decían que en realidad éramos idiotas útiles. Luego de pasados unos veinte días en cautiverio comenzamos a sentir versiones de parte de “Hueso” acerca de que nos consideraban “perejiles”. Otra versión era que íbamos a ir a una “granja de reeducación”. Esto me daba un miedo terrible porque según ellos nos iban a lavar el cerebro para convertirnos en otras personas. El hecho de transformarnos en personas domesticadas por ellos me despertaba temor por alguna forma de esclavitud mental, moral, física. Con el tiempo la novela “1984” de Orwel me recordó dichas sensaciones. Otro grupo de guardia eran los nazis. Cuando venían lo hacían vivando a Hitler cantando una canción que dice: “Ahí viene Adolfo por el callejón, matando judíos para hacer jabón”. Estos verdugos ponían grabaciones donde se escuchaba la voz de Hitler y cuando venían a buscarnos nos golpeaban con toda la furia produciendo la rotura de huesos de algunos de los detenidos. El problema de tener puesta una capucha es de no saber de donde proceden los golpes y por lo tanto permanecer en un estado de total indefensión. Estos tipos se copaban haciéndonos hacer gimnasia militar (cuerpo a tierra, saltos de rana, etc) manteniéndonos engrillados a la pared y durante horas. Nos gritaban en medio del ruido de las cadenas y amenazándonos con la picana si no cumplíamos con la consigna. Y, efectivamente, si alguien no resistía este trato era llevado a la casa 2 donde se encontraba el quirófano. Allí se lo torturaba por el placer mismo de torturar. Con un total sadismo. Mientras pasaba todo esto, escuchábamos la televisión y el Mundial 78. Cada vez que un rival le hacía un gol a la Argentina era muy triste para nosotros porque se desquitaban moliéndonos a palos. El baño de la casa 3 no tenía puerta, sólo una cortina. Recuerdo que había una ducha que en realidad era un caño del que salía el agua helada y una letrina para hacer nuestras necesidades. Me quedó grabado que no había papel higiénico sino una pila de libros de Marx, Lenin, la correspondencia Perón-Cooke y revistas como “El descamisado”, etc. Debido a la poca alimentación habíamos bajado de peso en forma considerable. Además, el mismo estado de debilidad hacía que padeciéramos alucinaciones y entráramos en momento de trance. Recuerdo que rezaba y que me acordaba de los cuarenta días del ayuno de Cristo. Los chicos judíos le rezaban pero a Jehová. La debilidad hacía que resultara más fácil torturarnos e incluso que ofreciéramos menos resistencia. Perdimos tanto peso a lo largo de esos días que cuando nos trasladaron al cuartel de Villa Martelli y me pude ver en un espejo no me reconocía. Parecía otro, un cadáver viviente. Me recordaba a los prisioneros de Auschwitz. “Siempre asustan los aparecidos” (frase de Jorge Semprún). Hace poco volví al sitio donde estaba el Vesubio. Cuando uno llega lo primero que ve son las ruinas. El mismo fue demolido a fines del 78 por el arribo de la Comisión de la OEA de Derechos Humanos. Las ruinas del Vesubio están cercadas por alambres de púa y el único

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problema es que no se puede ingresar porque allí vive una persona que impide el acceso al lugar amenazando a los organismos de derechos humanos y largando a unos perros de su pertenencia. Igualmente, en una oportunidad pude entrar y reconocí unas baldosas rojas que pertenecían al baño. Cierro los ojos y pienso: restos del campo y horror. Cuando nos hacen esperar a todos encadenados frente al quirófano mientras escucho los gritos y aullidos de los torturados, la música de chamamé, las voces de los torturadores. Pienso cómo será la tortura y si la voy a aguantar. Cuanto tiempo pasa, imposible saberlo, el temblor de mi cuerpo y demás compañeros. El miedo. Me llevan al quirófano, me sacan la capucha y hay unas luces fuertes que no me dejan ver. Una voz potente, reconozco que es la del “Vasco”, me pide que colabore. Me agarran entre cuatro personas, me sacan la ropa, me mojan con un trapo con agua y me atan un cable al dedo gordo de un pie. Con otro cable me empiezan a dar máquina. El vacío. No se cuanto tiempo dura en realidad. Siento que me sacan el alma. Me sacan desecho, roto y me llevan a las “cuchas” con los demás compañeros. Cierto día, un compañero que tomaba un medicamento debido a un problema psicológico, padecía delirios de persecución, al quedarse sin el mismo pedía a los gritos que se lo trajeran. Nosotros le pedíamos que se callara para evitar la reprimenda. Sin embargo, continuaba gritando y solicitando el medicamento hasta que se escucha la voz de un represor que le dice: “de que te quejas de tu delirio de persecución si ya te agarramos”. Claudio Niro, sobreviviente del CCD “El Vesubio” El relato revela claramente algunos de los dispositivos diseñados desde el sistema en los Centros Clandestinos de Detención (CCD’s), utilizados por la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, para destruir la identidad como personas de los detenidos. Privación de visión, limitación de la movilidad, aplicación de tormentos, falta de alimentos, condiciones climáticas extremas (frió o calor), prohibición de comunicación con otras personas, sustitución del nombre por un numero, entre otras, son dispositivos que tienen, principalmente, como foco de acción directa cuerpo y mente del detenido. Estamos ante un nuevo modelo punitivo que utiliza elementos de sistemas represivos anteriores. Por ejemplo la utilización de torturas físicas y la destrucción del cuerpo es típico de la edad media, mientras que la organización del tiempo en rutinas que se repiten cotidianamente es característico de las instituciones disciplinares del siglo XVIII y XIX. Este artículo se propone discutir a partir de un nivel teórico y otro corporal -es decir a partir de experiencias reales, sufridas por uno de los autores- la arquitectura y la organización espacial de los Centros Clandestinos de Detención en Argentina, y sus efectos sobre los cuerpos y mentes de los detenidos. La arquitectura y la organización del espacio en los CCD’s están pensadas como herramientas para garantizar el funcionamiento del poder. Son estas estrategias las que nos interesa discutir en este artículo, desarrollando una visión arqueológica de este problema. Para ello partimos de una idea dupla de “Arqueología”. Por un lado como el estudio de las personas desde la cultura material y al mismo tiempo siguiendo a Foucault (1970:235), como: La arqueología no trata de restituir lo que ha podido ser pensado, querido, encarado, experimentado, deseado por los hombres en el instante mismo en que proferían el discurso (...) No es nada más y ninguna otra cosa que una reescritura, es decir en la forma mantenida de la exterioridad, una transformación pautada de lo que ha sido y ha escrito. No es la vuelta al secreto mismo del origen, es la descripción sistemática de un discurso objeto.

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De esta manera, si pensamos que la arqueología es en realidad una construcción cultural del pasado, esta puede transformarse en un herramienta de lucha política, destinada a enfrentar las “master narratives” (Johnson 1996) y o “historia oficial”. El investigador puede así, de manera explícita, asumir una posición activa en el proceso de interpretación de un pasado que ya no es el verdadero, sino apenas una interpretación (Shaks y Tilley 1987, Funari 1988, 1999). Desde estas perspectivas la cultura material está simbólicamente constituida (Hodder 1982), es producto y productora de personas y subjetividades (Andrade Lima 1999). Los objetos son considerados elementos activos y dinámicos, y sólo pueden ser interpretados dentro de los contextos históricos y sociales de los cuales forman parte. Precisamente, en el caso de los CCD’s para lograr una la lectura de su materialidad necesitamos contextualizarlos. De esta manera dividimos el articulo en dos partes, una primera donde presentamos una síntesis de la historia de las instituciones punitivas en la sociedad occidental y un panorama general del funcionamiento de la represión durante la dictadura en Argentina. En la segunda parte trabajamos sobre un caso de análisis especifico, el CCD Club Atlético, a partir del cual discutimos la arquitectura y la organización espacial de los CCD’s. Instituciones Punitivas En “Vigilar y Castigar” (1976), Foucault analiza el surgimiento de las instituciones disciplinares entre el siglo XVI y el XIX, estableciendo una relación directa entre las formas de represión y el objeto punido, que pasa de estar centrado en cuerpo en el siglo XVI, hacia el alma y la mente en el XIX. En palabras del autor “la prisión remplaza al patíbulo”. Este cambio se refleja en la aparición de toda una serie de dispositivos disciplinares dirigidos a generar individuos, dóciles en mente y cuerpo, a través de Instituciones de “ortopedia social “, como colegios, fábricas, hospitales, manicomios, albergues para huérfanos, prisiones, entre otros (Bentham 1786, Goffman 1974, Gaudemar 1981, Donzelot 1981). Paralelamente, la ciudad también comienza a ser organizada en función de una serie de parámetros disciplinares -especialmente vigilar, controlar y dominar- generados desde el poder (King 1980, Markus, 1993a, 1993b, Parker Pearson y Richards 1996). En el caso de la prisión, su función es privar de la libertad como forma de castigo. A través del encierro se busca no sólo punir a la persona sino que ese tiempo pueda ser utilizado para que el detenido sea reformado. Precisamente esta situación es la que torna a esta institución la más civilizada y humana de todas las penas. Como señala Foucault la prisión al corregir, al modificar, al volver dócil y disciplinado al individuo, no hace más que reproducir, de manera acentuada todos los mecanismos que se encuentran en el cuerpo social. La arquitectura de estos lugares crea límites artificiales donde los cuerpos son confinados y controlados (Grahame 1995, 2000, Zarankin, 1999, 2000, 2002). A partir de entonces y a lo largo del tiempo estas instituciones han ido ampliándose y especializándose. Escuelas según tipo de educación y clase de personas (chicos, adultos, retrasados, ciegos, de clase baja, de clase alta, etc.), hospitales para quemados, para chicos, para ojos, para problemas cardíacos, para cáncer, entre otros. En el caso de las prisiones, durante el siglo XIX y el XX, son creados institutos de detención de menores, prisiones de diversas seguridades (baja, media y alta), campos de concentración, prisiones psiquiátricas, cárceles en comisarías, entre otras.

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Argentina hizo una macabra contribución a esta extensa lista, los Centros Clandestinos de Detención (CCD), desarrollados durante el proceso militar entre los años 1976 y 1983. Se trata de un tipo de dispositivo represivo, que si bien puede contar con algunos antecedentes en la historia, solo fue generado de manera masiva y sistemática durante la década de 1970. Este combina y maximiza los peores rasgos de todas las instituciones punitivas creadas hasta entonces. Su función ya no es detener y corregir sino destruir y eliminar. “ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes tempoespaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado” (Conadep: 1984:55) El golpe militar El 24 de marzo de 1976 un golpe militar derrocó a la Presidenta Isabel Martínez de Perón (viuda del General J. D. Perón), bajo la excusa de la incapacidad del Gobierno para controlar las acciones de los llamados grupos “subversivos”, que intentaban imponer en el país un orden social opuesto a las “costumbres argentinas”. Asumió el poder una junta integrada por el Tte. General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando Agosti, iniciándose así al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, uno de los períodos más oscuros y siniestros de la historia argentina. Políticas económicas ultraliberales (Forrester 1995, 2000) fueron instauradas bajo la supervisión del ministro de economía José Martínez de Hoz, multiplicando exponencialmente la deuda pública y privada (esta última posteriormente estatizada). Para lograr el éxito del nuevo plan económico y la destrucción de toda resistencia popular, el gobierno militar desarrolló un proyecto de aniquilamiento físico de todas las instituciones y o personas que disintieran. Esto se realizó a partir de una estructura clandestina paralela, que incluía Centros Clandestinos de Detención, personal Militar y Policial actuando de civil (sin identificación), secuestros y asesinatos, entre otros. La represión, basada en un plan perfectamente estructurado, tenía además como objetivo someter a la población a través del terror, imponiendo así un “orden” sin oposición. Este plan criminal incluía la desaparición de personas, mediante el mecanismo de Centros Clandestinos de Detención, en los que se torturaba y mantenía cautivas a las personas consideradas “disidentes”, antes de asesinarlas. La “desaparición” de personas La "desaparición" fue la fórmula adoptada por los militares para eliminar a los opositores. Este procedimiento, que incluía un léxico específico consistía en primer lugar en marcar una persona u "objetivo", que luego era secuestrada -"chupada"- por un comando paramilitar "grupo de tareas" o "patota"-. Se lo trasladaba a un CCD o “pozo”, donde encapuchado “tabicado”-, se lo despojaba de todas sus pertenecías. Incluso el nombre era suprimido y en su lugar se le asignaba una letra y un número que serían la forma de identificarse de ahí en más. El detenido, sin ninguna garantía legal, quedaba así a merced de los represores. La “desaparición” de las personas se completaba con métodos que incluían arrojarlas aun con vida al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares o mediante fusilamientos y entierros en fosas comunes sin ningún tipo de identificación (Belleli y Tobon 1985, EAAF 1992, Doretti y Fondebrider 2001). Como señala Amnistía Internacional en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos “Debido a la naturaleza,

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una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada”. Miles de personas, de todas las edades y ocupaciones (Fig. 1), fueron secuestradas y continúan desaparecidas. Una comisión constituida en 1983 –Conadep- constató más de 9.000 casos, mientras que por su parte los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000. Ocupación Obreros Estudiantes Empleados Profesionales Docentes Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad Amas de casa Autónomos y varios Periodistas Actores y artistas Religiosos

Porcentaje 30% 21% 17,8% 10,7% 5,7% 2,5% 3,8% 5,0% 1,6% 1,3%

Fig. 1: Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación (fuente Conadep 1984)

Es necesario aclarar sin embargo, que la desaparición de personas no fue un método exclusivo de la dictadura pos 1976, pero sí su instauración como modelo masificado de destrucción de la disidencia. Ya desde principios de la década de 1970 los grupos paramilitares conocidos como Triple A, liderados por el asistente personal del General Perón, y después Ministro de Bienestar Social, José López Rega, la utilizaban como herramienta represiva. Los Centros Clandestinos de Detención como “no-lugares” Tal vez por el horror que produce recordar su existencia, o por la necesidad de algunos de negar esa parte de nuestra historia reciente, son pocos los estudios que discuten los centros clandestinos de detención (Conadep 1984, Calveiro 2001, Barros 2001, Di Ciano et.al. 2001, Benitez et. al 2002, Daleo 2002, Calvo 2002, Bozzuto, Diana, Di Vruno, Dolce y Vazquez 2004)22. Pilar Calveiro en su tesis de doctorado (2001) analiza, desde su condición de exdetenida desaparecida y también de cientista social, el fenómeno de estos campos de concentración argentinos, a lo que caracteriza como los “quirófanos” en donde se llevaron a cabo las “cirugías mayores” consideradas necesarias por los militares para el “salvataje” de la sociedad. Siguiendo su planteo, fueron el punto de partida para construir “una nueva sociedad, ordenada, controlada y aterrada” (2001:11). “El campo de concentración aparece como una máquina que cobra vida propia. La impresión es que ya nadie puede detenerla. La sensación de impotencia frente al poder secreto, oculto que se percibe como omnipotente, juega un papel clave en su aceptación y en una actitud de sumisión generalizada” (2001:12) Calveiro destaca que los primeros campos de concentración en Argentina comienzan a Es interesante mencionar el hecho de que prácticamente la totalidad de las publicaciones sobre CCD’s fueron generados por los propios sobrevivientes de estos campos. 22

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funcionar todavía durante el gobierno democrático de Maria Isabel Martínez de Perón, al momento de firmarse la “Orden de Aniquilamiento” de la subversión en 1975. Sin embargo solo después del golpe militar del 24 de marzo de 1976 es que la desaparición de personas y los campos de concentración se convirtieron en las modalidades represivas por excelencia. Durante la dictadura funcionaron en el país más de 340 CCDs. Su magnitud fue variada y se estima que pasaron por ellos entre 15000 y 20000 personas, de las cuales 90% fueron asesinadas (Calveiro 2001:29). Un punto interesante tiene que ver con las fuentes de inspiración de los CCD´s; Acaso siguen algún modelo? Calverio no cree que los militares argentinos se hayan inspirado en los campos de concentración Nazis o Estalinistas, sino simplemente reproducen prácticas de poderes totalizantes que incluyen campos de concentración (2001:40). Creemos que una fuente que debe ser explorada son los modelos empleados por los militares franceses en la lucha armada en Argelia, que incluían centros de detención clandestinos donde las personas eran torturadas y asesinadas. No debemos olvidar que un importante número de altos oficiales argentinos recibieron entrenamiento militar de lucha contra la subversión en ese país europeo. En el CCD priman algunas de las concepciones iniciales de la prisión del siglo XIX, es decir el principio del aislamiento total del detenido (tanto del mundo exterior como de los demás detenidos). Como indica Foucault “la soledad es la condición primera de la sumisión total…el aislamiento asegura el coloquio a solas entre el detenido y el poder que se ejerce sobre él.” (1976:240). En algún sentido se asemeja a un campo de concentración ya que allí son reunidos, aislados y retenidos los "enemigos". Sin embargo la diferencia es que mientras que un campo de concentración es "un lugar" que se rige (o al menos debe hacerlo según una serie de convenciones internacionales que garantizan algún respeto a los prisioneros) el CCD no posee ninguno -al menos oficial-, porque simplemente "no existe" –institucionalmente-. Su condición de clandestino le otorga la ventaja de la invisibilidad y la impunidad, lo convierte en un "no-lugar" para aquellos que se encuentran dentro de su espacio. Este "no-lugar" transforma a sus ocupantes en “desaparecidos”, precisamente porque no están en un ningún "lugar", o al menos no se conoce su localización. Parte de su invisibilidad se debe al hecho de que funciona dentro de otros edificios. En general no son construidos CCDs, sino que se adapta parte o la totalidad de un edificio existente para funcionar como tal (Conadep 1984:58). Precisamente una de las cosas que más estremeció a la sociedad argentina luego del retorno de la democracia fue el saber que en el edificio “vecino”, o “ese que uno pasaba todos los días cuando venía de trabajar”, había funcionado como CCD. Allí habían sido torturadas y asesinadas miles de personas y gran parte de la gente no se había dado cuenta lo que ocurría detrás de esas paredes. El funcionamiento de los CCD La organización y el manejo de los prisioneros dentro del CCD evidenció una planificación sistemática, lo que vuelve innegable que se trató de un plan criminal ideado para eliminar personas (Conadep 1984). Así existía una secuencia de pasos, relatadas por Niro en la introducción, que comenzaba con la llegada de los detenidos, que eran desnudados y se les asignaba una letra y un número, que a partir de ese momento se convertía en su única identificación. Posteriormente el “ablande”, que consistía en sesiones de tortura sistemática donde se encargaban de profundizar este proceso de destrucción de la identidad. Por qué este énfasis en despojar a los detenidos de sus nombres y por lo tanto de sus

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identidades? Si no hay nombres, –una de las características básicas de cualquier ser humano, no existen personas, simplemente cuerpos anónimos que están sujetos a los dispositivos punitivos y burocráticos de esa estructura represiva. Sin identidad el sujeto pierde los lazos con su propia historia, con su pasado, se transforma en un ser quebrado. Esta situación favorece la posibilidad de delatar compañeros u obedecer las ordenes impuestas. Por su parte los represores, sí bien tampoco utilizaban sus verdaderos nombres dentro de los CCD’s, a diferencia de los detenidos tenían apodos –Hueso, Angel, Gordo, Turco, Doctor K, Padre, Calculín, Raul, Karateca, entre otros-. Esa transformación no solo aseguraba preservar su verdadera identidad delante de los detenidos, e incluso en ciertos casos de sus propios colegas, sino el transformarse en personas diferentes, tener múltiples personalidades –buen padre y torturados sádico23-. De igual manera, los CCD’s reciben nombres simbólicos, que permiten la existencia de estos “no-lugares’. El Olimpo, Club Atlético, Vesubio, Garage Azopardo, Talleres Orletti, entre otros”24. Los detenidos podían pasar días, meses, o incluso años en un CCD, hasta que se decidía si se los “trasladaba” –jerga que significaba asesinarlos- o si se los blanqueaba y pasaban a ser presos comunes del servicio penitenciario. Durante la mayor parte de ese tiempo, como fue mencionado anteriormente, permanencían “tabicados”, es decir encapuchados o vendados, lo que era otra forma de tortura (Fig. 2): “La tortura psicológica de la capucha es tan mas terrible que la física, aunque sean dos cosas que no se pueden comparar ya que una procura llegar a los umbrales del dolor. La capucha procura desesperación, la angustia, la locura. Encapuchado tomo plena conciencia de que el contacto con el mundo exterior no existe. Nada te protege, la soledad es total. Esa sensación de desprotección, aislamiento y miedo es muy difícil de describir. El solo hecho de no poder ver va socavando la moral, disminuyendo la resistencia” (Lisandro Cubas, Conadep (1984:59).

Fig. 2 Diseño de artistas en el lugar, en homenaje a los detenidos en el Club Atlético. Un buen ejemplo de esto es la obra de Eduardo Pavlosky “El Señor Galindez”. Estos centros tienen nombres, no son números como hoy las comisarías, Existen? También se demuelen. También desaparecen? María Ximena Senatore (Com. Per 2005) 23 24

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Benítez, Enríquez y Di Ciano (2001:11), definen de manera clara los resultados buscados por esta maquinaria del horror “La vida dentro del campo y las sesiones de tortura estaban planificadas para llegar a la destrucción y denigración del cautivo”. Al mismo tiempo, existían mecanismos implementados para evitar el suicidio de los prisioneros, así como los intentos de fuga. Estos eran diálogos de los represores con los detenidos sobre sus familias o preguntas sobre planes cuando dejaran el CCD. “El responsable del Club Atlético era el Comisario Antonio Benito Firovanti, alias “Tordillo”, “Coronel” o “De Luca”, quien dedicaba largas horas a hablar con los secuestrados. Los interrogaba sobre su familia y en torno a los planes que tenían si salían en libertad. Esta política tenía un fin específico: crear falsas expectativas para reducir los intentos de suicidio y desalentar toda idea de fuga. Aquí se esbozó una política que, a mediados de 1978, se perfeccionó y desarrolló en otros campos” Benítez, Enríquez y Di Ciano (2001:11) En el CCD, a pesar de su clandestinidad, existía una organización perfectamente articulada que permitía el funcionamiento de esta maquina desaparecedora, compuesta por diversos grupos: Patotas Grupos de tareas encargados de los procedimientos orientados a secuestrar personas. Grupos de inteligencia Grupo que manejaba la información, seleccionando las victimas y orientando las torturas Los guardias Formaban el aparato de vigilancia y mantenimiento del CCD Los desaparecedores de cadáveres Era el grupo que se encargaba del asesinato y la disposición final de los cuerpos. Para Calveiro esta división de tareas represivas tenía como objetivo que nadie se sintiera único responsable. El dispositivo consistía al mismo tiempo en despojar a los detenidos de su condición de personas y generar una cadena o engranaje que garantizase el funcionamiento automático de esta maquinaria de destrucción, como una cadena de montaje fabril, “todo adoptaba la apariencia de un procedimiento burocrático” (2001:39). El Club Atlético El caso del Club Atlético –C.A- resulta relevante para discutir estas cuestiones por su historia particular (Benítez, Enríquez y Di Ciano 2001). Sabemos que fue producto de la disolución y traslado de otro CCD “Garage Azopardo” que funcionó entre 1976 y 1977, a pocas cuadras de distancia en el mismo barrio. Posteriormente, en el momento de desactivación del CA a fines de 1977, su infraestructura y los detenidos que allí se encontraban fueron reubicados en un CCD llamado “El Banco “que fue creado específicamente para dicho fin. Finalmente fue instituido un nuevo CCD, uno de los mas conocidos, cuyo triste y célebre nombre fue “El Olimpo” (1978-1979). NOMBRE DEL CCD GARAGE

FECHA DE FUNCIONAMIENTO Agosto 1976 – febrero 1977

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AZOPARDO CLUB ATLETICO EL BANCO EL OLIMPO

febrero 1977 – diciembre 1977 diciembre 1977 – agosto 1978 agosto 1978 – enero 1979

El Club Atlético, cuyo nombre era en realidad “Centro Antisubversivo” (Club Atlético fue una derivación de las iniciales C.A.) funcionaba en el sótano del depósito de suministros de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, entre las calles Paseo Colón, Cochabamba, San Juan y Juan de Garay (Fig. 3). Se sabe que por el pasaron alrededor de 1500 personas, la mayoría de las cuales permanece desaparecida. Tenía capacidad para mantener al mismo tiempo 200 detenidos. El edificio fue demolido en 1977 ya que se encontraba en el trazado de la autopista 25 de mayo.

Fig. 3 Vista de la fachada del edificio en el que funciono el “Club Atlético”

El proyecto Arqueológico En el año 2003, es convocado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un concurso de proyectos para excavar los restos de este lugar25. Nuestra propuesta fue seleccionada (Bianchi Villelli y Zarankin 2003a). El proyecto se llamó “Arqueología como memoria: Intervenciones arqueológicas en el Centro clandestino de detención y tortura “Club Atlético”. Los objetivos del proyecto pueden ser resumidos en 2 puntos principales. Por un lado buscamos entender la lógica de funcionamiento y organización del espacio de la arquitectura de este dispositivo desaparecedor de personas. El segundo objetivo fue contribuir a la construcción de una memoria material. Es decir transformarla en algo físico, para así poder ser percibida de maneras diferentes a la palabra (oral o escrita). Una memoria que pueda ser tocada, olida, experimentada (Fig.4). Como ejemplo podemos mencionar como una simple pelotita de ping pong26 recuperada durante las excavaciones puede transformarse en un

25

26

Con anterioridad existieron trabajos de excavación coordinados por el Lic. Marcelo Weissel (Weissel 2002), Barrera (2002). Se trata de una pelotita de ping pong con la que los torturadores se entretenían mientras los presos eran torturados.

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símbolo de la memoria del sufrimiento de quienes fueron torturados en el lugar. Como señala Delia Barrera (2002:4), sobreviviente del Club Atlético: Qué pensarán los que jugaban al ping-pong frente a la leonera mientras nosotros éramos torturados, de la pelotita que acabamos de encontrar debajo del montacargas? Debemos considerar que la historia de la represión ilegal durante la dictadura militar ha sido ser ocultada o contada a través de una “versión oficial”. La excavación del Club Atlético entonces, es una forma de recuperar la memoria, y a través de ella, contraponerse a la historia que nos fue transmitida. Se trató de un proyecto que contempló la participación de sobrevivientes y familiares de detenidos del propio centro de detención Club Atlético, como una forma de reapropiación de su propia historia, que de alguna manera es la de todos.

Fig. 4 Vista de los trabajos de excavación en el “Club Atlético” (2003)

La organización del espacio en el Club Atlético No han sido localizados planos que puedan dar cuenta de cómo era realmente la organización espacial de este CCD. Tampoco pudieron ser confeccionados sobre los restos del lugar, ya que mas del 80% de su superficie se encuentra todavía sin excavar (y gran parte difícilmente pueda ser estudiada ya que implicaría demoler la autopista que pasa por encima). Por tal motivo trabajamos tomando como base relatos y un plano generado por los propios sobrevivientes –Fig.5 y 6- (Benítez, Enríquez y Di Ciano 2001:10) en función de sus recuerdos27. Posteriormente fue contrastado con los espacios del centro que fueron excavados mostrando que existe un concordancia importante entre ambos.

Este mismo procedimiento de reconstrucción de CCD’s fue empleado en otros centros como señala el informe de la Conadep (1984:60) “fue determinante la memoria corporal de los detenidos; cuantos escalones debían subirse o bajarse para ir a la sala de tortura, a los cuantos pasos se debía doblar para ir al baño, que traqueteo, giro o velocidad producía le vehículo en el cual los transportaban al entrar o salir del CCD, etc.”. 27

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Fig.5 Planta generada por los propios sobrevivientes en función de sus recuerdos (en Benítez, Enríquez y Di Ciano 2001:10) Izq-, y Plano del sector excavado (Bianchi Villelli y Zarankin 2003b), -Der-

Ejemplos de relatos Descripción: “La dependencia contaba con 2 niveles. Al primero se accedía por una puerta de vidrio. Allí Delia Barrera había una oficina en la que se podían observar 2 escritorios, máquinas de escribir y un (en Benitez et al. teléfono… 2001:10) El subsuelo carecía de ventilación y luz natural, muy húmedo y caluroso. Se ingresaba por

Conadep (1984:90)

una angosta escalera que llevaba a una sala provista de una mesa de ping-pong que usaban los represores para jugar. Al costado, una sala de guardia, dos celdas para incomunicados, una pieza de torturas y “la leonera”, una habitación con piso de cemento, dividida en boxes, con pared de un metro de altura. Completaban la estructura 41 celdas pequeñas, numeradas con camastros de cemento provistos de colchón fino de goma espuma y una manta. Las puertas tenían una pequeña mirilla; en el piso había un frasco con lavandina en el que debían orinar los secuestrados. Los autos entraban por Paseo Colón. Los vecinos de entonces pudieron observar que tras el portón de acceso había una cortina oscura que caía después de que pasaban los vehículos. Tras bajarlos de los coches, los prisioneros eran empujados por la escalera hasta el subsuelo…” “Primer nivel: Salón azulejado, puertas de vidrio, un escritorio grande y otro pequeño, en ellos se identificaba y asignaba un numero a cada detenido. Acceso disimulado al subsuelo. Subsuelo: Sin ventilación ni luz natural. Temperatura entre 40 y 45 grados en verano. Mucho frió en invierno. Gran humedad. Las paredes y piso rezumaban agua continuamente. La escalera llevaba a una sala provista de una mesa de ping pong que usaban los represores. Al costado, una salita de guardia. Dos celdas para incomunicados. Una sala de torturas y otras para enfermería. Cocina, lavadero y duchas, estas con una abertura que daba a la superficie externa por donde los guardias observaban el ano de las mujeres. Otro sector para depositar el botín de guerra. Celda llamada “leonera”, con tabiques bajos que separaban boxes de 1,60x0,60m. En un sector, 18 celdas, en otro 23. Todas de 2x1,60m y una altura de entre 3 y 3,50m. Tres salas de tortura, cada una con una pesada mesa metálica. Colchones pequeños manchados de sangre y transpiración, de goma espuma.” Fig. 6 Ejemplos de relatos sobre le Club Atlético

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Análisis de la planta del Club Atlético Para profundizar nuestra lectura de la arquitectura y la organización del espacio del Club Atlético, utilizamos como punto de partida la planta producida por los propios detenidos, que es analizada a partir de una serie de modelos generados desde la arquitectura y las ciencias sociales28. Entre estos el modelo Gamma de Hillier y Hanson (1984) y los índices de Blanton (1994). El modelo Gamma de los arquitectos ingleses Hillier y Hanson, permite descomponer el edificio en una serie de gráficos para entender la organización de su espacio. Como resultado del mismo obtenemos un gráfico de su estructura, compuesta por nodos (que representan espacios) y conexiones (que son puertas que conectan un nodo (o espacio) con otro –Fig.7-. Por su parte el arqueólogo Richard Blanton (1994), tomando como base el modelo “gamma”, construye una serie de índices que posibilitan afinar y profundizar el análisis de la estructura arquitectónica. Estos Índice son denominados de “escala” (mide el tamaño de la estructura), “integración” (establece el tipo de comunicaron y circulación dentro de la estructura), y “complejidad” (permite ver la distribución y el aislamiento de los espacios) –Fig. 8 y 9-. Aplicación del Modelo Gamma:

Fig. 7 Aplicación del modelo Gamma 29

Indices de Blanton: Nodo 1 2 3 4

conexiones 1 3 3 1

Dist.ext 4 3 2 3

Nodo 31 32 33 34

conexiones 1 1 1 1

Dist.ext 4 5 5 5

Estos modelos ya fueron aplicados con éxito en otras estructuras arquitectónicas (Zarankin 1999, Zarankin 2002). Es importante señalar que a pesar de que existía un montacargas que llegaba al subsuelo, al momento de funcionamiento del centro este estaba desafectado o no funcionaba (por tal motivo sólo existía una única escalera para acceder al sector donde funcionaba el centro). 28 29

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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1 2 5 1 4 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 2 3 2 1 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Totales

5 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117

4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 269

Fig. 8: Tabla para calcular índices

Indice de Escala: 59

Indice de Integración: 59

59 = 1

Indice Complejidad A: 117 Indice Complejidad B: 269 = 4.5 59

Fig. 9: índices de Blanton

El alto índice de escala -59 nodos o espacios- está mostrando el grado de compartimentación del espacio, dividido de tal manera que permita maximizar elementos de aislamiento como celdas, salas de interrogación y tortura. Esta estructura revela al mismo tiempo la necesidad del centro de generar un espacio celularizado y panóptico como eje para su funcionamiento. Por su parte el índice de integración -1-, en conjunto con los de complejidad -117 y 4.530evidencian de manera indiscutible que estamos ante espacios no distributivos y de alto grado de aislamiento. Este tipo de estructura es típico de instituciones disciplinares y autoritarias, donde existe un espacio de circulación controlado y regulado. La aplicación de estos modelos permite observar como elemento organizativo del espacio un parámetro de maximización y operatividad de los procedimientos represivos. Funcionan como base de esta estructura, una circulación restringida y controlada, además de un profundo aislamiento de los ambientes. Por otra parte el espacio del “CA” puede ser dividido en 2 ejes –Fig.10-. Un sector superior (que ocupa aproximadamente un 20% de la superficie total), que podemos denominar como el centro burocrático del CCD. Existe otro posterior, que aloja a los prisioneros y donde se ubican las salas de tortura. Esta organización divide y clasifica a las personas dentro del mismo, en este caso, 4,5 representan la media de espacios necesario para acceder a la primera planta del edificio (que a su vez tenia probablemente otros 4 o mas espacios que la distanciaban de la calle). 30

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delimitando espacios de circulación y permanencia de los detenidos. Burocracia Salas de detención colectivas Celdas Salas de Tortura Celdas Fig 10: esquema de la organización del espacio en el Club Atlético

Creemos que la instalación de las salas de tortura en un espacio central entre los calabozos permite por un lado minimizar el traslado de los detenidos en el espacio, al mismo tiempo que sus gritos puedan ser oídos por quienes en ese momento están en las celdas. Existe también un elemento simbólico asociado a la organización del espacio. Así a medida que se avanza hacia el interior del CCD el nivel de suplicio va aumentando. Imaginemos que el prisionero no puede ver, pero si experimentar ese espacio a través de los sentidos. Los olores de cuerpos y fluidos humanos, la humedad y la falta de ventilación del subsuelo, el calor y el frío, los gritos y llantos de los otros detenidos, la dureza de de las paredes y el piso –donde eran colocados-. Se trata de una estructura para ser percibida de maneras alternativas a la visión, a través de sentidos como el tacto, el sonido o el olor. Su centro, su corazón, es la sala de tortura, la que de alguna manera representa la materialización del sadismo con la que fue proyectado el CCD. Los cuerpos de los detenidos al estar inmovilizados, atados o engrillados a las paredes y los pisos, aislados e impedidos de comunicarse con los demás, privados de sus nombres, se transforman en parte de la propia arquitectura de los CCD’s. Esta estructura represiva absorbe la esencia de las personas transformándolas en meros objetos sobre los cuales actúan los dispositivos del poder. Pensemos que, la existencia “social” de cualquier persona esta directamente relacionada con la posibilidad de interactuar con otros, de reconocer y ser reconocida. EL CCD, a través de estos elementos busca destruir la identidad de los prisioneros. Esta negación de lo social, genera lo que podríamos denominar un proceso de construcción de “no-personas” –la persona va desapareciendo simbólica y físicamente-. Conclusiones “Los monstruos existen, pero son demasiado poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos; los que son realmente peligrosos son los hombres comunes” Primo Levy, La tregua, Barcelona 1988.

Nuestro interés en la arquitectura y la organización espacial de los CCD’s se entiende al pensar que esta brinda la posibilidad de materializar una ideología. Precisamente al transfórmala en algo material la vuelve “real”, para de esa manera transmitir sus valores y significados por medio de discursos que podemos denominar no-verbales (Fletcher 1989, Monks 1992). Pensemos que cotidianamente nuestros cuerpos decodifican inconscientemente discursos invisibles simplemente al circular dentro de cualquier estructura arquitectónica (Markus 1993a, 1993b, Grahame 1995, 2000, Zarankin 1999, 2002). En el caso de los CCD’s arquitectura y organización del espacio representan un tipo de lenguaje alternativo para transmitir mensajes de otra forma mas palpable que la palabra

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hablada. La arqueología como disciplina especializada en cultura material brinda la posibilidad de discutir esos discursos así como las ideologías representadas en las paredes (Leone 1977, 1984, Funari 1988, Andrade Lima 1999) Los centros clandestinos de detención son al mismo tiempo, dispositivos del poder destinados a destruir cuerpos y mentes, y metáforas materiales que codifican discursos autoritarios. Su análisis revela el plan sistemático de aniquilación de toda disidencia generada desde el gobierno militar. El estudio de la materialidad de los CCDs se transforma así en un instrumento de construcción de una historia negligenciada, de materialización de un dispositivo central desaparecedor de personas. Como señala George Bataille (1992:117) “Architecture is the expresión of the very being of societies”. Así entendiendo los CCD´s como “monumentos” que representan la dictadura militar, podremos conocer más sobre la perversidad y el sadismo de las personas y las ideologías que formaron parte de este sistema. AGRADECIMIENTOS Queremos agradecer especialmente a la Comisión de Trabajo y Consenso del Club Atlético, a Melisa Salerno por su ayuda con las figuras de este artículo y a María Ximena Senatore por su lectura crítica y sugerencias. BIBLIOGRAFIA Andrade Lima, T. (1999) El huevo de la serpiente: Una arqueología del capitalismo embrionario en el Rio de Janeiro del siglo XIX. Sed Non Satiata; Teoría Social en la Arqueología Latinoamericana Contemporánea. Zarankin, A y F, Acuto. (Editores). Del Tridente, Buenos Aires. Pp. 189-238. Barrera, D. (2002). Desentarrando el horror…para hacerlo memoria. Revista de la Asociación de ex – detenidos desaparecidos, n 2:6:4-5. Buenos Aires. Bataille, G. (1992) Against Architecture : Writings of Georges Bataille. MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London. Bellelli, Cristina y Jeffrey Tobin (1985) Archaeology of the desaparecidos. SAA Bulletin 14(2). Benítez, Enríquez y Di Ciano (2001) El club Atlético. Revista de la Asociación de ex – detenidos desaparecidos, n 1:2:11-18. Buenos Aires. Bentham, J. (1786) El Panóptico. Premia, México. Blanton, R. (1994) Houses end Households. Plenum Press, New York. Bianchi Villelli, M. y A. Zarankin (2003a). Arqueología como memoria. Intervenciones arqueológicas Intervenciones arqueológicas en el Centro Clandestino de Detención y Tortura “Club Atlético”. Plan de Trabajo aceptado por la Comisión de Trabajo y Consenso del Proyecto “Recuperación de la memoria del Centro Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético”. Dirección General de Derechos Humanos. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ms.

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