(2013) Coordinación junto con Petra Armenta Ramírez; Eugenio Vásquez Muñoz, \"Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica\" Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Veracruz, México.

Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

Petra Armenta Ramírez Eugenio Vásquez Muñoz Pablo Armando González Ulloa Aguirre (COORDINADORES)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA Instituto de Investigaciones Jurídicas

© Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

Petra Armenta Ramírez Eugenio Vásquez Muñoz Pablo Armando González Ulloa Aguirre (COORDINADORES)

Primera edición 2013 Derechos reservados © Instituto de Investigaciones Jurídicas Revisión y corrección: Aura Rojas García Formación e impresión: Códice Servicios Editoriales Xalapa, Veracruz, México. ISBN: 978-607-9248-52-9 El presente texto fue objeto de un proceso de arbitraje a “doble ciego”, con base en las directrices editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, bajo cualquier medio electrónico o mecánico, sin la autorización por escrito de los titulares de la misma. Impreso y hecho en México

Índice Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A propósito de la exclusión: breves consideraciones en torno a los costos sociales de las políticas de ajuste del nuevo modelo económico en América Latina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Víctor Zúñiga Trejo

La pobreza y la exclusión en el México contemporáneo . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pablo Armando González Ulloa Eugenio Vásquez Muñoz

Desconfianza política, pobreza y desigualdad en México . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Agustín Morales Mena

Democracia, partidos políticos y desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Petra Armenta Ramírez

Consumo y exclusión social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Rocío Casas Palma

Las instituciones promotoras de la desigualdad. La vigencia del análisis illichiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Jorge Márquez Muñoz

Política social en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Adriana Yolanda Ávila Galindo

Reconfiguración de la política y sociedades excluyentes: nuevas formas de construcción ciudadana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Claudia Cabrera Lavara

Los programas sociales y la atención a la pobreza en México . . . . . . . . . . . . 119 Alejandro de la Fuente Alonso

Pobreza y Democracia. Los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Verónica Carreón Cruz y Alfonso Velásquez Trejo

La pobreza como indicador político: Gobernabilidad y Cohesión social . . . . 141 Nancy del Carmen Medina Salas y José Luis Rosario Pelayo

Adición al Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el Derecho Humano a una buena administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 José Lorenzo Álvarez Montero

Inclusión y exclusión social en México: El caso de la educación básica . . . . 157 Jaqueline Jongitud Zamora

Educación y desarrollo en México. Análisis crítico del informe PNUD en la realidad mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 José Francisco Báez Corona

Los principios de Adam Smith en el Impuesto Sobre la Renta y su impacto para el desarrollo en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Gustavo González Galindo

Presentación A lo largo del presente libro se conjugan diversos análisis y perspectivas de un grupo de jóvenes investigadores, sobre uno de los problemas que todos los días determina la calidad y alcances de la convivencia social, política y económica en México: la exclusión social. Es una necesidad imperante replantearse este tipo de viejos problemas, ante una realidad que cambia veloz y constantemente cada día. Este trabajo, sin pretender sumar respuestas, es un llamado de atención ante una realidad que afecta no sólo la convivencia, sino la calidad de vida de millones de mexicanos. El artículo, “A propósito de la exclusión: breves consideraciones en torno a los costos sociales de las políticas de ajuste del nuevo modelo de crecimiento en América Latina”, de Víctor Zúñiga Trejo, está dedicado al análisis de los costos sociales de las políticas de ajuste estructural (PAE) que fueron instrumentadas en América Latina, para hacer frente a la crisis de la deuda de principios de los años ochenta, así como a las crisis financieras suscitadas a mediados de los años noventa. A partir de la aplicación de las PAE se han observado problemas relacionados con la estabilidad política y el equilibrio social, tales como el desempleo, la distribución inequitativa del ingreso y la pobreza. Al respecto las respuestas que ha dado el sistema democrático no han sido las que se esperarían, por el contrario, han profundizado la situación de exclusión de diversos grupos sociales, lo cual conlleva riesgos para la gobernabilidad de las instituciones democráticas. Por su parte, Pablo Armando González Ulloa y Eugenio Vásquez, en su artículo “La pobreza y exclusión social en el México contemporáneo”, aborda, por un lado, la relación que guardan entre sí los problemas estructurales de pobreza y exclusión social y, por el otro, las transformaciones que éstos han tenido a partir del proceso de globalización. El artículo, enfocado principalmente a México, rastrea las formas en que estos fenómenos repercuten en las esferas política y social, pues en el caso de la democracia, se observa que la existencia de marginación y desigualdad resta legitimidad a las instituciones y favorecen un clima de ingobernabilidad. En “Desconfianza política, pobreza y desigualdad en México”, Agustín Morales explora la relación existente entre la desconfianza política y la exclusión social, a partir de las imperantes condiciones de desigualdad y pobreza que existen en el país, pues debido a éstas últimas es difícil concebir posibilidades de construcción de capital social y de condiciones sólidas de gobernabilidad. En la primera parte del trabajo se

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hace un breve repaso teórico de la desconfianza política. Se realiza un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la evolución de la desconfianza en las instituciones políticas en México durante la etapa de transición democrática entre 1996-2006 para después analizar a detalle cómo la exclusión social favorece el desdén a lo político en el país. La desconfianza es un verdadero problema si se considera que en toda democracia los asuntos públicos requieren, en distintos niveles, de la retroalimentación gobierno-sociedad que favorece la corresponsabilidad y gobernabilidad. Sin embargo, ésta última cada vez parece más difícil de mantener, ante el adelgazamiento de los vínculos y el aumento de la complejidad y heterogeneidad de las sociedades. El artículo “Democracia, partidos políticos y desarrollo”, aportado por Petra Armenta Ramírez, pretende contribuir a la reflexión sobre la importancia de los partidos políticos y el desarrollo no sólo democrático, sino también de orden social. Desde esta perspectiva, la democracia no es sólo una forma de organización del poder basado en el autogobierno del pueblo, sino también una organización social, en donde tiene como fines la realización plena del ser humano. Por su parte, Rocío Casas Palma en el apartado titulado “Consumo y exclusión social”, lleva a la palestra el problema estructural de la exclusión en el contexto de la globalización. La autora describe cuatro fuentes de exclusión fácilmente perceptibles en todas las sociedades contemporáneas: carencia de ingresos, exclusión del mercado laboral, exclusión de los servicios sociales y exclusión en las relaciones sociales. De acuerdo con la autora, todas estas causas (y también formas) de exclusión han estado presentes en otros tiempos, aunque se han agudizado en la sociedad de consumo en que vivimos. Por esto, señala la importancia de analizar el problema de la exclusión a la sazón de una sociedad que se transforma día con día y que presenta nuevos escenarios, problemas, circunstancias y, en fin, nuevas formas de estar juntos. Así, por ejemplo, el estudio de la exclusión en las relaciones sociales inevitablemente debe volver los ojos a formas de comunicación e interacción inéditas, como lo son las comunidades virtuales y a distancia que, si bien continúan reproduciendo esquemas de exclusión, también representan nuevos obstáculos a los principios democráticos de inclusión, respeto y tolerancia. El artículo de Jorge Federico Márquez Muñoz, , se titula “Las instituciones promotoras de la desigualdad. La vigencia del análisis illichiano”. En él, lleva a la palestra el proceso a partir del cual las instituciones se convierten en factores de marginación y exclusión social. Si para Ivan Illich las vacas sagradas de la modernidad (la escolarización, la medicina y los transportes) representaron el paso de la sociedad industrial a la post-industrial, para el autor estos factores significan también nuevos principios de estratificación social, lo cual demostrará a partir de datos y estudios empíricos que se hallan en nuestro entorno inmediato. Adriana Ávila Galindo, en “Política Social en México”, analiza las distintas políticas implementadas para contrarrestar la profunda desigualdad en la distribución del ingreso, la falta de oportunidades y la inexistencia de una equidad social; las cuales han puesto en tela de juicio el papel que debiera desempeñar el Estado 8

Presentación

como el ente responsable de regular y diseñar acciones y programas tendientes a combatir tales desequilibrios. Si bien la autora considera que los diversos programas implementados por el gobierno mexicano, desde la década de los setenta hasta la fecha, han tenido resultados más o menos aceptables, no han sido del todo exitosos, ya que los altos niveles de pobreza, marginación y, por consiguiente, de exclusión en la población se han mantenido a través de los años, lo cual vuelve necesario el replantearse la conformación y el funcionamiento de dichos programas, así como su innovación, con el fin de crear una serie de acciones y estrategias que permitan contrarrestar realmente la desigualdad. En el artículo “Reconfiguración de la política y sociedades excluyentes: nuevas formas de construcción ciudadana”, de Claudia Cabrera Lavara, se aborda en primer término, que en la actualidad resulta complejo precisar el campo de competencia propio del quehacer político y que tal indeterminación afecta tanto a políticos, cada día menos seguros acerca de su papel y función, como a ciudadanos, quienes ya no saben dónde y cómo ejercer sus derechos. Por su parte, Alejandro de la Fuente Alonso en “Los programas sociales y la atención a la pobreza en México”, nos aporta una serie de datos para que se aprecie la gravedad de la pobreza en nuestro país. Asímismo, realiza comentarios críticos respecto de los tipos de pobreza que hay y la manera en que se va incrementando a través de los sectores sociales. La importancia de la pobreza y el conocimiento profundo de este fenómeno, es indispensable para que puedan tomarse alternativas para contrarrestar la pobreza. La aportación de este autor nos enriquece con un análisis profundo acerca de la pobreza, pero también reconoce el compromiso del Estado para que se apliquen las políticas necesarias y contribuir al desarrollo de una sociedad sustentable. No obstante, las políticas que se han manifestado han sido a través de programas sociales, pero que no han obtenido los resultados esperados, ya que de acuerdo al autor, se deben aplicar políticas que se adecúen a la sociedad para la que va dirigida. El artículo “Pobreza y Democracia. Los medios de comunicación”, ofrecido por Verónica Carreón Cruz y Alfonso Velásquez Trejo, nos muestra una visión oportuna respecto de la importancia que tienen los medios de comunicación y su relación con la sociedad y el gobierno, ya que la función de comunicar puede influir en las medidas que se implementen para atender las necesidades de la sociedad. Durante el desarrollo de este artículo, se resalta una relación entre la democracia y la pobreza, derivándose una serie de cuestionamientos que nos orillan a comprender la falta de participación social, el compromiso de los medios de comunicación y del gobierno para atender y resolver el tema de pobreza. De esta manera, hacen hincapié en la importancia de la participación de la sociedad e influencias, a través de los distintos medios de comunicación, en las decisiones del gobierno. Nancy del Carmen Medina Salas y José Luis Rosario Pelayo, intervienen con su artículo “La pobreza como indicador político: Gobernabilidad y Cohesión so9

Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

cial”, donde hacen un análisis de la situación actual de la gobernabilidad y su relación con la política económica, es decir, con la cohesión social de este país. En este sentido, la gobernabilidad y la cohesión social impactan directamente en la pobreza, por lo que su relación es inevitable y acertadamente los autores detallan en su contexto. El desarrollo de este artículo nos ayuda a comprender la importancia y nivel de gobernabilidad que existe, de esta manera se sabrá si las políticas públicas son efectivas o, de lo contrario, se requiere de políticas con mayor impacto social. En “Adición al Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el Derecho Humano a una buena administración”, José Lorenzo Álvarez Montero resalta la importancia e impacto que los derechos humanos tienen sobre las prácticas administrativas de los poderes públicos, por lo que propone después de su análisis, adecuar el derecho administrativo y procesal administrativo para que la prestación de servicios considere el respeto a los derechos humanos, como parte de un buen servicio público. Un tema importante presentado por la autora Jaqueline Jongitud Zamora, se encuentra en el artículo “Inclusión y exclusión social en México: El caso de la educación básica”, donde nos expone la importancia de la educación para poder aumentar la capacidad de respuesta frente a las exigencias de la sociedad, adoptando un papel de protección contra la pobreza; pero que se ve afectada, en parte, por la exclusión educativa que existe hoy en día. El autor José Francisco Báez Corona, en su artículo “Educación y desarrollo en México. Análisis crítico del informe PNUD en la realidad mexicana”, comienza por la relación que existe entre educación-desarrollo. El autor nos aclara en qué consiste y por qué la educación, en todos sus niveles, es la base para el desarrollo de nuestro país en muchos sentidos. Considera que la educación requiere un innumerable cúmulo de condiciones para que se vuelva competente y justa, pero sobre todo, contribuya a un verdadero desarrollo. Como última aportación a esta obra, Gustavo González Galindo, en su artículo “Los principios de Adam Smith en el Impuesto Sobre la Renta y su impacto para el desarrollo en México”, nos muestra aquellos principios que fueron inspiración para la creación de legislaciones, más equitativas. En este artículo nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la aplicación del Impuesto Sobre la Renta y propone medidas adecuadas a las exigidas por la sociedad actual. En este sentido, se analiza la generación paulatina, pero creciente, de una serie de actores y formatos de participación política inéditos, tanto en escenarios locales como globales, que establecen mecanismos y canales de negociación al margen de la representación territorial, es decir, que plantean la política no solo como algo exclusivo del Estado, sino en el terreno de la sociedad civil organizada. Sin embargo, la participación política y el ejercicio cabal de la ciudadanía se presentan de manera diferenciada en sociedades desarrolladas y en sociedades con problemas estructurales latentes. Cuando los derechos económicos y sociales de amplios sectores de la población de un país se ven afectados y las condiciones de 10

Presentación

desigualdad y exclusión son graves, los derechos ciudadanos de participación política se encuentran limitados y no es posible hablar de un ejercicio adecuado de la ciudadanía. Si bien los artículos que conforman la obra Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica abordan, desde diferentes perspectivas, el tema de la exclusión social, todos ellos convergen en un mismo fin: invitar a la reflexión sobre uno de los problemas de mayor relevancia para la sociedad mexicana contemporánea.

Germán Pérez Fernández del Castillo *

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Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Frankfurt, Alemania, con reconocimiento de Magna Cum Laude en su Tesis Doctoral. Profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II.

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Introducción El presente libro es resultado de reflexiones bajo un enfoque multidisciplinario, donde se abordan distintos campos de las ciencias sociales como la ciencia política, la administración pública, la sociología, la filosofía, la economía y el derecho, para explicar uno de los problemas más apremiantes que enfrentan las sociedades y los gobiernos contemporáneos en las distintas regiones del mundo: la exclusión social. Este esfuerzo compartido permitió cavilar el tema fuera de los límites comunes, es decir, permitió analizar la problemática no sólo desde el punto de vista económico, sino abordar la compleja sintomatología de la exclusión en los distintos ámbitos del quehacer social, cultural y político. Teóricamente, la inclusión es una de las características esenciales que definen la democracia. Por principio todos los ciudadanos, en igualdad de derechos, tienen la oportunidad de participar políticamente, es decir, de tomar parte activa en la deliberación de los asuntos públicos. Sin embargo, algunas investigaciones recientes realizadas por organismos internacionales dedicados a la cooperación para el desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), han mostrado que el derecho a participar políticamente no es plenamente universal y que, por el contrario, se encuentra condicionado por factores socioeconómicos y culturales. Esta situación ha derivado en la marginación política de determinados sectores sociales, generalmente minoritarios, que han visto reducidas sus posibilidades de acceso a las estructuras de oportunidades políticas, económicas y culturales. A pesar de la intensa promoción del derecho a la diferencia en distintos foros globales y regionales, éste no se ha traducido en políticas públicas locales eficientes, enfocadas a responder a las demandas de grupos tradicionalmente marginados (indígenas, discapacitados, homosexuales y mujeres). Si bien se han realizado importantes esfuerzos al respecto, las condiciones de marginación –generalmente acompañada de pobreza– continúan en niveles alarmantes. Precisamente es esta realidad la que ha dificultado –e incluso obstaculizado– el pleno ejercicio del derecho a participar políticamente que, al menos en términos jurídicos, tienen estos grupos, lo cual remite de forma inevitable a la reflexión que, en torno a la igualdad y la democracia, hicieran los filósofos griegos, si bien todos los hombres son iguales, en términos de George Orwell, hay unos más iguales que otros.

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Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

De hecho no es osado sugerir que la anterior observación ha trascendido históricamente, de tal manera que en la actualidad se puede hablar de una falla estructural que aqueja a las democracias contemporáneas, caracterizada por la distribución inequitativa del ingreso, las violaciones recurrentes al Estado de derecho, la crisis de la representación política y, como resultado de ello, la ingobernabilidad al interior de los estados, producto, en ocasiones, de la inmersión de nuevos actores no estatales o poderes fácticos, por ejemplo, el narcotráfico. Esta situación se agrava en la medida en que la exclusión política conlleva a la dificultad de ejercer otros derechos de tipo social y económico. En otras palabras, cuando los derechos políticos, económicos y sociales no están plenamente garantizados, las condiciones de desigualdad y marginación se agudizan. Por otra parte, hay que considerar que la exclusión en sí misma es un fenómeno complejo. Según algunos estudiosos, ésta puede definirse como una condición de desventaja social, económica, política y cultural de determinados grupos sociales respecto a otros, propiciada no sólo por las contradicciones, las tensiones y los costos del sistema económico, sino también por factores relacionados con la intolerancia, la discriminación, los prejuicios y la ausencia de respeto hacia comunidades minoritarias o históricamente relegadas y segregadas. Esta situación se ha traducido en escasez de oportunidades de acceso a mejores condiciones de vida, a servicios básicos e infraestructura de calidad, a mercados laborales, crediticios y de financiamiento y, más preocupante aun, en un escenario poco democrático por la imposibilidad de participar activamente en la política. De esta manera, el ejercicio universal de la ciudadanía que se planteó como uno de los objetivos fundamentales de la modernidad política, se ha visto condicionado y limitado por factores de diferenciación social, económica y cultural. La exclusión es un proceso que trasciende la carencia de ingresos y plantea un serio problema a la vigencia y mantenimiento del pacto social, que teórica e históricamente ha sustentado a los estados nacionales, pues ha implicado la renuencia –cuando no, el despojo– a reconocer la titularidad de los derechos políticos, económicos y sociales a determinados grupos de la sociedad. En este sentido, el presente trabajo reúne una serie de reflexiones teóricas y propuestas analíticas sobre el problema de la exclusión, tanto en América Latina como en México específicamente. Son expuestos y analizados algunos elementos (política social, derecho a la diferencia, desigualdad, pobreza, participación política, desconfianza) con el fin de entender la exclusión en México y los desafíos que ésta supone para el Estado, sobre todo a la luz de los compromisos sociales que éste adquirió constitucionalmente, resultado de las demandas y exigencias de los diversos grupos que participaron en el movimiento revolucionario que le dio origen. Finalmente, uno de los principales objetivos, tanto del presente libro como del grupo de investigación del cual deriva, es establecer una serie de alternativas que permitan pasar de un preocupante escenario de exclusión, que significa un 14

Introducción

riesgo potencial para la democracia mexicana, a un escenario de inclusión que posibilite no sólo superar problemas históricos como la pobreza y la marginación social, sino también afianzar las instituciones democráticas y la construcción de una ciudadanía activa.

Los coordinadores

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A propósito de la exclusión: breves consideraciones en torno a los costos sociales de las políticas de ajuste del nuevo modelo económico en América Latina Víctor Zúñiga Trejo * SUMARIO: Introducción. 1. Las políticas de ajuste estructural: Estrategia económica para retornar al crecimiento. 2. Algunos costos sociales de las políticas de ajuste. 3. Políticas de ajuste, exclusión y democracia. Algunos riesgos para la institucionalidad. Conclusión. Bibliografía.

Introducción El presente artículo hace alusión a un nuevo modelo de desarrollo en América Latina. Sin embargo cabría cuestionarse ¿qué modelo? y ¿qué tan nuevo? Esto porque en la actualidad, es decir, la primera década del siglo XXI, es posible hablar de la coexistencia de dos opciones para promover el crecimiento y el desarrollo económico en la región. Por una parte se encuentra el modelo basado en los programas de ajuste estructural aplicados durante los años ochenta y noventa del siglo anterior, que redujeron el tamaño del Estado y el sector público para hacer frente a la crisis de la deuda externa que padecieron la totalidad de los países latinoamericanos durante dicho periodo. Este proyecto adquirió su sentido de novedad debido a que era diferente del modelo de desarrollo endógeno que prevaleció desde los años cuarenta, basado en la sustitución de importaciones y en la protección del mercado y la industria doméstica. El otro modelo, es el que han impulsado los gobiernos de orientación ideológica progresista que han accedido al poder por la vía electoral desde finales de los años noventa y durante los primeros años de la década que corre (2000-2010), en Centro y Sudamérica: El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil; el cual está basado en el fortalecimiento institucional del rol del Estado en la economía y que, en este sentido, registra muchas semejanzas con el modelo endógeno, aunque a diferencia de éste, apunta a la creación de un mercado o esfera de intercambio económico conformado por todos los países pertenecientes a la región. *

Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Consultor de relaciones institucionales para el sector privado.

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Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

En este escenario de coexistencia de dos opciones de crecimiento y desarrollo económico, es conveniente precisar que este trabajo se enfoca principalmente en el análisis del modelo sustentado en las políticas de ajuste estructural (PAE), las cuales han generado importantes costos sociales que convergen y se sintetizan en un concepto de factoría sociológica: la exclusión social. Por otra parte, se debe precisar que, dada su limitada extensión, este texto constituye un bosquejo exploratorio de la situación económica, social y política prevaleciente en la región latinoamericana, en el contexto de una de las mayores crisis estructurales experimentadas por el sistema económico capitalista en la historia reciente. No obstante, la connotación exploratoria de este ensayo no significa carencia de rigor académico, pues las consideraciones aquí presentadas no son juicios de valor, sino observaciones construidas a partir del estudio y la reflexión de fuentes bibliográficas que abordan con mayor profundidad el tema, mismas que serán presentadas al lector al final del artículo y en las notas al pie de página con la finalidad de darle las referencias necesarias para un examen más detallado de las cuestiones que aquí serán abordadas. Finalmente, la perspectiva de análisis que guía los siguientes apartados se sitúa en el punto de intersección entre la política y la economía, el cual se expresa en la relación siempre compleja entre Estado y mercado; esto sin perder de vista que en tanto actividad orientada hacia la consecución de objetivos globalmente válidos para toda una colectividad social, la política desempeña un papel preeminente, sobre todo si se considera que los objetivos promovidos por un grupo integrante de dicha colectividad, no siempre son los mismos ni coinciden con los impulsados por los grupos que le son antagónicos. De manera que esta situación da pauta al surgimiento de la pugna de intereses y, por tanto, al propósito último de la política, que es la canalización de tal disputa hacia cauces institucionales. Como se podrá observar en las páginas siguientes, la situación de exclusión social, política y económica en la que se encuentran inmersos amplios sectores de las diversas sociedades latinoamericanas, propiciada por los efectos negativos de las PAE, implican una seria amenaza para el propósito esencial de mantener dentro los cauces institucionales la disputa de intereses. 1. Las políticas de ajuste estructural: Estrategia económica para retornar al crecimiento A mediados de 2008 el mundo fue testigo de la declaratoria oficial de la crisis del sistema financiero internacional, expresada en el anunció de la situación de bancarrota en la que habían incurrido las grandes operadoras de fondos de inversión en los Estados Unidos, así como las principales empresas transnacionales con matriz en ese país. Hacia diciembre del mismo año los gobiernos de las principales economías del planeta habían puesto en marcha proyectos de rescate financiero, en lo que constituyó un esfuerzo conjunto para evitar que sus principales bancos y compañías privadas entraran en una situación de quiebra y recesión más profunda 18

A propósito de la exclusión

de la que padecían desde finales de 2007, y que las habría conducido a un escenario todavía más crítico, debido a su falta de liquidez para solventar sus compromisos crediticios y sus proyectos de expansión. Sin embargo, pese a esos esfuerzos, resultó imposible contener el estallido de la primera gran crisis económica del siglo XXI, que algunos especialistas han equiparado con la Gran Depresión de 1929.1 En este contexto, plantear una revisión del tema de las PAE implementadas durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado en América Latina puede parecer una propuesta poco interesante y anacrónica. Sobre todo si se considera que la cuestión principal que ocupa la reflexión académica y el debate político contemporáneos, es la crisis que atraviesa el sistema económico, así como la formulación de propuestas para superarla. No obstante, esa percepción de extemporaneidad podría reconsiderarse a la luz de los problemas económicos y sociales que enfrentan los gobiernos y sociedades latinoamericanas, los cuales son en gran medida deficiencias estructurales que han perdurado históricamente desde que tales naciones se configuraron como Estados independientes. Aunque también se han agravado –y aquí es donde radica la importancia de la revisión planteada líneas arriba– como resultado de la puesta en marcha de proyectos de desarrollo que han resultado ineficaces. Precisamente uno de estos proyectos lo constituyeron las PAE cuya implementación fue exigida por las instituciones financieras internacionales, como condición ineludible para otorgar créditos y financiamientos para hacer frente al pago de la deuda que los países emergentes habían contraído con bancos y gobiernos extranjeros a finales de la década de los setentas y durante los ochentas para, en teoría, financiar su desarrollo. Por otra parte, un acercamiento al tema de las PAE después de haber transcurrido un considerable lapso temporal desde que fueron ejecutadas, permite no sólo observar sus resultados, sino también enfocarlos desde una perspectiva más clara en lo concerniente a su relación con el presente. Así pues, asentadas las premisas anteriores, es menester darle curso al análisis. Las políticas de ajuste estructural, como bien apunta Alfredo Calcagno, fueron un conjunto de “políticas y reformas que apuntaban a crear ciertas condiciones básicas para

En la generación de la crisis económica de 2008-2009 además de los factores mencionados, también confluyeron el incremento en los precios de las materias primas, como el petróleo, que en enero de 2008 se ubicó por encima de los US$ 100 por barril; o el cobre, que en julio del mismo año alcanzó una cotización de US$ 8940 por tonelada. Por otra parte, en el caso particular de los Estados Unidos, George Soros ha ubicado el estallido de la crisis en agosto de 2007, cuando la Reserva Federal (FED) tuvo que intervenir para inyectarle liquidez al sistema bancario; sin embargo dicha medida resultó insuficiente, pues en septiembre de ese mismo año diversas entidades financieras relacionadas con el mercado hipotecario se declararon en bancarrota. Soros, George, El nuevo paradigma de los mercados financieros. Para entender la crisis económica actual, Madrid, Taurus, 2008. 1

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Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

poner en marcha otra modalidad de desarrollo”,2 que sustituyera a aquella que había hecho crisis con el problema de la deuda externa que enfrentaron muchas economías emergentes a principios de los años ochenta. En efecto, a partir de la implementación de tales medidas comenzó a hablarse de un nuevo modelo económico; al respecto, a modo de un apurado contexto que permita comprender la razón de ser de las PAE que lo configuraron, conviene tener en cuenta que luego de un convulsivo inicio marcado por revoluciones y revueltas nacionales, así como por guerras mundiales que debilitaron severamente las estructuras y los sectores económicos, hacía los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, el Estado decidió hacerse cargo de la reactivación económica, la promoción del desarrollo, la distribución de los frutos del crecimiento y la procuración del bienestar de su población. Para la realización de estos múltiples objetivos precisó de la construcción de un amplio consenso entre todas las clases sociales, así como del despliegue de un intenso protagonismo expresado en legislaciones y medidas protectoras del mercado interno y la industria doméstica, subsidios y transferencias al consumo y a la producción; sistemas de seguridad social y prestación de servicios básicos.3 Aunque este modelo resultó eficaz en el logro de sus objetivos, gradualmente propició una desmedida expansión del Estado y, por añadidura, del gasto público y de la opacidad de su destino; de hecho fue tal la situación, que muy pronto llegó el momento en que lo erogado fue mayor que lo recaudado, generándose así un creciente déficit fiscal que, en vez de haber sido saneado con la deuda contraída en el exterior, se agravó al destinar estos recursos al mantenimiento de los elevados niveles del gasto público. Esta circunstancia se aunó a factores como el aumento en los precios de las materias primas y energéticos, que encarecieron los costos de producción; la caída de los precios de exportación, que alteraron la balanza comercial y, por consiguiente, el nivel de las reservas internacionales también usadas para continuar financiando el gasto público); así como el alza en las tasas de interés decretada por la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1979, que elevaron los costos de los créditos y financiamientos, conformaron un cuadro que complicó las posibilidades de solventar la deuda externa. Resultado: el estallido de la llamada crisis de la deuda, a inicios de los años ochenta. Fue precisamente en este difícil contexto en el que hicieron su aparición las PAE que se habían originado en África, como una respuesta del Fondo Monetario

Calcagno, Alfredo F., “Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina” en Sader, Emir (comp.), El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativa, Buenos Aires, CLACSO, 2001, p. 76. 3 Franco-Giraldo, Álvaro, Marco Palma y Carlos Álvarez-Dardet, “Efecto del ajuste estructural sobre la situación de salud en América Latina y el Caribe, 1980-2000”, en Revistaesalud.com, 2006, Vol. 2, No. 7, URL= http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewArticle/109/308. También puede verse: Ugarteche, Oscar, “Los DESC y la deuda externa en América Latina 1980-2003: por un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana” en Yamin, Alicia (ed.), Los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina. Del invento a la herramienta, México, Plaza y Valdés. 2

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Internacional y el Banco Mundial, a la crisis económica en la región subsahariana gestada durante los años setenta.4 Como se apuntó líneas arriba, las PAE fueron presentadas como los pilares de un nuevo modelo de crecimiento económico, orientado hacia el mercado y el comercio internacional. En este sentido, algunos estudiosos como Alejandro Foxley y Carlos Lopes han argumentado que este pretendido nuevo modelo fue en realidad un proceso gradual integrado por tres fases o generaciones distintas, a saber, estabilización económica, ajuste estructural y reactivación del crecimiento.5 Así, la primera fase o generación de PAE estuvo encaminada a reducir el déficit presupuestario del sector público, evitar los tipos de cambio sobredimensionados y controlar la inflación. Se trataba, como ha observado Pedro Sainz, de una medida de corto plazo, cuyo objetivo fue reducir la demanda interna y el déficit de la balanza de pagos mediante la reducción de las importaciones y el aumento de las exportaciones. Al respecto, las medidas que se instrumentaron fueron el control irrestricto de la política monetaria, la reducción de la disponibilidad del crédito propiciada por el aumento en los tipos de interés, recortes en el gasto público corriente y de inversión –es decir, en los gastos operativos del aparato gubernamental y en los recursos para construcción de infraestructura– así como aumentos en las tarifas de los servicios prestados por el Estado (agua, luz…), e implementación de medidas de contención salarial para evitar presiones inflacionarias.6 La segunda fase de las PAE consistió propiamente en el ajuste estructural de la economía, realizado mediante reformas institucionales –también conocidas como reformas de mercado– que tienen como objetivo estimular el crecimiento de la producción industrial y de servicios, es decir, aumentar la oferta, mediante el im-

Lopes, Carlos, “¿Ajustarse a qué? ¿Son los programas de ajuste estructural una respuesta adecuada a la globalización?”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 5 Foxley, Alejandro, “Prólogo”, en Bulmer-Thomas, Víctor (comp.), El nuevo modelo económico en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica 1997, pp. 9.14 en Lopes, op. cit. Es importante anotar que en el caso de la región latinoamericana, tales generaciones de reformas fueron puestas en funcionamiento por gobiernos necesitados de financiamiento para, por una parte, desempeñar sus funciones básicas (cobro de impuestos, proporcionar seguridad pública, construir infraestructura, etcétera), y por la otra, para cumplir con las expectativas generadas entre los ciudadanos que los habían electo democráticamente, después de haber padecido prolongados episodios de autoritarismo. Aunque también se debe precisar que la primera generación de reformas fue ejecutada tanto por los primeros gobiernos democráticos, como por las dictaduras militares que habían llegado al poder a medidados de los años setenta mediante golpes de Estado, como fueron los casos de Chile y Uruguay, por citar dos ejemplos. Respecto a los procesos de transición política y su relación con el desempeño económico de los países de la región véase: Polle, Fernando y Alex E. Fernández Jilberto, "Transición a la democracia en una economía neoliberal: el caso de Chile", en Sistema: Revista de Ciencias Sociales, No. 108, Barcelona, 1992, pp. 85-106; Santamaría, Julián (comp.), "Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina", Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982; Orrego Vicuña, Francisco (comp), Transición de la democracia en América Latina, Buenos Aires, GE, Colección Estudios Internacionales V. 3, 1985. 6 Sainz, Pedro, “Crisis y desarrollo: presente y futuro de América Latina y el Caribe”, en Bustelo S., Eduardo (comp.), Políticas de ajuste y grupos más vulnerables en América Latina, Bogotá, FCE-UNICEF, 1987, pp. 55 y ss. 4

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pulso al libre juego de las fuerzas del mercado, permitiendo que éste asignase los recursos ahí donde encontrase mejores perspectivas de maximización de los beneficios, mirando principalmente hacia el mercado externo con la finalidad de generar las divisas necesarias para el servicio a la deuda.7 Esta segunda generación de políticas de ajuste puso en marcha medidas de liberalización y apertura de mercados internos, las cuales incluyeron la eliminación de los controles (desregulación) en los precios, que, a partir de entonces, serían fijados por los niveles de la oferta y la demanda internacionales. Acompañada de un tipo de cambio libre –que supuso la devaluación de la moneda doméstica– esta medida buscó aumentar las exportaciones en correlación con el incremento de la demanda externa, al ofrecer productos a precios más bajos; situación que se traduciría en ingresos superiores para los productores, por razón precisamente, de la devaluación de su moneda nacional.8 Sin embargo, un efecto colateral de esta misma medida fue la inhibición del crecimiento de la demanda interna, debido a que los productos se ofrecieron a precios internacionales que el mermado poder de compra de la moneda devaluada y los controles impuestos al salario percibido por la clase trabajadora, no podían cubrir. Por otra parte, en este ciclo de reformas también se planteó la reducción del sector y el gasto público. Esto fue posible mediante la eliminación de los subsidios y transferencias al consumo, la reducción de la cobertura de la protección social, la reducción del papel del Estado en la dirección y/o planificación de la economía, y la privatización de las empresas estatales y los servicios públicos. Finalmente, la tercera generación de los PAE estuvo orientada a la promoción de la competitividad, el aumento de la inversión y el crecimiento de la productividad. Para tales efectos se reforzaron algunas de las medidas implementadas en las fases anteriores, especialmente aquellas relacionadas con la política monetaria, la reducción del gasto público y la desregulación del comercio; y se complementaron con la instrumentación de otras, como la desregulación de los mercados laborales que permitió flexibilizar los contratos y los costos de la fuerza de trabajo. También se liberalizaron los mercados financieros y se promovió al sector exportador relacionado con la industria maquiladora y de ensamblaje, así como con la “agricultura de cambio”.9 Vistas en conjunto como un nuevo modelo de crecimiento económico que comenzó a aplicarse en distintas regiones del mundo, en el caso especial de América Latina, la instrumentación de tal modelo, tuvo lugar en un contexto político que es preciso mencionar debido a que los costos sociales generados por la aplicaEl servicio a la deuda es el dinero que paga un gobierno a sus acreedores por concepto de intereses y de principal. 8 Zabala, Patxi, entrada “PAE”, en Pérez de Armiño, Karlos (dir.), Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, Barcelona, Icaria editorial/Hegoa, 2000. 9 Sanahuja, José Antonio, entrada “Ajuste estructural”, en Diccionario de economía en línea, Universidad Complutense de Madrid. URL= http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/A/ajusteestructural.htm. También puede verse: Foxley, op. cit. 7

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ción de esas medidas tuvo que ser absorbido por las nuevas élites políticas, pero principalmente por los sectores mayoritarios de sus respectivas sociedades; los cuales muy pronto vieron frustradas sus expectativas en torno al arribo de la democracia a la región, pues en efecto, el nuevo modelo de crecimiento económico coincidió con el retorno de la democracia a la gran mayoría de los países de América Latina durante los años ochenta y noventa.10 Al respecto hay que considerar que después de haber transcurrido con relativo éxito determinados procesos de cambio político, conocidos como transiciones a la democracia, las nuevas élites y actores políticos, que en sinergia con distintas fuerzas sociales, habían depuesto a los gobiernos autoritarios que habían prevalecido en la región, tuvieron que atender la acuciante situación económica, debido a que suponía un riesgo muy importante para los regímenes recién instaurados. No obstante, en la mayoría de los casos, el margen de maniobra frente a tal situación fue muy reducido. Esto se debió, principalmente, a los compromisos que con anterioridad los gobiernos autoritarios habían adquirido con los organismos financieros internacionales, mediante la firma de las famosas “cartas de intención” que contenían los criterios de política económica que debían ser adoptados para tener acceso a créditos y financiamientos.De manera que aquellos nuevos gobiernos y élites políticas tenían que hacer frente a la consolidación de las recién instauradas instituciones democráticas, a la instrumentación del nuevo modelo de crecimiento y a la absorción de sus costos sociales.11 Todo en forma simultánea y con el correspondiente desgaste en términos de legitimidad. Si bien el nuevo modelo de crecimiento fue puesto en marcha por la vía institucional, ello no lo exentó de oposiciones y críticas a los costos sociales que generaba, así como a la velocidad de su instrumentación, denominada –no sin cierto dramatismo– tratamiento de shock. De hecho, el cambio en la correlación de fuerzas políticas que se observó en la región en la década 2000-2010, cuya principal expresión ha sido el crecimiento electoral y la ascensión al poder de partidos políticos de izquierda identificados por su trayectoria opositora y crítica al modelo de crecimiento que aquí se analiza, representa una clara muestra del rechazo y el descontento de las sociedades latinoamericanas con los resultados de aquel modelo, particularmente en el ámbito social. Pero, ¿cuáles son esos resultados o costos sociales que ha arrojado la aplicación de este modelo de crecimiento, luego de poco más de veinte años de aplicación que generan suspicacias en torno a su pretendida novedad? El siguiente apartado está dedicado a esbozar una respuesta.

10 Cfr. O’Donell Guillermo, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead, Transiciones desde un gobier-

no autoritario, Barcelona, Paidós, 1995; Alcántara Saez, Manuel, Sistemas políticos de América Latina, Madrid, Tecnos, 1999. 11 Pzeworski, Adam, (et.al.); Democracia sustentable, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 107.

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2. Algunos costos sociales de las políticas de ajuste Como se pudo observar en el apartado anterior, los instrumentos de política económica y las medidas que integran el modelo de crecimiento que ha prevalecido en América Latina, son altamente regresivas y han generado preocupantes costos sociales. En efecto, como resultado de las PAE orientadas a controlar la inflación y reducir la demanda interna, se han impuesto topes salariales que han propiciado una paulatina pauperización de las clases trabajadoras, al disminuir su poder adquisitivo y sus posibilidades de acceder a bienes y servicios de primera necesidad, debido al alza de los precios. De igual manera, la reducción de gasto público que implica, entre otras medidas, la reducción de las transferencias y subsidios, ha impactado negativamente en la situación de grupos vulnerables como los campesinos, los cuales se vieron desprovistos de apoyos para aumentar o siquiera mantener los niveles de su escasa producción, apenas suficiente para el autoconsumo. Por otra parte, si bien los servicios públicos básicos prestados por el Estado no redujeron su cobertura –debido en gran medida a las presiones de las fuerzas políticas y las movilizaciones sociales–, tampoco la ampliaron en proporción con el crecimiento demográfico. Al respecto, basta señalar que mientras la población de América Latina, en su conjunto, pasó de 351 mil 678 millones de habitantes en 1980, a 507 mil 732 millones en el año 2000, el gasto público se mantuvo en una media del 20% del PIB.12 Asimismo, el control de la demanda interna que se expresó en la contracción monetaria y crediticia, así como en el estímulo de la oferta hacia el exterior –que se incentivó a través de la liberalización y apertura de los mercados– propiciaron el debilitamiento de la industria doméstica y el surgimiento de un sesgo favorable a ciertos sectores industriales orientados a la exportación. Esta situación dejó en la total incertidumbre precisamente a aquellos sectores enfocados a satisfacer la demanda interna, colocándolos en una posición desventajosa en la competencia con industrias y empresas transnacionales. Este ambiente propició el cierre de múltiples empresas e industrias que, de esa manera. contribuyeron a aumentar los índices de desempleo, el cual ha sido quizá, el costo social más preocupante de las políticas de ajuste. Esto porque la desocupación guarda una relación muy estrecha tanto con la pobreza. como con la (in)estabilidad social y política. A partir de los años ochenta el desempleo aumentó considerablemente en la región por tres causas. La primera fue la reducción del sector público, que implicó la desaparición y/o privatización de muchas empresas propiedad del Estado que, a partir de entonces, comenzaron a ser dirigidas bajo criterios de eficiencia económica propios del sector privado, mismos que incluyeron recortes de personal con la finalidad de ajustar los costos de producción y aumentar la competitividad.13 12 Franco-Giraldo, op. cit. 13 BID, “Privatizaciones y exclusión social en América Latina”, en Informe del Progreso Económico y

Social, 2008.

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La quiebra de pequeñas y medianas empresas, como consecuencia de la liberalización del comercio y la competencia dispar contra grandes empresas, constituyó la segunda causa del desempleo; y finalmente, la tercera causa fue la reestructuración de las empresas que aún tenían posibilidades de competir e insertarse en los mercados internacionales. Por otra parte, la desregulación del mercado laboral propició el deterioro de la calidad del trabajo. Al respecto, entre 1990 y 1996, por cada 100 nuevos empleos generados en la región, 83 de ellos se concentraron en el sector informal; esto es, por cada 100 empleados, 83 habrían de trabajar sin ningún contrato que pudiese ampararlos u otorgarles alguna certeza jurídica ante sus empleadores, sin afiliación a sistemas de salud y de pensiones, cumpliendo jornadas de trabajo por encima de las establecidas por la ley, y sin la garantía de que sus derechos laborales básicos, como la libertad de negociación y asociación, fueran respetados.14 Adicionalmente, esas nuevas fuentes de empleo fueron –han sido– a menudo mal remuneradas debido a las políticas de topes salariales instrumentadas para controlar la inflación. A su vez, esta situación ha provocado un aumento en los flujos migratorios tanto de las zonas rurales hacia las zonas urbanas dentro de cada país, como de las zonas de escasa actividad económica de estos hacia los Estados Unidos, principalmente. Al respecto, y dada su vecindad con la principal potencia económica mundial, el caso de México resulta muy ilustrativo. Mientras en la década de los ochenta emigraron hacia la Unión Americana 230 mil personas, en el lapso que va de 1991 al 2000, esa cifra se triplicó al situarse en 626 mil emigrantes que cruzaban la frontera en busca de mejores condiciones de vida.15 El desempleo y la ineficiencia de las políticas instrumentadas para paliarlo, han tenido un impacto negativo en los grupos más vulnerables de la sociedad. La desocupación no sólo ha dificultado las posibilidades de estos para superar su pobreza, volviéndolos beneficiarios casi pasivos de programas sociales de corte asistencial, sino que también los ha orillado a la informalidad y a la ilegalidad. En este sentido, cabe considerar, el aumento de actividades de supervivencia tales como el ambulantaje, el tráfico de drogas al menudeo, el trabajo infantil y el tráfico y la trata de personas. Asimismo, la suma de todos estos factores ha contribuido al deterioro del tejido social, dando lugar a procesos de desintegración de los núcleos básicos de convivencia, pérdida de cohesión, manifestaciones de violencia, estigmatización, discriminación y resentimiento. Los costos sociales, que las PAE han tenido específicamente en la población rural, se han traducido muy rápido en costos ambientales que han impactado en el conjunto de las sociedades de la región. Esto ha sido así, debido a que las medidas 14 Calcagno, op. cit., pp. 80-81. 15 Border Patrol e Instituto Nacional de Migración, en Aguayo Quesada, Sergio, El almanaque mexica-

no, 2008, México, Aguilar, 2008, p. 267.

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de contracción de la demanda han acentuado la pobreza y han vuelto más aguda la presión sobre recursos ambientales como la tierra, la leña, el agua o los pastos, de por sí, ya sobreexplotados en muchas regiones.16 Finalmente, para completar este apretado, pero preocupante, esbozo de los costos sociales del modelo de crecimiento prevaleciente en América Latina, hay que considerar el impacto que ha tenido en el principal problema crónico de la región, es decir, la pobreza. Al respecto, la mera descripción de las medidas instrumentadas permite formular algunas conjeturas acerca de su impacto entre la población que padece dicha condición. Sin embargo, es conveniente aportar algunos datos para ilustrar el problema. De acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina, titulado “Panorama Social de América Latina, 2003-2004”, el porcentaje de población en condición de pobreza en la región pasó del 40% en 1980, a casi el 50% en 1990 y desde entones se ha mantenido en una media del 44%; mientras que la pobreza extrema ha permanecido casi invariable, en una media del 20% durante el mismo periodo.17 Esto significa que el proceso de reducción de la pobreza no ha mostrado avances importantes, pero principalmente, que el pretendido modelo de crecimiento no ha sido eficaz en el logro de su objetivo: generar condiciones de desarrollo para los sectores sociales más vulnerables. Resulta interesante observar que en comparación con la media de crecimiento del PIB registrada por el anterior modelo económico, el actual parece harto ineficiente; mientras que entre 1950 y 1980, el PIB promedio en la región fue de 5.6%; entre 1990 y 1997 fue de apenas 3.6% y, más preocupante aun, entre 1998 y 2002 fue tan sólo de .9%. Así, la pobreza se ha agravado por el hecho de que la región ha crecido poco y los recursos generados por este escaso crecimiento se han repartido en forma desigual. Como han observado muchos estudiosos, América Latina es una de las regiones con mayores índices de desigualdad en el mundo. Según apunta Aurora Trigo, los ingresos totales en la región están concentrados en las capas más ricas de la población. Esto es, el 10% más rico recibe más del 36% de la riqueza, mientras que el 40% de la población más pobre recibe apenas el 13.6%.18 Esta situación, aunada a las anteriores en este apartado, abona a la profundización de las brechas existentes entre los distintos grupos y sectores sociales; o, más concretamente, acentúan esa condición de vida que los sociólogos llaman exclusión, además de que favorecen la tensión social y la inestabilidad.

16 Sanahuja, op. cit. 17 CEPAL, “Panorama Social y Económico de América Latina, 2003-2004”, Noviembre, 2004, en Tri-

go Catalina, Aurora, “Pobreza y desigualdad en América Latina”, en Futuros. Revista Trimestral Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sustentable, 2004, Vol. 2, No. 8. 18 Trigo, op. cit.

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3. Políticas de ajuste, exclusión y democracia. Algunos riesgos para la institucionalidad El panorama político y económico que enfrenta América Latina actualmente, es sin duda complejo. Por una parte, hay que apuntalar la plena consolidación de las instituciones democráticas diseñadas durante los procesos de cambio político registrados en las dos últimas décadas del siglo XX; y por la otra, hay que sortear el creciente desencanto político prevaleciente entre las sociedades de la región, que no han percibido mejoras sustanciales en sus condiciones de vida desde el arribo de la democracia. Al respecto, valga la pena citar aquel dato recurrente en los recientes informes del Latinobarómetro, según el cual un determinado porcentaje de la población, que oscila alrededor del 20%, considera que, en algunas circunstancias relacionadas específicamente con la oferta de mejorar las condiciones generales de vida, sería preferible un gobierno autoritario que uno democrático.19 Aunque preocupante, ese dato es comprensible debido a la realidad que se alcanza a vislumbrar detrás del mismo. Como se adelantó líneas arriba, las políticas de ajuste acentuaron los niveles de exclusión prevalecientes en la región. Sin embargo, antes de ahondar en el tema, convendría allegarse de una noción mínima del concepto exclusión, a fin de saber cuál ha sido su origen y qué realidad pretende describir. La exclusión es un concepto ideado originalmente en Europa para describir el aumento del número de pobres registrado por la entonces Comunidad Europea, entre 1973 y 1992. En la medida en que los costos sociales de las políticas de ajuste fueron emergiendo en las distintas regiones del mundo en las que habían sido aplicadas –fenómeno que coincidió con el fin de la bipolaridad Este/Oeste propia de la Guerra Fría, y el surgimiento de un orden geopolítico cuyas diferencias cardinales han sido desde entonces: Norte (rico y desarrollado) y Sur (pobre y atrasado), el concepto se internacionalizó y adquirió nuevas dimensiones para, a partir de entonces, describir y analizar un fenómeno multifacético que ha implicado no sólo a la pobreza sino también a la imposibilidad para amplios sectores de la población, de acceder a las estructuras de oportunidades de desarrollo social, político, económico y cultural.20 A.S Bhalla y Frederic Lapeyre han identificado las tres principales dimensionesde la exclusión: económica, social y política. La dimensión económica es identificada por estos estudiosos, como la productora directa de la pobreza, al privar a ciertos sectores sociales del acceso a la distribución de los recursos generados por la dinámica económica. La dimensión social, al determinar la pertenencia a una sociedad por la aportación individual al desarrollo de la misma, margina y niega toda existencia en la propia sociedad a quienes no contribuyen con esa cuota individual de trabajo material o intelectual. Finalmente, la dimensión política se expresa en la negación del reconocimiento de los derechos humanos de algunos

19 Corporación Latinobarometro, Infome Latinobarometro, 2007, Santiago de Chile, 2007, p. 77. 20 Bessis, Sophie, Policy Paper No. 2: “De la exclusión social a la inclusión social”. Síntesis del Colo-

quio de Roskilde, Universidad de Roskilde, 2 a 4 de Marzo de 1995.

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sectores de la población, que ven así canceladas sus posibilidades de acceso a las estructuras de oportunidades.21 Como cabe deducir lógicamente, a partir del panorama que se ha delineado en el presente trabajo, estas tres dimensiones de la exclusión han estado presentes en América Latina y se han acentuado como consecuencia de los resultados negativos del actual modelo económico. En tal sentido, hay que señalar que la exclusión también se ha expresado en una dimensión geográfica. La mayor parte de los latinoamericanos pobres –62%– vive en áreas rurales (campesinos e indígenas). Además, este factor de exclusión, es decir, la pobreza, ha afectado en mayor grado a las mujeres, los niños y los ancianos. En algunos casos la condición de exclusión se agudiza si, además de ser pobre, se forma parte de uno o varios de estos grupos; por ejemplo, ser mujer, campesina e indígena. En el aspecto político, la exclusión generada por la pobreza se ha reflejado en los bajos niveles de representación de grupos como las mujeres, los indígenas y los campesinos. Por supuesto, esta situación plantea serias interrogantes al sistema democrático debido a que no está respondiendo debidamente, mediante la apertura de canales institucionales para la participación de esos sectores. Para ilustrar tal afirmación basta considerar que esos grupos de la población tienen menos posibilidades de ser designados y electos para ocupar cargos de gobierno y representación. Por ejemplo, entre 1990 y 2002, las mujeres ocupaban, en promedio, sólo 15% de los lugares en las cámaras de diputados, 12% de los correspondientes a los senados y 13% de cargos ministeriales en el conjunto de la región; mientras que en países con importantes índices de población indígena, como Bolivia y Perú, ésta estuvo subrepresentada en el mismo periodo con el 8% y el 25% respectivamente.22 En el mismo orden de ideas, los altos costos de las campañas electorales, no obstante que en muchos países de la región son financiadas con recursos públicos, ha propiciado que los grandes corporativos y grupos de presión influyan directa-

21 Bhalla, A.S y Frederic Lapeyre, Poverty and Exclusion in Global World,Londres, Macmillan 2004, en

Bessis, op. cit. Patrick Commins, por su parte, ha señalado que la exclusión es el resultado de la disfuncionalidad de alguno de los cuatro componentes siguientes: a) el sistema democrático jurídico-legal, cuya tarea principal es garantizar la integración social de todos los ciudadanos; b) el mercado de trabajo, que debe promoverla integración económica; c) el Estado de bienestar, encargado de procurar la concreción de los derechos sociales en instituciones y mecanismos que aseguren el bienestar de los ciudadanos; y, d) la familia y las relaciones de proximidad, que deben velar por la integración interpersonal. Como se pudo observar en el apartado anterior, la implementación de las PAE vulneró tanto al mercado de trabajo como al Estado de bienestar, propiciando con ello la profundización de la exclusión que han padecido amplios sectores de la población latinoamericana. Commins, Patrick, Informe: combatir la exclusión en Irlanda, 1990-1994 en Pérez Maya, Coralia, “La educación contra la exclusión”, Eikasia. Revista de Filosofía, No. 17, Año III, marzo 2008, p. 246. 22 BID, “El sistema democrático como punto de exclusión”, en Informe del Progreso Económico y Social, 2008.

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mente y con mayor antelación que el resto de los ciudadanos, en las decisiones y las voluntades de los representantes políticos. Así, la deficiencia del sistema democrático en América Latina –en parte explicable por su todavía débil institucionalización– que hasta ahora solamente ha abierto canales de participación y representación poco flexibles, ha puesto en riesgo no sólo la realización del cometido prioritario de la política, que es la contención del conflicto dentro de los cauces institucionales, sino también la viabilidad de la propia democracia. Hasta hace muy poco tiempo –tres o cuatro años– muchos de los líderes políticos de la región se habían mostrado poco dispuestos a reconocer que una de las fuentes que han alimentado al conflicto social, incluso con serias amenazas de desbordarlo, ha sido precisamente la exclusión propiciada por los resultados del modelo económico; el cual propició en el ámbito político, además de la reducción del Estado, la tecnificación de los asuntos públicos (sin que ésta se haya traducido necesariamente en una gestión eficaz de los mismos) y una fuerte pérdida de legitimidad de la actividad política en sí misma. Estos factores explican que, en la última década, la región haya optado por el cambio de las elites gobernantes a través de la vía electoral, concediendo ahora la oportunidad a los opositores y críticos del modelo económico con el claro mandato de que le impriman cambios o matices que lo vuelvan más equitativo.23 Asimismo, la propia situación de exclusión y pobreza ha propiciado en la región el surgimiento de preocupantes episodios de golpismo callejero,24 que Carlos M. Vilas ha caracterizado como “golpes de pueblo”,25 los cuales reflejan precisa-

23 La referencia apunta a lo ocurrido en Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Brasil. En el

caso venezolano, el presidente Hugo Chávez impulsó una serie importante de reformas económicas y políticas que generaron controversia y polarización entre la sociedad de dicho país, así como en la propia comunidad latinoamericana. Algo similar ha ocurrido en Bolivia desde 2005, cuando el líder del movimiento de productores de hoja de coca de la región del Chapare, Evo Morales, ganó las elecciones presidenciales e impulsó la nacionalización de los hidrocarburos, la distribución de tierras y un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente realizado en 2007. A diferencia de estos casos –sustentados en liderazgos personales carismáticos que han centrado sus respectivos proyectos de desarrollo en el protagonismo económico del Estado, así como en reformas políticas que apuntan hacia una prolongada permanencia en el poder– el caso de Brasil es quizá el más exitoso, ya que sin perder su orientación social y sin poner en riesgo la continuidad del sistema democrático, el presidente Luiz Inacio Da Silva, del Partido de los Trabajadores, colocó a su país como una importante potencia en la producción de bioenergéticos, así como en otros sectores económicos como el metalúrgico y el de ensamblaje de alta tecnología. 24 Por golpismo callejero se entiende aquí la estrategia emprendida por un actor político o un agente social en contra del gobierno constituido, sea para causarle problemas de gobernabilidad, sea para provocar su deposición. 25 Al respecto, el politólogo argentino comenta que: “la ira y la insatisfacción popular expresan el vacío que hay entre las demandas sociales y las respuestas institucionales […] la calle saca a un presidente, pero no pone a otro, porque el sustituto es elegido a través de medios constitucionales […]Son sacudidas que no alcanzan un eje político que articule las demandas”. Entrevista con Daniel Gallo, “Golpismo sin uniformes”, en La Nación, 19/06/2005, versión electrónica:URL=http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/enfoques/nota.asp?nota_id=714005

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mente el descontento social y –tal vez sin proponérselo– han propiciado condiciones de inestabilidad tales, que han cristalizado en la deposición de gobiernos electos democráticamente, como ocurrió en Argentina en el 2002, y en Bolivia en el 2003 y 2005. Si bien la reciente oleada de gobiernos identificados con posiciones políticas y económicas de izquierda constituye una oportunidad novedosa para rectificar los resultados del modelo de crecimiento y hacer frente a la exclusión y la pobreza imperantes en la región, hay que tener presente que tres décadas de ajustes –bajos índices de crecimiento, altas tasas de desempleo y débil poder adquisitivo de los salarios percibidos por la mayoría de la población– ha sido demasiado tiempo; quizá más del que cabría haber soportado. De manera que la futura estabilidad, la reducción de los índices de marginalidad y la generación de mejoras en las condiciones de vida de las amplias mayorías, no puede esperar. En este contexto, el Estado está llamado a generar mecanismos para igualar las oportunidades de desarrollo entre las personas, independientemente de su condición social; esto debido a que el modelo basado en las PAE y orientado hacia el mercado, ha demostrado que éste no puede reducir las desigualdades estructurales, por razón de que sólo asigna ciertos recursos entre los agentes que participan en la dinámica oferta/demanda, pero no entre aquellos que han sido excluidos de tal dinámica a causa de su situación social. Conclusión Los nuevos ajustes que se realicen a la modalidad de crecimiento y desarrollo por parte de las elites políticas de la región deberán tener muy claro, a partir de la enseñanza dejada por experiencias anteriores, que no es tarea del Estado crear empleos o convertirse en el principal agente económico, sino más bien propiciar las condiciones para que el sector privado pueda desarrollarse y convertirse en el principal motor del desarrollo, sin que ello signifique sacrificar los derechos sociales conquistados históricamente. Finalmente, esas nuevas reformas tendrán que sustentarse necesariamente en la construcción de amplios consensos así como en el establecimiento de firmes compromisos de cooperación entre todos los sectores sociales, pues de no suceder así, más allá de todo fatalismo, entonces sólo quedará esperar a que la chispa de la insatisfacción prenda la mecha de la violencia en la región.

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La pobreza y la exclusión en el México contemporáneo Pablo Armando González Ulloa * Eugenio Vásquez Muñoz ** El curso global de la historia reciente ya no se dirige hacia la nivelación de las distinciones sociales sino que corre cada vez más hacia una sociedad de dos clases en las que los pocos favorecidos monopolizan el dinero, la educación y el poder. Christopher Lash SUMARIO: Introducción. Pobreza, desigualdad y exclusión social. Conclusión. Bibliografía.

Introducción En los últimos años el tema de la desigualdad social ha ocupado un lugar central en la agenda de los gobiernos y las sociedades de todo el mundo. Esto ha sido así, primero, porque el combate a la desigualdad implica un deber ético irrenunciable e impostergable para todos; y segundo, porque es un problema estructural que se hace acompañar de otros no menos graves como son la pobreza y la exclusión. Si bien estos problemas han estado presentes en otros tiempos y espacios, las transformaciones sociales, económicas y culturales, que acompañan al proceso de globalización a la que asistimos, obligan a repensarlos, lo mismo que sus consecuencias y pertinencias teóricas; pues si, por un lado, estos fenómenos han persistido a través del tiempo, por el otro, observamos nuevas maneras en que se manifiestan y afectan; formas que se imbrican y adaptan, no libres de contradicciones, al modelo capitalista global y a nuevas formas de interacción social y política. Esto es que, todo cambio producido en la sociedad influye directamente con los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y exclusión, pero estos, a su vez, repercuten en otros ámbitos como el político, el social y el individual. Así, por ejemplo, los avances tecnológicos, sobre todo los referentes a las comunicaciones, han favorecido una distribución inequitativa de los recursos económicos, pero también se han convertido en un indicador de desigualdad y un factor de exclusión, ello debido a la movilidad física y virtual que se logra con su ayuda. *

Doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también es profesor de tiempo completo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I.

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Maestro en Políticas Públicas por el ITAM, actualmente Director de El Colegio de Veracruz.

La pobreza y la exclusión en el México contemporáneo

Gracias a la movilidad de sus recursos, que ahora son líquidos, –las elites– no enfrentan límites suficientemente reales –sólidos, rígidos, resistentes– como para someterse a [la] ley. Los únicos límites capaces de hacerse sentir y respetar serían los que el poder administrativo impusiera sobre la libertad de movimientos del capital y el dinero. Pero esos límites son escasos, y los pocos que restan sufren tremendas presiones para que se los borre o elimine.1

Este reducido grupo de personas, que concentra un aproximado del 80% de los recursos mundiales, tiene la capacidad de definir la política económica mundial, afectando con ello a millones de personas con las cuales se sienten poco o nada identificadas. El capital internacional representa una masa gigantesca siempre en movimiento en los cuatro rincones del planeta. En el mercado de cambios, el volumen de las transacciones diarias es de cerca de 900 mil millones de dólares, el equivalente del PIB anual de Francia. En comparación, las reservas totales de los bancos centrales sólo suman aproximadamente unos 700 mil millones de dólares.2

Ahora bien, esta movilidad sigue la misma estructura piramidal que la distribución económica, pues quienes se encuentran en la cima son apenas un reducido grupo que, no obstante, concentra la mayor parte de la riqueza mundial: para 2001, sólo un 20% de la población, la más rica, absorbía un 82.7% de la riqueza, en tanto el 20% más pobre únicamente el 1.4%.3 “A escala mundial, la pobreza es la regla y la riqueza la excepción. Las desigualdades se han convertido en una de las grandes características estructurales de la era de la globalización. Y siguen agravándose, alejando cada vez más a los ricos de los pobres.”4 En nuestro país, para 2006, la concentración de la riqueza era la siguiente: el 10% de la población más pobre obtuvo un ingreso de 2.40 %, en tanto que el decil más rico, 34.50%.5 Según Nation Master, basado en cifras de Factbook de la CIA, México se encuentra en el lugar 15 en cuanto a la inequidad en la distribución del ingreso del mundo, también conocido como el coeficiente Gini.6 Por otro lado, es importante pensar la desigualdad en el contexto de la democracia, pues por mucho tiempo ésta se asoció con la justicia social y el desarrollo humano. Ello se debe a que la democracia se aceptó, como la única alternativa deseable y posible de las sociedades modernas, augurando que, con su implementa-

Bauman, Zygmunt, La globalización. Consecuencias humanas, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 19. 2 Albert, Michel, Capitalismo contra capitalismo, Buenos Aires, Paidos, 1992, p. 169. 3 Mujeres en el mundo, “cifras alarmantes”, Crónica digital, Santiago de Chile, 22 de noviembre de 2006, URL= http:/www.cronicadigital.cl/index.php 4 Ramonet, Ignacio, Stiglitz, Joseph (et al.), ¿Qué es la globalización? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica?, Santiago de Chile, Aún Creemos en los Sueños, 2004, p. 19. 5 Si bien esta brecha ha disminuido con respecto al 2000 (1.50% frente a un 40.30%), no deja de ser preocupante el distanciamiento entre pobres y ricos. Aguayo Quezada, Sergio, El almanaque mexicano. 2008, México, Aguilar, 2007, p. 89. 6 “Gini index (most recent) by country”, Nation Master, URL= http://www.nationmaster.com/graph/eco_dis_of_fam_inc_gin_ind-distribution-family-income-gini-index 1

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ción y consolidación se hallaría una mayor igualdad política, y con ello, una mayor igualdad social y económica. Asimismo, se vislumbraron mayores libertades y un verdadero respeto a los derechos humanos. La realidad dista mucho de aquellos ideales, por lo cual, el descontento por parte de la ciudadanía es evidente, pues por un lado, se encuentran las demandas -por demás legítimas-, de los ciudadanos y, por el otro, se tiene un Estado insuficientemente capaz de dar cauce a las peticiones. Por otra parte, este año se cumplen 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La declaración distingue entre derechos relativos a la existencia misma de la persona y los relativos a su protección y seguridad, a la vida política, social y, los derechos de contenido económico y social; los cuales más adelante quedaron plasmados en otros acuerdos como: la Declaración de Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. De la misma forma, México cumple su segundo sexenio dentro de la transición democrática. Sin embargo, este supuesto cambio no ha mitigado los escandalosos niveles de pobreza que se viven; según estimaciones oficiales, 40% de los mexicanos viven por debajo de la línea de la pobreza en nuestro país, es decir, tienen un ingreso menor a 2 dólares al día, y el 14% un ingreso menor a un dólar. Pero también se maneja que el 50% de los mexicanos se encuentra en la anterior situación. Es difícil, o imposible, pensar que ante tal situación de pobreza y desigualdad algún tipo de pacto social pueda perdurar en cualquier lado. Aunque sea desde el punto de vista económico un alto índice de pobreza noes favorable, ya que si no hay personas que consuman, entonces la economía no produce y tampoco crece. Henry Ford pensó en esta situación y determinó pagar más ya que afirmaba que “nuestros propios empleados deberían ser nuestros mejores clientes. El pago de altos salarios es lo que está detrás de la prosperidad de los Estados Unidos”.7 Desde el punto de vista político a mayor cantidad de pobres, la legitimidad del régimen es menor, y aunque las revoluciones no siempre son producidas ante las mayores desigualdades, el problema de la gobernabilidad siempre está presente. La pobreza y la desigualdad también pueden acarrear conflictos en cuanto a la calidad de la democracia, derechos humanos, respeto a las leyes, entre otros, ya que es difícil imaginar una democracia perfecta o, al menos, que se acerque al tipo ideal que incluye ciudadanos bien informados y participativos en la toma de decisiones, si antes estos no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Una democracia marcada por la falta de oportunidades y una profunda desigualdad, que impide elevar los niveles de vida, solo puede aspirar a ser una democracia procedimental. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por México en 1981, da cuenta de lo inseparables que son este tipo de dereMaya M, Guillermo, “Entre Henry Ford y José Stalin”, El tiempo, Febrero 13 de 2007, URL= http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnitsas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR -3437761.html. 7

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chos de los Derechos Humanos. De esta manera, para poder tener respeto integral a los derechos humanos se deben tomar en cuenta los derechos económicos, ya que como lo menciona Amy Gutman: Un régimen de derechos humanos no debe ir más allá de unas aspiraciones razonables, pero también debe evitar un minimalismo tan acentuado que su aplicación deje a las personas más vulnerables sin aquello (mínimamente) necesario para proteger su capacidad de vivir una vida mínimamente decente según un criterio razonable […] Será muy difícil llegar a un consenso sobre lo que debe ser un programa mínimo de derechos humanos, aun cuando es necesario para su aplicación efectiva. Pero hay buenas razones para pensar que un régimen efectivo de derechos humanos debe garantizar los derechos de subsistencia tanto como las libertades negativas.8

La subsistencia mínima de las personas debería ser uno de los principios básicos de todo intento de convivencia dentro de un régimen democrático. Pese a ello, los altos índices de pobreza no han logrado reducirse, en tanto que otros más, como es el desempleo, se incrementan vertiginosamente. En México y Latinoamérica es alarmante o las condiciones de los empleos son precarias: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer […] que en América Latina actualmente hay al menos 17 millones de desempleados; que el 60 por ciento de los ocupados en la región tienen empleo informal y que hay un “grave déficit de empleo decente” en dicha zona continental “[…] el desempleo urbano en la región registró una tasa de 8.5% en los primeros tres trimestres de 2007 para 15 países de la región, por debajo del 9.1% en el mismo período de 2006. Según las proyecciones, si en 2008 se cumplen las proyecciones de crecimiento económico de 4.7%, la tasa de desempleo urbano llegaría a 7.9%, lo que conduciría a la región a niveles que no se registraban desde el primer lustro de la década de 1990.9

En nuestro país, […] la población desocupada fue de 1.7 millones de personas, o lo que es lo mismo, 4 por ciento de la población económicamente activa, una proporción superior al 3.5 por ciento registrado en igual lapso de 2006 [enero a marzo] y al 3.6 por ciento reportado para el cuarto trimestre de ese mismo año. La tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes […] en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes […] es de 4.7 por ciento; en las de 15 mil a menos de 100 mil habitantes de 3.9 por ciento; en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil de 3.3 por ciento y en las rurales de menos de 2 mil 500 habitantes de 2.3 por ciento […] En el sector informal de la economía laboran 11.4 millones de mexicanos, 26.9 por ciento de la población ocupada […].10

Lo más preocupante es que el empleo no garantiza certidumbre el salario mínimo no alcanza para cubrir ni dos canastas básicas al medebido a que empleo y la pobreza no son necesariamente antagónicos, pues las personas con precariedad laboral poco pueden hacer para cubrir sus necesidades básicas. Por su parte, las cifras oficiales que indican que el subempleo abarca una cuarta parte de la población del país. Es preocuGutman, Amy, en la introducción a Michael Ignatieff, Los derechos humanos como política e idolatría, Barcelona, Paidós, 2003, p. 13. 9 Muñoz, Patricia, La Jornada On Line, “América Latina sufre un “grave déficit” de empleos formales: OIT”, La Jornada, 20 de enero de 2008. 10 Fernández-Vega, Carlos, “Más discurso que empleo”, La Jornada, 17 de mayo de 2007. 8

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pante que los trabajadores vivan a la deriva, sin ninguna seguridad social, es decir que no tengan derecho a prestaciones tan básicas como la jubilación, servicio médico, prima de vacaciones, prima de antigüedad, vales de despensa y otras. Lo anterior se ve reflejado también en los altos niveles de pobreza en sus distintos ámbitos, ya que “una de cada tres personas en situación de pobreza alimentaria, dos de cada cinco pobres de capacidades y poco más de la mitad de población en pobreza de patrimonio […] cerca de 5 millones de citadinos no ganan lo suficiente para pagar su alimento diario, poco más de 10 millones no pueden satisfacer sus necesidades de salud y educación y poco más de 20 millones no pueden pagar su vivienda propia, transporte y vestido”.11 David Held, por su parte, señala que: […] en los países en vías de desarrollo casi treinta mil niños menores de cinco años mueren cada día a causa de enfermedades evitables que han sido casi completamente erradicadas en Occidente. Las estimaciones del coste de proporcionar asistencia sanitaria básica a todos los actualmente privados de ella ascienden a trece mil millones de dólares por año, unos cuatro mil millones de dólares menos de lo que se gastan anualmente en comida para animales domésticos los consumidores europeos y japoneses.12

Ahora bien, la distribución en cuanto a los sectores de ocupación se ubica de la siguiente manera “[…] en el primer trimestre de 2007, 5.7 millones de personas (13.5 por ciento del total) laboró en el sector primario, 11.1 millones (26.1 por ciento) en el secundario o industrial y 25.3 millones (59.7 por ciento) están en el terciario o de los servicios. El restante 0.7 por ciento no especificó su actividad económica”.13 En esta distribución se hace evidente que el sector de los servicios es el que concentra la mayor parte de la actividad económica, una tendencia que se generaliza a nivel mundial. En México “[…] en el periodo de referencia [primer trimestre de 2007] sumó 44.1 millones, contra 43.2 millones en el año previo. Setenta y ocho de cada 100 hombres son económicamente activos, y 41 de cada 100 mujeres.” 14 Ante esto, […] para crear suficientes puestos de trabajo para sus nuevos demandantes de empleo, la economía mexicana debe crecer a una tasa de 6% anual o mayor. Esta relación, aceptada por los especialistas, tiene por fundamento el dato empírico de que la población demandante de empleo crece a una tasa cercana a 4% anual –debido a las tasas de crecimiento demográfico observadas durante los años 70 y 80, sumadas a la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral–, de manera que un crecimiento económico de 4% anual sólo sería suficiente para absorber a los nuevos demandantes de empleo si la productividad del trabajo no aumentara. Con un crecimiento de la productividad de 2% anual (o mayor) sería necesario un crecimiento Daniela Rea, “Aumenta la pobreza en zonas urbanas”, Reforma, 16 de mayo de 2008. Held, David y McGrew, Anthony, Globalización-antiglobalización, sobre la reconstruccion del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2006, p. 93. 13 Fernández-Vega, Carlos, op. cit. 14 Idem. 11 12

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económico cercano a 6% anual (o mayor) para dar ocupación a nuestros nuevos demandantes de empleo.15

El problema es que las expectativas de crecimiento pocas veces rebasan el 3.5 y en la realidad se ubican en menos de 3%, lo que quiere decir, que la economía mexicana crece a menos de la mitad de lo que debería para dar los puestos de trabajo necesarios. En México, el problema se concentra en los altos índices de desigualdad, pobreza y concentración de la propiedad en pocas manos. Aunque, según el documento publicado por la CEPAL y titulado Panorama social en América Latina 2007, la pobreza ha disminuido en la región (casi 9% de 2002 a 2005) debido a un crecimiento del PIB por habitante sostenido durante casi 5 años. En el 2006, últimas cifras que se tienen, 36,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza y la extrema pobreza o indigencia abarca a un 13,4% de la población; así el total de pobres alcanza los 194 millones de personas, de las cuales 71 millones son indigentes, situación nada alentadora. 1. Pobreza, desigualdad y exclusión social Pero, ¿en qué momento esta desigualdad se vuelve una cuestión nociva en cuanto al capital social se refiere? En los siglos pasados, las clase sociales tenían una convivencia más cotidiana, pero ya en las recientes décadas, desde las clases más bajas a las más altas se han ido agrupando en guetos (hiperguetos para las primeras, zonas residenciales en los suburbios para las segundas); las zonas en las que habitan los unos y los otros se mantienen totalmente ajenas. Las escuelas, los centros comerciales, los centros de diversión, hasta las zonas de tránsito, son totalmente dispares; el único punto de encuentro es precisamente en el sector más grande de la economía: el terciario. En la medida en que falte este roce social, fundamental para la movilidad social, las distintas clases sociales estarán más alejadas las unas de otras. Lo anterior produce “la desigualdad [que] debe entenderse como la desproporción que existe entre individuos del planeta en lo económico, político y social, pero también en la tenencia o no de oportunidades.”16 Carlos Monsivaís menciona el fenómeno del alejamiento de las clases altas de la gente común y corriente señalando que ellos “profesionalizan la felicidad, el gozo de estar juntos, el placer inaudito de estos jardines, estas residencias, estos resorts, estas inauguraciones de shows pictóricos, este amor por el deporte. No es que estén incluidos, es que los excluidos, los de atrás, se quedarán por siempre en el punto de partida”.17 A partir de lo anterior, las élites producen resultados poco democráticos, reflejados a través de “la segregación de las clases sociales; el desprecio del trabajo manual; el hundimiento de las escuelas públicas; pérdida de una cultura coJosé Luis Calva, “El TLCAN de la prosperidad”, El Universal,6 de marzo de 2008. Leire Pajón Iraola, “Desigualdad en AL, una tarea de todos”, Reforma, 15 de julio de 2007. 17 Mosivais, Carlos, “De las variedades del principio de exclusión”, El Universal, 12 de abril de 2008. 15 16

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mún.”18 Estos grupos se cierran cada vez más y el escalafón social excluye cada vez a más personas. Retomando el asunto de las escuelas públicas, hay que destacar la lucha en contra de las universidades públicas para que no retomen el espacio tradicional donde se daban los medios para el escalafón social; ahora parece que: “estudiar en universidades públicas […] es excluirse voluntariamente […] además de ser lugares de enseñanza, las universidades privadas son espacios de acopio de las relaciones amistosas que son avisos de prosperidad.”19 Así las universidades y lo espacios tradicionales, donde la gente de distintas clases se conocía, comienzan a estar cada vez más apartados. Estamos atestiguando un desmembramiento de los espacios de conveniencia social entre los distintos estratos sociales, incluso entre los mismos. “Las elites aseguran su extraterritorialidad de la manera más material: la inaccesibilidad física a cualquiera que no esté provisto del permiso de ingreso”.20 Esto se hace evidente ante los nuevos suburbios que están proliferando en todo el país, las élites cada vez se alejan más de la vida “cotidiana” y crean espacios artificiales –por llamarlos de alguna forma– dotados de todos los servicios para que no tengan que salir de estos. El problema nodal puede descansar en la concentración de la riqueza de México, o puede encontrarse en la distribución inequitativa del ingreso que es un factor determinante para la pobreza, debido al freno que se da en el desarrollo del país, vía falta de consumo y escasa recaudación fiscal que podría mitigar algunos de estos males. El principal problema radica en la influencia que tienen estos círculos de poder en la toma de decisiones de la vida nacional, lo que tiene como consecuencia que se imponga el interés de ciertos grupos sobre el interés común, subordinando la política al mercado. Lo importante es que una vez que la situación del país empeora, esos núcleos adinerados se pueden desterritorializar, es decir, se convierten en verdaderos ciudadanos del mundo que lo mismo pueden vivir en París, Nueva York, Dubai, etc., son como lo que llama Zygmunt Bauman, los turistas en un mundo de vagabundos,21 en el cual los excluidos están atados a un espacio territorial del cual sólo pueden escapar sin papeles, no es gratuito que cada año la migración a Estados Unidos esté ubicada por el orden de las 400,000 personas.22 A las clases excluidas se les cataloga como inferiores, fuera del ciclo del consumo o consumidores fallidos, pero tal como se ha señalado en la primera parte del ensayo, con la precariedad laboral es difícil salir de este círculo, la exclusión llega hasta el punto de la anulación de los derechos básicos. De entrada es una lucha constante por la supervivencia. Touraine resume muy bien esta situación al señalar

Lash, Christopher, La rebelión de las élites y la traición a la democracia, Barcelona, Paidós, 1996, p. 45. Monsivais, Carlos, op. cit. 20 Bauman, Zygmunt, op. cit., p. 31. 21 Ibidem, p. 122. 22 “Migración mexicana hacia Estados Unidos”, Consejo Nacional de Población, URL=http://www. conapo.gob.mx/mig_int/03.htm, revisado el 20 de mayo de 2008. 18 19

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que “las escalas sociales se vuelven demasiado cortas: los golden boys no están en lo alto de la sociedad nacional, sino por encima de ella, y los precarios y los excluidos no están abajo, sino fuera de la escala, suspendidos en el vacío.”23 La suspensión de las clases más bajas del entramado sociedad, conlleva a una atomización dentro de la misma “comunidad”, ahora nombrados como hiperguetos al haber dejado de ser meros espacios de tránsito, el hecho de que dentro de estos grandes espacios territoriales sea cada vez menor la gente que puede tener un trabajo que le garantice cubrir sus necesidades básicas, disgrega a las personas ante la menor expectativa de poder resolver sus problemas. El Estado ya no da las respuestas sociales que antes podía garantizar, aunque fuera de manera parcial y el manejo de los riesgos se convierte en una cuestión individual. Perder el trabajo y las consecuencias de ello se asumen de manera personal, cada vez se puede recurrir menos a la comunidad debido a que ésta es cada vez más endeble. Los riesgos se reparten de manera desigual de la misma forma que la riqueza, solo que de manera inversa, ya que mientras la riqueza se acumula hacia arriba, los riesgos se acumulan hacia abajo. La seguridad se puede comprar, pero por su alto costo pocos tienen acceso a ésta, ahora vemos la gran proliferación de los seguros, que en cierta forma son los sustitutos de la seguridad compartida que antes daba el Estado.24 Si bien es cierto que el incentivo al desarrollo sostenido dentro del país debe ser prioridad para el Estado, también es cierto que se prioriza la ayuda a las grandes compañías, sin voltear hacia planes de desarrollo de empresas y tecnologías que incentiven la consolidación de una infraestructura nacional de largo plazo y sobre la ayuda a los más desprotegidos. La cuestión principal en esto es que “los pobres tienen pocas oportunidades para hacer oír su voz. Cuando hablan nadie les escucha; cuando alguien lo hace, la respuesta es que no se puede hacer nada; cuando se les dice que puede hacerse algo, no se hace nada”.25 Conclusión La situación que está afectando a millones de personas, es un aspecto indiscutible que ha alimentado a la pobreza en la que se encuentra inmersa la mayoría de las personas. Se consideran cifras que sustentan la realidad y al mismo tiempo la magnitud del problema, esto pretende paralelamente enriquecer al lector y propiciar en él, una reflexión y motivación para aportar su labor en la lucha por buscar un cambio radical de la pobreza. Es importante que se consideren aspectos importantes y ligados a tal situación, como es el monopolio de grupos reducidos y que se benefician del gasto público, reduciendo la oportunidad de terminar la situación de pobreza y exclusión

23 Touraine, Alain, Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy, Barcelona, Paidós, 2005,

p. 26. 24 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidós, 2002, p. 41. 25 Stiglitz, Joseph E., Cómo hacer que funcione la globalización, México, Taurus, 2006, p. 37.

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en la que han sido situados a la mayoría de personas. Ya que de lo contrario, no se tendrá un panorama claro del origen de la pobreza. La claridad con la que se exponen temas relacionados al origen de la pobreza y su situación hoy en día, nos permite entender los medios que han afectado poco a poco a nuestro país, pero bajo este entendimiento, se produce una reflexión interior que es procesada para buscar posibles cambios, o por lo menos considerar las circunstancias para equilibrar las acciones del gobierno, construyendo un nuevo destino para las personas más afectadas. Lo importante es terminar con la desigualdad y exclusión de los actualmente más pobres del país, por ello será importante abatir los fenómenos que permiten la exclusión y desigualdad logrando con ello abrir las puertas a la población sin distinción de raza, religión, estatus social, cultural, económica y lograr que participen en la distribución de las riquezas, sobre todo del erario público.

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Desconfianza política, pobreza y desigualdad en México Agustín Morales Mena * SUMARIO: Introducción. 1. Desconfianza política en sistemas democráticos, 2. Desconfianza política en México. 3. Desigualdad y pobreza en México. 4. Neoliberalismo, desconfianza política, pobreza y desigualdad. 5. Desconfianza política por promesas incumplidas. 6. Desconfianza política e impuestos. Conclusiones. Bibliografía.

Introducción La exclusión cotidiana que viven muchos mexicanos todos los días ha alimentado una sólida base de desconfianza en las relaciones sociales y políticas. Es debido a ello, que el presente trabajo analiza cómo en el país la imperante pobreza y desigualdad fomentan la desconfianza política, lo que a su vez influye en el grado de cooperación y corresponsabilidad que puede tener la sociedad hacia sus gobiernos. Con la conjunción de estas variables se consolida un círculo vicioso en el cual el margen de maniobra de los gobiernos se ve disminuido debido a la carencia de un sólido capital social.1 En la primera parte del trabajo se hace un breve repaso teórico de la desconfianza política para después pasar al análisis cuantitativo y cualitativo de la misma, así como de la relación causal que tiene ésta con la pobreza y la desigualdad. Se presenta un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la evolución de la desconfianza de las instituciones políticas en México durante la etapa de supuesta transición democrática entre 1996-2006. Después se analiza a detalle cómo la exclusión social, a través de las condiciones de pobreza y desigualdad, es un factor que mantiene el desdén a lo político en el país. 1. Desconfianza política en sistemas democráticos Si bien, la desconfianza política no es un objeto de estudio nuevo, tiene una renovada importancia a partir de las mostradas condiciones de ingobernabilidad, debilidad institucional y baja legitimidad que mostraron diversos gobiernos *

Politólogo por la UNAM y Maestro en Problemas Sociales por la Universidad de Granada. Actualmente es investigador en el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 1 No obstante, debe quedar claro, que la pobreza y la desigualdad no son las únicas causas que influyen en el nivel de confianza política, ya que existen otras, por ejemplo: las costumbres o formas cotidianas de hacer política, la corrupción y la débil cultura de la legalidad.

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democráticos en los años noventa. Desde entonces se tiene la impresión de que “el desprecio popular por los ministros y jefes de Estado ha crecido en la mayoría de los países capitalistas. […] la falta de confianza tampoco se limita a los que están en el poder; los partidos de oposición y sus líderes no gozan de mayor consideración que aquellos a los que desean reemplazar.”2 Esto se convierte en un verdadero problema si se considera que en toda democracia los asuntos públicos requieren –en distintos niveles– de la retroalimentación gobierno-sociedad que favorece la corresponsabilidad y gobernabilidad. Sin embargo, ésta última cada vez parece más difícil de mantener, ante el adelgazamiento de los vínculos y el aumento de la complejidad y heterogeneidad de las sociedades. Por eso, la importancia de la confianza como nodo que facilita el intercambio y las relaciones en sociedad, pues sin ella es normal que las instituciones sean débiles y tengan resultados pobres ante el escaso respaldo social. Esto ha llevado cada vez a más gobiernos a darse cuenta de que aquellas sociedades con elevados niveles de confianza política tienen instituciones que funcionan mejor, pues se estimula la cooperación social, económica y política, así como el fortalecimiento de virtudes cívicas que sustentan la democracia. Mientras la confianza interpersonal se concentra en el individuo, la confianza política es una construcción social asociada a la colectividad y a un grupo de variables macro que miden interés en la política, legitimidad del sistema político y desarrollo económico. En contraste con la confianza interpersonal, la confianza política se alimenta de la suma de percepciones sobre las acciones y posturas de los sujetos que encabezan las instituciones. Cuando un sujeto confía en una institución, el juicio de confianza es en sí mucho más genérico y abstracto, que cuando confía en otro individuo, pues los elementos del juicio de confianza no son los mismos, además de ser indirectos. Así, la confianza interpersonal es esencial para la convivencia civilizada en redes sociales,3 y la confianza política es un factor básico para la vida pública y la estabilidad del sistema político, pues aumenta las posibilidades de participación, involucramiento y cooperación. Sin embargo, no se debe dejar de lado la posibilidad de que la confianza interpersonal pueda influir en relaciones de poder político,4 pues “si la confianza interpersonal ayuda a construir capital social, y éste a su Strange, Susan, La retirada del Estado: la difusión del poder en la economía mundial, Barcelona, Icaria- Intermón Oxfam, 2003, p. 21. 3 “El concepto de red cuestiona la centralidad e incorpora los nodos (centralidades relativas al momento del proyecto), cuestiona las jerarquías e incorpora las heterarquías en las relaciones (jerarquías relativas), cuestiona la unicidad e incorpora la diversidad, cuestiona las órdenes (categorías de lo fácil a lo difícil) e incorpora la simultaneidad, cuestiona la simplicidad e incorpora la complejidad.” Caracciolo Basco, Mercedes y Foti Laxalde, María del Pilar, Economía Solidaria y Capital Social: Contribuciones al desarrollo local, Buenos Aires, Paidós, 2003, p. 38. 4 Por ejemplo, para Uslaner la confianza interpersonal que ayuda más a la democracia es la general, pues es la que da frutos cuando nos topamos con extraños. Este tipo de confianza ayuda a crear redes a gran escala de reciprocidad y cooperación. En cambio la confianza interpersonal particular –aquella que se da en el ámbito inmediato de las relaciones humanas– no tiene mayor impacto. Uslaner, Eric M., The moral Foundations of trust, Cambridge University Press, 2002. 2

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vez ayuda a fortalecer las instituciones políticas, entonces el funcionamiento gubernamental puede mejorar, inspirando confianza en los ciudadanos.”5 En concreto, ya sea política o interpersonal, “una sociedad que alimenta sólidas relaciones de confianza es probablemente una sociedad que puede ofrecer menos regulaciones y más libertades; manejar más y mejor las contingencias; sacudir la energía y la ingenuidad de sus ciudadanos, limitar las ineficiencias de las reglas de coordinación, y mejorar la sensación de seguridad y satisfacción.”6 Es decir, la importancia de la confianza, radica en que aumenta las posibilidades de entendimiento en la cotidianeidad de los sistemas sociales complejos. Así, la confianza política es una actitud, expectativa y orientación hacia el futuro, fundada en el pasado, en aspectos tanto racionales como subjetivos hacia un sujeto, institución o grupo de interés en el ámbito de las relaciones de poder. Al ser producto de la experiencia, razones y sensaciones, la confianza es dinámica, pues cambia de acuerdo a las circunstancias. Es una relación de tres variables y tiene límites específicos de acuerdo a las condiciones, actores y objetivos. A confía en B para que haga X, es decir, A no confía en B para que haga Y o Z, sino X, así como A no confía en C para que haga X, sino en B. Entre dos sujetos, cuando la confianza es mutua, existe un vínculo tácito donde, sin importar el tipo de régimen, se establece el principio fundamental de toda cooperación. De esta manera, la confianza política cumple con dos funciones en las relaciones de poder. Primero, reduce la complejidad7 y la incertidumbre en los procesos de socialización política,8 es decir, en la interiorización de valores y normas que hacen posible la interacción social y política en un sistema. Segundo, al ser el punto de partida de toda relación social, facilita la construcción de futuro aun por encima de las diferencias, al hacer posible la colaboración entre los actores de un sistema político. Empero, es conveniente subrayar que confiar implica también la posibilidad de perjuicio, pues “el sujeto objeto de confianza A, obtiene el potenNorris, Pippa., Confidence in Public Institutions: Faith, Culture or Performance?, Harvard University, 1999, p. 8, (ref. de enero 15 de 2007). URL=http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/acrobat/newton.pdf 6 Offe, Claus, “How Can We Trust Our Fellow Citizens?” en Warren, Mark (coord.) Democracy and Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 2. 7 “Cuanto más crece la complejidad del medio ambiente, más difícil se vuelve el control de sus variables, dado que, por fuerza, la cognición, la predicción y la programación tienen lugar entonces en condiciones de creciente entropía, es decir, de desorden y turbulencia en aumento. Cada decisor político se enfrenta a un número incrementado de decisiones esenciales, dentro de cada una de las cuales se amplía el rango de alternativas posibles.” Zolo Danilo, Democracia y complejidad. Un enfoque realista, Buenos Aires, Nueva visión, 1994, p. 162. 8 Los procesos de socialización política: son “[…] aquel conjunto de experiencias que en el curso del proceso de formación de la identidad social del individuo contribuyen en particular a plasmar la imagen que tiene de sí mismo en los enfrentamientos con el sistema político y al definir la relación que instaura con las instituciones políticas. Las orientaciones, las emociones, las actitudes hacia los diversos objetos de la política, las capacidades cognitivas y expresivas necesarias a cada acción política son por lo tanto consideradas como el resultado de un proceso de formación-aprendizaje que […], se extiende a todo lo largo de la vida […].” Oppo, Anna, “Socialización política”, en Diccionario de política, México, Siglo XXI, 2002, p. 1514. 5

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cial de ejercer poder sobre el sujeto que confía B, debido al control de A sobre los recursos necesitados o apreciados por B”.9 Es decir, aquel que confía asume un riesgo, al poner en otro una expectativa de comportamiento y cuando ésta es “traicionada” conlleva generalmente a la desconfianza. Por su parte, la desconfianza política es una actitud en prospectiva de descrédito de un sujeto hacia un actor, grupo de interés político o institución. Su objetivo principal es actuar como mecanismo de defensa al prever consecuencias perjudiciales en la conducta de otros, siendo una de sus principales secuelas eliminar toda posibilidad de cooperación que, a su vez, es esencial para una fluida interacción en cualquier sistema político. La desconfianza no siempre tiene fundamentos racionales, y en gran medida, al igual que la confianza, se establece a partir de referencias de acción y está determinada por múltiples, y muchas veces, inconmensurables factores culturales, históricos y económicos. La desconfianza política es estimulada cuando las instituciones de gobierno que hacen tangible al Estado, no cumplen con su objetivo fundamental: dotar de condiciones de seguridad, bienestar y desarrollo a los habitantes de un territorio determinado. De tal forma, la desconfianza política surge a partir de la incongruencia entre las reglas y el ejercicio cotidiano de la política. Algunos ejemplos que incrementan la desconfianza hacia el sistema político son: la elevada desigualdad, pobreza, e inestabilidad económica y política; la ausencia de respeto al Estado de derecho; las profundas diferencias entre el discurso y la acción política; el abuso de la fuerza pública y la coerción política; uso instrumental del poder público a favor o en contra, de correligionarios, adversarios o particulares; escándalos de corrupción; falta de transparencia y rendición de cuentas; incapacidad de la clase política para lograr acuerdos; y baja efectividad de gobierno. Sin embargo, el fenómeno de la desconfianza política, al igual que la exclusión y la participación, va más allá de la suma de hechos aislados y tiene que ver con una histórica, abstracta y compleja construcción sociocultural de la imagen de gobierno. La relación entre la democracia y el juicio de confianza política, además de estar manifiesta en la interacción cotidiana entre gobernante y gobernado, también está presente en distintos mecanismos que delimitan el poder. Así, lo que hace posible la confianza institucional, ante la duda que genera la clase política, es la aplicación de un marco normativo y de acción. De esta manera, el vínculo funcional entre el juicio de confianza política y la democracia se da en el ejercicio de la legalidad, en la división de poderes y en la rendición de cuentas. El primero se deriva de la inestabilidad y necesidad de establecer reglas y cumplirlas, dotando a los ciudadanos de seguridad jurídica. Así, cuando existe un efectivo ejercicio de la legalidad, se tienen condiciones para disminuir la incertidumbre y aumentar la cooperación. Un segundo ejercicio es la separación de poderes, pues la desconfianza que se tiene hacia los actores políticos, aunada a la que se tienen entre ellos, refuerza la vigilancia entre instituciones ha9

Warren, Mark E. (coord.), op.cit., p. 324.

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ciéndolas confiables para el resto de la sociedad. Finalmente, el tercero surge a partir de la rendición de cuentas, ya que, en la medida que la democracia se desarrolla en una sociedad, también lo hace la responsabilidad de gobierno, sustituyendo la confianza personal en los políticos en confianza institucional en el gobierno.10 Como resultado de estos tres nodos entre el juicio de confianza política y la democracia, se obtienen condiciones mínimas que hacen posible el consenso y la deliberación en sociedades plurales. 2. Desconfianza política en México La desconfianza en México ha sido reconocida como una característica, y a últimas fechas también como un problema tan profundamente arraigado, que limita la interacción entre todas las esferas –sociales, económicas y políticas–. A partir de ello, a continuación se hace un estudio cuantitativo de la evolución de la desconfianza en las instituciones políticas en México durante la etapa de supuesta transición democrática, entre 1996-2004, sin pretender explicar el fenómeno únicamente a partir de esto. Posteriormente, se analizarán a detalle dos de los factores que mantienen el desdén a lo político en el país: la desigualdad y la pobreza. Comparando regionalmente la confianza política de otras democracias occidentales consolidadas y emergentes, México se ubica como uno de los países con menores índices de confianza hacia las instituciones. Europa del Este postcomunista confía un 2% más que México, Latinoamérica 9%, Estados Unidos 15% y los países de la Unión Europea 26% más. Sin embargo, aunque la desconfianza hacia las instituciones políticas impera en todas las democracias, sean consolidadas o emergentes, es en éstas últimas donde la tendencia a desconfiar es considerablemente mayor como se puede apreciar en el gráfico siguiente (1). Regionalmente, México desconfía más en sus instituciones que el resto de Latinoamérica.11 Tomando el promedio de los ocho años de 1996 al 2004, en todas las instituciones enlistadas en la tabla 1, se tiene que México confió un 32.2%, y Latinoamérica un 35.6%. Si se toman en cuenta únicamente las instituciones políticas –congreso, sistema judicial, partidos políticos y policía– durante el 2004 la confianza en México se reduce al 19% y en Latinoamérica a 28%. Es interesante la diferencia, entre algunas instituciones, por ejemplo: la confianza hacia el ejército, en la cual México está 4% por encima del promedio en Latinoamérica, en contraste con un 12% por debajo del promedio en la confianza hacia la policía. Por su parte, el promedio de desconfianza hacia la iglesia es 10% mayor en México que en Latinoamérica. Finalmente, es importante subrayar que en los casos donde la confianza media latinoamericana es mayor a la mexicana, el margen de diferencia es mucho menor. Por ejemplo, el promedio de confianza hacia el congreso y partidos políticos en México fue de 27.5% y de 21.8%, en Latinoamérica hacia las mis10 Stokes, Susan Carol y Cleary, Matthew, Democracy And the Culture of Skepticism: Political Trust in

Argentina And Mexico, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2006. 11 El seguimiento a la confianza política en México es reciente, siendo imposible comparar cuantitativamente entre un periodo amplio de tiempo.

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Gráfico 1 % Confianza en las instituciones. Democracias Occidentales y México

mas instituciones fue el 25.8% y el 18.9% respectivamente; es decir, son diferencias no significativas, al ser rangos muy cerrados. En la gráfica 2 se muestra la conducta anual promedio de confianza hacia las principales instituciones –partidos políticos, congreso, sistema judicial, presidente, gobierno, policía y municipios– entre 1995 y 2004. En ella se puede observar cómo en 1996, la crisis económica se materializa en un considerable aumento de la desconfianza hacia las instituciones políticas sin distinción. Si bien, los niveles de confianza en cada una de las instituciones es una variable independiente, se puede observar y afirmar que la confianza en el sistema político mexicano en su conjunto oscila, en su gran mayoría, con la misma tendencia, sin diferenciar demasiado entre una institución y otra. A pesar de que no es posible explicar la desconfianza únicamente a partir de la crisis de 1995, sin duda, alguna fue un factor de quiebre, donde el resultado de irresponsables administraciones y el corrupto manejo de recursos públicos pareció dar un golpe definitivo al antiguo régimen. Después, con la aplicación de las reformas electorales de 1996 en las elecciones intermedias de 1997 y sus resultados históricos, comienza a consolidarse la base de un sistema democrático plural. A partir de ese año hasta las elecciones del 2000 los niveles de confianza hacia las instituciones crecen hasta llegar al promedio máximo de confianza registrado hasta ahora, 37.8%, es decir, en tres años la confianza creció 20%: “La alternancia renovó la confianza de los mexicanos en las instituciones.”12 Enseguida con la relativa alternancia en todos los niveles de gobierno, comenzaría la desilusión y se perderían los avances en sólo dos años. La sociedad mexicana se daría cuenta de que la solución de los problemas nacionales no era sólo cuestión de falta de 12 “En mayo de 1999 […] 37% de los mexicanos consideraba al país como una democracia. […] Para

agosto de 2000, el 66% de los mexicanos creía que lo era.” Moreno, Alejandro, El votante mexicano. Democracia, actitudes políticas y conducta electoral, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 224-226.

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Tabla 1 % Confianza en a las instituciones. Latinoamérica / México 1996 – 2004.

voluntad o incapacidad política. Asimismo, la inexperiencia, la falta de tacto político y los errores del nuevo gobierno federal dejarían claro que las soluciones a los problemas nacionales rebasan cualquier ideología o partido político. Por su parte, la ciudadanía también ha perdido la confianza en sus iguales, demostrando que la desconfianza no sólo permea a la política mexicana, sino otros ámbitos de lo social lo que, a su vez, afecta el grado en el que se pueden producir cambios económicos, culturales y de cualquier tipo. La sociedad mexicana, al restringir su interacción, tanto con instituciones políticas como con su entorno, limita los alcances del desarrollo pues estos se encuentran amarrados a los obstáculos que el escepticismo conlleva. Aunque en el presente trabajo no se analizan las causas de la desconfianza interpersonal, con el siguiente gráfico (2) queda expuesta la relación donde las tendencias muestran comportamientos casi paralelos.13 En suma, estas cifras únicamente dimensionan el problema de la desconfianza política, pero por sí solas no lo explican. A continuación se analizan dos de los princi13 “¿La corrupción deriva de las estructuras institucionales o de la cultura social? El estudio de Eric

Uslaner Trust and Corruption, publicado en el 2005 en The new institutional economics of corruption explora esta pregunta al correlacionar el grado de confianza que las personas en un país tienen hacia personas no conocidas con la percepción de corrupción en el mismo país. El primero de estos datos lo obtiene de la Encuesta Mundial de Valores y el segundo del grado de percepción de corrupción del IPC de Transparencia Internacional. Los resultados muestran una fuerte correlación entre confianza y ausencia de corrupción. ¿Cuál es la relación causal entre estos dos factores? Los modelos desarrollados por Uslaner sugieren que la confianza es un indicador más importante para explicar la corrupción que indicadores estructurales, tales como democracia, derechos de propiedad, estabilidad política, etc. Al parecer la confianza es la clave para entender la corrupción y no viceversa toda vez que modificaciones en el nivel de corrupción no conducen a cambios en el nivel de confianza, pero sí viceversa. El nivel de corrupción parece ser más importante que la confianza en relación con variables tales como sujeción a la ley y sobre regulación burocrática. Sin embargo, los gobiernos con un amplio porcentaje de población que confía en extraños, dentro de su sociedad, tienden a gastar un porcentaje mayor del producto interno bruto en su gobierno, invierten más en educación y en el sector público en general, y cuentan con sistemas judiciales que funcionan mejor, así como mayor estabilidad política.” op.cit., p. 14.

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Gráfico 2 % Confianza y Desconfianza política en las instituciones. México 1996 – 2004.

pales porqués de la desconfianza en México, el estancamiento en materia de desigualdad y pobreza. 3. Desigualdad y pobreza en México Desde la conquista –y tal vez antes– hasta nuestros días, las carencias básicas de la mayoría de la población, así como los privilegios para la clase gobernante y grandes propietarios, han sido problemas constantes de la política y la economía nacional. De esta forma, históricamente las promesas más incumplidas por los políticos han sido la reducción de la pobreza y la brecha de desigualdad, con innumerables programas y políticas insuficientes e ineficaces. En la actualidad, después de cuatro sexenios con aplicación de políticas neoliberales, la economía y las condiciones de vida del grueso de la sociedad, han sufrido un deterioro, o estancamiento en el mejor de los casos.14 Esto último ha ido a la par de, por lo menos, diez años de elecciones –generalmente– equitativas, libres y competidas, sin que los gobiernos emanados de ellas hayan podido reducir la pobreza y la concentración de la riqueza, fomentando desconfianza hacia los políticos e instituciones, con “la estable”, en el discurso, pero ineficiente gestión económica. Para dimensionar el problema se presentan las condiciones de pobreza entre 1992-2005 de acuerdo a metodología del INEGI.15 14 “Entre 1980 y 2000 el crecimiento del PIB mexicano, fue muy inferior en comparación con despun-

tes internacionales en los mismos años, únicamente un 2.1% en promedio anual. Por ejemplo, el promedio de crecimiento anual de 1980 al 2000 en algunos países fue: Estados Unidos 3.1%, Costa Rica 4.2%, Chile 5.5%, Irlanda 5.7%, Vietnam 6.3%, Corea 7.3 %, China 10.2%.” Tello, Carlos, Estado y desarrollo económico México 1920-2006, México, UNAM-Facultad de Economía, 2007, p. 628. 15 Pobreza de patrimonio: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación. Pobreza de capacidades: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación. Pobreza ali-

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Gráfico 3 % Confianza política e interpersonal. México 1996 – 2004.

El porcentaje de pobres alimentarios entre 1994 y 2005, se ha reducido únicamente tres puntos porcentuales, de capacidades 5% y de patrimonio 6%. Es decir, después de casi dos sexenios, el número de pobres en México continúa siendo alarmante. Aunque pobreza siempre habrá, el problema es el elevado porcentaje del total que representa la población afectada. Por otra parte, tomando en cuenta la desigualdad, las condiciones para la confianza política no son mejores. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano 2006, México, la economía quince del mundo,16 es la sociedad 103 en nivel de igualdad, tomando en cuenta únicamente 126 países.17 En la tabla 4 se puede observar cómo la distribución del ingreso en los hogares mexicanos, es decir, la desigualdad, se mantiene prácticamente intacta desde 1992. En 1992, el 10% más pobre tenía el 1.3% del ingreso, en 2005 el 1.4%; en 1992 el 10% más rico concentraba el 41%, para 2005 el 40%. Es decir, en trece años no hubo avance alguno en la disminución de la brecha. En 2005, si se toma el 20% más rico, éste concentra el 56%, en contraste con el 20% más pobre que tiene mentaria: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación, correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria de INEGI. Por su parte, existe desde hace algunos años un debate sobre cómo medir la pobreza y si la nueva metodología de la SEDESOL es adecuada. Según Julio Boltvinik “la pobreza creció entre 2000 y 2004 en 6.35 millones y la indigencia en 800 mil personas.” Para mayor referencia sobre las inconsistencias de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de la cual se obtienen las cifras oficiales de pobreza. Cfr. Boltvinik, Julio, “Economía Moral”, en La Jornada en línea, 2 de junio de 2006, URL=www.jornada.unam.mx 16 “México se ubicó en 2007 como la economía número 15 entre 182 naciones, medida por el tamaño de su producto interno bruto (PIB), pero en cambio se situó en el lugar 58 si se toma como referencia el indicador sobre el PIB por habitante, una medida general de la distribución del ingreso en un país y que se ha deteriorado continuamente desde 2000, según informes del Fondo Monetario Internacional (FMI).” Cfr. “FMI: cayó México 10 lugares en índice de distribución de riqueza”, La Jornada, 9 de abril de 2007, URL=www.jornada.unam.mx 17 Cfr. Reforma, 12 junio 2007, URL= www.reforma.com.mx

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Tabla 3 México. Población pobre como % del total.

únicamente el 4%. Tomando el 10% más rico y el 40% intermedio, se tiene que la mitad de los mexicanos concentran el 82.3% del ingreso nacional, dejando al resto, aproximadamente 53 millones de mexicanos, con el 17.7%. En pocas palabras, el 50% de los mexicanos vive en condiciones de franco rezago e inequidad con respecto al resto. El resultado es que una de las economías más importantes, tiene una de las sociedades más desiguales del planeta. Riqueza hay, el problema en México, como en gran parte del mundo, es su distribución.18 Con este contexto de pobreza y desigualdad es difícil concebir opciones de confianza hacia los políticos, pues la sociedad tiene claro que las políticas aplicadas durante los últimos años no han ayudado a mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, más allá de las cifras alarmantes, lo que hace que la gente desconfíe no son éstas, sino la marginación social, desnutrición, falta de vivienda, desempleo, ausencia e inequidad de oportunidades de desarrollo, carencia de servicios básicos, bajo nivel educativo y salarios exiguos; es decir, se desconfía más cuando la sociedad encuentra cotidianamente pocas y adversas oportunidades de obtener decorosas condiciones de vida. Cuando se tiene una baja calidad de vida, los ciudadanos esperan que sean los gobiernos –al menos en un primer momento– los que emprendan iniciativas a través de políticas que intenten revertir la situación, y si esto no ocurre, y más cuando se tienen –muchas veces– infundadas expectativas en ellos, los ciudadanos responderán con desdén, apatía, desilusión y desconfianza hacia estos y los hombres que los encabezan. Todo lo anterior, se sintetiza, relativamente, con la percepción de estancamiento de la situación económica que tienen los mexicanos durante los dos últimos sexenios, como se puede observar en la siguiente gráfica.

18 “Según las Naciones Unidas, para cubrir las necesidades básicas de toda la población del globo (ali-

mentos, agua potable, educación, salud) bastaría con retener menos del 4% de la riqueza acumulada por las 225 grandes fortunas del mundo. Conseguir la satisfacción universal de las necesidades sanitarias y nutricionales esenciales sólo costaría 13,000 millones de euros, es decir, lo que los habitantes de Estados Unidos y la Unión Europea gastan en perfumes”. Ramonet, Ignacio, “Sobre la globalización”, en Ramonet, Ignacio y Stiglitz, Joseph, (et al.), ¿Qué es la globalización? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica?, Santiago de Chile, Aún Creemos en los Sueños, 2004, p.11.

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Tabla 4 % Distribución del ingreso en los hogares. México 1992-2005

En promedio entre 1996 y 2000, el 12% de los mexicanos dijeron que la situación económica era buena o muy buena, y el 88% que era regular, mala o muy mala, sin contraste alguno, entre 2001 y 2004 las cifras promedio son exactamente las mismas.19 Empero, la percepción de una economía débil fue en aumento con el avance de la administración Fox. Al inicio, en 2001, únicamente el 77% decía que la situación económica era regular o mala, contra el 93% en 2004, al mismo tiempo, el 23% decía que era buena o muy buena en 2001, y únicamente el 7% para 2004. En el gráfico 4, se puede observar la marcada correlación entre las variables de percepción de la situación económica y el juicio de confianza política. El porcentaje de los que consideraron que la situación económica del país era regular y mala, es cercano al porcentaje de los mismos encuestados que tienden a desconfiar. Por su parte, la oscilación entre los que consideran que la situación económica del país es buena, también es paralela a los que tienden a confiar. Únicamente en los años 1998 y 2001, el comportamiento deja de ser paralelo, lo cual se entiende a partir de la credibilidad ganada en las elecciones de un año antes, pues como se ha explicado anteriormente, las elecciones de 1997 y 2000 fortalecieron efímeramente la confianza política. De esta forma, se puede afirmar que las condiciones económicas y de vida en el país afectan de manera importante, tal vez más que cualquiera, la tendencia a confiar o no en el sistema político. Es por eso que se enfatiza que mientras las condiciones de pobreza y desigualdad se mantengan como hasta ahora, cualquier posibilidad de cambio democrático y desarrollo está limitado. Si no mejoran las condiciones de vida no hay confianza, y por lo tanto, las posibilidades de tener un gobierno efectivo disminuyen. Para comprender mejor la relación que guarda la desconfianza política con la pobreza y la desigualdad en México, es importante explicar cuáles han sido los factores concretos que han alimentado la idea en parte importante de la ciudadanía de que los gobiernos se preocupan más por el estado de indicadores macroeconómicos y grandes empresarios, que por el bienestar de la sociedad en general. 4. Neoliberalismo, desconfianza política, pobreza y desigualdad En México y en muchos otros países, la sociedad ha resentido el retraimiento del Estado, pues durante décadas estuvo acostumbrada a que era la instancia que resol19 Cfr. Bases de datos Latinobarómetro. URL= www.latinobarometro.org

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Gráfico 7 % Situación económica, confianza y desconfianza política en México 1996-2004

vía los grandes problemas. Ahora parece que únicamente los deja hacer y deja pasar. Con las crisis y el estancamiento económico, la confianza en la capacidad del Estado para impulsar mejores condiciones de vida ha disminuido drásticamente. Este estancamiento de las economías emergentes más “liberales” como México, y el sostenido crecimiento de aquellas que no lo han sido tanto, han demostrado que los postulados del Consenso de Washington son un fracaso económico y político. El país en los setenta era una de las economías más cerradas, para pocos años después se convirtió en una de las más abiertas del mundo, dejando sin protección, de un momento a otro, la producción interna ante la competencia internacional. La apertura comercial cada vez fue mayor, la disminución de los productos y las tarifas arancelarias, así como los tratados comerciales, se intensificaron y sumaron a lo largo de los sexenios. Las consecuencias de la liberalización desenfrenada, en muchas ocasiones poco pensada, no han sido favorables para todos,20 especialmente para los más pobres del país,21 debido a que no se tomaron medidas precautorias para contrarrestar los desequilibrios entre economías en desarrollo y potencias económicas. Actualmente existen múltiples ejemplos de los países más poderosos del planeta 20 “Entre 1994 y 2003, la tasa media anual de crecimiento fue de 2.5% y entre 1984 y 1993 fue de

2.3%. Tan solo dos décimas de punto porcentual. Por lo visto, el TLCAN y las exportaciones que se dieron, no resultaron ser el ‘motor’ esperado de la economía mexicana. El desempleo y el subempleo han crecido a un ritmo aún más acelerado que en la década anterior. Y los salarios reales (mínimo y contractuales), han caído año tras año desde 1984, sin beneficiarse de los aumentos en la productividad de los sectores estimulados por el TLCAN.” Tello, Carlos, op.cit., p. 692. 21 Un ejemplo reciente, es el que se da a partir de 2008 con la apertura a la importación de granos con el TLC, lo cual fortalece la idea en muchos ciudadanos, que el gobierno federal está más interesado por mantener una política económica alineada a intereses extranjeros, sin importar lo que suceda con productores nacionales, los cuales por ejemplo, no reciben subsidio alguno en comparación con productores estadunidenses.

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–y que no siempre lo fueron como Estados Unidos, Alemania, Holanda, España, Japón, Francia–, sobre lo conveniente y necesario que es para el equilibrio y bienestar económico interno, la regulación de mercados e inversiones extranjeras.22 El debate actual sobre cómo el Estado debe regular las relaciones económicas no tiene una tendencia absoluta. Sin embargo, históricamente se puede comprobar que cualquiera de los dos extremos, tanto mantener una economía muy cerrada o muy abierta, implica condiciones y consecuencias no aptas para el desarrollo humano y confianza política. Actualmente los trabajos elaborados por los principales organismos internacionales23 aceptan, al menos formalmente en sus investigaciones, que los gobiernos deben hacer algo más que regular las relaciones económicas y mirar hacia dentro para impulsar sus mercados internos. 5. Desconfianza política por promesas incumplidas Las promesas incumplidas de los políticos en materia económica son sin duda una de las causas más comunes por las cuales la desconfianza se encuentra fuertemente arraigada en la cultura política mexicana. La naturaleza de la competencia electoral ha impulsado a candidatos a prometer sin medir las consecuencias de sus palabras. Pretenden resolver conflictos sociales y políticos que llevan años en 15 minutos, tener un crecimiento de la economía nacional del 7% por decreto, o crear más de un millón de empleos por año. Sin embargo, la realidad es más compleja que palabras al aire. Después de varios sexenios en estancamiento económico, durante las campañas presidenciales en el 2000, se crearon infundadas expectativas de desarrollo gracias a la demagogia del entonces candidato Vicente Fox. Sin embargo, ya en el poder, Fox no puso en marcha un cambio de modelo económico como alguna vez propuso. Mientras el autollamado gobierno del cambio decidió continuar administrando la desigualdad y la pobreza, los resultados de sus políticas económicas no se hicieron esperar y durante sus primeros tres años de gobierno el PIB por persona disminuyó 1% cada año en promedio.24 22 Por ejemplo, un factor que ha demostrado ser un problema para el crecimiento del país, es la extranjeri-

zación de banca. En 1997 únicamente el 18% de la banca estaba en manos extranjeras, para 2003 el 81%. Como punto de comparación en los siguientes países la participación de capital extranjero es la siguiente: Canadá 6%, Japón 6%, España 8%, Corea 10%, Estados Unidos 21%, Brasil 27%, Venezuela 34%, Chile 42%, Perú 46%, Argentina 48%. Tello, Carlos, op.cit., p. 668. De esta forma, el sistema nacional de pagos, lo que ayuda a toda transferencia e intercambio de bienes y servicios, responde a intereses extranjeros. Esto se ve reflejado, en los abusos por parte de todos los bancos al cobrar comisiones, intereses y todos sus servicios, muy por encima de la media mundial y de sus propios países de origen, así como tasas de interés por debajo de la inflación, lo que se traduce en rendimiento negativo del en sí ya limitado, ahorro mexicano. Todo esto sin que la administración federal o el Banco de México hagan mucho al respecto. 23 Cfr. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, El Estado en un mundo en transformación, Oxford, Oxford University Press, 1997; CEPAL, Globalization and Development, Nueva York, Organización de las Naciones Unidas, 2002; PNUD, La democracia en América Latina, Buenos Aires, Alfaguara, 2004. 24 El gobierno mexicano justificó el estancamiento económico por la desaceleración estadounidense. No obstante, las acciones de Estados Unidos ante la recesión expusieron que ni siquiera “el país más liberal del mundo en el discurso” aplica las políticas macroeconómicas que siempre ha promovido en otros países. Es decir, durante esos años el superávit de las finanzas públicas estadounidenses pasó a dé-

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Por su parte, el desempleo en el sexenio de Fox fue otro de los principales desengaños. A junio del 2006, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, se crearon en promedio 140 mil empleos por año, 740 mil en total durante su sexenio. Además, si de los 740 mil empleos creados en su administración, se restan los empleos temporales y sin prestaciones, la creación de empleos fue de tan solo 22 mil anuales, cifra muy menor a las necesidades del país, por no decir de aquel millón 300 mil de sus promesas de campaña. Esta situación orilló a muchos mexicanos a salir en busca de empleo a otras partes del mundo. Según cálculos del Banco Mundial, durante el sexenio casi dos millones y medio lo hicieron, la cual es una cifra preocupante, pues diez años antes, entre 1990 y 1995, el registro da cuenta de una emigración de un millón 800 mil mexicanos. En el informe Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial, que concentra datos de 185 países asociados, México es el país con más ciudadanos en el extranjero, arriba de China, Pakistán e India.25 Además, muchas veces los costos sociales de la migración no son tomados con la misma seriedad que las ganancias económicas –remesas– que pudiese producir, como la separación familiar, daños psicológicos, desintegración del tejido social y dependencia e incertidumbre económica con el exterior. 6. Desconfianza política e impuestos Por último, la escasa recaudación de impuestos es, a la vez, uno de los problemas más comunes a los que se ha enfrentado el gobierno. Aunque aquí no se han analizado las consecuencias a fondo de la desconfianza política. Diversos estudios26 han evidenciado una importante correlación entre la desconfianza política y el incumplimiento fiscal. Los ciudadanos que no confían en sus gobiernos tienden a evadir el pago de impuestos, pues creen que su dinero es administrado ineficientemente y de una forma desviada de los intereses comunes. Aunque no existe un estudio similar sobre México, la limitada recaudación fiscal podría ser un efecto a considerar por la amplia desconfianza hacia las instituciones.

ficit de caso 1% en 2001, 4% en 2002 y a 4.6% en 2003. Sobre esto, Stiglitz escribe: “Estados Unidos les dice a los mercados emergentes, desde Indonesia hasta México, que existe cierto código de conducta al que deben apegarse si quieren ser exitosos” según el cual “todos los países deben equilibrar sus presupuestos”. Sin embargo, en Estados Unidos los dos grandes partidos políticos “aceptan la idea de que cuando nuestro país está en recesión, no sólo es permisible, sino incluso deseable, incurrir en déficits fiscales.” Por eso, –Stiglitz– sugiere que; “las economías en desarrollo deberían analizar con cuidado no lo que Estados Unidos les dice que hagan, sino lo que hizo en los años en que surgió como potencia industrial y lo que hace ahora.” Stiglitz, Joseph, “Do What We Did, Not What We Say”, 2003. URL=http://home.sandiego.edu/~baber/globalethics/stiglitzdowhatwedid.html 25 Cfr. La Jornada, 15 de abril 2007. URL= www.jornada.unam.mx 26 Cfr. Scholz, John T. y Pinney, Neil, “Duty, Fear, and Tax Compliance: The Heuristic Basis of Citizenship Behavior” en American Journal of Political Science, No. 39, 1995, p. 490-512; Scholz, John T. y Lubell, M., “Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action”, en American Journal of Political Science, No. 42, 1998, p. 398-417; Scholz, John T., “Trust, Taxes and Compliance” en Levi, M. y Braithwaite, V. (coord.), Trust and Governance, Nueva York, Russell Sage Foundation, 2003, p. 135-166.

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De acuerdo a datos de la OCDE, los ingresos públicos son muy bajos en México, al contar con una recaudación del 15% del PIB, y de 19% si se suman los ingresos por la venta de petróleo, en comparación con el 30% de la Unión Europea, 26% de Japón, y 25% en Estados Unidos. Otro de los factores principales, además de los privilegios a los grandes contribuyentes, es la evasión fiscal la cual se calcula en 27% de acuerdo al Sistema de Administración Tributaria, que en comparación con el 15% de evasión de países desarrollados, se “tiene un rezago de 12%, equivalente a 100 mil o 120 mil millones de pesos”.27 En suma, tanto los privilegios fiscales a grandes e influyentes contribuyentes como la evasión, han dado como resultado que el país no cuente con los ingresos suficientes para combatir los rezagos sociales, teniendo que depender en una importante medida de un recurso no renovable como el petróleo para mantener funcionando el aparto gubernamental. Conclusión En este trabajo ha quedado demostrada la relación que guarda la desconfianza política con las actuales condiciones de pobreza y desigualdad que padecen la mayoría de los mexicanos, las cuales, no obstante, por sí mismas no llevan de manera directa y lineal a la desconfianza política, pues es sólo a partir de las carencias cotidianas, la exclusión social y el malestar originado, que se explica su relación. Además, han sido descritos los factores que han acompañado el aumento del desencanto hacia la política, en gran medida porque desde que hay elecciones competidas, los niveles de bienestar no han mostrado mejora alguna.28 Durante los últimos años, los números indican que México ha mantenido relativa estabilidad macroeconómica y ha habido generación de riqueza. Actualmente, el país es la economía 15 del mundo, siendo la segunda economía más grande de Latinoamérica, con el ingreso nacional bruto per cápita más elevado de la región, 7.310 dólares, por lo que es considerado como un país de ingreso medio-alto.29 Sin embargo, estos números no sirven de mucho para el 50% de la población que vive en condiciones de pobreza y que tiene que administrar únicamente el 17.7% de la riqueza generada en el país. Es, por lo tanto, necesario empezar a revertir esta situación, pues de mantenerse como hasta ahora, las posibilidades de confianza y desarrollo se encuentran muy limitadas. Tampoco se puede negar que las condiciones actuales de globalización exigen apertura, pero ésta no tiene que confundirse con subordinación al capital extranjero. El Estado debe facilitar, pero también controlar y proteger el intercambio. La actual influencia de grandes empresas transnacionales, cuyas ganancias están 27 Cfr. El Financiero en línea, “Evasión fiscal asciende al 27%: SAT”, 28 mayo 2007, URL=www.elfi-

nanciero.com.mx 28 Aunque la democracia en realidad no está relacionada directamente con el desempeño económico, los ciudadanos mexicanos tuvieron expectativas de mejora con la alternancia de partidos en gobiernos. 29 Cfr. Base de datos del Banco Mundial. URL=www.bancomundial.org

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en muchas ocasiones por encima del PIB de naciones enteras, ha traído como consecuencia que el dinero de éstas pueda comprar influencias y decisiones a favor de sus negocios y en contra de los intereses nacionales. Mucho se quejaban los empresarios, durante el sexenio de José López Portillo, por la excesiva intervención del Estado en materia de economía. Querían libertad económica, la obtuvieron, y ahora muchos de esos mismos empresarios con grandes capitales, aplican prácticas monopólicas y desleales a pequeñas y medianas empresas, obstaculizando la libre competencia que tanto pregonaban –y aún pregonan–, sin que gobiernos estatales o el federal hagan algo al respecto.30 En los últimos años los esfuerzos gubernamentales no se han concentrado en lo absoluto en disminuir la desigualdad ni la pobreza, sino en el mantenimiento de la “estabilidad” de las variables macroeconómicas. El Estado al ejercer el poder que le concede la ciudadanía, tiene la obligación de distribuir los recursos y manipular las variables a su alcance para cubrir las necesidades de la población. Es inaceptable cualquier desviación por paradigmas o intereses particulares, ya que de continuar la extrema desigualdad, la gobernabilidad será cada vez más frágil y el Estado estará jugando exactamente el papel contrario para el que fue concebido, es decir, regular, ordenar y sancionar el devenir social, buscando el bienestar de los ciudadanos. Muchas veces se ha discutido sobre cómo saber qué es lo bueno o lo correcto para sociedades tan heterogéneas como las actuales. Voces neoliberales dicen que el Estado sólo debe supervisar y no intervenir en la economía, entonces, ¿quién lo va hacer? ¿siempre hay que esperar a que llegue el tiempo de crisis en el ciclo económico? ¿acaso el Estado no está para prevenir y evitar los desequilibrios? ¿no está para asegurase de mantener condiciones equitativas en la sociedad? ¿por qué tanto problema con el intervencionismo del Estado, si los países que actualmente más lo practican tienen economías y sociedades con los mayores niveles de bienestar y desarrollo humano? ¿cómo confiar en políticos y gobiernos que dan señales claras de que sus verdaderas prioridades no son el bienestar de la sociedad, sino el de grandes capitales? Con el paso de las elecciones se construyó la falsa idea en el imaginario colectivo de que desde el Estado todo se puede, y que resolver los problemas de inequidad sólo era cuestión de voluntad. Al menos hasta ahora, queda probado que no se puede hacer todo y que insistir en lo contrario es el camino más seguro al fracaso 30 Según un estudio del Banco Mundial “las elites que tienen capturada” la actividad económica en

México son una de las causas de que la inequidad en el país sea extendida. “Los monopolios rompen la posibilidad de desarrollo” y de un crecimiento con mayor igualdad, dijo Francois Bourguignon, vicepresidente del organismo, en referencia específica al caso mexicano. “En la actualidad los grupos poderosos en México se benefician del status-quo y no tienen incentivos para cambiar su conducta. Hasta la fecha se ha observado un equilibrio político en el que estos grupos reciben rentas sustanciales a costa del dinamismo del crecimiento”. Ese estudio se refiere en específico al sector de telecomunicaciones, minería, banca, industria cervecera, cemento, comercio, bienes raíces, televisión e industria de la tortilla. Cfr. “Banco Mundial: los monopolios, fardo para la economía mexicana”, La Jornada en línea, 13 de abril de 2007, URL=www.jornada.unam.mx

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económico, la ineficiencia y el desprestigio político. Por el simple hecho de ser humanos e iguales, no se puede sostener la aplicación de políticas que favorecen la concentración del ingreso, la inequidad de oportunidades y la exclusión. Ya que, como se ha explicado, si no mejoran las condiciones de desarrollo humano, se debilita el capital social y hay poca confianza, si hay pocas posibilidades de confianza en el gobierno, tampoco la habrá de corresponsabilidad gobierno-sociedad. Finalmente, la postura que pretende incluir a la confianza como elemento esencial de la democracia no busca idealizar la política, ni proponer un deber, es decir, donde se confíe sin importar cómo; lo que interesa es argumentar las ventajas de ser confiable, tanto para el ciudadano como para el gobierno. En contraste, es innegable la funcionalidad de la desconfianza en la democracia como mecanismo de defensa, contrapeso, control y vigilancia al ejercicio de poder. Por ende, la desconfianza no debe considerarse un problema, siempre y cuando no sea un factor que obstaculice el tránsito de las relaciones en el sistema social y político. Es decir, que la desconfianza en exceso elimine o limite la posibilidad de diálogo, participación, acuerdos y cooperación necesarios para la estabilidad y gobernabilidad. Buscar actitudes que orienten a la confianza no tiene como objetivo eliminar el disenso sino darle cauce.31 Es decir, el conflicto no necesariamente expresa desconfianza y es normal en cualquier sistema político. No obstante, en caso de existir un mínimo de confianza entre ciudadanos y actores políticos, son mayores las posibilidades de redes de pacto y participación, alianzas duraderas y de respetuosa confrontación. En un entorno de desconfianza las relaciones políticas y sociales se complejizan, delimitan el flujo de acuerdos, debido a la pobre retroalimentación sociedad-gobierno: “La disminución de la confianza de los ciudadanos respecto de las instituciones de gobierno y la falta de credibilidad en los gobernantes provocan automáticamente una disminución de las capacidades de estos últimos para afrontar los problemas, en un círculo vicioso que puede definirse como la espiral de la ingobernabilidad.”32 En contraste, la confianza política conduce a crear condiciones básicas que todo gobierno requiere: estabilidad, viabilidad y energía social, es decir, condiciones de gobernabilidad.

31 “En una organización política democrática, los conflictos y las confrontaciones lejos de ser un signo

de imperfección, indican que la democracia está viva y se encuentra habitada por el pluralismo […]” Mouffe, Chantal, La paradoja democrática, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 50. 32 Pasquino, G.,”Gobernabilidad”, en Diccionario de política, México, Siglo XXI, 2002, p. 707.

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Democracia, partidos políticos y desarrollo Petra Armenta Ramírez * Sumario: Introducción 1. Democracia y calidad de vida 2. Partidos y democracia 3. Los partidos y su función social. Desarrollo y soluciones prácticas. Bibliografía.

Introducción La democracia parece haber triunfado en el mundo entero, por encima del resto de los regímenes políticos. Los principios democráticos constituyen la única fuente de legitimación en la inmensa mayoría de los Estados. Consideramos inadecuado tratar de señalar la fecha de inicio de los derechos del hombre, pues coinciden necesariamente con la fecha de la existencia de éste, toda vez que podemos aseverar con seguridad que nunca ha existido ningún ser humano que no haya tenido derechos. El derecho es el resultado de un proceso histórico que ha evolucionado a la par del hombre y de acuerdo con sus necesidades en busca, primordialmente, de establecer reglas para la subsistencia del individuo; podemos definir inicialmente a este tipo de derechos como naturales. Históricamente han sido considerados y reconocidos como la parte más apreciada de cada hombre en lo individual. Establecer un pacto para la convivencia diaria, implica que, consustancial a un derecho, existe necesariamente una obligación a cargo de alguien más, aunque sólo sea respetar a los demás. Igualmente, a partir de que se crea el concepto de gobierno como autoridad, deben crearse reglas para regular las relaciones de éste con los gobernados, de tal modo que se establecen derechos y obligaciones recíprocas. Los derechos naturales del individuo son todos aquellos que éste requiere para su sobrevivencia, pero no se encuentran sujetos o condicionados a la parte racional del ser humano, por ejemplo: la libertad es una forma básica, pero al incluirse el ámbito racional se ve expandida en todos los aspectos. El gobierno crea las normas de acuerdo con lo que considera su interés y las impone al gobernado; a su vez, el hombre le señala reglas al gobierno con lo cual pretende garantizar el respeto a lo que definimos como derechos naturales; así, según la etapa histórica, se ha avanzado en la medida en que se exija el respeto por *

Doctora en Derecho por la Universidad Veracruzana, miembro del SNI, PROMEP y cuerpo académico consolidado. Actualmente directora del IIJ de la misma casa de estudios.

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parte del gobierno a favor del individuo. En el devenir histórico referido se han reconocido esos derechos por parte de la autoridad y se han incluido en las constituciones como una parte dogmática, instaurando el compromiso del gobierno para su respeto. En ese orden de ideas, cabe afirmar que los derechos humanos son el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural (incluido los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas), que se le reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente. Hablar del hombre como un ser aislado sólo es permitido en un aspecto teórico con el fin de comprobar su necesidad de agruparse para garantizar su subsistencia. Aunado a ello, en el seno de toda sociedad existe siempre, y en relación estrecha con ella, un sistema político. Desde Grecia, en los primeros tiempos, Aristóteles consideró al ser humano un animal político (zoon politikon). Sea por cuestiones racionales o instintivas, lo cierto es que siempre podemos encontrar al hombre incorporado a un grupo, en sociedad, sujeto al complejo sistema de interrelaciones humanas que ello supone. El hombre pertenece a grupos sociales desde su nacimiento; así, desde que adquiere conciencia se encuentra inmiscuido en una compleja red de relaciones sociales y, en la medida en que se desarrolla, aumentan sus motivos para reforzar estas relaciones y valorar a la sociedad, en la cual encuentra tanto su integración como la posibilidad de alcanzar sus objetivos. La vida humana en sociedad está basada en múltiples interrelaciones y lazos complejos que, desde una visión global, pueden dar la impresión de desorden, sin embargo, en el transcurso de la historia, las personas han sometido a la sociedad a satisfacer sus necesidades, por ello, han decidido que sus relaciones se ajusten a sus voluntades, corrigiendo sobre la marcha y normativizando la convivencia para garantizar el despliegue de sus potencialidades como individuos. La existencia de la sociedad es un aspecto inacabado, que se confirma por todas las manifestaciones históricas, de modo que siempre encontramos grupos humanos y no entes aislados. Al respecto, dijo Aristóteles que para que el hombre permanezca aislado, fuera de toda la sociedad, debería ser un bruto o un Dios. No obstante, la agrupación humana ha evolucionado al igual que todo lo demás, cambiando cualitativa y cuantitativamente a tal grado que se ha convertido cada día en una cuestión más compleja hasta llegar al Estado, la estructura sociopolítica menos imperfecta de todas las producidas por el hombre a partir de su conveniencia o instinto gregario. El Estado tiene su principal fundamento en la organización social y podemos definirlo como la sociedad organizada política y jurídicamente, dentro de los límites un territorio determinado y bajo el imperio de una autoridad suprema e independiente. Cabe distinguir que la sociedad ya no se encuentra bajo el mando de la fuerza de la autoridad, sino que ahora se ve organizada políticamente, y el elemento 62

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señalado es adyacente a toda organización social. Sin embargo, al ser el Estado una organización social, que se caracteriza por su movilidad y mutabilidad, resulta imposible circunscribirla a una definición; por ello, es un producto de la sociedad que no ha existido siempre ni gozará de una vida eterna, y los estados se vinculan a periodos históricos, de los cuales no pueden separarse. Para verificar los orígenes del Estado no es necesario remontarnos más allá del Renacimiento, cuando aquél aparece como unidad sociopolítica. Desde la etapa del absolutismo monárquico se configuraban los caracteres necesarios para utilizar la palabra Estado como una entidad nueva: unidad de poder continua y reciamente organizada sobre un territorio determinado, con un orden jurídico único, referentes a una población, con la existencia jerárquica de funcionarios, un ejército permanente, un sistema impositivo para sostener el gobierno, y la expropiación del poder que antes detentaban muchos señores feudales a favor del monarca absoluto primero, y del gobierno representativo más tarde, hasta el siglo XVIII. El Estado debe ser considerado un medio para cumplir los fines humanos, de modo que los hombres se asocian con el fin de lograr sus aspiraciones, idea original de la agrupación que hasta la fecha, no ha variado. Muchos de los conceptos que utilizamos para definir los elementos estructurales del Estado, pueblo, territorio, soberanía y poder político han evolucionado históricamente; por ende, ha cambiado la noción de Estado. Hoy día, la normatividad tiene dos impulsos recíprocos: mando y obediencia, mientras que el gobierno manda sobre los particulares, estos deben obediencia; sin embargo, también como autoridades, reciben los mandatos de la población quienes pueden exigir el cumplimiento. Lo anterior es válido a partir de la reciprocidad que existe entre el poder de origen asignado al pueblo en su conjunto, quien por necesidad real debe crear tanto esa normatividad como los poderes para su ejercicio, derivados del poder de origen; no obstante, la creación de dicho poder debe ser dentro de un marco, para que su actuar resulte legal, con lo cual se presume la legitimidad de dicha autoridad. Por consiguiente, el derecho, como las demás instituciones sociales, tiene un origen histórico y se manifiesta y desarrolla de manera gradual, hasta que adquiere su particularidad. Así, pensar en el desarrollo de la humanidad sin el derecho, equivaldría a reflexionar en la destrucción del hombre, toda vez que éste no podrá vivir sin tal instrumento en virtud de su condición egoísta; por ello, el derecho puede ser considerado el instrumento más ingenioso que el hombre ha creado para resolver los conflictos de vivir asociado a sus semejantes. Su justificación es el equilibrio de la relación de ese grupo social, pero, dada la condición del hombre, el derecho requiere la coercibilidad que le genere un aparato, también creado por el mismo derecho y que obligue a respetar las reglas de la convivencia social, en las cuales se refleja la voluntad racional de la comunidad política. El Estado, mediante el poder público y el derecho, reconoce y limita los poderes sociales. Por ello, se justifica a sí mismo en la coercibilidad del derecho; a su 63

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vez, el poder del Estado se sustenta en la soberanía considerada poder de origen, que ocupa como instrumento al derecho, el cual proviene del pueblo por medio de la soberanía. En consecuencia, el concepto de legitimidad guarda una estrecha relación con el orden jurídico del Estado, pues éste debe basarse en el querer del pueblo, es decir, en las reglas que quiera la sociedad mediante el pacto. De lo anterior, se infiere que el poder público del Estado tiene su fundamento en la naturaleza social del hombre, y se instituye para cumplir el pacto considerado como ley, toda vez que es la expresión del sentir popular. Por ello, el derecho, el Estado y la sociedad deben guardar un equilibrio constante, para que el primero no sea utilizado como mecanismo de dominación ni de anarquía, ya que, como señalamos, el hombre en sociedad requiere tener determinados pactos previos con sus semejantes y, a su vez, determinar un bien superior a los intereses de los integrantes individuales, por lo cual necesita la efectividad y certeza de que ese pacto debe cumplirse, incluso, de manera forzada. El presente estudio pretende contribuir a la reflexión sobre la importancia de los partidos políticos y el desarrollo, no sólo democrático sino también de orden social. Desde esta perspectiva, la democracia no es sólo una forma de organización del poder basado en el autogobierno del pueblo, sino también social, que tiene como fin la realización plena del ser humano. El marco constitucional otorga a los partidos una función que rebasa la acción meramente electoral al darles la tarea de promover la participación del pueblo en la vida democrática, lo cual debe interpretarse en el sentido que la propia Constitución da al término democracia en su Artículo 3° en el que la define “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo”. De esta manera, la expresión “vida democrática” es más amplia. La amplitud del texto constitucional da a los partidos la posibilidad de participar en múltiples procesos y organizaciones sociales, políticos, económicos o culturales y no solamente en la conformación en los órganos del Estado por la vía del sufragio. No obstante, México todavía sigue enfrentando el reto, seguramente consustancial a todo proceso de transición democrática, de construir un verdadero sistema de partidos, de forma que existan canales adecuados de representación ciudadana reflejadas sus inquietudes y aspiraciones. El régimen de los partidos, tanto en su regulación legal como en su funcionamiento real, sigue siendo un tema pendiente de la larga agenda de temas no resueltos en la incipiente democracia mexicana. Como observamos, mientras se ha establecido el Estado constitucional en términos formales, en términos materiales sigue siendo una aspiración. El que la democracia pueda consolidarse mediante la implementación efectiva de un Estado de derecho no es algo novedoso, y hay mucho que decir en su favor. Por ello enfatizo y considero que una democracia moderna no puede funcionar sin un sistema de partidos, pero la existencia de estos no garantiza el adecuado funcionamiento democrático; se requieren condiciones políticas espe64

Democracia, partidos políticos y desarrollo

cíficas, fundamentalmente el equilibrio de poder entre los distintos actores, para que pueda establecerse una eficaz correlación entre el proceso democrático (con las ventajas relativas que ello supone) y los partidos políticos. 1. Democracia y calidad de vida A partir de la Grecia antigua, la comunidad política comenzó a ser identificada con el Estado, es decir, con la relación de gobierno entre dominantes y dominados en el marco de un determinado territorio. Esta identificación de lo político con el gobierno coactivo del Estado ha sido una constante en la historia de occidente desde Platón hasta Hegel, pasando por Hobbes y todo el pensamiento político moderno. Por lo tanto, toda propuesta ética y política debe comenzar por reconocer el carácter irreductible de la libertad humana y calidad de vida. El mayor o menor grado de legitimidad de toda institución y, en general, de todo régimen político, depende de su mayor o menor capacidad para asegurar la vida y la libertad de los individuos sujetos a su jurisdicción y la primera del siglo XXI, los ciudadanos comienzan a reclamar del Estado un tercer tipo de protección: la seguridad ambiental. El ajuste de la estructura política a los contenidos de la democracia contemporánea es el más importante problema político de nuestro tiempo. Por ello, el Estado ya no puede legitimarse si no garantiza tanto la seguridad física como la seguridad social, y si no extiende esa doble garantía a todos los miembros de la Nación. En la complejidad de la sociedad moderna, “la inestabilidad” conceptual de los fenómenos políticos pudiera no explicar fielmente la situación problemática del Estado. Cuando se entiende que con elecciones libres y competitivas se arriba al contexto de democracia, se minimiza el contenido de esta forma de gobierno, reduciéndola a un mecanismo procedimental. Sin embargo, cuando la democracia es sobrevalorada como una forma mesiánica de gobierno, las aspiraciones no cumplidas se convierten en la deslegitimación de todo el sistema político. Es por esto que se hace necesario un replanteamiento sobre el concepto de la democracia, adaptado, desde luego, a los requerimientos de una temporalidad y espacialidad en México porque, si bien la democracia va más allá de partidos políticos y elecciones, se debe evitar una sobredimensión de esta forma de gobierno, al grado de controlar y resolver totalmente la problemática en el orden económico, jurídico y cultural. La democracia, desde su genealogía griega, significa el gobierno del pueblo, de acuerdo con demos (pueblo) y kratos (poder o gobierno). Esta definición clásica, de acuerdo con Aristóteles en su Política, presupone una forma de gobierno desviada, desviación de la República, ya que aquella sólo atendía el principio político de la mayoría de la población: los pobres. De esta manera, “cuando la mayor parte es la que gobierna atendiendo al interés común recibe el nombre común a todos los regímenes: república”,1 caso contrario en la democracia en donde se atiende exclusivamente al interés de los pobres. 1

Aristóteles, Política, Madrid, 1988, p. 172.

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De la forma de gobierno republicana en Grecia, se desprendió el ideal de un gobierno mixto, atendiendo el interés de la comunidad entera y no sólo de una parte de la población. A partir del pensamiento Renacentista con Nicolás Maquiavelo la democracia se concibió como una parte de la república, por tanto, toda democracia era una república, pero ésta no siempre sería democrática. Sin embargo, el punto de inflexión de la comprensión democrática de la república lo encontramos en la participación del ciudadano, especialmente con Montesquieu, el cual, destaca que en la medida en que la democracia se nutre de la participación de los ciudadanos requiere, más que ninguna otra constitución, que sus miembros estén educados con el fin de que su participación sea de mejor calidad. Ni la aristocracia ni la monarquía necesitan que sus súbditos sean instruidos; lo que requieren es que sean dóciles para que obedezcan sin reparos. Otro aspecto […] esencial para la democracia es la frugalidad, que no haya una concentración desmedida de la riqueza que produzca la desigualdad material entre los hombres.2

De esta forma, la educación de los ciudadanos para participar en los asuntos de interés público, deberá ser la piedra angular de las repúblicas democráticas. Así, la percepción de la democracia como una forma de gobierno desviada fue minimizada porque los ciudadanos podían elegir a sus gobernantes; por tanto, las elecciones comenzaron a cimentar los primeros pilares de la democracia moderna. El poder incidir en los asuntos públicos, trajo a la democracia una valoración que en la Grecia antigua no tenía, sobre todo por la categoría de ciudadano que se encontraba “limitada” en tiempos de Aristóteles. La ampliación del concepto de ciudadanía y la elección de los gobernantes hicieron de la democracia el régimen político ideal para desarrollar una participación que, anteriormente, era exclusiva de unos cuantos. Esta caracterización de la democracia es de corte procedimental, es decir, sólo se atiende al procedimiento de votar y, así, elegir a los representantes populares. Si bien, esta forma fue la primera que motivó la inclusión de la participación ciudadana en los asuntos públicos, faltaba que se ampliara el espectro político de los votantes. La democracia moderna ha sufrido un vaivén conceptual que dificulta su precisión y ubicación en un contexto de espacio y tiempo. Empero, el fortalecimiento de dicho régimen, es el principio político de la soberanía popular, sin la cual, el pueblo no tendría injerencia en el Estado. La generación del Estado moderno trajo consigo disposiciones de conformar autoridades propias de la organización política que atendieran el interés común y no sólo el de un grupo social determinado, cabe mencionar, por ejemplo, el interés de la Iglesia. Para que el interés común fuera tutelado por el Estado se hizo necesario un pacto que garantizara el respeto mediante leyes que regularan la conducta del ciudadano pero, a su vez, delimitara el poder del gobierno para evitar abusos de autoridad. La democracia era el escenario ideal para privilegiar el pacto, el cual, Fernández, Santillán, José F, La democracia como forma de gobierno, México, IFE, URL= http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/la_democracia_como_forma_de_gobi.htm, consulta: 24 de abril de 2013. 2

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configuraría un Estado de Derecho necesario para la estabilidad política de la nación. La delimitación del poder del gobierno se atendió a la idea de la división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con esta delimitación de poder, la soberanía popular adquirió las bases para conformar al Estado moderno, que, de acuerdo con Salazar y Woldemberg “el poder supremo, el poder soberano, sólo puede pertenecer legítimamente al pueblo, y que es éste y nadie más quien debe elaborar, modificar y establecer las leyes que organizan y regulan tanto el funcionamiento del Estado como el de la sociedad civil”.3 A partir del momento en donde convergen la soberanía popular, la participación política y la representación, bajo el contexto del Estado Moderno, surge la democracia con una caracterización, más allá de gobernar para el bienestar del pueblo, para los pobres, como argumentó Aristóteles. El punto de inflexión que cambia la percepción “desviada” de la democracia se encuentra en la libertad de la ciudadanía para constituir y legitimar su gobierno. “No es, por lo tanto, el contenido político de un gobierno lo que determina su naturaleza democrática o autocrática, sino el modo en que este gobierno es constituido y legitimado. La democracia es, estrictamente, el gobierno que se sustenta en el principio de la soberanía popular, es decir, el gobierno del pueblo por el pueblo”.4 Este contexto es necesario para el presente análisis sobre la relación entre la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. Es a partir de la trascendencia de una democracia procedimental a una democracia sustantiva en donde la calidad de vida adquiere un espectro más amplio de beneficios colectivos. Es necesario saber que la democracia procedimental (minimalista) “se centra en las elecciones justas para las más importantes ramas del gobierno. Se refiere, aunque no siempre directamente, a los regímenes duraderos, donde las elecciones son periódicas”.5 Esta determinación exclusiva de las elecciones hace que la democracia sólo atienda a una estructura procedimental y deje de lado, aspectos que mejoren la calidad de vida del ciudadano. De esta manera, la democracia sustancial (maximalista) trasciende, pero no elimina la idea del procedimiento electoral, para llegar a un conjunto de valores que garanticen la condición humana del ciudadano, es decir, llegar a un Estado de Derecho. Por tanto, esta corriente democrática maximalista tiene un carácter multifuncional que integra la protección de los derechos civiles y políticos del ciudadano. Monika Gilas argumenta que estas dimensiones son la procedimental, la de un gobierno democrático, la ciudadanía y un Estado de Derecho,6 y no está por deSalazar, Luis, Woldemberg, José, Principios y valores de la democracia, México, IFE, URL= http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/principios_y_valores_de_la_democ.htm, consulta: 24 de abril de 2013. 4 Salazar, Luis, op. cit. 5 Monika G., Karolina, “Un estudio de la calidad de la democracia Mexicana”, en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, URL= www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/.../cnt5.pdf, consulta: 24 de abril de 2013, p. 60. 6 Monika G., Karolina, op. cit. p. 61. 3

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más mencionar que aún en estas dimensiones existen diferentes niveles de operación, los cuales, catalogan a un sistema político con un alto o bajo grado democrático según sus niveles respectivos. Sin embargo, tanto la corriente minimalista como la maximalista establecerán si existe o no la democracia en un país determinado, y de existir, determinar el desarrollo de esa forma de gobierno. “Las definiciones procedimentales nos permiten establecer un umbral mínimo y distinguir entre los países democráticos y los que no lo son. Las definiciones sustanciales son una herramienta para analizar el desempeño de los estados democráticos y diferenciar entre los distintos grados de la calidad democrática”.7 Por tanto, se encuentra aquí una relación directa de la forma de gobierno democrática con la calidad de vida de los ciudadanos, será mediante la consolidación de la democracia, que se den las condiciones para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general. Pero son las prácticas políticas (valores) y las instituciones quienes se encargan de acelerar o ralentizar la consolidación democrática y, a su vez, la estabilidad política del Estado. El aspecto central es trascender el enfoque procedimental, imprescindible sí, pero sólo atiende a la funcionalidad de las instituciones. Se debe comprender el enfoque sustancial democrático con el estudio de los valores y percepciones de la ciudadanía. Así, con un enfoque más amplio que integre ambas determinaciones democráticas se podrán comprender y echar a andar los mecanismos necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si el sujeto político en el enfoque procedimental se limita a observar el funcionamiento institucional, a su eficiencia y eficacia, en la democracia sustancial se hace copartícipe de su propio bienestar, a través de la participación política (obligación) que le permite exigir responsabilidades al gobierno (derecho) más allá del “simple” hecho de votar y ratificar la representación de los partidos políticos. 2. Partidos y democracia Las democracias contemporáneas se han desarrollado de tal manera que su funcionamiento es imposible sin la existencia de partidos políticos. Los partidos políticos realizan una función de intermediación entre la sociedad y las instituciones del Estado. Los partidos recogen las demandas sociales y las incorporan en los centros de toma de decisiones; los partidos cumplen una función fundamental en la legitimación del Estado. Las instituciones en un régimen de gobierno, se encargan de fomentar o, incluso, retrasar la evolución política de un Estado. En el caso de la democracia, los partidos políticos son instituciones fundamentales para la participación de la ciudadanía en la vida pública de un país. Se puede argumentar, en el caso de América Latina, que los partidos son la puerta de entrada, a través de las elecciones desde luego, a una forma de gobierno democrática, en donde dichas instituciones otor7

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Ibidem, p. 62.

Democracia, partidos políticos y desarrollo

guen una cabal representación al ciudadano, con el fin de que éste participe en los procesos políticos. Por tanto, si los partidos políticos son el primer acercamiento a la democracia, serán responsables, por consiguiente, de legitimar o deslegitimar a un sistema político en su totalidad. Es decir, si los ciudadanos no se sienten fielmente representados y observan el poco interés de los partidos en el bienestar público, se genera un proceso que deslegitima no solo a los partidos políticos, sino también, a las elecciones, al gobierno, a los congresos, al sistema judicial, y, en fin, a la democracia misma. He aquí el punto más importante, pero sensible, del partido político. Con una visión procedimental sólo se atiende al ejercicio eficiente de estas instituciones, sin embargo, con la corriente sustancial de la democracia, la función de los partidos se amplía al grado de fomentar y proteger los valores que garanticen al ciudadano un Estado de Derecho que estabiliza al sistema político. Jaime Cárdenas argumenta esta ampliación de la función partidista al decir que “los partidos hacen posible la democracia, es decir, hacen viables las decisiones mayoritarias e impiden excluir de los derechos a las minorías, permiten el consenso pero también el disenso y, por tanto, la tolerancia y el libre debate de las ideas, programas políticos y leyes”.8 La relación que existe entre los partidos políticos y la democracia determina no sólo la confianza a las instituciones, sino también, a la clase política de un país. En México, una forma reciente de legitimación ha sido la transparencia y la rendición de cuentas que han alcanzado a los partidos políticos, así, el ciudadano de hoy día tiene herramientas más avanzadas de escrutinio público que, desde luego, son herencia de la democracia sustancial. A través de la función institucional de los partidos se incide directa o indirectamente en la legitimidad ciudadana, porque la conformación de los órganos del Estado en un régimen democrático es auditada constantemente por la ciudadanía. De esta manera, Cárdenas argumenta que el reclutamiento y selección de élites, la organización de las elecciones y la formación y composición de los principales órganos del Estado, son funciones institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a la social. Son funciones indispensables para la integración de los órganos del Estado y, por tanto, para la existencia de la organización estatal y del Estado de derecho.9

Se debe aclarar, rotundamente, que la existencia de partidos y elecciones competitivas no generará, en automático, un régimen democrático. Un estado puede organizarse mediante elecciones periódicas entre la múltiple opción partidista, pero atendiendo a un sólo interés nacional, que desde luego, no es el común. El atender una sola ideología, a través de los partidos, de alguna clase social no busca para

Cárdenas G, Jaime, Partidos políticos y democracia, México, IFE, URL= http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/partidos_politicos_y_democracia.htm#contenido, consulta: 28 de abril de 2013. 9 Idem. 8

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nada la concertación nacional, se promueve entonces la exclusión de sectores necesarios para la estabilidad del sistema político. En este orden de ideas, si los partidos políticos no garantizan un Estado de Derecho, tampoco se arribará a la democracia, porque se pasarían por alto valores imprescindibles para la calidad de vida de los ciudadanos. La clave de los partidos para llegar a la democracia se encuentra en la articulación de intereses divergentes, porque “en los regímenes no democráticos los partidos no articulan intereses […] pues pretenden uniformar las conciencias o las ideologías, de ser posible en una sola clase, categoría o interés: el partido reproduce el interés de la clase dominante”10. Los partidos se convierten, cuando realizan cabalmente la función social e institucional, en un puente de comunicación entre el gobierno y la sociedad, puente que otorga representación a los ciudadanos y legitimidad al gobierno en turno. 3. Los partidos y su función social. Desarrollo y soluciones prácticas La función institucional de los partidos políticos es fundamental para conformar la estructura de los órganos de gobierno, sin embargo, es con la función social que se amplía la concepción tradicional de los partidos y, a su vez, de la democracia. La fortaleza de la legitimidad en el sistema político se encuentra en dicha función social porque los partidos cargan sobre sus hombros la estabilidad del sistema político en turno, se trata entonces, con esta función de promover los valores democráticos, movilizar la opinión pública, la representación de intereses y legitimar al sistema político.11 Educar a los ciudadanos conforme a los valores democráticos es una tarea difícil, no sólo para la ciudadanía en general, sino también para los propios militantes. En nuestro país, la formación de cuadros para organizarse bajo una ideología partidista ha tenido diversas fragmentaciones al interior del partido, dividiendo los intereses que han llegado a ser divergentes con el objetivo general de dicha institución. De aquí se desprende la capacidad o incapacidad en los partidos de movilizar la opinión pública, ya que “algunos partidos han perdido capacidades para articular las demandas de la comunidad, y ante ciertas reivindicaciones de los movimientos sociales no actúan con la celeridad que se requiere”.12 La representación de intereses está en relación con la ideología base de los partidos políticos y, si bien, dichas ideologías quedan desdibujadas constantemente, el reto de la representación consiste en abarcar la mayoría de los sectores posibles. De una forma poco precisa y por ende, inestable, las ideologías de izquierda, de derecha o hasta de centro, pueden articular intereses alrededor del partido político, etiquetándolo de acuerdo al interés representado, interés empresarial, campesino, educativo, obrero, etc. Una vez más, el partido político, para mejorar su nivel de le10 Idem. 11 Idem. 12 Idem.

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gitimidad, responderá a la “canalización de múltiples intereses, pero tienden a preferir unos sobre otros, atendiendo a su origen histórico o ideológico o a una coyuntura política que haga más redituable defender determinados intereses”.13 La tarea fundamental de legitimar al sistema político es la parte más compleja de la función social, y lo que suceda al interior de los partidos políticos puede influir, positiva o negativamente, en todo el sistema en general. Como ya se había mencionado, los partidos –a través de las elecciones– son el primer acercamiento del ciudadano a la vida democrática de un país, por tanto, si su funcionamiento no responde a las instancias de los representados, se produce una deslegitimación que contagia a casi todos los órganos de gobierno. Esta responsabilidad que tienen los partidos sobre sus hombros se pude observar en la existencia de una relación directa que parte de la representación política hacia la legitimidad, en donde según el nivel de representación al ciudadano éste otorgará un grado de legitimidad a las instituciones. Pero, ¿cuál es el objetivo de la legitimidad en los partidos políticos? El objetivo se refiere a salvaguardar la integridad y funcionamiento de dichas instituciones mediante la confianza y aceptación de la sociedad. Esa confianza sustenta el programa ideológico del partido, y lo protege de percepciones que no comparten dicho programa. Por consiguiente, si el partido político es legitimado el ciudadano tendrá la facilidad de confiar en el sistema político en general. Las estrategias democráticas que deben realizar los partidos políticos para obtener legitimidad al sistema político “alude a su capacidad para promover en su conjunto los procedimientos y las instituciones democráticos y para garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.14 Cabe destacar, que el principal medio legitimador con el que cuenta el ciudadano lo encontramos en el voto, que además, está sustentada legalmente, sin embargo, la representación política no tiene una clara delimitación legal de los actos de los partidos políticos, y si bien, tienen la obligación de representar a los ciudadanos, existen consideraciones que pueden escaparse de la legalidad. Es observable que haya contradicciones en la concepción del partido político, en su relación con la forma de gobierno y con la sociedad, dichas contradicciones le dan un ambiguo sentido a la legitimidad, es decir, “en muchos países, la gente que da su apoyo a la democracia, que incluso considera a los partidos como parte necesaria de la misma, expresa también desconfianza en los partidos y un amplio espectro de actitudes críticas y a menudo contradictorias”15. Existe un ambiguo sentido de la legitimad por parte de los ciudadanos, ya que estos sí legitiman la forma de gobierno y la existencia de partidos. Empero, la ciudadanía no confía

13 Idem. 14 Idem. 15 Linz, Juan, “9. Conclusiones: Los partidos políticos en la política democrática, problemas y parado-

jas”, en Montero, José Ramón; Gunther, Richard y Linz, Juan, Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, Madrid, Fundación Alfonos Martín Escudero/Editorial Trotta, 2007, p. 280.

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en las funciones y resultados de las instituciones políticas, ya sea por la débil representación de éstas para con los representados, o la primordial atención a los intereses particulares de los partidos políticos, dejando “fuera” al interés común. Como afirma Juan Linz, el hecho de que los partidos defiendan la democracia y que se consideren “necesarios” para tal forma, tiene que ver con la promoción del voto y así observar el nivel de confianza ciudadana, “el interés de los partidos en atraer votos está vinculado a la esencia misma de la democracia: los votos son necesarios para gobernar o participar en una coalición de gobierno, y éste es, y debería ser, el objetivo de los partidos políticos en una democracia”.16 Se puede argumentar, entonces, que el voto es el mecanismo esperado por los partidos políticos para evaluar su legitimidad. La paradoja se encuentra en saber el por qué, de conocer la importancia de la aceptación y confianza para el partido, éste no siempre genera una representación idónea para la mayoría de los ciudadanos, impactando negativamente en el conjunto del sistema político. Actualmente, se insiste en proveer al ciudadano de herramientas que exijan una responsabilidad a los partidos políticos, responsabilidad, desde luego, de representación, de una correcta gestión de las instancias ciudadanas. Ante esta consideración, se reitera la constante evaluación tanto de las funciones institucionales como de las funciones sociales de los partidos, y en caso de arrojar resultados negativos para la mayoría de los representados, actuar de manera trascendental al voto. Porque hoy día, la única forma de “premiar” o “castigar” el actuar de los partidos es a través de las elecciones, una manera limitada al ratificar o no las decisiones ajenas a la voluntad popular. Si bien, se han abierto canales de transparencia y con ella, una rendición de cuentas, queda por establecer la pena si se encuentran fallas en ese escrutinio ciudadano. Lo que sigue en reiteración son las obligaciones del ciudadano, el verdadero ciudadano que va más allá de la votación y actúa en pro de la comunidad, participando bajo el concepto de la democracia sustancial, no de la procedimental. Sin querer establecer una tendencia idealista, el proceso democrático sólo se puede mejorar con una relación de pesos y contrapesos en un Estado, un Estado de Derecho en donde las instituciones políticas otorguen la representación adecuada a la mayoría de la ciudadanía y ésta, a su vez, otorgue la legitimidad necesaria para la estabilidad del país. La convivencia democrática consiste más bien en el reconocimiento de las diferencias y en la regulación pacifica de los conflictos.

16 Ibidem, p. 288.

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Democracia, partidos políticos y desarrollo

Bibliografía Aristóteles, Política, Madrid, Gredos, 1988. Cárdenas G, Jaime, Partidos políticos y democracia, México, IFE, URL=http://www.ife.org. mx/documentos/DECEYEC/partidos_politicos_y_democracia.htm#contenido, consulta: 28 de abril de 2013. Campillo, Antonio, El concepto de los político en la sociedad global, Herder, España, 2008. Cruz Gayosso, Moisés et al, Teoría política, IUREeditores, México, 2010. Fayt, Carlos, Derecho político tomo I, Depalma, Buenos Aires, 1993. Fernández, Santillán, José F, La democracia como forma de gobierno, México, IFE, URL=http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/la_democracia_como_forma_de_gobi.htm, consulta: 24 de abril de 2013. Linz, Juan, “Conclusiones: Los partidos políticos en la política democrática, problemas y paradojas”, en: Montero, José Ramón; Gunther, Richard y Linz, Juan, Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, Madrid, Fundación Alfonos Martín Escudero/Editorial Trotta, 2007, pp. 277-306. Monika G, Karolina, “Un estudio de la calidad de la democracia Mexicana” en: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, URL= www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/.../cnt5.pdf, consulta: 24 de abril de 2013, pp. 59-78. Salazar, Luis, Woldemberg, José, Principios y valores de la democracia, México, IFE, URL= http://www.ife.org.mx/documentos/DECEC/principios_y_valores_de_la_democ.htm, consulta: 24 de abril de 2013.

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Consumo y exclusión social Rocío Casas Palma * SUMARIO: Introducción. 1. Consumo y exclusión. 2. Carencia de ingresos. 3. Exclusión del mercado laboral. 4. Exclusión de los servicios sociales. 5. Exclusión en las relaciones sociales. Conclusión. Bibliografía.

Introducción Esta obra recoge los diferentes aspectos que interponen la situación del sujeto frente al mercado en el que se desenvuelve, donde inevitablemente utiliza el único medio que existe para adquirir sus provisiones y subsistir ante la necesidad de sobrevivir en la sociedad. No obstante, este modo de vida se hace costumbre y al mismo tiempo se hace la única alternativa para la sociedad. A lo largo de este análisis podremos acentuar diferentes situaciones que hacen entendible por qué el sujeto se esclaviza ante tal situación, independiente de creerse libre en su entorno. También con base en su entorno podremos hacer una reflexión del porqué este entorno hace que también el ser humano se vea excluido cuando no pueda seguir el mismo ritmo que los demás, alejándose cada vez más de esa parte de la sociedad que exige y valora a una sola clase, aquella que tiene la misma capacidad de responder frente al mercado del consumo. 1. Consumo y exclusión Si toda época es depósito de nuestras acciones, pensamientos y circunstancias, y el tiempo se revela y adjetiva a partir de éstas, entonces es correcto decir que la fase llamada o adjetivada como modernidad líquida (Bauman), sociedad postindustrial del riesgo (Beck), Posmodernidad (Maffesoli) o mundo desbocado (Giddens), contiene y da cuenta de las formas, hechos o situaciones en que vivimos: declara la incertidumbre, la inseguridad, la transitoriedad, la consumación y renovación constantes y rápidas, por las que atravesamos o tenemos que atravesar. Todos estos aspectos se imbrican en distintos puntos y diferentes magnitudes. Cada uno de ellos representa una arista a partir de la cual se puede explicar nuestro presente. Por ejemplo, podemos –y ese es nuestro propósito– explicar el tiempo en que vivimos a través de la vertiginosidad, velocidad, incertidumbre y finitud que alberga la sociedad del consumo, circunscrita no sólo a una visión económica, *

Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también se desempeña como profesora de asignatura.

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Consumo y exclusión social

sino también a una visión política, cultural y social, en la que el sistema capitalista promueve –y tiene los medios para ello– la producción de objetos, con el fin de consumirlos y desecharlos a la mayor brevedad; un sistema en el que “todos hacemos compras y estamos en venta; –en la que– todos somos, de manera alternativa o simultánea, clientes y mercancías”.1 En fin, un sistema que promueve prácticas políticas y ciudadanas que definitivamente son colaterales a estas prácticas económicas de que se habla. En esta lógica, el consumo y la capacidad de consumir, dada su importancia, devienen en parámetros que indican quiénes son bienvenidos y quiénes excluidos del sistema, pues si nuestro entorno está diseñado para desear, consumir y desechar una y otra vez, quienes no logren cumplir o continuar este ciclo serán prescindibles. En el moderno mundo líquido “pobres aquellos que, por escasez de recursos, están condenados a usar bienes que ya no prometen sensaciones nuevas e inexploradas. Pobres aquellos que por la misma razón quedan pegados a uno solo de esos bienes sin poder acceder a la variedad aparentemente inagotable que los rodea. Ellos son los excluidos de la sociedad de los consumidores, son los consumidores fallidos […] Son hambrientos consumidos en medio de la opulencia del festín consumista.2

Ahora, si bien es cierto que la pobreza y la excusión social han estado presentes en todas las sociedades del mundo, históricamente no siempre la primera ha determinado la segunda; en la etapa temprana del capitalismo, quienes carecían de bienes y medios de producción no eran excluidos, pues eran necesarios para completar el ciclo económico de producción. Existía una relación dialéctica entre poseedores y desposeídos. Hoy, sin embargo, “el capitalismo está pasando de –la– fase de explotación a la exclusión a nivel planetario. Es la exclusión, más que la explotación sugerida por Marx hace un siglo y medio, lo que subyace actualmente en los casos más manifiestos de polarización social […] y pobreza humanas.”3 Esta situación evidencia el fracaso de la modernidad y su paradigma del progreso, pues no sólo fue incapaz de superar los problemas de pobreza y exclusión, sino que los acentuó y vinculó, de tal forma que en los días que nos acontecen hablar de pobreza es ya hablar de exclusión. Pero el fenómeno de la exclusión no es unidireccional, trastoca todos los ámbitos en que se desenvuelven los individuos, pues las formas de excluir son varias y diversas; viejas y nuevas. “Un estudio británico sobre la pobreza distingue cuatro formas de exclusión social: «empobrecimiento o falta de unos ingresos adecuados y de lo necesario para vivir; exclusión del mercado laboral; exclusión de los servicios sociales; y exclusión de las relaciones sociales»”.4 Bauman, Zygmunt, Vidas desperdiciadas. Los parias de la modernidad, Barcelona, Paidós, 2005, p. 158. 2 Bauman, Zygmunt, Amor líquido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 73. 3 Bauman, Zygmunt, Identidad, Buenos Aires, Losada, 2005, p. 92. 4 Gordon, David y otros, Poverty and Social Exclusión in Britain, York, Joseph Rowntree Foundation, 2000, citado en Dahrendorf, Ralf, En busca de un nuevo orden. Una política de libertad para el siglo XXI, Barcelona, Paidós, 2005, p. 93. 1

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Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

1. Carencia de ingresos El proceso de globalización al que asistimos se caracteriza por fenómenos y situaciones novedosas, pero también contradictorias que fomentan la exclusión social y la pobreza. Un ejemplo de lo anterior es la capacidad que se tiene, en términos reales, para disminuir de forma importante la pobreza, por un lado, y el incremento de la misma, por el otro. Riqueza la hay, no así su repartición: “a escala mundial, la pobreza es la regla y la riqueza la excepción. Las desigualdades se han convertido en una de las grandes características estructurales de la era de la globalización. Y siguen agravándose, alejando cada vez más a los ricos de los pobres.”5 Según las Naciones Unidas, para cubrir las necesidades básicas de toda la población del globo (alimentos, agua potable, educación, salud) bastaría con retener menos del 4% de la riqueza acumulada por las 225 grandes fortunas del mundo. Conseguir la satisfacción universal de las necesidades sanitarias y nutricionales esenciales sólo costaría 13,000 millones de euros, es decir, lo que los habitantes de Estados Unidos y la Unión Europea gastan en perfumes6.

Hoy se tiene la tecnología, la infraestructura y los recursos para superar la situación de pobreza extrema en que se encuentran millones de personas en el mundo, pero estos medios no se encuentran, al menos en las dimensiones necesarias, en manos de los estados, que son los encargados de procurar el bienestar social. El resultado es que muchos problemas relacionados directamente con la pobreza y la exclusión social no logren superarse. David Held, señala que: […] en los países en vías de desarrollo casi treinta mil niños menores de cinco años mueren cada día a causa de enfermedades evitables que han sido casi completamente erradicadas en Occidente. Las estimaciones del coste de proporcionar asistencia sanitaria básica a todos los actualmente privados de ella ascienden a trece mil millones de dólares por año, unos cuatro mil millones de dólares menos de lo que se gastan anualmente en comida para animales domésticos los consumidores europeos y japoneses7.

La distribución de la renta mundial es muestra irrefutable de lo anterior, pues para 2001, sólo un 20% de la población, la más rica, absorbía un 82.7% de ésta, en tanto el 20% más pobre únicamente un 1.4%. La distribución también podría entenderse de la siguiente manera: Asia Meridional concentra la mayor cantidad de población que subsiste con 1 dólar, es decir 515 millones de personas. Seguida por Asia Oriental y Suoriental y el Pacífico donde 446 millones de seres viven en estas condiciones. 219 millones en África al Sur del Sahara. Y 11 millones en los Estados Árabes. En América Latina y el caribe 110 millones de personas viven con 2 dólares diarios. En Europa Oriental y en los países de Asia Central 120 millones de personas viven con 4 dólares al día. Por el lado opuesto se encuentran los países industrializados, como los europeos, o Japón o; su línea de

Ramonet, Ignacio y Stiglitz, Joseph (et al.), ¿Qué es la globalización? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica?, Santiago de Chile, Aun Creemos en los Sueños, 2004, p. 19. 6 Ibidem, p. 11. 7 Held, David y McGrew, Anthony, Globalización-antiglobalización, sobre la reconstruccion del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2006, p. 93. 5

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Consumo y exclusión social

Gráfica 1. Distribución de la renta mundial

Wade, R., Inequality of world incomes: what should be done?, URL= www.opendemocracy.net, 2001, citado por Held, David y McGrew, Anthony, Globalización-antiglobalización, sobre la reconstrucción del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2006.

pobreza está fijada en 14.4 dólares diarios por persona y su porcentaje de pobres no llega ni a los 15 puntos porcentuales.8

En México la realidad no es distinta. Para el año 2000 el 10% de la población más pobre únicamente contaba con un 1.1% del ingreso de los hogares, en tanto que el 10% más rico obtenía el 48% de los ingresos. 10.2% más que en 1984. Cuadro 1. Distribución de ingreso de los hogares 1984

1989

1994

2000

10% más pobre

1.1

1.5

1.4

1.1

40% más pobre

10.5

10.5

10.7

9.4

50% intermedio

51.4

40.6

45.0

42.3

10% más rico

38.1

48.9

44.3

48.3

Fuente: Tello, Carlos, Estado y desarrollo económico: México 1920-2006, México, UNAM, Facultad de Economía, p. 716.

Los datos para 2009, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía son: que el 10% más rico concentra el 36.2% de los ingresos nacionales, en tanto que el 60% más pobre se reparte el 26.9%. Si bien las concentración en el primer grupo son menores a las presentadas por Carlos Tello, aun las disparidades dan cuenta de diversos problemas estructurales que requieren de una verdadera e integral Reforma del Estado, que logre proporcionar seguridad y certidumbre a los ciudadanos, pero también que los integre al sistema económico y político, al dotarlos de instrumentos que satisfagan sus necesidades y fomenten su participación en la

“Mujeres en el mundo, cifras alarmantes”, en crónica digital, Santiago de Chile, 22 de noviembre de 2006, URL= http://www.cronicadigital.cl/index.php 8

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Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

arena pública. Pues el problema estructura de pobreza y, consecuente exclusión, se vincula (acaso se convierte) en problemas de exclusión política y social. 2. Exclusión del mercado laboral La actividad laboral fue por mucho tiempo un ejemplo claro de que la pobreza y la exclusión social no siempre mantuvieron una relación causal, pues el obrero, no obstante su condición de explotado, era una figura indispensable en el proceso de producción capitalista. La relación con el dueño del capital era dicotómica, pero inevitable. Hoy, por el contrario, en el mundo existen y sobreviven miles de personas que son dispensables al sistema. Robert Castel los llama supernumerarios y se caracterizan no sólo por su incapacidad de acceder a la sociedad de consumo en que nos encontramos inmersos, sino por ser “desprendidos” de una identidad, así como de la pertenencia que, en otros tiempos, otorgaba la actividad productiva en tanto se entendía no como una “relación técnica de producción, sino como un soporte privilegiado de inscripción en la estructura social”,9 pues siguiendo el planteamiento del autor de la metamorfosis de la cuestión social, el trabajo era una zona de “cohesión social”, es decir, un espacio que estimulaba la pertenencia de los individuos a una comunidad determinada, incentivaba la participación política y social, lo mismo que la autoprotección de esa colectividad y los individuos que la conformaban. Recordemos que fueron estas asociaciones laborales las que a lo largo de los siglos XIX y XX no sólo lograron, sino expandieron muchos derechos sociales, como la seguridad social, el derecho a huelga o el reparto de utilidades por todo el mundo, no pocas veces, a costa de la vida y la libertad de muchos asalariados. En esta lógica, la ausencia de empleo no sólo se asocia a la incapacidad de las personas para obtener los recursos materiales para su subsistencia, sino también se vincula a lo que Castel denomina desafiliación,10 que es una forma de no pertenencia. La ausencia de una identidad laboral. Hecho que se observa cada vez con mayor frecuencia, pues apenas algunas décadas atrás, el asalariado estaba considerado en la estructura social de clases en la base de la pirámide, toda vez que su única posesión era su fuerza de trabajo y la tenía que alquilar. Hoy en día las cosas han cambiado, de tal suerte que el trabajo representa más una bendición que una condena, esto dado los índices cada vez mayores de desempleados en el mundo. Hans Peter Martin y Harald Schumann, especialistas en economía de Der Spiegel, calculan que, si continúa la tendencia actual, el 20% de la potencial fuerza laboral global bastará para mantener en marcha la economía (sea lo que sea que signifique), hecho que reducirá al otro 80% de la población laboral del mundo a la categoría de económicamente redundante.11

9

Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires, Paidós, 1997, p. 16.

10 Idem. 11 Bauman, Zygmunt, En busca de la política, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 28.

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Consumo y exclusión social

Esto se debe a que en el moderno mundo líquido las fuentes de producción ayudadas por la tecnología, incrementan sus ingresos mientras disminuyen su necesidad de fuerza de trabajo. El día 9 de marzo de 1996, Sony anuncia la eliminación de 17 000 puestos; su cotización aumenta ese día 8.41 puntos y al siguiente 4.11; el día 11 Alcatel, con 15 000 millones de francos de ganancias, anuncia 12 000 despidos, con los cuales suma 30 000 en cuatro años”.12 El 9 de septiembre de 1999, […] la firma Michelin anunció que sus ganancias habían aumentado 17%, o sea, casi 2,000 millones de francos, durante el primer semestre de 1999, y que las perspectivas eran favorables; al mismo tiempo anunció el despido de 7,500 empleados, la décima parte de su plantel, gradualmente durante los tres años siguientes. Ese día el precio de sus acciones en la Bolsa aumentó 10.56% y al día siguiente 12.53%.13

Empero, esta situación no es el fin de la historia llamada flexibilidad laboral, sino su comienzo, pues en tanto el número de empleos disponibles disminuye y el de “parados” aumenta, las exigencias para ocupar un puesto laboral crecen. El resultado es un mayor número de desempleados, cada vez más y mejor preparados en la expectativa de encontrar una actividad en que desempeñarse, aunque a sabiendas de que ésta no será definitiva, ni ofrecerá las ventajas de la seguridad social. Al menos, eso se deduce si tomamos en cuenta que “hoy en el mundo 7 de cada 10 empleos que se crean son informales”,14 o que “el número de puestos de trabajo a tiempo parcial se ha duplicado desde 1980 y ahora constituyen una cuarta parte de los trabajos disponibles”.15 Lo anterior obliga a este dilatado grupo de “dispensables” a cambiar una y otra vez su oficio o profesión, los orilla a aprender y a desaprender. Ambas cosas con la misma facilidad, pues en la modernidad líquida: se ejerce presión para deshacer los hábitos del trabajo permanente, cotidiano, constante y regular […]. La estrategia preferida es que los trabajadores olviden, no aprendan todo aquello que debía enseñarles la ética del trabajo en la edad de oro de la industria moderna. El trabajo verdaderamente ‘flexible’ sólo se concibe si los empleos actuales y del futuro próximo pierden sus arraigados hábitos de trabajar todos los días, por turno en un lugar y con los mismos compañeros de labor […].16

Pero como nos señala Bauman, esta flexibilidad laboral no refleja el fracaso del liberalismo, sino todo lo contrario, revela su triunfo, pues es gracias a su éxito obtenido que se hace posible la elasticidad laboral. En nuestro país, estas situaciones se repiten de manera cada vez más frecuente ya que al igual que en otras latitudes, por sólo mencionar un ejemplo, la tasa de ocupación a tiempo parcial, así como la de desocupación van a la alza. 12 Forrester, Viviane, Una dictadura extraña, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 9-10. 13 Ibidem, p, 73 14 Caracciolo Basco, Mercedes y Foti Laxalde, María del Pilar, Economía Solidaria y Capital Social:

Contribuciones al desarrollo local, Buenos Aires, Paidós, 2003, pp. 120-121. 15 Lash, Christopher, La rebelión de las élites y la traición a la democracia, Barcelona, Paidós, 1996, p. 36. 16 Bauman, Zygmunt, La globalización. Consecuencias humanas, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 146.

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Elementos para comprender la exclusión social en México y Latinoamérica

La desocupación abierta afectó a casi un millón 550 mil personas en el primer trimestre de este año, confirmó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En este nivel, el número de habitantes en busca de empleo, sin encontrarlo, alcanza una dimensión 153 por ciento superior a la que tuvo al inicio del gobierno del presidente Vicente Fox Quezada […] En el curso de esta administración gubernamental, la población desocupada con estudios de nivel medio superior y superior se ha elevado en 119 por ciento, al pasar de 229 mil 619, en el cuarto trimestre de 2000, a 502 mil 717 en el primer trimestre del último año del gobierno que ofreció crear anualmente un millón de empleos durante su sexenio […] De acuerdo con los informes oficiales la PEA aumentó en 3.6 millones de personas, de las cuales 936 mil, más una cuarta parte, no encuentran una sola oportunidad de empleo formal o informal […].17

Para 2009, la tasa de desocupación en México alcanzó en septiembre el punto más alto de los últimos tres años: 6.41%. Lo cual no hace sino confirmar la situación de desprotección en la que se encuentra la población del país. Lo anterior, no es sino una muestra de que la flexibilidad laboral no nos es ajena. Sus consecuencias son cada vez más evidentes en la familia, lo mismo que en los individuos, pues toda actividad laboral tiene por principio el de la subsistencia propia y la de los nuestros, de tal suerte que si ésta se altera, otras esferas se verán afectadas, a manera de efecto dominó. 3. Exclusión de los servicios sociales Hacia 1929, luego de la crisis financiera conocida como la gran depresión, las economías de diversos países adoptaron políticas Keynesianas y post Keynesianas, las cuales se caracterizaron por la intervención del Estado en la economía. En nuestro país, estas facultades ya habían sido asumidas por el Estado, como uno de los resultados de la Revolución Mexicana. Así, la educación, salud, vivienda, trabajo y previsión social, forman parte de los derechos sociales custodiados por el Estado y plasmados en la constitución (artículos 3°, 4° y 123°). Empero, en la década de los años ochenta, con el denominado triunfo del liberalismo se plantea un “cambio de rumbo” con respecto al papel que hasta entonces había desempeñado el Estado mexicano que, si bien no consiguió erradicar por completo la pobreza y la marginación, por décadas logró un crecimiento económico acelerado y sostenido en el país. Beneficios que se verían interrumpidos a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, quien implementó las primeras reformas a favor del liberalismo: La magnitud y profundidad de las reformas entraña un periodo de transición, en el que se modifican las instituciones, se redefinen las relaciones entre los factores de producción y entre las clases sociales y en el que hay un reacomodo del poder […] El modelo neoliberal que con entusiasmo adoptan los gobiernos, promete mejorar la competitividad, estimular el libre acceso a los recursos de capital y a los tecnológicos y promover una estructura económica más flexible. Todo ello para desarrollar un ambiente más favorable para los inversionistas nacionales y extranjeros y así lograr un crecimiento eco-

17 Zúñiga, Juan Antonio, “INEGI: hay casi un millón 550 mil personas desocupadas en México”, en La

Jornada, miércoles 12 de mayo de 2006.

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Consumo y exclusión social

nómico sostenido, estabilidad en los precios y los más altos niveles de bienestar. No ha sido el caso. La política adoptada de inmediato arrojó, como primer resultado para las economías de la región latinoamericana, la llamada década perdida.18

Ahora bien, estos cambios en el paradigma del Estado benefactor no fueron únicos en nuestro país, ya que fueron recibidos con los brazos abiertos por todo el mundo. Los resultados no difieren mucho de un lugar a otro. Tal vez ello explique las imposibilidades de resolver problemas sociales como la educación, el saneamiento, el desempleo, etc. En el año 2002, 1,100 millones de personas (18%) carecían del acceso al servicio mejorado de abastecimiento de agua y unos 2,600 millones de personas (42%) no tenían acceso siquiera a los más básicos servicios de saneamiento […]La cobertura de saneamiento más baja se encontró en el África Subsahariana (36%) y Asia del Sur (37%) […] la mayoría de aquellos sin acceso al saneamiento mejorado vivían en Asia (735) mientras que el 17 por ciento vivían en África Subsahariana. Más de las personas sin acceso al saneamiento mejorado –cerca de 1,500 millones de personas– viven en sólo dos países, China e India.19 Cuadro 2. Acceso al agua en el mundo Número de personas en la región que carecen de acceso (millones)

% de la población regional carente de acceso

% de todos los desatendidos que viven en la región indicada

Asia del Sur

938

63%

36%

Asia Oriental

749

55%

29%

África Subsahariana

437

64%

17%

Asia del Sureste

208

39%

8%

América Latina y el Caribe

137

25%

5%

Europa y Asia

50

17%

2%

África del Norte

40

27%

2%

Asia Occidental

38

21%

1%

Regiones Desarrolladas

20

2%

1%

Oceanía

3

45%